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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 356, de 16/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 356
DE REGIMEN DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 16 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey) para informar sobre la situación de las transferencias a las
distintas Comunidades Autónomas. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso (Número de expediente 213/000372) (Página 10506)
Consecuencias de la aprobación del padrón municipal de habitantes para la
financiación de las Comunidades Autónomas, según lo aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados el martes, día 28 de octubre de 1997. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000389) (Página 10521)
Decisión de la Comisión sobre la verificación de la comparecencia del
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura para
informar de la evolución de los daños originados por la riada
consecuencia de las lluvias torrenciales caídas en dicha Comunidad el día
5 de noviembre de 1997, así como de las medidas para paliar los mismos.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 212/001123) (Página 10527)
Preguntas:
--Del señor Rodríguez Zapatero (Grupo Socialista del Congreso, sobre
iniciativas para la mejora de la calidad de los servicios públicos
(Número de expediente 181/001142) (Página 10527)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones del progresivo incremento de
las cuantías globales que afectan a los conceptos retributivos
discrecionales de los funcionarios de la Administración General del
Estado (Número de expediente 181/001143) (Página 10531)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión del pleno de la Comisión
de Régimen de las Administraciones Públicas.
El primer punto del orden del día es la decisión del pleno de la Comisión
sobre la verificación de la comparecencia del delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para informar acerca de los asuntos que
se indican en el epígrafe. Al no existir quórum en la sala y con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 78.2 del Reglamento del Congreso,
pospondremos la votación para celebrarla al final de las comparecencias
del señor ministro de Administraciones Públicas, que se introducen en los
puntos 2 y 3 del orden del día de la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (RAJOY
BREY) PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACION DE LAS TRANSFERENCIAS A LAS
DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 213/000372).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la celebración
de la comparecencia del ministro de Administraciones Públicas para
informar sobre la situación de las transferencias a las distintas
comunidades autónomas. Después de dar la bienvenida al señor ministro a
esta Comisión de Administraciones Públicas, tiene la palabra el mismo
para informar acerca de la situación de las transferencias a las
distintas comunidades autónomas, comparecencia que ha sido solicitada por
el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Buenos días,
señoras y señores diputados. Señor presidente, muchas gracias por sus
palabras de bienvenida.
Quisiera empezar diciendo que no tengo intención de prolongar mi
intervención en exceso en el tiempo y que cualquier duda que pueda
generarse, si el señor presidente me lo permite, con mucho gusto
responderé a ella después de la intervención de los señores diputados,
porque la explicitación de todos y cada uno de los traspasos que se han
producido o el planteamiento uno a uno de todos los que se puedan
producir en el futuro podría llevarnos varias horas. Así, pues, señor
presidente, si me lo permite, haré una intervención de tipo general en la
que fijaré, lógicamente, la atención en los aspectos que me parecen de
mayor importancia y trascendencia.
Quiero iniciar mi intervención con una aclaración previa, una aclaración
conocida pero que creo que es necesario recordar y más en este momento en
el que se pide al Gobierno que informe sobre su política de traspasos de
servicios a las comunidades autónomas. Esta aclaración es la de que los
traspasos son uno de los elementos importantes de la política autonómica,
aunque no el único ni probablemente, por sorpresivo que pueda parecer, el
de mayor importancia.
Como ustedes saben, la Constitución española del año 1978 puso las bases,
con una regulación enormemente abierta, para que España pasase de ser un
país fuertemente centralizado a ser un país con un nivel de
descentralización política importante, con un nivel de autonomía y de
autogobierno como el que tenemos en el presente momento. A partir de la
aprobación del texto constitucional, las Cortes Generales, los distintos
parlamentos autonómicos y, en ocasiones, los ciudadanos de las
comunidades autónomas en referéndum fueron estableciendo el grado de
autonomía para cada comunidad autónoma. Se aprobaron, como ustedes
recuerdan, diferentes estatutos de autonomía. En primer lugar, el vasco,
luego el catalán y más adelante el gallego, en andaluz, etcétera.
Posteriormente, tras el acuerdo autonómico del año 1992, se produjo una
reforma de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas
llamadas de vía lenta, las del artículo 143, fundamentalmente para
incrementar su techo competencial. Y recientemente se está propiciando
una nueva reforma de esos estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas del artículo 143, de la que son buena muestra los ya aprobados
en las Cortes a lo largo de esta legislatura y otros que recientemente se
han debatido como el de Murcia, cuyo debate de totalidad se ha celebrado
en esta Cámara, o el Estatuto de Autonomía de Madrid. Estas nuevas
reformas pretenden, fundamentalmente, un incremento de su techo
competencial
y la resolución de determinadas cuestiones que podríamos calificar de
institucionales: problemas de disolución de la Cámara, duración del
período de sesiones, etcétera.
Estos estatutos de autonomías, estas normas son claves por cuanto fijan
el régimen jurídico, esto es, qué es competencia de cada comunidad
autónoma y, en consecuencia, qué es competencia de la Administración
central del Estado. Por tanto, el primer objetivo básico de cualquier
política autonómica y también de la que lleva a término este Gobierno es
el de la fijación de ese régimen jurídico, que pretendemos hacerlo, como
se está haciendo y como se ha hecho siempre, por consenso, no solamente
en los parlamentos autonómicos, que son los que promueven la iniciativa
de reforma, sino también, posteriormente, en las Cortes Generales. Por
consiguiente, éste es el primer gran objetivo del que lógicamente no voy
a hablar ahora ni voy a incidir en él, puesto que no es el objeto que
motiva mi comparecencia hoy aquí, sino que dicha comparecencia la
provoca, precisamente, el segundo gran objetivo de la política económica,
que es la política de traspasos.
El traspaso de servicios, es decir, de los medios personales y
materiales, posibilita el ejercicio de la competencia, aunque la
competencia se tiene desde el mismo momento en que se aprueba el marco
jurídico, es decir, desde que se aprueba el estatuto de autonomía de que
se trate. Por tanto, los traspasos no suponen la atribución de
competencia alguna, sino simplemente --que no es poco-- de los medios
personales y materiales para hacer efectiva esa competencia. Así pues, el
segundo gran objetivo de la política autonómica debe ser, necesariamente,
llevar a término los traspasos a la mayor celeridad posible o, dicho de
otra forma, cumplir el marco jurídico que significan los estatutos de
autonomía. Hay otros elementos importantes de la política autonómica: el
modelo de financiación, la profundización en el principio de cooperación,
del que es buena muestra la creación por ley a lo largo de esta
legislatura de la conferencia sectorial de asuntos europeos, y si se
quiere, otros, como la reforma de la Administración periférica, el tema
local y la reforma del Senado, asuntos todos ellos de gran importancia,
aunque como ocurre con la fijación del marco jurídico, es decir, la
aprobación de los estatutos de autonomía y su reforma, tampoco voy a
incidir aquí en ellos porque, salvo algún tema concreto, como el de la
financiación en la segunda comparecencia, no motivan mi presencia hoy
aquí.
Así pues, voy a hacer referencia concreta a los traspasos, aunque me
parecía importante fijar dónde, dentro de la política autonómica, se
enmarca esta política de traspasos. Sobre este asunto quisiera comenzar
con otra afirmación que me parece destacable, y es que tras 19 años de
vigencia de nuestro texto constitucional, el modelo autonómico --así lo
hemos llamado en su día-- tiene un enorme grado de desarrollo y un
importante grado de estabilidad. Valgan los siguientes datos que voy a
dar a las señoras y señores diputados a los efectos de que se den cuenta
de cómo se ha ido produciendo el proceso de descentralización desde el
año 1981 --fecha a partir de la cual tengo los datos-- hasta el año 1997.
En el año 1981, la distribución del gasto público español era la
siguiente: la Administración central del Estado gastaba el 87,33 del
gasto público total; las corporaciones locales el 9,72 y las comunidades
autónomas el 2,95. Es decir, en el año 1981 las comunidades autónomas
gastaban el 2,95 del total del gasto público español. Hoy, 18 años
después, la distribución es --no voy a entrar en las décimas-- la
siguiente: la Administración del Estado, que en el año 1981 gastaba el
87,33, gasta el 60; las comunidades autónomas, que gastaban el 2,95,
gastan el 27 y las corporaciones locales, que gastaban el 9,72, gastan el
13. Para que ustedes puedan comparar, la media de los países
descentralizados y con un sistema de organización territorial similar al
nuestro --me refiero fundamentalmente a Alemania, Austria y Suiza-- es la
siguiente: 55 por ciento de gasto de la Administración central del
Estado, 25 por ciento de los Länder y 20 por ciento de las corporaciones
locales. Repito: 55, 25 y 20, frente a lo que ocurre en España: 60, 27,
13. Este es un dato significativo, pero es más significativo el señalar
que, cuando se produzcan los traspasos de educación y sanidad, que son
desde el punto de vista cuantitativo, que no cualitativo, los que tienen
más trascendencia a estos efectos, la distribución del gasto público
sería la siguiente: 52 por ciento el Estado --se entiende que es la
Administración central--, 35 por ciento las comunidades autónomas y 13
por ciento las corporaciones locales. Este es un dato ciertamente
significativo: 52, 35, 13 cuando se produzcan los traspasos más
importantes desde el punto de vista cuantitativo, frente al 55, 25 y 20
de distribución del gasto en los países a los que he hecho referencia
antes, similares en su organización territorial del Estado al nuestro:
Alemania, Austria y Suiza. En el supuesto de que en esta distribución del
gasto no tuviésemos en cuenta el apartado de pensiones, evidentemente,
cuando se traspasaran la sanidad y la educación, las comunidades
autónomas gastarían, entre comillas --la expresión es ciertamente poco
académica--, ya más que la propia Administración central del Estado. ¿Qué
quiero decir con todo ello? Que España es un país fuertemente
descentralizado, similar al resto de los países de nuestro entorno que
tienen también modelos de estructura territorial parecidos, y bastante
estable ya en su situación, aunque naturalmente todavía resta por
efectuar la política de traspasos si es la intención del Gobierno, como
es natural, continuarla.
Hecha esta segunda aclaración, que me parece, si cabe, aún más importante
que la primera, voy a hacer una referencia sintética, porque me parece
que no viene al caso abrumar a los señores diputados con datos, aunque si
alguien quiere más datos, como ya señalé al principio de mi intervención,
se los daré, de lo que ha sido un poco la política de traspasos del
Gobierno a lo largo de esta legislatura, es decir, desde mayo del pasado
año 1996. Los datos más significativos son los siguientes. Se han
producido 127 acuerdos de traspasos que afectan a 23.117 funcionarios,
con un costo efectivo de 105.630 millones de pesetas; es decir, se han
producido 127 traspasos con un costo efectivo de más de 100.000 millones
de pesetas. Esta política de traspasos se había fijado por el Gobierno en
la primera reunión que tuvo lugar de la Comisión Delegada de Asuntos
Autonómicos que, a propuesta del Ministerio de Administraciones
Públicas, aprobó lo siguiente. Respecto de las comunidades autónomas del
artículo 151 se acordó continuar los traspasos de servicios
correspondientes a competencias ya estatutarias. Particularmente se
acordó continuar los traspasos de aquellas competencias que ya habían
sido objeto de traspaso a alguna comunidad autónoma. Y voy a poner
algunos ejemplos de los más significativos. Los medios personales y
materiales de la Administración de justicia habían sido transferidos en
la legislatura anterior a dos comunidades autónomas, la del País Vasco y
la de Cataluña. En esta legislatura se ha producido ya el traspaso a las
comunidades de Andalucía, Galicia, Valencia y Canarias. El Instituto
Social de la Marina, en la faceta de asistencia sanitaria, había sido ya
transferido a la comunidad autónoma de Galicia en la pasada legislatura;
en ésta ya se ha producido el traspaso al País Vasco, Cataluña, Canarias
y Comunidad Valenciana. Los medios personales y materiales de la
formación profesional ocupacional se habían transferido a las comunidades
autónomas del artículo 151 con la excepción --luego hablaré de este
asunto-- del País Vasco y de Navarra --a Navarra ya se ha transferido a
lo largo de esta legislatura-- y la Comisión Delegada de Asuntos
Autonómicos, como siempre que se comience un período de traspasos que
afecta a los medios personales y materiales de una competencia respecto
a la que no hubo ningún traspaso, le autorizó también al inicio del
traspaso de las políticas activas de empleo que hasta el momento presente
se ha transferido a las comunidades de Galicia y Cataluña. Estas son, en
síntesis, las decisiones de traspasos más importantes que se han adoptado
en este año y medio en relación con las comunidades del artículo 151.
En relación con las comunidades autónomas del artículo 143, como
fácilmente puede entenderse, prescindiendo de la parte de régimen
jurídico, es decir, de las reformas estatutarias de las que hablaba en
principio, el objetivo básico era ir poco a poco dando cumplimiento al
pacto autonómico del año 1992. Respecto a estas comunidades se han
adoptado 52 acuerdos, que afectan a 8.500 funcionarios, por un importe de
54.000 millones de pesetas. ¿Cuáles son las decisiones más importantes?
No parece lógico que yo lea aquí los 52 acuerdos, por lo que señalaría lo
siguiente. Primero, finalizaron los traspasos de universidades a las
comunidades autónomas. La competencia de universidades ya la ejerce hoy
el conjunto de las comunidades autónomas; el último traspaso fue a la
comunidad autónoma de Baleares. Tendremos una reunión de Comisión Mixta
el próximo viernes día 26 de diciembre para el traspaso del Inserso;
solamente resta aportar los medios personales y materiales para el
ejercicio de esta competencia en la comunidad autónoma de La Rioja.
Finalizará a principio del año que viene la parte de ejecución de la
legislación laboral en la que está pendiente el traspaso de los medios a
la comunidad autónoma de Asturias. Prácticamente se ha cerrado el
capítulo agrícola y se ha iniciado el traspaso de formación profesional
ocupacional (la primera comunidad del artículo 143 a la que se ha hecho
este traspaso es Extremadura) y el de educación, siendo la primera
comunidad a la que se le ha dado la de Baleares. En relación con Ceuta y
Melilla, como la aprobación de los estatutos de autonomía de las ciudades
de Ceuta y Melilla era mucho más reciente, el proceso de traspasos iba
mucho más retrasado, era inexistente en el caso de la ciudad autónoma de
Ceuta e iba bastante retrasado en el de la ciudad autónoma Melilla, por
lo cual se han adoptado decisiones importantes en este sentido que si las
señoras y señores diputados tienen interés pondré en su conocimiento en
el siguiente turno.
Dicho esto y una vez resumido, con la brevedad que pienso hace al caso,
lo que ha sido la política de traspasos a lo largo de este año y medio,
voy a hacer también, con la brevedad debida y fijándome solamente en los
aspectos esenciales, una síntesis de los planteamientos de futuro que
pasan, lógicamente, por ir cumpliendo el marco estatutario y, por tanto,
los distintos estatutos de autonomía. En el caso de la comunidad autónoma
de Cataluña, una vez que se ha producido ya el traspaso del Inem, aunque
no surte efectos hasta la fecha de 1 de enero de 1998, la prioridad será
el traspaso de medios materiales y personales para el ejercicio de la
competencia de tráfico. En el caso del País Vasco estamos haciendo un
esfuerzo de negociación para traspasar la parte laboral, de la que
todavía no se ha asumido siquiera la competencia de formación profesional
ocupacional que sí ejercen ya en este momento, como he señalado antes,
varias comunidades autónomas, y también estamos tratando algunos asuntos
de infraestructuras relacionados con competencias de origen foral. En el
caso de Andalucía la prioridad más importante es el Instituto Social de
la Marina, que ya ha sido traspasado al resto de comunidades autónomas,
las obras hidráulicas llevan pendientes desde algunos años, y en general
para todas las comunidades del artículo 151, el resto de las políticas
activas de empleo que, como ya he señalado, está traspasado a Galicia y
Cataluña. En el caso de las comunidades autónomas del artículo 143, como
dije con anterioridad, los traspasos de Inserso y de ejecución de
legislación laboral finalizarán definitivamente. Continuarán, porque en
realidad ya se han iniciado, como también he señalado antes, los
traspasos de formación profesional ocupacional. Hemos empezado con
Extremadura. Continuarán los traspasos de educación; se ha comenzado con
la comunidad autónoma de Baleares, como también he señalado antes.
Iniciaremos los traspasos de los medios personales y materiales al
servicio de la Administración de justicia. Es nuestra intención para que
la otra gran competencia, que ya le dará una estabilidad prácticamente
definitiva al modelo autonómico, que es la de sanidad, se inicie la
negociación durante la siguiente legislatura.
Con ello termino. Simplemente quiero resumir mi intervención señalando
que, en primer lugar, como ustedes habrán comprobado a la luz de los
datos que he aportado, el modelo de Estado español después de 18 años es
un modelo con un nivel de descentralización importante, con unas
comunidades autónomas que utilizan el 27 por ciento de gasto público
total de la Administración del Estado frente a un 25 por ciento de media
en los países federales; en segundo lugar, que consiguientemente el
modelo autonómico tiene un grado de estabilidad bastante razonable tras
18 años de su puesta en vigor y, desde luego, mucho
más eficaz que en estos otros países de nuestro entorno que han iniciado
procesos de descentralización que no han sido capaces de avanzar en la
línea del mercado en España; y en tercer lugar, que ahora es preciso
hacer un esfuerzo para dar cumplimiento a los distintos estatutos de
autonomía y, por tanto, para completar esos marcos estatutarios; esfuerzo
que naturalmente exige llegar a un acuerdo porque estos asuntos, igual
que la fijación del marco jurídico, deben ser posibles en la medida en
que se pueda con los mayores acuerdos y, por tanto, esfuerzo para ir
aproximando posiciones sobre todo entre quienes son parte importante en
el proceso de traspasos que, lógicamente, son los gobiernos autonómicos
y el propio Gobierno central. Naturalmente en algunas ocasiones existen,
como ha habido durante estos 18 años y estoy convencido de que seguirá
habiéndolas en el futuro, competencias que a la luz de la regulación de
la Constitución y de los estatutos generan polémicas jurídicas. En estos
casos quien puede interpretar y tomar la decisión definitiva sobre el
sentido exactamente de nuestra legislación vigente es el Tribunal
Constitucional.
Señor presidente, he terminado. Como señalaba al principio de mi
intervención, no quería extenderme demasiado, pero con mucho gusto estoy
a disposición de las señoras y señores diputados para responder a lo que
estimen oportuno y conveniente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, autor de la
iniciativa, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor ministro, yo también quiero comenzar
dándole la bienvenida a esta su Comisión. Usted lleva 19 meses de
responsable del Gobierno en materia de política autonómica y parece un
período de tiempo más que razonable para que usted comparezca ante esta
Comisión y nos informe y haga un balance de la política de transferencias
realizadas a las comunidades autónomas. Usted ha dicho que no es el único
de los temas, ni siquiera el más importante, de la política autonómica;
sería hacer una valoración decir si tiene importancia o no la política
autonómica. Nadie ha dicho ni desde el Grupo Socialista se piensa que sea
ni el único ni el más importante, pero sin duda tiene una importancia
decisiva para ver cómo se va avanzando en ese proceso de consolidación
del Estado de las autonomías.
La política autonómica, señor ministro --y yo también voy a hacer un
excurso previo que me conduzca a lo que el Grupo Parlamentario Socialista
quería conocer y saber--, nos parece falta de iniciativa y carente de
pulso político, y su intervención inicial en esta comparecencia lo ha
puesto de relieve. Desde la formación de su Gobierno se ha ido
constatando la existencia de lo que llamamos desorden autonómico, que es
algo que nos parece muy grave, pues está produciendo una ruptura en lo
que había venido siendo una construcción consensuada del Estado de las
autonomías. Esta triste historia comenzó, señorías, con la aprobación de
un modelo de financiación injusto e insolidario que ya no satisface ni a
sus socios parlamentarios; y a las reiteradas declaraciones de los
principales líderes de Convergència i Unió me remito. Los socialistas
hemos dicho hasta la saciedad muchas cosas en contra de un sistema que
pensamos que introduce grandes distorsiones entre las diferentes
comunidades autónomas, así como incertidumbres realmente peligrosas. La
existencia de un evidente desorden fiscal contribuye a introducir
desarmonizaciones, en las que en estos momentos ni puedo ni debo entrar
al no ser éste el objeto de su comparecencia. Tampoco diré nada de la
financiación sanitaria, y no por falta de ganas --como ustedes
comprenderán-- porque saben muy bien, señorías, que nosotros consideramos
que el sistema de financiación sanitaria es injusto por muchas cosas,
sobre todo por su reparto.
