Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 230, de 19/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 230
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENTE: DON VICTOR MORLAN GRACIA,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 22
celebrada el lunes, 19 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
las Telecomunicaciones (Vázquez Quintana), para informar sobre el estado
de organización de la Comisión que preside. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000531) (Página 6592)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre negociaciones para la continuidad de la línea férrea
Xátiva (Valencia)-Alcoi (Alicante). (Número de expediente 181/000327)
(Página 6610)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la ejecución de
la variante de la N-340 a su paso por Sagunto (Valencia). (Número de
expediente 181/000328) (Página 6611)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la construcción
del tramo entre Segorbe (Castellón) y Teruel, de la autovía
Valencia-Zaragoza-Somport. (Número de expediente 181/000332) (Página 6612)
--Del mismo señor Diputado, sobre evaluación del cumplimiento de los
plazos previstos para la finalización de la conversión en autovía de la
Nacional III Madrid-Valencia. (Número de expediente 181/000358) (Página 6613)
--Del señor Perales Pizarro (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
situación del proyecto de desdoble de la N-340 entre Chiclana de la
Frontera y Conil de la Frontera. (Número de expediente 181/000651)
(Página 6615)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que el tramo entre
Guadiaro (Cádiz)-Estepona (Málaga) se hará como autopista de peaje.
(Número de expediente 181/000652) (Página 6616)
--Del mismo señor Diputado, sobre recursos económicos que está previsto
emplear durante el ejercicio presupuestario de 1997 en la duplicación de
la vía de ferrocarril entre Jerez de la Frontera y Cádiz. (Número de
expediente 181/000653) (Página 6617)
--Del mismo señor Diputado, sobre cumplimiento de los compromisos del
Gobierno relativos a la financiación de la autovía 381, Jerez de la
Frontera-Los Barrios, provincia de Cádiz. (Número de expediente
181/000654) (Página 6618)
Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (VAZQUEZ QUINTANA), PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE
ORGANIZACION DE LA COMISION QUE PRESIDE. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000531.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a comenzar esta sesión de
la Comisión de Infraestructuras con arreglo al orden del día que ustedes
tienen en su poder, y cuyo punto primero es la comparecencia de don José
María Vázquez Quintana, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
las Telecomunicaciones, para informar sobre el estado de la organización
de la comisión que preside. Tiene la palabra el señor Vázquez Quintana, a
quien ante todo tengo que darle las gracias por su comparecencia en esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (Vázquez Quintana): Por mi parte, comienzo dando las
gracias a todos los diputados que están haciendo el esfuerzo de
escucharme esta tarde, y quiero compartir con ellos la información de lo
que hasta este momento hemos hecho y cuál es el estado que hemos
alcanzado, singularmente en lo que se refiere a la organización de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Pero hablar de la
organización exige situarla, exige ponerla en su marco y en el proceso
que hasta este momento hemos venido siguiendo. Y lo voy a recordar
brevemente, comenzando por el momento en el que nosotros --yo en
particular, y también mis compañeros-- nacemos a esta responsabilidad.
Eso ocurre el 5 de noviembre de 1996, que es el momento en el que el
«Boletín Oficial del Estado» se publica el nombramiento de todos los
consejeros de la comisión. El consejo de la comisión es el gran órgano de
la comisión, y ahí arranca todo lo que pueda decirse sobre ella. Es el 7
de noviembre cuando tomamos posesión, no mucho más tarde, y es el 8 de
noviembre cuando nos constituimos como consejo y nombramos la secretaría.
Ese es el arranque de estas actividades. Y a partir de ahí iniciamos un
conjunto de acciones, cada una de las cuales está orientada a ir
resolviendo problemas, a ir adelantando, a ir progresando en un aspecto
diferente, y que voy reseñar para ustedes en los distintos capítulos.
Uno de ellos es el que se refiere a la financiación. Nacemos, como
recordaba antes, a principios de noviembre, pero nacemos en un año, 1996,
cuyos presupuestos, naturalmente, no contienen previsión alguna para la
financiación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Lo
primero que se me ocurre es intentar una modificación presupuestaria en
el año 1996. Hacemos todas las gestiones, pero, desdichadamente, no
parece que hubiera demasiada posibilidad de modificar los presupuestos de
1996 --que ustedes recordarán que eran prórroga de los del año 1995--, y
se resuelven en términos negativos para nuestra tesis. De todas formas,
nunca consideramos que ninguno de los esfuerzos que hayamos podido hacer
haya sido baldío, aunque su resultado no se correspondiera con lo que
nosotros hubiéramos querido; en todo caso, siempre hemos aprendido,
siempre hemos conseguido ir abriendo camino para los intereses de la
comisión.
Es, pues, en enero, conociendo que se inicia un año fiscal nuevo, aún no
aprobados los Presupuestos Generales del Estado --cosa que ocurre en
febrero--, pero conociendo ya cuáles son las cifras y las dos grandes
partidas
con las cuales esta comisión se va a financiar, cuando nosotros empezamos
a gestionar la disponibilidad de crédito correspondiente a una de esas
partidas. Es una partida que anticipa la disponibilidad del mecanismo de
financiación regular de la comisión. El mecanismo de financiación regular
de la comisión consistirá en la aplicación de tasas y cánones a los
operadores de los servicios de telecomunicación. Pero mientras esa
mecánica se pone a rodar, mientras produce frutos, mientras genera
crédito para nosotros, se había prevenido ya la disponibilidad de un
anticipo, un préstamo por parte de la Secretaría General de
Comunicaciones, y nos aplicamos, como es natural, a conseguir la
disponibilidad de esos créditos. Parece, en un principio, sencillo. Sin
embargo, la Intervención Delegada de la Administración entiende que hay
que formalizar los requisitos de devolución de ese préstamo en algún
momento, que hay que concretarlos --cosa que, naturalmente, en las
previsiones de los Presupuestos Generales del Estado no se contempla--, y
tenemos que firmar un acuerdo con la Secretaría General de Comunicaciones
para acabar de perfilar cuáles son las condiciones de devolución de ese
préstamo.
Así pues, es en febrero cuando nosotros formalizamos todo lo que se nos
pide en materia de financiación para el arranque del ejercicio de este
año, y es en marzo cuando ya tenemos fondos. Y con esos fondos empezamos
a no vivir de prestado, empezamos a poder utilizar los recursos propios
de la comisión. El mismo mes de marzo comenzamos ya las gestiones para
que entre a rodar la mecánica regular de financiación de la comisión.
Ello supone la aprobación de los cánones y la aprobación de los impresos
con los que las exacciones de esos cánones han de producirse, porque no
es la comisión quien tiene atribuciones para hacerlo. Nosotros lo que
tenemos que hacer es promover que eso se produzca para, a continuación,
incorporar a nuestras mecánicas y responsabilidades la captación de esos
fondos para la financiación regular. Pero nuestra responsabilidad
consiste en empujar, como es natural, y en ello seguimos. En
consecuencia, en lo que se refiere a la cuestión de la financiación, se
puede decir que actualmente disponemos de crédito suficiente --unos 605
millones de pesetas-- para las primeras operaciones y que estamos cerca
de poder iniciar lo que es la mecánica regular de financiación de la
comisión.
Por lo que respecta a otro de los capítulos en los que hasta el momento
nos hemos movido, he de decir que los presupuestos se aprobaron con los
Presupuestos Generales del Estado el 10 de febrero de 1997. Entonces se
aprobaron también, como parte del conjunto, los de explotación y de
capital de nuestra comisión para 1997. Y poca cosa más tenemos que decir;
a eso nos tendremos que sujetar y ése es el parámetro con el que tenemos
que movernos nosotros en materia presupuestaria. En este mes de mayo
hemos recibido ya las instrucciones para formular el programa de
actuaciones, de inversión y de financiación de la comisión para 1998.
Como es lógico, iniciamos ya la previsión presupuestaria para el año
1998.
En cuanto al edificio, en un principio --de acuerdo con lo que se
prevenía en los presupuestos de la comisión para 1997--, la comisión
debería de buscar espacio en algún edificio disponible del Patrimonio del
Estado, de la Administración, y así lo hicimos. Pero no había edificios
adecuados, de forma que tuvimos que recurrir a un préstamo, a una cesión
gratuita de despachos en al Secretaría General Técnica de Comunicaciones
del Ministerio de Fomento. Gracias a eso hemos podido empezar a
funcionar; hemos conseguido que nos habiliten despachos para todos los
consejeros, para las secretarias; hemos conseguido que nos faciliten
ayuda de secretaría, que nos presten los muebles, que nos atienda un
servicio telefónico, que nos limpien los despachos, que nos brinden
seguridad, que nos den ordenadores, que nos den papeles, material de
oficina, y, al mismo tiempo, empezamos a gestionar ya, en el propio mes
de diciembre, la disponibilidad de un edificio del Patrimonio del Estado
--con poco éxito hasta este momento--, e iniciamos la selección de
edificios en alquiler. Porque Patrimonio del Estado parece estar
dispuesto a organizar en un plan todas las necesidades de la
Administración, e intenta servirlas de una forma que pudiera ser
coordinada entre todos. Pero a nosotros no se nos da solución inmediata.
De manera que hemos tenido que dirigirnos al mercado privado
inmobiliario; hemos seleccionado varios edificios; una vez hechas las
negociaciones con la propiedad respectiva, hemos llegado a seleccionar
alguno de ellos; hemos hecho contrato de arrendamiento y se supone que,
en unos pocos días, quizá a fines de este mes o a principios del próximo,
el edificio que tenemos alquilado esté disponible para que la comisión
pueda asentarse definitivamente en él. En conclusión, estamos muy
próximos a tener resueltas nuestras dificultades en lo que al problema
del edificio se refiere.
El consejo definió en el propio mes de diciembre el organigrama de
organización y personal, un organigrama adaptado a las funciones que en
aquel momento teníamos y que no son exactamente las que ahora tenemos,
pero adaptado a esas funciones. Ese organigrama se empezó a presentar al
Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Administraciones Públicas y a la
comisión ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones como trámites
obligados, como piezas de la Administración que somos, para conseguir la
aprobación de estos recursos organizativos para la comisión. Es en enero,
tras dichas discusiones, cuando ya hacemos el envío formal del
organigrama de base a la Unidad de costes de personal de Entes Públicos.
Una vez que conseguimos explicar bien que eso era, en efecto, lo que
necesitábamos, enviamos en febrero nuestra propuesta del sistema de
retribuciones y de la plantilla inicial con la que nutrir ese organigrama
para 1997. Todo ello siempre --estamos en febrero-- bajo el supuesto de
las funciones iniciales. También en el mes de febrero conseguimos una
definición de lo que es personal directivo frente al resto del personal,
puesto que va a estar sujeto a criterios diferentes en cuanto a
condiciones de captación y selección, y conseguimos la autorización de
los dos ministerios y de la comisión ejecutiva de la Interministerial de
Retribuciones en ese mes de febrero sobre todo esto.
La oferta de empleo público tiene que incorporar también aquellas
peticiones de personal que se hagan por
cuenta de la comisión, y nosotros incorporamos dentro de esta selección
de plantilla aquellas plazas en las que nos comprometemos a que sean
cubiertas por personal propio de la Administración y aquellas otras en
las que no nos comprometemos, sin perjuicio de que, pudiendo, así lo
haremos. Aprueban nuestra oferta también en el mes de marzo, de forma
que, ya en el mes de marzo, tenemos bien definidas y aprobadas las
condiciones en las cuales podemos desarrollar nuestra plantilla y de
dónde captar a las personas que nos tienen que ayudar.
En el mes de abril se produce la aprobación formal por parte de la
comisión ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones de nuestro
sistema retributivo, del sistema retributivo general, y, además, de la
aplicación concreta de ese sistema retributivo a la plantilla que en el
año 1997 nos han aprobado. Eso ocurre en el mes de abril. En el mes de
abril también hacemos la propuesta que va a seguir la comisión para la
selección de las distintas personas que lo van a configurar, y en el
mismo mes de abril contratamos tres directores y cuatro secretarias. La
situación, pues, en estos momentos, es que tenemos aprobado el
organigrama para las funciones iniciales, pero ustedes nos han concedido
funciones nuevas en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones y
estas nuevas funciones suponen un aumento apreciable de las que teníamos
y una extensión del objeto de la comisión hacia negocios y actividades
nuevas. Y en lo que se refiere a la ampliación del ámbito de actuaciones
de la comisión, se va a extender desde telecomunicaciones, a las que
originalmente se ceñía, hasta el audiovisual, los servicios interactivos
y los telemáticos. En ese ámbito, la propuesta de organigrama nuevo ya
recoge lo que debiera ser nuestra organización. Sin embargo, en lo que se
refiere a la cantidad de funciones que atienden a todos esos frentes
--telecomunicaciones, audiovisual, telemática, servicios interactivos--
toda esa cantidad de funciones que son muchas y muy nuevas, no. Con la
cantidad de personas que necesitamos, las que hemos definido
originalmente no serán suficientes para atender a algunas de ellas. Y
ahora, que hemos recibido este encargo nuevo, estamos en un proceso de
definición para saber cuál es la carga de trabajo que conllevan esas
nuevas funciones, de identificación para saber cuántas de esas funciones
desaparecen de la propia Administración de línea --vamos a llamarla
así--, y de un intento de atraer, conjuntamente con las funciones, a
aquellos funcionarios que las están realizando ahora, con objeto de no
multiplicar, duplicar o solapar, al menos, gastos innecesarios. Pero eso
es nuevo. Y eso es parte del trabajo que en estos momentos, en materia de
organización y de plantilla, estamos haciendo.
Quizás sea interesante que relate aquí cuáles han sido los trabajos
propios del consejo, los más propios de la comisión, no estos otros que
se refieren al desarrollo de la organización de la comisión. Durante este
tiempo, desde que hemos entrado en funciones, la comisión --el consejo,
en particular--ha resuelto muchos expedientes; quizás sea una osadía por
mi parte decir muchos. Es a SS. SS. a quienes corresponde valorarlo. Y
voy a decir cuáles: un informe sobre la denuncia de una empresa que se
llama Asistencia Los Angeles contra Telefónica. Hemos redactado,
naturalmente, nuestra propuesta de reglamento de régimen interior, que se
remitió al Ministro --como era preceptivo-- para que él lo aprobara.
Hemos hecho un informe sobre el anteproyecto de la Ley General de las
Telecomunicaciones, un informe denso porque es una ley muy importante, y
que nos ha llevado mucho tiempo, muchas discusiones y nos ha
proporcionado también muchas ocasiones de conocimiento mutuo entre
nosotros, miembros de la comisión, y de conocimiento también de la
sustancia en la que tenemos que operar. Hemos redactado un informe sobre
la propuesta de modificación de tarifas del servicio telefónico básico y
también del servicio telefónico interprovincial. Hemos redactado un
informe sobre la propuesta de modificación de tarifas para el servicio de
alquiler de circuitos nacionales. Hemos evacuado un informe para el
Servicio de Defensa de la Competencia sobre una denuncia formulada por
Intertrace Centro contra Telefónica, por prácticas restrictivas de la
competencia. Hemos formulado un informe sobre el anteproyecto de ley que
regula la prestación del servicio de televisión autonómica por ondas
terrestres. Hemos hecho un informe sobre el proyecto de orden ministerial
por la que se determinan las tarifas y las condiciones de interconexión a
la red adscrita al servicio telefónico de telefonía básica, que explota
el operador dominante --vale decir la red de Telefónica--, para la
explotación del servicio de telefonía básica y el servicio soporte del
mismo. Es un proyecto de orden ministerial muy importante para el
establecimiento de la competencia a dos en materia de telefonía. Hemos
hecho un informe sobre el proyecto del real decreto por el que se adapta
el Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio, por el que se delimita el
servicio telefónico básico en su prestación en competencia; este título
resulta poco expresivo, pero realmente lo que regula es la explotación de
la telefonía pública de monedas. Hemos recibido la solicitud de
inscripción de Canal Satélite Digital en el Registro de operadores de
servicios de acceso condicional para la televisión digital. Hemos
recibido la solicitud de la Asociación Nacional de Cable, de
Comunicaciones Inalámbricas y Telecomunicaciones de asesoramiento y de
amparo administrativo; es una solicitud sobre cuestiones diversas que
están relacionadas con los servicios cuyas siglas son MMDS. Son servicios
de alcance y distribución, mediante ondas radioeléctricas de muy alta
frecuencia, de señales también muy ricas, parecidas a las señales de
televisión; son servicios que, en cierta forma, pudieran complementar,
aunque tienen entidad propia, la extensión de redes de televisión o
telecomunicaciones por cable. Hemos recibido una solicitud de informe
sobre modificación del sistema de tarifación actual de Telefónica de
España, no de inmediato, sino para contemplar en el futuro cómo debiera
modularse esta tarifación, abandonando lo que han podido ser imposiciones
limitativas propias de la tecnología que, hasta este momento, se venía
utilizando. Además, hemos decidido, una vez que hemos atendido las
peticiones externas, abrir iniciativa propia en dos temas, de momento,
uno de los cuales es la apertura de una consulta pública sobre sistemas
de acceso condicional, previniendo lo que pueda ser la toma de
conocimiento de la comisión y, eventualmente, la manifestación de la
comisión
sobre el servicio, que no se ciñe a la televisión de pago por satélite,
sino que puede abarcar y servir a muchos otros y que estará,
probablemente, plagado de necesidades, de buen criterio por parte nuestra
y de muchos otros, como es natural. Y hemos decidido también abrir una
información sobre el alcance que para el mercado español pudieran tener
los acuerdos que se han firmado entre Telefónica, BT y MCI Internacional.
Además de ello, el consejo está considerando --aunque en una posición más
bien de expectativa-- dos comunicaciones que nos han legado todavía
meramente informativas, porque no nos han pedido nada. Una de ellas
procede de Sprint Telecom de España, y lo que hace es ponernos de
manifiesto cómo van sus gestiones para pedir acceso especial a la red
pública de Telefónica de España; no nos pide nada, pero nos mantiene
informados por si, en algún momento, no se resolviera en términos
satisfactorios para Sprint Telecom esta aproximación que hace Telefónica
y hubiéramos de intervenir. Y lo propio en cuanto se refiere a
Retevisión. Retevisión nos ha comunicado bastantes iniciativas que ha
tomado y gestiones que ha iniciado con Telefónica de España para
conseguir acuerdos de interconexión y de otra naturaleza, de
interconexión de redes y de interoperabilidad de los servicios. Sobre
ello estamos tomando conocimiento, a la espera de que estos temas se
resuelvan per se o, por el contrario, que en algún momento susciten la
actuación de la comisión.
Como valoración de todo lo que hasta el momento podemos hacer --y aquí
adelanto mi posición, la verdad es que personal, pero siempre sujeta al
mejor criterio de esta sala--, como resumen y valoración quiero recordar
que ha sido en noviembre de 1996 cuando hemos tomado posesión los
miembros del consejo, que los primeros tres meses hemos conseguido
asentarnos, preparar el lanzamiento, formular nuestra propuesta de
reglamento de régimen interior, establecer las reglas de entendimiento
entre nosotros. Que es el 3 de febrero cuando la comisión entra en
funciones, en virtud de la Orden ministerial que así lo decide. Que en
estos momentos tenemos definida y aprobada la organización, la plantilla
de personal y las retribuciones concretas correspondientes a cada puesto
de trabajo para 1997, sobre la base de las funciones que sirvieron de
fundamento para este estudio. Que tenemos aprobado el presupuesto de
1997, también sobre esa base. Que tenemos alquilado y a punto de terminar
el acondicionamiento del edificio que necesitamos. Que hemos tratado
todos los expedientes que se nos han presentado desde que estamos en
funciones; todos. Que hemos resuelto ya la mayoría de ellos y que los que
quedan por resolver son muy recientes. Que la Ley 1/97, de trasposición
de la Directiva 95/47 de la Comisión Europea, creó funciones nuevas para
la comisión, y que estas funciones nuevas no plantean, en materia de
organigrama, un gran problema para 1997. Pero que la Ley 12/97, de 24 de
abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones --esta ley tan
reciente--, supone una ampliación muy considerable de las funciones de la
comisión, y resumo algunas de las que han aparecido como nuevas y que no
teníamos hasta ese momento: otorgar títulos habilitantes para la
prestación de servicios en concurrencia; controlar el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público y encuestas a los operadores; resolver
los conflictos en interconexión de redes entre operadores si éstos no
llegan espontáneamente a acuerdos; controlar los procesos de
concentración de empresas y los acuerdos entre los agentes que participan
en el mercado; fijar los precios máximos de interconexión entre los
operadores; ejercer la potestad sancionadora por incumplimiento de las
instrucciones de la propia comisión; y llevar un registro general de
operadores de redes y de prestadores de servicios, registro en el que se
inscribirán todos aquellos que requieren un título habilitante. Como le
comentaba antes, no sólo son funciones nuevas, sino que esta ley supone
también una ampliación del objeto de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, y el ámbito se extiende desde los servicios de
telecomunicaciones a los audiovisuales, a los telemáticos y a los
interactivos. Los contenidos aparecen entonces con una especial
personalidad y relieve en esta extensión del objeto de la comisión. Esta
ley sí crea una situación nueva para la comisión, y la comisión
necesitará recursos adicionales que estarán justificados sobre todo por
un trabajo administrativo muy voluminoso, que está vinculado a la
llevanza de un registro general de operadores de redes y de prestadores
de servicios. Eso por un lado. Y, por otro, a la ampliación del objeto de
la comisión en cuanto a los nuevos servicios.
