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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 305, de 16/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 305
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 20
celebrada el jueves, 16 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo (González González), para informar sobre las
líneas generales de la política a desarrollar en el ámbito de la citada
Secretaría de Estado. A petición propia. (Número de expediente
212/000768.)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, pido disculpas por el retraso en el inicio
de la sesión.
El esfuerzo hecho por todos y cada uno de los portavoces para que el día
de hoy, a la vista de la imposibilidad de comparecer la señora ministra
de Educación y Cultura, lo aprovecháramos tramitando otras iniciativas
parlamentarias, como son las preguntas, no se ha visto acompañado por el
éxito, dado que el secretario de Estado de Cultura y el presidente del
Consejo Superior de Deportes comunican que les resulta totalmente
imposible comparecer hoy para evacuar las preguntas tanto a uno como a
otro, por la sencilla razón de que también ellos se han visto
sorprendidos porque tuvimos que redactar a toda velocidad este orden
del día mientras estábamos en la sesión de comparecencias con motivo del
estudio de la ley de presupuestos. No creo que tengamos que hacer un
enorme esfuerzo de compresión para entender que precisamente por haberles
avisado con menos de 48 horas, simplemente no nos ha acompañado la
suerte, sin perjuicio de lo que quieran hacer constar los señores
portavoces. En todo caso, tenemos prevista otra sesión de esta Comisión
para el día 21, en la que lógicamente irá como primer punto del orden del
día la comparecencia de la señora ministra de Educación y Cultura. Al
acabar esta Comisión de hoy, ruego a la Mesa y portavoces que nos
quedemos para redactar el resto del orden del día.
Por tanto, la sesión de hoy se reduce a la comparecencia del secretario
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, para que informe
sobre las líneas generales de la política a desarrollar en el ámbito de
la citada Secretaría de Estado. Al mismo tiempo que damos lugar a la
misma, que ha sido solicitada a instancia del titular, creemos que
podemos dar por cumplida la petición hecha por Izquierda Unida en el
mismo sentido. Por ello, después de la intervención del secretario de
Estado daría la palabra, en primer lugar, a Izquierda Unida como
peticionaria y luego intervendrían, de menor a mayor, el resto de los
grupos parlamentarios. Si están ustedes de acuerdo en todo ello, pediría
al secretario de Estado, señor Gónzalez Gónzalez, que tenga la amabilidad
de ocupar su sitio en la mesa para informar.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señor presidente, en nombre de mi grupo
quiero manifestar nuestro desacuerdo más fuerte por cómo se están
haciendo últimamente los órdenes del día. Esto no puede ser. Tenemos aquí
a parlamentarios que han interrumpido la campaña electoral para venir hoy
a formular las preguntas. No puede ocurrir más que sistemáticamente se
incumpla el orden del día. Es una falta de respeto para las señorías de
esta Comisión. Quiero dejar muy claro que esto no puede volver a ocurrir.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia acepta la crítica y asume la
responsabilidad absoluta de que se formulara este orden del día con
cierta premura en la última sesión --quizá hubo por mi parte un exceso de
voluntarismo--, pero quiere, en todo caso, exonerar de toda
responsabilidad al secretario de Estado de Cultura y al presidente del
Consejo Superior de Deportes porque no sólo les ampara el Reglamento en
cuanto que no se les notificó con la debida antelación, sino que además
es cierto que les resultaría absolutamente imposible venir. Por tanto,
que quede constancia de que dicha crítica la considero absolutamente
acertada y acepto toda la responsabilidad sobre ella.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la comparecencia. El señor
secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, tiene
la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION Y
DESARROLLO (González González): Señor presidente, señorías, antes de nada
deseo agradecer muy vivamente el honor que me otorgan al comparecer ante
esta Comisión para presentarles el esquema básico de actuación de la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
Señorías, quizá conozcan ustedes el episodio que cuenta Bertrand Russell,
citando a James, según el cual, habiendo sido convocados dos oficiantes
al mismo funeral, apenas había dicho el primero cuando llegó: Yo soy la
resurrección y la vida, cuando llegó el segundo y dijo: Yo soy la
resurrección y la vida. Pues bien, señorías, yo no soy la resurrección,
porque sospecho que ese evento requeriría el trámite previo de morirse.
Tampoco soy la vida, porque la que lleva un secretario de Estado recién
estrenado ni es vida ni es nada. Pero sí soy, señorías, el oficiante
primero de hace poco tiempo y el oficiante segundo en este momento. En
tan pocos días de diferencia uno puede cambiar las palabras, pero no
sería admisible cambiar las líneas de política universitaria e
investigadora y apenas las palabras. Permítanme, pues, que ordene mi
intervención en los siguientes puntos. Hablaré, en primer lugar, de los
cambios profundos que ha conocido nuestro sistema universitario en los
últimos tiempos. Me referiré, en segundo término, a los retos a los que
habrá de responder nuestro sistema de enseñanza superior, si no quiere
sumirse en un marasmo de tensiones y de conflictos en los albores del
nuevo siglo. Y es sobre este escenario en donde esbozaré ante SS. SS. las
líneas básicas de la política universitaria de la Secretaría de Estado,
incluyendo, naturalmente, las previsibles actuaciones en investigación y
desarrollo junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Permítanme, pues, señorías, que comience presentándoles en urgida
síntesis la evolución histórica reciente de nuestro sistema de enseñanza
superior.
No es un secreto para nadie que nuestro sistema educativo ha sufrido en
los tiempos recientes uno de los procesos de transformación más hondos de
su historia. El más llamativo de los cambios experimentado por el sistema
en las últimas décadas ha sido el crecimiento, a borbotones, tanto de los
demandantes como de los oferentes de servicios educativos de alto nivel.
Una forma de aproximarse a este tremendo cambio dinámico es hacerlo desde
el lado de los alumnos, desde el recuento del crecimiento del número de
alumnos; otra consiste en examinar los recursos humanos y financieros que
la sociedad ha puesto a disposición del sistema. Comencemos por la
evolución del número de alumnos. Cuando se examina el avance del número
de alumnos matriculados en centros de enseñanza superior, desde el año
1992, se observa una tendencia de crecimiento firme y sostenida. En la
década pasada, la que se extiende desde el curso 1980-81 hasta el curso
1991-92, el número de alumnos que accedieron al sistema de educación
superior se multiplicó por un coeficiente de 1,86. En sólo 10 años, el
sistema hubo de soportar una presión casi el doble de la que soportaba en
los inicios de la década; presión fortísima en lo que significan
edificios, plazas, profesorado. Es verdad que en este crecimiento del
número total de alumnos inciden varios factores. Por un lado, factor
demográfico, que hasta el momento ha estado presionando al alza,
inyectando
nuevos efectivos sobre la demanda de servicios educativos universitarios.
Cabe esperar que la presión de este factor quizá se atempere, disminuya,
amaine en los próximos años o en años futuros, pero hasta el momento el
descenso de la demografía todavía no se ha transmitido muy vivamente a la
demanda de servicios educativos de alto nivel, porque ha aumentado la
estancia en el sistema. Si se observa, por otra parte, la composición de
las distintas enseñanzas, pronto se percibe que el peso de las enseñanzas
universitarias en el conjunto de las enseñanzas se acrecienta
persistentemente durante la década. Y eso a pesar de los efectos de la
normativa sobre estudios obligatorios que ha alcanzado a todos los niños
entre seis y 16 años y pese a que es cada vez mayor la tasa de
escolarización de los jóvenes en los niveles postobligatorios. Por otro
lado, se halla el efecto del ciclo económico; efecto que se traduce en un
alargamiento de la estancia media del estudiante en el sistema en las
fases de recesión y en un acortamiento de la estancia en los períodos de
auge, porque los estudiantes universitarios son, señorías, tan sensibles
como los demás mortales a la influencia de las expectativas de empleo y
de ganancia de rentas. También en este período el crecimiento de la
economía ha provocado respuestas más que proporcionales en la demanda de
servicios educativos de alto nivel, pues gozan estos servicios de la
característica de ser lo que llaman los economistas un bien superior cuya
demanda aumenta con la renta, pero aumenta en una proporción mayor que la
renta misma; más técnicamente dicho, esto significa que la elasticidad
renta de la demanda de educación superior es mayor que la unidad.
Todos debemos congratularnos, señorías, de estos cambios dinámicos que
han transformado tanto el sistema como para que apenas sea reconocible en
el telón de fondo de las décadas anteriores. Un habitante de la España
predemocrática que hubiese vivido fuera de nuestro país, las últimas
décadas, y que se asomase ahora al escenario de nuestro sistema educativo
superior apenas lo reconocería. El número de estudiantes universitarios
ha pasado de 639.288 en el año académico 1979-1980 a 1.579.300
estudiantes en el curso 1996-1997, y esto sin contar los 56.760
doctorandos; a estas cifras hay que añadir, además, los 16.000 alumnos
con título de postgrado, master, especialistas, e incluso se podrían
añadir los alumnos que asisten a cursos de corta duración y conferencias,
por ejemplo, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo o a cursos de
verano de gran parte de las universidades españolas. La tasa bruta de
estudiantes universitarios entre 18 y 24 años se halla cercana al 35 por
ciento, mientras que la tasa específica de cada generación ronda el 25,7
por ciento. O sea, que estas transformaciones en la dimensión del sistema
han traído consigo efectos dispares; el más importante es que el
crecimiento del sistema educativo ha acarreado un profundo cambio
estructural en los niveles educativos de la población española. Las
personas con estudios medios o superiores, que apenas sobrepasaban el 10
por ciento de la población española en la década de los setenta, han
pasado a suponer nada menos que un 35 por ciento en 1997. Tan drástico
cambio en la faz educativa de España ha redundado en beneficio de todo
orden, desde la productividad de todo el sistema económico hasta la
estabilidad de la convivencia democrática que, naturalmente, ha
aumentado. Pero como quiera que esto se ha debido realizar a velocidad
muy alta, mientras el país atendía a otros retos no menos urgentes, es
evidente que el proceso ha provocado, como en toda la crisis de
crecimiento, dolorosas y a veces apresuradas tensiones de ajuste;
tensiones que tal vez ahora, con la colaboración de todas las comunidades
educativas, comunidades autónomas, comunidad académica y con la muy
importante y necesaria voluntad de las fuerzas políticas, es el momento
de atender para poner a nuestro sistema universitario en línea de salida
hacia el siglo XXI.
Si del lado de los alumnos pasamos, señorías, al lado del profesorado,
observamos que ha ido aumentando el número a un ritmo incluso superior al
de los estudiantes. Como es natural, el aumento del número de profesores
refleja dos fuerzas coadyuvantes: por un lado, el crecimiento del número
de alumnos y, por otro, el descenso de la ratio profesor-alumno. Por esta
vía debe haberse registrado, por cierto, cierta mejora en la calidad de
las enseñanzas. En cualquier caso, el porcentaje del profesorado
universitario respecto al total casi se ha triplicado en el transcurso de
las dos últimas décadas. Ello es concorde con la evolución creciente del
sistema educativo superior. Como vemos, no sólo se ha ampliado la
demanda, señorías, sino que la demanda acrecentada ha encontrado una
respuesta no siempre articulada y sistemática, pero una respuesta muy
viva al fin y a la postre por parte de la oferta educativa. La ampliación
de la oferta de educación superior se ha manifestado no sólo en el
crecimiento intenso del número de profesores, sino además en la
ampliación del tamaño y del número de instalaciones. En 1980 España tenía
26 universidades públicas y cuatro que no pertenecían o no administraba
el Estado sino la Iglesia. Para el curso 1997-1998 abrirán sus aulas 47
universidades públicas, 13 privadas y dos internacionales, y eso sin
contar con numerosas instituciones menores, en gran medida privadas,
afiliadas a alguna universidad en forma de centro adscrito o similar. Las
titulaciones oficiales que proporcionaba el sistema universitario español
se han elevado desde el número de 55, que ofrecía hace apenas 15 años,
hasta los 133 títulos oficiales con los que cuenta o habrá de contar el
curso que empieza.
Naturalmente, tan fuerte incremento en la oferta educativa ha reclamado
una importante ampliación de las instalaciones. Gran parte del vigoroso
crecimiento de la inversión en infraestructura ha sido abordado por el
sector público, pues en nuestro país es este sector el que asume el
protagonismo de la enseñanza superior. Del medio millón de pesetas al que
ascendía en 1970 el stock de capital de infraestructuras educativas en
España se ha pasado, en términos reales, a dos billones largos. De esta
cifra, una parte no desdeñable corresponde al stock de capital de las
propias universidades. A la vista de este comportamiento, no es de
extrañar el vivo crecimiento del gasto en educación que ha registrado
nuestro país en las últimas décadas. No es sencillo conocer con precisión
el conjunto del gasto educativo en los últimos decenios, pero es
absolutamente indiscutible que este gasto ha levantado el vuelo con bríos
desconocidos hasta tiempos muy recientes. Desde el curso
1980-1981 hasta el curso 1991-1992 el gasto educativo en pesetas
corrientes se ha multiplicado por cinco, lo que significa una tasa de
crecimiento real anual acumulativa del cuatro por ciento. En suma, el
crecimiento para todo el período, en términos reales, ha sido del 64 por
ciento. Este crecimiento ha supuesto un mayor peso del gasto total en
educación en términos de PIB de 0,7 puntos, pues del 4,96 que suponía en
1985 ha pasado a 5,7 en 1997. Específicamente, el gasto en educación
universitaria era en 1994 un 0,9 sobre PIB. En este año Alemania y
Francia gastaban el 1,1 y el Reino Unido el 0,9. Como quiera que el
crecimiento demográfico ha sido más bien débil durante la década, el
gasto educativo por habitante ha ascendido lo suyo, un 57 por ciento en
términos reales, y otro tanto cabe decir respecto al ascenso del gasto
por alumno. Si examinamos la marcha del gasto por niveles educativos, se
advierte bien pronto el avance del peso de los gastos universitarios
respecto al total de gastos educativos. Los gastos universitarios, que
apenas superaban los 66.000 millones de pesetas en 1980, sobrepasaban con
holgura los 576.000 millones, exactamente 576.505 en 1992, aunque bien es
verdad que, depurada la inflación, esta cifra se situaba en un nivel de
369.185 millones de pesetas en este año 1992.
Dicho esto, debo añadir a SS. SS. que este incremento del gasto en
educación no significa necesariamente que la actividad gastadora se haya
burlado con la máxima eficiencia técnica o económica. La medición de los
costes de educación es uno de los más espinosos problemas con los que
tropiezan los expertos al estimar su cuantía y evolución. La verdad es
que, al ser gran parte de la educación española realizada por el sector
público, estos costes deberían ser más fáciles de medir, pero al ser
financiado fundamentalmente con impuestos, obtener el verdadero coste
real nos llevaría a un problema en el que no podemos entrar: el problema
de la eficiencia de los sistemas tributarios, tanto por los costes de la
propia actividad fiscal, como por las distorsiones que añade la exacción
fiscal en sí misma. A este problema tampoco son ajenos los países de la
OCDE, en los que el gasto privado de educación no sobrepasa el diez por
ciento del público en el sector. Y es que existe en España una
subvaloración sistemática del gasto, pues no sólo no se computan los
gastos realizados por el sistema de Seguridad Social y los entes locales,
sino que en las cifras habituales de gasto educativo no se computa el
valor de las instalaciones y edificios públicos dedicados a la enseñanza,
fundamentalmente amortizaciones e intereses del capital propio, cosa que,
dicho sea de paso, se realiza en perjuicio de una prudente política de
amortizaciones de activos fijos. Hay, pues, una clara infravaloración del
gasto educativo en nuestro país, y las cifras que tienden a proporcionar
parámetros de comparación internacional deben ser tomadas con la más
delicada cautela.
Un rasgo nada desdeñable del sistema de educación es el notorio
predominio del sector público en todos los niveles del gasto educativo,
predominio que se manifiesta tanto en el claro protagonismo del Estado,
como en el peso creciente del mismo a lo largo de los años. El gasto
realizado por el sector público en la educación era en los comienzos de
la década de un 67 por ciento, pero en los inicios del noventa se viene a
dar un 80 por ciento. En los comienzos, las diferencias por niveles eran
importantes, pues mientras que en el sector privado las enseñanzas
básicas y medias representaban la mitad de la oferta, en el nivel
universitario la oferta privada no era significativa. De todos modos, la
participación del sector privado en la educación universitaria ha ido
descendiendo al crecer el sistema, aunque recientemente un cierto
ramillete de centros privados ha hecho notar su presencia en el sector
educativo universitario. El gasto de enseñanza privada universitaria ha
descendido de un porcentaje del diez por ciento a tan sólo un seis al
comienzo de la presente década.
Si del gasto pasamos al capítulo de financiación, nadie ha de extrañarse
que también el sector público se lleve la palma. En efecto, por niveles
educativos el peso de la financiación pública es muy superior en la
enseñanza universitaria, donde media el protagonismo muy fuerte del
Estado en la oferta de servicios educativos de alto nivel, y donde es
bien conocido el papel casi testimonial que representan agentes distintos
de las administraciones públicas en la ampliación de las universidades.
En la enseñanza universitaria las tasas que satisfacen los estudiantes o
sus familias son, como es bien conocido, minoritarias, respecto a la
fuente de ingresos procedentes de los presupuestos transferidos de las
comunidades autónomas. Lo que sorprende es que en nuestro país la
aportación realizada por los hogares tiende a decrecer con persistencia
durante la década pasada. Del 25 por ciento que representaba al comienzo
de los años ochenta, ha pasado a tan sólo el 15 al comienzo de la
presente década, aunque ofrece algunos signos de recuperación.
En el proceso de pérdida de significado de la aportación que los hogares
hacen a la financiación de los estudios universitarios debía de mediar,
no sólo la consabida resistencia estudiantil a colaborar más en una
inversión de la que los propios estudiantes habrán de ser los principales
beneficiarios, sino, además, el hecho de que las aportaciones públicas
han crecido más velozmente que el volumen de ingresos por tasas, y quizá
no pudo ser de otro modo.
La transformación del sistema educativo no ha sido sólo cuantitativa. No
habré de fatigar a SS. SS. con más datos para evidenciar este gran
estirón de nuestro sistema de enseñanza superior. También se han
registrado cambios hondos y perdurables en la distribución de las
responsabilidades políticas. El número 10 del artículo 27 de la
Constitución de 1978 reconoce la autonomía universitaria como una de las
libertades fundamentales. El Título VIII de la Carta Magna y los
estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas han
distribuido competencias en materia universitaria entre las propias
comunidades autónomas y otros poderes públicos. Corresponde a la Ley de
Reforma Universitaria, de 25 de agosto de 1983, el desarrollo de los
aspectos constitucionales relativos a la enseñanza superior. Es
precisamente la LRU, que recoge el mandato constitucional reconociendo el
derecho a la libertad de cátedra y consagra la autonomía de las
universidades, donde se realiza una distribución de competencias
universitarias entre los distintos poderes públicos.
Para entender el reparto actual de competencias en materia de política
universitaria, es preciso recordar el desarrollo del Título VII de la
Constitución, el que se refiere a la organización territorial del Estado,
que ha tenido lugar en los últimos años al hilo de la reforma de los
estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, artículo 147. Como
se sabe, la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, posibilitó la
asunción por las comunidades autónomas de competencias de titularidad
estatal. Por obra de esta normativa, a lo largo de 1995 y de 1996 se
aceleró el traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado, en materia de universidades, a aquellas comunidades autónomas que
aún no los tenían. Este proceso ha culminado con el traspaso de dichas
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, por
Real Decreto 2243/1996, de 18 de octubre. El desarrollo del proceso de
transferencias ha sido el siguiente. A lo largo de 1995 se producen los
traspasos de competencias correspondientes a las universidades de
comunidades autónomas de Extremadura, Asturias, Castilla y León, Murcia y
Madrid. Para atender a la financiación del coste efectivo correspondiente
a estos traspasos de competencias, se concedió un crédito extraordinario
de 122.189,7 millones de pesetas al presupuesto prorrogado de la sección
312, entes territoriales. Paralelamente, se produjo la correspondiente
minoración de los créditos presupuestarios de los programas 412.A,
dirección y servicios generales de la educación, y 422.D, enseñanzas
universitarias. En 1996, tales traspasos de competencias afectaron a las
comunidades autónomas de La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria
e islas Baleares. El coste efectivo de estos créditos asciende a 29.467
millones de pesetas. Este importe ha sido dado de baja en los créditos
presupuestarios del Ministerio de Educación y Cultura, y los programas
421.A y 422.D, y transferidos a la sección 32, entes territoriales.
En resumen, puede decirse que, por lo que respecta al programa de
enseñanzas universitarias, a lo largo de los tres últimos años se ha
culminado el traspaso de competencias del Ministerio de Educación y
Ciencia, salvo en el caso de la UNED y de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, al ámbito de las comunidades autónomas. Se puede estimar
en casi 148.000 millones el traspaso de competencias en 1995-1996, desde
el citado programa del Ministerio de Educación a la sección 32. Es por
eso por lo que conviene explicar que la financiación de las
universidades, excepto la de la Uned y la de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, no forma parte de las competencias del Ministerio de
Educación. Sencillamente, la práctica totalidad de las nueve
universidades han sido transferidas a las comunidades correspondientes.