La situación de la política autonómica, señor ministro, es consecuencia
de los pactos políticos que su Gobierno ha llevado a cabo con los
partidos nacionalistas. No discutimos --lo sabe usted muy bien-- la
legitimidad de dichos pactos, pero sí las consecuencias que de los mismos
se están derivando. En este país, en España, se están viviendo cosas muy
preocupantes, situaciones de agravio comparativo y tensiones entre los
territorios que hace unos años era impensable que alcanzaran la
virulencia que hoy están teniendo. Todas las comunidades autónomas emulan
las reivindicaciones de los nacionalistas ante la eficacia de éstos en la
consecución de las mismas. La eficacia de los partidos nacionalistas en
la obtención de sus pretensiones hacen ver, aún más claramente, la falta
de iniciativa política del Gobierno, la falta de calendarios, la falta de
actuaciones concretas y determinadas y la dificultad de control por la
oposición de la acción del Gobierno. Un ejemplo de todo lo que acabo de
decir es justamente la intervención inicial de su comparecencia.
Ustedes también han sustraído al Congreso de los Diputados el
conocimiento de la política autonómica, señorías, hasta el punto de
sacralizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como si fuera el
oráculo de Delfos. Se hacen concesiones a los nacionalistas sin controlar
la tensión reivindicativa de los mismos y para poner de relieve la
realidad de lo que estoy señalando están las recientes declaraciones de
Elkarri, las de Duran i Lleida, las propias manifestaciones del
presidente Pujol o la conferencia del señor Molins en el Club Siglo XXI,
en la que usted estaba presente. En lo fundamental el país está más
desordenado que nunca y, sin embargo, cuando las cosas están peor, parece
como si ustedes sacaran pecho y se inventaran algunas cosas que son
contradictorias con esta política y que nunca tendrían que ser propuestas
así. Son huidas hacia adelante de su Gobierno para tratar de disimular la
realidad de las cosas. Me refiero, por ejemplo, a la propuesta de
regulación del himno de España, al famoso decreto de humanidades, que
esta tarde discutiremos en el Pleno del Congreso, o a eso tan pintoresco
de enseñar el servicio militar en las escuelas. Y esto precisamente no es
política autonómica. España necesita otras cosas. Está reclamando
cohesión y claridad de ideas.
Señor Rajoy, este excurso venía a cuento porque mi grupo piensa que la
situación de las transferencias es tan mala como la política autonómica
de este Gobierno, y no
podría ser de otra manera pues es consecuencia de lo mismo: los pactos
parlamentarios con los nacionalistas, a los que dedican toda su atención
y esfuerzo. Las transferencias de competencias a las comunidades
autónomas se han convertido en un elemento de desequilibrio, en un
instrumento al servicio del Gobierno, que parece buscar más su
continuidad en el poder que tratar de completar racionalmente un capítulo
en el desarrollo y consolidación de la organización territorial del
Estado. Transferir o no, señor Rajoy, no es una cuestión discrecional de
su Gobierno, ni siquiera es en el fondo una cuestión a dirimir
bilateralmente; es mucho más complejo que todo eso, y usted lo sabe. En
la página 151 del programa electoral con el que ustedes se presentaron a
las elecciones anunciaban como intención de su partido, si alcanzaban el
Gobierno, la idea de promover un pacto autonómico que consolide el Estado
de las autonomías y culmine el proceso de transferencias. Eso decían
ustedes literalmente. ¿Qué ha sido de todo ello, señor Rajoy?
Quiero plantearle algunas cosas concretas del tema objeto de su
comparecencia. En su intervención inicial usted ha citado de pasada los
pactos autonómicos de 1992 y mi grupo no sabe si consideran ustedes que
están vigentes o no. Esos pactos autonómicos de 1992 --y usted lo sabe
muy bien-- tenían muchas ventajas, pues ordenaban un proceso de traspaso
de materias importantes con unos calendarios, unos contenidos y unos
procedimientos que garantizaban unos resultados más allá de quien
gobernara. Sin embargo, a estas alturas del relato, ustedes no han
cumplido con el contenido más importante de estos acuerdos de los pactos
de 1992 (usted ha pasado de puntillas sobre ello sin querer subrayarlo ni
señalarlo), que son las transferencias de educación a las comunidades
autónomas del artículo 143. La enseñanza no universitaria, transferida
recientemente a la Comunidad Autónoma de Baleares, y sólo a esta
comunidad, no está en condiciones de ser transferida a ninguna de las
otras nueve que faltan, porque la educación, señorías, está mal dotada
presupuestariamente y las comunidades no quieren recibirla porque
aceptarla les supondría una carga o, lo que sería peor, un fallo de las
previsiones que ahora se hicieran, con consecuencias irreparables no sólo
para las propias comunidades autónomas sino para el sistema educativo en
su conjunto. Parece que las comunidades autónomas no quieren recibir las
competencias educativas y, si no, explíqueme cuáles son las razones por
las que a estas alturas del relato tan sólo se ha producido una única
transferencia. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a cerrar esos acuerdos?
Usted ha dicho que próximamente van a continuar con las transferencias
educativas. ¿Cuándo? ¿Me podría decir qué calendarios tienen previstos,
qué método de negociación, los problemas de financiación, el coste
efectivo? Si es posible respóndame, señor Rajoy, a otra pregunta: ¿Se va
a garantizar a estas comunidades autónomas la aplicación de la Logse? ¿No
es éste el problema que late en el fondo de la no transferencia de las
competencias educativas a las comunidades autónomas que restan? ¿Si se
hubieran producido las transferencias educativas, hubieran ustedes hecho
ese famoso plan de humanidades? Por último, respecto a la educación, ¿qué
piensa usted cuando oye a algún Gobierno regional, de esos que apoyan
parlamentariamente al Gobierno, hablar de renegociar las transferencias
precisamente en educación? ¿Tiene alguna respuesta o prefiere seguir con
el silencio calculado?
Del Insalud ya ha dicho el señor Rajoy que se deja para la próxima
legislatura. Evidentemente, si las transferencias educativas llevan el
ritmo que llevan, el Insalud se deja para la próxima legislatura y decir
cuándo será es como aquello de la censura: cuando el lobo.
Ha dicho a qué comunidades autónomas se ha transferido la Administración
de justicia. ¿Van a seguir transfiriéndola a las comunidades autónomas
que la tienen solicitada? ¿En qué plazo de tiempo tienen previsto
continuar y terminar los traspasos a las comunidades autónomas? Sin
embargo, señor Rajoy, usted ha hecho referencia a la formación
profesional ocupacional, recientemente traspasada a Extremadura, y a
otros temas que serán traspasados en breve al resto de las comunidades
autónomas. No sabemos qué plazo de tiempo es en breve, aunque también
comprendemos que no es previsible hacer un cálculo exacto en un tema tan
complejo como éste. Junto con la no transferencia de las competencias
educativas, que es lo que nos parece más grave de lo que ocurre a estas
alturas del relato del Gobierno (me ha parecido oírle en alguna ocasión
que las transferencias de las competencias educativas han de estar en
junio de este año; desde hoy me atrevo a decirle que me da la ligerísima
impresión de que no va a poder ser así; ojalá me equivoque y usted me
confirme lo contrario), donde encontramos más zonas oscuras es en su
actuación respecto de las negociaciones que han mantenido y mantienen con
sus socios parlamentarios, Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria,
sobre todo con los dos primeros. Por ejemplo, ni del programa electoral
del Partido Popular ni del discurso de investidura del señor Aznar se
deducía que las competencias de tráfico iban a ser transferidas a ninguna
comunidad autónoma. Ahora parece que sí, que a Cataluña les van a ser
transferidas, y usted lo ha confirmado así en su intervención inicial. Yo
le pregunto, ¿cuándo se va a transferir? ¿Sólo se van a traspasar a
Cataluña las competencias de tráfico? Otros ejemplos: ¿se van a
transferir las prisiones al País Vasco o no? ¿Sólo al País Vasco? ¿Qué
posición mantiene el Ministerio afectado: está de acuerdo o no con la
transferencia? ¿Y con el Inem qué pasa? ¿Van a transferirlo a pesar de lo
que significaría? ¿Cómo, a quién, dónde?
Algunas preguntas más, señor Rajoy. El señor Duran i Lleida ha
manifestado que está negociando con usted una veintena de nuevos
traspasos a la Generalitat. ¿Qué traspasos son ésos, señor ministro? ¿Con
qué calendarios? ¿Van a realizarse también a otras comunidades autónomas?
¿Se va a negociar con ellas estas materias? Relacionado con esto, me
gustaría también conocer su opinión, señor Rajoy, sobre el documento
elaborado el 30 de junio de este año por Convergència Democrática de
Cataluña y que se titula Por un nuevo horizonte para Cataluña. En el
capítulo V de este documento, titulado Las competencias, se incluye un
listado de las mismas que a juicio de sus autores
deben pasar a ser competencia de la Generalitat, excluyendo tan sólo
--dicen-- aquellas que en virtud del cumplimiento del actual pacto de
gobernabilidad con el Gobierno del PP se han asumido o tendrán que
asumirse. En este listado aparecen competencias tales como la gestión del
INS y toda la Seguridad Social en Cataluña, la gestión y los recursos de
las pensiones no contributivas, las funciones relativas a la prestación
social sustitutoria, la supervisión y el control de las cajas de ahorro,
etcétera. Es decir, está incluido todo lo que no son relaciones
exteriores, defensa y planificación de la actividad económica. Incluso se
dice que las competencias que pese a todo crea conveniente reservarse el
Estado se ejecutarán por parte de la Administración catalana. Todo ello,
señor Rajoy, en la misma línea de lo manifestado por el señor Molins en
la conferencia del Club Siglo XXI, a la que hace un momento he hecho
referencia. Pues bien, ¿qué va a pasar con todo esto, señor ministro? ¿Va
el Gobierno a negociar estas competencias o no? Querría una respuesta
concreta, seria y si es posible no retórica.
Por último, ¿qué piensa el Gobierno respecto al listado de transferencias
aprobadas por el Parlamento vasco? ¿Se va a producir el traspaso de las
mismas? ¿Se está negociando alguna de ellas? Quisiera también una
respuesta concreta al respecto.
Y termino, señor ministro, preguntándole dos cosas y rogándole otra.
¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión delegada de política autonómica?
Usted ha hecho referencia a una reunión inicial en la que se fijaron una
serie de transferencias. ¿Cuántas veces se ha reunido y qué previsión de
plazo tiene para reunirla? ¿Cree usted que la secuencia de reunión de la
Comisión delegada de política autonómica ha sido la lógica y la
suficiente para este período, largo ya, de su Gobierno? La segunda y
última pregunta: ¿tiene previsto el Gobierno utilizar el artículo 150.2
de la Constitución como instrumento para efectuar ciertos traspasos o
delegaciones? ¿Qué pasa con la administración única? ¿Se quedó solamente
en algo retórico y no va a tener cumplimiento práctico?
Y el ruego con el que termino ya de verdad, señor ministro, es si nos
pudiera enviar a los miembros de esta Comisión las publicaciones de su
departamento que tienen que ver con la política autonómica. No sólo
creemos que como representantes de la soberanía popular tenemos derecho
a conocerlas, sino que además podía sernos útil en nuestro trabajo y en
el trabajo de su señoría.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor ministro, sea bienvenido, en nombre de
mi grupo, a esta Comisión para hablar de un asunto de tanta trascendencia
como es la política de desarrollo autonómico, a la que el Gobierno del
que forma parte mi partido da tanta importancia en cuanto que somos
reivindicadores del autogobierno respecto de nuestra propia comunidad
autónoma.
Esta mañana he tenido ocasión de leer en la prensa que los socialistas
acusan al Partido Popular y a los nacionalistas de romper el Estado
autonómico. Ello me ha dado la ocasión de aprovechar, al hilo de su
comparecencia en esta Comisión, para explicar cuál es la postura de mi
grupo y a la vez plasmar cuáles son nuestras concretas reivindicaciones
en este momento, que creo que, a través de la Comisión mixta de
transferencias, usted conoce de sobra.
Se ha aludido en estos días a otra cuestión en relación con sucesos
luctuosos, que es la existencia o no de un proyecto político común entre
los vascos. Desde nuestra perspectiva, aprobado el Estatuto de Autonomía
del País Vasco, ése era el proyecto político común, del que inicialmente
sólo quedaron al margen la entonces Alianza Popular y Herri Batasuna.
Alianza Popular, hoy el Partido Popular, se ha integrado a este juego, y
creemos que el Estatuto de Autonomía, con el sentido con el que en su día
se pactó, es el proyecto común que nos une a los vascos. Las
transferencias son así la condición de ejercicio de esas competencias que
han sido asumidas por el Estatuto, y de ahí la insistencia del grupo al
que represento, a través del Gobierno del que forma parte, en
reivindicarlas una y otra vez.
Las demandas nacionalistas a las que ha aludido la señora Rubiales no son
nada nuevo, y quisiera, aunque tenga que remitirme para ello a cuestiones
que el señor ministro conoce de sobra, explicar de qué forma se han ido
plasmando en el seno de la Comunidad Autónoma vasca.
El retraso en el cumplimiento de las previsiones estatutarias --aunque
esto sea remontarme en alguna medida a la reciente historia-- estaba
produciendo en la Comunidad Autónoma vasca consecuencias de distinta
índole, consecuencias políticas en cuanto que retrasa o pone en duda el
modelo de convivencia al que me he referido y que nos habíamos dado los
vascos. Esta reflexión no es algo nuevo que yo aporte en este momento,
sino que así está recogida en un acuerdo que a todos nos gusta citar en
ocasiones luctuosas, que es el acuerdo de normalización y pacificación de
Euskadi, el que da pie a la Mesa de Ajuria Enea. Las consecuencias
políticas derivadas del incumplimiento del estatuto aparecen plasmadas en
la parte de este documento que siempre se olvida.
Por supuesto, el incumplimiento de las competencias asumidas
estatutariamente tiene también consecuencias sociales, económicas y
jurídicas que llevaron a que a finales del año 1991, con la participación
del Grupo Socialista --puesto que en aquel momento en Euskadi gobernaba
el Partido Nacionalista Vasco en coalición con el partido Socialista--,
se decidiese elaborar un documento jurídico en el cual se detectasen, con
el acuerdo de los dos grupos, repito, todas y cada una de las
competencias que entendíamos que habían sido asumidas por el estatuto. El
documento, que es un auténtico libro, recoge, título competencial a
título competencial, lo que se entiende, desde el punto de vista del
Gobierno vasco de entonces, que es la asunción de competencias en
relación con lo que a su vez, respecto a esos mismos títulos, se reserva
el Estado. Este documento, fruto del acuerdo de dos partidos, se somete
a la consideración del Parlamento vasco y obtiene la ratificación de
todos los grupos, es decir, no se trata de reivindicaciones
nacionalistas, sino que es un documento apoyado por todos los grupos
--excepción hecha de Herri Batasuna, por supuesto, a la que siempre dejo
al margen-- que componía el Parlamento vasco en el año 1992. Ese informe
de transferencias es el que sirve de base todas y cada una de las veces
que desde el Partido Nacionalista Vasco o desde el Gobierno vasco se
reivindica una concreta transferencia. No inventamos nada, esas fichas
--y el señor ministro y quienes conforman su equipo lo conocen de sobra--
son siempre el elemento jurídico que utilizamos para entender hasta dónde
llega lo que el estatuto prevé.
A este acuerdo se le ha dado desde nuestro partido, y creo que también
desde las propias instancias vascas, una importancia trascendental,
porque creemos que supuso una renovación del consenso estatutario, es
decir, que es el mismo documento siempre, no inventamos cada temporada
reivindicaciones nuevas, sino que son las que están en las fichas, en el
libro del acuerdo del Parlamento vasco del año 1992. Entendimos que,
puesto que había detectadas 54 transferencias pendientes, intentar
reivindicar todas de golpe podía no ser operativo, y fruto de la
constitución del último Gobierno vasco --en esta ocasión el Partido
Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, todavía también Euskadiko
Eskerra y Eusko Alkartasuna--, al crearse el acuerdo de coalición el 26
de diciembre de 1994, se decide elaborar un documento sobre prioridades
en la negociación de las transferencias, según el criterio de la
importancia y la trascendencia económica y social en el momento concreto
por el que atravesaba el País Vasco. Conoce de sobra el señor ministro
que en este documento se hacían unos cuadros en los cuales se
identificaban áreas. Un área, la primera, a la que se le daba mayor
prioridad, era el área de Trabajo y Seguridad Social, y la segunda área
era la de infraesctructuras. Son estas dos áreas detectadas en el
documento del año 1993, que también fue objeto de aprobación por la
totalidad de los grupos de la Cámara vasca, las que en este momento están
siendo objeto de negociación con el Ministerio al que usted tan
dignamente representa.
Refiriéndome a los contenidos concretos, que no son nuevos, repito, y que
no obedecen a necesidades del actual Gobierno en relación con los apoyos
nacionalistas sino que se están reivindicando las transferencias en
relación con los contenidos del año 1992, tengo la percepción de que el
área que hace referencia a Trabajo y Seguridad Social va mal. Sabemos que
se sostiene desde ciertas instancias la imposibilidad de la negociación
de la cuota amparándose en el criterio de la caja única, criterio que
creemos que en este caso no se rompería, puesto que las cuotas del Inem
--pensamos que dos sentencias del Tribunal Constitucional nos
avalan-- no integran esa caja única.
Además, hay elementos de época reciente, de la semana pasada en concreto,
que nos llevan a pensar que desde el Gobierno del que usted también forma
parte, si no en concreto desde su propio Ministerio, no se está avanzando
en la línea deseada y que existen inercias que son contrarias al sentido
con el cual se pactó esta competencia por parte del Parlamento vasco.
Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha remitido al
Gobierno vasco un documento elaborado y aprobado en el seno del Consejo
General del Inem bajo el título Principios para la organización del
servicio público del empleo, en el que desde el Gobierno vasco --y este
departamento en concreto está en manos socialistas, para que no se hable
de reivindicaciones nacionalistas-- se considera que el nuevo modelo de
servicio de empleo se ha diseñado íntegramente en el seno del Consejo
General del Inem, órgano que es de composición tripartita, con
representantes de la Administración del Estado, de los agentes sociales,
empresarios y sindicatos, sin que se haya tenido para nada en cuenta
ninguna participación de comunidad autónoma alguna.
En este documento no se comparte tampoco la interpretación de las
competencias que creemos que nos atribuye el Estatuto de Gernika en
materia sociolaboral, que, repito, no creemos los nacionalistas que nos
atribuya el estatuto, sino que lo cree el Parlamento vasco. Por ello le
digo que me gustaría que me avance algo en cuanto a esta cuestión, pero
tengo la percepción de que en esta materia concreta, en el área
sociolaboral, las cuestiones no van bien para las reivindicaciones que
apoya el grupo al que pertenezco.
Me gustaría que me diera alguna mayor esperanza en cuanto a la
transferencia en materia de autopistas en régimen de concesión,
competencia, donde las haya, de raíz foral, respecto de la cual está muy
próxima a ser dictada una sentencia por el Tribunal Constitucional que,
si se me permite el optimismo, tal y como hasta ahora ha sido su
jurisprudencia creo que podemos alentar la esperanza de que, en
definitiva, sustentará las posiciones hasta ahora defendidas. Tampoco ha
sido una idea nueva de esta legislatura, sino que igualmente está ya en
el estatuto y en las fichas que hicieron el esfuerzo de decantar las
competencias que creemos que el Estatuto de Gernika comprende.
Insisto en que no inventamos cada poco reivindicaciones nuevas, sino que
están todas en el estatuto, lo que ocurre es que las prioridades van
surgiendo y cada año volvemos a incidir en lo mismo que ya ha surgido en
ocasiones anteriores. No puedo, por tanto, y con ello termino, compartir
el criterio que ha sido sustentado desde el Grupo Socialista de que el
desarrollo estatutario rompa el Estado; si el Estado se define como
autonómico, la asunción de competencias por las comunidades autónomas
sólo lo definen y le dan contenido.
Espero sus explicaciones, y le agradezco nuevamente su presencia, señor
ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Este grupo parlamentario se congratula de
la presencia del ministro hoy aquí y también le da la bienvenida. Es
siempre un placer poder recibir del Ejecutivo información precisa sobre
diversos temas, y sobre todo en uno tan importante como es el autonómico.
