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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 327, de 05/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 327
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--De la señora Salinas García (Grupo Socialista del Congreso), sobre
actuaciones para reconocer el trabajo de la mujer profesional de la
agricultura (Número de expediente 181/000912) (Página 9700)
--Del señor Chivite Cornago (Grupo Socialista del Congreso), sobre
valoración de la evolución del empleo femenino en el medio rural (Número
de expediente 181/000939) (Página 9703)
--Del mismo señor Diputado, acerca de la incompatibilidad con la
normativa comunitaria de posibles ayudas nacionales al sector del algodón
(Número de expediente 181/000926) (Página 9705)
--Del mismo señor Diputado, sobre causas de la alta siniestralidad
laboral en el sector agrario (Número de expediente 181/000937) (Página 9707)
--De la señora Cunillera i Mestres (Grupo Socialista del Congreso), sobre
motivos por los que el Gobierno no remite las tablas de evolución de los
hábitos alimentarios de los españoles a las organizaciones agrarias y
demás receptores habituales (Número de expediente 181/000993) (Página 9710)
--De la misma señora Diputada, sobre motivos por los que el Gobierno no
remite el inventario agronómico a las organizaciones agrarias y demás
receptores (Número de expediente 181/000994) (Página 9712)
--Del señor Chivite Cornago (Grupo Socialista del Congreso), sobre
cumplimiento del mandato parlamentario adoptado en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca para la regulación del sector avícola
español (Número de expediente 181/000896) (Página 9714)
--Del señor Amarillo Doblado (Grupo Socialista del Congreso), sobre
opinión de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de los
planes del Ministerio de Medio Ambiente sobre la privatización encubierta
del uso del agua para regadíos (Número de expediente 181/000907) (Página 9715)
--Del señor Chivite Cornago (Grupo Socialista del Congreso), sobre
previsión de la presentación del Plan nacional de regadíos (Número de
expediente 181/000936) (Página 9718)
--Del mismo señor Diputado, sobre los efectos que puede tener a corto,
medio y largo plazo sobre el medio rural, la agricultura, la ganadería y
la pesca españolas la ampliación de la Unión Europea a los países del
Este y Centro de Europa (Pecos) (Número de expediente 181/000949) (Página 9721)
--De la señora Cunillera i Mestres (Grupo Socialista del Congreso), sobre
habilitación de créditos extraordinarios para la lucha contra el brote de
peste porcina clásica en Cataluña (Número de expediente 181/001042)
(Página 9723)
--De la misma señora Diputada, sobre acciones para mejorar la
coordinación entre comunidades autónomas y la Administración del Estado
en lo que se refiere al control sanitario veterinario (Número de
expediente 181/001043) (Página 9726)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA SALINAS GARCIA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
ACTUACIONES PARA RECONOCER EL TRABAJO DE LA MUJER PROFESIONAL DE LA
AGRICULTURA (Número de expediente 181/000912).
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión número 20 de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para que por parte del
Gobierno, en este caso el subsecretario de Agricultura, don Manuel
Lamela, a quien damos la bienvenida a esta Comisión, pueda contestar a
una serie de preguntas orales.
Para formular la primera pregunta tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, doña María Isabel Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: En primer lugar, en nombre del Grupo
Socialista, quiero dar la bienvenida al señor subsecretario a esta
Comisión, agradeciéndole su presencia en la misma.
Señorías, si exceptuamos a la mujer acreditada como empresaria o titular
de una explotación agraria cuyo número es todavía muy poco significativo,
el resto de mujeres que aportan su trabajo a una explotación familiar
agraria forman parte de lo que se viene en llamar un colectivo invisible.
Sin embargo, la mujer agricultora o ganadera que colabora en la
explotación familiar aporta un trabajo no reconocido, no remunerado y que
no figura en las estadísticas. A veces en la sombra desarrolla funciones
de coempresaria que tampoco se le reconocen y para las cuales, en la
mayoría de los casos, no ha recibido la formación adecuada. Ella no
participa en las relaciones exteriores de la explotación ni suele
aparecer como socia en las cooperativas y organizaciones profesionales.
Por ello le formulamos desde el Grupo Socialista la siguiente pregunta,
¿qué actuaciones piensa acometer el Ministerio de Agricultura para
reconocer el trabajo de la mujer profesional de la agricultura?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a su pregunta tiene la palabra el
señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): Muchas gracias, señora Salinas, tanto
por su bienvenida como por su agradecimiento. Para mí es en todo caso un
honor comparecer en esta Comisión, por segunda vez desde mi nombramiento,
y procedo a dar contestación o explicar la pregunta que considero
igualmente importante.
Como S. S. conoce el programa del Partido Popular creo que es claro a
este respecto y constituye un compromiso político decidido que lejos de
quedarse en lo que podíamos entender una mera declaración de intenciones
motiva actuaciones puntuales y políticas concretas dirigidas
fundamentalmente a varios ámbitos. Por una parte, a reconocer algo que
entendemos es obvio y es el papel fundamental de la mujer en el mundo
rural y no solamente a reconocer ese papel, sino también, lo que es más
importante, a potenciarlo.
En segundo lugar, y como consecuencia de esto a facilitar, lógicamente,
el acceso a la financiación de la mujer como profesional del mundo rural
en condiciones de igualdad con el hombre.
En tercer lugar, y como muy bien ha apuntado S. S., cuestiones relativas
a la formación de la mujer como profesional del mundo rural y también a
facilitar el acceso a la titularidad de las explotaciones.
Dentro de lo que es, por tanto, una política general del Gobierno en
materia de apoyo al papel de la mujer en el mundo rural y de
implementación de medidas para conseguir el desarrollo de ese papel es
difícil lógicamente aislar políticas o actuaciones concretas directamente
dirigidas a esta función, pero en todo caso voy a tratar de hacer un
ejercicio de síntesis y reflexión para, centrándome en dos áreas que creo
son fundamentales y que son dos programas importantes que se siguen desde
el Ministerio de Agricultura, llegar a la conclusión de que dentro de
esos programas existen políticas concretas, cuantificables numéricamente
--y en este sentido disiento de su apreciación de que están ajenas a las
estadísticas-- que tienden eficazmente a la consecución de los objetivos
predeterminados.
Por una parte, tenemos el programa para la mejora estructural y para la
modernización de las explotaciones agrarias, un programa que tiende a la
consolidación del empleo agrario, a la creación de empleo agrario y a la
consecución de un incremento efectivo de las rentas de las familias
rurales. Evidentemente, es un programa que además contribuye a la
tecnificación del mundo rural, a la diversificación de actividades dentro
del mundo rural y, consecuentemente, entendemos que de manera lógica, a
un incremento en la dimensión de las estructuras del mundo rural.
Es un programa que tiene como instrumento una política de incentivación
tanto al acceso de jóvenes de cualquier sexo a la titularidad de
explotaciones, al fomento de las contrataciones y a la dinamización del
sector de la agricultura. Es un programa evidentemente abierto no es un
programa cerrado y consecuentemente está dirigido de manera equitativa e
igualitaria a hombres y a mujeres, como no podía ser de otra forma y que
al orientarse en este sentido a la diversificación productiva a que me he
referido, este programa posibilita de manera directa la incorporación de
la mujer a un papel más activo y a un papel fundamental de toma de
decisiones en el ámbito rural.
Son muchas las líneas de actuación y no podría entrar en el detalle de
todas ellas, pero dentro de esas líneas creo que deberíamos preguntarnos
cuáles de ellas inciden de manera fundamental en el papel profesional de
la mujer desde el punto de vista de profesional de la agricultura. En
este sentido debemos tener en cuenta que la mujer puede ser tanto titular
de la explotación, como S. S. muy bien ha señalado, como un elemento
fundamental dentro de la explotación en su calidad de miembro de lo que
me gustaría llamar familia agraria. Una mujer que desarrolla actividades
complementarias imprescindibles y fundamentales en la diversificación
productiva con independencia, insisto, de que en todo caso pueda acceder
a la condición de titular de una explotación. Desde esa perspectiva es
importante decir que tenemos unas actuaciones o unas líneas de inversión
en planes de mejora de las explotaciones agrarias y también desde esta
perspectiva existen subvenciones medidas por explotación que van
directamente a este objetivo y que se traducen en las políticas que
anteriormente he señalado.
En segundo lugar, hay un objetivo de agrupación de servicios y creación
de agrupaciones de agricultores que en consecuencia van a permitir desde
esta perspectiva no sólo el acceso de la mujer a puestos de trabajo
remunerados, sino que en los casos en que ésta sea titular de una
explotación pueda acceder a mejores condiciones de vida y además,
lógicamente, a mejores condiciones vía formación y, por tanto, desde esa
perspectiva descargarse o buscar sustitutos vía contratación en materia
tan importante como pueden ser las funciones de gestión técnica, de
gestión económica, financiera o administrativa de la explotación y,
consecuentemente, insisto, una política de ayuda vía creación de
agrupaciones se traduce en subvenciones económicas que, por una parte y
si se trata de cuantificarlas, estarían en torno a 3.000.000 de pesetas
por agente empleado en actividades de sustitución, sin superar el 70 por
ciento de los gastos, y hasta 8.920.000 en caso de que estemos hablando
de gestión empresarial de explotaciones.
También dentro de estas políticas o de estas líneas de apoyo tendríamos
que hacer un punto y aparte o una mención especial a las que tienen por
objeto la cualificación profesional a que también S. S. ha hecho especial
mención. Lógicamente, esta medida tiene como objeto la cualificación
profesional de todo el colectivo de la agricultura, de todos los
profesionales de la agricultura, pero beneficiaria directa de ella son,
sin duda alguna, los colaboradores familiares, y en este caso en un
porcentaje muy alto nos encontramos con la mujer profesional del mundo
rural. Desde esta perspectiva se permite entrar o acceder a programas
específicos de formación y además, consecuentemente, un incremento en la
cualificación por vía de acceso a la titularidad de explotación a
posteriori.
También debemos decir que hay ayudas claras en lo que habitualmente se
puede conocer en el lenguaje más popular como la vivienda habitual de los
agricultores, son ayudas territoriales a la vivienda rural y para la
prestación de servicios a terceros. Desde esta perspectiva lógicamente en
ese ámbito cobra mayor protagonismo en el campo de las ayudas la mujer en
la actividad económica a través de las actividades complementarias que
además de diversificar la producción genera lógicamente ingresos
alternativos. Estamos ante ayudas en las que hay que tener en cuenta
siempre que las comunidades autónomas tienen mucho que decir, son ayudas
cofinanciables desde esta perspectiva y también merece la pena
destacarlas, junto con las políticas generales de beneficios e incentivos
fiscales, que desde el año 1995 y a través de la figura de la explotación
prioritaria permite lógicamente hablar de una situación de igualdad real
entre la mujer y el hombre en el ámbito insisto de un campo tan
importante como son los beneficios fiscales.
En materia de formación debo decir que la exigencia de una agricultura
eficiente y una sociedad moderna nos lleva a afirmar que son
destinatarios prioritarios de estos programas los agricultores
profesionales, los jóvenes agricultores y en concreto las mujeres que
desarrollan su actividad en el mundo rural a través de su pertenencia,
como muy bien sabe S. S., a entidades asociativas agrarias y a personas
que prestan sus servicios en ellas. Son subvenciones directas a las OPA,
y en muchos casos su objeto de actuación es precisamente desarrollar la
actividad en el mundo rural de la mujer profesional de la agricultura.
El señor PRESIDENTE: Para replicar tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, señora Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: Señor subsecretario, conozco bastante de cerca
la realidad de las mujeres agricultoras debido a que vivo en una zona
rural. Aquí me gustaría hacer un paréntesis: lo primero que habría que
empezar por aclarar es la diferencia entre lo rural y lo agrario. Parece
claro que las mujeres agricultoras como colectivo están incluidas en algo
más amplio que son las mujeres rurales, pero para nada se deben confundir
los términos. Ahora parece que está muy de moda y dentro del tercer Plan
de igualdad aparecen medidas a las que ahora me referiré sobre mujeres
rurales, pero no tanto para mujeres agricultoras. Hecho este paréntesis,
le decía que estoy convencida de que la identidad social de la
agricultora se establece en relación a su estado matrimonial,
normalmente, esposa de un agricultor.
La realidad nos dice que la explotación familiar constituye una unidad
productiva que se caracteriza porque en ella participan con su trabajo
--como muy bien se ha referido usted-- todos los miembros del núcleo
familiar. En eso me parece que estamos de acuerdo pero es necesario que
se valore la situación de las mujeres en las explotaciones, se definan
sus problemas y se impliquen en el mundo profesional o asociativo, tanto
en la agricultura como en la ganadería. Dentro del tercer Plan de
igualdad, y en el área de mujeres rurales --aunque ya he hecho mención a
que no es lo mismo una mujer rural que una mujer agricultora-- se dedican
nueve medidas a un fin que, según el ministro de Asuntos Sociales, señor
Arenas, era una prioridad dentro del programa del Partido Popular. Dentro
de este plan se dedican nueve medidas a las mujeres rurales, pero en
algunas de ellas vemos que no interviene el Ministerio de Agricultura
como en el tema a que me voy a referir, la primera medida, reflejar en la
estadística los trabajos que realizan las mujeres rurales y su aportación
a la economía, en esa medida, por ejemplo, no interviene para nada el
Ministerio de Agricultura.
En otras pocas medidas en las que cuenta y en las que sí participa este
Ministerio, al Grupo Socialista le gustaría conocer con más precisión qué
medidas se han puesto ya en marcha, porque es verdad que el señor
subsecretario ha contestado refiriéndose a medidas genéricas como mejora
en explotaciones agrarias, subvenciones a OPA, etcétera, que sí afectan a
la mujer agricultora --y es verdad-- pero en igual medida que a los
hombres y he echado en falta en su intervención alguna medida de
discriminación positiva en favor de las mujeres que era concretamente lo
que yo le preguntaba.
Sin ánimo de criticar por criticar, me gustaría señalar algunas lagunas
que desde mi grupo hemos detectado dentro de este tercer Plan de igualdad
respecto a las mujeres agricultoras, y que no se recogen en esas nueve
medidas a que me he referido. Se hace necesario definir el concepto de
trabajo, basándose en criterios más amplios, para evitar que ciertas
colaboradoras --mujeres-- no queden excluidas de las regulaciones futuras
del estatuto, dado que el trabajo de la mujer en la agricultura está muy
mal delimitado en el espacio y en el tiempo, y a la hora de definirlo y
valorarlo hay que tener en cuenta todas y cada una de sus facetas.
También se hace necesario (y no aparece en este tercer Plan de igualdad,
por lo que se refiere tan sólo a actuaciones específicas para mujeres)
modificar el concepto de titular único de una explotación, contemplando y
facilitando la titularidad compartida --cónyuge o titular hasta primer o
segundo grado-- o aplicándose automáticamente la cotitularidad a la
cónyuge que trabaje a tiempo completo. Esta cotitularidad debería otorgar
ciertos derechos económicos asegurando que en caso de divorcio,
separación, viudedad, etcétera, las mujeres no queden desprotegidas, como
ocurre en la actualidad. Tampoco aparece en el tercer Plan de igualdad
alguna medida encaminada a evitar toda discriminación motivada por el
estado civil de la agricultora, por no estar legalmente casada, etcétera.
En definitiva --y sin ánimo de alargarme excesivamente-- quiero decirle
que desde el Grupo Socialista creemos que reconocer jurídicamente el
estatuto profesional de la agricultora implica concederle derechos
propios en el sistema de protección social, permitir que tengan acceso a
una profesión en la que se sientan realizadas, que puedan ejercer su
profesión en condiciones socioeconómicas favorables y tener fácil acceso
a la formación permanente. Además, hay que tener en cuenta que una mejor
visión del trabajo de la mujer agricultora permitirá medir el impacto de
las medidas y programas comunitarios adoptados al amparo de los fondos
estructurales y sobre los cuales no existen datos utilizables segregados
por sexos.
Finalizo, señor presidente, animando al Gobierno en la persona del
subsecretario a trabajar en la línea señalada. Quiero decirle que desde
el Grupo Socialista contará usted con todo el apoyo siempre que vaya
encaminado a reconocer y mejorar la situación laboral de nuestras
agricultoras. Aprovecho la ocasión para decirle que también hemos
presentado algunas proposiciones no de ley en la Comisión de la Mujer
encaminas a este fin, que desde mi grupo consideramos bastante
importante.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a esta segunda pregunta, tiene la
palabra el señor Lamela, indicándole que por cuestiones reglamentarias y
de tiempo tenemos que hacer esta segunda contestación en tres minutos.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): Voy a ser muy breve puesto que después
tenemos otra pregunta que hasta cierto punto creo que conecta de manera
directa con la primera y con los datos que después me gustaría señalar.
Simplemente quiero decir dos ideas fundamentales. Por una parte que
agradezco el tono de la intervención de la señora Salinas y, en todo
caso, sus ofertas --no sólo de diálogo sino de iniciativas--, por cuanto
puede tener absoluta seguridad de que el Gobierno y el Ministerio de
Agricultura están absolutamente convencidos y son firmes partidarios de
la necesidad de potenciar el papel de la mujer --en este caso no me
refiero a la mujer rural sino a la mujer vinculada al medio agrario--,
lógicamente con las medidas normativas y económicas que sean necesarias y
que, en todo caso, no impliquen tampoco discriminación en detrimento de
ningún sector. Sí quiero, sin embargo, decirles que en materia de
igualación o paridad de derechos de acceso por parte de la mujer, existen
una serie de normas que con carácter general están vigentes en todo el
estado español --como Estado de Derecho-- y que, lógicamente, se aplican
tanto a la mujer agraria como a cualquier mujer que tiene su relación
económica o jurídica dentro de la sociedad. En particular me refiero a la
ley del año 1995, de modernización de explotaciones agrarias. Creo que
esta ley --a la que antes he aludido-- es clara, tajante y terminante en
configurar la igualdad entre el hombre y la mujer desde el punto de vista
de la titularidad de la explotación; este hecho, conjuntamente con las
medidas implementadas desde mi departamento para fomentar el acceso a esa
titularidad, a la política de formación, lógicamente la no discriminación
en materia de beneficios y evidentemente, políticas activas para permitir
una preeminencia en algunos aspectos de la mujer en el ámbito
estrictamente agrario, creo que lleva a pensar que si bien es cierto que
se pueden buscar otras medidas adicionales para implementar dentro del
marco presupuestario de austeridad que tenemos, las que ahora mismo se
están desarrollando desde el ministerio y desde el Gobierno (dentro del
tercer plan de igualdad y dentro, evidentemente, de la política general
de apoyo a la mujer) por lo menos son suficientes, teniendo en cuenta que
es el inicio de un camino que, evidentemente, todavía nos queda por
recorrer.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
VALORACION DE LA EVOLUCION DEL EMPLEO FEMENINO EN EL MEDIO RURAL (Número
de expediente 181/000939).
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta del orden del día,
tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, señora Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: Señorías, según los análisis del Instituto de
la Mujer, en los últimos años se ha producido un importante avance en la
situación de las mujeres rurales, pero aún se siguen reflejando
discriminaciones, como el hecho de no participar suficientemente en los
órganos de toma de decisiones económicas, políticas o sociales, que no se
tiene en cuenta su contribución económica y social, las dificultades de
acceso a la financiación, la falta de servicios adecuados de ayuda a la
gestión, la carencia de una formación profesional adaptada a sus
necesidades y el escaso reconocimiento de sus aportaciones, como
anteriormente nos referíamos. El índice de paro de las mujeres en el
sector agrícola ha pasado del 14,65 por ciento, en el año 1990, al 26,67
por ciento, en el año 1996. Las mujeres son titulares de explotaciones
agrarias pero sólo el 29,9 son propietarias de las mismas, además de ser
éstas las más pequeñas en extensión. Por ello, desde el Grupo Socialista
le formulamos la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace el ministerio
de la evolución del empleo femenino en el medio rural?, ¿cómo piensa
potenciar su creación y qué partidas presupuestarias piensa destinar a
ello?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario para
contestar esta pregunta.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): En principio, como he dicho antes, yo
creo que esta pregunta conecta de manera directa con la anterior y,
lógicamente, no vamos a hablar ahora mismo de las políticas y de los
programas porque yo creo que hasta cierto punto y en términos generales
han quedado puestas sobre la mesa, sino que creo merece la pena entrar en
la valoración numérica o cuantitativa que desde el Gobierno y desde el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se hace de la efectividad
de esos programas y de los dos grandes bloques que antes hemos visto.
