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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 317, de 29/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 317
DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 29 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre acciones para la protección y declaración de la isla de Alborán
como reserva marítima. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 161/000641) (Página 9342)
Ratificación de la Ponencia designada para informar la proposición de ley
por la que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento
(CE) 3093/94, del Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono. (Número de expediente 122/000042) (Página 9344)
Emitir dictamen, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, sobre
la proposición de ley por la que se establece el régimen sancionador
previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo, de 15 de diciembre,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. (Número de
expediente 122/000042) (Página 9345)
Proposiciones no de ley (continuación):
--Sobre un plan de obras e infraestructuras en las costas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Canarias. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000457) (Página 9346)
--Sobre un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de obras hidráulicas y de
calidad de las aguas. Presentada por el Grupo anterior. (Número de
expediente 161/000565) (Página 9349)
--Sobre el aporte garantizado de agua para la Bahía de Cádiz. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000614) (Página 9353)
Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comienza la sesión. Les
ruego que ocupen sus escaños y se mantengan en silencio, por favor.
Vamos a comentar las alteraciones del orden del día. El primer punto que
se va a ver en la sesión de hoy es el número 7, proposición no de ley
sobre acciones para la protección y declaración de la isla de Alborán
como reserva marina, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. A
continuación, se seguirá el orden establecido en la comunicación que han
recibido todos ustedes.
¿Algún grupo quiere comunicar algo?
Doña Carmen Marón, tiene la palabra.
La señora MARON BELTRAN: La proposición no de ley número 2, relativa a la
financiación de la desaladora de Almería, ruego se retire del orden del
día de hoy, quedando aplazada para la siguiente sesión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Marón. Queda aplazada para la
próxima sesión.
Las votaciones van a tener lugar no antes de la una y media.
Señoras y señores diputados, les recuerdo que esta Comisión acordó en su
día la prohibición de que se fume en esta sala, lo cual, por otra parte,
les irá muy bien a todas SS. SS., e incluso a los asistentes que no son
diputados.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE ACCIONES PARA LA PROTECCION Y DECLARACION DE LA ISLA DE ALBORAN
COMO RESERVA MARINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 161/000641).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, proposición no de
ley sobre acciones para la protección y declaración de la isla de Alborán
como reserva marina.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Manuel
Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, voy a defender la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a las acciones
para la protección y declaración de reserva marina de la isla de Alborán.
Alborán es una pequeña isla de unos 605 metros de longitud por 265 metros
de ancho; de una altura media de 20 metros y de 5 kilómetros de
superficie. Está situada en el mar Mediterráneo, a 56 kilómetros al norte
del cabo de Tres Forcas, en el norte de Africa, y a 90 kilómetros al sur
de Adra, en la provincia de Almería. La isla de Alborán pertenece a la
provincia de Almería y es distrito municipal de Almería capital por Real
Orden de 26 de enero de 1892, conforme consta en los archivos del
ayuntamiento de Almería. A la isla le viene su nombre por ser el refugio
de un corsario tunecino del siglo XVIII llamado Alborani.
Las aguas del entorno de Alborán son ricas en pesca, destacando el mero,
la brótola, la gallineta, el barbo, y especies de moluscos, muy
especialmente la gamba roja, todos de gran interés comercial. Además, su
entorno es un camino de migración de numerosas especies de peces que
transitan entre el Mediterráneo y el océano Atlántico.
La isla de Alborán hoy día está siendo objeto de atención muy especial
por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
Armada española y por estudiosos de la Universidad de Almería, cosa que
nos congratula especialmente a los almerienses, al comprobar que las
autoridades españolas vuelven a mirar al islote enclavado en plena
desembocadura del estrecho de Gibraltar, dando nombre al Mar de Alborán.
Estos años atrás España dejó de tener presencia práctica de su soberanía
sobre el islote, lo que produjo un verdadero expolio de sus fondos
marinos, especialmente de sus riquezas en el coral rojo, que pescadores
extranjeros, con la famosa y malhadada barra italiana, destrozaron por
falta de la debida vigilancia por parte española que duró hasta el año
1986. Pescadores extranjeros han faenado de forma incontrolada en las
aguas jurisdiccionales españolas que circundan la isla hasta hace bien
poco tiempo. Por eso decía antes que se ve con satisfacción cómo los
estudiosos, 101
años después de la expedición de Alberto I, Príncipe de Mónaco, en el
Princesa Alicia, vuelven a mostrar su interés por la isla. En el Museo
Oceanográfico de Mónaco se guardan, conservados en formol, ejemplares de
especies capturadas en aquella época.
Esta proposición no de ley que estamos debatiendo fue presentada en el
Congreso el 18 de febrero de 1997, pero, debido a lo muy cargado de las
sesiones plenarias, tuvimos que solicitar que se viera en Comisión y hoy
pretendemos que sea aprobada con las modificaciones que se contienen en
la enmienda presentada por el Grupo Popular, debido a que entre la fecha
de presentación de la proposición no de ley y hoy, se han elaborado por
la Dirección General de Recursos Pesqueros y publicado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación las siguientes disposiciones: A)
Orden de 13 de junio de 1997, por la que se regula la pesca de arrastre
de fondo en la isla de Alborán. Esta orden está complementada por la
orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
de 30 de julio de 1997, por la que se establecen los períodos y jornadas
de descanso para la flota de arrastre de fondo que faena en el caladero
de la isla de Alborán. B) Orden también del MAPA, de 31 de julio de 1997,
por la que se establece una reserva marina y de pesca en el entorno de la
isla de Alborán. Actualmente se está trabajando en un proyecto de orden
ministerial, promovido por la Dirección General de Recursos Pesqueros,
por la que se han de regular las modalidades de pesca autorizadas en la
reserva marina y en la reserva de pesca en el entorno de la isla y que
establecerá también el censo de arrastre de fondo en los caladeros.
A la vista de estos hechos, el Grupo Popular ha enmendado su primitiva
proposición no de ley, que deberá quedar redactada definitivamente de la
siguiente forma: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
culmine la adopción de las medidas oportunas que conduzcan a la
ordenación de las competencias del Estado para la protección de la isla
de Alborán y a la creación de una reserva marina en el entorno de la isla
que comprenda 12 millas marinas alrededor de la misma, se concreten los
distintos usos y restricciones para la conservación y mejor gestión de la
riqueza piscícola que existe en sus fondos y se establezca una reserva
integral de una milla, con epicentro en el faro de la isla, y, al propio
tiempo, un sistema de vigilancia y control que gestione la Armada
española.»
Agradezco a los grupos que integran esta Comisión el voto favorable a la
proposición no de ley, ya que con ello, desde el Congreso de los
Diputados, afirmaremos la soberanía española sobre la isla, la dotaremos
de la vigilancia adecuada y daremos satisfacción a los pescadores
españoles que habitualmente faenan en el mar de Alborán, ya que también
con la proposición no de ley pretendemos la protección, regeneración y
desarrollo de los recursos marinos de interés pesquero. La necesidad de
crear esta zona de protección viene aconsejada por la potencialidad del
caladero, sus expectativas de desarrollo y la conveniencia de que se
realice de forma ordenada, así como por la preocupación de eliminar la
situación de sobrepesca que se observa en el entorno de la isla de
Alborán.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra su
portavoz, doña Presentación Urán.
La señora URAN GONZALEZ: El Grupo Federal de Izquierda Unida va a apoyar
esta proposición no de ley con la única intención de que realmente se
terminen de adoptar, incluso con la enmienda que plantea el Grupo
Popular, las medidas necesarias para que se preserven los fondos marinos
que rodean la isla de Alborán, no solamente por su riqueza piscícola,
sino también por la riqueza que tienen las características volcánicas de
los propios fondos y que son los que van a contribuir a una mejor
regeneración de las especies que han de protegerse.
Lo que también nos interesaría, señorías, es que todas las medidas que
está adoptando el Ministerio de Agricultura fueran en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente para la protección efectiva del entorno y de
la propia isla, para lo que, en realidad, se debería actuar desde ese
Ministerio. Esas medidas se tendrían que haber tomado ya hace tiempo,
para que las capturas que se han venido produciendo en el entorno de la
isla de Alborán, por distintas flotas (no precisamente la española, y que
son las que más han esquilmado los recursos de esta zona) no la
perjudicaran.
Además, nos gustaría, y posiblemente podría introducirse, si se me acepta
una enmienda in voce, que nos facilitasen la documentación o la
información de las medidas que se van adoptando en cuanto a los distintos
usos y las restricciones por parte del correspondiente organismo o
ministerio para que el Congreso tuviera conocimiento de cómo se están
llevando a cabo estas medidas y de cuáles son las restricciones y los
usos, para poder opinar sobre esas medidas y estar de acuerdo o
desacuerdo y poder aportar las iniciativas de esta Cámara.
Por todo lo que he comentado, y con la propuesta que le hago al portavoz
del Grupo Popular de que, si es posible, se incluya el que se nos
facilite la información al Congreso de los Diputados con respecto a las
medidas que tienen que concretarse en los usos y restricciones para la
conservación, reitero que vamos a apoyar la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, si tiene usted el texto de la enmienda
in voce, le rogaría que la hiciera llegar a la Mesa, aunque fuese con un
redactado rápido, para que la podamos leer y ver si la acepta el grupo
proponente.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña María Dolores
Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Brevemente, para decir que mi grupo va a aceptar
esta proposición no de ley del Grupo Popular, a pesar de que, como ya se
ha dicho, todo lo que se solicita del Gobierno prácticamente ha sido
aprobado por él a través de una orden ministerial de 31 de julio de 1997
y desarrollado también por una orden de 30 de julio de la Junta de
Andalucía.
Además, otro de los aspectos a que insta esta proposición no de ley al
Gobierno, que es la vigilancia por parte
de la Armada española, prácticamente también está hecho, hasta el punto
de que, desde el mes de mayo, hay un destacamento de la Armada dentro de
la isla. Por tanto, nos parece bien, aunque sólo sea a efectos de que
quede constancia en el «Diario de Sesiones» de las características y la
riqueza de la isla de Alborán, que se haya debatido esta proposición no
de ley, aunque creemos que no era necesario.
