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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 332, de 11/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 332
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 24
celebrada el martes, 11 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de Ley
de ampliación del concepto de familia numerosa (Número de expediente
122/000041) (Página 9878)
Proposiciones no de ley:
--Sobre colaboración voluntaria de las empresas en el abono de la
incapacidad temporal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso (Número de expediente 161/000697) (Página 9878)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del Informe
elaborado por la Ponencia, de la proposición de Ley de ampliación del
concepto de familia numerosa. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 122/000041) (Página 9880)
Debate sobre el informe aprobado por la Subcomisión para el estudio de la
exclusión social en España, para el estudio de sus causas y
consecuencias, así como de las medidas de todo tipo que es preciso
adoptar para desarrollar políticas específicas tendentes a solucionar
este problema, creada en el seno de la Comisión (Número de expediente
154/000004) (Página 9884)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE
LEY DE AMPLIACION DEL CONCEPTO DE FAMILIA NUMEROSA (Número de expediente
122/000041).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión con el primer punto del
orden del día, ratificación de la ponencia designada para informar la
proposición de ley de ampliación del concepto de familia numerosa. Si no
hay ninguna objeción, se entiende ratificada por asentimiento.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE COLABORACION VOLUNTARIA DE LAS EMPRESAS EN EL ABONO DE LA
INCAPACIDAD TEMPORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 161/000697).
El señor PRESIDENTE: A solicitud de varios grupos, vamos a cambiar el
orden del día abordando, en primer lugar, la proposición no de ley sobre
colaboración voluntaria de las empresas en el abono de la incapacidad
temporal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su
presentación y defensa, va a hacer uso de la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Mi grupo presenta esta proposición no de ley
por cuanto en la práctica, en las provincias donde hay empresas que se
han acogido de forma voluntaria a colaborar en el control de la
incapacidad temporal, se produce muchas veces una serie de
irregularidades que ponen en peligro la propia cobertura de la prestación
de incapacidad, pues las empresas que se acogen lo que hacen es concertar
con un tercero dicha cobertura y, en el momento en que un trabajador cesa
en el trabajo, esta entidad tercera deja de proteger por incapacidad
temporal, revirtiendo a la entidad gestora el pago de la prestación por
incapacidad. Entendemos que la situación debería ser asumida directamente
por las empresas que se acojan de forma voluntaria a colaborar en el
control de la prestación por incapacidad temporal. Dicha colaboración
debe ser asumida de forma directa, sin que sea posible delegar en un
tercero; si no, se produciría un fraude de la propia legislación de
Seguridad Social. El artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social
no es claro en cuanto a la actuación de las empresas, por lo que mi grupo
considera que el Gobierno debería dictar alguna disposición que aclarara
la forma en que las empresas se pueden acoger a la colaboración
voluntaria en el control de la incapacidad temporal que hiciera imposible
concertar con una tercera entidad dicha cobertura y que regule también
otros aspectos que pueden incidir en el contenido de la propia orden
ministerial que regula la forma de acogerse a dicha colaboración
voluntaria, como la deducción del 0,05 por ciento, qué ocurre en caso de
la desaparición de la empresa, dónde debe revertir, etcétera. Creemos que
todos esos aspectos deberían ser tenidos en cuenta por esas disposiciones
aclaratorias de la Ley para que no se vulnerara el propio artículo 77 de
la Ley General de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada a esta proposición no de
ley por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Nos hemos visto en la necesidad de presentar una
enmienda a esta proposición del Grupo Parlamentario Popular por cuanto,
aun sin poner en duda las buenas intenciones que animan al grupo
proponente, como dice el refrán, el infierno está lleno a veces de buenas
intenciones. Lo cierto es que no alcanzamos a comprender de ninguna
manera qué vendría a aportar esta proposición o esta nueva normativa que
se solicita del Gobierno si no es incorporar aún más confusión y si no
es, por vías indirectas que no alcanzamos a comprender, evitar algunas
actuaciones que, desde nuestro punto de vista, no solamente no están en
contradicción con la ley vigente sino que incluso, en un horizonte más
amplio de lo que puede ser la colaboración de las empresas, no vemos
ningún motivo para oponernos a ellas.
En resumidas cuentas, señor presidente, la proposición tiene el problema
de que, al analizar mal la situación de la colaboración hoy contemplada
en el texto refundido de la Seguridad Social, lógicamente no puede
concluir más que con una falsa salida a un tema que ciertamente viene de
antiguo porque, en contra de lo que dice el Grupo Parlamentario Popular
en su iniciativa, no es cierto que la colaboración de las empresas se
contemple por primera vez en la Orden ministerial del 18 de enero, como
tampoco es cierto todo el íter legislativo que cuentan en la exposición
de motivos. La historia de la Seguridad Social es mucho más rica en
matices y mucho más amplia en la decantación histórica de esta figura. El
artículo 208 de la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966 ya
regulaba la colaboración en la gestión. Sería un abuso por mi parte leer
los preceptos, pero aquí están todos los preceptos de la Ley del año
1966. Hay otra Orden, de 25 de noviembre del año 1966, donde se van
regulando todas esas fórmulas de colaboración. De hecho, la Ley de 24 de
noviembre de 1992, de medidas presupuestarias urgentes, lo único que hace
es que desglosa esas formas de colaboración expresando con una mayor
precisión las distintas formas que estaban previstas en la legislación
precedente.
En definitiva, creemos que se hace un análisis incorrecto de lo que ha
sido la historia de la colaboración en la gestión y, a lo largo y a lo
ancho de la proposición del Grupo Parlamentario Popular, se confunde lo
que es la gestión de la asistencia sanitaria de estas empresas
colaboradoras con el pago por la incapacidad laboral transitoria. Al
retortero y sin venir a cuento, se habla también de las mutuas de
accidentes de trabajo, que no tienen nada que ver con estas fórmulas
voluntarias de colaboración de las empresas.
Con independencia de estos errores --que, como es lógico, no tendría
ningún sentido exponer si no fueran la base del error en el que concluye
la proposición--, creo que es importante dilucidar si se están
produciendo abusos, a través de un aseguramiento con terceros, de esta
contingencia más allá de lo que prevé la ley. Se trata, en definitiva, de
ver si el volumen de esos abusos hacen necesarios nuevas normas o si no
estamos más que en presencia de un problema de aplicación de normas que
tienen plena virtualidad, plena vigencia y plena claridad.
Del artículo 77.1.d) (que es un artículo de una ley y, por tanto, con
mucha mayor fuerza normativa que cualquier circular o cualquier norma
administrativa) no cabe deducir la posibilidad de que las empresas que se
acogen a esta forma de colaboración voluntaria pueda derivar el pago
hacia terceros que no tienen ninguna vinculación jurídica con los
trabajadores de la empresa. Más bien habría que concluir que la fórmula
del artículo 77.1.d) es clara, pues dice que tienen que asumir
directamente el pago, que además es lo que dice la proposición del Grupo
Parlamentario Popular. Por tanto, no añade nada como no sea confusión o
tratar de impedir reaseguramientos que, desde nuestro punto de vista, no
tienen ningún inconveniente, más bien fortalecen la seguridad jurídica de
los trabajadores. Cualquier reaseguramiento en el que no se quiebre la
relación entre la empresa y los trabajadores, que cree una relación nueva
entre una empresa y una compañía aseguradora, supone, en caso de
debilidad de la empresa en su forma de colaboración, que habría un
tercero que vendría a reasegurar cualquier riesgo que pudiera producir la
quiebra o la insatisfacción de los derechos asumidos por la empresa. Por
tanto, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, si de
lo que se trata es de que las empresas asuman la gestión de forma
directa, eso ya lo dice la ley; si se trata de evitar reaseguramientos de
esta obligación, estamos en contra; si se trata de evitar abusos
señalados en la exposición de motivos del Grupo Parlamentario Popular,
tenemos la Ley de infracciones y sanciones de orden social, que prevé que
actúe la Inspección de Trabajo para corregir las infracciones y los
abusos que puedan ocurrir.
Así pues, la normativa que se cita en la exposición de motivos no es un
cita correcta, no analiza la historia de la Seguridad Social ni señala
las diferentes formas de colaboración con sus matices. No hay ninguna
base jurídica en este momento para concluir que las empresas
colaboradoras puedan exonerarse del pago directo de la prestación
económica por IT derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Más
bien la ley, como decía anteriormente, establece de forma taxativa que el
empresario que se acoja a esta forma de colaboración deberá hacerlo
directamente, que es la fórmula que utilizan ustedes en su iniciativa.
Por tanto, el único problema es que parece ser que la ley no se está
cumpliendo en forma estricta, ya que se está permitiendo la irrupción de
terceras personas jurídicas que se hacen cargo del abono directo de la
prestación económica referida. Procedería, en su caso, instar al Gobierno
a que haga cumplir la ley de forma más enérgica sancionando a quien la
incumpla. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda de sustitución que dice: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que aplique, en sus términos estrictos, lo establecido en
el artículo 77.1.d) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, respecto de la colaboración voluntaria de las empresas
en el pago directo de las prestaciones económicas por incapacidad
temporal, impidiendo y, en su caso, sancionando a las empresas que,
acogiéndose a esta forma de colaboración, deriven el pago directo de
estas prestaciones a otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza y
modalidad.»
Nos parece que, más allá de la buena intención de la proponente, la
proposición del Grupo Popular introduce confusión, lecturas sesgadas o
erróneas y, en su caso, si el Grupo Parlamentario Popular quiere
actualizar la colaboración de las empresas en la gestión de la
incapacidad laboral transitoria, el Grupo Parlamentario Socialista está
dispuesto a ello, porque efectivamente es una institución añosa, quizá en
algunos términos fuera de los tiempos presentes, pero no podemos hacerlo
ni a bote pronto no con inventos que no estén suficientemente estudiados,
analizados, discutidos con el resto de los grupos de la Cámara. Este es
un tema que afecta a centenares de miles de trabajadores y no nos parece,
señor presidente, que en este momento podamos hacer otra cosa que instar
al Gobierno a que cumpla la legislación vigente o que nos traiga otra
legislación que aclare y que no confunda aún más lo que el ordenamiento
jurídico español establece.
El señor PRESIDENTE: En relación con la enmienda del Grupo Socialista en
turno en contra o para fijar posición, tiene la palabra la señora
Montseny, en nombre del Grupo Popular.
La señora MONTSENY MASIP: Yo puedo entender que haya diferentes opiniones
sobre la exposición de motivos de la presente proposición no de ley.
