CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 236



DE MEDIO AMBIENTE



PRESIDENTE: DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES



Sesión núm. 10



celebrada el miércoles, 21 de mayo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Sobre medidas para salvaguardar la zona húmeda de la marjal de Rafalell
y Vistabella, en el término de Massamagrell (Valencia), y preservar la
seguridad de la zona en el caso de grandes avenidas de agua. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000303) (Página 6782)



--Relativa a medidas a adoptar en los embalses de los pantanos existentes
en la comarca del Bajo Cinca. Presentada por el Grupo anterior. (Número
de expediente 161/000324) (Página 6785)



--Sobre declaración de interés general la construcción de la presa de
Posadas, en la cabecera del Río Oja, en La Rioja. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000409)
(Página 6787)



--Sobre ejecución de las obras de modernización de regadíos del municipio
de Alhama de Murcia (Murcia). Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente. 161/000347) (Página 6791)

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--Relativa a la adopción de medidas para lograr la depuración de aguas
residuales del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000349) (Página 6794)



--Por la que se insta al Gobierno a enviar, con carácter trimestral, un
informe sobre las aportaciones patrimoniales que, con cargo al capítulo 8
de los Presupuestos Generales del Estado, se realicen a promotores de
infraestructuras hidráulicas y medioambientales, y por la que se acuerda
la comparecencia trimestral de la Ministra de Medio Ambiente ante la
Comisión de Medio Ambiente. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000361) (Página 6796)



--Relativa al Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de
Cabrera (Palma de Mallorca). Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000377) (Página 6798)



--Sobre protección del entorno del Parque Regional de la Comunidad de
Madrid de la Cuenca Alta del Manzanares. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000417) (Página 6803)



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR LA ZONA HUMEDA DE LA MARJAL DE RAFALELL
Y VISTABELLA, EN EL TERMINO DE MASSAMAGRELL (VALENCIA), Y PRESERVAR LA
SEGURIDAD DE LA ZONA EN CASO DE GRANDES AVENIDAS DE AGUA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000303.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados. Se abre la sesión con
la proposición no de ley sobre medidas para salvaguardar la zona húmeda
de la marjal de Rafalell y Vistabella, en el término de Massamagrell
(Valencia), y preservar la seguridad de la zona en caso de grandes
avenidas de agua. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña. Tiene la palabra su
portavoz.

Les comunico que las votaciones correspondientes a todas las
proposiciones no de ley que se ven el día de hoy van a tener lugar no
antes de las dos.




La señora URAN GONZALEZ: Es bastante conocido, por parte de los miembros
de esta Cámara, que en nuestro país y gracias a la intervención de la
mano del hombre, se han visto reducidas y mermadas, en numerosas
ocasiones y prácticamente desaparecidas, las zonas de humedales que,
además, son algo innato a las zonas litorales, sobre todo, de Levante o
de nuestra Comunidad Valenciana. En este caso, señorías, estamos hablando
de la zona más grande que queda al norte de Valencia como zona de humedal
que, además, forma una unidad junto con la zona de humedal que pertenece
al término municipal de Valencia y que está denominada como el marjal de
Rafalell y Vistabella.

En el término municipal de Massamagrell no hace mucho tiempo, hará un par
de semanas escasamente, su Ayuntamiento, a pesar de informes de técnicos
y expertos en biología y en zonas de humedal y técnicos medioambientales,
han aprobado un convenio para la urbanización de esta zona de marjal con
los perjuicios que ocasionaría a la zona de humedal, también de Valencia
que ya está catalogada como no urbanizable y que, por lo tanto, haría
desaparecer una buena parte de ese humedal que nos queda en la zona norte
de Valencia.

Señorías, la iniciativa que nosotros hemos presentado se basa en que la
Ley de Aguas, en su artículo 103 y el Reglamento de domino público
hidráulico, en su artículo 279, establecen la necesidad de actuación
administrativa previa a la hora de emprender obras, actividades o
aprovechamientos que puedan realizarse en una zona húmeda por parte de la
confederación hidrográfica a la que pueda pertenecer, en este caso, a la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Hay que decir, señorías, que esta zona, además de ser una barrera para
evitar la salinización de los acuíferos y frenar la intrusión marina,
constituye una importante reserva de agua, pudiendo por su capacidad de
retención prevenir las avenidas, porque hay un barranco que se inicia
dentro del mismo municipio, que ni siquiera se ha previsto canalizar.

Ustedes saben muy bien que, en nuestras tierras, cuando hay grandes
avenidas, ya hemos padecido en más de una ocasión, por no haber respetado
las zonas de humedal, las zonas que servían de freno a estas avenidas, o
haber construido en los cauces de los ríos, aunque estuvieran



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secos, daños impresionantes. Por no hablar, exclusivamente, del daño
ecológico que se produce en una zona del litoral que ya está bastante
deteriorada, como ustedes saben, por las construcciones masivas que se
hicieron en determinadas épocas y que han ocasionado graves perjuicios
para nuestro litoral y, en definitiva, para la vida de los ciudadanos y
de las especies que en nuestra zona estaban habitando. Señorías, creemos
que es importante que esta Cámara inste al Gobierno para que la
Confederación Hidrográfica del Júcar tome medidas y se pueda salvaguardar
una zona húmeda.

Es cierto que hay controversia en cuanto a si es una denominación, a si
es o no una zona húmeda. El carácter de zona húmeda está bastante
documentado, tanto en la memoria del propio plan de ordenación urbana del
municipio de Massamagrell, como en la elaboración --aunque está todavía
en fase de borrador-- de las zonas húmedas que está elaborando la
Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Existen
informes de técnicos especialistas que declaran que la zona... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, les ruego que, en la
medida de lo posible, mantengan el silencio y escuchen con respeto y con
interés la intervención de la portavoz de Izquierda Unida.

Puede seguir, señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Es bastante importante este asunto si estamos
todos decididos, sobre todo en esta Comisión, a defender el medio
ambiente y aquellas zonas que todavía nos quedan un poco vírgenes en
nuestro Estado.

Como decía, señorías, está bastante documentado, tanto en el plan general
de ordenación urbana del municipio de Massamagrell como por la inclusión
en el borrador de la Conselleria de Medio Ambiente dentro del catálogo de
zonas húmedas. Los expertos de la propia Conselleria la tienen catalogada
como zona húmeda y el hecho de que se haya podido convertir en una
controversia es debido al informe emitido por el arquitecto de
Massamagrell, que catalogaba la zona como zona de cítricos.

Señorías, el arquitecto municipal de Massamagrell es un buen técnico en
su categoría y en su especialidad pero, desde luego, no es un biólogo ni
un especialista medioambiental. Es posible que esta persona haya emitido
un informe en base a sus criterios pero, desde luego, no tiene nada que
ver con los criterios que se tienen que defender a la hora de catalogar
una zona húmeda. Es más, está tan documentado que incluso los propios
recibos que se emiten para el Impulso de Bienes Inmuebles están
catalogados como zona de humedal, no urbanizable. Señorías, hay
documentación suficiente para considerar que ésta es una zona húmeda y
que es necesaria la intervención. Además, hay una sentencia del Tribunal
Supremo que, aunque no afecta a la Comunidad Valenciana porque fue
emitida debido a una intervención en Cataluña, hace mención específica a
que no se pueden urbanizar las zonas húmedas. Nosotros consideramos que
es aplicable también a las zonas húmedas de Valencia la determinación que
se hace en Cataluña, de Aiguamotx, porque es exactamente la misma que la
del marjal para nuestra comunidad autónoma. Nosotros consideramos que hay
documentación suficiente para que la Confederación Hidrográfica del Júcar
intervenga y de ahí que hayamos presentado esta iniciativa que esperamos
merezca el respaldo de esta Comisión para que podamos continuar
manteniendo una zona de humedal en Valencia. Por otra parte, si
permitiéramos construir se estaría perjudicando a otra zona que ya está
protegida, que está en el término municipal de Valencia, que no podemos
desgajar porque es todo una unidad, aunque pertenezcan a dos términos
municipales. Aún estamos a tiempo, no se ha producido ningún tipo de obra
civil que impida la regeneración o el mantenimiento de la zona de
humedal, por lo que consideramos que es importante que sea aprobada esta
proposición no de ley por esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir en relación a esta
propuesta. Por el Grupo Socialista, la señora Pita Arboledas tiene la
palabra.




La señora PIN ARBOLEDAS: Me complace como valenciana y saguntina marcar
la posición de mi grupo, favorable hoy aquí en esta Comisión, a la
proposición no de ley para salvaguardar la zona húmeda de las marjales de
Rafalell y Vistabella en el término de Massamagrell, al norte de
Valencia, a doce kilómetros de donde yo vivo, para preservar la seguridad
de la zona, en casos de graves avenidas del agua. La zona humedal de
Rafalell y Vistabella se encuentra en grave peligro de deterioro por la
presión urbanística que puede producirse en el término municipal de
Massamagrell.

Como es sabido, tanto Rafalell y Vistabella, que pertenecen al municipio
de Valencia, como los restantes de Massamagrell, están ubicados al lado
de la urbanización de las playas de Pobla de Farnals y a la salida de la
autopista de Massamagrell. Son unos marjales que formaban parte de la
zona húmeda que iba desde la desembocadura del río Palancia hasta el
Carraixet y hoy, prácticamente, han desaparecido todas como consecuencia
de las urbanizaciones, si excluimos el pequeño marjal de Puçol y Sagunto.

Estos marjales, además, merecen una condición que les hace más
apreciables. Son una de las zonas de playa que hay en la Comunidad
Valenciana que se pueden contemplar aún vírgenes en su estado original.

Prácticamente no quedan más. Por esto es necesario y urgente el proceso
de protección de esta zona y nos podríamos encontrar, cuando se decidiera
la protección del marjal, con que apenas quedara nada. Sería bueno que la
Generalitat Valenciana aprobara el catálogo de zonas húmedas dentro de la
Ley de espacios naturales para que, de esta forma, entraran en vigor las
medidas cautelares y de protección previstas en dicha ley.

La ruptura del equilibrio en el pasaje del marjal tendrá una repercusión
muy negativa puesto que actúa como zona de desalinización de acuíferos y
afectaría también a los lindes del marjal al provocar la desecación del
suelo. El Grupo Parlamentario Socialista ratifica su apoyo a la
protección



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del marjal, tal como se expresa en la legislación vigente y en la
normativa, y declara una actitud decidida de todos los poderes políticos.

El marjal de Massamagrell es una zona húmeda de pequeñas dimensiones que
se encuentra en estos momentos en una situación distinta ya que la zona
está clasificada como suelo urbanizado y no programado en dos sectores,
con el plan parcial aprobado definitivamente por la comisión territorial
de urbanismo en sectores 1 y 2. En abril de 1996, el ayuntamiento en
pleno redactó la propuesta técnica del programa de acción integral del
sector 1 de la playa, según procedimiento de la Ley 6/1994, reguladora de
las actividades urbanísticas. Como establece esta ley, los terrenos no
adquieren el valor urbanístico por el mero hecho de ser declarados como
urbanizables o haber sido ordenados por el plan parcial.

La clasificación como suelo urbanizable supone la mera aptitud de los
terrenos para su urbanización previa aprobación de los mismos y, en
consecuencia, la programación se aprobó en fecha reciente. Estudiados los
inconvenientes para salvaguardar la zona húmeda del marjal de Rafalell y
Vistabella, en el término municipal de Massamagrell y vistos los
inconvenientes manifestados en respuesta parlamentaria a las preguntas
del Grupo Socialista en la Comunidad Valenciana y la contestación de la
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, donde nos dice, primero, que
no existe un acuerdo plenario de la corporación suscitando la protección
de la zona que hace imposible la misma; segundo, que la consolidación
urbanística producida en la zona establece unos inconvenientes económicos
de difícil solución; tercero, que la protección del espacio referido debe
asumirse en consecuencia por el ayuntamiento, quien no ha manifestado en
este momento solicitud de protección de la zona; por todos estos motivos,
es necesario disuadir a los intereses urbanísticos y sobre todo, lo que
es más importante, que se inicie el proceso a través de la Confederación
Hidrográfica del Júcar para que dicho organismo intervenga en función de
lo establecido en la Ley de Aguas y demás normativas legales vigentes a
fin de salvaguardar dicha zona ya que posee un alto valor ecológico.

Mi Grupo Parlamentario da su voto favorable a esta proposición no de ley
presentada hoy aquí por el Grupo Federal de Izquierda Unida e Iniciativa
por Cataluña.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ PEREZ: Efectivamente, voy a utilizar este turno para la
fijación de postura del Grupo Parlamentario Popular. Coincidimos en
muchos aspectos que ha defendido la portavoz de Izquierda Unida e
Iniciativa por Cataluña pero, en algunos de fondo, no coincidimos
plenamente. Se está ubicando la zona de Rafalell y Vistabella en el
término municipal de Massamagrell, cuando la mayoría de esta zona
pertenece al término municipal de Valencia y, exclusivamente, a
Massamagrell pertenecen 280 metros cuadrados.

Cabe recordar, como así lo ha hecho también la portavoz del Grupo
Socialista, que el Ayuntamiento de Valencia, en el plan de ordenación
urbana, consideró esta zona como suelo no urbanizable y, en cambio, el
Ayuntamiento de Massamagrell lo tiene considerado como suelo urbanizable.

Ante estas premisas, tengo que fundamentar la posición del Grupo
Parlamentario Popular.

Se ha hecho mención a la Ley de Aguas. Cabe recordar que el artículo 103
de la referida ley, así como el artículo 280 del Reglamento de dominio
hidráulico público, aprobado por Real Decreto 849/1986, establecen que, y
leo textualmente: Los organismos de cuenca y la Administración
medioambiental, coordinarán sus actuaciones para una protección eficaz de
las zonas húmedas de interés natural o paisajístico. Es decir, la
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunidad Valenciana en este caso.

De conformidad con lo anterior, en el borrador del Plan hidrológico de la
cuenca del Júcar, de octubre de 1995, se recoge, en su artículo 75, la
protección de zonas húmedas. Establece los criterios para seleccionar
dichas zonas húmedas, uno de los cuales es --y cito textualmente--: Estar
incluidas o ser un área con alguna figura de protección establecida por
la Administración del Estado o la Administración autonómica, es decir,
parque natural, parque nacional, etcétera. A este respecto debe
manifestarse que en el borrador del mencionado plan no figura zona húmeda
alguna relativa a la marjal de Rafalell y Vistabella, por no tener
constancia de que dicha zona esté protegida o se vaya a proteger mediante
la correspondiente figura de protección. Asimismo, tampoco se tiene
constancia del catálogo de zonas húmedas que, según la proposición no de
ley que nos ocupa --y así lo ha manifestado la representante del grupo
que la defiende--, se encuentra en elaboración por parte del organismo
competente de la Comunidad Valenciana.

No existiría inconveniente alguno, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, en incluir en el Plan hidrológico de cuencas aquellas zonas
húmedas que así sean catalogadas, en caso de que el referido catálogo sea
finalmente aprobado y se proponga por parte de la Comunidad Valenciana la
inclusión de las mismas. En cualquier caso, a mayor abundamiento de
datos, conviene también matizar. Como he dicho antes, la zona en
cuestión, esto es, la zona húmeda de Rafalell y Vistabella, es un enclave
que pertenece al término municipal de Valencia y está situada entre los
términos de Massalfassar y Massamagrell si bien, al norte de esta última
ciudad, existe una pequeña franja perteneciente a Massamagrell que llega
hasta el mar. Cabe recordar también que no se ha solicitado hasta el
momento ningún informe ni autorización de la Confederación Hidrográfica
del Júcar para la realización de posibles actuaciones en dicha zona.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la
proposición no de ley que nos ocupa, si bien --y quiero dejarlo muy
claro-- aunque no figura la marjal de Rafalell y Vistabella como zona
húmeda a proteger en el borrador del Plan hidrológico de la cuenca del
Júcar, no tendríamos inconveniente en apoyar la inclusión futura de dicha
zona en el referido plan si aquélla es previamente considerada en el
catálogo de zonas húmedas



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que, al parecer, está elaborando la Comunidad Valenciana, siempre y
cuando el referido catálogo sea finalmente aprobado y, además, se curse
la correspondiente petición en este sentido por parte de la Comunidad
Valenciana.




--RELATIVA A MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS DESEMBALSES DE LOS PANTANOS
EXISTENTES EN LA COMARCA DEL BAJO CINCA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000324.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo puntos del orden del día,
que es la proposición no de ley relativa a medidas a adoptar en los
desembalses de los pantanos existentes en la comarca del bajo Cinca.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida e Iniciativa por
Cataluña, que es el autor de la propuesta, tiene la palabra el señor
Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: La proposición no de ley se explica suficientemente
por sí misma. No se había limpiado prácticamente nunca el embalse de
Barasona; al abrirse las compuertas, en un momento determinado para su
limpieza, quedaron prácticamente bloqueadas por el fango y éste,
gradualmente, se ha ido depositando por toda la cuenca del Cinca,
llegando hasta Mequinenza, que es la cola de Riba-roja y creando --y
puede agravarse todavía la situación-- problemas de todo tipo.

En nuestra proposición no de ley planteamos cuatro puntos: a) La
elaboración del estudio de impacto ambiental. b) La elaboración de un
proyecto de prevención y corrección selectiva. c) La previsión
presupuestaria de indemnizaciones para todos los municipios afectados. d)
El aplazamiento de la tercera fase del desembalse hasta que se hayan
realizado las previsiones anteriores. Quisiéramos retirar este cuarto
punto y que el resto de los puntos se haga con todas las previsiones.

Pensamos que no debe haber aplazamiento de la tercera fase del desembalse
del Barasona, y que ya se puede hacer con el desarrollo de los puntos a,
b y c. Me parece que está suficientemente explicada esta proposición no
de ley, que es absolutamente necesaria y, sobre todo, urgente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Efectivamente, en los últimos meses se han
llevado a cabo dos desembalses del pantano Joaquín Costa, donde se haya
situada la presa de Barasona, con la finalidad de que desaparecieran del
embalse de la presa los limos y otras materias o sedimentos acumulados en
la misma desde su construcción. Es la primera vez que se produce un
desembalse de esas características. Este proceso de limpieza del embalse
se llevó a cabo teniendo en cuenta tanto el tiempo en que se iban a
producir las aportaciones procedentes de las cabeceras de los ríos que
desaguan en el mismo, principalmente el Esera y el Isábena, como los
intereses de los usuarios del agua que tienen tanto en regantes como de
otras características industriales o hidroeléctricas, que tuvieran
concesiones de agua reconocidas. Hasta este momento, como decía, se han
llevado a cabo dos desembalses. En el primero de ellos se produjeron
dificultades motivadas tanto por las actuaciones previas como por el
momento del proceso de desembalse, debidas a algunas inquietudes
manifestadas por grupos y sectores sociales y ecologistas. El segundo
desembalse, quizás porque se aprendió de los errores que se habían
cometido, se produjo en una situación algo más normalizada y que, por lo
tanto, no hubo inquietudes en estos sectores.