Quisiera recordar que es la primera vez en esta legislatura que el Grupo
Parlamentario Socialista solicita la presencia en Comisión del ministro
para hablar precisamente de esta cuestión.
Quisiera tomar como punto de partida una idea expresada por el ministro
que me parece fundamental, cual es
que la ejecución de la política de traspasos, a la cual en principio se
circunscribe la solicitud de comparecencia, no puede verse como algo
aislado en lo que es la política autonómica, es uno de los aspectos sin
duda importante, pero debe ser contemplado de forma más amplia.
Decíamos en nuestro programa electoral, y ése fue nuestro compromiso ante
los ciudadanos españoles, que vamos a poner en marcha un sistema de
financiación basado en la corresponsabilidad, y lo hemos hecho. Otros
partidos, singularmente el Partido Socialista, también decían que iban a
establecer un sistema de financiación basado en la corresponsabilidad,
pero luego, tal vez por razones partidistas, prefirieron ser incoherentes
y se limitaron a rechazar las propuestas sin dar ninguna alternativa y,
en todo caso, ofreciendo siempre soluciones absolutamente contradictorias
en cada una de las comunidades que integran esta nación.
En nuestro programa electoral decíamos también que nos comprometíamos a
impulsar la reforma de los estatutos de autonomía a fin de lograr una
mayor capacidad de autogobierno. Ya están precisamente aprobados los
estatutos de autonomía de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia
(creo recodar que el plazo de enmiendas concluye pasado mañana), Madrid
(que también pronto entrará en esta Cámara) y sucesivamente.
En este punto quisiera manifestar, a propósito de lo que se ha dicho por
la portavoz del Grupo Socialista, que, en efecto, el programa electoral
del Partido Popular ofrecía un pacto en materia autonómica, pero el mismo
no fue posible porque el Partido Socialista no lo quiso. En todo caso, sí
que he de decir que a nivel puntual, en las reformas estatutarias que se
están haciendo, sí están existiendo acuerdos, pero en ningún caso se ha
deseado hacer un pacto a nivel de foto solamente cuando interesa al
Partido Socialista, y desde luego no en estos temas.
Igualmente en nuestro programa electoral nos comprometíamos a impulsar la
política de traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Así ha
sido, y el ministro, en su exposición, ha dado los datos básicos.
Tras la Ley orgánica de 1992 y la reforma de los estatutos de autonomía
que se llevó a cabo dos años más tarde, en 1994, la atribución de títulos
competenciales estaba pendiente de dotarse de efectividad y
materialización. En este tiempo, y yo creo que es un dato muy positivo
para el Gobierno y para, en general, la sociedad española, se han
completado los traspasos de medios y servicios pendientes prácticamente
en su globalidad.
Resta, sin duda alguna, el tema de la educación. Este tema de la
educación, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Popular, deseamos
que se lleve a cabo pronto, pero hay que tener en cuenta algo importante,
y es que ello no depende solamente del Gobierno central, sino también del
impulso de cada comunidad autónoma a la hora de querer asumir ya estas
competencias. Se lleva trabajando en ello desde hace tiempo en el
Ministerio y en el Gobierno en general.
Decía antes que nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, deseamos que
se lleve pronto a cabo ese proceso de transferencias en materia de
enseñanza no universitaria. Además, la ocasión este año creo que es
óptima en la medida en que, como es sabido e indubitable, el presupuesto
del Ministerio de Educación y Ciencia para el siguiente ejercicio ha
tenido un grandísimo incremento. Sin embargo, ello no hace que deba
procederse a las transferencias --y menos en esta materia-- con
improvisación.
Hay que recordar que en bastantes comunidades autónomas que no tienen
todavía asumidas las competencias en materia de enseñanza no
universitaria el hecho de estas transferencias prácticamente duplicaría
lo que es la función pública que en estos momentos existe en ellas. Por
eso decía que son también las comunidades autónomas las que deben huir de
la improvisación. Significa que deben estar preparadas para asumir esta
competencia, no sólo desde un punto de vista de recursos económicos y
humanos, sino también desde una perspectiva de la importancia que tiene
la enseñanza en la sociedad moderna.
He dicho que el Grupo Popular desde que se lleve a cabo esta
transferencia, y ello de forma razonable y también cuanto antes, sin huir
de improvisaciones, pero también deseamos que ello se haga respetando lo
que es básico del Estado, entre lo cual está fijar unos contenidos
mínimos en la enseñanza, entre otras cosas en materia de la historia. Por
ello, y no quiero introducirme en un debate que indudablemente se
producirá esta tarde, he de manifestar la perplejidad en cuanto a la
actitud del Grupo Socialista sobre este tema ante los constantes cambios
que demuestra, a mi juicio, que no tienen idea clara sobre lo que
significa la enseñanza como elemento de articulación, sin perjuicio de lo
que puede ser impulsado desde las comunidades autónomas. Junto con la
formación profesional ocupacional, éste será prácticamente el último
traspaso pendiente de la reforma de 1992-1994.
Queda también un gran tema que está siendo objeto, por lo menos a nivel
de título competencial, de tratamiento en las reformas estatutarias que
se están llevando a cabo, cual es el de sanidad. Sanidad indudablemente,
señora portavoz del Grupo Socialista, no puede ser contemplada en los
mismo ritmos que educación, donde ya las comunidades asumieron la
competencia de la enseñanza no universitaria en las reformas de 1992 y
1994; en materia de sanidad está llevándose a cabo ahora, en los procesos
de transferencias que se están iniciando, por lo menos la atribución del
título competencial. Consiguientemente, no puedo ir al mismo ritmo y no
puede hablarse en ningún momento de lentitud alguna al respecto. En todo
caso, desde el Grupo Parlamentario Popular deseamos que la transferencia
de esta materia tan importante, como es la sanidad, se lleve a cabo de
forma global, armónica, y lo más conjunta posible con las comunidades
autónomas. Se está trabajando ya desde las comunidades autónomas, se está
trabajando también desde el Gobierno central y se están manteniendo
abundantes reuniones, pero, como antes decía, no somos partidarios de que
ello se aborde de una manera aislada, individual, sin perjuicio de que,
lógicamente, se tengan en cuenta circunstancias concretas. En todo caso,
desde el Grupo Parlamentario Popular la idea es acercar siempre lo que es
la sanidad a los ciudadanos, garantizando la protección de la salud de
toda la población.
En las comunidades que accedieron a su autonomía por la vía del artículo
151 de la Constitución hay ya más competencias asumidas y traspasos
recibidos y, por tanto, en principio son menores las necesidades, sin
perjuicio de reconocer que hay cuestiones pendientes que hay que seguir
impulsando. No obstante, quisiera recordar el dato que antes ha dado el
ministro a propósito de los decretos de transferencias que se han
producido a lo largo de esta legislatura, de poco más de año y medio,
porque aunque decía que en las comunidades que accedieron por la vía del
artículo 151 han sido menores, dado que tiene ya más traspasos asumidos,
sin embargo, el número de los decretos de transferencias ha sido
semejante. Concretamente han sido 52 los decretos de transferencias
realizadas a las comunidades del artículo 143. De estas 52, prácticamente
la mitad, 25, se referían a una sola comunidad autónoma, Cantabria, que
tenían un déficit histórico muy notable y que ha sido impulsada para su
recuperación desde el Ministerio y desde el Gobierno cántabro. Pero es
que las comunidades autónomas del artículo 151 y asimiladas, en este
tiempo de legislatura han recibido 55 decretos de transferencias, todo
ello además de los 20 que antes he señalado a propósito de las
comunidades autónomas de Ceuta y Melilla.
Es cierto que hay que seguir impulsando lo que es el desarrollo
estatutario porque tiene su origen en la Constitución, y desarrollar las
competencias que prevén los estatutos es desarrollar la Constitución.
Sobre todo ello nos parece especialmente importante las que se puedan
realizar sobre políticas activas de empleo.
Se ha hecho alusión antes al desorden, en un argumento reiterado siempre
por el Grupo Socialista. Me temo, señores del Grupo Socialista, que el
único desorden es el que ustedes tienen en estos momentos en su cabeza.
Invocan en determinados momentos razones como la de espíritu nacional,
cuasi de un nacionalismo hispano excluyente, cuando en muchas ocasiones
dan vueltas y vueltas como un tiovivo. No tenían reparos, en una
comunidad como Galicia, en aliarse, y así lo manifestaron reiteradamente,
con una nacionalismo no ya moderado sino radical, aunque respetable, por
supuesto. En el tema de la enseñanza de la historia ha hecho referencia
a los constantes cambios producidos, y asimismo en el tema de la lengua.
Les pediría que aclararan sus ideas. Nosotros estamos a favor de lo que
es el consenso autonómico. De hecho, en las diversas comunidades
autónomas que ustedes gobiernan --cada vez menos--, se ha llegado a
importantes acuerdos. Quisiera recordar algo, cual es precisamente la
Comunidad Autónoma de Andalucía a propósito de la financiación sanitaria.
No se esfuercen tanto en buscar titulares, sólo intenten colaborar. Lo
importante es el espíritu de consenso y de diálogo. Desde ahí nos tendrán
siempre a su disposición.
Consideramos que es fundamental, y con ello concluyo, el desarrollo
autonómico, la estabilidad y un destacable proceso de distribución más
equitativa y más equilibrada del gasto público. Son enormemente
expresivas las cifras que ha detallado el ministro en su comparecencia a
propósito de la participación en los gastos públicos, tanto la que
existía en el año 1980 como la que existe en la actualidad, donde el
reparto es muy equitativo, es algo demandado desde hace mucho tiempo por
todas las fuerzas políticas. Además, en el momento en que se produzcan
las transferencias en materia de educación y de sanidad, los porcentajes
que van a suponer en relación con el gasto público en España van a ser de
un país fuertemente descentralizado, lo cual es bueno porque, en
definitiva, supone desarrollar la Constitución, que es la base de los
estatutos de autonomía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias a todos los intervinientes por sus manifestaciones y también por
el tono. En realidad no he detectado grandes discrepancias o, dicho de
otra forma para que se me entienda más, no he detectado discrepancias en
quienes han intervenido anteriormente, aunque sí algunas afirmaciones
sobre las que merece la pena hacer un breve comentario, siempre partiendo
de la base, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a reiterar ahora,
de que no soy partidario de que la política autonómica constituya
constantemente un campo de confrontación política. Ello no es bueno, y
creo haberlo acreditado modestamente --luego daré algunos datos-- en mi
labor de oposición, en donde llevaba la portavocía de la parte de
autonomías y municipal del Grupo Parlamentario Popular. En cualquier
caso, cada uno elige el campo de discrepancia política que estima
oportuno y conveniente, y reconozco que no es fácil en este momento
encontrar campos de discrepancia política, únicamente algunos a los que
luego haré referencia.
Voy a comenzar el contenido de mi intervención dando respuesta a algunas
de las afirmaciones de la señora Rubiales, que ha dividido su
intervención en dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte de
tipo general, en la que ha hecho una panorámica más o menos global de
cómo ve la actual situación de la política autonómica, y una segunda
parte en la que ha hecho una referencia más concreta al tema que motiva
mi comparecencia en esta Cámara, precisamente a petición de su grupo, que
es la política de traspasos.
De la primera parte me es difícil dar cumplida réplica al conjunto de
afirmaciones que ha hecho la señora Rubiales, fundamentalmente porque son
un conjunto de eslóganes o declaraciones generales, lo cual no me parece
ni mal ni bien; simplemente es la constatación de un hecho. Es evidente
que comenzar afirmando que hay una falta de iniciativa por parte del
Gobierno, una carencia de pulso político, un desorden autonómico,
etcétera, son afirmaciones y eslóganes, repito, muy interesantes, pero
que debieran sustentarse en hechos. Luego ha hecho dos referencias
concretas a dos asuntos de la política autonómica sobre los que sí
quisiera hacer un breve apunte, aunque no es el motivo de esta
comparecencia: el modelo de financiación y el modelo sanitario.
Sobre el modelo de financiación no voy a reiterar los argumentos que ya
se han dado en múltiples ocasiones y en
foros diversos, pero sí quiero recordar que es un modelo que ha sido
aprobado por una inmensa mayoría de las comunidades autónomas y por una
inmensa mayoría de los partidos políticos con representación en la
Cámara. Por tanto, se puede mantener un criterio distinto, pero lo que no
se puede mantener son 17 criterios distintos; luego hablaré del desorden
autonómico. Es decir, a un modelo de financiación concreto y determinado
se le puede oponer otro modelo de financiación; lo que no se le pueden
oponer son 17 modelos de financiación diferentes.
Lo mismo ocurre con el asunto de la financiación sanitaria, que tampoco
tiene nada que ver con la comparecencia a la que hacemos referencia, pero
como ha sido citado quiero hacer un comentario. ¿Qué es lo que quiero
decir sobre este asunto? Que a un modelo de financiación sanitaria no se
le pueden oponer modelos de financiación distintos, incluso la aprobación
del propio modelo por la única comunidad gobernada por el partido del que
usted forma parte. Por tanto, es difícil de criticar el modelo de
financiación sanitaria porque lo han votado a favor unánimemente todas
las comunidades autónomas y el Insalud, que son las entidades que
gestionan la sanidad. Por tanto, a un modelo de financiación se le puede
oponer otro distinto, pero no se le puede oponer una multiplicidad de
modelos diferentes. Este es el famoso desorden autonómico que, con el
famoso atentado a las libertades, constituyen dos eslóganes que
probablemente tengan una cierta eficacia, pero que no se sustentan en un
ningún hecho real. Desorden autonómico del que, por lo visto, tienen la
culpa las concesiones que hace el Gobierno a los partidos nacionalistas,
y algunos discursos de los dirigentes de esos partidos nacionalistas
sobre los cuales también haré luego algún comentario.
Sobre lo que tiene que reflexionar usted, señora Rubiales, es sobre dónde
está el desorden autonómico: si está en el Gobierno, si está en los
grupos de esta Cámara o si está en su partido. Algún dirigente de su
grupo ha dicho de forma pública que estaba en su partido. Yo simplemente
le pido análisis y reflexión sobre este asunto, como también le pido
análisis y reflexión sobre un asunto que para mí es enormemente
importante, probablemente el asunto más importante de la política
autonómica en este momento, y es la afirmación que ha hecho S. S. de la
existencia de agravios, tensiones y reivindicaciones entre comunidades.
Es cierto que hay tensiones entre comunidades --es un hecho objetivo--,
pero también le pido que reflexione en qué medida han contribuido ustedes
a que se produzcan esos agravios o tensiones.
Vuelvo otra vez al debate del modelo de financiación autonómica. Cuando
en 17 sitios, por representantes del mismo partido, oímos el discurso de
que «esto perjudica a mi comunidad autónoma», le pido también una
reflexión, y se la pido por su reciente actuación en Galicia. Afirmar
constantemente que hay un señor, que tiene nombre y apellidos y que es
presidente de una comunidad, que se lo lleva todo y que, por tanto, eso
es intolerable, es lo que luego da lugar a que surjan otros señores que
pretenden ser similares a ése que supuestamente se lo lleva todo. También
le pido una reflexión sobre este asunto.
Hay otras declaraciones como la huida hacia adelante, y el decreto de
humanidades que no forman parte de este debate, pero se ha citado y sobre
él le digo una cosa. Hemos votado el otro día en el Senado, y ustedes
también, una propuesta de resolución. Hoy vamos a proponer, como texto
alternativo al que ustedes presentan, lo que ustedes y nosotros votamos
en el Senado. Esta tarde veremos dónde está el desorden, dónde está la
coherencia y qué es lo que se quiere hacer con este tipo de asuntos.
Sobre los traspasos también quiero hacerle algunos comentarios. La parte
de la política de traspasos empieza con una declaración general que sin
duda tiene su cierto interés. Nosotros utilizamos los traspasos
fundamentalmente --aquí ha habido una crítica expresa a los partidos
nacionalistas-- como un instrumento al servicio del Gobierno para
nuestros acuerdos con estos partidos nacionalistas, en lugar de proceder
a completar racionalmente lo que es el actual modelo de Estado, es decir,
el marco jurídico que fijan los estatutos y, por tanto, proceder a un
ordenado proceso de traspasos. Esta es la declaración inicial que aquí se
ha hecho.
Se ha citado expresamente la página 151 del programa electoral, donde el
Partido Popular proponía un pacto autonómico similar al del año 1992 para
incrementar las competencias que en este momento tienen en su marco
jurídico las comunidades del 143. Se me pregunta qué es de ese pacto
autonómico. Eso me gustaría saber a mí, porque el Partido Popular y yo
cuando estábamos en la oposición, firmamos un pacto autonómico con el
Partido Socialista, y yo propuse un pacto autonómico exactamente igual
para las mismas comunidades y para incrementar las competencias. No fue
posible por razones que yo, naturalmente, tengo que respetar porque nadie
tiene por qué firmar lo que no quiere, pero estamos intentándolo, por la
vía de pactos de los distintos parlamentos autonómicos, y me gustaría que
el ejemplo de algunos que se han pactado aquí --como Aragón, Castilla-La
Mancha, Madrid o Murcia-- siguiera en el futuro para que todos podamos
decir que actuamos exactamente de acuerdo con nuestro discurso y que no
hay una contradicción entre el discurso que hacemos y lo que luego en la
práctica llevamos a buen término.
Sobre el pacto del año 1992, me ha hablado de que debe de haber un
calendario, un contenido, unos procedimientos; que no cumplimos lo más
importante, que no cumplimos la transferencia de educación. Quiero
aportarle algunos datos. Entre marzo del año 1993 y mayo del año 1996 se
produjeron 129 traspasos a comunidades autónomas, en tres años; en el año
y medio de esta legislatura se han producido 127. Por tanto, creo que
llevamos un ritmo razonable, y no hay que ponerse ninguna medalla por
eso. A lo mejor hay que hacer menos traspasos, no lo sé; pero que no se
nos diga que vamos con excesiva lentitud y que no hemos hecho aquello a
lo que estábamos obligados. En el propio pacto autonómico se dice que, en
la legislatura que terminaba en el año 1995, tendría que haber hecho el
Gobierno todos los traspasos salvo el de educación, eso no se ha
cumplido; pero a mí no se me ocurrió, la pasada legislatura, preguntar
por qué no se había cumplido. ¿Por qué no se me ocurrió? Porque el
proceso de traspasos es complejo,
porque necesita el acuerdo de dos partes, porque las valoraciones no son
siempre fáciles y porque este Estado autonómico se desarrolla con una
cierta flexibilidad y, sobre todo, intentando todos apostar más que por
la prisa por la racionalidad. Dicho esto, creo que hemos ido a un ritmo
de traspasos bastante razonable. Antes he hecho referencia a cuáles son
aquellas competencias importantes, y no voy a reiterarlo ahora, que hemos
puesto en marcha y los acuerdos a los que hemos llegado con las mismas
comunidades autónomas.
Me ha preguntado por la Logse. Ya lo ha dicho el Gobierno en reiteradas
oportunidades: nosotros no tenemos intención de financiar la aplicación
de la Logse. También podría decirle yo que la Logse tenía un plazo de
aplicación de determinados años, y lo que se ha hecho es ir retrasando
ese plazo de aplicación de suerte que, al final, lo que había que haber
hecho en diez años, por lo visto hay que hacerlo solamente en un año y
medio o dos y, por tanto, el Gobierno tendrá que asumir esas
responsabilidades.
Sobre el traspaso del Insalud, efectivamente, he dicho lo que pienso.
Creo que a lo largo de esta legislatura no debemos entrar en ello. Hay
otros temas prioritarios antes al traspaso del Insalud y lo abordaremos
a lo largo de la próxima legislatura, sobre todo porque hay todavía
muchas comunidades autónomas que, porque no se ha producido la reforma de
sus estatutos de autonomía, todavía no tienen competencia del Insalud en
lo que es su marco jurídico.
Respecto a la Administración de justicia, que es otro de los asuntos a
los que usted hizo referencia, el calendario, nuestra intención es
empezar en el mes de enero. Hemos finalizado ya el traspaso a las
comunidades del artículo 151 y comenzamos ahora las del 143. Lo mismo
ocurrió con la formación profesional ocupacional: se empieza con las del
151 y luego se sigue con las del 143. Hay que tener un cierto orden, que
puede ser o no compartido, pero es un orden razonable que no debía
motivar una crítica política importante.
