CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 44



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA



Sesión núm. 6 (extraordinaria)



celebrada el lunes, 29 de julio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Interior (Mayor Oreja), a petición
del Gobierno, para informar sobre política general de inmigración y
extranjería, con especial referencia a la reciente expulsión de ciento
tres ilegales en la ciudad de Melilla, así como sobre las actuaciones del
Ministerio de Interior en la lucha antiterrorista. (Número de expediente
214/000018.)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar esta
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, que se
celebra, en su primer punto, a iniciativa del Gobierno, aunque también
habían pedido la comparecencia algunos grupos parlamentarios, y, en
segundo punto, a iniciativa única del Gobierno.

De conformidad con lo que prescribe el Reglamento, esta sesión ha sido
convocada y con carácter extraordinario por el señor Presidente de la
Cámara. El desarrollo de la misma consistirá en una primera intervención
del señor Ministro de Interior. Después intervendrán los grupos, en

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primer lugar aquellos que habían solicitado la comparecencia del Gobierno
y luego el resto. Seguidamente, contestará el señor Ministro. Si el
desarrollo de la sesión lo hace aconsejable, abriríamos un segundo y
excepcional turno de intervención por el mismo orden de los grupos y
cerraría el señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de
Justicia e Interior del Congreso de los Diputados para tratar de explicar
las circunstancias que rodearon la expulsión y la devolución a diversos
países centroafricanos de ciento tres inmigrantes que se encontraban
ilegalmente en Melilla a finales del pasado mes de junio, máxime cuando
además esta voluntad coincide con la de otros grupos parlamentarios de
que desde el Ministerio del Interior se ofrezcan todas las circunstancias
que rodearon a este suceso.

Convendría, en primer lugar, antes de pasar a informar sobre los extremos
de la operación en particular de Melilla, recordar que en Melilla
concurre un conjunto de circunstancias que, sin duda, significan y
denotan una situación de carácter singular, no sólo ya porque Melilla
constituye un enclave singular sino también porque nos encontramos en un
año singular, un aniversario singular y por ello, al margen de todas las
consideraciones que se quieran hacer sobre política de inmigración, lo
que es evidente es que también concurren en esta ciudad una serie de
circunstancias que hacen que situaciones de desorden público,
especialmente este año, tengan una especial gravedad. De ahí que una
acumulación de circunstancias singulares y excepcionales enmarquen el
suceso sobre el cual voy a tratar de dar las explicaciones más
exhaustivas posibles.

Desde hacía varios meses se venía produciendo en la ciudad de Melilla un
asentamiento progresivo de inmigrantes ilegales procedentes en su mayoría
del Africa subsahariana, que habían entrado en la ciudad a través de
Marruecos. Estos inmigrantes fueron asistidos por la organización no
gubernamental «Melilla Acoge» y fueron instalados en dependencias cedidas
por la ciudad de Melilla, sitas en el antiguo balneario Lucas Lorenzo,
procediendo estos inmigrantes al incendio y destrucción de dichas
instalaciones. A continuación, se procedió a su realojo provisional en
las dependencias del antiguo hospital de la Cruz Roja, así como en las
instalaciones existentes en el pabellón Alvarez Claro.

En la madrugada del 16 de junio se recibe llamada en la Comisaría de
Policía de Melilla por parte de los empleados de la Cruz Roja solicitando
la inmediata intervención de aquélla, toda vez que los inmigrantes
protagonizaban una grave alteración del orden público, al enfrentarse el
grupo de francófonos (esto es, camerunenses especialmente) con el de
anglófonos (nigerianos, fundamentalmente). De ahí que haya dos grupos que
en aquellos días se mostraron especialmente violentos y confrontados
entre sí. Con el personal de la policía se produjo un altercado en el que
se hizo necesario el uso de material antidisturbios ante el lanzamiento
de piedras y objetos similares por parte de los inmigrantes, provocando
heridas y contusiones y resultando agredidos siete funcionarios de la
policía.

Tras la tensa situación, los incidentes quedaron provisionalmente
zanjados a las cuatro de la madrugada. A la mañana siguiente, a las nueve
horas, un grupo aproximado de cuarenta personas del mismo origen se
dirigió en actitud violenta a las puertas del edificio de la Delegación
del Gobierno. El Delegado del Gobierno aceptó entrevistarse con una
delegación de subsaharianos indicándoles que cualquier vía de diálogo
pasaba por el cese inmediato de la violencia y, a pesar de ello, en
ningún momento se produjo la respuesta deseada, manteniéndose en idéntica
actitud sin abandonar las puertas del edificio. Incluso a través de la
Cruz Roja se intentaron gestiones con la misma finalidad, sin conseguirse
ningún resultado satisfactorio.

En la mañana del miércoles 19 de junio se agravó la situación cuando un
grupo de cuarenta personas se dirigió nuevamente hacia la Delegación del
Gobierno en actitud amenazante recorriendo las calles de la ciudad
armados con piedras, palos y botellas. Ante esta situación de máxima
gravedad, la Delegación del Gobierno requirió el esfuerzo de la
intervención policial para garantizar la seguridad ciudadana. En ese
momento se solicitó del Ejército del Aire la puesta a disposición de un
contingente de aviones, a fin de trasladar las fuerzas de seguridad
necesarias para afrontar la situación de emergencia y prestar apoyo a las
que se encontraban en Melilla, por ser imposible la utilización de un
vuelo regular.

Habida cuenta de la gravedad de la situación se decide efectuar una
intervención coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
a fin de proceder a la detención de los subsaharianos que se encontraban
a las puertas de la Delegación del Gobierno.

En el transcurso del jueves 20 de junio se procede a la comprobación de
la situación en la que se hallaban los inmigrantes que fueron detenidos,
verificando que se trataba en todos los casos de inmigrantes ilegales.

Seguidamente se procedió a cumplimentar los posteriores trámites para la
expulsión y, en su caso, devolución del territorio nacional de aquéllos,
en aplicación de la vigente Ley de extranjería y del reglamento que la
desarrolla, interviniendo en esta tramitación el titular del juzgado de
instrucción número 2 de Melilla dictando los correspondientes autos de
internamiento de los extranjeros ilegales.

El Ministro de Interior, ante estos graves acontecimientos que ponían en
grave peligro el orden público y suponían una alteración grave de la
seguridad ciudadana, tenía la inexcusable obligación de proceder, en
nuestra opinión, a la expulsión o devolución de los inmigrantes ilegales,
medidas estas que se adoptan con el carácter de medidas gubernativas y en
cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de
los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, conocida
habitualmente como Ley de extranjería.

No hay que olvidar que, conforme a lo señalado en los artículos 149 y 104
de la Constitución y el artículo 1.º de la Ley Orgánica de Protección de
la Seguridad Ciudadana, corresponde al Gobierno, a través de sus
autoridades



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y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proteger y garantizar
la seguridad ciudadana y remover los obstáculos que la impidan. Por todo
ello, la entrada ilegal de extranjeros en territorio nacional lleva
aparejada como consecuencia inmediata la salida obligatoria, con arreglo
al artículo 20 de la Ley de extranjería y que se puede manifestar a
través de los supuestos de devolución o expulsión.

Las autoridades competentes comenzaron, por tanto, a realizar el estudio
de la situación y, en conexión directa con el Ministerio de Interior,
procedieron, en primer lugar, a recabar informe del correspondiente
servicio jurídico del Estado a fin de que emitiese dictamen en derecho
acerca de los aspectos técnicos y jurídicos de la operación. La
preocupación del Gobierno en todo caso por respetar la ley queda por ello
patente.

En dicho informe se puso de manifiesto que los 103 inmigrantes
subsaharianos ilegales se encontraban en tres situaciones jurídicas
diferentes, que eran las siguientes: primero, extranjeros con resolución,
acordando su expulsión notificada, respecto de los cuales el juez de
Melilla autorizó su internamiento. En este caso se podía proceder a su
expulsión ya que se trataba de la ejecución de una orden ya dictada. En
segundo lugar, extranjeros a los que se había notificado la incoación del
oportuno expediente de expulsión, habiendo autorizado el juez su
internamiento. En estos dos grupos había setenta personas. Respecto de
este segundo grupo se respetó el plazo de cuarenta y ocho horas de
audiencia previsto en el artículo 30.2 de la Ley de extranjería, a fin de
garantizar su tutela efectiva.

En este sentido, conviene, sin duda, hacer referencia explícita -- y se
ha hablado mucho en estos días-- al tema de la asistencia letrada que se
dispensó a los inmigrantes, por la importancia de este aspecto.

Efectivamente, señorías, los inmigrantes estuvieron asistidos por el
letrado de oficio designado en el correspondiente turno por el Colegio de
Abogados de Melilla, que trimestralmente procede a realizarse. Conforme a
este turno, los días 20 y 21 de junio el letrado que actuaba de oficio
había sido designado a finales del mes de marzo.

Tercer grupo, el resto de los extranjeros, un total de 33 personas había
entrado en días inmediatamente anteriores en nuestro territorio y
respecto de ellos se acordó proceder a su devolución, de conformidad con
lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley de extranjería, que dispone
expresamente que no será preciso expediente de expulsión para la
devolución, por orden del Gobernador Civil de la provincia, de aquellos
extranjeros que hubiesen entrado ilegalmente en el país.

Hay que destacar, por todo ello, en este procedimiento dos notas
fundamentales: por un lado, conforme a lo dicho, la intervención del juez
y del fiscal, que, por cierto, se personaron inmediatamente en la
comisaría de policía, hacia las once horas de la mañana del viernes y
cuya presencia garantizaba el cumplimiento de los distintos derechos
previstos en las leyes. Y, por otra parte, la incoación de expedientes de
expulsión individualizados para cada uno de los extranjeros detenidos,
tal y como lo exige la Ley de extranjería.

Señorías, también quiero recalcar, junto a la legalidad de la operación
descrita, otro aspecto que no puedo dejar de tener en cuenta y es el
aspecto social de la operación. Estos inmigrantes es verdad que son
además traídos por organizaciones que se aprovechan de estas personas
para introducirlos a cambio de dinero en países de la Unión Europea, que
responden a consignas en sus comportamientos, en sus respuestas, y que
todas las que se producen normalmente suelen ser, más que una respuesta a
una falta de legalidad o a un comportamiento de la policía, consecuencia
de instrucciones y consignas previamente dadas por estas organizaciones
cuyo objeto no es, insisto, que se queden en España siquiera, sino que
puedan introducirse en los países de la Unión Europea.

Una vez expuesta esta perspectiva, este planteamiento, estas razones que
aconsejan la inmediatez y la celeridad en una toma de decisión, pasaré a
describir el modo en que la misma se desarrolló.

En primer lugar, y en virtud de los autos judiciales de internamiento,
aquellos extranjeros respecto de los cuales se había dictado el
correspondiente auto fueron ingresados en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Málaga, uno de los seis existentes en la geografía
española y en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud, sito en
Mollina, en la provincia de Málaga. Los restantes, conforme a lo expuesto
anteriormente, fueron propuestos para devolución y trasladados a Málaga,
siendo internados en las dependencias de la comisaría malagueña, para su
devolución dentro del plazo de detención gubernativa.

En segundo lugar, ¿cómo son distribuidos estos ciudadanos extranjeros?
Una vez trasladados todos los extranjeros desde los diversos lugares a la
base de Málaga y tras separarlos en una primera aproximación y dentro de
la dificultad de la clasificación en ese sentido, fueron distribuidos en
cinco aviones militares dispuestos para su traslado. De los cinco
aviones, tres tenían como destino Guinea Bissau, con parada en Senegal,
el cuarto en Mali y el quinto en Camerún. El primer avión partió con
destino a Senegal con catorce ciudadanos extranjeros a bordo. Y perdonen
que sea exhaustivo a la hora de dar esta explicación pero, probablemente,
constituye, como así lo han puesto de manifiesto más de uno de los
portavoces de la oposición, uno de los temas claves. De esos catorce
ciudadanos extranjeros, cinco son de Senegal, cuatro son liberianos, tres
son nigerianos, uno es de Mali, uno es de Guinea Bissau. Que conste que
éste es el definitivo conocimiento que tenemos de estas catorce personas,
porque ellos declaran nacionalidades distintas en el momento en el que se
encuentran en Málaga. Estoy hablando de los resultados definitivos de
todas las investigaciones finales. En el segundo avión, que tiene destino
en Guinea Bissau y que hace escala en Senegal, en Dakar, hay 19
ciudadanos nigerianos. En el tercer avión van 19 ciudadanos, que se
quedan en Senegal; de ellos, 15 son de Zaire, tres son de Costa de
Marfil, uno de Marruecos, concretamente el que decía que era de
Mauritania. Y son entregados en Senegal fundamentalmente porque es un
país francófono, como los citados con anterioridad, porque sin duda
ninguna es aquel país que tiene unos niveles de bienestar y de democracia
superiores a todos los



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existentes en la zona y porque, en definitiva, nos merece las mejores y
mayores garantías democrácticas. Cuarto avión, se traslada a Mali,
transporta 19 ciudadanos malianos que, una vez allí, son entregados a las
autoridades. Quinto avión, destino Camerún, destino Douala; de las
personas que van en ese avión, 10 son ciudadanos que aceptan ser de
Camerún en el primer momento y son entregados a las autoridades
camerunenses y 22, en vista de la actitud de las autoridades
camerunenses, que no los reconocen ante la no aceptación por parte de
estas personas de la nacionalidad camerunense y que no aceptan esta
entrega, 22, repito, los restantes, van a Guinea Bissau; de esos 22,
finalmente sabemos que 12 son camerunenses, que no habían reconocido su
origen en el primer momento, seis son de Guinea Conakry, dos de Ruanda,
uno de la República Centroafricana y uno de Togo. Evidentemente, en ese
momento se desconoce exactamente el origen de estas personas.

En definitiva, a lo largo de estas semanas se ha hablado de las 50
personas que estaban en Guinea Bissau y esos 50 inmigrantes quiero
recordar que pertenecen a la relación de las cifras que yo he dado hace
un momento, que las reitero: cuatro liberianos, tres nigerianos, uno de
Mali y uno de Guinea Bissau en el primer avión; los 19 nigerianos del
segundo avión y del tercer avión los 22, es decir, los 12 camerunenses,
los seis de Guinea Conakry, dos de Ruanda, uno de la República
Centroafricana y uno de Togo.

¿Cuántos quedan, en la fecha de hoy, a esta hora, según nuestras
informaciones en Guinea Bissau? Quedan exactamente 12 camerunenses,
porque, al no haber aceptado en el primer momento su nacionalidad, se
complicó el trámite correspondiente de la aceptación otra vez por parte
de Camerún; los cuatro de Liberia no están en Guinea Bissau, sino que
están en Guinea Conakry, porque está el comité de ayuda a los refugiados
de la guerra de Liberia; no pueden se entregados a su país esos
liberianos, porque, evidentemente, Liberia está en guerra; y los de
Ruanda, que quedan en Guinea Bissau. Es decir, quedan 14 en estos
momentos en Guinea Bissau, a punto de resolver el tema los camerunenses,
y los dos de Ruanda a los que en estos momentos no se puede devolver a
Ruanda por motivos de guerra.

Los dos países a los que en modo alguno podían ser devueltos eran Liberia
y Ruanda, porque, como ustedes, señorías, conocen, son dos naciones en
estos momentos en guerra.

En este análisis, en el que realmente sí se sabe dónde está cada uno de
ellos (y no tiene ningún fundamento el que hubiera podido estar una de
estas personas muerta ni asesinada, como en algún lugar se ha dicho), lo
que quiero dejar muy claro es que la carencia de documentación de estos
inmigrantes es lo que muchas veces dificulta la colocación, el envío de
estas personas a los países de origen. Es evidente que los rasgos étnicos
y lingüísticos de los africanos es muy complicado poder determinarlos en
estos momentos en España y permiten, en cambio, que con más facilidad
podamos diferenciar unos de otros y determinar su nacionalidad en un país
africano que nos merezca unas determinadas garantías.

En aquellos casos en que se entregaron personas que no eran nacionales
del país receptor, se hizo siempre con un compromiso explícito de los
países de acogida de proveer a éstos de un salvoconducto y de proceder a
su repatriación a sus países de origen.

En tercer lugar, si fueron distribuidos de esta forma, ¿cómo fueron
escogidos estos países? Es preciso destacar que desde España, y con
carácter previo a la operación, se obtuvo el compromiso de las
autoridades de su acogida y posterior repatriación a los países de origen
y en aquellos casos en los que no fueron enviados a su país de origen lo
fueron en cambio a terceros países seguros.

Por otra parte, tanto en Mali como en Camerún sólo fueron entregados
nacionales de estos países, mientras que en Senegal y en Guinea Bissau
las entregas de otras personas fueron acompañadas del compromiso
posterior de su repatriación. En la selección de los países de destino
que no iban a acoger sólo a sus nacionales se valoraron criterios
sociales, económicos y políticos, teniendo en cuenta que no sólo se trata
de países en guerra ni con situación de hambre, sino que, por el
contrario, como antes decía, Senegal es el país más avanzado del Africa
occidental, mientras que, por su parte, Guinea Bissau es un país conocido
por ser hospitalario y pacífico.

En cuarto lugar centraré mi atención en este momento en un detalle de la
operación que ha sido objeto de tratamiento en la prensa en los últimos
días y que quiero, en la medida de lo posible, dentro de la dificultad
que sin duda ninguna encierra una explicación de esta naturaleza, tratar
de dejar lo más claro posible. Por parte del Ministerio del Interior no
hubo ninguna orden, ninguna instrucción nueva, previa, respecto a la
forma y manera en la que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Estado tuvieran que hacer frente a los posibles desórdenes que se
produjeran. La decisión del Ministerio de Interior se produce
fundamentalmente, como acabo de señalar, en la elección de los
determinados países, en la búsqueda de las mayores garantías, dentro de
lo posible, en la elección de estos países y en los compromisos de
repatriación de determinados países. Pero lo que significa la forma y
manera en la que se produce el traslado de estas personas, el Ministerio
del Interior no ordena nada nuevo, ni hay ningún planteamiento
determinado por parte de las autoridades del Ministerio de Interior, lo
que significa que se produce con los métodos habituales que este tipo de
acciones conlleva.

Las únicas decisiones políticas de los responsables del Ministerio de
Interior han sido relatadas con anterioridad y se refieren, y será todo
lo discutible que se quiera, a la celeridad de la actuación y al envío y
distribución de los países extranjeros en la forma y manera que acabo de
relatar. En ese sentido, quiero hacer también una referencia a la
utilización en el suministro a estos extranjeros de una especialidad
farmacéutica conocida como Haloperidol, en relación a la cual quiero
hacer las siguientes precisiones. Primero, que una vez conocida por parte
del Ministerio del Interior la posible utilización del Haloperidol, de
esta especialidad farmacéutica, abrimos una investigación para conocer
exactamente la aplicación que se podía haber hecho



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de este fármaco en el viaje o en los viajes hacia estos países africanos.

Quiero decir que la decisión sobre su uso y aplicación no partió
directamente de las autoridades del Ministerio, sino que fue decidida por
los responsables policiales de la operación y, sin embargo, este Ministro
asume tal decisión porque, además, tiene fundamento jurídico.

Ante la grave situación de agresividad y alteración nerviosa en que se
encontraban los subsaharianos y previendo que ésta no mejoraría en el
interior del avión, por las condiciones de obligado reposo físico y
espacio reducido en el que habían de encontrarse, fueron consultados los
servicios médicos de la comisaría de Málaga, prescribiéndose por los
facultativos un fármaco llamado Haloperidol para utilizar sólo en el caso
de que alguno de los subsaharianos provocara algún altercado que pudiera
eventualmente poner en peligro su vida y la de los demás ocupantes de la
aeronave. Este facultativo, además, indicó la dosis exacta que debía
diluirse en el agua que se suministrase a los inmigrantes, teniendo en
cuenta que el efecto que se pretendía no era, en modo alguno, hacer
perder la consciencia a los inmigrantes, sino únicamente tranquilizarlos,
a fin de preservar, entre otras cosas, su integridad física. El fármaco,
tal y como lo expone un informe de la Dirección General de la Policía, se
utiliza en dos de los cinco vuelos y no de un modo masivo, tal y como
también se había dado la impresión de que se había producido. En
particular, en la primera de las dos expediciones de Senegal el fármaco
Haloperidol se pone en tres botellas de agua y en la Senegal III se ponen
diez gotas en cada una de las tres botellas de litro y medio. En la
primera iba al frente un funcionario de la escala ejecutiva, don Miguel
Blanco Flórez, y en la segunda iba el subinspector Manuel Ruiz Vacas. Se
administró agua con el contenido del fármaco aludido y aunque en estos
momentos no se puede precisar el número concreto de expulsados a los que
se les suministró, ciertamente hay una confirmación de que se utilizó
este fármaco. Entre otras cosas, porque habían sido varios los viajes en
los que se ha llevado como medida preventiva, y se ha utilizado en
diferentes operaciones, concretamente en los años, por ejemplo, 1994 y
1995.

Por otra parte, hemos tenido en cuenta que también hay una base jurídica
que defiende la utilización del Haloperidol por parte de estos
funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El artículo 5.3 de
la Ley Orgánica 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
establece que las Fuerzas y Cuerpos velarán por la vida y la integridad
física de las personas que detuvieran o que se encuentran bajo su
custodia. Evidentemente, como fuerza coercitiva del Estado, este deber se
ve matizado por una serie de facultades que les concede el ordenamiento
jurídico, en orden al mejor desempeño de su función, por duro que éste
sea y por desagradable que pudiera ser su función. De modo y manera que
establece que en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la
decisión necesaria y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño
grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los
medios a su alcance.

