CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 52



DEFENSA



PRESIDENTE: DON ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO



Sesión núm. 3



celebrada el miércoles, 18 de septiembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Defensa (Serra Rexach), para:



--Dar cuenta de la posición del Gobierno en relación a la
desclasificación de documentos del Centro Superior de Información de la
Defensa (CESID), para conocer la valoración de los perjuicios que provoca
en el esclarecimiento de conductas criminales, así como para dar cuenta
de las remodelaciones efectuadas en dicho Centro. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(Número de expediente 213/000078) (Página 1058)



--Explicar las razones jurídicas y objetivas de la decisión del Gobierno
de no proceder a la solicitud de los jueces de desclasificación de 18
documentos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000082) (Página 1058)



--Explicar los motivos de la no desclasificación de los papeles del
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000083) (Página 1058)

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--Informar sobre sus actividades en el sector empresarial y las noticias
aparecidas en medios de comunicación en los últimos días. A petición
propia. (Número de expediente 214/000021) (Página 1075)



Se abre la sesión a las doce del mediodía.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA (SERRA REXACH), PARA:



--DAR CUENTA DE LA POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION A LA
DESCLASIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA
DEFENSA (CESID), PARA CONOCER LA VALORACION DE LOS PERJUICIOS QUE PROVOCA
EN EL ESCLARECIMIENTO DE CONDUCTAS CRIMINALES, ASI COMO PARA DAR CUENTA
DE LAS REMODELACIONES EFECTUADAS EN DICHO CENTRO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000078.)



--EXPLICAR LAS RAZONES JURIDICAS Y OBJETIVAS DE LA DECISION DEL GOBIERNO
DE NO PROCEDER A LA SOLICITUD DE LOS JUECES DE DESCLASIFICACION DE 18
DOCUMENTOS DEL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
213/000082.)



--EXPLICAR LOS MOTIVOS DE LA NO DESCLASIFICACION DE LOS PAPELES DEL
CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000083.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a esta sesión de la
Comisión de Defensa, la primera de este período de sesiones, en cuyo
orden del día, que se distribuyó ayer y que imagino todos ustedes conocen
--se distribuyó oportunamente, aunque cumpliendo plazos--, orden del día
en el que, como habrán visto, hay cuatro puntos pero, en realidad, son
sólo dos grandes asuntos. Los tres primeros son peticiones de
comparecencia del Ministro de Defensa en relación con la decisión del
Gobierno de no desclasificar los llamados papeles del Cesid y un cuarto
punto que es la comparecencia, a petición propia, del Ministro de
Defensa, para informar sobre sus actividades en el sector empresarial y
las noticias aparecidas en medios de comunicación en los últimos días.

La Mesa, de acuerdo con la lógica, con el Reglamento y con la costumbre
parlamentaria, entiende que lo adecuado es agrupar las tres primeras
comparecencias que tratan de un mismo tema. Voy a dar en primer lugar la
palabra al señor Ministro y, después, empezando por los portavoces de los
grupos solicitantes de la comparecencia, y siguiendo por el orden
habitual, de menor a mayor, intervendrán, como digo, los portavoces.

En consecuencia, abordamos en conjunto los tres primeros puntos del orden
del día. Leo el primero de ellos: Comparecencia del señor Ministro de
Defensa ante la Comisión de Defensa para dar cuenta de la posición del
Gobierno en relación a la desclasificación de documentos del Centro
Superior de Información de la Defensa (Cesid), para conocer la valoración
de los perjuicios que provoca en el esclarecimiento de conductas
criminales, así como para dar cuenta de las remodelaciones efectuadas en
dicho centro. Esta es una comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

También hay dos del Grupo Parlamentario Mixto que, en términos generales,
piden la misma comparecencia para explicar las razones jurídicas y
objetivas de la decisión del Gobierno de no proceder a la solicitud de
los jueces de desclasificación de 18 documentos del Centro Superior de
Información de la Defensa.

Para abordar este asunto, tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, Presidente.

Señorías, buenos días.

Como ha dicho el Presidente, se agrupan aquí distintas peticiones de dar
por parte del Gobierno las razones que le movieron a tomar la decisión
adoptada en Consejo de Ministros, el pasado 2 de agosto, de no
desclasificar los llamados papeles del Cesid. Voy a intentar repartir mi
exposición en tres apartados: cuáles son las razones por las que no se
hicieron; los perjuicios o las relaciones con la Administración de
Justicia, con el esclarecimiento de los hechos, y, tercero, la
importancia de la decisión.

Creo que las democracias, no las dictaduras, necesitan secretos, secretos
oficiales y que estos secretos, si lo son, es porque, en principio, no
deben ser revelados, no deben ser desclasificados. Y digo que lo necesita
una democracia porque, acotando lo que es el ámbito de lo reservado y de
lo secreto, queda nítido y claro que todo el resto de la actividad del
Estado debe ser, como exige una democracia y como señala nuestra
Constitución, una actuación pública y transparente, sometida a los
principios de publicidad y transparencia. A las dictaduras les basta con
la censura, no necesitan, no les es necesaria una ley de secretos
oficiales.

También querría dejar señalado que la seguridad del Estado, que puede
entenderse como una abstracción, es un bien que el Gobierno está obligado
a velar porque así se lo impone el artículo 97 de la Constitución, y no
es una entelequia.




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Señorías, la seguridad del Estado es la seguridad de los españoles, y la
seguridad de los españoles quiere decir que hay peligros, que por
acecharnos a todos son peligros colectivos y que, ante esos peligros,
todos los Estados crean mecanismos de defensa, esos mecanismos de defensa
que protegen la seguridad del Estado que, por ser tal, si es
correctamente entendida es la seguridad de todos los españoles, es el
bien que trata de ser tutelado con un ámbito reservado en la actuación de
los poderes públicos.

Hay que decir que no sólo la Constitución, tanto el Consejo de Estado en
el informe que se pidió como el Tribunal de Conflictos dicen que en la
decisión de desclasificar o no el Gobierno, que tiene la legitimidad para
hacerlo, atenderá, principalmente, subrayo la palabra, a la seguridad del
Estado.

El Estado, como dice su propia raíz terminológica, status, es lo estable,
es lo permanente, es aquello por lo que deben velar los sucesivos
gobiernos sin ser necesariamente interés de uno u otro Gobierno. Por eso
--al final me referiré más a ello--, este Gobierno está absolutamente
legitimado, porque no tiene involucración, alguna directa ni indirecta,
con las actividades a que se refieren esos papeles. Creo que no se oculta
a SS. SS. que la labor de los sucesivos gobiernos de un Estado, de un
Estado democrático no es la de Penélope de tejer y destejer, no es la
que, por desgracia, ha dado ejemplo España en los últimos doscientos años
de que el Gobierno subsiguiente se dedicara básicamente a deshacer lo que
había realizado el Gobierno antecedente, sino que, como nos enseñan los
países libres y prósperos que en el mundo hay, que tampoco son muchos, de
lo que se trata es de hacer una labor de acumulación paulatina.

En este sentido, creo que es esencial distinguir entre la continuidad que
exige la permanencia, lo estable del Estado y el no continuismo que
demanda la alternancia de los partidos, que es, y SS. SS. lo saben mejor
que yo, la esencia de los regímenes democráticos. El Gobierno estimó que
la seguridad del Estado podía ser dañada con la desclasificación de esos
documentos en principio porque, con independencia de esos documentos, se
sentaría un precedente que sería extraordinariamente pernicioso para los
siguientes puntos. En primer lugar, para la propia eficacia de los
servicios. Si los agentes que trabajan buscando, obteniendo, procesando y
analizando información en muchos casos, señorías, con riesgo de sus vidas
y de su integridad física, supieran, digo que el resultado de su
actuación informativa pudiera llegar a conocimiento público, a buen
seguro esa eficacia de los servicios que están instituidos para proteger
la seguridad colectiva se vería profundamente disminuida.

También hay una segunda parte. El mundo es hoy una aldea global, como se
ha dicho, y el crédito internacional de nuestros servicios se hubiera
visto extraordinariamente mermado. No hablo de crédito en cuanto a nivel
de admiración, hablo de una realidad mucho más cotidiana. Tenemos
constancia de que informaciones extraordinariamente importantes para
España procedentes de servicios extranjeros han estado esperando a que se
adoptara la decisión para transmitirla o no transmitirla. Una vez que se
adoptó la decisión de no desclasificación, está llegando a nosotros ese
flujo de información que en el modo que tienen que trabajar los servicios
de inteligencia hoy en el mundo es absolutamente esencial. Un mundo, el
que atañe a estos servicios, que hace referencia al terrorismo, a la
involución, pero no sólo a fenómenos internos, sino a fenómenos que
muchas veces extienden sus ramas y sus consecuencias allende nuestras
fronteras, el espionaje, el contraespionaje, todo eso se nutre de una
corriente recíproca de información de la que se hubiera podido ver
privada España en el caso de que se hubiera tomado una decisión favorable
a la desclasificación.

También hay una razón elemental, a la que me he referido someramente
antes que es la vida e integridad de los agentes y de sus familiares, de
los presentes, de los pasados y no cabe duda de que redundaría en el
recelo para entrar en los servicios de información de los futuros. Todo
ello hace que a juicio del Gobierno procediera la no desclasificación de
los llamados papeles del Cesid.

Como se pone de manifiesto en alguna pregunta, había una vertiente
judicial que el Gobierno consideró muy mucho en sus deliberaciones. El
propio Consejo de Estado, cuando decía que el Gobierno debía atender
principalmente a la seguridad del Estado, hablaba de que producía una
tensión axiológica entre los principios de seguridad y de justicia. Yo
creo, señorías, que hay que distinguir dos planos: el plano jurídico y el
plano político. En una democracia, en un estado de Derecho donde existe
la separación de poderes, el esclarecimiento de los hechos delictivos
corresponde al Poder Judicial y en este ámbito el Gobierno no ha entrado
ni quiere entrar. La única base de su actuación es el respeto por la
independencia de los organismos jurisdiccionales. En el plano político,
sin embargo, pueden chocar las exigencias de la seguridad, como dice el
Consejo de Estado, y las exigencias de la justicia. Les aseguro que el
Gobierno del que formo parte, además del máximo respeto por la justicia
tiene la firme voluntad de no amparar, de no tolerar ningún acto
delictivo en su actuación y ésta es la raíz en la que se puede basar la
confianza de los ciudadanos. El Gobierno no va a tolerar, al amparo de
ningún principio, la comisión de actos delictivos. Sentado ese principio
hay que decir, como dije al principio que de lo que se trata con la
delimitación de los secretos o de lo que se trata con la no
desclasificación --quizá no lo hemos explicado y espero que ésta sea la
oportunidad y el foro para hacerlo-- no es crear un ámbito impune a la
justicia. En una democracia no puede haber ámbitos impunes a la justicia;
de lo que se trata es de modular la utilización de determinados elementos
probatorios.

¿De qué situación partimos? Esto es extraordinariamente importante.

Partimos de una situación en la que el Gobierno llega al poder y se
encuentra con unos servicios secretos parcialmente desmantelados como
consecuencia de unos actos que están siendo investigados por la justicia.

No ha habido una filtración; ha habido una rotura de la información.

Muchísimos documentos han desaparecido de los servicios; de ellos, una
parte ha sido recuperada, otra parte no y los que actualmente somos
responsables no conocemos el contenido de esos documentos que, estando en



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el centro, desaparecieron y no han sido recuperados. Los que fueron
devueltos, que son básicamente los que nos ocupan hoy, estuvieron fuera
del centro y del control del centro por espacio más que suficiente para
que pudieran ser manipulados, para que pudieran ser alterados, y no
tenemos elemento alguno de contraste para conocer, si fueron alterados,
en qué medida y en qué términos lo fueron. Es ignoto, es desconocido para
nosotros y, por tanto, ese posible elemento probatorio cuya utilización
tiene que ser modulada por el Gobierno vemos uno, que es obtenido
ilícitamente; dos, es susceptible de haber sido manipulado y, por tanto,
con muy poca posibilidad, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo, de ser utilizado en juicio. Pero es que además, si se
pide la desclasificación de esos documentos que fueron sustraídos e
incluso en algún caso publicados, equivaldría a que el Gobierno,
abdicando de su obligación constitucional de defender al Estado y
mantener los secretos del Estado, se estaría produciendo una situación en
virtud de la cual daríamos potestad de facto para desclasificar a
cualquier agente que en el pasado, en el presente o en el futuro cogiera
los documentos, se los llevara y obligara a desclasificarlos. Es decir,
no perjudicaríamos, como dije antes, señoría, dejaríamos inermes a estos
servicios que, como se ha puesto de manifiesto cientos de veces y pone de
manifiesto la realidad comparada de España, son absolutamente esenciales.

Dar potestad de facto para desclasificar originaría, como a nadie se le
oculta, una inseguridad tremenda del centro en las relaciones con sus
agentes reales o potenciales y con sus relaciones internas. Si por
sustraer un documento con su posterior publicación --manipulando o no--,
tuviera el Gobierno que desclasificar, sería irrisorio el crédito que
tendrían nuestros servicios de información.

Además hay que decir que en la mayor parte de los casos los servicios de
información, los servicios de inteligencia --alguien ha llamado no sé si
con expresión feliz las cañerías-- actúan en un estado previo. No actúan,
no les corresponde actuar sobre base de sospechas o sobre base de
indicios racionales delictivos; se actúa sobre rumores, se actúa sobre
alertas, se actúa sobre noticias, se conocen estados de opinión, se
intenta investigar orígenes, determinadas noticias o rumores. Es un
material, señorías, muy endeble, por definición extraordinariamente poco
apto para su posterior utilización judicial.

También hay que tener en cuenta que por exigencias de nuestro
ordenamiento jurídico la puesta a disposición para fines probatorios de
estos documentos, en virtud de los principios de publicidad y de defensa
plena del Derecho Penal exigiría la plena publicidad de estos documentos;
es decir, que no se podría, cosa que se está intentando solventar en el
anteproyecto de ley de secretos oficiales, combinar esos principios de
seguridad y justicia que hay en tensión, como dice el Consejo de Estado,
cuando se entendiera que podría ser factible. Eso hoy no cabe, sólo cabe
desclasificar o no desclasificar.

A todo ello hay que añadir que nuestras leyes de enjuiciamiento permiten
a los órganos jurisdiccionales apreciar el conjunto de la prueba con
arreglo a la sana crítica. Lo repito, señorías, porque me parece que no
se ha dicho suficientemente. El Gobierno que hoy ostenta la
responsabilidad del Estado, no tiene propósito de crear ningún ámbito de
impunidad. Quiere la mayor transparencia, la mayor claridad y la mayor
legalidad en todas las actuaciones de las administraciones que están bajo
su responsabilidad. Queremos, además, que los jueces puedan efectuar su
labor jurisdiccional con absoluta independencia y con arreglo a las leyes
y, como me he referido antes, a los principios de la sana crítica. Lo
único que hemos pretendido, a la vista de los enormes perjuicios que
puede acarrear para la actividad del Estado, ha sido poner a disposición
algunos medios probatorios, que quizá, señorías, tienen mucho menos
contenido delictivo del que más o menos desinteresadamente se ha hecho
llegar a la opinión pública.

Esta posibilidad de mantener unos secretos, de no aportarlos a un
procedimiento judicial, señorías, nuestra legislación la reconoce a
multitud de profesionales. La reconoce en virtud de relaciones de
parentesco, la reconoce a los médicos, a los periodistas, a los abogados.

Nadie contribuye a un crimen por guardar el secreto profesional. El
Estado no contribuye ni quiere contribuir a un crimen por mantener el
secreto de unos papeles, de unos medios de prueba.

Por tanto, creo que ha habido cierto desaforo en el enfoque público que
se ha dado a estos temas. Quede claro como conclusión final, que en esta
tensión entre los principios de justicia y de seguridad en la decisión
del 2 de agosto, el Gobierno se ha inclinado por el principio de
seguridad, considerando las razones de seguridad, su propósito ineludible
de colaborar con la justicia y viendo cuál era la situación de hecho.

Combinando esas tres realidades, se llegó a la decisión que se adoptó el
día 2 de agosto.

No querría terminar esta intervención, señor Presidente, sin hacer alguna
referencia a lo que, a mi juicio, es el nudo gordiano del problema con
que nos estamos enfrentando.

Hace dos semanas fui en viaje oficial a los Estados Unidos de América y
mantuve contactos con las principales autoridades de los departamentos de
Estado y de Defensa. Suelo viajar a Estados Unidos a explicar la
situación en este rincón occidental de Europa que es España y les decía,
sin ningún propósito ulterior, que, a mi juicio, la llegada al Gobierno
del Presidente Aznar significaba algo muy importante y de lo que es fácil
que hasta ahora no nos hayamos dado cuenta: a mi modo de ver significa el
fin del proceso de la transición política.

España hasta el año 1975 estaba en una dictadura. Era un sentir
generalizado llegar a una democracia. El tránsito no era fácil. Quizá
prematuramente hemos dicho que habíamos conducido un proceso ejemplar.

Ese proceso, como cualquier proceso temporal, tiene por definición dos
momentos dolorosos: el momento del nacimiento, del alumbramiento del
proceso y el momento del fin o de la muerte de ese proceso. Recordarán
SS. SS., por lo menos quienes tienen la misma edad que yo, los dolores
que hubo para alumbrar el régimen democrático, para alumbrar la
transición, y recordarán también que hubo voces que se alzaron en favor
de la ruptura, que no podía haber ninguna ligazón con el pasado. Fue más
que mayoritaria la voluntad popular que dijo que había que hacerlo
progresiva y escalonadamente. Eso, a mi juicio, quiere decir que hay que



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asumir el pasado y, apoyándonos en el presente, proyectarnos al futuro, y
no lo que a mi juicio supone la ruptura que es tirarse al vacío a ver qué
pasa.

Ese proceso reformista comenzó con dolor, tuvo un momento malo al final
de la primera ojiva, sustentado por un Gobierno de derechas, con más o
menos disfraz, de Unión de Centro Democrático, tiene una primera fractura
o aviso de peligro grande que se vivió en esta Cámara el 23 de febrero de
1981, y fue también un momento doloroso. Luego se pudo saturar la brecha
y el tren pudo seguir por ese puente de la transición. Quedaba una ojiva
y es que un partido de izquierdas pudiera gobernar en la transición y el
Partido Socialista gobernó en la transición, asumió del pasado y vivió su
presente.

