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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 219, de 06/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 219
DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 6 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales (Fernández Díaz), para informar sobre causas y
consecuencias de los recortes en las aportaciones del Estado a la
Cooperación Local. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 212/000539) (Página 6222)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre opinión del Gobierno acerca de la
compatibilidad entre sus proclamas de regeneración democrática y la
práctica de mociones de censura apoyadas con tránsfugas de otras fuerzas
políticas. (Número de expediente 181/000378) (Página 6233)
--Del mismo señor Diputado, sobre apoyo del Gobierno a las mociones de
censura protagonizadas por el Partido Popular en municipios de Galicia.
(Número de expediente 181/000379) (Página 6233)
Comparecencia del señor Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales (Fernández Díaz), para informar sobre iniciativas llevadas
a cabo en relación con el llamado pacto local. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000540) (Página 6236)
Preguntas (continuación):
--Del señor Ríos Martínez (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre balance de las reuniones de las
Comisiones Mixtas Administración del Estado-Comunidades Autónomas, así
como compromisos y calendario de desarrollo de los acuerdos adoptados.
(Número de expediente 181/000386) (Página 6255)
--Del mismo señor Diputado, sobre actuación del Gobierno respecto a los
recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por algunas
Comunidades Autónomas contra el nuevo sistema de financiación autonómica.
(Número de expediente 181/000387) (Página 6255)
--Del mismo señor Diputado, sobre situación de la transferencia de
competencias en materia de educación a las Comunidades Autónomas que aún
no las tienen. (Número de expediente 181/000388) (Página 6261)
--Del mismo señor Diputado, sobre iniciativas para un nuevo impulso
autonómico que amplíe el techo competencial y la capacidad parlamentaria
de las distintas Comunidades. (Número de expediente 181/000389) (Página 6261)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Se abre la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES (FERNANDEZ DIAZ), PARA INFORMAR SOBRE CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES EN LAS APORTACIONES DEL ESTADO A LA
COOPERACION LOCAL. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 212/000539.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero: Comparecencia del señor Secretario de
Estado para las Administraciones Territoriales ante la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas, para informar sobre las causas
y consecuencias de los recortes en las aportaciones del Estado a la
cooperación local.
Sin más, tiene la palabra el señor Secretario de Estado, al que damos la
bienvenida en esta nueva ocasión de comparecencia ante la Comisión.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Señor Presidente, señores miembros de la Mesa,
señorías, en primer lugar quiero agradecer a la Mesa su gentileza y su
disponibilidad ante mi petición de retrasar por unos días esta solicitud
de comparecencia.
Comparezco, señorías, ante esta Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas para informar, en relación con la solicitud de
comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
causas y consecuencias de los fuertes recortes en las aportaciones del
Estado a la cooperación local.
Me parece que puede ser de utilidad, a los efectos de la motivación y de
la finalidad de esta comparecencia, que yo comience informando, siquiera
sea brevemente, a SS. SS. sobre el objeto del programa de cooperación
económica local del Estado, para que en su contexto podamos analizar con
mayor profundidad y con mayor claridad las causas y las consecuencias
derivadas de los recortes presupuestarios que le han afectado.
Este programa, como saben SS. SS., lo gestiona el Ministerio de
Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales y tiene por objeto fundamentalmente dotar
a los diferentes núcleos y entidades de población de las necesarias
infraestructuras y equipamientos básicos de carácter colectivo que sean
de competencia local, facilitando a los habitantes de esos núcleos de
población el acceso a determinados servicios y prioritariamente a los
obligatorios, que son, a estos efectos, los establecidos como mínimos en
el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
Ley 7/1985, de 2 de abril.
Saben SS. SS. que la provincia, como entidad local determinada por la
agrupación de municipios con personalidad jurídica y plena capacidad para
obrar, tiene como fines propios garantizar los principios de solidaridad
y equilibrio intermunicipal, asegurando la prestación integral y
adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia municipal y participando en la coordinación de la
Administración local con la de la comunidad autónoma y la del Estado.
Como órgano de gobierno y administración de la provincia, la Diputación
provincial, y, en su caso, los cabildos y consejos insulares, como
corporaciones representativas de la entidad local isla, tiene como
competencias propias, además de la prestación de los servicios públicos
de carácter supramunicipal, el fomento y la administración de los
intereses particulares de la provincia, que son, por una parte, la
coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la
prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal,
y, por otra parte, y de manera, a mi juicio, muy especial, la asistencia
y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, en
especial a los de menor capacidad técnica y de gestión.
A través de la cooperación económica local, el Estado participa
financieramente en el objeto indicado mediante transferencias de capital
que tienen el carácter de condicionadas, Capítulo 7 de los presupuestos,
y regulado, en cuanto al procedimiento, fundamentalmente por el Real
Decreto 665/1990, de 25 de mayo. Quiero concretar también, como saben SS.
SS., que, en todo caso, cuando estamos hablando de la cooperación
económica local del Estado estamos hablando de cooperación con municipios
de menos de 50.000 habitantes. Lo digo para acotar desde el punto de la
población lo que es este programa y lo que son estas actuaciones.
El Decreto 665/1990, de 25 de mayo, por el que se regula la cooperación
económica local del Estado, configura un sistema caracterizado por los
siguientes elementos: Primero, la especialización de los instrumentos de
cooperación, para lo que se establecen tres secciones, la general, la
especial y la sectorial. La primera, la general, corresponde a los planes
provinciales e insulares de obras y servicios, con los que se pretende
atender prioritariamente la cobertura de los servicios municipales
obligatorios a los que hice referencia en relación con la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local. La sección especial va dirigida a la
financiación de programas de inversiones en los territorios menos
favorecidos, que a su vez suelen ser los menos integrados en los ejes de
actividad y desarrollo económico. Y finalmente, la sección sectorial va
orientada hacia aquellos servicios selectivamente elegidos por su
incidencia positiva en una más equilibrada calidad de vida local. Y, a
título enunciativo, que no exhaustivo, podríamos citar la red viaria
local, la prevención y extinción de incendios, como los más
significativos de esta sección sectorial.
Otra de las características de este programa, y sería la segunda, es la
de la exigencia de una planificación plurianual de las inversiones y de
un programa financiero que garantice su viabilidad como condición
indispensable para la cooperación con el Estado.
Tercero, la evaluación objetiva de necesidades mediante el empleo de la
información debidamente actualizada de la encuesta sobre infraestructura
y equipamiento local en la selección de los proyectos de inversión.
Priorización de los servicios, territorios y sectores en los que se
acordará la participación financiera estatal en base al análisis y
evaluación de las solicitudes de cooperación, modulación de las ayudas en
función de las prioridades establecidas, las circunstancias
socioeconómicas de las corporaciones locales y el empleo de soluciones
mancomunadas, asociativas y supramunicipales en la prestación de los
servicios. Y, por último, aunque sin duda no es una de las
características menos importantes, la incorporación de proyectos
cofinanciados con fondos estructurales de la Unión Europea de acuerdo con
los respectivos marcos comunitarios de apoyo cuales son los programas
operativos locales.
La interacción de los diferentes elementos descritos, que combinan
factores territoriales y sectoriales, pretende alcanzar mayores niveles
de bienestar y desarrollo en nuestro mundo local, mejorando la calidad de
vida para los habitantes del medio rural y semiurbano a los que se
dirigen preferentemente las actuaciones de la cooperación local.
Me parece que, para contextualizar el sentido de la solicitud de
comparecencia, sería bueno hacer una brevísima referencia de lo que ha
sido la evolución de los créditos asignados por el Estado para este
programa que acabo de reseñar sucintamente. Y así tenemos una evolución
que, por ejemplo, en el año 1984 significó 20.098 millones de pesetas; en
el año 1985, 18.150; en el año 1986, también 18.150. Nos podemos remontar
ya al año 1992 con 25.423 millones; en 1993, 25.443; en 1994, 22.943; en
el año 1995, 27.963; en el año 1996, 27.216; y este año, 1997, 19.894. Se
observa que efectivamente hay una caída en cuanto a los créditos
consignados en los presupuestos del Estado para dotar desde el Ministerio
de Administraciones Públicas este programa, que pasa de unos créditos
teóricos --luego me referiré a ello-- del ejercicio anterior, de 27.216
millones a 19.894. Entiendo que el sentido último de esta petición de
comparecencia es explicar el porqué de esta caída, cuáles son las causas
que en su caso puedan explicar o justificar esta caída en los créditos
destinados a financiar este programa, y, por otra parte, cuáles son las
consecuencias de este importante --no lo voy a ocultar-- recorte en estos
créditos, las consecuencias que tiene para el mundo local, para los
pequeños y medianos municipios y para las diputaciones, cabildos y
consejos insulares, que son, en definitiva, las entidades locales
destinatarias y receptoras de estos créditos.
Creo que también hay que señalar que, en relación con este programa, es
importante la financiación europea. Y en este sentido podemos pasar
revista a lo que ha sido la evolución de los retornos comunitarios a las
entidades locales para la financiación de los programas operativos
incluidos en este programa de cooperación económica local del Estado. Han
evolucionado desde el año 1991, que fueron 7.298 millones, pasando por
8.485, en el año 1992; 9.077, en el 1993; 13.157, 13.923, 14.369, en los
años 1994, 1995 y 1996 respectivamente, y para este año, 14.268.
Obsérvese que este año, pese al recorte que ha habido en los créditos del
Estado, la cofinanciación europea se ha mantenido, lo cual ha hecho que
el impacto en las entidades locales sea menor. Se hubiera evidentemente
agudizado si
hubiera habido una proporcionalidad entre el descenso de los créditos
presupuestados en la Ley de Presupuestos del Estado y en los retornos
comunitarios que cofinancian también este programa. De tal suerte que,
por referirme a los siete últimos años, sumando la subvenciones del
Estado iniciales contenidas en los Presupuestos Generales del Estado y
las ayudas comunitarias, tendríamos, en el año 1991, 33.449 millones; en
el año 1992, 33.908; en el año 1993, 34.520; en el año 1994, 36.101; y
finalmente en los tres últimos años 1995, 1996 y el actual,
respectivamente, 41.887, 41.585 y ya este año, 34.163. Siempre hablamos
de millones de pesetas. Si tomamos como índice 100 el año 1991, nos
encontraríamos con que en este año 1997 tendríamos un índice 102,14,
habiendo pasado por un índice del año 1996 equivalente al 124,33. Estos
serían los datos objetivos que se derivan de la situación que en estos
momentos tenemos.
Pienso que debo reseñar, porque conviene que sea públicamente conocido,
sin perjuicio de que SS. SS. ya lo conocen, el efecto multiplicador que
tienen estas actuaciones. Por ejemplo, en lo que hace referencia al
cumplimiento del programa de cooperación local del Estado del año 1996,
la inversión total generada, a partir de las subvenciones consignadas en
la Ley de Presupuestos del Estado, fue de 100.776 millones de pesetas, lo
que significa que cada peseta del Estado arrastra otras 2,77 pesetas
fundamentalmente de las corporaciones locales. De tal manera que al
final, en lo que hace referencia al ejercicio anterior, la subvención
estatal representó el 26,7 por ciento de la inversión estatal.
Y, por último ya, unos datos adicionales para explicar y, como he dicho,
intentar contextualizar lo que es este programa y analizar con mayor
precisión y conocimiento de causa lo que planteaba el Grupo Parlamentario
Socialista en su solicitud de comparecencia. Tengo que decir que las
diputaciones, cabildos y consejos en el año 1996 realizaron una
aportación de prácticamente 35.000 millones de pesetas, prácticamente el
35 por ciento de la inversión total; que las aportaciones de los
ayuntamientos significaron 20.500 millones de pesetas, el 20,3 por ciento
de la inversión; que las comunidades autónomas pluriprovinciales --en la
medida en que, como ustedes saben, asumen a estos efectos las
competencias y los recursos propios de las diputaciones, que quedan
subsumidas en la estructura de dichas comunidades autónomas-- aportaron
4.059 millones de pesetas, el 4 por ciento del total, y finalmente, los
fondos estructurales de la Unión Europea, asignados directamente a las
corporaciones locales, 13.588 millones de pesetas, el 13,5 por ciento.
Y por distribución sectorial, a mejora de las carreteras se destinó
prácticamente el 25 por ciento de los recursos, equivalente más o menos a
25.000 millones de pesetas; le sigue en importancia las obras relativas a
pavimentación de vías urbanas, para las que se destinó una inversión de
23.804 millones, el 23,6 por ciento. Y a continuación destacaría la
actuación en materia de abastecimiento de agua, con una inversión de
18.601 millones de pesetas, y las de saneamiento, con una inversión de
11.200 millones de pesetas, respectivamente el 18,5 y el 11 por ciento.
Desde el punto de vista territorial, si analizamos la distribución por
estratos de población de los municipios, la mayor, parte de la inversión
se concentra en los municipios de menos de 5.000 habitantes, para los que
se destinan 47.190 millones de pesetas, el 46,8 por ciento del total.
Significa que para el total de los municipios de este estrato, es decir,
los de menos de 5.000 habitantes, la inversión media por habitante es de
9.596 pesetas y de 14.705 pesetas por habitante para aquellos municipios
de este estrato al que me estoy refiriendo en los que ya específicamente
se realizó alguna obra. Quiero destacar también la inversión realizada en
obras de carácter supramunicipal (carreteras, obras de mancomunidades,
etcétera), para las que se destinaron 21.825 millones de pesetas.
Como ya he dicho al comienzo de mi intervención, los créditos destinados
al programa de cooperación económica local del Estado para 1997 ascienden
a 19.894,7 millones de pesetas, que si los comparamos con los
inicialmente asignados en 1996, en la Ley de Presupuestos, representa una
disminución en cifras absolutas de 7.322 millones, y en términos
relativos el 26,90. Habría que matizar estas cifras, puesto que en la
práctica, como ustedes saben, el Gobierno, poco después de su
constitución, acordó una no disponibilidad de créditos por valor de
200.000 millones de pesetas que afectaron también a este programa, de tal
suerte que las obligaciones reconocidas debían quedar recortadas no en el
límite presupuestario consignado de veintisiete mil y pico millones de
pesetas, sino en 25.000 millones, aunque la inercia de este programa, que
es de carácter plurianual, y la necesidad, lógicamente, de atender los
compromisos asumidos en anteriores ejercicios tanto por el Gobierno,
mediante acuerdos de Consejo de Ministros, cuanto por la Comisión
Nacional de Administración Local, hizo que en la práctica al final las
obligaciones reconocidas fueran de 26.700 millones de pesetas. Entiendo
que en todo caso tiene una importancia secundaria, lo reconozco, pero
para hacer una comparación correcta no habría que comparar el crédito
consignado en los presupuestos del 1996 con el crédito consignado en los
de 1997, sino realmente y en función de las razones que acabo de
comentar, con las obligaciones efectivamente reconocidas, de tal manera
que, en lugar de esa reducción del 26,90 por ciento de los créditos
reconocidos para atender este programa deberíamos situarnos más bien en
el entorno del 24-25 por ciento. En cuanto a las obligaciones
efectivamente reconocidas, no --insisto-- aquellas que teóricamente
debieran haber sido sólo reconocidas, que eran 25.092 millones de
pesetas.
Me pregunta el grupo que ha solicitado mi comparecencia las causas y las
consecuencias. Las causas yo creo que son públicamente conocidas; otra
cosa es que, lógicamente, sean compartidas. Es evidente que el Gobierno
presentó un proyecto de ley de presupuestos a esta Cámara que pretendía
fundamentalmente, con una política presupuestaria adecuada, atender a los
criterios de convergencia establecidos en Maastricht, singularmente una
reducción del déficit que nos debía llevar a un déficit del 4,4 por
ciento a un déficit del 3 por ciento. Y eso evidentemente ha significado
importantes recortes de muchas partidas del
presupuesto, que al final esta Cámara y el Senado aprobaron y que es hoy
la Ley de Presupuestos.
Yo quiero recordar de todas maneras a SS. SS. que el presupuesto del 1997
al final tuvo un crecimiento del 1,7 por ciento, del 1,6 por ciento si
atendemos al subsector Estado exclusivamente. Si atendiéramos también al
subsector Estado, Seguridad Social y otros, el crecimiento hubiera sido
el 2,1 por ciento. Llegar a un incremento del subsector Estado, donde
está este programa incluido, del 1,7 por cinto, teniendo que incrementar,
por ejemplo, las pensiones en un 5,1 por ciento, pensiones y prestaciones
en general contributivas, 5,3, y las no contributivas en el 0,6;
incrementar la financiación de la sanidad en un 6 por ciento; incrementar
las transferencias o los entes territoriales en un 6,6 por ciento, y ya
que hablamos de entidades locales, será bueno que recordemos que las
transferencias a las comunidades autónomas se incrementaron en un 6,9 y a
las corporaciones locales en un 5,2, lo cual dio un total, como digo,
adecuadamente ponderadas estas transferencia a estos distintos entes
territoriales, de un 6,6 por ciento. Al final, para llegar a un 1,7,
subiendo en sanidad --insisto en que estamos en 3,5 billones-- un 6 por
ciento, las pensiones en un 5,1, transferencias a entes territoriales, y
estamos hablando en el caso de las transferencias a entes territoriales
de en torno a más de 6 billones de pesetas, hacer que cuadre el
presupuesto con un incremento del 1,7 obligaba necesariamente a congelar
o reducir partidas. Y ciertamente --y comprenderán que yo no me felicito
por ello; otra cosa es que yo lógicamente sea solidario con la política
del Gobierno-- una de las partidas presupuestarias que se vio
especialmente afectada por este presupuesto, que tenía que ser tan
restrictivo y que tenía que propiciar una convergencia con los criterios
establecidos en Maastricht para acceder a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria, fue este programa en los términos que conocemos.
Estas han sido las causas.
Y ¿cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias han sido que
lógicamente se ha producido una reducción de los distintos programas,
subprogramas y conceptos que componen el programa de cooperación local
del Estado. En particular, en el concepto relativo a los planes
provinciales e insulares de obras y servicios, para este año 1997 hay una
dotación (estamos hablando siempre del crédito del Estado) de 6.319
millones de pesetas, cuando en el presupuesto inicial --aludo a inicial
por las razones que antes comenté-- la dotación era de 10.388. Eso quiere
decir que nos estaremos moviendo en términos de una reducción de en torno
al 35 por ciento en el capítulo dedicado a planes provinciales e
insulares de obras y servicios. Me refiero a la subvención del Estado,
porque, evidentemente, en la medida en que otros elementos
cofinanciadores se mantienen, el impacto total en términos relativos
lógicamente será bastante menor. Pero, para ser honesto intelectualmente,
tengo que decir que la reducción será de en torno al 35 por ciento
comparando estrictamente financiación derivada de este programa en su
financiación estatal.
En los programas de acción especial pasamos de 4.792, presupuesto inicial
de 1996, a 3.387. La reducción al final, la real, estará en torno al 26
por ciento. En la red viaria local, la reducción estará en torno al 34-35
por ciento, 3.860 millones, para este año. Otros sectoriales, 4.576, y
una reducción de en torno al 15 por ciento. En la encuesta de
infraestructura y equipamiento local no se produce ninguna reducción; son
100 millones en los dos ejercicios presupuestarios. El pago al Instituto
de Crédito Oficial, diferencial del tipo de interés por daños producidos
en inundaciones, pasa de 90 millones en 1996 a 40 millones en el año
1997. Y al final, en términos ponderados, la reducción va a ser del 30
por ciento en promedio.
Ahora bien, desde el punto de vista de las consecuencias, sí que me
parece importante significar que se han cumplido todos los compromisos
asumidos con anterioridad, de tal manera que la Comisión Nacional de
Administración Local, en su sesión plenaria, celebrada el 30 de enero en
el Ministerio de Administraciones Públicas, informó favorablemente por
unanimidad los criterios seguidos para la distribución territorial de las
subvenciones, criterios que yo voy ahora someramente a comentar, porque
quiero que conozca la Comisión, que conozcan SS. SS., los criterios
mediante los cuales se distribuyó el programa de cooperación local del
Estado para 1997.
El primer criterio ha sido respetar las compromisos adquiridos para los
programas de carácter plurianual vigentes en 1997, como son las comarcas
de acción especial aprobadas por Consejo de Ministros. Nos estamos
refiriendo a consejos de ministros celebrados con anterioridad a la
llegada de este Gobierno, porque el actual Gobierno, el actual Consejo de
Ministros, no ha aprobado ninguna otra actuación de carácter especial, no
ha reconocido ninguna comarca nueva de acción especial sobre las ya 37
declaradas y en vigor en estos momentos.
Asimismo se han respetado todos los compromisos adquiridos relativos a
los programas operativos comunitarios que fueron aprobados por la
Comisión de la Unión Europea. Esto ha significado, en lo que hace
referencia a los programas de acción especial, respetar los compromisos
adquiridos con anterioridad que se concretan en este presupuesto en 3.388
millones de pesetas, por una parte, y 4.526 millones de pesetas para los
compromisos adquiridos con anterioridad en relación con los programas
operativos comunitarios.
Otro criterio ha sido, lógicamente, en coherencia con esta reducción
presupuestaria, no proponer al Consejo de Ministros la declaración o
prórroga de nuevas comarcas de acción especial para el período 1997-2000
sobre, como digo, ya las 37 declaradas con anterioridad y en vigencia en
estos momentos.
Otro de los criterios fue el de no subvencionar para este ejercicio 1997
actuaciones sectoriales de prevención y extinción de incendios.
Y finalmente, aplicar linealmente, frente a otros criterios, la reducción
de los créditos asignados a los planes provinciales e insulares de obras
y servicios y los correspondientes a la mejora de la red viaria local, a
fin de que las disminuciones que experimentan las provincias e islas en
relación a 1996 sean similares.
Pareció, dicho con palabras inteligibles, in criterio de solidaridad
territorial. Esto significa, como he dicho, que la disminución media de
los planes provinciales de obras y servicios ha sido del 39 por ciento, y
para la mejora de la red viaria local del 37 por ciento.
Y sólo me queda resaltar ya en esta intervención inicial que en 1997 las
entidades locales, las corporaciones locales, además de los 19.894,7
millones de pesetas que recibirán procedentes de los Presupuestos
Generales del Estado, recibirán igualmente 14.268,59 millones de pesetas
como subvenciones comunitarias, que se asignarán a los programas
operativos gestionados a través de la cooperación económica local del
Estado. De tal suerte que, el importe total a percibir por las
corporaciones locales este año, que será destinado a la cofinanciación de
los planes y programas de cooperación económica local, ascenderá a un
total de 34.163,29 millones de pesetas.
He pretendido hacer una explicación lo más detallada posible en relación
al programa que nos ocupa que, como ustedes saben, es el 912 B de los
Presupuestos Generales del Estado.
Señor Presidente, una vez hecha esta exposición inicial, con mucho gusto
me pongo a disposición de SS. SS.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra el Diputado señor Morlán Gracia.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias al señor Fernández Díaz por su
comparecencia y por la información facilitada sobre este programa de
cooperación económica local del Estado. Usted ha hecho un esfuerzo muy
importante al intentar dar satisfacción al planteamiento que hace el
Partido Socialista en su solicitud de esta comparecencia. Pero veo que en
esa exposición, desde nuestro punto de vista, hay lagunas importantes que
yo espero que usted nos aclare en la contestación a lo que le estamos
planteando en este momento.
Efectivamente, el programa de cooperación económica local del Estado va
dirigido a mejorar el sistema de financiación para infraestructuras y
equipamientos en las corporaciones locales, y ello se pretende desde dos
principios o dos criterios de los que usted es consciente, me imagino,
que son el de la solidaridad y el de la coordinación con otras
instituciones. Usted ha hecho un esfuerzo muy loable, como he dicho, de
intentar poner encima de la mesa que los ayuntamientos, las corporaciones
locales de menos de 50.000 habitantes van a recibir la suficiente ayuda
para hacer frente a todas sus necesidades en los diversos aspectos de su
gestión municipal, de su día a día. Pero indudablemente hay uno de los
temas que sí que es problemático: el de la coordinación institucional.
Por mucho que usted quiera justificar este reducción que hay (luego
hablaremos de las cifras más concretamente) de un 26 por ciento entre los
27.000 millones de 1996, del presupuesto inicial distribuido, y los
19.894 de 1997, es cierto que se produce dentro de esa disminución una
serie de desequilibrios muy importantes que, desde luego, no son
compensados en modo alguno por aportaciones de otras instituciones.
Usted sabe como yo que cada institución, cada administración, es muy
celosa de sus competencias, de sus responsabilidades. Y usted sabe que
cuando un ayuntamiento va a la diputación provincial a plantear cuáles
son sus necesidades para el siguiente curso, se encuentra con que si para
los temas de suministro de energía eléctrica, alumbrado público,
saneamiento, agua, no hay dinero, desde luego es muy complicado que por
parte de esa institución se les facilite ayuda con cargo a otros
conceptos, como pueden ser planes comunitarios o como puede ser otro tipo
de financiación, si no hay suficiente dinero en la propia corporación
para hacerlo. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que al disminuir ese tipo de
aportaciones a las diputaciones por parte de la Administración central
del Estado, para que a su vez lo distribuyan entre los ayuntamientos, si
no les asignan las cifras necesarias lo que se hace es mermar la calidad
de prestaciones de los servicios que tienen los ayuntamientos respecto a
sus ciudadanos.
Entrando en lo que son planes provinciales e insulares de obras y
servicios, lo que sí les digo es que la disminución de un 39,17 por
ciento, que es la diferencia que existe entre los 10.387 millones de
pesetas de 1996 y los 6.319 millones de pesetas de 1997, nos parece
excesivamente amplia, excesivamente fuerte para que las diputaciones
provinciales puedan atender a las obligaciones que contraen con los
ayuntamientos pequeños de sus provincias. Cuando estas disminuciones son
de esa importancia, y se ve que no existe un gran deseo de que
determinadas instituciones funcionen en condiciones, da la impresión como
si quisieran que desaparecieran. No sé si ustedes pretenden que las
diputaciones provinciales tengan en el futuro alguna otra competencia más
de la que tiene, que se mantengan como están o que desaparezcan. Con este
tipo de actuaciones, encaminadas a disminuir la gestión según las
cantidades de dinero que van dirigidas a los ayuntamientos pequeños, lo
que da la impresión es que les están quitando la posibilidad de
gestionar, la posibilidad de ayudar, de asesorar, tal y como usted ha
comentado que planteaba el programa de cooperación económica y local del
Estado en los presupuestos de 1997. Lo que sí es cierto que ha hecho es
una lectura línea por línea de cuáles son los objetivos del programa, que
por supuesto coincide con lo que dice el presupuesto, como no podía ser
de otra manera. Lo que sucede es que una cosa son las intenciones que
plantea el presupuesto y otra cosa es lo que de verdad después se hace,
porque indudablemente con los recursos que ustedes están consignando no
es suficiente para atender a lo que dicen los planes provinciales.
Según sus propias manifestaciones y la consignación que hay en los
presupuestos, hablan de que atenderán aquellos servicios que sean
básicos, y dice: el suministro público de agua, saneamiento, alumbrado
público, pavimentación y acceso a núcleos incomunicados. Si le pongo el
ejemplo de mi provincia, que es Huesca, en la que a mayor parte de los
ayuntamientos de esta provincia son pequeños --casi el 90 por ciento
tienen menos de 2.000 habitantes-- y teniendo en cuenta las
complicaciones orográficas
que existen, se podrá dar usted cuenta de que este tipo de servicios en
muchos casos no están atendidos tal y como debieran. ¿Por qué? Porque las
aportaciones del Estado en muchos momentos, y en este concretamente, no
son suficientes para atenderlos. A mí me gustaría saber, respecto a este
programa, qué incidencia está teniendo. No me diga que se compensa o se
complementa con las aportaciones comunitarias, porque después sucede lo
que sucede, que cuando vas a pedir explicaciones te dicen que no hay
suficiente dinero y por tanto no se pueden hacer esas obras. Me gustaría
saber cómo repercute a nivel provincial esta disminución. Si no tiene
usted aquí los datos, me gustaría que nos lo remitiera por escrito. Es
decir, de qué manera se han distribuido estos 6.319 millones de pesetas
entre todas las provincias de España, cómo lo han gestionado las
diputaciones provinciales y con qué criterios se ha producido esta
división provincial.
Otro de los programas que ustedes incluyen en esta cooperación económica
local es el de acción especial. Aquí hay una disminución entre 1996 y
1997 del 29,31 por ciento. Usted ha comentado que no hay un aumento de
las zonas declaradas de acción especial. Ustedes las mantienen, como
estaba comprometido con arreglo a criterios anteriores, y no las amplían.
Me gustaría que nos dijera si ha habido motivos suficientes para que haya
más zonas declaradas de acción especial y, si los ha habido, de qué
manera se han orientado para que esas zonas declaradas de acción especial
tengan la atención correspondiente; si éste es un programa de los que
ustedes piensan que se debe extinguir y si creen que estos programas de
acción especial pueden ser atendidos con otro tipo de actuaciones, con
otro tipo de inversiones. Y me gustaría saber si estas actuaciones las
quieren llevar a cabo a partir de ahora con otro tipo de planteamientos.
En cuanto a la red viaria local, que sufre una disminución del 37,17 por
ciento entre los 6.144 millones de 1996 y los 3.860 de 1997, desde
nuestro punto de vista es un programa auténticamente insuficiente. Y aquí
están pagando una prima muy importante los ayuntamientos pequeños,
aquellos ayuntamientos que, además de su núcleo principal, tienen
múltiples núcleos agregados y cuyas comunicaciones entre los mismos son
muy difíciles, muy complicadas. Fundamentalmente se da en las zonas más
deprimidas. ¿Qué es lo que sucede? Que este programa debería tener un
mayor equilibrio territorial en aquellas provincias o en aquellas
comunidades en las que existe una dificultad o una deficiencia para
atender este tipo de necesidades, porque le vuelvo a insistir en lo que
he dicho antes. Cuando uno visita una comunidad autónoma, dicen: yo me
hago cargo de mis carreteras. Y si va a la diputación provincial, dicen:
No, yo me hago cargo de las mías. Pero los ayuntamientos no tienen
suficientes recursos para atender lo que es una mejora o una
conservación, o ampliar los medios de comunicación entre los núcleos de
cada uno de ellos. El que ustedes hayan reducido en esa cuantía, en ese
importe, en ese tanto por ciento, este programa nos parece preocupante
porque lo que hacen es mermar las posibilidades de hacer frente a las
necesidades que tienen los habitantes de los municipios que se encuentran
en peores condiciones. También me gustaría saber de qué manera han
distribuido ustedes este programa a nivel provincial, en función de qué
criterios se ha hecho --no sé si será por el número de kilómetros de
caminos locales que existen, etc.-- y cuánto ha correspondido a cada una
de ellas. Le digo lo mismo que antes, si usted no lo tiene aquí, le
agradecería que me lo mandara.
Otros programas sectoriales. Aquí se habla de programas operativos
comunitarios. Se trata de programas en los que la disminución ha sido muy
escasa, porque son los 4.561 millones de 1996 y los 4.525 de 1997. Es la
aportación que hace el Estado a las exigencias que plantea la Comunidad
respecto al desarrollo de este tipo de programas con arreglo a los fondos
Feder y a otros fondos comunitarios. Lo que sí me extraña de este
programa es que ustedes hayan tomado la decisión de que la prevención y
extinción de incendios disminuya en la cuantía en la que lo hace: de
1.139 millones en 1996 a 50 millones en 1997. ¿Es también cuestión
competencial? ¿Es que ustedes quieren que los ayuntamientos no asuman, no
tengan o no puedan llevar a cabo ningún tipo de actividad encaminada a la
cooperación con otras instituciones para prevención y extinción de
incendios? Indudablemente, en los años de bonanza en los que llueve más y
es difícil que haya cualquier incendio --espero que esto ocurra para bien
de todos-- no sucede nada. Pero cuando esos años son de sequía, en los
que los incendios están a la orden del día, como ha pasado en los últimos
tiempos, puede suceder que estos incendios se produzcan y que no haya por
parte de las diputaciones provinciales y los propios ayuntamientos
recursos económicos que les permitan colaborar con las otras
instituciones para atender este tipo de actuaciones. Eso nos parece
ciertamente preocupante. Ustedes dicen que las causas de estos ajustes se
deben a que hay que cumplir con los criterios de Maastricht, con los
criterios de convergencia, y nos parece loable que se quiera cumplir,
pero yo creo que lo que deberíamos hacer es atender también, en la medida
de lo posible, aquellas colectividades locales que tienen dificultades y
con esto lo que hacemos es agravarlas.