Si empezamos por el segundo bloque, el relativo a formación --por decirlo
de alguna forma--, debo decir que entre los destinatarios preferentes de
las actividades formativas se contempla específicamente --no de manera
ambigua o de manera homogénea para hombre y mujer-- a las mujeres que
desarrollan su actividad en el mundo rural. En este caso, quiero decir
que estamos hablando de mujeres agricultoras, por decirlo de forma que
nos entendamos. Se trata, evidentemente, de facilitar el acceso al
mercado laboral, precisamente de las mujeres agricultoras, se trata,
específicamente, de la mejora en la cualificación para la gestión
empresarial de la agricultura, lógicamente la implementación y mejora de
los métodos de producción y de comercialización. De este programa,
evidentemente, son beneficiarios las OPA, organizaciones directamente
vinculadas con el sector agrario, como antes he insinuado y ahora ya
concreto. Existen al día de la fecha cinco organizaciones específicamente
constituidas por mujeres a las que (me ha pedido datos y se los doy)
exclusivamente en el año 1997 hasta el día de la fecha se han asignado 59
millones, en números redondos, 58.800.000 pesetas, para ser más exactos.
Quiero decir que en los últimos años, 1995 y 1996, en organizaciones
integradas exclusivamente por mujeres, que creo yo es de lo que estamos
hablando, se han realizado 142 actividades formativas, entendiendo por
actividades formativas cursos, jornadas y similares, con un coste
superior a 90 millones de pesetas, a las que podemos decir como cifra que
han asistido cerca de 6.000 mujeres. Para el año 1997 hay un programa de
ayuda total de 445 millones de pesetas, donde se encuentran lógicamente
las ayudas del Fondo Social Europeo, cursos de formación que están siendo
organizados por 31 asociaciones, como he dicho antes, cinco de ellas
constituidas específicamente por mujeres. Para el año 1998 las cifras van
a ser ligeramente superiores en cuanto a la aportación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, si bien juntamente con las del Fondo
Social Europeo hace pensar evidentemente que la misma sea también
ligeramente superior a la del año 1997.
En la otra vertiente, que es la mejora estructural y modernización de
explotaciones agrícolas, quiero decir que desde este punto de vista
tenemos datos sobre las instalaciones realizadas por mujeres, que es de
lo que estamos hablando, que acceden a la titularidad de una explotación.
Quiero decirle que en el año 1994 teníamos 675 mujeres beneficiarias, con
una inversión de cerca de 3.500 millones de pesetas y con ayuda concedida
por parte de la Administración pública cercana a los 1.600 millones de
pesetas. Pues bien, en el año 1996 pasamos a 1.025 mujeres beneficiadas,
una inversión de cerca de 5.500 millones de pesetas y una ayuda
conseguida muy próxima a los 3.000 millones de pesetas. Los datos que
ahora mismo manejamos respecto al año 1997 no son definitivos, son
provisionales, pero en todo caso nos hace pensar lógicamente en una cifra
ligeramente superior en porcentaje y con la misma tónica de variación y
de incremento de los años 1994 a 1996 respecto de los tres conceptos a
que me he referido. Por tanto, podemos hablar en términos porcentuales de
un incremento del 52 por ciento del número de mujeres beneficiadas
durante este período, pese al menor nivel global de realizaciones, por
decirlo en términos concretos.
En planes de mejora a los que se han concedido ayudas, de los que son
beneficiarias mujeres, quiero decir que en el año 1996 tenemos 1.400
planes de mejora, con una inversión de 6.147 millones de pesetas y con
una ayuda concedida de 3.132 millones de pesetas; planes de mejora que,
evidentemente, podemos decir que en términos reales son sensiblemente
inferiores a los del año 1995, pero que son motivados por un cambio en
cuanto a la regulación específica del plan de mejora, que en todo caso es
habitual cuando se produce un cambio de normativa, y que hace presumir
lógicamente que en la finalización del año y en el próximo ejercicio se
produzca un incremento cualitativo importante en estas cifras.
En cuanto al resto de programas quiero decir que lógicamente estamos
hablando de condiciones de igualdad y que eso significa, en definitiva,
poner a disposición de ese programa genérico de acceso de la mujer a la
actividad agraria y a la titularidad de la explotación agraria en
condiciones de igualdad 11.000 millones de pesetas en el año 1997, más
otros 11.000 millones de pesetas por parte de las comunidades autónomas,
y 13.000 millones de pesetas en el año 1998, más lógicamente una cantidad
equivalente por parte de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta,
además, la realidad que hoy tenemos de los programas de iniciativa
comunitaria, que son los programas Leader-II y Proder, que también
lógicamente en su período de vigencia --del año 1994 al año 1999-- nos
lleva a poder afirmar creación de empleo neto respecto de la mujer en
cifras importantes, y no solamente creación de empleo, sino lo que es
igualmente importante también, la consolidación del empleo de la mujer
vinculada al ámbito agrario profesional de la agricultura.
El señor PRESIDENTE: Para replicar, tiene la palabra la portavoz del
Grupo Socialista, señora Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: Señor subsecretario, parece ser que las mujeres
agricultoras deberían estar de enhorabuena porque aparte de que España va
bien, entre la prioridad número uno del Gobierno se encuentra el empleo y
entre las del señor ministro de Asuntos Sociales, las mujeres rurales. La
realidad nos demuestra que nuestras agricultoras tienen bastante menos
razones para sentirse tan optimistas como el Gobierno.
Con el primer problema que nos encontramos a la hora de valorar el empleo
femenino en el medio rural, que era en concreto por lo que yo le
formulaba la pregunta, es la falta de datos fiables y concretos. No
existen datos suficientes y claros por sectores en el medio rural y mucho
menos que contemplen el factor sexo en dicha actividad. Los pocos datos
de que disponemos ponen de manifiesto que la igualdad de salarios entre
hombres y mujeres no es una realidad. Las mujeres perciben alrededor del
30 por ciento menos que los varones en conceptos salariales, y la
diferencia de sueldos se pone aún más de manifiesto en sectores como la
agricultura. El sector agrícola es uno de los más afectados, aunque
apenas se producen denuncias debido a la precariedad en el empleo y al
miedo a perder el puesto de trabajo. Para el Grupo Socialista las razones
que podrían justificar la desigualdad salarial en el sector agrario han
perdido validez, si es que algún día la tuvieron, ya que no puede
esgrimirse la carencia de formación porque actualmente tenemos bastante
más población femenina en nuestras universidades, ni argumentos como los
que se daban antes de falta de actividad femenina, etcétera.
La discriminación salarial en el sector se ejerce a través de varios
mecanismos como la segregación horizontal o concentración de mujeres en
sectores feminizados de bajo salario; esto sucede en el manipulado y
envasado de productos hortofrutícolas o en ciertas tareas agrícolas.
Los datos de que disponemos de población activa agraria nos dicen que
ésta se redujo en el primer trimestre del año el 1,13 por ciento en
relación al trimestre anterior, según los datos de la encuesta de
población activa. La tasa de paro en el sector agrícola referente a
mujeres, en el tercer trimestre de 1996 ocupábamos el 26,6 por ciento
mientras que los hombres el 15,1 por ciento. La mujer del medio rural y,
de modo más específico las mujeres agricultoras, tienen problemas propios
para acceder al empleo determinados por su territorio y el paisaje donde
desarrollan su actividad cotidiana. A ello se suman los condicionantes
propios de la actividad agraria. Es necesario abordar el tema con
decisión y energía, adoptando medidas de discriminación
positiva, medidas estructurales firmes como pueden ser el apoyo a la
creación de cooperativas específicamente para mujeres, programas de
formación específicos y continuados, información continua y adecuada
sobre iniciativas y posibilidades existentes, aproximación de los centros
de información y formación al medio rural dirigido explícitamente para
mujeres, creación de infraestructuras y servicios que aligeren de carga
familiares y les proporcionen más tiempo para participar en programas de
formación, etcétera.
Señor subsecretario, tenemos que seguir avanzando en el tema de las
mujeres agricultoras y para ello hace falta algo más que buenas
intenciones, de las que no dudamos, por supuesto, pero necesitamos
partidas presupuestarias. Es verdad, como usted muy bien ha dicho y he
podido ver en todos los datos que he podido recoger, que se ha avanzado
mucho. Casi todos los datos que me ha proporcionado son del año 1994 al
año 1996, de lo cual como socialista me felicito bastante (durante esos
años se avanzó mucho en los temas de mujer y también, cómo no, de mujeres
rurales y agricultoras), pero aún queda mucho camino por recorrer. Por
eso, termino, señor presidente, con la seguridad desde mi grupo --que
seguro es un objetivo compartido con el Gobierno--, de que será posible
mejorar la situación laboral de un colectivo tan importante como son las
mujeres agricultoras para el Grupo Socialista.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): Simplemente quiero puntualizar o matizar
algunas cuestiones porque creo merecen la pena.
En primer lugar es evidente, y estamos todos de acuerdo, que queda mucho
por hacer en este ámbito. Creo que el Gobierno tiene muy clara la
política a desarrollar en este ámbito, y así se manifiesta en el Plan de
igualdad al que usted ha hecho referencia y en las medidas a que yo he
hecho referencia, aunque sea sintéticamente. En todo caso también hay que
tener en cuenta que llevamos un año de ejercicio presupuestario, por
decirlo de alguna forma. Estamos en el primer año del ejercicio
presupuestario, lo anterior era el ejercicio presupuestario heredado; por
tanto, tampoco se pueden hacer muchas cosas durante un único ejercicio, y
creo que las hechas son suficientes. De hecho, insisto, en el año 1997
son 11.000 millones de pesetas puestos por parte del Estado a disposición
de estas políticas activas en materia de equiparación, fomento y ayuda a
la mujer en el mundo rural y 13.000 millones de pesetas, insisto,
previstos para el año 1998. Pero le digo más, tenemos que tener en
cuenta, como he dicho antes, que estamos en la Unión Europea y que,
lógicamente, las ayudas no solamente son del Estado, sino que proceden de
programas comunitarios. Pues bien, en el programa Leader-II le puedo
asegurar que los datos específicos contrastables en este sentido --no es
que se manejen, sino que están allí, que existen-- en materia de creación
de empleo hacen prever cerca de 3.000 puestos de trabajo en ese programa
y en materia de consolidación de empleo, 2.000 puestos de trabajo, y en
el Proder, años 1996 a 1999, en materia de creación de empleo 2.000
puestos de trabajo y 1.000 puestos de trabajo en consolidación de empleo.
Quiero decirle que esto en cifras netas supone nada más y nada menos una
inversión total de 186.000 millones de pesetas respecto del programa
Leader-II y 84.500 millones de pesetas respecto del programa Proder. Por
tanto, yo creo que el esfuerzo en términos de pesetas, por decirlo de
alguna manera y para que nos entendamos, es probablemente insuficiente
para conseguir la involución en la línea que usted ha descrito y con la
que yo tampoco coincido en su totalidad, aunque creo que sí es suficiente
para estar esperanzados respecto de que en un futuro medianamente
próximo, a medio plazo, pueda hablarse de una equiparación real de la
mujer en el mundo rural y en el mundo agrario frente a lo que es hoy la
posición del profesional de la agricultura varón en esos dos campos,
lógicamente insisto, dentro de la agricultura.
Las tasas de paro a que usted ha hecho referencia únicamente ponen de
relieve la existencia de una realidad cambiante, realidad cambiante que,
evidentemente, es obligación del Gobierno potenciar en cuanto al cambio y
a la denominación del cambio, e insisto en que esa trayectoria histórica,
que estoy totalmente de acuerdo con usted ha existido, a partir del año
1996, y en concreto de 1997 y siguientes, se invierta como creemos que se
invierte con las cifras que he puesto sobre la mesa.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), ACERCA DE LA
INCOMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DE POSIBLES AYUDAS
NACIONALES AL SECTOR DEL ALGODON (Número de expediente 181/000926).
El señor PRESIDENTE: Para formular la tercera pregunta, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Al igual que mi compañera, quiero dar la
bienvenida a esta Comisión al señor Lamela y preguntarle sobre el sector
del algodón.
Coincidiendo con su toma de posesión, creo que casi le tocó vivir la
crisis del algodón y el plante de más de 3.000 algodoneros a las puertas
del Ministerio. Usted conoce perfectamente cómo circunstancias
meteorológicas especiales han generado que esté previsto un rebasamiento
de la producción del orden del 50 por ciento --alrededor de 375.000
toneladas es lo que se prevé recolectar en esta campaña--, y eso ha
generado una multa que la Comisión Europea ha anunciado y que ya habían
avanzado en el mes de febrero las organizaciones agrarias. Es por eso que
le vengo a formular la siguiente pregunta en relación con unos acuerdos a
los que habían llegado el pasado 25 de septiembre el MAPA y las
organizaciones agrarias, y es si el Gobierno considera compatibles o
incompatibles con
los reglamentos comunitarios posibles ayudas nacionales al sector del
algodón.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a su pregunta, tiene la palabra el
señor Lamela.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): Efectivamente, mi toma de posesión se
produjo prácticamente dos o tres días más tarde de la concentración a que
usted ha hecho referencia en el Ministerio.
En todo caso, con carácter previo y para centrar la cuestión, a lo mejor
es necesario hacer dos aclaraciones. Por una parte, que la cifra a que
usted ha hecho referencia --374.611 toneladas, 375.000 en números
redondos-- es lo que se denomina producción comunicada a la Unión
Europea, por lo que, evidentemente, ésta puede ser o no ser la producción
real definitiva. La cifra no la podemos tener de manera exacta hasta el
final de la recolección y, consecuentemente, una serie de cuentas
aritméticas que hay que realizar no se pueden hacer con la exactitud que
fuese deseable. En segundo lugar, a la vista de cómo está evolucionando
la cosecha hasta el día de hoy, tampoco parece que existan grandes
riesgos de superar esta estimación de las 375.000 toneladas, con lo cual
sí sería incorrecto, porque no estaríamos hablando, como indica la
exposición de motivos, de 125, casi 126 pesetas el precio mínimo, sino de
123, prácticamente 124 pesetas dicho precio mínimo.
Por otra parte también hay que tener en cuenta, y no se puede olvidar,
que en el ámbito de la Unión Europea existe la posibilidad de utilización
de lo que se denomina el segundo mecanismo, y dicho mecanismo se basa,
como usted sabe, en la cantidad nacional garantizada. Ahora mismo, si mal
no recuerdo, tenemos 249.000 toneladas, garantizadas con el primer
mecanismo, en base a la cantidad garantizada en la Unión Europea que son
1.031.000 toneladas, y cabe la posibilidad, que en este caso más que
posibilidad ya es bastante cierto, estamos hablando casi de una realidad,
de que entre en funcionamiento el segundo mecanismo, que nos llevaría a
una cantidad garantizada sensiblemente superior a las 249.000 toneladas,
estamos hablando de 270.000 toneladas, teniendo en cuenta, por tanto, que
es de una importancia trascendental el cambio, porque eso genera
automáticamente que los cálculos aritméticos que determinan el precio
final del algodón varíen sustancialmente.
Desde ese punto de vista, el paso de 249.000 a 270.000 toneladas nos
llevaría a pasar de un precio mínimo de unas 124 pesetas a otro en torno
a las 134 pesetas. Teniendo en cuenta, además, que a esto hay que añadir
las bonificaciones por calidad, transporte e IVA, estaríamos hablando de
que muy probablemente estemos en 144-145 pesetas el precio del kilo de
algodón para la presente campaña. Por tanto, creo que las cifras difieren
sustancialmente de las que usted ha señalado en su intervención.
En cuanto a la pregunta de fondo, es decir, si creemos que las ayudas son
incompatibles, aquí no se trata de creer o no creer, sino simplemente de
acudir a las normas comunitarias y ver qué dicen. En este caso es obvio
que al existir en el caso del algodón un régimen específico de ayuda,
cualquier ayuda del Estado --me estoy refiriendo a la ayuda a la
producción-- es incompatible con el sistema comunitario de garantía al
que he hecho referencia y que creo he tratado de sintetizar. No se puede
acudir a otros mecanismos de ayuda, como podría ser el de la avellana u
otros parecidos, porque éstos se basan en un reglamento comunitario que
lo autoriza por razones de conservación del espacio medioambiental, que
no es el caso del algodón, y porque, además, fue desarrollado, como usted
bien sabe, por un real decreto del año 1994, precisamente en base a la
disposición del reglamento comunitario.
Así, pues, creo que son dos cuestiones claramente diferenciables y que,
en todo caso, respecto del precio al que antes he aludido, estamos
hablando de un precio sensiblemente superior al que S. S. ha apuntado.
El señor PRESIDENTE: Para repreguntar o replicar a esta contestación,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias por su respuesta.
Los datos que usted ofrece son unos datos de expectativas yo diría que
generosas. No opinan así las organizaciones agrarias, y usted lo sabe,
pues en ese caso no se hubieran movilizado como lo hicieron hace
escasamente un mes.
Usted sabe que en el ejercicio pasado el precio del algodón, que las
desmotadoras abonaron a los más de 12.000 pequeños productores del
algodón, fue de entre 140-145, incluso 190 pesetas el kilo de algodón.
Eso significa en el mejor de los casos, suponiendo que los datos que
usted está aportando aquí fuesen ciertos, que yo dudo mucho de ello, que
estaríamos hablando de que este año los ingresos para los productores del
algodón van a tener una penalización importantísima, una penalización que
ustedes intentaron desviar, por lo menos la ministra en sus declaraciones
en Bruselas del día 23 de septiembre intentó desviar hacia las
desmotadoras. Creo que las desmotadoras no han sido receptivas de esa
propuesta y en este momento lo único cierto es que los productores de
algodón van a percibir del orden de 104 pesetas como anticipo del precio
final que usted avanza puede estar entre las 134 y 145 pesetas. En
cualquier caso, sería un mal menor.
Vuelvo a insistir en que, dentro de las propuestas que la ministra hacía,
había otras, como podía ser el compromiso que asumía de negociar con el
ministro de Economía para que en esta campaña el módulo por IRPF fuese
cero. Quiero preguntarle en qué grado de avance están estas
negociaciones, porque no he visto en la ley de acompañamiento ninguna
medida que haga referencia a ello. Me gustaría pedirle que, en el peor de
los casos, el acuerdo a que se llegó con las organizaciones agrarias el
día 25 de septiembre se cumpla y se cumpla ya.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a esta segunda pregunta del señor
Chivite, tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): No me gustaría extenderme, entre otras
cosas porque, por desgracia, no tengo tiempo para ello, pero sí hay una
cuestión que yo creo fue muy bien explicada por la titular del
departamento en su comparecencia en el Senado y que aparece recogida en
el «Diario de Sesiones» de la celebrada el día 8 de octubre de 1997. Yo
creo que esa sesión es importante por dos cuestiones. En primer lugar,
porque da una visión muy general del sistema comunitario de ayudas al
algodón y, además, muy técnica y muy precisa en cuanto al mecanismo de
ayudas que yo, a grandes rasgos y con mucha síntesis, he tratado de
explicar. Pone sobre la mesa algo absolutamente cierto y es que las
cosechas de algodón dependen de algo tan aleatorio como que estemos en
temporada de sequía o en temporada de humedad, y algo tan importante
también como que de las diez últimas campañas nueve años han sido con
penalizaciones y un año, por razones absolutamente excepcionales, sin
penalizaciones. Esto es algo, a mi juicio, sumamente importante, ya fuera
de los mecanismos que funcionan y de los que he hablado, en concreto con
respecto al acuerdo que usted ha citado con las organizaciones en este
caso, que está recogido literalmente y que no habla para nada de la
reducción del módulo, ni de su supresión ni de la situación del módulo
cero ni de negociaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda, y que
se refiere tan sólo a una garantía política por parte del Ministerio de
un precio mínimo de 120 pesetas. No debemos olvidarnos que estamos
hablando de un precio de 120 pesetas cuando realmente la Unión Europea ya
está garantizando 125 pesetas y cuando estamos diciendo que al día de la
fecha ya tenemos superada la cifra de las 120 pesetas. Estas son ideas
que deben tenerse en cuenta a efectos de valorar el grado de cumplimiento
o incumplimiento que S. S. manifiesta respecto de este acuerdo.
