CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 218



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 23



celebrada el martes, 20 de mayo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón), para informar sobre:



--La sustitución del Fiscal General del Estado y la situación de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional. A petición propia. (Número de
expediente 214/000038.)



--Circunstancias en que se ha producido el cese del Fiscal General del
Estado, así como del traslado de un miembro de la Fiscalía ante la
Audencia Nacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000302.)



--Circunstancias que han determinado la remoción del Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional, don José Leopoldo Aranda Calleja. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000180.)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se inicia la sesión.

Consultados los portavoces de la Comisión, esta comparecencia, que como
figura en el orden del día tiene tres iniciativas distintas, se van a
tramitar conjuntamente, de tal suerte que las intervenciones, en primer
lugar del Gobierno, de la Ministra de la Justicia, y después de los
grupos, van a abarcar las tres cuestiones que figuran en el orden del día
en cada una de las intervenciones, tanto del Gobierno como de los grupos.

Como saben SS. SS., en el orden del día figura la comparecencia
solicitada por el Gobierno ante esta Comisión para informar sobre la
sustitución del Fiscal General del Estado y la situación de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional. También figuraba la comparecencia de la señora
Ministra de Justicia ante la Comisión solicitada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para informar
de las circunstancias en que se han producido el cese del Fiscal General
del Estado así como el traslado de un miembro de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional. Finalmente, estaba pendiente de tramitar, y se ha
acumulado a esta comparecencia por su identidad de cuestión, objeto de
dicha iniciativa, la del Grupo Parlamentario Socialista solicitando la
comparecencia de la señora Ministra de Justicia para explicar las
circunstancias que determinaron la remoción del Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional don José Leopoldo Aranda Calleja.

Por tanto, para referirse a esas tres comparecencias en una sola
intervención, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora Ministra
de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente. Señorías, comparezco ante la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso para informar a SS. SS. en esta ocasión acerca de
las últimas decisiones del Gobierno en relación con el Ministerio Fiscal
y, más concretamente, con la denominada crisis de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional. Procuraré en todo caso dar cumplida información a SS.

SS. acerca de las tres peticiones contenidas en la comparecencia que se
sustancia en el día de hoy.

Permítanme que comience mi intervención con una breve referencia al
desarrollo de la llamada crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Voy a referirme a episodios que son conocidos por todos, que han sido
ampliamente difundidos por los medios de comunicación y ampliamente
divulgados pero, no obstante, me parece que será útil para todos disponer
de una visión de conjunto de esa denominada crisis al objeto de poder
valorar adecuadamente desde el punto de vista de las decisiones
políticas, que es el que en esta sede primordialmente interesa, el
acierto o desacierto de las que se han adoptado y también, por qué no, de
las responsabilidades que en la persistencia y agravación de la crisis
pueda corresponder a quienes presenciaron su origen y desarrollo y no
hicieron nada para ponerle fin.

El primer episodio de falta de entendimiento entre el entonces Fiscal
Jefe señor Aranda y algunos de los fiscales de la Audiencia Nacional se
sitúa, si hay que atender a lo publicado en los medios de comunicación,
en noviembre de 1994. En aquel momento, como es bien conocido, algunos
fiscales expresaron su malestar por la decisión del fiscal jefe de
presentar la querella de Banesto sin convocar previamente la Junta de
fiscales a que se refiere el artículo 24 del estatuto orgánico del
ministerio fiscal. Pocos meses después, en marzo de 1995, se produce un
nuevo episodio de divergencia de pareceres entre algunos fiscales de la
Audiencia Nacional, por un lado, y el Fiscal General del Estado y el
fiscal jefe, por otro. Se trataba en este caso de una discrepancia de
criterio en torno a la competencia para conocer del llamado caso de los
papeles de Laos. A finales de abril del mismo año surge una nueva
discrepancia entre el fiscal jefe y algunos fiscales respecto del
establecimiento de una nueva asignación de los fiscales a los distintos
juzgados y un nuevo sistema de reparto de trabajo para los juicios.

También se ha publicado en los medios de comunicación, aunque a
posteriori, la existencia de ciertas tensiones en la primavera de 1995
entre el Fiscal Jefe Aranda y el fiscal Gordillo, a raíz de la decisión
de aquél de no encomendar a éste el asunto Lasa-Zabala. El fiscal jefe no
adoptó ninguna medida en relación con estos episodios de falta de
sintonía con algunos de sus subordinados. Sin embargo, en agosto de 1995
el señor Aranda concedió una extensa entrevista a un semanario. En ella,
el fiscal jefe admite que existen divisiones internas en la Fiscalía de
la Audiencia Nacional y afirma que la solución del problema requeriría
medidas disciplinarias que, en su opinión, tendrían que partir del Fiscal
General del Estado y de la Inspección. No obstante, admite que ni él ni
el Fiscal General del Estado han tomado ninguna medida al respecto.

A finales de julio de 1996 vuelve a manifestarse una divergencia de
criterio entre el fiscal jefe y algunos de sus subordinados en relación
con la posición a adoptar por el ministerio fiscal respecto a la puesta
en libertad del general Galindo. Días después el señor Aranda hace de
nuevo declaraciones y concede otra entrevista. El fiscal jefe insiste en
la existencia de un enfrentamiento con un grupo de fiscales, citando esta
vez a los señores Gordillo, Márquez de Prado, Rubira y Fungairiño. No
obstante, reconoce que no ha adoptado ninguna medida y que no considera
hacerlo a corto plazo, porque es difícil tomar decisiones en una época de
transición del Fiscal General del Estado. Sobre la actuación del fiscal
Rubira, en el asunto de la libertad del general Galindo, afirma que, en
su opinión, no actuó como indica el estatuto del ministerio fiscal y que
determinar si hubo desobediencia correspondería a la Inspección.

Reconoce, sin embargo, que no ha hecho ninguna propuesta a la Inspección
sobre este tema.

Esta es, a grandes rasgos, la situación que se encuentra el señor Ortiz
Urculo cuando en septiembre del año pasado tomó posesión de su cargo como
Fiscal General del Estado. Había ciertamente un problema en la Fiscalía
de la Audiencia Nacional, un problema de falta de entendimiento entre el
fiscal jefe y algunos de sus subordinados, que se venía manifestando
desde hacía casi dos años y durante ese tiempo nadie, absolutamente
nadie, había adoptado



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ninguna medida para resolver el problema. El Fiscal General del Estado se
había limitado, al parecer, a mostrar su preocupación al fiscal jefe y a
hablar con éste de que habría que ir solucionando el problema. El fiscal
jefe de la Inspección, que tanto protagonismo ha tenido en estos últimos
días, tampoco consideró entonces oportuno incluir en el programa
ordinario de inspecciones la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
aunque era notorio que existían problemas. El fiscal jefe de la
Audiencia, en fin, aunque consideraba, al menos desde agosto de 1995, que
existían razones para la intervención de la Inspección al objeto de
depurar responsabilidades disciplinarias, no hizo ninguna solicitud al
respecto. Lo único que hizo el fiscal jefe fue quejarse amargamente a los
medios de comunicación, haciendo públicamente graves imputaciones a
algunos de sus subordinados, declaraciones que, evidentemente no
contribuían nada a solucionar el problema, sino que, por el contrario, lo
magnificaban y lo agravaban. Tampoco se conoce ninguna iniciativa del
Gobierno socialista entre noviembre de 1994 y marzo de 1996 encaminada a
poner fin a la crisis de la Audiencia Nacional. No es que yo crea que el
Gobierno deba tener un protagonismo especial en relación con los
problemas internos que puedan surgir en una fiscalía, más bien al
contrario estimo, con el estatuto del ministerio fiscal en la mano, que
la iniciativa para la adopción de medidas ante este tipo de problemas no
corresponde al Gobierno sino a los órganos del ministerio fiscal. Ahora
bien, quienes entonces estaban en el Gobierno y hoy están en la oposición
no parecen compartir estos planteamientos. Más bien parece, a la vista de
sus iniciativas parlamentarias y de sus manifestaciones públicas de estos
últimos meses, que consideran que el Gobierno debe tomar desde el
principio las riendas de la situación y dirigir todo el proceso de
solución de la crisis. Sólo así se explica que se hayan pedido cuentas al
Gobierno desde el primer momento sobre todas las iniciativas del Fiscal
General del Estado y que se han vertido duras críticas dirigidas al
Gobierno cuando las decisiones del Fiscal General no han gustado a ese
grupo de la oposición. Aunque no los comparto, como ya he dicho, estos
planteamientos son, sin duda, respetables.

En mi opinión, sin embargo, resulta sorprendente que quienes hoy
reprochan al Gobierno que no haya sabido solucionar --a su gusto, claro--
la crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, son precisamente
quienes desde el Gobierno presenciaron el nacimiento y desarrollo de
dicha crisis y durante año y medio no adoptaron absolutamente ninguna
medida encaminada a solucionarla. Quienes hoy propugnan una política
gubernamental decididamente intervencionista en relación con los
problemas internos del ministerio fiscal deberían, por tanto, empezar por
admitir sus responsabilidades y explicar por qué cuando estuvieron en el
Gobierno no hicieron nada para resolver los problemas de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional y más aún cuando, al parecer, tenían muy clara cuál
debía ser la solución. Ahora se quejan de que la solución adoptada no les
gusta, pero dispusieron de más de un año para tratar de imponer la suya y
no lo hicieron, ni esa ni ninguna otra; sencillamente no hicieron nada.

Conviene recordar, por tanto, que las primeras medidas para resolver los
problemas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional son las que adopta el
Fiscal General Ortiz Urculo, inmediatamente después de tomar posesión de
su cargo. De estas medidas dio cumplida información a esta Comisión el
señor Ortiz Urculo en su comparecencia de 4 de marzo pasado. El entonces
Fiscal General dio cuenta de sus conversaciones iniciales con el fiscal
jefe para aclarar la situación, conversaciones que, al parecer, no
resultaron muy fructíferas, pese a que se supone que el fiscal jefe debía
conocer bien la situación de su fiscalía. Dio cuenta también de su
decisión de realizar una inspección en la Fiscalía de la Audiencia
Nacional, de los resultados de la inspección y de las decisiones que tomó
a la vista de dichos resultados y dio cuenta en fin, a SS. SS. de la
decisión de proponer al Gobierno la remoción del Fiscal Jefe señor Aranda
y de la situación en que se encontraba en aquel momento el procedimiento
de provisión de la vacante de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.

Con posterioridad a esa comparecencia, el señor Ortiz Urculo, como Fiscal
General del Estado, siguió tomando decisiones en relación con los
expedientes sancionadores abiertos a cuatro fiscales de la Audiencia
Nacional y con los expedientes de traslado forzoso que, además, se
incoaron respecto de dos de ellos. Impuso, dentro del ámbito de sus
competencias estatutarias, las sanciones que consideró procedentes y
elevó la propuesta de traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado, no
considerando procedente, sin embargo, proponer idéntica medida respecto
del Fiscal Gordillo. Es cierto que hay todavía un importante asunto
pendiente: el de la provisión de la vacante del fiscal jefe. De eso, si
me permiten SS. SS., hablaré después. En cualquier caso, hay que
reconocer que en pocos meses el señor Ortiz Urculo ha hecho mucho más por
normalizar la situación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que
cuanto se había hecho durante los casi dos años anteriores, aunque sólo
sea porque durante esos dos años no se había hecho absolutamente nada.

En esta crisis ciertamente no sólo se han producido decisiones del Fiscal
General; también el Gobierno y la Ministra de Justicia han tenido que
tomar decisiones en el ejercicio de las competencias que les atribuye el
estatuto orgánico del ministerio fiscal. El Gobierno concretamente
acordó, en enero, la remoción del fiscal jefe Aranda, aceptando la
propuesta del Fiscal General. Yo, como Ministra de Justicia, he acordado
la pasada semana, con el respaldo del Consejo de Ministros, aceptar la
propuesta de traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado y
próximamente tendré que resolver sobre los recursos interpuestos por los
fiscales sancionados.

Voy a referirme ahora a las decisiones ya tomadas, lógicamente no a las
que he de adoptar en el futuro. Informaré por tanto a SS. SS. sobre la
remoción de don José Leopoldo Aranda y sobre el traslado forzoso de doña
María Dolores Márquez de Prado. Estas decisiones se apoyan en dos
criterios básicos: por un lado, el del ejercicio responsable de las
atribuciones que el estatuto orgánico del ministerio fiscal reconoce al
Gobierno y a la Ministra de Justicia,



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y por otro, el de respetar al máximo la autonomía del ministerio fiscal
respecto del Poder Ejecutivo.

El ejercicio responsable de las competencias que atribuye el estatuto al
Gobierno y a la Ministra de Justicia implica que no se ha considerado que
las decisiones deban consistir siempre en una aceptación automática y
acrítica de las propuestas emanadas del Fiscal General del Estado. Si el
estatuto orgánico hubiera querido que prevaleciera, en todo caso, el
criterio del Fiscal General, habría atribuido a éste todas las
decisiones, pero no es así. Por tanto, cuando el Gobierno y la Ministra
de Justicia ejercen las competencias que les confía el estatuto han de
valorar en cada caso cuál es la decisión más adecuada desde el punto de
vista de la legalidad y desde el punto de vista de la oportunidad, y
asumir las responsabilidades correspondientes. Entiendo, por tanto, y
entiende el Gobierno al que pertenezco, que el criterio del Fiscal
General del Estado expresado en sus propuestas de decisión no es
vinculante ni jurídica ni políticamente para el Gobierno ni para la
Ministra de Justicia en las decisiones que éstos deban tomar con arreglo
al estatuto. Ahora bien, no quiero decir con esto que el criterio del
Fiscal General del Estado no tenga ningún valor. Por el contrario,
entiendo que el respeto a la autonomía del ministerio fiscal obliga al
Ejecutivo a reconocer un valor muy especial al criterio expresado en las
propuestas del Fiscal General del Estado. Por tanto, me parece que ni el
Gobierno ni la Ministra de Justicia, en lo que respectivamente les
corresponda, deban apartarse de dicho criterio salvo que consideren que
las propuestas del Fiscal General del Estado sean abiertamente ilegales o
gravemente perjudiciales para el interés público. Desde esta doble
perspectiva se explican las dos decisiones a las que me acabo de referir.

La propuesta de remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional se
basaba, como SS. SS. saben, en que el Fiscal General del Estado apreció,
a la vista de los resultados de la inspección, que se había producido en
dicha fiscalía una situación de crisis de autoridad. El propio señor
Ortiz Urculo informó a esta Comisión de las siete causas objetivas en que
se basaba esa apreciación. Esas causas habían sido pormenorizadamente
expuestas en el escrito que el Fiscal General del Estado dirigió al
Gobierno proponiendo la remoción.

Pues bien, siguiendo los criterios generales que les he expuesto, la
decisión del Gobierno en este caso fue la de aceptar la propuesta del
Fiscal General del Estado. El Gobierno ha tenido en cuenta que la
remoción de un fiscal jefe es una medida grave como lo pone de manifiesto
el hecho de que tras 16 años de vigencia del estatuto orgánico del
ministerio fiscal haya sido ésta la primera ocasión en que se aplica lo
dispuesto en el artículo 41 de dicho texto legal. Ciertamente dicho
precepto no condiciona la procedencia de la medida a la concurrencia de
ningún requisito especial, salvo el meramente formal de la propuesta del
Fiscal General del Estado. La remoción se configura así en el estatuto
como una decisión discrecional del Gobierno, pero esta discrecionalidad
no habría autorizado al Gobierno --así lo hemos entendido-- a acordar una
medida como la remoción de un fiscal jefe si no hubiera existido una
causa grave que justificara la adopción de dicha medida. Y el Gobierno ha
considerado que sí existía esa causa grave. El principio de dependencia
jerárquica es fundamental para el buen funcionamiento del ministerio
fiscal. La falta de autoridad del fiscal jefe debilita la efectividad de
este principio constitucional y, en consecuencia, perjudica gravemente el
funcionamiento de la fiscalía. Por tanto, en términos generales, no cabe
considerar desproporcionado que se pretenda dar respuesta a una situación
de falta de autoridad del fiscal jefe con la remoción de éste. Por otro
lado, en este caso concreto no había ninguna razón que moviera a pensar
que el diagnóstico de la situación en que se basaba la propuesta del
Fiscal General del Estado fuera equivocado. No voy a reiterar ahora la
relación de causas objetivas en que se basaba ese diagnóstico de crisis
de autoridad. Bastará recordar las entrevistas concedidas por el señor
Aranda a los medios de comunicación, en las que, lamentándose de los
mismos problemas durante dos años consecutivos, reconoce no haber
adoptado medida alguna de las previstas por el estatuto para remediar lo
que él mismo consideraba una situación de falta de respeto a su autoridad
por aparte de alguno de sus subordinados. El Gobierno juzgó que el señor
Ortiz Urculo no erraba en su apreciación de que había existido en la
Fiscalía de la Audiencia Nacional una crisis de autoridad y que tampoco
era desproporcionado su planteamiento de resolver dicha situación
mediante la remoción del fiscal jefe y, por tanto, que no había razones
de peso que justificaran una decisión contraria a la propuesta de
remoción.

Paso ahora a referirme a la decisión del traslado forzoso de la fiscal
doña María Dolores Márquez de Prado. El Fiscal General del Estado
apreciaba en su propuesta que la citada fiscal había incurrido en la
causa de traslado forzoso prevista en el artículo 40.2 del estatuto
orgánico del ministerio fiscal. A este respecto citaba varios episodios
de enfrentamiento de la señora Márquez de Prado con los titulares de dos
juzgados centrales de instrucción, así como con una de las secciones de
la Sala de lo Penal de la Audiencia.

A diferencia de la decisión sobre la remoción de los fiscales jefes, que
se configura en el estatuto como decisión discrecional, el traslado
forzoso es una medida cuya procedencia está sujeta a la concurrencia de
supuestos legales bien determinados. Es por tanto una decisión
estrictamente reglada y, en consecuencia, lo decisivo en este caso para
resolver sobre la aceptación o rechazo de la propuesta del Fiscal General
del Estado era la consideración acerca de la legalidad de dicha
propuesta. Una propuesta de traslado forzoso no amparada en alguno de los
supuestos legales nunca habría sido aceptada ni por mí ni por el
Gobierno. Pues bien, toda decisión sobre legalidad debe basarse en una
confrontación de los hechos con la norma. En este caso los hechos
resultantes del expediente revelaban que, en efecto, la fiscal Márquez de
Prado había mantenido discrepancias de criterio con varios órganos
jurisdiccionales de los comprendidos en el ámbito de la Audiencia
Nacional. El problema era determinar si esas discrepancias podían
alcanzar la significación de enfrentamientos graves.

