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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 280, de 24/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 280
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNANDEZ
DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 24
celebrada el miércoles, 24 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Ratificar las Ponencias designadas para informar las siguientes
iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento. (Número de expediente 121/000070) (Página 8058)
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional
de Fomento. (Número de expediente 121/000071) (Página 8058)
Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, las
siguientes iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento. (Número de expediente 121/000070) (Página 8058)
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional
de Fomento. (Número de expediente 121/000071) (Página 8058)
Comparecencia del señor Subsecretario de Economía y Hacienda (Díez
Moreno), para informar sobre la privatización de Telefónica
Internacional, S. A. (TISA). A petición propia. (Número de expediente
212/000772) (Página 8059)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
RATIFICAR LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL FONDO FIDUCIARIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO. (Número de expediente 121/000070.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda con el siguiente orden del día:
Ratificación de las siguientes ponencias.
Primero. Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del
Reino de España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación
Internacional de Fomento.
¿Se ratifica la Ponencia? (Asentimiento.)
Se ratifica.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL UNDECIMO AUMENTO DE RECURSOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO. (Número de expediente 121/000071.)
El señor PRESIDENTE: Segundo. Proyecto de ley por la que se autoriza la
participación del Reino de España en el undécimo aumento de recursos de
la Asociación Internacional de Fomento.
¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)
Se ratifica.
DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, LAS
SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL FONDO FIDUCIARIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO. (Número de expediente 121/000070.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, a dictaminar, de acuerdo
con el informe emitido por la ponencia, los proyectos de ley
anteriormente señalados. He de señalar que ninguno de los proyectos de
ley ha sido objeto de enmiendas por parte de ningún grupo parlamentario.
Por consiguiente, pasamos a dictaminar el proyecto de ley por la que se
autoriza la participación del Reino de España en el Fondo Fiduciario
Provisional de la Asociación Internacional de Fomento.
¿Algún grupo quiere fijar su posición? (Pausa.)
Pasamos directamente a la votación del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL UNDECIMO AUMENTO DE RECURSOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO. (Número de expediente 121/000071.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al debate y posterior
votación, en su caso del proyecto de ley por la que se autoriza la
participación del Reino de España en el undécimo aumento de recursos de
la Asociación Internacional de Fomento.
¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición al respecto? (Pausa.)
Pasamos, por consiguiente, a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DIEZ
MORENO) PARA INFORMAR SOBRE LA PRIVATIZACION DE TELEFONICA INTERNACIONAL,
S. A. (TISA). A PETICION PROPIA. (Número de expediente 212/000772.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del
orden del día consistente en la comparecencia del señor Subsecretario de
Economía y Hacienda para informar sobre la privatización de Telefónica
Internacional, S. A. (TISA).
Tras darle la bienvenida y los buenos días al señor Subsecretario del
Ministerio de Economía, Comercio y Hacienda, don Fernando Díez Moreno,
pasamos a la celebración de esta comparecencia que, como es normal, se
desarrollará, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, siendo así que
es a petición del Gobierno, con la intervención previa del señor
subsecretario y posteriormente un turno de fijación de posiciones,
aclaraciones y preguntas por parte de los diferentes grupos
parlamentarios, comenzando por el Grupo Socialista, yendo de más a menos,
para concluir con la intervención del portavoz del Grupo Popular. Después
contestará el señor subsecretario y, en su caso, abriríamos un segundo
turno de intervenciones por parte de los diferentes grupos
parlamentarios, para concluir con la intervención última del señor
subsecretario para aclaraciones y contestación a las preguntas que se
hubieran formulado.
Sin más, señor subsecretario, tiene usted la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Buenos días,
señoras y señores diputados.
Efectivamente, como acaba de manifestar el señor presidente, comparezco,
a petición del Gobierno, para informar a la Comisión de Economía sobre el
proceso de privatización de Telefónica Internacional, S. A., a la que en
adelante me referiré como TISA. Reitero que el motivo de esta
comparecencia, a petición del Gobierno, es informar al Parlamento sobre
esta operación concreta de privatizaciones. En otras ocasiones el
vicepresidente segundo, señor Rato, y el ministro de Industria y Energía
han tenido muy variadas y reiteradas intervenciones parlamentarias, de
muy diverso signo, en las que se ha debatido con carácter más general lo
que es una opción ideológica, que es la de privatización como opción
contraria a la de nacionalización. Por tanto, el Parlamento, el Congreso
de los Diputados y el Senado, ha tenido oportunidad de debatir con los
máximos responsables a nivel gubernamental sobre esta política de
privatizaciones, y en este momento mi misión consiste en informar
respecto a una operación concreta de este proceso.
Yo mismo he tenido la oportunidad, y también el honor, de comparecer ante
esta Comisión de Economía del Congreso el 7 de febrero de 1997, de este
año, para informar sobre el proceso de privatizaciones de la Compañía
Telefónica. Con ello parece instaurarse y consolidarse una práctica
parlamentaria consistente en que los subsecretarios de Economía y
Hacienda comparezcan para informar sobre operaciones concretas, práctica
parlamentaria que se inició en el anterior Gobierno, porque entonces mi
antecesor en el cargo compareció en el Parlamento para informar de las
privatizaciones que en la última etapa de dicho Gobierno se produjeron.
En esta comparecencia a la que me refiero, de 7 de febrero, tuve ocasión
de extenderme sobre lo que era el programa del Gobierno en materia de
privatizaciones, aprobado en junio de 1996; sobre las características del
proceso de privatizaciones, fundamentalmente las de transparencia,
objetividad y no discriminación por una parte y, por otra, las
características de control a la que estaban sometidas, control que con
carácter previo consultivo ejerce el Consejo creado a estos efectos y que
con carácter a posteriori ejerce la Intervención General de la
Administración del Estado, ejerce el Tribunal de Cuentas y esta propia
Cámara, a la que se remiten los expedientes completos de cada operación
de privatización.
Finalmente, manifestaba en esta comparecencia que no podía hablarse de un
calendario de privatizaciones, porque las decisiones estaban en función
de las exigencias y de la situación del mercado concreto de que se
tratara. Me remito en bloque a estas consideraciones generales que hice
el 7 de febrero, para concentrarme precisamente en lo que es el objeto de
la comparecencia de hoy como es, repito, la privatización de TISA
(Telefónica Internacional, Sociedad Anónima).
Si me permiten, querría estructurar mi intervención en torno a tres
grandes grupos de cuestiones. En primer lugar, quería que SS. SS.
tuviesen conocimiento de lo que es Telefónica Internacional como compañía
y lo que son las características específicas de la participación del
Estado en ella. En segundo lugar, querría exponerles las alternativas de
privatización que TISA comporta. No es una operación fácil. Prácticamente
cada operación de privatización tiene sus propias características, y
hemos manejado alternativas antes de decidirnos sobre una concreta. En
tercer lugar, querría hablarles del proceso de privatización, que a su
vez comporta, en primer lugar, la valoración de Telefónica Internacional;
en segundo lugar, el acuerdo llegado con la Sociedad Estatal de
Participaciones Patrimoniales, a la que en adelante me referiré como
Seppa, y, por último, el procedimiento seguido y el resultado del mismo,
el procedimiento y el resultado del concurso internacional convocado al
efecto.
Pues bien, Telefónica Internacional (TISA) se constituye en 1985. No es,
por tanto, una sociedad muy antigua, y su objeto social principal era la
toma de participaciones en sociedades tanto nacionales como
internacionales en el sector de las telecomunicaciones, pero con una
prioridad en el mercado hispanoamericano. Las actuaciones llevadas a cabo
por TISA desde su constitución han sido muy amplias y muy extensas en
este mercado. A título de ejemplo puedo decir que en este momento
Telefónica Internacional tiene participaciones o controla la gestión en
alguna o varias de las siguientes empresas: la Compañía de
Telecomunicaciones de Chile, Telefónica de Argentina, Telefónica de Perú,
la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela, la Compañía de Riogrande de Telecomunicaciones, de Brasil, la
Telefónica a larga distancia de Puerto Rico, la Compañía Celular de
Colombia, Multicanal de Argentina, Telefónica Romania, Publiguías de
Chile, Infonet de Estados Unidos y Contactel de Portugal, entre otras
inversiones menores.
La estructura financiera de Telefónica Internacional se caracteriza por
dos notas fundamentales: primera, su fuerte endeudamiento, es una
sociedad altamente endeudada como consecuencia de su permanente
expansión, y, segunda, por su falta de distribución de dividendos desde
su constitución. Ello condicionará de manera muy importante, como veremos
posteriormente, el proceso y el instrumento que hemos debido utilizar
para la privatización de Telefónica Internacional. Algunos números
completarán en SS. SS. la visión y la importancia económica de esta
empresa. En 1994, el total de ingresos del grupo como tal eran 250.000
millones, que se elevaron en 1995 a 304.000 (hablo siempre de cifras
aproximadas), y en 1996 a 360.000, pero el beneficio neto de la matriz
fue de 25.000 millones aproximadamente en 1994, de 29.000 en 1995 y de
31.000 en 1996. La cifra de balance de situación es la siguiente: el
total de activos que tenía en 1994 la compañía era de un billón 5.000
millones, en 1995 era de un billón 96.000 millones y en 1996 de un billón
400.000 millones, siempre aproximadamente. Los fondos propios, es decir,
el capital más reservas, en 1994 eran 224.000 millones; en 1995, 243.000,
y en 1996, 292.000. Pero el endeudamiento no comercial de la compañía, es
decir, el endeudamiento a corto y largo plazo era de 450.000 millones en
1994, 509.000 en 1995 y 709.000 en 1996. Por tanto, es efectivamente una
compañía con un gran endeudamiento y que además no tiene política de
reparto de dividendos.
Las características más importantes de la participación del Estado en
esta compañía son las siguientes. En su origen, cuando se constituye
TISA, el capital es cien por cien Telefónica; por tanto, el Estado no
participó en el capital en el momento de constituirse la sociedad, aunque
tenía ciertamente la participación indirecta que se derivaba de la
participación que el Estado tenía en Telefónica matriz. Es en la Junta
General celebrada el 12 de noviembre de 1990 cuando se acuerda por TISA
una ampliación de capital y fallan los socios privados previstos para
acudir a la misma. Entonces, la Dirección General de Patrimonio del
Estado suscribe 1.900.000 acciones de esta compañía, por un importe de
19.000 millones de pesetas, que equivale al 23,78 por ciento del capital,
porcentaje que se ha mantenido desde ese momento; estoy hablando de 1990.
Posteriormente, en 1992 se produce una emisión de obligaciones,
convertibles en acciones, que suscribe también la Dirección General de
Patrimonio del Estado, por un importe de 9.300 millones de pesetas, y en
1994 estas obligaciones se convierten en acciones, de manera que la
participación total en este momento de Patrimonio del Estado en
Telefónica Internacional asciende a 2.830.000 acciones, que sigue
equivaliendo al 23 por ciento del capital social, con una aportación de
28.300 millones de pesetas.
Esta participación del Estado se diferencia de otras participaciones
accionariales del paquete patrimonial. En primer lugar, Telefónica
Internacional nunca ha sido una sociedad estatal; nunca la suma de la
participación directa y la indirecta ha superado el 50 por ciento y, por
tanto, nunca ha tenido la consideración de sociedad estatal. Ello supone
que las responsabilidades estratégicas y de gestión de Telefónica
Internacional han sido siempre asumidas por la Compañía Telefónica, tanto
en cuanto a la aportación de recursos técnicos como humanos. Patrimonio
del Estado ha sido en Telefónica Internacional un socio financiero; un
socio financiero que, incluso, en algunos momentos, perjudicaba a algún
tipo de operaciones de participación o de compra de sociedades,
especialmente en Hispanoamérica, que exigían que el adquirente no tuviese
ninguna participación pública. Es frecuente en los procesos de
participación que se exija a los posibles demandantes solicitadores que
estén absoluta y totalmente desvinculados de la propiedad pública. Pero
al mismo tiempo la posición de Patrimonio del Estado es una posición
accionarial atípica, porque no existe justificación financiera de los
riesgos por importe de 29.800 millones de pesetas, no existe
justificación financiera para asumir estos riesgos por este importe en la
Dirección General de Patrimonio del Estado, siendo así que el Estado era
un importante accionista en la compañía matriz, Telefónica de España.
En segundo lugar, esta participación minoritaria no comportaba derechos
especiales. No existían cláusulas de veto, no existían quórum reforzados,
de manera que Patrimonio del Estado estaba como un accionista minoritario
ordinario en Telefónica Internacional, sin gozar o disfrutar de algunos
privilegios que una participación significativa --estamos hablando del
23,78 por ciento-- otorga en otras condiciones, especialmente cuando es
el Estado.
Además, como he dicho anteriormente, Telefónica Internacional no ha
repartido dividendos. No ha tenido política de dividendos, lo cual, por
una parte, ha impedido al Estado ingresar lo que podrían ser estos
dividendos repartidos pero, por otra, va a dificultar enormemente el
proceso de privatización porque el elemento del dividendo es esencial,
tanto para analistas como para posibles inversores.
Telefónica Internacional tampoco cotiza en Bolsa, y ahí encontraremos
otro obstáculo al que después me referiré. En definitiva, el Estado con
su participación no podía controlar la gestión.
Dejo así resumido lo que es Telefónica Internacional como compañía y lo
que son las características que acompañan en este caso a la participación
del Estado. Planteo ahora el segundo grupo de cuestiones relacionadas con
las alternativas para la privatización de esta compañía.