Puedo entender que se discrepe, incluso, con la supuesta finalidad de la
proposición no de ley. Lo que no puedo entender es que por parte del
Grupo Socialista se nos diga que, si bien entienden que se pueda asumir
de forma directa esa colaboración voluntaria para el control de la
incapacidad temporal, no vean inconveniente, no les extrañe o no les
parezca contrario al espíritu de la Seguridad Social el hecho de que la
empresa que concierta colaborar de forma directa con la Administración de
la Seguridad Social concierte con un tercero la cobertura en esa
prestación, por cuanto en ese momento no estaríamos hablando de cobertura
de la prestación de la incapacidad temporal de una forma pública, como se
transmite por el contenido de la Ley General de Seguridad Social, sino de
una cobertura de carácter privado. Entendemos que eso sí desvirtuaría el
sentido del sistema de la Seguridad Social.
Podríamos aceptar una enmienda transaccional si al ponente del Grupo
Socialista le pareciera viable que al decir que se cumpla la ley con
arreglo al espíritu del artículo 77, en lo que evidentemente estamos de
acuerdo, se dictara alguna aclaración que impidiera el hecho de que las
empresas puedan concertar con un tercero la cobertura de la colaboración
voluntaria. Además, existen otros problemas en esa colaboración
voluntaria y los he apuntado antes. Las empresas que se acogen a dicha
forma da colaboración voluntaria tienen una reducción del 0,05 por ciento
de las cotizaciones que vienen obligadas a satisfacer a la Tesorería
General de la Seguridad Social. Pues bien, en muchos de estos supuestos,
cuando se produce la desaparición de una empresa porque está incursa en
un proceso concursal de suspensión de pagos o de quiebra, este dinero no
revierte al sistema de la Seguridad Social y eso no es una condonación,
sino que esas cantidades que la empresa se puede deducir deben ser
derivadas hacia la misma prestación. Por lo tanto, creemos que hay otros
puntos oscuros y que sería bueno llegar a esa transacción con una
enmiendo in voce del Grupo Parlamentario Popular, para que se aclarara el
contenido literal del artículo 77 de la Ley General de la Seguridad
Social.
El señor PRESIDENTE: Quedamos a la espera de la redacción de esa enmienda
transaccional del Grupo Popular, señora Montseny.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Mi grupo quiere anunciar que si bien comparte la
inquietud que expresa el Grupo Parlamentario Popular con esta proposición
no de ley, piensa que el texto de la misma no se ajusta a lo que en
teoría se pretende. En este sentido, nuestro grupo opina que la enmienda
que propone el Grupo Socialista refleja de una manera más exacta lo que
casi todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión nos
proponemos.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) piensa que la proposición no de
ley, tal como la expone el Grupo Parlamentario Popular, no discrimina lo
que son mutualidades aseguradoras de lo que son compañías aseguradoras,
no distinguiendo las que actúan con ánimo de lucro de las que actúan sin
ánimo de lucro, por ejemplo. Pensamos que la ley en estos términos es
bien explícita y lo que hay que hacer es simplemente cumplirla. Por
tanto, la enmienda que propone el Grupo Socialista podría ser totalmente
compartida y asumida por nuestro grupo. No obstante, si el grupo
proponente y el grupo enmendante tienen a bien encontrar un texto
alternativo que les complazca, nuestro grupo lo va a apoyar y a votar
favorablemente. Queremos insistir que, de no ser así, nos veremos
obligados a apoyar de manera preferente la enmienda del Grupo Socialista
porque, defendiendo el mismo principio que la proposición no de ley del
grupo proponente, pensamos que refleja con mucha mayor fidelidad y
exactitud lo que en realidad está pasando.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta, del Partido Nueva Izquierda.
El señor PERALTA ORTEGA: Escuchada la defensa que ha hecho de la
proposición la diputada del Grupo Popular y escuchada la intervención
sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista, es evidente que
estamos hablando de un problema muy de carácter técnico, en el que no da
la impresión de que el objetivo que persigue la modificación de la norma
dé una respuesta adecuada, por cuanto la normativa actual sustancialmente
es coincidente con las posiciones de los dos grupos. Parece ser que puede
existir algún pequeño problema en la actual regulación o más
concretamente en la práctica que se acoge a esa regulación. En la medida
en que estamos hablando de un tema de Seguridad Social, sería bueno que
intentáramos un cierto consenso en este punto. Y si los dos grupos que
han defendido la proposición y la enmienda llegan a la conclusión de que
no hay acuerdo entre ellos, me permitiría sugerir la posibilidad de que
dejáramos en suspenso el tema y pudiéramos conocerlo con mayor detalle,
porque me da la impresión que puede existir algún problema práctico, ya
que no está claro que la solución adecuada sea la que se propone. Estoy
convencido de que todos estaríamos dispuestos a contribuir para encontrar
una solución.
Me parece que la enmienda planteada por el Grupo Socialista es más
coherente con la regulación que hay en estos momentos y con los
principios generales del sistema de la Seguridad Social, porque no
terminamos de ver claro en qué medida la propuesta que presenta el Grupo
Popular resuelve los problemas que parece ser que existen. En este
sentido, nuestra posición inicial sería de la apoyar la enmienda del
Grupo Socialista. No obstante, urgiríamos a todos a que viéramos la
posibilidad de alcanzar un consenso, porque creo que en lo que al tema de
Seguridad Social se refiere es voluntad acreditada de todos los que
estamos en el Parlamento encontrar solución a los problemas; desde luego
ésta es nuestra voluntad. Si hay algún problema y lo delimitados con
precisión, colaboraremos en la solución del mismo. Lo que ocurre es que
no terminamos de ver exactamente de qué estamos hablando y en qué medida
la que se propone es una solución adecuada.
El señor PRESIDENTE: Como las votaciones, como es ya costumbre en esta
Comisión, se acumularán y se realizarán no antes de la una menos cuarto,
tienen tiempo los distintos portavoces para llegar a la fórmula adecuada.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICION DE LEY DE AMPLIACION DEL
CONCEPTO DE FAMILIA NUMEROSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 122/000041).
El señor PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día: proposición de ley de
ampliación del concepto de familia numerosa, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida que no existe actualmente.
Hay vivas tres enmiendas a esta proposición. La primera es del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria,
que ha enviado por escrito una comunicación en la que, no pudiendo
asistir a esta sesión, solicita que consideremos defendida su enmienda
número 1.
Para defender la enmienda de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Nuestro grupo parlamentario planteó en su
momento, en el marco de esta ponencia, una serie de puntualizaciones que
respondían a dos planteamientos. Por un lado, el texto inicial de la
ponencia obviaba el marco competencial que afectaba a esta materia, ya
que debíamos tener en cuenta que estábamos hablando de políticas que los
propios estatutos de autonomía habían asignado como competencia exclusiva
a la práctica totalidad de las comunidades, en base básicamente al
concepto de asistencia social, un concepto que seguramente hoy nos queda
lejos pero que en el momento de la elaboración de muchos de estos
estatutos de autonomía o de la propia Constitución era el concepto que
utilizaban, y las posteriores reformas que se han efectuado a lo largo de
estos años han incorporado de manera diferentes esos mismos conceptos
como competencia de las comunidades autónomas. El texto adolecía de una
excesiva inconcreción en esta materia y, por tanto, entendíamos que había
que hacer referencia a que legalmente serán competencias de las
comunidades autónomas. En todo caso, se nos planteaba un problema de
recursos públicos destinados a reforzar esas políticas de exclusión,
porque buena parte de esas políticas de exclusión desarrolladas por las
comunidades autónomas o por los ayuntamientos o estaban dotadas de
recursos o no podían funcionar. Por tanto, pretendíamos situar el debate
en este punto de vista que en el texto inicial no se introducía.
Una segunda línea...
El señor PRESIDENTE: Perdone S. S. que le interrumpa, pero estamos en la
proposición de ley de familia numerosa. Su capacidad parlamentaria de
improvisación es inmensa. (Risas.)
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Yo me he quedado sorprendido cuando me ha
concedido la palabra y estaba explicando las enmiendas que tenemos al
informe sobre exclusión social porque a esta proposición no hemos
presentado enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Pido disculpas a S. S. (Risas.)
El señor CAMPUZANO I CANADéS: No, disculpas las mías, señor presidente.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Se merece continuar.
El señor PRESIDENTE: Le damos un premio parlamentario. (Risas.)
Las enmiendas que quedan vivas son las de Nueva Izquierda, del Grupo
Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Desde luego, no seré capaz de hacerlo con la
brillantez de mi antecesor. (Risas.)
Del conjunto de enmiendas presentadas por Nueva Izquierda han sido
admitidas en el trámite de ponencia prácticamente todas, porque todas
eran de contenido técnico y sólo queda la que hace referencia al artículo
único, en el que pretendemos una ampliación del concepto de familia
numerosa, de tal manera que pueda comprender determinados supuestos que
en la actualidad carecen de esa protección. En nuestra opinión, esa
ampliación debe ir dirigida, en primer lugar, a aquellos casos en los que
alguno de los dos hijos sea sujeto de una deficiencia grave o una
incapacidad para el trabajo. En este caso concreto, aunque el número de
hijos sólo sea de dos, entendemos que esa familia debe ser conceptuada
como familia numerosa. Asimismo --y en este sentido es una novedad en el
concepto tradicional de familia numerosa--, creemos que debe otorgarse
esa calificación a aquellos supuestos en que los hijos, dos, vivan a
cargo exclusivamente de uno de los padres. Finalmente, la consideración
de familia numerosa, en nuestra opinión, tiene que comprender también
aquellos supuestos de dos hijos en los que la minusvalía o la incapacidad
afecte no a los hijos, sino a alguno de los padres. Estos tres supuestos
son, en nuestra opinión, los que hoy, de una manera razonable y en
atención a la realidad social, deberían merecer la calificación de
familia numerosa. Esta es la única enmienda que mantiene viva Nueva
Izquierda.