Ahora la llegada al Gobierno del Presidente Aznar significa el fin. Ya es
la segunda vez de lo que sea, como la próxima vez que llegue la izquierda
al poder será también la segunda vez. Por tanto, es un momento capital
para definir si se quiere ruptura o se quiere reforma. Hay voces,
curiosamente algunas tienen los mismos nombres y apellidos del año 1977,
que quieren la ruptura. El Partido Popular ha querido siempre la reforma;
si algo caracteriza al Partido Popular ha sido más la prudencia que el
riesgo.

Señorías, éste era un acto muy concreto donde se focalizaba si se quería
de verdad terminar la reforma que implicaba la transición, sin suturas y
sin rupturas, como se empezó; si se quería terminar levantando la
alfombra para que todos los muebles existentes, algunos sucios, señorías,
se cayeran por el suelo, o estábamos dispuestos a asumir lo bonito y lo
menos bonito y con esa herencia proyectar un futuro mejor para nuestros
hijos.

Creo, y con esto termino, señor Presidente, que había un acto de
desclasificación de papeles que el 12 de enero de 1996 el Gobierno
anterior no había desclasificado. Este Gobierno tuvo muy en cuenta que
sin tener nada que ver con las actividades a que se refieren esos
papeles, no quería hacer una ruptura. Quería asumir que si un Gobierno
había hecho eso, él iba a respetar lo hecho por un Gobierno legítimo en
el uso de sus atribuciones.

Hay que insertar en un contexto claro esta decisión poco popular, que
comprendo haya tenido que levantar ronchas en parte del electorado y que
a buen seguro ha producido daños a intereses concretos, y por ponerles
nombres se decía a los intereses rupturistas. Yo, señorías, me siento
orgulloso de pertenecer a un Gobierno que prefiere tomar las decisiones
que favorecen el bien de España y no las decisiones que son más
populares.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo que ha dicho antes, el primer
peticionario de la comparecencia del señor Ministro era el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el
portavoz, señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señor Ministro, en su exposición ha planteado tres
temas fundamentales. Comenzando por el último, se ha referido a su visión
particular de la transición, a la que después me referiré, aunque yo
diría que más que particular es particularísima. El adelanto de lo que va
a ser un debate pendiente sobre el modelo de seguridad de los servicios
de información que debe tener un Estado democrático desde la base y desde
la realidad de que nuestro servicios de información han hecho agua, y
cuál debe ser su dirección, su control... Parece que no me escucha, señor
Ministro, pero por cuestiones técnicas, no porque no me quiera escuchar.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): No se oye bien.




El señor MEYER PLEITE: Intentaré acercarme más al micrófono.

Decía que es un debate pendiente en la medida que el anteproyecto de
secretos oficiales parece que también se va a modificar porque no ha
gustado el que ha salido del Consejo de Ministros. En todo caso es un
debate pendiente sobre cuál debe ser el modelo de servicios de
información de un Estado democrático, a quién compete su dirección y su
control. Es un debate fundamental.

El debate que hoy nos ocupa, señor Ministro, es otro. En el caso de
producirse una irregularidad o un delito y que éste haya sido detectado
por los servicios de información, si pueden ser puestos en conocimiento
de la justicia o, por el contrario, los servicios secretos pueden
silenciar delitos graves como el asesinato, la tortura o la detención
ilegal. Este es el debate que nos ocupa hoy.

Voy a entrar en el debate de fondo. Con la decisión del Consejo de
Ministros del 2 de agosto de no desclasificar los papeles del Cesid y con
las instrucciones dadas por los fiscales para no oponerse a la libertad
del General Rodríguez Galindo, desde nuestro punto de vista se cometen
decisiones gravísimas atentatorias al Estado de Derecho y absolutamente
irresponsables. Entendemos que es una operación política medida,
absolutamente medida en el tiempo, en el contenido, en las formas, que
intenta relativizar, pasar página a actos y actividades criminales y
terroristas de la banda GAL, y que cuando el Consejo de Ministros, que
encabeza el señor Aznar toma esa responsabilidad (y pediremos
responsabilidades y la comparecencia del señor Aznar, Presidente del
Gobierno, en sede parlamentaria, porque es el máximo responsable de esa
decisión y no usted, aunque le agradecemos, lógicamente, que hoy esté en
la Comisión); cuando se decide, en contra del propio compromiso electoral
del Partido Popular, no desclasificar papeles que son solicitados por la
justicia en petición de auxilio, para aclarar, para depurar las
responsabilidades penales de esos hechos gravísimos, como decía
anteriormente, de secuestro, tortura y asesinato, esa decisión, desde
nuestro punto de vista, atenta contra el Estado de Derecho y la
Constitución, es una decisión gravísima e irresponsable. Me gustaría que
me citara usted un solo artículo de la Constitución española, uno solo,
basándose en el cual el Gobierno pueda negarse a auxiliar a la justicia,
o que el Congreso de los Diputados también pudiera negarse al auxilio de
la justicia.

Ha mencionado, en esa visión muy particular de lo que entiende usted por
la transición y si ha acabado o no, una



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cuestión muy importante como fue el pacto constitucional, el consenso
constitucional. Desde mi particular visión sobre la transición, que
difiere radicalmente de la suya, entiendo que efectivamente en España sí
tuvimos un punto final, en España sí pasamos página todos los españoles
con la elaboración de la Constitución. Fue un esfuerzo político de pasar
página. Antes de la elaboración de la Constitución, en España se
torturaba, se detenía a ciudadanos y ciudadanas por ejercer los derechos
civiles que hoy contempla la Constitución; en España la policía tenía
plenos poderes para detener y encarcelar sin pasar por ningún juez;
muchos demócratas sufrimos humillaciones, torturas, detenciones, tuvimos
que salir del país. Y todos los españoles y españolas, con una gran
prudencia y una gran responsabilidad, decidieron cerrar página, es decir,
elaborar una Constitución que permitiera la libre convivencia, que
permitiera una libre convivencia, no repetir ese tipo de actuaciones y
elaborar una Constitución garante de un Estado de derecho; por supuesto,
una Constitución que actuaría, que debería actuar de inmediato, como no
podía ser menos, contra torturadores, contra responsables que cometieran
cualquier tipo de delito. Todos acordamos que las personas que en el
anterior régimenes torturaron, encarcelaron y persiguieron, no tuvieron
ninguna responsabilidad; muchos de ellos, muchos policías del anterior
régimen, incluso en la transición, fueron galardonados con medallas al
mérito policial, cosa que a los demócratas que sufrimos en sus manos la
tortura nos producía un determinado escándolo; pero, en fin, en aras del
consenso democrático, pasamos página.

Pues bien, nosotros, todos los demócratas españoles, a la hora de
alcanzar ese consenso solamente pusimos una condición, pasábamos página
con una sola condición: que nunca más, nunca más se repitiesen hechos
como ésos sin que pudieran ser castigados; nunca más. Esa fue la
condición. Con la decisión del Consejo de Ministros esa condición salta
por los aires, ese consenso constitucional salta por los aires. Lo que
nos ocupa hoy es que hay una banda criminal, que se llama GAL, que está
procesada por hechos gravísimos, como la detención ilegal, la tortura y
el asesinato, y que hay unos jueces que reclaman unos papeles en auxilio
de la justicia. Esto es lo que nos ocupa hoy. Si cualquier
administración, cualquier institución no va rápidamente en auxilio de la
justicia para resolver estos asuntos, en ese punto, en ese momento, se
rompe el consenso constitucional.

Nosotros luchamos por una Constitución que planteara con claridad que el
pueblo español, a través de sus representantes, es decir, el soberano,
pudiera controlar todos y cada uno de los rincones del Estado, todos. Por
supuesto, no somos unos insensatos, en cualquier Estado democrático --y
éste no puede ser menos-- tiene que haber unos servicios de información,
eso está claro, y tiene que haber materias secretas, eso también está
claro, eso nadie lo pone en duda; el problema es quién controla los
servicios de información si el pueblo soberano tiene el deber y la
obligación de controlar esos servicios de información y, por supuesto, en
el caso de que se cometiera un delito y tengan conocimiento de ello los
servicios de información, si se debe poner o no en conocimiento de la
justicia. Este es el debate fundamental.

Por tanto, entendemos que ningún rincón del Estado puede quedar fuera del
control del pueblo soberano, a través del Congreso, del Senado, el
Defensor del Pueblo, de los jueces, los magistrados; que la separación de
poderes es fundamental en cualquier Estado de derecho: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y el auxilio a la justicia, para cualquier
demócrata que firmó con ese espíritu la Constitución española, es algo
imprescindible.

El consenso constitucional, distanciándome de esa visión suya tan
particular de la transición, exige la plena depuración de
responsabilidades políticas y penales en el caso GAL. En caso de que en
España de nuevo se intentase pasar página, sería contraviniendo ese
espíritu constitucional, que exige el total auxilio a la justicia por
parte de las instituciones, del Gobierno y del Congreso, sin ningún tipo
de limitaciones. Estamos hablando de hechos delictivos, no estamos
hablando de temas que puedan poner en peligro la seguridad; aquí lo único
que se pone en peligro es la seguridad de criminales, es de lo único que
estamos hablando. Yo me distancio de cualquier otra interpretación. Estoy
hablando de criminales que han torturado, que han detenido ilegalmente,
que han utilizado el uniforme de forma indebida para luchar contra el
terrorismo. Eso es lo que nos ocupa hoy, no nos ocupa ningún otro delito
ni ningún otro tipo de información reservada que pueda poner en peligro
la seguridad del Estado.

Por tanto, desde mi punto de vista, el intento de relativizar estos
hechos, el intento de encubrir ese episodio sucio y bárbaro de la
democracia española, repito, un episodio sucio y bárbaro de la sociedad
española, por supuesto es un atentado a ese espíritu constitucional.

Segundo, no ayuda en la lucha contra la violencia de ETA, muy al
contrario, da alas a ETA. Aquí no se pueden hacer distinciones de
terroristas buenos y terroristas malos, porque, por supuesto, también
iría en contra del espíritu constitucional; y lo que es más grave, mucho
más grave es que resquebraja absolutamente ese consenso constitucional al
que usted hacía referencia desde otra lectura. Me da la impresión de que
lo que usted pretende es decir: con Aznar la transición ha terminado.

¿Eso qué significa? ¿Que el anterior Gobierno estaba en una situación
transitoria? ¿Que el anterior Gobierno no tenía, digamos, los plenos
poderes que le da la Constitución española para ejercer según su
criterio? No. La transición española terminó en el punto y hora en que se
hizo la Constitución; punto y final. Todos los representantes públicos, a
partir de la Constitución española, tienen que ejercer de acuerdo a la
Constitución, sin saltarse dicha Constitución.




El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, le agradecería que vaya terminando.




El señor MEYER PLEITE: Voy terminando ya, señor Presidente.

Por tanto, manifiesto, lógicamente, la opinión de mi grupo, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya: no vamos a cesar en nuestro empeño de
llegar hasta el final en



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las responsabilidades políticas y penales, que prestaremos auxilio a la
justicia si así se nos indica, por encima de cualquier otra
consideración, pues cualquier ciudadano, máxime un representante del
pueblo, está obligado al auxilio de la justicia, ésa es la ley de leyes,
no puede haber otra por encima de ésa, no debe haberla.

Parece como si a usted le hubiese caído la responsabilidad, entre otras,
de pasar página de este capítulo; eso parece por las informaciones que se
dan. Le quiero manifestar, de forma tranquila y respetuosa pero seria,
que nosotros no lo vamos a consentir; haremos lo imposible porque no se
pase página en este episodio.

No se refirió directamente al anteproyecto de ley, pero en su primera
exposición hablaba de cuál debía ser la filosofía de los servicios
secretos. Afortunadamente, parece que todo indica se va a reformar,
porque era un anteproyecto de ley que, efectivamente, obedecía
fundamentalmente, desde mi punto de vista, a esa continuidad de intentar
tener unos servicios secretos que con suficiente autonomía incluso para
poder cometer delitos que no pudieran ser investigados y depurados, cosa
que, desde nuestro punto de vista, parecía escandalosa; era un
anteproyecto de ley claramente totalitario, no constitucional. Por tanto,
atendiendo a que el Fiscal General del Estado ha hecho declaraciones en
el sentido de que no le gusta ese anteproyecto de ley y que incluso se
podía plantear una actuación sobre ello, en ese punto nos detendremos en
el momento que llegue el anteproyecto a esta sede parlamentaria.

Señor Ministro, concluyo tal y como empecé. Lo mejor que podía hacer el
próximo Consejo de Ministros, en aras al espíritu constitucional, en aras
a la lucha que ha tenido este pueblo español (porque es curioso pero
parece que la transición española se ha querido presentar como un encaje
de bolillos entre cuatro o cinco dirigentes, pero el pueblo español luchó
por la libertad, el pueblo español se movilizó por la libertad y por la
democracia, aparte de los dirigentes), lo mejor que puede hacer el
próximo Consejo de Ministro --repito--, es rectificar y poner a
disposición de los jueces los papeles que se piden en auxilio de la
justicia.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto va a distribuir su tiempo en dos
intervenciones. Tenemos mucha tarea por delante, el tiempo es limitado y
les ruego que se atengan a los tiempos reglamentarios.

En primer lugar tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Es normal que la intervención del Bloque
Nacionalista Galego se haga, lógicamente, desde la postura de quien tiene
que actuar a través de indicios y además, de quien como grupo
parlamentario está excluido de la Comisión de Secretos Oficiales.

Voy a ser escueto en el planteamiento del problema. En primer lugar,
señor Serra, la exposición que nos hizo para justificar la no
desclasificación de los papeles del Cesid adolece, a nuestro juicio, de
una gravísima contradicción interna que es la siguiente. Se abren unos
documentos desaparecidos, devueltos, que pueden estar alterados,
documentos que están en manos de grupos sociales y de grupos de presión,
no solamente de ciertos personajes del aparato policial o del aparato
militar, y que, además, son utilizados para chantaje y escándalo. No se
puede entender cómo unos documentos que están jugando este papel no
puedan estar en manos del Poder Judicial, que ha de investigar
precisamente determinado tipo de actos que tienen todos los indicios de
ser delictivos e incluso criminales.

El señor Ministro hizo alusión en varias ocasiones a que estos papeles
son, por su tono y su temática, excesivamente viscosos o no
suficientemente concretos, pero es un indicio que su lectura o su
legitimación, reconociéndolos como reales, haría palidecer en muchos
aspectos al Estado de Derecho. En este sentido quería indicarles como
síntomas algunas preocupaciones muy graves que tenemos en el Bloque
Nacionalista Galego.

En primer lugar, nos ha llamado la atención que sea el señor Ministro de
Defensa el que justifique públicamente, como portavoz del Gobierno, la
decisión de no desclasificar los papeles del Cesid, porque eso indica que
se da la interpretación de que es un problema vinculado al aparato
militar, a las Fuerzas Armadas o a los aparatos que tienen algo que ver
con esta cuestión. Debería ser un portavoz del Gobierno quien justificase
la decisión, porque es una decisión que afecta a ámbitos muy amplios de
la vida política y no debía quedar reducido al Ministerio de Defensa, a
no ser que se trate de un caso de guerra.

Hay síntomas preocupantes. Aparte del asesinato --que todo el mundo
repudia, porque todos somos muy humanos y muy cristianos--, a nosotros
nos preocupa que la atmósfera que existe en determinados sectores del
aparato del Estado llegue a justificar el asesinato en nombre de
principios ideológico-políticos. Me refiero a lo siguiente: Vale todo
contra aquel que atente a la unidad de España. La unidad de España es un
valor intangible o no tocable desde el punto de vista constitucional,
pero pensamos que nada justifica un tipo de agresión violenta en contra
de movimientos o de personas de forma ilegal y por la vía violenta.

En segundo lugar, pensamos que en un sistema como en el que estamos
viviendo, se pueden dar actos de genocidio, de racismo grave, que son
sintomáticos, en la medida que se justifican o se amparan, de un rostro
real del régimen general que nos es solamente privativo del Estado
español y que a nosotros nos preocupa.

En tercer lugar, usted aludió a las relaciones con los servicios secretos
internacionales. Nosotros pensamos que cualquier involucración de los
servicios secretos internacionales puede ser legítima, puede estar
pactada, pero no puede nunca pasar por la vía de la violencia y del
asesinato, eso es punible.

Finalmente, nos gustaría decirle que un Estado de Derecho nunca puede
provocar miedo. Yo le aseguro que con esta manera de actuar lo que se
provoca es miedo, miedo puro y simple. Usted hizo una alegoría que, a mi
modo de ver, fue la única parte en donde contó la verdad, a su manera, y
yo no la interpreto igual pero participo de ella. Para terminar le voy a
analizar la alegoría. Usted dice que no hubo ruptura, hubo reforma;
exactamente es así. El Bloque Nacionalista Galego acató esa reforma
democráticamente, aunque no participó de ella; pero ahora nos preocupa
que



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se vaya a hacer la reforma de la reforma y volvamos a justificar lo que
se justificó después del 23-F. Este es un problema político gravísimo,
porque estamos seguros de lo que se está tratando en este momento es por
dónde va a evolucionar el régimen, no el Estado. El Estado es una cosa y
el régimen es otra. A nosotros --después de repudiar toda esta actitud
del Gobierno--, nos preocupa que en esta guerra política donde están
involucrados intereses muy grandes de todo tipo, pudiésemos hacer de
comparsas y que el régimen en vez de evolucionar por donde nos interesa
--por lo menos a los demócratas y a los nacionalistas-- evolucionase por
el lado contrario y se volviese a justificar que hay una involución,
porque ya sabemos que no hay ruptura y que esto fuera la reforma de la
reforma, la reforma de la Ley Electoral, la reforma de no sé qué,
etcétera, para justificar mayor censura, mayor opacidad o mayor
hostilidad contra todo aquel que discrepe, aunque acate. Esta es nuestra
preocupación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Ministro, por
informarnos de las razones que justifican la decisión del Gobierno de 2
de agosto. Le doy las gracias porque, al parecer, es bastante raro que se
expliquen las razones de una decisión tan controvertida y que ha creado
tanta alarma social. Nos sorprende que no haya venido a petición propia,
como me sorprende que el señor Aznar no quiera venir a informar al
Parlamento en un tema que realmente ha levando ampollas a todo el país,
con independencia del pensamiento político de los ciudadanos.

