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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 18/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 59
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 18 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de Ley:
--Sobre el traspaso a la Generalidad de Cataluña del Archivo de la Corona
de Aragón o Archivo Real de Barcelona, del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000039) (Página 1247)
--Sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000117)
(Página 1247)
--Sobre el Archivo de la Corona de Aragón, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000124) (Página 1248)
--Sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 162/000021)
(Página 1248)
--Relativa a la asunción por el Gobierno de la Declaración Universal de
derechos lingüísticos y apoyo a la creación de un organismo internacional
de amparo de los mismos, del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000119) (Página 1258)
--Sobre reconocimiento y defensa de la Declaración Universal de derechos
lingüísticos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000142) (Página 1258)
--Sobre el traslado temporal de la Dama de Elche para su exposición
durante el año 1997 en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa de Catalunya. (Número de
expediente 161/000026) (Página 1265)
--Sobre promoción de una emisión filatélica conmemorativa del centenario
del hallazgo de la Dama de Elche (Alicante), en el año 1997, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000033) (Página 1265)
--Relativa a la transferencia inmediata del Instituto Nacional de
Educación Física (INEF) de Madrid al ámbito de la Administración
educativa de la Comunidad de Madrid, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000059)
(Página 1269)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Antes de entrar en el debate de todos sus puntos, conviene que veamos
quiénes componen hoy la Comisión, a efectos de tenerlo en cuenta en las
votaciones. Por lo tanto, es el momento de que los diferentes grupos
parlamentarios nos digan qué Diputados sustituyen a otros.
(Por los señores portavoces se procede a dar cuenta de los miembros de la
Comisión presentes y sustituidos.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un minuto. Estando ya redactado el orden
del día, se apreció la existencia de una proposición no de ley también
sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, por
parte del miembro del Grupo Mixto don José María Chiquillo Barber, cuya
petición se había formalizado ante el Pleno. La Mesa y Junta de
Portavoces creyó conveniente recabar del Pleno y del propio proponente la
autorización para que se incorporara al trabajo en esta Comisión, dado
que podía ocurrir, no era de esperar pero podía ocurrir, que el resultado
del trámite en una comisión o en el Pleno fuera diferente.
Hemos obtenido la autorización de la Mesa para incluirlo en el orden del
día; tenemos la autorización del propio señor Chiquillo Barber, que está
aquí presente, pero no podemos modificar el orden del día y dar lugar a
la ampliación con esta proposición, que formaría parte del bloque de las
tres primeras, si sus señorías no dan su conformidad. La Mesa les
solicita su conformidad o, en su caso, que manifiesten su discrepancia
para esta ampliación del orden del día. Si están conformes todos y cada
uno de los miembros de la Comisión, ampliaríamos el orden del día en este
sentido.
¿Están ustedes conformes? (Asentimiento.) Pues muchísimas gracias.
En consecuencia, se entiende que en el orden del día las tres primeras
proporciones no de ley sobre el traspaso a la Generalidad de Cataluña,
que estaban formadas por una inicial del Grupo Mixto, doña Pilar Rahola,
por otra del Grupo Socialista y por otra del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, se acumulan a la del señor Chiquillo
Barber, y por lo tanto vamos a comenzar en este momento, si no hay alguna
cuestión de orden. Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, querría plantear dos
cuestiones. Una de ellas es que teniendo en cuenta que muchos de los
Diputados de esta Comisión tienen que asistir a otras comisiones también,
pediría que las votaciones fueran a partir, por ejemplo, de la una o una
y cuarto, cosa que ha sido bastante tradicional en esta Comisión en la
anterior legislatura y en otras. Y la segunda, teniendo en cuenta,
efectivamente, que la Mesa y portavoces aprobamos que se viesen en el 18
y 25, que dejáramos las cinco últimas para el día 25. No causamos
trastornos porque el día 25 hay Pleno de la Cámara. Y yo solicitaría,
tanto de S. S., señor Presidente, como de los portavoces de los
diferentes grupos, atender estas dos sugerencias.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, son dos extremos los que se someten a
su consideración. La posibilidad de que vayamos tratando los puntos del
orden del día y desplacemos las votaciones a la una o una y media. ¿Hay
inconveniente por algún grupo parlamentario? (La señora Rahola i Martínez
pide la palabra.)
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Precisamente el hecho de que se pongan las
votaciones a la una en mi caso me crearía problemas, porque tengo también
otras comisiones al mismo tiempo. Pediría que, como mínimo, el tema del
Archivo sea votado cuando se acabe el debate.
El señor PRESIDENTE: Doña Pilar, le quiero advertir que el Grupo Mixto me
parece que tiene en esta Comisión
un representante, si no me equivoco, ¿no? Con que esté un miembro del
Grupo Mixto se puede proceder a la votación. Los proponentes pueden ser
proponentes, no miembros, que cumplen su trámite, como yo estoy seguro
que lo va a hacer usted, pero luego, llegado al momento de la votación,
siempre habrá un representante solidario de su grupo.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: ¿Me está usted pidiendo que no vote mi
propia proposición no de ley?
El señor PRESIDENTE: Es que estoy absolutamente convencido que la
solidaridad de su grupo llevará a su compañero de grupo a que la vote.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Es un extremo que no quisiera contemplar.
El señor PRESIDENTE: Quiere ser usted personalmente quien la vote. (El
señor Chiquillo Barber pide la palabra.) Tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Una cuestión de Reglamento. El portavoz del
Grupo Mixto en la Comisión de Cultura y Educación es el Diputado gallego
Francisco Rodríguez, pero el suplente soy yo; el que tiene derecho a voto
es el suplente. Yo sé que usted ha sido muy benévolo al decir que tiene
el voto ella, pero es que...
El señor PRESIDENTE: No, no. Le he dicho que precisamente la que no tiene
el voto es ella.
El señor CHIQUILLO BARBER: Es el Reglamento el que me da el voto a mí. Yo
creo que es una discusión que no cabe.
El señor PRESIDENTE: Lo que no vamos es a contribuir a que pueda darse
ninguna polémica interna en el Grupo Mixto. Por lo tanto, entendemos que
cuando llegue el momento de la votación a la una, porque no ha habido más
manifestación que la suya, señora Rahola, cuando llegue el momento de la
votación, a la una, estará usted más que bien representada por el
representante del Grupo Mixto, y haremos constar además que vota en su
propio nombre y en el de usted. (El señor Alcaraz Ramos pide la palabra.)
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: En cuanto al otro extremo al que aludía la
Presidencia...
El señor PRESIDENTE: Todavía no lo habíamos enunciado, pero puede usted
empezar con él.
El señor ALCARAZ RAMOS: El del reajuste de los puntos.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, a él íbamos. Agradecemos la colaboración, la
diligencia de sus señorías, a él íbamos. Dígame.
El señor ALCARAZ RAMOS: Solicitar que precisamente el punto que presenta
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
la incorporación del Gobierno al Consorcio del Centro de Cultura
Contemporánea de la Casa de la Caridad de Barcelona quedara para la
próxima sesión de esta Comisión del día 25, y rogar que esa reordenación
posible, el punto también del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre una emisión filatélica
conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche se uniera
de alguna forma a otro punto del orden del día situado antes, que hace
referencia también a la Dama de Elche; eso nos ahorraría argumentaciones
reiteradas.
El señor PRESIDENTE: Sí, muchas gracias. Así se hará. Las proposiciones,
yo los he numerado para mejor conocimiento de todos, y la número 14
quedará acumulada con la número 6, con relación a la Dama de Elche.
Y con relación a la petición del señor Guerra de suspender la sesión y
dejarla para el día 25, que habíamos previsto, ¿a partir de cuál?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: A partir de la página tercera del orden del
día, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Si es posible llegaríamos hasta la proposición
número 10.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Salvo la filatélica de la Dama de Elche, que
creo se pueden unir.
El señor PRESIDENTE: Se pueden acumular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Como son temas diferentes, uno es el traslado
de la Dama y otro es hacer sus sellos, yo creo que se pueden debatir una
detrás de otra.
El señor PRESIDENTE: Están siendo propuestas por el mismo grupo
parlamentario.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Lo que pasa es que puede haber posiciones
diferentes.
El señor PRESIDENTE: Del traslado material de la Dama de Elche al
traslado simbólico a todos y cada uno de los sobres que circulan por el
Estado, tampoco hay mucha diferencia. Muchas gracias. (Risas.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE EL TRASPASO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DEL ARCHIVO DE LA CORONA
DE ARAGON O ARCHIVO REAL DE BARCELONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000039.)
--SOBRE CREACION DEL PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000117.)
--SOBRE EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000124.)
--SOBRE CREACION DEL PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 162/000021.)
El señor PRESIDENTE: Entramos por lo tanto en el orden del día, una vez
aceptada la ampliación. Ahora vamos a dar cuenta, por lo tanto, de que
tratamos la proposición no de ley --que hemos acumulado-- del señor
Chiquillo Barber; tratamos al mismo tiempo la proposición no de ley del
Grupo Mixto, de doña Pilar Rahola; la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista y la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Con relación a este bloque de proposiciones no de ley, se han presentado
las siguientes. A la de doña Pilar Rahola no se ha presentado ninguna. A
la del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda,
primero de don Joaquín Molins Amat, que contiene cuatro enmiendas
parciales, porque le da carácter de enmienda a la rectificación de todos
y cada uno de los párrafos que contiene la proposición no de ley del
Grupo Socialista. Y posteriormente se ha presentado una, de la que
daremos cuenta, porque luego viene la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Don Joaquín
Molins presenta una enmienda a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Si les parece a ustedes, vamos a proceder de la siguiente forma: en
primer lugar van a intervenir todos y cada uno de los proponentes, porque
al fin y al cabo el temario es el mismo; a continuación intervendrán los
enmendantes, que dirán adónde va la enmienda; y si hubiera algún grupo
parlamentario que no ha tenido ni la calidad de proponente ni la calidad
de enmendante, fijará su posición al respecto. Y luego procederemos a ver
lo demás, porque la votación la postergamos.
Doña Pilar Rahola tiene la palabra para la defensa de su proposición no
de ley.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no centraré este debate sobre la gestión del'Arxiu de la Corona
d'Aragó, uno de los archivos medievales más importantes del mundo, en el
polémico nombramiento del actual director del Archivo, señor Pedro López,
aunque es evidente que este señor ha hecho méritos más que claros para
merecer el título que se le da en Cataluña, el de funcionario colonial,
tanto por su actitud respecto de la organización del Archivo como por su
posicionamiento en otros temas, como el Archivo de Salamanca.
Sin embargo, es indiscutible que el problema político de fondo no es la
naturaleza épico española de este director en cuestión, sino la
titularidad y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, sede de la
memoria histórica de toda la nación catalana.
El problema esta aquí, en que un archivo de la máxima importancia a nivel
nacional, estatal e internacional, arrastra desde el período actual de
normalidad democrática una serie de irregularidades que ha jugado de
manera negativa entre los distintos colectivos interesados en la
investigación de los archivos. Podemos afirmar que de alguna forma a lo
largo de esto años el Ministerio de Cultura ha estado incumpliendo una
serie de elementos entendidos como su deber y obligación. Uno de estos
elementos ha sido el incumplimiento en la creación y posterior traspaso a
la Generalitat del'Arxiu Històric Provincial, con lo que nos encontramos
que en la actual sede del'Arxiu de la Corona d'Aragó se acumulan
actualmente 15 kilómetros de documentación generada por la Administración
periférica del Estado en Cataluña.
Otras de las irregularidades en que se mueve l'Arxiu de la Corona d'Aragó
es la no constitución de un patronato, tal como establece el Estatut de
Catalunya, también en este aspecto recortado y rebajado respecto al
proyecto inicial. Este patronato, tal como recoge la disposición segunda
del Estatut, contemplaba la posibilidad de un acuerdo entre comunidades
autónomas, y de esta forma la Generalitat de Catalunya desarrollaría un
papel preeminente.
Otro de los errores ha sido la no identificación formal de los fondos y
colecciones hoy depositados en l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
correspondientes a organismos, instituciones o personas de Cataluña, para
lo cual se hace innecesaria la intervención de otros gobiernos en su
gestión.
Nos encontramos, pues, ante un problema de insensibilidad personal, la
del actual director. Segundo, ante un problema de mala gestión, con una
clasificación aberrante que ha sido contestada por toda la comunidad
científica archivera, tanto externa como interna. Pero sobre todo nos
encontramos ante un problema político, el que representa que la
titularidad de la memoria histórica de la nación catalana esté en manos
del Ministerio y no de un patronato donde la Generalitat de Catalunya
tenga el lugar preeminente que le corresponde.
Esquerra Republicana plantea en esta Cámara el traspaso de la titularidad
y de la gestión del Archivo antedicho a la Generalitat de Catalunya,
llegando a los acuerdos necesarios con aquellos territorios de la antigua
Corona catalano-aragonesa, no sólo Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca,
sino también Nàpoles, Cerdeña, Sicilia y Perpinyà; y con esta titularidad
y gestión traspasada, sería de desear que una pieza clave como la
dirección sea elegida con un consenso real entre todas las instituciones
que participen o que deberían participar en el patronato.
Que no vuelva por tanto a suceder, si conseguimos llegar a un acuerdo hoy
en esta Comisión, que un Gobierno del Estado, aunque sea a través de la
subdirectora general de Archivos, doña Margarita Vázquez de Parga y
Gutiérrez del Arroyo, sustituya la imposible unidad de destino en lo
universal por la unidad de archivo en lo universal.
Que no vuelva a suceder que el director del'Arxiu desconozca
absolutamente los idiomas en los que está generada casi toda la
documentación. Y que no vuelva a suceder que una quincena de archiveros
de Madrid, todos los archiveros del'Arxiu, la dirección actual y la
antigua del archivo correspondiente de Valencia, la sección
Histórico-arqueológica del Institus d'Estudis Catalàs, la Societat
Catalana d'Estudis Històrics, la Generalitat de Catalunya, la comunidad
universitaria y prestigiosos profesionales de la comunidad científica,
califiquen como mínimo de discutible e improcedente la nueva
clasificación del'Arxiu.
Con el objeto de evitar todos estos dislates y para que el Gobierno del
Estado actúe conforme a la moción 13/V del Parlament de Catalunya,
auténtico depositario de la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de
Catalunya, presentamos a votación el traspaso de la titularidad y gestión
del'Arxiu de la Corona d'Aragó a la Generalitat de Catalunya. Dicho ello,
si hubiera consenso en los puntos --que parece que se están acordando--
de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, Esquerra
Republicana entraría también en el consenso.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre creación del Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Bernardo Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, Presidente.
En el registro de la Cámara entraron dos textos, dos proposiciones no de
ley, inicialmente para debatir en Pleno, ambas del Grupo Mixto. La
primera de ellas acaba de ser defendida, de la Diputada Rahola; y la
segunda de ellas del Diputado señor Chiquillo, que lo hará
posteriormente, y que suponía una alternativa clara a la defendida hasta
ahora, es decir, suponía una posición totalmente antagónica. Ante esto,
el Grupo Socialista decidió elaborar su propia proposición no de ley,
también como alternativa a la de Esquerra Republicana, que consideramos
que ni siquiera era enmendable, y coincidiendo básicamente con la de
Unión Valenciana, pero pensando que era bueno hacer un texto propio,
puesto que la de Unión Valenciana nos parecía quizá técnicamente
mejorable en algún punto, como tendremos ocasión de ver. Por ejemplo, el
informe al que se refiere, derivado de los estatutos, lo es solamente de
dos de ellos y no de los cuatro. Y además nos parecía incompleta, puesto
que no tenía en cuenta fondos que efectivamente existen en el depósito
del Archivo de la Corona de Aragón, que son ajenos a la antigua Corona de
Aragón y son fondos generados posteriormente y más propios de una
administración, quizá provincial, contemporánea. Por tanto, pensamos que
deberíamos hacer otro texto.
Pero no puedo pasar por alto algunas referencias a la proposición no de
ley que ha sido defendida por la Diputada Rahola, entrando en el fondo
político de la cuestión. Es decir, yo voy a dar por no escuchadas algunas
de las cosas que se han dicho, en parte referidas a la gestión, que no
nos compete a nosotros en este momento debatir, y sobre todo no nos
compete debatir calificativos o descalificaciones o incluso insultos de
algunos funcionarios. Por tanto, yo creo que el fondo es político. Y no
podemos esconder el fondo político del debate sobre pretendidas
controversias técnicas entre diferentes escuelas de archiveros.
Yo creo que el texto de la proposición, que obviamente nosotros
rechazaremos, en primer lugar ignorar cuatro estatutos de autonomía,
incluido el propio, el de Cataluña, que aunque lo ha citado en la
intervención, no figura en el texto. Y esos estatutos de autonomía
plantean la creación del patronato. Por tanto, yo creo que, de aprobarse
su proposición no de ley, estaríamos atacando frontalmente la legalidad
estatutaria y atacando los derechos de tres comunidades autónomas al
menos.
En segundo lugar, esa proposición no de ley ignora el carácter real del
Archivo, cuyo origen y principal contenido, más allá de los 15
kilómetros, es ser archivo real, y cuya denominación como Archivo de la
Corona de Aragón no aparece hasta el siglo XVIII.
Y en tercer lugar, esa proposición no de ley exige la titularidad,
derivando esta exigencia de la ubicación del archivo en la ciudad de
Barcelona. Que esté el archivo en la ciudad de Barcelona no lo convierte
en archivo catalán ni le otorga a la Generalitat derecho alguno de
titularidad ni de gestión. Igual que el que el Archivo de Indias, por
ejemplo, esté en Sevilla no es base suficiente para que la Junta de
Andalucía reclame la titularidad o la gestión del mismo.
