CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 56



INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE



PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 6



celebrada el martes, 24 de septiembre de 1996



Comparecencia de la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga), para informar sobre:



--Política de gestión de los Parques Nacionales de su Ministerio. A
petición propia. (Número de expediente 214/000020) (Página 1146)



--Explicar sus líneas de actuación inmediata en política hidráulica y de
costas. A petición del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 213/000088) (Página 1163)



Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Vamos a comenzar la sesión número 6 de la Comisión de Infraestructuras y
Medio Ambiente.

Tenemos con nosotros a la Ministra de Medio Ambiente, a la que damos la
bienvenida y agradecemos la celeridad con que ha venido a nuestro
requerimiento a esta Comisión.

En el Orden del día hay dos comparecencias: una primera, a petición
propia de la Ministra de Medio Ambiente, sobre la política de gestión de
los parques nacionales de su

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Ministerio y, una segunda, sobre política hidráulica y de costas, a
petición del Grupo Socialista. Siendo las once de la mañana, creo que
ninguna debe durar más de dos horas para que podamos terminar a una hora
adecuada. Como siempre, la Mesa pretende que los portavoces de los grupos
y la Ministra expresen todas las ideas, pero estas comparecencias no son
como las primeras que tuvimos en las que hablaba de la política general
del Ministerio. Por tanto, quince minutos de intervención de los
portavoces de cada uno de los grupos me parece un tiempo suficiente. Seré
más estricto que en ocasiones anteriores, porque a todos nos conviene
dedicar a cada comparecencia dos horas.




--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (TOCINO
BISCAROLASAGA), PARA INFORMAR SOBRE POLITICA DE GESTION DE LOS PARQUES
NACIONALES DE SU MINISTERIO. A PETICION PROPIA. (Número de expediente
214/000020.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el primer punto del orden del día:
Comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Medio Ambiente ante
la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, para informar de la
política de gestión de los parques nacionales de su Ministerio.

Tiene la palabra doña Isabel Tocino.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, hace ya más de cien años, en 1872, se
declaraba el primer Parque Nacional del mundo, el de Yellowstone, en
Estados Unidos. Se pretendía entonces hacer un gran parque reservándolo
para América. Tal y como manifestaba Cornelius Hedge, miembro de la
primera expedición a la zona; es imposible que alguna persona llegara a
apropiarse de algo de esta tierra como si fuera exclusivamente suyo y
para su propio provecho. Añadía que nunca debía ser cambiado, sino que
había que obligarse a mantenerlo siempre intacto, como se ve ahora esta
tierra, a fin de que los americanos puedan saber cómo fue de espléndida
esta tierra primitivamente y qué hermosa y maravillosa la conservamos.

Precisamente este espíritu, adaptado al siglo XXI, al que nos
encaminamos, incorporando conceptos básicos como el de uso sostenible e
integrado, bienestar y participación de las poblaciones afectadas,
conservación de la biodiversidad y dinámica de los ecosistemas, es el que
mueve a este Ministerio en su política de parques nacionales a la hora de
conservar y dar a conocer los más singulares y valiosos ecosistemas de
España.

Permítanme, por tanto, señorías, comenzar mi intervención esta mañana con
unas breves reflexiones acerca de la historia de los parques nacionales
en nuestro país, historia que pretendemos continuar desde la
responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente.

España fue uno de los primeros países europeos, junto con Suiza y Suecia,
que se incorporó a un movimiento declarativo iniciado, como he dicho
antes, apenas un par de décadas más de cien años en Estados Unidos, con
el Parque Nacional de Yellowstone. Los parques naciones españoles
nacieron de un impulso personal de la Corona, fruto del deseo de las
Cortes y con la intención de abrir camino a una nueva forma de relación
del hombre con la naturaleza.

Fue a partir de los años cincuenta cuando se empieza a dar vida a la idea
de la necesidad de la conservación de la naturaleza y el uso sostenible
de los recursos naturales. Y hoy todo el mundo admite ya que no hay
verdadero desarrollo si no es sostenible y que el aprovechamiento de los
recursos naturales no es una actividad absoluta, sino que tiene por
límite la propia capacidad de recuperación y sostenibilidad del recurso.

En España, como les decía, la historia se inicia el 22 de julio de 1918,
cuando por ley se declaró Parque Nacional las montañas de Covadonga. Tras
Covadonga fueron declarados Parques Nacionales Ordesa y Monte Perdido, en
1918; Caldera de Taburiente, en 1954; Teide, en 1954 también; Doñana, en
1969; las Tablas de Daimiel, en 1973; Timanfaya, en 1974; Garajonay, en
1961; el Archipiélago de Cabrera, en 1991; los Picos de Europa, en 1995,
y, por último, también en ese último año, fue declarado el Parque
Nacional de Cabañeros.

En este breve repaso a la historia de los parques nacionales españoles no
podemos olvidar hacer una mención expresa a la Ley 91/1978, de 28 de
diciembre, de Régimen Jurídico de Parque Nacional de Doñana. Esta ley,
aprobada por impulso del Gobierno de la UCD, significó un salto
cualitativo único y una auténtica revolución en la conservación de la
naturaleza en España. Prueba de ello es que ha servido como modelo en la
declaración de posteriores espacios.

Una de las principales aportaciones de este texto legal fue la de ampliar
sustancialmente los límites legales del parque, garantizando su efectiva
conservación e incluyendo el concepto de extraterritorialidad, hasta el
punto de que las medidas de protección las extendió a una amplia cuenca
que incluía las aguas superficiales y subterráneas, creando asimismo unas
áreas de protección o preparques (como colchón amortiguador de impactos
desde el exterior), que comprendía incluso el mar litoral. También
contempló un patronato en el que, además de estar representadas las
administraciones públicas, trataba de que se encontraran en igualdad de
condiciones representantes de los sectores sociales interesados, así como
entidades conservacionistas, propietarios, agricultores y otros.

Finalmente, hemos de reseñar cómo esta ley destacó el importante papel
que debía jugar la investigación, promoviéndola a través de la estación
biológica de Doñana.

Tampoco podemos omitir en este breve análisis una referencia a la Ley
Básica en materia de Conservación de la Naturaleza, Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, que el Gobierno anterior impuso desde su mayoría
parlamentaria --y, a mi entender, sin un excesivo interés por alcanzar el
consenso puesto que con la mayoría parlamentaria no lo necesitaba-- y
que, si bien contiene algunos aspectos positivos, ya desde su inicio fue
muy criticada, no



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sin fundamento, por los sectores conservacionistas, dada su falta de
innovación y limitaciones, así como por la falta de diálogo con la
sociedad en su elaboración.

No se trata de negar que en gran medida, la ley suponía incorporar a la
legislación española todo un marco ideológico de protección de la
naturaleza ya desarrollado en Europa años atrás, ni tampoco puede
obviarse que la ley incorporó ciertos principios de organización que
estaban siendo demandados por la sociedad desde hacía tiempo, pero es
evidente que la no excesiva voluntad de alcanzar esos acuerdos
parlamentarios que antes comentaba en la forma de desarrollar su
contenido, ni siquiera acordarlo con los otros agentes competenciales en
la materia, así como seguramente un excesivo intervencionismo
administrativo en su formulación, lastró el desarrollo de esta importante
ley, pendiente durante estos últimos años de los numerosos recursos de
inconstitucionalidad que por parte de las comunidades autónomas fueron
sistemáticamente presentados, sin olvidar la contestación en su día del
Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.

El Tribunal Constitucional, como SS, SS., declaró, por sentencia de 26 de
junio de 1995, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de dicha
ley, al afirmar que el Estado es responsable de la gestión de los parques
nacionales; los parques nacionales conforman una de las escasas parcelas
de gestión que constitucionalmente tiene el Estado; la red de parques
nacionales es una realidad superautonómica, pero --añade la sentencia--,
la gestión de los parques nacionales no puede hacerse de espaldas a las
comunidades autónomas en cuyo territorio se sitúan. Los parques
nacionales no son enclaves ajenos a la realidad que los rodea y, en
consecuencia, se deben articular mecanismos y estrategias para que las
comunidades autónomas participen, en desarrollo de sus competencias
constitucionales, en la gestión de los parques nacionales.

Ha pasado más de un año desde la sentencia del Tribunal Constitucional a
esta Ley 4/1989, y lo que nos hemos encontrado, a día de hoy, es que ni
está definido el modelo de funcionamiento de la red de parques nacionales
como tal ni está consensuado ni articulado un esquema para la gestión de
cada parque nacional. Los patronatos no tienen unas pautas racionales de
funcionamiento y la cierta, por no decir mastodóntica, burocracia, en
ocasiones, de los parques nacionales está al borde del colapso como
consecuencia de la no muy buena gestión que se realizó por el anterior
Gobierno.

Por todo ello entiendo que un texto que nació anticuado, al no saber
asumir la organización territorial basada en el equilibrio entre las
distintas administraciones, en coordinación y cooperación, que desde el
año 1978, señorías, optamos todos los españoles por darnos a través del
referéndum, se encuentra en la actualidad totalmente desfasado, y no
responde en sus contenidos ni a la filosofía ni a los principios y
mandatos recogidos en la Directiva 92/43, relativa a la conservación de
los Hábitat Naturales y de la flora y fauna silvestre, ni al Convenio
sobre la diversidad biológica, ni contempla las resoluciones del Congreso
Mundial de Parques Nacionales de Caracas de 1992, por lo que entendemos
que la conservación de los ecosistemas y especies protegidas de los
parques nacionales no ha estado suficientemente garantizada hasta el
presente, en gran parte por la no excesiva atención o quizá por no muy
buena gestión del anterior Gobierno.

No podemos detenernos en describir la situación de todos y cada uno de
los parques nacionales, pero tampoco podemos dejar de mencionar, aunque
sea brevemente, alguno de ellos. Por ejemplo, entendemos que es
lamentable la situación en que hoy se encuentran las Tablas de Daimiel,
antaño valiosísima zona húmeda y hoy en situación agonizante, hasta el
punto de que, desde diversos sectores científicos y conservacionistas, se
ha llegado a plantear su descatalogación. El desastre ha sido de tal
calibre que ahora es necesario dedicar enormes medios para regenerar y
restaurar el medio natural. Hace falta ordenar efectivamente ese recurso
tan vital para esa zona como es el agua superficial en colaboración con
el agua subterránea. Asimismo es preocupante la situación de los más
representativos ecosistemas de Doñana, gravemente amenazados por las
actuaciones negativas en el entorno durante los últimos años: la
colmatación de la marisma por deforestación de los cauces que la inundan,
urbanizaciones en su entorno, extracciones incontroladas del acuífero de
Doñana...

Como tercer ejemplo significativo, y para no extendernos mucho más, hemos
de hacer mención a la virtual desaparición del bucardo en el Parque
Nacional de Ordesa, la especie más representativa de aquella zona y que
precisamente motivó, en gran medida, la declaración de este Parque; así
como la de las especies emblemáticas de los Picos de Europa-Covadonga,
que tampoco han obtenido el acuerdo de las comunidades autónomas
implicadas para desarrollar una gestión imprescindible si queremos
mantener el emblemático Parque Picos de Europa.

Como ya manifesté en mi primera comparecencia ante esta Comisión, en mayo
pasado, la experiencia demuestra que el actual modelo de gestión de
parques nacionales no ha funcionado, quizá por el protagonismo excesivo
y, a veces, por qué no decirlo, excluyente de la Administración pública,
que ha seguido unas líneas directrices y un modelo de gestión
descoordinado y contradictorio, con planes y proyectos que han causado
negativos impactos, y excesivamente intervencionista, reitero, lo que ha
acarreado, mediante el uso abusivo de expropiaciones, la sustitución en
buena medida de los antiguos propietarios por funcionarios del hoy ya
desaparecido Icona, que pasó a ser, yo me atrevería a decir, el nuevo
dueño de las fincas.

Prueba de la negativa gestión desarrollada en esos parques nacionales es
el caso de Doñana, en el que la vital regeneración hídrica, contemplada
en un real decreto aprobado en 1984 y aprobado también por el pleno del
Patronato, nunca se llevó a cabo, y quizá aquí haya alguna
responsabilidad más directa de quienes estaban gestionando tan
emblemático espacio. O los casos de masificación de visitantes y no muy
buena ordenación del uso público, con lo que ha acarreado de impactos
ambientales negativos en parques tan importantes, reitero, como el de los
Picos de Europa, Ordesa o el Teide inclusive, entre otros.




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Los patronatos no han podido desempeñar siempre sus funciones, en algunas
ocasiones por trabas impuestas por la propia Administración o por el no
excesivo interés de sus presidentes, nombrados más bien para ocupar ese
cargo que para convertirse realmente en cuidadores de esos entornos y de
esos ecosistemas, convirtiéndose, muchas veces, en un encuentro de
funcionarios no excesivamente sensibilizados por no vivir día a día los
problemas de conservación y desarrollo sostenible de la zona, cuando el
patronato debe ser el órgano de representación real y participación de
los sectores sociales afectados.

Finalmente, y para cerrar este análisis de la situación hemos de
referirnos a las no muy afortunadas, por lo general, relaciones con los
habitantes del entorno, caracterizándose, en casos como el de los Picos
de Europa, de Daimiel y de Doñana, por graves tensiones, como saben SS.

SS., con diversos grupos sociales. Prueba de todo lo anteriormente
descrito y de las continuas polémicas relacionadas con los parques
nacionales, encontrarán SS. SS. sin dificultad y con profusión en la más
modesta de las hemerotecas que ustedes quieran manejar.

Hemos de reconocer, lamentablemente, que, a pesar de la belleza y calidad
incomparable de nuestra naturaleza, España se ha quedado, al día de hoy,
a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a superficie
declarada parque nacional en proporción a toda la superficie del país.

Así, por ejemplo, mientras Francia cuenta con el 0,62 por ciento de su
territorio; Italia con el 1,5 por ciento; Alemania con el 1,2 por ciento;
el Reino Unido con el 5,6 por ciento, y Portugal con el 0,7 por ciento,
España, al día de hoy, tan sólo se acerca modestamente a un 0,3 por
ciento.

Sin embargo, señorías, como este Ministerio de Medio Ambiente no ha
asumido las competencias sobre parques nacionales para hacer política de
lamentos, el objetivo de esta comparecencia es dar a conocer a SS. SS.

que la conservación de nuestros principales ecosistemas requiere un
eficiente sistema de uso público y participación real de la sociedad que
una la educación y la sensibilización ambiental con la investigación
científica. Esto es lo que pretendemos marque nuestra línea de actuación
a partir de este momento. Atenderemos, por tanto, las conclusiones y
recomendaciones del IV Congreso Mundial sobre Parques Nacionales y Areas
Protegidas, de la Directiva de Hábitat, y los mandatos de Convenios
Internacionales tales como Ramsar, Bonn y el de la Diversidad Biológica,
que son los que, en definitiva, guiarán la política de parques nacionales
que me propongo impulsar.

A tal fin, me propongo promover una auditoría global en cada uno de los
parques nacionales, para conocer la situación real que nos hemos
encontrado y, a partir de ahí, y con la colaboración de todos los
sectores sociales interesados, establecer un amplio consenso en relación
con la nueva política de parques nacionales, cuyos objetivos y criterios
paso a continuación a exponer.

En primer lugar, me propongo potenciar la red de parques nacionales como
sistema representativo de los mejores exponentes del patrimonio natural
del Estado, con la finalidad de contribuir a la conservación de la
naturaleza; red que incluirá aquellos espacios que, contribuyendo a la
mejor preservación de la biodiversidad española, sean, a su vez, los más
singulares y tengan un contenido simbólico de carácter nacional, red que
estará integrada por la totalidad de los parques nacionales declarados de
interés general por la nación, como saben SS. SS., a través de la ley de
las Cortes Generales.

Entre los criterios básicos que van a caracterizar la red de parques
nacionales podríamos destacar, en primer lugar, la definición de un
criterio común sobre política, planificación, gestión, administración y
financiación de los parques en ella integrados. Los parques nacionales de
la red se regirán por un conjunto de principios, directrices y criterios
claramente perfilados que, más allá de asegurar la conservación de cada
parque, aseguren también la coherencia y homogeneidad en la gestión de la
red, garantizando de esta forma el cumplimiento de la función a que dicha
red le otorgan las leyes. A tal fin, se aprobarán para toda la red
directrices generales de planificación, que podrán comprender normas de
ámbito general sobre el manejo de recursos naturales, usos y
aprovechamientos en los parques, investigación científica o la
construcción de infraestructuras e instalaciones en la red, entre otros
aspectos. Directrices que permitirán establecer objetivos generales de
conservación, uso público e investigación y, por supuesto, educación
medioambiental.

En segundo lugar, reiteramos que la decisión sobre ampliaciones, cambios
y modificaciones en la red de parques nacionales se hará mediante las
correspondientes clasificaciones de áreas naturales y a través de la
declaración en las Cortes Generales. El establecimiento de los parques y,
por tanto, de la red estatal de parques nacionales deberá entenderse sin
perjuicio de la existencia de otros espacios de valor ecológico
reconocido que se integren en sistemas autonómicos o locales en función
de su interés. Recuerdo a SS. SS., como ya dije en mi anterior
comparecencia, que es intención del Ministerio continuar el proceso de
completar la red mediante la inclusión de espacios naturales
representativos de los sistemas que actualmente no se encuentran en ellos
representados y que, entre otros, estarían ligados a las formaciones
esteparias, formaciones ripícolas y a los sistemas boscosos de interior y
del mediterráneo. Incluso estudiar la posibilidad de aumentar la relación
de sistemas naturales representativos de la diversidad ecológica de
nuestro país, será también motivo de contemplación por el Ministerio si
entendemos que debieran estar presentes en la red. Todo ello dentro de un
proceso sosegado que permita asegurar que los futuros espacios que se
pudieran declarar parque nacional sean objetiva y escrupulosamente
seleccionados, y que su declaración se produzca en un ambiente social de
aceptación y reconocimiento generalizado, tratando siempre de llegar a un
acuerdo con las comunidades autónomas en cuyos territorios se sitúen los
futuros parques nacionales.

En tercer lugar, la gestión, que será compartida con las comunidades
autónomas, permitirá realizar una planificación coherente que asegure la
adaptación de dicha gestión a la evolución cambiante de los parques
nacionales: documentos marco generales, planes rectores de uso y gestión,
hasta los más elementales planes especiales tendrán este



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proceso de adaptación, ya que entendemos que todo elemento de
planificación es, a la postre, el reflejo de un compromiso entre la
Administración y los ciudadanos, por lo que pretendemos asegurar la
participación pública en la tramitación de los instrumentos de
planificación que en el futuro se aprueben.

En cuarto lugar, la financiación corresponderá al Estado y a las
comunidades autónomas en la medida en que participen en la gestión, eso
sí, complementada con los ingresos procedentes de la explotación de
servicios, así como de ingresos que puedan obtenerse a través de otras
fuentes de financiación, ya que asumimos el compromiso de idear fórmulas
que permitan aligerar la carga financiera del Estado en la gestión de
dichos parques, procurando, a su vez, que estas fórmulas generen un flujo
económico hacia las comarcas donde se ubican los parques nacionales.

Entendemos que la red de parques nacionales tiene que ser capaz de
generar ingresos mediante la puesta en valor de las actividades que en
cada parque se desarrollan, disminuyendo progresivamente su actual
dependencia exclusiva de los Presupuestos Generales del Estado. Esto no
quiere decir que la conservación de los valores naturales de los parques
deje de ser una responsabilidad del Estado, antes al contrario, lo que se
propone es articular mecanismos de financiación complementaria, pensando
exclusivamente en el beneficio de los parques nacionales, por lo que
entendemos que cabría articular mecanismos de esponsorización, mecenazgo
y donación que permitan a los particulares, que así lo quieran
voluntariamente, colaborar con las administraciones en esta labor.

Por otra parte, se puede pensar que la oferta de uso público de un parque
nacional no se agote con la infraestructura básica que oferta la
Administración, sino que puede caber potenciar infraestructuras
complementarias, compatibles con el uso social del parque, que no suponga
coste alguno para el erario público.

En quinto lugar, nos proponemos potenciar los sistemas integrados de uso
público, basados en la sensibilización y la educación ambiental. El
sistema de uso público de un parque nacional tiene por objetivo
proporcionar a cada visitante una posibilidad de conocimiento, de ocio y
de disfrute que induzca en él una actividad y una actitud favorable hacia
la conservación de la naturaleza.

Cada visitante de un parque nacional constituye, a nuestro entender, en
sí mismo, una oportunidad excelente para difundir la importancia de la
conservación de la naturaleza en el desarrollo equilibrado de la
sociedad. Los parques nacionales, como la representación más
significativa de los valores naturales de nuestro país, tienen que ser
uno de los vehículos que posibiliten el cambio de los hábitos agresivos
hacia la naturaleza por una cultura de armonía entre el hombre y su
entorno natural.

Lograr este objetivo, señorías, significa, entre otras cosas, empezar a
trabajar desde la propia edad escolar. En esta labor el Ministerio de
Medio Ambiente está decidido a jugar un importante papel, potenciando las
actividades de educación ambiental, a través del Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM), y siempre en colaboración con el Ministerio
de Educación y Cultura.

Igualmente, es propósito de este Ministerio, en sexto lugar, dotar a la
red de personal cualificado al más alto nivel; establecer un sistema
objetivo de selección y de formación continua que permita disponer en los
parques nacionales de personal motivado y profesionalizado, preparado
para ejercer la amplia variedad de funciones que la gestión de un parque
nacional conlleva, porque entendemos que un signo distintivo de la red
debe ser la calidad de sus profesionales.

En séptimo lugar, pretendemos establecer un marco armónico de relaciones
de los parques nacionales con sus entornos socioeconómicos, que permita
propiciar la vinculación de las poblaciones locales con el espacio
protegido. A tal fin, la utilización del potencial formativo de los
parques nacionales como soporte de programas de capacitación, debe
incorporarse a la gestión ordinaria como estrategia de incardinación con
los ciudadanos más cercanos. Un buen ejemplo a tener en cuenta es la
experiencia derivada del modelo de las escuelas-taller. Pretendemos, por
tanto, que los entornos socioeconómicos de los parques nacionales asuman
un protagonismo que hasta ahora nunca han tenido, articulándose políticas
encaminadas al desarrollo ordenado de sus recursos.

En octavo lugar, trataremos de proyectar sobre los ciudadanos la imagen
de la red. El desarrollo de la red como sistema de espacios naturales
caracterizador y representativo del patrimonio natural español,
entendemos debe ir acompañado de una consolidación de su imagen y de una
proyección pública en sus elementos identificadores. Se trata de
conseguir que la red sea conocida, reconocida y valorada por los
ciudadanos como el mejor camino para asegurar la conservación de los
parques nacionales.

Llegados a este punto, y una vez enunciados los objetivos de la política
que en relación con los parques nacionales pretendemos desarrollar,
pasamos a exponer los instrumentos de los que, para lograrlo, nos vamos a
valer, en lo que podría definirse como un modelo de gestión a impulsar.

La fórmula de cogestión diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente es
una fórmula eminentemente integradora que, superando incluso los
requerimientos del Tribunal Constitucional, pretende lograr la
participación real y efectiva de las comunidades autónomas en la gestión
de los parques nacionales, y no sólo esto, sino, además, su integración
en la red estatal de parques nacionales. Es decir, en el nuevo modelo se
pretende instaurar que las comunidades autónomas participen no sólo en la
gestión de los parques nacionales enclavados en sus territorios --lo cual
diríamos es casi obvio si tenemos en cuenta las obligaciones que impone
la sentencia del Tribunal Constitucional--, sino que, dado que los
parques pertenecerán desde su declaración a la red estatal de parques
nacionales, entendemos que las comunidades autónomas deben también
colaborar, sin perjuicio de las competencias del Estado, en el órgano que
tutele toda la red estatal de parques nacionales.

Podemos así hablar de un doble grado de participación de las comunidades
autónomas en la política de parques nacionales: el primer grado estaría
situado en la referencia



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de participación de las comunidades autónomas en la red nacional de
parques nacionales, y el segundo grado sería ya relativo a la gestión
concreta del parque nacional enclavado en el territorio de dicha
comunidad autónoma.

Para lograr este primer grado de participación se constituirá un consejo
rector de la red de parques nacionales; un órgano colegiado, de carácter
consultivo, que intervendrá en todas aquellas materias que afecten a la
red y a los parques nacionales en su conjunto, siendo su finalidad lograr
una proyección homogénea de los parques nacionales hacia el conjunto de
la sociedad, asegurando que en los parques nacionales de la red exista
unidad de criterios que los identifique como integrantes de dicha red.

En el consejo estarán representadas, además del Ministerio, todas las
comunidades autónomas que tengan parques nacionales en sus territorios,
siendo los principales cometidos de dicho órgano informar y elevar al
Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación por el Gobierno el plan
director de la red, en donde se enunciarán las directrices generales de
gestión de los parques nacionales; las directrices generales y comunes de
funcionamiento de las comisiones mixtas de los parques nacionales; las
propuestas de declaración de nuevos parques; las directrices para la
redacción de los documentos de planificación de los parques (los planes
rectores de uso y gestión, los planes sectoriales, los planes anuales,
etcétera); y los criterios de distribución entre los parques de los
recursos que la Administración general del Estado asigne a la red. El
consejo podrá, además, proponer la solicitud de distinciones
internacionales para los parques de la red, promover la proyección
internacional de la red y cuantas otras cuestiones de interés general
para los parques nacionales integrantes de la red le sean asignadas. Los
medios materiales necesarios para el desarrollo de la red, así como su
financiación, serán provistos por el organismo autónomo de parques
nacionales.

El segundo modo al que aludíamos de participación concreta de las
comunidades autónomas en los parques nacionales se refiere ya a la
gestión concreta del parque enclavado en su territorio, lo cual
desarrollaremos a través del modelo de comisión mixta que el Grupo
Popular presentó y logró en gran medida incorporar en la ley de
Declaración del Parque Nacional de Cabañeros, comisión que estará formada
de manera paritaria por representantes de la Administración general del
Estado y de las comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentre
enclavado el parque nacional de cuya gestión se trate.

Entre los cometidos de esta comisión mixta estarán: elaborar los
borradores del plan rector de uso y gestión y de planes sectoriales, así
como evaluar y proponer, en su caso, la introducción de las observaciones
realizadas por el patronato y las aportadas durante el período de
información pública. Elaborar la propuesta de plan anual de trabajos e
inversiones, que contendrá el orden de prioridad de las diferentes
actividades a realizar, así como la forma de ejecutar las actuaciones.

Evaluar, y en su caso justificar y proponer ante el órgano competente,
todo proyecto de obra, trabajos o aprovechamientos que considere
necesario e inaplazable llevar a cabo y no figure en el plan rector de
uso y gestión. Establecer el régimen de funcionamiento de las
instalaciones y servicios del parque nacional, así como los pliegos de
condiciones relativos a concesiones de usos, servicios y
aprovechamientos, velando por el correcto uso de sus signos externos
identificativos. Instruir los procedimientos de concesión de
subvenciones, así como la audiencia y formulación de propuestas de
resolución, a la vista del preceptivo informe del patronato en el área de
influencia socioeconómica del parque nacional. Evaluar periódicamente los
efectos que sobre el estado de conservación del parque nacional resulten
de la aplicación de las políticas sectoriales en su área de influencia
socioeconómica y, en particular, de las medidas contenidas en los planes
de desarrollo sostenible. Supervisar las actuaciones del equipo técnico
del parque y prestar conformidad, si procede, a la memoria anual de las
actividades y resultados que el director del parque nacional ha de elevar
al patronato, para lo que establecerá los oportunos mecanismos de
seguimiento de la gestión.

Efectivamente, la responsabilidad de la ejecución de las directrices
emanadas de la comisión mixta, así como la administración y coordinación
de las actividades de cada parque nacional recaerá en el director del
mismo, que será nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente, de común
acuerdo con las comunidades autónomas implicadas en cada parque nacional.

