CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 133



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS Y FERRET



Sesión núm. 10



celebrada el jueves, 19 de diciembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps)
para informar sobre el Protocolo Eléctrico. A petición propia. (Número de
expediente 214/000028.)



Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías, señor Ministro. Vamos a
iniciar la sesión.

El único punto del orden del día es la comparecencia del señor Ministro
de Industria y Energía para informar sobre el protocolo eléctrico, sin
duda una materia de importancia y de gran interés para SS. SS. Vamos a
tener oportunidad de dedicar todo el tiempo que sea necesario para
profundizar sobre su contenido, conociendo previamente la exposición que
al efecto va a hacer el Ministro de Industria, dando luego turnos a SS.

SS., en nombre de los distintos grupos, para fijar sus posiciones.

Sin más, pues, tiene la palabra el Ministro de Industria para que pueda
realizar su exposición sobre el protocolo eléctrico.

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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señorías, tal y
como ha dicho el Presidente, se trata de una comparecencia a petición de
este Ministro para informar, aunque en el seno de esta Comisión, en el de
la correspondiente Comisión de Industria del Senado y en el Pleno del
Parlamento, en respuesta a interpelaciones y preguntas ha habido ocasión
de explicar reiteradamente la política económica del Gobierno en relación
a su plasmación en el ámbito energético, más en concreto la política que
el Gobierno está planteando en relación a los sectores energéticos y en
particular al eléctrico.

Quizá valga la pena dedicar unas breves reflexiones previas al marco
general en que se inscribe el desarrollo de la reforma, que desde nuestro
punto de vista es necesaria, del funcionamiento del sector eléctrico.

Digo que sería conveniente inscribirla en un marco más general de la
política económica, orientada a la obtención de un crecimiento económico
equilibrado, por tanto una apuesta por la estabilidad que se deriva,
entre otras cosas, de ese gran objetivo, compartido por la mayoría de la
sociedad española, en cuanto a nuestra integración en la Unión Económica
y Monetaria, por tanto con inflaciones bajas, con bajos tipos de interés,
con mejora de las condiciones competitivas de nuestro tejido productivo,
porque entendemos que ése es el principal mecanismo de que disponemos
para crear riqueza, para crear empleo, en particular empleo para nuestros
jóvenes y, por tanto generar un mensaje de esperanza para el conjunto de
la sociedad española.

La plasmación de esa orientación política general tiene diferentes
particularidades en función de cada caso, pero, de acuerdo con el
discurso de investidura del Presidente del Gobierno, que mereció la
mayoría de la Cámara, pasa por la liberalización de los mercados en
aquellos casos en que los mercados están muy intervenidos por la
Administración y que, desde nuestro punto de vista, requieren mayores
dosis de eficiencia, por tanto introducir competencia allí donde no está,
y con un objetivo final básico, que es la mejora de las condiciones
competitivas, por consiguiente la reducción de los costes de un factor de
producción tan importante para nuestras empresas como es la energía.

Es verdad que una reforma del sector energético, en concreto del sector
eléctrico, que tenga esa ambición de liberalización debe tener en cuenta
aspectos de contenido y de naturaleza estratégica. Quisiera recordar que
el sector eléctrico es, en sí mismo, muy importante, que ocupa
directamente a casi 50.000 personas e indirectamente muchas más, que
supone un porcentaje muy importante, superior al 2 por ciento del
producto interior bruto, también un porcentaje muy importante de la
capitalización bursátil en nuestros mercados de valores y que, por tanto,
requiere, como no podía ser de otra forma, una sensibilidad y una
atención especial por parte de este Gobierno y, desde luego, de cualquier
otro.

Asimismo, aparte de esa consideración estratégica que modula la
orientación global de la política económica del Gobierno, hay que partir
de una realidad, por tanto del respeto a la misma, derivada de una
situación que todos ustedes conocen porque hemos tenido ocasión de
comentarla en repetidas ocasiones, una situación que se deriva de la
retribución de las actividades del sector eléctrico, tanto de generación
como de transporte y distribución de energía eléctrica, que es conocida
como el marco legal y estable, marco legal y estable que se estableció en
el año 1988, a través de un decreto del Gobierno, que marca la naturaleza
retributiva de la actividad del sector eléctrico y establece una serie de
condiciones y de principios que, de forma muy sucinta, paso a resumirles.

En primer lugar, ustedes saben que en cuanto a la utilización de materias
primas básicas para la producción de electricidad hay toda una serie de
restricciones, en particular asociadas a determinados productos como el
carbón --y eso puede merecer después una consideración especial--,
también en relación a la utilización del gas natural. En cualquier caso,
lo importante es que la actividad de generación, en función de las
diferentes centrales de generación existentes y de las diferentes
tecnologías, se retribuye no en función del coste asociado estrictamente
a generar electricidad sino en función del retorno necesario para que
puedan financiarse todas las inversiones que se han ido haciendo en el
pasado en el conjunto del sector eléctrico. Sector eléctrico que en la
segunda mitad de los ochenta saben SS. SS. que entró en crisis y hubo
situaciones empresariales complicadas. Eso lleva al Gobierno que está en
aquellas circunstancias a establecer una retribución del sector eléctrico
por encima de los costes reales de generar, que permita recuperar las
inversiones y, por tanto, retribuir adecuadamente al capital invertido de
las compañías eléctricas y permita desde entonces que esas compañías
eléctricas, a pesar de las situaciones de crisis, puedan ir pagando
dividendos a sus accionistas. Esa retribución de la generación en base a
costes estándar, queda consagrada por la vigente Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional, que en uno de sus artículos dice que esos
costes estándar son el elemento fundamental de retribución a la actividad
de generación de lo que se llama el sistema integrado.

Por otra parte, ese marco legal y estable que permita recuperar las
inversiones, en función de lo que podría ser el coste de generación en
régimen de competencia y en régimen de entrada de nuevos generadores,
supone del orden de un sobreprecio recibido por el conjunto del sector en
torno a los 450.000 millones de pesetas. Eso es así desde el año 1988, en
que se fija el marco legal y estable y seguirá siendo si mantuviéramos
ese régimen de cara al futuro, que puesto en valor actual supondría un
sobreingreso en relación al régimen de competencia del orden de los tres
billones de pesetas. Por otra parte, cuando se retribuyen los activos de
generación en base a su recuperación, sea cual fuere su eficiencia y no
en base a su coste real, el incentivo para las nuevas inversiones es muy
pequeño y se mantienen excesos de capacidad también muy relevantes.

Además de esa intervención en la fijación de los costes estándar que,
insisto, consagra la Losen, el sistema permite que la Administración fije
el orden de entrada de las diferentes centrales, el orden de puesta en
funcionamiento de las diferentes centrales, por tanto de forma
preestablecida, para hacer frente en cada momento a la demanda existente.

Después fija también, como todos ustedes conocen, una retribución



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para las actividades de transporte y distribución de la electricidad y,
finalmente, también en base al marco legal y estable de la legislación
vigente, la Administración fija el sistema de tarifas e incluye, no sólo
los costes asociados a la actividad estrictamente eléctrica y, por tanto,
a la generación, transporte y distribución de electricidad, sino también
lo que ya en el argot del sector se conoce como externalidades, es decir,
todos aquellos factores que se retribuyen a través de la tarifa y que no
forman parte estrictamente del coste de la electricidad, sino que
responden a otras orientaciones de política económica como puedan ser la
incentivación de la demanda de carbón nacional, el tratamiento de los
residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares, el
mantenimiento de stocks básicos de materias primas como el uranio, los
costes asociados a la decisión en un aumento determinado de proceder a la
moratoria nuclear, etcétera. Ese esquema ha permitido que las tarifas
eléctricas hayan ido creciendo en términos nominales desde 1988, en
muchas ocasiones incluso en términos reales, y que de hecho cuando se
rompe con ese propio esquema para 1996 y el Gobierno toma la decisión de
congelar las tarifas, eso es objeto, como todos ustedes saben, de
recursos del conjunto de empresas del sector eléctrico, ya sean de
titularidad privada o de titularidad pública, que entienden se está
vulnerando una situación legal preexistente.

Esa situación tiene que complementarse con otras consideraciones en torno
al contexto legal. El contexto legal viene derivado de ese decreto del
Gobierno, configurando el marco legal y estable sobre las bases que he
mencionado, pero también la puesta en marcha, después de la
correspondiente discusión parlamentaria, de la Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional que se aprueba a finales del año 1994 y que
hasta estos momentos en algunos de sus aspectos básicos, como todos
ustedes saben, no ha sido desarrollada. Me refiero a la puesta en marcha
de lo que la ley conoce como el sistema independiente de generación o la
puesta en marcha de la separación, no ya jurídica sino incluso contable,
de las actividades de generación, transporte y distribución.

Hay una cosa que la Losen no puede prever y es que con posterioridad la
Unión Europea ha impulsado una directiva que está prácticamente aprobada
en relación a lo que se denomina el mercado interior de la electricidad y
que introduce aspectos de liberalización del mercado, de tal forma que
esa directiva busca que una parte sustancial de la demanda
progresivamente creciente a lo largo del tiempo, tenga capacidad para
elegir libremente quién le suministra la electricidad y a qué coste.

Esos son los elementos de partida con que nos encontramos, y el Gobierno,
sobre la base de esa orientación política general de proceder a una
liberalización de los mercados para introducir competencia y buscar una
reducción de los costes de los factores productivos para el conjunto de
las empresas y para el conjunto de la sociedad a través de mecanismos que
ayudan a reducir la inflación que, por otra parte, es un objetivo
absolutamente deseable en el marco del cumplimiento de los requisitos de
convergencia necesarios para poder estar en condiciones de negociar
nuestra integración en la Unión Monetaria, abre un procedimiento de
debate que centra en el sector eléctrico, pero que progresivamente, no
sólo va abriendo a otros sectores o a otras partes interesadas, sino que
sienta las bases para que, a lo largo de los próximos meses, todos los
intereses en presencia puedan dejar oír su voz y ser incorporados al
razonamiento asociado a la plasmación de la política energética del
Gobierno y permita la puesta en marcha del nuevo esquema, en base a esos
objetivos generales, a partir del 1.º de enero de 1998 y poderlo hacer
sin ningún tipo de precipitación, sin ningún tipo de imposición y, desde
luego, no por decreto.

Eso supone abrir un debate yo creo que clarificador. No quisiera pecar de
petulancia, pero creo que el debate, que estamos teniendo hoy, el que ha
habido en los días anteriores, en las semanas anteriores, en los meses
anteriores y el que va a haber a lo largo del próximo año, es un debate
que permite a la sociedad española, incluso a los medios de comunicación,
empezar a conocer por qué la electricidad cuesta a los ciudadanos lo que
cuesta, por qué pagan lo que pagan, cuáles son los conceptos que están
detrás, cosa que creo con toda sinceridad hasta el momento no estaba en
el conocimiento general.

Eso va a seguir a lo largo de 1997, por tanto, el protocolo es eso, un
protocolo que establece unos principios de comportamiento que tienen que
ser desarrollados a lo largo de 1997, es un punto de partida que sólo
obliga en principio a las partes firmantes para trabajar sobre esa base,
que prevé sus modificaciones, que prevé su desarrollo a través de grupos
de trabajo y que, además, pretende conseguir otra cosa que no era posible
hacer en el actual marco que todavía va a estar vigente en el año 1997,
sin correr un riesgo real de presentación de recursos que hubieran podido
complicar la situación. Me refiero a la rebaja de las tarifas. Dicha
rebaja en términos nominales se aplicará desde el 1.º de enero de 1997,
estando vigente el marco legal estable y que sin acuerdo previo con el
sector hubiera podido ser objeto de los correspondientes recursos y la
imposibilidad de ponerlos en práctica de forma razonable. Por tanto, uno
de los primeros objetivos del protocolo ha sido permitir que a partir del
próximo 1.º de enero, es decir, dentro de muy pocos días, los españoles
puedan percibir ya con claridad que es posible bajar los costes de la
electricidad por primera vez en nuestra historia, que es posible bajar en
pesetas corrientes los costes de la electricidad y hacerlo de forma que
contribuya a la mejora de nuestra competitividad y a la lucha contra la
inflación.

Es verdad, también, que una reforma con esta ambición y con esos
objetivos, de la misma manera que en otros ámbitos el Gobierno ha querido
circunscribir los avances en lo que llamamos reformas estructurales en el
ámbito del diálogo social y dar un protagonismo muy esencial al diálogo
social y al diálogo con los sectores afectados y que los propios
interlocutores vayan desarrollando las posibilidades de ir mejorando una
situación y también la eficiencia, sobre esta base el Gobierno ha querido
dialogar con el propio sector afectado, con el sector eléctrico, para
contar con una aceptación por parte de ese mismo sector. Es conocido y
sabido que muchas veces las reformas son mucho más



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fáciles de implementar cuando se cuenta con unos consensos iniciales
básicos, no sobre la base de la imposición y sobre la base del decreto,
sino sobre la base del acuerdo. A partir de ahí, eso nos ha permitido
también, desde la perspectiva del Gobierno, calibrar cómo se van
definiendo y articulando lo que llamamos mecanismos de adaptación a la
nueva situación.

Estamos ante una situación completamente intervenida, en la que la
Administración fija absolutamente todo: el acceso a las materias primas,
la retribución de la generación, la retribución del transporte, la
retribución de la distribución, las tarifas y la puesta en marcha de las
centrales. Vamos a una nueva situación --que después describiré-- que
queremos plenamente competitiva, pero que, lógicamente, debe partir de
una realidad, debe partir de una situación que nos tiene que hacer
calibrar --como a cualquier Gobierno responsable-- cuáles son los
mecanismos de adaptación necesarios.

A pesar de ser un protocolo que, insisto, es un punto de partida sin
fuerza legal, pero que sirve de base para trabajar a lo largo de todo el
año 1997, firmado entre el 95 por ciento del sector eléctrico y la propia
autoridad energética, por tanto, la propia autoridad regulatoria del
sector, a lo largo de su negociación hemos ido incorporando, como no
podía ser de otra forma, muchas opiniones. Hay que incorporar todavía
muchas más. El propio protocolo establece el mecanismo para incorporar
otras opiniones.

Hemos ido incorporando ya opiniones de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional, con la que hay que trabajar estrechamente --y así lo hemos
hecho--, las comunidades autónomas, los autoproductores, los
cogeneradores, los responsables de energías renovables, los sindicatos,
en determinados aspectos. Les anticipo que hay un acuerdo con los
sindicatos para que participen en determinados grupos de trabajo que
tienen que desarrollar el protocolo. Por consiguiente, el protocolo
establece ya sus propios mecanismos de desarrollo para proceder a la
correspondiente plasmación normativa y legislativa de la reforma del
nuevo esquema que queremos poner en marcha y que, insisto, hay que ir
desarrollando sobre la base del diálogo y la negociación a lo largo del
año 1997. Por tanto, el propio protocolo establece la constitución de
grupos de trabajo amplios, transparentes, en los que se garantice la
participación de todos los sectores afectados, en algunos casos ya
fijada, como los sindicatos, las comunidades autónomas, las asociaciones
de consumidores --de enorme relevancia--, la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional, los diferentes grupos asociados a determinadas
tecnologías de generación de energía eléctrica, las energías renovables,
los autogeneradores, los cogeneradores, etcétera, de tal manera que, de
las conclusiones de esos grupos de trabajo, desde la base del máximo
consenso posible, podamos ir haciendo el correspondiente desarrollo
normativo y legislativo legal a lo largo del próximo año, y que pueda ser
aplicable a partir del día 1.º de enero de 1998.

Como queríamos hacer compatible este proceso, lento, pausado, consensuado
y dialogado, de desarrollo del nuevo sistema con una inmediata bajada de
tarifas que en términos reales, en promedio, se acerca al 6 por ciento, a
partir del 1.º de enero de 1997, nos ha parecido que el procedimiento del
protocolo podía ser un buen instrumento para hacer compatibles esos dos
objetivos, desde luego, de todo punto deseables. Por tanto, quisiera hoy
reiterar esa disposición al diálogo, esa disposición a la transparencia,
a una transparencia mayor de la que ha existido hasta ahora en el sector
eléctrico, porque estoy seguro que podemos encontrar un terreno conjunto,
de confluencia de intereses, porque creo que todos los grupos de esta
Cámara estamos interesados --el Gobierno, por supuesto-- en reducir la
inflación, en incrementar la competitividad de nuestras empresas y, por
tanto, en incrementar nuestra capacidad para crear empleo, en particular
para crear empleo estable, empleo indefinido para nuestra juventud.

A partir de ahí, ¿qué avanza el protocolo? Insisto que es un punto de
partida que permite seguir trabajando a lo largo de 1997 sobre la base
del máximo diálogo posible, pero que ya ha conseguido un primer efecto, y
es que puedan bajar las tarifas de forma inmediata, sin oposición. El
protocolo pretende liberalizar el sector eléctrico y cuando digo
liberalizar el sector eléctrico significa introducir competencia. Eso,
desde luego, no debe sorprender a nadie, porque ha sido la posición de
los programas electorales de los partidos que dan apoyo parlamentario al
Gobierno y fue una de las líneas argumentales del discurso de investidura
del Presidente del Gobierno del pasado mes de mayo.

¿Cómo se introduce competencia? A través de una serie de principios que
paso a resumirles. Por una parte, el protocolo pretende ir trabajando
para que, a partir del 1.º de enero de 1998, la generación de energía
eléctrica sea un mercado competitivo. ¿Qué significa ser un mercado
competitivo? Significa que entendemos que es bueno dar un paso más allá
de lo que ya establece la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, que pretendía introducir competencia en el ámbito de la
generación, pero sobre la base del desarrollo de lo que se denomina el
sistema independiente. Por consiguiente, establecía la coexistencia en
paralelo en el tiempo, de un sistema integrado que se retribuía en base
al reconocimiento de costes estándar, reconocidos por la Administración,
y un sistema independiente que, sobre nuevas bases, sobre nuevos
principios, empezaba a generar electricidad y actuaba en un entorno
competitivo. Nosotros pensamos que esa coexistencia, que por otra parte
es un modelo que no tiene precedente en otras partes del mundo, podía ser
superada en positivo por la vía de dejar que toda la generación pueda
comportarse como si fuera un sistema independiente. Todas las centrales
de generación, todos los grupos de generación pueden actuar en
competencia a través de un sistema de ofertas de electricidad a un
determinado coste; no sobre la base de un coste estándar previamente
reconocido, sino sobre la base de intentar ofrecer electricidad para que
te la compren y, por tanto, con un incentivo para ofrecerla a costes
bastantes más bajos.

A partir de ahí, como es natural --y eso lo prevé ya la Losen por la vía
del sistema independiente--, se liberaliza la instalación de nuevos
grupos de energía eléctrica, pero ya sin ningún tipo de restricción, se
liberaliza el suministro de materias primas, en general, con una
excepción muy



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significativa, que tiene su marco de negociación distinto y del cual
hemos hablado en esta Cámara en otras ocasiones, que es el tratamiento
que requiere el sector del carbón nacional, que tiene ahora su marco de
negociación, que se está desarrollando con normalidad y ayer mismo hubo
una nueva reunión con los sindicatos para ir avanzando en este tema. Hay
que tener esperanza en que esto se vaya concretando en términos positivos
para todos. Además de liberalizar el acceso a las materias primas --con
esa excepción--, de liberalizar el acceso a la generación, de liberalizar
la generación de energía eléctrica en sí misma para que sean todos
productores independientes, lo que hacemos también es incorporar lo que
ya define la directiva comunitaria, en relación a que también hay que
liberalizar el mercado. Por tanto, se va abriendo a la demanda de energía
eléctrica la capacidad para elegir quién les suministra energía eléctrica
y no sólo la compañía que tiene el monopolio natural de ese territorio,
como venía sucediendo hasta ahora.

La directiva avanza unos criterios de liberalización --que después puedo
especificar si conviene--, y el Gobierno español pretende ir más allá de
ese esquema de liberalización ampliando el ámbito de la demanda, que va a
tener capacidad de elegir quién le vende la energía eléctrica al coste
más bajo. Cierto es que puede haber opiniones contrarias en relación a
que ese ritmo de adaptación es lento; en realidad es bastante más rápido
que el previsto en la directiva comunitaria. En cualquier caso, siempre
nos podemos reservar la posibilidad de acelerar, retroceder o desacelerar
ese calendario si por la situación de la realidad lo estimáramos
conveniente.

