CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 195



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 19



celebrada el lunes, 21 de abril de 1997



ORDEN DEL DIA:



Debate y aprobación, en su caso, de las propuestas de resolución
presentadas al Programa de Convergencia de España 1997. (Número de
expediente 200/000002.)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenas tardes. Vamos a
comenzar la sesión correspondiente a la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda del día de hoy con la discusión y votación de las propuestas de
resolución en relación a la comunicación del Gobierno sobre el Programa
de Convergencia elaborado y aprobado por el Consejo de Ministros. Se han
presentado 37 propuestas de resolución, que han sido calificadas
favorablemente por la Mesa, con anterioridad a la celebración de la
sesión de esta Comisión, en el sentido de que son congruentes con el
objeto del debate y, por consiguiente, pueden ser sometidas a la
consideración de la Comisión de acuerdo con lo que establece el artículo
197 del Reglamento. Dado el gran número de propuestas de resolución
presentadas, las votaciones se celebrarán todas ellas acumuladas a partir
de las seis de la tarde o momento hábil posterior en que la discusión
permita someter a votación

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dichas propuestas. En cuanto al orden de intervención, seguiremos el que
es tradicional en esta Comisión, es decir, comenzaremos por el principal
grupo de la oposición, el Grupo Socialista, y posteriormente
intervendrán, mayor a menor, el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Mixto
si asistiese, y cerrará el debate el representante portavoz del Grupo
Popular. En principio sometemos a la consideración de las señoras y
señores Diputados, a su prudente arbitrio, lo que se refiere a la
utilización de los tiempos disponibles y realizaríamos nada más que un
turno de intervenciones, en el cual se procedería por los diferentes
grupos a exponer tanto la defensa de su propuesta de resolución cuanto,
en su caso, la crítica o fijación de posición en relación a las
propuestas de resolución formuladas por los demás grupo parlamentarios y,
si hiciera falta y fuera necesario, celebraríamos un turno de réplica al
respecto.

Dicho lo cual y sin más, comenzamos la discusión y debate de las
propuestas de resolución presentadas. Para defender las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Socialista, que comprenden las
números 17 a 31, advirtiendo que hay una 21 bis, con lo cual el Grupo
Socialista presenta 16, tiene la palabra el señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, intentaré --no sé muy bien
cómo, pero usted me dirá en qué momento termina su benevolencia-- hacer
una explicación sucinta, pero en todo caso clarificadora, de lo que son
nuestras 16 propuestas de resolución.

Empezaré por decir que después del debate sobre el Programa de
Convergencia a nadie le debiera sorprender que el Grupo Parlamentario
Socialista empezara por reafirmar la importancia que tiene el que nuestro
país consiga, desde el primer momento, formar parte de la Unión Económica
y Monetaria y la convicción, que ya expresé también durante el debate de
actualización de dicho programa, de que lo que está ocurriendo en este
momento, lo mismo que lo que pueda ocurrir en el futuro, no será
solamente el resultado de las medidas tomadas ayer sino, sin duda alguna,
de las medidas tomadas ayer pero también anteayer y el día anterior a
anteayer. Dicho de otra manera, que hay muchos frutos que se recolectan
después de una siembra hecha hace bastante más tiempo. En esa dirección
me parece que convendría que quienes no tenemos ninguna duda, ni nunca la
hemos tenido, sobre la importancia de formar parte de la Unión Económica
y Monetaria, fuéramos capaces de afirmar, más allá de las diferencias que
legítimamente podemos tener en torno a los instrumentos adecuados para
alcanzar la convergencia, que el nuevo Programa 1997-2000 no es sino la
continuidad de los objetivos de programas anteriores; es más, la lógica
consecuencia en torno a los objetivos propuestos y en parte conseguidos
por programas anteriores en materia de déficit, de inflación, de deuda
pública, de otros indicadores de tipos de interés, etcétera, y, por
tanto, también una invitación a proseguir los esfuerzos que se han venido
haciendo para que nuestra economía pueda acceder desde el principio a la
Unión Económica y Monetaria.

En esa dirección, nuestra primera propuesta de resolución de carácter
general es una que tiene la vocación de permitir también un acuerdo de
unos y otros grupos parlamentarios, incluso de los que difieren de
nosotros o nosotros de ellos, en relación con los instrumentos que puedan
ser utilizados de la manera más idónea para alcanzar esos objetivos, pero
desde una afirmación rotunda que nadie debiera poner en cuestión, a
nuestro juicio, de que para España es un objetivo fundamental el que
participe plenamente en la implantación de la moneda única europea y en
la política monetaria común no como un paso más, sino dentro de un marco
de cohesión económica y social entre todos los países comunitarios. Sin
embargo, decir esto, que es hablar de los objetivos generales, no debe
impedir el que pongamos el énfasis en algunos de los que, a nuestro
juicio, son los problemas más importantes, y sobre los que legítimamente
también se pueden tener diferencias parciales. Es verdad que el empleo es
un objetivo sin duda alguna para este grupo fundamental; es verdad que
partimos todos de la buena noticia de que empresarios y trabajadores han
sido capaces, a través de sus representantes, de ponerse de acuerdo en
torno a una serie de aspectos que tienen que ver con la reforma del
mercado de trabajo. Esta es una noticia que hemos saludado todos, en
general, si no todos por lo menos la mayor parte hacemos votos para que
esto tenga un saludable resultado también en materia de generación de
empleo. Pero no siendo éste un mérito especial ni del Gobierno ni de la
oposición, sino fundamentalmente de los empresarios y de los
trabajadores, parecería que a las autoridades públicas les correspondiera
el contribuir a que esos esfuerzos garantizados ya por la patronal y por
los sindicatos, o por los sindicatos y la patronal, fueran correspondidos
por un esfuerzo equivalente de acompañamiento por parte de las
autoridades públicas. En esa dirección, nos parece que es absolutamente
indispensable poner el énfasis en la reducción del componente estructural
del paro.

Señor Presidente, señorías, nuestro país tiene, como todo el mundo sabe,
una tasa de paro muy superior a la media europea y es verdad que no es el
resultado exclusivamente de una caída de la demanda. No se trata de un
paro coyuntural, no se trata de un paro por deficiencia de demanda, como
se diría técnicamente; es un paro con un alto contenido estructural, por
una falta de adaptación o por una falta de correspondencia entre la
oferta y la demanda de trabajo. Es verdad que hay problemas también de
una insuficiente generación de puestos de trabajo en nuestra economía
cuando ésta crece; es verdad que esa demanda de empleo, a medida que la
economía crece, ha ido también acelerándose desde la reforma del año
1994. Uno tiene que esperar que algún efecto en esa dirección pueda
producirse del acuerdo entre la patronal y los sindicatos, pero está por
ver, en cualquier caso, parece absolutamente fundamental que dediquemos
atención a la reducción sobre todo de lo que es el paro de larga
duración, aquel que afecta a colectivos que a veces encuentran
dificultades difíciles de superar en la búsqueda de empleo, bien sea por
falta de formación, bien sea por inadecuación de la formación que tienen
a aquellas demandas que llevan a cabo las empresas. Por tanto, un
programa de esta naturaleza, con la



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invitación al Gobierno a que presente en el plazo de tres meses un plan
que haga frente, como complemento a los acuerdos de la patronal y los
sindicatos, a la reducción del componente estructural del paro nos parece
absolutamente fundamental, junto con las demás medidas que en esta
dirección puedan adoptarse.

Señor Presidente, señorías, ha de tenerse en cuenta que nuestro país, si
se cumplen las previsiones del Programa de Convergència, tendrá en el año
2000 solamente un punto menos de tasa de paro que el existente en el año
1989, esto es, aproximadamente en el momento más álgido del anterior
ciclo expansivo de la economía española. Dicho de otra forma, habremos
bajado por todo mérito histórico, desde una perspectiva de análisis que
sin duda alguna simplifica las dificultades y la realidad, un punto o
algo más de un punto pero no mucho más la tasa de paro en nuestro país.

Para un país que tiene una tasa de paro muy por encima de la media
europea no parece que éste sea un objetivo especialmente satisfactorio en
materia de empleo, y el señalamiento de una creación de puestos de
trabajo en torno a un millón en este período, si se cumplen las
previsiones de crecimiento, es sin duda alguna una meta deseable en
cualquier caso, pero en todo caso tampoco capaz de resolver los problemas
que nuestro país en esta materia tiene. Insisto en que si se cumplieran
en los términos previstos en el Programa de Convergència, apenas
habríamos mejorado nuestro desfase sobre la media europea. En esa
dirección nos parece también clave que el Gobierno adopte nuevos medios,
nuevas estrategias, nuevas formas de actuación con vistas a tratar de
converger en lo que no es sino el principal objetivo de la convergencia
real, una mayor ocupación que es también una fuente de estabilidad y de
mayor progreso social, de mayor bienestar social.

La tercera de nuestras propuestas tiene que ver con el déficit y la
sostenibilidad. Este grupo ha señalado en varias ocasiones que los
problemas que puede tener nuestra economía no son los de hacer un gran
sprint, en el último momento, para alcanzar el cumplimiento de los
objetivos nominales de convergencia, sino sobre todo el de su
sostenibilidad. Es obvio que a estas alturas esto es una preocupación
compartida, pero nos parece que es muy importante que las discusiones que
en materia de ingresos y de gastos públicos hemos tenido, tenemos y
seguiremos teniendo
--y aprovecho para mostrar mi discrepancia con alguna de las tesis
formuladas por el Gobierno-- puedan al menos ser conjuradas desde el
punto de vista de la imagen y de la opinión pública mediante un esfuerzo
de garantizar la sostenibilidad. Esto es, no se trata de tener unos
ingresos atípicos en el año 1997 para que el objetivo del déficit se
cumpla, no se trata de tener ni siquiera un impuesto especial o una falta
de impuesto especial en ese año. Se trata de que todas las medidas que
afecten a ingresos y gastos se analicen en su contribución al déficit
público desde la perspectiva de su sostenibilidad. En esa dirección
solicitamos en esta propuesta el que para garantía de los ciudadanos, de
la opinión pública y también de los nunca bien ponderados mercados, las
medidas legales y reglamentarias que se adopten y que afecten a ingresos
y gastos, esto es, a los derechos y a las obligaciones de la Hacienda
pública, vayan acompañadas de un informe sobre su efecto en los años
siguientes en el período de duración del Programa de Convergencia, esto
es, hasta el año 2000. Parece que es algo bastante sensato. Se trata de
tomarse el trabajo de hacerlo y de decir públicamente aquello que el
Gobierno en todo caso, desde su responsabilidad, está obligado a tomar en
consideración cada vez que adoptan medidas que afecten a ingresos y
gastos públicos aunque no siempre haga una publicación sobre estos
efectos, pero en la medida en que estos efectos han de ser considerados,
y cualquier prudencia de un administrador de los ingresos y gastos
públicos lo haría, se trata de que esto se haga público para general
conocimiento.

Quiero poner nada más que un ejemplo. Saben SS. SS. --lo hemos discutido
a propósito de los presupuestos de 1997-- que algunas medidas como la
actualización de balances tienen efectos financieros en el tiempo. En el
año 1997 tendrá un efecto neto positivo en términos de aumento de los
ingresos fiscales, pero en cambio tendrá un efecto claramente negativo en
los años siguientes. ¿Por qué? Porque en el año 1997 hay un peaje del 3
por ciento, pero ese peaje desaparece en el año 1998 y siguientes. Se
trata, por tanto, de ver la operación desde el conjunto de los efectos
que sobre los ingresos y los gastos públicos tiene, y esto puede
contribuir a aumentar la credibilidad de las medidas adoptadas.

En la misma dirección la propuesta número 20, según la numeración hecha
por los servicios de la Cámara, y número 4 de las presentadas por
nosotros, versa sobre la aplicación de los ingresos por privatizaciones.

El Programa de Convergencia señala, dentro de una ortodoxia sobre la que
se podrá decir muchas más veces pero no más fuertemente de lo que ya ha
venido siendo dicho por el señor Barea u otros ilustres representantes
del Gobierno en esta dirección, que los ingresos de privatizaciones no
pueden ser un instrumento para resolver los problemas de los ingresos
ordinarios. Los ingresos atípicos sirven para financiar un problema, no
para resolverlo, sirven no para resolver permanentemente los problemas
del déficit, sino en todo caso para financiar la insuficiencia de los
ingresos en relación con los gastos que no pueden ser comprimidos. Por
tanto, como el Programa de Convergencia plantea la dedicación de los
ingresos por privatizaciones en la amortización de la deuda pública,
queremos que esto forme parte de una resolución en la que nos pongamos de
acuerdo. Pero no les diría todo lo que pienso si además de repetir lo que
dice el Programa de Convergencia no dejara de explicarles mi
preocupación; y la preocupación de mi grupo es el que ingresos por
privatizaciones superiores a los que en este momento están previstos en
el presupuesto de 1997, y eventualmente años siguientes, sirvan
simplemente para dotar nuevas ampliaciones de gastos y no para dedicar a
aquello que nos parece fundamental, que es precisamente la reducción de
la deuda pública. No se puede hacer que una peseta sirva para financiar
muchas cosas a la vez: el programa de gastos de cada año, más los
programas de inversiones públicas o de cofinanciación con el sector
privado planteados en todas las comunidades autónomas en las que había
alguna infraestructura que había que resolver y cuya fuente



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de financiación --se decía permanentemente-- tendrán que ser las
privatizaciones que se lleven a cabo. No puede ser que una peseta sirva
para defender tantas cosas a la vez, sobre todo si como dice el Programa
de Convergencia, y dice bien, estos ingresos tienen que servir para
reducir el stock de la deuda pública; y si se reduce el stock de la deuda
pública esto tendrá también efectos financieros en materia de reducción
de la carga de tipos de interés, y si se produce una reducción de la
carga de tipos de interés esto tendrá un efecto en términos de reducción
de los gastos ordinarios obligados y, en consecuencia, se generará más
margen para nuevas inversiones. Lo que no podemos hacer es
simultáneamente financiar todas las cosas a la vez, porque acabaremos no
solamente en la locura, en la medida en que el dinero es fungible pero no
quiere decir que se pueda multiplicar --la alquimia tampoco es una virtud
de los ministros de Hacienda-- y, en todo caso, dedicar las
privatizaciones a hacer frente a los ingresos ordinarios y por tanto a la
financiación de los gastos ordinarios no es más que una forma de
desplazar hacia el futuro los problemas del déficit.