El señor PRESIDENTE: Queda la enmienda número 2, del Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, voy a defender la enmienda que
el Grupo Socialista ha presentado a la iniciativa de Izquierda Unida
sobre ampliación del concepto de familia numerosa. Entre las diversas
políticas de discriminación positiva en favor de las personas con
minusvalías o discapacitadas consideramos muy importante la iniciativa
que, en su momento, tomó Izquierda Unida de ampliación del concepto de
familia numerosa, aunque también pensamos que no son las únicas de
carácter fiscal que por parte del Grupo Socialista deban ponerse en
marcha. De todas formas, la iniciativa de modificación de la Ley de 1971
y de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de
1994, que ampliaba el concepto de familia numerosa contenido en la
anterior de cuatro a tres hijos, nos parecía también insuficiente y, por
ello, planteamos una enmienda al articulado de Izquierda Unida en el
sentido de ampliar el concepto de familia numerosa a aquellas familias
con dos hijos de los que uno de ellos sea minusválido o discapacitado y
también a las familias que con un hijo ambos cónyuges fueran también
minusválidos o discapacitados. Esta es la enmienda de modificación que el
Grupo Socialista ha planteado y que coincide en algo con la primera parte
de la enmienda de Coalición Canaria y también con un primer apartado de
la enmienda de Nueva Izquierda. En cualquier caso, dentro de esa idea de
llegar a un acuerdo, a un punto en común entre todos los grupos
políticos, que yo creo que puede ser posible,
el Grupo Socialista está abierto a llegar a un acuerdo en una redacción
unánime entre todos los grupos, si fuera posible su planteamiento.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de estas enmiendas? (Pausa.)
¿Grupos que quieran fijar posición sobre la iniciativa?
La señora URAN GONZALEZ: Señor presidente, como ponente de la ley me
gustaría intervenir para hablar de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Cuando nuestro grupo parlamentario presentó la
iniciativa en la Cámara lo hizo con la intención de que al obviar, en la
modificación de la Ley de medidas fiscales la ampliación del concepto de
familia numerosa a tres hijos, el que se contemplara lo que ya se
contemplaba en la Ley de 1971, el apartado de las familias con
minusválidos --en aquel momento se decía: subnormales, minusválidos o
incapacitado para el trabajo--, considerábamos que era necesario que esta
modificación se llevara a cabo para no perjudicar a aquellas familias que
se puedan encontrar en una situación más desfavorable, como puedan ser
las familias que tienen hijos discapacitados, y nos limitamos a modificar
el apartado que constaba ya en la ley. Nuestro grupo parlamentario
comparte las enmiendas que se han presentado por los diferentes grupos
parlamentarios porque creemos que es necesario ampliar ese concepto a
distintas situaciones familiares que se pueden dar con las personas con
minusvalías y, por tanto, vamos a plantear una transaccional en este
momento sólo al Grupo Socialista, puesto que no estando presente en la
comisión Coalición Canaria no sabemos si la aceptaría o no, a aquellas
partes con las que estamos de acuerdo de las enmiendas que se han
presentado por estos grupos. La enmienda transaccional, que pasaré por
escrito a la Mesa en caso de que sea aceptada, diría lo siguiente: Tendrá
la consideración de familia numerosa: a) Las familias con dos hijos de
los que uno de ellos sea minusválido o incapacitado para el trabajo; b)
Las familias que con dos hijos uno de los padres fuera minusválido; c)
Las familias con un hijo cuando ambos cónyuges sean minusválidos.
Esperamos que esta transacción que presenta nuestro grupo parlamentario
sea aceptada por el Grupo Socialista y votada por el resto de los grupos
de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: A la espera de que comparezca Coalición Canaria, que
fue la autora, tiene la palabra para su aceptación inicial la señora
Pozuelo, del Grupo Socialista.
La señora POZUELO MEÑO: El Grupo Socialista acepta la transaccional que
propone Izquierda Unida, ya que nos parece que recoge plenamente las
enmiendas presentadas por nuestro grupo y, además, refleja casi
literalmente el texto que la ponencia de familia acordó hace muy pocas
fechas, por unanimidad de todos los grupos políticos, en cuanto a las
modificaciones que serían recomendables hacer en la ley de ampliación del
concepto de familia numerosa.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i
Unió, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Ahora sí hablaré de lo que toca, señor
presidente, y es en relación a las enmiendas que se han presentado a esta
proposición de ley de Izquierda Unida.
Nuestro grupo entiende que la modificación puntual que en su día
planteaba Izquierda Unida tenía una lógica y un sentido y por eso votamos
en su toma en consideración a favor de esta iniciativa. Ahora bien, la
serie de enmiendas que han planteado los diversos grupos ponen de
manifiesto una cuestión fundamental, y es que estamos ante una
legislación elaborada en el período franquista que ha recibido sucesivas
modificaciones para adaptarla al nuevo marco legal, también para
adaptarla a la evolución de nuestra sociedad, pero que continúa siendo
una ley planteada en fórmulas y en términos preconstitucionales en
muchísimos de sus aspectos. Por tanto, hoy lo que se impone es una
reforma absoluta de la ley de familias numerosas para adaptarla no tan
sólo a ese marco legal nuevo, sino a los nuevos conceptos que hoy deben
informar las políticas de familia. Por ello, el que a través de esta
proposición de ley se situara de manera puntual un elemento de absoluta
lógica y racionalidad, como era esta consideración específica para
aquellas familias en que uno de los hijos fuese minusválido, nos parecía
lógico, pero ampliar hoy el concepto sin hacer una reflexión más amplia
sobre las familias numerosas, sobre la legislación global sobre familias
numerosas, nos parece precipitado. Por consiguiente, somos partidarios
del texto inicial que figuró en la toma en consideración de esta
iniciativa y, por tanto, en principio no apoyaríamos la propuesta de
enmienda transaccional que amablemente la portavoz de Izquierda Unida ha
anunciado y que los grupos enmendantes han aceptado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Sainz García.
La señora SAINZ GARCIA: Señorías, como bien conocen, en el Pleno del
jueves próximo confiamos en que se apruebe un texto sobre la familia en
España que es fruto de un trabajo importante y de un consenso político
que creo que es digno de destacar: En ese texto se contempla la necesidad
de la extensión del concepto de familia numerosa a aquellas familias que
teniendo dos hijos al menos uno de ellos sufriera algunas deficiencias o
minusvalías o incapacidad para el trabajo; lo que precisamente es el
objeto de esta proposición de ley. Señalemos ya también, para que quede
registrado, que nuestro grupo hacía tiempo que venía pidiendo que se
modificara la ley de familia numerosa y en el año 1994 se modificó en
parte. De hecho fue, como ha señalado el compañero que me ha precedido en
el uso de la palabra, un parcheo a una ley del año 1971 que sin
duda requiere todavía modificaciones importantes y adaptarla a la nueva
realidad, al mismo tiempo al nuevo concepto y, en definitiva, a las
nuevas necesidades que siempre en su evolución en el tiempo pueden tener
las familias españolas.
Pues bien, hay que señalar que en esa Ley 1971, que se modificó en parte
por la Ley de 1994, como decíamos, figuraba ya que las familias con tres
hijos, siempre que uno de ellos tuviese esas minusvalías o incapacidad
para el trabajo, tenían la condición de familia numerosa. Por tanto, creo
que hubo un olvido importante en el momento en que se adaptó y se
modificó el concepto de familia numerosa de esa realidad que ya estaba
incorporada a esa ley y debería haberse producido, por tanto, esa rebaja
en el concepto de familia numerosa a dos, en proporción a lo que ya tenía
la ley al haber rebajado el concepto de cuatro a tres hijos. Com saben
también SS. SS., el Gobierno y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
mostraron su intención de elaborar una ley de familia que reuniera todas
esas medidas dispersas en torno a la familia y en la que se contemplaran
las nuevas modificaciones oportunas para la familia numerosa. No obstante
esa situación que hemos señalado y la existencia de la ponencia, el Grupo
de Izquierda Unida presentó, el mismo día en que se aprobaba en ponencia,
una proposición de ley que debatimos sin esperar al texto del Gobierno,
como hubiéramos deseado. Nuestro grupo, sin embargo, aceptó su
tramitación por esa lógica que acabo de exponer. Ahora se contemplan
nuevos supuestos abriendo posibilidades de protección a la familia que,
a juicio de nuestro grupo, se enmarcan más en protecciones de tipo social
que en el concepto de lo que podría llegar a ser la familia numerosa. Nos
podríamos preguntar por qué se contemplan esos supuestos y por qué, por
ejemplo, no las familias monoparentales con dos hijos. En definitiva, un
sinfín de reflexiones que podrían abrir el concepto de familia numerosa
y que nos parece muchísimo más acertado dejar para el momento en que el
Gobierno presente el nuevo proyecto de ley que está elaborando y del que
ya ha hablado y que próximamente aprobará el Consejo de Ministros para,
en todo caso, reconducir y llegar a retomar aquellos conceptos bien
dentro del marco de familia numerosa, bien dentro de asistencias
especiales a familias que tengan algunos problemas.
Por consiguiente, por las razones que hemos señalado, nuestro grupo no es
partidario de aprobar, en principio, estas enmiendas y nos quedaríamos
con ese texto por las razones de coherencia expuestas en la primera
intervención.
La señora URAN GONZALEZ: Señor presidente, quisiera hacer algunas
matizaciones a las intervenciones que se han producido con respecto a la
enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero decir al señor Campuzano que el hecho de plantear que se pueda
abrir la posibilidad a supuestos más amplios y aceptar entrar en ese
debate es porque, durante parte de esta legislatura y de la legislatura
pasada, la subcomisión de familia se dedicó a reflexionar sobre esos
temas y, por tanto, en estos momentos ya hay suficiente reflexión y a lo
que hay que llegar es a poner en práctica lo que el jueves se aprobará en
el informe de la subcomisión de familia.
Quiero decir a la señora Sainz que una cosa es hablar del concepto de
familia numerosa cuando están los progenitores y otra cosa es hablar de
las familias monoparentales. Las familias monoparentales tienen que
recibir un tratamiento diferenciado, que no es precisamente el del
concepto de familia numerosa sino otro tipo de ayudas y, por tanto, no se
incluyen en este supuesto porque consideramos que no se le puede dar el
tratamiento de familia numerosa sino que es un concepto diferenciado que
tiene que tener un tratamiento aparte, porque es mucha la amplitud del
concepto de las familias monoparentales.
En la enmienda transaccional se han recogido sólo y exclusivamente
aquellos aspectos que tienen que ver con las familias constituidas por
personas con minusvalía o incapacidad para trabajar, atendiendo no
solamente a los hijos sino a que puedan existir progenitores que puedan
tener minusvalía o incapacidad, jugando en estos aspectos con el número
de personas que configuran la unidad familiar. Por tanto, está dentro del
concepto que se mantenía en la Ley del año 1971, simplemente ampliándolo
a lo que hoy es una realidad social y una necesidad para estas familias
que suelen ser las más desprotegidas. Cuando se aceptó que se modificara
la ley de familia numerosa, rebajando el número de hijos de cuatro a
tres, justo es que las familias con menores recursos económicos y en peor
situación económica se vean reflejadas en ese concepto que les puede ser
mucho más favorable, no solamente para su desarrollo como unidad familiar
sino también para poder acceder a la educación y a determinadas
situaciones que permitan su desarrollo como una familia normal.
