CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 318



SOBRE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA



Sesión núm. 7



celebrada el martes, 21 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Secretario General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, AECI (Espinosa Fernández), para informar
sobre:



--Estado de elaboración del «Programa Justo y Consumo Responsable», de
conformidad con la proposición no de ley aprobada el mes de diciembre de
1996 por esta Comisión. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
212/000671) (Página 9360)



--Medidas de cumplimiento de la proposición no de ley en favor de un
comercio justo y solidario. A solicitud del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 212/000304) (Página 9360)



--El reciente reparto de subvenciones a proyectos y programas presentados
por las Organizaciones no gubernamentales (ONG). A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000785) (Página 9368)

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Preguntas:



--De la señora Martínez González (Grupo Socialista del Congreso), sobre
criterios de publicidad y concurrencia aplicados en la selección del
experto asociado al que se refiere la subvención otorgada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) al Centro de Desarrollo
Industrial de la Unión Europea, UE. (Número de expediente 181/000890)
(Página 9373)



--De la misma señora Diputada, sobre criterios que justifican el que la
subvención otorgada al Centro para el Desarrollo Industrial de la Unión
Europea por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con
un valor de 15.685.930 pesetas y como contribución a la financiación de
un experto, compute como gasto de Ayuda Oficial al Desarrollo. (Número de
expediente 181/000891) (Página 9373)



--Del señor Fuentes Gallardo (Grupo Socialista del Congreso), sobre
razones del significativo descenso de las subvenciones a proyectos ONG en
el Sahara. (Número de expediente 181/000965) (Página 9375)



--Del señor Campuzano i Canadés (Grupo Catalán de Convergència i Unió),
sobre programas internacionales contra las minas antipersona en que
colabora la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). (Número
de expediente 181/000916) (Página 9377)



Proposiciones no de ley:



--Sobre aportación de España al Fondo de Población de Naciones Unidas.

Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/000622) (Página 9377)



Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenas tardes, vamos a comenzar la
sesión de la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. Antes de
nada, quisiera decirles a sus señorías que nos encontramos en una sala no
habitual, que no tendremos taquígrafos, sino que la sesión será tomada
por redactores y se grabará para su posterior transcripción literal, lo
que quiere decir que todas sus señorías, en el momento de intervenir,
deberán pulsar el micrófono a los efectos de que se pueda grabar con
exactitud el desarrollo de esta sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL, AECI (ESPINOSA FERNANDEZ), PARA INFORMAR
SOBRE:



--ESTADO DE ELABORACION DEL «PROGRAMA JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE», DE
CONFORMIDAD CON LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA EL MES DE DICIEMBRE DE
1996 POR ESTA COMISION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente
212/000671).

--MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION NO DE LEY EN FAVOR DE UN
COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de expediente 212/000304).




El señor PRESIDENTE: Sin más dilación y agradeciéndole como siempre al
secretario de la Agencia de Cooperación Internacional su presencia en
esta Comisión, empezamos con los puntos primero y segundo del orden del
día, que vamos a agrupar en esta comparecencia, para informar del estado
de elaboración del «Programa Justo y Consumo Responsable», de conformidad
con la proposición no de ley aprobada en el mes de diciembre de 1996 por
esta Comisión, presentadas por los grupos Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y Catalán (Convergència i Unió).

Tiene la palabra el señor secretario de la Agencia.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Gracias, señor presidente.

La proposición no de ley sobre promoción del comercio justo y solidario
que ustedes aprobaron el 19 de diciembre de 1996 insta al Gobierno a
considerar esta iniciativa en el marco de su política de cooperación al
desarrollo, en línea con la resolución del Parlamento Europeo de 19 de
enero



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de 1994 sobre comercio justo y solidario entre el Norte y el Sur. Esta
proposición no de ley también insta al Gobierno a presentar ante esta
Comisión un programa comprensivo de las líneas de actuación que deben
llevarse a cabo a favor de ese tipo de comercio, al tiempo que solicita
que dicho programa sea tenido en cuenta en el marco de la política
agraria común y la política comercial común de la Unión Europea.

Cuando el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentó el pasado año para su discusión ante esta misma Comisión la
proposición no de ley posteriormente aprobada, ya se requirió un
pronunciamiento de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para América, que fue emitido el 11 de junio de 1996, apoyando la
iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en línea con la
resolución del Parlamento Europeo de 1994, estimando la pertinencia de la
propuesta, a la que se habían adelantado ya varias ONG españolas,
destacando a su vez la oportunidad de que se ofrecieran a los
consumidores españoles productos obtenidos a través de las reglas del
comercio justo, orientando así a los compradores hacia la adquisición de
bienes en cuya producción y comercialización se promueve el desarrollo
sostenible y la preservación del medio ambiente, garantizando a los
productores un precio equitativo y promoviendo la evitación del empleo de
mano de obra de menores en el curso de su fabricación o en el curso de su
distribución.

En aquel momento la Secipi aceptó la integración del comercio justo y
solidario en el marco de la política global de ayuda al desarrollo y
consecuentemente ya figura formalmente entre las condiciones que deben
incluir en el documento de proyecto las ONG que se presenten al concurso
de subvenciones de las Secipi en la convocatoria ordinaria de este año. Y
en este sentido, los miembros que componen la Comisión para juzgar la
elegibilidad de los programas presentados por las ONG y la pertinencia de
aprobar los proyectos presentados por éstas, hasta un total de 8.000
millones de pesetas, consideraron como factor positivo en el proceso de
deliberación la eventual inclusión de los aspectos de comercio justo y
consumo responsable. Por otra parte, una próxima orden ministerial que
establezca para este año la convocatoria extraordinaria, que financia a
las ONG a través del 0,5 por ciento de fines de interés social, también
tendrá como condición el que en ésta los programas presenten parte de
comercio justo y comercio responsable. Prueba evidente del reconocimiento
que la Secipi y la AECI hacen de este principio supone también el que en
el proyecto de ley que próximamente tendrán que debatir sus señorías está
incluido expresamente este tipo de comercio, exactamente en el apartado
d), entre las modalidades de instrumentación de la política española de
cooperación al desarrollo. Y dice textualmente: los programas en España
de sensibilización social y promoción del desarrollo en materia de
relaciones Norte-Sur, educación al desarrollo y comercio justo. Quiero
señalar a sus señorías que «comercio justo» es la primera vez que se
incluye en ese proyecto.

En consecuencia, cuando sus señorías y los senadores aprueben la ley,
terminado su correspondiente trámite parlamentario, y oficialmente sea
promulgada, el criterio de comercio justo, si así ha sido considerado por
ustedes, tendrá una plasmación legal del máximo rango normativo a través
de su incorporación a la ley y, por tanto, se incorporará luego al
desarrollo y contenido en todos y cada uno de los decretos que de ella
tienen que salir, e indudablemente también informará todas las
convocatorias que para proyectos y programas de las ONG y otros entes sin
ánimo de lucro se desarrollen en el cumplimiento de la ley. Y esto se
referirá tanto a las acciones de sensibilización y educación al
desarrollo como a aquellas otras dirigidas al fomento de actividades
comerciales y actividades productivas orientadas o con la base en estos
fines.

El Gobierno todavía no ha aprobado un programa de apoyo al comercio justo
y al consumo responsable, cuya definición, y sobre todo implementación,
requiere la actuación coordinada de varias instancias, no solamente de la
Secipi, sino también de la Dirección General de Política Comercial e
Inversiones Exteriores; estamos, sin embargo, iniciando la tarea. Y en
este punto son de una gran utilidad las propuestas de posibles medidas
para un plan de acción conjunta presentadas por algunas ONG que se han
distinguido desde hace años en la defensa de estos criterios. En este
mismo sentido, también resultó de gran utilidad el seminario que realizó
Intermón con el nombre de Consumo justo y consumo responsable, cuyas
conclusiones, según me han informado, tienen todas sus señorías. En este
sentido, también conviene señalar que en el sistema de microcréditos y
créditos rotatorios, mencionados expresamente en el artículo 24.2 del
anteproyecto de ley de cooperación, son unos instrumentos particularmente
idóneos, caso de ser aprobados, para garantizar la aplicación real del
criterio de promoción del comercio justo a proyectos concretos. Tanto las
líneas directrices de la cooperación española para esta legislatura, que
el Gobierno presentará para su aprobación del Congreso de los Diputados
al inicio de este período de sesiones, como el plan director, elemento
básico de la planificación de la cooperación española a que se refiere el
artículo 7 de esta ley, constituirán un adecuado cauce para plasmar y
defender la aplicación del comercio justo y el comercio responsable.

Otras propuestas de las ONG, que han llegado a la Secretaría de Estado y
que incluyen ideas interesantes en cuanto a la creación de un registro
especial para organizaciones que efectivamente realicen comercio justo,
así como la dotación de un fondo de formación de gestión empresarial y de
un sistema de créditos blandos para financiar parcialmente la adquisición
de bienes sometidos en su producción y comercialización a estos
principios, serán estudiadas con todo interés por los responsables de la
Secipi y de la Agencia de Cooperación e incorporadas, en su caso, al
programa concreto que se establezca.

Desde el punto de vista de la Secretaría de Estado para el Comercio,
Turismo y Pymes, y aunque el desarrollo y la concreción de estas ideas
recomendarían probablemente la comparecencia de su titular, puedo avanzar
a sus señorías, especialmente en lo que se refiere a la política
comercial común incluida en el párrafo tercero de la proposición no de
ley del comercio justo y solidario, que esta Secretaría de



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Estado considera que una vía interesante para su promoción sería el
sistema de preferencias generalizadas, que viene a conceder ventajas
arancelarias a aquellos países en desarrollo y prevé la creación de
mecanismos especiales de estímulo, en virtud de los cuales la Unión
Europea dará preferencias comerciales adicionales a todos aquellos países
que lo soliciten y siempre que sus productos se hayan producido de
acuerdo con las normas internacionalmente aceptadas en materia
medioambiental y social, con especial incidencia en la no aplicación del
trabajo infantil. Con la aplicación de esas ventajas, ahora en trámite de
discusión, se trata de evitar que se beneficien de ello países que de
hecho no están cumpliendo los estándares considerados mínimos de respeto
a ciertas normas laborales y medioambientales. Los derechos sociales y
humanos que se consideran básicos son cinco: libertad sindical, derechos
de negociación colectiva, prohibición de trabajos forzados, eliminación
del trabajo infantil y no discriminación en el empleo. Se trata de normas
laborales de general aceptación y se encuentran recogidas en los
convenios de la OIT, entre otros de nuestro país.

En cuanto a las normas medioambientales, todavía no existe un consenso
acerca de cuáles deberían considerarse básicas, debido a la dispersión de
criterios, multiplicidad de acuerdos y diferencia en el grado de
adscripción a los convenios en el ramo.

En definitiva, la aprobación de la ley de cooperación y la implementación
del plan director cuatrienal facilitará la formulación y la aplicación
del programa de apoyo al comercio justo, que será impulsado por la Secipi
en coordinación con la Secretaría de Estado para el Comercio, y que está
orientado tanto a estimular la conciencia social en España, acerca de la
conveniencia de promover este tipo de intercambios, como a facilitar la
aplicación de estos criterios en países del Sur. Iniciativas, como la
creación de un fondo para el desarrollo de nuevos productos o la
implantación en España de una etiqueta de garantía social o marca de
identidad que identificaría y protegería a los productos amparados por el
sistema de comercio justo y solidario y garantizaría el respeto de
ciertas condiciones sociales y ecológicas mínimas, tienen hoy ya el
respaldo de la OIT, del Parlamento Europeo y de muchas ONG, y sin duda
podrán tener un encaje en el programa que el Gobierno proponga en su
momento.

Finalmente, sí me gustaría decir que como cumplimiento de la proposición
salida de esta Comisión, el Gobierno español ha decidido continuar
durante un año más con el programa de erradicación de trabajo infantil,
que tiene lugar en Iberoamérica y que es un programa, como ustedes saben,
conjunto entre la OIT y el Gobierno español, programa que se inició en el
año 1994 y que va a tener un coste global de 12 millones de dólares.

Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espinosa. Correspondería el
turno al grupo proponente en primer lugar, al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, pero al no haber ningún representante, corresponde en
segundo lugar al grupo que presenta la comparecencia en los mismos
términos, y que sería el Grupo de Convergència i Unió, para lo cual tiene
la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Antes que nada, para que conste a efectos
de acta, quiero trasladarle a la Presidencia, para que a su vez lo
traslade a la Presidencia del Congreso, que quizá hubiese sido
interesante hacer un esfuerzo para encontrar una sala que dignificase los
trabajos de esta Comisión. Que conste. Tenemos a los medios de
comunicación en una butaca y nos situamos todos en una manera de trabajar
no demasiado habitual en las comisiones importantes de este Congreso. Y
el hecho de que tengamos una Comisión específica para esta materia nos
obliga a todos a mantener la propia dignidad del trabajo parlamentario.

Dicho esto, quiero agradecer la información que el señor Espinosa nos ha
trasladado. Esta, efectivamente, fue una proposición aprobada por esta
Comisión con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que
respondía a un consenso social y político sobre la necesidad de
implementar esta nueva filosofía que supone el comercio justo. Estamos
planteando una forma alternativa de organizar los mercados; estamos
hablando de un nuevo instrumento de cooperación, un nuevo instrumento de
cooperación que pretende cambios en las políticas sociales y laborales de
los países del Sur y que pretende cambios de los valores en los países
del Norte, que además se sitúa en la perspectiva de intentar modular de
manera diferente los comportamientos de los ciudadanos de nuestra propia
sociedad, y que, por tanto, también introduce una visión diferente de lo
que pueden ser las pautas normales y habituales en el comercio
internacional.

Desde esta perspectiva, buena parte de las actuaciones que desde el
Gobierno del Estado español se deben desarrollar seguramente se escapan
estrictamente de las competencias de la Agencia o incluso del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Ahí va a ser importante que cuando el Gobierno nos
haga llegar este plan al que viene obligado por el texto de la
proposición no de ley y que el señor Espinosa ha anunciado que pronto va
a llegar a la Cámara o va a ser conocido, procuremos que sea un
instrumento que incluya al Gobierno en su totalidad y en esta visión
global que ha tenido la intervención del señor Espinosa. El señor
Espinosa ha introducido elementos que conforman esta reflexión sobre cómo
se deben relacionar los países del Sur y los países del Norte desde la
perspectiva del comercio, y que por tanto no sea la propuesta de plan de
comercio justo limitada a lo que podríamos señalar como la
responsabilidad de la Agencia.

El señor Espinosa ha hecho referencia al proyecto de ley de cooperación,
que vamos a tener oportunidad de debatir en las próximas semanas en esta
Cámara. Yo no sé si en el proyecto de ley de cooperación hubiese sido
interesante profundizar más en algunos conceptos de lo que usted mismo ha
anunciado. La tramitación de esta ley podría servir para incorporar de
manera más evidente la voluntad de hacer presente en nuestras políticas
de cooperación los principios que se fundamentan en el comercio justo.

Estamos estudiando la posibilidad de introducir enmiendas en



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este sentido y me parece que pueden encontrar un apoyo en la Cámara.

