CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 35



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA



Sesión núm. 4



celebrada el martes, 25 de junio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Interior (Mayor Oreja), para informar
sobre:



--Líneas generales de la política de su Departamento, a petición propia.

(Número de expediente 214/000009) (Página 594)



--Previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento, a
solicitud del Grupo Socialista. (Número de expediente 213/000015)
(Página 594)



--Líneas generales y proyectos a desarrollar por su Departamento, a
solicitud del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(Número de expediente 213/000031) (Página 594)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR (MAYOR OREJA), PARA INFORMAR
SOBRE:



--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA.

(Número de expediente 214/000009.)



--PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000015.)



--LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000031.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar esta
sesión que tiene como único punto del orden del día la comparecencia del
señor Ministro de Interior, que lo hace a petición propia y también a
iniciativa de los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Es la primera vez que el señor Mayor Oreja comparece ante esta Comisión
en su condición de Ministro de Interior. Hace unos días, el pasado
jueves, con motivo de la presencia en esta Comisión de la Ministra de
Justicia, en situación análoga, porque también era la primera vez que
comparecía en la Comisión, le deseamos a la señora Ministra, en nombre de
todos los grupos y en nombre de lo que los grupos y las señoras y señores
Diputados representamos, buena suerte, porque la buena suerte, el buen
éxito y el buen andar del Ministerio será un buen éxito, una buena suerte
y un buen andar para todos nosotros. Si ello era cierto en la persona de
la Ministra de Justicia, ¿en qué medida lo es en esta ocasión? Yo creo
que lo es mucho más en la persona del Ministro de Interior. Las
cuestiones del Ministerio de Interior afectan a problemas esenciales de
las ciudadanas y de los ciudadanos de España y, por lo tanto, que las
cosas se desarrollen como todos deseamos y como, en primer lugar, desea
el propio titular del Departamento estoy seguro de que es algo que, con
independencia de la legítima crítica, de la vigilancia en la acción del
Gobierno, todos entenderemos como éxito de todos.

Con esta introducción y dándole la enhorabuena por su designación, en
cierto modo ya un tanto lejana, y sobre todo dándole la bienvenida a esta
Comisión, tiene la palabra el señor Ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, en primer lugar muchas gracias por las palabras de
bienvenida que me ha dedicado y dirigido el Presidente de la Comisión.

Quiero hacer mío lo que viene a significar de prioridad en la búsqueda de
acuerdos en temas tan delicados como son los que corresponden al
Departamento de Interior, y quiero también comenzar explicando mi
satisfacción y mi expresión de voluntad de colaboración con todos y cada
uno de los miembros de esta Comisión, partiendo de la idea de que, sin
duda alguna, tenemos y vamos a tener objetivos comunes a lo largo de esta
legislatura que estamos comenzando.

Inauguramos una nueva etapa, con un nuevo escenario político y con un
Ministerio de Interior desgajado del Ministerio de Justicia o un
Ministerio de Justicia desgajado del Ministerio de Interior. No es mi
intención abrir o reabrir un debate sobre la conveniencia o no de esta
decisión política y administrativa. En ese sentido, señoras y señores
Diputados, les confieso que yo me alejo del dogmatismo y de la
exageración a la hora de ensalzar o descalificar organigramas
ministeriales; por el contrario, mi intención y mi voluntad es que seamos
capaces, empezando por el Ministro de Interior, de que, una vez producida
esta decisión, todos aprovechemos las ventajas que sin duda puede
encerrar esta decisión y este modelo, que en estos momentos ofrecemos al
conjunto de la sociedad española.

Comparezco porque creo que es indispensable establecer lo que son líneas
generales de un departamento ministerial, especialmente en el caso del
Ministerio de Interior, de modo que el establecimiento de líneas
generales de un departamento signifique la definición de prioridades. En
mi opinión, esto es lo que encierra un debate de estas características:
señalamiento de una dirección, de un rumbo en el quehacer político. Creo
que no exagero tampoco si, como decía el Presidente de la Comisión hace
unos momentos, pongo el acento en que en algunas o en muchas de las
materias de las que se ocupa el Ministerio de Interior, y que se refieren
a la seguridad y a las libertades de los españoles, nos estamos realmente
enfrentando a lo que es y debe ser una auténtica política de Estado.

Entiendo que eso, que muchas veces son palabras de buenas intenciones,
sin embargo todos tenemos ya el número de años suficiente como para saber
que era una realidad. Además de la expresión de una buena intención, es y
debe ser una política de Estado, y creo que todos tenemos ya la madurez
democrática suficiente como para que cada día sea más real esa
declaración de buena intención y de verdad hagamos --y ésa será la
intención del Ministerio de Interior-- una auténtica política de Estado,
más allá de la pura declaración formal con la que se suele obsequiar al
definir la política de Interior en esta cuestión.

Es determinante, sin duda alguna, en el momento de definir las líneas
generales de la política de Interior, acertar en sus grandes trazos, por
un motivo muy sencillo y muy elemental. Si en alguna materia no caben
vaivenes, o no deben caber vaivenes, es precisamente en materia de
Interior, porque cualquier vaivén, cualquier modificación excesiva, corre
el riesgo de ser percibido siempre en clave de inseguridad y desasosiego,
precisamente lo contrario de lo que se suele tratar de introducir o de
prever cuando se definen políticas de esta naturaleza.




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Hecho este breve preámbulo, ¿de qué forma enunciamos y definimos las
prioridades en materia de seguridad y de libertades que permitan definir
las líneas de nuestra política de Interior? Yo creo que, en primer lugar,
tenemos que darnos cuenta de que la democracia es un régimen de opinión
pública y que se instalan justa o injustamente ciertos estados de
opinión, y estos estados de opinión determinan muchas veces la sensación
de seguridad o inseguridad de los españoles. En segundo lugar, la
seguridad también es un sentimiento, una sensación que invade personal y
familiarmente a muchas familias españolas y a muchos españoles en el
ámbito de lo que es estrictamente la pura subjetividad. Y en tercer
lugar, más allá de lo que son estados de opinión, más allá de lo que son
sensaciones y sentimientos, también habrá que evaluar las necesidades de
priorizar las líneas de seguridad simplemente con las cifras
estadísticas, de modo y manera que permitan determinar y objetivar en la
medida de lo posible dónde deben encontrarse las prioridades en materia
de seguridad, habiendo detectado los grados de inseguridad en
determinados lugares e instancias.