Tenemos ya definida la nueva estructura orgánica de la comisión, con dos
nuevas direcciones --siete había antes, nueve habrá ahora--: una nueva de
licencias, una segunda de audiovisual. Que, junto con la Secretaría
General de Comunicaciones, estamos definiendo los efectivos necesarios
para realizar esas numerosas funciones de registro que se transfieren
--personas, archivos y documentación--. Cuando todo eso lo tengamos bien
definido, recabaremos la aprobación de la comisión ejecutiva de la
Interministerial de Retribuciones para una nueva estructura organizativa,
para una nueva plantilla inmediata que necesitamos, y tendremos que
conseguir la aprobación también de las retribuciones concretas que
corresponderán a los nuevos puestos concretos que se nos transfieran.
¿Cuál es la valoración que yo puedo aportar? Pues sería una ingenuidad
por mi parte aportar aquí el esfuerzo que hemos hecho pero, si sirve de
indicación, diría que mañana se celebra el consejo número 34, que nuestro
reglamento de régimen interior ha supuesto la reunión de unos 30 consejos
por año. Eso como medida del esfuerzo; no quiere decir que sea medida de
los resultados, ni mucho menos. Como indicadores de los resultados yo
tomaría como referencia, inevitablemente, las dos comisiones que en
España han existido antes que la nuestra, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la comisión nacida en agosto de 1988 y que el tiempo
transcurrido hasta diciembre de 1989 lo empleó en desarrollar su
organización y conseguir instalarse en un edificio propio, un edificio
inviable --diría-- para nosotros. Y la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional, que inició sus actividades en abril de 1995, que completó sus
sistema de financiación y el acondicionamiento de su edificio a finales
de ese mismo año, y la organización inicial ya en el curso del año 1996.
La Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional, que quizá comparte con nosotros muchos rasgos en
cuanto al tipo de actividades que desarrolla, consiguió formular en el
año 1995, en ese primer año de su nacimiento, 10 informes sobre
proyectos, sobre propuestas y sobre borradores de disposiciones generales
que le remitieron el Ministerio de Industria y Energía y algunas
comunidades autónomas. Como consecuencia de ello, yo me atrevería a
valorar nuestra actuación y nuestra situación señalando que hemos
alcanzado unos resultados --fruto del esfuerzo realizado-- en cuanto a
organización y funcionamiento comparables con lo que las otras comisiones
consiguieron, si bien el esfuerzo que hemos aplicado nos parece
importante. Si nos moviéramos en el ámbito de la empresa privada, a lo
mejor ese esfuerzo habría sido merecedor de resultados más expeditivos.
La comisión, hasta este momento, ha sido capaz de dar respuesta a todas
las demandas, sin excepción, que hemos recibido, y en estos momentos
estamos empezando a anticipar la toma de conocimiento y de postura en
algunos temas que, probablemente, serán objeto de actuación por la
comisión en ese futuro.
Pero con todo esto se me escapa --y no quisiera olvidarlo aquí, frente a
ustedes--, lo más importante de nuestro esfuerzo: la gran cantidad de
horas que ha dedicado el consejo a ir forjando la personalidad colegiada
que le corresponde y que ustedes han querido para él. Ese es el empeño
más importante y, si tuviera yo, personalmente, que apostar, diría que
cabe esperar que se prolongue todavía hasta dos años. El procedimiento
seguido es un debate totalmente abierto en el seno del propio consejo
donde toda manifestación se admite; toda. Ese es el instrumento que hemos
elegido en una primera fase, en la que lo que intentamos es identificar
--identificar por diferenciación, evidentemente-- las capacidades, los
temperamentos, las formaciones, los valores, las ideas previas que cada
uno de los consejeros aporta para todos los demás. En este proceso
interno, el acento está puesto en estos momentos en la diferencia
identificadora de unos hacia los demás; es la fase que estamos
atravesando. Sin embargo, la manifestación externa de la comisión tiene
que poner el acento en el carácter unitario, en el carácter colegiado de
este consejo.
De lo que tratamos, en definitiva, es de aprovechar esas diferencias, y
aprovechar esas diferencias no supone quedarnos en la media de
capacidades, talentos y sensibilidades de cada uno de los siete o nueve
consejeros que conformamos el consejo; supone que cada uno adquiera pleno
conocimiento y absoluta confianza en los puntos fuertes que pueda aportar
cada uno y que en base a eso consigamos que el consejo, como personalidad
colegiada, no sea la media de todos sino la suma de lo mejor de lo que
cada uno de nosotros tenemos que aportar a ese consejo. E insisto: nos
queda un largo camino todavía.
Por supuesto, me brindo a lo que ustedes quieran preguntar.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez Quintana, por su
explicación.
Dado que ha sido una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra, para hacer las manifestaciones que estime
oportunas, el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Bienvenido, señor Vázquez Quintana.
Yo le agradezco el esfuerzo sordo, tan sordo que es prácticamente
desconocido por la sociedad y por esta Cámara, que viene haciendo la
comisión en algo más de dos docenas de trámites, informes y actividades
que ha venido manteniendo a lo largo de estos 11 meses. Lamentablemente,
la única decisión de la comisión que ha trascendido a la sociedad es una
decisión --por decirlo en términos correctos-- que crea polémica, y no
transmite precisamente una imagen de acuerdo interno, es decir, de
gestionar bien los diferentes intereses presentes en la comisión para
obtener posiciones unitarias y desde luego pone en entredicho, al menos
parcialmente, la plena independencia de la comisión del Gobierno.
En esta casa, recibimos con especial simpatía a quienes nos hablan de las
dificultades que tienen por la carencia de medios para efectuar su
trabajo, porque lo hemos padecido durante muchos años. Justo es decir que
con el nuevo Presidente esas cosas se están mejorando sensiblemente en la
Cámara y los diputados tenemos más medios de los que hemos tenido en
estos últimos años. Por eso, recibimos con especial simpatía y somos
especialmente propensos a dar nuestro apoyo a quienes, desde las
administraciones o desde entidades dependientes de las administraciones,
vengan a nosotros en demanda de ayuda para tener los medios necesarios
para cumplir con los medios objetivos que esta Cámara les ha asignado en
una norma con rango de ley. La verdad es que su situación es difícil.
Ustedes ejercen de okupas, están en un local que no les pertenece; viven
de un préstamo que no sabemos de cuánto es, si son 600 millones, ni
cuándo tienen que pagarlo, y después de 11 meses, tienen tres directivos
y cuatro secretarias. Comprendemos también que las cosas, sobre todo en
la Administración, tienen unas reluctancias grandes, unas inercias
importantes a ponerse en marcha, pero también sabemos que el buen éxito
de las tareas de la Administración depende muy especialmente del
entusiasmo, del celo, del calor, del interés que pongan los interesados y
responsables del funcionamiento de esas administraciones.
No me cabe la menor duda de que esa falta de celo, de interés, de empeño
por sacar adelante la organización de la comisión y sus trabajos no es
imputable a ninguno de los miembros del consejo --habría que buscarlas, y
luego las iremos desgranando una a una--; son más bien imputables a un
gobierno que creó alegremente una comisión, aceptó alegremente unas
enmiendas de mi grupo parlamentario con el apoyo de otros grupos
parlamentarios, y al final, también, por decirlo en unos términos
coloquiales, se asustó un poco de las competencias, de la potencia que el
había dado a la comisión que se había creado por el real decreto de 7 de
junio del año pasado.
La comisión tuvo, señor Presidente, excelentes padrinos. Recibió el apoyo
de la mayoría de los grupos parlamentarios. Esos padrinos han mejorado
con el tiempo; incluso, algunos grupos que no veían clara la creación de
esta comisión, por las razones que sea, posteriormente han
demostrado su apoyo a la misma. Quiero decir que, en estos momentos, la
unanimidad de los grupos de la Cámara respalda a esta comisión que, según
algunas intervenciones suyas y del propio señor ministro, tenía muy
importantes cometidos que ejercer. Tan importantes que, en la exposición
de motivos del real decreto, se decía, en un lenguaje verdaderamente
rimbombante: Las exigencias inaplazables de salvaguardar el cumplimiento
hacen imprescindible la creación inmediata de una comisión... Bueno,
creada está; lleva 11 meses creada.
Yo, que he escuchado y comparto el trabajo que ustedes han hecho, quiero
dejar bien claro que no les responsabilizo a ustedes del lamentable
estado de dejadez y de inercia en el que se encuentra esta comisión. Nos
preocupan, fundamentalmente, cuestiones referidas con la independencia de
la comisión, y la independencia de la comisión depende, fundamentalmente,
del grado de autonomía que tenga en el proceso de toma de decisiones
internas y de los recursos financieros y económicos de que dispongan. Ya
hemos dicho que viven ustedes de un préstamo que no se sabe muy bien
cuándo van a tener que pagar, que en el año pasado no consiguieron de
Hacienda la modificación necesaria de los presupuestos para disponer de
los recursos que les hacían falta, y que este año, hasta ahora, tampoco
lo han conseguido, aunque van camino de ello. Y justifican ustedes de
alguna manera que esto es consecuencia de las nuevas competencias que se
han dado a la comisión, que han roto un poco el escenario de
competencias, y por tanto, de recursos que eran precisos para gestionar
esas competencias. ¡Hombre! A medias. Desde septiembre del año pasado,
cuando se produjo el pacto fundamental sobre los contenidos de la
comisión, se sabía perfectamente en qué escenario de competencias se
adentraba esa comisión. No hubo que esperar a la aprobación definitiva
por el Congreso ni a la publicación en el «BOE» de la ley para saber,
desde siete meses antes, cuál era el escenario de competencias con el que
tendrían ustedes que enfrentarse.
Le voy a hacer algunas preguntas en relación con los recursos. ¿Dispone
ya la comisión de los recursos financieros propios para desarrollar sus
actividades? Los recursos estaban establecidos en normas de rango de ley,
y marcaban muy claramente las tasas, los cánones, etcétera, que eran
parte de los recursos propios de la comisión, aparte de lo que los
presupuestos dispusiesen cada año. También quiero saber, en el caso de
que no disponga ya --digo ya-- de los recursos financieros propios, si el
Gobierno ha tomado las medidas necesarias para que la comisión disponga
de manera regular de dichos recursos.
La comisión estimó necesarias inicialmente cien personas para sus
trabajos. Hemos sabido que disponemos hasta la fecha de siete consejeros,
ampliables a nueve, tres directores de área y cuatro secretarias.
Quisiera saber, señor Presidente, los criterios y procedimientos seguidos
por la comisión para contratar al personal, y en concreto, al personal
directivo y de dónde proviene el personal directivo contratado. Quisiera
saber también si, en el proceso de contratación de personal, han
encontrado facilidades o dificultades por parte del ministerio.
En otro bloque de preguntas, señor Presidente, hemos defendido siempre
que para actuar con independencia --y al final, cuando estaba a punto de
sonar el gong, nos fue admitida la enmienda-- la comisión debía disponer
de su propio reglamento, que en la idea inicial del decreto-ley el
ministerio se lo daba hecho. No obstante, hemos sabido por la prensa que
el ministerio no respetó la propuesta del consejo de la comisión sobre el
texto del reglamento, y que el aparecido en el «Boletín Oficial» del
pasado 11 de abril modifica sustancialmente la propuesta hecha por el
consejo de la comisión. Las preguntas son evidentes, señor Presidente:
¿Ha respetado el Ministro de Fomento la propuesta de reglamento formulada
por el consejo de la comisión? En el caso de que no fuera así, ¿qué
cambios ha efectuado el ministro en la propuesta de reglamento que
ustedes habían formulado?
Quisiera saber, señor Presidente, porque es sorprendente, ahora que se
acaban los secretos de Estado, por qué las actas del consejo de la
comisión tienen carácter reservado durante 10 años. Quisiera saber si esa
propuesta iba, en su proyecto de reglamento, o ha sido introducida por el
ministro. Quisiera saber, señor Presidente, por qué se limitan en el
artículo 10 del reglamento de la comisión las facultades de los
consejeros para obtener la información que precisen. Porque el artículo
10 del reglamento dice que las facultades a, b y c, que son las que
establecen el derecho de los consejeros a acceder a cualquier tipo de
información, no serán de aplicación en el caso en que puedan producir
distorsión en el trabajo de la comisión. ¿Quién decide lo que produce
distorsión en el trabajo de la comisión? ¿Puede un funcionario al que
vaya un consejero a pedirle un acta, un informe, un expediente decir que
eso perturba el trabajo interno de la comisión? ¿Es el secretario, es el
pleno del consejo, es usted, es el señor ministro? ¿Cómo es posible que
consejeros que, aunque de manera imperfecta, tienen el apoyo del Congreso
de los Diputados de España, puedan tener algún tipo de dificultad para
obtener la información que precisan para desarrollar su trabajo?
Esta última previsión del artículo 10 del reglamento ¿estaba en el texto
que ustedes habían aprobado en el consejo de la comisión, o fue también
introducida ex novo por el ministro? La ley de la liberalización,
consecuencia del real decreto de junio, asigna de manera inequívoca, y
sin distingo alguno, a la comisión la facultad de aprobar y modificar su
propio reglamento. Quiero saber si el señor Presidente piensa ejercer esa
competencia y recuperar el texto que se había pactado dentro del consejo
de la comisión, o su intención es no ejercer esa competencia y dejar el
texto modificado por el ministro.
De las cosas más importantes en telecomunicaciones que han ocurrido en
este país en los últimos meses, está la Orden ministerial del 18 de marzo
--creo recordar--, mediante la cual se establecían las tarifas y
condiciones de interconexión. En la exposición de motivos de dicha orden
ministerial, consta textualmente la expresión de que la orden ministerial
tiene la aprobación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Quiero preguntarle, señor Presidente, si eso es cierto. Y si es cierto,
si la conformidad se refiere al texto remitido por el Gobierno o al
texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, distinto del remitido
por el Gobierno. Quiero preguntarle si las tarifas de interconexión que
se publicaron en el BOE son las que recibieron el informe favorable del
consejo de la comisión o fueron consecuencia de las presiones de última
hora de algunos agentes que cambiaron el valor de esas tarifas de
interconexión. Quisiera saber también si la modificación de las tarifas
telefónicas urbanas estaba en el proyecto remitido a ustedes por el
Ministro de Fomento y que, al parecer, tenía su apoyo, o si fueron
introducidas después de las observaciones efectuadas por el consejo al
proyecto de orden ministerial.
Otra de las actuaciones importantes de la comisión ha sido resolver la
petición de inscripción en el registro de Canal Satélite Digital. Han
tardado tres meses en hacerlo, pero consiguieron no inscribirlo. Le
quisiera preguntar por qué se tardó tres meses en atender la solicitud de
inscripción en un registro autodeclarativo, según reiteradas afirmaciones
del señor ministro. Quiero saber también, señor Presidente, por qué, en
clara contradicción con la Ley del procedimiento administrativo, ustedes
deniegan la inscripción sin motivación alguna. No dan ustedes ninguna
explicación por la información que ha aparecido en prensa y no
desmentida, de las razones del rechazo de la inscripción. Quisiera saber
cuáles son las razones concretas de la denegación, y si se refieren a
contenidos técnicos, ¿qué contenidos técnicos en concreto no eran
cumplidos por Canal Satélite Digital? Quisiéramos conocer también las
razones que apoyaban la propuesta de inscripción formulada por el
ponente, señor Bach, y por qué fueron rechazadas esas razones.
También se ha producido un acuerdo importante entre Telefónica y el
consorcio Concert BT-MCI. Tenemos conocimiento de que inquieta a la
comisión el no disponer de los contenidos exactos de los acuerdos
alcanzados, que le son precisos conocer para velar por la competencia en
el mercado, que es una de las funciones atribuidas a la comisión.
Quisiéramos saber al respecto si han solicitado, con qué rigor o de qué
manera, conocer los acuerdos entre Telefónica y BT.
Y, por último, señor Presidente, hace pocos días esta Cámara votó una ley
de artículo único que venía a enmendar el error de un grupo al votar,
como consecuencia del cual la competencia de establecimientos de
condiciones y tarifas de interconexión, de forma transitoria, quedaba
residenciada en el ministerio en lugar de en la comisión. La ley
proveniente del real decreto de 6 de junio pasado establece claramente
que cualquier iniciativa legislativa del Gobierno requiere
preceptivamente informe previo de la comisión. Quisiera saber si esa ley
que vino aquí por procedimiento de urgencia, artículo único, lectura
única, cumplió el trámite de tener el informe de la comisión sobre los
contenidos de dicha norma.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, quiero agradecer, en
primer lugar, al señor Vázquez Quintana su comparecencia ante esta
Comisión, y esta vez como Presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
Yo quería decirle al señor Vázquez Quintana que nuestro grupo
parlamentario cree firmemente en el modelo de organismo independiente que
vela por el ejercicio de la competencia o por un mercado en competencia,
que vela por los derechos de los usuarios y por el respeto a las leyes en
un mundo tan complejo como es el mundo de las telecomunicaciones. Por
tanto, cuando se propuso a esta Cámara y a los grupos políticos crear en
España algo similar a la FCC norteamericana o a la Optel británica,
nosotros rápidamente nos sumamos a dicha propuesta, porque--repito--
creemos en este modelo de regulador independiente. Y por tanto,
consecuentemente con la opinión de este grupo parlamentario, desde el
primer momento hemos apoyado a la CMT, tanto a nivel legislativo --hemos
sido los que hemos impulsado el que la CMT fuera ganando competencias--
como en todos aquellos ámbitos donde lo podíamos así manifestar. Creemos
--repito y reitero-- en la existencia de este órgano regulador,
independiente del poder político y, por tanto, con criterio propio, que
pueda ejercer el papel de árbitro en este mundo tan complejo como es el
de las telecomunicaciones.
Sin embargo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, desde
nuestra perspectiva, tiene un pecado original, y es que ha nacido
forzada. En el momento inicial en el que se efectúa la propuesta por
parte del Ministro de Fomento a los grupos políticos de ir a la creación
de este órgano, tenemos la sensación de que no se efectuaba esta
propuesta por un convencimiento íntimo y profundo de que fuera necesario
crear en ese momento la CMT, sino que las razones que se aducían o que,
al menos, desde nuestro punto de vista, flotaban en la propuesta eran
otras distintas, eran, básicamente, la exigencia por parte de la Comisión
Europea de que se creara en España esta comisión, exigencia que iba
acompañada de otras y que se enmarcaban dentro de la negociación
bilateral Unión Europea/Estados Unidos para la apertura mutua de
mercados. Por tanto, deducimos que este nacimiento forzado es el
responsable de algunas de las cosas que están pasando y que no nos
satisfacen en absoluto. Yo le diría además, señor Vázquez Quintana, y se
lo digo con toda franqueza y toda sinceridad, que estamos más
decepcionados que satisfechos de lo que ha sucedido durante estos siete
meses desde que ustedes tomaron posesión el día 7 de noviembre de 1996,
como nos decía antes.