Es cierto que los sedimentos aportados por el Esera y el Isábena al Cinca
fueron arrastrados hacia la comarca del bajo Cinca, es decir, hacia los
municipios de Zaidín, Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza. También es
cierto que la declaración de impacto ambiental no contemplaba las
repercusiones negativas, los daños causados en estos términos municipios.

Es oportuna la proposición no de ley de Izquierda Unida porque adopta una
serie de previsiones de cara al futuro para evitar que se produzcan estas
limitaciones en estos desembalses. Efectivamente, parece que estos
desembalses solamente tienen repercusión en la zona más próxima a la
presa pero, indudablemente, cuando se trata de esas grandes presas pueden
repercutir a lo largo del cauce del río. En este caso concreto así ha
sido, lo que sucede es que los propios ayuntamientos y los afectados, a
través de conversaciones y negociaciones con la Confederación
Hidrográfica del Ebro, han llegado a un acuerdo y se han subsanado muchas
de las repercusiones negativas que existían.

También es cierto que al no existir la declaración de impacto ambiental,
la zona más deteriorada ha sido la del embalse de Mequinenza y,
concretamente, la cola del embalse de Mequinenza que recibe la
aportaciones del río Cinca. Ahí se han acumulado una serie de sedimentos,
de aportaciones de una cuantía importante que, como es lógico, han puesto
de manifiesto que este tipo de actuaciones deberían llevar consigo
medidas correctoras para evitar que se produjera semejante acumulación.

Por otro lado, es bastante difícil de evitar porque, al fin y al cabo, lo
que hace el embalse de Mequinenza es recoger las aportaciones que le
llegan del desembalse de Barasona. Si no hubiera habido embalse de
Barasona, todas las aportaciones habrían ido directamente al embalse de
Mequinenza.

Decíamos que es oportuna la proposición no de ley del grupo de Izquierda
Unida, máxime después de haber retirado el punto d), porque entendíamos
que no se podía aplazar más la tercera fase del desembalse de Barasona.

Es necesario, de acuerdo con el punto primero, que esta elaboración del
estudio de impacto ambiental tenga en cuenta para el futuro que no
solamente ha de afectar a la zona próxima a la presa del pantano
correspondiente, sino que tiene que afectar a las zonas finales de las
aportaciones del embalse y, en este caso concreto, a la comarca del bajo
Cinca.




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Es bueno asimismo que se elabore un proyecto de prevención y corrección
selectiva de los efectos de dichos desembalses en la comarca del bajo
Cinca. Por la misma razón que en el primer punto, hemos planteado que
este estudio se lleve a cabo. Las dificultades que mi grupo ve en este
caso concreto al embalse de Mequinenza es de qué manera se pueden
eliminar esas aportaciones, porque los drenajes son costosos y muy caros,
la cantidad de limos y de sedimentos que se han depositado en Mequinenza
son muy cuantiosos y, después, está el problema de dónde se llevan todos
esos materiales una vez sacados del propio embalse. No son tierras que
favorezcan una riqueza inmediata en las riberas de los ríos, sino que
hace falta que pase un tiempo para que vayan cogiendo calidad y para que
sirvan para futuras plantaciones.

Respecto al tercer punto, a la previsión presupuestaria de
indemnizaciones, para todos los municipios afectados, desde nuestro punto
de vista es innecesario porque si en los dos puntos anteriores estamos
hablando de estudios de impacto ambiental, de proyectos de prevención y
corrección selectiva, estamos hablando también de unas compensaciones, a
través de dotaciones presupuestarias suficientes, que tendrían que ir
encaminadas a contrarrestar los impactos negativos producidos por los
desembalses. Entendemos que no es un punto necesario, pero tampoco nos
oponemos y por lo tanto votaremos a favor del mismo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUE: Para fijar la posición en contra del Grupo
Parlamentario Popular a esta proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida. No es necesaria porque se han cumplido los tres puntos
que quedan vivos de la proposición inicial, de forma directa o indirecta,
en las diferentes actuaciones que se ha acometido por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, del Gobierno aragonés y de los
ayuntamientos, como es el caso concreto del segundo desembalse de
Barasona. Es asimismo innecesaria esta iniciativa por lo que se refiere a
la previsión presupuestaria de indemnizaciones, a la propia elaboración
de un proyecto de prevención y corrección selectiva que esté incluido
como parte importante dentro de las medidas correctoras y, sobre todo, la
elaboración de un estudio de impacto ambiental. Innecesaria no porque no
sea prudente y oportuno realizar este tipo de estudios, sino simplemente
porque la legislación vigente en materia de evaluación de impacto
ambiental, el Real Decreto-legislativo 1302/1986 no incluye este
supuesto. No obstante, en la operación de desembalse del pantano de
Barasona, o de Joaquín Costa, en Huesca, se ha cumplido escrupulosamente
toda la legislación vigente en materia de aguas y medio ambiente, como
así lo establece el artículo 237 y siguientes del Reglamento de dominio
público e hidráulico en los que se determina la necesidad de redactar un
estudio de evaluación de efectos medioambientales siempre que, a juicio
del organismo de cuenca, se considere posible la degradación o
contaminación del medio ambiente.

Es un tipo de iniciativas, de estudios que, felizmente, en los últimos
tiempos se vienen elaborando tanto para las pequeñas obras de graveras,
roturaciones, escolleras, encauzamientos y actuaciones que no están
incluidas en el Real Decreto-legislativo sobre valoración de impacto
ambiental. Con relación a este punto, en marzo de 1995 se redacta un
estudio por una empresa consultora en relación al contenido básico de
este artículo 237 y siguientes, en el que, entre otras cuestiones se
recogen la descripción general del medio, la descripción del proyecto
--en este caso el desembalse--, el establecimiento de las medidas
causa-efecto, la cuantificación de los efectos medioambientales, la
definición de los indicadores medioambientales, las propuestas de medidas
preventivas, el programa de seguimiento, etcétera. Puntualizo estas
cuestiones porque son casi en su totalidad los contenidos básicos del
estudio del impacto ambiental. Permítame que me extienda en lo importante
que son no ya las medidas finales sino las medidas preventivas. En este
sentido, dicho estudio plantea, como medidas preventivas que se han
tomado en cuenta, entre otras también, una serie de operaciones previas
al dragado, de qué manera se modulan los caudales y la determinación
importantísima de cuándo, de qué manera y en qué fecha se hace el
vaciado. Se ha entendido, por cuestiones técnicas y ambientales, que la
fecha oportuna de vaciado sea en otoño, debido a que en esta época el
embalse --teóricamente, el agua-- se encuentra verticalmente
homogeneizado, el déficit de oxígeno está en los parámetros suficientes,
tampoco es necesario haber terminado gran parte de la campaña de regadíos
y, sobre todo y lo más importante, afecta de manera menos incisiva a los
proyectos de abastecimiento.

Se determinó un plan para el salvamento de los peces en el propio
desembalse, con unos resultados mejorables pero que cubrieron
sobradamente las expectativas. También se concluyó qué caudales de
dilución había que articular y, sobre todo, las medidas correctoras que
habría que articular después del vaciado. En ese sentido se elaboró un
proyecto de adecuación y limpieza de las infraestructuras del río Cinca,
aguas abajo, afectadas por el vacío del desembalse, así como un programa
de vigilancia. En este punto, la medidas correctoras tras el vaciado,
estaría incluida la propuesta segunda de la proposición no de ley de
Izquierda Unida. No obstante, es cierto que el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, a diferencia de los estudios de
afecciones ambientales que el Reglamento de la Ley de Aguas contiene, no
trae consigo lo que sería un procedimiento administrativo o una
participación ciudadana. Para el caso concreto de Barasona se articularon
diversos comités en los cuales las instituciones, los usuarios, los
expertos, los científicos, la propia confederación, el Gobierno aragonés
y los diferentes ayuntamientos, han recibido puntual información y han
estado al tanto de cada una de las acciones que se iban determinando.

Quiero concluir que en el caso del segundo desembalse de Barasona --y
puntualizo-- se ha actuado técnicamente de forma correcta y adecuada,
incluso por encima de los parámetros y los requisitos mínimos exigidos
por la legislación ambiental y de aguas. Dos, se han tomado también



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las precauciones y minimizaciones de impacto necesarios y todas las
garantías suficientes. Tres, los daños supuestos o teóricos o afecciones
de este desembalse: presencia de mosquitos, aterramientos o desperfectos
en alguna instalación deportiva, no son achacables, ni mucho menos --no
voy a entrar en la justificación técnica--, a este desembalse. No
obstante, quiero aprovechar la ocasión para que, entre todos tengamos en
cuenta la experiencia que ha supuesto este proceso de desembalse para que
se articulen estos estudios para el desembalse de Barasona y de otros
desembalses en las diferentes cuencas hidrográficas.

Por último, quiero hacer una reflexión. El fruto del desembalse, del
aterramiento está relacionado directamente con el proceso de erosión. En
estos momentos estamos en el debate del Plan Hidrológico Nacional, de los
diferentes planes hidrológicos de cuenca y es fundamental que esta
Cámara, los servicios técnicos de las confederaciones y el Ministerio
articulen, además del propio desarrollo de la planificación de obras
hidráulicas, un plan complementario de restauración hidrológica forestal,
de restauración de las cabeceras que nos permitan, de forma preventiva,
eliminar o minimizar los aterramientos que supone ampliar la vida de
embalses y, sobre todo, el respeto absoluto a la protección de los
ecosistemas de fauna y flora ripícolas. En este sentido, quiero anunciar
nuevamente el voto negativo de nuestro grupo a esta proposición no de ley
de Izquierda Unida.




--SOBRE DECLARACION DE INTERES GENERAL LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE
POSADAS EN LA CABECERA DEL RIO OJA, EN LA RIOJA, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000409.)



El señor PRESIDENTE: Por deseo expreso del proponente, aceptado por los
demás grupos políticos, vamos a alterar el orden del día y ahora se va a
ver, como punto tercero, el que estaba previsto como punto siete, que se
refiere a la proposición no de ley sobre declaración de interés general
de la construcción de la presa de Posadas en la cabecera de río Oja, en
La Rioja.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Quiero dar las gracias a todos los grupos
parlamentarios por haberme permitido alterar el orden del día ya que
tengo obligaciones en otra Comisión. Reitero las gracias a los miembros
de esta Comisión, a la que no pertenezco oficialmente.

Señorías, sometemos a la consideración de los señores diputados una vieja
reivindicación de mi grupo, desde hace casi diez años, que prácticamente
hemos defendido en solitario con iniciativas parlamentarias, cada final
de año en esta Cámara, en los Presupuestos Generales del Estado.

Prácticamente en solitario, aunque es verdad que en los últimos años,
cuando cambian las situaciones políticas, vemos sinceramente con agrado
el apoyo a estas reivindicaciones históricas del Partido Popular. Es de
justicia destacar que si los resultados del 3 de marzo de 1996 no se
hubiesen producido como se produjeron, con las consecuencias que
posteriormente tuvieron para la alternancia en nuestro país, teniendo en
cuenta los procedentes habidos en los últimos diez años, nunca hubiéramos
estado en esta Cámara hablando de este tema con las perspectivas de
aprobación de una iniciativa como ésta.

Señorías, en La Rioja tenemos recursos naturales dentro de nuestra propia
región. No necesitamos trasvases desde otras regiones de España que, en
justicia, pueden estar planteándose. Nos podemos arreglar --por decirlo
de alguna manera-- con nuestros propios recursos. Podemos y queremos ser
solidarios con el resto de los ciudadanos de España, pero necesitamos
poder guardar, poder almacenar esos recursos para, posteriormente,
administrarlos para el abastecimiento interno, para el abastecimiento de
boca, para las necesidades de riego internas y, si fuera posible, porque
estamos deseosos, ser solidarios y poder prestar aquello que es de todos,
sin duda, pero que en este caso se encuentra en el territorio de La
Rioja.

Señorías, en aquella cuenca que afecta a casi cincuenta municipios, a la
práctica totalidad de La Rioja Alta, nos encontramos con la situación de
que el agua de boca que a los ciudadanos riojanos de aquella zona les
sale por los grifos no es potable. Llevamos prácticamente seis años en
donde el agua de boca de los ciudadanos de La Rioja de aquella zona no
puede ser consumida porque no es potable; tienen que abastecerse en
muchos casos a través de aljibes y, mientras tanto, no hemos sido capaces
de construir la solución definitiva, que sería la presa de Posadas que
les voy a plantear a continuación. Desde la entrada de España en la Unión
Europea se ve la necesidad de buscar cultivos alternativos a los que
tradicionalmente venían produciéndose en aquellas zonas, cultivos que sin
duda necesitan del agua que existe allá, agua que, como decía al
principio, necesitamos administrar en condiciones.

Como decía también al principio, hemos estado prácticamente diez años
reivindicando en esta casa la construcción de la presa de Posadas en la
Sierra de la Demanda, para la regulación del río que da nombre a nuestra
propia región, que discurre desde la Sierra de la Demanda al Ebro, dentro
de los términos territoriales de nuestra propia región. El Gobierno
anterior nos daba largas y nos decía que en los próximos presupuestos se
aprobaría, que el Plan Hidrológico estaba aprobado --que no lo está--,
que el plan de cuenca estaba aprobado --que no lo está-- y, al final, nos
encontramos con que ni siquiera está declarada de interés general.

Malamente podía el Gobierno central hacerse cargo de esta obra porque ni
siquiera se había tomado una decisión política sin repercusión económica,
que no alteraba para nada los Presupuestos Generales del Estado. Había
que tener la voluntad política de que se declaraba esta obra de interés
general. Ni esto conseguimos, a pesar de esas reivindicaciones, durante
diez años.

Pues bien, han tenido que suceder los acontecimientos del 3 de marzo
pasado, como decía anteriormente, para que este grupo parlamentario, este
Diputado, puedan seguir diciendo lo que decíamos desde la oposición,
respaldando



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al Gobierno. En este sentido pedimos a la Cámara, a SS. SS. el respaldo
parlamentario para que el Gobierno inicie los estudios para la
declaración de interés general de la presa de Posadas, paso previo para
que, posteriormente, se puedan terminar los proyectos que ya un gobierno
regional, presidido también por el Partido Popular, inició en 1987 y que
han estado durmiendo en los cajones de no sé dónde, si de La Rioja o del
propio Ministerio.

Con el respaldo parlamentario apoyaríamos la decisión del Ministerio de
Medio Ambiente, contenida en los primeros presupuestos realizados por un
Gobierno Popular, de incluir en sus presupuestos la realización de los
estudios previos para la declaración de interés general de la presa de
Posadas. Me consta por documentos que tengo delante, que ese compromiso
se realizará durante el presente ejercicio de 1997. Querríamos, insisto,
que esta decisión del Gobierno tuviera el máximo respaldo parlamentario
por lo que sometemos a consideración de SS. SS. la siguiente proposición
no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
inicie, a la mayor brevedad posible, los estudios previos para la posible
declaración de interés general de la presa de Posadas, en la cabecera del
río Oja, en La Rioja.




El señor PRESIDENTE: A la propuesta defendida por el señor Isasi, del
Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Para mí es una satisfacción, no perteneciendo
a esta Comisión de Medio Ambiente, participar en ella y poder defender la
postura del Grupo Parlamentario Socialista ante un tema que no es de
carácter local ni regional exclusivamente, así como apoyar algo
importante no sólo para la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus
habitantes, para una comarca importante como es La Rioja Alta, sino para
el conjunto del Valle del Ebro en la medida en que la posible regulación
del río Oja, en su cabecera, afectará al desarrollo económico, social y
productivo de una importante zona de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En la medida en que el río Oja es un importante afluente del río Ebro,
cuya regulación pedimos que se declare de interés general en esta
enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, servirá para aportar unos caudales y contribuir a
la regulación de un importante eje hidrográfico en el territorio
nacional. Lo proponemos en un momento en el que la política hidráulica de
este país puede atravesar algunos problemas como consecuencia de las
decisiones tomadas por la actual Administración de paralizar, de
ralentizar, de buscar unas fórmulas novedosas --y lo digo entre
comillas-- de la gestión de los recursos hidráulicos y de la puesta en
marcha de nuevas inversiones reguladoras en las cabeceras de los ríos.

La regulación del río Oja, como decía el portavoz del Partido Popular, es
muy importante en sí misma y por las consecuencias económicas y sociales
que de ellas se derivarían. Estamos hablando de un río que durante la
época invernal y de primavera lleva a un importante caudal que no se
aprovecha por no estar regulado en la cabecera del río. Por el contrario,
cuando más falta hace el agua para el consumo de agua de boca, para el
desarrollo económico de la zona, para contribuir, desde el punto de vista
de regadíos y de riegos, a una importante zona agrícola de nuestra
comunidad, baja completamente seco. Además, la regulación del río Oja
contribuiría a resolver un problema histórico del río en la zona de Santo
Domingo de la Calzada, como es la recarga del acuífero existente en la
zona y que, como consecuencia de una sobreutilización desde el punto de
vista del material de riegos, produce una serie de problemas deficitarios
de caudal y medioambientales.

Creo, señor Presidente, que sería importante que esta Comisión declarara
hoy la voluntad de pedir al Gobierno que se declarara de interés general
al regulación del río Oja en la presa de Posadas, por varias razones.

Una, porque nos preocupan como Grupo Parlamentario Socialista algunas
declaraciones del Secretario de Estado de Aguas, donde habla de que, a
partir casi de estos momentos, la declaración de interés general de
determinadas obras parece ser que ya no será tanto una competencia del
Gobierno central sino que se quiere hacer descansar esta decisión en las
comunidades autónomas, con lo cual, una obra de esta envergadura
produciría gravísimos desequilibrios económicos a una comunidad autónoma
como La Rioja. En segundo lugar, como consecuencia de la actual política
hidráulica del actual Gobierno, donde vemos que existe un recorte
permanente de las inversiones. Creemos que sería bueno que el Gobierno, a
instancias de esta Comisión, declarara de interés general la realización
de este importante proyecto hidrológico.

La regulación del río Oja y la petición de que se declare de interés
general, es una decisión adoptada a lo largo de todos estos últimos años
por el conjunto de todos los agentes económicos, sociales y políticos de
nuestra comunidad autónoma. Es verdad que el plan hidrológico de cuenca y
el Plan Hidrológico Nacional no se han terminado de aprobar, pero ha
existido siempre la voluntad política, por parte de anteriores
administraciones, de incluir la presa de Posadas entre las obras
incluidas en el desarrollo del plan hidrológico de cuenca.

Creemos que no debemos estar en la época de realización de estudios
permanentes, sino que la ubicación, los estiajes, los caudales, los
factores climáticos, el desarrollo hidrológico del mismo, está estudiado.

Es más, se aprobó, por parte de la Administración autonómica de La Rioja,
un avance de proyecto de dicha presa de Posadas. Y, además, esta decisión
ha contado con el apoyo de más de cincuenta municipios de la zona
afectada de La Rioja Alta, con el apoyo de los agentes sociales y
económicos de la zona y fundamentalmente de los agricultores y de las
organizaciones agrarias, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja y del Parlamento de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por
unanimidad de las fuerzas políticas allí existentes, donde se aprobó una
moción o propuesta de resolución, pidiendo por unanimidad que se
declarara de interés general, por parte del Gobierno, la regulación en
cabecera del río Oja.