El señor Espinosa también ha hablado de las propuestas que desde las
organizaciones no gubernamentales, especialmente desde Intermón, se han
generado en esta materia. Ha dicho que compartía y que encontraba
interesantes estas propuestas, pero nos gustaría saber, de esas
propuestas que conforman las directrices o las recomendaciones que
Intermón y otras ONG han trasladado, cuáles cree él que pueden formar
parte de este plan de acción. A mí me parecen especialmente interesantes
tres de las cuestiones que él también ha mencionado y me gustaría conocer
si efectivamente van a ser incorporadas como políticas del Gobierno: la
creación de este registro específico para organizaciones que trabajan en
este ámbito; en segundo lugar, la creación de fondos de gestión
empresarial específicos para este sector, y, en tercer lugar, el
desarrollo de estas etiquetas de garantía social. Entendemos que ésta
puede ser una de las medidas más interesantes de cara precisamente a
introducir un valor añadido a estos productos, vincular estos productos a
un determinado nivel de calidad y diferencia, que los hagan alternativos
a otros productos que en estos momentos pueden circular en nuestro
mercado. Precisamente en ese seminario, al que hacía también mención el
señor Espinosa, que se celebró en Madrid en diciembre de 1996, algunos de
los ponentes afirmaban que para que el comercio justo pudiese ser
competitivo, con todas las contradicciones que puede tener ese término en
estas cuestiones, con el comercio convencional, el de siempre, o entraba
en la lógica del mercado de introducir elementos interesantes y
diferenciadores o difícilmente podríamos consolidar este comercio justo.

Y desde esta perspectiva, la posibilidad de crear una etiqueta de
garantía social nos parece especialmente sugerente. Por tanto, nos
gustaría saber si el Gobierno tiene previsto impulsar medidas
legislativas para implementar esta etiqueta de garantía social.

Y para finalizar, nos parece que va a ser especialmente importante en los
próximos meses --y evidentemente en los próximos años, pues éste no es un
debate que podamos afrontar desde la frivolidad ni desde la demagogia--
abrir el debate sobre las condiciones de trabajo en el Tercer Mundo. Por
ejemplo, en estos momentos me viene a la memoria un reciente viaje del
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas --por otros motivos,
creo recordar--, que fue a China a analizar con el Gobierno chino la
política relacionada con los temas de adopciones internacionales. Estamos
hablando de un Estado con unas dimensiones económicas, demográficas y
políticas enormes, donde seguramente buena parte de los principios que
usted mismo enunciaba que deberían formar parte de ese concepto de
comercio internacional se están incumpliendo. Y por tanto sería bueno que
el Gobierno empezase también a generar el debate político sobre cómo
desde el Estado español podemos intervenir en este debate para conseguir
que en los países del Tercer Mundo se den condiciones de trabajo óptimo
para las trabajadoras y trabajadores de aquellos Estados.

Nada más. Nos gustaría que estas cuestiones concretas que nosotros hemos
planteado, en el turno que corresponda las aclare el señor Espinosa.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Martínez.




La señora MARTINEZ GONZALEZ: Con mucho gusto intervengo en este punto,
porque considero que se dilató bastante la proposición no de ley en el
tiempo, aunque finalmente el día 19 de diciembre de 1996 esta Comisión
aprobó esa proposición con un texto consensuado. Yo reconozco, y creo que
todos lo recordamos, que se hizo un esfuerzo importante para lograr el
consenso, porque había cuatro textos. Al final llegamos a acuerdos sobre
las cuestiones que consideramos más importantes, y entre ellas estaba, en
primer lugar, que el comercio justo hoy se considera por la sociedad
española, y también por las instituciones, como una iniciativa importante
que debe ser reconocida y apoyada por el Gobierno. En segundo lugar, que
estas iniciativas están en consonancia con la resolución del Parlamento
Europeo de 19 de enero de 1994. Y un punto muy importante es que
instábamos al Gobierno a que considerara el comercio justo dentro de la
política general de cooperación al desarrollo. Por último, el punto que
yo creo más importante y por el que han pedido mis colegas que estuvieran
hoy aquí ustedes, los señores del Gobierno, es que el Gobierno presentara
a esta Comisión un programa de líneas de actuación que contemplara
medidas jurídicas, financieras y organizativas para el reconocimiento,
apoyo, fomento, impulso del comercio justo y consumo responsable en el
marco de la política agraria común y de la política comercial común.

Después de ese esfuerzo, digamos, de entendimiento, y de haber llegado al
consenso, mi grupo entiende que ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo,
sin que el Gobierno traiga a esta Comisión ninguna iniciativa. Usted
habla de cómo se recoge en el proyecto de ley de cooperación el comercio
justo. Y nos alegramos y nos felicitamos porque en ese texto aparezca el
comercio justo. Y también ha dicho algo muy interesante, y es que se
tendrán en cuenta, en la orden de subvenciones próxima, a las
organizaciones no gubernamentales que presenten (eso es lo que yo he
creído entender) programas que tengan que ver con el comercio justo.

Dicho todo esto --no me voy a extender excesivamente-- a mi grupo le
gustaría saber, alegrándonos de que conste en el texto del anteproyecto,
alegrándonos de que estén pensando en apoyar este tipo de iniciativas a
las ONG concretas, si ustedes van a traer el programa de líneas de
actuación a esta Comisión antes de que se apruebe definitivamente el
texto de la ley de cooperación o si van a esperar a que esté el texto de
la ley terminado, concluido, aprobado, para traer aquí líneas de
actuación. A mi grupo le parece que no es necesario. España tiene, a
partir del año 1990 sobre todo, una cooperación al desarrollo muy
importante, que ha ido aumentando, aunque bajara en cierto modo en
algunos aspectos el año pasado --me refiero al porcentaje--, y no
teníamos ley de cooperación. A nosotros nos parece que hay una
sensibilidad social importante en España de cara al apoyo del comercio
justo --hay una serie de argumentos que no voy a repetir, porque los
debatimos muchísimo para llegar a este acuerdo del texto de la
proposición no de ley--; uno es la sensibilidad del pueblo



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español y ve cómo el pueblo español está dispuesto incluso a aportar
apoyo económico a las ONG que trabajan en el comercio justo.

Por lo tanto, volviendo un poco a la pregunta, queremos saber si ustedes
van a esperar a que esté el texto aprobado para traer aquí unas
iniciativas. Creo que la pregunta fundamental es ésta. Creemos que ha
pasado tiempo, creemos que se puede traer aquí el programa de líneas de
actuación sin necesidad de que esté el texto de la ley, porque la
cooperación existe, la cooperación ha ido creciendo, se ha ido
diversificando y no había ley; luego no creo que debamos esperar. Y yo
creo que están esperando por nosotros las organizaciones no
gubernamentales y muchas personas que están interesadas, primero, en
trabajar solidariamente en el comercio justo, y otras en consumir
productos del Tercer Mundo que vengan por la vía del comercio justo. Y no
se nos escapa la complejidad que tiene introducir este tipo de comercio,
que seguramente rozará con algunas leyes del comercio y de los derechos
del comercio internacional. No se nos escapa la complejidad, pero desde
luego instamos al Gobierno, una vez más, a que agilice esta cuestión y
que no espere a que se apruebe la ley de cooperación.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su
portavoz, don Pablo Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Intervengo para fijar la posición de nuestro
grupo parlamentario en las comparecencias solicitadas.

La verdad, señorías, es que nosotros hemos escuchado en la intervención
del secretario general de la Agencia un programa comprensivo de apoyo a
la iniciativa del llamado comercio justo y solidario. Recuerden sus
señorías que en aquellas proposiciones no de ley que todos los grupos
parlamentarios presentamos en esta Cámara, y no desde diferentes ópticas,
sino probablemente desde la misma óptica, no fue difícil, sino más bien
fácil, llegar a un acuerdo, llegar a una proposición no de ley
consensuada y mandarle al Gobierno un texto con el que, dicho sea de
paso, el Gobierno estaba perfectamente de acuerdo. En aquella proposición
no de ley, señorías, como digo, hablábamos de un programa comprensivo de
las líneas generales de apoyo a la iniciativa de comercio justo y consumo
responsable.

Yo hoy he escuchado aquí, señorías, que el Gobierno quizá, a lo mejor,
presentará un programa de líneas. Yo entiendo que no, porque para nada la
proposición no de ley dice que antes de empezar a hacer nada en favor de
las campañas del comercio justo presentará previamente en la Comisión un
programa de líneas para que nosotros le digamos al Ejecutivo si ese
programa nos gusta o no. La proposición no de ley, señorías, no dice eso.

La proposición no de ley dice que el Gobierno presentará un programa. Y
lo que ha hecho el secretario general de la Agencia en esta Comisión,
señorías, en mi opinión, es presentar un programa de lo que se ha hecho
ya. Y no se han hecho pocas cosas. Porque aquella proposición no de ley
decía: Medidas jurídicas, financieras y organizativas de apoyo a las
campañas de comercio justo.

Medidas jurídicas. Las campañas de comercio justo están donde tienen que
estar necesariamente, que es en la ley de cooperación al desarrollo, como
un instrumento, señorías, de la cooperación al desarrollo y al mismo
nivel que las campañas de promoción, sensibilización y participación
social en la solidaridad, de alguna manera, en las políticas de
cooperación al desarrollo. Por lo tanto, no es poca esa decisión del
Gobierno de enviar a la Cámara un proyecto de ley que, dicho sea de paso,
señorías, otros nunca se atrevieron a enviar, incluyendo un mandato
parlamentario y, creo yo, señorías, incluyendo también lo que es criterio
del propio Gobierno.

Medidas jurídicas, medidas financieras. Señorías, es preciso recordar lo
que acaba de decir el secretario general de la Agencia, que las campañas,
las campañas de comercio justo y consumo responsable, son susceptibles de
reducir subvenciones públicas a través de la convocatoria ordinaria, de
subvenciones a las ONG y de la convocatoria extraordinaria de
subvenciones a las ONG. Eso no era posible antes de la presentación de
estas iniciativas, no era posible. Dicho sea de paso, yo recuerdo alguna
comparecencia del secretario de Estado para la Cooperación Internacional,
don Fernando Villalonga, en que antes de que las proposiciones no de ley
fueran aprobadas ya incluía, al hablarnos de las subvenciones y de las
convocatorias públicas, la posibilidad de que se destinaran ayudas
públicas a este tipo de campañas. De alguna manera, los grupos
parlamentarios lo que hicimos entonces fue recoger una intención que el
Gobierno ya tenía.

Por lo tanto, ¿medidas financieras? ¡Qué duda cabe! Pero si por
financieras entendemos establecer determinadas condiciones financieras
especiales para apoyar un determinado tipo de comercio, también las
tenemos. Ha sido presentada ante la Cámara una ley de presupuestos en la
que por primera vez en la historia de la cooperación española, y creo que
no es algo habitual en el conjunto de la cooperación de los países de la
Unión Europea, se establece una línea de crédito especial, una línea del
microcrédito, del crédito resolving, por 8.000 millones de pesetas, donde
perfectamente, como ha dicho el secretario general de la Agencia, pueden
introducirse este tipo de campañas. Porque coincidirán conmigo, señorías,
en que el comercio justo o convencional, como se ha dicho, tiene sus
propias normas. Por cierto, se dice también que roza con algún tipo de
leyes. No, roza con acuerdos parlamentarios, porque las leyes, señorías,
las hacemos nosotros. Pudiera rozar, porque la política agrícola y
comercial común es una decisión soberana del Gobierno de España, pero de
estas Cortes; o la política comercial común; o, señorías, los tratados
internacionales, que tienen rango superior a la ley y que, como dice la
proposición no de ley que aprobamos, nos obligan a su cumplimiento y, si
no, a reformarlos.

Señorías, efectivamente se ha presentado un programa comprensivo, en lo
que es responsabilidad de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por lo tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las
líneas de actuación jurídicas, financieras y organizativas de lo que se
puede hacer en promoción de las campañas de comercio justo.




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¿Que se pueden hacer más cosas? ¡Pues qué duda cabe! Recuerdo, y voy
terminando, señor presidente, que la proposición no de ley no decía que
el Gobierno debiera previamente presentar aquí algún tipo de medidas para
que le fueran tasadas por esta Cámara, porque recuerdo a SS. SS. que las
facultades constitucionales que tenemos los parlamentarios de esta
Cámara, y las que el propio Gobierno tiene, son las del diseño de la
política exterior, si es que en este caso esto lo podemos considerar
política exterior. Si no fuera política exterior y estuviéramos hablando
de política comercial interior, tendríamos que estar debatiendo
--entiendo yo-- sobre otras cuestiones. Por lo tanto, creo que la
comparecencia es muy acertada, y felicito a los grupos parlamentarios que
la han solicitado, porque ha provocado que en este Parlamento sepamos las
líneas que ya están puestas en marcha, que entiendo que no son poco
importantes.

¿Medidas concretas? Seguramente se pueden tomar, pero yo animaría a los
grupos parlamentarios a que determinadas medidas específicas que se salen
quizás del espíritu de la proposición no de ley que aprobamos, fueran
presentadas de modo particular. La ley de cooperación, señorías, no puede
ser el cajón de sastre en el que intentemos colar todo tipo de reformas.

La ley de cooperación internacional, en mi opinión, ya que se ha hecho
referencia a ello me lo permitirá el señor presidente, es una ley de
extraordinaria importancia para consolidar, en el presente y en el
futuro, las políticas de cooperación, por lo tanto las políticas de
solidaridad. Quiere esto decir que las políticas de cooperación al
desarrollo dejan de ser marginales, como lo han estado siendo hasta
ahora, en opinión de nuestro grupo parlamentario y en la propia opinión
del Gobierno. Marginales porque no tenían una ley, por lo tanto un encaje
jurídico sólido de futuro. Marginales, porque estaban limitadas a la
discrecionalidad del Ejecutivo, donde apenas las Cortes podían tener algo
que decir, quizá, dicho sea de paso, por las circunstancias de la propia
Comisión de Cooperación, que muchas veces no tiene ni sala donde
reunirse. Es ahora cuando por iniciativa del Gobierno se ha presentado un
proyecto de ley a la Cámara, que indica la competencia permanente de la
Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo y define a las Cortes
Generales como un órgano rector de la cooperación, que es lo mismo que
decir que quienes son depositarios de la soberanía popular serán los que
tengan que decidir en el futuro sobre el diseño de las políticas de
cooperación al desarrollo. Esto supone una reforma de extraordinaria
importancia que no se puede ni se debe minimizar. Probablemente la ley
tenga algún otro tipo de inconvenientes, pero y la voluntad del Gobierno
y la voluntad del grupo mayoritario de la oposición, señorías, es llegar,
como es lógico, al máximo acuerdo y al máximo consenso, porque tiene que
ser una gran ley. No le vaya a pasar a esta ley lo que les pasó a otras
en épocas anteriores, que fueron aprobadas por la simple aritmética
mayoritaria y ahí están sus deficiencias y sus dificultades. Esta tiene
que ser una buena ley, sobre todo para la solidaridad, ya que estamos
hablando en estos términos.

Señor presidente, termino con esta consideración. En resumen, entiendo
que se ha presentado un programa, al que se pueden plantear otro tipo de
medidas que no creo que afectan al fondo de la proposición no de ley,
sino a cuestiones probablemente tangenciales. En cualquier caso, los
grupos parlamentarios debían de tener si no la prudencia, sí la decisión
política de decirnos qué tipo de medidas. Se ha hablado, por ejemplo, de
la etiqueta solidaria. Podíamos hablar también de la conveniencia o no de
denominar a estas campañas en nuestro ordenamiento jurídico de comercio
justo y consumo responsable. ¿Por qué no hablamos con toda claridad? Las
propias organizaciones no gubernamentales que promueven estas campañas en
España, y ahí están los textos del importante seminario que hizo
Intermón, inciden en esa cuestión. Inciden con toda claridad en que el
nombre que se ha diseñado y que se ha acuñado de manera internacional
para este tipo de campañas no es el más acertado en Europa.

¿Y por qué no es el más acertado? Porque, señorías, los principios del
comercio justo y solidario los cumplen, en primer lugar, las políticas de
cooperación españolas, todos y cada uno de ellos. Se ha recordado por el
secretario general de la Agencia que hay un programa de 12 millones de
dólares con la Organización Internacional del Trabajo para la
erradicación del trabajo infantil, y hay programas de género, de igualdad
de derechos entre el hombre y la mujer, de libertades fundamentales, de
libertad sindical, de reforzamiento institucional. ¿Es que los principios
de las campañas del comercio justo y consumo responsable no inspiran los
de la política de cooperación? Entiendo que sí, señorías, no sólo los de
la política de cooperación, sino, fundamentalmente, desde la entrada del
nuevo Gobierno, los principios de la política exterior. Recuerdo a SS.