Luego ha vuelto al asunto que, en cierta manera, se constituía en
principio inspirador de su declaración inicial, que no argumento, y es el
de las concesiones a nuestros socios parlamentarios y la oscuridad en la
negociación. Ha hecho referencia a un documento de Convergencia
Democrática de Cataluña, Nuevo horizonte para Cataluña, y ha hecho
referencia también a la intervención del señor Molins en el Club Siglo
XXI. Yo estoy absolutamente de acuerdo; pero sobre ese documento
pregúntele usted al señor Pujol, al señor Molins o a la señora
representante de Convergencia Democrática de Cataluña, que se ha ido,
pero no le pregunte al señor Rajoy que no tiene ninguna responsabilidad
en ello.
Le voy a hacer una pregunta que tengo un enorme interés en que usted me
responda y que estoy absolutamente convencido de que la va a responder.
Ha dicho que, en materia de traspasos, el Gobierno la ha utilizado para
sus pactos con los partidos nacionalistas, ha sido muy oscurantista, ha
beneficiado a unos en detrimento de otros, etcétera, y yo le voy a hacer,
repito, la gran pregunta: dígame uno sólo de los traspasos que se han
hecho a lo largo de esta legislatura en que usted no esté de acuerdo;
dígame uno sólo. Usted ha citado el tráfico, ¿no está de acuerdo en el
traspaso del tráfico a la Comunidad Autónoma de Cataluña? Supongo que la
respuesta no puede ser afirmativa porque usted lo ha votado aquí. Por
tanto, yo le pregunto, puesto que utilizamos la política de traspasos,
por lo visto, para generar un enorme desorden autonómico y en beneficio
de las comunidades autónomas del artículo 151, ¿en qué traspaso, de los
que ha hecho este Gobierno, usted no está de acuerdo? Naturalmente, no me
hable de las declaraciones del señor Molins ni de las declaraciones o
documentos que hace tal o cual partido, porque yo podría preguntarle por
las declaraciones que hacen otros señores, pero creo que eso no viene al
caso.
Me ha preguntado por la lista del Parlamento vasco. Pues mire usted,
votada por ustedes y por nosotros; la estamos negociando. Luego, cuando
me refiera a la intervención de la señora Uría, haré algún comentario
sobre este asunto.
Me pregunta también cuántas veces se ha reunido la Comisión delegada de
política autonómica. Dos. A mí me parecen suficientes, se lo digo con
absoluta claridad. Naturalmente, usted puede no estar de acuerdo, pero
eso no es más que una diferencia de criterios absolutamente normal. ¿Si
vamos a utilizar el artículo 150.2 de la Constitución Española? Ya se ha
utilizado en algunas ocasiones. Desde luego, quizá el caso más llamativo
fue con la Lotrava. Se ha utilizado cuando se ha producido el traspaso
del tráfico a la Generalitat de Catalunya, que usted y su grupo apoyaron,
como he señalado antes. El sistema autonómico que diseña la Constitución
es un modelo abierto y dinámico, y puede que en algunas ocasiones se
utilice el artículo 150.2 y en otras no.
Por último, ha terminado con un ruego: que le enviemos las publicaciones
del departamento que dirijo. Con mucho gusto lo haré. Ignoraba que no se
las enviábamos y, por tanto, le pido disculpas sobre este asunto.
En relación con la señora Uría, ha hecho unas afirmaciones que a mí me
parece importante que las haga en su condición de portavoz del Partido
Nacionalista Vasco en esta Comisión. El estatuto es el proyecto común de
los ciudadanos que habitan en el País Vasco. Yo no soy un ciudadano que
habite en el País Vasco, pero a mí me parece muy bien que el estatuto sea
el proyecto común. Ha hecho referencia al listado de competencias que ha
aprobado el Parlamento vasco; listado de competencias que es ciertamente
complejo porque, como sabe la señora Uría y como sabemos todas las
señoras y señores diputados presentes, esto no es fácil; hay asuntos que
son de difícil interpretación, hay temas que, naturalmente, hay que
discutir, hay algunas competencias que se pueden traspasar en según qué
condiciones, y, en concreto, ha hecho referencia a dos asuntos sobre los
que llevamos tiempo trabajando: lo que es, para entendernos, y perdón por
la utilización de esta expresión, el paquete laboral y el posible
traspaso de las autopistas en régimen de concesión.
Las autopistas en régimen de concesión son dos: la autopista
Bilbao-Behovia y la Vasco-Aragonesa en el tramo que transcurre por el
País Vasco, que debe ser de alrededor de ochenta y tantos kilómetros. Ahí
hay un planteamiento,
que a mí me parece muy razonable, que es el de construir una nueva
autopista entre Eibar y Vitoria. Lógicamente, es muy importante, para
poder construir esa autopista entre Eibar y Vitoria, una negociación con
las concesionarias de las autopistas Bilbao-Behovia y Vasco-Aragonesa en
el tramo que circula por el País Vasco. Es muy importante porque eso
puede suponer, mediante un aumento en el plazo de la concesión, una
financiación que es muy necesaria para una autopista que puede costar
alrededor de 90.000 millones de pesetas, lo cual, como todos ustedes
entiende perfectamente, no es moco de pavo. En este momento se está en
fase de conversaciones; conversaciones que son ciertamente complejas, que
no son fáciles, donde lo que parece razonable es que se actúe de mutuo
acuerdo por parte de ambas administraciones. Yo creo que eso es lo más
importante, que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a financiar la
Eibar-Vitoria.
Dicho esto, parece que no debemos unir indisolublemente el proceso de
traspasos con el proceso de construcción de la Eibar-Vitoria porque, al
final, se supone que quien tiene la Bilbao-Behovia y la Vasco-Aragonesa
debe tener la máxima obligación a la hora de aportar fondos a la
construcción de la Eibar-Vitoria. Por tanto, es un asunto sobre el cual
confío en que se llegue pronto a un acuerdo; ésta es una competencia de
las llamadas de carácter foral. Me gustaría llegar a un entendimiento,
aunque reconozco --y todos lo harán-- que no es fácil.
El segundo paquete es el laboral, que tiene, fundamentalmente, las
siguientes competencias: la formación profesional ocupacional, el Forcem,
o formación continua; lo que son las escuelas-taller y casas de oficios;
y, luego, lo que llamamos genéricamente políticas activas de empleo,
dentro de las cuales hay algunas importantes, como, por ejemplo, pueden
ser las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social que, sin duda,
son políticas activas de empleo. Esas, digamos, serían las competencias
a traspasar.
Luego están las fuentes, es decir, cuáles son los ingresos que se
utilizarán para el ejercicio de esas competencias. Ahí está la famosa
cuota de formación profesional; hay otra fuente de ingresos, que es el
Fondo Social Europeo y hay aportación de los propios presupuestos
generales del Estado. Es un tema enormemente complejo. No lo es (que se
podría hacer, si el Gobierno vasco lo aceptara, que no lo ha hecho,
porque entiende que debe asumir la competencia en su totalidad) el
traspaso de la formación profesional ocupacional; no lo es el traspaso de
las escuelas-taller y casas de oficios; no lo es el traspaso de
determinadas políticas activas de empleo. Técnicamente es complejo el
traspaso de la bonificación de cuotas de la Seguridad Social, y en el
tema de la formación continua, como sabe la señora Uría, hay ciertos
problemas, como los hay también en la parte de los ingresos.
Llevamos ya mucho tiempo tratando este asunto, buscando fórmulas
jurídicas razonables que no perturben lo que en nuestra opinión es una
ordenación general de todo lo que es la parte de cuotas, incluidas las
cuotas de formación profesional, y a mí me gustaría que se llegase a un
entendimiento y a un acuerdo en un período de tiempo razonable.
Por último, en relación a la intervención del portavoz del Grupo Popular,
el señor López-Medel, coincide, como suele suceder en esta suerte de
debates, con lo que es la posición del Gobierno. Quisiera, precisamente
al hilo de la intervención del señor López-Medel, hacer dos o tres
comentarios. Creo que en este momento el régimen jurídico de lo que
llamamos modelo autonómico es enormemente avanzado, por lo menos en las
partes que son más importantes, que son la parte competencial y la parte
de traspasos. Resta, como he dicho, y es un objetivo que sería bueno, que
fuéramos capaces de abordar y de completar, a lo largo de esta
legislatura, la reforma de algunos estatutos de autonomía de las
comunidades del artículo 143. Por tanto, creo que el asunto del régimen
jurídico está ciertamente definido, y éste es un dato importante.
Hay otros asuntos que no son propiamente el régimen jurídico, como el
modelo de financiación, que se pacta cada cinco años, que es dinámico y
que ha sido diferente --luego, en la próxima comparecencia, hablaremos de
este asunto--; probablemente quede alguna reforma del Senado, si es
posible; está en marcha la reforma de la administración periférica. Pero
creo que hay una definición bastante estable de lo que es el régimen
jurídico.
En segundo lugar, se ha conseguido --lo he dicho antes-- un nivel de
descentralización, en mi opinión, enormemente importante. Estamos ya --y
lo he dicho-- en un 72 por ciento por parte de las comunidades autónomas
del gasto público total del Estado, frente al 25 por ciento de los
Estados que he citado con anterioridad. Por tanto, éste es un dato
importante. Personalmente soy partidario de que haya un nivel de
descentralización, pero lógicamente esto ya no me va a competir a mí,
sino a quienes asumen la responsabilidad de gobernar en las distintas
comunidades autónomas hacia las corporaciones locales. Creo que es
importante. Recuerdo que hay un 20 por ciento del gasto público que
ejercen las comunidades autónomas.
En tercer lugar, nosotros vamos a continuar el proceso de traspasos.
Pienso que es enormemente importante continuar este proceso de traspasos
y lo vamos a continuar por el mismo procedimiento que se ha hecho desde
el año 1980, con momentos más tensos, con momentos más dulces, con las
dificultades propias de cualquier tipo de proceso de traspasos. Es decir,
no es lo mismo traspasar competencias que suponen muy pocos medios
personales y materiales que hacer traspasos como el de la educación y la
sanidad. Yo recuerdo que el traspaso del Insalud, la competencia de
sanidad a la comunidad autónoma por una de cuyas provincias soy
disputado, se hizo en el año 1990 y estaba en su estatuto desde el año
1981. A mí no me gustaría que se produjeran unos retrasos tan enormes,
pero es que no es lo mismo, repito, traspasar el Insalud que traspasar
una competencia menor, cuantitativamente hablando.
Por último, me permito señalar que, además de estas afirmaciones que
acabo de hacer, es importante resaltar que al final en esta materia, como
probablemente en otras muchas, la actitud que adopte la clase política es
enormemente importante. Creo que debíamos hacer un esfuerzo para no estar
constantemente en esta dinámica de si a mí
me beneficia, a mí me perjudica, para no estar haciendo afirmaciones
contradictorias. Creo que eso es muy negativo y hasta empiezo a dudar de
que tenga rentabilidad política para quien lo use. En fin, creo que si
contribuyésemos entre todos a hacer pedagogía probablemente las cosas
serían bastante más razonables.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la señora Rubiales. Brevemente, por favor.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor presidente, intentaré ser breve.
Quisiera empezar por decir que el Partido Socialista perdió las
elecciones, está gobernando el Partido Popular y que, por tanto, hay que
poner fin --algún día habrá que hacerlo-- a esta extraña historia de
hacer siempre oposición a la oposición.
Voy a empezar por contestar solamente con una afirmación a lo que ha
dicho la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la señora Uría, porque
yo no he dicho en ningún momento, y quiero que quede meridianamente
claro, que el desarrollo estatutario rompa el Estado. Para nada he hecho,
en ninguna ocasión, semejante afirmación. He dicho, y lo tengo aquí
escrito, que la política autonómica nos parece falta de iniciativa y
carente de pulso político y de calendario, que hay desorden autonómico y
otra serie de cosas. Pero en absoluto he hecho semejante afirmación y me
parece importante reiterarlo.
Decía el portavoz del Partido Popular que es la primera vez que el Grupo
Socialista solicita este tipo de comparecencias. No lo ha solicitado
ninguna vez el Partido Popular ni tampoco el Gobierno; por lo menos
ganamos uno a cero y algo hemos hecho diferente.
Reitero lo que he dicho al principio: no se puede estar continuamente
haciendo oposición de la oposición. Tenemos las ideas muy claras al
respecto. El propio ministro lo ha puesto de relieve. Ha empezado
diciendo, y lo ha reiterado ahora, el importante nivel de
descentralización del Estado que se ha alcanzado en estos años, desde que
la Constitución, afortunadamente, existe en nuestro país; ha explicado el
nivel de gasto público y la descentralización que del mismo existe. En
todo ese período de tiempo --cifras que él mismo ha utilizado, porque ha
empezado por el año 1981-- algo hemos contribuido y hemos hecho en esta
construcción del Estado de las autonomías y me parece que para explicarlo
no hay que introducir justificaciones, porque no es la función del
Partido Socialista dar respuesta a cosas que no le corresponden, sino que
el que tiene que responder a las peticiones que hace el Partido
Socialista es el Gobierno del Partido Popular, que para eso es para lo
que está gobernando.
No he dicho tampoco, en ningún momento, que el Insalud tenga que ser
transferido al mismo tiempo que la educación. Solamente he preguntado
cuándo se va a transferir la educación --que después me referiré a ella--
y cuando se va a transferir el Insalud. No he dicho si tiene que ser al
mismo tiempo o que tenga que estar hecho ya, porque sé cuáles son las
diferencias.
El señor Rajoy me dice que no había detectado discrepancias entre su
intervención y las del resto de los grupos. Está bien, está en su derecho
de decir que no ha detectado discrepancias, pero, desde luego,
discrepancias haberlas haylas, señor Rajoy, y son evidentes. Usted dice
que he hecho un conjunto de declaraciones, de eslóganes y de afirmaciones
carentes de contenido. Pienso absolutamente lo contrario, pero con esta
política de ciego nunca jamás nos vamos a entender. Porque cuando yo le
he hecho preguntas, a las que usted no ha contestado para nada, no estaba
tratando de acusarle de nada; yo no le he dicho que me parezca bien o mal
si la Administración de justicia se deba transferir o no al resto de las
comunidades autónomas. Yo le he preguntado, como responsable de la
política autonómica, si va a transferir usted la Administración de
justicia a las demás comunidades autónomas, cuándo, con qué calendario.
No he hecho una crítica. Preguntar, tratar de estar informado, no
solamente no es una crítica, sino que es nuestra obligación; es
obligación de la oposición preguntar al Gobierno y la obligación del
Gobierno es responder a la oposición. Yo no voy a contestarle a esa
pregunta del millón que usted dice que quería hacerme. Ha pasado igual
que con el tema de tráfico. Yo no le he dicho si me parece bien o mal
tráfico; solamente le he dicho, señor Rajoy: en el programa electoral del
Partido Popular no aparecía la transferencia de la competencia de
tráfico, no aparecía en el programa de investidura. ¿Se le va a
transferir a Cataluña? ¿Se le va a transferir a alguna comunidad autónoma
más? Solamente he preguntado eso. He hecho esa referencia a la lista del
Parlamento vasco y al documento de Convergencia Democrática de Cataluña
porque son sus socios parlamentarios y quiero conocer cuál es la opinión
del Gobierno con respecto a afirmaciones que se están produciendo por
parte de determinados partidos nacionalistas que a nosotros nos parecen
preocupantes y que introducen, sin duda ninguna, tensión en el Estado.
Señor Rajoy, el día 1 de julio de 1995, hizo usted la siguiente
declaración, aunque hay muchísimas declaraciones suyas de cuando era
portavoz de autonomías que se le podrían estar recordando para que viera
las cosas que decía o las cosas que hacía; pero dijo usted una cosa que
viene a cuento con esta comparecencia: El PP reclama un listado de las
competencias no transferibles. El Partido Popular exigió ayer al Gobierno
--era el Gobierno socialista-- que, antes de ceder nuevas competencias a
Cataluña, elabore de manera inmediata una lista de materias concretas
sobre las que el Estado debe mantener competencias exclusivas y, por
tanto, intransferibles a las autonomías. El dirigente del Partido Popular
Mariano Rajoy explicó la propuesta afirmando que su organización no está
por la teoría del trueque de competencias para conseguir apoyos en el
Parlamento, en clara referencia a las presiones que el Gobierno..., y ahí
termina. Usted pide una lista de competencias que no se van a transferir,
y yo, simplemente, le he dicho: manifiéstese usted sobre eso que opina
Convergència Democràtica de Catalunya, en el documento, o sobre las
declaraciones de Convergència i
Unió o del Partido Nacionalista Vasco, para tener una posible orientación
de qué piensa el Gobierno sobre por dónde deben ir los traspasos.
A mí me parece que en los 19 años de desarrollo estatutario que usted ha
citado, porque la Constitución tiene más años, el Estado de las
autonomías ha sido uno de los logros más importantes que se han producido
a lo largo de estos años; ha sido una de las novedades más importantes.
Precisamente, eso es lo que nos preocupa ahora mismo, y por eso ustedes
dicen que nosotros no queremos pactar y que no queremos negociar, y así
no avanzaremos nunca, porque si nosotros tratamos de hacer una
comparecencia para conocer la opinión del Gobierno sobre el tema de los
traspasos, ustedes vienen rasgándose las vestiduras, y nosotros a lo
único que hemos venido es a saber qué piensan hacer con las
transferencias y a decirle una cosa que nos parece clara, rotunda y
evidente, y es que las competencias educativas no se han transferido en
el plazo de tiempo que estaba acordado; y queríamos que nos dijera usted
cuándo tiene previsto el Gobierno transferir las competencias educativas,
por qué no se han transferido ya. Dice usted: porque son muy complejas y
es un pacto entre dos. Claro, ya sabemos que son complejas y que es un
pacto entre dos. Queremos saber qué dificultades hay, por qué no se han
transferido, en qué calendario, en qué plazo de tiempo piensa el Gobierno
que se van a transferir las competencias educativas y por qué razones no
se transfieren. Nosotros tenemos una sospecha de lo que está haciendo el
Gobierno con la educación y que, como consecuencia de ello, no se
transfieren las competencias en educación. Pero solamente he venido aquí
a preguntarle, tratando, señor ministro, de que usted nos desvelara esa
información.
Señor ministro, termino diciéndole una cosa: estamos en un momento
decisivo de la política autonómica; le volvemos a decir que estamos
dispuestos a pactar y a negociar; existe toda una serie de declaraciones,
a las que he hecho referencia en mi primera intervención, que están ahí
y que inundan diariamente los medios de comunicación, en las que se trata
de explicar la necesaria revisión del modelo autonómico hasta ahora
pactado, y ante ellas, señoría, esta Cámara no puede permanecer callada,
como si éste fuera un debate que no nos afecta y que no tiene ningún
interés para esta Cámara. Este problema va a ser, señoría, usted lo saben
muy bien, uno de los ejes centrales, como lo ha venido siendo en los años
anteriores, de la política española en los próximos meses y quizá en los
próximos años. No se trata, señoría, ni de un problema vasco ni de un
problema catalán; se trata de uno problema general de toda la estructura
del Estado, que a todos nos afecta, y todos, por tanto, debemos
participar en el debate: comunidades autónomas, partidos políticos,
partidos políticos de implantación nacional y partidos nacionalistas y
grupos parlamentarios; no queremos excluir a nadie, pero tampoco creemos
que sea bueno para el desarrollo de la política autonómica la exclusión
del principal partido de la oposición. Todos sabemos ponernos de acuerdo
en los límites que debe tener cualquier operación que se realice en la
estructura del Estado y, desde esta Comisión, señor Rajoy, y desde la
responsabilidad que en ella me corresponde, haremos cuanto sea necesario
para participar en el debate y para favorecer los acuerdos precisos.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría. Brevemente, por favor.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Ruego a la señora Rubiales, a la que tanto aprecio, que lea en el «Diario
de Sesiones» que yo no he puesto en su boca la expresión de que los
nacionalistas queramos romper el Estado autonómico, sino que he dicho que
en un conocido diario de hoy se dice que los nacionalistas acusan al PP,
no ella. Si me pregunta quién, le diré que ha sido el ex consejero del
Gobierno vasco, señor Jáuregui, lo cual me ha sorprendido más, y por eso
lo he traído a colación, puesto que ha formado parte del Gobierno vasco
durante 10 años, siendo vicepresidente en alguna ocasión, consejero
constantemente y, por tanto, junto con el partido al que yo represento,
ha participado en la elaboración de los documentos que luego han sido
objeto de aprobación por el Parlamento vasco e incluso, en el último, de
prioridad en la negociación de las transferencias.
No es intención de mi grupo hacer oposición de la oposición, sino que ha
sido la propia señora Rubiales quien ha suscitado el papel de cierto
chantaje que los partidos nacionalistas estamos intentando hacer,
acusando, bien es cierto, de ello al Gobierno; pero, como representante
de un partido nacionalista, me he sentido obligada a sostenerlo.
