CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 266



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 23



celebrada el viernes, 27 de junio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Secretario de Hacienda para informar sobre el
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. A petición propia. (Número de
expediente 212/000701.) Y a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 212/000501) (Página 7676)



Ratificación de las Ponencias designadas para informar los siguientes
proyectos de ley:



--Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la
octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en
la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales.

(Número de expediente 121/000031) (Página 7690)



--Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo. (Número de expediente 121/000059) (Página 7690)



--Proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una
reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
procedente del Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril. (Número de
expediente 121/000057) (Página 7690)

Página 7676



Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, los
siguientes proyectos de ley:



--Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la
octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en
la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales.

(Número de expediente 121/000031) (Página 7690)



--Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo. (Número de expediente 121/000059) (Página 7690)



--Proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una
reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Procedente del Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril. (Número de
expediente 121/000057) (Página 7690)



Proposiciones no de ley:



--Por la que se insta al Gobierno a realizar un estudio sobre la
traslación del descenso generalizado de tipos de interés a aquellos
productos financieros de uso más común entre los consumidores. Presentada
por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/000540) (Página 7700)



--Para trasladar a familias y empresas la reducción de los tipos de
interés. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 161/000606) (Página 7701)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (COSTA
CLIMENT) PARA INFORMAR SOBRE EL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS. A
PETICION PROPIA. (Número de expediente 212/000701). Y A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000501.)



El señor PRESIENTE: Señores diputados, como en el Reglamento no está
dicho que deba ser requisito imprescindible para la celebración de una
sesión la asistencia del señor letrado, vamos a comenzar la sesión de
esta Comisión.

He de decirles antes de nada, en lo que se refiere al primer punto del
orden del día, que la comparecencia del señor Secretario de Estado de
Hacienda se produce en función de una doble petición: por una parte, y en
primer lugar, la realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar
de que no figura en el orden del día, debido simplemente a un error de
transcripción por parte de los servicios de la Cámara, como me ha sido
comunicado por el letrado, y, asimismo, la realizada a petición propia.

Hecha esta salvedad, he de decirles también, señoras y señores diputados,
que la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista que
figura en el orden del día como punto número 9 no va a ser objeto de
debate hoy, quedando aplazada hasta una próxima sesión que celebremos de
esta Comisión. Asimismo, con posterioridad a la realización y confección
del orden del día, ha sido remitida por parte de la Mesa de la Cámara,
habiendo ya cumplido todos los trámites reglamentarios para su
tramitación, una proposición no de ley formulada por el Grupo Popular que
guarda una similitud evidente con la que figura en el orden del día con
el número 8, formulada por el Grupo Parlamentario Catalán. Si les parece
a ustedes bien, procederemos a su debate conjuntamente. Para proceder a
su inclusión en el orden del día basta con que estén de acuerdo la
mayoría de las señoras y señores diputados componentes de esta Comisión.

Entonces, les pregunto si por asentimiento se incluye este punto. De no
hacerse así, procederíamos a su votación. ¿Consienten ustedes en que se
incluya este punto en el orden del día? (Asentimiento.) Entiendo que así
es.

He de decirles también a los señores diputados que se realizarán
votaciones en esta Comisión correspondientes a las proposiciones no de
ley y a los proyectos de ley que serán objeto de debate y votación. Les
anuncio que las votaciones nunca se celebrarán antes de las 12 de esta
mañana, posiblemente algo después.

Dicho esto, comenzamos esta sesión de la Comisión con la comparecencia
del excelentísimo señor Secretario de Estado de Hacienda, don Juan Costa
Climent, para informar sobre el régimen económico y fiscal de Canarias.

Si les parece, señoras y señores diputados, seguiremos el orden normal de
celebración de estas comparecencias: una primera exposición del
Secretario de Estado de Hacienda, la intervención de los diferentes
grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Socialista, de mayor a
menor, y culminando con el Grupo Popular, contestación del señor
Secretario de Estado de Hacienda y, si entiendo



Página 7677



que se ha producido la necesidad de incorporar nuevas observaciones o
preguntas, concedería un nuevo turno a este respecto.

Sin más, señor Secretario de Estado de Hacienda, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muy buenos
días, señoras y señores diputados. Quiero comenzar mi intervención
disculpándome por el hecho de no haber podido comparecer, como hubiese
sido mi deseo, a la convocatoria efectuada el pasado 7 de mayo a
instancias del Grupo Parlamentario Socialista, y quiero comunicar también
que mi petición de aplazamiento de la comparecencia fue comunicada con
fecha 29 de abril de este mismo año 1997.

Con sumo gusto voy a tener hoy ocasión de explicitar cuál es la situación
actual del régimen económico y fiscal de Canarias y todas las cuestiones
que en estos momentos inciden sobre su desarrollo y perspectivas futuras.

Por esta razón, y con su permiso, voy a efectuar una breve introducción
que acote y defina perfectamente la situación actual del régimen
económico y fiscal de Canarias, lo cual permitirá un mejor análisis y
exposición del futuro próximo. Para lograr este fin, voy a proceder del
siguiente modo: en primer lugar, voy a exponer la situación legal del
REFC tanto a nivel interno como en nuestras relaciones con la Comisión
Europea; después informaré a SS. SS. sobre las actuaciones llevadas a
cabo ante la Comisión Europea; en tercer lugar, informaré sobre la
posición del Gobierno en los puntos en los que existe alguna negociación
digna de ser mencionada con la Comisión Europea y, finalmente, me
referiré a las conclusiones resultantes de la modificación del Tratado de
Amsterdam en la última Conferencia Intergubernamental.

Como todos ustedes saben, el actual régimen económico y fiscal de
Canarias se contiene esencialmente en dos normas de rango legal: en
primer lugar, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y, en
segundo lugar, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. La primera norma, la Ley 20/1991, adoptó
una serie de medidas que están siendo aplicadas desde 1991 sin ningún
problema significativo digno de mención. Por lo tanto, cara a mi
intervención, la Ley 20/1991 no exige comentario alguno.

Respecto a la segunda norma de rango legal, es decir, a la Ley 19/1994,
de 6 de julio, es preciso comenzar indicando que, como todas SS. SS.

saben, desde su entrada en vigor ha sido objeto de modificaciones
parciales, algunas importantes, por las siguientes normas: en primer
lugar, por el Real Decreto-ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial
del REFC. Y, en segundo lugar, por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social.

Con objeto de conseguir el mayor grado posible de análisis de las
cuestiones que suscita esta ley, el contenido de ésta es susceptible de
ser agrupado, como todos ustedes saben, en torno a seis materias: en
primer lugar, los principios generales informadores del REFC; en segundo
lugar, las medidas económicas; en tercer lugar, las medidas de carácter
fiscal; en cuarto lugar, la zona especial canaria; en quinto lugar, las
zonas francas, y, en sexto lugar, el registro especial de buques y
empresas navieras. De ellas, las medidas económicas, las medidas fiscales
y la zona especial canaria son los asuntos que están actualmente siendo
negociados ante la Comisión Europea.

Con relación a las medidas económicas, que todos ustedes conocen, saben
que necesitan el oportuno desarrollo reglamentario para su puesta en
marcha. Desde esta perspectiva, quiero comunicarles que en el otoño de
1994 se creó una comisión interministerial, a la cual se le encomendó que
antes de fin de año tuviese preparado un primer borrador de desarrollo
reglamentario de las medidas de carácter económico. Sin embargo, esta
actuación coincidió con la puesta en marcha de algunas observaciones a la
Ley de 1994 por parte de la Comisión Europea, lo que determinó la
suspensión de los trabajos iniciados hasta tanto fueran resueltas estas
observaciones.

El consiguiente proceso negociador con la Comisión Europea culminó, en
principio, con la aprobación del Real Decreto-ley de 1996, de 26 de
enero. Dado el tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley
19/1994, así como la voluntad de poner en marcha cuanto antes la zona
especial canaria, se aplazó, como saben, todo lo referente a las medidas
económicas hasta tanto se procediese a la elaboración del desarrollo
reglamentario de la zona especial canaria. Una vez elaborado el
desarrollo reglamentario de la zona especial canaria en el mes de
diciembre de 1996, se reanudaron las tareas conducentes al desarrollo
reglamentario de las medidas económicas del régimen económico y fiscal.

En la actualidad, estamos negociando o discutiendo con las autoridades
canarias un borrador de proyecto de real decreto sobre medidas
económicas, que fue remitido para informe el pasado 27 de febrero de 1997
y que, en cuanto esté ultimado, se presentará a las autoridades
comunitarias con el objetivo de lograr la aprobación de éstas en la parte
del mismo en que deba ser objeto de aprobación. Por ello, creo que este
tema, a los efectos que interesan en esta comparecencia, no exige mayores
comentarios, salvo que las señoras y señores diputados soliciten
cualquier explicación o aclaración de carácter adicional.

En relación a las medidas de carácter fiscal, como todas SS. SS: saben,
la ley establece, en primer lugar, una exención del IGIC en favor de los
servicios de telecomunicaciones; en segundo lugar, incentivos fiscales a
la inversión a través de exenciones del IGIC y del Impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, una
bonificación a la producción en el Impuesto sobre Sociedades y la reserva
para inversiones en Canarias, así como la ampliación de los límites de la
deducción por inversiones a través de la disposición adicional cuarta y
determinadas particularidades para Canarias en el régimen general de las
denominadas vacaciones fiscales a través de la disposición adicional
quinta.

De estas medidas, la primera, la exención en el Impuesto General
Indirecto Canario en favor de los servicios de telecomunicaciones, no
plantea problema alguno ni ha sido cuestionada en ninguno de sus aspectos
por las autoridades



Página 7678



comunitarias. Con relación a las restantes medidas, actualmente están
siendo objeto de estudio por la Comisión Europea y, respecto a algunas de
ellas, debe tenerse en consideración que han sido modificadas en varias
ocasiones.

En tercer lugar, sin perjuicio de que con posterioridad haga referencia a
las actuaciones que se han adoptado con relación a las medidas de
carácter fiscal, así como a la posición que mantiene en estos momentos el
Gobierno del Reino de España con relación a estas cuestiones, quiero
hacer referencia a la zona especial canaria.

Como todos ustedes saben, la Ley de 1994 crea y regula la denominada zona
especial canaria como instrumento de promoción del desarrollo económico y
social del Archipiélago. Para la puesta en marcha de la zona especial
canaria eran necesarias actuaciones de dos tipos. En primer lugar, la
aprobación del estatuto del Consejo rector del consorcio de la zona
especial canaria, así como el nombramiento del presidente del consorcio y
de los miembros del Consejo rector. Estas actuaciones están ya
desarrolladas. El Real Decreto de 23 de junio fue el que aprobó el
estatuto del consejo rector de la zona especial canaria en 1995, y los
nombramientos del presidente y de los consejeros se produjeron en su
totalidad a comienzos de 1996.

La segunda actuación que requiere la puesta en marcha de la zona especial
canaria es la aprobación del desarrollo reglamentario del régimen legal
de dicha zona especial. Según manifesté con anterioridad, los trabajos
conducentes a la elaboración del desarrollo reglamentario de la zona
especial canaria se iniciaron en otoño de 1994. Como también dije, estos
trabajos quedaron interrumpidos a principios de 1995 como consecuencia de
las observaciones formuladas por las autoridades comunitarias a la Ley de
1994 y, en particular, a determinados aspectos del régimen legal de la
zona especial canaria contenidos en la citada ley. Esto condujo a que la
elaboración del desarrollo reglamentario fuera paralizada hasta
principios de 1996. Tras un año de negociaciones, pareció que se habían
superado los obstáculos puestos de manifiesto por la Comisión Europea a
determinados aspectos del régimen legal de la zona especial canaria, así
como del régimen económico y fiscal de Canarias, mediante la aprobación
del Real Decreto-Ley 3/1996, del mes de enero. A partir de esa fecha,
enero de 1996, como he dicho, se reanudan los trabajos conducentes a la
elaboración del oportuno real decreto de desarrollo de la zona especial
canaria, en cuyo proceso han incidido, en mi opinión, dos circunstancias.

En primer lugar --ya he hecho referencia a ello parcialmente--, algunos
desacuerdos o consideraciones puestas de manifiesto por la Comisión
Europea que no quedaron superadas con la aprobación del Real Decreto-ley
de 1996 y, en segundo lugar, el compromiso político del actual Gobierno
de mejorar el contenido de la zona especial canaria, en parte en línea
con algunos de los planteamientos efectuados por la Comisión,
circunstancia que se plasmó en las reformas introducidas mediante la Ley
de 1996, de 30 de diciembre, en determinados aspectos de la zona especial
canaria.

Entre tanto, se han seguido manteniendo contactos con la Comisión Europea
en orden a la consecución finalmente de la oportuna autorización para la
puesta en marcha de la zona especial canaria, que no tendrá lugar de
forma efectiva hasta la aprobación del correspondiente real decreto. En
la actualidad, existe ya un proyecto de real decreto que se encuentra
pendiente de informe del Gobierno canario, trámite que, una vez cumplido,
nos permitirá presentarlo a las autoridades comunitarias para su
aprobación.

En este último ámbito, y en función de los contactos que el Gobierno
sigue manteniendo con las autoridades comunitarias, cabe presumir que los
aspectos más importantes a considerar en relación a la zona especial
canaria son el plazo de vigencia, el régimen de estanqueidad objetiva, el
valor de las ayudas y, adicionalmente, quizás haya que considerar también
la aplicación del régimen fiscal a las operaciones de carácter
financiero. En cualquier caso, me interesa destacar nuevamente que, con
relación a estas materias, las actuaciones que se están llevando a cabo
cerca de la Comisión son totalmente informales, con el objetivo de tener
las garantías de que, aprobado el real decreto de manera oficial por el
Gobierno del Reino de España, éste no merecerá ninguna consideración por
parte de las autoridades comunitarias.

Con relación a las actuaciones llevadas a cabo frente a la Comisión
Europea, quiero destacar cuáles son los hechos que ponen de manifiesto
las negociaciones mantenidas desde la puesta en marcha o inicio del
proceso de aprobación de la Ley de 6 de julio de 1994, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En primer lugar, el contenido
de la ley fue comunicado de manera informal al Presidente del grupo
interservicios de la Comisión, el señor Ciavarini, cuando era todavía una
proposición de ley promovida por el Parlamento de la Comunidad Autónoma
de Canarias. El Presidente del grupo interservicios realizó unas primeras
observaciones informales a esta proposición de ley en junio de 1994, por
tanto antes de su aprobación por las Cortes el 6 de julio. En enero de
1995, el grupo interservicios, a través de su Presidente, remite una
carta en la que completa las observaciones informales realizadas en la
carta de 6 de junio de 1994. A partir de esa fecha se abre un proceso
negociador con el grupo interservicios, que puede concretarse en la forma
siguiente.

En agosto de 1995, el Estado remite una carta al grupo interservicios en
la que responde punto por punto a las observaciones formuladas por la
Comisión en su escrito de enero.

En octubre de 1995, el señor Ciavarini, Presidente del grupo
interservicios, envía una nueva carta en la que resume los puntos que se
consideran ya resueltos y los que quedan por esclarecer.

En enero de 1996, con base en estas actuaciones, se elaboró un proyecto
de real decreto-ley de reforma parcial de la Ley de 1994 que fue remitido
de manera informal a la Comisión.

En enero de 1996 también, el grupo interservicios envía una nueva carta
en la que sugiere incorporar modificaciones adicionales en la Ley de
1994, las cuales se recogen, al menos parcialmente, por el Real
Decreto-ley de 26 de enero de 1996. Adicionalmente, el grupo
interservicios advierte en esta carta del hecho de que la compatibilidad
o no



Página 7679



de cualquier ayuda, que pueda contenerse en la Ley de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias se apreciará a medida que se
puedan efectuar las oportunas notificaciones.

En febrero de 1996, el real decreto-ley ya aprobado y adaptado a las
observaciones formuladas por la Comisión se remite a ésta. Sin embargo,
no se efectúan notificaciones de forma oficial o con arreglo al
procedimiento que pueda estar establecido por parte de la Comisión.

En marzo de 1996, el señor Petersen, director de la DGIV, de las ayudas
de Estado, remite una nueva carta en la que solicita a las autoridades
españolas que señalen a qué medidas concretas se refiere la carta de
febrero y pide una mayor información, necesaria en las notificaciones de
regímenes de ayudas. Contando la Comisión con un plazo de tres meses para
pronunciarse sobre un expediente de ayudas, éste se suspende hasta que no
se amplíe la información sobre las mismas.

En junio de 1996 se celebró en Bruselas una reunión entre representantes
de la Administración del Estado, encabezada por el Director General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, y representantes de la
DGIV, delegación encabezada por el director, señor Petersen. La impresión
de esta reunión fue extraordinariamente positiva y, en función de lo que
allí se trató en el mes de julio, se realizaron dos actuaciones. En
primer lugar, se comunicó de manera oficiosa el proyecto de real decreto
por el que se desarrolla el régimen legal de la zona especial canaria. En
segundo lugar, se contestó a la carta del señor Petersen, de marzo de
1996, en la que se requería información adicional y se comunicaba al
Gobierno la obligación de notificar medidas concretas que tuvieran la
consideración de ayudas a efectos de las disposiciones europeas. En esta
contestación el Gobierno manifestó que las medidas que puedan ser
contenidas en la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias exigen
desarrollo reglamentario para ser aplicables, y será cuando éste se halle
suficientemente avanzado cuando se notifique oficialmente a la Comisión
las ayudas que en la misma se contengan. Respecto a medidas concretas de
las que la Comisión pudiera solicitar información adicional, se justificó
cualquier falta de notificación en el pasado por tratarse de medidas que,
en función de las disposiciones y directivas comunitarias, podrían estar
excluidas del deber de notificación en opinión del Gobierno.

En septiembre de 1996 se recibe una nueva carta del Director de la DGIV,
ayudas de Estado, en la que se requiere informaciones complementarias.

En octubre de 1996 se celebra una nueva reunión en Bruselas para tratar
de aclarar definitivamente los requisitos y la información que exige la
Dirección General IV para que la Comisión convalide las medidas
contenidas en la Ley de 1994.

El 3 de diciembre de 1996 acudí a Bruselas para reunirme con los
comisarios señores Van Miert y Monti, acompañado del embajador
representante permanente de España en Bruselas y del Consejo de Economía
y Hacienda de Canarias. Quiero destacar que en dicha reunión el señor
Monti incidió, además, en temas que el Gobierno ya había dado por
cerrados por conversaciones precedentes y por la carta del Presidente del
grupo interservicios de enero de 1996.

El 11 de diciembre de 1996 envié cartas a los comisarios señores Van
Miert y Monti proponiendo posibles soluciones a los asuntos que se
suscitaron en la reunión del 3 de diciembre. Mi carta tuvo respuesta del
Comisario Van Miert el 5 de febrero, en la que volvió a insistir en la
necesidad de que la Comisión obtuviera toda la información adicional que
a juicio de la Comisión pueda ser relevante o indispensable para que
pueda pronunciarse sobre la compatibilidad de las medidas contenidas en
el régimen económico y fiscal de Canarias y sobre si hubo o no la
obligación de notificar esas medidas formalmente con carácter previo.