Recuerdo a SS. SS. que Telefónica Internacional no cotiza en Bolsa, que
sus acciones son transmisibles, indudablemente no existe pacto de
sindicación pero no cotizan en Bolsa, que no da dividendos y por tanto no
hay política de dividendos en la compañía, y que la participación del
Estado sólo incorpora los derechos minoritarios ordinarios sin ningún
tipo de privilegio.
La primera alternativa a estudiar fue la posibilidad de que las acciones
de Telefónica fueran sacadas a cotización de Bolsa y posteriormente
plantear una oferta pública de venta, una OPV. Esta alternativa tenía la
dificultad inicial
de que un accionista minoritario, sin el consentimiento, el apoyo, la
ayuda del mayoritario, no puede sacar las acciones a Bolsa, es decir, una
compañía no saca parcialmente a Bolsa un paquete de acciones, saca la
totalidad del capital social. Por tanto, no era decisión exclusiva del
accionista minoritario, de la Dirección General de Patrimonio del Estado,
la salida de las acciones a Bolsa.
En segundo lugar, a diferencia de las opas, las OPV no admiten OPV
hostiles, es decir, o se cuenta con la ayuda, el consentimiento y la
aceptación del accionista mayoritario o, prácticamente, a un minoritario
le es enormemente difícil sacar una OPV.
Faltaba un elemento esencial para la OPV que es, como vengo reiterando,
el dividendo. Si no hay política de dividendo, ningún inversor que
estuviese dispuesto a acudir a esta OPV tendría el elemento esencial para
definir su inversión, y es saber la política de dividendos seguida hasta
el momento y, sobre todo, qué decisiones iban a tomar en el futuro la
compañía y el accionista mayoritario. Nadie está dispuesto a invertir más
de 100.000 millones de pesetas si no tiene claro cuál va a ser la
rentabilidad de esa inversión. En consecuencia, se carecía también de los
ratios usuales que los analistas utilizan al tratar de valorar la
conveniencia de aconsejar o no la asistencia y la concurrencia a una OPV.
Por otro lado, y desde el punto de vista técnico, al no cotizar las
acciones de Telefónica Internacional en Bolsa, no sería una oferta
pública de venta, sino lo que técnicamente se denomina una oferta pública
inicial, es decir, una IPO, que añade a su vez mayores dificultades por
el mayor coste del cumplimiento de los requisitos que exige la
legislación comparada en este tipo de operaciones pero que, en todo caso,
obligaría a la fijación de un precio inicial bajo para asegurar la
operación, de manera que este tipo inicial se vería incidido por un
descuento en su valor teórico, como consecuencia de estas dificultades
que acaba de de mencionar, y por un mayor descuento por ausencia de
rentabilidad conocida.
Todas estas circunstancias nos hicieron desistir de acudir a la oferta
pública de venta, que exigía previamente que las acciones de Tisa fueran
cotizadas en Bolsa, salieran a Bolsa.
La segunda alternativa era la venta a un inversor estratégico o
financiero. Para hablar con un inversor que estuviese dispuesto a
invertir más de 100.000 millones o en torno a 100.000 millones,
indudablemente era necesario poder negociar con él, si queríamos ir por
un procedimiento negociado, o arriesgarnos a una subasta con un tipo
bajo. Estas son las alternativas que presentaría una venta a un inversor
financiero estratégico. En estos procedimientos, en el mundo mercantil se
produce habitualmente un importante descuento por dos motivos: por la
falta de liquidez de la compañía, al no cotizar en Bolsa, y porque TISA
pertenece a un holding, y es a su vez un holding. En las valoraciones
veremos posteriormente cómo hay que pagar una especie de precio-peaje por
estos dos criterios.
Pero el problema de la subasta estaba en que para garantizar el éxito de
la operación habría que sacar un tipo bajo en cuanto al precio de
partida, con lo que corríamos el riesgo de la especulación. Si el precio
es bajo, un especulador que sólo busque una ganancia inmediata podía
acudir a la subasta. También corríamos el riesgo de que la subasta
quedase desierta, con lo que al riesgo de la especulación añadíamos el
riesgo de la depreciación. Si la subasta a tipo bajo queda desierta,
perdemos la autoridad para poder exigir posteriormente un precio mayor.
Por tanto, la subasta no satisfacía en absoluto nuestras exigencias y
nuestros proyectos. El segundo procedimiento, procedimiento negociado
como he dicho anteriormente, exigía poder negociar con el posible
comprador, pero esa negociación estaba en que a un mayor precio, mayor
exigencia tendría este comprador para los derechos del accionista
minoritario. Si, como he dicho antes, el accionista Estado es un
accionista minoritario sin ningún tipo de derechos, es lógico que un
inversor que pretendiera invertir más de 100.000 millones quisiera que
esa posición ordinaria se mejorase. Sin embargo, no estaba en manos de la
Dirección General de Patrimonio conceder esa mejora, porque todo lo que
supusiera mejora para el accionista minoritario iría en perjuicio del
accionista mayoritario, que debía ser precisamente el que concediese esas
ventajas. Por tanto, se daba lo que se llama la ecuación de indiferencia:
a mayores costes para Telefónica, mayor precio para el inversor futuro;
o, dicho de otra manera, si queríamos exigir al posible negociador un
mayor precio, sería a base de unas mayores concesiones por parte del
accionista mayoritario que no estaban en nuestra mano. El precio bajo
fomenta la especulación, el precio más alto exige la participación en la
gestión y ese punto no estaba en condiciones de ofrecerlo la Dirección
General de Patrimonio del Estado.
Estas eran, por tanto, las alternativas técnicamente planteables en la
privatización especial de esta compañía, en esta operación también
especial. Paso con ello al tercer grupo de consideraciones o de
comentarios en torno a cómo se ha realizado el proceso de privatización.
Es innegable que el comprador natural del 23 por ciento de Telefónica
Internacional era la compañía de Telefónica España. Por su posición
mayoritaria, por su interés y objetivos del desarrollo en Hispanoamérica,
por todas las dificultades que he venido exponiendo, sin duda alguna, el
comprador natural era Telefónica. Al Estado, ¿qué es lo que le interesa?
Le interesa el mayor precio posible por cuanto que el Estado no debe ni
puede tener un interés directo en la actividad de Telefónica,
especialmente cuando esta actividad es de expansión en los países
hispanoamericanos.
La adjudicación directa a Telefónica era posible, primero, porque el
acuerdo del Gobierno de reordenación del sector público empresarial, de
junio de 1996, admite que en determinados supuestos y condiciones sea
posible la adjudicación directa. Segundo, porque lo que podríamos
considerar como doctrina, en jurisprudencia del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, admite que en determinados supuestos sea posible la
adjudicación directa. Y, finalmente, porque también tenemos precedentes
en privatizaciones llevadas a cabo por el Gobierno anterior. Piénsese,
por ejemplo, que el 91 por ciento de Enagas fue adjudicado
directamente a Gas Natural. Por tanto, esto podía servirnos como
precedente.
No obstante todo lo anterior, existió un compromiso político de que
Telefónica Internacional, TISA, se privatizase a través de un concurso.
Ante este compromiso, pusimos en marcha la maquinaria de la Dirección
General de Patrimonio del Estado y de Seppa, a los efectos de organizar
y llevar adelante un concurso internacional, que fundamentalmente tendría
como misión constatar si el precio que manejábamos era susceptible de ser
rebasado y, en su caso, obtener un precio mayor de la celebración del
concurso. Para llevar a cabo este concurso, era preciso, en primer lugar,
contar con una valoración objetiva e independiente de la participación
del Estado en Telefónica Internacional. En segundo lugar, era preciso
llegar a acuerdos previos con Telefónica por las razones que
inmediatamente explicaré. Y, en tercer lugar, era preciso también diseñar
el procedimiento y las fases de realización del concurso.
Para realizar la valoración, el consejo de administración de Seppa, el 2
de agosto de 1996, convocó una selección de un valorador a base de
criterios, en el sentido de que fuesen los valoradores empresas de
auditoría, de consultoría o bancos de inversión, que tuviesen experiencia
en operaciones de valoración con conocimiento del sector de las
telecomunicaciones, experiencia en análisis financieros y presencia
internacional. Se preseleccionó a diez firmas y se establecieron los
baremos de clasificación, adjudicando porcentajes diferentes, según la
propuesta de colaboración, que incluía el plan de trabajo, el equipo, los
honorarios, el plazo, etcétera, el conocimiento del sector y la
experiencia. El 20 de septiembre de 1996 se adjudicó a Salomon Bro-thers,
quien ha realizado dos informes sobre la valoración de Telefónica
Internacional, la participación del Estado. El primero, el 7 de noviembre
de 1996. Utilizó el sistema denominado Bottom-up, que consiste en agregar
a la valoración del capital de las filiales, a través de diferentes
metodologías, la valoración de determinados contratos de gestión, por
métodos también distintos y metodologías habituales, y una prima de
estrategia o de control por la posición de las filiales y sus respectivos
mercados, prima que equivalía a una banda entre el 25 y el 30 por ciento.
De esta suma había que deducir, necesariamente, la deuda financiera neta
y los descuentos por liquidez y por holding a que antes me he referido.
Efectivamente, una empresa que no cotiza en Bolsa, que necesita la
cooperación del mayoritario para llevar a cabo su proceso de venta, que
tiene falta de liquidez de sus acciones y en la que el accionista
minoritario que pretende vender no tiene derechos especiales, tiene que
pagar una tasa llamada descuento de liquidez y, al mismo tiempo, un
descuento por compañía holding, que normalmente en sociedades del sector
de telecomunicaciones se suele establecer entre el 20 y el 30 por ciento.
Pero, habida cuenta de que Telefónica Internacional tenía concentrado en
el mercado hispanoamericano la mayor parte de sus inversiones y expansión
y que existían sinergias contratadas en la gestión, se redujo esta banda
al 15/20 por ciento. Sumadas las valoraciones a que hago referencia, y
restadas las minoraciones que he dejado constatadas, Salomon Brothers, en
su informe de 7 de noviembre, nos dio un valor bajo de 94.827 millones y
un valor alto de 116.546 millones. Pero el 31 de diciembre de 1996,
Salomon Brothers emite un nuevo informe una vez que, como consecuencia
del compromiso político, hemos decidido vender la participación del
Estado a través de un concurso internacional. Para hacer este nuevo
informe, Salomon Brothers utiliza todos los contratos de opción de compra
que tiene en este momento Telefónica Internacional, los acuerdos que
tiene suscritos con alguna de las compañías en las que participa en
relación con la gestión de estas compañías, los estados financieros
exhaustivamente de Telecomunicaciones y Sistemas, Contactel y Telefónica
Sistemas de Portugal, que se habían incorporado en el último momento, así
como se informa sobre los activos financieros de Telefónica de Perú
Holding, Cointel y otras compañías. El resultado de esta nueva valoración
no difiere mucho respecto del primero. Baja un poco el valor del tramo
inicial (24.227 millones) y sube un poco (menos de mil millones) el valor
alto, que queda en 117.352 millones. Por tanto, partimos de este valor
del segundo informe (94.227 el bajo y 117.352 el alto).
Una vez que tenemos el valor, tenemos que llegar a un acuerdo con
Telefónica Internacional. ¿Por qué? Porque corríamos muchos riesgos. El
primero de ellos era que el concurso quedase desierto. Si ocurre eso,
automáticamente se produje una bajada de la valoración realizada por
Salomon Brothers. No ha habido comprador para la valoración realizada por
Salomon Brothers, está claro que no vale lo que Salomon Brothers ha
valorado. Pero es que además teníamos que amarrar, permítaseme la
expresión, un precio. Teníamos que saber cuál era el precio que podíamos
obtener y cuál era el precio tipo de salida del concurso. Sin este
conocimiento, habría sido introducirnos en un camino cuya salida no
tendría más que perjuicios para la valoración de la participación del
Estado. En este sentido, se negoció y se firmó con la Compañía Telefónica
un convenio que incluía los tres elementos siguientes. En primer lugar,
Telefónica concedía a la Seppa una opción de venta de su participación
minoritaria por un precio equivalente a la media del fijado por Salomon
Brothers (la media exactamente son 105.789 millones de pesetas),
incrementado en un 20 por ciento y redondeado hasta el millardo. De ahí
sale el precio de 127.000 millones de pesetas que nos sirvió como precio
de salida, precio tipo del concurso.
En segundo lugar, la Seppa o la Dirección General de Patrimonio del
Estado --permítanme que utilice indistintamente ambas entidades-- concede
a Telefónica Internacional un derecho de tanteo para que, cualquiera que
sea el resultado del concurso, pueda siempre igualar la mejor oferta; en
ningún caso disminuir el precio tipo de 127.000 millones. Esto es
completamente habitual en las relaciones mercantiles. Más aún, en ninguno
de los contactos, a los que me referiré posteriormente, que hemos tenido
con los interesados en participar en el concurso, se ha puesto objeción
a que se hubiese concedido a Telefónica Internacional este derecho de
tanteo, que se encuentra no sólo en las relaciones mercantiles, sino en
las relaciones civiles más antiguas. Recuerden a estos efectos los
derechos de retracto de comuneros que permite al que forma parte de una
comunidad,
por ejemplo de una comunidad de casas por pisos, la posibilidad de
adquirir antes de vender a un tercero, o el retracto de colindantes que
va precedido de un derecho de tanteo también, para que el colindante
pueda ser prioritario a la hora de adquirir una propiedad que colinda con
la suya. Por tanto, el derecho de tanteo estaba plenamente justificado y,
sobre todo, venía a reforzar y a garantizar el objetivo principal,
repito, del concurso, que es obtener el mayor y mejor precio para el
Estado.