Como no tengo tiempo y soy muy disciplinada --creo serlo-- no voy a
entrar en su teoría del Estado que, por supuesto, no comparto aunque la
respeto, ni en su teoría de los continuistas y rupturistas como en una
película de vaqueros de buenos y malos. Hay dos opiniones diferentes, son
perfectamente legítimas y los rupturistas, aquellos que no comparten lo
que hoy existe aunque lo acaten, no son los malos de esta película y a lo
mejor en algún momento u otro tengamos que acostumbrarnos a hablar de
todo tipo de cuestiones y a respetarlas igualmente y no hablar de
rupturismo como si fuera algo malo.

A continuación me voy a limitar a hablar de la cuestión que nos ocupa. En
primer lugar, entiendo que usted habla en nombre del Gobierno y que
expresa las opiniones del Gobierno. Digo esto porque, al parecer, los
distintos ministros tienen opiniones diferentes. A lo largo de los
últimos meses hemos visto que según qué ministro las razones eran
completamente diferentes. Por una parte, se habían examinado
detalladamente cada uno de los documentos y se consideraba que todos y
cada uno de ellos afectaban a la seguridad del Estado. Por otra parte,
según otros ministros, era una cuestión de principios. Por otra parte, la
discusión no duró más que diez minutos porque en esa cuestión estaba todo
el mundo de acuerdo. Según usted, se discutió durante mucho tiempo sobre
los principios de colaboración con la justicia y la seguridad del Estado.

Es decir, realmente no tenemos muy claro qué ha pasado dentro de esa
decisión del Gobierno.

Señala usted que la cuestión básica, la seguridad del Estado, consiste en
permitir, respetar y llevar a cabo una continuidad, evitar que no haya
una ruptura. Permítame que le diga que estoy aterrorizada. Si la
continuidad del Estado respecto de los hechos --en hechos que usted dice
que no cometieron ustedes porque correspondían a otro Gobierno--, son los
mismos que hemos leído todos en los periódicos, me aterroriza. Si esos
hechos que hemos leído todos --no se olviden que han estado
transcritos--, son los que van a continuar siendo, no me siento para nada
segura siendo ciudadana vasca de este Estado. Al revés, entiendo que si
se van a respetar, se van a justificar, se van a legitimar o se van a
mantener en la opacidad esta serie de hechos, perdone le diga que cuando
se refiere a la seguridad de los ciudadanos, no sé de qué ciudadanos está
hablando.

En cuarto lugar, sí me gustaría determinar que la seguridad del Estado no
es una cosa genérica, como bien sabe usted, sino que es una cosa
concreta. La seguridad del Estado puede ser por la integridad
territorial, puede ser por el funcionamiento de las instituciones, puede
ser por el respecto a las instituciones, puede ser por el tema de defensa
o puede ser por los agentes y funcionarios que llevan a cabo esta serie
de temas. A su tenor, es esta última razón --entiendo que es así, aunque
no lo ha especificado con detalle-- la que lleva a considerar que las
razones de defender a las personas que participan en los servicios
secretos o servicios de información las que llevan a considerar que
existe una razón de seguridad del Estado.

Dos cuestiones. Usted dijo el 3 de agosto que se habían examinado los 25
documentos, que no sé si son 25 ó 18, que dijo usted --tengo el recorte
de prensa-- que no había sido un planteamiento genérico, cosa que usted
dice ahora al contrario, que es una cuestión de principios, pero en aquel
momento señalaba usted que no era un planteamiento genérico y que se
habían examinado uno por uno los más de los veinticinco documentos
solicitados.

Dado que efectivamente se han analizado todos los documentos, permítame
preguntarle en qué afecta a la seguridad del Estado un documento que
consiste en una transcripción entre dos personas relatando el asesinato
de una serie de señores. Por favor, le pido que me responda cómo afecta a
la seguridad del Estado, es decir, si van a proteger ustedes a esos
servicios secretos, o a quienes ordenaron realizar, a esos señores, esa
serie de cuestiones, a quién quieren proteger, o en qué afecta a la
seguridad del Estado la supuesta manipulación, es decir, el documento al
que se refiere una nota interior de 3 de noviembre de 1987, en la cual se
describe la manipulación de pruebas para ocultar las circunstancias en
que muere una persona. A quién se protege, dado que ése es el punto
principal que afecta a la seguridad del Estado.

Por último, usted dice que la justicia tiene que seguir su cauce, cosa
que todos entendemos y comprendemos perfectamente, pero la justicia no es
un ente genérico, y tanto usted como yo, como cualquiera de los
ciudadanos que están en esta sala, en cuanto recibimos una notificación
por parte de un juzgado nos vemos obligados a acudir, ayudar



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y auxiliar. Lo mismo tiene que hacer el Gobierno. La justicia no puede
trabajar sin el auxilio de los ciudadanos, de las personas jurídicas, de
los gobiernos, o de los que sean, con lo cual no entendemos cómo quieren
ustedes que trabajen si no colaborar con ellos.

Entendemos --lo ha dicho la jurisprudencia-- que nunca se pueden amparar
como secretos de Estado cuestiones que han supuesto o que implican una
serie de delitos o una serie de hechos delictivos. Lo único que le
pedimos es que, por favor, auxilien a la justicia, porque la justicia no
puede hacerlo si no se le auxilia, y ustedes están legitimados, obligados
por la Constitución a hacerlo.

No se preocupen por el crédito internacional. Todos los servicios
secretos, no secretos, embajadas y demás han leído, como cualquier
ciudadano, lo que hay en esos documentos, y no se preocupe por el valor
probatorio. Simplemente, diga si son verdaderos o son falsos, y
corresponderá a la justicia determinar, según jurisprudencia, qué valor
probatorio pueden darle a cada uno de ellos. Ese es un problema de la
justicia, no es un problema de Gobierno.

No nos vamos a quedar aquí. Intentaremos seguir adelante porque es un
tema que afecta a cuestiones tan graves como los derechos humanos de
cualquier ciudadano, sean los que sean. En este sentido, haremos lo que
esté en nuestras manos, como formación política, como Grupo Mixto, o como
ciudadanos en particular. Acudiremos al Fiscal General para que recurra
la decisión, o a cualquier otro tribunal, el Tribunal de los Derechos
Humanos, coadyuvando o ayudando a aquellas personas que entienden esto no
puede quedar así.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, agradeciéndole la información
que usted nos ha facilitado aquí en este primer punto de su convocatoria
sobre las razones que ha tenido el Gobierno de la nación para no
desclasificar documentos de esta naturaleza en poder del Centro Superior
de Información de la Defensa (Cesid), a este respecto quiero hacerle las
siguientes reflexiones.

En primer lugar, las razones de no desclasificación que usted ha dado son
normales y propias de un Gobierno, de un Estado de Derecho, y entran
también dentro de la lógica de la materia de que se trata.

Dentro de esta política de Estado, yo comparto, mi grupo lo comparte,
velar por el crédito internacional de los servicios de inteligencia que
debe tener todo país en este ámbito de alianzas. Indudablemente, en una
serie de entidades de ámbito supranacional como está España, la Unión
Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión
Europea Occidental y los acuerdos bilaterales que hay con países aliados
amigos, con los cuales se han firmado acuerdos bilaterales, convenios en
materia de seguridad y defensa. En la Comisión de Exteriores, en pasadas
legislaturas hemos ido sistemáticamente convalidando estos acuerdos, y
así se refleja dentro de lo que es norma de Derecho Internacional y de
usos y costumbres, porque están basados en el principio de la seguridad y
de la confianza, y si hay desconfianza entre países aliados en la calidad
del principio de reserva y de no publicidad de esos servicios de
inteligencia, efectivamente, el crédito no se merece.

Ahora bien, me ha llamado la atención en este punto, señor Ministro, que
usted haya dicho que ahora en estos momentos está llegando una especie de
aumento de información de otros países, al ver que el Gobierno español no
ha desclasificado estos documentos. Habría que decir entonces a nuestros
aliados que hayan hecho estas medidas restrictivas estas semanas pasadas,
que sepan de qué están hablando y con quién están hablando. Esto lo digo
como crítica.

En segundo lugar, comparto también que los servicios de inteligencia,
tanto sus personas funcionarias, sus colaboradores como las fuentes
sensibles de información, si saben que hay una inseguridad en la
información que transfieren a los centros de inteligencia del Estado, se
van a abstener de hacerlo, es un suponer; pero cabe esta segunda
explicación que usted ha dado, que es razonable y que está en el uso y
costumbre también de que los confidentes y los que facilitan información
desde fuentes sensibles a los servicios de inteligencia o secretos de
cualquier Estado piden la reserva, por supuesto, del informante. Es una
especie de «secreto profesional» --entre comillas-- de una profesión nada
honorable, la del que da información, que la da siempre a cambio de un
valor contrastable, dinero, en especies, o lo que sea. Es importante que
el Estado vele por proteger, por blindar --valga esta palabra-- toda su
cadena de los servicios de información que hay ahí, y que con esto se
llegue a que usted diga que el Gobierno se ha encontrado con la
alternativa de elección entre justicia o seguridad del Estado.

Esto es importante, porque ayer, señor Ministro, como sabrá, en la Junta
de Portavoces se ha rechazado por mayoría una solicitud de tres grupos
parlamentarios de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno
de la Cámara, en razón a que se presuponía que la no desclasificación de
los documentos tenidos por secretos se interpretaba como no colaborar con
la justicia. Creo que usted lo ha dejado claro, era importante una
declaración a nivel de un miembro del Gobierno, de que no se
desclasifican no por no colaborar con la justicia sino en razón de un
bien que engloba la justicia el poder Legislativo y al poder Ejecutivo,
como es la estructura del Estado.

Esto me lleva, señor Ministro, a hacerle a usted la siguiente reflexión,
que ya se ha apuntado aquí creo que ha sido por el interviniente de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya: es imprescindible una nueva ley
de secretos oficiales. Razones. Primera, usted sabe, señor Ministro, que
nos estamos moviendo con unos documentos legales que son anteriores a la
Constitución española. Aquí nada más tenemos dos leyes de referencia: la
Ley de la época del gobierno del General Franco, la Ley 9/1968 de
Secretos oficiales, y el Decreto que la desarrolla posteriormente, el
Decreto 242/1969; y la Ley que hace ya el Gobierno de la democracia pero
preconstitucional, la Ley 48/1978.




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Esas dos leyes, aparte de ser preconstitucionales, señor Ministro, les
van a crear a ustedes problemas, y salimos de este embrollo o desde luego
no tendremos una eficaz política de seguridad, de inteligencia del
Estado, porque las dos leyes están inspiradas en un principio autoritario
de una dictadura de unicidad del órgano de control de la información
secreta del Estado, y lo coloca nada más que en dos órganos con capacidad
de clasificar: el Consejo de Ministros y la estructura militar, la cúpula
militar en la Ley franquista de 1968, el Jefe del Estado Mayor conjunto;
y la democracia preconstitucional en la Junta de Jefes de Estado Mayor,
de alguna manera colectiviza o hace un órgano colegiado el tema de
clasificar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el segundo problema, señor
Ministro: o ustedes reorganizan los servicios de inteligencia con otra
estructura, o mientras sigan concentrando toda la inteligencia del Estado
y toda la información secreta o confidencial en un solo organismo están
incurriendo en lo que cualquier entidad económica, financiera o bancaria
llama la concentración de riesgos.

Cuando usted dice cualquier país de nuestra órbita occidental, Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, que toda la inteligencia del
Estado está concentrada en un solo organismo, en el Cesid: la
inteligencia militar, la contrainteligencia, el espionaje de los delitos
económicos, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, les
responderá que almacenamos una gran concentración de riesgo. Cualquier
demanda judicial por un delito de terrorismo salpica a nuestro servicio
de inteligencia militar y a nuestras Fuerzas Armadas. Cualquier demanda
judicial por un delito de blanqueo de dinero salpica a toda la estructura
de un solo organismo. Por tanto, es necesario, señor Ministro, con
sentido común porque, si no, será imposible salir del embrollo, que se
apruebe la nueva ley de secretos oficiales y la redistribución de estas
competencias. Porque si hay una auténtica política de Estado, hay que
salvaguardar los distintos componentes del Estado y del Gobierno para que
no se vean implicados en otras querellas y para evitar que aquí no
sepamos si estamos encubriendo un delito al no defender un principio de
prioridad de la justicia.

Usted ha dicho que no se trata de crear zonas o ámbitos de impunidad. Los
Estados Unidos o Inglaterra, por poner un ejemplo, tienen su inteligencia
militar y se ocupan de la inteligencia militar. Y no se le pregunte a ese
servicio qué pasa con el narcotráfico, con los delitos de cuello blanco,
con la droga o con el terrorismo. La Secretaría de Hacienda o de Justicia
tiene sus servicios de inteligencia, la CIA tiene los suyos y el FBI
tiene los suyos. Por tanto, cuando hay una querella judicial no salpica,
no complica a los otros servicios. Y cuando un traidor, un desafecto o un
delincuente interno de los servicios se lleva documentos secretos, no se
los lleva de todos los lados.

Usted ha dicho una cosa que es muy grave y que había mencionado su
antecesor el señor Pertierra: los documentos en cuestión son los que se
conocen porque los devolvió el coronel Perote, pero seguimos --y usted lo
acaba de reconocer en esta sesión-- sin saber qué fue lo que se llevó.

Eso es gravísimo para la seguridad de un Estado. Y a eso es a lo que...




El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya terminando, por favor.




El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente, en la invocación
que me hace.

Para que no terminemos con el embrollo jurídico de que al pedirle al
Gobierno la desclasificación de un documento, éste dé legitimidad a un
documento en el que el robado, que es el Gobierno, legitima el documento
prueba de aquel tema --porque estaríamos ya en un absurdo de las pruebas
judiciales--, entendemos que el mejor sentido común es el que ha tomado
el Gobierno, en su decisión del 2 de agosto, de no desclasificar los
documentos por las razones que usted ha alegado y por otras que subyacen
en su intervención. Porque, a fin de cuentas, esa justicia necesita del
soporte de un Estado que funcione y si el bien protegible ha sido en este
momento la seguridad del Estado, nosotros lo compartimos, pero sin que
esto signifique un cheque en blanco al Gobierno para que sigan las cosas
como están, sin ley de Secretos Oficiales constitucionales y sin nueva
organización de los servicios de inteligencia en la forma que dicta la
modernidad y el sentido común.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Ministro, no coincido en absoluto con
usted en su diagnóstico respecto a la transición. Pero ése no es el caso.

Me da la impresión de que usted no solamente ha actuado aquí como
portavoz del Gobierno, como Ministro de Defensa, sino, en cierto sentido,
como portavoz del Partido Popular, aunque tengo entendido que usted no
está afiliado al mismo.

Yo no soy portavoz del Partido Popular, pero eso que ha dicho usted sobre
que dicho partido prefiere más la prudencia que el riesgo, es un hecho.

No obstante, nosotros nos creímos aquello de la regeneración democrática.

Voy a recordar lo que dijo don José María Aznar, en marzo de 1995,
hablando de lo que usted ha informado en esta comparecencia. Dijo el
señor Aznar: La doctrina de nuestro partido es que la ley de Secretos
Oficiales nunca pueda amparar el enriquecimiento ilícito que puede
haberse producido, ni la comisión de delitos. La colaboración con la
justicia es un principio general para todos. Nosotros pondremos a
disposición de la justicia todo lo que puede ser útil para el
esclarecimiento de los hechos.

El 28 de septiembre del año pasado, el hoy Vicepresidente Alvarez-Cascos
decía sobre la ley de Secretos Oficiales que no podía ser un refugio de
delincuentes, porque no es posible que la justicia en un Estado de
Derecho vea paralizadas sus investigaciones por la decisión de un
Gobierno de ocultar presuntos delitos bajo el manto del secreto oficial.

Para mí, éste es el Partido Popular y no su intervención. Por lo menos es
lo que yo pensaba que iba a realizar cuando accedía al Gobierno. Creo que
--y sin caer aquí en traer citas de intervenciones de actuales ministros
o del Vicepresidente De Rato, con quien yo trabajé en la legislatura



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pasada cuando no quiso comparecer el Presidente del Gobierno, Felipe
González, e hicimos incluso un plante parlamentario-- hay una novedad,
que es su persona. Porque pienso que el señor Aznar, el señor
Alvarez-Cascos, el señor De Rato no han cambiado de visión de las cosas,
lo que pasa es que ahora gobiernan.

Permítame que le diga que su persona infunde una cierta sospecha, porque
fíjese usted en que es el 2 de agosto cuando se adopta esta decisión tan
importante. Por qué no se hizo en julio o en septiembre. Ustedes pensaban
encontrar a los miembros del Parlamento con la guardia baja para no
solicitar ninguna comparecencia inmediata.

Hay otra decisión suya que también nos induce a una gran sospecha: usted
presenta un anteproyecto de ley de secretos oficiales, a nuestro juicio,
absolutamente antidemocrática. ¿Cómo puede pensar usted que no vamos a
sospechar por estas iniciativas que usted ha ido tomando? Usted no ha
dado ninguna explicación hasta ahora, la está dando ahora, en esta
oportunidad.

Usted saldrá «vivo» --entre comillas-- de esta comparecencia, porque va a
contar con los apoyos suficientes, pero, desde el punto de vista del
talante o de la sensibilidad democrática, tiene que reconocer que ha
actuado con una cierta premeditación para que las cosas fueran como usted
pensaba que iban a suceder, aunque quizá no contaba con la reacción de
ciertos medios de comunicación social y de algunos grupos parlamentarios.

Coincidimos con usted en que los servicios secretos son necesarios e
imprescindibles en cualquier Estado democrático de Derecho, también en el
manejo de los fondos reservados, pero hay que recordar que el GAL no es
un hecho aislado, sino que fundamentalmente, a nuestro juicio, es una
forma de actuar, que es la que nos preocupa. El GAL fue la creación de un
terrorismo de Estado porque se pensaba que iba a haber una impunidad
política y porque no iba a haber control político para que ese hecho
lamentable pudiera ser esclarecido. Por tanto, todos los controles que
una democracia establezca serán pocos para acabar no con el GAL, que es
cuestión del pasado, sino con la mentalidad que produjo el GAL.