El 11 de febrero envié una nueva carta en relación a la zona especial
canaria remitiendo informaciones adicionales. Tras ella se celebró una
entrevista entre el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda y los comisarios señores Van Miert y Monti, a la que
también asistí.

El 11 de marzo de 1997, con motivo de la primera reunión del grupo de
alta política fiscal, tuve ocasión también de volver a reunirme con el
Comisario señor Monti para continuar discutiendo algunos de los aspectos
planteados por el desarrollo reglamentario de la zona especial canaria.

El 31 de marzo de 1997 se recibe una nueva carta del señor Petersen en la
que se solicita información adicional a la que envié el pasado mes de
febrero. Se solicita ampliación del plazo para contestar al requerimiento
de información adicional, solicitud que ha sido atendida por la Comisión.

El 21 de mayo pasado el Presidente del Gobierno se entrevistó con el
Comisario señor Monti para discutir las cuestiones correspondientes a los
aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias y, con
posterioridad, se han seguido manteniendo contactos con la Comisión,
entre los que quiero destacar la entrevista del Director general de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, el pasado 24 de junio, con
el director de la Dirección General IV y la reunión, el pasado 25 de
junio, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda con el Comisario señor Van Miert, a la que yo también asistí.

Estas actuaciones constituyen los hitos fundamentales de un proceso de
negociación largo y complejo que esperamos que pueda concluir en breve de
forma satisfactoria en lo que concierte al régimen económico y fiscal de
Canarias, de manera que las últimas informaciones adicionales que exige
en estos momentos la Comisión puedan presentarse a lo largo de la primera
quincena del mes de julio, después de tener un acuerdo informal con la
propia Comisión.

Con relación a la posición del Gobierno sobre cada uno de los asuntos a
los que he hecho referencia, quiero destacar básicamente cuál es ésta en
lo que respecta a las medidas fiscales y al contenido de la zona especial
canaria. En relación a las medidas fiscales, en primer lugar, los
incentivos fiscales a la inversión previstos en el artículo 25 de la Ley
de 1994. Como todos ustedes saben, este artículo



Página 7680



comprende beneficios fiscales referentes tanto al Impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como al
Impuesto General Indirecto Canario. Se trata, como SS. SS. conocen, de un
conjunto de exenciones en los tributos que gravan la puesta en marcha de
actividades en sentido amplio. La voluntad de la Comisión, tanto en esta
medida como en las que luego se analizarán, consiste en verificar que su
contenido se ajusta a los principios del Tratado de la Unión Europea. La
posición del Gobierno español sobre esta medida es la siguiente.

En primer lugar, en el artículo 25 debe distinguirse la exención en el
Impuesto General Indirecto Canario. Esta medida, en cualquier caso, es de
general aplicación dentro de un impuesto que es aplicable única y
exclusivamente en el ámbito del archipiélago canario y, por lo tanto, en
ningún caso puede ser calificada como una excepción a un régimen de
carácter general.

Por lo que se refiere a la exención en el Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, sin perjuicio de que por su
inclusión en el artículo 7 de la Ley 3/1972 se pudiera considerar
preexistente, y por lo tanto no exigiría en ningún caso notificación
previa a la Comisión, hay que decir también que como ayuda a la inversión
sería compatible con las disposiciones comunitarias.

Con relación a la bonificación a la producción interior de bienes
corporales, prevista en el artículo 26 de la Ley de 1994, como ustedes
saben, se trata de una bonificación en la cuota de los impuestos sobre
Sociedades y sobre la renta de las Personas Físicas que se aplica a los
rendimientos obtenidos en la venta de bienes corporales producidos en
Canarias. El Gobierno español, en relación con esta medida, está
negociando en estos momentos la aplicación de un calendario para cumplir
los requisitos de la Comisión manifestados a inicios de 1996, en los que
se apuntaba la necesidad de que esta medida tuviera un carácter temporal
y decreciente.

Con relación a la reserva para inversiones en Canarias, prevista en el
artículo 27 de la Ley, SS. SS. conocen perfectamente que la reserva para
inversiones en Canarias es un mecanismo que permite reducir la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades o como sistema que habilita una
deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta cuando se trata de
empresarios personas físicas y que ha sido, en su faceta continuadora del
tradicional fondo de previsión para inversiones, uno de los principales
motores de la actividad económica en Canarias y, por tanto, de su
desarrollo económico y social. Respecto a este asunto, la posición del
Gobierno español es que estamos ante una medida de carácter preexistente
y que por tanto no requiere ningún tipo de notificación previa a su
entrada en vigor.

Por lo que respecta a la zona especial canaria, quiero destacar dos
cuestiones. La primera es el plazo de vigencia. La Comisión entiende que
la duración prevista para la zona especial canaria hasta el año 2024 debe
ser modulada de manera similar a la de otros regímenes fiscales de
similares características. Desde esta perspectiva, en función de
precedentes como los de Madeira e Irlanda, el plazo de vigencia de la
zona especial canaria no debería ser inferior a quince años o, como
mínimo, a trece si hay que atenerse a algún precedente, en este caso
Madeira, quedando siempre abierta la posibilidad de prórroga ulterior. En
cualquier caso, la Comisión parte de un mínimo de trece años, en los que
con carácter inicial se abriría un período de tres años para el
establecimiento de empresas, a la que se añadiría uno adicional de diez
para el disfrute de los incentivos fiscales establecidos en la zona
especial canaria, plazo inicial de establecimiento de tres años
perfectamente prorrogable, como ocurre en cualquiera de los regímenes
actualmente existentes en el ámbito de la Unión Europea. En cualquier
caso, la posición del Gobierno español en las negociaciones está siendo
más ambiciosa en estos momentos.

Con relación al límite territorial de la zona especial canaria, existe un
principio de acuerdo patrocinado por el Gobierno español, de forma que
las zonas geográficas en las que se puedan ubicar las empresas de la ZEC
sean las islas capitalinas y para las no capitalinas se puedan abrir
nuevas áreas, si así lo recuerda la Comisión a propuesta del Gobierno
español.

Se plantean algunas otras cuestiones puntuales con relación a la zona
especial canaria por parte de la Comisión, y el Gobierno de España ha
manifestado que en ningún caso aceptará medidas que puedan no ser
similares a las contenidas en otros regímenes fiscales que en estos
momentos puedan encontrarse en vigor.

Paralelamente a todo el proceso de negociación con la Comisión Europea
que acabo de exponer a SS. SS., el Gobierno de la nación, en coordinación
con el Gobierno canario, ha conducido otro frente, esta vez con los demás
Estados miembros de la Unión Europea, durante el curso de los trabajos de
la Conferencia Intergubernamental. Como conocen SS. SS., hemos conseguido
anclar el derecho a un tratamiento específico de las islas Canarias en el
texto del Tratado de Amsterdam, es decir, en el Derecho primario o
constitutivo de la Comunidad Europea.

Antes de ofrecer a SS. SS. algunas valoraciones sobre este logro, me
gustaría realizar unas breves notas con carácter previo. En el Tratado de
la Unión Europea vigente el único reconocimiento de las circunstancias
especiales que rodean a lo que se ha venido en llamar regiones
ultraperiféricas figura en la Declaración 26 al Acta final de las
conferencias de los representantes de los Gobiernos por las que se
aprueban las modificaciones a introducir en los tratados constitutivos,
que dan por resultado el Tratado de Maastricht así como una serie prolija
de protocolos y declaraciones. Saben SS. SS. que las declaraciones, al
contrario que los protocolos, no tienen valor jurídico vinculante. Aun
así, ya suponía un avance, y de hecho dio pie a que durante la
negociación de la reforma de determinadas medidas se tuviera en cuenta la
situación de las regiones ultraperiféricas.

Una vez convocada formalmente la Conferencia Intergubernamental, fue
preciso consensuar, con el objetivo de alcanzar este reconocimiento
jurídico, los intereses de los tres países involucrados --Francia,
Portugal y España--, y al mismo tiempo nuestros representantes en el
Parlamento Europeo se movilizaron de forma activa con el objetivo de que
la institución defendiera en su dictamen sobre la Conferencia



Página 7681



y a través de diversas resoluciones una posición muy similar,
contribuyendo a crear así una mayor sensibilidad hacia las necesidades de
estas regiones en la Conferencia Intergubernamental. Aun así, las
reticencias de otros Estados miembros eran inicialmnte numerosas, por lo
que la Presidencia holandesa presentó una propuesta de texto al Consejo
Europeo de Amsterdam que no satisfacía las expectativas españolas.

En cualquier caso, quiero destacar que el texto resultante finalmente
satisface de manera elevada los intereses que defendíamos, a mi juicio
por varias razones. En primer lugar, porque se consolidan claramente en
Derecho primario las especificidades de las regiones ultraperiféricas con
una clara indicación de qué regiones tienen esta calificación, y en
segundo lugar porque se introduce el procedimiento de consulta con el
Parlamento Europeo, evitando así tener que someter a codecisión, como
podía defenderse inicialmente, cuestiones que puedan afectar en el futuro
al régimen económico y fiscal de Canarias o cualquier otro aspecto. El
Consejo además decide por mayoría cualificada, lo que evita los atascos
característicos de la unanimidad en esta toma de decisiones. Por otra
parte, desaparece toda relación posible entre ultraperificidad y cohesión
económica y social, si bien se mencionan determinados fondos
estructurales por su importante contribución al desarrollo económico de
estas regiones. Se delimitan las materias concretas donde pueden
reconocerse especificidades, si bien no como una lista cerrada, y deseo
insistir a SS. SS. en la mención concreta a la política fiscal y a las
ayudas públicas, cuestiones que se negocian con relación al REF.

A juicio del Gobierno, el Tratado, por tanto, supone un respaldo político
extraordinariamente importante y esencial para sostener y defender
nuestra posición en las negociaciones que estamos llevando a cabo con la
Comisión Europea en estos momentos, que espero que puedan concluir de
manera muy breve en lo que respecta al régimen económico y fiscal de
Canarias.

Después de lo señalado --creo que he hecho un análisis bastante detallado
de cuál es la situación actual y cuáles son las cuestiones que se han
planteado y las actuaciones que se han desarrollado con relación al
régimen económico y fiscal de Canarias--, sólo me queda agradecer su
atención y ponerme a disposición del Presidente y de SS. SS. para
cualquier aclaración o cuestión que quieran plantearme.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para formular
preguntas y fijar posición, tiene la palabra el señor profesor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Secretario de Estado, hemos seguido con
mucho interés la lectura de ese documento, que a buen seguro está
integrado por veinticinco o treinta folios, que le habrán elaborado sus
vocales asesores y los miembros de su departamento; lo hemos seguido con
mucho interés, si bien es cierto que no ha descubierto nada absolutamente
nuevo que no conociésemos, habida cuenta que en un porcentaje elevado de
su contenido lo que hace es narrar una secuencia temporal de la
evolución, del crecimiento y consolidación del régimen económico y fiscal
canario para una comunidad tan importante en el seno del Estado español
y, consiguientemente, con su especificidad, dentro del seno de la Unión
Europea. Pero no queremos dejar de hacerle llegar a usted como cuestión
previa, antes de entrar en el análisis de los contenidos difrenciados de
su intervención, el desagrado que nos produce la actitud que usted en su
condición de Secretario de Estado ha tenido con este grupo parlamentario
expresamente, y creemos que por ende con la Comisión, ante las reiteradas
peticiones de comparecencia que le hemos hecho para hablar sobre este
tema, y desde luego ante la mano tendida que le ofrecimos y que usted ha
despreciado con absoluta rotundidad.

En el mes de julio del año 1996, el Grupo Parlamentario Socialista
solicitó su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del
Congreso de los Diputados para evaluar la realidad en aquel momento del
régimen económico y fiscal canario. Esa comparecencia se produjo el 17 de
diciembre y fue una comparecencia que políticamente o desde la
perspectiva parlamentaria podríamos calificar, leyendo el «Diario de
Sesiones», como de guante blanco y de absoluta y exquisita cordialidad
hacia S. S. por parte de quien intervino por el Grupo Parlamentario
Socialista, que es quien lo está haciendo en estos momentos. En el
«Diario de Sesiones» se lee que el señor Segura le dice: «Señor
Secretario de Estado, hace unos meses solicitamos su comparecencia, que
no pudo producirse, pero en modo alguno esto es una recriminación porque
las circunstancias del trabajo de los miembros del Gobierno y el trabajo
parlamentario lo justifican. Sin embargo, en los últimos días, una serie
de declaraciones públicas que se han producido en la prensa de la
comunidad canaria han reforzado, en su temporalidad, la justificación de
la petición que nosotros hicimos.» Y decía con posterioridad: «Esta es
una ley alrededor de la cual los diferentes grupos parlamentarios debemos
apiñarnos y, qué duda cabe, aquellos que representamos en los distintos
grupos las dos circunscripciones electorales de la comunidad canaria
debemos trabajar coordinadamente.» «Entienda usted que esta petición de
comparecencia está esencialmente impulsada por motivaciones informativas,
como se solicita en el texto que al señor Secretario de Estado le ha
llegado, no de recriminación, sobre cuál es el contenido del reglamento
de la ZEC, que desde hace tiempo debía haber sido aprobado y que debido a
los condiconantes comunitarios condujo a que no se aprobase en la V
Legislatura.» En el turno posterior, este interviniente terminaba
diciéndole: «Señor Presidente, si es tan amable, le agradecería no un
turno de intervención, sino que quería rogarle, al Secretario de Estado,
al hilo de la última frase pronunciada por él, que dado que éste es un
tema que consideramos de política de Estado y en el que creemos que
tenemos que participar todos, para no tener que solicitar nuevas
comparecencias o formular preguntas, nos tenga lo suficientemente
informados a los diferentes grupos de la Cámara, y específicamente al
Grupo Parlamentario Socialista, en la oposición, sobre el proyecto de
reglamento que circula profusamente en la Comunidad Autónoma de Canarias
y sobre cualquier otro documento.




Página 7682



No tenga la más mínima duda que tendrá siempre, para terminar de
consolidar ese proyecto de modernidad en Canarias, la cooperación
razonada y razonable de mi grupo parlamentario.»
En consecuencia, tras esta relectura del contenido de lo que fue la
intervención del representante socialista, creo que no cabe duda alguna
que fue de una cordialidad parlamentaria exquisita. El 17 de diciembre se
le tendió la mano para la colaboración. Transcurrido más de medio año, la
realidad, desde la óptica del trabajo parlamentario, es que el 27 de
febrero volvimos a solicitar su comparecencia. Acaba de decir que a
finales de abril, dado que la Mesa de la Comisión de Economía había
establecido ya un orden del día para una sesión de trabajo el 7 de mayo,
parece ser que usted, con siete u ocho días de antelación, comunicó a la
Cámara que no podía asistir. Yo le ruego, más bien le recomiendo, si lo
estima oportuno, leer el «Diario de Sesiones» del día 7 de mayo para que
vea lo que dijo el interviniente socialista, que fue el señor Eguiagaray,
y lo que dijo quien intervino por el Grupo Parlamentario Popular, que fue
el señor Cabrera, que dado que no se encuentra en esta sesión no voy a
leer, pero yo le recomiendo que lo lea usted. Lea el acuerdo que tomó por
unanimidad la Comisión y conteste usted, con toda sinceridad, si con el
comentario que ha hecho al comienzo de su intervención pidiendo excusas
por no haber asistido porque lo había comunicado unos días antes juzga
usted --y si lo estima oportuno indíqueselo a la Comisión-- que la
Comisión puede sentirse satisfecha con esa simple contestación. Esto como
cuestión formal.

Créame, señor Secretario de Estado, que en pocas ocasiones en el fragor
del debate parlamentario se produce un deseo de cooperación, y deseo de
cooperación manifestado por el Grupo Parlamentario Socialista,
fundamentalmente porque ésta es una ley nuestra; no nuestra en exclusiva
obviamente, de las Cortes Generales, del pueblo español y específicamente
del pueblo canario, pero en la que el Grupo Parlamentario Socialista en
el Parlamento canario y en las Cortes Generales, desde luego, hizo
grandes aportaciones a su conjunto. Una ley que surgió, en efecto, como
proposición no de ley del Parlamento canario, precisamente como
consecuencia de más de 300 enmiendas introducidas en el Congreso de los
Diputados por los grupos parlamentarios Socialista y de Coalición
Canaria, una ley que se remitió al Senado, donde experimentó entre 125 y
150 mejoras adicionales, y en cuya votación final el Grupo Parlamentario
Popular se abstuvo, el Grupo Parlamentario Popular no le dio su voto
favorable. Luego así se entiende, yo me atreveía a decir
--respetuosamente, como siempre, con las personas; es exclusivamente una
calificación de naturaleza política--, el poco tono político que el Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular, en las personas
del Secretario de Estado señor Costa y del Ministro señor Rato, vienen
manifestando con esta ley. Porque no deja de ser sorprendente que el
Ministro de Economía y Hacienda, a diferencia del anterior Ministro señor
Solbes, en la anterior legislatura, que compareció a petición propia en
reiteradas ocasiones, después de transcurrido un año no haya venido a la
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados a exponer
su criterio.

Como consecuencia de la poca cooperación que ha querido mostrarnos el
Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y también la dirección del
Partido Socialista en Canarias se han movilizado y en todos los
ayuntamientos y cabildos insulares de Canarias se están produciendo
debates sobre la Ley del régimen económico fiscal canario porque no hay
información, porque no nos llega documentación, porque no sabemos qué
ocurre. Hay declaraciones públicas, declaraciones políticas en ruedas de
prensa, una tras otra y una día tras otro, con auténticas vaciedades, con
auténticos planteamientos vedettistas de aparición permanente en la
prensa, pero sin aportación de soluciones concretas. Los grupos
socialistas en todos los ayuntamientos canarios han presentado, para su
discusión y posterior toma de decisión, propuestas como ésta que les voy
a leer: La Ley 19/1994, de modificación de los aspectos económicos del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, fue aprobada el 6 de julio de ese
año. Tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y su
notificación inicial a la Comisión de la Unión Europea, el Grupo
Interservicios de la Comisión elevó al Gobierno español, el 5 de enero de
1995, una serie de reservas sobre el contenido de la ley, así como sobre
aquellos aspectos que a juicio de dicho grupo deberían ser modificados. A
raíz de esta comunicación del Grupo Interservicios, el Gobierno de la
nación, presidido por don Felipe González Márquez, aprobó y publicó el
Real Decreto-ley 3/1996, de 26 de enero, y la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados lo convalidó, en el cual se modificaban
aquellos aspectos de la Ley 19/1994 que el Grupo Interservicios
mencionaba que se oponían al Derecho comunitario. Tal es así que un día
antes de la aprobación del real decreto-ley referenciado, el 25 de enero
de 1996, el Grupo Interservicios, a través de su presidente don Giuseppe
Ciavarini, dirige escrito a don Javier Elorza, representante permanente
de España ante la Unión Europea, en el que se afirma textualmente que los
servicios de la Comisión observan con satisfacción las mejoras aportadas
por el proyecto de decreto-ley en cuestión al texto de la Ley 19/1994,
aunque formula algunos tipos de precisiones de orden técnico pero sin
contenido político. Sin duda alguna y previamente a la remisión de este
escrito se había desarrollado un debate técnico sobre el contenido de
dicho real decreto-ley en el Grupo Interservicios y se había llegado al
correspondiente acuerdo político de dar pervivencia al régimen económico
y fiscal de Canarias como elemento determinante de la evolución positiva
de la economía canaria, cuestión que había sido a su vez recogida en el
anexo del Reglamento 1911/1991 denominado Poseican. Dadas estas
circunstancias, entendemos que se había llegado a un acuerdo en la
Comisión de la Unión Europea que garantizaba el régimen económico y
fiscal.