El señor PRESIDENTE: La señora Urán se ha excedido en las observaciones
y ahora, naturalmente, la señora Sainz García y el señor Campuzano piden
la palabra. Tienen un minuto.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, intervengo muy
brevemente. Creo que las reflexiones que se han podido producir en el
marco de la subcomisión de la familia y del informe que se va a aprobar
el jueves servirían para enmarcar este debate, pero el trámite de
modificación legislativa que hoy estamos sustanciando que tiene origen en
una modificación muy puntual que introdujo Izquierda Unida a través de
las enmiendas que diversos grupos plantean, abre un debate mucho más
amplio sobre lo que entendemos por familia numerosa y, en todo caso, los
efectos que queremos que tenga la familia numerosa en función de qué
otros elementos le atribuimos. Se plantea la cuestión de los
discapacitados; la señora Sainz en su intervención hace referencia a las
familias monoparentales, incluso una reflexión sobre los discapacitados,
pero yo creo que una reflexión como mínimo en el terreno
de la teoría podía hacerse sobre familias compuestas por dos hijos uno de
los cuales tuviese otro tipo de discapacidad que no fuese ni física ni
sensorial ni psíquica. ¿Por qué no? Creo que este debate requiere un
planteamiento global sobre la actual legislación en materia de familia
numerosa. Nos parece que en esta legislatura tendremos tiempo suficiente
para abordarlo con voluntad de consenso.
El señor PRESIDENTE: La señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCIA: Señor presidente, voy a ser también muy breve.
Quiero decir a la compañera de Izquierda Unida, con toda cordialidad, que
introducir un concepto diferente en el de familia numerosa puede ser que
una mujer tenga la carga de dos hijos nada más y puede ser también un
concepto diferente el introducir que sea una familia con un hijo solo
cuando son minusválidos. Por tanto, son conceptos efectivamente
diferentes que se pretenden encajar en estos momentos en el marco de una
ley de familia numerosa que creo que requiere de un debate. ¿El tipo de
ayuda? Lo tienen que tener en principio todos; por supuesto que las
familias monoparentales, que tienen unas circunstancias diferentes de las
otras, pero también las familias con minusvalías. Por tanto, si hablamos
de ayudas, hablamos de unos servicios y unas atenciones sociales que son
imprescindibles prestar en la sociedad a quienes los necesiten, pero
estamos hablando de un concepto de familia numerosa que --repito-- debe
enmarcarse en otra discusión.
Señor presidente, me hablan de la posibilidad de que exista un error en
el texto que llevaría a que en la proposición de ley, en el artículo
único, en lugar de disposición adicional cuarta dijese disposición final
cuarta.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz García, tiene toda la razón. Ya lo
íbamos a indicar. En coherencia con la referencia que hace la exposición
de motivos, es la disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, la que tratamos de modificar con esta proposición de ley.
--DEBATE SOBRE EL INFORME APROBADO POR LA SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO DE
LA EXCLUSION SOCIAL EN ESPAÑA, PARA EL ESTUDIO DE SUS CAUSAS Y
CONSECUENCIAS, ASI COMO DE LAS MEDIDAS DE TODO TIPO QUE ES PRECISO
ADOPTAR PARA DESARROLLAR POLITICAS ESPECIFICAS TENDENTES A SOLUCIONAR
ESTE PROBLEMA, CREADA EN EL SENO DE LA COMISION (Número de expediente
154/000004).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate y pendiente de la votación,
entramos en el punto 4 del orden del día que es el debate sobre el
informe aprobado por la subcomisión para el estudio de la exclusión
social en España, para el estudio de sus causas y consecuencias, así como
de las medidas de todo tipo que es preciso adoptar para desarrollar
políticas específicas tendentes a solucionar este problema, creada en el
seno de nuestra Comisión. Para el debate, como saben, hay una resolución
de la Presidencia de la Cámara que ya se aplicó en el debate del informe
sobre familia en esta misma Comisión y, en consecuencia, vamos a comenzar
por la presentación del informe por uno de los miembros de la
subcomisión. Supongo que se habrán puesto de acuerdo los miembros de la
misma para que efectúe la presentación la señora Pardo Raga, del Grupo
Popular, que tiene la palabra.
La señora PARDO RAGA: Señor Presidente, efectivamente la subcomisión me
designó portavoz, a la vez que coordinadora, para presentar el informe de
la subcomisión para erradicar la exclusión social en España. Este
documento tiene ocho puntos. Intentaré ser lo más breve posible para no
cansar a SS. SS., pero quisiera destacar que en cuanto a antecedentes, el
11 de junio de 1996, con motivo del debate de la proposición no de ley
del Grupo Socialista, se constituyó en el seno de eta Comisión una
ponencia especial para el estudio de la exclusión social en España.
Posteriormente, el 2 de julio de 1996 y creada la subcomisión para el
estudio de la exclusión en España, la Mesa de la Cámara la puso en
funcionamiento y, con posterioridad, el Pleno del Congreso, en su sesión
de 24 de junio de 1997, adoptó el acuerdo de conceder una prórroga, hasta
el 30 de septiembre de 1997, y después la Mesa de la Cámara instó la
remisión del informe antes del 15 de octubre de 1997. Así pues, podemos
destacar que esta subcomisión ya fue constituida en la legislatura pasada
y que inició sus trabajos en febrero de 1995, pero que la caducidad
derivada de la disolución de las Cortes Generales imposibilitó que la
ponencia concluyera sus trabajos. Hay que resaltar que este informe se
basa en una recopilación de abundante documentación e informes. Para no
cansar a SS. SS., y como todos tienen el informe elaborado, saltaré esa
parte; sin embargo, quisiera resaltar que entre estas dos legislaturas en
que ha estado funcionando la subcomisión de exclusión social ha habido
innumerables comparecencias, que han permitido resaltar el trabajo de los
diputados y diputadas de todos los grupos. La colaboración de estos
comparecientes, representantes de muchos sectores sociales,
organizaciones no gubernamentales y personas expertas en el tema, ha sido
muy importante para el trabajo de los diputados. Por tanto, damos las
gracias a todos los comparecientes que, repito, nos han ayudado a
elaborar este largo informe sobre la exclusión social.
En cuanto al esquema de la ponencia, quisiera hacer referencia a que
empezamos con una introducción en la que se dice que, a partir de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social promovida por la ONU, a principios
de 1995, se hizo una declaración por la que se invita a los gobiernos a
que en 1996 formulen, y a ser posible pongan en macha, planes nacionales
de erradicación de la pobreza para abordar sus causas estructurales.
Estos planes deben abarcar medidas en los planes locales, nacionales e
internacionales. Las razones antes aludidas de ampliación de plazo nos ha
hecho llegar hasta la fecha de hoy, 11 de noviembre de 1997, en la que
elaboramos estas conclusiones.
La subcomisión tiene presente que hay que instar al Gobierno a
desarrollar las acciones portunas para aunar los esfuerzos y recursos
necesarios para erradicar de España la pobreza y la marginación. La
sociedad española ha profundizado en su desarrollo democrático y ha
experimentado un crecimiento económico importante, con lo que ha tenido
oportunidad de mejorar en relación a los niveles de desigualdad y en la
calidad de vida. Por otra parte, los derechos sociales reconocidos por la
Constitución, tanto en el diseño fijado para la política social de la
Unión Europea como en los convenios internacionales suscritos por España
--la cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague, en marzo de
1995, y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín, en
septiembre del mismo año--, nos han hecho reflexionar para elaborar las
conclusiones de esta subcomisión de exclusión social. Por tanto, a partir
de Copenhague se empieza a reaccionar con contundencia y se pasa del
término de pobreza al de exclusión social.
En el segundo punto del informe se trata del marco conceptual y se hace
referencia a diferentes conceptos entre pobreza y exclusión social.
Intentaré sintetizar esto para pasar después a las conclusiones, que creo
que será lo más interesante para las señoras y señores diputados.
Respecto a la Unión Europea, se habla de una pobreza relativa, puesto que
ocurre en relación con otros factores estándar de la vida media. No se
trata sólo de una insuficiencia económica, como se venía barajando hasta
ahora, sino de un conjunto de factores, unos generadores y otros
desencadenantes de la situación de pobreza. Hecha esta definición, las
actuaciones deberán encaminarse no sólo a la atención económica sino a
las modificaciones de estos factores. El término de exclusión social se
define como una ruptura del vínculo social; o sea, una desconexión social
por las graves dificultades para incorporar a la participación plena en
la sociedad.
En el punto tres el informe habla de la situación actual en España. Hay
porcentajes magníficos sacados de las intervenciones de varios
comparecientes y del informe Foessa, que es el que mejor ha rentabilizado
estos recursos, pero en aras a la brevedad lo saltaré puesto que todos
disponen de esa documentación y simplemente recalcaré que, en definitiva,
estamos asistiendo a una mayor visualización de la situación de la
pobreza en relación con los siguientes aspectos: modificación de las
relaciones familiares, situaciones de crisis urbanas, reestructuraciones
industriales, tensiones interétnicas, crecimiento del desempleo de larga
duración, incremento de personas sin hogar, mujeres solas con cargas
familiares y jóvenes en situación de riesgo. De aquí se pueden sacar dos
conclusiones: se constata una creciente feminización de la pobreza y un
rejuvenecimiento de la misma. En España la situación de precariedad
social es algo mayor que en Europa, pero la exclusión es notablemente
inferior debido, entre otras cosas, a una solidaridad familiar, a
políticas universales de bienestar social, a un sistema de pensiones,
prestaciones económicas y servicios sociales y al desarrollo de programas
de rentas mínimas de inserción.
