CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 148



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 11



celebrada el miércoles, 19 de febrero de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de la señora Secretaria General de Asuntos Sociales (Gómez
Gómez), para informar acerca del contingente aprobado por el Consejo de
Ministros para la llegada regularizada de inmigrantes a nuestro país
durante el año 1997. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 213/000492) (Página 4047)



Preguntas:



--De la señora Fernández Sanz (Grupo Socialista), sobre situación de los
demandantes de asilo o pendientes de regulación como inmigrantes en Ceuta
y Melilla. (Número de expediente 181/000314) (Página 4055)



--De la misma señora Diputada, sobre la cuantía del fondo de emergencia
del 0,52 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRFPF)
distribuido en el año 1996, así como Organizaciones no gubernamentales a
las que se ha distribuido. (Número de expediente 181/000311) (Página 4057)



--De la misma señora Diputada, sobre desarrollo de los objetivos y
actuaciones del Año Europeo contra el Racismo. (Número de expediente
181/000312) (Página 4058)

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--De la misma señora Diputada, sobre las causas que impiden decidir la
estructura que se encargará de la política migratoria. (Número de
expediente 181/000313) (Página 4061)



--De la señora Cortajarena Iturrioz (Grupo Socialista), sobre la
reestructuración del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).

(Número de expediente 181/000318) (Página 4063)



--De la misma señora Diputada, sobre previsiones acerca del
funcionamiento de los centros de recuperación de minusválidos físicos
(CRMF), ubicados en Lardero (La Rioja), Salamanca, Cádiz, Madrid y
Albacete. (Número de expediente 181/000320) (Página 4066)



Comparecencia del señor Secretario General de Empleo (Pimentel Siles),
para explicar el segundo plan de formación profesional 1997-2001, en
especial lo referente a la formación continua. A petición del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000482) (Página 4067)



Preguntas (continuación):



--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre el balance de las modalidades de contratos laborales
existentes en el año 1996. (Número de expediente 181/000339) (Página 4076)



--Del señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) (Grupo Mixto), sobre
nombramiento como miembro del Consejo Económico y Social en
representación del sector de pesca de bajura y litoral al candidato menos
votado por las organizaciones representativas del sector. (Número de
expediente 181/000372) (Página 4078)



--Del señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), sobre balance de la siniestralidad laboral en el año 1996.

(Número de expediente 181/000347) (Página 4079)



--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para mejorar la presencia y
actuación de la Inspección de Trabajo en la Isla de Lanzarote. (Número de
expediente 181/000348) (Página 4080)



--Del mismo señor Diputado, sobre evaluación para las plantillas de
inspectores de Trabajo y controladores laborales en el año 1997. (Número
de expediente 181/000349) (Página 4081)



--Del mismo señor Diputado, sobre criterios del Gobierno para la fijación
del salario mínimo interprofesional en la presente Legislatura. (Número
de expediente 181/000350) (Página 4083)



--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para promover la utilización
por los trabajadores varones de la normativa sobre bajas, excedencia y
jornada reducida prevista para los supuestos de nacimiento o adopción.

(Número de expediente 181/000354) (Página 4084)



--Del mismo señor Diputado, sobre actuación practicada en el mes en curso
en la Isla de Gran Canaria contra el empleo ilegal de trabajadores
extranjeros. (Número de expediente 181/000355) (Página 4084)



--Del mismo señor Diputado, sobre directivas comunitarias en materia
social pendientes de transponer a la normativa interna. (Número de
expediente 181/000363) (Página 4085)



--Del mismo señor Diputado, sobre horas extraordinarias realizadas en el
año 1996 a efectos de cotización a la Seguridad Social. (Número de
expediente 181/000377) (Página 4086)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
dar comienzo a la reunión, con el orden del día señalado.

Antes, me van a permitir que exprese unos sentimientos, que yo creo que
comparte la totalidad de esta Comisión, que son los de dolor, repulsa y
de protesta por los asesinatos ocurridos en los últimos días, cometidos
por el terrorismo. Quiero referirme en particular al trabajador de la
Administración de justicia Rafael Martínez Emperador. Creo que en esta
Comisión de Política Social y Empleo, más que en ninguna otra, se aprecia
la trascendencia de lo ocurrido dado que, para nosotros, el derecho del
trabajo, la norma laboral siempre tiene que ir acompañada de la doctrina
laboral, de las organizaciones sociales que la motivan, que contribuyen a
su creación y, finalmente, por el intérprete de la norma. Rafael Martínez
Emperador ha sido miembro de la justicia laboral toda su vida y aquellos
que



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conocemos, en particular, la obra de la jurisprudencia laboral,
apreciamos y reconocemos el mérito de numerosas sentencias que han
contribuido a interpretar, a aclarar y a hacer progresar la norma
laboral. Por estas razones, hago una referencia específica a esta gran
figura de la jurisprudencia laboral de nuestro país, pero sin dejar
atrás, ni mucho menos, a aquellos otros trabajadores que han caído
víctimas igualmente de la violencia terrorista. Expreso así nuestros
sentimientos y sugiero que sea recogido en acta y que se notifique a los
miembros de la familia de las víctimas; además, en este caso, tenemos un
miembro de la familia del señor Martínez Emperador en nuestra Comisión,
al que le trasladamos también nuestros sentimientos.




--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES
(GOMEZ GOMEZ), PARA INFORMAR ACERCA DEL CONTINGENTE APROBADO POR EL
CONSEJO DE MINISTROS PARA LA LLEGADA REGULARIZADA DE INMIGRANTES A
NUESTRO PAIS DURANTE EL AÑO 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000492.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto primero del orden del día:
Comparecencia de la Secretaria General de Asuntos Sociales, a solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista, para informar acerca del contingente
aprobado por el Consejo de Ministros para la llegada regularizada de
inmigrantes a nuestro país durante el año 1997.

Damos la palabra, y previamente la bienvenida, una vez más, a la señora
Secretaria General de Asuntos Sociales.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señorías,
buenos días. Comparezco en esta Cámara, con muchísimo gusto, para
informar de la convocatoria de contingentes para el año 1997, después de
que el pasado 31 de enero se produjera la remodelación de lo que son las
competencias en materia de emigraciones, que han pasado, a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el día 5, de la
Secretaría General de Empleo a la Secretaría General de Asuntos Sociales.

Asumo la responsabilidad, pero también asumo el trabajo que ha sido
realizado bajo la dirección de mi compañero Manuel Pimentel, al frente de
la Secretaría General de Empleo. Espero en el segundo turno hacer una
referencia a algunas dudas o problemas del Grupo que solicita la
comparecencia respecto a los contingentes de 1993.

Sí quiero hacer algunas reflexiones para poner de manifiesto que esta
convocatoria se ha hecho desde el sentido y la experiencia de las
convocatorias anteriores de contingentes y desde el convencimiento de que
la política de contingentes supone un avance, que se reitera en una
moción de septiembre de 1996, con respecto a una proposición no de ley de
1991, como un instrumento muy válido e imprescindible para la
canalización de los flujos migratorios, para la ordenación del mercado
laboral y sobre todo, y esto es muy importante, para demostrar y
sensibilizar a la población inmigrante de que el acceso por la vía legal
es mucho más gratificante y seguro pensando incluso en una reagrupación
de futuro.

Yo he hecho una reflexión, puesto que son competencias nuevas, de lo que
ha sido la política española desde el año 1985, con la ley orgánica.

Indudablemente podemos decir (lo recoge el profesor Antonio Izquierdo en
un libro magnífico recién publicado sobre la inmigración inesperada, en
el que, aunque son artículos sueltos, se hace una reflexión muy concreta
a partir de un estudio estadístico bastante interesante porque son series
continuadas) que España pasó, en la década de los sesenta, de ser un país
de emigración a un país de inmigración.

La inmigración en España es un fenómeno importante porque se consolidan
lo que pueden ser los países de orígenes de procedencia de estas
personas. Compartimos un número muy relevante de ciudadanos y ciudadanas
que proceden del norte de Africa y de los países subsaharianos. Se
consolida y se mantiene la tendencia histórica, aunque se incrementa en
número, de los emigrantes que proceden de Latinoamérica y, de nuevo,
aparece algo que no se había dado en España salvo a comienzos de siglo,
pequeños grupos de inmigrantes de países de Europa, no todos de la Unión
Europea.

Los contingentes se inician en el año 1993, como SS. SS. saben, a partir
de una proposición no de ley. Hay que reconocer que fue un acierto porque
en la proposición no de ley se dejó claro que era importante hacer esta
política en función de la necesidad laboral de España. Sí es cierto --y
el profesor Izquierdo lo recoge-- que también se habla de que se
establezca un cupo contingente en función de la capacidad de absorción de
la sociedad española. En ningún momento --ni siquiera este año, tengo que
decirlo--, se aborda esa capacidad de absorción por no tener indicadores
de evaluación de lo que han sido los flujos migratorios en España. Leo
textualmente, porque lo dice el profesor Izquierdo, que en España no se
registra el flujo anual de extranjeros. Eso impide que podamos saber cuál
es la capacidad de absorción porque, como SS. SS. saben, a pesar del
medio millón largo de inmigrantes legalizados, tenemos muchos inmigrantes
ilegales.

Este es un reto y me comprometo a que, en el futuro, el Gobierno tenga
que abordarlo, porque no se trata sólo de lo que podríamos llamar la
regularización, desde el punto de vista de la canalización de los flujos
laborales, sino también de ver cuál es la capacidad de absorción, sobre
todo de nuevas tendencias de inmigración de jóvenes procedentes de
Hispanoamérica, que vienen con una titulación media y que posiblemente
tendrían otro acceso a una situación regular en España.

Después de las experiencias de los contingentes de los años 1993, 1994 y
1995, SS. SS. saben que en 1993 y 1994 se autoriza un contingente de
20.600 personas; se produce una desviación, puesto que hay un exceso de
solicitudes de 17.000, hacia el año 1995, y en este año el cupo que se
establece y que aparece publicado es de 8.000. Quiero recordarles a SS.

SS. que, entre la publicación del acuerdo de



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Consejo de Ministros y la publicación de las instrucciones, pasan meses.

Lo digo porque el Gobierno, a través de la comisión interministerial,
está terminando de perfilar lo que serán las instrucciones del
contingente de 1996.

El contingente de 1993 es el único que no se publica. Es un acuerdo de
Consejo de Ministros de 26 de marzo, pero las instrucciones se publican
tres meses después, el 4 de mayo, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de
junio. En el año 1994, el contingente se publica en el BOE de 29 de julio
y las instrucciones generales, el 24 de septiembre. En el año 1995, el
acuerdo de Consejo de Ministro se publica en el BOE de 14 de junio. Aquí
nos encontramos con que hay unas instrucciones de julio, pero también hay
otras que se llevan a noviembre. Estas instrucciones son muy importantes
porque, por medio, había habido una denuncia al Defensor del Pueblo, por
la cual --eso sirvió mucho para agilizar la tramitación de las personas
solicitantes del contingente-- no tenían que ir personalmente a solicitar
el visado a sus países de origen, sino que podían hacerlo a través de una
persona que los representara. Eso hace que nos metamos en unas nuevas
instrucciones generales en noviembre de 1995 y explica que en año 1996,
no sólo por el cambio de Gobierno, sino también porque se estaba en pleno
proceso de resolución del contingente del año 1995, en virtud de la
disposición transitoria tercera del reglamento de febrero de 1996 se abra
un proceso nuevo de regulación, porque en el punto 4 de esa disposición
transitoria tercera se establecían cuatro meses a partir de la entrada en
vigor del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba
el reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985. Es más, se dice que
habrá un plazo de cuatro meses y que se procederá a dictar las
instrucciones necesarias. Eso explica que, en el año 1996, el nuevo
Gobierno no iniciara un nuevo período para la autorización de plazas
laborales para inmigrantes. Coincidían en el tiempo, repito, el cupo de
1995 y, por otra parte, como hemos dicho, ese nuevo proceso de
regularización de 1996. En medio había habido una moción interesantísima
en septiembre, que viene a repetir el espíritu, concretándolo y
matizándolo, de la proposición no de ley del año 1991, que es la que
define lo que va a ser un cambio en la política respecto a la migración,
que es lo que se entiende como política activa.

En el año 1997 se sigue considerando que los contingentes son el mejor
instrumento de ordenación del mercado laboral y se quiere, a través de la
información de las direcciones provinciales de Trabajo y ahora de Asuntos
Sociales, y también a través de la información que remiten y trasladan
organizaciones no gubernamentales y los sindicatos, mejorar el decreto.

En principio, la convocatoria de contingentes del año 1997 tiene una
ventaja y es que no se establecen requisitos o preferencias con relación
a los países de origen. Esta era una petición que se hacía, entendiendo
que podía haber alguna discriminación, y en ese sentido ha parecido
acertado recogerlo.

En segundo lugar, con respecto a los contingentes de 1995 y referido a
las actividades y sectores económicos, a quienes van a ir dirigidas las
ofertas de trabajo, se mantienen trabajos o faenas agrícolas, servicio
doméstico; se incluyen otros servicios y también se recupera un vector,
que existía en el año 1994 pero que no estaba en 1995, que es el de la
construcción. Digo que se recupera porque si dijera que es original
estaría faltando a la memoria, ya que en el año 1994 se detectaba un
incremento de la oferta en materia de construcción para inmigrantes. El
único factor de preferencia es el reagrupamiento familiar. Por otra
parte, entendemos que el Gobierno no sólo ha cumplido aquello a lo que se
comprometió el Ministro de Interior y que reiteró el Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, sino que pensamos que así va a ser más fácil para
evitar el cabalgamiento de un año sobre otro, y es que, por acuerdo del
Consejo de Ministros de 24 de enero, publicado el 5 de febrero, este año
se abren los contingentes a principios de año, con lo cual hay un período
muy largo, primero, para ir desarrollándolos, desenvolviéndolos y,
segundo, y muy importante, para poder ver cómo es el comportamiento de
esa oferta nueva, no discriminada ni inducida, con respecto a las
nacionalidades.

Tratamos de mejorar la gestión, de agilizar la tramitación e incorporar
las mejoras introducidas en las instrucciones de 1995. No nos engañemos,
señorías, la política de contingentes es, de alguna forma, una política
de regularización, porque, a lo largo de los años, sólo un 10 por ciento
de las personas que solicitan permiso de trabajo vienen de fuera. Esto no
es bueno ni malo, pero es importante reconocerlo para saber que, en el
futuro, hay que diseñar nuevas fórmulas; que no solamente sean las de los
contingente, sino que se estudien nuevas fórmulas previas al contrato de
trabajo, de formación para el empleo, pero una formación encaminada,
inducida, previo acuerdos, a consolidar y anticipar el contingente de
1998.

Este año el criterio del Gobierno ha sido el de establecer el contingente
en 15.000. La razón, que parece sensata, es que si en 1995 se estableció
un cupo de 8.000, habida cuenta de que estamos en un proceso de
regularización y, por otra parte, de resolución del cupo de 1995, la
cifra de 15.000 parece acertada o, por lo menos, exacta y rigurosa en el
sentido de que refleja las necesidades del mercado. A lo largo del año se
puede estudiar qué modificaciones serían necesarias, bien a través de la
comisión de flujos migratorios y de promoción e integración social, bien
haciendo la propuesta a la comisión interministerial, que, como ustedes
saben, es la delegada del Gobierno para el seguimiento de cupos.

Quedo a disposición de SS. SS. para las preguntas que estimen
convenientes.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar, en nombre del grupo solicitante,
tiene la palabra doña Matilde Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señora Secretaria General, por su
presencia y su intervención.

Usted me sonreía un poco y yo intentaba interpretar sus primeras
palabras, que sonaban a algo que se decía mucho en mis épocas sindicales
cuando se estaba negociando. Entonces, los asesores te decían: No pongas
la puerta en el prado ni el carro antes de los bueyes. Su intervención,
al principio, ha estado marcada por una explicación que parecía



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justificativa de por qué no está todavía la instrucción y, entonces,
usted miraba al pasado y decía: cuando en el pasado han salido los
contingentes, las instrucciones también han tardado algunos meses.

La petición de esta comparecencia por parte de esta Diputada tenía, sobre
todo, el objetivo de que se informara a la Cámara, con el fin de que ésta
fuera una vía más de información a la sociedad y a las organizaciones. Si
yo tengo que hacerle una gran crítica no es que todavía no está la
instrucción, aunque hubiera sido estupendo que la hubieran sacado antes
del lunes 17; eso hubiera sido lo mejor para evitar las colas en Madrid y
en el resto de los sitios y para mejorar el procedimiento con el paso de
los años. La crítica importante la centraré en que, por primera vez, las
organizaciones no gubernamentales de inmigrantes y de solidaridad con
inmigrantes no han tenido información de la publicación en el BOE, salvo
el día anterior a que el Gobierno llevara el acuerdo al Consejo de
Ministros; es decir, no se ha pactado con ellos, no se ha escuchado, no
se ha dialogado el acuerdo que el Consejo de Ministros ha aprobado y que
después se trasladó al «Boletín Oficial del Estado». Esta es una seria
crítica que hacen las organizaciones y el Grupo Socialista aprovecha esta
oportunidad para sumarse a ella.

Las críticas van a ser las menos y las sugerencias para la futura
instrucción e incluso para el desarrollo de este contingente de la manera
más satisfactoria posible van a ser las más, porque su ministro ha
acudido a diferentes foros a decir que desea que la política migratoria
sea una política de Estado y, aunque repetimos tanto lo de política de
Estado que ya estamos empezando a devaluar el término y a no entender
bien lo que quiere decir, el Grupo Socialista entiende que las políticas
migratorias son unas políticas delicadas que hay que hacer con el máximo
diálogo y con el máximo consenso entre los grupos parlamentarios.

Dicho esto, quisiera manifestar la posición de nuestro grupo respecto a
los diferentes apartados de ese acuerdo. En primer lugar, en relación al
número, compartimos las críticas acerca de que es escaso. Es escaso por
la referencia a antecedentes que usted misma nos ha recordado; es escaso
por el dato que conocemos de que cada vez son más los colectivos de
inmigrantes que llaman a la puerta de España buscando una salida; es
escaso por los datos macroeconómicos, que muestran que la economía de
nuestro país va mejorando y, por tanto, son más las personas que acuden,
y es escaso porque en 1996 no hubo contingentes, con lo que se acumulan
dos años. Ustedes saben que, aunque los índices de paro siempre pueden
ser una respuesta en esta situación, en general, los puestos que ocupan
los inmigrantes quedan vacantes constantemente porque las españolas y los
españoles no los demandan, prefieren continuar hasta el final con su
cobertura de desempleo, como reflejan los datos del Inem, y no ir a
determinados puestos de trabajo. En definitiva, en España está pasando lo
mismo que en otros lugares de Europa.

Usted ha dicho en su intervención que contingentes y regulación son vasos
comunicantes, pero, desde el consenso, de este Parlamento --consenso
alcanzado en los años 1991 y 1996--, tenemos que intentar que sean lo
menos vasos comunicantes posible, que la regulación del año pasado,
expresada en norma en 1995 y que ha durado hasta agosto de 1996, siga su
camino: aflorar irregulares con una situación laboralmente estable o con
posibilidades de que lo sea cumpliendo unos requisitos. Otra cosa son los
contingentes, respecto a los cuales es verdad que, entre todos, tenemos
que encontrar la fórmula para que estas personas llamen a la puerta de
nuestros consulados en sus respectivos países y que no sean fruto de una
situación de permanencia ya en el propio país. Entre todos tendremos que
buscar fórmulas para mejorar esa realidad.

Por todos estos argumentos, señora Secretaria General, consideramos que
el número de 15.000 es escaso. Ha dejado usted una puerta abierta y yo
sugiero que lo estudien con todo rigor. Lo previsto es que, en cuanto
lleguen 15.000 solicitudes, esté cubierto el contingente, pero hay una
pequeña frase en uno de los artículos del acuerdo que dice que si las
necesidades del mercado posibilitan que sean más, se tendrá en cuenta. Yo
creo que se debería crear un diálogo con las organizaciones de
inmigrantes y de solidaridad con los inmigrantes para estudiar esa
posibilidad de ampliación de los 15.000.

También en relación con estos 15.000, la primera pregunta que deseo
formularle es qué piensan hacer con los expedientes del contingente de
1995 que no se resolvieron, ya que usted misma ha dicho que hubo más
solicitudes de las 17.000 más 8.000 que se resolvieron. El primer
artículo de las instrucciones de los gobiernos anteriores decía que si
los requisitos seguían cumpliéndose estas personas serían las primeras en
entrar en el contingente de 1995. Le pediría, señora Gómez, que intentara
recuperar eso de la norma anterior y que las personas que quedaron en
lista de espera, porque eran más de 25.000 en el año 1995, sean personas
a recuperar si reúnen los requisitos y las condiciones en el momento
actual.

No nos ha dicho nada sobre la distribución de territorios. El Grupo
Socialista quisiera sugerirle que sigan explorando la posibilidad de que
otras zonas diferentes a las que han tenido los cupos en los años pasados
sean potencialmente regiones y provincias a las que se les pueda dirigir
un porcentaje, aunque sea pequeño, de cupos. Todos estos años se han
dirigido a Madrid, Barcelona o Cataluña, la Comunidad Valenciana o
Andalucía y deberíamos hacer esfuerzos por llegar a otras comunidades.

Esta es una de las recomendaciones que la OIT manda a los sindicatos, a
los empresarios y a los gobiernos: intentar distribuir por el territorio
de cada país el cupo de contingentes de cada nación.

En relación a la distribución de trabajos, que conocemos por la prensa y
que usted, supongo que intentando ser disciplinada en el uso del tiempo,
no nos ha detallado, quisiera preguntarle sobre esos 2.940 contingentes
para otros servicios. ¿Por qué? Por conocerlo más a fondo y también por
recordar aquí otra recomendación que la OIT nos envía constantemente a
todos, cual es la conveniencia de que todos los países intenten no tener
contingentes sólo de trabajadores poco cualificados, para producir el
mestizaje entre diferentes grupos profesionales e, incluso, para evitar
actitudes racistas del país que acoge a los inmigrantes. La OIT



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dice que esta recomendación no es tanto para las personas altamente
cualificadas o con una cualificación media que puedan venir a otro país
dentro de los contingentes, sino que sirve más para los propios países,
para tener una actitud de acogimiento más plural, más compleja, más
sofisticada y, por tanto, más inteligente. En la OIT cuentan siempre que
habría que intentar tener relojes de arena en el dibujo gráfico de los
inmigrantes de un país o, incluso, copas de vino: personas muy
cualificadas y personas poco cualificadas. Quisiera preguntarle en qué
están pensando en el capítulo de otros servicios.

Tampoco nos ha dicho nada sobre el porcentaje de contingentes que buscan
la permanencia o la temporalidad. Esto no lo hicimos los gobiernos
anteriores porque se necesitaba más tiempo de rodaje, pero entre todos
tenemos que lograr en el futuro lo que la vendimia francesa hizo con los
emigrantes españoles de Extremadura y Andalucía. Es algo en lo que
deberíamos trabajar a fondo con los trabajadores temporeros de la
agricultura, que son mayoritariamente marroquíes, magrebíes, colectivo
que constituye el 70 por ciento de las personas que nos llegan de Africa.

Con esos datos que tiene el Gobierno en el observatorio, en las
publicaciones del Inserso, se debería intentar en la instrucción dividir
los permisos de períodos largos, o los que se llaman en general trabajos
de asentamiento permanente, de los temporeros. En cuanto a estos últimos
tenemos un reto, que es el de acuerdos con el Gobierno marroquí y con
nuestras oficinas consulares para trabajar entre ambos países con el fin
de mejorar ese tránsito temporal de trabajadores de los diferentes campos
de la agricultura.

Usted hablaba al principio de contingentes e instrucción y se refería a
los meses que han tardado en sacar la instrucción. Usted recordará,
señora Secretaria General, que hay una diferencia, que es el artículo 2.º
del acuerdo, que dice que será por estricto orden de presentación de los
expedientes. Eso no constaba en las normas anteriores y ése en parte es
el problema que vimos el día 17. La sede del Partido Socialista está en
la calle Ferraz, en la manzana de enfrente de la Dirección General de
Migraciones, la cola daba la vuelta a la manzana y empezaba a dar una
segunda vuelta a las diez de la mañana. Cuando fui a preguntar qué tiempo
llevaban en la cola, a qué hora habían llegado, la gente respondía que la
norma dice que son los primeros los que se llevan el cupo. Ese es el
fallo: Les decimos que el que no corra no llegará a los 15.000, aunque
falte la instrucción, porque los mejores funcionarios que usted tenga
necesitarán esperar esa instrucción y un poquito más de tiempo para
contar hasta 15.000. La norma dice que se van a conceder según el orden
estricto de presentación. Me parece que esto se tiene que revisar para el
futuro. Las ONG se lo están diciendo a través de los medios de
comunicación y supongo que también personalmente a la nueva directora. Un
cambio positivo --yo lo valoro así-- es no identificar cupo y país. Cupo
y país ha hecho que España sea de toda Europa el país que tiene casi un
50 por ciento de hombres y mujeres inmigrantes. También es la realidad
laboral de España, con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo,
pero eso chocaba. Supongo que a ustedes cuando van a reuniones
internacionales todo el mundo les hace preguntas de ese tipo.

A mí me parece bien que ustedes no hayan identificado contingente y país
o, incluso, área laboral y país, pero, en cambio, que den tanta prioridad
al reagrupamiento familiar me parece que es un desacierto. Esta sería una
segunda crítica importante; la primera que no hayan consultado con las
organizaciones, la segunda que ustedes estén haciendo una interpretación
diferente a derecho internacional, a cultura internacional cuando estiman
que reagrupamiento familiar forma parte de la política de contingentes.

Reagrupamiento familiar forma parte de la política de integración social
de los inmigrantes que ya han entrado en el país con el cupo y con el
contingente, pero no debe de ser su familia, sus padres, sus esposas, sus
esposos, sus hijos formadores de ese contingente. Le rogaría que estudien
esto con mucho detalle y que no persigan el objetivo de un porcentaje muy
alto de esas 15.000 con reagrupamiento familiar.

No me conteste, por favor, señora Gómez, que eso estaba en las normas
anteriores porque lo sé, las he leído todas, pero también usted sabrá por
las organizaciones que el porcentaje de contingentes utilizados en
reagrupamiento familiar era muy reducido y que ésa era la dialéctica
constante del diálogo con las organizaciones de inmigrantes.

Me gustaría que su área de migraciones tuviera más rango y usted también.

Ya sabe que ésa es una reivindicación de la sociedad española y va a
salir en otras preguntas, en la relativa a la estructura del Ministerio,
etcétera, pero tengo que preguntarle por los consulados y por las
oficinas consulares, porque en la próxima instrucción que ustedes hagan
--insisto, lo antes posible-- tienen que revisar mucho la burocracia en
la concesión de los visados de nuestras oficinas consulares. Los medios
de comunicación nos decían al principio de la semana que el ministro de
Asuntos Exteriores había informado --no recuerdo dónde, mi memoria
fotográfica me falla-- del objetivo de abrir consulados, dentro de la
restricción presupuestaria, en países orientales dada la dimensión
económica. La posición de nuestro grupo es que hay oficinas consulares a
mejorar donde hay emigrantes españoles todavía, ese millón doscientos o
trescientos mil, y donde estamos recibiendo la solicitud de inmigrantes
de esos países. A mí me parece que las oficinas consulares tienen una
tarea importantísima en esos territorios donde quedan emigrantes. Ya
conocerá usted las presiones existentes de los españoles emigrantes para
que no se cierre Amberes, para que no se cierre Lieja, para que no
cierren los consulados de Europa, a pesar de la existencia de la Unión
Europea. Por otra parte, andan temerosos en América.

En este capítulo de inmigración tenemos que ser conscientes de que están
muy claros los inmigrantes de los países que demandan llegar a nuestro
país: Marruecos, Argelia, Senegal, los países andinos, los países del
Este, Filipinas y China recogen el ochenta y tantos por ciento de las
demandas de inmigración. Esas oficinas consulares deberán estar lo mejor
dotadas posible de recursos humanos y, además, tener claro qué publicidad
se hace en los medios de comunicación de las ofertas genéricas de empleo.




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No sé si preguntarle --me dirá que no, pero se lo voy a preguntar de
todas formas-- si conoce ya una circular que la Dirección General de
Consulares ha enviado ya a los consulados y que preocupa a las ONG porque
explica cómo se va a hacer esto. Se le tiene un poquito de miedo a la
citada circular porque parece ser que en el momento que se solicita
formar parte de un contingente se va a pedir que el ciudadano o la
ciudadana vaya a su país o, si no, que solicite, previa acta notarial
aquí, una delegación de personas. Yo no sé si alguien de la Dirección de
Consulares tiene familiares notarios, pero pobre gente inmigrante si,
además de estar con la interrogante de formar parte de un contingente,
tiene que andar pasando por notarías.