SS. que las políticas de cooperación al desarrollo tienen para este
Gobierno una importancia básica en la política exterior, no solamente a
nivel presupuestario, sino a nivel conceptual.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de la Agencia, señor
Espinosa.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Si me permiten, voy a intentar
contestar en un todo, sin diferenciar las intervenciones, pero si hay
alguna cuestión que por cualquier razón no contesto, aunque sea porque no
haya podido tomar buena nota, ruego me disculpen.

Si hablamos del consumo justo y del comercio justo, que las dos
expresiones son una misma cosa, porque sin un consumo justo no puede
darse un comercio justo, tenemos que diferenciar desde el primer momento
cuál es el papel que todo el mundo da a los gobiernos y qué papel dan a
los consumidores. Sin una educación del consumidor y sin una elección por
parte del consumidor, huelga que los gobiernos establezcan normativa tras
normativa, porque eso es papel quemado. Tengo la gran ventaja de no
decirlo yo, que puede parecer que estoy echando agua a algún molino, sino
que lo dicen personas que están en esto toda su vida trabajando, en este
caso el director de una ONG, que es la



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Oxfam, que, como ustedes saben, es una de las grandes ONG; y dice: Aunque
el papel de las instituciones públicas es importante, su función es la de
establecer los mecanismos necesarios para que la sociedad civil sea la
protagonista real del desarrollo justo y solidario y de su comercio.

Nosotros estamos convencidos de que eso es así, porque por más que
digamos mañana que el Gobierno pide que el único palmito que debe ponerse
en las ensaladas es el del Pijuayo que se hace en las cooperativas de la
selva amazónica, el consumidor dirá cómo le gusta la ensalada, si le
gusta con ese tipo de palmito o con otro.

Entonces, ¿qué es lo que el Gobierno sí ha hecho? Eso es lo que me parece
más importante. Primero, nada más aprobarse la proposición no de ley por
esta Comisión, el 16 de diciembre pasado, el 29 del mes de diciembre del
año 1996, cuando salieron publicadas las normas para las convocatorias de
programas hechos y realizados por las ONG, llamado programa ordinario o
convocatoria ordinaria, se incluyó como algo prioritario que se
desarrollaran programas de comercio justo. Creo que mayor rapidez no ha
existido jamás en un Gobierno para atender una recomendación de una
proposición no de ley. Estamos hablando del 16 al 29 de diciembre de
1996.

Segunda cuestión. Cuando en el mes de julio vuelve a salir la
convocatoria para los programas de las ONG que llamamos de IRPF para
distinguirlos del ordinario, porque es con cargo al 0,5 por ciento,
vuelve a ponerse como condición. Y cuando estas organizaciones pasen su
examen los próximos días 26 y 27, éste será uno de los criterios que se
tendrá en cuenta para poder realizarlo. Insisto: mayor rapidez me parece
imposible, no de este Gobierno, de cualquier Gobierno. ¿Por qué el
Gobierno fue tan rápido? Porque comulgaba total y absolutamente con la
proposición no de ley que SS. SS. habían establecido. Como ha recordado
el portavoz del Grupo Popular, cuando el secretario de Estado tuvo una
intervención en el pasado mes de noviembre ante ustedes, ya habló de que
una de sus preocupaciones era la del comercio justo y solidario. ¿Por
qué? Porque indudablemente todos aquellos que estamos dentro de la
cooperación, y en la cooperación no reembolsable --y aquí sí que me
gustaría diferenciar un tipo de cooperación de otro tipo de cooperación,
aunque toda sea cooperación y ayuda al desarrollo-- los que estamos en la
cooperación no reembolsable sabemos que el comercio justo es uno de los
capítulos que más puede favorecer la erradicación de la pobreza, y, como
bien saben SS. SS., la erradicación de la pobreza es el principio
fundamental de cualquier cooperación; tanto es así que es el principio
básico del proyecto de ley que verán sus señorías. La cooperación
española, además de ser la expresión de la solidaridad del pueblo español
con los colectivos más vulnerables o menos favorecidos, tiene como
objetivo fundamental la erradicación de la pobreza y a ese objetivo se
supeditan todos los demás que tiene la ley. Rapidez.

Tercera cuestión: ¿Qué hemos hecho también? Establecer en el proyecto de
ley una serie de mecanismos donde tengan cabida los principios del
comercio justo. ¿Cuáles son ésos? Favorecer el crecimiento de empresas
autóctonas que guarden las normativas, y para eso hemos creado un fondo,
que se llama Fondo de Solidaridad, que va a facilitar microcréditos, para
hacer revolving, para lograr créditos con cesiones a largo plazo,
etcétera. Pero no contentos con eso y viendo que la ley de cooperación
por los lógicos trámites parlamentarios puede retrasarse cinco, seis o
siete meses, el Gobierno ha incluido ya en el proyecto de ley de
presupuestos un capítulo de 8.000 millones de pesetas como crédito
financiero dentro de la Secipi, capítulo 8, precisamente para que desde
el día 1 de enero, si así lo deciden SS. SS., podamos comenzar a
establecer estos programas. Mayor concreción y rapidez en la ejecución de
una política de rango general, que ustedes aprobaron, creo que es
imposible, pero indudablemente ésta es una opinión que como toda otra
puede ser subjetiva.

Dice: ¿Por qué estamos esperando a la ley de cooperación al desarrollo
para hacer luego todas las cosas? La ley de cooperación es la ley de
bases de la solidaridad española con el mundo externo, y sobre esa ley de
bases luego tendrá que haber las ventanas, los alféizares y también, en
todo caso, los jardines floridos que pongamos en los balcones. Pero como
sus cimientos han de contar con un gran consenso, porque ésta no puede
ser una ley de poco consenso, tiene que ser una ley de gran consenso
porque es una ley de Estado y no de ningún partido político, aunque sea
uno el que lo promueva, indudablemente tenemos que esperar a que ustedes
aprueben la ley para ir al desarrollo de la misma. El desarrollo lo
tenemos preparado, pero debemos saber primero cómo deciden ustedes que
sea la ley de cooperación. Indudablemente, lo que sí que nos parecería un
poco extraño es que, por medio de algún mecanismo administrativo, se
dictaminaran una serie de cosas deprisa y corriendo para que luego fueran
contradichas por la propia ley de cooperación aprobada por ustedes.

¿Con esto qué quiero decir? Creo que hemos actuado con rapidez, que sí se
ha demostrado que tenemos una línea de actuación clara y positiva, con la
que además queremos continuar. ¿Cómo queremos continuar con ella? Desde
la propia Agencia Española de Cooperación estamos pidiendo que se hagan
cada vez más estudios y más documentos de trabajo para que todo el mundo
pueda saber de qué estamos hablando y lógicamente tener y aportar sus
propias ideas.

Finalmente, hay tres cosas muy concretas que han preguntado y a las que
me gustaría responder.

Registro de las ONG de comercio justo. Primero hace falta una definición
de comercio justo. En toda Europa no nos ponemos de acuerdo en lo que es
comercio justo; es más, hay incluso visos de algún escandalito, muy
pequeñito, a Dios gracias, porque por la auditoría de algunas tiendas de
una ONG, en este caso inglesa, parece ser que el sistema contable de
aplicación de costes y beneficios no se diferencia en nada del de la
tienda de Marck & Spencer, por poner un ejemplo. Entonces, hay una
especie de terremoto en cuanto a qué concepto es el de comercio justo y
qué es lo que debe aplicarse. Si no tenemos claro qué es, menos vamos a
poder tener claro quiénes lo realizan y establecer un registro. No
obstante, si se llegase a un consenso generalizado de cuáles son los
procedimientos de comercio justo y quiénes están capacitados para
realizarlo,



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perfectamente podría establecerse un registro. Pero con una condición:
ese registro no podría limitarse a las ONG, porque los condicionamientos
de comercio justo puede desarrollarlos exactamente igual cualquier tipo
de empresa. Lo que es importante no es la forma jurídica que tenga quien
haga el comercio justo, sino que se cumplan las condiciones para que un
tipo de comercio se denomine justo. Aunque también tengo que decir a SS.

SS., como bien saben, que los economistas se niegan a aceptar el concepto
comercio justo porque consideran que cualquier comercio surgido de la
oferta y la demanda es el justo; no es otro, es el justo.

En cuanto al fondo de gestión, ya le he dicho que el artículo 24.2 de la
ley de cooperación establece esos mecanismos para este fondo.

Etiqueta de garantía social. Además de lo que ha dicho el portavoz del
Grupo Popular, que hago mío con su permiso, estamos exactamente igual.

¿Qué es la garantía social?, ¿la garantía social de qué? ¿Las normas que
tenemos en Occidente son aplicables a todos y cada uno de los países del
Tercer Mundo? Si, por ejemplo, estableciésemos una jornada de 38 horas,
por citar la media española, en los países en desarrollo, ¿serían capaces
de establecer el suficiente desarrollo para continuar creciendo más de lo
que lo hace la población y por lo tanto aumentar su nivel de riqueza?
¿Son los 16 o los 18 años la edad justa para comenzar el trabajo? ¿Pueden
ser los 14? ¿Desde cuándo el trabajo en familia es efectivamente trabajo
denigrante o es trabajo de aprendizaje, necesario para la cohesión de la
propia familia? Todas esas preguntas tienen que ser contestadas, aunque
no seré yo quien lo haga, porque no estoy capacitado para ello.

Indudablemente la etiqueta de garantía social es un objetivo al que hay
que tender para distinguir un tipo de producto de otro, pero tampoco
hagamos que Nike sea la buena y Addidas sea la mala, porque, en el fondo,
en cualquier parte del proceso están interviniendo los mismos mecanismos.

Para poder dar marchamo hay que tener la autoridad y las ideas claras de
cuál es el procedimiento para hacerlo.

Finalmente, señorías, quiero decirles que nosotros vamos a tener gran
interés en que en el desarrollo de la ley de cooperación, el comercio
justo y responsable por medio de la educación sea extendido a todos los
ciudadanos, que los ciudadanos sepan y conozcan que van a ser ellos los
que tengan la última decisión sobre qué tipo de productos consumir, y que
consumiendo unos productos están fomentando un tipo de producción u otro.

Y esta labor la va a realizar, lógicamente, la Agencia Española en esa
tarea de concienciación y sensibilización que tiene asignada por el real
decreto que es la base de su ordenamiento.




El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Quería pedir una aclaración al señor
Espinosa, para dar sentido a la petición de comparecencia.

Lo digo porque puedo intuir una cierta contradicción entre la exposición
del señor Izquierdo y su propia primera intervención.

En la primera intervención he entendido que el Gobierno va a presentar el
plan al que hace referencia la proposición no de ley en su punto segundo.

De la exposición del señor Izquierdo he intuido que el plan a que hacía
referencia este punto segundo era el contenido de las líneas que había
expuesto el señor Espinosa en su primera intervención. A mí me parece más
oportuno que el señor Espinosa anuncie la voluntad de que este conjunto
de medidas ya puestas en marcha, y las que previsiblemente se pondrán,
constituyen el cumplimiento de este punto segundo de la proposición no de
ley.

Finalmente, si me permite el señor presidente, haré una consideración de
orden muy general. Entiendo que el Gobierno esté orgulloso de las medidas
que ha puesto en marcha, porque todos los grupos las podemos compartir y
también nos podemos sentir orgullosos. Sin embargo, citando aquello a que
usted hacía referencia de que el papel de las instituciones y de las
administraciones es crear los mecanismos necesarios para hacer realidad
estos principios, precisamente uno de los mecanismos necesarios va a ser
abrir un diálogo para definir lo que entendemos como comercio justo e
introducir un debate en profundidad sobre su última reflexión, sobre la
necesidad de cambiar las pautas que rigen el comercio internacional. Es
ahí, en ese debate, donde el Gobierno tiene mucha responsabilidad, y yo
creo que va a ser importante que juegue un papel activo.




El señor PRESIDENTE: El señor Izquierdo tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Por aclarar algo al señor Campuzano. Usted
habla de plan constantemente y yo hablo de programa, y el secretario
general de la Agencia habla de programa. Lo que he entendido, señor
Campuzano, señorías, es que el Gobierno tendrá lógicamente un programa
más concreto cuando la ley de cooperación esté aprobada y entonces lo
presentará. Lo que he intentado en mi intervención es distinguir entre lo
que es un programa y lo que es un plan, que es a lo que usted hace
referencia, un plan de medidas concretas, del que no habla la proposición
no de ley. Habla de un programa comprensivo de medidas que tengan en
cuenta una serie de circunstancias. Se ha presentado un programa y habrá
medidas más concretas --jurídicas, organizativas y financieras-- en el
desarrollo de la ley de cooperación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espinosa para cerrar el
debate.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Yo procuro, a lo mejor no lo
consigo, ser lo más escueto posible, porque si no tengo la impresión de
que les ofrezco a ustedes unos rollos totalmente infumables e
inaguantables, pero a veces luego me arrepiento de no ser más extenso.

Vamos a ver.

Ustedes aprobaron la proposición totalmente de acuerdo, y entonces el
Gobierno ya dijo y ha vuelto a decir. Cada año el Gobierno trae a las
Cortes el Plan de cooperación,



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llamado PACI. Este PACI tiene las líneas generales de todo, incluido lo
del comercio justo. Yo no he querido decirlo antes, pero ahora lo digo
exactamente: el Gobierno en cumplimiento de su obligación traerá a las
Cortes el PACI-previsión correspondiente al año próximo, donde se
establecerán todas las medidas de índole general y todas las ideas que
tiene el Gobierno sobre esta característica, igual que lo han hecho este
Gobierno y los anteriores desde el año 1993 cuando comienzan a
establecerse los PACI-previsión. Esto lo he dado por supuesto y, como por
supuesto, no he querido entrar a ello. No sé, ustedes tienen perfecto
derecho a llamarme aquí y para mí es un honor que lo hagan, pero si he de
contestarles que el PACI lo hace cada año su Gobierno, eso lo saben mejor
que yo. Por eso he intentado decirles la otra parte, las cosas concretas
que hemos llevado a cabo, además de cumplir con la obligación anual de
presentar el PACI-previsión que hacemos, igual que haremos también el
PACI-evaluación, porque creemos que debemos hacerlo y, además, porque es
una obligación legal.

El Gobierno tiene la potestad de establecer el PACI, que además
presentará, y no soy yo quién para decir qué contendrá. Sin embargo,
aunque las líneas generales las avanzó el secretario de Estado, sí puedo
decirles que, además de todo eso, la concreción de esas cosas son lo que
yo les he dicho: la introducción de las normas específicas en las
convocatorias de las ONG. Quiero recordar que sobre el total de 40.000
millones de presupuesto para 1997 de la Agencia Española de Cooperación,
aproximadamente 12.000 millones van por medio de las convocatorias de las
ONG, es decir, un 27,5 por ciento, que ya es importante; después de eso
está el proyecto de cooperación, está la participación en seminarios,
etcétera. Pero todo eso está fuera del PACI, porque el PACI es el
documento global genérico que cada año aprueban SS. SS. a propuesta del
Gobierno y que, lógicamente, para el año próximo el Gobierno realizará
teniendo en cuenta indudablemente los principios de esta moción que
ustedes aprobaron, a mi juicio tan digna.




--EL RECIENTE REPARTO DE SUBVENCIONES A PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS
POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG). A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000785).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al tercer punto del orden del
día, que es la comparecencia del secretario general de la Agencia para
informar del reciente reparto de subvenciones a proyectos y programas
presentados por las organizaciones no gubernamentales, a solicitud del
Grupo Socialista del Congreso.