En quinto lugar, en relación con la inflación --lo hemos dicho muchos y
creo que se comparte; lo ha dicho entre otros el Banco de España,
responsable institucional de velar por la política de estabilidad de
precios--, con independencia de que los resultados de inflación nos han
producido satisfacción a todos (hemos bajado de tasas históricas
altísimas a tasas que en este momento permiten pensar que será posible
alcanzar una reducción de la inflación compatible con los objetivos de
convergencia), no es menos cierto que en aquellas cosas en las que la
inflación depende fundamentalmente de la actuación gubernamental, esto
es, en aquellas que tienen que ver con la modificación del funcionamiento
de los mercados, con la liberalización de los mercados, con la actuación
sobre sectores más o menos protegidos de la competencia, sin duda alguna
no hemos alcanzado los objetivos que son deseables, más bien todo lo
contrario, ha habido una inflación de servicios claramente diferencial
con la inflación que no corresponde al sector servicios, a los sectores
no protegidos de la competencia. Por eso nos parece que el Gobierno debe
hacer un esfuerzo especial en esta materia. En servicios turísticos o en
servicios financieros estamos en tasas interanuales del 13 por ciento y
más --no parece que esto sea compatible con niveles razonables-- y si las
cosechas en el futuro no van tan bien o si, Dios no lo quiera, tenemos un
alza de la inflación en materia de energía u otros acontecimientos que no
están en manos del Gobierno, debiéramos curarnos en salud actuando sobre
aquello sobre lo que sí tenemos alguna posibilidad de actuar y no
confiando en que la naturaleza resuelva lo que la inacción o la falta de
actuación suficiente, al margen de la voluntad y de las intenciones, está
poniendo de manifiesto, y es que todavía no se han conseguido los
resultados deseados.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, saben
SS. SS. que es una materia en la que hasta ahora ha habido escasos
acuerdos. Más bien --por decirlo de una forma amable pero en todo caso
clara-- ha habido un radical desacuerdo con la política fiscal que este
Gobierno ha venido haciendo, lo cual no nos invita a tener una especial
confianza en la prometida materia de reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas tal y como luce en el Programa de Convergencia.

Comprenderán que, habiendo estado en desacuerdo con buena parte de las
medidas fiscales que este Gobierno ha llevado a cabo, no podamos
coincidir en que las reformas que se hagan en materia fiscal vayan a ir
en una dirección que nosotros podamos compartir. Siempre estará el
beneficio de la duda, pero naturalmente tampoco uno puede pensar que,
habiendo estado durante un año radicalmente en desacuerdo, de repente se
vaya a hacer una política fiscal que --se dice-- es continuista de la que
se había empezado a hacer y que ahora vayamos a estar claramente a favor.

En esa dirección nos preocupa extraordinariamente la pérdida de
progresividad del sistema fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y sobre todo --lo quiero señalar, señor
Presidente-- nos preocupa extraordinariamente que en función del origen
de las diferentes rentas --sean rentas del trabajo, sean rentas de
capital-- haya un tratamiento diferencial de las personas y no de la
cuantía de las rentas, dependiendo precisamente de este origen. Rentas
provenientes del trabajo profesional, rentas provenientes del trabajo
dependiente y rentas provenientes de la propiedad y del capital están
siendo, a nuestro juicio, tratadas de forma diferente, lo cual está
llevando a que éste sea un sistema fiscal en el que la progresividad y el
tratamiento diferencial de las personas esté resintiéndose de las medidas
adoptadas hasta ahora por este Gobierno. Creemos que es posible --así lo
decía el Programa de Convergencia y así se ha venido cumpliendo-- un
mantenimiento de la presión fiscal individual, compatible, sin embargo,
con mejoras en términos de recaudación a través de la lucha contra el
fraude y del descubrimiento de nuevas bases fiscales. Creemos que la
prioridad tiene que ir en la dirección de no aumentar la presión fiscal
individual y luchar contra el fraude con prioridades claras hacia el
descubrimiento de nuevas bases fiscales en materia de rentas del capital
y sobre todo del trabajo no dependiente. Como hace bien poco se ponía de
manifiesto a través de los informes de la Agencia Tributaria, según los
últimos datos están creciendo también las bases derivadas de la
tributación de las rentas del trabajo dependiente, a la vez que en otras
áreas este énfasis quizá no es suficientemente puesto de manifiesto. En
la medida en que es absolutamente imposible escaparse, en general, de la
Hacienda pública en materia de trabajo dependiente y es cada vez más
posible --o uno puede pensar que éste sea el riesgo-- escaparse en otro
tipo de rentas, creemos que esta prioridad tiene que quedar absolutamente
clara en esta dirección.

Señor Presidente, nos preocupa igualmente --y queremos que se deje
claro-- algo que es un principio constitucional, y es que las figuras de
la previsión social complementaria son, tal y como su propia denominación
permite creer, figuras complementarias de previsión social. Sin embargo,
el Programa de Convergencia habla de un énfasis en el cumplimiento de la
resolución 14 del Pacto de Toledo, por virtud del cual tendría que haber
no solamente una potenciación de estas figuras sino un tratamiento fiscal



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más favorable. Y conocidas, como ya se conocen, las propuestas de
resolución que el Gobierno y el Grupo Parlamentario del Partido Popular
han presentado a la subcomisión correspondiente, no puedo dejar de poner
de manifiesto que no estamos de acuerdo en este momento y no podríamos
aceptar que nuestro acuerdo con los objetivos últimos del Programa de
Convergencia se interpretase como algún tipo de acuerdo en relación con
lo que se propone en cuanto a la previsión social complementaria. Por
decirlo muy brevemente, una cosa es que esto se instrumente a través de
instituciones de ahorro o instrumentos financieros de ahorro y otra cosa
es que no se tome en cuenta lo que son las previsiones constitucionales
básicas, y es que la Seguridad Social es un sistema obligatorio y al
mismo tiempo un sistema fundamental que tiene que tener toda la
protección, el amparo y el apoyo que le da el propio texto
constitucional, de acuerdo con sus principios claros. Simultáneamente, en
la medida en que las demás figuras, respetables y que nosotros queremos
impulsar, son medidas de previsión social complementaria, uno no puede
prevalerse de la importancia que el ahorro tiene desde el punto de vista
financiero, desde el punto de vista económico, para convertir lo que no
puede ser más que complementario en algo sustantivo de la Seguridad
Social o incluso, según la interpretación de algunas de las propuestas
que se han hecho, como una forma de llegar a sustituir a la previsión
social obligatoria, esto es, a la Seguridad Social. No es posible, por
tanto, un tratamiento fiscal más favorable ni siquiera equivalente al de
la previsión social obligatoria, al de la Seguridad Social, aplicado a
las cotizaciones o a las prestaciones, de acuerdo con el principio de
rentas diferidas del trabajo, que es el que rige en esta materia. Pero no
podemos llegar a conclusiones aberrantes, incluso si uno está dispuesto a
aceptar, como aceptamos nosotros claramente, las previsiones y las
decisiones de la resolución número 14 del Pacto de Toledo, pero no desde
luego hasta el punto de estar de acuerdo con lo que hasta ahora se ha
presentado. Me parece que éste es un tema cuya importancia no quiero
dejar de considerar, y mi grupo se la otorga para que nadie se llame a
engaño. No es posible avanzar desde el acuerdo en el desarrollo del Pacto
de Toledo si simultáneamente se quiere convertir la previsión social
complementaria en un mecanismo sustitutivo o equivalente incluso de lo
que es la Seguridad Social.

En materia de sanidad, señor Presidente, la preocupación por el problema
del gasto público, que a todos nos embarga, merecería ser enfatizada.

Déjenme recordar muy brevemente que hace aproximadamente un año, en el
período en que el anterior Gobierno estaba en funciones, se llegó a un
acuerdo con la representación de algún grupo parlamentario y de algún
Gobierno regional por virtud del cual la financiación de la sanidad
pública en este país tendría una ayuda que en términos numéricos
importaba 60.000 millones de pesetas, para que, mediante esa aportación
adicional a la financiación de la sanidad, se resolviesen los problemas
de interpretación de la metodología acordada y algunas de las
deficiencias que se habían detectado. Era un acuerdo, repito, para la
financiación de la sanidad en el conjunto de España que servía para
resolver el problema que alguna comunidad había establecido, pero, al
mismo tiempo, implicaba 60.000 millones de pesetas adicionales a los ya
existentes sin discusión de la filosofía de base.

En aquel momento, el Grupo Popular no entendió que ese acuerdo pudiera
llevarse a cabo. Todavía no tenemos un acuerdo sobre el nuevo programa de
financiación. Quisiéramos, desde la preocupación por el déficit público y
por el gasto público sanitario, volver a decir que todo lo que supere
aquella cuantía, que nos parecía que resolvía un problema económico y al
mismo tiempo respetaba la metodología acordada por todo el mundo, tendrá
que ser analizado a esa luz. En este momento se está hablando de
cantidades notoriamente más amplias, pero no sabemos exactamente de qué
cantidades se trata, y en algún momento las querremos ver.

Lo que sí quiero decir es que los principios que deben regir en esta
materia no pueden ser, a nuestro juicio, otros que los que en nuestra
propuesta de resolución número 23 se formulan, y es, primero, que los
gastos de sanidad y la financiación del Sistema Nacional de Salud debe
regirse por la evolución del producto interior bruto nominal; segundo,
que el reparto de los fondos tiene que basarse en la población protegida;
tercero, que deben existir incentivos para la mejora de la gestión en
cada territorio, de tal manera que quien contribuya más a esa mejora de
la financiación debe beneficiarse de mayores fondos, y, cuarto, que nos
parece que en esta materia no deben crearse nuevas barreras económicas en
el acceso a los servicios farmacéuticos y a los servicios sanitarios para
los usuarios de los mismos.

Estos son algunos principios que nos gustaría, juntamente con las
consideraciones cuantitativas que he señalado, expresar al hablar de una
materia tan relevante para el gasto público y para el déficit como es la
de la financiación.

En relación con la liberalización, y conforme a la filosofía que ya he
explicado anteriormente, nos parece que sería muy procedente y
conveniente el que, al final de cada uno de los dos semestres de que se
compone un año, el Gobierno pudiera informar a la Cámara, a la Comisión
correspondiente, de los resultados alcanzados y de los obstáculos
hallados en el desarrollo del programa de liberalización.

Señor Presidente, es nuestra convicción el que, con independencia de la
existencia de un discurso ampliamente repetido, a veces hasta la
saciedad, sobre la liberalización, la opinión no solamente pública, sino
publicada, confunde lo que son esos discursos con lo que son las
realidades. No siempre los mercados se liberalizan, no siempre las
prácticas cambian, pero las intenciones no hay por qué presumir que no
sean ésas. A fin de comprobar la correspondencia entre las políticas, los
discursos y las realidades, nos parece que, teniendo en cuenta la
dificultad que a veces tiene la liberalización de determinados procesos
en materia de suelo, de energía o de servicios a las empresas
responsables en buena parte también de alguno de los costes y de la
inflación que se produce y se ha venido produciendo en nuestro país, es
importante tener un conocimiento cabal



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para ver si es necesario adoptar nuevas medidas o, en todo caso, cuál es
el grado de correspondencia entre lo que se publica, se analiza, se
expresa y la realidad de cada uno de los días.

En relación con tasas y precios públicos, el Gobierno, en el Programa de
Convergencia (y como parte de lo que ya anunciara en la política
presupuestaria para 1997), pretende, y lo dice explícitamente en ese
programa, sustituir una parte de la presión fiscal coactiva en forma de
impuestos directos o indirectos, por tasas y precios públicos.

Esta política es extraordinariamente discutible; en todo caso, es una
política que necesita de algunos principios que la avalen. No es posible,
a nuestro juicio, que las tasas y los precios públicos se implanten o se
aumenten en todas las prestaciones o servicios públicos. No es lo mismo
un servicio público que otro, ni puede ser lo mismo el fundamento técnico
de una tasa o de un precio público que no es sino el aprovechamiento
privativo de ese determinado bien o servicio público. En esa dirección
nos parece que, incluso si uno está dispuesto a considerar la idoneidad
de una política de tasas y precios públicos, se tienen que excluir de una
forma explícita aquellos que son fundamentales, como son la sanidad y la
educación en sus niveles obligatorios. En todo caso, no pueden ser
establecidas con igual generalidad y en los mismos términos para todos
los usuarios, dependiendo del tipo de servicio público a que se refiera.

Algunos ejemplos ya tenemos de lo que, a nuestro juicio, es una
aplicación inadecuada de una política de tasas o de precios públicos en
relación con las necesidades de acceso a la información del catastro de
rústica, tasas que se han aplicado y que dan lugar a un efecto
absolutamente diferencial sobre distintos colectivos, dependiendo
simplemente de la estructura de propiedad de la tierra, en Galicia o en
Andalucía, radicalmente distinto en esta dirección. No es posible que una
política sin matices de tasas y de precios públicos pueda ser aceptada
sin la consideración de algunos principios que la inspiren. Por eso me
veo en la obligación de señalar la distancia que sobre la política ya
iniciada en esta dirección en los presupuestos de 1997 mi grupo puso de
manifiesto en su propia discusión.

En relación con la equidad y la convergencia, propuesta de resolución
número 26, quiero decir, señor Presidente, que la convergencia no puede
ser un mero problema formal. No se trata de alcanzar unos indicadores más
o menos bellos. La convergencia es un proceso en el que nosotros creemos
que es una condición, entre las condiciones de la economía globalizada y
de nuestra pertenencia en la Unión Europea, para avanzar hacia la
equidad, es decir, hacia el progreso económico, pero también hacia la
equidad social. No imaginamos un proceso de convergencia, un proceso de
equidad hecho al margen de nuestra presencia en el mundo, en un mundo
globalizado, y de nuestra presencia en la Unión Económica. Lo imaginamos,
por el contrario, dentro de la Unión Económica y dentro de ese proceso.

Dicho esto, quiero decir que ése es un medio para alcanzar algunos
objetivos últimos que a mi grupo le son muy queridos, como seguramente a
las personas de buena voluntad, y es que éste sea un mundo algo menos
injusto de lo que es.

En consecuencia, los efectos que los procesos de convergencia y las
políticas fiscales y de otro tipo tengan en la distribución de la renta o
en la distribución del desarrollo económico en términos territoriales,
han de ser vigilados y analizados. Por eso nos parece que han de seguirse
no solamente los indicadores macroeconómicos globales, sino también los
índices que miran adecuadamente si mejora o empeora la distribución de la
renta en términos funcionales y en términos territoriales, y a esos
efectos es a los que solicitamos el que, durante el período de vigencia
del Programa de Convergencia, el Gobierno envíe a la Cámara al menos un
informe anual que permita evaluar si la renta está mejorando en su
distribución funcional y territorial, si está mejorando en términos
personales o si, por el contrario, está empeorando, a fin de adoptar, en
su caso, las medidas correctivas que sean procedentes. Nos parece que
afirmar que la convergencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para
otros objetivos mucho más plausibles, es lo que está implícito, sin duda
alguna, o explícito si ustedes lo quieren, dentro de este texto de
propuesta de resolución.

Querría decir también dos cosas, señor Presidente, acerca de las pequeñas
y medianas empresas. Me parece que hay un punto de partida en el que
podemos coincidir. La mayor parte de nuestro tejido económico,
empresarial, industrial y de servicios está basado en empresas de tamaño
medio. Seguramente necesitamos tener muchas más empresas de las que
tenemos, y sin duda alguna ésta es una de las deficiencias de nuestra
economía, pero no se crean las grandes empresas más que como resultado,
entre otras cosas, de la evolución de las pequeñas y medianas, que son
susceptibles en buena medida de crear más empleo. Así lo venimos
registrando año tras año. De ahí que no solamente por realismo, sino al
mismo tiempo por conveniencia estratégica, todos seamos partícipes de la
convicción de que una política de fomento, de mejora de la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas es un instrumento idóneo para avanzar
en materia de generación de empleo, en materia de eficiencia económica,
en materia de bienestar general de nuestro país y, por tanto, en materia
de convergencia. En esa dirección son muchas las cosas que se han hecho y
muchas las cosas que, sin duda alguna, están pendientes de hacerse y
mejorar.