Su intervención nos ha dejado en una cierta desazón porque no nos ha
dicho nada nuevo, sino que nos ha vuelto a recordar lo que dijo en el mes
de agosto, aquello de mirar al futuro. Todos estamos de acuerdo en mirar
al futuro, pero con la casa limpia y, sobre todo, dejando a la justicia
que actúe y facilitándole los datos para conseguirlo. Nosotros creemos
que no puede haber servicios secretos amparándose en el delito.

Ha recordado aquí la portavoz Lasagabaster que un delito nunca puede ser
secreto de Estado; una conversación con el General Rodríguez Galindo
donde cuenta cómo secuestran, cómo torturan, cómo obligan a cavar su
propia tumba y cómo matan a dos personas, no puede ser un secreto de
Estado en ningún país democrático, si no, qué pobre Estado sería ése.

Usted ha hablado de la poca seriedad que pueden proyectar los servicios
de inteligencia españoles internacionalmente. Pienso --aunque sea poco el
conocimiento que pueda tener-- que a los servicios de información de
otros países les interesará sobremanera la información que puedan
suministrar los servicios españoles respecto a movimientos que afectan a
sus propios países o a la seguridad del Mediterráneo, pero me da la
impresión de que conocer las andanzas del General Rodríguez Galindo no
les va a producir ningún rubor.

Considero que hay un hecho falaz en su intervención al decir que los
servicios de inteligencia internacionales van a verse sometidos a una
información sobre España que pondría bajo cuestión los propios servicios.

Yo creo que no, estimo que un Estado democrático se refuerza con la luz
y, sobre todo, con la justicia.

Además le recuerdo una actuación que está realizando en este momento el
Gobierno español. El Gobierno español, del cual usted forma parte, ha
solicitado al Gobierno chileno que se haga justicia en el caso de Carmelo
Soria y, sin embargo, la dictadura chilena, el General Pinochet, se
autoamnistió en este caso. El Gobierno español está pidiendo justicia,
incluso está dispuesto a llegar al Tribunal Internacional de La Haya. Da
la impresión, señor Ministro, de que si usted formara parte del Gobierno
chileno no actuaría con la mentalidad que está teniendo el actual
Gobierno español, sino con la de aquellos que no quieren que se haga
justicia en el caso de Carmelo Soria, y esto me parece --y perdóneme la
expresión-- una cierta hipocresía política.

Estamos de acuerdo en que el Estado tiene que defender su seguridad, pero
tiene que hacerlo limitado por el derecho de las personas y por el
control político. Aquí no puede haber impunidad, porque estas
informaciones que están apareciendo estos días, que son estremecedoras,
sobre el secuestro de mendigos y su utilización para pruebas determinadas
--que no sé si serán verdad o no, pero en aquellos papeles que vi en
aquella comparecencia de octubre de 1995, vi aquellas notas de despacho
con nombres que me recordaban los que están apareciendo ahora en los
medios de comunicación sobre la operación Menguele-- ocurrían porque
había una sensación de impunidad. Cuando uno sabe que va a ser controlado
políticamente no actúa de la manera como se hizo en aquella oportunidad.

Me quiero creer, por una parte, lo que publica la prensa, pero, por otra,
no quiero creer la situación que se produjo en 1988 con el secuestro de
los mendigos.

Finalmente, quiero hablarle de una cuestión que ha sido esbozada
anteriormente, el propio Cesid. A nosotros no nos parece asumible que
unos servicios de inteligencia estén en manos absolutamente de militares.

Es como si el FBI y la CIA fueran una misma cosa dirigida desde el
Pentágono. En Europa indudablemente la defensa tiene que tener sus
propios instrumentos de información y seguridad, pero que lo militar se
ocupe incluso de la información interna, a nuestro juicio no es asumible.

Eso no ocurre en países europeos y confiamos en que ese proyecto de ley
de funcionamiento del Cesid ponga por lo menos las cosas en claro y
supere esta anomalía, porque no podemos estar bajo tutela militar en un
aspecto tan importante como es el de la inteligencia y la
contrainteligencia.

Termino, señor Presidente, diciendo que se ha argumentado que se le han
dado a ETA armas suficientes. El



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tema de ETA tiene su propia sanción social. La policía los persigue y los
etarras están encarcelados. Aquí estamos hablando de una cosa muy
concreta, que es el tema GAL. Quizás la sensibilidad que podamos tener en
Euskadi sea distinta a la que puedan tener ustedes en el Ministerio de
Defensa. Indudablemente nosotros tenemos una hipersensibilidad, porque
para combatir el fenómeno terrorista tenemos que ir con la argumentación
moral de que estamos en un Estado de Derecho con todas las consecuencias,
que quien la hace la paga y que el Gobierno colaborará con la justicia a
la hora de esclarecer los hechos.

Reiterar aquello que dijo José María Aznar en su libro La Segunda
Transición, cuando al finalizar decía que quería manifestar su convicción
de que nuestra sociedad necesita una recuperación del genuino valor de la
justicia, que no puede subordinarse a intereses políticos, económicos, ni
incluso a la llamada razón de Estado. Usted en su intervención ha apelado
a la razón de Estado e, indudablemente, ha enmendado la plana al
Presidente del Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal.




El señor NADAL I MALE: Era inevitable en esta comparecencia del señor
Ministro de Defensa la aparición de diversos argumentos relacionados con
el Cesid, con su presencia y --permítanme los Diputados del Partido
Popular que lo recuerde-- con la historia reciente de este Parlamento.

Lógicamente, ha aparecido un primer tema, que es el constitucional. Creía
que el tratamiento del tema constitucional desde esta Cámara se daría en
los estrictos términos de la propia Constitución. Cuando la Constitución
establece la creación del Estado, la creación de los órganos que tienen
que regir el Estado, regula también aquellos aparatos del Estado que
tienen que tener regulación propia.

No obstante, me han sorprendido, aunque no tanto como consecuencia de las
últimas declaraciones existentes, las diferentes interpretaciones que,
hoy por hoy, parecen darse al pacto que dio lugar a la Constitución; las
diferentes interpretaciones que hoy quieren darse a lo que, a mediados de
1975, constituían las distintas propuestas que las fuerzas políticas
realizaban, la ruptura o la reforma, que significaron movimientos entre
las propias fuerzas políticas que dieron lugar al fin de la dictadura.

En aquel momento hubo muchas personas que esgrimíamos la necesidad de la
ruptura y otros que habían tomado la decisión de transportar la situación
anterior a una situación democrática. De hecho, todos aceptamos como
causa común un principio, que era la formalización de la Constitución
española.

Lo que no pudo ser en su momento es que, como consecuencia de los
desgraciados acontecimientos del 23 de febrero, como ha recordado el
señor Ministro, hubiera un intento de desvirtuar la Constitución Española
mediante lo que una Ley como la Loapa planteaba. Algunos grupos nos
opusimos a lo que se conocía como loapización y llegamos hasta el
Tribunal Constitucional porque entendíamos que se estaba rompiendo el
espíritu constitucional.

Lo que ocurre es que ahora, desde otra perspectiva, se intenta romper el
contexto constitucional y esto no es prudente. Me atrevería a decir que
es malo especialmente para aquellos que propugnábamos la ruptura, no para
los que propugnaban la reforma, porque quizás aquéllos fuimos los que más
esfuerzo tuvimos que hacer para aceptar los principios constitucionales.

Y cuando aceptamos la Constitución de una forma global o reflexiva,
admitimos la existencia de un Estado que todos denominábamos moderno,
progresista, un Estado social, y al amparo del Estado social se plantean
reclamaciones de bienestar; al amparo del Estado moderno estamos
planteando nociones de competitividad, pero también al amparo de estas
cuestiones hablábamos de Europa y de la necesidad de la integración de
España en el contexto de los países europeos. Lógicamente, la aceptación
de la Constitución, la integración en los diferentes elementos europeos,
como el señor Ministro ha definido de la aldea global, suponía la
aceptación de determinadas servidumbres del Estado que en aquel momento
no eran previsibles o, quizás por la ilusión del Estado que se sugería,
nadie quiso reconocer como eventualidades futuras. Aquellos que, más o
menos, habíamos tenido la oportunidad de estudiar Derecho político
sabíamos de la existencia de las servidumbres de cualquier Estado
moderno, y sabíamos que tarde o temprano aparecerían. Lo que quizás
hubiera sido prudente es que estas servidumbres que aparecían dentro del
Estado hubieran sido tratadas con más diligencia por los grupos
parlamentarios, previendo justamente las apariciones de estos temas. Hoy
nos encontramos con una Ley de Secretos Oficiales obsoleta, que debe ser
reformada. Este es el segundo punto: la reforma de la Ley de Secretos
Oficiales. Pues bien, aquellos que, con una interpretación u otra,
aceptamos la Constitución, no podemos romper el pacto constitucional
diciendo, simplemente, que hay servidumbres en el Estado cuando tenemos
en nuestras manos, al amparo de la propia Constitución y de los elementos
del Estado, como puede ser este Parlamento, la creación de una nueva Ley
de Secretos Oficiales.

No obstante, señor Ministro --y créame que lo defiendo en casi todo--, le
voy a hacer un pequeño reproche que tiene que ser objeto de análisis por
la propia clase política, porque, si no, dentro de cuatro días volveremos
a estar con las mismas cuestiones. Usted ha dicho: A partir del momento
en que se ha decretado el secreto de los papeles del Cesid, hemos notado
que diferentes gobiernos de otros países nos han vuelto a proporcionar
información. Señor Ministro, esto no es así. Esto ha sucedido a partir
del momento en que el Partido Popular cambia de actitud política, y lo
siento por el Partido Popular. Sepan ustedes que nosotros estamos dando
soporte a una gobernabilidad del Partido Popular, pero es que la actitud
del Partido Popular en la pasada legislatura dio a entender a los
gobiernos de otras naciones que el Cesid o los secretos de Estado iban a
estar a disposición de todas las emisoras de radio. Me parece muy bien
que el Partido Popular haya cambiado; bueno es que se cambie y bueno
sería que los demás no le reprocháramos



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que haya cambiado. Pero bueno es también que empecemos a reconocer las
cosas y que empecemos a reconocer aquellas cosas que son importantes,
sean tratadas con la importancia que se les da.

Señor Ministro, no es porque usted haya propuesto la no desclasificación
de los papeles del Cesid por lo que regresa la información secreta al
Estado español. Es porque el Partido Popular ha cambiado. Saludemos
positivamente este cambio, y quizá saludemos más que un independiente
haya hecho entrar en razón al Partido Popular.

¿Qué vamos a hacer ahora con el Cesid, señor Ministro? El Cesid no es
tanto una responsabilidad suya ni del Vicepresidente del Gobierno, sino
de todo el Estado y de quien conforma las directrices del Estado, que es
el Partido Popular. Propónganos usted una reforma del Cesid. Quizá sería
prudente que, como en otros países modernos, el Cesid no estuviera
absolutamente, como lo estaba hasta ahora, en manos de los militares.

Sería prudente que todo se conformara un poco a la modernidad de la que
hablábamos cuando aprobamos la Constitución.

Finalmente, señor Presidente, quisiera decir una cosa. Como continuemos
hablando de los papeles del Cesid --y con esto acabo--, con la falta de
rigor con la que muchas veces estamos hablando, haremos bueno lo que ha
dicho hoy una emisora de radio: que, en lugar de papeles, eran recetas de
cocina. Puede ser que los papeles del Cesid estén cambiados, manipulados.

Puede ser que los que se hayan recuperado, como consecuencia de la
«distracción» --entre comillas-- que se produjo, no tengan los visos de
realismo. Todo esto puede ser. Pero sería prudente que dijéramos que los
papeles que entren en el Cesid o en los servicios secretos del Estado, a
partir de ahora, serán todos buenos. Y quizás, lo que sería prudente,
señor Ministro, es que sí informara a la Cámara de quién tiene los
papeles del Cesid que no han regresado a los archivos oficiales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.




El señor MOYA MILANES: Señor Ministro, la posición del Grupo Socialista
en esta materia de desclasificación de papeles del Cesid es sobradamente
conocida y guarda plena coherencia con la posición que en su día
mantuvimos como Gobierno, y basta recordar algunos hechos. En primer
lugar, hay que recordar que la negativa del Gobierno socialista a la
desclasificación tenía una justificación política y un respaldo jurídico.

La razón política descansaba --ya se ha dicho por parte de muchos-- en la
necesidad de no poner en riesgo la seguridad nacional, de mantener la
cohesión interna y la eficacia de los servicios de inteligencia y de no
dañar su credibilidad externa frente a otros gobiernos y servicios
extranjeros.

Se dirá: Son razones políticas. Naturalmente que son razones políticas.

¿De qué índole van a ser, si no, las decisiones que toma un Gobierno?
Además, en todo este tema de los documentos, muchos han reconocido que
estábamos en una situación peculiar, cuando menos. Documentos que han
sido devueltos, otros no devueltos, muchos que han podido ser alterados,
otros que han podido ser inventados al amparo del robo. Por tanto, era
una situación muy peculiar en cuanto a la petición de documentos. De lo
que el Gobierno tuvo buen cuidado fue de que una decisión política no se
convirtiera en una decisión arbitraria y, por eso, acudió al Tribunal de
conflictos de jurisdicción, que, en sentencia del 14 de diciembre de
1995, declaró la competencia del Ministro de Defensa para decidir si
entregaba o no los documentos solicitados. Posteriormente, se produce el
cambio de Gobierno y se vuelve a reiterar la petición de
desclasificación. El Gobierno, ya del Partido Popular, solicita un
dictamen del Consejo de Estado, que concluye, entre otras cosas --y cito
literalmente--, que corresponde al Gobierno valorar los intereses en
juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva
interpretación le corresponde en esta materia. Asimismo, advierte dicho
dictamen que la posibilidad de utilización de los documentos a fines
probatorios, en un proceso, puede llevar a su general divulgación, por
exigencias del principio de contradicción y por derivación de la esencia
del juicio.

Se dirá, entonces, que el mantenimiento de ciertos secretos puede
dificultar la investigación de los delitos o de conductas irregulares.

Todos hemos reconocido que a veces se produce una tensión entre seguridad
y justicia. Pero el mismo Fiscal del Estado, en declaraciones recientes,
ha afirmado que la seguridad del Estado puede funcionar como límite en la
colaboración con la justicia. La potestad judicial tiene también sus
límites a la hora del esclarecimiento de conductas irregulares. ¿O no es
acaso un límite en respeto al secreto profesional de los periodistas y a
su derecho de no revelar fuentes de información, o la imposibilidad de
utilizar pruebas obtenidas en un registro ilegal? Lo que ocurre es que
hay limitaciones que dejan correr más ríos de tinta que otras.

Se diría, a la vista de las decisiones de uno y otro Gobierno --antes
Gobierno socialista, ahora Gobierno del Partido Popular--, que da la
impresión de que todo esto ha sido siempre así de claro para todos, y no
es así. Lo fue y lo es para el Partido Socialista, que defiende hoy
exactamente lo que defendió ayer. No lo es para el Partido Popular, que
defiende hoy exactamente lo contrario de lo que defendió ayer. Y es que
tan abrupto ha sido el cambio de posición de su grupo, que no sabemos si
ha escandalizado más éste que el propio tenor de la decisión adoptada.

Todavía resuenan los ecos de tanta bravata, cuando se afirmaban por altos
responsables de su grupo que sería una vergüenza no entregar los papeles
del Cesid o aquellas soflamas del señor Alvarez-Cascos, cuando afirmaba
que la no desclasificación era una trinchera para la defensa de intereses
personales y no de los intereses de la seguridad del Estado. Siempre es
bueno rectificar, sobre todo si es en la dirección adecuada, y nos
congratulamos por ello; pero empieza a encajarles a ustedes aquello de
que sólo aciertan cuando rectifican.

En fin, volvamos al presente. Nuestra enhorabuena al Gobierno por la
decisión adoptada y por su cambio de posición, pero no podemos dejar de
constatar nuestra preocupación por haber exhibido su grupo tanta veleidad
en el manejo de asuntos de tanta sensibilidad.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: El Grupo Parlamentario Popular
quiere agradecer la comparecencia y la presencia aquí del señor Ministro
de Defensa hoy, así como la claridad que ha mantenido en su exposición,
con unos argumentos sin ninguna duda lo más claros, lo más precisos y del
mayor peso político que ha podido dar, y lo que el Grupo Parlamentario
Popular quiere destacar desde el primer momento es que la decisión
adoptada el día 2 de agosto de la no desclasificación de determinados
documentos del Cesid es una decisión colegiada del Gobierno, ninguna
decisión individualizada de ningún Ministro, sino una decisión colegiada
del Gobierno del Partido Popular que, lejos de ningún afán de venganza,
indica un claro sentido de Estado que, con el paso del tiempo, el Grupo
Parlamentario Popular está convencido de que la sociedad española sabrá
valorar en su conjunto, porque es bien cierto que la política de defensa
requiere sobre todo, como dijo el Presidente del Gobierno, José María
Aznar, en su debate de investidura, y el propio Ministro de Defensa en su
primera comparecencia, de grandes dosis de reflexión e inmensas dosis de
prudencia.

Nos hemos olvidado en este momento de hacer una simple pregunta que
cualquiera podemos contestarnos: ¿qué es el Cesid? ¿Qué es lo que el
Gobierno socialista ha transferido al Partido Popular con el Cesid? Son
los servicios de inteligencia de un país democrático, los servicios de
inteligencia que un Gobierno democrático y con toda legitimidad
democrática ha puesto en funcionamiento en un momento determinado de la
historia democrática de España. Por tanto, no hemos hecho, ni ha hecho el
Gobierno anterior, nada que no estuviera dentro de lo que los países de
nuestro entorno disponen en estos momentos. ¿Cuál es su misión? Su misión
es la de recibir información, procesarla y tramitarla adecuadamente.

Por tanto, al margen de las críticas que pueda recibir este Gobierno de
grupos parlamentarios, todo lo que no sea cumplir esta misión será hacer
un mal uso de los servicios de inteligencia del Estado, y no digamos
cuando se entremezcle con el mal uso de los fondos reservados de este
país. Por tanto, es realmente lamentable que no se quiera entender, sobre
todo por el grupo mayoritario de la oposición, que en una transferencia
de Gobierno del Partido Socialista a Gobierno del Partido Popular, no
sólo en el momento de la transferencia, sino en momentos anteriores, se
debería haber tenido la lealtad con España de haber informado realmente
al Gobierno entrante, al mayor partido de la oposición, de en qué
situación concreta se iba a encontrar el Gobierno entrante el Centro
Superior de Información de la Defensa. Eso realmente no es sólo una
deslealtad con el Gobierno entrante, es una deslealtad con España.