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Yo entiendo, señor Presidente, que cuando un grupo parlamentario apoya al
Gobierno siempre tiene unas servidumbres fruto de las indicaciones que
recibe del Gobierno de turno al que se apoya, como consecuencia de la
falta de disponibilidades presupuestarias para poder abordar todos los
proyectos que la oposición o el propio grupo parlamentario que apoya al
Gobierno desearía realizar. Pero creo que no es momento de que se pidan
estudios para ver si se puede declarar de interés general o no la presa
de Posadas y la regulación del río Oja, porque todos estos estudios,
prácticamente, están realizados.

Desde hace más de seis meses los parlamentarios de La Rioja estamos
oyendo que el Ministerio va a encargar esos estudios pertinentes que
llevarán a producir la declaración de interés general. Creemos que ya se
ha pasado el tiempo de la petición de estudios. Creemos que es el momento
de que también el Grupo Parlamentrio Popular asuma las reivindicaciones
históricas que dice que ha hecho cuando ha estado en la oposición.

Tenemos la posibilidad de decir al Grupo Parlamentario Popular que si
tanto quieren declarar de interés general la presa de Posadas lo pida a
través de la aprobación de la enmienda que nosotros hemos presentado a la
proposición no de ley, o bien a través de las gestiones con el propio
Gobierno, o bien a través de enmiendas al proyecto de ley que se
encuentra en esta Cámara, donde el Gobierno declara o decide declarar
obras de interés general, la presa de Itoiz, el canal de Navarra, el
canal de Aragón y otras obras de interés general, como depuradoras en
Galicia o en Castilla y León. Que incluya la presa de Posadas del río
Oja, en este proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso de los
Diputados la semana que viene, en lectura única, para que esa vieja
aspiración defendida ardientemente por el portavoz del Partido Popular en
este trámite parlamentario, pueda ser declarada de interés general.

Con eso, señor Presidente, nos daríamos por satisfechos. Aquí no se trata
de colgarse ni medallas ni decisiones que son fruto de toda una
colectividad, que son fruto de una necesidad. Por eso, señor Presidente,
nosotros mantenemos la enmienda que hemos presentado a la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular porque, como decía anteriormente,
la época de los estudios creemos que se ha acabado; es la hora de tomar
decisiones valientes, arriesgadas, comprometidas; es la hora de que un
grupo parlamentario que defiende al Gobierno no solamente defienda al
Gobierno sino defienda con sus votos los intereses de los electores. (El
señor Isasi Gómez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, usted, como portavoz del grupo que ha
presentado la iniciativa tiene al final un turno para decir si acepta o
no la enmienda presentada por el Grupo Socialista a través de su portavoz
el señor Sanjuán.

¿Grupos que en relación a este punto desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya
tiene la palabra su portavoz el señor Frutos.

El señor FRUTOS GRAS: Yo debo reconocer que las señorías riojanas me han
despistado un poco. Yo tenía constancia del «Diario de Sesiones» número
43 de la Diputación General de La Rioja, en el cual, por unanimidad de
todos los grupos, se aprueba una proposición no de ley que dice: Por el
Gobierno de La Rioja se insta al Gobierno de la nación para que se
declare de interés general la regulación del río Oja en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Previamente, antes de aprobarse esta proposición no
de ley, el Grupo Socialista en la Diputación General de La Rioja, había
presentado una proposición no de ley que decía: Que el Gobierno de La
Rioja inste al Gobierno de la nación para declarar el embalse de Posadas,
no la regulación del río Oja sólo sino el embalse de Posadas, como obra
de interés general. Y luego explicaba abundantemente los motivos que
alegaban, los cuales apuntaba en este momento en concreto el señor
Martínez Sanjuán.

La proposición no de ley del Congreso de los Diputados, insta al Gobierno
para que inicie a la mayor brevedad los estudios previos para la posible
declaración de interés general, no del río Oja, sino de la presa de
Posadas en la cabecera del río Oja en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En el camino ha habido, seguramente, un cambio de posiciones porque en
este debate Izquierda Unida de La Rioja había planteado que si se estaba
hablando del embalse en sí, del proyecto que se había hecho en 1990,
nosotros no estaríamos de acuerdo. Si se hablaba de un embalse de 21
hectómetros cúbicos con una presa de 23 metros de altura y 312 metros de
longitud, no estaríamos de acuerdo con ese tipo de embalse. Nosotros
estábamos hablando de una regulación porque pensábamos que había algunos
problemas que se tenían que solucionar y estábamos por la solución de
este problema. Nosotros pensamos que declarar la regulación del río Oja
como obra de interés general por su situación de especial importancia
para La Rioja nos permitiría hacer todos los estudios posibles para ver
si el proyecto tenía que ser el proyecto de presa de 1990, o si tenía que
ser otra cosa, en función de las necesidades reales del conjunto de la
población de esta zona y más allá de esta zona.

A nuestro entender y al entender de Izquierda Unida de La Rioja, el
proyecto, la presa de Posadas con estas características, no solamente
deteriora el ambiente --que lo deteriora-- sino que, además, representa
la continuación de una filosofía de obras faraónicas, y voy a hablar de
obras faraónicas en función del ámbito en que se desarrollan estas obras.

A lo mejor, visto desde un punto de vista general no es una obra
faraónica, pero en función del ámbito físico en el cual se desarrolla,
nos parece que sí. Pero, además, es que en las argumentaciones de ambos
grupos que me han precedido en el uso de la palabra, se plantean teóricas
necesidades del sector agrario: enorme repercusión económica, etcétera.

Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que a estas alturas del
siglo, con toda la serie de desastres que ha habido de carácter ecológico
por la no utilización, no el uso sino el abuso de un recurso escaso en
nuestro país, todas las obras que se hagan en cada momento y, sobre todo,
la proyección de economías de escala en este caso concreto, tienen que
hacerse en función de las



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potencialidades reales que hay en nuestro país. Y aquí está el debate de
fondo del Plan Hidrológico Nacional con resoluciones que se tendrán que
tomar de forma inmediata en los próximos años para llegar a una solución
equilibrada que no haga que el agua vuelva a ser motivo, ya no de una
guerra parcial entre una u otra comunidad autónoma, sino de una guerra
generalizada en función de las necesidades que todas las comunidades
tienen de agua de boca, de agua para riego, etcétera.

Por tanto, nos parece que la proposición no de ley que presenta el
Partido Popular y si se acepta la enmienda que propone el Grupo
Socialista, va en la línea de aceptar que esta presa, con las
características que he enumerado antes, es lo que necesita en este caso
concreto La Rioja. En esta línea termino mi argumentación diciendo que
defendemos la propuesta que hizo Izquierda Unida en La Rioja, en el
debate de la Diputación General de La Rioja, porque nos parece que es la
más adecuada y la más acertada para resolver el problema planteado.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Muy brevemente para decir, primero, que desconocía
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa
de la proposición. El motivo del debate esta mañana aquí es por la
proposición no de ley que el Grupo Popular ha presentado a debate de sus
señorías y somete a su posible aprobación. Una vez en mis manos la
enmienda del Grupo Socialista, insisto en que estoy encantado, aunque
haya tenido que cambiar la posición de gobierno y pasar a la oposición
para que ahora se interesen por la presa de Posadas y, sobre todo también
por la celeridad, por la urgencia que ahora tienen, no para mañana, para
anteayer. Y, efectivamente, tenía que haber sido para anteayer del 3 de
marzo del año pasado. Pero bueno, ahora dicen que en tres meses.

Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Decimos lo que decíamos
antes, que hay que hacer la presa. Lo que pasa es que este Gobierno se ha
encontrado sin papeles de estudio, no de proyectos que han desaparecido
si es que los había, ni siquiera papeles concretos en que pudiéramos
basar los estudios previos. Por gestión directa de este grupo, con el
propio ministerio, éste se comprometió por escrito, por escrito, insisto,
desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente --y leo textualmente--, a
lo siguiente: Le informo que las actuaciones iniciales tales como
levantamientos topográficos, investigación geotécnica y proyectos, está
previsto que se inicien en el próximo año 1997, y su financiación y
dotación económica asegurada en los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, programa 512A, artículo 64, referencia tal, tal y tal. O sea,
lo que se pretende es darle el respaldo parlamentario para que se
realicen durante este ejercicio esos estudios previos que nos llevan a la
decisión de declarar de interés general la presa de Posadas. Lo que no se
ha hecho en diez años vamos a ir cumpliéndolo con pasos firmes, a ir
cumpliéndolo dentro de nuestros programas de legislatura. Lo que ustedes
no han sido capaces de hacer en 10 años no nos lo exijan hacerlo en una
semana. Porque, claro, se pierde credibilidad y algunos no están muy
legitimados para decir según qué cosas por los comportamientos que se han
tenido anteriormente. Yo creo que se me entiende.

Y, por otra parte, quiero decir que los socialistas son muy dados ahora a
utilizar las instituciones representativas, como ayuntamientos, asambleas
parlamentarias, parlamentos autonómicos, a presentar cuestiones que no
son de la competencia de ese ámbito, de esos foros, para instar al
Gobierno de la nación. Con pólvora ajena se tira muy bien pero, claro, el
Gobierno de la nación es quien tiene que administrar los escasos fondos
que de alguna manera ustedes han condicionado, y tenemos que administrar
también nuestras decisiones políticas porque, en todo caso y en esta
legislatura, tenemos cuatro años. Y en el primer año hemos empezado a dar
pasos en ese sentido.

Por lo tanto, yo lamento no poder aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y solicito el apoyo mayoritario de esta Cámara a
la proposición no de ley planteada desde el Grupo Popular.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, pido la palabra al amparo
del Reglamento, por alusiones del señor Isasi.




El señor PRESIDENTE: No, no está previsto, según el Reglamento.




El señor MARTINEZ SANJUAN: El artículo 73.1, perdón, señor Presidente, me
ampara creo, cuando el señor Isasi, portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, ha dicho que no tengo legitimidad como portavoz del grupo
parlamentario para poder defender una propuesta. Con todos mis respetos a
la Presidencia, señor Presidente, y por esta cuestión absolutamente
incidental, le pido el amparo de la Presidencia durante dos minutos.




El señor PRESIDENTE: Pues sólo a esos efectos.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Cualquier parlamentario, sea el resultado que
sea el que se haya producido en unas elecciones democráticas realizadas
en un período electoral, tiene legitimidad política y democrática para
presentar en estas Cortes Generales, en este Congreso de los Diputados,
una iniciativa parlamentaria y para defenderla. Y para desarrollar una
política que le guste al portavoz del Grupo Parlamentario Popular o no,
está legitimado un partido político, para impulsar unas actividades
políticas en beneficio de unas ideas, en beneficio de unos proyectos y en
beneficio de una colectividad.

Señor Presidente, nadie puede dar lecciones de legitimidad parlamentaria
o democrática, para presentar una iniciativa parlamentaria. (El señor
Isasi Gómez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Brevísimamente y para terminar el debate porque si
no va a ser interminable.




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El señor ISASI GOMEZ: Solamente pedirle al señor Martínez Sanjuán que no
se ponga trascendental. Sabe en qué términos le he dicho lo que le he
dicho y sé muy bien la legitimidad política y democrática que tiene.

¡Faltaría más! Lo he dicho en el sentido de la credibilidad de la
legitimidad moral para decir según qué cosas cuando anteayer se estaban
diciendo las contrarias. En ese sentido es en el que se lo he dicho; no
se ponga trascendental.




--SOBRE EJECUCION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION DE REGADIOS DEL MUNICIPIO
DE ALHAMA DE MURCIA (MURCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000347.)



El señor PRESIDENTE: Punto 3 del orden del día
--es el cuarto porque ya se ha alterado--, relativo a la proposición
no de ley sobre ejecución de las obras de modernización de regadíos del
municipio de Alhama de Murcia, en Murcia.

Tiene la palabra para su defensa el representante del autor de la
iniciativa, que es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar dar las razones de por qué el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en enero de este año,
elevó una proposición no de ley a la Cámara, para intentar que se
pusieran en marcha las actuaciones para hacer efectivo lo que se había
aprobado ya en el año 1993. Es decir, la voluntad de la proposición no de
ley es que se vea en la práctica lo que se aprueba en la teoría, por
mucho que la teoría sean órdenes ministeriales, sean decretos o sean
actuaciones decididas y reguladas por la Administración general del
Estado. La verdad es que, por un lado, la historia en la evolución de
esta obra viene desde el año 1973, cuando la comisión mixta que se creó
al amparo de la Ley de reforma y desarrollo agrario facilitaba la
propuesta de un plan coordinado de obras en los sectores III y IV de la
zona regable de Lorca-Valle del Guadalentín. Dicha comisión eleva una
propuesta de plan general de transformación de esa zona que fue aprobada,
efectivamente, en un real decreto del año 1975.

Por tanto, estamos hablando de un compromiso para poner en marcha una
serie de hectáreas de regadío en una zona determinada, con unos
compromisos que incluso el plan coordinado recogía en el año 1993 como
orden definitiva del Ministerio de Agricultura y recogía el volumen total
de hectáreas a poner en marcha que en su conjunto eran 3.700 hectáreas,
de las cuales 1.500 eran del sector III y 2.500 del sector IV, y decía de
dónde se obtendrían los recursos hídricos para hacer frente a esas zonas
regables. Eran recursos que vendrían, por un lado, del trasvase
Tajo-Segura y de la cuenca del Segura, según lo establecido en el real
decreto de 24 de abril del año 1953 y proponía incluso una distribución
de los cultivos con el volumen o el caudal instantáneo que, como máximo,
podía haber en la zona regable. Fijaba 0,9 litros por hectárea para poner
en marcha esa actuación. Daba un plazo para redactar los proyectos que en
este plan coordinado podíamos tener. Es decir, en una zona amplia como el
municipio de Alhama en el Valle del Guadalentín, que es verdad que tiene
una población no muy amplia si lo comparamos con otros municipios, unos
15.000 municipios, pero ligada a la agricultura --aunque tiene un
crecimiento industrial en la actualidad--, agricultura que tiene una
distribución tanto en uva de mesa como en cítricos, en almendra y en
cereales, muy desigual. Necesitaba, por tanto, y estaban haciéndole
frente las distintas organizaciones agrarias y los propios agricultores a
las expectativas que podían desarrollarse de este plan, que insisto, data
del año 1973; se concreta en un plan en el año 1993 y hoy nos encontramos
en el año 1997. Por tanto, no estamos planteando nada que se invente de
golpe y porrazo y que quiera pillar por sorpresa a la Administración
general del Estado, sea quien sea quien haya gobernado. Entenderán sus
señorías que ha llovido mucho desde entonces, aunque en mi tierra llueve
poco. Digo que ha llovido mucho por el número de años que hace que esto
ha sucedido.

Pues bien, el artículo 4 de esa orden del año 1993 marcaba unas
instrucciones para que los proyectos se fueran redactando siguiendo unas
características. Y se hablaba en esa misma orden de una distribución de
obras. Comprometía a las dos administraciones. En el año 1993 ya teníamos
en marcha una profundización de desarrollo autonómico y marcaba una
relación de obras que deberían abordar, por un lado, la Administración
general del Estado, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entonces --hoy sería el
Ministerio de Medio Ambiente--, según la distribución competencial, y,
por otro lado, la Comunidad Autónoma de Murcia. Decían en ese artículo 5
que para conseguir un ritmo adecuado de inversiones se podrían ir
modificando la distribución de los trabajos a realizar en función de las
previsiones de cada uno de los organismos, comunidad autónoma por un lado
y Administración central del Estado por otro. Lo cierto y verdad es que
el ritmo es de una cadencia baja. No hay ritmo, es monoplano. Un ritmo es
siempre una variación de las tonalidades pero allí no hay variación, no
hay movimiento, hay que iniciar la jugada de apertura, hay que
desarrollar una primera jugada para que podamos tener un ritmo más o
menos lento, más o menos cadencial. Pero lo cierto y verdad es que el
problema es que necesitamos, por lo menos, entrever que se van a poner en
marcha algunas de estas actuaciones.

Es verdad que tanto la Administración estatal como la Administración
autonómica deberían desarrollar las instrucciones o poner en marcha los
trabajos o los estudios para que fuese efectivo el que estas obras se
pusieran en marcha. También entenderán sus señorías que, desde el año
1993 en que se dicta esta orden hasta el año 1997, en cuatro años ha
habido tiempo de dictar, revisar y modificar instrucciones, realizar
estudios, etcétera. A los alumnos se les aprueba y se les suspende en
junio; en septiembre tienen una nueva oportunidad. Es decir, hay un plazo
para



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progresar adecuadamente, y se da un espacio de tiempo de tres, cuatro
meses para que se prepare y mejore. La verdad es que en cuatro años ha
habido tiempo suficiente de hacer estudios, redactar proyectos y poner en
marcha todo lo que fuese necesario.

Y, por último, el objetivo de la orden ministerial llevaba consigo que en
base a la comisión técnica mixta que estaba creada desde el año 1973 se
efectuara una ejecución cadencial de estas obras. Es verdad que la
distribución de obras en cada caso iban atribuidas a una Administración y
otra. En el caso de la Administración del Estado se debería hacer frente
a obras de infraestructura hidráulica en proyectos de redes principales
de riego, desagües y caminos en los sectores III y VIII; de embalses
reguladores en los sectores IV y VIII; de líneas eléctricas de alta y
media tensión en los sectores IV y VI, y de un automatismo de control y
redes de riego en los sectores V y VIII. No iban supeditadas a otras
actuaciones totalmente autónomas, pero sí que iban unidas a los caminos
rurales que pudiera poner en marcha en los sectores III y IV la
Administración autonómica, de las redes secundarias de riego y desagüe
también por parte de la comunidad autónoma e instalaciones eléctricas de
la Administración autónoma. Es decir, que la orden comprometía a las dos
administraciones en un funcionamiento coordinado, en un compromiso de
unir los esfuerzos en todo el desarrollo del plan.

¿Qué propone Izquierda Unida en enero de 1997? Pues fundamentalmente dos
cosas. Una, que esas previsiones que estaban recogidas en la orden del 18
de febrero del año 1993 se acometan, se acometan aquellas previsiones de
inversión en los plazos correspondientes que se fijaban allá --insisto
que eran plazos abiertos, insisto que en el año 1993 no eran unos plazos
para decir en el primer semestre éste, en el segundo semestre ése-- que
obligaba a planes semestrales. No decía qué obras eran las que se debían
acometer en planes semestrales. Lo que pedimos nosotros es que, en base a
esos planes semestrales, se anuncien obras por la Administración general
y se pongan en marcha en estímulo a la comisión mixta, las actuaciones
coordinadas necesarias para que la obra sea efectiva. Porque, ¿para qué
sirve un embalse si no está la zona eléctrica? ¿Para qué sirve tener el
embalse si no hay la canalización para distribución de riego? No tendría
sentido. ¿Para qué sirve hacer un embalse en un sitio, un embalse en el
otro, si no se pone en marcha el primero que debe de actuar? Cuando digo
embalse me refiero a pequeños pantanos de distribución, no se crean
ustedes que estamos haciendo aquí una gran obra que tenga una evolución
más o menos complicada.

