CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 242



PRESUPUESTOS



PRESIDENTE: DON NARCIS SERRA I SERRA



Sesión núm. 14



celebrada el martes, 3 de junio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Ratificación de las Ponencias designadas y emisión de dictámenes, a la
vista de los Informes por ellas emitidos, en relación con los siguientes
proyectos de ley:



--Sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de
47.830.131.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por
correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar
las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar
pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores. (Número de expediente
121/000034) (Página 6972)



--Sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de
crédito por importe de 536.679.448 pesetas y 63.339.367 pesetas,
respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial. (Número de expediente 121/000036) (Página 6972)



--Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.386
millones de pesetas, para ajustar la subvención de explotación del Estado
a Mina la Camocha, S. A., al importe fijado en el contrato-programa,
correspondiente a 1996. (Número de expediente 121/000054) (Página 6973)

Página 6972



--Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía
Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la
explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés
nacional. (Número de expediente 121/000055) (Página 6974)



Se abre la sesión a la una y diez minutos de la tarde.




RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS Y EMISION DE DICTAMENES, A LA
VISTA DE LOS INFORMES POR ELLAS EMITIDOS, EN RELACION CON LOS SIGUIENTES
PROYECTOS DE LEY:



--SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE DE
47.830.131.054 PESETAS, PARA CANCELAR LOS MAYORES GASTOS OCASIONADOS POR
CORRECCIONES FINANCIERAS IMPUESTAS POR LA UNION EUROPEA POR SOBREPASAR
LAS CUOTAS DE PRODUCCION LACTEA EN LOS AÑOS 1990, 1991 Y 1992, REALIZAR
PAGOS FUERA DE PLAZO Y OTRAS DE DIVERSOS SECTORES. (Número de expediente
121/000034.)



El señor PRESIDENTE: Empezamos la sesión de esta Comisión.

Parece ser que ha habido contactos previos a esta sesión y los
representantes de los distintos grupos políticos han llegado al acuerdo
de que ratifiquemos los informes de la ponencia sin debate. En cualquier
caso, la Presidencia tiene que preguntar si algún grupo quiere intervenir
antes de que procedamos a la ratificación del dictamen de las ponencias.

(Pausa.)
¿Las podemos ratificar por asentimiento? (Asentimiento.)
Para que no haya duda, iré enumerando cada uno de los puntos del orden
del día sobre los que tiene que constar acuerdo de la Comisión.

El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia
designada para informar el proyecto de ley sobre concesión de varios
créditos extraordinarios, por importe de 47.830 millones de pesetas, para
cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras
impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción
láctea. ¿Se ratifica la ponencia y el informe emitido por dicha ponencia?



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan ratificados por unanimidad.

--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y DE UN SUPLEMENTO DE
CREDITO POR IMPORTE DE 536.679.448 PESETAS Y 63.339.367 PESETAS,
RESPECTIVAMENTE, PARA SATISFACER RETRIBUCIONES DE JUECES EN PRACTICAS Y
DE PROFESORES ORDINARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000036.)



El señor PRESIDENTE: El segundo punto es la ratificación de la ponencia y
del informe emitido por ésta en relación al proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, en
este caso destinado a satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial.

¿Algún grupo quiere intervenir en relación a este asunto? (El señor
Gimeno Marín pide la palabra.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Voy a fijar la posición de nuestro grupo respecto
a un crédito extraordinario que nos sorprende no en cuanto al fondo del
problema, sino en cuanto a la forma, sobre todo porque el Grupo Popular y
el Gobierno nos tenían acostumbrados a hacer manifestaciones sobre todas
estas cuestiones de las modificaciones crediticias. Este crédito
extraordinario es la plasmación concreta, desde el punto de vista
presupuestario, de que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.

Digo esto en relación con las medidas y los créditos extraordinarios que
se han aprobado desde que está gobernando el Partido Popular. Se dice una
cosa y se hace otra, pero, además, en este caso también hay problemas de
fondo que es conveniente que se conozcan. Es conveniente que se conozcan
porque, en mi opinión, el Gobierno, la Ministra de Justicia como
responsable del departamento, solicita este crédito extraordinario como
consecuencia de un cierto nivel de incapacidad o de una deslealtad
institucional hacia el Consejo General del Poder Judicial porque, si no,
no se entiende. Es cierto --seguro que SS. SS. lo saben y, si no, se lo
explico yo-- que los jueces son pagados por el Ministerio de Justicia,
que la formación continuada de los jueces corresponde al Consejo desde la
ley de 1985, pero, como es lógico, el Ministerio de Justicia sigue
pagando a los jueces. ¿Cómo es posible que ocurra esto ahora, que
tengamos que abrir este crédito extraordinario en este momento?