Los consensos que hasta ahora han venido existiendo en materia de
pequeñas y medianas empresas nos parece que no debieran ser sustituidos
por acciones parciales. Si ha habido en el pasado acuerdos de actuación
del Gobierno central, incluso establecidos por unanimidad con las
comunidades autónomas, uno debiera aspirar a que esa línea de actuación
fuera la idónea en materia de política dirigida hacia la pequeña y
mediana empresa. Por eso, lo que solicitamos, a fin de seguir avanzando
en este tema, es que el Gobierno, conjuntamente con las comunidades
autónomas, pueda renovar, actualizar, mejorar, etcétera, las políticas
vigentes hasta en este momento en áreas tan importantes como las de
simplificación administrativa, régimen jurídico, formación,
comercialización, investigación y desarrollo, financiación a largo



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plazo, dotación de figuras de capital-riesgo, régimen fiscal y otras que
quizás se pudieran añadir. En todo caso, éstas son las que han venido
formando parte y deben seguir formando parte de un programa que se
inspire en la política europea de las pyme y en la que se ha venido
llevando a cabo en nuestro país.

Señor Presidente, este Programa de Convergencia no ha sido dictaminado
por el Consejo Económico y social, y nos parece que el Consejo Económico
y Social, en el cual se dan cita los interlocutores sociales, es una
institución que si no dictamina esto, que realmente es un tema relevante
para todos --también para los interlocutores sociales, pero para el
conjunto de la economía--, uno no sabe muy bien a qué dedicará sus
afanes, porque si hay algo relevante en términos estratégicos para un
país es, desde luego, la existencia de un programa plurianual en materia
de convergencia. En esa dirección parece que no está de más el que, más
allá del debate parlamentario, podamos contar con el debate y con el
compromiso, con la involucración de los interlocutores sociales en el
Programa de Convergencia, y me parece que nos servirá también para
conocer no solamente su opinión, sino, al mismo tiempo, para observar las
suficiencias e insuficiencias que unos y otros puedan dictaminar, y
también el Consejo como institución. Nos parece que no es de recibo que
el Programa de Convergencia no sea analizado por el Consejo Económico y
social, me parece que es obligado para cualquier gobierno. Quiero, desde
el Parlamento, instar a conocer su opinión sobre sus implicaciones.

Señor Presidente, voy terminando ya. La propuesta de resolución 29 es la
correspondiente al gasto social. Volveré a repetir algo que ya dije
durante el debate, y es que a este grupo se le hace harto complicado
aceptar que existen garantías si se cumplen todas las previsiones
establecidas en el Programa de Convergencia para establecer
simultáneamente la compatibilidad entre la reducción del gasto fiscal, el
crecimiento económico, la reducción del gasto corriente y también el
mantenimiento del gasto social. No digo que eso sea metafísicamente
imposible, es solamente harto improbable; así lo cree este grupo.

Técnicamente sería posible si se produjeran tasas de crecimiento muy
elevadas. En la medida en que fallen algunas tasas de crecimiento o no se
conduzcan en los términos que están establecidos, a mi grupo se le hace
prácticamente imposible creer en la posibilidad de que todas estas cosas
señaladas en el Programa de Convergencia se den el mismo tiempo. Por
tanto, o habrá un aumento de la presión fiscal o habrá un menor gasto
social, esto es, una no participación con el mismo porcentaje del gasto
social en producto interior bruto.

Es estas condiciones, habiendo afirmado el Gobierno su voluntad de
contribuir al mantenimiento del gasto social a lo largo del período, y
como quiera que esto depende no solamente de las buenas intenciones sino
de otra serie de cosas --depende de las prioridades de la política
presupuestaria, depende del crecimiento económico, depende de la presión
fiscal, depende de otra serie de elementos--, a mi grupo le parece
relevante el que se reafirme el compromiso --un compromiso que habrá que
analizar a lo largo del tiempo-- del mantenimiento del gasto social en
sanidad, educación, vivienda, pensiones y protección por desempleo, y que
se exprese en forma de resolución parlamentaria. Ojalá que pudiéramos
coincidir todos en una resolución de este tipo, cosa que me parece clave.

Es verdad que siempre habrá después, como ya se ha venido formulando,
incluso en el presupuesto de 1997, interpretaciones de qué significa el
mantenimiento del gasto social. Es cierto que puede aumentar o mantenerse
una determinada participación con composiciones distintas. Por ejemplo,
puede financiar prioritariamente más la educación privada, como ha venido
ocurriendo en el presupuesto de 1997, y reducir proporcionalmente la
financiación pública. Pero desde el punto de vista global a lo mejor se
puede decir que el gasto en educación --se ha venido diciendo por parte
del Gobierno-- no se ha reducido. Yo tengo algunas dudas incluso en eso.

En todo caso, lo que estoy tratando de poner de manifiesto es que si el
Gobierno dice que esto es lo que quiere mantener, mi grupo está de
acuerdo en que se mantenga, y desde luego lo que queremos es que se
afirme no en el texto del Programa de Convergencia, sino en forma de
resolución parlamentaria a fin de que después pueda ser pedido el
mantenimiento de ese compromiso.

En la misma o parecida dirección, aunque sobre otra materia, en materia
de infraestructuras, hasta ahora se ha venido utilizando la inversión
pública como una variable de ajuste --así ocurre en el presupuesto de
1997-- para la reducción del déficit público. Es verdad que hacer pesar
permanentemente la convergencia en la reducción de la inversión pública
no parece que sea demasiado sostenible, ni siquiera desde la perspectiva
del crecimiento económico, mucho menos desde la perspectiva de la
convergencia real. En consecuencia, nosotros vemos favorablemente el que
pueda incrementarse el volumen de la inversión pública tal y como, por
otro lado, dispone el Programa de Convergencia. De lo que se trata, señor
Presidente, es de que, al menos, tengamos claro que no podemos hacer
permanentemente ni sobre el capítulo 1 --sueldos de los funcionarios--,
ni sobre la inversión pública, los esfuerzos del programa de ajuste,
porque entonces no será tampoco sostenible la convergencia real, será
otra cosa distinta. Simplemente habremos reducido el potencial de
crecimiento de nuestra economía y no habremos mejorado nuestra
convergencia real.

En esa dirección, la reafirmación de la vigencia del programa de
infraestructuras es importante como síntesis de las apiraciones y de las
deficiencias que en estos momentos existen en nuestro país, y a la vez un
programa que puede ser actualizado, naturalmente, en función de los
distintos planes sectoriales que se establezcan. También parece
conveniente reafirmar la necesidad de vigilar los procesos de
cofinanciación de infraestructuras con el sector privado, de tal manera
que las infraestructuras que por esta vía, de acuerdo con la ley, puedan
ponerse en marcha, sean aquellas que socialmente son las interesantes, no
solamente aquellas que puedan ser sustancialmente más rentables para la
inversión privada, pero que no están en la primera línea de las
prioridades desde el punto de vista social.




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Finalmente, señor Presidente, en materia de Seguridad Social, viniendo
como venimos todos de la afirmación, más allá de las legítimas polémicas
políticas sobre el Pacto de Toledo, creo que no solamente no daña sino
que beneficia a todos el que haya un compromiso en materia de
mantenimiento del Pacto de Toledo. Se trata de reafirmar nuestra voluntad
de contribuir, en el marco del Programa de Convergencia, a velar por el
poder adquisitivo de las pensiones, a hacer posible que la Seguridad
Social tenga aquellos ingresos necesarios para que su sistema pueda no
sólo mantenerse en el corto sino en el medio y en el largo plazo, y a
resolver las conocidas dificultades o los problemas financieros que en
esos mismos plazos puedan establecerse.

En esta dirección, habiéndose expresado por parte de los representantes
del Gobierno la voluntad de aprobar incentivos al empleo a través de la
modificación de las cotizaciones sociales en la conversión de empleos
temporales en empleos fijos u otras, y siendo ésta una cuestión
susceptible de afectar a los equilibrios financieros de la Seguridad
Social, nos parece fundamental que el Congreso vigile que esos
incentivos, esas figuras, si se aprueban, no se hagan en detrimento del
equilibrio a corto, a medio y a largo plazo de la Seguridad Social,
aquejada, como está, de acuerdo con las cifras que hemos tenido ocasión
de discutir en los presupuestos, por algunos problemas, por lo menos en
el corto plazo. Nos parece fundamental también, puesto que sobre esto se
ha avanzado insuficientemente, adoptar el compromiso de poner fin a
cualquier forma de financiación de prestaciones y servicios de naturaleza
no contributiva mediante cotizaciones sociales, que es una parte de los
compromisos del Pacto de Toledo, esto es, el compromiso de financiar
aquello que son prestaciones y servicios no contributivos mediante
impuestos, mediante aportaciones del presupuesto del Estado, y no por la
vía de las cotizaciones sociales. En ese sentido, sería también una
importante contribución al equilibrio a medio plazo de la Seguridad
Social.

Señor Presidente, éstas son las propuestas que hace nuestro grupo,
propuestas compatibles con nuestra voluntad de contribuir a dar
credibilidad, como ya he dicho, a los esfuerzos de nuestro país, no
obstante las discrepancias que legítimamente un grupo debe tener con lo
que es la acción del Gobierno. Espero que el Grupo Popular no se moleste
por estas educadas expresiones de nuestras discrepancias, que deben
entenderse desde la perspectiva de que la convergencia es un problema
para todos y un objetivo que compartimos. Eso no debe significar que
todos los gatos sean pardos, ni que no haya diferencias entre lo que
queremos o lo que practicamos unos y otros, sino, por el contrario, el
que pueden compartirse objetivos, tener diferencias legítimas y muchas
áreas críticas que expresar desde la oposición, como sin duda el
Gobierno, cuando no lo era, expresaba respecto de quien anteriormente
gobernaba. Avanzar en la convergencia significa también reafirmar la
existencia de un Programa, cuyos fines últimos en términos nominales uno
no quiere discutir, pero lo relevante es ver a través de qué medios se
consigue y velar constructivamente para que, desde la crítica, repito, y
desde las legítimas posiciones que tenemos, se haga una política, a
nuestro juicio, sensata, una política equitativa, una política
redistributiva y una política que, sobre todo, insisto, señor Presidente,
no sea pan para hoy y hambre para mañana, sino una política sostenible,
que además de llevarnos desde la primera hora a la Unión Económica y
Monetaria, permita que este Gobierno, o los que le sucedan, puedan tener
el campo despejado.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Alcaraz, para la defensa de las nueve propuestas de resolución
presentadas.




El señor ALCARAZ MASATS: Nuestra posición se conoce sobradamente. No
compartimos el texto actual del Tratado de la Unión Europea conocido como
Tratado de Maastricht; no aceptamos el Programa de Convergencia y
estabilidad presentado el miércoles pasado por el señor Rato, porque
realmente lo que presentó fue la política económica entre 1997 y el año
2000, y no compartimos este Plan de Convergencia porque se le ha olvidado
un pequeño detalle, como es la creación de empleo. Este problema
gravísimo para este país no se contempla en esa política económica, no se
busca crear empleo, y mucho menos empleo estable. Al mismo tiempo se nos
plantea una política de ajuste duro, de ajuste permanente, polarizada
sobre todo por el tema del euro: hacer que el euro cambie bien en una
política esencialmente de convergencia monetaria, olvidando la Unión
Europea en sus aspectos fundamentales, como es que España se acercara,
por ejemplo, a la media de desempleo en Europa --estamos muy por encima
de la media de paro en Europa--, o que España se acercara a unos gastos
sociales que permitieran la conservación del Estado del bienestar y el
avance en aspectos fundamentales, como sanidad y educación. Esta es
nuestra posición.

En este aspecto nosotros no somos clónicos en esta Cámara, como muy bien
sabe el señor Presidente. La línea divisoria pasa por ahí, con
independencia de que se tarde más o menos en decirlo. La línea divisoria
es si estamos o no de acuerdo con Maastricht, si estamos o no de acuerdo
con el Programa de Convergencia que presentó el otro día el señor Rato.

Aparte están los matices, que a veces nos dan la impresión de que
conducen al mismo sitio. Da la impresión de que las diferencias entre el
Partido Popular y el Partido Socialista es que uno dice que hay que ir a
Maastricht a pie y el otro dice que andando. Nuestras diferencias son
radicales. No nos paramos en los matices. Nos da igual si se va de una
manera o de otra, porque los objetivos no los compartimos en absoluto y
pensamos que son muy negativos para el auténtico desarrollo sostenido de
nuestro país.

Nuestra propuesta va a estar basada en un texto alternativo a la reforma
del Tratado de la Unión Europea, puesto que no compartimos, repito
--aunque lo seguimos de cerca--, cómo se lleva este principio de
negociación; no compartimos la posición de amplio consenso --excepto la
posición de Izquierda Unida que es distinta-- que se va a llevar a la
Conferencia Intergubernamental. Vamos a presentar un texto alternativo,
insisto, basado fundamentalmente



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en una nueva política de creación de empleo como objetivo prioritario que
deben coordinar todos los países de la Unión Europea, y una política de
paz, defensa y seguridad completamente diferente.

A este respecto, señor Presidente, el Grupo de Izquierda Unida, como
fuerza política, solicitará un referéndum para devolverle la voz al
pueblo y que éste opine en función de un tratado que va a afectar a la
vida cotidiana de la gente, de hecho ya está afectando por el esfuerzo
que se realiza. Esfuerzo superior al del resto de los países, en este
caso me refiero a los del centro de Europa, porque son países con una
vida media económicamente superior a la española, con moneda muy fuerte,
que nos exigen programas de convergencia mucho más rigurosos. Y cuando
digo nosotros también incluyo, por ejemplo, a Grecia, a Portugal o a
Italia. En el mismo sentido han aumentado las sanciones, que se van a
imponer a los países con mayores dificultades y van a repercutir a favor
de los que están en mejores condiciones. Extraña forma, decíamos el otro
día, de hacer una redistribución de la renta europea. Estas consecuencias
ya se están detectando en la vida social española. Leo un chiste de
Máximo que viene en «El País» y que lo hace ver cuando dice: España va
bien, pero los españoles no van bien. Es decir, la relación
distorsionada, rota, entre la macroeconomía y la microeconomía: viva
usted peor para que la macroeconomía vaya mejor, logremos introducirnos
en la primera velocidad de Maastricht y construyamos la catedral
monetaria europea en esta nueva fase.

Nuestras propuestas tienen tres ejes, como habíamos advertido en la
intervención anterior. De una parte, la lucha contra el desempleo y la
desigualdad, es decir, potenciar, por un lado, instrumentos públicos y
cambiar la estructura total de esos presupuestos dictados por el plan de
estabilidad y que van a controlar a fondo, más que los parlamentos
nacionales, la red de bancos centrales y el banco central europeo a crear
en 1998. Y en el seno de esta propuesta fundamental, de cara al objetivo
de la creación de empleo, planteamos la necesidad de que se empiece a
debatir la reducción de la jornada laboral, el reparto del tiempo de
trabajo, una reducción drástica de la jornada e incluso, si es posible,
la eliminación de las horas extraordinarias en aquellas horas que no sean
estructurales; reducción de la edad de jubilación y aumento, en una
semana más, de las vacaciones de que pueden disponer aquellos
trabajadores que las tienen como un beneficio. Esta es una de nuestras
propuestas fundamentales, que intentamos introducir como objetivo de cara
a una auténtica unidad europea.