Usted terminaba su intervención con una frase que, más o menos, decía:
Tenemos mucho camino que recorrer y también tenemos mucho tiempo. Yo no
estoy de acuerdo con usted. Yo creo que tienen mucho camino que recorrer
pero tienen muy poco tiempo, para recorrerlo, porque --usted lo sabe
mucho mejor que yo, no tengo que darle lecciones de nada porque es un
hombre que se ha movido toda su vida en el sector de las
telecomunicaciones, y por tanto, tiene una autoridad que yo difícilmente
puedo tener-- éste es un sector que se mueve a una grandísima velocidad
y, en cambio, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no le
diré que se mueva a paso de tortuga,
pero casi. Y no estoy repartiendo responsabilidades ni diciéndole que es
usted el responsable. No se lo digo. No es ésta mi intención. Seguramente
algunos de los aspectos que criticamos son responsabilidad suya y del
resto de consejeros y hay otros en los que ustedes están actuando dentro
del margen que les dejan, porque la responsabilidad hay que situarla más
concretamente a nivel gubernamental, a nivel del Ministerio de Fomento
que en la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Yo
supongo que usted es consciente de que la comisión debe ser, como mínimo,
igual de ágil que este mercado, y es una pregunta que le planteo:
¿Ustedes deben de ser igual de ágiles y rápidos que el sector o no? Yo
creo que sí, porque si no fueran igual de ágiles y rápidos que el sector
de las telecomunicaciones entonces podríamos tener una comisión que en
lugar de ser un organismo que contribuya realmente a dinamizar el mercado
y a garantizar la competencia, se convierta en un organismo burocrático
más, en una traba, y no creemos que deba ser ésta la misión de la
comisión. Es más, estoy convencido de que ustedes tampoco lo creen.
Déjeme que le haga algunos apuntes sobre cuestiones concretas, que nos
parecen importantes y que son las que, principalmente, ilustran esa
decepción que anteriormente le planteaba. En primer lugar, respeto al
organigrama, al que ya se ha referido el señor García-Arreciado. Según la
orden ministerial reguladora que aprobó el Gobierno, como es sabido,
hemos creado un consejo yo diría que muy presidencialista. Usted tiene un
peso decisivo en la marcha y en las decisiones que toma la propia
comisión y, por lo tanto, los consejeros diría que tienen un papel
bastante subordinado al del Presidente. Y yo no estoy convencido de que
éste sea el mejor sistema. Quisiera que usted me dijera, con toda la
franqueza que pueda, si cree que éste es un buen sistema para funcionar.
Y obviamente, debemos efectuar una crítica, y no es una crítica a
ustedes. Ustedes aprobaron un reglamento de régimen interior consensuado
entre los siete miembros de la comisión, y luego resulta que el Gobierno
se lo cambia. Es una crítica que, obviamente, no es a ustedes.
En segundo lugar, pienso que el desarrollo de la estructura de la
comisión ha sido excesivamente lento durante este tiempo. A nivel
directivo, si no estoy equivocado, han nombrado un secretario, un
director administrativo, un director de redes y un director de análisis
económicos. Nosotros quisiéramos saber para cuándo vamos a tener una
estructura más sólida, esa estructura que nos estaba definiendo hace un
momento. Si nos pudiera ampliar algo sobre el timing, y especialmente
sobre la previsión de organigrama, nos podríamos situar en lo que va a
ser el CMT en un futuro próximo.
Respecto al consejo, ya se lo he dicho antes. Nosotros creemos que el
consejo debería ser formado con personas con criterio, fundamentalmente.
Si no recuerdo mal, la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones
decía: Con personas de reconocido prestigio en el sector. Personas con
criterio, personas que deberían estar rodeadas de gente que les ayudara a
formarse ese criterio, o cuanto menos, que tuvieran posibilidad de acudir
fuera de la comisión a expertos del sector para que les ayudaran a
definir su posición. Y esto, en este momento, sé que no es así, no es así
en absoluto; funcionan con unos medios excesivamente precarios y es
imposible acudir fuera a formarse este criterio.
Hay otra cuestión que se refiere al consejo, señor Vázquez Quintana, que
si me quiere dar su opinión, se lo agradeceré; si no, lo entenderé. Siete
miembros para un consejo, desde mi punto de vista es excesivo, y puede
que tire piedras sobre mi propio tejado, porque nuestro grupo
parlamentario votó la ley y votó el artículo donde se incluían estos
siete miembros en el consejo. En Estados Unidos, son tres; si no me
equivoco, en Gran Bretaña, son cinco. Siete nos parece excesivo; nueve
nos parece exagerado. No tiene ninguna razón de ser en cuanto a eficacia
una comisión de nueve miembros. Puede haber otros componentes, los
conocemos y obviamente, este portavoz, digamos, no es virgen en este
tema, sé de qué va la cuestión, pero nueve me parece francamente
exagerado. Y con ello, me veo obligado a añadir algo que siempre que
efectúo una crítica en esta Cámara a los nueve miembros tengo que decir:
me parece bien que todos los grupos o todas las sensibilidades políticas
presentes en esta Cámara estén representadas en el consejo. Ahora bien,
nueve miembros me parece exagerado. Pero que nadie se lo tome a mal,
porque no estamos defendiendo que alguien tenga que quedar fuera de este
consejo. ¿Por qué se lo digo? Porque me parece que la comisión durante
este tiempo sólo ha crecido por arriba. En cambio por abajo ha crecido lo
que ha crecido. En este momento tenemos cuatro directores, y no sabemos
exactamente cuándo vamos a poder tener un organigrama sólido; le ruego
nos lo diga.
Otro tema que nos parece importante: la agilidad en la toma de
decisiones. Se comentaba hace un momento que en el primer expediente, yo
diría de contenido importante, han tardado tres meses, y no sé si serán
capaces de mantener ese ritmo, que incluso nos parece lento. Pero también
quisiera saber si usted cree que, en el futuro, podrán mantener este
ritmo en la tramitación de los propios expedientes. Hay un tema que
echamos en falta, y si quieren, tómesenlo como un consejo. Yo creo que
tendrían que hacer una política más agresiva de venta de su producto, es
decir, de venta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La
CMT sale poco en la prensa, y hoy en día los principales periódicos de
este país tienen todos o casi todos sus páginas especializadas en
telecomunicaciones, señal de que se han dado cuenta desde hace un cierto
tiempo de la importancia que tiene este mundo. En cambio, la CMT pocas
veces se manifiesta como tal. No sé si hacen comunicados en relación a
las decisiones que toman o si han pensado alguna campaña para lanzarse al
conocimiento de los operadores, de los operadores de aquí o de fuera que
puedan querer entrar en el mercado español. En todo caso, creo que si lo
hicieran se iba a generar la confianza que el sector debe tener en la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como árbitro imparcial que
garantiza también los derechos de las distintas empresas.
Una cuestión que no acierto a entender. ¿Por qué tenemos esa manía en el
secretismo en cuanto a la toma de decisiones? Creo que --lo decía el
señor García Arreciado--es consecuencia de la orden ministerial; no lo sé
exactamente,
confírmemelo. Yo creo que deberíamos ir a un modelo de gran transparencia
en la toma de estas decisiones, un modelo --si pudiera ser-- que se
acercara al de la FCC norteamericana, donde las deliberaciones son
públicas, con luz y taquígrafos, como estamos acostumbrados en esta
Cámara, pues no hace daño a nadie, al contrario, da seguridad, da
confianza y hace --digamos-- calar el mensaje de que existe un organismo
que vela por las condiciones de mercado y que vela por los derechos de
las distintas empresas.
No puedo pasar por alto la primera decisión importante que le decía hace
un momento que han tomado, la del tema digital. ¿Qué nos puede decir?
¿Por qué han tomado esta decisión? ¿En qué criterios se han basado? Desde
nuestra perspectiva, creo que hay muchos claroscuros en la toma de esta
decisión, y quisiera saber si es cierto --como se ha afirmado
anteriormente y hemos podido leer en algún medio de comunicación-- que el
informe del miembro del consejo al cual ustedes encargaron que estudiara
el tema y que profundizara en el mismo era favorable a la inscripción y
que, sin embargo, la comisión adoptó, supongo que por motivos
importantes, una decisión en sentido contrario. Creo que es importante
subrayar que los motivos
--valga la redundancia-- deben de ser importantes, porque si no
estaríamos introduciendo elementos muy peligrosos en el funcionamiento
del mercado de las telecomunicaciones y de la propia comisión.
Otra cuestión de suma actualidad: el acuerdo Telefónica-British Telecom.
¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Le pregunto cosas tan sencillas
como si usted se ha entrevistado o ha recibido --yo creo que la palabra
sería recibir-- al presidente de Telefónica para informarle sobre lo que
piensa hacer Telefónica en función de este acuerdo, cómo va a afectar al
mercado de las telecomunicaciones y a la libre competencia en el mercado
español de las telecomunicaciones.
Y por último, señor Vázquez, quisiera saber qué plan de trabajo tienen
ustedes para los próximos meses. Con ello, podremos ilustrarnos sobre el
modelo que piensan seguir en el desarrollo de futuro inmediato de la
comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Es obligado agradecer al señor Vázquez Quintana su
comparecencia, y paso inmediatamente, y con brevedad, a formular una
serie de preguntas y consideraciones.
En primer lugar, nos interesaría conocer cuáles son sus planes en
relación a la creación del comité consultivo, si se ampliará de siete a
nueve miembros para equipararlo con el consejo. Creemos que es un buen
criterio intentar equipararlo con la misma fórmula para garantizar,
efectivamente, que todo el mundo esté representado. ¿Qué carácter tendrá?
¿Se va a desenvolver estrictamente en un ámbito técnico o puede recoger
en sus consideraciones diferentes puntos de vista sociales y políticos?
Por la prensa hemos conocido que sólo se han cubierto dos o tres
direcciones de servicio, cuando el propio reglamento de régimen interior
contempla hasta nueve direcciones. Queremos saber cómo está en estos
momentos todo el tema del desarrollo de la estructura de la comisión,
entendiendo que cuanto antes se resuelva la estructura con más facilidad
se podrán afrontar todos los retos que tiene por delante la comisión.
Tenemos entendido que el secretario del consejo, señor Marroquín, figura
clave en el funcionamiento de la comisión, ha dimitido, y querríamos
conocer los motivos de esta dimisión.
En relación con la creciente comparecencia del 6 de mayo de Telefónica
ante la comisión para explicar los planes de alianza internacional de
Telefónica, queremos manifestarle, en primer lugar, nuestro agrado por la
citada medida, consecuente con las atribuciones que posee la comisión. Y
en segundo lugar, nuestra extrañeza ante la falta de consenso entre los
diferentes miembros de la comisión ante un tema que, en esta primera fase
informativa, parecía muy simple. Nos gustaría conocer las razones de esta
dificultad.
Y finalmente, ya lo han sugerido o lo han preguntado otros portavoces,
queremos conocer las razones por las que se ha negado la inscripción a
Canal Satélite, y cuál es la valoración del expediente presentado por
Canal Satélite en esta comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Después de la obligada y convencida gratitud al
señor Vázquez Quintana por su presencia entre nosotros, quiero anunciar,
como es obvio, una intervención ni larga ni crítica, como no podía ser
menos.
Se han producido dos tipos de intervenciones a propósito de su
comparecencia, señor Vázquez Quintana. Una hecha desde la desconfianza y
otra hecha desde un nivel de confianza superior y desde una mayor y
mejor, a mi juicio, objetividad. La intervención del grupo principal de
la oposición, en la persona del señor García-Arreciado, se ha producido
desde algo que significaría el recuerdo a intervenciones suyas,
múltiples, en esta Comisión y en pleno, a propósito de los grandes temas
que han estado asociados al mundo de las telecomunicaciones en los
últimos meses. Seguramente es un fenómeno inevitable sentirse uno mismo
impregnado de posiciones previas de lo que los lógicos denominan los
perjuicios. Y así, obviamente, se ha replanteado el problema de las
tarifas de interconexión, de las exposiciones de motivos, a pesar de que
en las exposiciones de motivos el PSOE tuvo una presencia bien conocida
desde la desconfianza hacia el Gobierno y desde, sobre todo, y es lo más
importante, desde la desconfianza de la propia independencia de una
comisión que se constituye precisamente como órgano independiente o como
órgano que debe actuar desde, por y para la independencia.
Bien. No soy yo el que tiene que desmentir estos planteamientos; es el
señor Vázquez Quintana con sus respuestas. Pero sí quiero asociarme a la
confianza que se ha manifestado, en algún tipo de intervenciones, en el
funcionamiento pasado, presente y, sobre todo, futuro de la comisión
de las comunicaciones, y a recordar que el concepto de independencia --se
lo recuerdo al portavoz socialista, y a pesar de todo, amigo-- es siempre
relativo. Porque, ¿qué es ser independiente? ¿Ser no dependiente? De
verdad, señor García-Arreciado, ¿para usted la independencia es lo mismo
que para los otros portavoces de la Cámara? No quiero remitirme,
seguramente, a cientos de intervenciones donde lo que uno reputa de
independencia, otros lo consideran lo contrario. Yo quiero creer que la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha actuado con una
voluntad de independencia, con una actividad objetiva de independencia y
que en ella se va a mover, porque es el marco constitucional e
institucional en el que tiene que moverse.
Y estando de acuerdo con muchas de las inquietudes y preocupaciones del
portavoz del Grupo Catalán de Convergéncia i Unió, incluso con el de
Izquierda Unida, no puedo sino estar en desacuerdo en que la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones nazca con lo que él ha llamado el
pecado original, que es algo así como la necesidad de incoporar a
instancias o a impulsos de compromisos comunitarios una comisión, y, por
tanto, tampoco puedo estar de acuerdo con esa decepción generalizada a la
que se ha referido. Y tampoco puedo compartir su teoría sobre el número
de miembros de la comisión, porque, en definitiva, inevitablemente una
comisión de esa naturaleza se ve obligada y se ve abocada a presencias,
de una forma o de otra, de fuerzas políticas distintas y diferentes. La
comisión nace con una vocación de objetividad e independencia, pero desde
el pluralismo; y el pluralismo comporta unas presencias obligadas, unas
presencias inevitables.
Sería deseable que las deliberaciones fueran siempre públicas, pero no
conozco ningún órgano público donde las deliberaciones, que acaban siendo
públicas, no hayan sido previamente privadas. Sería una tremenda
ingenuidad creer que todo lo que se delibera en un órgano público es lo
que se delibera justamente en ese acto público de deliberación, y que no
ha sido precedido de una inevitable deliberación privada, reflexión
privada, consenso previo, etcétera.
En definitiva, señor Presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, desde mi grupo quiero animarle y alentarle a que siga
en lo que me han parecido sus dos líneas de actuación de futuro, y me
parece que he tomado nota correctamente de sus palabras. Que siga
forjando una personalidad colegiada a través del diálogo, que siga
haciendo unidad de ese pluralismo institucional obligado de la comisión
que preside, y que lo haga --y creo también haber tomado nota de sus
palabras-- aprovechando las diferencias seguramente ideológicas,
seguramente posicionales entre sus miembros.
Y me sumo a una de las preguntas que le han hecho, a una de las
peticiones de información que le han hecho los portavoces de los grupos
de Convergència i Unió y de Izquierda Unida: que nos esboce cuáles son
las líneas básicas de su plan de trabajo de futuro.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a todas las peticiones de
aclaraciones que se han hecho y preguntas que se han formulado, tiene la
palabra el señor Vázquez Quintana.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (Vázquez Quintana): Muchas son las preguntas. Las
tomo, desde luego, en su primer valor, el que yo extraigo en primer
lugar, que es el enorme interés que suscita la comisión y sus primeros
movimientos. La verdad es que tengo que agradecerles a todos los que han
intervenido que se hayan preocupado, se hayan informado y hayan valorado
piezas de información, muchísimas de las cuales son extremadamente
fiables, por así decirlo. No es que la comisión haya sido hasta este
momento un foro completamente abierto --luego explicaré cuáles pueden ser
las razones de ello--, pero sí resulta confortador ver el grado de
detalle con el que conocen algunos de los comportamientos, reacciones,
accidentes e incidentes, comentarios y discusiones dentro de la comisión;
es realmente alentador.
El señor García-Arreciado ha hecho una observación --la verdad es que se
lo agradezco enormemente-- que es bastante común dentro de las
deliberaciones que en la comisión tenemos, que es esta especie de sordera
de nuestro esfuerzo, esta falta de una manifestación pública más
conspicua, más fácil de apreciar por el resto de la comunidad, por el
resto de la sociedad; y cómo, como consecuencia de ello, pudiera
distorsionarse la imagen que se construye de la comisión, a falta de una
imagen propia que la comisión quiera fabricar y proyectar hacia el
exterior. Eso reconozco que es así, reconozco que es completamente
discutible, reconozco que, en el seno de la comisión, hay partidarios de
una y otra posición. Lo que nos está ocurriendo en estos momentos es que
tenemos aún un diálogo demasiado abierto, demasiado candoroso --si lo
podemos poner en estas condiciones--, que a mí me interesa, de todas
formas, propiciar en el seno del consejo; diálogo en el que no me importa
que el que menos entiende de una cosa se atreva a manifestar su criterio
sobre aquello que no entiende en presencia de alguien que es su compañero
en el consejo y que de aquello entiende mucho más. Y me interesa que ese
tipo de manifestaciones, ese tipo de interreacciones se produzca, porque
me interesa que todos conozcamos de todos lo mejor y los puntos más
débiles que cada uno tenemos. Pero esto, en un principio, pienso que no
se compadece demasiado bien con una apertura excesiva a lo que pudieran
ser ingenuidades, comentarios, tentativas pronto corregidas en el seno de
la propia comisión, correcciones del propio criterio, de la propia
información, que se producen con bastante naturalidad y sin demasiado
trauma, en estos momentos, en el seno del consejo. Un grupo humano que
está formado en estos momentos por siete príncipes, siete cabezas; siete
personas sobre las que este Presidente que les habla no tiene ningún
especial privilegio; cada uno de los cuales es exactamente lo mismo que
yo, y todos, desde luego, mucho más que yo. Estas siete persona, un grupo
de este estilo, con esta personalidad, se resentiría, probablemente, si
alguna de las ingenuidades con las que yo --por no encarnarlo en otro--
me
manifiesto en temas jurídicos resultase que se hiciesen en el ágora, ante
el público. Yo me encuentro mucho más confortable --probablemente, a
algunos de los que pueden tener carencias que yo rellene les ocurra
igual-- diciendo mis ingenuidades en el seno de un consejo que estamos
construyendo, en el que aprenderemos quién entiende, quién es de verdad
el que entiende sobre qué aspecto. Estas ingenuidades --improvisaciones a
veces, por qué no-- son muy esclarecedoras en muchos aspectos, y es un
ingrediente al que me dolería mucho tener que renunciar; esa
espontaneidad con la que todos nos manifestamos se vería --pienso-- muy
condicionada de hacer de él un foro público. Yo creo que seguimos
necesitando ese ambiente en el que esa facilidad para exponer nuestras
propias debilidades desde muchas perspectivas, los unos frente a los
otros, se siga produciendo. Me parece importante.
Es una visión personal. Insisto, no es ni muchísimo menos la única. Yo no
encuentro con facilidad, en estos momentos, una visión que pudiera
entender única, salvo que la comisión es de todos, la comisión es de los
siete. Eso es cierto. Así sí estamos salvados todos, pero en los otros
aspectos todavía, afortunadamente además, nos caracterizan las
diferencias desde todos los puntos de vista. Y sobre esas diferencias
tenemos que trabajar, sobre esas diferencias tenemos que manifestarnos y
tenemos que identificarlas. Ese es nuestro trabajo. Lo que no parece que
destiñera un gran valor para la comisión es que ese proceso de
esclarecimiento, de prueba y error, de ensayo de hasta dónde llega el
propio dominio de la idea y el criterio frente al de los demás, estuviera
abierto a una crítica externa. Me parece que todavía no tenemos un
ambiente que pudiera agradecer ese tipo de apertura a pleno de todos
estos comentarios, discusiones, balbuceos, tentativas con los que poco a
poco vamos construyendo nuestra personalidad, que --insisto-- es, sin
ninguna duda, el trabajo más importante que tenemos entre manos. Vaya eso
por vía de explicación, pero recojo la inquietud --que no es única--, la
trasladaré, como es natural, a la comisión, e intentaremos ver si
conseguimos mantener unos foros en los cuales esa espontaneidad de la
manifestación del desconocimiento propio en algunos temas se pueda
producir sin necesidad de que eso pudiera considerarse como un punto de
debilidad, un algo que lesionara el propio sentir de cada uno de esos
consejeros que son mis compañeros, no son compañeros de nadie más.