Pues bien, la correcta combinación de lo que son estados de opinión y
estadísticas es lo que a veces nos debe obligar a avanzar en materia de
seguridad, porque en ese terreno --y con ello termino en este primer
preámbulo-- la seguridad en definitiva muchas veces es una palabra, que
es confianza, credibilidad y confianza. Se da seguridad cuando la gente
te cree, cuando la sociedad te cree en esa materia, cuando la sociedad
tiene confianza en los rectores de la seguridad del Estado y cuando las
propias Fuerzas de Seguridad del Estado tienen confianza en su propio
quehacer, y por eso es importante que en este terreno nos acerquemos a
los problemas de la seguridad, a los problemas de modelo policial,
primero tratando de interpretar estados de opinión, sentimientos,
sensaciones de inseguridad o de seguridad que existen en la sociedad
española. Por eso escogemos en primer lugar en este análisis, en esta
breve descripción de líneas generales, el fenómeno del terror, del
terrorismo, porque sigue ocupando, tal y como se aprecia en el último
barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes
de abril y en todos los trabajos sociológicos, el primer lugar de
preocupación de todos los españoles. Es un estado de opinión que no se
corresponde con las estadísticas a la hora de definir el número de
muertos que se producen en España, pero sin duda alguna se instala un
estado de opinión de preocupación, de modo y manera que en estos momentos
yo creo que el fenómeno del terrorismo sigue siendo el único fenómeno
capaz de generar crispación más allá de la irritación en el seno de la
sociedad española.

De ahí que comience haciendo una consideración inicial sobre el fenómeno
terrorista, dos prioridades en la lucha contra el terrorismo y un camino
que marca el Gobierno del Partido Popular en esta materia. Empecemos por
la consideración inicial. Yo creo que en estos momentos tenemos todos que
saber apreciar la fortaleza y la solidez del escenario político y de los
instrumentos políticos que tenemos todos para hacer frente al fenómeno
terrorista, porque no estoy hablando estrictamente de lo que es la
fortaleza de un Gobierno, estoy hablando de la fortaleza de un escenario
político, que en el fondo y en definitiva es la fortaleza de la propia
democracia española. ¿Por qué lo digo al comienzo de esta intervención?
Porque todos tenemos una tendencia a minimizar, a minusvalorar la
fortaleza, la confianza en nuestro propio escenario político; de la misma
manera que, como se está viendo en estos días, siempre tenemos la
tendencia a magnificar cada uno de los pasos, de los gestos, de los
comunicados que derivan precisamente de los que no han hecho el esfuerzo
que nosotros hemos hecho durante veinte años. Es un escenario de
fortaleza al que hemos llegado todos, sin duda con fracasos, con
limitaciones, con errores, con torpezas, desde el Gobierno y desde la
oposición, pero que hemos recorrido juntos durante veinte años, y quienes
consideramos que la política, con mayúsculas, constituye, ha constituido
siempre y sigue constituyendo el principal instrumento en la lucha contra
el terrorismo de ETA tenemos más que nunca que saberlo valorar y apreciar
adecuadamente.

En veinte años la democracia española --y empiezo por lo último-- ha
conseguido un escenario inédito en la historia, en el sentido de que ha
habido un acuerdo entre un partido de las características del Partido
Popular y el Partido Nacionalista Vasco que va más allá de lo que es el
interés partidario de una y otra opción, porque ha sido una limitación
que ha sido superada por la democracia española. Ya antes nacionalistas y
socialistas habían conseguido introducir la cultura del acuerdo en el
País Vasco a través de un Gobierno de coalición después de diez años de
democracia. Veinte años después, la fortaleza de la democracia española
ha conseguido que estemos a punto de alcanzar y de firmar un convenio
europeo de extradición que acaba con una leyenda que sin duda alguna
estaba siendo utilizada permanentemente por los violentos, basada en el
aislamiento de España y en un sentimiento siempre de insolidaridad
respecto de los países europeos. Veinte años después de la democracia
tenemos en pie hoy una Mesa de Ajuria Enea con más capacidad que nunca
para avanzar en un proyecto político común compartido entre vascos y que
además, y es el principal valor de este proyecto, es una referencia y un
marco insustituible para la acción del Gobierno de España.

Señorías, la mayor fortaleza que en ocasiones demuestran los violentos se
produce cuando se alimenta de la debilidad y la desilusión de la mayoría,
y por el contrario --y ya estoy marcando una primera línea del Gobierno
en esta materia--, un proyecto político sólido, con capacidad de
generación de ilusión, un proyecto político común compartido entre vascos
y un proyecto atractivo de España en el País Vasco en el que participemos
Gobierno y oposición, marca sin duda el peor escenario posible de
aquellos que utilizan la pistola y la metralleta en la defensa de sus
ideas. Por eso en estos momentos lo que queremos decir desde el
Ministerio de Interior es que no se trata tanto de despreciar lo que
pueden ser gestos o iniciativas que en estos momentos pueden ser
susceptibles de opiniones para todos los gustos cuanto de hacer un
llamamiento a que apreciemos lo que tenemos, que valoremos lo que
tenemos, y tenemos que demostrar que somos capaces por ello de tener
iniciativa



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en esta cuestión en materia antiterrorista, porque tenemos un escenario
suficientemente fuerte como para que tengamos iniciativa, para que no
demos la iniciativa a los grupos violentos, que sólo han sabido funcionar
en la debilidad cuando los escenarios de fortaleza de los demócratas no
han sido los suficientes. Por eso aprovecho esta ocasión para reiterar
desde el Gobierno mi confianza en la Mesa de Ajuria Enea, que tendrá,
como ustedes bien saben, una reunión en la tarde de hoy. El Gobierno sólo
es emplazado por la soberanía popular en esta Cámara y sólo tiene como
marco de referencia obligada la Mesa y los pactos de Ajuria Enea, de
Pamplona y de Madrid.

Realizada esta consideración inicial, señoras y señores Diputados, cabe
preguntarse cuáles han sido las líneas de acción del Gobierno en materia
antiterrorista en las primeras semanas, que sin duda alguna, al
explicarlas, van a marcar las prioridades del Gobierno en esta cuestión.

Las líneas de acción del Gobierno, las prioridades del Gobierno, se han
centrado en lo que en mi opinión han sido las limitaciones principales,
las limitaciones de fondo, las limitaciones históricas y recientes al
mismo tiempo, que sin duda alguna podían además en alguno de los casos
agudizarse con la entrada del Partido Popular en el Gobierno. La primera
limitación siempre han sido los estados de opinión, tan diferentes entre
el País Vasco y el conjunto de España, que se producían a la hora de
abordar un mismo fenómeno. Es una realidad que cuando se producen los
mismos hechos, los mismos fenómenos, se ven de forma distinta y diferente
según sean valorados en un rincón de la geografía vasca o en el resto de
la geografía española. Es natural que algo de ello se produzca, pero
cuando el divorcio y la contradicción es exagerada sin duda alguna
empieza a producirse un problema.

