CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 194



EDUCACION Y CULTURA



PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET



Sesión núm. 13



celebrada el martes, 17 de abril de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Secretario General de Educación y Formación
Profesional (Nasarre Goicoechea), para informar sobre:



--La propuesta de mapa escolar del Ministerio de Educación y Cultura. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
212/000434) (Página 5374)



--La programación general para el año 1997 de inversión nueva y
adecuación de centros de enseñanza secundaria en el territorio gestionado
por su departamento. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 213/000183) (Página 5374)



--Política general en materia de formación del profesorado. A solicitud
del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000426)
(Página 5386)



--Requisitos y medidas para asegurar la calidad educativa en el
desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE). A petición propia. (Número de expediente 212/000537) (Página 5390)

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--Admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
213/000201) (Página 5397)



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION
PROFESIONAL (NASARRE GOICOECHEA), PARA INFORMAR SOBRE:



--LA PROPUESTA DE MAPA ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/000434.)



--LA PROGRAMACION GENERAL PARA EL AÑO 1997 DE INVERSION NUEVA Y
ADECUACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL TERRITORIO GESTIONADO
POR SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.

(Número de expediente 213/000183.)



El señor PRESIDENTE: Creo que estamos en condiciones de dar comienzo a la
sesión del día de hoy que, como todos ustedes saben, tiene por objeto la
celebración de un conjunto de comparecencias. Aunque vengan recogidas tal
y como literalmente se formularon por los diferentes grupos --me refiero
en concreto a las que hablan de la comparecencia de la Ministra de
Educación--, por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces se convino en
que serían todas ellas evacuadas por el Secretario General, don Eugenio
Nasarre, al que, como siempre, damos la bienvenida entre nosotros y nos
aprestamos a oír su disertación.

Se convino en que los puntos uno y dos se tratarían conjuntamente y hemos
llegado a un acuerdo metodológico, de carácter autodisciplinario, para
que el compareciente evacue esta primera comparecencia en 20 minutos, y
los grupos que tienen que manifestar su posición con respecto a la misma
lo hagan en 15. En el resto de comparecencias el compareciente se
sujetará a 10 minutos, en los que evidentemente tendrá que hacer un
enorme esfuerzo, pero su sapiencia es mucho mayor y será muy capaz de
hacer un extracto de la misma, y los portavoces también utilizarán 10
minutos para manifestar su posicionamiento. Con lo cual, dentro de la
gravosidad y de la inmoralidad que supone trabajar un jueves por la
tarde, habremos conseguido que la sesión dure menos.

En estas condiciones damos la palabra a don Eugenio Nasarre para que se
pronuncie sobre las comparecencias solicitadas por el Grupo Socialista
del Congreso, para informar sobre la propuesta del mapa escolar del
Ministerio de Educación y Cultura, junto con la programación general para
el año 1997 de inversión nueva y adecuación de centros de enseñanza
secundaria en el territorio gestionado por su Departamento.

Tiene la palabra don Eugenio Nasarre.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Mis primeras palabras, de nuevo, son de saludo a los
miembros de esta Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los
Diputados y a los grupos parlamentarios, reiterando que esta Secretaría
General, como todos los altos cargos del Departamento, están en
permanente disponibilidad para comparecer ante esta Comisión a fin de
tratar todos los asuntos y problemas de nuestro sistema educativo, a
iniciativa de los diferentes grupos parlamentarios.

Quiero también reiterar mi permanente voluntad de diálogo porque, como he
dicho en anteriores intervenciones ante esta Comisión, creo que la
educación, en todos y cada uno de sus problemas, requiere un amplio
entendimiento entre las fuerzas políticas y sociales. Sólo así podremos
avanzar en el camino de una educación al servicio del conjunto de la
sociedad española. Podemos tener discrepancias concretas sobre aspectos
de la política educativa; pero, en todo caso, viendo que ésa es también
la disposición de los representantes de los diferentes grupos
parlamentarios, hemos de salvaguardar este clima de entendimiento y esta
estabilidad fundamental del sistema educativo.

En relación con el primer punto de esta comparecencia --la elaboración
del llamado mapa escolar--, quiero iniciar mis palabras diciendo que
entendemos el mapa escolar como la definición de la red de centros que se
precisa para atender la escolarización en las distintas etapas educativas
en el marco del sistema de la ley del año 1990; definición que incluye
obviamente la localización de los diferentes centros educativos que
componen esa red pública de centros. La definición del mapa escolar es
una de las principales y primeras tareas de toda programación educativa
que debe abordar cualquier administración educativa. Es una actividad de
carácter permanente, en la que no debe afectar sustancialmente el cambio
de signo político de la administración educativa. Este carácter
permanente de la programación del mapa escolar no puede, sin embargo,
considerarse nunca como una foto fija e inamovible. El mapa escolar tiene
siempre un elemento, asimismo, dinámico,



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porque tiene que adaptarse a los cambios de la sociedad y, en especial, a
la dinámica demográfica y a los fenómenos de movilidad de la población,
que son características de una sociedad moderna.

Desde este planteamiento, los criterios fundamentales mayoritarios para
la elaboración de la red de centros --tarea permanente de toda
administración educativa y, por tanto de ésta-- son los siguientes: en
primer lugar, garantizar a toda la población el ejercicio del derecho a
la educación, en cumplimiento del artículo 27 de la Constitución. En
segundo lugar, la red de centros tiene que tender a aproximar la oferta
educativa al alumnado, teniendo en cuenta la distribución geográfica de
la población. En tercer lugar, en nuestra sociedad, particularmente en
estos momentos, se ha de tener una atención especial al mundo rural por
los fenómenos de despoblación que se producen en algunas áreas y que han
de ser objeto de un tratamiento particularizado. En cuarto lugar, es
evidente que es necesario aprovechar los actuales centros, los que se han
ido construyendo sucesivamente, y adaptarlos a las nuevas necesidades de
la reforma educativa. En quinto lugar, es necesario utilizar lo más
eficientemente posible los recursos disponibles como base de las
decisiones a adoptar. En sexto lugar, hay que establecer centros con
dimensiones apropiadas, con un criterio de racionalidad, para impartir
una enseñanza de calidad en cada una de las etapas educativas. Hay, por
tanto, que huir de los macrocentros, que plantean serios inconvenientes
desde el punto de vista pedagógico, así como también de los centros
excesivamente pequeños, salvo que, por circunstancias demográficas y por
el tipo de asentamientos especiales en algunas áreas geográficas, sean
estrictamente necesarios. Evidentemente, todos estos criterios tienen que
ser adaptados a las exigencias de escolarización en cada una de las
etapas de nuestro sistema educativo.

Los objetivos del mapa escolar que en estos momentos la administración
educativa del Ministerio de Educación y Cultura tiene planteados se
pueden definir, en el período de tiempo de culminación de la implantación
del nuevo sistema educativo de la ley del año 1990, en base a los
siguientes puntos. En primer lugar, existencia de un número de plazas
suficientes para la población que solicite voluntariamente la educación
infantil en la segunda etapa de educación infantil. En segundo lugar,
existencia de plazas suficientes para atender en plenitud la
escolarización obligatoria de todos los alumnos de la educación primaria
y en la etapa de educación secundaria obligatoria, es decir, hasta los 16
años. En tercer lugar, llegar a cabo una oferta suficiente de las
distintas modalidades del bachillerato, así como para el acceso a los
ciclos formativos de grado medio y superior, de modo que todos los
alumnos que lo deseen y que estén capacitados para ello puedan recibir
estas enseñanzas postobligatorias.

Señorías, creo que podemos afirmar con optimismo que estamos en
condiciones de disponer, en un período de cinco años, de una red holgada
y suficiente en la que pueda estar escolarizada toda la población hasta
los 18 años, al menos ése es el objetivo, que creo que es realista y
posible, que pretende el Ministerio de Educación y Cultura.

Como he dicho anteriormente, toda elaboración del mapa escolar ha de
tener en cuenta los precedentes. El problema es que hay que adaptar el
mapa escolar que fue elaborado en sucesivos momentos por la
administración educativa, porque en él no se tuvo en cuenta
suficientemente la evolución demográfica de la sociedad española que se
ha producido a lo largo de los años noventa. Tengo que recordar aquí que
en la Memoria de la elaboración de la ley de 1990 las previsiones de
evolución del alumnado no han coincidido con la realidad. Se ha producido
un desfase en el que las diferencias, por ejemplo, entre la previsión
correspondiente al año 1996-1997, con relación al alumnado real en este
año, ha sido superior, en cifras absolutas, en 286.000 alumnos, con una
desviación superior al 10 por ciento. Estoy hablando de cifras
importantes, 286.000 alumnos de diferencia.

Con arreglo a estos criterios, en los próximos años tenemos que ir
construyendo un mapa escolar cuyos objetivos, etapa por etapa y muy
rápidamente dichos, son los siguientes: En relación con la etapa de la
educación infantil, el objetivo fundamental es lograr la generalización
de la escolarización en el tramo de tres a cinco años. Los dos criterios
fundamentales para la elaboración del mapa son: primero, que la
escolarización ha de realizarse en unidades ubicadas en los mismos
centros de primaria, salvo excepciones. Sería, por lo tanto, el modelo de
centros de educación infantil y primaria; segundo, atender, en la medida
de lo posible, un criterio de proximidad del alumnado, así como evitar
los desplazamientos de población.

Podemos decir que la red de centros de infantil está prácticamente
consolidada, a falta de pequeños retoques que se tendrán que producir,
por incremento de unidades, en los próximo años. Así, en el curso
1996-1997, están en funcionamiento 13.589 unidades de infantil en los
centros de primaria, con un incremento de la escolarización, respecto al
curso anterior, de 6.200 puestos escolares.

La programación para el curso próximo, 1997-1998, es la creación de 356
nuevas unidades, ubicadas, vuelvo a repetir, en los centros de educación
primaria, que incrementarán la oferta de plazas escolares en
aproximadamente 8.900 nuevas. La determinación de estas unidades se ha
hecho en los centros que están ubicados en zonas con necesidades de
escolarización de los niños de tres años, porque, como ustedes saben, se
ha producido ya prácticamente la escolarización generalizada de los niños
de cuatro y cinco años. Por lo tanto, con este impulso que se va a
producir en el próximo año quedará ya muy poco margen para lograr la
plena escolarización de la educación infantil.

En cuanto a la educación primaria, el criterio fundamental es el
mantenimiento básico de la actual red, que está suficientemente
consolidada, a lo largo del proceso de implantación de la reforma. En el
curso 1996-1997, los 665.000 alumnos de primaria en territorio gestionado
por el Ministerio están escolarizados en 25.129 unidades y en 4.005
centros. La escolarización generalizada en este período de tiempo implica
que sólo se deben crear nuevos centros por movimientos de población,
básicamente en las grandes urbes. Con arreglo a este criterio, en el
próximo curso 1997-1998 habrá la creación jurídica de tres centros



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de primaria, así como de otros 20 centros, por fusión de 43
preexistentes, por estar afectados a la situación de disminución de
natalidad en esta etapa educativa.

En la educación primaria, el principal problema en la elaboración del
mapa escolar consiste en la problemática específica del mundo rural.

Quiero señalar ante SS. SS. que el criterio básico del Ministerio es
intentar, en la medida de lo posible y haciendo los mayores esfuerzos,
mantener a los alumnos escolarizados en sus municipios. Mantenemos la
exigencia mínima, que nos parece razonable, de cinco alumnos para
constituir un grupo o una unidad educativa. En este sentido, nos parece
muy positivo consolidar y potenciar el modelo de centros rurales
agrupados como fórmula que ya ha sido adoptada y que, vuelvo a repetir,
desde el punto de vista pedagógico y organizativo, tiene indudables
elementos positivos. En el presente curso 1996-1997 están funcionando 451
centros rurales agrupados y nuestra previsión es que el próximo curso
1997-1998 haya 454, es decir, tres más.

La educación secundaria obligatoria es la etapa en la que se precisa en
los próximo años completarla red de centros; es decir, el mapa escolar se
debe centrar en la educación secundaria obligatoria. El Ministerio de
Educación ha elaborado, de este modo, una propuesta de mapa escolar que
va a presentar y que será un elemento básico en el proceso de traspasos
con las administraciones educativas de las comunidades autónomas. El
planteamiento de este modelo de red de centros para secundaria es lograr,
como he dicho antes, que en el período de los próximos cinco años, es
decir, de aquí al año 2002, exista una red suficientemente holgada que
permita la plena escolarización del alumnado de toda la educación
secundaria en condiciones de calidad.

Los criterios con los que se ha elaborado esta propuesta son los
siguientes. Primero, distinción entre el primer ciclo y segundo ciclo de
la educación secundaria obligatoria. En el marco de la ley, como saben
SS. SS., pueden tener un tratamiento diferente el primero y el segundo
ciclo desde el punto de vista de la escolarización y, a nuestro juicio,
deben tenerlo. La ley no impone que la escolarización en el primer ciclo
de secundaria se imparta en un tipo o modelo de centro concreto y, desde
luego, no en los institutos de educación secundaria. Es preciso, al menos
en los próximos años y en el proceso de evolución demográfica de la
sociedad española, hacer un modelo basado en la flexibilidad, en función
de las necesidades educativas. Este criterio de flexibilidad que permite
la ley lo están adoptando, a nuestro juicio, de manera correcta, la
mayoría de las administraciones educativas. En el curso 1996-1997, se han
escolarizado de esta manera 75.713 alumnos de primer curso de la ESO en
centros de primaria de un total de 128.000. Ello representa que cerca del
60 por ciento de alumnos se escolarizan en centros de primaria y el 40
por ciento en los institutos de secundaria.

La programación realizada por la administración anterior supone un
incremento aproximado del 10 por ciento de los alumnos escolarizados en
los centros de primaria, y ello se debe a la operación efectuada a
finales del curso anterior y en el verano para mantener, en la medida de
lo posible, al alumnado en sus municipios del mundo rural. Supuso una
actuación que, como conocen SS. SS., afectó a unos 11.000 alumnos. Para
el próximo curso, se va a mantener el mismo criterio. Así, la
planificación que se va a presentar por parte del Ministerio a las
administraciones educativas que van a recibir los traspasos está
elaborada con los siguientes criterios: primero, en el mundo rural,
mantenimiento de unidades de primer ciclo de secundaria en los centros de
primaria, siempre que superen, como regla general, el umbral de 15
alumnos por unidad y, al mismo tiempo, con excepciones que atiendan a
situaciones especiales (excesivas distancias, orografía de particulares
dificultades, climatología, etcétera). En el mundo urbano, el reparto
entre la escolarización en centros de primaria e institutos de secundaria
se hace en función de un criterio de eficiencia de los recursos, teniendo
en cuenta las disponibilidades y la calidad de los centros respectivos.

Se está procediendo a una evaluación, por otra parte, sobre el
funcionamiento del primer ciclo de secundaria tanto en los institutos de
educación secundaria como en los centros de primaria. Repito, a nuestro
juicio, no hay que mantener posiciones dogmáticas de preferencia sobre
uno u otro modelo. Recientes encuestas nos muestran que los criterios de
las familias están divididos, pero se orientan, acaso mayoritariamente,
al mantenimiento de la escolarización en los centros de primaria.

Respecto al segundo ciclo de secundaria, el criterio es que la regla
general debe constituir la plena escolarización de los alumnos de esta
etapa en los institutos de educación secundaria. Por tanto, el desafío de
los próximos años es completar la oferta de plazas suficientes para
lograr una adecuada escolarización en esta segunda etapa de la educación
secundaria obligatoria, junto con las plazas de bachillerato y formación
profesional.

El mapa escolar debe obedecer a los siguientes criterios: primero, el
mapa escolar tiene que tomar como base la actual red de centros
existente; en la actualidad, 1.109 institutos de educación secundaria.

Segundo, se debe de implantar el segundo ciclo, a nuestro juicio,
conforme al calendario legal, sin efectuar nuevas anticipaciones, como se
han realizado en los años precedentes. Tercero, en la programación de la
red se ha de tener en cuenta la dinámica demográfica, que en los próximos
años va a afectar fundamentalmente al alumnado de educación secundaria.

Recuerdo que en los próximos cinco años, aproximadamente, disminuirá la
población escolar española en cerca de 800.000 alumnos. Cuarto, la
tipología de centros de educación secundaria ha de ser la siguiente: como
modelo general, tenemos los institutos de educación secundaria, que
acogen al alumnado de educación secundaria obligatoria en su conjunto,
con las excepciones citadas anteriormente respecto al primer ciclo, así
como la escolarización de las modalidades de bachillerato y de los ciclos
de formación profesional; estos centros tienen que disponer, al menos, de
un número adecuado de grupos para garantizar una suficiente calidad de la
enseñanza. Existe un número por debajo del cual no se puede, como saben
SS. SS., garantizar la especialización que supone la educación
secundaria. Ese mínimo ha de ser de dos grupos de alumnos por



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curso, lo que significa que, en relación con el bachillerato, se ha de
tender a que los centros programados tengan una demanda de alumnos en
torno a 70 por curso; pero tienen también que contemplarse otros centros
que sólo acojan a alumnos de educación secundaria obligatoria, es decir,
hasta los 16 años. En pequeñas poblaciones, en efecto, no es posible la
existencia de institutos de educación secundaria completos y, por ello,
la fórmula, que ya se ha iniciado, de las llamadas secciones o centros de
educación secundaria obligatoria exclusivamente resulta idónea en
poblaciones rurales pequeñas para poder mantener escolarizados a los
alumnos en las propias poblaciones, siempre que, en principio, salvo
excepciones, se puedan formar dos grupos por curso. También con carácter
particular conviene admitir la posibilidad, y así existen algunos
centros, de que haya centros orientados a la formación profesional
específica.

En relación con el bachillerato, los criterios de la red de centros han
de ser los siguientes: primero, que todo centro de bachillerato debe
impartir dos modalidades como mínimo y tener, como he dicho
anteriormente, dos grupos por curso como mínimo. En segundo lugar, el
mantenimiento de los bachilleratos de arte en las escuelas de arte, pero
también creemos que es importante iniciar la progresiva incorporación de
esta modalidad de bachillerato a los institutos de educación secundaria,
de tal forma que haya algunos de ellos en cada una de las poblaciones o
capitales de provincia que puedan también impartir esta modalidad de
bachillerato. En este sentido debo informar a la Cámara que para el curso
1997/1998, aproximadamente el 65 por ciento de los institutos de
educación secundaria en territorio del Ministerio tendrá implantado el
bachillerato del nuevo sistema, porque para el próximo curso llegan las
anticipaciones que se han producido en los años anteriores en relación
con la educación secundaria obligatoria. Por tanto, éste es un año
importante para implantar ya las modalidades de bachillerato. El
planteamiento que ha hecho el departamento ha sido que las dos
modalidades más comunes serán la de humanidades y la de ciencias de la
naturaleza y de la salud, según el modelo o tipo de instituto. Hay unos
grandes centros o institutos de educación secundaria que podrán ofrecer
tres modalidades de bachillerato. Al mismo tiempo se va a producir, junto
a estas modalidades de bachillerato, la implantación de los ciclos
formativos profesionales, procurando que haya una concordancia o conexión
entre las modalidades de bachillerato y los ciclos formativos que se
imparten.

En cuanto a la formación profesional, tengo que decir que el criterio de
flexibilidad en la definición de la red de centros es más importante, si
cabe, que en lo dicho anteriormente, porque en nuestra formación
profesional es necesaria en estos momentos una permanente adaptación al
tejido social y productivo, de forma que la implantación de los nuevos
ciclos de formación profesional resulten lo más favorable para el entorno
socioeconómico en el que se desenvuelve. Este es el criterio con el que
se está elaborando por el Gobierno el II Plan Nacional de Formación
Profesional y que se presentará próximamente al Consejo General de la
Formación Profesional.

En el próximo curso queremos implantar 389 ciclos formativos nuevos, con
lo que los 1.464 que ya están instaurados en el presente curso tendrán
una implantación superior y progresiva. En el próximo trienio, creemos
que esta progresiva implantación de los ciclos formativos de grado medio
y de superior debe seguir, aproximadamente, el mismo ritmo que el
realizado este año, es decir, debemos intentar que en el próximo trienio
existan unos 1.200 nuevos ciclos de formación profesional.

Quiero decir dos brevísimas palabras en relación con los programas de
garantía social que, según la definición del mapa escolar, tienen que
acomodarse y estar siempre en conexión con los centros de educación
secundaria y han de contar con la participación de instituciones sociales
de ayuntamientos, corporaciones locales, etcétera.

En relación con la enseñanza artística, el modelo de red de centros sería
la siguiente. En primer lugar, el bachillerato de arte debe esta
implantado, como he dicho, en todas las provincias y esto ya se consigue
en el presente año y se han de implantar en dos tipos de centros: en las
escuelas de arte, junto con, como he dicho anteriormente, los institutos
de educación secundaria. Nuestra programación hace que el próximo curso
se den los bachilleratos de arte y los ciclos formativos de grado
superior, fundamentalmente, en 31 escuelas de arte, y está previsto
también para la futura red de centros el mantenimiento como centro
superior de la Escuela superior de conservación y restauración de bienes
culturales. En relación con los conservatorios de música, nos parece que
el criterio prioritario es la potenciación de los conservatorios
profesionales a razón de al menos uno por provincia, así como un oferta
limitada de los conservatorios superiores, que no necesariamente han de
estar en todas las comunidades autónomas.