Tal como recogía en su artículo 7, la LRU especificaba en su estado de
ingresos que el presupuesto de las universidades ha de contener la
subvención global fijada anualmente por las comunidades autónomas, las
tasas académicas, también fijadas por las comunidades autónomas, dentro
de los márgenes establecidos por el Consejo de Universidades, y otras
fuentes, en su caso, de origen privado. Eso significa que la Secretaría
de Estado no cuenta ya con las competencias económicas en materia de
financiación de universidades. Sólo la UNED y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, cuya previsión presupuestaria ha
aumentado, como recordarán SS. SS. dijimos ayer, un 6,8 y un 14,7 por
ciento, respectivamente, y permanecen, por razones obvias, bajo la
dependencia del Ministerio de Educación y Cultura.
Por otra parte, la Secretaría de Estado tampoco tiene las competencias de
diseñar los planes de estudio de las universidades en sus concretos
detalles. Estas competencias están atribuidas por la LRU a las propias
universidades. En el artículo 29 de dicha ley se lee, que, con sujeción a
lo dispuesto en las directrices generales, las universidades elaborarán y
aprobarán sus planes de estudio. Una vez aprobados los planes, éstos
serán puestos en conocimiento del Consejo de Universidades a efectos de
su homologación, pero en los casos en los que tal acontecimiento no se ha
producido carecen de significado estadístico, aunque hayan elaborado los
planes. Nada menos que 2.000 ha sido el número de planes de estudio,
elaborados por las propias universidades y oportunamente homologados por
el Consejo de Universidades. De éstos, 990 corresponden a ciclos de
enseñanza largos y 1.010 a ciclos cortos. Desde las últimas reformas, se
han elaborado y homologado 154 nuevos planes de estudio. No quiere esto
decir que cada plan de estudios sea único en el territorio educativo para
cada titulación. Los 2.000 planes de estudio corresponden solamente a 133
titulaciones. Esto proporciona una somera idea de los problemas de
convalidación que tiene el estudiante cuando quiere cambiarse de
universidad. Una barrera más a la movilidad estudiantil y un efecto no
previsto por el legislador en su día.
A la Secretaría de Estado le queda la competencia, no de elaborar los
planes de estudio, sino la de marcar las directrices generales comunes a
todas las universidades; directrices a las que habrán de ajustarse las
universidades cuando, en uso de su autonomía, elaboren sus propios
planes. En todo caso, incluso el propio decreto de directrices generales
comunes requiere para su modificación una propuesta previa del Consejo de
Universidades. Tales son, señorías, los límites de actuación de la
Secretaría de Estado en materia de política universitaria; límites
nacidos del proceso de transferencias y de la propia autonomía
universitaria, que la Secretaría de Estado respeta y respetará
exquisitamente, como es natural. No obstante, la Secretaría de Estado
colabora con las universidades para impulsar el proceso de modernización
que necesita nuestro sistema de enseñanza superior. El medio de
colaboración es, naturalmente, el Consejo de Universidades, y es dicho
Consejo órgano natural de comunicación y vehículo privilegiado de
estímulo para la modernización, pues es en él donde se hallan todos los
agentes comprometidos en la andadura de nuestra enseñanza superior, los
rectores, las comunidades autónomas, los agentes nombrados por los
órganos Legislativo y Ejecutivo.
Permítanme ahora, señorías, presentarles el escenario a cuyos retos ha de
responder el sistema educativo venidero. Los nuevos retos, que si no se
abordan de inmediato, más bien pronto que tarde, serán fuente de serios
conflictos sociales, proceden del hecho de hallarnos ante dos
encrucijadas
--me atrevería a llamarlas dos revoluciones de tremenda envergadura--,
dos revoluciones que reclamarán una profunda tarea de modernización del
sistema educativo español; dos revoluciones que hacen más urgente que en
ningún otro tiempo la acelerada renovación de las líneas básicas de
nuestro sistema universitario. Se trata de la revolución tecnológica
--que no se agota en la llamada revolución digital-- y de la revolución
política. La primera puede condensarse en pocas palabras. Cada día, casi
cada minuto asistimos a nuevas mejoras, a tremendos y acelerados cambios
en los sistemas de captura, de tratamiento y transmisión de datos. Este
hecho por sí solo abre inmensas posibilidades de cooperación entre las
empresas, cualquiera que sea la parte del mundo donde se hallen
localizadas. Por obra de esta importante innovación tecnológica es cada
vez más posible que muchas empresas, que están situadas en cualquier
parte del globo, utilicen recursos generados por otras en otra parte y
puedan producir bienes en otra parte cualquiera del mundo, bienes que
pueden vender a su vez en cualquier otro lugar del planeta.
En tiempos afortunadamente pasados, en nuestro país, por ejemplo, había
la obsesión de que todo fuera producido aquí y que llevara el sello del
producto español o fabricado en España. Aunque son en gran mayoría de
edad joven, los más maduros quizá recuerden un coche deportivo carísimo,
el coche Pegaso, que presumía en sus memorias --en mi tarea de
investigación hice historia de la empresa pública y me encontré con las
memorias del coche Pegaso-- de ser orgullo de españoles. Su producción,
aparte de alagar los instintos aislacionistas y nacionalistas de las
autoridades de entonces, aparte de perder dinero a raudales, tampoco era
enteramente española. Muchos de sus elementos se fabricaban bajo patente
de la empresa hispano-suiza. Si en aquellos tiempos autárquicos,
felizmente superados, no podíamos garantizar la identidad nacional de un
coche que tenía como objetivo el ser nacional, qué habremos de decir en
estos tiempos nuestros, sumidos en esa honda revolución tecnológica, la
más honda de toda la historia. Hablando con propiedad, señorías --y lo
decía el otro día en el Senado en la Comisión correspondiente-- ya no
podemos decir, por ejemplo, éste es un coche inglés, que tiene el touch
inglés, o éste es un coche alemán, seguro y fiable alemán, que dice un
anuncio por ahí, porque quizá el motor sea japonés, los asientos
italianos y los faros suizos.
Pues bien, esta posibilidad de cooperación de recursos de cualquier parte
con los de cualquier otra parte del globo, capital y trabajo de
nacionalidades y naciones distintas, dicho en palabras menos técnicas,
tiene efectos de hondo y dramático impacto. Una nueva oferta de brazos y
de cerebros, dispuestos a trabajar por bajos salarios, a asociarse con
capitales de cualquier parte del mundo, incluso del mundo
industrializado, ha irrumpido de pronto y ha perturbado sensiblemente
nuestros mercados de factores. Estos recursos humanos no sólo se asocian
con capital físico del mundo industrial avanzado, sino también con el
capital humano, caracterizado por variedades y diversidades de
habilidades y de conocimientos de los propios operarios. Es decir,
capital y know how se asocian cada vez más intensamente cualquiera que
sea su ubicación. El primer efecto de esta cooperación sin fronteras es
la intensificación de los flujos comerciales y la elevación de la
prosperidad en algunos países antes atrasados, como era el nuestro. Tal
sucede ahora con los países del sureste asiático, los llamados tigres, o
los más cercanos de nuestra cultura, como los países hispanoamericanos:
Chile, Argentina, Méjico.
Aquí entra ahora, señorías, la segunda profunda transformación, la
profunda revolución que estamos asombrados, llenos de estupor,
observando, la revolución política. El signo más llamativo de esta
revolución política fue, como no se les escapará a ninguno de ustedes, la
caída imprevista del muro de Berlín. Como un aldabonazo sacudió las
dormidas conciencias occidentales, ignorantes de la efervescencia
volcánica que rugía bajo la apariencia del orden y autoridad en las
sociedades centralmente planificadas. Quizás en el intento de adelantarse
a lo inevitable vemos movimientos sorprendentes hacia organizaciones más
proclives al mercado en las economías planificadas que luego sobreviven,
como la economía china, o en economías con alto grado de dirigismo, como
la economía india, aunque siempre queden dirigentes, quizá con vocación
de dinosaurios, que prefieran fosilizarse a cambiar. Pero no es ésta la
única manifestación de la revolución política.
Muchos países, sumidos en relaciones semifeudales o en regímenes
militares despóticos, están avanzando rápidamente hacia formas de
convivencia política cada vez más democráticas y que pujan, por tanto,
por participar en el concierto mundial de los mercados abiertos, de las
tecnologías avanzadas de comunicación y transporte. El número de países
del continente americano que han abandonado las sofocantes dictaduras
militares, bajo las que penaban hace apenas una decáda, y se deslizan
hacia sistemas más o menos semejantes a nuestra democracia política, es
un síntoma elocuente de cuanto digo, señorías. Ambas revoluciones abren
oportunidades para el optimismo si nosotros no nos dormimos en los
laureles. Abren esperanzas, porque ofrecen oportunidades para un cambio
de dimensiones gigantescas, cambios o revoluciones mucho mayores que la
que proporcionó la primera oleada de industrialización en los siglos
XVIII y XIX, cuando el producto creció por vez primera a tasas aceleradas
por encima de la población, superando y escapando a la trampa malthusiana
y provocando la mayor ruptura con las tendencias del pasado, la mayor
ruptura desde la llamada revolución neolítica de nuestros peludos
antepasados de hace 10.000 años, y cuando, en fin, el bienestar se
extendió rápida y benéficamente por todo el mundo occidental.
El fenómeno particularmente significativo es que la revolución política,
señorías, ha venido a realimentar vigorosamente la revolución
tecnológica. Es obvio que los nuevos países, deseosos de participar en el
banquete del escenario recién estrenado, cuando los sistemas de
planificación central parecen caer en desuso por doquier, aportarán
nuevos recursos, nuevo capital humano, que no siempre es el menos
cualificado, capital humano de calidad variable les he dicho. Les veremos
competir, les veremos subir al pódium y a la competencia, más bien pronto
que tarde, con
nuestros licenciados en los mercados mundiales, en donde se requieren
profesionales de alto nivel. Millones de personas procedentes del otro
lado del antiguo telón de acero pujarán por penetrar en nuestros mercados
de recursos de alta y media cualificación. Medio billón de los antiguos
países comunistas europeos. Casi un billón en China miran ansiosos y
esperanzados hacia los mercados capitalistas, y es de presumir que
competirán despiadadamente con nuestros licenciados y doctores de nueva
hornada, como ya están compitiendo otros profesionales de grado medio y
bajo. Descuidarse en la tarea de modernizar y hacer más eficiente muestro
sistema educativo de alto nivel, es sencillamente suicida, señorías.
La razón estriba en que mientras estas dos revoluciones han mejorado el
nivel de vida de los habitantes de diversas economías semidesarrolladas,
ello ha elevado los salarios de las profesiones altamente cualificadas en
los países industrializados, pero ha deprimido las condiciones de vida de
los peor cualificados. Esto reconocerán, señorías, que conspira contra la
estabilidad política y contra la estabilidad social, abre el abanico
salarial, plantea conflictos entre los más cualificados y los escasamente
cualificados. Los miembros poco cualificados de la sociedad se sentirán
injustamente golpeados y presionarán tal vez por mayores niveles de
proteccionismo, pero esto, señorías, si se consiguiera, no haría otra
cosa que empobrecer a todos sin beneficiar a nadie, o apenas a nadie. No
es visible otra respuesta que la de elevar la capacidad y eficiencia de
nuestro sistema educativo, para que los jóvenes compitan en mejores
condiciones en un escenario mundial, acosado por el reto de preparase o
descender en la escala social. En este escenario se ha de desenvolver
nuestro sistema de enseñanza superior. Y es en este marco estrictamente
delimitado en el que la Secretaría de Estado, consciente de este acoso
mundial por los fenómenos que asoman amenazadoramente su cabeza, de
puntillas en el siglo que se nos viene, ha de encuadrar su actuación.
Detallo aquí el marco en el que, de no mediar alteraciones profundas, han
de encuadrarse también nuestras actuaciones en aras de la comprensión de
los severos límites en los que ha de moverse la política universitaria de
la Secretaría de Estado. Vayamos pues al perfil de esta política que, por
las caras que observo, quizá están pensando que ya va siendo hora.
(Risas.)
Señorías, son muchos los problemas que el rápido e intenso crecimiento
del sistema ha acumulado sobre las generaciones presentes y futuras. Para
comenzar, por orden de urgencia, quizá deba referirme, en primer lugar,
al problema de los planes de estudio que, como acabo de relatarles a SS.
SS., no fue obra de ninguna actuación afortunada o desafortunada de esta
Secretaría de Estado, por lo que se ha generado un problema de planes de
estudio en nuestras universidades. Un problema que sobrecarga las
capacidades de los estudiantes hasta límites que ponen en peligro, no ya
su tiempo de necesario cultivo de otras dimensiones del alma --y del
cuerpo--, sino su valioso y necesario tiempo de estudio.
Fue la consecuencia inesperada de la potestad de elaborar sus directrices
propias y, por ende, sus propios planes de estudio lo que determinó que
las universidades diseñaran planes sobrecargados de asignaturas y de
exámenes. Los estudiantes, si se fijan en las asignaturas que han de
dominar --y es en lo que se fijan-- y cuyas pruebas de aptitud han de
superar --y es lo que temen--, se encuentran con que su número se ha
multiplicado de manera exorbitante. Las antiguas licenciaturas,
vertebradas sobre la base de cuatro a seis asignaturas por curso, se han
elevado ahora hasta un número que, en media, se ha citado muchas veces,
alcanza las dieciocho asignaturas, o puede alcanzarlas, y que, en
ocasiones, puede alcanzar una veintena larga de materias. Es verdad que
son más cortas --cuatrimestrales, semestrales--, pero quienes están en el
sistema universitario lo comprenden perfectamente. Decía el otro día que
en la tumba de un general leí: aquí yace el general que nunca temió; y un
estudiante puso debajo: porque nunca se examinó. Los estudiantes tienen
más exámenes y eso es una fuente de zozobra y de disgusto, y es una
fuente de sentirse presionados y hasta desorientados.
Es este problema el que ha provocado un porcentaje de fracasos en el
estudiante medio muy por encima de lo deseable. No es, pues, de extrañar
que el índice de éxito de nuestros estudiantes universitarios haya ido
deteriorándose con el paso del tiempo. De un 50 por ciento en el curso
1987-1988, esta cifra se situaba en un 37 por ciento en el curso
1994-1995. El porcentaje de estudiantes que abandonaban sus estudios, que
en el año 1987-1988 era tan sólo de un 15 por ciento, se había
transformado en 1994-1995 en un 32 por ciento. Corregir esta situación
que nadie desea es el primer elemento del pacto de modernización, que si
se entra en él habrá de ser objeto de acuerdo con los distintos agentes
implicados en la tarea de orientar el sistema hacia metas de calidad y de
eficiencia.
La Secretaría General está trabajando en un esquema general en el cual
las universidades se vean inducidas a racionalizar el número de
asignaturas, prescindiendo quizá de algunas asignaturas que, según la
experiencia ha mostrado, parecen tener para el estudiante más coste que
beneficio. Requiere ello excitar a las autoridades, tanto autonómicas
como universitarias, representadas en el Consejo de Universidades, con el
fin de que propongan nuevas líneas de directrices generales comunes,
propiciadoras de planes de estudio con asignaturas de más solidez y menor
sobrecarga de horas lectivas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con que,
más de una vez, una sola asignatura se imparte en más de un área de
conocimiento. Lo que de hecho significa duplicar el número de exámenes en
una materia que sólo conceptualmente constituye una sola asignatura pero
que, a efectos de prueba de control, debe superarse independientemente,
como si se tratase de dos asignaturas distintas.
En el camino de racionalizar esta situación, la Comisión de secretarios
de Estado y subsecretarios ha recibido ya del Gobierno para su
aprobación, hace una semana, el decreto por el que se aprueban las nuevas
adscripciones a las áreas de conocimiento y, en su caso, la delimitación
de las mismas, teniendo en cuenta el ponderado criterio del Consejo de
Universidades, asumiendo el dictamen de dicho Consejo.
Prosigamos con los problemas subsistentes por el lado de la población
estudiantil. A nadie se le puede escapar que, como en cualquier otra
actividad, la libertad de moverse entre centros, la libertad de elegir el
centro donde cada usuario cree que ha de alcanzar, a su buen criterio, la
mayor satisfacción posible del servicio educativo utilizado, es de todo
punto necesario para conseguir mejores niveles de eficiencia y de
modernidad en nuestros centros educativos. Así lo reconoce la LRU en su
artículo 25. Pues bien, permite nuestra legislación una movilidad muy
limitada en este sentido. El Decreto 1005/1991, modificado por otro, el
1060/1992, requiere que cada universidad reserve un exiguo porcentaje de
plazas en concepto de distrito compartido y otros conceptos:
minusválidos, deportistas de alto nivel, etcétera. Esta cifra está
actualmente en un mínimo de 12.953, en concepto de distrito compartido.
Parece oportuno revisar el porcentaje de plazas reservadas a los
estudiantes procedentes de otro distrito compartido, que es un 5 por
ciento, con un máximo de 10 plazas por estudio. La Secretaría de Estado
tratará de animar a las administraciones educativas correspondientes a
alcanzar acuerdos más generosos para estimular la libre movilidad de los
estudiantes, aunque cuenta esta Secretaría con la ayuda inexorable,
imperceptible, pero apreciada, de la evolución de la demografía, cuyo
futuro comportamiento hará seguramente que las administraciones
educativas compitan por los alumnos de otros distritos.
Naturalmente, el mayor incentivo a la movilidad es la disminución de las
barreras económicas a las elecciones realizadas por los estudiantes
usuarios. Moverse a una universidad atractiva, famosa, de prestigio, pero
distante, pasa por el hecho de que sus familias han de afrontar los
gastos de residencia y manutención, lo que implica un esfuerzo difícil de
sostener en las que tienen escasos recursos, y una política generosa de
becas parece imprescindible para ascender esta barrera. Ayer mismo me
pedían y les daba las cifras de este esfuerzo, que espero que siga
creciendo en presupuestos futuros. Y no es que este capítulo no haya
evolucionado expansivamente, como saben, en la última década. Las 80.198
becas universitarias que se concedieron en el año 1985 se han
transformado en unas 283.000, en números redondos, en el año 1997. Es
decir, el número de becas universitarias se ha multiplicado, en poco más
de una década, por un coeficiente de 3,5. El importe de becas
universitarias rondaba este año los 40.000 millones de pesetas.
He de reconocerles que, sin ser pequeño el esfuerzo emprendido por esta
Administración y las anteriores, esta Secretaría de Estado no puede
hallarse satisfecha con el logro alcanzado. Es creencia profunda que la
movilidad y racionalización del sistema educativo pasa por la asignación
de una buena parte de los recursos que consume a sus naturales
destinatarios para que no se despilfarren los talentos de las personas
que carecen de recursos y no de capacidad intelectual. Por eso la
Secretaría de Estado está estudiando la implementación de fórmulas
imaginativas que por esta vía contribuyan a derribar las barreras
económicas y de otra índole que obstaculizan la movilidad estudiantil.
Una iniciativa que esta Secretaría de Estado contempla con particular
cariño, y que se halla desde hace tiempo implantada en países avanzados
de nuestro entorno, es la concesión de préstamos a estudiantes. Los
préstamos a interés prácticamente testimoniales quizá podrían devolverse
cuando el estudiante alcance la plenitud profesional, cuando termine su
carrera y esté recuperando el beneficio de su inversión en capital
humano, esté trabajando y haya encauzado su puesto de trabajo. Hemos
comenzado a avanzar en este camino y hay una previsión presupuestaria,
como saben SS. SS., para el próximo año de 50 millones de pesetas.
Pasemos ahora, señorías, al lado de la oferta de servicios educativos.
Destaca por su importancia en este extremo el conjunto de profesores que,
funcionarizados o no, prestan los servicios docentes en nuestras
universidades. En este punto es también de urgente necesidad revisar,
tras sereno ejercicio de reflexión, tras profunda reflexión, la situación
que tenemos. No seré yo quien niegue las buenas intenciones al legislador
anterior de esta cuestión. Pero hay efectos no previstos y la perfecta
previsión del futuro, como ustedes saben, no es de este mundo; efectos
inesperados que convierten nuestra básica ley de educación, la LRU, en un
artefacto aquejado de obsolescencia por algunas partes. Simplemente la
LRU, como todo en este mundo, no ha resultado inmune a la inexorable
obsolescencia que acarrea el paso del tiempo. Si además, como hemos
dicho, el volumen y la composición de nuestro sistema educativo ha
soportado la más honda mutación de su historia reciente, si el contorno
internacional ha cambiado de modo revolucionario imprevisto, no es de
extrañar que los lineamientos básicos del título V de la vieja LRU y
otros aspectos de entidad diversa se hayan quedado desfasados para las
exigencias de los tiempos que corren. Y mucho más para las de los tiempos
que asoman inquietante su cabeza en el horizonte del mañana inmediato.
Como no ignoran SS. SS., el personal educativo accede habitualmente a la
condición de tal por una puerta inicial, que es, primero, la condición de
becario, con un currículum valorado mediante baremo público normalizado.
Este becario, que tiene un tiempo máximo de permanencia de cuatro años,
puede obtener su beca procedente de las comunidades autónomas, del Estado
o de la propia universidad. Sólo los becarios del Estado ascienden a
4.000 becarios predoctorales, 500 tecnólogos y 1.000 postdoctorales.
Ahora bien, el personal docente no funcionario puede ser o bien ayudante
o bien profesor asociado. El profesor asociado puede serlo a tiempo
parcial o lo que se denomina a tiempo completo. Entre los primeros cuenta
nuestro sistema educativo con 16.650 efectivos, mientras que a tiempo
completo existen en este momento 8.200 profesores. El ayudante, que lo
puede ser de escuela universitaria o de facultad, tiene un tiempo
limitado de permanencia en esta figura que no puede exceder de cinco
años.