Pues bien, la presencia del Partido Popular en el Gobierno sabíamos que
iba a ser utilizada por los terroristas --y lo tenían preparado-- en un
esfuerzo de trasladar la impresión de que se volvía a la caverna; creían
que iban a poder reproducir en tiempo un ambiente político presidido por
la recreación del pasado; volvía el pasado, volvía simplemente la
política de represión. Por ello, nuestra primera prioridad se ha
centrado, y se seguirá centrando, en lo que es el reforzamiento de los
lazos y vínculos entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, para
evitar esos divorcios de estados de opinión existentes en el País Vasco y
en el resto de España que sin duda alguna constituyen una limitación a la
hora de abordar conjunta y unitariamente el fenómeno del terrorismo; y de
modo particular, primera línea de prioridad, se estrechan y se
estrecharán los lazos y vínculos entre el Ministerio de Interior y el
Consejero de Interior a la hora de abordar esta cuestión.

La segunda limitación que siempre se ha producido a la hora de abordar
este fenómeno, es la pura existencia de fronteras, fronteras que en
ocasiones no solamente eran físicas, geográficas, sino que se agudizaban
por la diferente historia y por las distintas trayectorias que unas
naciones y otras habíamos desarrollado a lo largo de los últimos años.

Pues bien, esa existencia de fronteras ha sido utilizada sistemáticamente
por los terroristas. Aquí no nos vamos a inventar nada, como en ninguna
cuestión en materia antiterrorista. Hemos seguido lo que ha significado
una prioridad de gobiernos anteriores y hemos seguido trabajando en la
cooperación internacional porque, qué duda cabe (como la criminalidad, el
terrorismo), trasciende claramente las fronteras del Estado y coloca
siempre esta situación como ante un reto especial y difícil a afrontar
más difícil de lo que uno pueda imaginarse en la oposición.

En ese sentido el Ministerio de Interior, en esa segunda línea de acción
a la que antes me he referido, en este primer mes de quehacer, lo que ha
hecho simplemente es tratar de diseñar un proyecto de sólidas bases de
carácter continuado y de objetivos bien delimitados. En ese terreno lo
importante es --mucho más que la respuesta a una decisión que molesta de
un gobierno extranjero-- actuar en lo que es estrictamente una política
preventiva, sostenida, continuada, tenaz. En ese terreno estoy seguro que
una acción exterior dará frutos, los está dando ya y los seguirá dando a
medio plazo, porque sin duda alguna la fortaleza de la democracia
española es absolutamente irreversible y en ese terreno estoy seguro de
que es un proceso que irá a más en los próximos años.

Es verdad que se ha producido un impulso por parte del Gobierno en esta
cuestión, es verdad que en materia de cooperación policial internacional
no se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero también seríamos
profundamente injustos en este terreno --como hace unos momentos lo
recordaba-- si no reconociéramos que se han producido esfuerzos y avances
muy significativos en gobiernos anteriores, que en estos momentos yo no
puedo dejar de valorar y apreciar, porque en muchas de las cuestiones que
nosotros estamos, sin duda alguna, recogiendo, se puede producir ese
esfuerzo en base a la labor que se ha desarrollado en años anteriores, y
sin duda alguna, además, que en buena medida se habían producido también
logros significativos que en estos momentos quiero poner de manifiesto.

Creo que con Francia hemos conseguido relanzar la excelente cooperación
bilateral. Seguimos estrechando las operaciones operativo-informativas de
ambas policías. No echemos las campanas al vuelo en esta cuestión. El
trabajo es arduo y es difícil, pero sin duda alguna la actitud de Francia
merece un aplauso y un elogio por nuestra parte. En estos momentos la
posición de Francia a la hora de la negociación del Convenio Europeo de
Extradición ha sido determinante, y quiero mostrar aquí mi satisfacción,
mi reconocimiento hacia la actitud francesa en esta materia.

En el futuro próximo esta cooperación internacional pretendemos
reforzarla con otros países, en particular con México y Venezuela. Con
México en estos momentos estamos estudiando, lamentablemente, lo que es
una nueva fórmula de interpretación del Protocolo de Extradición que no
entró en vigor el pasado 5 de junio por discrepancias en la aplicación
retroactiva de la misma, pero estamos convencidos de que vamos a poder
alcanzar en el futuro próximo una fórmula satisfactoria para ambas
partes.

Si hemos hablado de las dos limitaciones en materia antiterrorista, si
hemos hablado de lo que significa, en nuestra opinión, una consideración
inicial de saber apreciar lo que tenemos los demócratas, simplemente voy
a terminar este capítulo hablando de que es indispensable un camino,



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y un camino significa en el fondo una vía en la que eliminemos los
atajos. Se ha demostrado que no hay atajos como la experiencia en estos
20 años, no hay atajos ni desde la ilegalidad ni desde la guerra sucia ni
desde el atajo del diálogo y la negociación. En este sentido vuelvo a
reiterar mi convicción de que no se producen en estos momentos las
condiciones suficientes determinadas por el Pacto de Ajuria Enea en su
famoso artículo 10 que nos puedan hacer pensar que se producen
condiciones suficientes para que tengamos la sensación de que hay una
autenticidad en el final de la violencia. Por eso no cabe un escenario
dialogado y negociado, de acuerdo con el artículo 10 del Pacto de Ajuria
Enea, en tanto en cuanto tengamos la convicción de que todavía no hay
autenticidad para alcanzar el final, desde la unidad y la cohesión de los
partidos políticos y desde la iniciativa del Gobierno, porque por mucha
unidad de partidos, por mucha cohesión, si no hay iniciativa del
Gobierno, evidentemente no avanzaremos en esta materia, pero reiteramos
que el único camino es que recorramos un trecho democrático para avanzar
en el cumplimiento de la Ley. Ese es el único camino que en estos
momentos tenemos que recorrer juntos en la medida de lo posible, un
trecho democrático para avanzar en el cumplimiento de la ley.

En ese terreno tampoco podemos tomar medidas en el aire, sino que tenemos
que tratar de ese avance en el cumplimiento de la ley en función de
situaciones y realidades concretas. Hoy quiero exponerles, señoras y
señores Diputados, la firme voluntad del Gobierno de presentar un
conjunto de medidas e iniciativas para responder más adecuadamente al
fenómeno del vandalismo callejero que hoy caracteriza la situación en las
calles del País Vasco y en Navarra.

Una prioridad del Ministerio de Interior es la gestión coordinada de la
lucha legislativa, judicial y policial contra la pluralidad de
actividades criminales procedentes de ETA y de los grupos que apoyan a la
banda terrorista. Dicha gestión coordinada resulta de una indudable
complejidad, porque no es otra que la complejidad del Estado de Derecho y
del estado de las autonomías; porque esa gestión ha de hacerse de acuerdo
y con respeto a la independencia del Poder Judicial, a las funciones que
la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal, también a las
competencias que en materia de seguridad tiene la Comunidad Autónoma del
País Vasco y, evidentemente, también a las potestades de iniciativa
legislativa en la materia que le es propia al Ministerio de Justicia.

