CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 141



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 15



celebrada el miércoles, 5 de febrero de 1997



ORDEN DEL DIA:



Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley de
liberalización de las telecomunicaciones (procedente del Real Decreto-Ley
6/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000003) (Página 3826)



Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre
el proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones
(procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio). (Número de
expediente 121/000003) (Página 3826)

Página 3826



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE
LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
6/1996, DE 7 DE JUNIO. (Número de expediente 121/000003.)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de
Infraestructuras.

El primer punto del orden del día es la ratificación de la Ponencia
encargada de informar el proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones, procedente del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de
junio. ¿Algún grupo se opone a esta ratificación? (Pausa.) Por consenso
damos por ratificada la Ponencia encargada de informar el proyecto de
ley.




--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL
PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, PROCEDENTE
DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO. (Número de expediente
121/000003.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto: Emitir dictamen, a la
vista del informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones, procedente, como se ha dicho,
del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.

La fórmula a seguir será la habitual. Intervendrán los grupos de mayor a
menor por un tiempo indicativo de 15 minutos. Por supuesto que tendrán el
tiempo que necesiten para defender sus enmiendas. Después hará uso de la
palabra el Grupo Popular y luego habrá un breve turno de réplica.

Para ordenar un poco el debate y que SS. SS. conozcan cuál puede ser el
desarrollo, esta Presidencia manifiesta que las votaciones de las
enmiendas no serán antes de la una de la tarde. Quizá sean un poco
después, pero desde luego no antes de la una.

Dicho esto, vamos a proceder a la defensa de las enmiendas. De acuerdo
con la Mesa y los portavoces, se defenderán en bloque las presentadas a
toda la ley e incluso a la exposición de motivos.

Por el Grupo Socialista, y para defender sus enmiendas, tiene la palabra
su portavoz don Jenaro García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Si es de mayor a menor, había algunas
enmiendas del Grupo Popular, salvo que las retire.




EL señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, yo había pensado en este
proceso porque es el habitual cuando se realizan las comparecencias. Lo
que hará el Grupo Popular, cuando le corresponda hacer uso de la palabra,
es defender esas enmiendas si mantiene alguna, pero vamos aseguir este
sistema que es, repito, el habitual.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Yo me refería, señor Presidente, a
enmiendas formalmente presentadas como tales en plazo y forma, no a las
que puedan presentar como transacción, porque es la manera correcta de
defenderlas.

El curso de los acontecimientos le ha dado, desgraciadamente, la razón a
este grupo parlamentario cuando planteaba hace nueve meses que el real
decreto presentado en junio no era urgente. Y la mejor prueba de que no
es urgente es que nueve meses después nos encontramos todavía en este
trámite parlamentario.

Nos encontramos, fundamentalmente, con la contradicción de que al estar
ya desarrollados en reglamentos del Gobierno algunos de los contenidos
sustanciales de este real decreto, ahora en trámite de ley, aumenta la
reluctancia del grupo que apoya al Gobierno a aceptar siquiera el debate
sobre algunas enmiendas en cuyo contenido de fondo se muestran conformes,
pero tienen la especial dificultad de que implicaría la revisión de los
reglamentos. Creo que la Cámara legislativa del Reino de España no puede
aceptar esa limitación a su trabajo parlamentario; por tanto, todos los
grupos debemos de actuar desde la buena fe de lo que se considere más
conveniente en sede parlamentaria, y el Ejecutivo tendrá que tomar las
decisiones de corrección que fueran precisas.

Por sistematizar el debate, señor Presidente, a lo que es exposición de
motivos y título únicamente teníamos la enmienda 9.2, que queda retirada
en este acto. En el Senado se necesitará trabajar sobre la exposición de
motivos, que no puede ser la del Grupo Parlamentario Socialista, porque
el contenido del decreto, aunque se encuentra más próximo a las fronteras
de nuestras definiciones y planteamientos que a las del grupo que apoya
al Gobierno, tampoco era el inicial del Real Decreto-ley 6/1996 de junio,
por lo que en el Senado, y al mismo me remito, será preciso, repito, que
trabajen en él.

Estamos discutiendo fuera de lugar, estamos discutiendo fuera de tiempo.

El curso de los acontecimientos nos ha demostrado la práctica inutilidad
de la mayoría de los trabajos parlamentarios que asume esta Comisión en
este momento, y que se culminarán en el Pleno del jueves de la próxima
semana.

El anuncio de la promulgación inmediata de una nueva ley general invalida
bastantes de los contenidos de este proyecto de ley. Hay algo en lo que
hemos trabajado con especial esmero y con especial cariño todos los
grupos parlamentarios, que ha sido en el artículo 1 de la ley, que, por
el curso de los hechos, se manifiesta como lo más importante que ahora
mismo queda en el proyecto de ley.

Fruto de un acuerdo entre varios grupos parlamentarios que aceptamos la
oferta de diálogo y de consenso hecho por la señora Mato en el Pleno del
Congreso, ha sido el haber podido llegar a establecer las condiciones
necesarias para que la comisión, que se creaba de una manera tímida,



Página 3827



con un carácter funcionarial, dependiente del Ministerio y con unas
competencias muy limitadas, haya ampliado su horizonte, sus competencias
y la calidad y cantidad de sus recursos humanos y técnicos, hasta
convertirse realmente en una comisión reguladora de las
telecomunicaciones en este país. Pero la interpretación, iba a decir
perversa, en todo caso contraria al espíritu de las negociaciones que se
estaban manteniendo en sede parlamentaria, que han efectuado en el seno
de los organismos correspondientes del Ministerio de Fomento, ha supuesto
un durísimo golpe a la gran credibilidad que este grupo tenía en las
actitudes del Gobierno en relación con esta ley, de forma tal que si ya
las tímidas competencias que constaban en el real decreto de junio eran
claramente insuficientes --todos lo hemos comprendido y las hemos
ampliado--, las pocas que tenía han sido revocadas por orden ministerial
de 31 de enero, trasladándolas a diciembre de 1998. Esa es una situación
insostenible para el prestigio de esta Cámara, por no arrogarme la
defensa del prestigio profesional de los cualificados miembros que han
sido designados para formar parte de esta comisión.

Desde el Real Decreto-ley 6/1996, de junio, hasta la fecha, siete reales
decretos, decretos y órdenes ministeriales del Gobierno han adulterado
profundamente el sentido de la voluntad mayoritaria de esta Cámara,
incluida la del grupo parlamentario del Gobierno. Las razones las
desconozco. Posiblemente haya sonado algún timbre de alarma y en el seno
del Gobierno se produzca alguna incomodidad por una Comisión que sin ser
absolutamente independiente, porque ello requeriría la extracción
exclusivamente parlamentaria, sí ha sido dotada de los medios necesarios
y suficientes para efectuar una regulación en el sector que pudiera no
ser acorde con las intenciones de algunos sectores del Gobierno. Esos
pecados se están pagando muy caros últimamente en este país, como es la
pretensión de sostener voces de personas o de entidades que no se
plieguen por completo a la voluntad del Gobierno. Y hemos tenido un
ejemplo en esta Comisión. Esa orden ministerial, en una ley que se llama
de liberalización de las telecomunicaciones, suprime la competencia de
actuar en la fijación de las tarifas de interconexión de las redes fijas,
que es el núcleo sustancial de la liberalización de las
telecomunicaciones --sin eso no puede existir ese concepto--, y ha sido
recuperada por el Gobierno, violando no ya los acuerdos parlamentarios,
que van mucho más allá, sino el contenido formal del real decreto de hace
nueve meses. De forma tal, como digo, que el Gobierno ha rescatado esa
competencia por una norma que en el lenguaje coloquial es lo más barato
que se vende en actuaciones administrativas: una orden ministerial. Una
actuación administrativa de un rango inadecuado y contradictorio con
normas de rango superior.

La retirada de la enmienda 79, que mi grupo plantea en estos momentos
como consecuencia de la aceptación de la práctica totalidad de las
sugerencias que en relación con la comisión habíamos formulado, viene
complementada en este acto con la presentación de tres enmiendas «in
voce». Las anuncio ahora para que los grupos parlamentarios vayan
manifestando su opinión o vayan formando criterios en relación con las
mismas.

El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego que cualquier
enmienda que presenten nos la trasladen a la Mesa.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Tengo seis copias preparadas para la
Mesa y para los diferentes grupos Parlamentarios. Se lo hago llegar ahora
mismo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: La primera se refiere al apartado
3.6, del artículo 1, de lo que ahora es un proyecto de ley, relativo a la
incompatibilidad a la que están sujetos los miembros de la comisión. Esa
incompatibilidad, por real decreto, era el régimen de incompatibilidades
de los altos cargos de la Administración, y en el decreto que desarrolla
las competencias y la estructura de la comisión se ha elevado su rango.

Nosotros creemos que ése era un hecho que debería de haber sido anterior
a la oferta de pertenencia a esa comisión de los miembros que la integran
porque afecta gravemente a sus posiciones en el mercado del que viven
cuando salgan de la misma. Por tanto, consideramos deber de esta Cámara
corregir eso mediante una enmienda que diría que todos los miembros del
consejo estarán sujetos al régimen general de incompatibilidades de los
altos cargos de la Administración. Se trataría de introducir únicamente
la palabra «general», porque, si no, yo me sentiría en un cierto engaño a
los miembros con los que hemos podido tener mayor capacidad de influencia
al no haberles advertido cuál era el régimen real de incompatibilidades
en el que se iban a encontrar.

El segundo es que, como consecuencia de la desviación de poder del
Gobierno, interfiriendo por orden ministerial, contradiciendo el texto
del real decreto y, por supuesto, las intenciones de la Cámara de ampliar
la capacidad de autoorganización de la comisión, presentaría una enmienda
«in voce» también al apartado 4 del artículo 1, que diga que el pleno de
la comisión determinará la estructura de la misma y aprobará su
reglamento de régimen interior. El resto exactamente igual que el texto
de la Ponencia. Unicamente introducimos lo que parece razonable en un
órgano formado por siete cualificadísimos profesionales, que no pueden
estar en una especie de colegio menor en el que hay un jefe de estudios
que les estructura su trabajo, sus competencias y su sistema de
funcionamiento. Por tanto, se trataría de introducir la expresión
«determinará la estructura de la misma y aprobará...», y seguirá con el
mismo texto del informe de la Ponencia.

También planteamos una enmienda al apartado nueve, del artículo 1, que
diga que el Gobierno desarrollará por real decreto las funciones (antes
atribuíamos la determinación de la estructura al pleno de la comisión) de
la Comisión del mercado de las telecomunicaciones. Estas son las
objeciones que mantiene mi grupo parlamentario en cuanto al artículo 1.

A continuación entraríamos en el artículo 2, que, como bien se sabe, es
de modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Nosotros, hasta escuchar los



Página 3828



planteamientos que nos formule la portavoz del grupo que apoya al
Gobierno, mantenemos la totalidad de nuestra enmienda número 80. En
muchos puntos es coincidente con el texto del real decreto --siempre
desde una técnica jurídica más depurada, quizá por la mayor experiencia
en la redacción de normas con rango de ley--, pero también señala algunas
diferencias importantes respecto a algunas de las cuales me quiero
extender un poco más.

El monopolio de Telefónica ya no existe, pero tampoco existe el marco
regulador que sustituya a la LOT y que establezca los escenarios de
competencia en los que tiene que operar esta compañía en los próximos
años. Sin decisión parlamentaria alguna --es más, poniendo algunos
obstáculos a sus trámites parlamentarios, solicitados tanto por Izquierda
Unida como por el Grupo Parlamentario Socialista--, el Gobierno ha
decidido vender la totalidad de las acciones de esta compañía. En ese
escenario, consideramos absolutamente preciso mantener el atículo 15.4 de
la LOT --que se pretende suprimir por el texto del real decretro y cuyo
contenido, por lo demás, forma parte del contrato del Estado con
Telefónica--, respecto a la facultad del Gobierno de mantener cinco
miembros en el consejo de administración de la empresa. La privatización
absoluta de la compañía --contra la cual nos hemos manifestado y es clara
nuestra actitud-- supone el imperio de las leyes del mercado en la
gestión de la misma, con desconsideración cierta de las funciones de
interés social que hasta ahora venía desarrollando esta compañía en
nombre del Estado, a través de su contrato.

No es este grupo parlamentario el que va a poner pega ninguna al legítimo
interés de la compañía de obtener --y así debe hacerlo-- sus máximos
beneficios, pero cree necesario --y responsabilidad de esta Cámara--
establecer los mecanismos precisos para que los intereses económicos de
la empresa se conjuguen con la prestación de los servicios sociales que
tiene encomendados, de manera que ambos se conjuguen con criterios
subordinados al interés general del Estado. Esto no es posible con la
ausencia del Gobierno del consejo de administración de Telefónica. Por
tanto, instamos a los grupos parlamentarios, incluso a aquellos que han
apoyado la venta total, la salida del sector público de la compañía, a
que hagan un esfuerzo por comprender que el desarrollo de las
telecomunicaciones es de un valor estratégico de tal magnitud para este
país que, aunque los españoles que hemos construido Telefónica peseta a
peseta, sin subvención pública alguna, hayamos perdido ese patrimonio
accionarial que era común, no perdamos la facultad del Gobierno de estar
presente en el consejo de administración de una compañía en torno a la
cual se desarrollará cualquier política de telecomunicaciones que se
practique en este país: o bien la intervencionista seguida por el actual
Gobierno o cualquier otra política. No es posible sacarnos, no sólo
económica sino políticamente, de la compañía Telefónica, y el decreto de
autorización administrativa para determinados actos de disposición
patrimonial o accionarial de la compañía es una falsa golden share, y
todos estaremos de acuerdo en que es de imposible aplicación en un
entorno de competencia porque, el mismo día que se aplicara, se hundirían
las acciones en los mercados en los que se cotizan.

En consecuencia, creemos necesario mantener los cinco miembros para que
no se dé esta situación, y ruego comprensión a las señoras y señores
comisionados, más allá de los prejuicios con los que se aborde este tema.