Finalmente, está el tramo de elite de la carrera docente, el profesor
funcionario. El profesor funcionario, tanto en su condición de titular
como de catedrático, que es el caso anterior, lo puede ser de escuela
universitaria o de facultad; excepto en el caso de titular de escuela
universitaria, donde
hay unos 9.770 funcionarios, el acceso al primero o segundo escalón de la
condición de funcionario docente requiere el título de doctor, y este
acceso se verifica mediante una prueba realizada ante una comisión de
cinco miembros, dos de los cuales son nombrados por la universidad
convocante. Por esta vía han accedido a la condición de catedráticos de
escuela universitaria 1.634, a la de titulares de universidad, 19.093, y
a la condición de catedrático de universidad, 6.454.
¿Qué podemos decir, señorías, de esta forma de acceso a la carrera
docente? En primer lugar, hay que señalar que por atractivo que parezca
el sistema, y sobre el papel lo es, ha provocado, en el caso de los
funcionarios, dos problemas importantes: uno es un problema de movilidad
del profesorado y otro es un problema de endogamia, consecuencia
inesperada del diseño --realizado con la mejor voluntad-- de la forma de
acceso a la función, y no estoy acusando de corporativismo a nadie, es la
respuesta de los agentes a las señales que encuentran.
La movilidad del profesorado viene a sumarse, como elemento dañino de la
modernización universitaria, a la escasa movilidad con la que cuenta el
alumno, el usuario. El funcionario docente es el único funcionario,
señorías, que no cuenta entre sus derechos con el derecho de traslado, y
esto, además de la discriminación que supone, redunda gravemente en la
eficacia. El funcionario sin movilidad es prisionero de las condiciones
locales, y las universidades difícilmente pueden pujar para obtener los
mejores valores docentes. He utilizado el símil de un partido de fútbol,
aunque no entiendo mucho de este deporte. Los partidos de fútbol --y
discúlpeseme el desaliño de esta metáfora-- se juegan siempre con los
mismos jugadores atornillados a una misma plaza y al mismo equipo de por
vida. ¿Qué pensarían, señorías, de una empresa en la cual los clientes,
en cuanto entran a comprar, ya no pueden salir a comprar a otra, y los
dependientes, los vendedores, en cuanto entran a trabajar alcanzan ya la
máxima aspiración de estar ahí de por vida en lugar de ir a otra?
Siguiendo con la metáfora futbolística, a no ser por la acendrada
vocación docente de un gran manojo de enseñantes, es milagroso que con
esta restricción pueda lograrse un juego de calidad y hay juego de
calidad en la universidad española, señorías, no el que queremos que
haya, no el suficiente, pero hay todavía bastante juego de calidad. Ya
digo que la extraordinaria vocación y capacidad de sacrificio de no pocos
docentes hace el milagro diario de que por mor del viejo, entrañable
armatoste al que llamamos LRU, la calidad no se haya ido a la más
profunda de las simas.
Pero, por si esto era poco, el malhadado mecanismo --repito que no busco
responsabilidades, solamente describo situaciones-- provoca uno de los
efectos más perversos de todos. El nombramiento de la comisión que ha de
juzgar las pruebas de acceso a la condición de funcionario es realizado
por un procedimiento que obtiene justamente un resultado distinto del
bienintencionado resultado que perseguía el que lo diseñó. Se halla la
comisión juzgadora formada por cinco miembros y dos son nombrados por la
universidad convocante, los otros tres se nombran por sorteo. Si la
prueba se realiza en el territorio donde se ubica esa universidad, si por
toda prueba se exige un ejercicio de presentación de méritos en el que el
candidato ha de contar solamente su historial académico y un segundo
ejercicio en el que basta con exponer un tema de programa a elección del
candidato o en el caso de catedrático basta con contar un trabajo de
investigación original en ciernes, por cierto a veces, por parte del
candidato, la desgracia está servida. Ambos mecanismos arruinan cualquier
esperanza de eficiencia y modernización de nuestro sistema universitario
sencillamente porque tiene dificultades la comisión para discriminar,
carece de incentivos para no elegir al candidato natural, y no son los
méritos sino el apoyo conseguido al formarse la comisión lo que muchas
veces dirime el resultado.
Pues bien, es convicción profunda de esta Secretaría de Estado que la
esencia de la calidad y de la libertad académica estriba en que los
profesores sean elegidos por su competencia en la materia que enseñan y
que los jueces de esta competencia sean otros profesores neutrales,
altamente capacitados, nombrados por procedimientos, digamos, más
anónimos o más neutrales. No estoy diciendo --y debo hacerlo notar-- que
siempre el resultado del mecanismo sea ineficiente, porque veo a muchos
compañeros bien formados que acceden por ese mecanismo. Estoy afirmando
que cabe pensar en mecanismos con más probabilidades --ésta es la finura
del sistema-- de seleccionar con eficiencia para garantizar el principio
de que la elite profesoral --porque una elite es, señorías, en la
universidad, si no no serían profesores, serían estudiantes-- debe
seleccionarse de acuerdo con criterios basados principalmente en metas de
calidad, y algunos de estos mecanismos, pues hay varios capaces de
garantizarla, es el que se ofrece como tema de reflexión entre los
existentes o concebibles como elemento de acuerdo y concordia en ese
pacto de modernización universitaria que viene ofreciendo la señora
ministra de Educación y Cultura desde la apertura del curso académico en
la universidad de Córdoba.
Puesto que de calidad hablamos, hemos de referirnos someramente a la
evaluación de la calidad de las universidades como instituciones capaces
de hacer avanzar la frontera de los conocimientos y de transmitirlos con
eficacia.
El mecanismo de evaluación de las universidades, contemplado en el Real
Decreto de 9 de diciembre de 1995, en el que se establece el Plan
nacional de evaluación por convocatorias anuales, contiene dos elementos
de evaluación: una parte de evaluación interna, que es un proceso de
reflexión interna, y otra parte de evaluación externa, realizado por unos
expertos que nombra con objetividad el Consejo de Universidades. Estos
principios rectores concuerdan con las recomendaciones de la Unión
Europea para evaluar la calidad de la enseñanza superior, y no se me
oculta que en este procedimiento, que lleva su vida normal, quizá puedan
existir algunos elementos que abran un espacio para el pacto y ya en el
proyecto de presupuestos del próximo ejercicio se cuenta con una
previsión, de la que hemos hablado precisamente anteayer, de 158 millones
de pesetas.
No son éstos los únicos temas que pueden llevarse al escenario del pacto,
son los surgidos, los más llamativos, los que suenan y resuenan como
timbales en los oídos de la sociedad española. Abiertos estamos a poner
sobre la mesa otros títulos no menos importantes de la LRU en los que se
contempla el gobierno de las universidades y la estructura y competencia
de sus órganos, pero, naturalmente, procesos de reflexión de todas las
comunidades educativas implicadas y voluntad política del arco
parlamentario son condiciones necesarias para avanzar en el camino de
modernizar el funcionamiento de ambas instituciones.
Seguidamente, paso a examinar algunas líneas de política científica,
abusando de su confianza, donde se sitúa el otro gran reto fundamental
para el desarrollo y bienestar de los pueblos.
En el ámbito de competencias en investigación y desarrollo de la
Secretaría de Estado de Universidades está el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación
en España, el único de carácter multidisciplinar, ya que su trabajo se
extiende a los diversos campos del saber, si bien es verdad que el
énfasis del trabajo no es homogéneo en todos ellos. Esta Secretaría cree
que los equipos humanos e infraestructuras del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas deben ser un instrumento al servicio de la
política científica del Estado, con la mayor de las vinculaciones con las
de los gobiernos autónomos, en donde el Consejo Superior está implantado.
Existen centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
once comunidades autónomas, número que podría ampliarse en breve.
En aras a la brevedad de esta exposición, repasaré, a vista de pájaro,
las características más significativas del consejo, comentando acerca de
cada una de ellas los aspectos de gestión del organismo que desde la
óptica de la Secretaría de Estado, en la que se integra, deben constituir
acciones prioritarias para el futuro.
La llamada Ley de la ciencia, de 1986, configuró el consejo, al igual que
otros organismos públicos de investigación, OPI, como organismos
autónomos de carácter comercial, industrial y financiero. Ello significa
que estos organismos no sólo gestionan los recursos que se le asignan
dentro de los Presupuestos Generales del Estado, lo que constituye un
presupuesto administrativo, sino que por sus proyectos pueden generar
unas partidas presupuestarias que aparecen como operaciones comerciales y
que son imprescindibles para la financiación de algunos proyectos
específicos. Esta capacidad de los grupos científicos del CSIC del
competir dentro de los programas y planes de la investigación, españoles
y europeos, así como por los recursos que puedan obtener a través de la
contratación con empresas, debe potenciarse al máximo, de acuerdo con lo
que son las pautas de la investigación en los países más avanzados.
Las operaciones comerciales que proporcionan los presupuestos para los
proyectos proceden del sector público español, de la Cicyt y de la
Dirección General de Enseñanza Superior; otros fondos son de comunidades
autónomas, de la Unión Europea --programas-marco de la Comisión Europea,
programa Ceca-- y de contratos con empresas privadas. De esta forma,
variando con los años, se obtienen, con carácter competitivo,
aproximadamente un 35 ó 40 por ciento de los recursos económicos que se
manejan, por lo que el presupuesto administrativo del Estado sólo cubre
alrededor del 60 ó 65 por ciento.
Como ya tuvimos ocasión de comentar en la reciente comparecencia ante
esta Comisión con motivo de los presupuestos, el carácter prioritario y
estratégico que el Gobierno concede a la tarea investigadora nos ha
permitido plantear un presupuesto administrativo del consejo para el año
1998 que supone un incremento del 5,4 por ciento, en el que se excluyen
los gastos de personal; es decir, considerando fundamentalmente el
capítulo de gastos corrientes de funcionamiento, el capítulo 2, y las
inversiones, capítulos 6 y 7, el crecimiento es del 17 por ciento con
respecto al año 1997.
Estas cifras son importantes, señorías, si no se plantean prácticamente
ninguno de los argumentos paralelos existentes en otros países europeos.
Con ellas se pretende aumentar el esfuerzo investigador español,
invirtiendo tendencias decrecientes de épocas recientes. En cualquier
caso, la Secretaría de Estado entiende que el indicado presupuesto
administrativo debe servir no como una simple contribución al crecimiento
vegetativo de un presupuesto, lo cual de poca utilidad sería, sino para
reforzar la capacidad de captación externa de recursos para
investigación, según las pautas establecidas. De hecho, en lo que va de
año, la Presidencia del CSIC constata un incremento de las operaciones
comerciales para la realización de proyectos cuya cuantía alcanza hasta
un 10 por ciento que en igual período del año pasado.
Contrariamente a lo que se suele pensar, el CSIC es un organismo no sólo
científico, sino también tecnológico. Quizá son muy conocidos sus centros
de investigación fundamental, pero muchos institutos son, sobre todo,
tecnológicos; algunos ejemplos de investigación tecnológica son los de
los institutos de investigaciones metalúrgicas, esencial para la
tecnología y programas del hierro y del acero; el Eduardo Torroja, de la
construcción y cemento, que aborda todo tipo de problemas aplicados sobre
la vivienda; microelectrónica, que tiene sedes en Barcelona, Madrid y
Sevilla, que desarrolla sistemas integrados y dispone de una singular
instalación de fabricación de microchips; automática industrial en
Madrid; robótica en Barcelona, que desarrolla los más variados robots y
sistemas automatizados; biotecnología, con una conexión creciente con la
industria farmacéutica; las estaciones agrícolas para mejora de las
plantas en Málaga; agricultura sostenible en Córdoba; investigación
biológica en Pontevedra, y otras que se dedican a la obtención y
adaptación de variedades vegetales, incluyendo aguacate, mango, tomate,
olivo, maíz, leguminosas, cereales, etcétera.
Por todo ello, el consejo quiere reforzar sus posibilidades como elemento
vertebrador también del sistema de I+D en España, prestando cada vez
mejores servicios a la comunidad
científico-tecnológica-académica-industrial, a través de una red singular
de infraestructuras de que dispone y gestiona. Entre ellas están los
servicios más completos de documentación y bibliografía; por ejemplo, 64
bibliotecas, con más de 40 kilómetros de estanterías de libre acceso y
más de 170 kilómetros de estanterías de depósitos; las grandes
instalaciones, los buques oceanográficos, etcétera. Otros centros de
instalaciones singulares son: el Instituto Cajal de neurociencias, con
todo el legado personal del Nobel; la estación biológica de Doñana, con
10.000 hectáreas de espacios experimentales protegidos para trabajos de
ecología y conservación de especies, declarada gran instalación por parte
de la Unión Europea, donde investigan científicos de todo el mundo; el
Jardín Botánico; el museo de ciencias naturales de Madrid, básicos para
todo lo relacionado con la flora y la fauna de nuestro país; el Centro de
microelectrónica de Barcelona, ya citado, con la sala de fabricación de
circuitos integrados, una de las pocas de Europa; la gran biblioteca de
humanidades de Madrid, de envergadura única; el centro de información y
documentación, que presta servicio en toda España; el Centro Nacional de
Biotecnología, uno de los mejor dotados del mundo; el Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia; el conjunto de
institutos de biomedicina, verdaderamente punteros y de enorme proyección
internacional; la flota de buques oceanográficos para investigaciones
marinas en los institutos de plataforma costera española o en la
Antártida; la red Iris de comunicaciones, gestionada por el consejo,
etcétera. No quiero fatigarles más. No me acusen de hacer propaganda,
pero era necesario contarles la enorme capacidad del consejo y la
potencialidad que en él aletea y alienta.
Esta Secretaría de Estado es consciente de que el consejo, cuya
producción científica alcanza, aproximadamente, el 20 por ciento del
total de la producción española, debe realizar cada vez más una tarea que
también sea rentable para la sociedad española que lo sostiene y que
contribuya al desarrollo económico y a la solución de tantos problemas
nuestros que requieren una respuesta científica. Es preciso señalar que
este objetivo, fundamental en la política de este Gobierno, no pretende,
ni mucho menos, restar importancia a la tarea investigadora como labor
para expandir los límites del conocimiento, sino que se basa en la idea
de que la investigación de calidad también puede y debe plantearse para
satisfacer la demanda social de ciencia y tecnología, que también se da
en nuestra sociedad, como demostraba una reciente encuesta. La encuesta
permitía constatar, en relación con la percepción pública de la ciencia,
que los ciudadanos demandan información sobre avances científicos y
tecnológicos en mayor grado de lo que la reciben, al contrario de lo que
ocurre con otros aspectos de la comunicación pública.
En la misma línea de lo que decimos, nos parece importante resaltar el
papel que puede desempeñar el Consejo desde el punto de vista
institucional, tanto en el ámbito de nuestro país como en el de la Unión
Europea. Somos conscientes de la importancia de la cooperación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas con las universidades, de
la necesidad de seguir estimulando esa cooperación y de lo que puede
contribuir a abrir horizontes que nuestro actual sistema universitario
precisa, especialmente en la línea de combatir la endogamia, que tiene
efectos perjudiciales, como acabo de decir.
Por otro lado, hay que señalar que la Secretaría de Estado apoya la
proyección exterior del Consejo, especialmente en el ámbito de la Unión
Europea, donde ocupa uno de los primeros lugares entre los organismos
contratantes, los organismos que contratan investigación y que está
derivado de las convocatorias competitivas de proyectos. Un organismo de
esa complejidad, naturalmente, no está exento de problemas; problemas
derivados de su propia dinámica interna y problemas de origen externo.
Los casi 60 años de existencia no han sido un período homogéneo, ni la
creación de centros, ni la incorporación de personal; la falta de
homogeneidad afecta a la calidad de algunos trabajos de los centros,
porque hay diferencias de calidad entre un centro y otro; la capacidad de
competir por recursos externos; la distribución del personal científico y
de apoyo; en fin, hay diversos aspectos, por ejemplo, la edad media --no
la Edad Media de la historia-- del personal científico resulta muy alta,
por lo que es preciso abordar su rejuvenecimiento, siendo éste un aspecto
quizá prioritario en las cuestiones de personal.
El Gobierno recoge, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, la
investigación como una de las tareas en las que centrar la oferta pública
de empleo del próximo ejercicio. Reconoce así, una vez más, el valor de
la investigación para la sociedad española. Un crecimiento sostenido y
realista de la plantilla de científicos deberá permitir abordar este
problema en los próximos años. Pero no debe olvidarse que el conocido y
analizado problema de incorporación de los científicos formados en los
últimos años al sistema de I+D no sólo pasa por incrementar las
plantillas del Consejo, sino también por abrir al máximo y mejorar los
procedimientos de selección, tanto en los organismos públicos de
investigación como en las universidades, de forma que los mejores estén
verdaderamente demandados y estimulados para incorporarse a estas altas
instituciones.
El logro de una mayor rentabilidad de la investigación que se lleva a
cabo en todo el organismo, según decíamos anteriormente, representa otro
problema y constituye un reto más fácil de enunciar que de resolver y
atender. No obstante, actuaciones como el reforzamiento de la oficina de
transferencia de tecnología, iniciada con el apoyo de la Cicyt, de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, así como el
crecimiento prometedor de contratación de proyectos con empresas, un 20
por ciento en lo que va de año, que registra el organismo, indica que las
políticas actuales están en la línea deseada. Ciertamente, la
incorporación de la investigación industrial y de su potenciación dentro
del sistema de I+D en España requiere muchas otras actuaciones que
desbordan el marco de la cuestión que aquí abordamos.
En resumen, señorías, esta Secretaría de Estado estimula y promueve una
gestión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas basada en
profesionalidad y competencia en la gestión, fomento de la calidad en el
trabajo, abordar las relaciones con las universidades como una tarea
importante y una contribución del Consejo al conjunto del sistema
español, y realizar grandes esfuerzos para la transferencia de
tecnología.
Por lo que se refiere a las actividades de I+D en las que interviene la
Secretaría de Estado, hay que hacer mención, en primer lugar, al Plan
nacional de I+D. Tal como establecía la Ley de la ciencia, el plan
nacional es el instrumento fundamental para la planificación,
programación y coordinación de las actividades de I+D que desarrollan los
organismos dependientes de la Administración del Estado, de acuerdo con
las directrices que fija la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología.
El tercer Plan nacional de I+D se aprobó, como saben sobradamente SS.
SS., en 1995, y para el período 1996-1999. Se está desarrollando
actualmente de acuerdo con el ritmo y las líneas de actuación previstas
en el momento de su aprobación. El tercer plan cuenta con 19 programas
nacionales, que cubren diversas áreas tecnológicas de especial interés
para nuestro país e integra, además, cinco programas sectoriales
correspondientes a diversos departamentos ministeriales.
Respecto a la situación general del sistema español de ciencia,
tecnología e industria, hay que recordar que España está aún ligeramente
distanciada de los niveles medios de esfuerzo en I+D, gasto en I+D,
número de investigadores que se registran en los países de la Unión
Europea y de la OCDE, y por debajo de lo que correspondería atendiendo a
su potencial humano y económico. Además, existe cierto desequilibrio, hay
que reconocerlo, en la distribución de esfuerzos entre el sector público
y el sector empresarial, debido quizá a la participación de las empresas,
que, con ser importante, no alcanza el nivel que desearíamos. En nuestro
país, un 23 por ciento de los investigadores trabajan en las empresas,
mientras que, por ejemplo, en la Unión Europea este porcentaje es más
alto. En cuanto al origen de los fondos que se dedican a actividades de
I+D, el porcentaje que corresponde al sector público es casi 15 puntos
superior a la media de la Unión Europea.
Así, pues, hay que incrementar los esfuerzos de investigación de las
empresas, su coordinación con la investigación que se realiza en los
centros públicos, prestando mayor atención a la difusión de los
resultados de la investigación, a su transferencia y utilización por
parte de la industria, de manera que favorezca el que esa industria
española pueda beneficiarse de todos los esfuerzos realizados en materia
de investigación.
Con el fin de incidir de manera más --permítanme la redundancia--
decisiva en estas deficiencias del sistema español de ciencia y
tecnología, se están poniendo en marcha diversas iniciativas. A
continuación me voy a referir sólo a las que pueden ser más
significativas.
En primer lugar, el plan nacional de I+D debe poner mayor énfasis en el
usuario, entendiendo éste en el sentido más amplio posible; usuarios
pueden ser las distintas unidades de las administraciones públicas,
ciertamente --la Administración central, la autonómica y la local--, las
empresas industriales y de servicios o el conjunto de los ciudadanos.
Este énfasis debe articularse aumentando el colectivo de los potenciales
destinatarios de las actuaciones que ponga en marcha el plan nacional.
Este planteamiento desde el usuario contrasta quizá con el planteamiento
que se había realizado hasta ahora y que permitía la definición y
ejecución del plan más desde el lado de la oferta que desde el lado de la
demanda.
Hay que desarrollar para ello, no se nos oculta, instrumentos que
faciliten la identificación de las demandas de tecnología de los sectores
productivos y sociales, de forma que el entorno científico-técnico pueda
abordar las líneas necesarias para su desarrollo, preferentemente en
colaboración con empresas y entidades interesadas. La financiación de
proyectos de investigación constituye uno de los ejes fundamentales del
plan nacional, ya que el desarrollo de los proyectos de investigación
representa la actividad básica de los grupos de investigación. En este
sentido, se está prestando especial atención, por una parte, a la mejora
de las condiciones de participación de los grupos y, por otra, a mejorar
la transferencia de los resultados y conocimientos generados en los
proyectos de investigación a los sectores productivos y socioeconómicos.