Puede que ahora alguien se pregunte cuáles son los motivos por los que el
Gobierno en este momento ha adoptado una decisión concreta. Pues bien, el
Grupo Parlamentario Popular entiende y asume que es responsabilidad
prioritaria del Gobierno velar por la seguridad del Estado y respetar los
imperativos derivados de la defensa nacional. Todo lo demás sería caer en
una actitud irresponsable de un Gobierno comprometido con el futuro y que
no está dispuesto a caer en revanchismos de ningún tipo que a todos
perjudicarían, a pesar de las indignas arengas de algunos ex
Vicepresidentes del Gobierno, que se permiten, custodiados por el
conocimiento de que este Gobierno no va a incumplir con su deber
constitucional, poner en entredicho la actuación del Gobierno en los
momentos actuales, o que no entiende cómo una persona que hoy es líder de
la oposición puede permitirse determinadas licencias a la hora de
enjuiciar determinados acontecimientos de la vida política española. Pues
con todo, señorías, el Grupo Parlamentario Popular valora positivamente
la postura firme del Gobierno de España en estos momentos.

El Ministro de Defensa ha dejado muy claro que la desclasificación de
unos documentos, que al ser fotocopias pueden haber sido alterados, o la
imposibilidad de no desclasificar lo que no se tiene, hubiera afectado no
sólo a nuestra seguridad, a la de España, a la de los muchos funcionarios
que cumplen escrupulosamente con su deber, el de recabar información
dentro y fuera de España, con riesgo de sus propias vidas, y poniéndoles
en peligro por el mero hecho de ser citados, cuando nosotros tenemos muy
claro que el Gobierno no puede admitir ningún tipo de chantaje por
ninguna persona que haya tenido, por mor del Gobierno anterior, las
responsabilidades más importantes dentro del Cesid, persona que pretende
chantajear en este momento no al Gobierno, sino al Estado, con unos
papeles robados, que unos devuelvo, otros no los devuelvo, otros los
manipulo, otros los dejo de manipular... Señorías, ¿por qué dar más
crédito a quien ha incumplido el juramento de secretos oficiales y a
quien ha incumplido sus funciones como funcionario más alto del Cesid y
no creer en este momento las razones realmente esgrimidas por el
Gobierno, razones de Estado, para no desclasificar esos papeles?
Ningún Gobierno serio, señor Ministro, y de eso estamos convencidos,
hubiera transferido a su sucesor tanto fango, sin ninguna duda, pero
ningún Gobierno serio y responsable, por mucho que el cuerpo se lo pida,
comprometería, en torno a esta herencia recibida, la seguridad del Estado
español.

El Grupo Parlamentario Popular que, como muy bien decía el señor
Anasagasti --y repetía frases del Presidente del Gobierno cuando era
líder de la oposición--, dijo que haría todo lo que pudiera ser útil para
el esclarecimiento de los hechos --y no nos cabe la menor duda de que así
lo está haciendo dentro de sus responsabilidades el Presidente del
Gobierno--, respalda la decisión colegiada del Gobierno del Partido
Popular, porque hay una diferencia clarísima entre la decisión adoptada
el 12 de febrero del año 1996 por el Gobierno socialista y la decisión
adoptada por el Gobierno del Partido Popular el día 2 de agosto de 1996:
el Partido Popular, el Gobierno actual, está más legitimado que el
Gobierno anterior, precisamente por no aplicar un afán revanchista en la
decisión que acaba de adoptar, porque ninguno de los papeles ni de las
actuaciones que hay en el Centro Superior de Información de la Defensa
afectan de manera directa a ninguno de los responsables



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del Gobierno actual ni del Partido Popular en este momento en España. De
manera que es perfectamente distinta la actitud adoptada por el Gobierno
en el mes de febrero a la adoptada el 2 de agosto, y entendemos que ello
sin ninguna duda no supone obstrucción alguna a la justicia, teniendo que
dejar muy claro que el Partido Popular y el Gobierno --estamos
convencidos-- no están protegiendo la impunidad en modo alguno. Lo que no
podemos admitir es que ningún espía, repito, chantajee al país entero.

Yo quiero insistir en que es obligación del Gobierno garantizar --y,
repito, lejos de revanchismos-- la debida confidencialidad de aquellos
datos que pudieran comprometer la seguridad del Estado, ciñéndose a la
legalidad vigente en todo momento. Por ello, consideramos que el Gobierno
tiene la obligación de actualizar y modernizar la Ley de Secretos
Oficiales, y que tiene la obligación de modernizar y de actualizar la ley
del Cesid. Los anteproyectos presentados serán debatidos
democráticamente, en una Cámara democrática, y producto del consenso será
lo que, en definitiva, salga después de unos debates a los que, todos
estamos convencidos, asistiremos con todo interés.

Yo termino, señor Presidente. Señorías, señor Ministro, muy difícil la
decisión adoptada, sin ninguna duda; muy costosa, sin ninguna duda, la
decisión, políticamente muy costosa; pero como miembro del Partido
Popular creo que lo fácil, lo cómodo, lo más rentable para el Partido
Popular, lo más rentable políticamente, lo más rentable desde el punto de
vista político y electoral para el Presidente del Gobierno, José María
Aznar, hubiera sido, como usted ha dicho hace un momento, tirar de la
alfombra y que se cayeran todos los muebles que hubiera encima de ella.

Lo más fácil, señor Ministro, hubiera sido hacer lo que nos hubiera
pedido el cuerpo seguramente en estas circunstancias, y permítaseme la
expresión. Lo realmente racional, lo realmente difícil, lo realmente
costoso es haber hecho uso de la razón, es haber hecho uso del sentido
común como el Gobierno ha hecho, no desclasificando unos papeles
originados por el Gobierno anterior, originados por el Gobierno
socialista, y la decisión adoptada por el Presidente Aznar lo que hace,
sin ninguna duda, es consolidarlo como el hombre de Estado que todos
estábamos esperando y que hoy necesita España. En este momento se
materializa una garantía de alternancia política que significa un paso
más en la consolidación democrática de España. El Grupo Parlamentario
Popular, aun conociendo las dolorosas, probablemente, situaciones que
políticamente se puedan producir, está convencido de que ha prevalecido
por encima de toda la razón de España, la razón de la seguridad de los
secretos de nuestro Estado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.

El señor Ministro tiene la palabra para contestar a las distintas
intervenciones.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.

Señorías, todos saben que no soy un experto parlamentario y quizá yo no
me haya explicado bien. Este Gobierno tiene la voluntad, el propósito
absolutamente firme de mantener, respetar y consolidar el Estado de
Derecho. De manera que, señora Lasagabaster, no tenga miedo, no se va a
hacer nada que vaya en contra, no de las reglas generales, de los
derechos humanos concretos de cada español, de los derechos humanos de
los ciudadanos que están aquí representados en la Cámara de la soberanía
popular; ni el más mínimo miedo. Quizá me haya explicado mal.

Después de agradecer todas las intervenciones por el tono y por el fondo,
me gustaría hacer algunas reflexiones al hilo de las mismas. Señor Meyer,
creo que mi interpretación del proceso de transición, como usted ha
dicho, es particularísima y, naturalmente, nada de eso dista de ser
absolutamente opinable, pero hay un par de comentarios que me gustaría
hacer. ¿Qué artículo de la Constitución pone límites a la colaboración de
la justicia? Alguno, directamente, y muchos, indirectamente, porque el
secreto del Estado de Derecho, el secreto de la conquista del Estado de
Derecho es la existencia de unos poderes plurales, separados e
independientes y que, como decía el creador, se compensaran unos a otros.

Todos tienen que estar limitados, unos limitándose a otros y todos bajo
el imperio de la ley, que debe emanar de estas Cámaras. Ese es el
concepto del Estado de Derecho que el Partido Popular, el Gobierno del
Partido Popular quiere no sólo mantener, sino acentuar y reforzar. El
artículo 20 establece que se regulará por ley el secreto profesional; es
decir, que un compareciente en juicio puede alegar el secreto profesional
para no aportar un elemento de prueba. Hay otros artículos que no están
directamente en la Constitución, pero están en el ordenamiento vigente.

Todos debemos, y el Estado el primero, respetar la independencia de la
justicia y colaborar con ella en todo lo que podamos y mientras la ley no
nos señale un límite; a los médicos les señala un límite, a los notarios
les señala un límite, a los periodistas les señala un límite, un límite
al deber de colaboración con la justicia, y al Estado le señala un
límite: cuando esa colaboración ponga en riesgo la seguridad del Estado
usted debe velar, como se ha repetido hoy, principalmente por la
seguridad del Estado; y eso es lo que ha hecho. No tenemos ni el más
mínimo resquicio de cumplir no sólo la legalidad, sino el respeto a
cualquier exigencia de la Constitución y muy fundamentalmente a la que
está en su apartado prioritario de los derechos fundamentales. De manera
que no hay ningún miedo; ningún miedo a eso.

¿La Constitución es una ruptura? Yo creo que la Constitución no era una
ley de responsabilidades políticas. La Constitución era una nueva página,
a mi modo de ver venturosa, en la historia de España. Lo que hay que ir
es construyendo. Era una página hacia adelante. El Gobierno, como acaba
de decirse --y es verdad, señorías--, tenía que tomar una decisión
difícil, una decisión difícil e impopular, una decisión que, además de
ser legal, porque era no sólo su obligación sino su derecho a tomarla,
era una decisión en la que tenía más legitimidad que ninguno porque no
había ninguna, ni imaginaria, posibilidad de conexión de otros intereses
más que la seguridad del Estado y, además, era una decisión que aseguraba
que, para mejorar, que



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es lo que quiere hacer el Partido Popular y el Gobierno del Partido
Popular, para mejorar sustancialmente lo que hay no empezamos olvidando
el pasado. Había que tomar una decisión costosa, una decisión difícil y
costosa. Al haberse hecho, creo que es justo reconocer la generosidad en
la decisión, y creo que, si se coincide en que se ha tomado una decisión
de Estado, es para que nos felicitemos todos, señorías. Pero, repito,
señor Meyer, los que cometan delitos es la voluntad del Gobierno que
comparezcan ante la justicia, es voluntad del Gobierno que sufran los
castigos y las sanciones que impone la legislación penal, y eso no obsta
un ápice la desclasificación de los papeles del Cesid. He dicho y repito,
los jueces tienen unos supuestos de hecho, unos elementos de prueba y una
legislación a aplicar y es lo que tienen que hacer, y el Gobierno tendrá
mucho cuidado en mantenerse al margen y respetar absolutamente la
independencia del poder judicial. No quiere impunidad, lo he dicho varias
veces. No hay nada impune; el Gobierno del Partido Popular no quiere
esferas de impunidad. En algún caso excepcional tiene la obligación de
modular la utilización de unos elementos probatorios.

Se ha dicho varias veces: ¿quién controla los servicios de información
del Centro Superior de Información de la Defensa? Es verdad que está en
la órbita competencial del Ministerio de Defensa, y que estará donde el
Gobierno y, en definitiva, el Parlamento estimen oportuno; pero no se
diga, porque no es cierto, que hay tutela militar, no se diga. En ese,
digamos no bien recibido por algunos sectores, anteproyecto de ley de
secretos oficiales se suprime la capacidad de clasificar para la Junta de
Jefes de Estado Mayor, porque todo en el sistema actual español, todo, la
política interior y exterior del Estado la dirige el Gobierno, y el
estamento militar es un instrumento, a mi juicio, señorías, muy
respetable, pero es un instrumento; no tiene ningún ámbito de poder, ni
el Cesid, ni ninguno. El Cesid, como los jefes de Estado Mayor, dependen
del Ministro de Defensa, que depende del Gobierno, cuyo Presidente ha
sido nombrado por estas Cámaras. De manera que en eso cualquier digresión
creo que es perturbadora.

¿Pasar página? Nada de pasar página? ¿Ha visto alguien que en alguna
acción se haya pasado página con la justicia? En absoluto, que la
justicia siga. Supone el Gobierno, supone este Ministro, que, cuando la
justicia ha abierto unos procedimientos sumariales, tendrá elementos de
pruebas, no lo dudamos. Lo único que decimos es: En esto no podemos,
aunque quisiéramos, no podemos, porque nuestra obligación es defender,
repito por tercera vez, principalmente la seguridad del Estado. En todo
lo demás, absoluta libertad para el campo de acción de la justicia, nada
de encubrir y nadie a quien encubrir.

Agradezco al señor Rodríguez Sánchez su alocución. De verdad, creo que no
hay contradicción, hay conjugación de dos principios. Por eso es por lo
que le he dicho que la decisión no era fácil. Había que conjugar dos
principios esenciales en el Estado de Derecho, y eso es lo que ha
intentado el Gobierno, dando la solución que estimaba más respetuosa con
el Estado de Derecho.

No vale todo, dice el señor Rodríguez Sánchez. Naturalmente que no. El
orden de valores lo da la Constitución y este Gobierno del Partido
Popular va a respetar el orden de valores que dice la Constitución que,
estoy seguro, es el mismo para todos. En todo caso, el fin no justifica
los medios y no hay ningún valor superior a una vida humana. Así,
señoría, se lo ha hecho saber el Gobierno a los responsables de los
servicios.

Se ha dicho varias veces quién debe comparecer. Yo comparezco
gustosamente. Sé que no tengo brillantez parlamentaria, pero intento
expresar mis sentimientos los más francamente que puedo. La decisión fue
colegiada, no se puede pensar que es la de un Ministro. Por otra parte,
señorías, diré mi última propuesta al Presidente del Gobierno, no en
Consejo. Se ha hablado de si en las deliberaciones se dijo que sí o se
dijo que no. Señorías, eso, como bien saben, es secreto y es obligación
de este Ministro guardar ese secreto; pero, fuera de Consejo, este
Ministro dijo que acataba la decisión que tomara el Gobierno, con
independencia de su propuesta. La decisión fue difícil, pero decisión
colegiada y, como contesté a la salida, fue una decisión sin fisuras.

He debido explicarme mal. Para mí, la seguridad del Estado es un ente
abstracto que se compone de seguridades muy concretas, que son las de
cada uno. Si alguna vez alguien se ha sentido inseguro por la actuación
de los servicios de inteligencia, que no se sientan así, porque no van a
dar motivo para ninguna inseguridad. Ese es, lo he dicho dos veces, el
propósito y la voluntad decidida del Gobierno. Debo decir, en honor a la
verdad, que, donde ha habido víctimas, y no se sabe, es dentro de los
servicios secretos; no una ni dos, ha habido víctimas y ésas trabajan,
sin duda, por la seguridad del Estado, no por razón de Estado, señor
Anasagasti. Creo que en toda mi alocución no he hecho ni una sola vez
referencia al concepto de Maquiavelo de la razón de Estado, pero la
seguridad del Estado, como bien dice la señora Lasagabaster, es la
conjunción de la totalidad de las seguridades individuales.

Se pide alguna prueba. No sólo consta en la respuesta que ha dado el
Gobierno, también en los medios de comunicación. Esas cintas de las que
se habla, señoría, no existen. Me preocupa si hacen o no referencia a
algo concreto. No existen; ni el director del Centro, ni este Ministerio,
ni el Gobierno han podido ver si afectaban o no a la seguridad del
Estado, porque no existen en el Centro. Otra cosa sería, como se ha
explicado, si, de haber existido, hubieran salido o no hubieran salido
nunca. Lo que hoy podemos decir honradamente es que no existen ni hay
constancia de que haya existido nunca esa transcripción.

Ha hecho referencia a otra operación respecto a la que también ha
contestado el Ministerio de Defensa. No existe ningún documento que haga
referencia a esa operación llamada Menguele; no existe. A pesar de eso,
he dado orden de que se haga una investigación extradocumental por si
hubiera algún rastro de cualquier tipo. No existe y de nada está más
lejos este Gobierno que de propiciar operaciones tan horrorosas como las
del tipo de ésa que se ha descrito en algún medio de comunicación.

Agradezco al señor Nadal su intervención, su tono y sus observaciones.

Creo que ha dicho que coincide en casi todo. También lo ha dicho el señor
Mardones, a quien se lo



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agradezco menos porque es tan experto en cuestiones de defensa y de
seguridad que estoy seguro de que le salen motu proprio.

Sí quiero agradecer las referencias de los dos a la conveniencia de una
nueva ley de secretos oficiales y de una nueva ley del Cesid. Es verdad
ese peligro, del que habla el señor Mardones, de concentración de riesgo.

Una de las novedades que incorpora ese anteproyecto de ley, que se ha
remitido por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial, consiste
en escalonar los grados de clasificación de documentos, alto secreto,
secreto reservado, y distribuir las competencias, jerárquicamente, por
supuesto, de quienes puedan hacer la clasificación con los efectos
correspondientes en cada uno de los casos. Es verdad que la
reglamentación actual proviene de una ley preconstitucional y pensamos
que es bueno elaborar una nueva ley. Por eso, al Gobierno, también en el
mes de agosto, le dio tiempo a preparar ese anteproyecto que esperemos
que, con las modulaciones oportunas, pueda ver la luz, porque entendemos
que debe haber una nueva regulación de esta materia más transparente y
eficaz. Otra novedad que incorpora es la supresión de la Junta de Jefes
de Estado Mayor como entidad capaz de calificar materias reservadas.

Respecto a la sustracción de documentos, señor Mardones, ya hemos hablado
y no hay que decir que se están adoptando todas las medidas para que eso
no pueda producirse. No se preocupe porque se allegue o no información;
hay información esporádica y hay mucha información periódica. Habíamos
notado un cierto retraso en la llegada de ésta, que se desatascó al
producirse la decisión, pero creo que no ha habido ningún bache,
simplemente, digamos, una prudente espera en esa llegada de información.

Decía al señor Nadal que creo que tiene razón al proponer la reforma de
los servicios de inteligencia. No estará ni está, repito, en manos de
militares. Luego, pregunta quién tiene esos documentos que han
desaparecido. Sólo podemos decir dos cosas: una, no los tenemos nosotros,
no los tiene el Estado y, dos, es una materia que está sub iudice. De
manera que no me parece oportuno sino respetar, una vez más, la actuación
de la justicia.

Ha hecho alguna referencia a la Loapa que no creo que sea para responder
aquí.