Cuando se venda el sector público en telecomunicaciones, Telefónica o
Retevisión, y entren Deutsche Telekom y France Télécom --que, por
supuesto, siguen siendo de mayoría accionarial de sus respectivos
gobiernos-- en los operadores españoles, estaríamos en una situación en
la que gobiernos extranjeros tendrían más capacidad de decisión sobre el
establecimiento, de las estrategias de desarrollo de las redes que el
propio Gobierno español. Esa situación repugna a mi grupo y espero que
ofenda y se considere insostenible por el resto de los grupos de la
Cámara, por lo que pido la especial eliminación del precepto contenido en
la ley por el que se suprime el artículo 15.4 de la vigente LOT.

Presentarán una nueva ley de ordenación en un plazo que el Gobierno nos
dice que será breve y tendremos ocasión de debatir con más calma, pero
establezcamos esa cautela. No podemos permitir que gobiernos más
antiguos, más democráticos --más sabios, por supuesto, que el actual--
mantengan posiciones de dominio en sus grandes empresas nacionales y, a
través de ellas, puedan decidir cómo y cuándo se desarrollan en este país
las redes de cable o las tecnologías digitales.

En cuanto al artículo 3, referido a modificación de la Ley del cable,
retiramos todas aquellas enmiendas --luego daré una relación precisa, en
un tiempo que tendrá que conceder el Presidente cuando terminen las
intervenciones políticas-- cuyos contenidos sustanciales han sido
pactados y están incorporados al dictamen de la Ponencia.

Nuestra enmienda número 81 es muy amplia, tiene siete puntos, y luego
explicaré cuáles retiro y cuáles mantengo, pero ya anuncio que, como
consecuencia de los compromisos adquiridos y de la aplicación del pacta
sunt servanda que todos deberían hacer, respecto a los procedimientos de
creación y de ampliación de la base accionarial --venta pública pura y
dura, por no utilizar ningún eufemismo--, tenemos una enmienda
alternativa, la número 82, algunos de cuyos contenidos han sido admitidos
en la Ponencia. Aunque comulgamos con algunos principios, no en vano
intentamos hacerlo hace algo más de un año, no fue posible hacerlo con
todos por la ceguera del grupo que ahora apoya al Gobierno, y a mí me da
la impresión que ahora ha producido, entre otras cosas, la paralización
del proyecto de Retevisión --aunque es opinable--, pero lo que sí es
evidente es que cada día que Retevisión se retrasa en entrar a operar,
estando tan próximo el escenario de la libre competencia, Retevisión
pierde valor patrimonial y pierde posibilidades de implantación. Me
gustaría escuchar a la señora Mato y luego señalaré por escrito a la Mesa
los contenidos concretos que mantenemos.

En cuento a las disposiciones adicionales, quiero mantener especialmente
la enmienda 85 del Partido Socialista. El ente público Retevisión se crea
en el artículo 124 de la ley de presupuestos de 1989, y nos parece
sensato cambiar el contenido de aquel artículo, porque ni las funciones,
ni



Página 3829



el objeto social, ni los contenidos, ni la gestión, ni la base
accionarial de Retevisión ni sus sistemas de dependencia de la
Administración son los mismos que dieron lugar a su creación en la ley de
presupuestos de 1989. Por tanto creemos que esta enmienda, que es una
enmienda sin ningún contenido político, únicamente de un cierto rigor
jurídico, será aceptada.

Asimismo mantenemos la enmienda 84, que enlaza con las tres enmiendas in
voce que propongo al artículo 1, y dice que el Gobierno adoptará en el
plazo de dos meses, desde la entrada en vigor de la ley --esto último
falta en la enmienda, pero sería una corrección técnica--, las medidas
necesarias para la transferencia a la comisión, en los términos
establecidos en la presente ley, de los recursos humanos, de los bienes,
de las obligaciones, etcétera, de todo aquello que constituye los
instrumentos de gestión y de administración de la comisión, sin
autorización ninguna al Gobierno de recabar para sí competencias que este
Parlamento establece para la comisión. ¿Que tiene que haber un plazo de
transición? ¿Que a las cero horas del día de hoy no se puede hacer como
hizo el director general, mandar en seguida a los inspectores a
Continente a ver si estaban vendiendo no sé qué descodificador un minuto
después de la entrada en vigor de la ley? ¿Que no se puede hacer eso, que
no se pueden pasar las competencias de la DGT a la comisión en
veinticuatro horas? Estamos de acuerdo, y tendrán que negociar entre unos
y otros, con el buen criterio que se supone que tienen aquellas personas
que han recibido el respaldo de esta Cámara para formar parte de esta
comisión, cómo, cuándo y qué transfieren, pero la aprobación de esta
disposición adicional nos parece interesante, sobre todo a la luz de la
experiencia de los últimos acontecimientos que hemos vivido.

El resto, señor Presidente, son cuestiones menores a las que no merece la
pena referirse en esta primera intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: El 26 de septiembre de 1996, con el debate de
las enmiendas de totalidad del PSOE e Izquierda Unida en el Pleno de este
Congreso, se iniciaba realmente el trámite de este proyecto de ley
procedente del Decreto 6/1996, de 7 de junio. Sin embargo, ese mismo día
26 de septiembre y un día antes, el 25, ya se habían publicado en el
Boletín Oficial del Estado el reglamento de la Ley del cable, que se
rectifica a fondo en este proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones y que no sabemos en definitiva cómo va a quedar --el
debate está totalmente abierto-- y se publicaba también el reglamento de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sin saber tampoco cómo
va a quedar, y de hecho aquí, en función de acuerdos que se han suscrito,
aumentan muchísimo sus competencias, en alguna de las cuales el asunto
está absolutamente indefinido.

A nuestro juicio, discutíamos en balde, o en todo caso habría una fuerte
descortesía, por así decirlo tenuemente, a este Congreso de los
Diputados; había un cierto desprecio al funcionamiento democrático puesto
que los reglamentos se aprobaban de antemano, e incluso poco tiempo
después, nominalmente, con una comparecencia relámpago del Ministro de
Fomento, se nombraba la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
de la cual se informaba simplemente a este Congreso, sin que este
Congreso pudiera tomar ninguna posición real, formal, votada, con
respecto a su opinión acerca de los miembros de esta Comisión de las
Telecomunicaciones. Es decir, que estamos produciendo una ley ya
reglamentada y con los órganos que se intentan crear ya nombrados. No sé
si esto es --por lo menos a mí me lo parece-- bastante surrealista. Todo
esto se está realizando, por tanto, ante el asombro de todos, incluido el
del Conde de Romanones, que al menos siempre esperaba a que la ley
estuviese aprobada para hacer el consecuente reglamento.

El PSOE en aquella ocasión, en el Pleno del Congreso de los Diputados, el
26 de septiembre de 1996, dijo que aquello era una grave responsabilidad
política --cito textualmente--, y a todos nos parecía que en todo caso el
nombramiento de la Comisión, la reglamentación con respecto a su
funcionamiento o el reglamento de la Ley del cable en absoluto eran
urgentes, por lo menos alguna de estas reglamentaciones. El ministerio
podía seguir funcionando tranquilamente, la Dirección General de
Telecomunicaciones, a la que se vacía completamente de contenido en
función de estos acuerdos, también, y el Tribunal de Defensa de la
Competencia indudablemente también podía seguir funcionando, y en este
sentido no había la urgencia a la que se aludía a la hora de justificar
la promulgación de estos reglamentos.

Por tanto, en este artículo 1, que nosotros enmendamos en profundidad,
nos encontramos con una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
nombrada de manera extraña, precipitadamente, de manera digital, y desde
luego no se corresponde con la indicación de independencia que se marca
como rango relevante en la ley y en el reglamento. Es una comisión
nombrada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Fomento. Si a esto
le añadimos que aparece con unas competencias tremendas, que vacían de
contenido una parte importante del ministerio, que incluso aparece con
patrimonio propio y otras cosas que le hacen ver a este Diputado que nos
encontramos ante un auténtico gobierno de las telecomunicaciones en
España, y lo ponemos en correspondencia con otros gobiernos de las
telecomunicaciones de otros países, nos encontramos que en otros países,
incluido Estados Unidos, se trata de comisiones que son siempre de
extracción parlamentaria. Por consiguiente, nosotros no tendríamos en
principio problemas con respecto a las competencias si esta comisión
fuese realmente de extracción parlamentaria y rindiera cuentas ante este
Parlamento.

Sin embargo, nos encontramos con una comisión que simplemente cada año va
a emitir un informe a este Parlamento para que se conozca. No figura aquí
que deba ser aprobado ni rechazado, simplemente comentado por este
Congreso de los Diputados. Nosotros no tendríamos ningún problema con
respecto a las competencias, repito, si



Página 3830



hubiese un nombramiento de extracción parlamentaria, como ocurre en todos
los países del entorno y otros no cercanos pero que, teniendo en cuenta
la importancia que va a tener esta comisión, le darán un contacto muy
directo con la sede de la soberanía popular.

En este caso, si no se acepta el tema del nombramiento tal como nosotros
lo planteamos, en principio no podemos aceptar que esta comisión controle
o tenga este poder enorme, convertida en auténtico gobierno de las
telecomunicaciones, máxime cuando no se trata de una comisión plural en
estricto sentido. Aquí nos encontramos con dos fases del debate: un
debate que se hizo en términos muy abruptos por parte del PSOE, tanto en
el tema de la convalidación del decreto cuanto en la enmienda de
totalidad que defendió, y un debate mucho menos abrupto a partir del
acuerdo que se logra, que incluso hace que el PSOE retire la enmienda que
hacía que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a través de
su nombramiento, tuviese que ser ratificada por este Congreso de los
Diputados.

Por tanto, en función del acuerdo al que se llega de la distribución de
los miembros en base a una propuesta que se hace --tres proceden del
Partido Popular, dos del PSOE, una de Convergència i Unió y una del
PNV--, el Partido Socialista retira el tema de la estructura democrática
en el nombramiento de esta Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Por consiguiente, nos encontramos ante un acuerdo que
tiene flecos, como hemos visto aquí pero flecos no en lo principal, no en
lo importante, supongo que son flecos que afectan a algunas cuestiones.

Yo, de camino, le quiero decir al señor García-Arreciado que nosotros no
podemos aceptar la reducción de las incompatibilidades de ninguna de las
maneras, como tampoco podemos aceptar aumentar de peso a esta comisión
por los motivos que he dicho anteriormente, por cómo se ha nombrado y
porque no representa la pluralidad de esta Cámara. La tercera fuerza
política del país, Izquierda Unida, y el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, no han tenido la posibilidad de hacer una
propuesta de una persona que responda a las características que se
contienen en la norma. No hemos tenido esa posibilidad.

Por tanto, nosotros no podemos aceptar esta situación y mantenemos las
enmiendas que acabo de defender con respecto a los límites en las
competencias de la comisión, tal como figuran en nuestra enmienda, y en
la forma de nombrar esta comisión, que nosotros elevamos al número de
nueve, teniendo en cuenta posiciones a la hora de nombrar no sólo de los
partidos políticos o de los grupos parlamentarios, sino también de las
fuerzas sociales y organizaciones afectadas por este tema de enorme
importancia.

Aparece, repito, señor Presidente, un pacto que suscriben PSOE, Partido
Popular, Convergència i Unió y PNV, que en el fondo no cambia la
estructura profunda del proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones, excepto por lo que se relaciona con las competencias
de la comisión y porque hace que enmiendas que cambiaban la forma de
nombrarla, se retiren. El resto prácticamente permanece igual. El resto
nos lleva a que se cambian aspectos de la ley de telecomunicaciones por
cable, aspectos que habíamos consensuado todas las fuerzas, a excepción
del Partido Popular, como la limitación para evitar tentaciones de
concentración.

El acuerdo nos lleva también a que la creación del segundo operador --que
es el nombre que nosotros pretendemos darle a este proyecto de ley-- se
realiza prácticamente en los términos en que figuraba en el proyecto de
ley y en el decreto que le sirvió de matriz. El acuerdo se remite
fundamentalmente a una distribución de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y poco más. El resto son detalles al paso que conectan
también con la idea de un aumento tremendo de las competencias que se
trasvasan desde el ministerio o desde la Dirección General de
Telecomunicaciones a la Comisión del Mercado. Nosotros mantenemos
nuestras enmiendas con respecto a la creación del segundo operador o, lo
que es igual, a la privatización del ente público Retevisión.

Desde ese punto de vista la mayoría de esta Cámara (PSOE, Partido
Popular) defiende privatizar al menos el 51 por ciento de Retevisión; que
haya un concurso restringido, sin garantías por lo que se refiere al
cumplimiento del servicio público y a otras consecuencias, con respecto a
lo que es en Retevisión un servicio público; se pierde, por tanto, el
sentido de servicio público y se le mete en la dinámica de la competencia
en el seno de la dialéctica del mercado, así de claro, a través de un
concurso restringido sin garantías; y la transferencia de personal de
Retevisión a la sociedad anónima que se crea no garantiza, a nuestro
juicio, todos los derechos, tanto individuales como colectivos,
económicos, sociales y laborales de los trabajadores.

Nosotros tenemos otra posición que vamos a defender en este momento a
través de iniciativas consecuentes que hemos presentado en este Congreso,
porque nos encontramos ante una situación estratégica. Lo mismo que se
dice con respecto a Telefónica hay que decir con respecto a Retevisión.

Lo mismo que se ha dicho, la importancia estratégica que tiene y la
posibilidad de colonización empresarial, lo mismo hay que decir con
respecto a Telefónica que con respecto a Retevisión. No entendemos la
asimetría y los argumentos cuando se acepta la propuesta que se hace con
respecto a la privatización de Retevisión en el actual proyecto de ley.

Nosotros creemos que, en base a las leyes anteriores (Ley 4/1980, de 10
de enero, del estatuto de la Radio y Televisión, y otras), los servicios
portadores de la difusión y transporte de las señales de televisión son
servicios públicos esenciales, tanto desde el punto de vista audiovisual
como desde el punto de vista de las telecomunicaciones. La importancia
social de estos servicios es patente, ya que la cobertura del servicio
alcanza casi el 98 por ciento de la población española, es decir, más de
38 millones de personas, y los telespectadores reciben los programas de
televisión por ondas radioeléctricas que parten de los más de 1.800
centros de Retevisión que por su titularidad estatal han garantizado el
servicio y la extensión necesaria, prácticamente universal.