Telegráficamente, voy a hacerle algunas sugerencias, con toda buena
voluntad por nuestra parte, para que las estudie y utilice o las tire a
la papelera. Si las tira a la papelera quizás algún día le diremos que no
nos ha escuchado bien.

Debería reflexionarse sobre incorporar al contingente los trabajadores
ilegales que la Inspección de Trabajo pueda encontrar en el momento
actual. Para esta Diputada y para este grupo fue frustrante ver que en
Canarias unos empresarios tomateros tenían en situación de total
ilegalidad, de casi esclavitud por los salarios que les daban, a unos
trabajadores inmigrantes. Los empresarios salieron inmediatamente, no
había código para sancionarles, aunque supongo que alguna multa aparecerá
desde la Inspección de Trabajo, pero los inmigrantes, que estaban
explotados de una manera tremenda, al día siguiente fueron metidos en un
avión y mandados a sus países. Esto lo tendríamos que arreglar. Usted
sabe que los contingentes empezaron en el año 1991 de esa manera,
descubriendo gente que estaba trabajando y aunque estaba ilegal,
automáticamente se regularizaba su situación. Creo que esto se debería
estudiar; es una reivindicación de los sindicatos y me parece que es una
reivindicación seria. Los que en esta Comisión formamos parte de la
subcomisión de política migratoria se lo hemos escuchado todavía ayer al
representante de comisiones.

Respecto al acuerdo con el Gobierno de Marruecos para los trabajos
temporeros ya he hablado, por lo que no insisto. Si es cierta esta
circular de la Dirección de Consulares --que yo no he leído, por lo que
tengo que ponerla en interrogante y dejarlo a su criterio--, tenemos que
encontrar una fórmula alternativa para que los inmigrantes que ya están
aquí, que están trabajando de forma irregular, porque nuestra norma es
bastante restrictiva en períodos y esos períodos producen la
irregularidad, no tengan que volver a su país de origen. Podrían
encontrarse fórmulas distintas incluso a la exención del visado, tales
como que los consulados de los países más próximos a España fueran los
que les facilitaran el visado. Para un peruano supongo que sería mucho
mejor que le mandásemos a Lisboa, a Andorra o a cualquiera de los
consulados del sur de Francia que tener que volver a Perú. Supongo que
todo tiene dificultades, pero intento aportar ideas para mejorar la
situación de los inmigrantes y el desarrollo de la norma que al Gobierno
le corresponde.

Con esto termino.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean manifestarse en relación con la
comparecencia? (Pausa.)
Antes de darles la palabra, quiero recordarles que hubo un acuerdo de la
Mesa y portavoces para que cumplamos todos, a rajatabla, los tiempos
reglamentarios, que son diez minutos --ya le he hecho la advertencia a la
interviniente anterior--, porque, si no, no podemos agotar el orden del
día que, como saben, es muy amplio.

Señora Urán, tiene la palabra.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, no voy a agotar los diez
minutos, por lo que recuperaremos, en parte, el tiempo empleado en el uso
de la palabra por la portavoz del Grupo Socialista.

En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de doña Amalia Gómez,
a la que no tengo prácticamente pregunta alguna que hacer, porque con las
explicaciones que le pueda dar a la portavoz del Grupo Socialista puede
que nosotros nos sintamos satisfechos, dado que iban en la misma línea.

Sólo quiero recalcar las dos críticas que ha podido hacer la señora
Fernández, entre otras cosas porque ha sido bastante llamativo las colas
que se han organizado, con lo que eso conlleva para la inseguridad de la
propia gente que ha tenido que hacerlas y las tensiones que se han
generado. Al hacer público que los expedientes que llegaran antes serían
aquellos que iban a tener entrada en el cupo, las personas hicieron noche
en la cola, con el frío que en estos momentos hace en Madrid por las
noches, con lo cual estamos contribuyendo a tenerles en una tensión
bastante grave, cuando ya ellos, de por sí, se encuentran en una
situación de inseguridad cada vez que salen cupos, que se normalizan o se
quieren regularizar las cuotas migratorias.

Además de esa crítica, también queremos hacernos eco de lo que las
organizaciones no gubernamentales y las propias organizaciones sociales
están reclamando a través de los medios de comunicación, que el cupo es
escaso e, incluso, faltan por regularizar muchos expedientes
administrativos de cupos anteriores, lo cual está causando a los
inmigrantes mayores problemas de los añadidos.

Hay algo que también nos gustaría que nos pudiera explicar porque, como
ha dicho la señora Fernández, los cupos no van unidos a la regularización
de las personas que pudieran hallarse en situación irregular. Todo esto
se tiene que circunscribir en el plan de integración para inmigrantes.

Esta Cámara todavía no sabe muy bien qué va a pasar con él en el año 1997
y que tampoco lo podemos dejar de lado, aunque no sea objeto específico
de esta comparecencia. Al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya le gusta ver la política migratoria de una
manera integral y no por apartados, porque las personas somos un todo y
no una parte solamente; también los inmigrantes. Si es posible nos
gustaría que, aunque no sea de una manera extensa, nos pudiera avanzar
alguna información al respecto.

Por nuestra parte y atendiendo la demanda del Presidente de la Comisión,
sólo quiero agradecerle, una vez más, su presencia aquí y las
explicaciones que espero nos dé después. Nada más.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán, por la economía de
tiempo.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, tampoco yo voy a consumir todo
el tiempo, porque creo que la explicación de la Secretaria General ha
sido, en principio, suficiente para que nos informáramos del objeto de
esta comparecencia. Es cierto que me hubiera gustado que hubiese sido más
amplia y que nos hubiéramos referido a una política global de inmigración
que, me consta, es la que está haciendo el Ministerio y que es la que
tiene que hacerse en relación con la inmigración, pero tendremos más
ocasión de hablar sobre la política global de inmigración que tiene que
incorporar más cosas de lo que es el puro contingente y otra serie de
medidas, fundamentalmente las relacionadas con la integración social de
los inmigrantes, que es objeto de preocupación para toda la Cámara.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la Secretaria General
de Asuntos Sociales para informarnos acerca del contingente aprobado por
el Consejo de Ministros para la llegada regularizada de inmigrantes a
nuestro país durante el año 1997. Quiero agradecerle tanto la información
sobre el propio contingente de 1997 como los antecedentes que nos ha
contado, que ilustran bastante cuál ha sido la política de inmigración a
lo largo de los años y cuáles son las dificultades con las que se
encuentra cualquier dirección general o cualquier ministerio cuando
hablamos de un tema como el de la inmigración.

Es innegable --se desprende con claridad tanto de las intervenciones de
los portavoces de grupos parlamentarios en este debate como de otras
comparecencias que ha habido en esta Cámara-- que la situación de los
extranjeros en España es objeto de preocupación para este Parlamento ya
desde el año 1991, cuando se establecieron las líneas maestras de la
política migratoria, líneas reiteradas después en la moción aprobada en
este Congreso el día 24 de septiembre de 1996, por unanimidad de los
grupos parlamentarios.

En ambas iniciativas y en relación a los flujos migratorios, se puso de
manifiesto la necesidad de regular la inmigración de personas hacia
nuestro país, ordenando su llegada de forma gradual a través de medidas
de canalización y organización de los flujos de inmigración ilegal en
función de las necesidades de mano de obra --como ha dicho otro portavoz,
creo que es importante--, de la economía española y también de la
capacidad de absorción de nuestra sociedad. Según las explicaciones de la
Secretaria General, parece ser que esos tres criterios: la necesidad de
mano de obra, la economía española y la capacidad de absorción de nuestra
sociedad, han sido los que han inspirado la fijación del cupo de este año
en relación con la integración de inmigrantes.

En mi opinión, ésta es una cuestión de Estado. No creo que esté devaluada
la cuestión de Estado porque se utilice en algunas materias; es
importante en todas, pero mucho más en ésta. Es tan cuestión de Estado
que la mayoría de los grupos estamos de acuerdo en que hay que continuar
avanzando.

Sobre el contingente, he oído aquí que probablemente no sean suficientes
las medidas que se adoptan en temas de inmigración. Nuestra opinión
también es ésa, creemos que se están haciendo muchas cosas, se están
garantizando muchos derechos de los inmigrantes, se están solucionando
sus problemas, pero me alegro de que todos los portavoces estemos
convencidos de que se puede avanzar para buscar otras soluciones. Lo
mismo piensa el Gobierno que ha creado una Dirección General expresa de
las migraciones, a cuya directora, que hoy nos acompaña, felicito y deseo
el mayor de los éxitos, porque creo que esta Dirección General es
importante. Nos consta a todos los que asistimos a la subcomisión de
inmigración que estaba reclamada una Secretaría General, una Secretaría
de Estado --el nombre da igual, lo importante es que haya un órgano
encargado directamente de las inmigraciones--, como me consta que esa
Dirección General va a estar expresamente dedicada al seguimiento y a la
evolución del proceso de inmigraciones, de su integración social, que
considero muy importante, y también para garantizar sus condiciones de
vida.

Se ha hablado aquí de los contingentes. Los instrumentos legales para
canalizar la inmigración, de los que se ha hablado aquí esta mañana, son
los contingentes de mano de obra extranjera, las medidas de
regularización, la excepción de visados y también la reagrupación
familiar. La reagrupación familiar es uno de los instrumentos legales que
pueden servir para canalizar la inmigración. Este procedimiento está
abierto desde 1993, aunque en la práctica, como decía la señora
Fernández, no ha funcionado de forma satisfactoria. Cabe destacar que,
durante el proceso de documentación de extranjeros en situación
irregular, que finalizó el 23 de agosto, el 24 por ciento de las
solicitudes de permisos de trabajo había sido presentado por familiares
de extranjeros que ya residían legalmente. Esto significa que esos
familiares, a pesar de existir un procedimiento para entrar de forma
legal, han seguido utilizando vías irregulares. Teniendo en cuenta el
nuevo reglamento de extranjería, al que también se ha hecho referencia
esta mañana, que se aprobó en febrero de 1996, sería conveniente --la
Secretaría General nos lo podría ampliar-- analizar las causas del
inadecuado funcionamiento y desarrollar un nuevo procedimiento para
cubrir las carencias del anterior. Debemos apostar por la reagrupación
familiar porque también es importante de cara a la integración de los
propios inmigrantes.

Finalizo agradeciendo de nuevo a la Secretaria General la información que
nos ha facilitado y solicitando a todos los grupos que sigamos por el
camino emprendido respecto a la inmigración. La labor de la subcomisión
es importante porque está escuchando muchas opiniones que nos vendrán
bien. Con los dos instrumentos que tiene el Ministerio --el foro para
integración de los inmigrantes y el observatorio permanente de
inmigración, que me consta que se está perfeccionando para que pueda dar
un diagnóstico exacto de la situación y de los problemas que tienen en
materia de inmigración-- y con lo que pueda aportar la subcomisión, para
finales de año o para el mes de septiembre podremos tener más claro de lo
que debe ser una política de inmigración. Animo a la Secretaria General a
seguir



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avanzando por este camino porque cuesta trabajo. Como decía la señora
Fernández, son muchos años de retrasos y no es tan fácil solucionar los
problemas muy rápidamente, pero creo que en estos siete meses se ha
avanzado bastante. Animo a la Secretaria General, que se ha encargado
ahora de estos temas de inmigración, a que siga adelante y se tome con
mucho interés esta materia porque nos afecta a todos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señor
Presidente, en algún momento me ha parecido interpretar que se suponía
que mi comparecencia era global. La escuela de aprendizaje que tengo
--siempre lo recuerdo en esta Comisión y me siento muy orgullosa de
ello-- es el Parlamento andaluz. Allí aprendí que una comparece para
hablar de lo que le preguntan, no para hablar de lo que quiere. El orden
del día dice textualmente: «Informar acerca del contingente aprobado por
el Consejo de Ministros para la llegada regularizada de inmigrantes a
nuestro país durante el año 1997.» He sido concisa por respeto a SS. SS.

y al grupo que lo ha solicitado. Aunque no ha sido la señora Fernández,
que me ha entendido, yo me he dedicado a responder lo que se me ha
preguntado. Si se me hubiera solicitado hablar de política de
inmigración, habría preparado otra comparecencia. He sido respetuosa con
el grupo y con la Comisión y, por eso, no he hablado de política de
migración en términos generales. Me he limitado a la comparecencia porque
creo que debe ser así, incluso aunque exista la tentación de buscar
referentes, unas veces para justificar, otras para fundamentar. Ya les
dije el primer día, señorías, cuál iba a ser mi talante en esta Comisión
y espero que ustedes vean que sigo cumpliendo mi palabra.

Tengo que dar las gracias a todos los portavoces: a la del Grupo Popular
por el apoyo que presta al Gobierno, a la de Izquierda Unida, señora
Urán, y a la señora Fernández, porque éste es el tono de cortesía, de
crítica y de propuestas positivas en todos los temas, pero sobre todo
aquí porque, como decía la portavoz del Grupo Popular, y creo que lo han
repetido las otras portavoces, estamos hablando de un tema que es
política de Estado.

A la señora Fernández le preocupaba --es interesante recordarlo--, en
primer lugar, la celeridad con la que los inmigrantes presentaban la
resolución. Yo pienso siempre, señoría, que hay medidas buenas y malas.

Yo pregunté cuál era la razón y me dijeron que los inmigrantes se
quejaban --también habría que averiguar eso-- de que en otros años, en la
tramitación de expedientes, se podrían haber dado situaciones con algún
tipo de favoritismo. Es verdad que el criterio de que el primero que
llegue toca bola posiblemente pueda suponer noches en vela, pero de esa
manera pretendíamos tranquilizar a las personas que en años anteriores se
habían quejado de que el proceso no había sido muy claro, se habían dado
casos de personas tratadas con alguna deferencia.Yo defiendo firmemente
la honestidad de los funcionarios, pero se puede tomar alguna medida que
tranquilice y este año se ha tomado ésa. Posiblemente, se pueda modificar
y mejorar, pero era una medida para tranquilizar a quienes, dentro del
colectivo de solicitantes, pensaban que se podían haber dado casos en los
que no habría estado garantizada su igualdad de derechos.

Es cierto, y lo ha dicho la señora Fernández, que no se puede confundir
contingente con regularización. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El
reglamento que se aprueba en febrero lo elabora el Gobierno anterior. A
pesar de que hay un proceso abierto de contingentes de 1995, la cláusula
adicional tercera, puntos 4 y 5, del reglamento de desarrollo de la ley
orgánica dice que hay que abrir durante cuatro meses un período de
regularización. El problema está, señoría, en que desde el año 1991 ha
habido dos momentos importantes a la hora de diseñar una política activa
de migración. La primera iniciativa la toma esta Cámara con la
proposición no de ley de 1991; la otra, muy importante, es el diseño de
los contingentes o cupos. Repito. No tenemos datos salvo las estadísticas
del profesor Izquierdo o los que pueden tener organizaciones no
gubernamentales, porque como usted sabe, señoría, la bolsa que aún queda
de personas inmigrantes en situación de irregularidad es amplísima. Es
cierto que no se pueden confundir, pero tendremos que hacer uso de estos
dos instrumentos en la medida en que nosotros podamos ir resolviendo una
situación, ya que, aunque al parecer y según el profesor Izquierdo nos
quedan unos años de incremento de lo que puede ser el volumen de llegada,
sin embargo es muy probable que a partir del año 2020 se estabilice y se
consolide.

Yo creo que también hay que transmitir a la sociedad que es bueno ser un
país de inmigración. Hemos sido país de emigración hasta el año 1960. No
hay que tener temor a esa mano de obra o a esa ciudadanía que viene a
insuflar lo que pueden ser apoyos para sacar a este país adelante. Yo
creo que eso no es malo y precisamente en el año internacional de la
lucha contra el racismo podríamos dar esa nueva visión de que no se trata
sólo de normalizar lo que son los flujos migratorios que demandan
trabajo, sino algo, señorías, que desde el año 1991 en que se pone la
política activa no ha sido evaluado, que es la capacidad de absorción de
inmigrantes que tiene España. La capacidad de absorción de inmigrantes
que tiene España no se podría evaluar exclusivamente desde una política
asistencialista, es decir, al que venga le damos lo mínimo para que
sobreviva en dignidad. Eso sería considerar personas de diferente calidad
y condición a las que vinieran. Por lo tanto, la posibilidad de ser
asistencialistas no es la capacidad de absorción. La capacidad de
absorción tampoco es el pensar en la expectativa de un trabajo que yo
estoy de acuerdo con usted que no ha de ser --como en algún momento era--
el trabajo que no se acepta o al que no acceden por voluntad propia
ciudadanos de nacionalidad española, sino un trabajo para el que las
personas que vienen están perfectamente preparadas. Por ejemplo, usted
hablaba de trabajadores inmigrantes estacionales y ya se habla de
estacionales rotatorios, porque empiezan en el verdeo, siguen con la
fresa, el espárrago, la naranja. Es todo un circuito y son las mismas
personas y en algún momento se ha llegado al error de sumarlas cuando son
las mismas personas. Donde



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más se estabilizan es en la zona de la pera de Lérida, en la zona del
espárrago de La Rioja y en la zona de los cultivos bajo plásticos --que
se dice en mi tierra--, que son los invernaderos del poniente almeriense.

Por tanto, repito, es muy importante que se impulse, sobre todo desde el
observatorio, una actualización de lo que pueden ser no sólo los datos
puramente estadísticos y demográficos de la inmigración, sino también los
perfiles cualitativos y los de actitud o tendencia.

Le ruego que si se me olvida algún tema me lo recuerde. Le voy a decir
una cosa, señora Fernández. Usted y yo estamos en diferentes orillas de
un río muy grande, muy grande, lo digo por lo distanciadas que estamos,
pero tiene usted mis respetos porque usted sabe de lo que habla. Usted y
yo discutiremos, pero tiene mis respetos y por eso no me quiero dejar
nada y si algo me dejo usted me lo dice.

Habla usted de los expedientes atrasados. También había que hablar de las
causas de los expedientes atrasados. Señora Fernández, se lo digo con
todo el respeto, usted sabe que la mayor parte de los expedientes
atrasados que empiezan a acumularse en el año 1994 --creo recordar que
son casi 17.000-- es debido a un problema por una valoración no acertada
de lo que era la capacidad de mano de obra necesaria en el mercado
nacional. Es decir, una cosa es --y yo estoy de acuerdo con usted-- el
problema humano que se les plantea a personas que esperan acceder a un
puesto de trabajo y otra cosa es cuando los cálculos se hacen de una
forma tan flexible que 17.000 personas se quedan fuera. Desde luego hay
que abordarlo. Usted ha visto que yo he comentado en mi intervención que
quedaba la posibilidad de modificar en cuanto a flexibilizar en función
de la demanda de trabajo, y me alegro de que usted haya reconocido que se
ve un repunte en lo que puede ser la situación económica del país. Eso
quiere decir que será mejor para los trabajadores españoles y que habrá
más trabajo para los que vienen de fuera, pero yo también le sugiero que
reflexionemos sobre por qué sobran 17.000. Sobran 17.000 porque se había
hecho una estimación de expectativas de puestos de trabajo que no se dio
y porque, aunque crecen en lo que llamamos actividades agrícolas
temporeras y rotatorias, está apareciendo --enlazo un poco con la
pregunta de servicios-- otro tipo de demandas relacionadas con
inmigrantes en torno a esas actividades temporeras. Por ejemplo, están
utilizándose no sólo en servicio doméstico sino en comercios. Es cierto
que con tiempos cortos, como si fuera a media jornada, pero aparece un
nuevo yacimiento de empleo para inmigrantes en torno a los inmigrantes
temporeros rotatorios. Por tanto, en expedientes atrasados yo recojo su
sugerencia por una razón, porque es una cuestión de derechos humanos, es
una cuestión de que ya que tienes localizadas a personas con unos
perfiles y unos datos, aprovechémoslo. La fórmula, señoría, posiblemente
la articulen en la Dirección General de Ordenación, porque yo creo que
hay que encontrar fórmulas nuevas que supongan situaciones de
provisionalidad, pero de previsión, para acceder al contingente. Yo creo,
señoría, que en estos últimos años --y cuando ante una cosa no anda
completa, usted lo sabe, como tampoco lo que hagamos nosotros será
completo-- falta un paso por delante y un paso por detrás. En el caso por
delante falta un punto de encuentro, tanto del que quiere venir desde
fuera como del que vive aquí de forma irregular, antes de acceder a los
contingentes. Es decir, se podría estudiar --y podría ser algo a incluir
en lo que es la política de integración-- una preparación previa que
daría mucha más seguridad, evitaríamos las colas que son tan lamentables
y posiblemente este desfase entre lo que es la oferta y lo que es al
final la resolución. Le voy a dar antes de que se olvide la distribución,
porque me la ha preguntado su señoría.

Yo estoy de acuerdo con usted en que el porcentaje de trabajadores más o
menos estable parece ser que se incrementa. Se incrementa sobre todo,
fíjese, en torno a la agricultura. Se sabe que hay personas que están
contratadas de un año para otro en el mismo sitio. Usted decía que no
estaba de acuerdo con lo del reagrupamiento familiar, pero usted, que
conoce los papeles porque se los lee como yo, sabía que en las
instrucciones del Gobierno socialista también venía. Pero es que además
ha habido un cambio de Gobierno y es legítimo, por una parte, pensar que
el reagrupamiento se puede hacer de otra manera y usted sabe que por el
procedimiento ordinario también lo pueden solicitar. Nosotros pensamos
que es bueno que junto al trabajo, como factor de integración, se intente
la reagrupación familiar. Está por ver cómo funciona esto, si es bueno o
malo. Este es un punto de discrepancia o divergencia entre la visión que
desde el Grupo Parlamentario Socialista se tiene de la reagrupación
familiar y la que nosotros tenemos. Entre otras consideraciones se
detecta, por ejemplo, que aquellas personas inmigrantes que viven en un
entorno familiar, en primer lugar, ahorran más dinero --y las
organizaciones no gubernamentales lo saben-- y tienen menos necesidades
de asistencia que los que están solos; en segundo lugar, también se
favorece lo que debe ser importante, que es el derecho de la familia a
vivir unida y junta, y, en tercer lugar, yo creo que se garantizan los
derechos de los menores, para quienes lo más importante es la tutela y
protección de sus progenitores. Yo creo que están por ver los resultados
y las consecuencias, pero creo que es una medida buena en sí misma,
aunque eso nos distancie o nos diferencie.

Dice usted que los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales
están molestas sobre todo porque no se les comunicó con anterioridad el
acuerdo de contingentes. Yo lo lamento, asumo la responsabilidad de que
no haya sido así porque creo que cada vez tenemos que tener menos
dificultad en trasladar a la sociedad, a la Cámara y a las instituciones
que sea pertinente y oportuno lo que pueden ser propuestas del Gobierno.

¿Por qué? Porque yo creo, señoría, que hay que tener espíritu un poco de
esponja, de donde venga lo bueno, cojámoslo. Yo pienso que posiblemente
habrá habido alguna información o reunión previa --lo desconozco,
señoría-- en la que se le haya dicho o puede que se pensara que las
innovaciones eran tan puntuales que, posiblemente, las organizaciones
gubernamentales no las supieran.

Tengo que decirle que yo sí soy partidaria de que todo se informe y se
consulte previamente. Al final, tendrá que decidir el Gobierno porque es
su responsabilidad, pero



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siempre es bueno consultar para ver hasta qué punto se coincide y para
fundamentar los puntos en que se discrepa. Desconozco las razones. Si le
dijera otra cosa, señoría, estaría mintiendo. Yo sí soy partidaria de la
consulta porque en el área que he venido desempeñando hasta ahora esta
política de consultar no sólo va bien para el político que se siente más
cómodo, el gobernante, sino que la sociedad se siente más feliz ya que se
sabe más escuchada.

Yo le agradezco que le parezca bien lo del cambio positivo de no
identificar área geográfica con cupo. También le digo que nos preocupa
mucho, aunque esté de esa manera, ver cómo va a andar esto, porque de la
otra forma es cierto que había una adscripción a lo que eran trabajos
concretos por nacionalidad o por profesionalidad dentro del marco
geográfico. Yo también se lo digo, habrá que ver la evaluación porque no
ha habido ningún contingente evaluado hasta ahora. Nosotros lo que sí
queremos, al final de éste, es que se inicie un proceso de evaluación con
indicadores para ver hasta qué punto funcionan tanto los criterios que se
mantienen como los criterios que se modifican. Yo espero que no se
perjudique a ningún grupo por haber hecho esta no discriminación porque
eso también será un factor a tener en cuenta. No vayamos ahora a
estropear lo que está consolidado desde el punto de vista de la situación
personal del inmigrante por pensar que de esta manera quitamos un factor
de discriminación.

Los contingentes empiezan en 1993, creo recordar. Usted ha dicho en 1991,
y en 1991 lo que hay, si no me falla la memoria, es una regularización.

Señora Fernández, le voy a decir una cosa con todo cariño, qué pena que
no le escucharan en el año 1995, porque usted está poniendo el dedo en la
llaga en cuanto a lo que fue la necesidad de reforma de las instrucciones
de julio, de agosto y de noviembre de 1995. Yo creo que tiene usted un
diagnóstico bueno, pero también le digo que tenga un poco de paciencia
porque entiendo que hubiera sido más fácil pedírselo a un gobierno de su
mismo color que a un gobierno de color distinto. De todas maneras, entre
usted y yo, el punto de unión se llama lo razonable, y lo razonable que
usted ha dicho tenga la seguridad de que yo lo voy a estudiar porque éste
es un tema, señorías, en el que acabo de entrar hace quince días, pero en
el que me voy a meter a fondo, porque es un tema que yo he vivido sólo
desde lo que puede ser la perspectiva de la integración en Andalucía,
pero ahora lo pienso vivir en lo que es la responsabilidad del trabajo.

Me parece muy bien lo que usted ha dicho de las normas consulares, pero
no lo conozco. Usted sabe que sería una insensata si yo le dijera que
puedo hacer algo porque es competencia del Ministerio de Asuntos
Exteriores; por tanto, ¡líbreme Dios!, de meterme en la competencia de
otro ministerio. Sí es verdad que todo lo que usted ha dicho son
reivindicaciones de las asociaciones y colectivos de emigrantes; sí que
es verdad que los colectivos de emigrantes mostraron su preocupación y su
temor, sí que es verdad, a que pudieran ser cerradas algunas oficinas
consulares o a que no se cubrieran y dotaran suficientemente oficinas,
usted ha citado alguna, que necesitan recursos humanos suficientes para
hacer frente a las demandas de los emigrantes españoles fuera. Pero,
hasta ahora, señoría, yo no conozco esa circular y espero y deseo que
sólo se quede en eso, en un recelo, porque si algo tiene que hacer este
país por los que están fuera y por los que vienen aquí, yo creo que es
atender en lo que es nuestra puerta de entrada, que son nuestros
consulados. Sin embargo, es una decisión, señoría, que, reitero, no nos
corresponde.

Aquí tengo los datos que usted quería. En agrícola y ganadera, 5.820;
construcción, 620; servicio doméstico, 5.620; otros servicios
--fundamentalmente, lo que nos aflora a nosotros son servicios
relacionados con restaurantes, hoteles y comercio--, en total, 15.000.

Por comunidades autónomas, a Andalucía se atribuyen 1.900 (si quiere
usted, señoría, con muchísimo gusto le paso después la hoja); Aragón,
220; Asturias, 20; Baleares, 320; Canarias, 130; Cantabria, 20;
Castilla-La Mancha, 500; Castilla y León, 100; Cataluña, 3.300; Comunidad
Valenciana, 2.500; Extremadura, 460; Galicia, 100; Madrid, 4.000; Murcia,
1.100; Navarra, 70; País Vasco, 60; La Rioja, 200. En total, 15.000. Esas
son las previsiones.

En lo que no haya podido responderle, no comparta o quiera usted
rectificarlo, estoy a su disposición.

Quisiera decirle a la señora Urán que el plan de integración social lo
estamos abordando no en su literalidad que, como usted sabe, venía sin
memoria de financiación, y que por tanto no es que ahora sea
irrealizable, era irrealizable en el momento mismo en que se diseñó. Las
directrices de trabajo que tenemos es actualizarlo, y, en función de las
demandas urgentes que con objeto de preguntas ya pondré de manifiesto,
queremos vincularlo a la acogida, al proceso de aculturación, respetando
sus señas de identidad y a los debe ser el vector trabajo, pero desde
luego hay que hacerlo con un calendario a corte, medio y largo plazo. Es
imposible llevarlo a cabo sin tener un consenso con las comunidades
autónomas porque, si no, sería una declaración de intenciones, bonita
pero declaración. Desde luego hay que hacer una financiación a corto,
medio y largo plazo, y eso estamos dispuestos a hacerlo.




