CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 172



AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA



PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN



Sesión núm. 11



celebrada el martes, 18 de marzo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Relativa a medidas de apoyo para el sector de la patata. Presentada por
el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000207)
(Página 4748)



--Sobre la comercialización y producción de la patata. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000253) (Página 4748)



--Por la que se insta al Gobierno a que solicite de la Unión Europea (UE)
medidas en relación con el mercado de la patata. Presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Número de expediente 161/000272) (Página 4748)



--De modificación de los criterios de modulación de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC). Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000287) (Página 4756)

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--Para la habilitación de los créditos necesarios para paliar los efectos
de las recientes inundaciones en la agricultura andaluza. Presentada por
el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000314)
(Página 4761)



--Sobre medidas para establecer y conceder ayudas económicas a los
tripulantes y armadores de las flotas españolas que faenan en aguas de
jurisdicción marroquí, cuando se vean obligadas a detener su actividad
como consecuencia de las paradas biológicas establecidas por el acuerdo
de pesca entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000337)
(Página 4762)



--Sobre medidas para solucionar los problemas ocasionados por la presa de
Marmolejo (Jaén), e indemnizar a los agricultores afectados por las
inundaciones de los años 1995 y 1996. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(Número de expediente 161/000372) (Página 4764)



--Relativa a la formación de los profesionales del sector pesquero.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/000278) (Página 4767)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Vamos a iniciar la sesión número 11 de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Previamente al debate, quiero comunicar a SS. SS. que
las votaciones de estas proposiciones no de ley se realizarán a partir de
la una de la tarde.

En cuanto al debate, igualmente quiero comentar que la proposición no de
ley que lleva el número 4, proposición relativa a la formación de los
profesionales del sector pesquero, se discutirá como último punto del
orden de día.

Señorías, vamos a hacer un receso de dos minutos, para hablar con los
portavoces. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A MEDIDAS DE APOYO PARA EL SECTOR DE LA PATATA. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000207.)



--SOBRE LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE LA PATATA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000253.)



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SOLICITE LA UNION EUROPEA MEDIDAS
EN RELACION CON EL MERCADO DE LA PATATA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000272.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reiniciamos la sesión con el debate de las
proposiciones incluidas en el orden del día.

En primer lugar, debatiremos las tres primeras proposiciones, de las que
los grupos harán una defensa conjunta. Intervendrá el portavoz del Grupo
Socialista para hacer, repito, una defensa conjunta de las tres
proposiciones no de ley.

Tiene la palabra la señora Leiva.




La señora LEIVA DIEZ: Buenos días, señor Presidente, señoras y señores
Diputados.

Voy a proceder a la defensa de las tres proposiciones no de ley, para
debate ante esta Comisión, proposiciones que tuvieron entrada en esta
Cámara en el siguiente orden: la del Grupo Parlamentario Socialista, el
16 de octubre de 1996; la del Grupo Parlamentario Popular, el 25 de
noviembre de 1996, y la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el 12 de
diciembre de 1996.

Cada proposición no de ley presenta el mismo problema, el sector de la
patata, y cada grupo formula diferentes peticiones al Gobierno que
aportan soluciones complementarias; yo diría que las mismas, expresadas
más o menos genéricamente y de una u otra manera. El Grupo Parlamentario
Socialista va a votar a favor en todos los casos e incluso anuncio que
estaríamos dispuestos a negociar una enmienda transaccional, si así
conviene e interesa al resto de grupos parlamentarios que presentan estas
proposiciones no de ley.

En este momento hay más de 200.000 hectáreas de patata en España, que se
producen en diferentes comunidades autónomas. Estas patatas son de
diferentes tipos, patatas extratemprana, temprana, de media estación o
tardía. Sobre esta campaña que está finalizando, podemos asegurar,
señorías, que cientos de hectáreas de patata tardía se han quedado en la
tierra, sin sacarlas, ante la falta de rentabilidad.




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No sólo eso, miles de toneladas se han perdido en almacenes por no salir
al mercado o por no tener las diferentes medidas de acondicionamiento y
otros miles de toneladas se han malvendido, a menos de un duro, del orden
de tres pesetas/kilo, con el fin de reducir pérdidas en las explotaciones
agrarias o en las cooperativas y APA. El problema es cíclico y se
localiza, sobre todo, en las patatas de media estación y tardías. La
campaña empezó con precios bajos, remontó y, debido al tirón de las
exportaciones y a la disminución de la oferta, a mitad de septiembre
comenzaron a bajar los precios con la salida de la producción de la
patata tardía, fundamentalmente Castilla y León, La Rioja y Galicia,
hasta el desplome final de precios.

Este movimiento especulativo de los precios en España viene motivado por
varios factores, pero fundamentalmente por la presión de los precios de
importación de patata en Europa, sobre todo de tres países clave, como
Bélgica, Francia y Holanda. La situación en España no se nos oculta. La
producción de esta campaña de comercialización disminuirá ligeramente
respecto a la pasada; luego no hay exceso de oferta. La superficie y la
producción de estos últimos cuatro años están estabilizadas. Sin embargo,
al comienzo de los años noventa, hubo una fuerte regresión del cultivo.

La situación en la Unión Europea es la siguiente. En este momento, hay un
exceso de producción de 3,5 millones de toneladas. La superficie y
producción se van incrementando, especialmente en Bélgica, Francia y
Holanda. Las tendencias de consumo, sobre todo en los canales de fresco,
son a la baja; sin embargo, se está detectando cómo se incrementa la
patata que va a los canales de transformado, a la industria
agroalimentaria. Nuestro país, España, es deficitario en patata;
importamos el doble de lo que exportamos, con una continua pérdida de
cuota en el mercado de patata tardía.

El Gobierno actual ha prometido al sector --y me remito a una nota de
prensa del Gobierno que emitió el 31 de julio de 1996-- diferentes
actuaciones a medio y largo plazo. Entre las cosas que se propusieron, a
medio y corto plazo, para corregir la situación actual del sector de la
patata y para regular el mercado, estaban que el MAPA, junto a las
comunidades autónomas iba a poner en marcha una OCM nacional hasta que la
Comisión de Agricultura de la Unión Europea cumpla el mandato del Consejo
de Ministros de febrero de 1995, en el que se contempla la propuesta de
creación de una organización común de mercado de patata antes del día 1.o
de junio de 1995. Las líneas básicas de la actuación del MAPA --anunció
en julio, repito-- irían por la vía de la OCM de frutas y hortalizas y
allegará los recursos suficientes hasta que la Unión Europea cree la OCM
de patata. La creación de esta OCM nacional, junto con las comunidades
autónomas, permitirá estabilizar el mercado y garantizar la viabilidad
del cultivo, evitar las oscilaciones de los precios, garantizar la
calidad demandada por el consumo, la integración en una organización
profesional con un fondo operativo, que en principio sería nacional,
acogerse a las ayudas para constituir organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, controlar las importaciones en los aspectos
fitosanitarios y de contingentes, una cláusula de salvaguardia y la
creación del comité de gestión de la patata. A corto plazo, decía la nota
de prensa del ministerio de 31 de julio de 1996, la actuación del MAPA
consistiría en respaldar al mercado mediante una red de seguridad,
intervención y almacenamiento privado cuando el precio de la patata se
sitúe claramente por debajo del precio de coste medio, coste medio que el
ministerio estimaba entre 15 y 16 pesetas kilo y, repito, en el mercado
ha estado hasta tres pesetas el kilo.

El Gobierno de derechas ha propuesto esta medida al sector en reuniones,
algún Diputado popular lo ha hecho también en diferentes ruedas de prensa
de los periódicos locales de las zonas afectadas, y lo que se hizo fue
poner la venda antes que la herida. Lo cierto es que, a la hora de la
verdad, se propuso una sola medida, igual que la que se criticó en la
crisis del año 1992, de retirada o intervención de 100.000 toneladas,
basada en una ayuda de dos pesetas por kilo y mes durante mes y medio,
que en teoría supone 300 millones de pesetas para el MAPA, pero los
agricultores, con este descenso de precios que todos estamos comprobando,
han perdido hasta 30.000 millones de pesetas. Además, no se entiende que,
por una parte, se esté queriendo fortalecer las organizaciones de
productores cuando, la Orden que saca el Ministerio de Agricultura, en
fecha 17 de octubre de 1996, propone la inmovilización a cualquier
persona que sea colectivo productor de patata, es decir, no hace ninguna
discriminación a favor de las organizaciones de productores existentes
actualmente en España, las APA o las cooperativas; da lo mismo un
individual que una cooperativa. Esta no es una política de defensa del
sector cooperativo.

Recientemente hemos visto en periódicos especializados que, desde el
MAPA, se ha sugerido la posibilidad de disponer hasta 1.500 millones de
pesetas para regular y organizar este mercado si el precio de la patata
caía por debajo de los precios de producción. Señorías, ha estado muy por
debajo de los precios de producción y no hemos visto estos recursos, por
tanto, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el Gobierno de
derechas no ha reaccionado ante la situación de profunda crisis que,
desde el mes de marzo, viene padeciendo el sector de la patata. Además,
una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Por qué? Porque no se puede estar
anunciando medidas millonarias y, luego, no cumplirlas ni siquiera
reflejarlas en los presupuestos para la próxima campaña del año 1997.

Por tanto, la medida de intervención, tan criticada en el año 1992,
ahora, seis años más tarde, no es suficiente; no quiero decir con ello
que no sirva, digo que no es suficiente. ¿Por qué? Porque en un principio
se actuó de espaldas al sector productor, porque llegó demasiado tarde,
cuando mucha producción de patata se había comercializado por debajo de
los precios de producción, porque la crisis no ha sido producida por
exceso de producción de patata en España sino por un incremento de la de
países europeos, que imponen en nuestro país precios por debajo de los
costes. Por tanto, sólo se ha hecho hueco a las patatas de estos países
en los mercados españoles. Al retirar el producto del mercado, se han
dado esas facilidades para que el hueco lo cubran otros países
comunitarios. En resumen,



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las intenciones del MAPA carecen de refrendo presupuestario y el sector
no puede seguir perdiendo productores de patata, hectáreas de cultivo ni
cuotas de mercado en España, que van a parar a manos de otras
organizaciones de productores europeos. Se constata que una cosa son las
ideas y otra los presupuestos del Ministerio de Agricultura.

El debate que nos traen hoy estas tres proposiciones no de ley se ha
reproducido durante años en esta Cámara, la última vez a raíz de la
crisis del año 1992, también del mercado de la patata. El comisario
Fischler se comprometió, ante los consejeros de comunidades autónomas y
el Ministerio de Agricultura, en una reunión a la que asistió el actual
Presidente de esta Comisión de Agricultura, a que se iba a adoptar una
decisión de la OCM de la patata antes del 1.º de julio de 1995. La
Comisión presentó al Consejo una propuesta de reglamento. La propuesta
consistía en normas de calidad, basadas sobre todo en la calidad de la
patata, el calibre, el tamaño, el peso, el envase para el mercado, el
acondicionamiento, el etiquetado, etcétera. Consistía también en las
agrupaciones de productores --primer pilar reconocido de desarrollo de
este sector--, reconocidas voluntariamente y que actualmente reciben
ayudas para su constitución, financiadas con fondos de la Unión Europea
durante los cinco primeros años de su constitución.

También consistía en un régimen de intercambios, que era el tercer pilar
de esta propuesta de reforma con países terceros. Debemos tener en cuenta
que ahora la situación ha variado desde el año 1992, puesto que en este
momento está en ciernes la entrada o las negociaciones con los países del
Este. La delegación española ya entonces, aprovechando la presidencia
europea, planteó que no solamente estos tres pilares eran suficientes,
sino que había que incluir un cuarto pilar, que iba a ser el fondo de
operaciones. Ahora lo puede aplicar cada país miembro, que tiene
posibilidad, como lo anuncia el ministerio en su día, de constituir el
citado fondo, y ya se debía haber puesto en marcha. La situación es
exactamente igual, de bloqueo. En este momento se están negociando los
precios y medidas conexas de la campaña 1997/98. Es oportuno, por tanto,
que desde esta Comisión de Agricultura se solicite a la Ministra que haga
gestiones y proponga continuar esta línea de trabajo, que prosiga el
debate. Nos consta que la Ministra no asistió a la reunión, bajo
presidencia holandesa, donde se trató este tema y nos preguntamos si
tendría algún otro asunto más interesante que hacer aquí, en España.

El comisario ha anunciado una serie de medidas para el sector de la
patata, pero no las ha cuantificado; por ello, el Grupo Parlamentario
Socialista quiere hacer aportaciones a este debate, propugna medidas que
hoy siguen teniendo vigencia y que son fundamentalmente las siguientes.

Pedimos que las organizaciones de productores, los productores de patata
tengan buenos canales de información necesarios para la toma de
decisiones entre la Unión Europea, Administración, organizaciones de
productores y organizaciones agrarias. Mejorar la organización de la
comercialización de la patata, facilitar la integración de agricultores
en organizaciones de productores mediante incentivos específicos. Es
imprescindible proceder a la concentración de la oferta, así como a
revalorizar el producto por un acondicionamiento adecuado, selección y
normalización de la patata que sale del productor. Así los productores
podrán adaptarse con agilidad a cambios de demanda que se producen
continuamente con este producto en los mercados. También medidas
discriminatorias, por ejemplo, en este caso de las inmovilizaciones; se
podía haber dado prioridad a las cooperativas, a las agrupaciones de
productores frente a productores individuales.

La constitución y funcionamiento de las organizaciones de productores
exige disponibilidad de medios adecuados y productos acondicionados o
instalaciones de utilización en común, como disponibilidad también de
fondos suficientes para un programa de comercialización en común que
incluya acciones de mejora de canales comerciales, operaciones de
retirada, recolección programa con uso de maquinaria en común también a
la hora de la comercialización, además de acciones de promoción en los
mercados. Las palabras de defensa de las organizaciones de productores,
como repetía anteriormente, tienen que ir acompañadas de los hechos, no
como sucedió en la orden de inmovilizado del ministerio el verano pasado.

Para todas estas operaciones y acciones se necesitan los fondos
operativos que cada país miembro puede empezar a poner en marcha.

También la constitución de la interprofesional de la patata, que la
Administración ayude al sector para que se aborde la reestructuración
necesaria dotándola de los medios adecuados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la
proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a solicitar de la
Comisión una propuesta de organización común de mercado para el sector de
la patata, organización común de mercado, señorías, que tendría que
cumplir como objetivos fundamentales la regulación de la oferta en el
mercado, la estabilización de los precios, tanto para productor como para
el consumidor, y el sostenimiento de la renta de los productores.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Isasi. Le recuerdo que también hará la
defensa conjunta de las tres proposiciones no de ley, así como de las
enmiendas que su grupo ha presentado.




El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, quiero hacer una matización sobre
las primeras palabras de mi antecesora en el uso de la palabra y del
Presidente. Lo siento, pero yo no puedo hacer la defensa de las tres
proposiciones no de ley; me voy a limitar a defender la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular y fijar la posición de este grupo
respecto a las otras dos proposiciones no de ley, así como a defender la
enmienda que mi grupo ha presentado a esas dos proposiciones no de ley.




La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión
de orden.




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El señor PRESIDENTE: Señora Leiva.




La señora LEIVA DIEZ: Quiero recordar al Presidente que Mesa y Portavoces
habíamos acordado el ordenamiento del debate. Si el Diputado portavoz del
Grupo Popular va a hacer algo diferente a lo que habíamos acordado, yo
volvería a solicitar la palabra para hacer también lo que me corresponde.




El señor PRESIDENTE: Señor Isasi.




El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, rogaría que cuando se haya
concedido el uso de la palabra a un portavoz no se le interrumpa.

Comprendo la poca experiencia parlamentaria de la señora Leiva. Voy a
desarrollar mi intervención que en nada difiere de lo que se haya
acordado o dejado de acordar; yo voy a defender la proposición no de ley
del Grupo Popular, como es mi obligación. Lo que nadie me puede pedir es
que defienda las proposiciones no de ley de otros grupos. En todo caso
fijaré la posición de mi grupo respecto de ellas. Creo que es
meridianamente claro.




El señor PRESIDENTE: Señorías, muchas gracias, por su precisión
terminológica. Continuamos el debate con la defensa de su proposición y
su fijación respecto a las otras dos. No obstante, la Presidencia le
agradece las precisiones terminológicas, pero la Mesa y Junta de
Portavoces habían llegado al acuerdo de hacer una defensa conjunta.

Evidentemente, esas precisiones aclaran o matizan, pero le rogaría que
continuase con esa defensa porque estas precisiones terminológicas, en
definitiva, no van a desvirtuar ni muchísimo menos el sentido del debate.