La propia Ley Orgánica llegó incluso a autorizar el uso de las armas, de
conformidad con los principios reseñados, siempre que exista un riesgo
racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas.

Por tanto, piensen ustedes, señorías, que ante una reacción violenta de
cualquiera de estos extranjeros que hubiese puesto en peligro la vida o
la integridad física de cualquier ocupante del avión, la fuerza pública
se había encontrado legitimada para hacer utilización de otros
instrumentos más expeditivos, y sin duda alguna ésta fue una decisión
que, en uso de su responsabilidad, de sus competencias y con el apoyo en
estos momentos del Ministerio del Interior, tuvieron que llevar a la
práctica algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. No es
verdad, por ello, que se haya producido un proceso de narcotización y que
se hubiese drogado a los inmigrantes. Quiero recordarles que no hubo ni
droga ni narcóticos, sino que se hizo uso de una especialidad
farmacéutica autorizada, en primer lugar, por el Ministerio de Sanidad y
Consumo y que, según puede comprobarse con la lectura del vademécum o de
la información de medicamentos para el profesional sanitario publicado
por Estados Unidos, cuenta entre sus prescripciones el tratamiento a
corto plazo --y leo literalmente-- de la hiperactividad en niños que se
muestran con una actividad motora excesiva, acompañada de trastornos de
conducta tales como agresividad e impulsividad, frustración fácil o
fluctuaciones rápidas de estado de ánimo. (Rumores.) Les estoy citando
textualmente la información de medicamentos para el personal sanitario
publicada en Estados Unidos. Se les suministró un producto que
habitualmente se prescribe para el uso en niños superactivos.

Señorías, yo creo que aquí hay dos formas de plantear las cuestiones: con
transparencia u ocultando una realidad que de alguna manera podía
producirse. Yo prefiero decir la verdad, no ocultar. Posteriormente se
podrá producir la reflexión que se crea conveniente, pero a mí me parece
que el que en estos momentos tratemos de esconder la realidad o una
determinada decisión no favorecerá nunca que todos hagamos el esfuerzo
necesario en la mejora de las circunstancias de esta operación que,
reitero una vez más, no es en modo alguno la primera vez que se lleva a
la práctica.

En quinto lugar pasaré a referirme a otro aspecto que también parece que
en estos momentos ha tenido, y con razón, una especial actualidad. Se
trata de la desafortunada enfermedad contraída por uno los policías que
participaron en la operación. Antes que nada conviene que comunique con
satisfacción a esta Cámara que el funcionario ha evolucionado
favorablemente, se encuentra en estos momentos fuera de peligro y, según
ha podido saber este Ministro, no va a quedar con ninguna secuela cuando
se produzca su completa recuperación, que espero suceda a la mayor
brevedad. Se encuentra en el Hospital Ruiz de Alda, de Granada, con un
acceso de paludismo.

Por otro lado, la hepatitis diagnosticada al otro miembro de las Fuerzas
de Seguridad del Estado no tiene nada que ver con lo que puede haber
significado su presencia en este viaje. La enfermedad, con seguridad,
existía antes del desarrollo del mismo.




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Se nos ha acusado, señorías, de haber actuado con irresponsabilidad
enviando a los funcionarios policiales sin la vacunación necesaria y se
nos ha dicho que ésta fue la causa de la enfermedad. Tengo que decirles,
señorías, que en el Ministerio de Sanidad y Consumo existe un servicio de
sanidad exterior en el que, ante cualquier petición de particular, se
informa acerca de si es o no necesaria una vacuna concreta para viajar a
un país determinado. Esta información al público se presta sobre la base
de las recomendaciones que puntualmente realiza la Organización Mundial
de la Salud y, aparte de ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene
distribuidos folletos gratuitos de información sobre la materia.

Pues bien, señorías, cualquiera de ustedes, acudiendo a estas fuentes,
podrá comprobar que no existe vacuna ni para la malaria ni para el
paludismo y sí, en cambio, existe una profilaxis de quinina, que
evidentemente no elimina la posibilidad de contraerla, pero que, por otra
parte, produce desfavorables efectos secundarios. Hay muchas personas
que, perteneciendo al servicio exterior del Estado, por ejemplo, desisten
de tomar quinina por sus contraindicaciones, ya que produce posibles
alteraciones en el hígado, por lo que eso suele ser objeto de decisiones
muy personales. Evidentemente, también tiene, como acabo de señalar, una
serie de contraindicaciones. Pero hay que afirmar que en este caso no se
omitió la prescripción sanitaria de vacunación obligatoria.

Señorías, con esta primera parte de mi exposición concluyo la
intervención acerca de las circunstancias en que se produjo la operación
de Melilla. Yo quiero dejar muy claro que no he venido a presentar una
operación precisamente modélica. Yo me atrevo a decir que no podemos
estar satisfechos, porque entre otras cosas, sin duda ninguna, además de
otras consideraciones, se ha producido una situación de alarma social,
que unas veces se ha provocado interesadamente, pero que otras veces
tampoco tengo ninguna duda de que se ha producido desde la buena fe. Yo
creo que no hay motivos, en este terreno, para la alarma social, pero
ciertamente no podemos estar satisfechos por haber creado un problema
grave ante la opinión pública, con una serie de circunstancias que no
debieran haberse dado en un Estado de Derecho. Yo he querido ser fiel al
relato de los hechos, he querido actuar con la mayor transparencia
posible, he querido tratar de trasladar, más que la búsqueda, como antes
decía, de la operación modélica, el conjunto de inexactitudes y
deformaciones que se han ido produciendo y que han distorsionado la
realidad de la misma. Esa era mi obligación y en ese sentido estoy
evidentemente a disposición de las intervenciones de los diferentes
grupos. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Como la Presidencia ha indicado, la comparecencia
del señor Ministro del Interior está enmarcada en los artículos del
Reglamento dedicados a comparecencias que tienen su origen en peticiones
del Gobierno. Pero como también coincidian con la solicitud del Gobierno
de comparecer las peticiones del Grupo Socialista, del de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Mixto, parece que el orden de
las intervenciones iniciales debe ser éste, mientras que en el segundo
turno de intervenciones lo harán los grupos, tal como también el
Reglamento prevé, en orden inverso a la importancia numérica de sus
componentes.

Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Belloch, en nombre
del Grupo Socialista.




El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Ministro por su
intervención.

Señor Ministro, la verdad es que no me ha convencido. Reconoce usted, en
la frase final, que la operación no es modélica. Por cierto, seguidamente
se producen los aplausos del Grupo Popular, no sé si debido a que no sea
modélica la operación. Sin embargo, a lo largo de su intervención no
concreta, no reconoce ningún posible defecto que justifique que no sea
modélica, porque, en definitiva, a lo largo de toda su exposición yo no
he conseguido encontrar una sola referencia autocrítica a la operación y,
en algunos temas en concreto simplemente asume la responsabilidad
política, lo cual me parece correcto, pero no acabo de entender por qué
no es modélica si ciertamente no ha reconocido ningún error. ¿O es que ha
habido errores? Si fuera así, al Grupo Parlamentario Socialista le
gustaría conocer cuáles han sido esos errores.

No parece lógico, en principio, que el Defensor del Pueblo informe de
que, en su opinión, se han cometido violaciones de la legalidad. El texto
concreto es, como usted conoce, una actuación que ha lesionado la
aplicación de la garantías previstas en el vigente ordenamiento jurídico
en materia de extranjería y asilo para cada una de las personas
afectadas. No es lógico que el Defensor del Pueblo pueda considerar que
ha habido esas anormalidades e irregularidades si ciertamente, como dice
el señor Ministro, no ha habido ninguna. Pero no sólo ha sido la opinión
del Defensor del Pueblo, es que organizaciones no gubernamentales que
realizan un trabajo espléndido de cooperación en este campo, siempre con
el poder Ejecutivo, con el Gobierno, han mantenido unos posicionamientos
claramente críticos --como acostumbran siempre que no están de acuerdo
con una actuación del Gobierno, y es su obligación-- y ha habido una rara
coincidencia de todas las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo,
el presidente de la asociación «Málaga Acoge» decía que en los ocho años
que lleva trabajando en cuestiones de extranjería es la primera vez que
se dan estas circunstancias y que se ha negado el conocimiento de dónde
están las personas privadas de libertad. Usted hoy habla de
transparencia. Las organizaciones no gubernamentales lo que sostienen es
que quizá hubiera sido conveniente esa misma transparencia durante todo
el proceso de la expulsión y devolución colectiva --así la denomina el
Defensor del Pueblo-- en el que se mezclaron de manera indiscriminada
situaciones jurídicas bien diferenciadas.

¿Qué ha pasado aquí? Antes de entrar en detalles, señor Ministro, le
quisiera hacer una referencia más general. ¡Claro que se ha producido una
alarma colectiva! El señor Ministro lo ha reconocido y así es. Nuestro
grupo cree que esa alarma social se ha producido por los hechos
--efectivamente nosotros pensamos que ha habido irregularidades



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graves en el proceso--, pero también en la misma medida, por el tipo de
actitud que ha mantenido el Gobierno de la nación en este tema. Estoy
convencido de que los hechos han producido alarma y la actitud del
Gobierno de la nación ha producido también alarma, en ocasiones, incluso,
más alarma. Sabe el señor Ministro --y espero que no comparta--, la
afirmación que hizo su Presidente de «había un problema y se ha
solucionado...». Le aseguro, señor Ministro, que, en opinión del Grupo
Parlamentario Socialista, esa frase ha sido una causante central de la
alarma pública, no sólo de las asociaciones humanitarias o preocupadas
por los derechos individuales, sino también de grandes capas de
población. Además, no ha sido una manifestación única o aislada. Por
ejemplo, el Secretario de Estado, señor Michavila, decía algo como que
esto era una pequeña cuestión. Señor Ministro, ¿cómo va a ser una pequeña
cuestión la suerte de 103 expulsados?
Señor Ministro, usted en esta ocasión no ha estado tan bien como en
otras. En opinión del Grupo Parlamentario Socialista también ha cometido
algún desliz en alguna de las manifestaciones. Concretamente cuando
indicó que no había otras posibilidades si queríamos que no se volviese a
repetir. Esa declaración, señor Mayor Oreja, me preocupa, porque en el
fondo es bastante parecida a la de su Presidente. Parece plantearse el
principio de que si hubiera sido eficaz, valía la pena poner en riesgo el
conjunto de la legislación reguladora de esta materia, tanto en el campo
de extranjería como en el campo del derecho de asilo. Creo sinceramente
que la forma como el Gobierno ha afrontado la cuestión y sus
manifestaciones, ha convertido el tema en una cuestión políticamente
preocupante, tanto por la operación en sí misma, como por la posibilidad
de que en este campo se estuviera realizando un cambio de paradigma
respecto de la política que de manera globalmente consensuada se había
llevado en este campo.

El Grupo Parlamentario Socialista sabe que éste es un problema de suma
importancia, sabe que tenemos compromisos internacionales, que somos
frontera exterior de la Unión Europea, que somos frontera del espacio
Schengen, que hay que cumplir esos compromisos, y sabemos que
efectivamente frente a esa realidad no cabe una política de fronteras
abiertas que podría producir efectos contradictorios y contraproducentes,
incluso, con incremento de las tendencias de racismo y xenofobia. Ese
planteamiento lo conoce y comparte el Grupo Parlamentario Socialista.

Pero por eso mismo se fue a una legalidad --la Ley de extranjería, muy
discutida por organizaciones humanitarias, pero aceptada consensuadamente
por la inmensa mayoría de la Cámara, y un determinado reglamento de la
Ley de extranjería-- que constituye, en mi opinión --se lo diré con
sinceridad--, el mínimo imprescindible si queremos hacer compatibles
nuestros compromisos internacionales con el respeto a los derechos
humanos y con los sentimientos primarios de humanidad que deben
caracterizar cualquier política migratoria. De ahí que el posible
incumplimiento de la normativa legal, de ese mínimo, pueda suponer la
ruptura del consenso básico sobre este campo. Y dejo claro que ha habido
grupos que tampoco aceptaron lo que era el modelo de la Ley de
extranjería. Pero si ni siquiera respetamos ese mínimo, señor Ministro,
podemos encontrarnos con una situación muy grave de ruptura del consenso.

Es verdad que de las tres frases que he seleccionado --de su Presidente,
del Secretario de Estado, señor Michavila, y de usted mismo-- lo
principal no es lo erróneo del diagnóstico (es evidente que había un
problema y ahora hay el mismo problema pero agrandado); no es ésa la
cuestión. Aunque fuera cierto que se hubiera resuelto un problema, la
verdad es que el coste no puede ser admitido; el coste no puede ser el
incumplimiento de la legalidad en materia de extranjería y de asilo, y en
ocasiones no sólo por criterios estrictamente legales, sino por
planteamientos más amplios.

El señor Ministro ha explicado qué ha pasado con las personas enviadas a
países que no eran ni el de origen ni el de procedencia. Nosotros
entendemos que el Reglamento de la Ley de extranjería prohíbe formalmente
que, en los supuestos de devolución, las personas puedan ser enviadas a
un país tercero, como ha ocurrido. En nuestra opinión ello vulnera
directamente el Reglamento de la Ley de extranjería. Pero el que vulnere
la legalidad, reglamentaria en este caso, no es lo más importante --con
serlo, por lo que antes he indicado--; lo verdaderamente preocupante para
el Grupo Parlamentario Socialista es saber si el Gobierno cuando adoptó
esa medida era consciente de los riesgos que para la vida, para la
integridad, para la libertad de los sometidos a esa medida supone
devolverlos a países que no son ni el de su origen ni tampoco el de
procedencia. Ese es un problema mayor, desde nuestro punto de vista,
señor Ministro. Un problema mayor que convierte a España en responsable
de la suerte de estas personas, precisamente porque han sido expulsadas
violando --en opinión del Grupo Parlamentario Socialista-- la legalidad
pero, sobre todo, corresponde la responsabilidad un poco más al Gobierno
de la nación. Digo España y lo digo claramente, porque el incumplimiento
de compromisos en esta materia afecta al conjunto de la nación, pero está
claro que afecta --y de manera más grave y más intensa-- al Gobierno de
la nación. Para nosotros va a ser fundamental el seguimiento de la suerte
de todas y cada una de las personas expulsadas o devueltas.

Por otro lado, claro que ha habido cambios, y cambios importantes, señor
Ministro. Estos días --y no quiero entrar en polémicas innecesarias, el
tema es demasiado importante-- se ha dicho alguna inexactitud. Usted
mismo, señor Ministro, ha corregido algunas; yo también quiero corregir
otras.

Efectivamente, no existe precedente. Así lo ha reconocido el Defensor del
Pueblo, que ha dicho con claridad que no tiene constancia de que se hayan
producido hechos como los denunciados con anterioridad, y se refería en
este caso al SUP --Sindicato Unificado de Policía--. Y no hay precedentes
porque no han existido expulsiones que recojan supuestos tan distintos
como los que el señor Ministro ha reconocido de manera explícita; me
refiero a supuestos en que la expulsión estuviera acordada y, por tanto,
no sucede más que la ejecución de esa orden de expulsión, supuestos en
los que no había más que un expediente abierto



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y personas respecto de las cuales ni siquiera existía expediente de
expulsión. Porque, señor Ministro, la devolución no está concebida en la
ley --y, en términos estrictamente jurídicos, hacerlo de otra manera
supone una utilización fraudulenta de la norma jurídica-- para personas
que llevan tres o seis meses en este país. Por definición, la devolución
es una respuesta que se produce en supuestos excepcionales y de manera
inmediata al hecho que se trata de reprimir. Según nuestras noticias
--noticias que proporcionan las organizaciones no gubernamentales, que,
con toda sinceridad, me merecen absoluta credibilidad, sin perjuicio de
que algunos de sus aspectos sean depurados ante los tribunales; ellos
serán los llamados a resolver la posible calificación de esas
irregularidades--, la utilización de las devoluciones para esa finalidad,
en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, también supone incumplir
la ilegalidad. Está claro que esos supuestos se producen como
consecuencia de lo que el señor Ministro ha reconocido, que es,
simplemente, que en 72 horas, como es natural, no hay manera de
identificar a las personas y, mucho menos, saber de qué nacionalidad
proceden. Utilizar la devolución --y esta última afirmación viene
recogida en el informe del Defensor del Pueblo-- precisamente es una
técnica para no cumplir la legalidad. Naturalmente, en otras ocasiones
era necesario esperar meses para lograr hacer un expediente completo. El
Presidente de Melilla les felicitaba por la eficacia y la efectividad de
la medida adoptada, ya que, repito, con anterioridad teníamos que esperar
meses hasta poder completar los correspondientes expedientes de
expulsión. Desde nuestro punto de vista, utilizar la devolución respecto
a personas de las que no consta la identidad, ni la nacionalidad de
origen, ni la nacionalidad de procedencia, es incumplir la legalidad en
materia de extranjería, e incumplirla generando riesgos, ya que no es un
mero incumplimiento formal.

Además, desde un punto de vista práctico no hay más remedio que decir que
la operación no ha sido modélica. Al decirlo usted, supongo que se
refería a alguna de las cosas que voy a exponer ahora. No ha sido
modélica, por ejemplo, porque, en principio, desde el punto de vista de
la eficacia, supongo que este tipo de respuesta estaría orientada --eso
dijo usted-- a evitar que en el futuro se produzcan situaciones análogas,
y la verdad es que el resultado no ha sido ése. De hecho,
desgraciadamente, siguen llegando emigrantes a Melilla y a Ceuta.

Por otra parte, tampoco es ése el mensaje que hemos enviado si fuere
cierto --asunto al que no ha hecho referencia, por lo que, de paso,
aprovecho para preguntarle-- que se consideró oportuno abonar a los
inmigrantes expulsados determinadas sumas de dinero. No sé si es cierto
porque el señor Ministro no ha hecho alusión a ese tema; hay informes
distintos que parecen dar por supuesto que sí, al menos respecto de Mali.

También se dice respecto de otros destinos, pero, en estos casos, no para
los inmigrantes, sino para las autoridades de los respectivos países.

Como digo, no sé si es cierto o no, deberá aclararlo el señor Ministro,
pero lo que es evidente es que, si fuera cierto que el Gobierno de la
nación consideró adecuado dar la suma de dinero que se ha publicado en
relación con los inmigrantes ilegales, se producirá un estímulo-objetivo
para la inmigración ilegal. Eso, repito, sería un estímulo-objetivo, y lo
vamos a sufrir en los próximos meses. De ahí la importancia de que, si no
es cierto, lo desmienta con claridad, señor Ministro.

Tampoco me parece, desde el punto de vista de la eficacia o del modelo de
solución del problema, que eso sea útil en término de costes. El Grupo
Parlamentario Socialista querría saber el coste aproximado de esa
operación, si es razonable o proporcionado y de qué partidas
presupuestarias procede. Ya le anticipo que si alguna de las cuantías
procediera de fondos reservados, nuestro Grupo renuncia a hacerle
pregunta alguna, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera solicitarlo en
la Comisión correspondiente, pero sí queremos saber de qué partidas
procede y, en su caso, cuál es el volumen global de la operación, para
ver si, efectivamente, la relación coste/resultado se cumple. Nosotros
creemos que no.

Como tampoco creemos que estuviera bien diseñada la operación desde el
punto de vista práctico si vemos lo que ha pasado con los policías, con
los funcionarios intervinientes. Ya no es sólo la utilización o no de
quinina, aunque mi información es contraria a la que tiene el señor
Ministro, pero, en definitiva, es una cuestión técnica en la que no
quiero entrar. Según mis noticias, actualmente existen mecanismos para
que, con 24 horas de anticipación a la correspondiente operación, se
pueda suministrar una medicación que sería una variante de la quinina y
que debe continuarse durante una semana después de haber estado en el
país donde existiera el riesgo. De todos modos, ése es un problema
técnico que, será cierto o no, no modifica la cuestión fundamental, y es
que, según declaró el Ministro de Defensa, el personal militar sí que se
sintió protegido por la actuación del Ministerio de Defensa respecto a la
adopción de esas medidas. ¿Se sintieron igualmente protegidas las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad dependientes de usted señor Ministro?
Por otra parte, ¿se habían hecho las cosas de forma suficientemente
eficaz para que no fuera preciso empezar a negociar en el propio país de
llegada, obligando a situaciones que conoce perfectamente el señor
Ministro respecto a los funcionarios policiales, que tuvieron que pasar
condiciones difícilmente admisibles desde un punto de vista material y de
comodidad, es decir, en cuanto a habitabilidad, alimentación e, incluso,
de discusión y desprotección en esos países? ¿Qué gestiones se habían
hecho y quién las había hecho? ¿Las había hecho la policía o más bien los
diplomáticos de su Ministerio? ¿Quién había diseñado la operación, señor
Mayor Oreja?
En sus primeras declaraciones, parecía, según decía «El País», presumir
de los buenos contactos. No se lo atribuían como declaración expresa,
pero el texto dice: Presumió de que los buenos contactos de los
diplomáticos incorporados a su Ministerio habían facilitado el éxito de
la operación. ¿Realmente se puede hablar de éxito? ¿Se había negociado en
serio con alguien o hubo que renegociar todos y cada uno de los acuerdos
verbales a los que se había llegado con los sucesivos países, generando
diversas situaciones conflictivas, por cierto, algunas de ellas un tanto
airadas para España como nación? ¿Qué pasó ahí, que no se gestionó bien?