Tras la celebración de las elecciones generales el 3 de marzo de 1996 se
constituye un nuevo Gobierno que, presidido por don José María Aznar, ha
debido impulsar la ultimación de la puesta en vigor del REF. La realidad
objetiva en esta fecha, y transcurrido algo más de un año, es



Página 7683



que se ha aceptado reabrir la negociación de los elementos esenciales del
REF, poniendo en grave riesgo su viabilidad y su utilidad. Tal situación
deriva esencialmente de la escasa capacidad negociadora del Gobierno
español, que aún no ha llegado a completar a la Comisión (son
declaraciones públicas del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, en reiteradas ocasiones, en el Parlamento canario y ante la
prensa) la documentación y datos requeridos por la misma. Todo ello
evidencia la dejación del Gobierno de España en la defensa de una
institución histórica como el REF de las islas Canarias, que diferencia
netamente a la Comunidad de Canarias de las restantes del Estado español.

Ello es evidente por cuanto que la disposición adicional tercera de la
Constitución reconoce la existencia del REF y su pervivencia, así
específicamente, tras la incorporación del Reino de España a las
Comunidades Europeas. Esta dejación en el ejercicio de sus obligaciones
por parte del Gobierno de la nación se manifiesta en reiteradas
ocasiones, incluso con la incomparecencia del señor Secretario de Estado
ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, a efectos de informar acerca
de la situación en la tramitación de los citados temas del REF y después
de la inclusión de la misma en el orden del día de la sesión
referenciada, a lo que yo también he hecho alusión minutos atrás. Así
pues, hasta el momento y transcurrido algo más de un año del ejercicio de
sus funciones del actual Gobierno, ni el Ministro de Economía y Hacienda
ni ninguno de los secretarios de Estado de dicho ministerio
--transmítaselo, si lo estima oportuno, señor Costa, a su colega señor
Montoro-- han visto la conveniencia de hablar de las componentes
económicas del régimen económico y fiscal canario aún por desarrollar y
que están siendo objeto permanentemente de proposiciones no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista en las diferentes comisiones de esta
Cámara, como, por ejemplo, por qué no se desarrollan los artículos 5, 6,
7 y 8 de la Ley 19 vinculados al transporte aéreo y al transporte
marítimo, que además son mandatos constitucionales. ¿Por qué no se
desarrollan tantos y tantos otros preceptos que no dependen de la
voluntad de la Comisión Europea sino exclusivamente de la capacidad
gestora del Gobierno español y de sus diferentes ministerios?
Señor Secretario de Estado, el Partido Socialista se siente coautor de
esta ley, dio su voto favorable --nos remontamos a 1978-- al precepto
correspondiente en la Ponencia que dio origen a la Constitución española,
y hemos sido precisamente quienes hemos viabilizado la entrada del Reino
de España en las antiguas Comunidades Europeas, en la actual Unión
Europea. A partir de 1986, probablemente en ninguna comunidad del Estado
español se ha debatido públicamente con tanta pasión sobre el tema
comunitario. No olvidemos que Canarias ingresó con aquel célebre
protocolo anexo al Tratado de Adhesión y que, siguiendo la línea
directriz, que el Presidente Felipe González había indicado que no había
sido acertada, de la decisión que el Parlamento canario había tomado y
que respetabilísimamente siguió el Gobierno de España en la negociación
del documento que dio origen al Acta de Adhesión, a partir de 1990 ha
habido un proceso, al que usted ha hecho referencia, en el que el Grupo
Parlamentario Popular no participó con su voto favorable, ni en la ley de
1991 ni en la ley de 1993.

Señor Secretario de Estado, usted ha hecho referencia --lo digo con todo
calor y con toda pasión-- a algo muy querido para los socialistas
españoles y singularmente para los socialistas canarios. Nosotros
consideramos que hemos sido uno de los grandes elaboradores del artículo
227.2 del nuevo Tratado de la Unión Europea. Y mantengo el calificativo
de grandes.

En las Cortes Generales españolas --esto debe quedar muy claro--, los
últimos cuatro años, cada vez que se ha debatido una iniciativa
parlamentaria en cualquier Comisión de Economía y Hacienda del Congreso o
del Senado, en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea,
en el Pleno del Congreso de los Diputados o en el Pleno del Senado --le
ruego que lo tenga muy presente-- ha sido siempre a instancias del Grupo
Parlamentario Socialista. Acépteme señor Costa, un pequeño obsequio. Al
finalizar la sesión le entregaré un cuadernillo que se elaboró en unas
jornadas internas del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento
canario para dar a conocer el estatuto permanente de Canarias en el nuevo
Tratado de la Unión Europea y en el que se recogen fotocopias de los
«Diarios de Sesiones» de los cuatro últimos años de la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Señor Segura, le ruego que termine.




El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor Presidente.

Se recogen todas las iniciativas promovidas por el Grupo Parlamentario
Socialista. A ustedes les ha tocado recorrer los últimos metros de la
negociación, y en esos últimos metros han contado con el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista y de nuestro partido. Sorprendentemente, el
actual Secretario de Estado de Política Exterior, señor De Miguel, en
declaraciones públicas que ha hecho últimamente, ha advertido que este
artículo no otorga carta blanca al REF. Ojalá se equivoque, pero no
coincide el Secretario de Estado de Política Exterior para la Unión
Europea en sus declaraciones públicas en actos organizados por el Partido
Popular en Canarias, no un acto institucional, con lo que dice el
Secretario de Estado. Respecto a la situación actual, señor Costa, frente
a los titulares triunfalistas de la prensa de Canarias de los últimos
días, curiosamente, el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias no lo es tanto. Ojalá también se equivoque.

Permítame que le haga unos pequeños comentarios para estructurar mi
intervención. Señor Presidente, con su permiso voy a comentar las
dificultades que se están encontrando hoy en día. Por lo que hace
referencia al artículo 25, sigue habiendo problemas en lo que respecta a
los incentivos a la inversión para las sociedades domiciliadas en
Canarias que siendo de nueva creación, o que ya constituidas realicen una
ampliación de capital, amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones,
que sabemos que gozan



Página 7684



de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y parece ser que no es aceptado por la Comisión
Europea. Parece ser que tampoco lo es la exoneración en el IGIC en acto
equivalente. A nosotros nos preocupan los artículos 25 y 26, referidos a
la bonificación fiscal a la producción, con un régimen especial de las
empresas productoras de bienes corporales, es decir, para los sectores
agrícola, ganadero, pesquero e industrial, que popularmente hablando son
los sectores claves de la economía canaria. La Comisión Europea ha
plateado problemas en lo que respecta a una bonificación con carácter
decreciente y temporal, lo que puede llegar a ser muy grave para sectores
tradicionales de la economía de Canarias. Nos preocupa, señor Secretario
de Estado, el futuro de la ZEC. Nosotros debemos luchar --y le
animaríamos a que lo haga-- para que al menos la zona especial canaria
cuente con los contenidos equivalentes a los de Madeira e Irlanda, que
tienen zonas financieras equivalentes a aquellas que se recogen en los
capítulos correspondientes de la Ley del Régimen Económico y Fiscal. Sin
embargo, señor Secretario de Estado, la Comisión Europea está planteando
tres años de instalación y diez de beneficios. Esto se lo sirvió en
bandeja el Gobierno español cuando en la ley de cesión de tributos, que
se aprobó a finales del año pasado a propuesta del Gobierno, en la
disposición adicional tercera se cambió el ámbito temporal hasta el año
2010 mediante una enmienda que no fue consultada al Parlamento de
Canarias, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 45 del antiguo
estatuto de autonomía, hoy 46, que motivó un recurso de
inconstitucionalidad aprobado por unanimidad del Parlamento de Canarias y
admitido ya a trámite por el Tribunal Constitucional. Por eso pensamos
que le pusieron en bandeja a la Comisión Europea esta propuesta del
Gobierno español para que la haga suya. A nosotros nos parece que es un
mecanismo poco incentivador de la ilusión económica de un inversor, por
cuanto que en un período de tiempo tan reducido no puede llevar a cabo
una inversión alta pues no tiene tiempo de rescatar o amortizar las
inversiones correspondientes.

En consecuencia, señor Presidente, termino indicándole al Secretario de
Estado que en los meses próximos, con la dinámica inexorable que ha de
tener este tema, con la necesidad de elaborar una serie de reales
decretos-leyes para producir las modificaciones en la Ley 19 para
desarrollar la ZEC y en el texto refundido de las dos leyes, la fiscal y
la económica, sería muy deseable que el Gobierno no continuase con
tozudez la incomunicación con el Grupo Parlamentario Socialista en estos
temas, y específicamente con esta Comisión que es la competente en estas
materias en el Congreso de los Diputados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, don Juan Costa, por su
comparecencia para informar de este importante tema del régimen económico
y fiscal de Canarias que viene a suponer para nosotros algo así como un
fuero económico histórico; fuero económico que arranca no de estos
últimos años sino desde los Reyes Católicos, que fueron conscientes de la
necesidad de proteger el comercio con unas medidas que afectaban a la
tributación por las alcabalas. No voy a hacer aquí una exégesis histórica
de lo que supuso para Canarias la Ley de Puertos Francos, defendida por
el gran político extremeño Bravo Murillo, hasta llegar al régimen
económico y fiscal de Canarias en sus dos aspectos, como usted
acertadamente ha señalado. A fuer de ser sincero, quisiera agradecer al
Gobierno actual las medidas que ha tomado y los esfuerzos que está
haciendo en pro de que los beneficios fiscales históricos de Canarias se
sigan defendiendo y manteniendo, como también se lo agradecemos al
Gobierno anterior que se preocupó del régimen económico y fiscal. Pero en
estas horas en que se vislumbra un feliz resultado, parece que todos
quieren acogerse al carro de la victoria y cantar cada uno sus méritos y
alegaciones. Los méritos son de toda la sociedad española, de la sociedad
canaria y de todos los gobiernos, pero hay que reconocer que el Gobierno
actual del señor Aznar, recogiendo una petición que en el debate sobre el
estado de la Nación le hiciera nuestro portavoz el señor Mauricio,
considerase que la temática a debatir en Europa era materia de Estado.

Esa calificación, asumida por el Gobierno actual, ha hecho que se haya
logrado esa importantísima victoria --tan importante como fue la
consecución de los puertos francos en el siglo pasado-- que es la
inclusión en el Tratado de Amsterdam. Es un paso importantísimo que
también ayuda a la consecución de las demandas del mundo empresarial, de
la sociedad canaria y de todos los partidos políticos que están en
Canarias en las cuestiones que quedan por reclamar, por armonizar con
Europa. He dicho armonizar porque Canarias, en un momento determinado,
adoptó la postura de dejar de estar aislada y entrar plenamente en
Europa, que tiene sus reglas de juego, por lo que tenemos que armonizar,
coordinar las necesidades de la sociedad canaria y las reglas de juego de
la Unión Europea, sin olvidarnos de que Canarias, como región
ultraperiférica que tiene un incremento paulatino de su nivel de vida, de
su renta, tiene también un hándicap que es su situación geográfica. Las
islas Canarias no se pueden mover de frente al Reino de Marruecos,
antiguo Sáhara español, y colocarse al lado de la costa gaditana. El
problema de la distancia tiene que resolverse por ley, porque físicamente
no se puede resolver. La ley tiene que compensar la distancia con las
subvenciones al transporte marítimo y aéreo. Con esto quiero decir que en
este esfuerzo que está haciendo el Gobierno actual, como lo hizo el
Gobierno anterior, pero que hoy día tiene la impronta de considerarlo
materia de Estado, vigile y resuelva los temas que dependen
exclusivamente del Gobierno actual, separándolos de las negociaciones que
con carácter esforzado se están haciendo en Europa. Nosotros pediríamos
que en esta fase final, que esperemos que termine antes del verano, se
coordine con la sociedad canaria, que es la receptora de los beneficios
de esta ley, se coordine con los partidos políticos, se coordine con el
Gobierno de Canarias y no perdamos el tren. Esta ocasión es única y va a
marcar un hito histórico tan importante como la Ley de Puertos Francos a
mitad del siglo pasado. Nos gustaría que ahora que se



Página 7685



cumplen precisamente los 25 años del REF este año fuera el del inicio del
nuevo REF.

Señor Costa, entrando en la materia que nos concita aquí,
fundamentalmente en los artículos 25, 26 y 27 del REF, aunque usted ha
aclarado perfectamente que la reserva para inversiones como derecho
preexistente está salvada, como heredera, del fondo de previsión para
inversiones, que es una de las causas y motivación del fuerte empuje
financiero de las empresas canarias y es importantísimo cómo se coordina
e incardina esta institución con la suscripción de fondos públicos,
etcétera, le agradecería nos ampliase un poco más las cuestiones
referentes a las bonificaciones del artículo 26 a la ZEC.

En la ZEC sabemos que hay un diferente criterio acerca de su vigencia.

Una vigencia de corto plazo no anima a la inversión al mundo empresarial.

Tiene que ser un criterio que permita que la inversión de hoy se pueda
recuperar y obtener beneficios. La obtención de beneficios depende de la
gestión, pero la gestión es la que produce la posibilidad de inversión.

En una situación normal exige un tiempo necesario, cuanto mayor sea,
mejor. Comprendemos que no podemos sobrepasar los límites de otras zonas
especiales de Europa, pero sí tenemos que conseguir lo máximo, aunque
tengamos la tranquilidad relativa de que posiblemente es renovable, que
no es un plazo que caduca y finaliza, que ningún empresario que invierta
en Canarias piense que a los 13, 15 ó 20 años tiene que desmantelar su
actividad y marcharse a otros lugar. No es así, pero conviene hacer
constar que el plazo inicial fuese el mayor posible.

Por último, en esta breve intervención, quiero reiterarle nuestro
agradecimiento. Se lo digo con toda sinceridad. Hoy la sociedad canaria
es consciente de que Madrid --como decimos allá-- se ha venido
preocupando desde hace muchos años de la problemática canaria, y eso
ayuda mucho más al reforzamiento de los vínculos entre canarios y
peninsulares, que es lo que nos interesa a nosotros, para considerarnos
lo que queremos ser: la ventana de España y de Europa ante el mundo. Por
ello repito las gracias, señor Costa, y esperemos que las gestiones
finalicen con todo éxito.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Medina.




El señor MEDINA TOLEDO: Señor Secretario de Estado, muchísimas gracias
por su presencia aquí --agradecimiento no sólo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular sino especialmente como canario-- y por el esfuerzo
informativo y su dedicación a este tema.

En relación a la intervención del profesor Segura, como sabe que no sólo
al Presidente sino a mí me gusta llamarle en consideración personal,
aparte de la función terapéutica que para su salud política ha tenido su
intervención, yo creo que merece algunas precisiones. Por ejemplo, no se
ajusta a la realidad decir que el Ministro señor Rato no comparece en
esta Comisión. En el período que va del 16 de abril al 29 de mayo ha
estado dos veces aquí. En la VI legislatura, durante el período de
mandato del señor Solbes, por ejemplo en todo el año 1995 compareció
solamente una vez ante esta Comisión. Como muestra de que no hay
precisión en su afirmación queda claro.

La intervención del señor Costa ha sido clarificadora en la materia que
nos ocupa. Se ha dicho reiteradas veces --y veladamente también lo ha
dicho el señor Segura-- que el PSOE dejó amarrada ante la Unión Europea
la modificación introducida en el REF por la Ley 19/1994, de 6 de julio.

Ha quedado claro por la exposición cronológica de los hechos que no era
así. Tampoco esto es un demérito para el PSOE porque cualquier
negociación en la Unión Europea es complicada y lleva su tiempo. Lo que
quiero poner de manifiesto claramente es que el Gobierno de la nación
española en su conjunto, es decir, el Gobierno de don José María Aznar
--la situación era la que era-- ha establecido la estrategia política y
el proceso negociador más adecuado con el fin de obtener los mejores
logros y los mejores acuerdos para Canarias ante la Unión Europea. Yo
creo que en la estrategia anterior, en contra de algunas opiniones, se ha
demostrado muy acertada la inclusión en la modificación del Tratado de la
Unión, en la reunión que se ha celebrado ahora en Amsterdam, de la
condición de región ultraperiférica de Canarias como base política para
la negociación de los aspectos concretos económicos y fiscales. Digo que
no fue siempre la posición política de otros grupos que yo sí estoy de
acuerdo, señor Segura, que en determinados momentos se quieren apuntar al
carro de la victoria o de los logros, modestos o amplios, pero que en
determinadas condiciones incluso ahora siguen poniendo pegas a lo
alcanzado y siguen intentando macular lo que yo creo que han sido logros
indudables del Gobierno de José María Aznar. Yo creo que merece una
ligerísima reflexión política el concepto de permanente, porque las
palabras, tal y como se expresan, en sí mismas no dicen nada si luego uno
no les añade la definición o lo que entiende por ellas. Lo dijo muy bien
y muy claramente uno de los intervinientes anteriores. La filosofía
política de la Unión Europea no es la de conceder nada permanente, sino
la de intentar una armonización económica, fiscal, etcétera, dentro de su
territorio. El gran logro ha sido el reconocimiento permanente de la
singularidad de Canarias, pero eso no significa que las medidas que se
adopten no puedan estar sometidas a revisión, no necesariamente a la
baja, sino en el futuro a lo mejor de manera distinta para adaptarse a
las necesarias condiciones fiscales y económicas que demande la región.

Esa fue siempre la postura del Partido Popular de Canarias, y también la
postura de todos los parlamentarios canarios en Canarias, en España y en
Europa. Se ha llegado a afirmar --lógicamente yo no estoy de acuerdo con
esa afirmación y creo que debo decirlo aquí-- que el desencadenante de
este logro de tomar como cuestión de Estado para España el reconocimiento
por Europa de la condición de Canarias como ultraperiférica en el
estatuto permanente nace de una intervención, en el debate sobre el
estado de la Nación, del portavoz de Coalición Canaria señor Mauricio.

Hay que recordar que desde el año 1993 ésta ha sido una bandera y una
reivindicación permanente del Partido Popular de Canarias y que en el año
1996, en las elecciones generales era un apartado específico y concreto
del programa electoral nacional del Partido Popular. Es decir, don



Página 7686



José María Aznar no necesita que nadie le recuerde algo que está en un
programa electoral y que es un compromiso entre don José María Aznar y
los españoles. Esto es así. Nosotros valoramos enormemente, respetamos y
creemos que es bueno el apoyo de Coalición Canaria y reconocemos los
logros y los esfuerzos que en el pasado el PSOE ha hecho en esta materia.