Como se puede observar, señor Fernández Díaz, en su explicación lo que ha
intentado por todos los medios es darnos la visión de que, a pesar de que
este programa reduzca considerablemente su contenido y su financiación,
los ayuntamientos no quedan marginados, quedan perfectamente atendidos.
Pero cuando uno estudia y reflexiona sobre la letra de los objetivos que
marcan estos programas, de las competencias que tienen otras
instituciones en torno a este tipo de objetivos que aquí se plantean, se
da cuenta de que se están produciendo unas lagunas cada vez más amplias
de lo que ha de ser la responsabilidad, el compromiso que tienen que
asumir las diversas instituciones.
Nosotros no entendemos las causas. Entendemos que existen unos criterios
importantes de convergencia y usted sabe cuál es la posición del Grupo
Socialista respecto a su cumplimiento, pero creemos que no se debe
incidir en este aspecto. Pensamos que la diferencia entre 19.000 y 27.000
millones de pesetas, es decir, un 26,9 por ciento, es el chocolate del
loro de lo que ha de ser la disminución del déficit;
disminución que hay que conseguir en otros parámetros en los que la
incidencia puede ser menor que en este caso concreto. Por ello la
aportación del Estado tiene que ser acorde con las necesidades de los
ayuntamientos. Y por ello no entendemos que las causas estén en ese
aspecto que usted ha planteado. Sin embargo, vemos que las consecuencias
son muy negativas.
Usted ha hablado de consecuencias y dice que al fin y al cabo de lo que
se trata es de cumplir los compromisos. Me parece muy bien y ojalá que
cumplan los compromisos adquiridos anteriormente. Pero nos lo dan como
justificación cuando les interesa; cuando no, lo obvian y dicen que es su
política. Su política tenía que haber sido también atender a los
ayuntamientos en este caso concreto y con cargo a este programa,
intentando por lo menos mantener las cifras que había anteriormente.
Usted ha hablado de unas consecuencias que vienen derivadas por el
cumplimiento de unos compromisos y que no han aumentado los mismos.
Creemos que no se puede ser tan rácanos a la hora de ver cuáles son las
soluciones a los problemas. Nos gustaría que estas consecuencias que
usted ha mencionado vinieran perfectamente definidas en cuanto a la
distribución de esos montantes económicos en todas las provincias. ¿Por
qué? Porque me da la impresión de que dentro de esa distribución, a lo
mejor hay provincias más beneficiadas que otras, y dentro de las
provincias a lo mejor hay unos municipios más beneficiados que otros. Y
eso no sería bueno que sucediera, porque se echarían por tierra los
criterios de solidaridad, de equilibrio territorial que ha planteado y
que me imagino que usted defiende.
Tras agradecerle su explicación de nuevo, espero, señor Fernández Díaz,
que nos facilite la información que le hemos pedido, nos conteste y nos
diga si las causas que usted ha planteado son de la suficiente identidad
como para que esos 8.000 millones de pesetas que hay de diferencia se
hubieran tenido en cuenta, manteniendo las mismas cantidades que la vez
pasada, para atender debidamente los programas, como creemos todos que se
debería haber hecho. Como es lógico, tiene que haber una colaboración con
otras instituciones para hacer frente a los problemas que tienen los
ayuntamientos y sus ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias al señor Secretario de Estado por su
comparecencia para informar sobre las causas de los recortes habidos en
las aportaciones del Estado a la cooperación local.
Brevemente, para expresar la posición del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Admitiendo la importancia que tiene la ayuda a las
corporaciones locales pequeñas por el efecto beneficioso para el
ciudadano por su cercanía, así como la necesidad de cumplir con los
acuerdos de Maastricht (si no existiera Maastricht habría que inventar
otro porque no se podría continuar con los criterios de déficit
presupuestario constantes y crecientes), y también por un principio de
congruencia, Coalición Canaria comprende que si ha aprobado los
presupuestos y tiene un pacto legislativo apretarse el cinturón es labor
de todos, de las entidades privadas, corporaciones públicas y organismos
estatales, y que es necesaria una solidaridad, consciente de que será
beneficioso para el futuro. Esperamos que esta reducción de 7.322
millones (no voy a aludir a las ayudas europeas, sino exclusivamente a lo
que aparece en los presupuestos del Estado) no se haya hecho con un
criterio político permanente, sino que en próximos ejercicios vuelva a
incrementarse por las razones ya aludidas de la cercanía de las
corporaciones locales pequeñas con el ciudadano. (El señor
Vicepresidente, Soriano Benítez de Lugo, ocupa la Presidencia.)
La culpa fundamental la tiene el dichoso guarismo de los 200.000
millones. Por todos los lados oímos 200.000 millones: 200.000 millones es
el importe de los expedientes fiscales, 200.000 millones es la causa de
esta reducción, 200.000 millones es la cuestión sanitaria. Estamos bajo
el síndrome de los 200.000 millones. No voy a entrar en analizar estas
cuestiones, pero sí voy a decir que nos gustaría, por aquellos criterios
que se han señalado de solidaridad, que nos remitiera, si no lo tiene hoy
aquí, una relación de las reducciones habidas por diputaciones
provinciales, cabildos insulares y municipios del Estado español.
Comprendo que no los tenga aquí, pero si nos los pudieran remitir, lo
agradeceríamos.
Reitero y repito que estamos de acuerdo con las decisiones que hemos
tomado de apoyo al presupuesto del Estado español. Comprendemos que no
son suficientes las ayudas a las corporaciones locales, pero en esta hora
de convergencia con Maastricht tenemos que apretarnos todos el cinturón,
máxime cuando se ha salvado toda la política del Estado de bienestar,
tanto en las pensiones contributivas como no contributivas, como también
en materia sanitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Soriano Benítez de Lugo): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rivas Fontán.
El señor RIVAS FONTAN: Señor Presidente, para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular.
Lo que ha manifestado en su última intervención el representante de
Coalición Canaria creo que puede explicar perfectamente la sólida,
rigurosa y respetuosa intervención del Secretario de Estado respecto a la
reducción. El ha empleado incluso la palabra fuerte, cuando el Grupo
Socialista proponente ni siquiera lo había mencionado. Todo se debe a la
solidaridad en la que este año nos encontramos, o debemos encontrarnos,
respecto a los Presupuestos Generales del Estado y a las disminuciones
que en todos los campos de la Administración pública y del gasto público
tenemos que afrontar.
Quisiera matizar a los compañeros de todos los grupos políticos,
especialmente del Grupo Socialista, con los que he compartido muchos años
en la vida local española, concretamente en el nacimiento de la
democracia española a partir de los años setenta y nueve (fueron años
difíciles en
los que los ayuntamientos carecíamos de lo más elemental respecto al
ejercicio de la autonomía, puesto que la autonomía local, la autonomía
política no es posible sin la autonomía financiera), alguno de aquellos
principios que, tanto para mí como para el grupo que represento son
incuestionables, hemos de poner en práctica a lo largo del presente
mandato electoral, a lo largo de estos cuatro años en los que hemos de
afrontar quizás una nueva modificación de todo lo que supone el concepto
de la vida local española, y que nuestro grupo político manifestó
reiteradamente incluso en su propio programa electoral, respecto a lo que
viene a llamarse pacto local.
Quisiera responder al señor Morlán, que ha hecho una exposición rigurosa
respecto a cifras y a algunos datos que no tiene en su poder, que lo que
este año contemplan los presupuestos del Estado, y concretamente el
Ministerio de Administraciones Públicas, para el programa del fondo de
cooperación local es insuficiente. Quizás yo tendría que preguntarle, a
la vista de las cifras que estuvo reproduciendo, cuál sería para él la
cifra suficiente para un problema tan viejo y endémico como es el de la
dotación de servicios mínimos imprescindibles a las ocho mil y pico de
municipios españoles, sobre todo viendo aquellos pequeños municipios que
yo conozco muy bien por mi tierra gallega.
Ha hablado del chocolate del loro. Creo que es la expresión más
contundente respecto al tema que nos ocupa hoy, porque sin duda estamos
hablando del chocolate del loro. Estamos discutiendo en este momento que
la cifra que corresponde a los pequeños municipios españoles es de 19.000
y pico millones de pesetas. Pero no podemos olvidar, señor Morlán, que lo
realmente importante para la financiación de los municipios españoles es
la participación de los entes locales en los tributos del Estado. Si nos
comparáramos con otros países de la Comunidad Europea, tendríamos que ver
qué porcentaje de gasto público soportan los entes locales españoles
frente a las comunidades autónomas y al propio Estado. Y no citemos
ejemplos de la vida local europea donde sí se cumple el principio --quizá
hace 200 años, cuando la Revolución Francesa-- del derecho del ciudadano
frente a los propios derechos del Estado, y sobre todo por un principio
que compartimos muchos, y es que no puede haber democracia en un Estado
si realmente no existe una profunda democracia local. Quizá la democracia
local no pueda ser suficiente (y estamos en un momento fenomenal en esta
primera comparecencia del Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales) para profundizar en los criterios que desde el nacimiento
de la democracia, en el año 1977, han guiado las resoluciones de los
gobernantes respecto a la vida local española.
A mí me gustaría --como a usted y a otros compañeros del Grupo Socialista
hoy presentes y buenos amigos-- que pudiéramos en esta legislatura
profundizar en la participación del gasto público de los entes locales
españoles respecto a las otras administraciones. He manifestado en foros
importantes, y quiero aprovechar esta ocasión para hacerlo tanto en
nombre propio como en el de mi grupo, que los ayuntamientos, los
municipios, las comunas (como dan por llamar en Europa), son los entes
donde el ciudadano o el vecino se encuentra al nacer con un auténtico
hecho social. Coordinando esta afirmación con el artículo 1.º de la
Constitución, que habla de que España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, etcétera, quizá la primera escuela de aprendizaje
social con la que se encuentra el hombre es la vida en el municipio. Por
tal motivo, las primeras necesidades, aquellas necesidades vitales para
la supervivencia del hombre, están en general en todos los municipios, y
no sólo en los pequeños. Por eso creo que hemos de atender a lo largo de
esta legislatura, y lo propongo en nombre de mi grupo, de modo especial a
examinar todos aquellos viejos criterios que paulatinamente se fueron
revisando desde los años cincuenta, desde la Segunda República, hasta los
tiempos actuales.
No podemos olvidar que este asunto que nos ocupa hoy, que ese famoso
Decreto 665/1990, de 25 de mayo, regula exclusivamente la cooperación
económica del Estado en las inversiones de las entidades locales a través
del Ministerio de Administraciones Públicas. Pero a nosotros realmente el
tema que nos importa como municipalistas es la participación de los entes
locales en los tributos del Estado. Repito que hablaba del chocolate del
loro. Claro que es el chocolate del loro hablar, quizá con un criterio de
frontispicio fundamental en el tema local español, de estos 19.000
millones, que son los que aquí estamos discutiendo, frente a los 800.000
millones que son los que en este ejercicio de 1997 está previsto que
gasten los entes locales españoles, y me refiero a los 8.000 y pico de
ayuntamientos, incluidas diputaciones y cabildos, etcétera. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Ese sí que es un tema importante.
Incluso cuando vi el escrito del Grupo Socialista, que habla de informar
sobre las causas y consecuencias de los recortes de las aportaciones del
Estado a la corporación local, de verdad creí que el problema --y el
Presidente lo sabe-- era otro. Porque éste es un problema pequeño, y,
como muy bien ha dicho el representante de Coalición Canaria, estamos en
un año de apretarnos el cinturón. Evidentemente los pequeños
ayuntamientos tienen también que apretarse el cinturón, puesto que el
hecho de que se rebaje esta participación, esta dotación económica a los
pequeños municipios, es un pequeño porcentaje; no quiere decir que se
elimine la aportación que las demás administraciones pueden dar o con la
que pueden contribuir para que estos planes, pequeños planes..., porque
si vemos las cifras que llegan a cada pequeño ayuntamiento de este
montante global de 19.000 millones, son realmente pequeñas.
Aprovecho para decir --y ya termino-- que este criterio que se está
empleando desde hace 10 años fue sucesivamente revisado. En los años
cincuenta se llamaban sencillamente planes provinciales; en una primera
etapa, que fue hasta los años setenta, aproximadamente, eran las
comisiones provinciales de servicios técnicos. Y conste que se está
hablando exclusivamente de este fondo. Siguió avanzando en una tercera
etapa que fue la etapa de la democracia, donde las diputaciones, frente a
lo que se ha dicho aquí, han tomado un auténtico protagonismo como entes
niveladores de lo que se llama la provincia, como ente
representativo de los municipios. Y ya estamos en una cuarta etapa, que
para mí está agotada, y me parece que es muy importante resaltarlo con
absoluta contundencia, y el decreto famoso del año 1990, el famoso
Decreto 665/1990, yo creo que está acabado. Está acabado, puesto que la
situación ha cambiado muchísimo; yo, desde luego, invito, en nombre de mi
grupo parlamentario, al Secretario de Estado a que revise este caduco
decreto que en este momento quizás esté produciendo este debate, que es
un debate donde los árboles no dejan ver el bosque.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): En primer lugar, y por orden de sus intervenciones
--lógicamente, al tratarse del grupo proponente--, contesto al Diputado
por Huesca, señor Morlán.
Quiero empezar diciendo que sí que tengo los datos por diputaciones y que
se los voy a entregar al Presidente de la Comisión para que si lo estima
oportuno los haga llegar a todos los diputados que han manifestado
interés en tenerlos. No he hecho referencia a ellos por dos razones:
primero, porque extenderme en todas y cada una de las diputaciones y en
todos y cada uno de los conceptos me hubiera llevado media hora más y,
segundo, porque estos criterios de distribución de la subvención del
programa de cooperación local del Estado fueron aprobados por la Comisión
Nacional de Administración Local donde, como ustedes saben, los
ayuntamientos y, en general, las entidades locales --ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y consejos insulares--, están representados a
través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya dije
anteriormente que en su sesión plenaria celebrada en el Ministerio el 30
de enero de este año se aprobaron esos criterios por unanimidad y, por
tanto, son públicos, pero insisto, los tengo aquí y se los daré al señor
Presidente de la Comisión para que se los pueda trasladar a ustedes.
En relación con la intervención del señor Morlán, ya que me ha hablado de
Huesca, cosa que considero lógica, tengo que decirle que, como Huesca
está en Aragón, sabe que no es región objetivo 1. Ahí tenemos lo que
tenemos, entre otras cosas en el FCI con el caso de la provincia de
Teruel; seguro que usted lo conoce muy bien y en general todos los
diputados. Al no ser región objetivo 1, no es beneficiaria del programa
operativo comunitario de objetivo 1, pero sí lo es Aragón, y en
particular Huesca, de la aportación adicional suscrita para compensar su
no inclusión en el protocolo que firmaron la FEMP y el Ministerio de
Economía. Y también en particular Huesca es beneficiaria del programa
comunitario para el desarrollo de zonas rurales, que es el programa
objetivo 5B.
La traducción de esto no es mala para Huesca. Las comparaciones son
odiosas, pero, como los criterios son bastante objetivos, se da más
dinero a quien más lo necesita, para entendernos. Y de eso se deduce, por
ejemplo, que, en cuanto a plan de obras y servicios para el año 1997, las
tres diputaciones (ahí incluyo también a estos efectos cabildos canarios
y consejos insulares de Baleares) que aparecen colocadas, las tres
primeras provincias beneficiarias son, y por este orden: Zaragoza, Teruel
y Huesca, con diferencia sobre todas las provincias, cabildos y consejos
insulares de toda España. En concreto, Huesca tiene para este año, por
plan de obras y servicios, crédito programa de cooperación local del
Estado, 220,05 millones de pesetas; 86,86 millones de red viaria local;
108,14 de programa operativo comunitario. Ello le da un total de 415,04
millones de pesetas.
Coalición Canaria se interesaba también por lo mismo en relación con
Canarias, y, sin perjuicio de lo que dije antes sobre la información que
les trasladaré a través de la Presidencia, el Cabildo de Gran Canaria
tiene un total de 306 millones; Lanzarote, 86,97; Fuerteventura, 143,67
--voy a darle todos estos datos, señor Gómez Rodríguez--; Tenerife,
316,87; La Palma, 193,96; La Gomera, 104,80; y El Hierro, 58,60.
Y en el caso de Aragón, como dije, el total de Zaragoza son 563,01;
Teruel, 498,78; Huesca, 415,04. En el ranking aparecen las provincias
aragonesas y yo insisto en que los criterios son muy objetivos y se han
aprobado además por unanimidad. Huesca en particular es una provincia
que, en términos relativos, porque todos los bienes y especialmente éstos
son escasos, entendemos que está bien tratada.
Hacía referencia el señor Morlán a si nosotros pensábamos eliminar los
planes de acción especial, las comarcas de acción especial. Yo le quiero
decir que evidentemente ya no existen con la misma intensidad las
diferencias intermunicipales que provocaron en su día la creación de
comarcas de acción especial. No le oculto que tenemos que hacernos un
replanteamiento general sobre si es conveniente o no, porque es evidente
que en estos momentos ya tenemos declaradas 37 comarcas de acción
especial y es lógico que todos los presidentes de diputación, de
cabildos, de consejos insulares quieran crear comarcas de acción especial
en su territorio. La generalización universal de la declaración de estas
zonas lleva a la esterilización de este instrumento como instrumento de
equilibrio interterritorial. Y, por lo tanto, no oculto, en el contexto
al que hacía referencia el señor Rivas Fontán, que nos estamos
replanteando en conversaciones con la FEMP, y lógicamente, en su día y en
su caso, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, una
profunda reforma del Decreto 665/1990, que regula la cooperación local
del Estado. Tenemos muy avanzados los trabajos y ya oficiosamente con la
FEMP hemos intercambiado documentación, porque creemos que, desde el
punto de vista de la gestión operativa de este programa, se puede mejorar
enormemente. Como saben ustedes, en estos momentos se les da el 75 por
ciento de la subvención en el momento en el que se adjudica la obra y el
25 por ciento restante en el momento en que la obra es ejecutada, para lo
cual hay de plazo hasta el 31 de diciembre del ejercicio siguiente, salvo
supuestos especiales que permiten prórrogas. El nivel de ejecución en
algunos casos dista mucho de desear y en algunos casos se debe a que el
instrumento, que es este decreto, no responde a algunas de las
necesidades que de gestión tienen, a los efectos de este programa, las
diputaciones, los cabildos y los consejos insulares.
Por lo tanto, si usted me dice que si queremos extinguir las comarcas de
acción especial, no le voy a decir que sí, pero tampoco que no, porque
consideramos que, insisto, en estos momentos ya no se dan las razones que
en su momento avalaron la necesidad de su existencia y la tendencia a su
generalización está haciendo que nos tengamos que replantear seguramente
otros instrumentos que sean más eficaces, sin perjuicio de pretender
conseguir el mismo objetivo, que es el de un reequilibrio intermunicipal,
lógicamente. Sí que le diré, por otra parte, que sí que tenemos plena
conciencia de una cosa y es el carácter bifronte que, como usted sabe,
siguiendo la terminología acuñada por el Tribunal Constitucional, tiene
la Administración local española, en cuanto a que mantiene relaciones
tanto con el Estado cuanto con las comunidades autónomas, dentro del
esquema de distribución competencial definido por el bloque de la
constitucionalidad, la bifrontalidad del Estado para estos pequeños y
medianos municipios, entendiendo por tales los de menos de 50.000
habitantes, está económicamente en este programa. Está en los
instrumentos jurídicos, pero una Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local o una Ley de Haciendas Locales no se hace cada año, evidentemente;
son instrumentos legales que tienen vocación de pervivencia en el tiempo.
En el día a día, en la mejora efectiva de las condiciones de vida de los
habitantes de estos pequeños y medianos municipios, la bifrontalidad del
Estado está consagrada en este programa de cooperación local del Estado.
Desde luego, el actual Gobierno no va a renunciar a la bifrontalidad que
le corresponde y, en consecuencia, sin perjuicio de las dificultades de
este ejercicio presupuestario, estamos en condiciones de conseguir una
mejora notable de los recursos destinados a este programa para el próximo
ejercicio presupuestario. Para ello, evidentemente, todos los apoyos
serán buenos, en el bien entendido de que el municipalismo impregna
horizontalmente a todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara.
Dije antes que uno de los criterios que se siguió para redistribuir los
recursos de este programa para este ejercicio presupuestario de 1997,
dada la reducción del montante global de los mismos, era el mantenimiento
de los compromisos asumidos con anterioridad. Se lo puedo concretar
ahora. Por ejemplo, en lo relativo a las comarcas de acción especial,
para que se dé cuenta de la reflexión que le he trasladado, le dije que,
como usted sabe, las comarcas de acción especial, las zonas de acción
especial las acuerda el Consejo de Ministros por un período de 4 años. En
estos momentos tenemos las siguientes: en el año 1994, el Consejo de
Ministros y para el cuatrienio de 1994-1997 declaró 4 comarcas de acción
especial; en el año 1995, el Consejo de Ministros para el cuatrienio
1995-1998 declaró 18; y en el año 1996, para el cuatrienio 1996-1999, 15.
Total, 37, en estos momentos. Compromiso para este año, en la inversión
plurianual que eso significa, 3.387,94 millones de pesetas. Eso es lo que
nos ha llevado a que el actual Gobierno, a través de un acuerdo del
Consejo de Ministros, no pueda declarar ninguna nueva comarca de acción
especial. Usted me aceptará, señor Morlán, sin ánimo polémico por mi
parte, que declarar una comarca de acción especial es un instrumento
político importante en la vida política, porque es legítimo que zonas que
en términos relativos están deprimidas en relación con otras quieran una
actuación especial del Estado que se traduzca en una declaración de
comarca de acción especial para los beneficios financieros, de
inversiones, que eso va a significar. Cuando el Gobierno no lo declara
renuncia a una posibilidad legalmente contemplada y que normalmente tiene
réditos políticos en esas zonas. Ya le he dicho que todos nos hemos
tenido que apretar el cinturón y el Gobierno, en este caso, pese a las
muchísimas, razonadas y razonables, peticiones de declaración que se han
formulado, no puede declarar ninguna y, por el contrario, ha mantenido el
compromiso con las 37 comarcas que gobiernos anteriores legalmente
determinaron.
Ahí teníamos una restricción en cuanto a asunción de compromisos
derivados de acuerdos anteriores, restricción en lo que hace referencia a
estas comarcas de acción especial, de 3.387 millones. Voy a hablar ahora
de otra restricción, paralela al mantenimiento de inversiones contraídas
con anterioridad. Yo hice referencia a los programas operativos
comunitarios; la Comisión Europea para el programa operativo local
objetivo 1 en el período 1994-1999, 3.788 millones; los programas
operativos 5B 1994-1999, entre ellos uno que afecta a la provincia de
Huesca, 409,68 millones, y el Regis 2, de Canarias para el período
1995-1999, 338 millones. Total de esta restricción: 4.525,87 millones. Ya
verá usted el nivel de discrecionalidad o de libertad para actuar que
teníamos en este ejercicio.
Prevención y extinción de incendios. Va a haber dos excepciones, que van
a afectar a la Diputación Provincial de Cuenca, en ejecución de lo
resuelto a partir de un recurso que planteó la Diputación de Cuenca
cuando se les excluyó en 1996 de dicho programa, el de prevención y
extinción de incendios, y que va a significar 41 millones de pesetas para
este ejercicio. Y luego, la Diputación de Lugo, en un supuesto similar,
para concluir las obras del Parque de Bomberos de Monforte de Lemos, por
importe de 9,54 millones de pesetas.
El plan de emergencia nuclear de Guadalajara nos significa 9,39 millones
de pesetas. Me estoy refiriendo a la mejora de las carreteras del entorno
de la central nuclear de Zorita.
Y sobre las inundaciones de 1994, nos ha permitido atender a esas
necesidades y esos compromisos asumidos en su momento una enmienda que
aprobó en el debate de presupuestos el Congreso y que significó 1.610
millones, que van a ir destinados a planes provinciales e insulares de
obras y servicios, 540 millones; programas de acción especial, 540; red
viaria local, 200; y otros sectoriales, 330 millones.
En total, los compromisos que hemos asumido y que respetamos y mantenemos
para este ejercicio son: 9.623,74 millones, que significa el 48,37 del
total de los créditos consignados para este programa 912B, que son casi
20.000 millones, 19.894. O sea que el 48,37 por ciento, como digo, ya era
intocable, por los criterios que he comentado. Ya he aludido a lo que es
nuestra opinión y
nuestra voluntad política cara al futuro en lo referente al mantenimiento
de este programa, de su mejor dotación para el futuro y en relación con
las comarcas de acción especial.
Aludió también el señor Morlán a las diputaciones, si es que queremos que
por esta vía desaparezcan o no desaparezcan, y a la coordinación
institucional. En cuanto a la coordinación institucional, la siguiente
comparecencia se refiere al pacto local, y creo que alguno de estos
temas, si les parece a SS. SS., los podemos tratar en ella en un contexto
más adecuado. Simplemente diré que, en materia de coordinación
institucional, el programa operativo local financia también carreteras,
abastecimientos, saneamientos, etcétera, y no ha sufrido ninguna
reducción esta línea de actuación. En todo caso, sí que quiero dejar bien
sentado que la política del Gobierno y, en particular, el partido que
básicamente le da sustento, el Partido Popular, como ustedes saben, es un
partido que mantiene lógicamente una férrea defensa política de lo que
son y, en el entramado institucional español y en el esquema de la
organización territorial del Estado y dentro de lo que es nuestra rica y
diversa Administración local, el papel que representan las diputaciones
como corporaciones locales representativas del ente territorial
provincia, al igual que, por supuesto, los cabildos, en relación con el
ente territorial isla. Y lo mismo podíamos decir de los consejos
insulares.
Al señor Gómez Rodríguez, de Coalición Canaria, le digo lo mismo. Yo le
daré, a través de la Presidencia, esa distribución, aunque ya he hecho
referencia a la distribución que para este año 1997 va a tener el
programa en lo relativo a los cabildos insulares canarios.
El señor Rivas Fontán introdujo un debate que a mí me parece
especialmente interesante y es que hemos de ver este programa en su
contexto. Pretender identificar la financiación de las corporaciones
locales sobre la base de este programa, lógicamente sería un
planteamiento equivocado que sé que no comparte ninguno de ustedes, pero
sí que es bueno quizás que lo comentemos, siquiera sea brevemente. Porque
yo ya dije al comienzo de mi intervención que el programa de cooperación
local, 20.000 millones este año, en términos redondos, como subvenciones
del Estado, afecta a los municipios de menos de 50.000 habitantes.
Después hay restricciones dentro del mismo en cuanto a cofinanciación,
según se trate de regiones o provincias integradas o formando parte de
regiones objetivo 1, etcétera, pero yo aludí a las transferencias totales
a las administraciones territoriales para este año, para este ejercicio
presupuestario 1997, y su relación con el precedente. Y, en materia de
corporaciones locales, el incremento ha sido el 5,2, y el volumen total,
según la Ley de Presupuestos, transferencias totales a administraciones
territoriales, 1,353 billones de pesetas, con un incremento del 5,2 por
ciento respecto al ejercicio anterior. Por lo tanto, si, en un volumen de
1,353 billones de pesetas, analizamos 20.000 millones y lo que pueda
significar una reducción, que en términos relativos es muy importante, de
5.000 millones, tiene otra dimensión.
Y no se me oculta, de todas las maneras, que evidentemente al
Ayuntamiento de Madrid o al de Barcelona, por ejemplo, o al de Zaragoza,
o al de Bilbao, o al de Tenerife, este programa, en primer lugar, no les
afecta porque es para municipios de menos de 50.000 habitantes y el peso
que tiene es descriptible, pero para un municipio como son la inmensa
mayoría de los municipios españoles, el peso relativo que tiene una
reducción de este programa de las características de las que ha sufrido
en este ejercicio presupuestario tiene una notable incidencia. Yo no voy
a negar esa importancia; he aludido al carácter bifronte de la
Administración local española y, en relación con esos pequeños y medianos
municipios, he dicho que la bifrontalidad se la da este programa. Con eso
creo que he hecho una declaración de voluntad política me parece que
evidentemente importante, sobre todo a efectos de futuro. Por supuesto,
compartimos básicamente la preocupación, desde esa perspectiva, que
supone esta reducción, pero eso forma parte de otro debate y ya hice
referencia sucintamente a las causas en mi exposición inicial.
Señor Presidente, salvo que haya alguna otra intervención, yo termino
aquí mi turno de contestación y le entrego en este acto el listado en el
que se recoge la distribución territorial de las subvenciones del Estado
para cooperación económica local en este ejercicio, con descripción de
cada uno de los conceptos que lo integran, plan de obras y servicios,
programas de acción especial, red viaria local, programas operativos
comunitarios, prevención y extinción de incendios, reparación de daños e
inundaciones, encuesta de infraestructura de equipamiento local,
Instituto de Crédito Oficial para subvenciones de intereses, para que a
través de la Presidencia puedan tener la información que me solicitaban.
El señor PRESIDENTE: Se remitirá por parte de la Presidencia a los grupos
parlamentarios la documentación que me acaba de entregar.
Señor Morlán, para formular alguna pregunta o pedir alguna aclaración de
manera escueta, como dice el Reglamento, tiene la palabra.
El señor MORLAN GRACIA: Señor Fernández, en principio le pediría que me
remitiera, a poder ser, el mismo listado pero de 1996, con la finalidad
de estudiarlo.
En segundo lugar, yo le agradezco mucho que usted me haya informado sobre
Huesca, sobre Zaragoza y sobre Teruel, es un detalle por su parte; yo soy
Diputado por la circunscripción de Huesca, pero soy Diputado nacional y,
por lo tanto, mi preocupación no se centra en la provincia de Huesca
solamente, sino en el conjunto de las provincias españolas. El hecho de
que Huesca haya tenido una atención especial en este tipo de inversiones
está bien, aunque me hubiera gustado que otras provincias la hubieran
tenido igual. Y como usted parece que dice que se atienden las
necesidades, yo lo que sí le hago es un ofrecimiento: véngase usted a
Huesca, le enseñaré cómo es la provincia, le enseñaré las necesidades que
tiene Huesca y verá cómo lo que ha hecho no es sino una mínima parte de
la justicia que se merece. Lo digo con el tono que lo digo, señor
Fernández Díaz, pero me gustaría que cuando se contesta, se contestara
con algo más de rigor y que no se metiera alguna chinita en el camino
para decir: ¡Ya que usted me ha preguntado por Huesca, sepa que Huesca ha
quedado muy bien! No, yo no le pregunto por Huesca, le pregunto por el
conjunto de la actuación de un Gobierno en el desarrollo de un programa
como es el de cooperación económica local que afecta a todos los
ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de España.
Ha comentado antes que el señor Rivas me contesta a mí. A mí no me tiene
que contestar el señor Rivas; el señor Rivas tiene que fijar la posición
de su grupo respecto a lo que ha dicho el Secretario de Estado, pero no a
lo que ha dicho el Grupo Socialista, creo yo. Pero sí que le voy a decir
un par de cosas. La cifra suficiente para el PSOE desde luego no es la de
la reducción. Y estamos hablando de 9.000 millones de pesetas. Mantener
la misma cifra al menos que en 1996, año en el que las condiciones
económicas eran similares, porque la tendencia era cumplir los objetivos
de Maastricht, no creo que hubiera sido una cosa especial, una cosa rara,
y hubiera satisfecho necesidades que hay en estos momentos en muchos
ayuntamientos y que desgraciadamente no van a ver atendidas, porque los
recursos que comprende este programa de cooperación económica local son
recursos que, si no los tienen los ayuntamientos, no se los da ninguna
otra institución, ya que estos recursos van a poblaciones, a núcleos de
menos de 50.000 habitantes. Y que a estos núcleos se les diga que tienen
que apretarse el cinturón, cuando resulta que el presupuesto ordinario lo
tienen para pagar al secretario y para pagar al interventor, si es que lo
tienen, y para las mínimas necesidades que tiene el pueblo, que se les
diga que los recursos de inversiones les van a venir disminuidos, no me
parece que sea la política más adecuada para hacer frente a las
necesidades que tienen esos ayuntamientos y sus ciudadanos.