En el punto número cuatro se habla de la situación en el ámbito de la
Unión Europea. Simplemente resaltaré que la Comisión de la Unión Europea
aduce razones evidentes que avalan la necesidad de combatir la exclusión
social en el ámbito comunitario. Lo más notorio de esta recomendación es
que los Estados miembros deben reconocer el derecho subjetivo general a
los recursos y prestaciones en el marco de un dispositivo global y
coherente de lucha contra la exclusión social y, en consecuencia, deben
adaptar sus propios sistemas de protección social. Por otro lado, las
recomendaciones que se deben desarrollar para prevenir el desempleo y la
exclusión social, en lugar de limitarse a tratarlos, son las siguientes:
anticiparse a los cambios industriales, fomentar el reciclaje y las
medidas de integración y promover la formación profesional de las
personas excluidas. En este apartado destacaría también que el Comité
Económico y Social de la Unión Europea ha participado en esta lucha
contra la pobreza y la exclusión social y, en opinión de este mismo
Comité Económico y Social, la exclusión social amenaza el progreso social
y económico de Europa, la unidad europea y nacional y la propia esencia
de la democracia. Quisiera resaltar las políticas que recomienda el
Comité Económico y social: disponer de estadísticas de mejor calidad y
más completas sobre la exclusión social, ya que la naturaleza del
problema requiere que se elaboren nuevas categorías de estadísticas más
fiables; las personas socialmente excluidas desconocen sus derechos, por
lo que se impone una mayor publicidad e información y, dado que las
personas excluidas por lo general están aisladas y se sienten
abandonadas, conviene adoptar políticas complementarias dirigidas a esas
personas en tales circunstancias. A partir de aquí es importante saber
cuáles son las formulaciones que va a efectuar esta ponencia que
manifiesta su satisfacción y un profundo respeto por aquellas políticas
generales del Estado y de sus afectados hacia aquellos individuos más
necesitados.
En el punto número cinco se habla de política integral de lucha contra la
exclusión social, de los pilares básicos de la lucha contra la exclusión
social. El primero sería la información y recopilación estadística
periódica y actualizada que posibilite el seguimiento y la evaluación
permanente. El segundo, ahondar en la educación y la formación. Aquí se
incluirían programas especialmente diseñados para la población en riesgo
de exclusión social, considerándose prioritarios los siguientes sectores:
la mujer, las mujeres rurales, los jóvenes, los parados de larga duración
y los desempleados mayores de 40 años. Un tercer pilar sería la atención
sociosanitaria que incluya el impulso del trabajo psicosocial como
elemento imprescindible para la detención de situaciones de exclusión
social. En el cuarto pilar hay que hacer referencia a la vivienda,
elemento imprescindible para la integración y el desarrollo personal y
familiar. Aquí impulsaríamos el derecho constitucional a una vivienda
digna para todos. Se debe primar, pues, la promoción pública de viviendas
en alquiler para aquellas personas y familias en riesgo de exclusión
social. En el quinto pilar hablaríamos del empleo, porque se considera un
elemento básico de integración social. Los conceptos de autoestima y de
utilidad social van unidos a la capacidad de trabajar, crear riqueza y
generar derechos, reconocimiento social, remuneración y seguridad social.
El sexto
pilar son los servicios sociales. Recomendar en el seno de la Conferencia
sectorial de Asuntos Sociales el acuerdo entre las administraciones
públicas para establecer entre todas las comunidades autónomas unos
estándares mínimos, ya que a lo largo de las comparecencias hemos visto
que existen desigualdades entre diferentes comunidades autónomas. Como
séptimo pilar hablaríamos de la iniciativa ciudadana, de articular cauces
de solidaridad y de participación como elemento esencial en la lucha
contra la exclusión social. Los poderes públicos deben fomentar el
asociacionismo e impulsar el voluntariado en el seno de las
organizaciones no gubernamentales, para propugnar los valores de
solidaridad y desarrollar una labor efectiva de cohesión social e
integración de los sectores más desfavorecidos.
El punto sexto habla de desarrollo local y regional. Aquí quisiera, señor
presidente, porque no sé si el resto de los grupos lo saben, hacer
mención a que Convergència i Unió, después de elaborar este informe
consensuado con todos los grupos, aportó unos papeles en que hacía unas
consideraciones generales. En este sentido, como coordinadora y de
acuerdo con el grupo que lo presenta, el punto número 1 quedaría así: La
propuesta de informe que ha elaborado esta subcomisión debería enfatizar
las previsiones que contiene el artículo 148.20 de la Constitución, que
atribuye a las comunidades autónomas competencias de asistencia social.
En vez de poner lo del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque nos
parece que el resto de las comunidades podría protestar, proponemos
sustituirlo por: el conjunto de estatutos de autonomía de las diferentes
comunidades autónomas que atribuyen a las propias comunidades autónomas
esa competencia de carácter exclusivo. Por tanto, con permiso de la
Presidencia, se podría incluir el primer punto de la primera página de
estas consideraciones especiales que hace Convergència i Unió en la
página 20 del texto de que disponemos todos los diputados; después de
«desarrollo local» introducir esa primera página en la que los dos
siguientes párrafos quedarían tal cual están explicitados por el Grupo de
Convergència i Unió. Creo que ha quedado claro que intentaríamos incluir
la primera página de las consideraciones de Convergència i Unió en la
página 20 del documento que manejamos todos, después del número 6 que
habla de desarrollo local y regional. En este punto hay que hablar de un
impulso para una mayor participación de los ayuntamientos, de las
corporaciones locales, para que puedan tener la aplicación de una
política integral de lucha contra la exclusión en los ámbitos de la
educación.
Pasemos a hablar de las conclusiones, en las que creo que la ponencia ha
hecho un gran esfuerzo para asumir las aportaciones de todos los grupos,
con los siguientes objetivos: Mejorar la cooperación de todas las
actuaciones que se llevan a cabo en la lucha contra la exclusión social
por instituciones, organizaciones públicas y de iniciativa social.
Impulsar la cooperación de la administraciones públicas, aplicando el
principio de subsidiariedad de modo que los recursos y los servicios
estén lo más cercanos posible al problema de la exclusión social; la
cooperación entre la Administración general del Estado, la autonómica y
la local se considera esencial para la aplicación de una política
integral de la lucha contra la exclusión social. Promover en el seno de
la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales un acuerdo entre las
distintas administraciones públicas para establecer los estándares
mínimos, a que antes había referencia, de cooperación de servicios
sociales que garanticen una cobertura básica común. Desarrollar una
política integral de lucha contra la exclusión social que tenga como
objetivos la integración y la igualdad de oportunidades, impulsando un
contexto social que propicie la capacidad para convivir, el respeto a la
dignidad de los individuos, la autoestima y la habilidad para participar
en la vida social. Impulsar la mayor participación de las corporaciones
locales como administraciones más cercanas a los problemas de los
ciudadanos; la actuación de la Administración local se considera esencial
para detectar, prevenir y rehabilitar las situaciones de riesgo de
exclusión social. Dar prioridad a los programas de formación ocupacional
y de inserción o reinserción laboral, en particular los dirigidos a
mujeres, jóvenes, parados de larga duración y desempleados mayores de 40
años; tendrán especial atención los jóvenes y mujeres del ámbito rural.
Promover en el campo de la plataforma de Pekín y según el IV Plan de
igualdad de oportunidades de la mujer, aprobado en el Consejo de
Ministros el 7 de marzo de 1997, programas dirigidos a frenar la
feminización de la pobreza como factor que acentúa y convierte en
irreversibles las situaciones de exclusión social para las mujeres, que
se reproducen de generación en generación. Estudiar fórmulas flexibles y
novedosas, tanto económicas como fiscales, para las empresas denominadas
de reinserción social con el fin de equiparar sus producciones
productivas al resto de la economía y así favorecer su incorporación a la
normalidad laboral. La política general debe crear marcos apropiados para
la plena integración laboral y social, evitando actuaciones que generan
por sí mismas crecientes desigualdades en la distribución de la renta y
la riqueza y la exclusión y marginación social.
Llegamos al punto 8: propuestas de actuaciones. Permítanme SS. SS. que
resalte que estos presupuestos generales, que se han presentado
recientemente, no sólo tienen un aumento, que lo tienen, desde el punto
de vista cuantitativo sino que, además, introducen reformas que afectan
a la gestión y que, en definitiva, pretenden garantizar la permanencia y
solidez de nuestro sistema de protección social. El conjunto de las
políticas de solidaridad se ha visto incrementado en un 12,6 por ciento
sobre estos recursos y quisiera hacer mención de algunas que aumentan por
encima del 25 por ciento, como es la promoción de la mujer, la de
discapacitados o de las familias desfavorecidas. Así pues, quiero
resaltar que el Gobierno del Partido Popular está convencido de que el
futuro del Estado del bienestar ha de estar basado en medidas que nos
permitan una nueva relación del ciudadano con dicho Estado del bienestar,
fundado en la responsabilidad y en el respeto de los derechos del resto
de los ciudadanos; es decir, en el respeto que han de tener esos
ciudadanos respecto a su comunidad.
Paso a exponer las propuestas de actuación y con ello finalizo, señor
presidente: Desarrollar instrumentos para la detección, prevención y
rehabilitación de las situaciones
de riesgo o de exclusión social mediante la inserción o reinserción
sociolaboral de las personas con más dificultades. Priorizar, dentro del
plan concertado, la lucha contra la exclusión social a los efectos de
coordinar los recursos y evaluar las actuaciones para consolidar el
sistema público de servicios sociales. Impulsar políticas complementarias
de los servicios sociales dirigidos a prevenir y rehabilitar precozmente
a las personas en riesgo o inmersas en la exclusión social. Diseñar
campañas de sensibilización para informar a la población de las
situaciones de exclusión social invisibles para que éstas se conozcan y
comprendan, promoviendo así la colaboración ciudadana. Dirigir especial
atención y esfuerzos a la ampliación, evaluación y control de los
programas de garantía social y educación compensatoria. Adoptar las
medidas oportunas para que la labor realizada en los centros escolares no
se vea anulada en aquellos alumnos que viven en entornos sociales o
familiares especialmente desfavorecidos. Realizar acciones de especial
seguimiento de los menores de edad escolar en situaciones de riesgo de
exclusión social. Organizar actividades extraescolares para la infancia,
con especial atención a los sectores en riesgo de exclusión social. Se
fomentará la participación del voluntariado en estas actuaciones,
priorizándolas en los barrios marginales. Incrementar también la oferta
de centros infantiles como ludotecas, guarderías, etcétera, así como la
de comedores escolares con horarios amplios y flexibles para las niñas y
niños menores de tres años. Prestar especial atención a la educación de
adultos, con nulos o escasos estudios, dirigida a la formación para el
empleo. Considerar la formación profesional, tanto inicial como continua,
como el principal instrumento para la mejora de los recursos humanos de
los trabajadores y de los parados, dando tratamiento preferencial en las
distintas vertientes de la formación profesional a las personas en
situación de pobreza y de exclusión social. Prestar atención
socio-sanitaria preferente a grupos excluidos o en riesgo de exclusión.
