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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 159, de 27/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 159
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 12
celebrada el jueves, 27 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre creación de un plan de relanzamiento de la actividad económica y
de recuperación de zonas degradadas y contaminadas en la zona conocida
como «margen izquierda» en el País Vasco. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000250) (Página 4304)
Comparecencia del señor Presidente de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, S. A., ENRESA (Colino Martínez), para informar sobre la
política general de la citada Empresa. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000419) (Página 4308)
Comparecencia del señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado
(AIE) (Prada Gayoso), para informar sobre:
--El estado de las empresas integrantes de dicha Agencia, así como de los
informes y decisiones adoptadas en relación al proceso de privatización
de algunas de esas empresas. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000424) (Página 4320)
--Los criterios del Gobierno en el proceso de privatización de la
Siderurgia Industrial, S. A., así como de las gestiones realizadas hasta
el momento. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 212/000491)
(Página 4320)
--El Plan de Privatizaciones del Sector Público Empresarial, también
llamado Programa de Modernización del sector Público Empresarial del
Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000067)
(Página 4320)
--Sus declaraciones relativas al cierre de determinadas fábricas de la
Empresa Nacional Santa Bárbara y sobre las políticas de reestructuración
y diversificación. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000059) (Página 4320)
--Las declaraciones del 16-7-96 del Presidente de la Empresa Nacional
Santa Bárbara, sobre el cierre de determinadas fábricas de la empresa,
sobre sus políticas respecto del plan de reestructuración de la empresa y
la política de diversificación. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000060) (Página 4320)
--La política a desarrollar en la Empresa Nacional Santa Bárbara, así
como el posible cierre en centros afectados por la misma. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000065) (Página 4320)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICION NO DE LEY:
--SOBRE CREACION DE UN PLAN DE RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y
DE RECUPERACION DE ZONAS DEGRADADAS Y CONTAMINADAS EN LA ZONA CONOCIDA
COMO «MARGEN IZQUIERDA» EN EL PAIS VASCO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000250.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Buenas tardes, señorías,
vamos a dar comienzo a la sesión.
Quiero comunicar a todas SS. SS. que ha habido alguna modificación en el
orden del día, pues han sido retirados los puntos números 8, 10, 11 y 12.
En conversación con los diversos portavoces se ha llegado al acuerdo de
que, en primer lugar, se discutirá la única proposición no de ley; en
segundo lugar, comparecerá el presidente de Enresa y, después, el
presidente de la Agencia Industrial del Estado.
Si todas SS. SS. están de acuerdo, comenzamos con el primer punto del
orden del día: proposición no de ley sobre creación de un plan de
relanzamiento de la actividad económica y de recuperación de zonas
degradadas y contaminadas en la zona conocida como margen izquierda en el
País Vasco.
Tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor Presidente, la proposición que tenemos el
gusto de presentar a la consideración de la Comisión hace referencia a
una comarca situada en la provincia de Vizcaya, en la desembocadura del
Nervión, una comarca que tiene una serie de características que la
distinguen del resto del territorio, todas ellas negativas en base a la
incidencia continua y dura que ha tenido sobre este territorio la
reconversión industrial, fruto de una cultura de un monocultivo
productivo basado principalmente en la industria siderometalúrgica, en
las transformaciones metálicas, que han sido dos de los sectores
productivos industriales más castigados por las reconversiones.
Esto le ha supuesto a la comarca una pérdida de tejido productivo
importantísimo, que la renta per capita haya bajado a niveles muy
inferiores a los que son la media de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y ha situado los niveles de desempleo en un 32 por ciento,
incidiendo de forma dispar, sobre todo en jóvenes menores de 25 años, en
un 64 por ciento, y en mujeres, en un 47 por ciento. Estamos hablando de
una comarca que, junto con otras limítrofes de la misma margen del
Nervión, suponen una población de unos 400.000 habitantes, para que
tengamos una visión de la incidencia y de la magnitud del problema que
estamos analizando, características que derivan de esta situación de paro
y que suponen una crisis social importantísima. Se han aplicado planes de
lucha contra la pobreza, que han visto triplicados los demandantes de
esos fondos en muy breve espacio de tiempo. Nos encontramos en un
territorio que ha tenido un deterioro urbanístico y
medioambiental importantísimo, fruto de la disposición a las necesidades
de la industria, que en un momento fue de gran demanda de mano de obra,
aumentando las densidades de población, en un espacio reducido, a límites
realmente desorbitados, y a una contaminación medioambiental. Básicamente
es el esquema en el que nos encontramos.
El mantenimiento en el tiempo de esta situación está provocando una
tensión en la comarca que, de alguna forma, ha causado la alarma entre
los representantes institucionales que pertenecen a este territorio. Por
todo ello, nosotros presentamos a esta Comisión esta proposición no de
ley que supone adoptar medidas socioeconómicas para la puesta en marcha
de un plan de reindustrialización y de recuperación de zonas degradadas y
contaminadas, con el fin de generar las expectativas suficientes para
promover y apoyar un relanzamiento económico que origine la creación de
puestos de trabajo tan necesarios en la zona y que, al tiempo, sirven
para disminuir la situación de pobreza y marginación manifiesta.
Lo que estamos implícitamente reconociendo en esta afirmación es que hace
falta un plan multisectorial y que debemos de circunscribir nuestro
acuerdo única y exclusivamente a lo que supone el plan de
reindustrialización. El compromiso que de esta Cámara salga debe apoyar e
impulsar la aplicación de un plan que logre recuperar la pujanza
industrial de ese territorio; cultura industrial que aún permanece y que
es necesario rentabilizar socialmente.
El plan que se proponga debe tener determinadas características. Tiene
que ser, sobre todo, un plan de futuro, que contemple la estabilidad de
las inversiones que se vayan a incluir en el territorio; tiene que ser
consensuado. Tenemos que superar ya el nivel de estrategias anteriores,
es decir, que cada administración proponía un plan para revitalizar la
zona y de alguna forma no posibilitaba que el resto de las instituciones
pudiesen participar en el desarrollo de esos planes; tenemos que superar
el nivel de las propuestas voluntaristas de distintas administraciones
para posibilitar la unión de la fuerzas de todas las administraciones,
para conseguir un solo plan que dé visión y expectativas de futuro a esta
comarca.
Por eso, al final del año 1996 nosotros registramos esta proposición no
de ley. En el mes de enero, culminando en febrero, ha habido una
importante modificación dentro del panorama político y económico en la
margen izquierda, y es que las cuatro instituciones que tienen
competencias sobre ese territorio --ayuntamientos, Diputación, Gobierno
vasco y Gobierno central-- han llegado a un acuerdo para --leo
literalmente-- revitalizar industrialmente las márgenes del Nervión. Se
trata de un acuerdo que viene a satisfacer una de las demandas
fundamentales que este grupo quería hacer llegar a la Cámara. Por otra
parte, mediante una serie de acuerdos y de consensos queremos introducir
algún elemento corrector que enriquezca el documento y que, manteniendo
básicamente su línea argumental, posibilite en la mayor medida la
aportación de otros grupos, una de las características que, en nuestra
opinión, debía reunir el plan que se aprobase para esta comarca. Repito
que se trata de un plan abierto al consenso y a la participación tanto de
las representaciones sociales como de las representaciones empresariales.
En definitiva, un plan de todos para que la margen izquierda del Nervión,
las márgenes de la ría, puedan volver a ser ese elemento pujante,
dinamizador, que iguale sus estándares a la media del territorio y que
deje de figurar en las referencias más negativas en cuanto a marginación,
a necesidades sociales, a necesidades de infraestructuras y a necesidades
de tejido industrial.
El señor VICEPRESIDENTE: Ha sido presentada una enmienda por el Grupo
Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Nuestro grupo tan sólo quiere afirmar las palabras
del portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que, efectivamente, la
comarca conocida como la margen izquierda del Nervión fue una zona de
España especialmente caracterizada por su pujanza industrial.
Desgraciadamente, los acontecimientos de la última década, tanto de
índole social y político como empresarial, nos trajeron una realidad no
demasiado positiva: pabellones industriales abandonados, tasas de
desempleo en unos niveles alarmantes, cierto pesimismo entre la población
de la zona afectada respecto a que parecería ya imposible una
recuperación de esa zona y una vuelta a estar en la cabeza de las
posibilidades industriales de nuestro país.
En sintonía con la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, el Gobierno
central actual puso en marcha una serie de actuaciones tendentes a buscar
la colaboración, la coordinación de las diferentes administraciones
públicas implicadas para hacer posible un nuevo clima de entendimiento
que permitiera sentar las bases para la recuperación industrial de esa
zona geográfica de nuestro país. Como decía el representante de Izquierda
Unida, ese esfuerzo tuvo su fruto por la generosidad y por la conciencia
clara de todas las administraciones implicadas (tanto los ayuntamientos
de las márgenes del Nervión, la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno
vasco y el propio Gobierno central) de la gravedad del problema y de la
necesidad de empezar a ofrecer soluciones para esta comarca tan
degradada. Como consecuencia de esa conciencia se produjo un acuerdo de
gran calado, tanto político como estrictamente de naturaleza industrial.
Este acuerdo, de fecha 17 de febrero de 1997, que lleva por título:
Acuerdo interinstitucional entre la Administración general del Estado, la
Administración general del País Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y
los municipios de la margen del Nervión para la revitalización industrial
de la margen del Nervión, supone, desde nuestro punto de vista, un hito
de lo que se puede hacer desde el consenso y la colaboración, no sólo
entre las administraciones implicadas sino entre los partidos políticos
que apoyan esas administraciones. Porque, señorías, este acuerdo no sólo
se produjo entre estas instituciones que citamos, sino que vino avalado
por un previo acuerdo entre el PNV, Partido Socialista y Partido Popular
del País Vasco, que, como se reconoció públicamente, facilitó el acuerdo
entre las diferentes administraciones. Es una buena noticia que, hoy,
otra formación política con influencia en esa comarca española y vasca,
como es Izquierda Unida, participe y realice una aportación a este
proceso de consenso y de coordinación como es la iniciativa que hoy
debatimos. Entendiendo que es importante ese clima de generosidad de los
partidos políticos y de estar a la altura de las circunstancias ante los
ciudadanos, para que, por encima de discrepancias ideológicas, podamos
ponernos de acuerdo en cuestiones que pueden resolverse atendiendo
simplemente a criterios de sensatez y de lealtad política recíproca, nos
congratulamos de que hoy podamos ofrecer al conjunto de la sociedad
vizcaína, vasca y también española, la posibilidad de alcanzar acuerdos
muy positivos para los ciudadanos. En este sentido, ya adelantamos que
hemos avanzado con los otros grupos en la modificación de la enmienda que
presentaba nuestro grupo parlamentario de sustitución de la iniciativa de
Izquierda Unida y que ahora, previa su aceptación por el grupo
proponente, sería modificada en el punto tercero. Sin perjuicio de que
luego facilitemos a la Mesa el texto literal de la enmienda
transaccional, el mencionado punto tendría la siguiente redacción: 3.º)
Insta al Gobierno a: a) Presentar las primeras propuestas de actuación en
la comisión de seguimiento prevista en el artículo 9.º del convenio en un
plazo máximo de seis meses, a fin de contribuir a la agilidad del
proceso. b) Favorecer la implicación, el compromiso y la participación de
los agentes económicos y sociales en las actuaciones que se deriven del
referido plan de revitalización, a fin de generar un marco de
corresponsabilidad entre las administraciones públicas y la sociedad
civil que facilite la mejor consecución de los objetivos fijados, sin
perjuicio de la facultad decisoria, que corresponde en todo caso a las
autoridades competentes. c) Informar a la Comisión de Industria, Energía
y Turismo, al menos con periodicidad anual, sobre el desarrollo de las
actuaciones previstas en el referido acuerdo.
Aceptada esta modificación de la enmienda que presentaba nuestro grupo,
nosotros votaríamos favorablemente la iniciativa de Izquierda Unida.
Para terminar, señorías, nos gustaría resaltar algo que consideramos
trascendental: si se cumple este compromiso previo de votar
favorablemente esta iniciativa que hoy se presenta a la Comisión, esto no
sería un simple acuerdo de intenciones, sino que tiene objetivos muy
concretos. Quiero resaltar el objetivo principal del acuerdo
interinstitucional, que, en su apartado primero, establece que es:
realizar las actuaciones que tiendan a equiparar las tasas de desempleo
de la zona a la media de la Comunidad Autónoma del País Vasco al
finalizar el tiempo de vigencia de las actuaciones públicas previstas en
dicho acuerdo, que será al final del año 2000. Es decir, señorías,que el
objetivo básico de este acuerdo es crear empleo, equiparar las tasas de
desempleo de la zona, que eran alarmantes --en el caso de los jóvenes
incluso llegaba al 50 por ciento de la población--, a la media de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y para ello hay compromisos muy
concretos, tanto por parte de la Administración central, como es la
declaración de zona prioritaria de reestructuración y de
reindustrialización esta margen del Nervión; como por parte del Gobierno
vasco, que se compromete a declarar prioritarios y estratégicos los
proyectos industriales de la zona; como por parte de la Diputación Foral
de Vizcaya, que también establece un compromiso de ejecución de
infraestructuras, de facilitar suelo y pabellones industriales, así como
un tratamiento fiscal y de ayudas a la promoción que pueda incentivar los
proyectos industriales; como por parte de la Agencia para el Desarrollo,
que aglutina a municipios de la margen izquierda en cuanto a la
colaboración administrativa para poner en el mercado suelo industrial
urbanizado a precios competitivos e incrementar el presupuesto público
destinado a la promoción industrial.
Esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida; un magnífico
punto de partida, que ha sido posible gracias al esfuerzo de consenso, de
colaboración de las instituciones implicadas y de los grupos políticos
que hoy van a prestar su apoyo a esta iniciativa en la Comisión de
Industria.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Redondo.
El señor REDONDO TERREROS: Empezaré diciendo que nuestro grupo va a
apoyar la iniciativa de Izquierda Unida y la enmienda transaccional entre
Izquierda Unida y el Partido Popular, como no podía ser de otra forma,
entre otros motivos porque los debates de este tipo son buenos para la
margen izquierda y es bueno tenerlos aquí.
Permítame, señor Presidente, que haga una reflexión que abarca la margen
izquierda, pero también al País Vasco. En el País Vasco vivimos dos
realidades distintas: una, dramática, que hiere al País Vasco y al resto
de España, presidida por la intolerancia, el fanatismo y la violencia
terrorista, que, como digo, perjudica al País Vasco en primer lugar, pero
también al resto de España; y, otra, bien distinta, de consensos, de
acuerdos, de coalición, de posiciones intermedias entre partidos que
piensan de forma diferente, y la mejor muestra de todo esto es el acuerdo
político que firmamos don Leopoldo Barrera, por parte del Partido
Popular; don Javier Atutxa, por el Partido Nacionalista Vasco, y quien le
habla por parte del Partido Socialista de Euskadi; un manifiesto para
impulsar la revitalización de la zona; un acuerdo de carácter político,
general e integral, como el representante de Izquierda Unida, señor
Navas, reconocía que era necesario, y que dio el primer paso, un paso
inmediato --a los dos días--, con un acuerdo interinstitucional que
firmaron el Ministro de Industria, señor Piqué; el Consejero de
Industria, señor Retegui; el Diputado General de Vizcaya, señor Vergara,
y el alcalde de Baracaldo, Carlos Pera, en nombre de todos los alcaldes
de la margen izquierda y zona minera. Me parece que ésa es una realidad
del País Vasco que no trasciende los límites de nuestras fronteras, una
realidad del País Vasco distinta, enriquecedora, de acuerdo y coalición,
como le comentaba.
Para la margen izquierda era necesario un acuerdo de este tipo, y era
necesario porque hoy existía la posibilidad de trabajar con el Gobierno
de la nación a través del Ministerio de Industria y de otros responsables
del propio Gobierno. Tengo que decirles que mi impresión es que lo que
hablamos sobre la margen izquierda puede ser perfectamente aplicable a la
zona minera --que creo que también está incluida en esta iniciativa por
el grupo proponente-- y a otros pueblos de la margen derecha, como
Erandio, que, por desgracia, tiene las mismas características de los de
la margen izquierda, y a pueblos ubicados en el alto Nervión, como
Basauri.
Tengo que decir también que ese plan integral, el plan al que hacía
mención el señor Navas y que compartía el señor Peón, necesariamente
tiene que contar con vectores industriales --ése es el acuerdo que firmó
el Ministro
Piqué--, pero, además de esos elementos de carácter industrial que tienen
que planear clarísimamente sobre ese plan, tenemos que tomar medidas de
carácter ambiental, que son necesarias e imprescindibles para la zona y
tenemos que hacer un gran esfuerzo en cuanto a infraestructuras. He de
decir que los alcaldes de la margen izquierda tuvieron una reunión con el
Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado, reunión que fue propicia porque
solucionó uno de los problemas más importantes de la zona, el túnel de
Serantes, por el cual saldrán todas las cargas del puerto autónomo;
puerto autónomo que, por otra parte, se convierte en el motor fundamental
de progreso de la margen izquierda, zona minera y pueblos de la otra
margen. En ese sentido, me parece que es necesario contemplar estas
medidas, como todas las de carácter social que hacen referencia al
panorama descrito por el señor Navas, que es muy preocupante para todos
nosotros. Esa zona, como decía Unamuno, fue el corazón palpitante del
poderío industrial de Vizcaya y, en gran medida, de todo el Estado
español y, en ese sentido, tenemos la vocación, la voluntad, el interés y
la intención de recuperar para Vizcaya, para el País Vasco y para España
el protagonismo económico e industrial de esa zona, que es una zona
estratégicamente bien ubicada, con el puerto y con magníficas
infraestructuras alrededor.
Complementando el panorama descrito por mis compañeros del Partido
Popular y de Izquierda Unida sobre la situación de la margen izquierda,
quería dar algunas pinceladas, que me parecen absolutamente importantes
para que no tengamos una visión resignada y negativa de una zona que está
preparada para el futuro. Hace pocas semanas, el Rey inauguró la Acería
Compacta, que es un proyecto de futuro para la margen izquierda, un
proyecto de futuro para Vizcaya, un proyecto que entronca con la
tradición metalúrgica de la zona y que, sinceramente, pienso que pone a
la zona en un alto valor para las posibles instalaciones futuras. Por
otro lado, y refiriéndome a temas como el del paro, al que hacían
referencia los señores Peón y Navas, que es muy grave, tengo que decir
que lo que antes --justo hace doce años-- producían 7.000, 8.000 ó 10.000
trabajadores en Altos Hornos, en esa Acería Compacta, lo mismo y la misma
calidad, lo producirán 300 trabajadores. Esto repercute muy claramente en
la sociedad de la margen izquierda, sin que suponga un empobrecimiento de
la misma. Es un proyecto que viene de atrás, apoyado por todas las
instituciones: por la Comunidad Autónoma vasca, por la Diputación Foral,
por instituciones privadas y también por el Gobierno de la nación,
presidido por don Felipe González.
En segundo lugar, es evidente que el puerto autónomo de Bilbao se
convierte en una pieza fundamental para el futuro de la zona, como ya lo
fue antes. La ampliación de ese puerto autónomo, que culminará en los
próximos años, es un elemento clave y tiene que quedar claro que está
consolidado para el futuro. Se inició hace muchos años con la
colaboración de todas las instituciones.
Planes como el Urban, con una inversión justamente en el Ayuntamiento de
Baracaldo, de 3.200 millones de pesetas de la Unión Europea, de la
Comunidad Autónoma vasca, de la Diputación Foral y del Gobierno de la
nación, pondrán a Baracaldo, con el resto de los pueblos de la margen
izquierda (Santurce, Portugalete y Sestao) mirando otra vez a la ría
después de un siglo. Esa zona, caracterizada por los elementos que han
comentado mis compañeros, tenía otra característica y es haber vivido
durante más de un siglo de espaldas a la ría del Nervión. Con el plan
Urban recobraremos la ría para la convivencia armónica de los habitantes
de esta zona. Me parece muy importante complementar estas matizaciones a
lo que han dicho mis compañeros al describir la zona.
También será importante la segunda línea del metro, que dará contenido a
la primera, y que es voluntad de las instituciones vascas: de la
Diputación Foral de Vizcaya, de la comunidad autónoma y de los
ayuntamientos de la margen izquierda. Me parece interesante remarcar la
importancia de la comunicación de la zona, entre la zona y de la zona con
Bilbao.
Por otro lado, no quisiera olvidar dos elementos que me parecen
fundamentales para el futuro de la zona: el proyecto Gastenet con la
Unión Europea que introduce tanto a educadores como a educados, a
enseñantes y alumnos y a medianos empresarios y autónomos en las
autopistas de la información, algo que es imprescindible para el futuro,
concretamente para aquella zona; y la operación de la Diputación Foral de
Vizcaya y el Gobierno vasco con la Unión Europea que denominados Cedemi,
que es un nicho de empresas de alta tecnología que será muy importante
para el futuro, lo cual nos lleva a decir que esa zona ha sufrido mucho y
los primeros que hemos sufrido somos los que hemos vivido allí, como ha
descrito bien el señor Navas. Pero esa zona está dispuesta a enfrentarse
al futuro con unas condiciones óptimas, fundamentalmente por todo lo que
he dicho, y remarcaría una vez más lo que he dicho al principio de mi
intervención: la voluntad de acuerdo interinstitucional, la voluntad de
acuerdo de la nación hoy, la voluntad de acuerdo de la Comunidad Autónoma
vasca, la voluntad de acuerdo de la Diputación Foral y de los alcaldes,
algo que tiene que estar abierto necesariamente, como remarcaba el señor
Navas, a otros partidos políticos. Hay que tener en cuenta que,
fundamentalmente por la existencia de gobiernos de coalición, lo que he
comentado que es una operación hecha por el Partido Nacionalista Vasco y
por el Partido Socialista de Euskadi con el complemento fundamental y
trascendente del Gobierno de la nación en este caso, tiene que estar
abierto a otros partidos como Izquierda Unida. Necesariamente también
tiene que estar abierto a la colaboración de los sindicatos y de los
empresarios de la zona. Esperamos que con todo esto se consiga el éxito.
Por eso nuestro partido ha firmado ese acuerdo con el Partido
Nacionalista Vasco y con el Partido Popular. Creo que la zona, aun
habiendo repercutido mucho en ella las necesarias e ineludibles
reconversiones de los años 80, está dispuesta a enfrentarse a todos los
retos del futuro.
El señor VICEPRESIDENTTE: Tiene la palabra el señor Navas, a los efectos
de decir si acepta o no la enmienda del Grupo Popular.
El señor NAVAS AMORES: Como he dicho en mi exposición, ha habido un
cambio sustancial desde la fecha en la que se registra nuestra
proposición no de ley hasta este momento, en cuyo intervalo surge el
acuerdo institucional al que hemos estado haciendo referencia. El propio
acuerdo ya contiene una de las condiciones que nosotros consideramos
fundamentales, que era la coordinación entre las distintas instituciones
como paso previo para seguir avanzando en el proceso de recuperación,
para consolidar y concretar un plan que sitúe a las márgenes del Nervión
como a la zona minera en esos niveles de desarrollo que actualmente no
tiene. Dos de los elementos de ese acuerdo que deberían ser mejorados
están incluidos en la enmienda transaccional que hemos alcanzado entre el
Partido Popular e Izquierda Unida para enriquecer aquellos aspectos
manifiestamente mejorables. Uno es el apartado que hace referencia al
plazo máximo que no limita porque puede realizarse el plan de
recuperación de las márgenes del Nervión en plazos inferiores a seis
meses. Es un plazo de referencia para decir a la sociedad que con lo que
pretendemos hacer no se pierde el tiempo, que tiene una concreción.
El otro elemento que consideramos fundamental y que se incluye en la
enmienda transaccional es el compromiso de los firmantes de la
posibilidad de la colaboración, coordinación, seguimiento y evaluación
del plan que se va a aplicar en la zona de los agentes sociales y
económicos, elementos fundamentales que van más allá de la mera consulta
esporádica. Como dice la normativa europea, cuando se trata de gestionar
planes de rehabilitación de comarcas con declive industrial tienen que
ser elementos fundamentales en la composición de los órganos de gestión,
de evaluación y de impulso.
Por todo ello, estamos satisfechos de que la enmienda transaccional
incorpore esos elementos que considerábamos deficitarios en el acuerdo al
que hacemos referencia. Aceptamos la enmienda del Partido Popular más la
transaccional, con lo que Izquierda Unida se incorporaría al acuerdo
interinstitucional para la recuperación y revitalización de la margen del
Nervión.
El señor VICEPRESIDENTE: Si he entendido bien, queda aceptada la enmienda
transaccional. Por consiguiente, señorías, vamos a pasar a votar la
proposición no de ley con la enmienda del Grupo Popular, de tal forma que
los apartados números uno y dos quedarían igual en su literalidad y al
apartado número tres se le incorporaría la enmienda introducida por el
Grupo Popular, leída por el señor Peón y que todas SS. SS. tienen. Son
los tres apartados que engloba el punto número tres.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Sólo deseo expresar, si se me permite, el
apoyo del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto, de la señora
Lasagabaster, del Grupo de Eusko Alkartasuna, a la que represento en este
momento, a la proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS
RADIACTIVOS, S. A. (ENRESA) (COLINO MARTINEZ), PARA INFORMAR SOBRE LA
POLITICA GENERAL DE LA CITADA EMPRESA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000419.)
El señor VICEPRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día es la
comparecencia del Presidente de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, S. A. (Enresa), para informar sobre la política general de
la citada empresa.
Quiero agradecer al señor Colino el esfuerzo que ha hecho por venir,
sobre todo dada la premura con que se ha convocado esta Comisión, y le
doy la bienvenida a la misma.
Tiene la palabra el señor Colino.
El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A.
(Colino Martínez): Es para mí una satisfacción poder comparecer en esta
Comisión de Industria del Congreso, por lo que he aceptado muy gustoso la
invitación que se me ha formulado, máxime cuando, según tengo entendido,
hace ya algún tiempo desde la última comparecencia. Agradezco también que
se me dé la oportunidad de comparecer ante SS. SS. al poco tiempo de mi
nombramiento para este cargo. En todo caso, resulta evidente que Enresa,
creada al amparo de una resolución del Congreso, es la empresa que con
más motivo debe dar cuenta periódica de sus actividades ante esta Cámara.
Como SS. SS. sin duda ya conocen, Enresa es la empresa responsable en
España de la gestión de los residuos radiactivos señalados por todo tipo
de instalaciones
(energéticas, médicas, industriales y de investigación) que utilizan
isótopos radiactivos. Da capital cien por cien público, su creación
obedece a una decisión parlamentaria que con fecha 28 de junio de 1984
instaba en dicho sentido al Gobierno en las resoluciones aprobadas por el
Congreso de los Diputados con motivo del Plan Energético Nacional de
1983. Con fecha 4 de julio de 1984 el Gobierno aprueba el Real Decreto
1522/1984, de constitución de Enresa, detallándose en el artículo 2.º de
dicha norma los cometidos de la empresa que, como ustedes saben, son los
de tratar y acondicionar los residuos radiactivos; buscar emplazamientos;
concebir, construir y operar los centros para almacenamiento temporal y
definitivo; gestionar las operaciones derivadas de las cláusulas
nucleares y radiactivas; establecer sistemas para la recogida,
transferencia y transporte de los residuos radiactivos: actuar en caso de
emergencias nucleares como apoyo a los servicios de protección civil en
la forma y circunstancias que se requieren; acondicionar de forma
definitiva y segura los estériles originados en la minería y fabricación
de concentrados cuando se requiera; asegurar la gestión a largo plazo de
toda instalación que sirva como almacenamiento de residuos; efectuar los
estudios técnicos y económico-financieros necesarios que tengan en cuenta
los costes diferidos derivados de la gestión de los residuos radiactivos
al objeto de establecer la política económica adecuada y, por último,
cualquier otra actividad necesaria para el desempeño de su objeto social.
Asimismo, en el artículo 4.º de dicho real decreto se establece la
obligación de Enresa de elaborar anualmente una memoria que incluya las
actuaciones del ejercicio y un plan general de residuos radiactivos
(PGRR), que contemple todas las actuaciones técnicas, operacionales, de
investigación y financieras para desarrollar a largo plazo la actividad
que la empresa tiene encomendada. Dicho plan general de residuos
radiactivos cobra virtualidad sólo después de ser aprobado por el
Gobierno y trasladado a las Cortes Generales, hecho que ha tenido lugar
en cuatro ocasiones. Se trata, por tanto, de una planificación deslizante
que año a año replantea y actualiza las estrategias, los medios y la
financiación en un horizonte temporal de largo plazo.
Así pues, la gestión de residuos radiactivos en España se guía por los
sucesivos planes generales de residuos que la Administración va aprobando
de acuerdo con el real decreto de constitución de Enresa. Actualmente el
Gobierno está valorando la propuesta realizada por la propia empresa y,
en función de los cambios habidos en el entorno, proceder a la definición
de un nuevo plan de residuos radiactivos, que, como ya se ha dicho, sería
el quinto desde la constitución de Enresa en 1985. Sin embargo, antes de
plantear las líneas en torno a las cuales estimo se debe abordar en el
futuro la gestión de los residuos radiactivos, considero conveniente
hacer explícito en qué punto nos encontramos y cómo la situación actual
en el campo de la gestión de residuos radiactivos nos permite acometer
las futuras actividades con orden y desde unas posiciones sólidas.
Enresa, que, como SS. SS. conocen de sobra, era empresa pública creada a
instancias del Parlamento para gestionar los residuos radiactivos, ha ido
acumulando en el curso de estos últimos años capacidad técnica y de
gestión dotándose de los recursos precisos. Algunos de los avances más
significativos conseguidos en estos años son los siguientes:
establecimiento de un sistema de gestión para los residuos de baja y
media actividad y vida corta, que incluye su recogida, transporte,
acondicionamiento, caracterización y verificación de la calidad. Enresa
se hace cargo de todos los residuos de baja y media actividad que se
generan en España, no sólo los correspondientes a centrales nucleares,
que suponen un volumen del 95 por ciento del total de los residuos de
baja y media actividad, sino también de los procedentes de centros
médicos industriales y de investigación, con los que Enresa ha firmado
acuerdos específicos .