Por tanto, nuestra proposición no de ley, la del Grupo Socialista, que
voy a tratar de defender, se basa en cuatro criterios, que creo que son
los que deben regir, no solamente los que han regido el texto socialista,
sino los que pueden regir, si así lo estiman los demás grupos, la base de
un consenso para resolver definitivamente esta cuestión.
Primer criterio. Se trata de un archivo de interés supracomunitario. Es
decir, se trata de un archivo que es de la Casa Real de Aragón, y el
Reino de Aragón es una de las entidades políticas que forman parte
esencial del proceso de formación del Estado español. Y el Archivo real,
por tanto, de una parte esencial de la formación del Estado español es
patrimonio común de todos los españoles, y especialmente de todos los
ciudadanos de los territorios que formaron parte del Reino de Aragón, de
los territorios que tenían por soberano al rey de Aragón, sin que pueda
atribuírselo en exclusiva ninguno de ellos, ni siquiera el reino que da
título a la casa real y al Archivo, Aragón, ni tampoco el territorio en
el que está ubicado el Archivo Real de Aragón.
Haría falta, a lo mejor, hacer alguna excursión para definir algunos de
los términos históricos fundamentales, que cada vez más se van
tergiversando. Porque hay que saber distinguir entre Aragón territorio,
el Reino de Aragón, la Casa de Aragón y la Corona de Aragón, que no son
lo mismo y que se suelen confundir. Y cuando la Casa de Aragón incorporó
el Condado de Barcelona no solamente no existía Cataluña (estábamos en el
siglo XII) sino que no era el Reino de Aragón quien tenía soberanía sobre
los demás reinos, sino eran los reyes de Aragón, la persona, el soberano
de los reyes de Aragón, que llegaban a serlo cuando juraban los Fueros de
Aragón antes las Cortes aragonesas. De tal manera que por ser rey de
Aragón, y era el reino de Aragón quien hacía rey a un Aragón de la Casa
de
Aragón, por ser rey de Aragón era soberano sobre otros territorios; era
además Conde de Barcelona, por matrimonio, rey de Mallorca y Valencia por
conquista, o de Nápoles y Sicilia por herencia. Por tanto, rey de
numerosos territorios, algunos de ellos hoy bajo soberanía distinta de la
española: Nápoles, Cerdeña, Córcega, Sicilia, el Rosellón. Por tanto, los
documentos depositados allí que son de la Casa Real son documentos que
afectan también no sólo a territorios de diferentes comunidades autónomas
españolas, no sólo a la historia común de los españoles, sino también a
territorios de diferente soberanía. Por tanto, el interés
supracomunitario del archivo es evidente.
Segundo criterio. La sede actual no debe cuestionarse, es decir, no debe
haber traslados de fondos. El Archivo de la Corona de Aragón debe ser
indivisible, sin fragmentarse y sin traslados. Ninguna comunidad autónoma
debería reclamar el traslado, ni Aragón tampoco, por más que le dé
nombre, ni ninguna otra de ninguna parte de los fondos del núcleo del
Archivo Real. Y de esto tendremos también que hablar después un poco. Y
lo argumentaré con el propio proceso de formación.
El Archivo comienza en el siglo XII, la primera mención es de 1180, y
habla de fondos que están en el monasterio aragonés de Sigena y fondos
depositados también en Barcelona. Posteriormente, uno de los núcleos
centrales de este Archivo son los registros de cancillería, que son copia
de los documentos expedidos por la Casa Real; empiezan en al época de
Jaime I, en el siglo XIII. Y en 1318 Jaime II trasladó allí los
documentos que había en los monasterios aragoneses de San Juan de la Peña
y de Sigena, algunos de ellos documentos anteriores a que los reyes de
Aragón fueran condes de Barcelona. Pero el auténtico organizador del
Archivo fue Pedro IV el Ceremonioso, que redactó unas ordenanzas para el
régimen del Archivo Real. Son las primeras ordenanzas --y las más
antiguas-- de un archivo del viejo continente. Y en estas ordenanzas se
dice que la documentación registrada y custodiada allí debe permanecer
junta en un único depósito, para permitir la localización y consulta por
parte del monarca y sus funcionarios autorizados. Y hasta el siglo XV, en
el que se crea el Archivo de Valencia, del Reino de Valencia, en 1419, y
el de Aragón, en Zaragoza, en 1469, que desapareció por un incendio,
hasta el siglo XV, el Archivo Real de Aragón, ubicado en Barcelona,
guarda toda la documentación de la Casa Real, incluida la que afecta a
cada uno de los reinos que componen el conjunto del territorio sobre el
que el rey de Aragón era soberano. Posteriormente, se constituye el
Archivo del Consejo Supremo de la Corona de Aragón, institución creada
por Fernando, el rey de Aragón, en 1494, y que pervive hasta su abolición
en 1707.
Pues bien, los documentos, por tanto (y termino este segundo criterio),
del Archivo de la Corona de Aragón no se crearon ni se conservan por su
procedencia geográfica, sino según las instituciones que los produjeron
en el ejercicio cotidiano de sus funciones, y esas instituciones
extendían su actividad sobre todos los reinos sobre los que reinaba el
rey de Aragón, que por cierto todavía no se llamaba Corona de Aragón. Y
por ello no pueden, ni siquiera físicamente, ser separados.
Que el Archivo Real esté en Barcelona, o hubiera estado en Mallorca, o en
Valencia, es indiferente desde el punto de vista del carácter unitario de
su creación. Por tanto, éste es el Archivo Real de Aragón ubicado en
Barcelona; debe permanecer en Barcelona y no debe ser divisible.
Que las instituciones hoy pudieran tener la ceguera de pensar que los
fondos de la Real Cancillería --por ejemplo, seis mil registros
conteniendo cuatro millones de documentos; o la sección Real Patrimonio,
que incluye series como la del Mestre Racional y la Tesorería Real, por
citar quizá los más importantes, constituidos a partir del siglo XIII--
pertenecen a una u otra comunidad autónoma me parece que no tiene
sentido.
Tercer criterio. El Archivo debe gestionarse sin que nos inventemos
ningún modelo de gestión; debe gestionarse según el modelo que está
aprobado en los estatutos de autonomía. Por lo tanto, eso es lo que hay
que hacer: crear el patronato con la presencia prevista en los estatutos
de autonomía, es decir, preeminente de las comunidades autónomas y
paritaria, según dice el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Y de ahí
quizá la insuficiencia de alguna otra proposición no de ley, que veremos
más adelante, que habla de adecuada representación, cuando la adecuada
representación entendemos que está en los estatutos. Y lo que hay que
hacer es respetar los estatutos de autonomía.
Y cuarto y último criterio, y con esto ya termino, por no agotar la
paciencia de la Comisión. Se pueden traspasar los fondos depositados en
el llamado Archivo de la Corona de Aragón, que son ajenos a la antigua
Corona de Aragón y que afectan exclusivamente a Cataluña. Hay muchos más
fondos, es verdad, que son propios de otro tipo de administración. Ahí se
suelen citar los fondos notariales desde 1939; fondos de delegaciones
provinciales de Hacienda desde 1918; fondos de órdenes religiosas desde
1836; y hay muchos más, desde el Colegio de Drogueros y Confiteros de
Barcelona, de las comandancias de ingenieros de Cataluña, en fin, una
inmensa serie de documentación. Hay muy numerosas incorporaciones.
¿Pero cuál es el criterio? Y ésta es la cuestión. El límite temporal
puede ser uno. Es decir, el final de la Corona de Aragón en 1707. Hay
fondos que se han incorporado posteriormente. Si excluimos los fondos del
Consejo Supremo de la Corona de Aragón --1494 a 1707--, que fueron
devueltos por los franceses en 1852, que ésos deberían seguir
perteneciendo al Archivo de la Corona de Aragón, los demás fondos se
podrían estudiar y se podrían transferir a la Generalitat de Cataluña.
Pero lo que es propiamente el Archivo Real, de la Casa Real de Aragón,
debe permanecer en su actual integridad.
Y la cuestión es quién clasifica los fondos. Y ahí es dónde viene la
polémica: quién clasifica los fondos, quién establece qué fondos son
transferidos a la Generalitat y cuáles forman parte indivisible del
Archivo Real. ¿Quién decide esa cuestión?
Nuestra posición es que esa distinción formal de los fondos no puede
hacerse sin la participación de las cuatro comunidades autónomas. Una
comunidad autónoma no puede decidir por sí misma, ni siquiera
bilateralmente con
el Gobierno, qué fondos de un archivo tan complejo le pertenecen. Porque
entonces también las demás podrían reclamar algunos fondos, también las
demás podrían tener la tentación de decir que negociando, no se sabe con
quién, le corresponde para completar sus propios fondos archivísticos.
Imaginemos que Aragón reclamara lo suyo, ¿y qué es lo suyo, qué es lo
suyo en un Archivo de los reyes de Aragón?
Por tanto, esa desviación materialmente inviable, fundamentalmente
destructora de la unidad del Archivo Real de Aragón, significaría también
falsear y repudiar la propia historia de la Corona de Aragón, una
historia ejemplar de respeto a las diferencias y a las diferentes
identidades que componían los reinos y los territorios que integraban el
Reino de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Entramos en la consideración de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, creo que el elemento
fundamental a analizar después de haber escuchado con suma atención las
intervenciones precedentes, que nos han ilustrado creo que
definitivamente sobre la historia del Archivo y que por lo tanto nos
sentimos, o yo me siento ya suficientemente informado y he aprendido
suficientemente como para no insistir en el análisis de cada uno de los
documentos, la reflexión política que cabe hacer es que lleguemos al año
en que nos encontramos sin que este problema se haya resuelto. Los
matices de carácter historiográfico, de carácter técnico, pueden
convertirse en los árboles que no nos dejen ver el bosque real. Y es que
cuando hablamos de un archivo de carácter histórico como éste es fácil
que nos encontremos, de nuevo como en casos anteriores, ante algo que
desborda lo estrictamente jurídico, lo estrictamente histórico, para
convertirse en algo simbólico que puede provocar, si no se hace bien,
diversos enfrentamientos. Esos posibles enfrentamientos
intracomunitarios, o bien tratar de evitarlos, es lo que ha provocado que
hayan transcurrido los años sin que se dé cumplimiento a lo previsto en
el estatuto de autonomía y a lo que en definitiva demanda el propio
sentido común. Y que esa situación de --digamos-- dejadez normativa ha
permitido también que se produzcan fenómenos indeseables, como los
conflictos en torno a la actual dirección del Archivo; sin entrar a
valorar, porque no tengo los conocimientos suficientes, si el señor
director es buen o mal director. Sí que es cierto que hay otro tipo de
componentes de carácter --insisto-- simbólico, incluso lingüístico,
etcétera, que generan una situación de agravamiento de los problemas en
lugar de tender a resolverlos.
Lo importante, por ello, es que hoy aprobemos algún tipo de proposición
por consenso. Yo creo que eso sería lo fundamental. Y yo, en nombre del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, apelo al sentido común de
todos los grupos para que ese consenso sea posible, porque yo creo que en
definitiva, oída la señora Rahola cuando, digamos, generosamente está
dispuesta a renunciar a su proposición en aras de un texto más
integrador, eso sería lo importante.
Nuestra proposición en realidad lo que pretendía fundamentalmente era
ofrecer un texto a la Comisión que posibilite el consenso. Por eso es una
redacción muy abierta y que en ningún momento vamos a tratar de defender
con uñas y dientes en ninguno de sus matices o, digamos, de sus puntos
concretos. Si se examina el contenido concreto de la proposición, insisto
en que hay coincidencias con las de otros grupos, y por otro lado insisto
también en esa idea de amplitud que permita las coincidencias más allá de
fomentar las discrepancias.
Hay sin embargo un matiz importante que yo creo que debe quedar claro, y
es cuáles son los objetivos. Yo creo que hay un primer objetivo que ha
sido ya enunciado en esta Comisión, y es el que el Archivo, lógicamente,
debe cumplir prioritariamente sus funciones, unas funciones al servicio
de los historiadores, de los archiveros, en fin, para lo que sirve un
archivo. Pero yo creo que la medida del éxito de esta proposición, sea la
que sea la que se apruebe, y en el futuro el funcionamiento del
patronato, si existe una ley que lo regule u otro tipo de norma,
etcétera, es que todos los ciudadanos que tienen una raíz histórica en la
antigua Confederación catalano-aragonesa se sientan representados por lo
que aquí se apruebe. Yo creo que no se puede plantear en términos de
saber si los que actualmente son ciudadanos de una comunidad se deben
sentir más representados que los de otra en esa raíz histórica, en ese
referente histórico que es el Archivo de la Corona de Aragón.
Yo creo, por lo tanto, que eso sitúa la cuestión. Si somos capaces de
articular una resolución que por un lado garantice la eficacia en el
funcionamiento del Archivo y por otro garantice que todos los territorios
se sientan representados, habremos acertado. Todo lo que no sea eso será
una futura fuente de conflictos.
En aras del consenso que yo anunciaba como voluntad de nuestro grupo, me
parece una buena idea y me parece en principio aceptable el texto que a
partir de Convergència y con otros grupos ha sido estudiado, que
finalmente quedaría resumido en tres puntos. En principio nos
mostraríamos de acuerdo con dicha enmienda transaccional o texto de
consenso.
De todas formas quisiera matizar algo. En la anterior intervención del
representante del Grupo Socialista se hacía alusión indirecta a nuestra
proposición, diciendo que era demasiado ambiguo o era incompleto hablar
como lo hacemos en el segundo párrafo del punto dos, cuando en nuestra
proposición se dice: En todo caso, el proyecto debe incluir una adecuada
representación de las comunidades autónomas. No se trata de hacer bandera
de una palabra y decir que adecuado es preferible a previsto en sus
respectivos Estatutos. Sin embargo, no cabe duda de que en el contexto en
que se introduce la palabra adecuada, la adecuada representación --y creo
que éste es el corazón del problema, no es un tema puramente semántico--,
solamente cabría una interpretación de tipo jurídico, en el sentido de
entender la palabra adecuada. La referencia a que sea una representación
adecuada en un sentido jurídico nos reconduce
directamente a los estatutos de autonomía y a la norma que se pudiera
elaborar posteriormente. Otro problema a analizar es si podría haber
contradicción entre estatutos de autonomía; pero eso nos llevaría más
lejos.
En este sentido, yo no tengo problema en retirar ese concepto,
«adecuada», siempre y cuando, como ha dicho en su intervención el
representante del Grupo Socialista, haya preeminencia de las comunidades
autónomas. Si eso queda claro qué es lo que quiere decir, si queda claro
que es del conjunto de las comunidades autónomas en el patronato respecto
a la Administración del Estado, y no preeminencia de más comunidades
autónomas sobre otras, podríamos estar de acuerdo. Pero eso en el texto
que se ofrece al consenso no está suficientemente claro. Por lo tanto, o
se matiza eso o nosotros seguiríamos manteniendo, en principio, que en
dicho patronato las comunidades autónomas tengan la adecuada
representación. Tampoco creo que debamos olvidar que en la alusión que se
hace, si bien valga la correspondiente norma del Estado, en algún momento
puede dar lugar a algún proceso de debate de dicha norma en la cual
podrían dilucidarse los detalles y podría afinarse mejor qué se entiende
por adecuada representación, o bien --digamos-- buscar otra fórmula
alternativa que pudiera recoger aquello que creo que sí que es el sentir
general de esta Comisión.
Por lo tanto, resumiendo, aceptaríamos este texto alternativo siempre y
cuando el punto 2, o bien el redactado, fuera el siguiente: En dicho
patronato las comunidades autónomas tendrán la adecuada representación o
bien que se indique que habrá una cierta representación paritaria y que
el conjunto de esa representación de comunidades autónomas a su vez
tendrá preeminencia, será numéricamente superior en el conjunto, digamos,
de todos los patronos que formaran el patronato.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene la palabra para la defensa de
su proposición no de ley.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, en primer lugar quiero
agradecer al resto de los grupos parlamentarios la deferencia, al admitir
la inclusión en el orden del día. Y hecho este agradecimiento paso ya a
intervenir en defensa de la proposición no de ley presentada ante el
Pleno que vamos a debatir hoy en esta Comisión de Educación y Cultura.
Agradezco muy sinceramente al portavoz del Grupo Socialista, señor
Bayona, la magistral clase de historia, que --lo digo sinceramente-- creo
que permite que no redundemos en muchos de los extremos. En toda su
integridad la asumo y mantengo, porque creo que ha hecho una definición
correcta de lo que significa un archivo, un archivo histórico, un archivo
general y el más antiguo de España, como es el Archivo de la Corona de
Aragón, y de la importancia que tiene a nivel histórico, cultural y
científico. Pero como muy bien él ha apuntado es una cuestión que va un
poco más allá, pero no de la época constitucional reciente, sino que se
remonta ya a muchos años más.
Aquí se nos suscitó el debate, en la elaboración de los estatutos de
autonomía de las cuatro comunidades que conformaron la Corona de Aragón,
y se suscitó de diversas y variadas formas. Pero yo, incidiendo en la
cuestión de que es un asunto político, y con la legalidad en la mano,
como muy bien ha dicho el portavoz socialista, la propuesta en primer
lugar defendida por la portavoz de Esquerra Republicana es
antiestatutaria, ilegal y fuera de todo tono, hay que remarcar que no hay
que hacer referencia sólo al debate estatutario de Cataluña en el año
1979, el valenciano, el aragonés y el Estatuto de Baleares.