Señorías, con los criterios expuestos, tengo la firme convicción de que
será posible completar el mapa escolar del territorio de las diez
comunidades autónomas en el plazo al que antes he aludido. El Ministerio
ha elaborado con estos criterios un proyecto de mapa escolar, abierto,
evidentemente, que presentará a cada una de las comunidades autónomas
cuando se inicie el funcionamiento de las comisiones mixtas de
transferencia, con objeto de concordar con ellas el futuro mapa escolar.

Estamos convencidos por nuestros estudios de que la propuesta que vamos a
hacer a las administraciones educativas que van a recibir los traspasos
va a satisfacer suficientemente todas las necesidades de escolarización y
creemos que, en un período adecuado, toda la sociedad española podrá
estar satisfecha por haber conseguido este grado importante y suficiente
de escolarización.

Respecto a la programación de la inversión nueva y adecuación de centros
de enseñanza, tengo que dar los siguientes datos a sus señorías. En 1997
se van a destinar 33.569 millones a inversión en centros públicos de
educación; de ellos, 20.666 millones son los que corresponden a los
créditos presupuestarios en materia de inversión aprobados por esta
Cámara, y los 13.159 millones restantes van con cargo al Fondo social
europeo, en cumplimiento de los fines y los objetivos que se asignan por
parte de las referidas dotaciones. Se trata de un esfuerzo inversor de
gran entidad



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que va a impulsar el establecimiento de esa futura red de centros que
nuestro sistema educativo necesita en el proceso de implantación de la
nueva ordenación educativa.

La inversión en centros públicos de educación se estructura de la
siguiente manera: en primer lugar, centros de nueva construcción, que
comprende centros nuevos o sustitución de centros ya inservibles u
obsoletos que se van a poner en funcionamiento durante el curso
1997-1998. El número de centros es de 63, con un importe de 10.516
millones de pesetas. En segundo lugar, centros nuevos, cuya construcción
se va a iniciar en el año 1997, con una anualidad correspondiente a 1998,
con la finalidad de ponerlos en funcionamiento para el curso 1998-1999.

Se trata de 56 centros, con una inversión para la anualidad del año 1997
de 4.622 millones de pesetas. En tercer lugar, la ampliación de centros
existentes para su adecuación a las exigencias de la ley. Las actuaciones
afectan a 270 centros, con una inversión de 11.106 millones de pesetas.

En cuarto lugar, obras de menor dimensión, obras de reparación y
reposición de material escolar, que afectan a 711 centros, con una
inversión de 6.631 millones. Por último, otras inversiones de carácter
menor por un valor de 692 millones.

El número de centros de nueva construcción, al que me he referido antes,
se divide en 23 centros de infantil y primaria (la inmensa mayoría de
ellos son sustituciones de centros preexistentes ya inservibles) y 39
centros de secundaria y formación profesional y, finalmente, otras
enseñanzas, un centro. Si SS. SS. quieren, después leeré la lista de los
centros de primaria y secundaria de nueva construcción. De los 39 centros
de secundaria son centros de nueva creación 27 y los 12 restantes son
sustituciones de centros preexistentes.

Respecto al inicio de obras en la primera anualidad de 1997, ya he dicho
antes que se iniciará la construcción de 56 nuevos centros públicos, 19
de infantil y primaria y 32 de educación secundaria, que supondrá para el
curso 1998-1999 un incremento de la red escolar de 28.000 puestos
escolares. Se destinan en esta anualidad 4.622 millones a tal fin.

Este impulso que se da en estos dos años, 1997 y 1998, nos permite
acercarnos a completar la red de secundaria en los procesos de inversión
que se tendrán que desarrollar en los años 1999, 2000 y 2001. Con esta
inversión, creemos que estaremos en condiciones de completar
adecuadamente la red de centros.

Por último, señor Presidente, porque sé que me he alargado demasiado,
quisiera destacar, en relación con la ampliación y adaptación de centros
existentes, el esfuerzo que se hace en las dotaciones de equipamiento de
nuevos centros, entre otras razones, por la necesidad de equipar 2.000
aulas de tecnología para el primer ciclo de secundaria. Las obras de
reposición de material escolar afectarán a 711 actuaciones, con 5.464
millones de inversiones de obra. Si SS. SS. lo desean, aunque creo que me
alargaría demasiado, estoy a su disposición para dar la lista de los
centros que iniciarán su funcionamiento en el curso 1997-1998.




El señor PRESIDENTE: En todo caso, si lo cree conveniente el señor
secretario general, esos datos de concreción de todas y cada una de esas
inversiones los puede remitir a través de la Mesa, para que sean
conocidos por todos y cada uno de los portavoces.

A continuación, tiene la palabra, como peticionario de esta
comparecencia, el Grupo Socialista del Congreso a través de su portavoz
don Joan Romero, al que se le concede.




El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor secretario general, por
su exposición sobre los planes que tiene su Gobierno respecto de la
aplicación de un mapa escolar que contiene una parte referida a criterios
y otra referida a inversiones, como todos los mapas escolares. Muy
agradecido, en nombre de mi grupo, por la información.

Dicho esto, debo decirle que, como propuesta, el mapa escolar me ha
parecido desolador. No hay ningún mapa escolar de ningún gobierno
regional, de ninguna comunidad autónoma que ya los tenga todos elaborados
y editados, que sea tan pobre como el que ha expuesto usted hoy aquí.

Quiero achacarlo a las prisas, sin duda; estoy seguro de que es por las
prisas, pero si ésta es la propuesta de mapa escolar con la que ustedes
están trabajando, apañado va casi el 50 por ciento del sistema educativo
español, que es el que ustedes gestionan directamente, porque se han
dejado elementos centrales de criterio general en cualquier elaboración
de cualquier mapa escolar. Le habla una persona que ha elaborado uno para
una comunidad autónoma completa, y aquí hay Diputados y Diputadas que han
hecho lo mismo, lo propio. Realmente, a mí me hace un poco enrojecer
cuando escucho la pobreza de criterios con que plantea usted la
elaboración de un mapa escolar, en todos los órdenes. Todo lo que ha
señalado aquí no son sino líneas absolutamente genéricas que sirven para
cualquier borrador de mapa escolar elaborado hace seis años por cualquier
gobierno autonómico. Estoy seguro de que ha encontrado usted muchísimos
mejores documentos y más elaborados en la mesa de su ministerio cuando
usted llegó, porque si para lo que ha dicho usted hoy aquí ha dedicado un
año de su tiempo, realmente lo ha perdido.

Un mapa escolar es una cosa mucho más profunda, mucho más seria y ha
tenido en 30 minutos tiempo sobrado para decir con qué criterios van a
elaborar ese mapa escolar, aparte de las generalidades; cuál es el
porcentaje de incorporación de alumnos que tienen previstos en la
secundaria; ¿es el cien por cien; es el 105; es el 110? ¿Qué porcentajes
de chicos y chicas están pensando que van a estudiar bachiller; qué
porcentaje de chicos y chicas tienen ustedes previstos que van a cursar
los ciclos formativos de la FP --de grado medio y de grado superior--;
qué porcentaje estiman ustedes que van a dedicar para que los chicos
estudien programas de garantía social? Estos son elementos muy básicos de
un mapa escolar que yo supongo que usted tiene, porque, si no, estamos en
muy malas manos en la educación española, señor secretario general. Muy
mala propuesta de mapa escolar la que usted nos ha hecho hoy aquí; muy
pobre, realmente; desoladora. Y no me voy a entretener más ahí, porque no
ha dicho mucho más respecto al mapa escolar.




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Me voy a entretener en lo que ya es una falta reiterada a la verdad en
esta Cámara por parte de la Ministra de Educación, por parte del
subsecretario del ministerio y por parte de usted mismo en lo referido al
plan de inversiones. No dicen nada más que frases y cifras que no se
ajustan en absoluto a la verdad, y ya está bien de que, en sede
parlamentaria, ustedes se dediquen a engañar a los españoles, ya está
bien; señor Nasarre, ¡ya está bien! Estamos en el Parlamento español,
esto es una cosa muy seria. Y ya está bien de que la Ministra de
Educación... Por cierto, ayer sí que tenía tiempo para explicar a los
periodistas el plan de inversiones, y se ha negado a venir a explicarlo
aquí, al Parlamento, un día después, y le envía a usted, desoyendo la
reiterada petición de mi grupo de que viniera a explicar un asunto tan
importante para la educación española como es el plan de inversiones. Se
ha negado a venir aquí, y ayer sí había tiempo para explicarlo a los
medios de comunicación, diciendo cosas que no son verdad. No hay 27
nuevos centros previstos en el Ministerio de Educación, no los hay. No
van a hacer 27 centros en el año 1997, señor Nasarre, bajo ningún
concepto. ¡Es absolutamente falso! No hay 27 nuevos centros; ni hay 24,
como dijo usted; ni hay 24, como dijo la ministra; ni 9, como dijo usted
tres meses antes. Fíjese, ni siquiera hay nueve. Ustedes van a inaugurar
en septiembre de 1997 tres y van a adecuar uno, y le voy a decir
exactamente dónde los van a hacer. Señor Nasarre, ya está bien de salir y
manipular, a través de los medios de comunicación, al pueblo español con
cosas tan serias como la educación, ya está bien.

¿Por qué le digo esto? Porque me he molestado, y mi grupo también, en
saber qué van a invertir ustedes durante el año 1997. Ustedes tenían
exactamente 5.286 millones de pesetas para inversión en educación
secundaria para el año 1997 --esto es lo que dice el presupuesto del
Estado--; 5.286 millones de pesetas que mi grupo parlamentario se ha
molestado en rastrear; y además usted sabe, porque tiene una larga
experiencia en materia de educación, que es perfectamente fácil conocer
cuál es la inversión que el Estado va a hacer en educación en España, en
el territorio que usted gestiona, en el año 1997, porque usted tiene la
obligación de publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Estamos de
acuerdo, ¿no? Porque, si no la publica en el Boletín Oficial del Estado,
no hay inversión. Pues nada más sencillo que eso, ir al Boletín Oficial
del Estado y ver cuánta obra nueva han licitado ustedes desde el mes de
septiembre pasado hasta el día de ayer. Lo que no está en el BOE no
existe, señor Nasarre. No vale que la ministra salga a hablar de que va a
hacer 27 institutos nuevos, o 63 (ni más ni menos) centros nuevos y de
33.000 millones de pesetas que no existen en ningún sitio.

Yo le voy a decir a usted lo que ustedes han sacado en el BOE y lo que
ustedes van a ser capaces de hacer, y se lo voy a dar con cifras del BOE
y con lo que ustedes me han contestado por escrito en nombre del Gobierno
español; nada más; y se dará cuenta de que no se puede venir aquí a
mentir en un asunto como éste.

Ustedes han licitado, desde el día 17 de octubre de 1996, nada más que
cuatro obras no desconcentradas en secundaria. Han licitado un instituto,
el Celestino Mutis, de Villaverde, con una cantidad de 247 millones de
pesetas; plazo de ejecución, 12 meses. (Supongo que lo tendrá en sus
datos.) Han licitado, el 7 de noviembre de 1996, el Instituto de los
Alpajes, de Aranjuez, 164 millones de pesetas, con un período de
ejecución de nueve meses. Han licitado, el 27 de diciembre de 1996, un
centro en Collado-Villalba por 400 millones de pesetas; plazo de
ejecución, ocho meses. Y han licitado, el 22 de noviembre de 1996, una
ampliación del Instituto Pintor Luis Sáez de Burgos, de 138 millones de
pesetas; plazo de ejecución, nueve meses. Esto es lo que hay en el BOE en
secundaria; esto es lo que hay; no vengan con historias. No hay ninguna
licitación de institutos de secundaria en el BOE desde enero hasta el día
de ayer, ninguna. Adjudicaciones publicadas en mayo y en agosto (que les
otorgo a ustedes, aunque usted sabe que un proyecto de ejecución ya
estaba antes de las elecciones generales): el actual Gobierno adjudicó
obras en julio y en agosto por valor de 1.900 millones de pesetas. Los
cuatro institutos que ustedes han licitado suman 955 millones. Los
compromisos del Gobierno para todo el año 1997 se reducen a lo siguiente
(lo dicen ustedes --no yo-- por escrito, lo tengo aquí, instituto por
instituto, compromiso por compromiso, obra por obra). ¿Sabe usted cuáles
son los compromisos de su ministerio para todo el año 1997 que le han
dado por escrito al parlamentario que le está hablando? Para todo el año
1997, 1.174 millones de pesetas, desglosados de la siguiente manera:
1.024 para la provincia de Madrid. Por cierto, ningún instituto se acaba
en el año 1997, ninguno. Hay dos que tienen una fuerte anualidad en 1997,
pero no se acaban ahí, pasan a 1998, y, señor secretario general, ¿sabe
el presupuesto que tienen para el Instituto de San Fernando de Henares
para el año 1997, un instituto que se aprobó que tendría que estar
acabado en 1997? Tienen ustedes presupuestados 17 millones de pesetas. Y
le da usted tres anualidades más, de manera que hasta el año 2000 no
estará acabado, según dicen ustedes. Año 1997: Ciudad Real, 10 millones;
Cuenca, 10 millones; Cáceres, 10 millones; Baleares, 28 millones; Murcia,
38 millones; Toledo, 20 millones; Melilla, 12 millones, y Cantabria, 22
millones; 1.174 millones de pesetas. En total, 4.107,4 millones de
pesetas. Esto es lo que ustedes tienen realmente de presupuesto, más allá
de las promesas, más allá de lo que vienen aquí a contar y de lo que la
ministra contó ayer. Todo humo, señor secretario general, y esto no es
admisible por parte del grupo parlamentario que le habla; no es de
recibo. No sirve que usted compute esos 27 famosos institutos, la mayoría
de todos éstos con anualidades que usted contesta por escrito para que
todo el año 1997 solamente tienen previsto hacer algún estudio previo, ni
siquiera el proyecto de ejecución. Dejan lo fuerte del gasto para las
anualidades 1998, 1999 ó 2000; para entonces, señor secretario general,
todos calvos; para entonces usted ya no será responsable de eso, para
entonces usted ya habrá transferido el sistema educativo a las diez
comunidades autónomas, y usted les transfiere una idea de futuro, ninguna
concreción, porque el número de centros de enseñanza secundaria que
estarán finalizados al inicio del curso 1997/1998 son tres, como, por
cierto, le dije hace muchos meses, y una adecuación. Eso es lo que



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han hecho ustedes desde el mes de mayo; exactamente eso, y me he
molestado en mirar todas las páginas del BOE y no podrá desmentir lo que
le he dicho, porque entonces se estaría desmintiendo usted mismo como
Gobierno. No pueden decir cada vez una cosa.

El año 1997, señor secretario general, será un año perdido para las
inversiones en educación en la mitad del sistema educativo español; un
año clave y perdido, y digo que un año clave porque es el año en que
otros gobiernos autonómicos sí están haciendo, de verdad, un gran
esfuerzo inversor; de verdad, no de mentira. Le voy a poner un ejemplo
cercano, un ejemplo de un socio de gobierno, de un grupo parlamentario
que da soporte al Gobierno: Convergència i Unió. Convergència i Unió
destina 15.000 millones adicionales para 72 centros educativos en el año
1997. Tengo aquí la lista. Presupuesto extraordinario. Esto es verdad.

¿Sabe usted cuál es la diferencia? Que Convergència i Unió se cree la
Logse y ustedes no; ésa es la diferencia, ni más ni menos. Esa es la
diferencia. Pregunte usted por el ritmo inversor de 1997 en el País
Vasco; pregunte y verá qué sorpresa se lleva.

Además, cuando uno ve esto de Cataluña se cae abajo toda la coartada
demográfica que usted y la ministra avalan, porque ésta es la zona de
España donde la natalidad es más baja. ¿Cómo se justifican 72 centros
nuevos en la comunidad que tiene la natalidad más baja de España? Se
justifican porque la natalidad no es baja en el tramo de secundaria, eso
es una pura coartada demográfica de la ministra y suya; porque no es
verdad, ya que en secundaria hay tensión demográfica, sino en Cataluña
tendrían que cerrar institutos, no construir 72. ¡Digo yo!
En cuanto a la red de centros, déjeme que le diga dos cuestiones más. En
primer lugar, que el mapa de la FP es una gran laguna, que usted no ha
comentado aquí, y yo le ruego, por favor, en nombre de mi grupo
parlamentario, que nos lo haga llegar a través de la Mesa por escrito.

¿Cuál es el mapa de la nueva formación profesional que ustedes tienen
pensado, si es que han pensado algo nuevo, distinto de lo que se
encontraron? Mejor dicho, ¿qué han quitado de lo que se encontraron?
Porque en los despachos se encontraron un buen mapa de la FP en el
territorio que usted gestiona; ustedes se encontraron un buen mapa
escolar. Dígame qué modificaciones han introducido y haga el favor de
remitir las modificaciones --no buenas palabras, sino por escrito-- a
este grupo parlamentario a través de la Mesa: ciclos formativos de la
nueva FP, ciclos formativos de grado medio y superior, dónde los van a
implantar, de qué van a ser, de qué familia son, qué programas de
garantía social tienen establecidos o pensados y cuánta nueva FP piensan
anticipar, si es que piensan anticipar alguna, ya que ha dicho que es el
gran problema español, y yo coincido con esto, pero ustedes están
dilatando la implantación anticipada de la nueva FP; por lo menos,
tráiganos aquí la relación. Y, por supuesto, sería un sarcasmo que,
después de escribirme el día 18 de marzo la pobreza de inversión en el
territorio que usted gestiona, ahora me saliera con una relación nueva;
eso ya sería para salir corriendo; eso sería para salir corriendo, porque
esta relación de inversión pobre, señor secretario general, es del 18 de
marzo, y en ella dice usted que para San Fernando de Henares hay 18
millones en 1997. Por poner un ejemplo de incumplimiento de compromisos
de esta Comisión hace unos meses, sin ir más lejos, un incumplimiento de
una proposición no de ley votada por unanimidad --su grupo también la
votó--, ¿cómo ahora lo dejan para años posteriores? ¿Para qué sirven las
proposiciones no de ley? ¿Dónde está el compromiso del Gobierno? ¿En qué
quedamos? Menos propaganda, menos rueda de prensa, más Parlamento, más
seriedad, señor Secretario General, en algo como las inversiones en un
asunto tan delicado, en un asunto que tanto preocupa en este momento, no
solamente a la comunidad educativa, sino a los gobiernos regionales que
han de recibir un traspaso de funciones y servicios, que van a recibir
una herencia que yo, si fuera ciudadano de una de esas comunidades
autónomas, no quisiera recibir.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Intervendrá en primer lugar el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) por medio de su Diputada doña Carme Laura Gil i Miró.




La señora GIL I MIRO: Ante todo, quiero agradecer al señor Secretario su
presencia aquí y tomar la palabra no por alusiones, pero sí porque no me
parece que sea éste el lugar en que se deba hablar de la política de mi
Gobierno. En cualquier caso, yo estoy dispuesta para, cuando ustedes
quieran, sentarme aquí a explicar y a contestar todo lo que deseen por mi
conocimiento sobre el tema.

Pero me gustaría hacer dos observaciones. Nosotros no tenemos nada que
decir directamente sobre el mapa que ustedes crean necesario en el área
de su gestión, que es de su gestión, pero, como persona para la cual la
educación es importante y como nacionalista de un país que la considera
prioritaria para su proyecto y para su ciudadanía, sí desearía hablarle,
primero, de la inversión, casi contestando, o, de alguna manera, dando
una explicación al Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra.

Yo sí creo que sin inversión en el BOE y en los presupuestos se pueda
cumplir el programa que ha dicho el señor secretario, porque, si ustedes
recuerdan, en la ley de presupuestos de este año hay un artículo que
permite a todas las administraciones públicas invertir --capítulo
inversión-- sin que haya recursos presupuestados. Se podrá empezar a
pagar de aquí a diez años y ahora solamente se deben pagar los intereses,
nada más; por tanto, sí que se puede invertir sin tener dinero en los
presupuestos, ya que, como digo, según la ley de presupuestos de este
año, sólo se necesita el dinero para elaborar o redactar el proyecto,
nada más. Quiero decir que sí podría ser que exista esta inversión,
porque es una inversión que legamos como patrimonio a generaciones más
allá de diez años, que es cuando se empezaría a pagar; al menos la
Administración podría hacerlo así si fuera necesario.

Otro asunto sobre el que tengo interés en hablar es que nosotros,
Convergència i Unió, el Gobierno de Cataluña, cree, como bien ha dicho el
señor Romero, en la fuerza de esta reforma, y yo lo he dicho muchísimas
veces y no



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quiero volver sobre ello. Lo digo porque usted ha hablado del modelo;
cada uno tiene su modelo y, cuando las comunidades autónomas reciban las
competencias, maduren y tengan un programa político y un programa propio
de país y de comunidad, quizá cambien este mapa. En mi país el modelo fue
muy discutido; fue discutido si la tipología de centros base era el
12-18, el 3-16, el 3-12 y el 12-16, sobre todo porque los ayuntamientos,
no sólo rurales, sino de municipios pequeños --en general, los municipios
en el Estado español son pequeños, con poca demografía--, hacían una
presión enorme para no quedarse sin alumnos, sin niños ni niñas en las
calles a partir de los 12 años. Había una presión muy fuerte por parte de
los municipios sobre mi Gobierno. Nosotros hicimos muchísimos estudios
sobre el modelo de país --que a ustedes, probablemente, y también a
alguno de nosotros o de nosotras, les puede gustar en mayor o menor
medida--, Gran Bretaña, que cuando hizo su reforma educativa llevó a cabo
unos estudios muy interesantes sobre la madurez de los alumnos, de
acuerdo con la edad que estaban en las escuelas. Estaba muy claro que un
alumno o alumna que terminaba su escolaridad en un centro con 11 ó 12
años, siendo el mayor de las cohortes que allí estudiaban, tenía menor
madurez, cuando se volvía más adulto, que aquel alumno o alumna de 11 ó
12 años que era el primero de la cohorte en un centro de 12 a 18 años.