Con la aprobación del real decreto, que estamos tramitando como proyecto
de ley, denominado de liberalización



Página 3831



de las telecomunicaciones, se ha iniciado un proceso privatizador que
puede poner en riesgo la prestación de los actuales servicios de difusión
de televisión a partir de 1999. Los riesgos precisamente se derivan de la
separación de la red técnica de difusión del sector público, que será
vendida al sector privado mediante procedimiento --como he dicho
anteriormente-- restringido, sin haber establecido previamente las
obligaciones de carácter público y la prestación universal de los
servicios actuales y de los del inmediato futuro, como son los de
televisión digital por ondas terrestres.

El abandono del Estado del sector público y la insuficiente regulación
hará que zonas poco rentables se vean afectadas por una deficiente
extensión territorial de los nuevos servicios, lo que, a nuestro juicio,
agravará las diferencias sociales y territoriales y nos llevará a
fenómenos de falta de cohesión social y territorial.

Nosotros pensamos que en tanto Retevisión, Sociedad Anónima, sea el
principal instrumento de prestación de los servicios aludidos
anteriormente (transporte de la señal de televisión), el Estado debe
mantener, a través de la participación accionarial, el control de la
sociedad estatal. No estamos de acuerdo ni con la otra forma matizada,
pero en el fondo igual, de hacer la privatización que plantea el Partido
Socialista Obrero Español. Pensamos que no se garantizan tampoco... (El
señor García-Arreciado Batanero pronuncia palabras que no se perciben.)
Hay un acuerdo PSOE-Partido Popular que es al que yo me estoy refiriendo.

Yo lo que siento es que no nos encontremos más gente de izquierdas en
este país.

No estamos de acuerdo tampoco en que se aseguren los intereses de los
trabajadores, en que se someta el traspaso de los trabajadores a lo
acordado en los convenios colectivos, y en que, en todo caso, la nueva
sociedad debe subrogarse de todas las condiciones establecidas en el ente
publico Retevisión en el marco del segundo convenio colectivo. Y hay que
decirlo así, concreta, rigurosamente, porque las líneas que aparecen
consensuadas, las líneas que aparecen en un sitio y en otro y que al
final van a ser la síntesis del acuerdo que se ha producido, en absoluto
garantizan los intereses y el futuro de estos trabajadores.

En definitiva, señor Presidente, nosotros en principio vamos a votar en
contra de las enmiendas transaccionales que se han presentado y que dan
base a este acuerdo aquí anunciado. También vamos a votar en contra de
los flecos que se han defendido por parte del señor Arreciado, que se
dirigen a intentar reducir las incompatibilidades en un grupo de personas
que a lo mejor al final de año puede superar la cuantía de ciento y pico
millones de percepción. No estamos de acuerdo con esta idea de reducir el
nivel de las incompatibilidades. Tampoco estamos de acuerdo en estas
circunstancias, por razón de la propia estructura democrática de la
comisión, a la que falta pluralidad, de aumentar sus competencias o de
darle esta competencia máxima de crear su propia estructura.

Yo espero, señor Presidente, que a lo largo de este debate por fin todos
nos estemos concienciando de la enorme importancia de estos temas. El
debate ha saltado a la luz pública y es de enorme importancia, difícil de
explicar, pero que la gente empieza por lo menos a intuir a que se trata
de un tema de interés general y que requiere una estructura de servicio
público de cara a conseguir el servicio universal. Espero, repito, que a
través de este debate todos, desde la racionalidad --y espero que aquí no
se pierda, porque no debiera perderse--, enmendemos esta situación
consiguiendo un texto mucho más aceptable o, en todo caso, algo más
aceptable que el que aquí analizamos desde una óptica de izquierdas.

En principio ésa es nuestra posición, y esperamos la serie de enmiendas o
de flecos que pueden extraerse de ese acuerdo, que está en un texto de
enmiendas transaccionales que se nos ha entregado hace algún tiempo y
también esta mañana.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Como ya ha sido puesto de manifiesto por los
anteriores intervinientes, existe un amplio acuerdo en el seno de esta
Comisión acerca de toda una serie de enmiendas transaccionales que han de
conformar este proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones.

Nosotros estamos satisfechos --y creo que todos los grupos que hemos
participado lo estamos-- de que se haya llegado a este acuerdo, y debo
decir también, llegado a este punto, que ha sido un acuerdo que no ha
sido fácil, no ha sido un camino precisamente de vino y rosas, sino que
ha sido un acuerdo fraguado a base de muchas horas de diálogo, de debate,
de intercambio de posiciones, de algunos momentos de tensión, pero,
repito, la conclusión, el resultado final creo que es positivo. Por ello
debo decir también que estamos satisfechos de haber contribuido en parte
a que este real decreto que presentó el Gobierno el pasado mes de junio
fuera tramitado como proyecto de ley. Esta no era la intención yo diría
de una parte importante de la Cámara, cuanto menos inicial, pero nosotros
pensábamos en ese momento --y yo creo que finalmente lo acabó creyendo la
mayoría del Pleno de la Cámara, incluido el grupo del Partido Popular que
apoya al Gobierno-- que era importante que una cuestión de tanta
trascendencia social y económica, como es la regulación y la
liberalización del mercado de las telecomunicaciones, pudiera ser objeto
de un debate pausado y en profundidad en el Congreso de los Diputados,
que de hecho es lo que se ha producido durante estos meses.

¿Cuáles eran los objetivos que nuestro grupo parlamentario se planteaba
al enfrentar este debate? Obviamente que se pudiera producir ese debate
al que me refería, pero también poder modificar el real decreto
presentado por el Gobierno y convalidado en su momento por la Cámara
básicamente en tres sentidos: en primer lugar, que quedara clara la
intención de conseguir una liberalización rápida de las
telecomunicaciones en nuestro país. En ese sentido creo que se ha
avanzado mucho, y el acuerdo así lo recoge, en tanto en cuanto se produce
una renuncia formal a la moratoria que el Gobierno anterior había
negociado en su momento con Bruselas y que fijaba la fecha de
liberalización



Página 3832



con carácter general en enero del año 2003. Además de producir esta
liberalización rápida, favorecer también la competencia en telefonía
básica a través de la aparición de nuevos operadores, cuestión esta
fundamental --si no hay nuevos operadores no habrá competencia--, pero
también dictar toda una serie de normas que de una forma transparente
regularan todo lo referente a la interconexión de redes, aspecto
fundamental en el establecimiento de un mercado en competencia.

En ese sentido, la enmienda transaccional a la cual hemos llegado en el
artículo 2 refuerza, desde nuestro punto de vista, de una forma muy clara
la transparencia y la objetividad de las interconexiones e introduce
además la competencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para garantizarla. Llegado a este punto, también debo
decir que nuestro grupo lamenta profundamente que por una orden
ministerial reciente del Gobierno se difiera la intervención de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en todo lo referente a la
interconexión, al mes de diciembre del año 1998. No nos parece que sea
algo positivo, aunque sí creemos que la comisión debe asumir gradualmente
sus competencias, pero hubiéramos preferido que se hubiera dejado muy
claro que la competencia de la comisión en todo lo referente a
interconexión se pudiera ejercer de forma inmediata.

El segundo objetivo que nos fijamos de cara al debate y que de alguna
forma se recogía en nuestras enmiendas es recuperar el espíritu de la Ley
del cable y favorecer su desarrollo, y ello lo planteábamos desde
distintas perspectivas: de un lado, eliminando las restricciones a la
participación del capital extranjero en estas empresas. Haciendo un
esfuerzo de realismo, las grandes inversiones que requiere la extensión
de redes de cable, van a necesitar obligatoriamente la aportación de
cantidades importantes de capital extranjero y especialmente de capital
extracomunitario. Por tanto, nos parece que ésta es una cuestión
fundamental, y creemos que en las enmiendas transaccionales queda
suficientemente recogido, porque en ningún momento nuestro grupo
parlamentario pierde de vista que cualquier apertura del mercado español
a la participación de capital extracomunitario debe ir acompañada de una
medida en sentido idéntico en el otro lado del Atlántico.

En tercer lugar, vinculábamos muy directamente el desarrollo de las redes
de cable a que en la nueva ley se fijara de una forma muy clara cuál iba
a ser la fecha en que los operadores de cable iban a poder operar en el
ámbito de la telefonía básica. Cuando hablamos de cable todo el
componente de ocio que puede llegar a los hogares de los ciudadanos a
través de este servicio portador es ciertamente importante, sin embargo
no es el elemento fundamental, no es el elemento decisivo para favorecer
la extensión de estas redes que, como saben SS. SS., tienen una gran
importancia especialmente en lo que se refiere a las actividades
económicas. Pues bien, el principal elemento de desarrollo de estas redes
de cable, el principal aliciente, es la posibilidad de poder ofrecer
telefonía básica. Nos parecía también y nos continúa pareciendo --y
estamos convencidos de ello--, que una parte importante, incluso la
garantía de la competencia en telefonía básica, puede venir de la mano de
los operadores de cable. En este sentido, la enmienda transaccional al
artículo 3 resuelve de una forma muy positiva esta cuestión, en tanto en
cuanto establece que a partir de enero del año 1998 condicionadamente,
eso sí, los operadores de cable van a poder ofrecer telefonía básica, y
como ha sido manifestado públicamente por parte del Ministro de Fomento y
acordado con la Comisión Europea, esta liberalización se va a producir
con carácter general en diciembre de 1998, cifra muy alejada de enero del
2003, que recuerdan SS. SS. es la fecha en la cual finalizaba la
moratoria a la que se había acogido el Gobierno español.

Y en ese sentido también, con la voluntad de recuperar el espíritu de la
Ley del cable que aprobamos en la anterior legislatura, nos parecía que
esta ley de ninguna forma podía legalizar privilegios, podía legalizar
situaciones que se habían generado en contra precisamente de la Ley del
cable y que alguna disposición adicional pretendía resolver de una forma
que a nosotros no nos parecía bien. La enmienda transaccional a la
disposición transitoria primera resuelve esta situación y sitúa todas las
redes de cable preexistentes, es decir, existentes antes de la entrada en
vigor de esta ley, en una situación igual. Por tanto, si no obtienen la
correspondiente licencia van a tener un período de tres años para ir
desmantelando paulatinamente sus instalaciones, y en casos muy
excepcionales la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá
ampliar esa fecha. En todo caso, nos encontramos en una situación muy
lejana a los diez años que se les otorgaba, según el real decreto
presentado por el Gobierno.

En cuarto lugar, pretendíamos reforzar las competencias del regulador.

Contrariamente a lo que ha manifestado algún otro interviniente, nos
parece que es fundamental la figura de la existencia de un regulador
independiente. No nos estamos inventando nada, sino que estamos
trasladando a nuestro país, de un lado, una exigencia de la Comisión
Europea pero, de otro lado, un modelo de funcionamiento que están
aplicando aquellos países que en el ámbito del desarrollo de las
telecomunicaciones y su extensión social son los pioneros. Pues bien,
pretendíamos reforzar las competencias de este regulador, favoreciendo
que el Parlamento pueda participar en la designación de sus miembros.

Creo que la enmienda transaccional al artículo 1 a que hemos llegado
reforma de una manera muy clara estas competencias, ya que, además de
todas aquellas que ya estaban recogidas en el real decreto que
convalidamos, añadimos el otorgamiento de títulos para la prestación de
servicios de telecomunicaciones como competencia de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, la misión de velar por la existencia
de la libre competencia, el control del cumplimiento de las obligaciones
de servicio público, la resolución obligatoria de conflictos entre
operadores en materias de interconexión y de acceso y uso del espectro
radioeléctrico, el control de los procesos de concentración de empresas,
el informe de las propuestas de tarifas, el fijar los precios máximos de
interconexión, el instar la inspección técnica por parte del ministerio,
el registro general de operadores, etcétera, etcétera; cuestiones que,
repito, nos parecen



Página 3833



fundamentales, como también nos parecía fundamental que la comisión
tuviera el patrimonio y los medios necesarios para poder desarrollar sus
misiones --en este sentido también se recoge en la enmienda transaccional
al artículo 1--, o que tuviera capacidad sancionadora, cuanto menos que
tuviera la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de las
resoluciones de la propia comisión, como se recoge muy bien en esta
enmienda transaccional.

En cuanto a las enmiendas que han sido planteadas in voce por el señor
García-Arreciado, referentes también al funcionamiento y, básicamente, a
los poderes de la comisión, debo decir que nuestro grupo parlamentario no
ve mal esas enmiendas, en absoluto. Nos parecen propuestas razonables que
van muy en esta línea de reforzar los poderes del regulador, las
competencias del regulador, dotándole de la posibilidad de decidir su
propia estructura interna o aplicándole el régimen general de
incompatibilidades que se exige en este país para los altos cargos.

Creemos, sin embargo, que es una cuestión que debemos meditar
conjuntamente todos los grupos parlamentarios que hemos hecho posible que
se llegara hoy a un amplio acuerdo alrededor de esta ley.

Hay otra cuestión que no se resuelve correctamente en las transacciones y
que, por tanto, no va a quedar recogida al menos en el proyecto de ley
tal y como resulta de las enmiendas transaccionales que hoy vamos a
aprobar, pero que creemos que tenemos que resolver (tenemos por delante
trámites parlamentarios para hacerlo y es ilógico que no lo hagamos), que
es la situación de aquellas entidades públicas que tienen como misión el
transporte de la señal televisiva; es decir, las entidades que realizan
la misma misión que Retevisión a nivel de todo el Estado en el ámbito de
sus comunidades autónomas. Los servicios portadores van a liberalizarse
de una forma muy inmediata; el 1 de enero de 1998 el servicio portador va
a estar absolutamente liberalizado, cualquier empresa que tenga capacidad
para trasladar la señal televisiva va a poderlo hacer, no va a tener que
dirigirse necesariamente a Retevisión o a las otras dos sociedades que
están realizando esta función, y sin embargo no existe una cobertura
legal para estas sociedades. Creo que es algo que tenemos que resolver,
no sé si hoy va a ser el día, puede ser la semana que viene en el pleno
de la Cámara o bien puede ser en el Senado, pero sería absurdo que
dejáramos pasar la oportunidad que nos brinda este proyecto de ley para
resolver estas cuestiones.