La última convocatoria de proyectos, por ponerles un ejemplo reciente,
que se publicó en el mes de noviembre de 1996 y que se resolvió en el
verano de este año, contemplaba ya diferentes medidas para mejorar las
condiciones de participación. Las principales novedades que se
incluyeron, aun a riesgo de abusar de su paciencia, fueron las
siguientes. Primero, posibilita el imputar gastos de personal contratado
o en régimen de formación, por ejemplo, doctores, titulados superiores,
titulados medios, otro personal de apoyo, ajeno a la plantilla de los
organismos. Este personal se incorpora siempre bajo la modalidad de
adscripción temporal y de acuerdo con la normativa propia de cada
organismo. El objetivo es reforzar los grupos de investigación, suplir
las tradicionales carencias de personal técnico en los centros de
investigación. Esta medida venía a dar respuesta positiva a una necesidad
real de la comunidad científica y debe suponer un importante incentivo
para los grupos de investigación que desarrollen su actividad en el marco
de las prioridades del plan nacional. Segundo, definición de una nueva
modalidad de proyectos, más orientados al desarrollo tecnológico,
procurando una mayor implicación de las empresas potencialmente
orientadas e interesadas en su ejecución. Tercero, incremento del
compromiso de los centros en el desarrollo y en la gestión de los
proyectos, con el paralelo incremento del porcentaje asignado a los
centros en concepto de costes indirectos. Estas medidas, señorías, han
sido muy aceptadas por la comunidad científica y tecnológica española. La
experiencia acumulada hasta ahora aconseja mantenerlas en las siguientes
convocatorias, quizá con algunos retoques que están siendo considerados
en la siguiente convocatoria de proyectos, cuya publicación está prevista
para las próximas semanas.
Además, se están reforzando los mecanismos de seguimiento de los
proyectos, de manera que se garantice la obtención de resultados
relevantes para los sectores socioeconómicos que puedan estar implicados,
de acuerdo con los objetivos inicialmente propuestos, así como la
correcta aplicación de los fondos públicos asignados. En este sentido, se
está iniciando un proceso de seguimiento técnico de los proyectos del
plan nacional, que se plantea de momento como una experiencia piloto.
Dicho seguimiento se
realizará por comisiones de expertos, en número de tres expertos por
comisión, y para un conjunto reducido de proyectos que se están
seleccionando en razón del interés y la relevancia de los objetivos que
se proponen. En función de la evaluación de esta experiencia se estudiará
su extensión a otros proyectos en las próximas convocatorias.
Por otra parte, la Secretaría General del plan nacional de I+D coordina
la parte de los fondos estructurales Feder de la Unión Europea que se
destinan a actuaciones I+D y que están incluidos en los programas
plurirregionales que gestiona la Administración general del Estado.
Pasado el mes de agosto se publicaron las convocatorias de ayudas para la
financiación de proyectos de I+D e innovación en regiones de objetivos 1
y 2 cofinanciados con los fondos Feder. Hay que destacar la novedad de
esta iniciativa, porque por vez primera los fondos Feder se aplicarán al
desarrollo de proyectos concertados con empresas, con centros públicos de
investigación o con centros de innovación y tecnologías y que se
gestionan en colaboración con el Cedeti.
Otro de los ejes de actuación del plan nacional está dirigido a la
adquisición de infraestructuras científico-técnicas, y su objetivo no es
otro que mejorar el equipamiento científico de los centros de
investigación, particularmente en lo que se refiere a servicios generales
o centralizados de apoyo a la investigación, que dan servicio a un
conjunto significativo de grupos. Actualmente se está gestionando la
convocatoria correspondiente a este año. Como en ocasiones anteriores, la
resolución de la convocatoria se hará en coordinación con las comunidades
autónomas, algunas de las cuales cofinanciarán estas acciones con sus
propios fondos, con el fin de tener en cuenta sus prioridades
estratégicas en su ámbito territorial.
La sección de recursos humanos dedicados a I+D es quizá otro de los
aspectos sobre los que pretende actuar el plan, particularmente por lo
que se refiere al personal de alta cualificación en las empresas y con el
objetivo de mejorar la calidad tecnológica y de innovación de las redes
europeas y de nuestra conexión con ellas. En la conexión futura de la red
Iris se prevé la mejora de la infraestructura general, la utilización de
la red como plataforma experimental de nuevos servicios telemáticos
avanzados y la separación progresiva de los servicios Internet
convencionales. Tras el proceso de liberalización del sector de las
comunicaciones, la red debe adaptarse a la nueva situación, separando
claramente los aspectos de redes comerciales de los de redes académicas
experimentales.
Tenemos también que hacer una referencia al proyecto de construcción de
un gran telescopio de diez metros, el Grantecan, en la sede del Instituto
Astrofísico de Canarias. Hasta ahora se han mantenido contactos con
diversos países con el fin de llegar a un acuerdo de participación
internacional. La situación con Francia está más adelantada, aunque
todavía no es posible confirmar su participación; la construcción
efectiva debería comenzar durante el primer semestre del año 1998. Es
obvia la importancia de esta instalación para la proyección internacional
de nuestro país y para el mantenimiento de las instalaciones del
Instituto Astrofísico Canario en primera línea internacional. Recordemos
que este instituto, a través de sus diferentes observatorios, constituye
la instalación astronómica más importante del hemisferio norte. Confiamos
en poder estar en condiciones de tomar una decisión definitiva antes de
final de año. Una de las funciones de la Cicyt es precisamente la
coordinación de los programas internacionales de I+D con participación
española.
Un referente principal en este aspecto es el programa marco de I+D de la
Unión Europea, que es el instrumento de política científica y tecnológica
más importante que tiene para elevar el nivel de competitividad
tecnológica de los países europeos. En el cuarto programa marco que se
está ejecutando en la actualidad se está obteniendo una cifra de retorno
del 6,2 por ciento, cifra del mismo orden de la contribución española, lo
cual es indicativo de la capacidad tecnológica de nuestros grupos de
investigación y empresas que, participando conjuntamente, en consorcio,
son capaces de responder competitivamente en el marco de la I+D europea.
Desde hace un año aproximadamente ha comenzado la preparación del nuevo
quinto programa marco del I+D, que estimativamente entrará en vigor en
1999. España ha participado de forma muy activa en este proceso de
definición, generándose posiciones comunes junto con otros ministerios.
En noviembre se reunirá el Consejo de Ministros europeos de investigación
para la adopción de la posición común de la estructura del quinto
programa marco, y por parte española se proseguirán las discusiones con
otros países y con la Comisión para llegar a un acuerdo sobre la
estructura del ese quinto programa marco y sobre el contenido científico
y tecnológico de los programas específicos de la manera que sea más
adecuada para el interés del país.
Respecto a las inversiones previstas para I+D en el anteproyecto de
Presupuestos Generales del Estado, tuvimos ocasión de ver que
experimentaron un incremento de 2.355 millones de pesetas, lo que supone
un 7,14 más que el año anterior y muy superior al incremento medio del
presupuesto global.
Señorías, aquí termina mi larga presentación, por lo que pido disculpas.
Podríamos resumirla en dos proposiciones: eficiencia y calidad tanto en
el sistema universitario, como en el sistema del investigador que se
transforma en riqueza, desarrollo y prosperidad para el conjunto de los
pueblos de esta piel de toro, de este país.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE : Muchas gracias, don Jesús.
Habrá visto usted que le hemos compensado con tiempo de las restricciones
a las que le sometimos el otro día.
Empezamos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que fue
peticionario de una comparecencia.
La señora Aramburu tiene la palabra.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenos días avanzados de nuevo, señor
González. Le agradezco su iniciativa de comparecer ante esta Comisión,
cuestión que ya había registrado mi grupo y que se hacía urgente dado el
grado de conflictividad y complejidad que está atravesando la Universidad
española.
Dado lo prolijo de su intervención, será necesario leer con detenimiento
el «Diario de Sesiones» y volvernos a ver de forma más pausada. He
detectado que su larga intervención tiene más caracteres de crónica, de
relato, que de un análisis pormenorizado de la situación que le compete.
Me gustaría tener la oportunidad de conocer en profundidad cuál es la
posición del departamento más que el relato, dado que su amable tono sólo
suaviza las formas. Da la impresión de que usted sólo gestiona las líneas
de actuación de su departamento, que padece el conjunto de la comunidad,
y que quizá está napoleónicamente decretado por doña Esperanza. La
gestión rezuma no sólo errores heredados sino, fundamentalmente, un
futuro plagado de incertidumbres que, como usted sabe --no sé si lo ha
padecido suficientemente--, ha levantado de sus sillones incluso a los
padres de la institución.
Quiero decirle, desde el respeto más absoluto, que usted sabe mejor que
yo que su llegada se produce por el cese fulminante del antiguo
secretario de Estado, que discrepaba razonablemente de la línea oficial
del Ministerio en cuanto a la política universitaria y a la propuesta
gubernamental, vía Lofage, de privatizar los centros públicos de
investigación transformándolos en empresa. Yo quisiera saber, si es
posible, si esto, que todavía no tiene carácter de afirmación oficial por
parte del Ministerio, es así.
Usted sabe mejor que yo que su aterrizaje se produce en medio de una
grave crisis de entendimiento entre el Ministerio de Industria y el de
Educación por el control, ni más ni menos, de la gestión de I+D,
investigación más desarrollo; y que la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, presidida por el propio señor Aznar, no ha sido
capaz de poner orden. ¿Es así, señor González?
Todo esto supone una parálisis en la gestión de I+D, justo cuando, como
puede verse, tal como le indiqué hace cuarenta y ocho horas, en el
gráfico que tenemos los gastos totales del país en I+D caen brutalmente a
las cifras de mediados los ochenta, y los gastos públicos sólo aumentan
si se considera --entrecomillo-- la trampa de incluir como gasto de I+D
los activos financieros: 111.770 millones de dotación a Industria para
apoyar a las empresas involucradas en los proyectos de desarrollo militar
¿Es así, señor González? Avión de combate europeo, fragata de la OTAN y
tanques Leopard. Esta es la verdadera cara de la moneda y no la pajarita
de papel antibelicista que usted pretendía hace cuarenta y ocho horas
traer a esta Cámara.
Señor González, siento que sus datos y los míos no coincidan, pero el
leve despegue producido tiene dos nombres: uno, la subida del 2,1 por
ciento funcionarial, y el otro es debido a las dotaciones millonarias de
los proyectos de Defensa. Esa es la apuesta de doña Esperanza y del señor
González, salvo que demuestre lo contrario. Igualmente, quiero
reafirmarme en el dato central que informa de la caída brutal de la
participación de las empresas, cuya aportación ha bajado del 56 al 43 por
ciento en la última década, a pesar de la bonanza económica y a pesar de
que vamos bien.
Otro elemento de franca preocupación es la ausencia total de coordinación
de los recursos procedentes de los presupuestos del Estado, de los fondos
Feder, del programa-marco europeo y los de las propias comunidades
autónomas. El Consejo General de Ciencia y Tecnología, que es el teórico
responsable de esta coordinación y que está en todas las autonomías, no
se reúne desde hace años, salvo que lo haga clandestinamente. Las
comunidades fuertes. Cataluña y el País Vasco, se niegan a discutir en
igualdad de condiciones, y el silencio de su departamento, señor
González, le hace responsable máximo de semejante avería.
En el marco de la culminación --voy con mucha rapidez porque creo que su
relato merece la monografía en otro momento, saltándome muchos de los
aspectos ya que considero centrales los que le acabo de comentar-- del
proceso abordado de las transferencias universitarias, dada la
desnivelación del servicio que acompasa los desequilibrios territoriales,
parece que la laguna del fondo no está resuelta con ningún mecanismo
corrector, por lo que le emplazo, en nombre de las comunidades más
pobres, a que ejerza solidariamente su papel reequilibrador.
Nos preocupa también, señor González, el pavor que les produce acercarse
a la revisión de la LRU, cuando el consenso en la comunidad educativa
para este objetivo está absolutamente maduro. Quisiera preguntarle con
mucha brevedad, la brevedad del guión, si piensa abordar alguna revisión
en la obsoleta estructura del Consejo de Universidades en términos más
explícitos de los que usted se ha adentrado en su comparecencia. Como
comprenderá, la pregunta obligada es saber si va a laboralizar o a
incluir en otras reservas a los miles de profesores asociados, el gran
puntal que hoy está desprovisto de categoría universitaria a todos los
efectos, siendo uno de los soportes esenciales de dicha institución.
En cuanto a la ponencia de la selectividad, me preocupan sus calculadas
faltas de alusiones con respecto a alguno de los apartados esenciales. En
este sentido, quisiera decirle que ayer puede ser demasiado tarde para
darle solución a un problema de la magnitud que supone decidir sobre el
futuro de generaciones completas, y por lo tanto le instamos también a un
debate monográfico en esta Comisión.
Quiero ir con mucha rapidez, abreviando, y terminar con el tema estrella,
la difícil situación financiera universitaria, la reacción de las
administraciones educativas y de las propias universidades.
Usted sabe que el Ministerio de Educación y Cultura, que es quien firma
las órdenes ministeriales de las tasas, las ha incrementado por encima
del IPC, aumentando, en términos absolutos y relativos, la aportación de
los estudiantes y sus familias. Hay que tener en cuenta que los ingresos
por tasas y derechos de matrícula, capítulo 3 del presupuesto de
ingresos, suponen, junto con la transferencia nominativa que también fija
el MEC, la parte fundamental del presupuesto.
Los estudiantes, señor González, siempre han defendido la congelación,
cuando no la gratuidad de las tasas, y así figuraba en el acuerdo firmado
por el MEC al término
de la huelga del curso 1986-1987. Ante las últimas subidas, que
combinadas con el nuevo sistema, llegaron a suponer incrementos en el
curo 1993-1994, según la propuesta inicial, de hasta el 70 por ciento y
en la propuesta definitiva de hasta el 12 por ciento, se han producido
manifestaciones y movilizaciones que han conseguido reducir el incremento
de la aportación de los alumnos, aunque nunca se ha situado por debajo de
la inflación ni de las aportaciones de la administración educativa.
Usted sabe que la cuantía de la beca universitaria, también fijada por el
Ministerio de Educación y Cultura, ha tenido, a lo largo de estos años,
incrementos por debajo de la inflación prevista y, en cualquier caso,
menores al 3 por ciento, o leves disminuciones. Esta reducción en pesetas
reales se veía compensada por leves incrementos del número de becarios,
lo que daba como conclusión reducidos incrementos de los programas de
becas. Las universidades --y ahí viene la gran preocupación a resolver--
han tratado de compensar, con incrementos de las otras partidas del
presupuesto de ingreso, los recortes en la aportación pública y, de esta
manera, atender las crecientes necesidades derivadas del mayor número de
alumnos.
Para ello se han adoptado, como usted sabe --y, si no, se lo digo yo--,
diferentes medidas en las tasas. Solicitar de la administración
educativa, ya que no obtenía una mayor subvención, el pago de la
compensación de las tasas de los becarios, incluyendo la exención de las
familias de tres hijos aún no suficientemente conseguida. Suprimir las
exenciones del pago de tasas por las que no obtenían compensación del
MEC. Así se ha suprimido la gratuidad para los funcionarios y sus
cónyuges e hijos y para el caso del personal de la propia Universidad.
Esta gratuidad figuraba incluida en la partida de ayuda social.
Igualmente, se ha planteado endurecer las condiciones de repetición y
permanencia de los alumnos, en especial a la hora de pago de matrícula.
Usted sabe en favor o en detrimento de quien redundan siempre todas estas
medidas. En cuanto a los estudios propios se han fijado en la matrícula
máster, expertos en enseñanzas no regladas y en precios máximos que
permitía el mercado, sin atender a la finalidad social que puedan tener.
En los ingresos patrimoniales se han negociado cuentas de alta
rentabilidad, intereses para los activos financieros de que dispongan las
universidades, ingresos de tasas, etcétera, y otros ingresos propios como
incrementar los ingresos por la venta de bienes de medio impreso a
audiovisuales. También se han constituido fundaciones controladas por la
Universidad, atribuyéndoles a éstas o a empresas interpuestas con las que
se mantienen convenios, caso de la Fundación Universidad-Empresa, la
gestión financiera, los estudios propios, la venta de bienes, contratos
de investigación, etcétera, a fin de escapar a las limitaciones
especialmente en el pago de los profesores que marca la LRU y normas
derivadas. Hay otra serie de ingresos derivados de prácticas tales como
el endeudamiento, que no ha permitido el MEC pero que sí --lo subrayo--
se ha regulado en Cataluña, así como el retraso hasta el límite de la
condonación de la deuda en el ingreso de los pagos a la Seguridad Social.
En definitiva, se trata de reducir el gasto mediante iniciativas propias
de responsabilidad compartida con la administración educativa. Entre las
primeras está la escasa partida de becas que la Universidad otorga en los
estudios propios, los precios de algunos de estos estudios cuya finalidad
social debería prevalecer, o la propia decisión de apoyar e impartir unos
y otros estudios. Entre la segunda, la más destacable es la importante
reducción de gastos, derivada de mantener una numerosísima plantilla de
asociados, la gran preocupación que usted debería sostener, a tiempo
total o parcial en sus diversas categorías, con unos costes muy
inferiores a los del profesorado titular cuya labor suplen casi siempre
clara y eficazmente.
Alguna de estas medidas significan, señor González, una evidente mejora
en la gestión de unos recursos públicos que son ciertamente escasos y un
esfuerzo loable en la captura de más fondos para la Universidad. Otros,
quizá, quieran evitar la atribución y exigencia de responsabilidades a
quienes les corresponde y tratan de encontrar recursos fáciles, a través
de medidas que ponen en cuestión la verdadera titularidad de los
servicios. Así es difícilmente asumible que los ingresos por el concepto
329, derivado de los contratos procedentes del artículo 11 de la LRU, no
alcancen cifras significativas y sí, por el contrario, los que gestionan
fundaciones y otras entidades cercanas a las universidades. En cualquier
caso, señor González, unas y otras producen, como consecuencia, una
disminución de la financiación pública de las universidades y no
consiguen, para nada, una mejora de la financiación de los servicios.
Quisiera alertarle sobre la realización de la PSP en las universidades,
cubriendo puestos que la RPT no contempla para ese menester. En ese
sentido, quiero llamarle la atención sobre las condiciones del personal
de la Administración y servicios, ya que son clasificaciones y
remuneraciones que están mal equiparadas.
En definitiva, señor González, quisiera terminar instándole a que se
aplique a alcanzar a la media europea en gasto público en enseñanza
universitaria, que supera el 1 por ciento del PIB en esas latitudes y el
2 por ciento de dicho PIB en I+D. Este es nuestro deseo, señor González,
y es la necesidad de la Universidad española.
Permítame que acabe con una corrección no literaria, sino social, y es
que la caída del muro de Berlín no es la causante del despertar de las
conciencias, sino los millones de pobres que ha generado el capitalismo
salvaje del oeste del muro de Berlín.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Doctores tiene la Santa Madre
Iglesia católica para poder discernir si el secretario de Estado es la
resurrección y la vida o si está investido del Espíritu para poder
ejercer de oficiante, pero no vamos a entrar en ámbitos de su
competencia.
El Grupo Parlamentario Vasco tiene claro que en este tema --sabemos que
es su primera comparecencia para explicar la política de la Secretaría de
Estado-- ha habido un muerto. Deseamos larga vida al señor Tejerina, pero
es razonable que cuando se ha producido una circunstancia política
de este tenor el Ministerio dé alguna explicación en relación a dicho
cese. También le diría que ha habido víctimas propiciatorias, por seguir
con el símil. En este largo discurso castrista ha hablado usted de
revoluciones tecnológicas y políticas. Quizá la revolución también debe
llegar a los discursos que ante esta Cámara pronuncian los distintos
altos cargos que aparecen como autoridades comparecientes. Le reconozco
--y no hablo más que a nivel personal-- que me he sentido como la víctima
propiciatoria, como un agnus Dei. Conoce el señor secretario de Estado
que en esta Cámara un conjunto importante de diputados llevamos muchos
años trabajando en relación a estos temas y que la mayoría procedemos del
mundo educativo. Le reconozco la aportación que ha materializado en su
primera parte, que considero muy ilustrada. En relación a la segunda, la
señora Aramburu, que es muy buena persona, la ha calificado de relato. Yo
creo que son elementalidades que están en el conjunto de las cosas y que
esta comparecencia era más bien para explicar qué objetivos políticos
tiene usted mismo, como nuevo secretario de Estado, en universidades e
investigación que es, en definitiva, lo que nos preocupa. Por eso mi
deseo de que la revolución llegue también a los discursos de las
autoridades comparecientes. Le reconozco, señorías, que he tenido en
algún momento la sensación de recordar aquel salmo de la desesperanza que
decía algo así como: ¡Oh, Dios, por qué nos has abandonado! De lo que se
trata es de fijar los objetivos de la política universitaria e
investigadora del Gobierno, y espero que para el segundo turno puedan
llegar las concreciones.
Las preocupaciones del Grupo Parlamentario Vasco, señor secretario de
Estado, son claras. Siguiendo el estilo que el presidente intenta
imprimir a los trabajos de esta Comisión, se las voy a enumerar
telegráficamente. Una primera, a nivel de desarrollo legislativo, si el
Gobierno, a través de la Secretaría de Estado, va a remitir a esta Cámara
un proyecto de ley en relación a la actualización de la Ley de Reforma
Universitaria. Desde la IV Legislatura hay intentos distintos en esta
Cámara de actualizar un proyecto de ley que todo el mundo califica de
obsoleto pero que nadie acierta a actualizar. Es necesario que esa ley se
actualice y que para ello cuente con el apoyo parlamentario suficiente.