Este problema político ya se suscitó. Ya están en la biblioteca de esta
Casa los debates del Estatuto catalán del año 1932, donde en las
discusiones previas ya se veía el fondo político de la cuestión. ¡Como si
no interesara el tema histórico, cultural, científico, etcétera! Porque
aquí se han dicho cosas acientíficas por parte de algunos de los
proponentes, en particular de la señora Rahola, acientíficas. Porque no
son ciencia muchos de los argumentos que avalan ese planteamiento que ya
se remonta al año 1932. Y prueba de ello es que los que elaboraron el
Estatuto de 1932, cuando se habló de temas de archivos y bibliotecas, ya
en el artículo 7 del Estatuto de autonomía catalán, se expresaba
claramente: La Generalitat de Catalunya se encargará de los servicios de
Bellas Artes, museos, bibliotecas y conservación de monumentos y
archivos, salvo el de la Corona de Aragón. O sea, ya se ha visto desde el
primer momento el interés, que yo censuraría igualmente que fuera de otra
de las comunidades que conformaron la antigua Corona de Aragón, porque es
un patrimonio común de las cuatro comunidades y de otros territorios que
en la actualidad no forman parte del Estado español.
Por lo tanto, avalando que hay que dejar de lado la cuestión científica,
cultural e histórica, que todos defendemos y todos avalan, es fundamental
mantener la unidad del Archivo. Luego haré una expresa mención a una
parte de fondos que no habría ningún inconveniente en que fueran cedidos
a Cataluña porque son única y exclusivamente de interés de Barcelona y de
Cataluña. Pero en líneas generales lo esencial del Archivo es patrimonio
común de cuatro, digamos, socios históricos que conformamos la antigua
Corona de Aragón, repito, y no entrar en otro tipo de matizaciones.
Se han oído, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista,
unas descalificaciones hacia una determinada persona, que no entro a
valorar, porque yo creo que tampoco es cuestión de valorar las
actuaciones del actual director, de si ha hecho o ha dejado de hacer.
También hay estudios, en particular cito uno del profesor Ubieto, que
estuvo en la Facultad de Zaragoza, donde en un trabajo muy documentado
--y es uno de los mejores medievalistas que ha habido en España-- hablaba
de las desapariciones de documentos interesadamente, muy importantes para
la historia de la Corona de Aragón, donde se han falsificado números de
ciudadanos, de repobladores de municipios valencianos, de municipios de
Baleares. Y no es cuestión de hacer una cuestión bélica del tema.
Han pasado 15 años desde la aprobación de muchos de los estatutos. Y hay
un mandato en las disposiciones adicionales de los cuatro estatutos de
que por norma estatal tiene que aprobarse ese patronato que de una vez
por todas
sirva para pasar la página. Y que ese patronato sirva para poner las
cosas en su sitio e intentar de una vez por todas darle esplendor y darle
un trabajo importante a la historia, estudiando los documentos, que aún
quedan muchos por estudiar, por valorar, por corregir, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que con toda la buena voluntad del mundo, y ésta
fue la voluntad que motivó al que está hablándoles a presentar la
proposición no de ley, se contemplaban unos acuerdos que son
perfectamente asumibles por todos los grupos parlamentarios, porque sobre
todo no se salen de la legalidad vigente. El mandato estatutario de las
respectivas comunidades autónomas, en sus disposiciones adicionales (la
disposición adicional segunda en el Estatuto catalán del 1979, la
disposición adicional segunda también del Estatuto de la Comunidad
Valenciana de julio del 1982, la disposición adicional primera del
Estatuto aragonés y la disposición adicional primera del Estatuto de
autonomía de las Islas Baleares), creo que ha llegado el momento de que
se le dé el cauce normativo. Y por eso el primer punto de la proposición
no ley era instar al Gobierno para que desde el Ministerio de Cultura se
elabore el proyecto de ley o norma estatal que proceda para que se cree y
se regule la composición y funciones del patronato del Archivo de la
Corona de Aragón. Eso es lo básico y fundamental en el día de hoy.
En el segundo punto de esa proposición defendíamos que asimismo y de
conformidad con los vigentes estatutos de Autonomía, los órganos de
gobierno de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña y
Valencia informaran el correspondiente anteproyecto de la norma estatal
que regule la situación del patronato. Ahí nos encontramos con que el
Estatuto de la Comunidad Valenciana habla de ese informe previo, y el
Estatuto catalán no dice nada al respecto. El Estatuto aragonés,
disposición adicional primera dice que la Comunidad Autónoma de Aragón
informará el correspondiente anteproyecto de norma estatal. Y el Estatuto
de Baleares no dice nada al respecto. Pero yo creo que sería positivo
para que las cuatro comunidades se sientan partícipes de lo que es su
pasado común histórico, que participen en la elaboración de esa norma
estatal para que todos nos sintamos vinculados, desde su origen, a la
formación del patronato, con un compromiso claro y rotundo de que una
cosa es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy y un camino distinto y
recto es el que vamos a trazar a partir de ese consenso, que es
importante que esté aquí, en esta Cámara, pero que también es muy
importante que esté entre las cuatro comunidades autónomas que
conformaron la Corona de Aragón, la antigua Corona de Aragón.
Y en el punto tercero es donde remarco que en todo caso dicha norma
estatal deberá garantizar la representación paritaria de las comunidades
autónomas que conformaron la antigua Corona de Aragón. Y digo paritaria
no por capricho. En primer lugar por mandato de mi Estatuto de la
Comunidad Valenciana. Como Diputado valenciano tengo respeto y cumplo la
Constitución, pero la segunda norma básica como valenciano es el Estatuto
de la Comunidad Valenciana, que es el que tengo que respetar y cumplir. Y
esa disposición adicional segunda establece con claridad la
representación paritaria en ese patronato que se creará en su momento por
norma estatal. Los otros tres estatutos de autonomías hablan de
representación preeminente de su respectiva comunidad. Ha habido un
informe al respecto de estudiosos y juristas sobre estas disposiciones
adicionales y hablan de que otra de las comunidades autónomas interesadas
en el Archivo por razón de su antigua pertenencia a la Corona de Aragón,
como es el reino de Valencia, también ha recogido la posibilidad de este
patronato al establecer en la disposición adicional segunda de su
Estatuto que el Gobierno valenciano y el Consejo de Cultura (que es otra
variante, en la Comunidad Valenciana existe el Consejo Valenciano de
Cultura) informarán el correspondiente anteproyecto de norma estatal y
que regula la situación del Archivo de la Corona de Aragón. Y en cuanto a
su participación en él --valora este jurista--, con la mejor técnica
legal, el Estatuto de la Comunidad Autónoma valenciana habla de una
representación paritaria de las Comunidades Autónomas interesadas en el
mismo. La mejor técnica legal.
No podemos dejar la puerta abierta a lo de papel preeminente de unos
sobre otros, porque hay que tener en cuenta que cuando se aprobó el
Estatuto catalán en el año 1979, cuando ponía lo de: «En él tendrá
participación preeminente la Generalitat de Catalunya, otras comunidades
autónomas, y provincias en su caso, no estaba claro cuál era el proceso
autonómico que se iba a desarrollar en este Estado. El Estatuto
valenciano es de 1982, y el aragonés y el balear posteriores también a
1979.
Por lo tanto, que no podemos acogernos a lo de preeminente porque el
momento de la redacción del primer Estatuto, el catalán de 1979, cuando
habla de preeminente, y con esa vaguedad habla de otras comunidades
autónomas y provincias en su caso, no estaba claro el proceso autonómico
que se iba a abrir, y si sólo iba a haber dos comunidades autónomas en el
año 1979 --Cataluña y el País Vasco--, si iban a incorporarse dos
nacionalidades históricas más, Galicia o Andalucía y si luego se iban a
asumir como históricas, reconocidas, Canarias y la Comunidad Valenciana.
Los posteriores estatutos de autonomía, el siguiente en el tiempo es el
valenciano, y con mejor técnica legal, y entrando al fondo del asunto
habla de que esa norma estatal que regule la situación del Archivo de la
Corona de Aragón, cuyo patronato contará en todo caso con una
representación paritaria de las Comunidades Autónomas interesadas en el
mismo. Ahí ya se veía que el Estatuto catalán había culminado, se había
abierto el proceso autonómico al resto de comunidades, y junto al
Estatuto valenciano se aprobó el aragonés y el Estatuto de Baleares.
Por lo tanto, yo creo que tiene que quedar claro, y parece un matiz
insignificante, pero si el papel preeminente de las comunidades autónomas
es evidente que tiene que serlo ante la Administración central del
Estado, que tiene que tutelar no lo dudo, no tiene que tener un papel
preeminente el Estado sobre las comunidades autónomas, que somos libres
de ordenar nuestros propios destinos comunes, y tenemos que ser capaces
las cuatro comunidades de hacerlo. La representación de las cuatro
comunidades autónomas de la antigua Corona de Aragón son las que de una
manera paritaria tienen que participar y ordenar los destinos de ese
Archivo.
Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de nombres o de matiz el
decir lo contemplado en los Estatutos a la hora de nombrar la
representación de las comunidades. Y prueba de que ese consenso ya se
intentó y se ha dicho por representantes de las cuatro comunidades
autónomas que la Comunidad que menos interés tenía en poner en marcha
este patronato era precisamente Cataluña, y eso es así y no es ninguna
acusación, eso se ha dicho reiteradamente. Ha habido reuniones, y aquí
están las actas de esas reuniones celebradas en el Palau de la
Generalitat de Valencia, donde hubo un principio de acuerdo en febrero
del 82, antes del Estatuto valenciano, aragonés y balear (no es una
tontería el hecho cronológico) donde ya recoge el tema paritario. Porque
hasta ese momento señalaba el papel preeminente de la Generalitat de
Cataluña, porque desde el año 1979 su Estatuto lo ponía, y yo lo respeto
perfectamente. Pero luego el proceso autonómico ha llevado donde ha
llevado, afortunadamente, a que la Comunidad Valenciana sea una
nacionalidad histórica, como puede ser Cataluña o el País Vasco --Aragón
está en ello-- y por lo tanto creo que tiene que respetarse ese mandato y
ese precepto estatutario.
En la propuesta de ese documento de trabajo ya se hablaba de que en
aquella documentación que se refiere sólo a Cataluña o a Barcelona no
había ningún inconveniente por parte de los cuatro consejeros autonómicos
de Cultura de ceder aquella documentación que no tenga nada que ver con
la documentación generada por la Corona de Aragón. Por lo tanto, yo creo
que ahí sí que hay voluntad de acuerdo, pero tiene que haber un consenso,
sobre todo un consenso desde el respeto escrupuloso a los estatutos de
autonomía, donde la preeminencia sea de las comunidades autónomas sobre
el Estado, pero la paridad sea a partes del 25 por ciento de las cuatro
(cuestión de hablar de cuotas) comunidades autónomas que conformaron la
Corona de Aragón.
Yo creo que ese espíritu se contempló en el año 1982 y posteriormente
hubo una reunión en julio de 1984 donde, por la cuestión de las fechas,
ya no se ponía lo del papel preeminente de la Comunidad catalana. Ya
habían sido aprobados los estatutos aragonés y valenciano y --repito--
con mayor acierto y técnica legal el Estatuto valenciano en su
disposición adicional segunda contemplaba lo de paritaria. En esa reunión
ya se habló de la paridad de las cuatro comunidades autónomas en ese
proyecto de real decreto de creación del patronato del Archivo de la
Corona de Aragón; ya se hablaba que fuera presidente de ese patronato el
Ministerio de Cultura y vicepresidentes los cuatro consejeros de Cultura
de las cuatro comunidades autónomas que conformaron la Corona de Aragón.
Y pone las funciones que tiene que tener el patronato, pero eso ya es
cuestión de la técnica legal, que en su momento llegará a este proyecto
de ley que espero que hoy aprobemos para que se elabore y se presente en
el plazo de seis meses, como he visto en una enmienda transaccional que
asumo perfectamente.
Por lo tanto, creo que tiene que haber consenso. Nada de lo que he dicho
debe interpretarse como ataque, acritud o ánimo de encrespar, porque creo
que si ha habido una intervención un poco más fuera de tono ha sido la
primera. O, en todo caso, la resolución del Parlamento de Cataluña, que
yo perfectamente respeto como órgano soberano de toda Cataluña, pero creo
que no puede ignorar lo que marcan los estatutos de autonomía de otras
tres comunidades autónomas, respecto a que se transfiera la titularidad,
etcétera, como he remarcado y he refrescado históricamente, como ya se
intentó en el debate del Estatuto catalán del año 1932.
Con toda esta intervención lo que quiero decir, como valenciano, como
nacionalista valenciano, y sé cuál es mi pasado histórico, del cual me
siento orgulloso, es que el Archivo de la Corona de Aragón para los
valencianos es algo más que un archivo. Y ha tenido que ser de nuevo una
decisión o una pretensión unilateral del Parlament de Catalunya,
reclamando la transferencia de la titularidad del Archivo de la Corona de
Aragón a la Generalitat, el que nos ha recordado que desde hace más de 15
años no se ha hecho nada, y esto se lo achaco al Ministerio de Cultura,
al Gobierno central, porque igual era cómodo no plantear la cuestión. Que
se cumplan los acuerdos, los preceptos, los mandatos estatutarios que
figuran en las disposiciones adicionales de los cuatro estatutos de
autonomía de las comunidades actuales que conformaron la antigua Corona
de Aragón.
Por ello exigimos, y de ahí nuestra pretensión plasmada en esta
proposición no de ley, apelando al consenso, que después de 15 años de
dilaciones se cree de una vez por todas este patronato, donde estén
representados en términos de igualdad, de paridad, todas las comunidades
autónomas que conformaron parte de aquel modelo de convivencia que fue la
Corona de los reyes de la Casa de Aragón.
Por lo tanto, dejando discusiones anteriores que levantaron más o menos
ampollas en las cuatro comunidades autónomas, porque aquí nadie puede
sentirse más agraviado que otro --en alguna cuestión, como se ha citado
el caso del director, bueno, pero en Valencia y en Aragón también
levantaron ampollas ciertas actuaciones de responsables del Archivo sobre
los años mil ochocientos cuarenta y tantos--, creo que hay que pasar
página y con un nuevo espíritu intentar que se presente un buen proyecto
de creación de este patronato, donde las cuatro comunidades que
conformaron la Corona de Aragón podamos darle vitalidad y podamos, en
estos umbrales del nuevo siglo, seguir estando orgullosos de nuestra
historia y podamos mantener viva esta historia que fue conjunta, común y
brillante: la Corona de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado cuatro
enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y
una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Se
han presentado cuatro enmiendas, pero es una enmienda que se refiere a
los cuatro apartados de la proposición. Por lo tanto, se van a defender
conjuntamente.
Para su defensa, tiene la palabra doña Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Yo no sé si está permitido por el Reglamento de
esta Comisión que yo defienda las dos enmiendas presentadas
conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
La primera enmienda que presenta el Grup Parlamentari Català lo único que
pretende es ser un marco operativo que en realidad sigue en sus términos
la lógica temporal y administrativa que el proceso de redefinición y
delimitación de los fondos documentales de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
requerirían.
Antes de empezar la defensa de las enmiendas querría, si me lo permiten
el señor Alcaraz y los demás miembros de esta Comisión, redondear la
lección de historia del diputado del Grupo Socialista. Ciertamente, los
fondos de la Confederación Catalano-Aragonesa, antigua Corona de Aragón,
tienen un interés común incalculable, incalculable para Catalunya, para
Aragón, para las Illes Balears y para el País Valencià. Y sólo quiero
recordar a esta Comisión que durante tres siglos la Cancillería catalana
depositaba en Barcelona, en l'Arxiu Real de Barcelona, los documentos
oficiales de la Corona, y emitía copia a los archivos reales de los
restantes reinos de aquello que, por la materia, era de su interés. De
este modo, durante siglos, han coexistido y coexistieron cuatro archivos
oficiales. Hoy, felizmente, subsiste el Arxiu Real del Reino de Valencia,
el Arxiu del Reino de Mallorca, gestionados felizmente por sus propios
gobiernos. Y subsiste el Real de Barcelona, pero subsumido en el actual
Arxiu de la Corona d'Aragó, ya que en el siglo XIX perdió su nombre de
Arxiu Real de Barcelona. Y subsistía hasta el año 1809 el Real de Aragón
en Zaragoza, que desgraciadamente desapareció a causa de un incendio
durante «la guerra del francés». Simplemente quería apoyar con esta
explicación la lección que nos ha dado el compañero.
Yo no pienso discutir, éste es un espacio de civilización en el que hemos
de llegar a consensos, y yo creo que hemos de seguir la estrategia del
equilibrio y del acuerdo, simplemente esto. Las Diputadas y Diputados nos
encontramos aquí, yo creo, voluntariamente, porque creemos que este
espacio es un lugar de encuentro en el que no puede caber ni la
intolerancia ni la intransigencia ni la ignorancia. Por lo tanto, ya que
la Diputada Pilar Rahola ya no podrá intervenir, quiero decir que no creo
que pueda hablarse del concepto de legalidad en su proposición no de ley.
Porque lo que ha hecho la Diputada Pilar Rahola es lo mismo que hemos
hecho nosotros en nuestra primera enmienda: transmitir a esta Comisión y
al Congreso el mandato del parlamento de nuestro gobierno. Por lo tanto,
no consideramos que esto sea una ilegalidad, sino que tanto ella como los
miembros del Grup Parlamentari Català, con gran honor y orgullo, traemos
aquí aquello que nuestro parlament cree que es lo mejor para l'Arxiu de
la Corona d'Aragó.