En suma, señor Presidente y con esto termino, la voluntad de Izquierda
Unida es que lo anunciado no sea frustrante para la gente que lo debe
recibir, que se pongan en marcha las actuaciones que se derivan de este
compromiso del año 1993, y que como las dos administraciones por fin
están --digo por fin para unos, para nosotros, desagradablemente-- en
manos del mismo partido, ya no puede esgrimirse que el Gobierno de Madrid
es malo y que el Gobierno de la comunidad autónoma es bueno, o a la
inversa. Ya en el año 1993 tenían la misma situación, el mismo que
mandaba en Madrid mandaba en la comunidad autónoma, no las mismas
personas, digo el mismo partido, y ahora estamos igual. Desde 1995 manda
el mismo partido que manda ahora. Bueno, manda, tiene la responsabilidad
de ejercer el Gobierno, porque mandar manda poco en esto porque ni
siquiera ha puesto en marcha la primera piedra. Por tanto, esperemos que
ponga en marcha las acciones del Gobierno. La voluntad de Izquierda Unida
es que se ponga en marcha esto, que se impulsen esas medidas. Es verdad
que estamos hablando de obras que van a suponer un esfuerzo inversor de
tres mil y pico millones de pesetas por parte de las dos
administraciones, no estamos hablando de una obra de 90 o de 100 millones
de pesetas, pero también es verdad que por algo habrá que empezar. Por
tanto, nuestra idea es que el impulso del Congreso sea acometer las
previsiones para comprometer los presupuestos. Y, ¿por qué digo esto?
Porque estamos acostumbrados a que, por un lado, va la palabra y por otro
lado van los «cuartos». Y en mi tierra, cuando hay un trato sin firmar,
de palabra, a mercancías hay dinero, si no hay dinero no hay mercancías.

Y es lo que pasa aquí. Si los presupuestos no recogen dinero, si no se
comprometen recursos de ninguna de las dos administraciones seguiremos
cantando odas preciosas, incluso puestas en el «BOE», pero serán odas,
poesía bonita. En agricultura saben ustedes que la poesía es bonita,
porque todos los días la vivimos cuando sale el sol y cogen el... legón
para trabajar, pues se tiene que transformar en producción. La poesía se
hace efectividad cuando el regadío y los productos tienen su efectividad
en la venta de esos productos.

Por tanto, esperamos que los demás grupos de la Cámara puedan apoyar
estas dos propuestas en este impulso al Gobierno, por un lado para que se
acometan esas previsiones y, por otro lado, para que se ponga en marcha
todo lo que está previsto en esta comisión técnica mixta y logre ese
ejercicio coordinado, tanto de poner en marcha como de vigilar y seguir
las obras previstas. Es verdad que aquí necesitan el contrato de dos,
como las buenas parejas, de hecho u oficiales, como sea, pero contrato de
dos: comunidad autónoma y Gobierno central. Como estamos en el Parlamento
del Estado se lo pedimos al Gobierno central. Cuando estemos en el
parlamento autónomo se lo pediremos al gobierno autónomo para que los dos
vayan con el mismo paso y no con el paso cambiado.




El señor PRESIDENTE: A la iniciativa que en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha defendido el señor Ríos, se
ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Ruiz.




El señor RUIZ LOPEZ: La verdad es que espero ser más breve que el señor
Ríos, porque no me encuentro esta mañana tan prosaico como el portavoz de
Izquierda Unida y voy a ceñir la brevedad de mi intervención a la
claridad de la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta
proposición no de ley de Izquierda Unida, sobre todo a la hora de
defender nuestra enmienda.




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Yo creo que habrá que hacer primero un análisis de seguimiento de este
plan coordinado de obras de los sectores III y IV de la zona regable de
Lorca-Valle del Guadalentín en Murcia que, como ya se ha constatado esta
mañana, se ha aprobado por Orden ministerial de 18 de febrero de 1993,
efectivamente, resultando ahora competencia del Ministerio de Medio
Ambiente las obras de infraestructura hidráulica, las redes principales
de riego, drenaje y caminos, embalses reguladores, líneas de alta tensión
y media tensión, así como los automatismos y el control de las redes de
riego. De hecho, y siguiendo con la trayectoria de este plan a que hemos
aludido hace un momento, en septiembre de 1994 se concluyó el pliego de
bases de asistencia técnica para la redacción del proyecto, pliego que en
definitiva fue aprobado el 18 de abril de 1995 y que permitió, previo
concurso publicado en el «BOE» el 7 de junio de 1995, la contratación el
10 de mayo de 1996 y la redacción del proyecto. Como consecuencia de todo
lo anterior, hoy se encuentra ya concluido el proyecto, que se denomina
técnicamente como proyecto de obras de infraestructuras hidráulicas de
los sectores III y IV de la zona regable de Lorca-Valle del Guadalentín,
en el término municipal de Alhama de Murcia, con un presupuesto que ronda
los 3.400 millones, como se ha anunciado.

Efectivamente, yo quería resaltar la importancia de la zona, la
importancia de Alhama y, sobre todo, la importancia que tiene para la
zona este plan coordinado de las obras de los sectores III y IV en la
zona regable de Lorca-Valle de Guadalentín. También creo que debíamos
destacar, como murcianos y como parlamentarios por Murcia, la importancia
que para Murcia tiene el desarrollo de esta zona, una zona con muchas
potencialidades y que, efectivamente, lleva mucho tiempo esperando el
desarrollo de este plan. Entiendo el gran esfuerzo que han hecho la
región de Murcia y los murcianos a la hora de la mejora de regadíos, y
también entiendo que la Administración, en parte, se ha volcado mucho
para esta mejora de regadíos. Pero no podemos quedarnos ahí y en sitios,
como ya decía antes el portavoz de Izquierda Unida, donde aunque haya
pasado mucho tiempo ha llovido muy poco, cualquier mejora de regadío es
como ahorrar no sólo el agua sino ahorrar mucho dinero y también muchos
problemas, porque ahorrar agua significa tener menos follones, menos líos
o menos disputas con nuestros vecinos de comunidades autónomas.

Queda constancia, pues, de la importancia que se le da, por parte del
Partido Popular, a este proyecto y también la intención, como así consta
en algunos informes del Ministerio de Medio Ambiente, de impulsar este
proyecto, pareciendo a veces, como decía ayer un portavoz del Partido
Socialista, que estamos en el año cero porque hay que hacer demasiadas
cosas y parece que todo lo estamos haciendo nosotros; a veces sí parece
que hay que dar ese impulso definitivo y ahí es donde está el Partido
Popular.

Yo quiero constatar esta mañana el esfuerzo que hacemos por comprometer
--y yo pido ese esfuerzo a todos los grupos esta mañana aquí-- para que
se apruebe nuestra enmienda. La enmienda es una enmienda que nosotros
consideramos de mejora técnica pero, al final, lo que se trata es de
conseguir que se apruebe por parte de esta Cámara una instancia al
Gobierno para que siga adelante este proyecto tan importante para la zona
de Alhama de Murcia y para los murcianos.

Esta enmienda pretende suprimir el apartado 2.º de la proposición no de
ley de Izquierda Unida porque la comisión técnica mixta, efectivamente,
no es competencia del Ministerio y la primera parte quedaría de la forma
que digo. Aunque aparece en la enmienda --yo he podido hoy hablar con el
portavoz de Izquierda Unida--, al final, si se me permite y así lo
aceptan los grupos, quedaría: Impulse la puesta en marcha de las obras de
modernización de regadíos en el municipio de Alhama de Murcia, conforme a
lo previsto por el Gobierno en el proyecto de obras de infraestructuras
hidráulicas de los sectores III y IV de la zona regable de Lorca-Valle
del Guadalentín.

Y sin nada más que decir, me reitero en la petición a los demás grupos
para que apoyen esta solicitud por lo que representa para Murcia, para
Alhama, para la zona regable de Lorca-Valle Guadalentín. Apoyamos esta
iniciativa parlamentaria para que el Gobierno, como ya tiene previsto,
lleve adelante este proyecto.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que en relación a este asunto deseen fijar
posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Ortiz.




El señor ORTIZ MOLINA: El Grupo Parlamentario Socialista estaría
dispuesto a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida en relación al plan coordinado de obras de los sectores
III y IV de la zona regable de Lorca-Valle del Guadalentín, por entender
que la propuesta se ajusta a lo estipulado en la orden de 18 de febrero
de 1993 y por responder a una necesidad indiscutible de los regantes de
la zona descrita, regantes que, conjuntamente con el alcalde de la ciudad
de Alhama, en torno a la cual se ubican los terrenos afectados, cursaron
visita en octubre de 1996 al ministerio a los efectos de recordar el
compromiso de la Administración central sobre el particular.

Quizá lo auténticamente urgente, por prioritario, y al margen de los
planes en cuanto a tiempo de ejecución, tal y como se contempla en el
apartado 2.º de la proposición no de ley, sería activar el funcionamiento
efectivo de la comisión técnica mixta que contempla el artículo 7 de la
orden de 18 de febrero. Si esto fuera así evitaríamos --y lo decimos con
ánimo constructivo-- el triste espectáculo que supone el que la Comunidad
Autónoma de la región de Murcia argumente que tiene paralizada la
ejecución del plan con la excusa de que todavía no está realizado el
proyecto correspondiente al ministerio, aunque en buena lógica éste
debería estar concluido ya puesto que fue adjudicada su redacción el día
10 de abril de 1996, es decir, hace ya algunos meses. Dicho sea de paso,
la comunidad autónoma ya ha elaborado --y sirva esto en su defensa-- el
proyecto que le corresponde del sector III que fue encargado en su día
por la anterior Administración en aquella región.

En cualquiera de los casos y sin ánimo de entrar en excesivos detalles, a
nuestro juicio lo importante es que los



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trabajos técnicos concluyan, que la comisión técnica mixta funcione y que
las inversiones previstas se doten presupuestariamente para su
contratación, a lo que puede contribuir, sin lugar a dudas, la
proposición no de ley que estamos debatiendo, por lo que reiteramos lo
que decíamos al principio: nuestra intención de voto favorable a la
misma, a pesar de los términos gaseosos en que se plantea el acuerdo
final en el supuesto de que fuera aceptado por Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos, en nombre de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor RIOS MARTINEZ: Entenderán sus señorías que, como grupo
proponente lógicamente lo que interesa es lo que puede salir votado, lo
que puede ser una obligación para el Gobierno, y más en el mes de mayo,
que es cuando se están cerrando las propuestas de presupuestos de
dirección general a dirección general. Yo comparto que el apartado 2.º
para nosotros sería importante, para evitar que en Murcia se diga que ya
estamos en marcha y que estamos esperando a que los otros hagan y aquí se
diga: No podemos poner porque estamos esperando a que los otros se
comprometan. Pero como lo bueno es enemigo de lo posible y, muchas veces,
lo posible no es todo lo necesario, vamos a intentar que el acuerdo que
hoy se pueda lograr aquí en la Cámara esté en el tenor de que haya un
solo punto en la propuesta, que sea que esta Cámara inste al Gobierno a
que impulse la puesta en marcha de las obras de modernización de regadíos
del municipio de Alhama, conforme a lo que está previsto en el proyecto
de obras de infraestructura hidráulica en los sectores III y IV de la
zona regable de Lorca-Valle del Guadalentín.

No es todo lo que nos hubiese gustado como precisión del acuerdo, pero sí
creemos que es suficiente para que siendo el primer año de gobierno
podamos, a renglón seguido, en el mes de enero, en el mes de febrero,
recabar que se cumpla lo que se ha aprobado. Como los presupuestos están
por hacer, esto deberá ser lo que nos mida.

Por tanto, señor Presidente, en estos términos yo acepto la propuesta que
nos ha hecho el Grupo Parlamentario Popular aun entendiendo que,
lógicamente, la propuesta originaria era mejor, no porque la hayamos
hecho nosotros sino porque era más amplio el compromiso del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: A los efectos de que lo que abunda no daña y para
introducir la mayor claridad posible en lo que es un acuerdo final del
que nos debemos felicitar todos, voy a proceder a la lectura del
resultado final de la enmienda que aceptaría el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya: Que impulse la
puesta en marcha de las obras de modernización de regadíos en el
municipio de Alhama de Murcia (Murcia), conforme a lo previsto por el
Gobierno en el proyecto de obras de infraestructuras hidráulicas de los
sectores III y IV de la zona regable de Lorca-Valle del Guadalentín. Es
una ligera rectificación sobre la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular.

El señor RIOS MARTINEZ: Yo solamente he saltado las palabras «previsto
por el Gobierno» porque está previsto por la orden ministerial, pero me
da igual. Es decir, que si se queda previsto por el Gobierno bien, pero
estaba previsto en el plan de obras que fue aprobado en el año 1993. No
modifica sustancialmente el texto. Yo preferiría que el referente fuese
«el plan de obras y servicios aprobado en el año 1993» y, por tanto, se
quitasen las palabras «previsto por el Gobierno».




El señor PRESIDENTE: ¿Estarían de acuerdo el resto de los portavoces?



El señor RUIZ LOPEZ: Yo prefiero, señor Presidente, si es posible, que se
quede como está porque, realmente, se refiere a lo previsto por el
Gobierno en el proyecto, o sea que se refiere al proyecto; la referencia
no es a lo que vaya a hacer el Gobierno sino a lo que está en el proyecto
de obra de infraestructura hidráulica. Yo preferiría, si no hay problema,
que se quede así.




El señor RIOS MARTINEZ: Como el Gobierno es de todos los españoles y hoy
es éste y antes era otro, lo previsto por el Gobierno no determina que
sea éste, puede ser el anterior. Por tanto, me parece bien.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz ¿está usted también de acuerdo en nombre
del Grupo Socialista?



El señor ORTIZ MOLINA: Sí, sin problemas, señor Presidente, aunque
efectivamente, sería mucho más correcto, desde el punto de vista de la
redacción, lo que dice el portavoz de Izquierda Unida. Pero, en cualquier
caso, no debe ser éste un elemento de disparidad de criterios en
profundidad.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señores portavoces, porque han
facilitado enormemente el trabajo de esta Presidencia.

Les recuerdo que las votaciones van a tener lugar no antes de las dos,
pero a partir de las dos, en cualquier momento.




--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA LOGRAR LA DEPURACION DE AGUAS
RESIDUALES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA).

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000349.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al punto 4, que será el punto 5
del orden del día, referido a la proposición no de ley relativa a la
adopción de medidas para lograr la depuración de aguas residuales del
centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), que ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre va a hablar
su portavoz.




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El señor CANEDA MORALES: Intervengo para defender la iniciativa del Grupo
Popular para la adopción de medidas en la depuración de aguas residuales
del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Lo voy a hacer de una
forma muy sencilla, intentado explicar claramente el grave problema que
tiene este centro penitenciario al que prácticamente desde su creación no
le funciona bien el sistema de depuración y cada día ha ido presentando
más deficiencias. A esto se ha añadido el que con el transcurso del
tiempo este centro penitenciario está absorbiendo el doble de reclusos
del que estaba previsto en un inicio, complicando aún más la cantidad y
el bajo nivel de depuración de estas aguas.

Lo que se propone en esta iniciativa es que esta urgentísima necesidad de
que estas aguas que en la actualidad y siendo muy benévolo, dejan
muchísimo que desear en cuanto a que su nivel de depuración, sean
tratadas de forma adecuada. Se necesitaría una inversión fuerte y de
forma urgente porque, tal y como se está haciendo ahora el vertido, es
peligroso ecológica y sanitariamente. Se trata aquí de que se conjugue
este problema con el que también presenta la depuradora del mismo
municipio que, por la explosión demográfica que ha sufrido en los últimos
diez años, se ha quedado en el casco urbano, habiendo viviendas a cien
metros con los consiguientes problemas de olores.

Si a estos dos elementos que he significado se les une la construcción de
una depuradora en Málaga --este pueblo es anexo-- que tiene gran
capacidad y podía utilizarse para las aguas residuales tanto del centro
penitenciario como del pueblo, lo que se viene a pedir, insisto, es que
se haga una conexión entre las distintas administraciones y se insta a
que el Ministerio de Interior, en este caso el afectado por el centro
penitenciario, llegue a acuerdos con las otras administraciones afectadas
y, al tiempo, se construya un colector que permita llevar estas aguas a
esta gran depuradora. Los beneficios serían múltiples, en cuanto a que
por un lado eliminaría los puntos negros, eliminaría los olores en el
pueblo, y sería mucho más barato para el municipio y el centro
penitenciario no tuvieran que llevar el mantenimiento de estas dos
depuradoras pequeñas; al mismo tiempo, prevería el ensanche en marcha de
determinadas zonas de Málaga que podían conectarse a este colector en un
futuro.

Por todo ello, yo creo que los resultados serían beneficiosos para todos,
por supuesto en términos ecológicos y sanitarios, pero también en
términos económicos porque solucionaría el problema de todo el municipio
optimizando todas las inversiones públicas de las distintas
administraciones. Yo creo que éste es el fundamento. Hay una necesidad
urgente en el centro penitenciario que hay que solventar, pero también
tiene un problema. El municipio debería ponerse de acuerdo y la mejor
forma es unir los dos a un colector porque, como ventaja adicional,
quedaría que la depuradora actual de este municipio podía ser reutilizada
en otro.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir en relación a este
punto del orden del día?
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Sánchez.




La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor Presidente voy a expresar la aceptación de
mi grupo de la proposición no de ley que debatimos.

Las deficiencias de las instalaciones en el prisión provincial de Málaga,
que han sido puestas de manifiesto por el portavoz popular, son en buena
parte consecuencia de los problemas que suscitó la decisión de instalar
la prisión en el término municipal de Alhaurín de la Torre. La reacción
del municipio y de los responsables municipales fue contraria a su
instalación, recurriendo incluso a la violencia contra los que en aquel
momento intentamos explicar a los ciudadanos las razones de aquella
decisión. Este clima impidió el acuerdo necesario para conectar la
prisión a la red municipal de abastecimiento y depuración de aguas, como
hubiese sido lógico. Como alternativa se arbitró un sistema propio de
abastecimiento y depuración que funciona desde la inauguración del centro
penitenciario --es decir, desde 1992-- y que se ha ido mejorando a lo
largo del tiempo como consecuencia de partidas presupuestarias que se han
incluido en los distintos presupuestos durante los gobiernos socialistas.

El sistema que se instaló es un sistema similar al utilizado en aquel
momento por poblaciones del valle de Guadalhorce. Se instalaron dos
líneas de tratamiento y un proceso de depuración que incluye
pretratamiento con reja de desbaste y desarenado, aireación por soplo y
difusión, decantación, recirculación de fango y esterilización.