Señor Anasagasti, también quiero agradecerle, después de mucho tiempo de
no vernos en alguna reunión del Incipe, las palabras que ha tenido hacia
este Ministro, pero le aseguro, señor Anasagasti, que no hay ningún
protagonismo. Repito que ha sido una decisión colegiada del Gobierno.

Ha citado usted algunas declaraciones del Presidente Aznar, antes de
llegar a la Presidencia del Gobierno, que me han sorprendido porque son
absolutamente vigentes. Este Gobierno no permitirá que nadie se
enriquezca al amparo de fondos reservados. A mi juicio, los fondos
reservados son una cantidad de dinero que se da para que se pueda
utilizar discretamente, reservadamente, para unos fines determinados,
entre los cuales nunca está el enriquecimiento de nadie. Y eso --yo no lo
sabía-- que dijo el Presidente Aznar aquí, señor Anasagasti, lo
mantenemos al 100 por cien.

Colaborar con la justicia, lo mantenemos al 100 por cien y lo he dicho me
parece que ya demasiadas veces. He dicho que sólo hay un límite que nos
impone la Ley y es en ese caso cuando no podríamos colaborar, pero en
todo lo demás, cuando la Ley no nos lo impida, queremos colaborar.

La sospecha de que fuera en agosto, quiero decirle otra vez que son
decisiones colegiadas. El Gobierno lleva poco tiempo en el poder y le
aseguro esa voluntad que hemos tenido de cuanto antes hacer una nueva
legislación de secretos oficiales y del Cesid; era prácticamente
imposible sacarla antes. La hemos sacado en agosto quedándonos sin
vacaciones. No era por coger con la guardia baja a nadie, entre otras
cosas porque hubiera sido una pretensión estúpida y a la vista están los
resultados. No se ha producido ningún efecto derivado de una hipotética
guardia baja por parte del Parlamento.

En definitiva, yo comprendo muy bien y entiendo perfectamente. Ha dicho
usted, señoría, la palabra hipersensibilidad y menos que usted pero la he
vivido en algún momento. Entiendo esa hipersensibilidad, pero vamos a ver
si situamos en el contexto el problema.

Aquí ha habido un partido de fútbol y ha habido --hablando vulgarmente y
si se me permite-- mucha leña. Es propósito del árbitro nuevo que no se
vuelva a dar leña, pero no se diga que se suprima el campo de fútbol.

Vamos a mantener el campo de fútbol. Si hay que hacer algunas
modificaciones se harán, y el Gobierno del Partido Popular tiene el
propósito de que actúe con limpieza absoluta cualquier servicio
dependiente del Estado. Encarar el futuro, señor Anasagasti, con la casa
limpia. Eso es lo que con toda modestia pero con toda firmeza estamos
intentando hacer.

Al final, las intervenciones de los representantes del Partido Socialista
y del Partido Popular han coincidido en el respaldo a la decisión del
Gobierno. Lo entiendo y lo agradezco en todo lo que vale. Creo que en un
caso vale más que en el otro, porque la decisión --lo hemos dicho muchas
veces-- era dolorosa y se ha hecho.

Como he dicho antes, y con esto termino, señorías, con esto termino,
Presidente, pienso que ha sido una decisión difícil, poco popular, que ha
hecho un Gobierno recién llegado al poder y que estoy seguro que marca
una línea capital de distinción entre el pasado y el futuro. Creo que es
una decisión, señorías, que ha tomado el Gobierno de forma colegiada y
personalmente puedo decir que me siento orgulloso de pertenecer a un
Gobierno que toma decisiones por el bien general sin tener en
consideración intereses particulares.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

¿Algún Grupo desea hacer uso de un turno de réplica? (Pausa.)
Ruego, señor Meyer, que sea con toda brevedad y un máximo de tres
minutos.

Tiene la palabra, señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor Presidente.




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No esperaba menos de su intervención. Sinceramente estaba seguro de que
no íbamos a poder convencer desde esta Comisión para que el próximo
Consejo de Ministros desclasificara esos papeles.

Yo, por lo menos, personalmente, salgo de aquí algo roto, porque ha
tenido que pasar algo, ha pasado algo sin duda importante, para que el
señor portavoz del PP apareciera en su intervención como si fuera el
portavoz del Partido Socialista de la V legislatura. Daba esa impresión.

Yo creo que lo que ha ocurrido es que hay una decisión política, y no me
lo ha aclarado usted, lo digo tal como lo siento, de pasar página,
porque, utilizando una expresión dura --que no la he dicho yo--,
efectivamente aquí se ha dicho que este Gobierno ha recibido mucho fango
del anterior, y con el fango no se puede convivir. Ustedes han tomado la
decisión política de convivir con ese fango. No sé a qué se refería en su
intervención --son palabras muy duras--, pero, si por fango se refiere a
que estamos hablando de conocimientos de delitos graves, la
responsabilidad, de acuerdo con el espíritu constitucional, es no
solamente no convivir con esos delitos, sino intentar ponerlos en manos
de la justicia para depurar todas y cada una de las responsabilidades.

Desde mi punto de vista, el 2 de agosto se decidió algo muy grave como es
pasar página, convivir con ese fango. Por parte del Grupo de Izquierda
Unida (Convocatoria por Andalucía) vamos a hacer lo imposible para que
ningún aparato del Estado pueda encubrir, menos participar, en ningún
tipo de delito. Como así ha ocurrido, nuestra posición es clara, nítida y
firme en el sentido de que todos los servidores del Estado tienen que
ponerse al servicio de la Justicia para esclarecer delitos gravísimos
como tortura, detención ilegal y asesinato. Si no es así, parte del
espíritu constitucional se rompe con esa decisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sólo intervengo para repetir las mismas
palabras del señor Meyer. A mí me da la sensación, quizá sea una ingenua
política, de que esto es un pacto total y absoluto. Aquí hay mucho fango,
se deja mucho fango, pero parece que vamos a seguir con el fango. Y a mí
sinceramente no me gusta vivir en el fango. En este sentido, o se limpia
el fango o es imposible la convivencia.

En segundo lugar, señalaría que si por principio cualquier documento que
afecte a los servicios de información o los servicios secretos, como
quieran llamarse, por principio afectan a la seguridad del Estado y por
principio no se pueden desclasificar, eso significa que todo lo que esté
dentro de esas actuaciones, sea lícito o ilícito, no se va a saber nunca.

Eso es lo que me produce miedo. Como no sé lo que puede pasar en el
futuro, ni esta intervención ni futuras intervenciones me quitan el
miedo, salvo que cambien de actuación política y permitan que la justicia
consiga determinar las responsabilidades y condenar, si tiene que
hacerlo, a quien las haya realizado.

Yo no voy a un tribunal como abogado de ninguna persona que haya sido
procesada y digo que hay que mirar al futuro o que esto es revanchismo y
que no le condenen. Yo tengo que colaborar con la justicia, tienen que
colaborar los testigos y todas las personas. Sólo así podrá determinar el
juez lo que considere oportuno. Esto es lo mismo para el caso de una
persona que haya sido detenida, condenada o procesada por robar que en
los casos todavía mucho más graves de los que estamos hablando.




El señor PRESIDENTE: Señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Atendiendo a su amable invitación de la
brevedad, no voy a entrar... (El señor Rodríguez Sánchez: Yo había pedido
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Rodríguez Sánchez, no le había visto y
no me habían dicho que había pedido la palabra.

Perdón, señor Anasagasti. Tiene primero la palabra el señor Rodríguez y
después S. S.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente, señor Presidente.

Nosotros estamos perplejos y preocupados por tres motivos. Podemos
entender que un gobierno actúe de la manera que le parezca oportuna, pero
no podemos entender que no se nos den las claves políticas. Y si no se
nos dan las claves políticas, solamente una autoafirmación, un criterio
de responsabilidad, pensamos que es por miedo, por censura o por
complicidad. Al gusto del consumidor. Usted nos dio en clave alegórica
una interpretación, pero la clave alegórica cada uno la interpreta a su
gusto.

Que le quede claro que dentro de los límites de nuestro esfuerzo haremos
todo lo posible para que el contexto democrático merezca el nombre de tal
y para que se respeten todas las ideologías políticas, incluidas aquellas
que están trabajando para que se reconozca de hecho y de derecho la
pluralidad nacional del Estado español.




El señor PRESIDENTE: Señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: No voy a entrar en el fondo de su
intervención, señor Ministro, simplemente ha habido un detalle que me ha
llamado la atención. Cuando usted dice que indudablemente el Cesid lo
dirige el Gobierno, que los servicios de inteligencia los dirige el
Gobierno, yo tengo que recordar una cosa: el Vicepresidente del Gobierno,
Narcis Serra, y el Ministro de Defensa, Julián García Vargas, dimitieron
por el asunto del Cesid. ¿Por qué? Teóricamente se nos dijo en su día que
porque se había quebrado la lealtad de unos responsables del Cesid. Es
decir, no se enteraron ni de las escuchas ni de las acciones del Cesid y
tuvieron que dimitir. En mi argumentación sobre que el Cesid era una
organización militar, dirigida por militares, usted dice: es la
responsabilidad del Gobierno. De acuerdo, ojalá, me felicito de que usted
controle en este momento el Cesid, pero le recuerdo que el Vicepresidente
del Gobierno y el Ministro de Defensa dimitieron porque no controlaron el
Cesid.




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El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señorías, agradezco sus
intervenciones. Estoy convencido de lo correcto de mi posición, entiendo
sus razones, pero desde luego no voy a proponer la desclasificación en la
próxima sesión del Consejo de Ministros. También el miedo, la perplejidad
y la preocupación son libres. Es voluntad de este Gobierno que no exista
motivo alguno de miedo ni de preocupación para los ciudadanos más que los
que la vida cotidiana depare, pero ninguno emanado del Gobierno. En todo
caso, tanto el miedo como la preocupación son libres, señorías.

Al señor Anasagasti sí le quiero decir una cosa, no es tanto el Cesid o
no Cesid. Trabajé años en el Ministerio de Defensa y he vuelto ahora, y
he trabajado en muchos sitios, empresas públicas y empresas privadas; en
pocos sitios me he sentido tan confortado como en el Ministerio de
Defensa. Cuando se tienen responsabilidades amplias --y el señor
Anasagasti lo sabe perfectamente-- siempre puede haber un garbanzo negro.

Yo recuerdo el caso de un canciller de la República Federal Alemana que
se marchó porque su secretario particular era convicto de espionaje y
asumió la responsabilidad política. A mí eso me parece un gesto de
elegancia. Pretender que el máximo responsable de una organización de
mediano tamaño pudiera controlar cada una de todas las teclas que forman
el sustrato no deja de ser una mentira piadosa. Lo que hay que hacer, a
mi juicio, es asumir la responsabilidad política y en ese caso que cita
el señor Anasagasti se hizo. Pero el garbanzo negro puede tener uniforme,
puede no tenerlo, y en mi experiencia es mucho más fácil que no tenga
uniforme. Y eso no es del carácter militar, no tiene carácter militar. Le
daré al señor Anasagasti los datos de la cantidad de civiles. Hemos
anunciado que en la última reorganización de la cabeza del Cesid, por
primera vez, no sólo hay civiles, hay una mujer. El Cesid no es una
organización militar. Está adscrito al Ministerio de Defensa como está
adscrita la Secretaría de Estado o la Subsecretaría; no es una
organización militar. Hemos puesto al frente del Cesid a un teniente
general porque nos ha parecido que era la persona más adecuada para
llevar ese instituto, como se podía haber puesto perfectamente a un
civil.

Yo creo que hay tres ámbitos, y tendrán ocasión de debatirlo SS. SS.

cuando vengan las leyes de secretos oficiales y del Cesid: lo militar, la
defensa y la seguridad nacional. Son tres ámbitos, cada uno comprende el
anterior pero no se agota en el mismo. La política de defensa, que
incluye la política militar, está desde hace mucho tiempo bajo absoluto
control y dirección del Ministro de Defensa y, por tanto, del Gobierno y,
por tanto, nada más lejos que ser un poder autónomo. Segundo, el
Ministerio de Defensa tiene un ámbito que es lo militar, pero que rebasa
lo militar. Tercero, la seguridad nacional tiene un ámbito que rebasa la
defensa. Cada vez más, señorías, la seguridad nacional está viéndose en
riesgo por razones económicas, por razones tecnológicas, por temas de
narcotráfico, y entonces hay países más ricos que suelen tener más de un
servicio de inteligencia, y unos hacen interior y otros exterior, otros
el interior lo dividen, otros tienen uno puramente militar. La decisión
que existe hoy en España, y que naturalmente puede cambiarse, es que el
Centro de Información de la Defensa se ocupa de la inteligencia del
Estado.

Esa es la decisión que ha estado vigente hasta ahora mismo, y lo estará
hasta que se apruebe una nueva ley. Pero no hay por qué entender que si
está bajo Defensa, está bajo militar; es una organización civil en la que
trabajan civiles y militares, hombres y mujeres.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




--INFORMAR SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL SECTOR EMPRESARIAL Y LAS NOTICIAS
APARECIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACION EN LOS ULTIMOS DIAS. A PETICION
PROPIA. (Número de expediente 214/000021.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto cuarto y último del orden del
día, que es comparecencia, a petición propia del Ministro de Defensa ante
la Comisión, para informar sobre sus actividades en el sector empresarial
y las noticias aparecidas en medios de comunicación en los últimos días.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señorías, entre otras razones, por abusar de su tiempo.

Comparezco a petición propia para este asunto de las informaciones
aparecidas en algún medio de comunicación la semana pasada, porque creo,
y cree el Gobierno, que también aquí se puede mejorar y podemos dar
ejemplo de transparencia y de inmediatez. Inmediatamente después de
saltar la información he estado presente en cuantos medios de información
he podido para desmentir en lo que hubiera que desmentir esa noticia. Así
lo hice y no quería que pasaran más días sin que estuviera aclarado ante
los representantes de la soberanía nacional cuál ha sido la verdad de
esas informaciones aparecidas y que ponían en tela de juicio algo que
para quien les habla es el más importante patrimonio, que es la
honorabilidad, el honor y el prestigio.

El lunes apareció una información relacionada con el caso Roldán, en la
que se decía que una empresa que yo presidí durante un tiempo había
efectuado pagos a esa trama del caso Roldán y que yo tenía una amistad
íntima con el señor Roldán; también se mezclaba --al día siguiente
aparecía-- a Urralburu, se decía que esa empresa había efectuado pagos a
esa trama de Urralburu.

Quiero, señorías, contarles muy brevemente cuáles son los hechos; muy
brevemente, con mucha concisión, pero con muchísima claridad. Yo me voy a
petición propia en julio de 1987 del Ministerio de Defensa y me voy a
trabajar, porque me llama el Teniente General Gutiérrez Mellado, que en
paz descanse, a la Fundación de Ayuda contra la Droga que entonces se
constituía; me pongo allí, en mi calidad



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de director general, a trabajar a tiempo completo. Estoy trabajando
durante el resto de 1987 y durante el año 1988. En el año 1989 me dicen
que hay una empresa constructora muy importante que tiene problemas entre
el accionariado por una OPA hostil, que si quiero contribuir a la
solución de esos problemas. El caso es que digo que sí, pero que yo no
quiero dejar de ninguna manera la Fundación.

Esto me lo pidieron en mayo de 1989 y fui nombrado consejero y
vicepresidente el 2 de junio de 1989. La razón del nombramiento de
vicepresidente es para que pudiera presidir una junta general, que era
donde se iba a dilucidar esa especie de OPA hostil que se formulaba, por
la que constantemente estaban llegando a la compañía requerimientos
notariales y otro tipo de actuaciones que son muy extrañas en el quehacer
normal de una compañía mercantil. Por esa razón de preparación de la
junta y de intentar solventar la OPA hostil, tuvimos consejo los días 7,
21 y 29 de junio de 1989; finalmente, en la junta que se celebró el día
30 --una junta algo intempestiva, con una duración de seis o siete
horas--, se resolvió y favorablemente. Y no hubo más reuniones. Se
terminó, se había ganado el asunto y no hubo más reuniones.

Así las cosas, el 24 de octubre de 1989 salta a los medios de
comunicación, concretamente yo estaba viendo la televisión a las ocho y
media de la tarde en mi casa, una noticia de que esa empresa estaba
involucrada en el entonces llamado pago de las facturas falsas del IVA.

Por tanto, señorías, desde que se terminó la junta general hasta que se
descubrió ese asunto, yo no había estado ni un minuto en esa compañía, en
la que no tenía despacho, naturalmente; se había terminado la junta
general y al minuto siguiente me fui, después fue cuando vi la
información que decía que esa compañía estaba involucrada en estos pagos
de facturas falsas del IVA. Mi actuación entonces fue el día 25, es
decir, lo inmediato. Se había conocido, como luego consta en las
actuaciones judiciales, que para obtener dinero negro se vendía una
factura falsa --por poner un ejemplo, 100 millones de pesetas-- a un
proveedor al que se daban 16 ó 17 para pagar el IVA y tres o cuatro de
comisión y a cambio se obtenía una bolsa de 80, en este ejemplo, de
dinero negro.

La primera actuación que se hizo sin tener facultad ninguna fue ir a la
Delegación de Hacienda de Barcelona y abonar el impuesto correspondiente
con los recargos, atrasos y multas por esas cantidades que se habían
mantenido ocultas al fisco. Se fue a la Delegación de Hacienda y se
pagaron cerca de 300 millones. Eso produce, como se pueden imaginar SS.

SS., un cataclismo en la empresa y me piden que acepte la presidencia.

Aceptar la presidencia para mí --era naturalmente una presidencia no
ejecutiva y repito que yo continuaba en la Fundación como director
general-- significaba coger un puesto siquiera simbólico pero importante
en la sociedad, y exigí como condición que de ninguna manera podían
proseguir esa práctica de fabricación de dinero negro. Así fue entendido
y aceptado y fui nombrado presidente en diciembre de ese año, en
diciembre del año 1989.

Presidí los consejos de ese año 1989 --debió haber ocho o diez
consejos--, y asumí carácter ejecutivo en enero del año 1992.

Exactamente, el 10 de enero del año 1992 fui nombrado presidente
ejecutivo y el 29 de mayo se inscribe en el Registro Mercantil la
delegación de facultades. Pero mucho antes de la delegación de facultades
intento que ese proceso, que, a título de ejemplo, he explicado a SS.