El señor ISASI GOMEZ: Efectivamente, señor Presidente. Muchas gracias.

Señorías, una vez más en esta Cámara vamos a discutir, a debatir sobre un
tema sectorial agrario español y, cómo no, europeo muy importante, sobre
todo en España.

La producción de la patata en nuestro país a lo largo de los últimos
años, por no remontarnos a más, viene siendo importante por el número de
hectáreas que se dedican a tal cultivo. España se sitúa en segundo lugar
respecto de los socios comunitarios en superficie de patata (eso nos
ofrece parte de nuestra situación en cuanto a la producción y
comercialización); sin embargo, está en décimo lugar en rendimiento de
toneladas por hectárea.

En España hay 200.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la patata. Hay un
progresivo descenso, si bien existen una especie de dientes de sierra
dependiendo de las situaciones cíclicas de crisis en la comercialización
de la patata que se vienen produciendo cada ciertos años. Tenemos una
producción alrededor de cuatro millones de toneladas en España.

También es verdad, y hay que decirlo, que el cultivo de patata en nuestro
país está territorializado o diversificado por la mayoría de las regiones
y provincias españolas, si bien es cierto también que en unas más que en
otras, se han especializado en patata extratemprana y temprana. Por las
producciones de diferentes regiones y provincias estamos abasteciendo
prácticamente todo el año no solamente al mercado nacional, entre
comillas, y al europeo; y digo entre comillas porque, como aquí se ha
puesto de manifiesto una vez más que estamos ante un producto en cuyo
consumo somos deficitarios. No producimos siquiera aquello que consumimos
y, sin embargo, estamos hablando de un producto que cíclicamente se sitúa
en una posición de extremada gravedad, de crisis, de hundimiento que hace
tambalear la economía de los productores.

Decía, señorías, hablando de rendimientos y de número de hectáreas, que
España es el segundo país en superficie y el décimo en rendimientos de
producción. Nosotros estamos en torno a los 20.000 kilos/hectárea, frente
a Holanda, que está en torno a los 45.000 kilos/hectárea, al Reino Unido
que está en 41.000, Dinamarca, etcétera. Los principales países
competidores con España están muy por encima de nuestros rendimientos y
eso viene luego a cuento de los costes de producción.

Señorías, decía también al principio que, una vez más, estamos hablando
en esta Comisión de un tema sectorial como el de la patata. Y es que el
Grupo Popular desde junio del año 1990 se preocupó en esta Cámara (yo no
sé si fue cuando por primera vez se habló entre estas paredes del
problema de la patata) del problema de los productores de la patata en
nuestro país y del problema de la comercialización. En todo caso, hasta
donde ha podido llegar este Diputado en recopilación de documentación,
puesto que yo servía de portavoz a mi grupo para estos temas, quiero
recordar que en junio de 1990 se presentó una proposición no de ley que
se debatió el día 8 de noviembre de aquel mismo año en esta Comisión de
Agricultura; proposición no de ley que quiero recordar fue rechazada.

Por tanto, señorías, señoras y señores Diputados, si en estos momentos
estamos utilizando un tiempo precioso de esta Comisión y de estos
parlamentarios es porque tenemos un problema, porque existe un problema
en España, porque existe un problema entre los productores de patatas, y
porque ese problema no se ha solucionado, y desde el año 1990, hace casi
siete años, no se ha querido, no se ha sabido o se ha sido incapaz de
solucionar este problema.

El 8 de noviembre de 1990, por el Grupo Socialista que sustentaba al
Gobierno decía el señor Tárrega Bernal, que lo conocerán seguramente: En
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero fijar la posición y
decir desde el principio que no nos parece necesario y sobre todo
oportuno, ante la situación actual de las comunidades europeas, teniendo
en cuenta el mercado único del futuro y sobre todo las negociaciones del
comercio exterior agrario, la Ronda Uruguay, efectuar una solicitud para
una nueva organización común de mercado de la patata en estas
condiciones. Y terminaba: Para acabar reitero lo dicho al principio: por
razones de oportunidad y por razones que he dicho anteriormente nos
opondremos a esta proposición no de ley. Esto se decía el 8 de noviembre
de 1990.

A partir de entonces, en estos últimos siete años, el Grupo Popular
presentó cerca de un centenar de iniciativas parlamentarias. Presentó
nuevamente varias proposiciones no de ley. El 16 de septiembre de 1992, a
propósito de la



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gravísima crisis de producción y comercialización de la patata en aquel
año, tuvimos diversas reuniones con el sector y fruto de las mismas fue
la presentación de otra proposición no de ley para instar, impulsar y
respaldar al Gobierno de España para que solicitara de las instancias
comunitarias una organización común del mercado de la patata. Entonces
sí, entonces todos los grupos parlamentarios --y con el mismo énfasis que
dije anteriormente una cosa, digo ahora la siguiente-- nos pusimos de
acuerdo para que, desde esta Cámara, se instara al Gobierno --y se aprobó
por unanimidad una proposición no de ley--, a que solicitara de las
instancias comunitarias una organización común de mercado de la patata;
lo que pasa es que el Gobierno correspondiente, después de cinco años,
fracasó en este intento y seguimos con el mismo problema.

A partir de entonces, como decía anteriormente, a iniciativa de este
grupo y del Grupo Parlamentario Vasco, en el año 1994 volvimos a aprobar
otra proposición no de ley en el Pleno de la Cámara instando al Gobierno
para que, de cara a la presidencia española, no se dejara pasar aquella
oportunidad de oro que suponía liderar las instituciones comunitarias, y,
desde el supuesto de liderazgo que algunos decían se tenía, aprovechar
para convencer al resto de los mandatarios comunitarios y que se
iniciaran los trámites y se consiguiera la organización común del mercado
de la patata.

Hemos llegado a 1996, en que también hemos presentado alguna iniciativa
parlamentaria al Pleno de la Cámara, con esta patata caliente --nunca
mejor dicho-- para discutir nuevamente en esta Comisión e instar al
Gobierno sobre la organización común del mercado de la patata. En este
sentido, después de diversas reuniones, negociaciones, contactos con los
responsables del ministerio, llegamos a la conclusión de volver a
presentar una nueva proposición no de ley que reavivara las negociaciones
en este sentido, dada la nueva crisis que se ha padecido en el año de
1996 y principios de 1997.

Es verdad que después del año 1992, el Gobierno nada más tomar posesión
se encontró con esta patata caliente, con la nueva crisis de 1996 y con
los presupuestos del Gobierno anterior. Por tanto, no se nos puede decir
aquí esta mañana que no se ha dedicado dinero o que no se ha
presupuestado, porque los dineros que habían dejado en la caja se
destinaron a salir al paso lo más rápidamente posible con unas medidas de
choque que eran muy parecidas a las que se habían utilizado en otra
ocasión con el sistema de inmovilización para que fueran compatibles con
la legislación europea y con la caja existente en el propio Ministerio.

Es verdad que se pusieron en marcha las medidas de choque inmediatas que
se anunciaron en dos frentes, y que se flexibilizaron o redujeron las
cantidades mínimas a almacenar para que pudieran acogerse agricultores
más pequeños y con menos capacidad de almacenamiento. Por tanto, aunque
todo es criticable en esta vida, se llegó a una situación de choque e
inmediata.

La novedad estaba en que se anunciaba poderse acoger a las herramientas
que nos ofrece la reforma de la organización común de mercado de frutas y
hortalizas, a través de las organizaciones de productores y los fondos
operativos, para que por primera vez en España se propusiera la
negociación en una mesa, junto con los responsables de las comunidades
autónomas, las organizaciones de productores y la disponibilidad y el
impulso del MAPA, para que se pudieran constituir organizaciones de
productores y fondos operativos para hacer una especie de organización
común de mercado doméstica, una especie de organización del sector a
nivel nacional, como fórmula transitoria, utilizando los mecanismos,
insisto, recientemente aprobados en la organización común de mercado de
frutas y hortalizas, hasta llegar a conseguir la organización común de
mercado de la patata con arreglo a los intereses nacionales. Es verdad
que algún documento ha circulado por Europa pero éste no recoge para nada
los intereses de los agricultores españoles.

Señoras y señores Diputados, el primer punto de la proposición no de ley
que en su día presentó el grupo parlamentario y que debatimos junto con
las otras dos, siendo coherentes con lo que durante estos siete años
hemos venido diciendo, porque una de las grandezas de las que está
orgulloso este grupo es que decía una cosa desde la oposición y está
diciendo las mismas cosas en el Gobierno, solicita una organización común
de mercado de la patata; en segundo lugar, que se divulguen los
contenidos de la reforma de la organización común de mercado de frutas y
hortalizas respecto de las organizaciones de productores y los fondos
operativos, porque a través de este mecanismo podemos avanzar de forma
importante hasta que se cumpla el proceso; en tercer lugar, que se
realicen campañas de promoción del consumo de la patata; y, por supuesto,
que se soliciten de las pertinentes instancias comunitarias la vigilancia
expresa de los acuerdos vigentes y por firmar con terceros países.

Señorías, éste es un tema fundamental, porque se están firmando acuerdos
con terceros países que perjudican de una forma muy importante los
intereses nacionales. Es cierto que hay comisarios europeos oriundos de
nuestro país encargados de impulsar estos acuerdos que muchas veces van
en contra de los intereses de los agricultores españoles. Tenemos que
hacer una vigilancia expresa de los acuerdos que se firman con estos
terceros países. En cuarto lugar, exigimos el cumplimiento de las normas
de comercialización, de calidad fitosanitaria de la patata procedente de
otros países.




El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, le rogaría que fuera concluyendo.




El señor ISASI GOMEZ: Voy terminando, señor Presidente.

En quinto lugar, incluimos algo que hemos venido pidiendo en esta
Comisión desde prácticamente hace diez años, desde los tiempos del
entonces Ministro de Agricultura, señor Romero. Yo recuerdo debates en
esta Cámara en los que no quería ni oír hablar de las interprofesionales,
pero es verdad que al final de la larga etapa socialista pudimos sacar
una ley de organizaciones interprofesionales. Pues bien, en esta
proposición no de ley impulsamos y fomentamos el que se constituyan
organizaciones interprofesionales



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para defender mejor los intereses de los propios productores.

Señorías, señor Presidente, el Grupo Popular ha presentado dos enmiendas
a las proposiciones no de ley del Grupo Socialista y del Grupo Vasco en
coherencia, como no podía ser menos, con la proposición no de ley que
acabo de defender que, salvo algunos aspectos que no podríamos aceptar
aunque no son importantes para la cuestión que estamos persiguiendo, en
el fondo no difieren demasiado. Yo pediría que ambos grupos aceptaran
esta enmienda o, en todo caso, sugiero la posibilidad de, una vez acabado
el debate de esta proposición no de ley, discutir estas propuestas para
elaborar un texto conjunto alternativo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra su portavoz, la señora Aguirre.




La señora AGUIRRE URIBE: Con relación a las diferentes interpretaciones
que han realizado en esta Cámara los dos portavoces del Grupo Socialista
y del Grupo Popular y teniendo en cuenta el acuerdo de portavoces de hace
unos minutos, quiero indicar que he aceptado el debate en conjunto de las
tres proposiciones no de ley. También quiero anunciar antes de comenzar
mi intervención que estamos dispuestos como Grupo Vasco a llegar a un
acuerdo en una transaccional que ha ofrecido en estos momentos el Grupo
Popular, aunque no está redactada.

Yo no voy a repetir algunos de los argumentos que han utilizado los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero, como
conocen SS. SS., la situación del mercado de la patata es preocupante,
porque los precios han sufrido un descenso muy importante, lo cual está
creando un malestar muy generalizado entre los agricultores, sobre todo
en aquellas zonas donde este cultivo es tradicional, como ocurre en el
territorio histórico de Alava, al que yo represento. Nos encontramos con
un cultivo en el que en muchos municipios gran parte de los agricultores
son titulares de pequeñas explotaciones y viven de este cultivo como eje
económico de su actividad productiva, como en Alava, donde la patata de
siembra ha sido un producto de gran importancia y donde la reducción de
hectáreas para su cultivo en los últimos años ha sido espectacular. Por
ello, hay una gran preocupación de este sector agrícola, que
permanentemente nos están transmitiendo las organizaciones de
agricultores a los representantes políticos, lo que ha originado que este
grupo siga insistiendo en esta Cámara con la proposición no de ley que
presentamos. Digo siga insistiendo porque no es una novedad --ya lo ha
dicho el portavoz del Grupo Popular--, ya desde el año 1992 habíamos
presentado iniciativas en Comisión, que fueron aprobadas por unanimidad.

Quiero decir, como ha indicado algún portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra, que el trasfondo del problema de la ordenación del
mercado agrícola de la patata subsiste. Este sector vive en España la
crisis más importante de su historia. El año pasado ha sido muy duro para
el sector, ha habido una superproducción en los países nórdicos europeos,
tanto de la patata de siembra como de consumo, lo que ha originado un
descenso de precios en el mercado español, y esto supone graves pérdidas
para los productores. La regulación de este mercado corresponde a la
Unión Europea, pero la proliferación totalmente descoordinada de ayudas
estatales constituye una amenaza para la competitividad de los
productores de las zonas más desfavorecidas además de utilizar, desde
nuestro punto de vista, un instrumento que no es válido para reconducir
el mercado.

La superficie de cultivo ha experimentado un descenso durante el último
período, sobre todo en los dos últimos años, que hemos pasado de 350.000
a 206.000 hectáreas, lo que supone una reducción del 40 por ciento. La
producción se ha reducido, aunque es cierto --lo decía la ministra hace
unos meses en una comparecencia-- que ha aumentado el rendimiento medio
por hectárea: de 16.000 kilogramos/hectárea se ha pasado a 20.000. Pero
también hay otros datos que son totalmente preocupantes. La última
información de hace diez días que tenemos del Ministerio de Agricultura
indica que en el año 1996 --datos hasta agosto-- las exportaciones por
toneladas son 117.870, y las importaciones 275.466. Por tanto, es más
necesario que nunca, desde nuestro punto de vista, que exista una
organización común de mercado de la patata, porque con ello se
conseguiría disciplinar la producción, garantizar una estabilidad de
precios y posibilitar el cultivo de explotaciones familiares.

En nuestra proposición también planteamos un sistema de cuotas de
producción para garantizar un funcionamiento estable y eficiente del
mercado y para mantener este cultivo básico para la economía local.

Nuestro Grupo Parlamentario propone tender hacia una articulación y
potenciación de las agrupaciones de agricultores. Para terminar, quiero
manifestar que el mercado comunitario de la patata tiene un malísimo
funcionamiento y está originando graves problemas tanto para el productor
como para los consumidores. España ha perdido en los últimos años una
cuota importante del cultivo de la patata, y ésta es la razón por la que
presentamos esta proposición no de ley para evitar, señorías, la
desaparición de este cultivo en la agricultura española.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, señor
Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Estas proposiciones que
debatimos hacen referencia a la situación actual, que es gravemente
perjudicial para los productores de patata del Estado español. Conviene
decir que también en Galicia tenemos alguna zona especializada que vive
fundamentalmente de la producción de la patata, como es la comarca de A
Limia y que, como otros lugares, viene sufriendo las consecuencias de las
importaciones masivas procedentes de otros países europeos.

Una vez más, conviene decirlo, la actual organización de los mercados a
nivel europeo perjudica a los productores del Estado español.

Curiosamente, son los Estados europeos que se benefician de la situación
actual los que



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no quieren llegar a una organización común de mercado de la patata.

Convendría preguntarse, a la luz de lo que aquí se ha expuesto, porque en
este Congreso se ha discutido mucho sobre este tema y se han propuesto
soluciones, cuál es el papel que juega el Estado español en el seno de la
Unión Europea y si estamos o no en un plan de igualdad, porque, si no, no
llegaremos nunca a ninguna conclusión real.

Mientras a nivel del Estado la producción disminuye y también la
superficie plantada, hay países, en concreto Francia, Bélgica y ahora
Holanda, que aumentan su superficie y su producción. Se producen
importaciones masivas que sumen en grave crisis a los productores de
patata. También habría que preguntarse si, a pesar de los ratio de
producción mayores en esos Estados europeos, el abaratamiento de esos
precios se produce por esos o por otros factores. Convendría preguntarse
cómo es posible que el precio de la patata, como decía una portavoz
anteriormente, estuviera en algunos momentos a 3 pesetas el kilo, y si no
habrá otros factores que hacen posibles importaciones por debajo de esos
precios. Y es evidente, desde nuestro punto de vista, que el Gobierno
debe tomar medidas destinadas a proteger la capacidad de producción del
sector y, en ese sentido, van estas proposiciones.