¿La independencia plena del Gobierno? Creo que en estos términos lo
preguntaba el señor García-Arreciado. Bueno, yo no soy un experto
jurista, pero sí me he preocupado de averiguar qué somos. Es una de las
condiciones fundamentales para servir bien a la idea que ustedes han
desarrollado. Y lo que hemos encontrado es que ustedes nos han colocado
bien, nos han puesto en un buen sitio, pero nos han puesto en un sitio,
no nos han puesto en otro. Podrían habernos puesto donde hubieran
querido; a fin de cuentas, cuando usted habla, yo estoy oyendo la voz de
9.425.000 españoles que se manifiestan a través de usted. Así lo veo.
Tiene un enorme poder que yo no tengo. Podrían haber hecho otra cosa, sin
ninguna duda, pero han querido que la comisión sea eso, y es una pieza de
la Administración. No nos han querido una parte del Poder judicial, no
han querido algo que dependa del Congreso. La FCC es así. No han querido
una dependencia directa administrativa de la Administración de línea. La
autoridad reguladora francesa es así. Hay modelos muy distintos, y
ustedes han querido éste. Y este, ¿que significación tiene? Pues la
definición de los juristas sobre la creación de los órganos de este
estilo es muy clara: son entes públicos que se catalogan dentro del
artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria. Es ahí donde estamos
situados, y nos sitúan ahí precisamente para poder ejercer las funciones
con independencia de criterio.
He analizado documentos previos, estudios muy anteriores a mi propia
participación en este apasionante proyecto, preparatorios de lo que ha
sido la creación de esta comisión, y hay dudas entre los grandes juristas
que han iluminado el criterio de ustedes sobre la creación de esta
comisión, algunos de los cuales dicen: ¿qué sentido tiene un ente
especial para manejarse con independencia de la Administración, qué va a
hacer? Lo que va a hacer es administrar funciones, poderes propios de la
Administración y del Gobierno, del Ejecutivo. Son los poderes o parte de
los poderes que la Constitución concede al Ejecutivo. Se supone que el
Gobierno debe de cumplir sus funciones con honestidad, por supuesto, y
con neutralidad de criterio, al menos neutralidad respecto a intereses de
los grupos parlamentarios, de los partidos políticos. De forma que ¿qué
significación puede tener la creación de entes de este estilo?
Finalmente, parece que dos son las razones que los juristas teóricos
encuentran para justificar la creación de entes en España y para que
estén así situados en nuestra tradición jurídica, como ustedes han
querido situarlos. Una de ellas es la agilidad de la gestión respecto a
la Administración. Una segunda, y a pesar de todas las cosas, la duda
sobre si los gobiernos no destiñen, no acaban, en cierta forma,
simpatizando con una determinada posición política frente a otra, y si no
sería conveniente que se autodisciplinara y que parte de sus funciones
las confiara, las depositara en un órgano en el cual puedan estar
resueltas con esa independencia de criterio. Las dos explicaciones me
parecen absolutamente pertinentes, me parecen buenas, y yo agregaría una
tercera que, en cierta forma, responde a inquietudes del portavoz de
Convergència i Unió, que es: a pesar de esa presunción obligada
--obligada en cuanto al cumplimiento de neutralidad del Gobierno con
respecto a todos los que en el país vivimos y a nuestros intereses--, no
cabe duda de que el Gobierno sí tiene que ser partidario de los
españoles, de los operadores españoles y de todo lo español. Y es cierto
que en este ejercicio de disciplina y compromiso que el Gobierno
establece con otros países también acaba teniendo que demostrar que su
parcialidad española se va a ejercer con honestidad depositando estas
funciones básicas --para que el buen comercio entre los países europeos y
los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio adquieran la fe que
tienen que adquirir-- en un órgano de menor rango, con menos voluntad
--la voluntad reside aquí--, con menos discrecionalidad, sujeto a las
leyes y obligado a ejercer unas funciones con completa independencia y
neutralidad de criterios. Es el
tercero de los ingredientes que justifica, a mi juicio y en mi
entendimiento, la creación de esta comisión. Pero esto es una cosa, y
otra cosa es que la comisión que tiene que administrar esos criterios
independientes no es independiente. La comisión vive, se desarrolla,
adquiere esos poderes y los tiene que ejercitar de acuerdo con las leyes,
y las leyes nos las marcan ustedes. Nosotros no tenemos nada que decir
sobre esas leyes. Cuando nos pregunten, diremos qué es lo que los
anteproyectos de ley pueden representar o creemos que pueden representar
de cara a su impacto en el mercado, que es lo que nosotros tenemos que
cuidar. Pero no somos fabricantes de leyes, no es ésa nuestra misión,
somos cumplidores de leyes. En consecuencia, nosotros nos reconocemos,
nos reclamamos en el sitio en que nos han puesto, y lo aceptamos. No
hemos hecho nada por cambiar esa situación, y no nos parece mala. Pero,
desde luego, somos una parte de la Administración y estamos adscritos a
un Ministro, y tenemos que cumplir las leyes que ustedes han dicho que
tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir las leyes del procedimiento
administrativo y tenemos que cumplir los trámites para que nuestro
presupuesto y nuestras plantillas sean aprobados, porque ustedes así lo
han querido. En ese aspecto, no somos más independientes de lo que puede
serlo otra pieza de la Administración; privilegiada, sí, pero responsable
también.
¿Que la comisión ha tenido muy buenos padrinos? No sabe cuánto lo
celebro, y lo reconozco, para empezar. Yo estoy verdaderamente encantado
de haber podido ver cómo nació esta comisión y cuál ha sido su aliento
inicial, que me parecía suficiente; desde luego, bastante para hacer de
ello mi propio y personal proyecto profesional, sin ninguna duda. Sin
embargo, también he visto cómo esos padrinos que hemos tenido aquí han
venido a ampliar esas competencias y han hecho de la comisión uno de los
organismos más completos en cuanto a competencias de los que yo conozco;
probablemente, de los más completos. Hemos tenido muy buenos padrinos,
sin ninguna duda. Lo reconozco, lo agradezco y, desde luego, es un
compromiso para mí, sin duda, y para mis compañeros también, el responder
a ese esfuerzo que han hecho ustedes.
¿Que la independencia de la comisión está vinculada al automatismo de los
recursos financieros? Es una de las primeras observaciones que yo escuché
a los compañeros de FCC o de Optel, es decir, de los reguladores que más
tradición tienen. FCC es un órgano que depende del Congreso de los
Estados Unidos y que nació en el año 1934. Ya ha pasado un poquito de
tiempo; ha tenido mucha historia detrás, muchísimos éxitos, algunos
fracasos y su presupuesto lo aprueba, naturalmente, aquel organismo del
que depende, que es el Congreso de los Estados Unidos. No es
independiente. Optel tiene una mecánica de financiación absolutamente
análoga a la que ustedes han predispuesto para nosotros. Lo único que le
ocurre a Optel es que funciona con un régimen administrativo diferente
del español. El sistema legal inglés no es igual que el nuestro, no tiene
la misma tradición, no tiene los mismos fundamentos básicos de Derecho y
su manera de resolver las cosas es distinta. ¿Mejor o peor? No lo sé, es
la que corresponde a aquella cultura jurídica. El nuestro es el que
corresponde a la nuestra. Tendremos ventajas, tendremos inconvenientes,
pero ése es nuestro sistema; no es un sistema en el que podamos importar
una cultura jurídica ajena. Efectivamente, las mecánicas de financiación
están perfectamente regladas para todos. Nadie puede hacer lo que quiera,
aumentando arbitrariamente tasas, ni aquí ni en Estados Unidos ni en
Inglaterra. En ningún sitio. Nos tendremos que acomodar a lo que nos
pidan.
¿Que cuando se aprobó el organigrama inicial ya se conocía que iba a
aumentar el escenario de competencias de la comisión? Cierto. Eso es
cierto. Pero eso no impide que aceptemos el esfuerzo, que yo quiero
apreciar también, que está haciendo la gente en la Administración, a
despecho de que pueda resultar más antipático, más incómodo, para quienes
sentimos ese esfuerzo por acentuar los controles, la seriedad en el
cumplimiento de las obligaciones, por no saltarse ninguno de los
requisitos legales que suponen el mantenimiento de esos controles en la
gestión administrativa. No podemos hacer otra cosa. Y ese esfuerzo supone
que, a la hora de presentar necesidades de financiación, necesidades de
plantilla y de organización, la referencia no sean los propósitos; la
referencia tiene que ser, y lo tenemos que aceptar así, sus voluntades, y
las voluntades de este Congreso están en las leyes. No están todavía en
el proyecto de ley, están en las leyes, de manera que nos serán
antipáticos quienes se enfrentan a nosotros y no quieren reconocer nada
más que lo que las leyes dicen en ese momento. No serán antipáticos, pero
es nuestro propósito también cumplir estrictamente con eso. Esto no
quiere decir que allí donde nosotros hemos podido ejercer nuestro propio
criterio, sin convencer a otros que van tomándonos medida, no lo hayamos
incorporado. Naturalmente. Prueba de ello es que las direcciones que
aparecen en el reglamento de régimen interior ya componen la cobertura de
esas funciones nuevas que tenemos establecidas, pero porque ése es
nuestro privilegio, el de definir esa organización; ése es nuestro
privilegio y ahí está establecido. Que la ley no esté promulgada, no esté
publicada, no es un argumento suficiente para conseguir que los órganos
de control de la Administración admitan que tenemos que gastarnos dinero
en cosas que todavía no tenemos reconocidas. No me gusta o puede que no
me guste, pero yo tengo la obligación de cumplir las leyes y someterme a
estos trámites, y lo hago; es parte de las reglas del juego.
En cuanto a recursos financieros propios, en efecto, cuando se hizo la
formulación del presupuesto de la comisión para 1997 a nadie en la
Administración se le ocultaba que había que crear una mecánica de
financiación, que no estaba creada, y que eso llevaría tiempo. Lo que se
ha previsto, y está funcionando perfectamente bien hasta este momento, es
hacer ese anticipó que nosotros tenemos ahora. Es un anticipo de 605
millones de pesetas, que ya está librado, con el que tenemos bastante
cobertura presupuestaria en estos momentos para confiar en que la
mecánica regular de financiación de esta comisión esté habilitada. Como
ustedes saben mejor que yo, eso supone el crear la obligación de
contribuir a la financiación de la comisión y el crear las mecánicas, lo
impresos, todo lo que legitima ese proceso de exacción que después
nosotros tenemos
que producir; hay que hacerlo, y se hará. Pensamos que con este anticipo
tenemos suficiente cobertura para que la otra fuente de financiación
regular tenga el rodaje a tiempo. ¿A cuánto tiempo tenemos que devolver
este anticipo? Esta es una de las preguntas y una de las dificultades
surgidas últimamente, probablemente derivadas de ese acento en la pureza
de los procedimientos que se vive, en estos momentos, en la
Administración. Estaba ya pactada la transferencia de ese dinero cuando
la Intervención Delegada, en el ejercicio de sus atribuciones soberanas,
decidió que no estaba definido el plazo y las condiciones en los que
teníamos que devolver ese préstamo a la Administración, al Ministerio de
Fomento. Y se opuso, y pidió que formalizáramos un acuerdo para
definirlo, y tuvimos que formalizar un acuerdo y lo formalizamos. Cuatro
años es lo que hemos acordado --que no pensamos agotar-- de plazo para
devolver ese préstamo. No creo que tengamos que agotarlo, pero tuvimos
que hacer esa formalización del compromiso de devolución.
En cuanto al personal, la plantilla que nosotros tenemos aprobada
asciende a una cifra total --sin ninguna duda, también con los propios
miembros del consejo-- cercana a las 100 personas para este año 1997.
¿Qué criterios vamos a seguir para su contratación? Los que nos han
aprobado y los que nosotros vamos a poner en rodaje son los siguientes:
seleccionaremos directamente a aquellas personas que procedan de la
Administración, sin necesidad de más trámites; aquellas otras que no
procedan de la Administración, o sean objeto de la oferta de empleo
público, tendrán que ser seleccionadas según los criterios de mérito y
capacidad, es decir, mediante concurrencia pública, y así lo haremos. Es
decir, que lo que tendremos que hacer es publicar convocatorias para las
personas que procedan de fuera de la Administración e iniciar procesos de
selección. Como tenemos todos los puestos definidos, todas las
retribuciones de cada uno de esos puestos definidas, eso no representa
mayores problemas. ¿A qué ritmo proceder? Pues es muy sencilla la
contestación. Lo mismo que estamos forjando esa personalidad del órgano
supremo de la comisión, que es su consejo, queremos también tener una
personalidad de los servicios de la comisión propia. No queremos la
personalidad de la Administración tal cual. No queremos la personalidad
de ningún operador de telecomunicaciones tal cual. No queremos eso. Pero
ésta es una comisión que recibe funciones que ya eran de la
Administración y que opera sobre negocios que ya están en marcha. Es una
comisión que tiene que partir de gentes con experiencia, sin perjuicio de
que otras tomen el relevo en su momento y se hagan cargo del
mantenimiento de esta comisión para un futuro; esto es así. En resumen,
lo que nos proponemos hacer es una incorporación progresiva, medida y
ponderada de personas que tengan procedencias diversas. No queremos que
se asiente con ventaja ninguna cultura organizativa que nos perturbe en
lo que pueda ser la consolidación de nuestra personalidad, de manera que
la incorporación se irá produciendo de la Administración y de fuera de la
Administración, intentando que, en cada momento, la mezcla sea
suficientemente ponderada para que no exista dominio, ni siquiera
temporal, y se imponga una cultura ajena a la que espontáneamente seamos
nosotros capaces de generar.
Ha surgido en varios puntos una de estas muestras de información
pasmosamente detallada, como es la que se refiere a la diferencia entre
el reglamente de régimen interior aprobado por el Ministerio y lo
recomendada o lo propuesto por el consejo. Efectivamente, hay algunas
diferencias. Yo, en estos momentos, no sabría concretarlas todas, pero a
mi juicio no son demasiadas. Algunas tienen que ver --y han sido, como
tales, bien advertidas por los miembros del consejo-- con el reparto de
funciones, de atribuciones entre el consejo y los órganos de la comisión.
Los órganos de la comisión son presidente y secretario. Hay otros órganos
creados para la comisión, cuales son los comités especializados, como lo
será el comité consultivo, en su momento. Es consejo tiene atribuidas por
la ley unas funciones propias de la comisión. El reglamento de la
comisión --no el reglamento de régimen interior--, por el real decreto
que lo ha formulado, atribuye al Secretario la jefatura directa de los
servicios. ¿Qué se ha querido crear con esto? Muy sencillo: los
consejeros son, por definición, por elección, personas competentes en
este negocio, perfectamente competentes. Los servicios que vienen a
continuación son los que tienen que garantizar una información veraz, un
mantenimiento ordenado de archivos, registros y demás cosas y, sobre
todo, un aspecto fundamental, que es la pureza, diríamos que la
invulnerabilidad formal de las resoluciones y actos de la comisión. Si
algo padece en la comisión riesgo de ser violentado son todos los
aspectos formales, legales. Yo creo que el criterio de los miembros de la
comisión garantiza de la mejor forma que se pueda garantizar que el
ejercicio de ese criterio será bueno, tan bueno como pueda ser el de
cualquier otro. Pero, a cambio, la pureza procedimental, formal, jurídica
de estos procedimientos, no es opinable, ésa hay que garantizarla. Y para
garantizarla hay que ponerla en manos de unos servicios absolutamente
competentes desde esta perspectiva. De no ser así --yo no me hago
ilusiones-- muchas de las resoluciones que nosotros adoptemos será
imposible, en caso de conflicto, que satisfagan a las dos partes.
Satisfarán, probablemente, a la equidad, pero difícilmente a cada una de
las partes en conflicto; no hubieran llegado a conflicto de ser así. En
consecuencia, la debilidad de esas resoluciones confío que no estará
nunca en los criterios que empleemos en el consejo. Pero debemos
asegurarla también en los aspectos formales, y eso supone mantener una
profesionalización en los servicios y en el tratamiento jurídico de todas
esas resoluciones y la preparación impecable de esos expedientes. De ahí
que en esta comisión, singular en muchos aspectos con respecto a las
demás, el secretario adquiera un relieve, como órgano de la comisión,
especial. Ustedes lo quisieron así, y yo creo que es una buena previsión,
muy acorde con ese carácter colegiado del consejo. Ese carácter colegiado
del consejo se ejerce en las funciones de esta comisión, pero no en la
gestión, de la comisión. Es inapropiado decir --es una opinión personal,
insisto, no necesariamente compartida aún por todos-- que una comisión
con siete príncipes, con siete gestores es inadecuada, pero eso es algo
también opinable.
¿Cuáles han podido ser algunos de los rasgos en los cuales han encontrado
ustedes razones para la disparidad? Cosas como facilidad para los
consejeros para tener acceso a información de los servicios. Eso es una
pura razón de orden, nada mas. En estos momentos, no pasa nada. Siete
consejeros pueden preguntar a tres directores, que conviven perfectamente
en cualquier orden y concierto, que serán atendidos. Pero más difícil
será que, cuando estemos establecidos permanentemente, sobre el director
en el que en ese momento recaiga una especial responsabilidad o urgencia
sobre cualquiera de los expedientes recaigan curiosidades no orquestadas,
no organizadas, no bien articuladas, no bien coordinadas, de los siete
consejeros, nueve consejeros. De manera que una mínima prudencia
organizativa sí parece aconsejar que esa información la pidan simplemente
a través del jefe de esos servicios. Parece una cuestión absoluta de
orden, no parece que hubiera que sacarle más punta pero, naturalmente, a
todo se le puede sacar punta, todo es opinable sin ninguna duda, y yo me
sujeto a la opinión de los demás, que respeto por lo menos tanto como
respeto la mía, como es natural y lógico.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Vázquez Quintana, por favor, vaya
acabando, porque tenemos otro compareciente, y aunque nos demoremos un
poco, no es conveniente que la demora sea muy larga.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (Vázquez Quintana): Intentaré terminar. A ver si
consigo agrupar algunas de las preguntas.
Las tarifas de interconexión es un tema puntual también muy bien
informado. Evidentemente, ustedes tienen piezas de información
francamente buenas, de lo que me congratulo. Quizá lo que pasa es que son
informaciones fragmentarias, son piezas de un rompecabezas que constituye
un escenario, muy buenas piezas, sin ninguna duda, pero nos faltan otras,
y eso quizá es una de las carencias de las que, en estos momentos, yo
pudiera dolerme aquí. Probablemente, parte de la culpa sea mía. En torno
a tarifas de interconexión, a todos hemos informado de las mismas, pero
si yo tuviera que expresar mi punto de vista, y lo hago a título personal
--porque no siempre puedo hablar por todos los miembros de la comisión,
no tenemos construida esa personalidad hasta ese punto, y me tengo que
remitir, cuando hablo por la comisión, a las resoluciones formales que
aprobamos, no a mis interpretaciones--, la Comisión no puede dictaminar
en materia de tarifas de interconexión, en estos momentos, con un
criterio válido. ¿Por qué? Porque nuestro criterio, el que tenemos que
administrar, es el criterio apropiado para una situación de competencia
libre. Es para lo que hemos nacido, es lo que tenemos que hacer, es lo
que tenemos que promover. Pero el Gobierno ha retenido la apertura del
mercado de telecomunicaciones en telefonía básica hasta el 1 de diciembre
de 1998. Supongo que no lo ha hecho por capricho. Lo habrá hecho porque
todavía no encuentra que esté el mercado español en condiciones
apropiadas para abrirse plenamente a los criterios de competencia libre.