Es evidente que no es un logro específicamente del Partido Popular, sino
que hay una serie de bases colocadas, pero yo creo que hay que dejar en
sus justos términos las cosas y decir que el impulso definitivo, el
esfuerzo no sólo de lo conseguido sino de lo que está por conseguir
corresponde al Gobierno de la nación y a José María Aznar en particular.

Algunas cuestiones en relación con esto último que he afirmado son
realmente duras. El Gobierno de la nación es el responsable último del
proceso negociador con la Unión Europea y ha sido extraordinariamente
respetuoso y prudente, teniendo que asumir muchas veces ante la opinión
pública déficit informativos, indecisiones y otras carencias pasadas y
presentes, repito, con una prudencia y un temple admirable, que no son su
responsabilidad, pero como es el responsable último de la negociación
tiene que hacerlo así para no poner en peligro los logros y los objetivos
alcanzados. A lo largo de todo el proceso negociador, la vanidad personal
y política de algunos ha añadido dificultades innecesarias al logro de
objetivos vitales para Canarias, y lo peor es que nos tememos que puedan
seguirlas añadiendo al expandir confusión con declaraciones que son a
veces contradictorias, cuando no imprudentes, intentando restar
importancia al legítimo mérito que tiene el Gobierno de la nación y que
debe atribuirse al Gobierno de José María Aznar.

Mi intervención debe finalizar pronto porque el rigor técnico del
Secretario de Estado y la exposición de los hechos explican la materia
por sí sola. Solamente quiero decir, y esto sí tengo especial interés en
dejarlo claro, porque es de justicia para con el Partido Popular de
Canarias, que la lectura política de una abstención puede ser la que ha
hecho el señor Segura --es lícito que la haga--, pero en este caso no se
corresponde con la verdad. El Partido Popular se abstuvo por
responsabilidad política ante su minoría en la Cámara porque ante todo
antepone los intereses de Canarias, y el régimen económico y fiscal que
salió debatido allí no es el único; es decir, al revés que madre,
regímenes económicos y fiscales hay más de uno, y el Partido Popular
presentó su propia alternativa, su propio texto, creo que mucho más
realista y posibilista que el definitivamente aprobado. Es más, ese
régimen alternativo contenía la previsión política de que si en un
momento determinado no se conseguía la negociación con la Unión Europea
de determinados logros, tuviésemos la posibilidad de que el Estado
español nos compensara por algunos de los logros no obtenidos. Entonces,
el Partido Popular por responsabilidad se abstiene, no porque no quisiera
lo mejor para Canarias, sino porque tenía su propio modelo que lo sometió
a consideración en el Parlamento de Canarias y no fue aprobado.

Finalizo mi intervención, señor Presidente, sin menoscabo de que después
de la segunda intervención del Secretario de Estado, y si S. S. lo estima
conveniente, podamos pedir alguna aclaración más.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los reproches o lisonjas formuladas
por los diferentes grupos parlamentarios, porque realmente preguntas
entiendo que no han sido formuladas, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado, con lo cual evidentemente, me temo mucho que no habrá lugar a
un segundo turno de intervención.

Señor Costa, tiene usted la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Voy a intentar
contestar a las posiciones que han mantenido los diferentes grupos que
han intevenido, empezando por el Grupo Socialista.

En primer lugar, quiero volver a reiterar mis disculpas por la
imposibilidad de comparecer en la sesión del pasado 7 de mayo. Quizás
pedir disculpas una vez y de manera concisa, no sea suficiente. Yo estoy
dispuesto a pedirlas cuantas veces sea necesario. He manifestado ya que
en cuanto recibí la comunicación de la Comisión trasladé al Congreso de
los Diputados la imposibilidad material de asistir a esa sesión, y creo
además que en un plazo relativamente breve de tiempo me he puesto siempre
a disposición de esta Comisión, no solamente para contestar o para
comparecer ante las peticiones del Grupo Parlamentario Socialista, sino
porque como responsabilidad política, he considerado oportuno tener
informada con periodicidad a esta Comisión. Yo creo que aquí lo
importante no son las fechas, lo importante son las comparaciones y los
precedentes. Desde luego, como Secretario de Estado creo que vengo con
bastante asiduidad, probablemente con muchísima más asiduidad de la que
algunos de mis antecesores pudieron hacerlo en el pasado, pero no es un
reproche; no hago un esfuerzo, es intentar cumplir con lo que creo que
son mis responsabilidades como Secretario de Estado.

En segundo lugar, creo que el contenido de mi intervención debe haber
sido bastante detallado y debe haber suministrado bastante información,
porque la realidad es que a excepción del representante de Coalición
Canaria, casi no se me han pedido aclaraciones adicionales de ninguno de
los extremos a los que he hecho referencia. En cualquier caso, desde
luego al representante de Coalición Canaria contestaré de manera muy
explícita al contenido de sus peticiones de información.

El señor Segura ha hecho una imputación sobre la voluntad política o el
apoyo de este Gobierno al régimen económico y fiscal de Canarias; ha
hecho también una referencia a si compartimos o no el contenido del
régimen que fue aprobado en el año 1994. Con relación a esa cuestión me
gustaría decirle dos cosas. La primera es que entre las primeras
iniciativas políticas de este Gobierno, aprobadas en el año 1996, se ha
encontrado mejorar ostensiblemente el contenido del régimen económico y
fiscal de Canarias. Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo en que
se han introducido mejoras extraordinariamente importantes, muy
importantes, en la zona especial Canaria y en la REF, a lo largo de la
tramitación de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado. Por tanto, en



Página 7687



ningún momento puede usted manifestar o creo que no tiene sentido
manifestar que este Gobierno no respalda o no quiere un régimen económico
y fiscal para Canarias que esté a la altura de lo que todos esperamos de
Canarias a partir del año 2000.

Voy a hacer otra consideración que me parece importante. Usted ha
descalificado a este Gobierno, desde luego en el ejercicio de su legítimo
derecho, sobre la actitud que como Secretario de Estado de Hacienda puedo
tener con relación a las cuestiones que plantea Canarias, yo
personamente, o incluso el Gobierno en cuanto al interés político que
puede tener sobre esta cuestión. Está en el ejercicio de su derecho, por
supuesto que sí, pero le voy a decir una cosa. Yo podría descalificar la
actuación del Gobierno anterior con relación a esta cuestión, pero no lo
voy a a hacer, y no lo voy a hacer única y exclusivamente por una razón,
con independencia de que pueda, porque creo que en una cuestión tan
importante como el régimen económico y fiscal de Canarias, lo realmente
relevante es hacer un buen trabajo: defender los intereses del
Archipiélago y alcanzar una solución; no utilizar el régimen económico y
fiscal como una cuestión partidista y de debate político. Por tanto, yo
no voy a hacer referencia, no voy a hacer ninguna alusión ni ninguna
descalificación a las conductas, a las actitudes o al resultado de los
trabajos que pudiera desarrollar el Gobierno anterior. Me manifiesto
solidario con el Gobierno anterior en cuanto al trabajo realizado, y
desde luego, solidario en cuanto a la posición que voy a mantener en
Bruselas, ante cualquiera de las actuaciones que el Gobierno anterior
hizo en materia del régimen económico y fiscal de Canarias, porque
entiendo que lo único importante aquí es conseguir una solución, sacar
esto adelante, y para eso, desde luego a través de descalificaciones, de
méritos o de actuaciones concretas, no vamos a llegar a ningún sitio.

Por otro lado, ha dicho que algunas de las cuestiones se han paralizado o
no se les ha dado el impulso político, por ejemplo el desarrollo de las
medidas económicas. El desarrollo reglamentario de las medidas económicas
y la Comisión interministerial que tenía ese objetivo estuvo paralizada
casi dos años. ¿Por qué? Porque había una prioridad política que era
salvaguardar o intentar hacer frente a las consideraciones de la Comisión
y darle probablemente mayor importancia al desarrollo reglamentario de la
zona especial canaria. Esa fue una prioridad política del Gobierno
anterior que a mí me parece legítima y razonable. Desde luego, nosotros
en cuanto pudimos cerramos el desarrollo reglamentario de la zona
especial canaria, y piense usted que ese desarrollo reglamentario se ha
tenido que cerrar después de las notables mejoras técnicas y mejoras de
contenido del régimen que se introducen con efectos 1.º de enero del año
1997 y, sin embargo, hemos sido capaces también de preparar un borrador
para desarrollar las medidas económicas contenidas en el REF.

También ha hecho referencia a la posición política del Grupo
Parlamentario Socialista y del Partido Socialista en materia de lo que es
estatuto permanente. Desde luego, agradezco cualquier aportación que
desde el punto de vista técnico e informativo me pueda hacer; yo no se la
he cuestionado en ningún momento. Creo que el triunfo de la cumbre en
Amsterdam es un triunfo de todos los españoles y, desde luego, de todos
los ciudadanos canarios, por supuesto que sí. No estamos aquí tratando de
apropiarnos o de ponernos una bandera. Yo creo que el Gobierno representa
a todos los ciudadanos españoles y a todos los canarios. Si usted me dice
que ha sido su partido político o su grupo parlamentario el único que ha
hecho bandera de esta cuestión, también podría decirle que el único
Gobierno que ha conseguido esta cuestión ha sido el Gobierno de José
María Aznar. Usted puede haber estado muchos años intentando impulsar una
modificación jurídica del Tratado en un aspecto concreto y determinado, y
sin embargo el Gobierno anterior no tuvo la posibilidad, no tuvo la
capacidad en ese momento, había otras prioridades políticas en ese
momento, o no le hizo todo el caso que a lo mejor en su opinión se le
debía haber hecho a ese planteamiento. Eso no lo he dicho ni lo pretendo
insinuar en ningún momento. Que hayamos conseguido en el Tratado un
reconocimiento jurídico de las regiones ultraperiféricas es un triunfo
del conjunto de la sociedad española, un triunfo del Gobierno de la
nación y un triunfo de todos los ciudadanos canarios, y es un triunfo
que, desde luego, estamos dispuestos a compartir por razones de
responsabilidad y porque creemos que es avanzar en una línea no solamente
de respaldar políticamente cualquier actuación con relación a Canarias,
sino de poder mejorar también en el futuro cualquier marco y cualquier
actuación con relación a Canarias.

Ya lo he dicho antes. La semana pasada tuve también ocasión de acudir a
la reunión de un grupo de trabajo de alta fiscalidad donde están
representados todos los gobiernos europeos, en la que participaron el
comisario Van Miert y el comisario Monti, los dos. El representante de
Alemania pidió información específica sobre nuevos marcos de régimenes
fiscales que estaban a punto de ser concedidos o que estaban siendo
negociados ante la Comisión, y, desde luego, como representante del
Gobierno español, manifesté que en ningún caso España iba a aceptar
cualquier trato discriminatorio con relación a los regímenes fiscales
especiales que puedan estar en vigor. Esa es la posición que va a
mantener el Gobierno español, como es obvio. En esa reunión del grupo de
trabajo de representantes de todos los Estados miembros de la Unión
Europea obtuvimos el respaldo y el reconocimiento explícito de esa
posición por parte del comisario Van Miert. Por tanto, puede estar
tranquilo en cuanto a ese tema concreto.

Dice que hemos puesto en bandeja la posición de la Comisión en cuanto al
período de vigencia de la zona especial canaria. Yo creo que aquí hay que
hablar con un poquito de rigor. Usted sabe cómo funcionan exactamente
otros régimenes fiscales de estas características que existen en el
ámbito de la Unión Europea. La Comisión, con independencia de la duración
legal, autoriza a través de prórrogas sucesivas el mantenimiento de esos
regímenes fiscales. La Comisión ha lanzado una propuesta al Gobierno de
España que la ha considerado insuficiente, y no entramos a valorar
cuestiones y posiciones concretas porque creo que a todos nos interesa el
buen desarrollo de las negociaciones y conseguir lo mejor. Nuestra
propuesta es que durante 13 años



Página 7688



se pueda disfrutar del marco fiscal que establece la zona especial
canaria y lo que señala la Comisión es que inicialmente se conceda ese
disfrute para aquellas entidades que se establezcan en el plazo de tres
años.

Un plazo de 13 años para inversiones es hoy un plazo que con carácter
general permite evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión,
porque hoy los proyectos de inversión se miden en un plazo medio
probablemente más reducido de lo que podía ocurrir hace años; pero además
de eso, es un plazo inicial, que probablemente incentiva que se tomen con
anterioridad las decisiones de localización en esa zona concreta. Si el
plazo de establecimiento está limitado inicialmente, es probable que
desde esa perspectiva se incentiva la toma de decisiones de localización
sin perjuicio de que, como viene siendo habitual, la Comisión pueda
prorrogar, y lo esté haciendo con carácter ordinario en otros casos, la
posibilidad de que empresas nuevas puedan seguir estableciéndose
transcurrido el período de tres años. Por tanto, si conoce bien cómo
funciona la mecánica en el caso de otros territorios como Madeira, que se
aprueba cada tres años, como Dublín o como cualquier otro, probablemente
verá que esto no es ponerle en bandeja a la Comisión nada, sino modular,
con arreglo a lo que son normalmente las reglas del juego de la Comisión,
el funcionamiento de un régimen fiscal que, créame, señor Segura, yo
tengo interés en que sea el mejor régimen fiscal en el ámbito de la Unión
Europea, en el que concedamos las mayores facultades y facilidades
posibles, probablemente como cualquier grupo parlamentario que esté en
esta Cámara.

Con esto creo que he contestado también a una de las cuestiones que me ha
planteado el representante de Coalición Canaria. Algunas de las
inquietudes que manifestó la Comisión están relacionadas, por ejemplo,
con las entidades que desarrollan operaciones financieras, operaciones de
seguros, etcétera y que han sido corregidas, yo diría, que casi o
totalmente como consecuencia de las modificaciones que se introdujeron a
través de la Ley de acompañamiento a los presupuestos, aunque puede haber
alguna cuestión concreta más sobre el marco, sobre lo que es el
funcionamiento del mercado financiero o el mercado de seguros en el
ámbito de la Unión Europea, y otras distintas.

También se ha valorado y se ha planteado en alguna comisión o por algún
comisario concreto la cuestión de si el marco en la zona especial canaria
debe ser aplicable o no a las operaciones financieras y, desde luego, la
posición del Gobierno español es que no acepta ninguna discriminación con
relación a cualquier otro régimen que pueda estar en vigor.

La reserva es probablemente la institución más importante del régimen
económico y fiscal de Canarias en el aspecto fiscal. Probablemente las
otras medidas son de apoyo, de refuerzo, de interés para actuaciones o en
alguna situación concreta, pero la reserva es realmente la medida
importante del contenido del REF y, como he dicho antes, el Gobierno ha
defendido, ha mantenido y ha debatido con la Comisión su carácter
preexistente con el objetivo de garantizar que todos los agentes
económicos en Canarias puedan disfrutar de esa medida en cuanto que
recoge o se hace eco de una tradición desde el punto de vista tributario
en Canarias. En las otras medidas estamos trabajando, yo creo que en
todas, con su carácter sustancial y toda su incidencia económica;
incidencia que el Gobierno está convencido de que salvaguardará y
mantendrá a través de una confirmación de la Comisión con bastante
brevedad.

Quiero agradecer también al representante del Grupo Parlamentario Popular
su apoyo y las manifestaciones que ha efectuado en su intervención. (El
señor Segura Clavell pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Segura, dígame.




El señor SEGURA CLAVELL: Quería rogar de la benevolencia de la
Presidencia un turno, dado que he sido aludido en reiteradas ocasiones
por el interviniente del Grupo Parlamentario Popular y, naturalmente, por
el señor Costa.




El señor PRESIDENTE: Señor Segura, usted no ha sido aludido en el sentido
de las alusiones que den lugar a un turno de réplica o rectificación.

Lógicamente si se dirige a una persona, evidentemente, hay que llamarle
por su nombre y sus apellidos, si no es difícil.

Entiendo, señor Segura, que el señor Secretario de Estado no ha hecho más
que contestar a los reproches que usted le ha realizado de una manera que
no da lugar a la inauguración de nuevo turno. De igual manera en lo que
se refiere a las manifestaciones realizadas por el señor Medina. De todas
maneras, señor Segura, si usted quiere realizar precisiones en cuanto a
su intervención y dado el carácter que tiene de querer intervenir siempre
en una segunda ocasión y acabar el último, tiene usted la palabra, pero
en un turno absolutamente breve.




El señor SEGURA CLAVELL: Se lo agradezco, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista ha aceptado
las disculpas que usted ha dado. Nosotros no queremos que descienda
ningún peldaño, naturalmente, desde la perspectiva de la dignidad
institucional, pero le sugiero que relea o lea el «Diario de Sesiones»
del 7 de mayo, eso le llevará a algunas conclusiones. Me tomo también la
libertad de recomendarle que, cara al futuro, dé viabilidad con mayor
intensidad las comparecencias sobre este tema ante esta Comisión.

Creo que antes se me malinterpretó cuando hice referencia a que el señor
Rato o el señor Costa no habían comparecido para hablar del tema del
régimen económico y fiscal de Canarias, no sobre otros temas.

Señor Presidente --me dirijo al Presidente de la Comisión obviamente--,
si bien es cierto que de manera rotunda no hice preguntas explícitas
--uno, dos, tres, cuatro--, el señor Costa desde luego ha contestado a
muchas de la reflexiones que obviamente eran preguntas.

A mí me preocupa, señor Costa, lo siguiente. El artículo 227 del Tratado
de la Unión Europea tiene su gestación prácticamente en el año 1992
cuando el Presidente del Gobierno español, don Felipe González,
fundamentalmente con su trabajo político y el de Jacques Delors en su
momento,



Página 7689



consigue por primera vez en un tratado internacional la aparición de las
islas Canarias, Madeira, Azores, etcétera, calificadas como regiones
ultraperiféricas, abriendo un camino que las Cortes Generales han venido
reiteradamente manifestándose a iniciativa de instancias socialistas, la
última de ellas en diciembre de 1995, como consecuencia de los trabajos
previos a la Conferencia Intergubernamental y el grupo de reflexión que
es presidido por don Carlos Westendorf. Es precisamente en las Cortes
Generales, y aquí está recogido en síntesis en el documento, el 29 de
diciembre de 1995 donde se adopta una resolución sobre las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea. Pero no nos perdamos en esa
historia que en un futuro y en otro foro se hará el análisis
correspondiente.

A mí me preocupa en primer lugar --y si no hay turno de contestaciones
pues en un futuro tendremos oportunidad de debatirlo-- que, una vez que
se consolide y se vertebre como derecho primario este artículo 227 del
Tratado de la Unión Europea, pueda transcurrir un año o año y medio. Me
preocupa el hecho de que en ese período de tiempo este instrumento no
pueda ser suficientemente aceptado por parte de las diferentes
direcciones generales o comisarios de la Unión Europea dando las
posibilidades que oferta.