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¿Hay que distinguir entre lo que son funcionarios de Justicia y lo que
son funcionarios en prácticas; el Ministerio de Justicia debería haber
incluido las retribuciones de los jueces en prácticas en su capítulo
primero o haber avisado al Consejo General del Poder Judicial de que
debía haberlo hecho? Sin ninguna duda, no hizo ni lo primero ni lo
segundo. No sólo eso sino que deberían saber SS. SS. que, de los jueces
en prácticas que procedían del tercer turno, en el año 1996, las
retribuciones fueron pagadas por el Ministerio de Justicia desde octubre,
por lo menos hasta finalizar el año. De golpe, a partir de principios de
año, dejan de pagarse, lo cual produjo una tensión y un pequeño
conflicto, y había que resolver el problema. ¿Cómo es posible que el
Consejo General del Poder Judicial entienda que el Ministerio de Justicia
debía incluir en sus presupuestos las retribuciones que corresponden a
estos jueces en prácticas o a los profesores de la escuela y que no
figuraran ni en los presupuestos del Consejo ni en los del Ministerio de
Justicia? ¿No será que lo que ha ocurrido es que, ante las presiones y la
necesidad de contención del déficit, las restricciones que para cada uno
de los ministerios se están produciendo, la forma más fácil que tiene el
Ministerio de Justicia de contener el crecimiento de los gastos de su
propio Ministerio es cortar por donde no se puede cortar? Cortó por donde
no se podía cortar sabiendo que forzosamente se tenía que resolver el
problema. Hoy nos plantean a la Cámara que hay que resolver el problema.

Algo que ya se conocía, algo que ya se sabía, que no se resolvió en los
presupuestos para 1997, con lo cual nos encontramos con que hoy tenemos
que votar a favor este crédito extraordinario. En cualquier caso, tendrán
que reconocer SS. SS. que una cosa es lo que viene diciendo el Gobierno y
otra cosa lo que viene haciendo. Es la misma situación en que se
encuentra el Grupo Popular, que deberá medir mucho más sus palabras
cuando se habla en términos de modificaciones presupuestarias.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Seco.




El señor SECO GORDILLO: Quiero fijar, asimismo, la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con este proyecto de ley de concesión
de suplemento de crédito. En realidad, la intervención no estaba
prevista, pero, a la vista de la del portavoz socialista, debemos hacerla
porque el Grupo Socialista quiere hacer una cuestión donde no la hay.

Parece que el señor portavoz del Grupo Socialista no se ha leído la
memoria que acompaña al proyecto. Me va a permitir el señor Presidente
que lea un párrafo de esta memoria, que dice así: Las necesidades
financieras que se producen consecuencia de la modificación de las
competencias del Consejo y que, con anterioridad al ejercicio de 1997, se
contemplaban en el presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia, no aparecen recogidas en el presupuesto de
gastos del Consejo General del Poder Judicial para el ejercicio de 1997,
debido a que las resoluciones y acuerdos que los originaron fueron
adoptados con posterioridad a su elaboración.

Si esto es lo que dice la memoria que acompaña al proyecto de ley, hablar
de incapacidad y deslealtad evidencia que lo que persigue el Grupo
Socialista con la anterior intervención es una persecución política de la
Ministra de Justicia. Repito, no hay cuestión, el Grupo Socialista ha
querido hacer cuestión donde no la hay; se trata de un simple problema
técnico. Obviando cualquier otra consideración sobre el tema, el Grupo
Popular votará a favor de este proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir en este debate?
Pasamos a la votación. Votamos, como en el primer caso, tanto la
ratificación de la Ponencia como el hecho de dictaminar ese mismo
proyecto de ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 1.386
MILLONES DE PESETAS, PARA AJUSTAR LA SUBVENCION DE EXPLOTACION DEL ESTADO
A MINA LA CAMOCHA, S. A., AL IMPORTE FIJADO EN EL CONTRATO-PROGRAMA,
CORRESPONDIENTE A 1996. (Número de expediente 121/000054.)



El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día se refiere al
proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, esta vez de
1.386 millones de pesetas, para ajustar la subvención a la mina La
Camocha, S. A.