Nosotros quisiéramos decir que la OCM que proponen todas las iniciativas
debe buscar el control de los mercados y la producción basándose en dos
premisas: en primer lugar, la limitación de la producción de aquellos que
generan los excedentes respecto al autoabastecimiento interno y, en
consecuencia, el control de las importaciones. En segundo lugar, la
garantía de rentas a los productores, asegurando precios y controlando la
calidad.

Aparte de estas medidas, el Gobierno debía tomar otras urgentes. Por
ejemplo, una línea de ayudas al sector para paliar las pérdidas de la
presente campaña, porque las medidas de almacenamiento que se adoptaron
fueron insuficientes; a muchos productores no les alcanzaron. A medio
plazo, también habrá que establecer un sistema de ayudas para la mejora
de los sistemas productivos, de las infraestructuras, de los abonados, de
la semilla certificada, etcétera. Desde luego, el MAPA debería ir
estudiando para la próxima campaña la posibilidad de intervenir o aplicar
la cláusula de salvaguardia si las importaciones vuelven a provocar la
misma situación que en esta campaña, porque, en ese caso, estaríamos ante
la ruina del sector.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra su portavoz, señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la llegada de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Congreso de tres proposiciones no de ley relativas a la adopción de
medidas de apoyo al sector de la patata, pone de relieve la gravedad de
la situación que está atravesando en este momento el sector.

Aunque había la previsión de la posible creación de un pseudo OCM de
patata a nivel del Estado español, mientras no era una realidad la
creación de esa normativa a nivel europeo, lo cierto es que no ha sido
así y nos encontramos con que, junto a los bajos precios de las dos
últimas campañas, podríamos estar ante un año más con una campaña de
precios desastrosos.

Se ha explicado aquí ya por los diferentes portavoces que la producción
de ese tubérculo está muy atomizada y la falta de organización del propio
sector, ya sea a través de las organizaciones de productores ya sea a
través de las interprofesionales, junto con las deficientes estructuras
comerciales, muestran el flanco más vulnerable del sector de la patata. A
toda esa problemática hay que añadir la falta de elasticidad de la
demanda, sobre todo, cuado los precios tienen tendencia a la baja,
elemento que dificulta más si cabe encontrar una solución razonable al
autoequilibrio del sector, que se ve agravado por una serie de problemas
que son ajenos al sector español, pero que nos afectan de una forma
importante.

La importación de excedentes de países comunitarios que, actuando al filo
de la normativa comunitaria, a través de lo que podemos llamar dumping
comercial, exportan en muchos casos tubérculos por debajo del precio de
coste de producción, gracias a la rapidez de actuación de sus
interprofesionales, que desplazan sus problemas de exceso de producción
hacia España, sabiendo, de antemano, que no habrá una contraofensiva al
respecto, ya que nuestro sector está totalmente desorganizado. Yo les
puedo asegurar, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que he
visto descargar patatas, no en este momento sino hace unos años, en
grandes centros comerciales en Cataluña, y el precio de venta era sólo el
coste del transporte y, por tanto, salían de Bélgica y de Holanda a
precio 0. Esto se llama dumping comercial, que en este momento está
funcionando y situando al sector del Estado español en una situación de
difícil competencia.

Descontrol absoluto, a nuestro entender, por lo que hace referencia a la
importación de países terceros, sobre todo en el sector que se refiere a
las producciones precoces. Estoy hablando de países que son capaces de
aportar a la Unión Europea patatas precoces, que después hace que tengan
más dificultad en entrar las de medio tiempo y las tardías. La
incorporación, en un período corto, de los países pecos a la Unión
Europea, con bajos costes de producción e importantes producciones, va a
dificultar más, si cabe, de cara al futuro, ese producto. Por otro lado,
como decía hace unos momentos, el esfuerzo de los países del Magreb de
exportación hacia la Unión Europea de la patata precoz.

Es normal que en este momento tengamos al sector de la patata preocupado
y es normal también que tengamos encima de la mesa tres proposiciones no
de ley con redacciones parecidas pues, en el fondo, todos los grupos
políticos estamos en la misma dirección: instar al Gobierno para que tome
aquellas decisiones que crea oportunas para intentar solucionar el
problema y para que presione a la Unión Europea de cara a la aprobación,
lo antes posible, de una OCM que, al igual que las existentes, intente
salvaguardar el sector.

Habría que trabajar en dos líneas de actuación: una, que el Gobierno
inste a la Unión Europea a la aprobación, lo antes posible, de una OCM
que garantice la preferencia comunitaria



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del producto, que garantice una renta mínima, que disponga de
instrumentos que faciliten la seguridad financiera, en la línea que ya
hemos discutido en otras ocasiones, como la OCM de las frutas y
hortalizas. La segunda línea de actuación es que el Gobierno habilite las
partidas necesarias para ayudar a la creación inmediata de las
organizaciones de productores y a las interprofesionales --en este
momento, de forma especial, la interprofesionalidad de la patata--, a fin
de que éstas jueguen un papel importante en la ordenación del sector, ya
sea a través de fondos operacionales con financiación comunitaria o a
través de otros mecanismos. La ordenación del sector, la ordenación de la
comercialización son temas fundamentales que hay que abordar.

Voy a terminar recogiendo las palabras de la compañera Ana Leiva, en su
intervención, en la que ha dicho que conviene e interesa a los grupos
políticos encontrar una propuesta de resolución que podamos votar
conjuntamente. Yo me atrevería a decir que le interesa y conviene, sobre
todo al sector, que tomemos un acuerdo por unanimidad. Por tanto, hago un
ruego a todos los grupos políticos que sustancialmente estamos de acuerdo
con las soluciones para que nos esforcemos en conseguir un acuerdo votado
por unanimidad que inste al Gobierno a encontrar solución a ese problema
que llevamos arrastrando y que va a complicarse en los próximos días.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra su portavoz la señora
Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro grupo parlamentario
comparte la preocupación de los grupos proponentes de estas tres
proposiciones no de ley en relación al sector de la patata que agrupa a
un considerable número de explotaciones de carácter familiar que
realmente lo están pasando muy mal debido a los precios de las dos
últimas campañas. Este sector ha venido padeciendo siempre una serie de
crisis periódicas, de desajustes entre oferta y demanda, pero
consideramos que ya no se puede hablar de crisis cíclicas o de coyuntura,
sino que es una crisis de carácter estructural. Se ha dicho hoy aquí que
desde 1986 ha perdido casi el 40 por ciento de la superficie cultivada y,
sobre todo, la grave situación se plantea para la patata tardía y de
media estación, por el fuerte descenso producido en las cotizaciones, lo
cual puede traer como consecuencia el abandono del cultivo, sobre todo en
la zona norte de la península, por su escasa o nula rentabilidad. Aquí
quisiera abrir un paréntesis y decir que hemos hablado del precio de tres
pesetas de la patata, pero cualquier persona que se acerque a un mercado
puede comprobar que la patata no cuesta tres pesetas, por tanto, se
impone de forma perentoria la necesidad de que una interprofesional
regule el necesario equilibrio entre producción, comercialización y
transformación.

Los problemas de la patata temprana se derivan de la escasa
competitividad con los precios europeos, pero el peligro deriva de las
importaciones de países del área mediterránea que hoy porcentualmente no
son importantes, pero pueden serlo. Hay algunas cifras de las
importaciones de la Unión Europea que nos indican que las importaciones
en 1995 fueron: de Chipre, 55.000 toneladas; Egipto, 300.000 toneladas;
Israel, 30.000 y están previstos acuerdos preferentes con otros países
terceros a los cuales anuncio que nuestro grupo se opone totalmente.

Por esta circunstancia, compartimos con los grupos proponentes que se
deben agilizar los trabajos para la creación de una OCM de la patata.

Sabemos que la Presidencia actual de la Unión Europea hace difícil esta
situación, puesto que Holanda se opone rotundamente a la constitución de
la OCM, ya que es partidaria de actuaciones mucho más liberalizadoras en
este sector, pero el Gobierno tendrá que actuar con toda la fuerza para
conseguir esta OCM en el menor tiempo posible.

Por otra parte, consideramos que las medidas que ha tomado hasta el
momento el Ministerio de Agricultura son insuficientes. Por otra parte,
se comprometió a realizar otras, como la relativa a estimular la
constitución de organizaciones de productores, que no ha efectuado, por
tanto, está en falso ante el sector. Las medidas de almacenamiento que se
tomaron en la anterior campaña se han manifestado ineficaces. A las
mismas no pudieron acogerse pequeños agricultores, con lo cual salieron
doblemente perjudicados, por cuanto otros productores sí pudieron
hacerlo.

Ante esta situación, nuestro grupo parlamentario considera que debe haber
fondos públicos estatales y de comunidades autónomas para actuar en la
ordenación del sector y para propiciar que se constituyan las
organizaciones de productores. Las principales medidas serían, en primer
lugar, establecer ayudas para mejorar los métodos de producción, sobre
todo, la mecanización del cultivo y el ahorro de agua y de otros insumos
para estas producciones. En segundo término, deberíamos trabajar en la
ordenación del sector en el sentido de mejorar la calidad de los
productos introduciendo variedades que se ajusten más a las exigencias de
la demanda actual. En tercer lugar, concentrar la oferta a través de
organizaciones de productores, dar mayor transparencia al mercado, así
como adoptar medidas de promoción del consumo.

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas deberían
realizar un estudio de la situación real del sector. Las instituciones
españolas, tanto comunitarias como estatales, deberían elaborar un
documento de reflexión sobre la situación real del sector. Hay que
establecer incentivos claros en la constitución de las organizaciones de
productores, puesto que si no se incentivan con fondos públicos la
desvertebración del sector en el momento actual hará inviable que, de
motu proprio y con el esfuerzo de los propios agricultores, se puedan
constituir esas organizaciones de productores, por tanto, deben ser
financiadas con fondos públicos.

En relación con la constitución de la interprofesional del sector,
nuestro grupo parlamentario está de acuerdo siempre que se vele
estrictamente por el equilibrio entre los sectores de producción
comercial e industrial y que la interprofesional no sirva para beneficiar
los dos sectores de comercialización y de industrialización y dejemos en



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desequilibrio al sector productor, que en la actualidad lo está pasando
mal.

Hay una cuestión que he señalado anteriormente en relación a las nuevas
concesiones con países terceros. Creo que el Estado español se debe
oponer rotundamente al establecimiento de nuevos acuerdos con países
terceros.

Respecto con las proposiciones no de ley presentadas, manifestamos
nuestro rechazo al punto de la proposición no de ley del Grupo Vasco
relativo a la constitución de un sistema de cuotas de producción por
agrupaciones de productores y regiones. Consideramos que el sector no
está articulado suficientemente a través de las organizaciones de
productores como para que actualmente se puedan asignar unas cuotas,
porque habría sectores que resultarían muy beneficiados y otros que
resultarían muy perjudicados. En ese sentido, nuestro grupo no está en
condiciones de aceptar ese punto concreto de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Señor Presidente, señorías esperamos que todos los grupos parlamentarios
podamos llegar a un acuerdo para la ordenación del sector de la patata
que incluya la necesidad de instar a la Unión Europea a la creación de la
OCM y a que el Estado español haga esfuerzos importantes para la
constitución de organizaciones de productores y se tomen medidas de
carácter comercial, fitosanitario y de vigilancia y otros puntos que
están recogidos en las distintas proposiciones no de ley de los Grupos
Popular, del Socialista y PNV. Entre todas y con buena voluntad puede
salir una buena proposición no de ley que sirva de instrumento al
Gobierno para negociar y reordenar este sector.




El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate conjunto de las tres primeras
proposiciones no de ley, pasamos, a continuación, a debatir la siguiente
proposición no de ley.




La señora LEIVA DIEZ: Pido la palabra solamente para contestar a una
alusión muy clara que ha habido.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué artículo del Reglamento invoca?



La señora LEIVA DIEZ: Sólo quería decir que la portavoz del Grupo
Socialista ha tomado la palabra porque se la había dado el Presidente, no
por su inexperiencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la precisión, señora Leiva.




--DE MODIFICACION DE LOS CRITERIOS DE MODULACION DE LAS AYUDAS DE LA
POLITICA AGRARIA COMUN (PAC). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000287.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no
de ley ordenada con el número 5 y presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, esperamos de la
Comisión de Agricultura que acepte esta proposición no de ley con
especial cariño. Es una proposición no de ley que hace tiempo venimos
elaborando, es una preocupación manifestada por nuestro grupo
parlamentario, pero también por otros grupos en relación al sistema de
ayudas que contempla actualmente la PAC y creemos que éste es el momento
adecuado para que se produzca ese debate en la Comisión de Agricultura
del Congreso de los Diputados.

Señorías, todos podremos coincidir en que los principios en los que se
basa la política agraria comunitaria, que son garantizar la renta de los
agricultores, garantizar una seguridad alimentaria en el contexto de la
Unión Europea y fijar la población en el territorio solamente, sólo se
han cumplido en parte. Las ayudas comunitarias a la superficie, por
cabeza de ganado, etcétera, han servido para garantizar la renta de los
agricultores y forman una parte importante de la renta de éstos. Sin
embargo, desde hace tiempo se viene constatando que esas ayudas se
reparten de una forma muy injusta, indiscriminada, están produciendo
desequilibrios y no ayudan a mejorar los modos de producción ni a la
modernización de las estructuras y no son una garantía de futuro para los
agricultores.

Estas ayudas están en entredicho actualmente. Se está hablando de la
próxima reforma de la PAC, se anuncia un recorte de las mismas, se prevé
la incorporación de los pecos, con lo cual se daría una situación difícil
para poder hacer extensivas estas ayudas a los países de la Europa del
Este. Se va hacia otro tipo de ayudas de carácter más estructural con la
dificultad que eso comportaría para los países que tienen más problemas
para poder cofinanciar esas ayudas que son estructurales.

Respecto a cómo se reparten estas ayudas en la situación actual, podemos
hacer un ligero avance. Nuestro grupo parlamentario le había pedido al
anterior Gobierno socialista que periódicamente nos aportase datos
desglosados por tipos de explotaciones, por comunidades autónomas sobre
el reparto de las ayudas comunitarias, pero no lo conseguimos. Lo hemos
pedido también al Gobierno Popular, tampoco lo hemos conseguido, pero las
organizaciones agrarias han avanzado algunos datos. En este sentido,
sabemos que el 20 por ciento de los beneficiarios obtiene en el Estado
español el 75 por ciento de las ayudas, que más del 50 por ciento de los
beneficiarios cobran menos de 300.000 pesetas, que más del 80 por ciento
de las solicitudes cobran menos de un millón de pesetas y que, por
contra, el 0,87 por ciento de los beneficiarios se lleva el 20 por ciento
del presupuesto, lo que significa 61.600 millones de pesetas, así como
que sólo 127 beneficiarios obtienen en conjunto 8.500 millones de
pesetas. Francia también ha elaborado algunos datos que nos dicen que el
30 por ciento de los agricultores absorbe el 80 por ciento de las ayudas
a los grandes cultivos.




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Según señala la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, esta gran
inyección de fondos públicos, además, no ha servido para conservar los
puestos de trabajo agrarios. El paro agrario se ha incrementado, pasando
del 11,7 por ciento al 18,5 por ciento desde que existen estas ayudas. El
número de ocupados desde 1984 a 1995 en el Estado español ha pasado de
1.873.000 a 1.040.200. Por tanto, el descenso ha sido considerable.

También se han producido otras consecuencias derivadas de este sistema de
ayudas. Por un lado, el incremento del precio de la tierra, tanto de
compra como de arrendamiento. En ese sentido, quisiera llamar la atención
de SS. SS. porque nuestro grupo parlamentario señaló la preocupación que
nos producía la modificación que la ley de modernización establecía sobre
la duración de los contratos de arrendamientos rústicos, que pasó a ser
de cinco años. Nosotros ya anunciábamos que se iba a producir ese efecto
de incremento de los precios y el alejamiento de los agricultores
jóvenes, por cuanto que el precio de la tierra se incrementaría
considerablemente.

Se ha producido también otro efecto muy negativo, que es la entrada en la
actividad agraria de especuladores y la entrada de agricultores no
profesionales. La semana pasada la prensa informaba sobre un caso muy
ilustrativo, que es el del ex banquero Mario Conde, que ha sido demandado
y que tendrá que devolver dinero por haber cobrado... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio para poder
escuchar a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Señor Madrid, por favor, guarde silencio.