Avanzar en la cooperación del sistema sanitario con el de servicios
sociales para facilitar la solución de situaciones de exclusión. Dentro
de los planes de viviendas sociales dar un tratamiento preferencial a las
familias y personas excluidas o en riesgo de exclusión social. Primar la
promoción pública de viviendas en régimen de alquiler para aquellas
familias o personas con bajos niveles de subsistencia en entornos
integrados. Promover la intervención de los servicios sociales en la
detección de problemas de impago de alquiler o de cuotas hipotecarias
para prevenir situaciones de pérdida de vivienda. Potenciar la
cooperación de los servicios sociales con los servicios de empleo para
aquellas situaciones que puedan devenir en procesos de exclusión,
haciendo un seguimiento personalizado de los parados de larga duración y
demás sectores en riesgo de exclusión social. Generalizar la red de
servicios sociales básicos dedicados a ofrecer orientación e información
a los ciudadanos sobre el acceso a recursos, a las salidas domiciliarias
y a los recursos de alojamiento y convivencia. Desarrollar programas de
prevención e inserción social, así como la apertura de foros y espacios
para la participación social y el impulso del voluntariado. Para ello, el
Gobierno ha aprobado el Plan estatal del voluntariado, con vigencia hasta
el año 2000. Erradicar la exclusión social de las mujeres, haciendo
especial énfasis en mujeres rurales, minoría étnica gitana, etcétera, y
dando preferencia al III Plan de hombres y mujeres, como hemos citado
anteriormente. Facilitar al máximo las contrataciones, de modo especial
las de jóvenes y mujeres, en la pequeña empresa familiar, incluida la
empresa familiar agraria. Asumir las conclusiones incluidas en el tercer
apartado sobre política integral de apoyo a la familia del informe de la
subcomisión propia que habla de la familia, con el objetivo de estudiar
la situación actual de la familia en España y conocer y proponer
actuaciones al Gobierno. El informe fue aprobado por la subcomisión al
Gobierno. El informe fue aprobado por la subcomisión el 23 de abril de
1997 aprobado, con modificaciones, por la Comisión de Política Social y
Empleo el 27 de mayo del mismo año. Negociar con los interlocutores
sociales una propuesta marco sobre la conciliación de la vida profesional
y familiar, con el fin de introducir modelos nuevos y flexibles.
Señor presidente, quisiera hacer un hincapié en este punto. Me refiero a
la página 26. En aras al consenso que supongo que tiene que haber en un
tema tan especial como el de la exclusión social, retiraría el último
punto, el cual había sido pactado entre todos, pero Izquierda Unida me lo
ha pedido. Acabaríamos en nuevos y flexibles y dejaríamos aparte el
siguiente párrafo.
A continuación, fomentar los planes especiales de formación e inserción
laboral para la población reclusa y ex reclusa, incluyendo las personas
en fase de rehabilitación de adicciones nocivas y otros colectivos en
especial riesgo de exclusión.
Quiero señalar también que en esta página 26 el último punto sería
retirado, porque entendemos que hay una subcomisión abierta de
migraciones y nosotros tratábamos especialmente el tema de los
inmigrantes. Así pues, lo dejaríamos para la subcomisión de migración y
lo retiraríamos.
A partir de aquí, quisiera hacer especial hincapié en las consideraciones
y propuestas concretas a incorporar por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). El punto 1 se suprimiría y el 2, cuando habla de
la necesidad de elaborar un proyecto de ley, quedaría de la siguiente
forma: necesidad de elaborar un marco adecuado que la regule. El punto 6
tendría la siguiente redacción: que la Administración central y las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, regulen y
potencien las cooperativas de iniciativa social. Respecto a los puntos 3,
4, 5, 7 y 8, quedarían tal cual han sido aportados por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Finalmente, el conjunto de
todas estas actuaciones propuestas y las que puedan surgir se enmarcarán
en un plan de lucha contra la exclusión social en el seno de la
conferencia intersectorial.
Señor presidente, quisiera acabar dando las gracias, como he hecho al
principio, a todos los comparecientes, que han sido muchos, y también me
gustaría dar las gracias a todos los grupos, a pesar de que haya unos
votos particulares, por esa gran voluntad de consenso para sacar hoy
adelante en las votaciones este informe de la subcomisión de exclusión
social. Yo comprendo que es legítimo que cada grupo
presente sus votos particulares, pero, a partir de ahora, pido la mayor
disponibilidad para que entre todos aprobemos este documento en beneficio
de las personas excluidas.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los grupos que mantienen
votos particulares, quisiera, señora Pardo, que me aclarase algunas
cosas. Cuando habló del punto 6 del informe, página 20, hizo referencia
al voto particular de Convergència i Unió, y no sé qué es lo que aceptaba
incorporar y en qué lugar de dicho punto, si es al final, antes de las
conclusiones o dónde.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, quiero resaltarle que no lo he
considerado como un voto particular. Yo he estado hablando con el letrado
de la Comisión y no había un reglamento específico respecto a la
incorporación de temas a la subcomisión. He entendido que el tema que
presentaba Convergència i Unió era para refundirlo dentro del texto, no
como votos particulares, y por eso ya he hablado en esta exposición de
ello. Y le decía que en la página número 20 está el punto 6 --desarrollo
local y regional-- y que incluíamos la primera página que aporta
Convergència i Unió, que dice: consideraciones en torno al informe de la
subcomisión para el estudio de la exclusión social en España, etcétera,
pero con las correcciones incorporadas que les he dejado en la Mesa, con
las que Convergència estaba de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Insisto de nuevo para dejar las cosas claras. El
escrito de Convergència i Unió tiene dos páginas, una que viene a ser una
motivación, la propuesta de informe, etcétera, y que acaba en política
fiscal, y luego vienen las propuestas concretas a incorporar. Pues bien,
le rogaría que me aclarase lo de dichas propuestas.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, las propuestas, con las
rectificaciones que he apuntado y de las que dispone la Mesa, las
incluimos al final de las propuestas de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, como entrada, la redacción de la primera
página se incorporaría en la página 20 del texto del informe.
(Asentimiento.) En cuanto a las propuestas específicas que vienen en la
página 2 de Convergència i Unió, yo tomé nota de que se aceptaban y se
incorporaban como propuestas --la numeración es lo de menos-- la 3, la 4,
la 5, la 7 y la 8. (Asentimiento.) En la número 6 hacía una nueva
redacción conjunta y en la 2 sustituía la expresión «proyecto de ley» por
«elaborar un marco adecuado que la regule». La primera no se admitía.
(Asentimiento.)
Para la presentación y defensa de su voto particular, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano. Según la normativa, cada uno de los grupos tiene quince
minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: No se preocupe, señor presidente, que voy
a ser de una brevedad absoluta.
Ya lo decía la señora Pardo, no sé si estamos delante de un voto
particular o de consideraciones que nuestro grupo entendía que en el
texto que se sometía a la consideración de la Comisión sería bueno que
estuviesen. En todo caso, agradecemos la actitud política y personal de
la señora Pardo, que ha permitido que nuestro grupo, que seguramente no
ha participado con toda la intensidad que hubiese deseado en los trabajos
de la subcomisión, haya visto reflejadas sus propuestas en esta fase
final de elaboración del informe y que, por tanto, nos puede permitir
votar de manera muy satisfactoria el texto que hoy, previsiblemente,
vamos a apoyar.
Como decía en mi anterior intervención, equivocada en el tiempo y en el
momento, nuestras reflexiones en este informe apuntaban hacia dos
direcciones. De una parte, nos parecía que el texto inicial obviaba el
hecho de que la propia Constitución y la mayoría de los estatutos de
autonomía atribuyen con carácter de exclusivo la competencia en
asistencia social, un concepto con el que hoy seguramente no nos podemos
sentir identificados, pero que en el momento de la elaboración de la
Constitución y de los propios estatutos de autonomía recogía lo que hoy
entendemos como política de servicios sociales y políticas de lucha
contra la exclusión social. Algunas de las reformas estatutarias que se
han producido recientemente incorporan ya la nueva terminología. Nos
parecía que el texto inicial adolecía de este olvido y hemos querido
subrayar, en primer lugar, que estamos delante de competencias que
corresponden, la mayoría de ellas, a las comunidades autónomas y que, por
tanto, cualquier referencia que hagamos a potenciar la Administración
local como administración más cercana a la realidad a combatir, debe
tener en cuenta este factor; y, en segundo lugar, introducimos la
necesidad. Nos parece que hoy buena parte de esas políticas que
desarrollan tanto ayuntamientos como comunidades autónomas vienen
limitadas en sus disponibilidades financieras. Creemos que hoy los nuevos
problemas de la exclusión social, la elaboración de nuevos instrumentos
para hacer frente a la exclusión social, necesitan de más recursos, y ahí
el Estado, la Administración central tiene una evidente responsabilidad.
Las ocho propuestas concretas a incorporar pretendían desarrollar alguna
de estas ideas. En primer lugar, planteamos una propuesta que el Grupo
Popular entiende que no está en condiciones de asumir y nos hacemos
solidarios de esta posición, pero nos parece que es una cuestión que en
uno u otro momento se tendrá que plantear, que es la financiación de las
rentas mínimas de inserción; un instrumento que la práctica totalidad de
las comunidades autónomas tienen hoy incorporado a sus políticas de
luchas contra la exclusión, del cual fue pionero Cataluña, pero que hemos
de empezar a plantearlo en la perspectiva de considerar a estas rentas
como un verdadero derecho universal que afecte al conjunto de ciudadanos
situados al margen del sistema contributivo y no contributivo de
pensiones. Nos parece que éste es un debate que va a tenerse que
plantear. Esta es nuestra primera propuesta, que finalmente no se
incorpora al texto final.