Nos preocupa solamente un aspecto que no se recoge específicamente en la
parte dispositiva de la proposición no de ley, pero que creo que
deberíamos vigilar en adelante, y es que precisamente la instalación de
un destacamento militar en una reserva integral puede requerir
actuaciones, por ejemplo, en el caso de la ampliación de un pequeño
puerto que existe en la isla, y estas actuaciones si no se hacen con
exquisito cuidado pueden producir un impacto ambiental que vaya en
sentido contrario de lo que se pretende con la figura de protección que
ya existe en la isla. Creo que este aspecto habría que estudiarlo y en
adelante estaremos atentos. Nos parece bien la propuesta que hace la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, y vamos a votar afirmativamente a
todo.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ¿podría facilitar a esta Presidencia el
texto de la enmienda in voce que usted propone? (Pausa.) La enmienda que
propone la portavoz del Grupo de Izquierda Unida es la siguiente; lo
comunico para que todos los grupos tomen nota de ella: El Gobierno
informará al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas para los
distintos usos y restricciones para la conservación.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para
expresar su opinión respecto a esta enmienda.
El señor ARQUEROS OROZCO: La enmienda que presenta la portavoz de
Izquierda Unida me parece bien, pero es innecesaria, porque en el Boletín
Oficial del Estado vienen recogidas esas órdenes ministeriales y en el
boletín de la comunidad andaluza, oficial también, está la orden
complementaria de la Junta de Andalucía. Es decir, se le ha dado toda la
publicidad erga omnes, no solamente al Congreso, sino a todos los
ciudadanos españoles. Por otro lado, efectivamente, el proyecto de orden
ministerial, que es la culminación de las órdenes que se están dictando,
no tengo ningún inconveniente en ofrecérselo a la portavoz de Izquierda
Unida. Por lo demás, no tengo más que opinar.
He de decir también a la portavoz del Grupo Socialista que la presencia
de un destacamento de quince hombres en la isla no solamente no va a
deteriorar el medio ambiente, sino que principalmente va a ayudar a
conservarlo. En definitiva, no acepto la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida por las razones que he apuntado.
El señor PRESIDENTE: Así lo había entendido la Presidencia. El Grupo
Parlamentario Popular no acepta la enmienda presentada por Izquierda
Unida.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de
ley sobre un plan de obras e infraestructuras de las costas de la
Comunidad Autónoma de las islas Canarias. (La señora Marón Beltrán pide
la palabra.) Dígame, señora Marón.
La señora MARON BELTRAN: Si no tienen inconveniente la Mesa y las señoras
y señores diputados ¿no podemos iniciar la proposición de ley del ozono,
toda vez que el señor Segura está en una Comisión, terminando, y está al
llegar? (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señora De Lara?
La señora DE LARA CARBO: Señor presidente, nuestro portavoz tampoco está
en este punto; o sea, que estoy de acuerdo con la portavoz del Grupo
Socialista en, si es posible, ver la proposición de ley de la capa de
ozono.
El señor PRESIDENTE: Aunque sea a título excepcional, esta Presidencia va
a aceptar las sugerencias propuestas por el Grupo Socialista y por el
Grupo Popular, sin que sirva de precedente, porque realmente es una falta
de compromiso y de seriedad el que los grupos proponentes y sus
portavoces no estén aquí a las horas señaladas, sobre todo cuando desde
esta Presidencia se ha actuado con un criterio de máxima benevolencia y
se ha alterado el orden del día de acuerdo con los deseos expresados por
los diversos grupos parlamentarios. (La señora De Lara Carbó pide la
palabra.) ¿Señora De Lara?
La señora DE LARA CARBO: Señor presidente, quiero indicar que desde luego
no es ninguna falta de seriedad, es que coinciden tres comisiones en este
momento, comisiones en las que están la mayoría de los miembros de esta
Comisión. Por consiguiente, más que falta de seriedad, ha sido falta de
previsión al fijar las fechas o la hora y no ponerse de acuerdo los
miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Esa es una opinión muy respetable de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, no lo entiende así esta Presidencia, puesto
que todos los grupos han podido comunicar cualquier tipo de alteración
sobre el orden del día que no ha recibido esta Presidencia.
RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO
(CE) 3093/94, DEL CONSEJO DE 15 DE DICIEMBRE, RELATIVO A LAS SUSTANCIAS
QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (Número de expediente 122/000042).
El señor PRESIDENTE: Por tanto, vamos a ver el punto del orden del día
relativo a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
En primer lugar, vamos a proceder a la ratificación de la ponencia
designada para informar de la proposición de ley
relativa al ozono. ¿Se aceptan los nombres de los ponentes que han
intervenido en este dictamen? (Asentimiento.) Se consideran aceptados por
asentimiento.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE
LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN SANCIONADOR
PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) 3093/94, DEL CONSEJO DE 15 DE DICIEMBRE,
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 122/000042).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a debatir el siguiente punto del
orden del día: proposición de ley por la que se establece el régimen
sancionador previsto en el reglamento 3093/94, del Consejo de 15 de
diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Marón, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que es el autor de la proposición.
La señora MARON BELTRAN: Efectivamente, hoy vamos a ver las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, que son los
dos únicos grupos enmendantes, y, dada la importancia de esta ley, que de
algún modo fija el régimen sancionador que prevé el reglamento
comunitario para los supuestos e infracciones que cada Estado miembro
tiene que establecer, la gradación de las sanciones que deben aplicarse
y, en su caso, las medidas nacionales necesarias para su ejecución,
quiero manifestar que prácticamente hemos llegado a transacciones en todo
el articulado. En este momento estamos plasmando por escrito las
enmiendas transaccionales de los grupos proponentes. Por tanto, las
enmiendas que no están recogidas en la ponencia son las números 2, 3, 8,
10 y 11 del Grupo Parlamentario Popular, en las que hemos llegado a una
transaccional que quedaría redactada de la siguiente forma. Después de la
mención que se hace en el articulado a infracción grave o muy grave,
añadiríamos: «la realización por cualquier persona de las conductas
siguientes», y el resto del artículo se mantendría tal como está en la
ley inicialmente.
Hay otra transaccional relativa a la enmienda número 9, que es al
artículo 2, apartado 2.b), que quedaría de la siguiente forma: «Superar
a la entrada en vigor de la presente ley», y el resto del artículo sigue
igual.
Otra transaccional es la relativa a la enmienda número 14 y se refiere a
la disposición adicional segunda, que quedaría redactada de la siguiente
forma: «Por el organismo competente se establecerán...» y sigue el
artículo normal.
La transaccional a la enmienda número 11 propone un nuevo texto en
relación con el artículo 2.1.b). Tras la palabra
«hidrobromofluorocarburos», sustituir por: «de acuerdo con lo indicado en
el artículo 3 del reglamento CE 3093/94». A partir de aquí, el texto
seguiría igual. Esta enmienda sería igual para el artículo 2.1.e).
Otra transaccional es a la enmienda 16, referida a la exposición de
motivos. Tras la palabra «aconsejan» añadir: «la creación de la normativa
correspondiente».
Quedan algunas enmiendas, como las números 4, 5, 6, 7 y 15, a las que no
he hecho mención. En relación con las enmiendas 4, 5, 6 y 7 aceptaríamos
la redacción propuesta por el Grupo Popular y la enmienda 15 sería
retirada, según explicará la portavoz del Grupo Popular.
Creo que he recogido el sentir de las enmiendas. Las pasaremos por
escrito y, si hubiera alguna duda, la aclararemos con mucho gusto, ya que
entendemos que es difícil materializar verbalmente un articulado con
tanta transacción.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señora diputada, que en cuanto pueda, lo
antes posible, entregue a esta Mesa las enmiendas que se transaccionan,
así como el texto definitivo de la transacción.
¿Grupos enmendantes?
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBO: Efectivamente, el Consejo de la Unión Europea
aprobó el reglamento que se ha citado, de 15 de diciembre de 1994, en el
cual se establecen una serie de obligaciones relativas a la producción,
importación, exportación, suministro, uso y recuperación de una serie de
sustancias que deterioran la capa de ozono. Dada la aplicabilidad directa
del reglamento, esas obligaciones han de ser cumplidas a partir de la
entrada en vigor del mismo, es decir, el 23 de diciembre de 1994; sin
embargo, el citado reglamento no establecía el correspondiente régimen
sancionador por el incumplimiento de aquéllas, sino que, en su artículo
19, dispone que los Estados miembros determinen las sanciones que deben
aplicarse en los supuestos de infracción. Con base en este citado
artículo, la proposición de ley tiene por objeto tipificar infracciones
y el régimen sancionador previsto.
A tal efecto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de
enmiendas, algunas de las cuales son simples correcciones de estilo y en
relación con otras --la mayoría--, como ha explicado la portavoz del
Grupo Socialista, hemos llegado a transaccionales, con las que creemos
que se mejora y se aclara el texto de la ley. Como ya las ha explicado la
señora Marón, no voy a repetirlas y, además, dada su complejidad, y
puesto que estamos de acuerdo en lo que se ha dicho, es mejor que sean
entregadas a la mesa.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro grupo para fijar
posiciones respecto a este debate?
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra su
portavoz, doña Presentación Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Voy a ser muy breve. Quiero decir que
compartimos el criterio y el objetivo de la ley y creemos que las
enmiendas transaccionales que se
han presentado mejoran o aclaran el texto inicial y, por tanto, nuestro
grupo parlamentario lo va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, señora diputada, usted puede
disponer de las enmiendas transaccionales, que, para su mayor comprensión
y claridad, serán facilitadas a esta Mesa antes de la votación
correspondiente.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):
--SOBRE UN PLAN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS EN LAS COSTAS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LAS ISLAS CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 161/000457).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto que vamos a tratar es
precisamente el primero del orden del día, ya que ha sido alterado:
proposición no de ley sobre un plan de obras e infraestructuras en las
costas de la Comunidad Autónoma de Canarias, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Sirva como elemental norma de cortesía el
reconocimiento del Grupo Socialista y de este interviniente en la defensa
de la proposición no de ley por la generosidad de habernos permitido la
modificación del orden del día. Somos conscientes de que ello produce
distorsión en el trabajo parlamentario y, en consecuencia, reitero
nuestro reconocimiento.