Ha mencionado, incluso, nuevas teorías, documentos de Elkarri o
conferencias de representantes de grupos, a los que por no estar aquí su
representante en este momento y no pertenecer yo a él, no voy a defender.
Pero, en relación con la coherencia y la constancia de las
reivindicaciones sostenidas por mi grupo, le sugeriré que repase la
postura sostenida por el entonces portavoz de mi grupo, Javier Arzalluz,
en el Congreso, o en el Senado, el senador Unzueta, en los debates
constituyentes, respecto a la disposición adicional referida a los
derechos históricos de los territorios forales. Creo que siempre hemos
sostenido lo mismo. Quizá otros están inventando ahora teorías nuevas;
pero, desde el grupo al que represento, ésa es la cuestión.
En referencia a usted, señor ministro, conozco perfectamente la
complejidad de las transferencias que están actualmente en tramitación.
Evidentemente, primero se pacta lo que es más sencillo y es más
complicado llegar a acuerdos en otras materias. Le agradezco sus
manifestaciones de que se están haciendo todos los esfuerzos para, en un
período razonable, llegar a cerrar, cuando menos y ojalá sea así, la de
las autopistas en régimen de concesión.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel. Brevemente, por favor.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, muy brevemente.
El sistema autonómico fue diseñado básicamente por la Unión de Centro
Democrático, con el acuerdo del partido que en aquel momento estaba en la
oposición; y cierto es
que el desarrollo estatutario lo llevó a cabo, en gran medida, el partido
que durante mucho tiempo estuvo en el Gobierno, y creo que, en general,
bastante bien, y de ese desarrollo estatutario pienso que tenemos que
congratularnos todos. El Partido Popular estaba en la oposición, pero el
Partido Popular supo ser responsable y hacer acuerdos y hacer pactos
autonómicos.
El Partido Popular, y el grupo al que represento en esta Comisión, no
está por el enfrentamiento entre comunidades autónomas en un tema tan
importante como éste; no está por la utilización partidista y sesgada del
tema autonómico, sino que apelamos al consenso y a la responsabilidad.
Estoy seguro de que las palabras que ahora ha dicho la portavoz del Grupo
Socialista de que es tarea de todos, con su capacidad de convicción, se
han trasladado a otros dirigentes de su partido y que entre ellos, por un
lado, y por otro lado, el Partido Popular y el Gobierno y, por supuesto,
los demás partidos representados en esta Cámara, singularmente los grupos
nacionalistas, pueda lograrse ese desarrollo armónico de lo que es la
Constitución, ya que no debemos olvidarnos de que es la fuente de todo
este proceso estatutario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
presidente, seré breve y haré una intervención de las que, en buena
lógica, no deban provocar réplica, que creo que es lo que debo hacer.
Quisiera comenzar esta intervención recogiendo las palabras que acaba de
pronunciar el señor López-Medel; es decir, por razones políticas, por
razones de sensatez y de sentido común, incluso yo diría más (no sé si
esto cabe decirlo en un Parlamento), por razones personales, porque
pienso que todos aspiramos a vivir gratamente, sin enfrentamientos y sin
problemas, porque se vive con mucha mayor tranquilidad y espíritu
deportivo, soy partidario de llegar a entendimientos con ustedes en estos
asuntos autonómicos.
Yo no hago oposición de la oposición, señora Rubiales, porque no creo que
debamos hacer oposición de la oposición y porque no quiero. Lo que sí
tengo que hacer son comparaciones con lo que se ha hecho anteriormente,
para demostrar que lo que estamos haciendo nosotros es razonable. Pero
las comparaciones, en ningún caso, han sido críticas; no he hecho ninguna
crítica de lo que ha sido la gestión autonómica del Partido Socialista en
los años en los que ha gobernado. Es más, hice un elogio, porque
manifesté que el proceso de descentralización política, que
fundamentalmente han pilotado los gobiernos socialistas que son los que
asumieron la responsabilidad en estos años, está enormemente desarrollado
en España, y ése creo que es un dato muy importante; es decir, está
normalmente desarrollado y, además, es muy estable.
Lo que ocurre es que yo, a veces, para defender o para explicar
determinadas actuaciones del Gobierno, tengo que decir qué es lo que se
hacía antes, no con ánimo de crítica, sino para comparar. Si yo he dicho
que en tres años se han hecho 129 traspasos y en un año y medio, 127, no
estoy criticando que en tres años se hayan hecho 129 traspasos, sino que
el ritmo de traspasos que estamos haciendo y, por tanto, de cumplimiento
del marco jurídico estatutario, es razonable. Si he dicho que el traspaso
de educación es complejo, difícil y que lleva su tiempo, tengo que decir
que hay algunos traspasos que se han producido en la época anterior que
estaban en la misma situación, pero no critico que el traspaso del
Insalud a Galicia, que es el ejemplo que he puesto, haya tardado nueve
años --podía haber puesto otros muchos--; lo que quiero decir --y me baso
en lo que han sido estos últimos 18 años de Gobierno-- es que esto,
ciertamente, no es fácil. Además, el propio traspaso de educación no
tiene fecha en el pacto autonómico del año 1992, es el único que no lo
tiene, el resto sí la tienen: 1995, al término de la legislatura
autonómica. He dicho que no criticaba que no se hubiera desarrollado en
su totalidad el pacto autonómico de 1995, lo dije expresamente. ¿Por qué?
Porque es muy difícil. Por eso también reivindico el que, sabiendo que es
muy difícil, haya cosas que se puedan retrasar. ¿En qué plazo hay que
cumplir el estatuto vasco? ¿Porque no lo hemos cumplido en 18 años hemos
hecho las cosas mal? No lo creo, porque pienso que esto es difícil.
Quiero decirle con ello que ni he hecho ni voy a hacer oposición de la
oposición, pero, en justa reciprocidad, le voy a pedir a usted que desde
la oposición no haga oposición a los que antes éramos oposición, como ha
hecho con el famoso asunto de mis declaraciones del año 1995.
Probablemente sean pocos --y soy generoso en la utilización de la
expresión «pocos»-- los que resistan sus afirmaciones a lo largo de la
historia.
He querido responderle a las preguntas que usted me ha hecho. He dicho
que comenzaremos la negociación para el traspaso de la Administración de
justicia a partir del 1 de enero del año que viene con las comunidades
del 143. Hay que hacerlo con algún orden. Este año hemos traspasado a las
cuatro que restaban del artículo 151 la formación profesional
ocupacional. En cuanto a la educación, no puedo asegurarle cuándo se va
a producir el traspaso, lo que sí puedo asegurarle es la voluntad del
Gobierno de que se traspase en el año 1998, pero, claro, como usted muy
bien sabe, dependemos también de otra parte. Hay traspasos como el del
Inserso --del que hablaba antes-- que se ha hecho prácticamente a todas
las comunidades autónomas, pero resulta que a la Comunidad Autónoma de La
Rioja se va a traspasar el 26 de diciembre de este año. ¿Por qué? ¿Porque
el Gobierno socialista o el Gobierno del Partido Popular le tenían algún
tipo de animadversión a la Comunidad Autónoma de La Rioja? No. Porque no
fue posible. ¿Quién tiene la culpa? Es muy difícil determinarlo. Hay
comunidades del mismo régimen, del 143, que asumen una competencia tres
años antes o tres años después, pero no es porque haya una manía o una
persecución contra nadie. En estos temas se actúa de una manera bastante
institucional.
No obstante, quiero terminar, señor presidente, diciendo una cosa que es
exactamente la que dije al principio: hagamos un esfuerzo. Ya sé que
tiene que haber enfrentamiento, porque es la esencia de la democracia,
entre
el Gobierno y la oposición, pero hay algunos temas en los que es mejor
intentar la vía del entendimiento y del acuerdo. Además --con esto
termino--, si dije al principio que no había detectado discrepancias en
el asunto que motiva esta comparecencia es porque no las hay. No hay
discrepancias en el asunto de los traspasos, porque, como usted muy bien
ha dicho, no me va a responder a la pregunta que yo le hice, que es: ¿en
qué traspaso concreto de los que se han hecho en este año y medio está
usted en desacuerdo?, porque no las hay. Otra cosa son los discursos y
los documentos de los partidos políticos. Yo no soy ni nacionalista vasco
ni nacionalista catalán, supongo que usted tampoco, por tanto, yo no
puedo asumir, ni usted tampoco, los planteamientos íntegros de los
partidos nacionalistas vasco ni catalán, porque si no sería un militante,
no sé si distinguido --supongo que tendría que hacer méritos-- de esos
partidos, pero sí sé que España, al final, es un país muy plural, en el
que hay que pactar muchas cosas y, desde luego, hay algunas cosas que
conviene pactar, incluso aunque alguien tenga la mayoría absoluta, y una
de ellas es el diseño del modelo de Estado, que se pactó en el texto
constitucional de 1978. Todas las reformas estatutarias --y celebro que
haya sido así-- desde que se inventó esto, todas, se han hecho por
unanimidad de todas las fuerzas políticas; ha habido discrepancias
puntuales: en el modelo de financiación ustedes, nosotros en su día
también, nos opusimos al 15 por ciento; en fin, las cosas son así. Yo le
invito, y asumo también mi cuota de responsabilidad, a que entre todos
hagamos un esfuerzo para comportarnos de una manera más sensata y
razonable, para vivir de una manera más apacible, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Que así sea, señor ministro.
--CONSECUENCIAS DE LA APROBACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES PARA
LA FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SEGUN LO APROBADO POR EL
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL MARTES, DIA 28 DE OCTUBRE DE 1997.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente 213/000389).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto 3.º del orden del día. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista, comparecencia del ministro
de Administraciones Públicas, señor Rajoy, para informar sobre las
consecuencias de la aprobación del padrón municipal de habitantes para la
financiación de las comunidades autónomas, según lo aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados, el día 28 de octubre de 1997.
Para informar sobre esta petición de comparecencia, tiene la palabra el
señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Este es un
tema de compleja explicación técnica y, por tanto, el esfuerzo habitual
que tiene que hacer cualquier persona que comparece, como miembro del
Gobierno o como portavoz de un grupo parlamentario, hay que incrementarlo
en esta ocasión.
Voy a distinguir diversos temas, porque son diversos: en qué influye el
padrón aprobado recientemente en el modelo de financiación; en qué
influye en el Fondo de Compensación Interterritorial, en qué influye en
la financiación sanitaria, en qué influye en la financiación de las
corporaciones locales, por qué influye de forma diferente según el asunto
del que se trate.
Voy a empezar, en primer lugar, intentando explicar en qué influye la
aprobación del padrón, es decir, la población actualizada de las
comunidades autónomas, en el modelo de financiación autonómica, que
probablemente sea lo más importante y lo que ha generado más polémica.
Voy a intentar explicarlo de la manera más clara y entendible posible,
aunque no es fácil. ¿En qué influye? En nada. Se puede resumir en una
sola palabra exactamente cuál es la influencia y creo que me expreso con
bastante claridad. Dicho esto, como estoy absolutamente convencido --y
además así es-- de que esta explicación no es suficiente, voy a dar otras
dos o tres explicaciones en relación con este asunto. Para ello voy a
hacer una brevísima síntesis de cómo ha funcionado en España el modelo de
financiación de las comunidades autónomas desde el año 1978 hasta hoy.
Voy a intentar fijarme solamente en los aspectos que realmente
intervienen en este asunto.
La primera etapa, año 1978-1986, fue la del costo efectivo. ¿Qué quiere
decir esto? Que a las comunidades autónomas se les transfería una
competencia y los medios personales y materiales para ejercerla. Aquí no
estamos hablando de la población, me refiero a un tema concreto; por
tanto, este asunto podemos olvidarlo a los efectos que aquí nos
interesan. Simplemente acordémonos de que el coste efectivo, modelo que
terminó en el año 1986, no tenía nada que ver con la población.
Quinquenio 1987-1991, en el que se aprueba el nuevo modelo de
financiación de las comunidades autónomas. Se sustituye el modelo del
costo efectivo por el modelo del artículo 13 de la Lofca. Toda la
financiación de las comunidades autónomas se establecía en un determinado
paquete --perdón por la utilización de esta expresión-- y se distribuía
entre las comunidades autónomas sobre la base de una serie de criterios
que son los que establecía la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas: población, insularidad, superficie, unidades
administrativas, riqueza relativa y esfuerzo fiscal. A los efectos que
aquí nos interesan, sólo destacaré de este modelo un dato: cuando se
aprobó este modelo 1987-1991 se dijo que ninguna comunidad autónoma
podría recibir menos que lo que recibía con el anterior modelo. Pero,
además, las comunidades autónomas recibieron más. ¿Por qué recibieron
más? Porque el Estado puso más dinero encima de la mesa --perdón por la
expresión, que sé que es muy burda, pero creo que es entendible--. ¿Qué
puso el Estado encima de la mesa? Un 25 por ciento más del FCI, el coste
de las subvenciones gestionadas consideradas recurrentes, las
subvenciones de autogobierno. Es decir, el Estado puso más encima de la
mesa, y por eso se cumplió el que ninguna comunidad
autónoma recibiera menos, y además todas recibieron más.
¿Qué pasó en el modelo 1992-1996? Algo parecido a lo que ocurrió en el
modelo 1987-1991. Lo primero que se dijo fue: nadie puede recibir menos
que con el anterior modelo y, además, el Estado volvió a poner más dinero
encima de la mesa. Con lo cual nadie recibió menos que en el anterior
modelo, pero todo el mundo recibió un poco más, porque se puso más
dinero, y se establecieron unas variables que se modificaron: población,
superficie, y todas ésas a las que antes he hecho referencia.
¿Qué ha pasado en el año 1997 en el modelo 1997-2002? Que se volvió a
decir lo mismo: aquí nadie puede recibir menos que en 1996. Sin embargo,
¿cuál es la diferencia respecto a los dos modelos anteriores? Que el
Estado no puso ni un duro encima de la mesa. Por tanto, como nadie puede
recibir menos, ni el Estado pone un duro encima de la mesa, todos tienen
que recibir lo mismo que en el modelo anterior. Por consiguiente, ni se
pueden modificar las variables --aparte de la población y superficie no
se puede introducir otra variable--, ni se puede modificar la ponderación
de esas variables --no se puede decir que la población en lugar de
ponderar el 94 pondere el 60, ni pondere el 30--, ni se pueden modificar
los valores utilizados. Esto es, el valor de la pobreza relativa es el
mismo, aunque en algunas comunidades haya variado su pobreza y su
riqueza, y la población. También es distinta, porque en unas ha subido y
en otras ha bajado.
Esta es la explicación de por qué no influye para nada el criterio
población en el actual modelo de financiación autonómica. Repito, se ha
dicho que nadie puede recibir menos --porque, como comprenderán, hacer un
modelo de financiación en el que unas comunidades autónomas reciban menos
que en el año anterior es imposible y hay que ser realistas desde el
punto de vista político, y buena prueba de que es imposible es que jamás
se ha hecho así--, pero, además, el Estado esta vez no ha puesto ni una
sola peseta. ¿Por qué? Porque tenemos unos requisitos que cumplir de
déficit y deuda públicos y un presupuesto muy austero, como todos
recuerdan, que produjo una subida del 1,7. Aun así, la participación de
las comunidades autónomas en esos ingresos crece alrededor del 5 o el 6
por ciento.
Esa es la explicación de por qué no influye y por qué no se modificaron
ni las variables, ni las ponderaciones, ni los valores. Sí influye, sin
embargo, la población en lo que es el modelo de financiación autonómica,
y es que el propio modelo establece que al final del quinquenio ninguna
comunidad autónoma recibirá una financiación per capita inferior al 90
por ciento de la media; entonces sí habrá que actualizar la población
para esa atención concreta. Esta es una explicación muy clara y
entendible de lo que realmente pasó. Es más, voy a dar otro dato que creo
que también es importante. Hay quien cree que primero están las variables
y luego la consecuencia, el dinero. No obstante, el sistema de
financiación no ha funcionado así a lo largo de estos últimos años, sino
que primero se establece el dinero que se le da a cada uno y luego se
establecen las variables. Es decir, sorprendentemente (pero ha sido así
a lo largo de la historia), las variables son consecuencia del dinero que
se le da a cada uno. ¿Por qué? Porque al principio el modelo era el del
coste efectivo, y el coste efectivo era el que era, y si se establecen
unas variables por las que alguien cobra menos del coste efectivo, no
puede atender a esos servicios.
Esa es la auténtica realidad de la influencia del criterio población y,
por tanto, ese discurso del retraso del padrón no tiene nada que ver con
el modelo de financiación. Ustedes pueden o no creerme y hacer el
discurso que estimen oportuno, pero yo tengo que decir la verdad.
El primer asunto era el modelo de financiación y, el segundo, cómo
influye la población en el Fondo de Compensación Interterritorial. Pues
mire usted, el de este año tampoco influye. ¿Por qué? Porque la Ley del
Fondo de Compensación Interterritorial, que ya ven que es absoluta y
radicalmente diferente a lo que se utiliza en el modelo de financiación,
dice que en ese organismo la población pondera un 87,5. Es decir, se
distribuye el dinero de la siguiente manera: población, 87,5 por ciento;
saldo migratorio, 1,6; paro, 1; superficie, 3; dispersión, 6,9. Aquí se
dice que para la población se tomarán los valores medios de los últimos
cinco años disponibles, según las estimaciones del INE, para el mismo
período al que se refieren los valores del valor añadido bruto. Es decir,
son los valores medios de los últimos cinco años; tiene una influencia,
pero evidentemente mucho menor y así se ha aplicado. En el sistema de
financiación no influye nada y en el Fondo de Compensación
Interterritorial influye muy poco.
Tercer tema, la financiación sanitaria. Aquí sí influye el criterio de la
población. El padrón municipal del año 1996 es el que ha determinado la
distribución de la financiación sanitaria que, como ustedes saben, se
distribuye un 98,5 por la población, según el padrón del año 1996, y algo
más de un 1 por ciento se distribuye con arreglo a otros criterios
diferentes. Además, se establece en este modelo una modulación financiera
para aquellas administradoras gestoras cuya población haya experimentado
una minoración significativa de población. Por tanto, aquí sí ha influido
la población.
Por último, también influye en las corporaciones locales, porque la Ley
de Haciendas Locales dice que las asignaciones de corporaciones locales
se distribuirán entre todas ellas, y establece distintos criterios, el
criterio de población influye en un 70 por ciento, pero se dice que la
población será la población de derecho a fecha primero de enero del
ejercicio presupuestario de que se trate.
Como pueden ver, el criterio población influye de manera diferente en
cuatro asuntos muy importantes, lo cual tiene su justificación. ¿Por qué
influye mucho en el tema sanitario? Porque se trata de atender a personas
individuales. En cambio, en la financiación general, por ejemplo, para
hacer obras hidráulicas a lo mejor es más importante el criterio de la
superficie o la dispersión de la población que el criterio de
financiación, porque en una comunidad autónoma con 80 núcleos de
población y otra con 400, al final lo que cuenta no es tanto el número de
habitantes que haya, sino la dispersión, porque llevar el agua a un solo
pueblo se hace más fácilmente que llevarla a otros siete, aunque ese
pueblo tenga más población
que los otros siete juntos. Pero, claro, en el tema sanitario estamos
hablando de que se atiende a un señor a título individual, por eso la
ponderación de la población y los valores reales deben llevarse a la
práctica necesariamente.
Esto es, señor presidente, lo que hay. A veces uno se sorprende de que se
generen polémicas colosales que no responden a la realidad. Dicho esto,
estaría de acuerdo en que se haga una crítica al modelo de financiación.
Entiendo que se critique por no estar de acuerdo con el 30 por ciento del
IRPF --asunto discutible--, por no estar de acuerdo con la capacidad
normativa del IRPF --asunto discutible--, por no estar de acuerdo con la
capacidad normativa de los tributos cedidos --asunto discutible--, y
otras tantas cosas, pero un asunto de estas características, sinceramente
creo que es un planteamiento poco sensato y que además no responde a la
legislación vigente y a cómo se han producido las cosas en España en
estos últimos años.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo parlamentario autor de la iniciativa,
tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Voy a ser muy breve en esta ocasión, señor
ministro, y agradezco sinceramente su explicación y el tono de la misma,
aunque ahora verá rápidamente por qué no la comparto.