Las otras siete propuestas afectan a cuestiones concretas, pero me
gustaría enfatizar al menos dos de ellas: la 2
y la 8. En la 2 señalamos la necesidad de crear un marco legal para
regularizar la acción que hoy realizan las denominadas empresas de
inserción sociolaboral, que pueden jugar un papel activo en la generación
de empleo y, sobre todo, en la generación de empleo que sirva para
integrar socialmente a los denominados excluidos sociales. Nos parece que
ahí existe un margen importantísimo de actuación legislativa y de
actuación de las administraciones que hoy se produce en un marco
inexistente. Existe una demanda del sector, existe una comisión de
trabajo del Ministerio y los grupos implicados que está avanzando en esta
línea, y nos parece importante que se avance en esta legislación; por
tanto, nos satisface que la Comisión asuma este objetivo. Relacionado con
este mecanismo de la inserción a través de este tipo de empresas, que es
un mecanismo que da juego a la iniciativa privada, a asociaciones sin
ánimo de lucro y a lo que se denomina el tercer sector, debe ir
acompañado por la creación de los que se denominan mercados tutelados. En
concreto, en el caso de Cataluña existe una iniciativa interesantísima
del departamento de bienestar social, conocido como posa't a punt (que lo
podríamos traducir al español como ponte a punto), en la que en aquellos
parques de viviendas dependientes de la Administración de la Generalitat
de Catalunya todas las obras de rehabilitación o de reforma de esas
viviendas deben ser asumidas por empresas que acojan en sus plantillas
trabajadores de esos barrios que respondan a la tipología de lo que
entendemos por discapacitados sociales o excluidos sociales. Nos parece
que es una línea de actuación muy interesante que la Administración cree
estos espacios donde, a través de la contratación de empresas normales,
se dé cabida a un tanto por ciento de excluidos sociales. Es una fórmula
de integración que, vinculada a los barrios, está dando éxitos concretos,
y hoy mismo otras comunidades autónomas están estudiando su implantación.
Me parece que desde la Administración general del Estado, y en aquello
que le compete, empezar a desarrollar este concepto de mercado tutelado
es especialmente sugerente y, por tanto, es importante que en esta
Comisión hayamos asumido este objetivo.
El resto de cuestiones quizá son menores, pero entiendo que afectan a
problemas concretos que existían y que, en la medida en que la Comisión
los asume como objetivo a incorporar a la acción del Gobierno, va a
permitir que el Gobierno avance en esta línea o que los grupos
parlamentarios tengamos una capacidad importante e interesante de
desarrollo de las conclusiones de la ponencia. Por tanto, podemos
situarnos en un texto que puede permitir impulsar de manera decisiva unas
políticas que todos entendemos que son necesarias, pero que a veces se
escapan de las prioridades que tenemos en los distintos niveles de la
Administración, y hoy la exclusión social, desde la perspectiva de la
cohesión de nuestra sociedad, constituye una necesidad absoluta.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa del voto particular, tiene la
palabra, por el Grupo Socialista, el señor Pérez de Tudela.
El señor PEREZ DE TUDELA MOLINA: Quisiera empezar agradeciendo las
aportaciones de aquellas personas que han querido colaborar a un mejor
conocimiento del problema aportando propuestas de solución. También
quisiera agradecer la colaboración de los servicios de la Cámara, en
especial de aquellos auxiliares de la Comisión en los que hemos
encontrado una gran disponibilidad de colaboración para facilitar el
trabajo. Y en este capítulo de agradecimientos no quisiera dejar de lado
el de la voluntad que hubo entre los distintos representantes de los
grupos para facilitar el trabajo y llegar a posiciones de síntesis en el
análisis, las conclusiones y las propuestas, todo ello sin el menoscabo
de hacer hincapié en constatar que concluimos un trabajo iniciado en la
legislatura anterior con la ponencia especial creada a este efecto en el
mes de febrero de 1995, que quedó inconclusa por la convocatoria
electoral de enero de 1996.
Fruto de la política social llevada a cabo por gobiernos anteriores, se
ha experimentado una notable mejora en la aminoración de los niveles de
desigualdad, así como una mejora de la calidad de vida, consecuencia del
impulso que se ha dado a las políticas para conseguir una mejor sociedad
del bienestar. De la situación actual en España que se describe en el
informe, se desprende el gran esfuerzo realizado hasta la fecha por los
sucesivos gobiernos socialistas, que ha representado un descenso del 11
al 3 por ciento en el índice de pobreza severa y una aminoración de dos
puntos para los niveles de precariedad social o pobreza moderada,
concentrándose los mayores esfuerzos y la mayor cantidad de recursos en
las situaciones de mayor gravedad.
Tres han sido los factores básicos que podemos considerar asociados al
descenso de la pobreza entendida en términos económicos: la mejora de las
rentas mínimas y el establecimiento de pensiones no contributivas; la
extensión de la protección del desempleo y las políticas de universalidad
de la sanidad, la educación y las pensiones; el desarrollo de los
servicios sociales, el plan concertado de prestaciones básicas y los
programas de rentas básicas de inserción de las comunidades autónomas.
Otro aspecto importante reflejado en el informe es la situación en el
ámbito europeo, marco en el que nuestra política se ha situado para
luchar más eficazmente contra la pobreza y la exclusión social.
Antes de entrar de lleno en la defensa del voto particular presentado por
mi grupo, quería hacer unas matizaciones al texto, con la esperanza de
que sean consideradas. En la página 21, apartado de conclusiones, en el
primer asterisco, creemos que se ha cometido un error de transcripción y
propondríamos cambiar la expresión «cooperación» por «coordinación», que
entendemos responde mejor a la voluntad que se expresa en el texto. Y en
la página 27, si bien lo que proponemos es su sustitución por la
propuesta expresada en nuestro voto particular, entendemos que se debería
modificar en el siguiente sentido: todo ello se debe enmarcar en el seno
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en coordinación con la
conferencia intersectorial y de las comunidades autónomas, ya que esta
conferencia intersectorial es un órgano de seguimiento sujeto también a
la coordinación.
No me extenderé en la defensa del voto particular por entender que queda
suficientemente explícito cuál es la voluntad del mismo, y es la de
dotarnos de un plan efectivo en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Si en el fondo estamos de acuerdo, no comprendo por qué no se
quiere explicitar la elaboración del plan que, al igual que los ya
creados, coadyuven de la manera más eficaz a coordinar todos los recursos
disponibles y aquellos que se puedan disponer para la erradicación de la
pobreza y la exclusión social. En nuestra propuesta, además de la
explicación del plan de explicitar los principios y contenidos, se
indican los órganos de coordinación y de seguimiento y la voluntad
política de luchar contra la pobreza y la exclusión social de la mejor
manera posible y con todos los medios de los que podamos disponer,
involucrando a los máximos responsables ministeriales. Un problema grave
para las personas que los sufren y síntoma de enfermedad de la sociedad
requiere abundamiento en la búsqueda de soluciones. Una sociedad que ha
progresado y resuelto la mayor parte de sus problemas estructurales tiene
que poner un especial énfasis en la erradicación de las situaciones de
exclusión, borrando de nuestra sociedad las bolsas en las que se da esta
situación, especialmente las que vienen a nombrarse del Cuarto Mundo.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Popular mantiene un voto particular, o lo
ha retirado?
Señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, en realidad, cuando nos reunimos
para estructurar el documento, el Partido Socialista propuso remitir
estos puntos que el Partido Popular consideraba importantes en esta
subcomisión a la ya aprobada subcomisión de familia pero, después,
detenidamente, hemos visto que aportan algunos temas que no creo que
molesten a ningún grupo, puesto que simplemente es crear más
posibilidades para la erradicación de la pobreza. En ese sentido,
seguiría manteniendo el voto particular de adición de estos nuevos
puntos.
El señor PRESIDENTE: En relación con las observaciones hechas por el
portavoz del Grupo Socialista, señor Pérez de Tudela, ¿quiere fijar su
posición, si han sido aceptadas o no?
La señora PARDO RAGA: Respecto a la posición del Partido Socialista, en
la página 21, estoy de acuerdo en que seguramente será un error de
transcripción por la buena voluntad que hemos encontrado, como resaltaba,
de las personas funcionarias de esta Comisión, y no habría ningún
problema en sustituir la palabra «cooperación» por «coordinación».
Respecto al voto particular que presenta sobre el Plan global de lucha
contra la exclusión social, hicimos un esfuerzo para ponerlo como
conclusión --está en la página 27--, diciendo que «el conjunto de
actuaciones propuestas y las que puedan surgir se enmarcarán en un plan
de lucha contra la exclusión social en el seno de la conferencia
intersectorial».
En este momento me ha parecido que el representante del Grupo Socialista
hacía una nueva redacción de este tema que estaríamos dispuestos a
asumir, pero no asumiríamos el voto particular que presenta en el último
tema cuando dice «órganos de seguimiento», puesto que consideramos que el
plan lo monta un gobierno, y decir los órganos de seguimiento sería
interferirnos en sus competencias y expresarles desde aquí cómo tenía que
estar marcado este consejo.
Nuestra tendencia debe ser adquirir un compromiso legal y, si fuera
posible, con el consenso de todas las comunidades autónomas, como bien ha
dicho (eso sí estaríamos dispuestos a aceptarlo), pero lo de los órganos
de seguimiento, como presenta en el voto particular, no.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posiciones o proponer
transaccionales a las distintas intervenciones que se han expresado?
Por el Grupo de Izquierda Unida, la señora Urán tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Mi grupo parlamentario no ha mantenido ningún
voto particular porque, prácticamente, las propuestas de resolución que
se hicieron a la subcomisión han quedado recogidas en el texto
definitivo. Sí nos gustaría hacer hincapié en que, para que se luche
contra la exclusión social --que incluye también la pobreza, que es un
concepto mucho más amplio que sólo y exclusivamente el de la pobreza-- es
necesario respetar las competencias que tienen las comunidades autónomas,
puesto que somos y éramos conscientes en la subcomisión de que la mayoría
de los temas que estábamos tratando eran competencia de éstas y, en
algunos aspectos, incluso de las propias Administraciones locales. Por
eso, el texto que se ha redactado es bastante escrupuloso con ese tipo de
competencias.
Al mismo tiempo, mi grupo parlamentario está convencido de que es
necesario que exista un programa específico desde el ámbito de la
Administración central para que, en colaboración y coordinación con las
comunidades autónomas y las administraciones locales, se pueda
desarrollar una actividad política que sea de ámbito estatal y que pueda
minimizar las diferencias territoriales que se producen en estos momentos
con determinados programas que desarrollan las propias comunidades
autónomas. De ahí que se insista en el texto de la ponencia en la
necesidad de la elaboración --y nuestro grupo parlamentario está
totalmente de acuerdo-- de un Plan de lucha contra la exclusión social en
coordinación con las comunidades autónomas y a través de la Comisión de
seguimiento, como es la conferencia intersectorial.
Por tanto, señorías, siendo conscientes de todo esto, habría que añadir
que precisamente los factores de exclusión social, como bien dice el
informe, no son sólo y exclusivamente el factor económico, sino que hay
muchos más factores, multicausales y multifactoriales que necesitan de
ese programa y de ese Plan de lucha contra la exclusión social. Si algo
nos quedó claro en la subcomisión, a través de muchas de las
comparecencias que se produjeron, es que no se
puede luchar contra la pobreza y contra la exclusión social sólo y
exclusivamente tratando el problema de aquellas personas que están
afectadas o en riesgo de, sino que hay que hacer un programa mucho más
amplio para que la inserción de este tipo de personas sea una realidad y
no se vean con programas específicos que, al final, lo único que hacen es
juntarlas en niveles de pobreza, de riesgo o de exclusión social, todas
en el mismo ámbito, y no insertarlas en el resto de la población,
haciéndolas verse como si fueran una especie de guetto aparte que tiene
programas específicos.