En todo caso, hay una cuestión fundamental, que es que ahí había una
manifestación expresa por parte del titular del departamento de un plan
de fomento y de calidad a través de los programas operativos que se
lleven a cabo mediante la creación de la interprofesión del algodón.
Evidentemente, esto tuvo una contestación, tuvo una aplicación, hay un
protocolo ya firmado, un preacuerdo para la constitución de la
interprofesión del algodón, firmado por todos los sectores.
Consecuentemente, el compromiso de ayuda a esa interprofesión por parte
del Ministerio para, insisto, la implementación de esa realidad que es la
interprofesión para la autorregulación del sector y para la
implementación, en su caso, de políticas que tiendan lógicamente a una
reordenación del sector, es un compromiso serio, firme y ha sido expuesto
en muchas ocasiones en este último mes, entre otras personas, por mí, por
el subsecretario, a las distintas organizaciones. Creo que ellas son
conscientes de que ese compromiso no solamente existe sino que
evidentemente se ha cumplido, se cumple y se va a seguir cumpliendo.
Otra cuestión es que, lógicamente, la implementación o la ejecución de
ese acuerdo, vía garantía, de que las desmotadoras no van a hacer el
descuento del 15 por ciento que se prevé como mecanismo de seguridad por
parte de la Unión Europea y consecuentemente esas 120 pesetas que se van
a abonar desde el primer momento y no las 104 pesetas que se abonan
inicialmente; otra cosa es, insisto, que ese mecanismo, que es
financiero, por decirlo de alguna forma, en el que el Ministerio ha
intervenido como ha podido, de acuerdo con la legislación comunitaria,
tratando de buscar una entidad financiera puesta a disposición de las
entidades desmotadoras para que puedan hacer, frente a coste cero a este
anticipo, también se ha conseguido, también se ha puesto sobre la mesa.
El que después pueda haber, que todavía no se sabe porque es pronto para
saberlo, decisiones por parte del sector que puedan ser más coyunturales
o estratégicas que de otro tipo, lógicamente es algo en lo que ni por
suerte ni por desgracia puede entrar el Ministerio, porque es algo que
forma parte del mercado y éste y la política empresarial a estos efectos
debe considerarse, creo yo, como libre.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, insisto, los compromisos del
Ministerio, que aparecen transcritos literalmente en el «Diario de
Sesiones» del Senado del 8 de octubre de 1997, son los que fueron y son
cumplidos escrupulosamente por el Ministerio y van a seguir siéndolo. En
todo caso, creo que no debe trasladarse a la colectividad una falsa
percepción de la realidad en cuanto a lo que estamos hablando. Insisto,
estamos hablando de una garantía de 120 pesetas cuando ya las tenemos
sobrepasadas; estamos hablando de 144 pesetas probablemente. Pero, en
todo caso, si usted dice que no sabe si mis cifras son ciertas yo tengo
que alegar que yo tampoco sé si las suyas lo son, porque todavía no
sabemos cuál es la cantidad final garantizada y cuánto es, en definitiva,
la liquidación última que se hará respecto de estas ayudas.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CAUSAS
DE LA ALTA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR AGRARIO (Número de
expediente 181/000937).
El señor PRESIDENTE: Para formular la cuarta pregunta tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Tal y como viene en la exposición de motivos de
la pregunta, usted sabe que el número de accidentes con baja producidos
en el sector agrario sigue siendo muy elevado. Concretamente en mayo se
registraron 3.542 accidentes de trabajo y, aunque descendió en junio a
1.629, la cifra media del semestre se situaba en 3.786 accidentes con
baja, que es muy superior a la media del año pasado.
El sector agrario, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, ha sido el de mayor incremento de la
siniestralidad laboral, produciéndose 609 accidentes graves, un 11,1 por
ciento más que en el ejercicio anterior, y 54 con resultado de muerte, lo
que significa un 2 por ciento más que en el año anterior.
Es por ello que le vengo a formular la siguiente pregunta. ¿A qué causas
imputa el MAPA la alta siniestralidad laboral en el sector agrario? Y si
cree que es suficiente ese plan de medidas de choque que ha anunciado que
piensa adoptar el Gobierno para reducir el índice de siniestralidad
laboral en términos generales y en qué puede incidir en el sector
agrario.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Lamela
Fernández): Lo primero en lo que me querría concentrar es en la pregunta.
Al referirse al sector agrario lo podemos entender en dos sentidos:
stricto sensu en cuanto a la agricultura exclusivamente o en sentido
amplio, como habitualmente se considera, que es agricultura y pesca, por
decirlo de alguna forma, como sector. Yo voy a tratar de manejar los
datos de los dos. Pero insisto en que también sería conveniente
centrarnos en las dos vertientes, porque tienen realidades absolutamente
diferenciables y con consecuencias lógicamente desde el punto de vista de
la siniestralidad absolutamente diferentes. Consiguientemente, a
situaciones distintas, tratamientos distintos.
Los datos que usted ha manejado, y que ahora voy a tratar de comentar y
centrar, como todo dato de siniestralidad es preocupante, porque tiene
que serlo, lógicamente, y siendo no deseable y necesariamente combatible
para su reducción, deben interpretarse en sus justos términos y tratar de
no generar cualquier atisbo de alarmismo en torno a un riesgo creciente
dentro de un sector que creo que realmente no lo tiene. No se trata,
lógicamente, de que desmienta que hay siniestros y que deben de evitarse.
Eso no es lo que estoy desmintiendo; lo que estoy diciendo es que no
estamos, en términos comparativos con respecto a otros sectores,
manejando unos datos que permitan hablar de cualquier posición de tipo
alarmista. Utilizando datos que no son del Ministerio y que, por lo
tanto, son absolutamente fiables o, por lo menos, no descartables a
priori, tenemos que decir que lo que es el sector agrario en su sentido
más amplio, al que antes me he referido, está en el año 1996 en unas
cifras en torno al 31,1 por ciento, índice de incidencia del sector
agrario.
Si nos referimos a lo que no es sector agrario estamos frente al 66,3 que
sería el resto, pero si nos comparamos con otros sectores tenemos en
industria casi un 99,6 por ciento; en construcción el 158,7 por ciento y
en servicios el 41,2. Esto me lleva a decir lo que he manifestado antes,
que aun siendo elevada la cifra, evidentemente, en comparación con otros
sectores hay que entender que es razonable. Creo que lo fundamental de
aquello a lo que nos estamos refiriendo es hacer la dicotomía entre los
dos grandes bloques o grandes ramas del sector agrario, entendido éste en
sentido amplio; por una parte, lo que es la agricultura, la ganadería, la
caza y la silvicultura y, por otra, lo que es la pesca y la acuicultura.
Lógicamente porque, como he dicho antes, son realidades bien
diferenciables a las que deben de aplicarse, entendemos, medidas
sensiblemente distintas, medidas que, además, no son teóricas sino que
están ya en nuestro ordenamiento jurídico, que han sido ya implementadas
por este Gobierno durante este ejercicio y que vemos que empiezan a dar y
deberán seguir dando a medio plazo un resultado de reducción en términos
reales y en términos netos de esta tasa a la que S. S. ha hecho
referencia.
En lo que se refiere en concreto al sector de la agricultura tenemos que
decir que la causa de siniestralidad por la que S. S. pregunta, y de la
que estamos hablando en este caso, es de un 6,9 por ciento en el ámbito
de la agricultura stricto sensu. Si hablamos de accidentes leves
mencionaremos el 6,8; graves el 11,4 aproximadamente y mortales en torno
al 9 por ciento. Hay que residenciarlos en dos vertientes: una, los
tractores y, otra, los productos fitosanitarios. Y eso no porque los
tractores o los productos fitosanitarios sean intrínsecamente malos, al
contrario, sino por el indebido uso evidentemente de los productos
fitosanitarios o por el uso por persona no capacitada de esos productos o
por imprudente uso del tractor en el medio agrario. Se trata de hablar de
medidas y desde esa perspectiva he de decirle que las medidas tomadas por
este Gobierno se centran, respecto a los tractores, en la obligatoriedad
de creación de estructuras de protección para casos de vuelco,
estructuras de protección homologadas por la estación de mecánica
agrícola que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por otra parte, existe también en el ámbito fitosanitario, que es la otra
cuestión a la que he hecho referencia, un registro que depende del
Ministerio de Agricultura y en el que antes de conceder autorización para
un producto fitosanitario se requiere un informe preceptivo del
Ministerio de Sanidad para que los productos que aparecen en circulación
y que son empleados, en este caso, por los profesionales, tengan las
garantías necesarias para su uso. Pero, como he dicho antes, no estamos
hablando de problemas en cuanto al producto, en términos generales, sino
del mal uso o del uso imprudente del producto. Para ello también hemos
tratado de implementar algún tipo de medida que entendemos que es
importante y que tiende a lograr una capacitación específica ante el
profesional a través de la homologación de cursos que acreditan esa
cualificación específica y que requiere una titulación para el uso y
empleo de este tipo de productos fitosanitarios.
En materia de pesca, y coincido con usted, el riesgo es mayor, y la
siniestralidad también es mayor, porque lógicamente estamos ante una
actividad de mayor riesgo, como es obvio. En este sentido, las medidas
tomadas también son visibles porque están publicadas en el Boletín
Oficial del Estado. Hay un Real Decreto del año 1997, de 18 de julio, que
contempla las medidas de seguridad y salud a bordo de los buques, que
consideramos que son suficientes para tratar de invertir la curva a la
que S. S. ha hecho alusión y, consecuentemente, lograr en términos reales
una mayor seguridad de nuestros pescadores a bordo de los buques de
pesca.
El señor PRESIDENTE: Para preguntar o replicar tiene la palabra el
portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: En primer lugar, no estoy de acuerdo en cuanto
a esa falta de alarmismo que parece anunciar en su respuesta respecto de
los datos. Para nosotros, señor subsecretario, un solo accidente, una
sola muerte ya es alarmante; por lo tanto, y usted lo sabe, velar por la
seguridad y por la higiene en el trabajo es uno de los principios
rectores de cualquier política económica y social, y es una función que
la Constitución nos encomienda a todos los poderes públicos.
Precisamente, las profundas transformaciones que se han experimentado en
la producción, especialmente en el sector agrario, obligan a una
permanente actualización de esas medidas de prevención y de protección de
la salud y de la seguridad laboral de todos los trabajadores, y ello
obliga a una actuación política coherente, coordinada y eficaz.
Usted antes ha manifestado su criterio y ha hecho alusión a que las
causas fundamentales de los accidentes se deben al mal uso de la
maquinaria y de los fitosanitarios. Esa cultura preventiva que debe
implantarse y fomentarse requiere la promoción de la mejora de la
educación para la salud de todos los trabajadores que manipulan ese tipo
de herramientas o de productos, para conseguir la mayor seguridad laboral
en todos los niveles. Y en este caso del sector agrario, si quiere usted
dividido en los dos grandes subsectores de pesca y agricultura y todos
sus derivados se requiere una evaluación previa de los riesgos de cada
actividad, una planificación correcta y la coordinación de acciones para
la prevención y la protección. No comparto el criterio de que los
accidentes laborales se producen por la fatalidad, la mala suerte o la
casualidad; a mi juicio todos los accidentes de trabajo tienen una
causalidad. Todos ellos son derivados de causas concretas que la mayoría
de las veces ponen de manifiesto, casi siempre tarde, una inadecuada
evaluación de esos riesgos, una incorrecta planificación, una
insuficiencia de medidas y faltas de control e inspección en cuanto al
cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en una época en que
parece primar, y más con este Gobierno, que el mercado todo lo puede y
que el mercado todo lo soluciona, que lo importante es producir pese a
quien pese y cueste las vidas o las mutilaciones que cueste. Por eso yo
le tengo que decir que desde el sector agrario y pesquero se debe poner
especial atención para invertir la curva ascendente de siniestralidad
laboral. En ese sentido quisiera preguntarle si le consta que se han
incrementado las actas de inspección que se han levantado en el medio
agrario y pesquero; si le consta que se han puesto ya en marcha medidas
específicas, no genéricas, como se han puesto en otros sectores
industriales o en la construcción, que sabemos que es una de las lacras
que en estos momentos arrastramos respecto a la siniestralidad laboral;
en definitiva, si todas estas medidas específicas y concretas se han
puesto en funcionamiento en coordinación entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
sobre todo las dirigidas a estos sectores tan específicos. Como usted
apuntaba, y yo lo he dicho en mi exposición, los avances tecnológicos son
tan importantes que exigen una adaptación constante y permanente de los
trabajadores que van a manipular productos (en estos momentos tenemos a
las puertas el tema de la biotecnología, que ya se está utilizando, y
puede ser objeto de nuevos riesgos laborales en un futuro muy próximo).
El señor PRESIDENTE: Para contestarle tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Lamela
Fernández): Efectivamente comparto con usted una afirmación, y es que es
suficiente tan sólo una muerte para crear la alarma en el sentido de que
lógicamente hay que poner los medios necesarios para evitarla. Desde ese
punto de vista, he querido transmitir que no podemos trasladar a la
opinión pública o a los sectores, en este caso, una falsa percepción de
la realidad; es decir, que cualquier persona que suba a bordo de un buque
pesquero tenga grandes posibilidades de colisión, varada, embarrancada,
incendio, avería o naufragio; creo que eso no sería razonable. Eso es lo
que he querido decir, que no se deben de entender las cifras de forma que
nos lleven al alarmismo; más aún, insisto, cuando en relación con el
resto de los sectores las cifras son relativamente bajas y, más aún,
cuando la tendencia de las cifras lejos de incrementarse parece que están
estacionadas y esperamos que tiendan a su reducción.
En cuanto a medidas concretas, a las que ya he hecho referencia, quiero
decir que medidas específicas, como el Real Decreto al que he hecho antes
referencia, de 18 de julio de 1997, sobre seguridad, en este caso de los
buques de pesca, son medidas que no nacen de manera unilateral. Usted
habla de la acción coordinada de ministerios, y yo le digo que no han
nacido de manera unilateral; son medidas que nacen en el seno de órganos
de participación y de colaboración interministerial, el del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio de Fomento, que tiene mucho
que decir en materia de transportes, y a través de la interlocución con
organizaciones empresariales y sindicales --que a nuestro juicio es muy
importante y vamos a seguir potenciando--, ya que lógicamente conocen los
peligros que subyacen y que existen en la utilización y en el empleo de
estos medios, tanto en el mar como en el medio agrario, y lógicamente
oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por lo tanto, insisto, se trata no de medidas unilaterales, aunque sean
implementadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
sean promovidas en el ámbito de sus competencias por dicho Ministerio,
sino que son medidas en las que colaboran y cooperan en su desarrollo e
implementación todos los ministerios afectados. Además, quiero decirle
que dentro de esa Comisión a la que antes he aludido de Seguridad y Salud
en el Trabajo, que como sabe ha iniciado su andadura para el estudio, se
ha creado un grupo de trabajo en el que existe un representante del
Ministerio de Agricultura para la aplicación de la normativa de seguridad
y salud en el trabajo en el sector marítimo-pesquero. Es importante que
las conclusiones de este grupo de trabajo se trasladen a nuestro
ordenamiento jurídico y que se haga en forma de medidas, y ésta es la
apuesta decidida que se realiza tanto de mi Ministerio
como desde todo el Gobierno. Puede tener la absoluta certeza de que, en
todo caso, el Gobierno está dispuesto a adoptar cuantas medias sean
técnicamente necesarias y pertinentes para incrementar la salud y, en
este caso, la seguridad profesional de los trabajadores o de los
empleados del mar y de la agricultura, en definitiva de los profesionales
del mar y de la agricultura, siempre que esas medidas sean razonables y
susceptibles de desarrollar.
En todo caso estamos dentro del marco comunitario; hemos traspuesto las
directivas comunitarias en materia de seguridad en estos dos ámbitos a
los que hemos aludido. Como usted ha hecho mención a los servicios de
inspección de los ministerios competentes, tengo que decirle que la
política de los ministerios competentes en materia de inspección, ya sea
en Transportes como en las áreas propias del Ministerio al que
represento, es la de incremento de estos servicios y de la dotación de
medios humanos para el desarrollo de estas funciones a través de la
convocatoria de las correspondientes pruebas selectivas, algunas de las
cuales ya han sido desarrolladas y culminadas en este ejercicio.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO REMITE LAS TABLAS DE EVOLUCION DE LOS
HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESPAÑOLES A LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS Y
DEMAS RECEPTORES HABITUALES (Número de expediente 181/000993).
El señor PRESIDENTE: Para formular la quinta pregunta del orden del día,
tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Cunillera i
Mestres.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Quiero sumarme a la bienvenida al señor
subsecretario a esta Comisión, y espero que podamos colaborar de una
manera fructífera.
En cuanto a la pregunta referida a las tablas de evolución de los hábitos
alimentarios, creo que no hay que resaltar la importancia que tiene para
organizaciones agrarias y para organizaciones interesadas en el sector, y
sorprende que hayan dejado de recibirlo de una manera habitual como venía
siendo norma a lo largo del tiempo. Por eso le pregunto al señor
subsecretario qué motivos ha tenido el Gobierno para dejar de remitir a
esas organizaciones y demás receptores habituales las tablas de evolución
de los hábitos alimentarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario, para
contestarle a su pregunta.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Lamela
Fernández): Agradezco su bienvenida y, como he dicho en varias ocasiones,
esta Comisión me tiene a su disposición para colaborar en todo lo que sea
pertinente.
En cuanto a la sorpresa que usted ha manifestado en su pregunta, tengo
que decirle que lo primero que me sorprende es la pregunta en sí misma, y
trataré de explicarme. Las tablas de evolución de los hábitos
alimentarios no ha sido una práctica habitual en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, como parece que se desprende de su pregunta. Le voy a
comentar que, aunque el estudio se viene realizando desde el año 1986, la
información mensual sistematizada, a la que usted hace referencia, tan
sólo se ha distribuido durante el año 1995 y durante los primeros nueve
meses del año 1996. Esto es lo que podríamos hablar de práctica habitual
en los términos que usted ha aludido. Con anterioridad solamente se hacía
una publicación anual de unos resultados en un libro que edita el
Ministerio, que se llama La alimentación en España, y se facilitaba
aquella información puntual y concreta que se solicitaba por personas
interesadas, por sectores o por organizaciones, en una media habitual de
unas 400 peticiones al año que se contestaban y se siguen contestando. A
partir de octubre de 1996 se puede preguntar qué es lo que pasa. Pues
bien, suceden dos cosas. En primer lugar, que en octubre de 1996 finaliza
el contrato con la empresa adjudicataria de este servicio técnico en
materia de recogida de datos de información, que era la empresa que
colaboraba con el Ministerio desde hacía tres años.
Segunda cuestión. ¿Qué sucede en octubre del año 1996, cuando ya se
produce el relevo del equipo de Gobierno del Ministerio? Que no existe
presupuesto para abordar el resto del ejercicio. Por tanto, desde ese
punto de vista, lo que no hay es dinero suficiente para renovar el
contrato o volverlo a sacar a concurso. Se había gastado la totalidad del
presupuesto correspondiente al año 1996 en el mes de mayo del año 1996.
En todo caso le quiero informar de lo que sucede a partir del año 1997.
Con los nuevos presupuestos aprobados, y una distribución de recursos que
entendemos adecuada para las perspectivas que se exigían respecto de este
tema, se convocó el correspondiente concurso público para adjudicarlo, de
acuerdo con la normativa de la Ley de contratos de las administraciones
públicas. Pues bien, este concurso quedó desierto, y le puede sorprender
también a S. S. por qué queda desierto. Queda desierto en primera
convocatoria porque los pliegos de cláusulas que el actual equipo de
gobierno del Ministerio realiza o confecciona son inmensamente más
rigurosos y técnicamente más complejos que los que existían hasta ese
momento. ¿Por qué? Porque se pretendía, en primer lugar, una mayor
calidad del dato y, en segundo lugar, una mayor fiabilidad del mismo.
Desde esta perspectiva --insisto-- hubo que dejar desierto el concurso en
primera convocatoria por cuanto que ninguna de las empresas licitadoras
se acomodaban a ello.