El tercer elemento esencial de este convenio era una cláusula de
plusvalía. Si en los quince meses subsiguientes a la venta, en el caso de
que el comprador fuese Telefónica, se producía por parte de Telefónica
una enajenación total o parcial de acciones de Telefónica Internacional
a un precio superior al resultante del concurso, Patrimonio del Estado o
la Seppa tenían derecho a ser compensados por esa diferencia; es decir,
si se producía plusvalía en la valoración de las acciones. Pero, por el
contrario, la Dirección General de Patrimonio del Estado o Seppa no
estarían obligados a compensar a Telefónica si la venta o enajenación de
las acciones se producía con minusvalía. Por tanto, obteníamos la mejor
posición y evitábamos la peor.
Tal vez por ser conscientes del interés que despertaba el proceso de
privatización de Telefónica Internacional, no nos conformamos con los dos
informes emitidos en noviembre y diciembre de 1996 por Salomon Brothers,
y una vez que, como consecuencia de las exigencias del propio proceso de
privatización, seleccionamos el asesor que nos va a ayudar en la
elaboración del proceso --y ahora me referiré a esta selección--, le
pedimos que emita una fairness opinion sobre la realidad o sobre la
elaboración del informe de valoración que ha realizado Salomon Brothers.
La sociedad seleccionada, que es Kleinwort Benson, nos emite un fairness
opinion diciendo los estados financieros auditados de las filiales de
TISA en los tres últimos ejercicios (es decir, todas las filiales de TISA
han sido auditadas en los tres últimos ejercicios), del análisis de los
contratos de gestión que en este momento tiene Telefónica Internacional,
de la información que tienen sobre las participaciones de las compañías
en otras empresas y de la comunicación que ya se ha remitido a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, consideran --concluyen-- que,
desde el punto de vista financiero, el precio mínimo de venta para el
concurso de 127.000 millones de pesetas es razonable en el procedimiento
iniciado por Seppa para vender el 23,78 por ciento de su participación en
TISA.
Con estos elementos estamos ya en disposición de abordar el concurso
internacional. Hemos analizado las alternativas que había para la
privatización de TISA. Hemos recordado el compromiso político de que esta
privatización se llevase a cabo a través de un concurso internacional, y
hemos validado el precio a través de dos informes por valoradora
independiente, y de una fairness opinion por nuestro propio asesor. La
selección de este asesor financiero se produce por la convocatoria del
consejo de administración de Seppa, realizada el 14 de marzo de 1997.
Aquí también, como es habitual para la selección de un asesor financiero
de estas características, se exigen criterios de experiencia,
conocimientos del sector y, sobre todo, capacidad de interlocución
internacional. Era fundamental que el asesor financiero tuviese esta
capacidad, porque precisamente el posible licitador o concursante
pensábamos que podría o debía ser una entidad de carácter internacional.
Se establecen los correspondientes baremos y se excluye de la
preselección a Salomon Brothers, precisamente por haber actuado como
valorador, y en la fase de la selección se excluye a Nastwest Market, por
entender que tenía escasa capacidad de interlocución, y se excluye
también a Santander Investiment, por entender que tiene conflicto de
intereses al ser una entidad que forma parte del núcleo estable de la
compañía matriz, la Compañía Telefónica. En consecuencia, realizado el
concurso, el consejo de administración de Seppa, en la reunión del 21 de
abril de este año, lo adjudica a Kleinwort Benson, que es la entidad que
ha asesorado todo el proceso y que ha emitido la fairness opinion a que
acabo de hacer referencia. Por tanto, la primera fase del proceso es la
selección del asesor financiero.
En segundo lugar, había que elaborar las bases del concurso, y a estos
efectos las bases son aprobadas por el consejo de administración de Seppa
el 11 de julio, y en ellas se incluye el tipo de salida, los tan
repetidos 127.000 millones, el procedimiento para el concurso, que
incluirá, sumaria y sintéticamente, las siguientes fases: del 7 de julio
al 8 de agosto se podrán realizar peticiones de información previa. A
partir del propio 7 de julio se puede solicitar la petición de participar
en el concurso y examinar el cuaderno de ventas, pero con limitaciones,
habida cuenta de la importante información, en algunos casos
confidencial, que tiene que aportar la compañía en un proceso de esta
naturaleza. Por ello, se establecen limitaciones para que únicamente
puedan participar las entidades financieras que tengan activos por más de
30.000 millones de dólares, las entidades no financieras que tengan
fondos por más de 900 millones de dólares, las sociedades gestoras de
carteras o las inversoras institucionales también con activos de más de
30.000 millones; en todo caso, para comprar el cuaderno de venta ha de
pagarse el precio de dos millones y medio de pesetas. Recuérdese que el
cuaderno de venta de Banesto costaba 200 millones de pesetas. Aunque no
son comparables, nos parecía un precio adecuado y habitual en este tipo
de operaciones.
El 19 de agosto era la fecha tope para la presentación de las ofertas que
debían acomodarse a un modelo que se contenía en el pliego de bases y que
debía ir acompañado de un aval del 4 por ciento del precio. En la
hipótesis de que hubiesen concurrido diversas entidades, se les habría
clasificado, como es lógico, por la cuantía que ofrecían, en cuyo caso
habría tenido que ofrecer el primer clasificado un aval adicional del 16
por ciento, para llegar al 20 por ciento del precio, y en los siete días
hábiles siguientes al 19 de agosto se habría dado oportunidad a
Telefónica de ejercer su derecho de tanteo. Si no se ejercía este derecho
de tanteo, la primera compañía clasificada debería aportar un aval por el
cien por cien del precio.
¿Cómo se ha desarrollado el concurso y a qué resultados ha abocado? A
través del asesor financiero la Sociedad Estatal de Participaciones
Patrimoniales y Accionariales
publicó anuncios el 7 de julio en The Financial Times, en el World Street
Journal, y en tres periódicos económicos españoles, Expansión, Cinco Días
y Gaceta de los Negocios. Se ha contactado con 66 sociedades de cartera
y fondos, 26 operadoras de telecomunicaciones, seis sociedades
financieras españolas y 7 entidades no financieras también españolas. En
total, 105 contactos. Cuando hablo de contactos no me refiero a un mero
contacto telefónico o verbal. En el expediente del concurso del proceso
de privatización constan una por una las características del contacto, la
empresa contactada, la persona concreta de la empresa, con su
identificación, teléfonos, etcétera, el resultado del contacto y las
razones en su caso esgrimidas para uno y otro sentido. Por tanto, en el
momento en que esta Cámara pueda examinar el expediente completo, se
encontrarán el informe del asesor financiero donde se da cuenta precisa
y extensa de cada uno de estos 106 contactos.
Diecinueve entidades mostraron interés por participar en el concurso,
aunque al final se decidieron por no participar en él. ¿Por qué razones?
Globalmente las podemos agrupar en las siguientes: la mayor parte de
ellas consideraban que el precio fijado como tipo de salida era superior
a su propia valoración, con lo cual tenemos una cuarta validación del
precio a que estamos vendiendo la participación de Estado, dos informes
de Salomon Brothers, una fairness opinion de Kleinwort Benson y la propia
opinión de las entidades que participan o que tienen interés en
participar en el concurso. Téngase en cuenta que 127.000 millones es
superior al valor de sociedades españolas como Metrovacesa, Cortefiel, o
Aseguradora Catalana de Occidente, por poner sólo unos ejemplos.
En segundo lugar, nadie desconocía que Telefónica, la matriz, tenía una
importante alianza estratégica con British Telecom y con MCI. Por tanto,
introducirse pagando ese importante precio en una alianza de estas
características no alentaba al posible inversor.
En tercer lugar, desanimaba la falta de liquidez de la inversión. He
reiterado anteriormente que una de las características de esta
participación es su falta de liquidez. También he dicho que faltaba una
política de dividendos y, por tanto, el inversor de esta cifra no sabría
qué rentabilidad podría obtener de su inversión.
Y, finalmente, otra de las razones alegadas para la no participación han
sido las propias incertidumbres de un socio minoritario, que solamente
tiene los derechos ordinarios de sociedad, que no puede participar en la
gestión y que no puede imponerse a una mayoría tan aplastante como la que
tiene la sociedad matriz.
Por tanto, el concurso es declarado desierto el 19 de agosto de 1997. El
consejo de administración de Seppa, en su reunión del 5 de septiembre,
acuerda ejercitar la opción de venta que le había concedido Telefónica,
y acuerda asimismo remitir al Consejo Consultivo de Privatizaciones el
expediente para su preceptivo informe.
Me queda, por último, explicar a SS. SS. cómo va a pagar el precio
Telefónica. Está previsto en el acuerdo firmado con Telefónica que, en el
supuesto de que fuese la adjudicataria, como consecuencia del ejercicio
de la opción de venta por parte de Seppa, el precio se pagaría en un
plazo máximo de quince meses, con un interés del Mibor más el 0,25. Si
Telefónica decide acogerse a los quince meses, deberá hacer un primer
pago para ejercitar la opción por importe de 21.116 millones de pesetas.
Si no anticipa pagos, deberá hacer cinco pagos trimestrales por importe
cada uno de 22.000 millones de pesetas como media, que es el principal
más los intereses. De manera que, al final del proceso, habrá pagado
131.300 millones de pesetas, principal más intereses, repito, Mibor más
0,25. El coste del concurso ha sido el 0,17 por ciento del precio,
equivalente a 213 millones de pesetas.
Creo, señorías, y termino, haber explicado con toda profundidad el rigor
con que se ha llevado a cabo el proceso de privatización de la
participación estatal de Telefónica Internacional. De lo que ya no estoy
tan seguro es de si he convencido a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor subsecretario, por estar presente
en la Comisión.
No voy a afearle a usted nada porque, a fin de cuentas, es usted el que
nos ha explicado todo el proceso relativo a la venta de TISA a
Telefónica, pero sí quiero decirle, antes de referirme en concreto a la
cuestión que esta mañana nos ocupa, que si pudiera romper la lógica --a
veces es difícil-- para ser extremadamente amable con usted y
rigurosamente crítico con el señor ministro, rompería esa lógica. Usted
ha tenido la cortesía con esta Comisión de venir a explicarnos este
proceso de privatización y el señor ministro, entre tanto, tiene
solicitadas, si los comisionados consultan ese papel en el que figuran
todas las iniciativas pendientes en esta Cámara, siete comparecencias que
ha incumplido. De manera que, si usted tiene ocasión, señor
subsecretario, le dice al señor ministro que en esta Comisión por el
Grupo Parlamentario Socialista es considerado un prófugo político; no hay
manera de echarle el guante al señor ministro, que considera que tiene
cosas más importantes que hacer extramuros del Congreso de los Diputados
que comparecer aquí para explicarnos esta cuestión. Eso, insisto una vez
más, señor subsecretario, lo hago compatible con nuestro extremado y
máximo agradecimiento a su comparecencia esta mañana. No quisiera que
usted pagara los platos rotos que sólo corresponde pagar al señor
ministro.
Hay una cuestión al inicio en la que estoy de acuerdo con usted,
totalmente de acuerdo. Esta se trata, una vez más, de una opción
ideológica. Se lo digo y lo tengo que resaltar porque ayer tuve una
discusión de esta naturaleza, en relación con otro tipo de empresas del
sector público empresarial, con el señor ministro de Industria, en la que
el señor ministro no aceptaba de muy buen grado este argumento de la
opción ideológica. Es más fácil así, decir las cosas con la claridad con
la que usted las dijo no llama a engaño a nadie. Lo digo porque hay otros
miembros del Gobierno que utilizan el argumento científico-empresarial de
que la gestión es mejor en el caso privado que en el público, en
cualquier circunstancia, en cualquier situación,
en cualquier país, etcétera. Me ha parecido muy bien, señor Díez Moreno,
que usted haya ido al grano y, además, haya manifestado una opinión tan
contundente y con la que yo coincido totalmente. Esta es una cuestión que
se basa en una opción ideológica y punto final, no hay más que discutir;
hay un Gobierno que tiene una mayoría, que cree en esa opción ideológica;
muy bien. En eso, insisto una vez más, señor Díez Moreno, yo voy a estar
de acuerdo con usted.
Ha dicho después que venían subsecretarios a explicar estas cuestiones,
supongo que para defender al señor ministro. Pero el problema del señor
ministro no es que no venga a explicar privatizaciones de empresas, es
que no viene a nada. Se le llamó para que nos explicara la decisión
tomada en torno a los 200.000 millones y no ha venido a esta Cámara; se
le llama para que explique el proceso de liberalización de la economía
española y no viene a esta Cámara. De manera que no se trata de que
nosotros hayamos iniciado un sendero que conduce a que los subsecretarios
de Economía, de Industria, etcétera, expliquen en esta Cámara
privatizaciones de empresas; ayer, por cierto, el ministro de Industria
compareció para explicar privatizaciones de empresas del sector público
empresarial, de la SEPI no de la Seppa, y no pasó nada.
Usted ha vuelto a reiterar los argumentos de los principios de
transparencia, publicidad y concurrencia y aquí, en boca de ustedes,
opera ese refrán tan castellano y que tan expresivo es en lo que
significa: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, suele
decir la sabiduría popular.