Ciertamente, este sistema se ha mostrado insuficiente pero no sólo por el
aumento de la población reclusa, como se ha señalado y se señala en la
exposición de motivos de la proposición no de ley, sino porque se ha
quedado anticuado para responder a la nuevas exigencias de respeto medio
ambiental que provienen fundamentalmente de la Directiva 271. Este
sistema se ha ido sustituyendo, a medida que los presupuestos lo han
permitido, por nuevos y más sofisticados sistemas de depuración más
respetuosos con el medio ambiente y menos nocivos para los cultivos y la
salud de las personas. La inversión en depuración y control de vertidos
en la provincia de Málaga ha sido muy importante, sobre todo la efectuada
por parte de la Junta de Andalucía, también por el Gobierno central, pero
de la Junta de Andalucía porque es responsable de los vertidos que van al
mar.

Nuestro grupo apoyará cualquier iniciativa que incida en la mejora medio
ambiental de la provincia de Málaga y, por lo tanto, vamos a apoyar la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, con una única reserva, que
viene del desconocimiento que mi grupo tiene en este momento sobre el
proyecto de canalización de aguas residuales desde la prisión a la
depuradora del Guadalhorce. Sobre este proyecto, cuando esté redactado,
nos posicionaremos en el momento oportuno.

Tenemos también una duda sobre lo que significa para el Grupo
Parlamentario Popular y para el Gobierno popular, la redacción de la
proposición no de ley, que dice que se tomen con urgencia las medidas que
permitan esta conexión.




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¿Por qué la duda? Porque ni el Grupo Parlamentario Popular ni el Gobierno
del Partido Popular han dotado suficientemente, apenas 700 millones de
pesetas, las obras de saneamiento con proyectos ya redactados y
pendientes de licitación, cuando llegaron al Gobierno. Y, además, el
Grupo Parlamentario Popular rechazó en su momento las enmiendas que el
Grupo Socialista presentó para incrementar estas partidas en los
presupuestos. Pero, en este caso, el beneficio de la duda se va a
concretar en nuestro voto positivo a su pretensión y ya evaluaremos la
veracidad de su voluntad de arreglar urgentemente el problema de
saneamiento en la prisión provincial, concepto que nuestro grupo
comparte.

Voy a hacer una última apreciación respecto a un extremo de la redacción
de la exposición de motivos de la proposición no de ley. El Grupo
Parlamentario Popular residencia en el aumento de la población reclusa,
en la prisión de Alhaurín de la Torre, una parte del problema que se ha
planteado con la depuración de las aguas. Tengo que decir, en este tema,
que el último Gobierno socialista preveía la apertura de nuevos centros
penitenciarios en Andalucía que tendrían que haberse inaugurado en 1997.

Este proyecto no se ha culminado con el Gobierno del Partido Popular, lo
que ha incidido de manera directa en la superpoblación de la prisión
provincial de Alhaurín. Quizá si estos proyectos del último Gobierno
socialista se hubieran implementado, ahora el problema sería menos grave
porque la prisión provincial tendría menos población.

En definitiva, y para terminar, apoyamos esta proposición no de ley con
la esperanza de que la urgencia signifique que el proyecto se redacte, se
licite y se empiece a realizar antes de fin de 1997.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENVIAR, CON CARACTER TRIMESTRAL, UN
INFORME SOBRE LAS APORTACIONES PATRIMONIALES QUE, CON CARGO AL CAPITULO 8
DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, SE REALICEN A PROMOTORES DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y MEDIOAMBIENTALES, Y POR LA QUE SE ACUERDA
LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ANTE LA
COMISION DE MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000361.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a enviar con
carácter trimestral un informe sobre las aportaciones patrimoniales que,
con cargo al capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado, se
realicen a promotores de infraestructuras hidráulicas y medioambientales
y por la que se acuerda la comparecencia trimestral de la Ministra de
Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente.

El autor de la iniciativa es el Grupo Socialista y para su defensa tiene
la palabra su portavoz la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta en la
Comisión de Medio Ambiente una proposición no de ley que es completamente
análoga en sus términos a la que hemos tenido ya ocasión de defender en
la Comisión de Infraestructuras y que se refiere al oportuno control por
parte de esta Comisión de Medio Ambiente de la aportación de recursos de
los Presupuestos Generales del Estado, a través de los mecanismos
previstos en el capítulo 8 de los mismos, las denominadas Aportaciones
patrimoniales para promotores privados de infraestructuras que, en el
caso del Ministerio de Medio Ambiente suman una cuantía de algo más de
44.000 millones de pesetas, que los responsables del ministerio ya han
anunciado que serán ofertadas a la iniciativa privada como complemento de
su inversión en los campos básicamente de las infraestructuras
hidráulicas y que, en el caso del Ministerio de Fomento, han recibido ya
un primer marco de aplicación en lo que constituye el primer programa de
autovías de peaje, presentado por el actual Gobierno.

En el debate que se tuvo en la Comisión de Infraestructuras se planteó,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, una enmienda de sustitución al
texto presentado por mi grupo parlamentario que fue aceptada por nosotros
con el mismo espíritu con el que esta mañana el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ha aceptado una enmienda, procedente en este caso del
Grupo Popular, en el sentido de aceptar, aunque sea en términos menos
intensos, un mecanismo de control de dichas aportaciones de fondos de los
Presupuestos Generales del Estado.

Creo, además, que esta mañana la Comisión de Medio Ambiente se está
celebrando en un momento especialmente significativo para la política de
aguas; acaba de ser presentado el anteproyecto de ley de reforma de la
Ley de 1985 en la materia, y el contenido de esta ley es lo
suficientemente importante como para que no quepa la menor duda de que
cualquier mecanismo de financiación extrapresupuestaria que este Gobierno
pretenda activar en relación con la política del agua debe de ser
previamente conocido y valorado por el Parlamento. Porque, señorías, no
es sólo importante que se compense la caída drástica de la inversión
pública que ha registrado este año el Ministerio de Medio Ambiente con
inversión privada incentivada desde el capítulo 8, sino que es importante
también saber dónde se van a aplicar esos incentivos del capítulo 8. Es
decir, con qué prioridades, en qué territorios y para qué finalidades,
porque en materia de inversión ambiental España tiene prioridades ciertas
que no deberían verse supeditadas al mayor o menor atractivo que
determinadas actuaciones puedan tener para la inversión privada. Por lo
tanto, reiteramos en esta Comisión nuestra propuesta de que exista un
control periódico por parte de esta Comisión, a partir de los informes y
de las comparecencias que el Gobierno estime oportuno hacer, pero que nos
permita saber cuáles son los planes que va a desarrollar el Departamento
de Medio Ambiente en materia de política del agua con los instrumentos
presupuestarios de los que se ha dotado.




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Anticipo, por lo tanto, la aceptación, en su caso, de una enmienda
similar, por parte del Grupo Parlamentario Popular a la que en su momento
aceptamos en la Comisión de Infraestructuras.




El señor PRESIDENTE: En relación a esta propuesta se ha presentado una
enmienda transaccional para cuya defensa tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Medina.




El señor MEDINA TOLEDO: No sólo el pensamiento de este portavoz sino el
del Grupo Parlamentario Popular en su conjunto, y especialmente de la
Comisión de Medio Ambiente, es que hay asuntos concretos relacionados con
la ejecución de los presupuestos que nos afectan desde el punto de vista
del Estado, que deben ser consensuados en el más amplio sentido.

Quede claro --y lo demostraré a lo largo de mi intervención-- que la
postura del Partido Popular en estos aspectos es coherente, tanto cuando
ha actuado como oposición como ahora en el Gobierno. El Partido Popular
ha tenido siempre la voluntad decidida de actuar con transparencia en
todas las materias presupuestarias que afectan al Ministerio de Medio
Ambiente y a esta Comisión. No sólo no tiene reparo alguno en someterse
al control parlamentario, sino que, desde el punto de vista de su acción
política, propicia ese control parlamentario, porque es un derecho de la
oposición, porque mejora la acción democrática de la oposición y porque
el beneficiado final de esa acción de control es el pueblo español. En
este tema tengo que alabar la postura de la portavoz del Partido
Socialista, con la que siempre es posible llegar a entendimientos en
estas materias. La enmienda transaccional de sustitución de texto que
presentamos es muy parecida a una que fue aprobada en la Comisión de
Fomento y pretende, precisamente, garantizar la operatividad del Gobierno
en lo que es su responsabilidad, y garantizar asimismo la acción de
control de la oposición en lo que es su responsabilidad. Yo quisiera
dedicar una pequeña y corta intervención a justificar el porqué se
plantean las cosas en estos términos. Todo ello en aras a lo que decía
antes, al discurso de la coherencia que se le debe exigir a un partido,
tanto cuando está en la oposición como cuando está en el Gobierno.

Si miramos los antecedentes parlamentarios, sobre todo en el corto tiempo
en que el Partido Popular está en el Gobierno, observamos que se han
producido iniciativas --concretamente dos-- no sólo relativas al
Ministerio de Fomento sino también a la Comisión de Presupuestos del
Congreso de los Diputados. Se aprobó una muy importante en la cual,
mediante las proposiciones no de ley números 161/94, 161/106 y 161/359,
se fijaron unas comparecencias cuatrimestrales, en los meses de abril,
junio y noviembre, del Secretario de Estado de Presupuesto y Gastos para
informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del
Estado y la evolución de sus principales magnitudes. Previamente hay una
obligación, un mandato del Parlamento relativo a que esas comparecencias
deberán ir precedidas de la remisión de un informe donde se contenga en
un anexo el grado de ejecución de los créditos del capítulo 8 de los
Presupuestos Generales del Estado.

Desde este punto de vista, diríamos que la parte económica está cubierta,
es decir, se accede a las pretensiones del Grupo Parlamentario Socialista
en lo que a presupuestos se refiere. Sin embargo, yo creo que el Partido
Socialista va más allá en su proposición y lo que demanda es más rico en
matices. Precisamente de lo que se trata es de hacer compatible esa
información, a la que la oposición tiene derecho, con la actuación, con
no maniatar y dejar libertad de acción para que el Gobierno pueda ejercer
su acción como debe.

Decía que el Partido Popular está llevado del discurso de la coherencia,
porque existen antecedentes parlamentarios de la V legislatura en la que
el Grupo Parlamentario Popular presentó no menos de trece proposiciones
no de ley en Comisión, donde solicitaba que, además de la comparecencia
del Secretario de Estado de Hacienda --que también se había solicitado--,
los respectivos subsecretarios de cada Ministerio, ante la Comisión
sectorial correspondiente del Congreso, diesen cuenta trimestralmente de
un informe con la ejecución presupuestaria de cada departamento. El
discurso del Partido Popular en la oposición es coherente, porque fue
quien propuso esa comparecencia pero estimo, con todo el respeto, que
entonces la postura del Partido Socialista era bastante ilustrativa. No
accedió a ello, rechazó las trece proposiciones diciendo que existían
abiertas diversas posibilidades de control sin necesidad de la
reglamentación que se proponía y que existía ya regulada una
comparecencia cuatrimestral del Secretario de Estado de Hacienda con la
misma finalidad.

Pues bien, a pesar de que en este momento el Secretario de Hacienda
comparece, el Partido Popular se aviene también a que comparezcan
autoridades del Ministerio, no necesariamente la Ministra como se pide,
porque un ministro puede en ocasiones venir o no, sino las autoridades
correspondientes, que podrán ser la Ministra --¿por qué no?--, un
secretario de Estado o un director general.

Queda claro que el Partido Popular ha actuado con coherencia, tanto en la
oposición como en el Gobierno. Por eso accedemos a esa enmienda
transaccional de sustitución, con lo que se cumplen los objetivos
legítimos de control de la oposición, así como los objetivos legítimos
del Gobierno de cumplir su función con las menores trabas posibles.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Agradezco al representante del Grupo Popular que
también en esta Comisión haya defendido una enmienda de sustitución
análoga a la que resultó como texto definitivo de nuesta proposición no
de ley en el caso de la Comisión de Infraestructuras. No esperaba menos,
pero siempre hay que agradecer que, como dice el señor Medina, se
mantenga la coherencia en lo que se refiere a la actuación en dos
comisiones diferentes.




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Quisiera simplemente recordarle, señor Medina, que cuando gobernaba el
Partido Socialista no había posibilidad de pedir control sobre el
capítulo 8 de los presupuestos, por la sencilla razón de que no se
utilizaba esta herramienta financiera que ustedes han presentado como una
forma de complementar la inversión pública. En ese sentido, nosotros no
tenemos ninguna objeción pero, por supuesto, pedimos que exista esa
transparencia, esa voluntad por parte del Gobierno de explicitar cuáles
son las prioridades a las cuales debería someterse la inversión privada y
no lo contrario, para que ésta no sea una vía por la cual se pierdan
prioridades de cara al interés general y se potencien intereses
particulares. Como digo, el capítulo 8, una vía de aportación a
inversores privados, es una herramienta que nosotros no utilizamos en su
momento. Y no porque no haya utilizado el Partido Socialista instrumentos
de financiación privada con carácter extrapresupuestario para desarrollar
algunas políticas. Ahí tiene la política de vivienda como ejemplo donde,
vía capítulo 7, a partir de transferencias a las entidades de crédito en
forma de subsidio de tipo de interés, de hecho se ha practicado una
financiación extra-presupuestaria. Pero entienda bien S. S. que es muy
distinto puesto que se hacía en el marco de un plan nacional de vivienda
con objetivos claros en cuanto al número de viviendas a financiar, a los
destinatarios de las mismas y a sus modalidades.

Si como le hemos pedido a la Ministra en varias ocasiones, en concreto en
la última comparecencia sobre política hidráulica, hubiera informado
sobre cómo pensaba ofrecer estas aportaciones del capítulo 8, en términos
de prioridades y de finalidades, nos sentiríamos en estos momentos más
tranquilos, porque lo que nos tememos es que el capítulo 8, al final, sea
una suma de decisiones individuales en torno a problemas que son
generales, como es la cuestión ambiental. En cualquier caso, agradezco
que se nos dé esta vía de control que, ciertamente, no se hubiera podido
pedir por el Partido Popular en la anterior legislatura puesto que, como
digo, no había capítulo 8 que vigilar.




El señor MEDINA TOLEDO: Quisiera hacer una réplica a doña Cristina...




El señor PRESIDENTE: No está previsto en el Reglamento. Les recuerdo que
están amparándose en la benevolencia de esta Presidencia en la
interpretación del Reglamento, de lo cual no es bueno que se abuse. Tiene
la palabra S. S. por dos minutos.




El señor MEDINA TOLEDO: Con cargo a mis dos minutos le manifestaré que
jamás he dudado de su benevolencia, sino todo lo contrario. Se lo
agradezco.

Doña Cristina Narbona, con su habilidad tradicional, ha desviado el tema
específicamente al capítulo 8. No habrá usted oído en mi argumentación
nombrar específicamente el citado capítulo, porque hay otros capítulos
presupuestarios que exigen control. Lo que S. S. propone lo circunscribe
al capítulo 8, pero, desde luego, conocer el objeto social, la
composición de las empresas, si son capaces o no de hacer lo que deben
hacer o eventuales subvenciones públicas, todo eso puede verse en
cualquier capítulo. Lo importante es que el Partido Socialista no accedió
a la labor de control ni del capítulo 1 ni del capítulo 2 ni del capítulo
8. No accedió al control en nada. Por tanto, no lo circunscribamos sólo
al capítulo 8.

Voy a manifestar una cosa que debe quedar claro. Siempre que tengo
oportunidad lo digo. Contraponer lo público a lo privado es una torpeza.

Hay cosas que son eminentemente públicas, pero su gestión puede ser
pública o privada. No es tan importante que sea pública o privada como
que sea eficaz o ineficaz, que cumpla los objetivos o que no los cumpla.

Concretamente en este caso, me alegro de que S. S. reconozca que,
efectivamente, el Partido Socialista tampoco tiene problemas para hacer
uso de la gestión privada de asuntos públicos si se demuestra que son
eficaces. El resto, señora Narbona, es un juicio o un prejuicio de
intenciones por su parte. Yo estoy convencido de que el Partido Popular
ha dado pruebas de transparencia, de honradez, de seriedad y de capacidad
técnica y política para casar las cosas adelante. En este caso, volverá a
dar ejemplo de ello. Simplemente le pido un poco de paciencia y dar
tiempo al tiempo. No recurriré a los famosos trece años, pero tampoco me
gustaría recurrir a los famosos trece meses.




El señor PRESIDENTE: El texto facilitado a esta Presidencia como enmienda
transaccional es el siguiente. Voy a proceder a su lectura para mayor
claridad: La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a enviar, con
carácter semestral para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, un
informe con el pormenor y detalles necesarios para el más completo
conocimiento sobre la ejecución del capítulo 8 de los Presupuestos
Generales del Estado, correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente.

Punto dos. La Comisión de Medio Ambiente acuerda asimismo la
comparecencia semestral de las autoridades del departamento, para
informar sobre los extremos del apartado anterior. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento.)



--RELATIVA AL PARQUE NACIONAL MARITIMO-TERRESTRE DEL ARCHIPIELAGO DE
CABRERA (PALMA DE MALLORCA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000377.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a debatir la siguiente proposición no
de ley, relativa al parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago
de Cabrera (Palma de Mallorca), que ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
cuya defensa tiene la palabra su portavoz la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Como SS. SS. saben, el parque nacional de
Cabrera fue creado por la Ley 14/1991, así como el parque nacional
marítimo-terrestre,



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con las aguas y fondos marinos que lo rodean y con los fines de
protección previstos en la Ley 4/1989. El parque está afecto a la defensa
nacional y sus actuaciones serán --se decía en aquel momento-- reguladas
por un plan especial --que ya existe en estos momentos-- para lo cual el
Ministerio de Defensa nombró un director adjunto al parque. Además, la
ley disponía que, en el plazo de un año, se redactara un plan de
ordenación de recursos naturales y, seis meses después, un plan rector de
uso y gestión al que después tendrían que servir los planes especiales
necesarios. Bien es cierto que el plan de ordenación de recursos
naturales se publicó en el mes de febrero de 1993. En él se describen los
ecosistemas, los elementos singulares y se establecen las zonas que se
han de proteger, dándose criterios además para limitar el uso de los
recursos naturales y establecer políticas sectoriales y recomendaciones
sobre la gestión del parque.

El problema que tiene el parque de Cabrera es precisamente uno de los
recursos escasos, el agua. Necesariamente, tiene que estar limitado el
uso de este recurso, además de otros.

Hubo toda una serie de disposiciones y, en 1995, se aprobó --dense
ustedes cuenta de que estamos hablando con bastante tiempo de
diferencia-- el plan rector de uso y gestión, pero no se han aprobado
todavía todos los planes especiales y necesarios para la zona, como son
el plan de pesca, el plan regulador de actividad de uso turístico, el
plan de optimización energética, y así como unos cuantos más.

El hecho de que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya haya presentado esta proposición no de ley es porque estamos
convencidos de que el asentamiento humano que permanece fijo en la isla
durante toda la temporada, perjudica precisamente al parque nacional de
Cabrera. Queremos que conste que no estamos diciendo que el parque esté
mal gestionado, lo que estamos diciendo es que se necesitan que se
elaboren y que se lleven a la práctica todos los planes especiales que
aún no están puestos en marcha y que, además, estamos convencidos de que
el asentamiento humano permanente que hay en la isla perjudica al parque
nacional de Cabrera y a su entorno.