La solución hubiera sido no reducir, no reducir ni una peseta. Después,
intentar que la distribución de estos recursos se hiciera de tal manera
que, junto con otras aportaciones de otras comunidades autónomas y de la
propia Administración central, se atendieran las necesidades que tienen
actualmente. Indudablemente, las comunidades autónomas también tiene
fondos; lo que sucede es que si hacen como en Aragón, que el fondo tiene
que ir a proyectos concretos, que tiene que ir no como antes, que era sin
ningún tipo de definición, sin ningún tipo de objetivo previo, no
mejorarán la situación. Créanme que con este tipo de reducciones lo que
se hace es mermar las posibilidades de desarrollo y de crecimiento de
estos núcleos.
Y por mí, nada más, señor Fernández Díaz. Yo espero que en el próximo
ejercicio presupuestario se mejore las previsiones que hay en éste. Usted
acaba de decir que indudablemente se iban a mejorar; espero que la cifra
sea de la suficiente entidad, que atienda a esas necesidades, y reitero
mi invitación a que usted visite la provincia de Huesca para que vea que
las necesidades que usted afronta con estos 220 millones de pesetas, o
con 400 millones de pesetas, desde luego no satisfacen ni el 10 por
ciento de las existentes.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muy brevemente. Comienzo diciéndole que conozco
bastante bien la provincia de Huesca, pero estaría encantado de volver
cuando usted quiera, y seguro que usted será una buena compañía. Más allá
de la cortesía personal o institucional, yo estaría encantado, repito.
Yo sé muy bien, señor Morlán, que usted, como Diputado, como todos,
representa al pueblo español en su conjunto, pero creo que no hay
incompatibilidad con que yo haya hecho, como usted ha hecho, una
exposición de carácter general. Y yo entendí --me remitiré al «Diario de
Sesiones»-- que usted hacía una referencia específica en ese contexto a
la provincia de Huesca, referencia que yo encuentro lógica, y yo, también
dentro de ese contexto, le he dado unos datos específicos de Huesca, como
se los di al señor Gómez Rodríguez en su condición de Diputado canario,
porque entiendo que así como los comisarios europeos aluden al país que
mejor conocen, ustedes pueden hablar de la comunidad o de la provincia
que mejor conocen. En ese sentido, yo creo que es perfectamente
compatible representar al pueblo español en su conjunto, interesarse
lógicamente por todas las diputaciones, por toda la Administración local
española, y luego decir: y, en particular, en mi provincia, me parece que
hay esto y esto... Y yo en ese contexto y con esa voluntad le contesté,
obviamente sin ninguna polémica. Yo no tenía preparados los datos de
Huesca, sabe Dios que es así, pero es verdad que Huesca, afortunadamente,
en términos relativos, sale bien, y yo creo que por eso nos hemos de
felicitar todos y usted en particular.
Yo le remitiré los datos de 1996 de la misma manera que los tengo para
1997; no los tengo ahora, pero se los haré llegar por escrito.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el primer punto del orden del
día.
Sin levantar la sesión, ruego a los portavoces de los grupos
parlamentarios que se acerquen a la mesa. (Pausa.)
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
COMPATIBILIDAD ENTRE SUS PROCLAMAS DE REGENERACION DEMOCRATICA Y LA
PRACTICA DE MOCIONES DE CENSURA APOYADAS CON TRANSFUGAS DE OTRAS FUERZAS
POLITICAS. (Número de expediente 181/000378.)
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE APOYO DEL GOBIERNO A LAS MOCIONES
DE CENSURA
PROTAGONIZADAS POR EL PARTIDO POPULAR EN MUNICIPIOS DE GALICIA. (Número
de expediente 181/000379.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a alterar el orden del día y, antes de pasar
al punto 2, que es la otra comparecencia del Secretario de Estado, pedida
por el Grupo Parlamentario Socialista, damos paso a los puntos 3 y 4, que
son las preguntas 181/000378 y 181/000379, formuladas por el Diputado
señor Peralta Ortega, que las hará de una sola vez.
Tiene la palabra el señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias a todos por facilitarme que pueda hacer
estas preguntas, que si hubiera seguido el orden del día no hubiera
podido realizar. Las dos preguntas tienen el mismo trasfondo; ambas se
refieren a la Comunidad Autónoma gallega.
Se están produciendo en el caso de Galicia toda una serie de mociones de
censura de las que resulta beneficiario el Partido Popular, que consigue
las alcaldías en muchos casos a través del apoyo de tránsfugas de otras
fuerzas políticas. Esta actuación, que ha tenido carácter generalizado,
importante, significativo, en el caso de Galicia, no se da sólo
desgraciadamente en estos casos y plantea diversas cuestiones. La primera
de ellas es en qué medida el Gobierno de la nación, que se presentó en
las elecciones con un compromiso de regeneración democrática, entiende
que esa práctica política --que evidentemente tiene lugar en un ámbito
ajeno al Gobierno de la nación pero que en la medida en que incide en la
vida política en este país no le puede resultar ajena--, una práctica
política en nuestra opinión perversa, es compatible con su proyecto y con
sus compromisos de regeneración democrática. Y es una práctica que se
constata en determinadas zonas del país. En el caso de Galicia además el
tema afecta directamente al Gobierno por cuanto algún miembro de este
Gobierno, destacado dirigente del Partido Popular en la Comunidad
Autónoma gallega, caso del Ministro de Sanidad, ha tenido una
intervención personal y una implicación personal directa en alguna de
estas mociones de censura.
Nos gustaría saber en qué medida ese apoyo de esta persona concreta
representa el apoyo político del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Señor Peralta, como cuestión previa, y no quisiera
explicarme mal y en consecuencia ser mal interpretado, yo creo que
tendríamos que distinguir en todo caso lo que es el Gobierno de lo que
son los partidos políticos --y con ello no voy a rehuir el fondo de la
cuestión--, porque evidentemente el Gobierno es controlado y responde
políticamente ante esta Cámara, pero los partidos políticos no responden
políticamente ante la Cámara. Y eso lo digo tanto en relación con el
Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes Generales, cuanto en
relación con los Parlamentos autonómicos. Yo creo que conceptualmente y
políticamente deberíamos distinguir lo que es Gobierno de lo que son
partidos. Esta identificación entre gobiernos y partidos yo creo que nos
puede llevar a consecuencias que no sean precisamente clarificadoras. Y
con ello insisto en que no rehuyo el fondo de la cuestión, en el cual voy
a entrar, pero me parece que es una matización o una precisión que, por
lo menos desde mi punto de vista, deberíamos tener clara, porque la
dinámica política a la que podríamos llegar si en las Cortes Generales o
en los Parlamentos autonómicos se interpelara políticamente a los
gobiernos en función de actuaciones que pudieran hacer los partidos,
seguramente tendría consecuencias ni deseadas ni deseables, aparte de que
me parece que alteraríamos lo que son las reglas de juego constitucional,
y es que los gobiernos son los que responden políticamente y son
controlados políticamente ante las cámaras respectivas, sea en el ámbito
autonómico, sea en el ámbito nacional, pero no así los partidos
políticos, que tienen otros mecanismos de control.
Dicho eso, el Gobierno en ningún caso ni ha apoyado ni apoyará mociones
de censura que se basen en el apoyo de tránsfugas. Es más, manifiesta un
profundo rechazo ante ese tipo de conductas políticas.
Ya que usted ha hecho una alusión a un Ministro del Gobierno, yo puedo
hacer referencia a otro Ministro del Gobierno, y con el cual, además,
trabajo de manera especialmente próxima, que es mi Ministro --el Ministro
Mariano Rajoy--, que contestó a una pregunta de estas características
recientemente en el Congreso de los Diputados ante una pregunta que le
formuló en este sentido el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista
señor Pérez Rubalcaba. Y él dijo lo mismo que yo estoy diciendo ahora,
que por supuesto el Gobierno está radicalmente en contra de este tipo de
prácticas políticas, de mociones de censura apoyadas en tránsfugas. No
son lo mismo, lógicamente, mociones de censura que mociones de censura
apoyadas en tránsfugas. Y expresó el Ministro señor Rajoy que él lo había
padecido siendo Vicepresidente de la Xunta en una moción de censura que
de alguna manera fue noticia nacional. Me estoy refiriendo a la que llevó
a un cambio en la presidencia de la Xunta de Galicia, como usted sabe, en
los años ochenta.
A partir de aquí, y dado que estamos acumulando las dos preguntas, señor
Peralta, establecer una relación directa entre las proclamas de
regeneración democrática que usted dice que manifiesta el Gobierno y esta
práctica de mociones de censura, sinceramente, yo no puedo aceptar esta
identificación. Las llamadas proclamas de regeneración democrática que
manifiesta el Gobierno no tienen nada que ver con las mociones de censura
que se producen apoyadas por tránsfugas y que lamentablemente, con mayor
o menor intensidad (y la intensidad ciertamente es variable), afectan a
todo el espectro político español. Podíamos recordar por ser más
reciente, y desde este punto de vista la más significada a nivel
político, la moción de censura que se presentó en Melilla, en donde se
intentó desnaturalizar lo que había sido la manifestación de la voluntad
popular, que padeció el Partido Popular con dos tránsfugas surgidos de
sus filas.
Por tanto, yo no puedo aceptar --insisto-- que se vincule al Gobierno
directamente con estas prácticas, cuando todo lo contrario, el Gobierno
las rechaza. Quiero dejar constancia expresa de que, a mi juicio, es
distinto el Gobierno de lo que son los partidos políticos. Y en todo
caso, sí que me parece importante que, puesto que el Gobierno rechaza
estas prácticas y estoy seguro de que este sentimiento es compartido,
seamos todos capaces de articular de una vez por todas algunas reglas de
juego que impidan la realización de estas prácticas. No se me oculta que
no debe ser fácil, porque si no en los 14 años anteriores (y no tengo
afán de polémica cuando estoy diciendo esto), con un Gobierno socialista
muy dilatado en el tiempo, seguro que hubiéramos llegado a acuerdos. Y si
no se ha llegado a acuerdos --insisto-- es porque el tema no es fácil.
Ahora bien, que no sea fácil no quiere decir que no sea posible, y en
todo caso que no sea conveniente y necesario. Nosotros estamos abiertos a
cualquier tipo de sugerencia o iniciativa que en la práctica permita que
no se puedan producir mociones de censura apoyadas en tránsfugas
políticos, que rechaza la opinión pública, que rechaza el cuerpo
electoral y que, por supuesto, el Gobierno rechaza contundentemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Dice usted que quizá el Ministro hubiera podido
contestar con más conocimiento de causa del tema, puesto que él también
es gallego y sin lugar a dudas está más impuesto en la realidad de
Galicia. Yo estoy convencido de eso. También entiendo que en ocasiones
esa cercanía aconseja guardar distancia, al menos en el ámbito
parlamentario. Y si la distancia es la ausencia, es mejor todavía.
Tengo muy claro que teóricamente hay que distinguir entre Gobierno y
partidos políticos. Mi problema es si lo tienen claro ustedes. Por poner
casos que conozco muy de cerca, el Presidente de la Diputación de
Valencia ha asistido a todas las mociones de censura que han dado el
gobierno al Partido Popular. No ha asistido a ninguna moción de censura
que haya dado el gobierno a un partido que no sea el Partido Popular.
Yo no sé si eso es tener claro el papel institucional de un presidente de
diputación. Creo que no es así. Creo que el Presidente de la Generalitat
Valenciana, por ponerle otro caso concreto, al día siguiente de una
moción de censura en Sagunto recibe al nuevo alcalde que sale elegido. Al
anterior no le había recibido nunca. En esa moción de censura se había
hecho oferta de miles de millones de pesetas de inversiones si se
producía el cambio político en ese municipio.
Y esto es lo que yo creo que no tienen ustedes claro, porque en Galicia
se están produciendo problemas serios. Por una parte, hay tránsfugas.
Habría que saber por qué se produce ese transfuguismo, porque cuando hay
promesas de inversiones de otras administraciones, aunque malo, es en el
mejor de los casos menos malo. Porque en el peor de los casos puede haber
de todo. En Galicia se está produciendo ese tipo de circunstancia. Y me
hace usted referencia a una muy concreta. Por eso de que tenemos que
asistir aquí, parece que sistemáticamente, a un pim pam pum entre ustedes
y el pasado.
En Melilla, ya que ha hecho usted referencia a ella, el Partido
Socialista desautorizó a quienes lo apoyaron. Y eso no lo ha hecho el
Partido Popular en Galicia. Hoy en la última, a raíz de la cual se le
presenta a usted esta pregunta, que es el caso de As Pontes, está
gobernando el Partido Popular como consecuencia de una moción de censura
conseguida con el voto de un tránsfuga. Y está gobernando el Partido
Popular sin ningún tipo de desautorización a quienes han hecho esa
operación política. Incluso más, con el compromiso de inversiones
importantes en ese municipio por parte de administraciones públicas y de
empresas públicas. Y eso es muy preocupante, señor Fernández.
Estoy de acuerdo en que hay que tener muy clara la distinción. Mi
pregunta es si la tienen clara ustedes, porque los datos no dicen que sea
así. En el caso de Galicia, señor Fernández, cuando hay ministros del
Gobierno que acuden allí y anuncian y respaldan mociones de censura,
quizá quien no tiene clara la distinción es ese miembro del Gobierno,
porque está trasladando al ámbito municipal un peso institucional y
político que no corresponde y que no es bueno en democracia.
Por tanto, señor Fernández, lo comprendo y lo comparto. Lo comprendo,
porque desde luego el lastre que tienen ustedes no les permite eso;
comprendo que tarde usted en decir que condena ese tipo de actuaciones,
pero las comparto. Lo que me gustaría, señor Fernández, es que, si no
están de acuerdo con ese pasado que dicen ustedes que han sufrido,
pusieran los medios adecuados para que sea efectivamente eso: pasado; y
no sea un presente triste que tenemos hoy en determinados sitios bastante
generalizado y, sobre todo, que no sea un augurio de un futuro peor. Con
eso hay que terminar, señor Fernández. Pero hoy la responsabilidad la
tienen ustedes que son los que están en el Gobierno, en la mayoría de las
comunidades autónomas, en las diputaciones provinciales y que están
utilizando ese peso político y ese respaldo político para conseguir dar
la vuelta a determinados municipios, a la representación política de
determinados municipios en contra, en unos casos, de la voluntad
mayoritaria de ese municipio que no respaldó a esa fuerza política, y en
contra, en otras ocasiones, de los mecanismos democráticos que deberían
hacer, como usted muy bien dice, que los presupuestos de otras
instituciones, la dirección política de otras instituciones, no se
implicara en el ámbito municipal.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Vuelvo a reiterar que el Gobierno, por supuesto,
rechaza profundamente las mociones de censura que se plantean las
diversas instituciones sobre la base del apoyo de tránsfugas políticos.
Esa actuación merece un reproche moral y político y, además, lo está
demostrando el cuerpo electoral español, la sociedad española, su
condena. Hay precedentes en ese sentido. Yo le podría recordar a usted
algunas que tuvieron especial trascendencia, desde el
punto de vista de su traslación a los medios informativos, que fueron
conocidas por la opinión pública: la moción de censura en la Diputación
General de Aragón, protagonizada por un diputado tránsfuga del Grupo
Parlamentario Popular, el señor Gomáriz, que dio la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de Aragón al señor Marco. Ya hemos visto cuando el
señor Gomáriz se presentó en las siguientes elecciones el resultado que
sacó; o el señor Piñeiro, en la Comunidad de Madrid, tránsfuga del
partido político con el que había comparecido a las elecciones, el
Partido Popular, y que le permitió al señor Leguina seguir al frente de
la Comunidad Autónoma de Madrid; o el señor Barreiro en la Xunta de
Galicia.
En este caso, desde luego, los partidos políticos que estén libre de
pecado que tiren la primera piedra. Todos tenemos una responsabilidad en
este ámbito, unos más y otros menos (estoy hablando de los partidos
políticos), porque todos hemos protagonizado iniciativas de esas
características y hemos padecido iniciativas de esas características. Ha
habido tránsfugas que procedían de nuestras filas y mociones de censura
que han apoyado tránsfugas de otras filas. Pero las hemos padecido todos
los partidos. Otra cosa, insisto, es el Gobierno que haya. Yo aquí no
puedo hablar en nombre del partido al que pertenezco, y no puedo entrar,
a mi juicio, en un debate de esas características. Tengo serias reservas
--y no cuestiono para nada, por supuesto, la iniciativa-- de hasta qué
punto yo puedo y debo profundizar en un debate de esas características
cuando se está aludiendo al Gobierno. Ya he dicho que rechaza esas
prácticas y que está dispuesto a acoger iniciativas que procedan de los
grupos parlamentario y de las fuerzas políticas que puedan de verdad, más
allá del voluntarismo político, coadyuvar a que este tipo de iniciativas
desaparezcan de la escena política española, porque no son precisamente
convenientes, ni son desde luego iniciativas positivas para el
saneamiento de nuestra vida pública.
Lo único que puedo decirle es que si usted alude, por ejemplo, a que hay
mociones de censura apoyadas por tránsfugas que tenían compromisos
políticos subyacentes de inversiones públicas, como usted ha dicho, de
las diferentes administraciones públicas y de empresas públicas, eso sí
que podría dar lugar a una interpelación o a una iniciativa parlamentaria
muy concreta. Pero tengo que rechazar aquí, señor Peralta, rotundamente
que ese caso se haya dado. Evidentemente, si se diera, sería gravísimo;
por lo mismo rechazo rotundamente que se haya dado. Y me aceptará que la
carga de la prueba, en todo caso, le correspondería a usted. Si cree que
esas mociones de censura de esas características se han dado sobre esos
supuestos, es usted quien tendrá que probarlo. Desde luego yo lo rechazo
rotundamente. Rechazo que eso se pueda haber producido y rechazo
rotundamente, en el supuesto de que alguien lo hubiera planteado, que eso
pudiera llegar a buen fin.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES (FERNANDEZ DIAZ) PARA INFORMAR SOBRE INICIATIVAS LLEVADAS A
CABO EN RELACION CON EL LLAMADO PACTO LOCAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000540.)
El señor PRESIDENTE: Retomamos el orden del día con el punto 2:
Comparecencia solicitada a iniciativa del Grupo Socialista del Congreso
del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, para
informar sobre las iniciativas llevadas a cabo en relación con el llamado
pacto local.
Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Confieso a esta Comisión que traía una intervención
escrita, pero en esta ocasión no voy a leer con carácter general, porque
como el tema del pacto local es tan complejo y tan amplio, si les parece
a SS. SS. cuando intervengan los portavoces podemos aclarar algunos
aspectos.
Voy a hacer una referencia a la situación en la que nos encontramos,
desde el punto de vista del Gobierno, acerca de la consecución del
llamado pacto local. Aludiré a los antecedentes más remotos, que en todo
caso no dejan de ser relativamente próximos en el tiempo, para así
situarnos en el momento actual, y a la evolución previsible de las
negociaciones tendentes a articular el llamado pacto local. Y digo el
llamado pacto local porque, en definitiva, no deja de ser una
terminología acuñada políticamente, que tiene fortuna, porque describe
muy bien una situación y un objetivo. Pero por aludir por comparación a
lo que pudieran ser los pactos autonómicos, como saben estamos ante
situaciones muy distintas. Cuando aludíamos a los pactos autonómicos,
eran pactos políticos que se articulaban entre el Gobierno y los partidos
con representación parlamentaria que tenían la voluntad de incorporarse a
ese consenso, pero en todo caso ha formado parte de la historia reciente
de la democracia española. Fue un pacto político el que permitió la
aprobación de la Constitución, y fueron pactos políticos, en el ámbito
del desarrollo del Título VIII de la Constitución, los que permitieron la
aprobación de los estatutos de autonomía y después su reforma. Esos
pactos políticos, en la medida en que incidían en el ámbito material de
desarrollo constitucional del Título VIII de la Constitución, de la
organización territorial del Estado, se denominaban pactos autonómicos.
Si aludimos a pacto local, como ustedes saben y ahora veremos, tenemos
que incluir numerosísimas matizaciones. En los pactos autonómicos el
Gobierno y los partidos políticos tenían capacidad suficiente no sólo
para pactar, sino para concretar lo que era el objeto de esos acuerdos:
elaboración y, en su caso, reforma de los estatutos de autonomía. Dado
ese carácter bifronte al que antes aludía de la Administración local
española, con esa doble relación tanto en lo que hace referencia al
Estado, cuanto en lo que hace referencia a las comunidades autónomas, de
acuerdo con el esquema de distribución competencial que integra el
bloque de la constitucionalidad, aquí no podemos hablar de un pacto local
para ampliar competencias y recursos de las entidades locales o de las
corporaciones locales entre el Gobierno y los partidos políticos, puesto
que, por una parte, están las propias corporaciones locales, que en este
caso al tratarse de 8.000, aproximadamente, necesitan un ente que las
represente y, por otra, están las comunidades autónomas, que son
titulares de la mayor parte de las competencias que eventualmente pueden
desear las corporaciones locales que le sean transferidas o delegadas
para incrementar su esfera competencial y que vayan acompañadas de los
recursos que permitan la gestión efectiva de esas competencias.
Como ustedes saben, la Constitución de 1978, en su Título VIII, de la
organización territorial del Estado, alude a los municipios, alude a las
provincias, alude a la Administración local y alude a las comunidades
autónomas. Bien es cierto que la mayoría de las comunidades autónomas
nacieron con la Constitución, y no así la Administración local, que tiene
ya una tradición muy profunda en nuestra vida social, en nuestra vida
económica, en nuestra vida política. Las corporaciones locales no
nacieron con la Constitución, sino que encontraron un nuevo marco
jurídico de desarrollo. Los ayuntamientos ya existían, como todos
sabemos, hace centenares de años en nuestro país, y las diputaciones
tienen, como los cabildos y consejos insulares, una añeja tradición. No
ocurre así con las comunidades autónomas, con algunas excepciones.
Pudiéramos aludir, de acuerdo con la Constitución, a las denominadas
históricas, las tres que pebliscitaron en la época de la Segunda
República, es decir, País Vasco, Cataluña y Galicia. Las demás
comunidades autónomas nacieron, primero, como entes preautonómicos y,
después, de acuerdo con el procedimiento establecido en la propia
Constitución, accedieron a la autonomía por la vía bien del artículo 143
de la Constitución, bien por la vía del 151.
Como eran las instituciones de las comunidades autónomas las que de
alguna manera nacían con la Constitución, es lo cierto que desde el punto
de vista político el desarrollo de la organización territorial del Estado
se ha volcado desde la aprobación de la Constitución en el ámbito
autonómico. Y ésa es una realidad que todos asumimos y que todos
conocemos. Otra cosa es que consideremos que eso haya sido bueno, malo o
regular, pero todos reconocemos que ésa ha sido la dinámica política, y
por lo mismo no ha habido un equivalente interés hacia el desarrollo de
la organización territorial del Estado, materializado en el ámbito de la
Administración local.
La Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, como ustedes
saben, estableció, fundamentalmente, un núcleo básico de competencias,
que en todo caso y con carácter obligatorio debían tener las
corporaciones locales para la gestión de los intereses que le son
propios, y bajo el principio de autonomía local consagrado
constitucionalmente se remitía al legislador sectorial, estatal o
autonómico, en el futuro la asignación concreta de competencias y
recursos para que las corporaciones locales, singularmente los
ayuntamientos (aunque no sólo, como sabemos), fueran asumiendo
competencias a partir de ese mínimo que establece la Ley reguladora de
las bases de régimen local.
¿Cuál ha sido la realidad? Que ni el legislador estatal ni el legislador
autonómico han desarrollado especialmente este ámbito, de tal suerte que
las corporaciones locales (los ayuntamientos, las diputaciones, cabildos
y consejos insulares), a través de la institución que básicamente las
representa, la Federación Española de Municipios y Provincias,
solicitaron celebrar una asamblea extraordinaria, que tuvo lugar en La
Coruña en noviembre de 1993, para que proclamara la necesidad de un pacto
local que clarificara el ámbito competencial de la Administración local.
En definitiva, las demandas de la Administración local española,
representada básica y mayoritariamente por la FEMP, se centraban en la
necesidad de mejorar la financiación de las entidades locales y en una
mayor asunción de competencias por parte de éstas a través de las
oportunas transferencias.
En noviembre de 1995 tuvo lugar en Madrid la VI Asamblea General
Ordinaria de la FEMP, en la que se retomó la propuesta de pacto local que
había sido planteada, como recordaba yo ahora, en La Coruña en noviembre
de 1993. Voy a explicar ahora en qué situación se encuentra el pacto
local.
Para seguir la cronología de acontecimientos y situarnos de forma
adecuada en el momento actual, para así proyectar mejor el previsible
futuro y, en todo caso, la voluntad del Gobierno a estos efectos desde el
momento actual, nos encontramos con otra fecha significativa, que es la
del 18 de diciembre de 1995, donde, mediante acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la FEMP, se creó una comisión para el pacto local de
carácter no permanente, de la que formaban parte, además de la presidenta
y los dos vicepresidentes, una representación de los tres principales
partidos políticos integrados en la FEMP, es decir, el Partido
Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
En el debate sobre el estado de la Nación de 1995, el entonces Presidente
del Gobierno señor González incorporó el compromiso de llevar adelante el
pacto local. Y a esos efectos se formalizó con el entonces Ministro para
las Administraciones Públicas don Jerónimo Saavedra un documento común
con la Comisión Ejecutiva de la FEMP que se debía trasladar y que se
trasladó a los partidos políticos. La inmediatez de las elecciones
generales impidió que hubiera una respuesta adecuada por parte de los
partidos políticos y esta iniciativa entró en vía muerta temporalmente.
Se produjeron las elecciones generales de 1996 y el 21 de mayo del pasado
año el Ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy, y la
presidenta de la FEMP, Rita Barberá, cerraron un compromiso, antes
adquirido por el nuevo Gobierno tanto en el programa electoral del
Partido Popular como en el debate de investidura del Presidente del
Gobierno, de iniciar o de retomar el proceso de negociación tendente a
materializar el llamado pacto local. Ese acuerdo fue refrendado por el
Presidente del Gobierno en una reunión que mantuvo con la Comisión
Ejecutiva de la FEMP, en el propio Palacio de la Moncloa, el 10 de junio
del pasado año.
El 24 de septiembre del pasado año la Comisión Ejecutiva de la FEMP
aprobó el documento denominado Bases para el pacto local, que sin duda
ustedes tienen, que no es del Gobierno, es de la FEMP. Si alguien lo
precisara yo se lo entregaría al Presidente de la Comisión. Y ese
documento que aprobó la Comisión Ejecutiva de la FEMP --insisto--
denominado Bases para el pacto local, fue remitido al Ministro de
Administraciones Públicas. Fruto de esa remisión se produjo una reunión
el 29 de octubre pasado entre el Ministro de Administraciones Públicas y
la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en la que el propio Ministro manifestó
a toda la Comisión Ejecutiva de la FEMP la voluntad política del Gobierno
de llevar a buen fin el denominado pacto local.
Sigo con esta cronología exhaustiva de acontecimientos, sobre todo para
que veamos que esto llevo un tiempo, que se están haciendo cosas y
estamos avanzando. Otra cosa es, como dije y como veremos después, que se
trata de un tema complejo, y las cosas complejas no son ni fáciles ni
rápido de conseguir.
Esta voluntad política del Gobierno la reiteró el propio Ministro de
Administraciones Públicas el pasado 19 de noviembre en el Senado,
contestando a una interpelación del Senador del Grupo Parlamentario
Catalán Vicent Beguer, y ahí reiteró --insisto-- la voluntad política del
Gobierno de llegar a ese pacto local.
Finalmente, el 21 de noviembre pasado se constituyó, de común acuerdo con
la FEMP, un grupo de trabajo bilateral entre el MAP (como ministerio
sectorial responsable de la administración territorial y, en
consecuencia, el que debía ser el gestor del pacto local en
representación del Gobierno) y la FEMP. Este grupo de trabajo, que lo
constituí personalmente yo en el ministerio el 21 de noviembre, ha
celebrado dos reuniones de trabajo con la FEMP, ese mismo día y el 20 de
febrero último. Este último 20 de febrero el ministerio, a través de sus
representantes en ese grupo, entregó a la Federación Española de
Municipios y Provincias un documento que en estos momentos está
analizando la FEMP. En ese documento, fundamentalmente, lo que hace el
ministerio, en nombre del Gobierno, es contestar al que le remitió la
Comisión Ejecutiva de la FEMP el pasado 24 de septiembre.
Para sintetizar, el último documento que remite la FEMP al Gobierno, en
el que se sientan las bases de lo que ha de ser un pacto local desde la
perspectiva de la FEMP, es de 24 de septiembre. Fruto de diversas
reuniones de trabajo bilateral, el 20 de febrero el Gobierno, a través
del Ministerio de Administraciones Públicas, contesta al documento de la
FEMP. La FEMP (hemos mantenido conversaciones hasta ayer mismo) tenía
previsto en la última reunión de su ejecutiva, que se celebró el pasado
día 29, contestarnos a ese documento. La última manifestación que tenemos
de la FEMP es de que en un término de 8 ó 10 días máximo tendremos la
respuesta a nuestro documento, que a su vez contesta al de la FEMP.
Lo previsible es que, una vez nos conteste la Federación Española de
Municipios y Provincias, nos pongamos a trabajar conjuntamente, y cuando
hayamos llegado a un documento común el Gobierno llame a los partidos
políticos, sobre la base de ese consenso previo entre el Gobierno y la
FEMP, para poder iniciar las negociaciones tendentes a la materialización
de ese pacto local. Concretamente el Ministro de Administraciones
Públicas, en representación del Gobierno, llamaría a los partidos
políticos que tuvieran voluntad de llegar a ese acuerdo, previsiblemente
a lo largo de este mes de mayo, máximo el mes de junio, una vez que la
FEMP nos conteste y hayamos articulado, de común acuerdo con ellos, un
documento base que sea básicamente aceptado --valga la redundancia--
entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Sobre el contenido de estos documentos yo quiero decir, lógicamente,
algunas cosas. ¿Por qué hemos tardado este tiempo? Porque la cuestión es
compleja, obviamente. Se trataba de estudiar jurídicamente el titular de
las competencias que en el documento Bases para el pacto local había
remitido la ejecutiva de la FEMP en septiembre del pasado año,
distinguiendo claramente lo que eran competencias del Estado y lo que
eran competencias de las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo el
Gobierno ha de fijar su voluntad en cuanto a las peticiones de traspaso.
Respecto a aquellas competencias que son actualmente de titularidad del
Estado, el Gobierno, como tal, debe manifestar su voluntad política de
acceder a esa petición. Como verán ustedes, los temas son tan amplios y
tan complejos que estas cuestiones llevan tiempo.
¿Sobre qué ámbitos materiales se proyecta la petición de pacto local que
solicita la FEMP? Si no recuerdo mal, sobre trece ámbitos materiales,
concretamente circulación y transportes, consumo, deportes, educación,
empleo, juventud, medio ambiente, mujer, protección ciudadana, sanidad,
servicios sociales, turismo y urbanismo.
A fecha de hoy puedo informar a SS. SS. que las cuestiones que serían
competencia del Estado, y que gestiona el Ministerio de Fomento, se
refieren básicamente, aunque no sólo, al tema de urbanismo. Ustedes saben
que tras la sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo pasado,
sobre el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, de 1992, en estos momentos está próximo ya a aprobarse
por parte del Gobierno un proyecto de ley, que será remitido al Congreso,
que modifica sustancialmente el orden jurídico que en este ámbito
teníamos. Y, lógicamente, ahí se tratarían de encajar aquellos
planteamientos que la FEMP en su documento trasladaba al Gobierno.
En cuanto al Ministerio de Sanidad y Consumo, básicamente lo que
solicitan los municipios a través de la FEMP es la articulación a escala
local de un sistema de arbitraje de consumo, que está actualmente
regulado por un decreto de 3 de mayo de 1993, así como las actividades de
fomento en las campañas sobre vigilancia epidemiológica y coordinación
sanitaria que han de efectuarse en el ámbito de las relaciones
interadministrativas.