Tiene la palabra el señor Espinosa.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Señor presidente, señorías,
desde que en mayo de 1996 nos hicimos cargo de la administración de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, ha sido un principio
básico el que todas nuestras actuaciones tengan una publicidad meridiana.

Esto lo conseguimos de dos maneras. Primera, haciendo público el reparto
a través de los medios de comunicación, y, segunda, que es la fetén,
publicándola en el Boletín Oficial del Estado. De esa publicación en el
Boletín Oficial del Estado se infiere el gran número de ONG de todo tipo
y condición que han presentado sus proyectos y la gran cantidad de
proyectos que han sido aprobados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional. ¿Cómo hacemos esta selección? Digo esto porque si bien es
verdad que, por ejemplo, en la última convocatoria se aprobaron ocho mil
y pico millones, se habían solicitado veintidós mil y pico millones. ¿Qué
hacemos para seleccionar de los 22.000 los 8.000?
En primer lugar quiero hacer una afirmación que vengo reiterando desde el
principio de esta Administración: la Agencia Española, el Secipi, no
financia a las ONG, financia proyectos de cooperación al desarrollo que
tienen que estar realizados por organizaciones no gubernamentales. Pero
lo que financia la Secipi, insisto mucho, no son las ONG, sino proyectos
de cooperación al desarrollo, de tal manera que ninguna ONG, por
importante que sea, tiene patente de corso para tener un dinero de
proyectos, y éstos se evalúan de acuerdo con la idoneidad y el país.

Se interesaba por cómo se elabora este entramado para llegar al final a
la conclusión que queremos. Hay cuatro diferentes organismos u oficinas
de la Administración que evalúan cada uno de los proyectos. Ustedes saben
que los proyectos de cooperación al desarrollo, excepto los de
sensibilización, se ejecutan en países terceros, en países menos
favorecidos. Pues bien, ¿qué cuatro organismos se encargan de hacer esta
evaluación? Primero, la Oficina de Planificación y Evaluación de la
Secipi, que es independiente de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Segundo, nuestra propia unidad de proyectos de desarrollo
de organizaciones no gubernamentales, que es dependiente de la Agencia
Española de Cooperación. Tercero, la Dirección Geográfica del Ministerio
de Asuntos Exteriores (y ahora diré el porqué). Y cuarto, la oficina
técnica de cooperación del país donde se va a desarrollar. Estas cuatro
oficinas evalúan independientemente y valoran cinco o seis
características, depende de cada uno de los proyectos. La suma de estas
fichas hace que tengamos una puntuación y baremación, y ése es el único
criterio que sirve de base para la concesión de la ayuda a los programas.

Preguntaba por qué interviene también el Ministerio. Pues por dos
razones: primero, porque indudablemente la Agencia es un ente autónomo
del Ministerio de Asuntos Exteriores y la cooperación forma parte --SS.

SS. bien lo saben-- de la política exterior española, y, segundo, porque
un acuerdo unánime de las Cámaras, de ustedes, hace que tengamos un
reparto geográfico de la ayuda de cooperación, de tal manera que el 45
por ciento tengamos que dedicarlo a Iberoamérica, el 25 por ciento
tengamos que dedicarlo al Magreb, y, lo demás, al resto del mundo. Hay
que compaginar que eso cuadre así para seguir el mandato de lo que
ustedes han creído que es lo mejor.




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A partir de ahí también se priman, por supuesto, una serie de
características. Por ejemplo, se priman aquellos que van dedicados a la
atención primaria de la salud, de la educación básica y de la formación
profesional, porque internacionalmente pensamos que esos tres criterios
son los más oportunos para ayudar a las sociedades vulnerables a salir
del subdesarrollo. ¿Qué más se prima? El que en ese país haya una
contraparte con capacidad y que cree sinergias para salir de ese
desarrollo, también que tenga una continuidad y, sobre todo, que sea
querido por la sociedad adonde va dirigido. Porque una de las cosas
importantes que pretendemos es erradicar el mesianismo de la cooperación,
erradicar el que alguien piense que tiene la capacidad de solventar los
problemas por sí mismo, el que alguien piense que no es el trabajo de la
propia gente interesada lo que de verdad va a hacer que vaya
desapareciendo la pobreza y la creación de un mayor nivel de vida.

Estas son las formas con que nosotros estamos haciendo la distribución. Y
déjenme decirles algo: en las tres convocatorias que hasta este momento
ha habido que dirimir, que han sido la extraordinaria de 1996 y la
ordinaria y la extraordinaria de 1997, no ha habido ni una sola
impugnación, no ha habido ni una sola reclamación administrativa, ¡ni una
sola!, lo que de alguna manera nos dice cuál es la forma de proceder,
indudablemente abierta, indudablemente pública, y además sujeta --a Dios
gracias-- al control de sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: En esta Comisión, como ya conocemos sus
miembros, y pasa lo mismo en la Comisión de Exteriores, predominan los
puntos de acuerdo en las distintas iniciativas o comparecencias. Todos
somos testigos de ello, tanto sea en comparecencias del Gobierno como en
iniciativas parlamentarias; predominan, como digo, los elementos de
acuerdo. Porque, lo dijimos desde el primer día desde nuestro grupo, y
creo que todos los grupos también están de acuerdo en ello, la
cooperación o la política exterior no son campos donde se esté en una
oposición frontal, donde haya que decir be simplemente porque el Gobierno
diga a, sino que cuando ha habido iniciativas se ha intentado llegar a
acuerdos. A veces no ha sido posible, pero en la mayoría de las
proposiciones no de ley ha habido, como probablemente había hoy también,
enmiendas transaccionales procurando que haya acuerdos generales. Incluso
en las comparecencias de los miembros del Gobierno ha habido críticas,
evidentemente, lógico, pero siempre presididas por un todo previo
constructivo.

En este ánimo, durante el debate fundamental que va a tener la futura ley
de cooperación, probablemente veremos cómo eso va a ser un deseo, al
menos de mi grupo y creo que del resto. Ese es nuestro deseo, y ojalá
haya una ley de cooperación que salga por unanimidad o por una amplia
mayoría de los grupos, lo cual implicará que el grupo parlamentario que
apoya al Gobierno tendrá que ceder en muchos de sus planteamientos en ese
proyecto de ley, y la oposición también en algunos de los suyos, buscando
un denominador común de las distintas posiciones para la futura ley de
cooperación.

Dicho esto, en el caso concreto del reparto de subvenciones sí hay por
parte de mi grupo una discrepancia importante que yo quiero manifestar.

No tengo nada que objetar a los procedimientos y a los pasos que ha
explicado el señor secretario general para la concesión de subvenciones a
proyectos y programas que presentan las ONG. En este sentido, está bien
insistir en lo que yo, según puede comprobar cualquiera que lea el
«Diario de Sesiones», decía siempre en mis intervenciones: No
confundamos, no hablemos de subvenciones a ONG; hablemos de subvenciones
a proyectos y programas que presentan las ONG; si no la gente piensa por
ahí que estamos dando miles de millones de pesetas a las ONG. No les
damos ni un duro a las ONG, damos dinero a los proyectos y programas que
ellas presentan. Sin embargo, he hecho un análisis desde nuestro punto de
vista de la orden de subvenciones que se ha dado recientemente.

Primera conclusión desde nuestro punto de vista: las ONG vinculadas a la
Iglesia Católicas o relacionadas con colectivos de ideología conservadora
reciben más del 60 por ciento de los fondos que se han destinado. Las ONG
laicas o vinculadas a colectivos de una ideología progresista no superan
el 40 por ciento de los fondos. Es verdad que esto hay que matizarlo y se
me puede argumentar, y con razón, que desde hace muchos años, incluso
antes de haber democracia en España, ya había organizaciones vinculadas a
la Iglesia Católica que estaban haciendo ayuda, cooperación, en países
pobres. Eso es verdad. Y además muchas de ellas gozan de todo el respeto
no sólo de mi grupo, sino del resto de los grupos parlamentarios.

Organizaciones que desde hace treinta, cuarenta, cincuenta años o más,
vienen trabajando para erradicar o para mitigar la pobreza en países en
unas situaciones lamentables.

Eso es así. Pero desde nuestro punto de vista es totalmente injusto
tratar por igual a los desiguales. Es decir, que se debería haber
iniciado un camino para ir salvando esa circunstancia histórica de
organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en ese campo. Por
cierto, y entre paréntesis, organizaciones laicas nunca pudieron hacerlo,
porque la gente de esta ideología o de este comportamiento ni siquiera
para practicar la cooperación o la ayuda podían constituirse en la época
en la cual no había democracia. Entonces, se podría haber ido poco a poco
cerrando ese abanico de diferencia y de desigualdad. La conclusión que
saco del análisis del último reparto es que esas diferencias no se
reducen, se agrandan, entre las ONG que tienen un origen histórico, en
algunos casos, repito, con todo el reconocimiento, e integradas por gente
que por sus ideas religiosas o por cualquier motivo trabajó para luchar
contra la pobreza y las formadas por otra gente que, con una ideología de
otro tipo, aunque tuviese esa inquietud, ni siquiera podía constituirse
como asociación. Se trata de que vayamos cerrando esa diferencia, y la
conclusión que saco es que eso no se acorta, sino que se aumenta.

Segunda conclusión: me parece que hay una utilización sectaria de las
ayudas. Voy a dar algunos datos concretos.




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La Fundación Humanismo y Democracia, que recibía en el año 1995 60
millones de pesetas, en 1996 130 y en esta última, 163. La FERE, la ONG
vinculada a la patronal de los religiosos de la enseñanza, recibía 346
millones en 1996, 386 en 1997. Cipie recibía 174 millones en 1996, más de
300 en 1997. La Fundación Cánovas del Castillo --yo creo que en ésta se
les ha ido la mano-- recibía 42 millones en 1995, 60 en 1996, 278 en
1997.

Vamos al otro campo, no de confrontación, sino de otra orientación, de
ONG laicas en sentido amplio. Iepala: 335 millones en 1995, 289 en 1996,
224 en 1997. Solidaridad Internacional: 318 en 1995, 292 en 1997. Paz y
Solidaridad: 259 en 1995, 101 en 1997. Las Segovias: 224 en 1995, 177 en
1997. La Fundación Largo Caballero: 137 en 1996, 60 en 1997. El MPDL: 97
millones en 1995, 59 en 1997. Y lo más llamativo, y termino con esta
parte de datos, es que hay dos fundaciones vinculadas al Opus Dei,
Codespa y la Fundación para la Promoción Social de la Cultura, y entre
ambas suman 734 millones, la primera en cuantía. En 1995 recibían 345
millones. La verdad es que la explicación de este aumento cada uno puede
entenderla como quiera. Puede que sea por esos argumentos objetivos que
usted ha dicho. Alguien puede pensar también en la importancia que pueden
tener personas cualificadas en altos cargos de la Administración. Ahora,
usted tal vez pueda sacar algún dato aislado que contradiga lo que yo he
dicho, pero creo que en ese caso sería un poco como coartada al reparto
que ustedes han hecho.

A pesar de lo que dije al principio, y sin que esto signifique que no va
a seguir ese tono en este punto concreto del reparto de las subvenciones,
me parece que no es justo y, además, quiero manifestar en nombre de mi
grupo mi radical discrepancia con ella. Es verdad que usted puede
argumentar que no ha habido impugnaciones. No estamos hablando de que
alguien critique o alguien impugne una subvención por cuestiones
administrativas; estamos haciendo una valoración política. Lo que yo
estoy haciendo es una valoración política del reparto global, no de que
haya elementos de impugnación, porque las decisiones políticas no son
impugnables, lo son las administrativas. Esta es una valoración política.

Lo cual no quiere decir que como las ONG han aceptado este reparto y no
lo han impugnado están de acuerdo. Están de acuerdo --supongo yo-- en que
administrativamente se les ha concedido o no por algún motivo. Y no han
impugnado porque no había elementos administrativos para ello. No le
quepa la menor duda de que políticamente, o por los comentarios que nos
han hecho, muchas ONG no están de acuerdo con este sistema.

Y por último una pregunta. Si es tan amable la responde porque no está
directamente relacionada con el tema. En los convenios que se están
haciendo con las ONG ya figura lo que llaman en términos coloquiales
cláusula anticorrupción. No tenemos nada en contra de esa cláusula. Lo
que sí quería preguntarle es si esa misma cláusula se va a aplicar
también a los créditos FAD, o solamente a las ONG. Lo digo porque si hay
cláusula anticorrupción deberemos tenerla en todos los campos, no
solamente en los proyectos que presenten las ONG, sino que puestos a
prevenir deberíamos prevenir también las posibles corruptelas en los
créditos FAD.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Con toda brevedad para fijar la posición de
nuestro grupo parlamentario.

En primer lugar, queremos agradecer, como hemos dicho antes, la
comparecencia del secretario general de la Agencia Española. En el
futuro, si al final SS. SS. aprueban la ley de cooperación, la Comisión
sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo no tendrá ni siquiera que tener
la iniciativa del control de los programas y proyectos de la Agencia
Española, del plan director, del plan anual, del plan de evaluación. No
dependerá de una determinada mayoría parlamentaria el que exista o no
Comisión de Cooperación, no dependerá de eso. Habrá una ley de bases,
como ha dicho el secretario general antes, que indicará con toda claridad
el futuro papel de extraordinaria importancia de las Cortes, que ejercerá
un seguimiento en función no sólo del lógico y positivo control
parlamentario --porque para eso estamos todos los grupos parlamentarios,
cada uno desde su posición--, sino que también intentará lo que es el
objetivo final: la eficacia de las políticas de cooperación que realmente
sirvan a la erradicación de la pobreza, como ya se ha dicho. No me
resisto, señor presidente, a hacer comentarios muy rápidos. Se hace una
llamada al acuerdo institucional, a que esto es una política de Estado,
etc., y se introducen a continuación planteamientos políticos
estratégicos tan fuera de lugar que he de comentar, aunque sea con toda
brevedad. Si el padre Las Casas levantara la cabeza hoy tendría muchas
cosas que decir en esa disquisición histórica que usted ha hecho sobre el
papel de la Iglesia.

Señor Fuentes, deje como está el papel de muchas españolas y españoles
durante tantos años, desde planteamientos religiosos, políticos,
personales. Y en eso se basa, señor Fuentes, en mi opinión, la
credibilidad en la cooperación española. Cuando la cooperación española
está en peligro, señor Fuentes, es cuando a eso se suman encima
planteamientos políticos de carácter sectario, de interés político. Yo
creo que el mundo de la cooperación a medio plazo, o a muy corto plazo,
sabrá apreciar los esfuerzos de este Gobierno y del conjunto de la Cámara
por consolidar las políticas de cooperación. El único peligro que hoy
tienen las políticas de cooperación en España es el de la falta de
neutralidad política, que se utilizará la lucha contra la pobreza para la
influencia personal, política e ideológica.

Señor Fuentes, yo le niego la mayor. La solidaridad no tiene colores, ni
son más solidarios los partidos de izquierda que los partidos de derecha
o de centro. La solidaridad tiene unas características muy concretas.

Repito y reitero que se subvencionan proyectos. ¿Qué han estado
subvencionando ustedes durante 14 años, proyectos u organizaciones no
gubernamentales? ¿Qué se ha estado subvencionando? Se subvencionan
proyectos. Me voy a remitir, como es lógico, a las explicaciones más
fundadas del secretario general sobre el particular, porque les recuerdo



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que siempre son muy precisas, proyecto por proyecto. Yo entendería
bastante más, desde el acuerdo institucional y desde el consenso que
siempre impera en esta Comisión de Cooperación, que se preguntara por un
proyecto en concreto y que discutieran proyectos concretos. De ahí que se
haya introducido, lógicamente, una cláusula anticorrupción.