¿Algún grupo quiere intervenir antes de que votemos este tema?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: El que se haya leído la memoria en esta ocasión
podrá decir lo contrario de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular
respecto al anterior crédito extraordinario. Este sí que es un paradigma
de una chapucería total, señor Presidente, porque no es que se conociera
desde hace mucho tiempo este crédito extraordinario, sino que fue frenado
cuando había un Gobierno en funciones porque se entendía que estos
créditos extraordinarios no se podían conceder ni siquiera por un
Gobierno en funciones. Este crédito extraordinario sí se conocía desde
hace mucho tiempo --el otro también, pero éste desde hace muchísimo
tiempo--, con informes continuados y sucesivos de los interventores, pero
no se sabe por qué no se ha resuelto, con todos los planteamientos que ha
venido haciendo el Gobierno durante el año 1996. El informe del Consejo
de Estado es demoledor. Dice que hay que decir que sí, pero se pregunta
cómo es posible que se solicite este crédito extraordinario en estos
momentos cuando se tenía que haber introducido en los Presupuestos
Generales



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del Estado para 1997. Como se lo habrán leído los portavoces de los
distintos grupos, no voy a incidir en él.

Hay otros contratos-programa con otras empresas. La técnica del Gobierno
en 1996 ha sido la de centrifugar los déficit del presupuesto fuera de él
y centrifugar los déficit e imputación de gestión presupuestaria antes y
después del año 1996. Supongo que alguien pensó que podría ocurrir lo
mismo con este crédito extraordinario: a ver si no figura en los
presupuestos para que no se note. Está ocurriendo con créditos de otros
contratos-programa: Figaredo, Hunosa, etcétera. Se ha dicho muchas veces
en los debates en esta Cámara, y en esta Comisión también, que la técnica
de este Gobierno es centrifugar y dejar fuera del presupuesto algo que en
términos reales existe; guste o no, ahí están las deudas, los créditos y
la financiación a estas empresas y estos contratos-programa.

Nosotros vamos a decir que sí a este crédito extraordinario. ¿Pero qué ha
pasado en el caso de esta empresa? Nos encontramos, obviamente, con una
empresa privada y ahora se han dado cuenta de que tiene que figurar en
los presupuestos; no hay salida. Algo que tenían que haber hecho en 1997
y que impidieron que se hiciera por el Gobierno en funciones, socialista
en su día, lo tenemos que hacer hoy rápidamente, en un conjunto de
créditos extraordinarios que aprobamos, rompiendo, una vez más, todos los
criterios que ha venido manifestando el Grupo Popular respecto a todas
las técnicas de modificación de créditos presupuestarios. Votamos que sí,
pero volviendo a recordar al Grupo Popular que, por lo menos reconozca y
rectifique las posiciones que ha venido defendiendo en otros momentos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, tenemos que decir que
el Gobierno en modo alguno ha frenado este crédito extraordinario; que el
Gobierno socialista en funciones fue el que no quiso aprobarlo en su día;
que ha sido aprobado por la Dirección General de Minas del Miner; que ha
sido necesario tramitarlo como crédito extraordinario al no existir
consignación en los Presupuestos Generales del Estado; que ha gozado, a
lo largo de todo su procedimiento, de informe favorable de la
Intervención Delegada de la Administración del Estado, de la Oficina
presupuestaria del Miner, de la Dirección General de Presupuestos y
concretamente, en un extenso informe, por el Consejo de Estado, que dice
que serán, stricto sensu, los resultados de legitimidad de la obligación
que ha de atender la modificación presupuestaria y se dan las
circunstancias de necesidad y urgencia del artículo 64 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, siendo financiado con deuda
pública. Es decir, que este presupuesto extraordinario reúne todos los
requisitos legales y los condicionantes para ser aprobado.

Por otra parte, esperamos que en esta nueva etapa se logre mayor
celeridad en el abono de las subvenciones que en épocas pasadas ha
representado una gran pérdida y un gasto muy importante para todas las
empresas. Por todo ello, quiero manifestar que vamos a votar
favorablemente esta actuación y vamos a aprobarla en todas sus
consecuencias.




El señor PRESIDENTE: Podemos pasar a la votación doble de ratificación de
Ponencia y también de dictamen en relación a ese crédito. ¿Hay
unanimidad?