Si hubiera que hacer preguntas formales ortodoxas, una sería: ¿Ha
detectado el señor Secretario de Estado que, como consecuencia de esa
aprobación, hayan mejorado las condiciones negociadoras? Creo que son
preguntas relativamente ortodoxas que no es menester hacer, pero a mí me
gustaría que, en un futuro, las contestase de alguna forma.

¿Está de acuerdo el señor Secretario de Estado con la Comisión Europea en
la línea de eliminación del artículo 25? ¿Está de acuerdo el señor
Secretario de Estado en el debilitamiento --y no vamos a hacer referencia
a todo lo que significa-- del artículo 26? ¿Está de acuerdo el señor
Secretario de Estado con esos trece años de vigencia en su temporalidad?
Yo creo que el camino de debilitamiento temporal en esa singladura lo ha
marcado el Gobierno; por eso precisamente el Parlamento canario aprobó
por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de cesión de
tributos, a lo que me he referido con anterioridad.

Señor Secretario de Estado, desde luego es necesario tener muy presente
que la práctica eliminación del artículo 25 o la temporalidad con la
intensidad decreciente que parece ser que está planteando la Comisión
Europea, desde luego significa un golpe de puntilla a sectores
económicos, que si bien es cierto no tienen el peso del sector turístico,
los sectores agrario, pesquero o el débil sector agroalimentario, al ver
que disminuyen las bonificaciones a la exportación, recortarán las
inversiones en la línea de mejorar sus tecnologías, en la línea de
mejorar sus mecanismos de comercialización previas las producciones
correspondientes y puede ser un golpe de puntilla importante para esos
sectores que, repito, si bien es cierto que no hacen una aportación
importante al producto interior bruto canario, cultural, sociológicamente
y desde el punto de vista del empleo, sí han sido sectores clave que se
han venido desarrollando en los últimos años.

Señor Secretario de Estado, a mí me gustaría que algún día usted nos
hablase del Poseican industrial y del Poseican agroalimentario, sobre el
que, ya desde diciembre de 1996, el Gobierno español tenía que haber
adoptado posición, tal como dice el Reglamento 1911, desde la óptica de
la fiscalidad y aquí, en esta Cámara, no se sabe nada de la posición del
Gobierno. El análisis de lo que está suponiendo en estos momentos la
detención en el crecimiento y desarrollo de los contenidos de
determinados artículos debe ser objeto de una evaluación por parte del
Gobierno y de una explicación pertinente a la Cámara a través de su
secretaría y, como dije antes, de la Secretaría de Estado de Economía.

Créame, señor Costa, a mí me preocupa --y termino, señor Presidente-- que
el Gobierno español retroceda un milímetro de la cota en que se encuentra
respecto a los artículos 25 y 26. Nos satisface mucho que la reserva de
inversiones, que fue precisamente fruto de una enmienda a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales --lean el «Diario
de Sesiones»--, que ideó esta fórmula sustitutoria de los mecanismos de
previsión para inversiones, que fenecieron hace muchos años en la
Península y que siguieron en vigor en Canarias, esté suponiendo un
elemento incentivador extraordinariamente impulsor de la economía
canaria. Nos preocupa, señor Costa, porque el Presidente de la Comunidad
Canaria ha hecho declaraciones públicas diciendo que no acepta el
debilitamiento del régimen económico y fiscal canario en ninguno de sus
artículos, ni de los artículos 25 y 26, en lo que se refiere a los temas
que hemos tocado de bonificaciones ni a los contenidos de la ZEC. ¿Se
mantendrá el Gobierno español en esa posición? Estimo y espero que sí.

(El señor Medina Toledo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Medina?



El señor MEDINA TOLEDO: Señor Presidente, quisiera apelar a la bien
reconocida benevolencia de su Presidencia para ocupar un turno de un
minuto cronometrado, y hacer una precisión que creo importante.




El señor PRESIDENTE: Señor Medina, tiene un minuto, pero sin turno.




El señor MEDINA TOLEDO: La memoria colectiva del Grupo Parlamentario
Popular me recuerda que en esa ya legendaria y única intervención del
Ministro Solbes en esta Comisión, no habló para nada del régimen
económico y fiscal ni de ningún aspecto relacionado con el de Canarias;
por tanto, todo lo que ocurre en esta legislatura va en avance y en
mejora de información respecto a lo que ocurría antes.

Antes se me olvidó un tema importante. En ocasiones, uno llega a pensar,
a pesar de que se resista a hacerlo, que hay personas o grupos políticos
que intentando mantener posturas rígidas de máximos inflexibles, en el
fondo no se dan cuenta de que no contribuyen al logro de los mejores
objetivos para Canarias, sino todo lo contrario. No conozco ninguna
negociación en la cual se vaya a conseguir



Página 7690



el cien por cien de las propuestas que se plantean. Creo que hay que ser
posibilista, razonable y, en ese sentido, considero que el Gobierno de la
nación está actuando muy bien y, además, en coordinación con el Gobierno
de Canarias. Como digo y reitero, hay algunas manifestaciones que creo
son más fruto de estrategia, a veces equivocada e imprudente, que
intentos de coadyuvar al logro de unos objetivos razonables.

Me parece que he consumido el tiempo.




El señor PRESIDENTE: Señor Medina, lo había consumido hacía ya bastante
rato, sin perjuicio de lo cual lo doy definitivamente por consumido.

Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor Secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Para concluir,
únicamente voy a hacer dos reflexiones. En primer lugar, que algunas de
las cuestiones, que ahora sí ha planteado el señor Segura de manera
explícita, en cuanto al contenido del régimen económico y fiscal o a mi
intervención, las he contestado de manera explícita en mi intervención
inicial.

En segundo lugar, me gustaría manifestar al señor Segura que, desde
luego, el Gobierno está absolutamente dispuesto a informar y a comparecer
las veces que sea requerido, solicitado o se estime conveniente, pero me
gustaría que hiciera una reflexión. El Gobierno no va a aceptar
debilitamientos del régimen económico y fiscal de Canarias, no los va a
aceptar, pero sí me gustaría que reflexionara sobre si determinadas
posiciones o afirmaciones, como las que puede haber hecho a lo largo de
su intervención, contribuyen activamente a resolver una situación que
podríamos haber zanjado de manera definitiva hace mucho tiempo o si
hablar sobre una cuestión antes de que se hayan despejado todas las
incógnitas o todos los aspectos que hoy pueden existir encima de la mesa
supone más bien planteamientos de interés única y exclusivamente
político. Le pediría que hiciera esa reflexión y que no prejuzgue las
posiciones del Gobierno o dónde va a llegar definitivamente el Gobierno
en la negociación de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal
de Canarias con la Comisión Europea.




El señor PRESIDENTE: Con esta alocución concluimos la comparecencia.

Quiero recordar a SS. SS. y al señor Costa que hoy es día 27 de junio, la
Virgen del Perpetuo Socorro, que es la patrona de la Hacienda pública.

(Risas.)



RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LOS SIGUIENTES
PROYECTOS DE LEY:



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA
OCTAVA AMPLIACION DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EN
LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE SU FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES.

(Número de expediente 121/000031.)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN LA SEPTIMA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE
DESARROLLO. (Número de expediente 121/000059.)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 39/1988, DE
28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, Y SE ESTABLECE UNA
REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.




Página 7691



PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1997, DE 9 DE ABRIL. (Número de
expediente 121/000057.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión --después de despedir al
señor Costa--, con la ratificación de las ponencias para informar los
proyectos de ley por el que se autoriza la participación de España en la
octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo; por
la que se autoriza la participación del Reino de España en la séptima
reposición de recursos del Fondo Africano de Desarrollo, así como por la
que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la
base imponible del Impuesto sobre Bienes inmuebles.

¿Se ratifican las ponencias? (Asentimiento.)
Por asentimiento, se ratifican las ponencias.




DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, LOS
SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA
OCTAVA AMPLIACION DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EN
LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE SU FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES.

(Número de expediente 121/000031.)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN LA SEPTIMA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE
DESARROLLO. (Número de expediente 121/000059.)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 39/1988, DE
28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, Y SE ESTABLECE UNA
REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1997, DE 9 DE ABRIL. (Número de
expediente 121/000057.)



El señor PRESIDENTE: Dicho lo cual vamos a proceder a dictaminar, a la
vista del informe emitido por las correspondientes ponencias, los
proyectos de ley que he tenido ocasión de enumerar con anterioridad,
incluso el relativo a la modificación de las haciendas locales, en cuanto
que no tenemos competencia legislativa plena por cuanto ha sido avocado
por el Pleno de la Cámara.

En la medida que han sido retiradas las enmiendas formuladas a los
proyectos de ley de participación de España en el Banco Interamericano de
Desarrollo y en la reposición del Fondo Africano de Desarrollo, ¿algún
grupo desea fijar su posición en relación a la votación ulterior?
(Pausa.)
Queda entonces fijada la posición de los diferentes grupos en relación
con este asunto.

Pasamos a continuación a conocer las enmiendas formuladas al proyecto de
ley que modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas locales y se establece una reducción a la
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

¿Grupos que desean defender sus enmiendas? (Pausa.)
Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Voy a pasar a defender inmediatamente las
enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario, números 32, 33,
34, 35, 36, 37 y 38.

La enmienda 32 trata de modificar el artículo cuarto.3, párrafo primero
del actual proyecto de ley, supone una mejora técnica a nuestro entender
que mejora y aclara el artículo.

Respecto a las enmiendas números 33 y 34, que son de adición a los
artículos séptimo y octavo, respectivamente, la primera de ellas pretende
extender la revisión de todos aquellos valores catastrales por haber
transcurrido más de diez años desde la anterior revisión o cuando existan
diferencias sustanciales o manifiestas entre los valores catastrales y
los valores de mercado. Dicha revisión requerirá lógicamente, a nuestro
entender, la elaboración de una ponencia de valores. El segundo aspecto
importante de la enmienda número 33 está orientado al ámbito territorial
de cada ponencia para que tenga que coincidir con el respectivo ámbito
municipal. Igualmente, entendemos en Convergència i Unió que será
necesario para poder valorar, mediante la aplicación de una ponencia
supramunicipal, la totalidad de los bienes inmuebles situados en los
municipios que constituyen una conurbación, una comarca o un área de
características homogéneas.

Presentamos la enmienda número 34 porque carece de valor que sigan
vigentes las ponencias de valores aprobadas al objeto de revisar valores
catastrales si éstos no alcanzan la efectividad que se perseguía.

La enmienda número 35 pretende extender al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas el diferimiento en un período de diez años de los
efectos fiscales del incremento de los valores catastrales, como
consecuencia de su revisión que el proyecto de ley propone para el
Impuesto de Bienes Inmuebles.

La enmienda número 36 va en la misma dirección que la número 35, pero, en
vez de ir orientada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
nosotros entendemos que también tenían que verse beneficiadas todas las
cuestiones relativas al Impuesto sobre el Patrimonio.

La número 37 va en la misma dirección fiscal para extender al Impuesto
sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana el diferimiento, en
un período de diez años de los efectos fiscales del incremento de los
valores catastrales como consecuencia de su revisión, que el proyecto de
ley propone para el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Con la emmienda número 38 pretendemos incorporar una disposición
adicional nueva para que en el plazo de un año el Gobierno remita al
Congreso de los Diputados un proyecto de ley dando nueva redacción a los
artículos comprendidos entre el 61 y el 78 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales.




El señor PRESIDENTE: Entiendo, por consiguiente, que todas sus enmiendas,
de la 32 a 38 ambas inclusive, se mantienen vivas.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Lo ha entendido bien la Presidencia. Estamos a
la espera de que algún parlamentario, si lo cree oportuno, transaccione
para que puedan ser aprobadas.




El señor PRESIDENTE: Cómo les gusta transaccionar, señor Sánchez i
Llibre.

Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alvarez.




El señor ALVAREZ GOMEZ: El Grupo Socialista ha presentado a este proyecto
de ley un total de 19 enmiendas, mediante las que pretendemos articular
un modelo alternativo al que remitió el Gobierno a esta Cámara; modelo
alternativo que se fundamenta en los siguientes aspectos.

Pretende que las corporaciones locales recuperen la autonomía financiera,
permitiéndoles que opten entre el actual modelo propuesto en el proyecto
de ley, es decir, que practiquen las reducciones sobre la base imponible
que el proyecto de ley establece y el modelo vigente. Creemos que con
ello mejoramos la autonomía financiera de las corporaciones locales y
también su autonomía política.

Por medio de estas enmiendas se permite dotar también de suficiencia
financiera, puesto que estimamos que el proyecto de ley que hoy
debatimos, aunque lo hace de manera sutil, coloca a los ayuntamientos, a
las corporaciones en una situación de difícil explicación ante sus
ciudadanos.

Es un modelo equitativo que responde al principio de equidad consagrado
en la Constitución porque resulta solidario entre todos los vecinos del
municipio, rompiendo dos clases de municipios que se consagrarían con
este proyecto de ley, que serían aquellos que han revisado sus valores
catastrales antes de la entrada en vigor del decreto-ley



Página 7692



y quienes los revisarán después de la aprobación del decreto-ley. Además,
evitamos dos tipos de propietarios: unos pocos, el 15 por ciento
aproximadamente, a los que en sucesivas revisiones o modificaciones del
valor catastral se les incrementa el valor de sus propiedades por encima
de la media de los valores de su municipio y, otros, la mayoría de los
ciudadanos, con inmuebles cuyo valor catastral se incrementa por debajo
de la media del valor catastral global del municipio o que desciende.

Es un modelo basado en un impuesto configurado actualmente como directo,
es decir, que aprecie directamente la capacidad de pago de los
contribuyentes, y que mantiene al catastro en el centro del modelo para
que éste se adecue cada vez más a la realidad económica, situando al
catastro, por tanto, en el centro del sistema.

En fin, entendemos que con estas características las enmiendas propician
que estemos ante un impuesto integrado en un sistema tributario moderno,
ágil y eficaz. Hemos presentado estas enmiendas porque no nos gusta el
modelo que plasma el proyecto de ley, pues atenta contra la autonomía
financiera al introducir rigidez en el sistema; una rigidez que
precisamente resta esta autonomía. Si la voluntad del Gobierno y del
Grupo Popular que lo apoya, o de los grupos que lo apoyan, es
flexibilizar y permitir esta autonomía financiera, que voten
favorablemente las enmiendas que hemos introducido, que permitirán a las
corporaciones locales, a los ayuntamientos optar entre el modelo plasmado
en el proyecto de ley y el modelo alternativo que hemos formulado.

No nos gusta tampoco porque ataca la suficiencia financiera de las
corporaciones locales, legitimando el desplazamiento de la carga fiscal a
lo largo de diez años, utilizando para ello artificiosamente, a nuestro
juicio, dos elementos. En primer lugar, la resolución aprobada por
unanimidad en esta Cámara, el 28 de noviembre de 1995, que se toma como
una patente de corso para hacer lo que el Gobierno desea en favor de
aquellos a los que quiere beneficiar. Otro elemento que introduce para
legitimar este desplazamiento de la carga fiscal es la dificultad que
algunos ciudadanos pudieran tener para hacer frente al impuesto en el
momento en que sus propiedades han incrementado de manera notoria un
valor que supuestamente no se corresponde con la auténtica capacidad de
pago de determinados colectivos de renta baja. Son dos elementos que se
utilizan artificiosamente para legitimar todo un conjunto de medidas
sobre cuyos perjuicios para la globalidad de los ciudadanos ya hemos
tenido ocasión de manifestarnos en el debate de totalidad y sobre los que
yo no quiero insistir; simplemente acentuar que se están utilizando
artificiosamente dos elementos sin entrar a fondo en el debate de las
auténticas cuestiones que laten debajo del proyecto de ley.

A nosotros nos parece que este proyecto de ley plasma una desconfianza en
el Estado, porque son evidentes los servicios crecientes y de mayor
calidad que los ayuntamientos, las entidades y las administraciones más
cercanas al ciudadano, y por tanto con un mayor grado de responsabilidad,
porque tienen ahí delante de sus puertas precisamente a los ciudadanos,
están prestando en la actualidad. Es decir, los ayuntamientos están
prestando cada vez más cantidad y calidad de servicios públicos a los
ciudadanos, y estos servicios públicos hay que pagarlos. ¿Qué es lo que
se nos propone? Hay dos alternativas, o se pagan a través de impuestos
generales, o se pagan a través de tasas o precios públicos. El Gobierno
ya ha manifestado reiteradamente que determinados servicios deben
pagarlos aquellos que se benefician de ellos. En consecuencia, está
introduciendo en el sistema tributario el principio del beneficio típico
de la hacienda del siglo XVIII, menoscabando principios constitucionales
recogidos en nuestro texto básico. Creemos que por ahí no podemos
continuar, que por ahí el Gobierno no debe continuar, porque, además de
atentar contra la autonomía y la suficiencia financieras de las
corporaciones locales, está desconfiando de la propia presencia del
Estado como prestador de servicios públicos a la mayor parte de los
ciudadanos.

No nos gusta tampoco el modelo plasmado por el Gobierno en el decreto-ley
y en este proyecto que llega a la Cámara, en cuanto que atenta
gravemente, a nuestro juicio, contra el principio de equidad, y si no
véase el siguiente silogismo: antes de la entrada en vigor del
decreto-ley no existían coeficientes de reducción que disminuyeran la
base imponible, el valor catastral, y sí existían coeficientes de
actualización en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y a partir
de la entrada en vigor de este proyecto de ley, si finalmente la Cámara
presta apoyo al mismo, sí habrá coeficientes reductores y no habrá
coeficientes de actualización.

Además, los que tenían que bajar su aportación tributaria van a soportar
lo que se les incrementa a los que han incorporado plusvalías o
plusvalías notorias fruto de la actuación de la Administración, o fruto
de la propia dinámica de los municipios, penalizándose incluso a esos
propietarios en aquellos municipios que sean más dinámicos
económicamente. Por tanto, se consagran dos tipos de municipios, los
municipios revisados y los municipios que se revisarán a partir de la
entrada en vigor del decreto-ley, y dos tipos de propietarios.

Finalmente, tampoco nos gusta este proyecto de ley porque, en relación
con el fraude, no sólo lo ampara, sino que además lo estimula al aplicar
reducciones a quienes ocultaron sus bienes al fisco, con lo cual se está
favoreciendo y propiciando que el fraude exista. El Partido Popular en la
oposición hizo del fraude fiscal una de sus manifestaciones
fundamentales; el Gobierno del Partido Popular, desde que ha tomado
posesión, ha reiterado que una de sus banderas programáticas es combatir
el fraude fiscal. Vemos que una cosa es decir lo que se quiere hacer y
otra cosa es plasmar esa voluntad en proyectos de ley concretos o en
decretos-leyes concretos.

