CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 247



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 18



celebrada el martes, 27 de mayo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de los representantes de los Sindicatos ELA-STV y Comisión
Intersindical Galega (CIGA) para informar acerca de la firma del Acuerdo
interconfederal para la estabilidad del empleo, del Acuerdo
interconfederal de negociación colectiva, así como del Acuerdo sobre
cobertura de vacíos. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto. (Número de
expediente 219/000195) (Página 7104)



Debate sobre el Informe aprobado por la Subcomisión para analizar la
situación actual de la familia en España y proponer las reformas y
medidas que se consideren necesarias. (Número de expediente 154/000002)
(Página 7120)



Proposiciones no de ley:



--Sobre medidas para evitar que los contratos de puesta a disposición
celebrados entre las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias
para la cesión de trabajadores y trabajadoras se produzcan en situación
de desigualdad salarial, laboral y social respecto de los de la empresa
contratadora. Presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000338) (Página 7125)

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--Sobre medidas para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social respeten el derecho
de las mujeres campesinas a darse de alta en el Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

(Número de expediente 161/000442) (Página 7128)



--Por la que se insta al Gobierno a que aplique la Ley 37/1984, de 22 de
octubre, a las enfermeras republicanas. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000491) (Página 7131)



--Sobre Plan Nacional Gitano. Presentada por el Grupo anterior. (Número
de expediente 161/000503) (Página 7133)



Se abre la sesión a la diez y quince minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS ELA-STV Y
COMISION INTERSINDICAL GALEGA (CIGA) PARA INFORMAR ACERCA DE LA FIRMA DEL
ACUERDO INTERCONFEDERAL PARA LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO, DEL ACUERDO
INTERCONFEDERAL DE NEGOCIACION COLECTIVA, ASI COMO DEL ACUERDO SOBRE
COBERTURA DE VACIOS. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO. (Número de
expediente 219/000195.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
dar comienzo a la sesión cuyo orden del día se inicia con la
comparecencia de los representantes de los sindicatos ELA-STV y Comisión
Intersindical Galega (CIGA) ante la Comisión de Política Social y Empleo
para informar acerca de la firma del acuerdo interconfederal para la
estabilidad del empleo, del acuerdo interconfederal de negociación
colectiva, así como del acuerdo sobre cobertura de vacíos, solicitada por
los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y
Mixto.

Antes de dar el uso de la palabra, vamos a aplicar las mismas normas que
hemos aplicado en las comparecencias anteriores relacionadas con el mismo
tema, de forma que intervendrán los comparecientes y a continuación
intervendrán, hoy por no haberlo solicitado todos los grupos, los grupos
que así lo han expresado, y a continuación los restantes.

Va a hacer uso en primer lugar de la palabra, por razones históricas de
antigüedad de su organización sindical, don José Elorrieta, de ELA-STV.




El señor REPRESENTANTE DEL SINDICATO ELA-STV (don José Elorrieta): En
primer lugar, muchas gracias por la deferencia de habernos dado la
oportunidad de poder fijar nuestra posición sobre unas cuestiones que sin
duda alguna afectan de manera muy importante al mundo laboral.

Me van a permitir hacer una introducción, aunque sea muy breve, para
situar, al menos por nuestra parte, cómo vemos en un proceso un poco más
largo en el tiempo la actual reforma laboral. Y en ese sentido, me remito
a un reciente artículo muy vinculado a la CEOE explicando el proceso
continuado de reformas laborales desde el Estatuto de los Trabajadores
del año 1979. Señalaba que lo que se trataba era de montar una estrategia
gradual para que los trabajadores no tuviesen la percepción de que
estaban en juego derechos adquiridos y que su futuro laboral iba a ser
mucho más frágil y mucho menos seguro.

Si esto fue una estrategia establecida en el año 1979, desde luego no
tenemos más que felicitar a los estrategas porque ése es un proceso que
ha tenido sus diferentes secuencias a lo largo de este período y,
efectivamente, lo que se ha conseguido en este progresivo
desmantelamiento de los derechos colectivos e individuales de los
trabajadores ha sido precisamente el crear una situación más frágil y
menos segura para los trabajadores. La variante en esta última reforma
laboral es que esto se ha conseguido con el apoyo o con la bendición del
establishment del sindicalismo español. Lo cual, entre otras cosas,
exige, lo cortés no quieta lo valiente, felicitar al Partido Popular y al
Ministro de Trabajo por la habilidad de haber conseguido un nivel de
acuerdo en una cuestión tan dura como ésta por parte del sindicalismo del
Estado.

Nosotros pensamos que la idea central de estos movimientos en el campo de
la reforma laboral es ir ampliando la decisión de las empresas y
reduciendo en consecuencia, al mismo tiempo, el margen que tienen los
trabajadores, visto bien como colectivo o bien como derechos
individuales. Nosotros tenemos la sensación, en cualquier caso, de que
quienes tienen, como ustedes, la responsabilidad de legislar deberían
tener en cuenta, seguramente lo tienen, que la ley no termina cuando sale
del Parlamento. La ley, en el tema laboral, sale cuando se aplica en las
empresas y cuando se aplica en los talleres y cuando se rompe un
determinado equilibrio en la correlación de fuerzas empresario



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y sindicatos, la resultante es que los efectos de las leyes que ustedes
hacen normalmente tienen mucho más alcance que el contenido específico de
tal o cual artículo. Y en este sentido, cuando nos estamos refiriendo,
como luego concretaremos, a facilitar el despido, la situación real en
muchos casos, en muchas empresas, en muchos talleres, sobre todo en la
pequeña y mediana empresa, es una situación de ruptura del equilibrio con
un nivel de fuerza unilateral, en muchos casos extrema, por parte del
empresario. De manera que muchas veces cuando se cambia, como en este
caso, un tema tan central como la cuestión del despido, otros aspectos de
la legislación se convierten en papel mojado, porque en la relación
trabajador-empresa, el trabajador prácticamente no puede hacer uso ni tan
siquiera de los derechos que le reconoce en otras materias la
legislación.

Hecha esta reflexión un poco general, nosotros hemos manifestado nuestra
posición contraria a los acuerdos en base a cuatro ideas: el despido
resulta más fácil y más barato; los tipos más utilizados de la
contratación temporal se mantienen vigentes; no se elimina la totalidad
de los llamados contratos basura --permítannos que sigamos utilizando esa
terminología, aunque sea una terminología poco rigurosa en términos
jurídicos, pero para nosotros es una forma de calificar determinado tipo
de contratación--; y el cuarto punto, particularmente singular o
importante supongo que para los dos sindicatos que estamos hoy aquí
presentes, es que se avanza en la centralización de la negociación
colectiva.

Despido más fácil y más barato. Desde nuestro punto de vista, la
modificación más sustantiva de la actual reforma laboral es la que hace
referencia al artículo 52. En nuestra opinión, los empresarios han
insistido de forma muy reiterada en volver a tocar el artículo 52, en la
medida en que entendían que tal y como había quedado no cumplía sus
expectativas iniciales, sobre todo como consecuencia de la actuación del
Poder judicial en la materia correspondiente a los despidos objetivos por
causas técnicas. Y en este sentido, la modificación del artículo 52, que
aumenta los despidos tipificados como objetivos y hace una referencia muy
genérica al buen funcionamiento de la empresa desde un punto de vista
competitivo en el mercado o exigencias de demanda, nos parece que abre
una situación que no sabemos qué resultados puede tener, pero en
cualquier caso sí creemos que es una amenaza adicional muy importante
para facilitar por esta vía los despidos de los trabajadores y y
trabajadoras que en este momento tienen contrato fijo.

En este sentido nos parece, y ya nos gustaría ciertamente equivocarnos,
que en el medio plazo el efecto sustitución de esta modificación del
artículo 52 puede ser una bomba de relojería que produzca un cambio muy
importante en la estructura laboral del empleo, sustituyendo los actuales
trabajadores fijos o trabajadoras fijas por otros trabajadores en
condiciones de mayor precariedad o más baratos. Y queremos llamar la
atención sobre un punto, y es que esta modificación ni tan siquiera marca
el límite de edad para hacer uso de este mecanismo, con lo cual, y no
pretendemos crear eso que se llama alarma social, un trabajador o
trabajadora de 48 años, 50 ó 52, o de 55, de los años que ustedes
quieran, puede ser igualmente acogido por esta norma. En algunos países
donde existe una normativa algo similar se pone un límite de edad, para
evitar precisamente que el trabajador o trabajadora que ha llevado un
largo período laboral en la empresa no pueda ser despedido en base a este
criterio tan técnico y tan poco concreto. Esta modificación del artículo
52, que sustituye un despido de 45 días, máximo 42 mensualidades, por un
despido de 20 días, máximo una anualidad, es lo que nos ha llevado
fundamentalmente a marcar una posición muy crítica respecto al cambio
normativo del que estamos hablando.

El segundo punto es el nuevo contrato llamado indefinido, cuya
virtualidad no es otra que, en los casos de despido improcedente alegando
causas objetivas, se abarata de forma significativa la indemnización: 33
días por año (27 menos que el vigente hasta ahora), o el límite de 24
mensualidades (un 43 por ciento menos de las 42 mensualidades). Y no es
cierto, evidentemente, y ustedes los saben, que sea un contrato para
situaciones de cierta excepcionalidad. Los colectivos que abarca esta
nueva modalidad contractual prácticamente son todos los que están en este
momento en paro o en contratación eventual: menores de 29 años, mayores
de 45, parados de más de un año o contratos eventuales. Podemos decir que
más de un 85 por ciento del colectivo que no tiene hoy un empleo fijo es
afectado por esta nueva modalidad de contrato indefinido, que vuelve a
subrayar la tesis que nosotros planteamos de abaratamiento del despido.

Se mantienen las modalidades contractuales existentes, prácticamente
todas. Un cierto equilibrio de esta modificación hubiese sido la
compensación de la desaparición de las modalidades contractuales
temporales. Es cierto que desaparecen dos, que son las de fomento del
empleo y lanzamiento de nueva actividad, pero el porcentaje de estas
modalidades contractuales en el conjunto del empleo en precario no
alcanza el 5 por ciento; el 95 por ciento de los contratos temporales son
de las modalidades que se mantienen vigentes. De manera que, haciendo una
simplificación no excesivamente burda, podemos decir que el entramado de
contratación eventual se mantiene prácticamente como estaba.

Decimos, como tercera idea, que no se eliminan todos los contratos
basura. Ciertamente hay una mejora, que nos parece muy irrelevante en la
valoración de conjunto que hacemos, que es la ampliación de coberturas a
los contratos de menores de 12 horas a la semana o 48 al mes, pero
queremos llamar la atención también sobre que el contrato llamado de
formación, que sustituye al de aprendizaje, tampoco tiene la cobertura de
desempleo, tampoco alcanza la cobertura de desempleo.

Y con esto me sitúo ya en la cuarta razón que nos lleva a hacer una
valoración global de los acuerdos alcanzados por los sindicatos del
Estado con las patronales, y es la mayor centralización de la negociación
colectiva. El acuerdo en materia de negociación colectiva hace un dibujo
muy explícito, desde nuestro punto de vista, muy acabado, respecto a la
voluntad de las partes de centralizar la negociación colectiva y llevar,
no solamente aquellos elementos que quedan reservados al ámbito de
convenios sectoriales



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en el artículo 84, sino ampliar desde la autonomía colectiva de las
partes estas materias. Yo diría que esta decisión es perfectamente
legítima por parte de los firmantes, en la medida que dentro de la
autonomía colectiva pueden hacer el uso que entiendan conveniente para
estructurar la negociación colectiva de la manera que consideren más
adecuada para sus intereses.

Desde una concepción sindical --y entendemos que la dinámica sindical se
caracteriza o se debería caracterizar por una práctica muy
descentralizada en las empresas y sectores--, nos parece un error que se
pretenda llevar toda la negociación al ámbito del Estado, creando unas
cúpulas que, de alguna manera, administran el conjunto de las relaciones
laborales. A veces se suele plantear esto como un debate político. Es
rigurosamente falso; tiene un componente político, sin duda, pero yo
insisto en que tiene fundamentalmente un componente de concepción
sindical. Pretender regular en una correlación de fuerzas con dinámicas
movilizadoras o de presión una negociación colectiva en el ámbito del
Estado, o pretender atender las especificidades de los distintos sectores
por territorios o por empresas en convenios que mandan de forma
imperativa y excluyentes contenidos restrictivos a la negociación
colectiva, nos parece que es un error de concepción sindical que
seguramente refleja un vacío sindical enorme en la base sociológica de la
clase trabajadora del Estado, y la última posibilidad de mantener una
cierta legitimidad o una cierta representatividad es haciendo esta
concentración de poderes en los ámbitos de la cúpula.

Pero, manifestada nuestra posición contraria, desde una concepción
estrictamente sindical, de este modelo de centralización de la
negociación colectiva, queremos llamar la atención sobre otra cuestión
que nos ocupa prácticamente toda la transición política, porque éste es
un debate que ya se inició en el año 1979, con ocasión del Estatuto de
los Trabajadores. Con ocasión del Estatuto de los Trabajadores se plantea
una concepción de negociación colectiva que prohíbe la negociación a
ámbitos territoriales inferiores cuando se concluyan convenios de ámbito
estatal. Para un sindicato, y ahora sí planteo el tema político, de
ámbito vasco, por ejemplo, esto supone tanto como cercenar la autonomía
colectiva en el ámbito correspondiente. A finales del año 1979,
concretamente el 7 de diciembre, hicimos una huelga general precisamente
en contra de este diseño de centralización de la negociación colectiva
del Estatuto de los Trabajadores.

Los años ochenta los dedicamos a contrarrestar, utilizando todas las
razones que a nuestro juicio había, de sentido común, etcétera, para
modificar esa situación. Y afortunadamente, por una serie de
circunstancias de tipo parlamentario y otras que seguramente no ha lugar
en esta reflexión, en el año 1994 se modifica el artículo 83, cambiando
la estructura de la negociación colectiva y posibilitando precisamente
que convenios con mayoría suficiente en el ámbito vasco, por ejemplo,
tengan la misma legitimidad o el mismo valor, o prevalezcan en su caso,
sobre convenios de ámbito estatal, salvo algunas materias, muy pocas,
reservadas a los convenios estatales. Yo diría que desde nuestras
posiciones este artículo podía haber sido incluso más ambicioso, podía
haber reservado menos materias a los convenios estatales, pero en
cualquier caso marcaba un nivel de equilibrio razonablemente aceptable
que posibilitaba la negociación colectiva en ámbitos no estatales en base
a mayorías distintas a las que existían en el Estado.

Pues bien, en el acuerdo que han firmado UGT, Comisiones Obreras, CEOE y
Cepyme, además de plantear, insisto que con legitimidad aunque en la
discrepancia sindical, un modelo de centralización de la negociación
colectiva, hacen un aviso particularmente peligroso y es que, en caso de
que no consiguiesen el objetivo establecido de centralización de la
negociación colectiva, harían los oportunos planteamientos al Legislativo
para que modificasen nuevamente la legislación y para que modificasen
nuevamente el artículo 84.

Creo que saben, y si no en cualquier caso les voy a dar un dato muy
significativo, que en el ámbito de nuestro sindicato, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Vasca
--también es Navarra pero voy a citar los datos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco--, la suma de UGT y Comisiones Obreras no alcanza
el 33 por ciento de representatividad, y el resto de los sindicatos de
ámbito vasco superamos el 60 por ciento. Pretender, en consecuencia,
modificar la negociación colectiva, la legislación, tal y como lo
establecen en su acuerdo en caso de que no consiguiesen la centralización
de la negociación colectiva, sería tanto como decir: «Mire usted, si no
les ganamos por las buenas, pues les ganamos por las malas», y esto
supone una utilización tremendamente perniciosa, desde nuestro punto de
vista, del monopolio de la legislación. Y anticipo una cuestión para que
en cualquier caso no pille de sorpresa, porque, siendo verdad que en este
caso en el Parlamento no se ha ido a esa modificación del artículo 84,
tenemos suficiente constancia, y el acuerdo es una prueba muy evidente,
de que no van a cejar en este empeño, en la medida en que se den las
condiciones políticas adecuadas para ello. Tal vez en este momento no las
haya habido. Nosotros tenemos también la esperanza de que, además de que
no haya habido condiciones políticas, haya habido un poco de sentido
común y que ese sentido común prevalezca en el futuro con independencia
del cambio de las condiciones políticas.

Pero en cualquier caso, y con esto termino, una modificación normativa
del artículo 84 de la estructura de la negociación colectiva, más allá de
las interpretaciones sindicales que podemos hacer, supone una elemento de
desestabilización democrática en el País Vasco de una trascendencia que
rebasa sin duda alguna el tema de las relaciones laborales, porque
supondría negar que una mayoría que representa más del 60 por ciento de
la clase trabajadora vasca tenga legitimidad desde la autonomía colectiva
para concluir sencillamente acuerdos o convenios colectivos.

Muchas gracias por su atención y, por supuesto, estoy a la disposición de
hacer cualquier clarificación o matización.




El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra don Fernando Acuña,
representante de la Comisión Intersindical Galega.




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El señor REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL (CIGA) (don
Fernando Acuña): Buenos días a todos y a todas y, por mi parte y en
nombre de mi organización, la Confederación Intersindical Galega,
agradecer esta oportunidad de explicar nuestros puntos de vista sobre
este importante capítulo, este importante hito de la situación laboral en
el conjunto del Estado español.

Y quizás haya que enfatizar más el valor de esta comparecencia a la que
se nos invitó, precisamente en función de que son contadas las ocasiones
en que los sindicatos más representativos a nivel de nacionalidad tenemos
oportunidad de expresar nuestros pareceres, nuestras ideas, y en esta
ocasión, en que algo tan importante como la reforma de la legislación
laboral se jugaba, realmente encontramos opacidad en todas partes. En la
propia gestación de las reuniones que condujeron a este acuerdo se obvió
la presencia de los sindicatos más representativos, como es el caso de
los dos que comparecemos hoy aquí; son enormes las dificultades para
mantener una reunión con el Ministro de Trabajo, de hecho tenemos una
solicitada desde el mes de febrero, hace cuatro meses, o va camino de
ellos, para tratar este tema, y a estas alturas no hemos conseguido aún
tener esa reunión, lo cual dista bastante de una vida normalizada en
relación a lo que es el Estado de las autonomías. Parece que todo el
mundo comprende perfectamente que existan partidos políticos
nacionalistas, con una importante representación, formando gobiernos en
las autonomías, incluso apoyando que exista un Gobierno a nivel del
Estado y, sin embargo, en términos sindicales, todo es centralismo, todo
es incomprensión respecto de fenómenos sociales y claramente nacionales
que existen en el conjunto de España. Por eso digo que esta
comparecencia, que es la primera que se produce en nuestro caso a nivel
confederal, tiene para nosotros un alto valor y es de agradecer.

Dicho esto, también decir en nombre de la Confederación Intersindical
Galega, como el compañero Elorrieta en nombre de ELA, que nuestra central
sindical se ha pronunciado abiertamente en contra, por razones que ahora
expondré. Me tendrán que disculpar abundantes reiteraciones porque
prácticamente tendría que hacer mías las palabras de José Elorrieta, si
acaso cambiando vasco por gallego; asimismo, donde él dice niveles de
representatividad, obviamente no podemos arrogarnos tanto, pero sí que
nuestra Confederación mantiene un porcentaje representativo importante
que, en cualquier caso, cubre muy holgadamente los porcentajes que
establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical para ser tenidos en cuenta
a esos efectos.

Efectivamente, desde nuestra central no aplaudimos este acuerdo, es más,
no entendemos, atendida la realidad material del acuerdo, por qué hay
tanto aplauso y por qué hay tanto, incluso diría, frenesí en apoyo de un
acuerdo que sinceramente entendemos que es, vistas las perspectivas con
las que se abordaron estas negociaciones, altamente insustancial. Las
expectativas iniciales de creación de empleo, las expectativas
posteriores que el propio acuerdo enuncia de terminar con la precariedad
laboral me parece que no se atisban por ninguna parte en el acuerdo, por
eso decimos que es bastante insustancial y, en cualquier caso, sería
perfectamente posible que el Gobierno, en su propia acción política de
Gobierno como tal, promulgase o enviase al Parlamento con antelación
suficiente para discutir un proyecto de ley, sin necesidad del concurso
de los interlocutores sociales. Sinceramente pensamos que para este viaje
las alforjas son excesivamente grandes.

Obviamente sabemos que este acuerdo significa sin duda un aval importante
al Gobierno actual, pensamos claramente que hay que felicitar al Gobierno
por haber conseguido este aval y el anterior en cuanto a la reforma o
recorte, como decimos nosotros, de las pensiones de la Seguridad Social,
de las pensiones públicas. Probablemente sea ahí donde radique su
legitimación social y mediática tan enorme que existe, con una cierta
desconsideración de posturas críticas, que no son sólo de los sindicatos
nacionalistas --o periféricos, si ustedes quieren--, sino también de
partidos políticos de ámbito estatal, de dentro de las propias centrales
sindicales UGT y Comisiones Obreras, y también de destacados dirigentes,
hasta hace poco incluso secretarios generales, de los dos grandes
sindicatos de ámbito estatal. Por lo tanto, no nos sentimos solos, aunque
nos quieran convencer, en la crítica a estos acuerdos.

Pensamos que otro punto a destacar de este pacto es la, no sé si decir
simpática, probablemente no sea el término adecuado, situación en que se
coloca a la patronal, que recibe a cambio de nada, porque sinceramente no
se ve un compromiso en todo el texto, una cumplida satisfacción a la
única demanda que quedó pendiente en la reforma laboral de 1994, es
decir, el abaratamiento del despido. Prácticamente, en aquel momento,
todas las demandas de la CEOE y de Cepyme en cuanto a flexibilidad fueron
atendidas, salvo este aspecto muy concreto del abaratamiento del despido.

Curiosamente, incluso el propio Ministro de Trabajo recientemente en una
reunión, en una comida de confraternidad con la Asociación de Periodistas
Parlamentarios, decía algo así como que la reforma que ellos tenían en el
cajón para el caso de que no hubiera acuerdo entre los interlocutores
sociales no entraba en materia respecto del abaratamiento del despido. La
verdad es que esto sale siempre en una esquinita y no se lee, pero yo
creo que es todo un toque de atención al verdadero papel que se ha hecho
desde la parte sindical en todo este proceso, que realmente, insisto, fue
satisfacer esa única demanda patronal pendiente, aunque acto seguido,
obviamente, la patronal aplaude, como es lógico, porque le va bien, este
nuevo sindicalismo correcto y reclama entrar en materia para ver cuánto
se gasta en desempleo, ver de avanzar en la flexibilidad de las
relaciones laborales dentro de las empresas, y cómo se entra y cómo se
sale de ellas, etcétera. O sea, que el camino parece que es interesante,
y es lógico, insisto, que sea así, porque efectivamente la patronal a
nada se compromete.

Hay una cuestión que nos preocupa, y pensamos que a todos y a todas SS.