A continuación de eso, señor subsecretario, ha dicho usted una cosa que
ayer representantes del Grupo Popular contradecían. Efectivamente, el
informe del Consejo Consultivo de las Privatizaciones es un informe ex
ante y no un informe ex post, creo que así lo ha dicho usted; ex post
está la Intervención General del Estado. Ayer, desde el Grupo Popular, se
mantenía otro criterio. Entonces, señor Díez Moreno, quisiéramos conocer
el informe del Consejo Consultivo de las Privatizaciones, porque no está
en los documentos que nosotros manejamos en este momento en relación con
la privatización de Telefónica Internacional.
Al inicio de su exposición hay un argumento que luego ha utilizado usted
como instrumento fundamental en las sucesivas decisiones que se han ido
tomando y, sobre todo, en la explicación de por qué el concurso queda
desierto. Me refiero al hecho de que estemos ante la privatización de una
compañía, TISA, a la que le falta liquidez. Usted citó tres argumentos
por los cuales la privatización de esta empresa es difícil en estas
condiciones; sin embargo, ustedes mismos crearon el problema. Las cosas
hubieran sido muy distintas si ustedes hubiesen privatizado TISA antes de
haber privatizado Telefónica. Hubiesen desaparecido todos esos argumentos
y, desde luego, hubiese aparecido una dificultad, a la que usted también
hizo referencia --que es una dificultad que yo entiendo que tiene fuerza
argumental--, que es decir: ¿quién va a acudir a esta privatización si el
inversor que se acerque a ella o se le pase por la cabeza hacerlo tiene
que considerar que Telefónica tiene un acuerdo estratégico con BPMCI.
Pregunto, ¿por qué no se privatizó TISA antes de que se produjera ese
acuerdo con BPMCI, para que el acuerdo estratégico con BPMCI no operara
como un elemento disuasorio para aquellos inversores, institucionales o
no, del sector de las comunicaciones o no, que tuvieran alguna apetencia
por esta empresa? Señor subsecretario, para nosotros, desde el punto de
vista jurídico-formal, hay pocas razones para atacar el proceso de venta
de Telefónica --creo que usted ha dicho que el 5 de septiembre ya está
resuelto el concurso y adjudicada a Telefónica la participación del 23
por ciento en TISA--, al margen de algunos matices a los que luego me
quiero referir. Suponemos que existe un previo acuerdo del Consejo de
Ministros sobre esta cuestión. ¿Nos puede usted informar, por favor, si
tiene la documentación, supongo que sí, de qué día se tomó ese acuerdo?
Además, podría tratarse en este caso de una venta directa que, como tal,
sólo requiere ese requisito del acuerdo del Consejo de Ministros. Así se
hizo, por ejemplo, suponemos, en el caso de otra venta directa muy
particular y que merece atención, que es la venta de un 20 por ciento de
Aldeasa a Tabacalera.
Pero cosa distinta para nosotros es el acuerdo de junio de 1997 entre la
Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales y Accionariales y
Telefónica, porque nosotros discutimos y especulamos sobre la capacidad
que Seppa tuvo en su momento para acordar libremente con Telefónica sobre
activos patrimoniales públicos, aunque también es verdad que, al hacer
depender ese acuerdo de Seppa con Telefónica del acuerdo del Consejo de
Ministros, jurídicamente la cuestión quedaría un poco salvada.
A pesar de estas ideas que tenemos sobre los aspectos jurídico-formales,
tenemos la sensación de que esta operación consiste en un trato de favor
a una empresa privada como es Telefónica por parte del Gobierno de la
nación, sin ninguna duda. A partir de ahí, señor subsecretario, nosotros
queremos hacer las siguientes consideraciones desde el punto de vista
político, no quiero entrar en las cuestiones --ya lo dije anteriormente--
jurídico-formales.
Entendemos que aquí se da un incumplimiento real, no formal, del
compromiso del Gobierno que adquirió el vicepresidente en esta Cámara
variando y cambiando una decisión previa del Gobierno de la adjudicación
directa. Aquí se comprometió en este Congreso de los Diputados, en Pleno,
a poner en marcha un concurso de venta. Sin embargo nosotros, a la vista
incluso de las cosas que usted ha detallado --creo que ha sido
suficientemente explícito y pormenorizador en todo lo que nos ha
contado--, a pesar de sus argumentos y de toda la información que hoy nos
ofrece, tenemos la sensación de que realmente, no formalmente, el
Gobierno ha incluido aquel compromiso que el señor Rato adquirió en esta
Cámara de vender TISA por concurso.
La verdad es que, tal como ha dicho usted y ha desgranado todas las
condiciones del acuerdo entre Seppa y Telefónica, las ventajas previas
que ese concurso atribuye a Telefónica son tales que entendemos que para
un tercero presentarse a ese concurso hubiera carecido de sentido, porque
hubiera incurrido en un coste muy elevado, sin tener absolutamente
ninguna certeza de que pudiese comprar. Porque lo curioso es que al
adjudicar o reconocer el derecho de tanteo a Telefónica, por más
esfuerzos que un inversor
potencial hiciera no podía tener en ningún caso la certeza de que iba a
ser el adjudicatario del 23 por ciento del TISA. De manera que lo que
nosotros pensamos es que el acuerdo de junio de 1997 entre Seppa y
Telefónica es el verdadero acuerdo de venta de TISA, que continúa siendo
una venta directa, por más que se haya montado formalmente un
seudoconcurso.
Se vende, eso sí, a un precio superior al que se había hablado en
noviembre de 1996. En aquella fecha se había hablado de 106.000 millones
de pesetas y ahora el precio es de 127.000 millones de pesetas. Pero
sobre ese precio nosotros todavía tenemos muchas dudas razonables, diría
yo, señor subsecretario. La verdad es que el grado de confianza que nos
merecen las valoraciones que hacen los sucesivos bancos de inversiones y
empresas de consultoría financiera sobre este asunto es muy considerable.
En este mundo de las finanzas, aunque es verdad que muy convulso en estos
momentos, donde la Bolsa experimenta una notable actividad, aunque sea en
términos de volatilidad en algunas ocasiones, el dólar (y es fundamental
el tipo de cambio dólar-peseta a la hora de valorar esta compañía)
también experimenta en ocasiones una aceleración y en ocasiones un
retroceso; a pesar de eso llaman la atención, señor subsecretario --y
supongo que se la llamará también a usted, que conocerá esto exactamente
igual que yo-- las valoraciones que se hacen en estos boletines que los
bancos de inversión elaboran sobre el valor de compañías. Por ejemplo,
muy distinto del valor que atribuye a la compañía Salomon Brothers y que
luego en la fairness opinion parece que da por bueno Kleinwort Benson es
el que en el mes de julio-agosto en BBV Interactivos, en su página 21,
sobre esta cuestión, exactamente se lo leo --lo conocerá igual que yo--
habla del precio al que usted se refería y dice: este precio puede
considerarse como muy atractivo al ser claramente inferior a nuestra
valoración de TISA, que es de 170.000 millones de pesetas.
Pero BBV además hay que decir que es empresa que forma parte del núcleo
duro de la compañía, luego aquí está valorando con unos criterios que no
son los de un observador, al margen de lo que pueda ocurrir en la
compañía adjudicataria de ese concurso. Pero no sólo eso; unos pocos
meses antes, en el mes de junio, exactamente con fecha 24 de junio, AB
Asesores hace un informe sobre Telefónica, valora la compañía, como es
lógico, y uno de los apartados es la valoración de TISA, Telefónica
Internacional. No voy a cansar al señor subsecretario ni a SS. SS. con la
valoración que hace AB Asesores de esa empresa, pero sí le quiero decir
que el valor total que le atribuye a un tipo de cambio del dólar de
144,70 pesetas es de 1.027.000 millones de pesetas. No soy ningún experto
para juzgar si es correcta o no la valoración que de TISA hace AB
Asesores, o la que hace BBV Interactivos de 170.000 millones de pesetas,
pero en todo caso, señor subsecretario, muy superiores a los 127.000
millones de pesetas de los que estamos hablando como precio final que va
a pagar Telefónica por el 23,7 por ciento de TISA.
Yo le quiero hacer algunas preguntas sobre dudas que tenemos nosotros en
estos momentos. En primer lugar, ¿quién firmó por parte del Gobierno el
acuerdo con Telefónica concediéndole el derecho de tanteo y la opción de
venta? Queremos saber si, en el momento de la firma de ese acuerdo entre
Seppa y Telefónica, Seppa era o no la titular de las acciones. Si no
había ningún acuerdo del Consejo de Ministros, ¿cómo es posible,
entonces, que Seppa dispusiera de activos que en realidad no eran suyos?
¿Qué autorización tenía Seppa para comprometer activos públicos? Si no es
así, señor subsecretario, y usted me dice que había un acuerdo del
Consejo de Ministros, bien; pero si no lo hay, creo que están ustedes
incumpliendo el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996,
que exigía su autorización para la venta.
Queremos saber también si ha intervenido el Consejo Consultivo de las
Privatizaciones con carácter ex ante; si es así, quisiéramos conocer el
informe que ese Consejo elaboró.
En último término, señor subsecretario, seguramente usted estará de
acuerdo con nosotros en que ésta es una cuestión que no puede
sustanciarse meramente en una discusión sobre balances, sobre
valoraciones, sobre cotizaciones en Bolsa, y le voy a decir por qué.
Porque ésta no es una compañía que se dedique exclusivamente, en estos
momentos y por desgracia, al negocio de las telecomunicaciones; se ha
embarcado en otro conjunto de negocios, participa en otro conjunto de
negocios en los que nosotros venimos sosteniendo que cumple el papel de
brazo ejecutor de decisiones políticas, no de decisiones económicas, del
Gobierno de la nación.
Y en estas circunstancias usted entenderá perfectamente --usted haría lo
mismo estando en nuestro lugar-- que nosotros seamos extraordinariamente
rigurosos a la hora de juzgar y valorar el precio al que el Gobierno de
la nación entrega el 23,7 por ciento de TISA a Telefónica, por una razón
muy sencilla: porque cualquier persona que esté al tanto de la realidad
política, social española, puede pensar, legítimamente, que por esta vía
Telefónica se está resarciendo --concreto bien el verbo-- de aquellos
gastos y de aquellos pagos en determinadas inversiones que no tienen que
ver con su actividad originaria y que consisten, lisa y llanamente, en la
ejecución de decisiones políticas del Gobierno de la nación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Intentaré ser lo más breve posible. Comenzando
por la oposición que ha hecho el señor subsecretario entre privatizar y
nacionalizar (aunque nacionalizar es un término que cada vez se utiliza
menos, se habla de sector público, de control social de la propiedad con
respecto a ciertas empresas y ciertos servicios), lógicamente derivará
inmediatamente cuál es la posición de Izquierda Unida, no porque la
exprese hoy aquí, no solamente por esto, sino porque ya hemos tenido
distintos debates con respecto a Telefónica y también, singularmente, con
respecto a la posible privatización del 23,7 por ciento de TISA. Incluso
se han presentado distintas proposiciones
no de ley en este Congreso de los Diputados, tanto por el Partido
Socialista cuanto por Izquierda Unida.
Nosotros nos hemos opuesto radicalmente a la privatización anterior de
las acciones estatales de Telefónica de España y también nos hemos
opuesto radicalmente a esta privatización, que se ha hecho en pleno mes
de agosto, como se hacen las cosas que se realizan a la defensiva y con
problemas que poco a poco habrá que ir desmenuzando a partir de esta
comparecencia.
Es ahí precisamente donde yo creo que radica la diferencia de las tres
estrategias que hoy aquí se combinan de una forma más o menos clara. La
estrategia del Partido Popular, que es la privatización rápida, rápida en
función no sólo del tema ideológico, que es, sin lugar a dudas, el fondo
de la cuestión, aunque yo sé lo que le va a contestar usted al señor
Martínez Noval: que ellos hicieron 40 privatizaciones entre 1982 y el
término de la gobernación socialista; pero el tema de fondo es que
ustedes no sólo privatizan por razones de tipo ideológico, sino con
prisa, con mucha prisa, con demasiada prisa (El señor Milián Mestre: Eso
es, con prisa.), teniendo en cuenta la velocidad (Risas.) --cambio prisa
por velocidad--, toda la velocidad con la que es convocada esta
estrategia de privatizaciones por razón de Maastricht, la reducción del
déficit, el pago de gastos financieros de la deuda --después derivaré a
alguno de los argumentos que voy a utilizar, también brevísimamente, en
esta intervención--, en función de en qué momento se realiza esta
privatización.
Efectivamente, aquí se ha dicho, y yo lo comparto, que los debates en
esta Comisión de Economía, cuando se realizan con el Gobierno o alguno de
sus representantes, son debates sumamente empiristas, sobre procesos
dibujados de manera rigurosa con respecto a lo empírico, sin tener nunca
en cuenta las consecuencias económicas y en qué marco, en qué coyuntura
económica se realizan una serie de procesos, como éste en particular.
Bien venida sea su presencia en esta Comisión, señor subsecretario, pero
hubiéramos preferido la del señor Rato para enmarcar adecuadamente, en
función de causas y consecuencias económicas, la privatización del 23,7
por ciento de TISA. Ultimamente, los debates económicos de fondo en esta
Comisión se realizan con el señor Gobernador del Banco de España, no con
el Gobierno. A veces tenemos la sensación de que es una especie de
ministro bis de Economía o de matriz de donde surge la política económica
del Gobierno. Por tanto, señor subsecretario, conste también aquí --no sé
cómo llamarlo-- nuestra valoración con respecto a su comparecencia y el
sentido absolutamente descriptivo y empírico que usted le ha dado.