Este fue un argumento que nos decidió.

Así y todo, yo entiendo que en unas zonas de dispersión rural puede
haber, porque es lógico, alumnos en otras condiciones, y que también se
tiene que tener en cuenta como criterio de mapa escolar qué distancia
máxima pueden recorrer los alumnos para ir a una escuela lejana y tener
un rendimiento psíquico y físico suficiente. Quizá no se pueda pasar de
30 ó de 40 kilómetros en un total de ida y vuelta, nunca más, porque, a
mi entender, sería una barbaridad. Este es un criterio de mapa y de
transporte escolar.

Después de tantos estudios, a mí también me preocupa una contradicción
que puede existir en el mapa, si llega a realizarse de esta manera;
pueden tener o no en cuenta esta observación, pero que creo que debo
hacerla. Y es cuando dicen que en un centro de enseñanza secundaria,
pongamos tipología 12-18 (ha venido usted a decir que en muchos casos
será 14-18, porque un 60 por ciento de alumnos de 12 años estará en los
centros de primaria haciendo lo que están haciendo ahora), si no hay dos
grupos de alumnos --ha dicho 70 alumnos, que serían como 60-- no podrían
luego proseguir, porque no habría suficiente calidad. Es cierto lo que
usted dice. En cambio, dice que 15 alumnos son suficientes para tener un
grupo de 12 años haciendo secundaria en un centro de primaria. No tendrán
la misma calidad, a no ser que usted me diga que van a enviar a
profesores de secundaria cada semana a dar clases a este centro, o bien
que se transportará a estos alumnos dos veces a la semana a un centro de
secundaria completo. Yo he sido responsable de mapa escolar y sé que no
es posible hacer el currículum flexible y con especialidades con 15
alumnos en un solo grupo. No lo es porque sería convertir a un profesor
de ciencias en profesor de letras. Y que conste que yo creo que es una
opción difícil de tomar. También es difícil decir si va a quedar un 60
por ciento hasta los 14 años, pero es un opción que yo no le discuto. Yo
sólo digo que deberían adoptarse elementos paliativos que añadieran
calidad a este tipo de enseñanza. Los hay diversos y se puede hacer de
diferentes maneras. En cualquier caso, el modelo del nuevo sistema
educativo no contemplaba en sus inicios que fueran los centros 3-14 sino
3-12, tipología base, y 12-18.

Me alegro de que ustedes entreguen las transferencias en educación a las
comunidades autónomas y que piensen que será a su entera satisfacción.

Nosotros esperamos que sea también a entera satisfacción de Cataluña
cuando se haga un plan de financiación para saber lo que cuesta el nuevo
sistema educativo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, doña Inés Sabanés tiene la palabra.




La señora SABANES NADAL: En primer lugar, quiero agradecerle su presencia
aquí.

Nuestro grupo abordaba esta comparecencia con preocupación por la
situación de la educación, sobre todo en el territorio MEC, preocupación
que ha ido en aumento a medida que ha explicado tanto los criterios para
la confección del mapa escolar como la situación de las inversiones por
cuanto, por lo menos a nuestro grupo, los datos que nos han ido
facilitando desde el Ministerio, en lo que respecta al año 1997, no
cuadran, en absoluto, ni con lo que hoy se ha explicado aquí ni con las
declaraciones --a ocho días, por cierto, de la convocatoria de huelga--
de la señora ministra.

Con independencia de algún criterio genérico que puede estar bien sobre
la confección del mapa escolar, más bien nos ha parecido que describe una
realidad que es muy desigual y que al no poder o no querer hacer el
necesario esfuerzo de reequilibrio, se dice que éste es un sistema
flexible. La flexibilidad a que se ha aludido, y que no hemos acabado de
comprender, se refiere, imagino, a que la implantación de la reforma
educativa está suponiendo una fuente de desigualdad territorial muy
importante. La nueva etapa de secundaria obligatoria se está implantando
de diferente manera --¿será eso la flexibilidad?--, cumpliendo o no la
unidad de la etapa en distintas comunidades con competencia en la
materia. En los casos de Navarra o Cataluña, con implantación completa y
anticipada en centros públicos, incorporada a la práctica totalidad de la
secundaria obligatoria en los institutos, mientras hay otras comunidades
autónomas con problemas de escolarización y de planificación y con unos
porcentajes que usted ha situado en un 60 o un 40 por ciento de alumnos y
alumnas distribuidos en centros de primaria o en institutos.

Tampoco se sigue ese mismo criterio en todo el territorio MEC; no es así.

Incluso en localidades con similares características, ése no es un
criterio común. Tal vez en 1.º y 2.º de secundaria, en las provincias de
Toledo o Santander, no pueden disfrutar de los recursos y de las
instalaciones en los institutos, salvo en muy pequeño porcentaje,
mientras en otras provincias, también en territorio MEC, se invierte la
proporción y sucede exactamente lo contrario.




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Lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid, en localidades cercanas y con
los mismos condicionantes, por lo que debemos entender que no es un
criterio racional, pensado y planificado en estos términos del 60-40 a
que se ha referido S. S., sino que sobre una realidad existente se dice
que ése es el modelo y que es flexible, lo que, evidentemente, para
nosotros no tiene lógica alguna. La realidad en la Comunidad de Madrid es
que coincide que esos alumnos que están recibiendo la enseñanza
secundaria en centros de primaria la están recibiendo en condiciones
realmente discriminatorias. Aquí se citaba el caso de San Fernando,
donde, por acoplar de cualquier manera a los alumnos de secundaria,
porque no tienen instituto, además de no poder impartir la educación
infantil, se utiliza todavía la cultura del prefabricado. Tenemos que
hablar de la situación real del territorio MEC, de la situación de
desigualdad, de la situación de discriminación frente a otras comunidades
e incluso entre sí, dentro del mismo territorio, dependiendo de
diferentes factores.

Le voy a formular una pregunta para que nos facilite por escrito la
respuesta o, si puede, nos la conteste ahora: a qué se deben esas
diferencias en los porcentajes de escolarización dentro del territorio
MEC, de niños y niñas de 3, 4 y 5 años o de 12 y 13, estos últimos en
colegios o en institutos, cuando se trata de la misma comunidad o
provincia y aun de localidades del mismo territorio, y si la
planificación a que nos estamos refiriendo tiene previsto modificar o
corregir esos criterios; si existe alguna previsión para invertir ese
criterio del 60-40, o va a seguir siendo así; es decir, si a los de San
Fernando les ha tocado tener que impartir la enseñanza en esas
condiciones, lo que marca el modelo de flexibilidad es que les ha tocado
a los de San Fernando, no se trata de ninguna otra razón, les ha tocado
porque ésas eran las condiciones previas. Esa situación se llama
discriminación, no se llama flexibilidad; se llama discriminación
posiblemente porque les tocó salir de condiciones diferentes, porque su
demografía ha sido distinta o porque no se ha podido solucionar la
situación. Nuestro grupo entiende que a este tema hay que darle otra
solución de racionalidad. Esa oferta, esos criterios y esa realidad que
nos ha descrito no van a ser aceptados por nuestro grupo ni por otros
grupos ni por una parte importantísima de la comunidad escolar. Es
evidente que la problemática está ahí y da lugar a movilizaciones y a los
procesos de conflictividad que vamos a tener. En esta Cámara deberíamos
reflexionar sobre ello enfrentándonos a la situación tal como es.

En cuanto a la inversión, es cierto que, con los datos que hemos
solicitado, no nos cuadran en absoluto los 33.000 millones que han
aparecido. Queremos saber si se van a incorporar fondos al capítulo 6, de
inversiones, de los presupuestos del MEC de 1997, a qué programa, a qué
ministerio, sin son ampliaciones de crédito u otras formulaciones.

Queremos saber con exactitud a qué responde. Nuestras cifras están más en
la línea de las cifras de inversión que se han planteado aquí, porque a
todos los grupos nos han facilitado las mismas cifras sobre números de
institutos y compromisos formales en el año 1997, lo que corresponde a
1998, lo que se iniciaría en un período y en otro.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del señor Secretario General.

Antes de entrar a comentar algunos datos, quiero decir que me ha
extrañado enormemente que el mismo portavoz que ayer decía que la
educación debía ser una cuestión de Estado, hoy diga mentiras y toda
clase de injurias y repita, una vez más --quiero que sea la última vez--,
que la señora ministra no quiere comparecer ante esta Comisión. De una
vez por todas, la señora ministra ha comparecido en esta Comisión cinco
veces en lo que llevamos de Gobierno, que no llega al año. Recuerde S. S.

las veces que comparecían los ministros del Gobierno PSOE en la misma
Comisión: una vez al año, que no hace daño. Se repite una y otra vez, y
una y otra vez tendremos que decir lo mismo. El Gobierno entiende que es
más conveniente para la propia Comisión que, según sea el tema,
comparezca el alto cargo del ministerio que lo conoce día a día, en este
caso el mapa escolar o las inversiones. De una vez para siempre, no
digamos eso. Ayer se volvió a repetir que era una cuestión de Estado. Si
tanto interés tiene el Partido Socialista en una cuestión de Estado como
ésa, me extraña mucho que el primero que no estuviera fuese el jefe de la
oposición.

Dicho esto como preámbulo para no seguir con el ritornello de siempre en
cada una de las comisiones, quiero decir, en cuanto a la comparecencia,
que nos han satisfecho las líneas generales del mapa escolar. Es verdad
--y lo ha dicho el Secretario General-- que el mapa escolar es algo
flexible y que no ha virado en 180 grados. Han variado los criterios de
adaptación, de eficiencia de recursos, de aproximación al alumnado y las
dimensiones de los centros. En lo que sí nos distinguimos es en el mundo
rural. Ya a principios de curso, en septiembre, el Grupo Popular apoyó
las peticiones del mundo rural en el sentido de que el 60 por ciento de
los padres del alumnado prefería que el primer ciclo de ESO se cursara en
los centros de primaria y el segundo ciclo en los institutos. Por cierto,
quiero indicarles que, en ese 60 por ciento, hay profesores itinerantes
que van a dar clases a estos centros de primaria.

Señor Secretario General, realmente nos satisfacen las cifras que nos ha
dado, de una inversión de 33.000 millones de pesetas. Si no he oído mal,
ha dicho que 21.000 millones de pesetas procedían de lo previsto en el
presupuesto y que había 12.000 y pico millones que provenían del Fondo
Social Europeo. Me imagino que, como en todo ejercicio, algunos provenían
de remanentes porque en cualquier presupuesto, especialmente en educación
nacional, siempre hay remanentes por centros que no se han terminado. La
cifra de 33 millones es importante. Nos ha dado el detalle de los centros
de nueva construcción o de adaptación, como bien ha dicho, que se ponen
en funcionamiento en el curso 1997-1998. Me gustaría que los aspavientos
y las durezas en las manifestaciones se hiciesen en el mes de octubre
próximo. El Gobierno tiene el envite de los 63 centros que se niegan.




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Respecto a los primeros datos que se han dado en el mes de febrero, es
lógico que se dijera lo que había en ese momento, pero en el mes de abril
los datos que nos da son de 63 nuevas construcciones y una inversión de
10.516 millones y que, en este año 1997, se inician 56 centros con 4.622
millones. Por cierto, se ha dado el ejemplo de San Fernando de Henares.

Aquí se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, pedir al Gobierno que
se iniciara el Instituto de San Fernando de Henares. Por parte de nuestro
grupo, incluso se dieron los datos de la situación escolar del mismo. No
hay que formar parte de esta Comisión ni haber tenido responsabilidades
en Educación para saber que, para el inicio, hay que hacer un proyecto y
un estudio geológico del terreno. Por tanto, los 17 millones de pesetas
de este año son para el proyecto, el estudio geológico, etcétera. Sobre
el Instituto San Fernando de Henares, se indicó que iba a estar para el
curso 1998. Por tanto, no hagamos esas afirmaciones. Claro que este año
no se pueden destinar a San Fernando de Henares 200 millones ni 250,
sería una temeridad. Primero, hay que hacer el proyecto.

Sobre formación profesional, dije ayer, y lo repito hoy, que no me
gustaría mirar hacia atrás y quedarme como la estatua de la mujer de Lot,
pero en formación profesional pasaron, de 1992 a 1996, de 1.100.000
alumnos a 750.000. Yo no pensaba sacarlo a colación, pero no digan
ustedes que el Gobierno no tiene ningún interés en la formación
profesional con ese balance de pérdida de más de 300.000 alumnos entre
1992 y 1996.

Señor Secretario General, aquí se han citado temas concretos y me parece
conveniente que, próximamente y por escrito, el señor Secretario General
nos envíe la relación de aquellos centros de nueva construcción y puesta
en funcionamiento.

Quiero decir que no achaco el plan escolar anterior a mala gestión, sino
a que hay unos movimientos migratorios que todavía son bastante
importantes, no tanto como en años anteriores, pero van a concentrarse en
la periferia o en los grandes ayuntamientos que rodean a las grandes
capitales y no en otros centros. En una localidad de Cuenca se ha
inaugurado un instituto que está ocupado al 60 por ciento. Esto no es un
ejemplo de buena gestión, pero, como digo, no lo achaco a la gestión sino
a que se van dando problemas migratorios. Por eso, en ciudades
dormitorio, como Fuenlabrada, se va a inaugurar un instituto en el año
1997 y se prevé otro para 1998, más un aumento de ocho unidades en un
centro de primaria. Eso es atender, con el carácter que ha dicho el
Secretario General, deficiencias en recursos y aproximación al alumnado.

Señor Secretario General, quiero decirle que si este plan de inversiones
se realiza, en un año de indudables restricciones en los presupuestos de
todos los ministerios, tiene todo el apoyo del Partido Popular. Admito
que Izquierda Unida tenga algunas dudas sobre Maastricht, y ayer lo
volvió a decir la portavoz de Izquierda Unida, pero no el Partido
Socialista, que está empeñado en el tema. Hoy me llevo un gran alegría
por la cifra de 33 millones 568.000 pesetas, porque me parece muy
importante.

Tampoco pensaba sacar a colación las comparaciones con otras comunidades
autónomas, porque no era el objeto de la comparecencia de hoy, pero no
tengo más remedio que --tras felicitar nuevamente la gestión que realiza
en Cataluña Convergència i Unió, la que se realiza en su caso en el País
Vasco y la que se está llevando a cabo en Navarra por parte de un partido
asociado con el Partido Popular-- volver a mencionar lo que dije ayer
sobre Andalucía, donde el Partido Socialista gobierna desde el año 1982.

Cuando hay cifras como, por ejemplo, que en educación infantil en 1994
destinaron 5.000 millones y en 1997, 3.697 millones; en secundaria, de
16.000 se ha bajado a 10.700 millones; en educación especial, cero en el
año 1997; en enseñanza en régimen especial, cero; en educación
compensatoria, cero; si ése es el ejemplo del Partido Socialista en una
comunidad en la que gobierna absolutamente, no es algo a tener en cuenta.

Yo le ruego, señor Secretario General, que no tenga en cuenta estas
cifras de la Comunidad Autónoma andaluza. Es más, es que en la Comunidad
Autónoma andaluza el consejero propone unos convenios con los
ayuntamientos en los cuales se les exige --convenios que, por otra parte,
también ha hecho el Ministerio de Educación anteriormente, creo que este
año también hace convenios con algunos ayuntamientos-- no sólo que
construyan el centro, sino que paguen los intereses, etcétera. Lo cito
como ejemplo porque se han citado otros.

Finalizo, señor Presidente, atendiendo a las indicaciones de que seamos
breves. Señor Secretario General, salimos gratamente satisfechos de la
comparecencia respecto de las inversiones, y coincidimos en los criterios
para el mapa escolar. Cualquier persona con unos criterios objetivos
afirmaría que ésas son las líneas del mapa escolar, que ahora tiene S. S.

que pactar con cada una de las comunidades. Ya sabemos que cuando hay
transferencias hay veces en las que no se coincide plenamente, porque
unos dirán que los alumnos están aumentando y el ministerio tendrá datos
contrarios que dirán que están disminuyendo; o, por ejemplo, si los
institutos están a más o menos de seis kilómetros, la comunidad autónoma
dice que, a pesar de estar a menos de seis kilómetros, hay ciertos
problemas --como ha dicho el Secretario General-- de orografía, etcétera.

Señor Secretario General, tengo que terminar diciendo que si se cumplen
estos datos que nos ha facilitado el Secretario General, habremos
conseguido en educación, en el año 1997, un paso muy importante. Y quiero
añadir que la calidad de la enseñanza no son solamente las inversiones,
sino, como se ha indicado muchísimas veces, otros temas. En lo que
respecta a inversiones, si se consiguen 33.000 millones en este
ejercicio, es un éxito del ministerio. Señor Secretario General, en el
próximo año los grupos parlamentarios tendrán al menos la honradez de
decir: usted acertó y nosotros erramos.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra, con
toda brevedad, para hacer las matizaciones que crea convenientes, a la
luz de las manifestaciones hechas por los grupos parlamentarios.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre



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Goicoechea): En primer lugar, tengo que decir al señor Romero que estoy
muy decepcionado por su intervención y que no me la esperaba. No me
esperaba que dijera que estaba mintiendo ante el Parlamento. Yo nunca
miento y, desde luego, no a esta Cámara, no a esta Comisión, no al señor
Romero, no a ningún grupo parlamentario. Este es mi talante, ésta es mi
actitud. A mí me gustaría que en materia educativa pudiéramos discutir,
pudiéramos debatir los problemas con toda la pasión que la educación a
todos nosotros nos produce. Las malas intenciones, las acusaciones sin
fundamento, son una actitud que yo no voy a seguir, y les agradecería que
tampoco tuvieran ustedes ese comportamiento.

En relación con las inversiones, voy a entregar a la Cámara la relación
de centros --los voy a leer, porque me parece que en estos momentos es
necesario hacerlo-- educativos de secundaria que se van a construir y se
van a poner en funcionamiento durante el curso 1997-98, con la inversión
hecha en la anualidad del año 1997. Son los siguientes: Instituto de
Albacete número 5 (Albacete); Instituto de Fuenlabrada (Madrid);
Galapagar (Madrid); Getafe (Madrid); Navaluenga (Avila); Ceuta; Aranjuez;
Alpajés (Madrid); Luis Sáez Burgos (Burgos); Villaverde Mutis (Madrid);
Santanyi (Baleares); Capdepera (Baleares); Tineo (Asturias); Formentera
(Baleares); Escalona (Toledo), Blanca (Murcia); Fuenmayor (Rioja);
Talayuela (Cáceres); Collado Villalba (Madrid); Hornachos (Badajoz);
Alcuéscar (Cáceres); Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real); Fuentemaestre
(Badajoz); Vavilafuente (Salamanca); Valdemoro (Madrid); Parquesol de
Valladolid (Valladolid); Son Servera (Baleares); Jarandilla de la Vera
(Cáceres); Calviá Son Ferrer (Baleares); Santa María Cayón (Cantabria);
Mérida (Badajoz); Tres Cantos (Madrid); Torres de la Lameda (Madrid);
Villanueva de la Cañada (Madrid); Fuenlabrada número 3 (Madrid);
Instituto don Juan Manuel (Madrid); Rivas Vaciamadrid (Madrid); Ciudad
Real (Ciudad Real); Santa Isabel (Zaragoza); Pasillo Verde (Madrid), más
el conservatorio de música en Palencia. Además de éstos, hay 23 centros
de enseñanza primaria.

Yo le garantizo, señor Romero, que el ministerio va a adoptar todas las
medidas necesarias para, con la mayor rapidez, con una gestión lo más
eficaz posible, poner en los próximos meses en funcionamiento estos
centros educativos. Desde luego, las inversiones respecto a 1997 están
perfectamente programadas y planificadas por la gerencia de
infraestructuras del departamento.

Quiero aclararle que, efectivamente, el centro de San Fernando de Henares
corresponde a la programación que se inicia con la primera anualidad en
el año 1997, con el propósito --en las negociaciones que hemos mantenido
con el Ayuntamiento de San Fernando así se ha hecho constar, y hay pleno
acuerdo-- de que el instituto comience a funcionar en el curso 1998-99.

El total de la inversión para el Instituto de San Fernando es de 585
millones de pesetas, de las cuales la primera anualidad será en el año
1997, al que corresponden 18 millones de pesetas.

Yo querría precisarle --y me gustaría que pudiéramos estar de acuerdo en
ello-- que no hay coartada demográfica, señor Romero. Hay una realidad
tozuda que constituye un condicionamiento de toda la programación
educativa que se tiene que hacer en España en los próximos años. Sin
tener en cuenta ese dato, sin tener en cuenta esa evolución, sin tener en
cuenta ese condicionante, cualquier programación será irreal, en
definitiva, estará mal hecha. Los datos de la evolución demográfica en
educación secundaria, como usted bien sabe, no son datos hipotéticos,
porque los alumnos ya han nacido, es decir, ya no se trata de hipotéticas
evoluciones del futuro, de los próximos decenios; son chicos que han
nacido en los años noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres,
etcétera, por lo que se puede hacer una programación a bastante largo
plazo, teniendo en cuenta exclusivamente los nacimientos. Y nacimientos,
desgraciadamente, señor Romero, cada año se producen menos en España; en
1992 menos que en 1991, en 1993 menos que en 1992, en 1994 menos que en
1993, en 1995 menos que en 1994. En 1995 hemos llegado a la cifra de
360.000 nacimientos en España, y los datos provisionales de 1996 del
Instituto Nacional de Estadística que recibí la semana pasada,
desgraciadamente, son que hubo 352.000 nacimientos; es decir, todavía
menos que en el año 1996. Esta es una realidad que tiene que tener
presente cualquier programador.