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
4.989.841.962 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAÑIA
TRASMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995, POR LA
EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES
NACIONAL. (Número de expediente 121/000055.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto proyecto de ley, para compensar el
déficit de la Compañía Trasmediterránea. ¿Algún grupo quiere intervenir?
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura Clavell.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista va a apoyar este proyecto de ley de concesión de un crédito
extraordinario para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea
correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios
de comunicaciones marítimas de interés nacional. Hemos analizado los
contenidos y la memoria, que naturalmente han seguido una tramitación
ortodoxa, no tenemos nada que objetar y, como digo, damos nuestro voto a
favor. No obstante, esta tramitación ofrece la posibilidad de hacer unas
breves reflexiones --que complementaremos adecuadamente en la sesión
plenaria, en el punto correspondiente-- que es oportuno que se produzcan
para conocimiento de esta Comisión y del Congreso de los Diputados.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se encuentra preocupado por
la situación actual de la Compañía Trasmediterránea, por la situación del
tráfico marítimo entre la Península y los dos archipiélagos, balear y
canario, por el tráfico de pasajeros y mercancías en el Estrecho, con
Ceuta y Melilla, sin olvidar que más del 70 por ciento de los productos
que entran y salen de nuestro país lo hacen por los puertos y,
consiguientemente, son transportados por barcos. La Compañía
Trasmediterránea coparticipa en esos flujos de mercancías y de pasajeros,
y de ahí la importancia de la misma. Nuestra preocupación se centra
fundamentalmente en lo siguiente.

En el año 1977 la Compañía Trasmediterránea experimenta el proceso de
nacionalización, es incorporada al Patrimonio



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del Estado, se suscribe un contrato-programa con el Estado, de 20 años de
duración, que termina a finales de este año, es decir, en diciembre de
1997. Ese contrato-programa conllevaba una prima de gestión y una
financiación trimestral, que se venía haciendo anualmente, una vez
producidas las tramitaciones pertinentes, y este déficit anual que se
venía acumulando se sufragaba por los Presupuestos Generales del Estado.

Pero a partir del 1 de enero de 1998 --es decir, dentro de siete u ocho
meses--, el Estado no consignará en sus presupuestos generales, en
principio, ninguna partida presupuestaria para la financiación del
tráfico de mercancías y de pasajeros con zonas singulares del Estado
español, cuyas rutas es menester que se definan como rutas marítimas de
interés nacional. De aquí que esas rutas vienen siendo cubiertas por la
Compañía Trasmediterránea sin competencia con otras compañías, como puede
ser el transporte de mercancías y pasajeros con una isla singular de la
comunidad canaria con escasísima densidad poblacional como es la isla de
El Hierro. Naturalmente, estas rutas han de ser cubiertas por el Estado y
es menester definir las líneas marítimas de interés nacional. Por
unanimidad del Congreso de los Diputados, se aprobó una resolución, en
los primeros días del mes de diciembre del año 1996, a raíz de una
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
que se debatió en el Pleno, y aún no se tiene conocimiento de que se
hayan definido esas líneas.

Termino mi intervención alertando a la Cámara --porque creemos que es un
tema social de capital importancia para aquellas zonas que no están
comunicadas por otros sistemas de transporte; por ejemplo, la isla de La
Gomera no dispone aún de aeropuerto-- sobre la necesidad de definir las
líneas marítimas de interés público y de redefinir el futuro de la
Compañía Trasmediterránea, una vez extinguido el contrato-programa.

Entendemos que la aprobación de este proyecto de ley sobre concesión de
un crédito extraordinario debe ser aprovechado para incentivar a la
Administración del Estado, para que dé solución a problemas que se nos
van a plantear en un futuro inmediato, a partir del 1 de enero de 1998.




El señor PRESIDENTE. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Carreño.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Hasta hace pocos años, en los
Presupuestos Generales del Estado se incluía --teniendo en cuenta la
cláusula vigésima sexta del contrato regulador de los servicios de
comunicación marítima de interés nacional, firmado entre el Estado y la
Compañía Trasmediterránea-- un subvención que preveía el costo para el
Estado en dos conceptos --explotación e inversiones-- y la cuenta del
Estado debía liquidarse, si existía superávit para su aplicación, como
entrada en la cuenta del ejercicio siguiente. Nunca ha ocurrido tal cosa
en los diecinueve años que lleva en vigor el contrato ya vencido; por el
contrario, sí ocurría que la liquidación arrojaba déficit. Esto ha
sucedido con unas variaciones entre más de 8.000 millones, en 1983, y del
orden de 2.000 millones, en 1992. La solución, en este caso, es que el
Estado debe compensar a la Compañía en el ejercicio siguiente.