Le damos la palabra de nuevo a la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: El sector de la patata realmente está
revuelto esta mañana. Espero que no lleguen a conclusiones antes de que
esta ponente haya acabado de hacer su exposición.

El caso paradigmático, como estaba diciendo, es el del ex banquero Mario
Conde, que ahora deberá devolver dinero producto de subvenciones que
había demandado para cultivos herbáceos, cuando tenía declaradas las
tierras para actividad forestal. Por otra parte, también la semana
anterior un periódico de ámbito nacional explicaba cómo este mismo
banquero Mario Conde había puesto en cultivo miles de hectáreas de olivo,
de las que pensaba obtener cien millones anuales. No sé si el señor Conde
está en los entresijos de la negociación comunitaria y algo se huele de
ayuda al árbol. Espero que eso no sea realmente fundado porque los
intereses del Estado español, que no los de Mario Conde, no van por la
ayuda al árbol, sino por la ayuda a la producción real.

El precio de la tierra, como venía diciendo, también se ha incrementado
en el período 1992-1995. Ha pasado de un índice general del 148,8 al
167,2 por ciento. Al mismo tiempo que el éxodo rural se ha ido
incrementando, aumentando el despoblamiento de las zonas rurales, con lo
cual quiebra uno de los principios de la PAC, que era el de asentar la
población al territorio. En nuestro Estado tenemos zonas donde la
densidad de población no llega a los 10 habitantes por kilómetro
cuadrado, al tiempo que continúa envejeciendo la población rural. Según
los datos actuales, más del 30 por ciento de la población tiene más de 60
años.

Las ayudas a la superficie han propiciado también una mayor intensidad en
los cultivos, con lo que se produce un mayor deterioro del medio
ambiente, una máxima productividad, un olvido de la calidad y eso tampoco
debería ser objetivo de la política agraria comunitaria. Se produce,
además, el incremento de la diferencia entre regiones ricas y regiones
pobres. Hemos tenido ocasión de ver en nuestro país cómo la política
agraria comunitaria ha tratado con diferente guante a las organizaciones
comunes de mercado continentales que a las mediterráneas. Por tanto, la
brecha entre Estados ricos y Estados pobres de la Unión Europea continúa
incrementándose. Se impone una mejor distribución de los fondos públicos
para garantizar la supervivencia, la rentabilidad y la competitividad de
las explotaciones agrarias, sobre todo de las explotaciones familiares
agrarias, que son las que generan empleo agrario y garantizan la vida, la
riqueza y la pluralidad de nuestro mundo rural, al tiempo que se impone
también incidir en la calidad y en la preservación del medio ambiente.

Quiero recordar que el comisario Franz Fischler, que tan poco entiende la
situación de nuestros cultivos, sobre todo los del olivo, hizo unas
declaraciones que podríamos hacer nuestras también, cuando decía que los
agricultores ocupan la tierra y deberían seguirlo haciendo si queremos
conservar la cultura rural que hemos creado en Europa a través de los
siglos y no permitan que nuestro paisaje rural se convierta en un
desierto.

Estamos de acuerdo en las ayudas directas, señorías, pero estas ayudas
deben ser moduladas. Y no solamente las ayudas comunitarias, como
nosotros solicitamos en nuestro punto primero de la proposición no de
ley, sino también las ayudas estatales que actualmente en algunos
decretos se han empezado a modular ligeramente. Nosotros pensamos que se
debe hacer de forma generalizada. Los decretos para la modernización de
estructuras deben ser modulados. Ahora se están dando según la inversión
y no según la renta de las personas que lo solicitan. Si queremos que
continúe habiendo agricultores que puedan ser competitivos, dado que los
recursos tanto comunitarios como estatales no son ilimitados, deberíamos
asignarlos a aquellos agricultores que son profesionales, que viven en la
tierra y de la tierra, que tienen voluntad de continuar poblando nuestros
campos. Teniendo en cuenta la limitación de esas ayudas, debemos
asignarlas a ese tipo de explotaciones a las que anteriormente me he
referido.

Por todo ello solicito la votación de los tres puntos de los que consta
nuestra proposición no de ley. El primero se refiere a la modulación de
las ayudas comunitarias. Se requiere que el Gobierno inste a la Unión
Europea para que dirija sus actuaciones en ese sentido. Desde aquí no
podemos instar a las comunidades autónomas, pero sí a través de la
conferencia sectorial se puede coordinar para que esas ayudas estatales y
de comunidad autónoma sean moduladas y se tenga en cuenta a los
agricultores profesionales



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y a las explotaciones familiares agrarias. Y por otro lado, que el
Gobierno inste a las comunidades autónomas para que tengamos puntualmente
en este Congreso de los Diputados información de a quién llegan las
ayudas y de qué forma esas ayudas inciden en la modernización y en la
mejora del sector.




El señor PRESIDENTE: A la presente proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa y para la fijación de su posición, tiene la palabra su
portavoz señor Amarillo.




El señor AMARILLO DOBLADO: La enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista es de sustitución del párrafo primero y hay que entenderla con
el espíritu de complementar la proposición que nos trae el Grupo de
Izquierda Unida, con el cual en este caso compartimos el fondo y la
forma.

El paquete de ayudas es una parte importantísima de la renta de los
agricultores, que se derivan de los acuerdos de Blair House y, sobre
todo, de la segunda reforma que se hace de la PAC, que no debemos olvidar
que es una reforma que viene ya enmarcada en los acuerdos del GATT. Es la
raíz de los acuerdos del GATT de la cual se deriva este tipo de ayudas.

Es la que va a decidir en el futuro, puesto que la Organización Mundial
de Comercio va a seguir insistiendo en esta línea fundamental, de la cual
se derivan las ayudas, que es la de acercamiento de los precios agrarios
de los productos en el interior de la comunidad y de los precios
internacionales.

Como consecuencia de ello se derivaron unas ayudas directas a las rentas,
que en el caso del paquete de herbáceos fueron ayudas a la hectárea, que
han producido y siguen produciendo una grave distorsión en las
producciones. Si nuestro Gobierno no insta a la Comunidad Económica
Europea en este sentido, podremos ver, como ya estamos viendo en
determinados cultivos, una distorsión en las producciones, unas mermas en
las calidades. Aparte de ello se están produciendo injusticias y agravios
comparativos de los cuales se acaban de decir algunos ejemplos, pero
pueden ser muy numerosos.

No se trata, por otro lado, de reclamar en los presupuestos de la Unión
Europea un gasto mayor para el campo agrario, sino que de lo que se
trata, dentro de la neutralidad presupuestaria, es de que éstos se
distribuyan con mayor eficacia y con mayor justicia. Desde luego lo
primero que habría que reclamar es un conocimiento profundo y lo más
oficial posible de cómo se distribuyen las ayudas.

Tengo que decir que desde el grupo hemos tenido distintas iniciativas. Me
voy a referir a una en concreto, que es una pregunta que se hizo por
escrito al Gobierno el 12 de noviembre de 1996, en la cual le pedíamos al
Ministerio de Agricultura que nos dijese cuál era la distribución de
ayudas al mantenimiento de la renta de los agricultores y ganaderos. La
respuesta que tuvimos por parte del MAPA no pudo ser más deprimente,
puesto que textualmente nos dijo --así consta en los textos del
Congreso-- lo siguiente: Resulta difícil, con la información y medios
disponibles en el FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, organismo
dependiente del MAPA, el responder con rigor y precisión a la pregunta
formulada por el señor Diputado, que en este caso era el que les habla.

Es una respuesta a todas luces lamentable, porque en una cuestión de una
importancia tan grande como la que estamos debatiendo no parece lógico
que el Gobierno no conozca a fondo y con detalle cómo se distribuyen
estas ayudas. Siendo como son el 25 por ciento en unos casos y en algunos
otros incluso el 50 por ciento de la renta de determinados sectores
productivos, ¿cómo es posible que en un elemento tan vital para tomar
cualquier decisión política no se haya evaluado ni siquiera la
estratificación de cómo son esas ayudas, a quiénes van y la incidencia
que puedan tener? Desde luego, en un futuro las ayudas deben estar
unidas, según nuestro criterio, a la calidad y, de manera directa o
indirecta, a garantizar determinados rendimientos. La expresión y
razonamiento de estas matizaciones debe dar origen en el futuro a una
gama importante de distintas iniciativas parlamentarias.

Considero que en estos momentos lo que estamos debatiendo es la
modulación de las ayudas sin tener en cuenta los sectores a los que éstas
van. Es decir, estamos intentando hacer una modulación cualitativa en
función de a qué tipo de agricultores. Es obvio que hay dos clases muy
diferentes de agricultores y de empresas. Están aquellas empresas
agrarias que por su dimensión y tecnología pueden subsistir por sí
mismas, las cuales deben tener el mismo trato que tiene cualquier otra
empresa de un sector económico diferente; la empresa agraria y el
empresario agrario no tiene que ser discriminado por el mero hecho de ser
sectorialmente un agricultor o ser empresa agraria, sino que tienen que
tener exactamente el mismo tratamiento que cualquier otra empresa de otra
naturaleza, sea industrial sea de servicios. A su vez, hay un colectivo
enormemente importante que ocupa el territorio, que cumple funciones que
van más allá de la mera producción, que es la agricultura de carácter
familiar, la cual, sin duda, debe ser uno de los importantes
destinatarios. Es cierto que esta agricultura familiar hay que
cualificarla; que por el concepto de agricultura familiar podemos
entender cuestiones muy diversas; que tenemos figuras jurídicas que
tipifican lo que es la agricultura familiar; que podría estudiarse en
este marco cómo afinar más las ayudas, pero lo que sí está claro es que
al colectivo que genéricamente entendemos como agricultura familiar deben
ir destinadas principalmente las ayudas comunitarias. A su vez, la
agricultura familiar, los agricultores a título principal, difícilmente
tienen viabilidad de manera aislada. Si el sector agrario tiene futuro,
su único futuro lo podemos encontrar en la vertebración del mismo. La
vertebración productiva del sector agrario tiene distintas figuras, y
entre ellas la más importante es la figura de la cooperativa. De todas
formas, todas las ayudas deben de intentar tener una componente que
favorezca el asociacionismo agrario, sean sociedades agrarias de
transformación, sean agrupaciones de productores o bien sean
cooperativas, de tal manera que sea un incentivo suplementario.

Por eso la enmienda que hemos presentado tiene el objetivo de que a la
vez que se defiende la agricultura familiar



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para que vayan las ayudas a ella de manera primordial, vayan también con
un acento especial a todo lo que es la agricultura asociativa en general
y el movimiento cooperativo en particular. En definitiva, lo que se está
pretendiendo es que, independientemente de que los agricultores puedan
cumplir en el medio rural algunas funciones que vayan más allá de la
producción, de ninguna manera pierdan lo que es su función principal, y
la función principal de los agricultores y de los ganaderos es ser
productores de alimentos y de materias primas. Nunca se debe olvidar ese
horizonte, que es el elemento fundamental que permite que el sector
exista como tal, y en este sentido todas las ayudas comunitarias deben
modularse en esta doble vertiente. Una vertiente que permita la
pervivencia del sector y otra vertiente que permita que, sin gasto mayor
alguno, se distribuyan las ayudas con mayor eficacia económica y con
mayor equidad social.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos parlamentarios quieren fijar sus
posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Oída la propuesta, así como la intervención
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, uno
podría pensar que realmente la proposición es adecuada, y quizá a nuestro
entender lo sea en el fondo, pero no en la forma en que se plantea. Si
bien es cierto que se podría modificar en este momento la actual
normativa en la línea de la potenciación de las empresas prioritarias
--por tanto, en la potenciación de la ley--, y si bien es cierto que la
evolución de los precios de los cereales en los últimos cuatro años ha
sido positiva y las ayudas compensatorias en realidad se han convertido
en ayudas directas al sector, podría parecer lógico que existiera una
modulación, como pasa, por ejemplo, en el caso de los terneros de carne,
en donde sólo perciben ayuda las primeras 90 cabezas. La actual normativa
prevé que para recibir ayuda es necesario que los cultivos lleguen a la
floración. Quizá sería más acertado, a nuestro entender, que, en la línea
de modificación de las condiciones técnicas para poder recibir ayuda, se
variase ese concepto en base a que los cultivos finalizasen su ciclo
productivo, es decir, hasta la recolección. Por tanto, sí que es cierto
que podía haber algún tipo de modificación. No obstante, si algún día se
trabaja en esa dirección, que yo pienso que sería positivo iniciarlo, no
va a ser fácil encontrar los sistemas de modulación que se ajusten de
forma equitativa a cada producto, teniendo en cuenta las características
de cada una de las explotaciones.

La proposición no de ley expone textualmente, en base a una falta de
datos oficiales al respecto, la opinión generalizada de que los actuales
criterios de distribución de las ayudas Feoga-garantía son tremendamente
injustos. Digamos que la base en que se sustenta la proposición no de
ley, a nuestro entender, no tiene un argumento sólido en ese momento,
porque --y seguramente es cierto-- presupone que las ayudas que llegan a
los agricultores no llegan de una forma adecuada. Valdría la pena
profundizar en el tema y analizar cómo se reparten esas ayudas, a qué
tipo de explotación van dirigidas, no sólo a nivel del Estado español
sino en el conjunto de la Unión Europea. Si creemos que el sistema de
topes es un buen sistema, yo no lo discuto, pero también habría que
pensar si ese sistema se hace extensivo no sólo a los cereales sino a
otros productos que en este momento tienen OCM, porque si es bueno para
ese sector, también podría ser bueno para otros sectores.

Por todo ello, si bien es cierto que en el futuro, con toda seguridad,
habrá que tomar medidas de ese tipo, no es menos cierto que lo que habría
que hacer en su momento es elaborar los estudios necesarios para que
cuando se tenga que tomar decisiones dispongamos de una información
adecuada que nos permita tomar las más acertadas.

Si me permiten, a mí me gustaría presentar una enmienda de sustitución o
in voce, pero en todo caso una propuesta en la que se instara al Gobierno
a que en un plazo razonable de seis o siete meses se presentase un libro
blanco sobre la evolución de las ayudas a los sectores agrarios,
ganaderos, pesca y alimentación, que permita estudiar la evolución de
esas ayudas, y comprenda, como mínimo, los requisitos del punto tercero
de la proposición no de ley de Izquierda Unida. Esa información nos
permitiría a todos los grupos poder hacer un análisis mucho más exacto,
más exhaustivo de la situación en que está el sector, y sobre todo viendo
la evolución podríamos definir nuestro posicionamiento de forma más clara
de cara al futuro y de cara a la negociación de las nuevas OCM.

En este momento no estamos por instar a la Unión Europea la modificación,
pero sí estaríamos por saber exactamente dónde nos encontramos, por todo
lo cual solicitamos que el Gobierno ponga en marcha un proceso de
elaboración de datos, para saber la situación actual y las previsiones de
futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, el señor Pintado.




El señor PINTADO BARBANO: En cuanto a la breve historia que ha hecho la
señora Rivadulla sobre los conceptos en los que se basaba el inicio de la
PAC, tengo que decir que estamos de acuerdo. Lo que hay que ver son las
continuas reformas que han ido sucediéndose de la política agraria común
desde los años cincuenta hasta los años noventa en que nos encontramos
ahora.

Quisiera decir que la reforma del año noventa y dos, que es la que nos
ocupa en estos momentos, en cuanto a la proposición no de ley presentada
por el grupo de Izquierda Unida, hablaba de una compensación para los
precios, una ayuda importante para la renta de los agricultores y también
establecía un nuevo sistema a la hora de la percepción de las ayudas para
los cultivos herbáceos. Desde nuestro grupo parlamentario discrepamos en
tanto en cuanto que el hecho de la modelación de las ayudas de la PAC
vaya a ser un incremento en cuanto a la actividad, a la explotación, a la
calidad de las producciones agrarias, en concreto, en el tema de los
herbáceos. Nosotros consideramos que este tipo de ayudas lo que ha venido
es a mostrar, no sólo en la Unión Europea --hay experiencias anteriores
de países



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como los Estados Unidos--, es una desmotivación de los agricultores para
conseguir unos umbrales de rentabilidad, de viabilidad económica de cara
a las explotaciones, no solamente por las ayudas que llegan vía
compensación de precios, sino porque han conseguido hacer unas empresas
realmente competitivas en base a su estructura.