SS. debería preocupar, y es que de alguna manera por parte de las, vamos
a llamar, cúpulas, con todo el respeto, dirigentes de Comisiones Obreras
y UGT creo que se está entrando en un camino que es peligroso



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para la sociedad, porque se está abdicando del papel que naturalmente
corresponde a los sindicatos, que es el de defensa de los trabajadores,
de la clase trabajadora, y, al menos, si es que no se defiende ese papel,
por lo menos se debería aparentar que se hace, porque es que, si no
existen alternativas sindicales fuertes --y nosotros sólo nos podemos
responsabilizar de nuestro país, de Galicia, pero queremos hacer este
toque de atención--, si no existen organizaciones sindicales fuertes,
obviamente los problemas de la clase trabajadora van a requerir que otros
sindicatos aparezcan o se reconduzcan hacia instrumentos representativos
que sean distintos de lo que es el sindicalismo institucionalizado que
existe en este país, y desde nuestro punto de vista la actual ubicación
del papel de los sindicatos o de las cúpulas sindicales al menos
probablemente abone tesis y argumentos en favor de que la defensa de los
trabajadores efectivamente no está garantizada con estas conductas
sindicales.

Simplemente voy a dar un par de cifras, porque creo que en cuanto a lo
que es el acuerdo en sí y su contenido material, muy particularmente el
artículo 52.c) del Estatuto en la nueva redacción que se propone y en lo
que toca a la negociación colectiva lo explicó perfectamente el compañero
Elorrieta y no quiero cansar a ustedes con mayores explicaciones. Sí diré
que el abaratamiento del despido es más serio de lo que parece, y una
cuenta echada en pesetas a vuelapluma nos lleva a esta conclusión, que
afecta a cualquier trabajador, porque la reducción de la indemnización
por despido no sólo afecta a los trabajadores que van a entrar por la vía
del nuevo contrato estable --habría que ponerle a estable en todo caso
unas comillas enormes-- no van a ser sólo esos trabajadores los que van a
ver reducida su indemnización por despido, sino que la aplicación del
artículo 52.c) en nuevas causas argüibles por el empresario, por el
empleador, para despedir a cualquier trabajador por causas objetivas, a
cualquiera, no a los que entran ahora nuevos, sino a cualquiera de los
que hoy son fijos, en el supuesto de que se lleve a buen término lo que
el pacto parece prever, porque para eso lo establece, la reducción, pasar
de 45 a 20 días y con unos topes distintos, puede llevarnos a casos, por
poner alguno, de que un trabajador con una base de cotización de 120.000
pesetas al mes, como ven ustedes bastante reducida, con 10 años de
antigüedad, perdería en su indemnización un millón de pesetas; con 25
años de antigüedad, perdería 3 millones de pesetas largos. Y estamos
hablando de los trabajadores que existen ya como indefinidos. Por lo
tanto no se puede decir que la indemnización por despido de los
trabajadores actuales indefinidos se respeta y no se toca, porque no es
cierto, ya que se abre esa posibilidad de aplicación del artículo 52.c)
para el despido individual. Curiosamente no se modifican las causas para
el despido objetivo, por lo cual cuando se habla en el nuevo texto de que
de lo que se trata con ese sistema de despido es de buscar soluciones
para superar circunstancias del mercado, a mí me suena a bastante
cachondeo, vamos a decir con todos los respetos, porque me parece del
género absurdo que el hecho de despedir a una persona en un despido
individual le arregle a cualquier empresa (salvo que sean dos o tres) un
problema en relación con la demanda o en relación con su situación
competitiva en el mercado. Sin embargo, estas nuevas causas no se invocan
o no se amplían al caso de los despidos colectivos, donde probablemente
tuvieran otra razón de ser.

Como complemento de este acuerdo, hay dos decretos-leyes, que supongo que
son del conocimiento de todos porque salieron ya publicados en el
«Boletín Oficial del Estado» recientemente. Uno incorpora la literalidad
práctica de lo acordado en cuanto a despidos, negociación colectiva y el
nuevo contrato, y el otro establece unas bonificaciones sobre las cuales
quisiera decir simplemente dos cosas. Primero, que es sumamente sugestivo
que el artículo 6 de este Real Decreto-ley 9/1997 establezca un topo del
60 por ciento de los costes salariales, mensuales o anuales, el 60 por
ciento de los costes salariales de beneficios que obtenga la empresa por
la contratación de un trabajador. Es realmente terrible pensar que hay
que animar al empresario hasta a sobrepasarlo, porque se establece esa
posibilidad cuando se alude a incompatibilidades que puedan existir,
cuando desde la Administración, desde el presupuesto público que pagamos
todos, se va a subvencionar el 60 por ciento de los costes salariales
para que el empresario, el pobre empresario, se anime a hacer un contrato
estable. Y una subvención cortita, la más cortita que hay en este
decreto, del 40 por ciento para contratos estables --hay 40, 50 y 60,
pero la más corta es el 40--, supone un ahorro por esa subvención a los
costes salariales por vía del 40 por ciento --estamos hablando de la
cotización empresarial a la Seguridad Social -- de casi 35 días de
salario por cada uno de esos dos años que va a estar en vigor. O sea,
realmente se está dando el mensaje al empresario de que: «anímese usted a
hacer un contrato estable, que, total, en dos años» (por cierto, creo que
van a coincidir más o menos con el final de esta legislatura) «se va a
ahorrar usted 35 días de salario cada año, va a tener que pagar una
indemnización por la rescisión de ese contrato de 20 días probablemente o
como mucho de 33 y, aparte de engordar las estadísticas, se va a ganar
usted incluso unas pesetas». Que esto se haga con el dinero de todos es
lamentable, porque, efectivamente, comparando este tratamiento de ayudas
con la realización de un contrato temporal, cualquier circunstancia vale.

De todas formas, creo que el 96 por ciento de las figuras contractuales
precarias o eventuales utilizadas en 1996 van a perdurar, pero en
cualquier caso, se le está ofreciendo al empresario la oportunidad de
eliminar temporalidad, crear estabilidad ficticia y tener asegurada una
liquidación final de esa contratación de mano de obra sobre la cual va,
insisto, a obtener incluso unas pesetillas de rentabilidad. Y estoy
hablando ahora de la bonificación más corta, que es del 40 por ciento de
la cuota patronal de la Seguridad Social; si hablamos de la del 60 por
ciento, ese ahorro asciende a 52,6 días al año, 53 casi, que supera
holgadamente el doble de la indemnización en cualquier caso.

Por último, voy a hacer un enunciado, más que una reflexión, en el
sentido de que nos parece muy lamentable que con este acuerdo se creen
expectativas falsas de la superación de la precariedad laboral y se
reclame el concurso



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y apoyo de esas amplias masas de trabajadores y trabajadoras que ocupan
el 40 por ciento de la mano de obra en el sector privado y que están
sumidos en la más absoluta precariedad y en el ciclo rotativo empleo
precario-paro. Usar y abusar de las esperanzas y de la confianza de la
gente que más sufre las consecuencia de un mercado laboral absolutamente
desarticulado nos parece sinceramente deleznable, y creo que decorar
estadísticas a base de gastar mucho dinero público, cuando estamos en
tiempos, según teníamos entendido, de necesidad de contener déficit y
demás, no parece una buena inversión, sinceramente. En cualquier caso, no
quiero extenderme más, si desean alguna aclaración o tienen alguna
pregunta, con mucho gusto, se la contestaré.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los grupos solicitantes,
tengo una cierta curiosidad por saber si la denominación que consta aquí
en la documentación es la correcta, esta de Comisión Intersindical
Galega, o es otra.




El señor REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIGA)
(don Fernando Acuña): Es Confederación.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a efectos de acta, es Confederación
Intersindical Galega. Yo me he limitado a transcribir la denominación que
consta en la solicitud
Hecha esta aclaración, por el Grupo Mixto, van a repartir su intervención
el señor Vázquez y la señora Lasagabaster. Empezamos por la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Quiero agradecer a los dos
representantes, tanto de ELA-STV como de CIGA (Confederación
Intersindical Galega), que hayan aceptado la solicitud presentada por
esta Comisión para venir a explicarnos cuál es su punto de vista respecto
de esta cuestión realmente importante de la reforma laboral.

Creo que es oportuno conocer efectivamente otra serie de visiones, no
solamente las visiones de aquellos que han firmado los cuerdos, y en este
sentido creo que nuestro papel en este momento, al menos el que yo tenía
planteado, es un poco el de conocer esa visión porque yo creo que es
bueno.

Me parece muy interesante todo lo que se ha señalado, pero sin perjuicio
de entender que el famoso objetivo que se pretende es el de erradicar la
temporalidad de los contratos y conseguir una mayor estabilidad en el
empleo, realmente no sé hasta qué punto se va a conseguir con esta
reforma que se ha realizado. Tenemos sinceras dudas porque creemos que en
este sentido faltan muchas cosas en esta materia y creemos que se ha
divulgado una excesiva felicidad, digámoslo así, en el mejor de los
sentidos, por parte de todos los medios, y el mero hecho de aprobarse
este acuerdo vía real decreto-ley, tramitado a través de proyecto de ley,
se ha transmitido al ciudadano como una cuestión clave, sin más, ya está,
se va a conseguir lo que se pretendía, estabilidad en el empleo. Tenemos
muchas dudas de que esto se pueda realizar de esta manera, pero en
cualquier caso lo dejamos ahí para ver lo que pasa.

Sí hay una cuestión que me parece muy relevante, especialmente de cara a
lo que opinen los dos sindicatos que están aquí representados, que es el
tema de la centralización de la negociación colectiva. Es verdad que al
menos el real decreto-ley, y por lo que traduce del acuerdo existente
entre sindicatos mayoritarios (Comisiones Obreras y UGT) Ceoe y Cepyme,
recoge un dibujo, como ha señalado el concreto el señor Elorrieta, muy
acabado. Es cierto, desde nuestro punto de vista, que hay una intención
muy clara de centralizar lo que es la negociación colectiva, intención
que es efectiva desde hace mucho tiempo; yo creo que no se ceja en ello y
se ha utilizado muy frecuentemente en términos literales. Cuando se habla
en múltiples artículos de «convenios colectivos de ámbito estatal o, en
su caso...», ya aparece una primacía o una jerarquía y, desde luego,
desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores, tal y como
están los artículos 83 y 84, no tiene ninguna razón de ser que se utilice
esta serie de expresiones y que se establezca ya de manera implícita, yo
diría que casi explícita, claramente esa voluntad de centralización de la
negociación colectiva.

El señor Elorrieta lo ha expresado muy bien cuando ha hablado de dos
tipos de razones. Hay una razón de tipo sindical y es evidente que las
circunstancias socioeconómicas no son las mismas en los distintos
territorios. No vamos a entrar en este momento en el tema político, pero
no son las mismas respecto a cuáles son las situaciones productivas,
cuáles son las situaciones laborales, qué tipo de problemas tienen, qué
tipo de situaciones se pueden plasmar, cómo se puede llegar a un convenio
o a una negociación colectiva mejor. Es decir, por razones
socioeconómicas, por razones meramente laborales, sin entrar en mayores,
entendemos que esa centralización no sólo no va a producir ningún
beneficio, sino que, al revés, va a producir mayores problemas, porque no
se pueden aplicar las mismas, entre comillas, soluciones, valga la
expresión, si fueran soluciones, a problemas que desde luego nada tienen
que ver incluso a situaciones y sectores productivos o relaciones
laborales completamente distintas de unos territorios a otros. Por una
razón no solamente sindical sino yo diría que socioeconómica, no tiene
ningún sentido esa voluntad que se está produciendo en este momento de
centralizar la negociación colectiva y creemos que eso sí va a producir
lo que se llama tan a menudo famosa crispación. Este tema sí que va a
producir graves perjuicios en muchos lugares.

Desde el punto de vista político, y creo que eso sí que me corresponde
decirlo como representante de un partido político --partido políticamente
evidentemente vasco y nacionalista--, efectivamente aquí hay un riesgo
que ya hemos señalado, o al menos esta portavoz lo ha hecho en algunas
ocasiones cuando se ha discutido este tema, que es la modificación de los
artículos 83 y 84. Tanto en lo que se refiere, por ejemplo, a formación
continua, como en muchos otros temas, siempre hemos visto que planea el
temor, la sospecha o incluso yo diría la amenaza, entre comillas, de un
intento de modificación de estos artículos. Este era un logro importante
no sólo desde el nivel político, sino



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que permitió ajustar y adaptar las situaciones con unos convenios
colectivos más acordes con la realidad, y en este sentido somos
absolutamente contrarios a que haya algún cambio a este respecto. Siempre
se nos ha dicho, al menos en lo que se refiere a este foro, por parte del
Gobierno que no se va a tocar este tema, que está lejos de su intención;
lo hemos resaltado en múltiples ocasiones y siempre hemos tenido la misma
respuesta por parte del Ministro: no hay ninguna intención de modificar
estos dos artículos, que nada más lejos de su intención, pero vamos
viendo que de una u otra manera parece que se les está dejando el campo
abierto para que al final terminen diciendo que como casi les han
obligado, entre comillas, van a hacerlo. Creemos que existe esta
intención y en este sentido lo que vamos a plantear es lo que venimos
diciendo desde hace tiempo, que somos absolutamente contrarios. Es una de
las razones por la cual somos muy críticos con este acuerdo de reforma
laboral y sobre todo con cómo se ha traducido en el real decreto-ley.

Somos muy contrarios respecto a este tema, lo hemos expuesto ya y lo
vamos a manifestar en la tramitación correspondiente; será uno de los
temas claves para establecer cuál va a ser nuestro apoyo y nuestra
postura respecto de esta cuestión.

Me está haciendo señas el Presidente, sé que hay muy poco tiempo, sé que
aquí los protagonistas no éramos nosotros en concreto --al menos no
pretende serlo esta portavoz--; queríamos y considerábamos que era bueno
que se oyeran otras voces, voces muy autorizadas en calidad y cantidad
respecto de este tema, y en este sentido agradecemos a toda la Comisión
que haya permitido esta comparecencia y en su momento tendremos tiempo
para hacer otras consideraciones en la tramitación de esta reforma
laboral.




El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Deseo empezar diciendo también
que agradecemos la presencia de los señores Elorrieta y Acuña, de ELA-STV
y de la CIGA. Después de oír su exposición conviene decir que invita a la
reflexión, se esté o no de acuerdo con lo que los ponentes exponen, pero
desde luego se trata de una voz distinta a lo que es habitual oír en el
seno de este Congreso de los Diputados, y eso siempre es estimulante.

El Bloque Nacionalista Galego coincide en lo sustancial con la postura
que ante la reforma laboral mantienen los dos sindicatos presentes, y
también, efectivamente, como se dijo desde la Mesa, con otros grupos
sindicales, incluso políticos, sobre este tema, porque coincidimos en que
mantiene en lo sustancial las modalidades de contratación temporal, que
abarata el despido para los contratos actuales y futuros --esto es algo
en lo que no se hace demasiado énfasis cuando se defiende la reforma-- y
propone efectivamente, aunque no tenga una trasposición legal, una mayor
centralización de la negociación colectiva, lo que llevaría, si las
partes lo acuerdan y yo creo que así lo expresó el señor Ministro en su
comparecencia última, a que se aplicasen estos criterios centralizadores
que, desde nuestro punto de vista, van a suponer que se aleje la
negociación de la realidad económica y social concreta y, por qué no
decirlo, también ayuda a deshacerse, por parte de algunos sindicatos, de
competidores incómodos como los sindicatos presentes; yo creo que eso
también hay que decirlo. Por lo tanto, estamos delante de un proceso que
supone la profundización de la reforma anterior de 1994.

Yo no voy a hacer una argumentación extensa de nuestra opinión sobre esta
reforma, porque tiempo habrá de debatirla en el Congreso y ahí
expondremos nuestra posición claramente, pero yo quisiera plantear alguna
cuestión, quizás algo colateral, pero que viene al caso, por lo menos
desde lo que yo pienso y piensa el BNG. Entre otras cosas, ¿cuál es, por
ejemplo, la relación entre política económica y paro? A mí me parece que
esto se obvia constantemente en las discusiones, si tiene o no tiene nada
que ver el tipo de política económica que se practica con el paro y la
precariedad temporal, o el paro es un producto del destino, es decir, si
es que acaso llueven parados cada vez que hay tormenta. Me gustaría que
dieran su punto de vista. Y las soluciones al problema del paro ¿implican
o no un cambio en la política económica? Yo pienso en Galicia y me
pregunto si se puede desvincular el problema del paro de la situación de
crisis que atraviesan los sectores productivos fundamentales de nuestra
comunidad autónoma, como consecuencia, por ejemplo, de la perjudicial
manera en que estamos integrados en la Unión Europea. Es decir, ¿puede
mejorar el empleo en Galicia, por poner un ejemplo, pero extensible a
otros lugares, cuando sectores básicos, como la construcción naval, el
lácteo, el pesquero, están siendo yugulados, por cierto, por políticas
ajenas a nuestros intereses? Por lo tanto, ¿qué peso tiene el programa de
la política económica que se practica y qué peso tienen otro tipo de
soluciones que se propongan a este problema?
A mí también me gustaría que ustedes comentaran algo, aunque ya sé que
ustedes hablan desde el punto de vista de los trabajadores, sobre la
situación de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, a
las que yo creo que se les convence de que la única posibilidad para
competir significa avanzar en el camino del abaratamiento de los costes
laborales. Yo no estoy muy seguro de que por mucho que abaraten los
costes, tal como se mantiene la situación en las pymes, a medio plazo
puedan salir adelante de una forma boyante. ¿Podrán competir en el
futuro, por mucho que se tome este tipo de medidas? La pregunta para mí
sería si la competitividad de estas empresas pasa fundamentalmente y
sobre todo por tener un marco interior y exterior donde se respete la
igualdad de oportunidades y que en esencia se haga verdad eso de la
libertad de mercado, es decir, no como una formulación teórica. Incluso
desde el punto de vista de la productividad, a mí me preocupan otras
cuestiones. Yo no sé qué pensarán ustedes sobre el tema de si es
beneficioso para las empresas tener fundamentalmente trabajadores
desregulados o desmotivados muchas veces. Incluso hay cuestiones
colaterales pero también importantes, como el tema de los accidentes
laborales y la contratación temporal. Yo recuerdo a veces, no sé qué
importancia tendrá eso, un modelo, que es el japonés, donde el trabajador
siempre está vinculado a la empresa. No sé si es un modelo caduco en este
momento, pero en todo caso, ¿qué piensan ustedes de eso?



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Por último, yo quisiera preguntarles algo. Hay quien afirma desde hace
mucho tiempo que en la actual situación económica, donde el liberalismo a
ultranza es lo que domina, el paro no solamente no se puede resolver sino
que ni siquiera se quiere resolver. ¿Es verdad eso que se afirma que por
mucho que por otros lados aparezcan llantos desesperados hablando siempre
de que el problema del paro es lo que más les preocupa y es lo que
quieren solucionar, en este momento el modelo económico que impera
necesita realmente un ejército de parados, es decir, que haya paro
estructural para que así sea posible aplicar determinadas medidas
laborales, en esencia trabajadores más baratos y más sumisos?
Y ya para rematar quisiera saber qué piensan del aserto que últimamente
oímos constantemente de que la economía va bien. ¿Cuál es su perspectiva
de cómo va la economía para los sectores trabajadores?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) la señora Aguirre tiene
la palabra.




La señora AGUIRRE URIBE: En primer lugar, quiero agradecer a los dos
secretarios generales de los sindicatos ELA y CIGA su comparecencia ante
esta Comisión y su visión, distinta de la que han aportado los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT y la patronal española, y también quiero decir
que este acuerdo ya hemos visto que no ha generado ningún entusiasmo en
el sindicato vasco ni tampoco en la representación de los empresarios
vascos.

Quería formularles algunas consideraciones. A mí me gustaría, señor
Elorrieta, que usted insistiese sobre la representatividad de su
sindicato en la Comunidad Autónoma vasca y también en Navarra. Quisiera
también que nos informara sobre el mapa de la negociación colectiva en la
comunidad autónoma y les agradecería que insistieran los dos
representantes de los dos sindicatos en los argumentos que fundamentan el
marco autónomo en la negociación colectiva. Y esto lo digo porque en las
comparecencias de los dos sindicatos y de los representantes de los
empresarios españoles, yo les pregunté cuál era el ámbito funcional del
acuerdo y tengo aquí la transcripción. El representante de Comisiones
Obreras, el Secretario General, me dijo que: Ya se ha dicho cuál es el
ámbito del acuerdo, pero yo quiero subrayar algo, el ámbito es de todo el
Estado porque es el ámbito en el que inalienablemente nosotros estamos
democráticamente legitimados (Ceoe, Cepyme, UGT y Comisiones) para
actuar, una legitimación ganada a pulso en todos los confines de las
relaciones de nuestro país. Por eso le pregunto sobre la
representatividad de su sindicato en la Comunidad Autónoma vasca y en
Navarra.

Por otra parte, también quiero plantearles otra cuestión y voy a insistir
en algunos argumentos que ha utilizado mi compañera de Eusko Alkartasuna,
y es si creen ustedes que la redacción de los artículos del decreto-ley,
sobre todo el 11, está afectando al 84 del Estatuto de los Trabajadores.

nosotros, desde el Grupo Vasco y como Partido Nacionalista Vasco,
estábamos muy preocupados en este sentido. En la comparecencia tanto del
Ministro de Trabajo como de los sindicatos (Comisiones y UGT) y la
patronal española, se indicó que la reforma no afectaba al artículo 84,
que la reforma no tiene repercusión legislativa sobre el 84, pero yo
creo, como Partido Nacionalista Vasco, que esta modificación del 84 está
camuflada, y le digo que está camuflada porque otra de las preguntas que
yo formulé a los comparecientes la semana pasada era precisamente sobre
esto y el Secretario General de Comisiones Obreras me dijo: Por ello iré
directamente a este grano que no acaba de supurar --utilizó esta frase--.

Con toda franqueza, nosotros, tras la reforma de 1994 nos inquietamos
muchísimo con la reforma del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores, que podía dar prevalencia a aquellos que quisieran romper
el marco de las relaciones laborales en el ámbito del Estado
estableciendo otros convenios. Por lo tanto, esto está ahí desde el año
1994, y aquí yo no sé si le traicionó el subconsciente, pero de todas
maneras el Secretario General de Comisiones Obreras apuntó esto que acabo
de leer precisamente de la transcripción que me ha ofrecido la secretaría
de la Comisión.

Por otra parte, ya para finalizar, quiero preguntarles a los dos, pero
especialmente al Secretario General de ELA-STV, si se le invitó a la
negociación empresarios-sindicatos y al debate y reflexión para la mejora
del mercado laboral.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: En primer lugar, deseamos mostrar nuestro
agradecimiento en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a
los comparecientes por acudir a esta cita y por contribuir con ella a
romper de alguna forma el maleficio de la opacidad o diríamos ese
consenso universal de la opinión pública tan bien apellidado por algunos
de ustedes como frenesí. Efectivamente, creo que es sano para nuestra
democracia que en estos temas donde hay sin duda alguna elementos
contradictorios en la opinión de los españoles, esta Cámara, que aspira a
ser la representación de todos ellos, tenga la oportunidad de contrastar
esas opiniones, de que se expresen en ella no solamente desde el punto de
vista político sino también desde el punto de vista directamente social,
como ustedes acaban de hacerlo ahora mismo.