Lógicamente, para que esa liberalización del mercado tenga sentido y sea
entendible por la sociedad, hace falta garantizar la plena libertad para
acceder, por parte de los clientes y de los suministradores, a través del
correspondiente peaje que cubra los costes, y además hemos incorporado
que esos costes vayan disminuyendo, en términos reales, a lo largo del
tiempo. Es necesario liberalizar y garantizar el acceso de las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica a cualquier cliente con
capacidad de elegir y a cualquier suministrador, a cualquier generador
que produzca energía eléctrica. Por tanto, esa garantía de acceso a las
redes de transporte y distribución se consagra también, como principio a
desarrollar, a partir del protocolo eléctrico.

Otro tema importante, que nos parece puede abrir un esquema muy atractivo
de desarrollo de la libertad en el ámbito del mercado eléctrico, es que
se crean las entidades comercializadoras de energía eléctrica. ¿Qué
significa eso? Significa generar la posibilidad de que haya unas
compañías que acerquen los productores a los consumidores, sean capaces
de hacer ofertas para que los consumidores se agrupen y puedan negociar
desde una posición mejor, y no directamente desde la estricta posición
individual, un cambio en las condiciones de acceso a la energía
eléctrica. Nos parece que ése es un tema relevante, hay experiencias
internacionales suficientes al respecto que han salido bien y, desde
luego, nos parece que abrir esa posibilidad puede ser positivo.

Hay otro tema que tiene enorme relevancia, y es el apoyo que el Gobierno
ha mantenido, que los gobiernos anteriores tuvieron y que forma parte de
la política energética global de la Unión Europea, y son los regímenes
especiales para mantener los sistemas de cogeneración de energía
eléctrica, por una parte, y todo el esquema de energías renovables. Nos
parece que eso forma parte de la política del Gobierno, es elemento
consustancial de la política de las comunidades autónomas que tienen
competencias en esos ámbitos, es política del conjunto de la Unión
Europea porque --en terminología de economista-- tiene unas
externalidades positivas, que el mercado no asume, y nos parece
justifican que el propio sistema tenga esos esquemas de apoyo a ese tipo
de energía que, por otra parte, tampoco suponen ninguna novedad a lo que
ya existía hasta ahora.

Lo cierto es que hay otras cuestiones, otras especificidades, que también
hemos tenido que tener en cuenta, que anticipo ya, aunque puedo
explicarlas con mayor detalle. Por ejemplo, se garantiza, a partir de los
principios que orientan el protocolo, y por tanto a través de su
desarrollo, que se mantendrá el régimen especial actualmente existente
para las zonas extrapeninsulares y, por tanto, para Baleares, para
Canarias, para las ciudades de Ceuta y de Melilla, que aseguran que en
ningún momento los ciudadanos de esas comunidades y de esas ciudades van
a tener un tratamiento diferenciado en relación al que van a recibir el
conjunto de los españoles y, por consiguiente, también van a verse
favorecidos por el esquema de competencia a introducir y por el esquema
de reducción de tarifas en las mismas condiciones que todos los demás.

Todo eso permite establecer un régimen de reducción de las tarifas
eléctricas no sólo para el año 1997 --que tiene su origen en un acuerdo
entre las partes para que no haya recursos, porque forzamos el marco
legal y estable-- en un 3 por ciento, en promedio, en pesetas nominales,
y que además hemos querido --y el decreto de tarifas para el año que
viene va a salir publicado en los próximos días-- que beneficie
especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que a
partir del coste de la electricidad para las pequeñas y medianas
empresas, en términos reales, va a disminuir entre el 8 y el 9 por
ciento, que nos parece que es un elemento difícilmente exagerable, sino
que además de esa bajada para 1997, que es ad hoc y que es producto de un
acuerdo entre las partes, porque el marco legal nos llevaría a un
incremento de tarifas nominales del 4,5 por ciento y, por tanto, reales
positivas; además de ese decremento de tarifas para 1997, lo que
establece el protocolo es una senda decreciente para los próximos años de
esas tarifas de nuevo en pesetas corrientes, de tal forma que para los
próximos cinco años, hasta el 2001, la reducción mínima de tarifas en
promedio, en pesetas corrientes, para el conjunto de la sociedad española
es del 8,25 por ciento. Si añadimos a eso la inflación presumible --una
hipótesis que puede ser discutible pero, desde luego, aproximada-- para
esos próximos cinco años, estamos hablando de una reducción de las
tarifas en promedio mínima del 20 por ciento, que para las pequeñas y
medianas empresas, como garantía de creación de empleo y de
competitividad, podría situarse entre el 25 y el 30 por ciento. ¿Por qué
insisto



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en la palabra mínima? Porque, efectivamente, es una reducción mínima, que
puede incluso acrecentarse, ser mayor la reducción, si concurren
circunstancias tales como una mejora de la actual situación de tipos de
interés, cosa que es previsible; un incremento de la demanda de energía
eléctrica en función de lo que está previsto; una reducción de las
externalidades que hoy afectan a las tarifas y que, por tanto, irían en
favor de una mayor reducción del coste de electricidad para los
consumidores, de una recuperación de los costes de la adaptación, a los
que haré referencia de inmediato, superior al ritmo previsto. Todo eso va
a jugar en favor de la tarifa y, por tanto, nunca van a bajar menos de lo
que ya está previsto, sino que nosotros tenemos razonables esperanzas de
que en determinadas circunstancias las tarifas bajen todavía más que ese
20 por ciento, en términos reales, que prevemos para los próximos cinco
años.

El protocolo, por otra parte, lo que hace es ratificar lo que ya es una
previsión de la Losen, en el sentido de que es necesario ir avanzando en
la separación jurídica entre las actividades de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica. Este es un tema complejo que tiene que
tener un tratamiento específico a través de un grupo de trabajo, que hay
que desarrollar con sosiego y con calma. Lo que ha pretendido el
protocolo es simplemente reiterar lo que ya estaba previsto y volverle a
poner énfasis para ponerlo encima de la mesa, porque cuanto antes
avancemos en esa dirección, mejor. Cierto es que determinadas
instituciones, como la Comisión del sistema eléctrico, están defendiendo
que esa separación se tiene que hacer de forma muy rápida, y que incluso
tiene que llegar a los aspectos accionariales de esas actividades.

Nosotros creemos que éste es un tema que requiere reflexión, obviamente
con la participación de la Comisión del sistema eléctrico, y que debe
irse desarrollando con el mayor consenso posible, porque estamos
atendiendo a temas de una enorme sensibilidad.

A partir de ahí, vuelvo al principio de mi exposición. Partimos de un
sistema de funcionamiento del sector eléctrico completamente intervenido,
en el que la Administración juega un papel determinante en todas y cada
una de las variables económicas básicas del funcionamiento del sistema, y
queremos llegar a un sistema plenamente competitivo; un sistema
plenamente competitivo que, en condiciones normales, debería suponer una
reducción de 3 pesetas sobre las actuales 9 pesetas que supone el coste
de retribuir hoy la generación de electricidad. Como eso supone una
reducción entre los 400 y los 500.000 millones de pesetas de los ingresos
de las compañías eléctricas cada año, hemos adoptado la decisión, con
plena conciencia, que de es necesario un período de adaptación desde ese
mecanismo completamente intervenido, desde esa situación completamente
intervenida, a una situación plenamente competitiva. El criterio a seguir
ha sido el siguiente. El marco legal y estable, y en general el sistema
actualmente vigente, marca una retribución por los activos, pero no por
el coste de producir electricidad de esos activos, sino para que se
recuperen las inversiones y, por tanto, para recuperar el inmovilizado
que tienen las compañías del sistema. Ese inmovilizado es del orden de
3,3 billones de pesetas, y lo que hemos establecido es un mecanismo de
adaptación, a lo largo de un período suficientemente largo, que hemos
estimado en diez años, que permita que casi el 50 por ciento de ese
inmovilizado sea sometido a esa adaptación durante ese período, de tal
forma que haya un reparto, que desde nuestro punto de vista es
equilibrado, entre el sacrificio que tiene que ir asumiendo el sector
eléctrico para bajar de esas 9 pesetas que el actual sistema tiene
reconocido, a esas 6 pesetas que, en funcionamiento competitivo, tienen
que ser las que se ajusten al coste real de la generación. Esa
recuperación del 50 por ciento del inmovilizado supone que las eléctricas
tienen que asumir esa parte correspondiente de sacrificio, y que el resto
lo asume el conjunto de la sociedad, pero desde luego en mejores
condiciones que las actuales, porque hasta ahora las tarifas asumían el
cien por cien de ese sacrificio.

A partir de ahí queda otro aspecto que ustedes asumirán, que es complejo,
difícil de concretar, cual es la distribución de esos mecanismos de
adaptación al nuevo sistema competitivo, a la distribución por las
diferentes empresas, porque las empresas tienen una situación de partida
muy distinta, tienen centrales de generación con tecnologías muy
diferenciadas, tienen derechos reconocidos de forma muy diferente.

Ustedes saben que, por una serie de circunstancias que sería difícil
ahora de analizar, porque sería prolijo, los kilovatios procedentes de
una misma central nuclear son pagados de manera distinta según quien sea
la compañía que los compra, cosa que no deja de ser un tanto
sorprendente; o la existencia de cosas tales como el factor especial de
retribución, que está al margen del marco legal y estable, que viene a
reequilibrar situaciones anteriores. Este es un tema que podemos
desarrollar con toda tranquilidad con posterioridad, si el debate nos
lleva a ello. Pero, en cualquier caso, sí que es cierto que las
situaciones de partida de cada una de las empresas son complejas, y a
partir de ahí el criterio de distribución de esa cantidad global de
adaptación a la competencia, que persigue distribuir el esfuerzo de
adaptación entre el sector eléctrico y los consumidores, esa distribución
entre las diferentes empresas ha partido de la actual configuración del
marco legal y estable y, por tanto, de los factores objetivos de
retribución para cada una de las diferentes tecnologías de cada una de
las centrales de generación que hasta ahora están vigentes. Eso nos ha
llevado a un reparto de ese esfuerzo de adaptación entre las diferentes
compañías en presencia, que entendemos --y en la práctica así ha sido
asumido por la mayoría, por el 95 por ciento del sector, a través de la
decisión unánime de sus consejos de Administración-- ha sido asumida por
las diferentes compañías eléctricas. Ha habido otro elemento adicional
que también puede ser objeto de discusión y, por tanto, de matización y
de posiciones distintas, pero la posición del Gobierno se establece sobre
bases que son perfectamente justificables y explicables. Podía haber una
diferente posición respecto a si esa distribución de costes de adaptación
a la competencia se hacía desde el principio en su totalidad para las
diferentes empresas o se dejaba que se fuera haciendo, año tras año, a
través de la fijación de una serie de criterios y de



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mecanismos de valoración distintos de la propia Administración.

Esta es una posibilidad, desde luego, pero el Gobierno ha considerado que
era bueno que a la incertidumbre que genera en cualquier sector la
introducción de competencia (y, por tanto, la necesidad de hacer frente a
los requerimientos de mercado la necesidad de hacer inversiones, de tomar
decisiones de comercialización, de marketing, de buscar clientes, de
reducir costes, de ajustar, de buscar mayores eficiencias), pasar de un
sistema completamente intervenido en el que todo el mundo sabía ya lo que
iba a suceder y hasta incluso sabía ya el 1 de enero qué dividendos podía
acabar pagando el 31 de diciembre cuando finalizara el ejercicio; al
pasar, como digo, de ese sistema a otro con incertidumbre era bueno
introducir elementos de certeza en cuanto a una buena parte de la
recuperación de esos costes de adaptación. Evidentemente el porcentaje
puede variar y puede haber diferentes opiniones. Nosotros hemos
considerado --el sector eléctrico así lo ha asumido, aunque es un tema
que siempre se puede volver a discutir-- que si participaban todas las
compañías eléctricas, el 80 por ciento y, a partir de la firma del
protocolo, el 75,4 por ciento de esos costes de adaptación. Los criterios
de distribución entre las compañías son ya plenamente conocidos, los
porcentajes están fijados y el resto es un elemento de adaptación, es un
porcentaje que permite ajustarnos a situaciones que se puedan derivar de
contingencias que transcurran en el sector eléctrico, pero con un
porcentaje suficientemente pequeño como para que los mercados, los
analistas financieros y, en general, los propios gestores de las empresas
y los consumidores puedan saber a qué atenerse respecto a cuál va a ser
el marco de actuación del sector eléctrico en el futuro.

Como es lógico, es un mecanismo que requiere introducir transparencia.

Hasta ahora las crisis del sector eléctrico, desde el punto de vista
empresarial o las contingencias que se pudieran derivar de situaciones no
previstas, como pueden ser accidentes en determinadas centrales, al
final, acababan cargando, como todos ustedes saben, sobre la tarifa.

Nosotros hemos querido resguardarnos de eso y dejar que sea el propio
sector quien haga frente a esas posibles contingencias, sin tener que
castigar al consumidor.

Insisto, lo que pretende el protocolo es, sobre la base de un acuerdo con
las compañías eléctricas y por tanto violentando el actual marco vigente,
bajar desde ya las tarifas y empezar a clarificar frente a la sociedad
española cuáles son los principios de actuación que el Gobierno quiere
poner en marcha para la reforma del sector eléctrico. Como lo quiere
hacer, como es principio global del Gobierno, sobre la base del diálogo,
la negociación y la búsqueda del máximo consenso posible, establece ese
mecanismo de la creación de grupos de trabajo, de diálogo que transmite
con toda rotundidad y con toda claridad a los grupos parlamentarios, por
supuesto a los que dan apoyo al Gobierno, pero también a los de la
oposición, cosa que ya hice en una sesión ante la Comisión de Industria
del Senado y que hoy quisiera aprovechar la ocasión para reiterar.

Agradezco al Presidente y a SS. SS. la oportunidad que he tenido para
explicar cuál es la política del Gobierno en ese ámbito, cuáles son los
principios de desarrollo y a partir de ahí, por supuesto, someterme al
correspondiente debate.




El señor PRESIDENTE: Todos los grupos deben tener intención de
intervenir. He sugerido a los portavoces iniciar el debate de los turnos
de fijación de posición de los grupos parlamentarios de menor a mayor. La
respuesta ha sido unánime. Por tanto, vamos a proceder de menor a mayor
en las intervenciones de los distintos grupos.

Saben SS. SS. que es un turno de fijación de posición, que disponen de
diez minutos para fijar esta posición y les rogaría que se ciñeran a ese
tiempo.

Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez Sánchez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, vaya por delante un
criterio que enfrenta de manera radical al Bloque Nacionalista Galego con
la política que el Estado español ha seguido en los últimos años y en la
que ahora va a profundizar en cuanto a la privatización de la generación
de energías, muchas de las cuales están basadas en fuentes que son
propiedad pública. Aunque somos favorables a una economía de carácter
capitalista en este momento histórico, nos parece gravísimo que las bases
fundamentales para que esa economía capitalista funcione con un mínimo de
equilibrio entre los sectores económicos y sociales, como es contar con
las fuentes de energía en propiedad pública, en propiedad del Estado,
vaya por el camino cada vez más agudizado de una privatización en nombre
de criterios de liberalización, que solamente van a beneficiar a grupos
empresariales muy importantes de carácter financiero-industrial.

Hay dos cuestiones en el protocolo eléctrico que nos preocupan: una, de
carácter político-económico; otra de carácter tecnológico, de la que no
voy a hablar por incapacidad de hacerlo con mis conocimientos, aunque la
posición del Bloque Nacionalista Galego está bastante matizada en este
sentido.

Para aprovechar bien el tiempo querría, en primer lugar, hacer una
crítica --aparte de que todo el sistema eléctrico, en cuanto a la
generación, esté privatizado aunque funcionando en régimen de monopolio
brutal-- a este proceso que se abre de privatización de la red eléctrica
de España. Se dice que no se impone restricción alguna de titularidad
pública a Red Eléctrica de España Sociedad Anónima, cuyo accionariado se
reestructurará pudiendo participar en su capital cualquier agente que
intervenga en el funcionamiento del sistema eléctrico. Es decir, que
pasará a estar controlado por las grandes empresas eléctricas, cerrando
así un círculo infernal que no es nada positivo para la economía del
Estado español. El contraste podemos tenerlo en Francia, donde todo el
mundo sabe que la energía eléctrica es mucho más barata y no se está
incidiendo en este proceso de liberalización de forma tan sumamente aguda
o a la británica.

En segundo lugar, los costes en la producción de energía eléctrica y de
los activos inmovilizados que tienen las compañías eléctricas no se
pueden resarcir con el erario



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público, porque si empezamos a contar las consecuencias de las
inversiones de las eléctricas habría que contar sobre todo con el coste
social y económico gravísimo que tuvo para muchas zonas su actuación.

Dejar en manos de las eléctricas prácticamente dos billones de pesetas y
que vayan a ser gastados, utilizados, como buenamente quieran los grupos
que las controlan, nos parece que no es la mejor manera de resarcir
actuaciones de muchos años que no solamente hay que considerar ahora
desde el punto de vista de una disminución de las ganancias.

Queríamos entrar a analizar un problema gravísimo. Todo el mundo sabe que
hay algunas minas que están explotadas a cielo abierto --de lignitos, en
el caso de Galicia-- que aún hoy constituyen el 30 por ciento del total
del carbón que se explota en el Estado español, que fueron quemadas de
forma brutal (40.000 toneladas al día, aún hoy 25.000 toneladas al día) y
que van a dejar como único resultado un paisaje lunar, ningún tejido
alternativo productivo, etcétera. Nos preguntamos si Endesa va a poder
utilizar el dinero público que se le ha dado con entera tranquilidad, si
va a poder abandonar en un momento determinado aquello que ya no le da
ganancias y que la sociedad, en definitiva la economía del país, no vea
resultados positivos de la explotación, por ejemplo, de estas minas a
cielo abierto.

Nos preocupa que no quede claro en el protocolo si efectivamente las
explotaciones que tiene Endesa en As Pontes o en Meirama van a poder
participar también de estas subvenciones a fondo perdido que se van a dar
a la minería del carbón por valor de casi 300.000 millones de pesetas.

Sería gravísimo que se actuase de esta manera, pero como ya viene siendo
normal que a veces se hagan excepciones, en sentido negativo, con ciertas
partes del Estado español, nos gustaría advertir de este problema.

También nos gustaría saber, en relación con el consumo de carbón
autóctono en el Estado español, que parece ser que va a rondar sobre el
15 por ciento, si la subvención que se promete de prima de una peseta se
va a generalizar al carbón que hoy se utiliza en la explotación minera de
Meirama o de Endesa As Pontes.

Dejando aparte esta especie de premios por decisiones políticas que ahora
tenemos que pagar todos y que tememos que puedan no ser reinvertidos
positivamente desde el punto de vista de quien más cargó con los costes
sociales, ecológicos y de todo tipo por determinada forma de actuar de
las empresas eléctricas, nos gustaría preguntarle si no cree que el
protocolo lleva consigo que, a pesar de que se haga mucha propaganda de
las energías alternativas, sigan considerándose no solamente residuales,
sino prácticamente inviables. Fue muy curiosa la frase que utilizó el
señor Piqué, algo así como que el mercado no las asume.

Vemos bien que se pongan plazos para que las inversiones en cogeneración
puedan ser resarcidas, para que puedan resistir las inversiones hechas
por muchas empresas, pero no está tan claro, por ejemplo, en relación a
las energías alternativas, si van a dejar de ser ultrarresiduales.

En otro aspecto, cuando se habla de los acuerdos con los sindicatos
--imagino que muchos de ellos se alcanzarán en la mesa del carbón, por lo
que afecte a la minería y al futuro del carbón autóctono--, nos gustaría
saber si se va a tener en cuenta la presencia de los sindicatos que
actúan en todas las zonas y, en concreto, del que es hegemónico en la
mina que explota el 30 por ciento del total del carbón español, que en el
caso de As Pontes no es ni más ni menos que un sindicato que se llama
CIGA, hasta ahora excluido de esa mesa del carbón aunque representa
precisamente la opción hegemónica en una de las zonas que va a tener un
gravísimo problema, donde hoy están actuando centrales térmicas de Endesa
y donde ya se plantean reducciones de plantilla, curiosamente para
reducir gastos en una empresa que factura 35.000 millones de pesetas
anuales, aunque su criterio de inversión no se controla ni por la
Administración pública de Galicia ni por ningún sector social de un país
ya ampliamente en crisis.