Puedo asegurar a SS. SS. que antes de adoptar la decisión he estudiado
minuciosamente el expediente, he valorado



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uno a uno los distintos episodios de discrepancia de la fiscal Márquez de
Prado con el tribunal, he considerado --y así se refleja en mi
resolución-- que algunos de estos episodios, pese a su posible
aparatosidad, no encajan en la ratio del artículo 40.2 de la norma
estatutaria pues no manifiestan un enfrentamiento grave que, por su
persistencia, pueda afectar negativamente al ejercicio de las funciones
que corresponden a los funcionarios del ministerio fiscal. Ahora bien,
las discrepancias de la fiscal Márquez de Prado con el titular de uno de
los juzgados centrales de Instrucción que se exteriorizan mediante el
empleo por la fiscal en los escritos dirigidos a ese juzgado de un
lenguaje muy duro en cuanto a la forma y en la inclusión en dichos
escritos de negativas referencias personales al titular del órgano sí
ponían de manifiesto, en mi opinión, la posible existencia de un
enfrentamiento grave, relevante a efectos de la procedencia de un
traslado forzoso.

No voy a negar que quizá quepan otras interpretaciones. Ahora bien, en
este caso, con referencia a la situación de tensión existente entre la
fiscal Márquez de Prado y el titular del juzgado al que me acabo de
referir, la interpretación del Fiscal General del Estado de que dicha
situación de tensión encajaba en el supuesto de traslado forzoso del
artículo 40.2 del estatuto no puede considerarse, en mi opinión, forzada,
arbitraria o desprovista de razón. De ahí que, aplicando el criterio al
que antes me he referido de reconocer un especial valor al criterio del
Fiscal General del Estado, si no existen razones para poner seriamente en
cuestión la legalidad o la oportunidad de sus propuestas, me haya
inclinado finalmente por resolver en sentido favorable la propuesta de
traslado.

Debo referirme, finalmente, a la decisión del Gobierno de cesar a don
Juan Cesáreo Ortiz Urculo en el cargo de Fiscal General del Estado. Creo
que es ocioso que recuerde a SS. SS. que también es ésta una decisión
discrecional del Gobierno, tal y como resulta de lo dispuesto por el
artículo 124 de la Constitución, aunque tampoco en este caso la
discrecionalidad ha sido entendida por el Gobierno como autorización para
decidir por puro capricho y sin razones graves que justifiquen la
decisión. El señor Ortiz Urculo ha tenido el indiscutible mérito --ya lo
dije antes-- de enfrentarse por primera vez a una crisis, la de la
fiscalía de la Audiencia Nacional, que venía desarrollándose desde hace
dos años sin que nadie hubiera adoptado medida alguna para ponerle fin.

Ha adoptado decisiones que serían difíciles para cualquier fiscal
general, pero muy especialmente para quien como él, perteneciendo a la
carrera fiscal, se ha visto obligado a adoptar y a proponer medidas
disciplinarias y organizativas que afectan negativamente a compañeros
suyos. Ha actuado en todo este proceso con absoluta independencia de
criterio, decidiendo en cada caso con arreglo a lo que ha considerado
legalmente procedente y más conveniente para la buena marcha de la
fiscalía de la Audiencia Nacional y del ministerio fiscal en su conjunto.

Sólo en relación con una cuestión se ha visto, en mi opinión, desbordado
por los acontecimientos. Me refiero a la provisión de la vacante del
fiscal jefe de la Audiencia Nacional. En este tema la actuación del señor
Ortiz Urculo no ha sido afortunada. Y no me refiero sólo ni
principalmente a la propuesta del señor Poyatos para ocupar dicha
vacante, respecto de la que él mismo reconoció en esta Cámara que se hizo
sin tener en cuenta datos relevantes que no conocía y que, en mi opinión,
debería haber conocido y valorado para ahorrarnos a todos un episodio que
no ha contribuido nada a mermar el enrarecido ambiente entorno a la
crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. No me refiero a esto
principalmente, sino a la difícil situación generada tras la renuncia del
señor Poyatos por la tardanza, primero, en abrir de nuevo el plazo para
la prestación de solicitudes, las sucesivas prórrogas de dicho plazo y,
finalmente y sobre todo, por la incomprensible demora en convocar el
Consejo Fiscal para que informaran sobre las solicitudes presentadas a
efectos de elevar la correspondiente propuesta al Gobierno.

Ante esta situación el Gobierno llegó a la conclusión de que el señor
Ortiz Urculo no se mostraba capaz de resolver una situación de
interinidad que no beneficiaba nada a la Fiscalía de la Audiencia
Nacional y adoptó, en consecuencia, la grave decisión del cese. La
normalización de la Fiscalía de la Audiencia Nacional requiere una pronta
decisión sobre la cobertura de la vacante de fiscal jefe y el Gobierno no
ha querido correr el riesgo de que de nuevo el problema se perpetúe y no
haya nadie dispuesto a afrontar su solución.

Voy a finalizar ya con una reflexión de carácter general que me parece
importante para entender adecuadamente todo lo que ha pasado en estos
últimos meses en relación con la crisis de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional. No creo que descubra nada a SS. SS. que no conozcan o, cuando
menos, que no intuyan si afirmo que, interesadamente, se está intentando
presentar como política todo lo que sucede en torno a determinados
órganos jurisdiccionales y a determinados procesos judiciales. Si el
fiscal pide tal cosa no se considera siquiera la posibilidad de que lo
haga porque entienda que es lo procedente con arreglo a la ley, no; lo
hace para favorecer o perjudicar tales o cuales intereses políticos. Lo
mismo sucede cuando los jueces resuelven sobre alguna cuestión de su
competencia en un sentido u otro. Esta situación se ha proyectado también
sobre las decisiones adoptadas para poner fin a la crisis de la Audiencia
Nacional. Se ha atribuido un significado político a estas decisiones,
haciendo valoraciones sobre a quién perjudican y a quién favorecen
políticamente. Esto, como es lógico, ha añadido dificultad a la ya de por
sí no fácil labor de intentar poner orden en una fiscalía con problemas.

En cualquier caso, quiero subrayar que el Gobierno ha tomado sus
decisiones basándose exclusivamente en los criterios que les he expuesto,
con la única preocupación de remediar desde el máximo respeto a la
legalidad de los problemas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.




El señor PRESIDENTE: Ha solicitado también esta comparecencia el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En su nombre,
tiene la palabra la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Presidente, gracias. Señora ministra,
siento que no esté presente el



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portavoz de la Comisión, Pablo Castellano, que es quien debía intervenir,
pero está presidiendo la Comisión de Educación, y ha sido llamada esta
portavoz para hablar en esta Comisión.

En cualquier caso, cuando comparece la Ministra de Justicia siempre
tenemos la esperanza de ver qué se va a arreglar. Pero con todo el tiempo
que ha pasado, más de un año, que lo han celebrado con toda pompa y
tronío, respecto al Ministerio de Justicia tenemos que celebrar pocas
cosas. No podemos decir que la situación va bien, como se dice desde el
Gobierno en todas partes. Tenemos que decir que en este ámbito vamos de
mal en peor y que están sin solucionar temas bastante importantes que
creemos que están perjudicando a la justicia democrática. No es sólo una
cuestión de luchas, de nombramientos de fiscales, es la visión de la
ciudadanía de algo tan importante como la Administración de justicia. Es
verdad que el defraudar a esa ciudadanía perjudica uno de los pilares del
Estado democrático y del Estado de Derecho y, por tanto, nuestra
preocupación es absoluta.

Hemos hablado muchas veces en esta Comisión de la necesidad de un pacto
por la justicia. Creo que estamos metidos en una pelea por la justicia
más que en un pacto de Estado por la justicia, lo que la está
perjudicando. Yo, con todos los respectos y con afecto, porque no lo
quiero decir desabridamente, le diría que su Ministerio es un desastre y
que usted como Ministra es un desastre. Lo digo de verdad, porque no se
puede decir aquí ahora que todo lo que está sucediendo es porque el
Fiscal Urculo no nombró al fiscal de la Audiencia. La verdad es que ni
siquiera resulta bien oírle decir esas cosas. Es cierto que ha podido
haber una crisis. Ni siquiera nos gusta oírle decir --y mire que le hemos
dado caña al Gobierno anterior-- que la culpa es del Gobierno anterior
porque en dos años no hizo nada. Puede que no lo hiciera, no sé si se
había realizado la inspección de la fiscalía que se ha efectuado ahora,
si se habían detectado los problemas en la Audiencia Nacional, si lo
sabían y no hicieron nada. Pero usted lleva un año en el ministerio y
esos temas, que tenían gran virulencia, siguen sin resolverse y, además,
ha habido acontecimientos que han empeorado la situación.

No se puede cesar a un fiscal de la Audiencia Nacional sin una visión
clara. Dice que ha habido una crisis de autoridad. Es verdad que la puede
haber en un momento, pero tal vez el ejercicio de la autoridad está
crispado por la propia organización de la Audiencia Nacional. En esos
momentos tampoco se puede actuar irreflexivamente, echando la culpa a
unos sin solucionar el problema desde abajo, como se ha hecho, y nos
parece que ha sido un error. Aún lo es más el que después de cesar,
demostrando una evidente crisis de autoridad, al fiscal de la Audiencia
Nacional estemos meses después en la misma crisis sin fiscal y sin
encontrar una salida a este tema. Ya se tendría que haber encontrado.

¿Por qué? Porque usted dice: lo sustituyo por otra persona, por el señor
Poyatos. Desde luego, tienen un ojo para los nombramientos que también
causa grandes quebrantos, porque ha venido aquí diciendo: me he
equivocado, no sé los antecedentes. ¡Pero cómo se puede hacer un
nombramiento sin saber a quién se va a nombrar! Lo digo con respeto.

Conozco al señor Poyatos, pero también tenemos que saber lo que hay
detrás. Habla de crisis y nos encontramos con una especie de pulso frente
a la ciudadanía y a los medios de comunicación: o te vas tú, Urculo,
porque has sido tú quien has propuesto a Poyatos, o dimite Poyatos... Nos
hemos encontrado con una especie de apuesta a ver quién se
responsabilizaba de ese tremendo error de nombramiento y, al final, van
cayendo los de abajo y usted sigue como si no pasara nada. La verdad,
creo que la gran responsabilidad de este tema la tiene que tener quien
está al frente del ministerio y no eliminando a los de abajo diciendo:
vete Urculo, o vete Poyatos, mientras yo sigo aquí. Me parece que este
asunto de los nombramientos ha causado una tremenda impresión a la
ciudadanía. Usted tenía que ser más crítica, pero no para echarle la
culpa a los demás, sino para asumir las censuras de su propio ministerio.

Yo no la he visto asumirlas. Nosotros estamos preocupados de verdad, no
personalmente sino por su proyección a la ciudadanía. No le voy a hablar
de otros asuntos, porque estamos hablando de la fiscalía.

Hoy estamos hablando de: cese de uno, no sustitución porque no se sabe a
quién poner, nombramiento de uno que resulta inadecuado y organiza otra
zapatiesta, cese del fiscal que había nombrado porque tampoco lo hace
bien, y empieza la crisis de los fiscales indomables. ¿Usted cree que
puede hablar de fiscales indomables, como lo estamos haciendo, en un
órgano tan importante como la Audiencia Nacional, no importante porque
sea más que otro sino porque lo hemos hecho importante por los asuntos
que está llevando, asuntos de mucho peso judicial pero también político?
Se está politizando la justicia con la criminalización de la política.

Como se llevan asuntos que han afectado y afectan, y ojalá se termine de
arreglar, a muchos temas, las inspecciones de la Audiencia Nacional se
ven con ese pro y contra, del que usted ha hablado, de que según se
comporte un fiscal u otro el proceso puede tener un resultado u otro.

Aunque se habla de la igualdad de las partes en el proceso, el fiscal hoy
no ocupa un nivel de igualdad sino de prepotencia dentro del proceso. Por
lo tanto, es muy importante lo que haga el fiscal y sus acciones tienen
una repercusión más política que la de cualquier otro letrado entre las
partes, aunque haya una igualdad. Pero sabemos cómo influye en los
tribunales y los que llevamos ya 30 años de ejercicio en la profesión no
nos vamos a caer ahora del guindo diciendo lo que hay. Es verdad que
tiene esa importancia. Por tanto, en esos organismos en los que se está
enjuiciando a la política el fiscal adquiere una presencia y una presión
de la que tenemos que se conscientes, no para ir redactando sucesivas
disposiciones que perjudiquen sino para ir normalizando esa vida y dando
confianza en asuntos que de por sí ya tiene ese tratamiento. Yo le quiero
decir que si se termina imponiendo a los grandes indomables de la
Audiencia Nacional una multa de 50.000 pesetas por tener unos estudiantes
haciendo sentencias, pues mire, no sé si habrá otras razones de fondo,
pero eso resulta un poco ridículo para la ciudadanía. No sé si no se
atreven de verdad a solucionar la crisis y ver lo que hay detrás, pero no
me parece que la motivación que se haya dado a las sanciones sea
realmente lo que preocupa dentro de la fiscalía.




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También queremos decir, y esto lo digo como una percepción que tengo, que
resulta que la única mujer que hay es indomable; que resulta que se le
aplica la mayor sanción, el traslado forzoso, mientras que a los demás se
les pone una multa de 50.000 pesetas por discrepancias de criterios, que
todos las podemos tener, y que resulta que lo único que se refleja es que
es la compañera sentimental del juez Gómez de Liaño, que tendrá sus
propios problemas para añadirle otro. Me parece absolutamente indignante,
porque lo que se está reflejando es una situación de discriminación
personal por la vida afectiva. Ya está bien que nos pongan expedientes,
pero que no nos los pongan por los novios que tengamos. (Risas.) Y, de
verdad, existe esa percepción; la ha habido en los escritos que ha hecho
la Audiencia Nacional, y algo hay, y yo creo que esta crisis se está
cerrando en falso, tanto por las 50.000 pesetas como por el traslado
forzoso, admitiendo que puede haber un principio de autoridad que lleve a
sanciones, pero nosotros creemos que ésa no es la impresión. Lo que se
intenta como una manera de solucionar la crisis de autoridad ha fomentado
esta crisis y la ha afectado mucho más, ha afectado a su propio
ministerio en el sentido de las dudas que ha suscitado el hecho de cesar
en ese intervalo, casi en una apuesta con el señor Ortiz Urculo --parece
que decía: como no me apruebe esto, me voy, y aludía al Consejo Fiscal--
y, al final, es todo un enredo sin solucionar, una crisis de autoridad y,
sobre todo, una ineficacia política. De verdad, creo que ha pecado de una
gran ineficacia política y que en estos momentos hay problemas
gravísimos, que se están trasladando a la sociedad y una inacción del
Gobierno en cosas que --yo lo considero así-- se podían solucionar con
mejor criterio de razonamiento, de forma más fácil. Sin embargo, todo
este año de gobierno suyo está enredado en esta situación, lo que le ha
causado un enorme perjuicio, ya que tiene una gran repercusión pública y
está afectando a la labor de su ministerio, y no le quiero decir si vamos
a las leyes, a los proyectos que prometió traer para diciembre, a las
leyes pendientes de reforma, etcétera. Querían organizar la justicia de
otra manera y no lo vemos. Yo no sé si los otros lo tenían que haber
solucionado, ya lo dirá su portavoz, porque en eso no tengo nada que ver,
pero, desde luego, usted no lo ha solucionado, eso está claro, como
también está claro que lo ha empeorado. Además, ustedes no han tomado las
medidas necesarias y ahora nos encontramos con que, en el plazo de un
año, se han nombrado dos fiscales generales. Y respecto al segundo, yo no
me quiero meter, porque he estado toda la vida reivindicando la libertad
ideológica y por ella hemos ido a prisión muchas veces. Yo no voy a decir
ahora que un hombre no pueda ser del Opus, allá él con sus problemas,
pero no nos parece que una persona pueda pronunciarse como quiera, y no
como la sociedad dice, en la memoria general de la fiscalía. Eso me
parece tremendo. Yo le concedo que al hombre no se le vaya a notar; yo
nunca le he investigado en su conciencia, sólo he leído lo que él dice, y
lo que él dice me ha dado un susto tremendo, porque el Fiscal General del
Estado puede ordenar a los fiscales la actitud a mantener y, por ejemplo,
ahora, con el tema del aborto, es importantísimo que el fiscal acuse o
no. Porque hay una circular que dice que no acuse cuando se dan los
supuestos legales, pero ahora puede venir otro y decir: acusar siempre.

Entonces, aunque no haya otra acusación, si está la del fiscal es
suficiente. Estas son cosas importantes y no me parece que haya estado
muy acertada. De todos modos, yo le doy al señor Cardenal el beneficio de
la duda. No tengo muchas dudas, pero le concedo ese beneficio a ver si me
demuestra otra cosa.

La impresión que tenemos es que hay una crisis de autoridad, pero en
usted, y una crisis de autoridad mal entendida, de no actuar, de estar
siempre intentando negociar con unos y con otros. Eso me parece
gravísimo. Yo creo que, en este momento, el Ministerio de Justicia está
cuestionado. Lo digo así, porque usted ya sabe que yo hablo así, pero le
quiero decir que estoy muy preocupada y, de verdad; no es sólo porque se
cumpla la sanción, porque parece que poniendo 50.000 pesetas de multa ya
ha resuelto todo porque es valiente y apoya lo que le han dicho; no es
eso. ¿Ese es, de verdad, el problema de la Audiencia Nacional, las 50.000
pesetas de multa a tres fiscales? Yo creo que es un problema más serio,
que hay que tomar con calma, porque los jueces tienen que actuar y para
eso los fiscales tienen que estar más metidos en esto. Puede haber
discrepancias de criterios, pero no sacar las bombas por un tema que me
parece de menor importancia para el reflejo que ha tenido. La verdad es
que, repito, estamos preocupados y más cuando estamos asistiendo a un
pulso en el que parece que gana usted porque es la Ministra, pero no
porque tenga más razón, ni para Ortiz Urculo, ni para Aranda. Nos hemos
quedado con la idea de que no ha habido solución, que ha habido un
retraso, que estamos con una Audiencia Nacional si fiscal jefe, que
parece que no había candidatos y ahora hay más. Es decir, sentimos que el
asunto no está solucionado y nos preocupa. Deben solucionar los temas no
solamente pensando en las sanciones, sino con una visión distinta de cómo
se tiene que organizar la fiscalía, con una mayor independencia del
ministerio fiscal. Nosotros sabemos que eso no se comparte; tenemos una
interpelación en esta semana precisamente sobre el tema del fiscal;
estamos hablando del estatuto del ministerio fiscal sabiendo lo
importante que es para la defensa de la legalidad, que no son sólo los
intereses del Gobierno, y nos gustaría que la labor de la fiscalía se
orientara por ahí. Sin embargo, se está orientando cada vez más hacia una
dependencia, que, además, es efímera, porque en un año llevamos una
marcha tremenda. Fíjese lo que nos queda teniendo en cuenta lo que falta
de legislatura. Por tanto, como digo, esa cosa efímera respecto a la
fiscalía perjudica la visión de la justicia. Yo no creo que estén siendo
acertados, ya que tenía que haber una sensación de relajo en relación con
la fiscalía.