Aunque usted se empeñe en lo contrario y nos dé una explicación técnica,
me da la impresión de que los tribunales de justicia, si alguna comunidad
recurre este tema, no le van a dar la razón al señor ministro, pero
tendremos que esperar a que se pronuncien, aunque me temo mucho que éste
es un tema en el que el Gobierno no lleva razón a la hora de haber
decidido esa aplicación, pese a los esfuerzos de explicación técnica que
ha hecho en estos momentos.
Señor ministro, la aprobación del padrón de habitantes de 1996 ha sido
uno de los hechos muy surrealistas de la actuación del Gobierno, usted lo
sabe y lo voy a recordar muy rápidamente. Hemos estado cuatro meses sin
saber si el padrón de población había sido aprobado o no. Venía en la
referencia del Consejo de Ministros de 11 de julio como aprobado y así lo
confirmó el secretario de Estado en la rueda de prensa que siguió el
Consejo de Ministros, pero luego dijeron que esa aprobación no valía y
tuvimos que esperar hasta finales de octubre para enterarnos de cuántos
somos en este país.
Una vez que ha sido aprobado, hoy ha venido usted a explicar mejor --ya
habíamos discutido de este tema otra vez-- sus razones, aunque no las
comparto, pero nos enteramos de que su reconocimiento produce efectos
para la financiación sanitaria, que ha sido acordada según el último
padrón, y para la financiación de los ayuntamientos, no así para la de
las comunidades autónomas, y ahora nos acaba de decir que un poco sólo
para el FCI. Me parece si cabe todavía más surrealista, para unas cosas
sí, para otras nada, y para otras un poco.
Saber cuántos somos a la hora de estar enfermos, sí tiene importancia.
Usted ha dicho que para las obras hidráulicas, no, pero ¿para la
educación y la enseñanza?, ¿no vale tampoco el número de personas que
tengan que recibir este servicio?
En Andalucía, señor Rajoy, en mi comunidad, hay 365.000 personas más que
son tenidas en cuenta en la financiación sanitaria, pero desconocidas
para la financiación autonómica. Me parece surrealista, con todos los
respetos. Y esto que pasa con Andalucía pasa también con otras
comunidades autónomas, aunque no con Cataluña y, si hubiera sido así, me
temo que otro gallo nos hubiera cantado.
El señor ministro nos ha dicho muchas cosas (repito que precisas), pero
lo cierto es que hay que decirle a la gente que la financiación
autonómica se ha calculado con la población de 1988, es decir, con los
que éramos hace diez años. No es que la población no haya crecido, sino
que estamos con la de hace diez años. Si la historia de la financiación
es la que el ministro ha explicado --y a mí no me cabe la menor duda de
que es ésa--, podrían haber modificado la Lofca para que tuviéramos
conocimiento y certeza de la realidad de las cosas. Lo habríamos
agradecido desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
Mire, señor Rajoy, el Congreso de los Diputados, en una proposición no de
ley del Grupo Socialista, acordó por unanimidad que la aprobación del
padrón municipal de habitantes tuviera efectos en la financiación
autonómica y en la municipal, pero esto es lo de menos a estas alturas
del relato señor ministro, lo grave es que no se puede acordar lo que no
es posible, no se puede decir que la población es una cuando está
aprobada otra. Si eso se hace, como ustedes lo han hecho, estamos ante
una cláusula nula que se tiene por no puesta, además de la injusticia del
sistema y lo arbitrario que el mismo resulta. Esto es así porque lo dice
el artículo 13, apartado a), párrafo primero. Si ustedes dicen que este
artículo no se puede aplicar ahora por esta evolución histórica de los
modelos de financiación, como ha explicado, el Gobierno tiene que tomar
una iniciativa y modificar la ley para decir que la población no es una
variable que tenga que ser tenida en cuenta. Si no lo han hecho así, todo
el mundo está en su derecho de reclamar el reconocimiento de esta
población. Si se reconoce una determinada población para la financiación
municipal y para la sanitaria es porque ésa es la población que es y no
puede negarse para la financiación autonómica. Luego, una vez que se
parta del reconocimiento de la realidad que existe, podrán introducirse
todas las variables que se quieran, todas las que se pacten o las que la
legislación permita, pero no se puede partir de una población real
diferente a la que en cada momento existe. ¿Cómo se puede decir que para
unas cosas somos una cifra distinta de la que somos para otras? Somos los
que somos, señor Rajoy, y decir lo contrario me parece que no tiene ni
pies ni cabeza.
Creo que se lo he dicho ya en alguna ocasión. Usted no puede decidir que
yo me ponga un determinado traje y menos me puede decir que me ponga un
traje de 1988, porque hoy estamos en 1997, casi en 1998, y el traje no me
cabe; he engordado o he adelgazado y el traje no me cabe. Necesito
ponerme el traje adecuado a las características de la situación y del
momento presentes. Por eso, saber cuál es la población real y partir de
ella es absolutamente justo y necesario
para cualquier plan financiero que se haga, desde el de una familia al de
un municipio, desde el de una comunidad autónoma llegando hasta el del
Estado. Después se introducen todas las modificaciones que usted quiera,
señor ministro, todas las que el sistema requiera, todas las que se
acuerden, todas las que se pacten, pero hay que partir de los que somos,
decir que somos ésos y lo somos con todas las consecuencias y a todos los
efectos. No se puede decir que somos esta población para una cosa pero no
para la otra, porque, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido.
Lamento mucho decirle que me temo que los tribunales también nos darán la
razón en este caso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Intervengo para manifestarle que en efecto le
creo que las cifras del padrón no incidan en la financiación autonómica
de las comunidades de régimen común, por supuesto, en ningún caso lo
haría en las de régimen foral. También creo que no inciden en el Fondo de
Compensación; ha indicado que sí en materia sanitaria, si bien en el caso
de la comunidad autónoma a la que yo represento tampoco, puesto que el
criterio de población protegida se acaba reconduciendo también a la cifra
del cupo del 6,24. Sí incide en la financiación municipal y en este caso
también están afectados los territorios forales, a pesar de que el
reparto se haga desde la diputación, puesto que el reparto interno, que
no afecta al conjunto del Estado sino sólo a las instituciones propias de
la comunidad autónoma y de los territorios históricos, también se hace en
relación con las cifras del padrón.
Un último extremo sobre la incidencia del que usted no ha hablado y creo
que sí existe, el reparto de los llamados planes nacionales. El criterio
de distribución de estos dineros para las comunidades forales, y desde
luego para las de régimen común, es el de población, por lo que las
cifras del padrón sí tienen incidencia en este aspecto.
En todo caso, a pesar de que la responsabilidad no sea sólo suya puesto
que usted es sólo un miembro del Gobierno y la responsabilidad es
colegiada, le quiero manifestar que, desde la perspectiva de mi grupo, sí
resultó sorprendente que hubiese una manifestación en la rueda de prensa
posterior a un Consejo de Ministros diciendo que se había aprobado el
padrón y que luego, por un incidente como una pregunta parlamentaria del
señor Mardones, tuviéramos que conocer que eso no era todavía así.
Simplemente quería poner en su conocimiento estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: También seré muy breve a propósito de esta
comparecencia; en primer lugar y ante todo, por la claridad y la
brillantez con que el ministro ha explicado un tema notablemente
complejo. Quisiera recordar que todas SS. SS. conocen bien la complejidad
de todo proceso de renovación del padrón, en el cual no solamente
interviene la Administración del Estado sino que también se parte del
trabajo previo, que hay que estar impulsando continuamente, de otras
administraciones públicas.
Al igual que ha hecho la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, yo
también creo lo que ha dicho, no sólo le creo sino que es así. El que
influya para unas cosas sí y para otras no, señora portavoz del Grupo
Socialista, eso no es surrealista, es la ley. Es decir, hay una Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que establece unos
parámetros, unas variables y unas ponderaciones sobre la población. La
Ley que regula el Fondo de Compensación Interterritorial, que tuvieron
que cambiar en el año 1990 porque no funcionaba con el efecto
redistributivo que la Constitución le diseña, de una forma u otra también
concede importancia a la variable población. A nivel de corporaciones
locales sucede lo mismo, existe una legislación básica que concede
importancia a dicha variable. Por tanto, no es capricho de este Gobierno
que la variable población y las consecuencias en orden a la reducción del
paro tengan más o menos influencia. Eso no es surrealista. Si quieren
modificar la ley, hagan una propuesta, pero tendría que ser siempre con
el máximo consenso. En principio, no estamos por la labor de proceder a
modificarla salvo que, como antes decía, existiera un gran consenso
acerca de este tema.
Solamente quiero decir, aparte de las declaraciones que se puedan hacer
en ruedas de prensa, que el padrón es el que se aprobó el 31 de octubre
y se publicó de forma inmediata al día siguiente, el 1 de noviembre. Se
ha dicho que en la financiación incondicionada no tiene influencia,
cualquiera que fuera la comunidad autónoma, acogida o no al nuevo
sistema; donde sí tiene influencia, aunque pequeña porque es en relación
con los valores medios de los últimos cinco años, es en el Fondo de
Compensación Interterritorial. Se ha dicho que tiene más importancia en
relación con la financiación sanitaria. Pues bien, una muestra palpable,
clarísima, de la actuación de este Gobierno es que, con independencia de
cuáles eran las comunidades autónomas, cualesquiera que sean los partidos
que gobiernen las comunidades autónomas, se aplica el criterio que
establece la ley en orden a la población. Concretamente en lo que a
financiación sanitaria se refiere, donde sí tiene una influencia mayor,
ha resultado que una comunidad notablemente beneficiada ha sido la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Nosotros lo celebramos, pero en todo
caso es el criterio que establece la ley. Es una muestra más de que el
Gobierno no manipula cifras de población para beneficiar a unas u otras
comunidades autónomas, lo que hacemos es precisamente cumplir la ley.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Con
brevedad, intentaré dar una respuesta conjunta, aunque lógicamente haré
también alguna referencia puntual.
Tengo que agradecer a la señora Uría y al señor López-Medel que digan que
me creen, porque lo que he dicho es verdad. Creo que es enormemente
importante que se me crea porque eso me obliga a ser riguroso siempre que
comparezco
en el Parlamento. Asimismo, se lo agradezco a la señora Rubiales porque
también me cree. (La señora Rubiales Torrejón: Le creo, pero no estoy de
acuerdo.) Lo importante es que me crea, el que estemos o no de acuerdo es
otro asunto. A mí también me gustaría estar de acuerdo con usted, pero no
siempre es posible.
Sí quisiera hacer dos o tres observaciones sobre lo que aquí se ha dicho.
Una, reiterando un argumento inapelable que ha dado el señor López-Medel,
un argumento al que debemos acostumbrarnos: que el criterio de la
población funciona de forma diferente según el asunto de que se trate
porque lo dice la ley. Eso es enormemente importante. La ley dice cómo se
utiliza la población a la hora de financiar las corporaciones locales, y
lo dice la ley del FCI. La ley de financiación de las corporaciones
locales dice: la población de derecho al 1 de enero del año que se trate;
sin embargo, la ley del Fondo de Compensación Interterritorial dice: la
población de los últimos cinco años. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, pero
si tuviera que decir algo diría que es absolutamente indiferente, aunque
naturalmente puedo no estar en posesión de la verdad.
En cuanto al modelo de financiación, señora Rubiales, creo que lo he
explicado, pero voy a volver a reiterarlo. De lo que se trataba, como en
los modelos anteriores, es de que nadie recibiera menos que con el
anterior modelo. Lo que pasa es que en las dos oportunidades anteriores
el Estado puso dinero encima de la mesa y se cumplía eso para todos. Pero
como en esta ocasión no se ha puesto ni una sola peseta encima de la mesa
por las razones europeas, entre comillas, a las que antes he hecho
referencia, lógicamente no quedaba más solución que aplicar las mismas
variables, es decir, población, superficie, etcétera, por tanto, no
introducir ni quitar ninguna variable; las mismas ponderaciones, es
decir, seguía ponderando la población el 94, la superficie el 1, el 2 o
lo que fuera, y los mismos valores, es decir, se seguía utilizando la
misma población que se había utilizado en el modelo anterior, que era la
de 1988, y estamos hablando del modelo 1992/1997. Podría haberse
utilizado en el modelo anterior la misma fórmula que en los municipios,
es decir, la población a 1 de enero de ese año, o podría haberse
utilizado el criterio de los fondos de compensación, pero se utilizó ese
criterio. Es importante que sepamos eso.
Usted ha hecho referencia a su comunidad autónoma. A su comunidad
autónoma lo que realmente más le convenía, lógicamente en términos de
interés, es que primaran más otras variables. Por ejemplo, le convenía
muchísimo que primase la variable superficie, por razones perfectamente
entendibles, sin embargo, no le convenía nada que primase la variable
insularidad. Ahora bien, vaya usted a decir al señor de Canarias o de
Baleares que la variable insularidad no cuenta nada. Y precisamente, como
a unos le convenían unas y a otros otras, al final, como no se ponía un
duro encima de la mesa, no quedó más solución que dejar las reglas del
juego tal como estaban. Es un dato importante del que creo que todos
debemos ser conscientes.
Ha hecho algunas afirmaciones sobre la educación. Este es ya un tema
menor. Dice que la población influye en la educación. Sí, pero no sólo la
población, porque no es lo mismo que haya ocho colegios en una misma
ciudad que ocho colegios en pueblos aislados donde el transporte cuesta
muchísimo más y, a lo mejor, a menos alumnos mayor gasto. Ciertamente es
paradójico, pero es así. Por eso la población no puede ser el único y
determinante factor del modelo de financiación autonómica, como ya veo
que usted comparte conmigo.
En fin, poco más me resta por decir, salvo afirmar --y creo que ustedes
la comparten conmigo-- que el padrón no afecta a la financiación
autonómica y rogarles que no me pregunten por el asunto del padrón,
porque no parece correcto que un ministro se critique a sí mismo.
En cuanto a lo de los planes nacionales, la verdad es que en este momento
me ha pescado usted, señora Uría, in albis. No sé exactamente cuál es el
criterio que se utiliza para la distribución de los planes nacionales, lo
que sí sé es que lo que he dicho aquí es verdad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Intervengo para aclarar alguna cosa, sobre
todo al portavoz del Grupo Popular y al ministro, en cuanto a lo que dice
el artículo 13.1.a) de la Lofca. Dice que las comunidades autónomas
dispondrán de un porcentaje de participación en la recaudación de los
impuestos estatales no cedidos que se negociará con las siguientes bases:
a) el coeficiente de población. El tema es que la población no debe ser
el único elemento. Sin duda, yo no he estado diciendo eso, pero la
población es la que tiene que ser y no puede ser en ningún caso otra.
Señor Rajoy, a mí me gustaría saber por qué el Consejo de Ministros
aprueba el 11 de julio de 1997, este verano, un padrón municipal de
habitantes. Aparece en la referencia del Consejo de Ministros y la
tenemos recogida a través de Internet, porque la facilita el propio
Gobierno. Después ese padrón no se aprueba, ha estado cuatro meses de
vacaciones y entre medio estaban las elecciones gallegas. No sé ahora
mismo si ésa sería la razón o no, son sólo suposiciones y previsiones de
algunos, no sabemos cuál es la razón cierta y real, pero el padrón no se
aprueba. Hay nueve municipios que le habían hecho objeciones, pero
siempre ha ocurrido así. Se aprueban las cifras provisionales y después
viene la aprobación definitiva con el plazo que se le da a los
ayuntamientos. No sabemos por qué este acto no ha existido, y
efectivamente desde el punto de vista jurídico no ha existido porque no
se llega a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Luego tenemos otra
aprobación, la definitiva, la que tiene valor jurídico, que es la de 31
de octubre, que aparece el 1 de noviembre.
Lo que yo quiero preguntar, porque no piensen que todo el mundo conoce
estas cosas, es por qué han hecho esto. Además, en la primera aprobación,
en la del 11 de julio, aparece la cifra de habitantes por cada comunidad
autónoma y lo que crecen o disminuyen en población todas y cada una de
ellas. Es un dato para saber el crecimiento de la población en cada
comunidad autónoma. Pues bien, este dato ha desaparecido de la aprobación
definitiva. En la
aprobación definitiva tenemos la suerte de poder conocer el número de
hombres y mujeres que existen en cada comunidad autónoma, pero el otro
dato ha desaparecido. ¿Por qué de pronto aparece una cosa que dicen que
aprueban pero que no aprueban y después aprueban otra cosa que dicen que
no aprueban? ¿Estaban por medio las elecciones gallegas? ¿Estaba el
problema de la financiación sanitaria? ¿Qué es lo que estaba pasando?
Señor Rajoy, usted dice que la población no debe ser el único elemento.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, y la prueba es evidente con
lo que han hecho con la financiación sanitaria, donde han partido de la
población real, pero en algunas comunidades autónomas han introducido
criterios correctores para darles más financiación, por ejemplo,
Cataluña, que no ha recibido sólo lo que le correspondía con arreglo a la
población, como le ha sucedido a Andalucía.
Evidentemente que se puede pactar, negociar y hacer las cosas como se
debe, pero lo que le convenga o deje de convenir a Andalucía, a Valencia
o al resto de las comunidades autónomas es otra historia. De lo que se
trata, señor Rajoy, es de lo que yo le decía al principio de mi
intervención, es que el dato de la población es un dato objetivo de la
realidad. Una vez que el Gobierno lo aprueba es un dato del que hay que
partir inexorablemente y no se puede decir que no. Ahora, para la
financiación autonómica, la población de la que estamos partiendo
--porque se está partiendo de la población, señor Rajoy-- es la de 1988.
Eso es lo que le estoy diciendo que no es posible ni jurídica ni
políticamente y que es una injusticia. Después se hacen las correcciones
para que nadie reciba ni más ni menos, se introducen los mecanismos de
corrección que se pacten, pero hay que partir del dato de la realidad. Si
en otras ocasiones no se había hecho así, mal hecho. En aquel momento no
hubo ninguna comunidad que recurriera contra ese acuerdo y en esta
ocasión sí lo va a haber. Nos parece que tratar de falsear, de ocultar o
de decir que hay un dato de la realidad con el que no se cuenta es un
incumplimiento de lo que dice la Lofca y, sobre todo, es un
incumplimiento del sentido común que, señor Rajoy, es el menos común de
todos los sentidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Quiero reiterar la felicitación al
ministro por esa brillante exposición y además insistir en algo que ya se
ha dicho aquí. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley, con
independencia de cuáles sean las comunidades beneficiadas. Se ha hablado
hace un momento de que ha habido elecciones en Galicia. Pues bien, si es
precisamente en el tema de financiación sanitaria donde sí que influían
los datos de la población, resulta que entre las comunidades que pierden
porcentaje relativo a población se encontraba precisamente Galicia y
resulta que una comunidad muy beneficiada por esos datos de la población
es Galicia. Eso revela lo que antes he dicho --y con eso concluyo-- de
que no se utiliza para nada en sentido partidista sino, en todo caso, con
pleno respeto a la ley que corresponde a cada comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): En las
muchas coincidencias que tengo con la señora Rubiales está la del sentido
común y precisamente el sentido común obliga a quien aspira a tenerlo, lo
cual no quiere decir que lo consiga, a hacer el mayor esfuerzo de que sea
capaz para explicar las cosas con meridiana claridad, como yo he hecho
hoy aquí, pero además el sentido común también obliga a reiterar algunas
de las cosas que se han dicho, que es lo que voy a hacer en este momento.