Supongo que eso lo hace porque tiene que intervenir con su política en la
regulación de la evolución de ese mercado, y eso supone, sin ninguna
duda, utilizar criterios de política nacional, y esos criterios nosotros
no los vamos a utilizar, no es nuestra función. Si nos hubieran concedido
ésa como atribución, tendríamos que propiciar la implantación de unas
tarifas que fueran apropiadas para un mercado en competencia plena, y eso
no hubiera construido ese mercado, no hubiera abierto ese mercado,
hubiera quebrado la previsión del Gobierno de mantener esa tutela en la
evolución de ese mercado hasta el 1 de diciembre de 1998.
Naturalmente, le tenemos que decir al Gobierno --es nuestra
responsabilidad-- que esas tarifas serían mejores si el mercado estuviera
abierto, pero ya sabemos que eso no sería lo apropiado, en estos
momentos, para la situación presente. No puede serlo. Eso no impide que
nosotros tengamos la obligación de señalar cómo se favorecería mejor ese
mercado abierto. No le decimos --no es nuestra función-- cómo impacta eso
sobre la reestructuración de tarifas, que sería obligada, sobre la que
nosotros no tenemos, en estos momentos, competencia alguna, y que es un
paso previo al acabar de preparar ese mercado. De manera que sí, nosotros
realizamos informes y, en algunas ocasiones como en ésta, no esperamos
más que iluminar al responsable desde nuestra propia perspectiva, la que
nosotros tenemos: cómo se mejora el mercado libre. Pero es su privilegio,
es su responsabilidad hacer de eso el mejor uso que pueda, aunque no
esperamos que siga al pie de la letra nuestros dictados en este tema, en
absoluto, no lo hemos pretendido.
Del acuerdo de Telefónica BT-MCI efectivamente yo he leído algunas
noticias también muy curiosas, de las que veo que ustedes hacen caso, no
recuerdo muy bien en qué términos pero era en unos términos muy
llamativos que, en cierta forma, también invocan esta especie de
personalidad apagada, de bajo perfil informativo que mantenemos en la
comisión y nos excita a que salga de esa especie de perfil bajo. Poca
respuesta por el momento y sin satisfacción plena por parte suya. Pero
éste, por ejemplo, es un caso en el que las noticias, yo he leído alguna
que dice, no recuerdo muy bien --perdónenme ustedes si mi memoria en este
momento no es capaz de precisar los términos de los periódicos--, algo
así como: Consejeros, discordes, rebeldes, no van a una reunión de
Telefónica. Lo leo y no me reconozco. Ni me reconozco yo ni reconozco a
los miembros de la comisión en ese retrato. Y sin embargo, hay una pieza
de ese rompecabezas que compone esa situación que está bien informada,
pero yo no sé qué rebeldía pueden tener unos consejeros contra sí mismos.
Insisto en que nadie es más que nadie en ese consejo. De manera que no
sabrían contra qué rebelarse, ¿contra ellos mismos? ¿Cómo ha llegado a
reflejarse de esa forma en los periódicos? Probablemente porque el
esquema mental, el modelo sobre el que se construye la comisión es poco
apropiado a lo que nosotros estamos intentando construir, porque es
cierto que ésta es una comisión singularmente colegiada. No son así las
comisiones de otros países. Cuando el señor de Optel emite informes,
consultas abiertas, cosas de ese estilo, utiliza un «yo» verdaderamente
espectacular: Yo he decidido.
Yo. Yo. Está lleno de «yoes». Yo no sabría hacer eso. No tengo yo ese
lugar, no tengo esas atribuciones, ni yo ni ninguno de los otros siete,
ni yo ni ninguno de los otros nueve. Eso no existe aquí. Naturalmente que
es mucho más fácil. Yo sabría hacerlo, y cualquiera de los otros
consejeros sabría hacerlo, seguro. Pero nos perderíamos esa ocasión única
con la que ustedes han querido crear esta comisión, que es no meterla en
la mediocridad, con la mitad de cada uno de nosotros, no, sino sacar de
cada uno de nosotros lo mejor que podemos tener. Y eso sí será mejor que
cualquiera de nosotros, pero eso no nos lo han dado hecho, nos han dado
la ocasión de hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Y no es que tengamos
mucho tiempo, que era una de las preocupaciones que tenía el señor
Recoder, no. No tenemos mucho tiempo, tenemos muy poco tiempo. Lo que sí
digo es que construir esa personalidad colectiva nos va a llevar dos
años. No quiero decir nada más. Yo creo que eso nos va llevar dos años, y
dos años de discusiones muy abiertas. En menos tiempo no conseguiremos lo
que a mí me parece la enorme riqueza y potencialidad de esta Comisión.
Tenemos una comisión en tránsito hacia esa capacidad. ¿Tan buena como las
que por ahí existen? Pues sí. Pero quisiéramos hacerla mejor. Yo
simplemente, haciendo un pronóstico, y ojalá me equivocara sobre esos
plazos en sentido desfavorable y la cosa fuera antes, me atrevo a
pronosticar que antes de dos años será difícil, porque es una aventura
verdaderamente complicada y que se corresponde con la ambición para la
que ustedes nos han creado y nos han puesto aquí.
Seguramente por falta de tiempo estaré orillando algunas de las
inquietudes que tienen, contestando en unos términos más genéricos de lo
que quizá merecía la ocasión, pero más ocasiones tendrán. Yo dependo de
ustedes, de forma que, cuando quieran, estaré aquí a su disposición para
darles cuenta de lo que ustedes quieran preguntarme.
Pero intentando resumir en cuatro ideas y formulaciones, dando respuesta
a sus inquietudes, yo sigo pensando que tengo que decirles que vamos bien
en esta comisión, que la experiencia que dos comisiones avala nuestra
nuestra propia experiencia, a despecho de que hemos nacido en un momento
en que el rigor administrativo se ha acentuado con relación al que
vivieron otras comisiones. Eso, ¿en qué se ha traducido? En que hemos
hecho un esfuerzo enorme. Pero los resultados no han sido peores. Estamos
yendo al mismo ritmo que fueron otras comisiones. Quiero acentuar que
este consejo ha nacido con un carácter colegiado, se ha querido ese
carácter colegiado, y eso es lo más notable de esta comisión, y ése es el
empeño en el que yo creo que vamos a tener que trabajar todos. Vamos a
tener muchos disgustos, amarguras, calificaciones y descalificaciones
internas, pero quédese eso en material para cimentar nuestra propia
personalidad colegiada.
Somos parte de la Administración, así nos quisieron ustedes, y
administramos funciones y poderes de la Administración; nos han pedido
que ejerzamos esto con independencia de criterio, y es lo que vamos a
hacer. Somos firmes partidarios del desarrollo de la oferta de servicios,
de eso somos partidarios; no somos adversarios ni enemigos de nadie y,
desde luego, de ningún agente del mercado, ni de uno sólo. Naturalmente,
es posible que nos vean como tales, y desde ya, aceptamos ese ingrato
papel que supone el tener que mediar. ¡Qué vamos a hacerle! Igual les
ocurre a los árbitros. No vamos a poner más límites a los operadores que
los límites que recojan las leyes, o que resulten de la resolución de
conflictos. Nuestro papel es promover, nuestro papel no es limitar más
allá de aquello a lo que estamos obligados.
Y por último, un rasgo que hemos llevado hasta este momento, que siempre
ha estado sujeto a revisión, porque es algo absolutamente coyuntural y
transitorio, es que no vamos a destacarnos, y mucho menos frente a nadie.
Nosotros no queremos destacarnos enfrentándonos ni con el Parlamento ni
con las Cortes ni con el Gobierno ni con la Administración ni con los
operadores. Quisiéramos destacarnos por nuestro trabajo, pero no frente a
nadie. Y eso es lo que puedo comentar, lo que me sugieren las
intervenciones y preguntas, en este tiempo apresurado, muy densas las
preguntas. Seguramente hubieran merecido mucho más tiempo y una
capacidad, por mi parte, de síntesis, que me ha encantado poder
brindarles. Pero en todo caso, desde luego, les expreso mi gratitud por
lo que han hecho por nosotros, mi disposición plena y la de mis
compañeros, buenos, malos..., lo que a ustedes les parezca..., pero son
mis compañeros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez Quintana. Aquí
tendría que acabar la Comisión, pero veo que algunos portavoces se están
planteando reiterar alguna aclaración o alguna pregunta que haya quedado
sin contestar. Sí les voy a pedir que sean breves, a poder ser, en sus
intervenciones, con la finalidad de acabar cuanto antes esta
comparecencia y dar paso a la siguiente:
Señor García-Arreciado, tiene la palabra por tres minutos como máximo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente. Yo
necesitaría un cuarto de hora para reponerme, para volver a la realidad.
Esto es una comparecencia, señor Vázquez Quintana; usted manifiesta un
tremendo respeto por un partido que tiene 9.425.000 votos, según usted ha
dicho --la verdad es que se me habían olvidado cuántos eran, mas ahí está
la cifra--, pero la realidad es que un grupo parlamentario que le plantea
21 preguntas concretas, no obtiene ninguna respuesta, ninguna.
Decía el señor Recoder que él no es virgen en estas cosas; yo tampoco, y
comprendo que algunas de las preguntas pueden requerir una cierta
meditación en las respuestas. Yo le voy a facilitar al señor Presidente
de la Comisión la lista de las 21 preguntas, con el ruego de que en el
plazo razonable de una semana usted me conteste; si no, tendríamos que
vernos en la desgraciada obligación de volver a solicitar su
comparecencia, pero ya no como comparecencia, sino para responder a 21
preguntas concretas. Entiendo que al hacer una batería de preguntas más o
menos complicadas en sus respuestas, requieren una meditación que usted
no ha tenido el tiempo de hacer aquí hoy; lo entiendo
perfectamente, y me daré por plenamente satisfecho, como le digo, si en 8
ó 10 días obtengo respuesta a mis preguntas.
Se extrañaba usted de la minuciosidad del conocimiento de algunos hechos
--otros portavoces lo han llamado perjuicios históricos del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista--, pero están recogidos en las páginas
económicas de la prensa. Como bien se ha dicho aquí, hace bastante tiempo
que todos los grandes diarios tienen, al menos, dos páginas, incluso tres
diarias, dedicadas a comunicación. Y en esa prensa han salido las
dificultades del reglamento, las dudas sobre el informe de la orden
ministerial, los problemas que hay a raíz de la decisión de no
inscripción de determinados agentes en el registro de la comisión,
etcétera.
Yo reitero --como lo ha hecho el señor Recoder, yo lo hice con palabras
quizá menos afortunadas o menos claras que él-- mi clara confianza en la
comisión, y mi convencimiento absoluto de que las resistencias que, a
nuestro criterio, existen, no las sitúo fundamentalmente en el seno de la
comisión. La comisión tiene toda mi confianza; el ministro no,
obviamente. Entonces es en el área del ministerio donde estoy situando la
mayoría de los problemas que le he planteado. Cuando nosotros hablamos de
independencia, no hablamos de la soberanía plena de un ente público que
navega por los Presupuestos Generales del Estado, ajeno a la realidad
política y económica que lo define y que lo justifica. No. Hablamos de
algo que usted ha citado con una claridad meridiana. Esa independencia
está regulada legalmente, y lo único que hemos preguntado aquí hoy es si
se ha cumplido la legalidad vigente. Si se ha cumplido o no, que a usted
le han modificado el reglamento, y en qué se lo han modificado. Porque es
que la ley dice taxativamente que el reglamento es competencia exclusiva,
sin distingos ni excepciones, del pleno de la comisión. Luego le estoy
planteando el cumplimiento o incumplimiento por el Gobierno, no por la
comisión. Ustedes hicieron su trabajo y sacaron un texto por conformidad,
que es como debe de ser. Cuando yo le pregunto por la orden ministerial,
y si ustedes han informado una o la que salió en el «BOE», se lo digo
porque tenemos severas dudas de que las tarifas urbanas telefónicas
fuesen incluidas en el proyecto de orden ministerial que ustedes
informaron. Es más, sostenemos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad,
lo contrario: que ése fue un añadido de última hora de Telefónica.
Tenemos severas dudas, amparadas en informes de prensa, en cuanto a que
las tarifas de interconexión finalmente aprobadas eran distintas de las
que ustedes informaron, teniendo como tenían ustedes la competencia de
informar las tarifas de interconexión. Y esa competencia me preocupa,
señor Vázquez Quintana. Ahora hay ya una ley que lo regula, pero, en su
momento, no era declinable por su parte. Me preocupa oírle decir que
ustedes están creados para un marco de competencia, porque debiera decir
eso la ley, y no dice absolutamente nada. La ley les crea a ustedes y no
dice que sea para cuando haya libre competencia, ni el 1 de enero de 1998
ni el 14 de abril de 1997. La ley crea la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y le da unas competencias en tarifas de interconexión.
Pero no solamente eso. El Gobierno fue lo suficientemente hábil para
paralizar en el «Boletín Oficial del Estado» la ley que le daba esa
competencia a la comisión hasta después de aprobar la Orden ministerial
del 18 de marzo. Pero se le olvidó una cosa, que esa competencia no
solamente está en el artículo 1 de la ley que habla de las competencias
del mercado, sino que tan firme era la decisión del Gobierno de que las
tarifas de interconexión fueran competencia de la comisión que en el
artículo 2 de la ley modificó la LOT, introdujo una disposición adicional
undécima en la que les da a ustedes la competencia en tarifas de
interconexión. Y eso está en vigor desde el día que la ley se publicó en
el «Boletín Oficial del Estado». Lo otro no. Lo otro no estuvo en vigor
hasta que se introdujo la enmienda correspondiente, luego tenemos severas
dudas de la legalidad de la promulgación de una orden ministerial.
Me asusta que usted --en nombre de la comisión, se entiende, porque en su
nombre comparece ante esta comisión, no a título personal-- diga, como he
leído en la prensa también --no tengo ninguna información que no sea
contrastable en la prensa--, que le parece bien que esas competencias no
las ejerza la comisión, sino el ministerio, porque se trata de decisiones
políticas. Es que ahí voy, señor Vázquez Quintana. Es que usted lo que
está diciendo es que la orden ministerial de tarifas de interconexión fue
una decisión política, tomada por un ministerio que, en ese momento,
estaba vendiendo dos operadores públicos: Telefónica y Retevisión, y como
mete unas tarifas de interconexión que dejan insatisfecha a Telefónica,
tiene que blindar su cuenta de resultados metiendo en el artículo
siguiente una modificación de las tarifas telefónicas urbanas que
compense a Telefónica del supuesto daño infringido. Orden ministerial
que, sorprendentemente, para un país de 500.000 kilómetros cuadrados
establece 52 puntos de interconexión en todo el territorio nacional. ¿No
le parecen pocos, señor Vázquez Quintana?
Todas ésas son cuestiones que definen una responsabilidad jurídica que no
está en la comisión, pero quiero que usted me lo diga, y me lo va a tener
que decir. Es la pretensión de este grupo al hacerle comparecer a usted.
Quiero saber dónde están residenciados esos incumplimientos de la ley,
porque estoy hablando de que la relación del ministerio con la comisión
debe ser la establecida en la ley. Y cuando le hablo de por qué se
rechaza la inscripción de Canal Satélite Digital, se lo digo porque la
ley correspondiente reconoce como única causa de rechazo el
incumplimiento de las especificaciones técnicas. Y le pregunto, ¿qué
especificaciones técnicas? ¿El operador no utilizaba el algoritmo común
europeo, no utilizaba el RPEG 2, que son las dos únicas especificaciones
técnicas que constan en la ley? Yo le estoy haciendo esa pregunta
precisamente para verificar el cumplimiento de la ley y, en su caso,
establecer en qué áreas de la Administración, en sentido extenso, están
los incumplimientos. Insisto en que podemos estar equivocados,
seguramente lo estaremos en algunas de las cosas que decimos, pero
queremos, al menos, que se nos explique para poder aprender de nuestros
propios errores.
Por lo tanto, señor Presidente, muchísimas gracias por su comparecencia,
por el tono de respeto utilizado. Le reitero, como el resto de los grupos
parlamentarios, la absoluta confianza de nuestro grupo en el modelo y en
el funcionamiento de la comisión, pero eso no nos hace mirar para otro
lado a la hora de apreciar determinados retrasos en la operatividad de
esa comisión o algunas disfunciones legales en algunas de las decisiones
que se atribuyen a la misma, y que, a nuestro criterio, no están en la
comisión. Con tal objeto, como digo, le presentaré al señor Presidente de
esta Comisión la lista de las 21 preguntas para que, en el plazo
razonable que le he indicado, puedan ser contestadas por usted. Le
reitero las gracias por su comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego haga llegar a
la Mesa las preguntas que ha planteado para que les sean tramitadas al
señor Presidente de la Comisión de las Telecomunicaciones.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, voy a intervenir con la
brevedad que me ha exigido, pero le aseguro que mi tentación sería
reabrir un debate en profundidad con el señor Vázquez Quintana que,
ciertamente, nos ha dicho muchas cosas. Ha hecho una intervención
interesante sobre el futuro de la CMT o sobre su visión de la CMT, y yo
diría que más que una intervención, ha sido una ponencia sobre un diseño
de la futura CMT. Pero de lo que yo quería que me informara --y valoro
mucho su información-- poco me ha dicho, porque todas mis respuestas o
casi todas quedan en el aire para mejor ocasión. Después de su brillante
intervención, señor Vázquez Quintana, no sé qué han hecho en relación al
acuerdo Telefónica-British Telecom, y le aseguro que a mí me interesa
muchísimo. Y le puedo pedir la opinión al Presidente de Telefónica y
puedo intentar que British Telecom nos los cuente, que estoy seguro que
lo harán, pero yo quería conocer la opinión de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, porque, según cómo, es un acuerdo que puede
afectar muy seriamente a las reglas de competencia, o quizá no; le
hubiera agradecido que nos hubiera disipado todas las dudas al respecto.
Me quedo sin saber el plan de trabajo que tienen para los próximos meses,
y el plan de trabajo, en cierta forma, resumía la explicación de todo el
futuro desarrollo que pueda tener la comisión a medio plazo. Y sobre todo
no nos ha dicho absolutamente nada sobre un tema de candente actualidad,
como es la denegación de la inscripción de Canal Satélite Digital. No
puede ser que esta comisión tenga que adoptar sus criterios o su opinión
en función de lo que vamos leyendo en las especialísimas páginas de los
medios de comunicación, porque son ustedes quienes han denegado la
inscripción. Y además, una denegación que, como he dicho antes, y no me
lo ha desmentido, tiene ciertos claroscuros, es decir, hay una opinión
del ponente que no es respetada por el resto de los miembros de la
comisión.
Yo le agradeceré, señor Vázquez Quintana, que para que este Diputado
pueda formarse su propia opinión, más allá de lo que dicen los recortes,
que nos mande la resolución denegatoria de la inscripción y los votos
particulares. Yo le aseguro que me los leeré. Bueno, quizás es secreta,
pero no creo que el Congreso de los Diputados pueda quedar ajeno a una
decisión de tanta importancia, por lo que formalmente se lo pido, no sé
si me lo podrá dar o no. Si usted me dice que no ya me dirigiré a quien
orgánicamente le toque para poder recibir dicha documentación. Porque de
dicha resolución se derivan muchas cuestiones; entre otras, la opinión y
la confianza que este Diputado pueda tener sobre o en relación a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y la independencia con la
que adoptan las decisiones sus siete miembros. Por tanto, por favor, si
puede, mándemelo.