No nos gusta tampoco el modelo que plasma el proyecto de ley, porque
atenta contra la propia concepción del catastro, rompe la tendencia, de
muchos años ya, conseguida arduamente, de que el catastro refleje la
realidad económica, tendencia que han seguido los sistemas tributarios
más modernos, y podemos hacernos una pregunta significativa en relación
con este asunto. Si en el barrio de Salamanca, en Madrid --que no ha
revisado todavía sus valores catastrales--, el valor catastral medio es
de



Página 7693



2.866.000 pesetas, ¿cuándo, con este proyecto de ley, la Administración
va a acercar los valores catastrales de los propietarios de las viviendas
del barrio de Salamanca en Madrid al valor real o un valor cercano a la
realidad?
Se contradice esto abiertamente además con unas instrucciones que la
Consejería de Hacienda del Gobierno autónomo madrileño ha dictado para
facilitar el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Estas instrucciones estiman como valor medio de
los inmuebles situados en el barrio de Salamanca, en Madrid, en 35
millones; es decir, el valor catastral actual de los inmuebles en el
barrio de Salamanca no representa ni el 10 por ciento de su valor real.

Con este proyecto de ley pasarán muchos años antes de que se inicie una
tendencia progresiva a esa realidad económica actual. Es más, con este
modelo también se propicia algo que se dice querer corregir, que son los
saltos bruscos en el incremento del valor de los inmuebles. ¿Qué ocurrirá
dentro de diez años con los valores catastrales del barrio de Salamanca?
Yo creo que convendría ser escrupulosos en la articulación de los
argumentos que cada grupo pueda hacer para defender sus enmiendas a este
proyecto de ley y no utilizar la capacidad de pago como un arma
arrojadiza o como un escudo protector de otros intereses. Es cierto, o
puede ser cierto, que en algunos casos el incremento de valor de
determinadas unidades urbanas no es querido por el propio propietario; es
un incremento de valor que se ocasiona como consecuencia de las
actuaciones de la Administración o de la propia dinámica económica de los
municipios; pero si tanta preocupación tienen el Gobierno y el Partido
Popular porque algunas capas sociales, las más débiles, no puedan hacer
frente a pequeños incrementos de su recibo en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, yo creo que lo que tienen que hacer es utilizar el instrumento
adecuado. Si es a los pensionistas a quienes se quiere favorecer,
búsquese la solución allí donde es precisa, no se articule una solución
por vía de un impuesto directo como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
para, bajo la argumentación de que el incremento de valor no representa
una auténtica mejora de la capacidad de pago de los titulares de
determinadas viviendas, atacar al propio modelo de impuesto que se quiere
implantar para esconder, que es lo que hace este proyecto de ley, los
beneficios que se le están otorgando al 15 por ciento aproximadamente de
propietarios que, cada vez que se revisan o modifican sus valores
catastrales, ven incrementados notoriamente su recibo fiscal, bien porque
antes no habían declarado sus propiedades, bien porque sus valores
catastrales distaban mucho de la realidad económica, o bien por la
dinámica económica del propio municipio.

A nosotros nos sorprende tanta progresividad y tanta solidaridad en el
Gobierno. Si la tiene, practíquela a través de los instrumentos
adecuados, no a través de un impuesto directo que recae sobre los bienes
inmuebles. Tampoco debe utilizarse la resolución de esta Cámara, aprobada
por unanimidad en el año 1995, como una patente de corso para hacer de
ella lo que se quiera. Por eso nosotros, en las enmiendas que hemos
planteado, damos una solución acorde con los pronunciamientos de la
Cámara en esta resolución, que respeta además los principios de autonomía
financiera, suficiencia financiera, equidad, alejamiento del fraude
fiscal, etcétera, que antes he enumerado. Nosotros estimamos que, a
través de estas enmiendas al articulado, hemos presentado un modelo
alternativo que mejora sustancialmente la posición de los ayuntamientos,
de su autonomía y suficiencia financiera, y de otros principios
constitucionales que debe respetar la configuración de este impuesto. Por
tanto, estimamos que deben ser apoyadas por el conjunto de la Cámara.

Pasando a la defensa de las enmiendas que hemos presentado, muy
brevemente haré las siguientes matizaciones. A través de las enmiendas
números 8, 11, 13, 20 y 24, proponemos la modificación del artículo
segundo, del artículo sexto y del párrafo 3 de la exposición de motivos,
la sustitución de la disposición transitoria primera y la adición de un
nuevo artículo, el artículo séptimo. Con este grupo de enmiendas
pretendemos dotar de real autonomía financiera a las corporaciones
locales, permitiéndoles optar entre el establecimiento de las reducciones
de la base imponible, de conformidad con las normas contenidas en el
presente proyecto de ley, o por seguir el modelo vigente.

En el debate de totalidad ya afirmamos que nos hubiera gustado que se
respetase --como viene siendo habitual en esta Cámara desde el año 1990--
el consenso político en un tema de tanta trascendencia para las
corporaciones locales. El Gobierno optó, una vez más, por el decreto-ley
y ahora estamos tramitando el texto como proyecto de ley. Creemos que la
fórmula que aquí proponemos es buena para no enfrentar posiciones en un
asunto clave que afecta a veces, incluso más allá de la propia
trascendencia económica, a la tranquilidad de los vecinos de los
innumerables ayuntamientos del conjunto del Estado.

A través de las enmiendas números 9, 10 y 14 proponemos la modificación
del artículo tercero, y la supresión del artículo cuarto y de la
disposición adicional primera. Con este grupo de enmiendas pretendemos
suavizar el impacto que pudiera tener sobre algunas unidades urbanas la
revisión o modificación de los valores catastrales, escalonando los
incrementos a lo largo de cuatro años, aplicando reducciones descendentes
en el tiempo y fijando su cuantía en un porcentaje del incremento del
valor catastral. Ello permitirá al mismo tiempo, sin duda, que se
desvirtúe el catastro, que el catastro se aleje de la realidad económica
y, además, evitar que se lesione gravemente el principio de equidad,
propiciando un reparto equitativo de las cargas tributarias entre todos
--absolutamente todos-- los inmuebles urbanos de los municipios.

Finalmente, estas enmiendas permitirán la simplificación de la gestión
del impuesto, mejorándolo técnicamente.

En la enmienda número 12 se propone la modificación del artículo séptimo.

Con ello pretendemos evitar que los valores catastrales queden alejados
de la realidad durante ocho años (diez años, si no se modifica el
proyecto de ley), debido a la variación del índice de precios, aunque
éstos tengan una tendencia a la disminución cada vez mayor. Creemos que
de esta forma se contribuye de una manera firme a evitar los saltos
bruscos, en la línea del objetivo



Página 7694



que dice perseguir el Gobierno y el propio texto del proyecto de ley; por
otra parte, y para mayor abundamiento, debo señalar que este método ya se
aplica en otros impuestos y en otras materias. Por lo tanto, no debiera
ser un argumento el de que tiene algunas dificultades o algunos
inconvenientes. Creemos que las ventajas sobrepasan con mucho a los
pequeños inconvenientes y que, si no los hay para utilizar este método en
otras figuras impositivas o en otras medidas, tampoco debiera haberlos
para utilizarlos en este caso.

A través de la enmienda número 16, proponemos añadir una nueva
disposición adicional. Con esta enmienda se evita que se les apliquen, en
su caso, las reducciones previstas en el proyecto de ley a los
contribuyentes que han ocultado su propiedad urbana al catastro, pues, de
otra manera, no sólo se está amparando el fraude, sino que se está
estimulando. Desde el punto de vista cuantitativo, creemos que es
suficiente un dato: desde 1993 a 1996, como consecuencia de las
revisiones catastrales, aparecieron unas 600.000 viviendas antes
inexistentes para la Hacienda pública. De no aceptarse esta enmienda, a
los propietarios de las viviendas y de las unidades urbanas que no estén
declaradas fiscalmente se les permitirá beneficiarse de las reducciones
contempladas en el proyecto de ley.

Finalmente, a través de las enmiendas números 17, 18 y 31, presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista, proponemos dos nuevas
disposiciones adicionales y la modificación del párrafo décimo de la
exposición de motivos. Con ello pretendemos modificar la tasa de
acreditación catastral creada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y de orden social, dejando exentos del
pago de la tasa a quienes soliciten la acreditación catastral porque así
se lo exigen las administraciones públicas, y evitando que este tributo
grave especialmente la división, la fragmentación de la propiedad
rústica, que grave injustamente a los pequeños propietarios, que grave el
subdesarrollo, pues ya es suficiente carga para éstos --estimamos-- la
dimensión y estructura de sus explotaciones. Además, con esta tasa se
evita que su promulgación carezca de fundamento económico alguno. No
podemos olvidar que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene,
aproximadamente, la cuarta parte de las parcelas rústicas del total del
Estado, y con estos datos se concluye fácilmente que Galicia está
soportando en la actualidad nada menos que la cuarta parte de la
recaudación total de esta tasa, cuando es evidente y conocido por todos
los grupos que las rentas agrarias y el valor de sus propiedades
significan una pequeñísima parte del valor y de las rentas del conjunto
del Estado. Creemos que a través de esta enmienda se beneficia la
equidad. Quiero decirle al Grupo Parlamentario Popular, y a los grupos
que le apoyen, que todo lo que trate de ayudar a que se desarrollen las
explotaciones agrarias, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo
apoyaremos, pero todo lo que suponga discriminar a los pequeños
propietarios rústicos, a los que tienen explotaciones tradicionales, a
los que tienen graves dificultades para afrontar día a día la pervivencia
económica de sus explotaciones, creemos que es una injusticia que
reiteradamente denunciaremos.

El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez, entiendo que ustedes han presentado
24 enmiendas, no 19. Seis han sido incorporadas en la ponencia. Por
consiguiente, vivas permanecen 18.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Señor Presidente, le daría lectura a las que
nosotros entendemos que están vivas.




El señor PRESIDENTE: Si no le importa, se la doy yo. Serían las enmiendas
números 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30
y 31.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Perdón. ¿Ha dicho 27?



El señor PRESIDENTE: He dicho 27, 28, 30 y 31.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Creo que nosotros no coincidimos. Nosotros
tenemos por viva la número 11.




El señor PRESIDENTE: La número 11 ha sido incorporada al texto de la
ponencia.




El señor ALVAREZ GOMEZ: ¿Y la número 28?



El señor PRESIDENTE: Ya he dicho que la 28 estaba viva.




El señor ALVAREZ GOMEZ: La número 30 consideramos que no está viva.




El señor PRESIDENTE: La número 30 está viva, a menos que la retire.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Señor Presidente, un momento.

Si acaso, ajustaremos este tema a lo largo del debate.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el informe de la ponencia, han sido
incorporadas al texto del informe las números 11, 15, 21, 23, 26 y 29.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Señor Presidente, la número 11 no está
incorporada al texto de la ponencia.




El señor PRESIDENTE: En el informe de la ponencia lo pone. (El señor
Martínez-Pujalte pide la palabra.)
¿Señor Martínez-Pujalte?



El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Según los datos que tengo, que asistí a
la ponencia, son coincidentes con los de la Mesa. De todas maneras, la
enmienda número 30, que dice que está incorporada al informe de la
ponencia, la vamos a votar favorablemente, o sea, se va a incorporar.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, si no le importa, eso ya lo
dirá más tarde y oportunamente en el turno de su intervención al expresar
las enmiendas que van a apoyar. Simplemente, estamos concretando las
enmiendas



Página 7695



que quedan vivas y las que han sido incorporadas al informe de la
ponencia.




El señor ALVAREZ GOMEZ: De acuerdo con la número 11, señor Presidente;
pero tenemos una discrepancia en alguna más. Si fuera tan amable de
repetirlo otra vez.




El señor PRESIDENTE: Han sido incorporadas al informe de la ponencia las
números 11, 15, 21, 23, 26 y 29.




El señor ALVAREZ GOMEZ: En consecuencia, permanecen vivas...




El señor PRESIDENTE: El resto.

¿Queda suficientemente aclarado, señor Alvarez?



El señor ALVAREZ GOMEZ: Sí, de acuerdo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, entiendo, señor Saura, que mantiene vivas
las enmiendas 1 a 17, ambas inclusive.

Y también he de requerirle si ratifica la retirada de las enmiendas que
formuló su grupo parlamentario al proyecto de ley por el que se autoriza
la participación de España en la octava ampliación del capital del Banco
Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su
fondo de operaciones especiales. No se lo pude preguntar antes en la
medida de que, cuando debatimos este asunto, no había nadie de su grupo.




El señor SAURA LAPORTA: Ratifico la retirada de estas tres enmiendas y
mantengo vivas las enmiendas al proyecto de ley que en estos momentos
estamos discutiendo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, a los efectos de fijar su
posición en relación a las enmiendas formuladas por los demás grupos, en
la medida que sus enmiendas números 39 y 40 han sido incorporadas al
texto del informe de la ponencia, y para formular, en su caso, las
enmiendas transaccionales, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy a intervenir brevemente para fijar
nuestra posición, pero también quiero hacer alguna reflexión sobre el
texto del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar.

Decía algún portavoz en esta sesión que no hay que usar la capacidad de
pago como un arma arrojadiza. Nosotros no usamos la capacidad de pago
como un arma arrojadiza, pero sí queremos que la capacidad de pago, que
es un principio constitucional, sea una de las bases que inspire este
proyecto, y así lo entendemos nosotros, porque el artículo 31.1 de la
Constitución así lo marca: «Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo», etcétera.

Nosotros entendemos que este proyecto de ley no es un conjunto de
medidas, como decía algún portavoz, sino que es un modelo para dar un
tratamiento tributario al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el que se
recoja una graduación en la incorporación a la base liquidable de los
incrementos que son objeto de revisión catastral. Con este proyecto se
eliminan las subidas bruscas que en España son conocidas tradicionalmente
como catastrazos; hubo una revisión catastral especialmente importante en
1990, que supuso una alarma social enorme, que dejó sin efecto la
revisión que estaba anunciada pero que costó a todos los españoles más de
100.000 millones de pesetas.

De hecho, el modelo en el que se inspira este proyecto de ley es un
auténtico anticatastrazo, como creo que dijo un portavoz de mi grupo en
una rueda de prensa; este proyecto de ley deja absolutamente fuera de la
escena social los catastrazos, porque los incrementos de los valores
catastrales se van a incorporar a la base liquidable del IBI
progresivamente, con lo cual se va a favorecer a los más débiles, y me
alegra que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra así lo
reconozca; el Grupo Parlamentario Popular con esta ley lo que hace es
favorecer a los más débiles, a los que menos capacidad de pago tienen.

Nos parece que es un proyecto de ley, el que hoy se va a aprobar,
tremendamente solidario con los más débiles.

Este proyecto está en la línea de la nueva política fiscal del Gobierno,
que lo que quiere es eliminar brusquedades en las acciones fiscales para
no perjudicar a los ciudadanos que tienen rentas medias y bajas. Nos
parece que es un proyecto de ley que beneficia al conjunto de los
ciudadanos. Hay que recordar que en España hay veintitrés millones de
unidades urbanas y trece millones de propietarios; por tanto, es una
medida, es un proyecto de ley que tiene una inmensa trascendencia en la
vida social y económica.

El valor de la propiedad inmobiliaria, que sirve de base para determinar
rendimientos en varios impuestos, IRPF, Patrimonio y, sobre todo, en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tenía un modelo para el pago, según los
valores catastrales, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que nosotros
entendíamos que atentaba contra la equidad y contra la justicia. Era un
sistema que consistía en subidas objetivas de los valores catastrales, y,
luego, en bajadas lineales de los tipos que aplicaban las corporaciones
locales.

Antes se ha hablado de autonomía y suficiencia de las corporaciones
locales; no hay ningún recorte en la autonomía de las corporaciones
locales, no hay ningún recorte en la suficiencia de las corporaciones
locales, y así lo entendió la Federación Española de Municipios y
Provincias cuando aceptó pacíficamente este nuevo modelo, porque lo
entendió más equitativo y más justo.

Ese sistema de subidas objetivas de los valores catastrales y bajadas
lineales de los tipos se completaba con una subida indiscriminada y sin
ninguna referencia objetiva, según el IPC, que se decidía anualmente en
la ley de presupuestos, con lo cual unos valores catastrales que se
habían estimado objetivamente, luego, al aplicar un coeficiente no
objetivo, al cabo de los años eran unos valores catastrales que habían
perdido toda objetividad.




Página 7696



El nuevo sistema, sin embargo, se basa en valoraciones objetivas del
inmueble. El incremento se incorpora a la base progresivamente durante
diez años y se elimina la necesidad de que las corporaciones locales
bajen los tipos, y, en cambio, conservan la autonomía y la suficiencia y
se elimina la subida anual indiscriminada. Además, se establece que las
valoraciones se realicen cada diez años y de manera objetiva.

Yo creo que ya hablamos en el Pleno de este tema; los incrementos de los
valores catastrales no tienen ninguna incidencia sobre la capacidad de
pago de los ciudadanos. Un ciudadano, un pensionista que vive en un
barrio antiguo de una ciudad, si el alcalde decide modificar la calle,
hacer arreglos en esa zona, ese pensionista, con la misma capacidad de
pago, viviendo en el mismo inmueble, sufre subidas bruscas en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles que, en algunos casos, inciden directamente sobre
su posibilidad para pagar este impuesto. Pues bien; la nueva reforma hace
que eso no se produzca y que se establezcan subidas justas.

Por eso mi grupo, y voy a ser muy breve, señor Presidente, no va a
aceptar ninguna enmienda de las que propone el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya que lo que hacen es
modificar el modelo, porque esta ley no es más que una alternativa al
modelo existente.

Al Grupo Parlamentario Socialista ya se le aceptaron seis enmiendas en
ponencia. Hoy vamos a apoyar las enmiendas número 22 y 30. Hemos
presentado una transacción a la número 31, en la que, a lo mejor, hay que
modificar la palabra finalmente, para darle coherencia a la exposición de
motivos. El resto de las enmiendas las votaremos en contra, porque
cambian el método en la mayoría de ellas. Sobre alguna, como la número
16, a la que se ha referido insistentemente el Grupo Socialista y dice
que, si no la votamos, no estamos luchando eficazmente contra el fraude,
yo le quiero decir que si hay algún Gobierno que haya hecho una bandera
real de la lucha contra el fraude ha sido este Gobierno. Lo que ocurre es
que la enmienda 16 lo que dice es que al señor que no presente su
valoración no sólo se le sancione, sino que se le eliminen las ventajas
que podría tener. Esa es una sanción sobre una sanción. Es como si al
señor que no presenta la declaración del IRPF, cuando se le hace una
inspección y se le descubre no se le dejaran aplicar las deducciones. Eso
nos parece que no es justo. Ya hay un procedimiento de regulación en
materia de sanciones que está establecido con carácter general en la Ley
General Tributaria. Eso es lo que nos parece justo.

En otras enmiendas hablan de la tasa de acreditación catastral. Se ha
incorporado una enmienda nuestra que soluciona el problema de las
subparcelas rústicas. De este tema hablamos el martes en el Pleno; ya le
dije que si hoy se aprobaba esta ley se iba a solucionar el problema de
las subparcelas rústicas; pero no se va a solucionar, porque el Grupo
Socialista ha pedido la avocación al Pleno de esta ley y no puede pasar
al Senado, por lo que la tendremos que debatir nuevamente en el Pleno.

Pero queda incorporado un texto en ponencia que soluciona ese problema;
un problema realmente existente.