Si me permite, le voy a dar un consejo: no busque mayorías absolutas, no
busque consensos. Es imposible. Los modelos que casi todos los grupos
parlamentarios proponen son divergentes y es difícil buscar el mínimo
común denominador entre lo que lo éstos opinan entre sí, y mucho más si
se intenta buscar intersecciones con las opiniones de los distintos
estamentos del mundo universitario. No hay revolución que haya inventado
eso. Sin embargo, hay que actualizar esa ley. Quisiera inquirirle para
ver si tiene esa intención. La peor situación es dejarlo todo como está.
Quizá sea lo más cómodo políticamente, pero creo que es lo peor para el
mundo universitario.
Desde la perspectiva presupuestaria económica, es razonable entender, tal
como decía la señora Aramburu, que los actuales parámetros
económico-presupuestarios en estas materias deben ser mejorados y no sólo
desde el punto de vista presupuestario público. Hay que estudiar fórmulas
para que la iniciativa privada pueda colaborar con el mundo
universitario. Yo no sé, por el tono, si en su intervención quería
indicar que lo de las financiaciones públicas es positivo o negativo:
desde el Grupo Parlamentario Vasco lo vemos como una mera consideración.
Yo creo que hay que abrir. El que la universidad sea presupuestariamente
un gueto es un absurdo. Hay que buscar fórmulas de financiación con las
empresas, con sectores sociales que están deseando que la universidad
esté a tono con las necesidades de esos sectores y que, de alguna forma,
intentan que las necesidades de esas instituciones puedan ser respondidas
por la propia universidad pero no encuentran el conducto económico,
presupuestario o fiscal --llámese como se quiera-- para colaborar con una
universidad superburocratizada.
En tercer lugar, a nivel de investigación, ha hecho S. S. un
planteamiento que no ha matizado, en relación a la apertura de nuevos
centros del Consejo en distintas comunidades autónomas. El que les habla,
diputado por Guipúzcoa y representante del Partido Nacionalista Vasco, ha
hecho constar en esta Comisión, más de una vez, que ni en esta comunidad
ni en la navarra el Consejo tiene ningún centro de investigación, cosa
que es altamente llamativa dados los índices universitarios de estas dos
comunidades.
En los tiempos del secretario de Estado Ferreres se habían hecho
distintos planteamientos, que habían cuajado en los últimos meses con el
señor Tejerina, para la formalización de un convenio con la Universidad
pública del País Vasco para abrir un centro de colaboración. En este
sentido, y por las noticias que tenemos de los entresijos de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, parece que el
muerto se lo ha llevado consigo. Nos consta que estaba el expediente
completo y que había un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Vasco y la
Secretaría de Estado para el establecimiento de este convenio con la
Universidad del País Vasco para abrir ese tema. Quisiera saber cuáles son
las razones por las que este convenio con la Universidad del País Vasco
ha quedado olvidado en algún cajón y, en todo caso, instarle a que lo
resucite, dado que de trascendencias estamos hablando en la mañana de
hoy.
A nivel de gestión, entendemos que es una Secretaría de Estado que está
muy burocratizada. Cualquier persona que tiene que convalidar un título
universitario obtenido en Europa o en el extranjero sabe la de
ventanillas que tiene que pasar en esa santa casa y en distintas oficinas
ubicadas, eso si, siempre en Madrid, en distintos paseos de esta
magnífica ciudad, para poder conseguir todas y cada una de las
traducciones y de los sellos que son necesarios para formalizar un
expediente la mar de sencillo. Yo le reclamaría, señor secretario de
Estado, la ventanilla única, que está inventada. No manden a la gente de
un paseo que está al norte de Madrid a uno que está cerca del Congreso de
los Diputados. Sean respetuosos con lo ciudadanos y organícenlo de forma
razonable.
Desde el punto de vista del Estado, dentro de sus nuevos planes, nos
gustaría saber qué planteamientos realiza para responder a la dimensión
plurilingüe y pluricultural del Estado. Es un melón que desde esa
Secretaría de Estado no se ha querido nunca abrir. Es una grave
equivocación
porque luego las cosas van por donde van, y cuando no se encauza el río
suficientemente o se quiere encauzar por donde el río no quiere ir, las
aguas se desbordan y las gotas frías van produciendo efectos no deseados.
Hay un melón en la consideración plurilingüe de la propia Universidad, la
consideración pluricultural que debe ser establecida desde los propios
órganos de la Secretaría de Estado de Universidades.
Quisiera preguntarle, en cuanto a las relaciones transversales con otros
departamentos o instituciones, qué actitud va a mantener, dentro del
propio Gobierno, con el Ministerio de Industria, que conoce segmentos de
competencias que son coincidentes y concurrentes con su Secretaría de
Estado. Creemos que es importante redefinir estos centros de
investigación porque, en definitiva, están constreñidos a lo que es
actividad pública. Sabe S. S. que gran parte de las subvenciones del
propio Ministerio de Industria se restringen para centros públicos, para
aquellos centros que son del propio Consejo, circunstancia que es
ciertamente horripilante en un Estado que se proclama moderno. Centros de
investigación que están constituidos por las universidades, por las
propias empresas, por comunidades autónomas que intentan aportar sus
recursos a la investigación, conocen las puertas completamente cerradas a
todos estos problemas. Eso es, tanto desde el punto de vista político
como académico, una auténtica barbaridad. En relación a otro órgano
transversal, nos gustaría saber cuál va a ser la actitud que va a
mantener con el Consejo de rectores, con el Consejo de Universidades,
dadas las fricciones que se han conocido en los últimos tiempos.
Finalmente, en el orden competencial, sabe el secretario de Estado que,
en lo que respecta a la Comunidad Autónoma vasca, la competencia de
investigación está clarita en el Estatuto de Gernika. Es una de las
competencias que por unanimidad reclama el Parlamento vasco, que está
cifrada en los 6.500 millones. Espero de esta Secretaría de Estado que
cumpla con la ley, que cumpla con los ámbitos competenciales establecidos
en el Estatuto vasco y que fomente los trabajos debidos para que en esta
legislatura, tal y como está acordado entre los Grupos Parlamentarios
Popular y Vasco, ésta sea una de las competencias transferidas a la
Comunidad Autónoma vasca.
Se ha hablado aquí de falta de solidaridad por la portavoz señora
Aramburu, y les voy a dar un dato. Señorías, la Comunidad Autónoma vasca,
que por unanimidad de todos los grupos tiene establecida, como he dicho,
esta competencia en 6.500 millones, recibe del Estado 650, ni el 10 por
ciento. Por eso solicitaba en la comparecencia de presupuestos el otro
día la territorialización del gasto. Ni el 10 por ciento de lo que está
establecido competencialmente es territorializado en la Comunidad
Autónoma vasca. De esos 600 millones que se reciben, 250 lo son a través
del programa de reales academias, que ha conocido para el ejercicio de
1998 un cambio importante por el cual no puedo por menos que felicitar al
secretario de Estado porque sé que por su iniciativa se ha producido ese
cambio.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señor González, sea bienvenido a esta
Comisión y muchas gracias por su intervención y por sus datos. Bienvenido
porque su talante parece muy dialogante y tendrá nuestra colaboración y
apoyo para conseguir esa eficacia y esa calidad par la Universidad que
todos deseamos. Desde luego, si usted se empeña en esta calidad y en esta
eficacia, va a tener nuestra ayuda. También quería agradecerle la
ponderación de los datos que ha manifestado usted aquí. Me congratula que
un miembro de este Gobierno y del Ministerio de Educación sea lo
suficientemente objetivo como para poner sobre la mesa el innegable
avance que en educación, y concretamente en educación universitaria, se
ha hecho a lo largo de los años de gestión socialista. Ese avance queda
muy claro en sus cifras. Me congratula que usted no se apunte a la
terrible herencia recibida y que, en este caso, ponga sobre la mesa una
valoración lo suficientemente positiva como para que nosotros veamos un
talante objetivo por su parte. Por tanto, reitero la bienvenida y, sobre
todo, le deseo toda clase de éxitos en su gestión. Si usted tiene éxito,
el país tendrá el éxito asegurado también en la enseñanza universitaria.
Señor González, después de estas palabras me gustaría decirle que ha
llegado en un momento especialmente explosivo a la gestión que tiene
encomendada como secretario de Estado de Universidades. El inicio de
curso, a juzgar por todos los titulares de prensa, manifiestan un
descontento creciente, fuerte y latente entre la comunidad universitaria
y el Ministerio de Educación, concretamente, un enfrentamiento marcado
con la ministra de Educación. Me gustaría entrar a fondo en los
principales problemas que han planteado los rectores en este momento, y
un poco también en cómo lo están enfocando --es ahora su
responsabilidad-- y en parte cómo lo ha enfocado la ministra. Quisiera
que éste fuera el tono de mi intervención, entrar en este análisis de
fondo de los problemas, y no tanto en el análisis de presupuestos, puesto
que anteayer le tuvimos en esta Comisión y algunas cuestiones han quedado
aclaradas en parte.
Respecto a los principales problemas, de acuerdo con lo manifestado por
la comunidad universitaria, pueden sintetizarse en seis grandes
cuestiones. La primera sería la redefinición de la estructura básica del
sistema universitario. La segunda, el papel que debe jugar ahora el
Consejo de Universidades. El tercer problema, la financiación de la
universidad. Cuarto problema, la reforma de la carrera docente,
concretamente del título V de la Ley de Reforma Universitaria. Quinto,
reforma de los planes de estudio y, sexto, cuestión pendiente,
selectividad.
Empiezo por la que considero una de las cuestiones más candentes en este
momento para la universidad española, que es la redefinición de la
estructura básica del sistema universitario y el modelo de gestión de la
universidad. Entre todos debemos reconsiderar la situación actual, tras
el traspaso de las competencias universitarias a las 17 comunidades
autónomas. La autonomía universitaria es, sin duda, un logro de Ley de
Reforma Universitaria (aquí no estaría de acuerdo con su definición de
viejo y entrañable armatoste). La Ley de Reforma Universitaria ha
demostrado
ser un instrumento muy eficaz, sobre todo para la autonomía universitaria
que, sin duda, ha producido, y sigue produciendo, innegables beneficios
al sistema. No obstante, es necesario redefinir el papel que la
Administración central del Estado debe seguir teniendo, para garantizar
la calidad educativa y homogeneizar aspectos básicos del sistema, si no
queremos encontrarnos con 17 sistemas universitarios diferentes. En este
sentido, una de las tareas más urgentes y necesarias consistiría en
determinar claramente las funciones que en materia universitaria son
competencias de la Administración central y de las administraciones
territoriales. Por otro lado, en este curso 1997-98, según se desprendía
de su intervención, abrirán sus aulas 47 universidades públicas, 13
privadas y dos internacionales, además de numerosas instituciones, en su
gran mayoría privadas, que en forma de centro adscrito o similar, quedan
afiliadas a alguna universidad. El Gobierno, señor González,
concretamente a través del Ministerio de Educación, debe velar para que
se asegure la calidad de todas estas universidades. No basta con
responsabilizar a la comunidad autónoma donde se inscriba esa universidad
para que vele porque los requisitos mínimos imprescindibles se
garanticen. Las universidades privadas deben mantener los mismos
criterios de calidad de las públicas si aspiran a que los títulos que
expiden tengan la misma validez. La apertura en el presente curso de la
universidad privada de Avila, bautizada por los medios de comunicación
como la universidad del obispo, ha venido a poner el dedo en la llaga en
una cuestión esencial. Quién y cómo es el responsable, en última
instancia, de velar por la calidad de la enseñanza en todas las
universidades, tanto en las públicas como en las privadas. Dejando de
lado la cuestión de la capacidad de la Iglesia católica para poder erigir
universidades, tema que ha hecho intervenir al dictamen del Consejo de
Estado, el problema fundamental es que, según vemos en los medios de
comunicación, me parece recordar que hay 15 titulaciones y esta
universidad contaba con 18 profesores. No sé cuáles son sus datos ni qué
piensan hacer al respecto. Señor González, le animo a que velen por la
calidad de estas universidades privadas que algunas, desgraciadamente,
pueden terminar degenerando, y haríamos todos un flaco servicio al
sistema universitario español si estas universidades, estos chiringuitos
universitarios, prosperasen.
Un mecanismo fundamental para el control de calidad de las universidades
es el plan de evaluación de calidad de las universidades. Es un
instrumento determinado por el Consejo de Universidades para efectuar el
seguimiento continuo de la calidad del servicio público, cuya misión
fundamental consiste en favorecer un sistema competitivo, destinado a
estimular la calidad en las universidades y a detectar los desajustes que
puedan producirse en el sistema para introducir las medidas correctoras
oportunas. Siendo como es, y a mí me parece, un instrumento absolutamente
eficaz --usted ha hablado de potenciarlo-- no entendemos cómo, por
ejemplo, la partida presupuestaria en este caso ha disminuido. Hay 150
millones para el ejercicio presupuestario 1998, y creo recordar que en
los dos años anteriores el presupuesto fue de 184 millones. El Gobierno
debe seguir impulsando este plan de evaluación de calidad, y debería ver
si, a través de un organismo similar, es posible controlar también la
calidad en las universidades privadas. Recientemente 30 universidades se
han reunido en Ciudad Real para hacer un balance para ver cómo puede
modernizarse este plan de evaluación de calidad de las universidades, y
han elaborado el conocido como decálogo de Almagro que, sin duda, será un
instrumento eficaz para seguir evaluando las universidades.
Una segunda cuestión importante, que me gustaría aclarar y poner sobre la
mesa, es el papel que debe jugar en este momento el Consejo de
Universidades. Su función principal, como órgano de articulación,
coordinación, reflexión y debate del sistema universitario, debe
mantenerse. Es el órgano de participación político y académico
universitario. En primer lugar, desde el Ministerio deberían de buscar
fórmulas de diálogo que contribuyan a eliminar las disfunciones
existentes entre la comisión académica y la de coordinación. Sabe bien
que la disfunción ha terminado produciendo hechos lamentables ante la
opinión pública, como fue la creación de la Universidad de Elche. Es
necesario encontrar un equilibrio entre la autonomía de las
universidades, reconocida constitucionalmente, y la competencia de los
parlamentos y gobiernos autonómicos. La falta de entendimiento es lo que
ha producido conflictos como este que le comentaba de la Universidad de
Elche, que no es sino la punta del iceberg de otras cuestiones que pueden
seguir latiendo en el seno de la comunidad universitaria, y también que
puede enfrentar con las decisiones de algunos organismos públicos.
En segundo lugar, si me permite el consejo, señor González, el Ministerio
de Educación debería potenciar el Consejo de Universidades y no
ningunearlo. La ministra de Educación ha propuesto un grupo paritario
entre responsables de la comunidad educativa y de los rectores, presidido
por una personalidad independiente, que ya ha sido consensuada, para
abordar los principales problemas que tiene también sobre la mesa en este
momento la universidad española. El Consejo de Universidades ha sido
marginado de este proceso de negociación. La situación ha sido yo creo
muy bien descrita por un representante de la conferencia de rectores,
concretamente del rector de la Universidad de La Rioja, en un periódico
de tirada nacional, el día 14 de octubre. Como él lo hace muy bien y creo
que es una autoridad que debemos oír, me gustaría traer a esta Cámara sus
palabras. Ha dicho don Urbano Espinosa, rector de la Universidad de La
Rioja, lo siguiente: El pacto --el pacto de modernización que ha ofertado
la ministra-- define un marco de acción extraoficial a desarrollar por
responsables públicos cuya primera obligación es utilizar el marco
institucional de cooperación y al cual, al parecer, renuncian. La paridad
del grupo de expertos --sigue don Urbano Espinosa-- y su presidencia
independiente indican que se ha instalado la confianza mutua o que
persiste la desconfianza ministra-rectores. Se supone que los miembros
del grupo paritario tendrán que asumir alguna responsabilidad o
paternidad sobre las propuestas que lleguen a elaborar. ¿Cómo explicarán
los rectores participantes en el grupo paritario la reforma de la carrera
docente
que ellos propongan en la hipótesis de que su propio profesorado llegara
a movilizarse contra el proyecto? ¿Alguien se ha preguntado el porqué en
esta ocasión del atípico modo de abordar iniciativas que conducirán a
leyes y a reales decretos? ¿Qué pasará en su momento en el Consejo de
Ministros? Temo mucho --dice el señor Espinosa-- que el pacto
ministra-CRUE pueda traer un mayor caos al sistema y que incremente el
conflicto en lugar de resolverlo.
Esta es la valoración que hace el rector de la Universidad de La Rioja.
Esta comisión de expertos, hecha sin duda con buena voluntad, pero creo
que también con la intención de ganar tiempo por parte de la señora
ministra, no hace sino generar también otro conflicto que es marginar al
órgano responsable de abordar todas estas cuestiones, que es precisamente
el Consejo de Universidades, donde por ley están los representantes que
tienen que debatir estas cuestiones.
Otra cuestión que me gustaría poner sobre la mesa es el problema de la
financiación en la universidad española. Los datos que usted ha puesto
sobre el tapete evidencian que ha habido una dotación creciente para la
universidad pública española a lo largo de los últimos años. Sin embargo,
nos encontramos aquí con algunas cuestiones. Reiteradamente los rectores
españoles han puesto de manifiesto que la financiación de la universidad
es insuficiente. Concretamente España destina a gasto educativo
universitario un 0,9 por ciento del producto interior bruto, y otros
países europeos, cuyas cifras ha dado usted, están en torno al 1,1 por
ciento --en el caso del Reino Unido es como España--, pero hay otros
países que están incluso en el 1,6 por ciento del PIB. Los rectores
españoles, a través del manifiesto que han hecho público antes del inicio
del curso escolar, solicitaban este incremento, y aquí se plantea una
cuestión creo que importante. Una vez que se ha completado todo el
proceso de transferencias de las universidades a las comunidades
autónomas, el Ministerio de Educación se queda, como competencia directa,
únicamente con la financiación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, la Universidad Menéndez Pelayo y los programas específicos.
Por tanto aquí hay una cuestión importante, y es que la distribución de
los recursos públicos para las universidades es responsabilidad de los
gobiernos autonómicos. La CRUE, la conferencia de rectores, considera que
sin mejorar la financiación de la universidad es ilusorio pretender
mejorar sustancialmente la calidad del sistema. Por tanto, nos
encontramos aquí con una situación compleja, porque, señor González, las
universidades recibieron en su día a costo efectivo un proceso de
transferencia, incluso en algunos casos con alguna compensación, pero nos
encontramos ahora con que según dictaminan los propios responsables de
las universidades, la dotación financiera para la universidad, si
queremos mejorar sus parámetros de calidad, debería incrementarse. Y aquí
nos encontramos con que hay un sistema universitario desigual, porque las
transferencias que se hicieron en su día no se hicieron con las mismas
garantías de calidad para todas las universidades; las universidades
históricas recibieron una dotación mucho más grande en plantillas de
profesorado, en centros, etcétera, que las universidades más recientes
que se incorporaron últimamente o que tuvieran universidad y que
recibieran esas transferencias. Se lo digo porque el problema lo conozco
bien. Soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y sé que las
universidades tienen realmente una situación muy desigual. Financiar el
sistema universitario español con fondos adicionales a la capacidad de
los recursos de las propias comunidades autónomas, es decir, con dotación
adicional por parte del Gobierno, debería ser una cuestión que ustedes
deberían considerar seriamente. Las comunidades autónomas no tienen, so
pena que tengan que detraer fondos de otras partidas presupuestarias no
menos importantes, capacidad económica para abordar esta cuestión
importante, y aquí realmente el Gobierno debería, primero, contribuir con
financiación adicional para las universidades, tal como reclama la CRUE,
y en segundo lugar considerar también algunos mecanismos de compensación
para universidades que tienen una dotación peor. Sería también
conveniente que entre todos se planteara un debate en torno a la
diversificación de las fuentes de financiación. Existen conclusiones de
debates realizados, entre ellos el documento que elaboró el propio
Consejo de Universidades en 1994. En cualquier caso, consideramos que es
un debate que no puede posponerse. Cuáles son los planes del Ministerio
respecto a este tema y sobre todo cómo piensa plantearlo con los
interlocutores, serían algunas cuestiones que me gustaría que usted
respondiera.
El tercer gran problema que tiene la universidad sin duda es también la
reforma del profesorado, concretamente la reforma del título V de la Ley
de Reforma Universitaria. Usted mismo ha dado los datos; en total son
25.000 profesores asociados, 16.660 y 8.200 entre los de tiempo completo
y tiempo parcial, que están cubriendo demandas docentes regulares y lo
están haciendo en una situación de incertidumbre respecto a su futuro
profesional. En una gran mayoría de casos se trata de profesores formados
de manera excelente, con extraordinarios curricula y de ninguna manera
prescindibles por parte de la universidad. Es muy importante que se
aborde cómo piensa hacerse la reforma del profesorado. ¿Están
considerando la figura del doctor contratado --según tengo entendido la
CRUE iba un poco en esta dirección--, o están viendo otras fórmulas?
Quisiera también que nos aclarara cómo piensan hablar del sistema de
oposiciones. Usted ha dicho que los problemas del profesorado en España
en este momento son dos: uno es la falta de movilidad y el segundo la
endogamia existente para la admisión de profesorado en las universidades,
y reiteradamente por parte de responsables del Ministerio se ha hablado
de la necesidad de encontrar profesores neutrales que seleccionen con
eficacia. Yo creo, señor González, que es posible que haya habido casos
donde la eficacia o la endogamia haya funcionado, pero en absoluto creo
que esto pueda ser general. Realmente, el sistema actual en el que tres
profesores salen a sorteo y dos son puestos por la propia universidad,
fue consensuado en su día entre todas las universidades, también con las
comunidades autónomas, y aquí nos gustaría que nos dijeran ustedes, si
piensan variar el modelo, cuál
va a ser porque realmente la comunidad universitaria está muy interesada
y preocupada también por ver por dónde quieren ir ustedes con este tema.