PREGUNTAS:



--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE LA SITUACION DE
LOS DEMANDANTES DE ASILO O PENDIENTES DE REGULARIZACION COMO INMIGRANTES
EN CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 181/000314.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en la pregunta, formulada por doña Matilde
Fernández, sobre personas que en los últimos seis meses han llegado desde
Ceuta y Melilla a la Península como demandantes de asilo o para
regularizar su situación de inmigrantes. Tiene la palabra doña Matilde
Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: Es una pregunta muy concreta que tiene que ver
con unos convenios que el ministerio ha puesto en marcha para traer a la
Península a



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personas que entran por Ceuta y Melilla. Nuestro grupo desea saber
cuántas personas han llegado, cuántas está previsto que lleguen, con qué
organizaciones se han firmado o se piensa en el futuro firmar, si esto
está cerrado, si los convenios son iguales, qué recursos dedican y si
algunas de estas personas, al ser demandantes de asilo, han llegado a los
centros de refugiados del Inserso, por lo tanto a centros públicos.




El señor PRESIDENTE: La señora Gómez tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En el
contexto del programa de acogida y acceso al empleo para inmigrantes
subsaharianos de Ceuta y Melilla ha llegado a la Península desde el mes
de octubre de 1996 un total de 348 inmigrantes en operaciones distintas.

De ellos, 155 proceden de Ceuta y 293 de Melilla. Además, a este total
hay que añadir 29 inmigrantes que, procedentes de Ceuta, hoy, 19 de
febrero, llegan a la Península. Le contesto combinando un informe de
Interior con los papeles de acogida Trabajo y Asuntos Sociales.

La totalidad de inmigrantes acogidos al programa de acogida y acceso al
empleo lo han sido en centros de las siguientes ONG: CEAR, Cruz Roja,
FAIN, Federación Acoge, Cáritas, Cepain y SOS Málaga. A centros del
Inserso han venido un total de 37. Le puedo dar los datos por países.

Fundamentalmente vienen de Asia y Afganistán y el resto son de países
africanos.

Respecto a la participación de la entidad en la acogida de solicitantes
de asilo de Ceuta o Melilla ha sido muy reducida, seis personas. La
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha acogido en su centro de
Cullera a cuatro solicitantes de asilo de nacionalidad ruandesa y uno
saharaui, en Santa Lucía, Las Palmas. Cruz Roja Española ha acogido en su
centro de Arnedo, Puentegenil, a seis personas de Ceuta.

Convenios firmados con las ONG. En cuanto al programa de acogida, se ha
llegado a acuerdos con ONG colaboradoras con el fin de que se
responsabilicen de la manutención, alojamiento, cursillos de idiomas,
ambientación y cursos de formación profesional durante los dos meses
posteriores a la fecha de llegada a la península. Las cantidades
destinadas al programa han sido las siguientes. Con cargo a la asignación
tributaria del IRPF, el Fondo de Emergencia Social, 58.133.799 pesetas, y
han sido 50 millones para Cruz Roja Española y ocho para la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado. Orden de 23 de enero de 1996, colectivos
de inmigrantes, con cargo a los fondos de lo que era la antigua Dirección
General de Empleo y Migración, 37 millones. En este segundo programa con
cargo al presupuesto de la propia dirección general, había 37 millones
hasta febrero. Andalucía recibe 22,5 millones y Federación de
Asociaciones pro Inmigrantes, 15 millones. Ayudas y subvenciones por
orden ministerial de la antigua Dirección General de Empleo y
Migraciones, cinco millones a la Federación Andalucía Acoge. La previsión
de este año para estos programas está cifrada en torno a 260 millones.

En este momento el total de personas acogidas por lugar de procedencia y
ONG responsables son 339 procedentes de Ceuta y Melilla. Cruz Roja tiene
a su cargo 97; CEAR, 97; el Servicio Jesuita Refugiados, uno; FAIN, 70;
Algeciras Acoge, dos; Jaén Acoge, nueve y otras varias ONG, 63.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: Telegráficamente, señor Presidente.

Señora Secretaria General, me parece muy civilizado este procedimiento de
firmar convenios e ir trayendo a personas de Ceuta y Melilla. Por cierto,
hablamos mucho de Ceuta y Melilla y todos los días leemos que están
entrando más personas por las fronteras de Portugal y Francia. Buena
parte de esos 17.000 que quedaron del cupo de 1995, fueron personas que
llegaron por la frontera de Francia, aunque esto tiene también algo de
hipótesis, pero los que investigan escriben sobre la crisis de Europa y,
la verdad, se encontraron con la crisis de 1992, manifestada en 1993 y
1994. Pero cierro ese paréntesis y continúo.

El procedimiento de convenios con las organizaciones de solidaridad con
los inmigrantes me parece bueno como fórmula para eliminar un problema en
unos territorios como Ceuta y Melilla con los que este Parlamento tiene
que ser solidario debido a la presión que allí existe y a veces con la
falta de solidaridad y de no reciprocidad en el comportamiento por parte
del Reino de Marruecos. Pero déjeme decirle que ese procedimiento tuvo un
parón que no se explica esta Diputada, que se ha retomado de nuevo por
las críticas de organizaciones y de medios de comunicación. El parón
supuso que enviaron, y no sé quién mandó, a través de las delegaciones de
Gobierno de Ceuta y Melilla, a 80 inmigrantes con un expediente de orden
de salida, dándoles tan sólo quince días. Les mandaron a la Península
para resolver en quince días sus papeles. Llevaban seis o siete meses en
Ceuta y Melilla, pero se les dio una orden de salida en quince días y eso
para cualquier jurista que trabaja con estos colectivos es una orden de
expulsión encubierta. ¿Por qué ustedes, que iniciaron un procedimiento
civilizado de convenios con las ONG, de pronto mandan a la Península a 80
personas de esta manera tan irregular, ya que es una orden encubierta de
expulsión?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señorías,
gracias por lo que supone de valoración positiva del programa de acogida
y acceso a un empleo. Usted conoce muy bien, como yo, la situación de
Ceuta y Melilla, aunque creo que se focaliza demasiado el problema de la
inmigración como inmigración y no los problemas de tipo humanitario que
se pueden dar allí, y tenía una solución difícil. Como S. S. sabe muy
bien es una pregunta que deberían responderla



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desde el Ministerio de Interior. El señor Onega me decía ayer por la
tarde que estaría encantado de venir a esta Comisión. Yo sólo puedo
decirle lo que sé. Usted sabe muy bien que la ley establece la expulsión
para aquellas personas que son descubiertas fuera del territorio previo
período de 40 días en un CIE, que no es un centro penitenciario, sino un
centro de internamiento de extranjeros. Esos 40 días son para acelerar lo
que pueda ser el trámite de identificación.

Yo conocí por la prensa y viví directamente la situación, como usted ha
dicho, las protestas de las organizaciones no gubernamentales, pero
también vi lo que era en aquel momento, no sólo Calamocarro, sino lo que
ocurría por el efecto llamada que se había producido. Es cierto que la
crítica está en los medios de comunicación, pero no es menos cierto que
la medida, independientemente de la valoración que cada grupo quiera
hacer, se tomó, y así me lo hacen saber desde Asuntos Exteriores, con
respeto total hacia los derechos humanos y lo que era la situación de las
personas, independientemente de que se comparta o no esa decisión. Por
otra parte, significó pacificar, de alguna manera, lo que era la
situación de esos inmigrantes, ya que algunos llevaban, como S. S. ha
dicho muy bien, seis meses. Pero no se olvide que el año pasado y el
anterior, en los meses de septiembre y octubre, por desgracia eso es casi
obligado. Siempre existen esos problemas por los grandes grupos de
personas que atravesaron las fronteras. También es verdad, que en ese
momento estaba totalmente desmantelado el sistema de detección de
entradas por Melilla. Su señoría sabe que el anterior gobierno gastó dos
mil millones en un sistema de alambradas y sensores en la frontera, pero
se olvidaron del mantenimiento. No quiero con esto justificar lo otro,
pero alguna razón tengo que dar. El sistema de dos mil millones de
estropeó, no se cuidó el mantenimiento y se produce una entrada masiva en
los últimos meses del semestre del año anterior.

Le agradezco la valoración positiva que ha hecho y lamento, y lo tengo
que decir así, que la salida de España de 80 personas fuera motivo de un
escándalo en los medios de comunicación. No es que diga que no haya
habido motivo para la sorpresa y el escándalo, pero también se debe
valorar la rapidez con la que adoptaron soluciones todos los ministerios
involucrados en el tema.

Por tanto, lo mismo que fue censurada y criticada la salida de los 80
inmigrantes, creo debe ser reconocido el esfuerzo que se hizo cuando
estos planes de acogida, como SS. SS. saben, nunca se habían hecho in
situ con inmigrantes exclusivamente, como en este caso, por motivos
humanitarios.




--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE LA CUANTIA DEL
FONDO DE EMERGENCIA DEL 0,52 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS (IRPF) DISTRIBUIDO EN EL AÑO 1996, ASI COMO ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES A LAS QUE SE HA DISTRIBUIDO. (Número de expediente
181/000311.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta siguiente, formulada por doña Matilde
Fernández, del Grupo Socialista: Cuantía del fondo de emergencia del 0,52
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas distribuido en el año
1996, así como organizaciones no gubernamentales a las que se ha
distribuido.

Tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: Leída la pregunta, espero la respuesta.




El señor PRESIDENTE: Señora Gómez, tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señora
Fernández, el total del importe del crédito fue de 78.133.799 pesetas. Se
declaró la situación de emergencia social por el ministerio y se
presentaron proyectos por parte de seis entidades que manifestaron su
intención de participar en el desarrollo de programas. Estas entidades
fueron: Cruz Roja Española, Cáritas Española, Comisión Española de Ayuda
al Refugiado, Cooperación Social, Grups de Recerca y Actuació sobre
Minoríes Cultural y Treballadors Estrangers y Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad.

De ellas presentaron solicitud de subvención en el plazo establecido:
Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). A
Cruz Roja Española se le dieron 30 millones para situaciones de
emergencia social en Ceuta y Melilla que conllevaba alojamiento,
alquileres, alimentación, medicinas, etcétera, y a CEAR se le dieron
3.024.000 pesetas. Hicieron un campamento multiusos cerca de Calamocarro
y dieron asistencia legal para solicitantes de asilo. Mediante orden
comunicada de 29 de noviembre --ésa fue la primera fase-- el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales ante la persistencia y el agravamiento de la
situación para el colectivo de inmigrantes en las ciudades de Ceuta y
Melilla, así como a la vista de los acontecimientos que se han venido
desarrollando en los últimos tiempos en Zaire, determinó asignar el
remanente a estos fines y se dieron 28.133.799 pesetas a Cruz Roja
Española para la atención de las necesidades más urgentes en Ceuta y
Melilla y los 20 millones restantes también a Cruz Roja para la
realización de acciones de ayuda humanitaria especialmente a la infancia
en el Zaire.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene la palabra.




La señora FERNANDEZ SANZ: Señora Secretaria General, estimo que el 0,5 ya
tiene un capítulo por el que el 20 por ciento de sus recursos los
distribuye el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos ha extrañado que una
cantidad del fondo de emergencia se dedicara a proyectos que debería
atender el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya con el 20 por ciento del
0,5 que le cede el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a Exteriores,
ya con sus propios recursos, recursos que todavía en ese momento disponía
de cuentas con créditos ampliables. Dichas cuentas se nos han trasladado



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en este Parlamento, en la Comisión de Exteriores y en la Comisión de
Desarrollo, además de la información y la aceptación incluso por la
Plataforma de organizaciones de cooperación, y vemos que no se ha ido a
más, pudiéndose ir a más en un medio plazo --acercarse a ese 0,7 al que
aspiramos, ya que todos los partidos políticos lo hemos firmado ante la
Plataforma--, porque no había suficientes proyectos y porque algunos de
los proyectos presentados por las organizaciones no gubernamentales no
tenían la calidad suficiente. Así lo asumían la Plataforma de
cooperación, la agencia y los organismos del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

A esta Diputada le ha extrañado, y le voy a decir alguna de esas cosas
más desagradables que se dicen en este Parlamento. Mi interpretación es
la obsesión que tiene su ministro por la foto. El Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales tiene tanta obsesión por la foto que allá donde la hay,
busca estar en ella. Creo que el fondo de emergencia, mientras el
Gobierno no cambie la norma, que lo puede hacer, es para una serie de
tareas que tienen que ver con los primeros proyectos de los que nos ha
hablado, pero a partir de ahora no, insisto, porque el crédito ampliable
que aspira llegar al 0,7 ustedes no lo han dejado como crédito abierto en
los presupuestos del 97, lo han dejado cerrado en una cantidad. Hasta
ahora era un crédito ampliable y perfectamente podía haberse cubierto por
esa vía --y no tener como ahora la situación que tenemos con estos
convenios de los que hemos hablado en la anterior pregunta-- ya que
cuando llaman otras organizaciones no gubernamentales para pedir ser
útiles en esta reubicación de personas de Ceuta y Melilla, se encuentran
con que ya no hay posibilidad de firmar nuevos convenios.




El señor PRESIDENTE: Señora Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señora
Fernández, lo de mi ministro ha sido un golpe bajo porque el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales no se hizo ninguna foto, aunque fue con su
autorización y ante una situación determinada. Ahí está la Plataforma de
los Derechos del Niño inquieta por la situación de los niños en Zaire.

Esa decisión se toma después de consultar al Ministro, que no sólo no se
hizo foto, sino que usted sabe muy bien que ni siquiera hizo rueda de
prensa para declararlo, que es lo que se hacía en otros momentos.

Me parece que ha sido un golpe bajo porque el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales no está aquí y, además, si se hubiera hecho la foto
hubiera sido una alegría para el cuerpo, porque el ministro --aunque yo
soy feminista-- da bien, dé dinero al Zaire o no. (Risas.)
Es cierto --y lo tendrá usted que considerar-- que en el año 1996 fue un
año en el que el IRPF casi alcanzó los 12.000 millones de pesetas y usted
sabe que al final del año las necesidades de ayuda a Ceuta y Melilla, que
era la emergencia más importante, estaban totalmente cubiertas. No
olvidemos el esfuerzo que han hecho también las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla; en la actualidad Melilla sigue financiando con cargo a
sus presupuestos municipales, o autonómicos ya, algunas actividades y
usted las conoce.

Lo del ministro ha sido un golpe bajo, señora Fernández, usted lo ha
dicho y lo ha anticipado y lo ha hecho con elegancia.




--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE DESARROLLO DE LOS
OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL AÑO EUROPEO CONTRA EL RACISMO. (Número de
expediente 181/000312.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Matilde Fernández sobre el
desarrollo de los objetivos y actuaciones del Año Europeo contra el
Racismo.

Señora Fernández, tiene la palabra.




La señora FERNANDEZ SANZ: Voy a confesarles que en enero hice preguntas
porque después de las vacaciones de verano vi que teníamos que ir con la
lengua fuera preparando cosas y preguntas para el mes de septiembre. Y
pensé, esta Diputada va a ser responsable y en enero va a presentar
preguntas, pero siento ser pesada por ocupar tanto tiempo.

Señora Gómez, esta Diputada le hizo a usted una pregunta, muy parecida a
la actual, el 27 de septiembre y la contestó, según nuestro «Diario de
Sesiones», el 5 de noviembre. Allí quedaron algunas interrogantes sin
responder porque estábamos en pleno debate presupuestario. Lo que ahora
le pregunto tiene un pequeño cambio porque esta pregunta se hizo el 14 de
enero y el Consejo de Ministros del 31 de enero aprobó este comité que
fue publicado en el BOE del 1 de febrero. Entonces ya no le pregunto
cuándo se va a constituir el comité, le pregunto sobre algunos aspectos
en relación a los comentarios que nos había hecho en la sesión del 5 de
noviembre.

En relación a lo que usted dijo, hay un compromiso no cubierto porque
usted nos manifestó que se formaría antes de final de año y esto no ha
sido así. No hay que ser exagerados con mes arriba o abajo, pero resulta
desagradable ver que fuimos el único país que no tenía el comité
constituido cuando se formó en Europa. El resto de los países lo tenían y
hubo críticas en ese momento a través de los medios de comunicación
acerca de que lo más desagradable era que el representante no pertenecía
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino que el jefe de la
delegación española era una persona de Interior. Es un poco injusto,
porque una persona de Interior puede tener una sensibilidad tremenda. Lo
que sí es cierto es que nosotros debemos cuidar aquellos mensajes que nos
vienen desde un nivel internacional acerca de que determinadas políticas
no estén vinculadas o que se procuren desvincular al máximo de esa otra
función que los ministerios de Interior tienen, que es velar más por la
seguridad y jugar un papel más defensivo y menos integrador que el que
juega un Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Nos dijo también que nos iba a anticipar el calendario de las actividades
y, que yo sepa, este calendario todavía



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no existe, porque a mí, a veces, me lo piden algunas organizaciones no
gubernamentales y yo, a la vez, se lo pido a las organizaciones no
gubernamentales. Usted nos dijo que iba a intentar que en su composición
figuraran partidos políticos con representación en este Parlamento. Esto,
si no he leído mal el texto publicado en el BOE, no es así. Me gustaría
saber por qué en su opinión, que la daba sin que nadie se la pidiera sino
que era una iniciativa suya, esto no ha sucedido.

A la vez, salvo que haya habido algo en los dos últimos días, el comité
no podemos decir que esté todavía constituido, porque no conocemos cuáles
son las hasta 20 organizaciones no gubernamentales que tiene que elegir
el presidente del comité, que es el ministro, y no conocemos las hasta 20
personalidades expertas en materias relacionadas con la lucha contra el
racismo, la xenofobia, etcétera.

Reconducimos las preguntas en esta dirección, como usted, creo, puede
intuir, pero si alguna piensa que al no estar expresada no la puede dar,
lo entendemos perfectamente. En tal caso, le adelanto, señoría, que se
debe de intentar conocer --se lo pregunto también, porque eso sí estaba
en la pregunta anterior, y perdóneme porque me ha pillado un poco
despistada-- qué recursos va a dedicar el conjunto del Gobierno. Usted
dijo que se intentaría que todos los departamentos lo dibujaran, esta
Diputada no los ha encontrado en ninguno, tampoco en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, por lo cual creo que es fundamental conocer
con qué recursos se va a contar para este programa e incluso con qué
posibles ayudas de la Comunidad Europea. Tengo la sensación, señora
Gómez, de que el Gobierno está yendo un poco retrasado y, de hecho, por
suerte, tenemos una sociedad civil ágil y, por ejemplo, un sindicato como
Comisiones Obreras ha puesto en marcha ya una campaña y una movilización;
pero creo yo que el Gobierno tiene que jugar el papel de motor y de
estímulo, y nos falta información incluso para poder colaborar con la
delegación oficial del Gobierno en todo lo que sea un traslado de
cumplimiento y desarrollo de los objetivos europeos.




El señor PRESIDENTE: Doña Amalia Gómez tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señoría,
ésta es una de las ocasiones en la que una tiene que asumir, porque ha
sido mi responsabilidad, y así la asumo: asumo personalmente el retraso
de un mes en la publicación del decreto. Y digo que asumo mi
responsabilidad porque ha sido exclusivamente culpa mía que los papeles,
en algún momento, se me traspapelaran y no tuvieran la tramitación
pertinente. Pero también le pido, señoría, que me dé la oportunidad de
poder demostrar que ha sido eso, una equivocación personal, y que puedo
resolverlo con la entrega y la dedicación con la que voy a tratar, por lo
menos, de que S. S. vislumbre cómo están las cosas.

El comité se reúne el 13 de marzo, en Toledo, bajo la presidencia de Su
Majestad la Reina. Es un comité, señoría --no sé yo cómo habrá salido en
el decreto--, cuya propuesta ha salido con error, porque pone
eurodiputados españoles, uno de cada grupo político. Como yo le dije a
usted, y además sabe que fue iniciativa de la Secretaría General,
queremos que estén representados los grupos parlamentarios en este
comité, porque las Cortes Generales no pueden estar ajenas a lo que es
una celebración tan importante. Por eso le digo, señoría, que hay que
hacer una rectificación, porque pone Eurodiputados españoles, pero no es
correcto: son miembros de los grupos parlamentarios con representación en
las Cortes Generales.

Paso a leer a S. S. las asociaciones no gubernamentales: Asociación
Jóvenes contra la intolerancia, SOS Racismo, Asociación Pro Derechos
Humanos, ATIME, FAIN, CEAR, ACNUR, Comisión Católica de Emigración,
Consejo de la Juventud de España, YMCA, ASDE, Unión Romaní, Secretariado
General Gitano, Asociación de Mujeres Gitanas Romi-Serseni, Liga
antidifamación de Bnai-Brith España, Cáritas Española, Cruz Roja
Española, Andalucía Acoge, Consejo Escolar del Estado y Confederación de
Asociaciones de Vecinos del Estado.

Señoría, la propuesta de expertos queremos dejarla para el comité
constituyente, del 13 de marzo, por entender que si hacíamos sólo la
propuesta desde nuestro ministerio o por los representantes de los
distintos ministerios, se podía perder un poco lo que podría ser la
pluralidad y, por tanto, esperemos que, dentro del comité, se puedan
recoger las sugerencias, aunque como usted sabe muy bien, al final, el
ministro tomará la decisión. Hay personas en las que estamos pensando, y
se lo digo ya de antemano, como Carrillo Salcedo, catedrático defensor de
los derechos humanos y que convendrá usted conmigo que es una persona
conocedora del tema; está, por ejemplo, el propio profesor Antonio
Izquierdo, que yo creo que es un experto en inmigración y lo que pueden
ser perfiles quizás muy objetivos pero muy fundamentados; estamos
pensando también, por ejemplo, como no podía ser menos, en el Presidente
del Foro para la integración social y en algunas personas como el
Presidente de Unicef. Queremos que eso se decida en el comité
constituyente. El listado lo tengo delante; pero como no es un listado
cerrado, les cito a ustedes las personas que desde nuestro ministerio
tenemos intención de presentar.

Ya nos hemos acogido, a través de nuestro representante en la comisión
consultiva europea, al programa europeo, que tiene una financiación de
750 millones, y en este momento se están estudiando las propuestas que
vamos a hacer.

Nuestra idea era, si yo no me hubiera equivocado, haber hecho una
actividad de ámbito estatal por cada mes del año y, por tanto, lo que
tendremos que hacer es llevar dos a los meses de noviembre y diciembre.

Como el día 21 de marzo es el Día Internacional de la Lucha contra el
Racismo, como sabe S. S., pretendemos hacer dos cosas. Por una parte,
difundir los eslóganes y el himno del año internacional, que es precioso,
que es, más o menos, muchos colores y un solo arco iris, y queremos hacer
la infancia por la igualdad y contra el racismo. Hemos puesto por la
igualdad y contra el racismo para que no aparezca, sobre todo en el mundo
de la infancia, la preposición



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contra, es decir, algo positivo y, luego, lo que también es positivo pero
que lleva esa preposición. Pretendemos que ese día, en todos los centros
escolares de España y en las universidades, dentro de la flexibilidad que
compete a los centros, se puedan planificar actividades para valorar,
fomentar y conmemorar lo que puede ser el punto de partida de una campaña
que debe durar siempre, y es que somos iguales, aunque seamos de distinto
color o vengamos de distinto territorio.

Los ejes de trabajo de lo que va a ser el comité español de lucha contra
el racismo se van a dar en cuatro ámbitos muy concretos, según las
recomendaciones que hacía Europa. Primero, el ámbito escolar, porque
pensamos que la sociedad no racista del futuro tiene que nacer en la
escuela. En ese sentido, en colaboración con las comunidades autónomas
que, como usted sabe por el proyecto de decreto, están representadas,
queremos coordinar con ellas actividades o propuestas que son
relativamente fáciles de organizar, porque queremos que, a partir del día
21, las actuaciones más importantes de la infancia se organicen en torno
a junio, final de curso, y septiembre, comienzo del próximo curso.

El segundo ámbito de actuaciones va a ser el laboral, porque entendemos
que el racismo también es una forma de expresión que se suele dar en el
ámbito laboral de otra forma, a lo mejor no con brotes violentos, como
cuando se da en lo que es territorio de convivencia, pero sí con
discriminación, marginación o incluso rechazo en el trato y, en ese
sentido, la presencia de los sindicatos y de las instituciones
empresariales puede ser un instrumento importante. Pensamos que se podría
hacer en el mes de mayo, coincidiendo con la Fiesta del Trabajo.

El tercer ámbito de trabajo es la ciudadanía. De ahí la presencia de la
CAVE, porque pensamos que tienen que ser en los barrios, en los
municipios en donde esto se tiene que llevar a cabo, independientemente
de lo que a continuación le diré, de lo que pueden ser las actividades o
propuestas de tipo de imagen externa que son tan importantes como imagen
de la campaña del propio país y, en consecuencia, también es importante
la colaboración de la FEMP, que, como usted sabe, también está incluida.

Por último, queremos hacer otro cuarto ámbito de trabajo referido a la
familia. El racismo se da no sólo en las familias constituidas, cuando
hablo de familia hablo de las monoparentales, de las nucleares, de todas,
sino que en algunos casos de adopción y acogida también se puede dar la
situación de rechazo por motivos de raza. Queremos hacer una campaña para
fomentar los valores de la adopción y de la acogida de personas que sean
de raza o de cultura distinta.

Usted sabe que en este momento la Unión Europea ofertó una serie de actos
institucionales de la propia Unión para que los países propusieran cuáles
querían desarrollar ellos. Nosotros, señoría, hemos enviado tres de
manera que si alguno estaba cogido ya pudiéramos acogernos a los otros
dos: uno está referido a mainstreaming racismo, porque nos interesa y es
compromiso de esta Secretaría General, mejor dicho, del ministerio
incluir todo lo que sean vectores de defensa y mantenimiento que tengan
como referentes políticas de igualdad.

En segundo lugar, también habíamos pedido que si ese campo no podíamos
desarrollarlo, pudiéramos trabajar en la lucha contra el racismo y medios
de comunicación, y el tercero tiene que ver con el racismo desde el punto
de vista de lo que debe ser una política de Interior, que debe ser una
política de facilitación y no una política represiva.

La representación del Gobierno español estuvo, como usted sabe y ha
dicho, presidida por el señor Martí Fluxá, Secretario de Estado. Nosotros
pensamos más en las personas, estén en el cargo que estén, e
indudablemente tendremos que corregir esa visión de que la política de
Interior siempre es una política de estaca o represiva. Yo iba a ir, pero
al no poder intervenir porque iba un Secretario de Estado, que tiene
mayor rango y era el representante de la Comisión, con el sentido
práctico que nos caracteriza a las mujeres y a algunos hombres, pensé que
el Gobierno estaba maravillosamente representado. Yo tenía muchísimo
trabajo y fue el Director General de Juventud, don Ricardo Tarno, que es
una persona que está coordinando los trabajos del grupo interno. Ya hay
constituido un grupo interministerial, y aunque el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales sea el que coordine, ellos tienen que participar y es
una manera de involucrarlos.

Respecto a la financiación, sabe S. S. que cuando me preguntó la verdad
es que estaba en el aire. Usted sabe --conoce muy bien los presupuestos--
que la Secretaría General trató de introducir una enmienda de cien
millones de pesetas para la financiación del año internacional, pero se
me dijo, y con mucho sentido común --y yo lo acepté porque cuando una
lleva veinte años militando en un partido lo que es la fidelidad se
demuestra muchas veces en los ejercicios de racionalidad que tiene que
hacer, y yo lo tuve que hacer--, y como este año se ha trasladado la
antigua Dirección General de Acción Social a lo que es la sede de
Abascal, y nos hemos ahorrado dinero en capítulo 2, de alquileres, era
una buena fórmula que este dinero fuera para la financiación. En este
sentido, tengo el escrito y el compromiso de la oficina presupuestaria de
que con el cargo al capítulo 2 se me dan 70 millones de pesetas. Es
insuficiente, yo lo sé. Usted sabe que nuestra aspiración era conseguir
cien millones, pero usted, como yo, que es corredora de fondo, sabe que
lo que no se empieza no se termina. Yo tengo ya los 70 millones y eso
quiere decir que exigiré a los demás ministerios a que, por lo menos,
colaboren después el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

El objetivo nuestro, señoría, y se lo digo sencillamente, sería conseguir
a través de los programas que vamos a presentar cuyo plazo finaliza,
primera ronda el 1 de marzo, la segunda ronda el 1 de mayo, poder
conseguir financiación añadida. Por otro lado, pensamos que a partir de
la puesta en marcha de la financiación nuestra por parte del ministerio,
los demás ministerios tendrán que colaborar y, desde luego, empezamos una
campaña de captación de fondo en instituciones, en empresas y con quien
quiera colaborar.