Ese es el motivo por el que sin duda alguna nosotros nos felicitamos, no
únicamente porque ciertamente reconforta siempre no sentirse solo, y como
una mentira tantas veces repetida a veces llega uno a creérsela incluso,
ese síndrome de la soledad a veces ciertamente nos lleva a una especie de
preámbulo de la locura. Entonces, en este caso, yo les agradezco que nos
exorcicen ustedes de este peligro, porque es importante para todos
nosotros seguir nuestro trabajo de representación política de la
soberanía popular con una cierta alegría de vivir, de saber que no sólo
no estamos solos, sino que representamos a un segmento importante de la
población que piensa de una forma concreta.

En cualquier caso nosotros coincidimos con muchos de los elementos
críticos que ustedes han aportado, desde el



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punto de vista sindical, lógicamente, a este acuerdo, que ya se ha
traducido en real decreto-ley y que en el futuro se traducirá también en
una ley, esperemos, después del trámite parlamentario. Y coincidimos en
que ciertamente este tipo de acuerdo y de política social, por tanto, de
creación de empleo, responde a un modelo económico y a una política
económica concreta que nosotros no compartimos y que viene a redundar,
por tanto, en ese tipo de política económica y de modelo de creación de
empleo ya fracasado. Más allá de las novedades y de mejoras incluso
puntuales que pueda tener respecto a la contratación, no así respecto al
despido, donde las novedades son a peor en todo caso, creemos que estas
novedades y esta recuperación parcial de algunos derechos sociales
ciertamente no afectan a un cambio de modelo de política de empleo, que
mantiene sin duda alguna una buena parte de los elementos basura de
determinados contratos, que al mismo tiempo no van a servir para
erradicar la precariedad, ni siquiera la rotación en los contratos, en la
medida en que efectivamente no está desincentivado el uso por parte de
los empresarios de estas modalidades, que siguen manteniéndose
prácticamente en su totalidad, al menos aquellas que han sido utilizadas
de forma más prolija por los empresarios, y que en todo caso sí van a
introducir una especie de estabilidad ficticia, como algunos de ustedes
ha dicho, o de rotación en los contratos indefinidos en todo caso, en la
medida en que, como la bonificación va a estar limitada en el tiempo a
esos dos años, nosotros nos tememos que ahí, en ese período, es donde se
va a utilizar y después nadie garantiza que no se empiece a utilizar el
despido, esta vez ya más abaratado.

Por tanto, el mercado de trabajo se va a mantener sustancialmente como
está, incluso con algo en lo que la reforma de 1994 no profundizó del
todo, que es el abaratamiento y la facilidad de los despidos, despidos
que, en función de la modificación del artículo 52.c), puede ser que esta
vez, en vez de ser considerados por los magistrados como improcedentes,
sean considerados de forma masiva como procedentes y por, tanto redunden
efectivamente en perjuicio de los trabajadores incluso fijos. Aquí se nos
decía por parte del representante de Comisiones Obreras en su
comparecencia que esta reforma no iba a afectar a los que hoy tienen un
puesto de trabajo fijo. Yo participo de su escepticismo y del mentís que
alguno de ustedes, no recuerdo quién, acaba de hacer respecto a esta
afirmación tan categórica que ciertamente no entendemos cómo se hace, en
la medida en que, efectivamente, el Estatuto de los Trabajadores en todo
su articulado afecta a todos los trabajadores, y en concreto esa reforma
de artículo 52.c) afecta a los trabajadores con contrato indefinido.

Más allá de la participación por nuestra parte de esa preocupación y más
allá de la crítica genérica a lo que es en sí misma la reforma que se
emprende con este acuerdo y con su tramitación parlamentaria, nosotros
creemos que existe un problema añadido, y es que no se contempla bajo
ningún aspecto lo que tendría que ser la reforma verdadera, la auténtica
reforma. Lógicamente tendría que ser en función de otro tipo de política
económica, pero en cualquier caso, incluso en este mismo marco de
política económica, se podrían ir contemplando aspectos importantes de
esa política alternativa en lo económico a lo que me estoy refiriendo,
que es la política del reparto del empleo, la política de la reducción de
la jornada laboral, que yo creo que sería en último término lo que podría
ir creando las condiciones de creación de empleo sin necesidad de
reducción de los derechos sociales. A mí me gustaría que sobre este
aspecto, que no han tocado ustedes, expresasen también su opinión porque
ciertamente puede orientarnos también en nuestro trabajo parlamentario.

En último término, el problema del futuro del cuadro representativo del
sindicalismo es siempre una preocupación, pero ciertamente tomamos buena
nota de su inquietud respecto a las novedades que puedan existir en ese
terreno en función del nuevo modelo de negociación colectiva, sobre la
que nosotros apostamos por que sea una negociación colectiva articulada.

El hecho de fortalecer el modelo de negociación colectiva por arriba no
queremos que sea incompatible con que efectivamente haya una articulación
que vaya mejorando las condiciones de los trabajos lugar a lugar y sector
a sector. Ciertamente tomamos buena nota de esta cuestión, en parte
compartimos su preocupación y seguiremos manteniendo esta posición que
para nosotros ya es clásica, diríamos, y que al menos parcialmente
coincide con la suya.

Antonio Gutiérrez, que en unas declaraciones de hoy mismo reclama para sí
el monopolio de la genialidad, califica nuestras enmiendas nonatas (La
señora Fernández Sanz: No está aquí para replicar.--Rumores.), de
incongruentes. En todo caso yo creo que sería importante que para
alumbrar el futuro de nuestras enmiendas ustedes nos planteasen también
lo que son sus alternativas, no solamente desde el punto de vista
crítico, sino lo que son ciertamente aquellas alternativas que ustedes
nos ofrecerían a los grupos, sobre todo de oposición, lógicamente, para
poder mejorar e incluso, si fuera posible, cambiar el rumbo o la
tendencia de esta reforma. Sería importante porque, más allá de la
crítica, nuestra fuerza política siempre se ha caracterizado por intentar
dar alternativas al mismo tiempo que plantea la crítica sobre lo que esté
presente en el tapete, y por eso nos gustaría que, si hay ocasión, nos
pudieran decir cuáles serían las enmiendas fundamentales que ustedes
plantearían a ese proyecto de reforma del mercado de trabajo de 1997.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: También deseo agradecer en nombre del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió la comparecencia de los secretarios
generales de la Confederación Intersindical Galega y de ELA-STV. Tengo
que decirles, lógicamente, que para un partido nacionalista siempre es
una satisfacción contar con la presencia de sindicatos de ámbito nacional
y con el carácter representativo que ustedes tienen y que, evidentemente,
su existencia es la demostración del carácter de nación del País Vasco y
de Galicia. La existencia de sindicatos de ámbito nacional propio es
claramente un indicativo de esa realidad.




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Es evidente que su comparecencia obliga a una misma reflexión sobre cómo
organizamos el mapa sindical en el conjunto del Estado español, ya que
seguramente cuando en el discurso político global hacemos la reflexión
sobre aquello que es representativo, obviamos la existencia de esas
realidades nacionales que implican la existencia también, por tanto, de
organizaciones de ámbito nacional, y especialmente en el caso del País
Vasco, donde ELA-STV y otros sindicatos de ámbito nacional cuentan con
representación extremadamente mayoritaria. No querer abordar estas
cuestiones yo creo que a la larga constituye un error para la propia
estructuración del Estado español.

Nosotros, como grupo parlamentario, y ustedes ya lo saben, no coincidimos
con muchos de los extremos que nos han planteado. Hacemos una valoración
globalmente positiva de la reforma planteada y ya hemos anunciado nuestra
voluntad de apoyar la misma en el trámite parlamentario que vamos a
iniciar. Eso sí, hemos manifestado nuestra preocupación --y lo hicimos
tanto en la comparecencia de los representantes de los sindicatos de
ámbito estatal y de la Ceoe y también con la comparecencia del señor
Ministro-- por la centralización que se plantea en el acuerdo entre
sindicatos y la patronal. También es cierto que en la plasmación
legislativa que tiene el acuerdo esa cuestión no se configura, y eso a
nosotros nos tranquiliza desde el punto de vista de la tramitación
parlamentaria que queda y, por tanto, no va a haber posibilidad de debate
legislativo sobre este refuerzo del ámbito estatal de la negociación
colectiva, pero también hemos anunciado que nuestro grupo parlamentario
iba a ser beligerante en el caso que en los próximos meses o en los
próximos años se planteasen reformas del Estatuto de los Trabajadores que
implicasen una marcha atrás en aquello acordado en su momento. En este
sentido les podemos garantizar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a
impedir que se modifique lo que se estableció en el año 1994. Ese es por
tanto nuestro compromiso.

Decirles también que yo creo que hubiese sido interesante que su
exposición, más allá de lo que afectaba al acuerdo estrictamente, a lo
que va a tener plasmación legislativa, a lo que lo ha rodeado, también
abordase una reflexión (yo quizás he llegado un poco tarde a la
intervención del Secretario General de ELA) sobre el momento que vivimos
en el mundo del trabajo, con unos cambios brutales desde la propia
concepción cultural del trabajo, con unos nuevos sectores donde se crea o
no se crea empleo, un debate en relación, como apuntaba el señor Vaquero,
al reparto del trabajo. Me parece que la reforma empieza a insinuar
algunos de estos cambios importantísimos en los conceptos relacionados
con el mundo del trabajo, el sentido que tiene hablar hoy o no hablar de
trabajo fijo, etcétera. Me parece que ahí está también el debate, más
allá de la reforma puntual que vamos a tener oportunidad de discutir en
las próximas semanas aquí en el Congreso, y desde el mundo político y el
mundo social debemos reflexionar sobre ello. Estamos en un mundo que está
cambiando y es muy importante que los movimientos sociales como los que
ustedes representan también nos hagan llegar estas aportaciones a más
largo plazo. Como tendremos oportunidad en los próximos meses de volver a
encontrarnos, me gustaría que pudiésemos profundizar en estos conceptos.

Nada más y, a pesar de que nuestro grupo parlamentario no está en
contacto político con ustedes porque representamos a una realidad
nacional diferente, decirles formalmente también que nos ponemos a su
disposición para que, en el trámite parlamentario que se inicia a partir
de ahora, nos hagan llegar sus consideraciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Griñán.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Elorrieta, señor Acuña, muchas gracias
por su presencia, también por su intervención y por el tono que han
empleado. Yo creo que la autonomía sindical es una conquista que exige
además el mutuo respeto de los sindicatos a las posiciones políticas y de
los distintos grupos políticos a las posiciones que mantengan los
sindicatos en cada momento.

El Grupo Socialista prácticamente no coincide en nada con el fondo de sus
intervenciones, pero también es verdad que nosotros no sacralizamos los
acuerdos, no participamos de ese frenesí del que hablaba el señor Acuña;
creemos que son buenos, en la medida en que los protagonistas del mercado
de trabajo han tomado decisiones que pueden contribuir a su
perfeccionamiento, a la mejora de ese mercado, pero en todo caso creemos
que las críticas, éstas o cualesquiera, enriquecen el debate, éste o
cualquier otro. Y es verdad que estamos hablando de una realidad, la
realidad económica, la realidad del mercado de trabajo, la realidad del
empleo, que cambia día a día y que, por lo tanto, necesita que las
relaciones y las fuerzas productivas se acomoden a esos cambios. Es
evidente que la situación de hoy nada tiene que ver con la de ayer y que
probablemente nada volverá a ser como fue ayer.

Los pactos que se han acordado entres sindicatos y empresarios, yo creo
que lo que tratan es de conseguir una mayor adaptabilidad de la situación
y de las relaciones de producción a la nueva situación de los mercados y
de la economía. Son pactos que tratan de conseguir esa acomodación, que
tienen, como todo cambio que se produce en una trayectoria determinada,
un riesgo, pero que también tienen el mérito de haber pretendido una
cierta adaptación. Estamos hablando de un mercado de trabajo que está
presidido, no en España, sino en toda Europa, en todo el mundo, por
condiciones de precariedad, pero he de decirles que la precariedad, no
nos empeñemos en lo contrario, no es la consecuencia de una normativa
jurídica determinada sino la consecuencia de una realidad económica que
está cambiando.

Cuando vemos que la Comisión Europea nos dice, no ya de España, sino de
todos los países de la Unión Europea, que el trabajo está cambiando,
debemos entender que en toda Europa --en Francia, en Alemania, en Italia,
en Dinamarca, en Holanda, también en España-- el número de personas que
trabaja de noche o los fines de semana aumenta, que la mayoría de los
nuevos empleos creados en la última década de los noventa se ha producido
en el sector



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servicios, que muchos de ellos son a tiempo parcial, que el empleo
temporal ha supuesto la totalidad del incremento masculino del empleo en
la Unión. Por lo tanto deberemos concluir que, teniendo en cuenta que los
diferentes países que configuran la Unión Europea tienen distintas
realidades normativas, la realidad nueva del empleo, que les afecta a
todos por igual, ha de ser consecuencia no tanto de una realidad jurídica
determinada como de unos cambios que se están produciendo en los
mercados. Cambios a los que deberemos estar atentos y a los que deberemos
adaptarnos todos, partidos políticos, realidad normativa, empresarios y
sindicatos, porque son cambios que ya no nos permiten hablar de una era
industrial. Evidentemente, todos los países de la Unión Europea tienen un
porcentaje superior al 60 por ciento del empleo en el sector de los
servicios, el empleo en la industria ha disminuido desde el año 1990 en
todos los países de la Unión Europea, y hay países, como por ejemplo
Holanda, que tienen un 35 por ciento de su empleo a tiempo parcial, y
todos, prácticamente todos, salvo España, según las encuestas, aunque yo
creo que quizás ya estaremos en el 10 por ciento, tienen un porcentaje de
empleo a tiempo parcial superior al 10 por ciento. Si añadimos a esta
realidad que está presidiendo los cambios en toda Europa, que ya los
presidió en los Estados Unidos y que han de seguir produciéndose en los
mercados, la realidad de un mercado de trabajo, el español, en el que más
de dos millones de trabajadores asalariados trabajan en la agricultura,
en la hostelería y en la construcción, y suponen por lo tanto más del 20
por ciento del total de asalariados, obtendremos la medida más correcta,
más concreta, de qué es lo que estamos viviendo.

Yo creo que lo primero que deberíamos hacer todos a la hora de analizar
posibilidades de cambios a introducir es ser honestos con la realidad, es
decir, ser muy leales con la realidad que estamos viviendo. Incluso
cuando hablamos de precariedad en el término estrictamente jurídico,
deberíamos ser también un poquito más honestos intelectualmente, porque
yo creo que no decimos toda la verdad cuando hablamos de la precariedad
en uno u otro país. Un joven se pone a trabajar, por ejemplo, por tiempo
indefinido en Inglaterra, en Suecia, en Portugal, pero el empresario, en
algunos de esos países, durante los dos primeros años de la vigencia de
ese contrato lo puede despedir gratis, sin indemnización.

Estadísticamente resulta que ese contrato es indefinido, es estable, pero
en la realidad, ¿es un contrato indefinido durante los dos primeros años?
El más del millón de aprendices que hay en Alemania no aparecen nunca
como contratación temporal en las estadísticas de la República Alemana.

Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando cuando hablamos de situación
de precariedad?, ¿qué es lo que queremos conseguir y qué pretendemos
hacer con la realidad jurídica? Esas son las preguntas que deberíamos
contestar todos, yo creo que con la suficiente honestidad intelectual
para saber que todo cambia.

Estamos viviendo un mundo, y lo decía el señor Vaquero y yo coincido con
ello, en donde inexorablemente nos vamos a ver abocados a hablar del
tiempo de trabajo. Y hablar del tiempo de trabajo o del reparto de
trabajo, o como queramos llamarlo, va a ser una necesidad absolutamente
ineludible en los próximos años, porque estamos viviendo una economía en
la que los sectores más productivos no crean empleo, consiguen la
productividad a costa del empleo y, sin embargo, mejoran día a día las
condiciones de trabajo de las personas empleadas en esos sectores. Y eso
convive con sectores muy poco productivos, que sí que crean empleo, pero
con condiciones cada vez más deterioradas.

Esto es una realidad inexorable que se está produciendo en toda Europa y
también en España, porque en realidad lo que está pasando en el mundo es
aumentar el empleo en sectores o en subsectores de servicios personales,
servicios recreativos, servicios de ocio, servicios sociales, servicios,
en todo caso, de prestaciones que viven de las plusvalías que se puedan
obtener en la economía más directamente productiva, y entonces, o hay una
adecuada distribución del tiempo de trabajo, hay una adecuada
distribución de la productividad y hay una adecuada política fiscal que
consiga esa redistribución, o viviremos un dualismo enormemente peligroso
entre aquellos que trabajan en sectores productivos, cada vez menos, con
mejores condiciones y los que trabajan en sectores poco productivos, cada
vez más, con peores condiciones.

Y ésas son cuestiones que deberíamos abordar después de la reforma,
porque evidentemente la reforma eso tampoco lo abarca, no se pronuncia
sobre eso. La realidad de la reforma es sencillamente una modificación de
las reglas de juego del mercado de trabajo. ¿Positiva o negativa? Yo creo
que es positiva, el tiempo lo dirá, pero en todo caso no es más que eso,
nada menos y nada más que eso. Es una modificación de las reglas de
juego, pero que tendrá que ser acompañada de otras muchas medidas de
políticas activas, de políticas económicas, de políticas que redunden en
la modificación de la realidad que estamos viviendo, para que no se
produzca ese tremendo dualismo que se está produciendo en las sociedades
más avanzadas y que hace que, incluso, los propios Estados de bienestar
que tienen base industrial y corporativa estén dando lugar a que en su
periferia aniden ya determinadas situaciones de malestar social, de
marginación, de pobreza y de miseria. Por lo tanto, estamos hablando de
una nueva realidad que ha de ser enfocada en su conjunto y no solamente
en cuanto a las reglas de juego del mercado de trabajo, aunque también
respecto de ellas.

Yo felicité a los sindicatos y a la patronal por el acuerdo que
consiguieron, y sigo haciéndolo. El Grupo Socialista va a apoyar la
tramitación de este acuerdo en su formulación jurídica y, por lo tanto,
nos manifestamos positivamente sobre ello. ¿Hay incertidumbres? Puede
haberlas. Es verdad que esas incertidumbres serán las que tendremos que
observar y analizar en los observatorios de empleo del futuro, en la
propia Cámara, para tratar de modificar aquellos puntos que nosotros
entendemos ahora mismo que pueden producir un efecto contrario al que se
pretendía. Siempre pongo un ejemplo que me parece que es marginal en
todas las discusiones que se están teniendo, pero que me parece
importante. Los contratos temporales en los últimos años ¿han aumentado o
no? Lo dicen las encuestas, no han aumentado según la Encuesta de
Población Activa en su



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porcentaje, pero los contratos temporales es verdad que se han utilizado
fraudulentamente porque no existen ya contratos temporales que no sean de
naturaleza causal y, sin embargo, curiosamente, aquellos que son de
naturaleza causal han aumentado notablemente en su utilización, bien sea
el eventual, bien sea el de obra o servicio determinado, etcétera.

En la nueva reforma se introducen cautelas para que esos contratos
respondan a la finalidad para la que están previstos. Sin embargo, se
suprime uno, que a mí me parece que es un error haberlo suprimido, que es
el de lanzamiento de nueva actividad, aunque es verdad que también se
utiliza, exactamente igual que el eventual o el de obra o servicio
determinado, fraudulentamente. Lo que habrá que hacer es corregir el
fraude, pero no olviden ustedes una realidad, la realidad es que una de
las fórmulas de creación de empleo que se viene aplicando en toda Europa
en los últimos años, también en España a través de los servicios
integrales de promoción de empleo, son iniciativas sobre locales de
empleo, son nuevos yacimientos de empleo. Y les digo a ustedes que los
nuevos yacimientos de empleo que se producen por la confluencia del
binomio empleo-territorio, agentes sociales del territorio y autoridades
locales que promocionan, por un lado, actividades económicas y, por otra,
formación de trabajadores en desempleo, esos nuevos yacimientos de empleo
vienen utilizando sistemáticamente, cuando comienzan a funcionar, los
contratos de lanzamiento de nueva actividad, como no podía ser de otra
manera. Ahí sí es verdad que nosotros tenemos una incertidumbre, porque
pensamos que se queda desvalida una nueva fórmula de actividad económica
que puede crear empleo de una figura contractual que para eso está
prevista. Es verdad que si se utiliza en una empresa industrial que
fabrica automóviles porque van a fabricar un nuevo modelo o un nuevo
prototipo, se está desvirtuando la naturaleza del contrato. Ese no es el
contrato de lanzamiento de nueva actividad, sí lo es en el otro caso. Por
eso yo hubiera preferido una reforma, en todo caso, de ese contrato y no
una supresión del mismo.

En definitiva, nosotros, insisto, sin sacralizar el acuerdo, lo apoyamos,
apoyamos su traducción jurídica y normativa, creemos que es una apuesta
arriesgada pero que puede dar buenos frutos, y entendemos también sus
propias posiciones que hemos escuchado con mucha atención. Simplemente
quisiera, como han hecho todos los grupos, detenerme también, muy
brevemente, en el artículo 84 del Estatuto, que se modificó en la época
en que había un gobierno socialista y yo era Ministro.

Creo que es un artículo coherente con la realidad de lo que se pretende
en la negociación colectiva. La articulación de la negociación colectiva
no significa en absoluto que las unidades menores de negociación no
puedan conseguir una adaptación a la realidad económica de las
condiciones de los mercados en la que viven. Me parece que eso nadie lo
duda. Considero que el acuerdo que han formalizado empresarios y
sindicatos es respetuoso, otra cosa son las intenciones que se puedan ver
en las personas cuando intervienen aquí en la Comisión, por las frases
que aquí han pronunciado, pero lo que es evidente es que, leyendo la
letra del acuerdo, no se alcanza a ver absolutamente, de esas condiciones
que se han pactado, ninguna merma de lo que dice el artículo 84, ni
ninguna amenaza. Sencillamente se previene una articulación de la
negociación colectiva, pero sin que eso sustraiga a las unidades
inferiores de negociación aquellas materias que hoy tienen encomendadas,
ni tampoco que hagan indisponibles materias que ahora mismo son
disponibles. Por lo tanto, me parece que, tal y como está redactado el
acuerdo, es respetuoso con el artículo 84 que nosotros introdujimos y le
garantizo que nosotros defenderemos su mantenimiento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: En primer lugar, agradecer la presencia del
señor Acuña y el señor Elorrieta, agradecer su punto de vista, que sin
duda enriquece, por lo distinto, el conocimiento de esta Comisión y
también de este portavoz sobre los resultados del acuerdo entre los
agentes sociales para la reforma laboral y para la estabilidad en el
empleo, y decirle que nuestro grupo sigue apoyando indudablemente este
acuerdo, que el acuerdo, y ustedes, que son personas fajadas precisamente
en la negociación lo saben, es el producto del acercamiento de dos puntos
de vista distintos. Eso es evidente, y por lo tanto yo les pediría que
analizasen el resultado del acuerdo, no en virtud de las posiciones
iniciales respecto a las modificaciones que se han producido y que han
sido consecuencia, sino precisamente en virtud de un año de negociaciones
entre los distintos agentes sociales en los que se pretendía
indudablemente alcanzar una reforma que fuera positiva, no sólo para los
trabajadores, sino también para los desempleados y para aquellas personas
que vienen en nuestro país padeciendo una situación de precarización
acentuada en el empleo. Y digo acentuada porque nuestro nivel de
precarización está en el 35 por ciento, y eso hace que sea superior a la
media del resto de los países de la Unión Europea, y ése es el entorno en
el que nos tenemos que mover, el entorno de la Unión Europea. Por eso yo
creo que no es tan preocupante la reducción que se ha producido en el
tiempo máximo de la indemnización porque lo que hace precisamente es
acercarse, en esos 24 meses por año, a la media del resto de los países
de la Unión Europea. Considero que lo que tenemos que intentar entre
todos es alcanzar un entorno económico en el que las diferencias en los
costes de cualquier tipo sean indudablemente lo más similares posibles.