Es imposible e indeseable una liberalización real de un sector
estratégico como éste. Imposible tecnológicamente, ya que usted mismo
habló de las dificultades a la hora de comentar el problema de la
distribución, de la comercialización. Imposible desde el punto de vista
de que vaya a beneficiar por lo menos a los pequeños consumidores. Lo que
está claro es que este sector en manos públicas sí podría poner la
energía muchísimo más barata. Posiblemente aquí esté una de las claves de
por qué la industrialización en el Estado español, a partir de fuentes de
producción de energía eléctrica propia, no fue todo lo buena que pudo
ser, incluso en las etapas del franquismo, con un régimen de monopolio,
como sigue siendo hoy en día.

Como se anuncia que se van a cumplir las propuestas de la Losen en cuanto
a separar los centros de generación de las explotaciones mineras y del
transporte, en primer lugar desde el punto de vista contable y, en
segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, aunque sea más tarde,
quisiera preguntar cómo piensa que esto va a afectar a minas de
explotación a cielo abierto, como es el caso de As Pontes, que sabemos
que ya está entrando en números rojos y solamente se podría seguir
explotando si forma una unidad con la central térmica de generación de
energía eléctrica.

Esperamos que esto valga, por lo menos, para expresar las preocupaciones
del Estado español y, de forma particular, de Galicia que, aunque hoy
produce el 20 por ciento de la energía eléctrica del Estado español, no
pintó nada en el protocolo eléctrico ni en el futuro desenvolvimiento de
la explotación de todas las fuentes de energía del país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Ministro de Industria y Energía,
por su comparecencia y por su información detallada acerca del protocolo
eléctrico, que hemos recibido con tiempo suficiente --también se lo
agradecemos--, y que servirá para el trabajo que se va a desarrollar de
ahora en adelante.

Nuestro Grupo, Coalición Canaria, le felicita sinceramente por lo que
este protocolo supone de punto de arranque para el ordenamiento concreto
y positivo de todo el sistema eléctrico nacional, por lo que supone de
beneficio



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para la sociedad, para este instrumento de trabajo, que significa no
solamente estar incardinado en la acertada política económica del
Gobierno, que tan buenos resultados macro y no macroeconómicos estamos
percibiendo a diario; protocolo que se destaca, entre otras, por dos
metas, que son: la liberalización de la competencia y la reducción de
tarifas para ciudadanos y empresarios.

Señor Ministro, estimado señor Piqué, permítame que haga una reflexión
desde la atalaya canaria. Usted conoce muy bien las circunstancias
específicas de Canarias, no solamente como experto economista que es,
sino porque en ese maratoniano viaje que hizo usted recientemente al
archipiélago pudo constatar muchas características y circunstancias,
entre las que sobresalen, por desgracia, la distancia con relación a la
Península y la fragmentación territorial; circunstancias negativas que el
legislador español desde hace muchos años, desde 1978, ha querido paliar,
desde la Constitución Española hasta la promulgación de normas de
inferior rango. En Dublín el Presidente Aznar ha conseguido que en esa
reforma de Maastricht se reconozca el estatuto permanente y específico
del archipiélago canario. Nosotros también queremos que haya un estatuto
permanente y específico con relación a la legislación peninsular.

Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta porque en Canarias, como
consecuencia de estos aspectos negativos, existe un cortocircuito, una
incomunicación con la red nacional peninsular y, por la fragmentación
territorial, no tenemos una comunicación eléctrica inter-islas. Esto
influye, como sabe usted muy bien, y saben los estimados miembros de esta
Comisión, en los costos de producción.

Concretamente, y para terminar, diré que el protocolo, en el acuerdo
primero, apartado 12 --permítame que lo lea--, dice: Las actividades que
se desarrollen en territorios insulares y extrapeninsulares serán
reguladas de forma específica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.º de la Ley de 1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y su
retribución se establecerá con criterios objetivos y congruentes con
respecto a los aplicados en el sistema peninsular. Me permito, señor
Ministro, preguntarle cuáles son esos criterios objetivos y congruentes.

¿Tiene el ministerio desarrolladas y evaluadas dichas especificidades?
Por otro lado, en el apartado cuarto, en los grupos de trabajo, se habla
de una comisión que se referirá a los territorios extrapeninsulares. No
nombra a los insulares, quiero entender que están todos incluidos. Somos
todos, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, extrapeninsulares. También
nos gustaría que estuviese presente en esta Comisión una representación
archipielágica.

Reiterando, señor Ministro, nuestra felicitación, le saludo con toda
cordialidad y si no tengo tiempo después, porque tendré que marcharme por
el avión, le deseo Felices Navidades.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias.

Le deseo también Felices Navidades a usted.




El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, me imagino que esas felicitaciones van
para toda la Comisión.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Esta mañana fueron para todo el Pleno. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri



El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Conoce el señor Ministro,
seguramente mejor que nadie, el malestar que ha producido en el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV)... (Pausa.) Es el señor Hernández Moltó, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, le ruego no intervenga usted
en los micrófonos del señor González de Txabarri.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Es la energía que me invade.




El señor PRESIDENTE: No se desborde en energía, señor Moltó. Siga, señor
González de Txabarri



El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente, por su
amparo y cordialidad.

Decía que el Ministro conoce mejor que nadie el malestar que ha suscitado
en el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y le voy a decir más. Por la forma
de tramitación de los contenidos del protocolo que estamos analizando y
debatiendo ahora, nos ha colocado usted fuera de juego intencionadamente,
usted lo sabe mejor que nadie, y hoy venimos a reprochárselo porque ésa
es nuestra obligación.

A pesar de todo, vamos a intentar mantener la línea habitual --no siempre
se puede-- del Grupo Parlamentario Vasco de ser rigurosos en el análisis
del documento que estamos debatiendo y que ha sido presentado por el
señor Ministro, a pesar de las irregularidades que se han conocido a lo
largo de la tramitación y de la puesta en marcha de este protocolo
eléctrico.

Quisiéramos manifestar en esta intervención aquellos aspectos en los que
estamos de acuerdo, algunas discrepancias y formular, al final, algunas
preguntas en aspectos que no están suficientemente aclarados. Eso es lo
que voy a intentar hacer, señor Presidente.

Habiendo indicado el fuera de juego al que nos ha sometido el señor
Ministro durante tantos meses, hemos tenido oportunidad de oírle en
distintas comparecencias --también hay que reconocer que han sido
frecuentes y habituales, tanto en esta Comisión como en el Pleno, a cada
uno lo suyo-- y quisiéramos comenzar por los aspectos positivos que
encierra este protocolo. Es de justicia reconocer que desde su redacción
original, desde aquellos borradores que comenzaron a funcionar casi
clandestinamente, hasta esta configuración, no sé si definitiva, firmada
cuando menos, se han conocido en su materialización y desarrollo
alteraciones importantes que es de justicia



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reconocer desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco.

El que se pueda elegir el consumo energético industrial básicamente es un
factor positivo, donde se han conocido alteraciones sustanciales durante
todos estos meses. Según datos que me han proporcionado esta misma
mañana, a partir del primero de enero de 1998 el 49 por ciento del
consumo energético industrial en Euskadi podrá elegir a quién comprar y
en qué condiciones hasta alcanzar el 65 por ciento en el año 2001. Son
cotas que hay que estimar y que hay que valorar en este objetivo de
elegibilidad.

Tal como usted ha afirmado en su intervención, señor Ministro, la
liberalización favorecerá la competitividad del tejido industrial que
contará con la energía más competitiva y con un mercado energético más
transparente, objetivo que compartimos y queremos que en la redacción
actual sea sustanciado de una forma más clara. Por otra parte, el
tratamiento definitivo del régimen especial también ha mejorado
sensiblemente a lo largo de los meses en su redacción, se ha incrementado
de diez a veinticinco megavatios de potencia instalada el límite para
aquellas instalaciones de cogeneración que puedan acogerse a las primas
que se establezcan --conocen SS. SS. el interés que el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) ha manifestado sistemáticamente con relación a
estas instalaciones de cogeneración--, y en cuanto a las instalaciones
que utilicen residuos habrá que atender al desarrollo que se analice
sobre los porcentajes de utilización de combustible principal y residuos.

Desde nuestra perspectiva, es destacable la libertad de establecimiento
de nuevas instalaciones de generación eléctrica, sin más requisitos que
los técnicos y los de la ordenación del territorio. Vemos que se han
librado ahí distintas cargas intervencionistas y burocráticas que
compartimos, señor Ministro.

Por último, en cuanto a la reducción gradual de las tarifas, aunque
entendemos por los estudios de que disponemos, que pudiera haber sido
mayor --aunque compartimos los objetivos, podía haber sido una duda
mayor--, constituye un elemento importante de partida y una buena noticia
para los consumidores, tanto los particulares como los industriales.

Quizá desde el aparato de propaganda del Ministerio se está insistiendo
mucho en este tema, lo cual es legítimo, señor Ministro, aunque tampoco
es éste el único tema. Lo que hay que debatir aquí es si son suficientes
los parámetros, los porcentajes que se están estableciendo. Comparto con
el señor Ministro que los responsables del Ministerio tienen la
obligación de decir que eso es la perfección. A mí como Diputado en esta
Cámara me corresponde poner en duda si ése es el porcentaje adecuado o no
se puede hacer un esfuerzo mayor.

Pasando a los aspectos que constituyen el debe de esta operación,
quisiera indicarle tres que, desde nuestra perspectiva, son
fundamentales. Por una parte, el carbón. Nos preocupa como se está
debatiendo en esta Cámara y cómo se está intentando solucionar.

Seguramente, señor Ministro, no podrá manifestar con toda claridad cuál
es su posición en relación con este tema porque tiene unas consideración
sociales importantes y una trascendencia relevante que no se le oculta,
dadas las reacciones que ha conocido a simples declaraciones enunciativas
que usted mismo ha ido formulando. No es un tema sencillo, no se puede
resolver con facilidad y, sin embargo, creemos que no se resuelve de la
manera adecuada. Una vez más se parchea, se intenta acallar el conflicto
social y no se dan fórmulas alternativas para desarrollos íntegros que
deben conocer planes industriales desde otra perspectiva. Aquí existe una
laguna fundamental, no somos capaces de encontrar el equilibrio debido
entre la problemática social del carbón que suscita e ir encontrando ese
punto de equilibrio que vaya abordando las dos perspectivas.

En segundo lugar, nos preocupa el tratamiento que se le da a los costes
hundidos, estos costes que proceden de inversiones realizadas por las
eléctricas durante la regulación del sector y que no podrán recuperar en
situación de competencia; ¿qué cantidades son? Existen estimaciones muy
distintas, según qué tipo de prensa o qué tipo de revistas se lean en
este tema y entendemos que en su réplica sería interesante que facilitara
más información sobre este asunto.

En tercer lugar, tenemos una preocupación, señor Ministro, en cuanto a la
estructuración de este sector eléctrico. Esperamos de sus esfuerzos y de
los esfuerzos de los responsables del Ministerio que la liberalización se
imponga, pero manifestamos nuestras dudas tal y como se están haciendo
las cosas. Compartimos su objetivo liberalizador, pero mucho nos tememos
que, tal como van las cosas, puede quedar en agua de borrajas por mor de
la influencia de grupos con posiciones muy dominantes en el sector, muy
poderosos en ciertos ámbitos económicos y también políticos --no nos
vayamos a olvidar--, y que todo esto lleve a generar una formación
artificiosa del precio de la energía eléctrica precisamente en nombre de
la liberalización que se trata de impedir desde este tipo de grupos.

Estas son las tres preocupaciones que quisiéramos manifestar desde el
Grupo Parlamentario Vasco, intentando ser rigurosos en las valoraciones
que se hacen, a pesar del desplante, que, le vuelvo a reiterar, no nos ha
gustado nada. En definitiva, creemos, señor Piqué, que no ha cuidado las
formas; si me permite una expresión coloquial, solemos decir entre
nosotros que ha jugado con cartas marcadas y de farol. Diré a renglón
seguido que parece que le ha salido bien, pero que no se confíe
demasiado, señor Ministro, porque detrás de todas estas discusiones hay
muchos intereses, se mueve mucho dinero y, en definitiva, son los
ciudadanos los que deben conocer situaciones distintas. El portavoz del
Bloque Nacionalista Galego ha indicado anteriormente la situación
francesa; uno tiene la suerte de vivir a 20 kilómetros de la frontera
francesa y conoce procesos de empresas vascas que de Euskadi sur pasan a
Euskadi norte precisamente por este tema. Eso es lo que nos preocupa,
señor Ministro. Si se trata de ser europeos, nos permitirá poder
formularle una duda: ¿somos con este protocolo más europeos?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




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El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer desde
Convergència i Unió la comparecencia del señor Ministro para
explicitarnos cuáles son los contenidos más importantes del reciente
protocolo eléctrico. Estando convencidos de que dicha negociación ha sido
difícil, compleja y no exenta de dificultades, nosotros, por este motivo,
le felicitamos.

Convergència i Unió valora positivamente la firma del protocolo
eléctrico, ya que estamos convencidos de que dicho protocolo va a ser el
pilar fundamental para que en la economía española tenga lugar la
liberalización de la energía y del sector eléctrico. La firma de dicho
protocolo nos parece importante, ya que estamos convencidos de que su
desarrollo comportará excelentes resultados para la economía productiva
española, ésta podrá ser muchísimo más competitiva. Estamos convencidos,
igual que usted ha dicho en su exposición, de que el desarrollo del mismo
afectará positivamente a las economías domésticas, que es lo mismo que
decir que dichos beneficios se extenderán a todos los bolsillos de los
ciudadanos españoles, ya que con el descenso de las tarifas eléctricas
todos van a disponer de más renta per capita para ahorrar o para
consumir.

Asimismo, la firma del protocolo es a nuestro juicio positiva, ya que
hemos visto conseguidos los objetivos que desde Convergència i Unió
reiteradamente veníamos proponiendo a lo largo de los últimos años y de
las últimas legislaturas, es decir, que a partir del 1 de enero de 1997
sea realidad una vieja pretensión nuestra, y que la reducción de las
tarifas eléctricas sea efectiva.

También hacemos una valoración positiva desde nuestro grupo parlamentario
porque entendemos que su ministerio, su equipo y concretamente también la
persona del señor Ministro han actuado con una celeridad inusitada para
conseguir la firma de dicho protocolo. Antes he comentado que sabemos que
han sido negociaciones difíciles, complejas y con muchas dificultades, ya
que son sectores en los que hay intereses entrecruzados, pero estamos
seguros de que, si no hubiera existido esta celeridad para la firma de
dicho protocolo, no sería posible la reducción de la tarifa para el 1 de
enero de 1997. Va a ser en el desarrollo de los grupos de trabajo donde
tendrá que haber lógicamente --y usted lo ha anunciado en su
intervención-- la transparencia que pueda hacer posible que todos los
sectores implicados puedan hacer aportaciones importantes para que esto
sea una realidad. Nos parece importante también porque, en definitiva, va
a ser posible que una de las primeras y más importantes reformas
estructurales se ponga en marcha en la economía española, y ésta va a ser
justamente una que va a incidir favorablemente, junto con otras reformas
estructurales que nosotros pensamos que se han de llevar a cabo a lo
largo de esta legislatura para que España pueda acceder a la posición de
los países de primera categoría a mediados del año 1998.

¿Cuáles son, de todas formas, desde la perspectiva de Convergència i
Unió, los aspectos más importantes de este protocolo? En primer lugar, va
a existir de facto una reducción de tarifas a partir de enero del año
1997. Nosotros no queremos dejar pasar esta oportunidad para transmitir
un mensaje positivo. Desde la perspectiva de que va a ser un año con
presupuestos restrictivos, con congelaciones salariales, nosotros no
queremos dejar de expresar este mensaje de optimismo, que va a comportar
que, después de veintiséis años las tarifas de la energía eléctrica vayan
a experimentar una reducción promedio del 6 por ciento a partir de los
próximos años. Y si a más a más a esto le añadimos que en los próximos
cinco años estas reducciones van a ser, como mínimo --ésta es una
cuestión muy importante--, del 20 por ciento acumulado, es una buena
noticia para todos los ciudadanos españoles, para la economía productiva
y para el tejido empresarial español. Aquí nosotros quisiéramos hacer
notar que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
vamos a aportar todos nuestros esfuerzos y todas nuestras posibilidades
para que estos mínimos de rebaja en las tarifas se puedan incrementar, ya
que vamos a hacer esfuerzos importantes para que sea posible un descenso
de los tipos de interés, un descenso en los precios de generación y
también un incremento de la demanda eléctrica, porque nosotros sabemos
que si estas premisas que le acabo de mencionar son una realidad, las
tarifas eléctricas podrán bajar más del 6 por ciento a partir del año
1997.

Es un motivo de doble satisfacción para Convergència i Unió que las
tarifas eléctricas e industriales tengan una bajada considerable a partir
del año 1997, básicamente porque los costes energéticos van a
experimentar una rebaja considerable, rebaja que nosotros, igual que
usted ha manifestado en su intervención, calculamos que va a oscilar
entre el 9 y el 10 por ciento, con lo cual, consiguientemente, nuestras
empresas, nuestro tejido productivo va a ser más competitivo y vamos a
rebajar sus diferenciales de costes con el resto de compañías de la Unión
Europea y de compañías internacionales. Valoramos positivamente esta
rebaja de los costes industriales porque, a partir del 1 de enero del año
1997, el coste energético va a dejar de ser un obstáculo para que
compañías españolas se trasladen a Francia concretamente y para que
compañías internacionales puedan ubicarse en nuestro país. Otro mensaje
positivo que queremos transmitir desde Convergència i Unió a la opinión
pública es que la rebaja de los costes industriales energéticos, sumada a
las demás expectativas importantes que están generando en estos momentos
algunas cifras macroeconómicas, sumada al control de la inflación, a las
perspectivas de crecimiento económico para el año 1997, así como a la
bajada de las tarifas energéticas, estamos seguros que va a contribuir a
la generación de empleo estable en España.

En segundo lugar, nuestro grupo parlamentario también valora
positivamente la firma del contenido del protocolo eléctrico ya que, de
acuerdo con nuestras reivindicaciones manifestadas en sus recientes
comparecencias, hemos observado que dicho protocolo es muy respetuoso con
la autoproducción de la energía eléctrica, ya que ésta no supone un
cambio respecto a la situación actual y queda perfectamente claro el
tratamiento en cuanto a la protección y fomento de energías renovables,
ya que éstas representan, a nuestro entender, unas cuestiones
fundamentales que contribuyen a la mejora del medio ambiente, suponen un
ahorro de la energía primaria y también mejoran el uso de



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energías eficientes, en definitiva, complementan una serie de actuaciones
energéticas que, entendemos, quedan perfectamente reflejadas en la firma
y en el contenido básico del protocolo.

Desde Convergència i Unió, también consideramos muy positivo el contenido
del protocolo, y coincidimos con unas manifestaciones de su reciente
exposición, porque, a partir del año 1997 y siguientes, va a existir la
liberalización del suministro de energías eléctricas, y los consumidores
van a poder elegir las empresas o las compañías suministradoras. También
va a existir la liberalización en cuanto al suministro de energías como
el gas y el petróleo, nos parecen adecuados los mecanismos de protección
del sector del carbón y estamos totalmente de acuerdo con el período de
negociación que ha establecido el ministerio entre los diferentes
sectores afectados, como son los empresarios y los sindicatos
correspondientes.

Hay un punto que, desde Convergència i Unió, consideramos que va a ser
clave para que el protocolo sea un éxito y pueda constituir una verdadera
reforma estructural en el sector, el desarrollo de los grupos de trabajo
que su ministerio ha creado, con implicación de todos los agentes
sociales, de los sindicatos, y vamos a pedirle, señor Ministro, que en la
negociación de los grupos de trabajo queden perfectamente involucradas
las comunidades autónomas que tengan centrales en sus respectivas
comunidades y también que se dé entrada a todos aquellos colectivos
interesados y afectados. Le pedimos que la Comisión del Sector Eléctrico
Nacional, que ha desarrollado una importante tarea en las negociaciones
previas al protocolo, tenga un papel destacado como comisión asesora
también en el desarrollo del protocolo. Nos unimos a la petición del
señor Ministro en el desarrollo del protocolo, cuando las modificaciones
importantes de la Losen vengan al Parlamento, podamos participar del
consenso porque entendemos que es una reforma estructural muy importante
y sería básico que entre las fuerzas políticas, las que damos soporte
parlamentario al Gobierno y las que conforman la oposición, pudiera darse
este consenso para poder obtener el máximo de aportaciones de todos los
grupos parlamentarios para que sea posible una reforma estructural tan
importante.