Después de una explicación sucinta, haré una consideración final para
recordarles a ustedes la complejidad de la cuestión que tenemos entre
manos y sobre la que estamos trabajando. Por eso he hecho referencia a
todas esas citas cronológicas de reuniones y de grupos de trabajo que se
han constituido, etcétera.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cuanto a las materias que
en el documento que remitió la FEMP le afectan directamente (empleo,
juventud, mujer y asuntos sociales), en principio manifiesta una
disponibilidad en relación con lo que el MAP plantea y, por lo tanto,
estamos nosotros, dentro de una comisión interministerial, trabajando
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo para articular una posición
definitiva de gobierno que podamos trasladar a la FEMP y después a los
partidos políticos, que sirva de base para la negociación del eventual
pacto local.
En relación con las materias que afectan al Ministerio de Interior, son
aquellas relativas al tráfico, la seguridad ciudadana y la protección
civil.
En materia de tráfico, como ustedes saben, la reciente Ley 5/1997, de 24
de marzo, que ha modificado el texto refundido de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial de 1990, ha dado
satisfacción a algunas de las reivindicaciones de la FEMP en cuanto a
tráfico, que estaban incluidas en el documento inicial del pacto local
que remitió la Federación, pero no a las peticiones que planteaban sobre
agilización del procedimiento de notificación de multas de tráfico, que
no encajaban, por su carácter procedimental, en el pacto local. Quiero
anunciar que el Ministerio está estudiando ya a estos efectos una
eventual reforma de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que
pudiera, en el contexto del pacto local, eventualmente dar satisfacción a
esta petición de los ayuntamientos.
Otro tema al que no se ha dado solución satisfactoria en esta Ley 5/1997
ha sido el otorgamiento de carácter de autoridad a los agentes de la ORA,
puesto que ello, como ustedes saben, planteaba un problema jurídico no
diré de imposible pero de muy difícil solución, ya que exigiría la previa
e ineludible condición de funcionarios de dichos agentes. Yo les puedo
comentar como anécdota que inclusive los helicópteros de la Guardia Civil
de Tráfico en ocasiones han tenido que, de manera expresa, llevar a
funcionarios, puesto que, en caso contrario, se podía dar lugar a la
nulidad de las actuaciones, de las sanciones que por ese procedimiento se
habían efectuado. Es decir que hay numerosísima jurisprudencia al
respecto para darnos cuenta de que si no es un funcionario el que incoa
la denuncia y la propuesta de sanción correspondiente no puede proseguir
el procedimiento, se declara la nulidad de las actuaciones. En
consecuencia, mientras esos agentes de la ORA no sean funcionarios, no
hay solución jurídica posible y podremos poner a juego nuestra
imaginación, pero sabiendo que tenemos ese límite. En el supuesto del
pacto local, ahí nos encontraremos e intentaremos todos juntos ver qué
solución le podemos dar, si es que es posible, a esta petición tan
importante de los ayuntamientos.
El tema de seguridad ciudadana, lo que exigiría es una modificación de la
Ley orgánica de protección ciudadana, de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, y de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, en lo relativo, como ustedes saben, a
tipificación de infracciones graves sobre conductas vandálicas en las
ordenanzas municipales, revisión del modelo policial y también a los
consejos locales de seguridad ciudadana y juntas locales de seguridad,
sobre las cuales sí que es más factible que podamos llegar a un acuerdo,
en la medida en que se trata de normas que están reguladas por desarrollo
reglamentario y sería de más fácil solución jurídica.
En protección civil tenemos un margen también limitado de maniobra,
puesto que el Tribunal Constitucional ha aclarado el reparto competencial
sobre este ámbito material atribuyendo al Estado solamente la competencia
en materia de emergencias a nivel nacional, correspondiendo el resto al
ámbito competencial propio de las comunidades autónomas.
Si pasamos al ámbito del Ministerio de Justicia, encontramos que se
pretende la creación de juzgados de distrito o de barrio servidos por
jueces de carrera. Eso exige la modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, así como el apoyo
institucional del Consejo General del Poder Judicial. Simplemente lo
apunto para que se vea que estamos ante temas que no se solucionan de un
día para otro, pero que tienen un encaje jurídico y que en todo caso sí
hay la voluntad política para resolverlo adecuadamente.
En lo que afectaría al Ministerio de Economía y Hacienda, sobre todo se
refieren a las competencias en materia de turismo. Ahí es muy difícil
llegar a acuerdo, puesto que la competencia de las comunidades autónomas
es muy clara, es exclusiva en esa materia. Podría hablar también de las
competencias que afectan al Ministerio de Educación y Cultura,
anteriormente Ministerio de Educación y Ciencia, en materia de educación,
deportes, patrimonio histórico artístico. Hay posibilidad de actuaciones
de cooperación del MEC con las corporaciones locales en la planificación
y gestión de construcciones escolares, en la conservación, mantenimiento
y vigilancia de centros, y en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y demás aspectos que actualmente regula el
Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las
corporaciones locales con el Ministerio de Educación y Cultura. Ahí
tenemos un trecho para recorrer juntos y poder dar satisfacción a
algunas, si no a todas, de las peticiones de la FEMP.
En todo caso y ya concluyo, señor Presidente, esta primera intervención,
el Gobierno, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, ha
diseccionado, como es lógico, en el mejor sentido del término, el
documento de la FEMP, intentando delimitar titulares de las competencias
y agrupando en tres bloques fundamentalmente ese documento. Primero,
aquellas peticiones de la FEMP que afectarían a competencias de
titularidad del Estado y a las que el legislador estatal, las Cortes
Generales, podría dar respuesta y si no, o en todo caso, complementando
al legislador estatal la facultad de dictar disposiciones de desarrollo
reglamentario que tendría el Gobierno. Un segundo bloque de materias,
que, siendo competencia del legislador estatal, afectan al equilibrio del
sistema autonómico en su conjunto, porque se refieren a elementos que
garantizan ese equilibrio, y ahí podríamos incluir algunas peticiones
relativas a modificaciones de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, donde, dado el carácter bifronte de las corporaciones
locales, en todo caso el concurso de las comunidades autónomas también
sería preciso desde el punto de vista del Gobierno; o, por ejemplo, la
legitimación activa para interponer recursos ante el Tribunal
Constitucional que solicitan las corporaciones locales frente a leyes
estatales o autonómicas que a juicio de las corporaciones locales invadan
el ámbito de autonomía local, atenten contra el principio de autonomía
local consagrado constitucionalmente, o invadan el ámbito propio de las
competencias de las corporaciones locales. Ahí inclusive hay una
discusión jurídica muy clara. Ayer mismo, la propia presidenta de la
FEMP, la señora Barberá, que compareció ante la Comisión general de
comunidades autónomas del Senado, aludió jurídicamente a que, desde el
punto de vista de la FEMP, bastaría con modificar la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional. Hay otras opiniones que consideran que sería
precisa la reforma de la Constitución. Pero no se les oculta que ése es
un tema complejo y por eso el Gobierno lo agrupo dentro de ese segundo
bloque de materias, reforma de la Ley de Bases de Régimen Local,
legitimación activa de las corporaciones locales para interponer recursos
en estos supuestos en defensa de la autonomía local --dice la FEMP-- ante
el Tribunal Constitucional. En todo caso se precisaría el concurso de las
comunidades autónomas; no sólo del Gobierno y de los partidos políticos,
sino también, por supuesto, de las comunidades autónomas, en la medida en
que está afectando a elementos definitorios e integrantes del equilibrio
del sistema de organización territorial del Estado en su conjunto.
Y un tercer bloque de materias que serían de titularidad exclusiva de las
comunidades autónomas, donde en todo caso el Gobierno tiene muy poco que
decir. A juicio del Gobierno, ahí el protagonismo lo deberían tener
lógicamente los partidos políticos, que se podrían y se deberían
comprometer a trasladar a las instituciones autonómicas en las que estén
integrados la materialización y concreción de esos acuerdos que en ese
eventual pacto pudieran contenerse. Pero, repito, en este tercer bloque
de materias de competencias propias de las comunidades autónomas el
Gobierno como tal no tiene nada que decir y el protagonismo, insisto,
recae en los partidos políticos.
Desde un punto de vista operativo, a lo largo, como he dicho, y sentadas
estas premisas, de este mes de mayo, en la medida en que la FEMP nos
conteste en los términos de plazo temporal a los que nos ha hecho
referencia ayer mismo y estemos en condiciones de haber concretado la
Comisión Interministerial sus posiciones de partida, el Gobierno, a
través del Ministro de Administraciones Públicas se podrá dirigir a los
partidos políticos ofreciendo la negociación del pacto local en lo
relativo, de entrada, a ese primer bloque de materias a que me he
referido, es decir, materias que sean de competencia exclusiva del Estado
y que no afecten a temas como los que he mencionado que integran
elementos definitorios del sistema autonómico en su conjunto y garantizan
su equilibrio. Estoy hablando de una eventual reforma de la Ley de
Régimen Local o de una eventual reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, mucho más allá por supuesto si se tratara además de una
reforma de la Constitución. Ahí sí que el nuevo Gobierno manifiesta la
reserva en los términos que he indicado. Y, en cuanto al tercer bloque,
evidentemente el Gobierno estará en su momento en condiciones de
suministrar a los partidos políticos la documentación relativa a ese
tercer bloque de competencias de titularidad autonómica sobre las que
solicitan una transferencia a una delegación, acompañada de los recursos
correspondientes, las corporaciones locales, pero, insisto, sin
participar como tal en esa negociación, por entender que no puede
negociar el Gobierno sobre unas competencias que no son suyas, puesto que
corresponden a las comunidades autonómicas.
Y hecha esta exposición inicial, señor Presidente, me pongo a disposición
de los miembros de la Comisión que deseen profundizar, aclarar o
contradecir algunas de mis afirmaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitante
de la comparecencia, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Quiero decir para empezar que coincido con
usted en alguna cosa, y es en la complejidad del pacto local. Qué duda
cabe que no es un pacto sencillo y que requiere esfuerzos y voluntad
sobre todo por parte del Gobierno, aunque no solamente por su parte, para
que se llegue a buen fin. A la vez, tengo que lamentar que esta
comparecencia no se haya producido bastante antes y que no se haya
producido a petición propia del Gobierno, dado que hace ya casi un año el
Ministro señor Rajoy se comprometió a que en un plazo brevísimo habría
documentos para poder hablar de ellos y para poder negociar con la FEMP y
con los partidos políticos.
En cualquier caso, y aceptando la complejidad, es evidente que el
objetivo del pacto local no es otro que poner en valor el papel del
municipio en la estructura del Estado de las autonomías, complejo en sí
mismo, pero que con un Gobierno como el suyo ya no es que vaya a ser
completo, es que va a ser caótico, en el que va a ser difícil saber cuál
es la foto final de este Estado, qué competencias, qué recursos van a
tener cada una de las comunidades autónomas y qué papel corresponde al
municipio. Tengo que afirmar que en el tiempo que ustedes llevan
gobernando no es solamente que no haya habido buena voluntad o voluntad
de atender a los municipios, sino que es que cada vez que ustedes han
hecho algo en que han tocado los municipios les han perjudicado muy
gravemente, como luego podré demostrarle.
En la comparecencia sobre un tema que no es pacto local, pero que toca a
los ayuntamientos, usted justificaba que ha habido, en un discurso de
austeridad, un presupuesto donde era necesario que todos nos apretáramos
el cinturón. Pero la verdad es que algunos no se han apretado el
cinturón. Ustedes han sido generosos con las comunidades autónomas,
probablemente porque sus socios les han impulsado a esa generosidad, o
sencillamente porque no han tenido margen de maniobra. El caso concreto
es que han sido austeros para los municipios, pero generosos para otra
parte del Estado. Por lo tanto, no me diga que en un
discurso de austeridad todos tenemos que apretarnos el cinturón;
apretarse el cinturón depende de la voluntad del Gobierno, de quién
quiera que se lo apriete. Y en este caso concreto, una vez más, han sido
los ayuntamientos.
Señor Secretario de Estado, hablando de cronología, quiero decirle que el
día 19 de junio de 1996, es decir, hace ahora once meses aproximadamente,
el Ministro señor Rajoy, en un discurso que tiene unos tintes de
municipalismo que a veces nos los creemos, pero que luego no se llevan a
la práctica con los hechos concretos, hablaba de que el criterio que
tiene el Gobierno actual de lo que ha sucedido en esta materia a lo largo
de estos últimos años es negativo. Dice: Yo creo que lo que se ha hecho,
tanto por parte de las comunidades autónomas --independientemente, hay
que decirlo, de su signo político-- como de la Administración central del
Estado choca, en mi opinión, de manera bastante evidente con el principio
de descentralización política y administrativa que inspira la
Constitución española y que no prevé que la descentralización sea
solamente de la Administración central del Estado a las comunidades
autónomas, sino también de la Administración central y de las comunidades
autónomas en favor de las corporaciones locales. Pero es que, en mi
opinión, no sólo choca con los principios que puede inspirar la
Constitución, sino también con el sentido común, que parece aconsejar que
determinadas competencias --habrá que ver cuáles, y luego yo diré algunas
cosas sobre ese asunto-- sean ejercidas por la Administración más próxima
al vecino de la Administración local. Suscribo íntegramente esta
intervención del señor Ministro.
A continuación, se comprometía a algo más el señor Ministro y hablaba de
un plan de trabajo. Decía, insisto en la fecha porque es importante, 19
de junio de 1996: Hay que elaborar un documento que sirva de base a la
negociación, documento que prácticamente está elaborado hace un año. De
hecho algunos de los datos y apuntes a los que hice referencia en mi
intervención se han extraído del citado documento, que en este momento
está elaborando conjuntamente la Ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y Provincias, donde están representados no todos, pero sí una
parte importante de los grupos parlamentarios, que también están en esta
Cámara, y el Ministerio de Administraciones Públicas. Calculo que ese
documento estará elaborado en un plazo no superior a los diez o doce días
y espero que en esa reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP a la que
usted hacía referencia en su intervención se puedan aprobar
definitivamente. Una vez elaborado el documento, ya digo que no van a
pasar muchos días, se debe entregar a las fuerzas políticas y grupos
parlamentarios. A continuación, tras sucesivas negociaciones, deben
manifestar su criterio sobre este documento, que están llevando a cabo
conjuntamente el Ministerio y la Federación Española de Municipios y
Provincias.
En esa misma intervención, el señor Ministro ya se daba cuenta de que el
Gobierno no estaba actuando en favor de los ayuntamientos e incluso
justificaba alguna de las actitudes que había puesto en marcha el propio
Gobierno. Así, por ejemplo, justificaba la no disponibilidad de 18.000
millones de pesetas en base a un presupuesto restrictivo --le reitero lo
anterior, restrictivo para unos, no restrictivo para otros-- y también
justificaba que la reducción del 15 al 10 por ciento en la parte que los
promotores debían ceder a los ayuntamientos, como una medida, decía el
señor Ministro, no beneficiosa para los mismos, como se puede ver
perfectamente en el «Diario de Sesiones». Después argumentaba que, si
bien es verdad que la medida no era beneficiosa para los municipios,
había otro objetivo que era el de la vivienda, que no sé en qué estado
estará, pero en cualquier caso no es materia de esta comparecencia.
Por cierto, me gustaría que me aclarara algo en esta materia, aunque
deduzco de su intervención que ya está puesto en marcha un proyecto de
ley, porque en este momento y con la sentencia del Tribunal
Constitucional nos vamos a ver en una situación difícil, que habrá
comunidades autónomas donde los promotores tengan una obligación de
cesión de suelo y otras, que no tengan legislación en esa materia, que
estén sometidas a otra legislación. Y habrá promotores que tengan que
ceder el 10 por ciento del suelo y habrá promotores que en el Estado
español cedan otra cantidad diferente al 10 por ciento. Es urgente, por
tanto, que se modifique el texto refundido y que haya un proyecto de ley,
y me alegro que lo haya dicho.
El Ministro decía que tenía un documento pero yo creo que ha sido
elaborado hace escasamente dos meses. A no ser que se refiriera al único
documento que existía por parte del Gobierno, al que usted también ha
hecho referencia, que es al documento del Gobierno socialista, que no
pudo efectivamente materializarse, pero que, y usted se ha olvidado de
decirlo, sí que se remitió a los partidos políticos y hubo algún partido
político que contestó a dicho documento del Gobierno. Ese partido fue el
Partido Socialista Obrero Español; no fueron otros partidos los que
contestaron fijando su posición en torno al documento elaborado por el
Gobierno.
Es verdad que la Federación Española de Municipios y Provincias (estoy de
acuerdo con su cronología) tiene un documento elaborado en la asamblea de
La Coruña, posteriormente ratificado en la de Madrid, y el día 24 de
septiembre es la Comisión Ejecutiva la que aprueba definitivamente un
documento basado en los anteriores elaborados en La Coruña y en Madrid y
lo remite al Ministerio. Es verdad también que el Ministerio en la fecha
que usted ha citado contesta al documento, el día 20 de febrero, de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto, en este tiempo
lo que se ha hecho por parte del Gobierno es contestar a un documento
elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias y que le
remite hace breves fechas.
¿Qué dice el documento del Ministerio de Administraciones Públicas?
Porque yo creo que, en estas cosas, no es cuestión de hacer una
descripción de la dificultad, de la complejidad de las cosas, sino que
también deberían verse las intencionalidades que hay a la hora de hacer
una declaración. Y le voy a describir sintéticamente la intencionalidad
que tiene el Ministerio de Administraciones Públicas en la referencia al
documento de la FEMP como contestación. Luego le diré también cómo se ha
elaborado o cómo
se ha participado en la elaboración de ese documento o en su discusión.
En el acceso directo de las corporaciones locales al Tribunal
Constitucional, plantea sencillamente que es probable que haya que hacer
una reforma de la Constitución. No dice el Gobierno cuál es su posición o
su voluntad. Estoy de acuerdo con usted en que en materia de tráfico y
seguridad vial es donde ha habido una ley recientemente aprobada que
recoge parte de las reivindicaciones de la Federación Española de
Municipios y Provincias. En materia de transporte, se limita a decir que
es competencia prácticamente de las comunidades autónomas. En materia de
consumo, exactamente igual. En materia de deportes, habla de que las
competencias son de las comunidades autónomas, y que en alguna
competencia que tenga el Estado, como puede ser la gestión de
instalaciones deportivas públicas, habrá que estudiarlo. En educación, es
competencia de las comunidades autónomas y habrá que establecer
mecanismos de cooperación; es lo que dice. En empleo, es competencia de
las comunidades autónomas. En acceso al Fondo Social Europeo, una materia
muy importante para las corporaciones locales, muy importante, dice que
no deben producirse conflictos; ésa es la voluntad que tiene el Gobierno
de favorecer a las corporaciones locales; que no se produzcan conflictos.
En juventud, medio ambiente, mujer, son materias de comunidades
autónomas. En seguridad ciudadana, en materia de seguridad pública, que
hay que tener cuidado, más o menos, en síntesis, dice que hay que tener
cuidado porque este tema puede ser delicado. En protección civil,
sanidad, seguridad social, turismo, es competencia de las comunidades
autónomas.
Y llegamos a urbanismo, un tema también importante para las corporaciones
locales. Ahora, y le he vuelto a escuchar lo mismo, debe intentar
reformarse el texto refundido, después de la sentencia del Tribunal
Constitucional, y en su documento hablan de que debe hacerse de forma
consensuada, cosa que yo aplaudo. Y ¿cómo han consensuado ustedes la
reforma de la Ley del Suelo? Mediante un decreto ley. Esa es la forma de
entender el consenso para reducir los beneficios importantes en materia
de suelo que tenían los ayuntamientos. ¿Ha intervenido la Federación
Española de Municipios y Provincias? ¿Ha intervenido la Comisión Nacional
de Administración Local? ¿Han buscado ustedes un acuerdo político? El
acuerdo político, insisto, es el decreto ley, para perjudicar gravemente
a los ayuntamientos. El tema de licencias es, según su documento, de gran
calado, y ahí se para. La voluntad del Gobierno no la sabemos, porque es
un tema de gran calado. Participación de los ayuntamientos en la gestión
de dominio público, habrá que estudiar fórmulas. Autoridades locales en
puertos y aeropuertos, a estudiar. Planes de infraestructura, también a
estudiar.
Esto es, en síntesis, la manifestación de la voluntad política del
Gobierno en el pacto local. Pero, como decía al principio, es que no
solamente es el pacto local, porque la voluntad política de un Gobierno,
cuando habla de una parte de la Administración tan importante como
ustedes dicen que es el ayuntamiento, es establecer mecanismos para
favorecer a los ayuntamientos. Y ustedes lo que han hecho, reitero, es
perjudicarles muy gravemente.
Aparte de que el documento no se negocia con la Federación Española de
Municipios y Provincias, señor Secretario de Estado. No sé si habrá
habido conversaciones con la presidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias; lo que ha habido es una mesa de negociación en
la que estaban sentados técnicos de la Federación Española de Municipios
y Provincias. Y le digo que el Grupo Socialista en la Federación Española
de Municipios y Provincias el mes de enero protestó airadamente por no
existir contactos a nivel político. No solamente se trata de elaborar un
documento y decir que es difícil eso. Vamos a buscar fórmulas, y las
fórmulas políticas, insisto, no las encuentran los técnicos, ni son
quiénes, sino los políticos, y no ha habido ninguna reunión con políticos
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por otra parte, no
ha habido ningún contacto con los partidos políticos para llegar a un
acuerdo en este pacto local. Usted argumenta que el paso previo debe ser
un documento, más o menos, de la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Ministerio de Administraciones Públicas, viéndolo
posteriormente con los partidos políticos, pero insisto en que ustedes
decían que en diez días habría conversaciones con los partidos políticos.
Los partidos políticos no tienen conocimiento de cuál es la marcha de
dicho pacto local un año después de esas manifestaciones hechas por el
Ministro.
Durante todo este tiempo se lanzan globos sondas que se contradicen con
manifestaciones hechas por miembros del Gobierno. También me gustaría,
señor Secretario de Estado, que usted me lo aclarara.
En materia de modificación de la Ley de financiación de las corporaciones
locales, el propio Ministro, señor Rajoy dice --y me gustaría saber cuál
es la posición del Gobierno, si la del Ministro Rajoy, si la de otros
miembros del Gobierno que dicen lo contrario, o la de la práctica del
Gobierno, que va en dirección contraria también de lo que dice el
Ministro--. Yo, en representación del Gobierno, no soy partidario de
modificar, al menos de momento, la actual Ley de haciendas locales. Creo
que no conseguiríamos nada positivo. La Ley de haciendas locales
establece una forma bastante razonable --hay cosas que sin duda se pueden
mejorar-- de cómo se financian las corporaciones locales. Y en este
momento hay un acuerdo al que ha llegado el anterior Gobierno para 5 años
con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la
participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado.
Creo que es un acuerdo razonable, como casi todas las regulaciones y los
acuerdos susceptible de ser mejorado, pero yo no soy partidario en este
momento de establecer una modificación. Insisto en que son palabras del
señor Rajoy del 19 de junio de 1996.
Estoy escuchando por otras vías insinuaciones de que puede haber una
modificación de la Ley de financiación de las corporaciones locales. Me
gustaría, si usted sabe algo al respecto, que nos dijera en qué dirección
va. Pero no hace falta que me diga usted nada, porque ya han actuado
ustedes en materia de esa Ley de financiación de
las corporaciones locales, también por una vía de consenso, también en
diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias, en diálogo
con los partidos políticos y en diálogo con una comisión constituida al
efecto, que es la Comisión nacional de administraciones públicas.
Efectivamente, en diálogo con todos estos organismos y partidos ustedes
elaboran el decreto ley último, reciente, ahora se ha modificado su
procedimiento y se tramitará como proyecto de ley, donde atentan de nuevo
contra los ayuntamientos a través del Impuesto de Bienes Inmuebles. Eso
sí, por consenso, vía decreto ley. Y dicen que se lo han enviado a la
FEMP. Ese es el consenso, ése es el diálogo, ésa es la voluntad
descentralizadora y a través de la cual el Gobierno está dispuesto a
favorecer a los ayuntamientos.
Cuando en un documento como ése tan complejo, ustedes, con razón, por
otra parte, dicen que la mayor parte de las competencias están en las
comunidades autónomas y tendrán que ser las comunidades autónomas, yo le
pediría que cuanto antes establezcan un diálogo entre los partidos
políticos. Porque no vale hablar de voluntades descentralizadoras, sino
de actitudes descentralizadoras. Este Gobierno, el Presidente de este
Gobierno, no es un hombre que esté virgen en este país; ha presidido una
comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y yo he
tenido algún contacto con él. Hoy, la Comunidad de Castilla y León, a
través de la acción claramente descentralizadora y municipalista del
señor Aznar y del señor Lucas, es la comunidad que menos
descentralización ha producido de todas la comunidades autónomas en este
país, la que menos, presidida por el señor Aznar y presidida por el señor
Lucas. Permítame que le diga que conozco algo de la materia.
En definitiva, a nosotros nos produce un poco de estupor. Decían ustedes
anteayer: España va bien, todo va bien. Los municipios españoles, señor
Secretario de Estado, no van bien. No van bien. Y con actitudes como la
suya, de este Gobierno, que lo poco que han mirado a los ayuntamientos es
para perjudicarles, van peor.
Yo, por tanto, le transmito la enérgica protesta del Grupo Socialista
para que reconduzca esta situación y para que de verdad esa voluntad
política de hacer de los municipios una entidad importante en un Estado
moderno, apoyada en el principio de subsidiariedad de la Carta Local
Europea, se lleve a cabo en una negociación urgente con los partidos
políticos. Porque si no, volvemos a lo de siempre, palabras palabras,
marketing, marketing. Se atreven ustedes a decir, o alguna alcaldesa de
su partido, que el pacto local va a supones 600 millones de beneficios a
la ciudad de Cádiz. ¿Me quiere usted explicar con qué base pueden decirse
esas cosas? Porque no está en los presupuestos; a lo mejor hay algún
fondo especial destinado a Cádiz. ¿O es que eso se multiplica
proporcionalmente y lo que va a suponer el pacto local son no sé cuantos
miles de millones? Me parece que esto es una falta de rigor escandalosa.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Bolaños, le ruego que vaya
terminando.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Termino, señor Presidente.
De verdad, están convirtiendo a la Administración local en una
administración residual del Estado. No va bien, porque es verdad que el
objetivo prioritario político fue la construcción del Estado complejo y
apoyar políticamente a las comunidades autónomas, pero con su política no
sólo no va bien, sino que va bastante peor.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentario que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría
Echevarría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Quiero agradecer en nombre de mi grupo al
señor Secretario de Estado su presencia en esta Comisión y las
explicaciones que nos ha dado, a la vez que quiero transmitirle el juicio
favorable que su gestión, como él bien sabe, le merece a mi grupo hasta
este momento.
Dicho esto, y no creo que le sorprenda, señor Secretario de Estado, sí le
digo que, en principio, en mi grupo no somos partidarios del pacto local.
Y mucho menos con la generalidad con la que me ha parecido que se predica
el proyecto que se baraja en este momento.
Yo sí voy a hablar, como se ha dicho en el primer punto del orden del
día, de la comunidad autónoma que mejor conozco. Desde la experiencia de
mi condición de Diputada vasca es desde la que voy a afrontar la primera
parte de mi intervención. De los dos aspectos que componen el pacto local
o que cualquier pacto local llevaría implícitos, que son la
redistribución competencial y la financiación (son los dos aspectos a
barajar en cualquier pacto local), respecto de los dos existen hechos
diferenciales importantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca que
impiden que pudiera acogerse a un pacto local con la generalidad que se
ha establecido.
En primer lugar, y aunque sea casi anecdótico, los municipios del ámbito
vasco no forman parte de la FEMP. Todos los municipios, no solamente en
los que gobierna el Partido Nacionalista Vasco, sino todos se integran en
otro ente distinto que no forma parte de la FEMP, y lo mismo creo que
ocurre en el caso catalán. Es decir, con quien se está negociando no
representa a la totalidad de los municipios del Estado.
La financiación la dejaré aparte, puesto que la existencia del concierto
del Consejo Vasco de Finanzas en la redistribución de la finanzas propias
de la comunidad autónoma no hace al caso, y me ceñiré a la redistribución
competencial.
Ha dicho el señor Secretario de Estado que no se ha hecho gran cosa en
materia local, puesto que hasta ahora desde los poderes públicos, desde
que se aprobó la Constitución, se han volcado en el desarrollo
autonómico, quedando lo local un poco al margen. Permítame que le diga
que, para haberse volcado en el desarrollo autonómico, el señor
Secretario de Estado merece el juicio crítico que a mi grupo le merece a
su vez el que todavía, tras tantos años, ya no sé ni cuántos son, desde
el año 1979 de vigencia del
Estatuto Vasco, quede bastante por completar. Para nosotros sería una
prioridad el que primero se completen los contenidos estatutarios y a
partir de ahí, en el ámbito propio de la comunidad autónoma, poder asumir
la redistribución de la que se habla.
En las materias a las que se ha aludido por el señor Secretario de
Estado, hay un número importante de ellas que hacen referencia a
prestación de servicios o servicios sociales. En el caso vasco, y estaba
hablando de hechos diferenciales, no están en manos de los municipios, ni
siquiera de la comunidad autónoma, sino que la ley propia, la
constitución interna de la comunidad autónoma, la Ley de Territorios
Históricos, aprobada por la voluntad de su propio Parlamento, las ha
distribuido y son competencia de los entes que integran los territorios
históricos: la Diputación Foral y las Juntas Generales. Por eso creo que,
con respecto a las bases del Estado, eso por supuesto, que nos gustaría
que sean las menos posible, alentemos, o desde la Comunidad Autónoma
Vasca se aliente, la esperanza de poder tener un marco propio de
relaciones municipales, y en ello se está, en la creencia de poder
elaborar cuanto antes una ley municipal propia.
Tras esta primera observación, que hace referencia al ámbito de mi propia
comunidad autónoma, con carácter general también entiendo que lo que se
pretende abordar es bastante difícil de plasmarse, puesto que el Estado
no tiene competencia en varios de los ámbitos materiales que se han
citado.
Creo que en la actualidad no es la Constitución sola la que define las
competencias. El bloque de constitucionalidad nos lleva a considerar que
si las competencias, en muchos de los campos que ha citado el señor
Secretario de Estado, están ya asumidas por las comunidades autónomas, no
tiene poder el Gobierno respecto de esas materias. Por lo tanto, sólo
respecto de sus competencias, podría el Estado decidir que las leyes
sectoriales se gestionen por otros entes. De las que ha citado sólo me
parece que eso es posible respecto de tráfico y seguridad vial o respecto
de justicia. Porque en las demás materias no tiene competencias el
Estado, por haber cedido en su integridad muchas de ellas a las
comunidades autónomas.
Volviendo a lo competencial o específico de mi comunidad, me ha suscitado
particular suspicacia lo que se ha hablado sobre la modificación de la
Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, desde la perspectiva de que la Ley de Seguridad Ciudadana
salva las competencias en esta materia de la comunidad autónoma en su
disposición adicional, y en cuanto a la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, es una obviedad que recuerde la tenencia de cuerpo propio
ampliamente implantado, y como policía integral, en el ámbito de la
comunidad autónoma.
El problema es muy complejo. Desde este momento vamos a estar abiertos a
lo que se nos plantee desde el ministerio. Esperamos conocer las
propuestas concretas, pero ya le adelanto que en esencia ésta es nuestra
postura, que es de recelo y que ya se plasmó en la legislatura anterior
cuando hubo una propuesta desde el Gobierno socialista, a la que se ha
indicado que no contestó ningún grupo. El Grupo Vasco sí contestó, si
bien fuera de plazo, como se ha manifestado por los compañeros del Grupo
Socialista, respuesta que estará, supongo, en el Ministerio y en la que
se pormenorizaba con detalle cuál es la postura respecto de todas estas
cuestiones.