Esa es la única forma de competir con el resto de los países de nuestro
entorno y, a nuestro juicio, es una forma también que permite la creación
de empleo.

No voy a entrar en cada una de las cuestiones que ustedes han mencionado,
pero sí decirles que, indudablemente, la modificación del artículo 52.c)
del Estatuto de los Trabajadores que se ha logrado, saben ustedes que
también se había modificado de facto en virtud de una sentencia del
Tribunal Supremo y que ya íbamos a entrar en interpretaciones del
anterior 52.c) que se asemejan mucho a la redacción que en estos momentos
ha sido alcanzada entre los agentes sociales.




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Es indudable que estamos en un mundo en el que las relaciones laborales
van a cambiar y están en constante y continua evolución, y lo importante,
como han dicho otros portavoces, es intentar conseguir que adaptemos
nuestra legislación laboral lo más posible a esos cambios. Es obvio que
este acuerdo lo que tiene de virtud es, sobre todo, que se ha producido
el acuerdo entre los agentes sociales y que eso garantiza paz y
estabilidad social, y ése es un condicionante previo para posibilitar la
generación de empleo. Y además se ha hecho, a mi juicio, respetando
también los derechos adquiridos de los trabajadores que en estos momentos
tienen un trabajo fijo y se han establecido fórmulas de anclaje para
evitar y desincentivar la posible rotación y cambio de unos trabajadores
por otros. Además se han hecho reformas legales que favorecen la
estabilidad con el nuevo contrato estable, que adecua el tiempo de
formación a ese nuevo contrato de formación que responde más a las
necesidades de las Pymes y también de las grandes empresas a la hora de
formar sus trabajadores y por supuesto también de los jóvenes a la hora
de acogerse a este tipo de contrataciones.

Quiero agradecer además su presencia y sus palabras porque parece ser que
han tenido efecto terapéutico --y permítanme la broma-- sobre algún grupo
parlamentario que parecía que tenía algún problema de soledad, y siempre
es positivo que esos problemas de soledad se solucionen o se intenten
solventar. No estaban tan solos --se lo aclara el representante de la
CIGA-- como usted creía, señor Vaquero, hay otros grupos que también le
apoyan.

Me ha llamado un poco la atención la referencia que ustedes hacían al
artículo 84. Es evidente que el acuerdo no toca el artículo 84, y es más,
tienen ustedes el compromiso, que ya han manifestado otros grupos
parlamentarios, de que no se va a tocar el artículo 84. Yo me sumo ahora
a ese compromiso: el artículo 84 no se va a tocar. Fruto precisamente de
ese funcionamiento es lo que ha posibilitado la existencia en estos
momentos de hasta 5.000 convenios en todo el país, convenios sectoriales,
convenios territoriales, en distintos ámbitos, que están facilitando una
negociación colectiva capilar de todo punto, y yo creo que ésa es una
situación que en estos momentos se mantiene y que, a mi juicio, no va a
alterar este acuerdo o la tramitación parlamentaria de los dos reales
decretos ley que el Gobierno ha presentado en estos momentos a la Cámara.

Sí creo que existe una desincentivación de la contratación temporal, se
eliminan precisamente algunas bonificaciones que existían anteriormente
para esos contratos temporales y, sin embargo, se intentan implementar
esas cantidades en el fomento de la nueva figura del contrato indefinido.

Y tengo que discrepar en que no sea adecuado el realizar inversiones
públicas o favorecer mediante bonificaciones la contratación estable. Yo
creo que, precisamente en unos momentos en los que la obsesión de todos
es la creación de empleo, cualquier inversión pública que favorezca la
contratación indefinida, con una contratación del tipo que sea, siempre
es positiva, y por lo tanto en ningún caso puede ser desdeñable, y estoy
seguro que quizás ésa no haya sido la intención de las palabras de alguno
de los comparecientes. Manifiesto que las inversiones en la creación de
empleo son siempre buenas inversiones y que este grupo parlamentario y
este Gobierno deben de apoyarlas y deben de implementarlas en la mayor
parte posible.

Cualquier acuerdo tiene que ser analizado con el paso del tiempo, y quizá
haríamos un ejercicio demasiado alegre juzgando ahora los posibles
resultados del acuerdo, tanto en un sentido positivo como en un sentido
negativo. Vamos a ver cuál es la virtualidad del acuerdo a lo largo de
estos próximos meses, pero yo creo que este acuerdo tiene algo positivo,
y es que se ha establecido una comisión de seguimiento que va a seguir y
que va a posibilitar analizar, desde un punto de vista mucho más
continuado, los resultados y la evolución de esos acuerdos, acuerdo que
además va a ser controlado mediante una comisión mixta en la que van a
estar representados los agentes sociales y el Gobierno. Por lo tanto,
ésta es indudablemente una buena noticia y un aspecto muy positivo de
este acuerdo.

Es necesario volverles a agradecer su presencia, agradecerles sus
palabras, y quiero terminar con lo siguiente. Este es un acuerdo
alcanzado después de mucho tiempo, han sido 12 meses de negociación entre
los agentes sociales, es un acuerdo que, además, ha sido valorado por los
distintos grupos parlamentarios a los que ha sido presentado para su
conocimiento previo, que ha sido informado favorablemente por el Consejo
Económico y Social y que, creo, debe ser apoyado por el mayor número de
colectivos posible. Yo creo que se ha conseguido un amplio consenso
social en torno a los aspectos positivos del acuerdo y un gran consenso
político, que agradecemos desde mi grupo parlamentario, tanto en torno a
la tramitación como a los dos reales decretos leyes, y por lo tanto, yo
les pediría a ustedes que vieran y analizaran también el acuerdo desde
ese punto de vista. Considero que un elemento básico para la creación de
empleo, y lo he dicho antes, es la capacidad de adaptarse el mercado
laboral a las realidades socioeconómicas del país, y sobre todo la
existencia de paz social, que garantiza estabilidad económica, que
garantiza la atracción de los inversores por nuestro país y que, en estos
momentos, unido a una política económica adecuada, está favoreciendo, no
sólo que nuestro país haya mejorado algunos índices económicos
importantes que posibilitan que nuestro país esté entre los favoritos
para cumplir los criterios de la Unión Económica Europea y los requisitos
de Maastricht, sino que además se está viendo que esa política económica
está influyendo positivamente en la creación de empleo.

Nosotros lo que deseamos es que ese empleo en vez de ser precario sea lo
más fijo y lo más estable posible, porque ésa es la forma de articular
una sociedad, ésa es la forma de incorporar a los jóvenes, ésa es la
forma de recuperar y reinsertar a personas que han perdido su trabajo, y
por lo tanto, ésas son, a nuestro juicio, las condiciones y las causas
que hacen que felicitemos a los agentes sociales por el acuerdo
alcanzado.

Deseamos que ustedes, a lo largo de este tiempo, analicen el acuerdo y
nos digan en qué aspectos funciona mal o funciona bien el acuerdo y la
aplicación de los reales decretos ley. Yo creo que la participación de
sus sindicatos,



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que son mayoritarios o que son muy importantes en el ámbito de su
implantación, debe servir también para mejorar las condiciones laborales.

Por lo tanto, les animo a ello y les quiero agradecer, sin duda alguna,
su presencia, que para nosotros ha sido muy positiva, no sólo por lo que
han dicho, sino por cómo lo han dicho. Lo que, a nuestro juicio, abre
posibilidades en el futuro sobre la negociación colectiva y sobre por
dónde tenemos que caminar para mejorar las relaciones laborales.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las distintas intervenciones de los
portavoces, tiene la palabra el Secretario General de Solidaridad de
Trabajadores Vascos, don José Elorrieta.




El señor REPRESENTANTE DEL SINDICATO ELA-STV (don José Elorrieta):
Primero, muchas gracias por la densidad de las intervenciones, la verdad
es que no lo esperaba, es la primera vez que estoy y, por lo tanto,
entenderán ustedes mi sorpresa. En segundo lugar debo resaltar la
práctica dificultad de contestar a todas las preguntas, porque eso nos
llevaría, supongo, a una intervención en el tiempo fuera del plan de
trabajo que ustedes tienen, y por ello les pido que me disculpen por las
respuestas un poco telegráficas que dé. Ya me doy cuenta de antemano que
hay muchas cuestiones de mucho interés planteadas por ustedes y en
absoluto piensen que es una falta de referencia, ni cosas por el estilo,
sino que es un intento de hacer una selección muy espontánea y muy
improvisada de los muchos temas que se han suscitado.

Me parece a mí que las intervenciones se han movido sobre distintos
planos. Se ha hablado de política económica, del mercado de trabajo y de
relaciones laborales o de negociación colectiva, supongo que pueden ser
los tres grandes bloques, y por parte de alguno de ustedes se hablaba de
la necesidad de ser honestos. Yo creo que sí, que la necesidad de ser
honestos nos lleva a que cuando hablamos de política económica tenemos
que hablar de qué está pasando con los incrementos de los excedentes de
capital que se están dando, qué quiere decir que la Bolsa esté creciendo
en un 30 o en un 40 por ciento y qué quiere decir que en Estados Unidos
cuando el empleo crece la Bolsa baja, porque el pleno empleo es un
indicador de tendencia inflacionista. Yo creo que ésa es una reflexión.

Evidentemente, desde una posición de clase trabajadora, ese debate es
tremendamente interesante, y desgraciadamente nos parece que la ausencia
del mismo explica precisamente muchas veces el carácter reduccionista que
tiene el debate sobre el mercado de trabajo, que está tremendamente
acotado, prácticamente sin margen, donde lo que al final cabe es hablar
de más o menos precariedad o más o menos desempleo, pero obviando por
supuesto los debates de fondo. Se apuntaba, por ejemplo, y cito todo muy
de pasada, el tema de la fiscalidad. Efectivamente éste es un debate,
porque en todo el sistema europeo, incluido el español, se va a una
desfiscalización galopante de las rentas de capital, que precisamente nos
sitúa en una encrucijada realmente novedosa para poder defender con un
mínimo rigor el Estado del bienestar.

Ciertamente, ya nos gustaría a nosotros entrar en el debate del modelo de
política económica y en la relación que tiene eso con el empleo. No hay
duda de que eso nos llevaría a un debate sobre la reducción del tiempo de
trabajo, como ya se está planteando en países como Alemania, por parte
sindical, con iniciativas de la DGB, de una jornada de 32 horas, o,en
Francia, incluso dentro del programa del Partido Socialista en la campaña
electoral. Llamo la atención que de estos países Alemania plantea este
problema con una tasa de paro del 13 por ciento y Francia con un tasa
inferior al 13 por ciento, estaría en torno al 11 ó 12 por ciento.

Nosotros tenemos una tasa de paro del 20 por ciento y todavía no hemos
entrado con una mínima seriedad en ese debate, que se sigue aplazando
sine die. De manera que nosotros, encantados de hablar de política
económica.

Precisamente, la crítica ideológica a la posición sindical en el tema de
la reforma es una crítica de cómo se sitúa el movimiento sindical
español, desde el punto de vista ideológico, en relación al conjunto del
diseño económico del Estado del bienestar. La crisis --insisto, desde
nuestro punto de vista-- estratégica del sindicalismo español es
precisamente cuando simplifica el debate y se sitúa de una forma,
insisto, reduccionista en el tema del mercado de trabajo. El anterior
Ministro comentaba que los aprendices alemanes no son indefinidos. Son
trabajadores, que es una diferencia sustancial. Aquí los aprendices son
estudiantes; allí por lo menos son trabajadores y además sindicados, con
sus secciones sindicales y ciertamente funcionando muy bien. Nos ponía
otra serie de ejemplos de empleo a tiempo parcial, como el caso
británico. Esto abre otro debate, que hoy el empleo no equivale a no
estar en umbrales de pobreza, porque las estadísticas nos dicen que en
Gran Bretaña, por ejemplo, millón y medio de británicos y británicas
están con salarios/hora de 400 pesetas y seis millones de británicos y
británicas con salarios/hora de 1.200. Por tanto, esto nos plantea un
debate que, más allá del empleo, nos lleva siempre al debate sobre el
tema de la distribución de la riqueza, porque lo que no es discutible es
que ésa está creciendo de manera vertiginosa, y es un verdadero escándalo
la evolución en este sentido del mercado y la evolución de la Bolsa. No
me quiero meter ahora en regular la Bolsa, porque no es regulable, es
precisamente la expresión del mercado, pero es un verdadero escándalo la
asimetría económica y social que significa visualmente ver la evolución
de la Bolsa este año y ver las expectativas de paro y de precariedad en
este país. Precisamente, insisto, lo que más lamentamos de la posición
sindical, más allá del tema concreto del acuerdo, es esta falta de
perspectiva ideológica de situarse en el modelo social que se está
montando y que, a nuestro juicio, no es novedoso por parte del PP, lo
digo para intentar al menos ser medianamente equilibrado en mis
reflexiones, sino que tiene una continuidad en 13 años de Gobierno
socialista, pero no creo que éste sea el tema.

Aterrizando ya en el asunto de la representatividad, esto nos lleva
inmediatamente al tema del famoso artículo 84. Nosotros en la Comunidad
Autónoma del País Vasco tenemos una representatividad del 40 por ciento;
Comisiones



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Obreras tiene una representatividad del 16,5; UGT del 16 y el sindicato
LAB del 15,5. Por lo tanto, cuando por ejemplo desde algún grupo se
plantea el tema de la articulación, ¡ojo! con las palabras. Si
articulación respeta democracia, vale cualquier cosa, cualquier palabra
que le dé una cierta coherencia al modelo de relaciones laborales, es
perfectamente defendible; pero, claro, si la articulación invade mayorías
en ámbitos políticos y sociales con una singularidad muy grande, eso
realmente es otra cosa, eso es intentar utilizar la magia de determinadas
palabras para hacer un auténtico despropósito.

Me tranquiliza relativamente la posición de todos los grupos
parlamentarios respecto a la no modificación del artículo 84, porque la
actitud perseverante de terminar con ese grano es de tal magnitud que nos
da mucho miedo, porque experiencias recientes nos llevan a que a veces
los grupos parlamentarios, atendiendo, digamos, a intereses de
oportunidad política, que son por supuesto respetables, pierden una
cierta perspectiva o pueden perderla y plegarse a unos planteamientos de
coyuntura. Por eso, la persistencia, incluso yo diría con un tono
excesivo, por parte de los sindicatos del Estado de modificar en su caso
la legalidad vigente hace que, ante las afirmaciones de SS. SS. en
relación a que ese tema no va a cambiar, digamos que vamos un poco más
tranquilos, pero no tanto.

En relación a este tema, reiteraré una idea que me parece importante. La
modificación del año 1994, independientemente de que no fuese totalmente
de nuestro agrado, marca un punto de equilibrio, desde nuestra particular
perspectiva, en cómo se pueden manejar y cómo se pueden conducir los
conflictos entre mayorías de ámbito estatal y mayorías de otro ámbito en
autonomía colectiva. Por lo tanto, es un punto de equilibrio, por lo
menos en los mínimos, que, insisto, nos parece de sentido común que se
intente mantener. Y con esta reflexión añado que su modificación supone,
sensu contrario, una ruptura de equilibrio que no resiste sindical ni
políticamente la conformación de mayorías que ya están establecidas en el
País Vasco, es decir, que pretender que desde el monopolio del
Legislativo se pueda hacer un apaño que anule la mayoría sindical en el
ámbito vasco, teniendo en cuenta la realidad política y social hoy, puede
ser de una limpieza legislativa indiscutible, pero en cualquier caso ése
es un elemento, y ya lo he dicho antes y yo no quiero perder la
oportunidad para volver a repetirlo, con una carga de desestabilización
democrática tremenda, e insisto, nos preocupa enormemente la posición que
en este caso tienen UGT y Comisiones Obreras y la Ceoe de pensar que
todavía es posible, en una situación de oportunidad política, modificar
el difícil equilibrio que se consiguió en 1994, y yo insisto en decir,
como aquellos que iban a Lourdes a curarse, tropiezan y caen por la
escalera: que me quede como estaba. Es decir, sólo pedimos que no se
toque jamás el artículo 84; jamás en el sentido del juego de mayorías,
entiéndase, porque si no se toca y se respeta el juego de mayorías como
está ahora, yo creo que podremos, no sé si vivir, pero por lo menos
malvivir.

Se toca el artículo 84 en la reforma, ciertamente; se toca de forma
colateral, pero se toca; se toca de forma indirecta, de manera que marca
una prevalencia en el momento de la vigencia de los convenios en las
materias de formación. Yo no soy un experto en esta materia, pero tenemos
un informe de una catedrática muy prestigiosa del Estado, de las pocas
que de alguna manera defiende con una cierta valentía el actual artículo
84, y en su informe nos dice que el decreto-ley modifica de forma
indirecta el artículo 84. Para demostrar mi ignorancia sobre el tema,
pero en cualquier caso para corroborar que esto lo tenemos ya por
escrito, me van a permitir leerlo. Dice: La anterior atribución de
competencias a los convenios colectivos sectoriales estatales y sólo en
su defecto de los mismos a los de ámbito inferior supone una excepción
del principio de prohibición de concurrencia, o sea, de que un convenio
vigente sea afectado por otro posterior en el tiempo, establecía el
artículo 84, párrafo primero del Estatuto de los Trabajadores. De manera
que, aunque sea de una forma muy sibilina, se modifica desgraciadamente
el artículo 84. Esto rompe las promesas del Partido Popular y del
Ministro de Trabajo, que nos dijo que no se iba a tocar el artículo 84.

Se toca poco, se podía haber tocado mucho más, evidentemente, sobre la
base de los intentos de UGT y Comisiones Obreras y Ceoe, pero
desgraciadamente ya se mete un poco el pie y seguramente se anticipan ya
ulteriores reformas. Por eso no les molestará que vuelva a decir que su
voluntad de que no se va a modificar me tranquiliza sólo relativamente.

Acuerdo de las partes, etcétera, digamos que las otras partes no están
aquí, seguramente porque preferían hacerlo de forma unilateral; por lo
tanto, la discrepancia no se puede manifestar más que en tiempos
distintos. Yo diría así, con una cierta ironía, una gran presión del
Ejecutivo para que las partes lleguen a un acuerdo, una gran presión. El
Ejecutivo se ha demostrado que es muy eficaz. En cualquier caso eso no es
ningún demérito del Ejecutivo, es la habilidad del mismo de conseguir con
paciencia, durante doce meses, ir centrando las cosas para que las partes
finalmente terminen claudicando y liberen al Ejecutivo del enorme coste
político y social que hubiese supuesto, evidentemente, una reforma sin
consenso. En ese sentido, en nuestra intervención inicial ya felicitamos
al Ejecutivo por su habilidad. Sólo apuntaré, sin decir más, que tiene
truco, es decir, la habilidad del Ejecutivo tiene truco, pero en
cualquier caso SS. SS. son lo suficientemente inteligentes para saber
dónde está el truco de la habilidad del Ejecutivo para conseguir este
acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Señor Acuña.




El señor REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIGA)
(don Fernando Acuña): Yo repetiré que es imposible atender a todas las
preguntas y contestar como me gustaría, con tranquilidad y con aportación
de argumentos; así que habrá que hacerlo en plan telegráfico.

Por un lado, se pregunta si este acuerdo va a aportar o va a conseguir
mayor estabilidad. Decididamente, no. Ya lo expliqué antes, creo que se
busca un reflejo estadístico de la supuesta creación de contratación
indefinida, y no es tal esa nueva contratación estable, que hay que
entrecomillar



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muchísimo, como decía, y en todo caso será cuestión de esperar. Sí quiero
recordar que curiosamente las ayudas se establecen para un período de dos
años, que coincide con el agotamiento de esta legislatura
aproximadamente. Entonces creo que ese reflejo estadístico va a ser una
carta, exhibida en su momento por razones de eficacia y propagandísticas,
y en lo que toca a la propaganda, efectivamente está funcionando
estupendamente por parte de los defensores de este acuerdo.

El tema de la centralización de la negociación colectiva está claro que
es un problema de intereses. Yo no me creo que la democracia, la
sensibilidad de tratar las cosas en el terreno que corresponde y el
respeto a la voluntad autónoma de las partes --y cuando hablo de partes
me refiero no sólo a la parte sindical o a la parte operaria, sino
también a la parte empresarial-- exija que los convenios colectivos se
negocien con proximidad a aquellas personas que van a sufrir las
consecuencias de esos convenios o de esas normas, que son normas
pactadas, no son normas emanadas de la voluntad popular a través de
leyes, sino normas pactadas entre quienes van a sufrir sus consecuencias;
entonces eso exige proximidad, y convenios generalistas, que siempre
acaban convirtiéndose en convenios de mínimos, tienen una utilidad única
y exclusiva, porque no es cierto tampoco que los convenios de alcance
sectorial estatal signifiquen una garantía respecto de la unidad de
mercado. Es falso, rotundamente falso, porque son convenios de mínimos;
en todo caso lo que sí garantizan es un papel sindical, un papel político
y un papel social a las cúpulas sindicales encargadas de convertir su
actuación en algo más que palabras, es decir, se necesita eso porque es
la vida del sindicalismo, la negociación colectiva es la vida, y,
efectivamente, la virtualidad fundamental que tienen los convenios
generalistas, que después no se aplican o son de mínimos y son superados
por negociaciones en otros ámbitos, es explicar por qué hay que estar
articulados sindicalmente a nivel estatal y no en otros ámbitos.

En cuanto a la relación entre política económica y paro, sin duda, yo
insisto en que, a efectos de creación de empleo y de convertir
contratación precaria en contratación estable, este acuerdo creo que dije
que es insustancial, y sigo convencido, es insustancial, y a pesar de las
opiniones, que respeto profundamente, de quienes en esta sala dicen que
apoyan el acuerdo, ni mi sindicato ni yo mismo alcanzamos a ver dónde
existen esas supuestas bondades. Obviamente hay que pensar en una
política económica distinta, hay que pensar en una política industrial
activa, hay que pensar en no malvender el sector público y sí que el
sector público exista y actúe y en cantidad de cosas que se dan de bruces
con esa supremacía intelectual de que todo nos conduce a Europa, que todo
nos conduce al euro. Obviamente, es difícil conciliar recortes en las
inversiones públicas, recorte del déficit, recorte de la deuda pública,
recorte por aquí, recorte por allá, con una política económica que tiene
que ser activa, y el sector público es un elemento fundamental; el sector
público tanto industrial como de servicios, así como la propia actuación
de la estructura estatal en el ciclo económico son fundamentales y no se
pueden abandonar a políticas absolutamente pasivas. De esto habría
muchísimo que decir. Yo me limito a expresar mi opinión, respeto la suya,
me alegro que la mía sea contradictoria con la del Partido Popular y no
creo que eso le ocasione problemas a nadie.