Por último, los patronatos de los parques nacionales continuarán
configurándose como órganos de participación, información y consenso, si
bien racionalizando su funcionamiento interno. Los patronatos, que son
una aportación típicamente española al modelo internacional de gestión de
los parques nacionales, deberán ser auténticos instrumentos para
facilitar y armonizar las relaciones entre los gestores de los parques,
sus entornos y los ciudadanos. En el nuevo modelo se mantendrá, por
tanto, un patronato para cada uno de los parques a los que nos estamos
refiriendo, descrito a efectos administrativos al Ministerio de Medio
Ambiente, en el que participen todos los sectores implicados y, en todo
caso, en el que estén representados, además de la Administración del
estado, las administraciones públicas territoriales, instituciones,
corporaciones y asociaciones cuyos fines concuerden con los propios
principios inspiradores de la Ley. Dichos patronatos se adaptarán, en
cuanto a su composición y funciones a las características y
especificaciones de cada uno de los parques nacionales.

Señorías, en definitiva, los parques nacionales de nuestro país están
requiriendo una profunda reforma administrativa y en cuanto a sus
criterios de gestión, que esperamos pueda quedar plasmada en una ley que
el Departamento que dirijo tiene previsto presentar en esta Cámara con el
objeto de adecuar la actual ley de Espacios Naturales a una nueva
situación que precisa una acción decidida de conservación de los parques
como elementos simbólicos de una rica y variada realidad nacional y en
cuyo debate y con cuyo apoyo esperamos contar en ese momento con el voto
de todas sus señorías.

Señor Presidente, muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.

Comienza el turno de portavoces y empezaremos, como es habitual, de mayor
a menor, terminando el Grupo Popular.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, Ministra, por su exposición que
ha distribuido de manera ecuánime en veinte minutos de lamentos y veinte
minutos de proyección a futuro de las líneas de actuación en esta
materia. Los veinte minutos relativos a las lamentos coinciden en gran
medida con un análisis crítico que sus antecesores en los Ministerios de
Agricultura y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente tuvieron ya
ocasión de hacer con motivo de la estrategia nacional sobre
biodiversidad, a la que no ha hecho referencia y que es el marco en el
que deben contemplarse las actuaciones específicas en algo que es un
segmento de una enorme trascendencia, pero particular o parcial de toda
la actuación en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica. De los problemas que han tenido los parques nacionales, de la
acumulación de esos problemas derivada, en gran medida, de falta de
medios presupuestarios y la interpretación que es propia de la Ministra
de que todo esto se debe a un excesivo intervencionismo y una tremenda
burocracia, habíamos tenido un anticipo en su primera comparecencia ante
esta Comisión. Como digo, parte de esos lamentos pueden encontrarse en
documentos de la anterior legislatura, en los documentos que llevaron al
borrador de estrategia nacional de biodiversidad, donde, además, se
contenían las líneas que después ha desarrollado como líneas de futuro,
con alguna excepción notable a la que haré referencia en cuanto a obtener
financiación a través de los parques nacionales.

Por lo que se refiere a los lamentos, quisiera preguntarle a la Ministra
si no comparte con este grupo la valoración favorable que hacemos de
algunas experiencias de gestión pública en el territorio de resultados,
creo que muy satisfactorios, como es el caso de Andalucía, comunidad
autónoma que tiene el porcentaje más elevado de territorio protegido de
la Península y que, mediante actuaciones de gestión pública y con un
elevado nivel de participación ciudadana, ha conseguido algunos de los
resultados más positivos. No todo lo que ha sucedido en estos últimos
años cabe valorarlo de una forma tan negativa y, como digo, hay
experiencias concretas de gestión pública que deben de ser tenidas muy en
cuenta.

Pero llegamos al momento en que aparece un nuevo equipo al frente del
Ministerio de Medio Ambiente y se encuentran con lo que ha descrito de
una forma bastante apocalíptica en materia de parques nacionales. Ante
esa situación y teniendo en cuenta que han pasado ya cinco meses desde
que ustedes entraron en el Gobierno si consideran de tanta gravedad los
problemas que se han encontrado, sorprende que algunas cuestiones todavía
no se hayan resuelto. Por ejemplo, a estas alturas todavía se sigue sin
nombrar los miembros representantes de la Administración central en el
pleno del Patronato de Doñana, y la Ministra ha hecho referencia de forma
reiterada a problemas específicos de ese espacio protegido. Nos gustaría
saber si esa preocupación va a corresponderse con una solución desde el
punto de vista de la organización de sus órganos rectores o si, por el
contrario, tenemos que esperar a que se apruebe una nueva ley sobre
espacios protegidos, que usted nos anuncia sin fecha. Por lo tanto, en el
caso concreto de Doñana le agradecería una aclaración.

Igualmente le agradecería una aclaración respecto a otra de las
cuestiones que la sentencia del Tribunal Constitucional condiciona de
forma inmediata en cuanto a la actuación de la Administración central,
que es la transferencia de la gestión de las reservas naturales; estoy
hablando de Santoña y de las Salinas de Ibiza y Formentera. Quisiera
saber cuál es en estos momentos la situación de la transferencia de la
gestión en estos dos casos. Aquí ya se ha puesto de manifiesto hasta qué
punto les interesa restaurar situaciones que, a su juicio, no eran las
correctas, desde el punto de vista de conservación de la naturaleza, y
que en cada uno de estos dos casos nos han llevado en algún momento a
enfrentamientos con el Partido Popular, que gobierna en ambas comunidades
autónomas.

Hay también una ausencia --me gustaría saber si simplemente es algo que
no ha considerado en esta política de futuro de los parque nacionales--,
que es la petición que la Unesco nos formuló hace algunos meses respecto
a tener en cuenta la red existente en España de reservas de la biosfera,
que incorpora espacios protegidos de gran valor, algunos de ellos parques
nacionales o parque naturales. Unesco nos pedía que intentáramos
homogeneizar los criterios de gestión y las actuaciones de las distintas
administraciones.

En estos momentos hay una expectativa razonable por parte de todos los
que se interesan por las materias que ha expuesto, señora Ministra, en
cuanto a cómo se van a plasmar en los presupuestos del año 1997 algunas
de las afirmaciones que ha hecho, al señalar los principales instrumentos
y objetivos que se marcan en relación con los parque nacionales. Me
refiero, sobre todo, al anuncio que hace --que no puede ser más que bien
recibido-- de la necesidad de potenciar los recursos humanos adscritos a
los parques, ciertamente uno de los campos en los cuales sería lamentable
que existiera una reducción de los recursos asignados al Capítulo I,
puesto que, además, tardará todavía en materializarse un reparto de
funciones acorde con la nueva legislación en materia de gestión del los
parques nacionales. No creemos que se pueda seguir manteniendo una
situación de espera hasta tanto se concluya esa nueva organización en la
gestión de los parques, sin proceder previamente a esa potenciación que
usted misma anuncia y que, lógicamente, esperamos encontrar reflejada en
un aumento significativo en el Capítulo I correspondiente a los efectivos
que en estos momentos se encuentran en cada uno de los parque nacionales.

Ha hecho usted mención a que en el modelo de cogestión en el que están
trabajando hay un reparto que yo he entendido --corríjame si no es
cierto-- parejo entre el peso de la gestión y el peso de la inversión. Me
alegro de



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que hoy tengamos la ocasión de escuchar a la Ministra en esta materia, ya
que me consta que en la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, que
usted convocó antes del verano, no dio a la totalidad de los consejeros
presentes ninguna indicación sobre los criterios a desarrollar.

Precisamente en la comparecencia en esta misma Comisión, se remitió a lo
que había presentado como lineas generales de su Departamento, y es
posible que esta segunda comparecencia sirva a algunos consejeros que
quizá no tienen la capacidad de mantener un diálogo bilateral con el
actual Ministerio, para aclarar efectivamente cuáles son esos criterios
de cogestión y ese modelo que usted ya anuncia en grandes líneas. Si no
quieren repetir esos errores, que ha destacado como gravísimos, ocurridos
en la anterior etapa, de falta de consenso con las administraciones
territoriales a la hora de definir la legislación sobre espacios
protegidos, haría bien en evitar ese error utilizando la Conferencia
sectorial como lo que es. Usted tiene un instrumento, que es esa
Conferencia sectorial y tiene también otro instrumento, que es la
Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza, que antes del cambio
de equipo de gobierno se había ocupado ya de comenzar el debate, sin duda
complejo y arduo, sobre la futura gestión de los parques nacionales en
aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es en esos
ámbitos donde esperamos que usted debata estas cuestiones, aunque por
supuesto el que las explique hoy en el Parlamento y no sólo en la prensa
es ya un factor positivo, porque permitirá a algunos de los consejeros
tener noticia de que efectivamente existe un modelo de cogestión pensado
ya por el Ministerio, del cual no tenían la más mínima noticia y donde
los elementos centrales responde a lo que ya se encontró de los
anteriores responsables del Ministerio de Agricultura en cuanto al diseño
de la red estatal de parques y a la participación de las comunidades
autónomas, tanto en cada uno de los parques como en el propio consejo
rector.

Señora Ministra, lo que usted ha hecho ha sido repetirnos cuestiones que
conocíamos de antes de las elecciones. Una comisión mixta todos sabemos
lo que es. Nos ha explicado usted al detalle las funciones de una
comisión mixta; nos ha dicho, incluso, que la que le gusta es la que
surgió del debate sobre Cabañeros. Supongo que es después de haber
superado un momento en el que un Diputado del Grupo Popular definió
Cabañeros como un sitio donde había mucho sapo partero. En fin, le gusta
Cabañeros, a nosotros también. Quisiera saber, desde que usted está en el
Ministerio, cuántas veces ha convocado a esas comisiones mixtas, por qué
no ha seguido completando aquellas que estaban previstas, y qué valor da
en la práctica a elementos que, por supuesto, serán mejorables --estoy
segura de que serán modificados con la máxima participación de todos--,
pero que existían ya. Usted no inventa nada cuando nos hace en esta
comparecencia un relato de lo que la sentencia del Tribunal
Constitucional dice que tenemos que hacer en nuestro país con los parques
nacionales y de lo que ya se había empezado a hacer por parte del
Ministerio de Agricultura en la anterior etapa.

Sin embargo, nos habla de un tema nuevo y casi no nos lo explica.

Obviamente, es el que más me preocupa. Usted dice que deben generarse, a
partir de los parques nacionales, ingresos que alivien la carga
financiera para la Administración central en cuanto a su mantenimiento.

Como no ha explicado mucho más y ha introducido este factor, que quizás
esté previsto en la ley de acompañamiento, de la que todavía no conocemos
el texto, yo quisiera concretamente preguntarle si usted está de acuerdo
con que en esas infraestructuras adicionales que mencionaba que era
posible que generan ingresos, figure el proyecto de teleférico,
concretamente en los Picos de Europa, respecto al cual, y a la vista de
las protestas de algunos movimientos ecologistas de la zona, el
Vicepresidente, señor Alvarez-Cascos, les calificó de ecologetas
incultos. ¿Queremos llenar de teleféricos nuestros parques nacionales ?
¿Qué tipo de infraestructuras van a generar ingresos y con qué criterios
esos ingresos van a aparecer ligados a la gestión futura de los parques?
Cuando hace referencia a la potenciación de las actividades de educación
ambiental, quiero también preguntarle, igual que en el caso de los
recursos humanos, si ello significa que tendremos la satisfacción de que
la partida presupuestaria correspondiente a la educación ambiental en el
presupuesto que está a punto de ser presentado a esta Cámara, tendrá un
importe superior al que tenía hasta ahora. Porque si no lo tiene, señora
Ministra, la potenciación de actividades de educación ambiental es
difícil que se produzca. Evidentemente, la iniciativa privada puede
colaborar mucho en ello, pero entonces tiene que explicarnos algo más de
cómo integra la iniciativa privada en algunas de estas cuestiones. La
iniciativa privada jamás actúa por instinto de caridad; actúa a cambio de
una compensación económica y creo que en algo tan importante como la
conservación de la naturaleza deberíamos tener claro qué es lo que damos
a cabio de qué y cómo mantiene el sector público el control de ese uso
sostenible de la naturaleza que usted ha mencionado al principio de su
exposición, y todos estaremos pendientes de que sea así.

No se sienta, señora Ministra, a la cola de Europa en cuanto a diversidad
biológica, porque no lo estamos. Usted ha mencionado sólo los
porcentajes, en términos relativos, de territorios que son más pequeños
que España. Es verdad que España saldría perjudicada en una hipotética
comparación con Italia u otros países similares en cuanto a los espacios
protegidos que puedan tener estos países que comparamos. España tiene el
40 por ciento de todas las especies objeto de protección de la Unión
Europea y es una magnífica reserva de diversidad biológica que en estos
momentos está dentro de su ámbito de competencia el proteger y el
impulsar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Me ha sonado bien el discurso, en general, pero he
advertido algo en la parte central que chirría. Cuando ha hablado de
inversiones para infraestructuras complementarias me ha sonado algo a
privatización, pero a lo mejor me equivoco. En todo cado, el discurso
completo, que lo voy a recoger del «Diario de Sesiones»



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de esta Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, será para mí como
una Biblia. Ha hablado usted de planes directivos, de planificación, de
participación. Casi estamos andando por las mismas veredas. Vamos a ver
cómo se concreta esto en los posibles controles o marcos de
participación, en los planes directivos, en la planificación del conjunto
que ya existe, o en los planes que se puedan crear, para que haya una
red, etcétera. Por tanto, recojo todo lo que ha dicho. Luego intentaré
hacer algunas breves aportaciones por si le sirven de ayuda y en la
próxima sesión en la que contemos con su presencia, siempre bienvenida,
podremos avanzar mucho más y concretar algunos de estos planes
directivos. Yo intentaré, al mismo tiempo, matizar algunas cuestiones.

Estamos de acuerdo en que debe haber una red coherente de espacios
representativos de la biodiversidad, y así lo dice ya la Ley 4/1989.

Aunque no lo dijera la ley, es de buen sentido común que sea así porque
nos jugamos bastante, no únicamente desde el punto de vista estético y
paisajístico, sino incluso desde el punto de vista de la proyección de
una vida mejor para el conjunto de los ciudadanos de este país y, en
definitiva, del mundo.

La red, como dice usted, es todavía muy incompleta. Carece de un plan
nacional representativo de diversos ecosistemas, esteparios por ejemplo,
y algunos otros a los que obliga el anexo de la Ley 4/1989, como el
desarrollo de una preservación de ecosistemas diferentes a los que están
protegidos en estos momentos. La variedad de ecosistemas es enorme en
España. Aquí sí que radica una de las principales riquezas que tenemos,
no tanto en porcentajes de conservación o de protección, que se tienen
que relacionar, pienso yo, con la cantidad de kilómetros cuadrados, con
el número de habitantes por kilómetro cuadrado y con otros países del
entorno. Yo creo que eso se debe ver desde esta perspectiva.

La Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza, compuesta por el
Estado y las comunidades autónomas, tiene en estos momentos concretos un
comité de espacios protegidos que debería evaluar, ya que ha hablado
usted de auditorías, las necesidades de una red coherente y consistente
de parques nacionales; es decir, se debería empezar a construir esta
visión desde las competencias propias del Ministerio de Medio Ambiente.

Algunas comunidades autónomas, desde hace tiempo, están interesadas en
ampliar la red en su territorio. En la medida en que haya esta
coherencia, a nivel del Estado, se podrá hacer esta cogestión concreta a
nivel de cada comunidad autónoma, gestión que tendrá naturalmente que
respetar las normas de carácter general.

Con respecto a la gestión de los parques, es indudable que deben estar
involucradas absolutamente todas las comunidades autónomas. Esto forma
parte de nuestra filosofía. Lo ha oído siempre. No solamente somos
autonomistas, sino que somos federalistas, y creemos que en el futuro
--el buen sentido común conduce a una visión más federalizante del
Estado-- podremos llegar a soluciones más armónicas, que no representen
en muchos casos la negociación conspirativa de ciertos aspectos con
determinados socios en el momento de la gobernabilidad. Podríamos ir a
una visión más de sentido común, es decir, a un carácter federal que
sirva para todo --federación no significa segmentar--, que podríamos
llamar, aunque sea en un sentido muy genérico, la ley política de bases,
que nos sirva de guía. Naturalmente, el desarrollo más concreto en cada
comunidad autónoma irá en función de esta ley general y de los propios
estatutos de autonomía. En el futuro se podrá avanzar en cada comunidad
autónoma sobre estas bases, con una buena gestión, dando ejemplo a otras
comunidades autónomas.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional señala que las
comunidades autónomas deben estar involucradas en todo esto, pero, a
nuestro entender, continúa siendo imprescindible una unidad de gestión de
la red. Y digo imprescindible porque, a pesar de sus palabras y de las
buenas intenciones por parte de todo el mundo, ya que todo el mundo está
a favor de una cogestión, luego a veces en las dinámicas políticas
concretas esto no es exactamente así. Esta unidad de gestión de la red
sólo la puede dar, a nuestro entender, el Estado con los mecanismos de
coordinación y de precisión concretos.

Nosotros apoyamos que los planes de ordenación de recursos naturales que
dan lugar a un parque nacional sean redactados por las comunidades
autónomas afectadas territorialmente; es decir, nosotros estamos de
acuerdo en que se dé esta participación de la comunidad autónoma. Se
trata, en definitiva, de coordinar las directrices de un plan de
ordenación general con las directrices territoriales de conservación de
la naturaleza de la comunidad autónoma respectiva.

Esto no debería ser tan difícil, pero para ello debe haber leyes de
carácter general que se complementen y a veces se enfrenten
dialécticamente con las leyes de la comunidad autónoma. De ello
seguramente podrá salir una mejor perfección del conjunto del sistema.

En definitiva, es al Estado al que le corresponde jugar un papel
fundamental, garantizando la coherencia de la red estatal de parques
nacionales, tanto en señalización como en logotipos, pero primordialmente
en los criterios conservacionistas que preservan los valores en que se
basa la declaración de parque nacional.

Yo no sé si esto puede calificarse de intervencionismo o de estatalismo,
me da igual, puesto que se han cometido tantas barbaridades en nombre del
intervencionismo y de la necesaria autodeterminación o autonomía de cada
uno. Lo que me interesa es que haya leyes de carácter general en las que
participe el Estado, sin abdicar de sus responsabilidades, y naturalmente
las respectivas de las comunidades autónomas. El Estado, a mi entender,
debe ser la garantía máxima de que se cumplan los criterios
conservacionistas señalados por la unión mundial para la conservación de
este tipo de espacios.

Si los parques nacionales son bienes de interés general, según la Ley
4/1989, es evidente que el Estado debe jugar un papel irrenunciable en el
sostenimiento y dotación o en la aplicación de todas las medidas
conservacionistas concretas de cada espacio protegido. Para contar en
España con una red de parques homologable internacionalmente es
imprescindible el concurso del Estado. Y termino con la



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referencia a esta cuestión. A veces no me parecen de recibo algunas
declaraciones pretendidamente autonomistas, celosas del papel de cada una
de las autonomías, que lo único que quieren es manga ancha para hacer las
políticas que les convenga en cada momento, no se plantea una defensa
autonómica.

En consecuencia, es un reto llegar a acuerdos con las comunidades
autónomas para garantizar la protección de los espacios y la continuidad
de los parques nacionales como red estatal de máximo rango y nivel
proteccionista, cumpliendo, naturalmente, la sentencia del Tribunal
Constitucional en el sentido de que el Estado no debe ceder en las
competencias que le corresponden en la gestión de la red. La sentencia
habla de cogestión, término que se utilizará muchas veces en esta
Comisión por lo que significa o por las posiciones políticas que se
puedan defender en cada momento en una interpretación más o menos laxa
del concepto cogestión.

Pasamos ya a algunas cuestiones concretas, muy relacionadas con todo lo
que planteamos, cuya entidad no voy a decir que sea muy superior a la de
otras cuestiones menores, pero sí de gran importancia en función tanto de
lo que representan territorialmente como del debate político que ha
habido en torno a estos parques, e incluso de algunas posiciones que hay
actualmente. ¿Cuándo va a ser operativo el Parque Nacional de los Picos
de Europa? Este parque está paralizado por la acción de los gobiernos del
Partido Popular en Asturias, Cantabria y Castilla y León. El Partido
Popular votó en contra de la Ley en su momento con un encendido discurso
por parte del Diputado señor Gortázar (parece ser que los discursos
conversos siempre son los más encendidos), pero esto no exime al Partido
Popular y a los gobiernos que de él dependen del cumplimiento de una ley
que se aprobó hace un año y medio.

Señora Ministra, la pregunta sería la siguiente: un año y medio después,
¿cuándo piensa el Gobierno modificar la Ley para adaptarla a la sentencia
del Tribunal Constitucional que fundamentalmente plantea la participación
de las tres comunidades, es decir, la cogestión? La participación, la
cogestión, y no otra cosa. Tenemos datos concretos sobre dicho retraso
recogidos en visitas realizadas a la zona, datos que se podrán facilitar
en su momento, pero que la señora Ministra los conocerá tan bien como
nosotros porque han sido expresados ayer mismo. A nuestro entender, de
esos datos se deduce que el retraso está suponiendo un deterioro del
espacio, y alguna comunidad está actuando como si no hubiese Ley,
especialmente en temas de caza, pesca e incluso desde la perspectiva de
posibles infraestructuras. Existe competencia entre municipios para
promover determinados teleféricos en sus límites, parece ser que va a
haber competencia para ver quién pone la red de teleférico más lejos para
que pueda abarcar más territorio. Si se trata de infraestructuras
complementarias, es una manera de desarrollar una protección adecuada de
cada parque nacional, y en este caso del Parque Nacional de los Picos de
Europa, zona declarada parque nacional por ley expresa de este Parlamento
hace un año y medio.

Izquierda Unida tiene planteada una iniciativa parlamentaria para
modificar la ley y nombrar los órganos de gestión que desarrollen el plan
de uso y gestión e impidan un deterioro irreversible. Continuaremos
trabajando en esta línea y seguramente nos encontraremos.

Paso a otra cuestión. ¿Qué pasa con Daimiel, señora Ministra? Antes del
verano, el Patronato del Parque aprobó una resolución en la que se
rechazaban nuevas infraestructuras hidráulicas en tanto las
administraciones implicadas no evaluasen de manera objetiva las posibles
soluciones para acabar con el déficit hídrico crónico del Parque Nacional
donde están las Tablas de Daimiel. La Junta de Castilla-La Mancha se ha
mostrado favorable, y lo ha expresado públicamente, a la realización de
un dictamen por parte de expertos independientes que evalúen la actual
situación y proporcionen las posibles soluciones a poner en práctica de
manera inmediata para, en un plazo prudente de tiempo, intentar invertir
la situación dramática actual en que se encuentran las Tablas de Daimiel,
tal y como se realizó en Doñana años atrás, y que condujo al plan de
desarrollo sostenible del entorno de Doñana. Es evidente que se exige la
cooperación y ayuda del Ministerio de Medio Ambiente no sólo por lo que
afecta al Parque en sí sino porque muchas de las soluciones están en
manos de la Confederación del Guadiana, también ahora independiente de su
Ministerio, soluciones como la posible clausura de pozos ilegales, el
establecimiento de contadores en los pozos legales, sanciones
administrativas a los infractores, etcétera. No se trata de poner en
primer plano la estaca, sino de remarcar las soluciones concretas, pero,
al mismo tiempo, si se tienen que imponer sanciones administrativas que
se haga.

¿Qué va a ser de Doñana? La Junta de Andalucía está reclamando su gestión
exclusiva, incluso ha cambiado el nombre. ¿Cuál es la opinión del
Ministerio de Medio Ambiente?
Por todo lo dicho y por la importancia continental, no solamente
peninsular, de Doñana es evidente que este espacio debe ser gestionado
por el Estado en cooperación con la Junta de Andalucía, o por la Junta de
Andalucía en cooperación con el Estado, o por las dos, porque el Estado
tiene una responsabilidad de la cual no puede abdicar en absoluto, y,
naturalmente, la Junta de Andalucía tiene las competencias que le
corresponden, que tendrá que desarrollar hasta sus últimas consecuencias,
pero sin que el Ministerio de Medio Ambiente abdique de las
responsabilidades que le competen. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en
el entorno de Doñana durante estos años, que ha sido motivo de debates
políticos en este Parlamento. Preferimos que no haya problemas de este
tipo, que el Ministerio asuma sus responsabilidades, intervenga cuando
sea necesario y, naturalmente, la Junta de Andalucía tiene sus plenas
competencias para actuar.

Por todo lo dicho, es evidente que nosotros buscamos soluciones sobre
todo en esos tres espacios, respuestas por parte del Ministerio, porque
no son problemas de futuro, de elaboración de planes directivos, ni de
planificación, sino que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y
que en algunos casos están agravándose. Debería haber soluciones antes de
que sea tarde.

Por otra parte, querríamos saber en qué estado se encuentra la
tramitación de Monfragüe, Cabo de Gata, etcétera,



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para que sean considerados parques nacionales. El anterior Gobierno lo
anunció y queremos saber si dicho anuncio es aceptado por el actual.

Respecto a personal e infraestructura técnica, y para que no quede en un
puro enunciado, nosotros plantearemos algunas alternativas de recursos
humanos y financieros necesarios para la adecuada gestión de los parques
nacionales, así como el fomento de la obtención, por ejemplo, de
productos agropecuarios o de otros productos de los parques nacionales y
su entorno. Esto es una aportación a lo que debe ser práctica que aúne
los esfuerzos conservacionistas, para la protección de estos parques
naturales con el desarrollo económico y social sostenible y con la
participación de los protagonistas, de la gente que se encuentre en este
entorno, entendiendo siempre que esta gente y la gente que no está en
este entorno pero que vive en una determinada comunidad autónoma debe
saber que, por ejemplo, en el caso del turismo puede haber un desarrollo
sostenible que respete lo que es el entorno y, al mismo tiempo, permita
aumentar la riqueza económico-social de toda la gente que vive en el
entorno natural y de la que vive en la comunidad autónoma, pero que esto
exige el respeto a determinadas leyes y normas; leyes y normas que a
veces puede parecer que chocan con intereses particulares, siempre muy
legítimos pero que deben subordinarse al bien común. En fin, cuando tenga
lugar este desarrollo nosotros también haremos esta aportación, aunque
estamos convencidos de que la señora Ministra lo tiene encima de su mesa
de trabajo porque son aportaciones que ha hecho el conjunto del
movimiento ecologista, conservacionista y proteccionista en nuestro país
y, por tanto, esperamos coincidir en soluciones concretas en estos planes
directivos generales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), señor Companys.




El señor COMPANYS SANTFELIU: Señor Presidente, señora Ministra, en primer
lugar quiero darle la más cordial bienvenida a la Comisión de
Infraestructuras del Congreso y agradecerle su importante e interesante
aportación, porque nos ha dado una visión más ligada a la realidad actual
y, sobre todo, porque a nuestro entender es un importante paso adelante
de cara a la colaboración y la cooperación de su Ministerio en el tema de
los parques naturales con las distintas comunidades autónomas que están
afectadas por los mismos. Intentaré en mi intervención, que será breve,
aportar nuestro punto de vista sobre el tema que en este momento estamos
debatiendo.

De todos es sabido que en un principio la declaración de parque nacional
o de espacio protegido llevaba consigo generalmente la oposición
inmediata de una parte importante de las zonas afectadas porque creían
que podía limitar de alguna manera la posibilidad de continuar ejerciendo
sus labores tradicionales en la zona, porque consideraban que podía
afectar de una forma negativa a la precaria situación económica de alguna
colectividad que vivía incluso bastante apartada de la civilización,
porque en algunos casos se creía que se podían limitar las posibilidades
de crecimiento y porque la mayoría de las decisiones se tomaban en
despachos situados a muchos kilómetros y generalmente por personas que
desconocían la idiosincrasia y la problemática de la zona afectada.