Paso directamente a defender la enmienda que, con vocación pedagógica y
de encontrar el consenso, hemos presentado y que se apoya en la del Grupo
Socialista. Una enmienda para nosotros no es una corrección sino la
manera de llegar a un acuerdo. No sé si a nuestra enmienda se le puede
llamar transaccional, porque no estamos hablando aquí de mercaderías y de
transacciones, sino de llegar a acuerdos, para que las Diputadas y
Diputados de esta Comisión y la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de
este país puedan encontrarse en este consenso. Por lo tanto, yo creo que
se subsumen, en el sentido de sumar, las aportaciones de todos los grupos
al respecto. Por eso nosotros pedimos que se cree en el plazo de seis
meses, en diálogo con las comunidades autónomas afectadas y mediante la
correspondiente norma de Estado, el Patronato de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, previsto en los Estatutos de Autonomía de las Illes Balears,
Valencia, Aragón y Cataluña.
Otro punto es que en dicho patronato las comunidades autónomas tendrán la
representación prevista en sus respectivos estatutos. No es necesario
hablar de preeminencias, no creemos que sea necesario hablar de número
equitativo. Lo que dice cada estatuto es lo que debe figurar.
Por último, el patronato establecerá aquellos criterios para distinguir
formalmente los fondos documentales depositados en l'Arxiu que son ajenos
a la antigua Corona de Aragón, cuya titularidad y gestión se traspasará a
la Generalitat de Cataluña. Yo creo que en el entender de los Diputados
que aquí nos encontramos esto es algo muy parecido a lo que podría ser un
consenso. Yo no creo que el tema que hoy nos ocupa sea un tema político.
Nosotros formamos parte de la sociedad política, pero éste es un tema
cultural, simplemente cultural. Y yo no le doy un valor político en el
sentido partidista, sino simplemente cultural, y, en todo caso, político
porque tiene interés para toda la ciudadanía. Por lo tanto, yo pediría
aquí que convirtamos l'Arxiu, que en su tiempo y todavía ahora es un
lugar de encuentro y entendimiento de la historia, en el escenario de
convergencias sinceras y positivas.
No quiero alargarme. Todos han hablado y cada uno lo ha hecho de la mejor
manera que ha entendido. Pero yo quiero creer que en esta Comisión hemos
de tratar asuntos culturales y educativos que muchísimas veces están
siendo maltratados o menospreciados, incluso por la opinión pública,
incluso por la misma sociedad política. Por ello pido el consenso y el
voto favorable a nuestra enmienda transaccional y que sea aceptada por el
Partido Socialista. Vaya por delante mi agradecimiento a los demás grupos
políticos aquí presentes si es que nos dan su voto favorable.
En consecuencia, retiro la primera enmienda y mantengo la enmienda a la
proposición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene en primer lugar
la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, teniendo en cuenta que se
han unido cuatro proposiciones, rogaría que pudiesen intervenir
dividiéndose el tiempo los Diputados don Ramón Moreno y don Antonio
Serrano. ¿Es factible?
El señor PRESIDENTE: Absolutamente factible. En cuanto a la división del
tiempo, verá usted que aquí no parece que se nos haya parado el reloj.
Pero eso no quiere decir que no se nos pare en alguna medida un cierto
sentido de la roñosería cronológica.
El señor SERRANO VINUE: En nombre del Partido Aragonés, voy a fijar su
postura. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros del Grupo
Parlamentario Popular la posibilidad que da al Partido Aragonés como
formación y partido político independiente, como coaligado tanto en las
tareas de gobierno de Aragón como hoy en las tareas de apoyo al Gobierno
español, de manifestar su postura. Voy a intentar ser muy breve después
de las buenas y extensas explicaciones que hemos recibido.
En primer lugar, esta cuestión del Archivo de la Corona de Aragón es
recurrente. Se ha tratado en multitud de ocasiones en el Parlamento
aragonés, las últimas ocasiones en junio de 1193, en septiembre de 1195 y
en esta misma semana. Tampoco quiero olvidar los intentos que ya desde la
II República se han llevado a cabo desde la Generalitat para conseguir el
traspaso de la gestión de este archivo.También ha sido calificado por
algunos de cuestión sensible. Este calificativo de sensible ha supuesto,
entre otras cosas, que después de más de trece años no hayamos dado
solución a este asunto.
Primeramente desearía hacer una valoración, y sobre todo con el respeto
absoluto a la soberanía del Parlamento catalán que hace suya la propuesta
de Esquerra Republicana, de lo que realmente se pretende. En síntesis son
dos cuestiones básicas. Primera, se propone la identificación de esos
documentos de acuerdo con los criterios de la Generalitat de Cataluña.
Segunda, el traspaso de los fondos documentales en su integridad. Ante
estas cuestiones, el Partido Aragonés no puede estar de acuerdo. Y lo voy
a intentar argumentar.
Hay argumentos de carácter histórico, y por supuesto no voy a redundar en
ellos porque han sido suficientemente expuestos y justificados por los
demás intervinientes. Ahí están los escritos, suficientemente objetivos,
de documentalistas, archiveros e historiadores. Realmente estamos ante el
fondo medieval más importante de Europa y estamos ante el archivo más
antiguo cuya gestión en estos momentos es responsabilidad del Estado.
Podemos enmarcar una serie de justificaciones de carácter jurídico
competencial, cómo no: la propia Constitucional española, en cuanto que
establece la dependencia de los archivos estatales del Gobierno central,
cinco en estos momentos; las propias disposiciones adicionales de los
diferentes Estatutos de Autonomía de Cataluña, Valencia, Baleares y, cómo
no, el de Aragón; las propias normas comunes que regulan el patrimonio
documental, la Ley del Patrimonio Histórico Español o la propia Ley de
Archivos de Aragón. También un paquete de justificaciones de carácter
meramente práctico, la propia gestión y utilización internacional, porque
entendemos que los documentos que están incluidos en el Archivo de la
Corona de Aragón afectan a territorios que hoy están fuera del Estado
español. Esto exige una unidad y sería un agravio importante la
separación. Y sobre todo, y aquí siento discrepar con la compañera de
Convergència i Unió, porque entendemos que es un aspecto puramente
político. Estamos en el Parlamento español, donde el debate se tiene que
hacer en el plano político. Esta propuesta de Esquerra Republicana tiene
su intencionalidad política, y esta posible --si es que existe-- polémica
tiene un trasfondo lógicamente político. Y en ese plano de lo político,
teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, los aspectos históricos y,
cómo no, los prácticos, el Partido Aragonés desearía dejar dos o tres
cosas muy claras.
En primer lugar, la propia formación del Patronato, que defina la
composición y las funciones, por supuesto en el cumplimiento de las
diferentes adicionales de los estatutos de autonomía, y en el menor plazo
posible, seis meses o un año, pero en el menor plazo posible. Llevamos
más de trece años esperando y casi cinco años desde la intentona de
formación del Patronato en el año 1991.
El Patronato debe clarificar con criterios técnicos e históricos la
documentación que allí exista. El Gobierno central debería de alguna
manera aglutinar, agilizar y facilitar el diálogo entre las cuatro
comunidades autónomas implicadas, dotando al Archivo de los medios
materiales, humanos y económicos suficientes que permitan el estudio, la
catalogación y la utilización de esos fondos.
Todas las partes implicadas queremos participar de una forma eficaz y
también democrática. El Partido Aragonés, Aragón, quiere tener
corresponsabilidad en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón. Es
nuestro legado histórico, o uno de nuestros legados históricos más
importantes, ya que, como bien han dicho otros compañeros, gran parte de
los documentos del Reino de Aragón fueron destruidos en la Guerra de la
Independencia.
No tenemos ningún inconveniente, en absoluto, en que se transfieran a la
Generalitat los documentos que son ajenos al propio Archivo de la Corona
de Aragón, que según los estudiosos podrían estar entre un diez o un
quince por ciento de ese fondo documental. No estamos en absoluto en
desacuerdo. Pero también rogaría, y quiero que se me entienda y no se me
malinterprete, con todo rigor y con todo respeto, que por parte de la
Generalitat de Cataluña no se intente de alguna manera boicotear el
acuerdo y el consenso que se alcanzó o que se pretendió alcanzar, sobre
todo en el año 1990-1991, cuando se intentó poner en marcha este
patronato. Supuso una oportunidad perdida y supuso también un cierto
sentimiento de frustración de los diferentes integrantes de aquella
comisión de estudio.
El Partido Aragonés, que algunas veces ha sido tachado de querer incluso
romper la propia unidad del Archivo, quiero dejar bien claro que renuncia
al derecho de poder solicitar la documentación específica que haría
mención al Reino de Aragón, en aras de la unidad, y sobre todo que nunca
ha cuestionado, ni cuestiona, ni cuestionará la propia localización del
Archivo en la ciudad de Barcelona, que quede claro.
Para terminar, y entiendo que es importante como Diputado del Partido
Aragonés y como aragonés, deseo que todos los antiguos territorios de la
Corona de Aragón, que hemos sido ejemplo de convivencia, que hemos
enarbolado
durante toda nuestra historia la bandera de la libertad, del pacto, del
respeto de las libertades, tengamos en nuestra historia común puntos de
encuentro y no puntos de confrontación ni de litigio. Me preocupa
sinceramente, y quiero remarcarlo, la falta de rigor histórico de algunos
círculos políticos y también universitarios, que quizás es lo más
preocupante, que pretenden manipular, tergiversar la historia en
beneficio de una supuesta causa. Realmente, y yo no soy historiador sino
un técnico, hiere mi sensibilidad y la sensibilidad de los aragoneses, y
yo entiendo que también la sensibilidad de los valencianos y de los
baleares, cuando se habla de Confederación Catalano-Aragonesa. Realmente,
la Confederación, si es que existió, sería Confederación
Catalano-Aragonesa, Siciliana, Napolitana, Ateniense y hasta de
Jerusalén. O sea, nunca ha existido. Yo creo que tenemos que estar
orgullosos de nuestra historia y la historia es el Archivo de Aragón. De
la misma forma, cuando algún miembro de la Casa Real visita las tumbas de
los Reyes de la Corona de Aragón, no son los Reyes, por favor, de la
Confederación Catalano-Aragonesa, son los Reyes de la Corona de Aragón,
que en su mayor parte están enterrados en el monasterio de Poblet.
Señorías, la historia se estudia, la historia podemos llegar a
interpretarla, sobre todo podemos aprender de sus errores. De nuestra
historia común creo que todos, absolutamente todos, podemos estar bien
orgullosos. Desde el Partido Aragonés apelamos a la responsabilidad de
las cinco partes, Estado, Gobierno y comunidades autónomas: Cataluña,
Valencia, Islas Baleares y Aragón. Desde luego, si apoyamos y proponemos
el consenso, todos saldremos beneficiados. Nosotros vamos a apoyar este
consenso como Partido Aragonés y lo entendemos realmente positivo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Popular, tiene
la palabra don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: En primer lugar, quisiera hacer una seria
reflexión. Yo entiendo que todas las naciones justifican en principio su
existencia en la posesión de documentos que, producidos por sus
instituciones, testimonian su nacimiento y su verdadera consolidación.
Los archivos son la esencia del Estado, el corpus escrito que legitima su
verdadera naturaleza. Este es el motivo, pues, por el que prácticamente
todos los Estados crean sus archivos con el objeto de ayudar, proteger y
gestionar administraciones, custodiando su patrimonio documental que
sirva para su posterior estudio y difusión.
La protección de los derechos de los ciudadanos, de lo que nuestra
Constitución reconoce en el artículo 2 como un Estado de las autonomías,
incluidas las singularidades y hechos diferenciales de las distintas
nacionalidades, es el fin perseguido con la creación y configuración del
sistema archivístico estatal que, como conjunto de disposiciones, no
podemos consentir que sea objeto de luchas competenciales entre
comunidades autónomas y el Estado, o viceversa, pues ambos deben tener
claro sus competencias, campos de trabajo e intereses, protegiendo y
custodiando cada una su documentación.
Creemos en el Partido Popular que todos hemos de tener claro que la
dispersión y fragmentación de los legados y documentos de los distintos
archivos del Estado, así como la cesión de su gestión a otras
administraciones, fundamentándolos en razones pertenecientes posiblemente
al mundo de las esencias absolutas sólo puede suponer, estoy seguro, la
negación de la existencia de la identidad histórico-cultural de España,
lo que sería ridículo y una grave dejación de sus responsabilidades por
parte sobre todo del Estado, que debe seguir salvaguardando y
garantizando los intereses de determinadas comunidades autónomas, las
cuales, a pesar de tener hoy día menos desarrollada la conciencia de sí
mismas como entidades histórico-culturales, podrán no obstante seguir
desarrollándolas hasta convertirse en verdaderas nacionalidades.
Por otra parte, la Administración general del Estado hasta ahora no ha
asegurado el control de la documentación que ella misma produce. Si
pasamos la mirada por los distintos ministerios y sus organismos
autónomos, nos damos cuenta que han estado hasta hoy incumpliendo sin
saber, posiblemente, la legislación vigente en materia de tratamiento
archivístico. Se han dado situaciones donde los documentos más recientes
se han despreciado por sus productores, desconocedores de su carácter de
patrimonio documental. Y por otro lado, se han salvaguardado otros más
antiguos sin apenas ningún tipo de interés. Es así como los órganos
productores han creado de facto o de iure archivos históricos con
funciones pretendidamente históricas o culturales, lo que ha implicado la
ruptura del sistema archivístico estatal, asumiendo competencias que no
les corresponden y, en definitiva, provocando un perjuicio grave a la
difusión y conservación del patrimonio documental. Es cierto que en gran
medida ello se debe a la falta de un instrumento normativo adecuado, el
reglamento en este caso de archivos de titularidad estatal, cuya
publicación debió verificarse ya en 1986, si nos atenemos a lo dispuesto
en la Ley del Patrimonio Histórico Español y que deberemos despertarlo
del sueño de los justos.
Volviendo a lo que es el motivo hoy de mi intervención, volviendo al
Archivo de la Corona de Aragón, muchas soluciones se han propuesto para
terminar con la controversia que existe. Por una parte, separación de los
fondos referidos a cada territorio, microfilmación y duplicación de los
mismos, traslados a poblaciones neutrales, entre otros. La primera, la
que se refiere a la separación de fondos referidos a cada territorio,
supondría --estoy seguro-- la práctica destrucción del Archivo. La
segunda, la microfilmación y duplicación de los mismos, seguiría
discriminando a las Comunidades que no pueden contar con los documentos
originales. Y la tercera, que era el traslado a población neutral,
simplemente entendemos que es absurda, pues nadie discute en este caso la
conveniencia de la sede barcelonesa. Lo que sí parece más importante es
realizar una labor, en primer lugar, de reconstrucción de todos los
archivos autóctonos en el Archivo de la Corona de Aragón fechados hasta
el siglo XVIII, y la consideración especial de los fondos posteriores
como exclusivos de la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, podría
procederse a su microfilmación para que cada comunidad tuviera acceso
directo a los fondos para su conocimiento y estudio. Y en tercer lugar, y
puede que la más importante, la elaboración de la norma estatal que
proceda a la creación y regulación de la composición y funciones del
patronato en igualdad de condiciones, como contemplan los Estatutos de
Autonomía de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Por ello, debemos
contar con la participación indispensable de todos: políticos, consejeros
de comunidades autónomas, y también de los archiveros, verdaderos
conocedores de la materia.
En definitiva, el Archivo de la Corona de Aragón es una institución
histórica y cultural de interés intercomunitario, que debe encontrar su
unidad estructural sobre la base de una igualdad radical entre los cuatro
territorios afectados y una gestión compartida de sus fondos, sin
perjuicio del reconocimiento implícito de una relevancia aun simbólica y
testimonial posiblemente de Aragón y Cataluña, ya sea por motivos
históricos o por los derechos adquiridos con posterioridad a la
disolución política de la Corona de Aragón. En cualquier caso, el Archivo
de la Corona de Aragón, al igual que el resto de archivos que conforman
el gran archivo de España, deberán ser una constante preocupación para
las administraciones central, autonómica o local.
Estamos seguros que bajo un Gobierno del Partido Popular va a ser posible
desbloquear una situación que lleva ya lamentablemente más de quince años
paralizada. No es momento de reproches sino de mirar al futuro y
felicitarnos, si es posible, por sacar adelante un patronato que dejará
satisfechos, estoy seguro, a todos.
Y para terminar, señor Presidente, dos cosas. En primer lugar, y en
beneficio del consenso, agradecer a la diputada de Convergència i Unió
que haya tenido a bien retirar su primera enmienda. En segundo lugar, nos
gustaría que en la enmienda transaccional que se pueda presentar, y que
vamos a apoyar, figurara como plazo para la creación del patronato la
frase: «en el plazo más breve posible» o «antes de un año».
El señor PRESIDENTE: Como hemos quedado anteriormente, la votación de las
respectivas proposiciones no de ley y enmiendas se verificará alrededor
de la una. Si para ese momento hubiera alguna enmienda transaccional
apoyada por todos los grupos y hubiera la conformidad de los proponentes
en la retirada de otras, aligeraríamos bastante el trabajo.
Don Bernardo Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Quiero preguntar a la Presidencia si tengo la
palabra para posicionarme sobre la aceptación o no de las enmiendas que
se han presentado a la proposición no de ley socialista en este momento,
o hay que esperar a la una.