La reducción de jornada es otro elemento que sin duda hay que abordar.

Llevamos diciendo todos, y es algo que se lleva escuchando en todos los
programas electorales, que hay que reducir la jornada de trabajo. Algún
día llegará el momento de coger el toro por los cuernos. Cuanto antes
sea, mejor para todos. En cualquier caso sí debo decir que hay unos
incrementos evidentes de productividad muy superiores a la participación
de los salarios en la renta nacional. De hecho, la participación de los
salarios y de los servicios sociales, todo lo que recibe la clase
trabajadora, para hablar en términos claros, de la renta nacional está a
nivel porcentual del año 1969, y yo creo que estos veintitantos años,
este cuarto de siglo debería haber transcurrido en un sentido distinto,
de que la riqueza estuviese mejor repartida, y una de las maneras sin
duda es repartir el trabajo, crear nuevos empleos, reducir la jornada sin
merma de retribución salarial. Estoy convencido de que los incrementos de
productividad de todos estos años dan para eso y para mucho más. Lo mismo
que habría que entrar en medidas legislativas generalistas respecto de
las horas extras y del pluriempleo, porque es cierto que existen ciertas
previsiones legales, pero también es cierto que el mundo real va a su
aire, y ahí la eficacia es mucho menor en cuanto al no uso y abuso de
estas formas que yo creo que socialmente a estas alturas son sin duda
espúreas.

El tema de los costes laborales como elemento central de la vida
empresarial creo que es del siglo XIX, aproximadamente, o de primeros de
éste. No hace falta más que ver las cuentas de explotación de las
empresas para darse cuenta de que sólo los sectores absolutamente maduros
y decadentes tienen una participación sensible de un 30, un 40 por ciento
de la mano de obra en la facturación definitiva. Hay sectores, los
sectores emergentes hoy en día, que están en el 3, 5, 6, 10 por ciento,
como mucho, y por lo tanto estamos hablando del 10 por ciento del
problema de las empresas cuando estamos centrando todo el problema en la
omnipresente necesidad de flexibilizar la disposición de mano de obra. Yo
creo que ése es un elemento muy secundario con respecto a otras
cuestiones que sin duda no me va a dar tiempo a explicar aquí y que las
explico simplemente en términos de costes.

Efectos de la precariedad, tremendamente negativos. Creo que todos
estamos convencidos del efecto personal, sin duda, en el individuo, el
hombre o de la mujer; los efectos en la empresa son palpables respecto de
la desprofesionalización y respecto de los accidentes laborales, que
tienen una mayor incidencia en este segmento de trabajadores y
trabajadoras, pero hay también una incidencia global en el consumo por
vía de la demanda. Uno de los componentes de la demanda agregada es el
consumo interno y ese consumo se está resintiendo. De hecho, en este
momento alcista del ciclo económico, que lleva ya dos años y medio, todo
el mundo indica lo que advertíamos desde el mundo sindical hace ya varios
años, en el sentido de que deteriorar las condiciones de vida y trabajo
de la clase trabajadora



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o de una parte enorme de ella tiene repercusiones por estas vías: cuando
llegue el momento de la recuperación económica, el consumo no tira, el
consumo no repunta, y ahí se recurre a problemas esotéricos de
desconfianza, de crisis gubernamental, de si el país va bien o va mal,
pero en realidad hay un problema absolutamente prosaico y crematístico,
como es el bolsillo de las personas que, si no está dotado de posibles,
malamente se puede animar a consumir. Por otra parte, las expectativas de
inseguridad laboral son un elemento central de esa desconfianza en el
futuro y, por lo tanto, de que la gente gaste menos y compre menos cosas.

Respecto de la representatividad, y con esto creo que casi termino, la
Confederación Intersindical Galega es un sindicato muy reciente, de hecho
se ha constituido en el año 1990 agrupando a dos sindicatos nacionalistas
anteriores, cuya existencia a su vez viene desde hace poco más de 20
años. En densidad, en tamaño y en antigüedad no tenemos la historia de
los amigos y compañeros queridísimos de ELA-STV, pero hay que decir que
esa realidad aparente de que en Galicia hay tres sindicatos y el tercero
es la CIGA --primero, UGT; segundo, Comisiones Obreras, y tercero, la
CIGA-- requiere de matizaciones que me tomará un minuto explicarles.

Por una parte, en la provincia de Pontevedra, que es la provincia más
industrializada de toda Galicia, se da el orden inverso, la central
mayoritaria es la CIGA; segunda, Comisiones Obreras, y tercera, UGT. En
las empresas de más de 100 trabajadores, la CIGA es la primera fuerza
sindical, UGT la segunda y Comisiones la tercera. En las empresas de más
de 500 trabajadores, la CIGA es la primera central sindical, con una
enorme diferencia, doblando en representatividad a Comisiones Obreras y a
UGT. Entonces hay que matizar el dato, porque si consideramos esta
complejidad, nos daremos cuenta de que en las empresas pequeñas es donde
la CIGA pierde, y dejo a la sapiencia de cada uno y de cada una de
ustedes determinar si algo tendrá que ver en toda esta situación
representativa global ciertas actuaciones patronales de mayor o menor
sintonía con determinadas cuestiones sindicales.

Y termino, porque el tiempo no da para más, diciendo que yo hice unas
pequeñas cuentas para llamar la atención sobre el negocio que supone para
un empresario la utilización del contrato estable, y me parece muy bien
que desde el Gobierno, desde el Partido Popular, mejor dicho, se esté de
acuerdo con eso. Yo creo que en tiempos de déficit hay cosas mucho más
interesantes a qué dedicar los cuartos que a regalárselos a los
empresarios, porque no estamos hablando de crear puestos de trabajo, sino
de regalarles cuartos públicos a los empresarios, de eso es de lo que yo
hablo. Los puestos de trabajo se pueden crear de muchas maneras, entre
otras cosas seguramente invirtiendo esos dineros públicos en cuestiones
más activas. Hay una cuestión y es que yo creo que si lo que se quiere
realmente es convertir el trabajo precario, del que, como decía el
anterior Ministro, se usa y abusa incluso con formas que existen legales
de contratación, en el sentido de pervertirlas y de usarlas para
cuestiones que no están previstas legalmente, en cualquier caso hay una
manera muy fácil, ya que hablamos de pesetas, de conseguir que haya
contratos estables cuando la ley dice que tiene que haberlos y de
conseguir que haya contratos indefinidos cuando la ley dice que tiene que
haberlos, que es multando seriamente las transgresiones de la legalidad,
por una parte, y, por la otra, no bonificando lo que es normal, que es
que el trabajo sea indefinido, sino multando lo que es anormal, que es el
trabajo temporal sin causa alguna, porque nadie, por mucha modernidad que
exista y por mucho cambio cultural que evidentemente hay, y tiene que
haberlo porque hay que evolucionar a la altura de los tiempos, nos va a
convencer, por lo menos a un sindicato como la CIGA y a mí mismo, de que
lo moderno es que haya un 40 por ciento de precariedad en la economía
nacional. Eso yo no me lo creo, ni nadie se lo cree, y entonces eso hay
que multarlo, de paso conseguimos ingresos públicos, disminuimos el
déficit, disminuimos la deuda a largo plazo y seguramente estaremos en
mejores condiciones de afrontar nuestro querido euro.




El señor PRESIDENTE: Con sus palabras damos por concluido el primer punto
del orden del día. Agradecemos la presencia de los secretarios generales
de ELA-STV y de CIGA.




--DEBATE SOBRE EL INFORME APROBADO POR LA SUBCOMISION PARA ANALIZAR LA
SITUACION ACTUAL DE LA FAMILIA EN ESPAÑA Y PROPONER LAS REFORMAS Y
MEDIDAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS. (Número de expediente 154/000002.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 2 del orden del día, que es
debate sobre el informe aprobado por la Subcomisión para analizar la
situación actual de la familia en España y proponer las reformas y
medidas que se consideren necesarias.

Respecto a este punto y sobre los siguientes en lo que se refiere a
votaciones, vamos a acumularlas todas y no habrá votaciones antes de las
trece cuarenta y cinco, así que pueden acomodar sus compromisos a esta
previsión. Trece cuarenta y cinco, no antes, se iniciarán las votaciones.

Sobre el punto del debate de este informe, tengo que dar cuenta a SS. SS.

de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio del pasado
año 1996, que dice textualmente: «El debate del informe por la Comisión
se iniciará con la presentación del mismo por uno de los



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miembros de la Subcomisión, interviniendo a continuación un representante
de cada uno de los grupos parlamentarios que hayan presentado votos
particulares, y finalmente los representantes de cada uno de los grupos
que no lo hayan hecho. Durante este debate, en el que cada una de las
intervenciones tendrá una duración máxima de quince minutos, los grupos
podrán presentar propuestas de transacción entre el texto elevado por la
Subcomisión y los votos particulares.»
De acuerdo con esta Resolución, entramos en una primera fase de
presentación del informe por uno de los miembros de la Subcomisión, que
va a ser el señor Silva, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene
la palabra por tiempo máximo de quince minutos.




El señor SILVA SANCHEZ: No porque el tema no lo merezca, sino porque en
los grupos pequeños concurren obligaciones casi simultáneamente, no
agotaré en absoluto el plazo de quince minutos a que se ha hecho
referencia.

La Subcomisión, como saben SS. SS., fue constituida ya en la legislatura
pasada, decayendo obviamente por la disolución anticipada de la Cámara y
procediéndose de nuevo a constituirse en el anterior período de sesiones.

Hay que indicar que entre las dos legislaturas ha habido más de 60
comparecencias, así que, por lo tanto, el trabajo de los comisionados y
las aportaciones efectuadas por los comparecientes, representantes de
muchísimos sectores sociales, y también por personas expertas en el tema
ha sido muy importante.

En su día, ya al final de la legislatura pasada, se procedió por parte de
diversos grupos a presentar sus conclusiones. Hay que indicar que, a
pesar del esfuerzo que realizamos todos los grupos, no fue posible
adoptar una conclusión consensuada, y ha sido a lo largo de esta
legislatura donde este esfuerzo se ha visto redoblado y prácticamente
triplicado, lo que nos permite presentarnos hoy, presumiblemente, con una
Ponencia aprobada por unanimidad al final de la sesión de hoy.

En cuanto al esquema de la Ponencia, después de hacer referencia a los
comparecientes, contiene una introducción en la que se pone de manifiesto
cómo se contempla la familia y la protección a la familia por parte de
las diversas declaraciones universales de derechos humanos, así como por
las conclusiones de diversas conferencias internacionales. Hay que hacer
una especial referencia a los trabajos que se han desarrollado en el seno
de la Organización de las Naciones Unidas, en la declaración del año 1994
como el Año Internacional de la Familia y la configuración del día 14 de
mayo como Día Internacional de la Familia. No son tampoco en modo alguno
despreciables, ni muchísimo menos, sino precisamente todo lo contrario,
las declaraciones que en la Conferencia de Pekín se efectuaron sobre este
mismo tema.

Se aborda, en un segundo momento, la transición o la evolución que ha
tenido la familia en España en lo que podríamos considerar prácticamente
el último siglo, y no hay que ser demasiado experto para considerar que
se ha pasado de una familia con un esquema de organización patriarcal y
de subordinación, en gran parte de los casos, de la esposa y de los hijos
al marido, a una familia que puede configurarse, que puede definirse,
como lo hace la propia Organización de las Naciones Unidas, como una
institución llamada a constituir esa democracia más pequeña en el seno de
la sociedad.

Ha sido tremendamente importante el fenómeno conocido como transición
demográfica, que ha determinado precisamente esta evolución, el paso de
una familia con un índice de fecundidad altísimo y extenso a una familia
de carácter mucho más nuclear, al mismo tiempo que se producía una
reducción importante y también --concluye la Ponencia, como veremos
posteriormente-- peligrosa de las tasas de natalidad.

En cualquier caso, se hace hincapié en la evolución del esquema de las
relaciones entre los padres y los hijos, abandonando aquel concepto
autoritario y patriarcal; la dimensión de la familia, pasando de una
familia extensa a una familia nuclear; el incremento de los hogares
unipersonales, y aquí hay que hacer referencia, sobre todo a los
constituidos por mujeres y por mujeres de edad; los propios efectos que
produjeron a partir de 1981 el reconocimiento y la regulación de las
situaciones de separación y divorcio; y finalmente, la existencia de
situaciones de cohabitación, que constituyen el 2,26 por ciento de
situaciones de convivencia en España.

Partiendo de esas bases, se hace también referencia a determinados datos
demográficos y estadísticos, que en estos momentos querría obviar para no
cansar a los señores comisionados, pero sí ponen de manifiesto, entre
otras cosas, como decía antes, la reducidísima tasa de fecundidad
existente en estos momentos en España. Y si se asume que la tasa de
fecundidad óptima para una simple y pura reposición demográfica es de 2,1
hijos por mujer, nos encontramos en estos momentos en 1,2 hijos por
mujer.

Se aborda la configuración constitucional de la familia y desde ese punto
de vista se realiza un examen de aquellos artículos de la Constitución
que abordan la familia, desde el propio artículo 39, que realiza una
regulación o un examen, por así decirlo, global, hasta aquellos otros
preceptos que pretenden efectuar regulaciones o indicaciones mucho más
parciales.

Posteriormente, se realiza un examen de la evolución histórica de las
ayudas a la familia en España, entendiendo fundamentalmente que España es
calificable dentro de lo que se conoce como sistemas mediterráneos de
protección a la familia, en los que se ha producido una extensión
importante --y quiero recalcar el aspecto de importante-- del sistema del
bienestar con la universalización de la sanidad, de la enseñanza y de
otros servicios sociales, pero donde ha existido un déficit de lo que
podríamos denominar políticas familiares específicas, más sectoriales. Es
precisamente este defecto, por así decirlo, el que pretende suplirse a
través de las medidas cuyo impulso pretende la Ponencia. Un examen de las
medidas que existen en la Unión Europea nos ratifican precisamente en la
necesidad de adopción de esas medidas y de superar eso que ha sido
definido precisamente como marco mediterráneo, que basa la protección de
la familia casi exclusivamente en la extensión del Estado del bienestar.

Es importante a partir de este momento saber cuáles son las formulaciones
que efectúa la Ponencia. La Ponencia manifiesta su satisfacción y un
profundo respeto por aquellas políticas generales del Estado del
bienestar a que anteriormente se ha hecho referencia y por sus efectos
sobre la familia, así como por aquellas políticas sectoriales que han
pretendido proteger precisamente a aquellos individuos de la familia más
necesitados de esta atención, por lo tanto, a las personas de edad, a los
niños, a los minusválidos, etcétera, referencias que se contienen incluso
en la propia Constitución, pero considera también que es preciso la



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adopción de determinadas políticas familiares específicas. En primer
lugar, fundados en el principio de libertad, de remover aquellos
obstáculos que dificultan la libre adopción de determinadas decisiones
familiares y, por lo tanto, pretendiendo la configuración de un marco que
permita, en base a lo que ya establece el propio artículo 9 de la
Constitución, remover obstáculos y garantizar que esa libertad sea real y
efectiva. En segundo lugar, se efectúa un amplio reconocimiento del papel
que juega la familia dentro de las políticas del bienestar, y entendiendo
que son los poderes públicos precisamente los garantes de estas
políticas, pretende efectuarse un reconocimiento del papel de la familia,
de lo que ha sido denominado sector informal, de la misma manera que se
reconoce que el sector voluntario o el sector comercial también
desarrollan un papel importante.

Y finalmente, se hace referencia, y no podía ser menos, a la necesidad de
satisfacer o de cumplir este principio de continuidad demográfica,
entendiendo que las sociedades deben ser demográficamente equilibradas y
que, manteniendo las tasas de natalidad actuales, al final pueden acabar
incluso poniendo en peligro el sistema público de pensiones.

Por lo que hace referencia ya a la política integral de apoyo a la
familia por la que se pronuncia la Ponencia, hay que señalar que esta
política de apoyo a la familia debe enmarcarse, desde luego, en lo que es
una política económica general del Gobierno, en los principios de
igualdad y progresividad del sistema tributario, así como en la necesidad
de alcanzar determinados objetivos de política económica general que nos
escapan a los comisionados, como es precisamente el ingreso en la Unión
Europea. En cualquier caso, dentro de este marco diseñado por la política
económica general y por los principios que deben inspirar la política
fiscal, debe jugar obviamente el carácter prioritario que cualquier
gobierno y que los poderes públicos deben dar precisamente a las
políticas familiares. Y, a partir de este momento, se procede a efectuar
una enumeración de cuáles son las políticas familiares o elementos que
deben constituir esa política integral de apoyo a la familia, empezando
por la fundamental, que constituye precisamente la redistribución de las
tareas. Una segunda, en la que se proponen medidas precisamente para
hacer conciliables la vida laboral y las responsabilidades familiares. No
ignoran los señores comisionados que precisamente la reducción de la tasa
de fecundidad es la forma en la que la familia ha reaccionado ante la
necesidad, no sólo necesidad sino obviamente también el derecho, de la
incorporación de todos sus miembros al mercado de trabajo y a las
relaciones laborales. Un tercer aspecto, que hace referencia a la
atención de las personas mayores, determinadas medidas en el ámbito de la
sanidad, de la atención a los menores, de la educación, de la adopción,
la política fiscal y de rentas, teniendo en cuenta que en la Ponencia se
ha pretendido lograr un equilibrio entre lo que podemos denominar
políticas generales del Estado del bienestar, la extensión de los propios
servicios públicos, de un lado, y de otro, la política de rentas, esto es
ayudar, a través de las medidas ordinarias de fomento (becas,
subvenciones, etcétera) a las familias para que puedan proveerse de
determinados servicios privados en aquellos casos en que no exista una
provisión pública de los mismos, o en el caso de que el acceso a esos
servicios privados forme parte de ese principio de libertad al que hemos
hecho referencia anteriormente; y finalmente, también de una política
fiscal para aquellas familias cuyo nivel de renta permita precisamente un
juego eficaz de estas políticas.

No olvidamos, obviamente, las medidas en materia de familia numerosa,
materia de televisión, y aquí la Ponencia no hace sino trasladar las
conclusiones que se produjeron precisamente en la Comisión del Senado
sobre contenidos televisivos, para finalmente hacer ya referencia a los
conflictos familiares, a la política de vivienda, tremendamente vinculada
también a la política fiscal y a la política promocional, y finalmente la
prevención de la violencia en la familia.

No puedo acabar mi exposición sin hacer constar el amplio esfuerzo de
consenso que ha inspirado la actuación de absolutamente todos los grupos
parlamentarios, que fructificará en las votaciones del día de hoy y que
permitirá que los poderes públicos, y en este caso el Congreso de los
Diputados, pueda presentarse ante la opinión pública abordando un tema
que tiene una gran incidencia en la vida de todos y cada uno de nuestros
ciudadanos, habiendo eliminado, por así decirlo, el riesgo de convertirlo
en un instrumento de lucha política o en un campo de batalla, por lo
demás seguramente también legítimo, de las diferentes fuerzas políticas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva, por habernos ahorrado 4
minutos, en un maravilloso esfuerzo de síntesis. Lo que quisiéramos
conocer, para ver cómo aplicamos las normas dictadas por la Presidencia,
son las enmiendas transaccionales y modificaciones que se han producido
en el informe que se ha distribuido a las señoras y señores Diputados.




El señor SILVA SANCHEZ: Ahora procederemos a poner a disposición de la
Presidencia las siguientes enmiendas transaccionales.

Me imagino que cada grupo parlamentario debe expresar también la opinión
al respecto, pero creo que estoy en condiciones de indicar que el voto
particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista ha sido objeto de
admisión por parte del resto de los grupos. Lo propio cabe decir del voto
particular número 2. Respecto del voto particular número 3, existe una
transacción, que entiendo que el comisionado y miembro de la Ponencia,
don Blas Trujillo, podrá poner a disposición de la Presidencia. El voto
particular número 4 ha sido retirado y hay una transacción al voto
particular número 5. Hay una transacción a los votos particulares 4, 8 y
16, que son retirados. Voto particular número 5, se produce votación a
favor. Igual se produce en el voto particular número 6. Existe una
transacción al voto particular número 7, que también será puesta a
disposición de la Presidencia. Lo propio ocurre con una transacción al
voto particular número 8. El voto particular número 9, es admitido. Al
voto particular 10 hay una transacción, que del mismo modo será puesto a
disposición de la Presidencia,



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igual que al voto particular número 11. Por lo demás, voto particular
número 12, retirado. Voto particular número 13, también. Voto particular
número 14, se produce la admisión. Voto particular 15, es retirado. El
voto particular número 16 es retirado, en virtud de la transacción que ha
sido anunciada anteriormente. Voto particular 17 es admitido. Voto
particular número 18, 19 y 20, son retirados, en función también de la
transacción, igual que el voto particular número 10. Voto particular
número 21, es admitido. Y existen dos transacciones, que también se ponen
a disposición de la Presidencia, de los votos particulares 22
y 23.

Ruego a la Presidencia me disculpe la improvisación.




El señor PRESIDENTE: En vista de que no se mantienen votos particulares,
pasamos a la fijación de posiciones por cada uno de los grupos
parlamentarios, empezando por el Grupo Mixto, señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quiero felicitar y valorar
muy positivamente el trabajo que el Coordinador de esta Ponencia ha
realizado desde el primer día en que el Pleno aprobó la creación de esta
Subcomisión y de todos los miembros de la misma, porque creo que se ha
hecho un gran esfuerzo, tanto a la hora de proponer iniciativas como de
retirar incluso alguno de los planteamientos, en aras a que se
consiguiera el texto que afortunadamente hoy va a salir respaldado
mayoritariamente, que nos ha hecho poner en común creo que el objetivo
básico de todos los que hemos conformado esta Subcomisión, que es el
trabajar proponiendo iniciativas, medidas y propuestas de reforma para
que la institución familiar en el Estado español sea considerada como se
merece y se adopten medidas para dar un empujón en todos los niveles
--incluso impositivo-- a la institución familiar en el Estado español,
que ha pasado durante muchos años un poco desapercibida en las grandes
políticas, en las grandes decisiones, a pesar de que se habían hecho
esfuerzos.

Unión Valenciana se felicita del texto que va a salir hoy aprobado. Ha
participado desde la modestia de sus aportaciones, pero algunas de ellas
han aparecido reflejadas en lo que son apoyos tanto en materia de
reformas legislativas, como de fiscalidad o tributarias y también a nivel
educativo, a nivel de medios de comunicación. Pensamos que son un
conjunto de medidas muy importantes y que va a salir reforzada la
institución familiar en el día de hoy, cuando el Pleno apruebe, esperemos
que también por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y de todos
los Diputados, este trabajo que valora en profundidad cuáles son las
carencias y necesidades de la institución familiar. Creo que hoy es un
día muy importante, no sólo para los grupos parlamentarios que hemos
trabajado en esta dirección, sino para el conjunto de la sociedad
española y para la institución familiar.