Señorías, esta proposición no de ley viene enmarcada en una línea de
trabajo que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido defendiendo en
los meses anteriores en esta Comisión específicamente con respecto a
determinadas actuaciones puntuales en el litoral de cada una de las siete
islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Concretamente, hemos indicado
que, con la promulgación de la vigente Ley de Costas y el reglamento
general que la desarrolla, de julio de 1988 y diciembre de 1989
respectivamente, así como con la aplicación sistemática de sus preceptos,
el entorno litoral vio reconocida la necesidad de una gestión racional de
este recurso singular y sensible de la geografía española, posibilitando
una actitud protectora sobre aquellas zonas donde la degradación natural
o artificial no existía o era escasa y posibilitando también una actitud
potenciadora de actuaciones de recuperación y mejora de aquellas que
habían sido afectadas por acciones negativas provocadas por el hombre o
por la propia naturaleza.
El grado en que inciden determinados factores estratégicos de la economía
de los pueblos marítimos en la costa y, en general, en el entorno litoral
es algo suficientemente conocido. Naturalmente, en regiones insulares,
como es el caso del archipiélago canario, a la escasez del suelo se une
una extensa longitud de costas, induciendo una demanda y especial presión
sobre ese entorno. La singularidad climática y ambiental de Canarias
conduce a basar su economía en el sector turístico, mayoritariamente, lo
que en los últimos años ha venido determinando una alta presencia de
población flotante, que, unida a la de los residentes habituales, ha
convertido el litoral y su zona de influencia en el espacio de mayor
demanda y de mayores aportaciones al desarrollo económico de cada una de
las islas.
En el Plan de costas aprobado por el Gobierno anterior el 2 de abril de
1993 para el cuatrienio 1993-1997 se contenían los criterios esenciales
para orientar las inversiones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente del momento en las costas de las islas
Canarias durante el período de vigencia de dicho plan. En los contenidos
del plan se partía del análisis diferenciado sobre la situación del
litoral de cada una de las islas, partiendo también de la realidad,
caracterizada por tres aspectos principales: en primer lugar, el
atractivo natural y paisajístico de la costa de cada una de las islas,
beneficiado además por un clima benigno durante todo el año; en segundo
lugar, la tradicional apetencia de la población canaria por el disfrute
de la costa, en la que han desarrollado habitualmente una serie de
actividades de ocio muy enraizadas en la cultura y en las costumbres
canarias, y, en tercer lugar, la asunción de que la costa de Canarias ha
sido el soporte físico de su principal recurso económico por su
vinculación al sector turístico.
Sabemos claramente que el desarrollo económico de las islas Canarias ha
supuesto, durante el período de auge turístico, una importante actuación
en las distintas zonas de la costa. También sabemos suficientemente que
los procesos de degradación habidos en el litoral de las islas Canarias
se han desarrollado de forma diferenciada, según hayan estado vinculados
al turismo o como consecuencia de la atracción que tiene la costa para la
población canaria.
En consecuencia, el Plan de costas al que he hecho referencia, que se
aprobó en 1993 para el cuatrienio 1993/1997, con lo objetivos de la
regeneración y rehabilitación de los espacios litorales degradados como
playas, sistemas dunares litorales, humedales costeros, etcétera, hasta
la promoción de actuaciones que mejorasen o ampliasen las actuales
condiciones de uso de la costa, han ido proporcionando mejores accesos o
creando playas artificiales. Se ha pasado por el desarrollo de acciones
preventivas y protectoras para controlar los procesos de erosión y
degradación de la costa.
Desde esta perspectiva general, las prioridades de actuación recogidas en
ese plan quinquenal hacia grandes núcleos urbanos y metropolitanos,
situados alrededor de las capitales insulares, con especial atención a
las actuaciones en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran
Canaria, y El Confital, en la isla de Gran Canaria, así como en la de
Santa Cruz de Tenerife con la construcción de la playa de Valleseco y la
regeneración de Las Teresitas, han sido actuaciones singulares que se han
pretendido promover en las dos capitales de la comunidad canaria.
Precisamente, nosotros hemos presentado esta proposición no de ley porque
estimamos que es necesario que se
continúe con el mayor rigor posible, con el mayor cuidado del medio
ambiente, con el mayor respeto a una naturaleza cada vez más escasa, con
respeto profundo a los planes insulares de ordenación del territorio, con
respeto profundo a la flora y a las características geomorfológicas del
litoral de cada una de las islas, y que se lleve a cabo una actuación
integral en cada una de las islas de la comunidad canaria, con la
coparticipación --naturalmente vertebrad alrededor del ámbito
competencial del Ministerio de Medio Ambiente-- activa, en el ejercicio
de sus responsabilidades respectivas, de cada una de las administraciones
públicas, como pueden ser los ayuntamientos, los cabildos insulares y las
consejerías del Gobierno de Canarias, con competencia en el tema.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley que estamos en
estos momentos estudiando ya hemos argumentado y fundamentado
suficientemente y, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista,
con un deseo de que las administraciones públicas referenciadas vertebren
sus voluntades, sus actuaciones institucionales, sus recursos financieros
alrededor del desarrollo y de la potenciación del litoral de la comunidad
canaria, ha propuesto un proyecto de resolución en el que se dice: «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a la mayor brevedad
posible, ofrezca formalmente un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias en el que se recojan, de conformidad con los respectivos ámbitos
competenciales, los compromisos que se asuman para el desarrollo temporal
de un programa de gestión integral de la costa, con especial referencia
a las actuaciones a llevar a cabo en cada una de las islas Canarias,
tomando como base financiera y temporal del mismo los compromisos
explicitados públicamente por la Ministra de Medio Ambiente. Asimismo, se
deberá posibilitar la inclusión de los ayuntamientos y cabildos insulares
en la coparticipación del desarrollo de cada una de las actuaciones, así
como de la financiación de las mismas.»
Somos conscientes de que este proyecto de resolución, publicado en el
Boletín del Congreso de los Diputados del 10 de abril pasado y elaborado
en el mes de marzo anterior, a lo largo de estos meses, y por la dinámica
gestora, ha visto devaluada en el tiempo la redacción de algunos de sus
preceptos. De aquí que nosotros reiteremos la necesidad de que se
vertebre un convenio de colaboración entre la Administración general del
Estado y las administraciones públicas de la comunidad canaria por un
volumen de más de 30.000 millones de pesetas para ejecutar las
actuaciones que las distintas administraciones insulares, los cabildos
insulares y los ayuntamientos, han venido demandando, así como el propio
Gobierno de Canarias.
Somos conscientes --y termino, señor presidente-- de que se ha avanzado
en estos últimos meses en la negociación. Desde luego, sería innoble que
dijéramos que las administraciones han estado paralizadas, pero creemos
que pasan los meses y que es labor del grupo parlamentario de la
oposición incidir e incentivar a quienes ostentan responsabilidades de
Gobierno para que lleguen a los acuerdos pertinentes que con
posterioridad sean analizados y ratificados por las Cortes Generales.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego que, si
tienen necesidad de conversar entre ustedes, lo hagan con el máximo
respeto posible.
A esta proposición del Grupo Parlamentario Socialista se han presentado
dos enmiendas, una de ellas de Coalición Canaria. Para su defensa, tiene
la palabra don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: ¿En cuál estamos, señor presidente, en la de
costas?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, si me lo permite, esta Presidencia
le va a auxiliar. Es la relativa a la proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre un plan de obras e infraestructuras en la costa de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata del punto señalado con el número
1 en el orden del día.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente, por su
amabilidad.
Efectivamente, hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista que se concreta escuetamente en dos
apartados. Un primer apartado es que el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que proceda a la mayor brevedad a la firma del convenio
negociado con el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructura
de costas en el archipiélago canario en el período 1998/2004, y, segundo,
que culmine las obras en ejecución y contrate las ya proyectadas con
cargo al año 1997.
No vamos a entrar en todas las consideraciones que, a buen seguro, ha
expuesto el señor Segura en la línea de la necesidad de una planificación
y una acción integral en las costas de todo el territorio del Estado
español, más concretamente, en el caso que apunta la proposición no de
ley, del territorio canario. Digo que no vamos a abundar porque en zonas
tan frágiles como son las costas las actuaciones siempre se pueden llevar
a cabo cuidando mejor el entorno, es decir, atendiendo a los
condicionantes del impacto ambiental que puedan significar determinadas
actuaciones, si planificamos en el tiempo y si los proyectos se trabajan
con el rigor necesario y con los estudios de impacto precisos.
Tan es así, que la única forma racional en que entendemos que deben
articularse todas las inversiones, a criterio de Coalición Canaria, y no
solamente en costas, es que todas las infraestructuras deben planificarse
en el tiempo para que los proyectos no estén siempre sujetos a vaivenes
de última hora, porque, al final, lo que pesa es la necesidad de la
inversión en contra de otros criterios que para nosotros son
fundamentales, como el cuidado del entorno donde va esa infraestructura.
Esta planificación en el tiempo es la que permite corregir precisamente
una forma de hacer y de actuar de la Administración española que, en
estos momentos, entendemos que tiene que dar un giro total y absoluto.
Tanto creemos en esta fórmula que ya en esta Comisión de Medio Ambiente
(en aquellos momentos me parece que se llamaba Comisión de
Infraestructuras), ante una proposición no de ley presentada también --y
le estoy hablando de febrero del presente año, antes de presentarse la
proposición no de ley que hoy debatimos en esta Comisión-- por el Grupo
Socialista que se refería a actuaciones puntuales en determinadas playas
de Tenerife y Gran Canaria, nosotros presentamos una enmienda que fue
aprobada, creo recordar que por unanimidad, en la que se decía que se
llegara a un acuerdo que posibilitara planificar las distintas
actuaciones que es necesario acometer en el litoral del archipiélago
para, en función de los recursos de los que se disponga, priorizarlas de
acuerdo con los criterios que se fijen. Desde febrero del presente año
llevamos apuntando --y esta Comisión entendió que era la forma más
racional de actuar-- no aprobar determinadas actuaciones puntuales
aisladas en la costa, sino planificarlas en el tiempo, con criterios de
prioridad en función de las necesidades que la población decidiera. Es
más, esta proposición no de ley, en el marco de ese acuerdo de
intencionalidades que ya adoptamos en febrero, no es más que el reflejo,
cuando lo circunscribimos a Canarias, de unos convenios que en estos
momentos todo el mundo conoce, que están cantados, ya que se ha dicho por
activa y por pasiva en la prensa. No nos engañemos. En estos momentos
existe un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno canario en
materia de infraestructuras de costas, que va a abarcar del año 1998 al
2004; está cuantificado en 35.000 millones de pesetas y se sabe que el 50
por ciento es inversión del Estado y el 50 por ciento restante de las
distintas administraciones canarias, de la comunidad autónoma con los
cabildos y ayuntamientos. Conocemos las obras que han sido propuestas por
los cabildos. Simplemente se trata de algo que aprobará el Consejo de
Ministros que se va a celebrar en Tenerife el día 28. No discutamos más.