¿Cómo estamos haciendo esta gestión coordinada? Pues este espíritu de
coordinación nos ha llevado a lo largo de estas semanas a establecer
contactos con el Ministerio de Justicia, como no podía ser de otra forma,
pero también con las consejerías de Interior y de Justicia del Gobierno
Vasco. A lo largo de estas dos últimas semanas hemos tenido encuentros
con todas las partes ejecutivas implicadas con el fin de hacer una
primera reflexión, de modo y manera que hoy yo no traslado simplemente
las consideraciones del Ministerio de Interior. Los contactos que hemos
establecido son una serie de consideraciones, no me atrevo a hablar de
conclusiones, porque, como ustedes verán, todavía no hay conclusiones
definitivas, en las que están representados lo que es Consejería de
Interior-Consejería de Justicia del Gobierno Vasco-Ministro de
Justicia-Ministro de Interior. De todo el conjunto de actividades
realizadas en el entorno de ETA, volvemos a confirmar que las
infracciones criminales de más difícil control por parte de las Fuerzas
de Seguridad del Estado y de más difícil sanción, son las que se refieren
al vandalismo callejero. Como ello es así, muchas veces desde la
impunidad, ellos reiteran más que nunca la frecuencia de estas
actuaciones.

El problema de los encapuchados es uno de los problemas que, sin duda
alguna, preocupan de modo singular a la hora de abordar esta cuestión. La
adecuada persecución de estos delitos, en nuestra opinión, y en opinión
de los departamentos implicados, requiere introducir algunas
modificaciones en la legislación sobre protección de la seguridad
ciudadana. Se trataría de revisar algunos aspectos del régimen jurídico
de la actividad policial para garantizar su eficacia frente a las
situaciones crónicas de violencia callejera que se han descrito. Este
reforzamiento de la eficacia policial se haría, por supuesto, con pleno
respeto a los derechos fundamentales y vendría también a aumentar la
seguridad jurídica de los agentes de las Fuerzas de Seguridad en la
realización de las tareas que les están encomendadas.

Se trata de redoblar la eficacia de las Fuerzas de Seguridad en sus
funciones de Policía Judicial, y muy especialmente en la función de
reunir las pruebas necesarias para fundar, con toda certidumbre, las
resoluciones condenatorias de los tribunales de justicia. Una de las
técnicas probatorias más efectivas que se han abordado en estas
reuniones, es la que se podría denominar de videovigilancia. Consiste en
la grabación de las manifestaciones en las que tienen lugar actos
delictivos. Tal grabación en vídeo se hace en espacios públicos y no
afectaría, por tanto, al derecho a la intimidad. La cuestión, sin
embargo, podría rozar lateralmente con el ejercicio de derechos
fundamentales y su regulación debiera hacerse por ley orgánica, porque
este es el rango que corresponde a la ley orgánica sobre protección de
seguridad ciudadana.

La posible modificación de ley orgánica sobre protección de seguridad en
cualquier caso habrá de estudiarse cuidadosamente, y en la elaboración de
este anteproyecto al que me estoy refiriendo, se tendrán en cuenta las
opiniones y experiencias de los órganos de la Comunidad Autónoma Vasca
con competencias en materia de seguridad, pues la aplicación de la ley en
el territorio de la Comunidad Autónoma corresponde, en gran medida, a la
policía autónoma que de ellos depende.

La planteada reforma de la ley orgánica sobre protección de la seguridad
ciudadana debería aprovecharse también para completar el catálogo de
infracciones que la ley recoge para prever y sancionar conductas
vinculadas a la organización y participación en las manifestaciones
ilegales de que se trata. También habría que asegurarse de la efectividad
de la ejecución de las sanciones pecuniarias que se impongan, bien sobre
el patrimonio de los infractores, bien sobre sus representantes legales,
si se trata de menores, como ocurre en la mayoría de los casos que están
caracterizando el vandalismo callejero en el País Vasco.




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Tampoco hay que perder de vista que la sanción de los actos más graves
que se producen en las explosiones de violencia callejera corresponden a
la ley penal. Antes de plantear reformas en el nuevo Código Penal debemos
progresar en la utilización de los instrumentos sancionadores que
contiene, a través de las vías procesales correspondientes. Y no debe
olvidarse tampoco la posibilidad de que por el Fiscal General del Estado
se impartan las oportunas circulares o instrucciones de carácter general.

Cabe señalar que en el nuevo Código Penal existen preceptos especialmente
diseñados para combatir las conductas violentas a las que estamos
haciendo alusión, y destaca el artículo 577 del nuevo Código, que castiga
como autores de un delito de terrorismo a los que sin pertenecer a banda
armada, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de
alterar gravemente la paz pública cometieran lesiones, amenazas o
coacciones contra las personas o llevasen a cabo cualesquiera delitos de
incendios o estragos. Hay que subrayar que para incurrir en este tipo
penal no es preciso que se acredite la pertenencia a la banda armada.

Por ello, creo que hay que actuar desde la prudencia. La aplicación del
nuevo Código Penal generará en unos meses la experiencia que hoy no
tenemos, sin duda necesaria para entrar a analizar, en su caso, si hay
algún tipo de cadencia en la materia de la que se trate, y hay que
procurar en ese supuesto proponer las medidas legislativas adecuadas. En
ese sentido hacemos una propuesta. El Ministerio de Interior se propone
constituir un grupo de trabajo, con la misión de realizar un minucioso y
efectivo seguimiento de la aplicación por juzgados y tribunales del nuevo
Código Penal en esta materia. Este grupo de trabajo deberá reunir la
información correspondiente a las resoluciones judiciales emitidas tanto
por los juzgados centrales de instrucción y la Audiencia Nacional, como
por los juzgados de instrucción y las audiencias provinciales, con sede
en el País Vasco, en el supuesto de que sean juzgados estos hechos en el
País Vasco. Esta tarea se verá facilitada por el alto grado de
informatización con el que el Gobierno vasco ha conseguido dotar a los
órganos jurisdiccionales del Estado, sitos en su territorio. En este
terreno hacemos una propuesta a los grupos políticos, para que se
incorporen a estos centros de reflexión y de trabajo con carácter
inmediato, donde pueden hacer el conjunto de sugerencias e iniciativas
que pueden fortalecer en esta cuestión en particular lo que es una acción
más decidida del Gobierno a la hora de abordar esta cuestión esencial.

Si hemos hablado del terrorismo durante un buen rato en la Comisión, a
nosotros nos parece que es muy importante que entendamos el concepto de
la seguridad del Estado como una especialísima preocupación por parte del
Ministerio. Si antes hablábamos de estados de opinión, de impresiones y
de sensaciones, hoy hablamos ya de estadísticas. En el año 1996, respecto
al año 1995, se han acrecentado un 8,87 por ciento los cuatro primeros
meses de 1996, y de 295.022 delitos hemos pasado a 321.184.