Lo que no se puede hacer es una programación como la que se realizó a
comienzos de los años noventa, llevada a cabo por los servicios del
departamento, en la que no se tuvo en cuenta esa evolución. Hubo una
desviación que se puede considerar grave, incorrecta y no asumible,
porque a comienzos de los años noventa se podía saber perfectamente cuál
era la evolución de la educación secundaria en todo el decenio.

Señor Romero, en relación con las acusaciones que usted ha vertido contra
el departamento de Educación, me gustaría que se tuviera un poco más de
pudor, porque yo tengo aquí la memoria económica que el Ministerio de
Educación y Ciencia envió a esta Cámara sobre la ejecución de la
ordenación del sistema educativo, y ustedes habían previsto que en el año
1995, no en 1996, todas las inversiones para poner en marcha la red de
centros del sistema educativo habría concluido; anualidad 1990, 1991,
1992, 1993, 1994 y 1995. Aquí tiene usted las cifras. Y esa planificación
no se ha seguido.

A mí me habría gustado no tener que recordar esto, porque comprendo que
hubo razones --la situación económica, la depresión económica a partir
del año 1992-- que obligaron a modificar el calendario, que atemperaron
ciertamente el ritmo de construcciones. El Gobierno de entonces --no lo
critico, simplemente se lo recuerdo-- aprobó una bajada importante en el
ritmo de inversiones, y estas columnas que se reflejan en el gráfico han
sido muy inferiores. A partir de los años 1992, 1993 y 1994, aquel
calendario, aquel ritmo de inversiones se descabala completamente y nos
encontramos en la situación actual.

A mí me gustaría, señor Romero, que ustedes que han gobernado durante
todos estos años vieran con responsabilidad cuáles son los límites de la
acción del Gobierno, los condicionantes y las perspectivas, porque en
materia de inversiones, en materia de construcciones, en materia de
equipamiento se ha hecho bastante en este país. En estos



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momentos yo tengo que decir que no estamos en una situación malísima.

Cuando voy a hablar con profesores, con directores de centros, etcétera,
tengo que defender una realidad educativa que hemos heredado, y yo creo
que ustedes hacen muy mal si lanzan mensajes como el de que estamos en
una situación de miseria y de penuria en cuanto a estructuras y a medios
en el sistema educativo. No estamos así. Nos falta poco para completar la
red de centros. Lo podemos hacer de manera razonable en el plazo que va
hasta el año 2002. El conjunto de la sociedad española tiene que saber
que en la situación en que estamos, con los mil y pico institutos y con
los 4.000 centros de primaria que hay en el territorio del ministerio,
falta completar la red. Efectivamente. Hay que hacer un esfuerzo. Lo
vamos a hacer. Este Gobierno tiene el compromiso de realizar ese esfuerzo
educativo y lo va a hacer, aunque ustedes no se lo crean, aunque ustedes
vayan propagando a la opinión pública, al medio escolar que este
ministerio no tiene esa voluntad. Pues bien, esa voluntad la tiene. La
demostración es que vamos a llevar a cabo lo que yo les acabo de anunciar
en estos momentos en relación con el año 1997. Vamos a iniciar la
programación correspondiente a los centros en el año 1998. Creemos que,
con sentido de responsabilidad, es perfectamente posible hacerlo en estos
dos próximos años. Esto significará, vuelvo a repetir, que quedarán unos
tramos de inversiones para los próximos tres años.

Señor Presidente, permítame un segundo.




El señor PRESIDENTE: Yo les voy a permitir muy poquito a todos ustedes,
dada la hora que es. Me parece que voy a tener que entrar en una actitud
de rigidez de la que yo mismo me voy a sentir un poco avergonzado, pero
no voy a tener más remedio. Por tanto, lo que le permito es muy poquito,
señor Nasarre.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): En todo caso, se lo agradezco, señor Presidente.

Para atender la amable invitación del Presidente, he hecho mi
intervención con más premura que la que merecía el tema de la formación
profesional.

Yo creo que todas las administraciones educativas tenemos el problema de
la programación de la formación profesional. Estamos en contacto. Es el
punto más difícil de la implantación de la reforma. No estamos
satisfechos de lo que está pasando este año en relación con los ciclos
formativos, sobre todo, de grado medio. Hay una demanda inferior de la
que nosotros desearíamos. Nos tenemos que replantear este asunto. No
ocurre lo mismo en relación con los ciclos formativos de grado superior,
en los que hay una mayor aceptación. Por tanto, en los sitios donde se
está anticipando la reforma, se está produciendo una incorporación masiva
de los muchachos que acaban la educación secundaria obligatoria a las
distintas modalidades de bachillerato, en detrimento de los ciclos de
grado medio.

Creo que, independientemente de que podamos hacer libros muy bonitos con
enormes planificaciones, tenemos que estar muy cerca de la realidad y
ver, año a año, qué está pasando. Yo ya he dado instrucciones para que
las comisiones provinciales de programación de la formación profesional
actúen de forma cercana. Este año vamos a poner en funcionamiento 389
nuevos ciclos de formación profesional, para el curso 1997-1998. Pero se
lo digo con toda sinceridad, no sabemos cuál va a ser la respuesta del
alumnado. No lo sabemos. Yo pido a todos ustedes que tengan
responsabilidad en el estudio de estos problemas y que entre todos
hagamos lo mejor en relación con la formación profesional.

Aunque la formación profesional tiene que ser objeto de una comparecencia
específica, y me brindo a hacerlo por iniciativa propia, creo que tenemos
que hacer una reflexión para ver si sería conveniente introducir la
pasarela entre los ciclos formativos de grado medio y los de grado
superior, entre otras razones para salvar a los ciclos de grado medio,
porque si no estamos viendo que pueden estar abocados al fracaso.

A la señora Diputada doña Carmen Laura le agradezco muchísimo su
intervención. Simplemente le digo que es un tema muy abierto. El problema
de dónde se debe ubicar el primer ciclo de secundaria es un tema
importante, pero es un tema abierto. En primer lugar, la ley lo permite,
no lo prohíbe. En segundo lugar, las distintas administraciones
educativas han optado, en una forma de implantación progresiva de la
reforma --no estamos viendo el modelo final--, por las distintas
soluciones intermedias. Debemos tener en cuenta los recursos disponibles,
y no podemos de la noche a la mañana cargarnos toda una situación en
equipamientos. Tenemos que estar atentos para ver cómo se va
desarrollando la escolarización en uno u otro modelo. Yo le puedo decir
que en estos momentos, una de las tareas fundamentales de los servicios
de inspección del Ministerio de Educación es seguir de cerca y evaluar
una y otra situación. En todo caso, es un tema abierto, de futuro, y
sobre el que las distintas administraciones educativas tienen que
reflexionar conjuntamente.

A la Diputada de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, doña Inés
Sabanes, le agradezco su intervención, y en parte ya le he contestado. En
relación con el primer ciclo de secundaria, ciertamente le puedo a usted
decir que no hay razones abstractas a priori de por qué se ha producido
esta distinción. Hay una, y es que en el mundo rural hemos querido
atender una demanda clara y específica que en estos momentos creíamos que
debíamos de atender. En el mundo urbano esa diversificación se produce en
función de los recursos disponibles.

Vuelvo a repetir que yo no creo que se pueda decir que unos u otros
escolarizados en uno u otro tipo de centros estén en una situación
claramente favorable o de perjuicio. Yo creo que para adoptar este juicio
tenemos que ser más cautos y tenemos que hacer una evaluación seria sobre
lo que está pasando en los centros de educación primaria, en los que el
profesorado es prácticamente el mismo en unos centros que en otros. Con
instalaciones adecuadas yo no creo que todavía podamos proclamar con
absoluta claridad la bondad de uno u otro modelo.

Finalmente, al señor Guerra Zunzunegui le agradezco su intervención, le
agradezco el apoyo del Grupo Parlamentario



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Popular a este esfuerzo inversor que se hace en bien del sistema
educativo y le agradezco su comprensión ante el modelo de mapa escolar, y
le tengo que decir que efectivamente estas líneas generales que acabo de
exponer a SS. SS. van a ser la base fundamental del diálogo que vamos a
mantener con las administraciones educativas de las distintas comunidades
autónomas para que, en el proceso de traspasos, definamos el modelo
adaptado a cada una de las regiones o de las comunidades autónomas.




--POLITICA GENERAL EN MATERIA DE FORMACION DEL PROFESORADO. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000436.)



El señor PRESIDENTE: Como yo creo que en esta comparecencia ha habido
tiempo suficiente para que todos y cada uno de ustedes explanen los
conceptos de gran filosofía sobre el tema de la educación, el tratamiento
que vamos a dar al resto de las comparecencias va a ser mucho más similar
al de la pregunta, con una concreción casi absoluta.

Con esa concreción a la que lógicamente les invito, señor Secretario
General de Educación, toca el momento de evacuar el punto tercero del
orden del día para informar sobre política general en materia de
formación del profesorado. Si se puede hacer en cinco minutos, mejor que
en seis.

Tiene la palabra, señor Nasarre.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Telegráficamente tengo que decir, de modo introductorio, que
la formación del profesorado constituye un factor indispensable en todo
sistema educativo moderno, por lo que la realización de una seria
política de formación permanente del profesorado se convierte en una de
las tareas prioritarias que debe afrontar cualquier administración
educativa. Nosotros hemos afrontado esta tarea con unos planteamientos
que básicamente se pueden reducir a seis.

Primero. Se ha de dar un mayor protagonismo a los propios centros para
que los planes de formación sirvan a una mayor motivación del
profesorado. Hay una parcela importante de la formación que debe
corresponder, en cuanto a su planteamiento y a su ejecución, a los
propios claustros y al propio profesorado de los centros, con los debidos
apoyos y asistencias.

Segundo. Se precisa una mayor vinculación con la universidad, de modo que
se garantice la actualización científica de los docentes.

Tercero. Se debe realizar un mayor impulso a la dimensión internacional
en los planes de formación del profesorado.

Cuarto. Se debe intentar una búsqueda de una mayor relación con
instituciones públicas y privadas que, por el ámbito en que trabajan,
puedan aportar elementos para la ampliación de los conocimientos, frente
a una endogamia interna del sistema educativo. Resulta muy importante la
apertura a otras instituciones y agentes formativos, lo que es un factor
de modernización.

Quinto. Los planes de formación del profesorado han de estar orientados
no sólo al perfeccionamiento del profesorado, sino a la consecución de un
plan de carrera docente, en el cual está trabajando el departamento.

Sexto. La utilización racional de los recursos existentes para dotar de
la mayor eficacia a los verdaderos objetivos de formación.

Desde este punto de vista, los planes de formación que hemos elaborado
para este curso 1996-1997 tienen como orientaciones prioritarias las
siguientes. Una, la actualización científica del profesorado. Dos, la
actualización didáctica. Tres, la utilización de nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación al servicio del profesorado. Cuatro, la
transmisión de valores como elemento fundamental en estos momentos de las
tareas educativas. Cinco, formación específica para el desempeño de las
tareas formativas en el contexto social actual y que afecte
fundamentalmente a la convivencia de los centros. Finalmente, la
formación de equipos directivos para una eficiente gestión de los centros
educativos. Creemos que este punto es de extraordinaria importancia y que
disponer de los 5.000 equipos directivos que se precisan en estos
momentos, 4.000 para educación primaria y 1.000 para educación
secundaria, constituye un factor estratégico de primera magnitud para la
mejora de la calidad del sistema educativo.

Algunas novedades querría señalar a los señores Diputados en relación con
los planes de formación que se están desarrollando por el ministerio en
este año.

A través de los centros de profesores y recursos se han programado y se
están llevando a cabo 7.309 cursos al conjunto del profesorado; se ha
intensificado la colaboración con instituciones públicas y privadas
mediante el establecimiento y la formalización de 60 convenios con
instituciones que participan en las tareas formativas; se ha dado un
impulso a los problemas internacionales a través del programa Sócrates y
de los programas de cooperación con Iberoamérica.

En materia de cooperación con universidades, que se ha intensificado,
quiero destacar el convenio firmado recientemente con la Universidad
Menéndez y Pelayo, en virtud del cual 420 profesores de secundaria van a
participar en siete cursos de actualización científica sobre las materias
troncales de la educación secundaria; se han reanudado de nuevo las
licencias por estudio, interrumpidas el año pasado, que en este año van a
llegar a 635. Por último, se está llevando a cabo un intenso plan de
formación de equipos directivos en relación con el objetivo al que antes
me he referido.

Para finalizar, señor Presidente, el futuro de la red de centros de
profesores y recursos, que nosotros consideramos que tiene una dimensión
excesiva, va a ser también objeto de examen en el proceso de
transferencias con las comunidades autónomas, que van a recibir los
traspasos en materia educativa.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo proponente, Grupo Socialista del
Congreso, tiene la palabra su portavoz, doña María del Carmen Heras, a
quien damos la bienvenida.




La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi grupo parlamentario agradece la comparecencia del señor Secretario y
sus manifestaciones sobre la formación del profesorado.

Cuando conocimos que usted, señor Secretario, comparecía ante esta
Comisión repasé, puesto que me tocaba intervenir, las actas de
comparecencias anteriores de la Ministra de Educación y de otros altos
cargos del departamento, entre ellos, de usted mismo, simplemente con el
objeto de recordar aquellos compromisos que ustedes habían adquirido ante
esta Cámara que, como es lógico, son propios de su responsabilidad
política.

Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de aquellas cuestiones que me
parecen interesantes. La Ministra de Educación, en una de sus
comparecencias, resaltó la importancia de este curso 1996-1997 para el
desarrollo y aplicación de la Logse, puesto que este año la educación
primaria se ha implantado en su totalidad y se había iniciado de forma
generalizada el primer curso de educación secundaria. Habló la ministra
de su compromiso de continuar con el proceso iniciado por lo que se
refiere a innovaciones y a medios; habló también de las diferencias
existentes entre las zonas rurales y las zonas urbanas, lo mismo que
habló del derecho a la educación de todas las personas y de que este
derecho no puede verse obstaculizado por las desigualdades sociales o por
el medio rural, de ahí su interés en incentivar ese medio rural con
centros rurales, como también usted ha manifestado. Habló también de la
calidad educativa en general, y habló, lógicamente, en resumen, de la
formación permanente del profesorado, que como usted mismo ha dicho hoy
es uno de los pilares básicos de cualquier sistema educativo. Habló de su
compromiso con los centros de profesores y recursos. Dijo que había que
eliminar la burocracia en los documentos de planificación, de desarrollo
y de evaluación, que había que incentivar y dar prioridad a la formación
de profesores de secundaria, que había que dar mucha importancia a la
formación en centros, como muy bien usted ha dicho, que había que
rediseñar cursos para los cargos directivos, que había que conseguir que
los programas fueran de actualización científica y didáctica; y dijo que
si los medios eran muy importantes, también lo eran los procesos. Dijo
que la red de centros de profesores y recursos, que eran las
instituciones dedicadas a la formación permanente del profesorado, aunque
no son las únicas --me permito matizar que tampoco han sido las únicas en
la etapa anterior--, había que redefinirla porque la oferta educativa que
tenían no cubría las necesidades de los profesores que podían acogerse a
esos centros.

Cuando uno repasa la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo se
encuentra con cosas similares. No tengo interés en resaltar el contenido
de la Logse, porque evidentemente es conocido por todas SS. SS., pero
considerando que el Ministerio se mueve dentro de esta ley orgánica,
tiene que respetar sus disposiciones. Por eso creo que hay que destacar
lo que parece obvio, y es que existen una serie de factores educativos
cuya mejora incide en una enseñanza cualitativamente mejor y que la Ley
General de Ordenación del Sistema Educativo la recoge en su título IV
cuando habla de la cualificación y de la formación del profesorado;
también habla de recursos, de innovación educativa, de investigación
educativa, etcétera. Todo ello, evidentemente, porque los sistemas
educativos desempeñan funciones esenciales en la vida individual y
colectiva, como todos sabemos, y por ello tampoco quiero incidir en ese
terreno.

El Estado debe garantizar, lógicamente, la formación básica a los
ciudadanos en este momento de modernización de la sociedad en la que nos
movemos. Me permitirá que haga un poco de historia para explicar lo que
quiero decir.

Se produce un cambio histórico cuando se crean las unidades de programas
educativos; como saben ustedes, dependen de las direcciones provinciales.

Para conseguir mejores condiciones en la calidad de la enseñanza,
aparecen programas específicos y una serie de transformaciones
acompañadas de recursos y de esfuerzos que intentan responder a criterios
de calidad; una calidad que pasa --permítaseme que me repita-- por la
mejor formación del profesorado. Evidentemente, el profesorado necesita
elementos externos al sistema educativo que le ayuden en sus tareas
docentes, lo cual implica una redefinición de los servicios, de los
programas existentes y de la propia estructura en la que los profesores
pueden sentirse involucrados y amparados para su tarea docente.

Hay una serie de órdenes por las cuales se van dando las competencias a
estas unidades de programas de las direcciones provinciales que, por fin,
se sintetizan en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, que unifica
las redes de formación y de recursos, hasta que, finalmente, se crean,
por un Real Decreto de 20 de octubre de 1995, los centros de profesores y
recursos. Finalmente, una orden ministerial --voy rápidamente, para no
cansar a SS. SS.-- desarrolla ese decreto y permite aplicar las funciones
de esos centros de recursos. En las direcciones provinciales de cada
provincia hay unas comisiones que se dedican a estudiar los planes de
formación del profesorado, etcétera. Quiero decir con esto que el camino
recorrido, a lo largo del tiempo ha sido largo, bastante reflexionado y
muy compartido por la comunidad escolar en sus líneas generales.

En el momento en que ustedes llegan al Gobierno hay un proceso en marcha,
un proceso que, según declaraciones suyas, ustedes no van a cambiar
porque depende de una ley orgánica. Además, en aquel momento la máxima
responsable del departamento manifiesta su pública intención de mejorar
aquellos aspectos de la Logse y su compromiso con los profesionales para
ayudarles en su trabajo. Todo esto, a nivel de filosofía y de líneas
políticas generales, suena muy bien. Cuando se desciende del terreno de
las líneas generales a los datos concretos es cuando se ve que no siempre
las cuestiones teóricas y prácticas coinciden;



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no todo es exactamente igual a como las declaraciones políticas parecen
apuntar.

Señor Secretario General, cualquiera que tenga un poco de conocimiento y
de experiencia en estas cuestiones sabe que en educación los recursos son
muy necesarios si se quiere calidad en los procesos. Yo no comulgo con lo
que se ha dicho aquí de que se puede tener calidad sin recursos.

Evidentemente, es algo bastante difícil, y más si nos movemos en el campo
de la formación, con la complejidad que tiene la función del profesor en
la sociedad actual, el rol de profesor en cualquiera de los niveles.

Porque, además, las particularidades del profesorado son muy diversas,
como usted muy bien sabe, y no sólo por su ubicación profesional dentro
del organigrama educativo, sino también por su ubicación territorial. Me
permito recordarle lo que tantas veces ha manifestado usted sobre la
clasificación en zonas rurales y urbanas y sobre que la oferta educativa
de los centros de profesores y recursos no cubría la demanda del
profesorado.

Cuando uno escucha a los profesores y ve lo que demandan se encuentra con
que demandan formación. Pero los profesores, que son expertos en lo que
necesitan, hacen cuatro grandes grupos cuando demandan formación: hablan
de los profesores noveles, hablan de los profesores que son nuevos
habilitados, hablan de los docentes que quieren innovación en su tarea
docente y hablan de los profesores que no tienen motivación. Además, por
el momento en el que está el profesorado, en el que se implanta de forma
general la secundaria, hablan de que precisan formación en ciertas
cuestiones didácticas, de contenido o metodológicas, e incluso hablan de
aquellos profesores que han estado en ciclos altos y quieren pasar a
ciclos bajos y precisan un ajuste. Hablan, en suma, de cómo debe de
hacerse la formación. Evidentemente, lo que demuestran esas peticiones
con esa demanda es que la formación es específica, es diversa y, por lo
tanto, debe de ser bastante diversificada.

Desde el punto de vista de lo que es la demanda del profesorado, de lo
que es el momento actual y de lo que es el sistema educativo, vamos a la
realidad, señor Secretario. Cuando vemos los presupuestos de 1997, y
perdóneme que vuelva a los presupuestos pero creo que es necesario,
comprobamos que hay una reducción general de los mismos de un 2,5 por
ciento, con un descenso en la evolución del gasto real de un 4,9 por
ciento. Cuando vamos a las inversiones reales en formación del
profesorado, que es lo que aquí nos ocupa, nos encontramos con una
reducción del 21,31 por ciento, que, como se verá después, si se me
permite, se concreta en una disminución real de directores y asesores de
esos centros, de profesores y recursos y de las unidades de programas de
las direcciones provinciales. También hay una reducción en las partidas
de mantenimiento y de actividades de esos centros de profesores y
recursos, lo cual, si se me permite decirlo, señor Secretario, deja
entrever una cierta dirección en la política en inversiones y, en
consecuencia, una determinada versión política de cara al futuro.