Afortunadamente esto ha cambiado muchísimo. En este momento ya nadie
discute la necesidad y el interés de que existan esas zonas protegidas,
seguramente porque todos somos conscientes de la enorme presión que la
civilización en general podía ejercer sobre este territorio donde, como
es conocido, el equilibrio biológico es extremadamente sensible. En estos
momentos la ampliación de un parque nacional o la creación de un espacio
protegido continúa presentando algunos problemas, pero muchos menos,
sobre todo si existe voluntad de diálogo por parte de las
administraciones y, sobre todo, si en su diseño se deja claro que es
imprescindible que este parque nacional, que esta zona protegida esté
perfectamente integrado con la realidad territorial en la que está
ubicado. Por lo tanto, en los últimos años ha habido un enorme progreso
al modificarse los conceptos basados en la idea de un área protegida
absolutamente aislada a la realidad de la zona, pasando a otro concepto
de plena integración a la problemática sociocultural del territorio.

Afortunadamente hemos adelantado bastante, pero continúa quedando mucho
camino por hacer.

El nuevo concepto de parques naturales o de zonas de protección es un
binomio formado por la preservación del medio, como eje fundamental y en
el que todos estamos de acuerdo, y que esa realidad no sea a costa del
sacrificio de la gente del territorio, de los lugareños. Por tanto, ese
nuevo concepto de parques nacionales ligado al desarrollo de las zonas
rurales ha sido un primer paso positivo de la integración de los espacios
a la economía de la zona, pasando de ser una carga a ser un elemento
dinamizador del territorio. Así pues, ese nuevo concepto de planes de
desarrollo sostenible, que tiene como finalidad armonizar los parques
nacionales con el entorno económico y social, es un paso, como he dicho
antes, en la línea de las reivindicaciones de los afectados.

Pero nos encontramos con una serie de contradicciones a las que también
se tendrá que dar respuesta. Algunas incluso pueden parecer de carácter
anecdótico, pero entendemos que son importantes. Por ejemplo, todas las
competencias en prevención y extinción de incendios son propias de las
comunidades autónomas a excepción de los medios aéreos y los parques
nacionales, que continúan dependiendo del antiguo Icona y en este momento
de su propio Ministerio. Por tanto, en caso de incendio en el interior de
un parque nacional, si aplicásemos la normativa al pie de la letra, las
brigadas forestales de la zona dependientes de las comunidades autónomas,
que son los verdaderos expertos y que conocen el terreno, no podrían
intervenir y tendría que ser su Ministerio el que lo hiciese de forma
directa. Como saben las señoras y señores Diputados, el éxito en la
extinción de un incendio es directamente proporcional a la rapidez con
que se actúa. Entonces aparecen una serie de preguntas: ¿Realmente se
dispone de planes de emergencia en los parques nacionales para actuar en



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caso de una catástrofe de ese tipo? ¿Realmente el Ministerio dispone de
efectivos? También quiero hacer una pregunta de carácter personal porque
lo desconozco: ¿Aplicaríamos las teorías de algunos parques naturales o
nacionales de Estados Unidos, que dicen que si el fuego es de carácter
natural se deja quemar hasta que de forma natural se apague? En todo caso
son preguntas que nos hacemos los que estamos preocupados por el sistema.

Si realmente queremos que los parques nacionales españoles sean
homologables a los de los países más desarrollados, han de cumplir no
sólo con la conservación del medio natural, sino que han de convertirse
en elemento dinamizador de las comarcas donde están ubicados, y eso sólo
se puede hacer con la integración plena en el territorio.

Unas de las competencias, a mi entender, más importantes de las propias
comunidades autónomas es la ordenación y la promoción del equilibrio en
el crecimiento del territorio. Si aplicamos la propuesta de la
administración única, a la vez que hacemos un esfuerzo para hacer más
efectivo el Estado, veremos lógico que la gestión de los parques
naturales esté en manos de las comunidades autónomas, máximas interesadas
en mantener la conservación de su entorno. En todo caso, la no
integración de un parque nacional a la red de parques nacionales del
Estado español tendría que ser en razón a su baja calidad o a que no
tiene un interés científico o cultural o de cualquier otro tipo, pero
entendemos que la exclusión en la red nunca tendría que ser porque la
gestión sea de la propia comunidad autónoma, y no del Estado, aunque
pudiese haber una colaboración en la misma.

Cataluña dispone de dos parques de interés internacional, un parque
nacional a nivel de Cataluña, que es Aigües Tortes y Lago San Mauricio, y
el Parque Natural del Delta del Ebro, parques que están reconocidos en
las más prestigiosas bibliografías técnicas nacionales e internacionales.

Los dos parques son de lo más visitados del Estado español; el primero,
el de Aigües Tortes, con más de 700.000 visitantes al año y en este
momento aplicándose ya restricciones a las visitas y, el segundo, que
sobrepasa el millón de visitantes. Ambos están incluidos en la red
europea Natura 2000. El Estado español tiene representantes en el caso
Aigües Tortes y, no obstante no los integra en la red española de parques
nacionales alegando una cuestión tan peregrina como que la gestión no
está a cargo del Estado, como si las comunidades autónomas no fuesen
también parte del Estado.

Por tanto, señora Ministra, en esa línea, a nosotros nos gustaría sugerir
varias cosas. El Estado --creo que usted ya lo ha dicho pero yo lo repito
por reafirmarlo-- debería definir las normas que debe cumplir un parque
nacional para su homologación como tal y, por tanto, integrarse dentro de
la red de parque nacionales, independientemente de quién lo gestione. El
Estado y las comunidades autónomas tendrían que colaborar en la gestión
de los mismos, estar presentes en los órganos directivos e incorporar a
la red de parques nacionales aquellos que cumplan con esas
homologaciones.

También hay otro tema que nos parece importante, que estaría en la línea
de lo que usted ha dicho al terminar su intervención, y que se refiere a
crear una oferta de parques nacionales a fin de atraer al sector del
turismo verde, lo que evidentemente ayudaría a equilibrar el déficit de
los mismos.

Por tanto, señora Ministra, tiene usted encima de la mesa la posibilidad
de dar un impulso importante a la modernización y la coparticipación de
las comunidades autónomas en la gestión de los parques nacionales. Creo
que no hay ninguna comunidad autónoma que no desee tanto como el Estado,
como mínimo, la conservación de su propio patrimonio y, por tanto, en esa
línea va a encontrar nuestro soporte.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña María
Teresa de Lara, que actúa como portavoz.




La señora DE LARA CARBO: Intervengo brevemente como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular para indicar la coincidencia de mi grupo con la
exposición de la señora Ministra de Medio Ambiente sobre la nueva gestión
de los parques nacionales.

El actual modelo de parques nacionales es, como hemos reiterado en varias
ocasiones, un modelo de gestión intervencionista, con un excesivo
protagonismo de la Administración pública, lo que no está de acuerdo con
las ideas que defendemos desde el Partido Popular. Creo que SS. SS.

estarán de acuerdo en considerar que el actual modelo de gestión puede
considerarse inoperante.

El nuevo modelo expuesto por la señora Ministra pretende la participación
real y efectiva de las comunidades autónomas en la gestión de los parques
nacionales, por lo que podría decirse que supera el planteamiento de
cogestión de la ya citada sentencia 102/1995, de 26 de junio, del
Tribunal Constitucional.

La comisión mixta del Gobierno, que integrará de forma paritaria a los
representantes de la Administración del Estado y a los de las comunidades
autónomas en cuyo territorio se encuentre enclavado el parque nacional,
asegurará esa efectiva participación de la que creo debemos felicitarnos.

Es justo y lógico que así sea; es justo y lógico que las comunidades
autónomas en cuyo término se halle enclavado el parque nacional
participen en la gestión del mismo.

También es importante destacar la componente integradora del nuevo órgano
que nos ha anunciado, consejo rector de la red de parques nacionales.

Organo que deberá tutelar la red estatal de parques, y en el que se
encuentran, asimismo, representadas las comunidades autónomas. Este
órgano garantizará la existencia de una unidad de criterios en una serie
de aspectos que hasta ahora no existían, dado que cada uno de los parques
nacionales tenía un criterio propio y no había unicidad entre ellos.

Esperemos que haya una coherencia y una homogeneidad en la gestión de la
red que garantice los objetivos generales de conservación, uso público,
investigación y educación.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos venido defendiendo la
necesidad de establecer medidas que incentiven y estimulen a los
municipios y habitantes de un espacio



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natural protegido a seguir manteniéndolo como han hecho hasta el momento
actual; es decir, hay que «premiar» --entre comillas-- a los habitantes
de una zona determinada por habérnosla legado en tan buen estado de
conservación. Hay que incentivarles para que sigan en esa tarea.

Creemos que la reducción de la presencia de la Administración en los
patronatos y el incremento de la representación social es una buena
medida para contribuir al mantenimiento de esas áreas naturales, cuya
conservación se declara de interés general de la nación.

Abandonar una política de adquisición y expropiación como exclusiva y
sustituirla por otra de incentivos y estímulos es, en opinión del Grupo
Parlamentario Popular, una buena noticia, acorde con la recomendación del
Congreso de Caracas, que se expresa que los gobiernos deben animar a los
propietarios de tierras, dentro y alrededor de áreas protegidas, a
contribuir a su conservación por medio de medidas fiscales, incentivos
financieros y asesoramiento.

Entendemos importantes y novedosos los mecanismos de esponsorización,
mecenazgo y donación, citados por la señora Ministra, así como el hecho
de que los entornos socioeconómicos de los parques nacionales asuman el
protagonismo que hasta ahora nunca han tenido, articulándose políticas
encaminadas al desarrollo ordenado de sus recursos.

Creo que nada más tengo que añadir. Deseo mostrar mi extrañeza por la
prisa que manifiesta el Grupo Parlamentario Socialista por la inmediata
resolución de una serie de aspectos, en este caso relacionados con los
parques nacionales, después de tantos años en los que han ejercido la
acción de gobierno; y felicitar a la Ministra de Medio Ambiente por ese
nuevo modelo de gestión que nos ha expuesto y que esperamos sea
beneficioso para esas zonas de la geografía española con grandes valores
medioambientales que constituyen la red de parques nacionales.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de los distintos
portavoces, tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, señorías, agradezco, en primer lugar, el tono en el que se
han pronunciado todas SS. SS., y, en efecto, creo que, por encima de
algunas diferencias, de algunos matices, de algunas preocupaciones que
incluso alguna de SS. SS. han expuesto y cuyas dudas pasaré a
continuación a tratar de disipar, en el contexto general podemos decir
que hay una cierta unanimidad en cuanto a que era necesario tomar en
consideración la actual situación de gestión de los parques nacionales.

Estoy segura de que, continuando el diálogo, podremos llegar a un
consenso en cuanto a las directrices y normas que nos demos para
gestionar dichos parques nacionales, en cumplimiento, por una parte, de
las necesidades que tienen los parques y, por otra, de esa sentencia que
hace ya un año dijo efectivamente qué preceptos de la Ley eran
inconstitucionales y por qué, y cómo estábamos en la obligación de,
cuanto antes, llegar a solucionar estas deficiencias.

En este sentido, empiezo por contestar a la señora Narbona. Yo no he
cuantificado el tiempo; la verdad es que he puesto el reloj delante, pero
no he estado cronómetro en mano y, créame, señora Narbona, y lo he dicho
claramente, que ni es el estilo de quien les habla ni, desde luego, es la
intención de la gestión del Ministerio de Medio Ambiente con tantas cosas
como hay que hacer, estar echando siempre la vista atrás y dedicándonos a
los lamentos. Yo creo, y lo he dicho en todos los terrenos en los que me
he encontrado en este recién creado Ministerio de Medio Ambiente, que es
muy importante conocer el escenario en el que nos movemos, y de nada nos
serviría ni quedarnos simplemente en las críticas ni tampoco ser tan
triunfalistas y pensar que todo está ya hecho, sino que es muy importante
conocer el sitio del que partimos para ver cuáles son las deficiencias,
cuáles son las carencias y, a partir de ahí, con la colaboración de
todos, intentar solucionarlo cuanto antes.

Me pregunta usted por los problemas de la biodiversidad e inclusive por
una estrategia nacional de biodiversidad. Señora Narbona, yo he de
decirle que, al día de hoy, lo que he encontrado en el Ministerio es que
esta estrategia nacional de biodiversidad no se había desarrollado, quizá
de una forma coherentemente planteada, debido a que no existía un
Ministerio de Medio Ambiente específico y estar las competencias que le
atañen, tan distribuidas por una parte, en un ministerio como era el
antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y, por
otra, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sabe muy bien
S. S. que aquella famosa estrategia que se denominaba Encina no llegó a
cuajar en una propia estrategia nacional, sino que existían dos caminos
paralelos, que nunca llegaron a encontrarse: lo que desde el Moptma se
entendía como estrategia nacional de biodiversidad, que parecía poco
específica de lo que entonces era el Moptma, no parecía muy propio del
Moptma, y, en cambio, lo que los del Ministerio de Agricultura
propiciaban como queriendo tener la exclusiva o la patente de que ellos
realmente sabían lo que era la biodiversidad. En cualquier caso, no hemos
encontrado más que trazos incompletos de lo que puede ser una estrategia
nacional de biodiversidad, en la que estamos trabajando y de la que he de
decirle que no solamente es responsabilidad del Ministerio de Medio
Ambiente, sino también de las comunidades autónomas.

Me pregunta S. S., si el Ministerio ya ha puesto en marcha esa red de
reservas de biosfera que, según la Unesco, convendría homogeneizar.

Señoría, estamos en ello. Me sorprende que usted, que además tuvo
responsabilidades en esta materia durante los 14 años de gestión del
Gobierno socialista, no tuviera posibilidad de preocuparse, a lo mejor,
por esas reservas de la biosfera y de pensar que había que
homogeneizarlas y que, en el espacio, que a usted le parece larguísimo
ya, de cinco meses, después de 14 años de gestión, la mayor parte del
tiempo en mayoría absoluta, nos pida haber realizado en cinco meses lo
que parece que fue difícil o imposible de cumplir en 14 años. No tenga
problema S. S., porque entendemos la importancia de la conservación de la
diversidad biológica, tan rica y tan abundante en España por otra, parte,
y precisamente por eso me lamentaba yo de que hubiera solamente un 0,3
por



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ciento de parques nacionales, no en plan simplemente de estadística,
sino, sobre todo, porque, siendo escasa esa participación del sector de
la biodiversidad en parques nacionales, entiendo que lo más grave es que
no han estado gestionados convenientemente, lo cual me lleva a manifestar
mi sorpresa, señora Narbona, cuando usted me pone como modelo de gestión
el que ha hecho la Junta de Andalucía. Yo quiero decirle, sinceramente,
que el modelo de gestión es el mismo que en los demás parques nacionales,
es decir, no se ha producido la adaptación de la Ley a la sentencia y,
por tanto, ni ha conservado ni ha participado. En ese sentido, no
encuentro ninguna excepción, sino que me parece que sigue el malhacer, el
no hacer adecuado a lo que la sentencia del Tribunal Constitucional nos
está exigiendo a todos. Inclusive se ha modificado, como muy saben SS.

SS., dos veces la ley andaluza. Sin embargo, quiero decirle más. Siendo
precisamente la misma administración socialista, la Administración
central y la Administración de la comunidad autónoma no llegaron nunca a
ponerse de acuerdo sobre el nombramiento, en cogestión, del director del
Parque de Doñana.

Aún hay más cosas. Usted sabe muy bien que una organización no
gubernamental, conservacionista de la ZEPA, ha intentado, por la mala
gestión de la Junta de Andalucía en los temas referentes al Parque de
Doñana, incluso llevar ante la Unesco la desclasificación de Doñana como
reserva de la biosfera y como patrimonio de la humanidad. Y esto no es
precisamente por la buena gestión, sino más bien por todo lo contrario.

Esto debe hacernos reflexionar a todos sobre que no es cuestión ya de
mirar atrás, ni de buscar más culpas. Hay una realidad que es en la que
estamos. Es el momento para empezar con muy buena disposición, como la
que yo creo que estoy encontrando esta mañana por parte de SS. SS., y ver
qué es lo que a todos nos corresponde y qué es lo que debemos empezar a
hacer cuanto antes.

Le preocupa muchísimo a S. S. el presupuesto. La verdad es que ustedes
durante su administración estaban excesivamente pendientes y absortos por
el presupuesto. Un presupuesto que, por más billonario que fuera, nunca
les alcanzaba. Me sorprende que piense S. S. que simplemente es cuestión
de aumentar y aumentar la cuantía que se dedique a reservas de la
biosfera, la cuantía que se dedique a incentivar recursos humanos o a
tipos de infraestructuras.

Señorías, el Presupuesto General del Estado no puede crecer
ilimitadamente. Yo creo que la capacidad de presión fiscal, a la que
hemos estado sometidos los españoles, ha tocado ya su techo. Creo que es
hora de pensar que, dentro de lo que ingresa el Estado, de lo que se
trata es, primero, de gestionar mejor. Por tanto, no es cuestión de
cuantificar cuántos millones más de pesetas se van, ya no digo a gastar,
sino a malgastar.

A S. S. le preocupa el presupuesto y tendrá buena cuenta de él cuando se
presente en su fecha, como se hace siempre, a finales de mes, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Acompañamiento que está
prácticamente ultimada, yo diría que cerrada, que aprobaremos
próximamente en el Consejo de Ministros y que será presentada a su debido
tiempo ante esta Cámara.

A partir de ahí podremos tener todos los debates que S. S. quiera sobre
cada una de las partidas que este Ministerio va a aplicar a cada uno de
los programas. Le aseguro que van a existir esos fondos en los capítulos
1 y 2 para que nadie se quede sin poder cobrar, como ha ocurrido en este
momento y le preocupaba tanto a S. S., tanto sus nóminas los trabajadores
de contrato laboral o, como, inclusive, que haya habido que cortar los
teléfonos por que no había dinero para pagarlos, que es la situación que
nos hemos encontrado. Vuelvo a repetir que no es porque se haya dedicado
poco dinero, sino porque se ha gastado mucho y se ha gastado mal.

Por tanto, no pretendemos ni seguir gastando más, ni hacer un ranking
para ver quién invierte más, sino para ver quién invierte mejor. Por
consiguiente, no hay que juzgar a una nueva administración por la cuantía
que, a priori, va a dar, sino, cuando termine un año, por la gestión que
ha realizado en cuanto a la cuantía que haya aplicado y dentro de un
criterio completamente distinto. En ese criterio entramos señoría, en lo
que le preocupaba de las infraestructuras o de la financiación
complementarias.

Su señoría está excesivamente acostumbrada a ello, aunque luego le
sorprende cuando hablo de la administración intervencionista. Si quien
les habla en este momento tuviera los mismos criterios a la hora de
establecer directrices y normas en exclusiva y de manera prepotente desde
la Administración, comprendería la preocupación de S. S. porque debería
pensar, según su estilo de gobierno, que desde la Administración central
se van a imponer ya un tipo de gestión y un tipo y modelo de
financiación. Lo que yo he dicho, y me remito al «Diario de Sesiones», es
precisamente cómo se va a cogestionar y cómo las comunidades autónomas
van a tener toda la participación, incluso en esa distribución de fondos
que se va a asignar a cada una de ellas.

Por tanto, no es la Administración central la que va a decidir esa
financiación complementaria ni esas ideas creativas de financiación
extrapresupuestaria que tienen que coadyuvar, que tienen que aligerar, la
tan cargada ya presión de unos Presupuestos Generales del Estado que no
pueden estirarse más que lo que realmente dan de sí.

Por tanto, todos los sectores implicados en esa situación, que usted muy
bien ha recogido, que yo he expresado de participación paritaria, de
mutuo acuerdo, decidiremos en esas comisiones cuáles serán esos modelos
de financiación extrapresupuestaria, de financiación privada, que pueden
darse como complemento a lo que tiene que ser una atención prioritaria
del servicio público que tienen que dar los parques nacionales, por tanto
del uso público a que están destinados y de la financiación
presupuestaria que el Estado va a dar a los parques nacionales.

Le preocupa a S. S. también lo de las infraestructuras complementarias.

Quiero decirle, señoría, lo mismo que comentaba a continuación: Nunca más
una actuación unilateral, como hacía la Administración del Estado
anterior, va a decidir cómo se va a gestionar cada parque nacional ni qué
infraestructuras complementarias se van a imponer en un parque nacional,
tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. Yo no sé si habrá más
teleféricos o menos. Lo que sí



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le puedo garantizar, señora Narbona, es que lo que nunca va a ocurrir es
que el Estado promueva urbanizaciones de lujo, como se han promovido en
el entorno de Doñana, rectificando, incluso, como usted sabe el PDTC, el
Plan Director Territorial de Coordinación en 1988 para la costa de Doñana
y recientemente, en estos días pasados del mes de septiembre, año 1996,
con la desclasificación de Sanlúcar de Barrameda. Le garantizo, señora
Narbona, que esto es precisamente lo que nos parece contradictorio y
contraproducente ante esa preocupación que S. S. siente por la
conservación de la biodiversidad.

La cogestión, señora Narbona, va a llevar a esta gestión y a esta
inversión en la situación paritaria que he comentado. En cuanto a ese
diálogo bilateral que usted está enunciando, y que dice que no se ha
tenido con todos los consejeros, le vuelvo a decir a S. S. que le han
quedado ciertos tics de 14 años de Gobierno, porque yo he recibido ya a
todos los consejeros que me han pedido una entrevista, tanto de la parte
de obras públicas como de medio ambiente, y le aseguro que no todos han
sido del Partido Popular, sino que han sido de las diecisiete comunidades
autónomas que existen en el territorio español. Esto se hizo bastante
antes del verano. Ahí me plantearon cada uno de ellos sus problemas,
tanto en medio ambiente, de una manera específica, como en lo relacionado
en medio ambiente con política hidráulica o de costas, y hemos empezado
esa colaboración que evidentemente no ha producido unos frutos concretos,
en la primera reunión que celebramos antes del verano en la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, en la que lo que hicimos, señora Narbona,
fue crear la adaptación que exige la nueva estructura administrativa del
Estado que crea un Ministerio de Medio Ambiente, ya que esa conferencia
sectorial no depende ya de una Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sino de un Ministerio de Medio Ambiente, lo que exige una adaptación
orgánica, que es lo que hicimos en esa reunión, y en aras a ese diálogo
que S. S. propugna que hagan otros --quizá ella no lo hacía, nosotros lo
hemos hecho-- no se les ha impuesto ni siquiera un reglamento de
desarrollo, sino que antes de la segunda reunión, que celebraremos
próximamente, van a ser los propios consejeros, los propios integrantes
de esa conferencia sectorial, los que terminen de delimitar incluso las
reformas del reglamento de desarrollo de esa conferencia sectorial,
respecto al cual sí manifestaron que no estaban muy conformes.

Precisamente por eso no se les ha impuesto cuáles van a ser los grupos de
trabajo, ni lógicamente se ha podido empezar a trabajar porque estamos en
esa fase previa de consolidación y de adaptación de esa conferencia
sectorial de medio ambiente.

Por la misma razón, señoría, tenemos no solamente esa Comisión Nacional
de Conservación de la Naturaleza, que no dudo que hubiera estado
trabajando y muy sensiblemente para la adaptación a la sentencia, pero lo
cierto es que pasó un año y la adaptación de la Ley a la sentencia no se
ha producido, por mucho y muy bien que haya trabajado dicha Comisión.

Nosotros sí que estamos ahora mismo en disposición de presentar, previo
debate en la conferencia sectorial, y también señoría en el CAMA, en el
Consejo Asesor de Medio Ambiente, un anteproyecto de ley a esta Cámara
que adapte la Ley de Espacios Naturales a la sentencia del Tribunal
Constitucional, para que también en el Parlamento tengamos los debates
pertinentes y que lo más pronto posible, y espero que pueda ser durante
el mes de octubre, tengamos esta ley cuya presentación les he anunciado
al final de mi intervención.

Estoy completamente de acuerdo con usted en que no se trata de inventar
nada. Aquí nadie ha venido a inventar nada. Los parques nacionales están
inventados, señoría, desde hace ya más de cien años. Celebro muchísimo
que
S. S. entienda que lo que he venido a hacer es un relato de lo que habría
que hacer. En cualquier caso, usted tuvo ya sus responsabilidades,
seguramente, como ha comentado hoy, sabía muy bien lo que había que
hacer, pero no voy a juzgar las razones por las cuales ustedes no lo
pusieron en marcha y no lo hicieron. Permítame que yo no asuma, y se lo
diré luego también al señor Frutos, responsabilidades que no se asumieron
por administraciones anteriores. En cambio sí les pido ese voto de
confianza de que si hoy he venido a exponer a petición propia, porque
considero que es importante dedicarnos a esta adaptación que requiere la
gestión inminente que hay que hacer, para que tenga coherencia y
eficacia, sobre los parques nacionales, permítanme por lo menos la
posibilidad de desarrollarlo, como ya estamos empezando a realizar en
estos pocos meses que llevamos al frente del recién creado Ministerio de
Medio Ambiente.

Le preocupa también a S. S., cómo se van a potenciar las actividades de
educación ambiental. Vuelvo a reiterarle que todo ello forma parte de un
contexto de cogestión y de coparticipación. No va a ser el Ministerio
quien decida en exclusiva cómo se va a hacer este tipo participación, me
refiero a los parques nacionales, en cuanto a la educación ambiental. Sí
dije el primer día que es un tema prioritario de quien les habla el que
como hemos entrado ya, lo queramos o no, en una era medioambiental, es
imprescindible educarnos para saber vivir y convivir dentro de ella. Esto
está requiriendo una educación específica que entendemos que no se ha
producido en España hasta ahora y que hemos dicho que, en parques
nacionales, también empieza en la escuela. En la medida en que tengamos
constituida esa red estatal de parques nacionales para que funcione con
una coordinación, le garantizo a S. S. que a través del Ceneam y sin un
despilfarro de medios económicos, con campañas que se puedan hacer a
través de los colegios, podremos sensibilizar a la población desde los
primeros años de su vida sobre lo que la naturaleza nos ha dotado en
España, en cuanto a esta riqueza en la biodiversidad, que tenemos todos
la obligación de conservar, proteger y desarrollar.

Tengo la impresión de que al señor Frutos, a quien le empezaba sonando
muy bien la música, a lo largo de la exposición también le sonaba
bastante bien la letra, porque su intervención ha coincidido en gran
medida con lo que hemos propuesto como nueva gestión de parques
nacionales. Sin embargo, quiero decirle que no se encierre en esquemas un
tanto obsoletos de privatización frente a uso público. Nadie ha hablado
de la privatización de los parques nacionales. Es más, me he referido a
la responsabilidad que tiene el Estado.




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Recordaba el señor Frutos la necesidad de tener una ley de carácter
general. Si lee la intervención que he tenido al principio de esta
comparecencia, se va a dar cuenta de que precisamente lo que me propongo
es potenciar esa red estatal de parques nacionales, porque considero que
es al Estado a quien le corresponde en primera instancia lograr esa
conservación de la naturaleza protegiendo los parques nacionales. Por lo
tanto, potenciaremos esa red estatal de parques nacionales. Ya he dicho
cómo va a funcionar a través de ese consejo rector de la red en la que,
siendo responsabilidad del Estado, soy muy consciente de que el Estado
que todos nos dimos voluntariamente en un referéndum en el año 1978, por
el que España es un Estado de las Autonomías. Cuando hablo de la
responsabilidad del Estado, simultáneamente añado la responsabilidad
compartida del Estado en un Estado de las Autonomías. Por tanto, incluso
en el consejo rector de la red, es decir, en esa imagen de marca a la que
usted se refería, de logotipo, de los uniformes, de lo que es realmente
una imagen de marca de una red de parques nacionales, también van a estar
involucradas las comunidades autónomas en esos dos niveles que le decía
antes de participación. Por una parte, de participación en la red estatal
de parques nacionales, definiendo los criterios generales de lo que
entendemos debe ser la red estatal, y, por otra, gestionando más
directamente, a través de las comisiones mixtas, cada caso concreto, que
tendrá especificidades en función de los ecosistemas a proteger y de las
características de cada parque nacional. Por tanto, ni siquiera la
composición de todos los patronatos nacionales podrá ser uniforme, en la
medida en que unos parques, por sus características, requerirán de la
presencia de algunos sectores que no tendrán que estar inmersos en otros
patronatos. Por tanto, desde la generalidad de lo que tienen que ser esas
directrices de cara a una proyección pública y a esa vinculación de los
ciudadanos a los parques nacionales, nos vamos a encontrar con la
participación del Estado y de las comunidades autónomas.