Tengan ustedes en cuenta que en verano puede haber unas 60 ó 70 personas
y, en invierno, el asentamiento es de 40 ó 50. Debemos tener en cuenta
que uno de los recursos necesarios es precisamente el agua, que el
acuífero ya tiene un grado de salinización bastante alto, y que la
utilización o la creación de energía eléctrica en la isla se hace a base
de gasoil --se pueden producir derrames a la hora de hacer las recargas y
de dotar de la necesaria alimentación al tipo de generador que tienen--,
todo lo cual está precisamente impidiendo que haya una actuación adecuada
en materia de conservación del medio ambiente. Además, existen otras
razones por las que hemos presentado esta iniciativa. Estamos convencidos
de que se deben establecer límites ecológicos al uso humano. Hay un
problema de depuración de aguas residuales: cuanto mayor es el número de
personas asentadas en la isla, mayor problema hay y está todavía sin
resolver. Es necesario garantizar que todos estos problemas se van
solucionando.

En el primer punto le instamos al Gobierno a que se lleve a cabo la
modificación de la titularidad del parque. Estamos convencidos de que no
existe en estos momentos ningún motivo para que el parque y la isla de
Cabrera sean de interés estratégico para la defensa nacional. Hay que
reducir el asentamiento humano que hay en la isla, a pesar de que se han
tomado todas las medidas para que no sea perjudicial y de que hay un
perfecto trabajo de colaboración entre los militares que están en la zona
y el personal civil del propio parque, sin que exista traba alguna a este
respecto. Asimismo, estimamos que el parque debe ser de titularidad
pública. Sabemos que se argumentan posibles problemas jurídicos a la hora
de cambiar la titularidad. Nosotros no le decimos al Gobierno cómo lo
tiene que hacer sino que creemos que se debe llevar a cabo la
modificación. En todo caso, serán los servicios jurídicos del Gobierno,
si se aprueba esta iniciativa, los que tendrá que buscar la fórmula
adecuada.

El segundo punto se refiere exactamente al asentamiento militar. En el
tercer punto se refiere a que se desarrolle la normativa prevista en el
PRUG en relación a la pesca profesional y artesanal y a las actividades
turísticas del parque. Es necesario que se delimite cuál es la pesca que
se tiene que realizar en la zona marítima de Cabrera y cuáles son los
métodos que se deben utilizar para perjudicar lo menos posible los fondos
marinos. De las conversaciones que tuvimos con las personas que están
trabajando en el parque dedujimos que la pesca artesanal es precisamente
la que mejores condiciones tiene para preservación del medio.

Respecto a las actividades turísticas, hay que seguir delimitándolas,
porque hay sectores que consideran que se deben delimitar mucho más y que
el número de visitantes al día, unas 200 personas en invierno y 300 en
verano, tendría que reducirse para evitar el daño que se pueda ocasionar
al parque.

En el punto número cuatro le pedimos al Gobierno que complete la
plantilla orgánica prevista para la gestión del parque y se aseguren
condiciones de vida dignas. Señorías, esta Diputada que les habla visitó
el parque nacional de Cabrera y puede asegurar que las condiciones en las
que vive el personal civil afecto al parque son bastante infrahumanas. Es
cierto que no puede haber ampliaciones de viviendas, porque así está
recogido en la declaración de parque. Nosotros no estamos defendiendo
eso, sino que estamos defendiendo que puedan tener unas condiciones de
vida mínimas, porque las habitaciones en las que tienen que dormir, con
literas, sobre todo en verano, cuando hay más personal afecto al parque,
no son dignas. Debemos tener en cuenta que están viviendo en una isla y
que su relación con el exterior es bastante escasa, aunque tengan semanas
de descanso. Por otro lado, la plantilla aún no está completa y debe
estarlo para que se pueda gestionar mejor el parque y puedan trabajar
mejorando su situación. Es necesario que los Presupuestos Generales del
Estado aporten los recursos necesarios para adquirir los medios
materiales que faltan pues aún no tienen muchos de los instrumentos que
necesitarían para realizar mejor su actividad. Les faltan
infraestructuras e instalaciones para mejorar todo su trabajo.




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Si tenemos en cuenta que la aportación que se ha venido haciendo al
parque nacional de Cabrera ha estado oscilando entre los 125 y 150
millones de pesetas y que el proyecto de energía renovable que tiene la
Dirección del parque asciende a más de cien millones de pesetas,
difícilmente con ese presupuesto puede el parque mantener lo que tiene,
trabajar para mejorar sus condiciones y, además, invertir en aquellos
programas o proyectos que necesita para dotarse de mejores recursos y
rentabilizar tanto la energía como el agua. Se produce asimismo una
contaminación por el generador que es de gasoil y que se utiliza para
generar energía eléctrica. Si se aportaran más recursos económicos al
parque estaríamos contribuyendo a que un apartado que puede tener un
impacto mínimo o máximo, pero un impacto al fin y al cabo, deje de
producirse. Por último, pedimos que se haga un estudio para que se
establezcan los límites ecológicos a la presencia humana.

Señorías, cuando hablamos de un parque como el de la Isla de Cabrera
debemos tener presente que en los primeros estudios que se hicieron antes
de que fuera declarado parque nacional, se establecía que no podía haber
un asentamiento humano de más de siete personas estables en la isla. Esos
son los informes con los que ha trabajado este grupo parlamentario. Puede
pensarse que es exagerado por nuestra parte, pero lo que queremos es que
se haga un estudio que establezca cuáles son los límites a la presencia
humana estable en la isla para que los recursos escasos que tiene y que
son necesarios, así como las depuraciones de agua, la agricultura o la
ganadería, que también están contempladas no perjudiquen al parque
nacional sino todo lo contrario, que sirvan para avanzar en la
regeneración y en las mejores condiciones del parque.

Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya espera recabar de esta Comisión el apoyo a su iniciativa
porque no estamos criticando la gestión del parque sino que estamos
intentando que se mejoren las condiciones del parque nacional de Cabrera
para que, como yo disfruté en mi visita, todo el mundo pueda disfrutarlo,
no sólo en poco tiempo sino en muchos años y cada vez en mejores
condiciones.

Señor Presidente, esta Diputada tiene que ausentarse. En caso de que
hubiera que hacer alguna aclaración, el portavoz de mi grupo
parlamentario así lo haría.




El señor PRESIDENTE: Lo lamentamos, señora Urán, pero muchas gracias por
su comunicación. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Tiene la palabra el señor Moragues, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor MORAGUES GOMILA: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida nos presenta hoy para su debate una proposición que contiene dos
aspectos claramente diferenciados, referidos ambos, como es natural, a la
gestión del parque nacional marítimo-terrestre de Cabrera. Por un lado,
cuestiones relacionadas con la presencia militar en la isla y, por otro,
distintos temas referidos a la gestión propia y específica del parque
nacional.

Señorías, el Grupo Socialista no va a apoyar los puntos que hacen
referencia a la presencia del ejército en el archipiélago de Cabrera, por
varias razones a las que sucintamente querría referirme. En primer lugar,
porque el debate sobre la titularidad o la presencia militar en Cabrera
es un debate hoy por hoy artificial que existió, es verdad, en los años
anteriores de la creación del parque, que provocó numerosas e importantes
protestas y movilizaciones, motivadas fundamentalmente por las maniobras
militares y los ejercicios de tiro que se llevaban a cabo periódicamente
en el archipiélago, pero que hoy en día casi nadie recuerda y, por
supuesto, nadie añora.

Al mismo tiempo, hay que decir que toda la sociedad balear reconoció y
sigue reconociendo que fue precisamente la presencia militar en las islas
la que posibilitó su preservación y, por tanto, hizo factible el que hoy
contemos con este parque nacional marítimo-terrestre. Hay que reconocer
también que precisamente es la afectación al Ministerio de Defensa de
este bien que forma parte del dominio público del Estado, según la
definición que de él hace la Ley 14/1991, creación del parque nacional,
la mejor garantía de preservación de la titularidad pública del
archipiélago de Cabrera, y que no nos parece ni correcto ni prudente
modificar en la actualidad, máxime cuando los herederos de la propiedad
tienen entablado contencioso con el Estado para recuperar su titularidad.

La presencia militar en la isla y sus actividades están reguladas por el
plan especial sabre actividades militares que, vale la pena recordar, fue
aprobado por unanimidad por el patronato del parque que, como todos
ustedes saben, cuenta con representación de asociaciones ecologistas;
plan que ha sido cumplido escrupulosamente por el destacamento militar de
la isla y que prevé, como recordaba la portavoz del grupo proponente, la
presencia de un máximo de 80 hombres y que, en la actualidad, no
sobrepasa en ningún momento los 40.

Como decía, el cumplimiento escrupuloso del plan no ha motivado, en los
seis años que lleva funcionando el parque, ni la más mínima incidencia
que haya originado queja alguna por parte de los responsables de su
gestión. Más aún, la presencia militar permite que el personal que
trabaja en el interior del parque se aproveche de la logística del
Ejército: instalaciones para alojar investigadores o visitantes
especiales, comunicaciones con el resto de la comunidad autónoma, con el
continente, con las islas, suministro de energía eléctrica, víveres, pan,
transporte, etcétera, son algunos de los servicios que el Ejército pone a
disposición del buen funcionamiento del parque y que hoy no pueden ni
deben ser innecesariamente rechazados.

En lo que se refiere a los puntos que el grupo proponente presenta para
su aprobación, referidos a la mejora de la gestión y de las inversiones
necesarias para el buen funcionamiento del parque, he de anunciar aquí
que el Grupo Socialista va a darle su apoyo. Se refieren a distintos
aspectos de la gestión. Resulta muy difícil para cualquier grupo no
darles el apoyo y espero que cuente con el apoyo de todos los grupos de
la Comisión. Como digo, resulta muy difícil no votar favorablemente a una
demanda de mejoras de infraestructuras, de personal, de medios materiales



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y a una solicitud de incremento en los conocimientos científicos sobre la
carga humana que puede soportar la isla.

Debo añadir para finalizar, señor Presidente, que se podría matizar la
rotundidad literal de las propuestas o la contundencia de los argumentos
utilizados en la defensa por la portavoz del grupo proponente. No lo voy
a hacer. No es mi responsabilidad en estos momentos, pero sí quiero dejar
claro que según nuestras informaciones y según el resultado de nuestra
labor de seguimiento, incluso in situ, de la gestión del parque, el
parque funciona y funciona bien. Que puede mejorarse es absolutamente
seguro y por esto vamos a apoyar las distintas peticiones del grupo
proponente. Pero, desde la certeza --repito, señor Presidente-- de que el
parque nacional marítimo-terrestre, globalmente funciona correctamente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Pons.




El señor PONS FRANCO: La verdad es que cuando me pasaron la proposición
no de ley la primera reacción quizá fue un poco de sorpresa, primero,
porque siendo de ahí conozco perfectamente y he visitado también el
parque, igual que la portavoz de Izquierda Unida, y creo que es buscar
una problemática con esta proposición no de ley donde no existe. Y me
explico.

Yo también dividiría en dos partes la proposición no de ley, como ha
dicho el portavoz del Grupo Socialista. Una parte, que va referida
básicamente a la presencia del Ministerio de Defensa en la isla y, otra
parte, que va referida a la gestión y al uso del parque nacional. En
relación a la titularidad del parque, básicamente estoy de acuerdo con lo
que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Todos sabemos que el
parque nacional de Cabrera fue declarado por Ley 14/1991, de 21 de abril
y que, en aquel momento, se abrió un debate en torno a la presencia de
los militares en la isla por cuanto era utilizado como campo de tiro y
hubo una respuesta de la sociedad en este aspecto, pero nadie ha puesto
en duda en ningún momento en la sociedad balear la presencia de los
militares en la isla ni su titularidad afecta al Ministerio de Defensa.

Yo creo que el cumplimiento de los objetivos de declaración de parque
nacional de Cabrera en ningún momento se ven impedidos, sino más bien al
contrario, por el actual régimen jurídico del paraje y su adscripción a
la defensa nacional. Desde el punto de vista de la conservación, la
presencia del destacamento militar que está actualmente presente en la
isla no produce conflicto alguno, y esto tiene que quedar muy claro. No
existe conflictividad alguna por el hecho de la presencia de este
destacamento. Yo añadiría que, en gran medida, lo que hace es facilitar
el control sobre las actividades que en el parque se desarrollan. Quiero
recordar que el plan compatibilizador de actividades de adiestramiento
militar con la conservación del Archipiélago, fue informado
favorablemente por el patronato del parque nacional en el mes de abril de
1984 de forma unánime y que, actualmente, se encuentra todavía pendiente
de aprobación conjunta tanto por el Ministerio de Defensa como por el
Ministerio de Medio Ambiente. Durante este tiempo, desde la declaración
del parque a la redacción del citado documento, las actividades que
realiza el Ministerio de Defensa se limitan, básicamente, al
adiestramiento de tropa de reemplazo de unos 20 a 25 hombres, nunca más,
sin que ello suponga, en modo alguno, interferencia con la gestión del
parque y, mucho menos, perjuicio para los recursos naturales.

Quiero recordar que el personal de tropa, en todo momento, colabora con
las actividades de conservación de los recursos bajo la supervisión del
personal del parque, y con cumplimiento estricto de la legalidad vigente
sobre las actividades a realizar por el personal de reemplazo. Por tanto,
nosotros no podemos estar de acuerdo con el apartado 1.º de la
proposición no de ley ni con el punto apartado 2.º que va referido al
mismo hecho y, de alguna manera, relacionado también con el apartado 6.º
cuando dice: «Garantice que la gestión de las instalaciones e
infraestructuras se haga de acuerdo con los objetivos del parque y bajo
la dirección del personal de Icona.» Y esto también quiero matizarlo
porque la totalidad de la gestión del parque se realiza con el
conocimiento de la administración del mismo. Esta administración tutela y
supervisa con el celo que le es ampliamente reconocido, yo creo que por
todo el mundo, que la misma se realice conforme a las necesidades de
conservación.

Quiero recordar aquí que los edificios cedidos a la administración del
parque del Archipiélago, tanto para su uso público como pueda ser el
seller, la sala de usos múltiples, la oficina de información del puerto,
los aseos, así como los utilizados por la administración para almacén
como es el edificio de Can Feliú o para residencia, como puede ser el
antiguo edificio de la agrupación logística, son gestionados directamente
por el personal del parque. Recientemente, se han cedido también dos
casetas del puerto --la número 17 y la número 18 de un total de nueve
existentes--. En cuanto a los edificios de uso compartido para
científicos, donde la portavoz de Izquierda Unida ponía un cierto énfasis
en las condiciones de vida, etcétera, yo recordaría aquí que estos
edificios de uso compartido, como son el antiguo barracón de comandancia
de obras, que tiene cinco dormitorios, y la residencia de oficiales, con
catorce camas, se gestionan de manera compartida por las dos
administraciones. Y ello, desde luego, no supone inconveniente alguno
para cualquiera de ellas. En este sentido, ni la dirección nacional del
parque ni ningún organismo tiene queja alguna al respecto.

En relación a los demás puntos que podríamos resumirlos en el 3.º, 4.º,
5.º y 7.º, que están referidos al uso y a la gestión del parque, a
nuestro grupo le parecen absolutamente demagógicos y, además,
inoportunos. Inoportunos porque, precisamente, estamos a punto de aprobar
definitivamente una modificación de la Ley 4/1989 de conservación de los
espacios naturales, que prevé una gestión compartida de los parques
nacionales. Y yo creo que, como mínimo, tendríamos que esperar a tener el
nuevo órgano de gestión, donde tenga entrada la comunidad autónoma, para
plantear nuevas fórmulas o para mejorar incluso la gestión del parque ya
con el nuevo órgano. Pero vamos a ver, punto por punto, lo que plantea la
proposición no de ley.




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En relación a la normativa prevista en el plan rector de uso y gestión en
relación a la pesca artesanal y profesional y las actividades turísticas
del parque, Izquierda Unida dice textualmente que ni siquiera se ha
presentado al patronato el resto de los planes especiales previstos,
principalmente los referentes a la pesca artesanal y a las actividades
turísticas. Esto es falto, esto es absolutamente falso, porque el plan,
en materia de pesca artesanal, exactamente el plan compatibilizador de la
actividad pesquera con la conservación, fue presentado al patronato en
fecha 20 de diciembre de 1996, después de numerosas reuniones y con el
consenso incluso de todas las partes y de la comunidad autónoma en
particular. Y este aspecto será sondeado de acuerdo con lo previsto. Por
lo tanto, este plan está presentado, se encuentra en estos momentos en
proceso de discusión en el patronato y creo que lo más lógico es esperar
a que la comunidad autónoma tenga entrada en este patronato para
aprobarlo definitivamente y poder elevarlo a los ministerios
correspondientes. Lo mismo pasa con el plan sectorial de regulación del
acceso de visitantes en transportes colectivos que, igualmente, se
encuentre en proceso de discusión en el parque; tampoco lo entendemos,
porque se desarrolla la normativa prevista, y se está trabajando en ello.

En relación al apartado 4.º que hace referencia a completar la plantilla
orgánica prevista para la gestión del parque que les asegure unas
condiciones de vida digna, sigo diciendo lo de la demagogia. Creo que
tenemos que ser más serios a la hora de hacer propuestas de este tipo en
esta Cámara. La plantilla del parque nacional de Cabrera es la más
actualizada de las plantillas de parques nacionales. Dispone de la última
relación de puestos de trabajo aprobada por el organismo autónomo y, no
obstante, en este momento, el Ministerio de Medio Ambiente tiene abierto
un proceso amplio y general de redefinición de plantillas de todos los
parques nacionales, que supodrá también una revisión de la plantilla del
parque nacional de Cabrera para ajustarla a las nuevas demandas. En
cuanto a las condiciones de estos puestos de trabajo, éstas se ajustan
rigurosamente a lo señalado en los convenios colectivos y ordenanzas
laborales. Los trabajadores del parque nacional del Archipiélago disponen
de representantes y la Administración mantiene las oportunas reuniones
con éstos cuando las circunstancias así lo justifican. Así se ha hecho
siempre y no ha habido ningún problema. No existe la conflictividad que
quieren hacernos ver desde Izquierda Unida. Recientemente, incluso se han
ampliado las disponibilidades de viviendas y medios del personal del
parque durante sus estancias en el mismo. Por tanto, es un parque que yo,
la verdad, desconozco totalmente que presente conflictividad laboral. Es
la primera noticia que tenemos. No hay, no existe. Tampoco entiendo muy
bien lo que ha querido decir con esto la representante de Izquierda
Unida. Si bien los trabajadores del parque nacional tienen la
peculiaridad de que están obligados por motivos geográficos, y esto es
cierto, a residir a tiempo parcial en el Archipiélago en turnos semanales
alternos, esta particularidad se ve convenientemente compensada a través
del reconocimiento de una serie de complementos que reconocen y
normalizan esta situación. Y es como en todos los lados donde tiene que
haber un desplazamiento de este tipo. ¿Cuáles son estos complementos para
las diferentes categorías? Pues jornadas especiales para agentes
forestales, complemento de turnicidad, complemento de disponibilidad,
complemento de peligrosidad y derecho a residencia eventual. Me gustaría
saber dónde está la conflictividad laboral y por qué se plantea aquí
cuando no existe.