SS., termine. Ese proceso, señorías, como acabo de describir, era la
generación de unos fondos opacos para ulteriores finalidades. A mí me
pareció, siguiendo el dicho popular de muerto el perro acabó la rabia,
que lo mejor era cortar tajantemente esos pagos por facturas falsas. Así
se dio la orden tajante por la Presidencia y así, señorías, consta en los
dos sumarios, que esos pagos que se hacían cesan en el momento de mi
llegada a la compañía, cesan tajantemente. La orden fue tajante. Lo que
dicen las informaciones que yo tengo, que son las del sumario, que ya no
es secreto, es público, y las informaciones judiciales que me han llegado
es que, también ahí, cesan con esa fecha.

Mezclaba, como he dicho antes, la relación con unos personajes, al señor
Urralburu. No le he visto jamás en mi vida, no he hablado con él jamás en
mi vida. Al señor Roldán le he visto en algún acto público de entrega de
despachos, porque hubo un cierto solape entre mi estancia en la
Administración y la suya, en alguna patrona de la Guardia Civil. Jamás
pisó mi despacho y jamás pisé el suyo y jamás he tenido ni la más mínima
relación, ni personal ni profesional, con el señor Roldán.

En las informaciones que aparecen relacionando el caso Urralburu se dice
que las certificaciones de obra terminaron en 1994 y ya bajo mi
presidencia. Naturalmente es verdad y no puede ser de otra manera. Las
certificaciones son los abonos que se hacen conforme se va acreditando la
construcción de la obra pública, de la carretera o de lo que sea. Lo que
se cortó a mi llegada no fueron las certificaciones --hubiera sido el fin
de la empresa--, se cortaron los pagos por comisiones ilícitas. Eso es lo
que se procuró ya digo que de modo tajante.

Ulteriormente con esta semiinvolucración en la compañía se va viendo que
esos fondos que se generan, y empieza a ser voz popular, van destinados a
conseguir la adjudicación de obras públicas de muy distintas
administraciones, lo que se ha llamado, señorías, la financiación
irregular de los partidos políticos. Yo había puesto coto en la medida de
mis fuerzas en mi empresa, pero no me parecía suficiente, y les voy a
decir, si me lo permiten, señorías, por qué no me parecía suficiente.

Yo había pasado muchos años en Defensa haciendo contratos de armamento
muy sustanciosos, muy sustanciosos. Solía decir --era ya casi cláusula de
estilo-- que mi primera obligación por ser el primer civil al frente del
presupuesto de Defensa no era comprar buenos sistemas de armas. Mi
primera obligación era comprar honrada, transparente y limpiamente
sistemas de armas y, si era posible, que fueran los mejores. Pero la
condición prístina, primaria, era que hubiera transparencia. Si yo no me
había enriquecido ni había consentido ningún enriquecimiento en el sector
público, mal entenderán SS. SS. que pudiera consentir que se
enriquecieran otros a costa de mi honor, de mi prestigio o de mi
honradez. Por esta razón se exigió el cede de esa generación y un paso
más, a dónde iba. Y empezó a



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ser vox populi que iba a financiar concesiones irregulares de obras
públicas. Como pueden imaginarse, en estos casos no llega nadie diciendo
un nombre concreto ni relación con nadie; lo que dicen es lo que llaman
en el lenguaje popular los conseguidores. Intenté que esta práctica
cesara. Lo intentaba por razones personales y también por razones de la
empresa. La empresa, desde que había adoptado esa decisión de no
involucrarse en esos pagos, iba perdiendo obras, perdiendo facturación y,
por tanto, perdiendo competitividad. Era, por tanto, del interés de la
empresa que eso cesara con carácter general. Por ello, con discreción, me
dirigí a las autoridades del Gobierno; al poco tiempo --tengo la cita de
un periódico, de 27 de abril de 1991-- yo reconozco que fue Borrell,
entonces Ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, quien convocó a los
constructores, a instancias, no sé si de otros, desde luego mías,
solicitando que se convocara una reunión y se cesara en esa práctica. Era
difícil cesar desde el sector privado, porque entre competidores era más
que probable el peligro de que cesaran unos y otros más desaprensivos
continuaran en ese pago, con lo cual no se iba siempre a conseguir la
limpieza y, por tanto, la única forma era conseguirlo desde la
Administración. Así se convocó la reunión y aquí tengo las fotocopias.

Tiempo después no sólo lo hice ante las administraciones públicas, lo
hice reiteradamente, y les puedo garantizar que tuve disgustos serios
ante el conjunto del sector cuando dije que debían cesar esas prácticas.

Aquí tengo otro titular de periódico, después de una reunión mía, el 19
de mayo de 1994, donde se dice que Eduardo Serra pide firmeza contra la
financiación irregular a los partidos.

Esta es la actuación que ha presidido, no mi paso por esa empresa
constructora importante, sino mi paso por todas las empresas en las que
he estado. Creo --si me permiten SS. SS. hacer un símil militar-- que he
jugado un papel parecido al que las Fuerzas Armadas españolas han jugado
en Bosnia: ir a resolver un problema. A lo mejor después de su llegada
han explotado dos granadas, pero sería excesivo decir que la culpa de la
guerra de Yugoslavia la tienen las Fuerzas Armadas españolas o los casos
azules de la OTAN.

Por tanto, en Cubiertas, antes de Cubiertas y después de Cubiertas,
siempre ha sido ése el leitmotiv de mi vida profesional, repito que
pública y privada. En conclusión, en los dos sumarios que se me imputan
no estoy ni citado, ni referenciado, ni llamado a declarar, ni hecha
acotación al margen. Nada.

Segundo. Tengo aquí las declaraciones del fiscal anticorrupción. Con
posterioridad a unas declaraciones del fiscal del caso, diciendo que
después de trabajar años la justicia no ha encontrado ningún indicio de
involucración, la Fiscalía Anticorrupción dice: No he encontrado ningún
dato que implicara al Ministro de Defensa, Eduardo Serra, con el pago de
comisiones ilegales al ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán.

Fuentes de esa institución aseguran que, a pesar de que la investigación
duró cerca de dos años y que no se dejó ningún cabo por mirar, lo
descubierto en la constructora Cubiertas y MZOV no implicaba en ningún
caso al que entonces era su vicepresidente, Eduardo Serra. Esta,
señorías, es la información del lunes y el martes de un medio de
comunicación, que luego tuvo algún eco en otro. Pero no paró ahí y de
repente, el jueves día 12, el titular de ese medio de comunicación dice:
Serra adjudicó a dedo un proyecto de miles de millones a la empresa que
luego le contrató.

Tengo que decir que esa información es una información muy vieja. Aquí
tengo un ejemplar del diario El Independiente, de fecha 20 de julio de
1991, que es prácticamente idéntico. Dice: Eduardo Serra adjudicó las
obras del refugio a la empresa que hoy preside. Además, el propio medio
que lo ha sacado a colación esta semana lo sacó en 1994, y lo volvió a
sacar cuando fui nombrado Ministro. Entonces decía que había habido
sospechas, pero que nunca pudieron confirmarse. Eso decía el 2 de mayo el
mismo redactor de las anteriores informaciones y, curiosamente, ese mismo
redactor vuelve ahora a decir que Serra adjudicó a dedo un proyecto de
miles de millones a la empresa que luego le contrató.

Según consta en una pregunta que tuvo respuesta escrita en esta Cámara el
18 de octubre de 1991, este programa fue dirigido por el Estado Mayor de
la Defensa; es decir, un organismo que en el organigrama no tenía ninguna
relación conmigo, y la adjudicación la realizó el entonces Prejujem en
1981. De forma que Serra no es el sujeto activo de la adjudicación. Eso
es falso.

¿A quién se adjudicó? ¿Quién era el sujeto pasivo de la adjudicación?
¿Cubiertas? También eso es falso. Como consta aquí, se adjudicó al
Servicio Militar de Construcciones, que en 1981 es seleccionado por
Prejujem para realizar las obras. En aquel entonces, el Servicio Militar
de Construcciones dependía de la Subsecretaría de Defensa, y cuando yo
llegué a Defensa, en 1982, esa Subsecretaría se desdobla y quedan una
Subsecretaría de Defensa y una Subsecretaría de Política de Defensa. El
anterior Subsecretario de Defensa queda como titular de la de Política de
Defensa, a la que se atribuye la dependencia de la Secretaría General
Técnica, organismo de quien a su vez dependía el Servicio Militar de
Construcciones. Y la Subsecretaría de Defensa, que es nueva, de la que se
me nombra titular, no tiene más que la Secretaría General de Asuntos
Económicos, la Intervención General de la Defensa y la Dirección General
de Armamento y Material; por tanto, ninguna conexión, ni colateral, con
el centro de quien dependía el organismo que había sido adjudicatario de
la oferta, que, repito, era el Servicio Militar de Construcciones.

El Servicio Militar de Construcciones --tengo aquí los datos-- hace una
obra de 1.707 millones, para la que, en aquellas materias en que no es
autosuficiente, subcontrata; subcontrata con varias compañías, y resulta
que, en esa subcontrata de una adjudicación hecha por el Prejujem, a
Cubiertas le corresponden 171 millones de pesetas. Debo decir que también
el tercer elemento de la información es rotundamente falso, como son
falsos los dos anteriores.

Es verdad, y lo digo con toda modestia pero con toda firmeza, que en mi
paso por Defensa intenté que no se produjeran disfunciones en la
atribución de los dineros del Departamento, y se veía que había obras,
que eran las de infraestructura, que no tenían ninguna conexión con las
de



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Armamento y Material. Así, por ejemplo, una obra de infraestructura, un
refugio, que podría estar lleno de material electrónico o informático, no
tenía conexión con otra. Entonces, el Real Decreto 135/1984, que
reestructura el Ministerio de Defensa, crea la Dirección General de
Infraestructura, que en 1984 pasa a depender de mí, diciendo en la
exposición de motivos que es para unificar y coordinar la política de
construcciones e instalaciones militares.

En conclusión, para no aburrir a SS. SS., siempre he considerado que era
necesario acabar con algo que estaba esta vez también deteriorando el
crédito de España.

Yo, desde mis primeras salidas al extranjero, había visto que nosotros
teníamos fama de país --como decían-- pobre pero honrado, y estábamos
empezando a perder fama de país honrado, lo que me parecía un desastre.

Los países tercermundistas son mucho menos honrados que los países de
primera línea, y a mí el que España fuera perdiendo puestos en el ranking
me parecía tremendo. Esa línea directriz de toda mi vida, de vivir
siempre de sueldos, mejores o peores --por regla general peores los de
las ocupaciones públicas, mejores los de las empresas privadas--, pero
siempre de sueldos, y la constatación de que con ese estado de situación
tenía que terminar, es lo que me hizo aceptar la invitación del
Presidente Aznar para formar parte del Gobierno, con el propósito de
regenerar la vida pública del país, asumiendo otros costes, y ahora formo
parte del Gobierno al que, como he dicho antes, me siento tan orgulloso
de pertenecer.

Estas eran las explicaciones que yo quería dar de las informaciones
aparecidas.

Perdón por su tiempo, señorías; perdón Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor Presidente, porque no se
pudiera, digamos, de alguna manera interpretar un silencio como una falta
de criterio o de posición.

Por parte de Coalición Canaria comienzo por decirle al señor Ministro que
me parecen convincentes los argumentos que ha dado aquí con esta cuestión
suscitada en unos medios informativos. Solamente a este respecto, dada la
contundencia con que usted ha dicho, señor Ministro, que son falsas las
denuncias, hay dos cuestiones a las que quiero aludir aquí: una, la
personal. Como usted ha dicho, usted tiene un patrimonio, como lo tenemos
todos, que es la honorabilidad, y que pone ahí como defensa del mismo. En
segundo lugar, sobre su cuestión personal íntima de la honorabilidad está
su cargo político actual de Ministro de Defensa, y yo desearía que por
ser un Ministerio de tan específica necesidad de consenso en la política
de Estado, de tal tendencia a tener que actuar en el área del consenso y
fuera de lo que es el debate a veces puramente puntual de temas
concretos, económicos, como pueden tener otros departamentos, sin que sea
cuestión de los mismos, obliga a pensar, señor Ministro, por
declaraciones que usted ha hecho en prensa, que se le hacían estas
imputaciones informativas en razón de no haber desclasificado documentos
del Cesid o que se buscaba una cabeza de turco.

Yo no voy a entrar en la valoración que usted hace sobre ese tema; lo que
sí le digo, señor Ministro, es que, aparte del patrimonio de la
honorabilidad, no sume usted el de la ingenuidad --y me entiende--,
porque no puedo creer que por no desclasificar unos papeles se saquen
estos temas, punto primero. Por tanto, la ingenuidad, en nadie, y menos
en un Ministro de Defensa.

En segundo lugar, si usted ha puesto tanta vehemencia en decir que son
falsas las denuncias, me gustaría que me pudiera informar, señor
Ministro, si está en su ánimo interponer alguna querella al respecto. Si
se hizo algo cuando apareció la nota de prensa que usted ha sacado, no
recuerdo la fecha, pero ha citado el periódico y ha desaparecido El
Independiente; si se hizo algo, repito, aparte de cualquier desmentido,
porque usted ha comenzado diciendo al principio de su exposición que
desde que salió la noticia estaba usted recorriendo emisoras y medios
informativos para hacer esos desmentidos. No voy a entrar en enjuiciar ni
criticar eso --cada uno es libre de trazar la estrategia que considere
pertinente--, pero vuelvo a recordarle que ahí está usted actuando en un
tiempo en que es Ministro de Defensa, por tanto, no volvamos a caer en
ingenuidades, usted razones y fundamentos para la interposición de una
querella, dígame si eso es así.

Que conste, señor Ministro, que, por las razones que voy a exponer ahora,
en el peor de los casos en que yo pudiera hacer un enjuiciamiento de esta
actuación, tiene usted el beneficio de la duda a su favor, y yo se lo
doy. Me consta, además, señor Ministro, el principio de integridad, por
las razones que voy a exponer para que quede constancia, porque no estoy
tirando con pólvora de rey.

He tenido ocasión, en mi vida parlamentaria, de someterle al control
parlamentario desde el año 1993. Me consta, señor Ministro, que en las
comparecencias parlamentarias --y ahí están los «Diarios de Sesiones»
desde los años 1983 a 1987, en que tuvo cargos de responsabilidad en
Defensa-- fue impecable el principio de transparencia. Y me consta por
dos hechos que quiero exponer. En primer lugar, la creación de lo que ha
sido precisamente la Gerencia de la Infraestructura --ayer tuvimos un
debate al respecto para actualizarla-- en el año 1983, a fin de dar
transparencia a la venta de todo el patrimonio inmobiliario, solares,
fincas, etcétera, del Ministerio de Defensa. Eso lleva su sello.

También quiero exponerle, señor Ministro, otro dato: la adjudicación del
contrato del F-18. Tuvimos muchas ocasiones de debatir en esta Cámara los
criterios de transparencia, junto a la calidad o no, de un sistema de
armas, el del F-18, frente al Tornado europeo. Quiero decir que aquello
fue impecable, desde el punto de vista del control parlamentario, y
ningún grupo parlamentario ni nadie ha podido sacar cuestiones que en la
adjudicación de sistemas de defensa de otros países sí se ha hecho.

Leamos los periódicos holandeses, belgas, franceses o italianos y veremos
lo que ha pasado con la implicación de ministros en estas cuestiones.




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Este Diputado que habla, que ha tenido responsabilidad en algo sobre lo
que no puedo extenderme aquí, porque la Comisión Roldán fue secreta,
referente al pago de comisiones y de financiación a partidos políticos a
través de intermediaciones, no ha conocido nada al respecto que ahora
tratamos y ratifico lo que ha dicho aquí, que coincide con la ausencia de
involucración alguna en los dos sumarios que están abiertos. Igualmente
--este caso ya fue público-- la Comisión de Financiación de Partido
Políticos.

Por tanto, le vuelvo a decir, señor Ministro, que en cualquier caso le
otorgo el beneficio de la duda. Lo hago bajo el sentido de
responsabilidad y no solamente por apoyo a la investidura del Presidente
del Gobierno, sino porque en una cuestión tan delicada como la que pueda
referirse al Ministro de Defensa, que tiene competencias en la compra de
sistemas de armas, por la dinámica imperativa de sus presupuestos en
inversiones, en cualquiera de los capítulos de gastos que tiene el
Departamento, es necesario este punto y usted tiene derecho a la
consideración de la honorabilidad. El que ahora, en su fuero interno, en
su derecho propio constitucional y legal, y en la defensa de su
honorabilidad personal le pueda indicar su compromiso con el Gobierno que
a veces la razón política puede obligar a no formular las denuncias
pertinentes; que haga o no uso de estos derechos por su compenetración
con el Gobierno, en la interposición o no de querellas, lo dejo a su
criterio. Yo no voy a entrar a recomendarle que lo haga o lo deje de
hacer; ésa es su responsabilidad personal que no quiero suplir. Pero
quiero decirle que tampoco he venido aquí como garante o avalista de
ningún Ministro; he venido sencillamente a dar testimonio de lo que mi
conciencia y honor me dictan.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal.




El señor NADAL I MALE: Una precisión al hilo de lo anterior. Por el caso
Guillón yo le hubiera pedido la dimisión. Fue el del alemán; Guillón era
un espía al servicio de otro país.

Muchas gracias por la explicación que nos ha dado, señor Ministro. La
verdad es que me reitero en lo que le dije ayer al Presidente de la
Comisión. No acabo de entender estas explicaciones que nos da. Creo que
nos estamos precipitando en explicaciones. Si como consecuencia de este
acto ha quedado más descansado, mejor, porque necesitamos un Ministro
descansado. En todo caso, sepa que para el Grupo Catalán la honorabilidad
de las personas está por encima de muchas cosas. Insisto, si le ha ido
bien este acto, nos invita a comer y acabamos.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer Pleite.




El señor MEYER PLEITE: Finalmente, la comparecencia se ha hecho en
Comisión. Esta comparecencia ha tenido un cierto avatar. En principio se
hablaba de que iba a ser una comparecencia del Grupo Popular; el
Secretario de Estado, don Miguel Angel Rodríguez, indicó que se iba a
celebrar en un Pleno del Congreso y, por fin, ha sido en Comisión.

Tengo que decirle que esta comparecencia, además de ser a petición
propia, Izquierda Unida la solicitó en su momento y, en todo caso, creo
que es lo correcto, es lo que se debe hacer ante un hecho de estas
características, venir a informar en sede parlamentaria, porque usted
está tranquilo y por lo que parece el Presidente del Gobierno también lo
está. No obstante, se trata de que los demás estemos tranquilos
igualmente, y en su exposición lo ha conseguido a medias, desde mi punto
de vista.