En esta línea reitero lo que le decía a la señora Narbona. No se preocupe
porque nadie vaya a imponer de forma unilateral ni siquiera la
financiación extrapresupuestaria o la financiación complementaria. Va a
ser de común acuerdo, como ya he expresado, como decidamos qué tipo de
financiación complementaria podemos darnos.

Permítame que le diga que, puesto que España no es un estado federal, no
veo la necesidad de iniciar, para complicar más las cosas y meternos en
un debate que nos llevaría a no gestionar como se merecen y urge en este
momento los parques nacionales, un debate sobre la gestión federal de los
parques nacionales. Dejémoslo tal y como hemos empezado a esbozarlo, que
es lo propio de un Estado de las Autonomías, pero no hablemos de
gestiones federales de los parques nacionales, tema que no comparto y que
nos llevaría a un debate, sin duda interesante, pero que no tiene
relación con la gestión concreta que requieren con urgencia estos parques
nacionales.

Me pregunta concretamente por algunos de los parques nacionales y cuál es
su situación actual. Con referencia a los Picos de Europa...




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, le ruego que acelere un poco,
porque si no vamos a tardar y tenemos más puntos que tratar.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor Presidente, pero quisiera contestar a todas las
preguntas, no crean SS. SS. que quiero dejarme nada en el tintero.

Con relación a los Picos de Europa, nunca han estado las administraciones
de las comunidades autónomas tan cerca de la Administración Central no
sólo para sensibilizarse, sino para encontrar soluciones concretas a la
gestión del importante Parque Nacional Picos de Europa. No me comprometo
a que la única solución posible sea cambiar la ley, ni reducir los
espacios ni ampliarlos, sino que será más bien estableciendo un correcto
plan rector de uso y gestión y llevando a la realidad práctica la
adaptación de la Ley a la sentencia como encontraremos esa solución muy
inmediata a la gestión de los Picos de Europa.

En cuanto a las Tablas de Daimiel, diré que junto con los Picos de
Europa, este parque nacional tampoco tiene un plan rector de uso y
gestión, y tendremos que ser muy conscientes de que hay que ponerlo en
marcha. Como usted apuntaba, su solución definitiva tiene que pasar
necesariamente por la recuperación de ese acuífero. Lo que ocurre es que
mientras de forma natural no se pueda recuperar, y creo que
lamentablemente ni a corto ni a medio plazo lo vamos a conseguir,
tendremos que seguir haciendo aportaciones artificiales de agua,
fundamentalmente a través del trasvase Tajo-Segura. En cualquier caso,
sepa que estaremos muy pendientes de las actuaciones y ejerceremos un
control y una tutela de todas las extracciones que se han venido haciendo
para que la situación de las Tablas de Daimiel pueda mejorar.

Me pregunta S. S. por la situación de parques como Monfragüe y otros.

Quiero decirle que estamos en la línea de, primero, consolidar los
parques que ya tenemos y, segundo, de poder hablar de una ampliación.

También he de decirle que en la medida en que estos parques representan
unos ecosistemas cuyas características ya están incluidas, a mi juicio,
en la propia red estatal de parques nacionales, quizá en las prioridades
que establezcamos, llegado el momento de ampliar la red estatal de
parques nacionales, podamos pensar que es más importante incorporar
sistemas esteparios que no están incluidos o, incluso, pensar en estudiar
con más profundidad la plataforma atlántica. En cualquier caso, todo irá
por sus pasos. No tenemos ninguna urgencia en ampliar la red estatal de
parques nacionales sino más bien en gestionar mejor lo que ya tenemos
como red estatal.

Al señor Companys le agradezco mucho sus palabras y su generosa oferta de
colaboración. Efectivamente, ha enjuiciado muy bien el problema como yo
decía en la primera parte de mi intervención, sobre la distancia, en la
toma de decisiones, lo que yo he llamado excesivo intervencionismo, el
aliciente que los parques nacionales tienen que tener para todos los
ciudadanos y para los pueblos del entorno. Es decir, sentirse orgulloso,
como pasa en otros países del mundo, que es todo lo contrario de lo que
ha



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ocurrido en España, donde se ha producido siempre un rechazo. Eso ha
hecho que ni esté bien consolidada nuestra red de parques nacionales, ni
siquiera haya ganas por parte de nadie de ampliar los parques nacionales.

Por tanto, sin inventar nada, sino poniendo en práctica los instrumentos
que tenemos ahí, empezando por los jurídicos, de cogestión y dando esa
participación real a todas las comunidades autónomas, en primer lugar,
vamos a conseguir no solamente que no estén descontentos, sino involucrar
a todos esos pueblos del entorno porque verán que las actividades no van
a ser limitadas más allá de lo que realmente se necesite --y ellos son
conscientes-- para conservar la riqueza de esa biodiversidad. En segundo
lugar, su modo de vida no se va a disminuir, sino que van a encontrar
otros modos de vida complementarios. En tercer lugar, la propia acción,
el propio desarrollo en cuanto a turismo rural que pueden tener también
esos parques nacionales les va a hacer sentirse a ellos partícipes,
inclusive, en la creación de nuevos puestos de trabajo.

Creo que no existen contradicciones, como usted planteaba, señor
Companys, en la medida en que seamos escrupulosos en lo que entendemos
por cogestión. Es posible que aquí tengamos que hablar con un poco más de
calma, porque usted ha definido muy bien --y así lo vamos a hacer también
en nuestro proyecto de ley-- lo que entendemos por una red de parques
nacionales y, por tanto, cuándo un parque nacional reúne las
características y criterios para estar involucrado en una red estatal,
pero quizá aquí lo que ya no podamos compartir es ese «con independencia
de quien lo gestione, el Estado o las comunidades autónomas». Yo no pongo
la disyuntiva, puesto que soy muy escrupulosa con la Constitución y con
la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, en la medida en que
no se plantea esa disyuntiva, sino que muy claramente esa sentencia nos
habla de cogestión, quizá yo tenga clara esta duda que plantea el señor
Companys no porque me la invente, sino sencillamente porque además como
jurista quiero ser muy escrupulosa en el respeto nada menos que de la
Carga Magna y de una sentencia que ya ha declarado nulos algunos
preceptos de una Ley que incumplía algo de lo que S. S. podría estar
criticando en este momento. Por tanto, esa participación de las
comunidades autónomas va a ser plena y créame que la representación del
Estado va a estar ahí presente, pero siempre entendiendo la colaboración
de las comunidades autónomas.

Termino, señor Presidente, agradeciendo a la señora De Lara, portavoz del
Grupo Popular, sus palabras en cuanto a haber sabido entender que
efectivamente lo que pretendemos con la ayuda de todos, no solamente de
los políticos, sino administraciones implicadas y sectores afectados, es
transmitir una línea de coherencia y homogeneidad en esa gestión;
homogeneidad que no va a querer decir uniformidad en la gestión de todos
los parques nacionales, porque reitero que cada uno tendrá unas
especificidades que tendremos que contemplar a través de sus
composiciones concretas, de las comisiones mixtas o de los patronatos. En
esta línea daremos cada vez mayor participación a los pueblos, a los
sectores afectados, desde una política de educación y de cambio de
mentalidad que creemos que es muy necesaria con relación a los parques
nacionales..




El señor PRESIDENTE: Aquí terminaría la comparecencia de la señora
Ministra. Sin embargo, hemos establecido la costumbre de que los
portavoces que lo deseen puedan intervenir durante un máximo de tres
minutos, no como un turno de réplica sino simplemente para señalar alguna
insatisfacción --e insisto en que ahora voy a ser muy estricto en los
tres minutos--, doy la palabra a la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: La señora Ministra ha dicho que no quería emplear
su tiempo quejándose o lamentándose de la situación heredada, pero la
verdad es que ha utilizado la réplica, al menos en lo que se refiere a
las respuestas que me ha dado, no tanto para contestarme a algunas cosas
--no me ha dicho nada sobre Santoña, ni sobre las Salinas de Ibiza, ni
sobre el mecanismo de financiación, para el cual parece que tenemos que
esperar todavía a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos--, sino
para reiterar todos los males del infierno con los que se ha encontrado.

Señora Ministra, usted habla de la conferencia sectorial de una forma que
creo que los consejeros, incluso los del PP, no se merecen. La
Conferencia Sectorial del Medio Ambiente ha dependido hasta ahora del
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, no de una
secretaría de Estado. Usted me dirá que eso no era un ministerio de medio
ambiente, pero yo le puedo decir que entonces la Ministra de Educación y
Cultura o lo es sólo de educación o sólo de cultura; de las dos cosas
parece ser que no es posible.

Desde luego, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente no sólo tenía un
reglamento aprobado por unanimidad en su momento, sino que por unanimidad
aprobó tres planes nacionales --residuos peligrosos, descontaminación de
suelos y depuración de aguas residuales--, que ustedes tienen
completamente paralizados y de los cuales no ha hablado en la primera
reunión que ha tenido con los consejeros antes del verano. Usted ha
tenido reuniones bilaterales con los consejeros, pero yo hacía mención
exclusivamente al contenido, insuficiente de acuerdo con las
manifestaciones de los consejeros, de una reunión en la que, por ejemplo,
el texto del proyecto de ley de envases tampoco le pareció a S. S. objeto
de un necesario acuerdo.

Quiero decirle que ustedes en cinco meses de Gobierno ya han demostrado
cuál es su forma de gobernar, de manera preferente por decreto-ley. No
haga lo mismo con materias en las que existen instrumentos en los que
ustedes no han creído. Porque usted me habla de urbanizaciones de lujo,
señora Ministra, pero no se olvide de que el Parque de Doñana se vio
amenazado por la urbanización Costa Doñana que tenía el voto positivo del
Partido Popular y el voto negativo del Partido Socialista, gracias al
cual, afortunadamente, no se hizo Costa Doñana, y si no me ha contestado
sobre Santoña y sobre Ibiza, a lo mejor es porque también hay algunas
contradicciones con el Partido Popular, que gobierna en esas comunidades
autónomas.




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A usted no le gusta lamentarse, pero cuando se le pregunta lo que llevan
hecho en estos cinco meses, a la señora De Lara le parece que tenemos
mucha prisa, pero desde luego está claro que el concepto de prisa en
materia de política ambiental es distinto entre este grupo y ustedes,
puesto que el Grupo Popular ha presentado una enmienda para que no se
cree una comisión de medio ambiente hasta que no se acaben los trabajos
de reforma del Reglamento de la Cámara. Estoy convencida de que el
concepto de tiempo en la aplicación de la política ambiental es algo en
lo que no vamos a coincidir, señora Ministra.




El señor PRESIDENTE: El señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Por los tres minutos.

No dudo de la buena fue conservacionista y hasta políticamente ecologista
de cada uno de nosotros. Me parece que de forma natural e individualmente
estamos aprendiendo lo que ocurre en el mundo. Lo que pasa es que el
problema aparece cuando chocan concepciones diferentes. Señora Ministra,
creo que si lleva hasta las últimas consecuencias lo que ha dicho hoy
aquí en esta comparecencia tendrá algún choque quizá importante con
alguna de las comunidades autónomas que están dirigidas o gobernadas por
el Partido Popular, porque ya hay elementos concretos en relación a esto.

Yo le he hablado de Cantabria, de Castilla y León y de Asturias, que son
elementos concretos, no me los invento, están encima de la mesa y cuyas
posiciones diferenciadas tendremos ocasión de ver en el futuro.

Ya sé que muchas veces el poder es una máquina que tritura las mejores
intenciones y hasta lo necesario y posible de realizar en cada momento y
nuestro deber, el mío, es controlar el poder para que no caiga en
demasiados desafueros. Yo los veo en este momento. Ni mi Grupo ni yo --mi
Grupo menos que yo-- nos encerramos en esquemas obsoletos entre
privatización y público, pero es que cuando hay determinadas políticas
que en todos los campos de la vida --económico, social, ambiental,
etcétera-- intentan privatizar hasta el aire, vale la pena estar atentos
a lo que está ocurriendo en este momento concreto. Luego hablaremos del
tema del agua, pero no está mal tener la mosca detrás de la oreja de
forma permanente, porque hay que estar alerta sobre temas que se han
planteado.

He preguntado algunas otras cuestiones a las que no me ha contestado,
pero entiendo que ha sido porque el Presidente la ha empujado a que
actuara deprisa. En todo caso estaremos detrás de todo esto.

En relación a los Picos de Europa --y para terminar-- usted ha dicho que
nunca han estado tan cerca comunidades autónomas y Administración
central. Si realmente se ha estado tan cerca empiezo a temblar y vamos a
tener ocasión de debatir eso, porque nosotros detectamos sobre el
terreno, no desde aquí, intencionalidades diferentes a algunos de los
enunciados que ha hecho usted. Volveremos a ello, porque no quiero
reiterarme.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para contestar, la señora
Ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga). Señor
Presidente, es lógico que si S. S. abre el capítulo de insatisfacciones
--la portavoz del Grupo Socialista ha terminado su intervención diciendo
que como tenemos un concepto distinto de política de medio ambiente no
vamos a coincidir nunca-- se nos vaya el tiempo, porque el capítulo de
insatisfacciones puede ser realmente eterno. En cualquier caso, señora
Narbona, puedo asegurarle que si no le he contestado a lo de Santoña e
Ibiza no ha sido nada más que porque no había tomado nota o lo he pasado
por alto. Da la casualidad que, como sabe S. S., conozco especialmente el
caso de Santoña y, por lo tanto, estoy preocupada no solamente como
cántabra sino además como Ministra de Medio Ambiente porque es mi
responsabilidad. Sabe S. S. que una de las primeras actuaciones que tuve
que desarrollar fue trasladarme a Santoña para ver cuál era la situación
de las marismas de Santoña. Como sabe S. S., y desde luego no por
responsabilidad de quien les habla sino por responsabilidd de la
Administración anterior, tampoco se pusieron de acuerdo todos los
sectores afectados para cumplir una sentencia del año 1993. Y yo
comprendo que le moleste que se recuerden hechos, tiene que sentirse muy
insatisfecha. El alcalde que más pegas pone en este momento para que se
solucione y se cumpla la sentencia del año 1993 da la casualidad que
sigue siendo un alcalde del Partido Socialista, el de Santoña. Por tanto,
nuestra primera preocupación ha sido ver de qué forma se puede cumplir la
sentencia del año 1993 antes de que nos pueda caer una segunda sentencia,
y ésta ya sería mucho más peligrosa puesto que tendría unas
consecuencias, quién sabe si a lo mejor económicas, muy graves para todo
el Reino de España. Porque sabe usted que, aunque la responsabilidad de
la actuación no es de la Administración central, la responsabilidad del
pago de esa posible multa sí sería de todo el Reino de España. Tuve mucho
cuidado de ver cuál era la situación. Y estamos en la línea de actuación
concreta, de cambio de actitud de las administraciones municipales
implicadas, sean del partido político que sean, y la Comunidad Autónoma
de Cantabria. De hecho, hemos presentado reformas ante la Unión Europea,
y en este momento, como sabe S. S., hemos conseguido sacar de ese orden
de preocupaciones prioritarias de la Comisión de la Unión Europa el tema
de las marismas de Santoña. Creo que esto es favorable, por lo menos nos
está permitiendo trabajar muy concretamente, y en esta línea vamos a
cumplir la sentencia, trasladando en su debido momento la responsabilidad
y la competencia a quien tiene que tenerla, según dice la sentencia, en
esta misma línea de actuación. ¿Qué significa esto? Significa que no
podemos transferir la gestión de las marismas exclusivamente a la
comunidad autónoma sin que nos hayamos puesto de acuerdo para que se haga
de manera tan simultánea que el espacio protegido, que es lo que nos
interesa realmente, quede, aunque sólo sea eventualmente, sin una
protección específica. Esa es la razón por la que, cuando pongamos en
marcha esta adaptación de la sentencia a la ley, estará incluido el caso
de las marismas que usted cita y con un pleno acuerdo con



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las comunidades autónomas que tengan que hacerse cargo de la
responsabilidad de las mismas.

El mecanismo de financiación. Le vuelvo a reiterar que no se trata de
mirar para atrás, pero es una realidad que ha vivido de esos ticks de que
la financiación se impone y las directrices se imponen. Usted se ha
quedado decepcionada de que yo no haya venido a imponer un modelo de
financiación. Yo digo que vamos a tener ocasión de decidir cuál va a ser
el modelo de financiación complementaria, y uno irá recogido en la ley de
medidas de acompañamiento, evidentemente, y sobre todo en la parte de
inversión de obra pública e hidráulica. Otra cosa muy distinta es la
financiación complementaria que podamos dar a los parques nacionales,
que, vuelvo a reiterarle, no va a ser ni prerrogativa ni decisión
unilateral de esta Administración. Por tanto, usted también va a poder
aportar esas ideas, sean nuevas o no lo sean --eso a criterio de cada
uno--, para ver cómo podemos aliviar unos Presupuestos Generales del
Estado que a lo mejor no pueden sufragar todas las necesidades que en un
determinado momento puedan tener los parques nacionales.

La Conferencia Sectorial del Medio Ambiente. Señoría, le reitero
sinceramente, sin ningún alarde de orgullo, de satisfacción personal ni
siquiera ministerial --y no soy nada triunfalista--, que el balance de lo
que se ha puesto en marcha en estos cinco meses al frente del Ministerio
de Medio Ambiente es bastante positivo. Yo no sé qué es lo que habrán
podido contar los consejeros a S. S. La verdad es que allí hubo un
consenso, inclusive de los consejeros del Partido Socialista, en darnos
este tiempo del mes de agosto, se aprobara o no por unanimidad el
reglamento --han sido los consejeros los que han pedido revisarlo y se va
a hacer-- de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, y en la próxima
reunión que tendremos dentro de poco será cuando se acuerde ese
reglamento y se creen las comisiones de trabajo, que son las que, en
definitiva, tienen que dar juego a esa Conferencia Sectorial.

Quiero decirle, señora Narbona, que no ha sido técnica ni táctica ni
instrumento de este ministerio el acudir al decreto-ley; que lo único que
hemos aprobado ha sido un proyecto de ley, que está en la Cámara, para
debatir la Ley de Envases. Si S. S. entiende que no se ha negociado o no
se ha acordado con la Conferencia Sectorial es porque usted mejor que
nadie sabe que había 15 borradores ya encima de la mesa, que todos los
acuerdos estaban ya absolutamente tomados porque era el desacuerdo
absoluto y que por otros 15 borradores que hubiéramos sido capaces de
elaborar no hubiéramos conseguido un consenso unánime de todos los
sectores afectados. Lo que decidimos fue, llegado el momento, tomar esa
decisión política, escuchados como lo habían sido por S. S. No se queje
ahora de que hemos escuchado todo lo que habían trabajado ustedes. Seamos
también un poco coherentes. Si ustedes habían trabajado y habían
elaborado 15 borradores y conocíamos muy bien cuáles eran las posturas de
cada parte, hemos optado --decisión política-- por transcribir
literalmente la directiva comunitaria, y aquella parte en la que había un
disenso, como podía ser la supresión del PVC --no hay ningún país de la
Unión Europea que lo haya suprimido--, incluirla en una consideración,
como usted verá en su momento --y sometido al debate queda, puesto que es
un proyecto de ley--, existiendo la posibilidad de que creando una
comisión mixta se adecuen las características del PVC, viendo si son o no
peligrosas y cómo se debe actuar en cualquier caso.

Señor Frutos, yo comparto con usted que estamos aprendiendo todos --y
desde luego yo creo que es bueno reconocer eso, que el aprendizaje no
termina nunca--, y ante la naturaleza aprendemos y nos maravillamos
todos. Por tanto, creo que todas las aportaciones de S. S. serán bien
recibidas y no tenga ningún miedo, señoría, en que el poder triture la
buenas intenciones. En este caso concreto, ese poder en los parques
nacionales va a ser un poder compartido. Por tanto, usted y yo, sus
representantes y los del Ministerio y los de las comunidades autónomas,
todos seremos corresponsables en esa parcela de poder para gestionar de
la mejor manera posible los parques nacionales, y estoy segura que con
buena voluntad lo haremos.

No quiero entrar en un dabate que me parece mucho más económico, un
debate apasionante, por otra parte, sobre qué son esquemas obsoletos para
mí. Me refería a que eran obsoletos los esquemas público y privado cuando
se enfrentan. Pienso que no son incompatibles, y ése es el que me parece
un planteamiento obsoleto. Pero digo que es un debate mucho más económico
que el que nos ocupa en este momento.

Señor Frutos, no le voy a pedir fe en cuanto a los Picos de Europa, pero
por lo menos sí una esperanza de que lo que hasta ahora no se ha hecho no
ha sido responsabilidad de quien les habla. El descontento de los
representantes de las comunidades autónomas le aseguro que está en vías
de resolverse en la medida en que hemos hablado ya con todos los
presidentes y consejeros de comunidades autónomas, y creo que esta
posibilidad de cogestión va a dar satisfacción a todos en la medida en
que tengamos un plan rector de uso y gestión como se merecen los Picos de
Europa.




El señor PRESIDENTE: Yo sigo creyendo que este turno último, aunque sea
corto, es muy bueno porque se dicen cosas muy interesantes que no se han
comentado en las primeras intervenciones.




--EXPLICAR SUS LINEAS DE ACTUACION INMEDIATA EN POLITICA HIDRAULICA Y DE
COSTAS. A PETICION DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000088.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en la segunda comparecencia de la
Ministra de Medio Ambiente ante la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente, para explicar sus líneas de actuación inmediata en política
hidráulica y de costas, a instancias del Grupo Socialista.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señorías,
decía la señora Narbona en



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la comparecencia anterior poco menos que el Grupo Popular no quería la
creación de una comisión específica de medio ambiente, dando a entender
que de esta forma había menos trabajo en la Comisión de Medio Ambiente o
que la Ministra tendría menos ocasiones de comparecer ante esta Comisión
de Infraestructuras y Medio Ambiente.

En el caso de que alguno de SS. SS. no tenga el calendario parlamentario
en sus manos, y me someto a los antecedentes en el Parlamento de cuántos
ministros, en el período tan escaso de 24 horas, han desarrollado tres
comparecencias --porque, a continuación, tenemos la de política de
costas-- en una mañana en el Congreso de los Diputados, dos
interpelaciones curiosamente sobre las mismas materias esta tarde en el
Senado, dos preguntas, una en el Senado y otra mañana, del mismo grupo y
sobre el mismo tema, en el Congreso de los Diputados, y posteriormente,
otra interpelación más, también mañana y sobre el mismo tema. Quiérese
decir que voy a tener la ocasión de pronunciarme y, sin duda --lo aviso
ya--, defraudaré a algunas de SS. SS., porque comprendan que, tengamos o
no el mismo concepto de velocidad, o de prisa, o de acción, en el
Ministerio, lo que sí les puedo asegurar es que, por mucho y muy bien que
trabaje cualquier ministerio, en el período de 24 horas, en el que no ha
habido más tiempo que para comparecer en el Congreso y en el Senado, por
ejemplo, para explicar la política hidráulica tres veces, más dos
preguntas, les garantizo que pocas modificaciones y pocas reformas podré
anunciarles como espectaculares desde esta mañana hasta esta tarde y
hasta mañana otra vez repitiendo la misma comparecencia, porque, créanme,
no va a haber tiempo de hacer muchas reformas en este escaso plazo de 24
horas. Por tanto, a quienes tienen miedo de que, a lo mejor, quien les
habla en este momento lo que quiere es no comparecer, tengo que decirles
que las comparecencias que voy a tener en todo el día de hoy en el
Congreso y Senado y mañana en el Congreso son casi para figurar en el
Guinness, aunque, dese luego, las asumo con mucho gusto.

La comparecencia que se me pide esta mañana es sobre las líneas de
actuación inmediatas en política hidráulica y política de costas. La
verdad es que, como les digo, agradezco mucho este interés reiterado de
SS. SS. por los criterios que van a guiar la política hidráulica del
Ministerio de Medio Ambiente. Yo recuerdo, señor Presidente, señorías,
que en mi primera comparecencia en esta Cámara, a los 23 días de mi toma
de posesión, ya les manifesté que el problema del agua en España --un
bien social y esencial para la vida, un bien económico que de una y otra
forma condiciona el desarrollo de los habitantes-- lo íbamos a abordar
desde el ministerio con un carácter prioritario dentro de las múltiples
competencias que abarca el Ministerio de Medio Ambiente.

El agua, un recurso limitado aunque renovable, inagotable pero sometido a
límites de cantidad y de calidad, por su irregularidad en el tiempo y en
el espacio, nos lleva a plantearnos, desde un punto de vista también
político, como objetivo prioritario la eficiencia de su utilización, para
lo que desde el principio nos trazamos como un gran reto de nuestra
política hidráulica el poner orden en la gestión del dominio público
hidráulico, incentivando el ahorro en los usos de tan escaso recurso y
optimizando las infraestucturas disponibles, a fin de sacar de ellas el
máximo rendimiento antes de acudir a nuevas construcciones de
infraestructuras como única alternativa.

En definitiva, señoras y señores Diputados, se trata de acabar con las
múltiples disfunciones, fruto de la historia y del pasado político más
reciente, que han llevado a la política del agua que se venía practicando
a un callejón sin salida, y hora es ya de encaminarnos hacia una nueva
política hidráulica que tenga como objetivo final la aprobación por las
Cortes Generales de un Plan Hidrológico Nacional, en complimiento de la
Ley de Aguas, plan que dé cobertura durante los próximos años al
abastecimiento de poblaciones y a las necesidades de una agricultura
propia de un país europeo en la recta final hacia el siglo XXI, que cada
vez es más exigente con la calidad del entorno ambiental. Este objetivo
lo vamos a orientar sobre la base de unos principios que desarrollaremos
a través de unos instrumentos que utilizaremos en unas actuaciones
concretas.

De este modo pretendemos acabar con el bloqueo total de la autoridad
política en los últimos años en cuanto a su capacidad de hacer operativa
la Ley de Aguas a través de la planificación hidrológica --lo que, unido
a unas no muy deficientes infraestructuras hidráulicas, ha desencadenado
la consecuencia agravante de unas tensiones interterritoriales
descontroladas como fruto de los efectos del largo período de sequía
vivido desde el año 1992-- y reconocer también el carácter centralista e
impositivo del anteproyecto y, como tal, non nato Plan Hidrológico
Nacional de 1993, que basaba en la generalización de los trasvases, como
pieza absoluta y casi exclusiva, la solución a todos los problemas de las
cuencas hidrográficas de España.

Esta política de trasvases, de obra pública en exclusiva, llevó a
proponer la creación del Siena --Sistema de Equilibrio Hidráulico
Nacional--, cuyo único equilibrio --he de decirlo-- consistía en
construir una faraónica red de canales, de más de 7.000 kilómetros, que
pasara a través de todas las cuencas y que, a la vista de los
presupuestos, he de decirles que no sé con qué dinero se pensaba
construir puesto que sólo el coste de su puesta en marcha, para empezar a
andar, alcanzaba la modesta cifra de 750.000 millones de pesetas,
hipervaloración social y política que se hizo entonces de la
planificación hidrológica como panacea de nuestros males, es decir, como
instrumento básico para el equilibrio en el desarrollo regional y
sectorial, que llevó a convertir la planificación de trasvases, que tenía
que haber sido un instrumento coadyuvante a la planificación económica
general, en sustitutivo de dicha planificación económica, que,
lamentablemente, a nuestro juicio, no ha sido planteada cuando, por otra
parte, como trataré de explicarles, entendemos que debe ser el
instrumento fundamental sobre el que se construya una nueva política del
agua.