Vamos a hacer una cosa que se llama guía de la solidaridad contra el
racismo, que publicaremos a final de año, y



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en ella recogeremos todas las entidades e instituciones que hayan
colaborado con donativos o cediendo locales para la lucha contra el
racismo. Esto es lo que puedo informar a estas alturas. (La señora
Fernández Sanz pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gómez, y en particular por su
referencia a los hombres en nombre de los dos Diputados de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y de quien les habla, que somos los únicos
presentes en este momento en la Comisión. En lo único en que no podemos
competir con ustedes es en ser corredores de fondo. Me parece que ni el
señor Vaquero, ni el señor Peralta, ni yo estamos para eso. (Risas.) La
señora Fernández tiene la palabra.




La señora FERNANDEZ SANZ: Telegráficamente, señor Presidente. Señora
Gómez, yo he vuelto a leer, según usted me lo comentaba, el texto
publicado en el BOE y la palabra eurodiputados no aparece. Por tanto, la
errata que tendrán que hacer no será sobre parlamentarios sino sobre
hacernos visibles en el caso de que sigan valorando. En la norma no viene
y me la he vuelto a leer.

En segundo lugar, usted nos ha recordado las fechas, y si el comité se
constituye el día 13, el ministerio tendrá que encontrar alguna fórmula
para hacer llegar la normativa comunitaria de esos escasos recursos a las
ONG, etcétera, para ver qué proyectos se pueden presentar, porque es
primero de marzo, ha dicho usted, y primero de mayo. Estamos hablando de
los proyectos en los que puede haber una pequeña cofinanciación, y, si yo
no he leído mal la documentación que me han enviado los parlamentarios
europeos, nunca habrá un proyecto que pueda ser apoyado en más de un 50
por ciento y de todas formas el 50 por ciento europeo nunca superará la
cantidad de 1,5 ó 1,6 millones de pesetas.

En relación con lo que usted valora como escaso presupuesto,
sinceramente, es escaso presupuesto. Incluso los cien millones, cifra que
nos extrañó y los Diputados de Izquierda Unida y los del PSOE formulamos
enmiendas en el Congreso para que su ministerio dispusiera de una campaña
de 400 millones. Se nos dijo por los pasillos que los compañeros estaban
trabajando para presentar una enmienda en el Senado, y nos dijeron que
no, pero nos hablaron de esa cifra que usted dice de cien millones.

Posteriormente nos extrañó ver que tampoco en el Senado aparecía la
enmienda. Setenta millones, cien millones es muy poco dinero para una
campaña que pretende el objetivo de llegar, como usted dice, a los
puestos de trabajo y a las escuelas de nuestro país intentando reforzar
actitudes positivas y luchar contra el racismo y la xenofobia.

Me parece muy interesante lo que dice, pero tendrá que delegar lo que
dice acerca de que pedir recursos, mecenazgo, etcétera, porque a mí se me
olvidan algunas cosas que tienen que ver con procedimientos, pero me
parece que la Administración eso lo tiene muy difícil. Es imposible que
un ministerio pida mecenazgos, pero tendrá que hacerse por otra fórmula o
a través de ese comité.

El señor PRESIDENTE : La señora Gómez tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): El
mecenazgo indudablemente, señora Fernández, es para las ONG. Así lo están
haciendo en muchos países, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia.

Respecto a los 400 millones yo le agradezco su buena voluntad. ¡Qué pena
que no lo hubieran sacado, pero también comprendo que para usted era
glorioso porque era pedírselo al Gobierno! A lo mejor, si se lo hubiera
tenido usted que pedir a su propio partido en el Gobierno hubiera sido
distinto, pero eso forma parte también del pedir y dar.

De todas maneras le digo, señoría, que pensando en lo que van a hacer las
comunidades autónomas, no crea usted que es tan caro. Yo creo que cuando
acabe el año y veamos lo que se puede hacer, esto incluso nos servirá
para futuras campañas.

También quiero decirle que ya se ha enviado por correo a organizaciones
no gubernamentales, sin traducir, en francés, la convocatoria de ayudas.




--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE LAS CAUSAS QUE
IMPIDEN DECIDIR LA ESTRUCTURA QUE SE ENCARGARA DE LA POLITICA MIGRATORIA.

(Número de expediente 181/000313.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Matilde Fernández, causas que
impiden decidir la estructura que se encargará de la política migratoria.

La señora Fernández tiene la palabra.




La señora FERNANDEZ SANZ: Aquí también hay algún cambio, porque ésta es
una pregunta que entró en el Parlamento el 14 de enero y creo que también
el día 31 de enero o el día 6 de febrero se aprobó en el Consejo de
Ministros.

¿Me permite una maldad y una broma? A mí no se me dan nada bien estas
cosas de las maldades. Al ver que entraban preguntas en el Parlamento
porque había cosas que no se acababan de solucionar, pero que entonces se
resolvían, yo decía: ¿será la fórmula que este Grupo Socialista se
dedique a preguntar en el Parlamento para ver si la gestión
administrativa va un poquito más deprisa? Esta es la maldad. Cierro el
paréntesis. ¡Ojalá! Entonces sería todo muy fácil.

La pregunta múltiple tiene vigencia todavía: ¿por qué han tardado ustedes
nueve meses, e incluso hicieron una estructura administrativa diferente?
La señora Mato ahora no está, pero una de las cosas que ha comentado es:
¡Ah, hemos puesto una dirección general! No, si la había, si había una
Dirección General de Emigraciones. ¿Por qué la hacen desaparecer a los
tres meses de empezar ustedes a gobernar y seis meses más tarde, ahora,
la vuelven a implantar? ¿Por qué además lo hacen diferente y tan raro?
Una Diputada tiene una pregunta, supongo, desde un



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prisma más de defensa del Inserso, así que voy a intentar no dar
argumentos en esa dirección y centrarme sólo en emigración y en
inmigración.

Hasta ahora los emigrantes estaban en una única dirección. Todas las
peticiones iban ahí. Ahora va a tener dos direcciones --por supuesto está
usted como persona superior para hacer que haya coherencia entre los
diferentes directores-- pero, por primera vez en la historia, los
emigrantes españoles se van a tener que dirigir a dos subdirecciones
distintas en dos direcciones diferentes, y los inmigrantes igual. Yo, en
broma, suelo decirle a los inmigrantes: No os preocupéis, de aquí en
adelante, al entrar en el país, en lugar de enseñaros castellano, os
hablaremos de ventanillas administrativas para ver si sois capaces de
desenvolveros en este barullo de departamentos administrativos. Y a los
emigrantes yo no sé cómo les vamos a dar una explicación.

Las pensiones no contributivas se quedan en la recuperada dirección
general --eso dice el decreto, la norma publicada en el BOE-- y el resto
de los servicios sociales para las personas mayores se van al Inserso, un
organismo de la Seguridad Social; se le cambia de nombre, con todo lo que
implica eso, para incorporarle una subdirección que hace muy poquitas
cosas e incluso no se le da lo que ya hace bien, que son las pensiones no
contributivas, primero porque las desarrolló ese organismo para todo el
país antes de transferirlo a las comunidades autónomas. O sea, no es para
cosas distintas --un emigrante, por ejemplo, va a tener que ir a la
Dirección de Ordenación de las Migraciones para retornar, para vivienda,
para temas referidos a las comunidades autónomas--. Es que un emigrante
en América para pedir una pensión no contributiva va a una dirección
general y para pedir ayuda a domicilio o entrar en una residencia del
múltiple patrimonio de los españoles en América tiene que ir a otra
dirección general. Sinceramente parece un poco caótico y parece un
poquito no bien pensado.

Salvo que usted me obligue a hacer uso de la réplica, voy a adelantarle
cuál creo que es el criterio antes de escucharle a usted. Yo creo que
ustedes se han traído un conflicto entre el Gobierno, conociendo lo que
iba conociendo la Administración, y lo digo porque el Ministro de Trabajo
en el último Consejo General de la Emigración dijo: Señores consejeros de
la emigración, tengo resuelto este tema casi un 95 por ciento y quiero
concentrar políticas migratorias en un instituto --que todos por lo bajo
íbamos diciendo el Inserso--. Y ésta fue la posición --consta en las
actas-- de su Ministro en el Consejo General de la Emigración y, a la
vez, su partido político, el que sustenta al Gobierno, tenía un
compromiso electoral que mantenía el portavoz de política migratoria, el
Senador señor Fraga, de que las políticas de emigración las quería llevar
--dice el programa electoral del PP-- al Ministerio de Asuntos Exteriores
en una secretaría de Estado. Y esta Diputada tiene la sensación de que se
ha producido una mala solución, fruto del conflicto del gestor con el
conflicto de quien seguro lícitamente intentaba hacer cumplir un punto de
su programa electoral.

El señor PRESIDENTE: Señora Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Una cosa
es cierta y es que, cuando el Gobierno llega al poder, decide suprimir la
Dirección General de Emigración e incorporar las competencias a la
Dirección General de Empleo y Migración, así como la creación de la
Secretaría General de Asuntos Sociales, vinculándola al ahora llamado
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Yo creo, señoría, que el tiempo
nos está dando la razón de que ha sido un acierto por lo que ha supuesto
vincular políticas de empleo --y ahí está elaborándose ya un plan de
emergencia de acción para personas discapacitadas en materia de
trabajo--. La Dirección General de Empleo y Migración supuso una
saturación de trabajo y eso nos llevó a replantear cuál sería la mejor
articulación de las políticas migratorias. En un principio se pensó en la
posibilidad de crear un gran instituto que fusionara lo que era el
Inserso y las políticas migratorias; sin embargo, dificultades de tipo
administrativos, que fueron puestas de manifiesto por el Ministerio de
Administraciones Públicas, nos llevaron a considerar la necesidad de
establecer dos campos de actuación: uno, referido a la ordenación de la
migración --y ahí está migración interior y emigración e inmigración-- y
dos, habida cuenta de que, primero, el Inserso lleva lo que son las
políticas asistenciales a mayores y discapacitados --no lo olvide usted,
que usted lo sabe muy bien, que lleva también el tema de refugiados--,
pensábamos que podría ser el Inserso, por su mayor potencia como
institución, el que pudiera llevar a cabo las políticas de integración
social. Esa fue la razón por la cual la dirección general quedó
constituida en torno a esos dos ejes: ordenación (trabajo, permisos de
trabajo, pensiones) y, por otra parte, lo asistencial llevarlo al
Inserso.

Yo respeto su posición, pero no la comparto en absoluto. Creo que la
decisión que se ha tomado es acertada. A mí me parece que emigración e
inmigración no son problemas exclusivamente del Ministerio de Asuntos
Exteriores, aunque usted sabe que involucra a tres ministerios muy de
cerca --Interior, Exteriores y Trabajo y Asuntos Sociales--, pero me
parece que precisamente tanto por los perfiles que tiene la inmigración
como por el envejecimiento de la emigración aún tienen todavía unos
referentes asistenciales que no podemos de ninguna manera echar en un
saco hueco. En alguna ocasión ya le he hablado a su compañera de grupo,
señora Alberdi, de lo sociosanitario referido a la emigración. Es decir,
nos parece que en el Inserso es donde eso puede estar mejor. De todas
maneras, el movimiento se demuestra andando y yo espero que en los
próximos meses --cuando esté totalmente articulado, porque ahora estamos
en plena desagregación presupuestaria; de los siete mil y pico millones
de pesetas de la dirección ahora hay que desagregar lo que van al Inserso
y lo que va a la Dirección General de Emigración-- podamos demostrar con
hechos que la articulación ha sido acertada. De todas maneras, señoría,
ésa es la posición del Gobierno, que es el que tiene la competencia para
hacerlo. Y yo creo que se ha hecho, primero, desde una rectificación
funcional



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que era necesaria y, segundo, ya que se rectificaba, si se podía mejorar
algo sobre lo que había, desde esa intención se han llevado los temas de
integración social al Inserso.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, brevemente. Estamos retrasados.




La señora FERNANDEZ SANZ: Intervengo, primero, para aclaraciones porque
tal vez yo me he expresado mal. Por supuesto, el Partido Socialista no
defiende que el tema de los emigrantes esté en el Ministerio de
Exteriores. Es el programa electoral del Partido Popular el que dice que
emigración pase a una secretaría de Estado en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Y en debates hemos dicho que es un planteamiento bastante
elitista. Pero es su grupo, y me reprochaba que era mío. Me he debido
expresar mal. Nosotros siempre hemos defendido que la política migratoria
esté en el área social, con inmigrantes o sin inmigrantes, o por separado
pero, desde luego, en el área social.

Creo que es acertado que ustedes reconozcan que hicieron mal perdiendo
una dirección general, posiblemente también por ese compromiso electoral
de que iban a reducir tantas direcciones generales, y el tiempo nos está
demostrando que no han podido reducir tantas porque se supone que la
gente no es absurda haciendo el trabajo que tiene que ver con el conjunto
de los españoles. Lo que no comparto, sinceramente, y espero que ustedes
le dediquen el tiempo suficiente para evitar crear problemas a los
ciudadanos, españoles o extranjeros, es que esta división vaya a ser
racionalizadora y eficaz en la Administración, con la modesta experiencia
que del funcionamiento de la Administración tiene la Diputada que le
habla.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria General,
brevísimamente.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Yo creo
que eso es bueno cuando un partido político, en el marco de una
pluralidad interna y de una libertad para expresar lo que piensa y lo que
siente decide, a pesar de un compromiso electoral, que lo más sensato es
combinar los intereses y las competencias de todos, pero ubicarlo donde
tenga que estar. Por ello, me tengo que sentir orgullosa de que el grupo
que sustenta al Gobierno y el propio Gobierno hayan hecho esa
rectificación, porque en política lo más difícil, y usted lo sabe porque
ha sido miembro de la Administración, es tener el valor de rectificar y
de reconocer los errores. En ese sentido, yo me siento orgullosa y
tranquila porque un gobierno que es capaz de rectificar es un gobierno
que escucha, y un gobierno que escucha es un gobierno que, por lo menos,
trata de no equivocarse. Yo espero, como le he dicho antes, que la
andadura nos ponga en el camino de ver si lo que hemos hecho es acertado
o no.

Usted dice que se ha suprimido una dirección general; se han suprimido
muchas, no una. Creo que han sido veintitantas. No estoy segura porque la
burocracia, señora Fernández, se me da muy mal; no soy capaz de
aprenderme esas cosas. Han sido veintitantas direcciones generales. Lo
que pasa es que el Gobierno se da cuenta que migraciones necesitaba una
dirección general y la ha hecho distinta.




El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta de la señora Fernández sobre
situación de los demandantes de asilo o pendientes de regulación como
inmigrantes en Ceuta y Melilla. Tiene la palabra.




La señora FERNANDEZ SANZ: Una pregunta previa preguntándole incluso al
Presidente y a la propia Secretaria General. Esta es una pregunta que
esta Diputada presentó a la Comisión de Justicia e Interior. Es un fallo
mío, y cuando recibí de la Mesa la nota diciendo cómo se había
clasificado la enviaron también, tal vez porque lo hicieron el mismo día
y con el paquete de todos los asuntos que iban en el área social.

Como usted puede ver por la pregunta estoy incidiendo más sobre los
expedientes que las unidades policiales están abriendo en Ceuta y
Melilla, sobre el desarrollo de la oficina, sobre las 60 personas que
fueron readmitidas en Marruecos.

Le pregunto, porque posiblemente a usted le han pasado una nota, si tiene
esa información o, si no, la retiro, señor Presidente, porque es fallo
mío al no ver cómo la habían clasificado, cuando recibí la notificación
de la Mesa, y la volveré a plantear en la Comisión de Interior.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Gracias,
señora Fernández. Yo, al ver la pregunta, hice la misma gestión. Ya le he
dicho que en mí se dan dos facetas muy contradictorias. Por una parte,
soy una militante disciplinada pero, por otra, soy una mujer
reivindicativa y libre, y en mi condición de militante disciplinada venía
a responder. En mi condición de mujer reivindicativa y librepensante
transmití mis quejas porque pensaba que esta pregunta no iba para mi
negociado.

Por tanto, le agradezco ese rasgo de solidaridad. Yo le puedo leer una
nota, pero creo que es una pregunta más para Justicia que para mí.




La señora FERNANDEZ SANZ: La retiro, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Queda retirada. Se tramitará en otra comisión.




--DE LA SEÑORA CORTAJARENA ITURRIOZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE LA
REESTRUCTURACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO).

(Número de expediente 181/000318.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Elvira Cortajarena, del Grupo
Socialista, sobre reestructuración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales (Inserso). Tiene la palabra.




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La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Coincidiendo con la intervención de quien
me ha antecedido en el uso de la palabra, tendríamos que decir que he
visto con sorpresa que la pregunta que formulábamos al Gobierno de cómo
se iba a realizar la nueva reestructuración del Inserso ha sido publicada
antes de que se produjera esta comparecencia. Es decir, la presentamos
con fecha 15 de enero y el día 31 salió el real decreto que daba la
configuración a la nueva estructura del Inserso.

Yo no voy a volver a hacerle la pregunta porque ya lo he leído, por
supuesto, pero sí quiero hacer una serie de matizaciones y reflexiones.

En la primera comparecencia que tuvo tanto el ministro como la secretaria
general manifestamos públicamente, y así consta en el «Diario de
Sesiones», nuestra oposición y rechazo frontal a que se hubiera suprimido
el Ministerio de Asuntos Sociales, cosa que seguiremos reivindicando. Sin
embargo, usted argumentó en la intervención que, gracias a su trabajo, a
su dedicación, a sus buenos oficios, no nos íbamos a dar cuenta de que el
ministerio había quedado extinguido y que, por lo tanto, el tiempo les
daría la razón. Yo creo que en este sentido seguimos con la misma duda y
con el mismo problema.

Vista la nueva reestructuración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales nos hemos encontrado con tres elementos que me parecen
importantes. En primer lugar, la tardanza en la publicación del decreto
ha supuesto que 27 auxiliares administrativos de la entidad gestora hayan
tenido que pasar a la Tesorería General de la Seguridad Social,
coaccionados o condicionados por no tener estructura la entidad en la que
prestaban su trabajo y, por otro lado, condicionados también por la
ausencia de la RPT. En segundo lugar, también se ha suspendido, según un
dato que tengo aquí, se lo voy a leer, por el acuerdo de la Mesa
sectorial de la Administración central sobre los Presupuestos Generales
del Estado, la promoción de un conjunto de trabajadores, porque las
vacantes no se van a sacar a concurso, por lo que quedan sin promoción
117 trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Esto sería
en el ámbito de lo estrictamente laboral o funcionarial.

En segundo lugar, el decreto nos ha provocado una cierta sorpresa y
rubor. Señora Secretaria General, con este decreto nos hemos retrotraído
a la etapa preconstitucional, cuando la Seguridad Social, a través de las
prestaciones complementarias del Sistema de Seguridad Social, gestionaba
las actuaciones en materia de minusvalías y tercera edad. En concreto,
estaban articulados el SAP, a través del mutualismo laboral, y el Serem,
a través de fondos nacionales.

Yo creo que esto nos retrotrae por dos razones fundamentales. La primera,
es que el nombre que se le ha dado al Instituto de Migraciones y de
Servicios Sociales nos está planteando un dislate en relación al sistema
público de servicios sociales, y le voy a decir por qué. Todos hemos
tenido la experiencia, bien en el Gobierno, bien en la oposición, bien
por la experiencia de la reflexión teórica y conceptual en la materia de
servicios sociales que surgió en nuestro país gracias al sistema
democrático, porque anteriormente estábamos hablando de la beneficencia
pública, de que por medio del estudio, la investigación y la reflexión
teórica nos encontramos con que los servicios sociales se concibieron
como un sistema integrado de prestaciones, tanto económicas como de
asistencia o ayuda para personas con estados de necesidad.

Se está dando la paradoja, señora Secretaria General, de que usted dentro
de su secretaría va a llevar dos tipos de políticas absolutamente
diferenciadas: por una parte, la que se articula y se promueve mediante
el plan concertado de prestaciones básicas, donde se reconoce que el
sistema de servicios sociales es de carácter público y que da actuaciones
y atenciones a través de las tres prestaciones del sistema a todos los
colectivos subjetivos que abarcan los servicios sociales, que son 11
(luego poníamos la coletilla de otros para que si surgían otros nuevos
supuestos, como el sida, su actuación estuviera integrada también). Por
otra parte, ustedes han generado una entidad gestora, un instituto en el
cual lo que definen y defienden es que haya un Instituto de Servicios
Sociales dedicado por un lado a las migraciones y, por otro lado, a dos
colectivos, pero también se habla de la marginación social. Por lo tanto,
desde el punto de vista conceptual nos parece bastante errónea la
acepción que se le ha dado.

Yo, como sé que usted es andaluza y que les gusta un poco la broma, le
voy a poner dos ejemplos gráficos. Sería igual que de repente el Insalud
se llamara instituto nacional de pediatría y de la salud, o que el INS se
denominara instituto nacional de las pensiones de viudedad y de la
seguridad social. Si creemos en el sistema de servicios sociales estamos
hablando de que desde el sistema se den actuaciones y prestaciones que
atiendan la detección de las necesidades, la prevención, los órganos de
participación, la elaboración de los planes integrales y las ayudas no
institucionales para todos los colectivos subjetivos que atiende el
sistema. Esta sería nuestra gran duda. Creemos que es un paso, en vez de
avance, de retroceso en esta materia. Por lo tanto, queríamos plantearle
esta reflexión, que la hacemos para intentar conseguir que retomen el
tema. Ya le digo que los servicios sociales pueden llegar a suponer en
este momento que dentro de las comunidades autónomas y los ayuntamientos
empecemos a ver cómo de la noche a la mañana empiezan a aparecer
institutos para el menor, para la mujer, para la tercera edad, para la
emigración, para el sida..., es decir, que lo que supuso un avance desde
el punto de vista teórico y conceptual podría acabar llegando a lo que
son los colectivos subjetivos en esta materia, fase que ya creemos haber
superado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Quisiera
mostrar mi sorpresa porque una cosa es la pregunta y otra la intervención
de la señora Cortajarena, pero como lo hace con tanta cortesía y con
tanto cariño, qué quiere que le diga, me parece legítimo, pero no tiene
nada que ver con la pregunta que usted hace.




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Ya anteriormente la señora Fernández dijo: parece que cuando preguntamos
las cosas se hacen. Ese es el recurso eterno de la oposición, cuando se
hacía una proposición no de ley y luego salía y decían: es por mí. Lo
importante es que se haga. Como usted comprenderá, si encima de que dicen
que hemos tardado nueve meses, creen que lo podemos hacer en cuatro días
porque se presenta la pregunta... En algunos casos ayuda, sobre todo a
las personas que al final estamos esperando que las cosas se terminen de
diseñar, pero tengo que decirle que su intervención, que ha sido una
reflexión interesante, no tiene nada que ver con la pregunta, con lo cual
ya en lo sucesivo tomaré buena nota, porque, como usted ha dicho, los del
sur tenemos sentido del humor, pero también nos orientamos muy ligero.

Usted sabe muy bien que el Inserso era una institución sin apenas
competencias de gestión, salvo las pensiones no contributivas, y usted lo
sabe muy bien porque las únicas transferencias que quedan por hacer son
las de La Rioja. Yo me reuní con el comité de empresa y con los
trabajadores del Inserso, allá por el mes de octubre o noviembre, y su
preocupación era lo que estaba previsto, porque no se olvide usted que el
anterior Gobierno, que era Gobierno de su partido, ya había encargado un
estudio para ver de qué manera se podía descongestionar el Inserso y
trasladar las personas a otros lugares, como usted ha dicho muy bien,
pertenecientes a la Seguridad Social, de manera que sus emolumentos no se
resintieran del traslado.

Luego en su pregunta no aparecía nada relativo a personal, porque, si no,
hubiera traído los datos completos, pero una también tiene buena memoria.

Creo recordar que estas 27 personas fueron trasladadas previo su
consentimiento, porque iban a entidades de la Seguridad Social, con lo
cual no había ningún problema o daño a sus intereses. Y tengo que
recordar que no ha habido ninguna queja de los sindicatos allí
representados, porque se ha hecho con tanta delicadeza --y en eso es
verdad que he tenido solidaridad por parte del resto de los miembros del
equipo de gobierno del Ministro de Trabajo-- que en ningún momento, a
pesar de que estamos montando una unidad de seguimiento y control de
subvenciones, se ha recurrido a personal del Inserso, primero por no
lesionar sus derechos laborales, y segundo por tratar de dar una
respuesta. Pero ése es un tema, como digo, que no estaba en su pregunta y
sobre el cual paso.

Yo no estoy de acuerdo con usted, yo creo que no es lo mismo un instituto
de servicios sociales sin competencia que un Insalud o que un Instituto
Nacional de Seguridad Social, que gestiona un bocado muy grande del
presupuesto del Estado. Al Instituto Nacional de Servicios Sociales sólo
le queda la gestión de las PNC: diseño, control, seguimiento, impulso de
políticas de mayores, de discapacitados, de refugiados, etcétera. Yo creo
que hemos salvado algo que era importante, porque el Inserso, como
ustedes saben, tiene una denominación de origen, no sólo en España, sino
en el foro europeo, que había que mantener. Por tanto, parecía que
incorporar migración no era devaluar, sino al revés, dar contenido a algo
que, de no haber metido migración y de no haber recompuesto lo que era el
trabajo que se hacía allí, difícilmente podríamos mantenerlo a la vista
de la situación de las transferencias.

Yo no sé cómo fueron en la época preconstitucional los servicios de
Seguridad Social. Yo no creo que a nadie se le haya ocurrido copiarlos,
entre otras cosas porque la gente que está haciendo los diseños son las
mismas personas que tenía la señora Alberdi y muchas de ellas las mismas
personas que tenía la señora Fernández. Estoy convencida de que los
buenos funcionarios no cambian de ideología con los cambios de gobierno,
como los buenos gobiernos no cambian de funcionarios si son eficaces y
son tan extraordinarios como los que ha encontrado esta Secretaria
General.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cortajarena para replicar
brevísimamente.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Simplemente una cuestión de matiz, señora
Secretaria General. En el mes de diciembre elaboramos una interpelación y
una moción al Gobierno en relación a la política de las personas mayores.

Viendo un poco el trasfondo que estaba teniendo la entidad gestora de la
Seguridad Social en el ámbito de los servicios sociales, se propuso la
creación de una dirección general de personas mayores que coordinase las
políticas integrales de todas las actuaciones en esta materia en
referencia a todo lo que supone España y que fuera el impulso, el acicate
de las relaciones internacionales, porque no solamente el Inserso se ha
quedado con las pensiones no contributivas, también tiene por competencia
todo lo que es la relación y la representación de organismos
internacionales que hoy, que estamos abocados y cada vez más integrados
en la Unión Europea, nos puede dar mucho trabajo y mucha presencia, y
además servir de cauce y de enlace en todo lo que fueran los proyectos
europeos. Este también es un tema importante. Por eso le decía que ésta
podría ser una opción, pero que el riesgo que van a tener los servicios
sociales se podía haber solventado con la subdirección de migraciones, y
no habría pasado nada, como si mañana de repente el problema del sida y
de la atención social a los enfermos seropositivos fuese tan masivo que
se tuviesen que generar estructuras administrativas porque así hiciese
falta. Es decir, la Administración tiene que estar un poco al servicio de
los ciudadanos e irse recomponiendo.

Lo que yo decía en mi intervención, y creo que es un riesgo, es que los
servicios sociales son un sistema integral de atención a las necesidades
sociales de colectivos subjetivos y que lo que no nos parecía correcto
era que en la misma denominación del Instituto, de la entidad, se hubiese
metido el Instituto de Migraciones y de Servicios Sociales, porque eso es
disfuncional y además, dentro de la teoría que se está dando en el plan
concertado, etcétera, puede generar bastantes disfunciones y problemas en
cuanto a la concepción, al impulso y al avance de los servicios sociales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.