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No quisiera que estas críticas confundieran el objetivo central de la
crítica que hace el Grupo Parlamentario Socialista. Aunque hubiera salido
muy bien, aunque hubiera sido eficaz, aunque hubieran resuelto un
problema, que no han resuelto, sino agrandado, nunca podríamos aceptar la
forma en que esto se ha planteado. No lo podríamos aceptar porque, con
toda sinceridad, igual que el Defensor del Pueblo, creemos que ha sido
una operación de expulsión, de devolución, colectiva e indiscriminada, en
la que se ha utilizado la técnica de la devolución de manera contraria a
la ley, en la que --asunto al que no ha aludido y que supongo que
preferirá desmentirlo en su segunda intervención--, según el Defensor del
Pueblo, incluso puede haberse vulnerado la legislación sobre asilo, lo
cual, como el señor Ministro sabe, ya serían palabras mayores. El
Defensor del Pueblo, en su informe, habla de cuatro casos; CEAR habla de
muchos más y se refiere a treinta y tantos supuestos. En cualquier caso,
señor Ministro, el problema estaría en que la circunstancia de que
formalmente no se hubiera solicitado el asilo no podría ser pretexto para
verificar la expulsión de quien demandó el asilo, siquiera de manera
informal, aunque sea conforme a la técnica de la llamada citación previa,
que se reconduce al hecho de que los servicios no permiten acoger y
estudiar todas las demandas de asilo al ritmo que se van solicitando y
que determina --insisto-- un mecanismo de cita previa. Pero, frente a ese
mecanismo de cita previa, la respuesta es que, mientras no se verifique,
debe suspenderse cualquier procedimiento de expulsión y, más aún, de
devolución.

El Defensor del Pueblo cree tener datos de cuatro, CEAR cree tener datos
de bastantes más, de más de 30 ciudadanos. Señor Ministro, en opinión de
nuestro Grupo Parlamentario lo razonable es que hasta que esos elementos
se hubieran constatado debidamente, no se hubiera debido proceder a la
expulsión ni a la devolución. La vulneración del derecho de asilo, si se
comprueba --insisto en que sobre este tema el señor Ministro no ha dicho
aún nada--, sería uno de los datos más graves del conjunto de la
operación.

Pero es que tampoco estamos de acuerdo con la forma como se ha planteado
en el terreno de la transparencia; terreno al que usted aludía hoy
diciendo que reconoce una serie de cuestiones, concretamente el uso de
sedantes. En Melilla, el sistema era muy claro, y lo ha sido así durante
años. Consulte el informe de la Cruz Roja, por ejemplo, y lo verá con
toda claridad. El problema que existe, que es real y que es grave, se
resolvía sobre la base de la intervención de las organizaciones no
gubernamentales y su envío a la Península, no de manera colectiva sino a
través de expedientes individualizados, y sólo cuando efectivamente se
constataba eventualmente la expulsión. La verdad es que ha roto el
sistema y ha establecido un mecanismo nuevo, un mecanismo que, por
cierto, es verdad que utilizan otros países. Lo utilizan, por ejemplo,
Francia y Alemania. La realidad sobre la que operan Francia y Alemania en
cuanto a la técnica de las expulsiones colectivas, no en cuanto a las
irregularidades --porque tanto Francia como Alemania intentan
permanentemente cumplir su propia legislación interna--, creo
sinceramente que en nuestro país no es posible con la legislación actual.

Nuestra legislación actual obliga a una individualización, expediente por
expediente, asunto por asunto. Si se actúa de manera colectiva y se
quiere seguir actuando así --espero que no--, no tendrá más remedio que
abordar en serio cambios legislativos, aunque ya le anticipo que no
contará con el acuerdo del Grupo Parlamentario Socialista.

Pues bien, aplicar técnicas análogas en cuanto al mecanismos de
expulsiones colectivas --no, insisto, en cuanto al cumplimiento de la
legalidad vigente--, en este país, en Francia o en Alemania, supone
desconocer cosas evidentes. Mientras el problema de la inmigración
ilegal, en Francia y Alemania, supone un problema social realmente serio
e importante --los datos que tengo son del 8 por ciento en Alemania y del
6,5 por ciento en Francia--, en España no tenemos más allá de 500.000, de
los cuales sólo 260.000, aproximadamente, son inmigrantes por razones de
trabajo; el resto son personas ricas de la Unión Europea, que vienen aquí
a pasar los últimos años de vida a través del disfrute de nuestro clima y
de nuestras circunstancias. No es ésa la realidad de nuestro país. Los
porcentajes de nuestro país no justifican la utilizacióndeesosmedios
--expeditivos, se dice-- que realmente nos alarman para resolver un
problema porque, por el contrario, pueden agravarlo. Eso es lo que puede
estar pasando, señor Ministro.

Es preocupante, incluso, una derivación menor, como es la que ha
pretendido --también en alguna declaración política-- el señor Michavila
al decir que esto era un problema sindical. Es otra derivación sobre la
cual le quiero hacer alguna reflexión. Cuidado, señor Ministro, con la
conversión de este problema en un problema de lucha entre sindicatos
dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Ya se empiezan a producir
fenómenos preocupantes. Tengo aquí un pasquín que ya aparece en
comisarías de Policía en el que, atribuyéndose una falsa identidad al SUP
(debajo de SUP pone Sociedad Utópica Política; seguramente ya lo
conocerá), otro sindicato considera oportuno decir cosas de este tipo:
«Si eres inmigrante y estás ilegal en España, para que no te expulsen, te
ofrece asistencia jurídica gratuita, publicidad suficiente en periódicos
como para que no te expulsen, apoyo y comprensión especial» (esto en
mayúsculas) «cuando seas torturado por la Policía. No lo dudes, llámanos.

Tenemos soluciones para tus problemas.»
Esto es grave. No se puede estimular la guerra sindical, señor Ministro,
atacando al SUP, al sindicato que, en definitiva, consideró su obligación
denunciar unos hechos, que previamente por cierto, habían denunciado
organizaciones no gubernamentales y también, en esta misma Cámara,
Diputados socialistas como Carlos Sanjuán y Matilde Fernández. No se
puede devolver el problema atacando al Sindicato Unificado de la Policía,
atribuyéndole que actúa bajo la influencia de determinados partidos
políticos u organizaciones de otra índole. No es posible crear en el
Cuerpo Nacional de Policía un clima de esta naturaleza. Me parece que
estamos peligrosamente avanzando en el terreno de crear intolerancia, y
eso es grave. Si empezamos así, podemos encontrarnos con un incremento de
hechos poco compatibles con los derechos humanos, que usted



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tendrá que sufrir, en cuanto a su gestión, señor Ministro, pero también,
en cuanto a sus consecuencias, el conjunto de los ciudadanos. Creo que al
Sindicato Unificado de Policía, quien en definitiva realiza una denuncia
de esta naturaleza, lo que se debe es agradecer la capacidad de
transparencia --en este caso, sí-- y nada más, no intentar una
descalificación de uno de los sindicatos y un enfrentamiento con otros
sindicatos. Otros sindicatos que, si jugáramos a ese mismo tipo de juego,
en ocasiones, parecería que se dictaban sus notas en la Dirección General
de la Policía. Ya sé que no es así, pero, si jugamos a eso, nos podemos
encontrar con una guerra sindical de consecuencias muy graves.

Hay algo más preocupante. El planteamiento sindical no es más que uno de
los aspectos del problema. Con este tipo e actuaciones, y también con el
tratamiento informativo que ayer se dio a los acontecimientos que
ocurrieron en el aeropuerto con ocasión de la expulsión de los
inmigrantes, estamos generando un problema mayor y es que podemos
estimular el crecimiento de un sentimiento siempre latente, siempre capaz
de crecer, como sabe perfectamente el señor Ministro. Me refiero al
incremento del racismo y de la xenofobia. No es posible un planteamiento
como el que efectivamente dio la televisión pública, puesto que en el
conjunto de la información parecía como si los inmigrantes fueran un
colectivo violento, agresivo. En ocasiones parecía que se hablaba de que
se había utilizado una determinada técnica --en este caso, el papel celo
en la boca y en las manos--, como para dejar dicho el mensaje de que eso
es menos civilizado aún que el empleo de sedantes. Esa podría ser la
finalidad de la construcción del informativo, que me parece el tema
menor. Lo que me parece grave es presentar al colectivo de inmigrantes
como un colectivo violento, cuando no es así, cuando su comportamiento,
durante años, ha sido sustancialmente ejemplar, cuando el número de
incidentes, durante años, ha sido mínimo. (Rumores.) Me parece alarmante
que en tan poco tiempo podamos generar tantos acontecimientos violentos,
agresivos, en este ámbito. Aunque el señor Ministro no tiene la culpa del
tratamiento que Televisión Española dé a una información, en mi función
de Diputado quiero dejar constancia de que me parece un planteamiento muy
incorrecto, desde la lógica del racismo y la xenofobia. Me parece que no
podemos seguir avanzando por este camino.

A nosotros nos preocupan varias cosas. En primer lugar, que usted no haga
autocrítica cuando todos están de acuerdo --Defensor del Pueblo, CEAR,
organizaciones no gubernamentales directamente implicadas en este tipo de
temas-- en que ha habido esas irregularidades y usted, señor Ministro, no
las vea y que ése sea el resultado de su investigación, que no haya
anunciado que alguien es responsable. De su información parece
desprenderse que todo está bien y que no va a traer consecuencias. Eso
nos preocupa. En segundo lugar, nos preocupa que se considere que estos
temas son de menor cuantía, cuando son de extraordinaria gravedad no sólo
para las organizaciones no gubernamentales, no sólo --aunque de eso desde
luego puedo responder-- para nuestro electorado, para los que votan una
opción progresista. Creo que lo son para el conjunto de los ciudadanos. A
nadie le puede parecer serio considerar un tema menor la suerte de ciento
tres personas. A nadie le puede parecer serio entender que se puede
resolver un problema de eso modo, señor Ministro, porque de ese modo no
se puede resolver. Y no le voy a decir ni tres, ni dos, ni una sola vez
lo de: «Dimita, señor Mayor Oreja.» Eso no se lo voy a decir. El revés,
le voy a decir: «No dimita, señor Mayor Oreja.» Pero, al mismo tiempo, le
voy a pedir que depure las responsabilidades que ha habido, que haga caso
a las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y del Defensor
del Pueblo, que colabore con los tribunales, en las actuaciones que están
en marcha, a la clarificación de estos temas. Y sobre todo, le voy a
preguntar dos cosas muy concretas, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista. Una: ¿Está en condiciones de asegurar que estas
expulsiones-devoluciones-colectivas no se van a repetir, sean en Melilla,
en Ceuta o en cualquier otro lado? ¿Está en condiciones de garantizarnos,
ante la Cámara, que eso no se va a repetir y que, por el contrario, se va
a ir a expulsiones individualizadas, conforme a mecanismos que garanticen
la intervención de las organizaciones no gubernamentales y, por tanto, la
debida transparencia en todo el proceso y que garanticen la debida
asistencia letrada? Señor Ministro, es verdad que, por turno de reparto,
le correspondió a un determinado letrado que casualmente tenía funciones
en la delegación del Gobierno. Pero el problema no es ése, es que quienes
tradicionalmente han resuelto la cuestión han sido los abogados y las
asesorías jurídicas de las organizaciones no gubernamentales, que
tuvieron siempre pleno acceso a los inmigrantes para poder controlar.

Señor Ministro, la única garantía que tenemos para que no haya abusos es
que las organizaciones no gubernamentales controlen de verdad nuestro
trabajo, es la garantía mayor. Le aseguro que ha sido particularmente
útil durante otras épocas, entre otras cosas, por ejemplo, en un asunto
que se aireó en los medios de comunicación relativo a los kurdos, ellos
impidieron que salieran porque, gracias a que tuvieron noticias, CEAR
pudo recurrir una resolución mía de expulsión, el avión correspondiente
se paró en Barcelona y volvieron a Madrid; pero porque pudieron recurrir,
porque afortunadamente, las organizaciones no gubernamentales cumplen su
función de manera decisiva cuando controlan las acciones del Poder
Ejecutivo. Que la operación se haya realizado de manera oscura,
escondida, sin posibilidades de ejercer sus derechos, es un mal
precedente.

Nosotros vamos a seguir controlando la suerte de todas y cada una de las
personas desaparecidas, para que sea el Gobierno quien nos diga dónde
están y si están bien. Sobre eso, hay una batería de preguntas escritas
que, en su momento, me imagino que se contestarán y, desde luego, a lo
largo de los sucesivos períodos de sesiones trataremos de seguir
controlando qué ha pasado con ellos, porque el Gobierno de la Nación
tiene responsabilidad en la suerte de estas personas. Eso es fundamental,
por encima de los incumplimientos legales que ya resolverán los
Tribunales; por encima de todo ese tipo de consideraciones estrictamente
jurídicas, está que no es posible, que no es razonable asumir unos
riesgos superiores a los que el sentido humanitario debería aconsejar.




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Señor Ministro, espero que en su siguiente intervención pueda reconocer
los errores que haya habido. Si no los reconoce, si sigue manteniendo el
tipo de manifestaciones que hasta ahora ha hecho no va a contribuir a
pacificar el clima de alarma social, sino, sinceramente, a incrementarlo.

Garantícenos que esto no se va a repetir, que no va a haber operación
Ceuta y, sobre todo, que no va a haber otras operaciones análogas o
equivalentes en el futuro. Y controle, señor Ministro, de verdad, dónde
están y que su suerte sea la razonable entre países civilizados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, señor Ministro, quisiera decir
previamente que a nuestro Grupo le hubiese gustado que en esta
comparecencia extraordinaria hubiésemos tratado de forma monográfica este
asunto. En el segundo punto, también nos va a informar usted sobre las
acciones policiales, acertadas y efectivas, contra la banda terrorista
ETA, pero hubiésemos deseado que no se hubiesen mezclado hoy, en esta
comparecencia extraordinaria, dos asuntos que nada tienen que ver. Como
quiera que todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo con lo que va a
decir el Ministro respecto al segundo punto, en cualquier otro momento lo
habríamos podido resolver en cuanto a la información se refiere.

Señor Ministro, usted ha vuelto a repetir hoy la argumentación que dio en
la comparecencia del 25 de junio. En aquella ocasión tuve la oportunidad
de preguntarle, ante los sucesos entonces recientes de Melilla, cuál
había sido su actuación, puesto que en aquellos momentos no conocíamos la
trascendencia, el detalle, de aquella operación. Usted repitió, y así
consta en el «Diario de Sesiones», prácticamente la misma argumentación
que ha venido a dar hoy aquí, es decir, que los hechos se ajustan
estrictamente al Estado de Derecho; que se hicieron conforme al respeto a
la Justicia y que se adoptaron fundamentalmente para no crear un problema
de orden público.

Pues bien, señor Ministro, con los datos que tenemos ya hoy se puede
decir que, tanto su anterior comparecencia como su intervención en la
presente comparecencia extraordinaria, los hechos contradicen claramente
esa información. Desde nuestro punto de vista, esa expulsión de los
ciento tres inmigrantes se ha producido vulnerando la Ley de extranjería
y la Ley de asilo, ya de por sí restrictivas, tremendamente restrictivas,
y se ha puesto en peligro la integridad física de los funcionarios
policiales. Esto, señor Ministro, supone un ataque frontal al Estado de
Derecho, a las conciencias democráticas y a los derechos humanos.

Señor Ministro, ésta es una chapuza intolerable, para hablar con
claridad, pronto y por derecho; una chapuza intolerable e inadmisible,
producto, yo creo, de una improvisación y producto, efectivamente, tal
como usted plantea, de intentar resolver un problema de orden público.

Nosotros estamos radicalmente en contra de este diagnóstico.

Estábamos acostumbrados con la anterior Administración a que los
inmigrantes fueran cada vez menos respetados por el Estado. Pero esta
expulsión escandalosa ha encendido todas las luces rojas y conviene, a
partir de este diagnóstico de extrema gravedad, dar una información
veraz, constrastarla y evitar en lo sucesivo que puedan producirse hechos
tan lamentables.

Usted decía que todo este operativo surge fundamentalmente por la
aparición de un problema de orden público en una ciudad especial.

Nosotros entendemos que Melilla es España. Tendrá su patrón y su patrona,
pero es España.

La inmigración, desde nuestro punto de vista, es una de las expresiones
más dramáticas de las contradicciones del mundo actual; la clandestina,
en especial, es una tragedia y, como tal, hay que abordarla. Y no se
puede decir, porque sería una insensatez, que la inmigración clandestina
es un problema de orden público o reconducirlo a un problema de orden
público. Si hablamos de orden público habrá que empezar a plantear con
claridad que en los sucesos de los días 18, 19 y 20 (en concreto, del 18
y 19) yo no sé quién crea el problema de orden público, porque con la
información que este grupo tiene, se produce una concentración de los
ciento tres inmigrantes prácticamente delante de la Delegación del
Gobierno, pero son rodeados por la Policía. Se pone un cordón policial y
se les impide salir de ese cordón policial durante más de 24 horas, con
el agravante de que la asociación «Melilla Acoge» y letrados se ofrecen a
la Delegación del Gobierno para mediar en el conflicto, a lo cual ésta se
niega, dato importante a tener en cuenta, porque es a partir de ahí
donde, efectivamente, surge un problema de orden público que no sé yo
quien lo crea exactamente, si la orden que se le da a la Policía para
rodear a los inmigrantes y evitar su salida durante 24 horas, o los
inmigrantes cuya imagen intenta vender como personas agresivas aunque, al
día de hoy, no se ha podido contrastar ni un solo dato que apunte a que
han tenido una agresión seria que pusiera en peligro la integridad de la
ciudad, de la seguridad ciudadana.

Hablando de orden público tendríamos que empezar a hablar de las
condiciones de salubridad de los calabozos, de los refugios de
inmigración en Melilla, porque eso es hablar también de derechos humanos,
y de poner en marcha dispositivos que eviten la crispación de cualquier
ciudadano del mundo --porque son ciudadanos del mundo tengan el color que
tengan, tengan la pobreza o la riqueza que tengan-- y que, a partir de
ese tratamiento exquisito de ciudadanos y ciudadanas del mundo, todo lo
que sean trámites legales se den con las máximas garantías y con la
máxima dignidad.

Señor Ministro, España, por su historia reciente de emigración masiva y
de exilios forzosos, está obligada a compartir ese drama dando soluciones
a esos ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que son ciudadanos y
ciudadanas no de segunda o de tercera categoría, sino con plenos
derechos: los derechos que recoge nuestra legislación, los derechos
internacionales, y no caer nunca en la doble moral, en la hipocresía, de
que, según cuando interese, la inmigración es un problema de orden
público o no. Usted conoce, como conocemos todos los grupos, que en
España hay una economía sumergida muy importante; parte de esa economía
sumergida se hace con inmigración ilegal (por



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ejemplo, el Maresme, el Poniente), en definitiva, con las alcantarillas
de la economía que necesita de esa mano de obra barata, explotada, sin
derechos; en esos territorios se reconoce que hay una mayor concentración
de inmigrantes ilegales, muchos más de ciento tres. Ahí no hay un
problema, porque no interesa, porque sirven y, sin embargo, esos ciento
tres clandestinos se convierten en un problema de Estado cuando se
concentran sencillamente en una ciudad española como es Melilla. Nosotros
no compartimos esa hipocresía, la vamos a combatir desde el punto de
vista democrático, desde el punto de vista social; no es admisible esa
hipocresía.

Además, entendemos que la expulsión de los ciento tres inmigrantes se da
con todos los agravantes, a tenor de los informes del Defensor del Pueblo
y de las ONG. Primero, por el incumplimiento de la Ley de extranjería y
el derecho de asilo; segundo, por la expulsión ilegal, cuando muchos de
ellos habían solicitado petición de asilo o no pudieron hacerlo --como
todos conocemos, esa petición hubiese paralizado cualquier tipo de
expulsión--; porque se produce un operativo policial sin garantías para
los propios funcionarios. Usted nos ha dado información respecto a que la
quinina efectivamente puede producir efectos perniciosos, pero creo que
al señor Del Moral, que ha estado en coma, a punto de perder la vida por
no suministrarle quinina, como usted dice, por lo menos se le habría
tenido que preguntar si prefería tomar quinina o perder la vida y que
hubiese decidido él mismo. Si yo soy el señor Del Moral habría tomado
quinina sin lugar a dudas, señor Ministro.

Efectivamente, el operativo policial se hace sin ningún tipo de garantía
para los funcionarios. A los funcionarios no se les da documentación --y
aquí entramos en la parte tragicómica de esta chapuza--, no se les da
pasaporte, llegan a Camerún sin documentación y las fuerzas policiales de
este país no dejan salir a los funcionarios por indocumentados. Esta es
la parte tragicómica de la historia.

En cuanto a administración ilegal de narcóticos o a la sedación
indiscriminada, efectivamente es una vulneración. Todos conocemos que es
un fármaco que hay que administrar según quién sea el paciente y se da de
forma indiscriminada. Tan es así que los propios policías no conocían qué
botellas de agua estaban inyectadas con este fármaco y tres de ellos caen
fulminados, dentro de lo que es esa magnífica chapuza policial y
administrativa.

Se traslada a todos estos inmigrantes, por primera vez, en transporte
militar, no civil; es una novedad. Una cuestión gravísima, España cede
soberanía a terceros países para que sean éstos los que resuelvan una
devolución. Eso es gravísimo porque se ponen en peligro vidas humanas y
España tiene que ser la responsable de todos y cada uno de los ciento
tres inmigrantes, antes y después. Es gravísimo que España ceda soberanía
y que, de alguna manera, incumpla tanto nuestras leyes como las
internacionales.