Yo pregunto, y termino, señor presidente, ¿se pueden criticar los
créditos FAD en su conjunto? Creo que no. Se puede criticar proyecto por
proyecto. Y en ese caso, señoría, con todos los respetos lo digo y
también con todo el cariño, en 14 años han tenido encima de la mesa
cientos de miles de millones de pesetas. Ahí están los datos de la actual
Dirección General de Política Exterior. Veamos los créditos FAD proyecto
por proyecto en esta Comisión de Cooperación, que es nuestro trabajo.

Veamos las operaciones de condonación de deuda, veamos los apoyos que se
hagan a la internacionalización, veamos proyecto por proyecto. No
determinemos una verdad axiomática de carácter superior y nos quedemos
tan anchos. Veamos proyecto por proyecto. Eso es lo que yo estoy
diciendo, lo que se ha hartado de decir, y perdónenme la expresión, quizá
vulgar, su anterior ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, en
esta Cámara, reiteradas veces, siempre que podía. Discutamos proyecto por
proyecto y vengan ustedes a decirme si determinado proyecto FAD o
determinado proyecto de cooperación es sectario, es ideológico, está
orientado hacia tal sitio o hacia otro.

Con esto, señor presidente --perdónenme ustedes el tono de la expresión
porque no era mi intención--, voy a terminar por esta vez si no se
producen otro tipo de intervenciones.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la
palabra el señor Espinosa, secretario de la Agencia.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Voy a intentar no atropellarme,
porque la verdad es que si la adrenalina sube cuando pasan determinadas
cosas, la mía ha llegado un momento en que se salía por las orejas.

Sinceramente, señoría, creo que lo peor que puede pasar es no ser
coherente con la información que se propicia. Empezaré por el final. De
lo que tengo que informar --perdón, porque a lo mejor es que estoy
equivocado-- es sobre el reparto de subvenciones a proyectos y programas
presentados por la ONG, a lo cual voy a contestar con muchísimo gusto. Se
ha vuelto a la cláusula anticorrupción en todos los programas, con el
beneplácito y aplauso de las ONG que lo estaban pidiendo desde hace seis
años sin que nadie les hiciera caso. Es ahora cuando se les hace caso y
se pone. No me hable de poner esa cláusula en el crédito FAD, entre otras
cosas porque ahí no están las ONG por medio. Segunda cuestión, no son
subvenciones a programas de desarrollo, es otro tema. Les recuerdo que la
Agencia Española sólo tiene competencia --no sé si lamentablemente o no--
hoy por hoy con lo que son subvenciones no reembolsables. El crédito FAD,
por su propia esencia, es un crédito reembolsable, aunque tenga una parte
de donación. A esto le corresponde contestar a la Secretaría de Estado de
Política Exterior, Cooperación y Empresa. No tengo ninguna
responsabilidad y, por lo tanto, no puedo contestar, pero me parece que
no tiene que ver absolutamente nada el que la cláusula de corrupción se
ponga en los contratos de la Agencia con que se ponga o no se ponga en
otro tipo de contratos que llevan otro mecanismo. Por cierto, también ese
mecanismo está bajo la vigilancia de sus señorías en esta Cámara, como
representantes que son de la soberanía nacional.

La cooperación en los programas comienza en España en el año 1984. Que yo
recuerde, a Dios gracias, en 1984 estaba instaurada la democracia en
España, se había ya aprobado la Constitución y teníamos un régimen
democrático. Decir que en 1984, cuando comienza la cooperación, había
unas posiciones que no se habían dejado desarrollar, de verdad a mí me
llama la atención extraordinariamente, entre otras cosas porque yo creo
que en ese año había varias formas de constituir asociaciones. Una,
continuaba vigente la ley de 1964, si la memoria no me es infiel. Para
las de tipo sindical estaba la ley de 1977, una especial, que creo que
continúa en vigor. Y además de eso, una ONG se podía formar por tres
personas que lo deseasen, sin ningún tipo de limitación. De hecho, creo
que en los años ochenta en nuestro país se crearían algo así como 15.000
ONG, que no es ni una ni dos. No sé yo si creó más la Iglesia porque no
estoy dentro de la estructura organizativa de la misma, pero me parece
que aquí no tiene nada que ver eso. Aquí tiene que ver que unas
organizaciones se han dedicado al desarrollo y otras no se han dedicado
al desarrollo, y unas lo están haciendo mejor y otras peor.

Luego hace usted unas sumas que yo no sé de dónde las saca, porque yo
tengo aquí la lista y ya me gustaría a mí que me dijera si la alternativa
Sol Plenty es progresista o conservadora. Pues no tengo ni idea, ni
quiero tenerla, porque me es igual. Y si Aedmar es progresista o
conservadora, viene de la Iglesia o viene de no sé qué parte. Pues no lo
sé, ni me importa, porque a nadie le he pedido, primero, qué ideología
tiene; segundo, si es de la Iglesia; entre otras cosas, porque si lo
hubiese hecho estaría contraviniendo un principio fundamental de la
Constitución española. Y me niego, al menos conscientemente, a ir en
contra de uno de los principios fundamentales de la Constitución.

Pero es que luego hay cosas que no me casan. Por ejemplo, ¿hay más
organización de la Iglesia que Cáritas Española? Pues Cáritas Española
pasa de 75 millones a 53 millones. ¿Hay algo menos de la Iglesia que la
Fundación Pablo Iglesias? Pues la Fundación Pablo Iglesias pasa de 15 a
147 millones, por cierto, la que más crece. Mugarik Gave pasa de 8 a 32,
la segunda que más crece. ¿Quiere que le diga otra que disminuye
muchísimo? FERS. ¿Sabe lo que es FERS? La Federación de Religiosos de la
Sanidad, que pasa de 120 a 113 millones. ¿Sabe usted por qué? Porque los
programas que presenta no son así de buenos.

Luego me dice usted algo que me llama la atención. Hace usted una suma y
dice: hay una ONG que es Codespa y hay otra que es Promoción Social de la
Cultura y las dos



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son del Opus. Pues me deja usted con la boca abierta. Yo no soy del Opus,
le tengo un absoluto y grandísimo respeto, pero le quiero decir, en los
papeles que a mí me presentan, que no pone ni que son ni que no son del
Opus, para empezar, ni debe ponerlo; pero es que además, aunque lo
fuesen, ¿por qué suma usted dos ONG? ¿Por qué no suma usted la Fundación
Pablo Iglesias y la que usted quiera que sea del Partido Socialista? A lo
mejor le sale a usted que continúa siendo la que más aumento ha tenido.

Pero es que además dice usted algo que no es absolutamente cierto.

Codespa ha disminuido de 622 millones en el año 1996 a 503 millones en el
año 1997. Promoción Social de la Cultura ha aumentado, sin embargo.

Vayamos luego al caso de Cánovas del Castillo. La Fundación Cánovas tiene
una actitud y una presencia pública y notoria. Lo que pasa es que los
antecesores en la administración de la Agencia hicieron caso omiso y
creyeron que por ser una fundación ligada a un partido determinado que
estaba en la oposición debían negarle el pan y la sal, de tal manera que
le dieron cero pesetas a cero proyectos de los presentados. Y por eso
usted puede decir ahora: ha crecido infinitamente en comparación con
cero. Tiene usted razón. Pero, al menos conscientemente, no seré yo quien
discrimine ni una sola asociación, me parezca más o menos vinculada al
Partido Socialista, al Comunista, a Izquierda Unida, a quien usted
quiera, si es una organización no gubernamental que cumple los
requisitos. Y los requisitos son claros: a) tener más de cinco años de
antigüedad; b) haber desarrollado con eficacia como mínimo seis proyectos
de cooperación. Si estas características las cumple una ONG, lucharé con
todas mis fuerzas para que se lleve lo que le corresponda, sea de la
orientación que sea.

Creo que no es correcto y que no se corresponde con la realidad decir que
unas que suman no sé qué, que me gustaría saber quiénes son, que son las
progresistas, no llegan al 40 por cien, y otras, que no son las
progresistas, deben ser las reaccionarias. Ya me gustaría saber a mí cuál
es la reaccionaria y, sobre todo, por qué es calificada como tal. Ya me
gustaría a mí saber por qué califica usted de progresista a una
determinada ONG y no es la otra. ¿Es que el desarrollo de la educación o
los pozos de agua que se hacen en Tanzania si los hace X es progresista y
si los hace Y es reaccionaria? En palabras de gente que no soy yo, es un
tanto demagógico utilizar el color de la adscripción política para
definir si un proyecto es correcto o no es correcto.

En la Agencia Española de Cooperación, al menos desde el mes de mayo de
1996, cosa que antes no puedo predicar, y puedo ponerle los ejemplos que
usted desee sin ningún tipo de problema, se están pagando subvenciones a
programas. Programas que tienen que ser coherentes, que tienen que ser
presentados en el marco lógico. Y si me lo permite el señor director de
Iepala, le haré llegar a usted una carta en la que protesta rotundamente
porque alguien de la Agencia Española de Cooperación ha dicho que Iepala
es una organización de izquierdas. Y el director dice que ni es de
izquierdas ni lo ha sido. Lo digo porque usted en su ejemplo ha dicho que
Iepala, siendo una de izquierdas, ha disminuido tanto y tanto. No sé que
sea de izquierdas porque tampoco me interesa. Pero le tengo que negar
absolutamente la mayor, señor Fuentes. Y le rogaría que me dijese usted a
qué programa he debido dar y no he dado y a quién he discriminado, porque
no es correcto ni es exacto, señoría, el que en la Agencia se haya
trabajado de esa manera, ni en lo que yo pueda consentiré que se trabaje.

Le ruego perdone el tono, si le he molestado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: Dos datos simplemente. No me molesta el tono
que usted utiliza, se altera a veces cuando hablamos de esto, pero lo he
dicho en mi intervención con absoluta tranquilidad.

Una matización. Usted dice que en 1997 Codespa ha recibido 503 millones y
536 en 1996. Ha bajado, es verdad, pero en 1995 recibía 225 millones. Lo
digo para tener todos los datos.

Yo no he utilizado la palabra reaccionario. He utilizado, en el sentido
si quiere etimológico y normal de la palabra, conservadora, pero no con
carácter peyorativo. Tanto derecho tiene una persona o un colectivo a
sentirse vinculado a ideologías conservadoras como no. No sé por qué
usted interpreta que lo utilizo yo con carácter peyorativo. No es mi
ánimo. Los datos que he dado, salvo ésos, usted no me los ha desmentido.

Sobre estos datos que yo he dado, y que puedo presumir que se trata de
una utilización partidaria, usted viene a decir que son producto de la
casualidad. Pues bien, ésa es su opinión y yo la respeto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espinosa.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Señor Fuentes, usted compara
desde 1995. A mí me gustaría comparar desde 1990 y entonces veríamos lo
que tiene que hacerse. Es decir, el año 1995 (que fue un año en que yo sí
me permito afirmar que hubo una discrecionalidad y falta de objetividad
absoluta en el reparto de subvenciones) no me sirve como base de
referencia, entre otras cosas porque habría que mirar 1994, 1993, 1992,
1991, etc., y ver a qué se debe ese crecimiento.

Usted dice que no ha empleado la palabra reaccionaria. No he tomado nota
y puede que tenga razón, pero sí que ha hablado usted --al menos yo lo he
tomado así, igual equivocadamente-- de las ONG progresistas. Dígame lo
contrario. Perdone, a lo mejor he definido algo que no debía.

En último caso, le desmiento los datos que usted ha dado, porque no me
dice quiénes componen esas ONG que se llevan el 60 por ciento. Los datos
que yo tengo es que en este año hemos dado a 117 organizaciones, y quiero
saber quiénes son las del 60 por ciento, que por lo visto son las
progresistas. Si usted me da este dato ya no hace falta saber las otras,
porque hallaré la diferencia. Si según usted un grupo suma el 60 y ésas
son las malas, o las que a mí no me parecen del todo buenas, las
discriminadas, dígame usted



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quiénes son. Yo con mucho gusto, si usted me dice quiénes son, le diré sí
o no. En caso contrario tengo que desmentirle formalmente el que desde la
Agencia Española se haya dado el 60 por ciento a entidades no
progresistas y menos del 40 por ciento a las progresistas. A proyectos de
cooperación al desarrollo se ha dado el cien por cien y esto lo
desarrollan organizaciones que, en cualquier caso, han presentado sus
programas y que tenían perfecto derecho a impugnar las decisiones. E
insisto, ninguna de ellas lo ha hecho. Y todas y cada una, cuando han
venido a la Agencia, han tenido la explicación formal y con fichas
objetivas de por qué no se les ha concedido determinado programa.

Creo, señoría, que la limpieza de procedimiento que está realizando la
Agencia es digna de tener en cuenta. Con todo, también quiero decirle que
podemos equivocarnos, porque somos humanos, y supongo que entre veintidós
mil y pico millones algún error habremos cometido. Pero no el de la
tergiversación política de saber para qué está ese dinero en los
presupuestos, que está enfocado para el desarrollo y no para subvencionar
a ONG, sean progresistas o sean no progresistas.




PREGUNTAS:



--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CRITERIOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA APLICADOS EN LA SELECCION DEL
EXPERTO ASOCIADO AL QUE SE REFIERE LA SUBVENCION OTORGADA POR LA AGENCIA
ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI) AL CENTRO DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LA UNION EUROPEA, UE (Número de expediente 181/000890).




--DE LA MISMA SEÑORA DIPUTADA, SOBRE CRITERIOS QUE JUSTIFICAN EL QUE LA
SUBVENCION OTORGADA AL CENTRO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA UNION
EUROPEA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI), CON
UN VALOR DE 15.685.930 PESETAS Y COMO CONTRIBUCION A LA FINANCIACION DE
UN EXPERTO, COMPUTE COMO GASTO DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (Número de
expediente 181/000891).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: Preguntas. Para formular
la pregunta que figura con el número 4 del orden del día, en nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra doña Belarmina Martínez.




La señora MARTINEZ GONZALEZ: Las preguntas 4 y 5 van unidas.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, no hay ningún problema.

La señora MARTINEZ GONZALEZ: Señor secretario general, en relación a las
subvenciones abonadas por la Agencia entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 1996 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 8 de
febrero, ¿qué criterios justifican el que la otorgada al Centro para el
Desarrollo Industrial de la Unión Europea, por un valor de 15.685.930
pesetas compute como ayuda oficial al desarrollo y sea para cubrir con un
experto un puesto de trabajo en dicho centro?
Y por otra parte, ¿qué criterios de publicidad y de concurrencia se
aplicaron en la selección del experto asociado al que se refiere la
subvención.

Me gustaría que me contestara a estas dos preguntas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espinosa.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Señoría, voy a intentar
contestarle lo más concisamente que pueda a ambas preguntas, aunque la
primera va a tener que ser un poco más larga, para justificarle por qué
una subvención a esa organización tiene la conceptuación y entra dentro
del porcentaje CAD de la cooperación española.

Como usted bien sabe, el Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de
Bruselas se creó en 1997 en el marco de la convención de Lomé I, y es el
acuerdo que regula todos los aspectos de la cooperación entre la entonces
Comunidad Europea y los países en vías de desarrollo del ámbito ACP
(Africa, Caribe y Pacífico). En el acta fundacional del CDI, institución
que se financia con cargo a los fondos propios del Fondo Europeo para el
Desarrollo, se señala que su fin genérico es ayudar a acelerar el
desarrollo industrial de los países ACP, apoyando proyectos industriales
rentables promovidos conjuntamente por operadores económicos de la CEE y
de los Estados ACP, favoreciendo la creación de un tejido industrial de
pequeñas y medianas empresas que permita un desarrollo armónico y
progresivo. La convención de Lomé IV, la que va de 1990 al 2000,
actualmente en vigor, señala en su título quinto, artículo 30, que el CDI
contribuirá a establecer y fortalecer las empresas industriales en los
Estados ACP, fundamentalmente promoviendo iniciativas conjuntas de los
operadores económicos de la Comunidad y de esos Estados miembros.