Señor Presidente, eso es todo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor
González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, intervengo para
fijar la posición del Grupo Vasco en relación con este proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones, haciendo constar, en primer
lugar, que el Gobierno remitió a esta Cámara el 7 de junio este real
decreto-ley, convalidado posteriormente por la Cámara, han pasado ya ocho
meses, y esto es lo que hace ver lo intenso que ha sido el debate entre
los grupos parlamentarios para poder llegar al día de hoy con un nuevo
texto que prácticamente modifica, creo que altera, en aspectos
importantes, la redacción original que el Gobierno remitió a esta Cámara.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, apoyando decididamente los distintos
procesos legislativos conducentes a la liberalización del sector de las
comunicaciones, queremos hacer constar que aunque haya sido larga la
tramitación --y probablemente se pueda decir que es mucho el tiempo
transcurrido en un decreto-ley emitido por el Gobierno para su
tramitación urgente en esta Cámara-- los frutos, en general, los
contenidos que previsiblemente vamos a aprobar hoy, al término de esta
sesión, son satisfactorios para el Grupo Parlamentario Vasco en su
conjunto. Todo esto no es óbice para señalar, a renglón seguido, que nos
encontramos en el sector de las telecomunicaciones en un momento de totum
revolutum, en el que es difícil seguir no ya los periódicos sino el
propio «Boletín Oficial del Estado», con la productividad que está
poniendo de manifiesto el Ministerio de Fomento. Con tanto decreto, con
tanta orden ministerial, las fotocopiadoras de los grupos parlamentarios,
señor Presidente, sacan humo intentando actualizar los archivos y los
distintos asesores jurídicos de los grupos parlamentarios sólo
contrastando los contenidos de uno y otro texto conocen un trabajo
extraordinario en los últimos días; circunstancia que no consideramos que
es la más normal, señor Presidente, ante un sector que conoce
precisamente la liberación.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos, como consideración
política, que hay un sector muy intervencionista en el Gobierno que gusta
de poner su firma y sus contenidos en todas estas órdenes ministeriales y
decretos y está generando que muchas empresas se vayan a tener que
dedicar en los próximos días a dar cursillos en relación a todas estas
previsiones legales, porque ciertamente es bien difícil para uno que
lleva ya años tratando estos temas tener sólo mínimamente claro el
esquema básico de funcionamiento de un sector donde se van a dirigir y se
están dirigiendo tantas inversiones reales. Decía el señor Recoder, con
razón, que hay mucho inversor extranjero que está en este país intentando
buscar sus plataformas de negocios de cara a este sector de las
telecomunicaciones. En los distintos contactos que este grupo
parlamentario ha mantenido con estos sectores, con estos inversores
extranjeros, han manifestado su sorpresa ante esta producción legislativa
y ante la incapacidad de retener no ya la hojarasca del tema en las
distintas ramas, sino de centrar el tronco de la discusión y observar
cuáles pueden ser los calendarios a través de los cuales este proceso
legislativo se lleve a cabo. Desde el Grupo Parlamentario Vasco, en
consecuencia, señor Presidente, haríamos un llamamiento al sosiego del
Ministerio de Fomento, a la reorganización de todas estas previsiones
legales, y a la consideración de que si hacen falta ocho meses para que
un real decreto-ley remitido a la Cámara con urgencia pueda conocer un
amplio consenso, como es importante en una materia como ésta de
telecomunicaciones, no se vayan generando otros procesos desde el propio
ministerio, en el uso de sus facultades, que si no alteran
sustancialmente los



Página 3834



propios acuerdos, sí los matizan en algunos casos hasta el extremo.

Quisiera hacer, señor Presidente, al inicio de esta intervención, estas
dos consideraciones: manifestar la satisfacción por el acuerdo que
previsiblemente en el día de hoy se va a sostener en esta Comisión,
acuerdo de amplia base parlamentaria en esta Cámara, y, por otro lado, la
sorpresa que no sólo el Grupo Parlamentario Vasco, sino el sector, se ha
llevado en relación a este afán reglamentista y a veces fuera de tiempo
que está generando el Ministerio de Fomento.

En relación a los cuatro bloques que constituyen los contenidos de este
proyecto de ley, quisiera hacer las siguientes consideraciones. En primer
lugar, en cuanto al consejo del mercado de las telecomunicaciones, desde
el Grupo Parlamentario Vasco entendemos acertado el texto transaccional
que se propone --que en su última redacción ha sido repartido a lo largo
de la mañana-- porque se recoge en términos generales la finalidad de las
enmiendas que planteaba nuestro grupo. Existen dos consideraciones que
han quedado manifiestas en relación al régimen de incompatibilidades de
los miembros de este consejo y a la estructura de funcionamiento del
mismo, consideraciones que han sido manifestadas tanto por el portavoz
del Grupo Socialista como por el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán, consideraciones que comparte el Grupo Parlamentario Vasco
porque, en definitiva, no parece que existan especiales circunstancias
que lleven a endurecer el régimen de incompatibilidades de los miembros
de este consejo del mercado de las telecomunicaciones, y el hecho de que
el ministerio genere la estructura de funcionamiento del consejo vía
orden ministerial suscita las suspicacias que desde el propio ministerio
se puedan tener ante un órgano arbitral. Lo que no se puede, señor
Presidente, es sentarse en un queso y comer de otro. Si se es liberal es
que se es liberal y si no, es que no se es. Aquí la prédica política
coincide bastante poco con la práctica legislativa. El mayor ejemplo que
hemos conocido en los últimos días se está dando en relación al fútbol
codificado. Es decir, que el Consejo Superior de Deportes adscrito al
Ministerio de Educación y Cultura, cuya titular alardea de su
ultraliberalidad, pueda manifestar ante el país que el Gobierno está en
condiciones de indicar qué partido de la jornada de liga del domingo debe
ser emitido es buena muestra de que las teorías políticas difícilmente
coinciden con las prácticas que después se generan desde los ministerios,
seguramente en un afán de responder a otra serie de problemáticas que
poco tienen que ver con la teoría política pero que dejan en evidencia
los talantes de las personas.

Cerrado el paréntesis ejemplificador, sí quisiera indicar que en relación
al consejo del mercado de las telecomunicaciones existe una enmienda, la
número 34, del Grupo Parlamentario Vasco, a través de la cual se
pretendía preservar el ámbito competencial autonómico en funciones
homónimas a las de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en
cuanto a medios de comunicación social gestionados directamente,
concedidos o autorizados por las comunidades autónomas y en cuanto a
competencias en materia de cultura. No es óbice el mantenimiento de esta
enmienda para manifestar que en el conjunto de contenidos que están
recogidos en la enmienda transaccional el Grupo Parlamentario Vasco
manifiesta su acuerdo. Entendemos que en lo que son ámbitos
competenciales no están suficientemente explícitos, lo que no quiere
decir que se diga lo contrario, pero el que no se diga es también, señor
Presidente, una posición política.

En relación al segundo bloque, las enmiendas que versan sobre la LOT,
entendemos que también se ha conseguido un serio acercamiento en las
posiciones que se recogían en el original real decreto-ley y entre las
enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Vasco; satisfacen más que
parcialmente las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco,
y sólo voy a comentar aquellas que de no haber mayor avance en las
transacciones entre los distintos grupos parlamentarios mantendríamos
para su debate en el Pleno.

La enmienda número 16 pretende regularizar de manera definitiva las redes
de telecomunicaciones de las comunidades autónomas, permitiéndoles operar
en el mercado más allá de la limitación actual a los servicios
corporativos. Nos encontramos con una situación muy curiosa, señor
Presidente, que hay comunidades autónomas que tienen redes de
telecomunicación en funcionamiento y que son alegales. Daría la impresión
de que el Estado, proyecto de ley tras proyecto de ley --yo creo que es
el cuarto en cinco años en el que el Grupo Parlamentario Vasco ha
presentado la necesidad de regularizar la situación legal de estas
redes--, el Estado, que vota en contra y renuncia a la legalización de
estas redes, tampoco actúa en su actitud coercitiva, no voy a decir de
mandar a la Guardia Civil pero sí decir que se cierren. Si no se
regularizan legalmente y operan, el Estado tendría que cumplir aquellas
potestades sancionadoras que la misma ley recoge en su artículos y
contenidos. Pero es lo del perro del hortelano, señor Presidente, ni
hacer ni dejar hacer. Por ello, dado que estas redes están ahí, que estas
redes operan, que estas redes trabajan, cobran los servicios que generan,
etcétera, y que el Estado no utiliza la potestad sancionadora que las
propias leyes reconocen, parece que lo razonable es sentarse a redactar
el contenido legislativo oportuno para que estas redes puedan funcionar
con normalidad, como todas las demás. Porque existe además una situación
que es francamente curiosa: que a través de este proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones se legalizan y liberalizan todas
las redes privadas salvo aquellas públicas que no están afectadas a
organismo del Estado, circunstancia que lleva también a matizaciones o a
elucubraciones políticas muy sugerentes. Yo sólo quisiera dejar colgada
una pregunta, señor Presidente: si las comunidades autónomas titulares de
estas redes son Estado o no, porque las redacciones que conlleva este
proyecto de ley entienden de la excepcionalidad de esas redes, no las
consideran y, en consecuencia, las conclusiones políticas son evidentes.

Mantendríamos también en este segundo bloque la enmienda número 20, que
salvaguarda las competencias de la Comunidad Autónoma vasca en el
establecimiento de tarifas vinculadas a medios de comunicación social y
de cultura que son de su titularidad. Entendemos que con la



Página 3835



actual redacción el Estado podría fijar, curiosa y paradójicamente, las
tarifas que son competencia de otra administración, circunstancia que
entendemos debe llevar a una redacción más matizada de ese artículo.

Mantenemos también la enmienda número 17 para que las directivas
denominadas ONP, limitando posibles discrecionalidades respecto a la
aplicación de condiciones singulares de diversos operadores portadores,
puedan ser recogidas en este proyecto de ley.

En relación al tercer bloque, que versa sobre la Ley del cable, que
conoció también un amplio acuerdo en esta Cámara, entendemos que se
realizan importantes modificaciones con la actual redacción y que se
mejoran los contenidos en la enmienda transaccional que hoy nos ocupa.

Manifestamos nuestra preocupación porque en relación a la modificación de
las demarcaciones unimunicipales se minoran las competencias autonómicas
respecto al procedimiento, entendiendo además que son restricciones que
se realizan prácticamente para unos cuantos meses, porque el propio
proceso de liberalización va a llevar a que todas estas previsiones
legislativas decaigan por su propio peso. Por eso insistimos en el empeño
que tienen ciertos burócratas en los ministerios en aquilatar las últimas
cosas cuando probablemente, para cuando estos procesos se pongan en
marcha, todas esas previsiones caigan por su propio peso.

Quisiera hacer una manifestación específica en relación a la enmienda 25,
porque en este momento en que se está conociendo este gran boom sobre las
telecomunicaciones adquiere una importancia vital o, por lo menos,
actualidad; enmienda que cifra el 1 de enero de 1998 para la
liberalización del sector, lo cual hace ver que nos encontramos ya con el
pistoletazo de salida dado. Ya sabemos con qué perspectiva de trabajo se
va a poder jugar y entendemos que, una vez que se produzca el 1 de enero
de 1998 esta liberalización, gran parte de esos contenidos quedan
básicamente decaídos en sus propias consideraciones.

En relación al cuarto bloque, que es el de la privatización de
Retevisión, quisiéramos manifestar también nuestra preocupación por el
tiempo que está pasando. Hemos apoyado sistemáticamente la privatización
de Retevisión, el proceso que se ha puesto en marcha, sin embargo
constatamos desde fuera --insisto, desde fuera-- que el proceso se está
dilatando en el tiempo en exceso. La privatización de una empresa debe
conocer unos estándares de funcionamiento que son habituales en el mundo
empresarial y no creemos que se esté procediendo con suficiente
diligencia, seguramente por las dificultades que genera la privatización
de una empresa como Retevisión. Hemos apostado como Grupo Parlamentario
Vasco porque exista competencia, porque Telefónica tenga competencia,
porque el usuario pueda elegir qué operador telefónico básico utiliza en
su vida habitual y en los servicios de los que debe disponer, y
observamos con preocupación los ritmos del actual proceso de
privatización de Retevisión. Ojalá estemos equivocados, porque ello sería
la mejor noticia para que el sector conociera una efectiva competencia,
pero entendemos que por encima y por debajo de previsiones legales, de
órdenes y de reglamentos, debe existir una gestión en la privatización
que se ha hecho en otras empresas con suma transparencia y diligencia y,
en nuestra opinión, está conociendo excesivas dificultades en su puesta
en marcha y en su ejecución.

Sin más, señor Presidente, termino indicando que la voluntad del Grupo
Parlamentario Vasco sería la de no mantener ninguna enmienda viva para su
debate en Pleno, en ese empeño hemos trabajado a lo largo de ocho meses,
y espero que después de la intervención de la señora Mato podamos ir
retirando más enmiendas. En todo caso, supongo que al final del debate
habrá otro turno en el que podamos fijar nuestra posición en relación con
las enmiendas retiradas y las enmiendas vivas para su debate en Pleno.




El señor PRESIDENTE: Aprovecho esta ocasión para decir que después de la
intervención de la señora Mato habrá un turno de réplica y suspenderemos
la sesión para organizar las votaciones de una forma técnica.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su portavoz el señor
Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: El Grupo Parlamentario Mixto presentó nueve
enmiendas al Real Decreto-ley de 7 de junio de 1996, centrado
prácticamente en tres pilares básicos que no fueron modificados a lo
largo de todo el debate parlamentario, por lo menos en la cuantía en que
al Grupo Parlamentario Mixto, concretamente el Bloque Nacionalista Galego
y en algún aspecto también a Eusko Alkartasuna, le habría gustado. (El
señor Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia.)
La primera cuestión que queremos remarcar es que en cuanto a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones se pierde una oportunidad de oro
para que la misma tenga un carácter democrático y claramente vinculado a
las instituciones plurales, diversas, que existen en el Estado español, y
además a las instituciones de representación parlamentaria. Aprovechamos
la ocasión para decir que no es de recibo o es una fuente de graves
contradicciones --por mucho que se intente paliar a través de enmiendas
que van destinadas a proteger, en cierta medida, alguna capacidad
competencial de las comunidades autónomas--, que admitiendo que el Estado
español existe, no se reconozca de una vez por todas, en temáticas tan
sensibles y de tanta importancia para la ordenación del territorio, para
las cuestiones informativas, para las cuestiones de comunicación y para
la subsistencia y potenciación de la lengua y cultura propia, que habría
que hacer una comisión del mercado de telecomunicaciones a nivel estatal
que reconociese esta pluralidad y diversidad. De ahí las enmiendas que
como Bloque Nacionalista Galego presentamos a la conformación de dicha
comisión, que celebramos que tenga tantas competencias pero lamentamos
que las tenga con una composición tan restrictiva y tan claramente
gubernamentalizada. No hay que ocultar que sólo son siete miembros,
nombrados todos ellos por el Ministerio de Fomento, que es un organismo
de gobierno que tiene un carácter abiertamente centralista o solamente
sensible, en el mejor de los casos, a aquellos partidos que participen de
la gobernabilidad del Estado.