Desde otro punto de vista, vamos a plantear otra serie de resoluciones de
cara a la necesidad de un sistema tributario europeo justo, basado en la
progresividad y de cara a conseguir una suficiencia de recursos públicos.

Actualmente no hay armonización fiscal suficiente, vamos quizá en un
camino contrario, con fenómenos como el dumping fiscal, que introduce
líneas de actuación perjudiciales para el equilibrio europeo en general y
muy perjudiciales singularmente para nuestro país.

Finalmente, el tercer eje en el que basamos nuestras resoluciones es el
de la necesidad de conseguir unos derechos económicos y sociales
efectivos, un mínimo de derechos económicos y sociales que se garantice
de cara a conseguir directivas obligatorias en esta dirección.

Consecuentemente, estamos hablando de que los gastos sociales, los gastos
en sanidad, en educación y en otras materias de enorme prioridad no se
atengan de manera rigurosa, como figura en el Programa de Convergencia, a
los presupuestos de contención, a ese objetivo fundamental de política
macroeconómica de cara a los indicadores de convergencia de Maastricht,
que es reducir el déficit, reducir la deuda, y hablar generalmente de
temas que afectan de manera contraria a la vida cotidiana de la gente y
que van a reducir y estrechar los márgenes de actuación en estas
políticas sociales de enorme importancia. En esta dirección, planteamos
concretamente nueve enmiendas. No aceptamos el Programa de Convergencia y
Estabilidad y pensamos que hay que reconducirlo, tal como se contiene en
las propuestas números 1 y 2, de cara a marcar un objetivo nuevo, que no
hemos logrado introducir en ninguno de los consejos europeos ni de las
reuniones de los ministros de Economía y Finanzas, a través de las
presiones parlamentarias que hemos hecho los grupos concordantes en el
Parlamento Europeo y donde se encuentra el grupo de la Izquierda Unitaria
Europea, homologable a lo que es hoy Izquierda Unida en el Congreso de
los Diputados: la necesidad de creación de puestos de trabajo estables y
de niveles efectivos de protección social para el conjunto de los
ciudadanos. Este no es un objetivo de Maastricht. Este no es un objetivo,
en absoluto, del Programa de Convergencia y Estabilidad.

El otro día le planteábamos al señor Rato que él había expresado que la
reforma del mercado laboral que habían firmado tanto los sindicatos como
la patronal, suponía ya un discurso interno, un discurso integrado en el
propio Programa de Convergencia y Estabilidad; es decir, que esa reforma
del mercado laboral era ya una parte de la política económica que hoy
aquí se va a votar en muchos de sus aspectos, entre ellos éste. Nosotros
hemos mantenido que no se va a crear empleo si no hay una política
económica diferente, fundamentalmente si no se aborda el problema de la
reducción del tiempo de trabajo. Le solicitamos al señor Rato que nos
dijera si se iba a producir algún esfuerzo adicional por parte del
Gobierno de cara a abrirle paso a eso que en el acuerdo entre los
sindicatos y la patronal se denomina contrato estable o contrato de
cuatro años de duración, y nos dijo que el esfuerzo del Gobierno en estos
próximos cuatro años se reducía estrictamente a conseguir que los
indicadores de convergencia fuesen los adecuados para entrar en la
primera velocidad de Maastricht. O sea, que no hay ni un solo esfuerzo
adicional de cara a hacer que los empleadores puedan elegir al menos a
favor del contrato de cuatro años y no a favor de las todavía múltiples
fórmulas de contrato eventual que se contienen en este acuerdo. El señor
Rato pronunció una frase, que consta en el «Diario de Sesiones», en el
sentido siguiente: la reforma del artículo 52.c) del Estatuto de los
Trabajadores permite ya, de manera clara y rotunda, el ajuste de
plantillas en función de la fluctuación de la demanda y la
competitividad. Nosotros le indicamos que, efectivamente, estaba claro
que él hablaba de una reducción en el coste del despido, y nos



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dijo que el ajuste de plantillas también se podría hacer al alza teniendo
en cuenta las nuevas modalidades de contratación. Por tanto, o se
hablaba, en su caso --lo digo ahora--, de ajuste de plantilla, o en todo
caso, en el otro punto de la argumentación se está hablando de una
posible rotación en función del cambio de los contratos.

En definitiva, nosotros pensamos, teniendo en cuenta las reformas que se
produjeron en 1984 y en 1994, que nunca se puede culpar a la rigidez de
nuestro mercado laboral del desempleo existente, que esto no era así --y
no ha sido así después de 1994-- y tampoco lo es ahora. Esa flexibilidad
constante, muy incentivada a partir de 1984 y todavía más a partir de
1994, es decir, esta serie de sucesivas reformas desreguladoras y
descausalizadoras de la contratación ha generado un mercado de trabajo
que se caracteriza en estos momentos por la altísima tasa de desempleo y
temporalidad, muy por encima, claro está, de las que hoy se detectan en
la media europea, también por el avance de fenómenos de precarización,
igualmente por altísimas tasas de siniestralidad laboral o por el
reforzamiento extraordinario de los poderes de dirección. El otro día le
dábamos una serie de porcentajes al señor Rato, que hoy repetimos aquí
--no los dimos el miércoles, sino en una reunión inmediatamente
anterior--, en el sentido de ver la incorporación de los jóvenes menores
de 25 años al mercado laboral como consecuencia de esta serie de medidas
desreguladoras que se produjeron en 1984 y fundamentalmente a partir de
1994. En 1987, dentro de los asalariados fijos, trabajadores menores de
25 años había 793.000, en 1996 existen sólo 310.000; asalariados
temporales menores de 25 años en 1986 había 705.000, en 1996 existen
963.000. En todo caso, considerando ambas categorías, sumándolas, en 1987
existían 1.498.000 trabajadores menores de 25 años, y en 1996, 1.274.000.

Son cifras suficientemente expresivas que corroboran el argumento que
acabamos de dar.

Consiguientemente, nuestras resoluciones giran en torno a este problema,
giran también en torno a la necesidad de repartir las cargas tributarias
de acuerdo con el principio de capacidad económica, y consideramos en la
propuesta de resolución número 4 que es urgente la aprobación de una
directiva que armonice la tributación de las rentas del capital y fije al
menos --cosa que hasta ahora no existe-- una retención mínima para estas
rentas del capital.

El otro día, al exponer el Programa de Convergencia y Estabilidad, el
señor Rato, decía que los salarios se iban a mantener al nivel del índice
de precios, pero nosotros le decíamos que iban a bajar con respecto a los
índices de productividad, y esto es así. El argumentaba constantemente
--y esto así se contiene en la lógica profunda y explícita incluso del
Programa de Convergencia-- que junto al tema de la flexibilidad del
mercado laboral, entraba en liza de manera determinante el problema de la
necesaria moderación salarial para evitar la inflación y para conseguir
indicadores fundamentales de cara a integrarnos en la primera velocidad
de Maastricht. Por tanto, nosotros presentamos una resolución número 5 en
la dirección de conseguir que la evolución de los salarios sea similar al
menos a los incrementos de productividad, superando, por tanto, ese
listón que supone una política de moderación salarial, tal como aquí
defendió el otro día, en nombre del Gobierno, el señor Rato.

Pensamos que hay que elevar la participación en el gasto público
sanitario. No estamos de acuerdo con otras resoluciones que el grupo del
Gobierno ha planteado hoy aquí, en el sentido de adecuar el paso del
gasto sanitario a la política de contención, de cara a conseguir los
indicadores económicos de Maastricht. En absoluto podemos estar de
acuerdo con eso. Nosotros pedimos la elevación de la participación en el
gasto público sanitario.

Pedimos también en la propuesta número 7, señor Presidente, que se
rechacen las medidas tendentes a desfiscalizar los rendimientos del
capital y los incrementos de patrimonio y a reducir la presión fiscal
efectiva de los ciudadanos de mayor capacidad económica. Por tanto, no
estamos de acuerdo con la política que se está operando de cara a estas
desfiscalizaciones y a favor de que no afecten de manera progresiva a los
ciudadanos de mayor capacidad económica las medidas fiscales que se están
aprobando.

Rechazamos, por motivos que ya hemos expuesto suficientemente en el Pleno
y en esta Comisión, la reducción del sector público. Tampoco estaríamos
de acuerdo en que sólo se emplee esta venta masiva del sector público,
cada vez más rítmica en función de los flujos del mercado, en reducir la
deuda pública de cara a conseguir otro de los indicadores de Maastricht,
porque todo eso supone, en definitiva, una contención fuerte del resto de
los gastos que en inversiones de todo tipo se puedan realizar y es
necesario realizar en el próximo período.

En definitiva, en la resolución número 9 calificamos como artificiosas y
voluntaristas las proyecciones macroeconómicas que el otro día defendió
aquí el señor Rato. Cambiaba el eje de la política económica, venía a
decir que no era ya la inversión, ni siquiera hizo mucho hincapié --y si
lo hizo fue de manera no aceptable-- en el aumento de la demanda privada,
de la demanda interna, sino que dijo que fundamentalmente el incremento
se iba a producir en el sector exterior, por toda la política exterior.

Nosotros pensamos que no se ha valorado bien el impacto que van a tener
sobre toda la política económica y financiera exterior los ajustes, las
reducciones, las adecuaciones que de cara a la convergencia de Maastricht
están haciendo también el resto de los países y que no va a suponer la
dinámica que decía el señor Rato que abonaba su nueva política económica,
al menos en este aspecto, sino que se puede producir todo lo contrario.

Por tanto, estamos ante una política virtual de cara al examen de
Maastricht, en marzo o abril de 1998; reconocemos que está apoyada por un
amplio consenso de los grupos de la Cámara. En este sentido, hay grupos
que están haciendo unas intervenciones heróicas buscando un margen de
distanciamiento, pero, al final, reconocen que están en los mismos
objetivos y que realmente eso supone una política económica
incuestionable en sus aspectos fundamentales. Nosotros no estamos en esa
línea, tenemos una política alternativa y objetivos alternativos.

Pensamos que



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se tiene que cambiar el Tratado de la Unión Europea y convocar un
referéndum para que la gente opine, porque, como usted muy bien sabe,
señor Presidente, todas las encuestas dicen --y siguen emitiendo esa
opinión-- que el 50 por ciento de los ciudadanos no está de acuerdo con
entrar en Maastrich en estas condiciones y que el otro 50 por ciento está
de acuerdo pero no sabe por qué.

En definitiva, ésa es nuestra posición, señor Presidente. Nosotros
votaremos en contra de la inmensa mayoría de las resoluciones que
proponen aprobar el Programa de Convergencia y Estabilidad aceptando la
entrada en Maastrich en estas condiciones, y votaremos algunas
resoluciones, singularmente del Partido Socialista, que establecen
algunos matices, aunque no cambian el fondo, en la posición adoptada por
el Partido Socialista de apoyo al Programa de Convergencia. Sin embargo,
sería confuso por nuestra parte no apoyarlas, aunque se inserten en una
lógica que no compartimos. Además, como figuran como piezas separadas,
vamos a votar unas cuantas resoluciones, algunas de ellas referidas a los
temas de empleo y a que no haya tanta contención del gasto,
concretamente, las resoluciones 21 bis, 23, 25, 26, 27 y 28.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz, sin perjuicio de que
más tarde le reclame que por favor vuelva a repetir las resoluciones
formuladas por el Grupo Socialista respecto a las que reclama votación
separada.

Para defender las propuestas de resolución formuladas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de las cuales coinciden tres
con la 1, 2 y 4 formuladas conjuntamente por los Grupos Popular, Vasco
(PNV) y de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, supongo que el hecho de que
coincidan no debe restar mi ejercicio en defensa de ellas.




El señor PRESIDENTE: Por supuesto.




El señor HOMS I FERRET: Efectivamente, tiene usted razón, de las cinco
resoluciones que mi grupo presenta hay tres que son coincidentes con las
que han presentado conjuntamente tres grupos parlamentarios. El hecho de
que hayamos mantenido la iniciativa de presentarlas individualmente en
buena parte se debe a que, en relación a las otras dos, mi grupo tenía
interés, en principio, en formalizarlas en este debate.

Señor Presidente, las resoluciones que nosotros hemos presentado están
planteadas con la motivación de transmitir a la Unión Europea --porque
éstas son resoluciones que se anexan al Programa de Convergencia--
algunos compromisos políticos expresados por la Cámara y que creo que
deberían tener un cierto significado, significado económico, significado
político, con la intención de que la Unión Europea y las instituciones
europeas que analicen nuestro Programa de Convergencia vean también la
motivación que tienen estos compromisos políticos y el contenido de los
mismos, en el sentido de reforzar la estrategia que está detrás del
Programa de Convergencia, que aun no siendo plenamente apoyada por todos
los grupos parlamentarios, sí lo es por mi grupo, y que es, en
definitiva, señor Presidente, entrar en la Unión Económica y Monetaria a
primeros del año 1999.

Nuestro Grupo ya lo ha reiterado en muchísimas ocasiones. Estamos de
acuerdo en que el país entre en la Unión Económica y Monetaria de acuerdo
con las exigencias que hoy contiene el Programa de Convergencia, y que lo
haga por razones que nos convienen a nosotros, no por razones que les
convengan a otros países. Creemos que hemos de entrar en la Unión
Económica y Monetaria porque es positivo para el futuro de los ciudadanos
españoles y para el desarrollo del bienestar de nuestro país.

Creemos que paralelamente a los contenidos del Programa de Convergencia
--y aunque el debate de esta tarde no es el momento de extendernos en
ello-- es interesante que estas resoluciones que estamos analizando o
considerando refuercen ese compromiso político, esa voluntad política de
entrar en la Unión Económica y Monetaria.

En ese sentido, la primera de las resoluciones, también recogida por
otros tres grupos parlamentarios, tiene la finalidad de expresar
políticamente que ese escenario de estabilidad macroeconómica que
contempla este Programa de Convergencia para 1997-2000 y las políticas
económicas que se desprenden de ella, constituyen el marco idóneo para
lograr un crecimiento sostenido, crecimiento que nos garantiza la
generación de empleo en los próximos años. De ello se deduce que puede
preverse para este período una perspectiva de mejora de bienestar
económico para todos los ciudadanos en España. Discrepamos, pues, de las
explicaciones que he escuchado a mi antecesor en el uso de la palabra en
cuanto a que este Programa de Convergencia se olvida de la creación de
empleo. No, no se olvida de la creación de empleo; es más, este Programa
de Convergencia estabiliza, en el marco de cuatro años, una tasa
creciente neta de creación de empleo. Por tanto, creo que es importante
que esta primera resolución que proponemos exprese políticamente que este
escenario de estabilidad, junto con las políticas económicas, es el marco
idóneo para crear empleo, en un marco de crecimiento sostenido. Nos
parece que es políticamente acertado que la Cámara se pronuncie en ese
sentido, y precisamente de forma muy divergente a la que se ha expresado
otro portavoz, y que se ratifique esa voluntad última que tiene todo ese
compromiso económico de este programa, que es crear empleo. En los
próximos años, señorías, va a crearse empleo. Creo que es conveniente que
la primera resolución tenga como finalidad la motivación política de
ratificar esa voluntad. Pienso que los demás grupos no tendrán ningún
tipo de objeción a ello y que al menos esta resolución podrá aprobarse
unánimemente, puesto que veo que hay alguna otra, incluso del Grupo
Socialista, que se expresa también en esta misma dirección.