En este terreno, el Ministerio de Interior se propone recuperar y
acrecentar la confianza de los ciudadanos en materia policial. Marcamos
cuatro líneas generales de actuación en materia de seguridad. En primer
lugar, es indispensable fomentar la cooperación policial entre las
diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reactivando los
mecanismos de coordinación. No sólo hay una cuestión de pura
coordinación, no sólo hay un objetivo de coordinación, es verdad, porque
muchas veces, en el difícil terreno de la información hay un déficit de
tejido de información, pero qué duda cabe que hoy hay que impulsar este
esfuerzo de coordinación, en un criterio desde la suma y desde la
coordinación.

Apuntamos que es preciso establecer mecanismos de información compartida
para el acceso, la consulta y la actualización desde cualesquiera
unidades de servicio, con independencia del Cuerpo al que pertenezcan y
sin perjudicar y sin dañar las fuentes informativas propias ni interferir
en los canales de captación por parte de los referidos cuerpos. Pero es
indispensable, dentro de esta coordinación informativa, la interrelación
entre bancos de datos. No sabemos sumar policías, no sabemos intercambiar
la información que, sin duda alguna, almacenan las policías en esta
materia; y lo que es indispensable es que tenemos que aprovechar todas
esas fuentes de bancos de datos que existen y tienen que tener acceso a
ellos, de modo y manera que garanticemos el correcto uso de la
información, dentro de la legalidad vigente, estableciendo mecanismos que
garanticen la transmisión de datos para alimentar dichos bancos de manera
correcta y fiable. Tampoco podemos olvidar en este esfuerzo potenciar la
participación de la policía local en las tareas de seguridad ciudadana.

Ese viejo objetivo de la policía de barrio no será posible si no somos
capaces de sumar los esfuerzos, los datos, la información de las
policías. Creo que tenemos un número más que suficiente de efectivos
policiales en España, y lo que tenemos que hacer es saberlos sumar,
coordinarlos de modo y manera que tratemos de que todos formen parte de
un esfuerzo común, de una seguridad general y global del Estado en estos
momentos.

Potenciar la participación de la policía local en las tareas de seguridad
ciudadana, redefinir su marco de actuación, relanzar las juntas de
seguridad y saberlas actualizar en la medida en la que también se acaba
de reformar, a través de la Lofage, la Administración periférica del
Estado, dar más responsabilidad a los alcaldes en el tema de la
seguridad. Sin duda alguna de esta forma estaremos simplificando,
agilizando, favoreciendo los trámites, la economía de medios en los
servicios de atención al ciudadano, prestados por los cuerpos estatales y
locales conjuntamente. En ese sentido, hemos tenido ya una reunión con la
Federación Española de Municipios y Provincias y también está
comprometido que en el mes de julio tengamos un encuentro con la
Federación donde trataremos de plantear un perfeccionamiento en esa
coordinación con policía local y, fundamentalmente, utilizar lo que sin
duda ninguna son recursos importantes en esta materia.

En segundo lugar, está la reforma de la estructura orgánica en el área
policial y en la Guardia Civil.

Ante la necesidad de acomodar los órganos de la Dirección General de la
Policía a las funciones de operatividad policial, nos parece conveniente,
sin magnificar tampoco



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ni dramatizar la situación anterior, cambiar una estructura que nos
parece que ha estado sobredimensionada por una más racional y acorde con
los objetivos policiales. Se pasaría de cuatro subdirecciones generales
de la Policía a dos, y se mantendría el gabinete técnico con sus fines
propios de apoyo al director general. La Subdirección General Operativa
engloba las comisarías generales de Información, Policía Judicial,
Seguridad Ciudadana, Extranjería y Documentación y Policía Científica,
así como la organización periférica. Su titular, además de ostentar la
segunda jefatura del centro directivo, coordinará las áreas de gestión y
personal en su función de apoyo a la operatividad, en colaboración con el
titular de la otra subdirección general. Con la finalidad de conseguir
una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo, se considera también
conveniente la unificación y la integración, en una única Comisaría
General de Información y bajo un mando único, de las funciones de
inteligencia y operatividad antiterrorista, de manera que las unidades
dentro de la Policía Judicial pasarían a engrosar la Comisaría General de
Información. En la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se van a
integrar las comisarías especiales Congreso de los Diputados, Senado,
Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo, y, además, se crean con carácter de
comisaría especial las de la Audiencia Nacional y las del Tribunal
Supremo. Dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se
potenciará el servicio de relaciones ciudadanas. En el ámbito local se
impulsarán los contactos ciudadanos con la creación de mesas abiertas
donde estén representadas otras instituciones. Y dentro de la Comisaría
General de Policía Judicial se potenciará, de acuerdo con las nuevas
directrices europeas, el servicio de Europol, que en estos momentos
tenemos la buena noticia de que parece que ha sido desbloqueado en el
último Consejo celebrado en Florencia. En la organización periférica se
van a adecuar las jefaturas superiores al mapa autonómico nacional. Y en
lo que se refiere a la Subdirección General de Recursos Humanos y
Gestión, dirigirá las divisiones de personal, formación, inspección y
gestión técnica, y dentro de la Subdirección General de Recursos Humanos
se integra el área de inspección, con el fin de aglutinar todo lo
relacionado con los medios personales. Las atribuciones de la anterior
división de gestión económica pasarán a una Dirección General --de la que
luego hablaré-- de Administración de Seguridad del Estado.

Respecto a la Guardia Civil, los criterios serán similares. La
reestructuración tendrá tres etapas. En primer lugar, un real decreto que
va a reducir a tres las cinco subdirecciones generales actuales. En
segundo lugar, una orden ministerial que reducirá y racionalizará todas
las unidades de rango inferior, y un catálogo de puestos de trabajo que
se adapte a la nueva estructura y reduzca alrededor de un 10 por ciento
el personal destinado en la dirección; este personal disponible pasará a
unidades operativas. Adecuaremos también la organización territorial de
la Guardia Civil a la nueva estructuración autonómica del Estado y
constituiremos una zona de la Guardia Civil por cada comunidad autónoma.

Simplificaremos la estructura territorial suprimiendo los tercios y
haremos que cada provincia tenga una única comandancia. El personal
disponible como consecuencia de todo ello pasará a unidades operativas.