Señor Vázquez Quintana, reitero lo que le he dicho al iniciar esta
segunda exposición. Me hubiera gustado poder reiniciar un debate sobre
los temas que usted ha planteado, pero sé que no es el momento. Ya sé que
ustedes no dependen del Congreso de los Diputados, pero creo que es
importante que haya un diálogo permanente entre la comisión y el
congreso. Por tanto, yo le anuncio que nuestro Grupo Parlamentario, más o
menos en el mes de septiembre, volverá a pedir su comparecencia para
examinar cómo evoluciona el desarrollo de la comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Intervengo simplemente para rogarle al señor
Vázquez Quintana que las preguntas formuladas por Izquierda Unida y que
no han sido contestadas lo sean por escrito en el plazo que usted
considere oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Vázquez Quintana, tiene la palabra para
contestar a las preguntas que le han formulado los señores portavoces. Le
agradecería que las preguntas que le han formulado y que no han sido
contestadas adecuadamente las conteste por escrito a esta Comisión, para
hacerlas llegar a sus miembros.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (Vázquez Quintana): Estaré encantado de hacerlo así.
Yo creo que es una cuestión de tiempo. Hubiera debido disponer de una
hora y media más para poder contestar a estas 21 preguntas. Yo había
tomado nota sólo de 15, alguna se me ha perdido, consecuentemente,
hubiera estado en defecto en todo caso. Contestaremos a todas ellas en
una semana.
Quiero hacer un par de aclaraciones para que comprenda mejor nuestra
situación, en particular en lo que se refiere a las tarifas de
interconexión. Nosotros hemos sido invocados por el Ministerio para
informar sobre esta orden ministerial antes de que existiera la nueva
ley. En consecuencia, el marco legal en que nos hemos tenido que
desenvolver y evacuar nuestro informe no era el actual, era el anterior.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Se lo he explicado, el real decreto
modifica la LOT.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (Vázquez Quintana): Quizás he entendido mal su
pregunta. Si la he entendido mal, como estará formulada por escrito, la
responderemos en mejores términos.
Sobre el acuerdo de Telefónica-BT, eso es objeto de una ponencia. Como
tantos otros trabajos, se ha sorteado la ponencia, le ha tocado a uno de
los ponentes y ese ponente tiene ahora la iniciativa para preparar todos
los trabajos que hacen falta para informarnos bien y que la comisión
pueda adoptar alguna medida, si es que tiene que adoptarla, con respecto
a ese acuerdo. Es la mecánica absolutamente regular que seguimos, ni más
ni menos, en otros muchos casos. Estaba dentro de la lista de las que
había leído y quizá por eso se me ha olvidado insistir sobre ese punto.
Se le da un tratamiento absolutamente normal. ¿Qué ha ocurrido? Que antes
de poder entregar la ponencia a un ponente hemos tenido que averiguar en
qué consistían esos acuerdos, cómo afectan al mercado español, a ver si
hay algo relevante para el mercado español. Había que tener una mínima
información que no fuera estrictamente la de prensa para poder orientar
la ponencia. Nada más. Una vez que hemos tenido la mínima definición del
ámbito de esos acuerdos, hemos organizado el trabajo como todos los demás
trabajos, y es uno de los que tenemos; importante, sin ninguna duda, pero
está en su curso completamente normal.
En el programa de actividades destaca, por supuesto, la creación de la
comisión, y destaca, sobre todo, ponernos por delante de los
acontecimientos. Hay dos tipos de escenarios sobre los que tenemos que
trabajar: uno de ellos son las condiciones de interconexión cuando el
mercado se abra totalmente. Basta simplemente ver cuál es el catálogo de
oferta de interconexión de BT en un mercado que llevaba hace años
funcionando para darse cuenta de la ingente cantidad de trabajo de
definición que hay que hacer para abrir a la interconexión la red
establecida y que los demás puedan utilizarla. Es enorme ese trabajo. Son
dos volúmenes de este calibre los que hay establecidos, y hay que señalar
los contratos-tipo para cada tipo de interconexión que cada operador
quiere establecer y los precios-tipo. Eso hay que hacerlo. No basta
simplemente con decir: Interconéctense. Hay que acabar obteniendo del
operador principal esa oferta comercial. Ese es un trabajo enorme para
los servicios de la comisión que va a rellenar --y es fundamental,
además-- una de las actividades importantes establecidas. El adquirir un
dominio mínimo de lo que es el mercado del audiovisual es otro de los
temas, es una de las actividades en las que la herencia directa de
funciones que lleva la Administración no es fácil, ya que las
competencias de las comunidades autónomas son importantes. Ahí nos hace
falta crear también, antes de que los problemas se planteen, todo un
cuerpo de doctrina y un saber hacer, en definitiva. Y en los servicios
interactivos, como Internet y similares, pasa algo parecido. No hay
cuerpo de doctrina, y surgirán los problemas. Nos gustaría tener
preparado nuestro programa de trabajo, de forma que podamos construir, si
no nos vienen impuestos por solicitudes exteriores, nuestro saber hacer,
nuestro conocimiento, en torno a estos tres ejes principales en este año.
Sobre el acuerdo de Canal Satélite Digital, la ponencia, en efecto, está
muy bien estudiada, es muy completa, y había una propuesta de resolución
basada en una de las muchas interpretaciones posibles de las leyes; una.
Y lo mismo que esa intepretación, había otras tan plausibles como ésa. La
ponencia, como siempre, supone la realización de un trabajo enorme por
parte de alguien del consejo que lo hace anticipadamente por los demás, y
cuando lo termina, lo brinda a los demás, para que los demás lo
aprovechen y no tengan que volver a recorrer ese camino. Y ése ha sido el
proceso. El ponente ha hecho un trabajo excelente, sin ninguna duda, que
le ha llevado tres meses. Presionarle le hemos presionado todos, quizá
inmisericordemente, pero nadie le ha puesto dificultad ninguna para que
realizara su trabajo. Hubiera sido difícil, y probablemente, hubiéramos
agradecido todos el haber dispuesto de más tiempo, pero no teníamos más
tiempo. Ese trabajo excelente ha servido de base para analizar una
multiplicidad
--no sólo una-- de opciones alternativas sobre la interpretación de
las leyes. La mayoría ha estimado una de ellas; otras se han quedado
fuera, y no sólo una, se han quedado unas cuantas. El ponente es alguien
que hace un trabajo para. El ponente brinda ese trabajo para todos, pero
no es ninguna persona destacada; el ponente no es una persona que
destaque con respecto a los otros seis. Tiene --como yo, como todos-- que
someterse a ese colegio colectivo brindando ese enorme trabajo que ha
hecho, pero sujetándose a lo que pueden ser opiniones y criterios de los
demás. Y no es extraño que el ponente o que cualquiera otro de los que
conformamos el colegio tengamos un criterio dispar. Está dentro de lo que
es completamente admisible.
Esta es una resolución cuya acta todavía no está aprobada y,
consecuentemente, yo me encuentro con dificultades como para hablar por
la comisión, que tiene que acabar de aprobar el acta. Sí tenemos la
resolución, sí se puede certificar la resolución, sí se ha comunicado la
resolución a las partes interesadas anticipándonos al acta, pero
sujetándonos a que en el acta pueda recogerse alguna pequeña variación.
Esa es la razón por la cual yo, por lo menos, no puedo hablar de eso en
nombre de la comisión hasta que la comisión no haya acabado de
pronunciarse definitivamente, cosa que quizás se produzca mañana. Nos
están pidiendo resultados de los que a lo mejor pueden disponer dentro de
dos días. En estos momentos, desdichadamente, tengo que hablar sólo a
título personal sobre este tema concreto y particular.
Es cierto que el señor Meyer había planteado unas cuantas cuestiones,
sobre todo en lo que se refiere al comité consultivo. Habrá visto usted
que no está dentro de los programas que yo tengo establecidos para este
año. Debo de reconocer que el comité consultivo todavía tiene una
personalidad un poco imprecisa como para que yo me pueda considerar en
estos momentos portavoz de la comisión. Dos son las posibilidades. Una de
ellas, ser un foro de representación de intereses: puede ser. Otra
opción, ser un
foro de representación de gente muy experta. Cualquier combinación de
ellas es posible, pero no está todavía cerrado el punto en el que esa
síntesis se establezca. Cuando se establezca la búsqueda de candidatos
para ese consejo procederé, pero siempre después de que ese carácter esté
establecido. Valga esto como justificación de por qué no he podido hablar
de ese consejo todavía.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez Quintana, por sus
explicaciones.
Vamos a suspender durante unos minutos la Comisión para que venga el
nuevo compareciente, que es don Joaquín Abril Martorell.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE NEGOCIACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LA LINEA FERREA
XATIVA (VALENCIA)-ALCOI (ALICANTE). (Número de expediente 181/000327.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar con la Comisión.
Tenemos con nosotros a don Joaquín Abril Martorell, Secretario de Estado
de Infraestructuras y Transportes, para contestar a las siguientes
preguntas. En primer lugar, a las formuladas por don Ricardo Peralta, la
primera de las cuales es sobre negociaciones para la continuidad de la
línea férrea Xativa-Alcoi.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Abril Martorell, por su
comparecencia. La última vez que compareció usted para contestar
preguntas de este Diputado no estaba en condiciones de contestar a
algunas de ellas. Usted manifestó entonces su interés por dar una
respuesta positiva en la próxima ocasión, y en esta primera que yo le
planteo ahora tengo que celebrar que, desde la fecha en la que se hizo la
pregunta hasta el día de hoy, el tema de esta línea ferroviaria,
Valencia-Xativa-Alcoi, esté resuelto en virtud de un convenio suscrito
--al menos, han informado así los medios de comunicación-- entre Renfe y
la Consellería de Obras Públicas de la Generalitat valenciana. Si es así,
y yo creo que es así, le pregunto exactamente cuál es el contenido de ese
acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra
don Joaquín Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Efectivamente, el tema ha avanzado, pero, según mis
informaciones, lo que se ha firmado hasta el presente entre Renfe y la
Generalitat es un protocolo de intenciones. Ese protocolo tiene que
alcanzar la fase de un acuerdo formal, pero el Gobierno no piensa que
esto vaya a presentar ningún problema; al revés, el Gobierno le ha hecho
presente tanto a Renfe como a la Generalitat que tenemos interés por esta
línea --que, entre paréntesis, no ha dejado de funcionar nunca--;
entendemos que es una línea que vertebra a la Comunidad Valenciana y, por
lo tanto, es del máximo interés. Lamentablemente, como sabe el señor
Diputado, la infraestructura no está en muy buenas condiciones. Uno de
los puntos del borrador de convenio que está pendiente de firmar consiste
en que Renfe reparará el deterioro que sufrió esta infraestructura por
unas inclemencias del tiempo hace unos años. Reparada esa
infraestructura, la línea --que no se ha interrumpido, como he dicho
antes-- volverá a tener los niveles de prestaciones anteriores. El tiempo
de viaje entre Játiva y Alcoi se restablecerá y, entretanto, seguirá por
el tenor presente.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Quizá los medios de comunicación, no conocedores
en profundidad de las peculiaridades del funcionamiento de la
Administración, sustituyeron los términos del protocolo al que ha hecho
usted referencia por el acuerdo, pero lo cierto es que el día 13 de marzo
los medios de comunicación valencianos hacían referencia a una
comparecencia del presidente de Renfe, don Miguel Corsini, y del
Conseller de Obras Públicas de la Generalitat valenciana, señor
Cartagena, para explicar los términos del convenio entre la Generalitat y
Renfe: este compromiso es válido hasta 1999; se detallaba el contenido,
etcétera. No sé si esto que me dice usted, señor Abril Martorell, es algo
distinto de lo que apareció en su día en los medios de comunicación, o si
es que no está usted en condiciones de informar sobre lo que ha suscrito
Renfe. Tengo una duda razonable de cuál es la situación. Sí me consta que
el Gobierno tiene interés en el tema y que considera la línea
estratégica. Me parece, desde luego, positivo, pero ese interés ha sido
manifestado desde hace mucho tiempo. Ya existió en su momento un convenio
anterior entre la Generalitat valenciana y Renfe que posibilitó el que
esta línea estuviera funcionando hasta un momento determinado. Con
posterioridad, tal y como usted ha indicado, ha continuado funcionando,
aunque no existiera el convenio que sustentara ese acuerdo.
Es verdad, como dice usted, que la infraestructura no está en buenas
condiciones. Quizá ésta es una de las razones que exige la actuación
urgente. Por tanto, me queda la duda razonable, señor Abril Martorell, de
qué es lo que hay realmente detrás. Si hay un protocolo de intenciones
tan detallado como el que recogían los medios de comunicación
--haciéndose eco de las manifestaciones del señor Corsini y del señor
Cartagena--, porque habría un tren diario Valencia-Alcoi; un tren de
circulación en viernes Valencia-Alcoi; dos trenes diarios Xativa-Alcoi;
un tren
de lunes a sábado Xativa-Alcoi; en dirección contraria, habría un tren de
lunes a sábado de Alcoi-Valencia; dos trenes de circulación el domingo
Alcoi-Valencia; un tren diario Alcoi-Xativa; un tren de lunes a sábado
Alcoi-Xativa; un tren diario, excepto sábados, Alcoi-Xativa. Inversión en
infraestructuras, 500 millones de pesetas, que corresponderían 300
millones a Renfe y 200 millones a la Generalitat valenciana. Aportación
anual de la Coput para cubrir la diferencia de coste, 195,8 millones de
pesetas anuales. Tiempo de viaje tras las obras, 60 minutos. Tipo de
trenes, automotores 592 y 593. Vigencia --tal como le indicaba
anteriormente--, hasta 1999. Además de la elaboración de un estudio para
ajustar el funcionamiento de la línea a los distintos municipios por los
que atraviesa y la posibilidad de que se incluyera en el
contrato-programa próximo de Renfe. Me cuesta trabajo pensar que esto
sea, pura y simplemente, un protocolo de intenciones, pero no descarto la
posibilidad de que sea un protocolo de intenciones. Recibiríamos con
agrado las valencianas y los valencianos que este protocolo de
intenciones, con este contenido o con algún contenido mejor, se haga
realidad cuanto antes, de tal manera que quede garantizado el presente
actual, el presente más inmediato y el futuro, a medio y a largo plazo,
de una línea ferroviaria que --y comparto, insisto, la opinión del
Gobierno-- es estratégica y es muy importante en la comunidad. Por tanto,
cualquier duda y cualquier incertidumbre sobre la misma sólo puede servir
para empeorar la situación. Estoy convencido de que no es ésa, ni mucho
menos, la voluntad de ninguno de los gobiernos ni de ninguna de las
fuerzas políticas, y estoy seguro de que la solución, si no existe al día
de hoy, será inmediata.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Tiene usted una duda que califica de razonable. La verdad es
que yo no sé por qué es razonable, porque le acabo de decir que existe un
protocolo de intenciones. Ese protocolo de intenciones no contiene los
detalles que usted ha señalado; esos detalles son el anticipo de la
figura del futuro convenio. Y digo que no sé si la duda es muy razonable
porque yo le aseguro que el Gobierno tiene interés en que se desarrolle
esta relación. Ha instado a las dos partes a que hagan un convenio, y no
tiene la menor duda de que se hará ese convenio. Lo que sucede es que, al
día de hoy, este convenio todavía no se ha perfeccionado, sin embargo,
sigue funcionando esta línea. Por otra parte, la diferencia con la
situación anterior es que aquí se va a hacer un convenio, de manera que
la línea va a seguir funcionando pero respaldada por un convenio. Además,
se van a hacer unas inversiones para restablecer una situación que hace
que se alargue notablemente el tiempo de viaje entre Játiva y Alcoi. No
tenga ninguna duda S. S. de que esto se va a hacer de este modo, y que,
por lo tanto, esto estará cubierto, estará ejecutado y tendrá su
referencia completa en el convenio el día que se suscriba.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA EJECUCION DE LA VARIANTE DE LA
N-340 A SU PASO POR SAGUNTO (VALENCIA). (Número de expediente
181/000328.)
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente pregunta es previsiones acerca de
la ejecución de la variante de la nacional N-340 a su paso por Sagunto
(Valencia). Para formularla, tiene la palabra el señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Conoce perfectamente el señor Secretario de
Estado de Infraestructuras, señor Abril Martorell, por su condición de
valenciano, el trazado de la nacional 340 a su paso por la ciudad de
Sagunto y cómo esta travesía supone importantes problemas no sólo al
desarrollo urbanístico racional de la ciudad. Baste pensar que atraviesa
el centro urbano de la ciudad, que separa prácticamente el centro urbano
de lo que es la estación de transporte ferroviario, y que, a su vez,
organiza importantes distorsiones en el propio tráfico de dicha carretera
nacional, en la medida en que se produce un importante cuello de botella
que da lugar a frecuentes retenciones. Esta realidad --con todas las
implicaciones que tiene y que son perfectamente conocidas y fáciles de
imaginar por parte de SS. SS. y, desde luego, conocidas por el Secretario
de Estado-- ha dado lugar a la previsión de la ejecución de una variante
de esta carretera a su paso por Sagunto. A mí me gustaría saber, de boca
del Secretario de Estado de Infraestructuras, cuáles son las previsiones
concretas de ejecución de dicha variante al día de hoy.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar la pregunta, tiene la palabra el
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Como usted bien dice, yo conozco este tramo; sé las
perturbaciones que produce y, por esa razón, este Gobierno ha incluido la
ejecución de una variante que saque el tráfico de la nacional 340 de la
ciudad de Sagunto. Se está agilizando la tramitación de este expediente y
el proyecto se iniciará este mismo año. Es, como digo, una actuación
prioritaria para el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Abril Martorell, yo celebro de nuevo
coincidir con la voluntad del Gobierno. Lo que ocurre es que me cabe la
duda razonable porque, como dicen los refranes, de buenas voluntades el
infierno está empedrado. Dice usted que es una actuación prioritaria y
que se va iniciar este mismo año. Sinceramente, si éste es el grado de
precisión que tienen ustedes en relación con las actuaciones
prioritarias, me cabe la duda razonable de qué tipo de previsiones tienen
ustedes con aquellas que no consideren prioritarias. ¿No me puede
usted concretar nada más acerca de este proyecto, para que le podamos dar
una alegría al Alcalde del pueblo? Comprendo que el Alcalde de Sagunto
esté esperando esta medida, pues sabe usted que recientemente una moción
de censura de la derecha ha conseguido hacerse con la Alcaldía de
Sagunto, y por tanto, el propio Alcalde de ese pueblo me imagino que
estará con ganas de saber si le quita usted ese problema y esas
perturbaciones que la nacional 340 le ocasionan. Esta, a lo mejor, es una
razón de más para que se acelere el proyecto y se vea cuanto antes. Yo,
desde luego, celebraría que se hiciera cuanto antes. A ver si nos puede
decir algo más, señor Abril Martorell.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Abril
Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Yo no sé si el señor Diputado ha hecho esta misma pregunta en
otros años y a gobiernos anteriores y qué clase de respuesta obtuvo. En
el caso de este Gobierno, se realiza hoy. Lo único que puedo decir es que
éste es un problema antiguo, como ha señalado el señor Diputado, y que yo
lo conozco, efectivamente. Este es un problema que ha provocado muchas
interpelaciones en el Ayuntamiento de Sagunto. Se pretendía hacer un uso
de la autopista liberando una parte del peaje, etcétera, pero es un
problema que no está resuelto. Yo hoy lo que le digo es que está resuelto
en el sentido siguiente. Se inició un estudio informativo en abril del
año 1992. Este estudio se ha aprobado el 11 de marzo de 1997. Después de
la aprobación de este estudio es cuando se puede empezar a tramitar el
expediente del proyecto, y es la fase en que estamos. Y después del
proyecto, vendrá la construcción. De manera que lo que le puedo decir es
que no es que sean intenciones del Gobierno, sino que este Gobierno ha
tomado una determinación concreta. No resuelve el taponamiento de la
Nacional 340 por un medio distinto del de realizar una variante, y ha
decidido realizar una variante. Se aprobó el 11 de marzo, como acabo de
decir, ese estudio informativo, se ha tomado esa decisión, y, para que
ésta pueda ejecutarse, hay que tener un proyecto, proyecto que se
comenzará ese mismo año, y después del proyecto seguirá la construcción;
cosa que, por lo demás, sucede con todas las carreteras y con todas las
variantes.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ENTRE
SEGORBE (CASTELLON) Y TERUEL, DE LA AUTOVIA VALENCIA-ZARAGOZA-SOMPORT.
(Número de expediente 181/000332.)