La segunda resolución tiene otra finalidad matizadamente distinta. Se
trata de reiterar el compromiso con los objetivos de la integración de
España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Ya no se
trata de decir: vamos en el buen camino para crecer sostenidamente y
crear empleo, sino que nos expresamos en el sentido de



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que el objetivo de integración de España en la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria es un objetivo que merece la ratificación por esta
Cámara. Creemos que instar al Gobierno a seguir adoptando las medidas
necesarias para cumplir con los criterios de convergencia establecidos
por el Tratado de la Unión Europea, garantizar la consecución del marco
de estabilidad macroeconómica y la consolidación presupuestaria que se
define en el programa de convergencia económica, es un buen complemento
político al Programa de Convergencia económica.

Al ratificar esta Comisión el objetivo de integración, estamos
ratificando que compartimos el objetivo de reducción de déficit y de
deuda, y que lo podemos cumplir; estamos ratificando que aceptamos el
compromiso de reducir la inflación en los términos que se exponen en el
programa de integración y que lo podemos cumplir; y, asimismo, que
estamos de acuerdo en que la reducción del tipo de interés es un objetivo
que España puede también cumplir en esos plazos que tenemos antes de
incorporarnos plenamente a la Unión Económica y Monetaria. Es decir,
reducción de déficit, reducción de inflación, reducción de tipos de
interés son tres elementos claves del proceso sobre los que creemos que
debe continuar el Gobierno actuando y tomando las medidas necesarias para
que se puedan cumplir y España pueda entrar definitivamente en la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria.

Quisiera decir que, al expresarnos en el sentido de instar al Gobierno a
continuar tomando todas las medidas necesarias para cumplir estos tres
objetivos, básicamente la reducción del déficit, inflación y tipos de
interés, estamos reforzando la dirección de las medidas que ya se han
tomado últimamente y estamos expresando un compromiso político que viene
a reforzar la orientación que han tenido los paquetes de medidas
económicas adoptadas en los últimos meses, especialmente los dirigidos a
la contención del déficit públicos ya que todo apunta a que en el año
1997 se van a poder cumplir las perspectivas de su reducción. Todavía
estamos en una fase muy preliminar para poder sacar conclusiones
definitivas, pero espero y deseo que, finalmente, este ejercicio de 1997
nos lleve a poder ser exigentes en la contención del gasto que está
previsto para el presupuesto de este año y podamos cumplir el objetivo
del déficit público, porque de él de desprenden los otros dos elementos
claves que son la reducción de la inflación y la reducción del tipo de
interés. Reducción del tipo de interés que creo, señorías --ya lo expresé
el anterior miércoles--, debería ir acompañado de actuaciones, mensajes o
sugerencias que forzaran todavía más esa reducción en los mercados, y
especialmente en el sector financiero para que bajara los tipos de
interés en los activos de sus productos. Por ahí se podrían hacer algunas
cosas y no rompiendo las reglas de mercado.

En ese sentido, con esta resolución, que nos permite instarle al Gobierno
a que adopte las medidas necesarias, en el fondo le estamos diciendo que
también actúe en esa dirección porque creemos que hay margen para ello y
se podría trasladar a los mercados y a los activos que hoy administran
los agentes del sector financiero una más intensa reducción del tipo de
interés. La inflación, señorías, está llevando una marcha realmente muy
positiva. Es previsible, como ya se está apuntando en algunas
observaciones, que en los próximos dos meses tengamos grandes sorpresas
en torno a la reducción de la inflación, cosa que desea mi grupo
entusiásticamente, porque la inflación, a medida que se reduce, está
generando un efecto derivado sobre la mejora de las rentas salariales y
de las rentas más bajas al tener éstas una mayor capacidad de poder
adquisitivo de su valor. Por eso creo que es importante continuar tomando
decisiones y medidas que garanticen la reducción de la inflación en los
próximos meses.

La tercera resolución va dirigida a dar prioridades a la política
económica. Se trata no de hacer una declaración en cuanto al proceso de
integración, sino de situarnos más en la acción interna de la política
económica. Instamos al Gobierno a mantener una prioridad dentro del
ámbito de toda la política económica. Se trata de apoyar la economía
productiva y, dentro de la economía productiva, apoyar la actividad de
las pequeñas y medianas empresas. Ya me expresé en el debate del
miércoles pasado en torno a esa dirección, mal entendida, por cierto, por
algunos medios de comunicación, que no sé si estuvieron acertados en
cuanto a la valoración de algunas palabras mías. Estuve argumentando que
es muy importante que en los próximos años se creen nuevas pequeñas
empresas, y que estableciéramos el marco general que pudiera facilitar la
implantación de nuevas pequeñas empresas individuales porque de ello
dependía la posibilidad de crear empleo y de estabilizar mucho más el
crecimiento económico.

Cuando me expresé en este sentido, recabé la necesidad de adaptar algunos
marcos normativos, administrativos, fiscales, laborales, para poder
ayudar a la creación de nueva actividad económica; nueva actividad
económica que, a veces, se crea en situaciones muy precarias y en
circunstancias muy extrañas. Por eso creo que es importante que todo el
marco administrativo, fiscal, laboral, financiero que se pueda orientar a
estimular la implantación de nueva primera actividad económica en el
mercado, que básicamente es pequeña, se haga en unas condiciones
especiales para ayudar a esta inicial creación y a que se estabilice a
corto y medio plazo. Por lo tanto, creemos que es importante priorizar,
dentro de la política económica, el apoyo a la economía productiva y el
apoyo a la economía de la pequeña empresa, que son los motores básicos
del crecimiento económico y también de la creación de empleo.

Creemos que esta resolución es importante y por eso pretende dar
continuidad a las reformas iniciadas en el ámbito del ahorro, la
inversión y el fomento de las exportaciones, porque el crecimiento de la
economía productiva, señorías, se expande a través de la penetración en
mercados de otros países, y las exportaciones son uno de los elementos
clave del desarrollo de la actividad de la economía productiva. Pensamos
que prioridad para la economía productiva es sinónimo de prioridad para
fomentar las exportaciones. Por ello, en esta resolución apuntamos este
compromiso dirigido a estimular mucho más el ahorro y la inversión, así
como todo lo relativo a las exportaciones. ¿Cómo se hace eso? Básicamente
mejorando



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el marco general de competitividad, que es un marco energético más
favorable, un marco fiscal más favorable, un marco laboral más favorable
y un marco financiero más favorable. En esas cuatro direcciones se deben
hacer más reformas, se deben tomar más medidas, en la línea de las ya
tomadas, para poder mejorar el marco general de competitividad que
permita crear nueva pequeña empresa, que permita generar mayores
exportaciones. Este es el sentido intrínseco que tiene esta resolución.

La cuarta resolución ya tiene una motivación más sectorial --vamos
bajando de lo más general a lo más particular--, y se remite a la sanidad
como compromiso político importante en los próximos tres o cuatro años.

¿Qué pretendemos con esta resolución? Simplemente, expresar políticamente
la voluntad de la Cámara en el sentido de compatibilizar el objetivo
prioritario de satisfacer las necesidades sanitarias de la población con
el objetivo de la contención del gasto público. Se trata de no renunciar
al objetivo de la contención del gasto público, pero a la vez, tener
conciencia de que este objetivo deberá combinarse con la necesaria mayor
dotación de recursos a la sanidad y a su financiación, porque vamos a
tener en los próximos años una creciente presión de necesidades
sanitarias en el país. Por tanto, conscientes de esta evolución y de esta
necesidad, es importante que hoy digamos en el plan de convergencia
(donde se compromete la evolución futura del gasto público y donde se
adoptan compromisos de racionalización, de control y de contingencia de
lo que es el crecimiento del gasto público) que este crecimiento
controlado de gasto público o esta contención del gasto público se va a
hacer compatible con el crecimiento del gasto sanitario. Se trata, pues,
de priorizar. Se trata de decirle a la Unión Europea que vamos a reducir
el déficit público, pero no a costa de la sanidad, sino a costa de otros
esfuerzos y otras contenciones.

Por eso, en esta cuarta resolución nos expresamos en el sentido de hacer
compatible el objetivo prioritario de satisfacer las necesidades
sanitarias con el de contención del gasto público y expresamos el
compromiso político de alcanzar, en ese marco de diálogo que hay ahora en
la subcomisión que está estudiando la reforma de la financiación, un
acuerdo en torno a un nuevo modelo de financiación para la sanidad que
sea estable, suficiente y equitativo para todos los usuarios del sistema.

Esta es, en definitiva, la finalidad de esta cuarta resolución.

La quinta resolución, señor Presidente, tiene por finalidad descender a
otro ámbito particular de la vida social y política de España, que es el
relativo a las políticas educativas y de formación. Fíjense que nuestro
grupo sólo ha particularizado dos materias. Le decimos a Europa que vamos
a reducir el déficit público, que vamos a alcanzar los objetivos, que
vamos a entrar en la Unión Económica y Monetaria, pero queremos que
sanidad y enseñanza sean dos prioridades del Gobierno y que, por tanto,
vamos a compatibilizarlas con los necesarios objetivos de dotar de más
recursos a sanidad y a enseñanza. En esta última resolución lo único que
estamos diciendo es que expresamos que el Gobierno deberá llevar a cabo
una propuesta que permita la aplicación de la Logse, determinando los
mecanismos y los procesos económicos necesarios para hacerla posible e
integrando los recursos que ya están utilizando las administraciones
competentes en esta materia porque ya están aplicando la Logse en este
último año.

Señor Presidente, señorías, en estas cinco resoluciones se trata de
ratificar políticamente que el Programa de Convergencia va en la buena
línea, que va a garantizar los objetivos de crecimiento sostenido y de
creación de empleo; ratificar el compromiso de entrar en la tercer fase,
de que cumpliremos los objetivos que nos impone el proceso; expresar una
prioridad política en torno a la economía productiva y la pequeña
empresa; decirle a la Unión Europea que ese esfuerzo de contención de
gasto público lo vamos a compatibilizar con una mayor atención a los
gastos de sanidad y a los gastos de enseñanza. Esta es, en sentido breve
y sucinto, la finalidad de estas cinco resoluciones.

Quisiera, señor Presidente, indicar que nos hemos leído con mucho interés
las resoluciones de Izquierda Unida y la verdad es que no veo ninguna que
sea posible aceptar por mi grupo parlamentario. Hubiéramos deseado
alcanzar algún consenso en alguna de ellas, pero ellos han expresado que
no es posible y yo respeto esa discrepancia, porque es fundamentada,
razonada, explicada, como ha dicho su portavoz; pero la verdad es que no
veo posibilidad material alguna de comprometerme con alguna de esas
resoluciones, porque van en una línea diametralmente opuesta; aunque
respeto su planteamiento político, no lo acepto en modo alguno, porque
nos lleva en la dirección contraria a la que nos conduce el objetivo de
convergencia, y esta dirección contraria no sé cuál es.

Las resoluciones del Grupo Socialista son realmente muy interesantes. La
verdad es que muchas de ellas deberían orientarse hacia el DEN, hacia el
Debate sobre el Estado de la Nación. (Risas.) Yo creo que el DEN es el
lugar más adecuado para poder plantear estas resoluciones, que tienen más
de instar a acción interna que de comunicarle a Europa mensajes que
puedan ser de su interés. Yo creo, señorías, que el DEN es el ámbito
político y el debate adecuado para poder presentar estas resoluciones,
donde podríamos considerar como interesantes algunas de estas materias.

Algunas de ellas podrían ser muy coincidentes con mi grupo, pero yo creo
que no nos aporta nada que digamos determinadas cosas a la Unión Europea,
a la que, en perspectiva de Estado y de defensa de los intereses propios
en el marco de la Unión Europea, tampoco es absolutamente necesario
transmitirle toda la vivencia y controversia política que puede existir
en nuestro país desde el punto de vista del debate interno.

En cambio, hay algunas cuestiones que se podrían aceptar. Yo creo que, en
torno a la resolución 17 del Grupo Socialista, deberíamos poder hacer un
consenso. Mi grupo se presta a buscar una redacción coincidente,
recogiendo el espíritu y la letra de esta resolución del Grupo
Socialista, sumarla con algunas otras y hacer una declaración que pueda
ser interesante. Lo mismo digo en relación a la 18, la 21, la 24 y la 26,
cuatro resoluciones que yo creo que también podrían ser fruto de una
cierta coincidencia y en relación a las cuales hay una voluntad política
de seguimiento. En ese sentido, sería interesante buscar alguna fórmula



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para poder expresar un compromiso de mayor seguimiento de los contenidos
que expresan estas cuatro resoluciones.

También quisiera apuntar, señor Presidente, que he leído las resoluciones
del Grupo Popular, que presenta junto con el Grupo Vasco y el Grupo de
Coalición Canaria, y las que son coincidentes evidentemente lo son y mi
grupo las va a aceptar, y las otras dos, que son acertadas en su
contenido, mi grupo las va a votar favorablemente.

Estas son todas las observaciones que quería hacer, señor Presidente, en
esta tarde.




El señor PRESIDENTE: Gracias por su presunta y sucinta brevedad, señor
Homs.

El otro día supimos, gracias al señor Eguiagaray, lo que era el IGAE.

Ahora sabemos lo que es el DEN. Antes sólo sabíamos lo que era el don,
den, din, dan... Pero en fin, nunca es tarde para aprender. (Risas.)



El señor HOMS I FERRET: Esto es Europa. Europa es el debate de las
siglas.




El señor PRESIDENTE: Estamos sumamente agradecidos a S. S. como
consecuencia de los nuevos términos que introduce en la lengua
castellana.

Tiene la palabra, por parte del Grupo Vasco (EAJ-PNV), el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: En el pasado debate sobre el Programa de
Convergencia 1997 nuestro grupo parlamentario ya puso de manifiesto
nuestra coincidencia con el objetivo y las líneas generales de este
programa, al margen de las observaciones puntuales que hicimos sobre
algunos de sus aspectos y al margen también del seguimiento y del control
necesario que, sobre las medidas que se proponen en el Programa de
Convergencia, habrá que realizar, sobre todo, habrá que analizar también
los resultados de estas medidas.

Este nivel de coincidencia con el programa económico presentado por el
Gobierno y el ofrecimiento del portavoz de economía del Grupo
Parlamentario Popular para presentar unas propuestas de resolución
consensuadas son la consecuencia de que nuestro grupo parlamentario haya
acordado, junto con el Grupo Popular y el Grupo de Coalición Canaria,
presentar siete propuestas de resolución que vienen a reforzar los
aspectos más destacados de las medidas de política económica que debe
acometer el Gobierno. De ahí que estimemos conveniente instar al Gobierno
a que acelere la puesta en marcha o la continuidad de las reformas
necesarias para dar consistencia al Programa de Convergencia.

En este sentido, como he dicho antes, hemos presentado, conjuntamente con
el Grupo Popular y Coalición Canaria, siete propuestas de resolución que
espero tengan el respaldo de los demás grupos parlamentarios, bien
entendido que las propuestas de resolución tienen como objetivo remarcar
aquellos aspectos que consideramos más relevantes y sobre los que se
insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias en orden a desarrollar
estas propuestas. Sin embargo, esto --tenemos que tenerlo siempre
presente-- no desvirtúa el hecho de que el desarrollo de todas las
medidas que conlleva el cumplimiento de la totalidad del Programa de
Convergencia sea absolutamente necesario. En este sentido, resaltamos la
importancia de ajustar la política económica a estos objetivos y, de
manera especial, el cumplimiento efectivo de las medidas necesarias que
se establecen en este Programa de Convergencia, absolutamente todas las
medidas.