A diferencia del portavoz del Partido Socialista, le voy a preguntar
directamente si la financiación de este operativo policial fue a cuenta
de los fondos reservados o no. Interesa conocerlo, creo que la opinión
pública tiene que conocer cuál fue la financiación y si ésta sale de los
fondos reservados.

Al día de hoy, no sabemos --le interesa al pueblo español-- la suerte que
han corrido estos inmigrantes, tanto en los países africanos que los
recibieron como en los países de origen. Usted ha asegurado que
escogieron países como Senegal, Malí, Guinea, etcétera, por tener, dentro
de lo que es Africa, unas características determinadas en relación con el
respeto a los derechos humanos, pero esa información contrasta con la de
asociaciones serias, como Amnistía Internacional, que plantean que esos
países practican la tortura, encarcelamientos políticos, ejecuciones
extrajudiciales, etcétera; información que se contradice claramente con
la elección que la Administración española ha hecho en relación con la
recepción de los inmigrantes.

Señor Ministro, el Acuerdo de Schengen plantea que Europa se convierta en
una fortaleza que evite la llegada del Tercer Mundo a este paraíso que
algunos pretenden que sea modelo de vida y de desarrollo. Efectivamente,
amuralla en algún sentido a Ceuta y Melilla en el puerto y deja abierta
la frontera con Marruecos. Aquí habría que hablar también de si alguna
Administración española --la anterior no lo hizo, a ver si con ésta
tenemos suerte--, ya que tenemos tan buenas relaciones con el Reino de
Marruecos, con una balanza comercial tan extraordinaria, hace cumplir el
Acuerdo bilateral con Marruecos en relación al Tratado de 1992, que le
obliga a readmitir a las personas de terceros países que cruzaron su
frontera de forma ilegal. No se entiende que tengamos tan magníficas
relaciones con esa dictadura, con el dictador Hassan II, y que se nos
impida hacer cumplir un Tratado bilateral que nos resolvería muchos
quebraderos de cabeza.

La ciudad de Melilla está en circunstancias especiales y los flujos
migratorios son inevitables por mucho que se impermeabilicen las
fronteras o se tomen medidas represivas, como es el caso. Las cosas no se
pueden resolver de esta manera. El Grupo Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya entiende que es preciso prevenir la
repetición de estas situaciones conflictivas mediante políticas e
infraestructuras de acogida, mediante la potenciación y la colaboración
de las ONG y la información, tanto a los inmigrantes como a los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

En este sentido, se ha intentado vender a la opinión pública una
acusación o incluso amenazas por parte de la Administración a las
denuncias que realizaron el Sindicato Unificado de Policía y otros
sindicatos. Nosotros no compartimos que se intente vender a la opinión
pública que estos sindicatos han hecho una especie de campaña para
intentar erosionar a los responsables de Interior. Yo creo que han hecho
lo que tiene que hacer cualquier ciudadano demócrata, denunciar posibles
hechos delictivos. Por tanto, lo que hay que hacer es agradecérselo y
estoy convencido de que, en ese agradecimiento, vamos a intentar resolver
entre todos de la mejor manera posible este asunto oscuro.

Señor Ministro, usted ha dicho que efectivamente ésta no es una operación
modélica. Se trata de un hecho muy grave desde el punto de vista de
lesiones de derechos fundamentales, por lo que hay que depurar las
responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales.

Yo no le voy a pedir la dimisión, señor Ministro, pero le voy a pedir que
diga a quién va a cesar. Tenemos que salir



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de aquí hoy con una contestación muy clara y firme sobre quién es, a su
juicio, el responsable de esta actuación tan poco modélica y a quién hay
que cesar. Indudablemente, estamos hablando de un hecho muy grave y en
política hay que asumir la responsabilidad a los distintos niveles; hoy
tiene que caer alguien para dar tranquilidad a las conciencias
democráticas, para dar tranquilidad de que en el futuro todas las
actuaciones que se vayan a emprender se realicen conforme a Derecho.

Señor Ministro, nos gustaría conocer con claridad, con rotundidad y con
precisión si se cumplió el procedimiento del expediente de expulsión, tal
como prevé la ley, permitiendo las alegaciones individuales; quién fue el
instructor; fecha de comienzo de expediente y de cierre; si se dio la
oportunidad de solicitar asilo a todos y cada uno de los ciento tres y si
alguno la pidió; y que fije con claridad si efectivamente Senegal,
Guinea, Malí y Camerún respetan los derechos humanos, países precisamente
escogidos para recibir a los inmigrantes. Como ya expuse anteriormente,
nos gustaría conocer cómo se realizó la financiación del operativo
policial, si ha sido con fondos reservados. Pero tal vez lo más
importante es la relación completa y nominal de los ciento tres
inmigrantes, su país de origen, cuál es su situación actual y si corren
algún tipo de peligro. Nos interesa eso especialmente. En España, como
todos conocemos y algunos hemos padecido, hemos vivido épocas complicadas
y difíciles y algunas fuerzas políticas vamos a ser especialmente
sensibles en el tema del asilo. Quisiéramos que nos dijera si tiene usted
constancia --porque queremos que el Ministerio contraste los datos que
nos han llegado hoy-- de si alguno de los ciento tres inmigrantes están
en Ceuta actualmente y, si es posible, nos gustaría acreditarlo.

Finalmente, señor Ministro, entre todos tendremos que aprender esta
lección para sacar consecuencias para el día de mañana. La más inmediata
y que habrá que empezar a resolver --tenemos ahí una ocasión de oro para
ver si es verdad que aprendemos la lección y resolvemos las cuestiones
conforme a derecho, conforme a derechos humanos, conforme a un talante
que permita plantear la inmigración no como un problema de orden público,
sino como un problema humano, como un problema social a resolver-- es la
que se refiere a los 264 concentrados que están actualmente en el
campamento de Calamocarro, en Ceuta. A partir de todos estos sucesos,
tenemos ahí una posibilidad. A ver si somos capaces entre todos de
resolver este asunto de Calamocarro con la aplicación del reciente
Reglamento de extranjería; estudiando caso por caso; viendo la
posibilidad de aplicación de la Ley de asilo en todos y cada uno de
ellos, en colaboración con las ONG; prestando atención a los colectivos
argelinos que, como usted conoce, tienen dificultades de entrada en su
país porque les niegan la entrada y porque incluso hay presiones muy
fuertes de Estados europeos que les impiden salir de ese confinamiento.

Es necesario, a partir de la lección aprendida y en función del ejemplo
que tenemos, que es una realidad inminente, de las 264 personas que
llevan ya mucho tiempo concentradas en ese campamento de Calamocarro, dar
una solución conforme a las leyes, a la dignidad y a los derechos
humanos.

Señor Ministro, la integridad de nuestros funcionarios nos interesa a
todos. Yo creo que en los operativos policiales con actuación de
funcionarios habría que contar con las garantías suficientes para que
cualquier acción fuera de nuestras fronteras se hiciera con todas las
garantías para evitar situaciones como la que hemos vivido. En
definitiva, y termino, se trata de que a partir de hoy podamos decir
todos: Nunca más, señor Ministro, nunca más.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy a ser breve porque ya se han citado
muchas de las argumentaciones que pretendía hacer esta Diputada en nombre
del Grupo Mixto.

En primer lugar, agradezco al señor Ministro las explicaciones y
declaraciones, aunque no han sido suficientes porque no se han tratado
diversos temas que citaré a continuación.

En segundo lugar, reconozco, como el señor Ministro, que la operación no
ha sido modélica. Lo que no sé exactamente es por qué no lo ha sido o a
qué se refiere cuando dice que no ha sido modélica. ¿No ha sido modélica
porque no se han garantizado las libertades y los derechos de los
extranjeros? ¿No ha sido modélica porque no se ha cumplido una operación
de diseño, no se sabe por quién realizada y no se sabe si con carácter
general para otra serie de operaciones? ¿No ha sido modélica porque no se
han cumplimentado por parte de los terceros países los compromisos a los
cuales, parece ser, se habían comprometido --valga la redundancia--? Me
gustaría pensar que el señor Ministro considera que no ha sido modélica
porque no se han garantizado suficientemente bien y de conformidad con el
espíritu de la ley los derechos y libertades de los extranjeros.

Tres cuestiones centrarán mi intervención. La primera en relación a la
operación en concreto. Nos ha dicho el señor Ministro que ha sido una
operación en la cual ha habido una serie de expedientes, es decir, se han
examinado y analizado individualmente cada uno de los casos de las ciento
tres personas involucradas en esta materia. Contrariamente, las
organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo consideran que
éste ha sido un expediente colectivo; expediente colectivo que no está
permitido por el ordenamiento jurídico. No sé si lo es individual o
colectivamente; no sé si en la literalidad lo ha sido individual o
colectivamente. Lo que es cierto es que en la realidad no ha sido
individual. Ha sido colectiva en la medida en que se han acumulado tres
tipos completamente diferentes de circunstancias personales de cada una
de las ciento tres personas. En segundo lugar, es colectiva desde el
momento en el que un solo letrado tiene que ver en menos de cuarenta y
ocho horas ciento tres expedientes. No voy a a entrar ni en la
personalidad ni en las facultades intelectuales de la persona que llevó
ese tema (ya lo han dicho algunos de los compañeros y yo no voy a a
entrar en ello), pero aunque fuera la persona más lista, la persona con
más conocimiento de causa de este tipo de leyes, es



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imposible que en menos de cuarenta y ocho horas se hiciera un estudio
detallado de cada uno de los casos. Por lo tanto, no sé si habrá ciento
tres carpetas o una, me da igual. Lo que está claro es que es un
expediente colectivo cuando un solo letrado tiene que ver en menos de
cuarenta y ocho horas, al menos, según dice usted, 70 expedientes.

¿Qué significa esto? Es una cuestión absolutamente grave desde el punto
de vista jurídico porque es cierto, lo reconocen todos los colegios de
abogados y todas las organizaciones no gubernamentales, que la materia de
extranjería, de los derechos y libertades de extranjeros tanto en lo que
se refiere a las condiciones económicas como a la Ley de asilo, es una
materia compleja que incluso ha llevado a todos los colectivos de
abogados a establecer turnos especiales para dar la suficiente defensa,
la defensa necesaria que cualquier persona necesita, sea cual sea el caso
que se le presente. Con lo cual, al entender del grupo que represento, es
imposible que fueran expedientes individuales. Si se ha hecho en ciento
tres expedientes diferentes para cumplimentar un artículo de la ley, la
literalidad estará cumplimentada, pero no el espíritu.

En segundo lugar, no nos ha aclarado el señor Ministro si existían
supuestos en los cuales se había solicitado el asilo. No lo sé. Solamente
sé que determinadas organizaciones no gubernamentales han considerado que
efectivamente había expedientes, había personas que tenían suficientes
causas, desgraciadas causas en sus países, como para solicitar el asilo.

No sabemos si era verdad o no porque no lo ha aclarado el señor Ministro.

En cualquier caso, usted mismo ha citado dos ejemplos que de oficio
hubieran sido suficientes para solicitar el asilo. Con respecto a las
personas que provenían de Liberia y Ruanda, como bien ha dicho usted,
habría sido suficiente para que cualquier letrado o persona que
perteneciera a la Administración hubiera solicitado de inmediato de
oficio el asilo y no hubieran estado comprendidas en esos expedientes de
expulsión y devolución. Esa es la segunda cuestión que me gustaría
aclarar.

Hay una serie de cuestiones en las que no voy a incidir porque ya se han
reiterado suficientemente y que supongo nos explicará el señor Ministro.

Pero hay otra cuestión que me parece muy importante citar en este
momento. Ha aludido al famoso producto farmacéutico y ha hecho una
descripción de las propiedades e indicaciones que aparecen en el
vademécum de los productos farmacéuticos. El problema no es ése. El
problema no es qué tipo de droga, qué tipo de narcótico. El problema es
si la aplicación a un grupo de personas era necesaria o no. Se habla de
que había unos servicios sanitarios, pero, por lo que usted ha señalado,
esos servicios sanitarios quedaron en tierra. ¿Por qué se administró a
todos los pasajeros de esos dos aviones D-5? Según usted ha señalado es
un medicamento que se utiliza en el caso de que haya que tranquilizar a
una persona y se iba a usar en el caso de que hubiera reacciones
violentas. No no consta --tampoco nos lo ha explicado usted-- que en los
dos aviones hubiera sido necesario administrarlo a la totalidad de los
pasajeros. ¿Dónde estaba el médico? Si era una operación de semejante
dimensión, ¿por qué no había un facultativo dentro de los aviones? ¿Por
qué se administró a la totalidad de los pasajeros? Una cosa es que el
producto sirva para lo que sirva, y otra cosa es que se pueda administrar
a un conjunto de personas sin necesidad, porque no se nos ha explicado,
y, en segundo lugar, sin una persona capacitada para determinar a quién y
cómo había que administrarlo.

En tercer lugar, habla usted de los compromisos que se habían adquirido
por parte de los terceros Estados a los que se llevaron y, además, señala
que se realizó así porque era más fácil a la hora de determinar de qué
países provenía cada una de las personas que estaban inmersas en esta
situación. Es un tema en el que hablamos de integridad física; no nos
olvidemos de que no solamente es el caso de Liberia y Ruanda, sino de que
en el resto de los países, por mucho que se hable de que hay unas
condiciones pacíficas, realmente estamos hablando de situaciones muy
límites y las personas que eran objeto de esta expulsión tenían
dificultades en cada uno de sus países. Dice usted que se comprometían a
garantizar la devolución a cada uno delospaíses. ¿Puede un gobierno hacer
dejación y permitir que sean unos terceros los que determinen si hay
peligro o no, los que determinen a dónde van a llevar a unas personas, y
que esa decisión pueda crear un peligro para la integridad física de las
personas? Creo que ningún gobierno puede hacer dejación de una
responsabilidad tan grave como de la que estamos hablando.

También se ha señalado aquí la necesidaddeaclarar --y yo lo reitero--
cuáles eran los compromisos, cómo eran esos compromisos, por qué se
comprometieron. Parece ser --y digo parece ser porque todo lo que tiene
esta Diputada son informaciones de periódicos y de medios de
comunicación-- que hubo una serie de pagos, de abonos, y nos gustaría
aclarar sobre qué base se hicieron, qué compromisos hubo y desde luego si
esos abonos, esas partidas de dinero procedían o no de los llamados
fondos reservados. Nos gustaría que se aclarara aquí, no en ninguna otra
comisión. Esto en lo que se refiere de manera muy resumida --porque no
quiero incidir en las consideraciones que han realizado los anteriores
Diputados de otros grupos-- a la operación en concreto.

En lo que se refiere a esta materia de manera general, me gustaría
preguntar al señor Ministro si realmente hay una operación, una
estrategia generalizada para tratar este tema de la misma manera que se
ha hecho ahora; es decir, ¿se va a tratar esta serie de circunstancias de
una manera generalizada, de una manera colectiva? ¿Existe una estrategia
dentro del Ministerio del Interior para que se haga así? Desde luego si
se admite que existe esta estrategia, nos parecería absolutamente
contraria al espíritu de la ley y al reglamento de abril de este año y,
por supuesto, tendríamos que solicitar que aquella persona que ha
diseñado dicha estrategia la reconsiderase, o bien, si dicha persona
persistiera en el interés por el mantenimiento de la citada estrategia,
lo que me parecería completamente fuera de lugar, que esa persona fuera
cesada o lo que procediera.

Se ha hablado de alarma social. No creo, sinceramente, que la realidad
que existe hoy en el Estado español suponga hablar de alarma social.

Evidentemente, los datos y estadísticas que nos ofrecen las diferentes
organizaciones



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no gubernamentales y también el Gobierno no permiten comparar las
situaciones que existen aquí con las del Estado francés o Alemania. En
segundo lugar, entiendo que ésta es una materia en la cual hay que pecar
siempre por exceso y no por defecto. ¿Por qué? Porque hablamos de
circunstancias que afectan, como he dicho antes, a la integridad, a los
derechos y libertades fundamentales de cualquier persona, y también las
necesidades económicas son un derecho y una libertad fundamentales, y en
ese sentido creo que hay que pecar por exceso, aunque pueda producirse
una serie de dificultades añadidas, y no por defecto, y en ese sentido
rogaría que así se hiciera, como creo que se ha venido haciendo
anteriormente.

Por último, quiero aclarar un pensamiento que tienen el partido, el grupo
al que represento y esta Diputada personalmente y es que las personas que
se encuentran en esta situación, ya sea por necesidades económicas o por
circunstancias políticas en sus países de origen, no son un problema y
nunca lo serán; el problema está en que nosotros no podemos acogerles,
pero calificar a estas personas como problema no me parece ni legítimo ni
ajustado a derecho. El problema es que nosotros, la Unión Europea --y
creo habrá sido un lapsus del señor Ministro decir que están de tránsito
para la Unión Europea, porque, que yo sepa, somos Unión Europea--, no
podemos acogerles, y a lo mejor tenemos que poner más de nuestra parte
para poder hacerlo, pero nunca se podrá considerar que esas personas son
un problema.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Quiero expresar aquí mi agradecimiento al
señor Ministro del Interior por las explicaciones sobre la evolución
detallada y concreta de los hechos que motivan su comparecencia.

Yo también participo, señor Ministro, de los juicios de valor que usted
ha hecho, a nuestro juicio sinceramente, tanto en algún momento de su
intervención como al final, porque no es un tema en el que sea fácil ser
constructivos, pero es a lo que tenemos que tender en el control
parlamentario para extraer de esto, a juicio de Coalición Canaria, una
enseñanza.

Usted hablaba, en una de sus primeras frases, del asentamiento progresivo
que habían venido teniendo en la ciudad de Melilla estos ciudadanos de
países del área subsahariana. Indudablemente, señor Ministro, estoy de
acuerdo con algo que han dicho aquí algunos portavoces --creo recordar
que lo ha mencionado el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-- cuando dice que la inmigración clandestina, que es el gran
problema de fondo aquí, no es un problema de orden público.

Efectivamente, al final, se transforma en su incidencia en un problema de
orden público, pero yo complemento esta frase: es un problema de política
interior y exterior, y en este aspecto de política exterior apoyo lo que
está haciendo el señor Ministro en el sentido de que haya personal de la
carrera diplomática en los cuadros de mando del Ministerio del Interior,
porque qué duda cabe de que los acuerdos de Schengen y la problemática
que tiene España como frontera sur de la Unión Europea requieren también
pura inteligencia profesional, porque la previsión y el encauzamiento de
estos problemas --que no son de orden público, aunque al final del
incendio haya que sacar las mangueras-- en un Estado de Derecho pasan
también por la vía de las relaciones internacionales, tanto desde nuestro
Ministerio de Asuntos Exteriores como desde el Ministerio del Interior,
para que se encuentre la fórmula diplomática para solucionar estos temas.

Suscribo también la tesis de que determinados países que están resultando
altamente beneficiados por acuerdos preferenciales con la Unión Europea,
como Marruecos, se inhiben en este problema y nos dejan no ya en frontera
sino colocados en Ceuta o Melilla a estos inmigrantes clandestinos que
han podido llegar allí por el grado de tolerancia --por emplear el
calificativo más suave, pues no quiero prejuzgar venalidades-- de
funcionarios marroquíes, porque lo que sí es cierto es que un ciudadano
subsahariano y de color no atraviesa libremente el territorio de
Marruecos desde la frontera sur. En un régimen de control policial como
el que tiene Marruecos un ciudadano subsahariano no pasa tranquilamente
ese territorio cruzando centenares de kilómetros hasta llegar a Ceuta y
Melilla. Por tanto, señor Ministro, tiene usted nuestro apoyo en su labor
diplomática para reivindicar ante estos países que, como Marruecos, han
salido altamente beneficiados de un acuerdo preferencial con la Unión
Europea una solución para este problema en frontera. Aquí no se puede
aplicar la vieja costumbre consuetudinaria del Ministerio de la
Gobernación español que viene ya desde principios de siglo, que lo
utilizó la República con la Ley de Vagos y Maleantes, que lo utilizó el
régimen franquista, de que cuando un ciudadano molestaba en una provincia
el gobernador lo ponía en el límite de la misma y se le pasaba el
problema al gobernador de la provincia limítrofe, y sólo los gobernadores
de Baleares o Canarias, que no tenían nada más que el mar por medio, no
podían cumplir esa curiosa norma. Pues bien, Marruecos está empleando esa
norma y esto hay que denunciarlo en los foros internacionales y desde
luego en la Unión Europea. Tiene que existir un principio de solidaridad.

En segundo lugar, señor Ministro, creo que los hechos que ha relatado y
que forman parte de nuestra defensa de los derechos humanos, sin caer ni
en sensiblerías ni en falsas hipocresías, son lamentables, y sirva de
lección que cuando nos llega la sorpresa por estos incidentes creo que
una política constructiva es poner los medios para reconducirla a los
límites de lo que es un Estado de Derecho y que no se vuelva a repetir
con esos aires de escándalo que tiene.

Desde Coalición Canaria vamos a apoyar al señor Ministro en lo que ha
planteado, en la necesidad de un nuevo modelo policial, en la medida que
nosotros pretendemos que exista un control sobre este problema, problema
que nos está surgiendo en Canarias, como bien sabe el señor Ministro, con
ciudadanos tanto del área anglófona como francófona africana, del golfo
de Guinea, que no sabemos cómo aparecen dentro del territorio español. Si
hay venalidad de determinados funcionarios de la Administración española,



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persígase y castíguese por los servicios de inspección con todas las
consecuencias de ejemplaridad. Por otra parte, habría que aumentar los
convenios bilaterales entre España y estos países por vía de la
cooperación, como ocurre con Guinea Ecuatorial, igual que se ha hecho
para poner fuera de territorio español o francés a determinados miembros
de la banda terrorista ETA para tenerles apartados del territorio donde
podrían realizar sus tropelías.