Como SS. SS. conocen, se dispone de un centro único de almacenamiento de
residuos de baja y media actividad, en El Cabril, sierra Albarrana,
provincia de Córdoba, que garantiza la seguridad absoluta mediante un
sistema de barreras múltiples que sitúa a nuestro país a la cabeza de las
experiencias internacionales en este campo. Actualmente, de un total de
28 grandes celdas de las que dispone este centro se encuentran llenas y
selladas cuatro, con un total de 1.600 contenedores de hormigón
almacenados en su interior, lo que viene a representar un total de 35.000
bultos. Existe además un total de 11.300 bultos en los almacenamientos
temporales que existen en la instalación.
Antes de seguir adelante, quisiera efectuar brevemente tres comentarios
al hilo de lo expuesto sobre tres cuestiones que considero muy
importantes a la hora de centrar la temática de los residuos radiactivos.
Lo primero es puntualizar que ciertamente el problema de los residuos
radiactivos es de una enorme dimensión medioambiental, pero no por su
volumen, que en el ámbito de la Unión Europea representan sólo un uno por
ciento del total de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en
dicha Unión Europea. En segundo lugar, las estimaciones de residuos de
baja y media actividad total a gestionar en España en el horizonte de la
vida de las centrales nucleares, que hasta ahora se cifraba en 200.000
metros cúbicos, evolucionan sensiblemente a la baja en función de los
programas de minimización, cuyos resultados están siendo muy
satisfactorios. El tercer comentario que quiero hacer es en relación a la
sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de
junio pasado. Se trata, en primer lugar, de una sentencia que se refiere
a las instalaciones existentes en El Cabril en 1989, año en el que sólo
se contaba con los módulos del almacenamiento provisional y todavía no
estaba construida la actual instalación autorizada por la orden
ministerial de 1992. En ningún momento se pone en cuestión la seguridad
intrínseca de El Cabril, cuestión esta que nadie discute y que el Consejo
de Seguridad Nuclear ha destacado reiteradamente en sus informes
semestrales al Parlamento. La abogacía del Estado y el Ministerio de
Industria y Energía discrepan de la sentencia, que se basa en una
cuestión de exégesis jurídica un tanto complicada y que en ese momento
habrá de exponer en detalle.
En consecuencia, se han interpuesto los recursos pertinentes, en concreto
los de no ejecución de la sentencia y el contencioso-administrativo ante
el Tribunal Supremo. El Gobierno considera que en estos momentos El
Cabril goza de las autorizaciones necesarias que permiten su normal
funcionamiento, razón por la cual ha renovado el permiso de explotación
provisional de las instalaciones, mediante orden de 8 de octubre de 1996,
por un período de cinco años.
Por lo que se refiere a los residuos radiactivos de alta actividad, nos
encontramos con que se han puesto en marcha soluciones válidas para
aumentar la capacidad de almacenamiento temporal. En primer lugar, hay
que citar el cambio de bastidores llevado a cabo en las piscinas de las
centrales nucleares y tras esta operación la fecha de saturación se ha
alargado notablemente variando en las centrales entre el 2014 y el 2021.
Solamente existe un cuello de botella en la central de Trillo y por ello
la empresa propietaria ha solicitado los permisos para construir un
edificio en el emplazamiento de esta central para albergar su combustible
gastado a partir del año 2003.
En segundo lugar, quiero citar un importante desarrollo tecnológico
realizado por Enresa que permite el almacenamiento en seco del
combustible gastado, solución necesaria una vez que se haya llegado a la
saturación de las piscinas de las centrales nucleares. Se dispone ya de
un contenedor exclusivamente de almacenamiento fabricado en España que
está licenciado en Estados Unidos y susceptible de ser licenciado en
nuestro país, caso de requerirse su utilización. Se ha culminado con
éxito el desarrollo de un contenedor de doble propósito: almacenamiento y
transporte, diseñado por Enresa, Equipos Nucleares, y la empresa
norteamericana NAC, Nuclear Assurance Company. Este contenedor denominado
STC, que servirá para todos los reactores de agua a presión de tecnología
americana, ya está licenciado en Estados Unidos por el Consejo de
Seguridad Nuclear americano y se espera su próxima autorización por parte
del Ministerio de Industria y Energía. Asimismo, se dispone de un
contenedor similar diseñado específicamente para Trillo, adaptación del
anterior, denominado DPT (doble propósito Trillo), también pendiente de
autorización por el Ministerio de Industria y Energía. El fin de estos
contenedores evidentemente es permitir el almacenamiento en seco del
combustible gastado.
Otras actividades que se han desarrollado hasta la fecha, y que sólo me
limitaré a citar, son las siguientes. Mejora del conocimiento de nuestra
geología con vistas a la obtención de los datos básicos, necesarios para
el estudio y seguridad del almacenamiento geológico profundo de residuos
de alta actividad y larga vida. Realización de diseños conceptuales de
instalaciones de superficie y subterráneas en relación con el
almacenamiento definitivo de alta, que servirá de referencia para fines
posteriores y como orientación de los trabajos de investigación en esta
área. Seguimiento, con interés creciente, de desarrollo de nuevas
metodologías y opciones para gestión final de los residuos de alta.
Desarrollo de actividades de desmantelamiento de aquellas grandes
instalaciones que han llegado al final de su vida útil; ya se completaron
las operaciones correspondientes al desmantelamiento de la antigua
fábrica de uranio de Andújar, FUA, y se ha elaborado el plan de
desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós I, sólo pendiente de
la declaración de impacto ambiental y del permiso del Ministerio de
Industria y Energía.
Es muy importante reseñar también las actividades de investigación y
desarrollo llevadas a cabo por Enresa hasta la fecha, que se estructuran
en sucesivos planes de gran envergadura, estando en ejecución actualmente
el tercer plan de I+D, que incluye desde 1995 hasta 1999, con actividades
y programas que se articulan en los planes de los organismos y países con
objetivos similares.
Por lo que se refiere a las líneas de futuro y dado que actualmente se
está preparando un nuevo plan general de residuos, sólo les puedo indicar
algunas ideas y circunstancias que obligan a la reevaluación de las
actividades de Enresa.
En residuos de baja y media actividad, como ya he citado, los programas
de minimización nos obligarán a reconsiderar a la baja la estimación de
residuos generados. En residuos de alta, hay que diferenciar claramente
entre almacenamiento transitorio y el tratamiento a largo plazo de los
residuos de alta. En principio y con el actual nivel de tecnología,
parece que unos residuos, cuya vida se puede alargar entre 20.000 y
100.000 años, pueden encontrar una solución definitiva en un
almacenamiento geológico profundo, AGP, que garantice su máximo
aislamiento respecto a la biosfera y su mínima manipulación por el
hombre. Ahora bien, la solución de almacenamiento geológico profundo
necesita ser investigada, puesta a punto y contrastada a nivel
internacional y, lo que es más importante, los avances tecnológicos
pueden ofrecer nuevas soluciones que maticen o modulen las
características de un almacenamiento geológico profundo que, vuelvo a
insistir, hoy parece necesario a largo plazo.
He citado que, como solución provisional, se encuentra el almacenamiento
en piscinas y centrales nucleares. Ahora bien, el almacenamiento
intermedio en centrales es una solución transitoria que no puede ir más
allá de la vida útil de aquéllas. Por ello, contemplamos la necesidad de
un almacenamiento temporal centralizado, ATC, solución disponible gracias
a la tecnología de almacenamiento en piscinas, a los últimos desarrollos
de contenedores de almacenamiento y transporte, así como a las
tecnologías de contenedores y bóvedas de hormigón. Nuestro objetivo es
disponer de un ATC en superficie, estimándose actualmente su fecha de
disposición a la segunda década del próximo siglo, en función de las
hipótesis que actualmente manejamos y de un período de vida útil de
cuarenta años para las centrales nucleares. El ATC, almacenamiento
temporal centralizado, es una solución rigurosa que no encierra ningún
problema de concepto al estar basado en tecnologías ciertas, fiables y
verificadas.
Son criterios de racionalidad los que aconsejan proceder a la liberación
de los diversos emplazamientos nucleares y a la concentración ordenada de
los residuos en otro que satisfaga los requerimientos de idoneidad y
aceptabilidad. Internacionalmente, las autoridades reguladoras imponen
una restricción coherente con las necesidades técnicas
de seguridad y de protección radiológica de que las tareas principales de
desmantelamiento de una central nuclear, actividad cuyo inicio suele
situarse entre cuatro y ocho años después de su parada, no se pueden
realizar hasta que el combustible gastado haya sido retirado de la
piscina de almacenamiento de la central. Este almacenamiento permite la
centralización temporal del combustible nuclear gastado, simplificando
notablemente la logística y la seguridad con la consiguiente disminución
de los costes de operación.
Al ser un almacenamiento temporal en superficie, el ATC sólo requiere una
actividad normal de caracterización del emplazamiento, en absoluto
comparable a la de un almacenamiento geológico profundo, si bien se
considera que su designación precisaría del necesario diálogo social y de
la oportuna normativa para llegar a un consenso entre el Gobierno, el
Parlamento, las administraciones autonómicas y locales, organizaciones
interesadas y público en general. En todo caso, debe quedar claro que la
localización del ATC es totalmente independiente de la hipotética
ubicación de un AGP, dado que el plan de búsqueda de emplazamientos no se
aplica a una instalación de almacenamiento intermedio en superficie.
Por tanto, el ATC permite que las líneas de investigación, de cara a la
gestión final de combustible gastado se haga no por presión de los plazos
de saturación y desmantelamiento, sino cuando se haya completado todo
nuestro ambicioso programa de investigación y desarrollo que, por su
magnitud y características, debe ser desarrollado equilibradamente, de
acuerdo con los plazos y prioridades marcados y sólo después de haberse
llevado a cabo las pruebas necesarias en laboratorios in situ que
aseguren la viabilidad de esta solución. Hay que señalar también que
ritmo y etapas de este complejo esfuerzo de investigación y desarrollo se
realizan a nivel internacional y que la interdependencia tecnológica
entre países es muy alta, por lo que al final ningún país podrá
destacarse ni desentenderse de lo que hagan los demás.
Por lo que respecta al tratamiento a largo plazo de los residuos de alta
actividad, que es sin duda el aspecto más problemático de la gestión de
residuos, hay que señalar que, como ya he apuntado, dado el estado actual
de la técnica, la línea de trabajo que hasta la fecha se ha tenido más en
cuenta a nivel internacional es la del almacenamiento geológico profundo,
por lo que se viene desarrollando todo un conjunto de estudios y
proyectos encaminados a garantizar que una instalación de este tipo
cumpla con todos los requerimientos exigibles de estabilidad geológica y
baja permeabilidad, a fin de servir de barrera natural de protección de
la biosfera. Sin embargo, gracias a las soluciones industriales para la
gestión intermedia del combustible gastado y a la disposición de un ATC,
cuestiones a las que me acabo de referir, no existe premura de tiempo,
por lo que en estas circunstancias parece oportuno no comprometer ahora
soluciones de almacenamiento definitivo ni en modalidades ni en
calendario, puesto que la aparición y contrastación de tecnologías
emergentes pueden obligar a redefinir a medio plazo estas mismas
soluciones. Ello justifica que la actividad futura de Enresa en el campo
de los residuos de alta actividad se centre en el plan de I+D,
contemplándose las nuevas tecnologías de partición y transmutación, sin
abandonar la investigación asociada al confinamiento geológico, a fin de
asegurar el conocimiento cabal de los procesos y parámetros que
intervienen en dicho confinamiento y de la seguridad a largo plazo de los
almacenamientos.
En todo caso, tanto la necesidad de un ATC, que se plantea ya a medio
plazo con fechas concretas, como la de un futuro AGP y, en general, de
toda la gestión de residuos de alta actividad representan una cuestión de
Estado que exige fórmulas de consenso político y social que hagan viable
la adopción de soluciones específicas. En concreto, ya el IV plan general
de residuos radiactivos, todavía vigente, esboza la necesidad de un
proceso de --cito textualmente-- establecimiento, por un lado, del cauce
normativo que incluya aspectos procedimentales y ayudas socioeconómicas a
las zonas de ubicación, mediante la elaboración de un proyecto de ley que
incluya el procedimiento para la designación del emplazamiento de las
instalaciones de almacenamiento, que incluirá las formas de
participación, la decisión final de las instituciones del Estado,
organizaciones interesadas y público en general y las ayudas
socieconómicas a la zona de ubicación de las instalaciones. En este mismo
sentido, SS. SS. conocen perfectamente que, en el seno de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo del Senado, se ha creado una ponencia
especial para el estudio de la problemática generada por los residuos de
alta actividad, cuyos trabajos, según reza la moción aprobada, se
dirigirán a la presentación de propuestas orientadas a la solución de tal
problemática, así como de los instrumentos legales necesarios para
posibilitar la misma. No oculto a SS. SS. que la experiencia francesa, la
ley Bataille es una fuente de inspiración indudable a la hora de acometer
este proceso, pues permite avanzar por el camino de los llamados
laboratorios, experimentación in situ, dejando para más tarde la decisión
final respecto a la opción técnica escogida y la selección de los
emplazamientos.
En el capítulo financiero, tengo que incidir, aunque seguramente sea éste
un aspecto ya conocido por esta Comisión, en el modelo escogido para la
financiación de Enresa, consistente en un plan financiero basado en un
desfase temporal entre gastos e ingresos, de manera que los costes de las
actividades derivadas de la gestión de los residuos radiactivos sean
asumidos por los agentes generadores de dichos residuos y, en concreto,
que las compañías eléctricas dediquen un porcentaje de la recaudación de
la tarifa precisamente durante el período productivo de las centrales
nucleares.
Evidentemente, este sistema produce un desajuste estructural entre
ingresos y gastos, dando origen a lo que se ha venido a denominar, como
muy bien conocen SS. SS., el fondo para la financiación de la segunda
parte del ciclo del combustible nuclear, que viene regulado por la
disposición adicional séptima de la Losen y por el Real Decreto 404/1996,
de primero de marzo. Esta normativa establece que este fondo, que hoy
alcanza los 200.000 millones de pesetas, tiene el carácter de provisión y
sólo podrá ser invertido
en gastos, trabajos, proyectos y movilizaciones derivados de actuaciones
previstas en el plan general de residuos radiactivos aprobado por el
Gobierno. Asimismo, el Real Decreto 404/1996, que desarrolla la Losen, en
base a una experiencia acumulada de diez años, establece los criterios y
procedimientos relativos a la constitución, gestión y aplicación del
fondo, los valores activos y créditos en los que se puede materializar
dicho fondo, así como la supervisión y el control, que se atribuyen a un
comité de seguimiento y control.
El porcentaje de la recaudación global de la tarifa eléctrica que se
transfiere a Enresa ha ido decreciendo año tras año. Empezó con el 1,4
por ciento y hoy es el 0,8 por ciento, de acuerdo con el último Real
Decreto 2657/1996, por el que se establece la tarifa eléctrica para el
año 1997. Con cargo a esta recaudación, se atienden tres conceptos: los
gastos e inversiones que se derivan de los presupuestos de Enresa, en
cumplimiento del plan general de residuos radiactivos; las compensaciones
a ayuntamientos afectados por las instalaciones de almacenamiento de
residuos, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente orden del
Ministerio de Industria y Energía, y el fondo para la financiación de la
segunda parte del ciclo del combustible nuclear.
Finalmente, paso a exponerles sucintamente la situación actual de
Vandellós I. Sus señorías conocen que Enresa es también la empresa
encargada de llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares
españolas cuando éstas hayan cesado su período de actividad. Actualmente,
la única central parada en España es la de Vandellós I, como consecuencia
de un incendio en el edificio de turbinas el 19 de octubre de 1989. Este
incendio produjo importantes daños, por lo que la central quedó
inmediatamente fuera de servicio, en situación de parada, quedando
suspendido con posterioridad y con carácter definitivo el permiso de
explotación. Una resolución ministerial requirió a Enresa la elaboración
del plan de desmantelamiento y clausura, para ser sometido a aprobación.
Cuando dicho plan sea aprobado por el Ministerio de Industria y Energía,
previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, se facultará a
Enresa para asumir la condición de explotador responsable, a los efectos
previstos por la legislación nuclear vigente, para llevar a cabo los
trabajos de desmantelamiento.
Enresa presentó al Ministerio de Industria y Energía, en el mes de junio
de 1991, un documento analizando las alternativas al desmantelamiento
para la clausura de dicha central, así como la propuesta de alternativa
más viable. Las tres opciones analizadas son las siguientes:
mantenimiento indefinido de la central en la situación de parada
definitiva; desmantelamiento, en una primera fase, de los elementos,
estructuras y componentes convencionales y activos de la instalación,
excluidos el cajón de reactor y sus internos, así como aquellos elementos
útiles para su protección y futuro desmantelamiento (el desmantelamiento
total sería efectuado después un período de espera --latencia--, a
determinar, y llevaría aparejado una liberación total del emplazamiento);
y la tercera opción analizada era el desmantelamiento total inmediato de
la instalación, dejando el emplazamiento en condiciones radiológicas
tales que pudiera ser liberado sin ningún tipo de restricción. El informe
evaluaba las distintas alternativas a la luz de factores tecnológicos de
política de gestión de residuos y económicos, proponiendo la alternativa
número 2.
El Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable del
Consejo de Seguridad Nuclear, resolvió aceptar, el 27 de noviembre de
1992, la alternativa de desmantelamiento y clausura propuesta por Enresa.
Paralelamente, se requería a Enresa la presentación del plan de
desmantelamiento y clausura, para su aprobación oficial, en el máximo de
dieciocho meses a partir de la fecha de la resolución. La opción aceptada
por el Ministerio de Industria y Energía consiste en que, una vez
evacuado el combustible gastado y acondicionados los residuos reactivos
de la operación se procederá al desmantelamiento de las estructuras y
componentes externos al cajón de reactor, el cual quedará sin
desmantelar, confinado el reactor, sin combustible nuclear, hasta que
haya transcurrido el período de espera. El cajón, con el reactor y sus
internos, se aislará convenientemente, procediendo al cierre y sellado de
las diferentes conexiones con el exterior. La actividad residual en él
contenida quedará confinada y aislada e irá decreciendo con el tiempo. En
cuanto al emplazamiento, se mantendrá bajo vigilancia, tanto en la fase
de ejecución del desmantelamiento como en la fase de latencia, si bien,
en este período, la vigilancia se limitará a la zona controlada. El resto
del emplazamiento, aproximadamente un 80 por ciento del actual, se prevé
que pueda ser utilizado sin ninguna restricción. Una vez transcurrido el
período de latencia --para el que se considera una duración de 25 a 30
años--, se abordará el desmantelamiento total de las instalaciones
remanentes, que llevará aparejada la liberación total del emplazamiento.
En cumplimiento de estos requisitos, Enresa presentó, el 27 de mayo de
1994, el plan de desmantelamiento de la central (PDC) de Vandellós I,
cuya evaluación está a punto de ultimarse por parte del Consejo de
Seguridad Nuclear. En paralelo, se ha presentado la declaración de
impacto ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, encontrándose
actualmente en fase de información pública. El plan de desmantelamiento y
clausura propuesto por Enresa contiene toda la documentación requerida
por el Gobierno para su evaluación, aprobación y ejecución del proyecto,
bajo la titularidad de Enresa.
Actualmente, está finalizada la fase de ingeniería de detalle
--especificaciones y procedimientos-- para la contratación de las obras,
estando a la espera de los correspondientes permisos y licencias. Para el
inicio de las mismas, es necesario que el título de explotador
responsable de la institución sea transferido a Enresa, para lo que se
requiere que Enresa reciba la aprobación del plan de desmantelamiento y
clausura por parte de la autoridad competente, y que Hifrensa --la actual
propietaria-- complete las actuaciones requeridas en la resolución de
1990. En estas condiciones, se entiende que el cambio de titularidad de
la instalación y el consecuente comienzo de las obras pueden iniciarse en
el primer semestre de este año 1997.
Quiero agradecer a SS. SS. la paciencia escuchando mi exposición, la
oportunidad que supone mi primera comparecencia en esta Comisión para
conocerles y ponerme a su disposición para cualquier cuestión que ahora o
en el futuro se plantee. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha
solicitado la comparecencia, tiene la palabra el señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Señor presidente de Enresa, bienvenido y suerte en
este cometido que la vida le ha dado. Es usted Presidente de una empresa
pública, nombrado por el Partido Popular --espero que con más acierto que
el nombramiento del director general de Televisión Española, señor
López-Amor (Rumores.), y deseo decirle, con cariño, que le deseo que siga
siendo presidente de una empresa pública durante mucho tiempo, porque
podría ocurrir que, como el señor Rato se entere de que usted tiene una
libreta de ahorros con 170.000 millones de pesetas, pueda tener la
tentación de privatizar también Enresa. (Rumores.)
Dicho eso, señor Presidente de Enresa, quiero decirle que hoy es un día
curioso, porque coincide que usted viene a esta Comisión por primera vez,
para explicarnos las líneas y los objetivos de Enresa de cara al futuro.
El discurso podría haberlo leído también el señor Alejandro Pina --se lo
digo con cariño, señor Presidente--, porque realmente no hay ni una sola
modificación. Por otra parte, no lo digo en sentido agrio ni de crítica,
sino porque ésta es una política que ha sido consensuada y concertada por
todos los grupos políticos. Hoy, como decía, es un día curioso porque
como muy bien sabe el señor Presidente, se está cambiando la tapa de la
vasija del reactor de la central nuclear José Cabrera, de Zorita, en la
provincia de Guadalajara, que ha tenido un despliegue informativo
importante. Yo deseo que la operación haya salido bien. Usted sabe
también que en estos días ha habido alguna anticipación por parte del
director general de las centrales nucleares, en el sentido de que el
fondo de la vasija del reactor --esta Comisión de Industria en la
ponencia insistió muchísimo en que cuando se cambiase la tapa de la
vasija se analizase a fondo--, al parecer, no presenta problemas que
impidan que el Consejo de Seguridad Nuclear pueda dar el visto bueno para
que Zorita se pueda conectar a la red, aunque todos sabemos, señor
Presidente, que la central de Zorita es muy vieja, yo no sé si por
aquello de ser de la generación del 68, a la que muchos pertenecemos. A
mí me gustaría que no tuviera problemas. Pero le digo esto porque me
parece que ya es hora de que vayamos viendo si el cese de Santa María de
Garoña y de Zorita iba a producir una distorsión insufrible e inasumible
para el conjunto del sistema eléctrico nacional. Y digo que también es un
día curioso porque esta mañana --cuando yo madrugaba, en Guadalajara--
escuchaba una conexión, nada menos que del otro lado del Atlántico, con
unos periodistas españoles que estaban visitando la instalación de Yucca
Mountain. Yo les he visto muy entusiasmados con aquel proyecto, pero no
sé si realmente tienen toda la información. Parece que hay problemas con
la toba volcánica; parece que tiene menos problemas de tipo financiero,
hasta tal punto que el Congreso de los Estados Unidos, según decía el
Financial Times hace 20 días escasos, había reducido notablemente el
presupuesto para ese proyecto; incluso, como usted sabe, su empresa
homónima en Estados Unidos anda en algunos que otros pleitos con las
centrales nucleares, porque no va a poder cumplir los plazos, y esas
centrales nucleares no van a poder llevar los residuos a esa instalación
que sería una AGP de facto.
Ha habido algunas otras curiosidades hoy, pero no voy a detenerme en
ellas. He tenido oportunidad de ver en televisión un reportaje prolongado
para un tema como éste, de ocho o diez minutos, en los momentos de máxima
audiencia hoy, donde les he visto demasiado seguros de la incertidumbre
que usted planteaba como Presidente y que creo que es la acertada. En
esto, señor Presidente de Enresa, igual que cuando salen los toros por el
chiquero, hay que dejar que den un par de vueltas al ruedo para ver por
dónde derrotan. Digo esto porque les he visto muy entusiasmados hablando
de que ahora el almacenamiento profundo estaba resuelto y que todo iba
viento en popa. No digo que lo haya dicho usted, sino que curiosamente ha
coincidido.
Voy a hacer algún comentario respecto a su intervención. Quiero
manifestarle con toda claridad cuál es la posición del Grupo Socialista,
que no es otra que la posición que mi grupo ha ido manteniendo a lo largo
de este tiempo respecto a ese asuntillo tan importante que usted decía de
los residuos nucleares, fundamentalmente de los residuos de alta, porque
yo comparto con usted que España tiene la mejor instalación o tan buena
como las otras dos o tres que hay en el mundo, ya que la instalación de
El Cabril es modélica y para cualquier persona que trabaje en el mundo de
Enresa o en este mundo nuclear creo que es justo reconocer el éxito que
hemos tenido en El Cabril, a pesar de que, cuando usted muy bien decía,
hay una sentencia, que no pone en duda la seguridad de la instalación,
sino algunas cuestiones respecto a la licencia concedida en su momento.
Querría empezar por decirle que todos los países nucleares --no sólo
nosotros-- tienen el mismo problema. El problema no es otro que todavía
no sabemos en estos momentos qué hacer con el combustible gastado de las
centrales nucleares y con esos residuos nucleares de alta actividad,
aunque estamos avanzando en ello. Ahora bien, reconocerá usted conmigo
que, si es cierto que tenemos el mismo problema que todos los países, no
es menos cierto que el nuestro es menor, porque nosotros tenemos nueve
reactores nucleares frente, por ejemplo, al gran potencial del parque
nuclear francés y, por tanto, también tenemos menos problema en cuanto a
las cantidades de residuos que ustedes como empresa pública deben
gestionar. A pesar de la ampliación de la vida de las centrales de 30 a
40 años, podríamos pasar de que Enresa deba gestionar en torno a 9.000
toneladas de residuos de alta al principio hasta unas 11.800 toneladas,
que parecen las previsiones una vez la vida de las centrales se prolongue
durante 40 años, suponiendo que ninguna cese su actividad, etcétera. Por
tanto, la primera cuestión es que éste es un problema
que tienen todos los países nucleares y que el nuestro es menor porque
tenemos menos centrales y, por tanto, también tenemos menos residuos.
Ninguno de los países nucleares ha aceptado de facto el acondicionamiento
definitivo subterráneo. Si quiere, hay una excepción, que es Suecia, pero
no creo que ésa sea la posición que tiene el Presidente de Enresa, cuando
sabe que precisamente en Suecia, después de un referéndum, se ha llegado
a un gran pacto social para hacer un almacén de residuos de alta, pero
eso conlleva el cese de la actividad de las centrales nucleares.
Hay otra cuestión que también me parece importante, y usted la ha
apuntado --y me parece que no me equivoco cuando digo que parece que en
el futuro puede que las cosas vayan por ahí--, y es que existen
soluciones tecnológicas en estos momentos que son aceptadas
internacionalmente y que permiten contemplar la solución definitiva de
los residuos nucleares con una tranquilidad que era impensable hace
quince, diez e incluso si me apura cinco años.
Por cierto, respecto al contenedor en seco es cierto --luego hablaremos
de Trillo-- que si ustedes y las tres empresas propietarias de la central
de Trillo saben que para el año 2002, una vez hechos todos los
ensanchamientos posibles, para entendernos, la piscina no tendrá mayor
capacidad, no parece lógico que en estos momentos ese tipo de contenedor,
tanto el licenciado ya en Estados Unidos como el contenedor casi
proyectado exclusivamente para Trillo, no esté licenciado por el
Ministerio de Industria. Si no estoy mal informado, el último adelanto
que ha habido, y es importante, ha sido el visto bueno del Consejo de
Seguridad Nuclear en vista a informar favorablemente al Ministerio de
Industria para el licenciamiento de este contenedor, pero creo que
deberían agilizar ya esos plazos, porque, insisto, o tiene resueltos sus
problemas en el 2003 o Trillo tendrá que desconectarse de la red.
Quiero decirle también, señor Presidente, que nosotros hemos dicho en
síntesis a lo largo de estos años: hay que estar al loro de todo. ¿Y eso
qué significa en residuos nucleares? Pues que hay que jugar con todas las
hipótesis de futuro para que, cuando España tenga que tomar la decisión
de almacenar definitivamente los residuos nucleares tenga todas las
variables e hipótesis estudiadas, pero no solamente una. Efectivamente,
ha habido un tiempo, en esto de los mundos nucleares, en que el almacén
geológico profundo era lo que iba a misa, no se hablaba de otra cosa.
Ahora, también le recuerdo, señor Presidente, que el AGP tampoco es un
dogma, porque, por ejemplo, en algún momento la Europa civilizada creyó
que era un dogma seguro para los residuos nucleares echarlos a las fosas
atlánticas, y todos recordamos aquellos cargueros depositando bidones en
el mar y todos estamos absolutamente de acuerdo en que parecía que
aquello era lo más recomendable. Eso produciría en estos momentos gran
escándalo en cualquier ciudadano, más allá de su militancia o no en un
movimiento ecologista.
Luego hay otra cuestión que no es menor, y es que durante estos años se
ha mareado mucho la perdiz del AGP, y yo no digo que no haya habido que
marearla; si es una hipótesis, nosotros debemos tener conocimiento y
tecnología suficientes para, cuando España tenga que tomar la decisión,
poderla tomar si ésa fuesa la solución, pero no partir de que ésa es la
solución, porque en torno a esto también hay un gran negocio. Usted sabe
que si sumáramos las pesetas que cada país ha puesto en esto del AGP, o
bien en minas de sal, en granitos o en tobas volcánicas, nos
encontraríamos con la bonita cantidad de 20.000 millones de dólares
americanos, que es lo que hasta ahora se ha metido en el asunto este del
AGP. Yo estoy de acuerdo con usted en que necesitamos un ATC, pero
utilizando las tecnologías que en este momento tenemos. Si tenemos un
contenedor de doble uso, por tanto de almacenamiento y transporte, habrá
que ir trabajando desde Enresa para que esa solución, sobre el año 2013
aproximadamente, pueda estar a disposición de los residuos que se han
producido en este país.