Nosotros queremos mostrar esa preocupación y decirle que las crisis de
autoridad no se resuelven con sanciones, sino con un nuevo diálogo, con
un nuevo espíritu en la fiscalía y dentro de los fiscales, y con un
respeto al protagonismo de lo fiscal, lo que no quiere decir que se
respete la arbitrariedad o el capricho del ministerio fiscal. Sí debe
haber respeto, repito, a su protagonismo, tanto en lo jurídico como en
sus relaciones personales. Desde luego, a nosotros



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no nos ha convencido tanta prisa en cesar al Fiscal Jefe de la Audiencia
Nacional, tanto temor y retraso para nombrar uno nuevo ni tanto pulso
para proponer a los inadecuados y cesar a los que ya había nombrado.

Ahora tenemos que han cesado a todos los nombrados y no han nombrado a
los que estaban cesados. Me parece una cosa tremenda. Ha nombrado al
nuevo fiscal jefe, que ya tendrá ocasión de comparecer aquí y le
expresaremos nuestra preocupación. A usted sólo le decimos que no nos ha
parecido adecuado el nombramiento, pero que le damos la oportunidad de
que venga aquí a explicar, aparte de las frases que ha dicho ayer en su
toma de posesión, lo que va a hacer en la fiscalía. Estamos preocupados y
creemos que su ministerio no ha cumplido en este año. Desde luego, si le
tuviera que dar una nota no le iba a dar un cero, pero tampoco un
aprobado, y sí le digo que me parece que usted es responsable de esto y
que no me gusta que se echen las culpas por abajo, porque creo que
realmente están por arriba.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto no está presente.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Le hago una indicación al señor Presidente por
una cuestión de orden. Mi grupo no había solicitado la comparecencia de
la señora Ministra para este tema; no obstante, si el señor Presidente de
la Comisión me concede la palabra, haré uso de ella.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia, como es natural, había realizado
previamente las oportunas consultas con los portavoces.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy
breve. En primer lugar, quiero decir que agradezco la amplia y detallada
exposición que ha hecho la señora Ministra de todas estas secuencias, de
la situación, a juicio de mi grupo, lamentable y penosa en que se
encuentra prácticamente todo el ministerio fiscal debido, por activa o
por pasiva, a alguna de sus máximas representaciones institucionales.

Califico esta situación de lamentable y penosa, y no voy a actuar de,
digamos, juez instructor para dirimir determinadas responsabilidades
personales y concretas. Es lamentable y penosa porque se da la
circunstancia, como bien ha señalado la señora Ministra, que justifica
una serie de decisiones, al menos las tomadas por el Gobierno para los
ceses de las personas implicadas, tanto en el caso del Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional en su momento, el señor Aranda, como posteriormente en
el caso del cese del Fiscal General señor Ortiz Urculo, bajo el principio
de generalizar la razón de estos ceses en una falta de autoridad o en una
crisis de autoridad. Esto es lo que me lleva, señora Ministra, a haber
calificado de lamentable y penosa esa situación porque se trata de toda
una institución regida por el principio de jerarquización. No se trata de
una institución como puede ser el Poder Judicial donde esa independencia
está constitucionalmente clara y garantizada. Sería como llevar una
crisis de esto a la opinión pública y ésta se preguntase qué ocurriría si
una cuestión similar ocurriera a una institución jerarquizada por ley y
por principio como pudieran ser las Fuerzas Armadas. ¿Qué se pensaría de
una institución jerarquizada como las Fuerzas Armadas en que ocurrieran
las situaciones de ceses y nombramientos de altos mandos militares por
una cuestión de falta de principio de autoridad?
Por tanto, hay que definir que la autoridad y el ejercicio de la misma es
inherente a la institución, que aquí está la gravedad del caso, que aquí
está también junto a las responsabilidades por falta de autoridad, por
falta de personalidad para imponerse por encima, incluso, de la jerarquía
que da el cargo, la responsabilidad del Ministerio o de la Ministra de
Justicia, así como la responsabilidad del Gobierno a nuestro juicio, dado
que es la máxima institución. De acuerdo con la Ley de 1981, del estatuto
orgánico del ministerio fiscal y de acuerdo con la Constitución española,
el Gobierno tiene la máxima responsabilidad, por vía jerárquica, de
aceptar las propuestas de cese o de cualquier otro tipo de medidas al
amparo del artículo 41 del estatuto orgánico del ministerio fiscal para
la remoción de los cargos y, por tanto, ese principio, vamos a llamarle
de tutela constitucional del bien orgánico que ahí subyace por el
principio de autoridad, debe estar ejercido. Y el principio de autoridad,
señora Ministra, no se ejerce solamente con su puntual y concreta
aplicación, sino en la oportunidad cronológica del mismo. Aquí es donde
nosotros también nos apoyamos y queremos prestarle, digamos, nuestro
apoyo al Gobierno para incitarle a que a través de los órganos
superiores, desde el Gobierno para abajo, se ejerza puntualmente el
principio de autoridad, y se ejerza oportuna y sincrónicamente.

Respecto a las indudables deficiencias que la señora Ministra ha
reflejado cuando, por ejemplo, en su intervención ha señalado la posición
del señor Urculo ejerciendo de Fiscal General, en que dice usted que se
ve desbordado con problemas para cubrir la vacante del señor Aranda y,
sobre todo --y creo que es en este punto en el que está basada la
acusación principal que ha hecho la señora Ministra--, las tardanzas en
los plazos, en las prórrogas que se comienzan a producir, en la demora en
convocar el Consejo Fiscal, en esto indudablemente le doy la razón,
señora Ministra. Pero en esta responsabilidad, que si directamente le
cabía al señor Urculo en su demora en convocar el Consejo Fiscal o en no
tener un calendario de plazos concreto, es donde se empiezan a producir
unas faltas de sincronización en la decisión política. El caso más
flagrante de la falta de sincronía y que, por tanto, va a producir una
lesión en el principio de autoridad y de jerarquización es que el
Gobierno no exigiera al Fiscal General señor Ortiz Urculo, cuando trajo
la propuesta de cese del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, del señor
Aranda, que inmediatamente hubiera traído el sustituto, cumpliendo la
forma normativa respecto a reunir y escuchar al Consejo Fiscal. Cuando
cosas así se empiezan a producir en órganos jurisdiccionales y en órganos
específicos que están regidos por el principio jerárquico de la
autoridad, el tema es muy delicado, señora Ministra, porque es
precisamente en los órganos jurisdiccionales



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sometidos al principio de jerarquización donde esta jerarquía de mando
debe ser ejercida directa y diariamente. No se pueden producir esos
espacios o intervalos en vacío del puesto de la autoridad. Y le vuelvo a
poner el ejemplo de las Fuerzas Armadas y de cualquier otra institución
que esté regida por el principio de la jerarquización. Puesto jerárquico
vacante es puesto sin orden de mando, es puesto donde no se emiten los
principios que justifican el criterio de la jerarquización, porque la
jerarquización si no se interpreta bajo el principio no solamente de la
disciplina sino de la provisión diaria de los criterios que tienen que
imperar en esa institución, se está produciendo un daño, y ese daño es
político también, señora Ministra. Por consiguiente, esa responsabilidad
política no está en las bases del ministerio fiscal con unos fiscales
díscolos, sino que está en las cúpulas hacia arriba tanto del máximo
órgano del Ministerio Fiscal como del Gobierno que tiene que velar por
este tema.

Yo la insto a usted, señora Ministra, y la animo para que lleve al
gabinete este principio de urgencia en solventar los vacíos jerárquicos
que todavía existen en este momento, y esperemos que el nuevo Fiscal
General del Estado subsane lo más urgentemente posible el vacío que se
produce en este momento en la máxima autoridad fiscal como es el del
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, escenario donde se están
produciendo precisamente todos estos problemas.

Voy a hacerle otra recomendación, señora Ministra: que el principio de
jerarquía tiene que llevar al Gobierno a indicar --y lo digo con toda la
naturalidad de quien tiene la responsabilidad del nombramiento, de quien
tiene la responsabilidad del criterio político y del escenario en que
debe tomar las decisiones-- que se respeten plenamente las decisiones que
salgan del Consejo Fiscal aunque, por supuesto, en una interpretación
personal el Fiscal General del Estado las pueda matizar. Pero fíjese a lo
que ha llevado la matización degradante de la propuesta que en su día
hace el Consejo Fiscal y en lo que el Fiscal General del Estado retoma
para presentarle a usted como cauce de entrada en la decisión que debe
tomar el Gobierno sobre las sanciones y que, como bien ha señalado la
Diputada Almeida, producen esa línea que yo llamo de estupefacción en el
ciudadano, con multas por causas verdaderamente pintorescas. Si las
causas son graves, señora Ministra, como para haber hecho las remociones
y nombramientos que se han señalado en su prolijo informe, si a juicio
del Gobierno está la falta de autoridad, ése es el primer principio que
hay que recomponer porque, señora Ministra, lo que quiere mi grupo es que
pase ya de una vez esta lamentable y penosa situación que ha transformado
prácticamente el ministerio fiscal, en su escenario de la Audiencia
Nacional, en un auténtico esperpento, en un auténtico esperpento que nada
dice del bien común que debe prevalecer en la justicia en un Estado de
Derecho. Que se acaben las tardanzas, que se acaben los vacíos en los
escalafones y en los puestos jerárquicos de toda la cadena de mando que
existe ahí y que impere, digamos, el sentido común en todas las partes
acerca de los criterios del Ministerio Fiscal, sobre todo cuando se han
hecho juicios de valor sobre lo que ha dicho en anteriores memorias del
ministerio fiscal el nuevo Fiscal General del Estado. Nosotros le damos
aquí un voto de confianza pero con la preocupación de que cualquier
instrucción que se pueda dar desde los criterios personales no fuera a
pasar también por los órganos que prudentemente la Ley de 1981 instituyó
en esa cadena de mando jerarquizado, no jerarquía de persona a persona
sino jerarquía también a través de órganos de moderación, de encuentro,
como puede ser en este caso el Consejo Fiscal.

Nada más, señora Ministra, señor Presidente, que hacerle patente estas
reflexiones en lo que nosotros creemos que está en la voluntad del
Gobierno resolver, porque creemos que es el Gobierno, junto con nosotros
y junto con un estado general de la justicia, el primer interesado en
resolver lo antes posible, y recalco, lo antes posible, esta situación,
porque toda demora no trae nada más que cerrar la crisis en falso y
seguir deteriorando la situación y nosotros creemos que debemos aportar
por lo menos nuestra voluntad de solución inmediata.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señora Ministra, por las
explicaciones que nos ha facilitado. Antes de comenzar mi exposición hago
votos para que, efectivamente, cuanto antes se pueda poner fin a esta
historia que se ha calificado de interminable. Hago votos para que en
esta ocasión se acierte y le expreso cuál es el sentir de mi grupo.

En su primera comparecencia ante esta Comisión, el día 20 de junio de
1996, dediqué gran parte de mi intervención a explicar a S. S. cuál era
la convicción del Grupo Nacionalista Vasco, al que represento, en
relación con la figura del Fiscal General del Estado. Frente a quienes
sostienen que es el ejecutor de la política criminal del Gobierno, la
postura de mi grupo, incorporada a su programa electoral confrontación
electoral tras confrontación electoral, es la de entender que no es así,
sino que la propia dicción del artículo 124 de la Constitución da una
dimensión distinta, y la misión que le corresponde en la Administración
de justicia hace radicalmente incompatible un fiscal sometido al
Gobierno. Creemos que los principios de legalidad e imparcialidad que
rigen su actuación imponen que la estructura jerárquica del ministerio
fiscal concluya en el Fiscal General del Estado. Ese salto entre el
Fiscal General del Estado y su vinculación con el gobierno creemos que es
contraproducente si lo que se considera importante en el precepto es la
tutela de los intereses y promover la acción de la justicia en defensa de
la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, que es la parte sagrada
--creemos nosotros-- del artículo 124 en relación con lo que se quiso
plasmar como estatuto constitucional del ministerio fiscal.

Es cierto que al Ejecutivo le corresponde el nombramiento de los fiscales
jefes que constituyen el escalón jerárquico entre los fiscales y el
Fiscal General del Estado, sistema de nombramiento sobre el que también
habría mucho que hablar y que, evidentemente puede corregirse y



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mejorarse. El Gobierno, en el ejercicio de esta facultad, también está
sometido plenamente a la ley y al Derecho y debe obrar sirviendo con
objetividad los intereses generales que en este caso consisten en el
aseguramiento de las condiciones objetivas, materiales y personales para
un funcionamiento correcto y eficaz del ministerio fiscal. A propósito de
esta última afirmación quiero recordar a la señora Ministra que el grupo
al que represento fue solicitante de la comparecencia del Fiscal General
del Estado, señor Ortiz Urculo, en relación con el apartamiento de su
puesto como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional del fiscal señor Aranda.

Evidentemente, el artículo 41 del estatuto del ministerio fiscal es un
precepto legal y puede utilizarse en todo momento, pero creemos que, en
su uso el Ejecutivo debe asegurarse de que se dan las condiciones
objetivas, materiales y personales para un funcionamiento correcto y
eficaz del ministerio fiscal. Entonces le decíamos al Fiscal General del
Estado que creíamos que se había sido torpe o por lo menos no acertado a
la hora de solucionar la situación producida en la Audiencia Nacional con
el apartamiento del fiscal Aranda sin tener una solución de recambio o
con la lamentable solución de recambio que surgió en los medios de
comunicación, y que finalmente fue abortada, de sustituirle por el fiscal
señor Poyatos. No me voy a entretener más en estas cuestiones, porque
creo que van a ser objeto de interpelaciones sostenidas por otros grupos
y tendrá ocasión de contestarnos. Sí me centraré en lo que ha sido el
cese del señor Ortiz Urculo y el nombramiento del nuevo Fiscal General
del Estado, sin que tampoco vaya a entrar en excesivos pormenores al
respecto.

Al señor Cardenal le conozco, le respeto y le aprecio desde hace
muchísimos años, porque, como es público y notorio, ha sido Fiscal Jefe
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tiene una historia
profesional que se ha calificado de intachable, y así lo es. Sin embargo,
sí me permito manifestar algunas discrepancias --que ya he expresado en
nombre de mi grupo--, porque albergo la duda de si no sería exigible un
punto de mayor agresividad, por así decirlo, en la personalidad de quien
asuma esta alta magistratura en los momentos actuales. La responsabilidad
que le incumbe al fiscal General del Estado, tal y como está la
situación, haría necesario el nombramiento de una persona a la que se
pudiera calificar de excelente profesional, como lo es el señor Cardenal,
pero quizá sin ese toque de bondad que todos le reconocemos y, repito,
con un punto de mayor agresividad. A nuestro grupo le suscita algunas
dudas, desde el absoluto respeto a la manifestación de las ideologías.

Evidentemente hemos sido siempre partidarios del pluralismo político y no
vemos a poner en duda que todo el mundo tenga derecho a expresar sus
opiniones, pero que una de las discrepancias manifestadas por el Fiscal
General del Estado en la famosa memoria tan traída y llevada del año 1994
sea que el pluralismo político, uno de los valores consagrados en el
artículo 1 de la Constitución, pueda ser causa de muchos males no nos
tranquiliza. En todo caso entendemos que el Gobierno expresa su ideología
en el nombramiento de este cargo, ha optado por este Fiscal General del
Estado y ello nos parece respetable, pero en este punto mi grupo no lo
comparte.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Agradezco a la señora Ministra las explicaciones
que nos ha ofrecido a lo largo de esta mañana. Mi grupo va a valorar
positivamente algunas de sus manifestaciones, como después indicaré, y
esperemos que, como se dice en alguna canción, hoy sea el primer día del
resto de nuestra vida, y espero que del ministerio fiscal y de la
justicia también. Más adelante me referiré a ello, pero esa distinción
que ha efectuado entre lo que es la potestad de propuesta, que
corresponde al ministerio fiscal, y la potestad de decisión, que
corresponde a su Ministerio o al Gobierno creo que es importante y estoy
seguro que en el futuro va a producir abundantes frutos.

Mi grupo ha asistido paciente, no me atrevería a decir impasible, a la
larga crisis del ministerio fiscal y de la Audiencia Nacional. Querría
recordar la primera comparecencia de la señora Ministra en la que, sobre
la base de algunas de sus prioridades y manifestaciones, mi grupo también
quiso dejar constancia de que para nosotros el personaje más importante
de la justicia era el justiciable, era el administrado que se acercaba a
los tribunales, y, por lo tanto, no ha sido buena esta serie de
estridencias de la Audiencia Nacional y de su fiscalía, convertida en un
gran escaparate que ha consumido energías estoy seguro que de su
Ministerio, del ministerio fiscal, de este Congreso, martes tras martes,
con mociones, y miércoles tras miércoles, con numerosas preguntas e
interpelaciones. Nos hemos olvidado durante el último año de a quién
tenemos que servir y nos hemos sumergido quizás en grandes problemas
constitucionales y hemos olvidado al ciudadano.

Voy a explicar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) en un doble sentido, en relación con las medidas concretas que
han motivado su comparecencia en el día de hoy y en relación con la
situación general de la fiscalía y más concretamente de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
siempre ha partido del razonamiento de que el estatuto del ministerio
fiscal constituye una base compleja pero que nos permite una cierta
firmeza. Allí se dice que el ministerio fiscal está incardinado con
autonomía funcional en el Poder Judicial y, además, se establece otro
principio básico que muchas veces se olvida y es que a diferencia de lo
que pueda ocurrir con los jueces y magistrados, donde, por imperativo
constitucional rige el principio de inamovilidad, y así se plantea en el
artículo 117 de la Constitución, en el caso del ministerio fiscal el
principio precisamente es casi el contrario, es el principio de la
fungibilidad del ministerio fiscal o de los individuos que integran el
ministerio fiscal, como dice el artículo 23 del estatuto, quienes actúan
en representación de su instituto, por así decirlo, y por delegación de
su jefe respectivo. Entendemos que esa contraposición entre inamovilidad
y fungibilidad ofrece vías para enjuiciar estos hechos y para
resolverlos. Por eso mismo, ante las medidas concretas de organización
adoptadas por el Gobierno o por su Ministerio, mi grupo no ha formulado
manifestación alguna. Tienen



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el límite, al que usted anteriormente ha hecho referencia, de la
interdicción de la arbitrariedad, principio que figura en el artículo 9
de la Constitución, y, por lo tanto, en la medida en que la decisión
organizativa de remoción del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y su
traslado por enfrentamientos graves con la Fiscalía, prima facie, no
parezca contraria o no parezca obedecer a una arbitrariedad, poco va a
decir mi grupo; menos todavía tiene el planteamiento de bucear en los
expedientes disciplinarios para entender si una propuesta u otra es más o
menos razonable o acertada, para impulsar el ejercicio de la potestad
disciplinaria de una manera o de otra.