En cuanto a los fallos en el control policial, señor Ministro, por los
agujeros que pueda haber, aquí es donde nosotros insistimos en apoyar sus
líneas políticas de un nuevo modelo policial con una policía española de
fronteras, una policía especializada en la aplicación del tratamiento de
fronteras, porque si no vamos a terminar como otros países; a veces no se
cita, pero es el problema que tienen las autoridades de inmigración
norteamericanas con Méjico. El que vea las fotografías espectaculares de
las alambradas y de las vallas metálicas que se están levantando entre el
sur del estado de Tejas o de los estados limítrofes con Méjico, para
evitar la penetración de los inmigrantes clandestinos ilegales mejicanos
o de otras procedencias, como Centroamérica y Suramérica, verá cómo lo
están tratando de resolver allí.

Hay momentos en que la legislación se nos ha quedado insuficiente. Otra
de las medidas cuya consideración proponemos, señor Ministro, es terminar
de perfeccionar la ley 9/1994, la Ley reguladora del derecho de asilo y
de la condición de refugiado, que si bien vino a suponer un paso
progresista muy avanzado sobre la Ley de 1984, del Gobierno socialista en
aquel momento, ha evidenciado una falta de realismo, porque cuando la Ley
9/1994 en su artículo diecisiete aplica los efectos de la resolución
denegatoria, tenemos que enfrentarnos --en esto coincido con lo que ha
dicho el señor Belloch-- con que el tratamiento es individualizado;
claro, el tratamiento individualizado, expediente por expediente, sirve
en ese goteo normal del ciudadano destacado políticamente, opositor a un
régimen dictatorial, que llega, pero no se puede tener la misma norma, no
es de aplicación la misma ley para el que de forma individualizada
solicita asilo político o condición de refugiado que para una avalancha
de ciudadanos que huyen, no de forma individualizada sino colectivamente,
de unas circunstancias y condiciones de miseria, de guerra, de
conculcación total y absoluta de todos los derechos humanos en estos
países de origen. Por tanto, no podemos mantener el cinismo del artículo
diecisiete de nuestra ley, que al final lo que viene a decir es que la
denegación del expediente individualizado determinará el rechazo en
frontera, la salida obligatoria o la expulsión del territorio español.

Pero no decimos cómo se ejecuta esto. ¿A quién dejamos que lo interprete?
¿A un modesto comisario de fronteras? Creo que desde el Parlamento todas
las fuerzas políticas debemos avanzar para disponer de una solución a
estos problemas legales, porque no es un problema de orden público, pero
tampoco podemos quedarnos todos con la conciencia tranquila dejando que
lo resuelva, a su buen saber y entender, cualquier comisario de fronteras
que se encuentra con el problema candente y vivo de estos ciudadanos, que
es lógico que recurran a todas las extralimitaciones de la conducta
física y humana para evitar ser devueltos a sus países de origen, en los
que les espera la miseria o la muerte.

Señor Ministro, ésta es otra de la medidas que desde Coalición Canaria
entendemos que se deben proponer, porque lejos de nosotros creer que
desde el Ministerio del Interior se pueda haber pensado en ninguna de
estas medidas coercitivas; pero quizá, con una especie de tranquilidad de
conciencia mal entendida por parte del legislador o del gobernante, hemos
dejado el asunto en manos de alguien. Eso es lo que en una buena ley de
extranjería no se puede permitir, que alguien lleve a cabo la ejecución
de unos fallos, y, por supuesto, hay que regular el tratamiento de los
fenómenos colectivos; lo individual por lo individual y lo colectivo por
lo colectivo, porque si no vamos a terminar atascando los sistemas de
inmigración, expediente por expediente, como hemos atascado los juzgados
de lo contencioso-administrativo por haber suprimido un recurso de
reposición por la actividad que suponía una multa, y hoy día resulta que
una multa termina en un tribunal de justicia. ¿Con qué resultado? Que
atascamos la administración de justicia. ¿Es que vamos a tener a un
inmigrante como si fuera un señor que está esperando la resolución de un
recurso contencioso-administrativo que tarda tres o cuatro años? ¿Cómo
vamos a tener a un inmigrante tres o cuatro años esperando la resolución
de un expediente de este tipo? Queremos, por sentido común y por lógica,
que no se vuelva a producir esto que ha ocurrido, que ha sorprendido
posiblemente, como bien ha expresado el señor Ministro, desde la buena
voluntad del Gobierno o del señor Ministro del Interior y de sus cuadros
del departamento, pero a veces es que se lo hemos dejado resolver a unos
funcionarios de base que no tenían ni los medios materiales ni los medios
económicos.

Por tanto, adelante con el modelo policial, con una policía de fronteras
especializada en los temas; adelante también con un nuevo desarrollo de
la Ley 9/1994 y de las leyes de extranjería y del derecho de asilo y de
refugiado, porque si no estamos, señor Ministro, confundiendo la
aplicación de un Estado de Derecho con un derecho verdaderamente
inaplicable en las circunstancias en que esto se está produciendo. Por
supuesto, es necesario trasladar también, señor Ministro --y ahí tiene
nuestro apoyo--, a los ámbitos de ese espacio judicial europeo que la
Unión Europea debe ser solidaria con los países fronterizos con el norte,
en este caso, del Magreb y de otras partes de Africa, que es de donde nos
viene fundamentalmente esta oleada de inmigración clandestina, para la
que no tenemos en este momento una capacidad jurídica de regulación con
una ley de inmigración, porque no hemos hecho una ley del inmigrante.

Aquí estamos confundiendo distintas figuras, la del que pide asilo, del
que pide refugio y la del que llega por unas circunstancias económicas,
que aunque la ley lo citó en su momento, aquí no se ha cumplido, porque
creo recordar que en el propio prólogo de la ley del año 1994 se invocaba
la proposición no de ley que aprobamos en esta Cámara en en el año 1991
para agilizar los trámites en los expedientes individuales, y hemos visto
que es imposible agilizar trámites, creyendo ingenuamente, como creíamos



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muchos legisladores en el año 1991, que agilizar trámites individuales
era una cuestión puramente técnica que no conllevaba ningún esfuerzo ni
presupuestario ni funcionarial, y se nos han atascado los expedientes.

Esto conduce a situaciones como las que lamentablemente se han producido
en Melilla con estos ciento tres inmigrantes.

Coalición Canaria lamenta esta situación desde el punto de vista de los
derechos humanos y también desde el punto de vista del derecho racional
que ampara la Constitución española y proponemos que de ahora en adelante
sirva de experiencia y de enseñanza lo que ha sucedido y que se adopten
las medidas que modestamente nos hemos atrevido a sugerir al señor
Ministro, medidas que bien por iniciativa del Gobierno, bien por
iniciativa de los grupos parlamentarios conduzcan a racionalizar la
aplicación de nuestras leyes en estos casos.

En cualquier caso, señor Ministro, desde aquí le adelanto nuestro apoyo a
esas líneas fundamentales que ha señalado y el mantenimiento de la
confianza en los cargos de su departamento que a nivel central han
tratado de encauzar por vía ejecutiva o por vía diplomática este
problema, por lo que tienen mi apoyo y mi reconocimiento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Ministro, como quienes me han precedido
en el uso de la palabra, le agradezco su sinceridad no ocultando aspectos
incómodos y asumiendo que la operación no fue, como se ha dicho ya hasta
la saciedad, modélica. En nombre del Grupo Vasco no quiero hacer
demagogia con los sucesos que usted ha tratado en esta comparecencia.

Creo que lo evidente es que Europa tiene un problema grave con los
inmigrantes ilegales y España resulta ser la puerta de Europa para los
países africanos, para la inmigración subsahariana de la que hemos estado
hablando.

Conozco nuestras obligaciones internacionales y singularmente en el
ámbito europeo con el Tratado de Schengen, pero no puedo dejar de
criticar el tratamiento dado desde el Gobierno, que no por el señor
Ministro, al asunto de los inmigrantes expulsados de Melilla. La infeliz
frase del Presidente del Gobierno, señor Aznar, de «había un problema y
se ha solucionado», que ya ha sido citada, es un desafortunado
pensamiento en voz alta de xenofobia de Estado y de rampante pragmatismo.

Efectivamente, los gobiernos están para resolver problemas, pero deben
resolverlos en un Estado de Derecho desde el respeto de la legalidad, y
la primera legalidad en nuestro sistema es el respeto de los derechos
humanos, artículo 13 de la Constitución, aplicable a los extranjeros.

Tenemos, además, nuestras propias leyes de asilo y extranjería, ya de por
sí bastante draconianas, como tuvo ocasión de sostener mi grupo en su
tramitación parlamentaria, y que no parece que hayan sido respetadas.

Pero es que, además, señor Ministro, el problema no se ha resuelto en
absoluto.

Igualmente infeliz es la referencia del ocasional portavoz del Gobierno,
don Miguel Angel Rodríguez, a que --y cito literalmente-- «no hemos hecho
nada que no se viniera haciendo antes». Esta Comisión está compuesta por
profesionales del derecho en su mayor parte, y de todos es sabido que en
la ilegalidad no cabe esgrimir parámetros de igualdad. Esto que no es
posible en el ámbito jurídico tampoco lo es en el político. Una actuación
ilegal o cuando menos desafortunada o no modélica, como se ha dicho, no
se justifica porque siempre se haya hecho así; no nos consta, además, que
así sea, y si sí lo es, merecería, por parte de mi grupo, idéntico
reproche retrospectivo. Tenemos un problema, señor Ministro --y digo
tenemos porque nos incumbe a todos--, que no puede resolverse con los
expeditivos métodos empleados en esta ocasión.

Coincido también con los grupos que me han precedido en que no se trata
sólo de un problema de orden público. Según venía en el avión leía un
artículo del Diputado de esta Cámara Jordi Solé Tura, en el que alude a
que no se trata de un problema de orden público y que nada hay más
peligroso para una sociedad que empieza a sentirse insegura que convertir
todos los conflictos y todas las contradicciones en problemas de orden
público. Es un problema de Estado que afecta a otros muchos aspectos,
singularmente a la relación del Estado español con Marruecos. En opinión
de mi grupo, desde el Gobierno debe buscarse el necesario consenso con
los demás grupos parlamentarios, como se ha hecho con otros asuntos
graves, para que, entre todos, podamos analizar la magnitud del problema
humano en primer lugar, nuestras obligaciones internacionales, nuestra
normativa interna, y, entre todos --repito--, intentar resolverlo de la
manera más pacífica y civilizada posible. Desde mi grupo le reconocemos a
usted, señor Ministro, el talante necesario para intentarlo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans i Cambó.




El señor GUARDANS I CAMBO: Yo querría empezar agradeciendo el tono del
señor Ministro, en la misma línea en la que acaba de manifestarse la
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, con quien voy a coincidir
sustancialmente en toda mi intervención, que será breve. Efectivamente,
puedo decir, en nombre de mi grupo, que me ha gustado mucho ese tono
final de clara sinceridad, de reconocimiento de que no estamos ante una
situación modélica y de que aquí ha habido un problema, que ha sido no
tanto el de la frase poco afortunada que se pronunció en su momento y que
ya hemos lamentado todos, sino el de la forma en que el tema ha sido
afrontado. Por tanto, la comparecencia aquí del Ministro con este tono de
sinceridad para exponer los hechos ante esta Cámara no puede ser más que
bienvenida.

Nosotros no vamos a hacer demagogia con este tema, y ése sería el primer
punto que querríamos subrayar. La inmigración es un problema muchísimo
más amplio que un problema de orden público, se ha dicho ya varias veces
y por tanto no quiero insistir excesivamente en ello, pero sí dejarlo
dicho. La inmigración no es un problema de orden público. Sólo cuando es
ilegal, en determinados casos, se puede convertir en un problema de orden
público. La inmigración



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exige un tratamiento mucho más amplio, implica unos compromisos
internacionales de España, implica un problema dramático de las personas
que están afectadas. Es un problema que debe tener un tratamiento, como
ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, desde la perspectiva de la
política exterior, y, por tanto, no es un problema, en absoluto,
estrictamente policial. Es un problema que implica responsabilidades
internacionales para nuestro país, en concreto en su papel de vigilante
de las fronteras exteriores de la Unión Europea y más concretamente del
espacio Schengen, y, por tanto, no podemos dar un tratamiento demagógico
a este tema. Ello no impide que cuando la inmigración adquiere una
dimensión policial, una dimensión de orden público, nuestro grupo, como
entiendo que todos los de esta Cámara, incluido evidentemente el que
sostiene al Gobierno, exija que se cumplan todas aquellas formalidades
propias de un Estado de Derecho y el más estricto y escrupuloso respeto a
los derechos humanos. En ese sentido, entendemos que hay un aparente
conflicto estudiado desde hace mucho tiempo entre libertad y seguridad
--en cierto sentido, se podría traer aquí--, entre la inmigración y todo
lo que eso supone desde el punto de vista social y el problema del
respeto a los derechos humanos cuando eso provoca un problema de orden
público concreto. Nosotros, repito, no vamos a hacer demagogia. Tomamos
buena nota de las palabras del Ministro en el sentido de que el problema
no es nuevo ni el tratamiento que se le ha dado tampoco. De hecho, nos
sorprende la conducta del Sindicato Unificado de Policía, que después de
una primera denuncia alarmista intentando introducir alarma social en la
sociedad, valga la redundancia, posteriormente dejó claro que
efectivamente esta conducta ya tenía precedentes, sólo que en una cuantía
inferior. Si eso es así --y me remito a las declaraciones aparecidas en
la prensa hechas por representantes de ese sindicato--, evidentemente no
estamos ante una cuestión de cuantías o de volúmenes implicados, sino
ante un tema de fondo. No haremos, por tanto, demagogia.

Tampoco haremos demagogia intentando decir que cualquier infracción
administrativa, cualquier incumplimiento administrativo, supone una
violación de los derechos humanos. Sería absurdo decir que cualquier
error o incluso infracción voluntaria, negligente, y en cuanto tal
sancionable, en un expediente administrativo, por sí sola suponga una
violación de los derechos humanos, incluso aunque estemos en un supuesto
de expediente administrativo relativo a la extranjería. Eso es demagogia
y no caeremos en ese juego.

Otra cosa es que quizás haya que revisar, a la luz de los precedentes y
de los modelos de otros Estados, si éste es el mejor procedimiento. No es
el momento de pronunciarnos, pero es posible que éste no sea el mejor
procedimiento o por lo menos no de la forma en que ha sido desarrollado.

Es posible que la forma de relacionarse con los países terceros no haya
sido la más adecuada; la forma de garantizar el cumplimiento de esos
compromisos verbales quizá no ha sido la más adecuada. De todos modos,
también es cierto --y sobre esto me dirigiría al portavoz del Grupo
Socialista-- que en nuestro entorno más próximo tenemos modelos muy
similares al que se ha utilizado aquí y que limitarse a decir que ellos
tienen un problema cuantitativamente superior y que por tanto ése no
puede ser un modelo para nosotros parece --dicho sea con todo el
respeto-- un argumento poco consistente. Tampoco queda muy claro en la
argumentación del portavoz del Grupo Socialista si el hecho de esperar a
que este problema adquiera una dimensión muy superior sería la mejor
forma de impedir lo que todos queremos impedir, que es la alarma social
basada en el crecimiento del fenómeno racista en nuestra sociedad, algo a
lo que todos nosotros evidentemente nos oponemos.

Agradecemos la transparencia --he empezado con eso y vuelvo a ello
ahora-- de este Ministerio y confirmo en nombre de mi grupo la absoluta
confianza en el Ministro y en sus colaboradores. Lamentamos, quizás --y
querríamos dejar constancia de ello--, algunas actitudes iniciales en su
Gobierno respecto al tratamiento de este problema, no en el señor
Ministro, sino, por ejemplo, como ya ha quedado dicho, por alguna frase
poco afortunada y muy particularmente en la actitud del Secretario de
Estado de Comunicación, que, como en otras ocasiones, no ha sido la mejor
imagen de este Gobierno.

En síntesis, nosotros daremos pleno apoyo a este Ministerio ante la
firmeza en el tratamiento de la inmigración ilegal, exigiendo el máximo
respeto a las formas y animando e instando a todas las demás fuerzas
políticas a provocar una reflexión sobre la mejor forma de afrontarla
para llegar a ese equilibrio entre lo que es la necesidad de oponerse a
una inmigración ilegal que no podemos permitir, e insisto en que creemos
que sería demagogia o hipocresía decir lo contrario, y, sin embargo, la
exigencia del más exquisito tratamiento y respeto a los derechos humanos.

Exigiríamos, por tanto, de todos los grupos políticos --y nos ofrecemos a
ello también-- el tratamiento de este tema con la máxima responsabilidad,
provocando una reflexión en la que --y termino como empezaba-- quede
claro que la inmigración no es un problema de orden público y sólo muy
excepcionalmente la inmigración puede llegar a tener este tratamiento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil
Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, el Grupo
Parlamentario Popular celebra la comparecencia del señor Ministro ante
esta Cámara desde la convicción de que la operación objeto de polémica se
atuvo y se atiene plenamente al marco de legalidad vigente y desde la
voluntad manifestada por el Gobierno de dar con esta comparecencia
transparencia plena a los actos emanados del mismo. Al mismo tiempo, en
el comienzo de esta intervención queremos expresar, cómo no, nuestra
confianza en el señor Ministro y en todos sus colaboradores,
especialmente en aquellos que han sido aludidos como el entorno
diplomático del Ministerio. Tenemos que señalar que esta operación, que,
insisto, desde la óptica del Grupo Parlamentario Popular, no se puede
presentar como ajena al marco de la legalidad vigente, no puede ser
tampoco presentada, como algunos han tratado de hacerlo, a modo de
expresión atentatoria contra el sentido de la tolerancia



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y del más elemental respeto a los derechos humanos. Y el propio hecho de
que hoy el Gobierno esté presente en esta Cámara y las manifestaciones de
conjunto del señor Ministro acreditan, sin lugar a dudas, una voluntad
política que entendemos que todos los grupos parlamentarios, con
independencia de los legítimos y lógicos matices, han sabido determinar.

Desde nuestra posición y desde una visión cualquiera que pretenda ser
objetiva en el análisis de los hechos, no puede sorprender --porque es
natural, legítimo y necesario-- que desde determinados círculos políticos
o sociales se haya expresado una natural preocupación por los hechos
acaecidos, pero sí sorprende que en los últimos días se haya querido
utilizar ese supuesto relato de hechos para atribuir al Gobierno una
especie de genérica y fantasmagórica inhumanidad xenófoba aplicada con
saña sobre pacíficos ciudadanos extranjeros a los que, por lo visto, se
les condenaba a un sinfín de penalidades al haberlos puesto fuera del
territorio nacional. Otros, además, no han tenido inconveniente alguno en
distorsionar el alcance y los detalles de esta operación para tratar de
servir con ella a no se sabe qué fines, pero no desde luego a los del
atenimiento a la verdad, a los del servicio al interés general y a los de
la preservación y defensa de la imagen profesional colectiva de la
institución policial.

Por ello, hoy, el Grupo Parlamentario Popular quiere volver a expresar al
Ministro del Interior su pleno respaldo, habida cuenta del modo cómo ha
sabido configurar en su conjunto la práctica de este asunto conforme a
cuatro estadios fundamentales que se deben tener presentes, esto es, en
primer lugar, procediendo a adoptar las decisiones correspondientes para
garantizar la seguridad en la ciudad de Melilla conforme a la estricta
aplicación de la legislación vigente; en segundo lugar, procurando que el
destino de las personas objeto de devolución y de expulsión lo fuera a
sus países de origen y que, en los casos en los que esto no fuera posible
por no poder determinar la nacionalidad o por no ser aceptadas dichas
personas en sus respectivos Estados, fueran acogidas en terceros países
considerados como seguros; en tercer lugar, ordenando la inmediata
apertura de una investigación interna en el ámbito de la Dirección
General de la Policía para tratar de determinar ciertos detalles de la
operación que habían sido denunciados públicamente como presuntamente
irregulares o ajenos a los métodos habituales de ejecución de estas
prácticas de devolución o expulsión, y, en cuarto lugar, promoviendo de
suyo la posibilidad de celebrar el debate parlamentario de hoy
solicitando la propia comparecencia ante la Cámara en demostración
manifiesta, como ya hemos dicho, del respeto al papel de ésta y de la
voluntad de someter al control político de la misma toda la ejecutoria de
los actos del Gobierno. Así las cosas, el Ministro del Interior ha
perfilado, a nuestro juicio de manera suficiente, los detalles
correspondientes a los hechos, orígenes, momentos y modos de esta
operación, y mi grupo parlamentario no tiene en ello nada más que añadir,
sino expresar que el Gobierno actuó en función de criterios legales y
dando, desde luego, respuesta a una situación devenida, entre otras
causas, quizá, por la pasividad acumulada de épocas precedentes.

Quede, pues, claro que en la operación de Melilla no ha mediado la
decisión caprichosa de un Gobierno ajeno al drama humano que supone el
trasfondo de todos los movimientos migratorios con origen en el Tercer
Mundo, sino, por el contrario, la acción de un Gobierno consciente de su
deber, dispuesto a llevarlo a término por difícil que sea y decidido,
además, a que todo ello lo fuera con el menor coste aflictivo para las
personas sujetas a salida del territorio nacional, especialmente en lo
concerniente a su seguridad durante la operación de traslado y una vez
concluida ésta.