El CDI es, por tanto, una institución orientada claramente hacia la
cooperación al desarrollo, que actúa como una institución intermediaria y
de servicios, facilitando contactos entre empresarios de los Estados ACP
y empresas comunitarias capaces de aportar tecnología, conocimientos
técnicos o medios financieros. No concede préstamos ni avales, pero sus
modalidades de actuación incluyen la búsqueda de socios, la
cofinanciación de estudios de viabilidad, las diagnosis de aplicación,
diversificación, privatización o expansión de empresas ACP; la
cofinanciación de gastos de viaje para encuentros y negociaciones entre
potenciales socios ACP y comunitarios y las ayudas para programas de
formación de personal.




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El CDI mantiene una colaboración estrecha y fluida con diversos
organismos públicos españoles, tanto estatales como autonómicos, y entre
ellos, lógicamente, con la Agencia Española de Cooperación Internacional.

En el marco de esa relación de colaboración, el envío de un experto
nacional destacado al CDI es una figura habitual que hacen todos los
países de la Comunidad y viene siendo pedido por los países ACP. Tras los
contactos que se establecieron entre la AECI y el CDI en enero de 1996,
el CDI envió los términos de referencia para un puesto que estaría
adscrito a la división de proyectos de la red ACP.

Conforme a las previsiones del Reglamento S21, S22 y Lib-93 por el que se
rige el CDI, el experto debe proceder de instituciones nacionales o
regionales o de asociaciones profesionales, quedando excluidas las
empresas privadas por razones obvias de imparcialidad, confidencialidad y
transparencia. El experto es enviado por un plazo de un año, prorrogable
por años sucesivos, hasta un máximo de tres. Y la institución nacional
que se hace cargo del experto debe asumir el pago de su salario mensual,
complementándose éste con la subvención mensual de subsistencia a cargo
del propio CDI. La partida presupuestaria mencionada por S. S. es
precisamente la necesaria para cubrir el salario de este experto nacional
destacado. Dado el carácter de institución vinculada directamente al
desarrollo industrial de los Estados africanos, caribeños y pacíficos que
tiene el CDI, esta partida presupuestaria es computable como ayuda al
desarrollo, de acuerdo con el comité de la OCDE que define estos
proyectos.

En cuanto a la segunda parte, es mucho más concreta, el proceso de
selección de la persona que ocupó este puesto observó escrupulosamente
los criterios de publicidad y concurrencia para asegurar la
profesionalidad de la persona designada. La convocatoria para el puesto
se abrió a concurso con fecha 2 de julio de 1996 y fue publicada en los
diarios de ámbito nacional de mayor tirada, exactamente con fecha 7 de
julio de 1996, precisándose como requisito de los candidatos su
nacionalidad española, el título universitario superior --con preferencia
licenciatura de Ciencias Económicas--, el dominio de los idiomas inglés y
francés, que son las lenguas de trabajo del CDI, y una experiencia
profesional mínima de cinco años en el campo de la cooperación al
desarrollo y la promoción empresarial. Con todos los currícula recibidos
en la AECI se procedió a una selección preliminar, de la que fue
seleccionada una terna de candidatos. De entre esa terna de candidatos,
al final resultó elegida doña Cristina Bataller Catalá, cuyo perfil
profesional respondía plenamente a las características del puesto. El
nombre de la candidata fue sometido a la dirección del CDI, que dio su
acuerdo a la selección realizada.




El señor PRESIDENTE: La señora Martínez tiene la palabra.




La señora MARTINEZ GONZALEZ: Esta pregunta se la hacemos, lógicamente,
porque por un lado sorprende la cantidad, es decir, el salario de un
experto, que computa como ayuda oficial al desarrollo y que a nuestro
grupo le parece excesivo. Puede ser que estudiándolo con detenimiento no
lo sea. Y también nos sorprende que no sea cofinanciado, que el coste de
ese experto lo cubra el cien por cien España.

También hemos visto en las últimas subvenciones algunas concesiones que
nos sorprenden. Lo voy a unir, no es que le haga una pregunta. La
pregunta ya se la he hecho, lo que pasa es que en este momento sí que me
gustaría decirle que de vez en cuando aparecen subvenciones, que computan
como ayuda oficial al desarrollo, que a nuestro grupo le sorprenden.

Por ejemplo, aparece una subvención de 30 millones a la Embajada de
China, que nos parece también un poco extraordinario, para realizar un
proyecto cultural-educativo-científico-tecnológico. Computarlo como ayuda
oficial al desarrollo, a nuestro grupo le parece sorprendente. O bien 15
millones a una asociación anónima para un encuentro de la pequeña
empresa. Puede ser que el criterio que ustedes barajan, entrando en
profundidad, es que puede computar como ayuda al desarrollo ese tipo de
subvenciones. A nosotros nos sorprende que a la pequeña y mediana
empresa, que tiene un poder económico y organizativo, para hacer una
reunión se la subvencione con ayuda al desarrollo. Y me refiero en
concreto a 15 millones para una sociedad anónima para un encuentro de
pequeñas y medianas empresas centroamericanas y españolas. Y también
veinticuatro millones y pico para la fundación Centro de Estudios
Comerciales para la formación de graduados comerciales egipcios en
España. No quiero que me conteste a esto. Unicamente esto lo utilizo como
apoyatura de la otra pregunta. Están apareciendo subvenciones concedidas
a instituciones, a empresas, a embajadas, que desde nuestro punto de
vista sería discutible que pudieran computar como ayuda oficial al
desarrollo.

Por otra parte, le agradezco la información que me ha dado sobre el
experto que se ha enviado a la Unión Europea. Nosotros esperamos que la
formación de ese experto, o el perfeccionamiento de ese experto,
repercuta en la ayuda de España al desarrollo y no en el enriquecimiento
profesional de una persona en concreto.




El señor PRESIDENTE: Señor Espinosa.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Le aseguro que desde el sueldo
de subsecretario también veo desfasado el sueldo que cobran los expertos.

Pero en eso no puedo hacer nada.

En todo el sistema de la Comunidad Europea y de Naciones Unidas, un
voluntario cobra 7 millones de pesetas, un JPO, es decir, joven
profesional, cobra 14 millones de pesetas y un experto cobra 17 millones
de pesetas. Quiero decir con esto que estas tarifas, como usted bien sabe
y puede comprender, no las pone el Gobierno español, son unas tarifas
internacionales así aprobadas. E insisto, de verdad me parece que en
relación a España son unos precios determinados, pero ni la Comunidad ni
el sistema de Naciones Unidas nos hace ningún tipo de rebaja a nosotros



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ni a nadie. Tiene unas tarifas y a ellas hay que sujetarse. Estoy de
acuerdo con usted en que me parecen muy elevadas, pero me quedo con que
me parezcan. Porque si efectivamente nuestro país tiene que hacer frente
a sus obligaciones y a sus necesidades para enviar a expertos, a JPO y a
voluntarios, tiene que pagar esas cantidades y no hay otra alternativa.

En cuanto a que es ayuda oficial al desarrollo, eso es lo que tiene menos
discusión, entre otras cosas, porque usted sabe que hay un comité, que es
el Comité OCDE, el Comité CAD de la OCDE, que se reúne en París y que
dice: distribución de la ayuda al desarrollo: hacer una escuela primaria
sí que es CAD, hacer una universidad no es CAD, darle dinero a Chile no
es CAD, dárselo a Uruguay sí que es CAD. Y al final eso es un convenio
internacional en el cual nosotros participamos. Al final es CAD lo que
dice la Comisión que es CAD y no es CAD lo que dice la Comisión que no es
CAD. Usted y yo podemos estar de acuerdo en que determinada cosa puede
influir más o menos en el desarrollo, pero lo que es CAD o no es CAD y lo
que computa o lo que no computa viene perfectamente establecido por esa
Comisión. En ella tenemos voz y voto, pero cuando se toma una
determinación nos obliga como país responsable.

Luego ha hecho usted, digamos, dos regates para apoyatura de su pregunta.

De uno de ellos no tengo idea. Perdóneme, pero todo no lo conservo en la
memoria. Se refiere a los 30 millones de China. No me acuerdo en absoluto
de qué va la historia, por lo tanto no puedo contestarle. Sin embargo, sí
me acuerdo perfectamente de la reunión de microempresas y pymes en Costa
Rica, que tuvo lugar en el pasado mes de julio, y que se pagó a una
empresa auditora para que lo organizase. Es una creencia, compartida al
menos por mí, de los expertos de cooperación que una de las cosas que más
hace para el desarrollo y erradicación de la pobreza es la creación de
microempresas. También todos están de acuerdo en que uno de los problemas
en la aparición y consolidación de microempresas en América Latina, es de
la que estoy hablando, es precisamente su falta de conexión con
microempresas europeas. Por eso se creó un programa de conocimiento,
colaboración y cooperación de microempresas y pequeñas empresas españolas
con las centroamericanas. Y esto además fue un gran éxito, porque se
hicieron, al menos que yo conozca, seis empresas mixtas; empresas que
están funcionando y que indudablemente están creando puestos de trabajo y
ayudan a la erradicación de la pobreza.

Me pregunta por qué se da a una sociedad limitada. No recuerdo si era
anónima o limitada, da igual. Se trata de una auditora reconocida y de
prestigio y es la única que nos ofrecía una garantía de realización con
las premisas. Se le dio para que hiciera un trabajo y un servicio: la
creación de ese foro, que durante cuatro días estuvo funcionando y que
fueran no sé cuántas empresas a hacer esa misión. Personalmente, como
tuve la suerte de clausurar esos encuentros, puedo decirle que, a mi
juicio, fueron total y absolutamente satisfactorios. Además de eso creo
que hace falta impulsar proyectos de ese tipo, de conocimiento e
intercambio, porque es la manera de poder realizar un mejor desarrollo
económico de esas sociedades. Y tanto es así --con esto acabo--, que dos
organizaciones no gubernamentales, en las órbitas de los sindicatos
mayoritarios españoles, están desde hace dos años realizando programas de
creación, consolidación y coordinación de microempresas, porque han
podido comprender que si no hay empresas, y la microempresa es la forma
de ellas, no puede haber un aumento del trabajo, de la cantidad de
trabajo y, por lo tanto, de la cantidad de la riqueza en esos países en
vías de desarrollo.




--DEL SEÑOR FUENTES GALLARDO (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE RAZONES DEL
SIGNIFICATIVO DESCENSO DE LAS SUBVENCIONES A PROYECTOS ONG EN EL SAHARA
(Número de expediente 181/000965).




El señor PRESIDENTE: El punto 6 lo veremos al final, porque el portavoz
del Grupo Catalán está en este momento en otra Comisión.

Pasamos al punto 7 del orden del día: Razones del significativo descenso
de las subvenciones a proyectos de ONG en el Sahara, para lo cual tiene
la palabra el señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: En primer lugar, para que conste, quiero decir
que la pregunta número 8 la retiro, porque tiene interés en contestarla
directamente el ministro de Asuntos Exteriores en su próxima
comparecencia.




El señor PRESIDENTE: La aplaza, señor Fuentes. No la retira, la aplaza.




El señor FUENTES GALLARDO: No la retiro, la aplazo. De acuerdo con la
precisión, tiene razón el presidente. La aplazo porque el ministro tiene
interés en contestarla en una próxima comparecencia que va a tener ante
esta Comisión, por lo que de antemano quiero agradecerle ese gesto.

Esta pregunta, a efectos de susceptibilidades, no tiene ningún elemento
de controversia. Usted recuerda que en la última comparecencia, hace un
mes aproximadamente, le pregunté sobre el tema de las ayudas. Usted me
explicó algunas causas sobre la tardanza en recibir la ayuda el pueblo
saharaui. Yo entendí perfectamente los argumentos que usted me daba. Creo
que hay un descenso importante de las subvenciones a proyectos de ONG
relacionadas con el Sahara. Probablemente tendrá usted razón al decir que
no se presentan muchos proyectos por parte de las propias ONG. Se podía
imputar que no hay una gran sensibilización con el tema del Sahara por
parte de las ONG. Pero yo ahora lo que quiero hacerle más que una
pregunta es una reflexión, que yo creo que usted compartirá, y, en la
medida que pueda, a ver si le podemos dar una solución.

A veces tenemos la impresión de que son los medios de comunicación los
que van orientando por dónde debe ir la



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solidaridad internacional o por dónde debe ir la cooperación. Cuando hay
un acontecimiento muy llamativo, como desgraciadamente ocurrió en el
Congo o en Centroeuropa o como pasa en muchos sitios del mundo, entonces
aparece en las primeras páginas de los periódicos y en las primeras
imágenes de los telediarios y todo el mundo se siente golpeado en su
conciencia con ese problema en ese sitio exacto. Pero hay un problema que
tiene ya muchísimos años de existencia, que es el del pueblo saharaui,
con el cual tenemos un doble compromiso, un compromiso de solidaridad,
porque es un pueblo con unas necesidades terribles, y, además, con una
peculiaridad y es que alguna responsabilidad política tiene España, no el
Gobierno, España como Estado, históricamente, en la situación de este
pobre pueblo, por lo menos los últimos años, por los dos motivos, porque
son seres humanos con unas necesidades extraordinarias y porque tienen
algo que no tienen otros colectivos también en una situación muy penosa,
que es que aquí sí tenemos una responsabilidad histórica --se repite
mucho la palabra histórica, pero aquí sí que es preciso utilizarla--, hay
una responsabilidad del pueblo español y de España históricamente con
este pueblo.

En este sentido va mi pregunta, que en realidad es un pretexto para
expresar el ruego de que se lo tomen con un cierto cariño, afecto e
inclinación positiva, de tal forma que intenten potenciar los proyectos,
que a lo mejor no son muchos, que presenten las ONG relacionados con el
pueblo saharaui, porque la verdad es que hay una situación lamentable.

Ahora, afortunadamente, parece ser que hay una cierta luz en ese largo
túnel que han recorrido de decenas y decenas de años. Estaría bien,
porque además los que hemos estado en contacto, bien porque algunos han
ido allí --yo no he ido pero algunos miembros de esta Comisión sí-- o
porque representantes saharauis vienen muchas veces aquí, sabemos que es
una gente terriblemente agradecida. Cualquier gesto de España que permita
aliviar un poco una situación lamentable es valorado de una forma
extraordinaria y probablemente usted tenga más pruebas de esto que estoy
diciendo que yo mismo. Es sorprendente el agradecimiento que tiene este
pueblo ante cualquier gesto de un ayuntamiento o de una comunidad
autónoma, y hay muchos casos; a algunas comunidades autónomas les piden
pares de zapatos y aceite, a otras vehículos Land Rover, a otras les
piden otra cosa. Simplemente se trata de esto. No pretendo plantear un
elemento de controversia, sino de utilizar la pregunta como un ruego, el
de que, a ser posible, en la medida también que nosotros podamos, se
fomente esa parte que corresponde a las ONG, es verdad, de preocuparse
por presentar más proyectos relacionados con este pueblo, y a la
Administración le pedimos que lo mire con un poco de cariño, que facilite
en la medida de lo posible, sin que eso suponga pedir que se incumpla la
ley, cualquier acción que sirva para remediar las circunstancias
terribles de este pueblo, en lo cual los españoles históricamente tenemos
mucha culpa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espinosa para contestar a
la pregunta.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Yo estoy totalmente de acuerdo
con usted en que España tiene una responsabilidad histórica y que eso
hace que tengamos que tener una relación especial con el Sahara, tanto es
así que una preocupación de la Agencia ha sido incrementar en la medida
de lo posible la ayuda alimentaria y de emergencia al pueblo saharaui, y
le anuncio que para este año se van a enviar --están ya aprobados y a
punto de enviarse; por motivos determinados no han salido, pero no
podemos hacer otra cosa-- 200 millones de pesetas en ayuda alimentaria,
que es una cantidad muy importante para una población que, como usted
sabe, no es tan numerosa. Eso demuestra que el Gobierno y el Ministerio
de Asuntos Exteriores están haciendo una valoración muy similar, por no
decir idéntica, a la que usted hace de este problema, pero hay una
segunda parte en la que no podemos entrar. Yo le había respondido muy
escuetamente. Respecto a las ONG el año pasado se concedieron cinco
proyectos por 194 millones de pesetas; este año se han concedido dos por
114 millones, pero es que el año pasado se presentaron siete proyectos y
este año solamente se han presentado cuatro. Quizá tenga usted razón y se
haya producido una influencia mediática u otra serie de circunstancias,
pero es que además, de los cuatro proyectos presentados, hay dos que no
podían ser valorados, lamentablemente, porque tenían un componente que no
sé cómo explicar, pero España también es responsable del mantenimiento de
una política no armamentista de la zona y, entonces, hay cosas que no
puede hacer. Ya que usted lo menciona, parece ser que una de las armas
más eficaces contra las carretas y tanquetas marroquíes son unas ollas a
presión cargadas con un determinado tipo de explosivo, de lo que yo no
tengo ni idea, iba a decir a Dios gracias. Claro, parece un poco extraño
que para aproximadamente 6.000 jaimas o tiendas de campaña se pidan
18.000 ollas; quiere decir que tocan a tres y quizás es que se gastan
mucho con la arena del desierto. Hay otras cuestiones que hay que tener
en cuenta, pero, de hecho, yo creo que en este punto coincidimos. La
atención de cooperación al Sahara es primordial por parte de este
Gobierno. La verdad es que hasta este momento lo que nos dicen es que la
ayuda alimentaria y la ayuda de emergencia que estamos enviando están
llegando y eso es lo que vamos a continuar haciendo.