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La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Yo estoy
en desacuerdo con usted, porque la columna vertebral de los servicios
sociales como sistema es el plan concertado. Yo creo que una dirección
general del mayor, cuando la competencia de mayores la tienen las
comunidades autónomas, no es necesaria, porque con una subdirección
general, como va a tener ahora, es suficiente. La política exterior la
están haciendo muy bien; llevamos nueve meses y siguen viajando,
manteniendo y consolidando una red que yo encontré medio hecha, que es la
red de mayores de Iberoamérica.

Por lo que se refiere a discapacitados, nuestra participación no sólo se
ha incrementado sino que el Estado español ha sido el primero que ha
conseguido un apoyo unánime de los Ministros de Asuntos Sociales en el
Consejo de Ministros Europeo --usted lo sabe, y me da ocasiones para que
se luzca mi Gobierno, porque habrá visto usted que yo no lanzo muchos
fuegos de artificio-- en la cláusula de no discriminación de personas con
discapacidad. España ha sido el primer país, estando como está el
Inserso, que ha presentado una valoración muy positiva del Helios 2, que
acabó en diciembre, y ha pedido una evaluación y la posibilidad de que se
estudie otro programa. Yo creo que por eso está usted en el PSOE y yo
estoy en el Partido Popular. Son visiones distintas, y a lo que tenemos
que tender es a que los servicios vayan mejor.

Yo no creo mucho en el nominalismo; posiblemente yo tenga una mezcla
rara, del sur y de la huerta, voy mucho más a lo pragmático, a los
hechos, y yo creo que los hechos son que hay un borrador de la ley del
mayor, que usted conoce muy bien --yo creo que hasta mejor que yo, porque
por lo visto tiene usted mejor información que yo en el Inserso; yo tengo
la que necesito pero por lo que veo la tiene usted mejor--, bastante
avanzado, que está de alguna manera ralentizado, porque, puesta en
contacto con organizaciones no gubernamentales, me dicen que puede ser
polémico y discutible. Veamos cómo salen las cosas, porque hasta ahora
está yendo bien.

Repito, el Instituto de Servicios Sociales, una vez que se hagan las
transferencias de La Rioja, sería la bella imagen de algo que fue muy
grande pero en el que no habría una tarea para tantas personas como
tiene. Si usted me hace una pregunta de personal otro día se la contesto
con muchísimo gusto, porque no tengo los datos.




--DE LA SEÑORA CORTAJARENA ITURRIOZ (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES
ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECUPERACION DE MINUSVALIDOS
FISICOS (CRMF), UBICADOS EN LARDERO (LA RIOJA), SALAMANCA, CADIZ, MADRID
Y ALBACETE. (Número de expediente 181/000320.)



El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta de la señora Cortajarena, sobre
previsiones acerca del funcionamiento de los centros de recuperación de
minusválidos físicos (CRMF), ubicados en Lardero (La Rioja), Salamanca,
Cádiz, Madrid y Albacete.

Señora Cortajarena, tiene la palabra.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Realmente la política de los CRMF ha sido
una política impulsada desde hace muchísimo tiempo por parte del Serem
que inició está actuación, pero siempre hemos tenido bastantes dudas en
relación a cuál era la capacidad de ocupación de los centros y sobre todo
cuál era la capacidad de cumplir el objetivo inicial de los CRMF, como
era la integración laboral de las personas discapacitadas atendidas por
estos centros. Por ello, me voy a remitir al texto en el que le formulaba
la pregunta sobre qué índice de ocupación han alcanzado en el año 1996,
qué programas van a desarrollar en 1997, y si algunas de las personas que
han pasado por los CRMF han conseguido una integración laboral, cuántos
han accedido al empleo y dónde.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Voy a ser
telegráfica.

El índice de ocupación alcanzado en el año 1996 ha sido de un 88 por
ciento, pero hay que significar que el CRMF de Madrid, como usted sabe,
empezó a funcionar en el mes de mayo, y actualmente este CRMF tiene una
ocupación del 87 por ciento. En el año 1997 seguiremos --y están
incrementados-- los cursos de formación profesional cofinanciados por el
Fondo Social Europeo. La tasa de cofinanciación es de un 65 por ciento
para las regiones Objetivo 1, el CRMF de Albacete, el de San Fernando,
Cádiz y Salamanca; y de un 45 por ciento para las regiones Objetivo 3, el
CRMF de Madrid y La Rioja. El coste total de los cursos de formación
profesional en 1996 fue de 195 millones, y la cofinanciación del Fondo
Social Europeo será de 118 millones. Asimismo también quiero manifestarle
que se continúa con el proyecto del CRMF horizonte empleo, dentro de la
iniciativa comunitaria Horizon, y se desarrolla durante los años 1995,
1996 y 1997 en Albacete, San Fernando, Salamanca y Lardero. Su objetivo
es aunar procesos que posibiliten la mejor estrategia para que personas
discapacitadas formadas en los CRMF puedan tener las posibilidades de
integración laboral. Las acciones son normalmente difusión e información
y actividades de sensibilización con empresarios y organizaciones
sindicales para potenciar esta integración laboral.

Las personas que se han integrado laboralmente han sido las siguientes:
En el CRMF de Albacete 10; cuatro en el sector servicio administrativo y
seis como autónomos, en joyería, zapatería y encuadernación. En el CRMF
de Lardero 15; siete en fabricación de caucho, tres en artes gráficas,
uno en informática y uno auxiliar administrativo. En el CRMF de San
Fernando seis; cuatro en el sector servicios --administrativo--, uno en
hostelería, y uno autónomo, zapatería. Y en el CRMF de Salamanca 14;
cuatro empleo autónomo --joyería, zapatería--, dos prótesis



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dental, dos servicios como contable o auxiliar administrativo, y dos en
el centro especial de empleo, joyería.

Puesto que los usuarios de los CRMF proceden de todo el territorio
nacional, en algunos casos es difícil tener conocimiento de si se ha
producido la integración laboral, porque usted sabe que normalmente los
ex alumnos no responden cuando han salido. Sí le quiero manifestar que
comparto con usted la inquietud de ver de qué manera podemos mejorar no
sólo la cobertura, sino también la racionalización, lo que son las
estancias, y la vinculación con el plan de acción posiblemente en el
aspecto laboral. En ese sentido, en este momento hay una comisión, como
usted sabe, de todas las comunidades autónomas que está estudiando la
distribución del fondo, pero a continuación también van a estudiar la
vinculación de este plan con los organismos de rehabilitación
establecidos.




El señor PRESIDENTE: Damos las gracias a la señora Gómez por su
comparecencia y por su amplia exposición, para pasar al siguiente
compareciente.




--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES), PARA
EXPLICAR EL SEGUNDO PLAN DE FORMACION PROFESIONAL 1997-2001, EN ESPECIAL
LO REFERENTE A LA FORMACION CONTINUA. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 212/000482.)



El señor PRESIDENTE: Se ha incorporado a la Mesa el Secretario General de
Empleo, don Manuel Pimentel, al que damos la bienvenida, para comparecer
ante esta Comisión y explicar el segundo plan de formación profesional
1997-2001, en especial lo referente a la formación continua. Dicha
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, señora
Lasagabaster.

El señor Pimentel tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, la
terminación de la vigencia del primer programa y de los acuerdos de
formación continua a finales de 1996 constituía un inmejorable momento
para, con la experiencia anterior, revisar los principios que deben regir
en los próximos años una política de formación profesional que responda
eficaz y ampliamente a los retos futuros. Así lo consideró este Gobierno
y, puesto que los beneficiarios directos de dicha política son los
trabajadores y los empresarios, en última instancia el conjunto de la
sociedad, nuestro mayor interés ha sido que las líneas de lo que
constituirá el segundo programa nacional de formación profesional fuesen
el resultado del debate y el consenso entre todas las partes implicadas.

A ello respondió, pues, la iniciativa de destinar una de las mesas del
diálogo social, que sabe usted que con carácter tripartito fueron cinco
--Administración, empresarios y sindicatos--, a debatir lo que deberían
ser las líneas de la política formativa para los próximos años. La mesa
se cerró el pasado mes de diciembre con la firma de un acuerdo de bases
sobre la política de formación profesional que define los criterios
básicos sobre los que se debe elaborar el segundo programa nacional de
formación profesional, programa en el que actualmente se está trabajando
y pronto podremos presentarles, siguiendo lógicamente estas bases
aprobadas, su composición concreta. También ha permitido suscribir los
nuevos acuerdos nacional y tripartito sobre formación continua --después
me extenderé sobre él-- en sustitución de los anteriores, cuya vigencia
terminó en 1996.

Antes de centrarme en el objetivo y líneas de actuación, que según el
acuerdo de bases firmado deberá inspirar el programa nacional, quisiera
referirme a la entidad de participación institucional que constituye el
marco idóneo para impulsar las políticas de formación a través del
diálogo social y que como primer cometido deberá jugar un papel esencial
en la configuración del programa nacional: el Consejo general de
formación profesional. Hago una pequeña pausa para referirme, primero, a
la absoluta novedad que tiene este órgano en la materia de formación
profesional, porque no es tan sólo un órgano tripartito --Administración,
sindicatos y empresarios--, sino que tienen representación las
comunidades autónomas. Esto realza la importancia de este órgano, máxime
cuando en el horizonte estamos hablando de una configuración nacional
donde las políticas activas y, por tanto, la formación, que tendrán una
componente en su composición nacional, tendrán una aplicación mucho más
cercana al territorio, como es la voluntad explicada ya por este
Gobierno. Actualmente la ley que regula la composición y la aprobación de
este Consejo general de formación profesional se encuentra en trámite en
esta Cámara y, por tanto, para poder aprobar el programa nacional de
formación profesional es indispensable la más pronta aprobación de dicha
ley.

La experiencia transcurrida desde su creación en 1986 ha demostrado la
necesidad de reforzar su papel, apoyar de forma más decidida su
funcionamiento y dotarle de mayor operatividad.

Asimismo, el creciente desarrollo de actuaciones formativas por parte de
las comunidades autónomas aconseja la inclusión de representantes de las
mismas en el seno del Consejo, con el fin de alcanzar mayores niveles de
cooperación y coordinación interterritorial. Para ello, y como decía
anteriormente, el Gobierno acaba de remitir al Parlamento el proyecto de
ley que amplía la composición del Consejo, dando cabida a la
participación de todas las comunidades autónomas, y en el que se
establecen las bases para que el nuevo Consejo, una vez constituido,
defina, mediante la elaboración de su reglamento interno, lo que serán
sus competencias en el futuro.

Centrándome ahora en el programa nacional, su finalidad última responde a
la necesidad de coordinar las distintas políticas de formación como un
medio de alcanzar la coherencia de las cualificaciones facilitadas por
los diferentes subsistemas de formación con las competencias demandadas
por el sistema productivo. Para la consecución de esta finalidad, el
acuerdo de bases establece una serie de objetivos generales que servirán
de referente para la articulación de programas. El primero de ellos, que
debe vertebrar



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los tres subsistemas de formación profesional: la formación reglada, la
formación ocupacional y la formación continua, articulando las diferentes
cualificaciones ofrecidas por dichos subsistemas. El segundo objetivo
busca propiciar la interrelación entre los sistemas de clasificación
profesional establecidos en los convenios colectivos y el sistema
nacional de cualificaciones, al que deberán adecuarse, a su vez, las
diferentes ofertas de formación tanto públicas como privadas.

Como tercer objetivo se establece contribuir a la transición
escuela-empresa, con el propósito de facilitar la primera inserción
laboral. El cuarto objetivo hace referencia al aumento de eficiencia en
los procesos de formación continua y de formación ocupacional, como una
garantía del sistema. El quinto, definido como apoyo de los anteriores,
pretende garantizar la calidad de la oferta de los distintos subsistemas
a través de la formación de formadores, la dotación de infraestructuras y
equipos para la evaluación de los resultados.

Por último, y como sexto objetivo, se señala el de contribuir a la
transparencia de las cualificaciones en el marco de la Unión Europea, con
el fin de ayudar a la libre circulación de personas dentro de la misma.

Para el cumplimiento de este objetivo será necesario definir, en el marco
de cada subsistema, una serie de líneas específicas de actuación, que
deberán ser concretadas y aprobadas por el nuevo Consejo general de
formación profesional, una vez aprobada su modificación. Es también la
garantía de funcionamiento de este Consejo general la presencia de todos
los Gobiernos de las comunidades autónomas en la redacción de los
programas y en la definición de los subsistemas de formación profesional.

Estas líneas de actuación deberán, no obstante, seguir unas pautas
marcadas ya en el acuerdo de bases, cuya enumeración extendería demasiado
mi intervención. Me voy a referir, por ello, especialmente a aquellas que
hacen referencia al ámbito de la formación continua, respecto a la que se
requiere una mayor información en la solicitud de esta comparecencia.

Como criterios generales por los que se regirá la formación de
trabajadores ocupados, se pueden señalar los siguientes (estoy hablando
de acuerdo nacional en este momento). Este subsistema se articulará en
torno a los dos acuerdos firmados en diciembre de 1996: el bipartito
(firmado entre las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y los
sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y la
Confederación intersindical Galega); y el tripartito (firmado entre
dichas entidades, los agentes sociales, y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación). El primero regula la
estructura técnica y organizativa del subsistema de formación continua,
mientras que el segundo regula su estructura jerárquica y esquema de
financiación. Se garantizará el principio de unidad de caja de la cuota
de formación profesional; se mantendrá, a nivel estatal, el control de
los fondos provenientes de dicha cuota. La gestión de la formación
profesional continua tendrá, como principales protagonistas, a los
agentes sociales. Las acciones que se desarrollen atenderán a los
principios de unidad de mercado de trabajo y de libertad de circulación
de los trabajadores en todo el territorio nacional.

En relación a la gestión, se introducirán elementos de descentralización
o desconcentración. Estos criterios se concretarán en una serie de líneas
de actuación, que les resumo de forma sintética. El acuerdo tripartito
será administrado por una comisión encargada de elaborar propuestas
normativas; asignar los recursos financieros entre los distintos
colectivos afectados; elaborar criterios para la distribución de fondos
entre los distintos ámbitos territoriales; elaborar propuestas de
convocatorias de ayudas y evaluar periódicamente los resultados
obtenidos. La gestión de pago de las cantidades destinadas a financiar
las acciones que se realicen al amparo del acuerdo tripartito
corresponderá al INEM.

En cuanto a la gestión del segundo acuerdo nacional de formación
continua, de carácter bipartito, su gestión corresponderá a la Fundación
para la Formación Continua (Forcem), órgano paritario estatal. La
Fundación Forcem quedará bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, dada la vinculación de la formación continua con los
sistemas de clasificación profesional pactados en los convenios
colectivos. Por último, la formación continua, al igual que el resto de
subsistemas de formación profesional, basará su acción en unas líneas
generales comunes a todos, con el fin de alcanzar la necesaria coherencia
que el programa nacional prevé para el conjunto de sistemas de formación
profesional.

Dichas líneas generales son las siguientes: actualización permanente de
los contenidos de las ofertas de formación; implantación del sistema
nacional de cualificaciones profesionales; tratamiento transversal de la
información sobre la oferta de formación, con adecuación a las pautas del
sistema Eures, tratamiento general a los tres subsistemas de la
acreditación de la cualificación profesional debida a la experiencia
laboral, conforme a lo establecido en la Directiva 92/51, del Consejo de
Ministros Europeo, y que ha sido traspuesta a nuestra ordenamiento
jurídico por el Real Decreto 1396/1995, sobre reconocimiento mutuo de
competencias profesionales demandadas en cada Estado para las profesiones
reguladas.

Para finalizar quiero manifestarle también, ante la procedencia de la
comparecencia, por si pudiera existir alguna preocupación en los
representantes de los partidos vascos, que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales mantiene el compromiso contraído con el Gobierno vasco,
plasmado en el protocolo de intenciones para la financiación del acuerdo
interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, que los representantes del Gobierno vasco y el Ministro de
Trabajo firmaron el pasado 29 de julio de 1996, y que concretaba un
acuerdo previo de investidura entre dos grupos políticos de esta Cámara.

En este sentido, el ministerio --ya lo está haciendo-- garantiza y
garantizará el desarrollo de dicho acuerdo interprofesional vasco y,
además, dentro de una compatibilidad --que creo perfectamente
conseguible-- con el segundo acuerdo nacional de formación continua,
firmado por los interlocutores sociales el pasado 19 de diciembre.




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Como SS. SS. ya conocen, para el año 1996, y cumpliendo ese acuerdo
firmado por el Gobierno de España con el Gobierno de la Comunidad
Autónoma Vasca, por decreto-ley se destinó una cantidad de 972 millones
para financiar al acuerdo interprofesional vasco durante 1996. La idea
que todos tenemos es la de buscar un marco más estable que nos permita no
tener que acudir cada año a fórmulas extraordinarias de financiación,
para así tener garantizado el que entendemos deseable y correcto buen
funcionamiento de este acuerdo interprofesional vasco, entendiendo
también que creo que es posible, y además muy positivo, la compatibilidad
del desarrollo del acuerdo interprofesional vasco con el acuerdo nacional
de formación continua. Los beneficiados serán todos, empresas y
trabajadores del conjunto de España, y también del País Vasco. No tendría
sentido que una titulación, por ejemplo, o una acreditación emitida en
Navarra o en Castilla-León no tuviera validez en el País Vasco, como
tampoco lo tendría que cualquier cualificación profesional o sistema de
formación otorgado en Bilbao no pudiera ser útil, por ejemplo, para otra
comunidad.

Una vez conocida la opinión del Gobierno vasco, de los sindicatos
nacionales con representación en el País Vasco, y de los sindicatos
vascos, creo y puedo aventurar en el día de hoy que será posible que
cumplamos fielmente los compromisos contraídos en el acuerdo nacional;
que cumplamos los compromisos contraídos con el Gobierno vasco; y que esa
compatibilidad redunde en beneficio de empresas y trabajadores de todo el
conjunto nacional, y también de empresas y trabajadores del País Vasco.




El señor PRESIDENTE: La Diputada del Grupo Mixto, doña Begoña
Lasagabaster, que ha solicitado la comparecencia, tiene la palabra.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Quiero, en primer lugar, agradecer al
señor Pimentel, Secretario General de Empleo, sus explicaciones generales
respecto de cuáles han sido los acuerdos bipartitos y tripartitos.

También quiero agradecer, cómo no, a la propia Mesa de esta Comisión el
interés que ha mostrado para articular esta comparecencia a la mayor
brevedad. Sinceramente agradezco esa posición.

Es evidente, como decía el señor Pimentel, que dada la procedencia de
esta Diputada y de a quien representa me voy a centrar lógicamente, si no
les parece mal, en lo que se refiere a la formación continua en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿Por qué? Ciertamente a finales
de 1996 se acabó el primer programa del Estado de formación profesional y
hubo una serie de acuerdos, como bien ha señalado, que no voy a repetir,
bipartitos y tripartitos, sin perjuicio de que a posteriori tenga el
Gobierno que desarrollar el segundo programa nacional de formación
profesional, que esperamos, al objeto de que, como dice, primero se
articule la ley del Consejo general de formación profesional y, a
posteriori, al parecer, por lo que he entendido, el Gobierno articulará
ese segundo programa nacional.

Yo creo que aquí hay dos cuestiones clave que suscitan estos temas. En
primer lugar, la formación continua es muy importante a todos los niveles
(no voy a entrar en por qué es importante) en la medida en que la
seguridad del puesto de trabajo ya no radica en el puesto de trabajo,
sino en la seguridad de la capacidad del propio trabajador para hacer
frente a una serie de retos a los que se enfrenta en el día de hoy. Por
eso es muy importante la formación continua.

¿Qué ocurre con este tema? Este tema ha suscitado un terrible debate en
la Comunidad Autónoma del País Vasco cuando se articuló en el año 1995
una fundación vasca para la formación continua --como bien sabe usted--
que recogió el consenso de los sindicatos y de los empresarios y,
posteriormente ese acuerdo bipartito fue transformado, como el acuerdo
estatal, en acuerdo tripartito con el Gobierno vasco y se creó la
fundación vasca de formación continua. Se fundó basándose en el artículo
84 del Estatuto de los Trabajadores que permite acuerdos en unos ámbitos
no estatales, de otro orden, pero unos acuerdos que son absolutamente
legales, entre comillas, y de conformidad con el Estatuto de los
Trabajadores.

El problema se planteó en determinar cuáles eran los ámbitos en los que
cada una de las fundaciones tienen que operar, cuando tiene que operar la
fundación vasca y cuando el Forcem. Este es el quid de la cuestión. Este
tema --como probablemente usted sabe, pero quiero ponerlo de manifiesto
en la Comisión-- se suscita periódicamente en las instituciones vascas.

Sin ir más lejos, el pasado viernes fue aprobada una moción muy
importante entre todos los partidos que tienen representación en el
Parlamento vasco, a excepción de Herri Batasuna, que hacía referencia
concretamente a la formación continua. Los términos en los que esta
moción se aprobó son muy significativos por la importancia que tiene en
el País Vasco --ya sé que en todos sitios tiene importancia-- en la
medida en que ha creado un debate y una susceptibilidad entre los
ciudadanos por dos cuestiones. En primer lugar, porque en esa moción
todos los partidos --vuelvo a repetir, salvo Herri Batasuna-- establecen
que en base a un informe sobre negociación de transferencias pendientes,
se recabe del Gobierno del Estado la transferencia de formación
profesional. Existe una competencia en el estatuto de autonomía relativa
a formación profesional y todavía no está transferida. Ha habido
múltiples intentos para realizar esa transferencia, pero todavía no ha
tenido lugar. Por ello todos los partidos vascos están de acuerdo en que
se negocie esa transferencia pendiente en relación con este tema. Estos
hechos ocurrieron el pasado viernes, pero también se ha tratado el tema
en otros momentos; lo he recordado ahora porque conlleva el consenso de
casi toda la Cámara y me parece importante, no es un problema que
presenta una formación política, es un problema que ha logrado un gran
consenso de la Cámara. Este tema se recoge otra vez en el debate que hubo
en marzo de 1996 respecto del empleo y se recoge también en el informe de
transferencias pendientes que fue firmado por los partidos el año 1995.

Es decir, existe un amplio consenso para que en materia de formación
profesional y dentro de ella formación continua, se



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realice de manera inmediata esa transferencia. ¿Por qué? En primer lugar,
porque se estaría cumpliendo un requisito legal, el estatuto de autonomía
y, en segundo lugar, porque en la práctica evitaría muchos problemas en
el sentido de determinar cuál puede ser la compatibilidad de
funcionamiento entre dos fundaciones, el Forcem a nivel estatal y la
Fundación vasca de formación continua a nivel de Comunidad Autónoma del
País Vasco. Por tanto, lo primero que se pide es la transferencia y se
pide en varias ocasiones, como he señalado anteriormente.

Dado que esa transferencia no creo que sea inmediata --aunque sí lo
solicitaría--, se plantea la segunda cuestión. ¿Cómo se va a articular
esa compatibilidad que nos ha señalado el señor Pimentel en este momento?
Está pendiente de desarrollo el segundo programa nacional y dice que se
va a compatibilizar. En función del estatuto de autonomía hay dos
fundaciones --Forcem y Fundación vasca de formación continua-- que actúan
en ámbitos distintos. En su caso y cumpliendo lo que dice ese estatuto de
autonomía, la Fundación vasca tendría su ámbito de operatividad en el
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sólo sería la
fundación vasca la que tiene que operar en ese territorio. En este
momento a raíz de los acuerdos nacionales bipartito y tripartito no está
claro que ello vaya a ser así. Existe un precepto legal en el que con
esos acuerdos hay dudas de que se vayan a cumplir. Ese es el tema.

Nosotros pedíamos y estamos pidiendo en este momento una cuestión muy
concreta. Se dice que puede haber compatibilidad y queremos saber cómo. A
nuestro entender no se trata sólo de un problema de financiación, no es
un problema de que se transfieran una serie de fondos; es un problema de
determinar quién tiene la capacidad para gestionar esos fondos. ¿Quién va
a determinar qué programas son los que deben ser susceptibles de
financiación? En el fondo vuelvo a formular la pregunta que hice antes:
¿quién tiene la capacidad para operar en el territorio de la Comunidad
Autónoma del País Vasco? Con la ley en la mano, sólo la fundación vasca.

Nosotros creemos que existe la duda, a raíz de esos acuerdo nacionales
bipartitos y tripartitos --como usted ha señalado, diciembre de 1996-- de
que esto se realice así. Queremos y solicitamos al Gobierno que nos
precise cómo se va a garantizar esa compatibilidad. En el fondo no es un
problema de transferencia de fondos, como ocurrió a finales de 1996, sino
un problema de determinar las competencias respectivas, cada uno en su
ámbito.

No creemos que fuera una buena solución --es una opinión, lógicamente,
del partido que represento-- la mera territorialización dentro del
Consejo general de formación profesional porque lo que hoy existe no
responde legalmente a ese consejo. Hoy existe otra cosa distinta. No
entenderíamos que la solución de territorializar o de articular esas
cuestiones en el Consejo general de formación profesional fuera la
solución adecuada. No creemos que eso sea sí. Sabemos que el señor
ministro ha hablado con los miembros de la fundación de formación
continua, Hobetuz, así como con los sindicatos, con los empresarios y,
cómo no, con el Gobierno vasco y les ha garantizado que puede haber esa
compatibilidad, lo que no sabemos es cómo. Mi pregunta es cómo van a
garantizar que realmente la fundación vasca, en virtud del artículo 84
sea la competente para operar en cuestiones de formación continua en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran participar en esta
comparecencia? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, muy brevemente voy a
manifestar en nombre de mi grupo, en primer lugar, la satisfacción por el
balance positivo que tanto los agentes sociales como la opinión pública
en general hacen sobre los acuerdos de formación profesional que se han
desarrollado desde el año 1992 hasta 1996. En segundo lugar, quiero
manifestar también la satisfacción por los acuerdos a que se ha llegado
entre los agentes sociales y económicos y el Gobierno respecto a la
formación continua y a las bases que se van a crear para el segundo plan
de formación profesional. Sin duda alguna es satisfactorio que estos
planes de formación hayan contado y sigan contando, después de un cambio
de gobierno, con el diálogo social y con la participación institucional
de los sindicatos y de la patronal.

Después de manifestar esta satisfacción, quisiéramos hacer una llamada a
que esto no signifique una cierta autocomplacencia, pues, sin duda
alguna, según los expertos económicos y del mercado de trabajo, la
cualificación profesional sigue siendo todavía un problema para la
competitividad de nuestras empresas. Por tanto, de alguna forma algo debe
fallar, algo debe ser perfeccionable en el sistema de formación
profesional que entre todos hemos habilitado para que esto siga siendo
así. Es uno de los factores que todavía le falta a nuestro mercado
laboral para que exista una competitividad adecuada en nuestras empresas.

Tendremos que darnos entre todos un toque de atención y,
fundamentalmente, que no sirva la suscripción de acuerdos entre quienes
deben firmarlos para la autocomplacencia, ya que ello nos puede inhibir
para ir poniendo cada vez más elementos sobre la mesa que generen esta
adecuación entre las necesidades que surgen de la evolución del mercado y
la cualificación de nuestros trabajadores, etc. Ahí es donde a lo mejor
sugerimos modestamente que deberían hacerse más esfuerzos e invertir más
dinero a fin de detectar las necesidades del mercado, de articular bien
esta cuestión respecto a los sistemas y subsistemas que comprenden la
formación profesional en general.

De su exposición, que sin duda alguna ha sido una síntesis de lo que
significan los acuerdos, nos preocupa una cuestión concreta que queremos
manifestar y es los cambios institucionales que puedan desarrollarse en
aquellos agentes que van no solamente a tener una capacidad de
seguimiento y de control de la gestión, sino también una capacidad
prelegisladora de posibilitar que se vayan generando distintos
desarrollos de esos planes que nosotros, como representantes del pueblo
en general, vamos a tener ocasión de aprobar, de rectificar, etcétera.

Pero después, en el ámbito del desarrollo, va a tener más posibilidad de
concretar,



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incluso de desarrollar de forma normativa, el Consejo General de la
Formación Profesional.

Nos preocupa que la inclusión de los representantes de las comunidades
autónomas, que es algo que ha anunciado hoy usted, pueda significar un
desdibujamiento del carácter tripartito de ese Consejo y que se pueda
acudir a la Constitución sobre algo que no está en nuestra forma de
pensar, algo que debe servir para satisfacción del conjunto de las
necesidades de nuestra economía nacional y, en particular, de la
cualificación de la fuerza laboral, de los trabajadores, porque puede
verse interferido por los intereses sin duda legítimos pero distintos y a
veces contradictorios de unas comunidades autónomas respecto de otras.