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente pregunta está relacionada con las
previsiones acerca de la construcción del tramo entre Segorbe (Castellón)
y Teruel, de la autovía Valencia-Zaragoza-Somport. Esta pregunta ha sido
formulada por don Ricardo Peralta Ortega que, para su formulación, tiene
la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Yo no sé si en relación con este tema, usted, en
su época de Diputado, ya preguntó en alguna ocasión, señor Abril
Martorell, porque éste es un tema tan viejo que posiblemente usted, en la
época en que era Diputado de la oposición, tuviera ocasión de inquirir
sobre el mismo. Sin embargo, son aguas del pasado que ya no mueve molino,
como se dice. Hoy donde se mueve el molino realmente es en el Gobierno, y
quienes estamos en la oposición al día de hoy seguimos insistiendo en
relación con estos temas.
Está prevista la conversación en autovía de la carretera nacional
Valencia-Zaragoza-Somport. Parece ser que las inversiones en este tramo
se concentran en los límites de la misma, en la zona norte, la zona
cercana a Pirineos, y en la zona sur, en el tramo entre Sagunto y
Segorbe. Sin embargo, el tramo entre Segorbe y Teruel es un tramo en el
que, al día de hoy, no están previstas, según los datos de que dispone
este Diputado, inversiones inmediatas. Esta es la razón por la que le
formulo la pregunta, pregunta que tiene la actualidad que el señor Abril
Martorell conoce desde hace muchos años. Le voy a dar, sin embargo, un
dato reciente. En las pasadas fiestas de Semana Santa y Pascua --conoce
el señor Secretario de Estado la costumbre que existe en nuestra
comunidad autónoma de desplazarse en esas fechas-- se produjeron
retenciones precisamente en la Nacional 234, en el tramo entre Teruel y
Sagunto. Hasta tal punto que el responsable de Tráfico calificó de graves
las retenciones, manifestando que había sido en la zona donde se habían
planteado los problemas realmente, y no en las otras direcciones, que
habían funcionado con bastante satisfacción. En relación con ese tramo
manifestaba literalmente que las retenciones se produjeron en un tramo de
50 kilómetros y que se reproducirán todos los años mientras la carretera
esté así. Es una situación que choca con la realidad y que exige una
respuesta. Por esta razón, señor Abril Martorell, me gustaría saber
cuáles son las previsiones de este Gobierno que tenemos hoy --que es el
que gobierna en la actualidad, el que tiene que gobernar en los próximos
años y el que tiene que dar respuesta de inmediato-- en relación con la
construcción del tramo de autovía entre Segorbe (Castellón) y Teruel de
la futura y deseada autovía Valencia-Zaragoza-Somport.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Como usted ha señalado perfectamente, este Gobierno se ha
encontrado que había actuaciones entre Sagunto y Segorbe pero,
efectivamente, entre Segorbe y Teruel, la situación era distinta. En el
año 1990, se comenzó el estudio informativo hasta Teruel, cuyo estudio se
concluyó, y son plazos paralelos a los de la otra pregunta; se aprobó en
septiembre de 1995. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido
considerar que es prioritaria la carretera que conecta Valencia-Sagunto,
Teruel-Zaragoza hasta la frontera, y va a acelerar en todo lo posible el
tramo entre Sagunto y Teruel. En concreto, la orden de estudio de los
proyectos entre Segorbe y Teruel ya está dada, de manera que se va a
proceder a la licitación y al correspondiente comienzo del estudio de los
proyectos. Y en esto sucede lo mismo que en la otra pregunta, es decir,
que primero viene el proyecto y luego viene la construcción, como es
obvio. Entonces, partiendo de que existe un estudio informativo, se está
procediendo a la ejecución del proyecto, y detrás vendrá la ejecución de
la carretera.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Abril, por su respuesta. Vuelvo a
coincidir de nuevo con la voluntad que manifiesta usted del Gobierno
acerca de que es una actuación prioritaria. Yo quiero decirle, señor
Abril Martorell, que quizá con buena voluntad no tienen solución los
problemas. Es verdad que es un presupuesto y que abre un camino para que,
efectivamente, esos problemas se resuelvan, pero al final hace falta,
como usted indica, hacer las cosas. Y en este sentido, no me resisto,
señor Abril Martorell, a trasladarle algunos datos que aparecían
publicados recientemente, en concreto el pasado 6 de mayo, y que yo creo
que transmiten también una cierta sensación. Tendrá, lógicamente, toda la
parcialidad y la subjetividad de quien elabora la información, pero no es
una opinión particular de este Diputado. Un medio de comunicación
valenciano titulaba: La inversión en carreteras ha descendido un 30 por
ciento en dos años, según datos que proporciona la Asociación Española de
la Carretera y de su presidente en unas jornadas que se celebran en el
ámbito de la Comunidad Valenciana este fin de semana. El descenso más
importante de inversiones en el trienio que analiza dicho informe --es el
trienio desde 1993 hasta la actualidad-- corresponde al Ministerio de
Fomento, cuyo esfuerzo inversor bajó cerca de un 40 por ciento, mientras
que en el caso de la Generalitat únicamente fue de un 16,7 por ciento. Yo
creo que esta caída inversora que aparece centrada, fundamentalmente, en
el Ministerio de Fomento, sería bueno que cambiara de tendencia, y que
pasáramos a recuperar esos niveles de inversión que existían hace unos
años y que posibilitaron que, efectivamente, las infraestructuras de
comunicación de la Comunidad Valenciana recuperaran un retraso
importante.
Yo le señalaba anteriormente que en esta carretera, por ejemplo, seguían
unos niveles de congestión y de perturbaciones que no se producían en
otras infraestructuras de la propia Comunidad Autónoma Valenciana, caso
de la Nacional III o caso de la autovía de Levante, en donde se han
producido avances muy significativos, que han permitido mejoras muy
notables, que se han notado en todos los órdenes de la vida de la
Comunidad Valenciana. Yo creo que sería bueno que a la autovía que
comunica por Aragón y a través de Aragón, con Francia, se le concediera
la prioridad que ha manifestado el Secretario de Estado; que se tradujera
también en la urgencia posible y en la urgencia deseable y en un
incremento de inversiones, porque son las que, finalmente, hacen realidad
las infraestructuras.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Abril Martorell, tiene la palabra para
contestar al señor Diputado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Señor Diputado, si yo hubiese sabido que la pregunta era en
general sobre el nivel de inversiones hubiera venido documentado. Me temo
que esos datos que usted ha señalado no corresponden a la realidad que
nosotros conocemos, y la verdad es que disponemos de bastante
información.
En cuanto a lo que haya descendido la inversión en los dos últimos años
no voy a hablar, porque eran parte de otro Gobierno, pero en este año
1997 la inversión que pretendemos no va a ser muy distinta e incluso
puede ser superior a la inversión que nos encontramos en el año 1996, no
solamente a través de los recursos presupuestarios, sino también, en
paralelo, por recursos extrapresupuestarios o presupuestarios, pospuestos
en el tiempo, como es el método de construir una infraestructura y
sacarla con pago aplazado. Por cierto que es posible que este tipo de
recurso sea útil para acelerar infraestructuras como la que el señor
Diputado señala. Lo que sí sé decir en cuanto al contenido de la
pregunta, es que ha sido una determinación de este Gobierno decir que es
un eje prioritario la comunicación Valencia-Zaragoza. Es una de las
salidas. La salida por la costa la conocemos, hacia el sur la conocemos,
hacia el interior es hacia Madrid, que será objeto de la pregunta
siguiente, pero este eje que, en realidad, es la salida de la Comunidad
Valenciana hacia el norte de España sin pasar por Madrid es,
evidentemente, prioritario, y entendimos que así había que considerarlo.
Y lo que sí le puedo asegurar, señor Diputado, es que las actuaciones del
Gobierno están correspondiendo a esta determinación.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS PREVISTOS PARA LA FINALIZACION DE LA CONVERSION EN AUTOVIA DE LA
NACIONAL III MADRID-VALENCIA. (Número de expediente 181/000358.)
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente pregunta es sobre evaluación del
cumplimiento de los plazos previstos para finalización de la conversión
de la autovía de la Nacional III Madrid-Valencia. La pregunta la formula
don Ricardo Peralta Ortega, que tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Abril Martorell, usted sabe la
extraordinaria importancia y la cantidad de años que llevamos todos
reclamando el cierre de la Nacional III como autovía. Esta fue una de las
primeras opciones que se adoptaron por parte del ministerio del Gobierno
Popular, del Gobierno actual de nuestro país, cambiando el
trazado en ese tramo que falta, que se arrastraba desde el anterior
Gobierno y que era un trazado que había resultado muy polémico, que había
provocado conflicto con alguna comunidad autónoma, que había provocado
conflictos entre fuerzas políticas, etcétera. La decisión que en su día
se adoptó por el ministerio a nosotros nos pareció una decisión acertada,
aunque quizá no justificadora del importante desplazamiento al enclave en
cuestión para hacerlo público pero, en todo caso, nos parecía importante,
y así tuvimos ocasión de manifestarlo en aquellos momentos. También
dijimos que si, efectivamente, parecía que el ministerio le daba tanta
importancia, nos gustaría colaborar a que, efectivamente, esa voluntad
ministerial fuera realidad y que, en este sentido, seguiríamos de cerca
la evolución de este proceso. A lo largo de estos últimos meses, se han
producido distintas informaciones acerca de la ejecución de esta
situación, y por esta razón nos permitimos, en su día, hacer esta
pregunta.
Hace unos meses, los medios de comunicación hablaban de que el Presidente
de la Generalidad Valenciana, Eduardo Zaplana, explicara a Aznar su
enfado por el retraso del Ministerio de Fomento en las obras de la
Nacional III; esto eran informaciones que se producían en enero de 1997.
Días después, posiblemente relacionado con esto, se hablaba de que el
retraso de un trámite burocrático bloqueaba las obras de la autovía
Valencia-Madrid. No más tarde que el sábado 17 de mayo, anteayer, un
medio de comunicación hablaba de que la empresa valenciana que construye
la autovía A-3 se encuentra en una grave crisis económica. Yo creo que
todos estos problemas --quizá algunos de ellos son lógicos en el proceso
de construcción de una infraestructura tan importante y que desde el
punto de vista de elaboración es, efectivamente, compleja-- han de
considerarse normales, como también debe considerarse normal el interés
que, desde un grupo de la oposición, se manifiesta por conocer
exactamente cuál es la evaluación que al día de hoy hace el ministerio de
los plazos de ejecución previstos para la finalización de la conversión
en autovía de la Nacional III.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Esta es una pregunta excelente, porque permite manifestar al
Gobierno su interés por la conclusión de la carretera entre Madrid y
Valencia. Entre paréntesis, a mí siempre, como valenciano, me resultó
incomprensible el trazado y la denominación de autovía de Levante; es una
denominación que nos retrotrae a épocas --digamos-- pasadas, y en
Valencia existe el sentimiento claro de que es la ciudad costera más
importante y más próxima, de las importantes, a Madrid, y como
consecuencia, siempre resultó incomprensible, en términos humanos y
políticos, ese trazado, el haber primado la bajada desde Atalaya hasta
Albacete, y no haber dedicado la misma atención y el mismo interés a este
trazado. De manera que la satisfacción de haber resuelto este problema
tan enconado hizo que lo celebrásemos pero, en fin, la verdad es que si
eso es motivo de disgusto para el señor Diputado, estamos dispuestos a no
celebrar actos semejantes. A nosotros nos pareció que estaba bien ponerlo
de manifiesto, y así alcanzaría a toda la población de la Comunidad
Valenciana, ya que se resolvía un problema endémico y que no hubiera
debido de durar hasta la llegada de este Gobierno, pero que,
lamentablemente, duró.
En cuanto a declaraciones de prensa y demás, la verdad es que yo no le
puedo aclarar nada. Lo que sí le digo es la previsión que tenemos.
Primero, las obras las siguen las demarcaciones; segundo, es una obra
importante, y no vuelvo a decir lo de prioritaria. La verdad es que sí
que ha puesto el dedo en la llaga en todas las preguntas; por eso, tengo
que decir que son prioritarias todas ellas. Nosotros estudiamos
mensualmente el avance de la obra; tenemos un parte mensual que dice cómo
ha avanzado la obra y, en segundo término, si se mantienen las
previsiones existentes. Hasta el presente ha avanzado la obra
correctamente y se van manteniendo todas las previsiones existentes.
¿Cuáles son esas previsiones? Esas previsiones son las que constan en los
contratos que perfeccionan la adjudicación con el contratista. Y en
concreto, para los tres tramos, son las siguientes: Atalaya de
Cañavate-Motilla se inició el 4 de octubre de 1996 y está prevista la
terminación para octubre de 1998. Hasta ahora se mantiene y no tenemos
ninguna razón para pensar que no se vaya a mantener. Minglanilla-Caudete,
doy un salto. El plazo vigente de terminación de las obras es noviembre
de 1998; ésta es la parte dificultosa, es la parte que pasa por el cruce
del río Cabriel, y sin embargo, tiene este plazo de noviembre de 1998. Se
ha tomado con el máximo interés y se sigue manteniendo. Dos sectores: uno
de 5 y otro de 15 kilómetros se pondrán en servicio antes, en junio de
este año precisamente, pero eso --digamos-- que es secundario; aquí lo
determinante es que, efectivamente, se concluirá el Minglanilla-Caudete,
pasando sobre el Cabriel, en noviembre del 1998. El tramo intermedio
entre ambos, que va desde Motilla a Minglanilla nos lo encontramos
comenzado, con una finalización de obra prevista en junio del 1997, y
sigue con esa misma previsión de finalización de obra.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, ¿quiere hacer alguna
manifestación?
El señor PERALTA ORTEGA: Sí. Estoy convencido, señor Abril Martorell, de
que usted sabe perfectamente que no me ocasionan ningún disgusto las
celebraciones, absolutamente ningún disgusto, e incluso a algunas de
ellas me sumo con alegría. Le dije en una ocasión y lo vuelvo a repetir
ahora, que el día en que esté terminada, me sumaré con alegría a esa
celebración. Cuente usted con esa asistencia mía y cuente, desde luego,
con la alegría --estoy convencido-- de todos los valencianos. Esa es la
satisfacción que nosotros realmente deseamos. Las otras nos parecían
satisfacciones parciales y que, en la medida en que no se traducen en
hechos concretos, salvo para quienes participan en la misma, lógicamente
nos abren el apetito,
porque se vea, efectivamente, la satisfacción de todos, que es el
objetivo de una fuerza progresista, como sabe usted que es ésta:
conseguir esa máxima satisfacción de todo el mundo, y no de una minoría.
Celebro que diga usted que las fechas siguen manteniéndose tal como
estaban, que a lo largo de este año tendremos ocasión de ver la
finalización de algunos tramos y que, finalmente, el trazado último --yo,
sinceramente, no sé si pasa por el río Cabriel o pasa por alguna presa,
porque, en general, nos podemos perder todos al intentar saber por dónde
pasa, pero, en fin, pase por donde pase--, de autovía sea realidad. No
nos perdamos en las cuestiones más o menos accidentales, pues lo
importante en este proyecto, por la voluntad de todos, es que sea
realidad cuando antes. En este sentido, le insisto, señor Abril
Martorell. Celebro que sigan manteniendo las previsiones. Celebro que se
superen las dificultades lógicas que pueden aparecer en todo proyecto. Me
parece muy bien que hagan ustedes un seguimiento muy cercano de este
proyecto, que realmente es un proyecto importante, y que como usted dice,
ha tenido muchas cosas incomprensibles, algunas de ellas, como decía
usted, incluso la denominación. Es verdad que la denominación, en
ocasiones, no es adecuada. Yo no sé si dependen de usted los programas
meteorológicos, pero ahí se sigue utilizando mucho esa expresión de
Levante. Quizá, en el terreno meteorológico tenga alguna justificación,
no lo sé, pero si puede hacer algo también en ese terreno no dude usted
en hacerlo, que estoy convencido de que evitaría también alguna
susceptibilidad.
Por tanto, señor Abril Martorell, esperamos ver resuelto cuanto antes
este asunto, lo celebraremos juntos y cuanto antes mejor.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Muchas gracias por su satisfacción. El señor Diputado será
invitado a la terminación de las obras que estamos mencionando;
trasladaré el tema meteorológico al departamento correspondiente.
--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
SITUACION DEL PROYECTO DE DESDOBLE DE LA N-340 ENTRE CHICLANA DE LA
FRONTERA Y CONIL DE LA FRONTERA. (Número de expediente 181/000651.)
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente pregunta está relacionada con la
situación del proyecto de desdoble de la Nacional 340 entre Chiclana de
la Frontera y Conil de la Frontera, provincia de Cádiz. Para su
planteamiento y formulación, tiene la palabra don Alfonso Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, desearía saber si el
Secretario de Estado de Infraestructuras nos puede adelantar una fecha de
terminación del proyecto del desdoble entre Chiclana y Conil. El desdoble
de esta carretera está incluido en un convenio que se firmó entre el
Ministerio de Obras Públicas --de Fomento ahora--, Junta de Andalucía y
ayuntamientos de la Bahía de Cádiz. Se unían así dos programas: un
programa que tenía en marcha la Junta de Andalucía y que se denominaba
Ciudades del Sur y un programa que tenía en marcha el Mopma, de manera
que la inclusión y la ligazón de esos dos programas planteaba una serie
de iniciativas, una de las cuales, de gran importancia, era el desdoble
de esta carretera entre Cádiz y Barcelona, y que afectaba a los tramos
entre Chiclana y Conil. Parece ser que el proyecto está muy avanzado, y
además, hay una cierta inquietud en la zona; ha habido varios accidentes
hace pocas fechas, y al hilo de esos accidentes, los alcaldes de la zona
--no sé si se han dirigido al ministerio o no, pero lo harán en breve--
han anunciado a los medios de comunicación que empezarían a adoptar
iniciativas políticas y legales, sin duda, exigiendo una fecha para que
se aprobara el proyecto y se iniciaran las obras. Esa es la pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a la pregunta formulada por el
señor Diputado, tiene la palabra el señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Según los datos que tengo yo aquí, el convenio mencionado es
de 1994. Actualmente está en fase de redacción el estudio informativo
Chiclana-Conil, hasta Tarifa y Algeciras, pero la pregunta es relativa al
tramo entre Chiclana y Conil. Parece ser que hay una serie de
alternativas, variantes y de dificultades por parte de los ayuntamientos
del trazado, y por lo tanto, no sabemos qué plazo o qué problema va a
presentar la información pública. Lo que sí le puedo decir es que en
cuanto esté resuelto este problema se aprobará definitivamente el estudio
informativo con el trazado que corresponda, y a continuación seguiremos,
como en la pregunta anterior, el proyecto de trazado y,
subsiguientemente, la construcción. En una palabra, esto está en curso.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Perales, ¿desea hacer alguna
manifestación?
El señor PERALES PIZARRO: Sí, con mucha brevedad. Sólo requerir, si está
en condiciones el señor Secretario de Estado de aproximar una fecha en la
que estén terminados estos trámites que él acaba de mencionar.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): La realidad es que como, según las informaciones que tengo,
parece que no va a ser sencillo el estudio informativo, pues la verdad es
que no es posible, en términos realistas, hablar de plazos. Lo siento.
--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
RAZONES POR LAS QUE EL TRAMO ENTRE GUADIARO (CADIZ)-ESTEPONA (MALAGA) SE
HARA COMO AUTOPISTA DE PEAJE. (Número de expediente 181/000652.)
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente pregunta es sobre las razones por
las que el tramo entre Guadiaro (Cádiz)-Estepona (Málaga) se hará como
autopista de peaje.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: En realidad la pregunta lo que pretende es
conocer con claridad por qué un proyecto de autovía como era el de
Guadiaro-Estepona, sorpresivamente el Gobierno lo modifica y lo convierte
en autopista de peaje.