Respecto a estos hechos concretos, no querríamos sin embargo dejar de
realizar algunas manifestaciones críticas. Desde luego no parece una
medida muy prudente remover a un fiscal jefe de la Audiencia Nacional sin
tener previsto un relevo adecuado, porque, obviamente, quizá se entienda
que es preferible la ausencia de autoridad a la ausencia de su ejercicio,
pero, bueno, siempre será cuestión de opiniones. A nuestro juicio, no
debiera haberse procedido a esa remoción sin haber previsto correctamente
una sustitución adecuada, sustitución por lo demás que ha resultado
tremendamente problemática, ya que por la propia conflictividad de la
Audiencia Nacional, por la situación compleja de la fiscalía,
precisamente no han sido muchos los voluntarios que han corrido al
banderín de enganche para ocupar esa jefatura.

Poca cosa tendría que señalar respecto a la remoción del Fiscal General
del Estado, competencia obviamente del Gobierno, y al traslado, como
decíamos antes, de la fiscal Márquez de Prado. Aquí si queremos decir que
puede que las soluciones que se califican como salomónicas sean las más
sabias, pero tampoco tienen por qué ser precisamente las más justas. Eso
se hizo, entendemos que no cabe apreciar arbitrariedad y, por lo tanto,
de la misma manera se respetan esas competencias.

Lo propio habría que decir del nombramiento del nuevo Fiscal General del
Estado. Esto merece una reflexión y es que yo creo que nos exige a todos
los grupos parlamentarios buscar algún mecanismo nuevo de nombramiento
del Fiscal General del Estado o de participación del Parlamento en su
designación. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en su
programa electoral lleva precisamente que, con carácter previo al
nombramiento de estos altos cargos del Estado, puedan ser sometidos --y
cuando digo sometidos empleo el término con toda la benevolencia,
obviamente-- a una comisión de encuesta del Congreso de los Diputados
para, tal como decimos en nuestro programa electoral, analizar la
trayectoria personal y profesional del cargo público, conocer su gestión
patrimonial y todos aquellos hechos que puedan ser de interés, teniendo
en cuenta las responsabilidades públicas que deberá asumir. Por lo tanto,
entendiendo que lo que cabe apreciar como contrario a la Constitución
seguro que deberían ser más los comportamientos que no pura y simplemente
las ideas, concedemos también, faltaría más, ese beneficio de la duda al
nuevo Fiscal General del Estado y esperamos que su comportamiento al
frente de la Fiscalía General del Estado sea tan intachable como lo ha
sido al frente de la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia. En cualquier caso, sí que hay que indicar que ha sido un
nombramiento que ha generado un informe del Consejo General del Poder
Judicial sin entrar en cuyo contenido no deja de manifestar un germen de
crisis del Consejo con otras instituciones del Estado.

Atendiendo a que no cabe apreciar indicios de arbitrariedad en toda esta
serie de actuaciones de su Ministerio y del Fiscal General del Estado,
poca cosa más hay que decir en concreto. Sin embargo, siempre hemos
venido manifestando la grave preocupación que nos produce la situación
general de la Audiencia Nacional e incluso de la propia Fiscalía. Este
ámbito constituye un gran escaparate para los ciudadanos para saber cuál
es la Administración de justicia y, por lo tanto, influye notablemente en
la forma en que ésta es percibida por ellos y en el prestigio que la
misma genera. A lo largo de estos meses se han venido produciendo
acontecimientos que han mermado, entendemos, este prestigio de la
Administración de justicia y la forma en que es percibida por los
ciudadanos. Podemos citar las aparentes contradicciones en mayor o menor
medida entre la propia Inspección Fiscal, el Consejo fiscal, el Fiscal
General del Estado y la apreciación efectuada por su Ministerio, lo que,
desde luego, no tranquiliza en absoluto a los ciudadanos, también, la
grave dificultad de encontrar candidatos para ocupar plazas que, por lo
demás, debieran ser codiciadas por el prestigio que suponen, aunque bien
es cierto que a nadie cabe exigir un comportamiento heroico, y desde
luego yo sería contrario incluso al principio de la buena fe.

Tenemos que decir, y lo ligo con el inicio de mi intervención, que es
importante esa distinción que ha efectuado la señora Ministra hoy y que
creo que no había hecho con anterioridad, entre la potestad de propuesta
para el nombramiento de determinados cargos o la adopción de determinadas
medidas de carácter organizativo y la potestad de decisión que incumbe a
su Ministerio o al Gobierno. Creo que es importante porque ya en los
viejos tratados de Derecho administrativo que tenemos casi olvidados se
nos decía que la propuesta era una declaración, por así decirlo, de
interés, mientras que la decisión era una declaración de voluntad. Desde
luego lo que incide realmente en al ámbito de los intereses es
precisamente la decisión, que es esta declaración de voluntad. Por lo
tanto, el hecho de que desde su departamento se aprecie que una propuesta
no exime al Ministerio de su responsabilidad de adoptar una medida
conforme a la propuesta o de carácter diferente entendemos que es
importante y que no deja de suponer una modificación del planteamiento
inicial con el que compareció ante el Congreso, de una fiscalía,
pudiéramos decir, totalmente autónoma, a medio camino entre el estatuto
actual y la magistratura postulante italiana. El hecho de entender que,
sin perjuicio de la importancia de la propuesta que pueda venir del
Fiscal General del Estado y del Consejo Fiscal, es sólo al Gobierno y a
su Ministerio a los que incumbe la decisión supone una asunción
importante de responsabilidades y permite al mismo tiempo un control más
correcto de estas decisiones por parte del Parlamento. en el fondo, el
problema que se está debatiendo es la diferente



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asimilación, configuración o idea que del ministerio fiscal tienen sus
propios miembros y desde luego no cabe desconocer que confundiendo quizá
los deseos con las realidades, hay individuos del ministerio fiscal que
entienden que la situación que genera el estatuto es la situación de la
magistratura postulante italiana, es una independencia no ya del
Ejecutivo, sino una independencia incluso de su propio fiscal general o
del propio fiscal jefe. Desde luego hay que indicar que ni es la que se
contiene en el estatuto actual ni desde luego es por la que apuesta el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Volviendo también a alguna de las afirmaciones que efectuamos
anteriormente, si el estrellato es difícilmente compaginable con la
magistratura, por más que ésta goce el principio de inamovilidad, desde
luego resulta absolutamente contrario a la fiscalía, que, como decía
antes, se rige por el principio de fungibilidad, y quizá toque que en el
ámbito de la fiscalía se produzca una revolución copernicana y que, por
lo tanto, cada uno de los fiscales sepa cuál es su lugar en el universo,
qué lugar tienen, y muy importante, y muy respetables son sus actuaciones
y muy valorables en muchas circunstancias en las que se producen, con una
tremenda dificultad y tremenda presión de la opinión pública, pero, desde
luego, hay que pasar de ese etnocentrismo al heliocentrismo, desde luego
que sí.

Por tanto, señora Ministra, yo creo que su comparecencia de hoy ha sido
positiva. Vamos avanzando todos en la dirección de cuál debiera ser el
correcto funcionamiento del ministerio fiscal, la responsabilidad del
propio Ministerio y la responsabilidad del Ejecutivo y creo recordar --y
no sé si hará referencia posteriormente a ello nuestro querido colega don
Juan Alberto Belloch-- que lo que ocurre en la Audiencia Nacional y en la
fiscalía es un gran chollo para ejercer la oposición. Desde luego, lo que
nos gustaría es que dejase de ser un martirio a lo Cirineo para los que
hemos asumido la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad
precisamente de este país.

Por todo ello, muchas gracias, señora Ministra.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señora Ministra por su comparecencia.

La verdad es que hablar de este tema ya no despierta un particular
entusiasmo, más bien un cierto hastío, porque se prolonga demasiados
meses en el tiempo. He comprobado que la petición de comparecencia para
que explicara ante esta Cámara las razones que determinaron el cese del
entonces Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, señor Aranda, data nada
menos que del mes de enero. Desde entonces, efectivamente, no podíamos
pensar que el problema siguiera teniendo una cierta y lamentable
actualidad. Solicitamos su comparecencia por una razón muy clara, que
usted, señora Ministra, ha expuesto. Estábamos ante un hecho insólito,
único en la historia de la democracia, como usted ha recordado. Nunca
desde la aprobación del estatuto del ministerio fiscal ningún gobierno
había considerado oportuno proceder al cese político de un fiscal jefe de
un organismo judicial. Ese era el motivo por el que teníamos interés en
oír las verdaderas razones y las explicaciones que pudiera darnos de por
qué su Gobierno había acordado ese cese.

Ya le anticipo que al Grupo Parlamentario Socialista no le satisface la
explicación global que nos ha ofrecido. No nos sirve que se diga que la
razón de aquel cese fue algo así como la crisis del principio de
autoridad, algo así como no haber sido capaz de ser obedecido por sus
subordinados, entre otras cosas porque si ciertamente fuera ésa la razón,
lo lógico hubiera sido que antes, simultáneamente o incluso después, a
alguno de los fiscales que desobedecían se le hubiera sancionado por
desobediencia, y no ha sido así, con lo cual la explicación que plantea
de crisis del principio de autoridad nos parece insuficiente.

La situación actual, tal y como se nos muestra, se caracteriza, según
nuestra opinión, por tres rasgos. Primero --ya lo han subrayado otros
grupos parlamentarios--, el puesto sigue vacante casi cinco meses
después. En segundo lugar, eso sí, a cambio, se ha producido el cese de
un Fiscal General del Estado, y ya lleva dos en menos de un año, señora
Ministra: el señor Granados y el señor Ortiz Urculo. En tercer lugar, el
motín --así lo llamamos nosotros--, el problema --si usted prefiere--
abierto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional todavía no se ha cerrado.

Esos son los tres rasgos cinco meses después de aquella precipitada
decisión, en nuestra opinión no sólo precipitada sino arbitraria.

Se ha descrito, porque ha habido tiempo para todo, la crisis de muy
diversas maneras. En los medios de comunicación he oído algunos adjetivos
que son muy expresivos. Por ejemplo alguien habló de que parecía un
vodevil, y es verdad; por la capacidad de enredar el argumento que usted,
señora Ministra, y el ya cesado Fiscal General del Estado tuvieron,
merecería esa calificación. Otros medios de publicación hablaban del
spaghetti western y también es cierto, porque contemplando la actitud
achulapada de alguno de los amotinados, diríase que estábamos en una
película del oeste de la serie B, y además ahora están particularmente
satisfechos. De momento ya se han llevado por delante a un Fiscal General
del Estado. Sin embargo, también se podría describir de manera más seria
como un drama, puesto que también lo es. Estos meses han puesto en grave
crisis, como ha subrayado buen número de grupos parlamentarios, el
prestigio de la institución del ministerio público.

Repasemos con un poco más de detalle, si me lo permite, la situación. En
primer lugar, parece evidente que sigue habiendo la vacante y además
seguimos sin saber --y usted, señora Ministra, seguramente no está en
condiciones de respondernos ahora, como tampoco lo ha estado cuando lo
hemos intentado en otras ocasiones de control parlamentario-- cuándo
habrá nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Y no parece claro el
futuro inmediato. Por un lado parece ser --me desmentirá si no es así,
señora Ministra-- que el nuevo Fiscal General del Estado todavía no ha
fijado la citación del Consejo Fiscal, cuyo informe será preciso para
promover su nombramiento. Pero es que además los tres candidatos que se
han planteado presentan,



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objetivamente hablando, algunas dificultades. Por un lado se trataría de
promover a quien, en definitiva, es el jefe moral del motín, y
ciertamente no parece razonable ni parece que el Consejo Fiscal esté por
la labor de arreglar el problema nombrando capitán del barco al jefe de
los alzados. Pero es que, por otro lado, respecto de los otros candidatos
que hasta ahora se han presentado también en ocasiones se advierte alguna
dificultad. Respecto de uno de los candidatos, perfectamente honorable,
en todo caso, se dice que tiene una muy relativa especialización en
materia de Derecho penal --procede más bien de otros órdenes
jurisdiccionales-- y respecto del tercero se pone una tacha mucho peor.

Se le acusa nada menos que de haber prestado su asesoramiento técnico al
Ministerio de Justicia hará unos diez años cuando por entonces había un
Gobierno socialista. Semejante tacha es evidente que para algunos
constituye motivo suficiente, porque es el único que es idóneo y
competente plenamente según todos los criterios, para participar en ese
cargo. Ya sabemos que no es correcto recordar el pasado de colaboración
política con el franquismo ni es obstáculo para la promoción de
cualquiera a cualquier puesto y, sin embargo, la colaboración técnica con
un Gobierno socialista es tacha que impide cualquier promoción o ascenso.

En definitiva, no parece claro qué va a ocurrir y, salvo que se acepte la
presión del Gobierno en el sentido de nombrar fiscal al jefe de los
amotinados, nos podemos encontrar de nuevo con que quede desierta la
plaza --ojalá no-- y haya un nuevo plazo y un nuevo concurso.

Señora Ministra, no creo que pueda decir que el fiscal no tiene nada que
ver y, sobre todo, que no tiene nada que ver usted con lo que está
sucediendo. Otros grupos lo han subrayado, antes de aceptar el cese
político debió haber hecho una previsión razonable de si se podía cubrir
la plaza que ahora se quedaba vacante. No haberlo hecho significa que
usted y su Gobierno son responsables políticos de lo que ha ocurrido
durante todos estos meses, porque ciertamente no vale decir que ha sido
sólo y principalmente el Fiscal General del Estado ya cesado. Usted sabe
que dentro de su propia concepción y de los criterios técnicos de esta
Cámara, el Fiscal General del Estado no responde políticamente, responde
usted, responde la Ministra. Por lo tanto, de las decisiones que adopte
el Fiscal General del Estado es usted, sin duda, la responsable política
y, en general, el Gobierno del que usted forma parte. Esas son hoy por
hoy las reglas dentro de nuestro planteamiento jurídico y yo creo que
también dentro de la lógica política.

Por otro lado, le decía, ha cesado el Fiscal General del Estado. ¿Qué
pasa con ese cese? ¿Qué es lo que ha hecho, además de lo que usted ha
indicado, para perder la confianza de su Gobierno? Si resulta que abordó
el problema, aunque fuera para convertirlo en una crisis, más bien parece
que ha hecho méritos y cuando finalmente adopta una de las decisiones que
el Consejo Fiscal planteaba, deciden retirarle su confianza política y
cesarle. Es indudable que tienen plena legitimidad para hacerlo, eso
nunca lo ha dudado el Grupo Parlamentario Socialista. El Fiscal General
del Estado, constitucionalmente, es nombrado y cesado por el Gobierno y,
por tanto, ninguna crítica puede formularse desde la óptica de la plena
legitimidad del Gobierno para adoptar esa medida. Pero ciertamente, ¿el
único responsable real de lo que ha ocurrido es el fiscal ahora cesado,
señor Urculo? Realmente, si no se pudo resolver la crisis de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional ¿el Gobierno no ha tenido nada que ver? ¿No será
más cierto, señora Ministra, que desde el Gobierno y desde ese lobby
mediático que a veces le sustenta y otras veces da la impresión de que lo
empuja, que desde ese lobby y desde ese Gobierno --digo-- lo que se hizo
fue presionar para que no se aceptaran las sanciones propuestas por el
Consejo Fiscal contra los fiscales amotinados? ¿No será más cierto que
esas presiones fueron las que determinaron a su vez que el señor Urculo
desobedeciera o desoyera --lo cual es legítimo, pero no en su
planteamiento; era incoherente personalmente, aunque lógico en términos
políticos-- el dictamen del Consejo Fiscal y planteara exclusivamente la
sanción de traslado respecto de una de las fiscales implicadas en los
expedientes? ¿No es cierto que desde el Gobierno se presionó para que el
señor Urculo tuviera que apartarse de sus tradicionales criterios
personales, desoyera el dictamen unánime del Consejo Fiscal y propusiera
una sanción limitada a una de las fiscales? ¿Y no es cierto que usted
misma y su Gobierno posteriormente trataron de convencer o persuadir al
señor Urculo de que debía aceptar, mientras el estado de la crisis se lo
permitió --en un momento determinado estaba claro que fueron superados
por la propia crisis--, de buen grado, que había razones jurídicas para
ni siquiera adoptar la sanción, que sin embargo finalmente adoptó, y que
ése fue el motivo de la carta dirigida al Vicepresidente señor Cascos?
¿No es cierto que hasta el viernes el entonces Fiscal General del Estado
desconocía la decisión que iban a adoptar usted y su Gobierno? ¿No es
cierto que usted trató de convencerle para que presentara la dimisión
antes de determinar el cese? ¿No es cierto, en definitiva, señora
Ministra, que desde el Gobierno de la nación se hizo imposible que el
Fiscal General del Estado pudiera hacer una propuesta razonable al Fiscal
Jefe de la Audiencia Nacional porque el conjunto de la carrera fiscal,
las personas con valía y capacidad para pedir esa plaza, con todo
criterio, no quisieron concursar mientras no se fuera capaz de resolver
la situación de desorden y de amotinamiento en que se encontraba la
Audiencia Nacional. ¿Por qué entonces han cesado al fiscal señor Urculo?
¿Por qué? Mi impresión es que no se debe a las críticas de la oposición
que, al revés, en este caso suelen confirmar los nombramientos, ni se
debe a los múltiples errores e incompetencias de todo tipo que planteó.

Se debe a algo más grave y más concreto. Perdió la confianza del lobby
mediático al que antes he hecho referencia, al haberse atrevido a no
obedecer al cien por cien la línea editorial de ese lobby, que pretendía
no sólo que no hubiera sanciones para los amotinados, sino que fueran
lógicamente exaltados y condecorados por sus trabajos. Esa es la
verdadera causa de la que usted, me temo, señora Ministra, no ha sido más
que un instrumento, muy posiblemente a su pesar, porque no debe ser plato
de gusto tener que realizar el papel, señora Ministra, que ha tenido que
desempeñar a lo largo de esta crisis.




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¿Es cierto o no que existía un dictamen técnico en el Ministerio de
Justicia --que, por cierto, llevó muchos días efectuar-- en el cual se
sostenía que en realidad la sanción propuesta no se ajustaba a la
legalidad? ¿Es cierto o no que usted comentó directamente a los
periodistas, en los pasillos del Congreso, que se iba a rechazar la
sanción propuesta porque jurídicamente no era cierto que se ajustara al
ordenamiento jurídico? ¿No será precisamente por ese dictamen realizado
por los servicios jurídicos del Ministerio por lo que el señor
Vicepresidente del Gobierno se apresuró a tranquilizar a la fiscal
expedientada diciendo: recurra, recurra, que va a ganar usted el recurso
ante los tribunales y que los tribunales de justicia le darán aquello que
el Gobierno por razones políticas no le pudo dar? Y no porque obviamente
los tribunales sean susceptibles de manipulación por el Gobierno, que no
es cierto, sino simplemente porque la sanción que se ha establecido lo ha
sido por el motivo más nimio de cuantos concurrían en el expediente
disciplinario. ¿Cómo es posible que no haya sido sancionada por
desobediencia? Ha sido sancionada por el tema más nimio y, en
consecuencia, queda abierta, con posibilidades razonables de éxito, la
vía al recurso.