Ya sé que me va a decir que la cuantía del programa de formación
permanente se mantiene en la oferta general de actividades conforme a las
directrices del año 1989; incluso sé que me va a decir que aumenta un
poco, pero no es eso lo que yo quiero resaltar. En lo que yo quiero poner
el acento --y cito una frase textual de ustedes-- es en que «tras la
reestructuración de la red de formación permanente en colaboración con
las universidades y los entes autónomos del Estado», se esconde un fuerte
recorte en el número de funcionarios de los grupos A y B que ocupaban
puestos de directores y asesores de los centros de profesores y recursos,
y le doy datos. De 1.528 que había en el año 1995 se ha pasado a 1.047 en
1997. Además, hay una reducción en la dotación de recursos, como les
decía, para gastos de funcionamiento y de actividades de los centros.

También le doy datos: de 2.201 en el año 1995 se ha pasado a 1.630 en el
año 1997. Además, repito, hay una voluntad --expresada por ustedes
mismos-- de modificar los mecanismos de formación del profesorado,
dejando quizá los centros de profesores y recursos como meros centros de
recursos exclusivamente.

En cuanto a la clara voluntad política que ha expresado el Ministerio de
Educación de incrementar las cantidades de transferencias a las
universidades y a las comunidades autónomas para actividades de formación
del profesorado, que, según dicen ustedes, se harán conforme a convenios
que se firmen entre las dos partes, me consta, por preguntas que hemos
hecho al ministerio, que dichas transferencias van retrasadas; creo que
en el día de hoy se están reuniendo las comisiones, por lo menos en el
caso de las comunidades autónomas, para ver la manera de poner en marcha
las transferencias en inversiones para las adendas de los convenios de
programas específicos. Estamos en el mes de abril y hasta esta fecha las
comunidades autónomas han tenido que jugar con sus propios recursos si
realmente querían llevar a cabo actividades de formación. Nuestra
pregunta, señor Secretario, es hacia dónde vamos y cuál va a ser la
formación futura del profesorado. Usted ha dicho que va a incentivarse la
colaboración con las universidades y con determinadas instituciones e
inclusive a nivel internacional, pero después no nos especifica de qué
manera se va a realizar ni con qué tipo de profesorado o en qué tipo de
materias. Por lo tanto, sobre esto tenemos que hacerle una serie de
preguntas, y más cuando como usted sabe muchas veces las universidades
recelan, no se atreven, no quieren o no pueden hacer frente a eso que
usted decía de la formación; sí pueden hacerlo quizás en el campo de los
conocimientos; menos en algunas ocasiones en el campo de la didáctica. Me
consta que hay univesidades que han retirado el curso de capacitación
pedagógica que se pensaba poner en marcha este curso y que al final no se
ha puesto por determinadas cuestiones. Todo esto, señor Secretario, se lo
digo porque me parece que hay que concretar. Nos movemos entre personas
que conocemos lo que es la educación y desde luego yo tengo datos
demostrativos de que todo lo que he dicho hasta aquí es cierto y de que
realmente este año, en la red de apoyo en formación, hay un recorte
importante y, lo que es peor, parece que ese recorte se va a seguir
haciendo.

Si me centro en la provincia de Cáceres, por poner un ejemplo
demostrativo de lo que le digo, muy sintéticamente,



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al término del curso 1995-1996, había nueve centros de profesores y
recursos. Cáceres, como ustedes saben, tiene una amplísima zona rural y,
por lo tanto, es importante ayudar desde la cercanía al profesorado de
esas zonas rurales. Tenía un cupo de 60 asesores, tenía además,
evidentemente, una serie de directores en esos centros. Pues bien, ahora
mismo, de nueve directores de centro, solamente hay siete, y de 51
asesores técnicos hay 27. Todo esto lo puedo especificar por cada centro
de profesor y en todos ellos, a excepción del de Cáceres capital, la
plantilla está incompleta. Falta desde uno hasta cuatro asesores en las
diferentes ramas, que además son importantes, porque estoy hablando de la
rama infantil, de la rama de secundaria, etcétera. Existe además la
preocupación de que dos centros de profesores, el de Hoyos y el de
Caminomorisco, corran peligro de cerrarse. Concretamente el centro de
Hoyos no tiene ya el asesor que tenía, se le ha retirado de allí e
incluso se le ha retirado material informático que tenía. En el otro
centro, el de Caminomorisco, también se están haciendo inspecciones. Con
todo ello quiero decirle que el profesorado se encuentra realmente
preocupado, porque no sabe lo que va a ocurrir y lo único que ve es que
ahora mismo no están cubiertas las plazas que estaban previstas según el
cupo por el que se formaron, y el profesorado de aquellas zonas, si
quiere formación permanente, tiene que coger el coche e irse a otro lugar
que, lógicamente, está más lejano del que tenía por la normativa general.

Si dejamos los centros de Cáceres y vamos a Castilla y León, no quiero
cansar a los señores y señoras Diputados, pero podríamos decir
exactamente lo mismo, y no solamente a nivel de centros de profesores y
de unidades de programas. Me consta además que para todo eso que usted ha
dicho de la formación del profesorado, de qué manera se le dan licencias
de estudio y de qué manera se incentivan las actividades del profesorado
fuera del territorio, en el presupuesto contante ha disminuido también la
cantidad presupuestada para 1996-1997, la que ahora mismo tiene asignada.

Lo mismo ocurre en lo que se refiere a los bienes centralizados de los
que se nutrían esos centros de profesores, donde también hay partidas más
pequeñas. Por lo que se refiere al tema de infraestructuras, donde
también había una serie de inversiones concedidas que se han perdido,
nadie sabe exactamente dónde estarán --me refiero a nivel de responsables
de los centros; imagino que la dirección provincial de Educación sí lo
sabrá--. Por ejemplo, había dos millones presupuestados para el centro de
Caminomorisco y se ha paralizado esa dotación, no se ha empezado ninguna
obra, y lo mismo le podría decir de Trujillo.

En fin, no quiero cansarles, porque creo la idea está suficientemente
clara. Estamos realmente preocupados, señor Secretario, porque una red
como ésta de la que estamos hablando tarda en hacerse, debe de mantener
una cierta flexibilidad y debe estar muy abierta a las demandas del
profesorado. Usted sabe que el cuerpo de docentes tiene unas
características propias, que ha de cumplir unos rÖles que por desgracia
no son siempre reconocidos por esta sociedad en la que estamos, y además
el momento educativo es muy complejo y difícil --eso lo reconocemos--.

Evidentemente, también incide la congelación de los salarios que este año
tuvieron los profesores, como funcionarios que son la mayoría de ellos.

Si a todo eso le añadimos el desconocimiento que tiene el profesorado de
base, vamos a decirlo así, el profesorado general, sobre lo que va a
ocurrir en un futuro con este tema tan importante como es la formación,
evidentemente se pueden comprender la gran cantidad de casos de desánimo
o de escepticismo que estamos viendo en los profesionales de la
enseñanza, y mala cosa es que se muestren desanimados o escépticos con lo
que el sistema educativo pide, porque todos sabemos que los profesores
son agentes importantes de dicho sistema.

Señor Secretario, no hay que decir que nuestros grupo político cree en la
reforma y en la Ley de la que estamos hablando, en la Logse, y por eso
seguimos pensando que deberían de habilitarse recursos suficientes, mucho
más allá del maquillaje de las cifras contables, que sabemos que se puede
hacer --evidentemente, las cifras pueden contabilizarse de muchas
formas--. Todo ello iría encaminado simplemente a defender a estos
profesionales de la educación. Esto si realmente el ministerio en el que
usted trabaja cree que merecen atención y si hay voluntad política por su
parte. De todas maneras, creo que esos profesionales se lo agradecerían y
lo mismo las generaciones futuras.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo político que se sienta motivado
como para intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Carlos
Guerra Zunzunegui. Apelamos a su sentido del tiempo.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Voy a ser brevísimo, conforme a las
indicaciones que ha hecho el señor Presidente.

Unicamente voy a decir lo siguiente. En cuanto a los temas que el
Secretario General ha expuesto respecto a la formación del profesorado,
estamos totalmente de acuerdo, en las líneas generales, que son las
mismas que las que ha enunciado algún otro interviniente, quizá porque
las tenía preparadas en su discurso.

Luego hemos entrado en temas más concretos, sobre los que no le voy a
preguntar ni sobre Cáceres ni sobre Palencia, mi circunscripción, porque
yo creo que con las preguntas escritas es suficiente.

Quiero resaltar los convenios con la Universidad Menéndez Pelayo, que me
parecen muy importantes, para 420 profesores en siete cursos en materias
troncales. También creo que es importante, y no sólo por hacia dónde
vamos sino por dónde estamos, la colaboración por medio de 60 convenios
con entidades que se interesan por los temas educativos.

Finalmente, señor Presidente, he de terminar despejando el equívoco,
porque quizá no se me ha entendido bien o no se me quiere entender bien,
sobre la calidad sin recursos. Yo nunca digo eso. Hablo de que se
necesitan recursos pero no exclusivamente; también la calidad viene por
la colaboración del profesorado y por otros medios.




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El señor PRESIDENTE: El señor Nasarre tiene la palabra con toda brevedad
para contestar a aquello que considere preciso.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Señor Presidente, acato siempre sus indicaciones con
muchísimo gusto.

Haré una observación nada más a toda la disertación y el análisis de la
señora Diputada. Nosotros en estos momentos, y lo he dicho muy
telegráficamente, tenemos un serio compromiso con la formación del
profesorado. Lo hemos mantenido en este curso y lo vamos a seguir
haciendo. Ya tuvimos ocasión en el debate de presupuestos de justificar
los cambios presupuestarios que se producían en el conjunto del programa
de formación de profesorado, que no disminuye respecto al año anterior.

En lo que sí disminuye, y lo acepté clarísimamente, es en la
reestructuración de medios de los centros de profesores y recursos, pero
no podemos identificar el conjunto de tareas y de actividades formativas
con los centros de profesores y recursos, que tienen su función, pero que
necesitan un serio examen. Le diré que no sólo es un problema que
tengamos la Administración educativa, el Ministerio de Educación y
Cultura, sino que lo tienen también otras administraciones educativas.

Los centros de profesores y recursos del conjunto del territorio de
gestión del Ministerio de Educación y Cultura heredados por el actual
equipo son en estos momentos 177. En Andalucía, por ejemplo, hay 31. La
proporción entre lo que es la población escolar de la comunidad autónoma
andaluza y la del conjunto del territorio no tiene ningún tipo de
relación con 177 y 31. Hay una proliferación muchísimo mayor. El señor
Pezzi, Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía dice,
no lo digo yo, en relación con la formación del profesorado: «Vamos a
racionalizar los recursos. Preferimos menos centros pero bien dotados
antes que muchos y muy dispersos que, analizados uno a uno, no alcanzan
la altura.» Esta es la reflexión que en estos momentos nosotros tenemos
planteada con las unidades de programas educativos, que significa un
problema de opción y de racionalización de recursos.

Es cierto que yo dije ante esta misma Comisión que la reducción en torno
a 400 profesores --coinciden sus cifras con las mías-- constituía una
desburocratización de ese tipo de centros y que nosotros preferíamos
destinar esos recursos a actividades propiamente formativas. Han
aumentado las dotaciones en la colaboración con universidades y con
instituciones sin fines de lucro que pueden aportar tareas formativas y
en esta línea estamos. Podrá juzgar el profesorado qué opción es mejor.

No son opciones radicalmente enfrentadas, son opciones diferentes, y es
el profesor el que debe juzgar. Yo tengo la impresión de que en estos
momentos se han adoptado iniciativas en materia de formación del
profesorado que están siendo muy bien acogidas dentro de estas
prioridades de los planes de formación que estamos dando. Tengo también
que insistir, por último, en que creemos que hay que dar pasos
importantes en el sentido de que actividades formativas específicas
dentro de un área determinada, no todas, puedan hacerse en torno a los
propios centros, y los equipos de los propios centros con ayudas externas
o con profesorado externo que vayan son también una modalidad de
formación extraordinariamente importante.

Coincidimos, creo, en los objetivos, en la necesidad de que hoy día la
formación del profesorado es un factor de primerísimo orden. Sin ella
ningún poder público podría afrontar con sentido de responsabilidad la
gestión de un sistema educativo moderno. Podemos disentir en cuanto a
algunos medios. Yo creo sinceramente que es necesaria una reflexión sobre
una readaptación y una racionalización de los llamados centros de
profesores y recursos. He querido transmitirles a ustedes que esa
reflexión no es monopolio del Ministerio de Educación y Cultura, sino que
también la tienen planteada otras administraciones educativas.




--REQUISITOS Y MEDIDAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL
DESARROLLO DE LA LEY ORGANICA DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
(LOGSE). A PETICION PROPIA. (Número de expediente 212/000537.)



El señor PRESIDENTE: Entramos ya en el tratamiento del punto cuarto del
orden del día, que es la comparecencia del señor Secretario General, a
petición propia e iniciativa del Gobierno, para informar acerca de los
requisitos y medidas para asegurar la calidad educativa en el desarrollo
de la Logse.

Tiene la palabra el señor Nasarre.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Señor Presidente, a estas alturas de la sesión, ciertamente
intentar, en el tiempo de diez minutos, cuando incluso el señor
Presidente parece que considera que, si es posible, la exposición sea en
un período de tiempo...




El señor PRESIDENTE: El señor Presidente no ha hecho más que
insinuaciones, pero hasta ahora no le ha quitado la palabra a nadie.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): No, señor Presidente, y voy a intentar atender esas
sugerencias. Es un tema tan importante y tan amplio como son las medidas
de mejora de la calidad educativa, me van SS. SS. a permitir que en este
momento sea telegráfico. Tenía preparada una intervención mucho más
extensa, pero por cortesía a SS. SS. intentaré hacerlo, repito, de manera
telegráfica.

Ciertamente el Gobierno --en el debate de investidura ya lo dijo el
Presidente y, posteriormente, la Ministra de Educación y Cultura--
considera que en estos momentos el gran desafío y la gran apuesta que
tiene nuestro sistema educativo es la batalla de la calidad. Yo creo que
hemos dado pasos importantísimos en el incremento de la escolarización,



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en la dotación de recursos para el conjunto del sistema educativo. Vuelvo
a repetir que somos optimistas respecto a que en un plazo muy razonable
de tiempo podamos haber completado el mapa escolar, pero en los años
próximos todas las administraciones educativas, creo que en eso
coincidimos, tenemos que hacer enormes esfuerzos para mejorar el conjunto
de la calidad del sistema educativo. Es el gran reto, por otra parte, que
tienen todas las sociedades modernas. Y tenemos además la impresión de
que en algunos aspectos --es un planteamiento en el que coinciden
pedagogos, científicos de la educación y el mundo educativo--, y quiero
matizar mis palabras, se ha producido una cierta degradación en los
contenidos de la enseñanza. Por lo tanto, yo creo que con sentido de la
responsabilidad los poderes públicos, la Administración educativa, el
propio mundo educativo y la sociedad española tienen que estar
preocupados por intentar que estos indicadores o estas señales de alarma
que se nos dan tengan una respuesta positiva que supere las actuales
incertidumbres y preocupaciones. En este sentido he de decirles que
nosotros hemos establecido un programa de medidas para el aseguramiento y
la mejora de la calidad del sistema educativo, fundamentalmente
concretadas en diez puntos que voy a exponer telegráficamente a
continuación, y si alguna de SS. SS. quisiera profundizar en alguno de
ellos, con muchísimo gusto le contestaría.

El primer apartado lo constituye la elaboración de un diagnóstico de los
puntos débiles del sistema educativo. Creemos que esta tarea es urgente e
importante. En este sentido, como SS. SS. por otra parte sabe, se ha
encomendado al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación hacer un
diagnóstico del sistema educativo cuyos aspectos principales serán los
siguientes. En primer lugar, conocer en profundidad qué están aprendiendo
en estos momentos nuestros alumnos. Se está realizando ya una
investigación con alumnos de 14 y 16 años en las distintas comunidades,
en las áreas de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y
humanidades --geografía e historia--, para tener un grado de conocimiento
suficiente sobre cuál es la realidad de los conocimientos de nuestros
alumnos. La segunda parte del diagnóstico sería qué se enseña. Hay que
hacer un análisis de los actuales planes de estudio para ver los aspectos
positivos, las deficiencias y los problemas de quienes enseñan, los
profesores. El instituto continuará este diagnóstico con una importante
encuesta en torno al profesorado para conocer cuáles son sus problemas,
sus preocupaciones y dar salida al conjunto de los problemas que tiene el
sistema educativo. En tercer lugar, se va a realizar un estudio y un
análisis sobre el funcionamiento de los centros educativos, que son el
marco fundamental del sistema de enseñanza, y, por último, se trata de
saber en qué contexto se enseña, es decir, de conocer el entorno externo
del centro, la familia, el sistema productivo, la empresa, el conjunto de
las condiciones sociales. Nuestra intención es que a lo largo de este año
y del próximo a medida que vayan concluyendo los distintos capítulos de
este diagnóstico marquen el inicio de un importante debate en la opinión
pública española. Creo que tiene que ser un debate en el que no debe
haber acusaciones políticas. Tiene que ser un debate constructivo, tiene
que ser un debate para intentar mejorar la calidad del sistema educativo
y, sobre todo, se deben adoptar medias como las que están adoptando otros
países en los que existe la misma preocupación.

El segundo punto se refiere a las actuaciones de mejora de la educación
infantil. Creemos que en estos momentos hay que aumentar --y en este
curso próximo se harán actuaciones en este sentido-- las plantillas de
especialistas de educación infantil --en el próximo curso habrá 407
dotaciones más--, reforzando al mismo tiempo los profesores de apoyo en
los centros con cinco o más unidades.

El tercer punto lo constituyen las actuaciones de mejora de la oferta en
la educación primaria. Entre otras actuaciones --estoy hablando
telegráficamente, no estoy haciendo una descripción completa, sino que
sólo cito los puntos neurálgicos--, creemos que en los próximos años
tenemos que ir a una mejora de las plantillas de especialistas. En el
próximo curso tenemos intención de incrementar 276 nuevas plazas en
educación musical, 192 en educación física y 34 en inglés. Asimismo, se
están incrementando las plazas de segunda lengua, de francés,
fundamentalmente en el primer ciclo de educación secundaria, y se están
mejorando progresivamente las plantillas de primaria, sobre todo en
relación con la reducción horaria de los equipos directivos para su
reforzamiento y su fortalecimiento.

El cuarto punto se refiere a una mejora en la atención a las necesidades
educativas especiales. Sobre ello hay que hacer un esfuerzo en los
próximos años, tanto en lo que se refiere a la educación especial como en
lo que se refiere a la educación compensatoria, en el caso de la
educación especial para dar respuesta a un problema social y atender a un
sector de la población muy necesitado de protección y de ayuda; porque en
estos momentos creemos que ya tenemos recursos suficientes para dar pasos
importantes, hay que, diríamos, dar un carácter prioritario a estas
actividades. Además, en educación especial la tarea también se debe
concretar en un incremento del profesorado específico, que para el
próximo curso 1997-1998 nosotros ciframos en 268, sobre todo de maestros
en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. También se incrementará
en la medida de lo posible, siempre según las disponibilidades
presupuestarias, el personal laboral, aumento que nosotros ciframos en
torno a unas 70 dotaciones.

Igualmente, quiero manifestar que, para el próximo curso, la Secretaría
General de Educación va a dar unas instrucciones, que ya se dieron de
forma provisional al comienzo del curso anterior, para ampliar el límite
de edad de escolarización del alumnado de los centros de educación
especial, para que, aunque tengan una edad superior a los 18 años, puedan
seguir realizando estudios siempre que el diagnóstico de los equipos
especiales considere que es más adecuada la continuidad en estos centros.

En el fondo, se trata de romper con una especie de discriminación. Yo no
entendía por qué el sistema educativo a un alumno de un centro especial,
al cumplir los 18 años, le decía que ya no podía seguir adelante y, sin
embargo, un alumno que puede seguir estudios universitarios puede
continuar hasta los 20, 22, 23 y 24 años. Creíamos que había que
flexibilizar esta



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fórmula y en este sentido vamos a adoptar las medidas adecuadas. Además,
las mejoras médicas, sobre todo en enfermedades provocadas por incidentes
de carácter perinatal, suponen una cierta disminución del alumnado de
educación especial, lo que nos permite adoptar estas medidas favorables a
ese tipo de población.

En educación compensatoria, y concluyo con este punto, nuestra sociedad
se enfrenta también en los próximos años a la necesidad de una atención
mayor debido a la presencia creciente de minorías procedentes de la
inmigración y a la existencia de nuevos grupos sociales desfavorecidos en
los que la marginación social no debe arrastrar a una marginación de
carácter educativa. Desde ese punto de vista, a partir del próximo curso
estamos preparando una intensificación --que me parece estrictamente
necesaria-- de los programas de educación compensatoria, con un
incremento aproximado de unos doscientos profesionales, entre profesores,
técnicos, ciento veinte maestros de primaria y otro personal docente para
que se incorporen a estos programas.

En quinto lugar, la mejora en la orientación educativa y profesional. Uno
de los problemas que tiene actualmente nuestro sistema educativo, de cara
a su modernización --creo que también es uno de los elementos importantes
de la aparición de un nuevo sistema en relación al viejo-- es que está
produciendo ciertas incertidumbres en lo que se refiere a la formación
profesional y la orientación a partir de los trece o catorce años, cosa
que creo fundamental, y hay que hacer la intensificación de las
actividades más importantes. El chico tiene que ir sabiendo a partir de
los catorce años que tiene una diversidad de posibilidades y que las
ofertas educativas en relación con sus salidas profesionales están ahí,
son ricas y tienen que aprovecharlas. En ese sentido vamos a continuar
intensificando los departamentos de orientación de los centros
educativos.