Digamos que se apruebe el convenio, que se planifique en el tiempo, que
se cuide el entorno y que se tenga en cuenta el impacto ambiental. Nada
más.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra
enmienda a esta propuesta y, para su defensa, tiene la palabra su
portavoz, señor Jiménez.
El señor JIMENEZ SUAREZ: El Grupo Popular coincide con el diagnóstico del
señor Segura aunque probablemente podríamos poner matices a la terapia
que habría que aplicar al problema.
La historia del trabajo parlamentario en esta Cámara y en esta
legislatura creo que se inicia el 25 de febrero, como muy bien ha dicho
el portavoz de Coalición Canaria, con una moción que se aprobó en
Comisión, instando al Gobierno a planificar las distintas actuaciones que
es necesario acometer en el litoral del archipiélago canario, teniendo en
cuenta los proyectos redactados, siempre y cuando se ajusten a las
prioridades y criterios fijados.
El 20 de marzo, en una comparecencia del secretario de Estado, ya indicó
que el Gobierno y el Partido Popular estaban trabajando en un convenio
--leo textualmente-- para definir las respectivas aportaciones
financieras, donde el Estado pague el 50 por ciento de las obras que
recojan los convenios, los cabildos insulares el 25 por ciento y las
entidades locales en cuyo territorio se realice la obra otro 25 por
ciento. Desde entonces, el Gobierno y el Partido Popular están haciendo
sus deberes y se ha avanzado bastante en la redacción de ese proyecto.
He de matizar la intervención del portavoz de Coalición Canaria en el
sentido de que, si ese convenio ya estuviera totalmente acordado por las
partes, lo más sencillo para el Gobierno y para este diputado que les
habla era traer el convenio y decir que aquí está el convenio. Pero
entendemos que eso no es así. La firma de este convenio requiere la
opinión y la aceptación de los siete cabildos insulares y de muchos
ayuntamientos. Y la información que tenemos, hasta donde sabemos nosotros
y hasta donde sabe el Gobierno, es que existen algunas dificultades para
que los cabildos acepten el convenio tal como está.
El Grupo Popular va a apoyar la proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista. Sin embargo, la enmienda que presenta intenta adecuar
su contenido al tiempo que ha pasado, desde marzo hasta ahora. Por algo
muy simple. La sentencia del Tribunal Constitucional que resolvía
determinados recursos sobre la ley y el reglamento de costas daba mayor
protagonismo a los ayuntamientos y a los cabildos en la gestión y en la
planificación del litoral. Firmar un convenio no sólo depende del
Gobierno, sino de buscar un punto de encuentro y de la clara voluntad de
las otras partes con ámbitos competenciales compartidos. Por eso, la
enmienda de modificación que presenta el Grupo Popular va encaminada a
actualizar el contenido, a culminar un tema que ya está muy avanzado y a
adecuarlo a las circunstancias que se han producido desde entonces.
Traslado todo esto al Grupo Socialista, que ya ha reconocido esta
circunstancia en su intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo que desee intervenir para
fijar posición con respecto a este punto?
Tiene la palabra doña Presentación Urán, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida.
La señora URAN GONZALEZ: Voy a ser muy breve.
Como ya se analiza en la exposición de motivos de la proposición no de
ley, la intervención humana e incluso las condiciones climáticas hacen
que el deterioro de nuestras costas, y más en zonas delicadas, como
pueden ser precisamente las insulares, sea cada vez mayor y se necesite
una intervención rápida y necesaria, que además se prolongue en el tiempo
y que no se vea fraccionada por los vaivenes o los cambios de los
posibles gobiernos.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, porque se está hablando de un
programa de gestión integral en las costas y en cada una de las islas.
Quiero decir que es necesario que sean programas integrales y no sólo
obras de infraestructuras en las costas, que pueden mejorar las
condiciones de las costas en las islas o, dependiendo del proyecto que se
lleve a cabo, empeorarlas todavía mucho más. Nos parece
más importante hablar de gestión integral; siempre se visualizarán mucho
más los impactos ambientales que pueda tener cualquier tipo de obra de
infraestructuras si en realidad el objetivo que se está buscando es
mejorar la calidad de las costas y mejorar y cuidar mucho más el
desarrollo del turismo o la conservación de un turismo de calidad en las
Islas Canarias.
Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario apoya la iniciativa presentada
por el Grupo Socialista y solamente nos reservaríamos ver qué enmiendas
hace el Grupo Socialista, porque desde luego no compartimos la enmienda
que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria; nos genera muchas dudas
con respecto a qué tipo de convenios se refiere, si es a un convenio de
infraestructuras de costas o si se está hablando realmente de un convenio
que gestione un plan integral de costas.
El señor PRESIDENTE: A los efectos simplemente de aceptar o no las
enmiendas que han presentado los grupos de Coalición Canaria y Popular,
tiene la palabra el autor de la proposición, señor Segura, rogándole que
sea muy breve.
El señor SEGURA CLAVELL: La posición del Grupo Parlamentario Socialista,
por lo que se refiere a la enmienda de Coalición Canaria, que es una
enmienda de... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Segura.
Señoras y señores diputados, les ruego que mantengan el máximo silencio
posible. (Pausa.)
Puede continuar, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias.
Como indicaba, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado
una enmienda de sustitución del texto del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros no podemos aceptarla como enmienda de sustitución, habida cuenta
además de que trata de instar al Gobierno para que culmine las obras en
ejecución y contrate las ya proyectadas con cargo al ejercicio de 1997.
Eso es obligación del Gobierno.
La enmienda del Grupo Parlamentario Popular matiza, más que modifica,
porque, como dije antes, al ser una iniciativa del mes de abril, ha
quedado devaluada por la dinámica actual.
Nosotros aceptamos una enmienda de modificación, que diría: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las negociaciones con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias para que, a la mayor
brevedad posible, se firme un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias en el que se recojan --de conformidad con los respectivos
ámbitos competenciales-- los compromisos que se asuman para el desarrollo
de un programa de gestión integral de las costas, con especial referencia
a las actuaciones a llevar a cabo en cada una de las islas Canarias,
tomando como base financiera del mismo los compromisos explicitados
públicamente por la ministra de Medio Ambiente, posibilitando la
inclusión de los ayuntamientos y cabildos insulares en la coparticipación
del desarrollo de cada una de las actuaciones así como de la financiación
de las mismas. Lo aceptamos porque es casi textualmente lo que nosotros
proponíamos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Segura. Le ruego facilite ese
texto a la Mesa, en cuanto pueda.
--SOBRE UN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE OBRAS HIDRAULICAS Y DE
CALIDAD DE LAS AGUAS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 161/000565).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por tanto, al debate del siguiente
punto del orden del día, señalado con el número 3, puesto que el número
2 --como hemos dicho antes-- ha sido aplazado. Se refiere a la
proposición no de ley sobre un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de obras hidráulicas y de calidad de las aguas, presentada por el
Grupo Socialista, que me imagino que será representado por el señor
Segura.
Tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, el Estatuto de Autonomía de Canarias
confiere competencia plena en materia de aguas y su desarrollo a la
propia comunidad. La comunidad autónoma está definiendo un amplio y
riguroso plan hidrológico regional en el que se insertan los planes
hidrológicos insulares. Se trata de una comunidad autónoma que viene
trabajando a lo largo de muchos años en la línea de regular cada vez más
la optimización de un recurso escaso y en un avance de modernidad en la
reutilización de aguas. En los últimos años se ha venido manteniendo una
intensa colaboración entre la Administración general del Estado y el
Gobierno de Canarias, colaboración que ha dado origen a una serie de
actuaciones hidráulicas declaradas de interés general y,
consiguientemente, según establece la Constitución española en su
artículo 149.24, situadas en el ámbito competencial de la Administración
general del Estado. Tal como muestra el Plan hidrológico nacional en lo
que se refiere a las islas Canarias, sus necesidades se sitúan en unos
417 hectómetros cúbicos, cuando la disponibilidad actual es de sólo 210
hectómetros cúbicos, incluyendo el agua de los embalses, la reutilización
y la desalación. La previsible demanda para el año 2002 será de 620
hectómetros cúbicos anuales y en el 2012 más de 920 hectómetros cúbicos.
Si se sigue el ritmo actual de sobreexplotación, las reservas se
extinguirán en unos diez años, habida cuenta, además, del aún débil
aprovechamiento de las aguas de escorrentía y la no decreciente
contaminación de los acuíferos. Podemos afirmar que las islas Canarias no
disponen de
agua suficiente para atender a una población de millón y medio de
habitantes, incrementada con unos diez millones de turistas, amén de las
necesidades de una agricultura intensiva característica de cada una de
las islas. Así, la disponibilidad de agua en las islas es de 210
hectómetros cúbicos anuales, cantidad muy inferior a la que se dispone de
media en la España peninsular para igual número de habitantes.
Por otro lado, agotadas las posibilidades de presas para el
aprovechamiento de agua de escorrentía, sólo se aprovecha el 5 por ciento
de las aguas disponibles y el 95 por ciento del agua consumida procede de
acuíferos subterráneos, de desalación y de aguas reutilizadas. Hay que
recordar que la Comunidad Autónoma de Canarias es, en el Estado español,
total y absolutamente pionera en la desalinización de agua, así como en
la reutilización y reaprovechamiento de aguas residuales en cada una de
las islas (fundamentalmente de las islas mayores, Tenerife y Gran
Canaria) y en la desalinización en las llamadas islas orientales,
Lanzarote y Fuerteventura. En consecuencia, parece claro que solamente
existe una vía para invertir esta tendencia a la que estoy haciendo
referencia, que es la de la ejecución de las inversiones previstas en
infraestructura hidráulica. Se han evaluado las necesidades de inversión
en unos 244.000 millones de pesetas hasta el año 2012. Las islas
necesitan inversiones de 130.000 millones en mejora de la calidad y
108.000 en programas de investigación de aguas subterráneas y de
desalación.