Creemos que las comunidades autónomas deben tener su instancia concreta
de participación, pero ello no debería interferir en el Consejo General
de la Formación Profesional. Tal como se ha expuesto aquí, quisiéramos
conocer más a fondo el tema para que estos temores que nosotros tenemos
se puedan apagar con las explicaciones que usted nos dé. En cualquier
caso, más allá de estas explicaciones tendrá que verse luego en los
debates parlamentarios correspondientes en función de los proyectos de
ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Carmen Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Mi grupo considera que esta comparecencia es para
responder a la petición del Grupo Mixto acerca de las cuestiones
planteadas. Por eso no comprendemos muy bien la explicación inicial del
compareciente sobre las líneas generales de otros temas que no son motivo
de esta comparecencia.

Está en trámite en estos momentos la modificación de la ley de creación
del Consejo de Formación Profesional y en su tramitación tendremos la
oportunidad de mostrar cuál es nuestra posición respecto a ella.

Esperamos también que el Gobierno presente sus proyectos de ley,
referidos a todo lo que significa su actuación en el campo de la
formación profesional, a la que tantas veces hemos aludido como una de
las variantes sustanciales para la creación de empleo. Desgraciadamente,
hasta este momento no hemos tenido oportunidad de ver ninguna aportación
nueva a este debate.

No nos parece que sea el momento de hablar de ninguna de estas cuestiones
a las que el compareciente ha hecho referencia en la primera parte de su
intervención. El tema que hoy se ha suscitado lo ha sido por el Grupo
Mixto, por Eusko Alkartasuna, y creemos que sobre él ya ha habido una
discusión en el Congreso con motivo del acuerdo de la fundación vasca y
de su financiación. Tuvimos oportunidad en aquel momento de mostrar cuál
era nuestra posición respecto a aquella fórmula de financiación que se ha
adoptado durante este año, aunque no nos parecía la más adecuada. Sin
embargo, creemos que existen mecanismos en los que el Gobierno debe
profundizar para que pueda llegarse a una solución satisfactoria, de
manera que se haga viable un acuerdo semejante previsto en el Estatuto de
los Trabajadores. De esta forma se posibilitaría no sólo un acuerdo en el
País Vasco, sino otros semejantes en otras comunidades autónomas.

Creemos que existen esos mecanismos y que el Gobierno debe profundizar en
ellos para que se pueda llegar a una solución de este problema, que no es
fácil. Es tal la complejidad que estamos atravesando para la articulación
de un Estado de las autonomías que, por este motivo, respetamos el ritmo
de las negociaciones. Pensamos que se puede llegar a un mecanismo que
satisfaga a ambos organismos implicados y en ese sentido animamos a que
se profundice. Estaremos siempre en contra de abordar criterios que no se
correspondan con nuestros diseños globales en cuanto a financiación,
modelo, etcétera. También seguiremos discutiendo otros temas, como la
formación profesional, que tanto nos importa para la generación de
empleo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: En primer lugar, quisiera agradecer la presencia,
valorada siempre positivamente por este grupo, del Secretario General de
Empleo, así como la exposición que ha hecho esta mañana en esta Comisión,
porque entendemos que difícilmente se podría entrar en la discusión o en
el debate sobre aspectos puntuales en materia de formación continua que
afectan a determinadas comunidades autónomas o territorios sin haber
hecho una exposición más general de las líneas fundamentales que, quieran
o no, no sólo van a incidir, sino que, como muy bien ha dicho el
Secretario General de Empleo, han de hacerse compatibles con la
existencia de otros acuerdos que puedan existir a nivel territorial más
pequeños o a nivel de comunidad autónoma.

Valoramos positivamente la intervención del Secretario General de Empleo
porque ha venido a corroborar algo que este grupo tiene muy claro desde
el inicio de la legislatura y es que los compromisos políticos que se
adquieren por este Gobierno, por boca del señor Presidente del Gobierno
en el debate de investidura y por boca del Ministro de Trabajo
posteriormente en multitud de ocasiones, se acaban cumpliendo. El
Presidente del Gobierno dijo textualmente, en su debate de investidura,
que el Gobierno aplicaría, actualizándole, el programa nacional de
formación profesional y posibilitaría el reconocimiento de los títulos y
certificados obtenidos por nuestros trabajadores en toda Europa. Hoy
tenemos una clara plasmación, después de su comparecencia, de que se está
en el camino correcto y de que vamos adecuando no sólo nuestros
compromisos políticos a las realidades necesarias para la creación de
empleo en nuestro país, sino que además cumplimos estos primeros.

Estamos ante una materia, señorías, sumamente importante. No en vano,
dentro del índice de materias del programa plurianual de empleo, cuya
elaboración fue aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros,
además esta vez con luz y taquígrafos, a diferencia de como ocurría en
etapas anteriores, en la estructura de los cinco puntos establecidos en
el Consejo europeo de Essen,



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el primero tiene como objetivo mejorar las posibilidades de empleo
mediante el fomento de las inversiones en formación profesional. Así, no
podemos estar en contra de que el cambio tecnológico y ocupacional sea el
punto de referencia de la planificación de la formación y de reorientar
el marco institucional para su adaptación al empleo, en consonancia
también con las palabras de otros portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, como el caso del portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En ese sentido, coincidimos con el
Secretario General de Empleo cuando se están buscando nuevos parámetros,
nuevos supuestos para la lucha contra esa lacra social que es la lucha
contra el desempleo. Y nos alegramos también de coincidir con otros
grupos que han intervenido antes en orden a proporcionar la oportuna
cualificación profesional suficiente a los trabajadores de este país para
así luchar contra ese drama que es el desempleo.

Eso no nos tiene desde luego que ocultar que el camino a recorrer aún es
mucho en esta materia, que estamos al inicio prácticamente de ese camino,
porque sí es cierto --y lo hemos puesto de manifiesto, no sólo en esta
legislatura, sino en legislaturas anteriores-- que han quedado muchas
cuestiones, muchas materias en el tintero. La elaboración del sistema
nacional de cualificaciones, acabar el repertorio de los certificados de
profesionalidad, la correspondencia con las cualificaciones europeas son
materias que hemos tenido ocasión de discutir ya en esta Comisión y en
esta Cámara, que han quedado olvidadas por el paso del tiempo y que
instamos a que este Gobierno afronte y resuelva, de una vez por todas,
aquellas cosas que no fueron capaces de resolver otros gobiernos. A
nosotros no nos cabe duda sobre esa capacidad de afrontarlo y sobre esa
capacidad de resolución que, reitero, otros no tuvieron.

Evidentemente, eso se ha de hacer dotando de los medios esenciales para
ello, y medio esencial para poder hacerlo es el Consejo General de
Formación Profesional. Esta misma mañana, algunos de los que hemos
intervenido en este debate, hemos tenido ocasión de asistir a la ponencia
que estudia dicho proyecto de ley. Nos hemos reunido esta misma mañana a
efectos de intentar agilizar de la manera más rápida posible, aunque
otros grupos han puesto algún pero, el hecho de que se debatiera con
prontitud algo tan importante como es la composición de ese Consejo
General de Formación Profesional, que es el sentido de la proposición de
ley que se encuentra en este Parlamento, para que pueda hacer algo tan
importante para los trabajadores de este país como es poder aprobar luego
el segundo plan nacional de formación profesional; sin que se haya
constituido ese Consejo General de Formación Profesional, es imposible
poder llegar a realizar algo como lo que estaba citando. Además,
compartimos y valoramos de manera muy positiva la inclusión de las
comunidades autónomas en esa nueva composición de ese Consejo General de
Formación Profesional.

Difícil es que estemos en desacuerdo con las líneas, con los objetivos,
con las pautas que ha referido anteriormente el Secretario General de
Empleo. Junto con otros grupos que me han precedido en el uso de la
palabra no podemos más que valorar positivamente los acuerdos nacionales
bipartitos, tripartitos y el acuerdo nacional de bases que se han
suscrito y a los que se ha hecho referencia --reitero-- con anterioridad
y que nos parece que es una clara muestra de esa apuesta por el diálogo
social que hizo este Gobierno desde el principio y que nos ha reiterado
el Presidente del Gobierno, José María Aznar, y el Ministro de Trabajo,
señor Arenas.

Por último, y en aras a la brevedad, este grupo también tiene que
agradecer el sentido de las últimas palabras del Secretario General de
Empleo en orden a desvelar las preocupaciones o dudas que pudieran
existir en algunos grupos, en este caso el grupo que ha solicitado la
comparecencia, respecto a los compromisos adquiridos por el Gobierno.

Nosotros no vamos a entrar en contradicción, como pueden hacer otros
grupos parlamentarios, de decir unas cosas en el País Vasco y otras en
esta Cámara cuando se discuten exactamente las mismas materias. Creemos
que el compromiso del Gobierno en ese aspecto, ya suscrito con el
Gobierno vasco, ese compromiso de investidura al que ha hecho referencia
el Secretario General de Empleo, es lo mejor que puede existir en estos
momentos para los trabajadores vascos y además es absolutamente
compatible con lo que será el segundo acuerdo nacional de formación
profesional. Por lo tanto, estamos tranquilos al respecto. También
conocemos, como ha dicho el Secretario General de Empleo, que se ha
enviado una proposición no de ley, con el acuerdo unánime de todos los
grupos políticos vascos, excepto Herri Batasuna, a este Parlamento, para
recordarnos cuáles pueden ser nuestros deberes en la materia y es difícil
--nosotros al menos no estaremos por la labor, y estoy seguro de que el
Gobierno tampoco-- legislar o tomar cualquier tipo de acuerdo en contra
de los consensos políticos, en contra de los consensos sociales entre
agentes económicos y sociales que puedan existir en cualquier parte del
territorio español, en cualquier comunidad autónoma.

Reitero que el camino a recorrer es muy largo en esta materia y debe
contar con el mayor consenso, con el mayor apoyo, tanto de los agentes
económicos y sociales como de los agentes políticos, de los grupos
políticos, presentes en este Parlamento y en cualquier Parlamento
autonómico.

Por ello, no podemos más que valorar de una manera positiva la
intervención que ha tenido el Secretario General de Empleo en el día de
hoy. Desde luego, si es necesario el consenso y el apoyo, como he dicho,
de todos los agentes económicos y sociales y de todos los grupos
políticos en una materia como ésta, el del Grupo Parlamentario Popular el
Gobierno lo tiene.




La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, por alusiones a mi grupo
quisiera hacer un pequeño turno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.




La señora ROMERO LOPEZ: Sorprende que el Grupo Popular haya hecho algunas
consideraciones a propósito



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de este tema en una intervención que yo calificaría de
extraordinariamente confusa, porque al final no hemos sabido qué es lo
que opina el Grupo Popular sobre este tema. Esperábamos que el grupo que
apoya al Gobierno al menos dijera cuál es su posición y en lugar de eso
se ha dedicado a hacer alusiones a nuestro grupo que considero de
justificia responder.

En primer lugar, quisiera decir que estamos esperando todavía la
presentación, por parte del Gobierno, del repertorio de certificaciones.

Mi grupo no ha osado decir lo que el Grupo Popular se ha atrevido a
manifestar, porque comprendemos su complejidad. Estamos esperando a que
el Gobierno presente la finalización del repertorio, cuando prácticamente
estamos finalizando el plazo que el Gobierno anterior se había tomado
para su presentación. Mi grupo no se ha atrevido a hacer hasta este
momento ninguna petición de esa naturaleza, por lo que no vamos a aceptar
la insinuación que ha hecho al respecto el portavoz del Grupo Popular.

De todas formas, éste no es el tema de la comparecencia. Por eso, vuelvo
a insistir en que, igual que el compareciente, el Grupo Popular ha
aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar de un asunto
que nada tiene que ver con la comparecencia y probablemente para ocultar
cuál es su posición en este tema.

En segundo lugar, quisiera decir cuál es nuestra posición sobre la
comparecencia de hoy. No es mi grupo de los que adoptan una posición en
el País Vasco y otra en este Parlamento, como ha dicho el Grupo Popular.

Nuestra cohesión y nuestra falta de oportunismo nos permite mantener una
misma posición y tener un diseño de futuro. Lo que no comprendemos es que
con el error que el Gobierno ha cometido en la financiación, por no tener
ese diseño previo, el Grupo Popular pretenda ahora hacernos los
poseedores de una doble posición que no tenemos.

Mi grupo no ha conseguido saber por la intervención del Grupo Popular
cuál es su posición con respecto al tema aquí debatido. Instamos al
Gobierno a que profundice en los mecanismos del actual diseño para que se
pueda llegar a un feliz acuerdo. Nos sorprende extraordinariamente que
ante la carencia de argumentos el Grupo Popular se haya dedicado a decir
incoherencias.




El señor PRESIDENTE: Recuerdo a los señores Diputados que las alusiones
no son de grupo, sino de personas, y que en el futuro se abstengan de
responder a dichas referencias. (El señor Camps Devesa pide la palabra.)
Señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, en los mismos términos en que se
ha solicitado por el representante del Grupo Parlamentario Socialista,
creo que este grupo tiene derecho a un pequeñísimo tiempo, si lo estima
así oportuno la Presidencia, por alusiones, que evidentemente no
correspondían, con su última apreciación, al Grupo Parlamentario
Socialista. En todo caso, en esa aplicación que ahora hace el señor
Presidente, no puede dejar sin palabra al Grupo Parlamentario Popular,
que ha sido clarísimamente aludido.

El señor PRESIDENTE: Un minuto, señoría, exclusivamente. Si dijeran a qué
grupo se referían cuando habla de posiciones en el Parlamento, nos
ahorraríamos las aclaraciones. Tiene la palabra, no para abrir un debate,
sino para aclarar su posición.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente, intervendré con
absoluta brevedad.

Este portavoz entiende que sólo ha nombrado en su intervención al
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y en modo alguno ni al Grupo Socialista ni a su representante
en el presente debate, que evidentemente se ha dado por aludida por
alguna de las afirmaciones que hayamos podido hacer. Quiero aclarar --a
los efectos de la exigencia que hacía en su última intervención-- que la
posición del Grupo Parlamentario Popular, sin ningún tipo de crispación
ni de acritud, es la que mantenemos en los foros donde llegamos a
acuerdos, como puede ser en este caso el Parlamento vasco, y también en
los debates que, hace poco, hemos mantenido en esta Cámara, en los que la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista incluso tuvo la ocasión de
representar lo que era la posición de su grupo. Nosotros no entramos
absolutamente en ninguna de las contradicciones. Aplicamos la Ley, la
respetamos y dotamos de financiación, incluso, aquellos acuerdos a los
que otros gobiernos habían llegado y habían dejado sin financiación con
anterioridad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muchas gracias,
Presidente.

Quiero agradecer a todas SS. SS. las sugerencias e incorporaciones que
han realizado en sus intervenciones. De la intervención de algunos de los
grupos parece deducirse que pudieran existir ciertas dudas. Espero que
con mi intervención, la intervención del Gobierno, se esté aportando
alguna luz a esa posible duda. En todo caso, cuando somos gobierno y
pretendemos ser eficaces, siempre decimos que las dudas no se cubren con
palabras, sino con la tenacidad de los hechos, y ahí está la secuencia de
hechos, día a día, que está realizando el Gobierno --como ha indicado el
Grupo Parlamentario Popular-- y creo que va en un sentido de
clarificación.

Hay una cierta coincidencia general de todos los grupos --que defienden
incluso con cierta pasión--, un consenso generalizado sobre la
importancia extraordinaria que tiene la formación profesional para el
desarrollo futuro de empleo y para nuestra sociedad, en general. Hay que
reconocer el especial interés que está teniendo este debate sobre
formación continua, en concreto, para el País Vasco, y creo que su
representante tiene todo el derecho para exponer aquí también sus
inquietudes. El Gobierno es consciente de que es un problema de
extraordinaria importancia para el conjunto nacional y también lo es, en
estos momentos con especial intensidad, para el País Vasco. Coincido en
que, con independencia de que al final cualquier idea hay



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que cebarla con fondos porque si no es inexistente, es un debate de más
calado que lo que es una pura traslación de fondos.

Voy a hacer una primera intervención y después expondré algunas ideas que
me han surgido al hilo de las intervenciones de los distintos portavoces.

Efectivamente, estamos ante un tema sumamente novedoso y complejo, donde
tenemos un abanico de posibilidades, y hay varias certezas. Tenemos
nuestro mandato constitucional, que es una evidencia; tenemos el Estatuto
de los Trabajadores, que es el que hay y que también nos aporta certeza
jurídica. Pero, como siempre en la vida, cuando uno camina en la jungla
de la complejidad, la mejor de las brújulas es el sentido común, que
dicen que a veces es el menos común de los sentidos. Yo creo que con
sosiego, con una buena dosis de sentido común y con una decidida vocación
de diálogo podemos ir aportando orden, coherencia y compatibilidad donde
es fácil aportar orden, coherencia y compatibilidad, independientemente
de que la extraordinaria trascendencia del tema haga que en nuestros
distintos ámbitos, ya sean de partidos políticos o territoriales,
abordemos muchas veces con pasión --que es mala consejera cuando se está
creando una nueva senda en un mundo complejo-- algunos de estos temas.

Cuando decíamos que el sistema es compatible, entiendo que tenemos que
buscar un sistema que sea compatible, porque es bueno para todos, y pongo
algún ejemplo. El País Vasco, a través de su acuerdo, tendrá financiación
para la formación continua --como es un compromiso evidente del Gobierno,
cubrirá su ámbito territorial--, sin embargo, no cabe duda de que este
desarrolle tendrá que venir, en lo que corresponde a formación y a
titulación, absolutamente homologado, no tan sólo inspirado, sino
aprobado por el Parlamento español y por el Consejo General de Formación
Profesional. Flaco favor haríamos a los españoles, y todavía más flaco
favor a los trabajadores vascos, si se encontraran con que su titulación
no es homologada con la del resto de España y de Europa. Tenemos que
constituir un modelo donde las titulaciones y certificaciones
profesionales sean homologadas en todo el ámbito nacional y en el ámbito
europeo, porque garantiza mayor posibilidad de empleo, garantiza la
libertad de movimiento de los trabajadores y garantiza unos principios
que, aparte de ser legales y constitucionales, son de sentido común. En
esa línea, creo que ningún representante de ningún grupo puede poner en
duda la necesidad de armonización de la legislación.

Por otra parte, creo que es profundamente positivo para los trabajadores
y las empresas, de todo el conjunto nacional y también del País Vasco,
una cierta compatibilidad. El Gobierno va a tener mucho que decir
--estamos trabajando con intensidad, yo personalmente estoy dedicando
muchas horas a hablar con todos y cada uno de los actores de esta
construcción--, pero creo que también es bueno que en el País Vasco se
pueda contemplar una actuación sectorial. Hay sectores que tienen un
importantísimo desarrollo en el País Vasco y, por el número de empresas y
de trabajadores, tienen capacidad de tener un paquete formativo adecuado.

Hay algunos sectores de producción que a lo mejor tienen poca
representación en el País Vasco y sí la tienen en el conjunto nacional.

Parece lógico que trabajadores o empresarios de ese sector, libremente,
pudieran acogerse a cursos de formación, muy cerrados y muy
experimentados, donde hay mayor número de trabajadores. Creo que es
posible y, además, pienso que ese acuerdo va a salir con naturalidad
porque, a medida que más se conoce el asunto --el conocimiento siempre es
la antítesis del apasionamiento--, uno se va dando cuenta de que el
sentido común impone que tenemos que tener un sistema de formación que,
respetando la Constitución, respetando el artículo 84 del Estatuto de
Autonomía y la capacidad de gestión de nuestras comunidades autónomas,
permita compatibilizar, sobre todo teniendo en cuenta que el destino
final, el beneficiario último es precisamente el trabajador, es la
empresa, es la competitividad y es el desarrollo de un modelo de
sociedad.

En este sentido, les traslado lo que ya para nosotros empieza a ser una
certeza, en nuestro día a día, y es la garantía de una posibilidad de
compatibilidad, en la que también creen ya los agentes sociales y el
Gobierno vasco, con el cual estamos teniendo continuas relaciones.

Lógicamente, la concreción última de cómo se apellida cada uno de estos
aspectos complejos de compatibilidad la tendremos en el programa nacional
de formación profesional, en el subsistema de formación continua, y en el
desarrollo que estamos haciendo en este momento. Dado que estamos en
pleno desarrollo, prefiero, en esta primera intervención, marcarles estas
líneas generales y esta esperanzada confianza en la compatibilidad de los
subsistemas, que va a beneficiar sin duda a trabajadores del conjunto
nacional y del País Vasco.

Respecto a la intervención del señor Vaquero, coincido con él en la
importancia y recogemos su llamada. Ninguno podemos caer en la
autocomplacencia; sería un error mayúsculo. Quiero decirle que el
Gobierno no va a caer en la autocomplacencia. Tenemos un compromiso,
renovado, y además siempre es buena la autocrítica y el afán de
superación. Por tanto, asumiendo que tenemos que avanzar mucho en toda la
materia formativa de nuestros trabajadores y de nuestros jóvenes,
continuaremos en esa línea y siempre le agradeceremos su intervención, su
ayuda, incluso su llamada de atención, si en algún momento lo cree
oportuno, para espolearnos en alguna línea de trabajo que él vea que
todavía no estemos haciendo.

Quisiera tranquilizarle respecto a la composición del consejo general. Yo
creo que es extraordinariamente positiva la incorporación de las
comunidades autónomas. De acuerdo con nuestra Constitución, las
comunidades autónomas son Estado; es decir, la presencia de una comunidad
autónoma en una distribución tripartita tiene naturaleza jurídica. En el
fondo, en la condición clásica de OIT, que tiene ya todo un siglo de
trayectoria, hay tres partes: el Gobierno --el Estado, de alguna forma--,
los empresarios y los sindicatos. A los efectos constitucionales y
legales, las comunidades autónomas también son Estado, por tanto, entra
dentro del diseño tripartito. Además, usted sabe que en el futuro de las
políticas de empleo, como ya pasa en otros países, hay diseño y
presupuestos nacionales, pero



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las comunidades autónomas son una parte del Estado que, necesariamente y
por la compatibilidad y el sentido común, tendrán mucha importancia
básicamente en la formación o lo que será otro conjunto de política
activa, y como cada día la política nacional estará más homologada con la
política europea --que también es de sentido común--, convivirán
desarrollos nacionales legislativos y gestión particular en comunidades
autónomas. Por eso, creo que es muy bueno que nos sentemos alrededor de
la misma mesa los que vamos a diseñar estos instrumentos --son SS. SS.

las que aprobarán las distintas leyes-- y aquellos que van a gestionar en
el día a día . En este sentido, estoy muy satisfecho de la composición
propuesta y creo que va a suponer un sustancial avance.

En cuanto a la intervención de la portavoz socialista, doña Carmen
Romero, entiendo que tiene un aspecto muy subjetivo. Cree que mi
intervención no se ajusta a los términos de la solicitud de la
comparecencia. Si quiere, le leeré el texto: Se solicita al Secretario
General de Trabajo --en este caso hay un pequeño error, pero no en el
siguiente-- para que explique el segundo plan de formación profesional
1997-2001, en especial lo referente a la formación continua. En mi
intervención estrictamente central he desarrollado y he explicado el
segundo plan de formación profesional, y me he referido en mi última
parte, en concreto, a la formación continua y al asunto del acuerdo
interprofesional vasco. Como yo sé por su trayectoria política, el
respeto que tiene a la libertad de intervenciones y de interpelaciones,
supongo que la intervención de la señora Romero nacerá de que no se había
leído el texto de la comparecencia. En este sentido quiero hacerle una
cariñosa recomendación de lectura previa porque puede evitarle este tipo
de malentendidos que no le ilustran en esta Cámara.

Querría decirle también, dentro de la coherencia y del sentido común, que
el partido que usted está representando es un gran partido nacional, es,
sin duda ninguna, uno de los instrumentos de cohesión nacional más
poderosos que tiene nuestro país. Es un partido que tiene una amplia
representación en todas las tierras de España de forma muy generosa. A
este gran partido, como a cualquier otra organización, pero muy
especialmente por ser grande, hay que pedirle ese esfuerzo de coherencia.

Y con el debido respeto, y como algún grupo ha indicado en esta Cámara,
su partido y su grupo no han sido coherentes. Soy un testigo de excepción
en estos asuntos. He hablado con un señor eminente, miembro de su
partido, Consejero de Trabajo dentro del Gobierno vasco, el señor
Jáuregui. Hemos acordado una fórmula de financiación con él, con los
agentes sociales vascos, con el Gobierno vasco en su conjunto y su grupo
en el Congreso de los Diputados no apoyó una propuesta que venía avalada,
y respeto absolutamente el funcionamiento de su grupo en el País Vasco y
de su grupo aquí. Por tanto, le reitero que en este caso no han sido
coherentes. Estoy seguro de que van a hacer un esfuerzo para, a partir de
ahora, no tan sólo defender con pasión sus posturas, sino también
compaginar, lo cual es bueno, y casar apasionamiento con coherencia.

Reconozco la complejidad a la que usted hacía alusión, pero creo que los
pasos que estamos dando no son atajos fraudulentos o de escenografía,
sino que son pasos firmes y con una línea muy marcada. En este sentido
creo que es importante que tengamos aprobada la ley del consejo general
de formación profesional; creo que es bueno que en este seno se debata el
programa nacional de formación profesional, con presencia de agentes
sociales y comunidades autónomas que darán mucha luz a este debate, y
creo que este conjunto de hitos configuran un camino cierto y, en ningún
caso ese atajo que, con cierta ironía apuntaba su señoría.

En cuanto a la intervención concreta del portavoz del Grupo Popular,
quiero agradecerle sus palabras de apoyo a la línea del Gobierno y
reiterarle nuestro compromiso de continuar en esta senda. Reconozco que
es muy importante la intervención que ha tenido también en la relación
programa plurianual de empleo con formación. El programa plurianual es un
requisito de la Unión Europea y vamos a tener también esa comprobación en
formación profesional, por tanto me parece muy acertada la propuesta de
que este camino se haga en diálogo con agentes sociales y comunidad
autónoma. Así lo procuraremos y creo además que es posible el deseable
consenso que, sin duda ninguna, iluminará el buen desarrollo de este
proyecto y esta ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea pedir alguna aclaración? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Agradezco su información, aunque,
permítame decirle que la que nos ha dado en su segunda intervención, no
ha sido mucha. Los consejos al sentido común y al desapasionamiento me
parecen muy bien, pero como eso es muy subjetivo, me permitirá decir que
estupendo, vale para todo en la vida pero no me aporta nada más.

Quiero decirle muy brevemente, primero, sentido común y desapasionamiento
lo tenemos comprobado en este tema, considerando que el año 1979 el
estatuto de autonomía establece en su artículo 9o.2.c) el fomento, el
incremento del empleo y la estabilidad económica que incluye la formación
profesional. Segundo, hay una fundación vasca, creada al amparo de una
disposición legal el año 1995, que no tiene articuladas las competencias
que debiera tener según ley. Tenemos sentido común y esperamos. A lo
largo de los últimos meses hemos tenido ocasión de discutir varias veces
sobre este tema y en concreto, como usted señalaba, en la aprobación o no
del Real Decreto-ley de 13 de diciembre, si no recuerdo mal del año
pasado. Volví a señalarle al señor ministro que, independientemente de
esa transferencia financiera, entendía que era importante hacer una
aproximación a cómo se resolvía el tema. En concreto mis palabras, si no
las recuerdo mal fueron: no se pueden hacer parches todos los años. Hay
que recoger el tema. Hay que mirar cómo está legalmente y hay que dar una
solución definitiva. Si no recuerdo mal le dije: Yo sé que usted no
comparte la idea de una transferencia de una competencia amparada
legalmente, pero hay que ver cómo se compatibilizan ambas cosas. Como
usted comprenderá, sigo teniendo paciencia y esperando.




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Tercero, lo único que estoy haciendo es recoger aquí una opinión política
que tiene el partido al que represento pero que, además, como usted bien
sabe, en este tema está consensuada con todos los partidos vascos en
múltiples ocasiones. Por tanto, es un tema al que no se le puede dar toda
la paciencia del mundo en la medida que ha habido paciencia de sobra,
pero que hay que resolver. Pues bien, a pesar de todo, yo espero su
programa nacional; pero, ¡ojo!, tenga en cuenta que tendrán que darnos
ustedes, si no el detalle en concreto, sí unas líneas generales de dónde
puede ir esa compatibilidad. Y esto no es apasionamiento. Es simplemente
realidad política y jurídica. Estamos de acuerdo en que tiene que haber
una cierta homologación, pero es que eso no tiene nada que ver con esto.