El sexto punto o sexta medida es la mejora en el diseño de los planes de
estudio, en lo que consideramos fundamental un reforzamiento de las
humanidades y de las materias de carácter científico básico, que deben
tener en los planes de estudio una mayor presencia, tanto en lo que se
refiere a la etapa de educación secundaria obligatoria como en las
distintas modalidades de bachillerato.

Me permitirá, señor Presidente, que, dada la premura con la que estoy
desarrollando esta línea, podamos profundizar en una posterior
comparecencia, en la que con mucho gusto informaré sobre los estudios y
los planeamientos en esta mejora del diseño de los planes de estudio.

Para evitar cualquier tipo de sospecha, tengo que decir que en esta
mejora de diseño no se trata de intentar adoptar medidas en contra del
propio espíritu y planteamiento de la Ley del año 1990. Es que, a la
vista de la experiencia, de su implantación a través de los años, creo
que estamos en condiciones de estudiar algún tipo de mejoras,
modificaciones o incluso de rectificaciones.

Séptimo punto. Nos parece muy importante caminar en la dirección del
incremento de la autonomía de los centros, orientándola hacia la mejora
de la calidad de su gestión y de sus resultados. En este sentido y en
aplicación y desarrollo del artículo 7 de la Lopeg, del año 1995, se está
preparando el correspondiente real decreto-ley para la mejora, la
ampliación y la potenciación de la gestión de los centros públicos.

Concebimos el incremento de la autonomía de los centros basado en dos
puntos fundamentales. Primero, el proyecto educativo del centro tiene que
ser un elemento muy fundamental, que identifique a cada centro, y eso va
a suponer, a nuestro juicio, un reforzamiento institucional del centro.

El centro ha de ser concebido como una institución sólida, potente y con
los recursos, en cuanto a reglas, en cuanto a identidad, en cuento a
medios, suficientes para el logro de su objetivo, que es una formación de
calidad para los alumnos. El debilitamiento institucional de los centros
públicos acaso sea uno de los problemas más acuciantes que tiene el
conjunto de la enseñanza pública y en ese sentido hay que dar una
respuesta en la dirección que estoy apuntando.

En octavo lugar tenemos un punto que está en íntima conexión con el que
acabo de enunciar, que es la mejora de la función directiva en los
centros públicos, y ya lo decía en mi intervención relativa al punto
primero de esta comparecencia.

Tengo la convicción de que esos 5.000 equipos directivos que en este
momento están dirigiendo los 4.000 centros de educación primaria y los
1.000 centros de educación secundaria tienen sobre sus hombros la enorme
responsabilidad de la acción de todos los centros públicos en beneficio
del sistema educativo y, por tanto, todo lo que signifique mejora de los
equipos directivos, incluso intentando que los jefes de estudio tengan un
status más claro y dando los correspondientes poderes e instrumentos a
esos equipos directivos, nos parece extraordinariamente importante. Por
eso, uno de los criterios prioritarios que hemos enunciado en los planes
de formación es el de la formación a estos 5.000 equipos directivos, de
los que tanto depende, a nuestro juicio, el futuro de la educación.

En noveno lugar, la mejora de la función inspectora. En ese sentido, los
puntos fundamentales de la mejora de la función inspectora son superar la
indefinición de la inspección y la inestabilidad de los inspectores, que
se produjeron a partir de la ley del año 1984, en que prácticamente
desapareció el cuerpo técnico de inspección, que tantos servicios ha
prestado al sistema educativo, si bien es cierto que la ley del año 1995
ha rectificado respecto a estos años, que creo que han sido muy
perjudiciales para la consolidación, en un sistema educativo moderno, de
lo que corresponde a la función inspectora.

En desarrollo de los planteamientos de la Ley del año 1995 creemos que de
lo que ahora se trata es de potenciar la profesionalidad de los
inspectores con las exigencias de la cualificación y la independencia. Y
hay que decir que la cualificación, en estos momentos, en cualquier
sistema educativo moderno, es fundamentalmente especialización. Por
tanto, hay que caminar hacia una mejor distribución de tareas
especializadas en la función inspectora en razón de la correspondiente
capacitación especial, lo cual no indica que eso tenga una compatibilidad
en el reparto de tareas por especialidades con la igualdad de todos los
inspectores desde el punto de vista administrativo. También es necesario
la potenciación del trabajo de conjunto e interdisciplinar,



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que es compatible con actividades de responsabilidad individual y con
esta potenciación de la especialización a la que antes me he referido.

Finalmente, señor Presidente, el punto décimo de estas líneas de
actuación es, obviamente, la formación permanente del profesorado en
beneficio de la calidad de la enseñanza. Como este décimo punto ya lo
hemos abordado en el punto anterior, nada tengo que añadir en este
momento.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir?
Dado que no ha habido ningún proponente, sino que la comparecencia ha
sido a iniciativa del propio Gobierno, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Sabanes.




La señora SABANES NADAL: Con mucha brevedad. Quisiera fundamentalmente
terminar haciéndole unas preguntas, pero previamente me gustaría decir,
un poco en línea con lo que veníamos diciendo en el tema de la calidad,
que nosotros entendemos que había que tener en cuenta una serie de
parámetros genéricos para situar este tema que no alcanza sólo lo
concreto, sino también la situación genérica de la educación. En este
contexto, nosotros ya hablábamos de los desequilibrios regionales como un
factor que impide o de alguna manera dificulta hacer una evaluación de
calidad de nuestro sistema educativo. Teniendo en cuenta esto y que,
siendo exactos, las diferencias regionales no son un problema sólo de un
modelo autonómico, sino que son históricas y vienen de atrás, nosotros
entendemos que habría que analizar los resultados o el nivel obtenido y
los indicadores de recursos de gastos por alumno o los ratios de
profesor/alumno, que también varían mucho en las diferentes regiones, los
procesos de desigualdad interna que está dando el propio sistema y,
finalmente, la evaluación, como venía apuntado. En todo caso, debería ser
un procesos global, donde se consideraran las diferentes situaciones y
los distintos ritmos porque posiblemente sacaríamos conclusiones
equivocadas de la calidad del sistema en su conjunto si no tenemos en
cuenta los diferentes niveles de desarrollo. Además, sí parece cierto que
los diferentes estudios que incluyen diferentes comunidades autónomas,
donde tienen medidas o imposiciones educativas más bajas, entendiendo por
ello las tasas de escolarización con mayores niveles de problema o el
mismo promedio de años de educación, que en este momento varía mucho de
unas comunidades a otras, desde Extremadura, que tiene la más baja, a
Navarra que tiene la más alta, sí parece cierto, digo, que esos mismos
elementos dificultan y luego tienen el mismo efecto en las desigualdades
internas del sistema educativo, que a su vez se relacionan con el nivel
regional de renta o con el nivel de industrialización. Nosotros
entenderíamos que en la evaluación de la calidad no deberíamos dejar de
tener en cuenta toda esta serie de elementos para poder concluir o por lo
menos para poder avanzar.

De todas maneras nosotros nos queríamos centrar en el tema que nos
preocupa y que hace referencia, evidentemente, a lo que han significado
los elementos incluidos en los decretos de modificación de requisitos
mínimos, tanto en lo que respecta al incremento de alumnos por aula y
reducción de profesores, como a la modificación a la baja de las
condiciones que deberían cumplir los centros que imparten nuevas
enseñanzas. Esta situación nos preocupa especialmente en las enseñanzas
de régimen especial porque, como ya se ha apuntado, la implantación de
las asignaturas de música, danza, idiomas siempre ha venido siendo más
retrasada que el resto de la reforma. También nos preocupan los programas
educativos de mayor contenido social, como el correspondiente a la
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en
centros ordinarios, los programas de garantía social y los de atención a
alumnos o a alumnas con desventaja social, minorías étnicas, culturales,
etcétera.

En todo este contexto y entendiendo un poco cómo deberíamos caminar en lo
que significaría la evaluación de la calidad, también nos gustaría saber
cuál es el compromiso concreto, a pesar de que a nosotros los requisitos
mínimos no nos gustan, como es evidente, cuáles serían los compromisos
que se adquieren desde la Administración para el cumplimiento de estos
requisitos en lo que es la enseñanza pública. Porque si se avanza o de
alguna manera existe un control en la enseñanza concertada, no sabemos
exactamente qué plazo nos estamos marcando para cumplir los requisitos
mínimos en lo que afecta al territorio MEC y a la enseñanza pública.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Amparo
Valcarce tiene la palabra.




La señora VALCARCE GARCIA: Muchas gracias, señor Secretario General de
Educación y Formación Profesional, por comparecer ante esta Comisión para
informar sobre este tema, y mi grupo coincide absolutamente con usted en
que es el reto de la educación a partir de este momento: la apuesta por
la calidad de la enseñanza.

Desde luego, tengo que felicitarle, y felicitarme, por su reconocimiento
de la situación del sistema educativo. Efectivamente, hace usted bien en
defender que éste no es un sistema educativo malísimo, porque ciertamente
no lo es. Yo agradezco ese cambio en su discurso, en el discurso que está
practicando el Ministerio de Educación y Cultura. Es de agradecer y
también hay que resaltarlo en esta Comisión.

Además, ha resaltado algunos aspectos importantes, como las tasas de
escolarización, como los recursos, producto de inversiones sostenidas a
lo largo de cerca de trece años de Gobierno socialista. Indudablemente,
eso es muy importante para nosotros. Sin embargo, contrasta con una
segunda parte de su discurso. Me llama profundamente la atención que
usted nos presente hoy un decálogo de medidas para la mejora de la
calidad de la enseñanza. Por su rápida justificación, incluso me
atrevería a decir que tímida y sin convicción, es que se ve obligado a
presentar estas medidas de mejora de la calidad de la enseñanza porque
hay una serie de indicadores y una alarma que obligan a tomar algunas
medidas desde el Ministerio, estas que usted



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nos acaba de proponer. Sería muy importante que nos dijese cuáles son
esos indicadores y, en cualquier caso, cuál es la alarma. Ahí, discrepo
absolutamente. Hay alarma social, en eso sí que coincido, y le voy a
decir por qué la sociedad española está preocupada y alarmada y es porque
en algo menos de un año de gobierno del Partido Popular se ha ido tomando
una serie de medidas que suponen una gravísima agresión para la
educación. Me va a permitir que enumere al menos alguna.

Lo primero que hicieron ustedes al frente del Ministerio de Educación y
Cultura fue tomar la decisión de aplicar un recorte presupuestario de
10.000 millones de pesetas, de los que 8.500 afectaron directamente a
educación, en concreto a inversiones en materia de educación para poner
en marcha la reforma educativa. La segunda medida que adoptaron fue una
circular en la que fijaban las instrucciones para el comienzo de curso,
circular que supuso el incremento del número de alumnos por aula, que
impidió que pudiesen llevarse a cabo desdobles, que impidió la
impartición de materias optativas, que impidió que pudiesen ponerse en
marcha ciclos formativos de formación profesional, etcétera. Ese paquete
de medidas que ustedes adoptaron en el mes de julio fue ampliamente
contestado y supuso una auténtica alarma en el conjunto del sistema
educativo.

La siguiente medida que adoptaron fue no cumplir los acuerdos sindicales
firmados por el anterior equipo del Ministerio, entonces de Educación y
Ciencia, con los sindicatos de la enseñanza. Con ello se dificultó
gravemente la puesta en funcionamiento de la reforma de la enseñanza,
fundamentalmente en el tramo que en ese momento se generalizaba, como era
la educación secundaria obligatoria. Esto supuso no solamente que se
perjudicara gravemente la situación laboral de los profesores, sino que
no se pudiera contar con profesores de apoyo, con profesores
especialistas, tanto en la educación primaria como en la secundaria, y
que no se dotaran los departamentos de orientación, además de que no se
pudieran constituir departamentos didácticos en los institutos de
educación secundaria.

Otra medida, quizá el paquete más importante, fueron los presupuestos
generales en materia de educación aprobados para el año 1997, los cuales
generaron alarma, porque ustedes tomaron una decisión histórica, que fue
quebrar el crecimiento del presupuesto de educación, medida que no se
conocía desde la transición democrática. Desde los Pactos de la Moncloa,
no se había conocido una quiebra tan profunda de un 2,5 por ciento en la
caída de los presupuestos de educación. Pero hay más, en ese descenso en
el presupuesto de educación, ustedes, y aquí también se produjo una gran
alarma, dieron un tratamiento desigual y discriminatorio a la enseñanza
pública respecto de la enseñanza privada concertada. Hicieron caer
gravemente las inversiones en la enseñanza pública, hicieron caer los
gastos de funcionamiento de los centros públicos, manteniendo, por el
contrario, cosa que para nosotros no es criticable, el número de
conciertos y los gastos de funcionamiento en los centros concertados,
cosa, insisto, no criticable, salvo en el trato desigual y
discriminatorio.

Con la caída del presupuesto de educación hicieron algo para nosotros
inadmisible, que es reducir la parte del sistema más débil, como son los
programas de educación compensatoria. Algo especialmente difícil de
aclarar y sobre lo que nunca hemos obtenido una respuesta. Además, en el
mes de enero han modificado el real decreto de admisión de alumnos, que
será objeto del siguiente punto del orden del día y que no voy a
comentar. Hemos conocido un proyecto de revisión del Real Decreto
1004/1991, que regula los requisitos mínimos de los centros, en el que
quedan perfectamente recogidos cuáles han de ser los requisitos de
calidad que se refieren a los centros, a los equipamientos, a las
titulaciones del profesorado, sobre los cuales pivota la calidad de la
enseñanza recogida en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo. Han propuesto la modificación de ese real decreto; hoy, sin
embargo, no le ha merecido a usted ni una sola consideración. El
conocimiento por parte de la opinión pública de ese proyecto de
modificación del requisito de mínimos ha generado una gravísima alarma
social, ha movilizado a toda la escuela y también a los sindicatos de la
enseñanza. Su propuesta recoge los siguientes supuestos: incremento del
número de alumnos por profesor, incremento del número de alumnos por
aula, una rebaja inadmisible en las exigencias de titulación y formación
del profesorado y una revisión gravísima a la baja de los requisitos de
los centros en cuanto a infraestructuras y equipamientos. Todo esto ¿por
qué? Todo esto ¿para qué? ¿Son éstas medidas de calidad? ¿Supone calidad
incrementar el número de alumnos por aula? ¿Supone calidad reducir la
cualificación del profesorado? ¿Supone calidad acaso reducir las
condiciones en que se va a impartir la enseñanza en los centros y con qué
recursos? ¿Es eso calidad? Me gustaría que el señor Secretario General
hiciese algún comentario sobre este asunto, que ha generado enorme alarma
social y que hoy no le ha merecido ni una brevísima consideración.

¿Qué se puede decir de este decálogo de medidas por la calidad de la
enseñanza? Mi grupo parlamentario recoge su propuesta de conseguir en
materia de educación el máximo entendimiento. Es difícil que con este
decálogo de generalidades no podamos llegar a un entendimiento, aunque
sólo es una declaración de intenciones y como tal es válida y bien
recibida. Pero aquí hemos venido, así lo entiendo yo, así lo entiende mi
grupo parlamentario, para conocer no sólo cuáles son sus intenciones --ya
conocemos su decálogo--, sino cómo se van a concretar, qué medidas van a
adoptar ustedes para, de verdad, hacer efectivas estas medidas de
calidad. Ya sabemos que, desde luego, no van a avanzar en materia de
inversiones; ha quedado muy claro que no lo harán, señor Secretario
General de Educación y Formación Profesional.

Otra cosa. Las propuestas sobre plantillas que usted ha formulado casan
muy mal con el rechazo, con el incumplimiento que ustedes han manifestado
una y otra vez. Ahí están los datos, ahí está la interpelación que mi
grupo parlamentario ha formulado al Gobierno y el rechazo a la moción
consecuente para que ustedes aplicasen, mantuviesen los acuerdos
sindicales. No lo han hecho. Por tanto, la declaración de intenciones va
seguida de un incumplimiento



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sistemático de lo que ha de ser avanzar en la calidad. No lo harán. Sin
embargo, si recogemos sus últimas declaraciones, parece que modificarán
los requisitos de calidad, pero, señor Secretario General, lo harán a la
baja. Insisto, ¿por qué? ¿Por qué usted presenta hoy aquí un decálogo de
una declaración de intenciones que no va seguido de ninguna medida
concreta? Cuando ha anunciado usted una medida concreta, la realidad, que
desde luego es muy tozuda, nos indica que ustedes van en línea contraria,
y, por el contrario, hoy usted aquí no nos ha informado de cuál es su
propuesta para modificar el real decreto de requisitos mínimos de los
centros. Esto es lo que causa alarma social. No causa alarma social, por
el contrario, reconocer --eso es bueno, eso es digno de elogio-- que el
sistema educativo está bien y que ha de avanzar. Señor Secretario
General, es bueno que usted lo haya reconocido, yo también así se lo he
reconocido a usted, pero yo hubiese preferido que hiciese mención a
algunas cuestiones que hay que valorar, como es la valoración positiva
que tanto el Consejo Escolar del Estado como el Consejo Económico y
Social realizan, como es el último informe de la OCDE sobre el sistema
educativo español; que usted recogiese hoy aquí sus propios datos sobre
las ratios, todas adaptadas a las previsiones de la Logse, que se han
podido cumplir este año, este curso; veremos lo que pasa en cursos
posteriores. Este curso sí se han cumplido.

Señor Secretario General, usted, que dice que le preocupan algunos
indicadores, hoy no ha comentado --y ya lo tiene sobre su mesa-- los
informes sobre los resultados académicos de los alumnos que cursan ya
enseñanzas Logse, y que son favorables, y usted los tiene, y los conoce
ya la opinión pública. Eso es --y con ello termino-- indicativo de por
qué sucesivamente todos los barómetros de opinión, todos, valoran de
forma muy favorable la salud del sistema educativo español. Yo sólo le
pido que trabaje usted por su salud y no lo enferme.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Junto a unirme a los votos por la buena salud
del Secretario General que ha hecho la Diputada que me ha precedido...

(La señora Valcarce García: Decía del sistema educativo, pero también,
indudablemente, del señor Nasarre.) Del sistema educativo, bien. Pues me
uno también a la mejora de la salud del sistema educativo.

Esta vez no voy a poder ser tan breve, porque los que me han precedido, y
además era una comparecencia del Secretario General a petición propia, no
han sido lo breves que yo esperaba.

Señor Secretario General, quiero decirle que nos parecen bien no
solamente las intenciones, sino los temas concretos que nos ha dicho
respecto de educación infantil; profesores, 470; en primaria mejora de
plantilla. Hay un dato que me ha gustado y es la posibilidad de que
puedan seguir realizando estudios los mayores de 18 años, en los casos
que sean. Todos tenemos ejemplos de personas que han tenido que terminar
el bachillerato posteriormente a los 18 años y, sin embargo, han sido
personas de gran capacidad luego, bien en su vida profesional, bien en la
universidad, etcétera.

El otro tema que también quiero subrayar --es un dato concreto que nos ha
gustado mucho-- es el reforzamiento de la materia de humanidades, como
pide toda la sociedad en general, piden los profesores, los padres de
alumnos y los propios alumnos. No serviría de nada una mejora en general
en la educación de estos alumnos sin el reforzamiento de esa materia de
humanidades.

Por las manifestaciones públicas que he oído al señor Secretario General
y a la señora Ministra, me parece que hay cuatro grupos, cuyas
conclusiones se van a entregar próximamente, y nos gustaría que nos
informara el señor Nasarre respecto a la reforma de humanidades, puesto
que es importante.

Quiero recordar, respecto a humanidades, al tema de geografía, etc.,
alguna frase de un dirigente y ex-presidente del Gobierno, que en una
ocasión no lejana dijo que nuestros niños iban a saber dónde estaba el
Rin y a lo mejor no iban a saber dónde estaba el Ebro. El terrible
problema es que a lo mejor no van a saber dónde está el Ebro y no van a
saber tampoco dónde está el Rin. En ese sentido, reforzar el tema de
humanidades no es porque yo sea de letras, indudablemente supone una
mejora de la calidad de la formación.

El señor Secretario General ha informado sobre la función directiva de
los centros. Tengo que reconocer aquí que soy un admirador de la
educación pública francesa, desde que hace años me asomé al tema
educativo, y una de las cosas que no han reformado es que los directores
de los centros son nombrados por la administración correspondiente. Los
centros educativos franceses funcionan bastante bien.

Dentro de las ideas que ha dado el señor Secretario General respecto a
los cinco mil equipos directivos y la función directiva en los centros,
creo que es necesario, porque hemos visto que en las diferentes
convocatorias de elecciones no se cubre ni el treinta o el cuarenta por
ciento, aunque en las últimas del mes de octubre hubo algo más.

Dicho todo esto, señor Secretario General, creo que no hay alarma social.

Lo que sí hay es una preocupación lógica y natural de todos los padres en
el tema de la educación, aunque se va mejorando la calidad.

Por la señora Ministra en diferentes ocasiones se ha hablado de la
educación y de lo que se ha destinado para la educación en este país en
los veinte años. Quiero recordar el Pacto de la Moncloa, donde se
sacrificaron inversiones en obras públicas, etcétera, en mejoras, a fin
de conseguir un puesto escolar para cada niño español, que hasta aquel
entonces no lo había.