¿Qué ha ocurrido? Que la liquidación de los ejercicios 1990 a 1992 se
hizo con varios años de retraso, lo que supuso más de 800 millones de
gastos financieros; que las subvenciones en los Presupuestos Generales
del Estado desaparecieron --no este año, hace varios años que han
desaparecido--; que, con ello, las liquidaciones trimestrales que debían
hacerse por el Estado, en cumplimiento del contrato entre la Compañía y
el Estado, también se aplazaron, no se cumplieron; que la liquidación de
las cuentas del año 1993 se aprobó con una ley por la que se concedía un
crédito extraordinario de más de 3.000 millones de pesetas dos años
después, en junio de 1995. Esto se ha convertido en tradición: año 1996,
en julio, a través del Real Decreto-ley 12/1996, se salda la liquidación
y se abona con un crédito extraordinario, y hoy vemos la liquidación del
año 1995.

Afortunadamente, este incumplimiento del contrato se va a dar, como
máximo, en dos ocasiones: las liquidaciones correspondientes a 1996 y
1997, puesto que el contrato ha sido denunciado por el Estado y su
vigencia concluye --como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista-- el próximo 31 de diciembre. Ello y la liberalización del
transporte marítimo, a partir del 1 de enero de 1999, obligan no sólo a
un planteamiento y definición del transporte marítimo de servicio
público, sino también a un replanteamiento general de la política de
actuación de la Compañía Trasmediterránea, que lógicamente ya está
recogida en el último plan de actuación de inversiones financieras de la
programación cuatrienal.

Nuestro grupo da su aprobación a este proyecto de ley, sin enmiendas,
recogido el preceptivo informe favorable del Consejo de Estado y el de la
Intervención General de la Administración del Estado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, intervengo para expresar, en
nombre de mi grupo, que también vamos a dar nuestro voto favorable a la
aprobación de este proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario a la Compañía Trasmediterránea. No obstante, señor
Presidente, quisiera hacer tres observaciones en nombre de mi grupo.

Con este proyecto de ley se constata que los retrasos y los
incumplimientos del Estado en ejecutar sus obligaciones financieras, en
relación con otras administraciones o entidades públicas, siempre llevan
aparejados unos costes financieros que terminan pagándose en los
Presupuestos Generales del Estado. Quiero rogar a los responsables
actuales de la Administración del Estado que tomen buena nota de que los
retrasos y los incumplimientos siempre se terminan pagando. Es necesario
que haya celeridad en cumplir los contratos y en hacer frente a las
aportaciones porque, si no, siempre se tendrán que soportar costes
financieros, que terminan pagándose con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.




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La segunda cuestión es que mi grupo sí que entiende que hay unas
determinadas líneas o servicios de comunicaciones marítimas que deben ser
declarados de interés nacional. Ahora bien, eso no lleva a que la
Compañía Trasmediterránea deba hacer permanente déficit de explotación;
deberían combinarse o integrarse dentro del ejercicio global de la
compañía aquellas ayudas que el Estado pueda dar como compensación por
los servicios que presta en determinadas líneas de comunicaciones
marítimas que puedan ser declaradas de interés general con las demás que
no tienen esa naturaleza o esa calificación y que puedan aportar recursos
adicionales a la explotación de la Compañía Trasmediterránea.

Es decir, nuestro grupo quisiera que, de una vez por todas, la Compañía
Trasmediterránea un día hiciera superávit, que no estuviéramos siempre
administrando una compañía con un estado permanente de déficit. ¿Es que
no hay manera inteligente de administrar una compañía de esas
características que dé como balance final un resultado positivo? ¿No
podíamos llevar la administración de esta compañía de una forma más
eficaz para que al final no estuviéramos siempre administrando un déficit
permanente?
Sí estamos de acuerdo en que el Estado debe hacer sus aportaciones
puntuales para compensar determinados servicios, para determinadas líneas
de interés nacional, pero --repetimos-- sería importante que en la
revisión del contrato programa, que se va a llevar a cabo pronto,
pudiéramos abrir una nueva etapa con la Compañía Trasmediterránea, una
etapa que pusiera de manifiesto una mejor gestión de los servicios que se
han prestado, para que, al final, en el debate de los presupuestos no
tuviéramos que estar cada año asumiendo los riesgos y las consecuencias
financieras de una explotación que nos lleva a un déficit importante que
terminamos soportando dentro de los Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir antes de que
procedamos a la votación? (Pausa.)
Vamos a votar el cuarto punto del orden del día en el doble sentido de
ratificar la Ponencia y de dictaminar el proyecto de Ley.

¿Acuerdan SS. SS. aprobarlo por unanimidad? (Asentimiento.) Queda
aprobado.

Con esta votación, termina el orden del día de la Comisión.

Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.