Hemos hablado de las medidas en materia de Guardia Civil, de Policía, y
ahora vamos a hablar, en tercer lugar, del modelo policial. Existe un
modelo policial. Lo que sucede es que ese modelo policial permanece
excesivamente abierto, pero yo creo que existe y está recogido en la Ley
Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Nosotros creemos
que resulta aconsejable avanzar lo más rápidamente posible en el cierre y
en la clarificación definitiva de este modelo policial, y que el final de
este esfuerzo, no el comienzo, sea la adecuación y reforma, en su caso,
de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El modelo
policial a nivel territorial también tiene que ser cerrado lo antes
posible, y en ese sentido reafirmo nuestro compromiso de un modelo
llamado de sustitución existente en la Comunidad Autónoma vasca y en
Cataluña, que sin duda ninguna tiene plazos y calendarios distintos y
diferentes. En la Comunidad Autónoma vasca habrá que seguir trabajando, a
través de la Junta de Seguridad, en una mejor adecuación de las fuerzas
de seguridad del Estado, sabiendo que las fuerzas de seguridad del Estado
siempre tienen una tarea importante, indispensable que desempeñar en el
País Vasco, y evidentemente, no es el debate sobre la adecuación el
prioritario en el que debemos introducirnos los partidos democráticos. En
la Comunidad Autónoma catalana los mossos d'esquadra han iniciado un
despliegue, que seguirá de acuerdo con la Junta de Seguridad, que fue
adoptado en su momento en octubre de 1994, que ha sido confirmado y
ratificado por los acuerdos entre el Partido Popular y Convergència i
Unió y que se culminará en un período de ocho años a contar desde el año
1994. En ambas comunidades autónomas va a ser decisivo el papel de las
juntas de seguridad para la coordinación de estos servicios policiales y
este modelo, y sin duda ninguna nosotros también volvemos a reiterar
nuestro compromiso de avanzar decididamente en esta dirección, porque es
una exigencia del sentido común que cuanto antes cerremos un modelo de
estas características. Tenemos que adoptar en los próximos meses la
manera de modificar las juntas de seguridad en función de las reformas
que se prevén en la Administración periférica del Estado, en la Lofage.

Es evidente también que en esa configuración del nuevo modelo policial,
en el resto de las comunidades autónomas reviste gran importancia la
función de unidades adscritas a las comunidades autónomas, de manera que
en Andalucía, Galicia y Valencia tenemos experiencias en esa dirección.

En ese sentido, reiteramos que es necesario analizar cuanto antes la
funcionalidad de estos instrumentos, que seamos capaces de introducir las
correcciones debidas para lograr la adecuación del número de efectivos y
su distribución por cuerpos en relación con los traspasos de
competencias, pero también estamos convencidos de que hay que adaptarse a
esas comunidades autónomas, y tenemos que plasmar el Estado de las
autonomías a la hora de abordar esta cuestión, y cuanto antes, hechas las
consideraciones necesarias, tenemos que cerrar territorialmente el modelo
policial que tenemos por delante.




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Respecto a lo que significan cuestiones todavía no rematadas en el
modelo, simplemente apunto que es evidente que en materia del concepto de
la Policía Judicial, a la hora de definir el modelo, no solamente
territorial, todavía tenemos que seguir trabajando y diseñando una
definición más exacta de esa cuestión. En ese sentido, yo les auguro que
no habrá ningún problema entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio
del Interior. Las reflexiones que haremos en esta cuestión serán
conjuntas. Sin duda ninguna, en estos momentos reiteraré la misma
filosofía que antes. Antes de modificar la actual situación y ubicación
de la Policía Judicial --que depende y debe seguir dependiendo
orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de lo que son
los jueces y magistrados, del Poder Judicial en definitiva--, antes de
modificar y alterar lo que ha sido una costumbre, una tradición y una
realidad, hay muchas fórmulas, respetando la dependencia orgánica del
Ministerio del Interior, de poder acrecentar una dependencia funcional
más perfecta respecto de esa Policía Judicial. Y en ese terreno, lo único
que puedo decir es que habrá un diálogo permanente con el Ministerio de
Justicia, y estoy seguro de que no habrá ningún problema ni ninguna
dificultad a la hora de definir este modelo.

La cuarta cuestión a la que yo antes me refería, una vez que he hablado
del modelo policial, es la Dirección General de Administración de la
Seguridad. La seguridad del Estado debe tener una dimensión global y
general. No se trata del éxito de un cuerpo u otro; se trata del éxito de
la seguridad del Estado en su conjunto, y la seguridad del Estado hay que
dotarla --y ése es uno de los motivos que justifica la reforma que hemos
introducido-- de una Dirección General de la Administración de la
Seguridad del Estado que dé auténtica entidad al concepto global y
general de la Administración de la Seguridad del Estado. La Dirección
General de Administración de la Seguridad es de nueva creación de este
Gobierno. Nosotros creemos que es importante que exista una Dirección
General de Administración de la Seguridad por un objetivo fundamental:
que seamos capaces de trasladar criterios de gestión empresarial al
ámbito de la administración de la seguridad. Ese es el fundamento y el
objetivo último de la Dirección General de Administración de la
Seguridad: introducirse con criterios de gestión empresarial. Tenemos que
gestionar mejor la Administración del Estado, y para eso hace falta saber
entender que los cuerpos policiales no tienen objetivos ni tratan de
introducirse en éxitos parciales, sino que es la Administración del
Estado en su conjunto la que debe ser objeto de valoración.

La actividad de esta nueva dirección general se va a centrar en cuatro
ámbitos fundamentales. En primer lugar, la gestión de los recursos
humanos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil: la
selección, la determinación de los criterios básicos acerca de su
formación y perfeccionamiento; la elaboración de plantillas, las
retribuciones y el desarrollo, coordinación y aplicación de las políticas
de personal de ambos cuerpos, sabiendo respetar sus peculiaridades,
puesto que son cuerpos distintos, que tienen trayectorias distintas,
personalidades distintas, pero, evidentemente, esta política puede ser
objeto de una reflexión global desde la seguridad del Estado.

Otro importante núcleo de competencias y funciones de esta nueva
dirección general es la gestión económica y presupuestaria de la
seguridad. En este ámbito esta dirección general y la Secretaría de
Estado de Seguridad tienen que hablar, decir y opinar sobre la
elaboración de los anteproyectos de presupuestos de esa Secretaría de
Estado de Seguridad y de los centros directivos integrados en ella, y le
corresponderá también la gestión financiera de ingresos y gastos y de
tesorería de los créditos presupuestarios de los órganos mencionados.

Tercer ámbito de competencias para la Dirección General de Administración
de la Seguridad: la elaboración de proyectos, contratación y ejecución de
obras de construcción, reforma y reparación de las dependencias
policiales y acuartelamientos y la planificación y gestión de medios
materiales asignados a los órganos de la dirección de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y el cuarto ámbito de competencias es que esta dirección general tiene
que señalar la política necesaria para las funciones administrativas
externas que realizan el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil,
con la finalidad de no distraer efectivos que, muchas veces, pueden
realizar funciones burocráticas, que únicamente limitan la presencia en
la calle de policías y guardias civiles y que limitan el conjunto de la
eficacia de la seguridad del Estado. En el diseño de esta Dirección
General de Administración de la Seguridad del Estado vuelvo a hacer una
invitación a los grupos políticos para que participen en este esfuerzo de
modular, de introducir una gestión empresarial en el ámbito de la
administración de la seguridad.