Sí me gustaría preguntarle dos temas que quizá sean menores, pero que
encajan y que en alguna medida están suscitando suspicacias en los
sectores locales. Quiero aprovechar su presencia en la Comisión en este
momento para preguntárselas. Una de ellas es si tiene idea de hacer,
dentro o fuera del pacto local, algo referido al estatus del cargo
público local. Y ello lo digo desde el temor que existe en distintos
sectores sobre un problema tan cotidiano, o quizá tan cercano a la
realidad personal de cado uno, como es el asunto de las cotizaciones a la
Seguridad Social y el posible acceso al desempleo de alcaldes y
concejales que, si bien cotizan durante todo su mandato, luego no tienen
derecho a estas prestaciones cuando termina el período. Y aunque todavía
falta un tiempo razonable para las elecciones locales, ya está suscitada
esta problemática y por lo menos el temor, respecto de sus propias
cuestiones, de los cargos que ocupan en este momento esos puestos.
Otra cuestión que no me ha parecido que usted aludía a ella es cómo
encaja en el pacto local el llamado G-7, es decir, las capitales de más
de cierto número de habitantes, entre las cuales hay una vasca. No lo
pregunto por esto, sino con carácter general. ¿Qué papel o qué distintos
estatus dentro de ellos se le va a dar al llamado G-7?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Quiero agradecer al señor Secretario de Estado su
comparecencia en esta Comisión y las explicaciones que nos ha dado.
Voy a hablar muy poco. Simplemente quiero contestar que una vez más
partimos probablemente de una interpretación distinta del modelo
constitucional de Estado. Y por lo tanto, de lo que quieren decir también
los conceptos institución, Gobierno y también principio de
subsidiariedad.
Creo que esto que usted ha venido también a llamar pacto local adolece de
este vicio de origen. Para nosotros el Estado es un modelo organizativo,
no sólo territorial y de descentralización, sino de distribución de poder
político y legislativo. Por lo tanto, cuando oímos hablar aquí por otros
grupos --y por el propio Gobierno-- del Gobierno, nosotros seguimos
pensando desde Cataluña y desde mi grupo en nuestro Gobierno, en el
Gobierno de Cataluña. Yo diría que en este pacto local sólo se habla de
partidos políticos, se habla de poderes locales, pero no se habla con los
poderes políticos y legislativos importantes de este Estado, que son los
gobiernos autonómicos.
Creo que un pacto local que olvida a los gobiernos autonómicos nace
muerto o será algo estéril, un documento absolutamente estéril.
El señor Secretario de Estado, que conoce a la perfección Cataluña --yo
diría que usted es catalán de adopción--,
y otros que puedan conocer también Cataluña sabe que para los municipios
catalanes, no por su representación, cuando se habla del Gobierno es, en
primer término, la Generalitat de Catalunya. Olvidar esto cuando se habla
de pacto local va a ser difícil de entender también en Cataluña.
Ustedes han tratado sobre un documento de la Federación Española de
Municipios y Provincias, realmente representativa, pero sobre todo
representativa también de los grandes municipios. En cambio, en Cataluña,
como pasa en el País Vasco, 600 municipios de los 942 que hay forman otra
asociación, la Asociación Catalana de Municipios, a la cual ni se ha
escuchado ni se le ha enviado ningún documento. Por lo tanto, tres partes
de los municipios catalanes no tienen información directa desde el
Gobierno del Estado. Y mi propio Gobierno tampoco tiene información al
respecto. Pero además de tener 600 municipios, la Asociación Catalana de
Municipios tiene tres de las cuatro diputaciones, y me parece que casi la
totalidad de los consejos comarcales. Lógicamente, la Federación Española
de Municipios y Provincias no habla jamás de las comarcas. Y para
nosotros forman parte de nuestra organización territorial.
Yo sólo puedo hablar del documento de la Federación Española de
Municipios y Provincias, porque ni a la Asociación Catalana de
Municipios, ni al Gobierno de la Generalitat, ni a mi coalición, ni a mi
grupo parlamentario, han enviado ustedes el documento, como han hecho con
los demás. Puedo decir al respecto que el documento de la FEMP, si esto
le sirve para algo, no responde en absoluto a las necesidades de las
administraciones locales catalanas, porque tampoco se ha escuchado a sus
representantes ni tiene en cuenta la realidad catalana. Creo que el
Gobierno del Estado tiene que tener en cuenta las distintas realidades de
este Estado. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta cuál es la realidad
catalana. Olvida absolutamente a los consejos comarcales y a sus
representantes.
El documento de la FEMP está pensado, básicamente, para asumir
competencias de los grandes municipios, porque casi todo lo que usted ha
hablado sólo lo pueden llevar a cabo los mismos. En Cataluña y en todo el
Estado español los municipios tienen pocos habitantes, como usted conoce
mejor que nadie. Y tampoco va a resolver el principal problema de las
administraciones locales, que no es el de la asunción de competencias,
sino que es el de la financiación. Yo recuerdo que al principio de esta
legislatura, con los votos del Partido Popular, los votos de Izquierda
Unida y los votos del Partido Socialista, se presentó una proposición no
de ley o una moción a su Gobierno para que se prosiguiera el pacto local
y se obvió la palabra financiación. Por ello nosotros no votamos esta
moción o esta proposición no de ley. Lo recuerdo aquí porque parece que
se ha olvidado.
Además, cuando se habla de competencias --ya sé que se hace en nombre del
principio de subsidiariedad--, las que son propias del Gobierno del
Estado, el principio de subsidiariedad no quiere decir que pasen de un
superior a un inferior, sino de un paralelo a su paralelo, porque si no
sería antinómico. Lo importante es que si Cataluña tiene un Gobierno
propio, elegido por el pueblo catalán, slas necesidades de su municipios.
Y ya el principio de subsidiariedad lo podrá ejercer, que creo que el
único Gobierno que lo puede ejercer, en pro directamente de sus
municipio.
Nosotros tememos que este pacto local no tenga en cuenta estos aspectos,
que yo creo que son política e ideológicamente importantes. Usted al
principio ha hablado de que esto no podía ser un pacto, porque pactos se
habían hecho entre los partidos políticos, etcétera, pero luego sí que ha
terminado diciendo que el documento, aquello que surja de sus
conversaciones con la FEMP, lo pasará para pactarlo con los partidos
políticos. No ha hablado en ningún momento de ponerse en contacto primero
con los gobiernos autonómicos. Los partidos políticos no tenemos que
influir en nuestros gobiernos para hablar de este documento. Yo creo que
ustedes también deben negociarlo con los gobiernos autonómicos, porque si
no es un pacto local que nacerá muerto. Dudo también que en Cataluña los
942 municipios en su totalidad puedan estar jamás de acuerdo con este
pacto local si se obvian las competencias de la Generalitat de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intervenir muy brevemente para dar nuestra
opinión acerca de la intervención del Secretario de Estado sobre la
propuesta del grupo que ha tomado la iniciativa para que se debata este
tema en el Congreso de los Diputados. Voy a intentar representar al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
hablaré de los municipios que sufren, por desgracia, dos gobiernos (en el
caso catalán, al Gobierno de Convergència i Unió, del señor Pujol, y al
Gobierno del Estado; y en el caso de otras regiones, a los gobiernos de
las comunidades autónomas y al Gobierno del Estado).
Aunque muchos parlamentos autónomos han aprobado leyes de
decentralización y de comarcalización, por desgracia lo han acometido muy
mal. Y las comunidades no han producido ese volumen de transferencias de
competencias a los municipios. Es decir, como proyecto federal nosotros
creemos en una necesidad, y es la federalización del poder y la
municipalización del poder. Por eso nosotros no vemos que sea antagónico
el proceso que se debe dar de un gran pacto para hacer residir en el
mundo local mayor capacidad de gestión, mayor capacidad financiera para
realizar sus competencias y mayor dinamismo por la cercanía que tienen
con los propios ciudadanos.
Pero dicho esto, señor Presidente, no siempre piano, piano si va a
lontano. Por desgracia, en la intervención del señor Secretario de Estado
he encontrado como un gran olvido --ha hecho referencia a ello la
portavoz de Convergència
i Unió-- el tema de la financiación y de la reforma de la Ley de
Haciendas Locales. Por ejemplo, si determinados impuestos, como puede ser
el de la gasolina, puede servir de financiación, puesto que las ciudades
sufren un porcentaje muy alto, si pueden participar en los ingresos del
Estado de otra manera o bien cómo se va a financiar el fortalecimiento
competencial, porque podemos estar mandando muchas competencias y pueden
complicar a los ayuntamientos.
El mayor volumen de déficit que tienen los municipios se debe a que han
tenido que hacer frente a competencias que no eran suyas, que ponían en
marcha las administraciones superiores (llámese comunidad autónoma,
llámese Administración central), como educación de adultos, escuelas
infantiles, etc. Al ponerse en marcha con los puestos de trabajo creados,
se les originaba una complicación enorme, ya que no tenían los ingresos
para hacer frente a ello. Es decir, hemos dado más poder, hemos
complicado e implicado a los municipios en un sinfín de iniciativas para
las que no han tenido recursos. Por eso considero que es un gran olvido
el que entre las materias que el Ministro de Administraciones Públicas,
señor Rajoy, puso encima de las tres mesas que se han creado a nivel de
la Federación Española de Municipios y Provincias no se haya incluido,
junto con las competencias, el tema de la financiación.
Y lo segundo, señor Presidente, yo he percibido algo así como si se
lavaran las manos; es decir, que los legisladores, las comunidades
autónomas y el Parlamento no han hecho reformas, no han abordado procesos
legislativos para tratar de solucionar el tema. Estamos a favor del pacto
local para que haya más competencias, pero duros hay pocos en los
Presupuestos Generales del Estado. Es una complicación que se hable de
competencias si no hay dinero.
Voy a empezar por la reunión del 29 de octubre de 1996 de la Comisión
Ejecutiva. No haré mención a fechas anteriores porque podría ser
complicado, aunque el Ministro se comprometió aquí al terminar el verano
pasado a que en pocos días ya estaría en marcha el compromiso del pacto
local. Siempre han hablado de las competencias que el Estado tiene y de
la dinamización de las reformas legales, y han hecho la salvedad de que
en el tema de las comunidades autónomas deben participar los gobiernos
autónomos. Ustedes acordaron constituir en octubre tres grupos de
trabajo: uno, de carácter institucional; otro, de carácter no
institucional (seguridad ciudadana, Unión Europea, etcétera) y otro
relativo a competencias autonómicas transferibles, aunque no iban a
profundizar en ello. En noviembre de 1996 ustedes ponen en marcha el
único grupo de trabajo, que va a hacer frente a estos tres bloques. La
FEMP hace llegar un documento, ya definitivo, con las propuestas, y
ustedes envían a la FEMP, el 20 de febrero de 1997, otro documento, no sé
si en respuesta a lo que aquí ponía, comentando lo que ella proponía. Se
daba dos meses la FEMP para contestar al Gobierno (aproximadamente el 20
de abril habría caducado esa contestación) y entraríamos en la fase que
usted llamaba de discusión política y territorial del famoso pacto.
Me gustaría que usted nos pudiera precisar cuál es el estado de esa
negociación, porque nos ha hecho aquí un enunciado de lo que puede ser su
opinión, pero ¿cuándo vamos a tener ese documento común para discutir,
para hablar? ¿Qué plazos va a haber? ¿Qué competencias están ustedes
dispuestos a delegar o a transferir? Porque pueden transferirse
competencias o pueden delegarse. Competencias que hoy tienen los
subdelegados del Gobierno, es decir, los gobernadores anteriores, pero
con otro nombre, pueden delegarse en los municipios, en el jefe local de
la seguridad. Tradicionalmente las juntas locales de seguridad las han
presidido los alcaldes, que coordinan a todas las policías para evitarnos
esa imagen muchas veces de policías municipales que le quitan la grúa al
zeta de la Policía Nacional, o Policía Nacional que actúa sobre la
Guardia Civil, o la Ertzaintza que tiene una relación con la Guardia
Civil. Es decir, tiene que haber una coordinación de la actuación de
todas las policías para garantizar una seguridad.
De qué forma se va a financiar y se va a reformar la Ley de Haciendas
Locales. Qué plazos está barajando el MAP para que al final podamos tener
esta discusión en marcha y que pueda acometerse ya en el próximo año. De
qué manera se van a establecer los mecanismos que ha demandado antes la
portavoz de Convergència i Unió, que yo creo que son necesarios, es
decir, la relación con los territorios que tienen unas federaciones de
municipios determinadas y unos gobiernos que deben hablar, participar y
dirigir el proceso de esa municipalización del poder. ¿Cómo van ustedes a
recoger el tema de las grandes ciudades? A pesar de lo que se ha dicho
aquí, yo creo que es al revés. Creo que se está mezclando todo, y mezclar
churras con merinas es muy complicado. La realidad municipal del país
tiene como tres grandes bloques de municipios: los municipios rurales o
pequeños, que necesariamente van a mancomunar esfuerzos, van a unirse
porque no tienen capacidad para funcionar; los grandes municipios o los
municipios de más de 300.000 habitantes, que tienen áreas metropolitanas
con problemas muy complicados que abordar; y los medianos municipios, que
al final se quedan olvidados del todo. Y hay así un sinfín de municipios
que tienen una complicación real de funcionamiento. ¿Se va a hacer una
ley de grandes ciudades, se va a abordar o no, vía reglamento, el
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio? Es decir, ¿va a actuarse para que de
verdad pueda abordarse esa actuación?
Nosotros estamos expectantes, participamos en la Federación, creemos que
esto no puede ser excluyente de un proceso de discusión y que no existe
vida de partidos políticos al margen de la vida institucional. Es decir,
el documento que ustedes elaboren, el borrador entre municipios y
Gobierno central, no solamente debe tramitarse vía partidos políticos,
sino vía partidos políticos y vía instituciones, porque nuestra
representación está en los municipios, está en las comunidades autónomas
y está aquí, para que así no haya suplantación de papeles, y que cuando
uno hable en nombre de mi Gobierno sea del Gobierno del país, cuando
hable del gobierno de la comunidad lo haga en nombre del gobierno de la
comunidad y cuando hable en nombre del gobierno municipal lo sea en
nombre de los gobiernos municipales. Eso debe hacerse con rapidez, porque
ésta es una asignatura pendiente. No es una asignatura
que sea in novo, porque si no mal vamos a evolucionar en la distribución
del poder. Hoy está distribuido fundamentalmente desde el Estado central,
desde la Administración central, a las comunidades autónomas en torno a
un treinta y tantos por ciento, pero los municipios han perdido parcelas
de poder: de un 14 por ciento ha bajado su influencia, en cuanto a lo que
administran, en torno a un 11 ó 12 por ciento. Esa distribución del
poder, lógicamente, no es sensata. Cuando digo poder es de gestión. Sé
muy bien la diferencia entre una comunidad autónoma o una nacionalidad
que tiene un parlamento y hace leyes. Los municipios no hacen leyes; pero
los municipios administran y gestionan y son los que más cerca están de
los ciudadanos. Tienen muy difícil evadirse.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor López-Medel Bascones.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Es sabido que durante muchos años se ha
venido hablando del denominado pacto local. En ese sentido, en alguna
ocasión tuve la oportunidad de señalar en esta Cámara, y quiero aquí
reiterarlo, la labor de impulso que representantes municipales del
Partido Popular hacían para que este pacto fuera algún día una realidad.
Y ahí está la presencia, ahí están las actividades realizadas, como digo,
por múltiples representantes del Partido Popular a nivel municipal, como
el propio señor Rivas, como Rita Barberá, la actual Presidenta de la
Federación Española de Municipios y Provincias, Mercedes de la Merced y
muchas otras personas.
He de confesar, señor Presidente, mi gran error. Después de oír al
representante del Grupo Parlamentario Socialista, estoy convencido de que
yo estaba inmerso en un gran error. Hasta ahora estaba convencido de que
el Partido Socialista había gobernado y había hecho cosas bien, había
hecho cosas mal, y había dejado de realizar algunas cuestiones. Sin
embargo, a la luz de su intervención me da la sensación de que el Partido
Socialista parece que nunca ha gobernado, nunca ha tenido responsabilidad
de gobierno en España.
No quiero remontarme al pasado ni centrar mi actuación en lo que se podía
haber hecho en estos múltiples años, donde además destacados e insignes
miembros del Partido Socialista, como el propio señor Rodríguez Bolaños o
como el señor Vázquez ostentaban la Federación de Municipios y
Provincias, al mismo tiempo que un Presidente del Gobierno de la nación
era también del mismo partido político. Digo que no me voy a recrear, no
voy a insistir en poner de relieve lo que el Partido Socialista pudo
haber hecho durante muchos años y no hizo. Pero sí quiero centrarme en la
actualidad. Y la actualidad es que el Partido Popular tiene desde hace
escasamente un año la responsabilidad de gobierno. En este tiempo, en
este año, no se han ralentizado en modo alguno los trabajos, no se han
paralizado en forma alguna los trabajos, sino que se siguen impulsando.
La cronología que ha detallado el Secretario de Estado está ahí.
A propósito de las referencias que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista sobre la intervención del Ministro Rajoy en el Congreso de los
Diputados el pasado 19 de junio, quiero remitirme al «Diario de
Sesiones», concretamente a la página 14. Como se podrá observar, el
compromiso del Ministro Rajoy era dar traslado del documento, una vez que
estuviera aprobado definitivamente por la Comisión ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias; en todo caso --como
también se dice en la página 14-- después de que se haya hecho ese
documento de forma conjunta por el Ministerio y la Federación Española de
Municipios y Provincias. En ese trámite se está ahora, además de recordar
que la FEMP, los partidos políticos, o al menos los de ámbito nacional,
tienen una clara representación y, por tanto, son conocedores de cómo
desde la Federación y en sus relaciones con el Ministerio de
Administraciones Públicas se están llevando a cabo las conversaciones.
En esa cronología ha detallado el Secretario de Estado cómo el 24 de
septiembre de 1996 lo que aprobó la Federación Española de Municipios y
Provincias fueron las bases para el pacto local. A raíz de ello ha habido
intensas reuniones en fechas que antes, como digo, el Secretario de
Estado ha apuntado (la del 21 de noviembre, 20 de febrero de 1997), así
como la implicación, que creo que es muy importante, de los distintos
departamentos ministeriales. No son cuestiones que afecten simplemente a
un ministerio, a un departamento ministerial, sino que al ser éste
vértice de todos, también afectan a distintos ministerios. Por tanto, la
participación a través de representantes de estos ministerios en las
conversaciones es sin duda alguna importante. Se está a la espera, una
vez que se ha dado traslado del informe que ha elaborado el MAP, de que
la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de su
Comisión Ejecutiva, lo apruebe definitivamente. Como se ha dicho antes,
iba a ser incluido este tema en la reunión a celebrar el pasado 28 de
abril.
En todo caso quiero destacar algo importante. Se ha hecho antes una
alusión a lo que es el caos. Quiero poner de relieve el caos que se ha
dejado precisamente a este Gobierno, desde el punto de vista de los
ciudadanos. Con frecuencia los ciudadanos hoy en día, ante una necesidad
que tienen en el ámbito social, en relación con el ámbito de la mujer, en
relación con deportes, en relación con urbanismo, en relación con muchas
áreas, no saben dónde acudir. Hay que intentar aclarar esto, hay que
intentar evitar duplicidades, hay que intentar evitar disfunciones. Y el
caos precisamente es el que se ha dejado. Ejemplo desde luego
paradigmático y muy reciente de competencias confusas, al cual se ha
referido el portavoz del Grupo Socialista, es la anulación por el
Tribunal Constitucional de nada más y nada menos que dos terceras partes
de la normativa que regulaba el urbanismo en España, creando un absoluto
caos y poniendo a muchos municipios de todo el territorio español,
cualquiera que fuera su signo político, en una gravísima situación de
inseguridad ante sus propios ciudadanos. Eso es, desde luego, caos y no
lo que nosotros estamos haciendo.
También se han hecho referencias al propósito centralizador o
descentralizador en algunas comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular. Yo no quiero
entrar en esta lucha, y no quisiera referirme a comunidades como
Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, pero sí quiero recordar,
dado que se ha mencionado, el caso de Castilla y León, y estoy seguro de
que el señor Rodríguez Bolaños lo conoce muy bien. Está actualmente en
trámite un proyecto de ley de régimen local elaborado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es precisamente
muy avanzado en orden a la descentralización, que es a la que nos estamos
refiriendo.
También he de poner de relieve que desde el Grupo Popular consideramos
que la Constitución optó, nos guste o no, por un sistema descentralizado
y que ese sistema descentralizado o que ese principio descentralizador es
predicable de todas las administraciones públicas. Es cierto --se ha
dicho en múltiples ocasiones, pero yo quiero reiterarlo-- que ese
esfuerzo descentralizador, volcado en un primer momento hacia lo que son
las comunidades autónomas, sigue sin duda pendiente respecto de la
entidades locales. Y ha llegado el momento de profundizar en ese
principio descentralizador y de llevarlo a sus últimas consecuencias.
Indudablemente son varias, y anteriormente tanto el señor Secretario de
Estado como otros representantes de grupos parlamentarios se han referido
a las materias que son suceptibles de ser transferidas con distintas
modalidades --de esto habría que hablar después-- a las corporaciones
locales. En todo caso, ahí tenemos una idea que para el Grupo Popular es
muy clara: la reforma del Estado --y se han dado pasos muy importantes
con la reciente aprobación de la Lofage-- nunca estará completa si no se
coloca a las entidades locales, si no se coloca a los municipios, a las
diputaciones provinciales, a las comarcas, en general a cualquiera de lo
que son entidades locales, en el lugar que verdaderamente les
corresponde. Pero ello no puede hacerse de forma improvisada; hay que
estudiar bien las distintas posibilidades, hay que estudiar bien las
distintas consecuencias, hay que estudiar muy bien cuáles son los
mecanismos y de un manera también muy singular cuál es el tipo de
entidades que puedan ser receptoras de esas competencias. Además de
estudiar bien las posibilidades, las consecuencias, los mecanismos y los
destinatarios para llevarlo a cabo, hay quee las comunidades autónomas.
Ciertamente, con las comunidades autónomas tendrán y deben tener unas
relaciones estrechas, pero también los municipios y la entidades locales
en general tienen y deben tener una importante relación con el Estado.
Por tanto, cualquier proceso de transferencia que se aborde, entendido en
este término simplificador lo que es el pacto local, ha de tener muy en
cuenta lo que las comunidades autónomas puedan disponer. Pensamos que el
Gobierno de España no puede imponer a las comunidades autónomas cuáles
son las fórmulas de concreción, cuáles han de ser los destinatarios o
cuál tiene que ser la aplicación del modelo concreto. El esfuerzo creo
que corresponde a todos los partidos políticos más que al Gobierno, cuya
labor, insisto, es básicamente de impulso.
Quiero ir concluyendo, pero quisiera reiterar la idea que antes he
afirmado. La labor del Gobierno, en este año escaso, a propósito del tema
local, es sin duda muy satisfactoria. Está impulsando lo que son los
trabajos que deben conducir al pacto local deseado por todos. Y en ese
sentido también son múltiples las referencias legislativas que se podían
hacer a otra normas, no sólo a las leyes sectoriales de las comunidades
autónomas o a leyes sectoriales del Estado que tienen competencias y que
el Estado podría delegar o transferir a las entidades locales.
Se ha hecho referencia también al tema de financiación. Entendemos que es
muy importante, pero no coloquemos antes el carro que los bueyes. Es un
tema que debe ser también abordado, pero no con carácter previo a la
delimitación del ámbito competencial, toda vez que la delimitación del
ámbito competencial es lo que va a determinar en buena parte cuál es el
régimen de financiación de las entidades locales. Y, a propósito de
financiación, se ha hecho una referencia a la reducción del 15 al 10 por
ciento, como consecuencia del decreto-ley que fue convalidado por el
Congreso de los Diputados. Yo comprendo que algunos dirigentes del
Partido Socialista --y les ruego que no se ofendan-- estén más
preocupados por lo que es la financiación de los municipios entendida
como especulación. Hay que reconocer, cualquiera que fuera el signo
político del municipio concreto, que lamentablemente estas cantidades de
las cesiones no se empleaban para lo que de verdad debían emplearse;
estas cantidades del 15 por ciento se empleaban para financiar otro tipo
de servicios, otro tipo de actividades de los ayuntamientos.
A nosotros ciertamente nos preocupa la financiación de los ayuntamientos,
pero nos preocupa y nos interesa más que se facilite el derecho a una
vivienda digna que el artículo 47 de la Constitución reconoce, y uno de
los medios para hacer efectivo este derecho es precisamente el
abaratamiento de la vivienda y estamos seguros de que esta medida, entre
otras adoptadas por el Partido Popular, lo va a facilitar.
Además de cuantas referencias se puedan hacer al sistema de financiación,
hay otra leyes que deben ser abordadas y que deben dar solución a algunos
problemas de los ayuntamientos: la modificación de la Ley 30/1992, la Ley
de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento
administrativo común, ley que desde luego ha pasado a los anales de la
historia como la menos consensuada de las elaboradas y en cuyo proceso de
elaboración, por cierto, no participó la FEMP. A las entidades locales
les crea problemas esta ley y el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una proposición no de ley pidiendo su modificación en algunos
aspectos, modificación que entendemos que va a beneficiar a los
municipios. Temas como el régimen del silencio administrativo, los
recursos administrativos o el hecho de que se tenga que acudir
directamente a la vía jurisdiccional cualquiera que sea la pretensión,
son algunos de los casos que en su momento espero que abordemos. En todo
caso, insisto, y ya definitivamente concluyo, no es de esto de lo que
estamos hablando,
porque podía hablarse también de temas institucionales, de elecciones de
alcaldes y de otros temas también importantes, pero, respecto a lo que es
el pacto local, quiero reiterar la felicitación del Grupo Parlamentario
Popular a la actividad que el Gobierno está realizando en este año escaso
que lleva en la responsabilidad del Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Si alguien tenía alguna duda, supongo que, después de
escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios, se habrá
convencido de la dificultad y de la complejidad del denominado pacto
local, y no lo digo como pretexto, sino como estímulo para trabajar más y
mejor. Si fuera una cosa fácil, ya estaría hecha; es una cosa compleja y
repito que yo creo que las intervenciones lo han puesto de manifiesto.
Porque ya no sólo estamos hablando de la diversidad natural ideológica y
de los planteamientos y proyectos políticos que puedan tener los
diferentes grupos parlamentarios que representan la pluralidad del pueblo
español, la pluralidad de la Cámara. No. En su intervención, la
representante del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
señora Gil, ha puesto de relieve que tienen una idea muy distinta de lo
que puede ser ese pacto local y el papel que a esos efectos tiene que
jugar el Gobierno de la Generalitat de Catalunya; o la intervención de la
señora Uría, del Grupo Parlamentario Vasco, manifestando su reserva,
cuando no su recelo, ante el pacto local. Ya no sólo estamos hablando de
posiciones distintas, naturales, normales y legítimas, sino de posiciones
que parten de una concepción del Estado distinta de la que podemos tener
otros, sin perjuicio de que yo parto del supuesto de que todos aceptamos
y acatamos el modelo de Estado, que es el definido por el bloque de la
constitucionalidad, por la Constitución y los estatutos de autonomía.
Otra cosa es que podamos interpretarlo de manera distinta o que lo
podamos desarrollar, dentro del margen de libertad que permite la
Constitución, en una dirección o en otra.
El señor Rodríguez Bolaños, por contestar en primer lugar, como es
lógico, por cortesía parlamentaria, al grupo que ha pedido la
comparecencia y que además ha sido el primero en intervenir y el que ha
dedicado más tiempo a su exposición, ha comenzado aludiendo al caótico
modelo de Estado. Creo que no es el momento procesal político
parlamentario oportuno, pero expresiones como modelo de Estado caótico no
ayudan precisamente a ganar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones. Dar la impresión de que estamos diseñando un modelo de
Estado caótico puede que al final haya gente de buena fe que se lo crea.
Yo estaría encantado, desde la responsabilidad que ostento, de contestar
si se planteara cuál es el modelo de Estado que el Gobierno perfila en un
desarrollo razonable, sensato y lógico del bloque de la
constitucionalidad, desarrollando la Constitución y desarrollando,
lógicamente mediante los oportunos traspasos de funciones y servicios,
las previsiones competenciales que tienen atribuidas las comunidades
autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía.
Evidentemente, tenemos que integrar en ese modelo de Estado, en el modelo
de organización territorial del Estado que define el Título VIII de la
Constitución, el papel de las administraciones locales. Y yo sí que estoy
de acuerdo en que ésa es de alguna manera una asignatura pendiente,
aunque tampoco es bueno exagerar, porque yo creo que toda exageración es
mediocre. Ya dije antes que es efectivamente cierto, y creo que eso es un
común denominador aceptado por todos, que el desarrollo de la
Administración local ha ido por delante del desarrollo del Estado
autonómico. Eso lo entendemos todos; lo compartimos más o menos, pero
todos lo entendemos. Los ayuntamientos ya existían, las diputaciones
existían, y los cabildos, y los consejos. Lógicamente, no tenían una
estructura democrática, y a partir de la Constitución tienen una plena
estructura democrática. Pero, desde luego, los ayuntamientos, los
españoles de antes de 1978 y del siglo pasado sabían perfectamente lo que
eran. Y quizás eso es lo que ha hecho que el legislador, el Gobierno, no
sintiera tanta necesidad, por aquello de que a veces lo urgente no nos
deja hacer lo necesario o lo esencial, de desarrollar ese ámbito de la
organización territorial del Estado que integra la Administración local.
Y, por otra parte, el tiempo político se ha impuesto a lo mejor al tiempo
lógico y ha hecho necesario ir avanzando en el desarrollo del Estado
autonómico, aunque como vemos todo es relativo, y la señora Uría dice que
el Estatuto vasco, el Estatuto de Guernica, sin embargo, a pesar de todo
está muy poco desarrollado, y seguro que de eso podíamos hablar mucho,
como ya sabe que estamos hablando con el Gobierno vasco y en particular
con el Vicelehendakari, señor Ibarreche, con quien hemos tenido varias
conversaciones y estamos manteniendo contactos muy fluidos en orden al
desarrollo del estatuto. Otra cosa es que, como sabemos, puede haber
interpretaciones diferentes de lo que es el estatuto; al final,
afortunadamente, siempre hay un árbitro al que todos nos remitimos, que
es el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que hayamos de evitar
llegar a esos arbitrajes y, por el contrario, políticamente ponernos de
acuerdo en lo que puede ser una interpretación válida y compartida de las
previsiones estatutarias para desarrollar el Estatuto de Guernica, como
para desarrollar todos los estatutos de autonomía. Aprovecho para decir
que, en lo que llevamos de gobierno, en un año, se han aprobado más de 90
decretos de traspasos de funciones y servicios a las comunidades
autónomas, para desarrollar los estatutos de autonomía. Sin duda se
podría hacer más, pero 92 decretos, creo recordar, me parece que es un
balance desde este punto de vista satisfactorio. Y también hemos de ser
conscientes de que en la medida que cada vez están más culminados los
traspasos correspondientes al ejercicio efectivo de las competencias
reconocidas en los estatutos, lógicamente las discusiones son más
complicadas, porque ya estamos arañando el estatuto --no el vasco, todos
en general-- y estamos llegando a aquellas zonas en las que ya la
interpretación compartida es más difícil. Cualitativa y
cuantitativamente, estamos llegando a un nivel de desarrollo del Estado
de las autonomías muy
elevado y sin duda podemos tener confianza en que el final no será el
caos, sino que será un modelo de Estado como el que quería el
constituyente y como el que ha querido el poder constituido a lo largo de
estos años a nivel de España y a nivel de las comunidades autónomas.
Esa será la foto final. Insisto en que no es el momento, pero quería
salir por lo menos al paso de esa afirmación inicial de una foto final
indefinida, en la medida en que da la imagen de un Estado caótico, lo
cual me parece que no es bueno, porque hay personas --de los que estamos
aquí, no-- a las que a lo mejor les gusta oír que vamos a un Estado
caótico y que esto es un «carajal» autonómico y cosas por el estilo. Y
esas expresiones no hacen ningún bien al desarrollo constitucional del
Estado.
Decía el señor Rodríguez Bolaños que los ayuntamientos han sido los
grandes olvidados; que, a la hora de apretarse el cinturón, en el
contexto de austeridad que nos reclama Maastricht, para entendernos, los
ayuntamientos han sido los perjudicados y que, sin embargo, hemos sido
muy generosos con las comunidades autónomas. Ya lo ve usted, las
comunidades autónomas no comparten esa opinión, de todos los colores
políticos. Le puedo asegurar, y lo sabe sin duda el señor Rodríguez
Bolaños, que a la hora de hablar de la financiación autonómica se puede
estar o no de acuerdo, y ése es un debate que ya conocemos todos, pero lo
que está claro es que no se les ha regalado el dinero, precisamente con
el nuevo modelo de financiación autonómica de las comunidades autónomas.