Creo que debemos confiar cada vez más --ya voy terminando, señor
Presidente-- en las nuevas tecnologías, usted ha hablado de alguna de
ellas, y me parece que por ahí podrían ir las cosas, pero sobre todo
porque, dada esa planificación deslizante que S. S. decía hablando de
Enresa --es cierto que las cosas van avanzando y que hemos pasado de
tirar bidones a la transmutación, imagínese el cambio que hay en esa
filosofía--, yo creo que nosotros podemos esperar y ver, no debemos hacer
demasiadas declaraciones de que éste es ya el año definitivo para los
residuos nucleares, porque seguramente no va a ser así, y es que además
no tenemos necesidad de que sea así, porque tenemos los contenedores
para, con toda seguridad, mantener nuestros residuos. No hay certeza, por
tanto, en los AGP, no hay prisa y, desde luego, hay soluciones
transitorias demostradas ya eficaces, y con esto no quiero decir que no
sigamos avanzando dentro de los grupos políticos en una propuesta de ley
para lo que son los almacenamientos en general o la ley de
almacenamientos de residuos, en lo cual se puede trabajar perfectamente
sin tener que definir previamente para dónde vamos, porque creo que
además nos equivocaríamos. Por tanto, podemos aplazar la fecha, la del
2020 yo creo que ya es una broma, se puede ir al 2020, al 2040, al 2060 o
al 2080, porque SS. SS. deben saber que los contenedores licenciados en
Estados Unidos, que son los mismos que va a haber aquí, están licenciados
para cincuenta años prorrogables por otros cincuenta años. Por tanto, no
entusiasmemos demasiaado a la opinión pública, porque a lo mejor se nos
echa encima, y vayamos a abordar con seriedad este asunto.
Creo que debemos seguir trabajando en el ATC y, sobre todo, no tener
prisa. Señor Presidente, desde que usted ocupa el cargo no le he
criticado nada; excepto cuando he leído algunas notas de la Agencia Efe,
porque yo veía que usted actuaba demasiado rápido en el tema de los
almacenes y aunque en su intervención se ha deslizado un poquito, sé que
no lo ha hecho por desconocimiento; desde luego no creo, en absoluto, que
usted tenga presiones corporativas y no seré yo quien nunca diga que aquí
lo que existe es el gran negocio de las constructoras, pero tienen SS.
SS. que saber que en torno al almacén geológico profundo se podrían mover
--porque nadie lo sabe-- aproximadamente
tres, cuatro o cinco billones de pesetas; por tanto, es un bocado muy
suculento.
Voy a terminar, señor Presidente, exponiendo dos cuestiones puntuales. Me
consta que Enresa ha cumplido con lo que era su obligación, que consistía
en presentar el plan general de residuos al Gobierno y lo hizo en el mes
de junio. Señor Presidente, yo quiero llamarle a la diligencia, porque
tiene que saber que el IV plan que yo tengo aquí es de 1994. Por tanto,
si hemos dicho que hay que introducir muchas cosas, no sólo desde este
punto de vista, sino desde el punto económico, tecnológico y social,
sería bueno que desde Enresa no sólo se presente dicho plan, y nada más,
sino que se urja al Gobierno para que ese plan de residuos se traiga al
Parlamento para poderlo discutir con rapidez.
Ahora sí, termino ya. Me va a perdonar, señor Presidente, que me refiera
a una cosa de mi pueblo, se trata del almacén de Trillo. (Risas.) No es
una cuestión menor, porque Trillo es una central que produce 1.064
megavatios, es una central muy potente, que tiene un problema a cortísimo
plazo y es que esos contenedores, una vez que los licencie el Ministerio,
puedan ser utilizados para depositar con seguridad, dentro de la central,
los residuos de alta de Trillo. Yo he oído decir --no a usted, aunque al
final usted es el responsable de la gesitón de todos los residuos de este
país-- que la empresa ya ha solicitado permisos, he leído en alguna parte
que ya tiene la licencia... Yo no digo que lo haya dicho usted, señor
Presidente de Enresa, no se equivoque. La primera vez que la propiedad de
Trillo presenta la petición de la licencia para construir el almacén, le
es denegada por el Ayuntamiento de Trillo, ayuntamiento, por cierto, del
Partido Popular.
Ahora el ayuntamiento no es del Partido Popular, pero sería muy
importante que en este asunto sepamos exactamente cuál es la posición del
Ministerio de Industria, de usted como Presidente, y si usted es
partidario o no de ese almacén. ¿Es partidario, sí o no, el Ministro de
Industria de ese almacén en Trillo? ¿El Partido Popular, en sus órganos
regionales y provinciales, es o no partidario de que en Trillo, con una
solución tecnológica adecuada, se instale o no un almacén? Queremos
saberlo, porque si no, señor Presidente, podemos estar creando entre
todos una gran bola para que al final tenga que ser el Consejo de
Ministros el que tenga que dar la licencia de obra.
Por tanto, señor Presidente, muchas gracias. Quiero reiterarle nuestra
voluntad de acuerdo, que tiene que ser compatible, como entenderá S. S.,
porque yo soy un Diputado de la oposición, y espero que usted tenga más
correa democrática que la que observé ayer en el Pleno del Congreso por
parte del Presidente del partido que a usted le ha nombrado, señor Aznar.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Voy a ser muy breve. El señor Presidente de
Enresa hizo referencia a los AGP, a los lugares de almacenamiento
geológico profundo para los residuos de alta actividad y dio dos
características fundamentales para su situación: la estabilidad geológica
del terreno y la baja permeabilidad.
Como quiera que hay globos sondas y filtraciones en la prensa, que no sé
quién las está lanzando, pero que ponen en alerta a muchos ayuntamientos,
por lo menos de Galicia, nos gustaría saber, en primer lugar, qué zonas
del Estado español están siendo objeto de estudio para la hipotética
situación de un almacenamiento geológico profundo. En segundo lugar,
quisiéramos saber si en el estudio sobre el almacenamiento futuro se
tiene en cuenta la información que dan los ayuntamientos o algún otro
tipo de institución local, además de la comunidad autónoma, respecto de
sus efectos sociales y económicos, o bien si la información se hace
exclusivamente con equipos que dependen de Enresa y del Ministerio de
Industria.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Colino, quiero saludarle en nombre de
nuestro grupo, Convergència i Unió, en su primera comparecencia en esta
Comisión. Aunque no soy titular precisamente, en temas de energía nuclear
y cuestiones directas de Enresa he tenido la responsabilidad de ocuparme
durante muchos años como representante de mi grupo y, por ello, son temas
que conozco. Anteriormente, junto con otro compañero, podía presumir de
ser el Diputado de la Cámara que vivía más cerca de una central nuclear.
Eso ya ha pasado a otro nivel, porque hay algún otro compañero que
también está tan cerca, al menos, como yo. Ya he expresado muchas veces
que teníamos la preocupación de vivir cerca de una central nuclear,
aunque no teníamos ningún problema social por tenerla allí mismo. Pero
esa central nuclear, Vandellós I, tuvo el conocido accidente y, como
puede comprender, nosotros nos ponemos a su disposición para llevar a
buen fin la función que tiene Enresa; pero respecto a los temas
particulares nos preocupa mucho la temática Vandellós. Por ello, he de
sumarme a la preocupación que el portavoz del Grupo Socialista mencionaba
respecto al licenciamiento de contenedores. Desde mi punto de vista y en
lo que yo conozco --que creo es bastante--, pienso que los contenedores
serán una solución semidefinitiva por mucho tiempo; por tanto, habría que
realizarlo rápidamente.
Respecto a Vandellós, me preocupa también que esté pendiente la
declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio
Ambiente y la decisión definitiva del desmantelamiento de lo que queda de
la central, que está totalmente parada. Llevamos mucho tiempo esperando
que Enresa entre en la zona; hace más de un año que se está esperando que
entre a hacerse cargo de todo Vandellós I y ahora usted nos dice que
esperan que esta operación se inicie en el primer semestre de 1997, y nos
dice que el segundo proyecto que ustedes habían presentado es el que se
va a llevar a cabo, y dentro de él encontramos una latencia entre 25 ó 30
años. Sin embargo, lo que más me preocupa de todo esto es que el primer
semestre termina a finales de junio, esto es, mañana. Por ello creo que
no debe
comprometerse al primer semestre de 1997, porque no lo van a poder
cumplir; ya no digo que sea Enresa; depende de otras muchas cosas; no
podrán cumplir este compromiso y siempre vamos cambiando los plazos. La
latencia de 25 ó 30 años está dentro del núcleo de Vandellós II. ¿Qué
pasará? Pues que 25 ó 30 años en estos temas es como mañana o pasado
mañana. Por tanto, nos preocupa que den fechas, que hagan promesas, que
ya está Enresa, que ya está el terreno, la gente, la información, el
contorno, etcétera, todo crea inquietud.
Yo le decía que, viviendo allí, estamos muy tranquilos; no hemos tenido
ninguna inquietud social fuerte de peligro, a pesar de que hubo el
accidente y en aquellos momentos, lógicamente, sí lo hubo. Los habitantes
de la zona sabemos dónde estamos, sabemos lo que hay allí; pero si
después vamos diciendo que empezamos, hacemos, no hacemos, y no se hace,
empieza a correr un gusanillo que va moviendo a la gente y si antes eran
diez los que estaban preocupados, ahora serán veinte. Le pediría que por
parte de Enresa, al menos en lo que corresponde a la empresa, se digan
las cosas claras. Hoy salgo con una inquietud por Enresa (no por tener
las centrales nucleares tan próximas, porque teníamos allí cuatro
centrales, la de Ascó la más lejana) en relación al primer semestre de
1997; si es así, por favor, confírmelo, porque entonces, campanas al
vuelo, pero verdaderamente no lo repitan, porque no creo que ustedes lo
puedan cumplir.
Perdóneme, señor Colino, porque tengo que ausentarme, ya que estoy
haciendo la suplencia a un compañero, pero en estos momentos tengo la
comparecencia del Presidente de otra compañía, de AENA, en la Comisión
que me corresponde directamente y tengo el tema de Barajas, que también
tengo que cumplir.
Le agradezco de antemano su respuesta, y lo que me diga lo leeré en el
correspondiente «Diario de Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso, a
quien ruego concisión, igual que a los restantes portavoces, porque tanto
el señor Colino como el señor Prada parece que tenía compromisos
anteriores, ya que, como he dicho antes, el orden del día se fijó con
mucha premura. Les ruego, a ser posible, la máxima concisión, que les
agradezco de antemano.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaré ser lo más breve posible.
En primer lugar, daré la bienvenida al Presidente de Enresa. En segundo
lugar, quiero hacer algunas pequeñas consideraciones y preguntas para que
en su momento, en todo caso, si no puede ser hoy, algunas de ellas puedan
ser contestadas más adelante.
Adelanto que nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es
partidario para nuestro país de una solución del tipo de la que se
alcanzó en Suecia, es decir, llegar en algún momento a un gran acuerdo de
cierre programado en el tiempo que, además, contemple todo este otro tipo
de aspectos de los que hemos estado hablando: qué hacer con los residuos
nucleares y cómo resolver este problema.
Compartimos lo que se ha dicho hasta ahora de que hay que esperar y que
en este momento no hay prisa para tomar una decisión definitiva sobre los
residuos, puesto que hay soluciones transitorias que permiten esa espera
y no anticiparse a otras soluciones, ya que quizá la tecnología pueda
colaborar al cabo de unos años en encontrar otras mejores.
De su intervención me han llamado la atención algunas cosas. Usted ha
citado que está en vigor el III plan de I+D, un plan que al menos este
Diputado no conoce, conocía el anterior, que terminaba en el año 1995,
pero creo que no ha sido remitido a esta Cámara; por tanto, pediríamos
que nos fuera remitido y que, en todo caso, al menos lo pudiéramos
discutir en algún momento en esta Comisión.
También hacemos un llamamiento a la agilidad en hacer el V plan, después
de este IV plan que continúa en vigor, puesto que usted ha anunciado que
está ya en tramitación ese V plan de residuos radiactivos que,
efectivamente, no tenía fecha de caducidad, pero parece obvio y necesario
establecer uno nuevo que fije cuáles son los objetivos y planteamientos
de Enresa.
Por tanto, insisto, también en el tema de almacenamiento de residuos
nuestra posición es que no hay prisa, que no se creen inquietudes cuando
todavía no hay consenso social sobre los almacenamientos profundos,
porque lo más que puede producir es preocupación en aquellas zonas en las
que se detecte que se está investigando o promoviendo el estudio
geológico correspondiente. Creo que esto es provocar inquietud
innecesariamente.
En todo caso, en cuanto a la solución de los contenedores en seco,
quisiéramos preguntar si tienen ya estudios o los están haciendo sobre el
sitio en el que puede estar ese almacén de contenedores en seco,
centralizado, del que usted hablaba.
En cuanto a Vandellós, que usted lo ha citado (y que en una comparecencia
posterior que había hoy, que ha sido retirada, se concretaba el tema
Vandellós I), sí nos interesan algunas cosas. Usted ha hablado de que
está en marcha el estudio de evaluación de impacto ambiental. Nos
preocupa también, como se ha dicho en la intervención de Convergència i
Unió, que todavía no se pueda tener este estudio y que no se pueda
responder a las preguntas elementales; es decir, cuáles van a ser las
etapas de desmantelamiento, si se mantiene la opción número 2 que usted
ha anunciado, cuál es el coste de ese desmantelamiento, dónde se va a
repercutir. También quisiéramos hacer una pregunta específica sobre las
dos barras de combustible que estaban o están en el silo. Qué solución se
ha tomado, si es que se ha tomado alguna, si se va a tomar, con qué
medios, cuándo se va a hacer la operación, qué riegos radiológicos
existen, cuál va a ser la metodología. En definitiva, cuál es la
situación de esas dos barras que se encontraban, insisto, o se encuentran
en el silo de Vandellós.
En cuanto al presupuesto de Enresa en general, dos consideraciones. Cómo
afecta al presupuesto de Enresa, primero, la bajada de tipos de interés
y, por tanto, la gestión de sus propios fondos, que puede producir,
lógicamente, unos rendimientos financieros inferiores a los que estaba
produciendo hasta ahora; segundo, si tiene alguna repercusión, en cambio,
precisamente la reducción de lo que nos
cargan en la factura de la luz, la reducción del 0,89 por ciento, y si
esa revisión va a afectar también a los fondos que reciben los municipios
del entorno de las centrales nucleares, puesto que la orden ministerial
de 1994, en su disposición adicional, ligaba de alguna manera la
evolución al mismo tiempo que la tarifa eléctrica. Por tanto, queremos
saber cómo van a resolver ustedes esto. Adelantamos que no somos
partidarios de reducir los fondos que los municipios del entorno de las
centrales tienen destinados en este momento para compensación de esta
situación.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Empezaré dando la bienvenida también, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, al señor Colino, Presidente de Enresa,
en su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y
Turismo y desearle los mayores éxitos.
También queremos mostrar nuestra satisfacción porque nos parece que es
una garantía el hecho de que el Gobierno haya designado a una persona del
propio sector energético, que tiene una dilatada experiencia en el mismo;
creemos que eso asegura desde el primer momento una gestión adecuada,
conociendo de verdad de lo que se trata, lo que también va a llevar a una
estabilidad de su gestión, de la que yo no dudo, a pesar de que se haya
demostrado aquí, por lo que nos ha comentado el portavoz socialista, que
el Grupo Parlamentario Socialista parece estar muy obsesionado con el
tema de las privatizaciones.
Desde luego, quiero también felicitarle por su exposición sobre la
política general de la empresa, que nos ha parecido absolutamente clara y
que ha dejado nítidas las líneas maestras de su actuación. Queremos
manifestarle en este momento también nuestra disposición a la
colaboración con Enresa; no en vano el propio Presidente en su exposición
ha dejado claro que la partida de nacimiento de esta empresa precisamente
se produce en el Parlamento y que es una encomienda que el Parlamento
hace para la gestión de residuos radiactivos a una empresa pública. El
contacto con el Parlamento, sin duda, es permanente a través de los
sistemas de control que el propio Parlamento se da, en esta Comisión, en
la ponencia, y también a través de la ponencia que según nuestras
noticias se ha creado en el Senado para hacer un seguimiento de estas
materias.
Sin duda, tendremos ocasión de debatir más concretamente cuando se
presente el V plan de gestión de residuos radiactivos sobre los temas que
puedan afectar a la empresa. Yo entiendo la indicación que hacía
anteriormente el Presidente de brevedad en la exposición, y por eso me
remitiré a ese momento para hablar más profundamente del tema, pero sí
tomamos nota ahora del objetivo fijado de disponer de un almacenamiento
temporal centralizado. Nos parece fundamental, porque eso nos permite
ganar tiempo, ver tranquilamente cómo evoluciona la tecnología, que ha
ido evolucionando y que se va presentando cada día más como un
instrumento adecuado para solventar el problema de los residuos de alta
actividad. Quizá ésa es la buena noticia, o al menos así le ha parecido
al Grupo Parlamentario Popular, que se deduce de las palabras del
Presidente de Enresa. La buena noticia es que se va ampliando el
horizonte para que podamos ver en el tiempo cómo va evolucionando la
tecnología. Cada día va cristalizando más la idea de que, probablemente,
la solución del almacenamiento profundo, la solución de los residuos de
alta, pueda terminar siendo una solución internacional, una solución
global en un mundo globalizado. En ese sentido, es un tema en el que hace
poco no podíamos ni siquiera pensar. Hoy día puede ser un dato que
podemos manejar --salvo que el Presidente diga otra cosa--, y es una
muestra quizá de que todo lo que suponga dar tiempo para ver cómo va
evolucionando el entorno es bueno en esta materia.
No obstante, quisiera brevemente hacerle algunas preguntas por saber la
posición del Presidente de Enresa sobre ciertos temas. El primero es
histórico en la posición del Grupo Parlamentario Popular cada vez que ha
intervenido el Presidente de Enresa. Ha sido una constante en todas
nuestras intervenciones la referencia al fondo de gestión de residuos.
Siempre mantuvimos la oportunidad de que una comisión de control
independiente garantizara la transparencia de la disposición de esos
fondos. La verdad es que tenemos que reconocer que, a pesar de que
intentamos una y otra vez argumentar de la mejor forma posible esta
aspiración nuestra, hasta marzo de 1993 no lo conseguimos. Lo que
quisiera saber es si ahora podemos tener alguna esperanza para la
tranquilidad de Enresa, para la tranquilidad del propio Parlamento y de
los ciudadanos, en cuanto a la gestión de los fondos de Enresa, va a
tener viabilidad y va a ser una posibilidad.
En cuanto al tema de la central de Trillo, quiero en este momento mostrar
la preocupación del Grupo Parlamentario Popular. Ya sabemos que hemos
alargado la fecha de saturación de las piscinas de almacenamiento de los
residuos de las centrales, pero también sabemos que la central de Trillo
es la que tiene el horizonte más próximo y la que antes puede presentar
el problema. Quisiéramos saber la posición del Presidente de Enresa sobre
este tema.
También quisiéramos que nos dijera cómo va la experiencia de la ponencia
en el Senado sobre la gestión de residuos radiactivos y su problemática.
Y nos parece en materia de gestión de residuos radiactivos que es
prudente, diría que hasta imprescindible, mirar un poco lo que pasa en
nuestro entorno y aprender de la experiencia, por aquello de que más vale
prevenir que curar. Preferiríamos prevenir a tener que vernos en la
tesitura de solucionar un problema. Por ello, nos gustaría saber cómo
explica el Presidente de Enresa la situación de los residuos de alta en
Estados Unidos y qué podíamos hacer para evitar que se repitiera esa
situación en la que, a lo mejor, a la hora de recoger residuos no hay
acuerdo y se produce un cuello de botella difícil. No quisiéramos vernos
en ese momento concreto. Por tanto, nos gustaría saber la posición del
Presidente de Enresa.
Queremos mostrar nuestro interés por el programa marco de investigación y
desarrollo. Nos parece que es una labor fundamental del desarrollo del IV
programa marco entre los objetivos y finalidades de Enresa. También
quisiéramos
saber, en cuanto al contenido de doble propósito, en qué momento concreto
está el licenciamiento por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.
Por otra parte, nos congratulamos de que en la exposición del Presidente
de Enresa no haya habido grandes noticias porque, sin ninguna duda, en
asuntos como éste la mejor noticia es que no haya noticia. Eso es lo que
deseamos en el desarrollo de la gestión del nuevo Presidente de Enresa.
El señor PRESIDENTE: Señor Colino, le agradecería que fuera lo más breve
posible. Ya he explicado los problemas que tenemos. Si en algún caso
fuera necesario que diera la contestación por escrito, no habría ningún
problema.
Tiene la palabra, señor Colino.
El señor PRESIDENTE DE ENRESA (Colino Martínez): Quisiera agradecer a SS.
SS. sus buenos deseos para mi nuevo puesto, y voy a intentar contestar
rápidamente a todas las preguntas sobre las que he podido tomar nota.
No ha habido grandes cambios en mi presentación respecto a la que hubiera
hecho mi predecesor, al que comunicaré la mención que han hecho, porque
estamos todavía basados en nuestro IV plan general de residuos
radiactivos, que fue aprobado por el anterior Gobierno socialista. Hemos
discutido ya con el Ministerio de Industria y Energía el V plan general
de residuos radiactivos. Se puede decir que hemos llegado a un acuerdo en
la parte técnica y que el plan, a nuestro nivel, como empresa técnica,
está terminado. Estamos esperando que el Ministerio de Industria y
Energía lo emita, lo eleve al Consejo de Ministros y el Consejo de
Ministros lo pase a SS. SS. para su información. En este plan sí habrá
alguna diferencia respecto al IV. Si ustedes me hacen el honor de
convocarme otra vez después de aprobado el V plan, veremos esas
diferencias.
El fondo en estos momentos (por la mención que han hecho al señor Rato,
se asustaría más) no son 170.000, son hoy 203.000 millones de pesetas. No
somos la empresa más rica del mundo. Lo que tenemos no son 203.000
millones de pesetas. El presupuesto de Enresa para realizar la actividad
que tiene encomendada es 1,5 billones. Hasta ahora en el centro de El
Cabril, aumentando las piscinas de las centrales, pagando las cuotas a
los municipios afectados, participando en grandes proyectos
internacionales con nuestros estudios, hemos gastado unos 240.000
millones. Tenemos un fondo de 203.000. Nuestras actividades, fijadas por
el Gobierno y aprobadas por la Cámara, representan 1,5 billones. Luego no
somos una empresa que tiene 203.000 millones de pesetas, sino una empresa
a la que le faltan 1,1 billón de pesetas para realizar sus actividades.
Podría, como técnico, entrar a discutir cosas sobre centrales nucleares,
pero aquí estoy como Presidente de Enresa. Por ello, no quiero comentar
nada de la tapa de la vasija de Zorita, ni si hay fisuras o no en el
fondo de la vasija. Voy contestando una a una a las preguntas, por eso a
veces no hay ilación entre dos frases.
Se ha mencionado el problema de la Yucca Mountain, que es el repositorio
--como dicen ellos-- del almacén definitivo, el AGP nuestro, el
almacenamiento geológico profundo de Estados Unidos. Ya han perforado
casi todo, han pasado de la puerta norte a la puerta sur, ya están casi
en los ocho kilómetros de perforación. Lo que es verdad es que Ocrwn-Doe,
la Enresa americana --ellos distinguen entre la parte civil y la parte
militar--, la parte civil, no ha cumplido sus compromisos. Tenía que
empezar el 31 de enero de 1998, o sea, el año que viene, a recoger y
almacenar el combustible gastado de las centrales nucleares americanas,
que son unas 111, pero ha avisado ya que no lo podrá cumplir. Ustedes han
mencionado el problema, pero no es nuestro caso. Por ahora, se pueden
almacenar los residuos de alta actividad. Muchas centrales americanas los
están almacenando en los contenedores de un uso o de doble uso. Se pueden
almacenar tanto en contenedores en seco como en instalaciones de piscina.
También quiero agradecer las menciones que han hecho a la excelencia de
nuestras instalaciones de El Cabril, con las que coincido plenamente y
coinciden también todos los países del mundo.
En cuanto a Suecia, que es un país que tiene muy organizado todo el
sistema de residuos radiactivos, no voy a mencionar lo que está pasando
con el cierre de las centrales. Lo que sí puedo decir es que en Suecia el
53 por ciento de la energía eléctrica se produce con centrales nucleares.
Son las centrales que producen el kilovatio-hora más barato del mundo.
Por ello, el país sueco tendrá un gran problema si quiere cerrar las
centrales nucleares. Es verdad que en los periódicos leemos que las van a
cerrar, pero lo que sí sabemos es que están alargando la vida a todas las
centrales nucleares suecas y que las están aumentando la potencia. Es
bastante contradictorio con lo que vemos en otros sitios. Esto me lo han
contado la semana pasada en Suecia.
Soluciones tecnológicas. En Enresa y en todas las enresas del mundo
seguimos opinando que por ahora la única solución que tenemos para los
residuos radiactivos de alta actividad son los almacenamientos geológicos
profundos. Es verdad que podemos llegar a los almacenamientos geológicos
profundos a través de almacenamientos temporales centralizados que pueden
durar 20, 25, 30 ó 35 años. No discutimos nunca si el ATC va a durar 30 ó
40 años.
En este momento, todas las agencias o empresas de residuos radiactivos
del mundo opinamos que, hoy, la solución es el AGP, lo que no quiere
decir que no estemos examinando, estudiando e invirtiendo grandes sumas
en analizar cualquier otra actividad, y aquí se han mencionado algunas:
la espalación de los neutrones, la partición y la transmutación, la
incineración de actínidos, amplificadores de energía, que está de moda
hoy o cualquier otra actividad. Todas las agencias de residuos
radiactivos del mundo analizamos toda clase de alternativas, pero, hoy en
día, si lo necesitáramos, sólo podríamos construir un AGT.
Sobre Trillo ha habido varias preguntas. En primer lugar, diré que el
almacenamiento temporal que se va a hacer en Trillo es sólo, sólo y sólo
para el combustible de Trillo, y ya saben SS. SS. por qué digo tres veces
sólo. Nadie ha pensado nunca que allí se pudiera almacenar algo que no
fuera de la central de Trillo. En Trillo tenemos licenciado
el contenedor, que es responsabilidad de Enresa. Está basado en un diseño
americano --de la NAC-- y, como digo, está licenciado por el Consejo de
Seguridad Nuclear, pero tiene que ser autorizado por el Ministerio y el
Ministerio no lo va a autorizar hasta que no se consiga (no nosotros,
sino la empresa propietaria de la central nuclear de Trillo, que es el
conjunto de las empresas eléctricas españolas propietarias) la licencia
municipal. De momento no la tienen; creo que fue rechazada la primera
petición y ya veremos cuándo vuelven a presentar la solicitud, pero, como
digo, no somos nosotros, sino que es la empresa eléctrica la que tiene
que presentarla.
Se han depositado residuos radiactivos en el fondo del mar, en las fosas
atlánticas, pero nunca ha sido España, nunca ha sido Enresa y nunca han
sido residuos de alta actividad; por lo que sabemos, han sido residuos de
baja y media actividad. Creo que, más o menos, eran batas de hospital,
jeringuillas y objetos de laboratorio.
En cuanto a nuevas tecnologías, tengo que decir que participamos en todos
los proyectos; técnicos de Enresa participan en todos los grandes
proyectos que hay en el mundo sobre técnicas de almacenamiento de
residuos radiactivos y en alguno de ellos, precisamente de los más
importantes, no sólo participamos los técnicos españoles, sino que somos
los directores, con lo que tenemos a nuestras órdenes técnicos de otros
muchos países.
En relación con las fechas, quiero decirles que en el V plan general de
residuos --se notará algún cambio entre el IV plan y el V-- no tenemos
presión para fijar una fecha para un AGP e incluso tampoco para un ATC.
Sí sabemos que nuestras centrales --todas de diseño americano-- saturarán
su capacidad de almacenamiento entre el año 2011 y el 2021. El problema
mayor está en Trillo, que podría estar saturada en el 2003, y por ello
estamos licenciando el contenedor y la empresa eléctrica propietaria de
Trillo está intentando conseguir la licencia municipal para la
construcción del edificio.
En cuanto a la construcción del edificio, yo puedo asegurar miles de
veces que nunca vamos a depositar ningún combustible de otra central
--por eso decía que es sólo, sólo y sólo de Trillo--, pero no hace falta
que lo asegure yo, basta con ver el edificio que se va a hacer y las
celdas que hay, en las que solamente cabe el combustible de Trillo. No
hace falta ser ingeniero nuclear para contar las celdas; es bastante
fácil saber que en Trillo, aunque quisiéramos, nunca vamos a poder
depositar combustible de otras centrales.
Se ha hecho mención también al terreno en que se instale un AGP
--almacenamiento geológico profundo--. Han hablado de la estabilidad de
la zona, por supuesto, y tiene que haber baja permeabilidad. Enresa ha
realizado un estudio de todo el territorio peninsular. Si en este momento
nos preguntan qué regiones hemos analizado para un AGP, tendría que decir
que todas. La Puerta del Sol no ha sido analizada, pero el resto de
España sí. En cuanto a los tres pueblos gallegos que suelen salir en los
periódicos, tengo que decir que han sido analizadas las zonas, como ha
sido analizada cualquier otra zona de las 50 provincias españolas, pero
hasta ahora no hemos elegido ninguna zona. Hemos hecho muchos estudios,
han sido cuatro fases de estudio y, en la última fase, hemos concentrado,
de forma que en este momento tenemos unas 25 posibles zonas, pero en cada
zona --se escogerían las mejores técnicamente-- podría haber varios AGP.
En relación con la ponencia de la Comisión de Industria y Energía del
Senado para analizar la gestión de los residuos radiactivos, tengo que
decir que hemos hecho muchos estudios técnicos --los planos que hemos
hecho en Enresa tienen fama de ser los mejores planos de España que
existen--, hemos analizado toda la península, pero nunca hemos dicho en
qué zona se va a poner, que ésa es una decisión política. Hemos visto las
zonas que cumplen los requisitos técnicos de estabilidad,
impermeabilidad, etcétera, y no vamos a seguir analizando las zonas con
más detalle porque creemos --e igual ha pasado en todos los países-- que
la elección del sitio, del emplazamiento, no es una decisión técnica, no
nos corresponde a los técnicos. Pensamos que la parte política, la parte
socioeconómica, va a ser mucho más importante, va a tener más peso, y con
la información técnica que tenemos en este momento sabemos en qué sitios
se puede instalar --no estoy hablando de en qué pueblos, sino de zonas en
general, que son unas 25; si tuviera que concretar, tendría que decir que
en toda España hay zonas--, pero sabemos que la decisión va a ser
política y socioeconómica, que va a influir la aceptación social, y para
eso está la ponencia. Nosotros queremos que el emplazamiento lo elija el
Estado, no queremos que sea un gobierno, ni un partido, sino el Estado,
con la información técnica que nosotros, junto con otros organismos e
instituciones, academias, universidades, municipios, comunidades
autónomas, debemos suministrar. La ponencia, en el Senado, va avanzando.