Al menos, y yo no soy una conocedora de este asunto en profundidad, que
se puedan hacer ambas cosas. Pero ése no es el tema. Existen dos
fundaciones relativas a la formación continua: una, de ámbito estatal, el
Forcem, salvo la Comunidad Autónoma del País Vasco y una en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y ambas son diferentes. No digo que sean ni
mejores ni peores. Las dos tienen un modelo, unas estructuras y unos
criterios de funcionamiento y de aprobación de proyectos diferentes,
quizá porque responden a realidades diferentes, que será correcto.

Por eso le digo que me parece muy bien lo que me está diciendo, y yo le
voy a esperar en el sentido de que hay que resolver los temas, pero no se
puede estar sine die, al menos en las líneas generales.

Por último, no voy a hablar de las coherencias e incoherencias. No he
hablado para nada de partidos, ya que es un tema en el que hay que ser
positivos. No merece la pena mirar al pasado, ya lo dije en diciembre,
merece la pena mirar al futuro.

Ustedes dicen que cumplen compromisos políticos. Yo, como usted
comprenderá, no soy la más adecuada para exigirles a ustedes el
cumplimiento de un pacto que no he firmado, pero sí que estoy legitimada
para exigir el cumplimiento de un desarrollo firmado por un Gobierno que
representa a los ciudadanos, que es el Gobierno vasco.

Yo lo que estoy pidiendo, simplemente, es que cumpla lo que se firmó en
julio de 1996. Le esperaré. No se preocupe; pero tiene que llegar y de
conformidad con la ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Agradeciéndole la
bienvenida que tienen las palabras que ha formulado S. S., le diré que,
por supuesto, cuando el Gobierno actúa con sosiego no quiere decir que
esté reñido con la eficacia. Usted me ha hecho una interesantísima
cronología de los hitos que afectan a esta materia, tanto en el
desarrollo del estatuto como en la propia Forcem.

Yo le recuerdo que el actual Gobierno se constituye en mayo. Hacemos una
relación generosísima de temas importantes para tratar. Este era un viejo
tema y venía de 1995, como usted sabe, y en julio, es decir, dos meses
después, firmamos el acuerdo con el País Vasco. Pudo haber sido más
rápido, pudo haber sido al día siguiente, pero reconozca que en este caso
ha habido una diligencia extrema y gran parte de la responsabilidad la
tienen los brillantes servicios del Gobierno vasco que nos han ayudado y
han trabajado intensamente con nosotros. Reconózcame que en este tema, y
en aspectos cronológicos puros, no de otra índole, la eficacia de este
Gobierno se puede demostrar: En dos meses teníamos firmado ya el acuerdo
con el Gobierno del País Vasco. Antes de final de año, y por un
procedimiento con cierta complejidad como es un decreto-ley, hemos
firmado, ese mismo año, fruto de esa paciente espera a la que me hacía
usted alusión, la financiación. En este sentido convendrá conmigo en que
el Gobierno también ha demostrado, aparte del sosiego debido a esta alta
responsabilidad, diligencia y celeridad, llevaba años pendiente y ha
quedado solucionado en un solo año.

Coincidiendo con usted en que tenemos que buscar un modelo que sea
estable, ya que lo contrario no es bueno ni para un Gobierno ni para
nadie. Ese modelo estable es importante para esa política de convivencia
que le reitero y que creo que va a ser posible.

Hasta ahora, me alegra que nos espere, porque siempre es bueno tener
compañeros, aunque sea esperando en un recodo del camino, porque siempre
se siente uno acompañado. Esperemos que dentro de muy poco también
estemos hablando de proyectos futuros, como hasta ahora, repito, los
hechos --los hechos son constatables y las palabras se las lleva el
viento-- están demostrando.




PREGUNTAS (Continuación):



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE EL BALANCE DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS LABORALES
EXISTENTES EN EL AÑO 1996. (Número de expediente 181/000339.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el Diputado de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya don Ricardo Peralta, sobre el balance de
las modalidades de contratos existentes en el año 1996.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy breve, señor Pimentel, porque me
consta que este tema ya ha sido objeto de un informe del ministerio y de
una presentación por su parte. Nos gustaría saber cuál es el balance de
las distintas modalidades de contratos laborales en el año 1996.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Durante el año
1996 en nuestro país se ha efectuado un total de 8.627.547
contrataciones, lo que ha supuesto un crecimiento importante del 17,7 por



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ciento en relación con 1995, año en que hubo 7.330.094 contrataciones.

Sin embargo, este considerable aumento no se traduce directamente en un
descenso del paro registrado de la magnitud que cabría esperar debido al
tipo de contrato utilizado, a su duración y al número de personas
afectadas. De las modalidades de contratación efectuadas, los tres tipos
más utilizados han sido el eventual por circunstancias de la producción,
que, con 2.784.008 contratos, supone el 32 por ciento del total; los de
obras o servicios determinados, que se elevan a 2.523.626, y que
representan el 28 por ciento de los realizados, y los de tiempo parcial,
con 1.626.233 contratos y un porcentaje de casi el 19 por ciento del
total. Esto supone que ocho de cada diez contratos se realizaron en estas
tres modalidades.

Considerando la distribución de las modalidades de contratación por
sectores de actividad, se constata que en el sector servicios se utilizan
mayoritariamente los contratos eventuales y los contratos a tiempo
parcial, mientras que en la construcción el más utilizado es el de obra o
servicio y en la agricultura y la industria se han utilizado
fundamentalmente los de obras o servicios y el eventual.

Por lo que se refiere a la duración de los contratos, tengo que decir que
únicamente el 4 por ciento de la totalidad de los efectuados en 1996 han
tenido carácter indefinido, mientras que, del resto, realizado en
modalidades de duración determinada, el 70 por ciento tuvieron una
duración inferior a los tres meses.

Esta rotación en el mercado laboral se corrobora al relacionar el número
total de contratos registrados con el de personas afectadas por los
mismos. Así, los algo más de ocho millones de contratos han sido
suscritos por 4.391.262 personas, lo que da una media de 1,87 contratos
por trabajador contratado durante 1996. Se puede decir que del total de
personal contratadas el 61 por ciento lo ha sido una sola vez en el año,
el 22 por ciento han sido contratadas dos veces y el 17 por ciento
restante ha tenido tres o más contrataciones en el año.

Este problema --que, según he podido comprobar, es una preocupación
general-- no afecta únicamente a los trabajadores y a sus expectativas de
desarrollar una verdadera carrera profesional y de afrontar sin tanta
incertidumbre un futuro, sino que también resulta un elemento muy
perjudicial para el desarrollo de las propias empresas y del conjunto de
la economía del país.

Por tanto, en este año, una de las principales prioridades que vamos a
afrontar desde nuestras responsabilidades públicas es la de intentar
corregir, en la medida de lo posible, este factor de temporalidad e
incertidumbre en nuestro mercado laboral. Además, estamos en unas fechas
muy importantes, muy trascendentes, porque nos encontramos en la recta
final de las negociaciones entre las organizaciones empresariales y
sindicales, dentro de la mejora del mercado de trabajo. Como usted sabe,
el capítulo más importante de esta negociación es, sin duda, conseguir
dotar de mayor estabilidad a nuestro mercado laboral. En este sentido, y
con el compromiso que hemos adquirido con los agentes sociales,
reiteramos nuestro aliento al buen fin de esta importantísima
negociación.

El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por sus datos.

Creo que hay un informe elaborado por el ministerio sobre este asunto de
la contratación en el año 1996. Si es así, pienso que sería útil que nos
pudiera remitir un ejemplar del mismo a los componentes de la Comisión,
en la medida en que es un tema importante. Le doy las gracias por
anticipado.

De los datos que usted me proporciona, señor Pimentel, podemos sacar
algunas conclusiones, conclusiones que van más allá de lo que fue la
contratación en el año 1996. Partiendo de esos datos del año 1996 quizá
podamos hacer una valoración sobre la reforma laboral del año 1994. Los
datos del año 1996 nos permiten constatar ciertas cosas. En primer lugar,
un incremento importante del número de contrataciones que se efectuó en
ese año 1996. Según los datos que usted ha dado, un 17,7 por ciento más
de las realizadas en el año 1995. Un crecimiento importantísimo.

Desgraciadamente, la actividad económica no creció, ni por asomo, ese
17,7 por ciento en que aumentó el número de contrataciones el año 1996.

Ese crecimiento importante del número de contrataciones no se
correspondió, como usted mismo ha reconocido, con un descenso en términos
próximos del paro. El número de parados registrados en el Inem en el año
1996 descendió sólo en 160.859 personas, una cifra notablemente alejada
de los ocho millones seiscientas y pico mil contrataciones y de ese
crecimiento del 17,7 por ciento.

Por otra parte, se puede constatar un incremento de la precariedad, y
usted ha hecho referencia a algunos datos muy significativos. Si de los
8.600.000 contratos que se efectuaron en el año 1996, en torno a
8.200.000 eran contratos temporales, más del 70 por ciento de esos
contratos tenían una duración inferior a tres meses, pero es que más del
50 por ciento tenían una duración inferior a un mes.

Yo no creo, señor Pimentel, que la estructura económica de este país haya
producido tal giro que se justifique objetivamente esta realidad. Creo,
además, que ésa es una convicción que tiene usted, que tiene el actual
Gobierno y que tiene buena parte de la ciudadanía. Usted ha hecho
referencia a que nos encontramos en presencia de un problema que no sólo
perjudica a los trabajadores y a sus expectativas de desarrollo
profesional, sino que es un problema real para las empresa y, en
definitiva, para toda la economía. Creo que eso es verdad, comparto esa
afirmación que ha realizado usted. Por tanto, las modalidades
contractuales es algo que debería revisarse. Además, los datos que usted
nos proporciona nos permiten cuestionar algunas de las razones que se
dieron cuando se defendía la reforma laboral del año 1994. Se hablaba
entonces de que los contratos temporales se convertían en fijos. Según
los datos de 1996 de que dispongo, escasamente 26.500 contratos
temporales de esos ocho millones y pico que se hicieron se convirtieron
en indefinidos. Por tanto, no es verdad que el fomentar la contratación
temporal produzca finalmente el resultado de incrementar la contratación
indefinida.




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En definitiva, señor Pimentel, estos datos de contratación temporal del
año 1996 nos permiten sacar algunas conclusiones sobre resultados ya en
alguna medida --por decirlo así-- consolidados de la reforma laboral del
año 1994. Yo tuve ocasión de discutir aquella reforma laboral del año
1994. Recuerdo que se me dijo que esa reforma laboral iba a producir mil
empleos diarios. Pues, bien sea por corto o por largo, no se acertó. Si
se hablaba de mil empleos fijos, desgraciadamente no van por ahí los
tiros, el año pasado el paro sólo descendió en 160.000 personas. Si se
hablaba de mil empleos de cualquier tipo se quedó muy corto, porque el
número de contrataciones es de casi tres mil diarias.

Creo, en definitiva, que estos datos nos permiten hacer una valoración
más adecuada de aquella reforma laboral del año 1994 y pienso que
deberíamos abandonar algunas afirmaciones que se hicieron en aquel
momento. El paro sigue siendo un problema en nuestro país. Estoy
convencido de que ésa es una opinión que comparte el Gobierno, que
comparten todas las fuerzas políticas y comparten todas la fuerzas
económicas y sociales, pero los datos de aquella reforma laboral de 1994
no se corresponden con lo que se esperaba, y creo, señor Secretario de
Estado, que la mejor manera de evitar repetición de errores es cambiar el
método.

Aquélla fue una reforma laboral que se hizo sin consenso. Ha hecho usted
referencia a que se está negociando en este momento. Creo que acierta
usted cuando pide que haya ese consenso y apuesta por él. Yo le digo que
el mercado laboral de nuestro país si algo requiere es que haya ese
consenso. Intervenciones sin acuerdo sólo servirían para complicar mucho
más la situación.

Por tanto, termino diciendo que estoy conforme con lo que usted decía:
dejemos que los agentes sociales asuman su responsabilidad y confiemos en
que la misma se traduzca en un cambio en el mercado laboral que produzca
los efectos positivos que todos deseamos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Con brevedad.

Siempre una evaluación global de los datos de un año nos permite hacer un
análisis de lo que fue la reforma de 1994. No lo haré en este momento,
pero sí le puedo decir, y soy un convencido, de que la reforma de 1994
tuvo elementos negativos y elementos positivos. No cabe duda de que en el
mercado de trabajo español ha habido una mejora sustancial en cuanto que
se ha permitido crear empleo con menos crecimiento del producto interior
bruto. Si hablábamos antes de que en 1994 hacía falta un 3 por ciento
para crear empleo, ahora mismo estamos hablando de un 1,5; por tanto, es
un elemento que creo que hay que reconocer que es positivo y por lo menos
desde el Gobierno así lo creemos.

También ha tenido elementos negativos y no cabe duda de que la cara más
visible de ese elemento negativo es esa altísima rotación en el empleo y
esa altísima tasa de trabajo temporal que ya duplica o triplica la media
de la Unión Europea y que, por tanto, es un problema que tendremos que ir
solucionando. Yo creo que es bueno que lo solucionemos sin perjudicar los
elementos positivos que sin duda también tuvo el avance en la legislación
laboral.

Una única matización en cuanto al número de ocupados. Usted sabe que, al
fin y al cabo, cualquier encuesta o cualquier dato es una fotografía en
un momento determinado. En este caso el número de ocupados que existía a
final de año, en el último trimestre del año 1996, ha dado un incremento
de 400.000 ocupados a lo largo del año. No quiere decir que a lo mejor
todos los meses haya habido 400.000 ocupados más, pero que en ese momento
los había y, por tanto, sí es posible que estemos hablando en la
previsión de este año de una cifra de creación de empleo muy importante.

España está ahora mismo --y creo que es una dinámica un poco atípica
dentro del conjunto europeo, donde hay países que están teniendo una peor
trayectoria en su mercado de creación de empleo-- en una dinámica de
creación de empleo importante, aunque todavía obviamente para todos
nosotros insuficiente. Sin embargo, es bueno saber que estamos en esa
dinámica fundamental de creación de empleo y por eso es tan significativo
conseguir de forma consensuada esa mejora del mercado de trabajo que
permitiendo e incluso alentando esa dinámica de creación de empleo nos
permitiera además --y siempre es bueno ser ambicioso en los objetivos--
más empleo y encima conseguirlo con mayor estabilidad.

Están negociando los agentes sociales, el Gobierno tiene el compromiso de
no interferir y, por tanto, no tengo que aportar nada más que el aliento
al buen fin de esas negociaciones.




--DEL SEÑOR VAZQUEZ VAZQUEZ, DON GUILLERME (GRUPO MIXTO), SOBRE
NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, EN
REPRESENTACION DEL SECTOR DE PESCA DE BAJURA Y LITORAL, AL CANDIDATO
MENOS VOTADO POR LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR. (Número
de expediente 181/000372.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, con la gentil deferencia del señor Peralta,
a la pregunta del señor Vázquez Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego,
que formula una pregunta sobre el nombramiento como miembro del Consejo
Económico y Social, en representación del sector de pesca de bajura y
litoral, al candidato menos votado por las organizaciones menos
representativas del sector.

Tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, quisiera
hacer extensiva mi gratitud al señor Peralta por esta gentil deferencia.

En todo caso, para poner en antecedentes a SS. SS. de por qué formulamos
esta pregunta, empezaré diciendo que



Página 4079



efectivamente a principios de año más o menos y por real decreto se
dispuso el cese de los miembros del Consejo Económico y Social por
concluir el plazo de mandato.

Para que SS. SS. lo sepan les diré que el Consejo Económico y Social
tiene en representación del sector marítimo y pesquero tres
representantes: uno de pesca de altura y gran altura, otro de pesca de
bajura y litoral y otro del sector de acuicultura.

Es práctica habitual o era práctica habitual en el Ministerio de Trabajo
proceder a nombrar como representante en el CES a la persona más votada
entre las organizaciones representativas de cada uno de estos fragmentos
que cité antes de este sector y así lo hizo el ministerio en lo que se
refiere a pesca de altura y a la acuicultura, siguiendo además, según
nuestro criterio, las indicaciones que marca la ley por la que se crea el
Consejo Económico y Social. Sin embargo, el ministerio no ha actuado así
en el caso de pesca de bajura y litoral.

Deben conocer SS. SS. que las organizaciones de productores pesqueros de
pesca de bajura y litoral se reunieron el 4 de diciembre de 1996 en la
sede de la Secretaría General de Pesca Marítima, convocados, por cierto,
por el señor Secretario General, y efectuada la votación entre los
asistentes, bien por voto propio o delegado, resultó que el candidato que
representaba en este caso a la organización de productores de pesca
fresca de Marín obtuvo nueve votos, frente a otro candidato que obtuvo
seis votos. De esta reunión y votación se levantó la correspondiente acta
y, sin embargo, el Ministerio de Trabajo procedió a nombrar como miembro
del CES al candidato menos votado en esta reunión.

Esta decisión, que según nuestro criterio rompe este modo habitual de
proceder, resulta cuando menos sorprendente y causó malestar en ese
sector. Nosotros pensamos que el CES debería contar entre sus miembros y
por su propio carácter con las personas más representativas de estos
sectores y en este caso no es así.

Por tanto, nosotros pensamos que el Ministerio de Trabajo debe tener
poderosas razones que avalen la decisión que tomó en este caso y por eso
formulamos la pregunta escrita: ¿Qué criterios sustentan esta decisión
del Ministerio? (El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE: (Azpiroz Villar): Tiene la palabra el señor
Secretario General de Empleo para responderle.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Con mucha
brevedad.

Efectivamente, el artículo 2.º de la Ley 21/1991, de 17 de junio,
determina la configuración y no tan sólo la creación del Consejo
Económico y Social, sino también el criterio de representación para cada
uno de sus miembros. Así los miembros, por ejemplo, del grupo primero,
serán designados por las organizaciones sindicales más representativas;
el número 3 indica que igualmente los representantes del grupo segundo
serán designados por las organizaciones empresariales más
representativas; ahora bien, el número 4 b) de dicho artículo 2.º destaca
que los representantes del grupo tercero, correspondiente al sector
marítimo-pesquero, serán propuestos por las organizaciones de productores
pesqueros con implantación en el sector.

Consultado el Ministerio de Agricultura y la Secretaría General de Pesca
en cuanto entendíamos que tienen un mayor conocimiento de ese sector
específico y ante la diversificación del sector con cerca de medio
centenar de asociaciones que intentan representar al mismo, la
inexistencia de un órgano colegiado que agrupe a todas ellas y la falta
de un mecanismo de selección de candidatos, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, tras consultar con las asociaciones existentes,
propuso al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales un candidato que éste
elevó y que fue aceptado por el Gobierno.

Este ha sido, entendemos que cumpliendo estricta y rigurosamente los
trámites --una propuesta hecha, además, por el ministerio que conoce
íntimamente la realidad del sector-- el procedimiento para proponer a
dicho candidato.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Tiene la palabra el señor
Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (D. Guillerme): Si he entendido correctamente,
el Ministro de Trabajo nombró miembro del CES en representación de este
sector al candidato que propuso el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ¿es lo que está diciendo? No varió el nombramiento respecto
al que propuso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es por
dejarlo claro, nombraron al que propuso ese ministerio.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Tiene la palabra el señor
Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señor Presidente,
me nacía la duda de si podía intervenir y le agradezco también su
deferencia, señoría.

Como le repito, sí fue consultado el Ministerio de Agricultura, el nombre
viene propuesto por este Ministerio. Además no conozco el sector y por
eso creo que es prudente preguntar a las personas que lo conocen y una
vez que nos dieron la propuesta, la elevamos.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE BALANCE DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL AÑO 1996.

(Número de expediente 181/000347.)



El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Pasamos a la pregunta número
11, del señor Peralta, en relación con el balance de la siniestralidad
laboral en el año 1996.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Pimentel. ¿Cuál es el
balance de la siniestralidad laboral de ese año 1996?



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El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): El señor Pimentel tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): El número de
accidentes de trabajo ocurridos en 1996 ascendió a 1.212.846. De ellos,
655.575, el 54 por ciento, causaron al menos un día de baja al
trabajador, mientras el resto, 557.271, no dieron lugar a la baja médica
del accidentado. De los accidentes con baja, los más normales para el
estudio de la siniestralidad laboral, 616.237, lo fueron en jornada de
trabajo y 39.338 se produjeron en desplazamiento hacia o desde el lugar
de trabajo, constituyendo los denominados técnicamente accidentes o
siniestralidad in itinere. Comparando estos datos con los de 1995 se
aprecia que en 1996 se ha producido un aumento generalizado del número de
accidentes, exceptuando los mortales cuya cifra total ha disminuido
respecto del año anterior. Haciendo referencia exclusivamente a los
accidentes con baja se comprueba que los ocurridos en jornada de trabajo
han crecido un 4 por ciento y los in itinere un 7,5 por ciento.

Sin embargo, hay que destacar, como ya indiqué anteriormente, que la
cifra de accidentes mortales se ha reducido respecto a 1995 en un 3,3 por
ciento, con un descenso en el índice de incidencia de los 10,07 por cada
100.000 trabajadores en 1995, hasta el 9,76 en 1996.

Como balance global, únicamente quiero destacar el aspecto positivo de
que hayan sido menos los accidentes mortales. De todas formas, hemos
reiterado públicamente la no satisfacción del Gobierno con la marcha de
los datos de siniestralidad laboral, lo que nos ha decidido a impulsar
extraordinariamente la constitución de la comisión nacional de salud
laboral, la aprobación del decreto, que ya está aprobado y en
funcionamiento, de los servicios de prevención y la aceleración en los
trámites de la trasposición de la directiva, que serán objeto de otra
pregunta.




El señor VICEPRESIDENTE (Aspiroz Villar): Tiene la palabra don Ricardo
Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por los datos que nos
ha proporcionado. A través de estos datos, señor Pimentel, podemos
afirmar, al igual que ocurría con la anterior pregunta que usted
contestaba, que estamos en presencia de un grave problema de la economía
y de la sociedad de nuestro país. Con estos datos, nuestro país sigue
siendo uno de los países donde el nivel de accidentalidad laboral es más
importante en el conjunto de la Unión Europea. Y esto tiene graves
repercusiones desde el punto de vista del derecho a la salud e integridad
física de los trabajadores, sin lugar a dudas, que son los principales
perjudicados, pero también desde el punto de vista de los intereses
generales. El costo que tiene este nivel de accidentalidad es muy
importante para toda la economía española, para las empresas y, por
supuesto, para las familias. Por tanto, seguimos teniendo un grave
problema en nuestro país.

La evolución de estos datos en el año 1996 nos hace pensar --y creo que
compartirá esta opinión-- que se ha producido un incremento de
accidentalidad que no guarda relación exacta con el incremento del
empleo, por lo que es necesario adoptar medidas para intentar no sólo
impedir que crezca la accidentalidad sino para conseguir --como
efectivamente deseamos todos-- que se reduzca.

Creo que usted ha puesto de manifiesto, muy acertadamente, que el
Gobierno no se siente satisfecho con este balance y ha hecho referencia a
determinadas medidas que se han puesto en práctica. Yo celebro esas
medidas que se han puesto en práctica y creo que habría que pensar en más
medidas para intentar conseguir el resultado que todos deseamos
Desde ese punto de vista, todo lo que sea promover acuerdos entre los
agentes sociales en relación con esta materia es desde luego fundamental.

En todo caso, más allá de la labor que pueden hacer los agentes sociales,
creemos que es muy importante conseguir fomentar la conciencia individual
de los trabajadores y de los empresarios acerca de la extraordinaria
importancia de la seguridad laboral, y las labores que se puedan realizar
en tal sentido desde la Administración pública tienen una gran
trascendencia.

Sin lugar a dudas, se pueden llevar a cabo otras labores de la
Administración. La actuación del órgano de la Inspección de Trabajo, en
la medida en que es el encargado de velar por el cumplimiento de la
normativa e impedir que, como se constata en la realidad, incumplimientos
legales puedan producir resultados dañosos y dañinos, es otra de las
actividades que se pueden realizar.

En definitiva, señor Pimentel, creo que la realidad nos exige dar una
respuesta a tono con este grave problema. También quiero decirle que lo
que se pueda hacer por parte del ministerio en este sentido desde luego
contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario y con el incentivo a
tal actuación, que es el objetivo fundamental de esta pregunta.




El señor VICEPRESIDENTE (Aspiroz Villar): tiene la palabra el Secretario
General de Empleo.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Unicamente quiero
agradecerle su intervención, con la que me siento totalmente de acuerdo,
así como obligado y comprometido a redoblar el esfuerzo.

Sólo quiero decirle que aquí hay dos tipos de acuerdo: uno, de los entes
sociales, pero también es muy importante el concierto con las comunidades
autónomas que, como usted sabe, son las competentes en el desarrollo de
la política de prevención de riesgos laborales. En este sentido, la
constitución de la comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo
creo que va a crear un órgano poderoso. El ministerio hará lo que tenga
que hacer, pero es muy importante ese concierto de actuación con las
comunidades autónomas.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR



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LA PRESENCIA Y ACTUACION DE LA INSPECCION DE TRABAJO EN LA ISLA DE
LANZAROTE. (Número de expediente 181/000348.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aspiroz Villar): Pregunta sobre las medidas para
mejorar la presencia y actuación de la Inspección de Trabajo en la isla
de Lanzarote, que formula don Ricardo Peralta, que tiene la palabra. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, es de todos sabido que la
configuración insular, tanto de Canarias como de Baleares, conlleva
determinadas peculiaridades. En esta Comisión, presidida por un ilustre
canario, no hace falta abundar en este tema, porque, además, a su
condición de canario une su condición de especialista en materia laboral.

A nuestro grupo parlamentario ha llegado una petición de los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT --y creo que es una opinión que comparten los
empresarios-- acerca de la necesidad de un mejor servicio de la
Inspección de Trabajo en la isla de Lanzarote, una isla en la que, como
es sabido, el sector hostelero tiene una presencia significativa y en la
que, lógicamente, se produce el tipo de actuaciones y de prácticas
administrativas y laborales que ocurren en todos los sectores y, por
supuesto en el sector de la hostelería en el resto del Estado. Pero, a
diferencia de esos otros territorios del Estado, tienen una menor
presencia de la Inspección de Trabajo.

Los sindicatos de trabajadores, y estoy convencido de que también los
propios empresarios, tienen necesidad de que la Administración funcione
en los niveles de corrección, al menos, del resto del Estado. En este
sentido, me gustaría saber si por parte de la Administración se van a
tomar medidas para mejorar la presencia y actuación de la Inspección de
Trabajo en la isla de Lanzarote, de la misma manera que me consta que
está planteada también --y tengo una respuesta del propio Gobierno
diciendo que la ve, en principio, con buenos ojos-- la posibilidad de que
la jurisdicción social pudiera establecer un distrito judicial en esa
misma isla.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente,
desde hace varios años viene planteándose por los agentes sociales de
Lanzarote la posibilidad de crear en dicha isla un servicio u oficina
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicha
iniciativa, que ha vuelto a plantearse recientemente por la delegación
insular del Gobierno de Lanzarote y por la Dirección General de Trabajo
de la Comunidad Autónoma canaria, podría tener una acogida favorable --y
de hecho, tenemos voluntad que así la tenga-- siempre que
simultáneamente, y es bueno que lo reseñemos, se resolviese otro tipo de
problemas. Me refiero, en primer lugar, al incremento presupuestario
derivado de unas mínimas necesidades de puesta en funcionamiento,
dotación de personal de apoyo administrativo, locales, material de
oficina, abono de indemnizaciones por residencia, superiores en Lanzarote
que en Gran Canaria, al margen de otros condicionantes de tipo técnico,
en particular las conexiones informáticas.

En cualquier caso, para situar la cuestión, convendría indicar que las
organizaciones sindicales, principales demandantes del servicio,
únicamente habían presentado 14 denuncias en los nueve primeros meses de
1996. No obstante, y a pesar de esta pequeña cifra, entendiendo que
estamos obligados a cubrir la inspección sita en Las Palmas desplaza
mensualmente y de forma ordinaria a la isla de Lanzarote a un inspector y
dos controladores laborales para atender las actuaciones demandantes,
desplazamientos que se reiteran en caso de actuaciones especialmente
urgentes.

Asimismo, en el último trimestre de 1996 y por espacio de cinco días, se
han llevado a cabo una serie de actuaciones de tipo extraordinario a
cargo de un inspector y de cuatro controladores laborales, principalmente
en labores de lucha contra la economía sumergida en dicha isla.