El resultado final del proceso es sorprendente. Se sanciona, por primera
vez en la historia de la fiscalía, al señor Aranda por no haber sido
capaz de evitar el motín y, al propio tiempo, se dice que no existen
amotinados; es un motín sin amotinados, un motín en el que, sin embargo,
nadie ha desobedecido, puesto que nadie es propuesto de sanción como
consecuencia de una desobediencia. Es una explicación, en definitiva,
poco consistente que no puede merecer la confianza del Grupo
Parlamentario Socialista. El tema, por otro lado, tampoco está terminado.

Los problemas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desgraciadamente
sobreviven, primero, porque ya veremos cuál es la suerte del recurso
interpuesto por la fiscal, pero, en segundo lugar, por lo que ya han
subrayado otros compañeros de otros grupos parlamentarios. Las sanciones
impuestas, ridículas, incomparablemente desproporcionadas respecto a lo
que había solicitado el Consejo Fiscal, no producen más que la impresión
de que esta batalla no la ha ganado el principio de autoridad, al revés,
la ha ganado el principio de la rebelión de los amotinados en la Fiscalía
de la Audiencia Nacional. Esa es la imagen final que se ha transmitido al
conjunto de la opinión pública y desde luego al conjunto de la carrera
fiscal. Si no ha habido candidatos idóneos, no es porque no existan en el
ámbito de la carrera fiscal, que los hay, sino porque han complicado
ustedes extraordinariamente el tema al tratar, eso sí, de realizar una
operación de castigo contra un fiscal, el señor Aranda, a raíz
precisamente del dato que usted ha recordado, señora Ministra, una
operación de castigo porque se atrevió, y sin pedir permiso a los
amotinados, a querellarse contra Mario Conde. Ese fue el primer hecho y
de él se deduce la serie de los restantes. Lo lamentable es que el
Gobierno de la nación se preste a ese juego.

Por entrar en el último punto, ya tenemos un nuevo Fiscal General del
Estado. Señora Ministra, lo hará mejor --de hecho no se puede hacer
peor--, por tanto, mejorará ostensiblemente el funcionamiento de la
Fiscalía General. En primer lugar, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista naturalmente que tienen plena legitimidad para
designar al Fiscal General del Estado que consideren conveniente, con tal
de que se cumplen las prescripciones normativas. A partir de ahí, por
tanto, ninguna crítica en cuanto a su facultad tanto de cesar como ahora
de nombrar. Para nosotros, aunque sea una referencia teórica que sólo muy
marginalmente quiero apuntar, dado que la representante del Grupo Vasco
también ha aludido a ella, no es el instrumento pero sí parte fundamental
de la política criminal, y efectivamente nosotros consideramos que la
Constitución atribuye la competencia de dirigir la política criminal al
Gobierno y, en consecuencia, siendo pieza clave de esa política criminal
el ministerio fiscal, nos parece absolutamente razonable que el Gobierno
pueda nombrar a persona de su confianza que sepa hacer, de manera
autónoma, la política criminal que en cada caso desea el Gobierno llevar
a efecto. No otro sentido tendría la facultad constitucional de nombrar y
cesar sin móvil o sin motivo alguno a los fiscales generales del Estado.

Por tanto ahí no existe polémica. Más bien, es verdad, como decía el
representante de Convergència i Unió, que puede ser que se haya producido
cierta aproximación teórica en su discurso al que tradicionalmente
nosotros veníamos sosteniendo, al distinguir el marco de la gestión
autónoma que tiene el Gobierno respecto del Fiscal General del Estado, y
no sólo en el momento del nombramiento o cese sino en el de aceptación o
no de las propuestas. En segundo lugar, resulta también evidente que
pertenecer a un grupo, a una ideología o profesar unas u otras ideas, a
nuestro juicio, ni vacuna contra la incompetencia profesional ni la
excluye. En definitiva, es un hecho perfectamente compatible con que al
propio tiempo se trate de un fiscal competente, de un buen jurista, o que
no lo sea. No es, por tanto, un rasgo diferenciador que avale ni niegue
la competencia profesional y el carácter de jurista ilustre. También en
ese sentido nos parece completamente razonable el posicionamiento
adoptado por el Consejo General del Poder Judicial, que nuestro grupo
asume por unanimidad. Sin duda concurren los requisitos. Al propio tiempo
le preocupa al Consejo y también a nosotros que haya podido realizar
declaraciones en una determinada memoria poco compatibles con principios
constitucionales. Junto a eso reconocemos sin ninguna duda no sólo la
honestidad personal sino además la profesionalidad del señor Cardenal,
actual Fiscal General del Estado. Yo además la conozco personalmente
porque he ejercido diez años de magistrado en el País Vasco, en Bilbao,
por tanto, con una relación directa y personal que me permite decirlo con
cierto conocimiento de causa. De todas formas hay una obviedad que para
el Grupo Parlamentario Socialista es obligatorio recordar y es que hay
decenas de fiscales que tienen los mismos perfiles de conocimiento
profesional, de idoneidad para el cargo, de ser juristas prestigiosos y
que, en definitiva, ustedes, Gobierno de la nación, no estaban obligados
a designar como Fiscal General del Estado --aunque parezca obvio, hay que
decirlo-- a quien eso lo hacía compatible con un ideario, que en el
terreno de lo que podríamos llamar la moral y las buenas costumbres es
ultramontano o ultraconservador,



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como ustedes deseen. Y lo han hecho, legítimamente podían hacerlo. Ni
siquiera, fíjese, se lo vamos a formular como crítica, sino desde otra
óptica, simplemente para subrayar que a un Gobierno de derecha puro y
duro como el suyo no le incomoda tener como Fiscal General del Estado a
quien defiende ese tipo de valores. Ese es su problema, ésa es su opción,
ésa es una forma de reflejar quiénes son y qué línea política mantienen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, deseo dar la bienvenida en
nombre de nuestro grupo a la señora Ministra, que una vez más ha
demostrado su gran respeto a esta Cámara, apresurándose a solicitar, a
petición propia, una comparecencia para aclarar todo lo relativo a un
ámbito ciertamente mínimo de sus responsabilidades políticas.

Yo comprendo la situación en la que se encuentra hoy aquí una Ministra
que tiene en la Cámara ya cinco proyectos de ley, que tiene en
preparación, si no he contado mal recientemente, en diversos estadios,
casi diez más y que se ve, sin embargo, obligada, como es lógico por otra
parte, dado el juego de los poderes del Estado, a solicitar una
comparecencia para hablar de cuestiones en las que, como muy bien ha
explicado, su intervención es deseablemente mínima; lo es en la medida
además en que cumple lo que el actual Presidente del Gobierno dejó claro
en su discurso de investidura en esta Cámara y en la medida en la que
cumple el programa electoral del partido que actualmente está en el
Gobierno.

Yo comprendo que para quien no está acostumbrado a estos hábitos
parlamentarios inicialmente --aunque ya la Ministra va teniendo
experiencia, como ya se ve-- debe resultar un tanto curioso ver la lógica
que en esta casa solemos suscribir, una lógica que sin ninguna pretensión
de rigor terminológico podría calificar de lógica dual. Aquí en esta casa
el principio de no contradicción no existe, como es lógico por otra
parte; ésta es, venturosamente, la casa de la contradicción, como es
lógico también. Aquí estamos para debatir y para demostrar en qué medida
no estamos de acuerdo en nada. Tan no estamos de acuerdo en nada que con
frecuencia no estamos de acuerdo ni con lo que decimos nosotros mismos,
no ya en el sentido de que estemos traicionando principios, sino en el
sentido de que podemos perfectamente decir una cosa y dos minutos después
la contraria, porque, al fin y al cabo, estamos en la casa de la
contradicción. Por tanto, rogaría ante todo a la Ministra que abandone
cualquier tipo de prejuicio cartesiano, porque de lo contrario puede
salir muy afectada de este tipo de circunstancias. Ya veo que se va
familiarizando perfectamente con ellas e incluso llegará un día, estoy
seguro de que pronto, en que, como alguno de nosotros, se divertirá en
este juego tan serio, que es el juego del Parlamento.

Los diversos grupos que han intervenido, cada uno reflejando su actitud,
han coincidido en una defensa a ultranza de la independencia del
ministerio fiscal. El ministerio fiscal debe ser independiente. Es más,
se nos anuncian interpelaciones, a las que luego seguirán las oportunas
mociones que todos los grupos votarán, por supuesto no de manera
coherente, por lo que han dicho hoy, ¡faltaría más!, en las que parece
que esa independencia se quiere garantizar de un modo más estricto. Pero
a la vez que se defiende teóricamente la independencia del ministerio
fiscal, al parecer ciertos grupos la consideran prácticamente
inconcebible y algunos de ellos con todo motivo, porque, claro, como no
la han practicado, es fácil que lo que uno no practica no acabe de
entender por qué lo van a hacer los demás, sobre todo si no les ha ido
mal. Entonces, enseguida lo trasladan. Usted misma en alguna intervención
en esta Cámara, demostrando su capacidad dialéctica y de reflejos, aludió
a un conocido refrán a propósito de ese tipo de actitudes.

Por lo visto, resulta inconcebible que el ministerio fiscal sea
independiente, porque a usted se le acusa de no actuar. Bien es verdad
que ninguno de los que ha intervenido en sentido crítico ha citado ni una
sola decisión que usted hubiera podido o debido tomar --en ese sentido
han tenido buen cuidado de no contradecirse-- y por lo tanto ha quedado
claro que usted ha incurrido en inacción, pero queda para el misterio
misterioso en qué consiste la acción. Nadie lo ha sugerido aquí, hay un
segundo turno, pero no se moleste, seguro que tampoco se lo van a decir.

¿En qué podía haber consistido su acción? ¿Qué podía haber hecho que no
ha hecho? Para que haya omisión se sobreentiende que debe haber una
acción debida; por ejemplo, el concepto de inconstitucionalidad por
omisión sólo se da, según dice la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, cuando algo que la Constitución ordena no se cumple. Por
el momento, no nos hemos enterado --y algunos no tenemos muchas
esperanzas al respecto-- de qué tendría que haber hecho usted para no
merecer el reproche de los que han intervenido, porque esta lógica dual
es muy cómoda: haga usted blanco o haga negro, siempre podemos decir que
lo ha hecho mal, sobre todo, porque como no sabemos en qué consiste
hacerlo bien, la cosa queda fácil.

Usted, por ejemplo, se ha dejado llevar de la ideología del Gobierno al
proponer al nuevo Fiscal General del Estado, pero queda la duda de si esa
ideología del Gobierno ha tenido en cuenta los irreprochables años de
ejercicio práctico de su función después de ser nombrado por el Partido
Socialista en el Gobierno o, por el contrario, los obiter dicta de tres
folios en la memoria de una fiscalía, donde además el citado Fiscal
General, demostrando que es consciente de que está perdiendo una gran
oportunidad de callarse, recuerda que ésa es una fase del informe que se
hacía antes y ya no se hace. El sentido de la oportunidad en ese aspecto
quedó probado, pero no se sabe si esa ideología consiste en que el
Gobierno que quiere un fiscal independiente dice: ¿quién más
independiente que alguien que ha sido nombrado por el Gobierno anterior,
alguien que no ha merecido reproche alguno por su actividad? Porque se
piensa que es un fiscal que va a actuar, no se va a dedicar a dar
discursos, esperemos, porque tajo va a tener, pero al parecer va a
actuar. Bien es verdad que tampoco se sabe si es un peligro público por
su agresividad o una especie de



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guerrero del antifaz que le va a quitar a la justicia la espada para
arremeter contra el infiel o si, como se ha sugerido por algún grupo,
tiene fama de tener sangre de horchata, con lo cual la cosa está
complicada ante lo que se le avecina. Aquí, dentro de la lógica dual, uno
puede ser el guerrero del antifaz y tener sangre de horchata. No hay
ningún problema, porque esto no es un cómic, esto tiene una lógica
distinta, mucho menos coherente por supuesto cuando corresponda.

Esta es la situación y aquí estamos. Lo curioso es que muchas de las
críticas que se han hecho, a la vez, por omisión, generan una situación
peculiar, porque el grupo que a veces propone determinadas causas de la
situación tiene en su mano en esta Cámara la posibilidad de hacer
propuestas e iniciativas parlamentarias que remedien esas causas, y no lo
hace. Se puede modificar la Audiencia Nacional. Por supuesto, se puede
poner patas arriba, se puede cambiar absolutamente, para eso hay un
registro en esta Cámara para que todo el que quiera hacerlo pase por él y
diga: ésta es mi Audiencia Nacional. Por el momento no ha ocurrido, a lo
mejor llega a ocurrir, pero se puede argumentar que el problema es que
usted no cambia la Audiencia Nacional, y para eso están las proposiciones
no de ley, de ley, etcétera.

La situación no deja de ser un tanto estrambótica. Mi grupo no ha oído ni
una sola sugerencia de ninguna acción concreta que, respetando la
independencia del ministerio fiscal en la que todo el mundo está de
acuerdo, usted pudiera haber llevado a cabo para acometer la solución de
estas cuestiones. Se la ha acusado de decir: me he equivocado. Pero usted
no ha dicho me he equivocado. Usted ha leído unas declaraciones del señor
Ortiz Urculo en las que decía que él se había equivocado. Por tanto,
señora Ministra, no ha dicho: me he equivocado.

Se ha dicho aquí que van cayendo los de abajo. Eso de los de abajo para
un sevillano tiene un sonido especialmente grato, porque es de los pocos
sitios donde decir los de abajo es algo que es motivo de orgullo, ya que
se refiere a los que van de costaleros debajo del paso, la gente de
abajo. Esos son los protagonistas auténticos de la cuestión y es el único
sitio donde los de abajo son envidiados. Pues resulta que usted les echa
la culpa a los de abajo. O sea, usted es como un capataz que a los de
abajo les dice: vamos a ver lo que pasa. Pero ¿no hemos quedado en que el
ministerio fiscal es independiente? ¿Cómo puede la Ministra dirigirse a
los de abajo? No lo acabo de entender. ¿Es que la señora Ministra va a
dirigirse ahora a cada fiscal de la Audiencia Nacional y les va a decir:
oíd, los de abajo, a ver qué hacéis, a ver si ponéis un poco mejor ese
costero? No creo que ésa sea la independencia del ministerio fiscal.

Alguien puede tener ese modelo. Que lo proponga, que lo traiga aquí y si
se compadece con la Constitución, a lo mejor hasta sale.

Aquí se ha hablado del motín. Por cierto, don Felipe González no admitía
que hubiera un motín. Don Felipe González, hace dos añitos, siendo aún
Presidente del Gobierno --según el señor Belloch sigue siéndolo, pero me
refiero a mi versión--, decía que el mundo de la judicatura había perdido
la discreción --respetaba mucho la independencia judicial, como ahora-- y
negaba que hubiera una rebelión de fiscales, sino que lo que había más
bien era división de opiniones --ahora vamos al término taurino--. Pues
cuando hay división de opiniones no meten en la cárcel a nadie. Si hay
división de opiniones, pues muy bien, hay división de opiniones. Según el
señor Belloch, lo que ha habido es un motín. Eso ya no es división de
opiniones, sino salida escoltado por la fuerza pública, que dicen los
gacetilleros. Pues por lo visto hubo un motín y el que estaba al frente
del barco decía --agosto de 1995--: Yo conozco la solución, pero me
gustaría reservármela, aunque se trata sencillamente de la actuación de
los medios de inspección.

Según hemos oído aquí a un portavoz de un grupo que además sabe mucho de
esto --no voy a recordar por qué--, por lo visto, la Ministra tiene mucho
que decir y hacer respecto a la inspección, cosa que me sorprende, pero a
él no, no le debe sorprender porque lo dice, y entonces uno se pregunta:
¿qué hacía el Ministro del ramo entonces que no llamaba a la inspección
como llama el presidente de la corrida de toros a la fuerza pública para
que intervenga?
Le preguntaban al capitán del barco: ¿Qué medidas disciplinarias se
podrían utilizar? Y respondía: Eso tiene que partir del Fiscal General
del Estado y de la inspección --vuelve a entrar en juego la inspección--.

Lo que pasa es que se ha estado actuando con la consideración y el afecto
--por lo visto allí se querían muchísimo-- que siempre se ha tenido aquí
en la casa --todos encantados--, a ver si esto vuelve a sus cauces. Le
preguntaban: ¿Le ha comunicado Carlos Granados su preocupación por la
situación que atraviesa la Audiencia? Y respondía: Sí, la ha mostrado. O
sea que el Fiscal General del Estado estaba preocupado y había un
Ministro entonces que según su teoría de la independencia del ministerio
fiscal es el principal responsable de lo que pasaba en el barco. Se la
habría mostrado al Ministro, digo yo, no se la iba a mostrar a Aranda,
porque, si no, aviado estaba. Le preguntaban: ¿Están hablando de tomar
algún tipo de iniciativa al respecto? Y respondía: No, de lo que estamos
hablando sencillamente es de que habría que ir solucionando el problema.

Esto es, la confianza la deposita el fiscal en mí porque piensa que soy
buena persona. Habrá que ver hasta dónde puede llegar el límite, dónde
cesa la buena persona para convertirse en otra, que no es la deseable
dentro de la carrera fiscal.

Este era el ambiente de la Audiencia Nacional en pleno motín: gente buena
persona, afectuosa, que tiene mucho cuidado. Vamos a ver si se va a
molestar alguien... y un Ministro que según se dice es responsable de lo
que pasa allí y que, mientras, no hacía nada. Por lo menos eso dice el
señor Aranda. Ya sólo por eso le debía de haber trasladado, pero él no
quiso trasladarlo, sus razones tendría. A lo mejor, tiene que ver con la
entrevista que tuvo con el abogado del señor Conde y con el señor
González. No sé si se habló en esa entrevista de este asunto o fue
posterior, porque entrevista hubo, que yo recuerde. Esta Ministra no
parece que haya tenido ninguna entrevista con los abogados del señor
Conde, por lo menos, por ahora, no lo he leído en los periódicos, en
ningún lobby mediático de los que existen.