Por otra parte, lo que también estamos haciendo es orientar la ayuda a
mucha cooperación descentralizada realizada por comunidades autónomas y
municipios en aquellas zonas y para aquellas cuestiones que sabemos que
son necesarias, aunque, como usted sabe, últimamente también está siendo
problemático, por la situación interna del país anfitrión, hacer llegar a
los campamentos de refugiados determinados productos, pero aun así
continuamos empeñados, y ahora estamos colaborando también en un programa
con Unicef, con medicamentos infantiles, apoyamos, por convocatoria
abierta y permanente, la presencia de saharauis en programas de verano,
en programas educativos y de otro tipo y, de verdad, créame que continúa



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siendo uno de los principales motivos de atención de la cooperación
española.




--DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADéS (GRUPO CATALAN DE CONVERGéNCIA I UNIO),
SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONA EN QUE
COLABORA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI) (Número
de expediente 181/000916).




El señor PRESIDENTE: Correspondería en este caso a continuación la
contestación a la pregunta de Convergència i Unió y que se había
aplazado. Yo no sé si el secretario de la Agencia tendría a bien
permanecer aquí mientras se produce el debate de la proposición no de
ley.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AECI (Espinosa Fernández): Señor presidente, yo estoy a
sus órdenes y hago lo que usted me indique. Puedo entregar la
contestación escrita o lo que usted me diga, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Creo que lo procedentes es que entregue la
contestación escrita para hacérsela llegar al diputado y le agradecemos
su buena voluntad en cualquier caso.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE APORTACION DE ESPAÑA AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/000622).




El señor PRESIDENTE: Señorías, procede ahora el debate y votación de la
proposición no de ley sobre la aportación de España al Fondo de Población
de Naciones Unidas, cuyo autor es el Grupo Socialista. Para su defensa
tiene la palabra la señora portavoz doña Ana Balletbó.




La señora BALLETBO I PUIG: Como SS. SS. habrán podido ver, es una
proposición no de ley que trata precisamente, como indica el título, de
incrementar la aportación de España al Fondo de Población de las Naciones
Unidas. ¿Por qué? El Fondo, como ustedes saben, es un organismo cuyo fin
primordial es ayudar a los países en desarrollo a mejorar la salud sexual
y reproductiva a través de servicios de planificación familiar, sobre la
base de la decisión individual, nada de imposiciones. Este organismo
gestiona la cuarta parte de la asistencia mundial de la población de los
países en desarrollo y es igualmente tarea del Fondo formular políticas
de control del crecimiento de la población como apoyo a los esfuerzos
para alcanzar un desarrollo sostenido.

En la exposición de motivos de esta proposición no de ley se explican
cuáles son las causas que producen una tasa más alta de mortalidad
maternal y también infantil, cuáles son los problemas con que nos hemos
de enfrentar, como es el caso, por ejemplo, del sida, y yo me limito aquí
a reproducir que el reciente informe del año 1997 sobre el estado de la
población mundial refleja la conculcación sistemática de los derechos de
la mujer a la salud sexual y a la procreación en buena parte del Tercer
Mundo. Ustedes saben que cada minuto muere una mujer en el mundo por
causas relacionadas con el embarazo y el parto. Y cada año un millón de
personas pierden la vida como resultado de las infecciones del aparato
reproductor, incluida esta plaga que hoy en día tenemos, que es el sida.

Las citadas enfermedades de transmisión sexual ocupan el segundo lugar en
orden de importancia para las mujeres entre los 15 y los 44 años.

Yo querría dar algunos datos más. En el informe sobre el desarrollo
humano del año 1997 hay algunos aspectos que son altamente preocupantes y
que a la vez tienen que concienciarnos, sobre todo a una Comisión como es
la nuestra. Una de estas circunstancias es que la mortalidad materna,
importante factor de la elevada mortalidad en los países en desarrollo,
refleja una grave negligencia de la sociedad respecto a las mujeres que
podría evitarse fácilmente con escasa inversión adicional en atención
materna. Otro dato para mis compañeros de Comisión es que en los países
en vías de desarrollo la pinza de expectativa de vida es veinte años más
baja para las mujeres de los países menos adelantados en relación con los
países más industrializados.

Algunos datos más. Por ejemplo en tasas de mortalidad, desde Canadá, que
tiene una tasa de mortalidad materna de 6 por cada 100.000 y que en
cuanto a los niños que fallecen antes de cumplir el primer año de vida es
de 5 por cada 100.000, tenemos luego un descenso tremendo y, por ejemplo,
en Paraguay estamos en 160 por cada 100.000 y en Bolivia en 650, ya sin
entrar en las cifras tremendas de los países africanos, en donde se pasa
de los 1.000 y se llega casi a los 2.000 fallecimientos de mujeres
embarazadas por cada 100.000 nacimientos.

Otro dato que podríamos comentar en esta Comisión es el tema eterno de la
feminización de la pobreza. Como sus señorías saben, a medida que las
sociedades están avanzando y que los países ricos están afortunadamente
siendo más ricos, resulta que, en los países pobres, aparte de que
algunos estén siendo más pobres, las mujeres son las más pobres de todos.

Por ejemplo, en México la pobreza es principalmente rural y especialmente
predominante en las familias grandes. Muchas mujeres pobres comienzan a
trabajar en la infancia como sirvientas y en horario de doce horas, pero
esto no es lo más grave, sino que el informe explica muy bien cuáles son
las tasas de mortalidad de estas mujeres. En definitiva, yo podría
alargarme, pero seguro que ustedes tienen este documento sobre el
Desarrollo Humano.

Más recientemente hay otro dato que yo creo que es interesante, que es un
informe elaborado por Intermón. Como saben ustedes, Intermón es una ONG
que en España



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es muy importante, está vinculada precisamente a la Iglesia y por tanto
me ha interesado especialmente traerles algunas de las reflexiones que
hacen en el mismo respecto a la realidad de la ayuda al desarrollo. El
informe habla de los enfoques transversales género y medio ambiente en
uno de sus capítulos, concretamente en la página 27, titulado La realidad
de la ayuda en el año 1997. Dice que además de destinar fondos para
proyectos específicos dirigidos a la promoción de la mujer del Sur, el
enfoque del género debería estar presente como estrategia integradora de
toda la ayuda al desarrollo, porque en la concepción y desarrollo de los
programas el avance en España por lo que se refiere a ese factor del
género ha sido mínimo. Por tanto, lo dice Intermón, lo dicen los
jesuitas, ellos sabrán de eso; lo digo yo para que no se sospeche que
estamos barriendo para casa. No barremos para casa; parece que todos
intentan barrer para esa casa que sería un poco el estudio sobre la
mejora de la situación de la mujer.

Yo sé, y eso es razonable, que la situación de nuestros presupuestos no
es muy halagüeña; tenemos el camino de Maastricht y por tanto es difícil
de incrementar. Una cosa sí es cierta. Tenemos por una parte el famoso
marco del pacto 20/20. El pacto 20/20, los servicios sociales básicos,
dentro de los que estaría todo el tema de la planificación familiar,
comprende, como ustedes saben, la educación básica y la atención primaria
de salud, incluida la salud reproductiva y la planificación familiar. En
ese capítulo España está muy baja. La tasa de la aportación, en general,
en lo que es el perfil de la ayuda de todo el espectro mundial,
considerando el conjunto de ayudas, se encuentra actualmente en el nivel
más bajo de los últimos veinte años. No me refiero sólo a España sino en
general. Dentro de los países en general vemos que, por ejemplo, Estados
Unidos está en el 4,66 --y muy pocos países llegan al 0,7--, pero déjenme
que les diga por ejemplo que España en materia de población está sólo por
delante de Portugal, en una lista que encabeza Estados Unidos, a los que
siguen Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania,
Nueva Zelanda, Italia, Japón, Irlanda, Austria, España y Portugal. Les
facilitaré la información. La fuentes es el Fondo de Población de
Naciones Unidas. Yo no he traído aquí ningún dato extraño ni leído
transversalmente. Es lo que dice el informe.

¿Qué sucede? En lo que se refiere a los servicios sociales básicos
podríamos pensar en dos cosas. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos
aumentar la ayuda en general para estos servicios. Esa podría ser una
opción. ¿Que eso es difícil, que estamos un poco embarrancados? Pues
dentro de la ayuda a los servicios sociales básicos, veamos si podemos
destinar algún fondo de más justamente al tema de la mujer y al tema de
la mujer relacionado concretamente con población, desarrollo y salud
reproductiva. Yo creo que éste es un compromiso que deberíamos tener, me
permito decirlo, de una forma muy prioritaria los miembros de esta
Comisión, primero, porque todas las personas tienen derecho a decidir
libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y de
disponer de la información, la educación y los medios para poderlo poner
en práctica, éste es un derecho fundamental; y luego también porque el
acceso universal a los servicios de salud reproductiva permitiría una
considerable reducción del aborto y de la mortalidad materno-infantil.

Estoy segura de que en esta Comisión coincidiríamos todos en que el
método de regular la maternidad por la vía del aborto es un desastre, es
un desastre en España, en aquellos casos en que se practica, y es un
desastre a nivel mundial. Es decir, el aborto no es un método de control
de natalidad. Por tanto, tendríamos que intentar ir encaminando ese tema
a base de formar a las mujeres y de ayudarlas, pero no sólo eso, sino que
deberíamos tener en cuenta que unos cien millones de mujeres en el mundo
desearían utilizar un método anticonceptivo y no tienen acceso al mismo
y, como consecuencia de esto, uno de cada cinco embarazos es un embarazo
no deseado.

Luego hay una cosa que es mucho más dramática y es la edad de las mujeres
que se quedan embarazadas, que va descendiendo de una forma vertiginosa.

Eso a mí me parece un drama brutal, porque en los países en desarrollo el
número de mujeres entre 15 y 49 años aumenta, en líneas generales, en 24
millones de personas al año, pero es que, a pesar del programa de acción
de El Cairo, a pesar de los acuerdos de Beijing, quedan cada vez
embarazadas más muchachas adolescentes. Por ejemplo, en el mundo hay
2.300 millones de personas menores de 18 años, de las cuales cerca de
1.200 millones son mujeres que están en la edad reproductiva y el número
de embarazos en estas edades se ha triplicado.

Yo, señores, sé que ustedes están sensibilizados con este problema y que
a veces sucede que es más fácil de compartir la teoría que destinar los
fondos. La proposición no de ley que presenta mi grupo pura y simplemente
tiene dos apartados, para que siguiendo las recomendaciones del informe
sobre el estado de la población mundial para 1997 se incremente la
aportación de España a los programas del Fondo de Población de Naciones
Unidas, y, en segundo lugar, que se garantice una adecuada cobertura, en
el marco de la convocatoria de ayudas de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, para financiar aquellos programas que
desarrollen las acciones contenidas en el programa de acción de la
Conferencia internacional sobre población y desarrollo de El Cairo y de
la plataforma de acción de Beijing.

Mi grupo tiene tanto deseo de que ésta pueda ser una resolución
compartida por todos que no hemos querido establecer un porcentaje,
aunque habíamos manejado que se fijara un aumento concreto, pero lo
desestimamos porque no queríamos venir a esta Comisión con un porcentaje
predeterminado, porque la oposición es la oposición, el grupo mayoritario
tiene la mayoría y además porque creemos que una iniciativa de ese tipo,
para que funcione, tiene que ser compartida y apoyada. Ustedes también
deben haber recibido algunas sugerencias por parte del grupo de acción de
la Conferencia internacional sobre población, que es el grupo de interés
específico en este tema que ha estado funcionando durante los últimos dos
años, cuyos representantes han venido de Naciones Unidas a entrevistarse
con los de la Agencia Española de Cooperación Internacional a pedir que
se incremente este Fondo, pero creo que hay una



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cosa básica, y con esto termino, señor presidente, y es que en
definitiva, cuando hablamos de ayuda al desarrollo, resulta que los temas
de la mujer y la reproducción están en el núcleo de todos los problemas,
es decir, es un círculo vicioso que se va autoacelerando. Mujeres sin
formación, sin acceso a los métodos anticonceptivos, más hijos, menos
capacidad de educarlos, menos capacidad de ellas de encontrar un empleo;
luego, como consecuencia de esto, más hijos todavía. O sea, que sería
deseable que pudiéramos invertir esta tendencia en el sentido de decir:
mujeres, cuantas más maternidades deseadas, más posibilidades de ocuparse
de los hijos, más posibilidades de educar estos hijos, más posibilidades
para ellas de estar física y moralmente en condiciones de poder tirar
adelante económicamente, y, por lo tanto, yo creo que es un poco el reto
que vamos a tener en los próximos años.

Señorías, lo que pido es que estudien cómo podríamos tratar de dar
respuesta a un colectivo que ha estado impulsando todo eso en nuestro
país y cómo podríamos también dar respuesta a una situación que a todos
nos preocupa, con una tasa de aportación económica a este Fondo que nos
sitúa en la cola. Y yo no lo digo para discutir con mi amigo el señor
Pablo Izquierdo; lo digo sólo para ver si podemos cambiarlo.




El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda del Grupo Popular,
para cuya defensa tiene la palabra la señora Torme Pardo.




La señora TORME PARDO: Señorías, en primer lugar, debo expresar mi
agradecimiento a la señora Balletbó por la relación tan extensa de datos
que nos ha dado sobre la situación de la mujer en países en vías de
desarrollo, la comparto con ella y me parece correcta la enumeración de
problemas y de cifras como motivo para hacer una reflexión sobre cuál es
esa situación de las mujeres. Lo que no comparto con ella es su objetivo
de concienciar a los miembros de esta Comisión. Yo creo que los miembros
de esta Comisión estamos concienciados. De hecho, desde luego el Grupo
Parlamentario Popular ha defendido y defiende siempre con rotundidad el
principio de igualdad de oportunidades para la mujer con el fin de
garantizar nuestra plena participación en todas las esferas de la vida
social. De hecho, podemos afirmar afortunadamente que en el ámbito de los
países occidentales nos hemos beneficiado de un notable avance y, de
hecho, por lo menos en el marco jurídico, existe una auténtica igualdad
para la mujer, aunque ese marco jurídico no quiere decir que se dé luego
efectivamente en la realidad. Esa igualdad de oportunidades no es real y
efectiva, y de hecho tenemos dificultades para acceder en igualdad de
oportunidades a la participación en el mundo laboral, en el mundo de la
educación, en la formación, en el acceso a la información, que es también
fundamental para esa igualdad, así como una serie de problemas concretos,
como pueden ser los ligados a la salud, a enfermedades específicas de las
mujeres o problemas como son los malos tratos.