Desde Convergència i Unió, tamibén quisiéramos destacar el papel que la
Comisión del Sector Eléctrico Nacional ha jugado en el desarrollo del
protocolo, junto con el Ministerio, para la redacción final del
documento; ha sido provechoso y valioso, ya que, a nuestro entender, las
discrepancias puntuales no han sido un inconveniente, sino que han
demostrado el buen funcionamiento de una comisión independiente; si
hubiera habido un consenso en el cien por cien de los puntos del
protocolo, quizás hoy dudaríamos de que esta comisión fuera
independiente. Por tanto, a pesar de que han existido discrepancias,
algunas importantes, nosotros valoramos las aportaciones de una Comisión
tan importante como la del Sector Eléctrico Nacional.

También quisiéramos destacar las coincidencias fundamentales entre el
Ministerio y la Comisión del Sector Eléctrico Nacional porque, a raíz de
unas informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación,
se podría llegar a la conclusión de que existen grandes discrepancias
entre el Ministerio y la Comisión del Sector Eléctrico Nacional cuando, a
nuestro entender, hay muchas más coincidencias que divergencias. Hay
coincidencias importantes sobre el diseño del mercado mayorista de
generación, sobre el papel de la demanda de mercado, sobre los
intercambios internacionales, sobre la estructura de la tarifa, y sobre
los costes hundidos y las ayudas a la transición de la competencia, sobre
la relación entre el Ministerio y las empresas eléctricas y sobre un
aspecto que consideramos fundamental, como es el carbón.

No quisiéramos finalizar nuestra intervención sin manifestar que existe
una coincidencia importante entre nuestro grupo parlamentario,
Convergència i Unió, y la Comisión del Sector Eléctrico Nacional. La
Comisión del Sector Eléctrico Nacional, por una parte, y nosotros, por
otra, instamos al Gobierno para que se ponga en marcha inmediatamente el
desarrollo de dicho protocolo. Creemos sinceramente que, si existieran
discrepancias importantes entre la Comisión y el Miniserio, no les
instarían a que pusieran en marcha rápidamente dicho protocolo, que, como
he repetido anteriormente, coincide básicamente con las intenciones de
nuestro grupo, porque entendemos que estas reformas estructurales se han
de poner en marcha inmediatamente. Nosotros también vamos a reclamar de
su Ministerio que, en el desarrollo de los grupos de trabajo, puedan
tener participación todos los grupos afectados para que la transparencia
del mismo sea lo importante que requiere una situación como la reforma
estructural del sector eléctrico.

Tampoco quisiera dejar en el tintero una preocupación de nuestro grupo,
Convergència i Unió, preocupación que ya dejó patente cuando S. S. vino a
informar respecto a las OPA de Endesa sobre Fecsa y Sevillana,
preocupación que ha venido motivada por las recientes noticias que han
aparecido hoy en los medios de comunicación respecto a un expediente
abierto a Endesa por las OPA de Endesa sobre Fecsa y Sevillana. La única
preocupación de nuestro grupo, y nos remitimos a nuestra intervención con
motivo de su comparecencia y no vamos a realizar valoraciones definitivas
hasta que no hayan concluido las investigaciones y hasta que conozcamos
las alegaciones que haga Endesa a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, es cómo puede afectar, en caso de que dichos expedientes
prosperaran, a las acciones de Endesa, si puede repercutir negativamente
en cuanto a las privatizaciones en los consiguientes tramos a lo largo de
estos tres próximos años. Es una preocupación por una cuestión que hoy ha
saltado a los medios de comunicación. Nos preocuparía enormemente que
pudieran verse afectadas las posibilidades de recaudación de fondos por
parte del Estado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra doña Presentación Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Ministro, desde luego, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no va a
oír usted la felicitación



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por la firma de este protocolo, entre otras cosas porque consideramos que
no va a ser beneficioso para la economía en general y, además, porque
para poder hacer un debate real de este protocolo, lo primero que se
tenía que haber hecho era, además de contar con los agentes sociales
antes de su firma y negociar con ellos y con las organizaciones de
consumidores, explicar en esta Cámara el protocolo definitivo que se
quería firmar con las empresas eléctricas.

Señor Ministro, a nosotros su intervención nos ha parecido que iba
encaminada más para una justificación del protocolo que para darnos
información. Para poder debatir, como decía el señor Presidente al inicio
de la sesión, con claridad y largamente sobre este tema, que es muy
importante, deberíamos haber dispuesto del documento definitivo, el que
realmente se ha firmado con las compañías eléctricas, para que pudiéramos
hablar con total seguridad. Desde luego nosotros no tenemos ese tipo de
información y nos ceñimos al documento que ha llegado a nuestras manos,
que, en principio, parecía ser el definitivo. Por tanto, esperamos que
sea realmente el definitivo.

Ante la firma de este protocolo hay una cuestión que nos preocupa. Usted
dice --y el Ministerio lo ha dicho públicamente-- que es muy beneficioso
para las compañías eléctricas y para la economía del país. La verdad es
que todo lo dejan ustedes en manos del mercado y hasta ahora los
ciudadanos y las ciudadanas no hemos visto esos beneficios. No hace mucho
en una intervención en el Pleno de la Cámara decía que después de vender
lo bueno que iba a ser para los ciudadanos la liberalización del sector
de carburantes, en nuestros bolsillos los ciudadanos aún no lo hemos
notado. Veremos a ver si con el sector eléctrico, al final, al cabo de
unos cuantos años, nos viene a pasar otra vez lo mismo que nos sucede en
estos momentos y que nos sucedió anteriormente y sobre lo que después
incidiré.

Y digo que no será tan beneficioso desde su lógica para las compañías
eléctricas cuando ha habido una compañía eléctrica que se ha descolgado,
de momento, de la firma de este protocolo, como es Hidrocantábrico.

Creemos que esta compañía ha tenido problemas a la hora de aceptar el
reparto del 20 por ciento que queda de los activos que se tienen que
amortizar en el plazo de diez años. Dicho sea de paso, nosotros no
entendemos muy bien cómo han hecho ustedes la valoración en 1,9 billones
de pesetas, no sabemos con qué criterios ni sobre qué base se han hecho
esas valoraciones y, por lo tanto, es algo que nos genera bastantes
dudas. Además, se ha descolgado, sólo y exclusivamente esta compañía,
porque pensamos que han existido presiones hacia la compañía pública
Endesa para que ésta no se descolgara. La compañía pública Endesa va a
perder alrededor de 15.000 millones de pesetas con la firma de este
protocolo, pero va a perder más en un futuro. Y va a perder más en un
futuro porque Endesa, señor Ministro, según la nueva normativa que va a
regir las tarifas y los precios de la energía según el nuevo protocolo,
es la compañía que tiene los costes variables más altos y, por lo tanto,
dentro de esta competencia que ustedes quieren introducir --y la pongo
entre comillas y después le explicaré por qué--, Endesa pierde en
competitividad, pierde capacidad y si, además, según sus criterios --los
criterios del Gobierno--, tiene que ser vendida a medio o a corto plazo,
tendrá que hacer un esfuerzo inversor para estar en mejores condiciones
de competitividad y, además, tendrá que hacer el esfuerzo de darles
buenos dividendos a sus accionistas para ser una empresa atractiva a la
hora de vender, porque si no, señoría, desde su lógica, nosotros no lo
entendemos. Esto va a tener un coste social, coste en personal y
medioambiental en algunas centrales de generación eléctrica de la
compañía Endesa, porque va a tener que revisar ciertos planes que tenían
previstos las compañías. Por poner un ejemplo, en As Pontes se había ya
negociado con el comité de empresa una determinada regulación de la mina
para poder tener una duración de vida determinada y que no hubiera una
reordenación traumática. Pues bien, no hace mucho la información que se
nos facilitó es que se habían parado dos minas de extracción. Está
clarísimo que Endesa necesita bajar costes, importará más carbón. En la
central térmica de Andorra, donde se habían previsto unos planes de
inversión para que bajaran las emisiones que estaban contaminando los
bosques del entorno en estos momentos están paralizadas --además de por
problemas técnicos-- las inversiones de mejora en calidad medioambiental.

Por lo tanto, ya vamos a tener unas contraprestaciones negativas por la
firma de este protocolo.

Nosotros consideramos que ustedes han obligado a Endesa y han vuelto a
caer en otra contradicción. Cuando ustedes hablan de privatizar el sector
público empresarial lo dicen planteando que es muchísimo mejor que las
empresas tengan libertad de acción y que ningún gobierno o administración
central puedan incidir en sus decisiones empresariales por cuestiones
políticas. Ustedes, señorías, han obligado a que Endesa firme, por
motivaciones políticas, no por cuestiones empresariales, porque es la
empresa que sale más perjudicada con la firma de este protocolo.

El protocolo eléctrico, además, significa una ruptura con la legalidad
vigente: Losen, marco legal y estable, y con los principios de ordenación
que en ella se establecían, la planificación energética coordinada, la
explotación unificada, la integración de energías, la tarifa única.

Tenemos serias dudas de que a partir del 2001 ó 2002 no vaya a
desaparecer la tarifa única e incluso nosotros consideramos que
desaparece la consideración de servicio público para el suministro
eléctrico, cosa que nos parece muy grave, señor Ministro. Este protocolo
va a tener un coste social dentro de las propias empresas del sector que
nosotros estamos cifrando y que están cifrando también otras
organizaciones en torno a un 25 por ciento. Usted decía que el empleo del
sector estaba en torno a las 50.000 personas. El cálculo que nosotros
hacemos es que, aproximadamente, se van a perder alrededor de 15.000
puestos de trabajo. Y se van a perder estos puestos de trabajo porque
estamos convencidos de que las empresas no son tontas y harán inversiones
en aquellas plantas de generación eléctrica que tendrán inversión
tecnológica, pero muchos menos puestos de trabajo a la hora de poder
funcionar.

Esto se agrava mucho más en el sector de la minería. En este sector
cualquier punto de reducción significa una pérdida porcentual de puestos
de trabajo muchísimo más elevada



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que en el sector eléctrico. Por lo tanto, corre grave riesgo el sector de
la minería, a pesar de las salvaguardas que se le han puesto en el
protocolo del sector eléctrico. En el protocolo del sector eléctrico se
dice que es necesario promover el debate parlamentario para dar
estabilidad en la política de cara al sector de la minería del carbón.

Pues bien, señorías, ustedes cuando tienen las cosas claras, sin pasar el
tema a debate parlamentario, toman decisiones que afectan a todos los
ciudadanos, y cuando ya no las tienen tan claras, porque se tienen que
hacer inversiones desde la Administración y fundamentalmente desde el
sector empresarial, lo dejan a un debate parlamentario abierto para dar
estabilidad, sin poner fecha ni límites, y, por lo tanto, se seguirá
deteriorando el sector de la minería del carbón y se seguirán
deteriorando aquellas comarcas que en estos momentos son monocultivos y
tienen una precariedad laboral y de instalaciones industriales que les
llevarán a la más absoluta miseria si se sigue por esta línea.

Por lo tanto, señorías, se está perjudicando a la sociedad. Lo que
ustedes han vendido como el paradigma del protocolo, que ha sido la
reducción de las tarifas eléctricas, va a suponer en tres años un 8 por
ciento nominal, pero en realidad supone para 1997 que a las pequeñas y
medianas empresas se les reduzca un 5 por ciento y a los consumidores, al
pequeño consumidor, a los ciudadanos y ciudadanas, en nuestras casas,
sólo nos va a suponer un 1 por ciento nominal, es decir, apenas lo vamos
a notar. Señor Ministro, sin pretender desde este grupo parlamentario que
la tarifa eléctrica sea la más cara de Europa ni que se sigan teniendo
costes elevadísimos para la generación de la energía eléctrica, sería
muchísimo más rentable para los usuarios que se apoyaran decididamente no
solamente las energías renovables o la cogeneración, sino los programas
de gestión de la demanda, que en realidad quedan bastante malparados, por
no decir que quedan recogidos en el protocolo de una manera muy ambigua.

Esto nos genera incertidumbre. El anterior Gobierno cifraba la creación
de puestos de trabajo que se estaba produciendo ya en estos sectores de
las energías renovables en torno a los 20.000, posiblemente sean directos
e indirectos, pero hay ahí una fuente de creación de puestos de trabajo
que sí le sirven a esta sociedad. Por lo tanto, señoría, nos sigue
preocupando mucho, porque además no lo compartimos.

Ustedes hablan de que esto es una aplicación del proyecto de directiva
europea. Nos sorprende la celeridad que ha tenido el Gobierno para hacer
esta aplicación de un proyecto de directiva europea cuando hay infinidad
de directivas europeas que nuestro país todavía no ha aplicado y que
parece ser no corren ningún tipo de prisa, cuando después de aprobada la
directiva se tienen dos años para hacer la trasposición. Ustedes van
mucho más allá. Por lo que se refiere al ritmo de liberalización, le voy
ha hacer el cuadro comparativo entre el que se contiene en la directiva y
el modelo español. La directiva para 1998 plantea que el
gigavatio/hora/año sea de 40. El modelo español plantea que sea de 20,
con un porcentaje de mercado del 31 por ciento. Para el año 2000 la
directiva europea no propone ninguna rebaja. El Gobierno español se
plantea que sea nueve gigavatios/hora/año, con una cuota de mercado del
36 por ciento. Para el 2001 ustedes terminan la aplicación y la directiva
europea plantea que la rebaja sea al 20 y ustedes al cinco, con un
porcentaje de mercado de 37 por ciento. Y dejan el 2004 --ya no les
interesa--, que la directiva europea sí recoge. El modelo europeo es
mucho más escalonado y sería posiblemente más asumible. Es más, con este
protocolo van a generar un problema grave. Están premiando la producción
de energía hidroeléctrica y están beneficiando a una empresa en concreto,
a Iberdrola, principalmente. Esto va a crear grandes tensiones en un
producto que es un recurso público que se concede en explotación y que
tiene un coste de producción de 1,05 pesetas o de 1,5 pesetas añadiéndole
las inversiones reales. Señor Ministro, a partir de ahí las empresas, y
fundamentalmente Iberdrola, van a tener unos beneficios espectaculares y
la gran perjudicada es, una vez más, la compañía pública Endesa, que es
la que menos capacidad de producción Hidroeléctrica tiene. Si además, un
recurso escaso como es el agua lo van a poder explotar las compañías
eléctricas como les parezca conveniente para tener mayores beneficios,
¿qué es lo que va a suceder con el resto de las instalaciones de
generación eléctrica que hay en nuestro país?
Nos preocupa también muchísimo lo que va a ocurrir con la seguridad de
las centrales nucleares de primera generación, porque una vez amortizadas
estas centrales van a tener grandes beneficios, pero van a descuidar,
bajo nuestro punto de vista, sus sistemas de seguridad. Cuanto más
antigua es una central, más problemas de seguridad puede tener y en estos
momentos algunas incluso ya los están teniendo.

Creemos que no es buen protocolo, no estamos de acuerdo con la ordenación
que se está haciendo del sistema eléctrico. Ustedes hablan de que hay que
introducir la plena competencia pero el informe que hizo de manera
preliminar la comisión del Sistema Eléctrico Nacional precisamente en ese
apartado afirma todo lo contrario, porque para poder hacer una
competencia real tendría que haber una desconcentración y una
reestructuración empresarial de las eléctricas, cosa que no se plantea en
ningún momento en el protocolo del sector eléctrico. Por eso, señor
Ministro, tenemos muchas dudas de que esto vaya a servir para algo. Nos
preguntamos si no se va a dar una situación como la que tuvimos antes de
la planificación del sector, antes de que tuviere lugar una intervención
del Estado. Si a partir del año 1988 empezamos a pagar en la tarifa
eléctrica los desatinos de las compañías eléctricas, fue en los períodos
donde no existía planificación por parte del Estado: las compañías
eléctricas instalaban potencias según les parecía conveniente, y luego lo
hemos pagado los ciudadanos, por una mala gestión y por una falta de
planificación por parte de la Administración. Ustedes en el protocolo
vuelven a incidir en lo mismo. Liberalizan la posibilidad de que se
implanten centrales de generación eléctrica según lo estimen las
compañías, con la salvedad de que tienen que cumplir, como sería lógico,
con las necesidades técnicas que fije la Administración central. Eso es
lo lógico, lo menos que se puede pedir. Al final, ya tenemos en nuestro
país una instalación superior a las necesidades de consumo del país. No
se prevé que vaya a haber aumentos



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de consumo que lleven a la necesidad de implantar nuevas centrales de
generación eléctrica, y con esa liberalización, además de renunciar a la
planificación a las compañías eléctricas se les deja las manos libres
para que inviertan a su gusto y, después, como es un servicio público y
no se les puede decir a los ciudadanos que no hay luz porque han quebrado
las compañías eléctricas, nos volverá a tocar hacernos cargo de los
desatinos de las compañías eléctricas y de los errores de un gobierno que
renuncia a la planificación, cuando están planificándolo desde los
intereses económicos y no desde los intereses generales de los
ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Empezaré, si S. S. me lo permite, con una
cuestión previa que no está íntimamente unida al debate, pero sí muy
relacionada con el sector eléctrico. Hacemos esta consideración, en
primer lugar, por respeto a la propia Comisión y en segundo lugar, por
consideración a su propia presidencia. Señor Presidente, esta misma tarde
tres grupos de la Cámara, el Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ye el Grupo Parlamentario Socialista, han presentado en el
registro una solicitud para que la Comisión celebre una sesión en los
próximos días, antes de que acabe el año, a fin de tratar dos aspectos
que hoy debían haber sido debatidos aquí y que nuestro grupo, y entiendo
que algún otro, postergó para una mejor ocasión por respetar la
iniciativa del señor Ministro de comparecer hoy en esta Comisión.

Toda vez que esta misma tarde está reunido el consejo consultivo de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, de cuyo presidente pedimos la
comparecencia, y toda vez que hoy mismo hemos tenido noticia de la
evolución del expediente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
en relación a la OPA que Endesa lanzó sobre Fecsa y Sevillana, y
comprobada la sin duda sincera preocupación que el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió ha manifestado también en esta Comisión, nos parece
que no deberíamos ser la última instancia del país que se preocupara de
estos asuntos. Estamos absolutamente tranquilos por el desarrollo de esta
iniciativa y apelamos a la Presidencia y a los miembros de la Mesa de
esta Comisión para que se pueda convocar esta Comisión, repito, en el
menor plazo posible, obviamente antes de que acabe el año.

Era una cuestión de orden que queríamos poner en conocimiento de SS. SS.

para que nadie dejara de tener esta información sobre una iniciativa que
libremente hemos presentado estos grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, como Presidente de la
Comisión de Industria le agradezco sus buenas labores informativas. No
son necesarias, pero de todas formas se lo agradezco. Esta Presidencia ya
tiene conocimiento de todas las iniciativas de SS. SS. por los cauces
reglamentarios y por los procedimientos ordinarios. Vamos a tener
conocimiento, si lo que usted dice es cierto, que lo debe ser, que se ha
presentado esa iniciativa. Voy a tener conocimiento de ella en su momento
y procederé, de acuerdo con el Reglamento, a actuar conforme a la
petición que ustedes hacen. No tenga ningún problema. Haga usted uso de
su turno para fijar la posición de su grupo en torno al tema que hoy no
ocupa.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No me cabe la menor duda que así será. Por
cierto, es una buena oportunidad, ya que está el señor Ministro, para
que, si lo considera oportuno, porque no corresponde a la comparecencia,
informe si tenía conocimiento de las gestiones que el presidente de
Endesa y el presidente de la SEPI, por cierto accionista principal de la
empresa llevaban a cabo en relación a estos asuntos. Si el señor Ministro
no considera oportuno contestar a si tenía conocimiento de esas
gestiones, nosotros lo entenderemos.