El señor PRESIDENTE: Hemos convenido en que iban a intervenir los
proponentes y los enmendantes. Pero si usted toma posición frente a las
enmiendas, también tienen que tomar posición todos los demás, con lo que
dilataríamos enormemente el trámite. Ya sabe usted que en este trámite no
están previstas ni la réplica ni la dúplica. Por lo tanto, la acumulación
se ha hecho para ganar tiempo y no duplicar trámites. Yo creo que lo
entiende perfectamente, y por eso vamos a seguir adelante.
--RELATIVA A LA ASUNCION POR EL GOBIERNO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE
DERECHOS LINGÜISTICOS Y APOYO A LA CREACION DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL
DE AMPARO DE LOS MISMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000119.)
--SOBRE RECONOCIMIENTO Y DEFENSA DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS
LINGÜISTICOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000142.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la consideración de las proposiciones no
de ley cuarta y quita, la primera del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Quién
pide la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto?
El señor CHIQUILLO BARBER: Está el portavoz titular, Francisco Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el 6 de junio de 1996 fue aprobada en Barcelona una
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que se redactó en una
conferencia organizada por distintas entidades promotoras. La entidad
promotora fundamental fue el PEN Club, Centre Català, y contó con la
colaboración del Ciemen (Centre Internacional Escarré para las Minorías
Nacionales y Etnicas) y además con el apoyo, soporte, de instituciones de
gobierno de Cataluña, de estamentos jurídicos, intelectuales y
científicos, además de más de cincuenta y ocho organizaciones diversas,
entre las cuales estaba la Mesa por la Normalización Lingüística de
Galicia y, por supuesto, personas a título individual debido a su
cualificación intelectual y científica en el terreno lingüístico. Por si
fuese poco, la declaración y la organización de la conferencia contó con
el apoyo técnico y moral de la Unesco.
Lógicamente, en una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos el
punto de partida fue toda una legislación, bien hecha a partir de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 u otras cartas o
convenios de carácter internacional, y por citar dos solamente, la Carta
Europea sobre Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992 y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concreto en su artículo
27, del 16 de diciembre.
Es importante que se tenga en cuenta que la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos, la primera en su género que se hace a nivel
internacional, parte de un criterio
fundamental para atender el problema de la diversidad lingüística, cual
es la defensa de los derechos colectivos de las comunidades lingüísticas,
sin caer en ninguna trampa de carácter eurocéntrico o jerarquizante. Esto
es, todas las lenguas son estructuralmente iguales y no se puede hacer
diferencias en cuanto a sus derechos entre lenguas oficiales o no
oficiales, lenguas nacionales o regionales, lenguas mayoritarias o
minoritarias. Y por supuesto, algo que es fundamental para proteger los
derechos individuales, se parte de la creencia científica, analíticamente
científica, de que no se puede separar la dimensión individual del
comportamiento lingüístico de la dimensión colectiva.
Todos nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo en el que la
sustitución de muchas lenguas por otras es producto de una relación no
igualitaria entre pueblos, y que hay una tendencia unificadora evidente
en muchos Estados centralistas, empezando por los de la Unión Europea
--podíamos citar algunos casos--, que es históricamente tendente a la
unificación cultural y lingüística y a la falta de respeto por la
diversidad. Y también sabemos que la mundialización de la economía no
apoya tampoco el respeto a toda diversidad lingüística y cultural. Es
curioso que incluso en un idioma como el español, que tiene muchísimos
hablantes, que es la lengua oficial de muchos Estados, o el mismo
portugués, haya áreas lingüísticas que corran serios peligros; es el
caso, por ejemplo, de Puerto Rico o el de la parte mexicana que fue
robada por Estados Unidos históricamente. Si a esto le añadimos que el
proceso de transnacionalización de la economía crea también determinado
tipo de dependencias de la lengua más internacional y más transnacional,
como es el inglés, nos podremos dar cuenta exacta de los peligros que hay
para la inteligencia humana, que está basada en la diversidad
lingüística.
Por tanto, esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos parte de
que hay que tener un objetivo político, que es organizar políticamente la
diversidad respetándola; una perspectiva o un objetivo cultural, que es
que hay que hacer compatible un espacio comunicativo mundializado con la
participación de todos los pueblos y culturas; y una perspectiva
económica, que consiste en que el desenvolvimiento tiene que ser
sostenible, tiene que haber un equilibrio ecológico en el mundo y, por lo
tanto, una relación equitativa entre lenguas y culturas.
Todo articulado de la declaración está estructurado con el siguiente
criterio: las lenguas deben de ser lenguas oficiales en el territorio de
sus comunidades lingüísticas, por lo tanto lenguas oficiales en la
Administración pública y en los órganos de gobierno oficiales. Y después
va analizando, por los apartados de educación, onomástica, medios de
comunicación y nuevas tecnologías, cultura y ámbito socioeconómico, los
derechos que se deben preservar. Quisiera hacer referencia a dos de ellos
que son derechos que, por lo menos, están amparados en el marco
constitucional español, y sobre todo muy amparados y ejercidos en algunas
comunidades lingüísticas. En concreto, el derecho a que la lengua de la
comunidad sea lengua objeto de estudio y vehicular de la enseñanza en la
educación. Y uno clave, y permítaseme una cierta licencia, que es un
respeto mínimo por que los pueblos aparezcan sin deformaciones, que es el
respeto a la toponimia, a los nombres de lugares de cada uno de los
pueblos que existen en el mundo. Y en este aspecto sería muy importante
que todos nosotros fuésemos respetuosos con los nombre genuinos,
originales, en cada una de las lenguas, no solamente de las ciudades, de
las villas, sino, de todo tipo de toponimia, y empezando, por supuesto,
por el nombre del país, aun hablando o utilizando la lengua oficial de
todo el Estado, que es el español.
La referencia a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías
está muy de actualidad ahora que vamos a debatir también en este
Parlamento el proyecto de liberalización de las telecomunicaciones; como
es de actualidad y de urgencia el ámbito socioeconómico, donde está más
rezagado: registros, notarios, o bien incluso contratos laborales, que es
un elemento de la realidad muy sensible a la normalización lingüística.
En definitiva, señorías, se trata de que el Gobierno del Estado español,
algo que por lo menos teóricamente reconoce dentro de casa, lo defienda a
nivel y a escala planetaria. Y es por esto por lo que nosotros defendemos
las conclusiones que se expusieron en Barcelona en esta conferencia
internacional, cuando los participantes llegaron a la conclusión de que
los Gobiernos debían de expresar públicamente su adhesión a esa
Declaración Universal, y en el caso concreto del Gobierno español, y
comprometerse a apoyar --y esto es lo importante-- la propuesta de
creación del Consejo de Lenguas en el seno de la ONU y de un organismo de
Derecho internacional que ampare a las comunidades lingüísticas en los
derechos reconocidos en esta Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos.
Para acabar, curiosamente quiero decirles que hoy, 18 de septiembre, es
un día que coincide con otro 18 de septiembre de 1931 y con una
intervención del diputado gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
cuando se estaba preparando el borrador de redacción de la Constitución
española de la República. En sus intervenciones este diputado, para
nosotros realmente una pieza clave de la reconstrucción cultural y
nacional de Galicia, defendía el derecho del gallego y por supuesto de
otras lenguas del Estado a ser lenguas oficiales en sus respectivas
comunidades. Pues bien, voy a acabar con unas palabras de Castelao en
relación con el problema de la diversidad lingüística y lo que subyace
detrás de esta diversidad. Decía él que precisamente mucha gente, y
algunos gallegos también, muchos gallegos también, anda hablando de un
idioma universal, único para toda nuestra especie. Y decía él en nuestra
lengua, que después traduciré:
«Mais eu digolles que a variedade de idiomas, co-a súa variedade de
culturas, é o siño distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores
aos animaes. Velahí vai a demostración: Un can de Turquia oubea igoal que
un can de Dinamarca; un cabalo das Pampas arxentinas rincha igoal que un
cabalo de Bretaña. ¿E sabedes por qué? Porque os probes animaes ainda
están no idioma universal...» (Pero yo les digo que la variedad de
idiomas, con su variedad de culturas, es el signo distintivo de nuestra
especie, lo que nos hace superiores a los animales. He aquí la
demostración: un perro de Turquía aúlla igual que un perro de Dinamarca;
un caballo de las Pampas argentinas relincha igual que un caballo de
Bretaña. ¿Y sabéis por qué? Porque los pobres animales aún están en el
idioma universal...)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tenga usted la amabilidad de pasar
el texto en lengua gallega para que quede reflejado en el Diario de
Sesiones.
A continuación, para la defensa de su proposición no de ley sobre el
mismo tema, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La magnífica y poética intervención del señor
Rodríguez va a evitar que mi intervención sea extensa, porque en lo
básico coincidimos absolutamente el grupo por el cual él ha intervenido,
o al menos los firmantes de la proposición por el Grupo Mixto, y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Creo que esta declaración tiene una importancia muy grande, porque por
primera vez se recoge en un texto toda la gama de problemas que ha venido
planteando históricamente, dando lugar en ocasiones en este siglo a
auténticos dramas, esa rica pluralidad de lenguas. El que esté hecho
desde la visión de la tolerancia nos parece algo esencial. En la
conferencia, a la que tuve el honor de asistir, se podía comprobar cómo
es absolutamente inseparable el asegurar los derechos lingüísticos con
reivindicaciones de tipo nacional y, en definitiva, reinvindicaciones de
tipo democrático. Bastaba escuchar las intervenciones, por ejemplo, de
representantes del pueblo kurdo o del pueblo bereber para entender esta
cuestión. Pero es que además los españoles, o al menos parte de los
ciudadanos del Estado español que procedemos de algunas comunidades
autónomas, también sabemos, también hemos sufrido --nosotros, nuestros
padres o nuestros abuelos-- en nuestras propias carnes lo que supone una
discriminación por razones lingüísticas. Y quizá no sea sorprendente el
que en los grandes textos internacionales sobre derechos fundamentales
prácticamente no haya alusión a los derechos lingüísticos. Seguramente
ello se debe a una concepción de la soberanía de los Estados que entiende
que los Estados deben ser naciones, y por lo tanto el carácter
plurinacional de los Estados se entiende como una anormalidad. Creemos
que esa situación ya ha pasado, que felizmente ha pasado, y que haya que
avanzar hacia conceptos de integración, de tolerancia, de equidad y de
igualdad mayores que también se reflejen en el terreno lingüístico.
Por eso, creemos que el Congreso de los Diputados y esta Comisión deben
mostrar una especialísima sensibilidad ante esta declaración. Por varias
razones. Primero, porque la Constitución española ha ofrecido y ofrece un
marco que supone sin duda un avance muy considerable respecto de textos
anteriores para garantizar una pacificación lingüística, aunque quede
mucho por hacer. Porque España, en definitiva, es un Estado plurinacional
y plurilingüe, y que por lo tanto aquello que ha conseguido en un marco
democrático debe tratar solidariamente de defenderlo para otros pueblos.
Y porque el hecho de que esta declaración se haya debatido y aprobado en
el territorio del Estado español creemos que también, siquiera sea
simbólicamente, obliga a los órganos del Estado español a mostrar una
especial sensibilidad.
Como ha dicho el señor Rodríguez, la conferencia aprueba este texto el 6
de junio de este año, con una participación de 309 personas, expertos de
carácter jurídico, lingüístico, profesores de enseñanza, etcétera. En
este momento, además de las organizaciones que participaron, ya se han
adherido 135 organizaciones no gubernamentales de diverso carácter. El
reconocimiento de la Unesco parece una garantía importante. Hubo
representantes de aproximadamente 70 Estados, además de otras naciones
sin Estado, que en definitiva abarcaban los cinco continentes.
El prestigio del Ciemen como organismo de estudio y de impulso de la
tolerancia y la pluralidad en materia nacional étnica y lingüística es
contrastado; también el apoyo del PEN Club y, como digo, de la Unesco.
Mociones similares a ésta se han presentado en el Parlamento catalán,
vasco, gallego y también en el Parlamento Europeo.
El hecho de que aquí aprobáramos hoy esta declaración de apoyo iba a ser
especialmente importante para el futuro de la declaración, para conseguir
que la declaración no quede en mero papel mojado. Hay que tener en cuenta
que el 14 de octubre se reúne el Consejo Ejecutivo de la Unesco y va a
debatir sobre la adopción oficial en todos sus términos de esta
declaración. Si así lo aprobara, y parece que hay garantías y un
principio de acuerdo en que va a ser así, ello significaría que se
debatiría en la Asamblea General de la Unesco en otoño de 1997. Y si se
aprobara iría a la Asamblea General de la ONU, que inmediatamente después
de esa fecha se celebraría. Por lo tanto, si un Estado importante como el
español en el marco europeo y en el marco internacional, un Estado
plurilingüe y que ha avanzado en la consolidación de derechos
lingüísticos, se adhiriera formalmente a través de su Parlamento, y
mediante el acuerdo de este Parlamento el Gobierno actuara en consonancia
con esta proposición, sería muy importante para garantizar que en el
marco de la Unesco, en su Asamblea General, y posteriormente en la ONU,
pudiera llegar a buen puerto y pudiera la Humanidad, en definitiva,
contar con un texto que amplía sus horizontes de libertad y de igualdad.
La proposición no de ley que nosotros hemos presentado coincide en lo
básico con la que presenta el Grupo Mixto, aunque quizá la nuestra sea un
poco más extensa. Nosotros creemos que hay un punto primero que es la
adhesión del Estado español a la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos. La defensa en la ONU, en el Consejo de Europa y también en
la Unión Europea de dicha declaración. Un tercer punto que a nosotros nos
parece absolutamente evidente, y es que el Gobierno ajuste en todo
momento sus actuaciones a lo dispuesto en la declaración. Porque no
tendría ningún sentido y sería más bien un ejercicio de hipocresía que el
Estado español y el Gobierno en su nombre defendiera en los organismos
internacionales el reconocimiento y el cumplimiento de la Declaración de
Derechos Lingüísticos y que luego no lo reconociera en el
marco del Estado español. Es cierto que el marco constitucional,
posteriormente desarrollado normativamente por los estatutos de
autonomía, las leyes de normalización lingüística, etcétera, ofrecen un
marco bastante aceptable, ofrecen un marco que en algunos puntos incluso
supera lo previsto por esta declaración. Pero nos parece una cuestión de
coherencia política el que también esta Comisión mandate al Gobierno a
que en todo momento se ajuste a la declaración si ha de defenderla en los
foros internacionales.
Finalmente, también incluimos algunos puntos para que el Gobierno apoye
de manera material, a través de diversas vías, la difusión de esa
declaración. Es tradicional que las declaraciones de derechos humanos,
derechos del niño, etcétera, se repartan por colegios, por diversos tipos
de entidades; en definitiva, que haya un apoyo a la difusión en el marco
del Estado español de esa declaración.
Para favorecer el consenso, porque nos parece también muy importante que
esta resolución se apruebe por consenso, no tendríamos ningún problema, y
así lo he hablado con el portavoz del Grupo Mixto, en incluir como punto
tres de la proposición no de ley --que ahora pasaría a ser no ya de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino conjunta-- lo que era el
punto dos de la proposición no de ley del Grupo Mixto. Es decir, incluir
también: comprometerse a apoyar la propuesta de creación del Consejo de
la Lengua en el seno de la ONU, etcétera.
Parece ser que se va a presentar alguna otra enmienda que trataría de
aligerar el texto que nosotros proponíamos, y estaríamos abiertos a la
negociación y a la aceptación de esa enmienda, siempre y cuando --y
creemos que esto es importante e insisto en esa reflexión--, junto a la
llamada al apoyo en los foros internacionales, conste también el
compromiso del Gobierno español en el cumplimiento de todo lo dispuesto
por la declaración en el Estado español. Aunque se aligeren y se eliminen
algunos de los puntos finales, debe figurar que el Gobierno favorezca su
difusión, porque entendemos que lo que es derecho de toda la población en
general debe ser conocido por toda la población.
Por lo tanto, es un principio de acuerdo con el Grupo Mixto en esta
materia. Estudiaremos la enmienda que otros grupos puedan plantear,
insisto, con la firme voluntad de llegar a un consenso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz, pero la Mesa aclara que no
hay presentada ninguna enmienda a estos puntos.
La señora GIL I MIRO: Sí, hay una de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón, pero no obraba en poder de la Mesa. Por
lo tanto, tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró para su defensa.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo querría abusar de su benevolencia y empezar la defensa de mi enmienda
explicando una pequeña historia.
Voy a exponer como un preámbulo la historia de la Torre de Babel, de
Nemrod, el primer tirano de la historia de la humanidad. En aquellas
épocas de la Edad de Hierro, de la Edad de Oro, Nemrod, que era un
caudillo muy importante, quiso parecerse a Dios, quiso llegar a ser Dios.
Y entonces cogió a toda la humanidad y la colocó en una gran torre, en un
gran figurat, pretendiendo que éste llegara hasta el cielo para él
convertirse en Dios o ser Dios. Dios, Yahvé, castigó esta soberbia. Y
entonces hizo que toda aquella humanidad que estaba encerrada en el gran
figurat, hoy la Torre de Babel, hablara distintas lenguas. No pudieron
entenderse, lucharon por su libertad y salieron de la torre.
Este momento, que en diversas mitologías, en la bramánica, en la griega y
en la historia bíblica, se explica con diafanidad, es el momento más
importante de la historia de la humanidad; es el momento definitivo en
que la humanidad se convierte en libre, asume su libertad. De allí surgen
las 72 tribus con sus diversas lenguas. Y gracias a estas tribus, 72, y
estas lenguas diversas, hoy nos encontramos con 10.000 lenguas
aproximadamente en la Tierra. Diez mil lenguas repartidas entre unos
4.500 millones de habitantes de nuestro planeta.