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Resulta que ahí había un motín de unos señores achulapados, según hemos
oído aquí, y el Ministro aguantaba que estuvieran achulapados, ¿o se han
achulapado en estos dos días?, y se ha llegado, dice, a unas sanciones
ridículas en comparación con las propuestas por el Consejo Fiscal. No,
no, en comparación con las propuestas por la Inspección, Inspección que
en el Gobierno anterior se tuvo bien cuidado --no queda claro si el
Fiscal General era independiente o dependiente-- de que no actuara.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, por lo visto, que no se entiende que un
Gobierno trate de verdad al Fiscal General del Estado como independiente.

Al tratarlo como independiente, si el Fiscal General del Estado, que se
encuentra en la lamentable necesidad de ser mala persona, por utilizar
términos del señor Aranda, decide en un momento dado, y aquí mismo nos lo
dijo, que, entre otras cosas, a él el señor Aranda tampoco le estaba
obedeciendo y, por tanto, había perdido su confianza, le dice al Gobierno
que el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ha perdido su confianza --la
del Fiscal General-- y propone su traslado, el Gobierno, si respeta su
independencia, en los márgenes que tan claramente ha expuesto la señora
Ministra, parece que tiene motivos para decir que sí. Pero prácticamente
se considera que no, no. Aquí hay un lobby mediático que lo que quiere,
por lo visto, es vender ejemplares, porque también es verdad que el lobby
mediático, si existiera, tiene una lógica genial, porque no me nieguen
ustedes que no es curioso lo del señor Ortiz Urculo, que se encuentra con
una propuesta del Consejo Fiscal de que haya dos traslados --según
parece, han dicho aquí que el Gobierno no quería trasladar a nadie; el
señor Belloch, que sabe mucho de eso, dice que el Gobierno no quería
trasladar a nadie-- y entonces llega el señor Ortiz Urculo y tiene la
rara virtud salomónica de decir: ni uno, ni otro. Ahora me voy a enfadar,
con el Consejo Fiscal y con el Gobierno, traslado a uno nada más.

¡Caramba con el lobby mediático! Si el lobby mediático presionara, le
habría dicho al señor Ortiz Urculo que trasladara a los dos; lo que el
señor Belloch quiere es que trasladen a cuatro, pero por lo menos
hubieran trasladado a dos. Pues no, el señor Ortiz Urculo se queda en
uno. No entiendo la teoría del lobby, aunque quizá los lobbies mediáticos
tengan también su lógica peculiar que yo no conozco. El señor Belloch
parece que la conoce mejor. Conozco la de aquí, que no es poco, llevo
once años y ya me voy haciendo una idea de por dónde van los tiros y aun
así a veces no me aclaro del todo.

El señor portavoz del Grupo Socialista pregunta que cuándo se va a
arreglar la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pone reparos a los
candidatos. Señora Ministra, usted es culpable, según el principal grupo
de la oposición, de los candidatos que se presentan a fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, pero, claro, el señor Belloch ha utilizado una
argumentación según la cual, como una vez más es de lógica dual, en
contra del principio de no contradicción, ha dicho lo siguiente. Aquí el
problema que hay --y es culpa de usted, señora Ministra-- es que como la
Audiencia Nacional está como está --o sea, sólo un poquito mejor de como
estaba--, nadie se quiere presentar. Pero se le ha olvidado un detalle y
es que el señor Fernández Bermejo, que en 1992 fue nombrado fiscal jefe,
después de que el Consejo Fiscal diera a un candidato seis votos, a otro
tres , y ninguno de ellos era él, este señor ahora se ha presentado. Por
tanto, señora Ministra, eso es mérito suyo, se ve que su intervención va
sirviendo de algo. La primera vez el señor Fernández Bermejo no se quiso
presentar porque estaba todavía bajo los efectos de la época anterior.

Cuando ha visto que se va arreglando el asunto ha dicho: a esto sí que me
apunto. Se ha presentado y ahí está. O sea, que le ha hecho polvo el
argumento al señor Belloch. De todas maneras, yo creo que el Gobierno no
debe tener en cuenta ese asunto a ningún efecto si tuviera que tomar
alguna decisión sobre el particular, pero es una realidad. En fin, aquí
estamos metidos en este lío. (Risas.--El señor Villarrubia Mediavilla: No
sabes cómo salir.) Lo que sí quiero, señora Ministra, es, primero,
felicitarle por la ímproba y desde luego meritoria tarea que ha asumido
de garantizar la independencia del Fiscal General, caiga lo que caiga, e
incluso de exponerse, como se ha expuesto, y ahí están los hechos, y el
Fiscal General merece todo tipo de alabanzas por haber sido capaz de
hacer lo que no hicieron sus antecesores, lo que pedía el señor Aranda,
que la inspección interviniera, y al señor Aranda, al que ahora le cantan
elegiacamente todas sus glorias, no le hicieron ningún caso cuando decía
en los periódicos, modo curioso también de gobernar: a ver si viene la
inspección, pero nada. Tres entrevistas tengo yo aquí en las que se pedía
la inspección; no, no sé si la pidió también...




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego que vaya concluyendo.




El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando.

Usted se ha expuesto a esa situación, se ha expuesto a una situación en
la que le presentan candidato, porque a usted no le presentan ni siquiera
varios, de los tres que hay ahora le presentan a uno, y si usted respeta
la independencia del Fiscal General, usted no puede decir cuál es, y el
Consejo Fiscal, si quisiera, obligaría a repetir la convocatoria de esa
plaza, porque basta con que no ascienda a fiscal de sala a ninguno de los
tres candidatos para que no se pueda nombrar a ninguno de los tres, y el
Consejo Fiscal, según dicen aquí, son los de abajo. Mire usted, si no hay
capataz, va a hacer lo que quiera, y como no lo hay afortunadamente,
porque este Gobierno, de verdad, respeta la independencia del Fiscal
General, puede que haya otra convocatoria. Entonces ustedes pedirán una
comparecencia para que el portavoz socialista, que antes no hizo nada
cuando pudo hacerlo en el Gobierno, venga a decir a la Ministra: ¿qué
hace usted que no acaba de cubrirse esa fiscalía? Pues bien, lo más que
podrá hacer el Fiscal General, si lo estima oportuno, es trasladar a un
fiscal de sala por las bravas y ponerlo ahí. Esas son las normas que
hemos hecho aquí en esta casa. El que quiera las puede cambiar. El que
quiera puede hacer una propuesta para que los dictámenes del Consejo
Fiscal, como se ha dicho aquí, sean vinculantes. El que quiera que lo
haga. Contamos los votos y, si sale, salió. Lo que no tiene ningún
sentido es hacer propuestas por un lado y defender lo contrario por el
otro.




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Por tanto, mucho ánimo, porque este asunto ya se ve que es complicado, en
el sentido de que usted, estoy convencido, va a seguir, porque es la
voluntad del Gobierno, respetando la independencia del Fiscal General
--veremos si el que hay ahora es suficientemente agresivo para el gusto
de algunos, o si tiene demasiada sangre de horchata, según dicen otros,
ya veremos cómo sale, porque esto de los fiscales generales cada vez está
más complicado-- y aquí irán una y otra vez pidiéndole cuentas por
aquello que no tiene nada que ver con sus competencias, a no ser que se
extralimite en ellas y adopte un papel de tutela paternalista del Fiscal
General que va en contra del discurso de investidura del actual
Presidente y del programa electoral del partido que en estos momentos
está en el Gobierno. Mucho ánimo para esa tarea, porque seguirá
funcionando esta lógica dual ya que forma parte de un juego venturoso,
que es el que alimenta la relación entre los poderes de un sistema
constitucional como el nuestro.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señorías, en
primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces el tono de sus
intervenciones y voy a intentar contestar a todas las cuestiones que me
han planteado, empezando por la Diputada Almeida, que ha terminado su
intervención diciendo que su grupo está muy preocupado. Puedo asegurarle
que la Ministra de Justicia también estaba preocupada con la situación de
la Audiencia y que el Fiscal General adoptó unas decisiones, que son las
que he relatado en la primera parte de mi intervención.

La visión de lo que recoge la ciudadanía acerca de lo que ocurre en la
justicia es deformada por lo que está ocurriendo estrictamente en el
ámbito de Audiencia Nacional. Lo que pasa, señora Almeida, es que yo no
me he logrado enterar si a usted lo que le ha parecido mal es que se haya
removido al Fiscal Jefe Aranda o que se haya trasladado a la fiscal
Márquez de Prado. Usted sabe, señoría, que existen diferentes posturas al
respecto. Yo puedo decirle que en las propuestas que han venido del
Fiscal General, avaladas por el Consejo Fiscal, son las que ha asumido la
Ministra de Justicia. Defiendo la autonomía del ministerio fiscal en los
límites del estatuto, no más allá, pero sí en los límites del estatuto.

La propuesta de remoción, como he intentado explicar ante SS. SS., no
exige más requisito que la propuesta del Fiscal General. En cambio, la
propuesta de traslado exige otros requisitos. Una vez estudiado el
expediente --por cierto quiero aclarar a SS. SS. que no hace ni 14 días
que ha llegado; parece que había llegado hace un año-- se ha resuelto y
no he tenido oportunidad de resolver nada más, señora Almeida. Ayer creo
que han entrado otros dos recursos contra las sanciones de otros
fiscales, pero lo único que me había llegado hasta ese momento era la
propuesta de traslado forzoso, que no de sanción, porque el estatuto
orgánico no lo regula dentro de las sanciones. No se ha estimado que la
fiscal Márquez de Prado haya incurrido en una infracción, con la
correspondiente sanción disciplinaria, sino que para la buena marcha de
la fiscalía era mejor el traslado.

Me dice S. S. que el problema sigue sin resolverse. Algún paso se ha
dado. Se ha mandado la inspección, se ha removido a un fiscal que parece
que no era el adecuado, se ha nombrado un nuevo Fiscal General y
esperemos que en breves fechas exista un fiscal jefe de la Audiencia
Nacional. De todas maneras quiero recordarle a S. S. que eventualmente
está ostentando esa jefatura el teniente fiscal de la Audiencia y que es
público y notorio que la Audiencia Nacional y sus fiscales siguen
trabajando, desde el mes de enero aquí están trabajando. Luego la
denominada crisis por falta de fiscal jefe, tengo que negarla. Existe,
evidentemente, un deseo de que la plaza sea cubierta por el fiscal jefe
en propiedad y no interinamente por el teniente fiscal, pero tengo que
negar que exista defecto de funcionamiento de esa fiscalía.

Su señoría me ha vuelto a insistir en el nombramiento de Poyatos. No
existió ningún nombramiento. Usted sabe que lo que existió fue una
propuesta que yo no llevé siquiera a la mesa del Consejo de Ministros.

Me ha acusado de ineficacia política. Yo le reitero lo que para mí
significa el titular del Ministerio de Justicia respecto a la Fiscalía
General y a los fiscales: cumplimiento estricto del vigente estatuto
orgánico del ministerio fiscal. Tal vez debiéramos llegar a otro, pero es
cumplimiento estricto del estatuto orgánico del vigente.

Me ha acusado de inacción del Gobierno. Con ese estatuto poco más podía
hacer el Gobierno o la Ministra salvo brujulear; pero es que esta
Ministra no brujulea, señora Almeida, pretende que cada uno asuma sus
responsabilidades, y cuando yo he tenido que asumirlas, las he asumido.

Por último, se ha referido a la ideología del nuevo Fiscal General.

Señoría, independientemente de la ideología, yo querría poner de
manifiesto --y con esto me gustaría contestar al resto de grupos-- que
para el Gobierno hay dos cuestiones fundamentales en la persona del nuevo
Fiscal General: primero, que ha ejercido la jefatura durante muchísimo
tiempo, y una fiscalía muy difícil. Segundo, una trayectoria profesional
intachable --como lo han reconocido todos aquellos que han trabajado con
él--, sometimiento al principio de legalidad estricto y una gran
experiencia en lucha contra el terrorismo. Todos estos factores,
defendiendo un modelo de fiscal profesional, son los que inclinan al
Gobierno a designar al nuevo Fiscal General.

Señor Mardones, en la contestación que he dado hasta ahora a la señora
Almeida creo que he incluido alguna de las apreciaciones efectuadas por
S. S. Estoy de acuerdo con S. S. en que el principio de jerarquía y
unidad de actuación son fundamentales en el ministerio fiscal, y que
desde el Gobierno, evidentemente, se intenta y se exige del Fiscal
General que ese principio de jerarquía y de actuación única, pero también
de legalidad, se lleve a cabo. Está en la voluntad del nuevo Fiscal
General, subsanar cuanto antes el vacío existente en la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, y estoy segura de que en ello se va a poner de
inmediato. Solamente quiero decirle una cosa, señoría, el Consejo Fiscal
no es un órgano decisor, en la mayoría de los supuestos es un mero órgano
asesor del Fiscal General. El Fiscal General no tiene por qué asumir las
decisiones o las recomendaciones del Consejo Fiscal. Por ello, yo no



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puedo criticar que el Fiscal General asumiera exclusivamente una serie de
cuestiones respecto a los expedientes abiertos y otras no. Estaba dentro
de su potestad hacerlo así, de acuerdo con el vigente estatuto del
ministerio fiscal. (La señora Vicepresidenta, Fernández de la Vega Sanz,
ocupa la presidencia.)
En cuanto a los criterios del nuevo Fiscal General, refiriéndose a los
expresados en la Memoria, evidentemente no comparto la oportunidad de
esas expresiones en la Memoria, pero me tengo que remitir a la
profesionalidad del nuevo Fiscal General del Estado y al estricto
cumplimiento de la legalidad --y me importa mucho reiterarlo-- que ha
demostrado a lo largo de tantos años y en un sitio tan difícil como el
que ha efectuado su gestión.

Señora Uría, ha iniciado usted su intervención recordándome mi
comparecencia. Creo que lo que yo he dicho respecto al ministerio fiscal
no difiere sustancialmente de lo que defendí en su momento, el día 20 de
junio del año pasado. Caben otros modelos, pero el Gobierno y yo seguimos
defendiendo un ministerio fiscal autónomo, sometido a los principios de
jerarquía, unidad de actuación y legalidad, que son exactamente los que
establece el artículo 124. También defendí, señoría, que no es un mero
ejecutor de la política criminal del Gobierno; hay muchas más cosas, que
es fundamentalmente la política de legalidad de un Gobierno.

Respecto al nuevo Fiscal General del Estado, usted ha afirmado conocer su
trayectoria profesional y reconocer que es intachable. Quizá eche de
menos mayor agresividad. Yo creo que la Fiscalía del País Vasco en su
conjunto es una fiscalía muy difícil. No hace falta levantar mucho la
voz, lo que hace falta es ejercer el mando de la mejor forma posible, y
el Gobierno y yo creemos que el nuevo Fiscal General del Estado lo va a
hacer tan bien como Fiscal General como lo ha hecho cuando fue fiscal
jefe del País Vasco.

La versión que da S. S. acerca de las páginas contenidas en la Memoria de
1994 --ya he dicho que no me parecían oportunas--, creo, señoría, que es
una versión parcial, porque lo que se decía en esa Memoria, con más o
menos fortuna, es que al parecer el pluralismo democrático o de partidos
sólo favorece a quienes piensan de una manera y no a quienes pueden
pensar de otra. No hacía una crítica al pluralismo democrático, sino que
reivindicaba de alguna forma que se pudiera pensar de forma distinta.

Señor Silva, es cierto, las estridencias de la Audiencia Nacional nos han
hecho olvidar que el auténtico protagonista de la justicia es el
justiciable, y en ello estamos, a ver si recuperamos de una vez que sea
el justiciable el beneficiario de los órganos judiciales. No puedo
compartir con S. S. que el estatuto establezca como principio la
movilidad de los fiscales. El estatuto establece para el traslado de un
fiscal unas causas tasadas, y eso es incompatible con la movilidad que S.

S. ha defendido.

En mi comparecencia del 20 de junio del año pasado S. S. hizo hincapié en
que tal vez debiera sostenerse una forma de designación de Fiscal General
previa audiencia de las Cámaras, pero hoy por hoy es la que es. El
Gobierno se ha atenido estrictamente a la legalidad vigente, y en aquel
momento y en todas las comparecencias que he efectuado o en preguntas, S.

S. sabe que he dicho: vamos a hablar del estatuto del ministerio fiscal,
vamos a establecer las correcciones que seamos capaces de llevar entre
todos para defender un ministerio fiscal autónomo y sometido
fundamentalmente al principio de legalidad.

Su señoría ha hecho referencia al informe del Consejo pero como una
inmisión en otros poderes del Estado, un germen de confrontación, por
ello me va a permitir que pase siquiera por alto el comentario, porque
sería otro germen que yo me pronunciase a mi vez.

No comparto que yo en mi primera comparecencia dijera que no tenía
responsabilidades sobre las propuestas que efectuaba el Fiscal General.

Defendí y defiendo que todas aquellas que sean razonables y legales van a
ser asumidas por la Ministra de Justicia y por el Gobierno, pero
evidentemente la decisión última, en el caso de nombramientos, es del
Consejo de Ministros, y en este caso concreto de traslado de la fiscal,
ha sido de la Ministra de Justicia. Tiene razón, no puedo por menos que
terminar con su frase: es un gran chollo que exista la crisis de la
Audiencia Nacional.

Señor Belloch, la crisis se ha prolongado, y es cierto que me hubiera
gustado poder tener una solución mucho antes. Se están dando los pasos
para que esa solución se dé ya. No hubo cese del señor Aranda, hubo
remoción. Usted en todas sus manifestaciones se ha mostrado siempre muy
partidario de la figura del señor Aranda. El Fiscal General en su momento
expuso aquí siete razones objetivas, una tras de otra, para haber
propuesto al Gobierno la remoción del Fiscal Aranda. El Gobierno entendió
que eran razonables y así se acordó. El puesto sigue vacante,
evidentemente, pero creo que por poco tiempo.

Dice que he cesado a dos fiscales generales. No, señoría, el señor
Granados dimitió porque conocía el compromiso del Presidente del Gobierno
respecto a ser un fiscal de carrera, como es el nuevo Fiscal General, y
con la responsabilidad que le caracterizaba presentó su dimisión en
tiempo hábil. Ha habido el cese de un Fiscal General que he explicado a
SS. SS. por qué se ha producido, aparte de las preguntas que me ha hecho
al final y a todas las cuales intentaré responder.

Me dice que el nuevo Fiscal General no ha señalado el Consejo Fiscal.

Hubiera sido una imprudencia que el nuevo Fiscal General, antes de jurar
el cargo y tomar posesión, hubiera señalado el Consejo Fiscal, habría
sido un mal inicio para un Fiscal General, que yo estimo defiende el
principio de legalidad, y sobre todo a propuesta de una Ministra que
defiende haber propuesto a un Fiscal General que se somete absolutamente
al principio de legalidad. Esto fue ayer, señoría, va a convocar el
Consejo Fiscal y me imagino que saldrá en los medios de comunicación.