Lógicamente desde el punto de vista de las dos vertientes, a las que hace
referencia la pregunta que usted alude, quiero decir que, por una parte,
en el consumo extradoméstico y en el consumo doméstico, que son las dos
vertientes, la calidad a la que me estoy refiriendo es traducible en
cifras y en datos técnicos. Antes, en el consumo extradoméstico, los
resultados eran anuales con dos encuestas semestrales a 500
establecimientos y ahora lo que se ha pedido
en el pliego de cláusulas, del que después volveré a hablar, son
resultados mensuales, no anuales, globalizados trimestralmente, no
anualmente, a 700 establecimientos. En el ámbito del consumo doméstico
antes eran 2.500 encuestas, por decirlo de forma que nos entendamos, y
ahora pasamos a 4.800, con datos obtenidos semanalmente y no con carácter
anual. Por tanto, insisto, hay un incremento en la fiabilidad y
consecuente y automática disminución del riesgo de error. Además se
incluye otra casa que no existía, que son los datos de distribución de
productos frescos, antes sólo estaba la alimentación seca (aceite, arroz
y legumbres), y ahora se incluyen también los productos frescos. Todo
esto, insisto, genera que en la segunda licitación sí haya una
adjudicación, si concurra una empresa que asume este reto --ya que de
hecho es un reto y está en ello-- y todo ello con una disminución del
presupuesto respecto al anterior ejercicio de un 19 por ciento; es decir,
es un 19 por ciento más barato de lo que venía haciéndolo el anterior
adjudicatario.
En cuanto a los datos que se están manejando ahora mismo quiero decir que
son datos provisionales, ya que como siempre que se hace un cambio de
empresa --por decirlo de alguna forma-- estos datos hay que contrastarlos
y cuando estén contrastados y verificados por lo que se refiere a la
calidad y a la fiabilidad, en este caso del servicio que presta la
empresa y consecuentemente la fiabilidad del dato, se harán públicos en
la forma que usted entendía que habitualmente se venía haciendo y que
lamentablemente no se venía haciendo.
El señor PRESIDENTE: Para replicar o volver a hacer preguntas, tiene la
palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor subsecretario, si usted y yo duramos
lo que dure esta legislatura, ya verá que soy bastante inmune a esos
panegíricos de retorno y apelaciones al pasado, que siempre vienen al
caso; también lo soy bastante a la autopropaganda que cada uno se pueda
hacer desde el Gobierno, desde el puesto de responsabilidad que ocupe en
cada momento. A mí me parece bien que usted haya aprovechado para decir
que van a hacer unas tablas tan buenas, tan bonitas y que van a ser
estupendas. No me alegro, en absoluto, de que a ustedes les vaya mal. Me
alegro mucho de que usted me diga que van a hacer una encuesta que va a
ser mucho mejor que la que se hacía hasta ahora, pero esto me hace ser
mucho más constante en mi pregunta y es que todavía es más necesario el
envío. Esta pregunta no está provocada por ninguna sorpresa, por ningún
retorcimiento, ni porque haya nada oculto detrás de ella. Hago esta
pregunta porque una organización agraria me dice que le son muy útiles
para su desarrollo, para la ordenación de su producción, para su posible
proyección de futuro, las tablas de evolución de los hábitos
alimentarios. Tampoco pienso discutir qué entiende usted por habitual, si
es todo el siglo, medio siglo, o un año. Me da lo mismo. Lo que pasa es
que había un hábito que, si no estaba consolidado, se estaba consolidando
y que, para las organizaciones agrarias, en concreto las que han hablado
conmigo, les era muy útil. Si encima me dice usted que se van a hacer
mejor, pues tanto mejor; serán más útiles todavía.
Lo que yo le digo, señoría, es que en 1996 no es que el presupuesto
estuviera agotado, es que en 1996 no había presupuesto. Había una
ampliación del presupuesto de 1995 y, por tanto, si usted dice que estaba
agotado y estaba mal agotado, dígalo. Diga por qué y en qué se había
gastado. Lo que venimos viendo, y en este momento se está debatiendo el
proyecto de presupuestos en una Comisión paralela a ésta, es que su
Ministerio hace una disminución en publicaciones respecto al año 1996,
del 50 por ciento. Pero si usted cree que hay publicaciones que no se
deben hacer podemos estar de acuerdo y podemos apoyarle. Lo que no creo
que haya que dejar de hacer son las tablas de las que estamos hablando en
este momento porque creo que son útiles, y encima usted me dice que van a
ser mucho mejores.
Puestos en la sorpresa general en la que nos movemos usted y yo esta
tarde, me dice que el concurso se declara desierto porque se pide mayor
rigurosidad, mayor calidad y se piden más datos. ¿Qué me está diciendo?
¿Que las empresas que iban a competir a esos concursos habitualmente no
estaban preparadas para las condiciones que ustedes les ponían? Pues
bien, en la segunda convocatoria se la han dado ustedes a una empresa a
la que seguramente no le vendría de nuevo lo que pedían en la primera
convocatoria, ya que la segunda convocatoria no sería muy distinta de la
primera. ¿O es que en la segunda han rebajado ustedes el planteamiento
para que sí haya empresas que puedan competir o adjudicarse ese concurso?
Me alegra conocer lo que usted me ha contestado, porque constará en el
«Diario de Sesiones» y porque así sabremos en las condiciones que se
hacen estas tablas. Pero tengo que seguirle insistiendo en que, para las
organizaciones agrarias, para receptores en las universidades, para
tantos otros ámbitos en los que seguramente usted y yo nos podríamos
poner de acuerdo, es necesario que esas tablas se sigan remitiendo.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Lamela
Fernández): Lamento que haya entendido mi intervención como un retorno al
pasado. Simplemente he tratado de dar datos, en este caso datos
presupuestarios intervenidos por la Intervención General de la
Administración del Estado, con lo cual entiendo que son datos objetivos y
no datos de valoración política.
Me sorprende que diga que no había presupuesto en el año 1996, entre
otras cosas porque eso va en contra de la Constitución que no prevé ese
supuesto. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se
perciben.) La prórroga del presupuesto es presupuesto. Lo que pasa es que
es idéntico al del ejercicio anterior; en todo caso es presupuesto. Por
tanto, el crédito y la partida es la misma. Lo único que no varía es la
cuantía.
Lo fundamental que es de lo que estamos aquí hablando, es que me dicen
dónde se había gastado este dinero. No lo sé. Supongo que en esta partida
presupuestaria y que no haya ido a financiar algo del déficit que
encontró el nuevo Gobierno cuando se hizo cargo del poder. En todo caso,
insisto, creo que éstas son cosas aleatorias y accesorias y que lo
fundamental es que hay un compromiso y que ese compromiso se ha
trasladado a un pliego de cláusula y a una adjudicación de mejora en la
calidad del dato, que creo que es fundamental para que éste sea más
fiable y que estas encuestas estén en disposición de los sectores cuanto
antes, cosa a la que usted me ha invitado, y yo le digo que van a estar
cuanto antes. Espero que estén antes de lo que estuvieron en el año 1993,
porque la vez anterior, cuando se produjo el cambio de empresas --por
decirlo de alguna forma-- se hizo en el año 1993 y los primeros datos no
se facilitaron hasta el año 1995. Vamos a ver si haciendo el cambio en el
año 1997 conseguimos en el año 1998 tener los primeros datos.
Por tanto, le contesto: no se han rebajado las condiciones de
adjudicación del pliego de condiciones, se han mantenido, lo único es que
habrá habido --lógicamente, porque así se ha producido-- empresas que a
posteriori han valorado la situación o habrán entendido que podían asumir
un riesgo adicional que inicialmente no quisieron asumir. Eso es una
cuestión que entra dentro de la relación de riesgo empresarial y,
lógicamente, ni el Gobierno ni la Administración pública pueden entrar en
ello. Evidentemente, la adjudicación se realiza con arreglo a Derecho y,
consecuentemente, ahora, como he dicho al principio, estamos controlando
la calidad del servicio prestado y verificando la fiabilidad del dato
antes de proceder a su distribución. En todo caso, le recuerdo que hay
peticiones anuales individualizadas sobre datos concretos que se hacen
llegar al Ministerio y que estos datos, en cuanto están a disposición del
Ministerio, se facilitan a los sectores interesados.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO REMITE EL INVENTARIO AGRONOMICO A LAS
ORGANIZACIONES AGRARIAS Y DEMAS RECEPTORES (Número de expediente
181/000994).
El señor PRESIDENTE: Para formular la sexta pregunta del orden del día,
tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Sobre la pregunta número seis, el
razonamiento ya lo he hecho en la anterior; le pregunto también los
motivos por los que no se remite el inventario agronómico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Lamela
Fernández): Aquí tendríamos que volver a distinguir, cuando hablamos de
inventario agronómico, de qué estamos hablando porque, lógicamente,
dependiendo de lo que estemos hablando la contestación puede ser
distinta. Voy a tratar de plantearme todas las posibles alternativas y
dar contestación a las mismas que S. S. pueda estar pensando.
En primer lugar, si hablamos de lo que es un inventario agronómico
global, en el sentido más amplio del término, tengo que decir lo que he
dicho antes: hace muchos años que esto no existe; son tantos que no han
conseguido darme el dato en el Ministerio. Existen antecedentes
históricos, pero como tal inventario agronómico no se ha hecho desde hace
muchos años. Esto no lo estoy criticando. El abandono de este tipo de
trabajos es un abandono que técnicamente es justificable y correcto
porque es tremendamente laborioso y produce rápida obsolescencia en el
dato. Consecuentemente, la información obtenida es de muy alto coste, muy
poco rentable y muy poco utilizable. Por ello, entiendo que se dejó de
hacer este inventario agronómico global. Lógicamente, sí se han hecho
inventarios agronómicos parciales, y se han hecho fundamentalmente con
posterioridad a los años setenta, inventarios de frutales, inventarios de
olivares y otros parciales hasta el año 1986. A partir del año 1986
tampoco aparecen estos inventarios agronómicos parciales. No obstante,
tengo que decir que están a disposición de las organizaciones
profesionales agrarias los inventarios a los que me estoy refiriendo que
forman parte de lo que es el fondo bibliográfico del Ministerio; insisto
en que están a disposición de las organizaciones.
Hoy tenemos el registro vitícola, que recoge datos de superficies de
viñedo y su distribución y producciones obtenidas, información que,
lógicamente, como no podía ser de otra forma, se pone a disposición de
las OPA. También tenemos, lógicamente, el censo agrario que, como sabe
usted, no realiza el Ministerio de Agricultura, aunque puede ayudar a su
elaboración, pero lo realiza el Instituto Nacional de Estadística y
contiene todo tipo de datos referente a la agricultura y a la ganadería,
datos, insisto, físicos, productivos, económicos y laborales; datos,
lógicamente, estadísticos. Lo que acabo de decir no significa que el
Ministerio abandone la idea de realizar este tipo de inventarios
agronómicos, si se pueden llamar así, insisto, con los problemas técnicos
que creo que podrían tener si los utilizamos stricto sensu, sino todo lo
contrario; es decir, nosotros no hemos renunciado a esta tarea, no hemos
renunciado a la tarea de la investigación y de la estadística que creemos
que es absolutamente importante para la gestión del día a día y para la
planificación de futuro. A estos efectos estamos y seguiremos realizando
estadísticas concretas y obtención de datos concretos que creemos que
pueden llevar a conocimientos de relieve. Por una parte, en primer lugar,
lo que se llama una estadística de superficies, que refleja los datos de
las superficies destinadas a cultivo y el aprovechamiento concreto de las
superficies destinadas a cultivo. En segundo lugar, la estadística de
aforos de cosecha que, como sabe S. S., ofrece datos de rendimientos
medios
por hectárea. Y, en tercer lugar, como consecuencia de la combinación de
las dos cuestiones a las que he hecho referencia, lógicamente los datos
provinciales de superficies y producciones que se contrastan con las
combinaciones provinciales de estadística agraria antes de convertirse en
resultados definitivos.
En definitiva, desde ese punto de vista, quiero decirle que, con
independencia de que por la redacción de la pregunta se pueda discutir de
qué tipo de inventario estamos hablando y qué tipo de datos, más que de
inventario, son los que se pretenden obtener para el uso de las OPA, el
Ministerio está trabajando en ello. Esos datos, según se van teniendo,
están a disposición de las OPA y, consecuentemente, entendemos que
respecto a los anteriores no tenemos más que lo que está en el fondo
bibliográfico del Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la
señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Me permitirá que, como es el último turno
en el que voy a poder hablar, aproveche para decir alguna cosa de la
anterior pregunta.
Señor subsecretario, usted ha dicho que no iba a hacer valoraciones
políticas, pero francamente, Dios me libre del que las vaya a hacer si
usted no las hace. Ha dejado caer aquí un par de cosas que creo que
deberíamos aclarar. Cuando usted dice: el equipo de Gobierno se encontró
el presupuesto del año 1996 gastado, no me lo confunda usted con déficit.
Otra cosas es que me diga usted que se ha gastado el presupuesto al mes
de octubre --creo recordar que lo ha dicho usted--, pero eso no es un
déficit, eso es que se ha gastado el presupuesto. Por tanto, le querría
pedir por favor que esto no lo confundiera, porque podría quedar la
confusión sobre la mesa y volveremos otra vez al tema de los agujeros.
Cuando este equipo de Gobierno ya tiene un período de gobierno
consolidado es una tentación a la que todos podríamos recurrir, pero yo
no lo pienso hacer.
Me dice usted que se ha hecho la adjudicación con arreglo a Derecho,
¡pues sólo faltaría!, ya me lo imaginaba. Otra cosa es que a mí me choque
que en la primera convocatoria no se presente nadie o las empresas que no
se presenten lo puedan hacer en la segunda, y esto me tendrá que
reconocer que me pueda producir una cierta perplejidad. Con esa empresa,
¿qué pasó? ¿Se reconvirtió sobre el camino? ¿Pudo contratar más gente? A
lo mejor es eso. Ahora, no me insista en lo de la adjudicación con
arreglo a Derecho porque no puede ser de otra manera.
Hablando de la pregunta número seis, me dice usted a qué inventario me
refiero. Me refiero justamente al conjunto de datos que usted ha
denominado parciales; bien, llamémosle inventarios parciales. Creo que
nos vamos a ver más veces, porque toda la información que usted ha dejado
sobre la mesa me parece muy interesante seguirla y me parece más
interesante su declaración de que no han renunciado a la tarea de llevar
esto a cabo y tenerlo actualizado. ¿Usted me va a poder creer, o no? Las
cuestiones de la fe vienen de otro sitio, aquí no las reparten. Yo le
puedo asegurar que cuando le he hecho estas dos preguntas se las he hecho
porque las dos responden a elementos que son buenos, básicos para el
sector para poder trabajar. Le aseguro también que no le voy a hacer
apelaciones de si había posibilidades presupuestarias o si no las había.
Usted me dice que esto lo van a reiniciar, que lo van a hacer mucho más
barato, más rentable, más serio y riguroso; tendremos ocasión de verlo.
Sólo quiero decirle, señor subsecretario, que tendremos ocasión de hablar
en el futuro de los parciales que me ha hablado usted en este momento,
como de las tablas, y tendremos ocasión de ver si resultan como usted nos
ha anunciado esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario, para
contestarle a su pregunta.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Lamela
Fernández): Muchas gracias, señoría, por el tono de su intervención.
Lamento que me haya malinterpretado. Es decir, yo no he hablado de
déficit, sino que usted me ha preguntado si sabía en qué se había
empleado y he dicho que presumía, lógicamente, que en la partida
presupuestaria correspondiente y en los fines previstos en esa partida y
no en otra cosa.
En todo caso, quiero decir que no le cause perplejidad que el sistema de
adjudicación de los previstos en la actual ley de contratos del Estado o
en la histórica ley de contratos del Estado, en una primera convocatoria
quede en una adjudicación desierta. Por mi profesión, yo he acudido a
decenas --no sé si a centenas-- de mesas de contratación en las que esto
ha sucedido durante muchos años. Es decir, es algo absolutamente normal
en la práctica habitual de la contratación administrativa. Por tanto,
insisto, no creo que sea cuestión que a nadie pueda sorprender.
Nosotros somos absolutamente conscientes de la importancia y de la
necesaria actualización permanente de la estadística agraria y que ésta
sea susceptible de obtenerse en tiempo real, lógicamente, y no con un
retraso importante. Hay un empleo directo y un esfuerzo importante del
Ministerio para implementar esto y que sea una realidad a medio y corto
plazo. En todo caso, el resultado de estas estadísticas agrarias, como me
imagino que saben perfectamente SS. SS., se plasman en el anuario
estadístico del Ministerio, que, junto con otras muchas publicaciones que
se realizan --cabe hablar de la publicación de la agricultura, la pesca y
la alimentación española--, se hace llegar de manera sistemática y
gratuita a todas las organizaciones profesionales, lo que les permite
conocer estos datos estadísticos que son --insisto-- tratados, conocidos
y obtenidos por parte del Ministerio y de sus servicios. Por tanto, esta
tarea, que es muy importante y en la que se requiere colaboración técnica
muy cualificada, vamos a tratar de desarrollarla de la manera mejor y más
rápida posible, insisto, entendiendo que el objetivo fundamental es la
obtención del dato fiable, del dato veraz y, en todo caso, la puesta de
ese dato a disposición de la sociedad y de los sectores afectados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario. Le agradecemos
su presencia, así como las contestaciones exhaustivas realizadas a las
preguntas formuladas.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE
CUMPLIMIENTO DEL MANDATO PARLAMENTARIO ADOPTADO EN LA COMISION DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PARA LA REGULACION DEL SECTOR AVICOLA
ESPAÑOL (Número de expediente 181/000896).
El señor PRESIDENTE: Como tenemos aquí al secretario general de
Agricultura y Alimentación, y no teniendo inconveniente por parte del
portavoz del Grupo Socialista de continuar esta sesión de la Comisión de
Agricultura, le damos la bienvenida al señor Secretario General, señor
Díaz Eimil, y continuamos la sesión.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite, para
que pueda realizar la pregunta número 7 del orden del día.
El señor CHIVITE CORNAGO: Bienvenido de nuevo a esta Comisión, señor Díaz
Eimil. Simplemente le voy a hacer la pregunta tal como viene en el texto,
es decir, si piensa el Gobierno dar cumplimiento al mandato parlamentario
adoptado por unanimidad en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Congreso para la regulación del sector avícola español,
que fue adoptado el 4 de junio de 1997.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general de
Agricultura y Alimentación.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Se puede contestar de una manera muy escueta: el Gobierno piensa que sí.
El mandato parlamentario del 4 de junio de 1997 dice textualmente que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de acuerdo con los
sectores implicados, adopte las medidas oportunas para la regulación y
ordenación del sector avícola español, contemplando medidas referidas a
la regulación contractual entre productores y empresas integradoras,
medidas de control de los medios de producción y cuantas sean necesarias
para conseguir un eficaz funcionamiento del sector.
En lo que se refiere a la organización del mercado de pollos y huevos,
está regulado por dos reglamentos comunitarios, los relativos a las
organizaciones comunes de mercado correspondientes, y no hemos llevado a
cabo ninguna acción encaminada a su modificación, ya que entendemos que
estos reglamentos funcionan aceptablemente bien y suponemos que el
mandato parlamentario no va precisamente en ese sentido. Hemos
interpretado que dicho mandato va más bien en el sentido de mejorar, en
primer lugar, las condiciones de producción bajo la modalidad del sistema
llamado de integración. El MAPA es consciente de la importancia de la
producción integrada en diversos sectores, en especial en la producción
de pollo, que junto con la de porcino es el sector en el que mayor
desarrollo ha alcanzado esta modalidad de producción. En este sentido,
estamos estudiando la conveniencia de regular la integración en general,
incluido el caso concreto de la avicultura por supuesto, para lo cual
hemos profundizado en aspectos tales como las implicaciones de carácter
fiscal y de seguridad social que tiene la relación de integración, así
como la normativa comparada en la materia --existen a estos efectos
precedentes en una ley catalana, un contrato de integración francés--, y
hemos estudiado también las modalidades y los textos de los contratos de
integración que se utilizan normalmente. El contrato de integración es un
contrato civil de prestación de servicios y de depósito que establece las
normas de carácter privado de dicha prestación de servicios por parte del
integrado y, por otra parte, establece qué bienes del integrador quedan
en depósito del integrado. El carácter civil de prestación de servicios
de esta relación hay que destacarlo para evitar confusiones que pretenden
hacer de la integración una relación de carácter mercantil o de carácter
laboral. La posible regulación que estamos estudiando y que incluso
podría revestir la forma de una ley de la producción integrada se
referiría, dado el carácter estrictamente civil de la relación
contractual, a los aspectos relativos de la mejor protección jurídica de
las partes contratantes, en especial a la protección de la parte más
débil en este tipo de contratos, que suele ser integrado naturalmente,
definiéndose claramente el contrato, los aspectos formales del mismo y
los derechos y obligaciones de las partes.