Aquí, señorías, empezamos a señalar la primera gran diferencia con el
Gobierno anterior: en vez de aferrarnos a imponer soluciones mágicas
planteadas de manera unilateral y desde arriba, intentando convencer a
posteriori, pretendemos demostrar con hechos que hay otra forma de estar
y de hacer política basada en el diálogo y que vamos a



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plasmar también en la nueva política del agua, porque va a consistir en
dar participación a todos los sectores implicados en este grave problema
que nos afecta a todos. De ahí que en la primera intervención que tuve en
un foro académico --en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el 2
de septiembre de este año, precisamente para inaugurar un seminario sobre
economía del agua organizado por la Menéndez Pelayo en colaboración con
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente-- convocara ya no sólo a los políticos, sino
a todos los ciudadanos y, muy especialmente, a todos los grupos de
trabajo de reconocida solvencia en sectores académicos, jurídicos,
técnicos, conservacionistas, como lo vuelvo a hacer hoy, a pronunciarse
sobre tan importante asunto, que, de una u otra forma, condiciona nuestro
estilo de vida.

Por tanto, en relación con este tema del agua, que nos afecta a todos
porque incide directamente en nuestras vidas, desde la sanidad hasta el
ocio, pasando por el abastecimiento humano y la agricultura y con
especial relevancia en la industria y el turismo, quiero decir una vez
más que todos los sectores implicados deben tener no sólo la posibilidad,
sino el deber de participar. Aún más, deseo que todos tengan la
responsabilidad de asumir compromisos de cumplimiento exacto de las
decisiones que se adopten por mayoría. Así es como yo entiendo la
profundización y el desarrollo de la democracia que hace 20 años todos
decidimos darnos como sistema de gobierno. Es más, si ustedes me lo
permiten, quiero ir más allá. Pienso que la solución al problema del agua
debería ser, y a mí me gustaría que así fuera, un banco de pruebas para
analizar el grado de madurez democrática de todos los españoles sobre la
base de un desarrollo real de la solidaridad interterritorial, tan de
moda a nivel conceptual, a la que con tanta frecuencia aludimos, pero que
lamentablemente practicamos con tan escasa generosidad cuando el problema
nos afecta directamente.

No pretendo ahondar en el análisis de los orígenes históricos y de las
responsabilidades que corresponden a unos y otros en la génesis de tantas
disfunciones que han culminado en un bloqueo de soluciones a la política
del agua, tan sólo pretendo que seamos conscientes de las mismas por
cuanto han determinado el escenario en que nos encontramos y en el que
debemos actuar para definir una nueva política del agua que no caiga en
los mismos errores y que, por el contrario, nos ayude a conceptualizar lo
que debe ser un uso eficiente y eficaz del agua que termine en un Plan
Hidrológico Nacional. Y porque las soluciones no se pueden afrontar a
golpe de decreto, en este caso concreto, es decir a golpe de inversión
pública que cree infraestructuras, que, por sí solas, nunca van a generar
una oferta capaz de satisfacer toda la ilimitada demanda, permítanme que,
de estas líneas de actuación por las que me pregunta en esta
comparecencia el Grupo Socialista, empiece por exponerles los principios
fundamentales que van a guiar nuestros trabajos así como los instrumentos
que utilizaremos para lograrlos.

En primer lugar, me propongo que el gran reto de la nueva política del
agua y, por tanto, principio fundamental de todas nuestras actuaciones,
sea precisamente el de la economía, porque sinceramente creo que el
secreto para lograr una nueva política del agua está en su economía.

Economía del agua como política de ahorro en el consumo que nos lleva a
poner orden en la gestión del dominio público hidráulico, y economía del
agua que, evitando el despilfarro, logre la racionalidad en la
explotación del recurso, lo que nos llevará, por una parte, a definir con
criterios económicos la determinación del agua que se debe dedicar a
regadío y, por otra, la utilización de distintas fuentes alternativas,
llamadas no convencionales, previo debate serio y riguroso sobre los
costes reales y los beneficios sociales de cada una de ellas, dejando a
un lado, eso sí, determinados tópicos propios de otras épocas actualmente
superadas. Por último, economía del agua que lleve a consumidores y
usuarios a percibir señales de coste y de valor en la asignación de los
consumos posibles. Economía del agua, por tanto, principio esencial de
nuestra política hidráulica, que desarrollaremos en su doble acepción: de
ahorro y uso racional por una parte, y economía del agua en sentido
puramente económico, que comprensa señales de coste y de valor que
hagamos llegar a los consumidores posibles.

Desarrollemos brevemente cada uno de estos conceptos. La política de
ahorro y de uso racional en la explotación nos lleva necesariamente a
empezar por poner orden en la gestión del dominio público hidráulico, lo
que significa que, ante las nuevas infraestructuras de regulación y
transportes que son necesarias, comencemos por conocer con exactitud la
demanda actual de agua en España con metodología fiable que nos lleve a
realizar análisis económico de planificación rentable en los distintos
usos del agua, incluyendo el futuro de los regadíos. Esto nos va a
llevar, en primer lugar, a crear una nueva conciencia de todos los
españoles ante el problema del agua, para que todos sepamos que ni la
demanda ni, por supuesto, la oferta pueden seguir siendo ilimitadas,
pueden seguir creciendo indefinidamente, sino que entendemos que ha
llegado la hora de gastar menos y gastar mejor el volumen total de agua
disponible. Acabando de este modo --y aquí estaría la segunda gran
diferencia con el Gobierno anterior-- con la idea de que el agua es un
recurso infinito y que el Gobierno lo que tiene que hacer es satisfacer
todo tipo de demandas, por crecientes que sean, de los distintos
sectores, hipervalorando social y políticamente la planificación
hidrológica como si un Plan Hidrológico Nacional, por sí mismo y por sí
solo, acabara con todos los males.

Nosotros vamos a comenzar por implantar una clara mentalidad de ahorro,
incluyendo la de algunos regantes, pues si de entre todos los países de
la OCDE la demanda de gua por habitante es en España de las más altas y
vemos que las cifras, en cuanto a demanda industrial, son bastante
homogéneas entre los diferentes países y la cuantía dedicada a
abastecimiento urbano tampoco es excesiva, es precisamente en los usos
agrícolas en los que se disparan las cifras de consumo en España. Si
tenemos en cuenta las características climáticas de nuestro país,
juntamente con el volumen de producción agrícola y el tipo de cultivo que
cosechamos, siempre en comparación con los demás países



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europeos, entendemos que es llegado el momento de reflexionar seriamente
si en todos los casos estamos haciendo el mejor uso posible de nuestros
regadíos o si, por el contrario, es llegada la hora de plantearnos seria
y urgentemente una auténtica remodelación de nuestras grandes zonas
regables, dentro siempre del contexto de política agrícola comunitaria en
el que desde hace diez años estamos involucrados.

La competitividad de los mercados agrícolas es la clave, el requisito
imprescindible de la subsistencia de dicha actividad, y esto es lo que
nos va a llevar a corto y a medio plazo a una mayor racionalidad en la
explotación, que se plasme a través de un plan nacional de regadíos,
indispensable para la aprobación posterior del Plan Hidrológico Nacional
y en el que colaboraremos con el Ministerio de Agricultura para fomentar
y tecnificar el ahorro del agua, ya que posteriormente necesitaremos
verificar escrupulosamente su uso racional.

Ya sé que este tipo de planteamientos puede no gustar quizás demasiado a
algunos sectores de la población que hoy no coinciden con estos esquemas,
pero aplicar la solidaridad interterritorial exige abrir nuevos
horizontes que, mejorando y modernizando las técnicas de riego, algunas
verdaderamente obsoletas, logren la mejora de las infraestructuras de
riego y reduzcan el volumen de agua consumido hoy de forma superflua. De
tal forma que, sin pérdida de la productividad de algunas zonas,
aumentemos no obstante la competitividad de otras. Tarea ésta en la que
vamos a trabajar codo a codo con las comunidades de regantes, en la
búsqueda de nuevos enfoques que nos lleven a aplicar con realismo los
planes de riego que nos convienen como país miembro de la Unión Europea,
ya que las demandas de agua de los distintos usuarios superan
ampliamente, por ejemplo, la oferta existente en las cuencas levantina y
meridionales, en las que el carácter escaso del recurso limita la
posibilidad de desarrollo económico de la región, con la circunstancia a
tener en cuenta de que se trata de regiones de mayor dinamismo en cuanto
a su desarrollo demográfico y económico y en las que precisamente por
esta razón la rentabilidad de los recursos hidráulicos, eficientemente
utilizados, podría alcanzar, probablemente aún, más altos niveles de
rentabilidad. Situación que no puede darse, en cabio, en aquellas otras
regiones en las que el valor del agua no puede medirse como medio
imprescindible para no limitar el desarrollo económico, como es el caso
de las regiones que anteriormente citábamos, en cuanto a que la riqueza
de esa región se obtenga a través de la productividad conseguida por
superficie regada. En estas regiones, por el contrario, la gran base del
desarrollo económico y social no estará en lo obtenido por la superficie
regada, sino precisamente en la propia disponibilidad del agua
excedentaria, por lo que sería absurdo seguir despilfarrando el agua,
que, como no se cobra por volumen gastado, sino por hectárea regada,
puede estar despilfarrándose en ocasiones en un regadío del que no se
obtiene la rentabilidad necesaria. En cambio, ahorrando ese agua que se
despilfarra y dándole un valor adecuado, puede llegar a otra zona donde
realmente el agua es totalmente indispensable para su desarrollo
económico. A esto llamamos también uso racional del agua y mejora en la
gestión del dominio público hidráulico, que más adelante explicaremos
cómo pensamos afrontar.

Esta búsqueda de racionalidad en la explotación, que agrupamos bajo el
epígrafe «economía del agua», nos llevará no sólo a determinar la cuantía
y calidad del agua que dedicaremos en el futuro a regadíos, sino a
concretar también la importancia de utilizar con toda eficiencia las
demás fuentes alternativas de agua no convencionales, que tampoco han
sido por el momento gestionadas con un nivel razonable de eficacia. Como
ha ocurrido, por ejemplo, con las aguas subterráneas, cuya puesta al día
de registros , catálogos, autorizaciones y concesiones hemos ya iniciado,
para saber con todo detalle la situación real de sobreexplotación en
determinados acuíferos, con la posible contaminación que ello conlleva
por intrusión de agua salada en ocasiones o contaminación de agua por
nitratos en otra.

Del mismo modo, estamos también estudiando la potenciación de la
utilización de aguas residuales urbanas convenientemente tratadas, y
cuando así hablo no me estoy refiriendo tan sólo a su nivel de
depuración, que las convierte en agua en primera, especialmente para su
utilización en regadíos de determinado tipo de cultivos, sino que me
estoy refiriendo a la posibilidad, que incluso ya existe, de enriquecer
dichas aguas recicladas con aquellos elementos que puedan necesitar las
tierras de regadío en que dichas aguas depuradas vayan a ser utilizadas.

De tal forma que los contaminantes puedan ser convertidos en
fertilizantes con técnicas adecuadas y nos permita, dedicando ese tipo de
agua tratada a regadíos, utilizar las aguas superficiales
fundamentalmente para el abastecimiento humano. Utilización, pues, de
fuentes alternativas que requieren nuevas inversiones, algunas de la
cuales ya estamos contemplando de cara a la inversión del año 1997, junto
a un importante cambio de actitud y comportamiento de adaptación a los
nuevos tiempos, que es lo que en definitiva demandará el Plan Hidrológico
Nacional el día que se apruebe por toda la población involucrada.

Los instrumentos que utilizaremos para lograr la implantación de tales
principios podríamos decir que son fundamentalmente de tres tipos:
instrumentos técnicos, instrumentos económicos e instrumentos
administrativos y legales que den cobertura a los instrumentos técnicos y
a los instrumentos económicos que decidamos poner en marcha.

A través de las medidas técnicas se puede regular la demanda de manera
casi automática una vez se pongan en marcha, tanto a nivel de nuevas
técnicas de regadío como también si se aplica a reformas técnicas de
abastecimiento humano. Pensemos, por ejemplo, en la modificación en los
grifos o en la que se puso en marcha en la ley federal de los Estados
Unidos en el año 1994, que dio bastantes buenos resultados. Del mismo
modo, medidas técnicas se pueden establecer en las industrias,
instándolas a que apliquen determinados sistemas de refrigeración y de
reducción de vertidos al río que les lleva a reciclar su propia agua, y
ésta puede ser una forma de ahorro inducido. La propia utilización, por
otra parte, de desaladoras y potabilizadoras también es otro método
eficaz complementario en la utilización



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racional y eficiente del agua, terreno en el que España figura ya como
una gran potencia por la inmensa extensión de costa de que dispone y por
la existencia de importantes empresas del sector que compiten ya con
éxito en cuanto a tecnología, en los mercados internacionales.

Las medidas o instrumentos económicos que empezaremos a aplicar,
comenzando por el desarrollo de los instrumentos económico-financieros
que contempla la propia Ley de Aguas, nos llevan a buscar --y ésta es a
mi juicio la parte más innovadora e interesante en que el ministerio está
trabajando con intensidad y rigor--, a delimitar las señales de coste y
valor en la asignación de los consumos posibles del agua, que entendemos
hay que ir haciendo llegar de manera clara a los usuarios finales.

Economía del agua también en este caso, pero en el sentido puramente
economicista del término, es decir, de repercusión de costes,
financiación, subvenciones, sin olvidarnos de introducir paulatinamente
ciertos elementos de mercado en la nueva regulación y gestión del agua,
porque entendemos que la ausencia de un sistema económico que traslade a
los consumidores finales señales sobre los costes del agua y la provisión
del servicio en condiciones de calidad, así como el valor que dicho
recurso puede tener en un mercado regulado, ha imposibilitado hasta el
momento presente la existencia de criterios razonables de adjudicación de
recursos, y entendemos que la planificación de futuro que el agua
necesita ya no es posible hacerla de espaldas a las reglas del mercado.

En cuanto a instrumentos legales, economizar el agua, racionalizar su
uso, regular la demanda, acercar los costes y el valor del agua a los
consumidores finales como línea de trabajo requiere necesariamente un
marco jurídico de reformas necesarias que dé cobertura legal a cuantos
principios e instrumentos técnicos y económicos hemos venido esbozando,
para lo cual nos proponemos presentar ante esta Cámara, para su debate y
posterior aprobación, una ley de medidas urgentes en materia de aguas,
que hemos comprometido dentro del calendario legislativo del Gobierno de
aquí a finales de este período de sesiones, 31 de diciembre de este año,
que no es ni una nueva ley de aguas ni tan siquiera un adelanto del Plan
Hidrológico Nacional, que --como he tenido ya ocasión de anunciar a
principios de este mes en una conferencia en la Universidad Menéndez
Pelayo-- se va a elaborar a partir de un libro blanco que será presentado
en los primeros meses de 1997, para que la sociedad española pueda tener
acceso a todos los datos disponibles que van a soportar conceptualmente
el Plan Hidrológico Nacional.

Empezará a partir de entonces un amplio debate político, académico y
social que durará todo un año, con el fin de lograr el mayor consenso
posible, sin perjuicio de la asunción por el Gobierno de su última
responsabilidad, la de aprobar un proyecto de ley que esperamos tener
listo en el año 1998 para su debate y posterior aprobación en las Cortes.

Sin embargo, entretanto sale a la luz pública dicho Plan Hidrológico
Nacional, hay pequeñas reformas en el ordenamiento jurídico vigente que
entendemos es imprescindible desarrollar para ir ordenando ya esta
demanda de agua, con sensibilidad y técnica apropiada, que nos conduzca
hacia ese objetivo final del Plan Hidrológico Nacional que España
necesita. Nos proponemos realizar algunas pequeñas reformas que
garanticen la eficacia de algunas normas de la Ley de Aguas que aseguren
la puesta en marcha de medidas tendentes a la política de ahorro, que
impulsen las fuentes de producción de agua no convencionales, que suplan
ciertas insuficiencias que se han advertido en la aplicación práctica de
la normativa vigente respecto a la gestión del dominio público hidráulico
y que vayan introduciendo los mecanismos que hemos denominado mercado del
agua.

Todo esto, unido a un importante programa que como ministerio inversor
tenemos prácticamente cerrado en el marco de la nueva ley presupuestaria
de 1997, junto con la llamada ley de acompañamiento, lo presentaremos a
primeros de octubre, y, una vez hecha la presentación general ante las
Cortes Generales por el Ministro de Economía y Hacienda, tendremos
ocasión de presentarlo públicamente --y posteriormente en debates en esta
Cámara y también en el SEnado-- de una manera sectorializada, para que
SS. SS. puedan conocer cuál va a ser la plasmación concreta de estos
principios y de estas medidas, en los que, a corto y medio plazo, estamos
trabajando ya en el Ministerio.

Señor Presidente, esta segunda comparecencia no termina aquí sino que
simultáneamente se nos ha pedido también que hagamos una referencia a las
medidas concretas de actuación en política de costas, que paso brevemente
a exponer a continuación, no sólo por la premura del tiempo sino porque,
como saben todas SS.SS., ya el 30 de mayo me comprometí en primer lugar,
a ir desarrollando paulatinamente los trabajos de deslinde del dominio
público marítimo-terrestre que es en lo que venimos trabajando en estos
meses, así como trabajos de regeneración y rehabilitación de los espacios
costeros históricamente degradados, con actuaciones de prevención y
conservación medioambiental, para evitar nuevos procesos de degradación
de la costa. En esta línea hemos venido trabajando a través de la
Dirección General de Costas, que ha obtenido, como saben SS. SS., incluso
la felicitación de organizaciones ecologistas por su actuación rápida en
determinados lugares de la costa que realmente requerían de una concreta
protección.

Por otra parte, señorías, los pactos suscritos entre el Partido Popular y
Convergència i Unió al comienzo de esta legislatura nos llevan a trabajar
con intensidad en el estudio y elaboración de un proyecto de ley de
costas que se encuentra bastante avanzado y podrá ser presentado en el
plazo de un año que se fija en dichos pactos, es decir, antes de marzo de
1997. Y para hacer efectivo todo ello, que supone un cambio de
orientación cualitativa importante, lo primero que hemos tenido que hacer
ha sido reorientar la correlación política de inversiones. Este es el
primer gran obstáculo que nos hemos encontrado, pues las deudas y
compromisos asumidos por el anterior Gobierno en obras concretas, no
siempre precisamente adecuadas desde el punto de vista ambiental,
ascendían a una cifra de 62.974 millones de pesetas cuando el presupuesto
asignado para la Dirección General de Costas era de 15.000 millones de
pesetas, cifra que encontramos totalmente agotada cuando el 6 de mayo me
hice cargo de dicha competencia en el nuevo



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Ministerio de Medio Ambiente. Ello nos ha llevado a revisar todos estos
compromisos, tarea en la que todavía nos encontramos, pues algunos se
formalizaban mediante simple cruce de cartas y otros mediante convenios
no contabilizados, de alguno de los cuales ni siquiera existe constancia
en los archivos. De momento, y pese a que supone retrasar la puesta en
práctica de las necesarias actuaciones integradas en la costa, hemos
respetado todos los contratos que ya estuvieran adjudicados o con crédito
retenido programados por el anterior Gobierno, cuyas anualidades para el
año que viene ascienden a 10.335 millones de pesetas. Las razones de que
los hayamos respetado, pese a que muchos de ellos no responden a lo que,
a lo mejor, puede constituir exactamente el ideal de protección de la
costa, son, por una parte, la ineludible continuidad de la actividad
administrativa, los gastos, por qué no decirlo también, que originaría la
rescisión de estos contratos sin ninguna rentabilidad económica y, por
otra parte, las expectativas que en muchas ocasiones, inclusive durante
la campaña electoral, se habían generado en los municipios que estaban
afectados por estas inversiones. Los compromisos existentes que restan
serán realizados en la medida en que resulten viables, representen una
mejora para el medio ambiente y exista cofinanciación por otras
administraciones en los casos en que así sea requerido, y, por
descontado, que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Un logro significativo, hecho ya realidad por otra parte, que afecta a la
materia de costas y que muestra el talante de este ministerio y del
Gobierno a la hora de afrontar y solucionar los problemas, que por su
persistencia en el tiempo parecían insuperables, ha sido el acuerdo
conseguido con la comunidad Autónoma del País Vasco para proceder a la
transferencia en materia de vertidos desde tierra al mar, acuerdo que se
ha alcanzado en fecha reciente de 29 de julio de este mismo. Valga este
simbólico ejemplo para poner de relieve el nuevo y necesario ánimo que
queremos infundir en la política de costas para lograr solucionar los
graves problemas que les afectan desde la óptica de la gestión integrada,
que sólo será posible con la coordinación e implicación de todas las
administraciones con competencias concurrentes sobre el litoral, con el
objetivo común de su protección, que estamos seguros les interesa a todas
SS. SS.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, como autora de la interpelación,
la portavoz del Grupo Socialista señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Nuestro grupo ha creído necesaria y urgente su
comparecencia hoy aquí (lamento que pueda suponerle una acumulación de
esfuerzo respecto de otras comparecencias pedidas en momentos distintos,
que por propia voluntad de la ministra se han acumulado esta semana con
las formuladas en el Senado) porque las declaraciones que se han hecho
este verano a la prensa tanto en materia de aguas como de costas han
preocupado, inquietado y quizá confundido en algunos aspectos. Resultaron
especialmente lamentables las declaraciones que hizo el Secretario de
Estado de Aguas y Costas porque, entre otras cosas, demostraban que
desconocía parte de la materia de la que hablaba cuando hacía referencia
a una especie de planificación estalinista en materia de aguas en un
horizonte de planificación a veinte años. Yo comprendo que los más de
cien documentos que se han dejado a disposición de los nuevos
responsables son muchos, pero si el señor Secretario de Estado los
hubiera estudiado debería haber visto que ese escenario de veinte años
había sido abandonado en la última revisión del anteproyecto de ley del
Plan Hidrológico Nacional, pasándose a una revisión más flexible de una
planificación a cuatro o a seis años, obviamente en un contexto de
grandes tendencias a largo plazo. Esas declaraciones, unidas a las de la
Ministra en cuanto a que la solución de los problemas del agua, podría
venir, sobre todo, a través del establecimiento de un mercado del agua
que ha venido a reiterar con su concepto de que el problema del agua es
económico (entre paréntesis, me hubiera gustado que hubiera dicho que es
sobre todo un problema ambiental, siendo como es Ministra de Medio
Ambiente); esas manifestaciones, unidas a algunas cuestiones que
demuestran la falta de coincidencia con el Partido Popular en algunos
ámbitos del territorio, por ejemplo en el caso del hipotético trasvase de
aguas a Cataluña procedentes del Ródano o del Ebro, y a que hay unas
declaraciones de la señora Ministra que contradicen lo que fue en su
momento la propia posición del Partido Popular o de la Generalitat, creo
que hacían urgente que se nos explicara, como se ha hecho en este caso
con bastante precisión, algunos elementos de lo que es la acción
inmediata.

Señora Ministra, en materia de agua le decía antes que ustedes no se han
encontrado sólo con el anteproyecto de ley del año 1993. Entre 1993 y
1996, hasta el momento en que ustedes nos han revelado en las
responsabilidades correspondientes, se han producido amplísimos debates.

Nunca se pensó en imponer ningún plan hidrológico, porque el Consejo
Nacional del Agua está ya inventado, el Consejo Asesor de Medio Ambiente
también y en esos ámbitos ha tenido lugar un debate que yo me alegro
mucho que vea la luz con portadas y con forma de libro blanco, gracias a
su voluntad de transmitir a la sociedad un debate que ha producido ya en
ese tránsito desde 1993 no sólo 1.200 alegaciones sistemáticamente
estudiadas por los técnicos del Ministerio, sino un conjunto de
modificaciones al primer anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional que
desvirtúan por completo su afirmación rotunda de que los trasvases eran
la solución mágica propuesta dentro de la actual política hidráulica. No
es verdad. Tanto no es así cuanto que en materia política de aguas
--usted no lo ha mencionado y quizá no lo considera política de aguas--
se ha aprobado antes el Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales
que el Plan Hidrológico Nacional, precisamente porque en una visión mucho
más integrada de los aspectos ambientales y económicos, hidráulicos
propiamente dichos, se dio preferencia a un elemento que usted misma
después ha destacado como algo muy importante. Desde luego, no habíamos
llegado a imponer trasvases a nadie sino a estudiarlos; a estudiarlos
incluso con documentos de bastante sustancia desde el punto de vista
técnico que, como digo, usted puede en estos momentos utilizar.




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A lo mejor al cabo de unos meses nos encontramos con una situación
semejante a la que me ha señalado en materia de la ley de Envases, que
como ya se había encontrado con 15 textos y con un debate previo, ha
aprobado, sin enseñar el último texto, lo que se ha modificado respecto
de éste y que no ha sido necesario más debate. A lo mejor resulta que el
debate que se produce de aquí a año y medio en materia del Plan
Hidrológico Nacional no es más que la revisión por parte de los nuevos
responsables de ese ingente material con que se encuentran en estos
momentos y que, desde luego, en él los trasvases son una parte, pero no
la sustancial, señora Ministra.

Usted tiene, por ejemplo, documentos sobre las posibilidades de ahorro y
modernización en regadíos, y me gustaría saber, cuando dice que se puede
ahorrar más, si eso lo han cuantificado medianamente. Es muy fácil
criticar lo que se ha encontrado con expresiones de carácter general
--está sobrevalorada la demanda, obras faraónicas, etcétera--, pero
quisiera saber, según sus actuales cálculos o su conocimiento del tema,
dónde hay errores en cuanto a la estimación de la demanda. En Aragón, por
ejemplo, que yo sepa, las instituciones aragonesas han tenido con usted
un diálogo en el cual las impresionantes expectativas de nuevos regadíos,
que habían constituido el eje de un acuerdo político en su momento, se
ven garantizadas por la Ministra de Medio Ambiente, que a continuación
viene a decir que no se harán obras faraónicas y que las infraestructuras
hidráulicas van a jugar un papel mucho menos relevante. Me gustaría que
se aclararan criterios. Dígame, ¿se puede ahorrar en España más del 6 por
ciento a través de la modernización en regadíos? ¿Cuánto más y a qué
coste? ¿Se puede reutilizar más del 3 por ciento, respecto al total de
las necesidades del país de aguas residuales, para otros usos? ¿Cuánto
más? ¿Cuántas desaladoras, de las que ya están previstas desde la
anterior legislatura, está dispuesta a apoyar como obras efectivamente
importantes? Usted declara que la desalación le parece un método eficaz y
complementario. Dígame entonces si la desalación va a ocupar, desde el
punto de vista del apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, un importe
presupuestario o de acceso a fondos de cohesión superior al contemplado
entonces, porque usted sabe perfectamente que hay ciudades en Andalucía
que en estos momentos se mueven en un escenario de incertidumbre. Es el
caso de Cádiz o el de Almería, donde los correspondientes alcaldes no
saben cómo explicar a sus ciudadanos si habrá o no financiación y apoyo
por parte del Gobierno central o de la Administración europea para llevar
adelante este tipo de actuaciones.

Por lo tanto, en materia de aguas --no me debería sorprender, pero créame
que lo lamento--, usted no ha hablado prácticamente más que de
infraestructuras hidráulicas y de la posibilidad de ahorro; no ha hablado
de algunas cuestiones que estaban en marcha, que lamentablemente y por
desgracia este verano se han revelado como carencias, y creo que deberían
hacer un esfuerzo de avance sobre esas cuestiones. Por ejemplo, el
programa Linde, que está en marcha desde hace varios años, está detenido
en estos momentos, igual que otros programas de inversión que, al
parecer, están siendo objeto de un análisis muy detallado; ya llevamos
cinco meses de análisis detallado y creo que hay programas como el Linde
que, dentro de una política de aguas con un fuerte componente ambiental,
hubiera podido ser una señal de que ahora la obra hidráulica ya no es
obra pública sino que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, que no
es un Ministerio de Medio Ambiente y Obras Hidràulicas sino un Ministerio
de Medio Ambiente de verdad.