En primer lugar, en 1983 --usted lo ha mencionado y es así-- se
contrataron por parte del Estado Mayor unas obras, finalmente fueron unos
subcontratos, a la empresa Cubiertas y MZOV por 171.000 millones de
pesetas, pero usted no podía ser ajeno a ese contrato, y así lo dice en
prensa el coronel don Juan Ramón Abellach, responsable entonces del
Servicio Militar de Construcciones, organismo de defensa, que venía a
decir que cómo no iba a conocer un proyecto de esta magnitud el
Secretario de Estado para la Defensa. Es obvio, es normal
independientemente de cual sea la estructura, el organigrama del
Ministerio.

Pero lo que sí interesa aclarar especialmente, desde el momento en que
usted es Vicepresidente de Cubiertas y MZOV hasta que se le nombra
Presidente con plenos poderes ejecutivos en 1992, por lo que usted ha
manifestado, es que en ese tiempo se dan, en enero de 1989, seis cheques
de 80 millones de pesetas a Roldán y en 1990 cinco cheques de 52 millones
de pesetas también a Roldán.

Por las declaraciones que usted ha manifestado, se hace cargo de esa
empresa, entre otros cometidos, para evitar en lo sucesivo esas
prácticas. Interesa conocer, porque es lo sustancial, si usted, que ya
tenía conocimiento de esas prácticas irregulares que sin duda serían
delitos fiscales en su momento, puso en conocimiento de la justicia
dichos delitos fiscales.

Usted ha hecho declaraciones, no hoy aquí pero sí en prensa, diciendo que
la vía de la financiación era utilizar facturas falsas para dar cobertura
a esos pagos, y admite en unas declaraciones de prensa, que siendo usted
Presidente se utilizaron facturas falsas para encubrir pagos anteriores;
podría hacerle una transcripción literal de una declaración suya. También
choca que no pusiera en manos de la justicia ese chantaje, ese delito sin
duda importante.

Concretando, por la hora y el tema que nos ocupa, no queda claro desde
cuándo sabía que Cubiertas y MZOV estaba pagando comisiones ilegales
antes de ser Presidente, y conviene que se clarifique si usted tenía ese
conocimiento, dicho aquí en sede parlamentaria. Me gustaría saber si
usted puso en conocimiento de la justicia estos delitos graves y, lo más
importante, si usted, siendo Presidente, tuvo conocimiento de que esa
práctica se hubiese seguido haciendo, es decir, la práctica anormal de
esos pagos irregulares. Como este punto no está claro, su comparecencia
no nos tranquiliza.

El Presidente Aznar ha afirmado que, además de estar tranquilo él porque
lo está usted, los tiempos de los escándalos de corrupción no volverán
--ha hecho esa afirmación



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tajante-- y que ya nos encargaremos algunos --según él-- de que no
vuelvan. Es decir, hay una decisión política firme, clara, de que si
detrás de esta información, si después de esta comparecencia, si de las
responsabilidades o de la investigación subsiguiente se demostraran unos
hechos por los que se confirmara que efectivamente ha habido una
actuación suya poco clara (salvando su cuestión de honor, porque en ese
tema yo no soy decimonónico y está claro que no se trata de que a usted
se le acuse de que se haya llevado dinero sino de otro tipo de
responsabilidad, y por eso tiene que estar absolutamente claro el tema),
en el sentido de acabar con esas prácticas irregulares se desprende de
las palabras del Presidente que lo cesaría.

No obstante, señor Ministro, por prudencia del momento y por prudencia
respecto a la información de que disponemos y de la que usted ha dado,
entiendo que lo apropiado sería que usted pusiera el cargo a disposición
del Presidente de Gobierno, y a tiempo está de hacerlo, en el
bienentendido de que, lógicamente, si a partir de esta comparecencia, las
noticias y el procedimiento abierto demostraran claramente una
responsabilidad, pasaríamos de pedirle que pusiera voluntariamente el
cargo a disposición del Presidente de Gobierno a pedir su dimisión. Lo
entendemos así porque creemos que la ética civil, que está muy
deteriorada en esta sociedad, tremendamente deteriorada, necesita de
respuestas ejemplares por parte de todos, y especialmente por parte de
los servidores de la Administración.

Nada más sino señalar que ésa es nuestra posición al día de hoy y que
esperamos que quede en esa posición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.




El señor MOYA MILANES: Señor Ministro, cuando mi Grupo tuvo conocimiento
de las informaciones objeto de esta comparecencia, nuestra posición
política giró inmediatamente en torno a tres ejes básicos: el marco
judicial, que ya entendía de este asunto; las explicaciones aportadas por
usted, y el estilo de oposición que pretendíamos desarrollar. Mi
intervención abundará brevemente en los mismos parámetros.

En primer lugar, en cuanto al marco judicial, estamos ante unas
imputaciones en el ámbito de una actividad empresarial, en el ámbito de
una empresa a la que se acusa de determinadas irregularidades, las cuales
han quedado establecidas en el sumario judicial abierto al respecto.

Parece ser, y efectivamente así se ha confirmado, que de resultas de
dicha investigación sumarial a usted no se le llega a citar ni como
imputado ni como testigo, que tampoco el fiscal del caso realiza
imputaciones sobre su actuación y el fiscal anticorrupción no emite
ningún tipo de imputaciones. Sus explicaciones abundan y ahondan hoy,
lógicamente, en la misma dirección. Pues bien, le diré dos cosas.

Primera, nosotros no tenemos, en principio, por qué dudar de su palabra,
entre otras cosas porque no tenemos pruebas para dudar de ella, y porque
ha dado cumplidas explicaciones, a nuestro juicio. Segundo, que estando
una investigación judicial abierta no tenemos intención de interferir en
dicha esfera judicial. Hemos defendido siempre que no queremos
judicializar la vida política ni politizar la justicia, y así lo haremos.

Por eso, desde mi Grupo no le haremos ningún juicio paralelo, ni
recurriremos a comisiones de investigación con la ligereza de que su
Grupo hizo gala en el pasado, ni le aplicaremos la doctrina Manzanares,
extendiendo la sospecha más allá de donde la justicia coloca las
responsabilidades.

Nuestro estilo de oposición es diferente. Cuando estábamos en el Gobierno
nos quejábamos de un determinado estilo de oposición, la del todo vale
con tal de desgastar al contrario, aunque el sistema se resienta; el de
la oposición a golpe de dossier o a remolque de informaciones más o menos
interesadas; la que pretende enterrar la presunción de inocencia,
invirtiendo sobre el acusado la carga de la prueba. No queremos ese
estilo de oposición. Su Grupo la practicó en el pasado. No le importó dar
crédito a muchas insinuaciones y a muchas insidias, y cuando se siembran
vientos se recogen tempestades. Pero no le devolveremos la misma moneda.

Queremos ganarles en el terreno político, en el terreno de las
alternativas y de las propuestas políticas, en el terreno de las
argumentaciones fundadas y en el terreno de la convicción.

Finalmente, le haré una breve reflexión sobre lo que a nuestro juicio nos
parece un despropósito en el manejo de la crisis, por llamarlo de alguna
forma. Creo que su Gobierno o su Grupo Parlamentario ha dado un
espectáculo poco edificante en el manejo de esta crisis. Empezaron por el
si tú tranquilo, yo tranquilo. No obstante, vieron pronto la necesidad de
tranquilizar a su Grupo Parlamentario mediante su comparecencia ante sus
Diputados. Finalmente renunciaron a esa comparecencia con el Grupo ante
el temor a que fuera sometido no sabemos si a un famoso tercer grado o a
una terapia de grupo. En cualquier caso, nos parece un despropósito. Son
problemas domésticos; allá los resuelvan ustedes, pero les ha faltado,
cuando menos, pericia.

En suma, concluyo volviendo al principio. Ya conoce usted nuestra
posición, que está basada en el rigor y la responsabilidad. Nosotros
confiamos en que trasluzca siempre la verdad, impere el buen sentido y
gane la política.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Fernández de Mesa
tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, señor Ministro, en
primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere agradecer su
exhaustiva explicación esta mañana en la Comisión de Defensa. Para
nosotros no es ninguna falta de legitimación, sino todo lo contrario, que
el señor Ministro de Defensa comparezca ante la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados, y además, hay que resaltarlo, a petición
propia, porque no nos consta en ningún documento oficial de la Cámara que
ningún grupo político haya solicitado su comparecencia para este tema
hasta este momento. No me consta que haya por escrito ningún documento
que nos haya llegado a los



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Diputados de que ningún otro partido político haya pedido su
comparecencia, repito, para este tema.

El Partido Popular no pretende en este momento profundizar en su
trayectoria profesional, por otra parte bien conocida, sino en aspectos
que van más allá de su mera circunstancia personal. Nosotros tenemos muy
en cuenta la adscripción del Ministro, señor Serra, al proyecto de
regeneración de la vida pública nacional que persigue el Gobierno de José
María Aznar desde su llegada al poder el pasado 3 de mayo.

Es bien distinto el caso que se presenta en este momento a algunos que se
han mencionado ahora en esta Comisión al decir que el Partido Popular, de
una manera irregular o de una manera totalmente desaforada, planteaba
cualquier tipo de oposición en tiempos pasados. Una cuestión bien clara
es lo que el señor Ministro acaba de explicarnos aquí ahora y otra cosa
son las denuncias reiteradas que el Partido Popular ha hecho de casos tan
graves que creo que no merece ni la pena rememorar en este momento porque
están en la mente de todos y sabemos perfectamente dónde han terminado
esas personas a las que nosotros denunciábamos, a las que el Grupo
Parlamentario Popular denunciaba cuando estaba en la oposición.

El Partido Popular se siente confiado y tranquilo en este asunto por
varios motivos. Primero, porque el Ministro ha sabido hacer frente, con
una rapidez inusual --desde luego inusual en gobiernos anteriores-- y con
una contundente aportación de argumentos a las duras críticas que se han
vertido contra su persona. Se ha terminado la práctica de los
responsables públicos de gobiernos anteriores, quienes, lejos de
comparecer para dar explicaciones, se retiraban, escondían, parapetaban,
y ahí tenemos todavía casos como el de Otano y Urralburu, bastante más
recientes de lo que nos creemos. En este caso, al tiempo que se publicaba
la noticia, se desmentía de manera inmediata en otro medio de
comunicación.

En segundo lugar, porque el Ministro ha estado voluntariamente en todos
los medios, rebatiendo, desmintiendo, contestando y aportando datos a
cuantos han querido saber y a cuantos han querido oír sus explicaciones.

Tercero, porque la propia juez reconoce en los autos que cuando arriba el
señor Serra a la presidencia de la empresa en cuestión, se acaban las
prácticas que ahora se denuncian. El informe al que se ha referido el
señor Ministro del Fiscal Anticorrupción. Porque de dos sumarios abiertos
y el señor Serra no ha sido imputado ni tan siquiera llamado a declarar
como testigo.

Decían algunos intervinientes que no son suficientes las explicaciones
que ha dado el Ministro de Defensa. A mí, con todo esto que acabo de
relatar, me es suficiente para creer no sólo en la palabra sino en que
los datos que se están aportando son veraces. Que nadie dude de la
voluntad clara del Presidente del Gobierno, de José María Aznar, de
erradicar cualquier práctica de corrupción. Ejemplos hay en la historia
reciente del Partido Popular, y baste referirnos a algún caso, al más
público que tenemos, como es el de Baleares. Por tanto, que nadie dude de
esa voluntad clara e inequívoca del Presidente del Gobierno de acabar con
cualquier práctica corrupta desde el momento que llega al Gobierno de la
nación.

Señor Ministro, nosotros no sólo creemos que se le acusa sin fundamento
sino que con el sumario en la mano usted queda eximido de
responsabilidades. Por lo visto, a algún grupo político no le es
suficiente para quedarse satisfecho con las explicaciones que aquí acaba
de dar.

Por otro lado, reitero, nos satisface esta comparecencia. Lejos de la
organización interna de cada partido, en la que nosotros no entramos,
parece que algunos se han olvidado de cómo resolvían sus problemas
internos cuando afloraban los casos de corrupción en sus propios partidos
políticos, y yo creo que lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular
ha quedado perfectamente claro, que ha sido dar prevalencia a la luz y a
los taquígrafos con la presencia del Ministro en esta Cámara para
manifestar no sólo ante los grupos parlamentarios sino ante toda la
sociedad española, lo que usted ha tenido a bien explicar en este
momento.

Señor Ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, como no puede
ser de otra forma, está tranquilo porque su Presidente del Gobierno está
tranquilo. El Grupo Parlamentario Popular tiene muy clara una cosa: que
si alguien sabe perfectamente lo que ha costado llegar al Gobierno en
este momento ése es el Presidente del Gobierno actual, ése es el
Presidente del partido, José María Aznar.

Por si todo lo que he dicho, señor Ministro, fuera insuficiente como
respaldo a lo que usted acaba de contarnos, los Diputados del Grupo
Parlamentario Popular a quien hemos elegido en votación ha sido al
Presidente del Gobierno, y a quien corresponde la responsabilidad de
nombrar y separar de su cargo a los ministros es al Presidente del
Gobierno. Por tanto, ninguno de nosotros vamos a enmendar la plana a la
persona que ha liderado un proyecto político que hoy día gobierna en
España.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Intervendré muy brevemente
para aclarar las dudas del señor Meyer.

Lo que ha aparecido en algunas informaciones es que yo conocí el búnker.

Después de 1984 y hasta 1987 que me fui, naturalmente que conocí el
búnker. Lo que no conocí fue la adjudicación del búnker, porque fue mucho
antes no de coger responsabilidades sobre materias de infraestructura,
sino antes de mi llegada al Ministerio, que se produjo en el año 1982, y
la adjudicación, como acabo de leer, se hizo en el año 1981.

Me preguntaba también si lo puse en conocimiento de la justicia. Creo que
he explicado que conocí sin un minuto intermedio por una información de
televisión procedente de un juzgado que había una práctica irregular, y
lo que hice fue cortar para que en el futuro no se volviera a producir
esa situación; adopté las medidas para que no se produjera esa situación.

De la justicia venía, no había que ir a la justicia; otra cosa era el
destino de los fondos. Nunca tuve conocimiento del destinatario final y
nunca tuve elementos para poder hacer una imputación concreta a nadie que
hubiera dado pie a una actuación judicial. Quería parar



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las fuentes antes, y al tener conocimiento de la situación del sector es
cuando me dirigí a los responsables públicos para que, con carácter
general, se pusiera fin al mismo. De lo que yo conocí no había materia
para ir a la justicia y por eso no fui a ella.

Quiero agradecer a todos y muy especialmente las palabras del señor
Mardones, con quien me une una larga amistad pero, como bien he dicho, no
como avalista sino como conocedor de una situación real, las referencias
que ha hecho a anteriores actuaciones públicas mías, como la creación de
la Agencia de Infraestructuras o el proceso de adquisición de los aviones
del programa FACA.

El señor Nadal ha distinguido, como también el señor Mardones, lo
personal de lo público. En lo personal estoy tranquilo y satisfecho de
haber podido dar explicaciones a gente honorable, a gente responsable. En
eso, personalmente, me siento tranquilo. Políticamente, es una
ingenuidad. Yo no quiero buscar concomitancias ni campañas. Me he
limitado a describir los hechos y a dar las fechas, y creo que ahí se
termina. En lo judicial, como antes se ha dicho, el cuerpo me pide la
restauración total de daños. Como decía una sentencia del Tribunal
Supremo, de 6 de diciembre de 1912, que defendió el que fue Presidente
del Gobierno, Salmerón, me gustaría que esta democracia, este Estado de
Derecho del que hemos hablado tan largamente esta mañana, pudiera también
reparar los daños morales; me gustaría. Tanto en mi estancia privada como
en la estancia pública, los asesores me han recomendado no ir por la vía
judicial; pero le repito, señor Mardones, que lo que el cuerpo me pide es
ir por la vía judicial. Se sigue estudiando, y si hay una posibilidad,
iré por esa vía.

Ha hablado el señor Nadal --y se lo agradezco-- de las comparecencias. Yo
quería comparecer para que quedara claro desde el mismo principio, por lo
menos en lo que de mí depende, cuál es la actuación de un Ministro del
Gobierno Aznar, y lo he explicado en mi primera oportunidad, quizá con
precipitación, aquí y en cuantas oportunidades he tenido de hablar con
los medios de comunicación.

Se ha dicho si tenía que ir o no al Pleno. La verdad, otra vez, es que,
antes de que aparecieran estas informaciones, yo solicité tener contacto
con el Grupo Parlamentario Popular de la Comisión de Defensa.

Circunstancias posteriores han hecho que esa reunión, para no entorpecer
otras --incluso de Pleno--, tuviera lugar en fecha distinta de la
prevista, que fue ayer, en lugar de hoy. Y no ha habido más.

Por último, quiero decir que, desde el primer minuto en que fui llamado a
formar parte del Gobierno del Presidente Aznar, desde el primer minuto y
hasta el último minuto, mi cargo está a disposición automática del
Presidente. No hay que ofrecerle nada, porque lo tiene, y lo que haga el
Presidente Aznar --otra vez, aquí, como con la desclasificación de los
papeles--, este Ministro lo aceptará de buen grado.

Voy a terminar con una reflexión final. Agradezco muchísimo la asistencia
y la atención. Quizá porque soy profesionalmente un funcionario público,
un servidor del Estado, he intentado siempre, en la vida privada y en la
vida pública, que dos principios guiaran mi actuación: uno ha sido
mantener la limpieza, la honradez y el de transparencia; otro ha sido
intentar subrayar lo que nos une y dejar un poco al lado lo que nos
separa. Yo entiendo muy bien que un ciudadano, si llega a adquirir
responsabilidades públicas, debe estar sometido al control del
Parlamento, al control del partido --y en esa medida agradezco las
palabras del portavoz del PP--, pero también creo que se puede reclamar
el derecho a intentar aglutinar intereses que, por ser de todos, son de
cada uno.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Como final de la sesión, deseo agradecer al señor Ministro su presencia
rápida en la Comisión y sus explicaciones detalladas.

Quiero anunciar también a los Diputados que, muy posiblemente, el día 24
tendremos nuevamente sesión de la Comisión.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y diez minutos de la tarde.