En segundo lugar, por lo que se refiere al mandato parlamentario en
cuanto a medidas de control de los medios de producción, hemos de señalar
que este sector se halla sometido a la regulación horizontal de controles
de piensos, medicamentos veterinarios y otros medios, y no consideramos
que revista características especiales que exijan un tratamiento
diferenciado. El sector de la avicultura de carne cuenta en España con un
elevado nivel de tecnificación y una alta competitividad basada, entre
otros, en el factor calidad. Las empresas productoras siguen estrictos
controles de calidad, obteniendo elevados índices de transformación que
revelan la utilización de los medios de producción más adecuados. En este
sentido, no creemos que haga falta una normativa especial, quizá haya que
aplicar mejor la normativa existente, que es otra cuestión.
Finalmente, entre otras medidas que nos pide el mandato parlamentario
para conseguir un eficaz funcionamiento del sector, cabe señalar los
esfuerzos que se están llevando a cabo para constituir una asociación
interprofesional. Estos esfuerzos son más de las partes implicadas que
del Ministerio, porque el Ministerio en estos casos solamente hace de
promotor o de animador de la posibilidad de llegar a una asociación
interprofesional. Esta idea ha partido de un grupo de promotores que han
manifestado su interés por la constitución de una interprofesional, y han
desarrollado acciones tendentes a la consecución de tal fin. Para el
reconocimiento por el MAPA de esta posible asociación interprofesional
tienen que ser reguladas las modalidades
de adhesión y retirada de los miembros que la conforman, de acuerdo con
la legislación vigente, garantizando la pertenencia a la misma a toda
organización representativa. Este proyecto de organización
interprofesional del sector avícola de carne tendrá que ajustarse a lo
dispuesto en nuestra legislación vigente, que prevé que sea una
organización abierta a todo el subsector que tenga una representación
suficiente. En el proyecto de organización interprofesional que nos ocupa
se van a integrar las granjas de reproductoras, las salas de incubación,
los criadores de pollos y los mataderos. Esta es la situación de los
trabajos en el Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chivite para repreguntar o
replicar a las contestaciones del señor secretario general.
El señor CHIVITE CORNAGO: La verdad es que su exposición me preocupa,
porque no parece desprenderse que haya una voluntad real de cumplir ese
mandato parlamentario que hacía referencia no sólo a los contratos
regulados, sino que iba muchísimo más allá, hablaba de la regulación y
ordenación del sector avícola español, entre otras medidas lógicamente,
de la regulación contractual y los medios de producción a los que usted
ha hecho referencia, y de paso también ha señalado el de las
organizaciones interprofesionales.
Me preocupa esa calificación tan simplista que usted hace del contrato de
integración en el sector avícola --se ha referido también al porcino de
pasada-- como una simple prestación de servicios de carácter civil. Yo
quiero insistirle una vez más, al igual que hacía cuando se defendió esta
proposición en esta misma Comisión, que no comparto esa interpretación
que usted hace de ese simple carácter civil, sino que va mucho más allá.
Existe una relación civil, existe una relación mercantil, existe una
relación laboral, y de ahí precisamente las características específicas
que conllevan a denominarlos contratos de integración.
Por tanto, no creo que exista voluntad por parte del Ministerio de
cumplir la totalidad de este mandato parlamentario y lamento que así sea,
porque sin lugar a dudas usted va a dejar a más de 15.000 familias
productoras de pollo bastante desprotegidas. Como decía un miembro de las
organizaciones agrarias, usted va a volver y va a permitir el feudalismo
en la avicultura del siglo XXI.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle tiene la palabra el señor
secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Quizás sea mejor señalar concretamente qué pasos hemos dado, para tratar
de demostrar que sí existe esa voluntad. Nosotros hemos tenido un par de
reuniones, en mayo y junio, con la Plataforma avícola nacional, que nos
ha entregado un borrador de proyecto de ley de contratos de integración
que para nosotros representa la posición de una de las partes. No hay que
olvidar que en el mandato parlamentario se dice que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, «de acuerdo con los sectores
implicados, ...» etcétera. Es decir, la dificultad que nos estamos
encontrando es hacer algo de acuerdo con los sectores implicados, porque
hay que reconocer que no existe una voluntad de acercamiento entre los
sectores implicados. Esta reivindicación de la Plataforma avícola
nacional es antigua. Ya en el año 1992 solicitó al ministro de turno la
homologación de un contrato de integración y esa demanda no fue atendida
por no ser de aplicación la ley que había y que hay, de 1982, sobre la
contratación de productos agrarios y los contratos de prestación de
servicios. Es decir, que siempre se ha encontrado una dificultad para
encajar lo que son esos contratos de integración. Si se analiza desde un
punto de vista jurídico y se llega a la conclusión de que ni es un
contrato mercantil ni es un contrato laboral. Por exclusión es un
contrato civil y como tal habrá que tratarlo y ampliar conceptos, como ha
dicho S. S., para intentar recoger esa relación, que no es nada fácil.
Nosotros no queremos caer en errores que ya se han cometido
anteriormente. Por ejemplo, la Ley de integración catalana ha demostrado
ser inoperante sencillamente porque no es de aplicación. No queremos
legislar porque sí, no queremos correr el riesgo de hacer una ley que no
sea aceptada por ambas partes, y en ello estamos. Estamos tratando de
redactar algo que sea aceptable, que esté de acuerdo con la realidad y
que sierva para proteger --ya lo he dicho-- a la parte más débil en esa
contratación. Una ley lleva su tiempo de maduración y tiene que ser
consensuada. Este es el problema que nos encontramos. Esa ley tiene que
contemplar aspectos de regulación fiscal, de la seguridad social, de los
contratos de integración, estudiar la legislación comparada, etcétera.
Lamento no poder traer ya aquí el resultado de los trabajos porque están
en una situación relativamente incipiente para poder presentarlo a la
Comisión, pero espero que en la próxima comparecencia pueda traerles algo
más concreto.
--DEL SEÑOR AMARILLO DOBLADO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
OPINION DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION ACERCA DE LOS
PLANES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA PRIVATIZACION ENCUBIERTA
DEL USO DEL AGUA PARA REGADIOS (Número de expediente 181/000907).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8 del orden del día.
Para su formulación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista,
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, igual que mis compañeros,
quiero expresar nuestro agradecimiento por la presencia aquí del
secretario general de Agricultura y Alimentación. Paso a continuación a
formularle la pregunta que hay que enmarcar, lógicamente, en la
referencia obligada a la Ley de Aguas. Le hacíamos la pregunta a la
ministra y usted responde, por tanto, en nombre
del departamento. ¿Qué opinión le merecen los planes del Ministerio de
Medio Ambiente sobre la privatización encubierta del uso del agua para
regadíos?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Conviene recordar que los bienes pertenecientes al dominio público
hidráulico del Estado, como es el agua de nuestros ríos, no son bienes
que se puedan adquirir en el mercado. Ahora bien, al ser indispensables
para la vida y para casi todas las actividades humanas, la legislación
hidráulica ha venido regulando el aprovechamiento de tales bienes
concediendo a los ciudadanos el derecho al uso de los mismos, sin que tal
derecho consista en la adquisición de propiedad de éstos. La vigente Ley
de Aguas, de 1985, en su artículo 50 establece ya el derecho al uso
privativo del dominio público hidráulico que se adquiere por concesión
administrativa; es decir, tal concesión constituye un derecho real
administrativo, inscribible en el registro de aguas y en el registro de
la propiedad. Las concesiones otorgan, por tanto, la facultad de poder
usar el agua dentro de los límites establecidos en ellas, donde suele
especificarse el caudal concedido, el fin para el que se concede el agua
y el tiempo por el que se otorga. De esta forma, la concesión de recursos
hidráulicos permite a los particulares aprovechar el agua en
abastecimiento de poblaciones, en regadíos, en industrias y para otros
fines, al poder disponer de ella con unas garantías de cantidad y tiempo.
Sin estas garantías, los bienes de dominio público apenas serían útiles a
la sociedad. Por tanto, donde tiene lugar la privatización del uso del
agua es en el régimen concesional, que ya está regulado por la Ley de
Aguas de 1985, y es evidente que tal privatización es necesaria para que
los recursos puedan cumplir su finalidad social y económica, ya que nadie
pensaría en su aprovechamiento si no contara con la garantía de su
disponibilidad. Como hemos dicho, el agua se concede para un determinado
fin. En el caso del regadío es para el riego de una determinada parcela a
la que queda inseparablemente vinculada, de forma que no pueden
enajenarse por separado, pero sí conjuntamente. A nadie sorprende el
libre mercado de las fincas de regadío, en el que un componente de cada
una de ellas es el citado derecho al agua para el riego, el cual se vende
normalmente junto con el terreno regado. Es decir, que el agua asignada a
una determinada parcela es objeto de compraventa desde hace muchísimo
tiempo. La Ley de Aguas vigente en su artículo 53, párrafo 2, faculta a
los organismos de cuenca para poder asignar a un aprovechamiento de
caudales concedidos a otro, mediante la correspondiente indemnización del
beneficiado al cedente, lo que viene a suponer la posibilidad de que los
derechos al uso del agua se puedan transferir aisladamente, sin el resto
del aprovechamiento, y de forma onerosa, a instancias de los organismos
de cuenca, y esto se hace así ya según la ley actual.
Existe un borrador de anteproyecto de la reforma de la Ley de Aguas. Hay
que recordar que tal no ha ido todavía al Consejo de Ministros. Se trata
de un borrador que ha sido lanzado para intentar obtener la opinión y las
respuestas de todos los sectores interesados. Por tanto, es todavía muy
susceptible de modificaciones. Por otra parte, es un borrador elaborado
por el Ministerio de Medio Ambiente, que es el competente en estas
materias, y por tanto no soy yo la persona más indicada para responder,
pero lo voy a hacer en la medida de mis conocimientos. En este borrador
se prevé que la transferencia de los citados derechos al uso del agua,
aisladamente del resto del aprovechamiento, se pueda realizar también a
instancias de los usuarios y bajo el control de la administración
hidráulica. Hasta ahora se puede hacer esa transferencia a iniciativa del
organismo de cuenca y garantizando éste las compensaciones entre el
beneficiado y el cedente. A partir de ahora también se puede hacer a
iniciativa de los usuarios, pero con el control de la administración
hidráulica. Eso es lo que cambia. Nosotros entendemos que este cambio no
supone una privatización encubierta del uso del agua, pues tal
privatización tuvo lugar en el régimen concesional, donde además se le da
una publicidad obligatoria mediante las preceptivas informaciones
públicas a que se someten las peticiones de los ciudadanos. Es decir, no
se trata ni de una privatización ni de que sea encubierta, puesto que hay
una publicidad y un aviso a las personas que se pueden considerar
afectadas. Lo que supondría este nuevo régimen de cesiones de derecho al
uso del agua previsto en dicho borrador no es, por tanto, una
privatización, sino que es la posibilidad de transferir dichos derechos,
de forma controlada por la Administración, con el fin de mejorar el
aprovechamiento de los recursos, y todo ello de forma voluntaria, no
impuesta, como establece ahora mismo la Ley de Aguas cuando tiene al
organismo de cuenca como dueño de esa iniciativa. Nosotros creemos que
puede suponer una ventaja considerable para el regadío en este nuevo
régimen, siempre que tal control de la administración hidráulica se
efectúe razonablemente, teniendo en cuenta los efectos desfavorables que
pudiesen producirse para terceros. Pensemos, por ejemplo, en una
plantación de frutales con riesgo de perderse, en una época de escasez,
que puede sobrevivir comprando un riego a la parcela de al lado, la cual
puede no necesitarlo porque sea un cultivo herbáceo que pueda prescindir
de un riego. Es decir, existen esas posibilidades como también que en un
caso de extrema sequía, como ocurrió hace pocos años, por ejemplo, en
Cádiz, tenían cortes de agua de 14 horas y, sin embargo, muy cerca, entre
Jerez y Cádiz, muchos campos de remolacha se estaban regando y, por
supuesto, ese agua estaría mucho mejor destinada a abastecer la
población. Por otra parte, para hacer estas cesiones de agua tiene que
haber una conexión física entre las parcelas del cedente y del que recibe
el agua y, por tanto, no puede ser nunca algo que pueda afectar
masivamente, en muchos casos. Es decir, se va a tratar simplemente de
utilizarlo en casos puntuales en que se puedan resolver problemas agudos,
con agua relativamente escasa, pero que para el que está más necesitado
puede ser vital.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica tiene la palabra el señor
Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Ya nos dice usted, lo cual es bueno, que es un
anteproyecto, que es un borrador. Casi tácitamente nos ha venido a decir
que es manifiestamente mejorable. Evidentemente no es manifiestamente
mejorable, es muy manifiestamente mejorable.
El artículo 53 --le demos las vueltas que le demos-- crea la figura de
compraventa de derechos de uso del agua, y crear dicha figura es tanto
como convertir el agua en mercancía, meterla en el mercado. Lo primero
que nos tenemos que preguntar es si el agua puede entrar como tal para
regadíos en el mercado, porque, para empezar, no cumple los requisitos
del mercado pues no es una mercancía en que se pueda asegurar la libre
concurrencia porque la demanda siempre es localizada, apremiante y
territorial. Además, ustedes crean una dinámica en el mercado del agua
tendente a encarecerla forzosamente, porque nos encontramos con una
oferta limitada frente a una demanda muchísimo mayor, una demanda muy
difícil de satisfacer, y en esta relación de oferta-demanda el precio
forzosamente se va a disparar. No hace falta que se llegue a la sequía.
Sin llegar a la sequía, en condiciones normales, vamos a tener el precio
del agua totalmente disparado. Ustedes en la ley lo que han hecho es
debilitar todas las figuras conducentes a controlar el agua. Han
debilitado clarísimamente en el artículo 22 la figura de las
confederaciones; han debilitado aquellas figuras --como ocurre en el
artículo 44-- en que el debate de los regadíos de interés general, que
era de Consejo de Ministros, ustedes lo minusvaloran y lo pasan a simple
decreto, hurtando este debate precisamente al Congreso y, en su conjunto,
a pesar de que intenten disimularlo de una u otra manera, están
conduciendo a una situación enormemente grave, teniendo en cuenta que el
regadío para nosotros, con el 13 por ciento de la superficie, significa
el 60 por ciento de la producción. Esta es una cuestión en la que los
inventos yo creo que deben ser mínimos y la información máxima. Les
aconsejaría, por ejemplo, que pidiesen información a las agregadurías
agronómicas que tenemos en Francia o en Italia para que les indiquen
cuáles son las figuras legales por las que se rige el mecanismo de
regadío y cuáles son los sistemas que tienen para fijar precios. Dénse
cuenta de lo que significa que camino ya de la Unión Europea, y a las
puertas de la Unión Monetaria, en Italia, en estos momentos, el precio
del agua se fije en función de la rentabilidad de los cultivos; o el
sistema francés de doble partida, con una base fija y otra totalmente
variable, mientras que aquí lo que intentamos hacer es una ley de
privatización total del agua --a pesar de que usted nos diga que no--
mediante la compraventa de los derechos de uso, que va a conducir a una
situación de encarecimiento dramático, y en esta situación de
encarecimiento dramático no tenemos excesivo margen de maniobra.
Yo creo que estos datos los tienen ustedes, me consta que los tienen
ustedes, pero si no es así son muy fáciles de calcular. Háganse una tabla
muy sencilla en la que en un lado esté el margen bruto de los cultivos y
en otro el precio del metro cúbico. Si en estos momentos estamos,
contando con unos rendimientos de cultivos máximos, para ponernos del
lado más favorable y que nos dé mayor margen bruto al cultivo, alrededor
de las seis pesetas de media por metro cúbico, bastaría que el precio
saltase a nueve pesetas --lo que ya está anunciado con su ley-- para que
inmediatamente se saliesen fuera de los márgenes de rentabilidad todos
los cereales de invierno, con más de 1.500 pesetas negativas de margen
bruto. Si ustedes lo suben a nueve pesetas, habrán echado fuera, aparte
de a los cereales de invierno, a los forrajeros, la alfalfa y así
sucesivamente. Tenemos muy poco margen de maniobra, porque a 11 pesetas
se nos van fuera cereales de invierno, arroz, maíz, forrajeros, frutos
secos y un largo etcétera. Por tanto, en un país como el nuestro, que es
árido, en el que regar equivale en muchos sitios a poder o no poder
producir, introducir un factor de distorsión tan tremendo como el que
ustedes van a hacer con el anteproyecto de ley de agua que tienen puede
ser enormemente negativo.
Créame que no intervinimos con el fin de hacer un debate parlamentario
puramente dialéctico, ni siquiera con el fin --que tenemos el derecho
pleno-- de poner en un aprieto al Gobierno y en particular a su
departamento, que obviamente lo está, frente al comportamiento del
Ministerio de Medio Ambiente, sino en hacer un llamamiento desde aquí,
con toda la solemnidad que podamos, con el fin de que usted y su
departamento puedan transmitir al Gobierno la gravedad de lo que se
quiere acometer. No hay ningún elemento de control. A lo largo de la
historia del sector agrario, por el agua hemos tenido situaciones
enormemente críticas. El agua para nosotros es un factor vital. Yo creo
que sería muchísimo mejor que dedicarse a intentar una privatización del
agua, que ni siquiera es encubierta, poner en marcha y terminar
asignaturas pendientes muy importantes que tenemos como es el plan de
regadíos, el saber cómo vamos a distribuir el agua que tenemos, el saber
con cuánto agua contamos y cómo la podemos utilizar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Estoy de acuerdo con que todo es mejorable. Decir manifiestamente
mejorable es un poco peyorativo por una famosa ley de fincas que hubo en
la oprobiosa. Por supuesto que si se ha avanzado en el borrador del
anteproyecto, al ser examinado por todos los sectores interesados, ha
sido precisamente con esa intención. Se habla de que se va a organizar
una compra-venta de agua. Eso no es cierto, porque ya hemos hablado de
que para ceder agua tiene que haber una conexión física. O sea, pensar
que se van a dejar de regar los cereales del Duero porque en Almería los
invernaderos necesitan agua es mucho pensar. Como digo, estas
posibilidades de cesión son muy limitadas, y no sólo son limitadas sino
que son sometidas a control y se supone, por ejemplo, que del total de lo
que se riegue en una cuenca como mucho se puede dar en un 2 o en un 3 por
ciento. Además, creo que el borrador dice que es en situaciones de sequía
y de déficit estructural; es decir, no se hace por las buenas, tiene que
haber una justificación y un motivo. Por
tanto, que no se hable de un mercado del agua que da la idea de que se va
a poder comprar agua donde se quiera pagando el precio que sea y pujando
como si fuera una subasta porque no, porque el agua hay que transportarla
y entonces tiene sus limitaciones.
Dice el señor Amarillo que no hace falta llegar a la sequía. Sí hace
falta llegar a la sequía; lo dice el borrador. Nos ha dicho que nos
deberíamos informar de lo que existe en Francia y en Italia. Son
mecanismos conocidos y no creo que este borrador de anteproyecto de ley
ignore todo eso. Precisamente los técnicos que lo han redactado se han
inspirado en todos estos antecedentes.
No sé por qué se tiene que producir un encarecimiento dramático del agua.
Se puede producir un precio que esté acorde con el beneficio esperado por
el que se quiere beneficiar de ese agua y por el que está dispuesto a
cederla. En una compra-venta siempre hay alguien que compra y alguien que
vende, y no hay por qué pensar que sólo hay un perjudicado. Hay una
transferencia a un precio que están dispuestos a aceptar los dos que
intervienen en la transferencia y si hay un agricultor que compra agua a
un determinado precio hay otro agricultor que la está vendiendo. Es
decir, ese dramatismo de que todo el mundo va a caer en la ruina no es
cierto. Aquí lo único que hay que evitar es que se puedan producir
cambios excesivamente fuertes, y eso es lo que se evita en el borrador.