Entendemos que, aunque vamos a procurar atender a estas instalaciones, en
ningún momento ha dejado de estar cubierto el servicio por la acción de
la Inspección de Trabajo y Seguridad con estos desplazamientos habituales
y extraordinarios, siempre que ha hecho falta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, de su respuesta quiero quedarme
con la afirmación de que es voluntad del Gobierno atender esa exigencia,
más allá de las personas concretas que formulen denuncias; es exigencia
de la propia Administración atender la realidad social, porque la
Inspección de Trabajo no actúa sólo con denuncia, actúa también de
oficio. Estamos en presencia de una parte del territorio español, donde
hay una población laboral y una problemática laboral importantes. Más
adelante, tendremos ocasión de ver cómo en una de las islas de Canarias
se plantea una actuación ante un problema grave, sin lugar a dudas.

Creo, señor Pimentel, que lo importante es eso: hagamos realidad una
mejor presencia de la Inspección de Trabajo en la isla de Lanzarote, que
por supuesto siempre plantea dificultades de todo tipo, presupuestario,
técnico, pero que la voluntad política y la voluntad social de dar
respuesta adecuada de la presencia de la Administración sea realidad lo
antes posible. Estoy convencido de que las propias autoridades insulares,
los propios organismos sociales, sindicatos, empresas, están dispuestos a
colaborar. Hace falta que, por parte de la Administración central, por
parte del Ministerio de Trabajo, exista esa voluntad decidida y podamos
ver pronto esa mejor presencia de la Inspección de Trabajo en esta isla.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE EVALUACION PARA LAS



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PLANTILLAS DE INSPECTORES DE TRABAJO Y CONTROLADORES LABORALES EN EL AÑO
1997. (Número de expediente 181/000349.)



El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, también del señor Peralta:
Evaluación para las plantillas de inspectores de trabajo y controladores
laborales en el año 1997. Tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, muy brevemente.

Esta es una pregunta que suelo hacer desde hace años de forma reiterada
porque tengo una gran estima a la Inspección de Trabajo, quizá por mi
época, ya un poco lejana, de abogado laboralista, pues estoy convencido
de que desempeña una labor muy importante en el marco de unas relaciones
laborales desequilibradas, en el que los empresarios tienen una posición
más fuerte que la de los trabajadores. Eso llega a cuestionar incluso el
propio cumplimiento de las normas y convenios laborales. Hace muchos
años, la conciencia democrática llegó a la conclusión de que hacía falta
ese tipo de actuaciones por parte de la Administración para garantizar el
cumplimiento de la ley. Esto se concreta al final en plantillas porque,
si tenemos una legislación y no hay plantilla que cumpla esas funciones,
nos quedaríamos en el papel.

Por eso, me parece importante saber cuál es la evolución que va a tener
la plantilla de inspectores y de controladores laborales en el año 1997,
que es el primer año en que el Gobierno del Partido Popular tiene la
capacidad de controlar este tema.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Compruebo que S.

S. tiene una intensa y extensa actividad parlamentaria, no haciendo bueno
el principio de reparto del trabajo que su grupo político preconiza, pues
veo que no sólo concentra gran parte de trabajo sino que une esta extensa
e intensa actividad parlamentaria con un carácter ritual, que le
agradezco, en temas de tanta importancia como es la Inspección de
Trabajo.

A fecha 1 de febrero, las plantillas de inspectores y controladores son
las siguientes: Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 612;
controladores laborales, 798. En estos momentos, está a punto de comenzar
la fase práctica del curso selectivo para el ingreso en el Cuerpo
superior de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya primera fase
han superado 20 opositores que en los próximos meses se incorporarán a la
plantilla. Recientemente ha concluido el mismo curso práctico de las
últimas oposiciones al Cuerpo de controladores laborales, estando
asimismo prevista la incorporación de 20 nuevos funcionarios en próximas
fechas. Por último, se hace constar que el pasado domingo, día 16 de
febrero, tuvo lugar el primer ejercicio de la oposición al Cuerpo de
inspectores de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente a la oferta de
empleo público de 1996, en la que están convocadas 20 plazas. Por el
momento desconocemos las previsiones de oferta de empleo público para
1997; en cuanto tengamos noticias, estaremos dispuestos a aportárselas.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, de lo que usted me dice deduzco
que los datos que me proporciona corresponden a previsiones del año 1996,
en el sentido que son oposiciones cuyas primeras fases se celebraron en
el año 1996; algunas de ellas, en el caso de las oposiciones de
inspectores, según me ha dicho usted, van a comenzar la fase práctica;
más o menos, lo mismo en el caso de controladores y el último dato era la
convocatoria de 20 plazas nuevas. Creo recordar que me ha dicho usted
literalmente ahora que desconoce los datos del año 1997.

Permítame que le diga que ya estamos en febrero de 1997 y sería bueno y
deseable que, cuanto antes, nos pongamos en marcha, entre otras cosas --y
me gustaría que me confirmara este dato-- porque me da la impresión de
que se está produciendo un descenso en el número real de funcionarios en
los dos cuerpos. Si eso es así, redunda en un peor servicio de un
organismo básico en las relaciones laborales de nuestro país,
desgraciadamente básico, pero tampoco especialmente distinto de lo que
ocurre en otros países que tienen este servicio. Incluso hay convenios de
la OIT sobre esta materia, señal de que se considera imprescindible por
todas las conciencias democráticas. Creo que, en el caso de nuestro país,
bastan los datos y --no lo he preguntado ahora, pero lo preguntaré
pronto-- el balance de la actuación de la Inspección de Trabajo para que
veamos que efectivamente sigue siendo necesario que la Inspección de
Trabajo esté presente, porque sus resultados confirman la necesidad de
este organismo.

Por tanto, me gustaría, señor Pimentel, urgirle a que las previsiones del
año 1997 se efectúen cuanto antes y que me diga si es verdad que
efectivamente se está produciendo ese descenso del número real de
funcionarios en la Inspección de Trabajo, tanto en el Cuerpo de
inspectores como en el de controladores.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente, le
he concretado numéricamente las oposiciones en marcha, la que se inicia
correspondiente a la oferta pública de empleo de 1996, dado que la de
1997 tiene el límite de 31 de marzo para anunciarlo. Estamos en pleno
debate ahora mismo, todavía no es público, pero lo va a ser en muy breves
fechas, dado que hay voluntad, lo reitero, de incrementar el número de
plazas anualmente. Usted sabe que el Gobierno, con un firme compromiso de
austeridad presupuestaria, está siendo muy celoso a la hora de convocar
nuevas plazas públicas. No va a ser éste el caso de la Inspección de
Trabajo, dado que coincidimos en la importancia que tiene y la necesidad
del mantenimiento de su número de efectivos, máxime cuando el ministerio,
al igual que tiene como prioridad absoluta el mantenimiento de los
derechos sociales, también tiene otra



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política paralela para evitar el fraude insolidario que realizan las
personas en lo social al conjunto de normas laborales, bien sean
perceptores o empresarios. En este sentido, la voluntad es el
mantenimiento y la mejora en personal y medios de este importantísimo
Cuerpo.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA LA FIJACION DEL SALARIO
MINIMO INTERPROFESIONAL EN LA PRESENTE LEGISLATURA. (Número de expediente
181/000350.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Peralta Ortega: Criterios del
Gobierno para la fijación del salario mínimo interprofesional en la
presente legislatura.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, el dato de la subida del salario
mínimo interprofesional en este año 1997 en el 2,6 por ciento,
coincidiendo con la previsión de inflación del Gobierno para este año
1997 es ya conocido. Por tanto, más allá de constatar que esa cuantía
queda lejana de la que reclamaban los agentes sociales, los sindicatos, a
mí me gustaría, señor Pimentel, conocer los criterios que tiene el
Gobierno del Partido Popular en relación con el salario mínimo
interprofesional en la presente legislatura, que es la que tiene en estos
momentos el mandato popular para gobernar.

En este sentido, quisiera ponerle de manifiesto algunas reflexiones. La
primera de ellas es que nuestro país tiene ya hace tiempo suscrita y
ratificada la Carta Social; creo recordar que fue exactamente en el año
1980 cuando se ratificó la Carta Social. De acuerdo con la Carta Social
del Consejo de Europa debe equivaler en torno al 68 por ciento del
salario medio. Si eso fuera así en nuestro país, el salario mínimo
interprofesional sería notablemente más alto del que tenemos en estos
momentos. Y éste es un dato que consideramos importante para el proceso
de homologación europea que debe producirse en todos los terrenos, no
exclusivamente en el terreno económico. Es verdad que la legislación de
nuestro país fija unos criterios determinados, pero en ocasiones nos da
la impresión de que esos criterios tampoco se atienden en su integridad.

Por ejemplo, en este año 1997 si se atendiera al índice de precios al
consumo, a la productividad media, etcétera, posiblemente los resultados
hubieran sido distintos de ese 2,6 por ciento que es la cifra que
finalmente se ha utilizado.

La diferencia entre trabajadores mayores de 18 años y menores de 18 años
es un dato que chirría en la medida en que puede introducir una
discriminación injustificada o sólo justificada por razones de edad que,
en definitiva, sería injustificada. Yo creo que esta conciencia la tiene
también el propio Gobierno y, de hecho, hemos de constatar que en el año
1997 se ha producido un incremento especialmente alto en relación con el
salario mínimo de los trabajadores menores de 18 años. También es verdad
que, en ocasiones, el salario mínimo no sirve realmente como referencia
exacta para trabajadores mayores de 18 años como consecuencia de la
aplicación de determinados contratos, que posibilitan que mayores de 18
años puedan percibir retribuciones inferiores a la del salario mínimo
interprofesional.

En definitiva, señor Pimentel, estamos en presencia de una institución
del derecho laboral --el salario mínimo interprofesional-- que es
importante. No se puede saber con exactitud cuántos, pero en cientos de
miles de trabajadores su salario guarda referencia, total o parcial, con
el salario mínimo interprofesional. Hay además varios cientos de miles de
prestaciones que están indiciadas con el salario mínimo interprofesional,
aparte de otro tipo de instituciones o de mecanismos del Estado del
bienestar que también guardan relación con este tema. Por tanto, me
gustaría saber cuáles son los criterios con los que el Gobierno del
Partido Popular se plantea la fijación del salario mínimo
interprofesional en esta legislatura.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Los criterios a
considerar para el establecimiento anual del salario mínimo
interprofesional se encuentran recogidos en el artículo 27,1 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto legislativo 1/95, de 24
de marzo. En dicho artículo se establece que el Gobierno fijará la
cuantía del salario mínimo para cada ejercicio anual, previa consulta con
las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la
productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación
del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. De
estos cuatro factores, los dos primeros --el índice de precios al consumo
y la productividad media nacional-- tienen la posibilidad de una
expresión numérica más precisa. Por el contrario, los otros dos no tienen
una traducción cuantitativa o aritmética determinada dado que lo que se
pretende por su consideración es, en el caso de la participación del
trabajo en la renta nacional, poder influir mediante el salario mínimo en
el incremento de dicha participación y en el caso de la coyuntura
económica, no medible mediante un solo indicador, que la cifra del
salario mínimo sea coherente con dicha coyuntura y con los objetivos
económicos y sociales del Gobierno.

La determinación del salario mínimo debe ser, por tanto, el resultado de
la valoración conjunta de todos estos factores, algunos medibles
numéricamente y otros con mayor complejidad, debiendo tener en cuenta
especialmente que la necesidad de considerar un factor de valoración tan
amplio como el de la coyuntura económica general introduce un elemento de
apreciación que influye de forma importante en la cifra final del
incremento del salario mínimo.

Como usted sabe, el salario mínimo perdió poder adquisitivo en relación
con el IPC en los últimos años y tengo que darle la buena noticia que es
el primer año que el salario mínimo recupera poder adquisitivo. Si bien
son tres décimas, que hace años que no se daba, ha sido precisamente en



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el año 1996 cuando se incrementó en un 3,5 por ciento, siendo, al final,
la subida del IPC de un 3,2 por ciento. Es una buena noticia esas tres
décimas de recuperación de poder adquisitivo.

También quiero resaltar que este año se ha continuado el progresivo
acercamiento iniciado en 1996 entre los salarios mínimos de los menores y
de los mayores de 18 años, tendente a lograr su definitiva equiparación.

Por ello el salario mínimo de los menores de esa edad se ha incrementado
este año en un 17,7 por ciento, incremento muy superior a la media del
salario mínimo interprofesional.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, algunos datos que usted me da
yo, lógicamente, los comparto. Qué duda cabe que el artículo 27 del
Estatuto de los Trabajadores establece un criterio de referencia,
criterio de referencia que es compatible también con los objetivos
marcados en la Carta Social Europea. Creo que deberíamos tener como
objetivo la Carta Social Europea, partiendo de lo que fija por la ley
interna el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Es verdad que la
fijación y la valoración de algunos de esos criterios se presta a
mediciones poco precisas, incluso de carácter político. La inclinación
ideológica o de intereses de cada Gobierno lógicamente incidirá, y no me
cabe duda de que cada Gobierno es el que es y tiene su propias posiciones
ideológicas y sus propios intereses.

Es verdad que en el año 1996 el salario mínimo interprofesional ha
terminado con una ligera recuperación del poder adquisitivo. Yo estoy de
acuerdo con usted, lo celebro, pero tampoco me parecería mal que
reconociéramos que quien subió el 3,5 por ciento fue el anterior
Gobierno, no el que tenemos en estos momentos y veo que hay alguno que se
alegra de eso. Creo que es bueno decirlo, de la misma manera que es bueno
conseguir que baje la inflación, lo consiga el Gobierno que sea.

De todas maneras, señor Pimentel, echo en falta en su contestación
algunos criterios, que es verdad que pueden ser genéricos, pero que no
están de más. En concreto, el criterio genérico de intentar mejorar el
poder adquisitivo del salario mínimo. Es un criterio genérico que quizá
no se concreta en decir que van a ser 2,3 puntos, 17 décimas, etcétera.

Es un criterio genérico que en la realidad de nuestro país, y de acuerdo
con los criterios de la Carta Social Europea, sería necesario adoptar.

También echo en falta, y quizá pudiera concretar, el proceso de
eliminación de diferenciación del salario mínimo interprofesional de los
menores de 18 años. Usted ha puesto de manifiesto --yo también-- que en
este año de 1997 se ha producido un incremento importante. ¿Hay algún
objetivo concreto y delimitado de terminar con esa separación?



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES VARONES DE LA NORMATIVA SOBRE BAJAS, EXCEDENCIA Y JORNADA
REDUCIDA PREVISTA PARA LOS SUPUESTOS DE NACIMIENTO O ADOPCION. (Número de
expediente 181/000354.)



El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra para formular la
pregunta relativa a medidas para promover la utilización por los
trabajadores varones de la normativa sobre bajas, excedencia y jornada
reducida prevista para los supuestos de nacimiento y adopción.

Perdón, me parece que ha habido una confusión en los canales de
comunicación con el Ministerio. Se había entendido que esta pregunta
estaba retirada.




El señor PERALTA ORTEGA: No tengo ningún problema en que si no está en
condiciones de contestarla, por supuesto no lo haga. Nada más lejos de mí
que pensar que el señor Pimentel no tiene voluntad de contestar, a tenor
de los resultados de la actuación del día de hoy. Por supuesto, si ha
habido cualquier malentendido o confusión, la dejamos y ya se contestará
cuando sea oportuno, pero no está retirada por nuestra parte.




El señor PRESIDENTE: Queda pendiente para próxima ocasión.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE ACTUACION PRACTICADA EN EL MES EN CURSO EN LA ISLA DE
GRAN CANARIA CONTRA EL EMPLEO ILEGAL DE TRABAJADORES EXTRANJEROS. (Número
de expediente 181/000355.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta siguiente, actuación practicada en el mes
en curso en la isla de Gran Canaria contra el empleo ilegal de
trabajadores extranjeros.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, me gustaría conocer con
precisión los detalles de esta actuación llevada a cabo por la
Administración a través de sus distintas especialidades. Administración
laboral, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluso en un
momento determinado, según parece, a través del Poder Judicial en las
actuaciones de los tribunales, que me parece que es importante y que ha
permitido corregir una situación de especial gravedad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Durante el mes de
enero se han llevado a cabo por la inspección de Las Palmas diecinueve
actuaciones en materia de control sobre el trabajo de extranjeros,



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de las que se derivaron siete infracciones con propuestas sancionadoras
por importe de tres millones y medio de pesetas,
Asimismo, en dicho mes se han realizado visitas de inspección a diversas
explotaciones de tomates en la zona sur de la isla de Gran Canaria.

Dichas visitas se han llevado a cabo por varios funcionarios de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dos inspectores y tres
controladores laborales, de manera conjunta con miembros de la Policía
Nacional. Como resultado de esta acción se han constatado numerosas
irregularidades en materia de trabajo de extranjeros sin permiso,
habiéndose extendido acta de infracción por tal motivo a tres empresas,
por un importe global de más de 42 millones de pesetas de sanción y que
respectivamente afectaron a 5, 37 y 42 trabajadores extranjeros en
situación ilegal, magrebíes y del Africa subsahariana.

En dichas inspecciones se comprobaron, además, tres infracciones por
falta de alta en Seguridad Social y otra por compatibilización del
trabajo con el percibo de prestaciones por desempleo.

Las actuaciones han concluido en el presente mes de febrero tras las
oportunas comprobaciones e identificación de los trabajadores
extranjeros.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por los datos que nos
proporciona. Yo creo que la Inspección de Trabajo debe actuar, y con
estos datos que usted nos proporciona se pone de manifiesto que en
Canarias, como ocurre en el resto de España, hay situaciones que
requieren de esa actuación de la Inspección de Trabajo cuanto más cerca
mejor.

Es importante que se actúe en un ámbito específico, como es el de los
trabajadores emigrantes que hay en nuestro país, porque, efectivamente,
se constata la existencia de unos niveles de ilegalidad y de explotación
en relación con estos trabajadores emigrantes que resultan ciertamente
preocupantes.

Señor Pimentel, me permitiría trasladarle una reflexión que me hacía hace
un momento la Diputada socialista Matilde Fernández --hay que decirlo--,
trasladando posiciones manifestadas por los sindicatos, en concreto
Comisiones Obreras, en el sentido de que cuando se actúa por parte de la
Inspección de Trabajo en materia de empleo de inmigrantes ilegales,
parece lógico que se adopte una posición de sanción contra esa situación
en la que el principal beneficiario, sin lugar a dudas, es el empresario.

Habría que pensar si no sería necesario constatar la existencia de un
puesto de trabajo como base para iniciar un procedimiento de legalización
del trabajador inmigrante que estaba ocupando ese puesto de trabajo, de
tal manera que esas situaciones de ilegalidad no se convirtieran en
perjuicio del empresario y del trabajador, porque es verdad que en
materia laboral nunca están en la misma posición ese empresario y ese
trabajador. Sería bueno que viéramos en qué medida se puede articular
esta reflexión, de tal manera que a estas personas que están trabajando
en nuestro país --es verdad que ilegalmente; que no podemos cerrar los
ojos a esa situación y que es necesario seguir manteniendo mecanismos
para que no se produzcan entradas ilegales en nuestro país-- se les pueda
dar una solución más justa desde el punto de vista del trabajador
inmigrante, de manera que no sea solamente sancionarle, quitarle el
trabajo y lanzarlo a la absoluta ilegalidad. Bueno sería que en este
sentido hiciéramos un esfuerzo por intentar conseguir que quienes están
trabajando en nuestra sociedad terminen integrándose en ella lo mejor
posible y contribuyendo, como todos o como buena parte, a producir
riqueza y a que ésta se distribuya de la mejor manera posible.




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Pimentel? (Denegaciones.)



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA SOCIAL PENDIENTES DE
TRANSPONER A LA NORMATIVA INTERNA. (Número de expediente 181/000363.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del señor Peralta sobre
directivas comunitarias en materia social pendientes de transponer a la
normativa interna.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy recientemente, señor Pimentel, y doy por
supuesto que tuvo usted conocimiento de ello, teníamos ese triste
privilegio de aparecer en los medios de comunicación como el país que
tiene más directivas comunitarias en materia social pendientes de
trasposición.

Quiero creer que esto al día de hoy no es una realidad. De todas maneras
ahora tendré ocasión de ver los datos que usted me plantea. Es verdad que
la trasposición a la normativa interna no puede ser una labor puramente
mecánica, sino que siempre requiere determinadas precisiones y
adaptaciones. También es verdad que buena parte del trabajo de diálogo
social que cabe pedir a toda norma de carácter social, en estos casos ya
se ha efectuado a nivel comunitario y, por tanto, no es necesario que
todo el proceso se repita a nivel nacional.

En todo caso, señor Pimentel, me gustaría saber, desde la versión
autorizada de la Administración pública, cuáles son las directivas
comunitarias de carácter social que están pendientes de trasponer al día
de hoy y qué planes tiene el Gobierno en orden a esa trasposición.




El señor PRESIDENTE: El señor Pimentel tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente,
cuando se constituye el nuevo Gobierno constatamos un retraso
injustificado de la trasposición de directivas, y con la ayuda de los
agentes



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sociales nos dispusimos a trasponer con la máxima celeridad posible.

Precisamente, fruto de este diálogo social fue la trasposición de la
directiva de los servicios de prevención y actualmente hemos logrado
consensuar y aprobar en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral
las siguientes nueve directivas, que están en el momento de trámite que
le digo, pero ya han sido preceptivamente informadas de manera favorable
por dicha Comisión Nacional.

Las directivas son sobre lugares de trabajo, utilización de los equipos
de trabajo, utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual, manipulación manual de cargas que entrañen riesgo, equipos
que incluyen pantalla de visualización, exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y riesgos relacionados con la exposición a agentes
químicos, físicos y biológicos. Ya le digo que estas nuevas
trasposiciones han logrado un consenso básico de todos los agentes
sociales; han sido aprobadas por la Comisión Nacional de Salud Laboral y
también por las comunidades autónomas, que tienen que ser las que lleven
la gestión de la salud laboral. Los proyectos de reales decretos que
están trasponiendo estas directivas se encuentran ya en fase avanzada de
tramitación, habiendo sido informados favorablemente por la Secretaría
General Técnica de nuestro departamento y remitidos al Consejo de Estado.

En cuanto estén aprobados por él se procederá a la siguiente aprobación
por Consejo de Ministros.

Asimismo, en relación con el proyecto de real decreto que traspone la
directiva Euratom, sobre protección operacional de los trabajadores
exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por
intervención en zona controlada, ya ha sido informado favorablemente por
el Consejo de Estado, quedando incluido en el orden del día de la reunión
de la Comisión de Subsecretarios que tendrá lugar en esta misma semana
para su posterior envío al Consejo de Ministros.

Igualmente se encuentra en trámite parlamentario --en este momento se
están contemplando las enmiendas presentadas en el Senado-- el proyecto
de ley que traspone otra directiva sobre la constitución del comité de
empresa europeo o un procedimiento de información y consulta a los
trabajadores de las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria.

En cuanto a las directivas del Consejo, una, de 3 de junio de 1996,
relativa al acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrada por la
UNICE, el CEEP y la CES del Parlamento Europeo y, otra, de diciembre de
1996 sobre el emplazamiento de trabajadores, efectuado en el marco de una
prestación de servicio, ambas de reciente aprobación, estamos realizando
los trámites previos, todavía no está iniciado, para su pronta
trasposición. Por tanto, entraría dentro del objetivo del departamento la
trasposición también de estas dos últimas directivas.

Con este esfuerzo y esta celeridad esperamos ponernos al día en la tarea
atrasada que nos habíamos encontrado.




El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.

El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, quiero agradecerle los datos que
nos ha facilitado. Celebramos el esfuerzo al que usted ha hecho
referencia para llevar a cabo esa trasposición de las nueve directivas,
así como de las otras. Simplemente le pediría que esos esfuerzos, tanto
para las que ya están en marcha y avanzadas como para aquéllas cuyo
proceso se acaba de iniciar, tengan la mayor intensidad posible, de tal
manera que, si aparecemos en los periódicos, sea porque somos el país que
más directivas comunitarias de carácter social tiene traspuestas, como
ocurre, si no recuerdo mal, por ejemplo, en relación con los convenios de
la OIT. Las directivas comunitarias no tienen por qué ser una cosa
distinta, estoy convencido.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA), SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL AÑO 1996 A
EFECTOS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente
181/000377.)



El señor PRESIDENTE: La última pregunta del señor Peralta está formulada
en términos que seguro que nos va a permitir batir el récord de
velocidad, tanto en la pregunta como en la respuesta, porque se refiere a
horas extraordinarias realizadas en el año 1996 a efectos de cotización a
la Seguridad Social. Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, estoy convencido de que la
celeridad propia de la hora ha llevado, incluso, a comerse parte de la
pregunta; no es sólo eso que aparece ahí. El tenor literal era: Cuál es
el número de horas extraordinarias realizadas en el año 1996 de las que
tiene constancia la Administración, y cuáles de ellas fueron declaradas
como estructurales a efectos de cotización a la Seguridad Social.

Con esta pregunta pretendía saber, más o menos, el número de horas
extraordinarias que se hacen en nuestro país porque, a tenor de los datos
que maneja nuestro grupo, es un número importante y permitiría, en la
línea de lo que han planteado los agentes sociales, llevar a cabo una
reflexión sobre cómo se podría intentar convertir esas horas
extraordinarias en trabajo normal de personas que hoy día no tienen
trabajo. En segundo lugar, pretendíamos saber, de ese total de horas
extraordinarias que se hacen en nuestro país, cuáles, a efectos de su
declaración a la Seguridad Social y por tanto de una cotización especial,
fueron declaradas estructurales, de cara a que también hiciéramos una
reflexión sobre si esos mecanismos de declaración de horas
extraordinarias estructurales, con una cotización reducida, son
adecuados.

Quedo a la espera, señor Pimentel, de los datos que me pueda
proporcionar.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel, tiene la palabra.




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El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Como S. S. sabe,
aunque la Seguridad Social realiza un control de las horas
extraordinarias a efectos de cotización, puesto que hay los dos tipos de
cotización que usted conoce, sin embargo, la Seguridad Social desconoce
el número de las que se realizan, por no ser un dato necesario para el
control de la recaudación. De modo que el dato número de horas
extraordinarias no existe consignado en los boletines de cotización. La
única aproximación que le puedo dar procede de la encuesta de coyuntura
laboral que realiza trimestralmente la Subdirección de Estadística del
Ministerio de Trabajo. Esta encuesta, dirigida a las empresas, se efectúa
en todo el territorio nacional, a excepción de Ceuta y Melilla. Pero hay
que advertir que se lleva a cabo únicamente en las empresas de más de
cinco trabajadores, de los sectores de la industria, construcción y
servicios; se excluye, asimismo, todo el sector de la Administración
pública.

Otra precisión que debo hacerle es que, al no existir datos del cuarto
trimestre del año 1996, los que le voy a dar son los referidos al período
comprendido entre el cuarto trimestre de 1995 y los tres primeros de
1996. Por tanto, tomando como referencia estos datos y teniendo en cuenta
que no están incluidas las empresas de hasta cinco trabajadores, desde el
último trimestre de 1995 al tercer trimestre de 1996 se han realizado
62.784.300 horas extraordinarias. Sin embargo, y aunque aún no han sido
publicados por estar explotándose los datos, le puedo ofrecer una
aproximación de las horas extraordinarias realizadas en el mismo período
en las empresas de hasta cinco trabajadores. Serían unas 643.500 horas
extraordinarias, que, sumadas a las realizadas en las empresas de mayor
tamaño, hacen un total de 63.427.800 horas.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, le agradezco el dato que me ha
dado. Deduzco, tal y como usted ha dicho, que es el número de horas
extraordinarias realizadas en nuestro país.

La pregunta tenía una segunda parte, que quizá usted ha olvidado
contestarme --porque este dato sí que lo tiene la Seguridad Social--, y
es qué número de horas extraordinarias declaradas estructurales a efectos
de su cotización a la Seguridad Social se produjo en el año 1996 o en el
período de que disponga la Administración.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): No disponiendo de
ese dato exactamente --supongo, por el tenor de la pregunta, «a efectos
de cotización», que no quedó suficientemente clara--, contraigo con S. S.

el firme compromiso de remitirle este dato. Por supuesto, no hay ningún
inconveniente. Igual que le he dado el número total de horas, le puedo
decir cuáles han sido declaradas estructurales. Usted sabe que hay dos
tipos de horas extraordinarias, las estructurales y las de fuerza mayor,
con un tipo de cotización del 14 por ciento, que sí estamos en
condiciones de poder dárselo.




El señor PRESIDENTE: Concluimos así el orden del día de hoy.

Agradecemos la comparecencia de don Manuel Pimentel, Secretario General
de Empleo, así como su paciencia para contestar a las numerosas preguntas
que se le han formulado.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.