Yo no sé tampoco qué participación están dando a los sindicatos, a los
responsables, tanto académicos como del Consejo de Universidades, que
tienen que pronunciarse sobre este tema.
La cuarta cuestión es referente a la reforma de los planes de estudio. Es
necesario avanzar en una reforma de los planes de estudio que, sin duda,
ha producido una sobrecarga lectiva extraordinaria en nuestros jóvenes
universitarios. La elaboración de los nuevos planes de estudio desde el
año 1987 creo que, en términos generales, ha sido muy positiva y también
ahí la Administración anterior dejó establecido que, al cabo de un
período de tiempo, fueran los propios responsables académicos los
encargados de evaluar cómo habían funcionado estos planes de estudio.
Ahora es el momento de reflexionar en torno a lo que ha sucedido. Aquí ha
habido un debate largo, tanto del Consejo de Universidades como por parte
de la conferencia de rectores, que han debatido este tema y han
materializado en documentos una serie de conclusiones y recomendaciones
que coinciden en valorar globalmente el proceso de reforma de los planes
de estudio de forma positiva, señalando las ventajas que este sistema ha
tenido, pero también señalando los problemas que la situación ha
provocado.
El 17 de diciembre de 1996, el pleno del Consejo de Universidades aprobó
un informe donde quedaba claramente reflejado el diagnóstico sobre los
nuevos planes de estudio y se exponían las propuestas de la reforma que
creían necesaria: la redefinición del crédito, más horizontalidad, menos
blindaje de títulos, más pasarelas, reducción del número de créditos. El
objetivo fundamental consistía en aliviar la carga de estudiantes
provocada por la excesiva carga docente y la sobredimensión del tiempo de
permanencia en el aula.
Como consecuencia de este informe, se publicó un Real Decreto, el
614/1997, de 25 de abril. Se suponía que este real decreto debía
reconocer las recomendaciones del Consejo de Universidades y de la
conferencia de rectores. Pero la realidad es que nada de esto ocurrió u
ocurrió no conforme al dictamen elaborado por las personas autorizadas y
competentes en materia universitaria. El Real Decreto de 25 de abril de
1997 omitió una parte esencial de las propuestas aprobadas por el Consejo
de Universidades y una de las medidas que fue más ampliamente demandada
por las universidades, que era precisamente la redefinición del concepto
de crédito. La propuesta del Consejo de Universidades se refería a la
ampliación del concepto de crédito --por cierto, yo creo que muy bien
definida y defendida por el anterior secretario de Estado en esta
Comisión--, en el sentido de que esta unidad académica de medida del plan
de estudios incluyera, además de las horas presenciales, trabajo personal
del alumno, trabajo en equipo, trabajos dirigidos por profesores,
etcétera. El objetivo fundamental era aliviar la carga lectiva y también
facilitar la innovación, la creatividad y el hábito de trabajo en equipo,
aspectos todos ellos fundamentales en el proceso de formación de los
universitarios.
Sin embargo, aquí nos encontramos con que ocurrió esto y ocurrió otra
cosa también sorprendente. La ministra ha explicado por qué no se recogió
y ha dado argumentos para rechazar la propuesta, argumentos que en
nuestra opinión demuestran no conocer a fondo, desconocer más bien, cuál
es el sistema y el funcionamiento. La ministra ridiculizó la propuesta
del Consejo de Universidades de redefinición del crédito diciendo que los
responsables universitarios estaban dando barras de pan de kilo que
pesaban 700 gramos. Sin duda, quería referirse con el símil --un kilo,
700 gramos-- a la propuesta de dejar siete horas lectivas en el crédito y
dejar tres para estos trabajos de profesores, etcétera. La cuestión es si
piensan recapacitar --usted como responsable y el Ministerio--, obviar o
tomar en consideración la redefinición del crédito. Usted sabe que ésta
es una cuestión importante. No sé si será abordada también por esta
comisión de expertos, pero aquí hay que dejar claro que, en su día, tanto
la CRUE como el Consejo de Universidades dejaron muy claro lo que
pensaban al respecto.
Hay, finalmente, otra cuestión también que es el sistema de acceso a la
universidad, la selectividad. Un tema importante, que yo quisiera por lo
menos tocarlo, sin entrar a fondo en el tema, pero sí que se dejen
apuntados cuáles son sus planes al respecto; si va a haber también aquí
alguna propuesta nueva; si se va a incluir por parte del Consejo de
Universidades el estudio de reforma, después del dictamen que ha aprobado
el Senado; si se va a tomar en consideración ese dictamen; si se va a
traer a esta Cámara; en fin, cómo piensan ustedes actuar con la reforma
de la selectividad. La señora ministra también se ha referido a un
cambio, sobre la marcha, de esta selectividad, llamándola segunda
oportunidad o con una sugerencia más reciente de que exista un plus
vocacional. Estas son, en mi opinión, algunas cuestiones candentes que me
gustaría que respondiera porque creo que son nucleares de los problemas
que aquejan a la universidad en este momento.
Más directamente, en cuestiones que son de su competencia directa, no
quisiera alargarme mucho en el tema de I+D, pero sí quisiera hacerle
algunas observaciones relacionadas también con el presupuesto. Como usted
sabe, la UNED, que está dentro de las competencias que usted tiene
encomendadas, es la primer universidad española en número de alumnos. En
el presente curso, 1997-98, van a cursar estudios a través de la UNED
unos 158.000 alumnos, lo que representa el 10 por ciento de toda la
población universitaria española. Además de necesitar una readaptación,
la UNED necesita una fuerte inversión para poder cumplir los objetivos
para los cuales fue creada. Sin embargo, no cuenta en estos presupuestos
con una financiación suficiente. En este presupuesto el incremento es
prácticamente inexistente. Esto ha sido puesto también de relieve por
responsables de la UNED que dicen en un diario de tirada nacional que
necesitarían mucha más financiación que la que tienen en los presupuestos
de este año. La partida presupuestaria del capítulo 1 pasa de 5.074
millones a 5.421, consignándose, por tanto, tan sólo los incrementos por
tramos de investigación y el 2,1 por ciento del aumento a los
funcionarios. Además, la subvención extraordinaria
de capital sólo alcanza los 253 millones para el año 1998. A mi grupo
parlamentario le gustaría saber cuál es el motivo por el que, siendo la
primera universidad en número de alumnos y necesitando una clara
adaptación a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, no
goza de un mayor apoyo presupuestario, siendo además como es una de las
dos universidades que dependen directamente del Ministerio.
La segunda cuestión es también en relación al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Aquí habría que decir que es el organismo de
investigación más importante de que dispone el Estado y tendríamos que
reconocer que, aunque el incremento global del presupuesto de CSIC es de
un 5,4 por ciento, en dicho presupuesto no se refleja ninguna vía
encaminada a solucionar, en un plazo de tiempo razonable, lo que es el
punto más débil de este organismo público de investigación. Me refiero,
como usted conoce bien, a la falta de incremento de plantilla
investigadora y de envejecimiento de la misma. Reconociendo este problema
que es bastante grave para el CSIC, su antecesor en el cargo manifestó en
distintas ocasiones su intención de poner en marcha un plan de choque
plurianual para crear 1.500 plazas nuevas. Observando los presupuestos
del año 1998 queda claro que el capítulo 1 de personal se incrementa en
830 millones, pero si consideramos que esta cifra incluye el incremento
de sueldo de funcionarios, nos queda un incremento real aproximado de
poco más de 200 millones de pesetas, lo que significaría, y además eso
cuadra con la memoria que acompaña los programas presupuestarios, que el
incremento de plantilla investigadora en el CSIC que prevén para 1998 es
sólo de 31 plazas frente a las 1.500 que se nos prometieron aquí por
parte de su antecesor.
Hay una última cuestión --no voy a entrar en más, pues no quiero abusar
más del tiempo ni de la amabilidad del señor presidente, que siempre nos
deja hablar lo que queremos y voy a terminar-- también importante en los
programas de I+D. En el presupuesto de investigación quisiera hacer
algunas consideraciones sobre la función 54 en su conjunto. Como usted
sabe y saben SS. SS., la función 54 es la que representa el gasto de I+D
en los Presupuestos Generales del Estado y este año sufre un incremento
en términos globales de 75.000,3 millones de pesetas, puesto que pasa de
235.000,5 millones en 1997 a 310.000,8 millones en 1998. A primera vista,
esto pudiera parecer un incremento considerable, pero leyendo con
detenimiento los presupuestos se observa que de los 75.000,3 millones de
in cremento, 65.000 millones van a parar al presupuesto del Ministerio de
Industria y Energía. De esta forma, señorías, el Miner incorpora el 76
por ciento del incremento presupuestario en I+D. Por otra parte, este
importante incremento no aparece en el Miner ni en el capítulo 6 del
presupuesto, que como ustedes saben es el capítulo de inversiones, ni en
el capítulo 7, que son transferencias y subvenciones, sino que aparece
básicamente en el capítulo 8 como concesión de préstamos fuera del sector
público. Aquí, señor González, surge la primera cuestión. ¿A quiénes,
para qué y en qué condiciones se conceden préstamos tan elevados? Se
habla de empresas del sector aeronáutico como CASA para el Airbus y sobre
todo para el avión de combate EF-2000, que, por cierto, entendemos que
está ya en fase de producción y en este sentido no sabemos hasta qué
punto es lícito contabilizarlo realmente como inversión en I+D. Se habla
también de Bazán para la fragata del futuro y se habla del proyecto de
carro de combate Leopard.
En cualquier caso, lo que nos parece claro, señor González, es que el
pretendido crecimiento espectacular del presupuesto de I+D no es tal
crecimiento, puesto que es evidente que se está utilizando la función 54
para enmascarar créditos a industrias que desarrollan proyectos
industriales del Ministerio de Defensa. No nos entienda mal, señor
González, creemos que es completamente legítimo financiar los desarrollos
de la industria de defensa; lo que no nos parece tan legítimo es tratar
de enmascararlo y engañar a parte de los científicos o a la opinión
pública.
No quiero seguir abusando del tiempo. Me gustaría que si fuera tan amable
contestara a alguna de estas cuestiones y le agradecemos su presencia hoy
aquí y, por supuesto, su intervención, y le reiteramos otra vez nuestro
deseo de éxitos en su gestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular doña Elena
García-Alcañiz tiene la palabra.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Secretario de Estado, quiero
empezar dándole formalmente la bienvenida a esta Comisión en nombre del
Grupo Popular y en el mío propio. Quisiera, asimismo, como no puede ser
de otra manera y como creo que todos los miembros de esta Comisión han
hecho, desearle éxito en su gestión, que estamos seguros que ha de
lograr, y ofrecerle la colaboración leal de este grupo parlamentario que
represento. Su éxito, sin duda alguna, será un éxito de todos, de las
universidades, de la ciencia y tecnología, de la industria y redundará en
beneficio del conjunto de la sociedad española.
Señor secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
ha expuesto usted en la mañana de hoy las líneas y los grandes ejes que
definen la política del Gobierno en las materias que son de su
competencia. Ha realizado, a mi juicio, un análisis pormenorizado de la
situación en que nos encontramos, ha realizado un diagnóstico claro y con
objetividad, aunque bien es cierto que la señora portavoz del Grupo
Socialista ha ampliado los problemas que acontecen en nuestra universidad
y en la política de investigación científica. Nos ha expuesto los retos
que hay que afrontar de cara al siglo XXI.
Quiero apreciar, señor secretario de Estado, en su intervención una línea
de continuidad con el planteamiento realizado por el anterior secretario
de Estado en esta Comisión en la búsqueda de soluciones a los problemas
que la universidad española tiene planteados, problemas que se arrastran
desde hace varios años y que no fueron afrontados en su día con el debido
rigor, ni se tuvo la voluntad política de dar la más mínima solución a
ninguno de ellos. Parece, según se desprende de las intervenciones de los
distintos portavoces parlamentarios de esta Comisión, que existe un
primer punto de acuerdo entre todos y este punto
de acuerdo es que la universidad española tiene problemas que es
necesario abordar, debatir y resolver con cierta urgencia, sin
precipitación pero con rigor, con serenidad y en eficacia, pero no
cometer los errores de un pasado reciente que nos ha llevado a la
deteriorada situación en que nos encontramos.
Ha realizado, decía, un diagnóstico efectivo que podríamos resumir en los
siguientes puntos, a mi juicio. Ha bajado en general la calidad de la
enseñanza, salvo honrosas excepciones, claro está, y esto es algo difícil
de discutir y es compartido por toda la comunidad científica y
universitaria. Ha existido durante largos años una tendencia clara a
igualar a todos por abajo. Permítanme que les ponga a modo de ejemplo
algo bastante evidente. En los exámenes de doctorado, cuando el
doctorando presenta su tesis doctoral antes había un abanico de
discriminación en cuanto a las notas y al trabajo realizado por el
doctorando: había aprobados, notables y sobresalientes, como existe
normalmente en todos los países del mundo, y aquellos que tenían
sobresaliente podían optar al cum laude y después a los premios
extraordinarios. Pues bien, en ese afán igualitarista de que todos son
iguales, se ha reducido a la calificación de apto. Podría haberse optado
por la calificación de sobresaliente, sería un estímulo un poco más
adecuado para el director de la tesis y también para el doctorando; pues
no, se optó simplemente por el apto, con lo cual descendió la motivación
sin duda alguna de los directores de investigación y también la
motivación de los propios alumnos. La falta de alicientes de los
profesores durante largos años y no sólo económicos, que también y son
muy importantes, porque también los profesores de la universidad y los
docentes comen todos los días; el empobrecimiento clarísimo que se ha
puesto de manifiesto aquí de los planes de estudio, todo ello nos ha
llevado a la situación difícil en que nos encontramos.
Permítame, señor presidente, que sin ningún afán de polémica haga ciertas
alusiones a la portavoz socialista, la señora Díez de Baldeón.
El señor PRESIDENTE: Si lo considera indispensable.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Creo que sí, señor presidente, aunque hay
un punto total de coincidencia. Coincido con que existen los problemas
que la portavoz socialista ha enumerado, pero, probablemente, la señora
Díez ha olvidado que estos problemas no se han generado en el año y pico
que lleva el Gobierno del Partido Popular, se han generado la mayoría de
ellos como problemas estructurales. Uno de los que ha significado muy
bien es el de la financiación. Recuerde usted que en tiempos del Gobierno
socialista hubo una discriminación bastante clara de unas autonomías con
respecto a otras. Eso no podrá usted achacarlo al Gobierno popular y me
alegro que usted lo haya señalado y lo haya significado.
No podemos decir que el descenso de la calidad de la enseñanza haya sido
debido a las transferencias. Se podrían poner ejemplos, creo, muy
importantes de universidades que dependen de las autonomías y que tienen
un nivel bastante aceptable de calidad, a pesar de la situación de
deterioro general en que nos encontramos. El deterioro de la calidad de
la enseñanza, repito, ha venido por problemas estructurales y, como acabo
de decir, por la obsesión --creo que hasta un poco enfermiza-- de un
falso igualitarismo. Podría ponerle otro ejemplo, las famosas pruebas de
idoneidad, que creo que usted recordará. Yo las recuerdo muy bien, porque
formé parte de ellas como catedrático que soy de la Universidad
Complutense; los resultados fueron sencillamente lamentables. Si bien es
cierto que muchas de las personas que accedieron a la universidad por las
pruebas de idoneidad tenían un nivel científico adecuado, tanto en
investigación como en experiencia docente, no se puede decir del conjunto
de las personas que utilizaron esta puerta falsa que ustedes propiciaron,
en deterioro tremendo de la universidad española.
Señor secretario de Estado, nos ha hablado usted en esta enumeración
--creo que muy pormenorizada-- de algunos de los problemas --yo no voy a
repetirlos--, los de los alumnos, los de los profesores, pero sí me va a
permitir que nos mostremos satisfechos con que hayan aumentado las
matrículas en la enseñanza superior, porque, según usted nos ha dicho,
existe una clara tendencia de crecimiento continuado y sostenido en este
sentido, ya que ha pasado en el curso 96-97, como ha citado, a superar
más de millón y medio de estudiantes universitarios, algo de lo que
cualquier nación puede sentirse orgullosa. Ahora bien, siempre que este
número de personas --que es una cifra importante y que, repito, nos
satisface-- reciba la calidad debida y adecuada para que nuestros
estudiantes, una vez terminadas sus carreras, puedan ser competitivos,
por lo menos, con el resto de los estudiantes de la Unión Europea.
Desgraciadamente no se han alcanzado los requisitos de calidad y de nivel
que se requieren para que en esa competitividad con el resto de los
ciudadanos de la Unión estemos en la misma situación y en igualdad de
condiciones.
Señor secretario de Estado, en el mundo en que vivimos, en el que
afortunadamente se van eliminando las barreras que impiden el progreso y
la comunicación, y esta diputada ha sido una gran luchadora en esta
Cámara para eliminar las barreras arquitectónicas y de comunicación que
afectan fundamentalmente a los minusválidos, resulta que el Grupo Popular
ve claramente, como usted ha expuesto, y prácticamente todos los grupos,
que existe una gran barrera en la vida universitaria, que son los planes
de estudios entre las diferentes universidades que dificultan
sensiblemente la movilidad de los estudiantes, que tienen derecho a
elegir dónde cursar sus estudios. Ya sé, señor secretario de Estado, que
los planes de estudio los elaboran las universidades en uso de su
autonomía competencial y que han de ser homologados por el Consejo de
Universidades, pero la libertad de moverse entre centros, la elección de
la universidad es un derecho de todos los españoles, recogido en el
ordenamiento jurídico actual, en el artículo 25 de nuestra LRU, y de este
derecho está siendo privada una parte importante de los españoles por una
falta de cumplimiento de la ley.
Quisiera que transmitiese la preocupación del Grupo Popular --y creo que
también del resto de los grupos-- al
Consejo de Universidades, donde se encuentran representados todos los
estamentos con responsabilidad en la enseñanza superior --rectores,
comunidades autónomas y Ministerio de Educación-- para dar pronta
solución a este problema de la movilidad estudiantil. Asimismo, nos
preocupa mucho y lamentablemente la situación de sobrecarga de
asignaturas, muchas de ellas --hay que decirlo con absoluta veracidad y
claridad-- absolutamente inútiles, que tienen que soportar los
estudiantes en estos desproporcionados planes de estudios existentes. No
parece sensato, sino más bien todo los contrario, disparatado que pueda
existir una media de 18 asignaturas por año y que en algunas ocasiones
tengan hasta 24 asignaturas anuales. Por este camino, señorías, señor
presidente, no vamos a ninguna parte. Esta es una lamentable situación
que necesariamente se ha de cambiar en beneficio del rigor y de la
calidad en la enseñanza y diría también que en beneficio de la propia
salud físico-mental de nuestros estudiantes, que, sin duda alguna, tienen
que estar muy afectados, y en beneficio también de que descienda ese
fracaso escolar, para crear, en general, como he dicho antes, unos
universitarios españoles competitivos con sus colegas del resto de la
Unión.
Del profesorado sólo voy a destacar dos puntos, aunque también lo ha
expuesto usted suficientemente. Todos creemos, y parece que todos estamos
de acuerdo, en la necesidad de abordar la modificación del título V de la
LRU, modificación legislativa que se intentó en anteriores ocasiones en
legislaturas pasadas, pero cuyo intento no llegó a materializarse por
unas u otras razones y que es hora de abordar. No es justo que se siga
discriminando por más tiempo al funcionario docente, que ya es el único
que no puede ejercer su derecho de traslado, según la normativa actual;
ese derecho de elegir, de poder trasladarse también compete a los
profesores, beneficiaría la calidad de la enseñanza y disminuiría la
endogamia que aquí se ha enunciado.
También quisiera señalar algo muy importante, que es el sorteo de los
miembros de los tribunales y de las comisiones. A este respecto, señor
secretario de Estado, sólo le diría que se cumpla la ley, porque la ley
dice claramente que los tribunales deben ser públicos, y eso no se cumple
porque no hay mejor forma de poder manipular cualquier dato --no digo que
se haga-- que a través de un ordenador, si en la selección de los
miembros se ajusta una determinada variable para que salgan, como de
hecho ha acontecido sistemáticamente, determinados nombres, pero, al
mismo tiempo, con un pequeño análisis que se haga, muy por encima, no
descendiendo a un trabajo empírico de análisis de datos ni a ningún
análisis multifactorial, en absoluto, simplemente con la clara visión de
un lego en estos asuntos, se puede apreciar claramente que según el
cálculo de probabilidades son absolutamente imposibles los resultados que
acontecían con el sorteo realizado por ordenador. En algunas
intervenciones en legislaturas anteriores, a la entonces secretaria
general del Consejo de Universidades, la señora Pérez Vera, le ofrecí,
como diputada que soy por Madrid, la ayuda de los niños de San Ildefonso
que, como usted sabe muy bien, acuden a los sorteos de la Lotería
Nacional para dar cierto ánimo a estos sorteos y, sin duda para que sean
claros, transparentes y públicos, como marca la ley. Por tanto, señor
secretario de Estado, que se cumpla la ley en este aspecto.