Ha comentado que al parecer había un dictamen elaborado por los servicios
técnicos del ministerio acerca de que no concurrían las causas recogidas
en el artículo 40.2 del estatuto para el traslado de la señora Márquez de
Prado. No existía ningún dictamen elaborado por los servicios técnicos
del ministerio; existía una consulta de la Ministra de Justicia a la
Abogacía del Estado acerca de quién era



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competente para resolver en este caso concreto, puesto que el artículo
40.2, apartado segundo, del estatuto orgánico del ministerio fiscal,
habla del órgano que le hubiere nombrado. Como el nombramiento de la
señora Márquez de Prado era anterior al estatuto orgánico del ministerio
fiscal, quería saber si efectivamente era la Ministra --fue en su momento
el Ministro quien la nombró-- o tenía que ser en sede de Consejo de
Ministros. Ese fue el informe técnico que se solicitó.

Ha dicho que yo había insistido al señor Fiscal General para que aceptara
de buen grado que existían razones jurídicas. Yo había insistido al
Fiscal General que estando las razones tasadas por el artículo 40 era
preciso un examen jurídico. Lo digo y lo sostengo. Así como con el
artículo 41 no cabe ningún tipo de requisito, con el artículo 40, sí, y
al Fiscal General y al resto de fiscales que me hablaban les dije que no
tenía más remedio que mirar el expediente de traslado porque existían dos
causas: una que no había sido apreciada por el Consejo Fiscal ni por el
Fiscal General del Estado, y una segunda que sí había sido apreciada, y
era la existencia de enfrentamientos con el tribunal por causas
imputables al fiscal.

Me ha preguntado si le pedí la dimisión. Sí, señoría; aunque no es que le
pidiera la dimisión. Estando en el Consejo de Ministros y acordado el
cese del fiscal, como compañera del señor Ortiz Urculo desde hace 20 años
y conociéndole, le llamé para decirle: va a haber relevo; si quieres,
presenta la dimisión. Entonces me dijo, no la presento, y se produjo el
relevo, señoría.

Como séptima cuestión me ha planteado por qué se ha producido el cese del
Fiscal General. Pues exactamente por lo que he expuesto ante SS. SS.

Usted es muy libre de no creérselo, de hacer juicios de intenciones, pero
los hechos son los que son. En cierta forma me parece aberrante que lo
obvio necesite mucha más explicación que lo presunto. Lo obvio es obvio:
no se había producido una actuación del Fiscal General que hubiera
resuelto la crisis, y el Gobierno quería que se resolviese de una vez por
todas la vacante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es más, el
propio viernes que se acuerda el cese del Fiscal General, del ex fiscal
en este momento, Ortiz Urculo, no había ni siquiera convocado todavía
Consejo Fiscal, no existían visos de que pudiera designarse un fiscal en
breve plazo.

Respecto al perfil del nuevo Fiscal General, creo que al responder en la
primera intervención he dado a usted respuesta. Solamente quiero
recordarle que tanto los ministros Ledesma y Múgica como el entonces
Fiscal General Moscoso --por cierto, hoy miembro del Consejo General del
Poder Judicial-- han avalado la trayectoria profesional y durante todos
estos años del nuevo Fiscal General del Estado.

Creo que he contestado también a por qué se ha escogido al Fiscal Jefe
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: su profesionalidad y
especialización en un asunto al que el Gobierno concede prioridad, que es
la lucha contra el terrorismo. Usted sabe, porque ha ejercido allí, la
cantidad de querellas y denuncias que el nuevo Fiscal General del Estado,
como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha
interpuesto contra ETA, HB y su entorno. Esa ha sido una de las
motivaciones, aparte de que él es exquisito respecto a la legalidad, y
todo eso ha sido determinante para la designación del nuevo Fiscal
General del Estado.

Termino. Señor Ollero, muchísimas gracias por su intervención, como no
podía ser menos. Evidentemente voy a seguir con ánimo. Defender la
autonomía de los poderes, defender que cada uno asuma su responsabilidad,
no es fácil después de una historia en que la confusión de papeles ha
sido completa, pero yo creo que esa idea es compartida por muchas
personas y que entre todos conseguiremos al final que cada uno asuma sus
responsabilidades ejerciendo desde la responsabilidad lo que la
Constitución y las leyes exigen a todos y cada uno de ellos.




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: La verdad que me siento un poco desasosegada,
porque no haya entendido nada de lo que le he dicho y esté en la duda de
si a nuestro grupo le ha sentado mal que se cese a Aranda o que se
traslade a la fiscal Dolores Márquez de Prado me parece que es no haberle
explicado un poco el sentido de nuestra intervención. Yo confieso que a
lo mejor no he estado especialmente acertada en esa defensa, pero no
quiero que se vaya con esa duda.

Nosotros no hemos intervenido en que usted pueda cesar o no al Fiscal
señor Aranda o que lo cese el Fiscal General y que tenga esas opciones.

Lo único que hemos dicho es que si se le cesa por unos motivos, que usted
nos ha dicho aquí ha sido la crisis de autoridad, usted ha creado una
mayor crisis de autoridad, primero porque la crisis de autoridad no se ha
resuelto; segundo, porque no está nombrado ni siquiera el relevo del
señor Aranda; tercero, porque entre los que van a relevar está el señor
Fungairiño, que dice usted está todo muy bien porque resulta que está el
teniente fiscal ejerciendo de fiscal de la Audiencia, cuando a su vez
está sancionado y eso le va a imposibilitar ser miembro. Es decir, que
esa crisis de autoridad es aún mayor por la solución dada. Eso es lo que
le he querido explicar, que al señor Aranda le atribuya una situación que
además no es de sanción, sino de apreciación.

Ahora que al señor Ollero le ha dado tanto por decir lo de abajo --que
una lo hablará así--, yo le quiero decir que no son de abajo de
costaleros ni de nada, simplemente que donde hay capitán también tiene
que organizar la capitanía, y lo que no puede hacer es responsabilizar o
llamar --como ha reconocido usted-- al señor Urculo y decirle: mira, te
van a cesar, dimite si quieres que quedas mejor. Me parece que eso no
está bien cuando hemos visto que ha habido una especie de apuestas (usted
ha dicho: yo no me he equivocado al decir el nombramiento, porque sin
haber nombrado al señor Poyatos mire la que se ha organizado) entre quién
tenía que dimitir por ese error: dimite tú, Urculo, o dimito yo; y
entonces la ciudadanía nos hemos



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encontrado no ya con lo que haya pasado de verdad, sino con otra crisis
de autoridad.

Por tanto, no es que nos moleste o no, que no somos nosotros los que
tenemos que decidir si cesa, sino que la motivación que nos dan nos
parece que no está provocada por el verdadero fiscal jefe, sino por una
política más amplia. Cuando hablamos de que usted puede intervenir y que
por eso tiene responsabilidad, no lo hacemos como una injerencia.

Nosotros no vemos al fiscal como el fiscal del Gobierno, le vemos también
como el fiscal de la sociedad, como el fiscal que tiene que defender la
legalidad, incluso, a veces, con cosas contrarias al Gobierno, como, por
ejemplo, le he dicho en el tema del aborto, que ustedes no lo quieren
remediar, pero hay una legalidad que tiene que defender. Por eso le digo
que me preocupa el principio de legalidad y no sólo el principio de
defensa del Gobierno. Me parece que eso ha sido un error en mucho tiempo,
y ha hecho que estas crisis todavía salgan. Por tanto, no estamos
diciendo qué modelo de fiscal pretendemos, que lo vamos a decir (ya le he
dicho que mañana vamos a tener una interpelación sobre este tema, y lo
hemos dicho ya en la última que presentó el Partido Socialista), y cuando
decimos que nos preocupa el traslado de la fiscal Márquez de Prado, no lo
decimos tampoco porque nos metamos en si tienen que ser sancionados. Sí
hemos dicho que nos preocupa que un amotinamiento, sea más grave o no,
una situación irregular, una terrible cuestión --como ha dicho el señor
Ollero--, que hemos estado dos años sin que hubiera Consejo Fiscal, al
final, se resuelva con 50.000 pesetas de multa, que parece una multa de
tráfico, y que el amotinamiento termine sólo en esa elección que dice
usted que ha tenido que hacer el señor Ortiz Urculo cuando todos querían
cuatro sancionados y él, más valiente, dijo: pues yo sólo una. Nos
preocupa que en esa sanción no sólo influyan criterios objetivos, sino
que también haya ese elemento amoroso que le hemos dicho, que nos parece
era un poco determinante de una actuación que no le correspondía. Nos ha
preocupado y se lo hemos dicho. No queremos --aunque sí parece-- que de
la motivación de un problema pueda venir otra crisis de autoridad,
precisamente por el resultado que se ha dado a esa situación, por decir
cuáles han sido las causas de la sanción, que no entraban en el fondo del
asunto. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la Audiencia Nacional, no comparto que una Ministra de
Justicia pueda decir, aunque lo haya dicho un miembro de un grupo
parlamentario, que es un chollo la crisis de la Audiencia Nacional. A lo
mejor algunos quieren que sea un chollo, pero a nosotros no nos lo
parece, y conste que somos el único grupo que no estuvo de acuerdo con la
creación de la Audiencia Nacional en su momento, porque creíamos que era
trasponer una situación de politización de la justicia que derivaba del
antiguo tribunal de orden público, y no nos parecía oportuno hacerlo en
ese momento de transición. Hemos visto que según se ha ido normalizando
la democracia, hay determinados asuntos que se pueden llevar allí y, por
eso, es verdad que ha determinado una competencia que ahora estamos
defendiendo y lo hemos dicho públicamente; pero precisamente porque ahí
se están viendo esos asuntos tiene que haber un sentido de diálogo mucho
mayor, para no hacer quebrar ante la ciudadanía una crisis que puede
estar politizada, que puede estar mermada por una capacidad y llevar
adelante un diálogo, y eso lo tiene que hacer la ministra responsable del
ramo, no como injerencia, pero sí como instrumentalización de la
pacificación de un sector que necesitamos y es fundamental. Por tanto, sí
tiene energía, no puede mirarlo de lejos y decir: es que usted quiere,
por un lado, que sea independiente y, por otro, que yo intervenga. No,
señoría, lo que usted tiene que hacer es pacificar esa situación dentro
del diálogo y de un montón de cosas, y me parece que cesando a un Fiscal
General --aunque lo tenga que hacer siguiendo los trámites que estén
establecidos-- no va a pacificar; nombrar al fiscal de la Audiencia
teniendo en funciones a uno sancionado, tampoco va a arreglar la
pacificación; y determinando un sentido de comportamiento distinto a la
sanción, tampoco va a pacificar. A nosotros nos parece que eso está
produciendo crisis de visión de la justicia. Si usted piensa que le es
ajena y que le es ajeno que en un año haya habido dos fiscales generales
dimitidos, un fiscal de la Audiencia Nacional dimitido y no cesado, tres
fiscales sancionados y el lío que hay, a mí me parece que, la verdad, un
fruto muy positivo tendrá usted que verlo con sus ojos, porque yo no lo
puedo ver ni imaginándolo en el mejor de los sueños.

Quiero decir, porque me molesta especialmente que alguien pueda pensar
que pongamos en cuestión la capacidad profesional de nadie, que yo no la
pongo nunca en duda; tampoco la puso usted con el señor Poyatos --yo le
he conocido también desde hace mucho tiempo-- y, sin embargo, hay cosas
que no orientan bien los nombramientos. Yo no pongo en duda para nada la
profesionalidad, la trayectoria, el trabajo quieto, callado y estupendo
que haya hecho el señor Cardenal. Lo único que pongo en duda es lo que
como fiscal de un tribunal superior ha dado a la sociedad a través de su
propio pensamiento. Yo nunca indago dentro, solamente tengo derecho a
criticar --y es lo que vamos a hacer desde nuestro grupo-- lo que ha
salido hacia fuera, y el Fiscal General del Estado recientemente nombrado
es verdad que se ha pronunciado mucho ante la sociedad sobre lo que él
pensaba. Nosotros mostramos preocupación porque no es que haya dicho lo
que usted ha manifestado; está escrito lo que ha dicho, y quizá son
elementos que están en la convivencia de la pluralidad. Se ha pronunciado
contra el divorcio, se ha pronunciado contra el aborto, se ha pronunciado
contra la regulación de la opción sexual en libertad, que son elementos
de convivencia, no son leyes. La ley está ahí y la tendrá que respetar,
pero mezclar esos elementos de convivencia, que son los que determinan la
pluralidad en la forma de ver la familia, las relaciones personales, la
relación sexual y la opción de maternidad, me parece muy importante y por
eso quizá nosotros lo veamos más grave. A lo mejor, a otro le hubiera
influenciado muchísimo que hubiese dicho: yo estoy en contra del señor
Mario Conde o estoy a favor de que respondan los de por arriba, como ha
pedido el señor Ollero.




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El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, le ruego concluya.




La señora ALMEIDA CASTRO: No me traigo aquí todos los volúmenes, pero le
digo que cuando hablo de la responsabilidad por arriba es porque las
decisiones y la responsabilidad política se tienen que tomar por arriba,
y yo creo que usted tenía que haber hecho por arriba esa pacificación,
esa diligencia, ese nombramiento, y no haber intervenido de esa forma
--que a mí me ha parecido de discusión por los de abajo--, pidiendo
responsabilidad a los de abajo y no reconociendo su responsabilidad. Por
lo menos, esto es lo que nosotros le reprochamos y espero que esta vez lo
haya entendido un poco mejor.




El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señora Ministra, agradezco la contestación y
las observaciones que ha hecho a mi intervención. Solamente quiero
matizar dos cuestiones. Yo no he dicho --lejos de mi ánimo-- que el
Consejo Fiscal fuera un órgano decisivo en las propuestas al Fiscal
General del Estado, sino que me baso precisamente en el propio texto del
estatuto orgánico del ministerio fiscal que, en sus artículos 13 y 14,
define inteligentemente estas funciones. Es decir, el Fiscal General del
Estado estará asistido por el consejo de fiscales, por la junta de
fiscales de sala, por la inspección fiscal y por la secretaría técnica.

El artículo 14, aparte de asesorar al Fiscal General del Estado en una
serie de temas indeterminados y amplios, señala una serie de competencias
y hace una serie de concreciones sobre expedientes disciplinarios,
etcétera. A eso me refería al hablar de la utilización inteligente del
Consejo Fiscal, como de todos los instrumentos que sirven de apoyo
logístico a la función responsable del Fiscal General del Estado. Me
refería a que está asistido en su función y lo quería dejar claro, por si
me había interpretado mal la señora Ministra y había pensado que las
propuestas de sanción que hubieran podido presentarse en el Consejo
Fiscal tenían que ser absolutamente asumidas por el Fiscal General del
Estado. No era ése el planteamiento que yo hacía sino que, si hay un
órgano colectivo que se solidariza, y además por un criterio de
unanimidad, era la utilización inteligente, como cualquier persona que
disponga de un estado mayor asesor sabe que él tiene que tomar la
decisión, pero escucha lo que un colectivo colegiado le puede insinuar.

Respecto a su segunda observación al nuevo Fiscal General del Estado,
tengo que decir que yo no lo he cuestionado en absoluto, señora Ministra.

El Gobierno es totalmente libre y, por tanto, responsable políticamente
de la idoneidad y adecuación de la persona a los fines, y eso lo respeto
yo total y absolutamente, cualquiera que sea mi criterio subjetivo, y por
tanto personal, de cualquier otra apreciación. Vaya por delante mi
reconocimiento a la profesionalidad, que nadie ha cuestionado, y doy por
supuesto en esta profesionalidad su puesto anterior, que está relacionado
con la carrera fiscal, pero tiene una nueva responsabilidad como Fiscal
General del Estado. En cuanto se atenga a la letra y al espíritu de todo
lo que dice el reglamento orgánico del ministerio fiscal y a los
principios de imparcialidad y de legalidad, señora Ministra, yo deseo que
el Gobierno haya acertado plenamente con la persona que tiene que cumplir
este cometido. Atenerse a los principios de legalidad e imparcialidad y a
todo lo que señala para el Fiscal General del Estado su estatuto, en la
Ley de 1981, no será nada más que corroborar su profesionalidad. Junto a
ello, estará la cuestión de la personalidad para hacer prevaler lo que
usted ha señalado acertadamente como cáncer de fondo de esta esperpéntica
situación, que es la crisis de autoridad, la falta de autoridad. Los
principios de autoridad se dan no solamente en el soporte de legalidad
sino en el ejercicio del talante personal de saber mandar. Es lo que yo
deseo para bien de todos, acierto del Gobierno y beneficio de la justicia
a través del ministerio fiscal.




El señor PRESIDENTE: Señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Muy brevemente, deseo manifestarle a la señora
Ministra que en ningún momento he querido evidenciar que existiesen
contradicciones entre su primera comparecencia y lo hoy manifestado por
ella. Me he referido sólo a su primera comparecencia y a lo que en ella
se dijo sobre el ministerio fiscal, en la creencia de que quedaba claro
que me estaba refiriendo a que la crisis desatada en relación con el
ministerio fiscal ha sido un elemento omnipresente en este año que lleva
ocupando el cargo de Ministra. No he evidenciado contradicciones sino que
ha sido el elemento constante de referencia cada vez que S. S. ha venido
a esta Cámara, objeto de numerosas preguntas en las sesiones de control
de los miércoles, y también me he referido a las veces --dos, creo que
fueron-- que fue llamado el Fiscal General del Estado.

De las discrepancias que hemos manifestado los grupos en relación con la
persona elegida, desde luego de intachable trayectoria y excelente
profesional, se ha evidenciado la idea, que también ha sido expuesta por
mi grupo en numerosas ocasiones, de que quizás sea necesario introducir
en el estatuto del ministerio fiscal alguna exigencia de control
parlamentario, puesto que no está recogido en el artículo 124 de la
Constitución. Quizás en el Estatuto se pudiese introducir algún aval
mayoritario de la Cámara, con lo cual en supuestos futuros el consenso
respecto de los nombramientos podría ser mayor.

En todo caso, expreso mi deseo de que esta vez se haya acertado con el
nombramiento del fiscal y de que se consiga lo que todos los ciudadanos
estamos deseando, dar una mejor imagen a la sociedad, y que cumpla la
misión que tiene constitucionalmente atribuida.




El señor PRESIDENTE: Señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Brevemente, señor Presidente, para hacer dos o
tres observaciones.

Lejos del ánimo de este portavoz entender que en el ámbito de la Fiscalía
existe la movilidad geográfica del Estatuto de los Trabajadores, pero,
desde luego, lo que sí existe es lo que manifestaba en mi primera
intervención. Lo que



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hay es un principio de fungibilidad, que seguro que es radicalmente
opuesto al principio de juez natural, porque lo que establecen los
artículos 23 y 26 del Estatuto del ministerio fiscal, de que el Fiscal
General del Estado puede retirar un asunto a un fiscal por razones
fundadas y encomendárselo a otro, incluso abocarlo para sí, o la
intervención de los fiscales, como decía antes, en representación del
instituto y dependiendo del fiscal jefe, no es lo que puede decir el
artículo 24 de la Constitución, ni, desde luego, el 17 respecto de los
jueces y magistrados.