Página 3836



Nuestra propuesta consistía en empezar por admitir que el Estado español
es diverso y, por tanto, habría que dejar a las comunidades autónomas,
sin meterse a reglamentar cómo debían hacerlo, si por vía parlamentaria,
por medio de sus asambleas legislativas o bien directamente por su
Gobierno --debate que tendrían que tener internamente--, que nombraran
siete miembros; me refiero a las que son nacionalidades históricas, que
tienen lengua y cultura propia, y a una comunidad autónoma insular, que
es Canarias, cuya distancia de la península Ibérica lo justifica por sí
mismo, sin entrar en otras consideraciones. Por tanto, siete miembros
propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o
por otro método que considerasen oportuno y controlable. Además, debería
haber otros siete miembros nombrados por este Congreso de los Diputados,
con lo cual haríamos una comisión de mercado de telecomunicaciones
claramente diversa, plural y controlada, y en el camino de una
conformación plurinacional del Estado español y no de una conformación
centralista como la que hoy tiene.

Derivado de esta visión de la problemática, nos preocupamos también de
que se plasmasen algunas enmiendas que en cuanto a la modificación de la
ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable, situasen mejor la capacidad
competencial de las comunidades autónomas, dejando claro que los
ayuntamientos, dentro de su competencia, debían estar subordinados por lo
menos al informe vinculante y en otros casos incluso a la aprobación
correspondiente por la comunidad autónoma a la que pertenecen, cuestión
que en el proyecto original no sólo estaba muy desvaída sino claramente
descompensada, en contra de un localismo vinculado directamente al
Ministerio de Fomento o a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
en un momento futuro. Vemos que este aspecto fue algo modificado. En
concreto presentaron esta mañana una enmienda, la número 7, al artículo 3
uno, que mejora sensiblemente el proyecto original y que celebramos
aunque no sea exactamente la formulación que habíamos establecido.

Por otro lado, queremos demostrar nuestra oposición al proceso de
privatización total de Telefónica y al proceso iniciado con Retevisión,
ya que pensamos que debían ser operadores de telecomunicaciones
claramente públicos. En ese sentido pensamos que la concesión del segundo
operador de telecomunicaciones debe dejarse a los gobiernos autónomos, y
en esa línea va la enmienda firmada por la señora Lasagabaster, de Eusko
Alkartasuna, para que conforme al Estatuto de Autonomía del País Vasco
corresponda al Gobierno vasco la competencia de adjudicar y otorgar un
título habilitante para la prestación de servicio final de telefonía
básica. Por tanto, dejaríamos vivas para el debate posterior (las demás
las retiramos porque vemos que en cierta medida han sido recogidas,
aunque no dentro de una visión más amplia que democratizase la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones y que la hiciese respetuosa con la
diversidad existente en el Estado español), la enmienda número 1 de Eusko
Alkartasuna, las enmiendas 5 y 6, referidas a la composición de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a cómo se hacen las
propuestas para el nombramiento de sus miembros, y las demás las haríamos
decaer, eso sí, haciendo notar, desde la perspectiva del Bloque
Nacionalista Galego, que no participamos del articulado del decreto-ley
referido a Telefónica y a Retevisión como operadores de
telecomunicaciones como duopolio claramente privado.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la señora Mato para defender sus enmiendas y
fijar su posición sobre las de otros grupos.




La señora MATO ADROVER: En primer lugar, y como ya han hecho otros grupos
parlamentarios, quería mostrar mi satisfacción y también mi
agradecimiento a todos ellos por el trabajo que hemos venido
desarrollando. Ha sido un trabajo largo, como decía algún portavoz, a
veces difícil, pero al final lo importante es que hay que mostrar la
satisfacción porque en el ámbito de este proyecto de ley que estamos
debatiendo se ha superado la dinámica partidista y hemos podido conseguir
un amplio acuerdo, aunque a mí me gustaría que fuera más amplio. Como
todavía tenemos el trámite del Senado, vamos a intentar ampliarlo para
que otros grupos importantes de la Cámara puedan incorporarse a este
acuerdo y al final tenga el consenso no de la mayoría de los grupos sino
de todos ellos, como nos gustaría que pasara con el resto de los temas
que afectan a telecomunicaciones.

Durante muchos años, tanto cuando estábamos en la oposición como ahora
que estamos en el Gobierno, hemos mantenido la necesidad y la importancia
de las telecomunicaciones como cuestión del Estado, y también la
necesidad y la importancia de que la mayoría de los grupos de la Cámara
apoyaran las propuestas que se hicieran. De esta manera se va a debatir
próximamente un proyecto de ley general de telecomunicaciones. Hago
referencia a él porque también le mencionaré al contestar a algunas de
las enmiendas de otros grupos parlamentarios. El Gobierno ha remitido ya
un borrador y se ha enviado a los grupos parlamentarios antes de ser
proyecto de ley, de manera que intentemos, desde el principio, lograr un
consenso sobre este asunto. Repito que es indispensable, es
imprescindible que haya un consenso entre los grupos, puesto que se trata
de una cuestión de Estado que afecta al interés general de los
ciudadanos.

Quiero recordar, aunque ya lo he hecho en otras ocasiones, que estamos
hablando de un proyecto de ley que procede de un real decreto-ley que se
convalidó por la mayoría de esta Cámara --por tanto, está en vigor hasta
que se apruebe el proyecto de ley y se convierta en ley--, y que se
presentó por vía de urgencia. Decía algún portavoz que este proyecto de
ley se ha dilatado ocho meses. Para mí ha merecido la pena porque hemos
conseguido lograr un texto, creo, muy mejorado del decreto-ley que se
presentó. Cierto que se presentó por vía de urgencia y para un
determinado concepto y no para lo que hemos conocido ahora, pero nos
parece que es mucho mejor para el interés de todos los ciudadanos.

Nuestro grupo está satisfecho del resultado de la tramitación. Se
presentó por vía de urgencia



Página 3837



porque había necesidad de adoptar una serie de medidas urgentes por el
retraso que llevábamos en materia de telecomunicaciones. Eso ha dado paso
a que el Gobierno, en base a ese decreto-ley --como he dicho convalidado
por estas Cortes--, haya tenido que adoptar una serie de medidas y de
actuaciones para ir desarrollando el mismo previamente a la aprobación de
este proyecto de ley. Todo ello no significa en ningún momento ni que
esas actuaciones se hayan separado de la tramitación del proyecto de ley,
ni que esas intervenciones, esas regulaciones que ha presentado el
Gobierno, discrepen del contenido que se va a aprobar en este proyecto de
ley. Creo que se ha dado un paso importante con la presentación de este
decreto. Dije en su día que no se trataba de una regulación total de las
telecomunicaciones; simplemente era un primer paso.

El decreto-ley que se presentó y que se está tramitando como proyecto de
ley abarcaba cuatro aspectos diferentes. Dos de ellos relativos a la
modificación de algunas leyes vigentes a la que hemos hecho referencia
--las leyes del cable-- a fin de introducir la liberalización de los
servicios finales, rompiendo el monopolio existente y facilitando el
desarrollo de la competencia. Los otros dos suponían la creación, en
principio, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la
puesta en marcha de un segundo operador, temas a los que nos hemos
referido esta mañana todos los grupos parlamentarios.

En cuanto a la creación de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, sin duda el texto que se va a votar hoy ha mejorado
sustancialmente la previsión inicial del decreto-ley. El decreto-ley se
presentó simplemente para crear el órgano, dotándole de las competencias
mínimas que requería su creación. En el debate y en la tramitación del
proyecto de ley hemos conseguido un texto que ya se ha incorporado por la
Ponencia; un texto que de verdad crea un órgano independiente, un órgano
con competencias, un órgano regulador de las telecomunicaciones. Por ello
debemos mostrarnos satisfechos y, desde luego, el Grupo Popular y el
Gobierno lo están.

En relación con la orden del ministerio del 31 de enero de 1996, hay que
incidir en que la misma prevé ya la asunción de las primeras competencias
que le son propias a la comisión. En ningún momento esa orden ministerial
pretende quitar las competencias que por ley se van a aprobar. En ningún
caso podría hacerlo, pero no es la previsión de la orden ministerial. Sí
es cierto que se prevé la asunción de las primeras competencias: la
arbitral, previa sumisión de las partes; la de dictar instrucciones a los
operadores para garantizar la libre competencia; la de emisión de
informes, que en algunos casos serán preceptivos y en otros vinculantes,
y también la de asesorar a las administraciones públicas.

Lo lógico en la actuación de un ente público que inicia su singladura es,
como ya ocurrió también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
graduar, según ha comentado algún grupo parlamentario, ordenadamente las
competencias, ir transfiriendo poco a poco las mismas. Tiene que ser un
proceso gradual, y eso es lo que hace la orden, al final, para poner en
marcha la Comisión: ir dándole las competencias. Es verdad que hay que
lamentar que hasta junio no se haya creado esta Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones porque tendríamos mucho camino avanzado. Lo cierto es
que se creó en el mes de junio y tiene que ir poco a poco, repito,
incorporando sus competencias. Pero también es cierto que hay un
compromiso evidente con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Se
le está dotando económicamente para que pueda asumir todas sus funciones.

La apuesta, sin ninguna duda, es decidida y el calendario es lógico, sin
improvisaciones y, sobre todo --quiero recalcarlo--, con íntegro respeto
a la vigente normativa.

El primer punto referente a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
ya está incorporado en el informe de la Ponencia. Nosotros mantenemos el
texto transaccional que se presentó y que ha sido consensuado por los
grupos parlamentarios. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Quería
comentar dos cuestiones. Una, respecto a las enmiendas in voce que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no podemos estar
de acuerdo con ellas, por lo que no vamos a votarlas favorablemente por
dos motivos. En primer lugar, porque una de ellas parece que quiere dar
marcha atrás, es decir, reducir las incompatibilidades que se han puesto
a los miembros de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Nosotros
creemos que la comisión tiene que ser un órgano independiente, que los
miembros de esa comisión tienen que ser personas independientes y, por
tanto, se les ha querido dar la suficiente entidad como para que las
incompatibilidades también impidan que puedan tener algún interés en
otras cuestiones. Queremos mantener el régimen que se ha dado de
incompatibilidades y no diluirlo o disminuirlo en modo alguno.

En cuanto al tema de la estructura, la comisión se creó en el mes de
junio por un decreto-ley convalidado. Esa comisión ya se ha puesto en
marcha; su estructura ha sido puesta en marcha por decreto, como pone en
el proyecto la ley, por el Gobierno, de manera que ya está en
funcionamiento. Creemos que es lógico y normal que se mantenga dicha
estructura, sin perjuicio de que todas las competencias en cuanto a
organización interna, como no podía ser de otra manera, las tenga la
propia comisión.

Las enmiendas transaccionales que presentamos, que ya las tiene la Mesa y
que están a disposición de todos los grupos parlamentarios, han salido de
muchas de las reuniones que se han mantenido entre todos los grupos
parlamentarios, de manera que se ha conseguido un texto diferente y, a mi
modo de ver mejorado, del que estaba recogido en el decreto-ley. Estas
enmiendas transaccionales no recogen al cien por cien todas las
propuestas de los grupos parlamentarios. Recogen en su mayoría las líneas
generales de las mismas. No pueden recoger todas las propuestas por dos
motivos. En primer lugar, porque muchas de ellas, que son lógicas,
exceden del ámbito de esta ley. Esta ley, como digo, es un primer paso,
no es el definitivo ni el último. Por tanto, algunas de las enmiendas que
se han presentado por los grupos parlamentarios, como otras que comentaba
el Grupo Nacionalista Vasco, deberán ser estudiadas, pero creemos que no
es en el ámbito, insisto, de esta norma donde se deben recoger, sino en
otras posteriores.




Página 3838



Estoy haciendo referencia expresamente ahora al proyecto de ley general
de telecomunicaciones, que vendrá a esta Cámara en los próximos meses y
que, como he dicho antes, nos gustaría que contara con el consenso de
todas las fuerzas políticas de esta Cámara, para lo que vamos a hacer un
esfuerzo.

Las enmiendas presentadas a esta ley que superan el ámbito de la misma y
que no han sido recogidas, han sido tenidas en cuenta y se seguirán
teniendo en cuenta para hacer el proyecto de ley general de
telecomunicaciones que se presentará en esta Cámara.

De la misma manera, muchas enmiendas de Izquierda Unida que hoy no vamos
a poder votarlas favorablemente sí serán recogidas en sucesivas leyes,
tanto referidas a materias de medios de comunicación como a la ley
general de telecomunicaciones.

Entrando ya en los puntos concretos y dejando a un lado la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, que ha mejorado sustancialmente su
formación, diré que se han presentado unas enmiendas transaccionales al
artículo 2.º de la ley, que, como han dicho otros grupos, se han debatido
por lo grupos parlamentarios y mejoran el texto. Fundamentalmente son
modificaciones a la LOT, ley que está desfasada en estos momentos y que
no puede recoger el panorama liberalizador al que nos estamos
enfrentando. Las enmiendas transaccionales que se han pactado, que
recogen en su mayoría las propuestas de otros grupos parlamentarios, se
refieren, sobre todo, a garantizar la concurrencia en el mercado de los
distintos servicios y también la competencia.