Conviene matizar que después de lo mucho que se ha dicho durante los
últimos días, ahora parece ser que ni ciertos extremos que se aseveraron
como irrefutables eran tales ni determinadas voces que se han alzado
podían esgrimir ese balance inmaculado que inicialmente se
autoatribuyeron. Además, sorprende que en el contexto de todo lo que ha
venido manifestándose en los días precedentes, nadie se haya interrogado
con rigor acerca de cuestiones tan obvias como lo que podría haber
sucedido en Melilla, en términos de enfrentamiento civil, si se hubiese
dejado crecer la espiral violenta protagonizada por grupos de estos
inmigrantes, primero entre ellos y después respecto del resto de la
población local. Hay que recordar que, efectivamente, como se ha dicho
esta tarde, no es justo atribuir al conjunto de los inmigrantes una
imagen violenta, porque esa valoración no se correspondería con la
verdad, pero no conviene tampoco obviar que quienes protagonizaron
inicialmente esos hechos violentos en la ciudad de Melilla sí habían
adoptado tal actitud, y prueba de ello es que la primera intervención
policial se realiza precisamente a requerimiento de los empleados de la
Cruz Roja, habida cuenta de los gravísimos enfrentamientos que se estaban
produciendo entre los propios inmigrantes.

Sorprende, igualmente, que nadie se haya planteado las consecuencias que
para la seguridad internacional del Estado podría haber acarreado una ola
de conflictos graves en Melilla, con las derivaciones que a nadie se le
deberían escapar. Sorprende que nadie haya hecho alusión a los
compromisos que España debe cumplimentar en función del Tratado de
Schengen --sí se ha hecho afortunadamente a lo largo del debate de esta
tarde--. Igualmente sorprende que durante los días precedentes no se haya
hecho una rigurosa referencia a nuestra condición de frontera sur de la
Unión Europea y, finalmente, que nadie haya planteado la situación
presente en el escenario inevitable --porque es así-- de una realidad que
se sucede en el tiempo y cuyos términos más deficitarios se concretan en
evidencias tales como, primero, la inexistencia de unas adecuadas
infraestructuras de vertebración y control de la frontera en la ciudad de
Melilla; segundo, la manifiesta carencia de suficientes dotaciones
--públicas y privadas-- en dicha ciudad para dar acogida a estos
inmigrantes o para albergarlos en condiciones dignas en los casos de
internamiento previo a la expulsión; tercero, la acumulación de personas
procedentes de otros países que carecen de los requisitos legales para
residir en territorio nacional, pero que carecen también de referencias
claras respecto a su origen, estableciéndose así un colapso en su
situación sin que durante



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años se haya abordado una alternativa a todo ello; y cuarto, el aumento
de la tensión social derivada de esa realidad y las infrahumanas
condiciones de vida que soportan estos grupos de inmigrantes sujetos,
además, a la explotación de ciertas mafias que quizá no han sido
perseguidas policialmente de manera eficaz en etapas anteriores y que
convendría hacerlo en estos momentos.

En este escenario lo que el Gobierno políticamente ha impulsado es la
adopción de las medidas urgentes que la situación demandaba y que la
legislación permitía, precisamente para impedir una evolución del
conflicto de dimensiones mucho más dolorosas y quizá con alguna
consecuencia irreparable. En este escenario también lo que el Gobierno
políticamente no ha hecho ha sido instruir la adopción de medidas de
seguridad indiscriminadas y excepcionales negativamente novedosas
respecto de aquellas que se venían aplicando en operaciones de esta
índole y subordinando el respeto a la legalidad a hipotéticas exigencias
de eficacia. Precisamente porque el Gobierno no dictó instrucciones
especiales al respecto es por lo que se procedió a abrir la
correspondiente investigación.

Pues bien, todos hubiéramos deseado que los hechos objeto de esta
controversia no se hubieran producido porque la cuestión de fondo que
enmarca el problema no existiera como tal. Sin embargo, la tarea propia
de un gobierno es decidir, porque el problema no deja de existir cuando
frente a él se elude esa decisión para practicar la mera política del
avestruz. Aún más, cuando esa política del avestruz se aplica
sistemáticamente en el ámbito de los asuntos referentes a este debate
para no tener que asumir la carga de sensibilidad social, de natural y
legítima sensibilidad social que subyace en estos temas, la cortedad de
miras del gobernante que así actúa no hace sino dimensionar más
gravemente el problema, convirtiendo en principal afectada precisamente a
la parte más débil, a la parte que hay que proteger, esto es, al conjunto
de quienes desde la búsqueda de un nuevo horizonte tratan de encontrar
permanencia y permanencia legal en España.

Decía el Ministro del Interior en su comparecencia del pasado 25 de junio
que uno de los retos esenciales de este Gobierno consistirá en aplicar
los compromisos de Schengen desde la voluntad de crear un equilibrio
entre los espacios de libertad y los espacios de seguridad, y esa
filosofía que difícilmente resulta cuestionable por nadie está presente
en las decisiones de fondo adoptadas en relación con los sucesos de
Melilla. Crear un espacio de libertad en el contexto de una sociedad como
la española, que no renuncia a ser una tierra de acogida, significa
esencialmente hacerlo desde la seguridad de recibir el flujo externo de
personas que, por reunir los requisitos establecidos para su entrada en
España, puedan acceder en nuestro país a una vida social y laboralmente
normalizada. Crear un espacio de libertad comporta hacer de nuestra
frontera sur un lugar seguro por el que se pueda canalizar ese flujo de
manera estable, de modo que no se generen tensiones que para nada
favorecen ese principio de acogida y que, principalmente, van en
detrimento del derecho de quienes, por reunir, sí, todos los requisitos
legales, no tienen por qué encontrar dificultades de hecho que disminuyan
la mejor y más plena realización de su opción. En definitiva, señor
Presidente, crear un espacio de libertad que refuerce la posibilidad de
construir mejor esa filosofía de acogida impone actuar en ello desde la
renuncia a posiciones ajenas al sentido de la responsabilidad de Estado
que a todos obliga en esta materia, no haciendo de estos asuntos un mero
elemento de contienda partidista, lo cual no quiere decir que no se
someta, como así ha sido esta tarde, a la necesaria tarea de control.

Que es deseo de todos, y en primer lugar del Gobierno, perfeccionar las
formas para que las operaciones de devolución o de expulsión lo sean con
el menor grado de conflicto posible es acepción que no admite desacuerdo
y es compromiso manifestado hoy por el señor Ministro, pero no se olvide
tampoco que, por la naturaleza en sí de estas operaciones y por lo que
dramáticamente comportan en el horizonte vital de las personas afectadas,
difícilmente se podrá evitar la supresión en todo de medidas orientadas a
garantizar la seguridad en dichos momentos. Por tanto, no se trata de
comprometer hoy palabras que postulen un futuro idílico en relación con
asuntos de esta índole, porque eso equivaldría a afirmar un imposible y,
en su consecuencia, a faltar a la verdad. Por el contrario, lo que sí es
posible hacer es comprometer la voluntad política de todos para situar ya
el debate en sus términos precisos, esto es, que existe una legislación
de extranjería que hay que cumplir y que es preciso observar con
escrupulosidad en todo punto la aplicación de esa legislación sin género
alguno de atajos y procurando siempre, dentro de las circunstancias,
mantener y cuidar el mayor grado de humanidad y sensibilidad de las
formas. Ese es un compromiso de este Gobierno; ése es, sin lugar a dudas,
un compromiso de todos, y en ese objetivo, como no podría ser de otra
manera, estamos convencidos de que todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara podremos encontrarnos. Desde ahí, si se me permite, invitaría
a todos a realizar una reflexión en común.

Previamente a ella, me permitiré hacer algunas consideraciones al hilo de
ciertas manifestaciones efectuadas por el portavoz del Grupo Socialista,
al que reconocemos el buen tono utilizado en el debate, que, sin duda,
coadyuva también a un adecuado entendimiento de futuro en orden a las
políticas objeto de esta comparecencia, que, por ser políticas de Estado,
requieren igualmente el mayor grado de encuentro y diálogo entre todos.

No queremos, bajo ningún concepto, reabrir referencias a hechos
concretos, pero, en la medida en que se ha aludido a ellos, conviene
recordar lo siguiente. Primero, que la operación de devolución de
ciudadanos kurdos a la que se refería el señor Belloch no llegó a
culminarse por la intervención que él mismo ha descrito, pero,
evidentemente, la operación se puso en marcha. Segundo, que la operación
de devolución de sesenta ciudadanos kurdos a la que nosotros nos
referíamos sí se culminó, tal y como hay constancia de la misma en
documentación oficial, lo que evidencia que cuando se dijo que nunca
anteriormente se habían puesto en marcha operaciones masivas no se estaba
hablando con un atenimiento riguroso a los hechos, aunque, sin lugar a
dudas, de una forma carente de intencionalidad y producto tan sólo



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de un lapsus. Hablábamos de kurdos --sesenta-- que se habían declarado
militantes del PKK, proscrito en Turquía, y que fueron devueltos
directamente a este país, y estamos seguros, y lo decimos sin género
alguno de reticencia, que el entonces Gobierno español se interesó a
posteriori por la suerte de estas personas con la misma preocupación, con
la preocupación natural y legítima manifestada ahora por el Grupo
Socialista en orden a las personas afectadas por la operación de Melilla.

Tercero, quiero decir, con el máximo respeto y coincidiendo con la
valoración realizada por algún otro grupo parlamentario, que señalar en
estos momentos que el fenómeno de la inmigración clandestina en España no
presenta ribetes crecientes no parece ajustarse mucho a la realidad
evolutiva de este hecho. Y, finalmente, quiero señalar que es cierto, y
nadie puede ponerlo en duda, que el papel de las organizaciones no
gubernamentales es, ha sido y será relevante en estos asuntos, pero, a
nuestro juicio, parece un tanto aventurado atribuir a éstas, como parece
ser que se ha sugerido o así lo hemos podido entender, el control pleno
de este tipo de operaciones de devolución o de expulsión, atribuyendo a
esa realidad de control, de posible control pleno, la máxima garantía de
legalidad. Es al Gobierno a quien le corresponde garantizar la sujeción
de sus actos a la legalidad y es al Parlamento, y en su caso a los
tribunales, a quien corresponde actuar en referencia al control político
y jurídico de los actos propios de aquél.

Desde luego, este Gobierno y este grupo parlamentario valorarán en todo
caso el argumento de autoridad que suponen los cometidos específicos del
Defensor del Pueblo por una parte y de las organizaciones no
gubernamentales por otra, pero, sin duda, convendría que todos hiciéramos
una lectura desapasionada y no interesada de las posiciones que uno y
otras han asumido durante los últimos años, porque así se valorará en su
debido contexto alguno de los extremos relacionados con los hechos objeto
del debate de hoy.

Concluyo, señor Presidente, señalando que en la comparecencia del
Ministro del Interior del día 25 de junio tuve ocasión de manifestar que
mi grupo parlamentario no quería recordarle a ningún grupo su reciente
pasado, pero que tampoco íbamos a consentir, si se nos forzaba a ello,
que nadie olvidara ese pasado para tratar de dar lecciones a los demás.

Sin lugar a duda, celebramos el tono --ya lo he dicho-- en el que se ha
producido el debate de hoy. Mi ofrecimiento de entonces sigue vigente en
la doble extensión de las proposiciones que lo componen y, desde ahí,
para no tener que volverlo a hacer en lo sucesivo, y subrayo lo dicho,
quisiera señalar que valores como la tolerancia o el respeto a los
derechos humanos son expresiones que deben estar por encima de la
legítima controversia partidista, porque son indiscutible patrimonio de
todos los demócratas y espacio común para la cooperación y el
entendimiento entre los mismos. Situémonos, pues, en ese espacio común
para abordar entre todos mejores respuestas a un problema como el que hoy
nos ocupa, que es, en sí mismo, una cuestión en la que necesariamente hay
que compatibilizar los intereses de Estado con la razón humanitaria,
porque España, en su irrenunciable concepción como tierra de acogida,
tiene que establecer imperiosamente los modos y el número de esa acogida
en función de las posibilidades socioeconómicas de nuestro país, y hay
que decir con toda claridad que ésta es una de las más eficaces
respuestas para combatir cualquier brote insolidario o xenófobo, que
todos rechazamos. Siempre es detestable tratar de convertir el dolor
ajeno en mercancía política, y aún más cuando quien siente la tentación
de hacerlo no vuelve la vista atrás en un momento dado para observar la
huella de sus pasos anteriores. Por eso, con independencia de cualquier
otro interés, mi grupo parlamentario sigue ofreciendo a todos su
intención de encuentro y de diálogo para avanzar en pro de soluciones tan
justas como ágiles, que den satisfacciones a las demandas de la ley, de
la solidaridad y del realismo. Este es, a nuestro juicio, el mejor camino
para que juntos, todos los grupos de esta Cámara, sirvamos a un mismo
fin, cumpliendo cada cual con el cometido político que le es propio, y
por ello, a la vez, todos con nuestro deber. El Grupo Parlamentario
Popular entiende que hoy el planteamiento general de este debate tanto
por parte del Gobierno como por parte de todos los grupos parlamentarios,
permite pensar que estamos ante esa posibilidad cierta.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, en primer
lugar, quiero agradecer la claridad, la rotundidad en otros casos y, en
el fondo, las aportaciones de todos los grupos a este debate, que sin
duda alguna tendrá que ser valorado muy especialmente por el Ministerio
de Interior a la hora de analizar las consecuencias de lo que debe
significar una política sustancialmente consensuada y soportada por este
Parlamento y, en ese sentido, alejada de lo que es estrictamente una
política gubernamental.

Quiero empezar reiterando, como observación general, un concepto que
antes he señalado, y es que no era una operación modélica. He querido
decir, y quiero decir, que tiene, sin duda alguna, un ribete de
singularidad; que, por las razones que he descrito con anterioridad, no
se puede hablar de que sea un modelo de futuro para plantear el tema de
la inmigración ilegal. En ese sentido, más allá de la reiteración de ese
concepto, lo que quiero dejar muy claro es que, más que nunca --y ha
habido intervenciones de grupos que lo han señalado--, se ha puesto de
manifiesto la singularidad, en un momento determinado, de una situación
concreta, no porque esté alejada de España, sino porque, como todos
sabemos, tiene una ubicación internacional especialmente importante y
significativa.

Quiero hacer una reflexión general sobre el tono del debate. Creo que una
de las cuestiones más importantes en este tipo de situaciones es el
sentido de la proporción. Es decir, no se puede aplicar la lupa a una
política el mes de junio de 1996 y no aplicar una simple observación a
distancia normal a la de hace tres meses. Para que todos tengamos un
crédito a la hora de valorar estas políticas, no se puede aplicar la lupa
en unos casos y en otros aplicar estrictamente el microscopio. No se
pueden utilizar lentes



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muy distintas a la hora de analizar problemas, que sin duda ninguna
tienen una continuidad en el tiempo, y políticas que, en fondo, podrán
haber sido alteradas por una determinada decisión concreta, porque los
problemas de fondo, al abordar las cuestiones de la inmigración, de la
inmigración ilegal y de la inmigración en Melilla, y las mismas
deficiencias se han ido produciendo a lo largo de estos meses. Otra cosa
es que sepamos acotar lo que significa el cambio de decisión porque se
hace una determinada agrupación de países africanos, pero lo que es
evidente es que las deficiencias de fondo que se pueden poner de
manifiesto no se producen en función de esta decisión. En la realidad,
existían ya, y no se trata de decir quién era más o menos responsable de
esta situación.

Aplicar la lupa provoca siempre una especial injusticia. Ahora vamos a
estar pendientes de lo que sucede con los 103, casi siguiendo a cada uno
de ellos, ¿y de los 4.500 que han sido expulsados el año pasado? ¿Qué
ocurre, que, en función del expediente que nosotros hemos hecho o en
función de la decisión que hemos tomado, nos tenemos que olvidar de lo
que sucede con los 4.500 expulsados del año pasado? A efectos de futuro,
a efectos de derechos humanos de esas mismas personas, significan lo
mismo los 4.500 que los 103, por lo que, en ese terreno, no se pueden
aplicar criterios marcadamente distintos y diferentes. Creo que en el
terreno de la búsqueda del sentido de la proporción, de la medida, del
equilibrio razonable tenemos que saber afrontar estas cuestiones, que sin
duda no significa que son gratas ni que provoquen satisfacción a un
Gobierno en función de su color político, porque este Gobierno no quiere
caracterizarse precisamente, a la hora de abordar esta cuestión ni
ninguna, por lo que viene a significar un discurso desde la intolerancia
o desde el grito o desde lo que, en mi opinión, en estas cuestiones no
debe caracterizar a ningún Gobierno democrático.

De la misma manera que hace falta un cierto equilibrio entre lo que ha
sido la política del pasado, lo que es la política del presente y lo que
va a ser la política del futuro, también hace falta que busquemos una
visión equilibrada de la política española en esta materia respecto de lo
que vienen a significar las políticas de nuestro entorno. Nosotros
tenemos fronteras exteriores --y lo ha dicho el ex ministro señor
Belloch--, evidentemente, también estamos en Schengen y, dentro de muy
poco tiempo, no solamente vamos a tener el referente Schengen. Cuando sea
de aplicación, vamos a tener el convenio de fronteras y lo vamos a tener
que aplicar. Yo no digo que vamos a tener que aplicar exacta y
milimétricamente las mismas políticas que Francia y Alemania, pero vamos
a estar especialmente vigilados por estos países y por la Unión Europea.

La fortaleza de las fronteras exteriores no significa precisamente la
imposibilidad de no levantar las fronteras interiores y, en el fondo, ése
es el significado de nuestro papel y de nuestra trascendencia en esta
cuestión. Se me dice que la situación de ambas naciones no es similar, y
no lo es, pero la situación de Francia respecto a la situación de
Melilla, por cuestiones determinadas de una y de otra, a lo mejor --y ése
fue un poco también nuestro objetivo y nuestra voluntad-- tenía tal
singularidad que hizo que se aplicasen unos métodos y medios que no han
sido distintos a los que se aplican regularmente en Francia y en
Alemania, por ejemplo.

En este turno de respuestas (perdonen que no vaya contestando a Diputado
por Diputado, porque es realmente complejísimo responder sobre una
cuestión en la que ha habido tanto interés --y lo agradezco-- por cada
grupo en fijar bien su posición), quiero aprovechar esta intervención
para que, más allá del elogio o no elogio --evidentemente, pocos voy a
recibir--, al menos, pueda decir lo que no ha sido la operación y que, en
ocasiones, se ha trasladado a la opinión pública como si así hubiera
sido. Primero: No hubo --y lo quiero reiterar una vez más-- ninguna
decisión política del Gobierno distinta de la que ya he enunciado y he
descrito pormenorizadamente en mi intervención. La forma de traslado de
los inmigrantes, lo que vienen a significar los criterios de actuación de
la Policía, lo que han sido los procedimientos habituales tanto en la
expulsión como en la devolución. En ninguno de esos casos ha habido
ninguna posición política nueva. Ha habido una política continuista en
este terreno. Segundo: Ha habido una judicialización del caso
inmediatamente. El viernes por la mañana, a las once, el juez de
instrucción número 2 de Melilla estaba en este trabajo. Por cierto, no
tramitando los 103, porque solamente tenía que tramitar los expedientes
de los tres capítulos de uno de ellos, que se refería a los que había que
dictar un auto de internamiento, basado en la orden de expulsión. En este
terreno se produce también una actuación, en mi opinión, impecable, del
letrado correspondiente, que no es un funcionario de la delegación del
Gobierno. Es un letrado, lo que pasa es que en ocasiones actúa como
sustituto del Abogado del Estado, pero eso en modo alguno determina ni
condiciona la actuación, entre otras cosas, porque además había sido
escogido por rotación hacía tres meses, en el mes de marzo. Dio la
casualidad de que al abogado de oficio le correspondía a esa persona y
tiene absolutamente todas las posibilidades de actuar de la forma y
manera en que intervino en esa asistencia. Cuando existe un abogado del
Estado sustituto, éste lleva la representación del Estado en determinados
asuntos, lo que no impide que dicho letrado pueda actuar en defensa de
otros clientes siempre que cumpla con los correspondientes requisitos de
colegiación. Es decir, hay un estricto respeto de lo que viene as
significar la asistencia letrada en ese terreno.

Que es evidente que hay cuestiones de fondo que se plantean después de
esta intervención, como estaban ya planteadas desde hace tiempo: el papel
de los intérpretes, los trámites de audiencia, las notificaciones en
tiempo y forma, incluso la asistencia letrada, la legalidad y la
incoación de los expedientes. Esos problemas no se plantean ahora; esos
problemas están planteados ya desde hace mucho tiempo. Y, en esa
reflexión, el Gobierno, desde luego, reitera, una vez más, que quiere
mantener la política de extranjería en todo lo que se refiere a estas
políticas sobre la base del acuerdo y del consenso entre los partidos
políticos. Si no hubo en ese terreno decisiones políticas, salvo la que
ha sido relatada, tampoco hubo aplicación, como se ha dicho hace un
momento aquí otra vez, generalizada del



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Haloperidol; no la hubo, como creo que decía la representante de Eusko
Alkartasuna; no la ha habido. Yo he dicho hace un momento que
precisamente, sólo y en función de las circunstancias, según el informe
policial que tengo firmado por el comisario de Málaga, se instala en dos
aviones, no en los cinco, y se aplica, en función de las circunstancias,
especialmente en uno de los aviones donde se ejerce especial violencia,
que es el que corresponde al vuelo de los nigerianos. Eso es lo que de
alguna forma yo quiero poner de manifiesto: que ni es la primera vez que
se han practicado estas y otras y peores fórmulas para poder resolver
problemas de desorden en los aviones ni evidentemente hay un proceso de
narcotización ni planteamiento de que se aplicaban unas fórmulas
absolutamente generalizadas hacia todas las personas que estaban en ese
momento en el avión.