Desde ese punto de vista, nuestra idea en este momento --ya hemos
denunciado en anteriores comparecencias y en anteriores debates cómo se
hizo la contratación de cara a la valoración final de TISA, incluso creo
recordar que cuando compareció aquí el señor Villalonga-- es que esta
venta, que, además, se hace en pleno mes de agosto y su proceso final
culmina a principios de septiembre, se hace cuando interesa a Telefónica
en cuanto empresa y no cuando interesa al Gobierno, en función del precio
que es posible aplicar. Este es el problema de fondo.
Repito que ahora podría estar saliéndome de la matriz filosófica de la
que he partido; nosotros estamos absolutamente en contra de la
privatización y no decimos --como ha dicho el Partido Socialista en su
proposición no de ley, o en las intervenciones sucesivas que aquí ha
desarrollado-- que el problema no es la venta, sino cómo se debe hacer.
No, nosotros no entramos en esa dialéctica. El problema es la
privatización y lo que aquí se discute es otra cosa, desde el punto de
vista legítimo del PSOE; se discute cómo se hace esta privatización,
incluso la proposición no de ley que presentaron, firmada por el señor
Eguiagaray, iba en la dirección de que el proceso de privatización se
debiera hacer de una manera y no de otra. Esta no es nuestra posición,
que conste desde el principio, aunque vamos a entrar --ya sea
brevísimamente-- en el tema concreto de la privatización.
A nuestro juicio, se ha hecho en la fecha en que le interesaba a
Telefónica y no en el momento en que le hubiera interesado al Gobierno,
desde el punto de vista de su política de hacer caja de cara a ciertos
parámetros del proceso de Maastricht. Porque desde el punto de vista de
hacer caja y pagar intereses de la deuda --fundamentalmente esto-- o
reducir déficit, hubiera sido interesante, muy interesante, esperar,
esperar bastante tiempo, bastantes meses, desde la óptica del Gobierno,
y, a lo mejor, haber esperado a hacerlo entre el verano que viene y
finales de año. Hubiera sido quizá un proceso muy distinto en cuanto a la
valoración de TISA, en función incluso de los éxitos que se prevén con
respecto a la política del Gobierno, de cara a la tercera fase de la
moneda única. Este es el problema de fondo que vemos, si es que entramos
directa y empíricamente en el tema de la privatización.
Consiguientemente, con independencia de las valoraciones que se hagan, en
las que aparece una diferencia aproximada de unos 50.000 millones de
pesetas --tema que habrá que estudiar de manera más pormenorizada--, está
el asunto del momento en que se hace y por qué se hace en el mismo.
Voy a entrar ahora en un berenjenal, e intentaré explicarme. La
intervención del señor Martínez Noval ha sido muy moderada en cuanto a no
meterse en complicaciones, pues éste es un tema muy delicado y hay que
explicarlo bien para aclarar las cosas.
Telefónica es una empresa de enorme importancia para la estrategia de
telecomunicaciones de este país, que es una estrategia de Estado y de
interés público. Este es uno de los argumentos que hemos utilizado para
oponernos, no a la última privatización, que culminaba el proceso de
ventas de todas las acciones estatales de Telefónica, sino anteriormente,
al resto de las ventas parciales que se han hecho desde hace unos años a
esta parte. Decía que es una empresa estratégica para España e incluso
hemos llegado a decir que si se vende a empresas que pueden comprar en un
momento determinado, la propia estrategia de telecomunicaciones de
nuestro país puede llegar a estar en manos de Estados extranjeros. Desde
ese punto de vista hemos rechazado que cuando se toca este tema muy
apasionadamente a nivel coyuntural pueda llevar a alguno a la idea de que
en función de la pelea política es legítimo intentar
desestabilizar la estructura o la cotización financiera de la empresa. No
estamos de acuerdo con eso en función de los intereses estratégicos de
nuestro Estado, pero tampoco podemos compartir que se esté blindando el
debate con respecto a Telefónica. Hemos votado a favor de que comparezca
el señor Villalonga en el Congreso de los Diputados no sólo porque el
Estado sigue teniendo una parte mínima, el 0,11 por ciento de las
acciones de Telefónica, sino por cuanto a través de la acción dorada y
del interés público y estratégico de esta empresa, este Parlamento no
debe estar al margen del debate, y al mismo tiempo hay que tener en
cuenta la argumentación que he dado con respecto a la no comparecencia
del señor Rato. Habrá que analizar de ahora en adelante las
comparecencias correspondientes, siguiendo muy de cerca las incidencias
que se den en este camino, la aparición o la irrupción de Telefónica y
posiblemente de otras empresas, Retevisión o alguna otra, en el mundo de
la información en cuanto paquete global de la estrategia de
comunicaciones.
Insisto en que habrá que tener en cuenta todo esto porque podemos estar
asistiendo a la consolidación de un duopolio que difícilmente se va a
poder parar si se siguen ciertas estrategias, a menos que --y en este
sentido nosotros hemos presentado una proposición de ley en el Congreso
de los Diputados-- se apruebe una ley completa para limitar las políticas
de concentración de cárteles, de holding, de grupos multimedia, de
monopolios en el sector global de la información en el que están entrando
estas empresas de la telecomunicación, y singularmente Telefónica en
estos momentos.
Teniendo en cuenta todo lo que le he dicho anteriormente quiero
manifestarle que, desde la óptica del Gobierno, elegir entre Telefónica
y cualquier otra empresa, incluso con capital público en Francia o en
otro sitio, es lógico elegir Telefónica, pensando que es un sector muy
importante y abarca de manera muy específica la estrategia de Telefónica
en Iberoamérica por razones culturales, políticas, sociales e históricas
que nos vinculan allí. No obstante, esto no debiera hacerse por un precio
diferente de este margen de 50.000 millones, eligiendo un momento
determinado que no es el más lógico en función del mercado y de las
previsiones políticas y financieras del próximo período.
Vuelvo al principio para que no haya confusión. Estamos radicalmente en
contra de la privatización que se ha hecho a favor de Telefónica de
España, sociedad anónima, de las acciones del Estado, y radicalmente en
contra de esta venta de Telefónica Internacional y del momento en que se
ha hecho, pues se ha hecho durante este verano, de manera confusa y que
afecta a su valoración. Ya veremos más adelante si esta valoración
técnica ha sido la adecuada porque llevamos pocos días para analizar las
consecuencias, pero el momento que se ha elegido no es el mejor, repito,
para que la valoración sea la óptima. Por tanto, señor subsecretario,
creo que éste es un debate que acaba de empezar y tendremos que seguir
todos con el máximo rigor.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Quiero agradecer la presencia del señor
subsecretario de Economía y Hacienda en esta Comisión y decir que a
nuestro grupo sí le satisface su comparecencia en un doble sentido. En
primer lugar, por la completa y exhaustiva información que nos ha
facilitado en torno a la privatización de TISA, información que le
agradecemos, repito, porque no ha dejado ningún punto sin explicar.
En segundo lugar, porque no nos encontramos hoy en este debate ante una
cuestión política. La decisión de privatizar TISA se engloba dentro del
marco de la política económica que está llevando a cabo el Gobierno del
Partido Popular, política económica que ya se ha debatido en esta Cámara
con todos los grupos parlamentarios, por el vicepresidente económico y
también por el ministro de Industria, que ha hablado en reiteradas
ocasiones en el Congreso de los Diputados sobre privatizaciones en
general y sobre la política económica, la convergencia en España y otras
cuestiones económicas. Por tanto, como digo, le agradezco su presencia
porque creo que ha sido muy oportuna y clarificadora sobre la
privatización de TISA.
Lamento mucho la utilización de un lenguaje absolutamente rechazable en
esta Cámara por parte del portavoz del Grupo Socialista. Debe darse usted
cuenta de que en estos momentos no se encuentra en la sede del Partido
Socialista. Entiendo que están acostumbrados a que sus dirigentes estén
entrando y saliendo permanentemente de los tribunales y ese lenguaje les
resulta bastante normal, pero no es el sitio adecuado para utilizar esas
expresiones que faltan a todo tipo de normas de cortesía parlamentaria.
He de decirle, además, que aunque todavía no hayan digerido que se
encuentran en la oposición, la época del rodillo ya se ha terminado hace
tiempo; en este Parlamento hay un Reglamento y unos usos democráticos, a
no ser que me quiera decir que cualquier decisión que se adopte por
mayoría de esta Cámara, por todos los grupos parlamentarios, la Mesa y la
Junta de Portavoces, si el Partido Socialista no está de acuerdo con ella
es una decisión antidemocrática o un abuso de poder, por no hablar de la
expresión que ha utilizado esta mañana de prófugo político. Por
consiguiente, señor Martínez Noval, le agradecería que tuviera en cuenta
el Reglamento de la Cámara, que nos encontramos ante un Parlamento
democrático y que la menor norma de cortesía le obliga a acatar las
decisiones que se toman por mayoría de esta Casa, y que con ocasión de la
comparecencia sobre la privatización de Telefónica Internacional se
decidió que no fuera el vicepresidente económico el que asistiera a la
Comisión, sino don Fernando Díez Moreno, por cierto, a petición propia.
Señorías, entrando de lleno en el contenido de la comparecencia de hoy
sobre la privatización de TISA, lo raro sería que TISA no se hubiera
privatizado, porque lo realmente extraño es que hoy, en el ámbito
internacional, haya una compañía con participación pública. Eso está
absolutamente trasnochado y anticuado. Lo que es competitivo y moderno es
que haya empresas privadas fuertes que obtienen sus resultados de la
buena gestión que realizan en el exterior. Por tanto, el paso que se ha
dado con la privatización de TISA, de la que hoy nos han dado rendida
cuenta,
es un paso de modernidad en la dirección que caminan todos los países, no
sólo los países occidentales, sino todas las economías del mundo entero.
Esta privatización, señorías, no es sólo un paso en el sentido de
modernidad, sino que es también sacarnos, y permítanme calificarlo así,
del error cometido por una decisión que tomó el Gobierno anterior al
incorporar a Patrimonio del Estado al accionariado de una empresa, como
nos ha dicho el señor Díez Moreno, sin ninguna justificación económica.
Por tanto, la decisión que hoy debatimos tiene el sentido de colocar a la
sociedad TISA en el lugar que debía estar y que había estado desde el
principio, como una compañía en este caso participada por Telefónica sin
intervención de Patrimonio del Estado.
Señorías, nos tienen ustedes ya cansados. Ustedes, que empezaron a
privatizar sin ninguna garantía, sin ningún control, sin ninguna
transparencia; ustedes, que antes de nombrar a un gestor público le
exigían el carné del Partido Socialista y le pedían fidelidad al partido
y nada más; ustedes nos tienen cansados, repito, de sus juicios de valor.
Hoy estamos defendiendo una privatización en beneficio de millones de
accionistas --más de 1.200.000 españoles que apostaron por la Compañía
Telefónica hace pocos meses-- cuando ustedes habían tomado justo la
decisión contraria: favorecer una gestión política en una empresa de
control público como era dicha Compañía Telefónica. Ya es hora de que se
acaben los falsos discursos en cuanto a la garantía y a la defensa del
servicio para los ciudadanos. Con la presencia pública se puede ofrecer
--y ustedes lo saben-- un pésimo servicio a los ciudadanos, y hay
ejemplos flagrantes, como pueden ser los casos de Radiotelevisión
Española o de Hispasat en el anterior Gobierno. La garantía para el
ciudadano viene siempre dada por la liberalización y por la competencia;
competencia que siempre tiene como resultado la mejora de los precios y
la mejora de calidad de los servicios. Eso es lo que está haciendo el
Gobierno del Partido Popular y eso es lo que estaban demandando los
ciudadanos desde hace unos cuantos años.
Además, con esta medida estamos dando un paso más en la consolidación de
Telefónica como una compañía multinacional competitiva en el mundo, salvo
que ustedes me quieran decir que tampoco están de acuerdo con que la
Compañía Telefónica, compañía eminentemente española y como he dicho
antes en la que participan muchos españoles como accionistas de la misma,
se consolide internacionalmente y pueda ocupar el sitio que merece en los
mercados exteriores, porque afortunadamente para todos nosotros hoy los
trabajadores ya no emigran, sino que son nuestras empresas las que
compiten en los mercados exteriores.
Toda nuestra política se está haciendo pensando concretamente en 40
millones de españoles, porque toda nuestra gestión se hace en defensa de
los intereses generales, y ello a través de unos gestores que han
demostrado su capacidad en la empresa privada; empresa privada en la que
no valen historias, ni amiguismos, ni partidismos, sino que allí el
gestor se mantiene en su puesto, sigue o no sigue en función de la cuenta
de resultados, y esto es algo muy distinto de lo que ocurría con los
gestores públicos en su etapa de gobierno, en la que se premiaba a
gestores que habían llevado empresas a déficit billonarios, como he
comentado con anterioridad.