El tercer gran apartado es Instituciones Penitenciarias, ya que ésta es
una problemática que se percibe con especial preocupación por parte de
este Ministerio. Aunque estoy abierto a todas las críticas o sugerencias
que quieran hacerme sobre la adscripción de Instituciones Penitenciarias
al Ministerio del Interior, no voy a entrar en esto; he tenido ya una
interpelación y varias preguntas en el Senado y es evidente que estoy a
su disposición, pero no voy a referirme como consideración inicial a las
razones de adscripción de Instituciones Penitenciarias al Ministerio del
Interior. No mitifiquemos ni valoremos en exceso lo que significa la
dependencia a uno u otro organigrama. Yo creo que en la Constitución
española hay garantías suficientes como para confiar en la función
jurisdiccional de los jueces de vigilancia penitenciaria, como para que
en el esfuerzo de preservar los derechos humanos de los penados no nos
preocupe especialmente el hecho de que la dependencia de esta Secretaría
de Estado sea de Interior o de Justicia, más allá de las ventajas que yo
también podría enumerar de la adscripción al Ministerio del Interior.

En cualquier caso, también con brevedad --no quisiera recargar ni
exagerar la longitud de mi intervención--, tengo que decir que nosotros
definimos varias grandes líneas de actuación en el área de la política
penitenciaria.

En primer lugar, aquí no podemos hacer diseños en el aire. Nosotros
tenemos unos problemas que se derivan de las nuevas penas que contempla
el Código Penal, y lo primero



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que tiene que hacer Instituciones Penitenciarias es abordar esa realidad;
dejarse de grandes proyectos y abordar la realidad de lo que significa el
cumplimiento correcto del Código Penal, y en ese sentido voy a hacer tres
apuntes. Probablemente hay que adecuar el plan de infraestructuras, hay
que revisar el plan de amortización y creación de centros y, en la medida
de lo posible, elaborar alguna modificación de ese plan de
infraestructuras que optimice las inversiones realizadas, al tiempo que
dé una cobertura adecuada a las nuevas exigencias legales que se producen
a raíz de la puesta en marcha del Código Penal. En segundo lugar, parece
indispensable una adecuación normativa. Las distorsiones derivadas, más
que de la aplicación del nuevo Reglamento penitenciario, de la orden del
mes de abril posterior requieren revisiones en esa materia. Y, en tercer
lugar, dentro de esa problemática, para hacer frente a las nuevas penas
que contempla el Código Penal, procede la firma de convenios con
municipios y comunidades, a fin de hacerles copartícipes en la ejecución
de estas penas y que puedan facilitar las dependencias necesarias a
través de esos convenios, de modo y manera que esos arrestos
domiciliarios puedan hacerse efectivos, puedan cumplirse en esas
dependencias, de acuerdo y con la colaboración de esos convenios con
municipios y comunidades.

Segunda línea de acción: problemas derivados de las drogodependencias y
el sida en la población reclusa. Yo no me cansaré de repetir que ni los
presos comunes ni los terroristas son mercancía; son personas que tienen
problemas a los que tenemos que ser capaces de hacer frente, y, sin duda,
uno de ellos es el problema de la drogodependencia, el porcentaje
altísimo de seropositivos en las cárceles españolas, los problemas de
sida que se producen en estas cárceles. En ese sentido, es necesario el
impulso a la atención primaria y preventiva, el desarrollo progresivo de
los programas específicos existentes y un impulso de los convenios
suscritos con comunidades autónomas, Insalud, diputaciones y Hermanos de
San Juan de Dios para enfermos terminales.

La tercera línea de acción son los problemas derivados de la
sobreocupación y la seguridad en el interior de las prisiones, como
también habrá que hacer un esfuerzo para reelaborar, para reformar ese
plan de infraestructuras y elaborar un programa de intervenciones
concretas orientadas a la disminución y ausencia de conflictos internos.

Cuarta línea de actuación: necesidad de mejorar mecanismos de
rehabilitación a través del trabajo productivo, formativo y educacional,
elaboración de convenios con otras administraciones, etcétera.

En quinto lugar, la necesidad de formación inicial y continua para
funcionarios, problemática derivada de la desmotivación de los
trabajadores. Creo que hemos hecho un esfuerzo, en el sentido de que está
al frente una persona que conoce como nadie la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, que es un miembro, un funcionario del
cuerpo, y, en ese terreno, hemos querido reiterar nuestra confianza en un
cuerpo que necesita el respaldo no sólo del Ministerio del Interior, sino
de los jueces, de la sociedad en su conjunto, especialmente en estos
momentos en que uno de sus miembros es víctima de un intolerable
secuestro por parte de la organización terrorista. La creación de un
centro de formación con sus planes correspondientes, la implantación de
un nuevo modelo profesional a definir con los funcionarios, con los
trabajadores, será, sin duda, un objetivo del Ministerio.

En sexto lugar, la problemática de la mujer en prisión. Es evidente que
el aumento de mujeres internas durante los últimos años ha hecho que haya
escasez de plazas y hacinamiento en la prisiones. Hay que valorar las
características de la población femenina interna de cara al futuro a
través de ese plan de infraestructuras y prestar especial atención a las
madres con niños mediante la adecuación de departamentos separados del
resto de la población reclusa y la utilización de infraestructuras ajenas
a las prisiones cuando sea posible.

Y la séptima línea es la necesidad de intervención con algunos colectivos
especiales de internos, y en ese sentido hago una referencia a lo que es
la política penitenciaria respecto a los reclusos de la organización
terrorista ETA. En ese terreno quiero reiterar una vez más que no hay
rótulos ni encabezamientos que vayan a definir la política penitenciaria
en esta materia por parte del Ministerio del Interior, y no hay rótulos
ni encabezamientos porque hoy no hay rótulo ni encabezamiento capaz de
provocar la unidad y la cohesión de los partidos democráticos vascos.

Cuando una política no tiene capacidad de cohesionar y de unir a los
partidos políticos vascos ni a los partidos políticos españoles, lo que
sí puedo decir es que sobra el rótulo y sobra el encabezamiento. Nosotros
vamos a poner el acento en la individualización en el tratamiento y en la
política penitenciaria; no va a haber una política penitenciaria, sino
muchas, y, evidentemente, respondiendo a los mismos principios de
política penitenciaria que afectan al conjunto de los penados:
individualización, tratamiento singular, individual, de cada uno de los
miembros de la organización terrorista.