En cualquier caso, entendemos también que el Programa de Convergencia se
enmarca dentro del programa económico y social que nuestro grupo
parlamentario presentó en esta legislatura y, sobre esa base, sobre esa
perspectiva, nosotros estamos de acuerdo con las medidas y con el
programa presentado por el Gobierno. Voy a explicarlas muy por encima y
sucintamente, porque me imagino que el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y el del Grupo de Coalición Canaria harán referencia a estas
propuestas. Simplemente voy a indicar aquellos aspectos que nosotros
hemos considerado que hacían necesaria la presentación de estas
propuestas.

En primer lugar, la ratificación del marco de referencia de los objetivos
macroeconómicos contemplados en el plan y la idoneidad de la política
económica reflejada en las medidas y en las reformas estructurales que
está acometiendo el Gobierno y que, a nuestro entender, son las adecuadas
para conseguir el objetivo propuesto: indudablemente, la creación
sostenida del crecimiento económico que va a propiciar un crecimiento
sustancial del empleo neto. Esto es algo que reiteradamente, cada vez que
estamos debatiendo propuestas económicas, sale a relucir, porque es el
aspecto más importante que tenemos en estos momentos en la economía
española: la creación neta de empleo. Por tanto, yo creo que aquí no
debemos dedicar tanto tiempo a resaltar (porque todos los grupos
parlamentarios estamos siempre insistiendo) que el primer objetivo de
nuestra política económica debe ser la creación neta de empleo, porque
esto lo sabemos todos y creo que también lo sabe la sociedad, aunque de
vez en cuando sea necesario recordarlo, pero no tan insistentemente. Lo
importante es que al final esto se lleve a efecto.

En esta propuesta de resolución también dejamos constancia del hecho de
que creemos que es importante que el marco de referencia de los objetivos
macroeconómicos es el adecuado para que se produzca esta situación de
crecimiento sostenido.

En segundo lugar, queremos reiterar la necesidad de que el Estado español
forme parte de la Unión Económica y Monetaria desde el primer momento.

Este es un objetivo que, desde nuestro punto de vista, debe priorizar la
política económica del Gobierno a corto plazo. Yo creo que casi todos
--iba a decir todos pero no es así-- estamos de acuerdo en que es
absolutamente necesario hacer los esfuerzos precisos para que el Estado
español entre a formar parte de la Unión Económica y Monetaria desde la
primera fase.

En tercer lugar, y consecuentemente con este objetivo, se insta al
Gobierno a profundizar en reformas que contribuyan a mejorar la
competitividad empresarial, y hablamos



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de reformas, algunas de las cuales ya se están acometiendo, pero en las
que creemos hay que profundizar, como la reforma fiscal, así como también
la priorización de políticas educativas y de formación y la reforma en el
ordenamiento jurídico referente al tráfico mercantil y a la Ley
Concursal. Creemos que estas medidas son absolutamente necesarias para
poder establecer una economía empresarial que pueda competir con el resto
de la Comunidad Europea.

En cuarto lugar, instamos al Gobierno a acelerar la reforma sanitaria,
como ya quedó expuesto por algún portavoz de otros grupos, como uno de
los aspectos clave para la contención del gasto público. Indudablemente,
en la reforma sanitaria que en estos momentos se está acometiendo a
través de una Comisión en el Parlamento, creemos que es absolutamente
preciso que se establezcan los parámetros para que, al final, se consiga
el equilibrio financiero necesario. Entendemos que difícilmente se va a
poder contener el gasto público si no buscamos una solución al gasto
sanitario.

Finalmente, se propone la elaboración de un pacto interno de estabilidad
entre el Estado y las comunidades autónomas, implicando a estas últimas
en la elaboración de una política presupuestaria que consolide el
Programa de Convergencia, porque, al margen de la contención y de la
política económica que pueda establecer el Gobierno, la política
presupuestaria de la Administración central, es indudable que es
necesario involucrar al resto de las administraciones públicas para que
también su rigor en el establecimiento de políticas presupuestarias sea
absolutamente prioritario, porque, de otra forma, es posible que no se
pueda cumplir con uno de los requisitos, por no decir el más importante y
el más difícil, que es el control del déficit público.

En definitiva, creo que sería importante que al menos se equiparara el
nivel de acuerdo que hemos manifestado la mayor parte de los grupos
parlamentarios sobre los objetivos del Programa de Convergencia y, en
este sentido, debería existir un consenso o acuerdo en las propuestas de
resolución que se aprueben hoy.

Yo creo que, salvo las propuestas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya (como ya ha dicho el portavoz de
Convergència i Unió), dada su forma de ver lo que es la convergencia con
Europa, lo que es Maastricht y lo que ello conlleva, al margen de esas
posiciones que son absolutamente divergentes con las nuestras, las
propuestas del Grupo Parlamentario Socialista tienen mucho encaje,
incluso en muchos aspectos coincidencia (independientemente de una
distinta redacción) con los objetivos que también persiguen las
propuestas de resolución presentadas por nuestro grupo parlamentario, y
yo animo a buscar ahí un consenso para que podamos entre todos establecer
estas propuestas de resolución, que al fin y al cabo no hacen más que
instar al Gobierno a que vaya tomando una serie de medidas, pero que,
como decía al principio, no excluyen que el resto de las medidas
necesarias que tenga que tomar el Gobierno para el cumplimiento de estos
programas también sean de urgencia. Por tanto, yo animo al Grupo
Parlamentario Socialista y al resto de los grupos a buscar un consenso en
estas propuestas de resolución que hoy presentamos.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Como verá, he sido muy breve.




El señor PRESIDENTE: Brevísimo, por eso se lo digo, señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Siempre dice que me paso.




El señor PRESIDENTE: Al señor Homs le he dado nada más la gracias. A
usted le he dicho que muchísimas gracias, señor Zabalía. Se lo repito y
se lo reitero.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Que conste en acta.




El señor PRESIDENTE: Que conste en acta, efectivamente, señor Zabalía
Lezamiz. (Risas.)
Por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha
presentado siete propuestas, juntamente con el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Vasco, con referencia al Programa de
Convergencia Económica 1997-2000, que compromete al Gobierno en la
aplicación del pacto de estabilidad aprobado en Dublín en 1996.

Señor Presidente, señorías, hacemos la propuesta número 1 porque tenemos
confianza en que dicho programa constituye, en nuestro criterio, el marco
más adecuado y conveniente para lograr un sostenimiento del crecimiento
de nuestra economía, así como el cauce idóneo para generar empleo, y que
sirve de garantía a la estabilidad macroeconómica, apoyo a la
microeconomía y el máximo respeto a las conquistas del Estado del
bienestar.

En cuanto a la propuesta número 2, reiteramos los compromisos que tiene
España en los criterios de convergencia y su afán de incorporarse al
euro. Nadie creería hace cuatro años que las metas de Maastricht eran
alcanzables. Hoy vemos que el año 1997 puede finalizar con una economía
creciendo cerca del 3 por ciento, con una inflación del 2 por ciento,
pese a ser uno de los factores más duros de superar, con un tipo de
interés con muchísimas bajadas dentro del país, sobre todo a corto plazo,
que acabará por debajo del 5 por ciento, y con la esperanza de que
también el de largo, el de diez años, que es el que sirve para los
acuerdos de Maastricht, no llegue al 7 por ciento. Esperamos también que
el déficit público, verdadera reválida para los Estados, llegue cerca del
3 por ciento del PIB, pese a que en 1996 fue del 4,4 por ciento.

Se cumple también con la exigencia de una peseta estable dentro del
Sistema Monetario Europeo. La Deuda Pública, con un máximo del 60 por
ciento del PIB, el año 1996



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fue cerca del 70; sabemos que es muy difícil pero no imposible. Sería
importante seguir con el crecimiento económico y seguir con el control
presupuestario.

En cuanto a la incorporación al euro, España, tras sufrir el examen de
los cinco requisitos a 31 de diciembre de 1997, se encontrará con que
será admitida o no a mediados de 1998. El 1 de enero de 1999 será un hito
en el proceso de construcción europea que se inició hace cerca de medio
siglo. La implantación del euro como moneda única y la creación del banco
central europeo las veremos en esa época. España no puede estar fuera de
ello. Por la marcha de los coeficientes y de la economía española,
tenemos gran confianza en que eso se consiga.

Aunque sea una cuestión formal, reiteramos, porque nos consideramos
españoles y europeos, que en el signo monetario, el euro, cuando circule
por Europa, si es cuestión de espacio, se suprima la parte del este de
Europa, que no forma parte de la Unión Europea, y sí aparezcan las islas
Canarias.

En cuanto a la propuesta número 3, estamos convencidos de que se están
creando las condiciones adecuadas para un debido crecimiento, máxime al
haberse logrado un pacto importantísimo entre los agentes sociales y
económicos, y además por la buena marcha de nuestra economía. No
olvidemos que la generación de empleo es un criterio que, aunque no está
escrito en Maastricht, influye tanto como los cinco célebres criterios,
siendo España, por desgracia, el país que ostenta el farolillo rojo, con
una tasa de paro del 22 por ciento, una de las más altas de la Unión
Europea y de los veinticinco países que conforman la OCDE.

Solicitamos el creciente apoyo a las pymes como el mejor medio
instrumental para luchar contra el paro, la aplicación de medidas
fiscales para el fomento del ahorro, especialmente el de largo plazo, tan
escaso en nuestro país, favorecer las reducciones fiscales y culminar el
programa de liberalización y de reforma de los mercados de productos y
factores emprendidos por el Gobierno, tal como propone el Partido
Socialista en su propuesta correspondiente.

En cuanto a la resolución número 4, sobre la reforma sanitaria,
propugnamos el mantenimiento de su carácter público con las medidas
necesarias para controlar el gasto sanitario. Es una cuestión que
preocupa a todos los grupos políticos, que se afanan en la
correspondiente subcomisión parlamentaria, tal como se ha señalado aquí
por los portavoces de CiU y PNV, en conseguir unas medidas lo más
armonizadas posibles en un plan de modernización sanitaria, pretendiendo
hacer un gran esfuerzo para mejorar la salud y la sanidad españolas, con
una visión moderna de todos estos aspectos y con el máximo respeto a las
competencias autonómicas y a los principios de gratuidad, de
universalidad y del predominio de su carácter público, aunque en aspectos
de gestión se utilicen fórmulas privadas. Asimismo, abogamos por seguir
reforzando los principios aprobados en el Pacto de Toledo, que marcan sin
duda alguna un hito en las conquistas sociales, tal como ha señalado
acertadamente el portavoz del Partido Socialista Obrero Español.

En cuanto a la número 5, referente a la Administración pública, abogamos
por la elaboración de un pacto interno de estabilidad entre el Estado y
las comunidades autónomas que dé cumplimiento a los acuerdos adoptados en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 21 de enero de 1997. Las
comunidades autónomas se comprometen a colaborar en una política
presupuestaria acorde con los objetivos del plan de convergencia, y
además se comprometen a negociar unos escenarios de consolidación
presupuestaria para los ejercicios 1998/2001. Para ello, el Estado deberá
contemplar las cuestiones que preocupan a las comunidades autónomas, como
son las derivadas de la corresponsabilidad fiscal, las posibles
compensaciones por desviaciones derivadas del incremento y culminación de
competencias autonómicas y todas las cuestiones derivadas de los ingresos
por los tributos cedidos.

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, esperamos que se tengan en
cuenta las circunstancias, respetadas por la Constitución española, en
cuanto a la distancia y la fragmentación territorial, circunstancias que
a veces se olvidan. Estos días hemos recibido la triste noticia de que
las compañías aéreas que unen Canarias con la península se han olvidado
de esta cuestión; parece que pretenden separarnos más y se olvidan de que
esto debe ser una cuestión de Estado. Es conveniente, no solamente para
el turismo, sino por españolidad y europeidad, que Canarias esté más
cerca de la península y que la península esté más cerca de Canarias, y
Bruselas necesita convencerse de quelos problemas de Canarias, que son la
distancia y la fragmentación, no se resuelven con medidas coyunturales,
sino con medidas permanentes que respalden que Canarias, desde finales
del siglo XV, forma parte de España y por tanto de Europa.

La resolución número 6 propugna dar prioridad a la formación profesional
y educativa para elevar la calidad y el nivel de empleo y como palanca
fundamental para mejorar la competitividad de nuestra economía,
especialmente orientada hacia las pymes.

En cuanto a la número 7, que consideramos relacionada con la número 3,
estimamos que en cualquier país interesa que el mundo empresarial, que es
motor de su economía, se mueva por razones de competitividad y de
eficacia en su libre mercado. Para ello necesita un marco adecuado
tuitivo, para que la gestión empresarial se vea reforzada con
instrumentos legales que le den eficacia y agilidad, por ejemplo en
cuanto al cobro de sus créditos, o para disponer de la necesaria liquidez
para ahuyentar los peligros de tensiones que puedan dar lugar a
situaciones concursales.

Precisamente en la sesión del miércoles preguntaremos al Gobierno sobre
los proyectos legislativos relativos a las situaciones concursales, de
quita y espera, de quiebras y suspensiones de pagos. Recordemos que aún
están vigentes, para estos casos anómalos, disposiciones del primer
Código de Comercio español de 1829 y que la Ley de Suspensión de Pagos
fue promulgada el 26 de julio del año 1922 con carácter provisional y,
pese a que hay ya dos directivas europeas acerca de la materia concursal,
todavía en nuestro país no se ha promulgado. Esperamos y abogamos por una
rápida promulgación de normas que supongan un endurecimiento del acceso a
la suspensión de pagos,



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para que no sea una fórmula de beneficios, sino de control austero, que
debe ser declarada solamente cuando el pasivo es superior al activo, y
con una reducción de las categorías de acreedores, así como por unificar
en un solo tribunal todo el proceso concursal.

Por último, suscribimos este documento convencidos plenamente de que el
Programa de Convergencia 1997/2000, elaborado por el Gobierno, es
perfectamente realizable siempre que haya el debido control
presupuestario. Es más, valoramos debidamente que la Comisión Europea,
que hará públicas el próximo miércoles las previsiones económicas de los
países comunitarios para 1997, haya dado el visto bueno a este plan de
estabilidad, considerándolo creíble para 1997 y 1998.

Nosotros, desde nuestra modesta atalaya atlántica lo vemos esperanzados.

Por ello, hemos presentado las propuestas juntamente con el Grupo Popular
y el partido Nacionalista Vasco, estando abiertos a las enmiendas
constructivas que sean necesarias, a fin de conseguir, en un tema de
tanta trascendencia económica y social para nuestro país, la mayor de las
unanimidades, es decir, que no aspiramos a ser clónicos, sino
convergentes con todos los grupos políticos que creemos en el futuro de
Europa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, si es que le
quedan argumentos, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Me quedarán argumentos, no tanto
para defender nuestras propuestas, que han sido brillantemente defendidas
por los portavoces de los grupos que las han presentado juntamente con
nosotros, sino para, respetuosamente, a pesar de la hora, contestar con
relativo detalle y fijar nuestro criterio sobre las propuestas de
resolución de los otros grupos.