Hay que decir que los parámetros que se establecen en la PAC de 1992 son
unos parámetros aprobados en la Comisión Europea, donde no se tiene en
cuenta para nada el tamaño de las explotaciones, donde no se tiene en
cuenta prácticamente la producción de esas explotaciones, y me refiero al
caso de la regionalización. De hecho, ahí están los datos de este último
mes, donde el Ministerio de Agricultura creo que se ha apuntado un buen
tanto al conseguir un incremento en comarcas importantes de nuestro
territorio nacional para tratar de acercar lo que han sido históricamente
las producciones a lo que se viene cobrando o lo que se va a pagar a
partir de esa misma campaña en cuanto al tema de la compensación por
regionalización. Creemos que ésa es una medida que va directamente a
beneficiar no solamente a la explotación familiar, sino a todo el
conjunto del sector agrario en cuanto se refiere a herbáceos.

Aquí se han introducido una serie de conceptos que quizás podrían ser un
poquito peligrosos, porque se está hablando exclusivamente desde una
visión más social de la agricultura por parte de alguno de los portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra. Yo estaré totalmente de
acuerdo con el señor Amarillo cuando el objetivo primordial de la
política que haya que desarrollar sea que las explotaciones resulten
viables por sí mismas, que no tenga que haber una serie de políticas de
subvenciones. A nadie se le escapa lo que es realmente una explotación
viable, independientemente de los factores que ahora mismo intervienen en
la Unión Europea con la incorporación de los países de la antigua zona de
influencia por la Unión Soviética y de otros factores en cuanto a los
ajustes presupuestarios. A nuestro juicio no sirve de nada hablar de
explotación familiar agraria si no es una explotación con suficiente
viabilidad, y a nadie se le escapa, insisto, que no es lo mismo hablar de
modulación de ayudas en el capítulo de herbáceos, que hablar de una
explotación familiar agraria con una viabilidad determinada en una zona,
por ejemplo, como pueden ser los secanos rabiosos de Monegros, o en zonas
más frescas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, incluso del propio
Aragón, por no descartar Andalucía también.

En definitiva, tal como decía anteriormente el portavoz de Convergència i
Unió, el tema de la modulación es una cuestión suficientemente complicada
y previsiblemente injusta. Se alude a una serie de datos de reparto de
las ayudas con unos porcentajes determinados, y hemos leído durante estas
últimas semanas distintas aportaciones de organizaciones agrarias
básicamente con gravísimas contradicciones, porque los números no salen
cuando se hacen porcentajes en cuanto a las ayudas totales repartidas por
un número de agricultores. La señora Rivadulla ha puesto un ejemplo
concreto, pero ella misma ha dado la solución, es decir, se le van a
hacer devolver unas ayudas a un determinado personaje que las recibió sin
tener realmente los derechos adquiridos. Nosotros planteamos, si creemos
que el Ministerio está actuando en esa línea, una política que vaya
directamente a lo que es un problema que viene de años anteriores, en
tanto en cuanto que hay que estar ahí pendiente de cuál va a ser la
superficie base que se aplique.

El tema de la regionalización, como he comentado anteriormente, ha
supuesto un incremento, aunque haya sido leve; en algunas zonas ha sido
muy sensible e importante porque había un agravio comparativo. Y también
habrá que decir que, dentro de esta política, la defensa que tendrá que
hacer el Estado español ante la Unión Europea es que España no es un país
excedentario en cuanto a la producción de cereales. Nosotros somos
netamente importadores y esto también se tendrá que tener en cuenta a la
hora de ir adelante en los posicionamientos en la Unión Europea.

Cuando se está hablando de modulaciones, yo no he oído decir a ningún
portavoz solamente las modulaciones por arriba, con unos topes. Ustedes
me dirán si una explotación agraria de nuestro país, que perciba unas
ayudas inferiores a cien mil pesetas por hectárea en cuanto a lo que son
cultivos herbáceos es, efectivamente, una explotación agraria. Una
explotación agraria con tres o cuatro hectáreas de secano o una hectárea
o hectárea y media de regadío que supone aproximadamente las 100.000
pesetas. ¿A estos agricultores también hay que cortarles las ayudas de la
Unión Europea, o ésos no entrarían dentro de la modulación que se está
planteando?
Aunque se ha hecho referencia a que era un buen momento, creemos que no
es procedente, porque no en vano tenemos encima, tal como se desprende de
los propios acuerdos del GATT, año 1997, estudiar una nueva reforma de la
política agraria comunitaria. Y cuando se quiere hablar de otras
experiencias y de distintos cupos, cuotas o topes, experiencias haylas, y
ahí está el caso holandés, a través de sus cuotas que están reflejadas
directamente hacia la hectárea, o el caso de los Estados Unidos, por
hablar de lo que es el cupo global, donde las explotaciones adquieren una
serie de derechos para producciones determinadas con unos topes que dan
viabilidad a esa explotación.

En definitiva, nuestra postura es votar en contra de esta proposición no
de ley. El tema de la modulación no va a conseguir los objetivos que han
sido explicados en este caso por la portavoz del grupo proponente de la
iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida,
única y exclusivamente para fijar su posición y aceptar o no la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, así como la in voce presentada por el
Grupo Catalán de Convergència i Unió.




La señora RIVADULLA GRACIA: Quiero recordar que en mi intervención no he
hecho ninguna alusión a las enmiendas y tendré que expresar el sentido de
mi voto.

En relación con la enmienda presentada por el Partido Socialista, con las
correcciones que posteriormente se han realizado de común acuerdo y que
está en poder de la Mesa, estamos en condiciones de aceptarla. Por tanto,
se



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incorporaría a la proposición no de ley presentada hoy por nuestro grupo.

Respecto a la enmienda in voce formulada por el señor Companys, de
Convergència i Unió, el tercer punto de la proposición no de ley ya
recoge esa necesidad de que el Gobierno elabore de forma semestral un
informe estadístico. Por tanto, ya está incluido en el punto tercero. De
cualquier manera, aunque esos números no estén ahora en posesión de los
grupos parlamentarios, stricto sensu, está claro que todo el mundo sabe
cómo se están repartiendo las ayudas PAC.

Por otra parte, lamento que el Grupo Popular, ahora que tiene la
oportunidad de ejercer la acción de gobierno, no está a la altura de lo
que siempre había manifestado en anteriores sesiones de esta Comisión de
Agricultura, incluso en Pleno, donde expresaban la necesidad de
establecer algún tipo de corrección sobre las ayudas comunitarias.

Lamentamos también que el portavoz del Grupo Popular, en la sesión de hoy
de la Comisión de Agricultura, haya querido confundir en relación con las
pequeñas explotaciones agrarias. Nadie ha hablado de topes por abajo. En
nuestra proposición no de ley hablamos de que haya un apoyo decidido a la
explotación familiar agraria como modelo de explotación prioritaria, y de
que se establezcan una serie de modulaciones en las ayudas PAC que vayan
en beneficio de este tipo de explotación. No nos estamos refiriendo a las
pequeñas empresas de explotaciones familiares agrarias.

Por otra parte, don Mario Conde tendrá que devolver, porque no sólo
estaba beneficiándose especulando sobre las superficies agrarias, sino
que además estaba defraudando, porque había declarado cultivos herbáceos,
cuando lo tenía inscrito como explotación forestal. Hay muchos Marios
Condes, hay muchos especuladores que se están aprovechando de unos fondos
comunitarios que son muy importantes, que sólo en nuestro país
representan una cifra de más de 800.000 millones de pesetas, y ya hemos
visto que las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de tipo
familiar, es decir, las que representan por lo menos una UTA, una Unidad
de Trabajo Agrario, no son precisamente las que se están beneficiando.




El señor PRESIDENTE: Leeré a SS. SS cómo queda redactada definitivamente
la enmienda de sustitución al punto uno, que se someterá a votación.

Dice: «Defender ante los organismos comunitarios competentes la necesidad
de modular las ayudas de la PAC, propiciando que, a la vez que se respeta
la neutralidad presupuestaria, se apoye decididamente tanto la
explotación familiar agraria como modelo de explotación prioritaria y en
especial el movimiento cooperativo.»
Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Una cuestión técnica. Lo que procede es poner
un «como», al final. Una vez leído suena mal.




El señor PRESIDENTE: Diría... «como al movimiento cooperativo».




--PARA LA HABILITACION DE LOS CREDITOS NECESARIOS PARA PALIAR LOS EFECTOS
DE LAS RECIENTES INUNDACIONES EN LA AGRICULTURA ANDALUZA. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000314.)



El señor PRESIDENTE: Agotado el debate de la proposición no de ley
ordenada con el número 5, pasamos al debate de la proposición no de ley
ordenada con el número 6, para la rehabilitación de los créditos
necesarios para paliar los efectos de las recientes inundaciones en la
agricultura andaluza.

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Pliego. (El señor Vicepresidente, Amarillo Doblado, ocupa la
Presidencia.)



El señor PLIEGO CUBERO: Señorías, el 20 de enero, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una proposición no de ley alusiva a los daños
provocados en la agricultura andaluza por las inundaciones de agosto de
1996 que no tuvieron respuesta alguna en ese momento, y las que se
estaban produciendo en diciembre y enero de 1996-1997. Pedíamos un solo
punto --no queríamos condicionar al Gobierno-- en el sentido de que se
habilitaran los créditos necesarios y las medidas oportunas para paliar
los graves daños que habían producido y estaban produciendo estas
inundaciones.

Durante casi dos meses ha habido en Andalucía un rosario de
grandilocuentes declaraciones al uso, donde el señor Arenas, la señora
Ministra de Agricultura o el señor Torrres Hurtado, a la sazón Delegado
del Gobierno, han pedido calma y tranquilidad --éramos bastante
intranquilos los andaluces por nuestras exigencias en el tiempo--, ya que
el Gobierno del Partido Popular daría respuesta a estas necesidades.

También nos decían que la tardanza sería recompensada con la generosidad
--no tanto quizá por el principio constitucional de solidaridad, sino con
la generosidad--, que es un nuevo concepto acuñado por este Gobierno del
Partido Popular.

El 14 de marzo, siete meses después de las primeras inundaciones del 15
de agosto de 1996, aparece publicado el Real Decreto 4/1997 por el que se
adoptan medidas urgentes, según la definición del mismo, para reparar los
daños causados por las inundaciones. Debo decir que este decreto,
resumido de manera muy breve, va dirigido, como no podía ser de otra
manera, a cinco comunidades autónomas, Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que son las afectadas, y en
esencia contiene un gran aparato de literatura para concluir que se
dedican a ellas 20.000 millones de pesetas. Sirva como referente que los
daños oficiales evaluados por el Gobierno central sólo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía son globalmente de 150.000 millones, y en el caso
concreto de la agricultura, de 43.300 millones de pesetas, según la cifra
aportada en comparecencia en esta Comisión por el Subsecretario del
Ministerio.

En consecuencia, tomando la mejor de las hipótesis, la que el señor
Arenas ha predicado en los últimos días de



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que el 80 por ciento de este dinero iría a Andalucía --no sé en base a
qué, toda vez que en el decreto no se recoge ningún criterio de
reparto--; aun en la mejor de las hipótesis, repito, las ayudas estarían
por debajo del diez por ciento de los daños producidos, tanto en la
agricultura como globalmente en el resto de los parámetro variables que
se miden.

Debo decir que las medidas del Gobierno del Partido Popular han sido
rechazadas absolutamente por todos los colectivos sociales, sindicales y
políticos, excepto por el Partido Popular. Insisto, todos los colectivos
de Andalucía han rechazado estas medidas, excepto el Partido Popular.

Concretamente, ayer mismo, por parte de Asaja, UAGA, UPA y la Federación
Andaluza de Empresarios y Cooperativas junto con la Consejería de
Agricultura, se firmó un documento donde, en el primer punto, se rechaza
tajantemente el decreto y se apuntan en cinco puntos más medidas a
demandar a la Administración central. Por no recoger no recoge siquiera
alguna de las líneas que el señor Subsecretario apuntó en esta Comisión
de Agricultura; ni siquiera las que ellos planteaban, y me imagino que no
serían maximalistas. Sindicatos, asociaciones agrarias, ayuntamientos,
colectivos ciudadanos, partidos políticos, todos, han rechazado de manera
dura este decreto. Algunas expresiones de los medios de comunicación
utilizados por ellos hablan de insuficiente, ridícula, humillante y
vejatoria, agresión a la comunidad autónoma, vergonzoso e insensible o
medidas ridículas y cicateras. Estoy citando a Asociaciones agrarias como
Asaja, por ejemplo, por poner alguna que no sea extraordinariamente
sospechosa en sus declaraciones.

El decreto aprobado, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, es
una tropelía del Gobierno del Partido Popular con Andalucía. Entendemos
que el Gobierno del señor Aznar sigue haciéndonos pagar los resultados
del 3 de marzo. Pero, señor Presidente, tenga la seguridad de que a ello
vamos a reaccionar. Esto lo único que ha hecho es comenzar. Ya que el
Gobierno del Partido Popular no ha estado a la altura de las
circunstancias, pueden tener SS. SS. la seguridad de que los andaluces sí
estaremos; desde luego, no vamos a permitir un engaño y una estafa de
esta naturaleza.

En consecuencia, les anuncio que con carácter inmediato vamos a presentar
en esta Comisión de Agricultura, desde el Grupo Parlamentario Socialista,
una proposición no de ley recogiendo sustancialmente las acciones que se
indican en el documento firmado por las asociaciones agrarias y la
Consejería de Agricultura.

Toda vez que lo único que pedíamos en nuestra proposición no de ley era
un decreto que paliara estos daños y el decreto existe, al menos
formalmente, anuncio la retirada de la proposición no de ley que estamos
debatiendo en la Comisión en este momento.




El señor SANCHEZ RAMOS: Señor Presidente, quisiera expresar la posición
de mi Grupo en esta proposición no de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Se ha retirado.




El señor SANCHEZ RAMOS: Lo que sucede es que ha habido unos comentarios y
unas alusiones directas al Gobierno del Partido Popular. Yo quería
contestar a esas alusiones. Se ha aludido directamente al señor Torres
Hurtado, Delegado del Gobierno en Andalucía, al Presidente don José María
Aznar y a una serie de personas con nombres y apellidos.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): La Presidencia en estos
momentos no cree que haya habido alusiones que permitan la intervención.




El señor SANCHEZ RAMOS: Perdón, señor Presidente. Yo entiendo que la
proposición ha sido retirada, y es una argucia política legítima largar
políticamente todo lo que ha parecido para luego retirarla. Pero eso no
debe hurtar el derecho que tiene este Diputado a contestar a las
alusiones directas que el señor portavoz del PSOE ha hecho.

Por tanto, ruego al señor Presidente que considere su actitud y me dé la
palabra.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Un instante, porque voy a
consultar el Reglamento. (Pausa.)
El Reglamento parece que dice que debo estimar de manera subjetiva si ha
habido alusiones o no. Le voy a rogar al compañero Diputado que perdone
mi interpretación, que no va a coincidir con la suya, porque yo
subjetivamente interpreto que no ha habido alusiones. Por tanto, se
cierra este debate.




El señor SANCHEZ RAMOS: ¿No es alusión citar al Presidente del Gobierno,
José María Aznar, con su nombre y apellidos, que no venía a cuento con el
texto de esa proposición no de ley?



El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Le ruego que no entre en
discusión con la Presidencia.




El señor SANCHEZ RAMOS: Es que la Presidencia no está siendo justa.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Presente usted la queja que
crea pertinente al respecto.




El señor SANCHEZ RAMOS: Quiero que conste en acta la protesta del Grupo
Popular por no tener acceso al uso de la palabra.




--SOBRE MEDIDAS PARA ESTABLECER Y CONCEDER AYUDAS ECONOMICAS A LOS
TRIPULANTES Y ARMADORES DE LAS FLOTAS ESPAÑOLAS QUE FAENAN EN AGUAS DE
JURISDICCION MARROQUI, CUANDO SE VEAN OBLIGADAS A DETENER SU ACTIVIDAD
COMO CONSECUENCIA DE LAS PARADAS BIOLOGICAS ESTABLECIDAS POR EL ACUERDO
DE PESCA ENTRE LA UNION



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EUROPEA (UE) Y EL REINO DE MARRUECOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000337.)



El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Se cierra el debate sobre
esta cuestión.

Comenzamos el debate sobre la proposición no de ley número 8, del Grupo
Mixto.

Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Mixto, señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Tenemos ante nosotros el
problema de la flota cefalopodera, un problema que es conocido por la
mayoría de las señoras y señores Diputados; es una flota que tiene 104
barcos, 55 con base en Galicia y 49 en otras bases. Este problema tiene
relación con el acuerdo que se firmó en su día entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos que, como saben también todos ustedes, entró en
vigor el 1 de diciembre de 1995 y concluye el 1 de noviembre de 1999. En
ese acuerdo se preveía la parada de la flota española durante dos meses,
septiembre y octubre de cada año. Para este año 1997, la Unión Europea
acuerda con Marruecos la ampliación del paro biológico dos meses más,
marzo y abril.