Por lo tanto, congratularnos de este texto que se va a aprobar, porque yo
creo que las medidas son muy importantes, lo que ahora hace falta es que
el Gobierno tenga en cuenta estas consideraciones, estos mandatos, por
llamarlo de alguna manera, y que se cristalicen en iniciativas positivas
ya en los Presupuestos Generales del Estado y en las reformas
legislativas que se instan para que la institución familiar tenga un
apoyo que hasta el día de hoy no ha sido lo suficientemente fuerte, dada
la importancia que tiene para el entramado social, porque es la célula
básica de nuestra sociedad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Amorós.




La señora AMOROS I SANS: Nada más que congratularnos todos de que hemos
hecho un buen trabajo, de que una vez por todas se ha dado un
reconocimiento social a lo que es la familia, y esperar que con estas
medidas se incrementen tanto la natalidad como las ayudas propuestas por
el Gobierno. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Yo creo que el trabajo que ha desarrollado la
Subcomisión de la familia ha sido un trabajo extenso que ha llevado a que
tengamos unas conclusiones que, aunque específicamente no se pueda hablar
de que sea una política global de familia, sí van a favorecer o a
perjudicar a la familia en su contexto, porque todas y cada una de las
políticas que emanan del Gobierno, ya sea la política económica, la
fiscal o las políticas de bienestar social, afectan directamente no
solamente a la unidad familiar, sino también a todos y cada uno de los
miembros que la componen.

Por lo tanto, Señorías, este grupo parlamentario ha mantenido desde un
principio que, precisamente, aquellas políticas orientadas a la creación
de empleo y, precisamente desde el Estado, aquello que se ha llamado
redistribución de la riqueza, es decir, apoyar aquellas infraestructuras
de servicios que van a permitir que las familias con menores recursos
económicos tengan acceso a planificar su vida y a poder mejorar sus
condiciones de vida, era la parte más importante, en la que se tendría
que hacer hincapié, sin por ello desechar la política fiscal o aquella
que redunde en beneficio de la familia, desde el Impuesto sobre la Renta
hasta las desgravaciones fiscales en materia de vivienda, pero, eso sí,
teniendo una serie de prioridades y estableciendo aquellos criterios que
no pongan en peligro ni el sistema de protección social ni, por supuesto,
el hecho de que se puedan trasvasar recursos desde las rentas del capital
a las rentas del trabajo, para no perjudicar así a aquellas familias que
puedan tener menos recursos para acceder a determinados tipos de
prestaciones.

Creemos que se ha hecho un esfuerzo importante para poder llegar a un
consenso en el que nos viéramos reflejados en las prioridades todos los
grupos parlamentarios y que, por lo tanto, pudiéramos, desde nuestra
óptica y desde nuestras perspectivas, demandar al Gobierno que vaya
cumpliendo aquellas medidas que se le están planteando desde el informe
de la Subcomisión de la familia. Por lo tanto, Señoría, creemos que ese
esfuerzo de consenso ha



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sido importante por parte de todos los grupos parlamentarios, y por parte
de este grupo parlamentario también, porque así vamos a conseguir sacar
un texto consensuado que permita al Gobierno trabajar y a los grupos
parlamentarios demandarle aquellas medidas que consideramos prioritarias.

Por nuestra parte, nuestro voto será favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Blas
Trujillo, tiene la palabra.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Por economía procesal, puesto que vamos a tener
también en el Pleno el debate sobre el informe de la Subcomisión, desde
el Grupo Parlamentario Socialista simplemente vamos a hacer algunas
reflexiones.

En primer lugar, creo que lo han dicho todos los grupos, debemos valorar
positivamente el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos para que se
llegara en esta materia a un consenso tan amplio como el que nos
encontramos en el día de hoy. Obviamente, habíamos partido de posiciones
muy dispares, donde por una parte no se terminaba de reconocer lo que era
la influencia de las políticas del Estado del bienestar como políticas de
familia, e incluso en otros elementos como la fiscalidad, por otra parte,
elementos estos de disparidad lógicos, por cuanto que la familia juega un
papel central en la sociedad en la que vivimos y, por lo tanto, nuestras
expectativas sobre la misma se reflejan según la visión que tiene cada
grupo de ella.

Como digo, se ha hecho ese esfuerzo, el documento al final no es el
documento de nadie, de ningún grupo en concreto, es el documento donde
todos hemos ido cediendo un poco para llegar a este consenso. Desde el
punto de vista de nuestro grupo, ha sido trascendental para el hecho de
que se articulara este consenso el que se superara precisamente la visión
que se tenía en relación al conjunto de las políticas del denominado
Estado del bienestar, su incidencia en la familia y la importancia de las
mismas.

Hoy hemos asistido además a transacciones importantes, después de no
haber llegado en la última reunión a un acuerdo total en materias como la
garantía del libre acceso a las prestaciones sociales básicas, en
materias como la fiscalidad, que, como señalaba la propia portavoz de
Izquierda Unida, con independencia de que se solicite, y es una
aspiración lógica que se debe tener, la mejora del tratamiento a la
familia en dicha materia, sin ninguna duda debe garantizarse que dicha
aspiración tiene que ser compatible con la viabilidad financiera del
sistema de protección pública, o lo que incluso para nosotros es
trascendental, que es el establecimiento del principio de igualdad
efectiva como elemento clave en el conjunto de las políticas sectoriales
familiares, incluso para atender a ese pequeño escollo que tenemos con
relación a la baja tasa de natalidad que estamos viviendo.

En definitivo, y para cumplir con lo que le decía, señor Presidente, no
me voy a extender más. Desde nuestro grupo saludar con satisfacción que
hayamos llegado al acuerdo en esta materia, que como digo es una materia
difícil, por cuanto que se reflejan en ella, sin ninguna duda, las
distintas visiones que se tienen en la sociedad y las expectativas de
ésta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, doña María Jesús Sainz tiene
la palabra.




La señora SAINZ GARCIA: Nuestro grupo, desde luego, ha hecho un gran
esfuerzo, un esfuerzo importante, con el fin también de acercar posturas
para poder llegar a un acuerdo en un tema de gran interés social y
político, como es la política de familia, y valora de la misma manera
también el esfuerzo que han hecho los distintos grupos para llegar a este
texto de consenso.

La dedicación y el esfuerzo con el que esta Subcomisión se ha dedicado
durante años al estudio de la familia, y de una manera especial tengo que
referirme a esta segunda etapa en esta legislatura, creo que responden a
lo que de verdad necesita y merecía la familia española (El señor
Vicepresidente, Azpiroz Villar, ocupa la Presidencia), ya que los
ciudadanos --no podíamos olvidar los grupos políticos-- valoran con
puntuación muy alta a la familia. Es la familia la institución más
valorada en nuestra sociedad, y por esa razón precisamente un 90 por
ciento de los españoles exigía de los poderes públicos medidas
específicas de apoyo.

Confiamos también en que el trabajo haya sido claramente fructífero, así
lo pensamos. Considera nuestro grupo que las medidas que se recogen en el
texto son necesarias, justas y, por otra parte, solidarias, porque se
asientan sobre principios básicos y fundamentales. Por otro lado, su
aplicación coordinada pensamos que va a contribuir también a conseguir
una sociedad en donde haya mayor bienestar, en la que las familias
españolas encuentren un clima de ayuda para ejercer esa libre adopción de
determinadas decisiones familiares, como se recoge en la Ponencia. No
podíamos, por otra parte, obviarlo, sino tenerlo muy presente, puesto que
la institución familiar recibe ya una especial atención en nuestra
Constitución, tanto en lo relativo a los derechos como a los deberes. Se
enmarca, por supuesto, en los principios de la Constitución la protección
social, económica y jurídica, que son los temas sobre los que hemos
trabajado, y, desde el punto de vista de las libertades, el artículo 9 de
la Constitución dice que corresponde a los poderes públicos promover los
obstáculos que impidan o dificulten la adopción de decisiones familiares.

Estos obstáculos son los que también han movido a la Ponencia en el
momento de elaborar este texto de consenso que hoy traemos. Nuestro grupo
considera a la familia como una unidad social fundamental, que está
basada precisamente en la solidaridad, que cumple funciones y servicios
vitales para el desarrollo de los individuos y el bienestar de la
sociedad.

Por razones también de tiempo, no voy a extenderme en una serie de
consideraciones, pero sí quería señalar, aunque sea brevemente, que el
informe pone de manifiesto la necesidad, como no podía ser de otra
manera, de garantizar el Estado de bienestar, señalando la incidencia que
las políticas sectoriales tienen sobre la situación de la familia y de
los miembros que la integran. Al mismo tiempo, dedica



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un apartado importante a las políticas familiares específicas, que aquí
ya se han enumerado.

Por último, deseo señalar que el informe también pone de manifiesto la
necesidad de adoptar una serie de medidas en el marco de la próxima
reforma del IRPF. Nuestro grupo considera, y así se recoge, que no debe
penalizarse fiscalmente a las familias donde sólo uno de los cónyuges
trabaja, respecto a las familias donde, con idénticos niveles de renta,
son dos los perceptores de los rendimientos, y se hace una serie de
recomendaciones a los poderes públicos en ese sentido, medidas
importantes en el terreno de la fiscalidad, que ayudarán desde luego al
bienestar de la familia y que deberán valorarse en el marco de la próxima
reforma del IRPF, dejando a salvo, como se dice también en el texto la
progresividad de este sistema.

Por razones operativas y para conocer qué es lo que se vota, haré entrega
a la Presidencia de los textos que han sido consensuados, que de alguna
manera el ponente ya ha enumerado y que están contrastados con todos los
grupos parlamentarios.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Muchas gracias, señora Sainz,
y, si es tan amable, haga entrega a la Presidencia de dichos documentos.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR QUE LOS CONTRATOS DE PUESTA A DISPOSICION
CELEBRADOS ENTRE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y LAS EMPRESAS USUARIAS
PARA LA CESION DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SE PRODUZCAN EN SITUACION
DE DESIGUALDAD SALARIAL, LABORAL Y SOCIAL RESPECTO DE LOS DE LA EMPRESA
CONTRATADORA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000338.)



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Concluido el debate de este
punto del orden del día, entramos en el punto tercero, proposiciones no
de ley. En primer lugar en la relativa a las medidas para evitar que los
contratos de puesta a disposición celebrados entre las empresas de
trabajo temporal y las empresas usuarias para la cesión de trabajadores y
trabajadoras se produzcan en situación de desigualdad salarial, laboral y
social respecto de los de la empresa contratadora, formulada por el Grupo
de Izquierda Unida, a cuyo efecto tiene la palabra su portavoz, don Pedro
Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Muy brevemente, voy a leer exactamente el
texto de la proposición no de ley.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para evitar que los contratos de puesta a disposición
celebrados entre las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias
para la cesión de trabajadores y trabajadoras, incluso las hasta ahora
vigentes, se produzcan en situaciones de desigualdad salarial, laboral y
social respecto de los de la empresa contratadora.

Respecto a la motivación de esta proposición no de ley... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Un momento, señor Vaquero.

Ruego a los señores diputados, por favor, si pueden bajar el volumen de
sus conversaciones, a efectos de poder escuchar al portavoz.




El señor VAQUERO DEL POZO: Como decía, desde la aprobación de la Ley
14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, que en
su día tuvo una oposición social y sindical en términos generales, se
viene regulando la situación y contemplándose con preocupación y con
insatisfacción, no solamente por parte de nuestro grupo sino yo creo que
por una conciencia social cada vez más importante, una práctica
discriminatoria entre los trabajadores cedidos temporalmente a una
empresa usuaria y aquellos trabajadores de la misma que tienen un puesto
de trabajo no cedido. Nosotros entendemos que estas discriminaciones son
sin duda alguna algo que hay que resolver. Es una situación que no es
sostenible. Hasta ahora, el volumen de trabajadores y de utilización de
las empresas de trabajo temporal ha ido creciendo, lenta a
imperceptiblemente, pero ciertamente en una tendencia evolutiva
claramente ascendente. En cualquier caso, ya ha empezado un diálogo
social. Es el segundo convenio que se firma entre los sindicatos
representativos y la patronal del sector para ir mejorando la
problemática. Sin embargo, esta situación que describimos y por la que se
realiza la proposición no de ley sigue existiendo, no es algo que se haya
erradicado a través del diálogo social hasta la fecha. Por otro lado, en
estas empresas, según algunos expertos, se incrementa el índice de
siniestralidad laboral. Todos estos elementos apuntan a la necesidad de
una reforma legislativa que no obvia que, mientras no se produzca,
debamos, por parte de esta Cámara, adoptar las medidas conducentes a que
se vaya propiciando una situación distinta.

En este caso la proposición no de ley reduce el nivel de sus aspiraciones
a instar al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para evitar
esta situación de hecho; de hecho y desgraciadamente de derecho también.

Por tanto, lógicamente, creemos que debería ser apoyada. Adelantándome
posiblemente a alguna argumentación, el hecho de que en la reforma
laboral que se vaya a abordar en el futuro y sobre todo en el acuerdo que
la sustenta entre la patronal y los sindicatos haya sido contemplado este
tema de las empresas de trabajo temporal de una forma proyectiva, es
decir, hacia el futuro y con la buena voluntad de ir estudiando la
realidad de las empresas de trabajo temporal para ir creando unas
situaciones distintas en función también del consenso social, entendemos
que no debe obviar que por parte de esta Cámara se obtenga el consenso
necesario para llevar adelante esta proposición no de ley, porque
mientras esto se produce por parte de los agentes sociales y económicos
de este país, la situación de los trabajadores que están en la situación
descrita ciertamente va a subsistir,



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y, por tanto, a nosotros no nos tranquiliza del todo esa proyección hacia
el futuro; quisiéramos que desde hoy, desde este momento, el Gobierno
estuviera ya trabajando en la resolución de este problema. Por eso, a
pesar de que ciertamente esto se produce en un contexto en el que ya hay
otras iniciativas, mantenemos la nuestra porque creemos que es
pertinente.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i
Chamosa.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: Lo que subyace en esta proposición no de ley,
aparte de pretender, como bien decía el señor Vaquero, modificar la Ley
14/1994, es algo más preocupante, por lo menos para la que habla, es
decir, la preocupación constante de todas aquellas propuestas como ésta,
que van a poner en cuestión cierta filosofía e incluso las propias
relaciones laborales. Es verdad que en las ETT hay una situación que no
debería de sostenerse mucho tiempo, porque los trabajadores que son
cedidos a empresas están en condiciones de mucha desigualdad, pero no es
menos cierto que los agentes sociales, a través de la negociación
colectiva, ya han empezado a subsanar esas situaciones que se producen,
bien sea con el convenio firmado en enero de 1997, el que prevé avanzar
en unas condiciones, o bien sea en la comisión tripartita que, como
consecuencia de los acuerdos recientemente firmados, se va a producir. En
esta comisión tripartita no sólo se pretende estudiar las condiciones
salariales, sino también otras condiciones que son fundamentales en las
ETT, como por ejemplo si realmente las ETT deben operar en todos los
sectores o si no deberían estar en aquellos sectores donde se necesite
una especialidad alta, por manipulados de materias peligrosas, etcétera;
si deberían utilizar el mismo tipo de contratación o uno específico. En
fin, yo creo que se desprende que esta comisión va a hacer un estudio
amplio de cara el futuro, y luego, cuando ese estudio se produzca, en ese
momento, en función de las conclusiones, veríamos qué es lo que podríamos
hacer y entonces, sí, como poder Legislativo, ver si hay que legislar
algo o no.

Termino diciendo que nosotros no podemos apoyar esta proposición no de
ley por estos motivos y fundamentalmente porque corresponde a los agentes
sociales, a través de la negociación colectiva, mejorar las condiciones o
regular las relaciones laborales de futuro de todos y cada uno de los
trabajadores de esta país. Por eso es por lo que nosotros apostamos y
mantenemos nuestra posición.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): El señor Alcalde, por el Grupo
Popular, tiene la palabra.




El señor ALCALDE SANCHEZ: No voy a remontarme a los antecedentes
históricos de las empresas de trabajo temporal en nuestro país, que
indudablemente culmina, como ya se ha anticipado, en la Ley 14/1994, pero
sí que creo que hay que recalcar que durante la tramitación de dicha ley,
que fue aprobada por amplia mayoría en esta Cámara, el Legislativo ya
mostró reiteradamente su preocupación por establecer garantías legales y
cautelas para evitar que las ETT actuaran como meras intermediarias en la
colocación y con ello dañaran los derechos de los trabajadores. De ahí
las exigencias legales que determina dicha ley, en cuanto a estructura
organizativa, garantía financiera para asumir las posibles deudas
laborales, la responsabilidad subsidiaria de las empresas usuarias,
obligaciones de información y particularmente la necesidad de
autorización administrativa para su funcionamiento.

No cabe duda, señorías, de que una actuación correcta de las empresas de
trabajo temporal constituye un elemento positivo de flexibilidad o
adaptabilidad en la gestión de los recursos humanos en las empresas, así
como que su actuación puede contribuir, sin lugar a dudas, a canalizar o
a hacer aflorar empleos de posible creación, que en bastantes casos, de
no existir esta figura, permanecerían en el ámbito de la economía
sumergida. No cabe duda tampoco que las empresas de trabajo temporal
pueden en ciertos casos ser terrenos proclives a la aparición de
tentaciones de utilización fraudulenta, al situarse en zonas laborales
llamadas de trabajo atípico, en las que la frontera entre una correcta,
por necesaria, flexibilidad y la pura búsqueda de beneficio económico por
un uso incorrecto del factor trabajo no siempre tiene unos perfiles
claros y nítidos. Este último peligro puede además presentarse con
particular intensidad en unas circunstancias como las actuales, en las
que todavía no está consolidado este sector empresarial, que carecía de
marco legal hasta la segunda mitad de 1994 y que por tanto se está
todavía creando, con los lógicos defectos en su implantación, en cuanto
también a falta de una experiencia suficiente y en cuanto a los posibles
usos o abusos en su actuación. De ahí, señorías, la necesidad de combinar
el rigor y el control de las exigencias legales con una valoración de
este conjunto de circunstancias que se presenta en el nacimiento de un
nuevo sector de actividad empresarial que puede ser positivo para el
empleo, sin lugar a dudas. A este respecto hay que recordar lo antes
indicado, en cuanto a garantías y obligaciones de las ETT en el marco
legal vigente, que se considera suficiente, pero siempre que se aplique
de forma adecuada. Y para esta aplicación hay que tener en cuenta que,
como ocurre en general dentro del marco de las relaciones laborales, la
combinación entre la acción estatal o administrativa y la negociación
colectiva entre los distintos interlocutores sociales es la que puede
proporcionar el punto de equilibrio entre los distintos intereses y
derechos que deben conciliarse en una situación como la que estamos
tratando.

Como ya decía, la Ley 14/1994 contiene suficientes mecanismos de garantía
en cuanto a los supuestos de utilización de estas empresas, las
obligaciones de las mismas y de las empresas usuarias y las actuaciones
de autorización y/o sanción de la Administración como para poder asegurar
que exista un trato no discriminatorio de los trabajadores de estas
empresas. Particularmente, en materia de seguridad e higiene en el
trabajo se establecen con claridad las obligaciones de las empresas
usuarias en cuanto a información a los trabajadores sobre los riesgos
derivados de su puesto de trabajo, así como la responsabilidad de esta
empresa usuaria respecto a la protección en materia de seguridad.




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En el mismo sentido, el artículo 28 de la Ley de prevención de riesgos
laborales de 1995 establece expresamente el principio de igualdad de
trato de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal y de los
trabajadores de la empresa usuaria en lo relativo a protección de su
seguridad y de su salud.

No quiere decir esto que todo sea perfecto respecto a los derechos
laborales y sociales de los trabajadores mencionados en la proposición no
de ley y que ya tengamos recorrido, ni mucho menos, todo el camino en ese
sentido, nada más lejos por supuesto de la realidad. Recientemente las
organizaciones empresariales y sindicales han firmado el acuerdo
interconfederal para la estabilidad del empleo, que propone el
establecimiento, como ya citaba también la portavoz del Grupo Socialista,
de un grupo tripartito entre la Administración y los agentes sociales
para analizar el funcionamiento del sector, definir la información
estadística necesaria y mejorar los aspectos que permitan un
funcionamiento más correcto de estas empresas. En esta línea de trabajo,
las partes se comprometen a abordar distintas cuestiones referidas a
estas empresas, como son el diseño estadístico de los contratos de
trabajo, el impulso en la elaboración del reglamento sobre actividades y
trabajos peligrosos para la seguridad de la salud, a que se refiere la
Ley 14 de 1994, promover la elaboración de un plan de actuación de la
Inspección de Trabajo respecto de las empresas de trabajo temporal,
promover también la elaboración de un real decreto que fije un modelo de
contrato de trabajo temporal en estas empresas, que clarifique la
situación respecto a su relación con la causa alegada en el contrato de
puesta a disposición, y, asimismo, promover las modificaciones legales
necesarias para garantizar el desarrollo del derecho de información
previsto en el artículo 9 de la Ley 14, así también como estudiar las
actividades que, por sus especiales características, requieran de un
tratamiento específico de las empresas de trabajo temporal.

También consideran los firmantes del acuerdo, al margen de los objetivos
de trabajo que fijan a este grupo tripartito, que la representación de
los trabajadores en misión, mientras dure ésta, debe atribuirse a los
representantes de los trabajadores de las empresas usuarias, a efectos de
formular cualquier reclamación en relación con las condiciones de
ejecución de la actividad laboral en aquello que atañe a la prestación de
sus servicios en éstas. Esta cuestión ya la ha recogido expresamente el
Gobierno en el Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, aprobado
recientemente, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
y el fomento de la contratación indefinida, modificando el apartado 1 del
artículo 17 de la Ley.

En el otro aspecto que plantea la proposición no de ley que estamos
debatiendo hoy, que es el de la igualdad salarial, también nos
encontramos con avances significativos. Como ocurre en general en el
ámbito laboral y especialmente en materia de condiciones retributivas, el
equilibrio y el reparto de papeles entre la ley y la autonomía colectiva
resultan de nuevo particularmente necesarios. Así, la Ley de empresas de
trabajo temporal se remite al convenio colectivo, y ese convenio
colectivo se ha venido traduciendo en dos convenios desde la aprobación
de la ley, el segundo aprobado recientemente, el 31 de enero, en el cual
ya se configuran unos plazos de convergencia en materia retributiva de
los trabajadores de las empresas de trabajo temporal con los convenios
colectivos sectoriales en los que se encuadra la empresa usuaria
respectiva. Como ven, pues, el criterio antes indicado de combinar
garantías legales y autonomía colectiva se está mostrando eficaz en la
consecución del objetivo, compartido por todos, señor Vaquero, de evitar
que la necesaria actuación de las empresas de trabajo temporal se
traduzca por supuesto en una reducción de los derechos laborales,
sindicales y salariales de nuestros trabajadores.