El señor PEON TORRE: Señor Presidente, quiero pedir la palabra porque lo
que está alegando el portavoz Socialista son cuestiones de procedimiento.




El señor PRESIDENTE: Señor Peón, le ruego que deje al Presidente ordenar
el debate. Le agradezco su amabilidad al interpretar las palabras del
portavoz del Grupo Socialista, pero tendrá S. S. ahora un turno, todo lo
extenso que desee, para expresar la posición de su grupo. Le he
agradecido al portavoz del Grupo Socialista su iniciativa informativa y
le he rogado que se atenga al orden del día, que es fijar su posición en
cuanto al tema que nos ocupa. No motive, señor Hernández Moltó, la
justificada intervención del portavoz popular, toda vez que parece ser
que usted quiere plantear otras cuestiones, lo cual me llevaría a abrir
turnos en otras materias.

Le ruego, insisto, que tenga la bondad de remitirse al contenido de la
comparecencia.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Dé por retirada, señor Ministro, la petición de
esta información. Pero, si quiere informarnos si sabía las gestiones que
estaba realizando el presidente de Endesa y el presidente del SEPI, nos
informa. Si no, en otra ocasión. (Risas.)
Señor Presidente, tiene usted toda la razón.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, sus preguntas no proceden.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Por eso las he retirado. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Tendrá usted oportunidad, si las formula por el
conducto que sea procedente, de plantear estas iniciativas.

Le ruego, por última vez, que se atenga al contenido de la comparecencia
del señor Ministro. (Rumores.)



El señor HERNANDEZ MOLTO: Pido el amparo del Presidente ante los impulsos
de miembros de la Mesa, que están intentando coaccionar mi intervención.




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En fin, vuelvo al espacio que nos ocupa (Rumores.), si me dejan empezar.




El señor PEON TORRE: Estoy intentando intervenir hace varios segundos,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Diga, señor Peón.




El señor PEON TORRE: La verdad es que no es bueno, cuando un debate de la
importancia del protocolo eléctrico, que ha sido requerido con tanta
insistencia...




El señor HERNANDEZ MOLTO: ¿En calidad de qué se me retira la palabra,
señor Presidente? (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, no se acaloren.

Señor Peón, ¿para qué quiere hacer uso de la palabra?



El señor PEON TORRE: Para una cuestión de procedimiento, porque, como
bien sabe el portavoz socialista, y no quisiera hacer de esto la cuestión
del debate de hoy, que no lo es, el Reglamento está para cumplirlo.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Peón, le agradezco su amabilidad al
transmitirnos su opinión, pero en estos momentos lo que procede, señoría,
es que haga uso del turno de fijación de posición el Grupo Socialista.

Acto seguido, tendrá usted también derecho a hacerlo. Le ruego que en él
se explicite usted tanto como quiera sobre el contenido de la
intervención de los temas que ha tratado el señor Moltó.




El señor PEON TORRE: Muchas gracias por la ecuanimidad en el debate.




El señor PRESIDENTE: Señor Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Lamento el incidente, señor Presidente. Voy
inmediatamente al tema objeto de la comisión, aunque entiendo que estaba
todo perfectamente relacionado.

En cualquier caso, esta intervención de hoy trae causa de otra anterior.

El día 30 de octubre, el señor Ministro de Industria y Energía comparecía
ante esta Comisión, a petición, entre otros, del Grupo Parlamentario
Socialista, para informarnos de algunas de las reformas que era intención
del Gobierno ir introduciendo en algunos sectores, específicamente en el
sector eléctrico.

Aún suenan en el ámbito de esta sala algunas referencias bien
intencionadas del señor Ministro, en las que expresaba que, en búsqueda
del objetivo básico de la reducción de los costes energéticos, tendría
siempre el marco de un diálogo permanente con todos los interlocutores
que tuvieran algo que decir en esos ámbitos, por tanto, con la máxima
voluntad de consenso.

Decía también el señor Ministro que en las gestiones que se estaban
realizando respecto al plan en cuestión se estaba empezando a dialogar
con los gobiernos autónomos principalmente afectados y a anticipar
también las conversaciones con las organizaciones sindicales. Hago esta
referencia porque no sería oportuno que esta Comisión se celebrase sin
contextualizar lo que ha sido quizá uno de los temas de más actualidad
política en las últimas semanas, que precisamente tiene que ver con las
informaciones que el señor Ministro no dio en esta Comisión y que, sin
embargo, 48 horas después de haber comparecido ante la misma, y no como
decía el señor Núñez, Diputado por León, hace unos días, en el Pleno del
Congreso de los Diputados, por filtración de un documento del Partido
socialista, sino parece que por información del señor Ministro a unos
medios de comunicación suscitó un conflicto importante y que puso de
manifiesto que la voluntad de diálogo y de consenso del Gobierno en estos
temas era, cuando menos, manifiestamente descriptible. Digo esto a tenor
de algunas de las reacciones, no que pudiera tener el propio Grupo
Socialista, sino que tuvieron insignes presidentes de comunidades
autónomas del Partido Popular, parece que no incluidos en este epígrafe
de comunidades autónomas consultadas, con palabras gruesas que iban
dirigidas a algún miembro del Gobierno, e incluso en algunas ocasiones
pidiendo el cese del señor Ministro, cosa que el Grupo Socialista en
ningún caso pensó que era oportuno y conveniente solicitar, pero que
demuestran que aquel compromiso y aquella voluntad de diálogo estaba
mermada por la contumacia de los hechos, que siempre al final ponen de
manifiesto la verdad.

Recuerdo, señor Ministro, que concluía la intervención de aquella
Comisión entendiendo y recogiendo el mensaje de diálogo y de consenso que
por parte del Grupo Socialista se había realizado.

Señor Ministro, le tengo que decir en este debate que ha interpretado mal
o ha abusado algo de nuestra aún disposición al diálogo y al consenso,
porque comprenderá que desde aquella Comisión del día 30 hasta hoy, este
acto tiene algo más que ver con una rueda de prensa formal, vacía de
contenido, que con un deseo de dialogar con las fuerzas políticas. No ha
dicho absolutamente nada que ninguno de los miembros de esta Comisión no
haya tenido oportunidad de conocer, por múltiples medios, en las últimas
semanas. En este sentido, entenderá que una vez más no tenemos suerte. No
podemos, no ya felicitarle por sus actuaciones, sino coincidir ni en la
forma, ni en el fondo, ni en el procedimiento que usted sigue en relación
con estos temas. No por mucho repetir y poner cara de diálogo, el diálogo
se efectúa y el pacto se consigue. Yo le instaría a pronunciar menos la
invitación a dialogar y sin embargo dialogar un poco más, sobre todo en
cuestiones de estas características, en las que, la verdad, la fortuna no
acompaña al Gobierno. No hay iniciativa del Ministerio de Industria o del
de Economía que no venga plagada del mayor número de revuelos que se
puedan dar. Es posible que usted no tenga la culpa, es posible, pero,
desde luego, coincidirá conmigo en que el desarrollo de los
acontecimientos hace que la forma de llevar las cosas en materia de
industria y energía sea, como las fincas españolas, manifiestamente
mejorable. Coincidirá usted conmigo, señor Ministro.

En cualquier caso, hoy vamos a hablar del protocolo, un protocolo que
estamos discutiendo simultáneamente al análisis del documento que tenía
que haber servido de partida



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para que se introdujeran los criterios independientes y autónomos de una
comisión, árbitro al efecto, como es la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional, que, por ley, como usted bien sabe, es un órgano de consulta,
que no vincula pero que, desde luego, obliga a tener en consideración.

Sinceramente, tengo que decirle, señor Ministro, que creo que debería
haber esperado un poco antes de proceder a esta firma. Si me permite la
frase fácil, aunque sólo sea por vergüenza torera, es decir, por cumplir
los trámites. Ya sabemos --lo ha puesto usted sobradamente de
manifiesto-- que no tenía intención de hacer caso a ninguna de las
recomendaciones de la comisión. Ya lo sabemos. Pero, por respeto
democrático y por algo que quizá no se usa con mucha frecuencia en ese
Ministerio, pero que yo invito a que se haga, que es por un poco de
prudencia, yo creo que se debía haber esperado a recibir un documento
obligado por ley, una opinión que la ley establece que se produzca en el
debate. En fin, usted sabrá, señor Ministro, si es la mejor manera de
haber iniciado este protocolo al que yo daré la importancia que tiene,
que es bastante escasa para mi grupo, como usted observará a lo largo de
la intervención.

Nosotros, que sí que tenemos respeto por el cumplimiento de las leyes,
respeto democrático e institucional, hemos ido a conocer lo que eran las
observaciones que esta Comisión considera que debían haber sido
introducidas en el protocolo que ustedes han firmado o en el acuerdo que
han firmado ustedes, porque lo de protocolo daría la significación de que
lo que ustedes han hecho es algo importante, y lo que ustedes han hecho
es simplemente nada, como --repito-- podremos ir observando a lo largo de
este desarrollo. Que esto es papel mojado, no lo digo yo, lo dice la
página 4 del informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, donde
dice... (Rumores.) No sé si los coros querían puntualizar alguna de mis
informaciones. Haré un paréntesis. ¿El nombre de las personas condiciona
la legalidad de las instituciones? Lo digo por si algún Diputado
necesitase ir a algún curso rápido de legislación democrática; lo digo
simplemente por eso.

La página 4 del informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional
dice: Firmar un acuerdo dejando al margen a otros agentes no es la mejor
forma de sentar las bases. La Comisión recomienda que en el caso de que,
después de escuchar las opiniones y propuestas de otros sectores, el
Ministerio considere que estas nuevas propuestas defienden mejor el
interés público que lo acordado con las empresas eléctricas, el
Ministerio deberá incorporarlas en el desarrollo normativo, aunque se
opongan a lo establecido en el protocolo. Ya me dirá S. S. si hay de
verdad voluntad de diálogo y voluntad de pacto, si no es más un papel
mojado, un acuerdo de voluntades, que un documento de enjundia, porque la
verdad es que el documento tiene bemoles en algunas cosas. Es un
documento que, al margen de cuestiones de carácter ideario, de principios
liberales, de voluntades competitivas, al final se sustancia en dinero, y
usted que es catalán, ya sabe que lo que no siguen en pesetes en este
tipo de cuestiones al final vale poco y, por tanto, el dinero yo creo que
es importante, junto con otro tipo de cuestiones.

El final de este protocolo cuantifica en dos billones de pesetas, repito,
dos billones, lo que ustedes, el Gobierno y usted como Ministro,
pretenden conceder al conjunto de las empresas eléctricas. Fíjese que es
en lo único que la Comisión no puede opinar porque denuncia abiertamente
la falta de transparencia que ustedes han seguido para cuantificar esas
ayudas, eso que llaman compromisos regulatorios, que algunos empiezan a
denominar compromisos electorales; en la página 8 del documento se dice
que el protocolo no define con exactitud la metodología del cálculo
utilizada y, por tanto, no se puede manifestar. Yo le pido formalmente,
señor Ministro, en esta Comisión, que, en el plazo más breve posible,
porque supongo que se habrá seguido un procedimiento elaborado, remita a
los miembros de esta Comisión el procedimiento que el Ministerio ha
seguido para la cuantificación de estas ayudas, de estos compromisos
regulatorios. Pero podemos seguir estudiando algunas de las cuestiones de
las que el Gobierno y usted mismo en la tarde de hoy ha hecho bandera en
relación al protocolo.

¿Qué es el tema de la tarifa? Una de las cuestiones que ustedes han
justificado, han puesto en el frontispicio de la necesidad de la firma de
este acuerdo. Pues bien, señor Ministro, quizá, aunque tarde, ustedes han
recibido una información que es posible que si la hubieran utilizado
antes no hubieran cometido lo que yo creo que es el gravísimo error y la
gravísima agresión contra el conjunto de los consumidores, de los
usuarios españoles. Porque dice esta Comisión, repito, Comisión árbitro
elegida por ley, que piensa que es posible reducir la tarifa para el año
1997 en un 5 por ciento. Es curioso, hace meses que este mismo grupo, en
debates como éste en Comisión, y en el Pleno, por una proposición no de
ley, instamos al Gobierno a la revisión del 3 por ciento que ustedes
pensaban disminuir, fundamentalmente porque creíamos que era
insuficiente. Y ¿sabe por qué? Lo dice también el texto de la Comisión.

Porque el esfuerzo que ustedes, Ministerio de Industria y Energía, le
piden a las empresas para el año 1997 es 30 veces inferior --para los
taquígrafos--, 30 veces inferior a lo que ha sido el esfuerzo que las
empresas en reducción de costes han hecho en el año 1996. Creo que es un
dato suficientemente ilustrativo, ¿saben por qué? Por lo que hemos dicho
hace meses también, porque la disminución del 3 por ciento de la tarifa
no es para su contribución a la causa, es simplemente porque un conjunto
de variedades, de circunstancias que están contenidas en la estructura de
la tarifa han evolucionado favorablemente, y resulta que tan sólo el 0,1
por ciento de ese 3 por ciento corresponde a los esfuerzos de gestión, 30
veces menos --0,15, para ser exactos-- que el esfuerzo que se pidió desde
el propio Gobierno a las empresas en otros ejercicios en desarrollo y en
evolución de la propia legislación vigente. Por tanto, es evidente que
ante estas informaciones, ya comprenderá nuestra alarma en la escasa
atención que ustedes dan a criterios, a planteamientos de carácter
independiente y de carácter técnico.

Hay más, hay un conjunto de reflexiones que desde luego ponen de
manifiesto la inoportunidad, que nosotros compartimos, de su compromiso,
de su presencia, del nivel de compromiso político que con la firma del
Ministro se ha



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tenido ante el conjunto de las empresas eléctricas, y diré más, y
probablemente el nivel de dependencia en la posición política que el
Gobierno ha manifestado en relación a una parte al menos del sector
eléctrico. Repito, ustedes verán. Pero para no seguir con este documento,
cuya lectura recomiendo a todos, incluso a aquellos que esforzadamente
han intentado encontrar algún punto de coincidencia con el Gobierno, y a
efectos fundamentalmente de que pueda constar también serenamente en el
«Diario de Sesiones», me permitirán que les lea un breve párrafo de la
conclusión del informe, en el que viene a decir, en definitiva, que el
protocolo describe un procedimiento de transición y de recuperación de
costes que se ha acordado mediante una negociación en la que han estado
ausentes los consumidores --punto primero--; que no incentiva la
transición hacia la competencia --no querían caldo, dos tazas--; que
impone unas cargas sobre los consumidores que pueden incluir rentas cuya
recuperación no debería garantizarse --regalo--; que no garantiza
suficientemente a las empresas ni la cobertura de riesgos financieros
asociados al proceso de transición ni la eliminación del riesgo
regulatorio. Además, el desconocimiento de cómo se ha efectuado el
cálculo de las cargas de transición a la competencia que aparece en el
protocolo impide a esta Comisión un pronunciamiento sobre la cuantía
global --falta de transparencia.

No le haré pasar peores ratos. Podríamos seguir, pero en cualquier caso
tenemos opinión propia, al margen de las cuestiones que he leído, que no
he interpretado, del propio documento.

El documento, desde nuestro punto de vista, contiene otra serie de
elementos, elementos de difícil equilibrio. Nosotros interpretamos en
algunos apartados, en algunos principios reguladores del protocolo, una
pequeña esquizofrenia política, de la que estamos absolutamente
persuadidos, porque se pone de manifiesto que es un documento típico de
los grupos conservadores, en los que utilizan una gran parte del concepto
de liberalización para evitar la competencia. Hay una especie de engaño,
de ficción, de fraude ideológico; se le llena a uno la boca intentando
liberalizar con aquella frase, intentando cambiar todo para que no cambie
nada, perdón, para que retroceda el sector no menos de diez años en
relación al status que tenemos en este momento, además, intentando
desarmar la actual legislación, por caminos que no dudo en calificar de
auténticamente torticeros. Eliminan la planificación energética; eliminan
un concepto de tarifa única, que es muy preocupante para el país, porque
puede tener unas claras consecuencias de ruptura de la cohesión social y
territorial en nuestro país. Parecería que simplemente valdría con hablar
del concepto de competencia, de competitividad. Ya sé que nos diferencia
bastantes cuestiones en el terreno de las ideas y por eso manifestamos
nuestra preocupación, preocupación que obviamente ustedes no tienen por
qué tener, porque su acento lo colocan en otro ámbito.

Pero, además, subvencionan unos compromisos curiosos. Ustedes llegan a la
conclusión de que son dos billones el conjunto de subvenciones que el
sector necesita para transitar adecuadamente a un terreno de competencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Moltó, vaya usted terminando.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Sí, señor Presidente, acabaré rápido.

Querría hacerle las cuentas de otra manera. Usted ha vuelto a señalar hoy
aquí que cuando se diseñó el marco legal y estable, la propia Losen, se
introdujo al sistema eléctrico en su conjunto un concepto de 3 billones
de costes de ineficiencia, para simplificar, así se venía a llamar.

Ahora, en el protocolo eléctrico, ustedes consideran que 2 billones
--otros técnicos independiente saben que cuantifican en menos de 1
billón, menos de 1 billón--, y dicen: Es que antes valía 3.

Señor Ministro, ¿con estos dos billones entiendo que sacan ustedes los 3
billones que estaban en el sistema anterior o simplemente es, como diría
aquél, a más, a más? ¿No será más cierto que, de 3 billones, no pasamos a
2, sino que, de lo que algunos dicen que sólo sería 1, pasamos a 5?
Conviene --con esa sonrisa que sin duda alguna le da la seguridad en la
respuesta que inmediatamente nos va a dar-- que se lo explique también a
los ciudadanos, conviene que se lo explique, porque tengo la impresión de
que aquí se está haciendo algo como las cuentas del Gran Capitán y, desde
luego, por mucha opacidad que se quiera dar a este protocolo --que, en
otros tiempos, se hubiera llamado protocolazo--, no admitiremos con
resignación estas cuentas, después del método de cálculo, que, sin duda
alguna, por correo de urgencia privado indudablemente, podrá remitir a la
Cámara en el momento más inmediato.

Por tanto, hay cuestiones que están en duda: la discutible competencia
producto de esa supuesta liberalización; desde luego, la cuantificación
engañosa y por encima de las necesidades que tiene el sector. Creo que
hay un pago de factura electoral en este protocolo, que alguien nos
tendrá que aclarar.

Por último, el tema del precio. No sé si va a sonreír también cuando le
haga la pregunta, pero tengo la impresión de que el protocolo que ponen
en marcha los ciudadanos lo podrán observar. Por cierto, los ciudadanos
saben, y usted también, que en los últimos tres años ha bajado ocho
puntos en términos reales el precio de la tarifa eléctrica. Supongo que
mucha gente lo conocerá. Ustedes sabrán también que la evolución del
marco y el propio desarrollo de la Losen hubiera traído una diferencia,
una disminución de las tarifas superior a la que ustedes proponen en el
protocolo. Los ciudadanos tendrán que saber que los dos billones que
ustedes incorporan en el protocolo y que van a adherir a la tarifa de los
próximos meses supone una tasa eléctrica, un peaje a la liberalización
del sector eléctrico de este país de cinco puntos por recibo de la luz
que irán pagando todos los meses, para, al final, no tener ninguna
ventaja. Calificar eso de agresión al usuario ordinario del país no es
ninguna exageración, sino todo lo contrario.

Por último, señor Presidente...




El señor PRESIDENTE: Por último, ¿verdad, señor Moltó?



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El señor HERNANDEZ MOLTO: Usted ya, en la articulación de este debate,
invitó a la generosidad y al desarrollo, generosidad y desarrollo que van
a cumplirse con la responsabilidad del grupo de acabar inmediatamente,
pero no queremos dejarle en mal lugar en lo que usted deseaba que fuera
un debate profundo.

En cualquier caso, respecto a una de las cuestiones que se han planteado
mi grupo quiere manifestar abiertamente y denunciar el abuso de
autoridad, señor Ministro, que ustedes han tenido con las empresas
públicas eléctricas de este país. He llegado a escuchar incluso el
concepto prevaricación política, si quiere usted bajar el tono. Ustedes
han obligado a Endesa a firmar un acuerdo que le perjudica claramente y
eso es algo en lo que los propietarios de esa empresa, que son los
intereses generales del país, necesitan una explicación. Porque todos los
que leen desapasionadamente este protocolo ven una clarísima
descompensación entre unas empresas y otras, entre unas fuentes de
generación de electricidad y otras, y queremos, abiertamente, señor
Ministro, decirle que su negligencia obligando y condenando a Endesa y a
las empresas públicas adheridas a firmar este protocolo es un acto de
dejación de la custodia de los intereses generales.