Vamos a dejar al margen la valoración del acuerdo, del que ya discutimos
durante la comparecencia de la señora Ministra, pero sí conviene decir
que las repercusiones socioeconómicas de estos paros en determinadas
comarcas es muy importante; en concreto yo hago referencia a una comarca
gallega, como es la comarca del Morrazo, en la que un importante número
de pescadores están enrolados en esta flota.

Las paradas también tienen repercusiones negativas en los armadores, a
quienes tener un barco parado, como todos ustedes se pueden dar cuenta,
supone importantes pérdidas. De hecho, aquellos barcos que pueden se van
a pescar a otras aguas, como sucede en este caso durante el paro previsto
para estos meses, ya que, como ustedes también conocen, varios barcos, en
concreto siete, se desplazan a aguas de Guinea, es decir, que prefieren
desplazarse a pescar que recibir algún tipo de subvención.

El Gobierno mantiene el criterio de no indemnizar, de no subvencionar a
armadores y tripulantes por los meses de parada previstos en el acuerdo
Unión Europea-Marruecos porque, desde su punto de vista, es un paro de
naturaleza estructural. Sin embargo, para los meses en que se amplía el
paro biológico durante este año 1997, es decir, marzo y abril, prevé la
concesión de ayudas, tanto a armadores como a tripulantes, que si son
ciertas las noticias aparecidas en la prensa serían aproximadamente de
100.000 pesetas al mes para tripulantes y dos millones por barco. Y lo
hace porque en este caso se trata de un paro extraordinario.

Al Bloque Nacionalista Galego le resulta difícil de comprender por qué se
produce esa diferencia de criterio por parte del Gobierno, teniendo en
cuenta que las repercusiones sociales y económicas son semejantes en
ambas situaciones. A uno sólo le cabe pensar, si no hay otro tipo de
explicación, que esto se deba a que con la concesión de ayudas en este
paro extraordinario traten de evitar la escandalera que a lo mejor se
producía por su ampliación.

Nos parece conveniente que el Gobierno reconsidere su postura y, por
tanto, también que este Congreso de los Diputados valore la necesidad de
que se concreten ayudas para todos los meses de paro, y se inste al
Gobierno en ese sentido. Los pescadores vienen reivindicando este tipo de
solución, y desde luego van a seguir haciéndolo, porque a muchas familias
el período de paro las deja en muy precaria situación económica. Hay
trabajadores que durante el período de paro obligatorio, como
consecuencia de la parada biológica, no cobran subsidio de desempleo por
no haber acumulado el suficiente período de cotización para tener derecho
a él, y en otros casos, en los que sí tienen derecho a este subsidio de
paro, se ven obligados, por decirlo de alguna manera --entre comillas--,
a «gastar» esa prestación que desde luego les puede hacer falta cuando de
verdad están desempleados. Tienen que recurrir a ese subsidio de paro
como consecuencia de una parada biológica programada, contra lo que ellos
nada pueden hacer.

Desde nuestro punto de vista es de justicia que se tomen las medidas
precisas para que los afectados por todos los paros biológicos sean
indemnizados, evitando de esa manera que se produzcan situaciones
dramáticas. En ese sentido, formulamos la siguiente proposición no de
ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para establecer y conceder ayudas económicas a los tripulantes
y armadores de las flotas españolas que faenan en aguas de jurisdicción
marroquí cuando éstas se vean obligadas a detener su actividad como
consecuencia de la paradas biológicas establecidas por el vigente acuerdo
de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): ¿Portavoces que deseen
intervenir para fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Muy brevemente.

Nosotros habíamos presentado una iniciativa similar que hemos retirado,
porque entendíamos que podía ser asumida perfectamente por la que
presenta el Bloque Nacionalista Galego.

Solamente queremos mostrar nuestro apoyo a los argumentos que se han
dicho y aprovechar esta iniciativa para recordar que nosotros también
hemos venido planteando la necesidad de utilizar, en la medida que se
asegure una remuneración adecuada a los pescadores, las paradas
biológicas para realizar tareas de recuperación de los caladeros
nacionales. Creemos que sería interesante, cuando se habla de recuperar
los caladeros nacionales, que se pudiese utilizar a la flota parada por
los motivos del acuerdo con Marruecos, utilizarla en estas labores de
ayuda a los caladeros nacionales. Pero, evidentemente, para eso hacen
falta fondos, hace falta dinero. Nosotros creemos que lo que el Gobierno
pretende con esta situación es ahorrarse de una



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forma cicatera un dinero que, repito, no se invierte luego en el mar.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Blanco.




El señor BLANCO LOPEZ: En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar favorablemente la iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista
Gallego. Nos hubiera gustado que la enmienda transaccional que se ofrecía
al Grupo Popular hubiera sido aceptada, porque de esta forma hubiéramos
alcanzado un consenso y posiblemente un resultado positivo de la Comisión
que sería saludado razonable y felizmente por armadores y tripulantes.

Esta iniciativa --algún precedente ya hubo en este sentido-- en relación
a establecer ayudas a la flota que faena en el caladero de Marruecos como
consecuencia de la revisión del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos por la que se amplía de dos a cuatro meses la parada
biológica --y lo hemos planteado el día que ha comparecido la señora
Ministra ante esta Comisión-- sin que existan informes y razones
científicas que justificaran tal decisión, nos parece razonable para
abordar una situación que se deriva precisamente de la revisión de este
acuerdo.

Estamos, pues, señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista,
ante una situación extraordinaria. Deseamos, además, que esta situación
extraordinaria no suponga ni sea precedente para otras flotas que faenan
en el caladero de Marruecos ni tampoco suponga un precedente para años
sucesivos que nos imposibilite, por tanto, estar permanentemente en esta
Comisión hablando de los incumplimientos respecto al acuerdo suscrito en
su momento entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.

No podemos olvidar --y me parece un dato muy importante-- que la revisión
del acuerdo supone, nada más y nada menos, que perder el 20 por ciento de
nuestras posibilidades pesqueras; insisto, perder el 20 por ciento de
nuestras posibilidades pesqueras sin causa biológica alguna que lo
justifique. Esta situación extraordinaria --no se les puede escapar a SS.

SS.-- agrava la situación, ya de por sí complicada y que tiene muchas
repercusiones, tanto en el ámbito social como en el económico. Es cierto
que el acuerdo con el Reino de Marruecos concebía la existencia de una
parada estructural, que no estaría sujeta a la concesión de ayudas
económicas para la flota afectada, pero no es menos cierto que
situaciones nuevas, generadas por la revisión del acuerdo, requieren
soluciones nuevas y requieren, por tanto, afrontarlas de forma eficaz y
contundente.

Una nueva parada biológica, o si ustedes prefieren la ampliación en dos
meses del paro biológico previsto y las consecuencias que esta decisión
tiene sobre armadores y sobre tripulantes en zonas como el Morrazo, en
Galicia, que se mencionaba antes, Cádiz, etcétera, no se mitigan con las
ayudas económicas anunciadas por el Gobierno y que tienen como objetivo
cooperar en ese período extraordinario. Por tanto, sería conveniente
instar a la Unión Europea para que revisara lo que tiene previsto en
relación a las paradas estructurales con carácter extraordinario, para
así ofrecer una solución a la preocupación que en estos momentos tiene el
sector. También es conveniente que la Unión Europea --y ahí tiene un
papel activo el Gobierno de España-- mantenga presión permanente y
constante para que no estemos sujetos cada año a la revisión de un
acuerdo, que únicamente genera intranquilidad y preocupación en el
sector.

Comenzaba mi intervención diciendo que alguna iniciativa se había
planteado por parte del Grupo Parlamentario Socialista y lo hemos hecho
con motivo del debate de los Presupuestos Generales del Estado cuando en
el Senado tratábamos de introducir una enmienda precisamente para
intentar dar respuesta a lo que hoy estamos discutiendo y que en aquel
momento fue rechazada por los votos del Partido Popular. Por tanto, no se
trata de una posición nueva, se trata de algo que ya se ha hecho en algún
momento; se trata de algo que hemos planteado con motivo de los debates
presupuestarios, pero se trata, sobre todo, de dar respuesta a una
situación extraordinaria generada por la revisión del acuerdo entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Tiene la palabra el portavoz
del Grupo Popular. (Pausa.)



--SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA PRESA DE
MARMOLEJO (JAEN), E INDEMNIZAR A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR LAS
INUNDACIONES DE LOS AÑOS 1995 Y 1996. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000372.)



El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Debatida la proposición,
pasamos a la siguiente, señalada con el número 9 en el orden del día.

Para su defensa tiene la palabra el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Brevemente voy a defender esta proposición no de
ley que pretende evitar, como decíamos no hace mucho, los daños que
producen los temporales que no sólo se deben a las lluvias y al propio
temporal, sino también a las construcciones realizadas inadecuadamente o
que en este momento no cumplen función alguna y que a veces son motivo de
estas inundaciones. Tan simple es la argumentación que la propia realidad
la explica y nuestra propuesta ha sido solicitada por diversos colectivos
ciudadanos. Por tanto, nosotros solicitamos la eliminación de la presa de
Marmolejo, en Jaén, y, por supuesto, que se indemnice a los agricultores.

En la proposición anterior se ha hablado de ello, aunque no se ha podido
discutir, esperemos que cuando se tramite parlamentariamente podemos dar
nuestra opinión sobre ese nefasto decreto del Gobierno de ayuda a los
temporales, aunque, repito,



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con ese decreto poca esperanza pueden tener, pero ahí va nuestra
proposición no de ley.

En estos momentos hay una zona de Jaén que está muy pendiente de que se
dé una resolución justa. No podemos admitir la enmienda del Partido
Popular porque simplemente pretende --hablando en términos taurinos-- dar
una larga cambiada y aparcar este tema realizando los estudios técnicos
oportunos. Nosotros pretendemos que de aquí salga una resolución efectiva
que de verdad resuelva los problemas y no dar una larga cambiada a los
ciudadanos que en estos momentos esperan una mayor determinación.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): A esta proposición no de ley
se han presentado dos enmiendas.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Pliego.




El señor PLIEGO CUBERO: Efectivamente la presa de Marmolejo produce
anualmente graves inundaciones en la época de lluvias por dos razones
fundamentales: la deficiente ubicación de la presa y las nulas
condiciones de mantenimiento. Hay que decir que es una presa situada en
el cauce medio del Guadalquivir y que no tiene drenaje de ninguna
naturaleza. En consecuencia, esta presa produce una acumulación de lodos,
un aterramiento del embalse y, por tanto, una reducción de la capacidad
de almacenaje del agua que ha hecho que en algunos lugares, aun siendo
las precipitaciones escasas, el agua esté por encima del nivel de los
terrenos colindantes.

Hay que decir que en la concesión administrativa a la compañía Sevillana
para la construcción y utilización de esta presa, había una condición que
implicaba no alterar las condiciones del cauce del río. Pues bien, desde
el año 1962 que está en uso y funcionamiento esta presa, no se ha
producido actuación alguna de drenaje o de limpieza en la presa ni en el
cauce del río afectado por la misma. Esto nos lleva a una situación tal
que en los años 1962 y 1963, con la presa construida, se evacuaban sin
problemas de inundaciones en torno a 1.000 metros cúbicos de agua por
segundo, mientras que en la actualidad, con cifras entre 200 y 300 metros
cúbicos de agua por segundo, se producen graves inundaciones en zonas de
cultivo bastantes feraces, como son los terrenos de la Ropera, la Isla,
el Sotillo o Villalba, y lo que es más grave, como cada año va aumentando
porque no se hace ninguna actuación, ha llegado a la ciudad de Andújar y
en el polideportivo y en la Nacional IV o en las nuevas conducciones de
agua que se están realizando se han producido daños graves en este
ejercicio. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Un momento, señor Pliego.

Por favor, guarden silencio o, al menos, en vez de hablar, susurren.




El señor PLIEGO CUBERO: Hemos presentado algunas enmiendas a esta
proposición no de ley porque la opción que ha tomado la Administración
central de expropiar 165 hectáreas a los agricultores con terrenos
colindantes, nos parece que no resuelve el problema porque en esta
campaña 1996-97 las inundaciones han afectado a casi 700 hectáreas, no
1.000 como se pone en la proposición, sino seiscientas cuarenta y tantas
de este ámbito; por tanto, es algo que va aumentando y el problema no se
resuelve.

Nosotros queremos insistir a Izquierda Unida en que compartimos la
filosofía de su proposición, compartimos el planteamiento político que se
hace, compartimos el apartado a) en que se insta a que se indemnice a los
agricultores por los daños de 1995-96, compartimos el apartado c), hemos
dicho que queda subsumido en nuestra enmienda, pero si se desea mantener
no hay ningún inconveniente en que se limpie la caja del río; ahora bien,
proponer de golpe y sin más la demolición de la presa nos parece una
medida no suficientemente meditada, y proponemos como enmienda
alternativa que en un plazo de seis meses los técnicos competentes de la
confederación, y, lógicamente, a instancias del ministerio competente,
hagan un estudio técnico que diga cuáles son las soluciones para que esas
inundaciones no se produzcan, y que a la mayor urgencia posible se
ejecuten esas actuaciones. ¿Por qué pedimos seis meses? Porque nos
llevaría a agosto/septiembre y tendríamos tres o cuatro meses hasta el
invierno o primavera para poder actuar y corregir estos elementos. No nos
parece prudente y no creemos que la demolición de la presa de golpe y
porrazo, con las indemnizaciones que eso supone, sea la solución más
adecuada.

Hemos añadido una enmienda que nos parece importante y rogaríamos que la
aceptaran, en el sentido de que se realice la valoración de los daños en
esta campaña 1996-97 y se produzca la indemnización de los mismos.

Explico por qué. El Gobierno de manera astuta ha incluido estos daños en
el decreto de inundaciones. Por las cifras que se han dado, las
indemnizaciones no van a llegar al 10 por ciento, en años anteriores y
ésta no es una inundación derivada de lluvias excepcionales como el
resto, sino que se produce con carácter anual por la elevación del
terreno y por no tomar una serie de medidas que debiéramos haber tomado
con anterioridad. En consecuencia, nos parece importante que esa enmienda
se acepte, que se valoren por los servicios de la Administración central
competente los daños de 1996-97 y se proceda a la indemnización
correspondiente, ya que están evaluados los de 1995-96, y todo hay que
decirlo, existe el compromiso de la Administración central de
indemnizarlos por 94 millones de pesetas, que es el acuerdo al que han
llegado agricultores y Administración central.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Hay otra enmienda del Grupo
Popular. Para su defensa don Luis de Torres tiene la palabra.




El señor DE TORRES GOMEZ: La proposición no de ley se refiere a que a la
Compañía Sevillana de Electricidad le fue concedida en el año 1962 una
licencia para construir y explotar la presa de Marmolejo. Dicha presa
origina, según la proposición no de ley, problemas de inundaciones



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generando pérdidas en la agricultura de determinadas zonas y que
nosotros... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por favor, un momento.

Señorías, de verdad, les ruego que guarden silencio por respeto al
compañero que está interviniendo, que estén en sus asientos, y así puede
escuchar la Presidencia, pueden escuchar todos ustedes y podemos seguir
el debate. Gracias.

Continúe.




El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Decía que la presa, según la proposición no de ley, origina unos
problemas de inundaciones generando pérdidas en la agricultura en
determinadas zonas dentro del término municipal de Andújar y que allí son
conocidas con los nombres de La Ropera y La Isla, daños que la
proposición no de ley de Izquierda Unida valora en unos 100 millones de
pesetas en el año 1996.

Se encuentra en litigio --dice la proposición no de ley-- la
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o de la
Compañía Sevillana de Electricidad, que no llegan a ponerse de acuerdo
sobre la responsabilidad en las inundaciones habidas en el año 1995 y
principios de 1996, agravadas aún más con las lluvias de 1997,
circunstancia última que es bien cierta y que yo la conozco de primera
mano. Por ello se insta al Gobierno, primero, a que indemnice a los
agricultores; segundo, a que se elimine la presa; tercero, a que se
limpie el cauce.