El vigente plan nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales,
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 12 de mayo de 1995,
reflejó una diagnosis temporal de esta situación, estableciendo los
objetivos, las principales líneas de actuación y las medidas de fomento
de la reducción progresiva de la carga contaminante, así como el programa
de infraestructura, de depuración y su financiación a cargo de recursos
propios de la Administración general del Estado y de los fondos de
cohesión. Se entresaca --textualmente-- del contenido del Plan nacional
de saneamiento y depuración de aguas residuales que cinco comunidades
autónomas, Cataluña, Valencia, Madrid, Baleares y Canarias, están
actualmente en niveles de depuración, conforme a la Directiva 91/271, por
encima de la media nacional. Tales resultados implican y requieren un
esfuerzo mayor, en términos relativos, de las administraciones
respectivas, por lo que las ayudas estatales que les correspondan se
aplicarán --como decía precisamente el texto del plan nacional de
saneamiento-- según un calendario más rápido que en el resto de las
comunidades autónomas.
Por tanto, en desarrollo de lo preceptuado en el plan nacional de
saneamiento y depuración de aguas residuales al que he hecho referencia,
el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la Consejería de Obras Públicas, vivienda y aguas de la Comunidad
Autónoma de Canarias suscribieron un convenio que se publicó en el
Boletín Oficial del Estado del 25 de diciembre de 1995, cuyos contenidos
es menester adaptar a la realidad gestora actual de ambas
administraciones. El esfuerzo realizado en los últimos años ha sido
notable, habiendo dado origen a actuaciones, algunas de ellas ya
culminadas y otras en construcción. Sin embargo, el crecimiento de la
demanda precisa intensificar la ejecución de aquellas que sirvan para
garantizar el suministro y la óptima calidad de las aguas que el
crecimiento de las poblaciones canarias requiere y que, en otros casos,
deriva de la importancia creciente del sector servicios de la estructura
económica de cada una de las islas, como ya he dicho.
Es menester, consiguientemente, poner de manifiesto que la contaminación
de las aguas subterráneas de las islas Canarias se debe a dos factores
claves, el primero, la progresiva salinización de los acuíferos debido a
la abusiva extracción a que se han visto sometidos los pozos; y el
segundo, por la práctica inexistencia en la mayor parte de las
poblaciones canarias de redes de saneamiento, que se encuentran
esencialmente en las capitales de las islas y en las ciudades de su
entorno metropolitano. Resulta absolutamente perentorio una política
global de igualamiento a las condiciones medias de saneamiento existentes
en Europa. De ahí que precisamente desde el Grupo Parlamentario
Socialista manifestemos que es absolutamente necesario e imprescindible
llegar a un acuerdo global, coherentemente con la línea de trabajo que
desde la Administración general del Estado, cuando el Partido Socialista
ejerció tales responsabilidades, se planteó, desde el año 1982, a la
Comunidad Autónoma de Canarias y que se reflejó en sucesivos acuerdos
institucionales.
Somos conscientes de que en los últimos meses la Administración
autonómica y la Administración general del Estado a través del Ministerio
de Medio Ambiente vienen, en efecto, trabajando con la intención de
conseguir vertebrar un acuerdo institucional que vincule ambas
administraciones. Es necesario culminarlo y, por ello, en el ejercicio de
nuestras responsabilidades, como grupo parlamentario de la oposición,
instamos a ambas administraciones (no es éste el foro para instar a la
comunidad autónoma, pero sí, naturalmente, al Ministerio de Fomento y a
los distintos ministerios que pudiesen tener competencias al respecto)
para que se llegue a un acuerdo general en la línea que se viene
manteniendo.
Termino, señor presidente. Hoy está en vigor un acuerdo alcanzado entre
ambas administraciones, publicado, como dije, en el Boletín Oficial del
Estado de los días 23 y 25 de diciembre de 1995, donde, en el plan de
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, específicamente
para la Comunidad Autónoma de Canarias, se recogen las siguientes
actuaciones: primero, la estación EDAR en Adeje-Arona, por 2.580 millones
de pesetas; la depuración en Gran Canaria sur, 1.590 millones de pesetas;
la depuración en Lanzarote, 1.835 millones de pesetas; saneamiento y
depuración del Valle de la Orotava, 3.600; ampliación del tratamiento de
la EDAR de Las Palmas, 1.300; mejora y ampliación de la EDAR de Santa
Cruz de Tenerife, 1.095. Instamos al Gobierno a que continúe reforzando
esa línea de trabajo institucional a la que he hecho referencia, por
cuanto el agua en Canarias no solamente es un bien preciado para la
supervivencia, sino esencial para su desarrollo económico, esencial para
nuestro medio ambiente y absolutamente imprescindible para
combatir la degradación de los acuíferos de cada una de las siete islas
de nuestra comunidad, que, en el transcurso del tiempo y como
consecuencia de actuaciones institucionales, principalmente de los
cabildos insulares que suscribían acuerdos con los respectivos
ministerios, pusieron en marcha los planes insulares de reutilización, de
depuración y de aprovechamiento de los recursos hídricos.
De ahí que nosotros planteemos que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, ofrezca formalmente un
convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que se recojan, de
conformidad con sus respectivos ámbitos competenciales, las necesidades
acuciantes que en materia de suministro de agua potable, agua para la
agricultura y saneamiento, necesitan las islas Canarias, debiéndose
reflejar en el mencionado convenio el listado de obras de interés general
y el plan de financiación de las mismas, de forma que, en un plazo
establecido de seis años, sitúen en tales materias a las islas Canarias
en un régimen de igualdad con las restantes comunidades autónomas del
Estado español.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la defensa de las enmiendas
presentadas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, la defensa de nuestra
enmienda es muy sencilla, porque en el fondo y en la forma compartimos
absolutamente la exposición realizada sobre la realidad canaria por el
portavoz del Grupo Socialista en lo que se refiere a infraestructura de
aguas y a su calidad.
En esa línea, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado han
llegado a un acuerdo para, con el convenio de costas, planificar en el
tiempo una serie de actuaciones que permitan, con los recursos de que se
dispone, afrontar ambos problemas. Este convenio se ha realizado entre
ambas administraciones y está pendiente de aprobación en el Consejo de
Ministros, junto con el de costas, de finales de noviembre. Es un acuerdo
en el que las obras que se proponen parten de la iniciativa de los
distintos cabildos de cada una de las islas, su duración será desde el
año 1998 al 2004, está presupuestado en 76.000 millones de pesetas y en
el convenio se prevé que los cabildos, debido a las necesidades
perentorias que pueda haber en una isla en el sentido de que la
infraestructura proyectada se pueda realizar, también se pueda
prefinanciar la realización de estas obras con el posterior ingreso por
parte del Estado.
Nuestra enmienda pretende que se proceda a la firma del convenio lo más
pronto posible; es un acuerdo pactado ya entre ambas administraciones. En
el segundo apartado se dice que se incorporen al año 1998 las cantidades
no gastadas, que figuran en los Presupuestos Generales del Estado de
1997; se refieren a materia de infraestructura hidráulica o calidad de
aguas declaradas de interés general y es necesario incorporar estas
cantidades, que hasta ahora no han sido gastadas, para que estas obras
puedan ser adjudicadas en el año 1998.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado otra enmienda fuera de plazo y de
registro. Viene siendo tradicional por parte de esta Presidencia aplicar
el criterio con la máxima flexibilidad posible y aceptar las enmiendas,
siempre y cuando no haya ningún grupo que ponga alguna objeción. Quiero
recordárselo a SS. SS., porque es un criterio que se viene aplicando
tradicionalmente, pero siempre y cuando no haya ningún grupo
parlamentario que ponga algún reparo. Por tanto, no se acostumbren,
señorías, a abusar de este procedimiento, porque pueden estar expuestos
a que algún grupo se oponga.
Agradeciendo la flexibilidad de los grupos parlamentarios, el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular puede proceder a defender la enmienda
presentada.
El señor MEDINA TOLEDO: Debo empezar --nobleza obliga-- por el
reconocimiento de la oportunidad del tema planteado por don José Segura,
lo cual es acorde con su ya contrastada sensibilidad hacia los problemas
reales de Canarias; éste, sin duda, es un problema real de Canarias.
Debe ser ilustrativo para SS. SS. enunciar un resumen de las competencias
contempladas en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, que concede a
la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en esta materia.
Entre las muchas competencias que se reparten en las distintas
administraciones hidráulicas está la del gobierno de Canarias, por tanto,
la de la consejería competente en esta materia; la de los cabildos
insulares, pero no en sí mismos, sino en tanto en cuanto dependen de
ellos administrativamente los consejos insulares de aguas; y los propios
consejos insulares de aguas que, a través de la participación de
usuarios, ayuntamientos, etcétera, son los que asumen aquellas
competencias que en la legislación general se otorgan a los organismos de
cuenca, más las competencias que la propia Ley otorga también.
Es muy importante recordar que, entre las facultades de la administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, hay una que es la que nos ocupa en
este momento y es la elevación al Gobierno de la nación de propuestas de
obras de interés general. Pues bien, señorías, en esas carencias
relacionadas con el grave problema estructural del agua en Canarias, en
ese déficit estructural, hay responsabilidades pasadas y presentes que
afectan a todas las administraciones que actúan en los territorios
insulares.
El Gobierno central del Partido Popular ha realizado un gran esfuerzo y
estoy seguro de que lo seguirá haciendo en este campo en el futuro, pero
ni es suficiente ni es el único que debe hacer ese esfuerzo.
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, les ruego que guarden silencio.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular está pidiendo amparo a esta
Presidencia y yo les ruego que mantengan el máximo respeto y silencio
posible. Han sido varias veces durante la mañana las que esta
Presidencia ha tenido que llamar al orden a todos los diputados.