Son nueve los Senadores que la forman y hemos pedido la incorporación
--no sé si es incorporación la palabra técnica-- de un representante de
Izquierda Unida, que no tenía ninguno; está colaborando con nosotros y
recibe toda la información, de forma que sea una cuestión de Estado y
todos estemos representados. Se ha convocado ya a varias organizaciones
(todavía no hemos sido convocados los de Enresa, que somos la empresa más
ecologista de España; nuestro único objetivo es proteger el medio
ambiente y a todas las personas) y creemos que tienen que preparar el
informe a finales de este año.
Nosotros mandamos toda la información al Ministerio y el Ministerio debe
mandar a ustedes la información sobre el V plan general de residuos,
cuando sea publicado, como supongo que pasa con los planes de I+D.
Supongo que aquí está la última versión de nuestro plan de I+D. Los
planes de I+D no los hacemos solamente para España, sino que estamos
coordinados con los programas de I+D de la Unión Europea. Participamos en
muchísimos programas e incluso parte de nuestros programas de I+D están
siendo financiados por fondos europeos, además de por nuestro fondo
propio. Este año la cuota para el fondo es 0,8 --antes era 1,4, pero ha
ido bajando--, aunque también es verdad que va a bajar la facturación
total del sector eléctrico, que está alrededor de 2,2 billones. Si estos
factores se reducen, también se va a reducir la aportación de las
empresas
eléctricas al fondo, pero esto no tiene nada que ver con las fórmulas que
tenemos para los municipios de alrededor de nuestras centrales o de
nuestros almacenes de material radiactivo. No tienen por qué verse
afectados; no hay ningún peligro con los municipios y yo creo que ellos
lo saben; los que están afectados de verdad lo saben, porque han hablado
con nosotros, conocen las fórmulas y saben que los factores que han
cambiado no tienen nada que ver con sus fórmulas.
Se ha mencionado también la solución internacional. Ninguna empresa o
agencia de residuos radiactivos apostamos en este momento por la solución
internacional. No hay ningún país que haya indicado estar interesado en
tener un almacén geológico profundo para todo el combustible del mundo, o
al menos de los países de la zona. Que nosotros sepamos, y lo hemos
comentado todas las agencias, sin excepción, ninguna agencia ha iniciado
ese movimiento. Ningún país se ha presentado, luego ninguna agencia puede
aceptar o modificar sus planes de investigación en cualquiera de sus
alternativas (incineración de actínidos, transmutación, etcétera). No
podemos aceptarlo porque alguien nos diga que puede que en el futuro haya
un nuevo agente nacional. No hay ninguna noticia cierta de ninguna
agencia que haya empezado a moverse ni ningún país que hable de este
tema. Para nosotros, por ahora, es un tema de ciencia ficción. Se puede
decir que estoy hablando en nombre de Enresa y de todas las agencias
nacionales de los países.
El control del fondo. Es un fondo muy goloso; no es un fondo nuestro.
Como ya he dicho, no es que tengamos 203.000 millones de pesetas, sino
que nos falta 1,1 billón de pesetas del año 1996. No queremos volver a
oír hablar de que tenemos 200.000 millones, sino que queremos que se
organice algún procedimiento para que sigamos recibiendo lo que
necesitamos: 1,1 billón de pesetas. Se ha creado un comité de control
para ese fondo en mayo de 1996. Está constituido por el secretario de
Estado de la Energía, el interventor general del Estado, el director
general del Tesoro, la directora general de la Energía y, como
secretario, el subdirector general de la Energía Nuclear. La primera
reunión de este comité de intervención estaba convocada para el próximo
lunes. Ha sido aplazada hasta el próximo viernes como consecuencia de
esta reunión. En ocho días se celebra la primera reunión del comité de
intervención del fondo.
Colaboración internacional. A nivel institucional todas las enresas están
comunicaas; a nivel técnico tenemos muchísimos proyectos comunes. Incluso
estamos pensando que para la próxima reunión del mes de mayo de los
presidentes de las enresas del mundo se vaya oficializando todavía más
una coordinación que existe de facto, pero que vamos a hacer legal.
Creo que he contestado a todas las cuestiones planteadas.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Colino. Le agradecemos
ésta su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, así como su
exhaustiva exposición, y le deseamos todo tipo de éxitos en su gestión.
Señorías, voy a suspender la Comisión exclusivamente un minuto para
despedir al señor Colino y recibir al señor Prada. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO
(AIE) (PRADA GAYOSO), PARA INFORMAR SOBRE:
--EL ESTADO DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE DICHA AGENCIA, ASI COMO DE LOS
INFORMES Y DECISIONES ADOPTADAS EN RELACION AL PROCESO DE PRIVATIZACION
DE ALGUNAS DE ESAS EMPRESAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000424.)
--LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO EN EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA
SIDERURGIA INDUSTRIAL, S. A., ASI COMO DE LAS GESTIONES REALIZADAS HASTA
EL MOMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000491.)
--EL PLAN DE PRIVATIZACIONES DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL, TAMBIEN
LLAMADO PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL DEL
ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000067.)
--SUS DECLARACIONES RELATIVAS AL CIERRE DE DETERMINADAS FABRICAS DE LA
EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA Y SOBRE LAS POLITICAS DE REESTRUCTURACION
Y DIVERSIFICACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000059.)
-- LAS DECLARACIONES DEL 16/07/96 DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL
SANTA BARBARA, SOBRE EL CIERRE DE DETERMINADAS FABRICAS DE LA EMPRESA,
SOBRE SUS POLITICAS RESPECTO DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA Y
LA POLITICA DE DIVERSIFICACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000060.)
--LA POLITICA A DESARROLLAR EN LA EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA, ASI
COMO EL POSIBLE CIERRE EN CENTROS AFECTADOS POR LA MISMA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000065.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida al Presidente de la Agencia Industrial del Estado,
señor Prada Gayoso. Si no hay ningún inconveniente por parte de los
portavoces, vamos a agrupar los puntos 2 a 7 del orden del día. Los
portavoces podrán intervenir tanto en el tema de las privatizaciones como
en lo que se refiere a la Empresa Nacional Santa Bárbara.
¿Algún portavoz tiene inconveniente en agrupar las seis peticiones de
comparecencia? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Prada.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (AIE) (Prada
Gayoso): Agradezco a los grupos parlamentarios que han solicitado mi
comparecencia la oportunidad que me dan de explicar, una vez más, la
actuación de la Agencia Industrial del Estado y de recibir las
sugerencias de los distintos grupos sobre este conjunto de empresas en
situación problemática en general. Creo que el sometimiento a debate de
algunas de las cuestiones serán útiles.
Debido a que formalmente hay seis comparecencias distintas, la mayoría de
las cuales suele atender a suntos puntuales derivados del reflejo en
algunos medios de comunicación de hechos, declaraciones o acontecimientos
puntuales que quizá tenían una gran actualidad en el momento específico
en que se producían y que con el transcurso del tiempo han sido
matizados, entiendo que sería útil dividir la intervención en dos partes,
una primera en la que intentaré hacer un repaso general a la situación de
lasdistintas empresas de la Agencia Industrial del Estado y a los
criterios que pretendemos implementar para la tutela de este conjunto de
empresas, y después hacer una referencia específica al proceso de
privatizaciones, que es el motivo fundamental de algunas de las
peticiones de comparecencia y, por tanto, de una perfectamente entendible
--y uno se siente satisfecho de comprobar que así sea-- preocupación de
SS. SS. por el proceso de privatizaciones. Por tanto, intentaré hacer una
revisión general de la situación de las empresas y de los criterios que
pretendemos implementar en la Agencia Industrial del Estado para su
control.
El 11 de julio de 1996 hubo una comparecencia del ministro referida al
plan de modernización del sector público, que es el tema de una de las
comparecencias solicitadas hoy y, por tanto, creo que con una referencia
al «Diario de Sesiones» quedaría contestada. Esa comparecencia se
solicitó el 5 de julio, se produjo el 11 de julio y entiendo que hoy
puede considerarse satisfecha esa preocupación, sin perjuicio de que en
las intervenciones posteriores haya oportunidad de volver a incidir en
alguno de los asuntos que hayan quedado poco aclarados.
Mi primera comparecencia en esta Comisión se produjo el 26 de septiembre
y ya entonces expuse las líneas generales de la orientación de esta
gestión en la Agencia Industrial del Estado. Volví a tener la oportunidad
de aclarar algunos aspectos, con motivo del debate presupuestario, el 16
de octubre, y volví a comparecer en dos ocasiones en el Senado, el 30 de
octubre y el 22 de noviembre del año pasado. Por último, el tema de las
privatizaciones fue también objeto de una reciente comparecencia en esta
Comisión del presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones el
pasado día 18 de este mes de febrero. Por tanto, es un asunto debatido,
refleja --ya lo he dicho antes-- una comprensible preocupación de SS. SS.
y es oportuno de nuevo referirse a ello.
¿Cuáles son los criterios generales que intenta mantener la Agencia
Industrial del Estado para el control y dirección de las empresas que
están bajo su responsabilidad? Podemos agruparlos en seis aspectos
fundamentales. El primero de ellos es el del rigor profesional, con
implicación de la agencia y de sus directivos en la gestión de cada una
de las empresas. Hemos cambiado el modelo de organismo que nos
encontramos cuando asumimos esta responsabilidad, hace aproximadamente un
año. Era un organismo dirigido con una visión un tanto superficial, tal
vez fruto de una muy reciente implementación, ya que este organismo se
había creado --recuérdenlo SS. SS.-- por la Ley 10/1996, en el mes de
enero anterior, es decir, llevaba pocos meses de rodaje y había un cierto
distanciamiento bastante evidente de la agencia con la Administración.
Hemos modificado sustancialmente la manera de enfocar estos temas y
actualmente hay una intervención directa muy importante de los directivos
de la agencia en los asuntos que comprenden las principales cuestiones de
las distintas empresas de la Agencia Industrial del Estado.
Un segundo criterio es el de la transparencia informativa, que consiste
en dar la oportunidad de que todos los que puedan resultar interesados
(la opinión pública en general, desde luego el Parlamento de manera
preeminente con cada una de las oportunidades en que tenemos ocasión de
celebrar comparecencias como las de hoy y en general los interlocutores
de cada uno de los asuntos) tengan puntual información, no sólo de los
aspectos positivos, como quizá se ha practicado con mayor evidencia en
épocas pasadas, sino también, y quizá con mayor incidencia todavía, de
aquello que puedan ser situaciones negativas, situaciones preocupantes.
Procuramos que los problemas no pillen a nadie por sorpresa, sino que
todos contemos con información suficientemente clara y extensa, sobre
todo de aquellos aspectos que pueden ser los principales problemas
actuales o potenciales que puedan concretarse en el futuro. En algunas
ocasiones hemos sido criticados en ciertos medios de comunicación, en una
legítima actuación, de ser catastrofistas. En algunos asuntos, como por
ejemplo Santa Bárbara, al que luego me referiré, se ha valorado
positivamente esta posición inicial de facilitar toda la información para
que todas las partes hayan tomado verdadera conciencia de cómo se
encuentra esa empresa concreta porque, a partir de ese descarnado
conocimiento de cuál es su situación, ha sido posible llegar a acuerdos
que en otra época hubiesen parecido absolutamente imposible de obtener, y
a los que luego brevemente procuraré hacer referencia.
En tercer lugar, el criterio de la negociación con los interlocutores
sociales, es decir, el intento --que no conoce límites-- de introducir
las reformas, las medidas --a veces duras medidas, difíciles de aceptar--
que son necesarias para reconducir, para modificar la evolución negativa
de algunas de las empresas. Tenemos que ser capaces cada día de conseguir
una disposición al diálogo sin límites, a la
convicción, y procurando hacer el menor uso posible de actuaciones que
pudieran ser consideradas como próximas a la coactividad. Este proceso de
negociación ha sido también favorablemente entendido y acogido por los
principales interlocutores sociales, especialmente por las principales
centrales sindicales, y es un proceso absolutamente continuado que hoy
tiene proyección en algunos de los principales problemas, como quizá
tengamos ocasión de ver a continuación.
El cuarto punto es el de procurar una transparente implicación de los
gobiernos de las principales comunidades autónomas donde las empresas
públicas tienen una actuación relevante; implicación transparente que se
traduce, en primer lugar, en haber atendido una antigua y generalizada
demanda de las distintas comunidades autónomas, que es la de la
incorporación de representantes específicos de éstas a los consejos de
administración de las empresas públicas con actuación relevante en cada
una de las comunidades autónomas. Esto es hoy ya una realidad. En todas
las comunidades autónomas que lo han solicitado hay ya representantes en
los consejos de administración de todas las empresas de la Agencia
Industrial del Estado con actuación relevante en las respectivas
comunidades autónomas. Hay una excepción que hay que señalar, siguiendo
este criterio de transparencia informativa, la de la comunidad autónoma
andaluza, que, pese a haber manifestado insistentemente esta disposición,
habérsele autorizado y solicitárselo reiteradamente que comunicase los
nombres de las personas que habrían de ocupar esos puestos, todavía
estamos a la espera. Quizá tengan asuntos más urgentes de los que
ocuparse y no hayan tenido tiempo para facilitarnos los nombres de las
personas que han de ocupar los puestos en los consejos de administración
de tres empresas de la Agencia Industrial del Estado que tienen especial
relevancia en esa comunidad autónoma, que son la Empresa Nacional Bazán,
la Empresa Nacional Santa Bárbara y Astilleros Españoles. Tan pronto como
la comunidad autónoma tenga oportunidad de concretar esos nombres, verán
SS. SS. que se dará cumplimiento al compromiso reiterado de la presencia
de las comunidades autónomas en los consejos de administración, que es ya
una realidad en las que lo han planteado, que son Galicia, Asturias,
Navarra y el País Vasco.
En segundo lugar, esta transparencia supone un sistema reiterado de
información fluida y puntual sobre los principales asuntos que afectan a
las distintas empresas con cada una de las comunidades autónomas,
información fluida y puntual que no significa sumisión de los criterios
que debe mantener la línea general de actuación de la Agencia Industrial
del Estado en cuestiones a veces respetables pero divergentes y que sean
especialmente deseables por esas comunidades autónomas. La oportunidad de
la discusión no significa someter la gestión de las empresas de la
Agencia Industrial del Estado a los criterios específicos de cada una de
las comunidades autónomas. Este mismo criterio ha tenido otro refrendo,
que me permitirán que subraye, en la constitución formal y la celebración
de la primera reunión, producida a finales del año pasado, del consejo
territorial de la Agencia Industrial del Estado, que debía haberse
constituido hace año y medio o al menos un año por mandato del
decreto-ley por el que se constituyó la Agencia Industrial del Estado
inicialmente, a mediados de 1995 o principios de 1996 --perdonen que no
recuerde la fecha exacta--. Cuando asumimos la responsabilidad habían
transcurrido ya uno o dos semestres sin que se hubiese cumplido el
mandato legal según el cual este consejo debía constituirse y además
celebrar una sesión de trabajo al menos cada semestre. En el período
transcurrido de nuestra responsabilidad hemos cumplido ese mandato legal,
hemos celebrado la primera reunión de este consejo territorial y,
naturalmente, seguiremos dando cumplimiento a esa previsión legal de
celebrar una reunión con carácter semestral.
El quinto criterio es el de la austeridad en los gastos, que es notable y
significa no cuestionar todos aquellos conceptos que son necesarios para
la gestión eficaz de las compañías, pero que admite la discusión, crítica
y supresión de todo aquello que pueda considerarse gastos superfluos en
el conjunto de las empresas y que indican unas manifestaciones que quizá
puedan considerarse anecdóticas, y en algún caso se han calificado así,
pero que pueden ser símbolos de una manera de entender la responsabilidad
en la utilización de recursos públicos, con la supresión de los viajes en
clases preferentes en cualquier clase de vuelos para todo el personal de
las empresas de la Agencia Industrial del Estado, empezando por el
Presidente que está en el uso de la palabra, así como la revisión
estricta de la utilización de tarjetas de crédito o de autorizaciones de
gasto en general, tanto en concepto de representación como de cualquier
otra naturaleza. Todo ello, evidentemente, con el criterio de no poner
nunca en riesgo lo que son actividades comerciales o que puedan tener una
traducción en la gestión de estas compañías.
Por último, un objetivo que marca el criterio de referencia, por decisión
del Gobierno reflejada en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de
junio del año 1996 que establece el programa de modernización del sector
público empresarial, que ha de ser el de la viabilidad, entendida como
tendencia hacia la posibilidad de privatización de las empresas públicas;
criterio tendencial de privatización que no significa, como a veces se ha
querido simplificar, una decisión de plazos específicos para que todas
las empresas que están hoy en la Agencia Industrial del Estado vayan a se
privatizadas, utilizándose esta referencia, a veces, con ocasión de
producir, o acaso sin haberlo previsto, insatisfacciones, preocupaciones
en colectivos de trabajadores afectados y preocupados por esta posible
situación. Hablaremos después de este proceso, pero es necesario
distinguir los proyectos específicos de privatizaciones, que son aquellos
que podemos abordar razonablemente en el período de esta legislatura --el
único al que podemos referirnos responsablemente y al único al que vamos
a hacer referencia--, de una tendencia general como objetivo de
referencia, la de pensar que la finalidad perseguida por la gestión
debiera ser colocar a todas las empresas de la Agencia Industrial del
Estado, sin excepción, en situaciones de viabilidad, que pudieran tener
como contraste la posibilidad de ser privatizables, es decir, poder
subsistir sin la
necesidad del soporte financiero de los Presupuestos Generales del
Estado, en definitiva, de la financiación pública. Eso es algo entendible
como criterio de referencia y objetivo profesional, separable de la
decisión política que habría de adoptarse necesariamente, en su caso,
sobre la posible privatización de cada una de las empresas.
He procurado hacer una referencia general a los criterios que enmarcan la
gestión de las empresas. Voy a hacer un pequeño repaso a las principales
ideas de cada una de las empresas que constituyen el conjunto de la
Agencia Industrial del Estado.
En primer lugar, como SS. SS. conocen, tenemos las empresas de minería
del carbón Hunosa y Figaredo. Sobre Hunosa y Figaredo hemos reiterado
continuamente, y lo haré una vez más, que nuestro criterio, como en las
demás empresas, está enmarcado por la decisión de cumplir
escrupulosamente todos los compromisos vigentes el día en que asumimos la
responsabilidad sobre estas empresas, incluso de aquellos compromisos
sobre cuya idoneidad hubiésemos tenido dudas o de aquellos, como en el
caso del contrato-programa de Minas de Figaredo, cuya fase jurídica de
suscripción no había concluido y que no estaban firmados pero en los que
se habían producido todas las fases anteriores para llevar a la
convicción moral a los principalmente afectados, fundamentalmente al
colectivo de trabajadores, de que se trataba de un contrato vigente.
Como SS. SS. conocen, el contrato-programa de Hunosa se firmó en plena
campaña electoral de las elecciones pasadas, en los últimos días del mes
de febrero del año 1996, y nunca hemos recurrido a la oportunidad de
ponerlo en discusión. Es un contrato-programa vigente hasta el 31 de
diciembre del año actual. Recuerden SS. SS. --lo he comentado en esa
comparecencia anterior a la que me refería-- que tiene la peculiaridad de
que, aunque está suscrito en febrero de 1996, también incluye el año
1995, que llevaba ya varios meses finalizado. Hemos considerado un deber
indiscutible seguir cumpliéndolo y así seguiremos. Mientras tanto, hemos
introducido una evidente modificación en la manera de concebir la gestión
de esta tan complicada empresa. Creo que es uno de esos casos en los que
todos los interlocutores, desde las principales centrales sindicales
hasta el conjunto de las fuerzas políticas, han entendido que la
profesionalidad es hoy el elemento que indiscutiblemente preside la
gestión de esta complicada empresa. Hemos mejorado ostensiblemente el
grado de control y, por tanto, hemos mejorado los resultados, pero
mejorar los resultados en una empresa tan complicada como Hunosa de
ninguna forma puede entenderse, ni nosotros aspiramos a que así sea, como
que Hunosa pueda en el futuro reportar resultados positivos. Ahora mismo,
el panorama general del carbón está sometido a un proceso de revisión,
presidido por ese criterio del que antes hablaba, que obviamente no se
refiere sólo a la Agencia Industrial del Estado sino en general a la
actuación del Gobierno en su plenitud, desde luego del Ministerio de
Industria, que es el de la negociación sin límites, el de la consecución
de acuerdos para el reenderezamiento de sectores concretos, como es el
caso del carbón, en un proceso en el que no se va a abandonar esta
disposición a obtener por la vía de la negociación las soluciones
razonables. Una vez que haya concluido esta negociación, estaremos en
disposición, por otro lado perfectamente coordinada en el tiempo, de
abordar la discusión de lo que haya de ser el contrato-programa o el
instrumento jurídico oportuno para el nuevo periodo, que será el de 1998
al 2002 o al 2005 o al 2007 o al periodo que, una vez que se despejen
algunas otras dudas, consideremos oportuno.
En este mismo sector de la minería en general, aunque en otro tipo de
productos, la compañía Presur, dedicada a la explotación de minerías de
cobre y hierro, altísimamente deficitaria, está ahora pendiente de los
resultados de las nuevas prospecciones que se están llevando a cabo y que
esperamos culminen en los próximos meses con una de dos posibles
soluciones. Como deseamos la verificación de la viabilidad económica de
esas explotaciones, tal vez sería razonable profundizar en los acuerdos
con Río Tinto Minera, ahora mismo ya partícipe en ese sistema de
explotación, o con alguna otra compañía, sobre la eventualidad de
continuar bajo titularidad pública. Una vez que se despeje esa duda
tecnológica de si existe o no posibilidad de explotar esos yacimientos,
espero que en el entorno de mediados del año actual, el año 1997, estemos
en disposición de manifestar una opinión sobre ese futuro. Mientras
tanto, continuamos con esa explotación, a pesar de la necesidad de
soportar una actuación deficitaria.
Potasas de Subiza es la última de las compañías mineras. Potasas de
Subiza es una compañía operante en Navarra, constituida hace
aproximadamente once años con el objetivo de paliar los problemas,
fundamentalmente sociales, que se derivarían de la finalización de las
actividades de Potasas de Navarra, S. A. Una sociedad que tiene dos
socios al 50 por ciento: la Administración central y la Agencia
Industrial del Estado, un 50 por ciento, y una sociedad instrumental del
Gobierno de Navarra, el otro 50 por ciento.
Recientemente --a finales del año 1996--, hemos llegado a un principio de
acuerdo entre la Agencia Industrial del Estado y la Consejería de
Industria del Gobierno de Navarra, con aquiescencia de las centrales
sindicales --no utilizo aquí el término de principales centrales
sindicales porque son las dos únicas representadas-- Comisiones Obreras y
UGT, por el cual la sociedad instrumental del Gobierno de Navarra asume
la plena titularidad de esta compañía, es decir, se transfiere la plena
titularidad de esta sociedad --ésa es la posición de la Agencia
Industrial del Estado--, si así lo acuerda el Consejo de Ministros, a
quien en todo caso compete la decisión última sobre la transmisión de
estas participaciones. Esta propuesta se elevará en estos días al Consejo
de Ministros, una vez que ha sido revisada por el Consejo Consultivo de
Privatizaciones, a pesar de que se trate de un caso verdaderamente
peculiar, en el que, tal como sugería la Agencia Industrial del Estado,
el consejo consultivo manifestó su opinión en el sentido de que no se
trata propiamente de una privatización, porque privatización significa
transferir al sector privado la titularidad, la responsabilidad de unas
acciones, y esto es una transmisión entre dos órganos del Estado --la
Administración central y la comunidad autónoma-- y, de
acuerdo con criterios constitucionales que refiere el consejo consultivo
en su informe, las relaciones entre ambas administraciones se basan en
los principios de colaboración y no de concurrencia. Por tanto, en este
caso no son aplicables los principios de concurrencia, publicidad y
transparencia que, en general, ha establecido el Consejo de Ministros
para un proceso de esta naturaleza. No hay otros concurrentes porque se
trata, en definitiva, de paliar los efectos negativos de este asunto.
Reitero la condición que había puesto la Agencia Industrial del Estado
--y que finalmente se ha cumplido-- para poder continuar este proceso, y
era que contase con la específica, concreta y escrita conformidad o
aprobación de las centrales sindicales y del comité de empresa sobre esos
dos aspectos: la transferencia de la responsabilidad de la Agencia
Industrial del Estado al Gobierno de Navarra y la dotación por ambas
administraciones --cada una en la parte correspondiente-- de la parte que
equivaldría a la liquidación. Por causas también tecnológicas, la
posibilidad de explotación de estos yacimientos finalizaría el 30 de
junio próximo. Puedo añadir que el Gobierno de Navarra, de acuerdo con
las centrales sindicales, tiene algunos proyectos de empleo alternativo
que permitirían minimizar los efectos que podría tener el cese definitivo
de esas actividades sobre el empleo.
Otra de las empresas es la CSI. La Corporación de la Siderurgia Integral
es una empresa que, en cuanto a sus principales magnitudes económicas y a
su situación de gestión, es atípica actualmente en la Agencia Industrial
del Estado. Mientras que el resto de las empresas tienen situaciones de
viabilidad complicada --son empresas demandantes de recursos, son
empresas en las que no está todavía aclarado el futuro económico--, la
CSI, afortunadamente, ha superado una fase anterior --es el resultado de
la reestructuración del sector de la siderurgia integral en España-- y
hoy es un conjunto de empresas plenamente saneado, viable, capaz de
subsistir sin ningún tipo de apoyatura del Estado. Por tanto, es una
empresa perfectamente privatizable. Además de cumplir los requisitos
financieros para poder ser privatizable, es una empresa en la que no
existe ninguna razón apreciable por el Gobierno, de significación
estratégica, que pudiese poner en duda la oportunidad de su
privatización. Por ello --como ya anuncié en alguna de las anteriores
comparecencias a las que antes me he referido--, la Agencia Industrial
del Estado ha iniciado --con la debida prudencia, con la debida cautela y
sin intentar ningún tipo de aceleración en este proceso-- la
privatización de la CSI.
La privatización de la CSI era un proyecto ya iniciado por la anterior
Administración. La diferencia esencial creo que hay que ponerla en el
hecho de que, mientras que la privatización iniciada por el anterior
Gobierno se refería a la consideración de cada una de las unidades de
negocio, cada una de las distintas empresas que componen la CSI, como un
elemento susceptible de ser privatizado por separado, y se había iniciado
con la privatización de la compañía CSI-Productos largos, que es una de
las partes de la compañía que en este momento está jurídicamente
separada, pero que es una parte del proceso. En definitiva, el horno alto
es único y, después del arrabio, se distribuye, fundamentalmente, entre
CSI-Planos y CSI-Largos. Pues bien, la privatización de esta compañía
estaba perfectamente avanzada. Se había asignado un banco de negocios, un
banco asesor, el Grupo Baring. Este grupo había hecho su trabajo de
acuerdo con las pautas que se le habían marcado, había seleccionado a un
adquirente razonable y el contrato ya estaba escrito, pendiente de firma,
cuando se produjo la renovación de los responsables de la Agencia
Industrial del Estado.
El Gobierno actual manifestó la decisión de, en primer lugar, paralizar
ese procedimiento, explicando que era otro el enfoque que había de darse
a la cuestión; en segundo lugar, la consideración de la corporación de la
siderurgia integral como un todo indivisible e inseparable, no
susceptible de privatización por partes sino, por el contrario, como otro
elemento más en la progresión de esa concepción unitaria. Se suprimieron
los consejos de administración de todas las empresas vinculadas y se
sustituyó por un único consejo de administración de la sociedad
Corporación de la Siderurgia Integral, S. A., al que se transfirieron las
representaciones --que ahí sí existían-- de otras partes como, debido a
un precedente histórico, la compañía anterior en el Principado de
Asturias era Ensidesa. Si no recuerdo mal, según una norma especialmente
recogida en el estatuto de autonomía, Ensidesa tiene la presencia de tres
representantes de la Junta General del Principado de Asturias en su
consejo de administración. Por tanto, esta compañía mantenía un consejo
de administración (aparente, puesto que no había nada que aconsejar en
una sociedad que, en el argot interno de la casa --si me permiten SS.
SS.-- se conoce como sociedad latente, sociedad que, en definitiva, está
abocada a la desaparición y únicamente continúa gestionando
provisionalmente unas determinadas instalaciones, en régimen de maquila,
para CSI) para no incumplir en la forma lo que, a nuestro modo de ver,
era incumplir en el fondo lo que significaba ese mandato del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, que era la presencia de la
representación asturiana en el centro de decisión de los asuntos que
afectan a la gestión de ese conjunto de actividad, tan importante en ésa
y en otras comunidades autónomas, como es la siderurgia. Por tanto, se ha
suprimido y, además, se ha dado entrada en ese consejo de administración
no sólo a estos tres representantes que antes estaban formalmente en
Ensidesa por la Junta General del Principado de Asturias, sino también
del Gobierno del País Vasco y del Gobierno de Navarra. Asimismo, se ha
manifestado la firme decisión de considerar unitariamente a la CSI. Esta
posición fue refrendada públicamente --el mes pasado-- por las
principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, que han hecho
público un manifiesto en el que recogen su posición ante la posible
privatización de la CSI, aunque no ocultan una discrepancia esencial en
cuanto a si debe o no quedar un remanente de participación pública y, en
su caso, cuál debe ser ese porcentaje y hasta qué punto, en el tiempo,
puede ser mantenido; cuestiones en las que no coincidimos. Sin embargo,
hay que manifestar una satisfacción especial por el hecho de ver
refrendada públicamente cada una de estas medidas en el documento
emitido para estas dos centrales, tanto la valoración positiva de estas
principales decisiones a las que antes me he referido como, incluso --la
siguiente--, la manera de enfocar la privatización, aunque --reitero--
discrepando en la posibilidad de que la privatización se extienda a la
totalidad del capital social de la CSI.