El señor PRESIDENTE: No sé si ha contado usted con los niños de San
Ildefonso. Hay que tener mucho cuidado, no vayamos a llamar a ciertos
cometidos a quien no esté dispuesto a ello, pero, en fin, no pasa nada.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Creo que con su ayuda, señor presidente,
podríamos contar con su concurrencia.
En cuanto a la política científica, en este ámbito que usted ha señalado
y también ha pormenorizado, ha ido nombrando prácticamente todos los
aspectos que en esta materia le competen, que son de su responsabilidad:
el Plan nacional de I+D; la mejora de las convocatorias de los proyectos
de investigación, que ya se señaló con la convocatoria de las medidas que
fueron publicadas a finales de 1996; ha hablado usted de los fondos
Feder; de una asignación de las convocatorias públicas de estos fondos;
ha hablado de la ampliación de las becas, en el concepto que debemos
tener de que ninguna persona, por falta de recursos económicos, pueda
dejar de acceder en condiciones de igualdad a la universidad. La elite no
está distribuida en función de la capacidad económica de las familias,
afortunadamente, sino en función de otros criterios, y siendo
estrictamente rigurosos como profesores debemos ayudar a esas personas
que lo necesitan para que no se pierdan talentos en nuestra España
querida, pues en definitiva, es el tesoro más importante que tenemos: la
inteligencia de sus mujeres y de sus hombres.
Ha hablado usted del gran telescopio de Canarias, el Telecan, y nos
congratulamos de que España cuente con el Instituto Astrofísico de
Canarias, que, como usted ha dicho muy bien, es el más importante que
existe en el hemisferio norte. Ha hablado del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y de los planes que quiere realizar. Ha
hablado claramente de los OPI. Ha hablado también de la Cicyt y de las
inversiones previstas. En fin, no voy a seguir, pero quisiera destacar
--y nos alegramos-- que el presidente del Gobierno, señor Aznar, haya
asumido la presidencia de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología, que pone de manifiesto una vez más el interés claro y
decidido de este Gobierno por potenciar la política científica y
tecnológica en España para ir ganando progresivamente cotas que nos
acerquen a los países más desarrollados, cumpliendo así lo expuesto por
el presidente Aznar en su discurso de investidura.
Asimismo, nos felicitamos del incremento presupuestario en los capítulos
relacionados con la investigación científica y tecnológica a lo largo de
todo el análisis realizado en los Presupuestos Generales del Estado de
1998. Mi querida amiga, señora Aramburu, portavoz de Izquierda Unida,
aquí yo quisiera recordarle que el incremento presupuestario de I+D, como
usted ha señalado, no se da sólo en educación, aunque educación sin duda
alguna se da. Ha hablado usted de algo que a mí me ha llamado la
atención, sobre las tasas. Evidentemente yo comparto su idea de que
a veces son elevadas para determinadas familias, pero recordemos que en
el conjunto general las tasas no compensan mínimamente el gasto que un
universitario realiza y que hay que dotar y aumentar el sistema de becas
en líneas a esa igualdad de partida y para favorecer a los alumnos
inteligentes más necesitados.
Yo pensé que usted a lo mejor iba a decir también en su exposición
respecto a las tasas, que, por otra parte, como todos sabemos, son
competencia de cada una de las universidades, algo que a mí me ha
sorprendido en las medidas tomadas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de donde usted es diputada por Sevilla. La Comunidad Autónoma
de Andalucía ha fijado 6.000 pesetas a todos los estudiantes por iniciar
expedientes. Uno podía entender que había unos gastos aunque fueran
incluso de papel, de la ficha que tiene que quedar archivada en las
secretarías de cada una de las facultades, y que cobraban estas 6.000
pesetas al inicio. Pues no, señor presidente, las 6.000 pesetas se las
cobran a todos y cada uno de los estudiantes de primero a quinto y a los
siguientes, algo ciertamente chocante, en lo que yo creo que usted debe
incidir para que sus colegas, representando a Izquierda Unida en la
Universidad Autónoma de Andalucía, tomen medidas para corregir esto que
desde luego a nuestro juicio y yo creo que al de todos es poco serio,
poco riguroso y sin duda ninguna abusivo. Si bien es cierto que todos
quisiéramos que hubiera más incremento en estas partidas presupuestarias,
tenemos que reconocer que el dinero siempre es escaso, que su
distribución es difícil y estamos seguros que el rigor presupuestario de
este Gobierno para 1998 nos va a garantizar mayores niveles de desarrollo
y de bienestar en los próximos años.
Quiero recordar las declaraciones del premio Nobel de Economía, Gary
Becker, en su reciente visita a España y que creo que todos compartimos,
señor presidente, desde usted hasta el último diputado y esta humilde
diputada que le habla: la inversión en educación es, desde un punto de
vista estrictamente económico, una de las más productivas. Estoy segura,
repito, de que todos compartimos esta idea del premio Nobel señor Becker,
y no hay inversión más productiva que la que se hace en formar los
mejores profesionales, científicos, investigadores, técnicos y
humanistas, en todas las ramas del conocimiento. Asimismo quiero señalar,
señor secretario de Estado, que la libertad y la competencia en todos los
ámbitos, absolutamente en todos y también en la universidad producen
mejores resultados que el falso igualitarismo. Hay que propiciar, por
tanto, y alentar el trabajo, el mérito, la superación por el esfuerzo
propio, tanto de los profesores como de los alumnos para alcanzar el
nivel de excelencia posible que todos nos merecemos en España.
Simplemente permítanme una licencia personal. En una de las
investigaciones que hice yo acerca de los niveles de capacidad de
nuestros alumnos, puedo señalarle que en el departamento que yo dirigía
hicimos un estudio de más de 15.000 alumnos. También he de decir que no
solicité ninguna beca de ayuda para este trabajo, con una muestra de
alcance de más de 15.000 sujetos. Simplemente, de forma anecdótica
señalaré que el profesor Heller, de la Universidad de Munich, para un
trabajo mucho más reducido del que yo hice en mi departamento y en el que
sigo dirigiendo algunas de estas investigaciones, disponía de 30 millones
de marcos. Se hizo en una época reciente.
Pues bien, los niveles que arrojaba este trabajo y que era altamente
significativo no sólo en la repercusión estadística sino en la de
interpretación de esos resultados, eran tan altos como es el más alto de
la media europea. Significa que tenemos el material, tenemos el potencial
y que desde el Gobierno y desde esta Cámara nos compete la
responsabilidad de que esas capacidades y la inteligencia de los
españoles no se pierdan, que se ha perdido y despilfarrado bastante y con
bastante alegría en los últimos años.
Con esto quiero terminar, señor presidente, agradeciéndole su
comparecencia al secretario de Estado, deseándole los mejores éxitos,
como estoy segura que todos deseamos, y brindándole de nuevo la
colaboración de este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Va a haber medio minuto para alusiones. A
continuación, vamos a suspender por cinco minutos, entre otras cosas,
señor secretario de Estado --no lo tome usted como una impertinencia--,
por si quiere usted ordenar sus papeles, porque veo que como continuara
la sesión una hora más, tendríamos que acabar dejando el sitio el resto
de los componentes de la Mesa. Advierto que después contestará el señor
secretario de Estado y no habrá lugar a réplicas. No voy a utilizar el
turno extraordinario, por la sencilla razón de que tenían ustedes diez
minutos para fijar posiciones y extraordinariamente los han empleado.
Medio minutito y, por favor, como lo saben ustedes hacer muy bien, muy
bien, con la suficiente ironía que no provoque ninguna petición de otro
turno por alusiones. Sean un poco perifrásicos, por favor.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Por alusiones, quería este turno de
réplica para matizar algunas cuestiones a la portavoz del Partido
Popular.
Yo creo, señora García-Alcañiz, que lo que usted está diciendo es
bastante contradictorio con los datos y el crecimiento espectacular del
que ha informado el señor secretario de Estado. Yo lamento la actitud que
usted manifiesta de volver permanentemente los ojos al pasado, así como
la falta de sensibilidad para abordar el presente. Aquí, si me permite la
comparación, le diría que esta utilización que ustedes hacen de vuelta al
pasado les va a terminar convirtiendo en la mujer de Lot y en estatuas de
sal, porque su preocupación debería ser ahora mirar hacia adelante.
Fíjese que ha hablado respecto a las universidades, de la desigualdad que
propiciamos los socialistas.
Señora García-Alcañiz, yo soy de Castilla-La Mancha, concretamente de
Ciudad Real. En mi tierra, los manchegos durante siglos no tuvimos
universidad. Hemos sido los socialistas los que hicimos la Universidad de
Castilla-La Mancha. Lo que estamos diciendo ahora, y lamento su
insensibilidad para entender cuál es el problema de fondo que yo planteo,
es que la Universidad de Castilla-La Mancha cuando se transfirió no tenía
ni siquiera diez años de vida. ¿Cómo va a competir con la capacidad y los
recursos
de una Universidad secular como la se Salamanca, por ejemplo? Nos
encontramos con ese problema, y ese problema no lo creamos los
socialistas, porque nosotros lo único que hicimos fue avanzar para
corregir las desigualdades. Esto es lo que ustedes deben entender y
saber. Yo lamento que ustedes no lo entiendan.
El señor PRESIDENTE: Ya está.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Un segundo, hemos dicho que los
conflictos...
El señor PRESIDENTE: No, ya les queda a ustedes todavía el resto de la
legislatura, porque las noticias que llegan es que no se va a disolver
antes de Navidad, para en muchas sesiones de la Comisión seguir
intercambiando lindezas, pero como entraríamos en una dinámica que no nos
gusta, vamos ahora mismo a levantar la sesión por cinco minutos y a
continuación la reanudaremos. (La señora García-Alcañiz Calvo pide la
palabra.)
Le guardo a usted la palabra.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Sólo decir que soy también manchega y me
conozco perfectamente esas cosas.
El señor PRESIDENTE: Hecha la constancia de que es usted manchega y ella
también, compartan ustedes un buen gazpacho manchego, y ahora vamos a
suspender la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jesús González González, para
el turno de réplica correspondiente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION Y
DESARROLLO (González González): Muchas gracias, señorías, por la
bienvenida que me han dado. Soy nuevo en estos días --no hoy-- en este
aerópago. Bien halladas, señorías, muchas gracias por la bienvenida y por
las confianzas que han depositado, no sé si prudentemente, en mis débiles
fuerzas para mejorar el sistema universitario. No soy yo sólo el que está
implicado en ese proyecto, hay un equipo entero en el Ministerio, están
también ustedes implicadas, señorías, están las comunidades educativas,
están las comunidades autónomas; es un reto al que no podemos hurtarnos.
Habrá diferencias, pero hablando se entiende la gente. Muchas gracias por
la bienvenida, vuelvo a repetir, y por las cálidas palabras de acogida,
sin desdoro ni menoscabo de la necesaria crítica parlamentaria.
Señorías, he agrupado lo mejor que he podido las cuestiones planteadas y
mis respuestas. Quizá convendría responder primero a las cuestiones
referidas al sistema universitario propiamente dicho, cuestiones
referidas a la posición de nuestro país en el ranking internacional de
gastos sobre PIB tanto en investigación como en educación, cuestiones
referidas también a instituciones del propio sistema universitario y
cuestiones referidas, naturalmente, al gasto empresarial en I+D, a la
función 54, al comportamiento histórico y las aspiraciones del CSIC, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se me ha preguntado
sobre los problemas derivados de la financiación de las universidades,
que es un problema que veo que preocupa mucho, sobre problemas asociados
a la homologación de títulos, función de la Universidad, problema de
territorialización del gasto universitario y del gasto de investigación.
Por este orden, voy a intentar responder.
En primer lugar, quería responder a la cuestión de homologación de
títulos. Como ustedes saben, señorías, la homologación de los títulos
universitarios era competencia de la Secretaría General Técnica, pero
ahora gran parte de la homologación es competencia del Consejo de
Universidades y de la Comisión Académica. Hace poco los miembros de la
Comisión Académica y el Consejo de Universidades han homologado 134
títulos, a excepción de los títulos de especialistas médicos, que son
competencia de la Secretaría de Estado. El procedimiento de homologación
de estos últimos es lento, al tener que ser oído el Consejo de
Especialidades Médicas, del que forma parte Sanidad. La competencia de la
homologación de los demás títulos, que esta Secretaría de Estado respeta
exquisitamente, es del propio Consejo de Universidades.
Respecto a la financiación de la universidad, que he visto que es una
inquietud que comparten gran parte de SS. SS., hay muchas cosas que
decir. La primera es que, como SS. SS. saben --y no es por
escabullirme--, la competencia de la financiación de las universidades
está depositada en las comunidades autónomas. Por tanto, éstas son
quienes deciden qué parte de su presupuesto va transferido a
universidades y qué parte va a otros destinos o usos. En su momento, a la
Administración anterior le pareció bien y algunas administraciones
anteriores, como ocurrió con la Comunidad de Madrid, recibieron la
transferencia de la universidad. En cualquier caso, es una cuestión sobre
la que todos tenemos que reflexionar, en especial las comunidades
autónomas que son las que, en legítimo uso de sus competencias, deciden
en qué van a gastar el dinero a través de sus presupuestos. Pero en el
tema de la financiación de las universidades se ha criticado si las tasas
son altas o sin son bajas. Hay quienes piensan que las tasas son altas y
quienes piensan que son bajas. En realidad, la horquilla de las tasas,
como saben SS. SS., la fija el Consejo de Universidades. Este año está
entre el 2,5 y el 5 por ciento y cada comunidad autónoma, que representa
al pueblo soberano de su territorio, decide en esa horquilla, en esos dos
extremos, cuánto suben las tasas.
Quisiera añadir que el problema de la financiación tiene relación con un
problema muy técnico que es el problema de la asignación de recursos.
Señorías, una inversión en capital humano, como ha dicho alguna de SS.
SS. en términos modernos, es una inversión. Por tanto, hay un inversor,
que es el estudiante y su familia, que recupera buena parte del
beneficio de esa inversión. Además, tiene un componente de bien de
consumo, lo dije el otro día y lo repito, y perdónenme que me repita,
porque naturalmente no estaban ustedes en la comparecencia del Senado.
¿En qué sentido tiene un componente de bien de consumo? Aquellos de
ustedes que se han sentado en los duros bancos de las universidades como
estudiantes se dan cuenta que hay un colectivo de compañeros que tiene un
componente de bien de consumo y de satisfacción derivado de que quizá
allí se entablan unas relaciones de más calidad, se puede encontrar el
compañero o la compañera de su vida, se pueden tener relaciones y
amistades que le garanticen empleo y está consumiendo un bien que no
consume en el testero un minero de Hunosa, porque no está en esa
situación dura de polvo, de silicosis. Por tanto, es un bien de consumo
del que se aprovecha el estudiante y cuyo placer --el consumo produce
placer, si no la gente no consumiría; placer dados los gustos de cada
cual-- lo captura el estudiante y su familia.
Finalmente, señorías --y ésta es la razón que tienen quienes creen que
debería aumentarse la financiación, y se debería aumentar, seguramente--,
es un bien que genera lo que los economistas llamamos economías externas,
tiene efectos sociales positivos. Es decir, una persona estudiada es más
educada, una persona estudiada vota mejor en el proceso democrático, una
persona estudiada tiene unos valores sociales que a toda la sociedad le
interesa que los tenga. Y, como le interesa que los tenga, también se le
pide a la sociedad, al contribuyente, que haga algún pequeño esfuerzo
fiscal para tener ese bien social que captura la universidad. Es verdad
que cuando salgo por la mañana y mi vecina me dice: ¡Buenos días, señor
González!, en vez de decirme: ¡Ahí sale el mal nacido del vecino!,
capturo siempre una parte de ese beneficio, pero no me puede decir mi
vecina que yo le pague toda la carrera, toda la inversión. Una parte de
la inversión la obtiene ella en la medida en que estudia porque espera
obtener mejor puesto de trabajo, mejores expectativas de empleo y mayores
rentas, como ocurre con cualquier otra inversión. Por tanto, la cuestión
a debate, con la que estoy muy de acuerdo, es qué parte de esa inversión
debe pagar la sociedad, qué parte debe pagar el inversor, qué parte debe
consumir él. Este es el debate, que excede de mi competencia. Pero tienen
ustedes ahora el informe Dearing, que está asumiendo la Administración
socialista, aunque fue proyectado antes, que ha entrado de lleno en ese
debate. Este es un debate abierto en el que no puedo tomar medidas porque
no puedo hacerlo sin entrar en un conflicto de competencias en ese tema,
ni yo ni el Ministerio como tal, pero ahí está el debate abierto, y me
complace que ustedes lo abran porque parece que estoy en un seminario
académico más que en un aerópago parlamentario.
Señorías, se han planteado más problemas que el de la financiación, pero
todavía debo decirles una pequeña cosa. Perdónenme que se lo diga como si
fueran alumnos porque no lo son; son señores muy competentes, muy
expertos en lo que hablan y, además, son ustedes como cardenales,
señorías, tienen una plena conciencia de su importancia social y han sido
elegidos por el pueblo. Miren ustedes, todo lo que se gasta en una cosa
significa dejar de gastarlo en alguna otra. Lo vengo repitiendo una y
otra vez, incluso en mi casa, a mi loca hija de 15 años, que siempre me
pide más y me dice: papá, no está de moda ser pobre. Y por más que le
digo que hay muchos países que pasan hambre, como no está de moda, quiere
unos zapatos más y, al final, le digo: mira, hija, dime qué quieres de
más y qué quieres de menos, porque algo de más, ley central de economía,
es siempre algo de menos. De modo que en el debate habrá que empezar a
plantearse: Muy bien, más dinero para la universidad y menos, ¿para
dónde? Para armas, me dirán algunos. Bien, vamos a ver la función de
defensa y los compromisos internacionales. Para dónde: ¿para leche de los
niños? ¿Para sanidad? ¿Para pensiones? ¿Para dónde? Tendremos que decir
entre todos qué quiere la sociedad de menos y qué de más, porque es un
esquema de prioridades. Todos querríamos más, como decía una vieja y
hortera canción de mi época quinceañera. Todos queremos más; el que tiene
un duro, quiere tener dos, el que tiene veinte, quiere los cuarenta, el
que tiene los cincuenta, quiere tener cien. Señorías, querer más siempre
es querer algo de menos. Eso es algo que, en esta ciencia diabólica de la
economía, los economistas lo tenemos insertado a fuego en nuestro
cerebro. Es un mecanismo de asignación de recursos.
El otro día quizá alguien se molestó porque le dije que no había nada
llamado una comida gratis. Un compañero de otro partido, pero viejo amigo
mío, con el que había tomado un café, me dijo: usted ha tomado el café
gratis porque le he invitado. Le contesté que se lo debía, y me dijo:
Bueno, pues una comida. ¿Ves cómo no hay nada gratis? El que no haya nada
gratis no quiere decir que no haya nada que no se pague con dinero. Hay
muchas cosas que no se pagan con dinero. Hay lo que los economistas
llamamos coste de oportunidad, hay alguna asignación o algún fin del que
se retira. Ustedes mismos están incurriendo en costes por estar aquí. Si
hubieran estado fuera y hubieran comprado un billete de lotería les
podría haber tocado la lotería de su vida, y ese coste con incertidumbre
y probabilidad no se conoce, pero es un coste; o el coste de no tener una
conversación con un genio, la mirada de un niño, un paseo por la playa.
Es un coste, no lo medimos en dinero, pero coste es. ¡Vive, Dios!
Señorías, no hay nada sin costes. De momento que financiar más la
Universidad significa retirarlo de alguna asignación, porque el mundo es
un pobre lugar que está gobernado por la escasez.
En segundo lugar, me han preguntado sobre el Plan de evaluación de la
calidad de las universidades, sobre el título V y sobre algunas otras
cuestiones. El Plan de evaluación de la calidad de las universidades se
aprobó sin consignación presupuestaria, se tuvo que financiar con un
crédito extraordinario aprobado en septiembre de 1996. Por primera vez
tienen reflejo presupuestario estos 150 millones a principios del
ejercicio de 1998, pero la primera convocatoria supuso un gasto de 184
millones. El gasto presupuestado es menor por el mecanismo mismo de
funcionamiento del programa, que en esta fase se ha previsto que requiere
menor gasto para la misma actividad, aunque cuando se inicia el proyecto
el gasto es un poco mayor que cuando el proyecto está en marcha; se han
evaluado algunos proyectos piloto, etcétera.
Se me han planteado también problemas de participación del gasto en
investigación y en educación en términos de PIB y he dicho de pasada, lo
más dulcemente que he podido, que las ratios que miden los niveles de
participación deben ser tomados con suma calidad. Hay dos problemas en el
uso de esta ratio, y perdónenme, señorías, que sea uno poco técnico. El
primer problema es la homogeneidad, por ejemplo, cuando se dice que el
ratio está desfasado es que he descubierto que algunas ratios citadas en
los medios comparan cuestiones no homogéneas, comparan gastos por unidad
de producto de unos países en unos años con gastos por unidad de producto
del nuestro en este año, y no son homogéneamente comparables. Otras veces
la homogeneidad desaparece o se pierde cuando comparamos gastos del país
con gastos de la OCDE. En la OCDE están también Estados Unidos y Canadá,
y ese elemento había que depurarlo, porque son países con estructuras muy
distintas, con riqueza nacional muy distinta, con productos nacionales
muy distintos y no son comparables, a efectos de comparaciones
homogéneas, con países con estructuras económicas homogéneas.