La enmienda a que hacían referencia algunos portavoces trata de
garantizar a todos los operadores de servicios la interconexión de
circuitos. Creemos que es imprescindible la garantía de esa interconexión
de circuitos con precios transparentes, con condiciones objetivas,
igualitarias y proporcionales, a los efectos de que al final haya, de
verdad, una liberalización y una competencia en materia de
telecomunicaciones. Creo que no es necesario que dé lectura a la
redacción que se presentaría al artículo 2, sin perjuicio de otras
enmiendas transaccionales que están recogidas en el documento que se les
ha repartido.

En cuanto al artículo 3, relativo a la ley de telecomunicaciones por
cable, todos sabemos que esta ley sufrió un sinfín de retrasos en su
elaboración y que al final se elaboró precipitadamente, a nuestro modo de
ver, debido a las actuaciones legítimas de ayuntamientos. Por tanto,
creíamos que era necesario solucionar algunos problemas que hoy han
surgido con su aprobación. El decreto-ley recogía algunas medidas que
había que adoptar en relación con el cable y muestro mi satisfacción por
ello. Con la nueva redacción que hemos elaborado entre los grupos se ha
dado respuesta tanto a la situación creada en cuanto a los ayuntamientos
como a la posibilidad de que exista competencia mediante algunos períodos
de moratoria a ciertas actuaciones de Telefónica, temas que, como he
dicho, se han pactado y consensuado, de manera que las propuestas
iniciales se han matizado y mejorado y creo que hemos llegado a un texto
que posibilitará que los concursos de cable se pongan en marcha
inmediatamente, que el cable en España pueda empezar a avanzar y que al
final ocupe el puesto que le corresponde, que para mí es importante,
puesto que merecerá la pena tener a España «cableada», no sólo a efectos
de televisión, de Telefónica, sino de otros muchos servicios que se
podrán prestar y que facilitarán la vida a todos los ciudadanos.

Por último, en cuanto al segundo operador de telecomunicaciones, quería
tranquilizar a algunos portavoces que han mostrado su preocupación por el
retraso en su puesta en marcha. La puesta en marcha de un segundo
operador, basada en Retevisión, tiene que garantizar muchas cuestiones,
por lo que se está haciendo sin pausa pero sin prisa, de manera que en
breves días lo tendremos puesto en marcha y contará con todas las
garantías, tanto para los servicios que se están prestando en este
momento como para los operarios que están trabajando en el Ente Público
de Retevisión en la actualidad.

Respecto a las enmiendas concretas que mantiene el Partido Nacionalista
Vasco, quería hacer mención a la número 20. En la enmienda primera que
teníamos transaccionada y consensuada con los grupos parlamentarios hemos
incorporado un apartado en el que se matiza que el Gobierno, en el
ejercicio de sus competencias, establecerá los supuestos de aplicación de
tarifas fijas. Al matizar «en el ejercicio de sus competencias», lo que
se trata es, como recogía la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, de
que se dejen al margen las competencias de las comunidades autónomas, que
por supuesto la tendrán para poder fijar tarifas en este ámbito
correspondiente. En cualquier caso, quiero reiterar al Partido
Nacionalista Vasco que estamos estudiando todas estas enmiendas, y
algunas de ellas podrán recogerse en la futura ley de ordenación de las
telecomunicaciones, por lo que, sin perjuicio de que en este marco no
puedan ser recogidas, trataremos de hacerlo en un futuro texto.

Lo mismo reitero para algunas de las propuestas del Grupo de Izquierda
Unida --ya lo hemos hablado en algunas ocasiones--, que no pueden ser
recogidas en este marco legislativo, pero sí podrán serlo en otros
referentes a telecomunicaciones y a medios de comunicación.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica y de fijación de posiciones
ante enmiendas transaccionales o de aclaración a los demás grupos y a la
Mesa de la Comisión de cuál es la posición de cada grupo, tiene la
palabra el señor García-Arreciado por el Grupo Socialista.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: De la intervención de la portavoz del
Grupo Popular, señora Mato, se deduce una encomiable satisfacción de su
grupo con la política de telecomunicaciones del Gobierno, quizá porque no
haya leído las primeras páginas de toda la prensa nacional de hoy o desde
mediados de diciembre pasado. Continúen en esa estrategia y terminaremos
por desbaratar cualquier intento de política de telecomunicaciones en
este país.

Vamos a centrarnos en lo que nos ofrecen. Al artículo 2, apartado 7,
ofrecen la enmienda transaccional primera, que



Página 3839



establece que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, y por
real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, puede establecer los
supuestos de aplicación de las tarifas máximas y mínimas, etcétera y la
desregulación de los precios. A mí me parece bien esta enmienda y estaría
dispuesto a votarla a favor si me admiten también añadir: «y la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus competencias».

En el artículo 1 acabamos de dar a la comisión del mercado las
competencias de fijación de las tarifas en determinados supuestos. No
podemos darle en el artículo 1 unas competencias y en el 2 decir que se
las quitamos. De manera que me parece bien el texto de esa enmienda si
introdujésemos «y en el ámbito de sus competencias, también la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones», en un texto que ya acordaríamos
si la señora Mato y el resto de los grupos se encuentran dispuestos a
aceptar esta sugerencia.

No tenemos ningún inconveniente que presentar a la enmienda transaccional
número 2 que nos propone al artículo 2.º de la ley, lo mismo que la 3, 4
y 5. Con carácter general, debo decir que esto va a producir la retirada
de las enmiendas correspondientes, pero en un breve período que pido a la
Mesa que nos dé para hacerlo llegar.

En la enmienda sexta tengo una dificultad. Dice que los titulares de las
redes de acceso directo al público facilitarán el acceso a éstas por
parte de los operadores, etcétera --la directiva ONP de libre acceso a la
red--. Pero el Gobierno dice «incluidas las redes privadas virtuales». Yo
no entiendo muy bien qué se quiere decir con redes virtuales privadas. Me
parece que no sería conveniente que a las redes corporativas de empresa
tenga libre acceso cualquier operador para meter el producto que sea. A
lo mejor estoy en un error, pero creo que eso no significa una red
privada virtual. Si la señora Mato me lo explica, yo atenderé sus
razones; si no me lo explica o la explicación que me dé no es coincidente
con nuestros planteamientos, aceptaría esa enmienda sexta excluyendo la
inclusión de las redes privadas virtuales.

Estaríamos dispuestos a votar a favor de la enmienda séptima que nos
presentan como transacción con varios grupos, incluido el nuestro, al
artículo 3, apartado 1, y lo mismo debo decir respecto a la enmiendas
transaccionales octava y novena que nos presentan. En la décima ya
empiezan las dificultades, porque dice que el artículo 9.1 de la vigente
Ley del cable se modifica en el sentido de autorizar la prestación de
servicios finales --para entendernos, estamos hablando de teléfono--, en
su demarcación a los operadores que ganen el concurso, previa obtención
del correspondiente título habilitante, en clara contradicción con la
enmienda duodécima, en la que se señala que, a partir del 1 de enero, se
podrán prestar esos servicios, previa comprobación por el Ministerio del
cumplimiento de los requisitos técnicos que se fijen. En esto último
estamos de acuerdo; en lo anterior, no. Porque si sobre la concesión se
establece un posterior título habilitante, estamos desvirtuando uno de
los aspectos sustantivos que ha sido objeto de negociación a lo largo de
estos ocho meses, y además estaríamos introduciendo en la ley dos
conceptos contradictorios. ¿El título concesional lleva implícita la
autorización para prestar servicios básicos en telefonía o necesita de un
posterior título habilitante? La enmienda décima dice que necesita de un
posterior título habilitante y la enmienda duodécima dice que no, que
sólo necesita la comprobación por el Ministerio --no podía ser de otra
manera-- del cumplimiento de las especificaciones técnicas que contengan
los reglamentos.

La undécima tiene también nuestro apoyo --es una enmienda transaccional
no sólo con nosotros sino con otros grupos parlamentarios-- y en la
duodécima vuelven a aparecer los problemas. Estamos de acuerdo con la
parte primera, que, como hemos dicho, liberaliza la prestación del
servicio de la telefonía básica por cable a partir del 1 de enero de
1998, pero introduce un segundo párrafo, con el que vamos a mostrar
nuestra radical disconformidad. Establece que hasta su total
liberalización --creo que en el año 1998--, la prestación del servicio
final básico se debe hacer sobre el propio bucle de abonados entre el
punto terminal de la red y el primer nodo de conmutación de la red. Aquí
hay varios problemas. Esta es la parte más cara de la inversión de las
redes de cable y los empresarios van a echar cuentas. ¿Por operar siete
mese antes se van a meter en la inversión, cuantiosa --en más del 60 por
ciento de las redes de cable la inversión es en el bucle de abonados--, o
van a esperar ocho mese para dar el servicio con las infraestructuras
existentes? Decidido lo primero, ¿van a instalar bucle de abonados en la
demarcación completa? No. Primero, porque nos les da tiempo; segundo,
porque lo van a instalar únicamente en aquellos núcleos más cremosos del
mercado, donde los tráficos telefónicos justifiquen una inversión que,
como digo, es del 60 por ciento del total que hay que invertir en redes
de cable. Por tanto, hago la profecía en esta Cámara de que la
pretensión, loable, de facilitar con esto las inversiones tendrá el
efecto exactamente contrario. Todo el mundo esperará ocho meses y
paralizaremos la instalación de redes de cables de otros ocho meses más,
unidos a los veintitantos que ya llevamos.

Además, señoras y señores comisionados, es perfectamente irrelevante que
aprobemos o no este artículo, porque el Gobierno, en el decreto de
reglamento de la televisión por satélite, ha incluido ya esto. ¿Se
refiere al satélite? No; se refiere al cable. No importa, lo han
incluido. De manera, repito, que es perfectamente irrelevante que esta
Cámara incluya o no esto en un texto legal con rango de ley, porque ya el
Gobierno, curándose en salud, ha decidido que, mediante un decreto del
que no hay que dar cuentas en esta Cámara, le venía bien incluirlo por si
perdía la votación --y nubarrones había en el horizonte que podían
presagiar la pérdida de esa votación--. Eso es un acto de burla para esta
Cámara, por lo menos para este miembro de la Cámara.

Pero, además, contradice flagrantemente la directiva europea de acceso a
redes abiertas, la directiva ONP, que les da a todos los operadores el
derecho de acceder a cualquier red instalada. Y, para colmo de colmos,
contradice también el artículo 7 de la vigente Ley del cable, que señala
que los concesionarios tendrán que establecer su red de cable, instalando
su propia red o utilizando las infraestructuras existentes. De manera que
en el artículo 7 de la Ley del



Página 3840



cable --que no ha modificado nadie-- al concesionario le damos la
facultad de optar entre desembolsar esas cuantiosas inversiones o
utilizar las infraestructuras existentes --hasta hora, las de la compañía
Telefónica y, en el futuro, las de otros operadores--, y en el artículo 9
le decimos: Mire usted, diez minutos después de hacer el artículo 7 nos
lo hemos pensado mejor y, en el 9, esa opción que le ofrecemos ya no es
tal opción, ya le obligamos a usted a tenga que dar el servicio, siquiera
sea en el bucle de abonados. La pretensión inicial era mucho más
descabellada, era la totalidad de la infraestructura, incluidas
fruslerías tales como centrales de conmutación; la pretensión ha
disminuido y lo dejamos en el bucle de abonados. ¿Qué hace el operador?
¿Lo mete por Retevisión o por Telefónica?, ¿se acoge al artículo 7?, ¿se
aplica esta nueva disposición transitoria segunda de la Ley del cable?,
¿tiene título suficiente con la concesión o necesita, además, un nuevo
título habilitante? El escenario de incertidumbre que estamos creando
sobre el conjunto del sector, si así se ratifica en este Congreso de los
Diputados, desde luego, es absolutamente indeseable.

En la enmienda decimotercera se dice que la nueva sociedad --se refiere
al segundo operador-- podrá encomendar a terceros, en las condiciones que
al efecto se establezcan en los correspondientes acuerdos, la prestación
del servicio final de la telefonía básica urbana --¡atención!-- en
determinadas zonas del territorio. ¿Cuáles? (Rumores.) Hay una primera
objeción: la Ley de Contratos del Estado prohíbe tajantemente que el
objeto sustancial de una concesión, que es la prestación del servicio de
esta telefonía, pueda ser subarrendado. Esa es la primera objeción, pero
es jurídica. Yo de eso no entiendo y no entro en ello, pero los juristas
tendrán que verlo. Y la segunda objeción es que se ve el plumero. Dice:
en determinadas zonas del territorio. Por lo menos, vamos a quitar lo de
en determinadas zonas del territorio. O todos moros o todos cristianos.

(Risas.) Creo que al Gobierno le ha faltado precisar los territorios
concretos en los que está pensando. A pesar de la dificultad jurídica
(esto termina en los tribunales con toda seguridad, con el señor Garzón,
que será uno de los pocos casos que le queden por llevar en este país),
aceptaríamos esta enmienda suprimiendo la referencia a determinadas zonas
del territorio.

Estamos conformes con la enmienda decimocuarta, así como con la
decimoquinta y con la decimosexta, en la que debe haber un error por
parte del Gobierno, porque este texto está ya literalmente tanto en el
decreto como en el informe de la ponencia; luego no sé qué transacción se
ofrece ni con quién. Luego lo tendremos que aclarar porque hay un pequeño
lío entre las adicionales y las transitorias que tendremos que despejar.

La última enmienda, la decimoséptima, también merece el apoyo de nuestro
grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Brevemente, para fijar la posición de nuestro
grupo, que en principio mantiene todas sus enmiendas, reiterando algo que
ya dijimos en nuestra primera exposición. Es patente que hay un acuerdo
entre el resto de los grupos de la Cámara, acuerdo que curiosamente
consiste en el nombramiento, sobre todo, de los miembros de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, dándose la paradoja de que al
mismo tiempo se reivindica la figura de los independientes, garantes de
este tipo de comisiones, independientes que yo sigo pensando que no
existen químicamente puros. Pueden ser independientes en cuanto que no
tengan relación profesional con un sector determinado o con intereses
empresariales en ese mismo sector, cosa que es deseable y necesaria, pero
yo creo que no hay nadie independiente políticamente ni químicamente
puro. Prueba de ello es que a lo que lleva el acuerdo es que los siete
miembros se repartan de la siguiente forma: tres puestos por el Partido
Popular, dos por el Partido Socialista, uno por Convergència i Unió y
otro por el Partido Nacionalista Vasco, excluyendo una vez más a
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que representa a 2.600.000
ciudadanos en esta Cámara. Por tanto, como no es verdad lo de la
independencia, nuestro grupo se cree en el derecho y en la obligación de
exigir la presencia también, en representación de esos 2.600.000
ciudadanos, sin que ello suponga tampoco estar de acuerdo con los
criterios de funcionamiento de la comisión, entendiendo que debe haber
algún tipo de responsabilidad que pueda evaluarse, medirse y pesarse en
esta Cámara y no solamente ante el Gobierno. Por eso insistimos en
mantener todas las enmiendas.