Señora Rubiales, la población es un dato objetivo, sin duda. ¿A quién se
le puede ocurrir afirmar que la población no es un dato objetivo? A
nadie. Pero una cosa es que sea un dato objetivo y otra cosa es cómo se
utilice la población a los efectos de establecer determinados modelos de
financiación. Antes le he dado un dato perfectamente entendible. Es que
la Ley de Haciendas Locales dice que para distribuir el 70 por ciento con
arreglo al criterio de población se tendrá en cuenta la población de
derecho de fecha 1 de enero del año de que se trate y, sin embargo, la
ley del Fondo de Compensación Interterritorial dice que no se tendrá en
cuenta esa población, sino la media de los últimos cinco años, según las
estadísticas de alguno de los organismos del Estado. Lo mismo ocurre con
la financiación autonómica, donde la población real --como muy bien ha
dicho usted-- no se utilizó nunca. Porque en el modelo de 1992 se utilizó
la de 1988 y en el año 1987 la de 1983, y eso no es ninguna crítica hacia
quienes gestionaban en aquellos momentos el Ministerio de Hacienda. Ahora
voy a citar al Tribunal Constitucional que, con ocasión de un recurso
planteado por la Comunidad Autónoma de Baleares sobre el tema de la
población, dijo que la población era simplemente un parámetro indicativo
y no un dato objetivo y cerrado. ¿Por qué? Porque los señores de Baleares
fueron en aquel momento al Tribunal Constitucional diciendo que dentro de
la población había que tener en cuenta a una población que no era de
derecho como era el caso de muchos extranjeros que vivían allí durante
muchos meses, al igual que ocurre en la Comunidad Autónoma de Canarias,
y dijo que no era un criterio cerrado y objetivo, sino un principio
indicativo. Lo cual tiene su lógica porque, fíjese usted, en este momento
la población pondera para las comunidades del 151 el 96 por ciento. Si
ponemos la población real y decimos que la población pondera el 13 en
lugar del 96 y que la insularidad pondera el 50, cambian las cosas de una
manera radical. ¿Qué es lo que está haciendo la Lofca? Diciéndole a las
comunidades autónomas y a la Administración del Estado que se pongan de
acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué es lo que he
dicho yo hoy aquí? Que como no se podía aportar ni un duro más al
sistema, por las razones a las que antes he hecho referencia, que sin
duda son discutibles y que usted puede criticar, sólo cabe decir que
dejemos las cosas tal y como estaban en el modelo anterior.
Esa es la realidad de los hechos, y a partir de ahí cada uno puede decir
lo que estime oportuno y conveniente.
En cuanto al famoso asunto del padrón, le diré que no influye en el
modelo de financiación autonómica, que es lo que provocó la polémica en
su día. Se han dado unas explicaciones por parte del Gobierno que son las
conocidas y a mí no me compete dar ninguna más sobre este asunto.
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido, señorías, el punto III del orden
del día.
--DECISION DE LA COMISION SOBRE LA VERIFICACION DE LA COMPARECENCIA DEL
DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA PARA
INFORMAR DE LA EVOLUCION DE LOS DAÑOS ORIGINADOS POR LA RIADA
CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES CAIDAS EN DICHA COMUNIDAD EL DIA
5 DE NOVIEMBRE DE 1997, ASI COMO DE LAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS MISMOS.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 212/001123).
El señor PRESIDENTE: Señorías, no habiéndose producido unanimidad en la
reunión de Mesa y Portavoces acerca de la solicitud del Grupo Federal de
Izquierda Unida de comparecencia del delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para informar sobre ciertas cuestiones,
procede, según acuerdo del pleno de la Comisión, que sea el propio pleno
de la Comisión el que decida sobre la verificación de esta comparecencia.
Por consiguiente, volviendo al punto I del orden del día, vamos a
proceder a votar el primer punto sobre la decisión del pleno de la
Comisión. Previamente, deben comunicarse las posibles sustituciones que
haya en los grupos parlamentarios. (Los señores portavoces comunican a la
Presidencia el nombre de los comisionados sustituidos.)
Señorías, procedemos a la votación para la decisión sobre la verificación
de la comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 19; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la inclusión en el
orden del día de la citada comparecencia.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR RODRIGUEZ ZAPATERO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE
INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
(Número de expediente 181/001142).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a los puntos IV y V del orden
del día, preguntas.
Tiene la palabra el diputado señor Rodríguez Zapatero para exponer su
pregunta al señor secretario de Estado, a quien damos la bienvenida a
esta Comisión.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Me sumo a la bienvenida en nombre del Grupo
Socialista, señor secretario para la Administración Pública. Somos
conscientes de que no es precisamente esta Comisión un ámbito en el que
prodigue su presencia, aunque en otros muchos sí y muy cordialmente, pero
parecía obligado que al menos antes de terminar el año pudiéramos hacer
alguna pregunta que tenemos pendiente desde hace algún tiempo, de la cual
esperamos la contestación oportuna.
La primera de ellas está referida a las iniciativas, a las medidas, a las
políticas que en definitiva el Gobierno, especialmente su Ministerio y de
manera directa su Secretaría de Estado, ha desarrollado en este año y
medio sobre políticas tendentes a la mejora en la calidad de los
servicios públicos. Le confieso que hemos estado esperando a hacer esta
pregunta desde el mes de febrero de este año, y le voy a explicar por qué
para que la orientación de la pregunta sea más clarificadora. El 21 de
febrero del año en curso el Consejo de Ministros, según la referencia que
tengo aquí delante y que seguramente usted también conoce, dentro de un
paquete global de medidas liberalizadoras y de mejora de la economía,
cuyo título concreto era: Nuevo plan de liberalización y reformas
estructurales, aprobó o comprometió ante la opinión pública una serie de
medidas; entre ellas existía una que textualmente rezaba: Estatuto del
usuario de servicios públicos, cuyo contenido se describía a través de
una fórmula más genérica: eliminar trabas administrativas, simplificar
las relaciones del ciudadano con la Administración y mejorar la calidad
de los servicios públicos. Eran tres grandes objetivos. Luego se contenía
en siete medidas concretas: determinación de baremos técnicos de los
servicios, fomento de la calidad de los servicios, articulación de un
sistema de reclamaciones en caso de insuficiencias del servicio,
simplificación de las obligaciones del ciudadano frente a la
Administración, reducción de trámites y acreditaciones, generalización
del silencio administrativo positivo, sistema intercomunicado de
registros y normalización de solicitudes y comunicaciones
administrativas. Y el desarrollo, según la propia referencia del Consejo
de Ministros, incorporaba un proyecto de ley, es decir, un estatuto del
usuario de servicios públicos a través de una ley, tal y como obra en la
referencia.
Hemos esperado varios meses, desde febrero a esta fecha, y obviamente
nunca más se ha sabido sobre ninguna iniciativa legislativa que tuviera
el contenido similar a un potencial estatuto del usuario de servicios
públicos, aunque, como hemos podido advertir, el contenido que se
intentaba prefigurar en esta medida era enormemente amplio y complejo y,
por cierto, la mayor parte de esas cuestiones, enunciadas de manera muy
genérica, estaban en marcha desde hace mucho tiempo, como seguramente el
secretario de Estado conoce, a través de diversas disposiciones
normativas,
acuerdos del Consejo de Ministros o, incluso, resoluciones que no voy
ahora a referir.
Hay un problema de seguridad, y no me atrevería a decir jurídica porque
evidentemente no lo es, pero sí hay un problema de seguridad política. El
Grupo Socialista empieza a advertir con preocupación cuál es el valor que
el Gobierno da a las referencias del Consejo de Ministros, cuál es el
valor que tienen, de verdad, las referencias del Consejo de Ministros.
Cuando un Gobierno anuncia una ley cuyo contenido es el estatuto del
usuario de servicios públicos, lógicamente estamos a la espera, incluso,
y el señor secretario de Estado puede creerme, algún grupo, por lo menos
el Grupo Socialista, se pone a trabajar con interés en las vertientes,
posibilidades, antecedentes para formular sus aportaciones, y la verdad
es que ni desde su Ministerio ni desde el Gobierno ni desde ningún órgano
representativo se ha vuelto a decir absolutamente nada sobre eso. Por
tanto, mi pregunta es si ha habido alguna medida en la dirección de la
mejora de la calidad de los servicios públicos o de este potencial
estatuto del usuario de servicios públicos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Agradezco al portavoz del Partido Socialista que me eche
de menos en esta Comisión, aunque tengo que decir que yo vengo encantado
cada vez que S. S. o cualquier otro me reclama.
La preocupación por conseguir una mejora constante de la calidad en la
prestación de los servicios públicos constituye uno de los objetivos
prioritarios de la actuación del Gobierno de la nación en el ámbito de la
Administración pública, de la que se pretende sea una organización
moderna, con una estructura y dimensiones ajustadas a su papel en el
conjunto de las administraciones públicas españolas, con una marcada
orientación a la obtención de resultados, eficiente y decididamente
profesionalizada. Estos principios se han puesto de manifiesto tanto en
las comparecencias del ministro como en las que yo he realizado, y en
estos momentos puedo decir que estos principios que rigen la actuación
del Gobierno se han ido materializando en acciones concretas encaminadas
a la progresiva articulación de un modelo de estructura organizativa y de
funcionamiento de la Administración del Estado. En este sentido la acción
del Gobierno se guía por los principios consagrados en los artículos 3 y
4 de la reciente Ley 6/1997, la Lofage, entre los que hemos de destacar
los de eficacia y eficiencia, responsabilidad por la gestión pública,
racionalización y agilidad de la actuación administrativa y muy
especialmente el del servicio efectivo a los ciudadanos.
Como resulta evidente, la mera enunciación de tales principios no es
suficiente. Por ello, el Gobierno, a través del Ministerio, impulsa
proyectos e iniciativas caracterizados por su concreción y por pretender
medidas de transformación de la Administración del Estado que logren un
efectivo acercamiento de la Administración al ciudadano, mediante una
continua mejora tanto en la prestación de los servicios públicos como en
la capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades sociales.
Las medidas a las que me refiero pueden clasificarse, a efectos de su
exposición, en iniciativas de carácter normativo y acciones concretas. En
cuanto a las iniciativas de carácter normativo, que el Gobierno pretende
desarrollar a corto y medio plazo, tienen como finalidad adecuar el marco
jurídico de la actividad administrativa a los principios de calidad y
servicio efectivo a los ciudadanos a los que antes aludí. En
consecuencia, todo ello tiene como referente la Ley 30/1992, como norma
básica en la materia de la que tratamos.
El primero de tales proyectos es precisamente, como SS. SS. saben, el de
modificación parcial de la Ley 30/1992, como resultado de un completo
proceso de estudio, detección y análisis de las principales disfunciones
que presenta la regulación contenida en dicha norma legal. En este
sentido el Gobierno, atendiendo a una moción de esta misma Cámara, ha
remitido ya al Consejo de Estado el correspondiente anteproyecto de ley
que, en su redacción actual, reforma el régimen de silencio
administrativo imponiendo de manera efectiva la regla general del
silencio positivo, que sólo podrá ser exceptuada por ley; modifica el
sistema de revisión, creando el recurso potestativo de reposición para
facilitar a los ciudadanos la impugnación de los actos administrativos,
y prevé en la Administración del Estado un proceso de racionalización y
reducción de las normas reguladoras de procedimientos.
En segundo lugar, el Gobierno se propone acometer el desarrollo
reglamentario de aquellos aspectos de la Ley 30/1992 que precisan de esa
normativa de desarrollo para resultar plenamente aplicables. En este
sentido próximamente se tramitarán dos proyectos de reales decretos que
regulen, por una parte, la presentación de documentos y la expedición de
copias selladas y compulsadas y, por otra, el procedimiento de ejercicio
del derecho de acceso a archivos y registros.
Finalmente cabe destacar que también vamos a aprobar próximamente una
orden ministerial sobre los documentos utilizados en las relaciones entre
Administración y ciudadanos, cuyos objetivos pueden sintetizarse en los
siguientes: Primero, la transparencia y claridad de los documentos
administrativos en su configuración, contenidos e informaciones a los
ciudadanos, procurándose una utilización correcta y no discriminatoria
del lenguaje. Segundo, la utilización en los documentos e impresos de la
Administración general del Estado de las lenguas cooficiales, de acuerdo
con la Constitución, la Ley 30/1992 y la normativa autonómica
correspondiente. Tercero, la configuración de un marco para el desarrollo
en el ámbito de la Administración del Estado de lo dispuesto en el
artículo 70.4 de la Ley 30/1992, que ordena el establecimiento de modelos
normalizados de solicitud. En este sentido se pretende la homogeneización
de dichos modelos mediante la institución de formatos, diseños y
contenidos que faciliten una accesible y correcta utilización por los
ciudadanos, así como disponer de un completo catálogo de dichos modelos
que sea accesible e incluso por medios telemáticos. Por último, la
normalización del material impreso, uniformando su utilización y
potenciando la identidad corporativa de la Administración del Estado.
Hasta la fecha la Administración del Estado se ha caracterizado por
ofrecer, de cara al ciudadano, una identidad confusa, formada por
múltiples imágenes propias de alguno de sus departamentos. Consciente de
la importancia actual de esta cuestión la disposición configura una
opción de identidad gráfica de la Administración del Estado.
En cuanto al segundo apartado, que era el de las actuaciones concretas,
expondré brevemente las principales actuaciones que venimos desarrollando
en este ámbito. Un primer grupo de actuaciones está específicamente
orientado a lograr medidas de transparencia y simplificación de las
relaciones de la Administración con el ciudadano. En este primer grupo he
de destacar especialmente el proyecto de ventanilla única, cuyo objetivo
inicial es el de habilitar a los registros de las entidades locales para
que los ciudadanos puedan presentar en ellas solicitudes, escritos y
comunicaciones dirigidas a la Administración general del Estado,
evitándoles desplazamientos, gastos y molestias. El Gobierno potenció de
manera importante los instrumentos previstos en el acuerdo del Consejo de
Ministros del 23 de febrero de 1996, que, como decía S. S., ya se habían
puesto en marcha antes de llegar nosotros al Gobierno. A estos efectos,
puedo informales que en este momento ya hemos suscrito un total de 308
convenios bilaterales con entidades locales.
Simultáneamente, el Gobierno tomó conciencia de que el proyecto requería
un nuevo enfoque que subsanase las carencias de su definición inicial, y
para ello adoptó un acuerdo de Consejo de Ministros, de 4 de abril de
1997, que amplía los objetivos del propio proyecto en una triple
perspectiva. En primer lugar, posibilitando la participación con carácter
simultáneo en el proyecto de las comunidades autónomas; como resulta
evidente, el proyecto de ventanilla única alcanzará con mayor efectividad
sus objetivos de servicio al ciudano, si mediante un único instrumento de
los registros de las entidades locales quedan habilitados para la
recepción de documentos que los ciudadanos dirijan no sólo a la
Administración del Estado sino también a su propia administración
autonómica. En segundo lugar, procurando la normalización del proceso,
entendiendo por tal la aceptación por los tres niveles administrativos
(estatal, autonómico y local) de unos criterios uniformes en cuanto al
funcionamiento del sistema intercomunicado de registros que se está
construyendo. Y, finalmente, asentando las bases de lo que en el futuro
constituirá no sólo un sistema registral intercomunicado, sino también un
sistema registral informatizado con arreglo a estándares y parámetros de
normalización, que necesariamente han de estar consensuados entre las
administraciones intervinientes, para evitar incompatibilidades que
dificulten o hagan más costosa la consecución del objetivo último del
proyecto: que cualquier comunicación del ciudadano llegue a su destino en
tiempo real, con independencia del lugar donde la presente. La
implantación de los instrumentos del nuevo acuerdo se constata con la
formalización de seis convenios con comunidades autónomas (Castilla y
León, Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia y Extremadura), habiéndose
iniciado ya el proceso de adhesión a estos convenios de entidades locales
y estando pendiente la firma en los próximos meses con varias comunidades
autónomas más.
No quisiera dejar de hacer referencia a otros proyectos, como la
publicación, por primera vez, de la relación completa de todas las
oficinas de registro a las que puede acudir el ciudadano para
relacionarse con la Administración del Estado, efectuada mediante
resolución de la Secretaría de Estado del 1.º de septiembre, y que se
mantiene permanentemente actualizada, pudiendo consultarse por medio de
Internet, así como a la reciente publicación de la relación de
procedimientos de la Administración general del Estado, aprobada por
resolución de la Secretaría de Estado de 27 de noviembre, que ofrece al
ciudadano información completa sobre toda la actividad que aquélla
desarrolla. Por otra parte, he de destacar que el extraordinario avance
experimentado en nuestras administraciones públicas en la tecnificación
de sus medios operativos, a través de su cada vez mayor parque
informático y telemático, ha permitido que la información administrativa
y la atención al ciudadano tengan una nueva dimensión. Un número cada vez
mayor de ciudadanos posee medios y conocimientos que le permiten
conectarse a la red Internet y buscar información en la red de redes.
El Centro de Información Administrativa, que es una subdirección, como
SS. SS. saben, adscrita a la Secretaría de Estado a través de la
Inspección General de Servicios, tiene hace más de un año una página web,
cuya dirección es muy conocida por los usuarios de Internet y por las
revistas y suplementos especializados en informática. En dicha página se
ofrece información sobre ofertas de empleo público, convocatorias de
premios, becas, ayudas y subvenciones, tanto de la Administración general
del Estado como de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Se
incluye, asimismo, información sobre las estructuras orgánicas y
funciones de la Administración general del Estado y de las comunidades
autónomas. Este nuevo servicio puesto a disposición de los ciudadanos es
complementario de los servicios de información administrativa y de
atención al ciudadano que, como saben SS. SS., se presta en la oficina
que está en la calle María de Molina, 50, de Madrid, y también
telefónicamente, que hoy por hoy son imprescindibles; ahora bien, el
desarrollo positivo de las comunicaciones de tipo informático al que
asistimos día a día, nos permite asegurar que este nuevo servicio será
principal e indispensable en un futuro no muy lejano. En este momento
contamos con una media de 50.000 consultas mensuales con tendencia
creciente.
El segundo grupo de actuaciones que directamente incidirá en la calidad
de los servicios prestados, se encamina a implantar sistemas efectivos de
medición del rendimiento de las unidades administrativas. A estos
efectos, el MAP ha elaborado una metodología para que, de manera gradual
y progresiva, las organizaciones públicas implanten un sistema de
evaluación del rendimiento, como herramienta de técnica gerencial de
apoyo a los órganos superiores y directivos competentes para el control
y evaluación de la gestión de las unidades administrativas. Los objetivos
que
pretende este proyecto son propiciar una significativa ayuda al cambio
organizativo para la mejora generalizada de la gestión pública y de la
gestión operativa de las unidades administrativas; detectar problemas
organizativos o funcionales que exijan corrección; corregir deficiencias
estructurales e incrementar la motivación del personal de las unidades
para mejorar el desempeño del trabajo en un contexto de gestión más
profesionalizada. A lo largo del año 1998, el MAP colaborará directamente
con varios departamentos ministeriales para favorecer la implantación del
sistema en las unidades ya designadas por las correspondientes
subsecretarías.
Finalmente, un tercer grupo de actuaciones contiene medidas de
racionalización y simplificación de métodos de trabajo. El objetivo de
esta actuación consiste en la simplificación y racionalización
burocrática de la actividad administrativa, pretendiendo que su elevada
formalización no menoscabe su eficacia a través de programas que
faciliten el ejercicio de derechos por los ciudadanos, reduzcan los
tiempos de tramitación de los procedimientos e incorporen plenamente las
nuevas tecnologías a la actividad administrativa.
Así, en el marco de la disposición normativa sobre los documentos
utilizados en las relaciones entre Administración y ciudadanos a que
hacía anteriormente alusión, se está ya trabajando en la configuración de
un catálogo de modelos normalizados de solicitud que, una vez instalado
el soporte informático, permitirá la difusión generalizada de todos los
modelos normalizados de que disponga la Administración a cualquier
oficina de información y atención, incluso a través de Internet podrán
ser los propios ciudadanos los que accedan a ellos desde su domicilio.
Además, se continúa con la elaboración de manuales sobre aquellos
procedimientos caracterizados por ser comunes a todos los departamentos
y presentar una especial complejidad y relevancia para el ciudadano de
acuerdo con una metodología propia, así como la realización de trabajos
preparatorios para una progresiva informatización de la tramitación,
gestión y control de los procedimientos.
Entendemos que la enumeración de las iniciativas comentadas refleja de
manera concreta la importancia que para el Gobierno tiene la mejora
continuada de la calidad de los servicios de la Administración, y que
conforma un marco coherente de actividades que, de manera directa,
impulsan la consecución de este objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
En primer lugar, quiero hacer una consideración que es una repregunta del
contenido inicial de mi pregunta. Interpreto que ha desaparecido de la
intención del Gobierno remitir a esta Cámara un proyecto de ley bajo el
epígrafe: Estatuto del usuario de servicios públicos. Deduzco de su
prolija intervención que no hay tal contenido, porque nos ha anunciado
una serie de medidas parciales, algunas de ellas normativas, básicamente
con rango reglamentario, o simplemente disposiciones administrativas. Lo
digo porque la referencia al Consejo de Ministros está ahí con fecha, y
de su contenido comprobamos que no hay en marcha una ley de estatuto del
usuario de servicios públicos.
En segundo lugar, a tenor de su intervención podíamos decir que hasta
ahora, en este año y medio de gobierno, se ha hecho muy poco, por no
decir prácticamente nada, en lo que es el ámbito general de mejora de la
calidad de los servicios públicos. Incluso me ha preocupado que algunas
cosas se hayan podido omitir o dejar cuando estaban en marcha.