En relación al apartado 5.º, que aporte los recursos suficientes para
adquirir los medios materiales que faltan y para aplicar las mejoras
necesarias de las instalaciones e infraestructuras, le tengo que decir
que todo, absolutamente todo, se puede mejorar. Esto yo creo que no lo
pone nadie en duda, pero que actualmente el parque nacional del
Archipiélago tiene garantizados los medios materiales para su normal
funcionamiento, esto está claro. ¿Que está sometido a las limitaciones
presupuestarias y al criterio de eficiencia que debe guiar siempre la
gestión de lo público? Por supuesto. ¿Que todo es mejorable? Ya lo
sabemos, pero todos los parques nacionales son mejorables. Tampoco se
concreta aquí qué recursos, cómo y de qué manera se tienen que aportar
estos medios para que funcionen mejor. Es una indefinición absoluta y,
por lo tanto, también creo que demagógica en este punto la proposición no
de ley.

Para acabar, el apartado 7.º pretende encargar un estudio al CSIC para
establecer los límites ecológicos y la presencia humana en la isla. Si
realmente existiera algún problema de presencia humana en la isla
podríamos hablar de este tema, pero la presencia humana en la isla
principal de Cabrera nunca supera las 40 personas, entre militares y
personal del parque. En ninguno de estos años, en ninguno, se ha
demostrado que esto represente un conflicto para los recursos naturales,
para la gestión del parque o que vaya en detrimento del mismo, nunca. Yo
creo que 40 personas en una entidad geográfica del calibre de la isla de
Cabrera es algo absolutamente irrisorio. Repito, hay que ser más serios.

Yo creo que si tenemos que hacer estudios tenemos que hacer estudios
sobre algo que valga la pena, pero no sobre algo que en principio no
representa ni ha representado ningún problema. Por otra parte, sólo
quiero decir que tengan en cuenta las recomendaciones de las
organizaciones internacionales sobre la necesidad de integrar a las
poblaciones locales residentes en el interior de los parques nacionales
dentro de los mecanismos de organización de los mismos.

Para acabar, les recuerdo algo casi chistoso que sale aquí en la
proposición no de ley, en la exposición de motivos, cuando dice que el
personal del parque son los únicos residentes estables que no pueden ni
pensar en traer a la familia. Si quieren ustedes que el personal del
parque lleve a la familia al mismo, tendríamos que pensar después en
construir escuelas, en construir centros sociales y en construir no sé
qué. Es, cuando menos, chistoso.

Por eso, si la proposición no de ley realmente supusiera una mejora
respecto de la situación de conservación del parque nacional del
Archipiélago de Cabrera, que es lo que a esta Comisión le compete, no
tendríamos ningún inconveniente en discutir la misma y en aceptar los
puntos que



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consideraríamos que significaran una mejora del mismo, pero le repito que
ninguno de los puntos presentados en la proposición no de ley mejoran
aspectos concretos de la situación de conservación del parque nacional.

Por tanto, vamos a rechazar una proposición no de ley demagógica.




--SOBRE PROTECCION DEL ENTORNO DEL PARQUE REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000417.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al debate del punto 8 del orden del
día, último punto del orden del día, que es la proposición no de ley
sobre protección del entorno del parque regional de la Comunidad de
Madrid de la cuenca alta del Manzanares, presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz
señora García-Hierro.

La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados,
intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista para la
defensa de la proposición no de ley 161 sobre protección de una zona no
urbanizable, especialmente protegida, de alto valor ecológico, ambiental
y paisajístico, que se encuentra en el parque natural de la cuenca alta
del Manzanares, en la Comunidad de Madrid. Se trata de instar al
Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Gobierno de la Comunidad de
Madrid a que actúen de manera conjunta e inmediata y en el marco de sus
competencias de cooperación interadministrativa. Tutela efectiva del
cumplimiento de la legislación vigente, tanto la comunitaria como la
española y la propia Comunidad de Madrid, en la zona norte comprendida en
Hoyo de Manzanares, la parcela en suelo calificado como no urbanizable,
en el que están expresamente prohibidos los usos residenciales,
ocupacionales, las extracciones de áridos, las canteras, las barreras,
los vertidos, etcétera.

Se trata de evitar con esta propuesta un daño ecológico irreversible para
la sierra de Madrid, ya que se propone, por parte del alcalde de Hoyo de
Manzanares, del Partido Popular, el cambio de la calificación del suelo
que, como he dicho, está especialmente protegido, suelo que en parte es
público y que se pretende ceder a una entidad privada. Ese suelo de
especial protección, y que se encuentra dentro del parque de la cuenca
alta del Manzanares, se pretende modificar para construir 113 adosados,
31 chalés unifamiliares, diferentes centros comerciales, oficinas,
instalaciones deportivas, culturales, aparcamientos, etcétera, de uso
exclusivamente privado y en beneficio de quienes puedan pagarlo. Se
trata, por tanto, de impedir una operación urbanística especulativa sobre
suelo verde público y de especial protección. Esta operación se plantea
de manera absolutamente oscura, opaca, por parte del alcalde del Partido
Popular, sin trasladarlo al pleno del ayuntamiento en el sentido de
venderla como algo positivo que supondrá cuantiosos ingresos para el
ayuntamiento, en cuanto a las licencias de obra y en cuanto a las
plusvalías. Aproximadamente, habla de una cantidad de 150 millones de
pesetas. No deja de ser irrisoria esa cantidad comparada con lo que
supondría, en caso de cederse ese suelo a esta entidad privada y de
llevarse a cabo esa modificación en precios del mercado, que serían
aproximadamente de un mínimo de unos 2.000 millones de pesetas.

Pero el hecho que más nos preocupa es, francamente, que no tiene sentido
hacer una propuesta que, además, se planteó por decreto, manteniéndose al
margen de toda la legislación vigente y no respetando, por tanto, la
propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y el reglamento del suelo
para favorecer esta operación, como ya he dicho, por parte del alcalde de
Hoyo de Manzanares. Se trata, sobre todo, de preservar esta zona, una
zona que es reconocida, en diferente normativa y en diferentes catálogos
y estudios hechos por expertos, por científicos y por la propia Agencia
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, como una zona de alto valor
ecológico medioambiental y paisajístico. Al mismo tiempo, se ha permitido
también construir sin licencia, hacer vallados, hacer viales en otra zona
de la urbanización La Berzosa, en Hoyo de Manzanares sin que el uso del
suelo esté catalogado con ese fin.

El Grupo Socialista quiere aprovechar la ocasión para decir que nuestra
motivación, la motivación de presentar esta proposición no de ley es
exclusivamente el proteger esa zona de suelo de alto valor ecológico que
se encuentra comprendida dentro del parque regional de la cuenca alta del
Manzanares. En absoluto nos oponemos al desarrollo y la expansión de la
universidad privada Antonio Nebrija, en absoluto. Nosotros creemos que es
compatible el desarrollo educativo y cultural de esta universidad con el
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente de una zona tan
querida para los madrileños. No queremos volver a los años sesenta y
setenta donde la sierra madrileña, este medio natural, era de uso y
disfrute de unos pocos, de aquellos pocos que disponen de cuantías
económicas lo suficientemente importantes como para poder construir,
deteriorar, en definitiva, enajenar lo que es público, lo que es
socialmente de todos, para el disfrute de ellos mismos. La cuestión que
aquí se plantea no es que el Grupo Socialista se oponga, como ya he
dicho, al desarrollo y la expansión de la universidad privada Antonio
Nebrija, sino que ésta --y nos consta por parte de los responsables-- ha
presentado un proyecto a iniciativa e instancias del propio alcalde del
Partido Popular, proyecto que no se ajusta a las necesidades educativas,
ni se justifica, de una universidad puesto que, como ya he dicho, se
trata de construir chalés, oficinas e instalaciones de uso privado en una
zona medioambientalmente protegida.

Dicho esto, la propuesta que el Partido Socialista y nuestro grupo trae
aquí no es sino hacerse eco de las múltiples denuncias que se han
trasladado, a lo largo de los últimos meses, tanto por los vecinos como
por organizaciones ecologistas y medioambientales de Madrid, como por los
grupos municipales y los propios medios de comunicación para que se actúe
de manera conjunta y coordinada y en el marco de cooperación que debe
mantener tanto la Administración del Estado español como la propia
comunidad, para evitar que el alcalde del Partido Popular, con su



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mayoría absoluta, y después de haber modificado su actitud
antidemocrática, como es aprobar una modificación puntual de normas con
un decreto cinco meses después, oyendo las quejas y las demandas de los
vecinos, plantea la modificación de esas mismas normas pero ya a través
de una propuesta hecha en el Pleno con un estudio que ni tan siquiera ha
sido realizado por los propios técnicos del ayuntamiento que, en
documentación que tenemos, dicen claramente que no se puede llevar a cabo
porque incurre en una ilegalidad ya que no respeta diferentes normas de
la propia comunidad como son la Ley del parque de la cuenca alta del
Manzanares, la propia Ley de Medio Ambiente de la comunidad, el catálogo
de especies protegidas aprobado en 1994, no solamente a nivel nacional
sino de la propia comunidad, un estudio hecho por científicos y expertos
para la Agencia de Medio Ambiente en 1994, donde se recoge que esta zona
del parque regional de la cuenca alta del Manzanares tiene un importante
ecosistema acuático en el que anidan y están representadas diferentes
especies de la flora y fauna y que, sobre todo, esta zona también sirve
como colchón básico de apoyo a lo que es todo el parque regional y sirve
como lugar de tránsito de aves que se encuentran catalogadas a nivel
nacional como de especial protección. Con las obras que se han llevado a
cabo se ha impedido el cauce de los ríos y de los arroyos que detienen su
afluencia en el Guadarrama y estas obras, además, se han hecho, como he
dicho, sin licencia, sin autorización y en este momento se encuentran
denunciadas ante la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid.

Por tanto, la iniciativa que nosotros planteamos y que sabemos que está
amparada en un número muy considerable de normativas, tanto de carácter
comunitario como español, como de Madrid, que voy a ahorrar leerles a
ustedes, pero que estaría encantada si lo estiman necesario para que no
se vuelva al recurso recurrente de que no hay competencias desde el
Ministerio de Medio Ambiente para actuar en este sentido. Las hay y las
debe de haber en el sentido de que a pesar de que hay más de 610 vecinos
que presentan alegaciones contra estas modificaciones y de que el
consejero de Medio Ambiente, en el pasado mes de diciembre de la
Comunidad de Madrid, señor Mayor Oreja, dijo que esta zona no se podía
modificar porque la Ley del parque regional de la cuenca alta del
Manzanares prohibía expresamente que pudiera ser urbanizable y que era
una zona de alta protección. Parece ser que, a pesar de las declaraciones
del consejero del Medio Ambiente, las actuaciones del Gobierno de la
comunidad se han paralizado porque los intereses o las presiones que
ejerce el alcalde del Partido Popular de Hoyo de Manzanares pueden ir
mucho más lejos, y se continúa el desarrollo del vertido de escombros en
esta zona. Se continúa la actuación por parte de quienes han estado
trabajando en los áridos y en la construcción de los viales para acceder
a lo que en un futuro, si se aprobara esa modificación, serían esas
residencias, que no ampliación de la universidad; es decir, esas
viviendas unifamiliares, esas oficinas, esos aparcamientos, esas
instalaciones deportivas y culturales de uso exclusivamente privado.

Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental que desde el Congreso
de los Diputados se llame a la responsabilidad a la Administración
pública española, en definitiva al Ministerio de Medio Ambiente, para que
actúe dentro de las competencias que tiene en colaboración con la
Comunidad de Madrid, se haga eco de esta demanda de todos los vecinos de
Hoyo de Manzanares y se evite una catástrofe ecológica en una zona tan
querida y tan especial no sólo los madrileños sino para cualquier persona
que de nuestro país o fuera de él transite por lo que es la sierra o la
zona norte de Madrid y se encuentre en un paraje tan importante como es
el bosque mediterráneo de la cuenca alta del Manzanares.

Yo creo que se le podrían dar diversidad de enfoques y podría abundar en
datos que prefiero no plantear como cuestión de fondo en la defensa de
nuestra proposición, puesto que han sido suficientemente publicados por
los medios y conocidos por todos, de cómo la actitud persistente de este
alcalde no es explica, desde luego, desde el interés público. Tampoco se
explica desde el interés económico y, desde luego, si no tiene ninguna
explicación es por su falta de respeto hacia el medio ambiente y hacia el
desarrollo sostenido y compatible con la educación. Aunque en este caso
hablemos de una universidad privada, ustedes observarán que por nuestra
parte no hay ningún tipo de recelo en que la misma pueda desarrollarse
siempre y cuando sea en la parcela de suelo que tiene adquirida
recientemente, puesto que han constituido una empresa recientemente para
desarrollar y promover este proyecto urbanístico en una zona que no está
cualificada como de zona de especial protección y que sí están los
aledaños del parque y en la urbanización de La Berzosa. Nosotros no nos
oponemos en absoluto a eso. Quede claro que la posición del Grupo
Socialista, al igual que la de los vecinos, es que la zona que está
protegida siga siendo protegida y que no se modifique en la legislación
de la Comunidad de Madrid la Ley del parque, a través de un subterfugio
que sería una ilegalidad e irregularidad administrativa como aprobar por
la Comisión de Urbanismo la modificación puntual de esas normas
subsidiarias, para cambiar el uso de un suelo protegido, de un suelo de
alto valor ecológico por un suelo urbanizable con fines exclusivamente
privados.

Esa es la motivación fundamental y no queremos abundar en datos que, como
ya he dicho, están a disposición del fiscal. Los vecinos y las
organizaciones que lo han denunciado demuestran que la actitud
prepotente, arrogante y oscurantista de este alcalde va más lejos de las
leyes y de las propias recomendaciones que miembros de su propio partido,
en el Gobierno de la comunidad, le han podido hacer. No alcanzamos a
comprender la persistencia de este planteamiento, por lo que pedimos que
apoye esta iniciativa también el Grupo Popular. En caso contrario, como
sabemos que le legislación nos ampara, la española y la europea, habrá
que recurrir a instancias europeas si, finalmente, la actitud de
especulación sobre este suelo persiste sobre la actitud de mantener un
suelo ecológico como dominio público protegido y de uso para todos y
todas las ciudadanas.




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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.) Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el
señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Es verdad aquello que decían los clásicos de que
las exposiciones cuanto más breves, mejores. No me siento muy
impresionado por la argumentación que se acaba de hacer, pero sí me
siento un poco encogido por el desarrollo que está teniendo determinada
filosofía, que se concreta en la Ley del Suelo, y que, prácticamente, va
a declarar zona urbanizable hasta los túneles del metro. A lo mejor,
cuando vuelva a mi casa me voy a encontrar con un chalet en medio del
túnel y no voy a poder pasar. Es esto lo que me preocupa, que está en el
núcleo de todas las políticas que, con el nombre de desarrollo económico,
se están intentando poner en circulación.

En un pleno de Hoyo de Manzanares se aprobó un decreto, que fue retirado
posteriormente. Y luego, en otro pleno, se han aprobado una serie de
normas subsidiarias similares al decreto retirado. Todo ello está ahora
en período de alegaciones, está paralizado hasta que se apruebe la Ley
del suelo en Madrid. Izquierda Unida ha presentado 50 alegaciones a este
proyecto partiendo de la base de que ahora no es urbanizable, es un suelo
no urbanizable por una serie de características de carácter social pero,
fundamentalmente, ecológicas. A partir de las normas subsidiarias
aprobadas ahora, se intenta urbanizar en la línea de lo que ha planteado
la Diputada que me ha precedido en el uso de la palabra.

Es una zona declarada P, zona menos protegida. Por tanto, sería una zona
susceptible de urbanizar con unos requisitos muy concretos y limitados en
cuanto a altura, dimensiones, etcétera, que lo hicieran ecológicamente
sostenible. Nosotros estimamos que lo correcto, como alternativa
urbanizable, sería un centro de interpretación de la naturaleza que, por
razones concretas, podría representar un elemento interesante para la
protección del medio, pero teniendo en cuenta que hay determinadas zonas
que necesitan estudios específicos, y este centro de interpretación de la
naturaleza podría ser uno de ellos.

Es una zona P y por tanto, la menos protegida como he dicho antes, pero,
al mismo tiempo, es una zona de humedales con un considerable valor
ecológico y donde anidan especies protegidas. Acabamos de aprobar la Ley
de protección de espacios naturales donde los humedales tenían ya, aunque
debe ser mayor, una protección especial. Cualquier humedal debería
protegerse en un país donde se están desecando de una forma muy rápida
zonas húmedas con un alto valor ecológico, social y cultural, por el tipo
de vida que se ha generado en torno a las mismas.

Al mismo tiempo, esta zona P limita con zonas A, de especial protección
y, por tanto, actúa como tapón para la posible degradación de estas zonas
calificadas A. No nos parece prudente que una zona de estas
características --no es porque lo diga yo, sino por datos empíricos
absolutamente certificables en cualquier momento-- se empiece a degradar
de una forma que inicialmente pueda parecer controlable pero que
inmediatamente se descontrola. Vamos a apoyar la proposición no de ley
del Grupo Socialista porque nos parece adecuada para hacer frente a las
necesidades ecológicas y sociales que se derivan en esta zona y para
evitar una nueva y posible agresión ambiental.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, la señora García-Alcañiz.




La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señorías, uno a veces no pierde la
capacidad de sorpresa. Permítame, señor Presidente, que una Diputada por
Madrid siente una especial satisfacción en intervenir en esta Comisión
sobre un tema que compete a la Comunidad Autónoma de Madrid. Les decía
que quizás es bueno no perder esta capacidad de sorpresa.

Cuando leí la proposición no de ley que presentaba el Grupo Socialista,
me extrañó, créanme ustedes, pero no me extraño mucho más cuando esta
proposición la firma una Diputada de Madrid, del Grupo Socialista, que
anteriormente ha sido Diputada de la Asamblea y parece que también ha
sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. En principio, parecía un
desconocimiento de la normativa que existe en el Reino de España, en un
Estado de Derecho donde hay una diferenciación de competencias entre
ayuntamientos, autonomía y Gobierno del Estado español. Pues bien,
señoría, estas competencias hay que respetarlas. Después voy a entrar,
señora García en la exposición que usted ha hecho y, de momento, no la
voy a calificar.

Le decía, señor Presidente, que uno pensaba que podía ser una cierta
nostalgia de esta Diputada por esos otros foros en los que supongo habrá
intervenido con mayor acierto de lo que lo ha hecho hoy en esta Cámara.