En definitiva, y con esto ya acabo, señor Presidente, mi grupo no va a
apoyar la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pues aun compartiendo, como ya decía, el fondo de la cuestión,
la igualdad de los derechos salariales, laborales y sociales de los
trabajadores, entendemos que dicha proposición no de ley, coherente sin
lugar a dudas con el planteamiento global de oposición que ha mantenido
Izquierda Unida frente a la Ley 14/1994 ya desde su tramitación en esta
Cámara, no desciende a proponer medidas concretas que puedan adoptarse
para resolver las desigualdades existentes, medidas que, por otra parte,
sí se han concretado en los acuerdos citados suscritos entre empresarios
y sindicatos, algunas también en el Real Decreto-ley 8/1997, aprobado
recientemente por el Gobierno, así como también en los convenios
colectivos de las empresas de trabajo temporal. Por todo ello, el Grupo
Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: La representante del Grupo Catalán (Convèrgencia i
Unió), señora Amorós, tiene la palabra.




La señora AMOROS I SANS: Esta proposición no de ley llega hoy fuera de
contexto social, pues afortunadamente las partes implicadas han
recapacitado y han asumido el compromiso de un convenio donde enmiendan
gran parte de aquellas situaciones de flagrante discriminación de los
trabajadores y trabajadoras contratados a través de una empresa de
trabajo temporal con respecto a sus remuneraciones y sus derechos
laborales. De todos modos, cabría reflexionar por qué en nuestros días,
una modalidad creada para paliar una necesidad concreta dentro del
abanico laboral ha desembocado en una práctica de contratación laboral
extendida y demasiado empleada, y más teniendo en cuenta que no es un
sistema de contratación más económico para las empresas ordinarias, sino
todo lo contrario.

Señorías, señor Presidente, el convenio firmado por las partes ha sido un
avance y el pacto laboral ha sido un acierto, y esperemos que, en la
medida que nos sea posible a todos y a todas, podamos llegar a una
integración plena en el mercado laboral ordinario y las empresas de
trabajo temporal sirvan para la actividad para la cual han sido creadas.

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió no apoyará esta
proposición no de ley presentada en



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esta Comisión por considerar que las medidas propuestas ya están
contempladas en el convenio firmado por las partes implicadas.




--SOBRE MEDIDAS PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(INSS) Y LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL RESPETEN EL DERECHO
DE LAS MUJERES CAMPESINAS A DARSE DE ALTA EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.

(Número de expediente 161/000442.)



El señor PRESIDENTE: Concluimos el debate del punto 3 y entramos en el
punto 4 del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para que
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería
General de la Seguridad Social respeten el derecho de las mujeres
campesinas a darse de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad
Social, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): La proposición no de ley que
hoy presenta el Bloque Nacionalista Galego hace referencia a la
discriminación que en la práctica sufren las mujeres campesinas a la hora
de poder darse de alta en la Seguridad Social, en concreto en el régimen
especial agrario, al que, como trabajadoras del campo que son, tienen
derecho; una situación de discriminación que acontece desde luego en
Galicia y probablemente en otras zonas del Estado.

Es frecuente oír declaraciones o celebrar pomposos actos en los que se
afirma luchar por lograr la igualdad de la mujer, y más en concreto de la
mujer rural, y mientras tanto las leyes españolas y comunitarias que
amparan ese derecho a veces no se ejecutan. Sin embargo, como decía,
sorprende observar cómo hoy en día se niega por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social el alta en el régimen especial agrario por cuenta propia a mujeres
que lo solicitan y cuya actividad o medio de vida es la actividad
agrícola-ganadera, pero cuyos maridos, he ahí su desgracia, están dados
de alta en otro régimen de la Seguridad Social. Para mantener esta
actitud claramente discriminatoria por parte de la Seguridad Social, se
recurre al Decreto 3772/1972, que en su artículo 2.º fija como
trabajadores con derecho a darse de alta en el régimen especial agrario a
aquellos que realicen actividades agrarias, forestales o pecuarias de
forma habitual y como medio fundamental de vida, y, claro, presume la
legislación que no constituye medio fundamental de vida para aquellas
personas cuyos cónyuges sean titulares de un negocio mercantil o
industrial, en esencia, cuando uno de los miembros de la pareja o del
matrimonio perciba rentas por actividades distintas a la agraria. Es
fácil comprobar que esta legislación está claramente desfasada y resulta
en la práctica totalmente discriminatoria para las mujeres, porque,
efectivamente, son ellas quienes se dedican a la agricultura como
actividad económica, entre comillas, complementaria.

La negativa de la Seguridad Social y de la Tesorería General a dar de
alta a las mujeres de las que hablábamos fue objeto de recursos
judiciales favorables al derecho de las mujeres que se encuentran en la
situación de darse de alta en ese régimen. Asimismo, conviene decir que
el Parlamento de Galicia, en marzo de este año, aprobó por unanimidad una
proposición en este mismo sentido y que las sentencias judiciales
producidas por este asunto hacen referencia con claridad a que, a pesar
de que al parecer la norma legal es neutra, produce efectos perversos y
da lugar a discriminación de las mujeres. Hace referencia además a la
necesidad de corregir en la práctica esta discriminación de la mujer
rural, tal como la normativa europea contempla, y además a que no se
pueden alegar motivaciones económicas, porque en ese caso perpetuaría el
fenómeno discriminatorio.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es necesario que el Congreso
tome cartas en este asunto y exija el cese del comportamiento
discriminatorio con las mujeres, que persiste por otras vías, una vez que
las sentencias obligan al INSS y a la Tesorería a dar de alta a las
mujeres demandantes, levantando actas de inspección que obligan a éstas a
pagar atrasos, entre comillas también, cuando la actividad agraria, por
ejemplo, era marginal, pero en todo caso sin que tengan efectos desde el
punto de vista de los derechos. Persiste, pues, esa situación y a
nosotros nos parece que es indefendible incluso la actitud que toma en
este momento la Tesorería, porque es curioso que primero se deniega el
alta precisamente basándose en esos argumentos, y posteriormente, cuando
se hace obligatoria, la Administración levanta actas por los mismos
períodos por los cuales antes la Administración denegó efectivamente su
ingreso en la Seguridad Social.

En resumen, esta situación debe variar y nosotros formulamos una
proposición no de ley, sobre la que me parece que llegamos a un acuerdo,
por lo menos entre algunos grupos, lo que pasa es que en este momento la
transacción anda perdida por algún lugar. En todo caso si hay acuerdo
entre los grupos daremos lectura al texto transaccional posteriormente,
si usted me permite, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: No había enmienda, y, en consecuencia, no sabemos
que haya transacción.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Si me permite, brevemente,
porque ya apareció el texto.




El señor PRESIDENTE: ¿Pero qué es lo que ha aparecido? ¿Una enmienda in
voce?



El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): No sé si es correcto
reglamentariamente.




El señor PRESIDENTE: No.




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El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Entonces leo la mía.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social respeten el derecho de las
mujeres campesinas a darse de alta en el régimen especial agrario de la
Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Amorós.




La señora AMOROS I SANS: Simplemente para fijar posición sobre esta
proposición no de ley. Nos parece de justicia promocionar que la mujer
salga del núcleo familiar y sea independiente. En relación con esta
proposición no de ley, apoyamos que una mujer que no es titular de una
explotación agraria, aunque sí lo sea, teniendo en cuenta que el marido
no es la primera aportación económica al núcleo familiar, pueda darse de
alta en el régimen especial de la Seguridad Social. Tenemos que tener en
cuenta de todas maneras que hoy está formada una mesa de negociación con
las partes implicadas (empresarios, sindicatos y Gobierno) para llegar a
unos acuerdos que permitan esta reforma del régimen especial agrario.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió apoyará
esta enmienda del Grupo Mixto.




El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, por el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor VAQUERO DEL POZO: Intervengo brevísimamente para manifestar
nuestro apoyo a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego,
Grupo Mixto, y para hacerlo sin perjuicio de que efectivamente estemos a
la espera de esa non grata todavía transaccional, que supongo que también
podrá ser apoyada. Por tanto, anticipo que en cualquier caso tendrá la
predisposición a ser aceptada por mi grupo.

En cualquier caso debo señalar que este grupo que aspira a legislar
entiende que es importante que se dé esta proposición no de ley, incluso
antes de que los agentes sociales y económicos puedan llegar a un acuerdo
sobre las propuestas que nos hagan relativas a la reforma de los
regímenes especiales, en concreto del régimen especial agrario, porque
entiendo que el hecho de que nosotros vayamos atajando situaciones como
éstas, de clara discriminación en este caso de un colectivo tan
especialmente proclive a ser utilizado demagógicamente como es el de la
mujer, es motivo de doble satisfacción, por un lado, la satisfacción de
que se resuelve un problema y, por otro, de que se resuelve por esta
Cámara.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Queremos felicitar, en primer lugar, la
iniciativa legislativa que ha sido presentada a través del Bloque
Nacionalista Galego, inscrito en el Grupo Mixto, en concreto porque en su
exposición de motivos evidencia una flagrante discriminación que están
sufriendo las mujeres campesinas al ver denegada su afiliación al REA
cuando sus cónyuges se encuentran dados de alta en otros regímenes de la
Seguridad Social, considerando que la labor agraria no constituye su
medio fundamental de vida. (Rumores.) ¿No se me escucha?



El señor PRESIDENTE: Unicamente se trata de enfocar el micrófono lo más
cerca posible.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: A este respecto, queremos señalar que el
INSS cumple con la legalidad vigente y que tiene un sometimiento pleno a
la ley y al derecho. Por otra parte, de la Tesorería General de la
Seguridad Social depende el censo agrario, censo en el cual deben
hallarse inscritos tanto los trabajadores por cuenta ajena como los
autónomos que realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas,
forestales o pecuarias. La inscripción en el censo agrario es el
equivalente a los actos de inscripción, altas y bajas, en la Seguridad
Social. El REA es un régimen deficitario, y, para financiar, según el
decreto 2123 de 1991, establece los siguientes recursos: aportaciones del
régimen general, aportaciones directas del Estado, tasas sobre productos
importados y cuotas obreras y patronales. Esta financiación se ha
subordinado a los objetivos de la política económica para no incidir
excesivamente en los precios agrarios por sus repercusiones sobre la
inflación.

Siendo el REA un sistema deficitario, la legislación que regula dicho
régimen establece una serie de cautelas bajo la configuración jurídica de
presunciones iuris tantum, las cuales hay que romper para poder acceder a
sus prestaciones. El REA se regula básicamente por el decreto 2123 de la
Ley de Seguridad Social Agraria, y también por el decreto 3722. Según lo
dispuesto en la normativa de referencia, y con el fin de delimitar el
problema del cual trae causa la iniciativa que hoy debatimos, debemos
partir de los siguientes aspectos legales.

El artículo 2.º, párrafo 1.º, de la Ley de Seguridad Social Agraria y de
su reglamento, establece: y por lo que se refiere a su campo de
aplicación, todos los trabajadores españoles, cualquiera que sea su sexo
y estado civil, que de modo habitual y como modo fundamental de vida
realizan labores agrarias, quedarán incluidos en el REA. Los dos
conceptos fundamentales son, pues, la habitualidad en la actividad que
constituye el medio fundamental de vida; es decir, que el trabajador o
trabajadora dedique su actividad predominante a tales labores y que de
ellas obtenga los principales ingresos para atender a sus necesidades,
aunque con carácter ocasional realice otros trabajos no específicamente
agrícolas. De ahí la compatibilidad de la inscripción de estos
trabajadores en el REA con otros regímenes de la Seguridad Social.

El artículo 2.2 del reglamento, y por lo que se refiere a la delimitación
de lo que se considera habitualidad y medio fundamental de vida, dispone:
Por lo que a los trabajadores



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por cuenta propia se refiere, se presumirá, salvo prueba en contrario,
que dichos ingresos no constituyen su principal medio de vida cuando el
trabajador, su cónyuge o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad-afinidad que con él convivan, sean titulares de un negocio
mercantil o industrial.

El artículo 6 del reglamento dispone, a su vez, que estarán igualmente
incluidos en el REA como trabajadores por cuenta propia, siempre que
reúnan las condiciones generales del artículo 2, el cónyuge y los
parientes por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado, inclusive
el titular de la explotación agraria que tenga la condición de trabajador
por cuenta propia y en quienes concurran las condiciones primera y
tercera, 18 años, y que realicen la actividad agraria en forma personal y
directa y las que a continuación se establece. 1.ª Que, con el
rendimiento que se derive de su actividad en la explotación familiar
agraria, contribuyan de forma adecuada a constituir el medio fundamental
de vida de la familia campesina de la que forman parte. 2.ª Que convivan
con el cabeza de familia campesina titular de la explotación y dependan
económicamente de él.

En base a estos referentes, señorías, podemos sentar las siguientes
premisas. Primero. Con independencia del sexo o del estado civil,
cualquier trabajador español que realice labores agrarias puede quedar
incluido dentro del campo de aplicación del REA, siempre y cuando la
labor agraria la realice de modo habitual y como medio fundamental de
vida. Segundo. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los ingresos
que de dicha actividad obtengan no constituyen su principal medio de vida
cuando el trabajador, su cónyuge o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad-afinidad que con él convivan sean titulares de un negocio
mercantil o industrial. Y, tercero, para que el cónyuge o sus parientes
con consanguinidad-afinidad hasta el segundo grado inclusive puedan
incluirse en el REA, se necesita demostrar que con sus rentas contribuyen
adecuadamente al sostenimiento del medio fundamental de la vida
campesina, debiendo depender a su vez económicamente del cabeza de
familia.

Por tanto, el INSS y la Tesorería General respetan la legislación, y por
ello creemos que la propuesta del respeto tendría que ser mejorada o
complementada con alguna enmienda in voce que pueda presentar el propio
proponente de la iniciativa legislativa.

Hemos de reconocer, sin embargo, que la legislación de 1971 es obsoleta y
está superada por el reciente acuerdo, firmado el 9 de octubre, entre los
agentes sociales de racionalización y consolidación del sistema de la
Seguridad Social, en la cual se diferencian claramente los sistemas de
financiación, que las pensiones no contributivas pasan a depender de los
Presupuestos Generales del Estado y el resto de los sistemas a través de
las cotizaciones.

También hemos de referirnos, cómo no, al último acuerdo sobre la reforma
del mercado laboral, en el que se amplía la cobertura de la Seguridad
Social a los trabajadores a tiempo parcial, quedando incluidos en el
sistema hasta los que se efectúan con menos de 12 horas a la semana o
menos de 48 horas al mes.

Esta proposición no de ley va en la línea de reconocer a las mujeres su
derecho a afiliarse sin depender de las rentas del cabeza de familia, que
creemos que es un derecho justo y objetivo, y a que se compute su trabajo
habitual, aunque no sea su medio fundamental, como los ingresos
económicos de la unidad de convivencia.

En esta línea también, señorías, va la proposición no de ley que se
debatirá en esta Comisión, presentada por mi grupo, para que se ponga en
valor el trabajo doméstico y se ejecute la medición cuantitativa y la
valoración del trabajo no remunerado en nuestro país, es decir, que
pongamos en valor la aportación que las mujeres hacen a la economía de
nuestro país.

En referencia a las iniciativas legislativas en relación al Régimen
Especial Agrario habidas en nuestra actividad parlamentaria, he de
reconocer que ha habido dos iniciativas, una propuesta por el CDS en el
año 1991 y otra por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
1992.

Siguiendo con la línea del comienzo, quiero agradecer al Bloque
Nacionalista Galego su inquietud por el tema y aprovechar para felicitar
al Parlamento gallego por la unanimidad que tuvieron en la votación, con
65 votos a favor y ninguna abstención, sobre esta propuesta que hoy eleva
a la Cámara el Bloque Nacionalista Galego.

El tema involucra directamente a cerca de 10.000 explotaciones agrarias,
cuyos ingresos son menores de medio millón de pesetas y de los que
mayoritariamente son mujeres quienes las detentan; por tanto, creemos que
se está dando una situación de discriminación hacia la mujer y el Grupo
Socialista va a apoyar la enmienda transaccional que presente el Bloque
Nacionalista Galego y tomaremos buena nota para seguir esta propuesta y
realizar todas las acciones legislativas necesarias para superar la
actual situación, ya que la no admisión en el REA supone, no sólo una
discriminación con respecto al resto de los regímenes de la Seguridad
Social, sino que rompe el régimen de aseguramiento de los trabajadores y
trabajadoras determinado por su actividad y no por su dependencia de
otras persona.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señora Montseny, tiene la
palabra.




La señora MONTSENY MASIP: Mi grupo va a apoyar también la enmienda
transaccional in voce que, según hemos tenido noticia, parece ser que va
a presentar el grupo proponente de esta proposición no de ley. De todas
formas me gustaría, señor Presidente, hacer algunas matizaciones.

Entendemos que el debate que estamos tratando aquí no es una cuestión que
pueda referirse a las mujeres rurales, creemos que es una interpretación
objetiva de la ley, por cuanto si el que tuviera una explotación
mercantil fuera una mujer, y fuera el cónyuge el que tuviera que estar en
el medio rural, la interpretación del INSS en cuanto a conceder o no el
alta en el sistema de la Seguridad Social sería la misma.

Parece ser que las sentencias jurisprudenciales que han analizado este
tema lo que hacen es invocar y decir que no



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se ha dado un solo supuesto, cosa rara, porque en este momento de todos
es conocido que se están dando de alta grandes iniciativas empresariales
que son promocionadas por la mujer.

Creemos que las cuestiones referidas a la mujer en general, y en este
caso al ámbito de las mujeres rurales, hay que establecerlo dentro del
III Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, que el Gobierno ha
defendido tanto en sus compromisos parlamentarios como en sus actuaciones
de Gobierno, y podíamos decir que ésos deben referirse a formación,
capacitación técnica, profesionalización, etcétera.

Tengo que decir también que el Gobierno, a una pregunta similar formulada
por la Diputada Almeida, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, contestó el 22 de abril de este año que estas cuestiones sobre
la inclusión o no en el sistema de la Seguridad Social, en el concepto
legal de labores agrarias y su encuadramiento en el régimen
correspondiente, sobre todo en el Régimen Especial Agrario, han de ser
objeto de debate, para lo cual se han creado ya sendos grupos de trabajo,
según los acuerdos firmados con representantes del colectivo de
empresarios agrícolas y de la Unión General de Trabajadores y de
Comisiones Obreras, para estudiar y ver la reforma del Régimen Especial
Agrario tal y como se contempla en general en algunas de las
recomendaciones del ya muy citado en esta Comisión Pacto de Toledo. Por
tanto, entendemos que quizá debería ser matizado el decir que el INSS, y
se ha dicho y estoy de acuerdo en estos planteamientos, puede llevar a
cabo interpretaciones discriminatorias, cuando entendemos que ése no es
exactamente el caso, como criterio general, y que todo lo que sea el
cumplimiento de la legalidad, que a nuestro entender tanto el INSS como
la Tesorería General de la Seguridad Social cumple estrictamente, puede
llevar a que nos planteemos que si ha habido un solo caso de
discriminación o de injusticia, pueda ser tenido en cuenta por esta
Comisión. Por esta razón, vamos a apoyar esa enmienda transaccional entre
todos los grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, a ver si nos informa de esa enmienda
que circula por todos los grupos y que no conoce la Mesa.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Dice lo siguiente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a dirigirse al Instituto Nacional de
la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social
reclamando que estos organismos dejen de mantener actitudes
discriminatorias respecto al derecho de las mujeres campesinas a
afiliarse al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, promoviendo
además las necesarias reformas legislativas en el marco del actual
estudio que, por parte de los agentes sociales, se está produciendo para
la reforma del Régimen Especial Agrario.




El señor PRESIDENTE: Admitida a trámite la transaccional in voce mixta, o
como queramos calificar reglamentariamente a esta enmienda.

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE APLIQUE LA LEY 37/1984, DE 22 DE
OCTUBRE, A LAS ENFERMERAS REPUBLICANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000491.)



El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del punto 4, entramos en el
punto 5 del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a que aplique la Ley 37/1984, de 22 de octubre, a las enfermeras
republicanas, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra, para
su defensa, la señora Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Mi grupo considera que hubiera sido mejor no
haber tenido que presentar una proposición no de ley de esta naturaleza
pero parece necesario hacerlo.

Quisiéramos referirnos a las razones jurídicas que tomamos como
fundamento para esta proposición: es la Ley 37/1984, de reconocimiento de
los servicios prestados a aquellos que formaron parte de las fuerzas de
orden público, fuerzas de seguridad y, en general, quienes prestaron
servicios durante la guerra civil. Esa es una ley mal llamada de
amnistía, porque es una ley para devolver la dignidad a todos aquellos
que lucharon por un gobierno legítimo.

En el preámbulo de esta ley se dice que se han superado las motivaciones
emocionales, tras la aprobación de la Constitución, que impidieron en
octubre de 1977 la plena solución del problema, porque, como saben SS.

SS., en 1977 se llegó al reconocimiento de los servicios prestados a los
funcionarios en aquella etapa, y esta ley de 1984 lo que hace es extender
esa consideración a los militares de la República. La base es,
lógicamente, ajustar las leyes a los preceptos de nuestra norma
fundamental, es decir, la Constitución. El objetivo, por tanto, de esta
ley es otorgar reconocimiento jurídico a los que durante la guerra civil
ingresaron en los ejércitos y obtuvieron un nombramiento por parte de las
autoridades de la República.

El artículo 7 de esta ley establece unos requisitos para obtener
beneficios, son documentos acreditativos del nombramiento para el empleo
o grado obtenido según resultase de las publicaciones en los periódicos,
en los diarios, de los boletines oficiales a la sazón existentes, o de
los testimonios de las sentencias pronunciadas. Estos son los requisitos
que esta ley establece para acceder a este reconocimiento jurídico. El
problema surge porque este personal civil no aparece asimilado en primera
instancia en la orden circular del Ministerio de la Guerra de 29 de marzo
de 1937, y por tanto quedan excluidas las enfermeras, a pesar de que son
un cuerpo auxiliar subalterno del Ejército. Conforme a esta orden
circular, se dicta la instrucción de 14 de diciembre de 1993 y quedan por
tanto excluidas las enfermeras.

Este criterio es revisado posteriormente al conocerse el decreto número
149, de 9 de diciembre de 1938, por el que se crea la Dirección General
de Sanidad de Guerra y que asimila a las enfermeras a sus grados
correspondientes, según



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su especialización. Esta asimilación es confirmada por el Ministerio de
Defensa en un informe del 12 de septiembre de 1994. Se dicta, por tanto,
para corregir esta situación, una resolución, por parte de la Dirección
General de Costes de Personal el 11 de mayo de 1995, pero esta resolución
establece una serie de requisitos, entre los cuales se cuentan la
titulación, la certificación o algún otro documento oficial por el que
quede suficientemente acreditada para esta Dirección General esa
titulación exigida.

A partir de entonces, se produce la denegación de algunos expedientes,
invalidándose la documentación presentada, que es semejante a la que
presentaron asimilados beneficiarios de la ley 37/1984, con el
consiguiente perjuicio moral y económico. Estos hechos pueden deberse, y
no lo dudamos, al celo de esta Dirección General en una aplicación
estricta, restrictiva, de esta resolución, pero, desde nuestro punto de
vista, constituyen una grave vulneración del principio de no
discriminación por razón de sexo con respecto a sus compañeros
sanitarios. Se produce con esto una situación de clara idenfensión cuando
son sucesivamente denegadas sus peticiones de reconocimiento jurídico.