En cualquier caso, señorías, me da la impresión de que, hagamos lo que
hagamos y digamos lo que digamos, ustedes van a continuar con la misma
cuestión. No les interesa más que --y en este caso Telefónica-- la
participación, el control que siempre han tenido en los medios de
comunicación. Como ahora ya no pueden ustedes controlar la televisión
pública porque ustedes no gobiernan y se les ha acabado el aparato
propagandístico, están buscándose otro y, por tanto, defendiendo sus
intereses particulares. Pero le diré que a mí no me parece tan extraño
que una empresa, cuya actividad básica sean las telecomunicaciones, en
vísperas del siglo XXI se introduzca en el terreno audiovisual. ¿Me puede
usted decir cómo se pueden separar las telecomunicaciones de la
comunicación audiovisual? ¿Cree usted que se van a complementar esas dos
actividades? A mi modo de ver sí. Pero me da la impresión de que, a
veces, estamos asistiendo a polémicas que resultan absolutamente
incomprensibles. Esta es mi opinión, fundamentalmente en el caso del gran
debate que ustedes han montado en torno a la decisión que ha tomado una
empresa privada de introducirse en el ámbito audiovisual.
Me parece que los accionistas que apostaron por la Compañía Telefónica
están muy satisfechos con la decisión. En todo caso, son las empresas
privadas las que tienen que decidir al respecto.
Finalizo reiterando el agradecimiento al señor Díez Moreno por la
información que nos ha facilitado y deseando a la Compañía Telefónica los
mayores éxitos en su faceta internacional, que creo que será beneficiosa
para todos los españoles puesto que estamos hablando de una empresa
española que trabaja en el ámbito interno y también en el ámbito
internacional.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas tiene la
palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Comienzo
contestando al señor Martínez Noval, al que saludo como nuevo portavoz de
la Comisión de Economía, y espero que en el futuro tengamos ocasión de
nuevas relaciones y contactos.
Creo, señoría, que no es incompatible la posición que usted dice que
sostuvo ayer el Ministro de Industria y lo que acabo de decir sobre la
opción ideológica en materia de privatizaciones. Esto lo expliqué
extensamente en la comparecencia del 6 de febrero y no voy a repetir cuál
es mi opinión. Pero resumidamente puedo decirle que se parte de una
opción ideológica y después se extraen consecuencias concretas de la
misma. El hecho de que nosotros, con las privatizaciones y con sus
resultados económicos, podamos atender a los problemas del sector
industrial es una consecuencia de una opción ideológica, una consecuencia
pragmática, es una aplicación funcional de esta opción ideológica. Hemos
heredado enormes déficit en las empresas de la antigua Agencia Industrial
del Estado y tenemos que pagar la deuda heredada del Instituto Nacional
de Industria. Por tanto, si queremos sanear, que es el objetivo último
del Plan de reordenación del sector público industrial, el camino que
hemos elegido ha sido éste, que es el que estamos ejecutando. Pero como
en todo, en política hay siempre una decisión de base y después una
ejecución y una aplicación de esa política.
Yo no puedo decirle que sea responsable de la agenda del vicepresidente
segundo del Gobierno. En lo que yo participo en su cercanía y en su
trabajo puedo decirle que nuestro Ministerio está estructurado para
atender a tres frentes. En primer lugar, el frente que podríamos llamar
de gobierno nacional; todos los miércoles debemos acudir a la Comisión
General de secretarios de Estado y subsecretarios; todos los jueves se
celebra la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos y todos los viernes se celebra Consejo de Ministros. En
segundo lugar está el frente europeo, teniendo en cuenta la importancia
de las decisiones que se toman, este año especialmente, en materia de
Unión Europea, en la que el Ecofin, el Consejo de Ministros de Finanzas,
tiene la relevancia que usted no desconoce. En tercer lugar, el frente
parlamentario. Nuestra preocupación, dedicación y tiempo a la relación
parlamentaria es extraordinaria. Yo participo en las reuniones
preparatorias de las intervenciones de los diversos altos cargos del
Ministerio de Economía y Hacienda en el Parlamento y la impresión que
tengo es completamente distinta de la que tiene su señoría. Creo que el
vicepresidente segundo actúa y comparece en el Parlamento de manera
continua y reiterada desde que accedió al cargo y desde que este Gobierno
tomó posesión. Sería cuestión de analizar los «Diarios de Sesiones» y
hacer la estadística de las ocasiones en que el vicepresidente segundo ha
prestado atención a sus obligaciones parlamentarias, que asume consciente
de su importancia, puesto que no en vano ha sido durante muchos años el
portavoz del grupo principal de la oposición.
Contestando a alguna de sus preguntas concretas, le he dicho en mi
intervención --aunque como ha sido al final a lo mejor no fue debidamente
percibido-- que el 5 de septiembre el Consejo de Administración de Seppa
acordó ejercer la opción de venta contenida en el contrato con Telefónica
y remitir el expediente al Consejo Consultivo de Privatizaciones. Por
tanto, el Consejo Consultivo no ha emitido todavía el dictamen
preceptivo. Como usted sabe, dicho Consejo Consultivo utiliza la técnica
de informar a la prensa emitiendo una nota sobre el contenido de sus
informes y, en consecuencia, cuando este informe sea emitido y sea
remitido a la autoridad solicitante, se podrá conocer. Por el momento,
insisto, no ha sido emitido. Esto quiere decir que el Consejo de
Ministros tampoco ha aprobado esta operación, y enlazo con esto con otro
conjunto de las cuestiones planteadas.
La firma del convenio con Telefónica la hace el director general de
Patrimonio del Estado, que reúne en su persona la condición de director
general de Patrimonio del Estado y presidente de Seppa. Este convenio con
Telefónica está condicionado a la aprobación, en su momento, del Consejo
de Ministros, como es trámite obligatorio y preceptivo en el proceso
general de privatizaciones diseñado por el acuerdo de junio de 1996. Por
tanto, este convenio, así como la operación en su conjunto, están
pendientes de la emisión por el Consejo Consultivo de su informe
preceptivo y, en su momento, de su propuesta al Consejo de Ministros para
su aprobación, en su caso. Como es lógico, la aprobación del Consejo de
Ministros, como usted no desconoce, convalidará cualquier duda que pueda
tener sobre la capacidad o legitimación del presidente de Seppa o
director general de Patrimonio del Estado para comprometer
participaciones accionariales de dicha Dirección General.
Otro conjunto de observaciones que realiza S. S. se refieren a la
oportunidad de la privatización, y en este punto enlaza con las que ha
formulado el señor Alcaraz. Coincido con usted en que, efectivamente, la
privatización de Telefónica Internacional debió hacerse antes de la
Telefónica, y así lo intentamos. De hecho, en nuestra programación
elástica y flexible (porque, como también he dicho, no se privatiza
cuando se quiere sino cuando se puede y las condiciones del mercado y el
contexto internacional nos van imponiendo sucesivas operaciones); en
nuestra programación, decía, estaba prevista primero la privatización de
la Compañía Telefónica. Las argumentaciones y las circunstancias que se
produjeron en el otoño de 1996 y el compromiso político que se alcanzó de
que esta privatización se llevase a cabo a través de un concurso
internacional, hizo que tuviésemos que posponerla, porque no era lógico
que coincidiese con la privatización de Telefónica Internacional, es
decir, de la matriz.
Tengan en cuenta que un proceso de privatización, como creo que ha
quedado demostrado cuando les he citado las fechas en que se ha llevado
a cabo el procedimiento para Telefónica Internacional, no es algo que se
improvisa, sino que exige decisiones previas, un calendario, la
convocatoria de concursos de asesores, de coordinadores globales, la
firma de una serie de documentos que garanticen la colocación de las
acciones; es decir, es un proceso largo y complejo donde desde luego no
tiene cabida la improvisación. Por tanto, al haber optado, en base a este
compromiso político, por un concurso para Telefónica Internacional y al
estar en marcha el proceso de la privatización de Telefónica en el
momento que creíamos oportuno, como lo ha demostrado el resultado en el
mes de enero de la Compañía Telefónica matriz, hubo que posponer este
segundo de Telefónica Internacional, para lo cual tuvimos que realizar
las actividades necesarias para convocar y seleccionar un valorador, para
elaborar el pliego de bases del concurso, para afianzar el precio en las
mejores condiciones y para convocar después este concurso y llevarle a
cabo.
Pero el señor Alcaraz no plantea la cuestión desde el punto de vista
formal o procedimental, sino también desde el punto de vista de la
oportunidad o de la velocidad. Es muy difícil, como usted es consciente,
señor Alcaraz, determinar la oportunidad de las decisiones. Todos sabemos
que en política tal vez el elemento más inaprensible, el elemento más
difícil de proporcionar seguridad es el de la oportunidad, cuando tomo la
medida.
Cuando iniciamos el proceso de privatizaciones el año pasado
indudablemente teníamos dudas de la oportunidad
de las operaciones, no ya por los resultados económicos ni por los
trámites, sino por las implicaciones políticas de las decisiones de
privatización. En este momento se podrá discutir la autoría cuanto se
quiera, pero lo que no se puede discutir son los resultados, y no me
refiero ya solamente a los resultados de las privatizaciones que se han
llevado a cabo, sino a los de la política económica, en la que no se
olvide que la política de privatizaciones es solamente un eslabón más de
una cadena.
La política de privatizaciones, señor Alcaraz, ha permitido reducir deuda
pública, lo que a su vez ha permitido rebajar las obligaciones de pago de
tipos de interés. Los resultados económicos de las privatizaciones, en
cuanto son computables (que, como usted sabe muy bien no todo el
resultado económico es computable a efectos de Maastricht) han permitido
ir cumpliendo los parámetros de Maastricht. Los resultados de
privatizaciones están permitiendo afrontar, insisto, las deudas del
sector industrial y prever la posibilidad de asumir el saneamiento de
este sector. Todo ello genera una serie de causa que, a su vez, generan
una serie de consecuencias hasta que esa cadena se cierra en lo que el
secretario de Estado de Economía, señor Montoro, llama círculo virtuoso.
Es difícil saber cuándo empieza a producirse, cuál es la primera causa,
pero lo que está claro en este momento es que el conjunto de medidas
tomadas al amparo de una política económica, y una de ellas la
privatización, ha producido unos resultados económicos que, como digo,
podrán discutirse en cuanto a su autoría pero no en cuanto a sus
resultados.
La segunda cuestión es la del precio. Efectivamente, el precio de las
cosas es muy difícil tener la seguridad de que es el correcto. Baste un
ejemplo en el que prácticamente todos hemos tenido experiencia. Cuando yo
compro una vivienda y negocio con el vendedor, ¿cuánto cuesta una
vivienda? Yo, que como abogado del Estado he tenido que practicar las
liquidaciones del Impuesto de transmisiones y, por tanto, he liquidado
cientos o miles de transmisiones patrimoniales inmobiliarias, he llegado
al convencimiento de que el precio de las cosas es aquel en virtud del
cual un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo, y todo lo demás son
meras indicaciones, todo lo demás son propuestas, índices o estadísticas,
pero el precio real de las cosas es aquel punto de encuentro entre un
comprador y un vendedor. Desde luego que no voy a discutir ni mucho menos
las valoraciones realizadas por BBV Interactivos o por AB Asesores. Lo
que yo quiero es simplemente contrastar el rigor de los informes que
tenemos y que obran en el expediente, y como desconozco cuál es el
informe que soporta la valoración realizada en esos boletines, no puedo
compararlos, pero entre lo que yo tengo y lo que conozco de esa manera
tan general, me quedo indudablemente con lo que tengo.
Creo que el precio de Telefónica es un buen precio, al haber conseguido
un 20 por ciento por encima de la media del fijado por el asesor, asesor
del que tenemos que fiarnos, porque si no nos fiamos de él, ¿qué es lo
que hacemos entonces? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Los servicios de
Patrimonio del Estado? Se nos acusaría indudablemente de ser parciales.
Tenemos que fiarnos de que los asesores, que basan su experiencia en el
prestigio adquirido con su actuación imparcial, y basan ese prestigio
precisamente en sus trabajos y en sus asesoramientos, nos dan el precio
exacto. Además, ese trabajo se puede contrastar y comprobar, es un
trabajo examinado por los expertos y por los servicios técnicos de la
Administración y, al mismo tiempo, en este caso fue contrastado con una
fairness opinion de un valorador o de un asesor financiero independiente.
Finalmente, señor Martínez Noval, usted hace alusiones a un problema
candente en la situación actual española y en la prensa de prácticamente
todos los días de atribuir a la Compañía Telefónica el carácter de brazo
ejecutor de las decisiones políticas del Gobierno. Yo no voy a entrar en
este tema porque es un tema de calado político importante. No rehúyo la
responsabilidad, ni mucho menos, pero considero que toda esta cuestión es
muy parecida a otras que han surgido en estos últimos tiempos, en este
casi año y medio de gobierno del Partido Popular, donde se desbordan
cuestiones ante la posibilidad de una oposición de fondo y ante la
posibilidad de presentar alternativas a las políticas que sigue el
Gobierno, especialmente las políticas económicas y presupuestarias; se
agarra --permítame la expresión-- a un clavo ardiendo para utilizar
situaciones que no responden ni mucho menos a la realidad como elemento
de arma política arrojadiza. Lo que sí puedo decirle es que, en este caso
concreto que estamos debatiendo, no es que un amigo ayude al Gobierno, el
ejemplo de TISA es el caso contrario, es el caso de que un Gobierno ha
ayudado a un amigo porque, como he dicho, no ha existido justificación
financiera por virtud de la cual la Dirección General del Patrimonio del
Estado tuviese que aportar casi 30.000 millones de pesetas a una
sociedad, a una filial de una compañía telefónica en la que ya
participaba directamente en su capital. Solamente puedo explicar esta
millonaria aportación en base al deseo de sacar de apuros a un amigo,
porque supongo que el presidente de Telefónica en 1990 y 1992 era también
amigo del Gobierno que lo nombró.