También nos piden que arreglemos otros problemas en las enmiendas 17 y 18
sobre las tasas, y nos hablan de las tasas como un elemento no subjetivo
de la tributación. Le tengo que decir que la capacidad de pago es el
principio constitucional, pero también hay una cosa y es que hay que
aplicar el principio del beneficio. El que obtiene un beneficio de un
servicio que presta la Administración y tiene suficiente capacidad de
pago, tiene que afrontar el gasto, y no el conjunto de los españoles.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado seis
enmiendas. Nosotros hemos presentado unas transaccionales a las 33 y 34,
y a la 35 y 36 hemos presentado una transaccional conjunta. No apoyamos
la enmienda 32 porque técnicamente es imposible, ya que habla de que se
haga el cociente con una valoración que todavía no se ha efectuado, por
lo que, repito, es imposible técnicamente llevarla a cabo. La enmienda 37
la vamos a votar en contra porque hace referencia a un impuesto
municipal. Modificar un impuesto municipal sin haber establecido un
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias sería
impropio de este Parlamento. Nos parece que eso sí que entraría de lleno
en la autonomía y la suficiencia de las corporaciones locales.

Quiero decir, señor Presidente, que me alegro de que hoy se apruebe este
proyecto, porque es un proyecto que introduce justicia en el sistema
tributario en un impuesto tan sensible socialmente, como es el IBI.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte, por recordarnos de
una manera exhaustiva el discurso del señor Ministro en la presentación
del decreto-ley y su propio discurso en el momento de la convalidación
del mismo.

Voy a proceder a la lectura de las enmiendas transaccionales propuestas
por el Grupo Parlamentario Popular.

Señor Martínez-Pujalte, en relación a la enmienda número 30, del Grupo
Socialista, manifiesta el portavoz que ha sido objeto de su retirada. En
relación a la enmienda número 26, del Grupo Socialista, he de hacer
constar que sólo ha sido admitida por la ponencia, a pesar del texto
señalado en su informe, el apartado a), no el b), por lo que permanece
viva. En relación a la transaccional a la enmienda 31 del Grupo
Parlamentario Socialista, quedaría de la forma siguiente: Finalmente, la
ley contiene determinadas modificaciones en la tasa de acreditación
catastral creada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales administrativas y de orden social, en orden a lograr un mayor
perfeccionamiento técnico de la citada figura tributaria. ¿La conocen
ustedes?



El señor ALVAREZ GOMEZ: Proponemos que la primera palabra de esta
enmienda transaccional sea asimismo, en vez de finalmente.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿está usted de acuerdo en la
variación de esta palabra? (Asentimiento.)
¿Conoce, señor Sánchez i Llibre, las enmiendas transaccionales que se
formulan a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió)?



Página 7697



El señor SANCHEZ I LLIBRE: Las conozco, señor Presidente, y querríamos
añadir, si es posible, algunas matizaciones in voce respecto a las
propuestas que nos ha presentado el Partido Popular.

Aceptamos la transaccional a la enmienda 33 al artículo séptimo, pero
mantendríamos para la votación del dictamen de la Comisión la última
parte del párrafo número 3, de dicha enmienda: desde «igualmente se podrá
valorar», hasta «un área de características homogéneas».




El señor MARTINEZ-PUJALTE: ¿Cómo quedaría el párrafo?



El señor SANCHEZ I LLIBRE: Se incorporaría para la votación el último
párrafo del número 3 de nuestra enmienda 33, que va desde «igualmente se
podrá valorar mediante la aplicación de una ponencia», hasta «un área de
características homogéneas».

Aceptamos la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular
a nuestra enmienda 34, con una pequeña corrección gramatical. En el
penúltimo párrafo, cuando dice: «... objetivas que imposibiliten la
realización simultánea de la revisión», el señor Martínez-Pujalte pone:
«en el marco de una ponencia única» y nosotros proponemos: «y siempre en
el marco de una ponencia única».

Respecto a la transaccional a nuestras enmiendas 35 y 36, proponemos la
modificación siguiente: En el texto presentado por el señor
Martínez-Pujalte dice: «En el contexto de la próxima reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas se arbitrarán las medidas
necesarias para que la revisión de los valores catastrales...» Nosotros
suprimiríamos el párrafo que viene a continuación y lo sustituiríamos
por: «repercutan de la misma forma en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y Patrimonio que en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El párrafo quedaría así: En el contexto de la próxima reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se arbitrarán las
medidas necesarias para que la revisión de los valores catastrales
repercutan de la misma forma en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y Patrimonio que en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Nuestro grupo mantiene para la votación las enmiendas números 32, 37 y
38, que no han sido transaccionadas por el Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿acepta usted la transacción
a las transacciones?



El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Acepto la transacción de las
transacciones a las enmiendas números 34, 35 y 36.

Quiero preguntar a la Presidencia si es posible votar la enmienda 33 con
y sin el inciso. Nosotros no aceptamos este inciso que propone el señor
Sánchez i Llibre a la transacción, porque habla de una unidad que no
aparece en nuestro ordenamiento jurídico, que es la comarca, que sólo
aparece en el ordenamiento jurídico de alguna comunidad autónoma, no en
el del conjunto del Estado. Yo no sé si se puede votar con ese inciso y
sin ese inciso.

El señor PRESIDENTE: El artículo al que se propone esta enmienda es el
séptimo. Esta es una enmienda unitaria en la que se modifican dos
apartados diferentes del mismo. Por consiguiente, su transacción se
refiere nada más al apartado 1, y no supone la retirada de la totalidad
de la enmienda, sino que se mantiene viva la segunda parte de la enmienda
número 3.

Si las señoras y señores diputados se tomasen la molestia de hacer sus
enmiendas de forma y manera que ocupasen párrafos concretos y
específicos, y no el conjunto del articulado o enmiendas globales al
proyecto de ley, sería mucho más sencillo luego todo el trámite de
transacciones y modificaciones ulteriores, desde luego aclararía
muchísimo todo lo que se refiere a las votaciones y agilizaría
enormemente la labor de jueces y tribunales a la hora de interpretar las
normas que SS. SS. tienen a bien elaborar.

Creo que es suficientemente conocido, por lo menos por esta Presidencia,
a efectos de ordenar las votaciones. Me imagino que SS. SS. también
tendrán el suficiente orden en sus cabezas para poder hacer las
votaciones oportunas.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, ¿exactamente cómo
vamos a votar la transacción?



El señor PRESIDENTE: Usted no se preocupe, que ya verá cómo se vota.

(Risas.)
Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Alvarez Gómez.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Intervengo al hilo de lo que ha dicho el señor
Martínez-Pujalte en defensa del proyecto de ley que se presenta para su
aprobación en esta Cámara.

Yo creo que su debate se centra en las mismas apreciaciones que se
defendieron por parte del Grupo Popular en el debate de totalidad en el
Pleno. No ha variado sustancialmente su posición, por lo que reiteramos
que ésta debiera ser una materia de consenso ya que afecta directamente a
numerosos ayuntamientos y corporaciones locales. Sin embargo, observamos
que ninguna de las argumentaciones que hemos utilizado, tanto en el Pleno
como en mi intervención en esta Comisión, han sido cuestionadas. El
argumento de que el incremento de la valoración que puedan tener los
inmuebles, las unidades urbanas, de manera más o menos espontánea o como
consecuencia del dinamismo económico de un ayuntamiento o de las
actuaciones de las administraciones públicas, puede significar que no
represente la capacidad de pago real que tienen algunas familias,
especialmente las más modestas --lo repito, y a ver si se escucha bien--,
no puede ser utilizado en una figura impositiva directa, que así se
configura en el actual ordenamiento tributario español, para encubrir
otras finalidades que sí están patentes en el propio texto del proyecto
de ley. Compartimos parte de la afirmación que se hace. Compartimos que
los incrementos de valor que pueden experimentar algunas unidades urbanas
no se correspondan en determinados casos con toda la capacidad económica
de los contribuyentes, pero es que los contribuyentes



Página 7698



tributarán por esta totalidad de capacidad de pago en otros impuestos, no
en éste; en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
básicamente. Están utilizando artificiosamente este escudo protector para
amparar exclusivamente a aquellos propietarios --un 15 por ciento
aproximadamente, señor Martínez-Pujalte, solamente un 15 por ciento-- que
ven aumentadas significativamente sus valoraciones catastrales con
ocasión de la revisión o la modificación del catastro que se está
haciendo cada ocho años; para evitar que este 15 por ciento tenga
incrementos más o menos notables en su recibo fiscal en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles utilizan, repito, el escudo de determinadas familias
supuestamente débiles para las que se pueden arbitrar otras medidas que
permitan que paguen un pequeño incremento en su recibo fiscal. Si tanta
consideración tiene el Gobierno del Partido Popular con estas capas
débiles, favorézcanlas no estableciendo tantas tasas como vienen haciendo
últimamente, porque las capas más débiles de la población tienen que
hacer frente con sus escasos recursos a una presión fiscal cada vez más
creciente. No utilice este argumento para ocultar a dónde trata de llegar
este proyecto de ley.

Esta es la única argumentación que ha utilizado el Grupo Popular en
defensa del proyecto de ley, so pena de que esa traslación de la carga
tributaria, ese aplazamiento de la carga tributaria a lo largo de diez
años, permita a las familias más modestas pagar más cómodamente su recibo
fiscal, pero es que las enmiendas que nosotros hemos introducido permiten
a estos propietarios hacer frente escalonadamente, respetando al mismo
tiempo la resolución de este Parlamento de noviembre de 1995, les permite
diferir en un plazo prudencial de tiempo, en cuatro años, ese pequeño
incremento de la carga fiscal que tienen. No es a éstos a los que tiene
que preocupar el modelo vigente, sino a aquellos cuyos terrenos no
figuran en los censos catastrales y que se incorporan, como consecuencia
de actuaciones urbanísticas, como consecuencia de la inclusión en el
propio catastro de terrenos que antes tenían calificaciones rústicas o de
cultivos agrarios, al ámbito del territorio urbano. Es a éstos a quienes
les tendría que preocupar, y suponemos que éstos no tienen el problema de
no poder hacer frente a estos incrementos en el recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles.

No compartimos con el Grupo Popular la idea de que un estancamiento de la
presión fiscal beneficia a todos por igual. Ya lo hemos repetido hasta la
saciedad. Un estancamiento de la recaudación fiscal, con el modelo que
proponen el Gobierno y el Partido Popular, perjudica notoriamente a
aquellos propietarios de viviendas urbanas cuyo incremento del valor
catastral se sitúa por debajo de la media del conjunto del municipio. Por
tanto, repetimos se atenta gravemente contra el principio de equidad.

Aunque de manera sutil, el proyecto de ley también atenta contra el
principio de suficiencia financiera. Coloca en una posición muy difícil a
los ayuntamientos, aunque no quiera reconocerlo, y los problemas se van a
plantear inexorablemente con la aprobación de este proyecto de ley.

Nosotros como alternativa proponemos un modelo que les permita optar, con
lo cual tendrán mayor autonomía. ¿Es que le molesta esa mayor autonomía
al Gobierno, es que le molesta esa mayor autonomía al Grupo Popular que
le apoya? ¿Qué problema hay para aceptar un modelo alternativo que
permita a los ayuntamientos decidir, en el ámbito de su autonomía
política, cuál aplican, cuál es menos conflictivo para sus ciudadanos,
cuál es más equitativo para el conjunto de la población? El señor
Martínez-Pujalte olvida además que, allí donde se revisen los valores
catastrales a partir de la entrada en vigor de este proyecto de ley, no
se puede aplicar el coeficiente de actualización de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Con lo cual la discrepancia con la
realidad todavía será mayor, y se abunda en el problema de dejar el
catastro totalmente desprotegido, es decir, el catastro cada vez
reflejará menos la realidad económica; luego, el tratamiento que se le dé
a esa realidad económica ya es una cuestión diferente. Pero al menos
recojamos en el catastro cuál es la realidad económica.

Finalmente, en relación con el fraude, una cosa es decir las cosas y otra
es plasmarlas en los textos. Si tanta voluntad tienen, repito: plasmen
esa voluntad de perseguir el fraude en los textos; ocasión tienen ahora.

Respecto a la tasa de acreditación catastral, voy a repetirle, señor
Martínez-Pujalte, solamente tres argumentos: son bien diferentes las
enmiendas que plantea su grupo parlamentario y las que plantea el Grupo
Socialista. En la actualidad, no sé si lo entiende, Galicia soporta la
cuarta parte de la recaudación total por esta tasa, y a partir de hoy,
con la enmienda que ustedes han introducido, sigue en esa misma
situación. No hay variación ninguna. Es una corrección meramente técnica
que sustituye «su parcela» por «parcelas», pero el agricultor gallego que
tiene cuarenta parcelas de promedio, aunque sumen una hectárea entre
todas, va a seguir pagando 20.000 pesetas de tasa de acreditación
catastral. Y ¿para qué, cuál es el beneficio que usted pretende sacar
utilizando el principio de equivalencia? Cierto es que es un principio
reconocido en nuestro ordenamiento tributario. Pero ¿qué beneficio
percibe el que va a solicitar al catastro una certificación que tiene que
presentar en el correspondiente organismo para percibir una subvención o
para tributar por el Impuesto de Sucesiones, por ejemplo? ¿Cuál es el
beneficio? Ninguno. Sencillamente es una carga que se le impone no
querida por el contribuyente, y además se le obliga a pagar por esa tasa.

Lo más lógico sería suprimir esta tasa, como propusimos en el debate de
las medidas de acompañamiento a la Ley de Presupuestos. Queríamos forzar
el posicionamiento del Partido Popular admitiendo una tasa única de 500
pesetas por la acreditación catastral de cualesquiera número de parcelas
que tuvieran los propietarios. Es decir, que una explotación agrícola
moderna, competitiva, adecuada a una Europa de libre comercio, pueda
pagar 500 pesetas por la expedición de una acreditación exactamente igual
que un agricultor de una explotación tradicional en Galicia, en
Cantabria, en el norte peninsular, que tiene cuarenta parcelas de una
extensión muy inferior a la de la explotación de otros territorios, o
incluso muy inferior a la extensión de las de otros propietarios rústicos
que han modernizado sus explotaciones y que a veces lo han hecho con el
apoyo de



Página 7699



la propia Administración. Allí donde se han producido concentraciones de
propiedad, allí donde la Administración ha sido más eficiente y más ágil,
resulta que ahora se les exprime con una menor tasa; y al revés, allí
donde la Administración ha sido menos eficiente, menos diligente, allí
donde ha planteado menos programas de desarrollo en el medio rural, se
les castiga con esa inactividad de la Administración y además, por si
fuera poco, se les añade una tasa de acreditación catastral que no pueden
pagar. Y ésa es la línea que sigue el Gobierno del Partido Popular. Por
eso, no estamos en absoluto de acuerdo con las enmiendas que plantea su
grupo para modificar la Ley 13/1996.




El señor PRESIDENTE: Quiero aclararle que el Grupo Popular no formula
ninguna enmienda, porque han sido retiradas las dos enmiendas que se
presentaron. Muchas gracias por repetir los argumentos que dio con
anterioridad, porque he de decirles que una cosa es replicar,
contraargumentar, y otra cosa es repetir.

El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, sé que no me va a dar
la palabra y me va a recriminar, pero creo que he sido aludido 16 ó 17
veces.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, usted no ha sido aludido; la
alusión supone siempre hacer juicios de valor sobre la persona o conducta
de un señor Diputado. Eso son alusiones. Evidentemente, el señor Alvarez
ha repetido los argumentos utilizados con anterioridad, entonces lo que
no voy a consentir es que usted repita los argumentos del Pleno y los
argumentos que ha utilizado antes. Sinceramente, el asunto está muy
claro, las enmiendas se entiende que han sido suficientemente debatidas,
usted no mantiene enmiendas vivas, luego por consiguiente no puede
mantener ningún turno ahora de rectificación o de réplica a algo que no
ha lugar, en la medida en que usted puede replicar o rectificar su
posición respecto de las enmiendas que ha manifestado en relación con
otros grupos; difícilmente puede hacer otra cosa.

Dígame, señor Martínez-Pujalte, ¿quiere usted otro turno por alusiones?
(Risas.)



El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No, no, las alusiones que me hace el
señor Presidente son suficientemente significativas como para que no pida
más turnos. Ya lo debatiremos otra vez en el Pleno.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar los proyectos de ley y, con
posterioridad, debatiremos y votaremos las proposiciones no de ley, a
efectos de aclarar suficientemente la votación, que es una votación
compleja y complicada. Si dejamos que pase un tiempo entre medias, puede
que nos olvidemos de cómo está la situación en la actualidad.

Señoras y señores diputados, votamos, en primer lugar, el proyecto de ley
por la que se autoriza la participación de España en la octava ampliación
de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente
reposición de su Fondo de Operaciones Especiales. No existen enmiendas
vivas, por consiguiente lo someto a la consideración de la Comisión. ¿Se
aprueba este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobado.

Votamos a continuación el proyecto de ley por la que se autoriza la
participación del Reino de España en la séptima reposición de recursos
del Fondo Africano de Desarrollo. A este proyecto de ley no se han
presentado enmiendas. Señoras y señores diputados, ¿aprueban ustedes este
proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobado el proyecto de ley.

Pasamos, a continuación, a la votación de las enmiendas formuladas, así
como del informe de la ponencia del proyecto de ley por la que se
modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Votamos, en primer lugar, las
enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 1 a 7,
ambas inclusive.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, pedimos votación separada
del párrafo segundo de la enmienda número 7.




El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 7, de Izquierda Unida, en
su párrafo segundo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Socialista que permanecen vivas, con
excepción de las enmiendas números 22 y 31. Por consiguiente, pasamos a
votar las siguientes enmiendas: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
24, 25, 26 en su apartado b), 27 y 28.




El señor MARTINEZ-PUJALTE: Señor Presidente, ¿la 26 no se había
incorporado al dictamen?



El señor PRESIDENTE: La 26 a), no la 26 b). Procedemos a la votación de
las enmiendas que acabo de citar.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 22, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Página 7700



Votamos a continuación la enmienda transaccional a la número 31, del
Grupo Socialista.




Efectuada la votación dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Seguidamente, votaremos las enmiendas formuladas por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). En primer lugar, si no se solicita votación
separada, votaremos las enmiendas números 32, 37 y 38.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Pedimos votación separada de la enmienda
número 38.

Señor Presidente, no sé si ha quedado claro para el señor Sánchez i
Llibre el tercer párrafo de la enmienda número 34.




El señor PRESIDENTE: Perfectamente, pero es la enmienda número 33 al
apartado tercero del artículo séptimo.

Votamos a continuación las enmiendas números 32 y 37 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 25.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguidamente, votamos la enmienda número 38.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a continuación a votar la enmienda número 33 en la modificación
que realiza al apartado tercero del artículo séptimo del proyecto de ley.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: ¿Sin la transaccional?



El señor PRESIDENTE: Sin la transaccional, claro.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 27.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos seguidamente las enmiendas transaccionales formuladas a las del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que consisten en las siguientes: a
la número 33, exclusivamente en lo referido al apartado 1 del artículo
séptimo, y las enmiendas transaccionales a las números 34, 35 y 36.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Pedimos votación separada de las enmiendas
transaccionales con la 35 y 36.