Acabo, señor Presidente; de verdad. Nuestro grupo considera, señor
Ministro, que este protocolo debe retirarse. De hecho, este acuerdo está
muerto de necesidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos dicho, y le
repetimos hoy aquí, la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de
modificar los términos de este protocolo, que no tiene por cierto ninguna
fuerza jurídica, en el momento en que tuviéramos fuerza y mayoría
parlamentaria suficiente para convertirlo en un proyecto de ley. Por
tanto, si usted sigue condenando, obligando y coaccionando a las empresas
del sector a seguir desarrollando este protocolo las está llevando a la
provisionalidad, a la inseguridad, a la falta de certeza. Las empresas no
podrán tomar decisiones en el medio plazo con el marco de incertidumbre
que este protocolo conlleva. Los mercados financieros evidentemente
contemplarán de una forma preocupada cómo una iniciativa del Gobierno
obliga a unas empresas reguladas por la administración pública española,
que están sometidas a un marco de referencia inestable, el peor de los
aliados para la toma de decisiones empresariales, como al menos usted
debería saber.

Por tanto, señor Ministro, tenga la valentía y la responsabilidad de
hacer algo que, por otra parte, su Gobierno está muy acostumbrado a
hacer: desdígase de lo que ha dicho y retire este protocolo del escenario
de la vida política y financiera del país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Francisco Javier Peón Torre.




El señor PEON TORRE: Señor Presidente, voy a consumir un turno muy breve
para la cuestión de procedimiento que ha quedado pendiente y después será
mi compañero Antonio Landeta quien contestará oportunamente a las
argumentaciones que ha empleado el portavoz socialista.

Señor Presidente, tenemos que reiterar que en cuestiones de procedimiento
estamos ya empezando a comprobar con preocupación que el Partido y el
Grupo Socialista hace los debates fuera de esta Cámara generalmente
faltando a la realidad, incluso en ocasiones también en esta Cámara
faltando a la realidad, y después cuando esas cuestiones se traen al
debate parlamentario no hablan sobre los temas objeto de debate, sino que
se quedan en el lanzamiento de sospechas, de ocultación, de cauces
reglamentarios anormales; ocurrió el otro día con ocasión del debate
sobre la subcomisión de privatizaciones; ocurrió el otro día, en Pleno,
la misma alegación de incumplimiento o atentado al buen funcionamiento
reglamentario de la Cámara, y hoy de nuevo el portavoz socialista al
inicio de su intervención hacía una serie de insinuaciones respecto a un
escrito, por otra parte fantasma, señorías, porque hemos comprobado que
tal escrito no se encuentra presentado en el registro de la Cámara, al
menos hace media hora.

Por tanto, es conveniente, a efectos de ilustrar a SS. SS. en el juego
democrático y hacer uso también de esa facultad que podemos tener de
participar en ese curso rápido democrático al que invitaba el portavoz
socialista, puntualizar muy brevemente tres cuestiones. En primer lugar,
que un ministro del Gobierno no viene a esta Comisión para hablar de lo
que desea o de lo que puede, sino que viene a hablar de aquello para lo
que esta Cámara y esta Comisión le indiquen, es decir, para debatir lo
que son los puntos del orden del día fijados previamente. En segundo
lugar, que esos puntos del orden del día se fijan, como bien sabe el
portavoz socialista, en reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, en la
que, por otra parte, está presente también el Grupo Socialista. Por ello,
sabe perfectamente el portavoz del Grupo Socialista que el orden del día
de la Comisión de hoy fue fijado con el consenso y la unanimidad de todos
los grupos, incluido el Grupo Socialista. En tercer lugar, señor
Hernández Moltó, no es infrecuente, diría que incluso no es insólito, que
cada vez que el Grupo Socialista no consigue hacer valer sus tesis
minoritarias como grupo de la oposición a los órganos que organizan el
debate parlamentario apele continuamente a la afrenta al juego
democrático. El juego democrático, señores del Grupo Socialista, consiste
en aceptar la mayoría parlamentaria y ésta, señores socialistas, ahora no
la tienen ustedes; acéptenlo, que será bueno para el funcionamiento
democrático.

Por otra parte, en esta Cámara cuestiones ocultas o planteamientos que
han tenido que ser objeto de investigación, actuaciones del Gobierno
ciertamente contaminadas por la sombra de duda, no han sido imputables al
actual; las comisiones de investigación se han producido por casos como
el de Filesa, el caso Roldán o el caso Rubio (Rumores.), y también en ese
caso con arreglo, señores socialistas, al trámite reglamentario y con
arreglo a la mayoría parlamentaria. Por tanto, acepten ustedes ahora que
están en la oposición y no planteen en cada debate de esta Cámara
cuestiones de procedimiento.




El señor PRESIDENTE: Señor Peón, le ruego que haga usted uso del turno de
fijación de posición de su grupo en torno a la materia.




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El señor PEON TORRE: Señor Presidente, le he advertido al principio,
cuando he tomado la palabra, que tan sólo tomaría posición en cuanto a la
cuestión de procedimiento como portavoz del grupo y que será mi compañero
Antonio Landeta quien entrará a contestar a las argumentaciones de fondo
del debate de hoy, que era sobre el protocolo eléctrico.




El señor PRESIDENTE: Le agradezco que lo comunique a esta Presidencia,
puesto que no tenía ninguna información en torno a quién intervenía por
parte de su grupo. Pensaba que era usted. De todas formas, quedo
informado de ello.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, usted comprenderá que por la
alusión y también en orden a la regulación del debate pida intervenir muy
brevemente en relación a la intervención del señor Peón.




El señor PRESIDENTE: Creo que va a tener oportunidad, señor Hernández
Moltó, luego, en el turno de réplica de intervenir.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, es en relación a acusaciones
que hemos tenido en esta Cámara sobre documentos fantasma, que creo que
define a quien lo dice. Pido al portavoz que se retracte públicamente,
que sea usted comprensivo, que ya que no le dejan intervenir en los temas
importantes tendrá que consumir algún turno para justificar su cargo.

En cualquier caso, el número de registro al que hacíamos referencia es el
4310, que ha tenido entrada esta tarde en la Cámara. Por tanto, pido las
disculpas del señor portavoz del Grupo Popular. (El señor González de
Txabarri Miranda pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, hagan el favor de colaborar con la
Presidencia para ceñirnos en el debate político al contenido del objeto
de la comparecencia del Ministro de Industria y no entremos en
discusiones innecesarias sobre si un documento está en registro o no.

(Rumores.)
Aclarada la cuestión, señorías, puesto que se ha mencionado un documento
fantasma y se ha aclarado la cuestión, creo que no procede discutir más
ese extremo.

Señor González de Txabarri, ¿con qué objeto pide usted la palabra?



El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Por una cuestión de orden, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra para explicar esa cuestión de
orden.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Exactamente para instar al
Presidente a que cumpla con sus funciones.




El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri, agradezco mucho su
colaboración y que me inste usted a que yo cumpla con mi obligación, que
es ceñirme al objeto del debate de esta tarde, que es hablar del
protocolo eléctrico.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Exactamente, porque ha habido una
Mesa y Junta de Portavoces en la que por unanimidad se ha establecido ese
procedimiento y me parece una falta de respeto; esto parece más una
asamblea estudiantil, señor Presidente. Creo que nos damos mala imagen a
nosotros mismos, empezando por el portavoz socialista, que asiente, que
ha utilizado exactamente veintiocho minutos de tiempo, cuando se había
decidido que eran diez los minutos de intervención. Es una falta de
respeto a los miembros de esta Cámara.

Le insto, señor Presidente, a que modere y regule el debate conforme al
Reglamento de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri, muchas gracias por su
petición. Tengo apuntado la hora y el minuto exacto en que ha empezado y
ha terminado cada señoría. El señor Hernández Moltó no ha utilizado el
tiempo que usted ha dicho. Si quieren ustedes, luego les enseñaré los
tiempos exactos que han utilizado. No han utilizado más de dieciséis o
diecisiete minutos en la intervención, eso el que ha utilizado más
tiempo.

De todas formas, señoría, usted con muy buena intención me instaba a que
nos ciñéramos al objeto de la comparecencia de esta tarde. Hagámoslo, por
favor, ayúdeme usted, no se proyecte usted todavía en argumentar más
criterios en torno al objeto de su intervención; se lo agradezco. Y ruego
al señor Landeta que haga uso de su turno en nombre del Grupo Popular y
que exponga cuál es su posición sobre el protocolo eléctrico.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Ministro, tengo que agradecerle,
en primer lugar, que durante estas últimas intervenciones, con toda la
paciencia del mundo, esté oyendo, una sesión tras otra, una serie de
imputaciones en relación a su trabajo, con las que en modo alguno estamos
conformes. Han llegado incluso en el día de hoy casi a rayar la vía
penal. He escuchado aquí una imputación, hecha por el portavoz
socialista, diciendo que usted había realizado un abuso de autoridad,
incluso que había forzado o coaccionado a la empresa Endesa para firmar
este protocolo.

Nosotros en modo alguno estamos conformes en este acto. De seguir con esa
conducta también los demás podremos hacer imputaciones como ésas o mucho
más graves.

Tengo que decir que el protocolo eléctrico indiscutiblemente modifica el
marco normativo del sistema eléctrico y lo que pretende es propiciar una
mayor liberalización, asegurar la competencia entre las empresas
integrantes del mismo y garantizar un menor coste para el conjunto de la
economía española. Todos sabemos que las negociaciones que ha realizado
durante esta fase, durante estos meses, el Gobierno con las compañías
eléctricas han sido complicadas, por los intereses que indiscutiblemente
están en juego.




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Pero nosotros tenemos que decir que en la realización de ese protocolo
han intervenido las comunidades autónomas, las asociaciones de
autogeneradores, de distribuidores, de grandes consumidores y las fuerzas
sindicales.

Y aquí hay que abrir un apartado respecto a la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional. Tengo que decir que el señor Moltó no estaba en la
Comisión de Industria en la legislatura anterior cuando se eligió la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. En aquel momento, al Grupo
Popular no se le dio opción en modo alguno a intervenir en la designación
de ninguno de los miembros de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

Fue realizado exclusivamente, podemos decir, con la participación de
otras fuerzas, en concreto, con el Grupo Socialista.

Por otra parte, creo que la lectura que se ha realizado por el señor
Moltó del informe realizado por la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional no se atiene a la realidad. Ha leído únicamente los párrafos que
le favorecen. Sin embargo, tengo que decir que la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional manifiesta tajantemente que, en lo que se refiere a la
organización del mercado mayorista de electricidad, la Comisión considera
que las líneas generales que establece el protocolo son adecuadas, no
habiéndose identificado elementos significativos que puedan impedir un
desarrollo normativo análogo al que se está utilizando en los países más
avanzados en los procesos de liberalización.

Es más, respecto al tema que alegó de costes hundidos o ayudas a la
transacción de la competencia, la Comisión ha manifestado, en la página
9, que el protocolo objeto de este informe debe ser valorado
positivamente por los consumidores en cuanto a que contempla un perfil de
tarifas decrecientes y un conjunto de garantías y ajustes para reducir el
importe de los costes de transición. Es más, la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional dice en su resumen final que insta al ministerio a
llevar adelante lo previsto en el protocolo cuanto antes. Por otra parte,
debemos decir que es evidente que no existe una completa coincidencia
entre la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y el ministerio porque
la Comisión es un órgano independiente del ministerio y, por otro lado
--y esto es importante--, consideramos que es tan complejo el sistema
eléctrico que en modo alguno y en algunas ocasiones es muy difícil
encontrar un acuerdo unánime de interpretación.

Tengo que decir en este acto que en la etapa socialista nunca se dieron
unas negociaciones de esta naturaleza o una participación tan activa de
todas estas organizaciones que indiscutiblemente son las que están
precisamente dentro del mercado eléctrico español.

Queremos rechazar que el Gobierno firmara el protocolo eléctrico con
nocturnidad y alevosía; todo el mundo durante muchos meses en este
Parlamento y en otros órganos de actuación ha tenido conocimiento de cómo
se estaba desarrollando dicho protocolo. Tampoco podemos admitir se diga
que se hiciera de espaldas a la sociedad, es más, se llegó a manifestar
que estamos de espaldas a la ley. No podemos admitir que el protocolo
lleve adelante una modificación de la Losen. Tenemos que manifestar que
el protocolo es una declaración de intenciones; en el mismo se dice con
claridad que no pudo prejuzgarse el debate parlamentario y tenga presente
que cuando existan modificaciones legislativas vendrán a esta Cámara para
su debate con luz y taquígrafos.

El protocolo indiscutiblemente fija las bases operativas que han de regir
en el funcionamiento del sistema eléctrico español. Define los plazos y
las medidas durante el período transitorio, garantiza la competencia
entre las empresas y su competitividad sentando las bases de la
retribución y contemplando en todo momento los intereses de los
consumidores, de los trabajadores y de los accionistas.

A lo largo de todo el protocolo podemos resumir su conjunto que coincide
precisamente conla exposición que ha hecho el señor Ministro. El
protocolo pretende, en primer lugar, un libre acceso a los generadores
independientes. En segundo lugar, la libertad de instalación de nuevos
grupos de energía eléctrica. En tercer lugar, el libre suministro de
materias primas a partir del 1.º de enero de 1998, exceptuando el carbón
nacional que tendrá un régimen específico que se está debatiendo
plenamente con los sindicatos y otras organizaciones en el plan del
futuro de la minería del carbón y en la reactivación de las comarcas
mineras. Se establece también la libre elección de suministradores, se
garantiza el acceso a las redes de transportes y distribución, se crean
las entidades comercializadoras de energía, se establece la permanencia
del régimen especial para la cogeneración y energías renovables, se
mantiene el régimen especial para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y
se establece la reducción de la tarifa eléctrica durante al menos los
próximos cinco años. Aquí tengo que hacer un ligero apartado para
manifestar en este acto que tengo en mis manos la relación de las tarifas
eléctricas de España y, en 1982, el incremento de la tarifa fue el 12,60;
en el año 1983, el 13,95 y progresivamente hasta el año 1993 hubo un
aumento del 2,90. En 1994, el 2,6; en 1995, el 1,48 y ésta es la primera
vez, el año 1997, donde se va a aplicar una reducción nominal del 3 por
ciento. En el año 1998, el 2 por ciento, y del 1999 al 2001, el 1 por
ciento. Es decir, por primera vez la tarifa eléctrica va a reducir su
importe a partir del año 1997 y precisamente por la aplicación de los
principios que se establecen en el protocolo.

Asimismo, se establece en el mismo la separación jurídica entre
generación y distribución y también la separación contable que tendrá una
efectividad inmediata. Sabemos que todo ese proceso es complejo,
complicado y precisamente por esa causa se establece un período de
adaptación durante diez años.

Tengo la seguridad --y eso es importante-- de que se está trabajando
intensamente en todo el protocolo. Hay un compromiso de las empresas
firmantes del protocolo de no ser propietarias directa, ni indirectamente
de acción del capital del resto de las empresas firmantes, con la
excepción de Endesa en la Compañía Sevillana de Electricidad y de Fecsa
que fueron nombradas en este acto. Las noticias que han llegado a nuestro
conocimiento es la apertura de un expediente, un tema sub iudice, que
indiscutiblemente en modo alguno estamos capacitados para juzgar antes de
conocer los razonamientos de Endesa.




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Por último, tengo plena confianza de que en desarrollo del protocolo se
creará un grupo de trabajo integrado... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, un segundo, por favor.

Señorías, si desean hacer una rueda de prensa, les rogaría la hagan fuera
de la sala, pues no se puede seguir el debate por las voces y el murmullo
que producen ustedes en el fondo.

Si SS. SS. desean hacer una rueda de prensa --insisto-- la hagan fuera de
la sala o en otro lugar de la Cámara.

Siga, señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: La firma del protocolo es el primer paso
para un proceso total de modificación del sistema eléctrico español.

Hasta el 31 de mayo de 1997 hay plazo para que las diferentes comisiones
hagan un estudio exhaustivo de cuál es la situación real del sector, que
dará unos resultados positivos e indiscutiblemente se realizará una buena
labor en el sector eléctrico que traiga buenos frutos para este país que
es lo que todos deseamos.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra para un turno de
réplica.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Pediría al
señor Presidente hiciera un pequeño receso de tres minutos, porque ya
llevamos aquí tres horas.




El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso a petición del señor
Ministro.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Además de
agradecerle la oportunidad de este pequeño receso por razones que SS. SS.

entiendo asumen, paso ya a contestar las diferentes intervenciones
agradeciéndolas todas ellas, en la medida que creo contribuyen
efectivamente a este debate y a este conocimiento del conjunto de la
sociedad española a través de los medios de comunicación y del propio
desarrollo de la discusión en sede parlamentaria de un tema de tanta
relevancia como el futuro de nuestro sector eléctrico, su influencia
sobre nuestra competitividad y, por tanto, nuestro futuro como país, como
economía.

Siguiendo el orden de las intervenciones, y pidiendo disculpas
previamente por si en algún momento dejo algún elemento que me ha pasado
por alto --han sido intervenciones de casi dos horas en total y se han
dicho muchísimas cosas--, intentaré responder lo mejor posible y, en
cualquier caso, sujeto después a la voluntad del Presidente por si hace
falta algún turno aclaratorio por mi parte.

En cualquier caso, quiero decirle al señor Rodríguez, representante del
Grupo Mixto, que en otras ocasiones yo creo que hemos tenido oportunidad
de constatar que nuestra visión de la realidad y nuestra aproximación a
lo que es la política económica, y en concreto la política industrial y
energética, es una visión contrapuesta, que parte de filosofía distintas,
una situación que, como es obvio, es absolutamente legítima y respetable.

Yo respeto profundamente su manera de ver las cosas y le pido que también
respete la manera que este Gobierno tiene de afrontar determinadas cosas.

Por tanto, he de decirle que no puedo compartir esa equiparación que
usted ha hecho entre liberalización de los mercados y apoyo a
determinados grupos empresariales de carácter financiero, incluso creo
que en algún momento ha citado la palabra oligárquico. Yo creo que
precisamente liberalizar significa abrirse a la competencia, evitar que
esos grupos, a través de la intervención del Estado y de la no
competencia, puedan llegar a ejercer una posición de domino real en
perjuicio de los consumidores, y por consiguiente creo que desde ese
punto de vista estamos en la buena dirección para favorecer al conjunto
de los ciudadanos.

Desde esa perspectiva usted ha hecho una referencia a Red Eléctrica de
España y a su naturaleza en cuanto a la titularidad de su accionariado.

Este tema que yo le acepto, es discutible y valorable. De hecho Red
Eléctrica Española en la actualidad pertenece a las compañías eléctricas
y su carácter público deriva de la consideración de compañías de mayoría
pública o por lo menos de accionistas de referencia públicos en el
capital de la propia Red Eléctrica, y la posición, por ejemplo, de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional es que esa sociedad debe ser
estrictamente pública, es decir, no a través de las empresas, como está
en la actualidad. Al mismo tiempo, al principio consideraba que debería
haberse procedido ya desde el protocolo mismo al planteamiento de una
separación jurídica --repito que son opiniones completamente valorables,
fundadas y respetables-- entre lo que él llama red de alta tensión, la
red de transporte propiamente dicha, lo que llamamos el operador del
sistema, y lo que llamamos el operador del mercado, es decir, el operador
del sistema, que es el que efectivamente casa ofertas y demandas desde el
punto de vista físico y asegura el buen funcionamiento del sistema, y el
operador del mercado, que a través de ese casamiento de ofertas y
demandas, a través de un sistema de ofertas y de una demanda que tiene
capacidad para elegir, se encarga de fijar al final el precio de
referencia y, por tanto, las liquidaciones respectivas de los ingresos.