Se pone como condición el visto bueno y el control de la administración
hidráulica precisamente para que proteja bien los derechos y la situación
de los terceros que están en esa zona donde se produce la cesión. Es
decir, tenemos el control de la administración, por un lado, y, por otro,
tenemos físicamente una limitación que necesariamente va a provocar que
esta posibilidad sea más bien la excepción que la regla. Yo creo que
todos estos alarmismos de que se va a producir un auténtico caos son
excesivos.
Nos ha hablado del precio del agua para determinados cultivos. Es
indudable que una de las cosas para la que están pensadas estas
posibilidades de acuerdos entre usuarios es precisamente para que cuando
uno tenga, por ejemplo, un cultivo arbóreo en que el peligro de muerte de
los árboles por sequía causa un daño económico grande, mientras que en la
parcela de al lado no existe ese peligro, se facilite que pueda haber una
cesión de agua al que más la necesita y, por tanto, al que más la valora.
Por tanto, el hecho de que se deje de regar un cereal para que se riegue
la parcela de al lado, que es de melocotoneros, no creo que sea nada
grave, sino todo lo contrario. Hay que pensarlo. No tiene por qué pensar
el de la parcela de cereales que porque le haya vendido agua una vez al
de al lado ya va a tener que pagar el agua toda su vida a 11 pesetas. No.
La seguirá teniendo como la ha tenido siempre, y además ahora tiene la
posibilidad de vendérsela a alguien que esté dispuesto a pagársela a buen
precio.
Ha dicho el señor Amarillo que supone que no hay control. Naturalmente,
si no hay un control de la administración hidráulica, todo esto se cae
por su base. Si se hace una ley para que nadie la respete y para que
nadie controle, entonces yo estoy de acuerdo con él en que esto puede ser
un desastre.
Precisamente la pregunta siguiente trata de la necesidad de terminar el
plan nacional de regadíos. Por tanto, yo creo que puedo contestarle
después.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
PREVISION DE LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE REGADIOS (Número de
expediente 181/000936).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 9 del orden del día
tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Como usted sabe, estamos en un impasse respecto
a la legislación de aguas porque ni vemos la ley de aguas ni vemos el
plan hidrológico ni vemos el plan nacional de regadíos. Todo aquello que
hace solamente unos meses era de extraordinaria urgencia, ahora parece
ser que se ha transformado en una manera de ir pasando el tiempo. Por eso
le pregunto que cuándo piensa el MAPA tener completado, redactado y
presentado el plan nacional de regadíos.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta tiene la palabra el
señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Hay toda una batería de proposiciones no de ley y mociones en el Congreso
instando a una presentación más o menos urgente del plan hidrológico
nacional y del plan nacional de regadíos. La última es del 8 de abril de
1997. Es una proposición no de ley del Congreso de los Diputados que
insta al Gobierno a aprobar definitivamente la totalidad de los planes
hidrológicos de cuenca antes del 31 de diciembre de 1997 y a remitir a
esta Cámara un plan hidrológico nacional, antes del 31 de diciembre de
1998, que permita abordar con éxito su aplicación en coordinación con los
planes hidrológicos de cuenca y con el plan nacional de regadíos. No les
leo las anteriores. Hay otra de marzo, que también insta al Gobierno a
presentar en las Cortes Generales un plan hidrológico nacional y un plan
nacional de regadíos, previa evaluación ambiental de su contenido, y a
aprobar los planes de cuenca durante este año, etcétera. Es decir, que en
todos los mandatos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el
Senado, se hace una relación estrecha entre el plan hidrológico nacional
y el plan nacional de regadíos, se insta al Gobierno a que el plan
hidrológico nacional se presente antes del 31 de diciembre de 1998, y
para ello se dice que los planes hidrológicos de cuenca tienen que ser
presentados antes del 31 de diciembre de 1997.
El Consejo Nacional del Agua ya ha sido convocado y ha empezado sus
trabajos para tratar de cumplir con este mandato parlamentario de
terminar con los planes hidrológicos de cuenca antes de fin de año. Vamos
a ver si consiguen llegar a tiempo, el reto está ahí, aunque los trabajos
van de tal manera que, si la presentación no se hace el 31
de diciembre, se hará algunas semanas después, pero no mucho más tarde.
Para el Plan hidrológico nacional se da todo un año más, hasta finales de
diciembre de 1998. Por tanto, para el Plan nacional de regadíos, que
debería estar presentado, como muy tarde, al mismo tiempo que el Plan
hidrológico nacional, tenemos todo ese plazo, que, desde luego, no lo
vamos a agotar ni muchísimo menos. Es decir, ya le adelanto que,
independientemente de la situación detallada, que luego podremos ver, es
nuestra intención y, quizás, nuestro buen deseo, llegar a esa fecha del
31 de diciembre de este año, pero, en todo caso, esperamos que, incluso
con la resistencia de los funcionarios y de los expertos que están
trabajando en el tema, aunque haya un ligero retraso, no irá más allá de
enero o febrero. Ese es el plazo para la finalización del plan.
No le canso al señor Chivite, porque estoy seguro que conoce todos los
avatares anteriores que ha habido: cómo fue gestionándose este plan, cómo
se fue convirtiendo primero en un plan horizonte 2000, luego en un avance
de plan y, finalmente, en un plan definitivo, y toda la situación de los
estudios correspondientes.
Actualmente, de una manera muy esquemática, la situación es la siguiente.
El estudio de caracterización y tipificación de los regadíos existentes
se terminó en el mes de julio, redactándose incluso un documento de
síntesis que recoge la caracterización y tipificación del regadío a nivel
nacional. Esto se ha entregado ya a las comunidades autónomas
interesadas, que lo están estudiando para que nos hagan sus observaciones
y nos den su visto bueno.
El estudio de base sobre las zonas potencialmente regables está terminado
y ahora se está redactando el documento de síntesis. De todos estos
estudios, como son muy voluminosos y muy difíciles de manejar, se hace
siempre un documento de síntesis, que es un resumen manejable para la
gente que no necesita el detalle concreto, pensando también, por
supuesto, en el día en que se entregue al Parlamento.
Con respecto al estudio sobre los regadíos y la economía, en la
actualidad se está redactando la memoria y el documento de síntesis. Los
datos correspondientes a dicho estudio han sido entregados en soporte
informático, han servido de base para el análisis de la rentabilidad
económica de las zonas potencialmente regables y serán utilizados para
los regadíos actualmente en ejecución.
El estudio de los factores demográficos, de los factores de oferta y de
los factores de demanda del sistema agroalimentario se ha recibido en el
mes de abril de 1996 y se está revisando el correspondiente documento de
síntesis. El documento de síntesis está terminado, pero está siendo
revisado.
En cuanto al estudio de los regadíos, con el Plan energético nacional y
su enlace con los planes hidrológicos de cuenca, es decir, el estudio que
hace el enlace entre el Plan nacional de regadíos y el Plan hidrológico
de cuenca, tenemos entregada la base de datos, que ha sido incorporada a
la base general del Plan nacional de regadíos, y se están redactando la
memoria y los correspondientes anejos. Quizá sea este estudio el que vaya
a requerir más tiempo para ser finalizado.
El estudio sobre los regadíos españoles y la ordenación del territorio
está terminado y entregado y el documento de síntesis también está
elaborado.
Con respecto al análisis medioambiental de los regadíos, el documento de
síntesis está siendo revisado y el estudio de detalle está terminado y
entregado.
Después está la base de datos para la redacción del Plan nacional de
regadíos, la prognosis y la diagnosis de los regadíos, y aquí tenemos,
quizás, el mayor retraso. La empresa Intecsa ha entregado los capítulos
1, 2 y 3, que son los antecedentes, el objetivo, el marco legal de la
memoria, y los anejos correspondientes al capítulo 5, con el análisis de
la situación actual, así como los documentos técnicos correspondientes a
los análisis multicriterio y econométrico. El análisis multicriterio de
los regadíos, o sea la mejora y consolidación, está prácticamente
terminado, sólo falta por analizar los datos recogidos en los programas
de actuaciones aún sin entregar.
Los datos relativos a los regadíos en ejecución y a las zonas
potencialmente regables necesitan de su adecuación a la base de datos con
la que opera el Plan nacional de regadíos, para comprobar los criterios
utilizados y su compatibilidad con los empleados por caracterización y
tipificación de los regadíos existentes.
Como temas inmediatos a realizar, están previstos los siguientes: evaluar
los incrementos de producción derivados de los programas de consolidación
y mejora de los regadíos, calcular la capacidad de pago del agua en los
distintos cultivos y áreas y redactar los diversos capítulos de la
memoria que corresponden a la materia tratada en los estudios.
Hay también otros estudios efectuados asimismo por el Plan nacional de
regadíos. Hay un estudio de los regadíos en ejecución, que está en fase
de revisión, y hay un estudio sobre el consumo de agua en los diferentes
cultivos y alternativas implantadas en las distintas áreas del Plan
nacional de regadíos. Estos datos serán utilizados para corregir las
superficies de regadíos infradotados y sobredotados detectadas por los
estudios de caracterización, los cuales aplicaron los consumos de agua
previstos en los planes hidrológicos de cuenca.
Esta es, más o menos, la situación al día de hoy. Esperamos que hacia
finales de año, quizás enero o febrero, estén todos terminados.
El señor PRESIDENTE: Para repreguntar o replicar a su contestación, tiene
la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: La verdad es que quisiera creerle, pero los
hechos a veces se vuelven tozudos y no me lo permiten. Tengo que decirle
que, al igual que en la respuesta anterior, cuando hablábamos del sector
avícola y usted apuntaba ese compromiso de consenso, etcétera, resulta
que precisamente el sector más débil, la plataforma avícola, le está
demandando desde hace tiempo una serie de reuniones y ustedes no se han
reunido desde mayo sistemáticamente, negándose a ello.
En cualquier caso, vamos a retomar el tema, y lo vamos a hacer no con un
pasado al que usted aludía, al menos de
pasada, valga la redundancia, sino que vamos a retomar algo bastante más
reciente, como es su contestación el día 23 de abril de 1997 a la
pregunta que Ramón Ortiz, miembro del Grupo Parlamentario Socialista, le
formulaba en este mismo sentido. Usted aseguró en aquella fecha, lo
aseguró con contundencia, que el trabajo del Plan nacional de regadíos se
hallaba prácticamente terminado y, en esa seguridad que usted tenía y que
nos transmitía, nos instaba a preguntarle lo mismo en el plazo de un mes
o mes y medio como máximo, avanzándonos que en ese momento nos daría la
contestación. Pues bien, no hemos esperado ni un mes ni un mes y medio,
sino seis meses, es decir, un margen de trabajo bastante amplio para
volver a hacerle esta pregunta, sobre todo porque seis meses más tarde a
nuestro grupo le sorprende que, con las prisas que el Grupo Parlamentario
Popular tenía respecto a la puesta en marcha y aprobación del Plan
nacional de regadíos cuando eran oposición, ahora permanezcan mudos
cuando el Gobierno que sustenta este grupo incumple reiteradamente
promesas y compromisos asumidos.
En la comparecencia, usted calificaba al Plan nacional de regadíos, que
fue presentado por el Gobierno socialista en febrero de 1996, de folleto
electoralista. La verdad es que yo no puedo calificar el suyo porque
todavía lo desconozco. Por lo tanto, lo único que puedo decir en estos
momentos es que no existe o que, si existe, no es conocido. Ese plan
nonato del Gobierno del PP la verdad es que, a este paso, puede
convertirse en un aborto o tener que dar a luz casi con fórceps, sobre
todo por el tiempo que pasa desde que se dice que va a ver la luz y luego
automáticamente vuelve a quedar en la oscuridad.
Este Gobierno y la ministra de Agricultura, a nuestro juicio, lo que
están demostrando con los hechos es que no hay voluntad
político-presupuestaria para llevar adelante el Plan nacional de
regadíos. Sí que es cierto que hay una voluntad político-mediática para
llevar año y medio anunciando planes e inversiones que nunca llegan. Ni
ha visto la luz el proyecto de ley de aguas --en marzo se avanzó un
borrador-- ni el Plan hidrológico nacional ni, por supuesto, el Plan
nacional de regadíos que nos ocupa.
Una vez más, señor Díaz Eimil, tengo que decirle que la sensación que el
Grupo Parlamentario Socialista está teniendo es que, por segundo año
consecutivo, el señor Rato vuelve a ganar la partida a la señora De
Palacio, y ya el marcador está dos a cero en contra de las estructuras
agrarias. Pero en este caso también viene a sumarse otra batalla
interministerial por el dominio del agua, la de la señora Tocino, que
también le gana la partida a la señora De Palacio.
Ustedes optaron en su momento por aparcar un plan, el que los
socialistas, malo o bueno, habían desarrollado y presentado; decisión que
sin compartir, por supuesto, no nos queda otro remedio que respetar. Pero
nosotros ahora lo que les estamos exigiendo es que desarrollen el suyo,
que lo hagan y cumplan con su obligación como Gobierno ahora que es ésa
la responsabilidad que les corresponde. Sean por lo menos coherentes con
ustedes mismos, con lo que ustedes de manera tan insistente exigían con
energía desde la oposición. Señor Díaz Eimil, usted en el final de su
exposición apuntaba: esperemos que para final de año. Yo le anticipo que
no le creo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
En primer lugar le quiero decir que jamás la plataforma avícola ha pedido
reunirse conmigo y no la he recibido; jamás. La he recibido siempre que
ha venido. (El señor Chivite Cornago: Tengo que mostrarle una carta con
una contestación.) El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Chivite, no
tiene la palabra; la tiene el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Yo siempre he recibido a la plataforma avícola, siempre.
¿Por qué hace seis meses dije que iba a estar dentro de un mes? Porque
realmente los trabajos estaban prácticamente terminados. ¿Por qué se ha
producido este retraso? Sencillamente, porque hemos tenido que revisar
muchas cosas. En primer lugar, los trabajos entregados por las empresas
privadas que lo contrataron, que en muchos casos fueron entregados de
manera más o menos deficiente y, en segundo lugar, porque hemos querido
incorporar los últimos acontecimientos o previsiones de la política
agrícola común y sus consecuencias al Plan nacional de regadíos. Esto nos
ha obligado a revisar trabajos que estaban hechos realmente. Por eso hace
seis meses dije que faltaba un mes para terminar y realmente muchos
trabajos están terminados ya desde entonces.
Hemos entregado estudios de caracterización de muchas comunidades
autónomas y, si quiere, le mando a su casa la suya; no tengo ningún
inconveniente. Existen ya muchos documentos que están terminados. Pero
hay acontecimientos constantemente y la Agenda 2000 nos desbarata siempre
el escenario en el que se construye el estudio. Si hay o no voluntad
presupuestaria, eso habrá que verlo una vez que los estudios se presenten
al Congreso y se decida qué es lo que se quiere hacer. La voluntad de la
ministra de Agricultura está fuera de toda duda. Si hoy se está hablando
de un Plan nacional de regadíos, no sé muy bien la historia, pero creo
que fue ella precisamente quien lo promovió. Acusarnos de que llevamos
retraso en la ley de aguas, en el Plan hidrológico nacional o en el Plan
nacional de regadíos... Quizá en el Plan nacional de regadíos tenga que
entonar un mea culpa por haber hecho previsiones quizás demasiado
optimistas. Pero, desde luego, el querer tener una ley de aguas
inmediatamente sin que antes sea sometida a debate, sin que sea
corregida, sin que se tenga en cuenta las opiniones de los sectores, sin
que se reúna el Consejo del Agua, no puede hacerse. Ahora mismo el
Consejo Nacional del Agua está ya trabajando en ese tema, pero los plazos
no se pueden quemar; hay que cumplirlos.
Se está trabajando en el Plan hidrológico nacional, en los planes de
cuenca; están terminados y se van a presentar en cuanto el Consejo
Nacional del Agua dé su dictamen. Una vez que estén hechos en el próximo
año 1998, hacer el Plan hidrológico nacional no creo que vaya a resultar
excesivamente difícil. Por otra parte, no puede avanzar mucho el trabajo
del Plan nacional de regadíos, mientras no haya un plan hidrológico
nacional. Es algo que hay que hacerlo en conexión y, por tanto, el que lo
presentemos ahora o dentro de tres meses no tiene mayor relevancia
práctica, porque al final habrá que esperar al Plan hidrológico nacional
para poder encajar los dos y para poder hacer el plan político que tiene
que haber detrás de todo eso y con la voluntad presupuestaria a la que
usted ha aludido. Naturalmente no se puede hablar de eso sin saber antes
de qué hablamos y sin tener evaluadas las consecuencias de todo eso.
--DEL SEÑOR CHIVITE CORNAGO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LOS
EFECTOS QUE PUEDE TENER A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO SOBRE EL MEDIO
RURAL, LA AGRICULTURA, LA GANADERIA Y LA PESCA ESPAÑOLAS LA AMPLIACION DE
LA UNION EUROPEA A LOS PAISES DEL ESTE Y CENTRO DE EUROPA (PECOS) (Número
de expediente 181/000949).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 10. (El señor
Chivite Cornago pide la palabra.) ¿Para qué quiere intervenir?
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, para aceptar la oferta que el
señor Díaz Eimil...
El señor PRESIDENTE: No, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: El señor Díaz Eimil me ha ofertado, si yo lo
creía oportuno, enviarme a casa lo referente a mi comunidad.
El señor PRESIDENTE: Como son temas personales, le rogaría que fuera del
ámbito parlamentario.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Señor Chivite, el Reglamento es bien claro en estas
cuestiones. Finaliza el debate con la intervención del portavoz del
Gobierno y en este momento no le doy la palabra para lo que usted desea,
sino para otra pregunta.
El señor CHIVITE CORNAGO: Es una cuestión de orden. El señor Díaz Eimil
me ha hecho una propuesta que creo que debo aceptar o rechazar.
El señor PRESIDENTE: Señor Chivite, no es una cuestión de orden.
Yo le tengo que llamar al orden porque no le doy la palabra para esta
cuestión. Creo que el debate ha finalizado. Yo le doy la palabra para que
formule la pregunta número 10. Los temas personales o de la
correspondencia personal entre el señor secretario general y usted
rogaría que los tratasen en los pasillos. No obstante, le doy la palabra
para que formule la pregunta número 10.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, por favor, no es un tema
personal, entiéndalo. Yo he interpretado que el señor secretario general
estaba haciendo un ofrecimiento no a Carlos Chivite sino a la comunidad
autónoma a la que pertenezco. Yo quería decirle al señor Díaz Eimil que
recojo ese ofrecimiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Chivite, vamos a finalizar con este tema. Creo
que las ofertas a su comunidad autónoma son ofertas que cualquier
diputado puede invocar. En ese sentido le rogaría que se ciñese a lo que
es el sentido de la pregunta parlamentaria, la contestación y sobre ello
se centrasen estos debates. Es lo que dice el Reglamento; es la filosofía
del Reglamento, así como la de todas las disposiciones adicionales del
mismo y las interpretaciones que ha hecho la Presidencia de la Cámara.
En ese sentido, le doy la palabra para que formule la pregunta número 10.
El señor CHIVITE CORNAGO: Lamento tener que ser reincidente. Simplemente
dejar una cuestión bien clara. Mi intervención es como miembro del Grupo
Parlamentario Socialista y en tanto esa representación creo que en estos
momentos estoy representando a todas las comunidades autónomas. Por eso
me hago eco de ese ofrecimiento y le pido que llegue a todas las
comunidades autónomas, es decir, al Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Chivite, le tengo que volver a llamar al
orden. Céntrese usted en las preguntas que es lo que realmente dice el
Reglamento. El Reglamento es bien claro en este tema y en cuanto al
ordenamiento del debate. En ese sentido le tengo que invocar lo que dice
el Reglamento, a su interpretación, y no me vuelva a reabrir debates
porque entiendo que está fuera de contexto, no tiene sentido y está fuera
de la Comisión.
Por lo tanto, céntrese en las preguntas.
El señor CHIVITE CORNAGO: De acuerdo, señor presidente. Pido disculpas.
Centrándonos en la pregunta, ¿qué efectos considera el Gobierno que puede
tener a corto, medio y largo plazo sobre el medio rural, la agricultura,
la ganadería y la pesca española la ampliación de la Unión Europea a los
países del Este y Centro de Europa, los conocidos como Pecos?
El señor PRESIDENTE: Para su contestación, tiene la palabra el señor
secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El efecto de
la ampliación sobre la agricultura comunitaria depende necesariamente de
los cambios que pudiesen introducirse en la política agrícola común, como
consecuencia del proceso de integración y de las dotaciones
presupuestarias destinadas a la agricultura.