Dicho esto al señor Secretario General, quiero hacer algunas indicaciones
respecto de la Diputada que me ha precedido. Una y otra vez se refieren a
la decisión del recorte presupuestario. No conocen los presupuestos
porque no ha habido tal recorte; ha habido un aumento del 1,2 por ciento
del presupuesto, que significa el 3,8 por niño. No se sonría porque en el
año 1995 hubo un recorte sobre los 120.000



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millones que aproximadamente tenía el Ministerio en el presupuesto, de
los cuales 31.000 eran transferencias a universidades. Siento que en la
única comunidad que ustedes gobiernan en estos momentos, que tiene
competencias educativas, los recortes hayan sido tan fuertes; por
ejemplo, en educación especial, cero este año; en educación
compensatoria, cero.

Aunque supongo que el Secretario General dará todas las explicaciones, en
el tema de ratios la circular de comienzos de curso era similar a la del
año anterior, es decir, con la posibilidad del diez por ciento en algunos
casos y cuando los directores provinciales lo consideraran absolutamente
necesario.

También me gustaría que me explicaran algún día qué es lo que ha hecho
este Gobierno en favor de la privada, que yo no la llamo privada sino
iniciativa social, y en contra de la pública. Señorías, lo único que se
ha hecho es que, como ustedes saben, en la reforma educativa hay unos
años más. Pero no ha habido la menor retracción en la pública respecto de
la privada. Nos interesa la pública y la concertada porque es la manera
de que en este país consigamos llegar a una educación generalizada en la
que se plasme el artículo 27 de nuestra Constitución.

Finalmente, señor Secretario General, y luego hablaremos de la admisión
de los alumnos, quiero decirle que tiene usted el apoyo de nuestro grupo.

Seguramente sobre cualquier asunto que venga aquí a exponer siempre le
sacará algún grupo el tema del presupuesto y el de la pública y la
privada. Con ello se pretende que al decirlo muchas veces algo quede en
la gente. Esto lo hemos demostrado una, cinco y diez veces, y esta tarde
el señor Secretario General lo ha vuelto a demostrar en el tema de las
inversiones.

Vean ustedes lo que ha bajado en Andalucía, que es la única autonomía
donde tienen la responsabilidad de educación, el presupuesto de 1997 con
respecto a 1994. Si ustedes nos demuestran que hay una autonomía en la
que gobiernan con otros datos, se lo reconoceremos.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, oídas las intervenciones
de los grupos, ¿tiene alguna manifestación que hacer en complemento de su
anterior?



El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Quiero decir, en primer lugar, a la Diputada señora Sabanes
que le agradezco mucho su intervención.

Si el diagnóstico es científico y está bien hecho, tiene que tener en
cuenta la diversidad, los elementos, los factores que condicionan los
distintos resultados; en caso contrario sería un desastre de diagnóstico.

Por tanto, no nos tenemos que preocupar. Ahora bien, si los encargados,
que son científicos y pedagogos de primer orden, cometen ese error es que
estará mal hecho. Las interrelaciones del sistema educativo con los
factores sociales, económicos, etcétera, están suficientemente
demostrados y todos somos conscientes de ello.

En el problema de los requisitos quiero decir, una vez más, que en el
curso 1996-1997, tanto en el conjunto del territorio del Ministerio de
Educación y Cultura, como en relación con las distintas comunidades
autónomas que lo componen, la ratio profesor/alumnos y la ratio
alumnos/unidad han mejorado.

Les voy a dar algunas cifras. En bachillerato en Asturias hay un total de
268 grupos; alumnos, 7.599; media alumnos grupo, 28. Cantabria: grupos,
117; media alumnos-grupo, 28. La Rioja: grupos, 40; media alumnos-grupo,
25. Aragón: grupos, 202; media alumnos-grupo, 26. Así sucesivamente. Voy
a entregar estos datos al señor Presidente para que conste en acta.

Grupo en relación con los institutos de enseñanza en infantil y primaria.

En Asturias: media alumnos grupo, 18,5; Cantabria, 19,7; La Rioja, 19,5;
Aragón, 18,2; Castilla y León, 18,5; Madrid, 23; Extremadura, 21;
Baleares, 22,9; Castilla-La Mancha, 21,5; Murcia, 22,7; Melilla, 25,3;
Ceuta, 28,2. Salvo las excepciones de Ceuta y Melilla, todas ellas están
sustancialmente por debajo de la ratio que establece la ley.

Hemos repetido hasta la saciedad --siento decírselo a la señora
Valcarce-- que en el curso 1995-1996 y en otros anteriores no se cumplió
en el territorio MEC al cien por cien y estrictamente la ratio
alumnos/unidad establecida por la ley. Por necesidades de escolarización
hubo muchas unidades en que se sobrepasó la cifra de 25.

Yo entiendo --ésta ha sido la interpretación de la anterior
administración educativa y es una actitud que a mí me parece razonable--
que en el proceso de implantación progresiva de la ley tenemos que llegar
a esos objetivos. La media ya la hemos cumplido de sobra, y en estos
momentos, por unas necesidades concretas de escolarización, hay algunas
unidades en que se puede sobrepasar la cifra de 25.

Tengo que decir que el compromiso firme del Departamento es ir mejorando
año por año esta situación. Nosotros esperamos que en el curso 1997-1998
mejore. Eso lo digo con toda garantía porque sabemos los alumnos que va a
haber en el próximo curso en primaria y en secundaria; sabemos el número
de unidades y, por tanto, va a mejorar la media de ratio de
alumnos/unidad y alumnos/profesores en el conjunto del territorio MEC,
así como que las situaciones excepcionales lo van a ser todavía mucho
más.

El hecho de que se diga que donde se ha producido un empeoramiento es en
el curso 1996-1997 no responde a la realidad. En dicho curso ha habido
una mejora de la ratio alumnos/profesor, tanto en la enseñanza primaria
como en la secundaria, y también una disminución muy importante de las
unidades que sobrepasaban el número de 25, como hemos tenido oportunidad
de comprobar con los datos de escolarización del presente curso
1996-1997.

Quiero desmentir clarísimamente que ese texto que apareció en algún
periódico, sobre modificación del real decreto de requisitos mínimos de
los centros, tuviera el menor respaldo de carácter político por parte del
Ministerio. Ese texto ha sido desmentido y rechazado y no tiene la menor
validez. Lo he dicho yo reiteradamente en declaraciones públicas, lo ha
dicho la Ministra, lo han dicho los distintos responsables del
Departamento. Señora Valcarce, si quiere que cada semana lo vuelva a
repetir, lo haré con muchísimo gusto, pero ese tema está por nuestra
parte zanjado.




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Ese borrador ha sido rechazado y, por tanto, no tiene la menor validez.

La señora Valcarce me ha halagado diciendo que estaba agradecida de que
yo reconociera que la situación educativa no sólo no es catastrófica sino
que es aceptable, propia de un país moderno, en desarrollo, que tiene
problemas educativos, que se ha hecho un esfuerzo de escolarización. Me
ha dicho algo así como que yo hubiera cambiado de chip. Yo lo que no he
notado es que usted haya cambiado de chip.

Me parece que de nuevo he oído la retahíla de acusaciones que están una y
otra vez repitiendo desde la comparecencia en los presupuestos. Yo tenía
otra intención. La respeto, pero dificulta un horizonte de futuro que yo
quería plantear en esta Comisión. Además, he dicho que la batalla por la
calidad, con las discrepancias que haya, no debe ser un planteamiento que
esté formulado por cada uno de los Grupos Parlamentarios como un elemento
de confrontación partidista y política.

Creo que el bien del sistema educativo exige que el tratamiento de estos
temas sea lo más objetivo posible. Será la única manera de hacer fecundo
el debate por la mejora de la calidad del sistema educativo. Frente a
ello me encuentro con que, una vez más, hay una especie de repetición de
una serie de acusaciones a este departamento diciendo que se ha provocado
alarma en el conjunto del sistema educativo.

Tengo que decir que haríamos mal, señora Valcarce, en no estar
preocupados por intentar mejorar el sistema educativo con acciones
positivas, que creo que es lo que hay que hacer. No debemos estar en la
actitud de sentirnos satisfechos con la ley de 1990, pensando que es una
ley tan maravillosa que resuelve todo. No es ésa la actitud fecunda. La
actitud positiva en estos momentos es que creo que sí hay algunos
indicadores, los indicadores del diagnóstico que se hicieron por el INCE
del estudio de las matemáticas y de la lengua de los niños de 12 años. No
es un problema de acusación de la Logse o del anterior sistema, porque en
estos momentos estamos a caballo entre uno y otro. Por tanto, no se puede
juzgar la ley sino la situación actual, la realidad. Esos indicadores
daban datos no satisfactorios, por lo menos a mí no me satisfacen. Me
parece que en matemáticas, el ranking que se ha hecho de evaluación
conjunta de esa serie de países de la OCD, nuestra situación no es nada
halagüeña, y distintos estudios que tenemos en materia de lengua y en
materia de humanidades no dan tampoco resultados halagüeños. Eso es lo
que nos preocupa y por lo que tenemos que saber mejor en estos momentos
qué está pasando en el sistema educativo. Por eso ese tipo de diagnóstico
es una operación importante y nos tiene que ayudar a todos a encontrar
vías de solución y de mejora.

Pienso que en estos momentos nuestro sistema educativo, tanto en primaria
como en secundaria, en la obligatoria, bachillerato y formación
profesional, el problema de la mejora del sistema de aprendizajes, la
mejora de los enfoques formativos, el replantearnos cuáles son los
núcleos vertebradores de nuestro sistema educativo y, sobre todo, el
fortalecimiento de las materias científicas, es un tema sobre el que me
gustaría que el Partido Socialista también estuviera preocupado. Si el
Partido Socialista no está preocupado por el nivel de conocimientos en
humanidades, en materia científica, en matemáticas, en lengua y
literatura me llevaría una decepción. Creo que es un problema que tiene
nuestro sistema educativo que tenemos que afrontar y que, además, es el
centro de nuestra batalla en los próximos años. Para ello, deberíamos
hacer actuaciones en cada una de las etapas del sistema educativo. En eso
debemos estar.

En cuanto a la famosa acusación a la partida de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 en relación con los centros concertados,
tengo que decir que fue aclarada suficientemente, a mi juicio, en las
comparecencias y debates de la ley de presupuestos. Se trata, en primer
lugar, de una consecuencia derivada de la transformación de los centros
educativos concertados a las exigencias de la reforma, en una situación
en la que usted conoce exactamente las diferencias de coste del puesto
escolar entre la enseñanza concertada y la pública. También está el
problema de la analogía retributiva del profesorado. En un momento en el
que se producía una congelación del conjunto del profesorado, nos parecía
que esa congelación la sufría también, porque no se ha producido un
aumento, ese profesorado de la concertada; sin embargo, en cuanto a los
trienios del profesorado nos parecía que esa cifra tenía que respetarse.

Finalizo diciendo que en todo lo que sea un debate constructivo sobre la
mejora de la calidad de la enseñanza me tendrán ustedes dispuesto a
profundizar y a colaborar; si cualquier debate se convierte en una
especie de retahíla de acusaciones, de decir: qué bien iba el sistema
educativo, que era una especie de paraíso hasta el año 1996, y desde que
llegaron los señores del Gobierno del Partido Popular esto se está
desmoronando, usted sabe que ése es un viejo chip; pienso que un cambio
de chip sería muy beneficioso para todos, señora Valcarce.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nasarre.

Ya que ha ofrecido usted unos papeles, que al fin y al cabo es un
compromiso, le ruego que nos los dé.




--ADMISION DE ALUMNOS EN LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/000201.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día,
que es el 5, acerca de la admisión de alumnos en los centros sostenidos
con fondos públicos, que es la información que de usted se solicita en
esta comparecencia.

Tiene la palabra el señor Nasarre.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Señor Presidente, voy a ser extremadamente breve en este
último punto.




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El real decreto de libre elección de centro educativo, que conocen
perfectamente S. S., dio lugar a una interpelación en este Congreso de
los Diputados y creo que las posiciones, la defensa, la argumentación del
Gobierno está perfectamente clara en la voz más autorizada, que es la de
la Ministra de Educación y Cultura. Por tanto, repetir todos esos
argumentos me parecen que resultan en estos momentos ocioso.

En todo caso, tengo que decir que el Gobierno ha adoptado esta
iniciativa, que supone la reforma del anterior real decreto de régimen de
admisión de alumnos, en desarrollo del artículo 20 de la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación, en primer lugar, por ser un compromiso del
Gobierno, en virtud de los compromisos electorales del partido que lo
sostiene. En segundo lugar, porque nos parece que en una sociedad
moderna, como la española, todo lo que signifique ampliar las
posibilidades de elección de centro educativo es una exigencia y es algo
que favorece el propio dinamismo de la sociedad.

Creemos que hay una creciente demanda de la sociedad española para lograr
el mayor ejercicio de este derecho, que es un derecho reconocido por la
Constitución y que goza de la más alta protección jurídica de la misma,
puesto que está en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la
Constitución.

Desde este punto de vista y con estos planteamientos, lo que ha hecho el
Gobierno es establecer unas modificaciones en relación con el anterior
sistema; modificaciones que creo que son razonables, prudentes y que
tienen los siguientes objetivos fundamentales. En primer lugar, ampliar
las zonas de influencia para la mejor elección de centro educativo.

En segundo lugar, homologar como criterio prioritario de proximidad al
centro el del domicilio familiar y el del lugar de trabajo, porque
creemos que ese paso es positivo a la vista de las condiciones laborales
de muchas familias españolas.

En tercer lugar, la recuperación de unos criterios complementarios en el
baremo de admisión de alumnos; criterios complementarios en los que
aparece la condición de familia numerosa, la condición de familia que
tengan un minusválido en la misma, donde se reconoce a los centros
educativos, en función de su autonomía y de sus competencias, la
posibilidad de introducir un punto por una circunstancia objetiva pública
y debidamente justificada. Tengo que decir que este punto, que ha
suscitado un debate y una discordia, estaba ya, como saben ustedes
perfectamente, en el primer decreto de 1985 de desarrollo del artículo 20
de la LODE, pero planteado en unos términos menos precisos y menos
garantistas de los expuestos en el presente real decreto.

En cuarto lugar, la posibilidad de adscripciones múltiples entre los
centros de primaria y de secundaria, para flexibilizar las relaciones y
orientaciones entre el cambio de centro de un nivel al otro nivel
educativo y, con todo ello, facilitar el proceso de elección a las
familias españolas.

Estamos convencidos de que este real decreto va a provocar una mayor
capacidad del ejercicio del derecho a elección de centro, lo cual siempre
es bueno en cualquier sociedad que ama la libertad. La libertad no es
sólo una proclamación abstracta; la libertad se concreta en los distintos
aspectos de la vida social, de la vida cotidiana. Una sociedad de hombres
libres es aquella en la que, de la mejor y más amplia manera posible, se
pueda elegir médico, hospital, centro educativo, se puedan realizar la
elecciones en los aspectos más vitales, en ese compromiso está este
Gobierno y, en el marco de ese compromiso, el Ministerio de Educación
quiere articularlo, aplicando la norma de la mejor manera posible.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo peticionario de la comparecencia, el
Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra don Bernardo Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, agradezco la breve intervención
del Secretario General. Supongo que ya está suficientemente exprimido a
lo largo de la tarde.

Dice que también es suficientemente conocido el proceso de admisión de
alumnos que introduce este Gobierno; eso es cierto. Esta comparecencia se
pidió el 29 de enero y, por ello, no es tanto momento de informar, cuanto
de analizar; yo creo que de analizar, sí. No voy a hacer preguntas.

Los propósitos yo creo que están claros; las discrepancias, también. Es
decir, no podemos estar hablando ahora del domicilio de trabajo de los
padres o de hermanos en el centro o de otras cuestiones sobre las que no
hay ninguna discrepancia, obviamente. De lo que estamos hablando, creo,
es de otra cosa.

El 14 de marzo de aprobó el real decreto. Curiosamente, el 7 de marzo
había salido una circular por la que se dan instrucciones y se emprenden
--y digo, textualmente, se emprenden-- acciones convergentes para que
incidan en el proceso de admisión de alumnos. Antes de aprobarse el
decreto, por cierto, con dictamen contrario, en parte, del Consejo
Escolar del Estado --luego incidiremos sobre ello--, se distribuye una
circular con la que se emprenden acciones convergentes con los objetivos
de ese decreto. Las acciones para potenciar los objetivos de ese decreto
son dos: una, ampliación de las zonas; dos, multiadscripción, es decir,
adscripción de los centros de primaria a más de un centro de secundaria.

La ampliación de zonas pretende contribuir al proceso, que se inicia en
el texto del decreto, de hacer irrelevante la zona, de hacer irrelevante
el criterio del domicilio. Por cierto, esta nueva zonificación, esta
ampliación de zonas se hace con criterios más arbitrarios que
anteriormente. En algunas ciudades las áreas educativas coincidían con
los distritos municipales; tenían una lógica. En estos momentos se ha
reducido el número de áreas, se amplía la zona. Por cierto también, esa
circular dice que esto se tenía que hacer público y me parece que había
seis días después, aproximadamente, para informar a las comunidades
escolares y presentar alegaciones, pero esos seis días coinciden con las
vacaciones escolares de Semana Santa. En algunos casos --creo que es en
el de Madrid--, parece que a los responsables políticos los resultados
les son desilusionantes. Al final no han conseguido cambiar tanto como
creían que se podían cambiar



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los criterios de proximidad al domicilio, es decir, la zonificación como
se decía anteriormente.

La segunda cuestión es la multiadscripción: es decir, la adscripción de
centros de primaria a secundaria. Aquí se quiebra --y estamos una vez más
en un proceso de contrarreforma; de lo que estamos hablando toda la tarde
es de un proceso decidido, políticamente, de contrarreforma-- un modelo
que va a tener graves consecuencias, algunas todavía imprevisibles. Hasta
ahora se estaba intentando construir un modelo de continuidad pedagógica,
de trabajo en equipo, de coordinación entre el centro de primaria y
secundaria, que ahora se rompe. Además, la adscripción prevista por la
Administración anterior significaba, fundamentalmente, la garantía de
plaza. No significaba que no se pudiera elegir otro centro, sino
fundamentalmente garantía de centro. Eso desaparece en estos momentos. Es
más, estos días que se está haciendo este proceso, se está viviendo ya
--no sé si todavía no le ha llegado al Secretario General-- en los
institutos de enseñanza secundaria una falta de información grave, un
desconcierto, y los primeros resultados que nos empiezan a llegar de
algunas reuniones, con datos de esta misma mañana, son poco menos que
sorprendentes. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en el proceso de
admisión, y no estoy hablando ya del pasado? ¿Qué es de lo que estamos
hablando? Las preciosas palabras con las que ha hecho el cierre de su
comparecencia inmediatamente anterior las podemos suscribir todos, pero
eso no son más que bonitas palabras. Aquí estamos hablando del ejercicio
real de la libertad, no simplemente de que haya más libertad de elección.

Es más, el decreto de admisión de alumnos no amplía la libertad de
elegir. Ni siquiera es un decreto para regular, como se dice, la libertad
de elección. Yo creo que la libertad de elección no se regula, sino que
se ejerce y punto. El primer artículo dice que es para intervenir y
regular en los procesos de admisión de alumnos. Es distinto, porque son
la administración y las comisiones de coordinación las que tienen que
aplicarlo. Es un decreto que interviene sobre los procesos de admisión,
no sobre los procesos de elección. En principio, se puede elegir
cualquier cosa. En estos momentos se está creando la fantasía de que
antes no se podía elegir y ahora sí, de que antes se estaba contra la
libertad y ahora se amplía. No, señor, no se amplía la libertad, y eso es
lo que trataré de demostrar. Lo que va a suceder es que habrá una mayor
concentración de la demanda en determinados centros de primaria y de
secundaria. Entonces es cuando tienen que entrar en funcionamiento los
criterios de admisión que, al concentrar la demanda, primero por una
publicidad de mayor libertad y, segundo, por una modificación, en la que,
insisto, entran en juego no sólo el decreto de admisión, sino otros
factores, como la famosa circular que acabo de citar, se convierten en un
proceso de selección. ¿Quién decide qué alumnos entran en un centro que
tiene tres veces mayor demanda que número de plazas, cuando a lo mejor en
el curso anterior tenía una demanda más ajustada a la oferta? Esa es la
cuestión. Se crean bolsas en las que va a haber un aumento espectacular
de la demanda, por la fama, por lo que sea, de determinados centros. Ese
centro va a tener el privilegio de decir qué alumnos entran y cuáles no.

Por ejemplo, en la avenida de las Islas Filipinas, colegio Asunción
Rincón, curso 1996-1997, hubo 150 solicitudes y 50 plazas. Podemos
entender que es un colegio bastante solicitado. Se aplican los criterios
de admisión anteriores y se producen 15 empates. Por sorteo, como estaba
antes, aparecen 50 admitidos para las 50 plazas. Revisando los 50 vemos
que los 50 son de la zona de influencia. Por tanto, ha operado
fundamentalmente, como era el objetivo del decreto anterior, la zona de
influencia.