Señor Medina, puede usted continuar.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, le agradezco ese amparo tácito
que le he solicitado con mi pausa, pero es que estoy especialmente
interesado en que esto se conozca, porque a veces se confunden los
términos y hay que tener en cuenta que de la exposición inicial se deduce
que hay una concurrencia de actuaciones sobre el territorio insular en
materia de aguas, y, efectivamente, las obras hidráulicas de interés
general del Estado son una parte muy importante, pero no son toda la
parte ni toda la responsabilidad. Algunos ejemplos harán que S. S. lo
entienda perfectamente y verán hasta qué punto existen contradicciones.
Yo tengo un gran respeto por la cultura, pero si se analizan los
presupuestos de los cabildos insulares, nos encontramos con que en algún
cabildo, sin decir cuál, hay 700 millones de presupuesto para obras
hidráulicas y 4.000 millones para cultura. Si observamos que un
determinado ayuntamiento ha hecho un plan especial de muchos miles de
millones de pesetas para obras especiales, para resolver problemas
acuciantes y graves, nos encontramos que durante el verano hemos tenido
en la isla de Gran Canaria una especie de guerra del agua ante la
necesidad de este preciado líquido, pero lo que se genera a precio de oro
en las desaladoras se pierde a manos llenas por unas redes de
distribución que son un colador. Y, oh sorpresa, en ese plan especial se
prevé dinero para todo y muy poco o cero para la reparación de esas
redes.
Finalmente, el Gobierno de la comunidad autónoma --hace muy bien y yo lo
aplaudo-- reclama y obtiene mucho dinero para obras hidráulicas en las
islas Canarias pero, en mi opinión, dedica muy poco dinero de sus fondos
propios para obras hidráulicas en Canarias. La responsabilidad es
compartida y el esfuerzo también debe serlo, por eso nosotros razonamos
nuestra enmienda transaccional de forma que respetamos el espíritu de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, lo único que
intentamos es técnica y cronológicamente hacerla más adecuada por algunas
de las razones que ya se han esgrimido aquí por el propio portavoz de
Coalición Canaria, señor Rivero. Y es que el convenio de obras
hidráulicas de interés general del Estado a realizar en las islas
Canarias está negociado y prácticamente cerrado, pendiente, al menos a
principios de semana, del listado de obras anexo al mismo que debía
aportar el Gobierno de Canarias. Por esta razón, y sin que sea motivo de
polémica, entiendo que la propia enmienda de Coalición Canaria es también
extemporánea, puesto que no se puede instar a pactar lo pactado ni se
puede acelerar el cumplimiento por parte del Gobierno de la nación de
algo que está pendiente del Gobierno de Canarias. Concretamente es el
convenio de 76.000 millones en siete años, que ha sido objeto de un
acuerdo previo de los cabildos para llevarlo a los consejos insulares y
de ahí ser elevado, por este procedimiento legal que decíamos, al
Gobierno de Canarias, que es quien tiene la facultad de proponer.
Sin embargo, y por eso creemos que es muy importante lo que se plantea en
la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, quedan pendientes --y
por tanto pueden ser objeto de convenio-- otras obras hidráulicas y de
saneamiento que son muy importantes y necesarias para Canarias. Daré
solamente un ejemplo: la reutilización en la agricultura o en la
restauración del medio natural de las aguas depuradas --hoy prácticamente
en casi todos los sitios, salvo en honrosas excepciones, tiradas al mar--
es un campo importantísimo de posibles convenios de colaboración entre
administraciones. Y esto --por eso digo que técnicamente perfecciona
nuestra enmienda y de alguna manera perfecciona y modifica técnicamente
lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista-- no se hará sólo con el
Ministerio de Medio Ambiente, que tiene todavía obras y cosas con las que
consorciar, porque también el Ministerio de Agricultura tiene que hacer
convenios; y, como lo mejor es enemigo de lo bueno, probablemente sería
más práctico ir haciendo una serie de convenios concretos con cosas
concretas que grandes convenios generales.
Finalmente, señorías, señor presidente, nuestra enmienda de modificación
pretende de alguna manera ser realista y posibilista, porque no se trata
de solicitar algo que sabemos de cumplimiento imposible. Hay obligaciones
presupuestarias que nos afectan a todos, derivadas de los criterios de
convergencia europea, que exigen dar a las inversiones un plazo más largo
para programar con un límite realista máximo de diez años, que puede y
debe aplicarse no sólo a los convenios futuros sino que incluso
permitiría la prórroga y la obtención de más recursos necesarios en
convenios ya firmados o a punto de firmar. Por eso, y reconociendo
explícitamente que si esta enmienda se acepta esto sería un logro
político no sólo del grupo enmendante sino también y muy en especial del
grupo proponente, termino mi intervención agradeciéndole, señor
presidente, su amparo tácito anterior.
El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas a la iniciativa que defiende el señor Segura, tiene la
palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Quería pedir a la Presidencia unos minutos a
efectos de poder ofertar una enmienda transaccional a los enmendantes;
exclusivamente cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se suspende la sesión por cinco minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Segura para proceder a la
lectura de la enmienda transaccional o para comunicarnos cuál ha sido el
resultado de esa gestión.
El señor SEGURA CLAVELL: Reconozco que no tenemos derecho para paralizar
la tramitación, pero estamos terminando en estos instantes.
El señor PRESIDENTE: Yo le sugiero que ustedes se retiren de la sala y
que sigamos con el siguiente punto del orden del día, porque hasta que
empiecen las votaciones disponen de veinte minutos.
El señor SEGURA CLAVELL: Era el deseo que inicialmente había manifestado.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación).
--SOBRE EL APORTE GARANTIZADO DE AGUA PARA LA BAHIA DE CADIZ. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
161/000614).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el número 6,
proposición no de ley sobre el aporte garantizado de agua para la bahía
de Cádiz, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya
defensa tiene la palabra su portavoz, don Aurelio Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: En los últimos veinte años se han producido cinco
períodos de sequía en al bahía de Cádiz que han provocado restricciones
en el suministro de agua que han afectado a 800.000 personas de los
municipios de Cádiz, Jerez, San Fernando, Puerto de Santa María,
Sanlúcar, Chiclana, Rota y Puerto Real. El último período fue de tal
gravedad que, a pesar de mantener restricciones durante tres años y
medio, se agotaron las reservas hidráulicas en los embalses y hubo que
tomar medidas de emergencia para el abastecimiento a los núcleos urbanos
tales como el traslado de agua en barco desde Huelva y la perforación de
pozos de emergencia en los acuíferos. Incluso se estudió la posibilidad
de contratar urgentemente una desaladora que garantizara el aporte de
agua, proyecto que no llegó a realizarse por finalizar providencialmente
el período de sequía, ya que no hubiera estado en funcionamiento cuando
se requería.
La situación que se vivió en la provincia de Cádiz en el año 1995 fue
calamitosa por estar en alerta roja ante la falta de agua para beber, la
de riego ya había sido suprimida tres años antes y, lo que es peor,
porque la Administración era incapaz de recurrir a algún aporte de agua
por no haber puesto en marcha los medios necesarios para garantizar el
mismo. La situación era tan grave que el pantano de los Hurones, que
suministra agua potable a la bahía de Cádiz, alcanzó en ese año su mínimo
histórico, con 17 hectómetros cúbicos de los 135 nominales de capacidad.
Ante ello hubo de usarse el agua de los pantanos de Bornos, Zahara y
Guadalcacín, que se utilizaba para riego y que era casi imbebible por su
mal sabor y olor, pues también éstos estaban bajo mínimos, ya que entre
los tres sólo contenían 51 hectómetros cúbicos útiles para un consumo
anual de 90 hectómetros. Sólo la providencia podría salvarnos, y así lo
hizo. Menos mal, pues ante esta situación las medidas que tomaba el
Gobierno socialista eran siempre las mismas: restricciones en el
suministro de agua. En Cádiz hemos llegado a estar tres años y medio con
restricciones, de marzo de 1992 a octubre de 1995, y esta situación,
molesta para las personas y de ruina para una zona que vive de la
agricultura y el turismo, pudo haberse evitado si el Gobierno de entonces
hubiera realizado el proyecto de trasvase Guadiaro-Majaceite, un proyecto
de 1981 que, con total imprevisión, se guardó en un cajón cuando cayeron
las primeras gotas de lluvia y no pudo estar operativo cuando se
necesitaba, pues no se aprobó hasta noviembre de 1994 y no comenzaron las
obras hasta octubre de 1995, ya en plena sequía, con lo que se perdió la
posibilidad de ese aporte de agua durante el siguiente período de sequía,
que se inició en 1991 y que fue dramático en 1995, como he indicado.
El proyecto completo consistía en dos partes: una, construir el trasvase
y, otra, ampliar el pantano de Guadalcacín para poder almacenar el agua
trasvasada. Para colmo de despropósitos, se inició y concluyó el pantano
(9.800 millones de pesetas) sin que empezaran las obras del trasvase,
habiendo tenido mayoría y apoyo suficiente el Gobierno anterior para su
aprobación. El Partido Popular sólo ponía como condición que se
garantizaran los derechos de la cuenca excedente y la corrección de los
impactos medioambientales, así como que se hicieran a la vez las obras
que impidieran las fugas, pues no tiene sentido trasvasar agua para que
se pierda en las conducciones.
Ante esta situación se recurre a la perforación indiscriminada y
sobreexplotación de los acuíferos y a transportar agua en barcos desde
Huelva, ambas medidas insuficientes y de costo muy superior al de las
obras del propio trasvase. Así, la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía indicó que la situación requería actuaciones de
emergencia por valor de 11.000 millones de pesetas, y la de Agricultura
evaluó las pérdidas del campo en 100.000 millones. No se tuvo la
previsión de reutilizar para riego el agua depurada o limitar la
superficie de regadíos, de forma que pudiera garantizarse para la
superficie con derechos, y tampoco se evitaron las pérdidas en las
canalizaciones y conducciones. No llegó a realizarse un estudio sosegado
de instalaciones desaladoras de agua de mar.
Este cúmulo de negligencias durante la Administración socialista dio
lugar a la situación caótica que hemos descrito, y porque no queremos que
ocurra lo mismo con el Gobierno del Partido Popular es por lo que, en
coherencia con nuestra actitud anterior, presentamos ahora esta
proposición no de ley.