La privatización la hemos enfocado en dos fases. En primer lugar, en la
necesidad de potenciar, de posibilitar una alianza estratégica entre CSI
y uno de los relevantes actores del proceso siderúrgico mundial, quizá
preferentemente europeo. En este proceso es en el que nos hemos
implicado, estamos en contacto y se han manifestado positivamente
interesadas varias de las principales siderúrgicas, tanto europeas como
extraeuropeas. Es evidente que vamos a tener oportunidad de elegir, una
elección que se va a basar fundamentalmente en el contenido del plan
industrial que cada uno de los posibles socios estratégicos va a
plantear, en las garantías que se ofrezcan de ese plan industrial y, en
definitiva, en el aseguramiento de lo que hemos considerado como
variables sensibles en cuanto al futuro de la CSI, que, fundamentalmente,
son el nivel de empleo y las garantías sobre ese nivel de empleo; la
política de inversiones y la plasmación concreta de esas inversiones en
el tiempo; el mantenimiento del equilibrio territorial que ahora mismo
mantiene la CSI y la identificación de sinergias, de ventajas
complementarias que cada uno de los posibles socios pueda aportar a la
CSI. En este proceso estamos en estos momentos, todavía no se ha cerrado
este nivel de discusión, pero sí puedo confirmar que va a haber
oportunidad de elegir, porque hay ya pluralidad de interesados entre los
principales actores de esta actividad que es la siderúrgica mundial.
En otro orden de cosas, el proceso de privatización exige la designación
de un asesor que auxilie a la Agencia Industrial del Estado en todo este
proceso, y recientemente el consejo de la Agencia Industrial del Estado
ha seleccionado al Banco Central Hispano como agente asesor del proceso,
asesoramiento que no se va a confundir con la gestión de algunas partes
relevantes, como pudiera ser una hipotética colocación pública de
acciones, incorporación a la bolsa de acciones de la CSI. Pensamos que la
incorporación de este socio tecnológico se producirá mediante su
participación en el capital social de la CSI, en un nivel que
tentativamente hemos establecido entre el 20 y el 30 por ciento,
porcentaje que consideramos razonable. En el supuesto especial de que el
socio elegido se tratase de una empresa cuyas acciones cotizasen en
bolsa, hemos barajado la posibilidad de que se produjese esa alianza
estratégica de doble sentido mediante un sistema de participación
recíproca que permitiese a su vez a la CSI el acceso a los órganos de
decisión de esta compañía.
Sus señorías irán teniendo información puntual de este proceso, porque
para la Agencia Industrial del Estado la privatización de la CSI es la
privatización por antonomasia, es la compañía más importante de la
Agencia Industrial del Estado y tenemos especial interés en que aquí esos
principios que se han señalado por el Gobierno de la transparencia, la
concurrencia y, en definitiva, la profesionalidad sean absolutamente --si
se me permite-- exagerados, precisamente por su importancia, por el
conjunto de sensibilidades que la CSI conlleva.
En este sentido, estamos manteniendo un sistema continuo de información a
los principales afectados. Recientemente se ha hecho pública una nota
conjunta de las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras
y UGT, con la Agencia Industrial del Estado recogiendo el resultado de
una primera entrevista, a la que ha asistido el Ministro de Industria, en
la que, además de haber repasado las principales ideas que estoy
desarrollando sobre los criterios del Gobierno para la privatización de
la CSI, hemos alcanzado públicamente el compromiso de mantener periódicas
reuniones para que haya puntual información y procuremos eliminar por
anticipado preocupaciones que nos parecen perfectamente injustificadas,
sustituyendo este tipo de actuaciones por la información transparente.
De igual manera, estamos actuando con el conjunto de las comunidades
autónomas en las que tiene actividad relevante CSI, sin perjuicio de la
presencia en el consejo de administración de representantes de estas
comunidades autónomas y de las responsabilidades o funciones que la ley
reserva al consejo territorial de la Agencia Industrial del Estado.
Productos Tubulares es una compañía, de las tres existentes en España,
las tres en Vizcaya, dedicada a la fabricación de tubos de acero sin
soldadura. En octubre de 1994 se alcanzaron unos compromisos, llamados
acuerdos sectoriales para el sector de los tubos de acero sin soldadura,
como resultado de una actuación conjunta entre el Gobierno vasco y la
Administración central. Se establecieron una serie de compromisos y unas
pautas de actuación que darían lugar a que, transcurridos dos años y una
vez producido el saneamiento de Productos Tubulares, se procedería a la
integración en Tubos Reunidos; la tercera sería Tubacex. Pues bien, esos
acuerdos sectoriales tenían prevista la integración de Productos
Tubulares en Tubos Reunidos transcurridos los dos años. Esos dos años se
han cumplido en octubre de 1996, por tanto llevamos ya varios meses de
retraso; estamos haciendo y continuaremos haciendo todos los esfuerzos
que estén a nuestra disposición para conseguir esa efectividad en la
integración. Las dos administraciones, la Agencia Industrial del Estado y
la Consejería de Industria del Gobierno vasco, estamos --permítame la
expresión, señor Presidente-- volcados en conseguir remover todos los
obstáculos que se producen, pero, desgraciadamente, siguen presentes en
forma de reticencias que no acabamos de comprender muy bien y por tanto
no es todavía una realidad esa integración, que esperamos pueda culminar
en los próximos meses.
El grupo de astilleros públicos constituye ahora mismo objeto de
preocupación para la Agencia Industrial del Estado y estoy seguro de que
también para SS. SS. Como es sabido, en noviembre de 1995 se firmó el
Plan Estratégico de Competitividad para el conjunto de los astilleros
públicos que se puso en ejecución. Digo el PEC que se puso en ejecución
porque el PEC firmado en noviembre de 1995 no es el PEC que la anterior
Administración había querido poner en aplicación. Este plan fue el
resultado de modificar el anterior, el que los datos objetivos manejados
por los
anteriores responsables de este conjunto de empresas hacían necesario,
combinado con una fuerte contestación social que estoy seguro de que SS.
SS. tienen en la memoria, quizá debida no tanto al contenido específico
del plan, sino a que ha habido poca oportunidad de negociar y discutir
cuáles eran las razones que llevaron a la adopción de cada una de esas
medidas. Se puso en ejecución un plan en el que puede manifestarse que no
creían ni los autores ni quienes lo firmaban. Puesto en ejecución ese
plan se vio, con el transcurso del primer año, el año 1996, que casi se
duplicaron las fortísimas pérdidas que ya entonces estaban previstas y
que según ese PEC iban a desaparecer.
No hemos ocultado una enorme preocupación por la situación de los
astilleros como consecuencia de estas desviaciones tan fuertes y, por qué
no decirlo, de la existencia de un clima realmente poco favorable en el
conjunto de los astilleros públicos, entendemos que justificado por la
ausencia de una verdadera disposición a la negociación, a la
transparencia, a facilitar datos al conjunto de los afectados
fundamentalmente por esta actuación. Hemos confeccionado un documento con
un conjunto de actuaciones, que hemos dado en llamar plan de choque
--permítanme SS. SS. la osadía de la utilización de este nombre-- para
mostrar que había que producir un revulsivo en estas compañías, que había
que cambiar la cultura y una situación de generalizada decepción y falta
de fe en el futuro de estas compañías por una búsqueda de ilusión, de la
seguridad de que arrimando el hombro, poniendo voluntad, dedicación,
convicción y transparencia es posible --y hoy estamos en disposición de
manifestarlo-- alcanzar dos objetivos que para nosotros son hoy
absolutamente inmodificables y a los que vamos a prestar toda la
disposición. Vamos a mantener en actividad todos los centros de trabajo
de este grupo de empresas y vamos a mantener todos los puestos de
trabajo.
A estos dos objetivos, que no son más que un mismo objetivo manifestado
por dos veces, estamos dedicando todos los esfuerzos, y para ello hemos
implementado un plan que incluye mejoras evidentes en la gestión, en las
personas responsables de estas gestiones y modificaciones en la
estructura jurídica, que vamos a promover mediante la fórmula que hemos
dado en llamar de filialización, de conversión de cada uno de los
astilleros en empresas independientes, para que sea más próxima, para que
cada uno de los afectados vea más cerca cuál es el resultado de esa
dedicación. Con esto y, sobre todo, con el mantenimiento de la esperanza
de que por la negociación sin límites vamos a ser capaces de alcanzar la
situación posible para que todo ello sea una realidad, estoy seguro de
que resolveremos los problemas.
No oculto que hay otro frente importante de preocupación, que es la
posición en la Comisión de las Comunidades Europeas. Las significativas
ayudas públicas a los astilleros están sometidas a revisión,
afortunadamente se ha formalizado un procedimiento definitivo de revisión
de este conjunto de ayudas públicas y está previsto que en el próximo mes
de abril se produzca, formalmente, la decisión última. Puedo avanzar que
la posición se ha modificado favorablemente en los últimos meses. Se ha
visto una verdadera intención de abordar el problema en sus orígenes y no
en sus efectos, hemos conseguido convencer a los responsables de la
Comisión de las Comunidades Europeas de que el problema de los astilleros
españoles no se resolvería con el cierre de una planta, porque eso sería
una solución si hubiese un conjunto de centros de trabajo y alguno de
ellos tuviese resultados negativos o muy negativos y el resto tuviese
resultados positivos. Si todas las plantas tienen una situación semejante
no se resuelve el problema porque alguna de dichas plantas se cierre, al
contrario, ese problema se agravaría porque a una situación de
insatisfacción --con gran justificación por la desmoralización
generalizada de los trabajadores-- vendría a añadirse un elemento más,
que es el del cierre, sin encontrar una justificación clara, de alguna de
las plantas. Tampoco se resolvería el problema con la reducción del
número de puestos de trabajo, porque estamos cerca de lo que se suele
considerar masa crítica. No es posible gestionar un astillero eficazmente
con menos personas de las que hoy trabajan allí. El problema está en que
es necesario, además de los aspectos a que antes me he referido, producir
un vuelco en el esquema de relaciones laborales. Estoy seguro, por el
talante que compruebo cada día con las principales centrales sindicales,
de que vamos a ser capaces de que esto se produzca en los próximos meses.
No vamos a bajar la guardia en este asunto, porque --reitero-- el
objetivo sigue siendo absolutamente irrenunciable: vamos a mantener todos
los centros de trabajo, vamos a mantener todos los puestos de trabajo si
somos capaces de conseguir éxito con estas medidas.
La Empresa Nacional Bazán, el conjunto de astilleros dedicados a la
defensa, se encontraba, como referí en mi anterior comparecencia, en una
situación que podía considerarse límite cuando asumimos esta
responsabilidad, porque no había carga de trabajo. La Empresa Nacional
Bazán tiene una excelente dotación tecnológica y es un orgullo poder
representar a esta empresa cada vez que --y ello se produce con gran
continuidad-- se recibe la visita de responsables de fuerza armadas de
las marinas de otros países. En general, hay un enorme interés por la
capacidad de esta empresa, pero no había trabajo en curso. Fruto de la
colaboración y de la asunción de responsabilidades entre los Ministerios
de Industria y Defensa, ha sido posible la puesta en funcionamiento de
las fragatas F-100, y esta empresa ahora mismo tiene una razonable carga
de trabajo asegurada para los próximos diez años. A pesar de esto, de
ninguna forma han finalizado los problemas de Bazán. Necesitamos
reorientar Bazán hacia una empresa viable. Una vez que se ha resuelto el
problema esencial de contar con una razonable carga de trabajo, hemos
abordado la confección de un plan de empresa para el próximo período de
Bazán; un plan en el que esperamos poder actuar con todas las condiciones
de profesionalidad y objetividad que exige la situación. Hemos abierto un
concurso para pedir la colaboración de un consultor externo que
procuraremos seleccionar por consenso con las principales centrales
sindicales, de forma que desde el primer momento procuremos aunar
criterios y formas de enfocar el problema porque, en definitiva --y creo
que eso sí se ha traducido--, el problema
es conjunto. Los representantes de los trabajadores y los responsables de
la Agencia Industrial del Estado tenemos el mismo problema.
Imenosa es una compañía de reciente incorporación a la Agencia Industrial
del Estado. La transferencia de las acciones desde Babcock Wilcox, una
sociedad correspondiente a Sepi, se ha producido definitivamente en el
día de ayer, después de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros y,
por tanto, es una empresa de reciente incorporación. Está en una
situación próxima al límite y la primera actuación es encomendar la
preparación de un plan riguroso de empresa que nos permita enfocar la
viabilidad de esta empresa --si es que, como creemos, la tiene-- para el
próximo futuro.
Por último, voy a hacer una breve referencia a la Empresa Nacional Santa
Bárbara. Se han solicitado varias comparecencias a partir de las
declaraciones que efectué en el acto de toma de posesión del presidente
de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el 16 de julio del año pasado. Al
releerlas hoy, con motivo de esta comparecencia, no puedo más que
reiterarme en ellas en la satisfacción --ya antes anunciada-- que produce
que esa política de transparencia informativa que consiste en hacer
públicas las situaciones difíciles, yo creo que se ha entendido después
de haber experimentado un conjunto de críticas --que entiendo
perfectamente y agradezco-- y, posteriormente, se ha traducido en que
todos hayamos tomado conciencia de la extrema gravedad en que se
encontraba esta compañía, técnicamente en quiebra desde hace muchos años
y sin viabilidad alguna. Puedo asegurarles ahora que la Empresa Nacional
Santa Bárbara va a ser ejemplo de cómo puede darse la vuelta a un
problema tan complejo. Después de un proceso --reitero-- muy difícil, en
enero de este año hemos firmado un acuerdo que puede marcar un punto de
inflexión --de hecho, lo ha marcado-- en la manera de entender las
relaciones entre los responsables de la gestión de las empresas públicas
y las centrales sindicales. Como es sabido, ese acuerdo consiste en
comprometernos ambas partes --y esto creo que es lo esencial-- a poner
todo lo necesario para que cada uno de los centros de trabajo sea
efectivamente viable porque esté en situación de supervivencia, sin
recurso a subvenciones que no pueden mantenerse en un plazo razonable,
pero exigente, de tres años. Poniendo esos medios ambas partes --estoy
seguro de que lo vamos a conseguir-- cada uno de los centros de trabajo
será un centro viable.
La Agencia Industrial del Estado está procediendo, sin ninguna concesión,
a cumplir escrupulosamente ese asunto. Hace pocos días hemos promovido la
visita del secretario de Estado de Defensa al centro de I+D para que el
principal usuario de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que no es otro
que el Ministerio de Defensa, vea el cambio que estamos introduciendo, lo
que es la nueva Santa Bárbara. Puedo anunciarles que de su impresión se
derivó una instrucción de que más responsables del Ministerio de Defensa
realicen ese acercamiento porque, efectivamente, es sorprendente el
cambio que se ha producido, cambio que ha tenido su primer efecto
consistente en que ahora los responsables del Ministerio de Defensa
empiezan a pensar que Santa Bárbara va a ser un instrumento útil con el
que se pueda contar en similitud con el modelo de Bazán y su relación con
la armada, que es la referencia que tenemos.
Señor Presidente, siento haberme extendido en esta exposición más de lo
que había previsto inicialmente, pero me parecía necesario hacer
referencia a cada una de las empresas. Si me he dejado algún asunto
involuntariamente en el tintero, estoy a disposición de SS. SS. para
aclararlo ahora.
El señor VICEPRESIDENTE: Las comparecencias han sido solicitadas por los
Grupos Socialista e Izquierda Unida.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Cuevas. Tengo entendido que va
a compartir su tiempo con la señora Cánovas. Si es así, le ruego que lo
tenga en cuenta.
El señor CUEVAS DELGADO: La señora Cánovas va a formular una pregunta
puntual.
Señor Presidente, señorías, nuevamente comparece, señor Prada, y
repasando la comparecencia anterior compruebo que le hice una serie de
preguntas concretas. Hablamos de muchos temas y la comparecencia era para
un tema concreto, pero comentamos que a lo largo del tiempo podíamos ir
satisfaciendo las preguntas que yo le hacía.
Han pasado seis meses desde entonces, un año ya prácticamente desde que
están ustedes en el Gobierno, y hoy comparece aquí y nos vuelve a contar
otra vez cuál es la situación y la historia de estas empresas, en algunas
de las cuales se ha remontado hasta diez años; pero de lo que están
haciendo este año, nos ha hablado muy poquito. Lo poco que han hecho,
desde luego, no tiene ningún interés, porque es exactamente lo que
ustedes decían que estaba muy mal hecho. Lo voy a explicar, a ver si en
esta comparecencia, en la que usted puede hablar de todo --lo que pasa es
que tenemos poco tiempo--, podemos sintetizar las cosas para que nos
vayamos entendiendo en esta Comisión.
Hay una serie de consideraciones que son la clave de toda esta cuestión.
Usted ha empezado hablando de la política de privatizaciones. Yo voy a
hacer la intervención al revés, porque me parece que es ahí donde radica
el quid de esta cuestión. Y radica ahí porque lo que ustedes pretenden es
exactamente eso: privatizar el sector público. Esa es una filosofía base
y ahí orientan sus objetivos. Cómo se relanza el sector. Los Diputados
del Partido Popular decían en la anterior legislatura que el Gobierno
socialista no estaba haciendo y debía hacer ciertas cosas; sobre eso no
sabemos nada. Las soluciones que nos ha dado, por ejemplo, en el tema de
Santa Bárbara, es que han firmado un convenio en el que reproducen
prácticamente lo que en este año tenían que haber hecho y no han hecho, y
vuelven a dejarlo para el año 2002. Hacen ustedes un convenio que,
después de todo lo que dijeron los periódicos y de la alarma social que
produjeron, ha tenido una aceptación menor por parte sindical.
En este convenio ustedes y los sindicatos acuerdan, una vez más --ya
estaba antes, no tenían más que haberlo puesto en marcha--, eliminar
gastos de financiación superfluos.
Me gustaría --y se lo voy a preguntar por escrito-- que me dijera qué
gastos superfluos han eliminado de un año hasta ahora, porque estamos
hablando de un año, ya estamos hablando de su gestión, no de la del
Gobierno socialista. Dicen que se incrementa el capital social, se
absorben costes de reestructuración, se potencian las actividades de I+D,
se actualizan existencias, etcétera. Eso estaba en un plan completo,
detallado, empresa por empresa, que ustedes dicen que no sirve de nada.
Lo que hacen, porque no les sirve de nada, es redactar estas dos hojas,
donde se recogen una serie de acuerdos que son las actas de lo que se va
a hacer. Al final dicen: Si a partir del año 2000 (porque el contenido
del plan es una regulación de empleo, es lo que ustedes hacen; aplazar el
problema hasta el año 2000) algún centro no logra el resultado económico
deseado, la dirección se compromete a poner en práctica los mecanismos
previstos en los dos primeros párrafos. Es decir, volvemos otra vez a
aumentar el capital social, a eliminar gastos y a abordar un plan de
inversiones, que es lo que dice el punto dos.
Señor Prada, aunque usted cree que esa dialéctica le conviene, se está
dando cuenta de que ya no es posible seguir, ya no es posible la coartada
de que se lo encontraron mal. Ahora mismo llevan un año con Santa Bárbara
después de haber dicho, por activa y por pasiva --y no se lo podrá
achacar a la oposición--. El Gobierno plantea otra reconversión naval, la
quiebra de Santa Bárbara y el cierre de Hunosa. Piqué anuncia el cierre
definitivo de la fábrica de armas de Oviedo y condiciona el futuro de
Trubia. Piqué insiste en el cierre de la Vega.
Ahora dice usted que no va a sobrar ningún puesto de trabajo, perfecto;
pero tampoco va a haber trabajo, señor Prada. No va a haber trabajo, va a
haber una regulación en la que ustedes van a ir amortizando, porque hay
unas previsiones de jubilaciones anticipadas, etcétera. Pero de lo que
significa Santa Bárbara como empresa y ese plan de reindustrialización de
Santa Bárbara, de eso nada; al menos usted no ha dicho nada sobre si han
avanzado algo en lo que había previsto en el anterior plan de
diversificar el empleo industrial.
Las cosas que me interesan son de carácter general, y es que con esa
política de privatizaciones y con las modificaciones legales que ustedes
han efectuado en las normas que regulaban la Agencia Industrial del
Estado, la SEPI, las modificaciones que han introducido en la Ley de
acompañamiento de los presupuestos, han creado un aparato perfecto para
que se privatice sin transparencia. Por mucho que usted repita aquí que
hay transparencia, no la hay. La prueba es que no nos ha podido dar ni
siquiera un dato de ningún proceso de privatización. Y le recuerdo que,
cuando se aprobó la ley y se dijo cómo se iban a hacer las enajenaciones
de empresas públicas, la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como sus empresas,
deberían remitir a las Cortes Generales la misma información y en los
mismos plazos en los que las sociedades que cotizan en bolsa están
obligadas a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Luego hablaremos de este asunto interesante que es el quid de la
cuestión. Vamos a despachar brevemente la comparecencia de la Agencia
Industrial del Estado.
Le pregunté por el plan financiero de las empresas de la AIE. Todavía no
sabemos nada, y ese plan financiero, que estaba en el contenido básico
del convenio marco, preveía reducir un 50 por ciento, en 1999, las
aportaciones de 1996. Ya sé que ahora no hay aportaciones y, por tanto,
ustedes no tendrán, seguramente, ningún plan financiero o, si lo tienen,
como son tan transparentes, no lo dicen, porque, a veces, creo que
confunden la transparencia con que no se vea nada. Un cristal es
transparente, pero no hay nada en el cristal. A ver si es ésa la
transparencia a la que usted se está refiriendo.
Hace seis meses le pregunté sobre los planes estratégicos definidos para
cada una de las empresas. ¿Tiene usted ya algún plan hecho para esas
empresas? ¿Han elaborado algún contrato programa o, sino, han elaborado
otro sistema que permita saber cuál es la evolución de la carga de
trabajo, la evolución del empleo? ¿Hay alguna posibilidad de que sepamos
en esta Cámara cómo están gestionando ustedes el sector público y, usted
concretamente, la Agencia Industrial del Estado? A mí me parece que no
hay ningún dato que nos permita saberlo. A lo mejor, lo están haciendo
bien, como usted dice. Usted dice que lo están haciendo perfectamente
pero no hay ningún dato. No sabemos qué está pasando. A ver si en el año
2000 seguramente tenemos también la culpa de que haya sido un absoluto
desastre.
Ha dicho usted, por cierto, que les han acusado en los medios de
comunicación de catastrofistas. Yo no estoy de acuerdo con ello. No creo
que sean ustedes catastrofistas, porque catastrofista es el que anuncia
una catástrofe. Yo creo que ustedes son catastróficos. Van a llevar al
sector público a la catástrofe. (Risas.) Se lo digo tal como me sale,
porque no sé ya cómo decirle concretamente algo para que usted nos
responda. (Rumores.)
Defienden ustedes un nuevo sistema de seguimiento y control de la
situación económico-financiera de las empresas. Ha estado negando el dato
a los sindicatos, porque decían que no se podían dar datos empresa por
empresa. A preguntas escritas muy concretas hechas por Diputados de este
grupo en octubre del año pasado, han contestado ustedes que había
empresas de Santa Bárbara en las que su problema para acceder a
determinados contratos era la capacidad tecnológica, la homologación.
¿Han hecho ustedes ya algo concreto para que, empresas que están muy
homologadas y que trabajan con las mejores empresas europeas e
internacionales, tengan ya esa homologación que ustedes dicen, para
participar, por ejemplo, en el programa del avión europeo? Porque de eso
no nos pueden echar la culpa tampoco. Están la fábrica de La Coruña, la
fábrica de Oviedo --sobre todo esta última-- que tecnológicamente está
bien, que tiene una capacidad tecnológica y una normativa homologada. No
sé si faltará alguna. Digan ustedes cuál y a ver si en un año somos
capaces de hacer esto, porque, si no, no me lo explico, por mucho interés
que tenga Defensa. Por cierto que con el Gobierno socialista ya el
Ministerio de Defensa tiene interés; fueron ustedes los que dijeron que
el Ministerio de Defensa tenía que comprar
donde fuera más barato. Si han cambiado de opinión, yo me alegro.
Situación de Hunosa y Figaredo. Dice usted que va magnífico. Yo le vuelvo
a repetir lo mismo, para no alargar la sesión. Dennos algunos resultados
de los planes que están poniendo en marcha, si han reducido los costes,
cómo va la explotación, y los planes de diversificación y promoción
económica: empresas, puestos de trabajo creados, etcétera. Se lo vuelvo a
repetir. Se lo preguntaré por escrito.
Sobre el tema concreto de Santa Bárbara, en la primera comparecencia
usted decía que el posible acuerdo con Santa Bárbara tenía que basarse en
criterios distintos: en criterios de eficacia de la empresa, de
competitividad, etcétera. ¿Usted cree que el acuerdo que han firmado con
Santa Bárbara tiene estos criterios? ¿Está ahí contabilizada cuál va a
ser la mejora de la competitividad, cuando un porcentaje muy amplio de la
plantilla de todas las empresas se va a pasar 18 meses regulado y no
trabajando? (Una Diputada del Grupo Parlamentario Popular: Pero no les
han despedido como a otros.) A eso me referiré luego, porque también hay
otra especie que se está deslizando y usted en el Senado lo dijo con
mucha claridad. Habló de los puestos de trabajo que había en 1982, habló
de los que quedaban en 1995, y habló de que a usted le tocaba la
responsabilidad de conservar los que había.
Creo que es lógico que Diputados del grupo que apoyan al Gobierno digan
--como han dicho ahora mismo-- que ha habido pérdidas de empleo. Claro
que ha habido pérdidas. ¿Por qué? Por la situación del INI, por cómo
estaba el INI cuando en 1982 asumió la responsabilidad de gestionar la
empresa pública. Además, no se pueden comparar, porque no son homogéneas,
una serie de empresas de aquel entonces con otra serie de empresas de
ahora. Algunas están y otras ya no están en el INI. ¿Por qué, señor
Prada? Usted lo ha dicho de una de ellas, Corporación Siderúrgica, lo que
pasa es que se le ha olvidado decir que eso fue obra del anterior
Gobierno. Corporación Siderúrgica es una empresa que antes evidentemente
tenía una capacidad de empleo que usted podría considerar en esos
parámetros, pero es cierto que esa empresa empezó a dar beneficios con el
anterior Gobierno. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Cuevas, le ruego vaya concluyendo.
El señor CUEVAS DELGADO: Sí, señor Presidente.
Explique eso, que no es así. Usted sabe perfectamente que en 1995 había
ya 3.000 millones de beneficios de Corporación Siderúrgica. Yo no estoy
de acuerdo con la explicación que usted ha dado de que había ya un
sentido de privatización de esa empresa o de una parte de esa empresa
porque, en la anterior posibilidad de enajenación de los bienes de la
agencia, tenía que estar tres años dando beneficios para pasar a la SEPI.
Lo que sí podía haber eran negociaciones para la introducción de algún
socio en una parte de las empresas que participaban en la Corporación
Siderúrgica. Eso sí es perfectamente posible, pero, desde luego, no
obedece a esos criterios.
Por cierto, hay una cosa muy importante en lo que usted acaba de decir en
relación con la Corporación Siderúrgica. Ha dicho que puede entrar un
socio con un porcentaje determinado de acciones o bien puede haber un
canje de acciones por el que la Corporación Siderúrgica pueda participar
en otra empresa. Si esto se hace así, no solamente no habrá ninguna
posibilidad de ingreso --de los que ustedes tienen tantas previsiones--,
sino que, además, creo que esto no es ninguna posibilidad lógica. No
tiene ningún sentido que la Corporación Siderúrgica tenga un 5 por ciento
de Usinor, que no pinta absolutamente nada, cuando Usinor sí tendrá la
mayoría de las acciones o la posibilidad de controlar Corporación
Siderúrgica. Creo que si ustedes hablan de un socio tecnológico tienen
que buscar un socio tecnológico; si buscan un socio que tenga mercado,
busquen un socio que lo tenga. Pero no creo que eso sea una posibilidad,
por lo menos no estamos de acuerdo con esa posibilidad.
Hay otro tema más, pero no sé cómo estamos de tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE: Ha superado ampliamente el tiempo. Además, queda
todavía la intervención de la señora Cánovas.
Le ruego concluya, por favor.
El señor CUEVAS DELGADO: La señora Cánovas va a intervenir muy poco
tiempo, no se preocupe.
El señor VICEPRESIDENTE: No estoy preocupado. Simplemente le digo que
concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Perdón, señor Presidente. Sólo una cuestión
para retomar el debate. Aquí hay portavoces de los otros grupos, y usted
mismo fue testigo, que conocen lo que se vino a denominar total
generosidad por parte de la Mesa para un debate de las características
del que tenemos hoy, en el que no podemos atosigar al Presidente de la
Agencia, que tan dispuesto ha venido a informarnos de todo, a pesar de
que los grupos hagamos el esfuerzo de concentrar nada más y nada menos
que seis comparecencias. El propio Presidente, lamentablemente hoy
ausente, vino a comprometerse a que en absoluto habría limitación de
tiempo. Con esto no quiero decir que nos vayan a dar aquí las uvas, pero
sí que en ese sentido no haya una consideración tradicional de los
tiempos. Pediría que hubiera ese compromiso que se asumió en Mesa y Junta
de Portavoces, y que el propio Presidente, que en este momento ejerce
magistralmente el orden, lo recuerde y lo asuma.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Creo que esta Presidencia está siendo suficientemente flexible. Pero
también he dicho al principio de las comparecencias que la premura con la
que se fijó el orden del día dio lugar a que tanto el anterior
compareciente como el actual tuvieran también una serie de compromisos
adquiridos con anterioridad. Lo he dicho al principio y he rogado
la mayor concisión, que sigo rogando. Ello no quiere decir que cada uno
no haya podido exponer lo que ha querido, como es notorio.
Le ruego una mayor concisión y que vaya concluyendo, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Sí, señor Presidente, yo creo que estoy siendo
demasiado conciso, pero a veces, por algunas caras que veo, parece que
habría que explicarlo más, y no sé cómo se puede ser conciso y a la vez
explicarlo.
El tema astilleros. Ha hablado usted de la contestación social de
Astilleros, y yo creo que ya no es posible hablar de eso, porque ya
estamos en otra historia. Para Astilleros vale lo mismo que le he dicho
para otras empresas, pero aquí sí hay un matiz, porque usted ha dicho que
había un plan gestado que cuando ha llegado no le gustaba. Es
perfectamente razonable.