En cuanto a ese operador de marcado, puede haber opiniones respecto a si
tiene que tener carácter privado o público. La comisión muchas veces nos
ha hecho llegar su opinión de que puede ser perfectamente un operador
privado. Nosotros, en cambio, pensamos que, en ese caso, como tiene que
garantizar la transparencia del funcionamiento del mercado, porque en la
práctica actúa como el



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subastador que fija el precio, es mejor hacerlo desde el punto de vista
de la titularidad pública, pero no es un tema en el que nosotros tengamos
una posición rígida ni cerrada, es un tema en el que podemos meditar y,
en cualquier caso, interesa que estas diferentes operaciones se hagan
bien y funcionen correctamente.

Ha hecho después una referencia que yo no comparto, y usted lo sabe,
respecto a la bondad o no del carácter público de las empresas eléctricas
y en particular de Endesa, y al mismo tiempo lo ha hecho compatible con
una crítica a determinadas actuaciones de Endesa en cuanto a las
explotaciones a cielo abierto y, por tanto, al impacto desde el punto de
vista medioambiental y territorial. Lo que usted dice en todo caso sería
imputable a una compañía de titularidad pública. El tema no está en una
discusión sobre la titularidad, sino en que todos hagamos las cosas bien
y creo que Endesa las hace bien, las ha hecho bien y las va a seguir
haciendo bien. En cualquier caso, hay que procurar que no sólo Endesa,
sino el conjunto de las empresas del sector, actúen adecuadamente, y
actuar adecuadamente muchas veces significa reconocer --y esto a lo mejor
sorprende que lo diga yo, pero lo digo desde la firme convicción que
tengo en la economía de mercado-- que en muchas ocasiones el mercado, a
través del precio estricto, no incorpora lo que llamamos externalidades
que, desde el punto de vista de beneficios, por ejemplo en el ámbito
medioambiental, se incorporan y que el precio estricto del mercado de esa
mercancía no lleva en sí. Eso justifica muchas veces las intervenciones
públicas y, por tanto, cierto planteamiento de política industrial que, a
través de la aportación de determinados recursos, recoja esas
externalidades positivos y ayude al correcto desarrollo del sector
privado y del mercado. Por tanto, desde mi punto de vista, no hay ninguna
contradicción.

Ha habido ya contactos y, de hecho, un acuerdo con los sindicatos
mayoritarios a nivel estatal para su incorporación en determinados grupos
de trabajo derivados del protocolo, en concreto Comisiones Obreras y la
Unión General de Trabajadores, pero creo que tiene razón cuando dice que
hay que hacer un esfuerzo para incorporar otras organizaciones sindicales
que tienen presencia muy relevante y significativa en determinados
territorios.

Ha manifestado una preocupación, que de nuevo comparto, en relación a las
comarcas, en el caso de Galicia en torno a As Pontes, entre otras, que
explotan lignitos pardos. Usted sabe que el lignito pardo no tiene la
consideración de carbón en la terminología CECA, por lo que no es posible
legalmente que pueda incorporarse al sistema de ayudas actualmente
vigente y tampoco al sistema de ayudas que pudiera arbitrarse en el
futuro, que ahora está en la mesa de negociación con sindicatos y
empresarios y que en su momento deberá estar en negociación con la Unión
Europea. Desde ese punto de vista, no le puedo añadir nada novedoso a lo
que ya sucede, pero sí decirle que desde el Ministerio de Industria
mostramos nuestra mejor disposición a tomar en consideración las
necesidades de esas comarcas que explotan lignito pardo, desde el punto
de vista de ayudar a su desarrollo y de favorecer determinadas
infraestructuras de comunicación o aspectos relacionados con planes
urbanísticos, de la misma manera que lo estamos considerando ya, como
ustedes saben, para las comarcas de la minería del carbón en sentido
estricto.

Lo que no puedo compartir es que una de las causas de la lenta
reindustrialización de nuestro país haya sido que la energía eléctrica
era muy cara porque no ha estado en manos públicas. La energía eléctrica
en España lleva muchísimos años plenamente intervenida; desde hace muchos
años, los precios los fija la Administración. Desde luego, nuestro
problema de industrialización es mucho más complejo que todo eso, pero sí
es verdad que probablemente uno de los frenos a nuestra competitividad y
a nuestra industrialización ha sido, en términos relativos, nuestra
electricidad es más cara que en los países de nuestro entorno --con
matices, ya sé que hay países en los que no--, pero estamos en el
promedio alto de Europa y también es verdad que estamos en el promedio
bajo de Europa en cuanto a productividad y competitividad de nuestras
empresas. Por tanto, parece lógico seguir el camino inverso y hacer un
esfuerzo para reducir los costes energéticos.

Quiero agradecer al portavoz de Coalición Canaria el apoyo y la
felicitación por el trabajo que hemos realizado. Creo que ha asumido la
filosofía que está detrás de la voluntad del Gobierno de desarrollar una
reforma. Ha hecho una referencia a la especificidad extrapeninsular y es
absolutamente legítimo que la haga. Yo he tenido ocasión de ver in situ
algunas de esas especificidades. En Canarias existen seis sistemas
eléctricos (aunque haya siete islas, dos están conectadas porque hay un
cable submarino entre Lanzarote y Fuerteventura que está muy cerca), pero
eso supone unas características a tener en cuenta desde el punto de vista
de la eficiencia del funcionamiento, por tanto la incapacidad para hacer
interconexiones, etcétera, hay que tenerla en cuenta para evitar, en todo
momento, que los ciudadanos de las islas, tanto de Canarias como de
Baleares, como de Ceuta y Melilla se puedan ver perjudicados en términos
relativos con relación al resto de los españoles. Le aseguro que eso está
recogido con toda rotundidad en el protocolo, como usted sabe. Es cierto
que las empresas que están en esas zonas tendrán que hacer el esfuerzo
que vamos a exigir a las demás, para hacer frente a una situación que va
a ser más competitiva y distinta, pero estoy seguro de que lo van a hacer
porque conozco a los equipos directivos, conozco lo que están haciendo y
conozco su capacidad para ser eficientes y para hacer frente a los retos
que tienen delante, y no tengo ninguna duda respecto a ello. En cualquier
caso, como también sabe, uno de los grupos de trabajo que prevé el
protocolo es referido específicamente al apartado extrapeninsular, a las
especificidades extrapeninsulares. Lógicamente, lo articularemos de
manera que los intereses de Canarias estén clarísimamente presentes y
podamos tener todos la tranquilidad de que ese tema se trata como
efectivamente merece y, a partir de ahí, precisar qué significa
congruentes con, por lo que me preguntaba, aunque en términos generales
es evidente que congruentes con significa que no va a haber
discriminaciones ni diferencias en ningún momento respecto al resto de
ciudadanos de nuestro país.




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Al señor González de Txabarri, que ha empezado --si me lo permite,
utilizaré una expresión cariñosa-- riñéndome, le diré que él sabe que de
este tema hemos hablado recientemente, sabe también que hemos establecido
unos mecanismos de comunicación y de fluidez en el contacto, que espero
funcionen a partir de ahora. Por tanto, creo que las dos partes hemos
asumido nuestra cuota de responsabilidad, desde luego yo asumo la mía y a
partir de ahí, quiero agradecerle lo que creo haber entendido: un acuerdo
básico con la filosofía de lo que estamos haciendo, por tanto con el
contenido del protocolo.

Es verdad que ha habido muchos borradores, pero quisiera que eso se viera
con naturalidad, cuando se negocia algo es natural que constantemente
vaya habiendo nuevas versiones de determinados papeles y que esas
versiones se vayan mejorando, porque nadie tiene la pretensión de
escribir desde el primer día un papel plenamente satisfactorio. Por
tanto, me parece que debemos observar eso sin el menor asomo de acritud.

Efectivamente, ha constatado unos porcentajes que yo desconocía respecto
a lo que el protocolo puede representar para el tejido industrial de
Euskadi. A mí me parecen enormemente relevantes porque significa que, en
un muy breve plazo de tiempo, buena parte del tejido de las zonas
industriales, en este caso concreto del País Vasco, podrán tener libertad
de elegir suministrador y corregir aspectos tales como --a lo que creo
que también hacía referencia el señor Sánchez i Llibre-- la
deslocalización en algunos momentos de determinadas instalaciones
industriales precisamente por el coste energético; probablemente no sea
la única causa, pero es conocido que, en algunas ocasiones, determinadas
industrias han decidido no localizarse en polígonos industriales
españoles --el polígono petroquímico de Tarragona es un ejemplo muy
cercano-- arguyendo que efectivamente el coste energético, aparte de
otras consideraciones, les hacía más atractivo instalarse fuera de
nuestro país.

También ha hecho referencia, al igual que otros intervinientes, en
particular el señor Sánchez i Llibre, al tratamiento que damos a todo lo
que son los regímenes especiales, por tanto a la cogeneración, a las
autogeneraciones, al tratamiento de las energías renovables; creo que
poco a poco hemos ido enriqueciendo el texto y, al final, ha quedado un
esquema que a todos nos parece satisfactorio.

Ha hecho una reflexión, que creo muy interesante, respecto a la libertad
real que va a suponer la aplicación de la reforma desde el punto de vista
de si esa libertad de establecimiento de nuevas instalaciones va a tener
contenido o no, porque es verdad que hay un exceso de capacidad de oferta
que deriva precisamente del mantenimiento de las inversiones
preexistentes en otro marco, y hace que las empresas que ya tienen
retribuidos sus activos difícilmente acometan nuevas inversiones que sean
más eficientes desde el punto de vista del coste. Creo con toda
sinceridad que esa libertad de establecimiento va a ser efectiva, porque
hay ya bastantes empresas y sectores que están enormemente interesados en
aprovechar ese marco de libertad nueva que va a venir, para utilizar, por
ejemplo, todas las potencialidades del gas natural, para utilizarlo en
régimen de cogeneración y aprovechando para hacer tratamientos de
residuos en una escala considerable. Por tanto, eso va a suponer un
incremento de la oferta eficiente, que va a forzar, a su vez, a las
compañías eléctricas a hacer un esfuerzo relevante, interesante y
positivo para el consumidor, de mejora de las condiciones de oferta.

Decía que insistimos mucho en la rebaja de tarifas. Yo le diría que es
natural y seguro que usted sabe que es natural, pero es bueno que se
sepa. Es bueno que se sepa porque creo, con toda franqueza, que eso ayuda
a consolidar lo que está siendo una mejora de las expectativas generales
de los agentes económicos en España y del conjunto de la economía
española, que se refleja en muchísimas variables y nos lleva a confirmar
que, desde el punto de vista de la evolución de la economía, estamos en
una buena senda, y es bueno todo lo que contribuya a consolidar esas
expectativas de nuestros agentes económicos, de nuestras empresas. Pensar
que el marco en el que tienen que competir va a recibir determinados
impulsos como la rebaja de los costes energéticos, me parece bueno. Por
tanto, lo lamento, vamos a seguir insistiendo en ese punto, pero no con
ánimo estrictamente propagandístico, aunque creo que a cualquier fuerza
política, a cualquier Gobierno y a cualquier oposición le parece normal
que cada uno diga lo que crea que debe decir, sino también con el ánimo
de transmitir un mensaje en positivo que, sin ninguna duda y con base
objetiva, va asociado a esa reducción de tarifas.

Ha hecho algunos comentarios en relación a determinados aspectos que no
le parecen suficientemente claros en el ámbito del protocolo; uno de
ellos, efectivamente, es el del carbón. El carbón tiene una problemática
bastante más amplia que la que define el protocolo eléctrico, que
únicamente recoge la incentivación de la demanda de carbón nacional por
parte de las centrales térmicas de las compañías eléctricas, en base a
unas primas por kilovatio producido con carbón nacional, y también recoge
la posibilidad de financiar stock por encima de los stock de seguridad y
alguna otra consideración. Pero el carbón no es el ámbito definido en el
protocolo; el ámbito del carbón se está negociando con los agentes
implicados, con los sindicatos, con los empresarios, con los gobiernos
autónomos y de ahí tiene que salir un marco para el futuro de un sector
del carbón en España que, como hemos repetido muchísimas veces, tiene que
estar fundamentado en su viabilidad, en su capacidad para producir carbón
en términos competitivos, aunque sea a través de un esquema de apoyos
asumible y no sobre la base actual del control de precios y cantidades y
de las subvenciones crecientes. Este es un tema que vamos a tener que
tratar bastante a menudo problablemente en esta misma Comisión y que
iremos viendo a medida que se vayan produciendo avances de forma
significativa, incluso en los próximos meses.

Obviamente, la otra gran discusión que he intentado anticipar en mi
primera intervención, es la relativa al cálculo de lo que unos llaman
costes hundidos, otros costes varados; otros, que nos les gusta esta
expresión, utilizan con una cierta petulancia snob el término inglés,
stranded cost, o costes de adaptación a la competencia.




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El procedimiento que se ha seguido para el cálculo --y aprovecho para
recordárselo al señor Hernández Moltó, a quien tuve ocasión personalmente
de anticiparle los criterios de ese cálculo en otra ocasión-- está basado
precisamente en las diferentes tecnologías de generación de electricidad,
y en concreto en la hidráulica, la de bombeo, la térmica clásica, la
nuclear, asignada empresa por empresa, en función de los costes
estándares reconocidos en el marco legal y estable. A partir de ahí, hay
que hacer una serie de ajustes en función de los cambios tarifarios que
estando vigente el marco legal y estable, como lo va a estar en 1997,
hemos incorporado con el decreto de tarifas que vamos a publicar la
próxima semana, introduciendo también algunas correcciones para
homogeneizar esa característica a la que he hecho referencia al
principio, en relación a que suceden cosas tales como que el precio del
kilovatio es distinto según el comprador, aunque venga de la misma
central nuclear. Mencionaremos temas, como, por ejemplo, el factor
especial de retribución, término un tanto obstruso, que es una
retribución adicional que se hace sobre la base de lo que supuso para
determinadas empresas la implantación del marco legal estable y la
sustitución de contratos que esas empresas tenían con las compañías
eléctricas antes del marco legal y estable, que se quejaban
constantemente de que eran contratos a precios abusivos. El marco legal
estable supone una cierta rebaja, pero se compensa introduciendo un
factor ad hoc, que se llama factor especial de retribución, que también
había que homogeneizar y poner en consideración.

A partir de ahí, aparecen unas cifras sobre las que aplicamos un factor
de eficiencia. De esas cifras, con los criterios de amortización de las
distintas centrales con las diferentes tecnologías, salen unas cifras
altas pero sobre eso aplicamos un porcentaje que, en concreto, es del
32,5 por ciento, que llamamos factor de eficiencia --hemos estado
manejando todo el tiempo entre un 30 y un 35 por ciento-- para rebajar y,
por lo tanto, introducir un elemento más para que las compañías
eléctricas vayan mejorando su eficiencia a lo largo de los años y, por lo
tanto, a partir de ese reconocimiento tengan una reducción de los
compromisos de ingreso que ya tenían garantizados con el sistema actual.

Quisiera tranquilizar al señor Hernández Moltó en el sentido de que no
haga sumas de dos más tres. No; son tres por un lado y uno y pico por
otro. Y digo uno y pico y no dos, porque el señor Hernández Moltó sabe, y
muchos de ustedes también, que para llegar a esa cifra de casi dos hay
que sumar dos cosas: una, la retribución del carbón y, por lo tanto, ese
mecanismo de apoyo a la demanda de carbón, que es del orden de 300.000
millones puesto en valor actual y, otra, la consideración de inversiones
extraordinarias y proyectos que no son específicamente de las compañías
eléctricas. Como ejemplo me referiré al Cogas, proyecto que está en
Puertollano, sobre el cual aprovecho la oportunidad para introducir un
elemento de tranquilidad porque algún medio de comunicación ha querido
introducir inquietud respecto a la continuidad de ese proyecto y yo les
aseguro que lo vamos a garantizar.

En un cálculo provisional, como es natural, se tienen que introducir
determinadas hipótesis, que son las mismas que vienen recogidas en buena
medida en el Plan Energético Nacional, pero adaptadas a las nuevas
circunstancias, por ejemplo, el crecimiento a la demanda. El crecimiento
a la demanda que se ha introducido, si no recuerdo mal, es del 3,2 por
ciento, pero hemos previsto que si la demanda crece más de ese
porcentaje, a partir del 3,5 por ciento, todo lo que eso supone de mejora
en la rentabilidad de las compañías eléctricas no va en favor suyo, sino
que va en favor de una reducción adicional de la tarifa. Esto también lo
hemos hecho respecto al tipo de interés que hemos utilizado para calcular
la puesta en valor actual de esos costes hundidos, que es del 6,5 por
ciento. No es exagerado afirmar hoy que ese 6,5 por ciento --si lo
hubiéramos dicho hace unos meses nos hubiera parecido bajo-- puede llegar
a ser alto para los próximos años y si efectivamente el tipo de
referencia que hemos utilizado, que en concreto es un interbancario a
doce meses, baja del 6,5 por ciento, eso también va a favor de una
reducción adicional de la tarifa. De la misma manera, si hay una
reducción en lo que llamamos las externalidades que hoy cargan sobre la
tarifa, eso, de nuevo, iría en favor de una reducción adicional y, por
tanto, yo he querido insistir en que la rebaja de tarifas tenía siempre
un carácter de rebaja mínima.

He hecho también una comparación, que sigue siendo válida, que justifica
por qué hemos llegado a ese planteamiento, y es que con ese esquema lo
que hacemos es permitir que el paso de un sistema completamente
intervenido y que garantiza la recuperación de todas las inversiones al
paso de un sistema plenamente competitivo en el que el coste de
generación va a bajar significativamente, permitirá que durante un
período se pueda recuperar el 50 por ciento del inmovilizado que está en
los balances de las compañías; el inmovilizado ajustado porque hay muchos
diferidos que determinadas compañías han ido poniendo en los activos de
esos balances, y nos parecía que lo bueno era ajustarlo para dejar el
inmovilizado en términos homogéneos entre todas las empresas. Se da la
circunstancia, además, de que esa cifra es, aproximadamente, la mitad de
la que se derivaría de los ingresos adicionales de seguir con el esquema
actual de retribución definido en el marco legal.

Volviendo a lo que ha dicho al principio, sabe S. S. que hay propósito de
enmienda, que espero sea asumida mutuamente, y estoy seguro de que esa
oferta de colaboración y la posición que han expresado los portavoces de
Coalición Canaria y de Convergència i Unió va a funcionar, como está
ocurriendo, de forma adecuada y, a partir de ahí, seguro que vamos a ser
más europeos.

Al señor Sánchez i Llibre quiero agradecerle la valoración positiva que
ha hecho sobre la mayor parte de los puntos que ha ido tratando en
relación al protocolo, en particular su énfasis respecto a lo que supone
un resultado positivo y correcto en favor de la economía productiva, pero
también para el conjunto de la sociedad. Quiero darle las gracias por su
reconocimiento de que se trata de negociaciones complejas y difíciles. A
nadie se le escapa que es un sector complicado, en el que el grado de
conocimiento de lo que ha sucedido en términos de opinión pública es muy
escaso --incluso en términos de opinión pública informada



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es muy escaso-- y, por lo tanto, todo lo que contribuya --los próximos
meses pueden ser enormemente útiles para ello-- a que el conjunto de la
sociedad española sepa de verdad lo que hay detrás del funcionamiento del
sector eléctrico, creo que nos va a ir muy bien a todos.

Quiero reiterar esa explicación de por qué hemos escogido el camino del
protocolo con las compañías eléctricas, porque eso nos permite rebajar
las tarifas desde ya mismo y no tener que esperar al correspondiente
desarrollo normativo y legislativo que, por su propia naturaleza, va a
llevar más tiempo y necesitará de muchas reuniones de los grupos de
trabajo, mucho diálogo con los grupos parlamentarios y con todas las
partes afectadas. Quiero decirle que esa celeridad que usted ha
calificado de inusitada, yo la he entendido en sentido positivo porque,
efectivamente, nuestro objetivo era que, a muy corto plazo, los
ciudadanos españoles pudieran percibir, por la vía de una reducción real
y nominal de las tarifas, lo que estamos pretendiendo.