No ha sido indiferente la elección de los países extranjeros. Unicamente
se han escogido dos países: Senegal y Guinea Bissau, a efectos de los
acuerdos suscritos con los respectivos países para proceder a lo que
significara un proceso de repatriación o de traslado a terceros países.

Porque es verdad que en Camerún hay un problema, pero, como antes he
señalado, estábamos convencidos de que los que viajaban en aquel vuelo
iban a llegar a Camerún, porque habían dicho que eran de Camerún. Los
países no se escogen al azar; se escogen por ser una mejor garantía en
función de su grado de bienestar y en función de la defensa de los
derechos humanos.

Yo no diré si se ha hecho antes o se ha hecho después este tipo de
cuestiones. Creo que el señor Belloch sabe muy bien que en todas estas
decisiones, que son urgentes (esto es como una especie de moviola
posterior, donde realmente vamos observando los acontecimientos), no son
algunos partidos los que reaccionan inmediatamente a este hecho; se
reacciona posteriormente. Lo que es evidente es que hay momentos en los
que uno considera que en muy pocas horas, en muy poco tiempo, por razones
que antes he esgrimido en el comienzo de la comparecencia, hay que tomar
determinadas decisiones, y está claro que, en ese sentido, él también
tendrá su propia experiencia en ese terreno en algunas decisiones
colectivas que se han podido producir y que en estos momentos no es mi
intención mencionarlas.

Quiero responder a alguna cuestión más de una manera muy concreta y
puntual y ver si puedo abordar el mayor número de cuestiones que se han
planteado.

Sobre la transparencia, fueron informados puntualmente el Defensor del
Pueblo y «Andalucía Acoge».

Respecto de lo que puede significar si se modifican o no las líneas
principales de la política de inmigración del Gobierno, diré que no. Las
líneas básicas de la política de inmigración se mantienen y se sostienen
y serán: en primer lugar, integración de los residentes extranjeros en
España a través de la culminación del proceso de documentación abierta
hasta el 23 de agosto, para otorgar permiso de trabajo, residencia o
permiso de trabajo y de residencia a los extranjeros que tuvieran permiso
anterior; en segundo lugar, el control de flujos migratorios en el
territorio español mediante el cumplimiento de exigencia de visados y la
fijación del número de trabajadores extranjeros que pueden ser acogidos
para ocupar puestos de trabajo vacantes y, en tercer lugar, lucha contra
la inmigración ilegal mediante el reforzamiento de controles fronterizos,
especialmente en Ceuta y Melilla.

Cuando se plantea que no puede ser modélica una operación, yo también
estoy pensando en cómo va a ser modélica con las instalaciones de
comisarías que tenemos en muchos lugares a estos efectos, o en la
insuficiencia de centros de tratamiento de los emigrantes, o en lo que
significan los centros de internamiento, o en la imposibilidad de tener
en Ceuta un centro de esas características. ¿Cómo va a ser un
planteamiento modélico simplemente observando por fotografías lo que son
los controles de las fronteras en esos lugares? Lo que es evidente es que
no puede ser modélico ni esta operación ni ningún planteamiento que se
haga en ese terreno hasta que no vayamos abordando más profundamente lo
que significan deficiencias de estructura, de funcionamiento, de todo lo
que significa una política mucho más progresista que, sin duda ninguna,
se podría producir si no tuviésemos las enormes deficiencias que nos
remontan a años muy pasados a estas instalaciones y a este tipo de
infraestructuras.

Por lo que se refiere al asilo, y haciendo esta primera observación, he
de decir que en el tema concreto a que ustedes se referían, es evidente
que, por la información de que dispone la Dirección General de la
Policía, no se acogieron a la solicitud de asilo. No consta, no existe
petición formal de asilo que se hubiese planteado efectivamente; no
consta ninguna solicitud de asilo. Y es evidente que el procedimiento
administrativo se inicia por instancia, pero por escrito, cuando es a
instancia de los particulares interesados; por lo que sin instancia no
puede hablarse de la iniciación de procedimiento. Pero tampoco en este
terreno podemos ser hipócritas. A lo mejor es un tema de fondo y un tema
recurrente y un tema al que también habrá que dar una respuesta, pero no
se observe la irregularidad o la anomalía solamente el 21 de junio de
1996. Hágase una reflexión sin lupa, hágase una reflexión en el pasado,
en el presente y en el futuro en esta cuestión.

Yo quiero decir, sobre lo que significa alarma social, ¿quién ha
producido alarma social en este terreno? No creo que hayan sido las
declaraciones del Ministro del Interior, que en esta cuestión, en cuanto
a declaraciones, yo creo que precisamente no se ha prodigado y ha
planteado que iba a intervenir en esta comparecencia. Es posible que se
siga creando alarma social, pero eso no solamente va a depender de las
medidas del Gobierno; también va a tener una enorme importancia y una
enorme trascendencia si se quiere hacer un esfuerzo en esa dirección por
parte de los grupos de la oposición. Y si es evidente, como yo he
reiterado hace un minuto, que en ese terreno tratamos de practicar una
política de acuerdo y de consenso, también quiero volver a insistir en
que en esta cuestión, el Gobierno estará deseando tratar de favorecer, en
la medida de lo posible, que se vuelva a recrear un ambiente social que
no esté presidido por la alarma social.

Respecto a la quinina y a todos los medicamentos que se pudieron dar,
tengo que reiterar, una vez más, que la



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quinina es un medicamento que en estos momentos muchísimas personas,
voluntariamente, piensan que tiene contraindicaciones suficientes como
para no recibir sesiones de ella. En absoluto es una vacuna preceptiva.

Hay muchos procedimientos alternativos y, probablemente, además, no hay
tratamientos preventivos serios y lo que se exige son tratamientos que
deben continuarse a lo largo del tiempo a base de vitaminas o de lo que
puede significar un fortalecimiento de la salud propia. Pero, en ese
terreno, yo reiteraré que ha habido una actitud absolutamente impecable
en torno a lo que significan las instrucciones basadas en la sanidad
exterior del departamento de sanidad.

Sobre la lucha sindical, señor Belloch, yo no sé de ese tema; a lo mejor,
usted sabe un poco más, pero yo no --me refiero a que no sé como parte
activa--, y esté seguro que no voy a estimular confrontaciones entre los
sindicatos. Es más, esta mañana he tenido un encuentro con el Consejo de
la Policía y he tratado, evidentemente dentro de las dificultades, de que
se creara el mejor ambiente de los posibles y les he recordado que no he
hecho ni una sola crítica a ningún sindicato policial. Ninguna. A mí me
han presentado una querella y el representante del SUP ha anunciado al
final de la reunión que la iba a retirar. A mí no me buscarán en la
Policía más que en el camino de la profesionalidad y de la competencia,
no me encontrarán en el terreno de la politización. De hecho, sobre el
tema de los sindicatos policiales, le reiteraré que yo no he hecho ni una
sola declaración contra ningún sindicato sobre esta cuestión precisamente
por estar al frente del Ministerio de Interior.

Pregunta si se van a repetir. Ya he planteado la singularidad, señor
Belloch; en la medida en que no se repitan instrumentos singulares, ya le
he dicho que nosotros nos introduciremos en la normalidad porque está
claro que la situación de Melilla y de Ceuta no se puede homologar al
conjunto de España.

Señor Meyer, voy a hacer casi las únicas referencias personales. Me ha
planteado un tema importante, el de Marruecos, que es uno de los
problemas de fondo que tenemos. La Comisión mixta para la interpretación
del Tratado de readmisión de inmigrantes ilegales no se había puesto en
funcionamiento. El lunes de la semana anterior, en el encuentro con el
Ministro de Interior marroquí, al menos pusimos en marcha esa comisión,
que había sido acordada pero no se había puesto en marcha por parte
española, no la habíamos puesto en marcha nosotros. Yo tampoco, con lo
cual asumo mi responsabilidad en estos dos meses. No se había puesto en
marcha una comisión de esas características, con las dificultades que
tendremos en esa comisión. Estamos ante un tema de fondo, Marruecos y su
actitud. En ese terreno, hemos establecido un calendario con Marruecos
cada mes para, de una forma u otra, plantearnos un calendario que, al
margen de la voluntad, alta o mediana que adopte Marruecos, sea lo
suficientemente intensivo para que ese tema, que sin duda ninguna está en
el fondo de esta cuestión, pueda ser resuelto de una manera más
satisfactoria que la actual. Yo confío en esa relación con Marruecos,
confío en que, dentro de las dificultades, vamos a poder afrontar unas
mejores relaciones, que pueden tener, ya en próximos meses, un reflejo
real. Ahí sí que estamos realmente afrontando un problema de fondo de
futuro en esta cuestión.

Respecto a la información solicitada por el señor Meyer, estoy a su
disposición para que tengamos las conversaciones y los encuentros que
hagan falta con las partes necesarias para cotejar la información. No se
puede resolver un problema si no somos capaces de hacer un diagnóstico
común. Yo ofrezco el Ministerio para que, desde nuestra información y
desde la suya, podamos ser capaces de hacer un diagnóstico común, incluso
de cómo comenzaron los incidentes en Melilla, que es la primera
discrepancia de fondo en su diagnóstico respecto del mío.

Sobre la utilización de fondos, que era otro tema importante, reiteraré
lo mismo, yo seguiré trabajando en este terreno con transparencia y,
aunque no diga de dónde vienen los fondos, le diré que, si hubiesen sido
fondos reservados, no diría hoy que son fondos reservados, pero tendría
la conciencia muy tranquila de haber utilizado fondos reservados si hubo
que arbitrar una operación desde el punto de vista de seguridad interior.

No tengo ningún inconveniente, en su momento y en el lugar que sea
conveniente, en el foro conveniente, en la Comisión correspondiente, en
asumir la responsabilidad. No diré que se hayan utilizado fondos
reservados, lo diré en su momento, si lo tengo que decir, en la Comisión
de fondos reservados. En ese terreno, creo que ustedes interpretarán lo
que acabo de decir con enorme claridad.

No quisiera prolongar más mi intervención. Sí quiero decirle que no ha
habido expedientes más que individualizados. Es verdad que ha habido dos
autos judiciales, pero había un expediente de expulsión individualizado
y, en lo que significa la devolución, está claro que se ha interpretado
que era sobre personas cuyo paso de la frontera se había producido hacía
poquísimo tiempo. En este terreno se ha tratado de no vulnerar esta
cuestión, dentro de las dificultades. Le reitero lo difícil que puede ser
en estos momentos, en Melilla, determinar la presencia de un inmigrante
ilegal y su tiempo de presencia en Melilla. De hecho, esa diferencia tan
clara en unos expedientes u otros resulta de una enorme complejidad
poderlo determinar y separar en la práctica.

Haciendo una referencia a lo que decía el señor Meyer, no tengo ningún
inconveniente, y ya lo hago si les parece bien a los grupos, en retirar
el segundo punto del orden del día de hoy, la información sobre el
terrorismo. Se hizo aquel día porque precisamente se había producido un
hecho de enorme importancia y me pareció que podía estar en el orden del
día de la reunión, pero no tengo ningún inconveniente, para evitar
cualquier mezcla, haciendo caso a las sugerencias del señor Meyer, en
retirar este punto del orden del día.




El señor PRESIDENTE: En todo caso, indicaré al señor letrado que recoja
las opiniones de los portavoces de los distintos grupos, aunque
realmente, como quien plantea la iniciativa es el Gobierno y el propio
señor Ministro, en nombre del Gobierno, ha dicho que no tiene
inconveniente en su retirada, no haría falta en el plano reglamentario,
pero, desde el punto de vista de las relaciones normales



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entre Gobierno y Congreso en sede parlamentaria, me gustaría conocer la
posición de los grupos.

Daré un segundo turno que, como saben, es excepcional, no diré que no
reglamentario, pero sí extra reglamentario y, por lo tanto, corto.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, no
hay ningún inconveniente en retirarlo.

Muchas gracias, Ministro, por su intervención. Ha habido un momento, en
su intervención, en que he pensado: el Ministro es un
demócrata-cristiano, el Ministro está sufriendo; otros miembros de su
Grupo, de su Partido, no sufren, incluso algunos sonreían. Yo sé que
usted está sufriendo en esta comparecencia.

La verdad es que, con el pequeño detalle de la frase que he reflejado en
mi intervención, las dificultades se las suelen poner terceros, o su
Presidente del Gobierno, el señor portavoz, el señor Rodríguez. Es verdad
que usted no ha dicho nada del SUP, pero Miguel Angel Rodríguez tachó de
irresponsable al SUP, al cual acusó de desprestigiar a la Policía --usted
conoce la referencia-- y José María Michavila calificó de problema
sindical lo que había ocurrido. En definitiva, no ha sido usted, pero sí
representantes de su Gobierno, por lo que algo le va a tocar.

En todo caso, me gustaría mucho que leyeran y releyeran su intervención
su propio grupo, su partido, su Gobierno y sus colaboradores y, si
realmente asumieran plenamente los principios que usted ha indicado,
sería perfectamente posible recuperar una política de consenso en
términos parlamentarios en un tema como éste, que es ciertamente
importante.

Con todo y con eso, me parece importante hacer una observación de
carácter general en este momento. En varios momentos, siempre con
delicadeza y no como en la fase intermedia, por cierto, se ha hablado del
pasado, de si en el pasado ocurrieron cosas semejantes, incluso ha
llegado a decir el señor Ministro que la lupa del 21 de junio debe
proyectarse también hacia el pasado. Es verdad que se ha planteado, tanto
por usted como por el representante del Grupo Parlamentario Popular, en
un tono distinto al de estos días, en un tono más de tipo parlamentario,
del que me congratulo, pero para nosotros es importante que una cosa
quede clara: nosotros somos la oposición y ustedes son el Gobierno.

Conviene que eso se lleve a las últimas consecuencias, y tenemos la
sensación de que no siempre llegan ustedes hasta las últimas
consecuencias en este principio tan evidente. Mire, naturalmente que no
existió ninguna operación equivalente a la que estamos comentando;
ninguna. Pero si hubiera existido --cosa que niego--, cuando ustedes
ahora aluden a ese tema incurren en una situación peor que si no lo
hicieran, porque a lo que yo entiendo que es incumplimiento por parte del
Gobierno de algunas de sus obligaciones legales en materia de extranjería
y asilo añaden otro: incumplimiento de su deber político entonces como
oposición. Porque si realmente entonces, bajo mi responsabilidad, y, por
tanto, bajo la responsabilidad de la anterior mayoría, se hubieran
cometido irregularidades equivalentes a las que se han cometido, su deber
era denunciarlas. Es así de simple. Ejercer de oposición cuando ya no son
oposición no me parece razonable. Estamos en un acto de control
parlamentario del Gobierno de la nación. Me parece que lo lógico es que
cada cual represente y realice su papel. Aquello que pudieron haber
denunciado y no denunciaron será por lo que ustedes consideren oportuno,
probablemente porque este tema no les es tan próximo o cercano a su
sensibilidad como puede serlo para el Grupo Parlamentario Socialista.

Para nosotros es una prioridad, una prioridad que vamos a mantener a lo
largo de toda la legislatura: todo lo relacionado con derechos y
libertades. Y vamos a ejercer el papel de oposición sin ninguna duda y
con plena legitimidad.

Hoy me da la impresión de que efectivamente se ha vuelto a atrás de
alguna declaración anterior y ya se nos deja hacer de oposición, cosa que
agradezco. Pero es que nuestra obligación es hacerlo y si ustedes como
oposición, cuando lo fueron, no lo ejercieron, lo mejor que pueden hacer
es no recordar el incumplimiento de sus obligaciones, de sus deberes
políticos, como oposición. Este es un planteamiento de tipo general que a
mí me gustaría que ya lo tuviéramos claro y que no fuera necesario volver
hacia atrás.

Eso lo ha planteado con relación al tema de asilo. Le vuelto a plantear
el problema. No es cuántos expulsados ha habido. Si los expedientes se
ajustan a la legalidad y hay 4.500 expulsiones, como si tiene que haber
7.000. No estamos hablando del número de expulsiones, sino de si esas
expulsiones o, en su caso, devoluciones, se han ajustado o no a la
legalidad. En el supuesto de que se hayan ajustado a la legalidad y no
haya irregularidades es evidente que no puede hablarse de
irresponsabilidades y de tener que controlar la situación de todas y cada
una de las personas que hayan sido expulsadas, con tal que esas
expulsiones o devoluciones se hayan ajustado plenamente a la legalidad y,
en su caso, hayan sido sometidas a la lógica crítica política. Porque en
ocasiones no basta con que una actuación sea legal, se puede criticar
también, como es obvio, desde el punto de vista de la oportunidad
política, y en mi opinión, aunque legalmente sólo es obligatorio no
remitirlos a terceros países cuando se trata de devoluciones, también es
un error político en las expulsiones, y lo denunciaré en esos términos,
ya no jurídicos sino políticos. Con las expulsiones se puede remitir,
porque lo dice la ley, a terceros países. Está claro que eso es legal,
pero es sumamente peligroso, en términos políticos, incrementar los
riesgos que ya de por sí supone realizar este tipo de expedientes. El que
pasen por terceros países y que tengan que hacer ellos el tipo de trabajo
que nos corresponde hacer a nosotros, no tanto porque sea una cesión de
soberanía, como decía un colega, sino simplemente porque nuestra
obligación es tratar de averiguar cuál es su identidad y a qué nación
corresponde, dejar este trabajo --digo-- en manos de otros supone no
asumir nuestras verdaderas responsabilidades e incrementar los riesgos
reales para la vida, la integridad o la salud de las personas respecto de
las cuales tenemos responsabilidades.




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Por lo tanto, sí que ha habido irregularidades en materia de asilo. Ha
habido irregularidades en el planteamiento global de temas diferentes:
expulsiones, devoluciones, expedientes en trámite. Las ha habido desde el
punto de vista de que las personas devueltas han podido ir a lugares que
no son su país, que no es su procedencia. Esas son irregularidades
reales. En mi opinión, además, no se ha adoptado la debida protección a
los funcionarios de policía; lo creo sinceramente.

En cuanto al tema de la sedación, vamos a ver si lo dejamos un poco
claro. La sedación practicada individualmente y por prescripción médica
es un acto absolutamente legítimo. De su intervención, señor Ministro, no
se deduce que haya sido administrada individualmente. Más bien parece
deducirse que en el caso del vuelo de Nigeria se distribuyó de manera
colectiva a las personas o si no aclárelo, porque la verdad es que en su
intervención anterior no ha quedado claro.

Lo que digo con absoluta seguridad es que en ningún caso se aplicó de
manera indiscriminada en ningún momento anterior. Si en este caso ha sido
igual, individualmente y bajo prescripción médica real, es evidente que
no hay nada que impugnar, pero es que ésas son nuestras noticias, es que
nuestras noticias son que no se repartió precisamente en dosis
individuales a personas concretas, sino en botellas repartidas entre los
miembros de un determinado vuelo. Si no ha sido así, me alegraré
profundamente.

En todo caso, insisto, ése no es para nosotros el problema central. El
problema central es que se ha realizado un modelo de operación
caracterizado por la rapidez extrema que ha dificultado el ejercicio de
los recursos por parte de las representaciones, por la acumulación de
situaciones diferentes, por el hecho de que se utilicen mecanismos de
carácter colectivo indiscriminado, por el hecho de que se envíe a países
que no son de su procedencia. Ese conjunto de hechos es el que para
nosotros es verdaderamente grave y por eso no me ha tranquilizado en un
punto.

Espero que esta Operación Melilla no sea el modelo de futuras
operaciones, en ningún sentido. Está claro que hay un problema de fondo
real --eso se lo he reconocido en la primera intervención y no tengo el
menor inconveniente en volvérselo a reconocer-- y es que, en definitiva,
se traslada determinado número de inmigrantes, entrados ilegalmente en el
territorio, y al cabo de dos meses vuelven. Me dicen que en este momento
volvemos a tener 70 y probablemente de aquí a tres meses tendremos
exactamente la misma cantidad. Evidentemente, nosotros no hacíamos como
usted el puro mecanismo de expulsarlos, sino que los llevábamos por
control individualizado a la Península y nunca a terceros países. Por el
contrario, uste ha elegido un modelo que yo espero que rectifique. Sin
embargo, en cuanto al problema real que es la actitud de Marruecos, sí
que estamos estamos de acuerdo con usted. ¡Claro que la Comisión ha
existido y se ha constituido! Pero los marroquíes jamás se han querido
sentar. ¡Ojalá el señor Ministro lo logre! Y ojalá lo consiga, porque en
eso va a tener el pleno apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. También
en el momento en que se apruebe el convenio de fronteras exteriores
tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para que el conjunto
de la Unión Europea comprenda que las fronteras exteriores son de la
Unión. Por descontado que tendrá nuestro apoyo para que sea configurado
como un modelo comunitario. Eso es evidente. Pero no intente utilizar un
camino aparentemente práctico, señor Ministro, porque creo sinceramente
que se equivoca. Lo cree en serio el Grupo Parlamentario Socialista. Cree
que un modelo avión como el que usted ha realizado es el clásico éxito
aparente, efímero, que se convierte después en un problema mucho más
grave que el que trataba de resolver.