Por lo que se refiere al punto primero relativo a las indemnizaciones a
los agricultores perjudicados, a nuestro juicio no tiene razón de ser la
instancia puesto que ya está acordado con la conformidad de las partes en
la forma siguiente: hay unas bases de acuerdo con los afectados de La
Ropera y La Isla, que consiste en lo siguiente: número de hectáreas, 150;
valoración, 799 millones, incluyendo daños por inundaciones y que se
realizará con la siguiente forma de pago: 135 millones a lo largo de este
mes --no 90, no 100--, y 664 millones según los mecanismos de la Ley de
Expropiación, con una valoración de las parcelas a mi juicio alta pero
que está justificada por las razones que ahora aduciré.

Al comentario del portavoz de Izquierda Unida debo decir que de larga
cambiada nada, y al portavoz del Grupo Socialista quiero decirle que,
efectivamente, estos sucesos se producen desde el año 1962, y a lo largo
de los catorce años de su Gobierno nunca han sido reclamadas. Ahora, sí.

Digo que en esos catorce años ha habido tiempo de subsanarlo porque eso
no ha sucedido en el Gobierno de Aznar, ha sucedido durante los últimos
catorce años y en los anteriores también.

Respecto de los puntos b) y c), derribo y dragado del río, por recientes
estudios en fase preliminar, parece que las inundaciones que se producen
no son a consecuencia de la presa, aunque en buena parte sí pueden ser,
pero no totalmente, y sí del cauce del río que recibe un aporte
considerable de tierra y grava procedentes de tierras de cultivo y que al
sedimentarse lógicamente elevan el cauce del río.

Quiero recordar a S. S. que en la V Legislatura en el Senado, y en
contestación a una pregunta escrita, la 684/10.148, se dijo por el
Gobierno que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente tenía previstos planes de reestructuración hidrológico-forestal
en las cuencas andaluzas, y entre estos planes se encuentra el
encauzamiento del río Guadalquivir en Andújar (Jaén), con un presupuesto
de 1.000 millones de pesetas. De manera que ese mecanismo se deberá poner
en marcha para subsanar esto, si bien es verdad que, como ustedes saben,
también hay otra intervención en el Senado referente al Ayuntamiento de
Córdoba y a que el encauzamiento de los ríos a su paso por las ciudades
corresponde al ayuntamiento, pero también podría ser una solución que el
ayuntamiento conjuntamente con la Junta de Andalucía hicieran alguna
previsión para poder encauzar el río.

Quiero decirles, señorías, que conozco el tema y su futura gravedad, que
a nadie se le oculta, si no se pone remedio rápidamente. No en vano yo
soy natural de allí y he sido alcalde de esa ciudad, por lo que quiero
agradecer a Izquierda Unida la preocupación que está teniendo con este
tema, y es por ello que en su solución no se puede improvisar, hemos de
tener conocimiento, mediante los correspondientes estudios técnicos, de
las posibles soluciones que permitan corregir estos defectos. El
Ayuntamiento de Andújar, consciente del problema, ha convocado unas
jornadas para los días 20, 21 y 22 en las que participarán expertos que
expondrán sus soluciones, amén de un concurso de ideas, etcétera. Me
consta que por el Ministerio de Medio Ambiente y por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir también se están emprendiendo dichos
estudios técnicos.

En consecuencia, propongo la siguiente enmienda de modificación que
persigue exactamente lo mismo que la proposición no de ley de Izquierda
Unida, es decir, que se solucione este problema en lo que nosotros somos
los primeros interesados, pero que se solucione no a tontas y a locas,
sino una vez que tengamos el conocimiento técnico y fehaciente de su
resolución. Para ello propongo la enmienda de modificación que engloba la
enmienda propuesta por el Grupo Socialista y que, en cierto modo también,
asume su objetivo una vez eliminado el primer punto, puesto que las
indemnizaciones ya están contempladas en las bases de acuerdo con los
afectados de La Ropera y de La Isla, aceptadas por ellos e incluso
firmadas, por lo que propongo un texto al objeto de que el ministerio en
sus estudios técnicos no se vea encorsetado por una serie de ítem que se
están poniendo en la proposición no de ley. Nuestra propuesta diría lo
siguiente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que a
través del Ministerio de Medio Ambiente realice los estudios técnicos
oportunos que permitan proponer las medidas correctoras necesarias para
paliar los efectos de las inundaciones en el río Guadalquivir a su paso
por los términos municipales de Andújar y Marmolejo.

Resolver el derribo de una presa o el dragado de un río --que si es
necesario habrá que hacerlo-- cuesta miles de millones de pesetas,
requiere un tiempo y ese tiempo, por la complejidad del tema, no me
atrevería a fijarlo en un determinado



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número de meses, como indica la enmienda del Diputado Pliego. En
consecuencia, si aceptan esta modificación, que, repito, persigue lo
mismo que la proposición no de ley de Izquierda Unida y las enmiendas del
Partido Socialista, subsumidas en esta enmienda de modificación,
votaremos afirmativamente. En caso contrario, votaremos en contra.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Tiene la palabra el Grupo de
Izquierda Unida para indicar si acepta o no las enmiendas.




El señor CENTELLA GOMEZ: Y también, señor Presidente, para pedir votación
separada, cuando llegue el momento, de los tres puntos.

Efectivamente, aceptamos la enmienda al punto a) del Partido Socialista
Obrero Español, en el sentido de que se incluya el período 1996-97 y
mantener el 1995-96 porque no se puede mezclar todo. Nosotros queremos
que se pague y no hablamos de las indemnizaciones ni de otras cosas. El
resto de puntos los mantenemos, sin admitir las enmiendas que se han
presentado al punto b) tanto por el Partido Socialista como por el
Partido Popular.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): ¿Se aceptan entonces las
enmiendas del Grupo Socialista?



El señor CENTELLA GOMEZ: La enmienda primera al punto a).




El señor PLIEGO CUBERO: Para una cuestión formal, señor Presidente. No
existe enmienda al punto a); existía enmienda al punto b), que entiendo
es rechazada.

Nosotros proponíamos la creación de un nuevo punto, que en este caso
sería el d), por el orden en que se consideran, en el sentido de que se
evalúen los daños del período 1996-97 y se proceda a las indemnizaciones
correspondientes. Es intrascendente que se añada como un nuevo punto o
quede subsumido en el punto a), toda vez que estamos hablando de hechos
de la misma naturaleza y lo que varía es el año o período a que afecta.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Es igual. Yo lo había interpretado como una
enmienda al punto a), pero queda más claro si se añade el punto d) como
propone el Partido Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Don Luis de Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Quiero explicar al portavoz de Izquierda Unida
que no entiendo qué sentido tiene mantener la enmienda al punto a) cuando
he leído que las bases del acuerdo están aceptadas por los afectados de
La Ropera y de la Isla.

En cuanto a pedir indemnizaciones por otros daños, quiero decir que las
bases del acuerdo con los afectados están firmadas y aceptadas por ellos
y sobre las mismas (se valora las hectáreas a un precio alto, 4.425.000
pesetas), hay una cláusula que dice: simultáneamente, aceptan retirar
todas las reclamaciones actuales o futuras por daños debidos a las
inundaciones. ¿Por qué hacen eso? Porque por el sistema de expropiación
se les expropia las tierras y en el futuro ya no tendrán derecho a ningún
tipo de indemnización. No entiendo por qué Izquierda Unida insiste en que
se vote la primera enmienda. (El señor Presidente ocupa la Presidencia).




El señor PRESIDENTE: El señor Centella tiene la palabra para manifestar
si acepta definitivamente la enmienda.




El señor CENTELLA GOMEZ: No entiendo que si todo está tan acordado haya
problemas para votarla. Nosotros planteamos que se indemnice. Si está
todo tan acordado como dice el portavoz del Partido Popular, no tendrá
inconveniente para votar a favor. Repito que no entiendo las reticencias
del Partido Popular. (El señor Marquínez Marquínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez.




El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Señor Presidente, recurro al amparo de la
Presidencia para hacer una petición de palabra en orden a una precisión.

Respecto a la proposición no de ley que se debatió anteriormente relativa
a paradas biológicas y presentada por el Grupo Mixto, no esta última,
sino la anterior, quería hacer una aclaración a la Mesa en dos sentidos.

Uno, que ha habido ausencia del portavoz, que era yo, porque se han
retirado tres proposiciones no de ley que iban delante de la mía y yo me
encontraba en la Cámara atendiendo una llamada que ha coincidido con ese
hecho; lo digo para pedir excusas a la Mesa y al resto de Diputados. Esto
no desvirtúa la intención que teníamos, puesto que hemos llegado a una
transaccional en esa proposición no de ley que me permito leer, si la
Presidencia, me autoriza.




El señor PRESIDENTE: A la hora de la votación leerá la transacción y
veremos si la admite el grupo proponente. ¿De acuerdo?



El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: De acuerdo, señor Presidente.




--RELATIVA A LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR PESQUERO.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000278.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley numerada
con el número 4, proposición relativa



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a la formación de los profesionales del sector pesquero.

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular don Hipólito Fariñas.




El señor FARIÑAS SOBRINO: Convendrán conmigo SS. SS. en que el factor
humano que constituye el colectivo de profesionales del sector pesquero
fue, es y será el más importante patrimonio y activo de las empresas del
sector náutico-pesquero y sólo mediante la formación permanente y
actualizada de este colectivo profesional pueden conseguirse los
objetivos de optimización de todo el proceso pesquero. Sólo mediante la
calidad de la formación podrán conseguir la capacitación y cualificación
precisas, de cara a desempeñar una actividad para la que les son exigidas
diferentes titulaciones. Sólo mediante la formación se les podrá
proporcionar igualmente el nivel de cualificación profesional que les
permite impulsar su promoción personal, adaptándose a los cambios
producidos por el desarrollo tecnológico y ser pieza clave dentro de la
cada vez más alta competitividad de las empresas del sector
náutico-pesquero.

Después de esta exposición de verdades más que evidentes, tengo que
añadir que con esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular, cumple un
ansiado deseo de los profesionales de la pesca y cumple también con el
programa de Gobierno, en el que recogíamos esta necesidad con medidas
concretas... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fariñas.

Silencio, señores Diputados.




El señor FARIÑAS SOBRINO: Decía, que en el programa de Gobierno había
medidas concretas, como la aplicación de manera urgente del programa
nacional de formación profesional o impulsar y desarrollar los programas
de formación y orientación náutico-pesquera.

Los requisitos establecidos en la normativa básica por parte del Estado,
no son real y efectivamente uniformes a todo el territorio, debido a que
las comunidades autónomas con competencias en materia de ordenación del
sector pesquero pueden ampliar dichos requisitos a través de sus propias
normativas de desarrollo y ejecución, como SS. SS. conocen perfectamente.

Para más inri, la actual Junta de enseñanzas de formación profesional
náutico-pesquera carece de sentido porque su composición no conjuga
eficazmente el orden de distribución de competencias existentes sobre la
materia entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que sería
necesaria la adaptación de esta junta al nuevo marco jurídico y que la
colaboración de todas las administraciones públicas con competencias en
materia de formación náutico-pesquera facilitará el establecimiento de un
marco básico de la enseñanza y titulaciones de ámbito nacional acorde con
la evolución tecnológica y un posterior desarrollo y ejecución con
criterios homogéneos, claro está, por parte de las comunidades autónomas.

De todo ello se puede deducir, y así lo hacemos, que parece necesaria la
existencia entre la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas de una permanente relación de consultas y deliberaciones en
materia de formación de los profesionales del sector, a efectos de la
actualización y homogeneización de la enseñanzas náutico-pesqueras.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
proposición no de ley que leo textualmente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que garanticen la
cooperación entre las administraciones con competencia en materia de
formación náutico-pesquera, que permitan una mejor cualificación
profesional de las tripulaciones pesqueras, teniendo en cuenta la
evolución tecnológica, la normativa comunitaria internacional y las
recomendaciones emanadas de organismos internacionales con competencia en
la materia.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que desean fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo va a apoyar con su voto favorable
esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular.

Entendemos que es una iniciativa oportuna y afortunada. Desde la óptica
que existe en el archipiélago canario --por supuesto, dentro de algo que
se respeta en la proposición no de ley, que es la competencia de la
comunidad autónoma sobre esta cuestión, que la tiene clara y contundente
en su estatuto de autonomía--, se contemplan con una gran preocupación
las faltas que pueden ocurrir por una carencia de coordinación entre la
Administración central del Estado y las comunidades autónomas, en este
caso, la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta zona del archipiélago
canario es importantísima, sobre todo como base de las tripulaciones y de
los armadores de los buques que operan en el banco pesquero
canario-sahariano, en los caladeros de jurisdicción marroquí y mauritana,
y los que hay en el sur, hacia Cabo Verde, golfo de Guinea y Sudáfrica, y
que es necesario, por las razones que se aducen en esta proposición no de
ley --tanto el avance de la tecnología como, sobre todo, las
recomendaciones de organismos internacionales-- que estas tripulaciones
estén perfectamente cualificadas en materia náutico-pesquera, puesto que
muchas veces, por su ignorancia, están condicionando problemas de
denuncias. Por ejemplo, la captura de delfines, la captura de tortugas y
especies protegidas, que las tripulaciones de algunos barcos ignoran en
cuanto a sus reglamentación internacional. No digamos nada sobre la
tecnología en las nuevas artes de pesca y las limitaciones con las que se
están realizando por los que ostentan la soberanía nacional sobre la
titularidad de los caladeros.

Indudablemente, cuando un organismo que se ha quedado obsoleto, como es
la junta de enseñanzas de formación profesional náutico-pesqueras, no
puede ni cumple con sus obligaciones estatutarias originarias; cuando una
comunidad autónoma, como la canaria, tiene que buscar un marco adecuado
para realizar la función efectiva en la reunión con las cofradías de
pescadores y nos encontramos con que en el Archipiélago son precisamente
las cofradías



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de pescadores las que se entienden con la administración autónoma para la
organización de los cursos de perfeccionamiento, tan necesarios, creemos
que, como las tripulaciones que van en los buques pesqueros españoles son
españolas, tiene que haber una norma de unificación de todos los
criterios. A nuestrojuicio, esta proposición no de ley --si la
aprobamos-- viene a hacer una llamada de atención de esta Comisión a la
propia Administración central del Estado para que, existiendo este
problema y esta inquietud en determinadas comunidades autónomas --como es
el caso del que Coalición Canaria está hablando aquí, de nuestro
Archipiélago--, esto se unifique, porque tampoco se puede aceptar que
tengamos que meter en buques de pabellón español tripulaciones, por
ejemplo, marroquíes y resulte que hay una diferencia de formación
profesional náutico-pesquera entre unos y otros. Si éstas son las
recomendaciones internacionales, si esto es lo que puede dar a España, en
su día, mejor y mayor derecho para tener una pesca altamente cualificada,
no sólo en sus medios tecnológicos sino en la formación profesional de
sus tripulaciones embarcadas --y, por supuesto, las que realizan en
tierra las funciones de manipulación, manejo y conservación de la
pesca--, bienvenido sea. De aquí, señor Presidente --y con esto
termino--, nuestro voto de apoyo a esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra su portavoz, señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Nuestro grupo también va a dar su apoyo a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, tomando como base,
en primer lugar, la necesidad de adecuar lo que hasta ahora ha sido la
junta de enseñanza al marco constitucional; en segundo lugar, el respeto
de una forma clara a las competencias de las propias comunidades
autónomas y, en tercer lugar, la necesidad de una mayor coordinación. Por
tanto, estaríamos en la línea de la proposición no de ley.

No obstante, nos consta que ya se ha redactado un proyecto por parte de
la Secretaría General de Pesca, que crearía un junta asesora de formación
pesquera y que, desde la dirección general, se han puesto en contacto con
las diferentes comunidades autónomas que tienen competencias en materia
de pesca. Salvo pequeñas matizaciones, estaríamos de acuerdo con la
propuesta, porque entendemos que coordinaría mejor la enseñanza pesquera.

Nuestro grupo, en aras a esa mayor coordinación, votará a favor de esta
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra su portavoz, señor
Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Intervengo para anunciar nuestro voto favorable,
respetando las competencias de las comunidades autónomas. Nos parece una
iniciativa interesante y esperamos que sea una realidad y que dé sus
frutos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Blanco.




El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad
--lo quería hacer en la anterior intervención-- para reiterar las
disculpas --que pedí aquel mismo día, personalmente, al Presidente de la
Comisión-- por unas palabras inadecuadas que pronuncié en referencia al
Presidente, con motivo de la comparecencia de la Ministra, y que nada
tienen que ver con la cortesía parlamentaria.