Normalmente en las adhesiones anteriores siempre se ha seguido el
criterio de que los Estados adherentes deben de adecuar su política
agrícola a la política agrícola comunitaria, y nosotros esperamos que se
seguirá este criterio también en el caso de los Pecos.
La posición española para este proceso negociador, que deberá iniciarse,
es precisamente ésta: que no deben introducirse modificaciones en la
política agrícola común como consecuencia de la adhesión y que los nuevos
Estados miembros deben asumir íntegramente el acervo comunitario.
Respecto a los recursos financieros necesarios, deberán aprobarse unas
nuevas perspectivas financieras para el período 2000-2006; es decir, que
nosotros no vemos problema presupuestario hasta el año 2006, y en ese año
habrá que tomar nuevas decisiones para cubrir adecuadamente el coste de
la adhesión de los Pecos. Dado el amplio período transitorio que
inicialmente se baraja para estos países y las estimaciones
presupuestarias realizadas, no deben aparecer problemas de financiación
en este período cubierto por las nuevas perspectivas financieras, es
decir este período del 2000 al 2006. Por todo lo anterior, la adhesión de
los Pecos, de realizarse con el modelo en que actualmente se trabaja, no
debería presentar ningún tipo de problema para la agricultura, la
ganadería y la pesca española.
En lo que se refiere a la pesca, el efecto ampliación será muy limitado
debido a la escasa entidad y relevancia que esta actividad tiene en los
países candidatos a integrarse en la Unión Europea y a la continuidad en
la aplicación del principio de estabilidad relativa de los recursos. Ello
producirá efectos positivos para la exportación de productos pesqueros, y
no sólo de productos pesqueros sino también de otros, sobre todo
productos como frutas y hortalizas, aceite y vino porque se abren unos
nuevos mercados que para los sectores tradicionales españoles de
exportación representan una ventaja clara y evidente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para replicar tiene la palabra el portavoz del Grupo
Socialista, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Me alegro del optimismo que se desprende de la
respuesta del señor Díez Eimil. Optimismo que me gustaría compartir
aunque tengo serias dudas, no en cuanto a la conveniencia de la
ampliación europea, que compartimos, sino en cuanto a los efectos si no
se introducen medidas preventivas --llamémoslo así-- que va a tener en
especial sobre la agricultura y ganadería de nuestro país. No hay que
olvidar que estamos hablando de unos países cuya superficie agrícola es
el 44 por ciento del conjunto de toda la Unión Europea, la cultivable es
el 55 por ciento y, sin embargo, su PIB está en el 3 por ciento. Son
países en vías de desarrollo con necesidades importantes, que deberán
llegar desde la Unión Europea, y planeando como planea ese anuncio de que
algunos países, sobre todo de los países más desarrollados y más ricos,
pudieran plantearse su contribución a la financiación de la Unión
Europea, es cierto que se pueden dar problemas de financiación, de
derivación de fondos de la Unión Europea para ayudar al desarrollo
económico y social de estos nuevos países. Usted sabe que la Comisión
Europea ha acogido favorablemente el inicio de negociaciones de
ampliación de la Unión Europea al Este, con Polonia, la República Checa,
Hungría, Eslovenia, Estonia y Chipre. También conoce que existen dos
posturas diferentes: una es iniciar las conversaciones simultáneas con
todos los países candidatos y, otra, la de iniciar conversaciones con
carácter selectivo (primero, con aquellos países que están mejor
preparados y después con el resto). Con el primer sistema se pueden
evitar sin duda diferencias de trato entre unos países y otros, pero se
generará una mayor tensión en lo que se refiere a financiación.
Quiero manifestar que mi grupo considera que la ampliación de la Unión
Europea es buena en términos políticos y de paz, pero tampoco somos
desconocedores de que va a conllevar un mayor esfuerzo de toda la Unión
Europea, y no quisiéramos que ese esfuerzo en derivación de fondos a
estos países supusiese detraer con carácter exclusivo esos fondos
necesarios de los fondos agrarios o estructurales, sino que sea repartido
entre todos los sectores de actividad. Por eso, quisiera que me
contestase cuál es la postura que ha mantenido o mantiene el Gobierno en
esta cuestión respecto a qué fórmulas se entiende desde el Ministerio de
Agricultura que debieran adoptarse para ayudar a estos países en su
proceso de incorporación a la Unión Europea, aunque ya lo ha apuntado en
su contestación anterior.
El señor PRESIDENTE: Para la contestación tiene la palabra el señor
secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El señor Chivite se hace eco de preocupaciones que indudablemente tienen
su fundamento. Se dice que estos Estados miembros pueden necesitar
dinero, que puede ser detraído de los fondos que ahora se dedican a
España. Esa es una visión pesimista del asunto. Si consideramos los
hechos que se han producido hasta ahora, porque para saber realmente lo
que va a ocurrir habría que tener una bola de cristal, España ha tenido,
hasta ahora, éxito en su pretensión de que el Fondo de Cohesión no se
toque en la Agenda 2000 como consecuencia de las mayores necesidades de
fondos para estos países miembros. Había Estados miembros que decían que
si España es un país que cumple con todos los criterios de Maastricht y
que está preparado para la Unión Europea, por qué va a tener esos fondos
de cohesión, lo cual tiene su sentido. A pesar de ello España ha
conseguido el compromiso de que esos fondos sean respetados. Es decir, no
hay motivos para suponer que el posible coste de la adhesión o de la
ampliación al Este vaya a ser cargado sobre las espaldas españolas.
Naturalmente, todo el mundo puede opinar porque éste es un tema
terriblemente abierto en el cual ni
siquiera se ha decidido con quién se va a empezar a negociar, y las
consecuencias de esa negociación no están actualmente a la vista.
Con los elementos de que disponemos actualmente, creemos que no hay
ningún motivo de inquietud. Hemos hecho nuestros cálculos y vemos que,
aunque los supuestos de la Agenda 2000 fuesen mejorados en ciertos
aspectos en el Consejo de Ministros, siendo la Agencia 2000 tal y como es
ahora, no será necesario un presupuesto adicional o no será necesario
recortar el dinero destinado a España por lo menos hasta el año 2006. A
partir del año 2006 las perspectivas financieras que se están avanzando
ahora para el año 2000 caducarán y habrá que negociar otras perspectivas
financieras, pero no me atrevo a elucubrar sobre lo que va a pasar en el
año 2006. O sea, que de momento yo no soy tan pesimista como el señor
Chivite y creo que tenemos salvada nuestra parte del presupuesto
comunitario.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
HABILITACION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS PARA LA LUCHA CONTRA EL BROTE DE
PESTE PORCINA CLASICA EN CATALUÑA (Número de expediente 181/001042).
El señor PRESIDENTE: Para la formulación de la pregunta número 11 del
orden del día, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora
Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor secretario general, mi pregunta se
refiere al Real Decreto 10/97, que convalidamos el 17 de julio en esta
Cámara, por el que, como usted sabe, se habilitaban fondos
extraordinarios por la vía de un suplemento de crédito, por la vía de un
crédito extraordinario por un importe de más de 4.000 millones de
pesetas; el título era con la finalidad de subvencionar sacrificios
cautelares y obligatorios de animales y medidas preventivas para
erradicar focos de peste porcina clásica.
En esa presentación del real decreto, la señora ministra nos hizo una
exposición de la que creo que habría que recordar dos cosas; una, que
estos 4.000 millones de pesetas venían a ser el 20 por ciento de los
18.000 millones que en aquel momento el Ministerio preveía que nos iba a
costar el brote. El otro elemento en el cual la ministra hizo mucho
hincapié fue que en aquella fecha, 17 de julio, llevábamos 16 días sin
aparición de nuevos focos. Había otro elemento que tampoco hay que
descuidar porque si en aquel momento hablábamos de un sacrificio de
250.000 animales, en este momento estamos hablando de un sacrificio real,
reconocido por las administraciones, de más de 660.000 animales
sacrificados, bien sean cautelares bien sean animales enfermos. En aquel
momento hablábamos de ese dinero, para el que además se fijaba una fecha
tope del 15 de septiembre y se preveían unos gastos hasta esa fecha, y yo
le pregunto si ha sido suficiente ese crédito extraordinario que se
habilitó en aquel momento, cómo se ha ejecutado por las noticias que se
vienen sucediendo y, sobre todo, una cosa que a ustedes les preocupa lo
mismo que a mí y es evidente que preocupa a todo el sector. Los focos que
se han producido a partir del 15 de septiembre, los animales que se han
sacrificado por cualquiera de las dos vías a partir de esa fecha, ¿con
cargo a qué presupuesto, crédito extraordinario o a qué partida se van a
subvencionar?
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Aquel crédito extraordinario que se aprobó en el Congreso, y dada la
modalidad de la financiación de toda esta operación, daba margen para un
gasto total de 21.800 millones. Es decir, había unos 4.380 millones que
se aprobaron; los 600 millones que había habilitado el Ministerio de su
presupuesto 97; la Unión Europea pone del Fondo veterinario para
sacrificios obligatorios el 50 por ciento y en los sacrificios
voluntarios para el sostenimiento del mercado pone el 75 por ciento y,
por otra parte, la Generalitat de Cataluña pone lo mismo que el
Ministerio. Entonces, con esos 4.000 del Ministerio, más 4.000 millones
de Cataluña, más 13.600 de la Unión Europea, tenemos los 21.000 millones
disponibles para gastar en toda esta guerra contra la peste porcina
clásica.
Actualmente, como usted ha dicho muy bien, se llevan sacrificados del
orden de 663.000 animales y el gasto correspondiente ha sido de 14.900
millones. Es decir, de esos 21.800 disponibles llevamos gastados casi
15.000 millones. Si hasta ahora hemos gastado aproximadamente dos tercios
del total que tenemos disponible, y estamos a primeros de noviembre, nos
queda un tercio más, ojalá no tengamos que gastarlo, nos queda un fondo
de maniobra relativamente holgado para continuar con las indemnizaciones.
Esperemos que no haya que gastarlo entero. Si se diese la circunstancia
desgraciada de que con este dinero no consiguiésemos erradicar la peste,
habría que habilitar otro crédito extraordinario o habría que pedir el
dinero donde fuese, porque en estos temas se gasta lo que se necesite
aunque haya que pedirlo prestado a quien sea.
La aparición de nuevos focos es algo que nos ha sorprendido un poco a
todo el mundo, aunque los que conocen mejor lo que está pasando cerca no
se sorprenden tanto. No obstante, dado que llevábamos bastante tiempo sin
focos parecía que la enfermedad estaba dominada, pero no es así.
Sospechamos que puede haber una incidencia más importante de lo que
esperábamos nosotros por el hecho de que se hayan vacunado
clandestinamente madres que no presentan síntomas clínicos de enfermedad
y sus lechones, mientras se amamantan de su madre no se enferman, pero en
cuanto se les separa sí; quizá, a partir de ahí, pueden haber aparecido
algunos focos. En todo caso son focos relativamente aislados y bien
controlados; es decir, que a estas alturas los expertos y los
veterinarios de la Generalitat tienen ya, desgraciadamente para ellos,
mucha experiencia en el tema, y creo que estos últimos focos van a ser
dominados rápidamente.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Empezaré por el final: por la aparición de
los nuevos focos que me dice usted que fue una sorpresa. Pues bien, yo le
tengo que decir claramente que para mí no, porque cuando discutimos la
concesión del crédito extraordinario ya dije que me parecía que se era
superficial en el tratamiento de la erradicación de nuevos focos.
De esta peste, por desgracia, en Lleida hemos tenido que aprender mucho.
Le tengo que decir que de la peste sabía muy poco cuando apareció el
primer foco y ahora sé un poco más porque, por desgracia para mi tierra,
esto va a ser una cosa que no va a acabar ni cuando se erradique la
peste. Las consecuencias del brote que ha habido en Lleida van a durar
muchos años. La economía leridana va a quedar muy resentida de lo que
está pasando en este momento allí. Por eso para nosotros es tan
importante que este crédito extraordinario haya sido suficiente, según
sus cálculos, y que sirva, no tanto para el pago de los sacrificios, que
hablaré de esto después, sino para la prevención de nuevos focos. ¿Cómo
me pueden decir desde la Administración, sea cual sea la que me lo diga,
que los nuevos casos son aislados y están controlados? Esto es lo mismo
que decíamos el 17 de junio, cuando vino la ministra a comparecer en esta
misma Comisión y en esta misma sala. En aquel momento ya me dijo la
ministra, y algún miembro del Grupo Popular, que yo era alarmista, como
si yo me fuera a alegrar de que hubiera brotes de peste en Lleida. Por
desgracia, ésta es una peste que, como usted sabe perfectamente, corre
como una mancha de aceite, la transmite cualquiera que no se haya
cambiado las botas, que no se haya cambiado la ropa que llevaba en la
granja que está infectada. Además, hay que tener en cuenta las
temperaturas, porque en el momento en que estábamos hablando de esto eran
altas, el virus, más que desaparecer, se aletargaba, y era previsible que
cuando descendieran un poco las temperaturas volviéramos a tener lo que
tenemos en este momento. Ayer mismo se ha sacrificado una granja en
Agramunt y esta mañana han hecho una analítica en una granja de Almenar
que previsiblemente detecte algún foco de peste, lugares donde se da la
mayor concentración de ganado porcino que hay en Lleida, que ya de por sí
tiene una concentración importante. Por tanto, un brote de peste porcina
clásica que aparezca en Lleida no se puede tratar con la misma
superficialidad --permítame que lo diga, sin ánimo de ofender-- con que
se trata en sitios donde la concentración es menos importante.
No quiero entrar en la pelea, y se lo digo sinceramente, de tuya-mía: la
culpa es de la Generalitat, la culpa es de la Administración del Estado.
A mí me sofocan algunos titulares que ha provocado el conselleir de
Agricultura de la Generalitat de Catalunya, queriendo eludir la
responsabilidad. Ya quedó claro aquí que la Administración del Estado
había colaborado, y participado activamente en todo lo que había podido,
mandando equipos veterinarios, mandando la mejor gente que tenía,
etcétera. Pero hay flecos que, por desgracia, tienen tanta importancia
como el primer brote.
El conselleir de Agricultura dice hoy en la prensa local que se está
pagando al día. Claro, lo dice hoy porque ayer hubo una concentración de
ganaderos en Termens en la que, supongo, le habrán dicho de todo menos
bonito, porque dice que se está pagando al día. Sobre el abono de
sacrificios a granjeros, le puedo decir que no se ha abonado ningún
sacrificio obligatorio desde el día 28 de mayo. Eso lo decían
públicamente anoche los granjeros afectados. En los voluntarios, se está
pagando con 65 días. El plazo podría ser más corto, pero está dentro de
lo razonable y a mí me gusta muy poco ser truculenta y recurrir a datos
sensibleros. En algún momento, desde la Administración, habrá que ir
pensando en qué se hace con el período improductivo, porque a ese señor
que no ha cobrado desde el día 28 de mayo en que sacrificó cerdas madres
y, por tanto, ha sacrificado capital invertido y tiene esa granja vacía,
alguna solución habrá que darle desde las administraciones. A mí no me
sirve que la Administración, en este caso es verdad que la de la
Generalitat de Catalunya, me diga que la culpa es el retraso de la Unión
Europea. Es posible que la Unión Europea no pague, pero es que la Unión
Europea paga cuando desde las administraciones central y autonómicas, se
les remite comprobantes de pago; y resulta que la Generalitat de Cataluña
ha aprobado su crédito extraordinario de 4.000 millones justamente la
semana pasada, a pesar de lo que llevamos ya atrasado. Entonces ¿quién ha
abonado el dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Dígamelo claramente
porque el señor ganadero ayer por la noche, en la asamblea de ganaderos
afectados por la peste porcina, dijo que desde el 28 de mayo, a mí me
consta alguno del 25 de mayo, no se había pagado. A mí me parece que
marear la perdiz, como vulgarmente se dice, en otros temas se puede
comprender. En este tema le quiero agradecer que usted haya vuelto a
decir lo que ya nos dijo la ministra el 17 de julio, que si el dinero no
era suficiente se iban a habilitar los créditos que fueran necesarios.
¿Sabe qué pasa? Que estamos hablando de declaración de foco de peste
porcina en el mes de febrero, de primeros sacrificios en el mes de marzo,
y a estas alturas del año seguimos igual, estamos abonando con retraso.
Creo que es comprensible que la desesperación en el sector ganadero sea
la que es pero, insisto, en el sector económico general de la provincia
de Lleida eso tiene unas repercusiones, y a mí me cuesta hoy día pensar
cómo vamos a poder solucionar o aguantar el período improductivo de las
granjas. Esa granja que va a llevar, a poco que nos descuidemos, un año
cerrada, tiene una repercusión evidente no sólo en el propio sector
ganadero sino en los que indirectamente viven de ese sector. Por tanto,
tomo nota de los datos que usted dice que han pagado, pero me reconocerá
que, a poca matemática que se sepa, hay alguien que no pone dinero. Señor
secretario general, creo que es obligación de ustedes que este dinero no
se retrase más, que podamos hablar en lo sucesivo de períodos
improductivos, de tratamiento fiscal de las rentas ingresadas de manera
atípica este año.
De todas maneras, me quedo poco tranquila con el tratamiento que usted me
ha dicho que se va a dar a los nuevos
focos. Estos nuevos focos, señor secretario general, creo que no son
aislados. Están, ahora mismo, en una comarca concreta, pero la granja
donde ayer se mató, en Agramunt, está en una comarca distinta de donde se
ha hecho esta mañana la extracción de sangre, en la granja de Almenar.
Por tanto, estará aislado en más de una comarca. Por eso le pido que el
tratamiento sea lo más riguroso y lo suficientemente atento, para que al
menos en lo que a esta Administración y a este Congreso le compete el
control sea lo más riguroso posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Le voy a aclarar un poco cómo funciona todo esto, no para eludir
responsabilidades, sino para dejar las cosas claras.
De acuerdo con el reparto de competencias, al Estado le corresponde la
planificación de la lucha contra las enfermedades, y punto. Todo lo demás
es competencia de las comunidades autónomas. A pesar de ello, cuando se
declaró esta enfermedad, vista la gravedad que tenía, el Ministerio se
volcó no sólo con técnicos expertos en esto --pues tenemos los mejores
expertos del mundo en peste porcina, desgraciadamente, porque hemos
sufrido la africana y ahora estamos sufriendo la clásica-- para asesorar
a la Generalitat de Cataluña, sino además con doce equipos de
veterinarios que estaban trabajando en el control posterior de la peste
porcina africana. Son equipos que tienen como misión la vigilancia para
que no vuelva a rebrotar. Esos equipos se han desplazado a Cataluña y
nosotros hemos puesto la mitad de la financiación que le correspondería
poner a la Generalitat de Cataluña. Es decir, nosotros hemos sobrepasado
nuestras competencias porque creemos que el asunto es grave y lo merece.
Es cierto que la Generalitat de Cataluña se ha retrasado en poner su
parte y que, por tanto, el Ministerio ha ido tirando de ese remanente que
tenía para poner su parte y la de la Generalitat. Pero también es verdad
que la semana pasada ya han arreglado el tema, ya tienen su crédito
aprobado, o sea, que esperemos que se recupere el ritmo normal de
financiación de cada uno. También es cierto que la Unión Europea se
retrasa en el caso de los fondos veterinarios. Para los sacrificios
obligatorios la Unión Europea tarda casi un año en pagar. No ocurre así
cuando se trata del dinero para el sostenimiento del mercado, que depende
del Feoga-garantía y que está disponible prácticamente de manera
inmediata. Pero es verdad que existe ese retraso de la Unión Europea.
Nosotros hicimos un convenio, la Generalitat y el MAPA, con el Instituto
de Crédito Oficial para que se encargase de agilizar estos pagos y para
que abriese una póliza de crédito por valor de 3.000 millones. Es decir,
suponiendo que se produzcan estos retrasos propios de la burocracia
administrativa de unos y otros, hemos previsto ese colchón de crédito de
3.000 millones, del cual el Instituto de Crédito Oficial tira en caso de
que no haya financiación a su debido tiempo, y es lo que se ha estado
haciendo hasta ahora. Creo que con este crédito aprobado por parte de la
Generalitat las cosas volverán a su cauce.