Y que ese modelo de financiación autonómica, entre otras cosas, nos está
permitiendo converger con Maastricht. Y que en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera que celebramos en Cádiz el mes de enero, como en el
que celebramos el mes pasado para pactar con las comunidades autónomas el
programa de estabilidad y crecimiento, o dicho de otra manera, el
Programa de Convergencia para el período 1998-2000, cuando el Ministro de
Economía trasladaba a los escenarios macropresupuestarios la contención
del déficit --y así como este año hemos de llegar al 3 por ciento, como
ustedes saben, hemos de intentar llegar al 2,6 el año que viene--, aludía
a la distribución de ese déficit, porque cuando hablamos del déficit,
como ustedes saben, hablamos del Reino de España ante Bruselas, y ahí se
integran todos. Este año, del 3 por ciento, el 2,5, el subsector Estado,
propiamente dicho; 0,2, Seguridad Social; 0,3 Administraciones
territoriales; 0,2, Administraciones autonómicas, y 0,1, entidades
locales. Y eso lo podemos pactar con las comunidades autónomas y lo hemos
pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y sobre la base de
esos acuerdos en el Consejo se ha llegado a escenarios pactados
bilateralmente entre el Ministerio de Economía y Hacienda y las
comunidades autónomas, escenarios de convergencia y escenarios de
consolidación y contención del déficit. Eso lo han aceptado todas las
comunidades autónomas. Lo mismo hemos pretendido hacer con las
corporaciones locales. Por cierto, y usted lo sabe muy bien, señor
Rodríguez Bolaños, porque ha sido alcalde y presidente de la FEMP, que
eso no había sido pactado con anterioridad con las corporaciones locales
en la Comisión nacional de administración local. Yo acepto que hay una
dificultad de interlocución con las corporaciones locales y con las
comunidades autónomas, porque, por ejemplo, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera hablas con diecisiete consejeros, que representan a
los gobiernos autonómicos, pero no puedes reunir a 8.000 alcaldes.
A estos efectos, y aprovecho para hacer alguna referencia a lo que decía
la señora Gil y a lo que decía la señora Uría, comprendo y sé
perfectamente que el mapa municipal de Cataluña y del País Vasco es
también un mapa municipal diferencial, pero la Ley reguladora de las
bases de régimen local, en su artículo 117, establece que el interlocutor
válido del Gobierno por parte de las corporaciones locales es la
asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación,
que es la FEMP.
El Gobierno, lógicamente, tiene que actuar de acuerdo con el principio de
legalidad. Es una ley que, por cierto, aprobó por unanimidad las Cortes y
ése es el interlocutor. Lo cierto es que en el pasado las corporaciones
locales tuvieron que asumir unos escenarios de contención del déficit de
lo que se enteraron por los periódicos. Con las comunidades autónomas se
pactó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a nivel multilateral
y fruto de ese acuerdo multilateral hubo después acuerdos bilaterales
Gobierno a Gobierno, Gobierno de España, representado por el Ministerio
de Economía y Hacienda y Gobierno de las comunidades autónomas con sus
consejerías respectivas de Economía y Hacienda. Se pactaron, insisto,
esos escenarios bilaterales de contención de déficit de las respectivas
comunidades autónomas en el contexto del acuerdo-marco en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
Con las corporaciones locales no ha pasado nunca. Nunca. Las
corporaciones locales, de la parte alícuota de contención del déficit que
les correspondía en virtud de los acuerdos del Programa de Convergencia,
por ejemplo, se enteraron por los periódicos. Y ha sido este Gobierno el
que por primera vez ha llevado el tema a la Comisión nacional de
administración local y a su subcomisión de régimen económico, financiero
y fiscal para informar a las corporaciones locales de la parte alícuota
de contención del déficit y del ajuste de cinturón que les corresponde,
en ese Programa de Convergencia. Eso lo hemos hecho por primera vez este
Gobierno, señor Rodríguez Bolaños; nunca se había hecho. Por eso hemos
negociado con las administraciones territoriales que del 0,3 de déficit
que les corresponde a ellos, 0,2 va a las comunidades autónomas y 0,1 a
las corporaciones locales. Luego hemos tenido que entrar a discutir,
puesto que Bruselas no habla de decimales, si ese 0,2 podía ser 0,25,
etcétera. Pero eso lo hemos hecho ahora por primera vez; no se había
hecho nunca. Y eso es una muestra de respeto institucional hacia las
corporaciones locales que tienen que reconocer, porque hasta ahora no se
había hecho nunca. Y creo que legítimamente las corporaciones locales
tienen derecho a decir: Yo no tengo por qué ser a estos efectos menos que
las comunidades autónomas y enterarme por los periódicos del déficit que
a mí me corresponde. Si usted lo pacta con las comunidades autónomas en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después a nivel bilateral,
yo comprendo que a nivel bilateral no lo puede hacer con los 8.000
municipios, pero por lo
menos que, a través del órgano de cooperación institucionalmente
establecido entre la Administración del Estado y las corporaciones
locales, que es la Comisión Nacional de Administración Local, me den una
explicación. Esa explicación se ha dado y lo conocen hoy las
corporaciones locales.
La austeridad efectivamente les llega a todo el mundo, nos está llegando
a todos, y esa austeridad que se está distribuyendo solidariamente, a mi
juicio, está dando buenos frutos. Y la prueba es que casi en su totalidad
el arco parlamentario español está de acuerdo con el Programa de
Convergencia y parece que hoy los mercados nacionales e internacionales
apuestan claramente, además de la Comisión Europea y el Fondo Monetario
Internacional, y no son palabras menores, por la consecución de lo que
creo que es un auténtico objetivo nacional y es que para España, con
independencia de quién la gobierne --otra cosa es quién lo hace
posible--, España ingrese con los países centrales de la Unión Europea en
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Y eso es porque ha
habido una política de austeridad distribuida solidariamente. Seguramente
se podría distribuir solidariamente de otra manera, pero ésta no está
dando malos frutos y, desde luego, en la medida en que todo el mundo está
reconociendo que se está teniendo que ajustar el cinturón, creo que es
injusta la crítica de que los ayuntamientos son los paganos y que las
comunidades autónomas están viviendo en el olimpo, desde el punto de
vista de lo que son sus finanzas.
A estos efectos creo que es importante recordar lo que yo decía antes
sobre las transferencias a los entes territoriales establecidos en la Ley
de Presupuestos, que, en un marco de austeridad presupuestaria que todos
conocemos, las comunidades autónomas ven incrementados sus recursos en un
6,9 por ciento y la entidades locales, en un 5,2 por ciento. Y ahí no
hablábamos, como decíamos antes, de 20.000 millones, sino que estamos
hablando de billones de pesetas.
Aprovecho para decir que, cuando se alude a que las comunidades autónomas
(porque a lo mejor por ahí podía ir la crítica del señor Rodríguez
Bolaños) crecen en un 6,9 frente a las entidades locales que crecen en un
5,2 por ciento, la comparación, como siempre, se ha de hacer en términos
homogéneos y que a lo largo del año se van produciendo traspasos de
competencias, que eso se incrementa y el coste efectivo se consolida
después en la financiación incondicional, como usted sabe, al acabar el
año. Por tanto, ese 6,9 debe entenderse también desde la perspectiva de
que se han producido más traspasos de competencias; no es un 6,9 en
términos reales de comparación homogénea, sino es en cifras absolutas. Y
habría que deflactar, lógicamente, ese coste efectivo que se ha
incorporado como acompañamiento a los traspasos de competencias en esos
noventa y tantos decretos a los que aludía, a lo largo del año pasado.
Hizo también referencia, como muestra de que el Gobierno está dando la
espalda a los municipios y en general a la Administración local, a lo que
pasó con la Ley del Suelo y con la nueva regulación del IBI. Sabe el
señor Rodríguez Bolaños que eso es verdad, pero que no es toda la verdad
y una verdad a medias suele ser una mentira importante, en ocasiones. El
decreto-ley sobre el suelo se tramitó como proyecto ley y el decreto
sobre el IBI fue objeto de informe en la Comisión Nacional de
Administración Local, y concretamente en la subcomisión de régimen
económico, financiero y fiscal. Fue informado por la Comisión Nacional de
Administración Local y, por tanto, las corporaciones locales no han sido
convidados de piedra en este proceso, sino que han participado
activamente y en todo caso se han enterado por los cauces
institucionalmente establecidos, que hasta ahora no se habían utilizado y
que esta Gobierno sí que está utilizando. Y ésa es una realidad que puede
gustar o no gustar, pero es una realidad, se lo digo sinceramente, señor
Rodríguez Bolaños, absolutamente incontestable.
En cuanto a las cuestiones generales del pacto local, al final hice esa
enumeración presuntamente exhaustiva desde el punto de vista de relato
cronológico de hechos producidos, pero lo cierto es que al final hay un
punto de partida que usted sabe perfectamente y es este documento de
bases para el pacto local, que remite la FEMP al Gobierno el 24 de
septiembre. Por tanto, esas manifestaciones del Ministro señor Rajoy, del
19 de junio, que fueron cumplimentadas, deben después entenderse a la luz
de lo que es esta realidad, y es que el interlocutor primero, en este
momento procesal en que nos encontramos, que es la FEMP, nos remite
finalmente su documento, fruto de conversaciones que hemos mantenido, el
24 de septiembre, y en ese momento es cuando hemos de poner el contador a
cero. Yo he intentado explicar, a partir de ese momento, en qué fase del
procedimiento nos encontramos.
¿Qué me parece que es lo relevante a estos efectos? Es evidente que el
pacto local es complejo, y lo podemos ver, complejo técnicamente,
jurídicamente, políticamente; es una cuestión compleja. Por cierto,
aprovecho para decir que dentro del pacto local no incluye la FEMP la
revisión de la Ley de Haciendas Locales. A estos efectos, y precisamente
ayer la Presidenta de la FEMP compareció, como dije antes, ante la
Comisión general de comunidades autónomas del Senado para hablar de la
posible reforma del Senado y su conversión en Cámara de representación
territorial, no en cuanto al pacto local. Después de ella intervino el
señor Maragall y no como alcalde de Barcelona, sino como Presidente del
Comité de las Regiones. Ayer mismo por la tarde ratificaba en sede
parlamentaria en el Senado la señora Barberá lo que yo ahora voy a decir,
y es que en estos momentos la financiación local, como usted sabe, para
el quinquenio 1994-1998 deriva de los acuerdos que se suscribieron en el
año 1994 entre el Gobierno y la FEMP, y que ya hay constituida una
comisión mixta técnico-política entre la Secretaría de Estado de Hacienda
y la FEMP para articular a través del Instituto de Estudios Fiscales los
estudios necesarios para producir, a la finalización de ese quinquenio, y
por tanto a partir del año 1999, una nueva ley de haciendas locales. Con
esto pretendo aclarar algunas preguntas que al respecto se me habían
formulado.
Más allá de la anécdota, en estos momentos he querido dejar claro, porque
tengo lógicamente autoridad para ello,
que el Gobierno reitera aquí su voluntad política de ir al pacto local. Y
he manifestado que el Ministro, el Gobierno, en cuanto tengamos la
respuesta oficial de la FEMP a nuestro documento y planteemos unas nuevas
conversaciones bilaterales para acotar el consenso y el disenso, llamará
a los partidos políticos para iniciar esa negociación.
Por supuesto, señora Gil, que conocemos las discrepancias. No es verdad
que no hayamos hablado en este caso concreto con el Gobierno de la
Generalitat; yo le puedo asegurar que hemos hablado con el señor Pujol en
persona y con el Conseller de Gobernacio, señor Xavier Pomes; otra cosa
es que lógicamente no todas las conversaciones son públicas, y eso no
quiere decir que fuera secreta. Hemos hablado con muchos gobiernos
autonómicos, también con el de la Generalitat, y sabemos la diferente
sensibilidad política que mantienen los gobiernos autonómicos en relación
con el pacto local. Pero quizá la denominación del pacto local, que, por
una parte, yo dije antes que podía ser un término feliz, en el sentido de
que es una denominación muy periodística, muy política, que llega pronto
a la gente, induce a confusión, porque no tiene esas características a
las que yo aludía, por ejemplo del pacto autonómico. Porque es posible
que haya que llegar a pactos locales en el ámbito de las comunidades
autónomas. Y usted conoce como yo resoluciones del Parlamento de Cataluña
en las que se llama a un pacto local, y se llama al Gobierno de la
Generalitat a un pacto local como en otros parlamentos autonómicos
también. Por tanto, seguramente habrá que llegar a varios pactos locales;
un pacto local que se polarice a nivel de Estado entre el Gobierno y los
partidos políticos en aquellos ámbitos, insisto, que sean de competencia
exclusiva del Estado. Yo acepto que la señora Gil --otra cosa es que lo
comparta-- pueda entender que, en aplicación de la interpretación que
ella hace del principio de subsidiariedad, las competencias del Estado no
se tengan que transferir a los ayuntamientos, sino, en el caso por lo
menos de Cataluña, a la Generalitat de Cataluña; me aceptará que es una
posición opinable. Me parece tan legítima su actitud como la mía, que
podamos decir que eso hay que hablarlo, si es una aplicación correcta del
principio de subsidiariedad y si ésa es la opinión que comparte el
municipalismo catalán, representado en la federación o representado en la
asociación. Y no lo digo con ánimo de polémica, lo digo porque
ciertamente es así.
Habrá que hablar con los gobiernos autonómicos, y vamos a hacerlo, pero
nos parece que si estamos hablando de competencias exclusivas del Estado,
entendiendo por Estado a estos efectos la terminología del 149.1 de la
Constitución, los principales e inmediatos interlocutores, una vez
salvada la FEMP, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, han de
ser los partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Y,
por supuesto, habrá que hablar también con los gobiernos autonómicos. En
todo caso, donde tendrán todo o muchísimo que decir los gobiernos
autonómicos será en el ámbito de sus respectivas comunidades si ellos
quieren descentralizar y desconcentrar funciones que son de su
titularidad en el ámbito de la Administración local.
Ya desde la Loapa y luego Ley del Proceso Autonómico, como usted sabe, el
informe de los expertos que dirigió el Profesor García Enterría preveía
que fueran las diputaciones los entes gestores de competencias de las
comunidades autónomas, y algunos estatutos de autonomía han incluido
precisamente esa previsión. Desde luego, no hay ni una sola comunidad
autónoma, ni una sola, de ningún color político, que haya hecho uso de
esa previsión, ni política ni estatutaria, lo cual demuestra
efectivamente que el tema no es fácil. Las comunidades autónomas, todas,
sin excepción, gobernadas por partidos nacionalistas, por el Partido
Socialista, por el Partido Popular o por Izquierda Unida, en la práctica
tienen entusiasmo por la descentralización administrativa en el ámbito de
las corporaciones locales. Y concretamente en el ámbito de los
ayuntamientos. Esa es una realidad que tenemos que afrontar a la hora de,
a su vez, afrontar el denominado pacto local. Por eso nos ha parecido que
una manera operativa de iniciar este proceso sería en los términos que he
dicho: distinguiendo claramente lo que pudieran ser competencias
exclusivas del Estado, que se pudieran negociar, que evidentemente
después se tendrían que materializar en su inmensa mayoría mediante
reformas legislativas, que debería remitir el Gobierno como proyectos de
ley al Congreso de los Diputados, y, partiendo del supuesto de que haya
un acuerdo con los partidos políticos, se lograría lógicamente el apoyo
suficiente en las Cámaras para que esas reformas se materializaran en
leyes, que, a su vez, permitieran un incremento de las competencias y de
los recursos de las corporaciones locales, especialmente de los
ayuntamientos. Y distinguirlo de estos otros dos bloques, en donde el
Gobierno o bien dice que no tiene nada que decir, porque no es titular de
esa competencia y no puede hacer uso de lo que no le corresponde, de lo
que no es suyo; o bien, en todo caso, que lo tiene que negociar también
con las comunidades autónomas porque afecta a elementos integrantes del
sistema autonómico y del modelo de Estado en su conjunto. Y aludía a dos
supuestos muy concretos: el del Tribunal Constitucional. El municipalismo
es muy reivindicativo en cuanto que las corporaciones locales tengan
legitimación activa para recurrir en interés de la autonomía local o en
interés local ante el Tribunal Constitucional, en leyes estatales o
autonómicas. Y no se me oculta que ése es un tema que por lo menos
podemos compartir; hay que pensarlo, y si el señor Rodríguez Bolaños dice
que nosotros le contestamos que eso hay que pensarlo, me parece que la
prudencia no es una mala consejera en este caso. O una eventual reforma
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. ¿Por qué? Porque dada
la relación y la competencia importante que tienen las comunidades
autónomas en relación con las corporaciones locales, entendemos que una
reforma de la Ley no se debe hacer --otra cosa es que se pueda hacer--
sin hablar con las comunidades autónomas, puesto que las comunidades
autónomas evidentemente tienen competencias claras, desde el punto de
vista del nominalismo, inclusive competencia exclusiva en materia de
régimen local. En la práctica, competencias de desarrollo legislativo y
de ejecución, y por tanto, parece razonable que una ley
de esas características no pueda modificarse sin el consenso de las
comunidades autónomas.
Seguro que habrá otras metodologías más razonables. En todo caso nos
parece que es bueno que hagamos camino al andar. Es decir, el Gobierno lo
que pretende es establecer un escenario de lo que pudiera ser un pacto
local razonable, operativo y susceptible de ser llevado a la práctica;
abandonar el gran discurso que no nos está llevando a ningún sitio, y
para eso está haciendo lo que he explicado. Nos parece que si hay esa
voluntad podremos avanzar, con pleno respeto, por supuesto, señora Carme
Laura, en las competencias de los gobiernos autonómicos y hablando con
ellos, aunque no siempre necesariamente en el primer bloque de materias
con su consenso, porque son temas que por definición en estos momentos
los está gestionando la Administración del Estado y son de titularidad
del Estado según el bloque de la constitucionalidad.
La señora Uría ya aludió a algunas cuestiones que tangencialmente he
comentado, como el mapa municipal vasco, que también es un hecho
diferencial en la práctica. Eso es así. Ya hice referencia en mi
intervención segunda a que sus palabras ponían de relieve lo que ya
comentábamos: la complejidad.
El PNV --dice usted-- mantiene recelo ante el pacto local. Convergència i
Unió mantiene un entusiasmo descriptible, y los demás tenemos posiciones
no tampoco muy acordes. No es fácil pero, repito, a lo mejor sólo vale la
pena conseguir lo que merece un esfuerzo, y en ese esfuerzo estamos. Yo
lo que no quisiera es que ustedes dudaran de la voluntad política del
Gobierno --más allá de la anécdota, la casuística del momento-- de llegar
a un determinado pacto local sin invadir, por supuesto, esferas
competenciales que no son propias del Estado, y por supuesto también con
el mayor nivel de consenso posible. Sin duda el Gobierno recibe el pacto
local como un pacto político, de la misma manera que pretendemos una
participación de los partidos políticos en el ámbito autonómico, con un
acuerdo básico con aquellos partidos que tienen una implantación estatal
y una representación muy privilegiada en el ámbito de las Cortes
Generales, a la vez que también una importantísima representación en el
mundo local, en el mundo de las corporaciones locales.
Me preguntaba la señora Uría sobre el tema de la prestación del seguro de
desempleo, es decir, el derecho a acogerse a la prestación del seguro de
desempleo de los electos locales y, en particular, de los alcaldes, si no
le entendí mal. Como un tema tangencial sí le puedo decir alguna cosa. La
seguridad social de los electos locales está reconocida por la Ley
7/1985. La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 75, reconoce la
seguridad social a los cargos locales. Otra cosa es el seguro de
desempleo cuando el concejal no tenía un empleo anterior al acceder al
cargo local y si tuviera derecho en el momento de cesar como cargo local.
El tema ha sido tratado ampliamente en la Comisión Nacional de
Administración Local, como sabe el señor Rodríguez Bolaños, y hasta ahora
no ha sido pacífico, porque el Ministerio de Trabajo ha mantenido un
criterio contrario a ese asunto. Lo que sí puedo decirle es que se sigue
estudiando y veremos si hay posibilidades de cohonestar esos deseos con
lo que es la legalidad vigente en estos momentos.
Me preguntaba la señora Uría, y alguna referencia hizo también a ello
Carme Laura Gil y el señor Ríos, sobre el llamado G-7 de las grandes
ciudades. Desde el punto de vista del Gobierno, la problemática que
afecta a esas grandes ciudades la conocemos, y antes el señor Ríos hizo
una prolija descripción de la tipología del mundo local y las diferencias
que hay entre un pequeño municipio y una gran ciudad con sus
conurbaciones, con sus entes metropolitanos, etcétera. Si descendemos y
analizamos más a fondo todavía esta tipología, llegamos al municipio de
montaña, al municipio rural, al municipio turístico. Yo estuve este fin
de semana en un ayuntamiento de la provincia de Tarragona, en Calafell,
que tiene, como tantos otros, 10.000 habitantes ahora y 125.000 en
verano. Y esto le pasa a multitud de ayuntamientos en España. Está la
problemática de los municipios mineros, de los de alta montaña, de los
municipios rurales, etc. La pluralidad y diversidad de los municipios
hace que no se pueda establecer un patrón común para todos ellos, pero al
mismo tiempo hay que establecer unas reglas de funcionamiento, porque en
caso contrario la casuística es tan diversa que nos llevaría a un mundo
local imposible de gobernar y de administrar. Quiero decir que la
problemática que representa el grupo de las 7 grandes ciudades españolas
(entre ellas Bilbao, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Sevilla, Valencia y
Madrid) se va a integrar en el conjunto del pacto local, sin perjuicio de
que haya algunos aspectos que puedan ser especialmente tratados con
ellos, porque sólo a esas grandes ciudades les afecta.
Ya me he referido al modelo constitucional y al principio de
subsidiariedad, señora Carme Laura Gil. Yo estuve el otro día en las
jornadas que organizó el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo del Poder
Judicial y el Consejo de Europa, a través del Congreso de poderes locales
y regionales del Consejo de Europa, en relación con la Carta Europea de
Autonomía Local. Además tuve el honor de representar al Gobierno de
España en Lisboa, en la Conferencia Internacional organizada por el
Consejo de Europa sobre la Carta Europea de Autonomía Local, y por tanto
soy muy sensible a ese tema. Hemos tenido que analizar con las
comunidades autónomas la posición del Gobierno español en orden a la
Conferencia Intergubernamental para la reforma del Tratado y, en su caso,
plantear al Gobierno la reforma de algunos artículos del Tratado que
hacen referencia a la subsidiariedad. Es un tema muy complejo, lo
conocemos todos, y las interpretaciones lineales son en este caso
peligrosas. Es un concepto que está a debate en el seno de la propia
Unión Europea, y sí que está claro en todo caso para el Gobierno que la
instancia más próxima de administración y de gobierno a los ciudadanos
son los municipios; y que los ayuntamientos, más allá de que tengan
competencias, tienen muchas ocasiones que asumir competencias de facto
para dar respuestas a peticiones y demandas vecinales que donde las
plantean es en los ayuntamientos.
Ya aludía antes a lo que es el ayuntamiento en la conciencia social y
política de nuestro país, y ésta es una realidad
a la que hay que hacer frente. Otra cosa es que también los ayuntamientos
tengan que procurar adaptar los recursos que tienen, las obligaciones que
asumen. Porque en caso contrario nos encontramos con algunos problemas
que todos conocemos. En todo caso, desde la perspectiva del pacto local,
el Gobierno sí que considera que el principio de subsidiariedad a estos
efectos debe empezar por los ayuntamientos como instancia más próxima a
los ciudadanos, como escalón administrativo más próximo a los ciudadanos
y donde, efectivamente, se hace de manera más eficaz la aplicación del
principio de subsidiariedad.
Me decía que no le habíamos enviado ni a la Asociación Catalana de
Municipios, ni a la Federación Catalana de Municipios, ni al Gobierno de
la Generalitat el documento. Todavía estamos en una fase interna de
trabajo, como dije antes. Hasta que el Gobierno, una vez recibida la
contestación definitiva de la FEMP, a través de la Comisión
interministerial creada al efecto, no defina cuál es su posición de
partida sobre el pacto local, entiendo que hubiera sido hasta imprudente
enviárselo a otras instancias. Y digo lo de la Comisión interministerial
porque sin duda usted lo entenderá, porque forma parte de una coalición
que tiene experiencia y tradición de gobierno, y sin duda los socialistas
también, y en general todos. He hecho antes un sucinto relato de las
reivindicaciones que, por ejemplo, el área de interior plantea a las
corporaciones locales. Por ello ustedes sin duda entenderán, y a lo mejor
hasta aceptan, que con el Ministerio de Interior tengamos que hablar a
fondo de ese tema. O cuando plantean algunas cosas que tienen relación en
el ámbito de la salud, seguramente haya que hablar a fondo con el
Ministerio de Sanidad. Es decir, que el Gobierno tiene que fijar su
posición, lo cual lleva su tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Pero
a su vez no podemos tener una posición definitiva hasta que no conozcamos
la de la FEMP, que es la que estamos esperando. Cuando esté ya, como
digo, consumado ese proceso, que he dicho que no puede ir razonablemente
más allá de un mes, el Gobierno convocará a los partidos políticos,
remitirá a los gobiernos autonómicos ese documento de partida y llamará a
ese pacto local a quienes asuman la voluntad política de intentar
materializarlo.
Creo que, con lo dicho, por lo menos he intentado contestar al señor Ríos
sobre lo de que no piano, piano si va lontano. Quiero decir que estamos
aplicando el dicho de sin prisa, pero sin pausa, en todo caso. Me parece,
por tanto, que ése sería también un dicho o un aforismo aplicable al
supuesto que nos ocupa. Creo que, a partir de las respuestas que he
intentado dar a sus colegas que le han precedido en el uso de la palabra,
de alguna manera también he contestado a lo básico de su intervención.
Nos consta la preocupación y el interés que tiene el grupo político al
que usted representa en relación con este asunto, esta cuestión del pacto
local. Sabemos que su fuerza política, tanto Izquierda Unida como
Iniciativa per Catalunya, tiene una representación en el ámbito municipal
muy respetable y muy digna de ser tenida en cuenta y, por supuesto,
estarán llamados a participar en ese pacto local y les agradeceremos,
faltaría más, todas las aportaciones que nos puedan hacer.
No tengo más que añadir. A mi colega de partido don Jesús López-Medel,
quiero agradecerle las muestras de apoyo que nos ha manifestado. Como no
mantengo especiales discrepancias con él, no puedo ni tengo por qué
replicarle nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Sé que el señor Secretario de Estado ha
gastado tiempo porque le ha molestado el término de caótico. No quiero
solemnizar, no será un caos, pero yo no creo que vaya por buen camino,
porque no es un tema de esta Comisión, ni de este momento. Una situación
tan compleja, eso que critico fundamentalmente no debería de haberse
hecho con una ley de financiación de las comunidades autónomas que no ha
sido consensuada y que, desde luego, no vaticino --suavizo los términos--
ningún porvenir bueno para un Estado donde debería primar el equilibrio y
la solidaridad. Me parece que éste no es el camino en el que primen el
equilibrio y la solidaridad.
En relación con su contestación, lo que he querido hacer es
fundamentalmente una crítica a dos cosas: a su papel desde el Gobierno en
relación con los ayuntamientos y a los propios documentos elaborados por
su Gobierno. A mi juicio, el documento del Ministerio de Administraciones
Públicas se limita a contestar a otro de la Federación Española de
Municipios y Provincias, donde no fija el Gobierno ningún tipo de
posición en aquellas materias que le son propias, como tampoco a las que
corresponden a las comunidades autónomas, porque lo más que puede decir
es que es competencia de ellas.
Sin embargo, sí quiero decirle, señor Secretario de Estado, que en el
documento que elaboró el Gobierno del Partido Socialista, al que usted ha
hecho referencia, sí fijaba su posición en materias que eran de su
competencia y que podían ser descentralizadas en los municipios. Esto no
lo dice el documento elaborado por el Ministerio de Administraciones
Públicas en este momento.
Hablando de la negociación, usted ha hecho mucho hincapié en que ha
comunicado por primera vez a los ayuntamientos, en la Comisión Nacional
de Administraciones Públicas, una reducción que había en base a unos
presupuestos restrictivos. Será así. Yo lo que le digo es que para nada
el ministerio ha negociado con la Federación Española de Municipios y
Provincias la reforma que se produjo en la Ley del Suelo, ni en la
reforma del IBI, aunque dice usted que sí que ha sido así. Me sorprende
porque en su exposición de motivos habla de que esta decisión ha sido
expuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias. Si eso es
negociar, que venga Dios y lo vea, como dicen por ahí. Me parece que eso,
en todo caso, es comunicar y para nada negociar. Son proyectos de ley no
porque la voluntad inicial del Gobierno fuera ésa, usted lo sabe
perfectamente; son decretos ley que luego han sido enmendados en la
Cámara porque otros grupos políticos han presionado para que no se
tramitaran como decreto ley. La voluntad del Gobierno,
por tanto, era que se tramitara como decreto, ley que era claramente
agresiva para los ayuntamientos.
Me alegro de que en la ley de financiación se despejen algunas cosas,
porque se estaban oyendo no sé si rumores o globos sonda en relación con
la modificación de la Ley de financiación de las haciendas locales sin
que nadie supiera nada. Me alegro de que usted diga que se pone en marcha
una negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Estoy de acuerdo en que debe ser ése el procedimiento.
Cuando uno habla en nombre del Partido Socialista, resulta que la
intervención del responsable del Partido Popular va dirigida al Gobierno,
pero casi más al Partido Socialista que al Gobierno. No sé si esto es lo
normal. Debería dirigirse al Gobierno para fijar su posición. En todo
caso, ya que se ha aludido a ello, quiero decir al responsable del
Partido Popular que no sé si hay que mirar tanto para atrás, pero léase
usted el «Diario de Sesiones», donde el señor Rajoy habla (no sé si será
la primera vez, pero al menos lo dice) de que hubo una buena ley de
financiación de las corporaciones locales hecha anteriormente. Lo que sí
le digo rotundamente es que casi todas las cosas, yo creo que todas,
pasaban por un diálogo entre la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Gobierno. Aunque el Gobierno fuera del mismo color que
quien presidía la Federación Española de Municipios y Provincias, no por
eso la FEMP dejaba de protestar cuando había algún tipo de legislación
sectorial que afectaba a los municipios.
Lo que nunca ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias
es callarse, como en esta ocasión se ha hecho, cuando la legislación del
Gobierno ha supuesto a los municipios, por ejemplo, la reducción del 50
por ciento de su patrimonio público que, según dice usted, iba destinado
a otras cosas. Sería alguien que vulnerara la ley, pero sí que sirvió
para poner en marcha planes de vivienda muy importantes, porque había
suelo en los municipios para poder hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Brevísimamente, y no para abrir un nuevo debate.
Usted ha dicho que en el documento que hemos remitido a la FEMP no
manifestamos posiciones definitivas como Gobierno. Lo hemos hecho
conscientemente. En algunos casos porque no la tenemos; y en otros casos,
porque si ahí manifestamos posiciones definitivas como Gobierno, ¿para
qué vamos a negociar con los partidos políticos? Respetemos también el
ámbito de lo que es la negociación. Si el Gobierno a la FEMP ya le remite
lo que es su posición definitiva, ¿para qué hemos de negociar? Nos parece
que el contraste de opiniones y las conversaciones con los partidos
políticos son fundamentales, sobre todo en temas que son absolutamente
opinables; hay pocos dogmas en este ámbito y es opinable. Es opinable
desde la referencia que hice al Tribunal Constitucional (desde mi punto
de vista menos opinable, pero en todo caso es opinable) hasta algunos
asuntos que requerirían una modificación de la Ley de protección
ciudadana. Nos interesa mucho contrastar la opinión de los partidos
políticos. Nosotros internamente, a nivel de Comisión interministerial,
estamos teniendo conversaciones, que me parece que es razonable que en
estos momentos no estén decantadas. Yo apuro más. Diría que si estuvieran
decantadas, aunque sólo fuera por respeto o cortesía institucional, no
podríamos materializarlas como definitivas, puesto que para eso estaría
la etapa del proceso de negociación del pacto local con los partidos
políticos, donde por hipótesis de trabajo se deberían materializar los
acuerdos. Creo que con eso doy respuesta a la indefinición que nos imputa
el señor Rodríguez Bolaños. En todo caso, es una indefinición querida y
voluntariamente asumida.