El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar las enmiendas
transaccionales a las números 35 y 36.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a continuación a votar las enmiendas transaccionales a las
números 33, con la precisión hecha con anterioridad, y 34.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Votamos el texto del informe de la ponencia.

¿Grupos que desean solicitar votación separada? (Pausa.)
Señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Pedimos votación separada del artículo
primero, del artículo séptimo, apartado 1.ª, puntos 1 y 2, 3.ª, 4.ª y
5.ª, de la disposición adicional segunda, transitoria primera,
derogatoria y finales, y luego el resto.




El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a proceder a la votación del
informe de la ponencia votando en primer lugar los artículos primero,
séptimo, 1.ª, puntos 1 y 2, 3.ª, 4.ª y 5.ª, disposición adicional
segunda, disposición transitoria primera, disposición derogatoria y
disposiciones finales.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

Resto del informe de la ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a continuación a votar la exposición de motivos con las
modificaciones introducidas en virtud de las enmiendas aprobadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El dictamen de la Comisión será elevado al Pleno.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA
TRASLACION DEL DESCENSO GENERALIZADO DE TIPOS DE INTERES A AQUELLOS
PRODUCTOS FINANCIEROS DE USO MAS COMUN ENTRE LOS CONSUMIDORES. PRESENTADA
POR EL GRUPO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente
161/000540.)



Página 7701



--PARA TRASLADAR A FAMILIAS Y EMPRESAS LA REDUCCION DE LOS TIPOS DE
INTERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 161/000606.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación, señoras y señores diputados,
al debate y votación de la proposición no de ley formulada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a realizar
un estudio sobre la traslación del descenso generalizado de tipos de
interés a aquellos productos financieros de uso más común entre los
consumidores. El señor Albendea me ha manifestado que el Grupo
Parlamentario Popular retira la proposición presentada.




El señor ALBENDEA PABON: Señor Presidente, nosotros mantenemos la
proposición no de ley con las modificaciones que luego diré y vamos a
retirar la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Perfectamente, señor Albendea.

Por consiguiente, dada la similitud de la proposición no de ley que ha
sido introducida con la formulada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), vamos a proceder al debate simultáneo de ambas proposiciones no de
ley, dando en primer lugar la palabra al señor Sánchez i Llibre, en
nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), para manifestar su
posición y defender adecuadamente, como siempre hace, la proposición no
de ley formulada por su grupo.

Señor Sánchez i Llibre, tiene S. S. la palabra.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, es una realidad
que la economía española atraviesa una coyuntura favorable dentro del
proceso de convergencia. Dentro de este contexto, uno de los datos que
más ayudan a consolidar esta coyuntura es, desde nuestro punto de vista,
la bajada generalizada de los tipos de interés en los últimos meses,
enmarcándolo desde luego desde la perspectiva de las economías domésticas
con cargas hipotecarias y con cargas crediticias y ampliándolo,
lógicamente también, en el contexto de la actividad económica y en el
control del déficit público.

Es cierto --y es una realidad evidente-- que en España en los últimos dos
o tres años el descenso de los tipos de interés ha sido constante, como
así lo demuestran las reducciones de los tipos de interés en los mercados
oficiales y también en aquellos aplicables a determinados productos
financieros como podrían ser las hipotecas. También es una constatación,
y es un hecho significativo, que desde enero-febrero del año 1996 hasta
junio del año 1997 los tipos de interés han experimentado una reducción
que va desde el 8,4 por ciento al 5,25 por ciento, tipo actual fijado por
el Banco de España recientemente, lo cual constata una realidad también
visible de un 37 por ciento de bajada de los tipos de interés en estos
últimos 16 meses. Otra evidencia es que, excepto en los productos
financieros como pueden ser las hipotecas, también existe la opinión
generalizada de que dicha traslación del descenso de los tipos de interés
determinados por el Banco de España, o por los mercados interbancarios o
por los mercados secundarios de valores hacia los créditos familiares de
consumo --tarjetas de créditos, monedas electrónicas, créditos al
consumo, etcétera-- es insuficiente y el consumidor final, el deudor o el
creditor, realmente no se ha beneficiado en su totalidad de dichos
descensos de los tipos de interés a lo largo de estos últimos 15 meses.

Es por este motivo que el grupo parlamentario de Convergència i Unió ha
presentado ante esta Comisión de Economía y Hacienda una proposición no
de ley en la cual insta --en caso de aprobarse-- al Ministro de Economía
y Hacienda a elaborar un informe sobre la evolución de los tipos de
interés concretamente de los últimos tres años, el cual habría de tener
como objeto indicar el grado de traslación del descenso generalizado de
dichos tipos de interés a aquellos productos financieros de uso más común
entre los consumidores dentro del contexto de la actividad económica
general. Convergència i Unió entiende que dicho estudio tendría que
constar de cinco apartados fundamentales.

Es evidente para nuestro grupo que uno de los puntos fundamentales de
dicho estudio tendría que incorporar un análisis de la evolución más
reciente de los tipos de interés medios que se aplican en las entidades
financieras a los descubiertos en cuentas corrientes y a los descubiertos
excedidos en las cuentas de créditos. A pesar de que con la aprobación en
la última legislatura de la Ley de créditos al consumo ya se produce un
descenso generalizado por los intereses al descubierto, bajando del 30
por ciento al veintitantos por ciento, entendemos que, de mantenerse para
los descubiertos de cuentas de crédito y de cuentas corrientes unos tipos
de descubierto que oscilaran más del 20 por ciento, no estarían de
acuerdo con la bajada generalizada que han experimentado los tipos de
interés en los últimos 15 meses.

Desde nuestra óptica parlamentaria, dicho estudio también tendría que
recoger un análisis de los tipos de interés medios que se aplican por las
entidades financieras a los usuarios de créditos por los denominados
créditos al consumo. El uso de estos créditos al consumo está muy
generalizado en la sociedad española. Son créditos que podríamos
denominar personales y que abarcan desde la compra de automóviles a la
compra de electrodomésticos, créditos que se enmarcan también en la
compra de ordenadores, créditos que piden los distintos usuarios para ir
de vacaciones, créditos que pueden pedir los ciudadanos para contraer
matrimonio, créditos que pueden pedir los ciudadanos para la adquisición
de mobiliario y compras que pueden efectuar para las viviendas. Por
tanto, entendemos que un análisis pormenorizado y generalizado de todos
los tipos de interés para los créditos al consumo ayudaría a visualizar
si se han producido dichas bajas generalizadas.

Desde nuestra perspectiva parlamentaria, entendemos que dicho estudio
tendría que abarcar un análisis de los tipos de interés que se aplican
por las entidades financieras a los usuarios de las tarjetas
electrónicas, así como también los tipos de interés que se aplican por el
dinero efectivo que se saca con cargo a la utilización de las mismas, así



Página 7702



como los tipos de interés que se aplican por los descubiertos en las
cuentas corrientes. Por último, también entendemos en Convergència i Unió
que a dicho análisis tendría que incorporarse un estudio sobre las
comisiones que aplican las diferentes entidades financieras emisoras de
las tarjetas electrónicas de crédito y de débito y de las llamadas
monedero para todos aquellos usuarios que utilizan dicha modalidad de
pago en sus transacciones comerciales habituales.

Por todo ello hemos presentado esta proposición no de ley a la Comisión
de Economía y Hacienda y esperamos el apoyo de todos los grupos
parlamentarios para que, de una vez por todas, no solamente se vean
favorecidos algunos productos financieros, como pueden ser las hipotecas,
por esta baja significativa de los tipos de interés, sino que pueda
abarcar al máximo de créditos al consumo que están inmersos en las
transacciones comerciales que se efectúan en la sociedad española.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para la defensa de la
proposición no de ley número 161/606, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.




El señor ALBENDEA PABON: Señor Presidente, la oportunidad de las
proposiciones no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del
Grupo Popular es evidente. Existe en la sociedad española la sensación de
que las entidades del sistema financiero no están repercutiendo, con la
celeridad y profundidad adecuadas, las continuas reducciones del tipo de
interés que vienen produciéndose en los últimos años y con especial
aceleración en los últimos doce meses. Esas reducciones vienen
determinadas por el buen comportamiento de los principales indicadores
económicos, consecuencia de la política económica del Gobierno del
Partido Popular. Los niveles alcanzados por la inflación no tienen
precedentes en varios lustros. Una tasa interanual del 1,7 por ciento
puede considerarse como histórica. Ello ha permitido al Gobierno reducir
su previsión de tasa interanual del 2,6, fijada inicialmente, al 2,2 por
ciento, y es muy posible que esa previsión quede por encima de la
realidad. La contención del déficit público, consecuencia de una política
presupuestaria muy restrictiva y un control muy riguroso en su ejecución,
permite augurar una liquidación del ejercicio de 1997 muy satisfactoria.

Lo ponen de relieve los informes del Banco de España, de la OCDE y de la
Comisión Europea que, al analizar el Programa de Convergencia de España,
lo aprobó con toda clase de términos elogiosos. El crecimiento de la
economía, ya cercano al 3 por ciento, la recuperación del consumo, el
magnífico comportamiento del sector exterior, el alza de los índices
bursátiles, la confianza de los mercados internacionales, la reducción de
la prima de riesgo desde 400 a 70 puntos básicos permiten afirmar, sin
que pueda tacharse de visión triunfalista, que existe un panorama de
bonanza económica absolutamente inédito en España. Todos esos parámetros
han permitido al Banco de España, cuya prudencia en la aplicación de la
política monetaria es proverbial, reducir sensiblemente el tipo de
interés de intervención, lo que sin duda ha contribuido a reducir los
costes financieros que los ciudadanos y las empresas soportan en sus
diversas operaciones de activo con las entidades financieras, con
evidente mejora en el nivel de bienestar de muchas familias y las
posibilidades de las empresas de abordar proyectos de inversión con
evidente repercusión en el empleo.

No es necesario ponderar la importancia del sector financiero para el
desarrollo de la economía española. Por eso es muy conveniente
profundizar en el conocimiento del nivel de competencia de este sector.

Esa es la razón por la que en la proposición del Grupo Popular instemos
al Gobierno a que elabore un informe al respecto que pueda ser debatido
en esta Cámara. Ese informe constituye el punto primero de nuestra
proposición no de ley.

El Gobernador del Banco de España, en su última comparecencia ante esta
Comisión, manifestó que, a juicio del Banco emisor, las entidades
financieras estaban repercutiendo satisfactoriamente las continuas
reducciones de los tipos de interés, afirmando incluso que con mayor
celeridad en las operaciones de activo que en las de pasivo. Pero esa
apreciación del señor Gobernador, que sin duda es rigurosa, no se refería
posiblemente a un conjunto de operaciones singulares en las que puede
faltar transparencia o, como ocurre en las situaciones de descubiertos en
cuenta corriente o excedidos en cuenta de crédito, la posición dominante
de la entidad financiera no permita siempre a los clientes una absoluta
libertad de contratación o determinadas transacciones consecuencia de la
utilización de tarjetas electrónicas en las que la opacidad de los costes
financieros o de servicio --intereses y comisiones-- pueda ser mayor que
en una operación de crédito convencional. En ese detalle la proposición
de Convergència i Unió es más concreta que la del Grupo Popular. Por eso
es importante que esta Cámara conozca en profundidad la realidad de estas
situaciones, bien para corregirlas si así lo aconsejaran los resultados
del informe o, en sentido contrario, para restaurar la imagen del sector
financiero, de cuya buena imagen también se derivarían ventajas para la
economía española. Parece oportuno instar al Gobierno a que analice la
situación del tipo de interés legal del dinero y el tipo de interés de
demora en el nuevo entorno de tipos de interés para, de este modo,
realizar las modificaciones legislativas necesarias en aras a conseguir
una mejor adaptación a la nueva situación del coste del dinero en nuestra
economía.

Termino, señor Presidente, fijando la posición de nuestro grupo.

Mantenemos nuestra proposición no de ley en los puntos números 1 y 3 y
retiramos el 2, con lo cual el punto 3 pasaría a ser el punto 2. Respecto
a la proposición no de ley de Convergència i Unió, proponemos una
transaccional que consiste en aceptar el punto 1 y suprimir el punto 2,
que hace referencia al plazo del informe.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señor Albendea, entiendo que
cuando se someta a votación pedirán votación separada de los diferentes
puntos, más que una enmienda transaccional. Quiero decir que a la hora de
votar pueden pedir votación separada de los distintos puntos.




Página 7703



El señor ALBENDEA PABON: Señor Presidente, digo enmienda transaccional
porque está acordado con Convergència i Unió que se suprime el punto 2,
pero me da igual el sistema reglamentario, lo que el señor Presidente
juzgue oportuno.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): No se preocupe, señor
Albendea. Como dice el señor Trocóniz, buscaremos una fórmula para que
sin forzar el Reglamento queden SS. SS. contentos.

Para fijar posición, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Segura.




El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, toda vez que parecemos los
últimos de Filipinas de este período de sesiones, voy a ser brevísimo en
la fijación de la posición del Grupo Socialista respecto a este último
punto a debate.

Votaremos a favor de ambas proposiciones no de ley porque de lo que se
trata principalmente es de solicitar que se realicen los informes
oportunos para saber cuáles han sido sido las tendencias y cuáles son, en
definitiva, después del análisis de los informes, los márgenes que puedan
producirse para la traslación de la bajada de los tipos de interés a los
créditos de más rabioso consumo y, por tanto, de más incidencia en la
vida cotidiana de todos los españoles. Tengo que decir que resulta
especialmente remarcable que estas dos proposiciones no de ley se
produzcan en una coyuntura de reforzamiento del consumo interno. Por
tanto, el acicate que puede significar la rebaja de los tipos de las
operaciones activas en todo caso ya está desfasado, pero convendremos
todos en que cualquier ayuda en este sentido es interesante que se
produzca.

El Gobernador del Banco de España en su comparecencia en esta misma
Comisión ya alertó de los riesgos que significa la tendencia por debajo
de lo que serían los índices de prudencia en la competitividad de los
diferentes agentes financieros bancarios en nuestro país. Esta posición
no fue expresada tan sólo en su comparecencia, sino en la exposición del
informe anual ante el consejo de administración del Banco de España. Por
cierto, curiosamente hoy, en todos los periódicos de la prensa salmón
aparecen afirmaciones del Vicepresidente del Gobierno en coincidencia con
las del Gobernador del Banco de España. Creemos que echar las campanas al
vuelo sobre la necesidad del ajuste de tipos que se ha podido apreciar,
al menos en la presentación de la proposición no de ley de Convergència i
Unió, tiene que matizarse y amortiguarse mucho, porque el sector
financiero español ha padecido un ajuste importante y, no nos engañemos,
tiene que padecerlo también en su próximo futuro. Supongo que de los
informes saldrá la necesidad de que el sistema financiero actúe con
extrema prudencia según las indicaciones de esta Cámara.

Teniendo en cuenta la literalidad de las afirmaciones del Gobernador del
Banco de España, todos sabemos que el ajuste de los tipos viene
condicionado por diversos aspectos: uno, evidentemente, por el precio
primario del dinero; otro, al que me refería antes, por los costos de
transformación y por tanto los ajustes estructurales del sistema
financiero; y un tercero, por el riesgo implícito que llevan las
operaciones de crédito. Es en las operaciones de consumo directo, sobre
todo en operaciones de pequeño importe, donde pueden elevarse de manera
notable, en una senda de mayor consumo interno, los índices de morosidad;
morosidad que en cuanto a su recuperación puede verse afectada por la
misma cuantía de las operaciones que se presten, ya que a las entidades
bancarias no les compensa ir en muchas de ellas al planteamiento de
ejecutivo por la vía judicial.

Con estas cautelas que ya han sido expuestas, aunque seguramente con
otras palabras, por el representante del Grupo Popular, nosotros creemos
positivo intentar encontrar todos los elementos de análisis para que se
posicionen las Cámaras. Por tanto, como he dicho antes, estamos en
situación de votar favorablemente las dos proposiciones no de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, intervengo para anunciar
también nuestro voto positivo, en primer lugar, porque se trata de
estudios y siempre hay que votar a favor de ellos; y en segundo lugar,
porque son estudios sobre un asunto claro. El descenso de tipos de
interés es una buena noticia para la economía española, pero no sólo
existe la percepción sino la realidad de que no se ha extendido la
traslación de esta disminución de los tipos de interés a todos los
ámbitos de los productos financieros. En ese sentido, insisto, nuestro
voto va a ser favorable y esperemos que dentro de muy poco tiempo se
pueda traducir en mejoras concretas.




El señor ALBENDEA PABON: Señor Presidente, quería decir que comparto
totalmente las cautelas y las apreciaciones que ha hecho el portavoz del
Grupo Socialista respecto a que es un tema delicado. Yo desde luego --y
estoy seguro de que mi grupo también-- celebraría que el informe
reflejara que efectivamente en el sistema financiero está repercutiendo
adecuadamente, como nos decía el otro día el Gobernador, la reducción de
los tipos de interés con la intensidad y la profundidad deseadas. Ojalá
el informe diga eso porque creo que no es bueno para el sistema
financiero español ni para la economía española que la banca tenga una
imagen mala. Eso no beneficia a nadie. Si del informe se deducen datos
positivos, mucho mejor; si no se deducen, o hay algunos aspectos de la
repercusión de los tipos de interés que no se han hecho con la
profundidad debida, será ocasión de debatirlo y buscar fórmulas para
corregirlo. Estoy de acuerdo en que es un tema delicado y hay que tener
mucha cautela.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): El señor Sánchez Llibre tiene
la palabra.




Página 7704



El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Presidente, deseo manifestar la posición
de mi grupo, Convergència i Unió, respecto a la propuesta número 3 que
hace el Grupo Popular en su proposición no de ley al analizar cuál es la
situación de los tipos de interés legal del dinero y el tipo de interés
de demora. Nuestro grupo parlamentario ya ha presentado una iniciativa en
el Pleno del Congreso de los Diputados por medio de una proposición de
ley instando al Gobierno a que rebaje los tipos de interés legal del
dinero en España, así como los tipos de interés de demora. Esperamos que
dicho estudio esté realizado cuando esta proposición de ley llegue al
Congreso para que la rebaja del tipo de interés legal del dinero en la
economía española pueda ser efectiva inmediatamente.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señorías, fíjense si están
tan de acuerdo que de las proposiciones no de ley se han caído los dos
puntos número 2, para que no se voten, siendo totalmente distintas.

Vamos a pasar a votar las dos proposiciones no de ley en los términos en
los que quedan después de oír a los señores portavoces. En la proposición
no de ley del Grupo Catalán, Convergència i Unió, queda vivo el punto
número 1, que se somete a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Queda aprobada por
unanimidad.

De la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular quedan vivos
los puntos 1 y 3, y en caso de que se apruebe el 3 pasará a ser 2.

¿Todos los grupos están a favor, como se ha desprendido de sus
intervenciones? (Asentimiento.) Queda aprobada.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión. Felices vacaciones.




Era la una y treinta minutos de la tarde.