Por esto, y perdonen esta incursión en la mitología y la historia
bíblica, por esto es importante que hoy también por acuerdo y consenso
aprobemos la Declaración de los Derechos Lingüísticos de las Minorías.
Porque los Estados tienen lenguas, una lengua propia y oficial, muchas
veces por razones pragmáticas; pero los pueblos tienen lenguas por
razones vitales. Cada una de las lenguas que existen, casi 10.000, para
nosotros absolutamente desconocidas, es la expresión de una realidad y
corresponden a una tierra determinada, a un colectivo determinado y
también a un tiempo determinado. Yo creo que la Tierra, en cuanto a las
lenguas, no es un planeta redondo, sino poliédrico. Y querría que aquí se
entendiera que todas estas lenguas que hoy por consenso deberíamos hacer
que se protegieran y se estimularan son como los muchos colores que
existen. Es poliédrico en este sentido el planeta: tiene muchos colores
que se reflejan en las diversas lenguas y en los pueblos que forman la
humanidad.
Con la vocación y devoción que el Grup Parlamentari Català pone siempre
en la defensa de que el Estado español es un Estado plurilingüe y
plurinacional, hoy con la misma vehemencia, aunque no me voy a extender,
hemos presentado una enmienda transaccional muy ligera para ver si
podemos llegar al consenso. Creemos que los tres puntos de esta enmienda
expresan la esencia de aquello que la declaración quiere conseguir.
Mucho les agradecería, no nosotros, sino toda la humanidad en su conjunto
si lo supiera, esta pequeña aportación, importante para el Estado
español, pero quizá pequeña en relación con todo el Universo o por lo
menos para nuestro planeta, en defensa de estas lenguas y estos pueblos.
Y nada más, creo que no es necesario después de las declaraciones que han
hecho los demás grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Como es lógico y natural, se hará la votación de
estas dos proposiciones, las numeradas
bajo los números 4 y 5, a la una. A la Mesa le cabe la duda de si la
petición de la votación a la una hecha por algunos grupos parlamentarios
es para facilitar el trabajo o para tomarse vacaciones. Pero, en fin,
como se ha aceptado, a la una se producirá la votación.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Beviá.
El señor BEVIA PASTOR: Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo
Socialista ante las dos proposiciones no de ley, la del Grupo Mixto y la
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.
Yo creo que los que han defendido las dos iniciativas, tanto el señor
Rodríguez como el señor Alcaraz, han hablado suficientemente sobre la
génesis de esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, los
trabajos previos a la realización en el mes de junio último en Barcelona
de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, e incluso han entrado
en el detalle del número de participantes, etcétera.
El Grupo Socialista considera que ante una declaración universal, que
normalmente lo que plantea son grandes principios referenciales, habría
que buscar una propuesta de consenso, una propuesta que no entrara
minuciosamente en los detalles y que efectivamente diera respuesta a
aquello que se ha producido en nuestro país, en Barcelona, la Conferencia
Mundial de Derechos Lingüísticos. Porque yo entiendo que si hay un país y
si hay un tiempo en el que se debe manifestar su sensibilidad hacia los
problemas de las lenguas que tradicionalmente se consideraban como
minoritarias o regionales, si hay un país y si hay un tiempo en el que
sea fácil reconocer la necesidad de unos principios y de una normativa
que asegure la pervivencia, la promoción, el respeto y la normalización
de toda lengua, si, como decía el señor Rodríguez citando a Castelao, hay
un país que pueda comprender que Babel --y aludía a ello también la
señora Gil--, que la diversidad lingüística y cultural no es un caos que
debe ser sustituido por la uniformización, sino una auténtica riqueza
sobre la que debe basarse cualquier proyecto de universalismo, ese país
es nuestro país y ese tiempo se inició fundamentalmente en España en la
década de los sesenta y que maduró con los años iniciales de la
Transición.
La Constitución española de 1978 inicia un proceso a través de su
artículo 3, un proceso realmente sin culminar todavía porque es un
proceso sin duda largo, porque hay inercias, reticencias, prejuicios,
ignorancias, desconocimientos mutuos, sin embargo, es un proceso
irreversible y que ha supuesto un gran paso adelante. Un proceso que en
primer lugar ha roto la contradicción de que siendo España, dentro de los
países desarrollados, seguramente el país más multilingüe, sin embargo
oficialmente ha tenido la consideración durante siglos de un país
férreamente unilingüe. Un proceso, el iniciado con la Constitución, que
trata de superar una complejidad real de la situación lingüística de
nuestro país: monolingüismo en unos territorios, frente a la presencia de
dos lenguas en otros; la no coincidencia en la mayoría de los casos de
los límites lingüísticos con los límites administrativos y políticas;
áreas con acusada inmigración junto a otras en donde apenas se ha
producido este fenómeno. Y en tercer lugar, un proceso que ha tratado de
superar la situación de diglosia en que se encontraban las lenguas
específicas de uno y otro territorio ante el castellano. Una, el
castellano era la lengua de la Administración, de la escuela, de la
cultura, de los medios de comunicación, del poder; la lengua, en suma, de
prestigio. Y la otra, la lengua doméstica, intramuros, y en cierto modo y
en una gran medida del impoder, de la incultura y de la indefensión
social. Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución, desde la
aprobación de los estatutos de autonomía y de su desarrollo, está en
marcha un proceso, que evidentemente no está exento de alguna tensión,
decidido de normalización de todas las lenguas de España.
¿Cuál es el contenido de la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos? Yo creo que no hace falta entrar en detalle. El señor
Rodríguez especialmente, y también el señor Alcaraz, han hablado ya de
ellos. Yo quiero subrayar, a título de muestra, algunos principios que me
parecen extraordinariamente rigurosos, que responden a los problemas que
plantea la sociolingüística y para los que trata de buscar soluciones. En
la parte preliminar plantea la necesidad de que los derechos lingüísticos
se vean desde una perspectiva global. Por ejemplo, la expresión de cuáles
son las amenazas que de alguna manera acechan a la lengua: la secular
tendencia unificadora, el proceso de mundialización de la economía y, en
consecuencia, del mercado de la información y la comunicación; el modelo
economicista de crecimiento propugnado por los grupos económicos
trasnacionales que pretende identificar la desregulación con el progreso,
el individualismo competitivo con la libertad; cosas que crean no
solamente graves desigualdades económicas, sino también sociales,
culturales y lingüísticas. Y así podríamos señalar una serie de artículos
en donde se apuntan grandes principios, que yo estoy seguro que todos
estaremos de acuerdo con ellos. Pero la Declaración, como es lógico, al
plantear grandes puntos referenciales, normalmente produce desajustes.
Puede producir desajustes entre la globalidad del tratamiento de los
derechos lingüísticos que reconoce con esa realidad tan diversa, la
señora Gil hablaba de aproximadamente diez mil lenguas habladas en este
planeta, en una imagen muy afortunada, poliédrico, que no esférico. Es
decir, hay algunos desajustes. Yo quisiera plantear alguna matización.
Seguramente es por ese desajuste por lo que diríamos que habría que tener
en cuenta a la hora de asumir esa Declaración y el Grupo Socialista la
asume plenamente, pero quería precisarlos.
Por ejemplo, en el primer apartado del artículo 1 trata de definir cuál
es una comunidad lingüística. Y dice que una comunidad lingüística es
toda sociedad que reúna tres características: que esté asentada
históricamente en un espacio territorial determinado, aunque después
señala algunas excepciones en el apartado 3; que ha desarrollado,
lógicamente, una lengua común. Pero pone como una condición para definir
una comunidad lingüística, que la sociedad se autoidentifique como
pueblo.
El grupo socialista no comparte la identificación como unidad lingüística
pueblo. Existen una serie de pueblos que no se identifican como un mismo
pueblo y que sin embargo son claramente una comunidad lingüística. En los
pueblos latinoamericanos, Argentina, Venezuela, Perú, ninguno de ellos
duda que pertenece a la comunidad lingüística española y seguramente no
se identifican como que son un único pueblo. Incluso podríamos llegar,
pero seguramente esto podría traer más discusión, a la posibilidad de
sociedades que sean plurilingües y que se autoidentifiquen como un solo
pueblo.
Es decir, un pueblo, yo creo que es una obviedad decirlo y más en este
lugar, no queda definido exclusivamente por la lengua, como tampoco queda
definido un pueblo por la raza, ni queda definido por la geografía. El
elemento, en último término, que vertebra o que define un pueblo es la
cultura, donde la lengua juega un papel muy importante, pero que no
encierra todo el sentido de la cultura. Y cuando digo cultura digo
cultura en el sentido antropológico, como conjunto de valores, de
creencias, de ideas, de pautas de comportamiento, de instituciones
económicas, sociales, políticas, jurídicas, que configuran --eso sí-- una
sociedad. Y esa cultura además no es una cultura estática, sino que es
una obra viva, que por una parte tiene una tradición, pero por otra parte
aporta elementos de innovación, unas veces innovaciones acumulativas,
otras veces innovaciones críticas, y que en último término esa cultura es
también una obra colectiva.
Había una segunda matización, seguramente aquí es más fruto de la
ambigüedad que de una intención determinada, y es la aplicación o la
posible interpretación de que la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos aplica indistintamente los dos modelos que la
sociolingüística contempla para la normalización lingüística: el
principio de la personalidad y el principio de la territorialidad.
El principio de la personalidad de los derechos lingüísticos garantiza a
todo individuo a recibir determinados servicios públicos en su lengua,
por ejemplo, la educación, la escuela, sus relaciones con las
Administraciones, etcétera, con independencia del lugar en que se halle.
Por ejemplo, Canadá ha estructurado su plurilingüismo desde el principio
de la personalidad. En cambio, el principio de la territorialidad
reconoce esos derechos, pero los limita a un determinado territorio, que
es lo que hace el apartado 2 del artículo 3 de nuestra Constitución, y no
como un caso especial o único, sino que el mismo tratamiento existe en
Bélgica, y un tratamiento similar existe, por ejemplo, en Suiza. No hay
una lectura clara que exprese qué determinados artículos están orientados
desde el principio de la personalidad, pero queda una ambigüedad que yo
quisiera despejar. Por ejemplo, en el último apartado del artículo 3.2,
el derecho a ser atendido en su lengua en los organismos oficiales y en
las declaraciones socioeconómicas, ¿dónde?, ¿en cualquier sitio o en su
territorio? Es decir, al menos queda la ambigüedad.
El artículo 18.2 dice: Los poderes públicos que tienen en su ámbito de
actuación más de una lengua territorialmente histórica, deben publicar
todas las leyes y otras disposiciones de carácter general en estas
lenguas, con independencia de que sus hablantes entiendan otras lenguas.
Y repito, no es seguro que esté pensando en el principio de la
personalidad, pero por lo menos queda la ambigüedad: ¿dónde? En el caso
de España, ¿eso dónde sería, en cada comunidad autónoma, por los poderes
públicos de cada comunidad autónoma, o en los poderes de la
Administración general? Repito que hay esos elementos de ambigüedad.
Y en otros casos está muy claro el principio de la territorialidad. Así,
en el artículo 16, cuando habla del derecho a ser atendido en su lengua
por los servicios públicos en el territorio de donde es propia la lengua;
principio de la territorialidad. Y en el artículo 19, por ejemplo, se
dice: Las asambleas de representantes deben adoptar como oficiales la
lengua o lenguas históricas habladas en el territorio. Entiendo que los
territorios que representan esas asambleas, no los representantes.
Quedan, por lo tanto, una serie de matices, de desajustes, de falta de
precisión, que es lógico que se dé en una declaración universal que trata
de establecer unos grandes principios referenciales.
Salvadas algunas de estas imprecisiones, la Declaración en lo demás,
señor Presidente, es rigurosa, responde a los problemas que tienen
planteados las lenguas y apunta soluciones que son soluciones
importantes.
El reconocimiento de la Declaración, yo creo que es una obviedad
afirmarlo, debe plantearse para nosotros en el marco del artículo 3 de la
Constitución, en donde, salvo alguna precisión como las que he indicado,
encaja íntegramente. La Declaración es, sin duda, muy importante. Frente
a la insensibilidad del pasado sobre estas cuestiones, frente a una
errónea concepción de que el progreso pasaba por la sustitución de las
lenguas, y frente a las tensiones uniformadoras que apuntan determinados
proyectos de futuro, esta Declaración, señorías, entiendo que supone un
esfuerzo colosal que debe ser atendido en todos los ámbitos y que el
Grupo Socialista, y si puede ser a través de la vía de un consenso,
apoyará con su voto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero expresar en primer lugar el interés que me parece que está
teniendo este debate. Todas las intervenciones habidas hasta ahora han
sido realmente importantes, bien estructuradas, y yo creo que conducen
todas a un mismo objetivo y a un mismo interés. Me gustaría, con carácter
previo y de un modo informal, agradecer muy especialmente las dos
intervenciones, que realmente han sido un deleite, la que hablaba tanto
de Nemrod y Babel como la de Castelao con los animales, que nos hacen
sentir a los que sólo somos castellano parlantes que realmente tenemos un
grado casi de, no llamemos empobrecimiento, pero, en fin, hay una mayor
riqueza en las personas que realmente disfrutan de una lengua propia, que
a mí siempre me hace pensar que ojalá un día, no ya mis hijos, pero al
menos mis nietos fueran capaces de poder tener dos lenguas, tener una
cooficialidad en dos lenguas y este bilingüismo
que realmente es enriquecedor y que a mí me sigue dando realmente
envidia.
Este texto y la proposición de ley nos parece que tiene, como se ha dicho
en todas las intervenciones hasta ahora, un interés especial en el marco
español. Yo creo que el marco español se ha convertido en un marco
jurídico de referencia muy importante para todos los países que tienen,
tanto minorías, como menos minorías, diversas lenguas. Y no sólo en
minorías con menos derechos reconocidos sino incluso en países europeos
donde no se ha llegado a un marco como el español, que realmente creo que
ha cerrado bien el círculo. Y eso el señor Beviá lo ha explicado con
mucha claridad. Pero a mí me parece importante, sin hacer un ejercicio de
complacencia, congratularnos de este proceso, un proceso muy bien llevado
pero con muchas dificultades. Hemos llegado, en el marco de la
Constitución, con la oficialidad del castellano, la remisión de la
cooficialidad y de las lenguas propias a los estatutos de autonomía y, en
ese mismo artículo 3, a reconocer el patrimonio cultural y
enriquecimiento cultural que esto supone; la Constitución ya marca los
tres pilares muy bien puestos.
Los estatutos de autonomía, aquellos de las seis comunidades que la
reconocen, que establecen su lengua propia y le dan el carácter de
cooficial con el castellano, desarrollan esto realmente con perfección,
incluso ocupándose de otras manifestaciones lingüísticas que puede haber
en su territorio. Pero también otros tres estatutos, y eso me parece
importante señalarlo como actitud general, me parece que son los
estatutos aragonés, asturiano y andaluz, hacen especial referencia, sin
darle carácter de lenguas propias ni cooficialidad, pero también hacen
referencia a las manifestaciones lingüísticas que pueden tener, que no
tienen la dimensión de las otras seis comunidades, pero que sin embargo,
marcan esa vía que la Constitución indica de fomento y apoyo a todas las
manifestaciones lingüísticas.
En suma, yo creo que a través de la Constitución, por un lado, a través
de los estatutos de autonomía y a través de las leyes de normalización,
se han conseguido los tres puntos que nos parecen más importantes:
afirmar la identidad, que esto es el carácter propio de la lengua; hacer
que sea posible la compensación allí donde las lenguas estaban en una
situación de inferioridad (esto se hace por las leyes de normalización)
y, por fin, dar un marco legal ajustado que permita la cooficialidad. Y
por lo tanto, en el momento que ya tenemos la identidad, la compensación
y el marco legal que nos lleva a la cooficialidad, creo que se ha
redondeado bastante este círculo.
Si esto es así, cuando estudiábamos en el Grupo Popular nuestra postura,
realmente veíamos que el marco de nuestro país es bastante superior en
muchos aspectos al de esta Declaración que se nos somete hoy para que
instemos al Gobierno a que se adhiera a ella, la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos. Nuestro marco es superior a ella en muchos
aspectos. Ello nos hacía pensar si era necesario o no adherirse de esta
manera tan importante, quiero decir, que el Parlamento inste al Gobierno
a adherirse. Hemos llegado a la conclusión de que evidentemente sí, es
decir, esto que se nos somete es muy importante, si no ya para España,
que insisto creo que nuestro ordenamiento, y nos hemos leído con mucho
detenimiento el texto de la Declaración, es muy superior, a pesar de que
en todo queden lagunas. Nos parece que a pesar de que la Declaración es,
como ha dicho el señor Beviá muy bien, a veces un poco contradictoria
--la personalidad y la territorialidad, lo ha explicado muy bien, pueden
presentar problemas-- y nosotros también pensamos que a veces es
demasiado enfática en sus términos. Ello es frecuente en este tipo de
textos. Pero cuando habla de la presencia en los medios de comunicación,
o cuando habla de los derechos que tienen en todos los ámbitos
socioeconómicos, o incluso cuando reclama el poder sancionador de los
estatutos de una manera también un poco enfática, esos términos
enfáticos, aparte de los que bien ha expresado el señor Beviá,
contradictorios a veces por los principios de personalidad y
territorialidad, nos hacían pensar si era conveniente una abstención. Lo
hemos estudiado bien y creemos absolutamente que no.