Estamos, como se ha dicho ya por algún interviniente, en un momento muy
agitado en el mundo de las telecomunicaciones, con cambios constantes de
posiciones, donde se da la paradoja de que parece que los partidos
mayoritarios tienen los papeles cambiados: unos, exigiendo una
liberalización a ultranza desde la supuesta izquierda, y otros parece que
intentando regular a toda máquina, yendo por delante incluso de estos
proyectos de ley que estamos discutiendo aquí, una situación, situación
en la cual no nos sentimos copartícipes de ninguna de esas dos grandes
posiciones. Yo creo que hace falta tranquilizarse y en todo caso tener en
cuenta el bien de los ciudadanos y no otro tipo de cosas, porque estas
precipitaciones y estas alteraciones que sufrimos en estos días ponen en
evidencia otro tipo de intereses que no compartimos.

Por tanto, insisto, mantenemos todas las enmiendas y creemos que en un
tema tan importante como éste se debería haber buscado un mayor consenso,
no se debería haber excluido a nuestro grupo de la participación en un
órgano de ese tipo, que va a intentar vigilar la situación del mercado de
las telecomunicaciones en un momento clave y decisivo para su
relanzamiento, igual que no compartimos perder la mayoría pública en
Retevisión, modificando el proyecto anterior del Partido Socialista, que
efectivamente planteaba mantener en el ámbito de lo público el 51 por
ciento y ahora parece que lo que se plantea es intercambiarlo para que lo
público ya no tenga presencia mayoritaria. Desde nuestra posición
ideológica, y hay que decirlo, seguimos pensando que lo público en
algunos sectores sigue siendo garante del servicio público a todos los
ciudadanos



Página 3841



y en algunos casos una liberalización equivocada está sirviendo para
duplicar servicios y costes en infraestructuras, como podemos ver por
ejemplo en la telefonía, donde hay dos redes montadas en paralelo,
entendemos que de manera absurda en muchos casos, no distinguiéndose
entre lo que son servicios y lo que son instrumentos de infraestructuras
dentro del mercado de las telecomunicaciones.

Por todo ello, y termino, mantenemos nuestra posición hasta el próximo
debate.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Para anunciar simplemente la retirada de
todas nuestras enmiendas, salvo de la 103, caso de que fuera posible que
me la autoenmendara. ¿Es ello posible reglamentariamente, señor
Presidente?



El señor PRESIDENTE: Yo creo, señor Recoder, que por lo menos debe
proponerlo para que lo estudiemos.




El señor RECODER I MIRALLES: Pues lo voy a intentar.

La enmienda que propondría a la 103 de nuestro grupo parlamentario, que
se refiere al artículo 4, consiste en cambiar --si SS. SS. tienen delante
las enmiendas, está en la última página--, en la cuarta línea empezando
por el final, «incluida» por «excluida», es decir, diría: excluida la
telefonía básica. Luego, a partir de la última coma, quitar «y para el
servicio portador soporte del mismo». Por tanto, la redacción sería la
siguiente: «En el ámbito de sus respectivas comunidades autónomas se
otorga título habilitante a las entidades públicas autonómicas existentes
prestadoras de los servicios portadores que se utilizan como soporte de
servicios de difusión o para la transmisión de información, para la
prestación de los servicios finales excluida la telefonía básica con el
objeto de prestar servicio interno y externo.»
Esta sería la propuesta de modificación de nuestra propia enmienda que,
si el resto de portavoces no tiene inconveniente, podríamos someter a
votación. El resto de las enmiendas vivas las retiro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco había
presentado 25 enmiendas a este proyecto de ley y va a retirar todas
excepto las que voy a enumerar, que son las números 16, 17, 25, 29, 32,
34 y 36, manteniendo vivas, en consecuencia, para su debate en el Pleno
de estas siete enmiendas, cuyo contenido, desde nuestra perspectiva, no
está recogido en las enmiendas transaccionales que hoy nos han ocupado.

El cumplimiento de las directivas ONP, tal como ha expresado el señor
García-Arreciado, debe tener un reflejo en este proyecto de ley. Las
materias competenciales de las comunidades autónomas deben tener un
reflejo más explícito en este proyecto de ley y las redes físicas cuya
titularidad se adscribe a comunidades autónomas deben también
legalizarse, aprovechando algún viaje de éstos. La señora Mato nos
remitía ad lege ferenda; nos decía, anunciando un nuevo proyecto de ley,
que habrá que encontrar la forma de recoger estos contenidos
legislativos. No es la primera vez que oigo, ni seguramente la última,
que argumentos de ese tipo intentan de alguna forma sosegar las aguas. El
problema es que el tema sigue sin resolverse, señor Presidente, y que en
definitiva aquí no estamos hablando ad kalendas graecas o de ad lege
ferenda, estamos hablando de ad lege data, estamos hablando del tema que
nos ocupa. Antes coloquialmente se lo decía a la señora Mato, y me parece
que es bastante visual, por eso repito, si se me permite, señor
Presidente, que el Gobierno cobra cash y está muy habituado a pagar a un
año o a dos. Esa es la terrible dinámica de todas estas negociaciones, la
urgencia del Gobierno de cobrar cash y esa permisividad que se puede
permitir el gran operador --el gran operador político en este caso-- de
poder pagar a uno o dos años. Yo creo que ésa es la dinámica que la
política española debiera sosegar de alguna forma.

En relación a la enmienda 103 del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), es una enmienda con contenido similar a la 32 del
Grupo Parlamentario Vasco que si en la redacción actual que acaba de
proponer in voce el señor Recoder fuera aceptada, supondría también la
retirada de la enmienda 32 del Grupo Parlamentario Vasco, que recoge los
mismos contenidos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente, para recordar que el Grupo
Parlamentario Mixto, y particularmente el Bloque Nacionalista Galego,
mantiene sus enmiendas números 5 y 6 por una cuestión básica, que es
defender el carácter y el control democrático de lo que es la comisión
que se conforma para el mercado de las telecomunicaciones, y entendido
esto no en el sentido de representación de los grupos políticos conforme
a su mayor o menor importancia electoral, sino entendido como respeto,
vuelvo a repetir, a la diversidad cultural, lingüística y nacional del
Estado español, por un lado, cuestión clave y que excede incluso de los
resultados electorales de cada uno de nosotros, y en segundo lugar por un
control por parte de esta institución de representación democrática que
es el Congreso de los Diputados. Pensamos que es una de las columnas
vertebrales que debe de servir de debate en relación con este proyecto de
ley y que, por tanto, es conveniente mantenerlo para su debate posterior.

Al fin y al cabo será lo crucial para nosotros.

En relación con las cuestiones referidas al papel de las comunidades
autónoma a otro nivel, es decir, al de entender en la aprobación de
demarcaciones y controlar las que se establecen en su territorio, aunque
no está perfectamente



Página 3842



contemplado en la enmienda séptima que se presenta como transaccional de
los grupos que transaccionaron entre sí, votaríamos a favor de la misma,
artículo 3, apartado uno, de donde por lo menos se establece una
regulación más adecuada del papel de las comunidades autónomas y se la da
una coherencia en relación con otro tipo de artículos de la Ley del
cable. Nosotros por este motivo haríamos decaer las enmiendas números 7 y
8. Por lo demás, para que quede claro el marco competencial de las
comunidades autónomas y en concreto el de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con la competencia para otorgar el segundo operador de
telecomunicaciones, dejaríamos también viva la enmienda número 1.

Solamente esperamos que en el futuro todos estos temas de gran
importancia estructural puedan ser debatidos con un rostro más real de lo
que son las instituciones plurales existentes en el Estado español y que
responden a bases económicas, territoriales, culturales y lingüísticas
diferenciadas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Mato.




La señora MATO ADROVER: En relación con las enmiendas que se mantienen,
en primer lugar, por el Grupo Socialista, y en cuanto a las enmiendas
transaccionales lamento que algunas de las cuestiones que se han
planteado hoy no se hayan suscitado anteriormente cuando hemos estado
hablando de todas estas enmiendas. En cualquier caso, quiero garantizarle
al señor García-Arreciado y al Grupo Parlamentario Socialista, por si
tiene alguna preocupación, puesto que lo hemos hablado en multitud de
ocasiones, que el título habilitante para la prestación de servicios en
las redes de cable otorga directamente la posibilidad de prestar el
servicio de telefonía básica, la concesión incluye el título habilitante
para prestar ese servicio. Eso sí, lógicamente, tiene que haber una
previa comprobación por el Ministerio de Fomento del cumplimiento de los
requisitos que se fijen reglamentariamente para este servicio. Ese texto
que está incorporado en las enmiendas transaccionales ha sido debatido
con mucho rigor, con mucho tiempo y con todos los grupos parlamentarios.

Por tanto, lamento más todavía las prevenciones que tiene el Grupo
Socialista hacia la aprobación del mismo, puesto que es un texto que
hemos debatido, cuya redacción se ha hecho con mucho cuidado expresamente
para garantizar que el título habilitante recoge la posibilidad de
prestar esos servicios. Simplemente falta un trámite, que es el de
comprobación, lógica, por parte del ministerio del cumplimiento de
requisitos técnicos.

En cuanto a las otras cuestiones que plantean, el Gobierno y el Grupo
Popular creen que es importante que haya inversiones en materia de cable
en España; creen que la medida que se ha adoptado en relación a que los
futuros operadores de cable utilicen sus propias redes beneficia, impulsa
y posibilita que haya inversiones reales en materia de cable y que se
cree una infraestructura de cable, necesaria por otra parte, para España.

En consecuencia, creemos que debe mantenerse ese texto tal cual está, de
manera que al final --yo no voy a hacer de profeta ni a hacer
previsiones-- vamos a tratar de impulsar y de incentivar que haya
infraestructuras de cable. De otra manera, si quitáramos ese requisito,
al final podríamos encontrarnos con que no hubiera ninguna
infraestructura nueva de cable y simplemente se utilizaran las actuales,
que desde luego en algunos casos son exactamente las idóneas para tener
una red de cable de la calidad que a todos nos gustaría.

En cuanto a la disposición adicional relativa a Retevisión, es verdad que
está recogida en el informe de la ponencia. Simplemente se ha pasado de
disposición transitoria a adicional. También le quería decir al señor
García-Arreciado, porque lo ha reiterado en muchas ocasiones, que no es
el Gobierno el que ha redactado estas enmiendas transaccionales, sino el
grupo parlamentario, y no el Grupo Parlamentario Popular, sino los cuatro
grupos de esta Cámara que hemos estado durante muchos meses tratando de
los temas.

En cualquier caso, quería decirle que ha habido muchos retrasos y los hay
en materia de telecomunicaciones, pero no son ni de ocho ni de dieciséis
meses, sino que vienen de seis, siete u ocho años. Por tanto, a mí me
sonroja que usted hable de retrasos cuando usted sabe que muchas de las
medidas que se están adoptando por vía de urgencia, vía decreto, que
normalmente siempre son decretos-leyes, que se convalidan por la Cámara,
que luego se tratan de tramitar como proyectos de ley, por lo menos con
una predisposición, tanto por parte del Gobierno como del Grupo Popular,
a un consenso, que no se ha dado en otras etapas. Es encomiable el
esfuerzo que se está haciendo por que en materia de telecomunicaciones
podamos, en el breve espacio de tiempo que nos queda hasta la
liberalización, avanzar lo que no se ha hecho en los últimos años en
España en materia de telecomunicaciones, que tanta falta nos hubiera
hecho.

Referente a las enmiendas que mantiene el Grupo de Izquierda Unida, como
he dicho antes, no vamos a poder votar a favor de ellas. Nos gustaría que
este grupo también se incorporara al consenso en cuanto a las enmiendas
transaccionales y vamos a intentar, como lo hemos hecho durante estos
meses, que Izquierda Unida también pueda incorporarse al consenso tanto
en el Pleno de la próxima semana como en su tramitación en el Senado.

La enmienda que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
que coincide con una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, nosotros
seguiremos estudiándola, pero hoy no la podemos aceptar. Veremos si
podemos llegar a otra enmienda transaccional avanzando para el próximo
Pleno y, si no, en su tramitación futura en el Senado. Cada día vamos
todos cediendo y es bueno que en telecomunicaciones todos lo vayamos
haciendo, siempre que haya unos criterios fijos, unos criterios mínimos
que haya que cumplir. Al final lo importante es que hay unas reglas de
juego fijas, estables, que permitan que inversores --que hay muchos-- que
quieran invertir en telecomunicaciones en España no tengan



Página 3843



ninguna duda de lo que va a pasar con las telecomunicaciones.

Las enmiendas que se presentan por parte del Grupo Mixto también las
iremos teniendo en consideración. Lógicamente tampoco las podemos aprobar
hoy. Intentaremos que entren en el consenso, porque al final lo que se
pretende por parte del Gobierno y por parte del Grupo Popular es que en
el ámbito de las telecomunicaciones haya cuanta más apertura, mejor;
cuanto más abierto esté el panorama audiovisual, mejor para todos. En
cualquier caso, todas las decisiones que se adoptan son siempre pensando
en el futuro de los españoles, en el bienestar de los españoles, en el
servicio y el interés general de todos los españoles.

Por eso le pido al Grupo Socialista y a otros grupos que sigamos hablando
en materia de telecomunicaciones; que las enmiendas que se han presentado
como transaccionales, que ya estaban habladas por los grupos
parlamentarios durante muchos meses, puedan ser aprobadas en su totalidad
en esta Comisión y que podamos seguir avanzando tanto en la tramitación
de esta propia ley como en los futuros proyectos que lleguen al
Parlamento. (El señor García-Arreciado Batanero pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, pero no para reabrir el
debate, espero.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Me cuesta trabajo no reabrir el
debate escuchado el discurso general del método. Yo quisiera que la
señora Mato me contestase a algunas de las cuestiones que le he planteado
para poder decidir mi voto.