Tiene usted mucha razón al decir que hay que actuar con contundencia,
pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. En estas enfermedades se
lucha contra un virus, y a veces no sólo hay que luchar contra un virus,
sino contra todo un ambiente político y económico hostil. Me refiero a la
resistencia de los payeses. Ha habido fraudes por parte de los payeses. A
veces hemos pecado también de ingenuos, dando una indemnización superior
al precio del mercado, lo cual ha facilitado fraudes del estilo de que
animales que no tenían que ser sacrificados fueron al matadero porque el
precio de la indemnización era más alto que el del mercado. Dicen que ha
ocurrido eso, pero no sé hasta qué punto es cierto. Es decir, que se han
producido una serie de deficiencias pero creo que no son excesivamente
graves. Ahora mismo, el problema es acabar con las madres vacunadas. Ese
es el problema grave y al que hay que hacer cara valientemente.
Sacrificar a una madre es muchísimo más caro que sacrificar a un lechón,
por supuesto. Por otra parte, los productores se resisten a que la granja
se les quede vacía, y es lógico porque se quedan sin herramienta de
trabajo.
Hemos estado estudiando también qué se podría hacer con el período
improductivo y no hemos encontrado antecedentes en ningún sitio, porque
se había hablado de que en Alemania se estaba pagando una indemnización
por eso, cosa que no es cierta. Hasta ahora sólo se ha hecho algo en
Holanda, que ha sido dar una indemnización para dejar a las madres sin
cubrir. Esto lo han hecho simplemente para eliminar densidad de población
de porcino. Pero sobre el período improductivo, ahora mismo no le puedo
dar ninguna esperanza cierta de que se vaya a hacer algo, porque jamás se
ha hecho ni en la Unión Europea ni en ningún sitio en donde se hayan
producido episodios de este estilo, además la indemnización alcanzaría un
volumen tal que sería muy difícil de financiar. La Unión Europea, por
supuesto, no quiere saber nada del tema y creo que con fondos nacionales
va a ser muy difícil conseguir algo.
En resumen, esperamos que el retraso financiero sea corregido
rápidamente. Han existido estas deficiencias que le he contado de fondos
que no llegaban a tiempo, pero desde el punto de vista financiero creo
que la situación está arreglada. Sobre la forma de actuar ahora mismo,
con los focos que quedan, soy de la opinión --igual que usted-- de que
hay que actuar con toda contundencia, pero a veces eso no es nada fácil y
en ocasiones las recomendaciones de los expertos veterinarios no son
seguidas con toda la fidelidad que debieran serlo porque son muy mal
aceptadas por el sector productor, incluso a nivel político.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, le querría pedir, por
favor, un minuto, porque creo que el tema lo requiere y al señor
secretario general no le importará.
El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, ya sabe usted lo que dice el
Reglamento.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Yo estoy como ante un tribunal de
oposición, lo que diga el tribunal.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que el Reglamento es bien claro; el artículo
188, apartado tercero, es bien claro.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, lo que usted decida
estará bien.
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta está relacionada con el mismo
tema y daré amplitud en los tiempos para que pueda formular todas
aquellas cuestiones que desee al señor secretario general.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
ACCIONES PARA MEJORAR LA COORDINACION ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS Y LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO EN LO QUE SE REFIERE AL CONTROL SANITARIO
VETERINARIO (Número de expediente 181/001043).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12. Tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Ya sabe que yo casi nunca le discuto y le
acato, aunque me gustaría más que me diera la razón alguna vez.
Señor secretario general, cuando la ministra vino a comparecer el 17 de
junio en esta Comisión, lo primero que nos dijo es que necesitábamos
mejorar como fuera la coordinación entre comunidades autónomas y la
Administración del Estado en lo que hacía referencia al control sanitario
veterinario. Desgraciadamente, como no se le escapa a nadie de los aquí
presentes, poquitos pero enterados, el tema es lo suficientemente grave
como para que ya se hubiera hecho alguna cosa. Es por eso que yo le he
hecho la pregunta. Dado que la preocupación de la ministra se expresaba
en el mes de junio, teniendo en cuenta lo que ha pasado posteriormente,
me gustaría saber si se han dado pasos en vías de mejorar esa
coordinación que en el pasado no se ha dado y espero que en el futuro sea
posible que se dé.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor secretario
general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Las competencias que tiene actualmente el Estado sobre la erradicación de
enfermedades de animales se limitan a la planificación, la coordinación,
el seguimiento y la evaluación de los programas nacionales de
erradicación. La experiencia de la peste porcina clásica nos ha
demostrado, en casos graves de enfermedades de la lista A de la directiva
comunitaria, enfermedades de declaración obligatoria, que sería
conveniente formar un comité de seguimiento con ciertos poderes
ejecutivos, y siempre tropezamos porque nos estamos moviendo en el límite
de las competencias del Estado. Es decir, que desde un punto de vista
práctico, en el Ministerio opinamos que podríamos ser mucho más eficaces
si hubiésemos conservado algo de poder ejecutivo en estas materias. Pero
desgraciadamente no es así, y además los juristas nos dicen y nos repiten
que el sistema constitucional español no permite que nosotros tengamos
una competencia ejecutiva, que eso es exclusivo de las comunidades
autónomas y que nosotros lo único que podemos hacer es coordinar. No
obstante, recogiendo un mandato del Congreso de los Diputados que en
junio de 1997 insta al Gobierno para presentar a la Cámara un proyecto de
ley de sanidad animal que, respetando las competencias autonómicas en
esta materia, posibilite las intervenciones necesarias, estamos
trabajando en ese proyecto de ley de sanidad animal. En primer lugar, hay
que regular el tráfico de animales entre comunidades autónomas. Eso sí lo
podemos hacer. La idea es utilizar las mismas reglas que se aplican en el
tráfico intracomunitario. Otra competencia clara podría ser la creación
de una red de alerta para la declaración de focos. Pero, claro, la idea
de una alta inspección del Estado sobre la actuación de las comunidades
autónomas choca contra la Constitución. Es decir, que estamos tratando de
hacer una ley de sanidad que tiene que ser eficaz y al mismo tiempo tiene
que respetar, como dice el mandato parlamentario, las competencias
autonómicas, y esto es muy difícil de hacer. Estamos viendo la
posibilidad de crear ese comité nacional, que se llamaría comité de
acción y seguimiento, con la participación de las comunidades autónomas,
de tal manera que las decisiones de ese comité pudiesen no ser
consideradas como decisiones estatales sino de las propias comunidades
autónomas, y ver si de esa manera podría mejorarse algo.
Entrando un poco más en el detalle de ese proyecto de ley que estamos
haciendo, que también está en fase de borrador, tiene un título I con los
objetos y fines, en el cual figura la coordinación de las actuaciones en
materia de sanidad animal para reducir el coste en términos de producción
animal y tener un adecuado nivel de sanidad. Está claro que dentro de esa
ley podemos meter lo que está previsto ya por la legislación comunitaria,
en eso no habrá dificultad; el ámbito de aplicación que se da a los
animales de compañía, el ganado, incluso los animales de vida silvestre,
pero es en la distribución de competencias donde está el quid de la
cuestión. Queremos dejar claro el papel coordinador del MAPA y tratar de
potenciar su papel de supervisión, es decir, que podamos tener un poder
para influir o controlar de alguna manera lo que hacen unas comunidades
autónomas y otras. El título II son disposiciones generales sobre las
explotaciones ganaderas, el registro de explotaciones ganaderas, la
identificación animal, disposiciones sobre densidad ganadera, tema que
hay que estudiar a fondo, y no se le escapa a usted que la estructura
productiva de Lérida en el porcino es de una fragilidad sanitaria
terrible y que habría que hacer algo en ese sentido, regular algo sobre
las concentraciones ganaderas. Hay un título III sobre las acciones
generales para el control, la prevención
y defensa de sanidad de los animales, cómo se tiene que hacer la
notificación, el aislamiento de animales, la declaración oficial, métodos
de diagnóstico, la destrucción de cadáveres. Luego hay un título IV sobre
acciones sanitarias especiales, el sacrificio obligatorio; un título V
sobre el movimiento y traslado de animales y las agrupaciones de defensa
sanitaria; un título VI sobre la red de vigilancia epidemiológica, y
otras disposiciones sobre el medicamento, el bienestar de los animales y
protección animal, que está teniendo cada vez más importancia, las
consecuencias medioambientales, etcétera. Es decir, estamos trabajando en
un proyecto que por ahora está en fase de borrador y que quizá dentro de
unos meses lo podamos presentar ya de una manera más articulada.
Nuestro sistema de competencias de las comunidades autónomas y del Estado
es excluyente, es decir, en el sistema constitucional español no está
previsto el que haya competencias compartidas entre el Estado y las
comunidades autónomas, sino que en un determinado tema la competencia es
de la comunidad autónoma y en otro tema es del Estado, y no pueden opinar
uno sobre el otro y el otro sobre el uno. Creemos que eso se ha traducido
en un debilitamiento de las armas para luchar contra estas enfermedades
tan virulentas, como es el caso de la peste porcina africana. Estamos
trabajando en ello y espero que en unos meses estemos en disposición de
ofrecerles ya un borrador con el articulado concreto. Se llamaría la ley
de sanidad animal.
El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra la señora Cunillera. Yo le
animo a preguntar sobre la peste porcina clásica. Es un tema sanitario
que no está desconectado del anterior, y en ese sentido no le haré
ninguna llamada a la cuestión.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente, abusaré
de la percha que me lanza.
Yo me alegro mucho de lo que me comenta de la ley de sanidad animal,
porque es verdad que hay que respetar los límites constitucionales, las
materias transferidas, etcétera, pero yo personalmente me niego siempre a
pensar que no haya capacidad de diálogo sobre una transferencia entre una
comunidad autónoma y la Administración del Estado. No puede ser que haya
tanta falta de voluntad de diálogo que, ante una cosa tan grave como la
aparición de los brotes de la peste porcina clásica, no seamos capaces de
sentarnos en una mesa y ponernos a discutir sobre temas que afectan tan
directa y dramáticamente a territorios tan concretos. Usted me dice que
al Estado le queda regular el tráfico entre comunidades autónomas y la
red de alerta de declaración de focos. A mí no me parece un tema nada
menor, se lo digo sinceramente. En esta Comisión la ministra nos ha dicho
que le preocupa mucho el mal funcionamiento del programa Animo de la
Unión Europea, pero le preocupa especialmente a algún grupo parlamentario
nacionalista que ese programa Animo no funcione. Si realmente está tan
interiorizada esta preocupación por el programa Animo, parece ilógico que
luego no seamos capaces de hacer un programa Animo bis en el territorio
español, porque si vemos los problemas que ha generado en nuestro país el
hecho de que el programa Animo no haya evitado el tráfico de ganado
infectado desde Holanda a España, seamos por lo menos capaces de hacer
eso posible aquí en España. Porque, si fuéramos capaces de hacer eso,
creo que evitaríamos una cosa que con toda sinceridad me preocupa mucho.
Que Holanda tenía peste y que la iba a mandar a España estaba en el ánimo
del sector ganadero, vía rumores, vía indicios; ya dijo el conseller de
Agricultura en la Comisión del Senado que ellos se habían enterado por un
periódico holandés, lo cual no deja de ser chocante. Pero esos rumores,
estas noticias, falsas o verdaderas, están ya circulando en nuestro país.
Con la misma contundencia que yo le pedía antes que actuara con los
nuevos focos, le debo pedir ahora, desde la responsabilidad que le toque
a la Administración general del Estado, como le pediremos la que le
corresponda a la Administración de la Generalitat de Cataluña en el
territorio catalán, que acaben con estos rumores, con estas historias,
porque esto lo único que genera es un malestar, un estado de ánimo que no
ayuda. Sirve a lo mejor para quitarse de encima determinadas
responsabilidades y decir: esto no es culpa mía. Eso provoca un gran
titular: yo soy el que lo he hecho bien. Mire, aquí no lo ha hecho bien
nadie desde el principio, porque si la contundencia --que todos creemos
necesaria-- se hubiera utilizado en los meses de febrero y marzo, a lo
mejor hablaríamos de otras cosas. Recuerdo perfectamente que cuando en el
mes de junio debatimos este tema ya me dijo la señora ministra que el
señor Sánchez Vizcaíno decía que los brotes estaban controlados, la peste
estaba en vías de solución y que no habría problemas mayores. Fíjese
usted, han pasado casi seis meses del tema
No hagamos declaraciones triunfalistas porque nosotros, que nos ha tocado
gobernar y tener otra peste, sabemos lo que esto cuesta; tenía otras
características, era otro tipo de peste, pero conocemos las dificultades
que esto tiene. Si a lo mejor en aquel momento hubiéramos sido todos más
rigurosos, nos ahorraríamos esto.
Centrándome ahora exclusivamente en el tema de la coordinación del
control sanitario, le digo: preocupémonos por el programa Animo, seamos
muy serios con ese tema, pero seamos capaces, si es verdad que tenemos
esa preocupación interiorizada, de que eso no se produzca en nuestro
territorio, de que la Administración del Estado ejerza la parte de
competencia que le toca y la comunidad autónoma correspondiente ejerza la
suya.
Hay una cosa que me ha preocupado de la intervención anterior --y ahora
es cuando recojo la percha del señor presidente--, es el tema de la
vacuna. Yo asistí a la inauguración de la feria agrícola y ganadera de
Lleida, que es muy importante, como usted sabe, la inauguró el presidente
de la Generalitat y nos enseñó de lejos --nos dijo que si queríamos le
podíamos pedir fotocopia-- un documento de la Bayer respecto de la
vacuna. Ahí se dijo --está recogido y salió en todos los medios de
comunicación--que a la vacuna sólo le faltan las pruebas de campo, que
por lo demás estaba bien, que se podía hacer. Si eso es así, es
responsabilidad de las administraciones, aquí y en Europa, que esto se
lleve a cabo, que se vaya lo más rápido
posible. Porque yo puedo estar de acuerdo en lo que usted dice de que ha
circulado la vacuna, eso es verdad, pero no es responsabilidad mía ni del
ganadero que ha metido una cerda madre infectada con vacuna en su granja;
habrá una responsabilidad de quien tiene la obligación de controlar las
vías, de quien tiene la obligación de que no entre vacuna no controlada,
y sabe usted además que los medios por donde ha entrado la vacuna, por lo
que me dicen, son de lo más insólitos.
Creo que no se puede hacer omisión de esa responsabilidad, porque hay que
garantizar que los cerdos centinela que se están introduciendo en este
momento en las granjas no vayan vacunados, por ejemplo, y eso tiene que
garantizarlo quien da el permiso para que salga de determinado sitio y
entren en esas granjas.
Para acabar, le tengo que decir, señor secretario general, que me ha
quedado una gran preocupación por lo que usted ha dicho del período
improductivo. A mí se me suscita la duda de cómo se valora y si ha visto
las enmiendas al presupuesto del año que viene verá que nuestro grupo en
este tema no ha presentado una enmienda concreta a fin de dotar
presupuestariamente los temas del período improductivo. En el período
improductivo de una granja inciden tantos factores directos e indirectos
que es dificilísimo saber el coste total que pueda tener al final, cuando
consigamos por fin erradicar el brote actual de peste porcina; es difícil
saber cuál será el valor de este período improductivo. Pero creo que
ustedes no pueden lanzar el mensaje que nos ha dejado esta tarde aquí
respecto al período improductivo. Si no se ha hecho nunca, seamos
innovadores en algo, inventemos algo, llevemos un proyecto a la Unión
Europea que nos agradecerán otros países. Porque el período improductivo
es desesperante; es que es para comer, como decía antes. Ahí deberíamos
entrar en la diferente valoración que merece el tema para los grandes
integradores o para el ganadero independiente, y al ganadero
independiente que ha sacrificado, que lleva los meses que comentábamos
antes sin cobrar, no se le puede decir encima desde la Administración que
no hay esperanza de que eso se pueda contemplar porque el volumen sería
difícil de evaluar. Pongan los técnicos a trabajar. Es evidente que no
van a contentar a la gente, que todo el mundo seguramente tendrá una
disconformidad en más o en menos, pero sinceramente, señor secretario
general, no puede quedar sobre la mesa de esta Comisión que no hay
ninguna esperanza para el período improductivo, porque eso es condenar
para mucho tiempo y a mucha gente, en concreto de mi circunscripción
electoral de Lleida, a la desesperanza, por no utilizar palabras muy
gruesas. Espero que sean ustedes capaces de encontrar alguna vía de
solución a este período improductivo.
Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a su pregunta, tiene la palabra el
señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Nos ha dicho la señora Cunillera que hay que demostrar voluntad de
diálogo. Tengo que decir que en nuestras relaciones con la Generalitat de
Cataluña no se puede decir que haya habido más problemas que los que hay
normalmente entre funcionarios. Si los funcionarios de la Generalitat lo
fuesen de la Administración central, los casos de pequeñas
descoordinaciones o de problemas porque uno considera que eso lo tiene
que hacer otro se hubiesen producido igual. Es decir, que en este caso de
la lucha contra la peste porcina clásica creo que las relaciones entre el
Estado y la Generalitat no se puede decir que hayan sido reticentes en
cuanto a la coordinación entre el Gobierno autonómico y el central. Ha
habido pequeños problemas que hay siempre entre los funcionarios que
trabajan y que tienen que hacerlo.
Mejorar el programa Animo. Sí, es una cosa que estamos haciendo y ha
mejorado bastante, pero dista mucho de funcionar bien. En eso estoy de
acuerdo con S. S.
Dice que se sabía que en Holanda había peste porcina. Se suponía. Quizá
fueron los importadores de lechones los que han actuado de manera más
irresponsable en este caso, porque cuando no está todavía declarada una
enfermedad no existe ninguna razón oficial para impedir el tráfico; es
decir, que oficialmente España, antes de que se declarase la enfermedad
en Holanda, no podía interrumpir ese tráfico. Lo interrumpió unos días
antes de que se declarase oficialmente, cuando las cosas eran tan
evidentes que sabíamos que no nos lo iban a reprochar.
Sobre la vacuna de Bayer, es verdad que está casi a punto de ser
conseguida y que le faltan sólo unos meses, pero hay que respetar los
sistemas de homologación de medicamentos veterinarios. Faltan unos seis
meses para poderla utilizar y cuando esté disponible y se demuestre que
funciona habrá que tomar la decisión que sea, pero desde luego la
vacunación para nosotros representa un mal grave, porque nos impide la
exportación, y éste es un sector al que si se le corta la exportación se
queda muy disminuido. Todavía no estamos en la tesitura de tener que
decidir sí o no, pero realmente, cuando haya que tomar una decisión, va a
ser una decisión difícil. Alemania y Holanda la están pidiendo ya en el
seno de la Unión Europea y nosotros somos un poco espectadores de lo que
está pasando y esperando a que eso sea realidad.
Sobre las vacunaciones con vacunas clandestinas --por llamarlas de alguna
manera-- se ha abierto un expediente y se ha perseguido al laboratorio
que fabricaba la vacuna SYVA. Esta es también una competencia de las
comunidades autónomas y hemos tenido que empujar a una comunidad autónoma
para que actuase con contundencia; han abierto un expediente y ese tema
está controlado.
En lo referente al período improductivo, le puedo asegurar que es un tema
que personalmente he estudiado con interés. Tenemos valoraciones del
sector, Amprograpor, de lo que podría representar, pero no lo vemos
alcanzable para nosotros dentro de nuestro presupuesto sin una
financiación comunitaria. En la Unión Europea nos hemos movido, hemos
investigado y hemos dado la lata, pero no hay posibilidad. Jamás lo han
utilizado y consideran que sería un precedente muy comprometedor, porque
abriría un capítulo de gasto que no sabemos dónde va a terminar, porque
no es sólo España, ni es sólo esta enfermedad sino
otras muchas. Por la vía comunitaria prácticamente hemos agotado las
posibilidades y, por la vía nacional, el presupuesto del Ministerio de
Agricultura, no da para una operación de ese estilo y, por otra parte, el
presupuesto de la Generalitat tampoco está para estas alegrías. (La
señora Cunillera i Mestres: Tristezas.) Exactamente, perdóneme que le
llame alegría porque la verdad es que no tiene ninguna gracia.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el orden del día, vamos a dar por
concluida la sesión, no sin antes darle las gracias por su amabilidad y
sus explicaciones tan resolutivas al secretario general y le animamos a
seguir trabajando por este sector agrario, ganadero y pesquero.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.