Es decir, España, como he dicho al principio, se ha convertido en un
punto de referencia muy importante para muchas comunidades, para muchas
personas. A nosotros, aquí hago otro inciso y vuelvo a lo anterior, nos
gusta más reconocer los derechos de las personas que los derechos de las
comunidades lingüísticas, pero, en fin, entendemos también que este texto
está hecho para ser aceptado universalmente y a lo mejor nuestro criterio
no obtendría la aprobación de la mayoría.
Entonces, ¿por qué nos parece importante aceptar que el Parlamento inste
al Gobierno en estos términos? Porque realmente hemos vivido en carne
propia lo que significa el enriquecimiento que suponen todas estas
lenguas. Es decir, no sólo creemos que todas las personas --en nuestro
caso, insisto, preferimos hablar de personas que de comunidades
lingüísticas-- tienen el derecho a algo que es tan sustancial en su
identidad como la práctica en libertad plena y con todos los derechos
reconocidos de su propia lengua, sino que creemos que aunque sólo fuera
como patrimonio cultural sería indispensable movilizar todos los recursos
posibles en defensa de este patrimonio.
Es decir, si esta Declaración prosperara, como se ha dicho bien aquí,
después de un proceso tan largo es el primer texto serio que se va a
someter, es muy lógico que la Unesco lo admita. A partir de ahí, yo creo
que se ha dado un paso muy importante, que, insisto, si no es necesario
en España, sí es necesario para infinidad de personas, infinidad de
minorías lingüísticas, que no sólo ven su identidad no reconocida, no ya
en el terreno de hecho y de derecho, ni siquiera de reconocimiento del
principio como más elemental, sino por tratarse de un patrimonio cultural
que desaparecería.
Yo creo que podemos ser poco apocalípticos diciendo que desaparecería
este patrimonio de las diez mil lenguas que ha señalado la portavoz de
Convergència, pero creo que no es así. Igual que se han acelerado otros
procesos de destrucción (como se ha dicho y como el propio texto dice: la
globalización de la economía, la universalización de los medios de
comunicación y las grandes corrientes migratorias) o se hace un esfuerzo
de modo urgente, o el riesgo de perder este patrimonio, insisto, además
de violentar los derechos de tantos individuos, puede ser urgente.
Me gustaría decirles a los dos proponentes del Grupo Mixto y de Izquierda
Unida, que parece que se muestran dispuestos a aceptar la enmienda del
Grupo Catalán en los tres puntos que está redactada, que nos gustaría que
se mantuviera la redacción en estos tres puntos. Yo creo que podríamos
extenderla hasta el infinito, que podríamos entrar en términos
administrativos; que podríamos decir, como bien ha dicho el representante
de Izquierda Unida, que esto es poco comprometido para el Gobierno. Pero
es que entramos en dos ámbitos distintos, y creo que encontraríamos un
consenso real si la limitamos a estos tres puntos. A nosotros quizá nos
iba a resultar más difícil ampliarla en un ámbito que ya supone unas
implicaciones administrativas de toda índole, que realmente tampoco es el
objetivo de las dos proposiciones no de ley que se nos han sometido a
consideración. El objetivo del texto tampoco lo es, y para nosotros esto
quedaría muy bien en los tres puntos que el grupo enmendante propone.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Como es lógico, se unirán al resto de puntos pendientes de votación para
la una estas proposiciones. Y en su caso, en ese momento, igual con la
anterior, se dará lectura a los correspondientes textos de consenso y se
pronunciará cada grupo acerca de la retirada de las suyas, y lo que
manifiesten sobre las alternativas que se ofrezcan.
--SOBRE EL TRASLADO TEMPORAL DE LA DAMA DE ELCHE PARA SU EXPOSICION
DURANTE EL AÑO 1997 EN EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE (ALICANTE), DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000026.)
--SOBRE PROMOCION DE UNA EMISION FILATELICA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO
DEL HALLAZGO DE LA DAMA DE ELCHE (ALICANTE), EN EL AÑO 1997, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNICA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000033.)
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora por lo tanto en la consideración de
la proposición no de ley sobre el traslado temporal de la Dama de Elche
para su exposición durante el año 1997, que el propio grupo proponente ha
querido, en su tratamiento, que vaya ligada a la proposición número 14,
sobre una emisión filatélica conmemorativa del centenario. No creo que
haya inconveniente. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)
Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Para decir que cuando llegue nuestro turno,
intervendrá la señora Serraller para defender el posible traslado de la
Dama de Elche, y la señora Díez de la Lastra para el tema filatélico.
El señor PRESIDENTE: Pues si no se nos olvida lo tendremos en cuenta.
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, después del ámbito tan
ecuménico con el que discutíamos en el punto anterior, ahora parece que
volvemos a un tema de interés local. No es seguramente casualidad, y yo
me felicito por ello, la abundancia de Diputados alicantinos que hoy nos
hemos dado cita aquí. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a pedir
que algo que está en su sitio se traslade, si se me permite la licencia,
a su lugar de nacimiento, no estamos abordando un tema de dimensión
estrictamente local, sino que me parece que también nos mantenemos en el
ámbito de la universalidad de la cultura. Creo que el gran debate
cultural en el momento actual va a ser, y cada vez más, cómo ligar
aquello que es identificador de comunidades. La cultura, convendrán
conmigo, es esencialmente un hecho social y por lo tanto comunitario. La
cultura es el componente de identificación que contribuye a la felicidad
de las personas o que contribuye a la mejor formación de las personas.
Toda auténtica cultura debe tener esta identificación local con aquellas
dimensiones mundiales o universalistas. La Dama de Elche sin ninguna duda
resume de manera magistral estos dos elementos de identificación local,
de identificación comunitaria y de calidad o de significado
auténticamente universal.
En 1997 se cumple el primer centenario del hallazgo de la Dama de Elche
o, si se me permite, aunque este nombre esté reconocido y sea más
habitual, y en la vitrina del museo en que está depositada así lo ponga,
preferiría hablar de la Dama de Elx, la denominación en la lengua propia
de los valencianos, lengua que, por cierto, hablaba todo el pueblo
ilicitano en el momento en que fue descubierta. Procesos lingüísticos
posteriores han provocado una cierta situación lingüística, pero Elx
afortunadamente sigue siendo una ciudad esencialmente catalano-parlante.
Decía que en 1997 se cumple el centenario del hallazgo de la Dama, y
además en ese año van a culminar una serie de eventos culturales
conmemorativos del bimilenario de la ciudad de Elx. Por lo tanto, parece
una fecha extraordinariamente indicada para que nos acordemos del máximo
emblema de la ciudad ilicitana, como puede ser su Dama.
Como es sabido, la Dama de Elx es pieza de arte ibérico de indudable
valor histórico, arqueológico y artístico, pero también, como es sabido o
debería ser sabido, para los ilicitanos, y me atrevería a decir que para
todo el pueblo valenciano, es algo más, es una seña de identidad básica.
En ocasiones nos sentimos conmovidos cuando otros pueblos que han sufrido
un expolio de sus bienes históricos o artísticos los reivindican. Yo no
quiero utilizar tintes dramáticos para hablar de expolio de algo que es
encontrado en un lugar y que luego acaba reposando en otro. No quiero
hablar, porque seguramente habría que hacer muchas matizaciones. Pero sí
que conviene recordar que desde su descubrimiento en muy pocos momentos
la Dama de Elx ha estado en su ciudad. Ha viajado, ha estado en París, ha
estado en Madrid, sólo ocasionalmente ha visitado su ciudad hace ya
bastantes años. Hoy, como ustedes saben, es pieza central del Museo
Arqueológico Nacional.
Nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y a
instancias de Esquerra Unida del Pais Valencià, una de sus federaciones,
entiende que es un acto de justicia y de difusión del patrimonio cultural
el que la Dama viaje a su tierra con motivo de las celebraciones a las
que aludía. Estas celebraciones se podrán hacer, hay programadas
exposiciones y hay programados otro tipo de actos, pero sin ninguna duda
no serán iguales, no pueden tener la misma repercusión, ni por lo tanto
pueden servir al fin cultural a que están encaminadas, sin la presencia
de la Dama de Elx en su ciudad.
A veces no basta con el recuerdo para fomentar la memoria. A veces el
sano juicio de la memoria requiere la presencia, digamos, viva, aunque
sea una paradoja en esta ocasión cuando hablamos de una piedra. La
memoria a veces es piedra, por eso más persistente. Y en este caso el que
la Dama esté en Elx para su conmemoración es algo absolutamente esencial
para revitalizar la identidad de un pueblo, para favorecer la cultura en
Elche y en el país valenciano.
La reivindicación de que la Dama de Elx viaje a Elx es antigua y
difícilmente se alcanzan a entender los motivos que hasta ahora han
dificultado el que se llegue a algún acuerdo, a un consenso que permita
en condiciones aceptables para todos su traslado temporal. Los acuerdos
deben pasar lógicamente por el Ministerio de Cultura, asesorado por los
órganos museográficos oportunos, y el Ayuntamiento de Elx, con
independencia de la colaboración que pudieran prestar otras entidades,
como la Generalitat valenciana. Recuerdo también de paso que hay
numerosas resoluciones pidiendo esto en las Cortes valencianas y en el
propio Ayuntamiento de Elx, que normalmente han sido aprobadas por
unanimidad.
La proposición que se formula tiene los siguientes principios: La cesión
es temporal, y eso queda claro. No entramos al detalle de cuánto tiempo
ha de durar la cesión, porque eso es algo, como digo, que tendrán que
acordar los órganos técnicos competentes para adecuarlo a las
exposiciones u otros actos culturales que se vayan a celebrar, pero en el
marco del año 1997. Segundo. Las condiciones concretas de traslado
deberán pactarse entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura, y en
todo caso, y yo creo que aquí el consenso sí que es absoluto, deben
siempre asegurarse condiciones óptimas de seguridad y conservación, tanto
en su traslado como en su exposición. Pero también se puede decir aquí
que el Ayuntament de Elx dispone de instalaciones museísticas adecuadas
que garantizan la perfecta exposición de la obra.
Quizás pudieran ser, como digo, la seguridad en el traslado y la
exposición las cuestiones más sensibles. Sin embargo, hay que recordar
que estamos en una época en que afortunadamente prolifera el préstamo de
obras, que permite también una cierta internacionalización de la cultura
en este sentido, y que incluso el Museo Arqueológico Nacional ha prestado
obras ibéricas para otras exposiciones. Por lo tanto, difícilmente se
podría encontrar una justificación de carácter técnico a que, dando los
pasos que fueran necesarios y con la colaboración del Ayuntamiento
ilicitano, no se pueda en este caso también proceder al traslado. Por
todo ello, esta Comisión debería hoy aprobar esta moción, facilitar el
reencuentro de un pueblo con su cultura y con su historia.
He de indicar que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Popular, en la que el texto sería brevemente modificado, ya que quedaría
de la siguiente forma: Facilitar la cesión temporal de la Dama de Elx --o
de Elche--, previo informe de la Junta Superior de Museos, al
Ayuntamiento de Elche para su exposición durante el periodo de 1997 y con
plenas garantías para su traslado y exposición. Me parece que es un
añadido técnico lo del informe de la Junta Superior de Museos, que en
nuestra propuesta iba implícito, pero no nos parece mal que así conste. Y
por lo tanto la aceptaríamos gustosos, agradeciendo además el interés que
ha demostrado el Grupo Popular por la cuestión, como --estoy seguro-- el
resto de grupos.
Unida a esta cuestión, y de forma ya absolutamente breve, porque la
argumentación general ya ha sido hecha, también se ha presentado una
proposición no de ley para que con motivo de este centenario del
descubrimiento, al que he estado haciendo ya extensamente alusión, el
Congreso inste al Gobierno para que se edite una emisión filatélica
conmemorativa del centenario del descubrimiento.
Entendemos que ello daría una dimensión más general a un hecho, que si
hasta ahora ha estado resaltando esa faceta de identidad local o
comunitaria ilicitano-valenciana, en esta ocasión también hay que
reconocer que la Dama de Elche es uno de los símbolos culturales de todo
el pueblo español, de la diversidad del pueblo español. En ese sentido,
algo que casi por definición circula continuamente y que da realce en una
tradición cultural española bastante rica al respecto, parecería oportuno
que se hiciera una emisión filatélica.
En este punto hay una enmienda técnica, que yo creo que es interesante, y
es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a dirigirse --decía
mi proposición-- al organismo autónomo de Correos. Se me indica, y acepto
con gusto la matización, que es a la Comisión de programación de
emisiones de sellos y demás signos de franqueo, que es un título que por
sí solo daría lugar a un debate. Pero con mucho gusto aceptaríamos
también esta enmienda, integrándola en nuestra proposición. Y en
definitiva esperamos que tanto en el traslado como en la emisión
filatélica podamos contar con el voto de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de su enmienda,
tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular a través de la señora
Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Intervengo, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, en relación a la proposición no de ley presentada
por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el traslado
temporal de la Dama de Elche para su exposición durante un período del
año 1997 en dicha localidad ilicitana.
Quiero, sin embargo, comenzar con una consideración previa, y es nuestra
extrañeza, dicho en términos respetuosos, ante esta iniciativa, y no
realmente por su contenido, que vamos a tratar seguidamente, que nos
parece totalmente
positivo, sino porque algo que habitualmente se sustancia mediante un
trámite administrativo, y que como tal está regulado en el Real Decreto
620 del año 1987 y desarrollado en el Reglamento de Museos, se haya
convertido en debate de objeto político.
Nuestro grupo entiende que entre las funciones competenciales no figura
en modo alguno suplantar las funciones de la Administración. No sólo
porque sean dos funciones distintas, sino también por cuestiones de
operatividad. De seguir con este tipo de iniciativas, esta Comisión
habría de invertir casi la totalidad de su tiempo en resolverlas,
actuación que con total seguridad iría en detrimento de su propia
función. Y para ratificar lo que digo, baste hacer referencia a alguno de
los 153 expedientes sobre, en este caso, exposiciones temporales en
España y en el extranjero. Como entiendo que la enumeración de todos
ellos llevaría mucho tiempo, sólo voy a citar algunas, a fin de no agotar
el tiempo concedido. Me refiero, por ejemplo, a «Carlos Deades y la
pintura de paisaje», organizada por la Caja de Ahorros de Zaragoza,
fondos del Museo de Zaragoza del Prado; me refiero igualmente a «Goya y
la Real Fábrica de Tapices», organizada por Patrimonio Nacional, Fondos
del Museo del Prado; «Velázquez en Sevilla»; «Los Murillos de El Prado»;
«Goya grabador», y un extenso etcétera que haría larga esta intervención.
Sin embargo, entrando ya en el contenido de la propia proposición no de
ley, he de afirmar con rotundidad que la voluntad de mi grupo está, y por
supuesto la mía como ilicitana, en apoyar la conmemoración del
bimilenario, facilitando la cesión temporal de la Dama de Elche para la
exposición en esta ciudad, a cuyo efecto ya se constituyó en dicha
localidad una comisión local unánime al respecto. Porque es sin duda una
gran satisfacción para nuestro pueblo que la Dama venga a Elche, máxime
cuando ésta es una pieza arqueológica emblemática para nuestra ciudad, a
la par que es también patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto,
la voluntad política de mi grupo es sin duda afirmativa. Sin embargo,
pienso que no haría buen uso de mi calidad de parlamentario si no
confesara que se me antoja un ligero reparo, que no es más que prudencia,
y que en mi opinión puede quedar solventado. Y asimismo se ha expresado
el compañero parlamentario. Y es que, pese a la vinculación de la Dama de
Elche con esta ciudad, no es menos cierto que también es patrimonio de la
humanidad, por lo que garantizar su traslado y conservación temporal es
tan importante como su exposición en mi ciudad. De ahí que el Grupo
Popular haya presentado una enmienda que, lejos de obstruir esta
iniciativa, sólo pretende que, compartiendo su espíritu, se refuercen las
garantías, porque cualquier ilicitano que se precie, o al menos cualquier
ilicitano que se precie de serlo, jamás expondría su Dama a un deterioro,
por pequeño que éste fuera. Como jamás, por ejemplo, expondríamos a la
más mínima adversidad a nuestro querido Misteri de Elx.
En conclusión, el texto de nuestra enmienda, conocido por SS. SS.,
únicamente pretende garantizar su conservación en un medio ambiental
óptimo para su envergadura, o acorde a la envergadura arqueológica que
supone la Dama de Elche. Nuestro deseo, y con ello ya termino, es que la
Dama de Elche vaya a Elche temporalmente, quedando a la espera del
correspondiente informe de la Junta Superior de Museos, pidiendo, por
tanto, el voto favorable a la enmienda presentada por mi grupo, que ha
sido efectivamente transaccionada, como bien se ha expresado
anteriormente, algo que agradezco.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Díez de la Lastra.
La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Verdaderamente es una satisfacción el ver que se ha constituido hoy y en
esta ocasión un nuevo grupo, el grupo alicantino, que sin diferencias,
sin diferenciar su ideología política, está dispuesto a apoyar algo tan
importante para Alicante, especialmente Elche, y yo creo que, como se ha
dicho antes, para todos los grupos de la Cámara, de los que esperamos su
voto afirmativo.
El Grupo Popular está de acuerdo en que la Dama de Elche es un hito de la
historia española y que su especial relevancia, no podemos olvidar que es
la más importante muestra del arte ibérico, debe dar lugar a una
actuación del tipo de la propuesta por Esquerra Unida-Iniciativa per
Catalunya. Evidentemente, dicha actuación debería tener lugar en fecha
señalada, que en este caso tendría que ser en agosto, primer centenario
de su descubrimiento.