Ahora, ¿hace falta un año para definir otro plan? Porque todavía no
tienen ninguno alternativo a ese que no le gustaba. ¿Hace falta un año?
¿Por qué no han sido tan diligentes como con la televisión digital,
decreto incluido? A lo mejor es porque Astilleros es un problema que
afecta a la sociedad. La televisión digital afecta a otro tipo de
sociedad. No nos diga más que va a esperar otro año para hacer un plan
para Astilleros.
Díganos aquí si en este año que ustedes llevan gestionando Astilleros hay
más carga de trabajo. Díganos qué sistemas se han introducido en cada
centro de trabajo, como usted ha dicho y a mí me parece correcto, para
ver la evolución en cada uno de ellos y mejorar la competitividad. Digan
qué medidas se están tomando para hacer que el sector público (y usted ha
reconocido que los Astilleros pierden prácticamente casi todo, pero que
es un sector que no tiene por qué desaparecer, o al menos yo he creído
entenderlo así) pueda seguir siendo viable.
Ha hablado de cómo están las negociaciones con la Comunidad. ¿Cuál es el
argumento que ha hecho cambiar a la Comunidad? ¿Van ustedes a aceptar una
rebaja en la capacidad de carga de la empresa? ¿Van ustedes a aceptar una
rebaja de 30.000 toneladas o no la van a aceptar? Porque en la anterior
legislatura hay ejemplos en el «Diario de Sesiones» diciendo que nosotros
íbamos a aceptar una rebaja de la capacidad instalada. Dígalo, no se lo
calle aquí. Ahora, cuando tenga la oportunidad de contestarme, diga sí o
no. Han cambiado de opinión porque somos magníficos explicando cómo
tienen que resolver los problemas del sector naval en nuestro país.
Sobre Bazán dice usted que no había carga de trabajo. Le recuerdo que el
programa de la fragata se aprobó con el anterior Gobierno socialista.
Había dotación en los presupuestos de 1996, que su Grupo no votó, y no
fueron aprobados, y por eso no fue posible incluirlo ese año. Ustedes lo
que han hecho ha sido recoger ese fruto (Rumores.) Hay que ver no, eso es
exactamente así. Es un programa que tiene tiempo de gestación, tiene
también la decisión presupuestaria de invertir en eso, estaba prevista la
inversión, no se pudieron aprobar aquellos presupuestos y no se hizo. En
estos presupuestos seguramente hay posibilidad. Ahora está el programa de
las fragatas, pero en todo este tiempo podía usted haber adelantado algo.
¿Se va a diversificar el contrato de las fragatas en los centros de
trabajo? ¿Se va a repartir la carga de trabajo, o no?
En fin, se podían comentar algunas cuestiones más, pero yo creo que no
merece la pena, porque no hay tiempo para ello, y creo que es más
interesante centrarnos en lo que yo pienso que es la cuestión
fundamental, que es la filosofía con la que ustedes encaran las
privatizaciones. Hay una diferencia fundamental en lo que el Gobierno
socialista hizo durante tiempo y estaba culminando, como era conseguir
que un sector público potente, saneado, fuera motor de la industria en
este país, con la participación privada necesaria. No hace falta tener el
51, ni el 60 de una sociedad para seguir teniendo presencia en sectores
estratégicos, que además, como en el caso de las empresas que usted y la
SEPI incluyen, tienen una capacidad de generar nuevas actividades en
sectores adyacentes. Eso no tiene nada que ver con el programa de
privatizaciones. Tampoco tiene nada que ver con la forma en que eso se
estaba llevando a cabo. Le he citado antes un ejemplo de cómo estaban
previstas las cosas. Pero es que además ustedes han iniciado y han puesto
en marcha un mecanismo donde la transparencia no tiene absolutamente
cabida.
Usted explicaba en el Senado cómo era esa proceso. Hay una primera parte
en la que los presidentes de las tres sociedades, la nueva que se ha
creado --la de participaciones patrimoniales--, la SEPI y la Agencia
Industrial, forman el primer núcleo de decisión sobre las empresas a
privatizar. Después, hay una segunda fase que se remite al Consejo
Consultivo de Privatizaciones, consejo que sigue siendo fantasma porque
no tiene traducción en el «Boletín Oficial del Estado» --dicen que
también mutilado--, que ya está empezando a cumplir sus funciones, pero
no las que ustedes dicen, sino las que realmente cumple.
Ustedes, para ese proceso de privatización, necesitan dos cosas: primero,
que no sea transparente, por mucho que digan que es transparente, y,
segundo, poner de acuerdo a todos los grupos económicos afines para que
en ese proceso no haya ningún problema. Ese es el papel que interpreta el
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Si no, ¿cómo es posible que dos
miembros de ese consejo, cuando han hecho el segundo informe, referido a
Telefónica, estén ya en el consejo de administración de Telefónica? ¿Cómo
es posible, siendo tan independiente, que el presidente de ese consejo
tuviera que abstenerse en esa votación que hubo, por supuesto reñida,
para decidir cómo se hacía el informe para privatizar una sociedad? De
independiente nada, señor Prada; de independiente nada. Y dentro del
aparato del Estado o de los estamentos del Estado tampoco, está de forma
colateral, pero tiene una función decisiva y no precisamente --creo yo--
para evaluar lo que le he dicho antes: si una empresa puede servir de
motor para el sector público. Lo que hace es, simplemente, decir en qué
momento y de qué forma se vende y, desde luego, ahí se pueden hacer
muchas interpretaciones. Si hubiera transparencia, no tendríamos que
hacer ninguna, pero si no la hay, tendremos que hacer algunas, porque, a
lo mejor, el momento no es el mejor para los intereses públicos y el
precio tampoco, aunque también es cierto que usted ha dicho que el precio
es lo de menos en esto de las privatizaciones. Si el precio es lo de
menos, ¿qué es lo de más? Si el precio es lo de menos, si el comprador o
los compradores no se conocen hasta que no se ha hecho la venta, si el
proceso y los informes que se emiten tampoco se conocen, ¿qué es lo de
más? Pues lo de más es lo que yo le estoy diciendo: que ese proceso de
privatizaciones va a conducir a esquilmar el sector público en unos años,
y las empresas que no son susceptibles de privatización --como usted ha
dicho, por una razón fundamental: que no hay quien las compre-- las pasan
ustedes a la Agencia, que ya empieza a funcionar como el antiguo INI.
Ustedes están resucitando el Instituto Nacional de Industria hasta tal
punto que han hecho una modificación legal por la cual la Agencia
Industrial, que antes tenía que sujetarse a la Ley de Contratos del
Estado, ahora no tiene que hacerlo, ahora la Agencia Industrial puede
contratar lo que quiera, sin necesidad de ajustarse a dicha ley. Y, para
parecerse más al Instituto Nacional de Industria, ustedes prevén
centralizar las compras de todas las sociedades de la Agencia Industrial.
Eso también lo anunció usted como una novedad que iban a introducir para
que el sector público tuviera iniciativa. Así que nos encontramos con que
de aquí al 2000 --quizá ustedes prevén que en el 2000 ya no les tocará
austedes el problema, sino que se lo encontrará otro-- van a tener a los
trabajadores regulados y van a tener unas empresas con magníficas
instalaciones, aunque con dificultades. Por ejemplo, Santa Bárbara,
evidentemente, tiene un futuro difícil si no se acometen reformas y
--seguramente la primera parte era dotarla de tecnología y de maquinaria
suficiente, cosa que se hizo, y otra parte era, como usted ha dicho,
convencer a los trabajadores y a la parte social de que había que
incrementar la productividad--, pero también tiene que tener una cartera
de pedidos y un funcionamiento, y no es menor el problema que tiene Santa
Bárbara si lo comparamos con el que tenía la siderurgia en nuestro país.
Por tanto --y no me voy a extender mucho más--, esperando que usted me
responda a estas cuestiones, termino diciendo que aquí tenemos que hablar
con claridad. Ya no es posible mantener más coartadas. Ustedes asuman lo
que están haciendo, explíquenlo y si los ciudadanos lo ven bien,
perfecto, pero no anden contando con reiteración, hasta la saciedad, la
historia de lo mal que se hizo, diciendo que no están haciendo lo que le
acabo de decir, que esto es transparente y preguntando de qué nos
quejamos. Nos quejamos de que no es transparente y de que no están
haciendo lo que dicen, sino todo lo contrario. Esta es la primera
comparecencia en la que esto se pone de manifiesto, porque para ello
tenía que haber pasado este año y que ustedes no tuvieran la coartada.
Esto, como digo, se pone de manifiesto ahora y, en la próxima
comparecencia, lo va a tener usted mucho más difícil.
El señor VICEPRESIDENTE: Teniendo en cuenta que la flexibilidad ha
llevado a que el señor Cuevas haya hablado 24 minutos, ruego a la señora
Cánovas que sea todo lo breve que pueda.
La señora CANOVAS MONTALBAN: Lo intentaré, señor Presidente.
Señor Prada, quiero agradecer su intervención, pero pedirle mayor
concreción respecto a la posible privatización de la Empresa Nacional
Bazán. Para ello le ruego escuche un breve resumen de algunos documentos:
El 5 de julio el Gobierno contesta a una pregunta de esta Diputada en
estos términos: no se plantea la privatización de la Empresa Nacional
Bazán.
El 11 de julio, en la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de
Murcia, el portavoz del Grupo Popular reitera la decisión del Gobierno
que preside José María Aznar de no privatizar la empresa de construcción
naval Bazán: No sé cuántas veces tendremos que decir esto para que entre
en sus entendederas y quede bien claro, pero no hay ninguna reticencia a
eso que el Ministro, etcétera... y en aras de la brevedad, paso.
De las declaraciones del señor Alsina en sus comparecencias en el
Congreso y el Senado, ni de las suyas propias señor Prada, en ningún
momento se ha deducido ni ha aparecido el fantasma de la privatización.
Siempre se ha hablado de viabilidad, de consolidación, de la gran
tecnología de esa empresa y del gran orgullo que supone representarla, lo
cual compartimos. Sin embargo, ¡oh, sorpresa!, el 12 de febrero leemos en
la prensa: La Agencia Industrial del Estado quiere privatizar Bazán en un
plazo de siete años. Su Presidente anuncia que esta semana se encargará
el estudio de viabilidad de la empresa. Señaló igualmente que todas las
empresas públicas, incluidas las llamadas estratégicas en gran medida
dependientes del Ministerio de Defensa, serán susceptibles de ser
privatizadas. Prada negó la posibilidad de hacer ajustes laborales, pero
sí anunció la necesidad de reducir los salarios de los trabajadores. Esas
declaraciones, que no hemos visto desmentidas por usted en el mismo
diario, han causado una gran alarma en Cartagena, en su comarca y en la
región de Murcia.
Posteriormente, se han sucedido una serie de declaraciones, algunas muy
encendidas y en aras de la brevedad solamente citaré algunas cosas: los
desmentidos de los Diputados del PP que las consideran imprudentes,
porque dicen que lo único que crea es una incertidumbre innecesaria. Es
más fácil cuando se hacen estos órdagos, y leo textualmente, que el
presidente de la Agencia Industrial deje de ser presidente antes de que
se privatice Bazán y otras manifestaciones de ese estilo. El dice que no
lo ha dicho --esto lo dice el Diputado del Partido Popular--, pero lo
cierto es que en otro marco se afirma que en siete años se privatizará
Bazán. Esto es ciencia ficción, etcétera. Y así siguen los desmentidos de
la alcaldesa, etcétera. Los periodistas llaman a esto por segunda vez.
Los grupos políticos van a la asamblea y de nuevo todos ellos hacen una
declaración institucional apoyando a Bazán y entonces nos preguntamos:
Ante esta polifonía discordante ¿habrá una tercera vez? ¿No será como en
el juego infantil que a la tercera va la vencida? Por eso, señor Prada,
le solicito que su voz sea clara y nítida porque Cartagena y su comarca
no tienen por qué soportar más incertidumbres. Tenga en cuenta que en
este caso sus declaraciones han podido seguir la ley física de la
palanca: que la efectividad de las fuerzas se ha multiplicado por la
distancia, y los desmentidos de los representantes del P.P. en Cartagena,
por contra, al ser multiplicado por cero kilómetros, han perdido su
credibilidad.
Por ello, le ruego nos diga si la Agencia quiere privatizar Bazán en
siete años o en otra cantidad de años. Si prevén reducir los salarios de
los trabajadores. Si habrá o no ajuste de plantilla. Si tienen ultimado
el plan de futuro o de empresa. Si han encargado --aunque entiendo que a
esto parece que ha respondido que sí-- a asesores externos un estudio
respecto a este plan. Despéjenos usted de dudas, aclare qué dijo si es
que lo dijo, porque a lo mejor no lo dijo, y qué dice ahora ante esta
Comisión en el Congreso de los Diputados, porque la Empresa Nacional
Bazán es una empresa estratégica que desde que se recuerda ha sido un
motor económico y sustento de muchas familias no sólo en Cartagena, sino
en la Comunidad Autónoma de Murcia y como usted ha sugerido en su
intervención, que incluso no dudó en participar económicamente en la
empresa ayudando a su modernización. En aras de la brevedad termino
pidiéndole que con su respuesta levante la niebla que envuelve a Bazán y
que luzca el sol mediterráneo de la claridad absoluta respecto a las
declaraciones del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo considera que a la hora de
agrupar estas comparecencias existe muchas veces la posibilidad de la
dispersión y la incapacidad de profundizar en aspectos que nos gustaría
conocer con mayor profundidad.
Decía a lo largo de su intervención que había seis aspectos fundamentales
que brillaban en la gestión de la Agencia Industrial, citaba el rigor
profesional, la transparencia informativa, la negociación con los
interlocutores sociales, la transparente participación de las comunidades
autónomas, la austeridad en los gastos y la tendencia a la viabilidad de
las empresas para su privatización. Hay un apartado en el que es clara la
posición de nuestro grupo y es el hecho de no compartir la filosofía de
la privatización por la privatización. Creemos que ustedes forman parte
de un Ministerio de Industria que hasta el momento no tiene una política
industrial definida. Está poniendo toda su carne en el asador para
desprenderse, en el caso de las empresas de la Agencia, de lo que
interpreta como una carga, y busca mecanismos para desprenderse de lo que
considera un problema en un sector en el que algunas de estas empresas
tienen posibilidades de diversificar sus actividades actuales y servir de
motor dentro de las posibilidades de cada una en algunos de los sectores,
como puede ser el caso de Santa Bárbara o la Corporación Siderúrgica
Integral, etcétera, para abordar actividades I+D u otro tipo de
actividades que por su tamaño tienen unas posibilidades que no se dan ni
siquiera en muchas empresas privadas. Son aspectos sobre los que no han
explicado suficientemente cuáles son los esfuerzos que, desde lo que
todavía queda, se pueden hacer o se están haciendo.
En mi opinión, sigo sin tener información suficiente sobre cuáles son las
actividades en positivo, incluso las actividades de viabilidad, planes de
futuro, etcétera, y qué se ha hecho a lo largo de este año, aparte de
atender los conflictos y de tener que cambiar, cosa que me parece
positiva, o rectificar incluso, las primeras intenciones anunciadas en el
caso de la Agencia Industrial del Estado.
Hablaba, por ejemplo, de transparencia informativa y que eso había sido
positivo. En términos de tácticas de negociación puede ser un mecanismo
legítimo y lo es. Es decir, se trataría de plantear una situación tan
catastrófica que luego los otros interlocutores entiendan que hay que
llegar a un punto intermedio. Si eso era una mera táctica, me parece que
fue abusar de esos mecanismos por los titulares que provocaron al inicio
de esta legislatura, y que algunos se han citado hace un momento en la
intervención, que significó cierta inquietud social en algunos sitios.
En cuanto al diálogo social, es positivo. Me alegro que haya habido
acuerdos. Lo que pasa es que no son del todo tranquilizadores, primero
porque hay que darle a cada uno lo que tiene. Hay un cambio de actitud
también importante, pero vamos ha hablar de lo que más se ha visto que es
el tema de la minería. Ese cambio de actitud se produce forzado porque
toda una región como ha sido Castilla y León se tira a la calle, incluso
con los Diputados del Partido Popular a la cabeza. Me alegro de que eso
haya provocado un cambio de actitud, se esté negociando y que el viernes,
por ejemplo, haya una reunión importante para estudiar el sector del
carbón, al mismo tiempo que un mediador ha tenido que desautorizar, entre
comillas, a su propio ministro para intentar tapar lo que se podía
convertir en un conflicto social muy serio. Me alegro de que esas
rectificaciones se vayan produciendo, pero creo que los interlocutores
sociales, incluidos los empresarios de León, han tenido mucho que ver en
ese cambio de actitud a priori.
En cuanto a la comunicación transparente con las comunidades autónomas,
forma parte de esta misma discrepancia que es legítima. Me parece
positivo que las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por
el partido que sustenta al Gobierno, discrepen del Gobierno. Prueba de
ello es que, por ejemplo, en los avatares que puede sufrir la
privatización de la Corporación Siderúrgica Internacional hay una
discrepancia importante entre los criterios que usted a priori ha
definido aquí, aunque no los ha explicado muy bien, y luego hablaré un
poco de la CSI; es decir, qué participación pública va a quedar dentro de
la CSI. Usted ha hablado de desprenderse, si puede ser, de un 20-30 por
ciento a esta especie de socio europeo, pero no ha hablado de algo
importantísimo, como es saber qué participación pública va a quedar y,
por lo tanto, qué capacidad tendrá nuestro país para ser determinante en
la gestión de la CSI, no vaya a ser que nos convirtamos en meros
instrumentos de otras estrategias de multinacionales ubicadas fuera de
nuestro país.
En cuanto a otras cosas, ustedes las convierten en acto de fe. Quiero
creer que ha mejorado la austeridad en los gastos y el rigor profesional
en la gestión, pero quiero hacerle
una crítica genérica. La información consiste, entre otras cosas, en
remitir a esta Cámara puntualmente lo que usted mismo se comprometía el
26 de septiembre de 1996: que este Parlamento tendría información
puntual. Su ministerio, al que pertenece la Agencia, creo que es el que
menos documentos nos envía, sobre todo de política industrial. Y voy a
ponerle un ejemplo, tonto si quiere: ni siquiera el acuerdo firmado con
los sindicatos nos lo han remitido ni a los portavoces ni a los Diputados
de esta Cámara. No hay ningún problema porque los sindicatos lógicamente
nos los remiten, pero no es el procedimiento lógico. Hubo un caso en el
que ustedes pudieron presentarnos un acuerdo con los sindicatos, y lo
lógico hubiera sido que siendo un acto significativo, en un conflicto
significativo, remitírnoslo a esta Cámara para poder tener información
por la vía normal.
Esto es extensible también a los procesos de privatización y a muchas
cuestiones que están gestionando. Al final le vamos a pedir que nos mande
la misma documentación que entregan a los medios de comunicación. Eso
evitaría tenerles que preguntar después sobre titulares que probablemente
distorsionan la información que ustedes entregan directamente a los
medios de comunicación especializados. Esto creo que es una fuente de
conflictos entre grupos políticos, porque tenemos que interpretar lo que
el periodista escribe y no lo que probablemente han remitido de forma
puntual a los medios de comunicación. Si no quieren enviarnos otra, al
menos envíennos esos mismos documentos que me consta que ustedes entregan
sistemáticamente a los medios de comunicación. No le voy a pedir que nos
manden las filtraciones porque sé que eso lleva otra gestión más
complicada. (Risas.) Yendo al correlato que usted ha hecho y sobre el
tema Hunosa-Figaredo, creo que no nos han aportado, ni siquiera por
escrito, de vez en cuando, algunos datos significativos de la evolución.
Tenemos que enterarnos siempre por la prensa de si hay o no desviaciones
en el cumplimiento del contrato-programa, de qué tipo, por qué y, sin
embargo en la prensa salen informaciones que luego son desmentidas o
corregidas. En el caso concreto de Hunosa han salido recientemente sobre
si había problemas de absentismo o de otro tipo. Usted no nos ha
informado, ya que faltan nada más que once meses para que termine el
contrato-programa, sobre cómo está realmente la empresa.
Sobre la CSI nos ha dicho que hay una oferta plural, estamos cansados de
leer en la prensa de si va a ser Usinor u otro tipo de grupos. Díganos al
menos qué grupos han tomado alguna iniciativa de contacto con la Agencia
Industrial del Estado para saber de quién estamos hablando y tener algún
tipo de información de primera mano y no tengamos que comprar «La Voz de
Asturias» u otro tipo de periódico, que no sabemos qué fiabilidad tienen.
Estos datos me consta que en muchos casos proceden de su departamento.
Díganos con quién se ha puesto en contacto y haga una primera evaluación
que no ponga en riesgo, por supuesto, el proceso en que están embarcados.
Nos interesa mucho saber cuáles son y cuál va a ser el criterio que se va
a tener al final. Por informaciones de prensa sabemos que habrá una
salida de la Corporación a bolsa, pero queremos saber en qué porcentaje,
qué porcentaje va a quedar, si hay programados distintos plazos y si el
objetivo final es desprenderse del cien por cien. Nosotros seguimos
insistiendo en que tiene que haber una presencia pública significativa en
la Corporación Siderúrgica Integral y que hay que tener mucho cuidado en
no convertirnos en instrumentos de estrategias de otro alcance de
multinacionales. Esto no le corresponde a usted, pero en una próxima
comparecencia sobre la SEPI hablaremos por ejemplo del aluminio, ya que
nos preocupa en qué manos puede caer, sobre todo por lo que usted decía:
mantenimiento de empleo, de actividad y por entender que es un sector que
tiene todavía un papel muy importante que jugar, fundamentalmente en el
caso concreto de regiones como Asturias o País Vasco, después de todos
los procesos traumáticos que ya han sufrido.
En cuanto a Astilleros Españoles hay una cosa en la que podemos
coincidir, que debemos conocer la evolución de los astilleros uno por uno
y no entremos en una especie de ceremonia de confusión, que sería malo
para todo el grupo de Astilleros. No creo que sea necesario ir a la
separación jurídica de las empresas, pero sí al menos a las unidades de
gestión independientes, que ya se han utilizado en otros sectores. Por
tanto, estamos de acuerdo en conocer individualmente y por comunidades
cuál son la actividad, los ingresos y los gastos, es decir, poner todo en
una cuenta de resultados propia de cada astillero, pero tenemos dudas de
si para eso sería necesario ir a una separación jurídica del sector.
En el caso de la Corporación Siderúrgica Integral entendemos que hay una
unidad de empresa y, por tanto, estamos de acuerdo en que se haya
reforzado. Hay que decir lo que es bueno y lo que no, los pros y los
contras de las actuaciones. En ese caso estamos absolutamente de acuerdo
en que la Corporación Siderúrgica Integral es un todo indivisible y que,
por tanto, es una acción correcta en ese sentido. El problema es que si
eso termina con la venta total de la Corporación Siderúrgica Integral no
estaremos de acuerdo. Es un poco lo que nos pasa en otros sectores, en
Endesa, etcétera, donde podemos compartir actuaciones puntuales, pero el
problema es cuál es su fin último.
En relación a Astilleros nos preocupa en qué va a consistir este nuevo
acuerdo en el que hay que buscar el máximo aprovechamiento de la
plantilla, etcétera. Nos preocupa cómo se va a desarrollar ese plan, que
al principio parecía convertir a los trabajadores en absentistas o algo
similar. Esa fue la primera impresión que dieron --insisto una vez más--
las comunicaciones de prensa que surgían del entorno ministerial. Daba la
impresión de que estábamos ante unos trabajadores que no cumplían con sus
obligaciones. Creo que eso no es así y que además las empresas tienen
mecanismos de gestión para optimizar los recursos humanos que tienen y
para evitar eso. Yo creo que la primera responsable de una situación de
ese tipo es siempre la dirección de la empresa, que ha de tener
mecanismos suficientes para gestionar sus recursos humanos. Nos preocupa
que eso se pueda convertir en algún tipo de medida que genere conflictos
en el sector.
Por último, me voy a centrar en Santa Bárbara. Nosotros nos alegramos de
la rectificación de las primeras medidas que se anunciaron. Se llegó a
hablar de la posible quiebra, si no había otra solución, a fines del
ejercicio que ha terminado y del cierre concreto de Oviedo o de Murcia.
Nos sigue preocupando, porque consideramos que estamos en una situación
muy similar a la que existía antes del acuerdo. Creo que se ha ganado
tiempo y que eso es positivo porque relaja la tensión social, pero afecta
a trabajadores que en algunos casos llevan muchos y largos meses en
regulación de empleo, demasiados años ya sin actividad laboral, lo cual
perjudica a la propia formación y supone un deterioro del capital humano
que tiene esta empresa. Por lo tanto, bienvenido sea el acuerdo en lo que
supone de ganar tiempo en cuanto a revisar los planes posibles y a algo
que siempre dijo Izquierda Unida, que una de las bases fundamentales de
salida era que el Ministerio de Defensa tomara conciencia de que aquí
había una empresa que podía realizar una actividad importante y que con
medidas de acompañamiento podíamos solucionar que nuestro ejército no
dependiera en todo de tecnología externa, que al menos el montaje de
aquellos elementos que se pueden hacer se realizaran en las factorías de
Santa Bárbara y, que por tanto, era vital. Que ahora parezca un gran
avance que el Secretario de Estado de Defensa visite la fábrica Santa
Bárbara dice muy poco en favor del Ministerio de Defensa, porque parece
que en el año 1997 no conoce qué tecnología o qué centros de producción
tiene Santa Bárbara. No sé si es culpa de los actuales o los anteriores,
pero da la sensación de que el Ministerio de Defensa llevase varios años
sin conocer la existencia de Santa Bárbara. Ese acuerdo es válido para
salvar una situación puntual, pero se necesita a muy corto plazo que se
sepa adónde va Santa Bárbara, cuáles son las actividades que va a
desarrollar y, en especial, los centros que inicialmente estaban
considerados como susceptibles de ser cerrados. Creo que hay dos o tres
centros que siguen teniendo una enorme preocupación. Básicamente son los
de Murcia, La Coruña y Oviedo. Querríamos saber cómo se va a abordar esa
situación. Insisto en que hay una serie de informaciones que si ustedes
nos hubieran enviado nos habríamos ahorrado algunas de las preguntas.
Termino por donde empezaba. A mí no me gusta dedicarme a crispar las
intervenciones de las comparecencias. Insisto en que ha pasado mucho
tiempo y que tenemos una escasa información.
En cuanto al proceso de privatizaciones, quiero referirme a algo que ya
se ha dicho. Algunas de las actuaciones del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, así como algunas situaciones que se están dando, pienso
que son impresentables. Que un consejo de privatizaciones se autorregule
sus incompatibilidades no pasa en ningún país. Creo que es un mal camino
y que, en todo caso, a los consejeros que quedan habría que preguntarles,
antes de seguir haciendo informes, si tienen gran interés en continuar en
esa actividad o si prefieren otro tipo de actividad empresarial. Dado el
volumen de privatizaciones que va a haber, se evitaría que se repitan
situaciones como el hecho de que más que un verdadero consejo de
privatizaciones parezca una oficina de colocación de altos cargos.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Grupo
Mixto y Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Peón.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, creo que me corresponde
intervenir primero.
El señor VICEPRESIDENTE: Unas veces vamos de menor a mayor y otras de
mayor a menor.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Ese no es ningún criterio. O se empieza por
el grupo de la oposición y se acaba por el que sustenta al Gobierno o no
sé qué clase de criterio es. Lo digo porque me parece anormal. Es la
primera vez que pasa.
El señor VICEPRESIDENTE: Las dos comparecencias anteriores habían sido
solicitadas por el Grupo Socialista y por Izquierda Unida. Por eso les di
la palabra a ellos dos. Se puede hacer de menor a mayor o viceversa.
Empezamos con el Grupo Popular y tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Acabada esta cuestión de procedimiento, voy a ceder
la palabra a mi compañero Arsenio Fernández de Mesa, que va a hablar del
tema de Bazán y Santa Bárbara específicamente, porque tiene que
ausentarse, y después haremos una valoración general sobre lo que ha
expuesto el compareciente señor Prada.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo, señor Peón.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente de la
Agencia Industrial del Estado, por su comparecencia.
Entiendo sinceramente que las cosas están cambiando. De lo que no cabe la
menor duda es de que los criterios que ha introducido este Gobierno en
términos generales, el Ministerio de Industria en lo que le compete y la
Agencia Industrial del Estado en las empresas de la misma, están
empezando a cambiar la tendencia que venía produciéndose desde años
anteriores, gobernara quien gobernara.
Algún punto de referencia habrá que tener. No vamos a estar
permanentemente acudiendo al pasado. Ni siquiera me parece lógico que se
acuda a 1982 para justificar la situación que se hereda por parte del
Partido Socialista para justificar la que entregan en el año 1996. Están
en su legítimo derecho de hablar siempre de la herencia recibida en 1982.
Nosotros no vamos a hacerlo, pero sí habrá que partir de una situación
base: los términos reales y concretos en que se encuentran determinadas
empresas de la Agencia Industrial del Estado y sobre las que su
Presidente ha hablado aquí esta tarde.
Señor Presidente, nosotros nos alegramos de que la Agencia Industrial del
Estado y este Gobierno hayan sido capaces de profundizar en el diálogo
social, algo que gobiernos socialistas fueron incapaces de realizar, y
mucho menos en los temas de Santa Bárbara, de Bazán o de Astilleros
Españoles. Ha habido que llegar a laudos de colegios arbitrales porque no
se ponían de acuerdo. Ha habido que llegar a planes estratégicos variados
en 24 horas ante la contestación social que se producía con algunos de
estos planes. La sección del metal de la UGT llegó a declarar el plan
estratégico sobre Santa Bárbara como un delito social. Estas no son
palabras que diga el Grupo Parlamentario Popular y que se refieran al
Gobierno anterior; estamos hablando de una realidad. Si tenemos una
memoria relativamente cercana, hay Diputados que no podemos olvidar lo
que ha pasado en esta Cámara durante muchos años. Sin tener ganas de
echar absolutamente nada en cara al Gobierno anterior, cuando se refieren
a lo que está haciendo este Gobierno --por cierto, lleva usted en su
cargo nueve meses y hay que recordar que algunos decretos y decisiones
del Gobierno socialista, que han perjudicado gravemente a la economía del
país, se tomaron en funciones, después de las elecciones generales del 3
de marzo-- habrá que tener en cuenta cuáles son las medidas que el
Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Industria y la Agencia
Industrial del Estado han venido tomando durante estos últimos meses.