PREGUNTAS (Continuación):
--DEL SEÑOR RIOS MARTINEZ (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE BALANCE DE LAS REUNIONES DE LAS
COMISIONES MIXTAS ADMINISTRACION DEL ESTADO-COMUNIDADES AUTONOMAS, ASI
COMO COMPROMISOS Y CALENDARIO DE DESARROLLO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
(Número de expediente 181/000386.)
--DEL SEÑOR RIOS MARTINEZ (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE ACTUACION DEL GOBIERNO RESPECTO A
LOS RECURSOS PRESENTADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR ALGUNAS
COMUNIDADES AUTONOMAS CONTRA EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA.
(Número de expediente 181/000387.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, puntos 5 y 6,
preguntas del señor Ríos Martínez, que tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar agrupar dos preguntas que son
diferentes, puesto que el objetivo iba dirigido, por un lado, a una
valoración del Gobierno del trabajo de las comisiones mixtas que se han
reunido en el año 1997. Según nuestros datos, aproximadamente se han
realizado 14 reuniones de comisiones mixtas con comunidades tanto del 143
como del 151, que han significado, fundamentalmente, la discusión de los
sistemas de financiación, el tema de corresponsabilidad fiscal sobre el
15 por ciento y el nuevo sistema sobre financiación autonómica y cesión
de tributos; y ha supuesto un volumen de transferencias dispar, según
nuestros datos. Para las comunidades del 143 ha supuesto 46 acuerdos, que
significan un traspaso de 1.693 funcionarios y 16.900 millones de
pesetas; mientras que para las comunidades del 151 o asimiladas
(País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia y Canarias) ha supuesto un
traspaso de 12.800 funcionarios y 42.369 millones de pesetas. La
evolución de estas comisiones mixtas, por tanto, no ha quedado solamente
en la discusión del sistema de financiación, sino también de una u otra
forma en la ultimación del pacto que el Partido Popular y el Partido
Socialista habían hecho en cuanto a volumen de transferencias; quedan
todavía competencias de las comunidades del 143 en que no se ha iniciado
la negociación. En algunos casos en comunidades que lo pueden necesitar
más que otras, y también en esas comisiones mixtas, se ha abordado el
tema de la financiación.
A mí me gustaría que me respondiera el Gobierno sobre cuál es el balance
que hace de ese trabajo, cuáles son los compromisos y el calendario de
ejecución de esos acuerdos que se hayan producido en las comisiones
mixtas, y sobre todo el tema de las transferencias pendientes. Como
después hay una pregunta específica sobre educación, este tema lo
desarrollaré con mayor detalle (La señora Vicepresidenta, Rivadulla i
Gracia, ocupa la Presidencia.)
Y la segunda pregunta, señora Presidenta, va dirigida al nuevo sistema de
financiación. El desarrollo del nuevo sistema de financiación ha llevado
consigo que tres comunidades autónomas (por tanto, tres comisiones
mixtas, no han llegado a acuerdo entre el desarrollo que la
Administración central proponía y las comunidades autónomas tenían) hayan
recurrido al Tribunal Constitucional el sistema por considerarlo
inconstitucional en alguno de sus aspectos.
A nosotros nos gustaría saber cuál es la actuación del Gobierno en cuanto
a esos recursos, qué seguimiento va a realizar y, sobre todo y más
importante, de qué manera van a quedar nítidos también los volúmenes que
cada comunidad autónoma va a percibir, con independencia de su posición
en el debate sobre la aceptación del modelo. Y me explico. El otro día
veíamos en el Pleno de la Cámara cómo se precisaban las cuantías, que el
texto del proyecto de ley de presupuestos no recogía porque era una
partida global de 2,3 billones de pesetas que después se iba a
distribuir. En ese decreto se establecían las cantidades que iba a
percibir cada una de las comunidades, sobre las cuales se fijaría el
porcentaje del 98 por ciento de participación mensual. Pero quedaban
excluidas las comunidades que no habían llegado al acuerdo. Se mantendrá
el sistema anterior, pero habría que precisar la cuantía para evitar que
se pudiese entender que el Gobierno utiliza el sistema de financiación
como un instrumento de presión para el que no está de acuerdo. Es decir,
si entras por el acuerdo buscamos fórmulas de compensar; si no entras por
el acuerdo, te vas a encontrar con una complicación en cuanto a recursos.
Por eso a mí me gustaría conocer de qué manera se va a actuar en las dos
vertientes: en los procesos constitucionales que tienen seguidos,
expresión que tienen anunciadas algunas comunidades autónomas, tanto a la
cesión de tributos como al modelo de financiación, a los dos procesos que
se hicieron de reforma; y con posterioridad al seguimiento que el
Gobierno realizará en cuanto al tema de tributos, cesión de tributos,
participación en la PIE o porcentaje de IRPF que percibirán.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla i Gracia): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Yo interpreté así, y veo que no me equivoqué, la
pregunta número 5 del orden del día del señor Ríos, en representación del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuando
aludía al balance de las reuniones de las comisiones mixtas
Administración del Estado-Comunidades autónomas, así como a los
compromisos y calendario de desarrollo de los acuerdos adoptados en
relación con la siguiente; y por tanto, se estaba refiriendo a las
comisiones mixtas donde las comunidades autónomas manifestaron su
adhesión o su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica.
La información que ha dado el señor Ríos, es básicamente correcta. Como
ustedes saben, el modelo de financiación, y por resumirlo mucho, aparece
en la Constitución, en los Estatutos de autonomía, la Lofca, la Ley de
cesión de tributos, la ley de presupuestos y las comisiones mixtas de
transferencias. Y es a través de este conjunto de normas, desde la más
alta (que es la Constitución), pasando por los estatutos, pasando por la
Lofca, pasando por la Ley de cesión de tributos, la voluntad de las
comunidades autónomas en una instancia paritaria, como es la comisión
mixta de transferencias, etcétera, donde se materializa el conjunto de
los recursos que han de financiar la gestión de las competencias que
tienen reconocidas la comunidades autónomas en sus estatutos y, sobre
todo, las que están gestionando, puesto que se ha producido un proceso de
traspaso de funciones y servicios para hacer efectiva la gestión de esa
competencia.
Como usted sabe, según el convenio alcanzado en la Lofca, cada 5 años en
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como conferencia
sectorial que de hecho es en el ámbito de economía y hacienda, se llega a
un acuerdo político entre el Gobierno y las comunidades autónomas;
acuerdo político que después se lleva a la ley de presupuestos y las
comunidades autónomas materializan su acuerdo y dasacuerdo en las
comisiones mixtas.
El quinquenio vigente de financiación autonómica finalizaba el 31 de
diciembre de 1996 y por ello el Gobierno, poco después de su
constitución, empezó las negociaciones con las comunidades autónomas para
llegar a un acuerdo que debería entrar en vigor el 1 de enero de 1997.
Ese acuerdo se materializó el 23 de septiembre del pasado año en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como sabe, el acuerdo no es
continuista en relación con el anterior modelo, sino que es profundamente
renovador. No es el momento de profundizar sobre él, porque todos lo
conocemos, pero sí quiero indicar porque sobre todo explicará algunas
cosas que ahora tengo que justificar, que es un modelo que introduce la
corresponsabilidad fiscal de hecho y de derecho de manera clara,
corresponsabilidad fiscal no sobre la disponibilidad en cuanto a los
recursos que produce una figura tributaria (sea el IRPF o sean los
tributos cedidos), sino también en la medida en que les da fórmulas de
participación en la
gestión, en el caso del impuesto sobre la renta a través de su
participación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y al
mismo tiempo le reconoce capacidad normativa. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) Por tanto, en los tres ámbitos en los que se puede
materializar la corresponsabilidad (asignación de los recursos, gestión
del tributo y capacidad normativa), con este nuevo modelo se tienen
reconocidos, con distintos grados de intensidad, los tres elementos que
integran la corresponsabilidad.
El ítem cronológico deseable habría sido que después del acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la medida en que era
necesario reformar la Lofca y la Ley de cesión de tributos para permitir
ejercer la capacidad normativa en los términos que el acuerdo establecía
sobre los tributos cedidos y sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, se hubieran reformado la Lofca y la Ley
de cesión de tributos del año 1983; y que posteriormente las comunidades
autónomas en comisión mixta hubieran manifestado su aceptación o su
rechazo y, finalmente y en función de ese acuerdo o rechazo, en la ley de
presupuestos hubiera aparecido el porcentaje de participación en los
ingresos no cedidos del Estado para cada comunidad autónoma y el volumen
de esos recursos que componen la financiación incondicionada. Eso hubiera
sido la cronología lógica. Lo que pasa es que no fue posible, como pasa
tantas veces en política, de tal manera que la Lofca y la Ley de cesión
de tributos y la ley de presupuestos se aprobaron en la misma sesión
parlamentaria a finales de año, en diciembre, y entraron en vigor a
primeros de año.
Como la ley de presupuestos preveía que las comunidades autónomas
tendrían un plazo que sería de todo el mes siguiente al de la entrada en
vigor de esas leyes, y entraron en vigor el 1 de enero, tuvieron de plazo
hasta el 28 de febrero para manifestar en comisión mixta su aceptación o
rechazo del modelo.
Eso es lo que explica que en la ley de presupuestos no viniera, como
digo, para cada comunidad autónoma su porcentaje de participación y sus
recursos, sino que figurara en la sección 32, servicio 18, un crédito
global destinado a la cobertura financiera del nuevo sistema, con objeto
de distribuirlo posteriormente a cada una de los 15 comunidades autónomas
afectadas, una vez supiéramos si habían manifestado su adhesión o
rechazo. Una vez que lo manifestaron en esas comisiones mixtas a las que
ahora me referiré, se aprobó el Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 15 de abril, en el que ya
precisamente, conociendo la aceptación o rechazo de las comunidades
autónomas, lo que se hace es desglosar ese crédito que aparecía en la
sección 32, servicio 18, de los Presupuestos Generales del Estado, en
todas y cada una de esas comunidades autónomas, incluidas las que lo han
rechazado.
En este sentido matizo lo que decía el señor Ríos. En el Decreto-ley
7/1997, como digo, que ha publicado el martes 15 de abril el «Boletín
Oficial del Estado», aparece, por una parte, el porcentaje de
participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado
para el quinquenio 1997-2001. Para las doce comunidades autónomas que
aceptaron el modelo, aparece para nueve de ellas el 15 por ciento, salvo
tres (Asturias, Aragón y Baleares) que tienen el 5 por ciento porque no
pueden llegar a mayor nivel de porcentaje de participación en la cuota
territorializada del IRPF, ya que no tienen volumen de competencias
suficiente para ello, y el acuerdo del Consejo establecía que a esos
efectos se seguirían tres tramos (0 por ciento, 5 por ciento, 10 ó 15 por
ciento). Madrid no aparece porque tiene 0 por ciento. Entonces ocho
tienen el 15 por ciento y tres (Asturias, Aragón y Baleares) el 5 por
ciento. Esto por lo que se refiere el artículo 1 del Decreto-ley.
A continuación aparece el porcentaje de participación provisional en los
ingresos tributarios del Estado no cedidos. Después aparece la PIE que
corresponde a cada una de las comunidades autónomas. Y finalmente, en el
artículo 4, bajo la rúbrica: Transferencias de créditos para dotar las
entregas a cuenta de la participación en los ingresos del Estado de las
comunidades autónomas que no han aceptado el modelo, aparece para
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura el 98 por ciento del importe
de la PIE que les corresponde, que es, respectivamente, para Andalucía
644.094 millones, 75.000 millones para Castilla-La Mancha, y 58.000 en
cifras redondas para Extremadura. Total, 777.124.800 millones para las
tres comunidades que no aceptaron el modelo. Por tanto, en el decreto
ley, tal y como preveía el acuerdo del Consejo y que fue llevado después
a la ley de presupuestos, se determinan los recursos que les corresponden
a las comunidades que han aceptado el modelo y a las que no lo han
aceptado. Las que no lo han aceptado es todo PIE, evidentemente. Las que
lo han aceptado es PIE, más tarifa autonómica: 15 por ciento para todas,
más participación territorializada en la cuota del IRPF en los términos
que acabo de decir; 0 por ciento para Madrid, 5 por ciento para esas tres
comunidades y 15 por ciento para las restantes.
Las comisiones mixtas a las que aludía el señor Ríos se celebraron. Había
de plazo hasta el 28 de febrero, como he manifestado, y se celebraron a
lo largo de los meses de enero y febrero. En particular, el 14 de enero
se celebraron las comisiones mixtas de transferencias Estado-Comunidades
de Valencia, Murcia y Cantabria; el 15 de enero, con las Comunidades de
Aragón, Asturias, Canarias y La Rioja, el 16 de enero, con Galicia e
Islas Baleares; el 20 de enero, Madrid y Castilla y León; el 30 de enero,
Andalucía y Extremadura, que manifestaron su rechazo al modelo; el 26 de
febrero, Castilla-La Mancha, que también manifestó su rechazo al modelo;
y el 16 de enero la Comisión Mixta de valoraciones de Cataluña, porque
Cataluña, como usted sabe, tiene Comisión Mixta de Transferencias y
Comisión Mixta de Valoraciones. A los efectos de la financiación
autonómica y recursos que han de financiar las competencias, la
competente es la Comisión Mixta de Valoraciones. Este fue el calendario
de comisiones mixtas. La traducción ha sido, como le he dicho, el Real
Decreto-ley 7/1977, que fue aprobado recientemente por las Cortes y
publicado el pasado 15 de abril en el «Boletín Oficial del Estado».
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
La primera parte de mi pregunta iba dirigida a conocer a qué obedecía o
cuál era la razón para esa distancia entre el volumen de recursos que se
había recibido para las comunidades del 143 y el volumen de personal
traspasado y las del 151 y asimiladas. Porque en la VI legislatura, en
esta legislatura, con este Gobierno, de 14.500 funcionarios, 12.800 han
ido a parar a las comunidades del 151, menos Cataluña y Navarra que no
han recibido ninguna transferencia, mientras que a las del 143 solamente
han ido 1.693, de esos 14.503. Y en volumen de recursos, 42.369 millones
de pesetas eran para las comunidades del 151, y 16.963, para las del 143.
¿Cuál es la diferencia, cuando la discusión que había, en el pacto que
suscribieron el Partido Popular y el Partido Socialista el año 1992, era
equiparar las comunidades del 143 a las del 151 en su techo competencial?
Insisto en que dejando educación fuera, que después será el centro de la
discusión.
En cuanto a la respuesta que me ha dado de la cesión de tributos y de la
Lofca, yo sé la evolución que ha tenido; por tanto, no voy a entrar en la
evolución de la discusión de los contenidos, pero hay algunos elementos
que no ha incluido en su explicación y otros que no comparto. Yo no sé
qué va a hacer usted con los tres recursos, no he entendido cómo va a
actuar.
Y el tema de calendario. Es verdad que la PIE está fijada, no se podía
dejar de fijar la PIE para todas las comunidades, pero no se puede decir
que a las comunidades díscolas, por así decirlo, o que no han aceptado el
modelo, se les va a aplicar todo PIE. La discusión de un modelo que
intenta caminar hacia corresponsabilidad fiscal es incrementar la
capacidad de autonomía financiera de las comunidades, que dependan menos
de las transferencias del propio Estado y sean más autónomos. El modelo
anterior tenía una distribución, un porcentaje de IRPF y otro porcentaje
con cargo a PIE; ahora todo queda a PIE. Insisto en que en las dos
primeras partes no estaba fijado, tanto en el porcentaje numérico, como
en la cuantía que se establecía.
Y luego queda otro tema, el de Asturias. El Gobierno anda clandestino.
Tiene un Parlamento con una posición distinta al Gobierno. Y yo sé que es
fácil entenderse de gobierno a gobierno, pero el Parlamento también
decide. Me parece que incluso ha presentado un recurso de
inconstitucionalidad. No lo sé, no me suena mucho, pero creo que el
Parlamento de Asturias ha caminado por ese lado; el Gobierno va por otro.
Me gustaría saber cómo se va a tratar esto. Y sobre todo y lo más
importante, el gran problema que hay con la aplicación de esto, nos guste
más o nos guste menos, es que no se ha logrado, en un tema fundamental de
desarrollo de Estado y del modelo de Estado, un acuerdo y ha primado la
bilateralidad entre formaciones o entre gobierno y gobierno que apoyan y
tienen bilateralmente establecidas algunas compensaciones, que luego se
proyectan en los presupuestos. Por eso, la ley de financiación iba junto
con los presupuestos, porque es donde se cobraban algunas de las cosas.
La discusión es de qué manera se va a ensamblar en un modelo o en un
proceso, porque estamos hablando de cinco años, esa dinámica con las
comunidades que han recurrido para no entrar en la dinámica de: El
esfuerzo que tenéis que hacer es entrar al modelo, porque si no vais a
salir perjudicadas en esto, en esto y en esto. Y, además, podéis no
percibir por aquí, por aquí, por allá. Porque al final de los años
podemos encontrarnos con dos cosas, con un inventario de recursos no
recibidos en estas comunidades por no haber querido entrar por el
acuerdo, y con una exigencia por debajo de esa realidad. Y esa dinámica
no es buena. No lo es, y con esto termino, señor Presidente, porque no
quiero hacer una discusión teórico-política, porque las fuerzas políticas
que no nos hemos sumado a este desarrollo unilateral o bilateral de la
financiación autonómica representamos a más de la mitad de los españoles.
Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña y Partido Socialista suman un
volumen importante. Se ha establecido bilateralmente, no se ha contado en
su conjunto, no se ha negociado, no se ha tenido cintura de negociación.
Y eso va a ser un pequeño lastre que ustedes van a tener que administrar,
y no en el primer año, porque el primer año puede pasar, el problema es
que esto sigue. Y cuanto más tiempo sin medicina, más se hincha.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Pido disculpas al señor Ríos, porque me olvidé en mi
primera intervención de esta segunda pregunta la relativa a los recursos
de inconstitucionalidad.
De todas formas he visto en esta segunda intervención del señor Ríos que
yo no estaba acertado en la interpretación restrictiva que había hecho
respecto de las comisiones mixtas, puesto que se ha referido no sólo a
las comisiones mixtas relacionadas con el nuevo modelo de financiación
autonómica, sino, en general, a todas las comisiones mixtas que se han
ido celebrando y que han producido acuerdos de traspasos a las
respectivas comunidades autónomas.
En relación con esto último, yo creo que es un error establecer
comparaciones entre comunidades 143 y 151 sobre la base de lo que son los
resultados de los acuerdos producidos en esas comisiones mixtas. Desde
luego, en volumen de personal debemos pensar que las competencias que
llevan aparejado mayores recursos humanos para su efectivo ejercicio son
educación y sanidad. En la medida en que en las comunidades del 143
todavía no está educación, luego hablaremos de ello, y tampoco está
sanidad, y mientras no se produzca la reforma de los estatutos no se
puede hacer, salvo que se hiciera por la ley de delegación del artículo
150.2 de la Constitución, es lógico que los traspasos a las comunidades
autónomas del 143 sean, en términos cuantitativos, menos numerosos. Los
miles de funcionarios aparecen con la Administración de justicia, lo que
en terminología del Tribunal Constitucional es la administración de la
Administración de justicia, o sea, medios materiales y personales
vinculados a esa Administración, que son médicos forenses, agentes
judiciales, secretarios, administrativos, o los secretarios en
cooperación,
etcétera, Administración de justicia que sólo se ha traspasado a
comunidades del 151 o asimiladas. A estos efectos, yo le recuerdo que son
las del 151 puras, por orden de aprobación de los estatutos: País Vasco,
Cataluña, Galicia y Andalucía, pero que después la doctrina y la práctica
política han considerado asimiladas a las del 151 la Comunidad Foral de
Navarra, Canarias y Valencia, en virtud de las leyes de transferencia y
delegación del año 1982, la Lotraca y la Lotrava. Puras, en el lenguaje
político y la doctrina, se consideran las 10 que conformarían, por
ejemplo, el actual territorio Meco o territorio Insalud, para
entendernos.
Los traspasos que se han producido en esas comunidades del 143 son los
que se han acordado con las respectivas comunidades autónomas. El diálogo
es muy fluido, es permanente con todas esas comunidades, y, en muchas
ocasiones, como es lógico, lo que hay es discrepancias en cuanto a las
condiciones para la aceptación de un traspaso; no hay acuerdo en relación
con los funcionarios, no se acepta la valoración que se hace. Eso es una
cuestión compleja inherente a este proceso y que no nos debe llevar a
ningún tipo de alarma ni de escándalo. Es normal que haya discusiones muy
complejas en todos los procesos de traspasos. Pero el proceso de
negociación y de diálogo institucional con todas las comunidades
autónomas, con independencia de su color político, es muy fluido. Y yo
puedo poner, por ejemplo, de manifiesto, porque además lo ha dicho así la
Junta de Andalucía, que en este mes de enero tuvimos una comisión mixta
en la que traspasamos la competencia de la Administración de justicia,
que significó en coste efectivo 20.000 millones de pesetas y miles de
funcionarios, y que era una competencia que no había sido traspasada por
administraciones anteriores porque no se había llegado a acuerdo. Y, sin
embargo, en un clima y en un momento en el que precisamente no era el
diálogo de rosas lo que primaba entre el Gobierno y la Junta de
Andalucía, con ocasión del debate sobre la financiación autonómica,
fuimos capaces de ponernos de acuerdo y producir ese traspaso, traspaso
que, unido a los restantes que ha habido a Valencia, por ejemplo, o a la
Xunta de Galicia, que son miles de millones de recursos y miles de
funcionarios, desnaturaliza la comparación.
No hemos iniciado el proceso de traspaso de la Administración de justicia
en las comunidades del 143 y por eso puede aparecer ese desequilibrio. En
el momento en que traspasemos la educación y vea usted aparecer 800 y
pico mil millones de pesetas y 140.000 empleados, seguramente llegará a
otra lectura distinta. Y en ese supuesto tampoco sería descriptivo de lo
que puede ser una homogeneización competencial básica entre todas las
comunidades autónomas que respete, garantice y ampare los hechos
diferenciales, que es lo que procuramos conseguir con los acuerdos
autonómicos de 1992 y con la actual reforma de estatutos que ya está en
marcha. En el caso concreto de Castilla-La Mancha ya ha sido admitido a
trámite y ha habido un consenso muy importante en la presentación de las
enmiendas entre los dos grupos parlamentarios principales. De alguna
manera también, aunque no quiero interpretarle, se puede llegar a un
acuerdo en el que esté usted en representación de su grupo con relación a
la reforma del estatuto de Castilla-La Mancha. El escenario final lo dejo
para otro día, porque nos llevaría a hablar del modelo de estado
autonómico, aun cuando yo estoy a su disposición.
Aludía, sin embargo, a las comisiones mixtas relativas al modelo de
financiación autonómica y los recursos de inconstitucionalidad, donde sí
tengo que añadir algo, entre otras cosas, porque fruto de esos acuerdos
de la Comisión Mixta de Transferencias, está el Real Decreto-ley 7/1997,
y ahora han tenido entrada en la Cámara, y ustedes van a tener que
debatirlos próximamente, doce proyectos de ley. Yo los tengo aquí y cojo
uno cualquiera al azar, porque son todos iguales. Se traduce a cada
comunidad autónoma los términos en los que se materializó el acuerdo de
la Comisión Mixta de Transferencias. Doce proyectos de ley,
correspondientes a las doce comunidades autónomas que aceptaron el
modelo, modificando el régimen de cesión de tributos del Estado a la
comunidad autónoma --he cogido Cantabria; tengo todos, y han tenido
entrada, como digo, en la Cámara la semana pasada, si no estoy mal
informado-- y fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
¿Qué se hace en cada uno de estos doce proyectos de ley? Traducir el
acuerdo de la Comisión Mixta. Por una parte, aceptaron el modelo y una
financiación que vendría distribuida por la vía PIE, por la vía de
participación en la tarifa autonómica del 15 por ciento del IRPF, y luego
un porcentaje sobre la cuota territorializada del IRPF. Eso es lo que
venía en el decreto-ley. Además, aceptaron más cosas. Aceptaron capacidad
normativa sobre el IRPF, con unas determinadas limitaciones, con un
determinado alcance, y aceptaron capacidad normativa en relación con los
tributos cedidos. Hay que modificar el estatuto de autonomía de cada una
de esas comunidades autónomas en el proceso previsto en esos estatutos de
reforma atenuada. Por tanto, se puede hacer por ley ordinaria; lo prevén
los propios estatutos, desde el de Cataluña hasta el de Cantabria. Al
mismo tiempo, hay que hacer uso de las previsiones constitucionales del
artículo 150.1, en el sentido de, en el marco de esa ley e informando de
sus proyectos de disposiciones normativas a la Comisión general de
comunidades autónomas del Senado, ejercer su capacidad normativa. Esto es
lo que se llama la Ley de cesión específica de cada comunidad, que
también es una derivación, igual que el decreto-ley, de esos acuerdos en
Comisión Mixta. Esos 12 proyectos de ley ya han sido aprobados por el
Gobierno en el Consejo de Ministros; ya están en el Congreso de los
Diputados y SS. SS. los debatirán próximamente. Cuando usted aludía a
esas comisiones mixtas y al seguimiento de esos acuerdos, ya se han
materializado, como digo, en ese decreto-ley y en estos 12 proyectos de
ley.
Y finalmente, los recursos de inconstitucionalidad. Yo, en relación al
modelo de financiación autonómica, quiero que quede claro cuál es el
marco legal y cuál es la voluntad política del Gobierno.
El marco legal está establecido en la Ley de Presupuestos. El acuerdo
político es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de
septiembre. ¿En qué se concreta? En
que las comunidades autónomas pueden hacer dos cosas: elegir el nuevo
modelo total o parcialmente, o que se les aplique el anterior, que a
estos efectos se considera prorrogado, tal como dice el artículo 84.1 de
la Ley de Presupuestos, en cuya virtud el artículo 4 de ese Decreto-ley
7/1997 al que yo hice referencia establece la PIE que corresponde a
Castilla-La Mancha, a Extremadura y a Andalucía. Fíjense que digo que el
nuevo modelo total o parcialmente o el anterior que a estos efectos se
considera prorrogado hasta tanto haya un acuerdo entre el Gobierno y la
comunidad autónoma en el seno de la Comisión mixta de transferencias
correspondiente. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que uno puede
acogerse al nuevo modelo total o parcialmente. Quiero decir que una
comunidad autónoma puede acogerse, por ejemplo, a la capacidad normativa
sobre los tributos cedidos y no aceptar la tarifa autonómica del IRPF, no
aceptar la capacidad normativa sobre el IRPF. Y todas las comunidades
autónomas sin excepción se habían manifestado partidarias de la capacidad
normativa en relación con los tributos cedidos. El Gobierno, en el
acuerdo del 23 de septiembre estableció el modelo desglosado en siete
acuerdos, precisamente para facilitar a las comunidades autónomas que no
interpretaran el nuevo modelo como un trágala de decir que o lo tomas
todo o no tomas nada. Precisamente con esa voluntad se desglosó el modelo
en 7 acuerdos: capacidad normativa sobre el IRPF, tarifa autonómica,
cuota territorializada del IRPF, capacidad normativa sobre tributos
cedidos, y podían, insisto, sumarse parcialmente al modelo. A mi juicio,
lo irracional fue lo que hicieron esas comunidades autónomas, que dijeron
no a todo. Había algunas cosas que objetivamente eran buenas para esas
comunidades autónomas y habían manifestado su aquiescencia en los debates
previos a la sesión del 23 de septiembre del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, sin embargo, en las comisiones mixtas, rechazaron todos los
acuerdos, cuando podían acogerse parcialmente al modelo, empezaron, como
usted decía, a ejercer la corresponsabilidad fiscal en el ámbito de los
tributos cedidos y no se acogieron, por ejemplo, a corresponsabilidad
fiscal en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
porque legítimamente, aunque no compartamos esa opinión, pueden
considerar que eso significa trocear España o cosas por el estilo. Que
cada uno lo juzgue como quiera, pero se podían sumar al acuerdo, al nuevo
modelo de financiación autonómica, en partes, en siete partes, y se dijo
no a todo. Las otras comunidades autónomas dijeron sí a todo. Que conste
así en el «Diario de Sesiones», porque ésa es la verdad.
¿Qué dice el Gobierno? Usted se puede acoger al nuevo modelo total o
parcialmente. Hay una posibilidad plural de asunción del nuevo modelo. No
es un trágala. Usted puede decir sí a unas cosas y no a otras. Ahora
bien, si usted no acoge ni total ni parcialmente el nuevo modelo, lo que
no hace el Gobierno es negociar con usted un modelo a la carta.
Evidentemente, eso sí que lleva a volar por los aires la existencia de
España como nación, como Estado y todo lo que usted quiera, porque, a
partir de ese momento, no hay ninguna comunidad autónoma que se acoja a
un régimen de financiación común o global; como es lógico, negocia uno
bilateralmente y específico para sí, consciente de que siempre uno
bilateral y específico para sí se va a adaptar más a sus necesidades que
uno común. En lo común parece que está la solidaridad y, sin embargo, los
recursos y las actuaciones van por otro lado. Yo creo que ahí hay una
cierta incoherencia entre lo que se dice, lo que se predica y lo que se
hace. Que haya un régimen financiero común para 15 comunidades autónomas,
más allá de las forales, es una muestra de solidaridad y de cohesión
social e interterritorial del Estado. La otra dinámica nos lleva a que
haya 17 modelos de financiación autonómica, y eso es insolidario y es
ingobernable.
El Gobierno ha dicho: Usted, al nuevo total o parcialmente. Es libre de
hacerlo en comisión mixta, pero sepa que el Gobierno no va a negociar uno
bilateralmente para quien no quiera acogerse al nuevo ni total ni
parcialmente. Y para ésos, y sólo a esos efectos y durante ese tiempo se
considera prorrogado el anterior. No se le aplica uno que surge de la
nada, no. Se aplica el anterior, prorrogado. Y las cantidades que
perciben, ese 98 por ciento, tienen la consideración jurídica de entregas
a cuenta hasta que se haga la liquidación definitiva. ¿Y cuándo será la
definitiva? El día que, en su caso, haya un cuerdo en materia de
financiación autonómica, en comisión mixta, entre el Gobierno y esa
comunidad autónoma, acuerdo que podrá ser sobre la totalidad del nuevo
modelo, o sobre la parcialidad del nuevo modelo, o sobre el nuevo que
tenga que venir a partir del quinquenio 2001. Insisto en que mientras
tanto el anterior se considera prorrogado y jurídicamente ese 98 por
ciento de PIE al que hace referencia el artículo 4 del Real Decreto-ley
7/1997 tiene la consideración de entregas a cuenta de esa liquidación
definitiva.
Ante esa situación el Gobierno no tiene nada más que decir. No va a
negociar políticamente con las comunidades autónomas un nuevo modelo de
financiación. Y esa posición se puede compartir o no, pero el Gobierno
considera que es una argumentación y una decisión muy sólida y
justificada, aunque sólo fuera por reducción al absurdo, las alternativas
que nos encontraríamos si entráramos en la dinámica de negociar
bilateralmente con todas la comunidades autónomas. Usted sabe, señor
Ríos, que lo primero que harían lógicamente esas 12 comunidades es
denunciar el acuerdo e ir a una negociación bilateral; saltaría la
financiación autonómica de este país y no habría financiación autonómica
propiamente dicha, sino que habría 17 modelos de financiación, uno para
cada comunidad autónoma. Que cada uno elija, es libre de elegir, pero ése
es el territorio en el que nos hemos de mover.
En uso legítimo de un derecho que tienen las comunidades autónomas han
recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y usted me pregunta: ¿qué va a
hacer el Gobierno? Pues no va a hacer nada, acatar lo que diga el
Tribunal Constitucional y, lógicamente, a través del Servicio Jurídico
del Estado, ante el Tribunal Constitucional, intentar argumentar
jurídicamente las razones que avalan la plena constitucionalidad de este
modelo, entendiendo que no es el momento de debatirlo.