Señorías, todos ustedes saben perfectamente que la Ley 4/1989, ley
aprobada en este Parlamento, alude fundamentalmente a la conservación de
los espacios naturales, de la flora y de la fauna silvestres. Y,
específicamente, aunque en su exposición de motivos alude a algo que
todos respetamos, que es que exige a los poderes públicos que velen por
la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente, algo que está ya en el artículo 45 de nuestra Constitución, el
artículo 21 de esta citada ley, señora García --supongo que usted la ha
consultado y la conoce--, capítulo III, sobre las competencias
administrativas, dice textualmente en su punto primero: La declaración y
gestión de los parques, reservas naturales, monumentos naturales y
paisajes protegidos corresponderá a las comunidades autónomas en cuyo
ámbito territorial se encuentran ubicadas. Y en su apartado segundo dice:
«Las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de
espacios naturales protegidos, y con competencia para dictar normas
adicionales de protección en materia de medio ambiente, podrán
establecer, además de las figuras previstas en los artículos anteriores,
otras diferentes regulando sus correspondientes medidas de protección.»
Por si esto fuera poco, señor Presidente, la sentencia 102/1995, relativa
a la inconstitucionalidad de la citada



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Ley 4/1989, ha manifestado clara e inequívocamente que la declaración y
gestión de todos los espacios naturales protegidos, a excepción de los
parques nacionales, compete a las comunidades autónomas.

Con esto, señor Presidente, podíamos terminar el debate de esta
proposición no de ley diciendo que no es competencia de esta Cámara.

Efectivamente, no es competencia de esta Cámara y esto debería debatirse
--y así se está haciendo-- en la Comunidad Autónoma de Madrid. La señora
portavoz del Partido Socialista, con todos mis respetos, se ha equivocado
de lugar, de Cámara y, desde luego, en ninguna de ellas creo que es
permisible la actitud y comportamiento que ha expresado esta mañana.

Señora García, usted ha hecho un mitin obsoleto, demagógico e
impresentable para la dignidad de cualquier Diputado que se precie. Por
eso le digo que usted se ha confundido de lugar. Usted ha creído que
estaba en la plaza de cualquier pueblo, despreciando la inteligencia de
los ciudadanos de ese pueblo por la forma, actitud y calificaciones que
usted ha utilizado.

Permítanme, señorías, que vaya desgranando --no se preocupen porque no
voy a colmar su paciencia-- este expediente que se está llevando a cabo
en la Comunidad de Madrid. Da la impresión de que la señora portavoz
socialista ni se lo conoce ni se lo ha leído. Unicamente ha hecho una
referencia a una comparecencia al señor consejero de Medio Ambiente, el
señor Mayor Oreja, que aquí tengo también, que puedo leerles si el señor
Presidente o alguien lo pide, y que no responde en absoluto a las
afirmaciones falsas, faltando a la verdad, que usted ha esgrimido.

Permítame, señor Presidente, que no lea este tocho del expediente que se
está llevando a cabo, pero sí me van a permitir que, con la máxima
brevedad, haga un pequeño resumen esbozando y desmintiendo lo que la
señora portavoz del Grupo Socialista ha manifestado. Aunque lo ha hecho
en forma que no merece la pena contestar a su intervención, sí quiero
replicar a algo que está plasmado en la propia exposición de motivos de
esta proposición no de ley, y es que dice que el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Madrid hace dejación de sus responsabilidades. Señor
Presidente, señorías, en modo alguno la Comunidad Autónoma de Madrid hace
dejación de su responsabilidad ni de sus competencias. Muy al contrario,
lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido cumplir sus obligaciones
con rigor y con eficacia, de acuerdo con la normativa vigente. Por otra
parte, no es ningún mérito sino que es lo obligado, por un Gobierno
responsable como es el que preside el señor Ruiz Gallardón. Esta
afirmación, señor Presidente, está fundada, como le he dicho, en el
examen riguroso del expediente que se está llevando a cabo en la
Comunidad de Madrid y que, de nuevo, les adelanto que no les amenazo con
su resumen.

Todas SS. SS. saben que el parque regional de la cuenca alta del
Manzanares se crea por la Ley de 1985, de 23 de enero, de la Comunidad
Autónoma de Madrid, en virtud de las competencias que tiene para ello. Su
exposición de motivos, señora García --debiera usted mirárselo--, dice
exactamente: Asumidas plenamente por esta comunidad autónoma las
competencias constitucionales y estatutarias en las materias de
ordenación del territorio, medio ambiente, agricultura y ganadería, es ya
posible y necesario establecer las bases jurídicas que pueden hacer
realidad la voluntad de proteger y potenciar la cuenca alta del
Manzanares.

Pues bien, señorías, en esta misma ley, artículos 13 y 22, se especifica
claramente lo que son las llamadas zonas P, áreas a ordenar por el
urbanístico. ¿Qué dice el artículo 22 de esta ley? Permítanme también una
breve lectura de este artículo que dice: Las zonas P, áreas a ordenar por
el planteamiento urbanístico. Primero, constituyen áreas a ordenar por el
planteamiento urbanístico las señaladas como P en el plano que se
incorporan como anexo a la presente ley y en los planos que para cada una
de las zonas se incorporan en la misma como anexo 2, integradas por a)
Núcleo de Manzanares el Real y urbanizaciones que comprenden el casco
antiguo, el suelo consolidado por la urbanización, así como los espacios
anejos al oeste, norte y este del casco. Y, b) Núcleo de Hoyo de
Manzanares y urbanizaciones que incluyen su casco antiguo, la extensión y
urbanizaciones de su entorno próximo y espacios anejos; La Berzosa...

Excúsenme, pero les voy a leer la última parte, que dice: El
planteamiento urbanístico que ordena las zonas a que se refiere el
presente artículo contendrá las determinaciones necesarias en orden a
asegurar la depuración y vertido de la totalidad de las aguas residuales.

Y sigue enumerando así una serie de condiciones que son necesarias para
tomar alguna determinación sobre estas zonas.

Señorías, por si esto fuese poco, la Ley de creación del parque regional
que acabamos de ver y el plan rector de uso y gestión de estas zonas
--podría haberlo consultado su señoría-- vuelven a aclarar las
condiciones y lo que son estas zonas P. En cuanto a las condiciones que
requiere este plan rector de uso y gestión, de los distintos trámites y
aspectos presentados por el ayuntamiento como de los propios debates en
la Comunidad, se puede deducir que la actuación se ciñe a la zona P.

Uno puede estar en desacuerdo con las actuaciones de cualquier organismo,
pero yo le pediría, entre paréntesis, que retirase las calificaciones que
ha dedicado al señor alcalde de Hoyo de Manzanares. Entre otras cosas,
porque su desconocimiento es bastante evidente. Confunde usted, aunque
haya sido quizás una falta mecanográfica, incluso la fecha del propio
decreto. Si es un error, desde que entró había tenido usted tiempo de
subsanarlo o podía haberlo hecho como lo ha hecho el portavoz de
Izquierda Unida.

Permítame, señor Presidente, que continúe con estas condiciones que se
cumplen en el trámite del expediente que se está llevando a cabo. Con la
fecha de 9 de noviembre de 1993, se publicó también en el Boletín Oficial
de la Comunidad, en cumplimiento de la resolución 596, de 23 de octubre,
todo aquello que hacía referencia a la construcción de emisarios,
estación depuradora, aguas residuales de Torrelodones y Galapagar --no ha
lugar el comentario al límite de las alturas-- y, al mismo tiempo, hace
referencia, bastante más amplia de la que ha expuesto la señora portavoz
socialista, al valor ecológico que, sin duda alguna, lo tiene en cuenta
la Consejería de Medio Ambiente. Todo ello, señora portavoz socialista,



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está a expensas de los informes que redacten los técnicos de esta
Consejería.

Usted ha hecho alusión también a un pasado que todos conocemos y del que
podríamos sacar aquí determinadas cosas. Yo le voy a citar a usted uno
más reciente, simplemente para ilustrarla. En el año 1987, la Consejería
de política territorial, dirigida entonces por el señor Mangada
-- ¿lo conocía usted, sabía qué cargo desempeñaba?, también conviene que
se ilustrara usted sobre quién era, en qué grupo político estaba y cuáles
son las medidas que tomaba en su momento--, aprobó, precisamente en esta
zona y con carácter definitivo, señora García, un plan parcial de
ordenación de la denominada La Berzosa; por él se permitía construir en
este suelo un total de 153 viviendas, dándole un carácter de uso
residencial. Yo no voy a entrar en las alegaciones, absolutamente
faltando a la verdad, pormenorizada de estos puntos, porque no es
competencia de esta Cámara ni es el momento adecuado para entrar en ello.

Sí quiero, finalmente, señorías, terminar mi exposición diciendo que lo
que ha sucedido en Hoyo de Manzanares es que sobre la zona P, que ya
hemos dicho dónde está en el artículo y en la ley, este municipio
necesita, como probablemente otros, realizar determinadas modificaciones
para su propio desarrollo. Esto sucede desde hace años en muchos
municipios de esta región que se ven afectados por este parque.

Actualmente, como también ha señalado el portavoz de Izquierda Unida, el
expediente se encuentra en fase de alegaciones y, como es obligado, la
aprobación definitiva la otorgará la Comunidad Autónoma de Madrid si
encuentra que el expediente, al finalizar, es conforme a derecho.

Conforme a derecho, señor Presidente. No debiéramos haber debatido este
tema en la Cámara. (La señora García-Hierro Caraballo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos pide la palabra la portavoz
socialista García-Hierro?



La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Quiero contestar a alusiones y también
hacer alguna aclaración que se me ha pedido por parte de la portavoz del
Partido Popular.




El señor PRESIDENTE: Por dos minutos y a esos simples efectos tiene S. S.

la palabra, aunque, como usted sabe, no está previsto en el Reglamento.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Gracias por su benevolencia, señor
Presidente. Si en mi intervención he querido evitar todo tipo de detalles
acerca de la legislación vigente, no tendría inconveniente alguno en
remitírsela. Mantengo ese ofrecimiento porque es claro que en esta Cámara
debatimos, esta misma mañana y en otras ocasiones, cuestiones como ésta
que están amparadas en derecho. Por lo tanto, ni se trata de que no tenga
un sostenimiento jurídico para poderlo plantear ni se trata de ninguna
nostalgia, porque yo estoy encantada y satisfecha de las diferentes
responsabilidades que he tenido en la Comunidad Autónoma de Madrid y,
hoy, en el Congreso de los Diputados. Se trata de ser responsable con lo
que los ciudadanos me han elegido. Me han elegido como a usted para
defender los intereses del conjunto de los ciudadanos y no los intereses
de particulares.

Se califica mi intervención, pero yo quiero decirle que lo que me
sorprende es que ustedes, que han utilizado todo tipo de adjetivos y que
han utilizado esta Cámara y otras como un trampolín para llegar al poder,
a veces de manera insultante y calumniosa, califique mi intervención. Yo
estoy sujeta al derecho que me da, como a cualquier parlamentario, a sin
faltar a la verdad ni a SS. SS., establecerla de la manera que considere
más conveniente. Y más conveniente es dar fe a lo que dicen los vecinos
de Hoyo de Manzanares, dar fe a lo que dicen medios de comunicación tan
poco afines al Partido Socialista como el ABC, que ha mantenido
sistemáticamente informados a los ciudadanos madrileños de que aquí había
una operación especulativa, propiciada por el alcalde del Partido Popular
con mayoría absoluta, en una zona de especial protección ecológica que
nada tiene que ver con la zona colindante, zona P, a la que usted ha
hecho referencia. Por cierto, le invito a que facilite esa copia del
expediente que a usted le ha entregado el Gobierno de la Comunidad de
Madrid a los concejales de Izquierda Unida y del Partido Socialista en
ese ayuntamiento, a los cuales se les está ocultando, desde el principio
hasta el final de este proceso, que ha durado siete meses, toda la
documentación. Y se le está ocultando hasta al propio técnico-arquitecto
del ayuntamiento, de quien tengo un escrito aquí de su puño y letra
diciendo que no han pasado por sus manos tales modificaciones y que se ha
construido sin licencia para uso residencial en un suelo calificado en
este momento de suelo protegido.




El señor PRESIDENTE: Le recuerdo, señoría, que ha rebasado ampliamente el
tiempo que le había dado para responder a unas alusiones. Vaya
concluyendo.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Lleva usted razón, señor Presidente.

En aras al respeto que le debo como Presidente voy a concluir, aunque la
portavoz del Partido Popular ha sobrepasado ampliamente los diez minutos
que le corresponden como a cualquier portavoz para la defensa de su
intervención, diciéndole que es la menos indicada, como representante del
Partido Popular, para hacer ningún tipo de crítica al tono, a la forma o
al fondo de cómo se planteen las cuestiones de defensa de los intereses
generales de los ciudadanos, de Madrid o de cualquier otro lugar de
España. Porque ya se está viendo en estos días el camino que ustedes
recorren para mantenerse o llegar al poder.

Por lo tanto, tráigase usted las lecciones aprendidas porque, además de
que le dejen el expediente, nos lo cuente y sepamos qué hay de ocultación
de ese expediente a los representantes legítimos de los ciudadanos de
Hoyo de Manzanares, nos tiene que dar razones para que se aprueben esas
normas. Si finalmente se aprueban esas normas,



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ustedes estarán favoreciendo intereses privados que no intereses de los
ciudadanos madrileños.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.




La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Voy a intentar ser breve, sin abusar en
modo alguno. Agradezco su comprensión.

En primer lugar, señor Presidente, lo que he pedido es que rectificara y
retirara los calificativos que había vertido al alcalde de Hoyo de
Manzanares, cosa que no ha hecho. No le he pedido que me hablase de las
leyes, que las conozco y las tengo. Señora, esto es una Cámara
legislativa. Yo no he enseñado el tocho que traía del expediente de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Pero, señora Diputada, son las actas de la
Comunidad, que son públicas. Señora Diputada socialista, es el Boletín de
la Comunidad, lo que pasa es que a todo hay que dedicarle su tiempo,
sobre todo cuando se evidencia, como usted, una ignorancia tan supina,
aparte de una demagogia. Con mucho gusto, cuando usted quiera puesto que
es de Madrid, le doy una clasecita para explicarle cómo se recogen los
papeles en expediente que, señora Diputada, le repito no es privar...




El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz. Les ruego, tanto a usted como
a la portavoz del Grupo Socialista, que si tienen unos documentos que
aportar a esta Comisión se los faciliten a la Presidencia. (Varios
señores diputados: Que los enseñe, que los aporte.)
Por último, señora García-Alcañiz, yo sí le rogaría que fuera lo más
breve posible, porque está claro que todo lo que se tenía que debatir ya
se ha hecho.




La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Quiero pedir disculpas si he tenido
alguna vehemencia, conducida por la exposición un poco indignante para mí
de la portavoz socialista.




El señor PRESIDENTE: Vehemencia ha habido por las dos partes.

Esta Presidencia la ha disculpado en nombre de todos los diputados. En
cuanto a los tiempos, también se han excedido ambas partes.




El señor FRUTOS GRAS: Pido la palabra, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos la pide su señoría? Usted no ha sido
aludido. (Risas.--Un señor Diputado: Por si las moscas.)



El señor FRUTOS GRAS: Yo no me había enterado --y quiero que conste en
acta-- que la vehemencia, que en el terreno de la calle se conoce como
crispación, pasase por Hoyo de Manzanares. He escuchado dos versiones tan
radicalmente diferentes que me da la impresión de que existe un abismo
entre las dos realidades donde se engullen los ciudadanos de este país.

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo, señoras y señores diputados que, tal
como habíamos anunciado al comienzo de la sesión, vamos a interrumpirla
porque las votaciones están anunciadas a partir de las dos en punto. Por
lo tanto, tendrán lugar las votaciones de los puntos incluidos hoy en el
orden del día.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión a las dos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones, ruego
a los portavoces comuniquen las sustituciones a la Mesa.




(Por el señor Letrado se procede a tomar nota de los miembros de la
Comisión sustituidos.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de los diversos
puntos del orden del día.

El primer punto es la proposición no de ley sobre medidas para
salvaguardar la zona húmeda de la marjal de Rafalell y Vistabella en el
término de Massamagrell (Valencia) y preservar la seguridad de la zona en
caso de grandes avenidas de agua, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se somete a
votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El segundo punto del orden del día es la proposición no de ley relativa a
medidas a adoptar en los desembalses de los pantanos existentes en la
comarca del Bajo Cinca, igualmente presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se somete a
votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El tercer punto del orden del día es la proposición no de ley sobre
ejecución de las obras de modernización de regadíos del municipio de
Alhama de Murcia (Murcia), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, aceptada por Izquierda Unida, que dice así: Que
impulse la puesta en marcha de las obras de modernización de regadíos en
el municipio de Alhama de Murcia (Murcia), conforme a lo previsto por el
Gobierno en el proyecto de obras de infraestructuras hidráulicas de los
sectores 3 y 4 de la zona regable de Lorca valle del Guadalentín, Murcia.

Se somete a votación.




Efectuada la votación, dijo



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

El punto cuarto es la proposición no de ley relativa a la adopción de
medidas para lograr la depuración de aguas residuales del centro
penitenciario de Alhaurín de la Torre, Málaga, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que se somete a votación.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

El punto quinto del orden del día en la proposición no de ley por la que
se insta al Gobierno a enviar, con carácter trimestral, un informe sobre
las aportaciones patrimoniales que con cargo al capítulo 8 de los
Presupuestos Generales del Estado se realicen a promotores de
infraestructuras hidráulicas y medioambientales y por la que se acuerda
la comparecencia trimestral de la Ministra de Medio Ambiente ante la
Comisión de Medio Ambiente. A esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista se ha presentado una enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Popular que ha sido aceptada y a cuya lectura voy a
proceder. Dice así: 1. La Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a
enviar con carácter semestral para su debate en la Comisión de Medio
Ambiente un informe con el pormenor y detalles necesarios para el más
completo conocimiento sobre la ejecución del capítulo 8 de los
Presupuestos Generales del Estado correspondiente al Ministerio de Medio
Ambiente. 2. La Comisión de Medio Ambiente acuerda asimismo la
comparecencia semestral de las autoridades del departamento para informar
sobre los extremos del apartado anterior.

Se somete a votación.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

El punto seis del orden del día es la proposición no de ley relativa al
parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, Palma de
Mallorca.




La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, solicitamos votación separada
de los distintos puntos. En una primera votación los dos primeros puntos
y el resto en otra.




El señor PRESIDENTE: El primer punto dice así: que se lleve a cabo la
modificación de la titularidad del parque y deje de ser propiedad del
Ministerio de Defensa y afecto a la defensa nacional. El segundo punto
dice: retire el destacamento militar del archipiélago exceptuando, en
todo caso, el personal imprescindible para el mantenimiento del centro de
telecomunicación y modifique el plan especial sobre actividades militares
en este sentido. Se someten a votación estos dos puntos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en
contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Se somete a votación el resto de los puntos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

El punto siete del orden del día es la proposición no de ley sobre
declaración de interés general la construcción de la presa de Posadas en
la cabecera del río Oja, en La Rioja, del Grupo Popular, que se somete a
votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, 4.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El punto 8 del orden del día es la proposición no de ley sobre protección
del entorno del parque regional de la Comunidad de Madrid de la cuenca
alta del Manzanares, del Grupo Socialista, que se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados por su colaboración.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.




Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Medio
Ambiente, del miércoles, 21 de mayo de 1997, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.