Usted no ha mencionado la expresión impacto ambiental en toda su
exposición en relación con el agua, sino que se ha centrado en cómo
establecer precios y mercados del agua, cuestión discutida pero en la que
no se ha entrado a fondo porque supongo que también aquí esperamos esas
novedades en la ley de acompañamiento. Es un anuncio que ya ha hecho, un
anuncio sobre el que me gustaría que avance algo más porque, si no se
acompaña de toda una serie de garantías en cuanto a cómo se va a producir
ese intercambio de agua, podría resultar coherente que fueran incluso
pocos los 7.000 kilómetros de tubos para comunicar España. Si la idea del
mercado del agua es que se dé agua desde donde hay hacia donde no hay, no
comprendo por qué le molesta tanto que se hable de trasvases, pues en un
mercado de agua seguramente tendría que haber bastantes más tuberías
interconectando cuencas, porque hay una gran diferencia en cuanto a la
disponibilidad de recursos.

En cualquier caso, creo que el precio del agua es un tema que
efectivamente va a ser desvelado en los próximos días o semanas, sobre el
que habrá que volver. Veremos si existe ese consenso que debe presidir
las decisiones, que ustedes preconizan, antes de que el Gobierno presente
a esta Cámara un proyecto de ley sabiendo en estos momentos que cuenta
con el apoyo de sus socios de gobierno. Entre otras cosas, han sido sus
propios socios de gobierno los que han insistido en que se ponga una tasa
sobre el agua, un canon. Por lo tanto, no nos vamos a sorprender de que,
sin necesidad de ningún diálogo ulterior con nadie, ni comunidades
autónomas ni nadie, ustedes pudieran tener la tentación de aprobar un
texto de esas características. Vamos a tener un año de debate, como digo,
un año de debate que en realidad no parte de cero sino de tres años de
intenso debate, del que usted tiene constancia, y seguirán existiendo los
problemas de diferencia de criterio que ha habido hasta ahora. También
aquí, como en el caso de la ley de Envases, llegará un momento en que
tendrán que tomar una decisión política; decisión política que en estos
momentos no sabemos anticipar, pero me temo que, por el contenido
economicista de las palabras de la Ministra de Medio Ambiente, en
absoluto haga honor a la inclusión de este segmento de actividad en un
Ministerio de Medio Ambiente. Además eso viene a ser confirmado estos
días por la cancelación en la adjudicación de un concurso, que debiera
ser la prueba de una voluntad de ampliar el criterio de evaluación de
impacto ambiental sobre infraestructuras que inciden sobre acuíferos
importantes y sobre la costa catalana --me refiero obviamente al Plan del
Delta del Llobregat--, que ha quedado sin resolver, cuando es una
cuestión que nos parece de extraordinaria importancia y que sería
efectivamente una prueba de cuánto interesan al Ministerio de Medio
Ambiente las infraestructuras de carácter



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hidráulico --allí tenemos una depuradora y una desviación de un río y
creo que ambas cosas deben de ser contempladas-- a los efectos de la
inversión que se va a producir desde el Gobierno central.

Señora Ministra, en costas lo que no se puede hacer es mentir en esta
Cámara. No había un compromiso para este año de 62.000 millones de
pesetas, sino compromisos en convenios de los cuales se especificaba que
se irían desarrollando en el tiempo conforme a la existencia de recursos
presupuestarios, que abarcaban siempre ejercicios plurianuales. En
absoluto había una previsión de gasto de 62.000 millones para el año
1996. Usted sabe que eso es mentira y no se puede poner como excusa dar
de baja operaciones de inversión que usted cuestiona desde el punto de
vista ambiental. Eso es como lo del plan hidrológico: dígame cuáles;
dígame qué operaciones de costa son las que no le parecen ambientalmente
correctas. Vamos a pedir una comparecencia del Secretario de Estado
precisamente para que nos lo explique, porque en Canarias --donde
sorprendentemente los medios de comunicación se han hecho eco de un
informe según el cual habíamos alcanzado compromisos con carácter
sectario, con un peso de los alcaldes socialistas que coincide con el
peso de los alcaldes que hay en el litoral de Canarias y, por lo tanto,
no tiene nada de sectario-- hay una serie de compromisos que
efectivamente se están parando, y usted me dice ahora que se trata de una
reorientación para que prevalezcan criterios ambientales. No sé si es
capaz de decirme qué actuaciones de la Dirección General de Costas,
halagada por los movimientos ecologistas, como usted misma ha dicho, en
épocas pasadas, son las que hay que dar de baja y cuál es el esfuerzo
complementario --y esto también se refiere a las confederaciones
hidrográficas-- que van a hacer ustedes en términos presupuestarios para
que de verdad pueda mejorar la gestión del dominio público hidráulico y
la gestión del dominio público marítimo-terrestre, porque en ambos casos,
como antes comentábamos con los recursos humanos adscritos a la
conservación de la naturaleza, ha habido deficiencias a lo largo de estos
años, y usted sabe perfectamente que las confederaciones están en una
situación lamentable y, sin embargo, las previsiones presupuestarias que
hay para las confederaciones no parece que apoyen esa idea de empezar
poniendo orden en las cosas, ya que los recursos que va a haber son
menores y es muy difícil, me diga lo que me diga, que con menos dinero
haya suficientes funcionarios para que puedan trabajar en mejorar la
gestión de estos planes.

Por último, en lo que se refiere a la Ley de Costas, ya tuve ocasión de
decirle en su anterior comparecencia que ustedes anuncian la revisión de
la Ley de Costas justificándose en la necesidad de coordinar, reordenar y
organizar mejor los aspectos competenciales, y yo tengo que repetirle que
esa definición de los aspectos competenciales está hecha en una sentencia
del Tribunal Constitucional y que lo único que cabe hacer son
delegaciones de gestión y acuerdos de colaboración. Por supuesto, si la
reforma se limita a eso, ni siquiera es necesaria una ley, señora
Ministra. Me gustaría saber cuántas veces ha convocado las comisiones de
coordinación en materia de costas que creamos concretamente con el
Principado de Asturias y con Baleares, porque los instrumentos de
coordinación en materia de costas pueden existir sin necesidad de que
haya una reforma de la Ley de Costas. Nosotros esperaremos que llegue ese
proyecto y no lo prejuzgamos antes, pero no nos gustaría en absoluto, y
se lo anticipo ya, como grupo parlamentario que repita el texto que el
Grupo Catalán trajo a esta Cámara, con el cual, por cierto, el Grupo
Popular en su momento no estaba especialmente de acuerdo.

Así pues, tanto en lo que se refiere a la política de aguas como a la
política de costas, tengo que decirle que lo que esta mañana nos ha
explicado aquí me confirma en algunos elementos de preocupación desde el
punto de vista de carácter ambiental. Es decir, centra su propio discurso
en si debe o no debe haber trasvases cuando hay otras muchas cuestiones
que ni siquiera han sido mencionadas por usted en su intervención; cuando
además reconoce que las Tablas de Daimiel se pueden alimentar de forma
artificial gracias a las aguas del trasvase Tajo-Segura, que es una
actuación que todavía no tiene declaración de impacto ambiental, que
todavía está sujeta a un proceso de participación ciudadana que no ha
culminado y que desde luego va a ser polémico. Por lo tanto, las obras
hidráulicas tienen un componente ambiental que me gustaría que no
olvidara.

En materia de costas, lo que se ha hecho hasta ahora es una inversión que
merece la pena mantener en el tiempo y, por lo tanto, no sean ustedes
restrictivos al intentar corregir la plana de convenios, en muchos casos
con alcaldes del Partido Popular, que lo único que hacen es reflejar la
existencia de proyectos y de prioridades y que, por lo tanto, pueden ser
desarrollados con el tiempo y con la holgura que cada presupuesto anual
permita.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: A mi entender, señora Ministra, ha habido
improvisación, al menos comunicativa, durante este verano, especialmente
este mes de agosto, planteando cuestiones y detrás de ellas exponiendo
criterios que poco tienen que ver ahora con el estado del problema. Y el
estado del problema es el Plan Hidrológico Nacional y su determinada
concepción, fundamentado a nuestro entender en la demanda; perspectiva de
grandes infraestructuras contra las cuales nosotros nos posicionábamos,
independientemente de que reconocemos que en el desarrollo de un Plan
Hidrológico Nacional de forma ineluctable tiene que haber un desarrollo
de infraestructuras. De lo que se trata es de ver cómo se desarrollan
estas infraestructuras, en función de qué planes, de qué concepto. Usted
ha utilizado aquí un concepto de uso racional y de ahorro. Lo anunció ya
en su primera comparecencia ante esta Comisión, pero sería el momento de
empezar a conocer ya cuestiones concretas. En aquella primera
comparecencia se planteó el desarrollo de planes equilibrados, racionales
en relación a la agricultura, al sector industrial, pero sobre todo
referido a la agricultura porque es el que sufre un gasto de agua, yo
diría un derroche de agua, muy por encima de las necesidades objetivas
que tiene el agricultor.




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Es el momento, a los cinco meses --yo no estoy apurando para nada--, de
empezar a concretar seguramente algunas medidas que sean una vía para
avanzar en el gran debate de todo el Estado, de todas las comunidades
autónomas y de la Administración central en relación al Plan Hidrológico
Nacional y, naturalmente, su desarrollo concreto en infraestructuras.

Por tanto, usted avanzó en algunas cuestiones que, a mi entender, estaban
un poco fuera de las necesidades más urgentes en este momento, aunque
puedan entrar de forma inmediata cuando empecemos el debate en serio
sobre el citado Plan. Por ejemplo, usted planteó el banco de compra-venta
de agua, creando un debate, a mi entender, colateral en este momento, no
era el central en este asunto. Hay experiencias diversas a nivel
internacional, bastante diversas además en las situaciones que se
producen. Por ejemplo, Chile, un país absolutamente alargado, de dos o
tres mil kilómetros de extensión lineal, pero con muy poca amplitud,
tiene unos ríos determinados que desembocan rápidamente al mar y unos
acuíferos concretos. También está el plan que se ha desarrollado, por
ejemplo, en California, que afecta a esta compra-venta hasta este
momento, según mis datos, sólo a un 3 por ciento del agua circulante.

Estas cuestiones se deben tener en cuenta, mucho más cuando usted dijo en
agosto en la Universidad Menéndez Pelayo que aquellos que pidan trasvases
tendrán que justificar que carecen del recurso, que no tienen fuentes
alternativas y que lo utilizan deficientemente. Aquí nos podemos
encontrar con un debate de primera mano y, además, crispado, como el que
hubo el año pasado, en primavera y verano, en relación al trasvase
Tajo-Segura y con dos comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y
Murcia, una comunidad autónoma gobernada entonces y ahora por el Partido
Popular. En el momento que entran determinados intereses, muy legítimos,
relacionados con la política a la que está obligado un representante de
un partido político --aunque sea ministro o ministra, como en este
caso--, ya empiezan a aparecer los problemas. Por tanto, es necesario y
será absolutamente útil el desarrollo objetivo, tan inmediato como sea
posible, de todo lo que hay elaborado hasta este momento, de todo lo que
sea útil para este debate y, en todo caso, hay elaboraciones que han
costado una determinada cantidad de dinero y que la anterior Secretaria
de Estado dice que están a disposición del Ministerio --imagino que
también de las fuerzas políticas--, hora es de que se ponga en marcha
todo esto y, repito, que se puedan concretar algunas medidas que tiendan
a hacer ya efectivas algunas soluciones, aunque sean parciales, en la vía
más racional y más global del conjunto del problema.

Convergència i Unió insistió también, el pasado verano --creo que en la
Menéndez Pelayo, en un canon de agua como precio impuesto cada metro
cúbico. ¡Pues no me parece mal que se plantee así! Podemos llegar a esta
conclusión, incluso podemos llegar a la conclusión de que hay que tener
en cuenta cuántos metros cúbicos se gastan por piscina de las personas
que tienen un determinado nivel de vida. Es decir, podemos llegar a una
racionalización del problema, pero éstos no serían elementos de mercado.

Yo no lo veo, como plantea la señora Ministra, como elemento de mercado.

Elemento de mercado, si va en el marco de una planificación --que es lo
que usted ha anunciado genéricamente-- de todos los recursos a partir de
un uso racional y del ahorro, me parece una cosa. Elemento de mercado, si
va en la línea de una competencia entre empresas, incluso para disputarse
el cliente --hay experiencias, hay privatizaciones, como en el caso de
Oviedo; volvemos a lo mismo--, entonces será diferente, habrá una
discrepancia importante. Señora Ministra, pienso que es el momento de
empezar a venir a esta Comisión --seguramente la próxima comparecencia--
a decir: En este terreno, además de dialogar, analizar el problema,
discutir, mirar los cien expedientes que nos ha dejado el anterior
Gobierno, vamos a proponer algunas cuestiones para ir avanzando en esta
línea. Y termino con la cuestión de las aguas, infraestructuras
hidráulicas necesarias, etcétera.

Paso a formular tres o cuatro preguntas, muy brevemente, en relación con
la Ley de Costas. Usted ha hablado de que hay una revisión de compromisos
del anterior Gobierno --aun respetando estos compromisos porque tienen
una determinada dinámica-- pero, para ir viendo cómo se va desarrollando
este asunto por parte del Gobierno del Partido Popular, nuestras
preguntas concretas son: ¿Qué tipo de normativa se hará de la Ley de
Costas, también de forma inmediata? ¿Hay acuerdo entre el Partido Popular
y Convergència i Unió sobre la cuestión? Un acuerdo que a lo mejor
desconocemos en este Parlamento y que sería importante conocer. En
resumen, y globalizando todo esto, se trata de saber cómo se está
enfocando la gestión y la aplicación de la Ley General de Costas.

Nosotros no vamos a repetir nuestros argumentos porque en su momento
pusimos de manifiesto nuestra posición en relación a una ley de costas de
carácter general, naturalmente con la gestión compartida o cogestión con
las comunidades autónomas --aquí nadie quiere quitar la competencia--,
pero que no permita en ningún caso --voy a poner un ejemplo un poco
grosero pero que sirve para expresar lo que quiero decir-- que en un
sitio no se pueda construir a 150 o a 450 metros y en otro a 50, por eso
de la cogestión mal entendida, por una cogestión que bascule o se decante
excesivamente hacia compromisos coyunturales políticos de gobernabilidad,
que son muy respetables pero que en todo caso no serían compromisos que
intentaran hacer efectivo lo que tratábamos de conseguir cuando se aprobó
mayoritariamente, en este Parlamento, la Ley de Costas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señora Ministra, yo he estado a punto de,
haciendo uso del Reglamento, pedir una interrupción de la sesión de hasta
45 minutos --que me parece que puede pedir un Diputado o un grupo-- por
la meditación que requiere el tema en la forma que usted lo ha
presentado. Nuestro grupo hubiese querido casi suspender la sesión y
pedir una comparecencia sobre este tema exactamente, si quiere, en el
mismo título, empezando a las 9 de la mañana para poder hablar y
terminarla tranquilamente. Nosotros creemos que todos estos debates,
reflexiones



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y discusiones deberían llevarse desde la serenidad, y estoy repitiendo
palabras que dije en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander, en la
primera semana de septiembre, días después de que estuvo usted y en el
mismo seminario al que fuimos miembros de los distintos grupos políticos.

También decía que el agua debe ser para todos, debe llegar a todos; no
hay un agua progresista ni un agua conservadora; no hay agua de derechas
ni agua de izquierdas. El agua, entendemos nosotros, no debe ser motivo
de enfrentamiento ideológico.

Verdaderamente esto no es por lo que usted hoy ha dicho --continuación
quizás de lo que expresó y en la forma en que lo expresó en Santander--,
motivo de grandes titulares. Posiblemente, mañana será gran titular en
los medios de comunicación todo el debate de hoy, lo cual me preocupa muy
mucho, porque nosotros somos sus propios socios, según ha dicho la
portavoz de uno de los grupos, teniendo en cuenta que hace unos meses
éramos --se nos decía-- o actuábamos, en todo caso, como propios socios
de aquel grupo, y aquel grupo en la misma Comisión de Infraestructuras,
en noviembre de 1993, hablaba del plan hidrológico, y el señor Ministro
en aquellos momentos decía que a fin de año --estábamos en noviembre, es
decir, faltaba un mes para fin de año, teniendo en cuenta las vacaciones
o los días festivos de Navidad-- se iban a aprobar todos los planes de
cuenca, y que en el mes de febrero íbamos a tener prácticamente esbozado
y aprobado el plan hidrológico que se nos iba a presentar en la Cámara.

Yo le pedí al señor Ministro que alargase el plazo, que no fuese tan
optimista, y él insistió en que no hacía falta. Pero en distintas
intervenciones del debate, el portavoz del Grupo Popular, hoy presidente
de esta Comisión, don Jesús Posada, incidió en que el tema era tan
importante que no pasaría nada si, en vez de en febrero, viniese al final
del período de sesiones, en junio. No tengo el «Diario de Sesiones», pero
las palabras finales del Ministro fueron: Ustedes me han convencido, se
lo agradezco mucho; presentaré el plan hidrológico al final del período
de sesiones, es decir, en junio de 1994. En junio de 1994, ni planes de
cuenca ni planes de nada. También por parte del Grupo Popular se expuso
toda la temática de los planes de regadío: mociones en el Pleno que se
aprueban, dicen que no hay que hacer el plan de regadíos y el plan de
regadíos sale adelante. Y venga a trabajar los técnicos en comisiones con
mi gran respeto a todos los técnicos que trabajaron entonces, y ahora nos
encontramos en un momento en el que usted nos habla, en Santander y hoy
también aquí, de un libro blanco que podrá presentarnos a principios de
1997. Pero si este libro blanco tiene que recoger algo sobre el plan de
regadíos, me encuentro con que la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación dice que el plan de regadíos en el que ha trabajado el
Gobierno anterior no es válido; incluso viene a decir que se trata
posiblemente de un documento nulo. Además, dice que espera tener en su
mano en los próximos meses los estudios técnicos encargados por la
Administración anterior. Al final dice que se pretende confeccionar el
nuevo plan de regadíos, cuya redacción se espera finalizar antes del
próximo verano. O sea, que si dice que antes del próximo verano --en
estos esquemas se trabaja en la Administración, yo también he estado en
la Administración y sé cómo va--, yendo muy bien, será el otoño.

Por tanto, si en su libro blanco tiene que hablarse de regadíos, no
comprometa fechas, por favor, que el señor Borrell comprometió muchas
fechas y nadie ha visto el plan hidrológico del verano de 1994, y tenía
socios propios que le podían apoyar, aunque fallaron cosas, de nuestro
territorio incluso, porque nuestro plan de cuencas fue uno de los que no
estaba en su fecha pero después se entregó. Por consiguiente, usted dice
que el libro blanco estará en el año 1997, pero entonces empezará un
debate de un año y ¿cuánto tiempo ha llevado el debate, dentro de la
órbita anterior, del otro plan hidrológico? Usted nos dice que va a
discutirlo codo a codo con las comunidades de regantes, y yo estoy
dispuesto, desde lo que pueda influir mi grupo en estos temas, que no
deja de ser bastante, a ayudarle en las fechas y en todo lo que usted
quiera, pero lo que nos ha dicho de que a inicios de 1998 tendremos aquí
el plan hidrológico... me lo creo, soy de muy buena fe, pero sé que
entonces vendrá el debate, la aprobación en Cortes, nuevas elecciones,
nueva legislatura, y ya estamos otra vez sin plan hidrológico y aquí no
tenemos nada de nada. Eso no es funcionar.

A mí me ha parecido muy correcta su exposición de hoy si estuviésemos
dentro de aquel marco que yo le decía de trabajar todos con serenidad y
reflexión. He dicho muchas veces que yo estoy completamente seguro de que
a cualquier equipo técnico --o externo incluso-- que se pueda coger desde
su Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, o del
Ministerio anterior, si se le dan todos los datos: el mapa de España,
todas las características hidrológicas y orográficas, incluso económicas
--porque puede haber parte-- estos señores son capaces de resolver el
problema para tener un plan hidrológico. Pero cuando se llega al corazón,
cuando se llega al territorio, nos encontramos lo que aquí se ha dicho
por parte de otros grupos, que cuando el agua del Ebro llega a Tarragona,
con un acuerdo del consorcio con las comunidades de regantes en aquella
zona, o cuando se habla de los posibles trasvases que puede haber desde
el Ebro, Convergència i Unió en las tierras del Ebro, en Tortosa, dice
que no puede ser que se vaya ni una gota más, casi se dice ni una gota de
sangre, porque puede ir agua del Ebro hacia el centro de Cataluña y los
de Convergència i Unió del centro de Cataluña piden agua. El Partido
Popular de Aragón --pregunte a los de Tortosa y a los de Valencia-- y el
Partido Socialista, igual, y un Diputado entonces de la zona encabezaba
manifestaciones en contra de lo que decía el Ministerio. O sea, que yo
soy totalmente pesimista.

Si ahora tuviese que consultar por dónde iba en los papeles, ya no sé por
dónde coger lo que tenía previsto decir, porque he entrado a la reflexión
de su exposición y de lo que han dicho otros grupos, pero creo que hay
que empezar a trabajar a fondo, con ganas de resolver el problema.

El señor Frutos encuentra lógico el canon del agua que se paga en
Cataluña. Su compañero de grupo, el señor Ríos, que mañana deberá ser el
que presente la interpelación --porque hoy estamos hablando de esto pero
mañana



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exactamente lo mismo--, dice que Convergència i Unió --y en Santander
también-- quiere poner un impuesto más, que es la cuota del canon del
agua. Curiosamente, en el debate de Santander hablaron por orden,
primero, la representante del Partido Popular, después el representante
del Partido Socialista, después el representante de Izquierda Unida, y
luego hubo un descanso y el moderador dijo: Hasta ahora, en muchas cosas
están todos de acuerdo; veremos a partir de ahora qué pasa. Yo antes de
empezar dije que en lo de la cuota ya no estaríamos de acuerdo, porque
Cataluña paga un canon de agua (discutido y con una cierta desobediencia
civil en algunas zonas pero depositándose el dinero) con un esquema
finalista, prácticamente para ejecutar obras de infraestructura; canon
que es aprobado por el Parlamento y que es un ingreso específico, dentro
del régimen económico, que sirve para pagar obras de infraestructuras
generales referidas a la ordenación, a la protección de los recursos y el
dominio público hidráulico; para pagar también obras de infraestructura
de abastecimiento de aguas a poblaciones, obras de infraestructura de
regadíos y otros usos agrarios de interés público. A eso se dedica ese
canon. Nosotros tenemos la idea de que quien consume debe pagar, quien
contamina debe pagar, quien utiliza debe pagar. La sociedad española me
parece que vive bajo un espejismo demagógico de gratuidad. Ultimamente se
vio conducida a una dialéctica en la que proliferaba la multiplicación de
derechos sin explicitar las necesarias obligaciones, y hoy en día nada es
gratis. Por tanto, hay cosas que hay que pagar, y tenemos que vivir en un
Estado de bienestar en que el subsidio y la subvención desaparezcan. Por
consiguiente, yo creo que hay que profundizar en el concepto que usted
nos ha explicado y nosotros trabajaremos positivamente en ello para
solucionar el problema del agua. Sin embargo, mi pesimismo está en que no
veo factible que esto pueda ir adelante, porque no hay voluntad de que se
resuelva.

Usted hace pocos días ha estado en Cataluña y posiblemente habrá tomado
nota de que no hay tanto pesimismo como el que yo ahora puedo mostrar,
pero en Cataluña se ha trabajado en el esquema (todos dicen que estamos
locos) de traer el agua del Ródano. Traer agua del Ródano al centro de
Cataluña es un trabajo que se ha elaborado --yo tengo aquí el primer
boceto-- y que es factible. Dicen que es una cortina de humo. No.

Nosotros queremos que el agua venga al centro de Cataluña porque dentro
de unos años, a medio plazo, se necesita, y estábamos dispuestos a que
fuese agua del Ebro. Hay comunidades en el Ebro que están de acuerdo y
presionan para que se haga desde allí, en un gran trabajo de solidaridad;
como también desde allí puede ir lo que usted dice sobre el mercado. El
mercado no es sólo establecer cuotas, como parece que decía el señor
Frutos. El mercado del agua que usted propone es que haya libertad de
venta de agua, y, si hay un gran mercado, detrás tiene que haber grandes
infraestructuras porque, lógicamente, cuando se vende agua no se venden
cubas de agua; suponemos que cuando se habla de vender agua es en grandes
cantidades y, por tanto, se necesitarán grandes infraestructuras. Ante
todo ello, nosotros pensamos que traer agua del Ródano es factible, no es
una cortina de humo. Podía ser una cortina de humo decir que traeremos
agua de Arabia Saudí, y entonces nos dirían que estamos locos. No. Del
Ródano podría ser. No es lo que queremos, pero si no hay más remedio, si
no hay manera de ponerse de acuerdo, si no hay manera de tener
flexibilización en las leyes para que se haga, ¿dónde vamos a tener que
resolver los problemas?
Señora Ministra, me preocupa muchísimo no lo que nos ha explicado usted,
que lo veo factible, lo veo sólido y se puede trabajar en ello. Me sabe
mal que se considere que todo lo anterior es malo. Puede ser malo, en su
opinión, todo lo que tenga una componente de decisión política, pero
muchos de los estudios técnicos que se han hecho, muchos de los
profesionales que han estudiado el tema han hecho un buen trabajo. Por
tanto, la impresión que yo sacaba de su discurso de que casi casi
empezaban de cero, no. No podemos empezar de cero. Porque si usted piensa
empezar de cero, lo de que tendremos libro blanco a principios de año,
nada de nada, tiempo ha y llegaremos al nuevo siglo con la problemática
de la informática y sus ceros.

En cuanto a otros temas de los que se ha hablado (y, perdón, señor
Presidente, si me alargo), como propios socios ha habido alguna
alusión... (El señor Frutos Grass: Contesta como ministro.) No contesto
como ministro. Hago alusión a algunas...




El señor PRESIDENTE: Por favor, no establezcan diálogo. Sí le digo, señor
Sedó, que no olvide usted que tiene que hablar de la política de costas.

(Risas.)



El señor SEDO I MARSAL: Es a lo que voy, señor Presidente.

Se ha hablado de propios socios precisamente en la política de costas.

Nuestro grupo pide cambiar la Ley de Costas en los aspectos
competenciales. Presentamos un proyecto de ley sobre costas, que
reconocemos que tenía algún error y lo cambiamos, y fue porque se había
hecho desde un punto de vista que no contemplaba a fondo la temática
medioambiental. Puestos en contacto con los ecologistas y otros grupos,
cambiamos el texto. Aquí se ha dicho que el texto no prosperó, que era
muy malo. Yo tengo que decir una cosa. El Grupo Parlamentario Socialista
y nosotros llegamos a unos preacuerdos en una reunión en la que estaba el
portavoz de la Comisión, presente aquí, el portavoz de su grupo en el
Pleno, el portavoz de nuestro grupo en el Pleno y nuestros portavoces,
planteando un esquema de trabajo. La prueba es que el texto aquel, que
nosotros estábamos de acuerdo en que tenía que sufrir enmiendas, llegó a
ir a toma en consideración en el Pleno. Aquella toma en consideración en
el Pleno, que estaba más o menos avanzada de acuerdo con el Grupo
Parlamentario Socialista, fue vetada, y lo fue no sé si por la señora
portavoz que entonces estaba en esas misiones o por el propio señor
Ministro.

Nosotros en la Ley de Costas queremos defender los temas competenciales,
que creemos que no son correctos. ¿Cuál es el acuerdo?, decía otro
portavoz. Nosotros queremos que se modifique el texto de la Ley de Costas
en los



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aspectos competenciales, con total respeto a lo básico de la ley que
actualmente está vigente.

Perdone, señor Presidente, si he estado vehemente o he perdido los
papeles y a lo mejor me ha salido una disertación un poco incoherente,
pero crea usted que está hecha con el corazón, con la intención de que el
tema del agua se resuelva de una vez, aunque lo veo muy difícil.




El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, permítame decirle que ha volcado usted
en su intervención las muchas horas de trabajo, durante legislaturas
pasadas, que en este tema muchos de los miembros que estamos en esta
Comisión hemos empleado.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, antes de empezar quería
solicitarle permiso para dividir el tiempo entre el señor Chiquillo, de
Unión Valenciana, y el que habla (Asentimiento.) Gracias. Seré muy breve.