Ahora podemos decir que el gasto de fuentes privadas y públicas en
educación en España está en 1,9, igual que en el Reino Unido. Y es verdad
que en Francia y Alemania está en 1,1, etcétera. Tengo aquí una lista de
países, que pongo a disposición de SS. SS. si lo desean, de esos ratios
comparados de esta forma, separados los países de la Unión Europea de los
demás países de la OCDE, no sólo de Estados Unidos y Canadá, sino de
repúblicas como la Checa, Hungría, Noruega, Polonia, etcétera; de modo
que es una cuestión de homogeneidad. Pero hay una cuestión más delicada,
señorías, en el uso de esta ratio, se trata de lo que hay en las tripas
de la ratio. Parece como si hubiera una relación de causalidad, y esa
relación de causalidad hay que probarla. Si gastamos más por unidad de
producto quiere decir que, como es una inversión, el producto aumenta
porque hay una relación causal entre el gasto en educación y en
investigación y el aumento de la producción, ¿o es la relación causal al
revés, aumenta la producción y, por tanto, aumenta el gasto de educación?
Eso es un problema econométrico de identificación de esa relación causal.
Por ponerles un ejemplo más llano y pedestre, imagínense ustedes que
estamos gastando 1.000 millones de pesetas en gasto educativo que por
unidad de PIB da un 10 por ciento. Supónganse ustedes que se desencadena
una colección de huelgas generales que disminuye la producción: los
mismos 1.000 millones, que significa el mismo esfuerzo de gasto por vía
de producto, es la mitad. ¿Vamos a aconsejar a nuestros sindicatos que
para que aumente y mejore la ratio desencadenen las huelgas generales?
Más bien no. De modo que hay que ver qué ha pasado en la evolución de
ambas y cuál es el significado, deberíamos mirarlo con cuidado y ver qué
hay detrás de las cifras. Las cifras no cantan, hay que hacerlas cantar.
No hay que tener el fetichismo de las cifras, sino ver en qué teoría
hablan esas cifras, qué explican y qué potencia explicativa tienen.
Hay algunos problemas que se me han planteado --y después volveré al tema
de las universidades-- respecto a la incidencia territorial tanto del
gasto de universidades como del gasto de investigación. El señor
representante del Grupo Parlamentario Vasco me ha dicho que había un
asunto que se le pidió a Fernando Tejerina pero que no se incorporó a los
presupuestos. Yo no lo conocía. Don Fernando Tejerina es un caballero,
mantengo con él unas relaciones excelentes, es un santo varón, pero estos
papeles no me los transmitió y no he visto si existe rastro escrito. Si
existe rastro escrito, no lo conocíamos. Antes de llegar yo a la
Secretaría de Estado seguramente estaría por ahí y buscaré denodadamente
ese proyecto.
Más delicado es el tema de la presencia territorial del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en las distintas comunidades, entre ellas
en la comunidad vasca. En tiempos pasados no se habían creado.
Actualmente existen dos unidades asociadas con la Universidad del País
Vasco, en física y en psicoquímica, y el presidente y el vicepresidente
del Consejo visitaron en junio dicha universidad y se reunieron con el
rector, el director general de Investigación del Gobierno vasco e incluso
el consejero competente de dicho Gobierno vasco. El citado director
general, profesor Goñi, ha quedado en suministrar un proyecto a la
presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, basado
precisamente en las conversaciones mantenidas. Tiene razón S. S. en que
estas conversaciones han existido, pero el proyecto aún no se ha
recibido. El Consejo Superior está a la espera de recibir este proyecto y
será estudiado con la más delicada atención. Hasta el momento no he
encontrado ninguna disposición, por más que he buscado en los cajones de
la Secretaría de Estado, que dijera que la investigación, de momento, no
es competencia estatal. No digo que el día de mañana pueda cambiar pero,
en principio, sea o no exclusiva del Estado, no lo conozco, y sé que S.
S. no me ha planteado eso. Por tanto, los proyectos los reciben en
concurrencia competitiva, salvo en el caso de las reales academias, del
que hemos hablado ayer. Tendrá la contestación por escrito, pero no está
territorializada como tal, aunque las reales academias como la de la
lengua vasca y demás reciben un volumen de dinero importante.
Hay una pregunta respecto al personal del CSIC, sobre la convocatoria
prometida por mi antecesor de 1.500 plazas en diez años. Les he dicho
anteayer en la comparecencia parlamentaria que había la voluntad decidida
en el CSIC de ofertar 150 plazas de científicos este año, que por diez
años dan no 1.000, sino 1.500. Sin embargo, la repercusión de las plazas
en el presupuesto no aparece toda en este año y quizá no pueda porque,
dados los procesos de convocatoria y concurso de las mismas, como
comprenderán, su inclusión en presupuestos tendrá lugar en el ejercicio
1999, ya que las incorporaciones se harán a finales de 1998, pero en la
práctica la presencia de los que obtengan las plazas será en el año 1999.
De modo que creo que no hay ninguna incoherencia en lo que ha prometido
mi antecesor y la voluntad en la línea de continuidad de la Secretaría de
Estado en este punto.
Respecto al crecimiento presupuestario del CSIC, estamos relativamente
contentos. Como muy bien han señalado algunas de SS. SS., el promedio de
aumento ha sido de un 5,40 por ciento. El capítulo 1, de personal, ha
aumentado
el 2,9 y los capítulos 2 y 6, que son gastos corrientes y de inversión,
han aumentado un 17 por ciento. Es un aumento importante dentro de los
tiempos que corren de austeridad presupuestaria.
No hay ni ha habido ninguna iniciativa todavía de privatización de
centros públicos de investigación, que se me ha preguntado también. El
marco aceptado para la dotación de la Lofage es el de la proposición que
se aprobó por la Comisión Mixta Congreso-Senado, apoyada por todas las
fuerzas políticas, adoptar el Consejo como organismo autónomo, incluso
las especialidades propias de su naturaleza, a las exigencias de la
Lofage.
Permítame que pase a examinar algunas de las seis, si no recuerdo mal,
cuestiones que me ha presentado la representante del Grupo Socialista.
Antes que nada permítame que le diga, señoría, que la felicito por su
conocimiento detallado del sistema, así como también a la representante
del Grupo Popular. Parecen dos personas muy conocedoras del sistema.
Intento reforzar mis servicios de expertos en el sistema con la penuria
que tengo y con la escasa productividad que puedo pagar y me gustaría
contratarlas a ambas, pero me parece que no tengo recursos suficientes
para ello. (Risas.) Realmente las felicito.
Como una cuestión general me ha dicho usted también, ya que estamos en
intercambio de felicitaciones, que me felicita por la neutralidad en la
presentación del sistema desde la última década y en la adaptación de la
oferta a la presión de la demanda. Se lo agradezco, y no me duelen
prendas al decir que parte de la adaptación ha procedido de otras
administraciones anteriores pero, ya que se me ha pedido un análisis, la
ilustre representante de Izquierda Unida me ha pedido que sea analítico,
algo de análisis hay, porque entre las fuerzas que analíticamente
encontré responsables de ese crecimiento está la demografía, la fuerte
presión de la demografía. Es verdad, señoría, que los gobiernos
anteriores estaban compuestos por personas jóvenes, atractivas y fuertes,
pero no son los padres de toda la muchachada que ha llegado a las aulas
universitarias; no los han concebido ellos. Eso se concibe en las
alcobas. Decía un economista amigo mío que los hombres se reproducen como
ratas en un granero; quiere decir que, cuando hay más grano, hay más
bichos. Esos son los modelos demográficos antiguos. Los modelos
demográficos modernos ya no son modelos de tipo malthusiano, son modelos
donde hay autocontrol de natalidad, porque los costes de mantenimiento de
un nuevo niño son altos y la población tiende a autocontrolarse. Pero en
los modelos demográficos antiguos, sí. Nosotros nos hemos hallado con un
cambio de modelo demográfico. Con quien yo aprendí demografía, por
cierto, un compañero de su partido, el profesor Leguina, que entonces era
profesor, y ambos trabajábamos para el plan de desarrollo, decía que el
cambio demográfico fue importante, porque la dentellada de la guerra
civil empezó a recuperarse en los 60. Esa población diezmada por la
guerra civil ejerció su presencia, no ellos sino sus hijos y nietos,
sobre el sistema educativo en los años 70 y 80. Ahora es cuando el modelo
demográfico se está transformando. Esta es una de las variables
responsables, determinantes, de ese crecimiento. Las otras variables son
la capacidad de la oferta en las universidades, en las comunidades
autónomas y todos los agentes comprometidos en ello. No hay que olvidarse
del papel del ciclo económico y del de la prosperidad. Hubo épocas de
prosperidad en el pasado y con más prosperidad siempre hay más recursos
para todo, incluido educación.
Voy a contestar, antes de detenerme en las cuestiones de I+D, a las
preguntas que me ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. Me ha
preguntado por la estructura básica de ese modelo ideal. Se han
traspasado las competencias a las autonomías en un proceso legítimo. Las
autonomías tienen las competencias que tienen y no podríamos inmiscuirnos
sin entrar en un conflicto gravísimo de competencias, en el que ni hemos
pensado ni pensaremos jamás. También es verdad que la estructura básica
del sistema educativo quizá requiera imaginación para encontrar fuentes
alternativas de financiación, quizá financiación privada, para que las
universidades busquen más recursos. Por ejemplo, anteayer me preguntaban
por qué subía la Menéndez Pelayo. Aparte de que la Universidad Menéndez
Pelayo ha tenido que hacer frente a una deuda anterior del alquiler del
Palacio de La Magdalena, el año pasado restringió sus recursos y tuvo que
buscarlos en el mercado. Y los buscó y los encontró. De modo que habría
que echar imaginación al cambio de ese modelo. Pero no es una cuestión
que tengamos encima de la mesa para resolver a corto plazo, al menos
antes de enero, cuando, según el presidente, pudiera suceder que se
disuelvan las Cámaras. En realidad, no tenemos tiempo suficiente ahora
mismo. No es el problema más urgente, pero comprendo que debe entrar en
el catálogo de problemas de ese gran debate nacional, del que en el
pasillo me hablaba alguna de SS. SS., que espero que se aborde. Yo soy un
entusiasta del debate, porque vengo de un lugar donde el debate es el
aire que respiramos y creo que de la discusión sale la luz.
En cuanto a las funciones del Consejo de Universidades que están
contempladas en la LRU, para cambiar el papel del Consejo, para
alterarlo, para dotarle de papeles distintos, debe ser propuesto por el
propio Consejo, pasar por el correspondiente trámite parlamentario en una
ley, que es orgánica, y contar con la mayoría parlamentaria suficiente.
Por eso, en este pacto de modernización, no sólo deben entrar el Consejo
de Universidades y las comunidades educativas y autonómicas; deben entrar
también las fuerzas políticas del pacto parlamentario, porque ofertar un
nuevo modelo de ley de modernización universitaria requiere la voluntad
política de los miembros correspondientes del Parlamento.
Me habló S. S. de nuevo del problema de la financiación de la
universidad. Aunque el papel del Consejo en la financiación es marcar las
horquillas de financiación en las tasas, deberíamos contar con fórmulas
de diálogo en íntima conexión con las comunidades educativas, con las
comunidades académicas y con las comunidades autonómicas. Estoy de
acuerdo en que es necesario encontrar un equilibrio del peso que tienen
en el seno del Consejo tanto la comunidad académica como la comunidad de
coordinación y planificación. Una tiene la responsabilidad científica, la
alta responsabilidad intelectual de velar por la calidad
de las universidades; la otra, tiene la responsabilidad de financiar y
pagar, de utilizar recursos para las propias universidades. Ese
equilibrio es necesario y en esa búsqueda de modernización concordada
estamos comprometidos. El primer paso es el grupo de trabajo y los
resultados que salgan de él se ofertarán al órgano natural que es la Mesa
del Consejo y al Consejo de Universidades. En pasos futuros tendrá que ir
buscándose el equilibrio entre el papel de ambos elementos que componen
el Consejo de Universidades, incluidos los elementos nombrados por
Congreso y Senado y por el Gobierno.
Respondo a la pregunta de si no ha sido marginado el Consejo de
Universidades en el grupo de trabajo. El grupo de trabajo es eso, un
grupo de trabajo que ayudará al Consejo de Universidades a adoptar el
verdadero debate. Tendrá que evacuar su informe, no sólo al Ministerio,
sino al propio Consejo de Universidades, y transmite al Consejo los
resultados de sus deliberaciones y de sus estudios. Es un grupo de
trabajo de ayuda a las labores decisivas que tiene el propio Consejo de
Universidades y la Mesa del Consejo.
Finalmente, vamos a algunos problemas de más calado, problemas del título
V, problemas de planes de estudio, etcétera. Del problema del título V,
relativo a los asociados, han hablado esta mañana los diversos
representantes de los grupos parlamentarios. Efectivamente, hay 25.000
asociados, con un peso fuerte de los asociados a tiempo parcial, y un
pequeño peso de los asociados a tiempo completo. Reconocerán SS. SS. que
asociado a tiempo completo es un sentido no muy concorde, sin que yo
tenga nada de menoscabo de su papel y de su labor, con la concepción de
asociado, que es un gran profesional que oferta unas horas de enseñanza
de su profesión a la universidad, y sigue con su profesión. Si es a
tiempo completo, si abandona su profesión y se dedica sólo a la
universidad, quizá podría tener alguna contradicción con esa concepción
ideal. Pero lo que ustedes me preguntan no es el problema de definiciones
académicas, sino cómo se resuelve su problema de estabilidad en el
empleo. Ese problema será objeto de estudio, no sólo en el grupo de
trabajo sino en las propias universidades. Y ahí sí que hay una pequeña
diferencia entre mi antecesor y yo. No soy yo proclive sin más, sin
pruebas públicas, objetivas, sin utilizar las vías para llegar a la
excelencia de la funcionalización que tienen los demás, a dar estabilidad
en el empleo per se, porque están allí, Porque entonces ¿por qué no
dársela al picador de Hunosa, al tornero de Standard, o al mandrilador de
la empresa de Manufacturas Metálicas Madrileñas? Se puede trabajar sobre
una vía contractual donde tenga el empleo que tiene el trabajador normal,
el empleo de un contrato, que puede ser todo lo estable que se quiera,
renovable, etcétera, que puede ser de una u otra naturaleza, pero la
excelencia de la funcionalización del profesor debe ser el resultado de
una trayectoria probada, que no digo que no la tenga, pero probada en
pruebas públicas y objetivas. Para eso están abiertas las vías de
pronunciación, que se tratarán de mejorar también. Así está la cuestión.
El tema de los planes de estudio, de los que también se me ha preguntado,
no niego que no sea positivo, pero recuerden que los planes de estudios
los hacen las universidades con sus propias directrices. La Secretaría de
Estado simplemente establece las reglas de juego en las llamadas
directrices generales comunes. Esas directrices están contempladas en el
Decreto 1897/1987, y no las puede cambiar sólo la Secretaría de Estado
del Ministerio. Esas directrices, si leen con detenimiento la exposición
de motivos, sólo pueden ser cambiadas a propuesta del Consejo de
Universidades. Si no, sería ilegal el decreto. De modo que hay que
excitar al propio Consejo para que proponga un cambio de directrices
generales que afecte a los planes de estudio. La idea que existe en mi
mente, salvo que se piense otra cosa, es que se debería tratar de
disminuir el número de asignaturas. ¿Se podría disminuir la definición de
créditos? Se podría. Podemos ir a un crédito chicle, a un crédito de
goma, pero quizá por mi mentalidad profesional, no tiendo yo a cambiar la
definición de las unidades para resolver un problema. Por ejemplo,
podemos decir: esta mesa es muy grande, si hacemos metros más grandes
será más pequeña? Un metro es un metro, es la distancia que media entre
dos muescas hechas en un trozo de platino iridiado que se conserva en
París, en la Casa de Pesos y Medidas. Ahora bien, ¿quiere usted
cambiarlo? ¿Pero qué ganamos con cambiar la definición de metro? Lo mejor
es no hablar de definiciones ni de palabras. Un filósofo, viejo amigo mío
que se ha muerto, Karl Popper, decía que hablar de semántica es
normalmente estéril. El uso común de las palabras debe ser utilizado y
manejado por su eficacia. De modo que si trabajamos con un sistema CGS,
centímetros/gramos/segundos, mantenemos las unidades, y si no nos gusta
lo que mide la mesa, llamamos a un carpintero para que la corte, pero no
cortamos el metro. Esa es una reflexión puramente teórica --no tengo
instrucciones políticas en ese sentido-- que me viene como viejo
estudioso de una carrera técnica, luego pasé a economía, y uno de los
problemas que tenemos en economía es precisamente el de definir una
unidad invariante de valor. No tenemos una unidad invariante, lo hacemos
con números índices, y es uno de los problemas con los que lucharon Marx,
Ricardo, y no quiero hacer aquí una clase de economía, porque me dirán
ustedes que me escabullo. De todas formas, tampoco se la cobro. (Risas.)
Realmente, me dirán que me escabullo y no quiero escabullirme. Es un
problema encontrar una unidad invariante en economía, y si encima cuando
la tenemos la andamos variando... El estudiante no sabe qué es un
crédito, el estudiante sabe que se tiene que examinar de no sé cuántas
asignaturas y que está por la noche con cafés para sacarlas. Si
pudiéramos --si no hay otro remedio, Dios proveerá, Dios y los pactantes,
sobre todo, los dioses, digamos, y los pactantes, para no herir
sensibilidades-- realmente disminuir el número de asignaturas
disminuyendo el número de créditos, quizás troncalizando algunas
asignaturas, dando más seriedad a las troncales, o anualizando, quizá
pudiéramos aliviar esa presión que nuestros estudiantes tienen, con
riesgo de acabar en tratamiento psiquiátrico por esa gran carga de
asignaturas con las que les han castigado las consecuencias inesperadas
de las cosas, por decirlo de alguna manera.
Voy a referirme ya al tema de I+D, sobre el que me han hecho unas cuantas
preguntas. Vuelvo a insistir, señorías,
la función 54 recoge en todo el presupuesto lo que gasta el sector
público en I+D, y esto ha evolucionado --yo tengo las cifras desde 1990 y
están a disposición de SS. SS., si las desean-- desde unas cifras de
208.000 en 1990, 209.000 en 1991, 201.000 en 1992, 182.000 en 1993,
186.000 en 1994, 207.000 en 1995, 191.000 en 1996 y ha subido a 235.488
millones en 1997; en 1998, si tienen el tedioso cuidado de sumarlo, verán
que están presupuestados aproximadamente 310.000 millones. Esta es la
evolución de la función 54, el gasto del sector público, pero luego,
perdónenme que les matice, la evolución del gasto I+D, que incluye ya no
sólo gasto del sector público, está mucho más alta; estaba en 548.000 en
1994, 590.000 en 1995, y una proyección de 616.451 millones en 1996.
Se me ha preguntado por la evolución del gasto empresarial en I+D. Se me
ha dicho que el gasto empresarial ha bajado mucho, y es verdad, pero está
repuntando, señorías, y es un motivo de esperanza. Ha bajado desde el año
1990, en los años 1988, 1989 y 1990 estaba en un 57,8 aproximadamente,
pero ha bajado en 1991 al 56, en 1992 al 50,5, en 1993 al 47, en 1994 al
46, en 1995 al 48, está subiendo un poquito y en 1996 tenemos una
previsión del 48,3, y las previsiones están sometidas a incertidumbres y
a coeficientes de probabilidad; por tanto, están en márgenes de
probabilidad. Si mi vida político-administrativa dura unos meses, no me
digan dentro de dos meses que no ha sido lo que he dicho, porque es una
previsión sometida a márgenes de probabilidad y está sometido a que el
futuro no es fácil de predecir, predecir es siempre difícil, pero el
futuro sobre todo.
Se me ha dicho también que el Consejo General de la Ciencia y la
Tecnología se ha reunido clandestinamente. No sé si S. S. habrá estado en
la clandestinidad, yo creo que sí, yo también, en la época de la
oprobiosa, pero no es una reunión clandestina. Es cierto que formalmente
--porque tomábamos ciertas medidas, y me imagino que se acordará, cuado
uno se reunía con la clandestinidad era peligroso, podría llegar la
policía y era desagradable-- no se reúne, porque está a falta de
nombramiento por parte de la Administración de algunos de sus miembros,
pero sí se está reuniendo un grupo de trabajo informal del Consejo con
representantes de todas las comunidades autónomas y de la Secretaría
General del Plan Nacional, con periodicidad casi mensual. De modo que la
actividad del Consejo de Ciencia y Tecnología forma parte de las tareas
de coordinación científica y tecnológica previstas en la Ley de la
Ciencia. Se está abordando una mejora de esa coordinación dentro de la
reforma de la Cityt, que pronto estará lista por iniciativa del
presidente del Gobierno.
Han hablado ustedes de los conflictos Industria-Educación en problemas de
coordinación. Conflicto es una palabra muy fuerte. Quizá se discuten
mecanismos distintos de coordinación. Nadie discute la necesidad de
coordinación, tanto que para conseguirla el propio presidente del
Gobierno se ha puesto a la cabeza de la Comisión interministerial de
ciencia y tecnología y puede haber en algún momento visiones de
mecanismos de coordinación más o menos eficientes, normal en cualquier
Administración en el pasado, en el presente y creo que en el futuro.
Eso es todo lo que he de decirles. No creo que me haya quedado ningún
grupo de preguntas sin contestar. Quiero agradecerles su amabilidad de
escucharme y me tienen, como siempre, a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González González.
Damos por concluida la sesión. Ruego a los portavoces y miembros de la
Mesa que permanezcan un minuto o minuto y medio en la sala para que
confeccionemos el orden del día del próximo día 21.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.