La historia --y voy a ser breve, pero tengo que hacer referencia a
algunos acontecimientos pasados-- de este tramo es la siguiente: El
Gobierno anterior anuncia en su día que se construirá una autopista en
este tramo, entre Málaga y Guadiaro, y al mismo tiempo, se desdoblaría la
Nacional 340. Cuando el Gobierno anterior, el Gobierno Socialista, hace
público ese proyecto hubo una serie de protestas y de exigencias para que
esa autopista no se construyera, al menos como autopista, sino que se
construyera la autovía y no se gravara a los ciudadanos de la zona con
una autopista de peaje. Hubo una serie de reuniones en el Campo de
Gibraltar y en Málaga con la Asociación de grandes industrias de la zona,
del Campo de Gibraltar, con las cámaras de comercio del Campo de
Gibraltar y de Málaga y con una serie de colectivos interesados en que
eso no fuera autopista de peaje, y, finalmente, los diputados del Partido
Socialista de las provincias de Málaga y de Cádiz en el Congreso de los
Diputados, en una serie de reuniones lograron que el Ministerio de Obras
Públicas aceptara que ese tramo no fuera autopista de peaje, sino que
fuera una autovía. Eso fue recibido, como no podía ser de otra manera,
con gran satisfacción en Málaga y en la provincia de Cádiz, sobre todo en
el Campo de Gibraltar. Tan era así que la Secretaría de Estado de
Infraestructuras del ya Ministerio de Fomento inicia todos los trámites
dirigidos a la demarcación de carretera del Estado de Andalucía
occidental, todos los trámites para la construcción de la autovía.
Incluso en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 aparecen 130
millones y 22 millones para este año, cantidades absolutamente
insuficientes. Desde luego, nos sorprendieron cantidades tan
insuficientes para una obra que está valorada en 22.000 millones, pero no
había ninguna información. El Gobierno del Partido Popular no apuntaba
ninguna razón que hiciera sospechar que iba a cambiar la posición que
hasta ese momento había. Incluso se dijo en algunos medios de
comunicación que esa autopista se construiría con un sistema de peaje
indirecto. Incautos todos los demás, todos los diputados de la zona, del
Partido Popular y del Partido Socialista, que creímos que era una
alternativa menos mala, cuando más tarde el misterio quedó desvelado y en
marzo de 1997 el Ministro Arias-Salgado presenta a las grandes
constructoras el plan de autopistas de peaje, primera fase. En ese
denominado plan de autopistas de peaje, primera fase, el misterio se
resolvió, y el tramo Guadiaro-Estepona no era ni autovía, ni peaje
indirecto, sino que era una autopista de peaje directo, al menos en lo
que sabemos hasta hoy, a no ser que el señor Secretario de Estado nos dé
una alegría y volvamos a la situación anterior.
En consecuencia, señor Presidente, señor Secretario de Estado, queremos
saber por qué ese cambio de pasar de una autovía a una autopista, y de
una autopista de peaje indirecto, al parecer, según los medios de
comunicación, a una autopista de peaje directo en la actualidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a la pregunta formulada, tiene la
palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Señor Diputado, como usted sabe muy bien, en un principio las
autopistas de peaje nunca son bien recibidas, y como consecuencia,
presentan siempre problemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
todas las autopistas de peaje se plantean hoy en España y se han
planteado a lo largo del tiempo, con más o menos retraso, con una
carretera alternativa, de modo que va a mejorar el tránsito por la
carretera paralela, que es la Nacional 340, cuando se construya esta
autopista de peaje.
La Nacional 340, al igual que cualquier otra carretera, conforme se vea
saturada --y antes ha habido una pregunta acerca de la variante de
Sagunto-- irá mejorando paulatinamente, incrementando su ancho, etcétera.
De manera que ésa es la situación general. Como usted sabe, el Gobierno
anterior dio la concesión de una autopista de peaje Málaga-Estepona, que
tiene, 100 kilómetros. Una reconsideración técnica del sistema viario ha
conducido a que el ministerio, en el ejercicio de sus tareas
absolutamente normales, haya considerado que lo útil como sistema viario
es que esta autopista se prolongara otros 22 kilómetros, que es el 22 por
ciento de 100, como es natural, llegando desde Estepona, y continuando
con el tramo Estepona-Guadiaro.
No hay absolutamente ningún misterio ni ningún afán de nada detrás de
todo esto. Usted ha descrito que hubo unas intervenciones de una serie de
diputados del Partido Socialista que consiguieron de aquel Gobierno una
situación distinta de la que el propio Gobierno hubiera podido pretender.
Pero eso es naturalísimo en los diputados, en los gobiernos, en los
cambios de gobierno y en todo lo que nos aqueja. Lo que le puedo asegurar
es que no ha habido ninguna intención oculta ni ningún problema
misterioso ni absolutamente nada. Sencillamente que el ministerio, en el
curso de sus trabajos, ha considerado que este tramo correspondía y era
más pertinente, hacerlo en autopista de peaje, sin descuidar para nada la
buena situación y la buena calzada de la Nacional 340, como es natural.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Hay misterios más difíciles que resolver que
éste, pero qué duda cabe que los avatares son parecidos a un misterio,
porque, claro, no confirma ni desmiente usted que se hablara de un peaje
indirecto, y que algunos portavoces del Partido Popular, que se supone
están bien informados de las actuaciones del Gobierno, habían vendido
como un éxito político.
La situación es la siguiente: el problema es que nosotros no podemos
aceptar como una gran ventaja para la provincia de Cádiz y de Málaga que
se nos diga que, junto o paralelo a esta autopista de peaje, habrá un
itinerario alternativo, gratuito, que es la actual Nacional 340, que verá
mejorado su servicio actual. Este tramo de la nacional 340 es una
carretera que está sobresaturada --desde luego, no es responsabilidad de
este Gobierno, así lo reconozco--. Dicha carretera nacional se completa
con autopistas de peaje a lo largo de todo el Mediterráneo y, junto a
esta autopista de peaje, desde Málaga hasta Estepona, se va a construir
en el futuro una autovía, con tan mala suerte que, cuando entre en la
provincia de Cádiz, ya no será autovía sino que será una carretera de
doble dirección. Esa carretera soporta, en gran medida, todo el tráfico
de la salida del puerto de Algeciras, todo lo que significa la conexión
del Campo de Gibraltar, y tiene cinco o seis travesías urbanas. Por
tanto, no es la alternativa que desean los ciudadanos de aquella zona ni
los colectivos sociales y económicos, que son los que además requirieron
de los diputados socialistas de la legislatura anterior de Málaga y de
Cádiz que encabezaran, como corresponde a los diputados de esa zona, la
petición al Gobierno de entonces para que no fuera una autopista.
Nosotros tenemos todavía la esperanza de que el señor Arenas, de que los
diputados de Cádiz del Partido Popular y los diputados de Málaga del
Partido Popular, que han expresado públicamente su malestar y su queja
por la decisión del Ministerio de Fomento, hagan la misma labor que
hicimos en su momento, que atiendan las peticiones de estos colectivos
sociales y económicos y que no permitan que el Gobierno siga adelante con
ese proyecto. Por una razón muy sencilla, y termino, señor Presidente.
Hay un compromiso electoral firme y decidido del Partido Popular, que no
tuvo nunca la misma fuerza por parte del Partido Socialista, y es que los
dirigentes andaluces del Partido Popular calificaron siempre la autopista
Sevilla-Cádiz como la soga que ahoga a los gaditanos, así lo decían
literalmente. ¿Cómo van a permitir ahora que la provincia de Cádiz tenga
una soga que los ahoga en dirección a Sevilla y otra soga, en palabras
del Partido Popular, que ahoga a los campogibraltareños y a los
malagueños? De manera que esperamos que un partido que sigue diciendo que
va a eliminar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, como el Partido
Popular en Andalucía, que lo convirtió en su primer reclamo electoral,
coherentemente con sus promesas, sus reclamos electorales y compromisos
electorales --a los que tenía legítimo derecho--, también convenza al
señor Secretario de Estado y al Ministerio de Fomento para que dé marcha
atrás en ese proyecto y convierta esa carretera en una autovía libre de
peaje.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abril Martorell, para
contestar a las preguntas del señor Perales.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Como usted mismo acaba de señalar, a lo largo de todo el
Mediterráneo, en buena parte de su trayecto, hay autopistas de peaje. Esa
situación no se da en la parte final, en la parte que va de Murcia hasta
la frontera portuguesa, lo cual no significa nada, sino sencillamente que
tendría menos tráfico en la época en la cual se tomó la decisión de hacer
una autopista de peaje. Yo tengo entendido que la autopista de peaje
entre Marbella y Estepona se debe, precisamente, a que es una zona
turística, a que es una zona muy densa de tráfico, de manera que las
autopistas de peaje nacen como una carretera parlela a la carretera
nacional normal precisamente en zonas de tráfico denso.
No conozco, en este momento, los detalles de los estudios técnicos, pero
seguramente lo mismo acaecerá entre Estepona y Guadiaro. Yo no sé si el
mapa que tengo lo interpreto bien, pero tengo entendido que Estepona y
Guadiaro caen en la parte de Málaga. En cualquier caso, lo que tiene es
una carretera paralela a la nacional 340. El problema de dónde
desembocará el tráfico de Algeciras es una cuestión distinta; es un tramo
de carretera distinto que tendrá su tratamiento en el momento que
corresponda. Tenga por seguro que el Gobierno pretende atender con la
misma equidad a todas las comunidades, y, desde luego, también a la
Comunidad de Andalucía. Téngalo presente, sin ninguna duda. Por lo que
tengo entendido, esta determinación es fruto de unos estudios técnicos,
de unos análisis del volumen de tráfico, etc. No es una determinación
incorrecta; sencillamente, es muy respetuosa y políticamente se toma con
el sentido de responsabilidad con que hay que tomar estas cosas, y con un
absoluto respeto e interés por la Comunidad de Andalucía.
--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
RECURSOS ECONOMICOS QUE ESTA PREVISTO EMPLEAR DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO DE 1997 EN LA DUPLICACION DE LA VIA DE FERROCARRIL ENTRE
JEREZ DE LA FRONTERA Y CADIZ. (Número de expediente 181/000653.)
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente pregunta es la que se refiere a los
recursos económicos que está previsto emplear durante el ejercicio
presupuestario de 1997 en la duplicación de la vía de ferrocarril entre
Jerez de la Frontera y Cádiz. Para su formulación, tiene la palabra don
Alfonso Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Secretario de Estado, uno de los
compromisos que estaban previstos en el convenio al que yo, en mi
intervención inicial, hice referencia --y al que el Secretario de Estado
también se ha referido--,
entre la Junta y el Gobierno central de entonces preveía una serie de
actuaciones en el ferrocarril. De manera que la vertebración entre los
distintos núcleos que conforman la bahía de Cádiz se hacía, básica y
fundamentalmente, a través de la red viaria, jugando el ferrocarril un
papel secundario en la movilidad de la zona. Por tanto, el ferrocarril
sólo capta una pequeña parte de la demanda de transporte, debido a la
imposibilidad de aumentar la frecuencia del servicio. Para aumentar esa
frecuencia del servicio se ha elaborado un plan de cercanías. Ese plan de
cercanías requiere, como una medida fundamental y necesaria, la
duplicación de la vía existente de ferrocarril entre Cádiz y el
aeropuerto de Jerez; mejorar asimismo la sensibilidad de distintos
núcleos de población y centros de actividad mediante la construcción de
nuevas estaciones y aumentar la intermodalidad del sistema de transportes
con la construcción de infraestructura de intercambio modal de las
principales estaciones. Para llevar a cabo este plan de cercanías se han
suscrito convenios de cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente y los ayuntamientos del Puerto de Santa
María y Jerez, participando, en el caso de Jerez, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. Pues bien, en todo este plan de cercanías, en
toda esta obra de infraestructura ferroviaria, la obra fundamental y más
importante, no cabe duda, es el desdoble de la vía de ferrocarril, que
pretende convertir este medio de transporte en un sistema metropolitano.
Son cinco las ciudades de la bahía de Cádiz, más Jerez de la Frontera,
que podrían quedar unidas por un sistema rápido que tiene prevista la
construcción, como he mencionado hace un momento, de más apeaderos.
Incluso el propio Ministro de Fomento, en una visita a la ciudad de
Cádiz, mencionó que invertirían en este ejercicio varios miles de
millones de pesetas, creo que en referencia al programa 513-A. El estudio
de los presupuestos que yo he podido realizar en colaboración con otros
compañeros no nos permite encontrar esa cifra, sin duda, ni con el
conocimiento ni con la preparación necesaria para desentrañar las cifras
de esos presupuestos. En consecuencia, la pregunta que le formulo al
Secretario de Estado es qué recursos económicos tienen previsto emplear
durante el ejercicio presupuestario de 1997 en la duplicación de la vía
de ferrocarril entre Jerez de la Frontera y Cádiz.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a la pregunta formulada por el
Diputado, tiene la palabra el señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Tal como ha dicho el señor Diputado, el convenio es del año
anterior, es del 15 de enero de 1994. Yo no he seguido los avatares de
ese convenio, pero es evidente que en algunos aspectos, por ejemplo en
éste, tiene un notable retraso. En cualquier caso, yo coincido con el
señor Diputado. Sabe que la conexión entre Cádiz-San Fernando-Puerto
Real-El Puerto y Jerez de la Frontera es como una especie de tren de
cercanías, aunque no podría desempeñar ese papel si el ferrocarril no
estuviera desdoblado. Esto ha sido objeto de atención por parte de los
servicios técnicos del Ministerio de este Gobierno. Efectivamente, es una
cuestión que se va a realizar y se ha emprendido.
Otra cosa distinta es que las declaraciones del Ministro estuviesen bien
recogidas, puesto que es imposible, lo sabe el señor Diputado, gastar
miles de millones si no se dispone de los proyectos y si no se dispone de
los estudios técnicos previos correspondientes a cualquier construcción.
Por lo tanto, yo creo que debió quedar mal recogido por fuerza, porque
hay una imposibilidad física. Las actuaciones que tenemos en marcha son
un estudio informativo de la línea Sevilla-Cádiz, tramo del aeropuerto de
Jerez a Cádiz concretamente, que es el que S. S. ha señalado, con
duplicación de la vía. Este estudio informativo tiene un presupuesto de
130 millones de pesetas, no su ejecución. Pero repito lo anterior: es
evidente que primero hay que hacer el estudio informativo, luego el
proyecto y luego la ejecución. El anteproyecto para la integración del
ferrocarril en el municipio de Cádiz tiene un presupuesto de 60 millones
de pesetas. Esto, como sabe S. S., también es muy importante porque Cádiz
es una ciudad en regresión, es una ciudad con dificultades de conexión, y
la verdad es que le haría mucho beneficio esta duplicación de
ferrocarril. Y, en tercer lugar, tenemos en marcha un proyecto de
construcción de una nueva estación en Jerez de la Frontera, con un
presupuesto de 40 millones de pesetas. En esos presupuestos está incluido
todo el desdoblamiento, que es el objeto de la pregunta, más unas
actuaciones que podemos llamar complementarias, aunque en realidad son de
la misma o de parecida entidad que el desdoblamiento de la vía. De esas
cuantías, corresponde al ejercicio en el que nos encontramos una suma
total de 65 millones de pesetas, pero lo mismo sucede si se emprende la
autovía del Cantábrico, la autovía de Galicia, la Nacional III o
cualquier otra: al principio, el gasto es reducido, y luego va
incrementándose en las anualidades sucesivas.
--DEL SEÑOR PERALES PIZARRO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO RELATIVOS A LA FINANCIACION
DE LA AUTOVIA 381, JEREZ DE LA FRONTERA-LOS BARRIOS, PROVINCIA DE CADIZ.
(Número de expediente 181/000654.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la siguiente y última pregunta, que es
la que se refiere al cumplimiento de los compromisos del Gobierno
relativos a la financiación de la autovía 381, Jerez de la Frontera-Los
Barrios, provincia de Cádiz. Tiene la palabra don Alfonso Perales.
El señor PERALES PIZARRO: La pregunta requiere del señor Secretario de
Estado, del Gobierno, que confirme su voluntad de cumplir un compromiso
del Gobierno anterior, del Ministerio de Obras Públicas y la Junta de
Andalucía, por el que se acordaba el desdoble de una carretera
titularidad de la Junta, denominada entonces comarcal 440, y ahora, en la
nueva denominación, A-381.
El convenio al que hemos hecho referencia tantas veces hasta ahora
preveía el desdoble de la carretera nacional 342 por parte del Ministerio
de Obras Públicas y el desdoble de la comarcal 440 por parte de la Junta
de Andalucía. Ambas administraciones se comprometían a desdoblar ambas
carreteras, pero el día 12 de diciembre de 1995 se suscribió una addenda
por la que se introducían algunas modificaciones en el convenio. La Junta
de Andalucía se comprometía a tramitar los estudios informativos, la
declaración de impacto medioambiental y ejecutar la totalidad de las
obras de esa carretera. Recientemente se ha licitado el primer tramo de
la carretera Jerez-Los Barrios. El Ministerio de Obras Públicas, en esa
addenda del 12 de diciembre de 1995, se comprometía a transferir el 50
por ciento del importe total de las obras de la autovía a la Junta de
Andalucía de los presupuestos asignados a la Dirección General de
Carreteras, previa justificación del gasto realizado. Una vez finalizada
la construcción de la autovía, la Junta de Andalucía transferiría la
titularidad de la misma al Ministerio de Fomento actual. Mi pregunta es
si el Gobierno está dispuesto a cumplir su compromiso en lo que hace
referencia a la parte del convenio con su addenda correspondiente que
acabo de mencionar.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a la pregunta formulada, tiene la
palabra el señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Esta es una actuación recibida, es una actuación importante
para la zona que debe recoger posteriormente, por las informaciones que
tengo, un trueque de titularidad entre ambas carreteras. Lo que sí puedo
asegurarle, para tranquilidad del señor Diputado, es que este Gobierno va
a atenerse y a cumplir el convenio suscrito por el Gobierno anterior con
la Junta de Andalucía en todos sus términos.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: El problema --y me gustaría que lo aclarara el
señor Secretario de Estado-- es que la Junta de Andalucía acaba de
licitar un tramo. Me parece que el valor de ese tramo es de 1.700
millones de pesetas. No sabemos cuándo va a certificar, si es que va a
certificar alguna cantidad este año, pero mi pregunta es sólo ampliación
de la información que acaba de dar el señor Secretario de Estado: si se
certifica alguna parte del tramo que está licitado y que será adjudicado
en breve, ¿de qué presupuestos va a conseguir los recursos para pagar la
certificación si no están previstos en los Presupuestos Generales del
Estado? Este compromiso no tiene ningún amparo en los presupuestos, al
menos visible o legible para este Diputado y para otros colaboradores que
han estudiado los presupuestos de la Dirección General de Carreteras y de
su Ministerio, y no encontramos ninguna partida que haga referencia a ese
concepto presupuestario, que es un convenio específico con la Junta de
Andalucía.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abril Martorell.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES (Abril
Martorell): Señor Perales, convenios hemos recibido muchísimos, y muchos
de ellos apenas iniciados. De todas formas, yo le acabo de dar la
seguridad, a tenor de la pregunta que había efectuado, de que el Gobierno
va a cumplir los compromisos suscritos por el Gobierno anterior en lo que
respecta al convenio objeto de la pregunta. De eso puede tener la
seguridad el señor Diputado. Ahora bien, si su pregunta es distinta y es
tan concreta, lo que yo puedo hacer aquí es tomar nota de esta pregunta y
contestarle por escrito. En cualquier caso, usted sabe perfectamente que
es verdaderamente difícil de recoger en unos Presupuestos Generales la
ejecución de unos presupuestos que se realizan con mucho tiempo de
antelación, con convenios sobre los que a lo mejor la otra parte no ha
dado ninguna noticia de qué clase de actuación va a emprender. No
obstante, a mí me parece que la preocupación fundamental que pudiera
tener el señor Diputado es si el Gobierno va a hacer honor a sus
compromisos, le he contestado que sin ninguna duda, y yo creo que esto es
bastante más fundamental que el detalle de cómo se pudieron confeccionar
los presupuestos; a lo mejor, se hicieron con defecto de información.
Posiblemente.
El señor VICEPRESIDENTE: Con su intervención, señor Abril Martorell, que
agradecemos muy sinceramente, finaliza la Comisión celebrada en el día de
hoy y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Infraestructuras, del lunes 19 de mayo de 1997, no guarda la relación
cronológica habitual con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.