Respecto al llamamiento que S. S. ha hecho, que yo he compartido en mi
intervención inicial y que ahora reitero, en el sentido de que es bueno
que estas cosas se hagan desde el máximo consenso --vuelvo a repetir la
disposición del Gobierno de hacerlo así--, quiero decir que ese consenso
nos debe llevar a un desarrollo rápido del contenido del protocolo. Usted
ha hecho una mención que me parece interesante --después haré un
comentario específico sobre la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional--
y es que la comisión nos pide que hagamos un desarrollo rápido del
protocolo porque, desde mi punto de vista y sin discusión, considera que
globalmente es un avance muy positivo hacia la competencia y hacia la
liberalización del mercado eléctrico, con independencia de que tenga
discrepancias que en ningún momento hemos ocultado, que sostenemos, que
yo en esta Cámara he tenido ocasión de poner de manifiesto respecto a la
estructura empresarial del sector, pero que no pasa nada porque forma
parte del debate democrático. Lo que hay que hacer es plantearlo con
naturalidad y, a partir de ahí, ir avanzando en unos objetivos que son
comunes con la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Por qué? Porque
la comisión opina, y nosotros compartimos, asumimos y creemos que es así,
que estamos ante una reforma estructural de las de verdad. Es muy fácil
hablar de reformas estructurales, pero después es difícil concretarlas.

Estamos ante una reforma estructural que el Gobierno va a intentar
implementar, y va a requerir del desarrollo legislativo y el
reglamentario a lo largo del próximo año, con la finalidad básica de que
no sea que lleguemos a la Unión Monetaria haciendo un gran esfuerzo, pero
después tengamos dificultades para que nuestras empresas puedan ser
competitivas en su seno. Todo lo que hagamos ya para que ese futuro sea
positivo y deseable, conviene incorporarlo a nuestro comportamiento.

Anticipo que existe una discrepancia con la posición de la representante
de Izquierda Unida respecto a si podemos contraponer el beneficio para
los ciudadanos con el beneficio de la reducción de los costes de las
empresas. Aunque sé que es un tema que probablemente por su filosofía
Izquierda Unida no comparta, soy de los convencidos de que todo lo que
hagamos para que nuestras empresas vayan bien, todo lo que hagamos para
que reduzcan sus costes, todo lo que hagamos para que sean competitivas,
para que puedan tener beneficios, va bien para la inversión y para la
creación de puestos de trabajo y, por lo tanto, va bien para el conjunto
de los ciudadanos. Esa contraposición de que lo que favorece a las
empresas perjudica a los ciudadanos, no es verdad, porque todo lo que
favorece a las empresas acaba favoreciendo a los ciudadanos, sobre todo
cuando estamos hablando de millones de pequeñas y medianas empresas que
van a tener un beneficio muy tangible a muy corto plazo y que se resume
en ese 9 por ciento de rebaja real que van a tener ya.

El señor Sánchez i Llibre ha hecho una referencia a las noticias que han
aparecido en la prensa respecto al expediente a Endesa por parte de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el señor Hernández Moltó ha
intentado, de manera reiterada, introducirlo, por vías un tanto
peculiares, en el debate que estamos teniendo hoy, tranquilizo al señor
Sánchez i Llibre y al señor Moltó porque el Gobierno no tiene nada que
decir sobre la puesta en marcha de un expediente por parte de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

La señora Urán, representante de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, me ha tranquilizado al principio, porque lo primero que me ha
dicho es que no me felicitaba. Si me hubiera felicitado me hubiera
producido una cierta inquietud. Discúlpeme, hago esta pequeña broma con
todo mi aprecio. En cambio, sí me hace un comentario más serio y es que
ha faltado discusión previa y que deberíamos haber incorporado a todos
los sectores desde el principio. Lo que ha pretendido el Gobierno es
tener una posición de Gobierno respecto a la reforma del sector
eléctrico, sobre la base del consenso del sector afectado para poder
propiciar una rebaja de tarifas enseguida y, al mismo tiempo tener unos
límites respecto al ritmo de introducción de la reforma. Efectivamente,
es imprescindible esa posición inicial del Gobierno, porque el Gobierno
tiene derecho a tener posiciones iniciales, no hace falta que previamente
consensúe sus posiciones iniciales. Lo que tiene que consensuar después
es el resultado final de esa posición. Eso es lo que va a hacer a través
de los grupos de trabajo, a través de una discusión parlamentaria, a
través de una discusión reglamentaria en todo lo que haga falta. Pero la
fijación de una posición del Gobierno, me parece que es absolutamente
legítimo y normal que se le reserve al propio Gobierno.

Ha hecho unas consideraciones respecto a si el protocolo es bueno o malo
para las empresas. En algún momento he interpretado que le parecía que
era bueno, después me ha parecido que le parecía que era malo, porque a
algunas empresas le parecía que era malo; y ha hecho algunas
consideraciones sobre Endesa, a las que también se ha referido de forma
reiterada, y si me permite una ligera reconvención al portavoz del Grupo
Socialista, utilizando alguna expresión malsonante. Me refiero a la de
prevaricación. El consejo de Endesa está formado por personas de una gran
cualificación profesional que merecen todos los respetos y, desde luego,
los máximos de este ministro. No



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tengo ninguna duda de que actúan en función de los intereses que deben
representar, que son los de Endesa. Tengo que decirle que el consejo de
administración de Endesa ha aprobado la firma del protocolo por
unanimidad. Y cuando digo por unanimidad quiero recordarle que en el
consejo de Endesa hay dos representantes, uno por Comisiones Obreras y
otro por la Unión General de Trabajadores, que votaron la firma del
protocolo. Me puede hacer gracia la atribución de poder que usted y el
portavoz socialista han hecho respecto a mi capacidad para influir sobre
las decisiones de los demás, pero le aseguro que no llega a tanto, ni
mucho menos. Desde luego no llega, en ningún momento, a pretender
inmiscuirme en lo que son decisiones soberanas de ninguna compañía. Lo
niego con absoluta rotundidad porque no puede ser de otra forma. Pediría
ese mismo respeto a todos los que puedan opinar sobre este punto.

Respecto a las consecuencias que el protocolo pudiera tener en términos
sociales, ha hecho usted un cálculo de pérdida de 15.000 puestos de
trabajo. No tengo ni idea de cuáles son las bases para este cálculo, pero
me parece que ni siquiera los propios afectados en estos momentos tienen
ninguna percepción de lo que puede representar. Lo que sí le digo es que
lo mejor que le puede pasar al sector eléctrico es que haga esfuerzos
para ser competitivo. Estoy seguro de que eso es lo que va a hacer.

Además, tiene que hacer eso compatible con otra cosa que a usted le
preocupa y que a mí no, y le voy a decir por qué. En ningún momento se va
a perder el carácter de servicio público del suministro de energía
eléctrica. No se va a perder porque una de las obsesiones del propio
protocolo, que asume perfectamente a partir de la Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico, es asegurar la calidad y la garantía del suministro, y
ahí hay muchas cosas por hacer. El propio protocolo establece, cargando
sobre los resultados de las compañías, para asignar una cantidad fija
anual en convenios con las comunidades autónomas de 10.000 millones de
pesetas precisamente para la mejora de esas condiciones de suministro,
acelerar la electricidad en sitios donde todavía, desgraciadamente, no
llegan los planes de electrificación, etcétera. Por lo tanto, ésa es una
de las finalidades que más claramente puedo confirmar.

En un momento determinado me ha parecido interpretar que el protocolo
favorecía a las empresas, pero después me ha parecido entender también
que veía mal el ritmo de liberalización del mercado y que la posibilidad
de la demanda pudiera escoger libremente su suministrador. Ha hecho
referencia, también, a la directiva comunitaria, diciendo que vamos más
rápidos que la directiva comunitaria y que, desde su punto de vista, no
hacía falta. Es verdad que vamos más rápidos que la directiva
comunitaria. Desde mi punto de vista hace falta que vayamos así, pero hay
otras opiniones que piensan que debemos ir todavía mucho más rápidos.

Precisamente uno de los puntos de discrepancia existentes y que son
perfectamente conocidos por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional es
que dicha comisión considera que nuestro ritmo de liberalización debería
ser muchísimo más intenso y que deberíamos llegar cuanto antes a la plena
libertad de elección. Es un tema, como es natural, opinable. Nosotros
hemos cogido un camino que nos parece posible, asumible, equilibrado; en
cualquier caso, siempre puede ser revisable. De hecho, uno de los
principios que establece el protocolo es que vamos a ver cómo evolucionan
las cosas. Pase lo que pase, en el año 2001 vamos a hacer una revisión
del esquema tarifario y del esquema de liberalización del mercado para
ver si hay que corregir, ampliar o reducir determinadas cosas. Después,
ha hecho una defensa de la planificación, cosa que me parece
absolutamente plausible y normal y que yo comparto, pero sólo
parcialmente. Lo comparto desde el punto de vista de asegurar el
suministro de energía eléctrica, su calidad y el pleno funcionamiento y,
por lo tanto, la necesidad de que la Administración juegue un papel
regulador del mercado que garantice la competencia y que en cada momento
exista oferta suficiente, que existan unas interconexiones con otros
sistemas eléctricos, pero no lo comparto en los términos en los que me ha
parecido entender que hacía referencia.

En cuanto a la intervención del señor Hernández Moltó, al que he
reconvenido antes de manera cariñosa, si me permite, le haré otra
reconvención cariñosa. Estas referencias a las procedencias territoriales
de algunas personas me parecen fuera de lugar. Quiero decirle, a pesar de
que ha hecho unas cuantas referencias, que hoy no hemos venido a tratar
el tema del carbón. Lo hemos tratado ya en sede parlamentaria en
bastantes ocasiones. Lo volveremos a tratar, sin ninguna duda. Le
agradezco lo que me ha parecido entender una oferta de diálogo y de
tratar un tema de tanta importancia. No puedo compartir ese tono casi
admonitorio de que cuando cambie la mayoría parlamentaria y cambie el
Gobierno, hemos avisado que vamos a cambiar, puesto que se ha introducido
una incertidumbre que va a impedir que las empresas planifiquen e
inviertan.

Me acaban de pasar los compañeros de los medios de comunicación el dato
de que hoy las compañías eléctricas han subido su cotización. Llevan días
subiéndola, unas más y otras menos, pero en cualquier caso en términos
muy normales; que la propia Endesa también ha tenido una subida en su
cotización, cosa de la que me alegro. Entiendo que la opinión pública, el
mercado y quien se juega los dineros están asumiendo lo que estamos
planteando desde hace tiempo, con normalidad, con serenidad, con
tranquilidad, y que cualquier aproximación del tipo de que hay una gran
incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar, y en algún momento alguna
opinión que he leído --no recuerdo si era de usted o de algún otro
portavoz socialista-- de que estamos en el caos, la realidad desmiente
ese tipo de apreciaciones porque no está sucediendo nada anormal. La
gente se comporta, como es lógico, pensando en que las cosas van
razonablemente bien.

Usted decía que este Gobierno no tiene suerte porque le pasa no sé qué. A
este Gobierno le pasa una cosa muy positiva. Es muy positiva para este
Gobierno porque es muy positiva para la sociedad española: la economía va
bien y las variables macroeconómicas van bien. Poco a poco, en esa
percepción que podemos tener los que tenemos un conocimiento de cuál es
la corriente de fondo de determinadas variables, que todos ustedes tienen
la posibilidad de



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conocer y de percibir también, tengo el convencimiento de que va suceder
lo que todavía sabemos no está sucediendo, y es que eso se perciba por
los ciudadanos y por la opinión pública, que sigue teniendo una opinión
del funcionamiento de las cosas que viene de la inercia del pasado y que
aún no incorpora esos elementos positivos que, desde el punto de vista
objetivo, están ya sucediendo.

No creo, como usted ha dicho, que el protocolo esté muerto de necesidad.

Todo lo contrario. Hoy se ha visto que puede haber un margen suficiente
para su desarrollo consensuado y la puesta en marcha de una reforma que
la mayoría de los grupos parlamentarios ha asumido como positiva.

Nosotros vamos a seguir en esa misma línea, reiterándole nuestra voluntad
de debatir con todos los grupos lo que haga falta. Usted sabe que ese
consenso en el tema energético que usted ahora reclama, en el pasado
tampoco fue posible. Es una situación relativamente normal que no impide
que la vida siga su curso.

En lo que usted no ha tenido suerte es en sus continuas referencias al
informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Por qué? Porque,
efectivamente, es fácil que en un informe que tengo aquí, que tiene 175
páginas, haya párrafos para todos los gustos, porque es verdad que hay
discrepancias con la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Son
conocidas. Son discrepancias que uno puede magnificar y que puede extraer
del contexto. El señor Landeta ha hecho referencia a otras opiniones
contenidas en el informe de la CSEN que podían dar lugar a una opinión
completamente distinta, en el sentido de que apoya, como creo que es así,
el protocolo eléctrico. El propio Señor Sánchez i Llibre al final ha
dicho que si le pareciera mal a la comisión no urgiría más su desarrollo.

Por lo tanto, es verdad que puede haber interpretaciones distintas.

Yo tengo una que calificaría de interpretación auténtica porque viene de
la propia Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y que, como estoy
autorizado a hacerla pública, voy a aprovechar esta comparecencia para
hacerlo. Es una carta que la jefa de gabinete del presidente de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional dirige al director general del
gabinete del Ministro de Industria, que dice lo siguiente: Parece que se
ha querido presentar el informe de la comisión como un enfrentamiento con
el ministerio, cuando cualquier lector puede comprobar que, excepto en
cuatro puntos, el procedimiento, la elegibilidad de los consumidores (a
la que he hecho referencia), la tarifa de 1997 y el asunto de la
concentración empresarial, el informe de la CSEN apoya absolutamente el
protocolo. Te adjunto una nota en la que se extraen citas del informe de
la CSEN sobre diferentes aspectos para que el ministro, en sus
intervenciones, pueda, si lo estima oportuno (cosa que estoy haciendo)
utilizarlas para demostrar que no hay tal enfrentamiento. Quiero que
sepas que, a la vista de esta presentación un tanto desequilibrada del
informe de la CSEN, se ha enviado copia a los presidentes y portavoces de
las comisiones de industria (a lo mejor es que no les ha llegado el
texto) de las dos Cámaras para que puedan juzgar por sí mismos la
posición de la comisión en relación al protocolo.

Si me lo permite el Presidente, abusando de su generosidad, puedo leer
otra carta que el presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional dirige al secretario de Estado de la Energía y Recursos
Minerales, que ha sido la persona --y el órgano-- que ha llevado más
directamente, como es de su competencia, la negociación. La carta se
dirige al secretario de Estado por su nombre de pila: Querido Nemesio,
una vez superadas las urgencias que la firma del protocolo nos había
impuesto a todos, quiero darte las gracias por la atenta carta con la que
el pasado día 7 nos remitías el protocolo para nuestro informe (ha habido
remisiones de protocolo sucesivas, como después se verá). He transmitido
al consejo y a todo el grupo directivo tu agradecimiento por su esfuerzo
y cooperación. Estoy convencido de que esta senda de colaboración, que se
ha puesto de manifiesto a lo largo de la gestación del protocolo,
constituye un magnífico augurio para el futuro. Por mi parte, y más allá
de los puntos de vista que expresamos en nuestro informe sobre el
carácter y el contenido del protocolo, quiero transmitirte en nombre
propio y de todo el consejo nuestra profunda admiración por la capacidad
de trabajo con la que tú y todo tu equipo habéis pilotado esta tan
difícil negociación. Antes de que todos podamos tomarnos unas merecidas
vacaciones navideñas (cosa que yo comparto, no sólo con el portavoz de
Coalición Canaria sino con todos los presentes en esta sala), te
transmito la invitación del consejo de administración de la CSEN para que
puedas visitarnos un día y poder charlar distendidamente sobre las formas
de mejorar nuestra colaboración con el ministerio y, en particular, sobre
cómo va a realizarse nuestra aportación a la tarea de desarrollar el
protocolo. Con un fuerte abrazo.

Les ahorro, porque el espíritu queda suficientemente recogido, la lectura
de dos páginas en las que la propia CSEN extrae párrafos del informe
sobre el protocolo que vienen a incidir en lo que decía el gabinete del
presidente de la CSEN en el sentido de que el informe de la CSEN apoya
absolutamente el protocolo.

Las cosas son como son, no como a veces a uno le gustaría que fueran.

Creo que todo en la vida es mejorable. Todos vamos aprendiendo en el
desarrollo de las cosas, pero tengo que decir ahora con toda rotundidad,
con toda la autocrítica que en algunos momentos es necesaria, que este
Ministro, el Ministerio de Industria, los grupos que dan apoyo
parlamentario al Gobierno y, sinceramente, al final también el conjunto
de la sociedad española, pueden sentirse satisfechos de la senda que
hemos iniciado. La sociedad española puede sentirse satisfecha de la
senda que hemos negociado, primero porque es bueno que un Gobierno --como
este Gobierno hace-- sea coherente con lo que ha venido diciendo desde el
principio. En las sucesivas intervenciones parlamentarias del Ministro de
Industria compareciendo ante esta Comisión, ante la Comisión del Senado y
muchas veces en los plenos, no observarán ustedes contradicciones
respecto a lo que al final ha salido en el seno del protocolo. Eso en sí
mismo ya es un valor positivo.

Además, hay otros valores positivos. Puede haber también diferencia
respecto a si la senda de descenso de las tarifas podría ser más o podría
ser menos, pero hay un hecho



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que de nuevo es evidente: por primera vez en la historia bajan las
tarifas. Hay otro hecho que puede ser discutible (desde luego, todo lo
que tenga un componente técnico puede serlo), pero los cálculos que
tenemos en el Ministerio de Industria, elaborados con anterioridad a la
toma de posesión de este Gobierno, indican que el incremento de la tarifa
eléctrica para el año 1997, derivado del marco legal y estable, era del
4,4 por ciento. Hay que comparar ese incremento del 4,4 por ciento con un
descenso del 3 por ciento. Esos son cálculos que existen en el
ministerio, están a disposición de los grupos parlamentarios y, en
particular, del Grupo Socialista. Están ahí y nosotros, desde luego, los
hemos asumido como técnicamente correctos.

Me permitirán ustedes la pequeña petulancia de sentirme satisfecho del
camino que hemos iniciado. Vamos a perseverar en él. Creemos que hay
margen suficiente para seguir mejorando todos los aspectos que rodean a
un tema tan complejo como es la reforma y la liberalización de los
sectores energéticos. Me pongo a disposición de esta Comisión para
comparecer las veces que haga falta.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Señorías, no habiendo más asuntos que tratar y habiendo tenido mucho
tiempo, porque esta Presidencia ha sido muy benévola en el uso de los
turnos de palabra para que ustedes pudieran expresar sus posiciones...

(El señor Hernández Moltó pide la palabra.) ¿Señor Moltó?



El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, es para una cuestión
aclaratoria sobre algo que quizá se ha interpretado mal y que tiene que
ver...




El señor PRESIDENTE: Le rogaría al señor Moltó que haga uso de esa
petición para una aclaración, pero, por favor, le ruego no me active
otras intenciones para no reabrir un debate que ahora ya no procede.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No se preocupe. Estoy convencido de que a usted
y al señor Ministro les agradará la aclaración, que tiene que ver con
algo que, sin duda alguna, ha sido mal interpretado.

El señor Ministro se ha sentido aludido por una apelación a su origen
territorial por una frase que he dicho. Dicha frase nada más lejos de la
realidad que ser hiriente; era definitoria, por una cuestión; mi padre es
de un pueblo de Cataluña, que no sé si el señor Ministro conocerá, de
Vilanova i la Geltrú, y coincide que es el pueblo en que ha nacido el
señor Ministro. Yo soy de los que hablan catalán no en la intimidad, sino
de cuna, soy valenciano además; por tanto, mi máximo respeto a la región
a la que hacía referencia y espero que no se haya sentido herido por esa
manifestación, que era simplemente a título de frase hecha. Por tanto,
aprovecho la ocasión para desear felices fiestas y ¡Bon Nadal! a toda la
Comisión y al señor Ministro en especial.




El señor PRESIDENTE: Señor Moltó, por primera vez usted se ha ceñido
estrictamente a la naturaleza de su petición de intervención (Risas.)
¿Hay algún otro grupo o Diputado que quiera hacer uso de una nota
aclaratoria también? (Pausa.) El señor González de Txabarri tiene la
palabra.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Dado que nos han sido felicitadas
las Navidades en castellano y en catalán, no quisiera desaprovechar la
oportunidad para decir que también se puede decir: ¡Zorionak Gabon!
(Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, recogiendo, pues, esa felicitación, la
extiendo a todas sus señorías. Buenas y felices fiestas y hasta pronto.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.