Primero, enmienda transaccional número 1. ¿Está esta Cámara dispuesta a
que la facultad de intervención en las tarifas sea exclusivamente del
Gobierno por real decreto, a propuesta del ministro, o recogemos la
competencia que le hemos dado a la comisión en el artículo 1, de poder
también intervenir en el ámbito de sus competencias? Porque sería otra
disfuncionalidad jurídica y otra fuente de conflicto. Dicho en román
paladino, la enmienda primera puede ser: El Gobierno, por real decreto, a
propuesta del Ministro de Fomento, y la comisión en el ámbito de sus
competencias --estoy definiendo en el ámbito de sus competencias--,
podrán establecer los supuestos de aplicación, etcétera. Quiero escuchar
su respuesta para decidir mi voto sobre una cuestión importante.

Segunda cuestión, ¿sabemos o no sabemos lo que son las redes privadas
virtuales?, porque a lo mejor no lo sabemos y estamos aquí votando a
ciegas. Yo aventuro mi opinión técnica de que se refiere a las redes
corporativas. ¿Cuál es la suya? Si se refiere a las redes corporativas
internas de las empresas, ¿vamos a facultar por ley a que pueda entrar en
ellas quien quiera, o no lo vamos a hacer? Tampoco me lo dice. Por tanto,
no puedo tener criterio para votarlo.

La tercera cuestión es la relativa a la enmienda décima. Se autoriza para
prestar servicios finales de telecomunicación por cable, incluido el
teléfono básico, en los términos establecidos en la disposición
transitoria segunda de esta ley. La disposición transitoria segunda de
esta ley --la del cable, me refiero-- dice que basta una mera
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en los reglamentos, con lo que estamos conforme, con la
disposición transitoria segunda de esta ley, pero su enmienda 10 hace que
el artículo 3 de esta misma ley diga que eso será previa obtención del
correspondiente título habilitante. Usted me dice, y yo la creo, que la
concesión incluye ya el título habilitante para prestar el servicio de la
telefonía básica, pero los tribunales tienen un viejo principio, que
donde la ley no distingue no distinguen ellos, y usted está diciendo una
cosa en la disposición transitoria segunda y otra en el artículo 3 de la
ley. No creo que sea insalvable y supongo que su margen de maniobra
llegará hasta el extremo de tachar lo de título habilitante, porque eso
lo hemos acordado por activa y por pasiva a lo largo de las
conversaciones, que debía quedar meridianamente claro que la concesión
era título habilitante suficiente para prestar el servicio de la
telefonía básica en los términos establecidos en la disposición
transitoria segunda, con la que, insisto, estamos completamente
conformes.

Por último, ¿suprimimos lo de en determinadas zonas del territorio o no?
Porque es de una manifiesta arbitrariedad dejar en manos de la compañía,
ni siquiera del Gobierno, que en determinadas zonas del territorio pueda
subarrendar el servicio telefónico básico, que ya es grave por lo que he
dicho, por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Hay que
mantener un poco la figura. Pongan ustedes entonces el nombre de las
comunidades a las que se refieren, pero, si no, éste es un acto
manifiestamente arbitrario de la ley. Si el Gobierno y el grupo que lo
apoya quieren cometerlo que lo cometan; con el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista, desde luego no, señora Mato. Y no desvirtúa en
absoluto el precepto. Se puede aplicar a donde ustedes están pensando y
en otros sitios también, por qué no.

Eso es todo, señor Presidente, espero que me lo aclare.




El señor PRESIDENTE: Señora Mato, a efectos de aclarar esas cuatro
cuestiones que se han planteado y sin entrar en conflagración de
argumentos, tiene usted la palabra.




La señora MATO ADROVER: Para aclarar las cuatro cuestiones. La verdad es
que no he hecho mención a ellas, porque lo había hecho en el discurso
inicial y también en otras ocasiones y pensé que no hacía falta, pero se
las aclaro directamente.

En cuanto a la enmienda primera, que usted me dice que lo incorporemos,
está puesto en el texto transaccional que se plantea: El Gobierno, por
real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, previo informe de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá establecer
supuestos de aplicación de tarifas fijas, máximas y mínimas. Artículo 1,
dos, h) del proyecto de ley, competencias de la comisión: La comisión
tiene competencias para informar las propuestas de tarifas.




Página 3844



Enmienda al artículo 2: El Gobierno, previo informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, podrá establecer supuestos de
aplicación de tarifas. Repito, apartado h): informar las propuestas de
tarifas de los servicios de telecomunicaciones. (El señor
García-Arreciado Batanero: Siga leyendo el artículo 1.) Sigo leyendo el
artículo 1 y puedo seguir leyendo todos los artículos.

Las competencias para aplicar tarifas, máximas y mínimas, informar sobre
ellas y la regulación de precios son de la comisión, y eso es lo que se
ha recogido en este texto, sin perjuicio de que podamos seguir avanzando
en materia de competencias de la comisión. Artículo 1, dos, h) y artículo
2, siete, que regulamos en este texto.




El señor PRESIDENTE: Señora Mato, yo creo que lo que procede ahora, más
que argumentar, es contestar sí o no a las cuatro preguntas que se han
hecho, para que podamos inmediatamente entrar a votar, y ya se hablará en
el futuro de si es posible llegar a acuerdos.




La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, en cuanto a la primera,
lógicamente es que no, porque creemos que está suficientemente recogido.

En cuanto al tema de las licencias de los títulos habilitantes, el señor
García-Arreciado sabe perfectamente que se ha recogido en la disposición
transitoria segunda, se ha modificado el tema de la licencia adicional
que ponía al final uno de los textos, por previa comprobación por el
ministerio del cumplimiento de estos servicios. Eso es lo que se
requiere, la previa comprobación. Si él se queda más tranquilo quitando:
previa obtención del correspondiente título habilitante, en cualquier
caso habría que ponerlo delante, porque está claro que para prestar estos
servicios la concesión tiene que dar un título habilitante. Ese título
habilitante lo da la concesión sin ninguna duda, pero habrá que aclarar
previamente que la concesión tiene el título habilitante. Y como se dice
en la disposición transitoria... (El señor García-Arreciado Batanero: Si
me disculpa, señora Mato, estamos en el artículo 9, que son los derechos
del concesionario...)



El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, no establezcamos
conversaciones cruzadas. Conteste, señora Mato, sí, no, sin justificar, y
podremos entrar en el futuro en otro tipo de conversaciones.




La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, perdone, tiene usted razón,
pero es que en este punto quería recalcarle al señor García-Arreciado que
es cierto que ese tema está cerrado, pero estoy dispuesta a modificarlo y
en vez de poner: previa obtención del correspondiente título, pondríamos
exactamente la misma redacción de la disposición transitoria: previa
comprobación por parte del Ministerio de Fomento de los requisitos.

En cuanto al tema de la encomienda a terceros por la nueva sociedad con
los correspondientes acuerdos, nos parece lógico que se mantenga esta
posición para determinadas zonas del territorio, que pueden ser muchas,
pueden ser todas las zonas del territorio. En cualquier caso, será la
nueva sociedad la que decida qué zonas del territorio tienen las
condiciones adecuadas para poder acceder a esa posibilidad.

En cuanto a la enmienda número sexta, apartado 8, creemos que hay que
incluir todas las redes que hay en España. Todas las infraestructuras
tienen que ser utilizadas, puestas a disposición previo pago, previa
condiciones transparentes, objetivas, igualitarias y proporcionales a
todos los posibles operadores de cable. (El señor Barrionuevo Peña pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Barrionuevo?



El señor BARRIONUEVO PEÑA: Quería saber si podía intervenir para una
cuestión de orden, porque me parece observar una errata importante en la
titulación de la ley, a ver si pudiera ser corregida por los servicios de
la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barrionuevo.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Es que he observado leyendo el contenido de la
ley que el 80 por ciento de la misma está dedicada a regular una comisión
y en otra parte que se refiere a la televisión por cable termina el
párrafo correspondiente, tras señalar diversas regulaciones, diciendo que
el Gobierno, a propuesta de la Comisión, podrá suprimir o modificar las
prohibiciones establecidas en el apartado anterior. Entonces, con ese
contenido de la ley, que se llama de liberalización, me parece que debe
haber una errata, y se debe llamar de intervención en las
telecomunicaciones. (El señor Ortiz González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Barrionuevo, el respeto que yo siempre le he
tenido, además como ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, ha hecho
que le diera la palabra en un momento en que no se la voy a dar a nadie
más, pero con toda sinceridad no esperaba una intervención de este tipo.

Yo creía que de verdad, y lo digo con sinceridad, había algo que había
descubierto y que nos podía ayudar a mejorar la ley. No me ha parecido
una intervención demasiado oportuna.

Dicho esto, no voy a dar la palabra a nadie. Señor Ortiz, no le voy a dar
la palabra.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Una cuestión de orden sobre una cuestión de
orden, señor Presidente. Una cuestión de orden sobre la cuestión de orden
que ha suscitado el señor Barrionuevo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, es un incidente que está ya saldado. Le
ruego que por favor lo abandone. Vamos a centrarnos en la votación de las
enmiendas.




Página 3845



El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, no prive al Partido Popular de
tener gestos de humor como el que acaba de tener el señor Barrionuevo.




El señor PRESIDENTE: No me gustan esos gestos de humor en este momento en
que vamos a votar. Por tanto, no tengamos más gestos de humor; después de
las votaciones quizá sea el momento más oportuno.

Vamos a suspender la sesión durante diez o quince minutos, el tiempo que
necesiten los portavoces, para organizar la votación e inmediatamente
procederemos a la misma. Recuerdo, porque me parece que no se les ha
comunicado por escrito a los portavoces y a la Mesa, que después de la
Comisión hay reunión de Mesa y Portavoces.

Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión para proceder a la
votación de las enmiendas y luego del texto del proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones. Vamos a votar primero las
enmiendas de los grupos que no hayan tenido ninguna transaccional y que
se mantienen, luego votaremos las enmiendas transaccionales y después el
texto del proyecto de ley, artículo por artículo.

Enmiendas del Grupo Socialista. Se ha presentado la petición de que se
vote por separado la número 80. Por tanto, sometemos a votación la
enmienda número 80, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación del resto de enmiendas del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 26; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Pasamos a votar ahora las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, solicito votación
separada de las enmiendas números 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 58,
59, 64, 66 y 68 en un solo bloque, y el resto conjunto.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo que quiera pedir votación
separada de alguna enmienda? (Pausa.)
Pasamos a votar --y voy a repetirlo para que conste en el «Diario de
Sesiones»-- las enmiendas de Izquierda Unida números 41, 45, 46, 47, 50,
51, 52, 54, 57, 58, 59, 64, 66 y 68 en un bloque.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 17; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.

Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, cinco; en
contra, 22; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos a votar la enmienda número 103, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), con la modificación que ha señalado su
portavoz.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, cinco; en
contra, 17; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, cinco; en
contra, 17; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto que se mantienen para
votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, uno; en
contra, 19; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos ahora a votar las enmiendas transaccionales. Ruego a los
portavoces de los grupos que nos indiquen si quieren alguna votación
separada.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: El Grupo Socialista solicita votación
separada de la enmienda número 1; por otro lado, las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y el primer párrafo de la 12; y en otro bloque, el segundo
párrafo de la 12 y la 13.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Solicito votación separada de las enmiendas
3, 7, 8 y 15.




El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra petición, vamos a proceder a
las votaciones.

En primer lugar, la transaccional número 1.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 22; en
contra, cuatro; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar ahora las enmiendas transaccionales números 3, 7 y 8.




Página 3846



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 34; en
contra, cuatro; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, pido la palabra
para una cuestión de orden. Entiendo que la enmienda número 10 va en los
términos aceptados por la señora Mato de suprimir la referencia al título
habilitante.




El señor PRESIDENTE: Sí. Creo que esto ha quedado claro y así se recogerá
en el «Diario de Sesiones».




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, quiero manifestar que
cometí un error en la votación porque creí que eran otras enmiendas las
que se votaban y no las tres sobre las que pedí votación separada. Me
equivoqué en la votación. Si se puede repetir, bien, y si no lo hago
constar.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, como usted lo ha hecho constar ya
--que es lo importante-- y no va a cambiar el sentido de la votación, que
quede recogido en el «Diario de Sesiones» que su voto era positivo.

Pasamos a votar las enmiendas transaccionales números 2, 4, 5, 6, 9, 10,
11 y primer párrafo de la 12.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 34; en
contra, cinco; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación vamos a votar el segundo párrafo de la enmienda número 12
y la 13.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 22; en
contra, 16; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Vamos a votar la enmienda número 15, sobre la que ha pedido votación
separada el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 35; en
contra, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a votación el resto de las enmiendas transaccionales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, cuatro; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (El señor García-Arreciado
Batanero pide la palabra.) Señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Hemos presentado tres enmiendas in
voce. Algunos grupos han manifestado que votarán en contra, pero ninguno
que yo sepa se opone a su tramitación en el Pleno, por lo que se
solicitaría que se sometieran a votación.




El señor PRESIDENTE: Si no hay ningún grupo que se oponga ni pide
votación separada, se someten a votación las tres enmiendas in voce que
ha presentado el Grupo Socialista a través de su portavoz.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 22; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto de la ley. Se ha pedido la votación separada de
los artículos. Como son pocos, vamos a proceder a ello. Por supuesto,
votaremos el texto tal como queda con la incorporación de las enmiendas
que se han votado anteriormente.

Votamos el artículo 1.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al artículo 2.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Pediría votación separada del punto
1.5 del artículo 2, que se refiere a la pérdida del derecho del Gobierno
de mantener cinco consejeros en el consejo de administración.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar se somete a votación el punto 1.5
del artículo 2.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación del resto del artículo 2.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, cinco; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2 en su totalidad.

Votación del artículo 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Artículo 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, cinco; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.




Página 3847



Esta presidencia propone, si no hay inconveniente, votar ahora las
disposiciones adicionales, transitorias y finales conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Queda por votar ahora el título y la exposición de motivos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Con ello concluimos el debate y votación de esta ley.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y diez minutos de la tarde.