Vamos a partir de datos objetivos en lo que se refiere a Santa Bárbara,
señor Prada. La situación real social del plan estratégico del Gobierno
anterior era la siguiente, centro por centro. Plan de competitividad,
situación de plantillas y futuro de plantillas. Decía: Granada, plantilla
actual, 271 trabajadores; plantilla futura, a partir del día 1 de enero
de 1997, cero trabajadores. La Coruña, plantilla actual, 293
trabajadores; plantilla futura, día primero de enero de 1997, cero
trabajadores. Valladolid, plantilla actual, 210 trabajadores; plantilla
futura, 1 de enero de 1997, cero trabajadores. Toledo, plantilla actual,
170 trabajadores; plantilla futura, 1 de enero de 1997, cero
trabajadores. Reducción de plantilla, de 3.128 trabajadores, una
reducción de 2.170 trabajadores. Esta es una realidad virtual, éste es un
documento oficial del Gobierno anterior. No sabemos qué Gobierno, no es
responsable nadie de lo que ha pasado en España durante los últimos
catorce años. Es un documento del Gobierno anterior. Situación del día 27
de febrero de 1997: no se ha cerrado un solo centro de la Empresa
Nacional Santa Bárbara. Punto y final. El Partido Popular está totalmente
convencido de que este Gobierno va a ser capaz, en tan sólo nueve meses,
de crear un punto de inflexión tal que va a demostrar a la opinión
pública española y a algunos grupos parlamentarios que somos capaces de
hacer rentables las empresas del sector público de la defensa.
Es muy fácil decir que la situación heredada, antes de 1982, ha llevado a
la situación caótica de 1996, pero la situación, después de diferentes
planes estratégicos, es la siguiente. Subactividad en la fábrica de La
Coruña, año 1986, el 3 por ciento, el 3 por ciento de subactividad en la
fábrica de La Coruña en 1986; habían pasado cuatro años del Gobierno
heredado en 1982. Subactividad en el momento de cambiar de Gobierno
--vamos a hablar del Gobierno del Partido Popular--, 99,7 por ciento.
Toledo, de una subactividad en el año 1986 del 14 por ciento,
subactividad superior al 80 por ciento cuando se produce el cambio de
Gobierno. Estos son datos del Gobierno anterior, sea cual fuere. Murcia,
de una subactividad del 40 por ciento en el año 1987 y del cero por
ciento en 1986, llegamos a una subactividad del 98 por ciento en el año
1996. Granada, de una subactividad del 9 por ciento a una superior al 80,
etcétera. La situación, no heredada, la situación con la que se
encuentra, regalada del cielo, el Gobierno del Partido Popular en el año
1996, cuando accede al poder, de la Empresa Nacional Santa Bárbara es de
quiebra técnica, de cierre de factorías. En el momento actual, nos
encontramos ante un proceso de negociación donde no hay previsto el
cierre de ninguna de las factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Señor Prada, me alegra saber que el señor Secretario de Estado visita,
por primera vez, alguna de las factorías de la Empresa Nacional Santa
Bárbara. Hay que reconocer públicamente que el Ministro de Defensa las
conoce todas y ha estado en todas viendo cuáles eran las posibilidades
estratégicas de cada una de ellas, desde la fabricación del Pizarro, del
Leopard, del Cetme o de la SBB de Sevilla. Por tanto, el Ministerio de
Defensa tiene conocimiento exacto de lo que está pasando en la Empresa
Nacional Santa Bárbara. Señor Prada, el Grupo Parlamentario Popular le
felicita respecto a la Empresa Nacional Santa Bárbara por haber alcanzado
un punto de inflexión que hace atisbar a los trabajadores y a las
ciudades en las que se encuentra ubicada la empresa que las cosas están
cambiando.
En cuanto a la Empresa Nacional Bazán se coge de ese Gobierno etéreo que
no era de nadie con una falta total de carga de trabajo. No es cierto que
estuviera previsto por el Gobierno anterior la fabricación de las
fragatas F-100; no es cierto en modo alguno, no lo es. Se trata de un
programa del año 1994 que desde entonces está en stand by y cuya orden de
ejecución de 1.800 millones de pesetas pudo haber aprobado el Gobierno
del Partido Socialista, puesto que a él se ha referido su portavoz, en
febrero del año pasado, pero prefirió aprobar con el mismo presupuesto la
orden de ejecución de 6.000 millones de pesetas de los Pizarro en Oviedo,
que nos parece muy bien, pero dinero había, programa había, voluntad
política de favorecer a la Empresa Nacional Bazán, ninguna. La orden de
ejecución de 1.800 millones no se quiso aprobar en 1996 en el Consejo de
Ministros del Gobierno socialista; sí se aprobó en el Consejo de
Ministros de la segunda semana del mes de febrero la orden de ejecución
por valor de 6.000 millones de pesetas de unos carros de combate en
Asturias. ¡Oh casualidad!, la circunscripción por la que se presentaba
como cabeza de lista el ex Ministro de Defensa socialista. Por tanto, la
Empresa Nacional Bazán se encontraba en una situación caótica y
afortunadamente, en virtud del acuerdo que alcanzan el Ministerio de
Defensa y el de Industria, se ha garantizado carga de trabajo desde 1996
con una importante innovación tecnológica de futuro que hará de la
Empresa Nacional Bazán una de las empresas número uno en el mundo como
exportadores de material de defensa.
Tengo que decir más, en estos dos años valle el Ministro de Defensa y el
Ministro de Industria han anunciado el compromiso de este Gobierno para
la construcción, en un plazo que ya se está culminando, de una segunda
LPD para que dé carga de trabajo estos dos años. A pesar de las fragatas
que ustedes iban a hacer, no habían contemplado que habría tres años de
época valle en la que habría que empezar con regulaciones de personal que
supondrían unas pérdidas mensuales cercanas a los 800 millones de pesetas
en la Empresa Nacional Bazán.
Señor Prada, yo no he leído en ningún sitio en España que usted haya
dicho que la Empresa Nacional Bazán se va a privatizar, en ninguno, y me
remito a la contestación escrita del Gobierno y a la contestación oral
del Ministro de Industria y del Ministro de Defensa en el Pleno de la
Cámara. Y tengo que repetir que ningún político, ni del Partido
Socialista ni del Partido Popular lo ignora. Me imagino que el señor
González no será responsable de haber dicho en el seno de una reunión del
Partido Socialista que el Partido Popular se había financiado de manera
ilegal y, sin embargo, los titulares estarán ahí y tendrá que responder
si es cierto o no; me imagino, repito, que el Gobierno no tendrá que
estar desmintiendo permanentemente titulares de prensa que en ocasiones
obedecen a la verdad y en otras a interpretaciones que se le pretenda dar
desde determinados medios de comunicación.
La Empresa Nacional Bazán ha sido catalogada reiteradamente por el Grupo
Parlamentario Popular cuando era oposición y ahora cuando es Gobierno
como una industria de carácter estratégico de la defensa y como tal la
consideramos imprescindible en el sector público. Eso se ha dicho por
activa y por pasiva por el Ministro de Industria y por el Ministro de
Defensa en sede parlamentaria en preguntas orales y por escrito, como
usted muy bien dice, en contestaciones que tiene en su poder.
Señor Prada, quiero terminar no sin antes decir que también en Astilleros
Españoles las cosas están cambiando, porque, frente a todas las
manifestaciones y revueltas que hicieron cambiar en 24 horas el plan
estratégico del Gobierno socialista, y lo recordamos en esta misma sede y
probablemente en esta misma sala, ya no sólo hay la previsión de no
cerrar ningún centro, compromiso de este Gobierno, no del anterior, que
tenía en su objetivo Sevilla; ya no sólo hay el compromiso de mantener
todo el personal de los astilleros públicos españoles, sino que además
contratamos barcos para que se construyan en los astilleros españoles y
no suceda, como hemos tenido la desgracia de ver, que mientras nuestro
astillero de Sevilla no tenía una sola tonelada que llevarse a la boca
hace cuatro años, Trasmediterránea encargaba la construcción de un buque,
por importe de 10.000 millones de pesetas, en Masa-Yard, en Finlandia.
Por lo tanto, celebramos también el nuevo cambio de talante, la nueva
visión de futuro del Gobierno del Partido Popular.
Por eso, señor Prada, nosotros creemos que ustedes, de momento, tienen el
beneficio y la garantía desde este grupo parlamentario de que las medidas
que están adoptando, con las bases que están asentando, por lo menos, con
el tiempo, darán sus frutos. No pedimos catorce años. Yo comprendo que el
Partido Popular había levantado expectativas inmediatas, pero no se puede
hacer menos en menos de un año lo que se ha deshecho en catorce. Nosotros
no vamos a pedir catorce años para que se juzgue nuestra labor. Nosotros
vamos a pedir, cuando menos, que empiecen a dar su fruto esos diálogos
entre las centrales sindicales y la empresa; esos diálogos en los que
políticamente no queremos meternos, porque para eso están empresa y
centrales sindicales, y esperamos que muy pronto den sus frutos. Por lo
menos y de momento, hay paz social y, por lo menos y de momento, hay
voluntad, por parte de este Gobierno, de resolver la situación anterior y
de enmendar la plana y conseguir un punto de inflexión que haga rentables
las empresas del sector público español, en este caso concreto, las
empresas de la Agencia Industrial del Estado.
Gracias, señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado. Mucha
suerte.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peón, tiene la palabra.
El señor PEON TORRE: Señor Presidente, procuraré colaborar en la
necesidad de brevedad para que todos los grupos puedan intervenir y fijar
su posición.
Agradeciendo al señor Prada su comparecencia en el día de hoy, tenemos
que ratificar las palabras de nuestro compañero en lo que sirven para
calificar globalmente las palabras del compareciente. A nosotros nos ha
llamado la atención, señorías y señor Prada, que, por fin, en esta sesión
se empiece a clarificar ante la opinión pública quién siembra
incertidumbres y quién siembra inexactitudes e incorrecciones respecto a
la realidad de las intenciones y de los planes del Gobierno, porque,
señorías, nosotros hemos encontrado, entre los grupos que pedían la
comparecencia --y atendiendo a la explicación del señor Prada, que
entendemos que ha sido concisa, ha profundizado en los temas y en cada
una de las empresas--, dos posiciones. En primer lugar, la de uno de los
grupos que, viendo aspectos positivos en lo que está desarrollando el
Gobierno y, en concreto, la Agencia Industrial del Estado, en cuanto a
las empresas de la agencia, ve también algunas cuestiones mejorables,
como la remisión de más documentos a esta Cámara, y ahí podemos avanzar
el intento de atender esas peticiones. Pero ha habido otro grupo que ha
planteado sombras de duda hablando de que va a haber regulación de empleo
en el año 2000 o que se van a cerrar empresas en el año 2000, que no va a
haber trabajo para algunas empresas, que aquí no hay ninguna posibilidad
de que se avance en los acuerdos y que no hay planes para la viabilidad
de esas empresas. Pero, curiosamente, no ha sido el señor Prada el que ha
hecho estas manifestaciones. El señor Prada ha dicho lo contrario. Ha
dicho que no se van a cerrar los centros de esas empresas, que se van a
mantener planes de viabilidad en cada una de ellas, que no va a haber
regulaciones de empleo, que se van a mantener puestos de trabajo. Eso es
lo que ha dicho el Gobierno, eso es lo
que ha dicho el Presidente de la Agencia Industrial del Estado. ¿Quién
siembra las incertidumbres? ¿Quién siembra las preocupaciones en
determinados ámbitos sociales y geográficos de nuestro país? Desde luego,
no es el Gobierno del Partido Popular, señorías, por lo escuchado hoy en
la Comisión.
En segundo lugar, se hace el permanente discurso de la privatización como
un mal que, de pronto, se ha instalado en las actuaciones gubernamentales
desde la llegada del nuevo Gobierno. Pero es que las privatizaciones,
señorías --lo estamos diciendo permnentemente--, no son un invento de
este Gobierno. El anterior Gobierno --no sabemos qué partido era el que
lo apoyaba-- privatizó empresas públicas por importe de 2,3 billones de
pesetas. No es un invento de este Gobierno. Lo que ocurre es que ahora sí
se está haciendo con un orden, con unos criterios --que ha expuesto el
propio compareciente con claridad-- que abundan en la necesidad tanto de
mejorar los aspectos macroeconómicos de la economía en nuestro país, como
de garantizar precisamente la viabilidad industrial de las empresas
afectadas por ese proceso.
Se ha dicho también, por parte de alguno de los grupos --y por eso
estamos muy satisfechos de las explicaciones del señor Prada en el día de
hoy--, que existía una especie de catástrofe del sector público con las
actuaciones del Gobierno. Sin embargo, nosotros creemos, señorías, que de
las explicaciones del Presidente de la Agencia Industrial del Estado se
deduce lo contrario. Se deduce que lo que eran previsiones del Gobierno
anterior de cierre de empresas del sector público, en este momento,
gracias al esfuerzo, tanto del Gobierno y de la Agencia Industrial del
Estado como de los propios trabajadores, de los agentes económicos y
sociales implicados, no se van a producir.
¿Quién llevaba al caos al sector público y quién está salvando lo que
quedaba del sector público? Nosotros creemos, señorías, que no es este
Gobierno el que está llevando al caos a esas empresas encuadradas
actualmente en el sector público, sino que es al contrario, está
sacándolas del caos en el que se encontraba. Simplemente, señorías, voy a
dar unos datos bastante ilustrativos. En el período de mandato del
Gobierno anterior se perdieron en el sector público 70.000 empleos, y se
ha hablado del caso CSI como un ejemplo de gestión imputable al Gobierno
anterior. Se ha dicho que es una empresa que da beneficios, ahora sí los
da, pero en la CSI en el sector siderúrgico con el Gobierno anterior se
han empleado recursos públicos por valor de un billón de pesetas, y ese
saneamiento del sector siderúrgico, que hay que continuar garantizando su
viabilidad industrial con los planteamientos de privatización previstos
por el Gobierno, se ha producido además con un importantísimo sufrimiento
del nivel de empleo en este sector. Se ha pasado de niveles de 22.000
empleados a poco más de 8 ó 9.000 empleados desde el punto de vista del
sector público. Entonces, si somos realistas, si nos vamos a las cifras
de verdad que se corresponden con la realidad, no a las palabras del
discurso político vacío de alternativa y sobre todo vacío de sentido de
la medida al establecer una comparación entre la situación con la que se
ha encontrado este Gobierno y la situación actual las previsiones del
futuro, a nuestro grupo le produce una enorme satisfacción la exposición
del señor Prada al comprobar que aquí lo que siembra incertidumbres y
miedos injustificados no son precisamente las actuaciones del Gobierno
sino al contrario.
Voy a terminar, señorías, porque hemos intentado colaborar a ese fin de
la brevedad, con una alusión final a lo que se refiere permanentemente
por parte de algunos grupos en cuanto a la filosofía de privatizaciones,
que es un debate recurrente, porque se dice que no hay suficiente
transparencia. Lo estamos repitiendo en cada debate en que surge esta
cuesitón, hay que comparar, hay que buscar parámetros que permitan
analizar si el Gobierno camina en la buena dirección o no, porque hablar
de transparencia, hablar de independencia, hablar de neutralidad en todo
el proceso como términos absolutos es imposible. Ningún grupo de esta
Cámara, tampoco el Gobierno, ha podido encontrar un cauce perfecto para
garantizar esos conceptos de transparencia, neutralidada e independencia.
Es imposible la perfección. Habrá que ver si la actuación del Gobierno
actual y de la Agencia Industrial del Estado en este momento mejora la
situación anterior. Resulta curioso que se califique como situación de
especial riesgo o de especial preocupación respecto a la independencia lo
que ya se cita en cada intervención sobre algún consejero de Telefónica.
Nosotros ya hemos dicho que, curiosamente, el informe del Consejo
Consultivo de Privatizaciones sobre Telefónica ha sido el más duro desde
el punto de vista de la exigencia hacia el Gobierno de todos los que ha
hecho el consejo. Luego creemos que precisamente ha sido una muestra de
independencia de los integrantes del consejo. Pero también hemos dicho
que no entendemos que esa preocupación que ahora se ve en esa
incorporación de consejeros a una empresa privatizada no se expresara en
la última privatización del Gobierno anterior, que fue la de Sidenor,
porque, señor Prada, a nosotros nos gustaría que nos explique cómo valora
la agencia y cómo es posible interpretar que los mismos directivos, a
excepción de su presidente, de Sidenor, cuando era público, pasaran a ser
los mismos directivos de Sidenor privado, es decir, que los mismos
directivos que informaron favorablemente sobre la privatización de
Sidenor sigan siendo los directivos de Sidenor privado, y, además,
reclamen, según ha aparecido ante la opinión pública recientemente, a la
Agencia Industrial del Estado por haber sido incumplidas determinadas
cláusulas del convenio, es decir, que de alguna manera se autorreclamen
los propios directivos de Sidenor, porque siguen siendo los mismos.
Entonces, señorías, insistimos, hay que tener sentido de la medida para
comprobar si el Gobierno, en cuanto se refiere a transparencia y a
independencia, camina en la buena dirección, y nosotros hemos dicho en
varias ocasiones que camina en buena dirección, y la palabra hoy del
señor Prada en la comparecencia que acaba y que está realizando son buena
prueba de ello. Se ha mejorado en cuanto a los cauces. Está el Consejo
Consultivo de Privatizaciones, está en marcha la subcomisión de
privatizaciones, está la permanente comparecencia de diferentes miembros
del Gobierno, desde el Ministro al Presidente de la Agencia, al
secretario de Estado, o los propios presidentes
de las empresas, y el debate permanente en esta Cámara sobre los procesos
de privatización, y nada de esto se pudo producir con el Gobierno
anterior, incluso se decía por parte de algún interviniente que había una
previsión de información de la Agencia Industrial del Estado a esta
Cámara similar a la que deben facilitar las empresas que cotizan en
bolsa, pero que esa fórmula estaba prevista, no se pudo llevar a la
práctica, y nosotros entendemos, como ha dicho el compañero que me ha
precedido en el uso de la palabra, que catorce años son pocos y no han
tenido tiempo suficiente para que esos mecanismos de transparencia
pudieran llevarse a la práctica. Nosotros creemos que en los ocho meses
de Gobierno actual se está mejorando bastante en lo que se refiere a la
transparencia y a la independencia de los órganos que tienen que influir
sobre el proceso de privatizaciones.
Alguna profecía que se acaba de realizar respecto a la próxima
comparecencia del señor Prada, en el sentido de que la próxima vez lo va
a tener más difícil, seguramente se cumplirá, porque pensamos que la
intervención del Presidente de la Agencia Industrial del Estado ha sido
concisa. Ha entrado en profundidad a abordar los criterios por los que
está desarrollando ese proceso de saneamiento de las empresas públicas
dependientes de la Agencia Industrial del Estado, ha garantizado, además,
como objetivos irrenunciables de la Agencia Industrial del Estado el
mantenimiento de los centros y del nivel de empleo, ha garantizado
también como un criterio irrenunciable el diálogo social para llevar
adelante las medidas que sean necesarias en ese objetivo de saneamiento
empresarial y, desde luego, el Presidente de la Agencia Industrial del
Estado tiene todo el apoyo del Grupo Popular para continuar en esa línea.
Por supuesto lo tendrá más difícil en la próxima comparecencia, porque en
ésta creemos que la intervención de los grupos, sobre todo de alguno que
ha podido tener algo que decir por la gestión del Gobierno anterior, ha
sido sinceramente falta de realidad y se ha caracterizado por mezclar
todas las cuestiones en un totum revolutum, sin reconocer que,
afortunadamente para nuestro país, se está encauzando adecuadamente el
problema del sector público que depende de la Agencia Industrial del
Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Realmente es cierto que, desde el punto de
vista formal, la actuación del señor Prada, y en concreto su
intervención, no pueden merecer ningún tipo de críticas, pero desde el
punto de vista real y sobre todo como Presidente de la Agencia Industrial
del Estado me gustaría hacer tres observaciones sobre las dificultades
del proceso en el que está inmerso. La primera de ellas es que resulta
innegable que todas las empresas que ha enumerado y todos los sectores
productivos están gravísimamente afectados --sobre todo de los que voy a
hablar--, por un proceso de internacionalización que tiene un doble
aspecto; el de la relación institucional y política con la Unión Europea,
a la que desgraciadamente se refirió muy de pasada y que debiera ser
objeto de un debate en profundidad que nunca se hizo desgraciadamente en
las instituciones parlamentarias del Estado español, y cómo se acepta la
internacionalización por parte de los gobiernos sucesivos que hubo en
España. La segunda cuestión es saber si están interesados en mantener
cierto sector industrial público, aunque nada más sea como arma
estratégica y como autodefensa o como contrapeso a una economía
internacional que realmente cada vez tiene más su control en el exterior
de la mayoría de los Estados. Una tercera cuestión que es muy
problemática y que subyace en algunas de las intervenciones que hubo
aquí, y por supuesto va a subyacer en la mía, es el problema del poder
político interno del Estado español, cómo es la dialéctica de este poder
político interno y cómo afecta a las cuestiones que ahora estamos
debatiendo.
En fin, afortunadamente, como fui expulsado del marco político del
Estado, en este acto me voy a dedicar exclusivamente a tirar para casa y
vamos a ver qué podemos sacar.
En primer lugar, por lo que se refiere al sector naval, nos gustaría
saber, en el caso de Astano y de Barreras, cómo va a afectar la
individualización de las empresas del sector naval a ese dúo
Astano-Barreras, que tenemos en Galicia ya que, según una información que
salió en la prensa que no sé si era veraz, iban a formar un tándem
integrándose en un organigrama único de gestión.
En segundo lugar, en relación con el sector naval, ya que tenemos el
único astillero que en las negociaciones con la Unión Europea fue
expulsado de la construcción de barcos, cómo se come que, no produciendo
barcos como la construcción naval convencional, sin embargo ahora sea
contabilizado como si construyese barcos, recibiese ayudas a la
construcción naval y se le intentasen contabilizar esas ayudas como una
pega o un prejuicio a la hora de mantenerlo abierto. ¿Es que los señores
de la Unión Europea y el Gobierno español pensaban que se iba a cerrar y
ahora que lo ven abierto hay que contabilizarlo con un esquema
tradicional la construcción off shore? ¿Qué posibilidades tiene de
mantenerse en este mercado off shore de una manera competitiva,
manteniendo la plantilla actual? Es de agradecer que se diga que todo el
sector naval del Estado español tiene una plantilla tan exigua y tan
raquítica que rebajarla sería ponerlo en peligro por falta de masa
técnica, tecnológica y masa crítica, lo cual podía ser una evolución
desgraciada.
Queríamos saber si en estos debates con la Unión Europea alguna vez el
Gobierno actual está discutiendo la cuota de mercado y de producción que
nos redujeron hasta límites alarmantes, teniendo en cuenta el punto de
partida de una gran potencia en la construcción naval como era el Estado
español por la década de los años setenta.
También me gustaría que dijera qué van a hacer para que Imenosa,
vinculada a la Agencia Industrial del Estado, y territorialmente en
concreto a la puerta de Astano, pueda subsistir en esta panorámica tan
problemática que usted pintó.
En relación con el astillero público, que está vinculado a la
construcción militar, querríamos saber si ese plan de
empresa va a contemplar una nueva posibilidad para que el astillero no
quede vinculado exclusivamente a la construcción naval militar y a la
diversificación real de la empresa, que nunca se acometió con seriedad,
ni siquiera en los niveles que se hizo en Cartagena o en San Fernando
(Cádiz).
Por fin, me gustaría que nos explicase, porque es un misterio y en qué
consiste la fórmula de financiación de las fragatas F-100, porque el
montante global del dinero no está en el Ministerio de Industria y
tampoco en el Ministerio de Defensa. Cuál es esta forma especial que se
ha buscado y por qué se busca esta fórmula y no la de los Presupuestos
Generales del Estado. ¿Por qué está condicionada esta cuestión?
En último lugar me voy a referir a Santa Bárbara. Santa Bárbara que
truena y esta vez afortunadamente tronó algo, por lo menos en el noroeste
de España, aunque no fuera con éxito, pero sí por lo menos con dignidad,
y no me refiero precisamente al poder político, sino a un sector sindical
que no es de los principales.
En este sentido quería hacerle unas preguntas decisivas. En primer lugar,
sabemos que se va a fabricar un nuevo modelo de fusil. Teniendo en cuenta
que Santa Bárbara es especialista en armamento ligero, qué factoría lo va
a fabricar. En segundo lugar, de las ocho marcas extranjeras que se
presentaron al concurso para la fabricación del nuevo fusil, que aparece
en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre de 1996, qué marca es
la más apropiada para que se le adjudique esta concesión. En tercer
lugar, se firmaron unos acuerdos entre la Agencia Industrial del Estado,
Santa Bárbara y los sindicatos principales, las federaciones estatales de
Comisiones Obreras y de la UGT, ¿qué posibilidad hay de que Santa Bárbara
A Coruña siga perteneciendo a la Empresa Nacional Santa Bárbara? En
último lugar, si tiene previsto el señor Presidente de la Agencia
Industrial del Estado mantener alguna reunión en A Coruña con el comité
de empresa de Santa Bárbara para dar a conocer el futuro de la factoría y
no dejar solamente estas conversaciones en la correspondiente autoridad
política autonómica.
Si es posible, desearía que estas empresas mejoren, pero que no dé tiempo
a privatizarlas, porque cuando se intente privatizar después de
mejorarlas --puesto que hay muchos años por delante-- existirá otro
Gobierno en el Estado español que será más equilibrado en el tema
industrial y en mantener un tejido público, que yo creo es fundamental en
todo el panorama internacional en que nos estamos moviendo.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Prada tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (Prada Gayoso):
Señor Presidente, procuraré contestar a las diversas cuestiones que me
han planteado los grupos siendo consciente, sin embargo, de que la hora
va avanzando y es oportuno no extenderse excesivamente.
Al señor Cuevas le agradezco su preocupación y el interés de sus
preguntas. Es realmente satisfactorio ver que sigue con atención la
actuación de la Agencia Industrial del Estado y para quien tiene la
principal responsabilidad; es, créame, una auténtica satisfacción.
Quiero aclarar una cuestión que se ha manifestado por otros
representantes de los grupos y que, probablemente, afecte al
funcionamiento burocrático de esta Cámara. Puntualmente todos los
trimestres, dentro de los plazos establecidos, entregamos la información
que nos exige la ley, que es la misma que se envía a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, para las empresas cotizadas en bolsa. Desconozco
cuál es el flujo de la documentación interna, pero le puedo asegurar (con
mucho gusto puedo facilitarles copias de todos los documentos, si no los
tiene a su disposición) que en todos los períodos se ha cumplido
escrupulosamente y, por supuesto, se van a seguir cumpliendo. Enviaré esa
información a S. S. de modo privado, sin perjuicio de que a través de la
secretaría procuraré conocer cómo se reparte esta información, porque
--reitero-- tengo especial interés en que la transparencia a que antes me
refería no quede sólo --como recordaba el señor Santiso, a quien me
referiré luego más directamente-- en los medios de comunicación, pues
donde cabe residenciarse fundamentalmente esta transparencia es
precisamente en esta Cámara.
Hay una serie de manifestaciones, que respeto profundamente, pero que
confirman los diferentes puntos de vista que su grupo político mantiene
con referencia a estas cuestiones en cuanto a los que mantiene el
Gobierno que ahora mismo tiene la responsabilidad de dirigir los
intereses de España.
Dice S. S. que la política de privatizaciones se orienta a privatizar
todo el sector público. Ya he dicho antes que especialmente para la
Agencia Industrial del Estado el criterio de privatización tiene un
carácter tendencial; es decir, al reorientar la gestión de las empresas
es necesario tener algún elemento de referencia sobre cómo se puede ir
comprobando si nos acercamos o nos apartados de un objetivo hipotético,
teórico, abstracto, absolutamente alejado de una decisión política que
habrá de tomarse en el momento adecuado. Por ejemplo, podíamos haber
establecido que el objetivo fuese necesariamente obtener un excedente en
términos financieros --beneficios contables--, que fuese la propia
supervivencia o cualquier otro criterio, pero se ha adoptado el objetivo
de carácter tendencial de la posible privatización. Después de que, en su
caso, se hubiesen cumplido esas circunstancias, habría de producirse una
especial decisión política sobre que determinada empresa, por haber
cumplido efectivamente esos condicionantes anteriores, cumple las
restantes condiciones y especialmente la de oportunidad política para
iniciar ese proceso de privatización. Por el contenido y por las
características de las empresas de la Agencia Industrial del Estado, un
número escaso de éstas va a estar en esa situación en el período que con
propiedad puede hablar el responsable de la Agencia Industrial del
Estado, que es, como máximo, la extensión de la actual legislatura. No es
verdad que lleve un año en el cargo, llevo nueve meses; de todas formas
algunas veces
se hace un tanto largo, por eso quizá S. S. tenía razón cuando decía que
llevaba tal vez un poco más de un año, aunque no se ha cumplido todavía.
No obstante, quedan muy poco más de tres años; luego me referiré a eso.
Cuando se hace algún tipo de especulación sobre un período tan largo como
siete años, no tiene nada que ver con lo que pueda ser un proyecto
específico, porque precisamente si reparan en ello SS. SS., siete años
será normalmente no del siguiente, sino del subsiguiente Gobierno que
tenga la responsabilidad de tomar la decisión, si es que la considera
oportuna, de una hipotética privatización. Una cosa es que sea un
elemento de referencia temporal, hacia dónde nos dirigimos, otra cosa es
que esté ya tomada, y con tanta anticipación, una decisión de esa
naturaleza.