Como está confirmado el carácter recurrente o cíclico de los períodos de
sequía y van a volver, es ahora, que tenemos un remanente suficiente de
agua, 800 hectómetros cúbicos en la cuenca de Guadalete, cuando se puede
estudiar con tranquilidad el aporte garantizado que permita disponer de
agua en esos períodos venideros. En estos estudios debe tenerse en cuenta
el comportamiento del trasvase, una vez que se ponga en marcha; también
analizar,
catalogar y proteger los acuíferos de la zona. Sabemos que se está
realizando el estudio de las normas de explotación de los embalses del
Guadalete, así como el plan de modernización de las zonas regables, de
tal manera que se pueda disponer de una alarma previa que permita poner
en marcha con tiempo suficiente un plan más rígido que posibilite un
nuevo aporte garantizado, como pudiera ser una desaladora que tuviera ya
definido su sistema, ubicación, financiación, etcétera, y tiempo
suficiente para su contratación, construcción y puesta en marcha.
Para no caer en los mismos errores que el Gobierno anterior, que tanto
daño han causado a la zona, es por lo que el Grupo Parlamentario Popular
presenta esta proposición no de ley por la que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que realice los estudios que permitan
determinar el aporte garantizado de agua para el abastecimiento de la
bahía de Cádiz y la previsión de suministro en períodos de sequía.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, no habiendo enmiendas
a esta proposición, ¿grupos parlamentarios que deseen intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Meyer.
El señor MEYER PLEITE: El Grupo Federal de Izquierda Unida va a votar
favorablemente esta proposición sin compartir la exposición de motivos.
Es decir, nos distanciamos de la exposición de motivos que fundamenta la
petición de que se realice ese estudio, entendiendo que efectivamente en
la provincia hemos pasado por momentos muy difíciles cuando la sequía
castigaba al conjunto de la provincia pero especialmente a la bahía de
Cádiz. En su día no compartimos las medidas que de forma rápida se
improvisaban para solucionar el problema; la más importante que en su
momento nos llevó a un posicionamiento en contra fue precisamente el
trasvase Guadiaro-Majaceite, porque entendíamos que era una solución
quirúrgica que atentaba claramente contra el medio ambiente, que era
agresiva, que no resolvía el problema, cuando veíamos que apostar por
otro tipo de soluciones, como por ejemplo resolver las fugas de las
conducciones de agua, por las que se perdía un 60 por ciento, además de
otras medidas menos agresivas, podían resolver el problema.
En todo caso, a nosotros, aunque sea tarde, nos parece que la petición de
que se realice un estudio para garantizar el aporte de agua para el
abastecimiento de la bahía de Cádiz y la previsión de suministro en los
próximos años, teniendo en cuenta que efectivamente la provincia sufre
períodos cíclicos de sequía, pues no está de más. Creemos que esta
petición de realizar los estudios --ya veremos cómo son los estudios y ya
tendremos ocasión de posicionarnos sobre los mismos-- nos puede permitir
resolver lo que en su momento no fuimos capaces de resolver, que es la
garantía del aporte del agua necesaria para la bahía.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Esta es una de las oportunidades en las que esta
diputada tiene auténtica satisfacción en tomar la palabra.
Me sorprende la intervención del diputado Aurelio Sánchez en la
exposición de esta proposición no de ley, sorprende incluso la fecha de
su tramitación, porque es muy curioso que esta proposición no de ley se
presente el 24 de junio de 1997, seis días después de que el Grupo
Socialista presentara una proposición no de ley sobre los compromisos de
financiación con respecto a la desaladora de Almería, proposición que hoy
se ha retirado y que probablemente se verá en esta Cámara. ¿Por qué razón
el Grupo Popular de Cádiz presenta esta proposición no de ley seis días
después de que el Grupo Socialista haya presentado la proposición sobre
los compromisos de financiación de la desaladora de Almería?
La ministra había hecho unas declaraciones el 26 de abril de 1997
asumiendo y anunciando la construcción de varias desaladoras, entre ellas
las de Melilla, Cartagena, Alicante y Almería, y tres más en proyecto, y
entre las seleccionadas no figuraba para nada la provincia de Cádiz. ¿Qué
intención tiene esta proposición no de ley? Es evidentemente una
proposición no de ley para tapar al Gobierno, para ocultar por qué el
Gobierno le niega a Cádiz la desaladora. Además, hay otro documento muy
curioso, una pregunta de un diputado socialista de Cádiz al Gobierno, don
Salvador de la Encina, acerca de las previsiones que tiene con respecto
al futuro de la desaladora de Cádiz, formulada por este diputado el 2 de
mayo de 1997; pregunta en qué estado se encuentra el expediente
administrativo de la desaladora, si tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo la construcción de la desaladora y qué otras medidas tiene previsto
poner en marcha. Pues fíjese que, pocos días después de que ustedes
presentaran esa proposición no de ley, contesta el Gobierno diciendo que,
puesto que en el invierno de 1996 --leo textualmente-- se rompió
definitivamente la tendencia hidrológica registrada en los años
precedentes, se decidió paralizar la tramitación administrativa de la
desaladora de Cádiz. Es decir, ustedes hablan en su exposición de motivos
del carácter cíclico de la sequía, y parece que el Gobierno debe haber
tenido una iluminación especial porque se ha roto definitivamente el
ciclo en la provincia de Cádiz, pero no se ha roto definitivamente el
ciclo en Almería, en Alicante, en Cartagena, en Melilla y en todos los
sitios donde el Gobierno pretende instalar desaladoras; ¡qué casualidad!,
es en Cádiz donde se ha roto definitivamente el ciclo hidrológico. Pues
esta respuesta aparece seis días después, está aquí. Tendríamos que
preguntarnos entonces, señor diputado, quién miente: ¿miente el Gobierno
o mienten los diputados del Grupo Popular? ¿Quién miente con respecto a
este tema de la desaladora, que tanto se ha utilizado como reclamo
electoral por sus compañeros de escaño y por su compañera cabeza de lista
que hoy no está aquí, reclamo electoral que le sirvió para intentar
--porque no pudo-- ganar votos con motivo de la anterior campaña
electoral?
Esta proposición no de ley que ustedes presentan con esa intención, para
ocultar por qué el Gobierno le niega a Cádiz la desaladora, tiene una
exposición de motivos con
una peculiar manera de enfocar la realidad. Yo comprendo que los
políticos siempre suelen reinterpretar la realidad, también tienen
tentaciones de reinterpretar la historia, aquí reinterpretan la realidad,
pero es difícil que ustedes puedan convencer a los ciudadanos de Cádiz de
que el Gobierno socialista no haya dedicado al tema de las
infraestructuras hidráulicas el presupuesto suficiente. Es difícil
convencer a los ciudadanos de que no hayan puesto los medios, en primer
lugar, para la ampliación del embalse de Guadalcacín, y en segundo lugar,
para el tema del trasvase, porque quiero recordarle, señor Sánchez, que
sus diputados de Algeciras estuvieron siempre en contra e hicieron
declaraciones en contra del citado trasvase. No vamos a sacar aquí
declaraciones en la prensa, pero si hubiera sido por la coherencia del
Grupo Popular, en estos momentos no tendríamos trasvase ni tendríamos
embalse de Guadalcacín. Y es curioso que usted hable del abandono de la
política hidráulica o del abandono de las infraestructuras hidráulicas en
la provincia de Cádiz, porque tengo que decirle que en los presupuestos
de este año se retrotraen ustedes a la cifra de 1987 en inversiones en
infraestructuras de carreteras e infraestructuras hidráulicas. Es decir,
que en su exposición de motivos niegan que existe un embalse de más de
800 hectómetros que no se llenó con motivo de la sequía de 1992, y ésa
fue la auténtica razón, la abundancia de años de sequía, que impidió que
el embalse se llenara, lo que hizo preciso la construcción de una
desaladora. Usted sabe, señor diputado, que el Gobierno anterior aprobó
la desaladora en diciembre de 1995, y la aprobó con la aquiescencia de
todos los grupos parlamentarios, y la aprobó para paliar en aquel momento
aquellas necesidades pero con previsiones de futuro también. Luego si el
Gobierno la aprobó entonces, ¿cuál es la razón para que ustedes ahora
presenten una proposición no de ley donde indican simplemente que se
elaboren estudios? Si esa desaladora estaba aprobada por el Gobierno
anterior, ¿a qué situación y a qué año quieren ustedes retrotraerse?
Porque los estudios están hechos. ¿O no conoce usted, señor Sánchez, que
se estudiaron todos los recursos subterráneos porque fue preciso recurrir
a los acuíferos para atender una situación que requería unas
restricciones de más de veinte horas diarias? ¿Cómo es posible que diga
usted que no se hicieron los estudios en aquel momento si estábamos con
restricciones de hasta veinte horas diarias, como usted sabe
perfectamente? ¿Cómo es posible que año y medio después usted pretenda
que ahora se hagan los estudios cuando hay proyectos de desaladoras en
una serie de provincias y cuando nuestro Gobierno había aprobado la
desaladora y ustedes se la están negando? ¿A qué vienen aquí ahora?
Hay otra razón más de fondo, y yo se la voy a decir. Ahora resulta que
Cádiz ya no tiene problemas de agua, que se rompió definitivamente la
tendencia, pero sorprende que la cabeza de lista no esté aquí presente
dando la cara en un tema como éste para explicar por qué su Gobierno no
ha puesto a Cádiz entre sus prioridades ni en los temas de
infraestructura ni en los temas de empleo ni en los temas de agua, ¿es
que ya no se acuerda su Gobierno de esas veinte horas de restricciones?
Yo comprendo que lo tiene difícil, señor Sánchez, tiene muy difícil el
papel que le ha tocado jugar aquí. Probablemente preferiría no haber
tenido que venir, yo pensé que a lo mejor probablemente retiraría esta
proposición y tengo que reconocerle la gallardía de haberla mantenido, a
pesar de que la de Almería se ha retirado. Pero hay una intención oculta,
evidentemente. Ustedes tienen la pretensión de ganar tiempo. Pretenden
modificar la Ley de Aguas en contra de las directivas europeas que
indican la dirección que deben seguir todas las legislaciones de esta
naturaleza: la defensa del uso público del agua, la defensa del control,
la defensa de la planificación. ¿Qué ocurre con una modificación que
tiende justamente a impedir esa cohesión territorial y esa planificación
por los procedimientos de elaboración que se pueden estar siguiendo hoy
en día en el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Se pueden entregar las
desaladoras a la iniciativa privada en esas zonas secas que son
justamente aquellas en las que precisamente por su falta de recursos
hídricos tienen más desempleo, menor industrialización y están más lejos
de las zonas de desarrollo? ¿Cómo pueden ustedes justificar que dejan a
la iniciativa privada estas desaladoras en esas zonas exactamente y no en
otras? Esa es la auténtica razón entonces.