Para el curso 1997-1998 supongamos una equivalencia, es decir, 50 plazas
y 150 solicitudes. ¿Cómo se va a operar? Lo sabe perfectamente. Se va a
operar fundamentalmente con el punto de criterios, de circunstancias
libremente decididas por el centro. Traducido en otras palabras,
suponiendo que no tuviera más demanda, de cada tres demandantes el centro
dirá cuál le gusta de acuerdo con un criterio, que será público y
objetivo, pero el que sea público y objetivo no quiere decir que no sea
discriminatorio, puede ser perfectamente público y objetivo: las mejores
notas. Esto se está haciendo estos días en los institutos de enseñanza
secundaria de varias provincias. Se está poniendo la selección --digo
selección ya-- de los alumnos con ese punto basándose en el expediente,
en el currículum de los alumnos. Por tanto, esto es lo que el Consejo
Escolar del Estado dijo que había que retirar; no rebajar medio punto,
como ha hecho el Gobierno, sino que había que suprimir esa posibilidad de
discriminación por parte de los centros. Esta es la cuestión. ¿A quién se
admite cuando hay más demanda, quién lo decide y por qué los criterios
son distintos entre los diferentes centros? Me parece que ésta es la
cuestión.

En segundo lugar, si lo que va a pasar, por una parte, es eso, por otra
parte --yo se lo digo-- todo este proceso de admisión que empieza ahora
va a crear bastantes problemas de gestión, le va a crear bastante caos a
la Administración. Ya se ha retrasado el plazo de solicitudes y el plazo
de matrícula para el próximo curso. Ya ha habido enfrentamientos entre
representantes municipales y el ministerio, por ejemplo, con los
ayuntamientos de la zona sur de Madrid respecto a la tramitación de este
proceso. Lo han complicado mucho y más con la multiadscripción, porque
supone mayor labor burocrática. En definitiva, con esto lo que hacen es
crear problemas y no resolver ninguno, y crearlos precisamente en un
terreno en el que cada año había menos. Por tanto, incluso el
desdoblamiento en el proceso de primaria-secundaria, esa doble fase, no
se va a entender y muchos padres van a decir: ¿Cómo es que mi hijo en la
primera fase no ha tenido plaza? Es más, yo le emplazo a que el 15 de
septiembre sepamos, si está, claro, los alumnos que van a los institutos
de enseñanza secundaria públicos. Se sabrá seguramente qué alumnos van a
los centros privados y ahí es donde se introduce ya también este vector
del que hablábamos antes de favorecer un determinado tipo de enseñanza.

Me puede decir que no es tan diferente de lo que había antes, pero ese
punto que existió en el decreto del Gobierno socialista se quitó después,
porque se analizó el uso que de él se hacía en los centros; hubo que
retirarlo, hubo que decir: esto produce discriminación. Y ahora se vuelve
ahí. Es decir, no es una acusación que sirva



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para nada el decir que nosotros ya lo teníamos. ¡Claro! Y nos dimos
cuenta de que los efectos eran contraproducentes, de que iban en contra
de la igualdad real en el momento de elegir. Yo creo que esto es
innecesario.

He puesto tres ejemplos de Madrid, pero conozco mejor mi ciudad, que es
Zaragoza, que es la segunda ciudad de gestión del territorio del
Ministerio de Educación y Cultura. He vuelto a preguntar y me dicen que
en el curso 1995-1996 tuvieron que baremar sólo una docena de centros en
Zaragoza. Sólo se vieron obligados a baremar en primero de primaria,
porque tenían más demanda que oferta, una docena de centros. De las
aproximadamente 5.500 solicitudes de plaza en los centros de primaria
sólo entre 80 y 90, porque hay algunas dudosas, no tuvieron plaza en el
primer centro que habían solicitado. Por tanto, no había ningún problema
que resolver. Se han creado problemas. Se van a crear problemas donde no
los había. Lo que sorprende más es por qué no han esperado a que las
comunidades autónomas hicieran su decreto de admisión. ¿Por qué esa
prisa? ¿No están dejando la inversión para 1998 y 1999? ¿Por qué, si
dejan la inversión para que la hagan las comunidades autónomas en 1998 y
1999, no han dejado que sean ellas las que promulguen su decreto de
admisión? Esa es la cuestión, y entro en la parte final de mi
intervención.

Hay un objetivo político ideológico. No se nos puede decir que en
educación todo puede ser pactado. No se nos puede abstraer de la
confrontación política lo que evidentemente lleva consigo la marca de un
destino político ideológico claro desde el título del decreto. Vuelvo a
lo anterior: no se amplía ninguna libertad de elección. El meollo de la
cuestión es el que he dicho antes: ¿quién va a poder elegir? Los alumnos
difíciles, no; los alumnos con mal expediente, no. Por tanto, ¿qué es lo
que está pasando? Se está volviendo a la escuela como filtro social, lo
que nos remite a los tiempos en los que el filtro social era otro: la
gratuidad o el colegio de pago. Ahora el filtro social lo va a poner el
propio centro. Esa es la acción fundamental de ese Gobierno, que
contradice una parte de su intervención precedente en la comparecencia
anterior. Porque con esto se posterga, precisamente, a los que tienen
necesidades educativas especiales; se posterga a las minorías étnicas; se
posterga a los hijos de las familias desintegradas; se posterga
simplemente a los alumnos con malas notas. Estos no serán seleccionados
por los centros. Es más, en los centros que recogen mayor número de
alumnos de este tipo estos chavales se verán abandonados por los --entre
comillas-- mejores alumnos, que a su vez se verán favorecidos si intentan
salir del centro. Eso se está empezando a notar en estos momentos en los
institutos de enseñanza secundaria.

En una pregunta que yo hice me contestaron que había 21.171 alumnos
gitanos en centros públicos y sólo 1.600 en centros privados. Es más, de
lo más de 5.000 que hay en Madrid, por ejemplo, en la zona norte sólo hay
23 alumnos gitanos; en la zona oeste sólo 40. ¿Qué va a suceder? Va a
haber centros benditos, por así decirlo, conocidos, famosos, centros a
los que muchos padres se van a hacer la ilusión de que van a poder llevar
a su hijo y centros malditos, guetos, auténticos guetos en zonas
marginadas. Este es el problema, porque a esto es a lo que lleva esa
concepción de la libertad que dijo la ministra. Ella manifestó aquí:
quiero, y es mi objetivo, que la distribución de centros y de alumnos
evolucione conforme a las demandas sociales. ¿Evolucionar conforme a la
demandas sociales significa cambiar la proporción privada-pública, 31/69
por ciento, que es lo que ella decía que ha recibido? ¿Significa
--textualmente, palabras suyas-- que cree que los ciudadanos deben de
elegir centro educativo al que llevar a sus hijos, lo mismo que eligen
otras cosas? Es que yo no creo que la educación sea otra cosa. Con esto
lo que estaba modificando es la concepción del servicio público de la
educación. Confundir la educación con el mercado es lo que nos puede
llevar a un enfrentamiento --fíjese, señor secretario general, yo no digo
solamente a un conflicto-- entre privada y pública. No; dentro de la
privada y dentro de la pública. Podrá haber centros de elite y centros
marginales dentro de la pública, y centros de elite y también centros que
atienden necesidades sociales en barrios marginales, aunque menos, en la
privada. Esto igualmente se empieza a producir dentro de la privada. Esa
es nuestra valoración, muy negativa --lo ve--, de grave preocupación,
porque renunciar a la planificación en este asunto es dejar de la mano de
Dios a cada centro, es decir, dejarlo en un planteamiento un poco
darwinista.

El Gobierno socialista actuó básicamente sobre la oferta. El Gobierno
socialista construyó mucho --lo hemos visto en los temas anteriores-- y
ha intentado ofrecer igualdad de medios, compensación, mayor calidad para
todos. De los datos concretos que estamos viendo deducimos que este
Gobierno actúa básicamente sobre el lado de la demanda, es decir,
generando una especie de espiral de demanda de libertad de elección que
no va a poder satisfacer, que va a generar frustración. Se van a
encontrar --se lo digo de verdad-- con un problema grave de gestión y de
frustración porque actúan confundiendo lo que es un sistema educativo con
lo que es el mercado. Van a favorecer la concentración de las peticiones
en determinados centros y con ello, inevitablemente están operando de
manera que el sistema educativo sea selectivo. Ese es el modelo que
encierran sus cambios sobre admisión de alumnos. Parecen pequeñas cosas
--un puntito aquí, otro puntito allá, un trocito más de zona--, pero no,
son profundas. Me parece que adonde van es a una endogamia educativa,
debido a que cada clase social tendrá su tipo de centro y los grupos
dominantes se reproducirán de modo clasista y conservador. Ese es el
modelo de contrarreforma que encierra su sistema de admisión de alumnos.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
(Pausa.)
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
señora Sabanes, tiene la palabra.




La señora SABANES NADAL: Con mucha brevedad.

Evidentemente es verdad que ya hemos debatido este tema y es verdad que
nuestro grupo se ha manifestado totalmente contrario a este proceso de
admisión de alumnos.




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Por tanto, sí me permitiría en todo caso decir por qué, aunque no seamos
el grupo que ha solicitado la comparecencia. Fundamentalmente porque en
nombre de la libertad se está quebrando la igualdad de oportunidades, que
es justamente lo contrario a lo que con mucha claridad se establecía en
la Logse, donde además se respetaba la diversidad en un marco de igualdad
de oportunidades. Por tanto, me quedaría hacerle dos preguntas, a las que
me gustaría que me contestara. Primera, si es consciente de que en estas
fechas ya existen denuncias de irregularidades en el propio proceso por
parte de las asociaciones de padres y de madres, y, segunda, qué ventajas
entiende que se obtienen con esta ruptura de la coordinación fuerte entre
colegios e institutos, si no se va a romper la continuidad del proyecto
pedagógico entre colegios e institutos públicos, lo que sin embargo no
ocurre en la enseñanza concertada o en la enseñanza privada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Juan Carlos
Guerra Zunzunegui tiene la palabra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Nosotros apoyamos este decreto absolutamente.

Está dentro de la línea que venimos diciendo desde hace mucho tiempo,
desde que se aprobó el artículo 27 de la Constitución, que es la libertad
para elegir el centro. Y esa libertad la deben de tener los padres. Es
indudable que toda libertad tiene que tener un encauzamiento porque si
no, se daría el caso de que a lo mejor 3.000 padres elegirían un solo
centro, al cual no podrían ir todos.

Yo creo que en este decreto se hace una apertura sensata. Es decir, en
primer lugar no puede ser solamente el criterio de la zonificación, del
lugar donde viven los padres. Tiene su lógica que también lo sea el lugar
donde trabaja uno de los dos padres. (El señor Bayona Aznar: Ya estaba.)
Sí, están de acuerdo, pero cuando ustedes gobernaban, no estaba. Usted ha
puesto ejemplos y yo tengo otro: el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid,
que está rodeado de una zona de alta burguesía, para el que tenían
prioridad los que vivían allí. Y la única petición que hice a un ministro
socialista era para una persona que trabajaba en un taller de la zona
cuyo hijo no podía ir a ese instituto.

Además esta libertad de elección de centro existe en estos momentos tanto
en países donde gobierna la socialdemocracia, en coalición o no, como en
países como Francia en donde no ha sido necesario que estuviera el
gobierno actual del centroderecha, porque ya existía anteriormente; es
decir, en París hoy en día puede elegir el padre de un alumno llevarlo al
distrito 16, que es el de más alta burguesía, o al 15 o al 12 o al 13. Ya
sabemos que hay que acoplar esa libertad a la realidad, y la realidad
está en el encauzamiento de las peticiones de los padres de ir al
instituto público o al centro concertado que solicite en esos momentos.

En cuanto a dar un criterio complementario por familia numerosa o dar un
criterio de cuatro puntos por el primer hermano que esté en el centro o
de tres por cada uno de los hermanos siguientes que están en el centro,
nos parece absolutamente racional y positivo. Entonces, aquí se ha
montado todo un discurso diciendo que nosotros lo que queremos es
frustrar ese gran abanico de libertades, cuando resulta que si hay
frustración es porque no se puede, con este decreto y con las
posibilidades que hay hoy en día, dar cauce a la libertad de los padres
para elegir centro, exactamente igual que en sanidad a la hora de elegir
médico. Ustedes montan toda su argumentación en un punto complementario
que dice: cualquier otra circunstancia libremente apreciada por el órgano
competente del centro de acuerdo a los criterios públicos. Con los
criterios actuales es dificilísimo el empate, y si hay empate es lógico.

Los centros no van a tener como criterio el del mejor expediente, pueden
tener otro. Dejen ustedes también elegir. Ustedes están empeñados en no
elegir. Quieren ustedes planificar una y otra vez y nosotros queremos
libertad. Esa es la gran diferencia. Nosotros apoyamos absolutamente este
decreto, porque en él se contempla la renta de cada familia y el apoyo a
la familia numerosa, dos concepciones sociales importantes. Se apoya no
sólo la zonificación respecto a donde viven los padres --cuatro puntos--,
sino también respecto adonde trabajan los padres, lo que especialmente en
las grandes ciudades tiene una gran importancia. Porque ustedes ya
conocen la situación que se da cuando trabajan la madre y el padre y para
recoger a los niños del colegio a una hora tienen que desplazarse 15
kilómetros.

Señor Secretario General, si hay un tema en el que el Partido Popular
está absolutamente de acuerdo con el decreto es éste. No hemos engañado a
nadie, puesto que en nuestro programa figuraban dos temas muy
importantes: abrir la posibilidad de libertad de centro para el padre,
conforme al artículo 27 de nuestra Constitución, y la calidad de la
enseñanza, entendiendo por calidad el acceso a la educación de todos los
niños de 3 a 6 años. Estos son los dos puntos fundamentales de nuestro
programa y no hacemos nada más que cumplir lo que prometimos a nuestros
votantes.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor Nasarre añadir algún punto más a la
defensa ardorosa que ha hecho el señor Guerra Zunzunegui?



El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Nasarre
Goicoechea): Sí, señor Presidente.

Aparte de sumarme a la defensa excelente --aparte de ardorosa-- del real
decreto de régimen de libre elección de centro, efectuada por el señor
Guerra Zunzunegui y que me exime de dar algunas explicaciones, me
gustaría precisar algunos puntos de las distintas intervenciones.

Creo que no tiene el menor sentido decir: señores del Ministerio de
Educación y Cultura, como ustedes han anunciado que van a hacer los
traspasos de las competencias en el mes de enero, no hagan nada. Yo les
digo que nuestra respuesta es que no podemos aceptar esa tesis. Como
administración educativa y en el ejercicio de nuestras funciones en el
Ministerio, nosotros tenemos que considerar que, de acuerdo con los
compromisos con nuestros



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electores, de acuerdo con los compromisos políticos y de acuerdo con los
criterios con los que consideramos que hay que actuar, haríamos una
dejación de nuestra responsabilidad si dijéramos: señores, no hacemos
nada. Este año se produce un esfuerzo inversor importante, de 33.000
millones de pesetas. Se programa una inversión importante de cara a 1998
y en este y otros temas que iremos llevando adelante en los próximos
meses, nosotros vamos a seguir actuando en plenitud de funciones. Y
ustedes no nos pueden pedir, obviamente, otra cosa.

En segundo lugar, tengo que desmentir el que, en estos momentos, el
ministerio esté poniendo dificultades en la cooperación con los
ayuntamientos en esta materia. El real decreto dice que las comisiones de
escolarización son unas comisiones cuya presidencia es designada, y en
eso no hay ninguna modificación del real decreto anterior, por el
director provincial o el subdirector territorial en el caso de la
Comunidad Autónoma de Madrid, y los directores provinciales tienen plena
discrecionalidad para considerar la persona más idónea para presidir esas
comisiones de escolarización. En todo caso, en esas comisiones de
escolarización hay, por derecho propio --así lo dice el real decreto--,
un vocal como representante del ayuntamiento. El que algunos
ayuntamientos hayan tenido la pretensión de presidir esas comisiones, es
una mera posibilidad. Por la mayoría de los directores provinciales se ha
estimado --y yo tengo que decir aquí que me parece que es una decisión
acertada--, que fundamentalmente por el carácter técnico de las funciones
y tareas de esas comisiones de escolarización, es acertado que sean
presididas por inspectores de educación. Ese es también mi criterio, lo
digo con toda claridad. A mí de producen una mayor garantía esas
comisiones si están presididas por inspectores de educación, sobre todo
en aquellas zonas en las que se pueden dar algunos elementos de
complejidad.

En las críticas a esta norma, como en las que se hagan a cualquier norma
que amplíe la libertad, se dice que todo se hace más complejo. Es que la
libertad es mucho más compleja; es que la simplicidad es la no libertad.

Yo no lo digo por usted, que sé que es amante de la libertad y quiere,
digamos, la ampliación, la extensión de la libertad, pero la tesis de que
toda libertad es compleja y difícil es la que normalmente aducen los
enemigos de la libertad. También es mucho más difícil un sistema, por
ejemplo, de libertad de elección de médico. Efectivamente, el médico que,
por las razones que sea, suscita más confianza en los pacientes va a
tener más peticiones y hay que arbitrar medidas porque no todos pueden ir
al mismo, pero todas las sociedades modernas están avanzando en esta
dirección de ampliar las posibilidades de elección en la medida de lo
posible, ya que es un elemento favorable para conseguir una sociedad cada
vez más libre.

En cuanto al punto de la adscripción, que es uno de los que ustedes
critican, tengo que decir, primero, que la posibilidad de adscripción
múltiple, a efectos de elección de centro, desde los centros de primaria
a los centros de secundaria, no tiene que perturbar ni perjudicar
relaciones pedagógicas entre centros de secundaria y centros de primaria,
porque la adscripción múltiple tiene que hacerse en función de que hay
4.000 centros de primaria y 1.000 centros de secundaria. Por lo tanto, en
el caso de que no hubiera adscripción múltiple, en el caso de que hubiera
una sola adscripción, un centro de secundaria tendría una media de cuatro
centros de primaria, que estarían adscritos a ese centro. Ese era el
modelo anterior. Nosotros hemos dado instrucciones sobre que es un
sistema que tiene que adoptarse racionalmente --la adscripción múltiple
no quiere decir que todos los centros de primaria estén adscritos al
mismo tiempo a una pluralidad de centros de secundaria-- y planteamos la
posibilidad de que como máximo haya dos o tres adscripciones de centros
de primaria en relación con los centros de secundaria. En lugar de,
diríamos, incrementar la posibilidad de que se queden sin plaza los
chicos que dejan sus estudios de primaria y van a secundaria, lo que hace
una buena programación de esa adscripción múltiple es disminuir esos
riesgos y esas posibilidades. Usted sabe perfectamente que se han
producido en muchas ocasiones adscripciones de varios centros de
primaria, porque es necesario, porque salen a una media de cuatro centros
de primaria por un centro de secundaria, porque las plazas del centro de
secundaria eran incapaces de absorber todos los puntos de los centros de
primaria. Eso es lo que está pasando. Si hacemos una buena programación,
con una adscripción múltiple, tenemos que calcular que las plazas
disponibles en los centros de secundaria tengan que ser superiores y que
todos los centros de primaria de esa adscripción doble o triple puedan
tener plaza en los centros de secundaria. Ustedes saben que eso es
técnicamente posible y se puede hacer una programación correcta en ese
sentido.

Quiero hacer una consideración: la reforma educativa apuesta por la
autonomía de los centros, porque los centros educativos tengan su propia
identidad, hagan una oferta propia y ese es un correlato que, en relación
con la ampliación de la libertad, significa que la red de centros
públicos (porque esto va a tener efectos importantes en la mejora de la
calidad de la oferta de los centros públicos) tiene que buscar su propia
identidad, su propia oferta educativa y ahí estoy de acuerdo con la
observación de ustedes: en todo proceso dinámico de mejora en una
sociedad libre en cualquier aspecto de la realidad social, y desde luego
en el educativo, la llamada demanda tiene una función importante, y si
suprimimos la demanda, estamos en la pura planificación rígida,
estatalista y sin posibilidades de libertad de elección. Las cosas son
así.

Creo que este planteamiento que amplía la libertad de elección de centro
no perjudica la concepción del servicio de la educación con carácter
público. Es falso y no tiene fundamento --me gustaría desarrollarlo, pero
el Presidente me pide que acelere-- el que se convierta la escuela en un
tipo de filtro social. Lo que se pretende es lo contrario, que, por la
vía del propio dinamismo de mejora de la oferta educativa que tiene que
promover la ampliación de las posibilidades de elección, los centros
públicos y los concertados vayan estableciendo una mejora permanente de
calidad que haga atractiva su oferta. Ustedes saben que eso es
perfectamente posible y que es un factor que ha sido decisivo, aparte de
las propias demandas de una mayor libertad que



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existen en todas las sociedades modernas de nuestros días, en todos los
países en los que se han adoptado políticas de ampliación de libertad de
elección de centro.

Confirmo y repito lo que ha dicho el señor Guerra Zunzunegui: éste es un
fenómeno en el que partidos y opciones con ideologías distintas, de
carácter socialdemócrata, de carácter centrista o de carácter
liberal-conservador, han apostado en este sentido, por las
configuraciones más flexibles de las urbes, ampliando zonas de
influencia, y también porque en estos momentos se considera que los
procesos de innovación de los sistemas educativos necesitan una mayor
influencia de las dinámicas sociales, y las dinámicas de libertad
favorecen éstos perfectamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nasarre, dejando constancia
del esfuerzo a que le hemos sometido toda la tarde. Muchas gracias a los
señores Diputados y portavoces y muchas gracias a los servicios de la
Cámara, nuestras queridas taquígrafas y estenotipistas, así como a los
medios de comunicación.

En todo caso, la Presidencia quiere aclarar que si los jueves se ve
impelida a celebrar comisiones es por planificaciones de la Mesa, no por
voluntad propia.

Muchas gracias.

Se levante la sesión.




Eran las ocho y diez minutos de la noche.