No sé si cabe alguna duda en relación con que la importancia de las
costas en Galicia es fundamental. Es un caso muy peculiar porque tiene la
mayor extensión de costa de todo el Estado español, considerando las
costas interiores de las rías, y además porque hace especialmente difícil
el marco competencial entre la comunidad autónoma y el Estado. Si a esto
añadimos que la parte más importante del tráfico de mercancías con toda
la Europa industrializada se realiza por la costa de Finisterre,
tendremos una idea aproximada de lo importante que sería que uno de los
axiomas de la Señora Ministra, el de establecer la coordinación entre
administración y la simplificación del marco competencial, es vital para
Galicia. Sin ir más lejos, hay zonas de costa, no ya del exterior sino
del interior de las rías, que están sometidas a un marco competencial tan
complicado como el siguiente: la demarcación de costas, el departamento
marítimo del Cantábrico, las competencias en la marina mercante, las
competencias de las autoridades portuarias y las competencias de la
propia comunidad autónoma. En casos así está claro que es inaudito
observar cómo, por ejemplo, todo tipo de rellenos de tierra que se hacen
en el interior de la rías, con grave afectación de su riqueza marisquera,
y muchas veces sin justificación alguna, desde el punto de vista de la
necesidades portuarias, estén sometidos básicamente a una decisión de la
autoridad portuaria, sin que cuando menos las competencias autonómicas
establezcan claramente que tiene un carácter prioritario su decisión para
impedirlas. En este sentido hay un ejemplo último sobre el que le
agradecería que me diese algún tipo de información.

Aunque en el Estado español conocieron la catástrofe del vertedero de O
Portiño, en A Coruña, cuatro días más tarde de producirse (hubo una
censura informativa que no sé a quién hay que atribuir), nos gustaría
saber, ya que es un ejemplo paradigmático a añadir a muchos otros
anteriores --todas las catástrofes, sobre todo de los petroleros en la
proximidad de la ría coruñesa--, hablando de esta coordinación de
administraciones que usted presentó como una de las claves de su
Ministerio, nos gustaría saber, repito, así hubo alguna solicitud de
ayuda ante una catástrofe que, a pesar de que los responsables son los
basureros municipales, no vamos a meternos en quién tiene la
responsabilidad de lo que ocurre, sino en cómo paliar las consecuencias
de esa catástrofe; si usted o el Gobierno recibió alguna solicitud de
ayuda por parte de la autoridad municipal para hacer frente a una
catástrofe de este calibre, si bien recibió algún informe de costas o del
gobierno civil, ya que el derrumbamiento del vertedero está afectando a
una parte de la costa que es competencia estatal o, cuando menos, la
Xunta de Galicia no sabe, no entiende respecto de ella. ¿Cómo puede ser
que un gobierno civil no haga ninguna declaración oficial ni siquiera
respecto de las consecuencias para la salud pública de una catástrofe de
tal categoría?
En todo caso, nos gustaría saber si por parte del Gobierno español o de
su Ministerio hubo alguna iniciativa solicitando un informe sobre las
catástrofes y sus consecuencias ambientales. Esto es lo que podría
indicar si el nuevo Gobierno tiene la intención si no de solucionar los
problemas, que sabemos que no todos son de su responsabilidad, sí de
paliarlos por lo menos. En este sentido me gustaría decirle que la
sociedad gallega, que en este aspecto a nivel político se portó con total
exquisitez y no está utilizando el problema para ningún tipo de agitación
política, sí vive con un poco de sorpresa el hecho de que sea la
autoridad municipal la que, a través de una empresa privada de camiones,
esté desmontando nada menos que una montaña de un millón de toneladas de
basura. Eso causa sorpresa, después de la noticia inicial de que piden
unos técnicos a Madrid que se fueron a los dos días, porque
afortunadamente en Galicia hay técnicos suficientes para interpretar el
problema. El problema es cómo hacerle frente desde el punto de vista de
la tecnología. Le agradecería algunas palabras que paliasen esta
sensación de que éste es el problema de Coruña en exclusiva, que es algo
que no le importa a nadie, ni siquiera desde el punto de vista
informativo a la opinión pública española, habiendo vidas humanas por el
medio, tal como se dio la información.

Quería preguntarle otra cuestión que afecta a la costa. En Galicia, a
pesar de que se pueda decir que no hay una conciencia ciudadana respecto
de la cuestión medioambiental, se están dando ya casos de alcaldes que
está recurriendo legalmente al derribo de muchas casetas que está
construidas ilegalmente en la costa, en concreto en zonas más o menos
turísticas. Debido a esta descordinación competencial no encuentran el
amparo debido ni en la administración autonómica ni en la demarcación de
costas. Me gustaría saber su opinión.

Por último, me gustaría conocer si hay algún proyecto para adecuar, ya
que usted habló de que no quería hacer una ley de aguas ni nada que
tuviera que ver con la hidrografía centralista, las confederaciones
hidrográficas a un marco más propio desde un punto de vista natural; Por
ejemplo, en el caso de toda la del norte, que reúne dos cuencas
hidrográficas muy distintas, como es la atlántica de Galicia y el
Cantábrico, lo que provoca bastantes problemas incluso de interpretación
o de análisis de cuál es su casuística y su problemática.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo para hablar de
la política hidráulica, pero le recuerdo su limitación de tiempo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señora Ministra, quiero agradecerle en primer
lugar la información que nos ha facilitado, a pesar de que en el fondo de
algunas de las cuestiones planteadas no hay tanta sintonía como esperaba.

En el primer punto de partida creo que coincidimos todos los grupos
parlamentarios, no sólo el Ministerio, en el sentido de que el problema
del agua es una cuestión de Estado, es un problema de una enorme
trascendencia económica y social, y le hablo como representante de la
comunidad Valenciana donde, desgraciadamente, es un verdadero problema
como factor claro y determinante del potencial y del desarrollo económico
valenciano. Es un verdadero problema porque la Comunidad Valenciana es
una de la comunidades del Estado español claramente deficitaria en agua.

La situación hidráulica en la Comunidad Valenciana viene dada, además,
por la existencia de un fuerte desequilibrio espacial que viene a agravar
los problemas que ya de por sí ocasiona la sequía. Hay grandes problemas
de agua en el norte y en el sur de la Comunidad Valenciana. Hay problemas
añadidos como son el de la sobreexplotación de los acuíferos, en Alicante
y Castellón sobre todo, la intrusión marina, la salinización de las
aguas. En la zona costera litoral también hay un gran aumento del
problema de los nitratos en las aguas. Todo esto hace que los problemas
relacionados con el agua tengan una dimensión, si cabe, más importante
que en otras comunidades también deficitarias. Hay que añadir el elevado
consumo --está la cuestión de la actividad agrícola en particular-- de la
Comunidad Valenciana, cerca casi del 90 por ciento es consumo agrícola, y
hay que considerar que casi el 90 por ciento de las hectáreas totales de
regadío valenciano se contemplan y se reúnen en las cuencas del Júcar y
del Segura, pero en particular en la del Júcar. Como he dicho, están los
problemas de contaminación agrícola, también de vertidos urbanos;
igualmente hay ríos menores con graves problemas por vertidos
industriales de alta contaminación química y orgánica. Son un conjunto de
problemas que hacen de la Comunidad Valenciana una comunidad que, desde
el punto de vista de la Unión Valenciana, debía ser objetivo prioritario
de la acción de Gobierno, y por lo que se está leyendo en los medios de
comunicación --que yo espero que aquí usted lo ratifique o no--, que es
lo que ha creado alarma, no parece que haya excesivas iniciativas para
paliar algunos de los graves problemas que afectan a la Comunidad
Valenciana en materia de agua, bien agrícola, bien de depuración de
aguas, etcétera.

Yo creo que --sin que sirva de precedente-- tampoco es buena política
criticar lo anterior. Esas declaraciones de que no había encontrado
ningún punto de referencia positivo en toda la política hidrológica de
los gobiernos anteriores --eso ha salido en algún medio de comunicación--
y que había que empezar de nuevo, eso no es así. Yo creo que eso no es
positivo porque a pesar de los errores, que los cometió, porque todo
gobernante tiene derecho y cae en los errores, el anterior Gobierno puso
el empeño de avanzar en lo que es una de las principales bazas de la
política hidrológica, el Plan Hidrológico Nacional --y así lo entendemos
desde la Unión Valenciana-- y hay --como se ha comentado-- infinidad de
documentos, estudios, y una memoria del año 1993. Entrando en algunas de
las cuestiones del Plan Hidrológico Nacional, desde la óptica de Unión
Valenciana, y así lo entiende la sociedad valenciana, es una cuestión
básica los trasvases, de los que usted ha dicho de entrada que serán el
último remedio. Nosotros pensamos que una de las primeras decisiones que
se tienen que adoptar es impulsar el Plan Hidrológico Nacional para que
esos trasvases empiecen a contemplarse, porque la Comunidad Valenciana
los necesita. La importancia agrícola y turística de la Comunidad
Valenciana requiere de esos trasvases estudiados, compensados, pagados si
ustedes lo quieren, pero creo que es fundamental que se impulse el Plan
Hidrológico Nacional, y por eso algunas de las palabras que han salido en
los medios de comunicación y algunas palabras que usted ha repetido hoy
aquí han causado en el Diputado que les habla decepción y preocupación al
50 por ciento, porque creo que esa indefinición en algunas cuestiones de
política hidrológica nos hacen tener esa preocupación, pues en política
hidrológica no cabe la improvisación y si se han hecho trabajos --y
algunos los voy a citar-- en la anterior etapa del Ministerio de Obras
Públicas, creo que hay que aceptar esos documentos. En la cuestión del
plan hidrológico y de trasvases, y en lo que más afecta a la Comunidad
Valenciana, hay informes técnicos que avalan el trasvase Tajo-Segura, que
avalan la posibilidad de acometer una construcción del trasvase
Júcar-Vinalopó para las comarcas de Alicante especialmente ricas en
agricultura y turismo, y sobre lo que en una parte muy importante depende
el futuro de la agricultura valenciana, que es el trasvase Xert-Càlig del
Ebro a las comarcas del norte de Castellón y de Valencia. En una
contestación parlamentaria, avalada por informes técnicos del propio
Ministerio --y creo que se tiene que tener en cuenta porque del 25 de
octubre de 1995 hasta hoy no ha transcurrido ni un año--, cuando se habla
del trasvase Xert-Càlig se dice que precisa de su correspondiente plan
hidrológico nacional --evidentemente-- para su ejecución, si bien se ha
comprobado que es económica y técnicamente viable, además de compatible
en cualquier caso con la protección del delta del Ebro y sus
explotaciones agrarias.

Creo que hay cuestiones en las que ya se han hecho bastantes informes.

Han transcurrido diez años largos desde la aprobación de la Ley de Aguas
y no todo lo anterior es negativo porque lo haya hecho un gobierno de
distinto signo al posterior. No es con ánimo de acusar de nada, porque
podemos tener incluso todos parte de culpa de que no se haya avanzado en
el plan hidrológico, que pienso que es la pieza fundamental de la
política hidrológica, que tiene que ir complementada con el plan nacional
de regadíos, el plan nacional de depuración de aguas y otras cuestiones
que en su conjunto van a hacer posible que esta cuestión de Estado salga
adelante, y en el supuesto de que pudiera haber otra época de sequía
--Dios no lo quiera-- poder afrontarla con garantías.




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El plan hidrológico nacional y la política de trasvases son el eje básico
de esa política hidrológica, o al menos así lo piensan algunos de sus
representantes, como se ha dicho aquí, en la Comunidad Valenciana, por
ejemplo, que a lo mejor no coincide con la opinión de los representantes
del Partido Popular en la Comunidad de Aragón o en Castilla-La Mancha,
pero creo que desde la solidaridad hay que intentar aunar todas las
posturas, y si está demostrado en estudios que sobra agua en el Estado
español --hay cuencas excedentarias y cuencas deficitarias--, creo que se
tiene que hacer un gran esfuerzo de solidaridad, como hemos hecho y
seguimos haciendo los valencianos, porque de la importancia que tiene el
producto agua para la Comunidad Valenciana no sólo se beneficia ésta, ya
que si sus explotaciones agrarias tienen una gran rentabilidad económica
para el conjunto del Estado, una gran fuente de divisas, y a los
valencianos no se nos pregunta si queremos compartir la riqueza, los
beneficios de esa explotación agraria o turística, por ejemplo, desde la
solidaridad compartimos y contribuimos a llevar adelante este proyecto
global que es el Estado español, y esa solidaridad que nosotros hemos
demostrado en infinidad de veces la solicitamos, esa solidaridad la
reclamamos en ese Plan Hidrológico Nacional que no puede esperar mucho
más tiempo.

Voy a concluir, porque creo que hay una actitud de bloqueo en la decisión
del Plan Hidrológico Nacional. Ya se demostró en 1993-1994 y ahora
dejándolo para el año 1998, y como muy bien ha apuntado el portavoz del
Grupo Catalán, podemos encontrarnos con una probabilidad nada
descabellada de elecciones anticipadas en el año 1998, y así veremos que
hasta el 2005 no hay Plan Hidrológico Nacional, trasvases ni actuaciones
serias y decididas necesarias para que los problemas hidrológicos se
resuelvan, y habrán pasado diez años del Gobierno socialista y diez años
del Gobierno popular, veinte años desde la aprobación de la Ley de Aguas,
con esa asignatura pendiente que es el Plan Hidrológico Nacional por
culpa de todos, unos más y otros menos, pero creo que el Partido Popular
ha sometido a una situación de bloqueo el Plan Hidrológico Nacional, lo
cual es inadmisible.

Rápidamente, en la Comunidad Valenciana, mientras no llegue el Plan
Hidrológico Nacional...




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, hemos admitido la intervención
doble del Grupo Mixto, pero no puede excederse. Un minuto y termine.




El señor CHIQUILLO BARBER: Mientras llegue, el Plan Hidrológico Nacional
y los trasvases, es evidente que se tienen que efectuar otras inversiones
en materia de infraestructuras hidráulicas, por lo menos, que también
parece que estén un poco recortadas o arrinconadas en el olvido. Consta
en el Ministerio, y lo recogió el anterior Ministro --espero que ello no
sea delito para no tenerlo en cuenta ahora-- el plan de modernización de
los regadíos de la Comunidad Valenciana y la mejora de los regadíos
históricos de la acequia real del Júcar para ahorrar agua y poder
permitir el disfrute del agua en mejores condiciones. Hay trabajos de
pantanos en la Comunidad Valenciana, presentados en el anterior Gobierno,
los pantanos de Vilamarxant, de Banyeres, cuestiones muy importantes para
fomentar el mejor uso y disfrute del agua y que la Comunidad Valenciana,
que necesita más que otras comunidades ese bien escaso para el futuro del
Estado español, para la agricultura y para el turismo, desea que sean
atendidas.

Por tanto, espero que la decepción y la preocupación que me ha supuesto
alguna de sus alegaciones me las disipe y me podrá tener a su lado para
que estas cuestiones del plan hidrológico, todo lo relacionado con el
agua, puedan salir adelante. Mañana en el debate de la interpelación
habrá una segunda parte de este tema.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De
Lara Carbó.




La señora DE LARA CARBO: Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular,
sí queremos mostrar nuestra coincidencia con los aspectos reseñados por
la señora Ministra como prioritarios para el recientemente creado
Ministerio de Medio Ambiente, que coinciden con los defendidos por el
grupo parlamentario y que componían nuestro programa electoral.

Creemos que la apuesta única por los trasvases que existía en el
anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional presentado por el
anterior Gobierno no es admisible. La premisa de que los trasvases son la
única solución para los problemas de déficit hídrico no es compartida por
nuestro grupo parlamentario. Los trasvases pueden ser necesarios en
determinadas condiciones para determinados lugares, pero no constituyen,
creemos, la única solución. También creemos que hay que considerar de una
manera efectiva, cosa que no estaba contenida en el anteproyecto del plan
hidrológico, la incidencia medioambiental de tales proyectos, incidencia
imprevisible en la mayoría de los trasvases propuestos y el costo de las
infraestructuras que se proponían en él. Por cierto, que el señor Sedó ha
dicho que no todo lo contenido en el anteproyecto del Plan Hidrológico
Nacional era malo, y estamos de acuerdo. El anteproyecto contenía una
serie de estudios e informes importantes de gran valor, pero a su vez
tenía grandes carencias; carencias que no es que las digamos solamente
nosotros desde el Grupo Popular, sino que se enumeran en un informe de la
Dirección General de Política Ambiental, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas y Medio Ambiente en 1994. Dicho informe --y leo
textualmente algunos párrafos-- dice: Con su redacción actual se pasa de
puntillas por aspectos que deberían constituir los pilares básicos de una
planificación hidrológica adecuada; se cometen errores conceptuales de
tipo ambiental; se renuncia a tratar la unidad del ciclo hidrológico como
tal y se pretenden soluciones de incremento de la oferta que se plantean
con un detalle comprometedor, dada la escasez de análisis justificativos
de la viabilidad económica, social, medioambiental y técnica de tales
proyectos. Como he indicado, este informe es de la Dirección General de
Política Ambiental, dependiente del antiguo Ministerio en 1994. A su vez,
el Ministerio de Hacienda, en el año 1994, puso en duda que se pudiera
financiar



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el plan hidrológico presentado por el señor Borrell, y sugirió que fueran
los usuarios quienes sufragaran el coste del plan. Dijo también el
Ministerio de Hacienda que no estaba justificada la puesta en marcha de
las 600.000 nuevas hectáreas de regadío y que este plan hidrológico podía
convertirse en un conjunto de obras faraónicas que no tengan en cuenta el
ahorro de agua. Esto lo ha dicho gente del Partido Socialista en el
Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

Respecto al plan de regadíos, que parece que nosotros hemos querido
boicotear o queremos retrasar, quisiera también recordar a la señora
Narbona que el Plan Hidrológico Nacional de Regadíos que aprobaron
ustedes en febrero de 1996 no fue aprobado por el Consejo Nacional del
Agua y que ustedes contrataron 24 informes para efectuar este plan de
regadíos por valor de 2.000 millones de pesetas, informes que no se
utilizaron, dado que ustedes aprobaron el plan antes de recibirlos.

Volviendo a las explicaciones de la señora Ministra, nuestro grupo ha
defendido la importancia de la eficiencia en la utilización del agua, la
necesidad de mentalizarnos de que ni la oferta ni la demanda pueden
crecer indefinidamente, y que un uso eficiente de los recursos hídricos
exige un ahorro, un control, una regulación de la demanda, que es preciso
seguir mejorando las infraestructuras de riego, las técnicas de riego, ya
que es en los usos agrícolas donde se disparan las cifras de consumo en
España. Venimos defendiendo desde mi grupo la necesidad de optimizar las
infraestructuras existentes y la utilización de fuentes alternativas.

Optamos por una utilización conjunta de aguas subterráneas y aguas
superficiales y por una puesta al día de los registros, catálogos de
autorizaciones y concesiones de nuestros acuíferos para conocer la
situación real de los mismos, ya sea de sobreexplotación o de
contaminación, dado que la contaminación de los acuíferos es
especialmente grave, ya que lo difícil es predecirla y una vez que se ha
producido en muchos casos es irreversible. La utilización de aguas
residuales urbanas convenientemente depuradas creemos que es otra fuente
alternativa que no ha sido suficientemente utilizada.

Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos hacer una petición a la
señora Ministra: que considere que la protección y restauración de la
calidad del agua y del medio ambiente son objetivos prioritarios en la
adecuada gestión de nuestros recursos hídricos, ya que entendemos que no
pueden disociarse los aspectos de cantidad y calidad del agua. También
queríamos trasladarle a la Ministra de Medio Ambiente la preocupación de
nuestro grupo por los agricultores de Alicante debido a la necesidad de
agua que existe en la zona. Entendemos importante la introducción de
ciertos elementos de mercado en la nueva regulación y gestión del agua y
creemos que la planificación futura del agua no puede hacerse de espaldas
a las reglas del mercado. Esperamos la presentación del anunciado libro
blanco en los primeros meses de 1997 y que el debate que se iniciará con
esta presentación propicie un amplio consenso para que, por fin, podamos
tener un Plan Hidrológico Nacional que merezca llamarse como tal y
esperamos, asimismo, conocer el programa de inversiones de su ministerio
en el marco de la ley de presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar la Ministra de Medio
Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): De entrada
quiero tranquilizar a SS. SS. diciéndoles que no es éste el debate que
agota la política hidráulica del Gobierno, sino que es la primera
comparecencia, ya que a lo largo del día de hoy vamos a tener varias,
mañana también, y seguiremos dialogando. He querido transmitir a SS. SS.,
en lo que he podido enunciar como principios fundamentales u
orientaciones que pensamos someter a su consideración para el debate, que
de lo que se trata es de elaborar un libro blanco que, reiteraré una y
otra vez, va a ser el instrumento para el debate, no va a ser el Plan
Hidrológico Nacional.

Dicho esto, y sin hacer declaraciones generales que podrían ir dirigidas
a todos los grupos, voy a tratar de contestar lo más concretamente
posible, y dentro del poco espacio de tiempo que nos queda puesto que
dentro de una hora tengo que comparecer en el Senado, a las preguntas que
me han hecho SS. SS. Con mucho gusto seguiré compareciendo cuantas veces
sean necesarias en esta Comisión, o en la comisión que se cree específica
de medio ambiente, para dar satisfacción a todas las inquietudes de SS.

SS., porque estoy segura de que con las aportaciones que vaya escuchando
a lo largo de sus intervenciones podremos enriquecer este debate para
encontrar las soluciones adecuadas que, en definitiva, es lo que a todos
nos preocupa.

Quiero aclarar a la señora Narbona su motivo de inquietud por el
desconocimiento del Secretario de Estado de los problemas del agua. Le
aseguro que ha sido su mera impresión personal, puesto que el Secretario
de Estado de Aguas y Costas que decidí nombrar en mi Ministerio era ya un
experto y conocía la materia y por tanto había estudiado con anterioridad
a su cargo político en el ministerio toda la problemática del agua. Esas
declaraciones a las que SS. hace alusión --y quiero decirle que las
recuerdo perfectamente-- se referían muy concretamente al anteproyecto de
ley del año 1993, que es el que realmente se conoció, el que se hizo
público. El posterior anteproyecto, como recordaba muy bien el
representante de Convergència i Unió, por las fechas, que se echaron
encima, del calendario, no llegó a ver la luz del día, pero conocemos
perfectamente, también el Secretario de Estado y yo misma, los muchos
estudios que después del anteproyecto de ley se fueron añadiendo en
interesantes debates y en interesantes experiencias de muchos técnicos.

Quiero añadir ya, aunque lo reiteraré, que nunca ha sido la intención del
ministerio ni de quien les habla hacer tabla rasa de lo que nos hemos
encontrado avanzado ya en la política hidráulica, no solamente porque
sería absurdo querer partir de cero, sino porque entendemos que ha habido
estudios que, al margen de diferencias y criterios políticos, han sido
hechos por personas que entienden de las materias y que, estamos seguros,
han querido acertar en las soluciones que aportaban. Por tanto, todo eso
que ya se ha elaborado,



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bienvenido sea. No es que se vaya a tener en cuenta en el futuro, es que
se está teniendo en cuenta ya. Y el contenido del libro blanco en gran
medida va a estar también basado en lo que hasta ahora han venido siendo
no solamente 13 y 14 años de estudios más concienzudos, sino todo lo que
ha sido y ha representado la problemática lamentablemente histórica, y
sin solución también histórica, del agua de este país. Ese es uno de los
objetivos del libro blanco. Por tanto, señora Narbona, no tenga miedo a
que no vayan a ser tenidos en cuenta los estudios que efectivamente ya
hemos analizado y sobre los que seguiremos profundizando.

No quiero que se tergiversen mis palabras, y ahí está el «Diario de
Sesiones». Yo nunca he hablado del contenido economicista del agua, yo no
he hablado del agua desde un punto de vista económico. Señora Narbona,
usted tiene el conocimiento suficiente como para saber que es muy
distinto hablar de la economía del agua en el sentido en que yo lo he
explicado y en tres conceptos muy distintos, a querer lanzar --usted
quizá sí buscando titulares-- en el sentido economicista del agua de la
Ministra de Medio Ambiente. Esto que podría ser motivo de titular y que
si no saliéramos al paso --inclusive en el «Diario de Sesiones»-- podría
plantearnos una nueva comparecencia: explíquenos usted el sentido
economicista del agua, quiero dejarlo bien claro, aludiendo a lo que han
sido mis intervenciones anteriores, tanto en la conferencia que pronuncié
en la Universidad Menéndez y Pelayo como a lo largo de esta mañana: no he
entendido nunca que el problema del agua se solucione con poner un precio
al agua. Por tanto, no es el sentido economicista el que mueve la nueva
política hidráulica de este Gobierno. Es muy distinto hablar del
principio de la economía del agua y en ese contexto de un seminario
dedicado a la economía del agua es donde yo planteé las soluciones al
problema real del agua, diciendo, además, que no hay varitas mágicas, que
no hay soluciones mágicas y que no hay una solución única. Por ello, mi
crítica al non nato Plan Hidrológico Nacional del anterior Ministro se
deriva precisamente de que la esencia --la varita mágica-- estaba basada
en los trasvases. Si había trasvases se solucionaba el problema del agua,
si no se producía esa política de trasvases no habría Plan Hidrológico
Nacional. Esa es la crítica, y por eso estoy abierta a considerar, dentro
de lo que pueda consolidarse en un futuro Plan Hidrológico Nacional, la
impulsión de muy distintas utilizaciones de todas las fuentes
alternativas; hay que propiciar la utilización de más recursos, no
solamente pensando en la política de trasvases. Eso es lo que yo he
criticado y por eso he dicho que ni siquiera en lo que ustedes están
centrándose --sustituir el trasvase por el mercado del agua-- va a ser la
varita mágica de este Gobierno. No vamos a pensar que si hay un mercado
del agua, hay Plan Hidrológico Nacional y hay solución al plan del agua,
y si no hay mercado del agua no va a ser así. Será un instrumento más
dentro de las vías alternativas que nos demos para solucionar este
problema.

Por consiguiente, el principio de economía del agua, --lo quiero reiterar
y dejar bien claro-- es el que va a mover la política hidráulica de este
Gobierno. El principio de la economía del agua pasa por una política de
ahorro, por un uso mucho más eficiente del agua del que se ha hecho hasta
ahora. He dicho que se puede conseguir no solamente en el abastecimiento
humano, no solamente también en la utilización industrial del agua --y he
puesto brevemente algunos ejemplos--, sino también con la racionalización
en la política de regadíos. Para ello he dicho que no le corresponde
poner en marcha en exclusiva a la Ministra de Medio Ambiente la política
de regadíos --y lo reitero, porque veo que ha sido un tema recurrente--,
sino que el plan nacional de regadíos tendrá que ser elaborado por la
Ministra de Medio Ambiente, en lo que colaboremos --como no puede ser de
otra forma-- y en ello estamos trabajando desde el Ministerio. Por tanto,
quiero dejar sentado y bien claro lo que entiendo por economía del agua:
política de ahorro, política de uso racional, mejor gestión del dominio
público hidráulico --ahí también se está economizando el uso del agua--,
promoción de fuentes de producción no convencionales y, en definitiva, un
hincapié en esos mecanismos de asignación de los recursos para que sean
más eficaces y se puedan asignar de una manera más flexible.

Insiste la señora Narbona en que se aprueban sin debate, ahora ya no
puede hablar de decretos-leyes porque no han sido decretos-leyes. Y,
señoría, respecto a la ley de envases --los textos se aprueban sin debate
donde han sido debatidos, por tanto, no se aprueba nada sin debate--,
quiero decirle que no se ha aprobado nada sin debate puesto que se va a
traer a esta Cámara como proyecto de ley para que SS. SS. tengan la
ocasión de, a través del trámite parlamentario, celebrar todos los
debates que consideremos convenientes.