Negaron ustedes a los ciudadanos la información sobre el coste del agua
en el verano de 1995, cuando se pretendió, por parte de nuestro Gobierno,
la instalación de las desaladoras como recurso último. ¿Les van a decir
ahora lo que va a costar si reforman la Ley de Aguas? Si se privatizan
las desaladoras, ¿van a decir a los gaditanos lo que va a suponer el
coste del agua? ¿Por qué sí en Cádiz y por qué no en otros sitios? ¿Saben
los gaditanos lo que les ocurre a los habitantes de Segovia, por ejemplo,
con ayuntamiento popular, donde en los barrios marginales, en los barrios
más pobres sus vecinos tienen que pagar la bomba de agua que posibilita
el que puedan tener agua en sus viviendas? ¿Saben lo que está ocurriendo
en tantos otros ayuntamientos? ¿Pretenden ustedes generalizar ese modelo?
¿Pretenden privatizarlo hasta ese extremo? Díganlo para que lo sepan los
habitantes de las zonas secas, para que lo sepan todos los pueblos de la
Bahía de Cádiz que están afectados, y también su capital, y para que
sepan las intenciones de la ministra que no conducen a la cohesión sino
al abandono de las zonas deficitarias y su entrega al interés privado.
Señores diputados, llevan año y medio de retraso. Los estudios están
hechos. Es tiempo de prever el futuro. Mi grupo no va a colaborar en dar
ese tiempo al Gobierno para que pueda poner en marcha una ley de aguas
que pretenda la privatización de las desaladoras. Cádiz necesita
soluciones ahora y con visión de Estado, porque es fácil hablar con
sentido patriotero de España, pero cuando llega realmente el ejercicio de
la solidaridad es cuando tiene sentido el concepto nación y no en
abstracto. Los socialistas no vamos a convertir el agua en mercancía. Son
ustedes quienes tienen que explicar ahora...
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le ruego que concluya.
La señora ROMERO LOPEZ: Ya termino, señor presidente.
Son ustedes quienes tienen que explicar ahora por qué no figura Cádiz
entre las prioridades del Gobierno.
Sé que hoy, señor diputado, le toca pagar un poco el precio de la
demagogia, pero al menos le agradecemos la gallardía de haber sido capaz
de estar aquí presentando lo impresentable y defendiendo lo indefendible.
El señor SANCHEZ RAMOS: Señor presidente, quisiera disponer de un par de
minutos para responder a algunas cuestiones que me ha planteado
directamente la señora Romero y también a algunas acusaciones de mentir,
ya que tengo pruebas de que no ha sido así. Le ruego dos minutos.
El señor PRESIDENTE: Es decir, que se considera contradicho según el
artículo 73. Por un tiempo máximo de dos minutos le concedo la palabra.
El señor SANCHEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
La señora Romero se sorprende de la coincidencia de la presentación de
esta proposición no de ley con la propuesta de concesión de desaladoras
para Almería. Tengo que recordarle que soy diputado por Cádiz, mi
preocupación es Cádiz e ignoro lo que pueda ocurrir con Almería. Dice que
es para tapar al Gobierno o para ocultar que el Gobierno deniega la
desaladora. El Gobierno no ha negado la desaladora a Cádiz. Dígame qué
desaladora es la que se ha contratado para Cádiz. ¿De ósmosis inversa, de
cogeneración, fija, móvil? ¿De qué marca? De ninguna, efectivamente. Se
aprobó de emergencia el contratar la que fuera, como fuera, para aportar
agua en la medida que fuera. Lo que el Gobierno ha contestado, en contra
de lo que usted dice --que tergiversa las palabras y las manipula a su
conveniencia--, es que no es urgente; no que se deniegue la desaladora,
sino que no es urgente. Se aprobó la contratación de emergencia de la
desaladora y ahora mismo no existe esa emergencia. Por eso ahora el Grupo
Popular pide que se realicen esos estudios, que se sepa qué desaladora,
dónde se ubica, quién la financia. Hay muchos problemas con la desaladora
que hay que estudiar. No sabemos tampoco si al final la desaladora va a
garantizar el aporte, puesto que el trasvase va a empezar a funcionar
dentro de un mes y hay que comprobar su comportamiento. Cuando los
técnicos --que es mi intención-- se dediquen por fin a estudiar el tema
(que ustedes no consiguieron con su Gobierno e hicieron un daño
irreparable a la provincia de Cádiz, a su agricultura, a su turismo y a
las personas) se sabrá el resultado. Si usted me ha escuchado
atentamente, se habrá dado cuenta de que pretendemos que en los futuros
períodos de sequía... Porque los períodos de sequía, señora Romero, no se
terminan porque lo decida el Gobierno, como usted ha dicho. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Sánchez. Dos cuestiones. Primera
cuestión, ruego a las señoras y señores diputados que se mantengan en el
mismo silencio con el que se ha escuchado la intervención de la anterior
interviniente. Segunda cuestión, señor Sánchez, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor SANCHEZ RAMOS: Concluyo enseguida.
Ha citado la señora Romero a los diputados del Partido Popular del Campo
de Gibraltar diciendo que se han negado a la desaladora. (La señora
Romero López: Al trasvase.) Al trasvase, perdón. Permítame, señor
presidente, que lea el «Diario de Sesiones» de esta Comisión, de 13 de
septiembre de 1995, número 552, página 16821, donde el diputado Luis
Angel Fernández, en representación del Grupo Popular, dice: «Nuestro
grupo ha defendido y defenderá la necesidad del trasvase porque con los
datos facilitados por la Confederación y las necesidades de agua de la
bahía gaditana podría ser una solución. Insisto, nuestra posición es
favorable al trasvase.» Con esto estoy desmintiendo lo que acaba de decir
la señora Romero.
Para mí, señora Romero, no es ningún problema estar en esta Comisión; es
una satisfacción tratar de conseguir para Cádiz lo que ustedes no fueron
capaces de hacer.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores portavoces de los grupos que
comuniquen las sustituciones. (Pausa.)
Señoras y señores diputados, antes de proceder a las votaciones, el
portavoz del Grupo Socialista, señor Segura, va a leer la enmienda
transaccional correspondiente al punto 3 del orden del día. Por favor,
señor Segura, para conocimiento de todos los diputados díganos cuáles son
las enmiendas que se transaccionan y cuál es el texto definitivo de la
transacción.
El señor SEGURA CLAVELL: En la proposición no de ley de obras hidráulicas
es una transaccional con una enmienda de Coalición Canaria, que quedaría
redactada de la manera que paso a leer a continuación y que obra ya en
poder de la Mesa: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
se proceda a la firma de convenios de colaboración entre la
Administración general del Estado y la de la Comunidad Autónoma de
Canarias para actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas,
suministro de agua potable, agua para la agricultura y saneamientos
precisas en la Comunidad canaria. Los mencionados convenios deben
reflejar el estado de las obras de interés general, tomando como base
financiera y temporal los compromisos explicitados públicamente por el
Gobierno, de forma que permita la solución a las necesidades de las
materias referenciadas. Asimismo, se insta a la incorporación en los
presupuestos de 1998 de los créditos de 1997 reservados para actuaciones
en dichas materias y no comprometidos o sin obligaciones de pago
reconocidos durante el presente ejercicio.
El señor PRESIDENTE: ¿Está incluida en la transacción que usted ha leído
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor SEGURA CLAVELL: Hay conceptos recogidos en esa enmienda y así se
lo hemos comunicado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero no
sabemos si será aceptada. La transacción formalmente es con la enmienda
de Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, el grupo proponente, que es a quien le
corresponde aceptar o no la enmienda, no la acepta sino que la ha
modificado en otra transaccional. De acuerdo.
El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, era una transacción entre
enmiendas presentadas, pero en el texto que nos lee hay cosas
completamente nuevas. No es un resumen de la transacción de Coalición
Canaria y del Grupo Popular, sino que hay algunas frases nuevas, por lo
que nuestro grupo tiene que reflexionar su voto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones según el primitivo
orden del día.
Proposición no de ley sobre un plan de obras e infraestructuras en las
costas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Votamos la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista y que se ha incorporado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de obras hidráulicas y de calidad de las aguas. A esta
proposición no de ley se ha incorporado la enmienda transaccional que
acaba de leer el señor Segura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Proposición de ley por la que se establece el régimen sancionador
previsto en el Reglamento CE 3093/94 del Consejo, de 15 de diciembre,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El autor de la
iniciativa ha sido el Grupo Socialista del Congreso. A esta proposición
de ley se han presentado varias enmiendas que quedan vivas. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, la enmienda número 16, que sometemos a
votación.
La señora DE LARA CARBO: Señor presidente, no hay ninguna enmienda viva,
o se han admitido o son transaccionales. Se ha entregado un escrito al
señor presidente tal y como ha quedado.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora portavoz. Las enmiendas admitidas
están vivas, luego hay que votarlas, según lo que marca el Reglamento de
la Cámara. Luego votaremos las que están transaccionadas. Señoras y
señores diputados, las enmiendas que están aceptadas hay que votarlas
porque están vivas, es una forma de decirlo.
Repito, votación de la enmienda número 16, presentada por el Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se someten a votación las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 13, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas transaccionales en su
conjunto, que supongo que son suficientemente conocidas por sus señorías.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Proposición no de ley sobre el aporte garantizado de agua para la bahía
de Cádiz. A esta proposición no se ha presentado enmienda alguna. Por
tanto, procede votar la proposición directamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley sobre acciones para la protección y declaración de
la isla de Alborán como reserva marina. A esta propuesta no se ha
aceptado ninguna de las enmiendas presentadas. Por tanto, tal cual viene
la iniciativa la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias,
señoras y señores diputados.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.