Me gustaría, como primera medida, que mi grupo se congratulara del
acuerdo básico al que vamos a llegar en esta tarde. Escuchando los
discursos de los demás portavoces y vistas las propuestas de resolución,
creo que todos los grupos tenemos un acuerdo básico --y esto es
extraordinariamente importante hoy--, excepto el Grupo de Izquierda
Unida, que como bien ha dicho el portavoz del Grupo Catalán está en
perfecta discrepancia. Quiero poner énfasis en que es extraordinariamente
importante, pues esta primera propuesta de resolución que formulamos
cinco grupos viene a señalar el acuerdo con las líneas del programa, por
tanto el acuerdo en la política macroeconómica y en la convergencia como
objetivo absolutamente prioritario en ese momento, lo que en opinión de
nuestro grupo es de la máxima importancia para este Gobierno. Y es
necesario enfatizarlo porque lo estamos dando por sentado como si fuera
un acuerdo de partida, y no lo es; es un acuerdo de resultado al que
hemos llegado a base de transacciones, a base de diálogo, a base de
medidas que ya se han tomado, que se han contrastado y que están bien
cimentadas. El programa en las líneas macroeconómicas que marca está en
la recta dirección y debemos apoyarlo porque la convergencia es nuestro
objetivo prioritario. Me gustaría que el grupo parlamentario que no se ha
sumado a esta propuesta lo hubiera hecho, al menos como objetivo, pero
creo que va a ser imposible.

Este acuerdo --insisto en el énfasis--, que nos parece de la máxima
importancia no para la estabilidad del Gobierno, sino para la estabilidad
del país y para el reforzamiento cara a nuestros socios europeos, va a
tener sin duda una contrapartida por parte del Gobierno. En estas
propuestas de resolución sobre el Programa de Convergencia el Gobierno no
sólo se compromete ¡faltaría más! a actuar en la línea en la que está
redactado el programa --y el Grupo Socialista hace una serie de
propuestas que nos hubiera gustado haber tomado en consideración pero no
va a ser posible--, no sólo se compromete a una ejecución rigurosa, sino
a un control parlamentario muy fuerte, y no cree que esto sea una cesión
sino un activo. Es decir, un Gobierno controlado parlamentariamente, que
permanentemente venga aquí a dar cuentas, nos parece que es una garantía
de que va a actuar en la línea correcta. Por eso decía antes que el
acuerdo como resultado, no como punto de partida, es importante, porque
el Gobierno no solamente lo va a ejecutar, sino que se va a someter a un
mayor control parlamentario.

Además, es un Gobierno --y eso demuestra en esta propuesta que hace-- que
ha escuchado a los grupos políticos y a los grupos sociales, y lo ha
trasladado al Programa de Convergencia. El otro día dijo el señor Rato:
No soy sordo. Esta frase, que incluso puede dar risa, es muy
significativa de este Vicepresidente económico y de este Gobierno, que
permanentemente va a poner antenas, estará atento a lo que la sociedad y
los grupos parlamentarios le indican, incluso los discrepantes, y si es
necesario va a rectificar. El escuchar forma parte no de la política sino
del talante liberal, porque todos pueden tener una parte de razón. La
frase «no soy sordo» refleja el compromiso del Gobierno y su actitud ante
este acuerdo que, insisto, para nosotros y para la estabilidad del país
es extraordinariamente importante.

Aunque el Presidente nos pide brevedad, por cortesía voy a detenerme un
poco en las propuestas de los demás grupos, y lo voy a hacer en un marco
que podríamos recordar y así podré abreviar. Si recordamos el marco del
Programa de Convergencia que el otro día nos explicaba el Vicepresidente
económico, veremos por qué encajan unas propuestas de resolución y otras
no. Si hago una referencia a este marco general nos resultará más fácil.

El Programa de Convergencia --y esto siempre nos lo reprocha algún grupo
parlamentario-- es antes que nada un programa para la creación de empleo,
lo que enseguida suscita sonrisas y yo lo entiendo. El otro día señalaba
el portavoz del Partido Nacionalista Vasco que en Europa y desde luego en
España, en este momento, competitividad y empleo son dos caras de la
misma moneda y que solidaridad es indisoluble de las dos. Eso es así en
Europa, aunque a lo mejor no es así en otras latitudes geográficas. Si es
un programa para la creación de empleo --y el monopolio de la
preocupación por el empleo no se lo podemos conceder a nadie-- ¿por qué
estamos de acuerdo cinco grupos en que ésta es la dirección correcta para
la creación de empleo? Si ahora repasamos el marco de convergencia,



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luego podremos encajar con más brevedad cada una de las propuestas en
este marco y explicar nuestra posición ante ellas.

El otro día señalaba un catedrático y economista importante que no es que
se haya encontrado la cuadratura del círculo, que por supuesto no se ha
encontrado en este programa, sino que lo que ha ocurrido es que se ha
cerrado el círculo y eso cuadra, decía el portavoz canario. ¿Por qué se
ha cerrado el círculo y eso cuadra y no se están haciendo milagros? Pues
porque hay que señalar --y este economista lo decía resumiendo un
programa tan complejo en términos muy simples-- que este círculo que se
cierra es tan fácil como que por primera vez en este período crecerá la
economía, el PIB, por encima de la inflación. Si uno crece el 3,2 me
parece que lo previsto es que la inflación crezca el 2,3. Pues bien, el
lugar donde por primera vez esto va a suceder es donde está el margen de
la competitividad, de la capitalización de la economía, de la
productividad y, por lo tanto, de la creación de empleo. ¿Es eso la
cuadratura del círculo? Insisto en que lo decía muy bien el portavoz de
Coalición Canaria: es sencillamente el círculo y ya está. Por primera vez
crecerá la economía por encima de la inflación, y ahí está el margen de
la competitividad, de la capitalización y de la creación de empleo. ¿Cómo
se consigue esto? Me detengo brevemente y pasaré más deprisa después
sobre las propuestas concretas. Se consigue --lo han repetido los
portavoces anteriores con brillantez-- sobre todo con dos variables:
luchando contra el déficit y luchando contra la inflación. Por un lado,
la lucha contra la inflación dirigida, como es evidente y notable, por el
Banco de España y apoyada en todas las medidas de liberalización y, por
otro lado, la lucha contra el déficit, donde encontramos una actitud
nueva. Claro que todos los Gobiernos han luchado contra el déficit, es
evidente, desde hace por lo menos unos años, desde que Maastricht se nos
ofrece como marco, pero ahora esta lucha contra el déficit ha cambiado.

Es una lucha por la reducción, desde luego, pero también por el mayor
control y por la nueva distribución del gasto. Recuerdo que el señor
Solchaga decía en una entrevista hace relativamente poco, 15 días, que si
él se arrepentía de algo era de no haber luchado más por el control del
déficit. Pues bien, eso lo ha aprendido este Gobierno y sabe que es una
pieza clave. No sólo en la reducción sino en el control y en la
redistribución del gasto es donde vamos a encuadrar muchas de las
propuestas socialistas; redistribución del gasto en el sentido de que el
consumo público va a ser la gran víctima de la reducción del gasto, nunca
las partidas sociales, nunca el gasto social --en eso hay un compromiso
firmísimo--, tampoco el gasto en infraestructuras; y lo veremos luego al
hilo de lo que el señor Eguiagaray nos ha explicado en sus propuestas.

Por tanto, en esta especie de círculo que se cierra de crecimiento por
encima de la inflación, y ello con la lucha por el control de la
inflación y por el control, reducción y redistribución del gasto, es
donde encontraremos la posibilidad de la convergencia, y son las grandes
líneas que en principio cinco de los grupos hoy estamos aprobando en
nuestra propuesta inicial.

Paso un poco más deprisa por las propuestas, enmarcadas dentro de estas
grandes líneas que he señalado, que suscribimos conjuntamente con el
Grupo de Coalición Canaria y con el Grupo Vasco, porque ellos las han
defendido brillantemente. Sí me gustaría decirle al portavoz de Coalición
Canaria que esté tranquilo, que el Gobierno será en Europa un verdadero
portavoz y defensor de los problemas que se puedan crear con la distancia
y la insularidad canaria --que nos los ha explicado y con mucha razón--,
de los peligros que pudiera haber en el horizonte, empezando por el del
mapa que tampoco es baladí.

Las dos primeras propuestas las han explicado, como digo, los dos
portavoces que las suscriben con nosotros.

Las propuestas del Grupo de Convergència i Unió tienen el mismo tenor que
las nuestras. Me parece importante señalar que la número 3, que habla de
las pymes, está más desarrollada que la nuestra. Siempre este grupo ha
dado una batalla importante en favor de las pequeñas y medianas empresas.

Nos insiste esta vez --y yo creo que con razón-- más en el discurso que
en la propuesta sobre las pequeñas e incluso las empresas individuales.

Le damos toda la razón y, aunque nuestra propuesta de resolución número 3
podría coincidir con la suya, admitimos que es más rica que la nuestra.

Es muy importante señalar la preocupación que aparece en la propuesta
número 4, que hemos compartido todos, por garantizar la sanidad pública y
su financiación. El portavoz socialista tuvo una serie de reticencias
sobre la financiación de comunidades autónomas. Estamos seguros de que
quedarán más que resueltas, pues como bien saben estamos trabajando en la
subcomisión con ese modelo. En cualquier caso, a la garantía de la
sanidad pública y la financiación suficiente, en esta propuesta de
resolución número 4, le damos una extraordinaria importancia, así como
también al pacto de estabilidad con las comunidades autónomas. Se ha
aludido poco a esta cuestión y sin este pacto posiblemente serán
incumplibles los objetivos. Este pacto ha costado, se firma un 21 de
enero de 1997 y podríamos llamarlo un pacto casi de estabilidad, como el
que más adelante se hará en la Unión Europea. Estamos adelantando ese
pacto entre las comunidades autónomas; sin él nada sería posible.

La propuesta de resolución número 6 habla del gasto social que, como he
dicho, en ningún caso sufrirá el recorte que pueda haber en la lucha
contra el déficit; siempre se mantendrá. Luego veremos cómo se puede
incrementar en determinadas partidas. Hay una propuesta sobre educación y
formación profesional. Ofreceríamos al Grupo de Convergència i Unió una
transaccional a su propuesta número 36. No sé si prefiere que la lea o
sencillamente después la comentamos, pero, por acelerar, quiero decir que
nuestra propuesta número 6 podría transaccionarse con la suya número 36,
en la que hablan de formación profesional.

Por último, ha sido brillante en su exposición el portavoz de Coalición
Canaria al referirse al hecho de ser extraordinariamente vigilantes en el
ordenamiento jurídico, sobre todo en las modificaciones procesales,
viéndolas



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desde el ángulo de la actividad económica, de la actividad mercantil,
porque con muchas de ellas podríamos causar perjuicios si esto no fuera
así.

Con esto y con la defensa que los otros dos portavoces han hecho, además
del portavoz catalán, nuestras propuestas, enmarcadas, como ya he dicho,
en ese acuerdo y en esas líneas básicas, las doy por defendidas.

Antes de pasar al Grupo Socialista y tomar posición --prometo que lo haré
rápidamente, señor Presidente--, como ha dicho el portavoz de
Convergència i Unió, nos hubiera gustado votar favorablemente las
propuestas de Izquierda Unida. Lo hemos intentado. Las hemos estudiado,
pero son ustedes los que nos ponen ante una especie de enmienda a la
totalidad y, por tanto, creo que los esfuerzos serán inútiles. Nos
hablan, y nos parece positivo desde su punto de vista, de que cara a la
reforma del tratado, a la Conferencia Intergubernamental, presentarán un
texto alternativo con medidas sobre trabajo. Las estudiaremos con
muchísimo gusto e interés y estamos seguros de que de ese debate saldrá
algo positivo, pero lamentablemente, a pesar de que compartimos al cien
por cien la preocupación por el empleo, no vemos posible votarlas hoy en
este marco. Me gustaría decirles algo sin ganas de entrar en polémica. El
monopolio de la preocupación por el empleo no lo puede tener un solo
grupo, no ya en España, ni siquiera en Europa. Es injusto que lo digan.

Quizá todos estamos equivocados en las medidas, podría ser, pero es tan
injusto no reconocernos siquiera la voluntad de luchar contra ello que
parece incluso una osadía, al menos para los que están a pie de obra. No
obstante, es un debate que no quiero abrir ahora.

Voy a agrupar las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista. Nos
parece correcta la propuesta número 1, que ustedes llaman general, y 17
según la numeración de la Cámara. Lo que no viene a cuento es que
habláramos sobre quién continúa o quién hace algo nuevo. Dan ustedes el
refrendo a la política macroeconómica, señalan que el objetivo de
Maastricht lo siguen suscribiendo como lo han apoyado y defendido
siempre, por tanto nos parece banal decir qué es continuar o qué es
nuevo. Sinceramente no lo sabríamos decir. Ni nada es siempre nuevo o
distinto, los pobres ciudadanos se volverían locos, ni nada nunca es
totalmente continuista, pobres ciudadanos también, porque ¿cuáles serían
sus márgenes? Qué descorazonador para ellos. ¿Esto es nuevo? Nosotros lo
llamamos nuevo modelo de crecimiento y ustedes dicen que es continuar. El
programa va en la dirección correcta y el objetivo lo suscribimos todos.

El resto del debate nos parece hasta brillante pero banal.

Hay algo que me ha parecido sorprendente en las propuestas en general. De
las 16 propuestas, no sé cuántas, casi una decena, se reconoce que están
en el Programa de Convergencia y en los compromisos del Gobierno; incluso
se reconoce que están en los mismos términos. Sin embargo se reiteran.

Quiero señalar que para el Gobierno del Partido Popular y para el Grupo
Parlamentario Popular lo que está en este programa compromete. No hace
falta reiterar y dar otra versión diciendo: ya sé que el gasto social es
un compromiso, sin embargo, es necesario reiterarlo. Para nosotros un
compromiso es un compromiso. Está en el Programa de Convergencia y se
reconoce. Así hay casi una decena de propuestas.

Otra serie de propuestas, tres o cuatro, proponen el envío de unos
informes. Nos hubiera gustado transaccionar y llegar a un acuerdo. No
sabemos si es posible no, tampoco parece muy importante, pero estén
seguros de que este Gobierno se somete absolutamente a ese control porque
lo cree conveniente y porque hemos visto muchas veces a lo que lleva el
descontrol.

Hay una propuesta que está en el Programa de Convergencia pero con la que
no estamos de acuerdo: la propuesta fiscal. Es evidente que nosotros
tenemos nuestro modelo fiscal, pero ustedes, en nuestra opinión, agotaron
el suyo. Posiblemente éste no sea su criterio y nos parece muy bien.

La propuesta número 1, si pudiéramos quitar la insistencia en que las
propuestas son sólo nuestras y la insistencia también por su parte en la
continuidad, la podríamos transaccionar.

Como he dicho antes, la preocupación por el empleo la compartimos todos
y, por tanto, en la número 2 estamos de acuerdo en que no es
satisfactoria la situación y que vamos por una buena línea pero que es
lenta. También nos gustaría acordar que la presentación del informe que
se pide se haga realidad --ya que es la mejor manera de seguir el
empleo-- y proponer una transaccional.