Dicho esto, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista quiere
intervenir para mostrar nuestro apoyo a la iniciativa que se nos presenta
por parte del Grupo Parlamentario Popular, que busca una mayor
cooperación, de acuerdo con el marco competencial entre las diferentes
instituciones, para lograr, como objetivo, una mejor formación y una
mejor cualificación en el ámbito de la formación náutico-pesquera. En
definitiva, se trata de adecuar a la realidad lo que venía promoviendo la
junta de enseñanzas de formación profesional en el ámbito
náutico-pesquero. Indudablemente, ésta es una función que le corresponde
al Gobierno, pero no está mal que sea precisamente la comisión
correspondiente la que recuerde que nos presente un proyecto que,
respetando las competencias establecidas en la Constitución, en los
diferentes estatutos de autonomía, de acuerdo con las transferencias
efectuadas en esta materia, impulse un marco adecuado de cooperación, con
el fin de desarrollar reformas educativas pendientes en el ámbito que es
objeto de debate en este momento, mejorando la cualificación profesional,
incorporando algo que es obvio, que son las nuevas tecnologías que están
presentes en todo este mundo, e incorporando también el nuevo derecho del
mar, que día a día se va generando tanto en los organismos
internacionales como en la Unión Europea, en el Estado y en las
comunidades autónomas. Es necesaria una formación actualizada que dé
respuestas a las demandas y a las preocupaciones existentes.

En este sentido, señorías, reitero que apoyamos la iniciativa y que
invitamos al Gobierno, a través del ministerio o ministerios --entendemos
que esto más allá del ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, porque algo tendrá que opinar también el Ministerio de
Educación--, a que, con el acuerdo de las comunidades autónomas que
tienen competencias en estas materias, nos presente una propuesta de
reforma educativa que dé respuesta a lo que hoy estamos demandando, que
estamos seguros que va a mejorar la formación náutico-pesquera y, por lo
tanto, la cualificación de las personas que tienen que cumplir con esta
misión en los distintos puntos del territorio español.




El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, vamos a suspender la sesión
por dos minutos, para ordenar las enmiendas y conocer las proposiciones
transaccionadas. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.)
Sí, señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, quisiera hacer uso de la
palabra por una cuestión de orden sobre



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dos temas. Uno, referido al señor Blanco, de reconocimiento de mi grupo a
su actitud y, otro, de rechazo de la actitud del señor Pliego cuando se
ha sustanciado el punto 6 del orden del día de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: No sé si el Presidente en funciones, en el uso de
sus competencias, le ha dado la palabra. (Rumores.)
Señor Madero, yo entiendo que afecta a personas. Este Presidente no
estaba presente en ese momento. El anterior Presidente, en el uso de sus
atribuciones, no le concedió la palabra. Yo no conozco exactamente cómo
se produjo la anterior intervención. Es bien cierto que las
rectificaciones se pueden hacer o las alusiones se pueden contestar en
esta o en la siguiente sesión de la Comisión.




El señor MADERO JARABO: Si me permite, señor Presidente, no le ha
concedido la palabra al portavoz de mi grupo porque la ha solicitado por
alusiones. Yo la solicito por una cuestión de orden, porque es
inadmisible para mi grupo escuchar la palabra estafa y las críticas
gratuitas y absolutamente demagógicas que se han vertido contra el
Delegado del Gobierno en Andalucía, contra la señor Ministra de
Agricultura y contra el señor Presidente del Gobierno.

Nos parece que no es de recibo ese preámbulo para retirar una iniciativa.

Igual que hizo mi compañero el señor Sánchez Ramos, cuando no se le dejó
intervenir para elevar su protesta, quiero que conste aquí la protesta de
mi grupo por esa actitud absolutamente impresentable que roza la cortesía
parlamentaria.




El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un turno de un minuto a la portavoz
socialista y cerraremos los debates.




La señora LEIVA DIEZ: Un minuto, señor Presidente.

Todos los Diputados, en aras a ejercer la democracia parlamentaria, a
veces hacemos alusiones de quien ostenta la representación, de quien
tiene el Gobierno, y en ese caso se sienten aludidos los Diputados que
forman parte de su grupo, pero yo diría que en esta misma Comisión se ha
hecho alusión a comisarios europeos y a anteriores ministros, por lo que
también este Grupo Socialista debería solicitar que se retiren esas
observaciones.

Estamos ejerciendo en democracia unos derechos y no hay alusiones
personales. Hay alusiones a cargos que están ejerciendo la
responsabilidad de gobernar, y eso en democracia es legítimo.




El señor PRESIDENTE: El portavoz de Izquierda Unida, señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Nosotros no hemos sido aludidos, pero queremos
decir que, ya que se había provocado el debate, lo normal hubiera sido
haberlo terminado. Queremos que conste en acta que ya que se había
celebrado el debate, no habría pasado nada si la proposición no de ley se
hubiera sometido a votación, con lo cual los demás grupos hubiésemos
podido manifestar nuestra opinión.

Ha sido una argucia parlamentaria y queremos que quede constancia de que
nosotros tampoco la entendemos. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Madero, qué artículo del Reglamento invoca.




El señor MADERO JARABO: Al minuto que ha concedido a los grupos.




El señor PRESIDENTE: Lo ha tenido usted también. Vamos a suspender la
sesión por dos minutos.




El señor MADERO JARABO: Insisto, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Finalizamos el debate con el minuto del señor
Madero.




El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente, pero no es el minuto
del señor Madero, es del Grupo Parlamentario Popular y se vuelven a
escuchar alusiones del Grupo Socialista. ¿Ha habido alusiones o no? Se le
retiró el uso de la palabra a nuestro portavoz porque se decía que no
había habido alusiones.

Cuando se habla de comisarios, lo son de la Comisión, no miembros de
ningún grupo o partido político (La señora Leiva Díez: Es Matutes.) y
tampoco mi grupo parlamentario... (Rumores.) Si el grupo de mi derecha me
deja continuar, señor Presidente... (Una señora Diputada del Grupo
Socialista: ¡De derecha nada!) Sí, de mi derecha geográfica. (Risas.)
Quería decir, señor Presidente, que el Grupo Popular no es el Gobierno,
es un grupo parlamentario como otro más. Lo que no tolera ni puede
admitir son críticas gratuitas, amparadas en unas supuestas no alusiones
que, reitero, son absolutamente inadmisibles, y así quiero que conste en
acta. (El señor Vicepresidente, Amarillo Doblado, pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No, señor Amarillo. ¿Qué artículo del Reglamento
invoca, señor Vicepresidente?



El señor AMARILLO DOBLADO: Era para explicar, por un minuto...




El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, le retiro el uso de la
palabra.

Suspendemos la Comisión por dos minutos para ordenar las enmiendas.

(Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. (El señor Madero
Jarabo pide la palabra.)
Señor Madero.




El señor MADERO JARABO: A efectos de votación, el Grupo Popular comunica
a la Mesa que el señor Pascual



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Monzó será sustituido en las votaciones por el señor De Torres.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

¿Alguna sustitución por parte del resto de los grupos? Pasamos a votar,
en primer lugar, una enmienda transaccional, a la que dará lectura el
señor Isasi, que sustituye a las ordenadas con los números 1, 2 y 3.

El señor Isasi tiene la palabra.




El señor ISASI GOMEZ: Queremos anunciar que hemos llegado al acuerdo de
una transaccional entre las tres proposiciones no de ley presentadas y,
por tanto, retiro la del Grupo Popular, que sería sustituida por la
transaccional citada. Querría agradecer a SS. SS. la disponibilidad para
llegar a un acuerdo y que desde esta Comisión salga un mandato al
Gobierno y, en concreto, a la Ministra de Agricultura para impulsar la
organización común de mercado de la patata y las medidas pertinentes
intermedias.

La enmienda transaccional presentada por unanimidad a las tres
proposiciones no de ley diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que: Uno, solicite de la Unión Europea la creación
de una organización común de mercado para la patata económicamente
eficiente y socialmente justa. Dos, divulgue los cometidos de la reforma
de la OCM de Frutas y Hortalizas entre productores, cooperativas y todo
tipo de operadores del sector de la patata para así fomentar la
constitución de organizaciones de productores y, especialmente, la
constitución de fondos operativos donde la participación de las
administraciones públicas en el ámbito de sus competencias supliría
inicialmente la aportación que en la reforma del Reglamento de frutas y
hortalizas le corresponde a la Unión Europea. Todo ello a fin de
conseguir el marco de la necesaria estabilización de precios, de la
protección de la calidad y adecuada comercialización de la patata. Tres,
realice campañas de promoción del consumo de patatas. Cuatro, solicite de
las pertinentes instancias comunitarias la vigilancia expresa de los
acuerdos vigentes y por firmar con países terceros que puedan implicar
concesiones de contingentes de importación de patatas con derechos
arancelarios bajos o nulos. Cinco, vigile el cumplimiento de la normativa
de comercialización fitosanitaria de la patata procedente de otros
países. Seis, fomente y promueva la constitución de interprofesionales
que contribuirán decisivamente a normalizar y regularizar este cultivo
como práctica de sostenimiento de rentas de los agricultores productores.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Leiva.




La señora LEIVA DIEZ: Quería decir que los tres grupos proponentes han
aprobado la transacción en esta Comisión de Agricultura para defender el
sector de la patata y ayudar a la Ministra de Agricultura a que inste a
la Unión Europea a constituir esta OCM de la patata.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Leiva por su precisión.

Pasamos a votar la transacción cuyo texto ha leído el señor Isasi.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley relativa a la formación de los profesionales del
sector pesquero, numerada con el número cuatro del orden del día.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición no de ley de modificación de los criterios de modulación de
las ayudas a la política agraria común.

Esta proposición tiene una enmienda que ha aceptado el grupo proponente,
el Grupo Socialista, por lo que la sometemos a votación con la enmienda
aceptada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación la proposición número 8 con la transacción
presentada y de la que dará lectura el portavoz del Grupo Popular, señor
Marquínez.




El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Señor Presidente, esta proposición no de
ley que trae a la Cámara el Grupo Mixto se definía como ayuda al sector
pesquero que se ve afectado por paradas biológicas. Siendo el espíritu
coincidente con el del Grupo Popular y del propio Gobierno, hemos
redactado una propuesta transaccional que dice: Instar al Gobierno, en
orden al apoyo al sector pesquero, a demandar de la Unión Europea el
arbitrio de ayudas económicas para las flotas españolas obligadas a
detener su actividad como consecuencia de todas las paradas biológicas,
con especial atención a la flota que faena en aguas de jurisdicción
marroquí y ello en el sentido de la mejor preservación de los recursos
pesqueros.

Señor Presidente, tiene el sentido de cumplimentar el fondo de la
proposición no de ley del Grupo Mixto y darle la forma para que sea
posible, puesto que en el ánimo del Gobierno está conseguirlo y depende
de la Unión Europea, habida cuenta de que el Reglamento 3699 no permite
el arbitrio de ayudas a empresas salvo en paradas de fuerza mayor. Por
tanto, con esto se cumplimenta la voluntad de todos los grupos y nos
felicitaremos todos si somos capaces de aprobarla en ese sentido.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Ya que no pido minutos para
casi nada, quiero aceptar esta transacción, también en el espíritu de
avanzar en la solución de este importante problema. Esperamos la
obtención



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de resultados con cierta rapidez y que no sea una proposición más de las
que se aprueben y sobre la cual no se vuelve a saber nada en mucho
tiempo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco.




El señor BLANCO LOPEZ: Voy a ser muy breve porque en el debate no se
suscitó este tema, como usted sabe, porque no estaba el portavoz del
Grupo Popular. Queremos decir que suscribimos la enmienda transaccional
que se ha acordado y que en nuestra intervención ya apelábamos a la
necesidad de llegar a este acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.




El señor MADERO JARABO: Intervengo sólo para decirle al señor Blanco que
el portavoz del Grupo Popular sí que estaba, pero que no intervino.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Proposición que en el orden del día figura con el número 9, relativa a
los problemas ocasionados por la presa de Marmolejo.

A esta proposición se presentó una enmienda, que ha sido aceptada, y, por
tanto, la sometemos a votación.




El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, habíamos pedido votación
separada de los cuatro puntos.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el punto primero de la
proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultados: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro grupo solicitaría
la repetición de la votación de la proposición no de ley número 5 porque
creemos que se ha contado mal.




El señor PRESIDENTE: Vamos a acabar con esta proposición no de ley y,
posteriormente, procederemos a tomar una decisión sobre la proposición
número 5.

Votamos el punto segundo de esta proposición número 9.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a votar el punto tercero de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a votar el punto número 4 de la proposición no de ley



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. Por tanto, queda rechazada en su
conjunto la proposición no de ley.

Me comunica la asesoría jurídica de esta Comisión que no se puede someter
a votación ninguna proposición no de ley que haya sido votada
anteriormente. Por tanto, no procede la votación solicitada. (Rumores.)



La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, solicitamos un nuevo
recuento de los votos porque pensamos que no se ha votado debidamente.

(Varios señores Diputados: ¡El recuento, el recuento!--Rumores.)



La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, no ha entrado ni ha salido ningún
Diputado ni Diputada, y se está solicitando el recuento, no la votación,
porque a nosotros nos consta que los votos afirmativos son 19 y no 18,
por la presencia de Diputados que en la exposición de la proposición no
de ley han expuesto su intención de votar a favor de la misma.




El señor PRESIDENTE: Señoría, me comunican que se puede recontar, pero no
es una votación nueva. (Rumores.)



La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, es lo que hemos pedido, un
nuevo recuento. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Señor Madero, tiene la palabra.




El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, pido que se cumpla
taxativamente el Reglamento, y lo pido en nombre de mi grupo, y que me
explique alguien cómo se puede recontar sin hacer votación nueva. La
puerta está abierta y hay Diputados y Diputadas que entran y salen, y
cada Diputado es muy libre de votar o de no votar. Sobre todo, vuelvo a
la cuestión inicial que ha planteado antes: cómo se puede hacer un
recuento sin volver a votar. No veo posibilidad. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, tiene la palabra.




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La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, durante el período de
votación se supone que nadie debe entrar ni salir de la sede de la
Comisión. Por otra parte, cada grupo parlamentario sabe con qué Diputados
y Diputadas cuenta. Si sabemos qué grupo se ha pronunciado a favor de la
proposición no de ley, señor Presidente, podremos saber exactamente cómo
queda esta proposición. Por eso solicitamos un nuevo recuento.




El señor PRESIDENTE: Señorías, la interpretación del Letrado de esta
Comisión es que no se puede repetir ninguna votación. (Rumores.)
Por tanto, no repetiremos ninguna votación.

Levantamos la sesión.




La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, por parte del Grupo Socialista
estamos 13 Diputados que han votado a favor. (Rumores.) Estábamos 13
Diputados. No ha entrado ningún Diputado después.




El señor PRESIDENTE: Señoría, yo apelo a la cortesía parlamentaria.

(Rumores.) Reconozco...




La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, ...




El señor PRESIDENTE: Usted sabe que en el momento de producirse la
votación las puertas están abiertas y entran y salen los señores
Diputados...




La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, los únicos que se están yendo de
la sala para evitar que haya en este momento un recuento son los
Diputados del Grupo Popular. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a terminar la sesión. Les rogaría
que se acercasen...




La señora LEIVA DIEZ: Pues haremos una propuesta, elevaremos...




El señor PRESIDENTE: Señoría, le he retirado la palabra. Le rogaría que
respetase la palabra del señor Presidente. Si quieren, les repito el
número de votos por grupos para que ustedes hagan, si quieren...




La señora LEIVA DIEZ: Repítanoslo, por favor. (Un señor Diputado: Por
grupos.)



El señor PRESIDENTE: Son 18 votos a favor: 13 del Grupo Socialista, uno
del Grupo Mixto, cuatro de Izquierda Unida. (El señor Blanco López: El
PNV ha votado a favor.)



La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, el PNV ha votado a favor.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, estoy en el uso de la palabra. Yo les
rogaría, por favor, que tomasen asiento. El recuento... (La señora
Aguirre Uribe: El PNV ha votado a favor.--Rumores.)



La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, la Diputada del PNV...




El señor PRESIDENTE: Yo les rogaría que se sentasen y les vamos a
explicar los votos tal y como los tenemos computados y contabilizados.

Señorías, les rogaría, por favor, que tomasen asiento.

Siendo importante la votación, es relativa. Probablemente, y en función
de lo que comunica el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hubiese
podido producirse un empate. No obstante, por el voto ponderado, esta
proposición no saldría adelante al ser negativa. Yo les rogaría que si en
base a esta votación hay alguna reclamación, que la presenten a los
servicios jurídicos de la Cámara, que será estudiada.

Por tanto, levantamos la sesión. Por favor, los señores portavoces que se
acerquen a la mesa.




Eran las dos y diez minutos de la tarde.