Habla S. S. de la estimación de la demanda. Yo, si alguna cosa he
aprendido del non nato Plan Hidrológico Nacional, es que, desde mi punto
de vista, no se trata de hacer estadísticas. Usted me pregunta nuevamente
si se puede ahorrar más del 6 por ciento, a qué coste, si se puede
reutilizar más del 3 por ciento de aguas, etcétera. Desde luego, no me
propongo cuantificar los ahorros, sino empezar a ver qué medidas podemos
poner en marcha para lograr ese ahorro, ver el resultado que están
produciendo y, a raíz de eso, ser lo suficientemente flexibles como para,
si las medidas que se están poniendo en marcha dan el fruto deseado
continuar con ellas o, por el contrario, si no dan el fruto deseado,
poderlas modificar. Como le decía, todo esto es lo que vamos a empezar a
hacer una vez que aprobemos esa ley de medidas urgentes en materia de
aguas, que ya les he dicho que no es una nueva ley de aguas y que no es
tampoco un Plan Hidrológico Nacional, pero, en tanto llega ese Plan
Hidrológico Nacional, necesitamos dotarnos de unos instrumentos
jurídicos, como les decía en la primera parte de mi intervención, que
estén avalando esas medidas técnicas y económicas que creemos que es
necesario ir poniendo en marcha, porque sólo vamos a saber de la
eficiencia e incluso de las políticas de mercado si llegaran a aplicarse
en la medida en que vayan funcionando. Yo no creo que podamos saber el
resultado que van a producir determinadas medidas por ordenador o por
estadísticas. Por tanto, creo que es mejor que, después de producido un
debate



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con el Consejo Nacional del Agua y con SS. SS., se pongan en marcha esas
medidas y veamos efectivamente el resultado que de ellas puede derivarse.

Quiero decirle, señora Narbona, que desde el Ministerio no hemos
paralizado nunca el proyecto Linde. No se ha parado en ningún momento, y
no solamente eso, sino que cuando S. S. analice los presupuestos del
Estado para 1997 se va a encontrar con lo que se refiere a la asignación
presupuestaria.

Vuelvo a reiterar que cuando hablo del uso de fuentes alternativas no me
refiero a que una en concreto sea más importante que las demás, sino a
una utilización alternativa y complementaria. Por tanto, no es que ahora
dejemos los trasvases y pasemos a hablar en exclusiva de las desaladoras;
no es así. Me pregunta usted por Cádiz concretamente. En Cádiz, como
usted bien sabe, ya no existe el problema de la desaladora o no, porque
en este momento el trasvase del Guadiaro ha garantizado el suministro y,
por tanto, no tienen esa urgencia en relación con la desaladora, pero sí
le puedo decir que el régimen jurídico de las desaladoras también tendrá
que ser modificado en esa ley de medidas urgentes en materia de aguas de
la que estoy hablando, ley que pondremos en marcha antes del 31 de
diciembre de este año.

Señora Narbona, cuando he criticado esas redes faraónicas, las he
criticado como solución mágica y cuando hablamos de un mercado del agua,
no estamos pensando en empezar la casa por el tejado con otro tipo de
redes para que se lleve a cabo ese mercado del agua. Cuando me refiero al
mercado del agua me estoy refiriendo, en primer lugar, a lo que tiene que
ser una flexibilización en concesiones históricas, que realmente no están
dando el juego que tenían que dar en este momento, para lo cual también
nos va a hacer falta tener que producir esa reforma de medidas urgentes
en la Ley de Aguas y que se puedan flexibilizar esas condiciones, que ese
derecho de uso del agua pueda tener la flexibilidad que las demandas
actuales de la sociedad están exigiendo respecto al escaso recurso del
agua. Por tanto, esas concepciones históricas inamovibles, tienen que ser
dotadas de mucha mayor flexibilidad, para que aquella persona que,
deseando ahorrar esa concesión que tiene, ese derecho de uso al agua
piense que puede otorgársele a otro que amplía de esta forma la
rentabilidad de su producción, la rentabilidad de su regadío pueda
hacerlo, y esto no se va a empezar con unos trasvases faraónicos de 7.000
kilómetros, como he anunciado, serán criterios razonables de adjudicación
de ese recurso los que van a movernos.

Sobre el precio del agua tenemos que hablar, es un debate largo,
tendremos que hablar esta tarde, hablaremos mañana nuevamente, yo no me
quiero extender en este momento, sí quiero decirle que el Gobierno nunca
ha considerado la necesidad de establecer un precio del agua como un
impuesto para paliar el déficit que tienen las administraciones públicas.

En este sentido, no van a encontrar nunca esa política del Gobierno del
Partido Popular, creando un impuesto indirecto sobre el agua como una
mera medida recaudatoria. Distinto será que tengamos que hablar, porque
viene siendo ya la política del ministerio, como canon finalista, lo que
proponía Cataluña. Con independencia de que hoy sean socios de este
partido o, como recordaba su representante, ayer fueran socios del
partido socialista, lo cierto es que cuando se está hablando de un canon
finalista para depuración de aguas residuales, este tipo de figuras están
siendo ya puestas en práctica, no solamente en Cataluña sino también en
otras comunidades autónomas, y desde luego tiene muchísima lógica porque
efectivamente va vinculado al cumplimiento exacto de lo que por otra
parte, como sabe muy bien S. S., nos imponen las directivas comunitarias.

Por tanto, en este sentido, nosotros siempre impulsaremos este tipo de
medidas que no pueden mezclarse en un debate público, con lo que puede
ser un precio del agua como un impuesto especial a tanto el metro cúbico
para paliar los déficit presupuestarios.

Le pediría que retire la acusación de mentiras, porque no es el estilo de
quien les habla; no trato de engañar a la opinión pública, ni mucho menos
a SS. SS., por tanto, si yo he hablado de esa asignación presupuestaria
es por lo que estamos teniendo que escuchar a alcalde tras alcalde a
todos los que telefónicamente o, por entrevistas que piden en el
ministerio, están reclamando lo que efectivamente se les había prometido,
y nunca se les dijo en cuanto tiempo se les iba a dar, ni siquiera si se
iba a no empezar a dar este año, como así ha ocurrido. Por tanto, vuelvo
a reiterar que no ha sido ninguna intención no ya de mentir sino ni
siquiera de ocultar ni manipular información, y, cuando tengamos el
debate de presupuestos, con muchísimo mayor detalle incluso, pueblo a
pueblo, podremos hablar de esa problemática que preocupa a S. S.

En cuanto a las operaciones que comenta S. S. en las costas y los
criterios medioambientales, estoy segura que con mucho gusto el
Secretario de Estado de Aguas y Costas podrá comparecer cuando quiera S.

S., con todo detalle, para explicarle las preguntas que tenga S. S. a
bien hacer de la situación real con que nos hemos encontrado y cómo
siguiendo, por encima de todo, criterios de respeto de ese impacto
ambiental menos dañino para la conservación de medio ambiente, estamos
actuando allí donde nuestra presencia y nuestra competencia se han
requerido, como ha sido en algunos casos que planteaba en el supuesto de
Canarias, advirtiendo que no se han paralizado obras, lo que a veces ha
habido que hacer es a lo mejor reasignar o reestructurar esa asignación
plurianual porque era imposible cumplirlo este año, pero desde luego no
se han paralizado ese tipo de obras de que S. S. se hacía eco.

En cuanto a la situación lamentable de las confederaciones hidrográficas,
celebro que lo recuerde la señora Narbona, porque efectivamente ella,
como responsable junto con el señor Borrell, tiene que saber mucho de la
absoluta indefinición y de la situación lamentable, incluso desde el
punto de vista financiero, que tienen las confederaciones hidrográficas y
que estamos intentando solucionar, pero lo que se ha venido generando en
catorce años no puede solucionarse en cinco meses.

En la reforma urgente de la Ley de Aguas que estamos comentando, tenemos
prevista la situación que padecen las confederaciones hidrográficas que
teniendo que cobrar un canon de regulación --creo que ya lo dije la vez
anterior en



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mi comparecencia--, se está acudiendo a lo que pudiéramos denominar
cultura del recurso, en la que, en vez de pagar el canon, lo que suele
hacerse es recurrir, lo que hace que se demore algunos años. A veces,
como hay algunos problemas técnicos en la definición exacta de en qué
consiste ese canon, se da la razón al recurrente y hay que volver a
empezar, como sabe muy bien S. S. Esto hace que las confederaciones
hidrográficas se encuentren en una lamentable situación deficitaria, que
yo no digo que pudieran autofinanciarse de inmediato, pero que, desde
luego, podrían aliviar y mucho las cargas presupuestarias de un
presupuesto general de la Administración del Estado si realmente se
pudiera mejorar, como deseamos, esa gestión de los cánones, se aplicara
en definitiva el sistema de financiación que está previsto en la Ley de
Aguas y pudiéramos, como digo, hacer real este cobro de cánones. En eso
estamos y parte de la modificación de la Ley de Aguas que pondremos en
marcha va referida precisamente a esa situación.

Creo que he contestado a sus preguntas respecto a la definición de los
aspectos competenciales, y volveré a hablar de ello cuando se comente
todo el tema de costas, que era preocupación de S. S., del que no hemos
hecho más que empezar a hablar de él hoy y seguiremos hablando, por
descontado. Recuerdo perfectamente que en mi comparecencia anterior le
dije que lo primero que nos mueve en el tema de costas es evitar la
degradación del litoral. Estamos haciendo el deslinde del dominio público
marítimo-terrestre, un compromiso que asumimos para ir terminándolo a lo
largo de esta legislatura, señora Narbona.

En cuanto al resto de competencias, usted sabe muy bien, porque la ha
citado, la sentencia del Tribunal Constitucional que dice en qué partes
se estaban invadiendo competencias de la Ley de Costas de 1988. Por
tanto, en ese proyecto de ley de Costas a que nos hemos comprometido con
el Partido de Convergència i Unió tendremos que establecer una prelación
de competencias concurrentes. Sobre estos criterios elaboraremos la Ley
de Costas que, por supuesto, todos ustedes tendrán posibilidad de debatir
y de dialogar para que lleguemos al mayor consenso posible.

Al señor Frutos quiero decirle que no hubo ninguna improvisación
comunicativa este verano. Pronunciar una conferencia sobre la economía
del agua --quizás no tenemos criterios parecidos-- es una manera de
comunicarse con un sector concreto de la población. No hubo ninguna
improvisación comunicativa, puesto que, además, no se estaba cerrando un
proyecto de ley de Plan Hidrológico Nacional, sino que se hablaba de
cuáles eran los criterios que tenemos en torno a lo que entendemos debe
ser la economía del agua, el uso racional, el uso eficiente del recurso
escaso, limitado y, sin embargo, renovable. Esto es lo que se produjo el
día 2 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Del uso racional del agua en la agricultura, al que S. S. ha hecho
alusión, yo también he hablado. En cualquier caso, no es un tema que
podamos delimitar usted y yo exclusivamente, sino que, en contacto con la
Ministra de Agricultura y en la Comisión de Agricultura, tendrán SS. SS.

ocasión de plantear todo el problema de la modernización de regadíos.

Del banco de compraventa de agua he de decir que yo no he hablado de que
se va a imponer un banco de compraventa de agua. Cuando se me preguntan
ejemplos de cómo se puede establecer ese mercado del agua, cuento, y
vuelvo a contar ahora, cómo funcionó en algunos sitios. Usted ha
comentado Chile, yo cito California --creo que también S. S. ha hablado
de ello-- y de cómo funcionó de una manera bastante eficiente ese banco
de agua, hasta el punto que no se establecieron unos precios libres, sino
en función de dónde se fijaba ese precio del agua y, desde luego, no de
una manera caprichosa. Por tanto, se podía racionalizar el uso del agua,
que es lo que estamos buscando. Fue tal el éxito que en dos años de
funcionamiento ya no había posibilidad de seguir comprando más agua
porque, tan escaso como es el recurso, cuando se puso un precio lógico y
razonable al agua, hubo más oferta que los demandantes necesitaban. En
cualquier caso, yo no he hablado de poner en marcha, no mucho menos de
inmediato, un banco de agua, sino que he puesto el ejemplo de cómo puede
funcionar un banco de agua.

He dicho y reitero que los trasvases no será una política caprichosa, lo
cual no me sitúa enfrentada con los trasvases. Yo no estoy en contra de
los trasvases. Lo que sí he dicho, es que tendrán que justificarse; y
tendrán que justificarse en el sentido de que cuando haya que ampliar esa
política de trasvases estaremos convencidos de que existen cuencas
excedentarias y cuencas deficitarias.

Cuando digo que existen cuencas excedentarias, tendremos que empezar por
hacer primero una auténtica y real regulación de lo que eso significa,
porque a lo mejor una cuenca es excedentaria en un tramo y en un momento
determinado, pero esa misma cuenca no lo es en otro tramo o en otro
momento. Por tanto, ésta es la flexibilidad en este concepto de economía
y de racionalización del uso del agua a la que me estoy refiriendo, y en
ese sentido he dicho que cuando se decida que tiene que haber un trasvase
dije, inclusive, no me temblará la mano para dictaminar que se produzca
ese trasvase, porque habremos utilizado las demás fuentes alternativas y
se habrá demostrado que concretamente ese trasvase es necesario.

Es la política que ha anunciado reiteradamente y en la que siempre me van
a encontrar, porque promocionaremos fuentes alternativas de producción,
les sacaremos la mayor rentabilidad posible y, además, cuando haya que
acudir a ello, acudiremos a los trasvases, pero no como planteaba algún
representante de los partidos políticos que se han manifestado aquí
durante esta mañana: Plan Hidrológico Nacional y trasvases, trasvases,
además, para una comunidad autónoma determinada. No planteo yo así el
concepto de la solidaridad interterritorial y, por tanto, no creo que
solamente con trasvases a la Comunidad Valenciana, en concreto, se
solucione el problema del agua que históricamente padece España.

Estoy de acuerdo en que desarrollaremos todo lo que sea útil, y en este
sentido, todo lo que es útil de los estudios que anteriormente se han
venido realizando va a estar al alcance de SS. SS., va a formar parte de
ese debate que tendremos que desarrollar a lo largo de todo un año y en
él incluiremos también lo que pueden ser políticas, que según



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este ministerio, deben ser aplicadas para solucionar el problema de la
política del agua.

Respecto del tema de las privatizaciones del agua en Oviedo, comprenda
que es un tema de competencia municipal que a mí no me corresponde
enjuiciar y, por tanto, excede de esta comparecencia.

En cuanto a la Ley de Costas, me pregunta S. S. qué tipo normativo y qué
acuerdo. No le puedo decir más que el compromiso que tenemos con
Convergència i Unió en los pactos de gobernabilidad, de presentar en el
plazo de un año --y esto se va a cumplir-- un proyecto de ley de reforma
de la Ley de Costas. El acuerdo es ése y el resto del acuerdo será
sometido a debate de SS. SS.; luego los acuerdos se van a desarrollar
como hace siempre el Partido Popular, en este caso el Gobierno del
Partido Popular, con luz y taquígrafos y será en esta Cámara donde se
desarrollen esos acuerdos, esos debates para conseguir una nueva Ley de
Costas de adecuación a las concurrencias competenciales que en el tema de
costas se están produciendo en este momento y que crean --por qué no
reconocerlo-- ciertas disfunciones.

Por lo que se refiere al señor Sedó, creo que él ha reconocido que con
pesimismos no vamos a encontrar soluciones a los problemas. Comprendo que
quien ha trabajado como S. S. tantos años en encontrar la fórmula
adecuada para lograr un Plan Hidrológico Nacional tiene que sentirse en
este momento, un tanto escéptico de pensar que porque llegue una nueva
Administración no va a encontrar de repente la solución maravillosa al
Plan Hidrológico Nacional. Sin embargo, estamos trabajando con esa
serenidad y reflexión con la que él está diciendo se debe trabajar pero,
al mismo tiempo, con la profundidad y el rigor que requiere un problema
tan grave. Estamos seguros de que con ganas de resolver el problema, como
todos tenemos, no acabaremos esta legislatura sin haber encontrado si no
la solución universal que contente a todo el mundo, sí aquella que lleve
el agua a todos los ciudadanos de forma lo más satisfactoria posible para
que en el supuesto de probables sequías, que lamentablemente con el clima
que España tiene no tendríamos por qué descartar --aunque no las
deseamos, como es lógico--, hemos de tener previsión suficiente con
antelación para que las infraestructuras no nos cojan en una situación de
debilidad, tal como desde el año 1992, y volvieran a repetirse los
problemas que padecieron tantos y tantos ciudadanos españoles.

Así es como entiendo la solidaridad interterritorial --le vuelvo a
decir-- y no con varitas mágicas, pero sí creyendo que con la
colaboración de todos puede ser factible lograr un sólido Plan
Hidrológico Nacional.

El señor Rodríguez plantea lo que él dice axiomas de la señora Ministra.

Quiero decirle que la Ministra no tiene axiomas en el problema de la Ley
de Costas, sino que esa concurrencia de competencias la han planteado la
Administración central y las administraciones autonómicas en la medida
que existe una Ley de Costas y hay una sentencia del Tribunal
Constitucional ante los recursos que fueron planteados por distintas
comunidades autónomas, entre ellas Galicia; por tanto, los axiomas están
ahí planteados y lo que va a hacer la Ministra con ayuda del departamento
y de todos ustedes es llegar a una reforma de la Ley de Costas que
termine con estos axiomas que requieren de una solución.

En cuanto al segundo problema que S. S. me plantea, en lo único que no
estoy de acuerdo es en que no hay que hablar de responsabilidades. Claro
que hay que poner soluciones a los hechos, pero para no caer en los
mismos errores. En el tema de las basuras --que no es específico de mi
competencia, pero que contesto con mucho agrado-- quiero decir que el
Ministerio --que, repito, no es competente en esta materia-- ha hecho
cuanto estaba en sus manos: enviar un técnico de inmediato para conocer
con exactitud la magnitud del problema y ver qué soluciones alternativas
puede haber en este momento. En cuanto a que se nos haya requerido por la
Administración local para otro tipo de ayudas, he de decirle que no y es
cuanto puedo añadir en este momento.

Al señor Chiquillo, que hablaba de una sintonía (y yo creo que la
sintonía que desde luego tenemos, es que Valencia tiene un problema de
agua, lo que no se puede ocultar a nadie) le pediría continuar en esa
sintonía que es la única que nos puede ayudar a solucionar los problemas
del agua. Piense que una región tan importante como Valencia, que como
muy bien él ha señalado, de toda la riqueza que tiene en su huerta viene
la importancia que hay que darle a los regadíos, no puede tener una
solución urgente, inmediata y exclusiva, que sería excluyente, del
problema del agua sino que con las prioridades que cada una de las
regiones requiera (y esto lo iremos viendo a lo largo de la política de
infraestructuras, que verán ustedes plasmada en los Presupuestos
Generales del Estado y en la ley de medidas de acompañamiento a los
presupuestos) se atenderán las necesidades de Valencia, pero créame que
las soluciones vendrán siempre de la mano de lo que tiene que ser la
construcción de ese Plan Hidrológico Nacional que, reitero, requiere de
la solidaridad interterritorial y no sólo de soluciones parciales de una
región que se pudiera enfrentar a otras que no se vean igualmente
atendidas.

No comparto, señoría, que exista una indefinición de política hidrológica
y mucho menos que haya una actitud de bloqueo por parte del Gobierno del
Partido Popular, porque el Partido Popular no ha gobernado hasta ahora y
desde que nos hemos hecho cargo del Gobierno hemos manifestado nuestra
actitud totalmente abierta para dialogar sobre esa política hidráulica.

Si cuando se impone una política hidráulica se critica por centralista y
porque se impone desde arriba, lo que no podrá criticarse es que se
definan unos criterios para empezar a profundizar en el debate y se
anuncie la creación de un libro blanco con el objetivo de que toda la
sociedad pueda entrar a formar parte de ese debate y se pueda sentir
corresponsable, copartícipe, coprotagonista --diría yo-- de lo que tiene
que ser la solución al problema del agua, me parece que eso no es hablar
de una identificación de política hidrológica puesto que en ese libro
blanco, junto a todos los estudios que vayan a encontrar SS. SS.

plasmados, también van a encontrar lo que pudiéramos denominar --deberían
serlo-- unos fundamentos conceptuales del Plan Hidrológico Nacional, que
no quedan cerrados sino que precisamente el libro



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blanco es el escenario, el instrumento que va a abrir ese debate a
cuantos quieran debatir, eso sí, para luego comprometerse en las
soluciones que por mayoría se adopten, porque así es como entendemos el
Estado de democracia.

En cuanto a la decepción, lamento haberle decepcionado. Quizá me preocupa
un poco menos en cuanto su decepción parece que venía ya escrita, por lo
que espero poderle animar en próximas comparecencias y no llevarle a que
traiga planteamientos de decepción ya escritos sino que pueda ser también
copartícipe de esa elaboración del Plan Hidrológico Nacional.

A la señora De Lara, portavoz del Grupo Popular, decirle que tomo muy en
cuenta no sólo ese apoyo a lo que tiene que ser un recurso eficiente del
agua, que es así como entendemos el concepto de economía, sino que
estaremos muy pendientes de que el problema del agua no sólo es de
cantidad sino también de calidad. Por ello, la calidad y la protección de
las aguas son prioritarias en nuestro ministerio, como así lo sabe
nuestro Secretario de Estado de Aguas y Costas y el Director General de
Obras y Calidad de las Aguas, que hemos unido precisamente para que no
haya una disfunción sino que, unido a la cantidad de agua que tenemos que
suministrar esté siempre la calidad. En la política de agricultores, como
he dicho también a representantes de otros grupos parlamentarios,
tendremos que estar muy de acuerdo en sensibilizarlos también a través
del Ministerio de Agricultura, y por las reuniones que yo he tenido hasta
ahora con algunas comunidades de regantes creo que, efectivamente, hay
bastante sentido común en reconocer que no se va a quitar el agua a unos
para dársela a otros, sino que, objetivamente, se va a racionalizar el
uso del agua no tanto suprimiendo unos consumos que se están teniendo
sino buscando, vuelvo a reiterar, esas fuentes alternativas que puedan
satisfacer también en cuanto a regadíos a aquellas personas que realmente
lo necesiten, eso sí, no pensando que la demanda puede ser siempre
ilimitada, que tenemos que atender siempre demandas ilimitadas con
recursos que, lamentablemente, no siempre son ilimitados, en cualquier
época del año y en cualquier región de España.

Gracias, señor Presidente. (La señora Narbona Ruiz pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.

Hemos visto lo avanzado de la hora, la señora Ministra tiene que
intervenir en el Senado, creo que ha habido gran amplitud de
intervenciones por parte de todos, y va a haber una continuidad en este
debate del que estamos hablando.

Por consiguiente, ruego a los portavoces que no entremos en ningún tema
de agua, están todos debatidos. Si hay algún punto de alusión personal o
algún tema en que se quiera hacer una precisión sobre algo que se haya
dicho, al portavoz que me pida la palabra se la doy por un minuto, pero,
insisto, no para hablar del agua sino de algún tema sobre el que
verdaderamente se haya sentido aludido.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: La verdad que es una alusión constante la que se
da en esta Comisión. Yo no he puesto en cuestión el conocimiento
profesional del Secretario de Estado puesto que desde el sector eléctrico
se sabe mucho de agua; no pongo en cuestión en absoluto esto, pero la
Ministra, el Secretario de Estado y la portavoz en esta Comisión insisten
en ignorar o en no tener en cuenta las modificaciones que sobre el
borrador de anteproyecto inicial, del año 1993, se hicieron. Solamente le
digo tres: no se hablaba ya de 600.000 hectáreas, eso se había
abandonado, había nada menos que veinticuatro escenarios distintos para
dar todas las combinaciones imaginables de oferta y demanda; se
introducía la evaluación ex ante, por cuencas hidrográficas para hacer el
estudio del impacto ambiental a priori y no a posteriori proyecto a
proyecto; y se acentuaba la importancia de los recursos alternativos y
del ahorro. Eso está en los papeles que tiene el ministerio, y si ustedes
lo quieren ignorar espero que al menos lo tengan en cuenta en el futuro
plan hidrológico.

Señora Ministra, simplemente he de decirle que en el tema de los 62.000
millones usted sabe bien que no había ningún compromiso para este año.

Eran planes plurianuales de actuación en costas, y tendremos ocasión de
aclarar esto a los contribuyentes.




El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, he pedido la palabra
simplemente para hacer una matización en relación con las palabras del
señor Chiquillo. Cuando yo he hablado de plazos el señor Chiquillo ha
puesto en mi boca la posibilidad de que apuntaba a unas elecciones
anticipadas. Nada de eso; nada de eso. Yo hablaba de plazos, de que se
dice que en 1998 tenemos el plan hidrológico, que hay que debatirlo, y
como yo hablaba de los atrasos que siempre se van cogiendo, esto llegaría
a 1999, a finales de 1999, que es cuando pueden celebrarse elecciones
para una legislatura completa. Lo que sea, Dios dirá, pero yo no me he
referido para nada a elecciones anticipadas y quería que constase en el
«Diario de Sesiones».




El señor PRESIDENTE: El señor Chiquillo tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, voy a intervenir empleando
tan sólo dos segundos. En primer lugar y sin nada escrito, como parece
que me haya recordado la señora Ministra, he de decir que yo estoy
decepcionado de muchas cuestiones que usted ha planteado y no lo he
traído escrito. También estoy preocupado no porque haya elecciones o deje
de haberlas, no he hecho ninguna mención al tema, pero sí tengo cierta
preocupación de que se presente el documento en 1997, debate de un año, y
puede haberlas no porque lo diga el señor Sedó o lo diga yo, puede
haberlas, está ahí, y por eso la preocupación.

Por tanto, entiendo que hablando se entiende la gente. Es la primera toma
de contacto. Me consta que el consejero de Obras Públicas de la
Generalitat Valenciana le ha presentado muchas iniciativas que yo he
propuesto aquí y él representa a su partido en esa comunidad. Espero que
las



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estudie. Intentaré colaborar en esas cuestiones, pero entienda que esté
preocupado y decepcionado por algunas declaraciones que usted ha hecho
aquí y fuera respecto a temas de agua porque en la Comunidad Valenciana
somos muy sensibles.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Agradezco
incluso las decepciones y las preocupaciones porque creo que estimulan y
motivan. Esperamos que desde una disposición de colaboración, como acaba
de expresar el señor Chiquillo, podemos llegar a ese consenso que, por
otra parte, estoy segura que en el sentir de las manifestaciones de esta
primera toma de contacto, de lo que puede ser una política hidráulica que
culmine en un Plan Hidrológico Nacional, he querido entender de SS. SS.

No había contestado para nada al problema de plazos que se plantea entre
un grupo y otro, y mucho menos de apoyos parlamentarios o no, que creo
están al margen de la política hidráulica. Les puedo decir que no estoy
sacralizando fechas, pero debemos marcarnos un ritmo de trabajo sin que
las fechas sean inamovibles. Si no hay un ritmo de trabajo,
lamentablemente podríamos llegar a otra situación que no deseamos nadie,
como la que bastante recientemente hemos padecido.

Como creo que las víctimas somos todos los españoles, todos con sentido
de responsabilidad, por encima de partidismos --estoy de acuerdo en que
el agua no tiene que tener ningún color político--, seamos capaces de
consensuar eso que hasta ahora no ha sido posible. Creo que al final
--quiero decírselo-- no sería mérito de nadie en particular, sino un
resultado positivo para todos los españoles, que habríamos conseguido con
el consenso de todos. Por eso yo he reclamado desde un principio un pacto
de Estado para conseguir este Plan Hidrológico Nacional porque
--créanme-- ante grandes problemas, grandes soluciones.

Creo que es uno de los problemas prioritarios que tiene este Gobierno
--lo tienen todos los españoles-- y no lo queremos solucionar de manera
unilateral con criterios políticos, mucho menos partidistas, sino con el
consenso que yo esta mañana he reclamado de ustedes y que estoy segura
vamos a ir consiguiendo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por su presencia
aquí y por su intervención.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y treinta minutos de la tarde.