Por lo tanto, de verdad que no existe ninguna otra pretensión más que la
de expresar la absoluta convicción de que además de que opinamos que no
se ha cumplido la normativa, creemos que es un error. Así no vamos a
resolver el problema. En otros ámbitos, claro que sí. En relación con
Marruecos, en relación con la Unión Europea, ahí tendrá plenamente la
cooperación del Grupo Parlamentario Socialista para plantearlo como es:
un problema global, un problema de Estado. En todo caso, reitero lo que
he dicho al principio. Si el conjunto de su Gobierno y el conjunto de su
grupo tuviera esos criterios, este conflicto no se hubiera producido.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos parlamentarios desean intervenir?
(Pausa.--El señor Michavila Núñez pide la palabra.)
Señor Michavila, tiene la palabra.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, pido la palabra brevemente
por alusiones. He sido aludido personalmente y por mi nombre en tres
ocasiones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, pero ateniéndose al artículo
correspondiente del Reglamento que alude a las alusiones.




El señor MICHAVILA NUÑEZ: Sin duda, señor Presidente.

Simplemente es que como insistentemente el señor Belloch, portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, ha aludido por su nombre y apellidos al
Diputado señor Michavila, y como me consta el enorme amor a la verdad que
tiene el señor Belloch, quiero intervenir para acercarle a esa verdad que
sin duda busca en lo que se refiere a las declaraciones de este Diputado.

Usted ha mencionado que hay declaraciones en las que este Diputado dice
que la cuestión que hoy se trata en esta Comisión es de carácter sindical
y no es eso, ni mucho menos, lo que en ningún caso ha dicho este
Diputado. Quiero ayudarle e ilustrarle sobre la verdad de mis palabras,
señalándole que quizás sea difícil de entender, para quien concibe la
relación del Gobierno y los sindicatos desde otra postura, que este
Diputado, en su condición de Secretario de Estado, fue preguntado sobre
la demanda planteada por el Sindicato Unificado de la Policía, y que este
Secretario de Estado no quiso entrar al fondo de esa demanda, dijo que
era una cuestión sindical y que, por tanto, no quería pronunciarse.

Esa es la posición de este Secretario de Estado en relación con una
actividad sindical en un Ministerio que no es



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el Ministerio al que estoy incorporado y, por tanto, no quería
pronunciarme. Respeto plenamente la plena autonomía de los sindicatos y,
en ese sentido, no quería pronunciarme sobre esa cuestión que, reitero,
es sindical.

Comprendo las dificultades, desde otras posiciones en las que la relación
Gobierno-sindicatos se entiende como de control o de conflicto, para
entender este planteamiento.




El señor PRESIDENTE: No quisiera, pero como me parece que la manga
presidencial ha sido un tanto ancha en los últimos minutos hacia el señor
Michavila, en uso del principio de igualdad de oportunidades, el señor
Belloch tiene la palabra.




El señor BELLOCH JULBE: En todo caso, efectivamente, la respuesta fue «es
un problema sindical», «Diario 16», 27 de julio de 1996. Desde mi punto
de vista, cuando se está planteando si se han cometido o no
irregularidades, que era el conjunto de la denuncia, no querella,
presentada por el SUP, decir que eso es un problema sindical equivale a
atribuirlo a un puro problema del SUP. Me parece absolutamente legítimo
interpretar que entiende que el problema de fondo no tiene más
trascendencia que la de ser un problema sindical. De todas maneras, me
agrada mucho esta aclaración, porque prefiero mil veces esta
interpretación que la que se deducía de sus palabras.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el
señor Meyer tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Ministro la retirada del segundo punto, porque dice mucho en favor de su
flexibilidad. Entendíamos que en esta convocatoria extraordinaria merecía
la pena centrarnos exclusivamente en este punto y no mezclarlo con otros
respecto a los cuales, sin duda, todas las fuerzas democráticas no
tenemos ninguna pega y, al contrario, estamos unidas en esa lucha.

Efectivamente, el señor Ministro ha planteado que no pongamos una lupa
ante un acontecimiento que, según el señor Ministro, tiene cierta
continuidad. Pero yo quiero decirle, señor Ministro, que en política la
coyuntura es fundamental, la determinación del momento es fundamental y
creo que en este asunto todos podríamos coincidir en que, como ha salido
como ha salido, todos tenemos una oportunidad, a partir de esta coyuntura
especial, para resolver el problema importante de la inmigración en
general y particularmente la inmigración ilegal, fundamentalmente en el
ámbito que nos ocupa de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tal vez ésta sea la oportunidad de aplicar la lupa para que entre todas
las fuerzas políticas pongamos los mecanismos necesarios para que, como
usted mismo reconoce se resuelva lo que nunca puede ser una actuación
modélica en función de la infraestructura que tenemos. Creo que hay un
punto importante de partida, como es el reconocimiento de que las
instalaciones de comisarías no son las adecuadas, que los centros de
internamiento no son los adecuados, que el papel de los intérpretes está
en cuestión; que la asistencia letrada está en cuestión; que incluso la
determinación de que un ciudadano puede o no acogerse a petición de
asilo, en función de todos estos problemas de falta de intérpretes, de
dificultades para no señalar la falta de asistencia, etcétera, conduce al
verdadero problema, que es la dificultad real, en primer lugar, de que se
apliquen las leyes estrictamente y que, en segundo lugar, lógicamente, se
tenga una infraestructura que permita la garantía de esas leyes. Esa es
la cuestión de fondo.

A partir de ahí creemos que entre la información que usted nos ha dado
hoy y la que disponemos hay un contraste que nos obliga a seguir
planteando que en este operativo se han vulnerado las leyes de asilo y
extranjería, aunque recibimos muy positivamente su llamamiento a que
cotejemos esta información, la planteemos y resolvamos.

Hoy aquí no nos ha anunciado usted ceses de responsables, pero confío en
que si de la información contrastada que pongamos en común se derivase
que efectivamente ha habido una irresponsabilidad civil, penal o
administrativa, el señor Ministro se comprometerá a actuar para que
efectivamente se depuren esas responsabilidades.

Le agradezco también que toda la información solicitada, incluida la de
los fondos reservados, se nos facilite donde corresponda, tanto en sede
ministerial como en la Comisión correspondiente.

Una cuestión que me ha dejado atónito, señor Ministro, es el tema de la
comisión mixta con Marruecos. Nosotros somos una fuerza política, como
ustedes saben, que hemos estado en la oposición con la anterior
administración y estamos en la oposición con ésta, y me ha dejado atónito
que efectivamente no se haya constituido hasta hoy la comisión mixta,
fundamentalmente porque nosotros, a diferencia de otras fuerzas
políticas, somos muy beligerantes con el régimen dictatorial de
Marruecos, lo hemos sido con la anterior administración, lo seguiremos
siendo con ésta y lo anunciamos, y entendemos que este Gobierno, como el
anterior, tiene capacidad más que suficiente para exigir el cumplimiento
de un tratado bilateral y hacer sentar al Gobierno de Marruecos en esa
comisión. Efectivamente entendemos que es uno de los problemas de fondo;
conocer la situación anterior nos ha dejado ciertamente atónitos y
creemos que el simple anuncio de que la Administración de Marruecos ya se
ha sentado en esa comisión mixta es una noticia feliz.

Señor Ministro, entendemos que debemos de ser capaces de poner la lupa
sobre este suceso lamentable, que nunca se debe repetir, para que si
efectivamente, como usted dice, hay una política de continuidad,
resolvamos y mejoremos esa política de continuidad. Nosotros desde la
oposición siempre hemos denunciado, cuando hemos tenido oportunidad,
cualquier tipo de incidente en cuanto a la expulsión de inmigrantes
ilegales no ajustada a derecho, y lo seguiremos haciendo.

Termino como empecé, agradeciéndole ese llamamiento al consenso, que
nosotros siempre vamos a hacer sobre la aplicación de las leyes. Siempre.

No se nos va a poder exigir un consenso que no sea sobre el estricto
cumplimiento de las leyes aunque éstas no nos gusten o no las compartamos
y, a partir de ahí, los distintos enfoques y las



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distintas apreciaciones que se puedan dar hay que ponerlas en común para
conseguir lo que persigue una fuerza como la nuestra, absolutamente
democrática y comprometida con los derechos humanos, y es que no haya
ninguna actuación de la administración española que pueda vulnerar los
derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muy brevemente para señalar que me
congratulo por la ratificación del señor Ministro respecto a la
singularidad de la operación, no solamente en lo que se refiere al
aspecto geográfico, sino a la propia operación. Es decir, que lo de
modélico viene de que no va a ser modelo y de que nadie persiste en
continuar con una operación de este tipo.

Habla usted de que quizás hemos mirado con lupa. Creo que su propia
actuación de reclamar una investigación interna es suficientemente clara
como para señalar que ha habido circunstancias cuando menos difíciles de
entender como para que se mirara con una especial atención esta
operación.

No obstante, si usted considera que las cuatro mil personas que han sido
objeto de un procedimiento de expulsión o devolución --no digo en su
mandato de Ministro, sino en los que ha habido anteriormente, no sé si ha
dicho cuatro mil o una cosa así-- pudieran estar afectadas por algún
problema de peligro o riesgo y fueran conocedores en el Ministerio de
ello, también igualmente desde este grupo les solicitaríamos que
procedieran a hacer cuantas gestiones estuvieran en su mano. No es
solamente una cuestión de las ciento tres personas referidas en este
momento, sino de cualquiera otras personas, ha dicho usted cuatro mil, no
sé las que serán, pero, en cualquier caso, le rogaríamos que así lo
hiciera.

En tercer lugar, para dejar claro lo que he creído interpretar, que a lo
mejor no lo he hecho correctamente, entiendo que el producto farmacéutico
se aplicó de manera generalizada en dos de los cinco aviones. A ver si me
he aclarado yo; a lo mejor es que yo no lo he entendido: en dos de los
cinco aviones; es decir, a 19 señores de Nigeria y a 15 de Zaire, tres de
Costa de Marfil y uno de Marruecos. Es decir, que en cada uno de esos dos
aviones no se individualizó. A lo mejor ha sido una mala interpretación,
pero eso es lo que yo he creído entender. Por eso he hablado de
generalización. Si no ha sido así, retiro lo que he dicho anteriormente,
pero eso es lo que he creído entender. No he dicho los cinco aviones.

Por último, y permítame que lo diga, aunque quizá no sea el momento más
adecuado, pero es que realmente usted me lo ha facilitado, hablar de
fondos reservados y decir que va a dar la información donde corresponda
es decir, que a este Grupo no se le va a informar. Reitero una vez más lo
que decimos, y es que este Grupo no se sabe por qué razón o
interpretación del Reglamento, carece de la posibilidad y legitimación
para conocer determinada información que, según su interpretación o tal
como ha actuado en este momento, considera que es importante que se
conozca en otro lugar. Pues bien, señor Ministro, salvo que usted tenga
la amabilidad de dar esa información a algún portavoz de este Grupo
Mixto, nosotros careceremos de ella. No lo pensaba decir, pero realmente
no he podido resistirme porque no me parece ni de recibo ni de derecho.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad.

En primer lugar, para celebrar la manifestación hecha por el señor
portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de afirmar que en el
contexto general de la intervención del señor Ministro puede haber, y
hay, sin lugar a duda, un cauce para establecer un amplio consenso
parlamentario en relación con este asunto. No tenga la menor duda el
señor portavoz del Grupo Socialista de que las manifestaciones hechas hoy
por el señor Ministro del Interior responden, desde luego, a la plena
convicción del Gobierno y del Grupo Parlamentario, en su conjunto, que
sustenta la acción de ese Gobierno.

En segundo lugar, sería incoherente con el planteamiento de mi
intervención, y con el tono general aplicado a este debate, si entrara a
rebatir con precisión alguna afirmación muy concreta sobre la que se
insiste. No lo voy a hacer. Simplemente señalar que, efectivamente, hubo
una operación, a la que aludíamos, y voy a hacer gracia de la lectura
textual de parte de la documentación oficial que sí la acredita. Se nos
insiste en decir que dejemos hacer a la oposición su papel y, desde
luego, este Grupo Parlamentario velará en la medida en que le corresponda
--y creemos que no le corresponde en ninguna medida-- porque la oposición
pueda realizar plenamente su papel. Lo que nosotros queremos decir, y así
lo manifesté el pasado 25 de junio es que desearíamos que la oposición
haga ese papel desde la visión de futuro y compartiendo todos visiones de
futuro, pero nunca olvidando aspectos de pasado para intentar dar
lecciones a los demás.

Si se plantea por qué, en un momento determinado, cuando un determinado
Grupo Parlamentario estaba en la oposición, no se aludió a las
operaciones a las que ahora se alude, dejo a gusto --dicho con todos los
respetos-- del consumidor, es decir, del portavoz del Grupo Socialista,
la interpretación de la respuesta. Quizá porque, en función precisamente
de alguno de los extremos que hoy hemos señalado, esto es, de que estas
políticas son políticas de Estado en las que debe prevalecer un sentido
de la responsabilidad, no quisimos hacer un debate singular de esa
cuestión, o también, quizá, porque en el momento oportuno en que se
produjo esa operación, inmediatamente después o en las semanas
siguientes, tuvo lugar la disolución de las Cámaras, el final de la
legislatura, y no tuvimos oportunidad de conocerla en todos sus detalles,
como creo que tampoco tuvieron oportunidad de conocerla en sus detalles
algunos dignísimos representantes del Grupo Socialista que, estamos
convencidos de que con la mejor intención, en los últimos días realizaron
ciertas manifestaciones que estamos seguros de que no hubieran realizado
nunca si hubieran



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conocido precisamente la existencia de esa operación. Si nosotros la
planteamos no fue para echársela en cara a nadie, sino simplemente para
recordar, cuando se afirmó tajantemente que en etapas anteriores jamás se
realizaron operaciones colectivas, que sí se realizaron estas
operaciones.

La manifestación hecha por el portavoz del Grupo Socialista de que van a
dar prioridad en su acción política a todos los aspectos concernientes a
los derechos y libertades nos satisface enormemente como Grupo que
sustenta al Gobierno, porque estamos convencidos de que con esa acción de
calidad del Grupo Socialista se contribuirá, sin lugar a duda, a mejorar,
en función de su tarea de control y de oposición, la salud colectiva de
esos derechos y libertades en nuestro país, sin perder nunca de vista que
los primeros impulsores, los primeros garantes de esa salud colectiva lo
son, por mandato legal y por convicción, tanto el Gobierno como el Grupo
Parlamentario que lo sostiene.

Finalmente insistir en lo dicho. Quizá lo único bueno de todo lo que ha
sucedido en estos últimos días, de todo lo que se ha dicho, de todas las
posiciones encontradas que unos y otros hayamos podido tener, es que
finalmente hemos encontrado, o nosotros al menos así lo deducimos de las
palabras del señor portavoz del Grupo Socialista, un punto de referencia
en la intervención del señor Ministro para construir esa política de
consenso, es decir, para construir esa política de Estado que, en
definitiva, va a servir al prestigio exterior de España, pero, concretado
mucho más en términos personales, va a servir para garantizar los
derechos de esos ciudadanos que quieren huir del Tercer Mundo y que
quieren encontrar en nuestro país una tierra de acogida. Este Gobierno y
el Grupo Parlamentario que lo sostiene jamás renunciará a hacer de
España, en los límites y en las debidas condiciones, una gran tierra de
acogida.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, con la
mayor brevedad posible.

En primer lugar, en cuanto a lo que significa la posición del Ministro de
Interior, respecto a la posición del Secretario de Estado de Información,
diré que el Secretario de Estado de Información ha podido hacer una u
otra declaración, pero creo que sería totalmente injusto que el
responsable de la operación pudiese ser otro miembro del Gobierno que no
fuera el Ministro de Interior. En ese terreno una cosa es que haya una u
otra declaración y otra cosa es que está muy claro que la operación se
hace desde el Ministerio de Interior, exclusivamente desde el Ministerio
de Interior, y la responsabilidad es totalmente asumida por este
Ministerio de Interior.

En segundo lugar, sí quería hacer una consideración al señor Meyer,
también en esta dirección, sobre el tema de los ceses. Aquí ha habido,
fundamentalmente, una decisión que ha sido asumida desde la máxima
responsabilidad del Ministerio del Interior y luego ha habido un
procedimiento que en el fondo ha venido a significar un mantenimiento, en
líneas generales, de las cosas que se han ido produciendo. Si yo cesara,
por ejemplo, al Jefe de Policía de Málaga, estaría cometiendo una
injusticia flagrante, porque sería una cobardía total por mi parte, sería
probablemente la mayor demostración de cobardía que pudiera hacer alguien
desde una responsabilidad en el Ministerio del Interior. Sería injusto,
absolutamente injusto, porque él no ha contravenido una orden mía o ha
hecho lo contrario de lo que yo le he dicho. En ese terreno, insisto,
salvo que en la investigación posterior se produzca algún acontecimiento
o salga alguna información que permita pensar que ha habido una actuación
determinada, claramente irregular, le anuncio que no habrá ceses en el
Ministerio del Interior y que asumo absolutamente, no faltaba más, lo que
significa la operación en su conjunto, que ha sido diseñada desde el
Departamento de Interior.

Le quería decir al señor Belloch, un poco en el planteamiento que yo hago
hoy, que va en el sentido de la medida, es que, en cuanto a los 4.5000
refugiados, tenemos que ser conscientes de que el que haya más o menos no
significa una gravedad en lo que es una vulneración de derechos. No, lo
que le decía antes es que lo que no tiene mucho sentido es que 4.500
personas no sean objeto de ningún tipo de seguimiento en cuanto a qué va
a pasar con sus vidas, y que respecto a otras 103 personas, sobre las que
a lo mejor se ha producido una deformación, sí se aplique la lupa. En ese
terreno no hay diferencias. Otra cosa es que la legalidad de una medida u
otra pueda ser diferente, pero lo que está muy claro es que a efectos de
derechos humanos no podemos caer en el planteamiento de decir: hay que
buscar a 103 personas para saber la suerte que cada una de ellas corre en
Africa.

Le vuelvo a hablar un poco del sentido de la medida, y no lo digo
simplemente para que imitemos esas proporciones, sino para que se vea que
los países que escoge Francia tampoco han sido muy distintos de los que
hemos escogido nosotros. En este año 1996 las diez operaciones que llevan
a cabo han sido: Túnez, Marruecos, Rumanía, Zaire-Mali, Mali-Zaire,
Rumanía, Zaire, Senegal-Mali, Túnez-Zaire, Marruecos-Mali. En este caso,
Mali y Senegal son dos países que Francia no ha escogido aleatoriamente a
efectos de realizar estas acciones. Hay otros en Africa con los que
mantienen unas operaciones de carácter bilateral, porque en lo poco que
hemos podido aproximarnos sobre este tema ciertamente las relaciones con
Africa y con los países son mucho más complicadas de lo que en un
principio cabía significar.

Lo que quiero decir sobre este particular es que no se trata de que en
estos momentos planteemos que, en el año 1995, en Francia el volumen sea
espectacularmente superior o que en Alemania haya 68.000 devoluciones y
10.000 expulsiones. No se trata de comparar eso. Debemos ser conscientes
de lo que significa una política en países muy próximos a nosotros, de
que estamos con ellos en la Unión Europea y de que practican unas
políticas de esas características. Evidentemente la situación es
distinta, pero también le diría una cosa: que en el supuesto de que en un
momento cualquiera, por una determinada presión de la opinión pública,
por una debilidad del Gobierno o por un momento en el que se adivinara
especialmente sensible a España



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en ese terreno, si hoy han venido 103, a lo mejor un día vienen 2.500 por
Melilla y por Ceuta. De modo que ese tema tampoco se puede abordar desde
la ingenuidad. Si nosotros planteamos las cuestiones en su justa
dimensión, hay un posible terreno de encuentro, siempre que uno se
acerque con sentido común a esta cuestión. Lo importante es que por a o
por b, porque se quiere crear un determinado clima de opinión, porque a
lo mejor se pretende favorecer la imagen de que el Gobierno tiene una
incapacidad completa en la defensa de los derechos humanos y que se trate
de acomplejar al Gobierno desde el primer momento, resulte que al final
lo que se cree es una situación que nadie pueda controlar y que estemos
jugando con fuego en este tema. Eso va a exigir también prudencia al
Gobierno sobre este particular. En los próximos meses tenemos que ser
conscientes de las políticas que aplican los países que tenemos al lado y
tratar de preservar, en la medida de lo posible, nuestra posición, que
hoy es privilegiada respecto a Francia y Alemania. Eso, sin duda ninguna,
es algo que juega a nuestro favor. Pero, al mismo tiempo, no debemos ser
tan sumamente ingenuos que pensemos que en este terreno podemos jugar
políticamente de cualquier forma, en cualquier momento, para producir un
desgaste al Gobierno, porque, sin duda alguna, al final se verá afectada
la política de Estado en esta cuestión.

Sólo quiero manifestar mi agradecimiento y confirmarle a Begoña
Lasagabaster que estoy a su disposición. Quiero reiterar lo que he dicho
antes, que no hubo sedación masiva en ningún avión. Por prescripción
médica, se ubicaron dos frascos en dos aviones y, en la medida en que se
producían determinados incidentes violentos, el funcionario determinó una
aplicación concreta. Pero, repito, no hubo una sedación masiva en ningún
avión y, desde luego, nunca en la operación de los ciento tres
inmigrantes como un instrumento colectivo.

Por último, le diré que tengo mucho cariño a su presidente y a usted,
pero por eso no voy a incumplir la ley ni lo que viene a significar un
mandato muy claro de este Parlamento, que es el cumplimiento de la ley.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Comunico a SS. SS. que, consultados los grupos parlamentarios, coinciden
con el señor Ministro en el sentido de no incluir en el orden del día de
hoy el punto segundo que inicialmente estaba incluido.

Muchas gracias, levantamos la sesión.




Eran las ocho y diez minutos de la tarde.