En segundo lugar, es importante, por eso tengo que subrayarlo una vez
más, su afirmación de que lo que se respeta es la autonomía del
ministerio fiscal dentro de los límites del Estatuto. Creo --así lo ha
visto también el señor Belloch-- que hay un avance respecto de las
posiciones iniciales de su Ministerio. Entre la capacidad de propuesta,
que yo definía antes como se hace en Derecho administrativo, como
declaración de deseo, y, desde luego, la decisión del nombramiento, como
declaración de voluntad, hay un margen. Yo querría decir que no es el
margen del brujuleo --perdóneme, señora Ministra--, es el margen de la
moderación y del arbitrio, es el margen de la responsabilidad de su
Ministerio. No se trata pura y simplemente de una capacidad de veto. Es
otra cosa, es intentar generar esos acuerdos, esas, si se quiere,
propuestas o consensos respecto de personas. No creo que el sistema
funcionase correctamente si lo que tuviese que hacer el Ministerio es
rechazar sucesiva y reiteradamente propuestas del Fiscal General del
Estado. Para no rechazarlas, posiblemente haya que hacer otras cosas, que
es esa facultad de arbitrio, de moderación, incluso de dirección de la
acción política, que es en lo que consiste gobernar.

Finalmente, querría hacer un llamamiento a los otros grupos
parlamentarios respecto de esa propuesta que un día hicieron de un pacto
de Estado en relación con la justicia. Tengo que decir que en aquellos
momentos rechazamos esta formulación porque entendíamos que se pretendía
dar una imagen de crisis de la justicia que no se correspondía con la
realidad. Pues bien, como rectificar es de sabios, puede que al final esa
imagen, esa apariencia, como ocurre en el Derecho muchas veces, acaba
confirmándose y constituyendo la realidad aceptable.

Bueno sería, como ocurre también en gran parte en materias de interior o
de gobernación, que en otras materias de justicia pudiésemos ir todos
serenando, pacificando y haciendo que la Administración de Justicia
recobre ese funcionamiento, esa imagen, esa percepción por los ciudadanos
de la que nunca debió salir.




El señor PRESIDENTE: Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señora Ministra, por sus aclaraciones.

Voy a fijar la posición política de nuestro grupo. El Grupo Parlamentario
Socialista la hace a usted responsable política de haber cesado
--insisto, cesado-- al señor Aranda sin previamente haber adoptado las
medidas mínimas de cautela para garantizar que podía haber otros
candidatos alternativos que reunieran los requisitos legales. Su propia
explicación sobre la oferta de dimisión planteada al señor ex Fiscal
Ortiz Urculo evidencia hasta qué punto, en términos políticos, distinguir
remoción, cese y dimisión, no pasa de ser un juego inútil. La expresión
que se entiende es cese. La empleo porque es la que políticamente
significa, se vista jurídicamente del ropaje que se vista.

En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Socialista la considera
responsable de haber bloqueado la solución al motín levantado en la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, como consecuencia de haber estimulado
de manera directa el que no se cumplieran las peticiones formuladas por
el Consejo Fiscal.

En tercer lugar, la considera a usted, señora Ministra y a su Gobierno,
responsable políticamente de haber nombrado el más incompetente Fiscal
General del Estado de la historia, señor Ortiz Urculo, alejado
absolutamente de la observancia elemental de la imparcialidad que debería
presidir la función del ministerio público que les ha obligado a ustedes
mismos a cesarlo en un brevísimo período de tiempo. Además de todo, esa
incompetencia se expresó también en lo que usted ha indicado, aunque no
sólo en ello, de no haber sido capaz de resistir las presiones que usted
misma le dirigió para resolver razonablemente el motín de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista la considera responsable
políticamente del perfil ideológico escogido para el Fiscal General del
Estado, con plena legitimidad sin duda, pero es evidente que es una
opción. Fiscales que respeten el principio de legalidad, que tengan un
buen currículum profesional y que tengan conocimientos especializados,
los hay, muchos, y, desde luego, en materia antiterrorista también. La
decisión de elegir un determinado perfil ideológico es su decisión, su
legítima decisión, de la que deben responder políticamente. Han
preferido, insisto, designar un perfil de ultraderecha, ultramontado en
el terreno de la moral y de las costumbres, como mecanismo lógico, en el
fondo congruente, de expresar el verdadero color político del Gobierno
del que usted forma parte. Esa es la posición política de nuestro grupo.

Junto a ello, he de decir que algo hemos avanzado en el terreno de los
nombramientos en los últimos tiempos. Yo mismo le he dicho que seguro que
el actual lo hace mejor que el anterior. Efectivamente, hemos pasado del
nombramiento de un fiscal que ejercía el corporativismo beligerante y
partidista más furibundo, hasta el punto de haber ejercido de manera
directa la oposición en la anterior legislatura al servicio de los
intereses de la entonces oposición Partido Popular; hemos pasado de eso a
un casi nombramiento de alguien como el señor Poyatos que,
afortunadamente, se frustró. De ahí hemos pasado a lo que podríamos
designar --para los de mi edad esto tiene sentido-- como un nombramiento
de la tecnocracia. Hemos pasado ya a la camisa blanca de la tecnocracia.

Estamos a punto de entrar en la transición política --a la primera, me
refiero--, lo cual es un progreso evidente. Poco a poco, vamos entrando
en perfiles o modelos preferibles.

Por encima de cualquier cosa, puede ser que esa mejora en los
nombramientos no se deba a usted misma sino a



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otros miembros de Gobierno, pero es una mejora de la que el Grupo
Parlamentario Socialista quiere dejar constancia. Además, deseamos
sinceramente que acierte con las ventajas y los inconvenientes que se han
puesto de relieve en todas las intervenciones. Deseamos que acierte
porque no nos podemos permitir otro Fiscal General del Estado como el
anterior, porque el deterioro de la institución podría ser prácticamente
imposible de evitar. Por cierto, ojalá haga caso a las palabras del
representante de Convergència i Unió, y vea la posibilidad de que en
algunos temas convendría que tuviera planteamientos más generales que
tengan en cuenta los intereses generales y no sólo opciones de partido,
de grupo, de corporación.

Por todo ello, con los límites implícitos en mi propia intervención, el
Grupo Parlamentario Socialista va a dar un margen de confianza al nuevo
Fiscal General del Estado, señor Cardenal; un margen de confianza
vigilada, como se ha dicho, y vigilante, para evitar que lo que hasta
ahora se ha mantenido en el terreno de las ideas, pudiera convertirse en
acciones en el momento de ejercer sus funciones de Fiscal General del
Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señora Ministra, sin que sirva de precedente,
voy a intentar, por un momento, abandonar la lógica dual y me voy a
situar en la del principio de no contradicción. Comprendo que puede ser
un salto mental muy duro, pero voy a intentarlo.

Vamos a ver. Se le acusa a usted de haber contribuido a la crisis de
autoridad de la Audiencia Nacional por haber aceptado el traslado del
señor Aranda. Yo me pregunto: ¿qué habría ocurrido si usted no acepta el
traslado del señor Aranda? Si el Fiscal General del Estado, independiente
según este Gobierno, que quiere que lo sea, le propone a usted que
traslade al señor Aranda y usted, a lo mejor porque el señor Aranda es
muy amigo del señor Belloch, por ejemplo, no acepta. ¿Qué estaría
diciendo en estos momentos la ciudadanía, los de abajo, de lo que pasa en
este país y en qué medida se le estaría diciendo que, gracias a esa
medida, usted, por fin, ha impuesto la autoridad en la Audiencia
Nacional? El que crea que es así, que lo suscriba porque la lógica es
libre.

Se le acusa de no haber tomado medidas para que, una vez trasladado el
señor Aranda, no se hubiera tardado seis meses en cubrir la plaza. Según
el que dice eso, si utilizamos la lógica --cosa que no sé si él utiliza
porque no está obligado--, habría que haber hecho lo siguiente. Antes de
aceptar la propuesta del señor Ortiz Urculo, usted tendría que haber
hablado con determinados fiscales desde el Ministerio y comprometerlos a
que se presentaran como candidatos a esa Fiscalía. Luego, lógicamente,
como usted tendría su candidato, tendría que haber procurado conectar con
el Consejo Fiscal y conseguir que su candidato fuera el más votado del
Consejo Fiscal para no desautorizarlo. Después, tendría que haber hablado
con el señor Ortiz Urculo para que, como él sólo presenta un candidato,
le presentara el suyo. Eso es lo que habría hecho otro y, por eso, no
removió al señor Aranda, entre otras cosas. A mí me parece muy bien que
usted no lo haga porque, gracias a eso, la Fiscalía es independiente.

El señor Fungairiño, que está sancionado, es uno de los tres candidatos a
la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se ha sugerido aquí,
utilizando el principio de no contradicción, que se estima deseable y
oportuno que usted, no se sabe con qué apoyatura legal, pero a lo mejor
tampoco hace falta, le impida al señor Fungairiño presentarse a
candidato, aunque la sanción que se le ha puesto no le inhabilita para el
cargo; sanción que, dicho sea de paso, resulta ridícula para los que
dicen que ha habido un motín, que ellos no sofocaron; y utilizo el ellos
en plan mayestático. A don Pablo Castellano, que está ausente, no es que
50.000 pesetas le parecieran poco, es que le parecía divertido, chistoso
y adecuado, porque entendía que no se debía tocar un pelo a ninguno de
ellos.

Como nuestro grupo afortunadamente cree en la independencia de la
Fiscalía nunca ha estado ni a favor ni en contra de los fiscales
presuntamente indomables, domados o en trance de domesticar, que no sé ya
cómo va la cosa. Está claro que el Grupo Socialista quiere que los corran
a todos y está claro que el Grupo de Izquierda Unida, por lo menos cuando
tiene como portavoz al señor Castellano, pide que no se les toque ni un
pelo, con lo cual se lo ponen a usted muy fácil porque, con posturas tan
contrarias, lo mejor es que no haga nada, que es lo que está haciendo
(Rumores.), y siga así, que es lo que tiene que hacer porque no es su
función entrar en esa batalla. Si hay un recurso, como ahora ocurre,
entonces sí será su función pronunciarse sobre ese recurso en los
términos de legalidad oportunos.

Se sugiere que lo que debería haber hecho --puesto que queda feo y
políticamente poco correcto que, a la hora de la verdad, después de todo
este lío, la única que resulta trasladada es una fiscal-- es que usted,
por razones de género --no de sexo, de género--, no hubiera trasladado a
la fiscal, aunque tuviera el convencimiento de que hay un fundamento
legal, pero hay que evitar cualquier apariencia. Ahí se puede acudir al
artículo 9.2, combinado con el 14. Hay amplia jurisprudencia, entre
otras, hay amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que
las medidas protectoras de determinado sexo, o género, pueden acabar
siendo perpetuadoras también de la discriminación, en la medida en que no
vengan a cuento. Pero ése es otro problema.

Aquí se la acusa a usted de haber tolerado que un Fiscal General
independiente le haya propuesto al señor Poyatos. Usted debería haberle
dicho al Fiscal General que cómo se le ocurre hacerle esas propuestas
pues, por lo visto, él no tiene la capacidad de proponerle, ni siquiera
de proponerle. O sea, la independencia del Fiscal General, según lo
entienden algunos grupos, llega a tal extremo que el Fiscal General no
puede ni proponerle un nombre, tiene que preguntarle a usted qué nombre
quiere que le proponga, a ver si nos entendemos. Eso es lo que piden que
haga usted. Por favor, no lo haga, siga esperando que el Fiscal General
le proponga a quien le parezca y, luego, actúe en consecuencia dentro de
sus competencias.




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Se ha aludido al señor Ortiz Urculo en unos términos que no se merece. El
señor Ortiz Urculo ha demostrado mucha más capacidad de abordar problemas
que alguno de sus antecesores, probablemente no por la voluntad de sus
propios antecesores sino por la de quienes tenía detrás, que le decían:
vamos a ser buenas personas. No sé por qué. ¿Por algo que tendrá que ver
con el señor Conde? No lo sé, no sé qué tipo de negociación había en
juego, lo ignoro, porque los lobbies mediáticos van sacando ese tipo de
cosas cuando les interesa y no cuando le interesa a uno. Eso es obvio.

El señor Ortiz Urculo ha abordado problemas que no ha abordado nadie. El
único problema que ha tenido el señor Ortiz Urculo es que, siendo muy
profesional, no se ha dado cuenta --este grupo se lo ha dicho aquí y
consta en el «Diario de Sesiones»-- de que la política tiene también
determinadas claves, por ejemplo, claves de calendario. No se puede tener
seis meses sin cubrir una Fiscalía de la Audiencia Nacional,
políticamente; desde el punto de vista del funcionamiento de la Fiscalía
es válido, pero políticamente es insoportable. Tampoco se puede ignorar
las consecuencias de la publicidad. Y al señor Ortiz Urculo, sin que
nadie se lo mandara, en uso de su independencia, le dio por hacer notas
de prensa y demostró que no iba para el Pulitzer, que no era lo suyo;
llegó a hacer notas de prensa mezclando dos casos distintos que, a la luz
de los medios de comunicación, no eran tan distintos, aunque
profesionalmente eran iguales, tenían un número de protocolo.

Evidentemente, cuando se va así en política, se crean problemas. El señor
Ortiz Urculo ha creado problemas políticos al Gobierno, es obvio, y el
Gobierno se los ha dejado crear en respeto de su legítima independencia,
hasta que ha llegado el momento en que ha dicho: Ya está bien (Risas.),
vamos a buscar a otro que siendo independiente no cree estos problemas.

Esos son los hechos.

Al igual que es un hecho, que yo no acabo de entender, cómo se puede
juzgar la profesionalidad de un candidato a Fiscal General convirtiendo
en una especie de elemento al margen su actitud respecto a la
Constitución. Yo creía que un Fiscal General es algo distinto de un
fontanero o de un carpintero. Yo creía que la función del Fiscal General
del Estado es hacer respetar la Constitución. Por eso, no entiendo que
nadie que tenga ni la más ligera duda sobre si esa persona va a defender
o no el orden constitucional pueda decir que tiene prestigio profesional;
será bueno para hacer bricolage en su casa, pero no para ser fiscal, ni
general ni particular ni de ningún tipo. Aquí ha habido unos señores que,
durante años, lo han mantenido en una jefatura, muy difícil por cierto, y
supongo que él habrá demostrado con hechos que sabe respetar el orden
constitucional, con independencia de que tenga derecho a equivocarse,
como cualquier otro, y pueda escribir lo que le parezca. Por cierto,
estoy esperando todavía que alguien diga qué principio constitucional ha
quebrantado porque, según se ha dicho aquí, está contra el aborto. Por lo
visto, no se puede estar contra el aborto, es inconstitucional. ¡Eso sí
que es bueno! Está contra el divorcio. Por lo visto, no se puede estar
contra el divorcio, es inconstitucional. Esto es nuevo también, son cosas
que estamos oyendo hoy sobre un Tribunal Constitucional de la ciudadanía,
quizá por el sistema del jurado, no sé muy bien cómo anda esto. La verdad
es que, dentro de la Constitución, afortunadamente, se pueden decir
muchísimas tonterías, las que ha dicho el candidato a Fiscal General y
aún más. Ahora, lo que no se puede es hacer la tontería --porque es más
que una tontería-- de decir que tiene prestigio profesional para ser
Fiscal General un señor de quien se duda que respete la Constitución. Eso
lo puede decir un Consejo General del Poder Judicial acomplejado por su
trayectoria, que necesita la unanimidad y sacrifica la coherencia a la
unanimidad, pero no puede decir eso gente que se tome en serio lo que
está diciendo.

Por tanto, señora Ministra, siga en la línea en la que va hasta ahora y
no acepte las pintorescas sugerencias que se están haciendo por parte de
algunos representantes de grupos parlamentarios. (El señor Belloch Julbe
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos, señor Belloch?



El señor BELLOCH JULBE: El Grupo Parlamentario Socialista quiere
protestar por el modo como el señor Ollero trata al Consejo General del
Poder Judicial y a un dictamen unánime del Consejo General del Poder
Judicial. Quiere que conste en acta esa protesta.




El señor PRESIDENTE: Está dentro de la dialéctica política en
valoraciones en las que no ha habido ninguna descalificación. Es una
valoración política del señor Ollero.




El señor BELLOCH JULBE: En opinión del Grupo Parlamentario Socialista, la
ha habido. Por eso lo hace constar. Ruego a la Presidencia que conste.




El señor PRESIDENTE: En todo caso, también es el criterio de su señoría.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señorías, los
distintos portavoces han reiterado sus primeras intervenciones.

Señora Almeida, a lo mejor la que no se explica soy yo. He defendido y
defiendo un modelo de ministerio fiscal. Se están tomando decisiones que
pueden ser no compartidas y criticadas duramente. Puedo asegurarle que no
ha existido ningún rasgo de discriminación negativa en la decisión, única
hasta ahora, que me ha tocado adoptar respecto al traslado. Comprendo que
exija mi cabeza como máxima responsable. Está en su papel y lo entiendo.

Pero sabe que la Ministra de Justicia tiene su cargo siempre a
disposición de quien la nombra, como no puede ser de otra forma. Es el
señor Presidente del Gobierno quien tendrá que decidir si permanezco o
no.

Señor Mardones, no había entendido su intervención respecto a los
artículos 13 y 14. Comparto la versión que ha dado.




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La señora Uría me ha aclarado cuál era el motivo de la intervención. No
tengo nada más que añadir respecto a mi segunda intervención. No existía
una contradicción, sino que S. S. me recordaba lo que había dicho en mi
primera comparecencia.

Señor Silva, estoy de acuerdo con su idea de fungibilidad. Yo había
entendido exclusivamente la inamovilidad. Por eso hacía referencia a que
los fiscales no son totalmente movibles.

Señor Belloch, su posición política respecto a la Ministra de Justicia
viene siendo clara desde mi comparecencia el 20 de junio del año pasado.

Me hace responsable política de haberle cesado. Insisto en que los
términos jurídicos son importantes. No es lo mismo cesar que remover, o
dimitir. Cuando la política se separa de lo jurídico, como mínimo se
convierte en ajurídica, y eso puede ser el principio de un fin peligroso.

Asumo que me haga responsable política de todos los males de la justicia,
y le digo lo que le he contestado a la señora Almeida. El señor
Presidente del Gobierno es el que en su momento decidió que fuera
Ministra de Justicia y es el que, cuando lo crea oportuno, decidirá que
deje de serlo.

Muchísimas gracias a todas SS. SS. por el tono en el que se han
expresado. Esperemos que la próxima comparecencia sea para mejor, como se
suele decir.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Se levanta la sesión.




Eran las dos de la tarde.