Concretamente, usted ha anunciado la implantación de sistemas de
rendimiento de las administraciones públicas o de las diferentes
instancias y quiero recordarle, señor secretario de Estado, que desde el
año 1992 existía --y también me gustaría que dijera si en este año y
medio se ha hecho algo--, el llamado Observatorio de la calidad de los
servicios públicos, que ha venido realizando, a través de diversos
parámetros, el análisis de aproximadamente diez de los más importantes
servicios públicos (concretamente del INSS, del Inserso, de Correos, de
Educación) y que el propio Ministerio y la Secretaría de Estado editaba
un balance --aquí tengo uno para que sirva de referencia-- sobre cómo era
el observatorio y cómo evolucionaba la calidad en la prestación de los
servicios públicos. No sabemos si en este año y medio ha tenido su
continuidad. Ahora se habla de un proyecto que por el contenido supongo
que es lo mismo que se ha expresado aquí.
Lamento recordarle también que buena parte de las cosas que se han
anunciado, la mayoría de ellas, insisto para el año 1998, están en
marcha, incluso están en disposiciones normativas que creo deberían
haberse recordado, o al menos le preguntaría qué impresión se tiene. Creo
que no he oído ningún comentario al respecto sobre el Real Decreto
208/1996, que regula los servicios de información administrativa y
atención al ciudadano, cuál ha sido su aplicación, la valoración de ese
real decreto que afecta a muchas de las cosas que usted ha comentado
aquí, el Real Decreto 263/1996, sobre utilización de los sistemas
informáticos y telemáticos en las relaciones administración-ciudadano, o
la resolución de su Secretaría de Estado, también del año 1996, en la que
se incluyeron todos los servicios y procedimientos de la Administración
general del Estado, con indicación de la normativa que los regula, los
efectos presuntos de dichos procedimientos y, lógicamente, los plazos,
los órganos competentes para resolver, etcétera, que dio lugar, como se
ha indicado ya porque ahí sí se ha hablado de continuidad, a los manuales
para la Administración.
Me alegro de lo que ustedes han denominado ventanilla única. Aunque es
verdad que lo han ampliado y nos parece bien que se haya incluido la
tercera pata de la comunidad autónoma, era un proyecto que arranca de la
Ley 30/1992 y que lógicamente estaba en marcha precisamente en un acuerdo
reciente, de los últimos acuerdos del Consejo de Ministros del Gobierno
anterior.
Le tengo que decir, por tanto, esperando que esta pregunta haya servido
de estímulo, porque es el objetivo fundamental, que en este año y medio
no se ha hecho prácticamente nada del conjunto de medidas que se fueron
implementando en los años 1992 a 1996 para mejora de la calidad
de los servicios públicos. Algunas cosas me han parecido sinceramente
insuficientes o que no abren un nuevo abanico en esa mejora, algunas de
ellas han estado muy paradas, como el Observatorio de calidad de los
servicios públicos y le insto, haya ley o no (aunque al final no deja de
ser una anécdota del método de trabajo del secretario de Estado de
Comunicación y del valor tan aleatorio que cada vez tenemos que tener en
las referencias del Consejo de Ministros), a que pongan más empeño en la
mejora de la calidad de los servicios públicos, porque es aspiración de
una Administración moderna y, desde luego, una aspiración del conjunto de
la sociedad española donde queda un terreno evidentemente por hacer. El
balance hasta ahora no puede ser, sinceramente, más que de un suspenso
que espero tenga la voluntad de enmienda por parte del Ministerio y de la
Secretaría de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Primero, no he dicho en ningún momento de la intervención
inicial que haya desaparecido la intención del Gobierno de cumplir el
acuerdo del Consejo de Ministros. Lo que decía es que no podemos
pararnos; aunque a S. S. le parezca que no hemos hecho nada, no sé si me
he expresado mal en la múltiple relación de cosas que estamos haciendo,
pero preguntarme si se han desarrollado los decretos 208 y 236 de
desarrollo de los medios informáticos y telemáticos, me hace pensar que
el señor Rodríguez Zapatero ha debido escuchar otra intervención porque
no hemos hecho otra cosa que trabajar en esto, desarrollar los decretos
que había, desarrollar la Ley 30/1992; efectivamente no desistimos de
cumplir el acuerdo del Consejo de Ministros, pero lo que no hacemos es
pararnos.
Por ser breve quiero contestar a una cosa. Me extraña que el señor
Rodríguez Zapatero me pregunte por el Observatorio de calidad de los
servicios públicos que, sinceramente y de verdad, creo que fue una buena
idea cuando se tuvo inicialmente en el año 1992 y de hecho, aunque no sea
exactamente con esta forma, creo que deberíamos incidir en la idea y en
la base de lo que fue el observatorio. Quiero decir al señor Rodríguez
Zapatero que efectivamente se ofreció durante los años 1992 a 1994 una
evolución de la calidad del conjunto que sirvió (lo he dicho antes y lo
vuelvo a decir aunque probablemente como pasa siempre en este tema no se
transmita lo suficiente), pero lo que tiene que saber el señor Rodríguez
Zapatero es que se dejó de hacer en 1994 y no fuimos nosotros que no
llegamos hasta mediados de 1996. Su Gobierno abandonó esto, si no lo sabe
el señor Rodríguez Zapatero se lo digo yo, porque el Consejo de Estado
echó abajo el decreto --un decreto que se pretendió hacer después de la
creación del Observatorio de calidad de los servicios públicos-- y a
partir de ese momento el Observatorio de calidad de los servicios
públicos se abandonó por ustedes en el año 1994 y no se volvió a
publicar, a no ser que me enseñe un informe del observatorio posterior a
1994, cosa que resulta imposible.
Insistiendo en que la idea es buena, nosotros estamos trabajando en la
evaluación de los servicios públicos y tenemos que definir qué estándares
de calidad queremos que tengan los distintos departamentos y tenemos que
hacer algo que no hacía el observatorio y nosotros tendremos que
desarrollar como es el seguimiento y la evaluación. En esto estamos
trabajando y como le expliqué en la contestación a la pregunta hemos
hecho ya una experiencia piloto en Muface, estamos trabajando en este
momento con cuatro departamentos, que le puedo decir concretamente cuáles
son y el próximo año vamos a desarrollar el control y la evaluación de
los servicios de otros cuatro ministerios. Actualmente estamos en los
ministerios de Agricultura, Asuntos Exteriores, Interior y Medio Ambiente
y en enero empezamos en Educación, Trabajo, Fomento e Industria. Como le
decía antes, definimos los estándares de calidad de los distintos
departamentos y hacer el seguimiento y la evaluación.
Por último, quiero acabar diciéndole que en lo que sí estamos de acuerdo
es que aunque creo que no tiene razón S. S. en las críticas al trabajo
realizado, sirve siempre de estímulo cualquier pregunta que S. S. se
digne hacernos.
--DEL SEÑOR RODRIGUEZ ZAPATERO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE
RAZONES DEL PROGRESIVO INCREMENTO DE LAS CUANTIAS GLOBALES QUE AFECTAN A
LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DISCRECIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (Número de expediente 181/001143).
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta. El señor Rodríguez Zapatero
tiene de nuevo la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, la pregunta que formulo a
continuación tiene un campo ciertamente distinto al que hemos abordado en
la iniciativa anterior, pero creo que tiene también importancia notoria,
porque estamos en un terreno en donde la transparencia en la información
no es siempre el principio que brilla y lógicamente tiene un impacto
notorio sobre las políticas que se aplican en este caso en la perspectiva
retributiva de nuestro sector público y más concretamente de nuestros
funcionarios.
Es conocido que dentro del sistema retributivo funcionarial la Ley
30/1984 prevé, en su apartado 23.3.a), un complemento, el llamado
complemento de productividad, que es una especie de incentivo al
rendimiento y que es lógicamente la parte retributiva de los funcionarios
que tiene un ámbito menos reglado o prácticamente nada reglado en tanto
en cuanto es de libre disposición por parte del Gobierno o más
exactamente de los diferentes departamentos ministeriales, pero sería un
poco absurdo hacer un planteamiento ministerio a ministerio, aunque hay
ejemplos que creo son muy significativos.
La verdad es que su programa electoral, señor secretario de Estado,
hablaba expresamente de la reducción clara
de aquellas partes del sistema retributivo de los funcionarios que
fueran, digamos, de libre disposición, para que nos entendamos de manera
más clara, o que afectan al llamado complemento de productividad y la
verdad es que la evolución de los datos que han sido publicados y algunas
circunstancias particulares nos provoca esta pregunta que tiene una
posición inicial crítica, como es evidente, pero que, en todo caso, está
a expensas de la respuesta que usted nos pueda dar.
Según esos datos que se han publicado, ustedes ya operaron un importante
aumento en la cuantía global de lo que se conoce como complementos de
productividad en el segundo semestre del año 1996, en relación con el
segundo semestre del año 1995. Esta es una materia que, inevitablemente,
hay que comparar de semestre a semestre, por las circunstancias, como
todos sabemos, de las variables de lo que son sobre todo los meses de
diciembre y junio; pero lo cierto es que en el conjunto de los
ministerios, y me estoy refiriendo en este caso únicamente al ámbito de
la Administración del Estado, sin organismos autónomos y sin entidades
públicas empresariales, se gastaron en torno a 17.800 millones de pesetas
en el segundo semestre del año 1995; y en el segundo semestre del año
1996 esa cifra se elevó a 18.700 millones de pesetas, hubo un aumento en
torno a 800 millones de pesetas. La comparación del primer semestre de
1996 con el primer semestre de 1997 arroja también un balance, en este
caso ya de mayor incremento del gasto en el complemento de productividad:
hemos pasado de 15.300 millones en el primer semestre de 1996 a 16.400
millones en el primer semestre de 1997, en la Administración del Estado
y por este concepto; unos aumentos sustanciales en presupuestos con
congelación salarial.
Le voy a poner un ejemplo que me parece paradigmático y que ha sido
denunciado sindicalmente de manera bastante activa, que es el ejemplo de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El presupuesto de
complementos de productividad de que disponía la Agencia en el año 1996
era de 6.095 millones; la liquidación de ese presupuesto arrojó ya una
desviación de 220 millones; es decir, hubo un gasto notablemente
superior. En el año 1997, año de congelación salarial, la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria ha aumentado el 22 por ciento los
incentivos al rendimiento o el complemento de productividad, y le quiero
recordar que en la Agencia (el panorama no varía mucho en el conjunto de
la Administración) este complemento de productividad lo cobra
aproximadamente el cien por cien del Grupo A, el 50 por ciento del grupo
B, y de manera bastante excepcional los grupos C, D y E; es decir,
aproximadamente, sólo el 12 por ciento del total de los empleados de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria cobra el complemento de
productividad. La pregunta, la conclusión o consecuencia de estos datos
no es ya un manifiesto incumplimiento del programa electoral, lo cual en
materia de Administración pública tampoco llama especialmente la atención
a estas alturas, sino que el incremento es sorprendente en un contexto de
congelación, y usted seguramente es consciente de que en muchos ámbitos
ministeriales, en muchos centros directivos hay un auténtico malestar
sindical cuando se recaban los datos y cuando se transmite que se está
haciendo una política que en el fondo camufla o desvirtúa la congelación
salarial, pero sólo para los niveles más altos de la Administración,
fundamentalmente los grupos A y B, es decir, los niveles más altos de la
Administración, esos que ustedes tienden con tanta facilidad a aumentar
en los diferentes departamentos ministeriales y, desde luego, incluso en
su propia Secretaría de Estado. Pero ésa no es la cuestión, en este
momento, como es notorio; lo discutiremos algún día, me imagino, lo
dejaremos para el próximo período de sesiones. Sin embargo, hay una cosa
evidente: están aumentando de manera clara, ya lo hicieron en 1996 y está
volviendo a pasar en 1997. El mes de diciembre es decisivo, y por eso
quería que esta comparecencia se produjera ahora, porque en el mes de
diciembre se dispara aún más lo que son estas gratificaciones o este
complemento de libre disposición por parte del Gobierno y, desde luego,
esto genera agravio comparativo, porque afecta a un colectivo muy
concreto, en el que no ha habido congelación salarial por la vía de
hecho, al margen de ejemplos singulares que podríamos poner, pero no creo
que sea éste el foro adecuado. Por ello le pregunto cuál es la razón del
aumento de las cuantías globales, de los créditos que se disponen y en
definitiva del gasto. También quiero llamarle la atención en el sentido
de que la orientación de esta política está equivocada. Sé que su ámbito
de responsabilidad puede tener cierta dificultad para controlar el
conjunto de las situaciones. Yo he puesto un ejemplo que me parecía el
más apropiado porque hay cierto escándalo, entre comillas, en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, pero usted es secretario de
Administración Pública, su ministerio es el que al final negocia en la
mesa general de la Función pública, en la mesa general de retribuciones,
es a quien le toca establecer la retribución, el aumento, la congelación
y, lógicamente, frente a la posibilidad de preguntar a todos los
ministerios, creo más adecuado que usted fuera consciente de esta
situación, que nos parece profundamente inadecuada no sólo por la
contradicción con su programa sino porque en el fondo a determinados
funcionarios no se les está aplicando una real congelación de los
salarios, sino que, por la vía de este complemento, se les están
aumentando las retribuciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Señoría, agradezco que recaiga en mí la responsabilidad
de contestar a todo lo que quisiera preguntar al resto de responsables de
los departamentos.
La pregunta que me formula, al hablar de conceptos discrecionales, a mi
entender no queda muy clara. Si por conceptos retributivos discrecionales
S. S. entiende que son los que determina directamente la Administración,
sin sujetarse a ninguna limitación, que es lo que parece dar a entender,
tengo que afirmar categóricamente que no han
existido antes ni existen ahora. Si por conceptos discrecionales, que es
lo que creo que S. S. quiere decir, entiende que para determinarlos la
Administración necesita apreciar la concurrencia de unos requisitos
establecidos por la normativa de Función pública, entonces sí puedo
contestar a su pregunta.
Tengo una exposición que podría leer, pero creo que S. S. conoce
suficientemente lo que son los diferentes conceptos retributivos que
engloban la pregunta que me hace, tanto el complemento de destino, como
el complemento específico, la productividad o las gratificaciones. Como
S. S. se centra en el complemento de productividad, me gustaría decir las
características que tiene. En primer lugar, se establece para retribuir
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o la
iniciativa, por tanto, no se hacen de manera aleatoria o, como S. S.
dice, por libre disposición. Su cuantía global --como S. S. sabe-- no
puede exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de
cada programa y de cada organismo y las cantidades que percibe cada
funcionario son públicas. La apreciación de este complemento de
productividad se tiene que realizar, como S. S. sabe, en función del
desempeño del puesto, de la consecución de unos resultados y de la
dedicación extraordinaria.
En el modelo actual de productividad, prácticamente el 90 por ciento de
la misma es absorbida por la dedicación especial que, como S. S. sabe, va
destinada a atender habitualmente la obligación de realizar un régimen de
jornada partida y, en la mayoría de los casos, la realización de las 40
horas semanales. El 10 por ciento restante se aplica a la base a que
antes me he referido.
Dicho esto, según mis datos, S. S. me ha dejado descolocado al hablar de
semestres, porque, evidentemente, yo no manejo los datos por trimestres
o semestres, es imposible y no tengo así los datos. Se puede jugar con
las cifras como se quiera. Yo tengo los datos por años, pero si S. S.
quiere podemos desglosar los datos por semestres y así lo podremos
discutir, pero esto me lo tiene que avisar antes. En 1994 --por empezar
en algún año-- el incremento fue del 8,22 por ciento; en 1995, del 9,34
por ciento; en 1996, del 3,41 por ciento --luego veremos por qué, ya que
todos estos datos tienen relación--; en el ejercicio de 1997,
efectivamente, hubo un salto y subió el 14,86 por ciento, pero este tanto
por ciento tiene una explicación muy fácil. En primer lugar,
prácticamente la totalidad del 14,86 por ciento se debe a un acuerdo que
ustedes firmaron con el sindicato de médicos, el famoso acuerdo de la
CESM del año 1995, que se trasladó a los ejercicios 1996 y 1997 y fueron
6.800 millones cada año. Sube por esto y porque en 1996, como también
saben SS. SS., el presupuesto se prorrogó y se acumuló el deslizamiento
del complemento de productividad y de ahí esta subida del 14,86 por
ciento. Es decir, que todo tiene una explicación razonable. En el año
1998, la productividad sube un 9 por ciento, la mayor parte --un poco más
de la mitad-- son los 6.900 millones del acuerdo con los sindicatos y
también hay un coste adicional de productividad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Respecto a la Agencia, no tengo en este momento los datos y, por tanto,
no puedo entrar a discutir si eso es cierto o no.
Salvo que S. S. quiera discutir algún otro dato concreto, esto es lo que
le puedo contestar.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Da igual que los datos se comparen año a
año, pero parece que queda constancia. En las cifras que he expresado
aquí, que han sido publicadas en un medio de comunicación, dije solamente
Administración del Estado, para que nos entendamos, Estado puro y duro,
sin incluir organismos autónomos ni entidades públicas, etcétera. No está
el personal estatutario y, por tanto, en lo que acabo de referir no están
incluidos los médicos, ni el Insalud, sino que me refiero a lo que es el
Estado, a los ministerios, al corazón de la Administración General del
Estado, y la tendencia es la que yo he descrito aquí. No sé el porcentaje
--el año 1997 ya se dará--, pero la tendencia es evidente. He puesto un
ejemplo de los más paradigmáticos: en el año 1997, en la Agencia Estatal
de Administración Tributaria --compruébelo usted-- ha habido un aumento
del 22 por ciento. Me parece que es exageradísimo, no ya comparando con
su programa electoral, sino con la realidad. Es una vía que yo le impelo
a que se intente corregir, porque a final del próximo semestre volveremos
a solicitar su comparecencia. Entonces, podrá venir con los datos de
todos los sitios, lo comprobará y tendrá que dar una explicación. Esta no
es una buena tendencia. No es una buena tendencia en años de política
restrictiva en materia retributiva en el sector público, ya que todo el
mundo sabe que la masa global de estos complementos es para los altos
funcionarios. No le quiero decir a usted, porque seguramente lo sabrá,
que en el mes de diciembre del año pasado --no sé qué ocurrirá en éste--
hubo un dispendio muy notable entre muchos altos funcionarios, porque
hubo las llamadas bufandas, con cuantías enormemente amplias en nuestra
opinión.
Yo le requiero a que complemente su información e intente --no sé si
podrá desde el Ministerio porque, evidentemente, Economía y Hacienda y
todo el Gobierno tienen mucho que decir aquí-- controlar esta situación,
ya que hay muchas denuncias sindicales que han sido las que han motivado
esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): En primer lugar, yo no creo que sea posible hablar de la
Administración del Estado dejando fuera a los dos colectivos más grandes
de funcionarios, sanidad y educación, porque entre los dos, suman 300.000
personas. Si me lo permite, le diré que no podemos hablar de
Administración del Estado excluyendo estos dos colectivos. Las
desviaciones del complemento de productividad que existen entre el
aumento de 1996 y 1997 se justifican por un
acuerdo que tuvo lugar en 1995, que fue trasladado a los presupuestos de
1996 y de 1997, insisto, al de 1997 doblemente al ser el de 1996 un
presupuestos prorrogado.
Segundo, no me parece correcto utilizar la palabra dispendio porque no es
adecuada para definir la distribución del complemento de productividad
porque ésta es un arma de gestión para cualquier directivo, no sólo de la
Administración pública sino también de la privada y de cualquier
organización. Al reparto del complemento de productividad no se le puede
llamar dispendio, porque da la impresión de que estuviéramos reglando o
tirando el dinero, con lo cual no puedo estar de acuerdo.
Me gustaría acabar dándole un dato significativo, ya que hablaba del año
de congelación salarial. Le voy a explicar el funcionamiento de la Cecir,
que, como sabe S. S., es el órgano interministerial de Economía y
Administraciones Públicas encargado de determinar las relaciones de
puestos de trabajo, los complementos específicos y los complementos de
destino. En el año 1994, en que hubo congelación salarial, el crecimiento
de los gastos de este organismo subió un 7,3 por ciento. Este año
llevamos el 1,2 por ciento de aumento, lo cual es significativo. Aunque
nos critique porque ésa es su obligación, la intención y los hechos
confirman que la política que hemos seguido es mucho más austera que la
que ustedes siguieron.
El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido el orden del día, se levanta la
sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.