Hemos introducido modificaciones legales que ha tenido la Cámara ocasión
de discutir, de pronunciarse y al final aprobarlas. Las hemos introducido
porque tenemos un especialísimo respeto al texto de la ley. Tiene razón
S. S., no se debería haber privatizado ninguna empresa de la Agencia
Industrial del Estado porque en la ley precedente --lo he reiterado en mi
anterior comparecencia-- parece que se puede interpretar que estaba
prohibido. La previsión era trasladar a SEPI las empresas que fuesen
viables, después de haberse mantenido tres años en viabilidad. Sin
embargo, ese criterio el anterior Gobierno no lo mantuvo con Sidenor, que
fue una empresa privatizada absolutamente, con un proceso culminado por
la Agencia Industrial del Estado y no se consideró entonces, ni se ha
considerado por ahora, un obstáculo que la ley manifestara que si una
sociedad estaba en esa situación lo que había que hacer era trasladarla a
SEPI.
Es evidente que era un criterio de racionalidad operativa, si lo que se
va buscando no es fortalecer un grupo llamado Teneo, cuyo instrumento de
gestión es SEPI, en cuyo caso sí tenía sentido. Su señoría se refería
antes de pasada a ello; se trataba de profundizar en un sector público
empresarial, con plena vocación de permanencia como público, que se podía
haber privatizado parcialmente por el método conocido que tenía el
anterior equipo y que probablemente no fuese radicalmente reprobable,
pero que es diferente del actual y que, como es sabido, era privatizar
Teneo por el procedimiento de sacar a bolsa participaciones de ese grupo.
Por eso lo buscado era que aquellas empresas que pudiese añadir valor,
prestigio, resultados, porque ya habían pasado al menos tres años en la
Agencia Industrial del Estado --esa referencia temporal que se tomaba--
fuesen indirectamente privatizadas por el procedimiento de transferirlas
a SEPI, cuyas acciones y cuyo patrimonio se privatizaría de forma global
a través de Teneo; procedimiento que, entre otras cuestiones, permitiría
mantener un centro de poder, por lo menos paralelo --por usar una
expresión coloquial-- al del control político que tradicionalmente ha
sido el INI, como S. S. conoce muy bien. Si se mantenía indefinidamente
un instrumento como Teneo es evidente que se potenciaba también la
subsistencia de ese especial órgano de poder o de capacidad de influencia
económica muy relevante que había sido anteriormente el INI.
No pretendemos reinventar el INI, pero tampoco hay que seguir utilizando
el péndulo y no es que todo lo que hiciese el INI fuese negativo; de modo
que no pretendemos reinventar el INI. Si ése fuese el proyecto tengan
seguridad SS. SS. que lo hubiésemos planteado con claridad y con
transparencia y sería objeto de una discusión, pero de ninguna manera ha
sido ese procedimiento.
En términos de transparencia, como se ha comentado antes, créame que es
una preocupación introducir la mayor transparencia posible, pero es
verdad que esto es imposible de medir con grados; no se ha publicado por
ahora ningún índice para medir la transparencia. Nos esforzamos en ello,
pero es posible que haya mejoras y procuraremos introducirlas.
Se ha hecho referencia al convenio marco de la Agencia Industrial del
Estado. Es efectivamente un instrumento adaptado a la legislación
anterior, que carece de sentido en el sistema actual; la ley se ha
reformado para ello y ha sido objeto de discusión ya con ocasión del
trámite presupuestario, a que antes he hecho referencia.
No hemos elaborado todavía ningún contrato-programa, que es una de las
preguntas concretas --creo haber tomado literalmente su expresión--
porque nos parece que si es oportuno el contrato-programa no hay que
elaborarlo, es el resultado de una negociación, de un proceso negociado
largo y no es resultado de una imposición, es decir, de una decisión
unilateral. Hemos puesto las bases para que mecanismos semejantes sean la
guía de nuestra actuación y, por ejemplo, en la Empresa Nacional Santa
Bárbara hemos hecho eso. Ese documento, el primero, se ha suscrito el día
23 de enero del año 1997, después de este proceso largo, es un documento
de intenciones, de líneas generales entre la Agencia Industrial del
Estado, uno de los suscriptores, y las dos principales centrales
sindicales. Después, fruto de ese primer documento, se ha iniciado el
desarrollo, a través de un convenio ya firmado en el ámbito de la empresa
concreta y --cumpliendo todas esas previsiones-- estamos poniendo las
bases para su desarrollo. En el día de ayer, y es otra de las previsiones
de este documento, se constituyó la comisión paritaria que va a hacer un
seguimiento trimestral del cumplimiento de estas previsiones. Tiene un
especialísimo interés para la Agencia Industrial del Estado el
seguimiento de este asunto; por tanto, encontraremos el procedimiento
administrativo para hacerlo.
Tengo interés en que esta Cámara conozca trimestralmente la evolución de
esos parámetros que se contemplarán en el futuro de la gestión de la
Empresa Nacional Santa Bárbara, porque hemos establecido, de acuerdo con
lascentrales sindicales, la oportunidad de que también la opinión
pública, y por supuesto esta Cámara, hagan el seguimiento trimestral para
que podamos ir analizando tanto la realidad que va teniendo en el tiempo
el cumplimiento de los compromisos asumidos como, en su caso, los
aciertos o las desviaciones que se vayan produciendo. Por tanto, reitero
que encontraremos el procedimiento para hacerlo, pero haremos también
partícipe a la Cámara de la información que pretendemos dar. Para ello,
estamos en proceso de seleccionar también un consultor externo que nos
auxilie,
que nos ayude profesionalizando lo más posible tanto la propia confección
del plan de viabilidad o el plan de empresa de cada una de las compañías,
como la manera de establecer esos controles y de hacerlos públicos.
Su señoría comentaba que el Ministerio de Defensa --y lo he entendido
como una crítica-- tiene que comprar a quien sea más barato. Eso se lo
confirmo absolutamente, y es un criterio que compartimos en la Agencia
Industrial del Estado, por eso nuestro objetivo no es que el Ministerio
de Defensa, sintiéndose cautivo, compre a una empresa, sea o no viable y
cualquiera que sea el precio; nuestro reto es conseguir que las empresas
que están bajo nuestra responsabilidad si no son precisamente las más
baratas, por lo menos que sean suficientemente competitivas, porque no se
trata aquí sólo del precio, sino que hay que combinar siempre, como es
evidente, ese coste-prestaciones. Creemos que vamos en la línea de
conseguir que estas empresas se acerquen a esos inevitables parámetros,
pero, desde luego, no vamos a mantener la línea de que el Ministerio de
Defensa necesariamente tenga que adquirir los productos que fabriquen
unas determinadas empresas, porque de esa manera no conseguiríamos
efectividad en las especialísimas misiones que competen a las fuerzas
armadas, ni tendríamos precios competitivos.
Por tanto, ¿cuáles son los criterios esenciales de este plan? Poner los
medios necesarios para llevar a cabo una razonable dotación tecnológica,
hacer un evidente esfuerzo en I+D en la Empresa Nacional Santa Bárbara y
establecer unos mecanismos de control de revisión trimestral para ver
cómo nos acercamos o cómo nos alejamos, y esto con un objetivo
importante, que es conservar el mayor número posible de puestos de
trabajo, pero siendo perfectamente conscientes todos los autores de este
plan, es decir la agencia y las centrales sindicales, que posiblemente no
puedan mantenerse en esa actividad todos los puestos de trabajo actuales,
cuestión que ya habían observado y en la que coincidimos en líneas
generales con los anteriores gestores, nos comprometemos por la vía de la
negociación a promover otros proyectos de empleo alternativos, y hemos
encontrado un cauce --creo que novedoso-- precisamente para pactar
también cuándo un proyecto puede ser viable o no. En el anterior período,
creo que con la mejor buena voluntad, con la mejor disposición, se ha
dilapidado una cantidad muy importante de dinero público a través de
Santa Bárbara en proyectos más cargados de voluntarismo que de viabilidad
económica; menciono a estos efectos el proyecto DDO, en La Coruña, y el
proyecto Surgiclinic, en Asturias, que no han servido a la finalidad
perseguida, no han proporcionado al final ningún puesto de trabajo y, sin
embargo, han significado la pérdida de miles de millones de pesetas que
debían y tenían que haber sido mejor destinados. Pensamos, por tanto, que
hay que cambiar el método; hemos cambiado el método y hemos encontrado un
procedimiento del que nos sentimos realmente orgullosos.
En cuanto al CSI, ha hecho una breve referencia a que no le parece
adecuado el procedimiento de alianza estratégica que he descrito. Tomo
nota de su discrepancia, pero mi función aquí es explicar con el mayor
detalle qué pensamos hacer. Desde luego, recojo su criterio divergente.
Respecto a Astilleros --reitero que no llevamos un año--, creo que no es
muy oportuno entrar aquí en una enorme discusión sobre si es o no
adecuado aceptar --valga la expresión-- esa posición de reducir la
capacidad en 30.000 toneladas. Me ha preguntado expresamente si vamos a
aceptar. La posición actual del Gobierno español consiste en ver
razonable esta posición. Tenemos que finalizar esta incertidumbre,
tenemos que resolver, de una vez por todas, cuestiones que son complejas.
Déjeme explicarle una cuestión.
Cuando se suprimió el INI y se transfirió el conjunto de empresas a la
Agencia Industrial del Estado --lo que justifica que hoy esté aquí,
hablando en nombre de esta institución--, yo creo que no se tuvo en
cuenta que en los astilleros públicos se iba a producir un efecto
especialmente negativo, que es ahora una preocupación añadida, respecto a
la Comisión Europea. Antes, el régimen de tributación de las empresas
incluidas en el INI se producía en el régimen de consolidación fiscal y,
por tanto, las empresas deficitarias, las empresas que tenían pérdidas,
como es el caso de los astilleros, recibían una especie de inyección
financiera, que se producía en el seno del propio INI y que era el
importe de los impuestos que otras empresas que sí tenían beneficios
--fundamentalmente Endesa es uno de los casos más conocidos-- hubieran
ingresado de otra manera formalmente como impuestos en el Tesoro público.
Al separarse las empresas -- permítame la expresión-- que ganan dinero en
un lugar y las que pierden en otro, no hay ocasión de producir esa
compensación fiscal y, por tanto, cuando se hicieron los planes que el
equipo anterior presentó a la Comisión Europea y cuando después se
continuaba en la discusión, resulta que faltaba una cifra importante, una
cifra que está en el entorno de los 60.000 millones de pesetas, una parte
de los elementos ahora sometidos a revisión.
Hemos desarrollado el máximo esfuerzo en explicar esta situación y, por
ello, entendiendo que puede ser una solución razonable a esta cuestión,
en la ley conocida como Ley de acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado se incluye una disposición especial, en la cual se
extiende a todas las empresas (de otra forma no podía ser aplicable al
ser considerado como ayuda específica si era una operación sólo para los
astilleros) que se encuentren en esa situación, en virtud de una ley,
puedan recibir, sin que se considere como tal ayuda, porque es una
cuestión totalmente generalizada, la cantidad a que hubiese correspondido
esos impuestos que, reitero, antes en el INI, se producían por
transferencia interna. Es una cuestión técnica. Creo que S. S., como ha
tenido oportunidad, lo conoce suficientemente bien, pero yo pienso que es
una cuestión bastante complicada, como conoce también S. S., discutir
estas cuestiones con los responsables de la Comisión Europea y quizá no
sea imprescindible profundizar mucho en estas cuestiones aquí, que no
entraña ningún tipo de opacidad. Vamos a convencer. Hemos avanzado mucho,
por lo menos en el nivel de comprensión de esta situación y, sobre todo,
hemos ganado credibilidad en cuanto a que vamos a conseguir un objetivo
que, en definitiva, es el objetivo esencial: que los astilleros públicos
puedan
ser viables, puedan sobrevivir sin el recurso de ayudas públicas.
En cuanto a su filosofía de las privatizaciones, que ha comentado
discrepa, creo que hace muy pocos días se produjo la comparecencia en
esta misma Comisión del Presidente del Consejo Consultivo de
Privatizaciones y entiendo que es más oportuno, habiendo leído el texto
de su comparecencia como parece que se anunciaba que se producirá, y es
perfectamente razonable que se busque una nueva comparecencia suya, que
sea él quien conteste a sus criterios sobre si tiene o no transparencia
en su gestión y la oportunidad o inoportunidad de que se autorregule o
que sus miembros continúen durante un tiempo o pasen a otras cuestiones.
Discúlpeme, yo no puedo contestarle, porque pienso que no corresponde a
mi competencia.
Sí hemos modificado el régimen jurídico, en cuanto al funcionamiento de
la Agencia Industrial del Estado, y ya he explicado las razones en una
anterior comparecencia; lo hemos modificado para que no sea
imprescindible seguir todo el procedimiento, un tanto cargado de
burocracia, que implica la legislación de contratos del Estado, porque es
complicado llevar a cabo las privatizaciones y los asuntos especialmente
complejos con el régimen de publicidad tan grande que se exige en este
sistema.
Pretendemos atender al fondo, aunque no sea oportuno sujetarnos a esas
formas, y como no queremos incumplir una norma legal, hemos seguido el
procedimiento idóneo para ello, que es traer a esta Cámara antes la
modificación legislativa y, por tanto, después, sujetarnos a su
cumplimiento.
Me gustaría, señor Cuevas, haber dado respuesta a todas sus inquietudes.
Me temo que quede en duda todavía alguna cuestión. Pero desde ahora le
aseguro que es una satisfacción para mí comparecer aquí cuantas veces S.
S. o cualquiera de los grupos lo considere oportuno. No me parece ninguna
comparecencia más difícil que la anterior.
A la señora Cánovas he procurado contestarle con anterioridad sobre la
Empresa Nacional Bazán. También comparto el criterio de que probablemente
yo cese en el cargo de Presidente de la Agencia Industrial del Estado
antes de iniciar la privatización de la Empresa Nacional Bazán.
El referente es el de que una empresa deba dirigirse a una situación
objetivamente, materialmente, profesionalmente, económicamente como si
fuese a ser privatizada, pero es evidente que hay que tomar la decisión
específica de poner en marcha el instrumento de la privatización, y de
ninguna manera se toma nunca una decisión de ninguna especie en la
Agencia Industrial del Estado a plazo tan largo como siete años.
He explicado antes por qué la mención de siete años. En el contexto de
una reunión con periodistas de información económica, en la que se
trataba de explicar la filosofía que regía estas empresas, acaso hice una
referencia inadecuada a un plazo. Pretendía indicar que hace falta un
número de años demasiado largo, lamentablemente, para que la Empresa
Nacional Bazán, sin poner en riesgo ninguno de sus elementos
fundamentales, pudiese cumplir objetivamente esa circunstancia de ser una
empresa comparable con otra del sector privado y que, por tanto, harían
falta al menos siete años. Mi expresión, creo recordar, fue: al menos
cinco o siete años serían los que harían falta para poder pensar en eso.
La profesión periodística sabe usted que está muy necesitada de algún
titular que llame la atención, y mire con qué eficacia esa comparecencia
mía cumplió esa función, porque durante varios días he tenido la
oportunidad de desmentirlo específicamente en la prensa o por lo menos de
atender a periodistas de su comunidad autónoma que me lo pedían; en la
televisión de Murcia lo he dicho expresamente; no he hecho el seguimiento
y no sé si se ha recogido así o no. Conozco las reuniones previas y las
manifestaciones de la alcaldesa y del consejero sobre ese asunto. Lo he
transmitido al comité de empresa. En fin, he dicho por todos los
procedimientos que me ha sido posible --espero haberlo hecho una vez más
aquí-- que no existe ninguna previsión de privatización a tan largo
plazo, que siete años en este contexto es una eternidad.
Al señor Santiso le agradezco tanto sus preguntas específicas como el
tono que ha empleado. En líneas generales --lo hemos mantenido en otras
ocasiones-- compartimos algunas de sus preocupaciones y algunos de los
puntos de vista de su grupo político.
Créame que no planteamos la posibilidad de la privatización de una
empresa en la Agencia como desprendernos de una carga. El problema es que
sólo nos desprendemos, como es obvio, de las empresas que no son ninguna
carga, de las empresas que incluso producen satisfacciones. Le aseguro
que tengo con frecuencia más satisfacciones con CSI que con algunas de
las otras empresas. Es una satisfacción, sin embargo, ocuparnos de las
empresas que están en situación de dificultad.
Ante su preocupación respecto a la información, he reiterado que estamos
cumpliendo esa obligación de enviar aquí esta información puntualmente.
Recojo su sugerencia de que lo hagamos, en términos generales, cuando
hagamos algún comunicado. Coincido con usted en que las filtraciones es
un poco más complicado hacerlas seguir a la Cámara, pero esa función
vamos a dejársela a los medios de comunicación, que lo hacen con
profusión.
Es cuestión de matices si el abusar de la transparencia causa problemas.
Mantenerse en la satisfacción de contar sólo lo que es positivo no es un
criterio que compartamos. Nos sentimos en la obligación de decir lo más
posible, tanto lo negativo como lo positivo. ¿Que cambiamos de actitud?
Si reconocemos que nos equivocamos en algo, somos los primeros en
intentar corregirlo. Pero en cuanto al carbón, que usted ha mencionado, y
aunque sólo indirectamente corresponde a la Agencia Industrial del
Estado, es decir, sólo en lo que se refiere a unas empresas específicas,
no comparto su visión de que se haya producido ese supuesto cambio de
criterio forzado por las circunstancias en Castilla y León.
Nunca el Ministerio de Industria cambió su mensaje en el sentido de que
se aprestaba a una negociación en profundidad sobre este asunto, nunca.
Desde el primer día se dijo que era necesario afrontar con realismo este
problema, que había que negociar, que había que sentarse, y fue el
anuncio de ese sentarse a negociar lo que produjo un movimiento en
Castilla y León.
Creo que S. S. conoce algunas peculiaridades de Castilla y León. Déjeme
que le recuerde que es paradójico que donde todos tenemos la conciencia
de que este problema afecta en mayor medida, que es la comunidad
asturiana, no hubo por aquella época esta contestación social. Por tanto,
yo creo que habrá que buscar en otro tipo de situaciones, que no son
precisamente las más deseables, algunas circunstancias que se producen en
León. Es verdad que fue en León, la comunidad autónoma cuyas
explotaciones de la minería y del carbón están más cerca, por sus
condiciones geológicas, por la organización de sus empresas y por los
anteriores cierres que se han ido produciendo, de los parámetros de
viabilidad económica que se están barajando. Es, por tanto, sorprendente
que este movimiento no se haya visto con tanta preocupación en Teruel, ni
especialmente en Asturias, cuando estamos a una distancia tan grande.
Creo que S. S. comparte también alguna de estas preocupaciones.
¿Qué participación pública va a quedar en CSI? Es evidente que hay puntos
de vista diferenciados. El modelo sobre el que estamos trabajando en la
Agencia Industrial del Estado es el de una privatización del cien por
cien de las acciones de la CSI. Es decir, entendemos por privatización el
proceso por el cual se transfiere la responsabilidad sobre una compañía
al sector privado y, por tanto, el modelo sobre el que estamos
trabajando, reitero, es el de la privatización del cien por cien. Por eso
no es éste el momento de tomar la decisión sobre el hecho de si puede
hacerse en una o en sucesivas veces, y, sobre todo, lo esencial, si es o
no oportuno, si es o no conveniente conservar algún tipo de participación
en el sector público.
Si le reitero el pleno convencimiento de que control, el que sea
necesario, la garantía de los intereses nacionales, la que sea oportuno
dar. El Estado de Derecho tiene otros instrumentos mucho más eficaces y
también mucho más económicos que el poder que se deriva de un determinado
control en las juntas de accionistas de las compañías. Sería
verdaderamente problemático que el Estado no pudiese controlar el
funcionamiento de las empresas si no fuese accionista de todas ellas. Le
recuerdo que uno de los sectores más controlados históricamente en España
es la banca y, salvo en alguna ocasión especial, no ha necesitado el
Estado tradicionalmente ser accionista relevante de los principales
bancos para, sin embargo, conseguir un sistema que quizá ha sido
criticado, yo también creo que con justicia, de excesivamente
intervencionista, excesivamente controlador en algunos casos. Hay otros
métodos alternativos para conseguir eso. En todo caso, corresponde a la
Agencia Industrial del Estado preparar técnicamente una decisión que, por
las repercusiones que tiene, será objeto de un debate en el Gobierno y
oportunamente comunicada y estoy seguro que discutida en esta Cámara.
Yo sé que S. S. comprende la imposibilidad de ser mucho más concreto
sobre el proceso de privatización de la CSI. Le puedo confirmar que hay
varios grupos interesados, pero, discúlpeme, tengo la obligación legal de
mantener compromisos sobre la prudencia o la reserva en este tipo de
cuestiones.
Valga, desde el punto de vista político, que es lo que creo que interesa
ahora, primero, la información de que hay varios grupos y, por tanto, va
a haber oportunidad de elegir entre más de un grupo. Va a haber varios
grupos europeos y probablemente va a haber alguno no europeo. No puedo en
este momento ser más explícito en esta cuestión.
Se había hecho referencia a si en la Empresa Nacional Santa Bárbara hemos
salvado una situación puntual o si simplemente hemos aplazado un
problema. Yo creo que, en un asunto de tanta repercusión, de tanta
sensibilidad social, bastaría con que existiera alguna probabilidad de
que aplazándolo lo resolveríamos para que fuera necesario hacer la
prueba, pero no es sólo una mera probabilidad, sino que partimos de la
convicción de que, con esos medios, vamos a poder salvar, por lo menos,
varios centros de trabajo. Yo no puedo asegurar que vayan a ser los
cuatro sobre los que, inicialmente, hay mayor coincidencia en mantener en
actividad. Estamos de acuerdo con los sindicatos en que, sobre todo en
dos de esos centros de actividad, que serían los de Murcia y La Coruña,
acaso la solución --haciendo un esfuerzo especial por mantener los
puestos de trabajos; en algún caso, incluso con posibilidades de
ampliarlos-- esté en orientarlos, para poder garantizar la supervivencia
de los demás, hacia otro tipo de actividades. En el caso de La Coruña,
estamos trabajando en una serie de proyectos, de acuerdo con la Xunta de
Galicia, para promover varias empresas alternativas, empresas que van a
dedicarse a diversas actividades, desde la matricería y procesado de
aluminio hasta la producción de elementos de corte de diamantados o la
producción de armamento deportivo y, por qué no, con la posibilidad de
que también sean productores de armamento ligero para las Fuerzas Armadas
o las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estamos trabajando en esa línea y
en eso consiste precisamente el acuerdo que hemos suscrito.
Por último, al señor Rodríguez, tras agradecerle sus preguntas y su
intervención, voy a tratar de responderle.
La primera pregunta se refería a cómo va a afectar el proceso de
filiación que se proyecta para el grupo de astilleros Astano y Barreras.
Esto consiste en extender a los demás astilleros la fórmula que hoy
tienen Barreras y Astano. Por tanto, a esos no les afecta de ninguna
forma, salvo que los demás pasen a estar en la misma situación, que ha
funcionado razonablemente bien como método organizativo en esas dos
empresas, en Astano y Barreras.
Compartimos su preocupación por esta situación especial de Astano de que,
no haciendo barcos, en opinión de la Unión Europea, deba discutirse algún
tipo de ayudas, porque estos instrumentos pueden ser considerados como
barcos. La tecnología ha ido avanzando. Hace unos años los sistemas
offshore consistían en plataformas, que, en general, eran fijas, mientras
que hoy se va a los sistemas de plataformas móviles y, sin perjuicio de
que discutamos con plenitud de argumentos jurídicos y técnicos la
consideración de que lo que Astano hace últimamente no son barcos de
ninguna forma, yo que no soy un experto en barcos --y probablemente usted
opine lo mismo--, cuando los miro, pienso que, sin no son barcos, tienen
la misma forma.
Efectivamente, se parecen mucho a los barcos, pero yo creo que en la
Comisión están convencidos de que no son barcos, lo que pasa es que se
mueven, es que tienen motores, tienen proa y popa y tienen unos sistemas
de manipulación de los que también están dotados los barcos. Por tanto,
discutir si son barcos que además llevan elementos de procesamiento de
petróleo o son elementos de procesamiento de petróleo que tienen que
moverse, es una discusión complicada. Creemos firmemente que Astano tiene
viabilidad manteniéndose en el sector de offshore, que tiene que
profundizar en lo que hoy ya es una realidad, que es una realidad, que es
que en ese sector hay una enorme especialización, y hacia eso vamos.
En cuanto a Imenosa, hemos manifestado que la decisión de traspasar la
responsabilidad desde el ámbito de SEPI al de la Agencia Industrial del
Estado se basa en una apuesta por la viabilidad de esta empresa; es
decir, si el proyecto fuese cerrar esa empresa, no hubiésemos abordado el
complejo proceso de cambiarla de sitio; para cerrarla, se podía hacer
desde Babcock Wilcox, pero, porque pensamos que pueden existir, que
tienen que existir condiciones de viabilidad, desde la Agencia Industrial
del Estado vamos a hacer un esfuerzo de rigor, de encontrar --eso sí sin
concesiones al voluntarismo exagerado-- esa viabilidad. Estoy seguro de
que va a ser posible.
El señor Rodríguez plantea la posibilidad de la diversificación en Bazán.
Hemos solicitado la colaboración de un experto independiente, como antes
he referido, para la elaboración de ese plan de empresa de Bazán, que
intentamos consensuar con los principales interlocutores sociales,
fundamentalmente con las principales centrales sindicales. Como estamos
en una fase absolutamente preliminar, es prematuro pronunciarme ahora
sobre cuál va a ser el contenido del plan, pero sí puedo decir de qué
manera vamos a abordar su confección. Más adelante, cuando esto esté
suficientemente avanzado, sí podré contestarle.
Me preguntaba una cuestión sobre las posibilidades de la Empresa Nacional
Santa Bárbara en La Coruña y cuál es la empresa mejor situada en el
concurso abierto por el Ministerio de Defensa. Comprenda S. S. que es
algo totalmente ajeno a mi ámbito de responsabilidad. No puedo
facilitarle ninguna información porque desconozco esas cuestiones, no es
un tema de la Agencia Industrial del Estado. Lo que le aseguro es que la
Empresa Nacional Santa Bárbara está muy interesada y hará todo lo posible
por estar posicionada con quien sea el elegido para el diseño por el
Ministerio de Defensa. Como usted conoce, hay dos fases totalmente
diferenciadas: el diseño y luego la construcción material.
He especificado antes cómo se orienta en La Coruña el futuro de la
fábrica de armas a través de una colaboración con la iniciativa privada y
la Xunta de Galicia, que se va a centrar fundamentalmente en el sector de
armas deportivas y también de armamento ligero; por tanto, naturalmente,
podrá competir como uno más cuando se abra la posibilidad de
contratación, pero es un tema de futuro.
Creo haber dado respuesta a todas las cuestiones que me había planteado,
señor Rodríguez.
Siento haberme extendido de nuevo durante tanto tiempo. (El señor Cuevas
Delgado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, a qué efectos quiere intervenir.
El señor CUEVAS DELGADO: Pensaba que habría una intervención más, pero de
todas formas quiero intervenir por alusiones, porque aquí se ha producido
un uso indebido del Reglamento en estas comparecencias, hemos sido el
grupo solicitante de la comparecencia, se supone que los demás grupos
fijan posición sobre lo que dice el compareciente y el Grupo
Parlamentario Popular en sus dos intervenciones no ha hecho ni una sola
pregunta, no han fijado ninguna posición; se han dedicado a atacar a este
portavoz y tengo que pedir un turno para responder a tres personas.
El señor PRESIDENTE: Le voy a dar un turno de tres minutos por alusiones,
señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: De cualquier forma, yo no tengo ninguna prisa,
que conste que la prisa no es de este grupo que ha solicitado la
comparecencia.
Quiero decir tres cosas en referencia a las soluciones que aquí se han
planteado. En primer lugar, respecto a las manifestaciones y revueltas
cuando se presentó el plan de astilleros, no son achacables al Gobierno
socialista de aquella época, porque no es cierto que en ese plan
estuviera contemplado el cierre de ningún astillero. Fueron unas
declaraciones de un miembro de la Agencia Industrial del Estado, como se
han hecho otras luego, en el sentido de que si no se cumplían
determinadas cuestiones podía llegarse a esa situación. Eso generó
manifestaciones y revueltas apoyadas por su grupo. La alcaldesa de Cádiz
estuvo en la manifestación cuando se quemó la sede del Partido Socialista
en Cádiz. A ver si vamos poniendo las cosas en su sitio.
Se ha dicho que es mentira una afirmación mía sobre que había dotación
presupuestaria para el programa de fragatas en los presupuestos de 1996.
Lo podemos comprobar yendo a ese presupuesto y a una enmienda que en los
posteriores se introdujo. Además, la misma afirmación se podría hacer en
estos momentos, cuando hay una consignación, pero no está la totalidad de
lo previsto.
También se ha dicho, en contestación a este portavoz desde el Grupo
Parlamentario Popular, que el señor Prada no ha dicho que se va a cerrar
en el año 2000. El señor Prada no ha dicho eso, no ha dicho nada de lo
que le he preguntado en ese sentido; lo dice el acuerdo al que han
llegado. Léanselo y verán que se puede interpretar que si en el año 2000
no hay ninguna posibilidad de acuerdo, o bien se toma otra decisión o se
puede cerrar.
En todo caso, y para terminar, señor Prada, le aconsejo que se lea las
comparecencias del Grupo Parlamentario Popular en la anterior
legislatura. Le servirán para saber que esta oposición que estamos
haciendo ahora no tiene nada que ver con aquélla. Ante un acuerdo similar
en relación con un plan de prejubilaciones que está contenido en
su propio acuerdo (no le leo lo que decía el portavoz), era contrario a
ese tipo de acuerdos en esas condiciones, basándose en que a esa edad las
personas pueden trabajar. Igual que el acuerdo que ustedes han firmado.
Ahora deberían mantener la misma actitud.
También se preguntaba que cuándo iban a producir los astilleros y cuándo
iban a fabricar barcos, porque la producción mundial de barcos o la
demanda de barcos, la posibilidad de construir barcos se estaba
incrementando en todo el mundo. Usted compartirá conmigo que ésa no es
una afirmación seria ni en aquellos momentos ni ahora. Por eso comprendo
esas dificultades y, dentro de las críticas, no quiero caer en los mismos
excesos.
El señor VICEPRESIDENTE: Si nadie desea hacer uso de la palabra,
agradecemos al señor Prada su comparecencia y a SS. SS. la intensidad y
la calidad del debate.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.