Por lo que se refiere al señor Alcaraz, he analizado sus consideraciones
sobre la oportunidad, que equivale a velocidad, vamos muy deprisa, vamos
muy despacio. Yo creo que vamos sujetándonos a las previsiones que hemos
puesto de manifiesto; vamos adaptándonos a las exigencias y limitaciones
que nos impone el mercado, tanto nacional como internacional, y vamos
preparando, elaborando y llevando a cabo las operaciones concretas con un
ritmo que yo no consideraría como rápido, salvo que, como S. S. sostiene,
sea completamente contrario al proceso en su conjunto.
Cuando hablaba de meterse en un berenjenal, se ha introducido en un
berenjenal de Telefónica, pero no de Telefónica Internacional, porque las
consideraciones que hacía en este sentido eran todas dirigidas a la
importancia de Telefónica para el Estado. Ya debatimos esta cuestión en
la anterior comparecencia, cuando informé sobre el proceso de
privatización de la compañía Telefónica. Allí expuse que los intereses
esenciales en juego que representaba la privatización de Telefónica
estaban suficientemente a cubierto, tanto por la existencia de un
contrato de concesión
--el contrato con Telefónica que seguía vigente sin perjuicio de que
hubiera que introducir o no modificaciones en el mismo-- como por cuanto
los controles que introducía la aprobación del real decreto de acción
dorada, que blindaba a Telefónica para una posible OPA hostil que en el
mundo de telecomunicaciones, con esas masas inmensas de dinero que
mueven, no era impensable. Al haber establecido este real decreto que no
se puede adquirir más de un 10 por ciento del capital de Telefónica sin
el consentimiento, la autorización del Gobierno, estábamos preservando a
Telefónica de esa posible OPA hostil que ni siquiera los socios del
núcleo estable podían haber hecho frente.
Quiero informarle que el 0,11 por ciento de acciones que mantiene en este
momento la Dirección General de Patrimonio del Estado, lo es para cumplir
una de las condiciones o beneficios que en la privatización se
concedieron al tramo minorista, es decir, la posibilidad de que si se
mantenían durante un año en la adquisición de la acción realizada, se
entregaría gratis una acción por cada 20 adquiridas, de manera que
Patrimonio del Estado tiene una reserva exclusivamente para atender a que
cuando transcurra el año, en enero de 1998, sepamos quiénes de los
inversores y por qué cuantía han permanecido fieles y se han acogido a
esa condición. Una vez cumplida esa obligación, la Dirección General de
Patrimonio del Estado pondrá a la venta en Bolsa el resto de la acciones,
de manera que, transcurrido el año, no tendrá ni siquiera este mínimo
porcentaje.
El planteamiento de la presencia del Estado en sociedades que por el
servicio público que prestan o por su presencia internacional tengan
importancia, tendríamos que extenderlo y no solamente aplicarlo al sector
de las telecomunicaciones; tendríamos que extenderlo a otros sectores, a
sectores básicos o esenciales, a servicios públicos esenciales: el
suministro de energía eléctrica, el tema del gas o el tema de los
transportes. Aquí entra en juego una opción política de que el Gobierno
actual entiende que las exigencias de las reformas estructurales
implícitas en la política económica y el contexto internacional, tanto en
Europa como en Hispanoamérica, se encaminan hacia la privatización y
hacia la ausencia por parte del Estado de aquellos servicios públicos que
no por su carácter económico deben ser compartidos. Otra cosa son los
servicios sociales como puede ser la educación, la sanidad o la Seguridad
Social, donde el Estado tiene indudablemente vocación de permanencia para
garantizar adecuadamente su prestación.
Creo que, según las notas que he tomado, he contestado --no sé si acerta
o completamente-- a las preguntas que me han dirigido los señores
Martínez Noval y Alcaraz. Agradezco a la señora Mato sus palabras de
ayuda y de comprensión por el contenido de esta intervención y creo que
el enfoque y el examen de cada operación, en este c aso concreto el de
Telefónica Internacional, supone una manifestación clara de cómo ha
trabajado el Gobierno, a través de la Dirección General de Patrimonio del
Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, con qué
rigor y con qué deseo de publicidad y transparencia ha cumplido cada uno
de los trámites y de las fases diseñadas en este proceso.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para formular un último turno, tiene la palabra, por
parte del Grupo Socialista, el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor subsecretario, usted sabe que algunos
responsables de mi grupo parlamentario y de mi partido político han
recibido amenazas por parte de Telefónica para que fuésemos todos
nosotros más moderados en el uso de las críticas y de las valoraciones
que hacemos respecto a la cuestión de la compañía. Eso ha aparecido en
los medios de comunicación. Por tanto, no le puedo aceptar en modo
alguno, señor subsecretario, esa insinuación que ha hecho usted de lo que
en el año 1990 ó 1992 hizo un gobierno con un amigo; no se lo puedo
aceptar. Y como no se lo puedo aceptar le pido por favor que nos aclare
en esta Comisión convenientemente a qué se está refiriendo usted para que
tengamos mejores oportunidades de juzgar por nosotros mismos cómo está
contraponiendo hechos que yo estoy valorando respecto de otros; hechos
que usted no nos ha dicho en qué consisten y cuál es su meollo.
¿Ve usted, señor secretario, cómo tenía que haber estado aquí el señor
ministro? Porque usted acaba reconociendo que aquí hay una cuestión
política, y reconocerá también que debe ser el ministro y no el
subsecretario quien aborde este problema. Indudablemente, ésta es una
cuestión política que con toda seguridad no va a quedar aquí, señor
subsecretario.
En primer lugar, dice usted que el Consejo Consultivo no ha emitido
dictamen, y el dictamen es ex ante. ¿Cuándo lo va a hacer si la operación
está cerrada?
En segundo lugar, con todos los respetos, nosotros queremos decir que nos
merecen poco aprecio las valoraciones de las privatizaciones del Consejo
Consultivo. ¿Cómo nos va a merecer algún aprecio si el presidente de ese
Comité Consultivo se sienta en esta sala como diputado del grupo que le
da apoyo a usted? Usted me dirá. Con todos los respetos para las personas
concernidas, usted debería estar de acuerdo conmigo en nuestras dudas
iniciales respecto a la independencia y a la objetividad de los informes
de ese Consejo Consultivo cuando el presidente está sentado en esta sala
como diputado del Partido Popular. Usted lo entenderá probablemente igual
que yo.
Tomamos nota, señor subsecretario, de que no hay acuerdo del Consejo de
Ministros y que la firma del director general del Patrimonio del Estado
está condicionada a esa decisión que tome en su momento el Consejo de
Ministros. Yo no acepto su razón y su argumento de que los mercados son
los que han impuesto el que determinadas cuestiones que se han hecho
antes de la venta de TISA hayan condicionado la operación. Me parece un
argumento muy débil, señor subsecretario.
No le puedo aceptar que los resultados de la política económica estén
sosteniendo y justificando la privatización, sobre todo cuando se habla
de la privatización de Telefónica. France Télécom, que yo sepa, no está
privatizada, y los resultados de la economía francesa son exactamente
iguales que los de le economía española. No hay mucha diferencia. Por
cierto, Deutsche Telekom tampoco está privatizada.
De manera que no estamos hablando de un proceso de privatización urbi et
orbi de todas las compañías telefónicas, sino que es un proceso distinto.
Quiero recordar que todos los procesos de privatización que acometieron
los sucesivos gobiernos socialistas, en la mayor parte de los casos no
condujeron, sobre todo en las compañías de las que estamos hablando estos
días, a la pérdida del control por parte de los intereses públicos. Bien
es verdad que ustedes deberían de agradecernos que hubieran podido
nombrar en el mes de mayo o junio de 1996 a una buena miríada de
presidentes de empresas públicas. Por cierto, luego quiero referirme a
ellos, porque, señor subsecretario, ya que ha entrado en ese terreno,
aunque en esta discusión yo no iba a entrar en ello, ¿me quiere explicar
cuál es el proceso que conduce a que todas las empresas, una vez
privatizadas, tengan el mismo presidente que ustedes han nombrado? ¿Qué
proceso es ése? ¿Tiene parangón en algún país de este mundo? ¿En el Reino
Unido? ¿En Alemania? ¿En Francias? ¿En Italia? No, se lo digo yo, no
tiene paragón. Lo que está ocurriendo, señor subsecretario, es lo que
nosotros venimos diciendo, que ustedes se han apropiado del sector
público empresarial. Ni más, ni menos. El presidente del Telefónica
seguirá siendo el señor Villalonga, que es el que ustedes nombraron para
gestionar una empresa de mayoría pública entonces, hoy privatizada. El
presidente de Repsol sigue siendo el señor Cortina. El presidente de
Endesa es el señor Martín Villa. Señor Díez Moreno, es curiosísimo que
esa compañía haya caído en manos de la cúpula de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales. ¿Qué hace el señor Otero Luna
de presidente de Sevillana? ¿Es Sevillana una pyme? Porque el señor Otero
Luna es el presidente de la Cepyme-CEOE. ¿Qué hace el señor Rosell en la
presidencia o vicepresidencia --no sé si se ha producido ya el tránsito--
de la Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana? ¿Quién va a ser el
presidente de Argentaria, al otro lado de la calle? ¿Es que alguien tiene
alguna duda de que, una vez retirado el Estado de todo el capital, va a
seguir siendo don Francisco González? Nadie tiene ninguna duda. Ya que ha
entrado en ese terreno, señor Díez Moreno, le voy a decir con claridad
algo en lo que venimos insistiendo que iremos justificando, entendemos
nosotros que sobradamente. Esto no es una privatización, esto es una
apropiación por parte de la derecha política, con el apoyo de una parte
de la derecha económica y financiera, de todo el sector público
empresarial.
Por último, señor Díez Moreno, usted no quiere entrar en la diferente
valoración de los distintos precios que diversos bancos o empresas de
inversión atribuyen a TISA, pero tiene que aceptarme que necesitamos
alguna precisión mayor. Déjenos ver los informes que usted tiene para
valorarlos todos. ¿No es muy chocante que de 106.000 millones, que sería
la horquilla baja, o de los 127.000 de la horquilla alta, se pase a
170.000 millones de valoración por parte de BBV Interactivos y a 234.000
millones de AB Asesores? Nos parece un escalón tan enorme que es preciso
conocerlo más, y para ello necesitamos, señor subsecretario, mucha mayor
información.
Ha iniciado su intervención defendiendo la presencia del señor ministro
en esta Cámara. Sí, es verdad que viene cuando está obligado a venir,
pero punto final. No viene nunca más. Si se le presenta una
interpelación, ¡qué remedio le queda que contestar si es de una materia
que le concierne! Si se le hace una pregunta en Pleno, no tiene más
remedio que acudir al Pleno. Pero si de lo que se trata es de acudir a
esta Comisión, le he dicho que tiene siete comparecencias pendientes. Es
una pena que con los derroteros y rumbo que ha tomado esta discusión,
señor subsecretario, no haya estado hoy aquí el señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Un breve turno por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con muchísima brevedad. Volvemos al fondo de la
cuestión para que no se olvide. En primer lugar, no discutimos cómo se
hacen las privatizaciones, que es el debate que se está estableciendo
entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino que estamos
radicalmente en contra de las privatizaciones, fundamentalmente cuando
afectan a empresas de interés público y estratégicas de acuerdo a los
intereses del país. En segundo lugar, usted ha vinculado
estrechísimamente, aunque sé que hay otros factores que usted me dirá
ahora que no ha podido explicar, la deriva de la economía del Estado al
tema de las privatizaciones. Vamos bien por las privatizaciones que se
han hecho. He querido entender que lo ha vinculado de manera bastante
estrecha como una de las causas, pero no coincido con usted, en absoluto.
Si se tiene en cuenta que estamos en un proceso de convergencia duradera
que tiene que tender al déficit cero, una vez que se pase el examen de la
primavera del año que viene, ya me dirá usted qué hacemos cuando no haya
empresas que vender. Si ése es un factor fundamental para ese proceso de
convergencia macroeconómica, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Esto por
un lado. Por otro, desde su punto de vista, teniendo en cuenta que hasta
el gobernador del Banco de España dice aquí y en la subcomisión acerca de
los temas del euro que sí que ingresamos en el núcleo de cabeza, en el
núcleo duro de la primera velocidad en esta tercera fase de la moneda
única, que ya está todo hecho, que el examen está superado --y lo repiten
el señor Rato y el señor Aznar--, ¿por qué siguen vendiendo a esta
velocidad, lo digo desde su punto de vista, cuando el mercado en muchos
aspectos está saturado o puede ser mucho mejor, por ejemplo en los meses
posteriores al examen de la primavera? ¿Por qué venden a esta velocidad
si efectivamente los ingresos son muy superiores a los que estaban
previstos por privatizaciones?
Por lo tanto, desde esos dos puntos de vista --que de cara al futuro
estamos dilapidando todo el sector público y que en razón de la propia
velocidad, porque ya estamos dentro y se reconoce así, no se entiende su
política coyuntural--, me parece que no coincidimos de ninguna de las
maneras. Además, vender empresas de interés público que dan un servicio
público, cuando, al mismo tiempo, en la Ley general de telecomunicaciones
viene una definición del servicio público bastante disminuida con
respecto a lo que debiera de ser desde nuestra óptica, nos encontramos
con que la privatización, acompañada por una política gubernamental, ya
que aquí se ha hablado hoy de niveles ideológicos de matriz neoliberal,
conduce a perjuicios evidentes para la estructura económica de este país
a medio y largo plazo, aunque aquí se utiliza todo a corto plazo. Por
ejemplo, ya que se ha citado antes a Televisión Española, todo el mundo
juega con ella. La endeuda, porque puede perder las elecciones, y la deja
mal para el siguiente que venga hasta que acaben con Televisión Española
a medio y largo plazo, que es la política que hacen ustedes vendiendo
todo el sector público estatal, cosa que nos parece absolutamente
irresponsable. Privatizaciones que ustedes volverán a decir ahora que se
vienen haciendo desde hace tiempo.