Estamos, señorías, ante un número reducido de casos, puesto que la
mayoría de estas enfermeras que conservaron sus titulaciones, o sus
documentos acreditativos, o sus certificaciones, han accedido a este
reconocimiento jurídico. Nos encontramos ante el caso de algunos
expedientes que han sido denegados, bien por no tener la titulación, o
porque, a juicio de esa Dirección General, los documentos presentados no
son acreditativos.

Desde nuestro punto de vista, los casos presentados merecerían ser
revisados. Yo quisiera citar algunos de ellos que me parecen bastante
ilustrativos. Por ejemplo, el caso de Aurora Solís Hernández, que
presentó una solicitud de reconocimiento jurídico que fue denegada, pero
aportó como documentación para que pudiera ser aceptada la petición un
registro en el que aparece su nombre dentro de las enfermeras militares
provisionales de aquella época. Hay otro expediente, también denegado, de
Amparo González Pastor, que ha presentado también su expediente y que
aparece denegado, a pesar de que aporta una documentación que justifica
que estuvo encargada de las funciones de enfermera en la III Agrupación
de Hospitales Militares en el Hospital Militar de Alicante. Hay otro
tercer expediente denegado, de Ana María Gasco Martín, que aporta como
documentación una ficha procedente del Archivo Histórico de Salamanca,
donde se justifica que era de profesión enfermera titulada y que
pertenecía a la jefatura de Sanidad. El último expediente que aporto hoy,
aunque hay muchos más, es el de Josefina Fernández, que pertenecía al
cuerpo de carabineros y que aporta pruebas testificales de quienes
también fueron funcionarios del cuerpo de carabineros y que hacen una
declaración ante notario expresando que Josefina Fernández perteneció al
cuerpo de carabineros, incluso especificando su categoría.

Estos casos nos hacen pensar que se puede estar haciendo una
interpretación restrictiva de esta resolución y creemos que deberíamos
adoptar algunas medidas para que esta situación no se produjese. Estamos
ante unos casos que, desde nuestro punto de vista, son sangrantes, porque
son casos más de desagravio moral que de desagravio económico. La mayoría
de estas personas a las que nos estamos refiriendo rondan ya los 80 años
y no requieren tanto una pensión económica, que en muchos casos la han
obtenido por otros servicios prestados, sino sobre todo de reconocimiento
jurídico, incluso de reconocimiento moral. Hay que tener en cuenta que
fueron los funcionarios en el año 1977 quienes se acogieron a este
reconocimiento; en el año 1984 fueron los militares, en el año 1995
fueron el colectivo de enfermeras, después de que se aportó la
documentación en la que se asimilaba a estas enfermeras al cuerpo
auxiliar de la República, y estamos todavía ante el caso de un colectivo
relativamente reducido de enfermeras que no han podido aportar esa
documentación, por muchas razones, señorías, que no vamos a relatar
ahora; en la mayoría de los casos han quemado o han perdido sus títulos
por el terror de una historia reciente en la que en muchas ocasiones
parte de los miembros de la familia desaparecieron en la guerra, y, en
estos casos concretos, quieren morir con el orgullo de ver reconocida su
decisiva contribución a la defensa de un gobierno legítimo; quieren el
reconocimiento de que su misión fue de tanta importancia como la de sus
compañeros varones, importancia que además acreditan en la documentación;
muchas de ellas fueron jefas de quirófano, estuvieron en misiones
sustanciales, y quieren tener el derecho a la dignidad de su propio
pasado y de su propia historia. Es, por tanto, un reconocimiento y un
desagravio moral lo que piden y lo que mi grupo cree que es de justicia
concederles con esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Hay presentada una enmienda por el Grupo Popular. Va
a defenderla don Damián Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Sí, señor Presidente, la enmienda este grupo la
retira por haber llegado a un acuerdo en la redacción del texto con el
grupo presentante.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición? Por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió, la señora Riera tiene la palabra.




La señora RIERA I BEN: Quiero anunciar el voto favorable de nuestro grupo
a esta proposición que presenta el Grupo Socialista, en voz de su
Diputada Romero.

La Diputada Romero ha iniciado su intervención diciendo que lamenta que a
estas alturas aún estemos discutiendo un tipo de proposición como ésta.

Nuestro grupo quiere sumarse a esta manifestación, no vamos a entrar en
unos detalles, que pienso que ella ha expuesto correctamente y
ampliamente, de determinadas circunstancias que han hecho que aún estemos
planteándonos esta situación, simplemente hay que pensar que hoy en esta
Cámara vamos a tener la oportunidad, además, pienso yo, con los votos de
todos los partidos políticos, de hacer justicia y de reconocer a estas
mujeres trabajadoras profesionales de la sanidad y los servicios que
prestaron como profesionales y defendiendo además legítimamente los
derechos de un gobierno



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constituido. Este acto de hoy tiene que tener además un valor simbólico.

Yo discrepo solamente en una de las cosas que ha dicho doña Carmen
Romero. Ella ha dicho que estas mujeres reivindican el derecho a morir
con dignidad reconociéndoles estos servicios. Yo quiero añadir que espero
que gocen de larga vida y que tengan muchos años, no para morir con esta
dignidad, sino para disfrutarla en vida con el reconocimiento de todos
los grupos que afortunadamente hoy formamos parte de una democracia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor Vaquero tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: En nombre de mi grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, me sumo a los grupos que, sin duda
alguna, vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque entendemos que
es de justicia. Los motivos que ya se han explicado por parte de la
proponente ciertamente avalan, bajo nuestro punto de vista, el que
nosotros apoyemos, sin ningún tipo de reticencia ni de restricción
mental, con un apoyo absoluto y total, esta proposición no de ley y lo
que ello significa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Caneda tiene la
palabra.




El señor CANEDA MORALES: Como no podía ser de otra manera, mi grupo está
a favor de que se apliquen estos beneficios a estas enfermeras, y, como
todos los grupos, estamos de acuerdo en que hay que dar un carpetazo y
que lo único a lamentar es que todavía estemos hablando, después de tanto
tiempo, de este reconocimiento de derechos.

Habíamos presentado esta enmienda que, como he dicho antes, hemos
retirado, añadiendo al texto que presenta el Grupo Socialista, después de
«que se adopten las medidas necesarias», «para favorecer», porque
entendemos que efectivamente, como muy bien ha dicho la portavoz del
Grupo Socialista, se han ido tomando una serie de medidas, pero no por
aplicación del Gobierno, evidentemente, sino quizá por exceso de celo,
que pueden provocar que se esté dando la denegación a algunas personas
que tienen este derecho. Estamos de acuerdo en que se inste a que esto se
haga de una forma más favorecedora para las personas que crean que tienen
y pueden acreditar estos derechos.




El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, incorporado el término
propuesto, «favorecer».




La señora ROMERO LOPEZ: Me había parecido entender que lo retiraba, pero
no nos importa que quede incluido; o sea, que nosotros aceptaríamos la
enmienda si quiere incluir la palabra «favorecer», porque todavía
redundaría en una mejor voluntad por parte de todos los grupos. Es decir,
que no estamos en contra de la enmienda que propone el Grupo Popular de
incluir la palabra «favorecer», «para favorecer que...». Lo siento, señor
Presidente, pero no sé si está presentada a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Sí, había una enmienda que luego ha retirado.




El señor CANEDA MORALES: Señor Presidente, he retirado la enmienda de
modificación presentada, y luego lo que se ha presentado ha sido una
transaccional que hemos consensuado, incorporando esa palabra al texto.




El señor PRESIDENTE: Aclarado entonces.




La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, «para favorecer que se
apliquen», me parece que es el texto de la enmienda transaccional.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la aclaración, señora Romero y
señor Caneda.




--SOBRE PLAN NACIONAL GITANO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000503.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día,
proposición no de ley sobre Plan Nacional Gitano, presentado por el Grupo
Socialista del Congreso. Tiene la palabra, para su defensa, doña Cristina
Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Como es sabido, el compromiso de los Gobiernos
socialistas desde 1989 hace que tengamos un Plan Nacional Gitano para
mejorar las condiciones de vida de los gitanos y gitanas españoles hasta
situarlos en niveles de igualdad con el resto de la ciudadanía,
facilitando su inserción social a través de las redes de protección
social y de la integración a través del empleo, la escolarización y todos
los elementos fundamentales de esas líneas de actuación del Plan Nacional
Gitano.

Pero la razón de ser de esta proposición no de ley del Grupo Socialista
tiene que ver con la colaboración con las comunidades autónomas que se
realiza para la distribución cofinanciada de los proyectos de
intervención social de carácter integral para la prevención e inserción
del pueblo gitano. Son proyectos de carácter integral, que llevan
acciones educativas, de salud, de alojamiento, de formación, de fomento
de empleo y de acción social, como es sabido, y estos proyectos se
seleccionan por las comunidades autónomas correspondientes y son
aprobados conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Sociales y las
comunidades autónomas, determinándose en qué medida se distribuye el
crédito, según las comunidades autónomas y según los proyectos.

Ocurre en estos programas para la atención del pueblo gitano al contrario
que en otros programas, como el programa del plan concertado, que
considera como un criterio determinante la población hasta en un 90 por
ciento, que se considera el elemento de población, pero no con tanta
importancia como en otros proyectos, y ésa es la razón de ser de esta
propuesta, porque existe hoy una población gitana aproximada en toda
España de 600.000 personas. Para conocimiento



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de SS. SS., les cito el texto que ha realizado la Junta de Andalucía, en
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, «La población gitana en
Andalucía», realizado por el profesor Gamella, donde se alude a que
existen 300.000 gitanos andaluces, y da los datos aproximados que avalan
esta tesis, porque hay que reconocer que la estructura de la población
gitana, tanto andaluza como de toda España, no es posible darla con una
cifra definitiva, resultado de un censo sistemático, sino por una
estimación de conjunto, puesto que no es una población que se pueda
evaluar realizando un censo, porque esto no es correcto ni sería aceptado
por la propia población gitana. Pero sí tenemos esos datos estimativos
que nos hablan, con muchos visos de realidad, de esos 600.000, y de esa
población de 600.000, 300.000 están en Andalucía.

Quiere ellos decir que del total de la población española gitana un 50
por ciento es de Andalucía. Tanto es así, que el Gobierno andaluz por
primera vez ha presentado en diciembre de 1996 un acuerdo de la Junta
para aprobar un plan integral para la comunidad gitana de Andalucía, con
virtualidad desde 1997 hasta el 2000, similar en sus objetivos al plan
nacional desarrollado por los sucesivos gobiernos socialistas, y que
fundamentalmente quiere desarrollar estrategias para la formación
integral de la comunidad gitana, para rentabilizar y coordinar los
recursos existentes, para fomentar la participación de la comunidad
gitana en todo lo que afecte a su desarrollo integral, sensibilizar a la
opinión pública también en toda esta materia y estimular y facilitar el
conocimiento y uso normalizado de los distintos sistemas públicos de
protección social. Abarca todas las áreas relativas a los elementos de
intervención (vivienda, educación, formación y empleo, salud, cultura,
acción social, mujer), y la existencia de este plan integral tiene que
ver con ese compromiso que tiene la Junta de Andalucía con una población
extraordinariamente numerosa. Pero tenemos que en la última conferencia
sectorial, siguiendo criterios anteriores (no ha habido aquí una ruptura
con los criterios anteriores), se han aprobado los créditos para la
población gitana por importe de 500 millones de pesetas, de los que
corresponden a Andalucía el 25,7. Y esto es lógico porque, al aprobar los
criterios que han de regir para distribuir ese crédito, ocurre que hay
seis criterios, uno de ellos es el índice estimado de población gitana
residente, pero hay cinco con un enorme peso, como son el carácter
integral de los proyectos y cómo se contemplan el apoyo y el seguimiento
escolar, todo lo que es el área de educación, la formación profesional,
salud y acción social, la coordinación entre las distintas instituciones,
la participación efectiva de los gitanos y gitanas, y luego el poder
estar insertos en otro programa de ámbito territorial más amplio o
europeo, y no se le da a la población la importancia que se le da en
otros programas, como he citado antes, del plan concertado, donde se le
da un 90 por ciento, y por ello ocurre que el resultado es únicamente de
un 25,7 para Andalucía.

Lo que queremos con esta proposición no de ley es instar al Gobierno a
que modifique estos criterios de distribución y, sin perder de vista,
naturalmente, los proyectos, la integralidad de los proyectos, la
cofinanciación y la organización para una mayor efectividad con otros
proyectos en marcha de áreas más amplias, que le dé en el futuro una
mayor importancia al elemento de población y que corresponda a la zona
andaluza, y por tanto a la población gitana andaluza, un porcentaje más
cercano a la realidad de su población, que es del 50 por ciento. Por
tanto, estaría en la línea de acercarlo a ese 50 por ciento y que se
tuviera en cuenta a la hora de la distribución de fondos.




El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular que
va a defender la señora Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Ya en el programa electoral del Partido
Popular se contemplaba la integración y promoción social de las personas
que pertenecen a la minoría étnica gitana, mediante la actualización del
censo de población gitana, la escolarización, cursos de formación,
escuelas talleres, alfabetización, etcétera, con el fin de promover su
integración social.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en su comparecencia del día 19
de junio de 1996 para explicar las líneas generales de su departamento,
dijo textualmente: «Tengo el firme propósito, en el marco de mis
competencias, de considerar especialmente la integración social y la
promoción del pueblo gitano.»
Para apoyar estas manifestaciones, la Ley de Presupuestos Generales para
1997, aprobada por la mayoría de esta Cámara, reúne las siguientes
características que conviene recordar. En primer lugar, fortalecen e
incrementan cuantitativamente los niveles de protección y bienestar de
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; en concreto el programa
313L, «Otros servicios sociales del Estado», tiene un incremento del 10
por ciento, y las transferencias a las comunidades autonómicas suben un
17,1 por ciento. En segundo lugar, la Ley de Presupuestos para 1997 se
cumplirá a rajatabla, obligados además como estamos por la Ley de Medidas
de Disciplina Presupuestaria, también aprobada por la mayoría de esta
Cámara.

Como SS. SS. conocen, el artículo 153 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, durante el mandato socialista, establece, en primer
lugar, que la conferencia sectorial correspondiente acordará los
criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante.

En segundo lugar, los compromisos financieros para la Administración
General del Estado indicados en la regla anterior, serán formalizados
mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Cumpliendo este mandato
contenido en el artículo 153 antes citado, la Conferencia sectorial de
Asuntos Sociales, celebrada el 11 de febrero de 1997, en Sevilla
concretamente, aprobó por unanimidad dichos criterios, tanto en los
supuestos de reparto territorial como de selección de proyectos,
asumiéndose voluntariamente por todas las comunidades autónomas la
cofinanciación de las actuaciones objeto de los créditos estatales.

Esta proposición no de ley sobre el Plan nacional gitano que hoy
tratamos, está registrada con fecha 18 de abril de 1997, después de
celebrada la Conferencia sectorial de



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Asuntos Sociales, 11 de febrero de 1997, después del Consejo de Ministros
que aprobó los acuerdos de dicha conferencia sectorial, 21 de marzo de
1997, y al día siguiente de la publicación en el Boletín número 92, de 17
de abril de 1997, de la resolución correspondiente.

No podemos negar, como decía la señora Alberdi, que el crédito para el
Plan de desarrollo gitano apareció por primera vez en los Presupuestos
Generales del Estado en el año 1989. En la distribución del crédito en
1989, 1990 y 1991, sólo se tuvo en cuenta como una variable más, no
determinante, la población estimada residente en las distintas
comunidades autónomas, según los datos que arrojaban los estudios
disponibles a nivel estatal. En los años 1992, 1993 y 1994, los criterios
del acuerdo del Consejo de Ministros siguen siendo en términos generales
los mismos. En 1995, y como novedad a resaltar, se redujo el presupuesto
que afectó al plan que hoy nos ocupa, y en el presente año 1997 ha
aparecido por primera vez publicada en el Boletín Oficial la distribución
del crédito para el Plan de desarrollo gitano por comunidades autónomas,
según lo establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.

Actualmente se dispone de datos más recientes de población gitana a nivel
estatal y de algunas comunidades autónomas que han realizado diversos
estudios sobre datos sociodemográficos de las comunidades gitanas
residentes en las mismas. Dichos estudios no son homologables y no se han
realizado en todas las comunidades autónomas, pero han facilitado algunos
datos de población y de la situación social en que se encuentran las
mencionadas comunidades gitanas.

La distribución del crédito por comunidades autónomas se ha venido
acordando, como S. S. conoce, en la Comisión de seguimiento y en la
Ponencia de bienestar social y prestaciones básicas de servicios sociales
y en la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales, planteándose en varias
ocasiones la dificultad de establecer unos criterios objetivos de
distribución, ya que el de la población gitana residente no puede
considerarse variable determinante al tratarse de un crédito destinado a
grupos desfavorecidos del pueblo gitano, por lo que habrían que
utilizarse otras variables tan significativas como el chabolismo en
grandes urbes, índice de pobreza, etcétera.

Me consta que desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha
requerido reiteradamente a las comunidades autónomas información sobre la
población gitana y su situación social, a fin de llegar a un acuerdo
sobre criterios lo más objetivos posible para la distribución de este
crédito, estando pendiente en la próxima reunión de la Comisión de
seguimiento el debate de ese asunto, y es allí, señora Alberdi, donde se
debe plantear.

Por todo ello, presentamos la siguiente enmienda de modificación: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los sucesivos
ejercicios siga estableciendo criterios equitativos en relación con la
distribución de los créditos para el Plan nacional gitano, teniendo en
cuenta las necesidades de la población y los programas de las distintas
comunidades autónomas que en materia de protección social de este
colectivo se viene aplicando.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.




La señora AGUIRRE URIBE: Cedo el turno al representante del Grupo
Catalán.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.




El señor CAMPUZANO I CANADES: El Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió entiende que la enmienda que propone el Grupo Popular es oportuna,
los créditos que componen el Plan nacional gitano responden básicamente a
objetivos de necesidad de un determinado colectivo que vive en
situaciones de marginalidad en ciertas ciudades del Estado español, y es
evidente que un factor primordial en el momento de decidir cómo se
destinan los recursos es en función de la existencia de barraquismo,
situaciones de falta de ocupación, problemas de formación, absentismo
escolar, etcétera, y por tanto, si el criterio de la población fuese
determinante, a nuestro entender, implicaría una discriminación
importante de aquellos ciudadanos gitanos que realmente están necesitados
de estos fondos. En todo caso todos coincidimos en que 500 millones son
escasos en función de las necesidades que existen y, por tanto, a la hora
de marcar prioridades, entendemos que el criterio de la población gitana
residente no ha de ser primordial. En todo caso, nos parece que el
acuerdo refrendado por la Conferencia sectorial de consejeros de Asuntos
Sociales marca perfectamente una política a seguir, por otra parte
coherente con la que los anteriores gobiernos habían desarrollado. Por
tanto, esperemos que la señora Alberdi acepte la enmienda del Grupo
Popular.




El señor PRESIDENTE: La señora Urán González, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.




La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, sólo he cedido el turno, no la
palabra.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Aguirre, la había entendido mal.

Tiene S. S. el uso del palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).




La señora AGUIRRE URIBE: Solamente cedía al compañero de Convergència i
Unió el turno, no la palabra, de momento, no, señor Presidente. (Risas.)
Quiero anunciar el voto favorable del Grupo Vasco a la enmienda
transaccional que plantea el Grupo Parlamentario Popular, y ya se ha
dicho por el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, que
en la XV Conferencia sectorial de Asuntos Sociales se habían establecido
los criterios del reparto de los créditos del Plan nacional gitano, y que
además se habían establecido en función de necesidades de esta población,
de los 600.000



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gitanos que en este momento están censados en el Estado español, y
también de los programas de las comunidades autónomas.

Yo creo que un reparto y unos criterios que se aprobaron por unanimidad
de las 17 comunidades autónomas merecen también el respeto de esta
Cámara, y por eso precisamente el Grupo Vasco va a apoyar la enmienda
transaccional que plantea el Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Señora Urán, tiene la palabra en representación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora URAN GONZALEZ: Para fijar la posición del Grupo Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que va a ser favorable si
también es aceptada la enmienda planteada por el Grupo Popular, porque
consideramos que es importante que la distribución de los recursos de la
Dirección General de Asuntos Sociales se haga con los criterios más
estrictos de equidad. Al mismo tiempo quiero decir que estamos hablando
en el Plan de integración del pueblo gitano de una cantidad que puede ser
considerada como irrisoria para cubrir las necesidades que tiene de
integración el pueblo gitano en comparación con los recursos que se
tendrían que estar destinando. Estamos hablando de 500 millones de
pesetas, o un poquito más, en este presupuesto, y llevamos con esa cifra
desde que se instauró el Plan, hará aproximadamente la friolera de, a lo
mejor, 10 años. Esta Diputada todavía no era ni Diputada en el Congreso
cuando el Plan de integración del pueblo gitano ya tenía 500 millones de
pesetas. Por lo tanto, señorías, no solamente hay que tener en cuenta los
criterios de equidad a la hora de repartir los fondos, sino también la
necesidad de que esos fondos se vayan siendo aumentados en cada
presupuesto de una manera real y palpable, para que se puedan llevar a
cabo los planes.




El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Socialista.




La señora ALBERDI ALONSO: Para, en nombre de mi grupo, aceptar la
enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Popular, por entender
que todos tenemos esa misma preocupación de que haya una distribución
equitativa y que el criterio de población se conjugue con los de
proyectos, y sobre todo para que en el futuro se pueda adecuar más a las
necesidades de cada zona, y concretamente de Andalucía.




El señor PRESIDENTE: Entramos en las votaciones, que anunciamos que
tendrían lugar después de las trece cuarenta y cinco horas. Con una
pequeña desviación vamos a cumplir con la previsión.

En primer lugar, vamos a votar los votos particulares, puesto que todos
ellos han sido o bien aceptados o bien pactados, y en segundo lugar,
votaremos el informe de la Subcomisión para analizar la situación actual
de la familia en España y proponer las reformas y medidas que se
consideren necesarias.

Sometidos a votación todos los votos particulares en conjunto, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad todos los votos
particulares aceptados y transados.

A continuación se somete a votación el informe aprobado por la
Subcomisión.




Sometido a votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

A continuación sometemos a votación la proposición no de ley sobre
medidas para evitar que los contratos de puesta a disposición celebrados
entre las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias para la
cesión de trabajadores y trabajadoras se produzcan en situación de
desigualdad salarial, laboral y social respecto de los de la empresa
contratadora, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




Sometida a votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación se somete a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto sobre medidas para que el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social respeten
el derecho de las mujeres campesinas a darse de alta en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social, con la enmienda transaccional
aceptada por el grupo proponente.




Sometida a votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votación de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
que aplique la Ley 37/1984, de 22 de octubre, a las enfermeras
republicanas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




Sometida a votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Por último votamos la proposición no de ley, con enmienda incorporada,
sobre el Plan nacional gitano, presentada por el Grupo Socialista.




Sometida a votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada igualmente por unanimidad.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.