La enmienda que ha presentado el Grupo Popular y que ha sido aceptada por
el grupo proponente se debe precisamente al órgano al que ha de dirigirse
el Congreso de los Diputados. Las emisiones de sellos y demás signos de
franqueo se hallan regulados por la Orden de 11 de septiembre de 1981,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 17 de septiembre de ese
mismo año, la cual atribuye la capacidad decisoria a los Ministerios de
Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones, competencias hoy
atribuidas a los Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento,
correspondiendo la función de selección, programación y propuestas a la
denominada Comisión de programación de emisiones de sellos y demás signos
de franqueo, creada mediante Real Decreto 741/81, del 10 de abril;
estableciendo la orden ministerial antes citada la composición y
funcionamiento de esta Comisión y fijando en su artículo número 2 el
calendario de su funcionamiento anual, que en resumen es el siguiente:
Primero, se reunirá una vez al trimestre, y en la reunión del primer
trimestre se formulará la propuesta de emisiones del año siguiente y sus
fechas de emisión. Dicha propuesta se elevará a los ministros
competentes, que deberán publicar su decisión respecto al programa
definitivo antes del 30 de junio. En el segundo trimestre se seleccionará
por esta Comisión, de entre los modelos presentados, tres de cada sello,
por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, los que deberán ser
emitidos en el primer semestre del año siguiente. En la reunión del
tercer trimestre se procederá de igual forma respecto a las emisiones
correspondientes al segundo semestre. En la del cuarto trimestre, la
reunión se dedicará especialmente a la revisión de planes y proyectos y a
marcar la política filatélica del año siguiente.
A la vista de lo anterior, es evidente que la propuesta presentada por
Esquerra Unida el 27 de junio de 1996 parece quedar fuera de las
posibilidades permitidas por esta orden ministerial.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular, por las razones expuestas al
principio de esta intervención, considera que dicha actuación debe de
llevarse a efecto en el segundo semestre de 1997. Y nos podemos acoger
precisamente a una excepcionalidad que está en el artículo 2 de la orden
ministerial antes citada, en el que dice que, salvo que medien
circunstancias excepcionales, dicho programa, que se publicó el 30 de
junio, no sufrirá posteriores alteraciones. Creemos que hay
excepcionalidad por el acontecimiento de la fecha del centenario, y sobre
todo no se puede escapar a SS. SS. que, con un cambio de legislatura, esa
excepcionalidad puede tener cabida en esta petición que hace Izquierda
Unida.
Gustosamente vamos a apoyar esta proposición no de ley y contamos con el
voto también de los grupos parlamentarios que no son alicantinos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de la Lastra.
Para fijación de posiciones con respecto tanto a la proposición no de ley
como a las enmiendas, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑAL: Voy a intervenir brevemente para expresar la
opinión de nuestro grupo, el Grup Parlamentari Català, sobre lo que nos
parece un justo anhelo de la población de Elche, que quiere celebrar el
bimilenario de su ciudad exponiendo la escultura descubierta precisamente
ahora hará cien años. El hecho de que este deseo venga avalado por un
acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura de las Corts valencianas,
del 21 de noviembre de 1995, nos ratifica aún más a su favor.
Por otro lado, nos parece acertada la enmienda propuesta por el Grupo
Popular de que dicho traslado sea efectuado previo informe favorable de
la Junta Superior de Museos y en plenas garantías para su traslado y
exposición. Dado que, tratándose de una pieza arqueológica única y debido
a sus especiales características, no nos parecería oportuno hacerlo sin
dicho informe previo.
Igualmente, nos adherimos a la proposición no de ley sobre la emisión
filatélica conmemorativa del centenario, así como a la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Popular que pretende que sea la
Comisión de Programación de emisiones de sellos y demás signos de
franqueo la que apruebe la emisión, puesto que así lo ha regulado la ley.
En definitiva, nuestro grupo se congratula de que se haya llegado a un
consenso y votará a favor, como los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario
Socialista, doña María Luisa Bartolomé tiene la palabra.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con las
dos proposiciones que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en base a dos puntos esenciales. En
primer lugar, porque esta petición parte, efectivamente, de un acuerdo
tomado en Pleno por el Ayuntamiento de Elx, a petición del Grupo
municipal socialista, y que se transformaría en una proposición no de ley
presentada también por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes
Valencianas. En segundo lugar, porque consideramos muy importante la
presencia del busto de la Dama y su asistencia como observadora de toda
una serie de actividades que se van a desarrollar en esta localidad, en
nuestro pueblo, en Elx, con motivo de la conmemoración del bimilenario de
la ciudad de Elche: seminarios, exposiciones, publicaciones, etcétera.
La Dama es un punto de referencia de la identidad del poble de Elx y
también del resto de la Comunidad Valenciana. Este es el símbolo más
utilizado a la hora de representar al pueblo. Por todos los rincones de
la ciudad hay reproducciones de la Dama, y esto pone de manifiesto la
gran importancia que le damos el pueblo ilicitano a esta joya
escultórica, y después de los distintos avatares que han hecho que
sufriera un verdadero recorrido por distintos museos, deseamos que
permanezca, siquiera temporalmente, en su ciudad de origen, en el lugar
que le corresponde.
Son ya dos las generaciones de ilicitanos que no han tenido la ocasión de
ver la Dama, y consideramos que éste sería el mejor momento para
propiciar su presencia y dar la posibilidad de que miles de ilicitanos e
ilicitanas, y valencianos en general, puedan disfrutarla y hacerla más
suya si cabe.
Aparte del gran interés arqueológico que supone el haber descubierto este
busto, es además un tema sentimental, es el sentimiento de que algo, que
al igual que el Misteri ha hecho posible que Elx se convierta en una
ciudad conocida en todo el mundo, está lejos y con difícil acceso para el
disfrute de todos los ilicitanos e ilicitanas. Además, consideramos que
así como la ciudad de Elx prestará importantes piezas arqueológicas para
la macroexposición que sobre arte ibérico está organizando el Ministerio
de Cultura con otros organismos nacionales e internacionales, para
itinerarlas en Berlín, París o Barcelona, también la ciudad de Elx
necesita para la celebración de su bimilenario, así como su centenario,
la significativa presencia de la Dama. Sería una manera de corresponder a
la generosidad del pueblo de Elche por la divulgación de la cultura. Por
lo tanto, consideramos que es una petición que recoge y refuerza las
peticiones efectuadas por los ilicitanos a través de las iniciativas al
principio mencionadas.
En relación a la proposición no de ley para promover una emisión
filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche,
consideramos que todo aquello que se sume a esta conmemoración es
positivo. Han sido acuñadas monedas conmemorativas del bimilenario en
oro, plata y bronce. También se ha presentado hace varios años en el
Ayuntamiento de Elche por primera vez una moneda de la Dama de la
colección conmemorativa «Arte y Naturaleza» de la Casa Nacional de la
Moneda.
Por lo tanto, una emisión filatélica reforzará y potenciará aún más la
divulgación y el reconocimiento de esta joya escultórica indisolublemente
vinculada a los orígenes de Elche y de nuestra Comunidad valenciana.
En consecuencia, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, votará
favorablemente estas dos proposiciones de ley, así como las enmiendas que
ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Popular.
--RELATIVA A LA TRANSFERENCIA INMEDIATA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACION FISICA (INEF) DE MADRID AL AMBITO DE LA ADMINISTRACION
EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000059.)
El señor PRESIDENTE: Queda una proposición no de ley relativa al
Instituto Nacional de Educación Física (INEF), del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña. Tiene la palabra la señora
Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Señorías, dado que en el mes de junio de 1996 se
aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid
presentada por Izquierda Unida de similares características, comprobado
además por nuestro grupo parlamentario que esta vez existe voluntad de
cumplimiento, impulsado desde el ámbito de la Comunidad de Madrid a
través de la creación y funcionamiento de una Comisión Mixta de
Transferencias Administración central del Estado y comunidad autónoma,
nos parece oportuno en este momento retirar esta proposición, respetando
así las actuaciones ya iniciadas en el ámbito de la comunidad, sin
perjuicio, en el caso de que la Comisión creada no pudiera cumplir sus
objetivos en el plazo prudencialmente fijado, de que volvamos a presentar
de nuevo la proposición.
El señor PRESIDENTE: Ha sido solicitada la suspensión o el aplazamiento
del resto de proposiciones que figuran en el orden del día para tratar
hoy o, en su caso, para tratar el día 25, por sus respectivos grupos
proponentes o por algún grupo que tenía interés en intervenir y no parece
ser que hoy fuera el día más adecuado. Yo estoy absolutamente convencido
que estamos todos de acuerdo en dejarlo todo para el día 25. Lo que no
vamos a dejar para el día 25 es la votación de lo que hemos debatido, que
se verificará sin término alguno de gracia o cortesía a la una en punto.
En consecuencia, nos volveremos a constituir a la una menos diez.
(Pausa.)
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones que
tenemos pendientes. Ha llegado a la Mesa una proposición no de ley de
carácter transaccional, que está apoyada por el Grupo Parlamentario
Socialista, según creo entender, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió. Se va a dar lectura de la misma. Lo digo porque son los que han
tenido proposiciones y enmiendas. Si algún otro grupo, también el Grupo
Popular, la va a asumir, no pasaría nada en absoluto. Se va a dar lectura
de la misma. Es con respecto a los cuatro primeros puntos del orden del
día.
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Crear en el plazo máximo de seis meses, con participación efectiva de
las comunidades autónomas concernidas y mediante la correspondiente norma
del Estado, el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón previsto en
los Estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana e
Islas Baleares.
2.En dicho patronato las comunidades autónomas tendrán la representación
prevista en sus respectivos estatutos.
3.El patronato establecerá los criterios que permitan distinguir
formalmente los fondos documentales depositados en este Archivo y que
sean ajenos a la antigua Corona de Aragón, cuya titularidad se traspasará
a la Generalitat de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición transaccional se basa
fundamentalmente en las enmiendas al Grupo Parlamentario Socialista, por
lo cual empiezo por él, pidiéndole que se manifieste.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: El Grupo Popular también se adhiere
como grupo proponente de esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Bueno, vamos a dar la palabra primero al Grupo
Parlamentario Socialista, don Bernardo Bayona, para que se manifieste. A
continuación van a tener todos los grupos parlamentarios ocasión de
pronunciarse sobre ella, manifestando si retiran sus proposiciones o las
mantienen. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BAYONA AZNAR: El Grupo Socialista en la intervención ya ha dicho
que estaba dispuesto a retirarlo en aras de un texto que manteniendo esos
cuatro criterios que mantenemos pudiera servir para el consenso. Esos
criterios, reitero, son el interés supracomunitario, la unidad y el
mantenimiento de la sede, modelo de gestión, según los estatutos, por la
vía del patronato, y que los criterios para la distinción formal de los
fondos que puedan ser transferidos en su caso los establezca el
patronato.
Creo que sobre esa base el texto que se acaba de leer respeta los cuatro
criterios políticos definidos en mi intervención. Y por tanto sólo me
queda agradecer el esfuerzo que han hecho todos los demás grupos y
especialmente Convergència i Unió, que con sus enmiendas ha hecho posible
que llegáramos a resolver este problema.
El señor PRESIDENTE: Convergència i Unió, la proposición transaccional
difiere de las suyas. ¿Quiere manifestarse?
La señora GIL I MIRO: Nosotros aceptamos plenamente lo que ha dicho ahora
el Partido Socialista y agradecemos a todos los grupos políticos su
esfuerzo para el consenso.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
por Cataluña, ¿quiere manifestarse?
El señor ALCARAZ RAMOS: Igualmente sólo para decir que retiramos nuestra
propuesta y nos felicitamos por el consenso obtenido.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo que
tiene una proposición, ¿quiere manifestarse?
El señor CHIQUILLO BARBER: Visto que la intención de consenso la hemos
llevado a la práctica con esta enmienda de Unión Valenciana a título
personal y del Grupo Mixto colectivamente, queremos también ser
partícipes de esa enmienda, por lo que retiro la proposición no de ley
presentada en su momento. Me congratulo de la buena intención que ha
presidido el inicio de esta reunión, asumiendo que la propuesta de Unión
Valenciana se debatiera, pues se cierra este tema con el consenso y la
buena voluntad de todos.
El señor PRESIDENTE: Doña Pilar Rahola, ¿quiere manifestarse?
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sencillamente decir que el consenso
conseguido hoy desbloquea el tema e inicia el proceso para su solución.
En consecuencia nos felicitamos y retiramos nuestra proposición.
El señor PRESIDENTE: No habiendo sido grupo enmendante ni proponente,
pero habiendo admitido el ser cofirmante de la proposición, ¿el Grupo
Popular quiere hacer alguna manifestación, quiere añadir algo?
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: En el mismo sentido que los demás
grupos: congratularnos de que una cuestión que es de máxima importancia
se haya echado para adelante con consenso de todos.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que tienen derecho a votar los miembros
de la Comisión y aquellos otros Diputados que sustituyan a alguno de
éstos y que haya quedado constancia previamente en la Mesa de la
sustitución. Con esta garantía, procedemos a la votación.
Votamos la enmienda transaccional suscrita por cuatro grupos
parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
A continuación vamos a proceder a las votaciones referentes a los puntos
4 y 5 sobre la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. También
obra en poder de la Mesa una propuesta transaccional. Se va a dar lectura
a la enmienda transaccional que se propone, y creo que se propone
fundamentalmente sobre la base de la enmienda de Convergència y Unió a
las anteriores proposiciones.
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Adherirse a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
2.Apoyar en la Asamblea de las Naciones Unidas, Unión Europea y en el
Consejo de Europa, el pleno reconocimiento de la Declaración.
3.Proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación del
Consejo de las Lenguas en los términos que establece la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos.
4.Colaborar en la difusión del texto de la Declaración.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, a quien tenía las enmiendas con
otro texto hay que preguntarle si las mantiene o retira. Señora Gil i
Miró.
La señora GIL I MIRO: Por supuesto que las retiramos.
El señor PRESIDENTE: Los señores que tenían las correspondientes
proposiciones deben manifestar lógicamente si las mantienen o las
retiran. ¿Señor de Izquierda Unida, mantiene su proposición o la retira?
El señor ALCARAZ RAMOS: La retiramos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo tenía alguna proposición que
retirar o mantener? Señora Rahola, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: El grupo Mixto también la retira en aras del
consenso.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a proceder a la votación con
arreglo al tenor literal --del que se ha dado lectura-- de esa enmienda,
previa retirada de todos los demás textos que están sometidos a
discusión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.
Vamos a dar lugar ahora a las votaciones sobre la proposición no de ley
del traslado temporal de la Dama de Elche a Elche para su exposición
durante el año 1997. Separamos a efectos de votación, porque hay dos
enmiendas, lo que se refiere al traslado del busto de la Dama de Elche y
lo que se refiere a la emisión filatélica.
Con relación al traslado de la Dama de Elche se ha presentado por parte
del grupo proponente de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, para
buscar una aproximación con el resto de los grupos, la enmienda
transaccional a la que a continuación se va a dar lectura.
El señor LETRADO: Facilitar la cesión temporal de la Dama de Elche,
previo informe de la Junta Superior de Museos, al Ayuntamiento de Elche
para su exposición durante un período de 1997, y con plenas garantías
para su traslado y exposición.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular, que era el que
mantenía una enmienda, con respecto al traslado material, puede
manifestarse acerca de si da su conformidad.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Estamos de acuerdo con este texto.
El señor PRESIDENTE: Y también el grupo de Elche, lógicamente.
(Asentimiento.)
Muy bien, muchísimas gracias.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿retira la suya?
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues entonces damos lugar a su votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
A continuación tenemos la proposición no de ley sobre la promoción de una
emisión filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama
de Elche, sobre la que pende tanto la proposición como una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular. Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Para decir simplemente que aceptaríamos la
enmienda propuesta por el Grupo Popular. Por lo tanto, pido que se vote
con la enmienda o enmienda de sustitución; es lo mismo, es un simple
matiz técnico.
El señor PRESIDENTE: Si quiere usted lo hacemos más reglamentariamente
retirando la proposición y aceptando la enmienda.
El señor ALCARAZ RAMOS: Perfectamente.
El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo todos? Pues entonces procedemos
a su votación. Vamos a leer, a recordar, lo que votamos y aprobamos. Esta
es la enmienda:
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la
Comisión de programación de emisiones de sellos y demás signos de
franqueo apruebe una emisión filatélica conmemorativa del centenario del
hallazgo de la Dama de Elche (Alicante) en el año 1997.
El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobado por unanimidad.
Con ello culminamos el trabajo que habíamos previsto para el día de hoy.
El resto de temas, a excepción lógicamente de la que ha quedado retirada
por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pasará a constituir el orden del día del próximo día 25. Si
durante ese tiempo tuviera entrada alguna proposición no de ley o algún
tema susceptible de tratamiento, se volvería a recabar de todas sus
señorías la autorización para la alteración del orden del día. En todo
caso, también se recuerda que el próximo día 25, al acabar la sesión, se
reunirá la Mesa y Junta de Portavoces a efectos de preparar otra sesión
de esta Comisión dedicada exclusivamente a control en materia de
comparecencias.
Yo no sé qué decirles a ustedes, si la concordia de hoy debe servir de
precedente o no debe servir de precedente. Yo creo que debe servir de
precedente, pero con un justo límite. (Risas.)
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran la una y diez minutos de la tarde.
NOTA.--El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Educación y
Cultura del miércoles, 18 de septiembre de 1996, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.