Desde nuestro punto de vista, todo eso ha quedado mínimamente recogido en
las conclusiones y, por tanto, nuestro grupo, a la espera de ver qué es
lo que sucede con el voto particular que tiene planteado el Grupo
Socialista, hace un llamamiento al entendimiento entre el Grupo Popular
y el Grupo Socialista y sería favorable a que se llegara a un acuerdo en
este tema y no se mantuviera ningún voto particular más. Esperamos que
así sea, que se puedan poner de acuerdo y nos ofrecemos para intentar ser
mediadores, en todo caso, para llegar a redacciones que nos sirvan a
todos, porque creemos que es totalmente necesario y debe estar bien
especificado y coordinado.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, por el Grupo Popular, ¿va a
hacer uso de la palabra algún miembro o con la presentación del informe
por la señora Pardo se dan por satisfechas?
Señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Simplemente quiero decir que el Partido Socialista
está redactando un texto alternativo para el voto particular y creo que,
en aras del consenso, se lo admitiríamos. Cuando lo haga llegar a la Mesa
lo tendremos todos los grupos y pasaremos a la votación.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar por concluido el debate sobre el
informe, la Presidencia se va a permitir hacerles una sugerencia de
redacción. Señora Pardo, en la página 26, incluso aceptada la supresión
de la última frase, que parece que le oí en su intervención que era a
sugerencia de Izquierda Unida, falta algo porque dice: «negociar con los
interlocutores sociales una propuesta marco sobre la conciliación de la
vida profesional y familiar con el fin de introducir modelos nuevos y
flexibles»; ahí quedaría. La verdad es que interlocutores sociales para
la conciliación de la vida familiar, no me imagino yo un sindicato de
hijos ni un sindicato de esposas, ni una asociación de empresarios
varones. (Risas.) Por eso, mi sugerencia es que quede el párrafo de la
siguiente manera: Negociar con los interlocutores sociales una propuesta
marco sobre la conciliación del mercado de trabajo con la vida
profesional y familiar. La palabra conciliación incluso tampoco iría;
será con la armonización o algún término parecido.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, considero muy oportuna su
sugerencia y creo que debemos redactar nuevamente el párrafo. Simplemente
era porque Izquierda Unida me lo había pedido y yo con las prisas no lo
he hecho bien. Considero oportunísima su sugerencia y vamos a intentar
entre todos redactar un nuevo punto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pardo.
Quedamos en que redactarán un poco mejor el párrafo, haciendo referencia
al mercado de trabajo.
Hemos concluido el debate y se aproxima el momento de las votaciones.
Ruego a los portavoces que reclamen la presencia de los miembros de esta
Comisión para proceder a las votaciones. (Pausa.)
En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley sobre
colaboración voluntaria de las empresas en el abono de la incapacidad
temporal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que había
presentado una enmienda el Grupo Socialista; también el Grupo Popular
presenta una enmienda transaccional, que es, a su vez, de sustitución del
propio texto inicial de la proposición no de ley.
¿La señora Montseny va a dar lectura a dicha enmienda transaccional?
Tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: La enmienda que se propone quedaría con la
siguiente redacción. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que aplique lo establecido en el artículo 77.1 d) del Real Decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social respecto de la
colaboración voluntaria de las empresas en el pago directo de las
prestaciones económicas por incapacidad temporal en sus justos términos
y, en su caso, desarrolle las normas que permitan sancionar a las
empresas que acogiéndose a esta forma de colaboración deriven el pago
directo de estas prestaciones a otras entidades, cualquiera que sea su
naturaleza y modalidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: La lectura que ha hecho la diputada del Partido
Popular no es exactamente igual a lo que acabamos de conocer. Más bien,
señor presidente, estaríamos en disposición de aceptar una enmienda
transaccional que dejara toda la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista y que introdujera, al final de la penúltima línea, la
siguiente frase: «... y, en su caso, desarrolle las normas que permitan
sancionar.» En eso consiste la transacción. Porque en la lectura que ha
hecho la señora diputada del PP se había obviado una expresión de nuestra
enmienda que era «en sus términos estrictos».
Señor presidente, me gustaría leer la enmienda que aceptaría el Grupo
Parlamentario Socialista. Nuestra enmienda es literal con esa adición. La
enmienda diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
aplique en sus términos estrictos lo establecido en el artículo 77.1 d)
del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
respecto de la colaboración voluntaria de las empresas en el pago directo
de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, impidiendo y, en
su
caso, desarrollando las normas que permitan sancionar a las empresas que
acogiéndose a esta forma de colaboración deriven el pago directo de estas
prestaciones a otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza y
modalidad. (El señor Hernando Fraile: Parece que «impidiendo» no queda
bien.)
El señor PRESIDENTE: ¿Nos puede hacer llegar la enmienda por escrito?
Sería la enmienda inicial del Grupo Socialista, hasta «en su caso». A
partir de ahí diría: «... y, en su caso, desarrollando las normas que
permitan sancionar a las empresas...»
El señor CERCAS ALONSO: Igual hasta el final, como en nuestra enmienda.
Señor presidente, para facilitar el trabajo de la Presidencia, no tenemos
inconveniente en que desaparezca el gerundio «impidiendo».
El señor PRESIDENTE: Sobra la palabra «impidiendo».
Señoras y señores diputados, pongan atención a la lectura de la redacción
de la proposición no de ley. Quedaría de la siguiente manera. El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno para que aplique, en sus términos
estrictos, lo establecido en el artículo 77.1 del Real Decreto
legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social respecto de la
colaboración voluntaria de las empresas en el pago directo de las
prestaciones económicas por incapacidad temporal, desarrollando las
normas que permitan sancionar a las empresas que, acogiéndose a esta
forma de colaboración, deriven el pago directo de estas prestaciones a
otras entidades, cualquiera que sea su naturaleza y modalidad. (El señor
Cercas Alonso pide la palabra.)
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Perdón, señor presidente. La transacción decía:
«... y, en su caso, desarrollando...» Quedaría así: «y, en su caso,
desarrollando...» Queremos concretar en el texto en el caso que sea
necesario. El debate, señor presidente, es que la mayoría de los miembros
de la Comisión entendemos que no es necesario ese desarrollo, pero si, en
su caso, quieren desarrollarlo, que lo hagan. Pero no queremos aceptar la
tesis del Partido Popular de que no hay legislación aplicable al
respecto.
El señor PRESIDENTE: Dado que dice que se aplique en sus términos
estrictos... y, en su caso, desarrollando las normas..., etcétera. Si se
aplica en los términos estrictos no habrá, «en su caso», que desarrollar.
La redacción quedaría definitivamente como vuelvo a leer a continuación.
Pongan atención, señoras y señores diputados. El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que aplique, en sus términos estrictos,
lo establecido en el artículo 77.1 del Real Decreto legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social respecto de la colaboración voluntaria de
las empresas en el pago directo de las prestaciones económicas por
incapacidad temporal y, en su caso, desarrolle las normas que permitan
sancionar a las empresas que, acogiéndose a esta forma de colaboración,
deriven el pago directo de estas prestaciones a otras entidades,
cualquiera que sea su naturaleza y modalidad.
Se somete a votación el texto tan duramente gestado de la proposición no
de ley presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a votar la proposición de ley de ampliación del concepto de
familia numerosa.
A esta proposición quedaba viva una enmienda del Grupo Socialista a la
que el Grupo de Izquierda Unida había presentado una transaccional.
Igualmente a efectos de votación, dado que no está presente su portavoz,
también ha solicitado por escrito que se dé por defendida la enmienda del
Grupo de Coalición Canaria. Evidentemente la transaccional interfiere,
pero como es una transaccional sobre una enmienda del Grupo Socialista,
no hay ningún fallo reglamentario en relación con la enmienda de
Coalición Canaria, que hay que someter a votación sola, tal y como está
redactada. Posteriormente votaremos la enmienda transaccional que ha sido
aceptada por el Grupo Socialista.
Votamos, en primer lugar, la enmienda del Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 30;
abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda transaccional a la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el texto de la proposición de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Por último vamos a votar el informe de la subcomisión para el estudio de
la exclusión social en España.
En primer lugar, sometemos a votación el voto particular, presentado por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con las
correcciones introducidas por la diputada que ha presentado el informe.
Le pregunto al grupo proponente del voto particular si acepta la
propuesta.
El señor CAMPUZANO Y CANADéS: Aceptamos la propuesta de incorporación y
la supresión del apartado 1. (La señora Pardo Raga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, creo que no se ha presentado como
voto particular, sino como una aportación al texto que ha llegado un poco
más tarde, pero por ello lo hemos incluido en unas páginas determinadas,
con lo cual creo que el texto quedaría refundido con las aportaciones de
CiU, que han sido valiosas y que, efectivamente, quizá por las prisas no
se incluyeron los temas puntuales en los que él incide; pero creo que no
es un voto particular, sino que queda incluido en el texto.
El señor PRESIDENTE: La resolución de la Presidencia nada dice sobre si
estas situaciones convierten el voto particular en votos transaccionales.
Estamos llenando el vacío normativo y, por ello, se somete a votación la
totalidad del informe con las nuevas redacciones aportadas, tanto por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) como por el Grupo Socialista, así
como por el voto particular que había presentado el Grupo Popular, si
nadie solicita votación separada. (El señor Pérez de Tudela Molina pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Pérez de Tudela.
El señor PEREZ DE TUDELA MOLINA: Quisiera hacer una aclaración, señor
presidente. Ha quedado excluida para la incorporación al texto una parte
de nuestro voto particular que sustanciaríamos en el Pleno. El resto lo
consideramos incorporado y votaremos afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Antes de someter a votación el informe en su
totalidad, sometemos a votación el llamado voto particular que, en parte,
ha quedado rechazado en el debate, que no ha sido incorporado al informe
y que se somete a votación a efectos de su defensa en el Pleno.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la parte del voto particular del
Grupo Socialista sometido a votación.
Finalmente, procedemos a la votación de la totalidad del informe con
todas sus incorporaciones, obtenidas a lo largo de este debate.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.