Termino, señor Presidente. Ha dicho al final, dando una opinión
posiblemente muy elaborada por usted según la lógica del mercado, que la
venta, en último término, la señala el encuentro del vendedor y el
comprador. Pero imagínese una cosa, señor subsecretario. Usted sabe que
el vendedor perdió la noche antes cinco millones en el bingo, o usted
sabe que el vendedor tiene problemas económicos o los va a tener dentro
de ocho meses. No es el mismo precio entonces. El precio no se marca
entre el comprador y el vendedor, hay otra serie de factores. Desde ese
punto de vista yo le he dicho que se ha vendido TISA en el momento que
más le interesaba a Telefónica y en el momento en que, según su propia
política, no les interesaba tanto a ustedes si de lo que se trata es de
hacer caja, porque podían haber esperado tranquilamente. Y eso no hubiera
dificultado ni la marcha general de la política económica española desde
el punto de vista macroeconómico que ustedes utilizan, ni hubiera
dificultado la entrada en la primera velocidad de la tercera fase de la
moneda única, porque realmente ya estamos dentro. Yo creo que se ha
vendido mal y, efectivamente, aparecen diferencias de precio en distintas
valoraciones, desde un punto de vista técnico. Yo estoy hablando desde un
punto de vista de concepción general y desde un punto de vista político.
Finalmente, quiero expresar una opinión personal un poco desde el
cansancio y desde la necesidad de una salud mental en este Congreso y a
partir de las informaciones que se dan a los medios de comunicación. Si
ha habido amenazas de Telefónica yo quisiera conocerlas, porque
indudablemente sería gravísimo que a partir de amenazas se atentara a la
libertad de expresión o a la soberanía de un grupo parlamentario o de un
grupo político. Yo quiero conocerlas ya que tanto se ha hablado de ellas
y se utiliza como un argumento aquí, en el seno del Congreso de los
Diputados y en una Comisión donde yo particularmente intervengo, porque
quiero seguir teniendo salud mental a partir de ahora. Por tanto, quiero
conocer si eso es así, porque sería sumamente grave que lo fuese. El
señor Martínez Noval ya ha ganado el titular para mañana --enhorabuena--,
pero aparte del titular quiero conocer cuáles son las amenazas, porque si
hay amenazas nosotros, junto al PSOE, vamos a protestar de manera radical
por el hecho de que se den estos problemas. Entonces, conocemos un dato
anterior de que había habido amenazas, pero resulta que el amenazado ha
sacado 50 millones de pesetas del amenazador, más de lo que parecía en
principio que iba a conseguir según el caché de sus productos. Repito
que, por salud mental, queremos conocer exactamente qué es lo que ha
pasado, porque si no se hubiera utilizado como argumento político aquí y
fuera un argumento simplemente periodístico, yo hubiera pasado hoy
tranquilamente; pero puesto que se utiliza como argumento, creo que sería
lógico hacer lo que estoy haciendo, pedir que se documente, porque, si
eso es así, nosotros, junto al PSOE, protestaremos de manera airada ya
que eso afectaría a la libertad de expresión y a la propia independencia
y libertad de un grupo político. (El señor Gamir Casares pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gamir, ¿a qué efecto pide usted la palabra?
El señor GAMIR CASARES: A efecto de alusiones.
El señor PRESIDENTE: ¿Por qué dice usted que ha sido aludido, señor
Gamir?
El señor GAMIR CASARES: Por alusión a la condición de diputado y a la
condición de presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que usted ha sido, en todo caso, citado, no
aludido. La alusión significa hacer juicios de valor e inexactitudes
sobre la conducta o la persona de un diputado de algún grupo
parlamentario, y realmente yo creo que no ha lugar al turno de alusiones.
Ahora, si usted lo tiene a bien porque se considera citado, y dada la
benevolencia que solemos tener en esta Comisión, tiene usted un brevísimo
turno.
El señor GAMIR CASARES: Simplemente quiero recordar que la compatibilidad
entre la condición de diputado y la de presidente del Consejo Consultivo
de Privatizaciones fue decidida por el Pleno del Congreso en un voto
secreto y tras un amplio debate, y que yo tengo la seguridad de que la
tradición democrática del Grupo Parlamentario Socialista sin duda es
profundamente respetuosa con lo que implica en democracia una decisión
del Pleno del Congreso.
El señor PRESIDENTE: La señora Mato tiene la palabra.
La señora MATO ADROVER: Quiero hacer unas apreciaciones muy brevemente.
Hoy no deberíamos estar debatiendo en este Parlamento una cuestión
política, porque estamos hablando de la privatización de la TISA. He
dicho en mi primera intervención que una cuestión política es la política
de privatizaciones, aunque más que política es una cuestión de política
económica, política económica que se ha explicado reiteradamente en este
Parlamento por el vicepresidente y los ministros encargados de ello. Por
tanto, me parece que por parte de algún grupo parlamentario no se está
tratando de debatir ni de escuchar ni de interesarse por lo que es la
privatización de TISA, sino de hacer
de ello una cuestión que más que política es partidista. Parece que en
los últimos tiempos el Partido Socialista se ha olvidado de todos los
problemas de los españoles, parece ser que se ha olvidado del problema
del paro, del problema de la drogadicción, se ha olvidado de cualquier
problema que afecte a los ciudadanos salvo su problema particular, que en
este momento parece que es la Compañía Telefónica y las decisiones que en
el ámbito empresarial privado está adoptando la compañía. Yo creo que ése
es un camino equivocado y, si me lo permiten, lo van a pagar caro en las
próximas elecciones generales, porque los ciudadanos tienen la suficiente
sabiduría y son lo suficientemente listos como para saber quién está
defendiendo intereses generales y quién está defendiendo intereses
particulares. En cualquier caso, quería matizar, aunque en términos
coloquiales, que hay una diferencia muy grande entre apropiación y
privatización. Las privatizaciones se están haciendo, en vísperas del
siglo XXI, en todos los países occidentales, y hasta en China se está
privatizando el pesado sector público. Es una opción de política
económica que, por cierto, está dando buenos resultados, y ahora me
refiero no a la política de privatizaciones, pero sí a la política
económica que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular;
resultados económicos que están siendo beneficiosos fundamentalmente para
el ciudadano, porque al final todos los gobiernos trabajan para los
ciudadanos y no al contrario. Apropiación, sin embargo, es una cosa en la
que a mí me da la impresión que ustedes a veces tienen lapsus. Supongo
que es de tantos años de Gobierno y de tanto utilizar esa palabra.
Apropiación es utilizar o quedarse con algo para uso personal o para
disfrute de unos pocos. En este caso las privatizaciones se están
haciendo, como he dicho, para liberalizar unos sectores, para que haya
competencia, competencia que beneficia sin duda a los ciudadanos y, por
tanto, es una palabra bastante distinta la que se utiliza.
En cuanto a los gestores, quiero felicitar al Gobierno del Partido
Popular por los magníficos gestores de empresas públicas que ha nombrado,
que merecen ser ratificados, cuando luego se convierten en empresas
privadas, por los consejos de administración y por los accionistas de las
empresas privadas. Esto significa --como he dicho en la intervención
anterior-- que los gestores que nombra el Partido Popular tienen
acreditada su experiencia en el sector privado, sector privado en el que
no valen tonterías, en el que no valen contemplaciones y en el que no se
premia sino que se exige la cuenta de resultados, que es la que se
controla. Todo lo contrario de lo que ha pasado con los gestores públicos
nombrados por el Partido Socialista, ya que nadie dudará, como usted
decía, qué pasaría con ellos si se privatizaran esas empresas. Sin
ninguna duda se irían a su casa, porque los consejos de administración
los mandarían a su casa después de las pérdidas que han obtenido en su
gestión, en sus brillantes actuaciones --entre comillas-- como gestores
de empresas públicas. Por tanto, simplemente me ratifico en la
enhorabuena al Gobierno por los magníficos gestores públicos, que ahora
son privados, que ha nombrado, que merecen la confianza de estas
empresas.
El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra el señor
subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMINA Y HACIENDA (Díez Moreno): Muy
brevemente. Quiero decir casi de manera telegráfica que yo no sé nada de
amenazas telefónicas. Si desde luego se han producido, me pongo de
acuerdo y al lado del señor Alcaraz y del señor Martínez Noval para
investigarlas y para que se concreten y se acredite que efectivamente no
es una mera invención de prensa.
No entro en el tema de los amigos, porque a pesar de que nosotros tenemos
que soportar permanentemente la acusación de amiguismo, sin embargo
cuando algo puede sonar a lo contrario no se acepta con facilidad. Señor
Martínez Noval, como habrá podido constatar a través de mi intervención,
el proceso de privatización TISA ha sido estudiado y analizado en
profundidad, así como las circunstancias, condiciones y origen de la
participación del Estado en Telefónica Internacional, y lo que le puedo
decir es que yo no sé por qué razón en esta investigación y en la
documentación que poseo no tengo ningún documento que me diga por qué la
Dirección General de Patrimonio del Estado tuvo que aportar 29.000
millones de pesetas a Telefónica Internacional en los años 1990 y 1992.
No lo sé, no he encontrado esa justificación. He dicho que no encontraba
justificación financiera, financieramente no existe, no la he encontrado,
y por supuesto tampoco he encontrado justificación de otra naturaleza,
porque si no existe la primera es difícil encontrar la segunda.
Ha puesto usted unos malos ejemplos en relación con la privatización de
France Télécom y la Deutsche Telekom. France Télécom, como usted sabe, es
propiedad pública al cien por cien del Gobierno francés. Telefónica
española nunca en su historia, desde 1994 hasta la actualidad, ha tenido
mayoría pública. Ha fluctuado mucho el porcentaje de participación, el
más elevado estuvo en torno al 40 por ciento, pero en ningún caso
Telefónica Internacional actuó como empresa pública; y no me quiero
referir a las ampliaciones de capital, a aquellas famosas matildes que
tanta aceptación tuvieron, porque tenemos un ejemplo más concreto en el
millón doscientos mil inversores españoles que fueron a la última
privatización.
Por tanto, France Télécom comienza ahora su proceso de privatización y ya
ha anunciado que sale al mercado con un importante paquete. España empezó
antes este proceso, lo empezaron ustedes en la etapa anterior, con las
privatizaciones parciales de Telefónica. Lo mismo ocurre con Deutsche
Telekom, que es prácticamente una especie de ministerio de teléfonos, un
organismo público, sin experiencia de actuación como sociedad anónima o
sociedad privada y, por tanto, su privatización no es en absoluto
comparable a la de Telefónica.
Ha dicho también que en la etapa anterior no se hizo ninguna
privatización que supusiera pérdida de control. Sí las ha habido, señor
Martínez Noval. Concretamente, el 91 por ciento de Enagas se vendió
directamente a Gas Natural mediante adjudicación directa, y ello
implicaba la pérdida de control sobre Enagas que también, por ser una
empresa
energética y por el interés del gas para la vida económica española,
tenía su importancia.
En cuanto a los nombramientos de presidentes, además de las
consideraciones que ha hecho la señora Mato, me imagino que cada Gobierno
nombra para las empresas públicas a los presidentes que cree más
adecuados, a los que indudablemente conocerá; no creo que ningún Gobierno
se entere del nombramiento de ningún presidente por la prensa. En todo
caso si, con posterioridad a la privatización, los órganos de gobierno de
esa sociedad privatizada, tanto en su junta general como en su consejo de
administración, deciden mantener al presidente, es una cuestión de la
compañía porque tienen instrumentos jurídicos y societarios para cambiar
al presidente. Eso ya no es una cuestión de Gobierno.
En cuanto a las diferencias de valoración, efectivamente, señor Martínez
Noval, se pueden hacer todas las valoraciones que se quiera con una u
otra intencionalidad. Yo ratifico que entendemos que en el proceso de
valoración hemos sido enormemente rigoristas, que tenemos cuatro
constataciones de la bondad del precio obtenido y que, por tanto, a él
nos atenemos.
El dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, efectivamente, es
un dictamen anterior a la decisión del Consejo de Ministros, pero tenga
en cuenta, señor Martínez Noval, que este dictamen lo que hace es
constatar si en el proceso se han respetado los principios de publicidad
y transparencia. Ese es el objetivo que tiene este Consejo según sus
normas creadoras. Por tanto, el Consejo Consultivo de Privatizaciones
debe esperar a que el proceso se haya desarrollado e informar antes de la
aprobación definitiva del proceso por el Consejo de Ministros. De ahí que
esté plenamente justificado que en este momento el Consejo esté
estudiando su dictamen y que el Consejo de Ministros no apruebe de manera
genérica o general tal proceso hasta que no tengamos dicho dictamen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Quiero también, ahora que cerramos la Comisión, despedir virtualmente al
señor Eguiagaray, que no nos ha acompañado en la que desearía haber sido
su última intervención ante la Comisión de Economía, donde
desgraciadamente nos vamos a ver privados de su magnífico
parlamentarismo, aunque le suple, también de manera espléndida, el señor
Martínez Noval.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.