Sí quiero decirle que el Parlamento de Andalucía y el Gobierno de
Andalucía, las Cortes de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el Gobierno
y la Comunidad Autónoma de Extremadura han presentado sendos recursos a
las tres leyes que instrumentan este modelo: la Ley de Presupuestos del
Estado para 1997, la Ley Orgánica 3/1996, de Reforma de la Lofca, y la
Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado, que
reforma la Ley 12/1983 de Cesión de Tributos. Son tres comunidades
autónomas por dos, que son Parlamento y Gobierno, son seis ante tres
leyes, y luego le suma usted Asturias, la Junta General del Principado, o
sea, el Parlamento ha presentado también recurso. Han sido admitidos a
trámite por el Tribunal Constitucional en estos momentos 15 recursos. No
quiero cuestionar la independencia del Tribunal Constitucional, pero
parece lógico que admita a trámite los tres recursos planteados por la
Junta General del Principado de Asturias y estaremos en 18 recursos de
inconstitucionalidad. Ya resolverá el Tribunal Constitucional.
Lógicamente, el Gobierno, faltaría más, acatará, sea la que sea, con
mayor o menor entusiasmo, la decisión del Tribunal Constitucional. Y
hasta tanto, insisto, aplicará porque está en vigor, el modelo, aplicará
la leyes en los términos que acabo de manifestar e intentará que el
transcurso del tiempo pacifique el debate y lleve al ánimo de todos,
ciudadanos, políticos, diputados, senadores, comunidades autónomas, que
el nuevo modelo es discutible y opinable, perfeccionable como toda obra
humana, pero es un modelo que da una competencia emblemática del
autogobierno político, que es la competencia en materia fiscal. Y que no
es razonable que haya en España tres instancias de gasto y sólo dos
instancias de ingreso. Y que se mojen más, si me permite usted la
expresión, ante los ciudadanos los alcaldes en materia fiscal, que los
presidentes de comunidades autónomas, que son elegidos por sufragio
universal directo y secreto, responden ante un Parlamento, están
sometidos a mociones de censura, cuestiones de confianza. En fin no
parece razonable que unos gobiernos que tienen una autonomía política,
incluso de rango superior a la autonomía que para la gestión de los
intereses propios tienen reconocida constitucionalmente las corporaciones
locales, tengan menos competencia en materia fiscal que los
ayuntamientos. Eso no es razonable. Es explicable en un período de
transitoriedad, pero hablando ya del año 2001, y por tanto del siglo XXI,
nos parece que había que acometer una reforma sustancial del modelo de
financiación. Eso se puede compartir o no, pero es lo único, y no es
poco, que pretendía el Gobierno. El tiempo dirá, evidentemente, si hemos
acertado.
--DEL SEÑOR RIOS MARTINEZ (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE SITUACION DE LA TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS EN MATERIA DE EDUCACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE AUN
NO LAS TIENEN. (Número de expediente 181/000388).
--DEL SEÑOR RIOS MARTINEZ (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE INICIATIVAS PARA UN NUEVO IMPULSO
AUTONOMICO QUE AMPLIE EL TECHO COMPETENCIAL Y LA CAPACIDAD PARLAMENTARIA
DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES. (Número de expediente 181/000389).
El señor PRESIDENTE: Puntos 7 y 8 del orden del día, acumulados.
Para la formulación de estas preguntas, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a hacer dos preguntas al Secretario de
Estado, pero previamente le haré dos consideraciones.
Nosotros no estamos en contra de que haya más corresponsabilidad fiscal y
no se trata de que unas comunidades puedan elegir a la carta, sino de que
en la definición del modelo sea partícipe todo el mundo. Por tanto, no se
trata de que yo pueda tener competencia en mi IRPF o no, o si el modelo
tiene suficiente armonización fiscal para evitar la competencia desleal
que se pueda establecer. No se estaba discutiendo una especie de
expulsión del desarrollo. Y sobre la afirmación que ha hecho usted de que
el Gobierno no va a negociar, yo creo que es malo que el Gobierno no
negocie, porque en esta vida menos la muerte, todo se negocia.
La pregunta que quería formular, que en el orden del día figura con el
número 7, es sobre educación. El Gobierno tiene ligado al sistema de
financiación el compromiso de establecer para primeros de enero de 1998
la competencia de educación, pudiendo así ampliar definitivamente el
modelo de financiación a todas las comunidades autónomas.
Se han abierto las comisiones mixtas en la discusión y en la negociación
de la competencia de educación, y la pregunta lo que intenta conocer del
Gobierno es en qué situación se encuentra la discusión de las
competencias de educación en las comunidades que no la tienen, cuáles son
los procesos de valoración que hay en discusión --porque nosotros creemos
que no es lo mismo una competencia de coste efectivo valorada en una red
de centros con 20 años de antigüedad, en un 80 por ciento de su red de
centros, porque nada más la inversión de reposición tendrá que ser muy
superior que si están recién transferidas-- y el desarrollo de la Logse.
Ultimar toda la red de centros de secundaria y la adecuación de los
centros de primaria también debe incluirse.
El problema de la valoración en estas comunidades para esa transferencia
y la discusión que existe con cada una es el objetivo de la pregunta.
¿Cómo va esa discusión? ¿Cuál es el plazo que el Gobierno tiene o que se
está marcando para ultimar estos acuerdos? También quiero saber si se
está hablando con todas y cada una de ellas para que se cumpla el
compromiso del Gobierno, que es que el 1 de enero de 1998 todas las
comunidades tengan la competencia de educación.
Y la última pregunta, señor Presidente, va dirigida a lo que pudiéramos
denominar impulso autonómico. La competencia de educación hace referencia
a lo que pudiéramos llamar pacto de 1992 entre PSOE y PP; era la que
parecía
que iba a estar ultimada desde 1992 a 1996. En ese pacto que nosotros no
suscribimos entonces, quizá porque entendimos que había cosas que no
estaban, ahora se puede meter lo que quedó fuera, sanidad y competencias
que tienen las otras comunidades del 151, o acceso, en función de lo que
cada comunidad vaya decidiendo; no se trata de hacer igual todo lo que es
desigual, porque eso es imposible. El impulso institucional o el papel de
los propios parlamentos y la potenciación institucional de algunos
órganos que en cada comunidad podían existir. Ahora podíamos discutirlo y
abordarlo como se abordó en otro momento. A nosotros nos gustaría conocer
si el Gobierno ha renunciado a ese impulso autonómico, si el Gobierno lo
va a retomar con las fuerzas políticas, o si el Gobierno se encuentra
cómodo en este proceso abierto con la experiencia aragonesa. Si ése es el
procedimiento, que no es el caso de Castilla-La Mancha; yo recojo el
guante. Nosotros estamos de acuerdo con un proceso pactado, siempre y
cuando que sea negociado al mismo nivel que viene de la comunidad
autónoma, todos los elementos que componen la reforma estatutaria. Pero
ese procedimiento no es el que se ha hecho en Aragón, no es el que se
puede hacer con los demás.
Es decir, ¿va a ultimar también el Gobierno como compromiso, en los
próximos dos años o en esta legislatura, ese impulso autonómico que
significaría la reforma estatutaria para dotar de Parlamento de verdad, y
no en miniatura, para dotar de competencias equiparables, en función de
lo que cada Comunidad vaya a querer en su diversidad, y un desarrollo
institucional similar? Si el Gobierno va a impulsar eso entre las fuerzas
políticas o si vamos a esperar que cada comunidad lo tenga. Porque ya le
anuncio que vienen cosas muy dispares. Yo le puedo anunciar que vienen
estatutos más o menos discutidos en comisiones, porque en todos los
parlamentos hay comisiones, de Asturias, de Murcia, muy diferentes del de
Castilla-La Mancha. Ya se lo digo porque avisar es bueno, para que luego
no nos llevemos sofocones. Y así discutiremos cómo en unos estatutos
vienen competencias exclusivas de educación mientras en otros examinamos
desarrollos. Yo sé que esto de la competencia exclusiva, si hay una ley
básica, será diferente, pero viene así en algunos estatutos.
En suma, mi pregunta es de qué forma el Gobierno va a situar en esta
legislatura ese impulso autonómico que puede ser un compromiso de todas
las instituciones y de las fuerzas políticas que en ellas están
representadas para ultimar en la legislatura lo que se debió haber
incluido en el pacto de 1992 y ya lo tendríamos terminado.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): En relación con la manifestación inicial del señor
Ríos, aludiendo a mi expresión de que no va a negociar, yo la matizo,
porque lo cierto es que, con los gobiernos de las comunidades autónomas
de Andalucía, de Castilla-La Mancha y con Extremadura, el Gobierno
pretende mantener y de hecho estamos manteniendo un diálogo
institucional, como hacemos con el conjunto de las comunidades autónomas.
Es evidente que tanto con la Junta de Andalucía como con Castilla-La
Mancha y con Extremadura estamos hablando de muchas cosas. Cuando digo
que no voy a negociar quisiera que se me entendiera bien, para lo bueno y
para lo menos bueno. No vamos a negociar un modelo de financiación
específico. Ya lo he argumentado antes y creo que lo he justificado desde
el punto de vista de la voluntad del Gobierno. No vamos a negociar un
modelo de financiación específico, entre otras cosas porque no podríamos
hacerlo, salvo que se variara la Ley de Presupuestos, que dice en su
artículo 84.1 que para las comunidades autónomas que no se acojan al
nuevo modelo --y a estos efectos el nuevo modelo es el acuerdo del
Consejo de Política Fiscal de 23 de septiembre, publicado por cierto el
22 de abril en el «Boletín Oficial del Estado», como una resolución de la
Dirección de Coordinación con las Haciendas Territoriales-- es a los que
no se acojan al nuevo modelo (total o parcialmente, a través de sus
distintos acuerdos que lo integran) les será de aplicación y a estos
efectos se considerará prorrogado el anterior modelo. Eso es lo que dice
la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, el Gobierno, salvo que se
modificara la Ley de Presupuestos, cosa que no parece factible ni está en
la voluntad del Gobierno, tampoco podría hacerlo. Es decir, más allá de
su voluntad política, la ley se lo impide. Bien es verdad que si hay
voluntad política se puede modificar la ley, pero quiero decir que está
legalmente consagrado que eso es lo que hay; por lo tanto, no vamos a
negociar un nuevo modelo. Ahora, ¿que vamos a negociar? Por supuesto que
vamos a negociar muchísimas cosas y muchas inciden directamente en la
financiación de las comunidades autónomas. Lo estamos haciendo y lo vamos
a seguir haciendo; sobre todo vamos a seguir procurando, intentando, y
algunos avances se podrán ver en el futuro, un diálogo institucional que
está fructificando inclusive con comunidades autónomas que han planteado
una oposición política y jurídica tan frontal al modelo de financiación
autonómica como son las tres que se opusieron.
Hecha esta matización, en relación con la última pregunta, la del
impuesto autonómico, diré que hay una cosa que por lo menos constato como
positiva, y es que usted también, señor Ríos, considera que los acuerdos
autonómicos de 1992, desde el punto de vista de la definición del modelo
de Estado integrado en el bloque de la constitucionalidad, significaron
un avance importante. Porque no era lo más importante, con serlo, el
incremento del techo competencial de esas comunidades que accedieron a la
autonomía por la vía del 143, y que, según la previsión constitucional,
transcurridos cinco años de la aprobación de sus estatutos y previa
reforma de los mismos, en el ámbito del 149.1, podían incrementar su
contenido competencial. Eso, con ser importante, no fue lo más
importante.
Lo más importante es que se procedió, a la luz de la ya prolija
jurisprudencia del Tribunal Constitucional producida desde el año 1983
(en el que se celebraron las primeras elecciones autonómicas del bloque
de las 13, que coinciden entre sí, y con las elecciones locales el cuarto
domingo del mes de mayo cada cuatro años, salvo el próximo año 1999), a
homogeneizar muchos títulos competenciales y, sobre todo, a
sistematizar el Estado autonómico. y se desarrolló una cosa
importantísima, que es el principio de cooperación.
El principio de cooperación, como usted sabe, no se llevó a las leyes,
pero la segunda parte de los acuerdos autonómicos de 1992, firmados el 28
de febrero en la Moncloa entre el Presidente del Gobierno del momento, el
señor González, el señor Benegas en representación del PSOE y el señor
Aznar en representación del Partido Popular, fueron acuerdos políticos
porque se editaron por el ministerio, y en su capítulo 2 figura el
principio de cooperación. Principio de cooperación que no está
explicitado en la Constitución, pero que se deriva necesariamente de
ella, según el Tribunal Constitucional. Y ahí desarrollamos
amplísimamente la cultura de la cooperación, que está empezando a dar
importantes frutos en estos momentos. Pero llegará un momento en el
Estado autonómico en el que ya no se tratará de traspasar competencias,
sino sobre todo de implementar eficaces y efectivos mecanismos de
cooperación en todos los ámbitos: la cooperación sectorial, la bilateral,
la multilateral, y no digamos ya el ámbito de la cooperación cuando
estamos hablando de la construcción europea, en el ámbito de la
cooperación de las comunidades autónomas con el Estado, en las políticas
comunitarias. Esa va a ser la gran asignatura del futuro de nuestro
Estado autonómico, y algún día tendremos ocasión de hablar de ello. Esos
acuerdos autonómicos fueron, por lo tanto, muy positivos desde el punto
de vista del desarrollo constitucional.
El Gobierno pretendía hacer unos acuerdos equivalentes en el momento
actual, y no fue posible. Y no me voy a extender sobre ello, cada uno
tendrá su opinión formada sobre el particular. En defecto de un acuerdo
global sobre la reforma de los estatutos de las diez comunidades del 143
más Canarias, cuya iniciativa de reforma estatutaria ya había sido
admitida a trámite por las Cortes en la anterior legislatura, como usted
sabe, el Gobierno ha hecho frente a dos iniciativas de reformas
estatutarias --Aragón y Canarias-- que ya estaban en el Congreso de los
Diputados, precedidas de una cierta polémica política importante en el
caso de Aragón. Venían por unanimidad del Parlamento de Canarias y de las
Cortes de Aragón, y con un apoyo ciudadano muy importante en la
iniciativa de reforma estatutaria de Aragón para conseguir lo que
denominaban la autonomía plena. En eso se llegó a un nivel de consenso
importante con algunas fuerzas políticas, no al cien por cien, poro muy
importante, sobre todo dada la situación de partida que teníamos.
Ahora hablamos del futuro. Como no ha sido posible un pacto global para
producir ese impulso autonómico que desarrolle las competencias de las
comunidades autónomas, por una parte, y que desarrolle institucionalmente
las comunidades autónomas, por la otra, lo vamos a tener que acometer de
manera singularizada, porque no hay más remedio. Las iniciativas de
reforma están en marcha. Como usted muy bien ha dicho, en todos los
parlamentos autonómicos hay comisiones y ponencias constituidas al
efecto, y desde una postura de responsabilidad (consideramos que la
reforma de los estatutos, al igual que su elaboración, se integra en el
bloque de la constitucionalidad y significa una prolongación del pacto
constituyente) la voluntad del Gobierno es llegar a un pacto político, un
pacto de Estado en los procesos de reforma de esos estatutos. Insisto en
ello porque no son leyes orgánicas cualesquiera. Son leyes orgánicas que
aprueban los estatutos de autonomía y que integran el bloque de la
constitucionalidad. Y eso --repito-- para el Gobierno significa
prolongación del pacto constituyente que permitió la elaboración de la
Constitución y la elaboración de los estatutos.
La reforma de los estatutos tiene que producirse en un clima de consenso,
que ha de ser equivalente o similar a ése. Y por supuesto en esa dinámica
política estamos y lo hemos hecho con la reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha. Fue aprobada por unanimidad de las Cortes de
Castilla-La Mancha la iniciativa de reforma, y aquí en el Congreso de los
Diputados el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista hemos
llegado a un consenso al cien por cien en relación con la reforma del
Estatuto de Castilla-La Mancha y con un nivel importante de consenso con
Izquierda Unida, y confío que con un muy importante nivel también de
consenso en su tramitación en las Cortes Generales. Creo que es un buen
precedente el de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, a la
vista de los ocho estatutos restantes que van a tener entrada en esta
legislatura en el Congreso de los Diputados.
¿Cuál es la voluntad del Gobierno y cómo acomete la negociación con el
Grupo Parlamentario del Partido Popular, que es el que da apoyo
básicamente al Gobierno y, lógicamente, en íntima conexión con él y
también con el Partido Socialista, así como con cuantos grupos se quieran
sumar a ese consenso, de manera singular Izquierda Unida, en la medida en
que tiene representación en esas ocho comunidades autónomas y están
legitimados también, con independencia de que tengan o no representación
en esos parlamentos los Diputados, puesto que, como decíamos antes,
representan al pueblo español en su conjunto? Están llamados a ese
consenso todos. La posición del Gobierno es que esa iniciativa de reforma
en el ámbito institucional debe eliminar las restricciones contenidas en
los estatutos y que derivan de su historia.
¿Cuándo se elaboraron esos estatutos? Fruto de los pactos UCD-PSOE del
año 1981, sobre la base del informe de un grupo de expertos que dirigió
el profesor García Enterría. Esos acuerdos tenían mucho sentido en aquel
momento, lo que pasa es que han transcurrido 16 años. Evidentemente, unas
restricciones institucionales como las que contenían esos estatutos, en
un momento político como el actual, diecisiete años después de la
aprobación de aquellos estatutos, cuando han asumido importantísimas
competencias, cuando van a asumir competencias como educación, etcétera,
cuando asumen competencias de materia fiscal, no tienen sentido desde
nuestro punto de vista. Estoy hablando de la limitación del número de
consejeros que han de tener los gobiernos, de la incompatibilidad entre
la condición de consejero y la condición de parlamentario autonómico, de
la imposibilidad de percibir retribución a los diputados autonómicos por
ejercicio de su cargo, de la limitación del número de meses que han de
conformar los períodos de sesiones de las Cámaras. Ya que esas
comunidades autónomas son mayores de edad en términos políticos, nos
parece que debe quedar a la regulación de esos parlamentos autonómicos,
de los reglamentos de esas cámaras. Y por lo tanto, eso no debe estar en
los estatutos. Al mismo tiempo está el supuesto de la facultad
presidencial de disolución anticipada de los parlamentos autonómicos y
convocatoria de elecciones.
Sobre eso en una primera lectura se puede llegar a una conclusión
equivocada y alarmista, en la medida en que no se compadece con la
realidad. En estos momentos hay cuatro comunidades autónomas en que sus
presidentes pueden convocar elecciones en el momento político que
consideren oportuno (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía); las
trece comunidades restantes celebran sus elecciones conjuntamente
coincidiendo con las elecciones locales el cuarto domingo del mes de
mayo, cada cuatro años. Tenemos la singularidad, que todos conocemos, de
la coincidencia en la práctica con las elecciones europeas de 1999. Ahora
en sede parlamentaria se está trabajando en ese ámbito y llegaremos a una
solución satisfactoria, como se hizo también en el año 1991.
¿Cuál es la opinión del Gobierno en este tema? Que es un elemento
integrante del equilibrio del sistema autonómico el mantenimiento de esa
coincidencia electoral, y ahora no está garantizada. La prueba está en
que se aprobó una ley por las Cortes de Aragón de disolución anticipada,
se aprobó otra por las Cortes de Castilla y León y otra por la Asamblea
de Madrid. Hay tres leyes autonómicas que regulan la facultad
presidencial de disolución anticipada de sus parlamentos y convocatoria
de elecciones. Bien es cierto que la prudencia de ese legislador
autonómico ha hecho que esas leyes digan, entre otras cosas, que el
mandato de la legislatura nueva expirará cuando debiera expirar el
mandato de la legislatura originaria. Y como hemos introducido en algunos
estatutos la reserva a las Cortes Generales para, mediante una reforma
adecuada de la Loreg, garantizar esa coincidencia, tenemos el proceso más
o menos encajado, pero no del todo jurídicamente. Es posible que alguna
comunidad autónoma pudiera, mediante mayoría absoluta de su parlamento,
promulgar una ley, que yo no quiero ni pensar que tuviéramos que llevar
al Tribunal Constitucional, con dudas más que razonables de que esa ley
fuera declarada inconstitucional. Con lo cual, un elemento integrante del
equilibrio del sistema saltaría por los aires.
Nos parece razonable que, al mismo tiempo que se les da a esos
presidentes la facultad de disolución anticipada, se haga haciéndolo
plenamente compatible con ese elemento integrante del equilibrio del
sistema al que he hecho referencia de la coincidencia electoral. Eso
hemos hecho con Aragón y con Castilla-La Mancha. Y el Gobierno pretende
que eso se siga haciendo con todos los estatutos, porque cristalizando
los estatutos evitamos el riesgo de que leyes ordinarias de los
parlamentos puedan poner en cuestión ese elemento de equilibrio
institucional que nos parece importante.
En el ámbito competencial, para no ser exhaustivo, destaco la competencia
en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social,
que ahora ejercita en ese territorio, en esas diez comunidades, el
Insalud. Con lo cual hubiéramos acabado ya con esa dicotomía de un
territorio Inserso, territorio no Inserso, territorio MEC, territorio no
MEC, territorio Insalud, territorio no Insalud, que eso sí que nos parece
que es una dualidad que no se compadece demasiado con un Estado
descentralizado políticamente y solidario. Es decir, tanta competencia
tiene políticamente Castilla y León o Cantabria como Galicia, Andalucía,
Cataluña, País Vasco, Canarias o Valencia para gestionar la sanidad, la
educación, que son servicios públicos básicos. Ahí no se traduce, a
juicio del Gobierno, el hecho diferencial. Esa competencia, entre otras,
es la que, a nuestro juicio, debería incluir las reformas de esos
estatutos de autonomía. Pero no quiero ser más preciso porque hay que
dejar a la autonomía de los grupos parlamentarios que en los ámbitos
autonómicos están negociando estas iniciativas de reforma, pero puesto
que el acuerdo político de principio al que había llegado el Gobierno con
el Partido Socialista es público y notorio, yo lo he querido recordar en
este trámite parlamentario en sus rasgos esenciales, que son los que he
comentado.
En relación con la primera pregunta, la educación, el compromiso del
Gobierno, reiterado por el Presidente en el reciente debate en el Senado
sobre el Estado de las autonomías, es que se haga efectiva esa
transferencia para las comunidades autónomas con efectos de 1 de enero
del año 1998. Esto significará cumplir los pactos autonómicos del 1992,
por una parte, y significará, por otra parte, permitir a todas las
comunidades autónomas que lo deseen acogerse al 30 por ciento de IRPF,
como integrante fundamental del nuevo modelo de financiación autonómica.
El 7 de noviembre pasado se produjo el inicio formal de las
conversaciones y las negociaciones con las comunidades autónomas. Hubo
una reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas, entre el
Ministro de Administraciones Públicas, señor Rajoy, la Ministra de
Educación, Esperanza Aguirre, el Secretario de Estado de Hacienda, Juan
Costa, y los 10 consejeros de Hacienda y de Educación de las 10
comunidades autónomas, para poner en marcha ese proceso. Es un proceso
complejísimo. Estamos hablando de integrar en el modelo de financiación
autonómica más de 800.000 millones de recursos, estamos hablando de
140.000 empleados públicos, estamos hablando de que se debe garantizar la
calidad de la educación, estamos hablando de muchas cosas. Estamos
hablando de comunidades autónomas con nueve provincias, como Castilla y
León, Comunidades Autónomas insulares como Baleares, Comunidades
uniprovinciales como Murcia, como Cantabria, como Madrid (que son más de
5 millones de habitantes); es decir, estamos hablando de unas comunidades
autónomas que son muy distintas entre sí y que parten de situaciones
distintas en cuanto a la administración educativa en estos momentos.
¿Cuál es la voluntad del Gobierno y el calendario? El calendario último
se lo he dicho. El Gobierno, y singularmente los tres ministerios
directamente afectados (el de Hacienda, por razones obvias, el de
Educación, como ministerio sectorial, y el de Administraciones Públicas,
como ministerio autonómico), estamos trabajando conjuntamente
cada semana. Y cada semana tenemos reuniones internas a nivel
ministerial, a todos los niveles, en orden a la preparación de ese
proceso de traspaso.
A juicio del Gobierno sería bueno que estuviéramos en condiciones durante
el mes de julio de celebrar las comisiones mixtas de transferencias,
donde se materializaran esos acuerdos que después serían, lógicamente,
aprobados como decretos por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de que
la efectividad de entrada en vigor de ese traspaso, como he dicho, fuera
el 1 de enero de 1998. Y que en lo que nos queda de mayo y el mes de
junio lo pudiéramos desarrollar en ponencias técnicas y negociaciones
bilaterales con la comunidades autónomas para, como digo, en el mes de
julio formalizar los acuerdos en comisiones mixtas. El mes de julio es
importante también por dos razones: primero, porque el curso escolar
empieza en septiembre, como usted sabe, y sería bueno que en el mes de
septiembre la administración educativa naciente, autonómica y estatal, ya
estuvieran trabajando conjuntamente. Y por otra parte, porque en el mes
de julio se tienen que pintar los presupuestos, y cuando estamos hablando
de los recursos que estamos hablando, lógicamente la Secretaría de Estado
de Presupuestos necesita tener ya eso más o menos dibujado. Por lo tanto,
julio aparece como un mes bastante decisivo a los efectos que estoy
comentando.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve.
En cuanto a la educación, señor Secretario de Estado, desde el año 1994
todas la comunidades autónomas tienen convenios de colaboración para la
planificación educativa. Por tanto, el funcionamiento ya viene de atrás.
El problema está en que la valoración del coste efectivo, en función del
número de unidades más número de alumnos, no lleve aparejado el
compromiso de hacer frente a inversiones futuras para el desarrollo de la
Logse, tanto en la red de centros de secundaria como en la red de centros
de primaria o adecuación de la red de centros de primaria. Y es donde
están.
Ustedes quieren negociar transferencias, pero sin poner encima de la mesa
recursos, y va a haber complicación. Ya le anuncio que va a haber
complicación. Ninguna comunidad está gobernada por Izquierda Unida. Van a
tener complicación con consejeros que, lógicamente, van a tener que hacer
frente a inversión de reposición, a inversión en nuevos servicios y lo
tienen de una manera u otra complicado.
En cuanto al tema del pacto autonómico, he hecho referencia a dos cosas.
Nosotros no respaldamos el pacto autonómico de 1992 porque creíamos que
debería abordar a la misma vez el tema institucional y debería llegar
también a educación y sanidad. Solamente se quedó en educación, que
todavía está sin poder ejecutarse.
Le digo una cosa. Usted nos ha pedido consenso, encuentro. Pero el
consenso y el encuentro de la misma forma que en Aragón no va a ser
posible. No va a ser posible pedir un pacto por unanimidad en cada
comunidad para luego pedir consenso aquí para hacer un recorte de lo
aprobado abajo. Hay que dar la cara abajo y arriba, porque si no iremos a
un proceso muy complicado de desnaturalizar esa discusión.
El ejemplo de Castilla-La Mancha me gustaría que fuera un referente para
que venga por consenso desde abajo, para establecer el mismo grado de
consenso por arriba. Porque si no entraremos en grandes dificultades, que
no fue el caso de Aragón, como usted muy bien sabrá.
Sé que hay algunas cosas que pueden ser más o menos discutibles. Para
tranquilizarle, diré que ninguna comunidad autónoma tiene el tema de la
capacidad de disolución en los estatutos, está en las leyes de gobierno,
de los presidentes. Y ahí tienen la capacidad de disolución, unos y
otros.
La evolución que pueda tener ese uso en cada comunidad será la historia
la que nos lo demuestre. Desde luego, el ejemplo navarro no será
esgrimido por nosotros para mantenerlo. El no poder gobernar una
comunidad o gobernarla con diecisiete diputados, cuando la mayoría
absoluta está en veinticinco, es una barbaridad que se mantenga. Más vale
esa capacidad de disolución. Y en todo caso, no solamente tenemos el tema
competencial, aunque también es importante equiparar esa posibilidad,
sino de capacidad de funcionamiento de los propios parlamentos, donde se
tiene que demostrar después el presidencialismo y las competencias de los
parlamentos, para que el parlamento no solamente observe cómo pasa el
poder, sino que participe también en el ejercicio del poder.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Brevemente.
Estoy de acuerdo con este último supuesto de las reformas estatutarias.
Lo que pasa es que como Gobierno, señor Ríos, entenderá que yo no puedo
decir más de lo que he dicho en cuanto a que el consenso venga de abajo
arriba. Lo que sí puedo garantizarle es que, en la medida de nuestras
posibilidades, estamos hablando, y esperamos ser eficaces para recomendar
que ese consenso se propicie también de abajo arriba, y que haya una
interlocución política adecuada en el ámbito de los parlamentos
autonómicos, entre los partidos que mayoritariamente los integran, que
son el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida. Con
alguna excepción que confirma la regla, estoy hablando de los ocho
estatutos que faltan. Prácticamente el 95 por ciento de la representación
parlamentaria de esos tres parlamentos la cubren esos tres partidos, y
será bueno que ese consenso se materialice en el ámbito parlamentario
autonómico correspondiente. El Gobierno no pude hacer más de lo que está
haciendo, y le puedo asegurar que, con la discreción que el caso merece,
lo estamos haciendo. Pero el Gobierno, como tal, no puede pronunciarse.
Cuando lleguen las iniciativas de reforma al ámbito de las Cortes
Generales, el Gobierno, de común acuerdo con el Grupo Parlamentario
Popular, trabajará en la búsqueda de ese consenso para que los estatutos
que aprueben las Cámaras respondan al modelo de Estado que nosotros
entendemos que quiso el constituyente. Y cuando digo nosotros,
a estos efectos, me refiero a todos los que nos integramos en ese
consenso. Hay que evitar esa sensación de caos que puede parecer a
algunos ciudadanos cuando, insisto, no es ni ésa la voluntad sin duda de
todos los que estamos aquí ni es ésa la realidad.
En cuanto a lo de la capacidad de disolución, me parece importante ese
tema. Ya he dicho lo que es, y también he dicho lo que no es. El caso de
Navarra, comunidad asimilada al 151, no está en la Ley de Amejoramiento
del Fuero. No es estatuto de autonomía jurídicamente. Como usted sabe, no
está prevista la reforma de la Ley de Amejoramiento del Fuero, por lo que
el procedimiento automático de elección, mientras no lo modifiquen el
Parlamento foral y las Cortes, va a seguir siendo el que es. En las demás
comunidades autónomas --insisto-- ése es un tema que conviene que quede
garantizado estatutariamente para evitar lo que antes dije: el riesgo de
que un elemento difinitorio y clave del equilibrio del sistema autonómico
pueda estallar por los aires, como sería el de la no coincidencia
electoral en los términos que todos conocemos.
En cuanto a la educación, ojalá fuéramos a tener dificultades. Estamos
teniendo muchísimas dificultades. Y la prueba de que aquí los colores
políticos, cuando se habla a nivel institucional, no son determinantes es
que de esas diez comunidades autónomas, ocho están gobernadas por el
Partido Popular. Por lo tanto, si fuera eso fíjese usted qué fácil sería.
Salvo Extremadura y Castilla-La Mancha, gobernadas por el Partido
Socialista, en las otras ocho comunidades gobierna el Partido Popular.
Pero ahí, como es lógico, los gobiernos de las comunidades autónomas
defienden sus intereses. La negociación es muy dura, es muy compleja. Si
en cualquier traspaso las diferencias en las valoraciones son
importantes, cuando hablamos del tema de la educación, de la implantación
de la Logse y de tantas, la discusión de la negociación es muy compleja.
Pero es lo mismo que dije antes en cuanto al pacto local: el que sea
compleja y difícil no quiere decir que no valga la pena el empeño y que
no vayamos a intentar cumplir el objetivo político marcado de efectuar
ese traspaso con efectos de 1 de enero de 1998, en el bien entendido que
aquí se necesita también la voluntad concurrente de las comunidades
autónomas. Quiero decir que el acuerdo es en Comisión mixta, y si una
comunidad autónoma no quiere el traspaso, no se producirá el mismo en los
términos que el Gobierno desea. Pero eso ya no será responsabilidad
política del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su
presencia.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de REGIMEN DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, del martes, 6 de mayo de 1997, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.