En la propuesta 19 --perdón porque antes he numerado por el orden
presentado por el Grupo Socialista y ahora por el orden de la Cámara-- no
vamos a estar de acuerdo. El Gobierno tiene que gobernar y explicar por
qué gobierna, hacer sus cuentas y además rendir esas cuentas. Someterse
con carácter previo y anticipar el examen no tiene sentido.

En cuanto a privatizaciones, mañana se ve la moción consecuencia de
interpelación. Puedo garantizar que el cumplimiento del tratado, en
cuanto al destino de los fondos de las privatizaciones, es estricto y no
puede ser de otra manera. Además, está el SEC, el famoso sistema contable
europeo. Aquí sí encontramos una reiteración.

Nos parecería conveniente, porque suscribimos el problema de la inflación
en el sector servicios, enviar un informe periódico a la Cámara que
ayudaría al Gobierno a este control. Sería una modificación que podríamos
estudiar porque nos parece reiterativo en todo su sentido.

La propuesta 21 bis, según la numeración de la Cámara, propone su sistema
fiscal frente al nuestro. No tiene sentido. En cuanto a la lucha contra
el fraude estamos en ella a tope, sin matices. En la propuesta se
introduce algún matiz cualitativo; nosotros, sin matices cualitativos.

La previsión social complementaria está bien formulada, pero la
subcomisión va a emitir su informe. Dicen que podemos no estar de
acuerdo, pero esperamos poder llegar a un acuerdo.

De sanidad ya he hablado, con la importancia que damos a garantizar la
sanidad pública y su financiación. Han expuesto una serie de problemas en
el horizonte con las comunidades autónomas que nosotros no vemos.




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En la propuesta 24 nos piden, y nos gustaría aceptar, una vigilancia en
los sectores liberalizados: telecomunicaciones, suelo, energía. Nos
parecería correcto enviar este informe. Es importante seguir sobre ello.

El resto de la propuesta está incluida en el Programa de Convergencia y
asumida por todos.

En tasas y precios públicos sencillamente quiero tranquilizarles. En
ningún caso nadie va a quedar excluido de un servicio público esencial,
incluso de un servicio que no llegara al límite de esencial, por no poder
pagar una tasa. Eso está así contemplado y hay una evidencia. Podríamos
discutir incluso, como lo hicimos en la Ley de acompañamiento, si los
servicios de seguridad aeroportuarios son bienes públicos esenciales.

Nunca llegaríamos a lo que el Grupo Socialista parece que teme.

Ya hemos dicho cómo nos parece de correcta y bien formulada la propuesta
que hace el Grupo Catalán sobre las pymes. Estamos todos de acuerdo en la
importancia de las pymes. En este caso señalo también la pe de pequeñas.

Si vamos a votar la enmienda del Grupo Catalán, así como la nuestra, esto
queda ya solventado. El gasto social es un compromiso, sin embargo S. S.

lo quiere reiterar. Pues bien, es un absoluto compromiso de la máxima
importancia para nosotros. Tiene las palabras del Vicepresidente del
Gobierno, que lo dijo tajantemente, en el Programa de Convergencia está,
y aquí tengo la cita. Reiterarlo en estos casos tan importantes nunca
está de más, pero desde luego es innecesario.

En cuanto al temor por la reducción de la inversión en infraestructuras,
yo recuerdo cuando era Secretario de Estado me parece que el señor
Zabalza, en cualquier caso era Ministro el señor Solchaga, que cuando
había que reducir el gasto siempre se cortaba por la inversión, y el
señor Zabalza dijo la siguiente frase: qué quieren ustedes, señorías, así
es la vida. Pues nosotros no aceptamos eso de así es la vida, y nuestro
compromiso de que ese gasto no se va a reducir está textualmente
introducido en el Programa de Convergencia.

Por último, tenemos el cumplimiento del Pacto de Toledo, que es la
propuesta número 31. También ahí nos parece que es incidir en algo que ya
está muy claro. Hemos firmado el Pacto de Toledo. Hay unos márgenes de
interpretación, pero precisamente el poder adquisitivo de las pensiones
ha sido prácticamente el primer proyecto que este Gobierno ha enviado a
la Cámara. El Pacto de Toledo se había firmado hacía bastante tiempo y no
se había desarrollado. Tienen nuestro compromiso de cumplirlo en todos
los extremos que figuran en la propuesta número 31. No obstante, sin que
sea necesario, sí podríamos ponernos de acuerdo en las propuestas que he
señalado. De todas maneras, agradecemos extraordinariamente lo que
representan la resolución número 1, es decir, en la que se da ese
aprobado, ese refrendo al pacto y a sus objetivos, y en las que son
reiteraciones, vuelvo a decir que para nosotros este pacto de
convergencia es un compromiso.

Respecto a las propuestas del Grupo de Convergència i Unió, he hecho
referencia varias veces a ellas y creo que es innecesario reiterarlas
porque son del mismo tenor que las nuestras; las ha defendido
brillantemente el portavoz catalán, y también los dos portavoces de los
otros dos grupos que las suscriben con nosotros. Ya he señalado que la
redacción de la propuesta 34 sobre las pymes me parece mejor que la
nuestra, lo cual no quiere decir que no se puedan votar las dos, pero
indudablemente la suya es más completa, porque hay que reconocer que aquí
siempre dan una batalla interesante.

En lo que se refiere a la propuesta de sanidad, estamos básicamente de
acuerdo. Y respecto a la propuesta de formación, ya he dicho que
ofreceríamos una transacción, que si quiere el señor Presidente la puedo
leer y, si no, la comentamos con el portavoz catalán.




El señor PRESIDENTE: En la medida en que han sido anunciadas algunas
transacciones a las propuestas de resolución, ruego a los grupos
parlamentarios que las han anunciado que, si lo tienen a bien, las hagan
llegar a la Mesa. ¿Algún grupo más quiere formular transacciones?
(Pausa.) Por parte del Grupo Popular se formulan transacciones a las
propuestas de resolución números 18, 21, 24 y 26 del Grupo Socialista. El
señor Eguiagaray tiene la palabra.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, no quiero reiniciar un
nuevo debate, pero en la medida en que hay una formulación de unas
propuestas de transacciones por parte del Grupo Popular quería dejar dos
cosas bien claras: una, que, efectivamente, éstas han sido hechas y no
han merecido la aprobación por parte del Grupo Socialista. El Grupo
Socialista no se siente en absoluto aproximado en su filosofía por esas
transacciones; más bien
--lo digo con la mayor educación pero también con la mayor firmeza--
tengo la sensación de que el Grupo Popular cree que, porque nosotros
estamos a favor de los objetivos, se puede decir --me refiero a la
intervención de la portavoz del Grupo Popular-- que estaríamos aprobando
la política. Deseo poner de manifiesto que la política económica no son
unos objetivos últimos, sino, sobre todo, un camino para alcanzarlos.

Estamos en los objetivos que nosotros mismos habíamos trazado y que son
buenos para el país, pero no podemos estar de acuerdo con la política que
sirve de base a los mismos.

Lamento que la intervención del Grupo Parlamentario Socialista le haya
parecido en algunos casos brillante pero en todo caso banal, y que la de
los grupos que apoyan al Gobierno le haya parecido en todos los casos
brillantes. Esta es una discriminación objetiva que yo entiendo
políticamente hablando. Pero lo que me parece más difícil de aceptar en
la intervención de la señora portavoz del Grupo Popular es que solamente
le interese de las propuestas de mi grupo exactamente aquello que ha
creído el Grupo Popular que le permite decir que estamos todos de acuerdo
en la política de convergencia, y quiero decir con toda claridad que es
así. Señores del Grupo Popular, no estamos de acuerdo en la política de
convergencia; estamos de acuerdo en los objetivos de convergencia,
primera cuestión. No confundamos, por tanto, las cosas.




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El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Eguiagaray. Yo creo que no ha lugar
a réplica ni tampoco es cuestión de reiterar argumentos ya vertidos con
anterioridad. Todo lo que usted está diciendo ahora ya lo ha dicho no
solamente en este debate, sino en otros debates, y éste es el momento de
concretar al objeto de agilizar lo más posible y aclarar cuál va a ser el
sentido de las votaciones, si admite o no las propuestas de enmiendas
transaccionales que han sido sometidas a su consideración. Ya me dice que
no admite el bloque que le dije con anterioridad, que son las propuestas
a las números 18, 21, 24 y 26, que corresponden a la 2, 5, 8 y 10
formuladas por ustedes en su numeración correlativa.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Si me permite, señor Presidente, añadiré que
he empezado por decir que no quiero reiniciar un debate, pero no quiero,
señor Presidente, que al establecer la propuesta del Grupo Popular e
interpretar el sentido de mis enmiendas, quede en la Comisión un
sentimiento que no corresponde, en absoluto, a lo que he pretendido
formular hoy y en la anterior intervención sobre esta cuestión, con
independencia de que estoy seguro de que al Presidente le parecía muy
clara cuál era mi posición, pero, insisto, no me he sentido así
interpretado por la portavoz del Grupo Popular.

En relación con las transacciones, puesto que me pide que sea preciso en
esto, señor Presidente, no puedo estar de acuerdo con la política ni
puedo estar de acuerdo con que se interprete que estoy refrendando lo que
este Programa de Convergencia significa en todos sus extremos. Admito sus
objetivos pero no los medios, en absoluto, para llegar a ellos. Me temo
que las transacciones simplemente no toman en consideración el sentido en
que han sido formuladas las propuestas; en cambio, se ha dicho
expresamente que algunas cosas el Grupo Socialista debiera hacer el acto
de fe de creer que son compromisos del Programa de Convergencia, a la vez
que no se está dispuesto a hacer una votación para reafirmar esos
compromisos. Por tanto, señor Presidente, anuncio que este grupo va a
votar favorablemente, sin ningún tipo de contraprestación, varias
propuestas de resolución del Grupo Popular, y lo hace desde sus
convicciones. Pero las transacciones que se ofrecen a nuestras propias
resoluciones no hacen, a nuestro juicio, más que desfigurar el sentido de
las resoluciones tal y como han sido planteadas.

En resumen, anuncio que votaremos favorablemente, si no se retiran, las
propuestas números 2, 5 y 7 del Grupo Popular, así como de otros grupos
coaligados. Votaremos favorablemente también, señor Presidente, las
propuestas números 1 y 4, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y si no se retira, insisto, votaríamos
favorablemente también la propuesta número 36, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).




El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, si no le importa se lo reiteraré
después, a los efectos de que pediremos votación separada dentro de los
bloques a votar de las propuestas de resolución formuladas por cada
grupo.

Debo entender, por consiguiente, que tampoco admite la transacción
formulada en relación con su propuesta de resolución número 17 de orden
correlativo de todas, que es la número 1 de ustedes.

Por último, hay una propuesta de transacción por la que quedaría anulada
la número 6, de las firmadas por los grupos parlamentarios Popular, Vasco
(PNV) y Coalición Canaria y la número 36 de orden correlativo general
formulada por Convergència i Unió, que es la número 5 de las formuladas
por dicho grupo. Señor Homs, ¿están ustedes de acuerdo en retirar ambas
propuestas de resolución y votar ese texto conjunto?



El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quisiera que se leyera la
transacción.




El señor PRESIDENTE: Procedo a su lectura. Dice así: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a mantener la prioridad de las políticas
educativas y de formación como instrumentos fundamentales para mejorar la
competitividad de nuestra economía y aumentar el nivel y la calidad del
empleo en un entorno caracterizado por la creciente integración y
globalización de las economías. Por ello, el Congreso de los Diputados
urge al Gobierno a presentar propuestas de modificación de la formación
profesional en sus diferentes facetas, reglada, no reglada y continua, en
línea con las aplicadas en los países más desarrollados, para así
conseguir un mejor ajuste del mercado de trabajo ante la permanente
modificación de las tecnologías, así como una propuesta para llevar a
cabo la plena aplicación de la Logse.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, debe decir: «una propuesta de
financiación». Es muy importante la frase: «de financiación».




El señor PRESIDENTE: Señor Homs, estaba escrito con mala letra y no he
podido percibirla. Estaba hecha a mano.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, de hecho, la transacción lo que
expresa es la posibilidad de la presentación de una propuesta de
financiación para la aplicación de la Logse.




El señor PRESIDENTE: ¿La admite entonces, señor Homs?



El señor HOMS I FERRET: La admito, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.

Empezaremos por las propuestas de resolución formuladas por el Grupo
Parlamentario Socialista en los términos estrictos en que han sido
formuladas.

¿Grupos que desean votación separada de alguna propuesta de resolución?
(Pausa.)



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El señor ALCARAZ MASATS: ¿Para qué bloque?



El señor PRESIDENTE: Propuestas formuladas por el Grupo Socialista, que
en orden correlativo son de la 17 a la 31, considerando que hay una 21
bis.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, solicitaríamos esta votación
se realizara en tres bloques. Por una parte, las números 17, 18, 19, 20,
22, 24, 26 y 31; un segundo bloque para las propuestas de resolución
números 21, 29 y 30, y un tercer bloque para el resto.




El señor PRESIDENTE: ¿Otros Grupos que desean solicitar votación separada
de estas propuestas de resolución? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, si no hemos entendido mal,
el Grupo Socialista rechaza las transaccionales presentadas por el Grupo
Popular y, por tanto, no ha lugar a la votación.

Mi grupo quisiera dejar constancia de que lamenta que alguna de las
transacciones, que podrían haber enriquecido el debate y el seguimiento y
control del proceso de integración europea, no se admitan. Procederemos
en consecuencia para poder restablecer lo que creemos que es un beneficio
para esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de resolución
formuladas por el Grupo Socialista. Siempre hablo del número de
propuestas en los términos generales expresados, y no por la numeración
de cada grupo en la formulación de las mismas.

Enmiendas del Grupo Socialista números 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 y 31.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 25.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas de resolución números 21, 29 y 30.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas de resolución del Grupo Socialista números 21 bis, 23, 25, 27
y 28, que son el resto de las presentadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las propuestas formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

¿Algún grupo desea formular votación separada de estas propuestas de
resolución? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Eguiagaray.

El señor EGUIAGARAY UCELAY: Desearía, señor Presidente, la votación
separada de las propuestas números 8 y 11.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las propuestas de
resolución formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, comenzando por las del orden correlativo
general números 8 y 11.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas de resolución formuladas conjuntamente por los grupos
parlamentarios Popular, Vasco (PNV) y Coalición Canaria, con excepción de
la número 6, que ha sido transaccionada con la número 36 del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Algún Grupo desea votación separada? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Desearíamos votación separada de las números
2, 5 y 7.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las propuestas de resolución
números 2, 5 y 7.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en
contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las propuestas de resolución.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a la votación de la transaccional entre la número 6 de las ya
señaladas que han sido formuladas por diferentes grupos parlamentarios, y
la número 36 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos, por último, a la votación de las propuestas de resolución
formuladas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), con excepción de
la número 36.

¿Algún grupo desea votación separada? (Pausa.)



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El señor EGUIAGARAY UCELAY: Desearía votación separada de la número 33.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la propuesta de resolución
número 33.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en
contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




Resto de las propuestas de resolución, con excepción de la número 36.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señoras y señores Diputados, se levanta la sesión.




Eran las siete y veinte minutos de la tarde.