Toda esta problemática de la discriminación de la mujer desde luego se ve
muy agravada en los países en vías de desarrollo, donde ni siquiera
tienen ese marco jurídico, que yo decía, ese reconocimiento legal de la
igualdad, donde las mujeres, por no tener, no tienen ni los derechos
individuales inherentes a toda persona por el hecho de serlo. De ahí que
desde nuestro grupo parlamentario defendamos la introducción de la
perspectiva de género como un medio fundamental en todos los programas de
cooperación al desarrollo. Es este uno de los grandes logros, a mi modo
de ver, de la Conferencia Internacional sobre la Mujer, de Pekín, porque
así la mujer se beneficia de una atención en todos los programas
horizontales de cooperación y no sólo de programas específicos para ella,
sino que esta perspectiva de género estaría incluida en el resto de los
programas. Vemos que si el objetivo fundamental de la cooperación es la
erradicación de la pobreza, desde luego se está feminizando esa pobreza,
con lo cual en todas las políticas de cooperación y en todos los
programas y proyectos hay que contemplar los problemas específicos de las
mujeres, que se ven agravados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, creo que no es
necesario afirmar el interés que tiene el debate de esta proposición no
de ley presentada por el Grupo Socialista, tanto para el Grupo
Parlamentario Popular, como en particular para esta diputada, que
habiendo sido secretaria regional de la Mujer en Castilla y León ha
participado activamente en políticas de igualdad de oportunidades para la
mujer y que, asimismo, como representante de este organismo de igualdad
de oportunidades de la comunidad autónoma de referencia, pudo asistir a
esa Conferencia Mundial de la Mujer, en Pekín. Nuestro grupo ha
presentado una enmienda de sustitución en la que se incluyen simplemente
algunas matizaciones a la proposición del Grupo Socialista, matizaciones
que yo espero que puedan ser apoyadas por el resto de los grupos
parlamentarios, puesto que simplemente son fruto de la toma en
consideración de una serie de datos de los que quizá la señora Balletbó
no disponía a la hora de formular su exposición de motivos.

En primer lugar y de cuerdo con el Grupo Socialista, consideramos
fundamental el seguimiento por parte de España de las recomendaciones del
informe sobre el estado de la población mundial para 1997 en cuanto a la
aportación a los programas que desarrolla el Fondo de Población Mundial
de Naciones Unidas, orientados a promover la igualdad de oportunidades de
la mujer y la protección de sus derechos individuales. A este respecto,
podemos afirmar que el Gobierno español está cumpliendo con esas
recomendaciones. Así, vemos que la AECI suscribió en 1995 un convenio con
dicho Fondo para financiar el programa de salud reproductiva y
planificación familiar en Filipinas, cuyas actividades se iniciaron en
1996 y actualmente están en curso. La contribución de España a dicho
programa fue de 122.400.000 pesetas, equivalente en su día a un millón de
dólares de los Estados Unidos, que fue desembolsada en su totalidad.

Además de esta contribución en efectivo, la AECI está financiando un
puesto de experto sociólogo-demógrafo en la sede del Fondo en Nueva York.

En 1997 y por instrucciones específicas del señor secretario de Estado de
Cooperación Internacional,



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tras una entrevista que mantuvo con la directora ejecutiva del Fondo de
Población de Naciones Unidas, se ha iniciado un segundo proyecto sobre
salud reproductiva y planificación familiar en Argelia. La contribución
de la AECI a este proyecto es de 250.000 dólares, equivalente a unos
36.750.000 pesetas.

En segundo lugar, y por lo que se refiere a los recursos destinados por
la Agencia Española de Cooperación Internacional a actividades en el
ámbito de las cuestiones relacionadas con la población y del desarrollo
social en general, fundamentalmente en seguimiento de las recomendaciones
de las cumbres mundiales de El Cairo, Copenhague y Beijing, podemos
afirmar aquí que se ha experimentado un notable aumento de estos recursos
desde 1995. Tras las mencionadas reuniones internacionales, la Agencia
Española de Cooperación Internacional se ha esforzado en fortalecer sus
actuaciones en beneficio de las poblaciones más desprotegidas o
marginadas, dando énfasis a intervenciones de cooperación dirigidas a los
sectores sociales básicos, como salud en general, educación, protección a
la infancia, salud reproductiva y materno-infantil, planificación
familiar, etcétera, realizando una serie de actividades que resumiré en
dos grupos. Por una parte, se trata de acciones bilaterales, con un
número total de intervenciones de 104 y una contribución financiera de
2.160.800.000 pesetas; por otra, de acciones multilaterales, con un total
de 24 intervenciones y una contribución financiera de 3.282.934.000
pesetas. En total, estos dos bloques de acciones bilaterales y
multilaterales suponen una contribución financiera de más de 5.000
millones de pesetas. En esta relación no se han incluido ni ayuda
humanitaria de emergencia ni ayuda alimentaria ni otro tipo de
convocatorias. Teniendo en cuenta cuáles han sido los presupuestos de la
Agencia Española de Cooperación Internacional en 1996 y 1997, este
importe del que he hablado antes, los 5.443 millones de pesetas, supone,
grosso modo, casi un 10 por ciento del total de los recursos financieros
gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional en estos
dos años citados.

Teniendo en cuenta los aspectos que he comentado, sobre todo esta
relación de datos, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la
enmienda cuyo texto conocen SS. SS. No obstante, en aras al consenso,
hemos pensado plantear una enmienda transaccional, de manera que el texto
quedaría redactado de la forma siguiente: «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que...», en primer lugar.




La señora BALLETBO I PUIG: Sí, pero yo creo que la transaccional la
tendría que hacer yo, usted perdone.




La señora TORME PARDO: Hemos presentado esta enmienda de sustitución, y
al hablar con los distintos grupos, precisamente como usted indicaba,
para que sea aprobada por unanimidad, hemos avanzado sobre la enmienda
que habíamos presentado inicialmente.

El primer punto dice: Siguiendo las recomendaciones del Informe sobre el
estado de la población mundial para 1997, se continúe cumpliendo la
recomendación de dicho informe sobre la aportación de España a los
programas que desarrolla el Fondo de Población Mundial de Naciones
Unidas, estudiando un posible aumento (esta frase en concreto es la
transaccional que introducimos: estudiando un posible aumento), de forma
que dicha contribución alcance durante esta legislatura un porcentaje
que, respecto a nuestra población y nivel de producto nacional bruto,
resulte equiparable con el resto de países donantes.

El segundo punto quedaría redactado como sigue: Se continúe con una
adecuada cobertura en el marco de la convocatoria de ayudas de la AECI
para financiar aquellos programas que desarrollan las acciones contenidas
en el programa de acción de la Conferencia internacional sobre población
y desarrollo de El Cairo y de la plataforma de acción de Beijing, con el
objetivo de elevar la promoción jurídica y social de la mujer, promover
la igualdad de género, la salud reproductiva, y así transformar las vidas
individuales en los hogares de los países más pobres en el marco de los
programas de población y desarrollo.




El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, tiene la palabra.




La señora BALLETBO I PUIG: Algunas cositas. Por ejemplo, me ha parecido
bien citar la idea de concienciar, porque yo, modestamente, cada mañana
me conciencio, o sea, no es cuestión de que uno una mañana ya está
concienciado para el resto de su vida; yo cada mañana me conciencio de
alguna cosa. Y por eso me parecía que decir que se conciencie esta
Comisión no era ni mucho menos ofender a nadie, sino que era subrayar una
voluntad. Eso por una parte.

Por otra parte, antes de presentar esta proposición no de ley, esta
diputada ha hecho a la Agencia Española de Cooperación Internacional unas
veinticinco preguntas, entre las cuales está el tema de Filipinas. Usted
ha tenido la amabilidad de reproducir la respuesta a una de mis
preguntas, que naturalmente la tengo, porque es la respuesta que han dado
a una pregunta mía.

En cuanto a la visita de la responsable del Fondo de la Población a
España, debe usted saber que el secretario de Estado no la recibió. Esta
señora vino aquí, yo gestioné esta entrevista y la recibió el señor Vega.

Lo digo también para que vea un poco en el marco en que todos nos
movemos.

Y ya finalmente la enmienda transaccional, que yo agradezco mucho que
usted la haya presentado. Desde el punto de vista del funcionamiento
parlamentario, yo hago una proposición no de ley (no me importa, porque
no se nos caen los anillos) pero usted hace una enmienda y nosotros hemos
intentado consensuar, precisamente con su grupo, este término de estudiar
un posible incremento. Yo no lo digo para molestarla, sino porque...,
¿sabe lo que pasa? Cuando un grupo está dispuesto a tirar adelante con
una cosa, creo yo, hay que mirar de no abusar, porque entonces parece que
estás abriendo la portería y... Bueno, lo dejamos aquí.

Nosotros habíamos hablado con uno de los portavoces de su grupo,
concretamente con el presidente de esta Comisión,



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sobre los términos estos de estudiar el incremento. Entonces, yo creo,
señor presidente, que deberíamos volver a leer el texto que recoge
nuestra posición, la posición de la señora diputada y me parece que
también la del portavoz de Convergència i Unió, que creo haber entendido
que estaba de acuerdo con eso, porque también hemos tratado de negociar
con él. Lea usted el texto, a ver si es el consensuado y podemos echar
adelante ese tema.




El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, si no le inoportuna, preferiría
primero escuchar la intervención del compañero de Convergència i Unió, y
a continuación leemos exactamente cómo quede la cuestión, a efectos de
posicionarnos todos los grupos primero.

Señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Yo creo que las dos diputadas que han
intervenido en este debate han situado perfectamente cuáles son los
motivos de fondo que lleva al Grupo Socialista a plantear esta
proposición no de ley y al Grupo Popular a presentar enmiendas que no se
alejan del contenido de fondo de la misma, que lo matizan desde la
perspectiva de la acción gubernamental. Por tanto, nosotros tan sólo nos
podemos unir a este consenso, y nos parece interesante, y agradecemos, la
voluntad de los dos grupos de encontrar ese espacio de coincidencia.

Yo creo que el contenido de esta proposición no de ley es suficientemente
evidente para que incluso en su redacción original pudiese ser asumido.

También entendemos que el grupo mayoritario de la Cámara mantenga las
salvedades de coherencia presupuestaria que debe mantener. Pero me parece
que lo importante va a ser que el texto va a ser aprobado por unanimidad,
lo que, de alguna manera, nos obliga a todos a incrementar las políticas
de solidaridad y de cooperación en el aspecto específico que se apunta en
esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: El texto exacto de la proposición no de ley quedaría
de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno,
primero, a continuar cumpliendo, en la línea de colaboración que España
mantiene con el Fondo de Población Mundial de Naciones Unidas, la
recomendación del Informe sobre el estado de la población mundial para
1997, relativa a las aportaciones a los programas que desarrolla el
FNUAP, estudiando un posible aumento, de forma que la contribución
española alcance en un horizonte cercano un porcentaje que respecto a
nuestra población y nivel de PNB resulte equiparable con el de los demás
países donantes.

Y el segundo punto, igual que está ahí: Continuar con una adecuada
cobertura.




La señora BALLETBO I PUIG: Me parece que era «se continúe», ¿no?



El señor PRESIDENTE: ¿Se continúe o continuar? Sería una mejora técnica,
en cualquier caso.

Señor Izquierdo.

El señor IZQUIERDO JUAREZ: Es que la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular sobre la que se ha hecho una transaccional, lógicamente, por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que, 1), siguiendo las recomendaciones
del Informe sobre el estado de la población mundial para 1997, se
continúe cumpliendo la recomendación de dicho informe sobre la aportación
de España a los programas que desarrolla el Fondo de Población Mundial de
Naciones Unidas.




La señora BALLETBO I PUIG: Es que yo creo, señor Izquierdo, que hemos
tenido un problema aquí, que es que la transac...




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Es que estoy leyendo un texto, señora.




La señora BALLETBO I PUIG: Perdón, perdón. Es que esa transaccional no es
la nuestra, es la transaccional suya, señor Izquierdo. La nuestra, que la
hemos discutido antes de entrar, es la que el señor presidente ha leído.

Ahora, si usted tiene otra transaccional, no sé cómo la vamos a meter.




El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, es que no era una transaccional, no
ha dicho eso el señor Izquierdo. El señor Izquierdo está leyendo un texto
de, al parecer, una enmienda original que no se corresponde con la que yo
he leído, he creído yo entender.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Yo termino, porque creo que es muy claro, y si
establecemos un diálogo es imposible ponernos de acuerdo; hay un turno y
cuando se termina el turno interviene otra persona a continuación; lo
digo a efectos de taquigrafía.




La señora BALLETBO I PUIG: Señor Izquierdo...




El señor PRESIDENTE: No tiene usted el uso de la palabra, señora
Balletbó, espere usted un momento a que termine el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: La enmienda de sustitución que el Grupo
Parlamentario Popular presenta en tiempo y forma al Registro de esta
Comisión es la que ha leído la señora Torme. ¿No? Entonces, en cualquier
caso, lo que le ruego al señor presidente es que se dé lectura a la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular y a la transaccional del Grupo
Parlamentario Socialista sobre nuestra enmienda, para decidir si la
aceptamos o no.




La señora BALLETBO I PUIG: Exactamente, eso es lo que tratamos de hacer.

Perdón.




El señor PRESIDENTE: El texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular
como enmienda de modificación a la proposición no de ley del Grupo
Socialista es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a continuar cumpliendo, en la línea de colaboración que



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España mantiene con el Fondo de Población Mundial de Naciones Unidas, la
recomendación del Informe sobre el estado de la población mundial para
1997, relativa a las aportaciones a los programas que desarrolla el
FNUAP, de forma que la contribución española alcance en un horizonte
cercano un porcentaje que, respecto a nuestra población y nivel de PNB,
resulte equiparable con el de los demás países donantes.

La transaccional que se introduce en este texto es que, en el párrafo
cuarto, donde pone «a los programas que desarrolla el FNUAP» se añadiría:
«estudiando un posible aumento, de forma que la contribución española
alcance un horizonte cercano», etcétera.




La señora BALLETBO I PUIG: El Grupo Parlamentario Socialista se siente
perfectamente interpretado en su transacción en las palabras del
presidente, teniendo en cuenta otra cosa que me parece que es bueno
también subrayar: es tanta nuestra voluntad que la enmienda de
transacción la hacemos sobre su texto, no sobre el nuestro, lo cual ya me
parece estupendo para ustedes. Es decir, lo normal sería que sobre
nuestro texto cogiéramos la enmienda del Partido Popular y dijéramos:
«Bien, no esto, sino esto otro, y enmendamos lo nuestro.» No hacemos eso,
aceptamos su enmienda y le ponemos sólo una cosita. Yo creo que ya más no
podemos hacer, señor Izquierdo.




El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Con el permiso de nuestra portavoz en esta
ocasión, señora Torme, está completamente claro, lo único que se ha
producido, señora Balletbó, es un error en la lectura de una enmienda que
proponíamos y la que realmente figuraba en el Registro. Ese es el único
error que se ha producido y que nos ha llevado quizá a un cierto
equívoco. No hay tal equívoco, hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, si hemos entendido bien, sobre la cual ustedes
hacen una transaccional que, como ha dicho la señora Torme, hemos
aceptado con mucho gusto.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el texto que yo he leído. Es decir, se
votaría la enmienda de modificación con la transaccional del Grupo
Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de todos los grupos.

Señorías, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.




NOTA.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo, del martes, 21 de octubre de 1997, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.