Alguien podrá preguntar si debe caber algún tratamiento singular para los
reclusos de ETA y por qué, en el caso de que mi respuesta fuese
afirmativa. Yo digo que sí hay un tratamiento singular, pero no por ser
reclusos, sino porque, al mismo tiempo que se es recluso, se está
perteneciendo a una organización terrorista e incluso se forma parte, en
determinadas ocasiones, hasta de lo que puede ser el núcleo duro de la
organización. Y en la medida en que, además de recluso forma parte de una
organización terrorista e incluso del núcleo duro de la misma, es
evidente que tiene que tener un tratamiento singular. Los principios
generales serán los mismos, pero se podrá y se deberá singularizar en la
medida en que además de ser recluso se forme parte de una organización
terrorista.

En ese terreno, estamos intensificando el esfuerzo de diálogo no sólo con
fuerzas políticas sino con otras instituciones. Desde hace semanas, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias está manteniendo una
serie de encuentros, de reuniones, con diferentes instituciones y grupos
políticos, y, como fruto de esas conversaciones, el Ministerio del
Interior, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, decidirá
la política, la respuesta individualizada que pudiera darse a un conjunto
de reclusos que



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en estos momentos forman parte de la organización terrorista ETA.

Voy terminando. Quedan dos capítulos y habría otros muchos más, pero me
parece que la droga exige un tratamiento aparte. Por último, haré alguna
consideración sobre el tercer pilar de la Unión Europea y siento no poder
extenderme en otros capítulos, porque de hacerlo sería realmente
excesivamente prolijo, y habrá cuestiones que se saldrán fuera de la
competencia y del análisis de la comparecencia en el día de hoy, pero sin
duda estaríamos perdiendo una acción un poco sistemática, en el sentido
de que estamos hablando de grandes líneas del departamento.

En lo que se refiere al tema de la droga, quiero poner de manifiesto una
prioridad en esta materia, que es el reforzamiento del Plan Nacional
sobre Drogas, con un objetivo muy concreto. Nosotros queremos hacer una
gran reflexión sobre esta cuestión a través de la puesta en marcha
inmediata de la Comisión interministerial, del Consejo superior de lucha
contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, del Consejo asesor
de lucha contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales y de la
Comisión interautonómica. Lejos de quedarme en lugares comunes sobre la
importancia de la droga, voy simplemente a enumerar, en este terreno, el
calendario de trabajo, la metodología de trabajo que en estos momentos
pretendemos introducir.

Comisión interministerial. Fue creada durante la segunda legislatura para
abordar la necesidad de llevar a cabo un Plan Nacional de Lucha contra la
Droga. Ahí se integran diferentes departamentos ministeriales y, en ese
sentido, como objetivo prioritario, se va a convocar en breve plazo la
citada Comisión interministerial para fijar las líneas generales de la
política a desarrollar durante la presente legislatura. Se va a tratar de
plasmar acuerdos concretos del informe aprobado por la Comisión Mixta
Congreso y Senado para estudio del problema de la droga, dentro de lo que
yo planteo va a ser una estrategia nacional contra la droga. La próxima
primavera este grupo, esta Comisión interministerial, presentará a la
sociedad española un libro blanco que, junto con la participación de las
comunidades autónomas, corporaciones locales, ONG, recogerá la estrategia
nacional contra la droga.

Segundo, el Consejo superior de lucha contra el tráfico de drogas y
blanqueo de capitales, como ustedes saben, está presidido por el Ministro
del Interior y hay una serie de vocales, fundamentalmente en el área del
departamento de Interior. Sus funciones son, evidentemente, diseñar
líneas generales y estrategias, y su objetivo prioritario --que yo
enuncio en esta Comisión-- es que se va a convocar en breve plazo el
Consejo superior para tratar de abordar los aspectos que hay que
modificar, subrayar o mejorar en la legislación española, para mejorar
mecanismos de enlace entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
para modificar, en la medida de lo necesario, la forma de abordar la
lucha contra la droga, en el sentido de no valorar los éxitos por la
cantidad de droga decomisada, sino que seamos capaces de valorar cada día
más el desmantelamiento de redes organizadas dirigidas al narcotráfico.

En tercer lugar, el Consejo asesor de lucha contra el tráfico de drogas y
blanqueo de capitales, como ustedes saben, lo preside el Delegado del
Gobierno. Este Consejo está convocado para el día 9 de julio, para tratar
sobre blanqueo de capitales producto del narcotráfico, y su función es el
apoyo y la asistencia al Delegado del Gobierno en el ejercicio de sus
competencias. Y este Consejo asesor va a preparar ese Consejo superior de
lucha contra el tráfico de drogas, al que antes me he referido.

En cuarto lugar, la Comisión interautonómica. Está convocada para el día
2 de julio, y en esa reunión del 2 de julio quiere dejar fijados, en
primer lugar, los criterios en los que nos vamos a mover en los próximos
años en prevención y asistencia; en segundo lugar, que debemos llegar a
un acuerdo en cuanto a la homologación de programas de prevención que
desarrollarán las distintas comunidades autónomas. También en este tema,
en el Plan Nacional contra la Droga se vuelven a reiterar un compromiso y
una convicción por parte del departamento del Interior: creemos que
tenemos que adaptarnos en todas las materias al nuevo desarrollo de la
España de las autonomías y que, por complicado, por difícil y arduo que
sea, sin duda alguna constituye una prioridad de este Gobierno adaptarse
en esta cuestión y tener un criterio coordinado suficientemente con las
comunidades autónomas.

Por último --no quiero sobrepasar la hora de intervención-- haré una
brevísima referencia a las líneas políticas de España sobre el tercer
pilar de la Unión Europea y el Tratado de Schengen. Voy a ser muy
esquemático, en un día muy importante, en el sentido de que estamos en
vísperas de la posible firma de un convenio de extradición, sobre el que
pongo una vez más de manifiesto la labor fundamental que no sólo ha
realizado este Gobierno, sino que han llevado a cabo la delegación
permanente española, el Gobierno anterior y todos los gobiernos, que hoy,
gracias al esfuerzo de todos, nos permite recoger una de las aspiraciones
principales y una de las cosas que más va a preocupar, que más va a
irritar a aquellos que hoy están soportando y apoyando el fenómeno
terrorista. Se cae un granero ideológico en buena medida hoy o espero que
en esta semana, en lo que viene a significar siempre esa dicotomía entre
España y Europa, de modo y manera que creo que estamos en vísperas de un
acontecimiento ciertamente singular y significativo.

España, en lo que se refiere al tercer pilar de la Unión Europea,
mantiene su posición en la defensa de nuevos intereses especiales en el
marco de la cooperación en materia de justicia e interior. Está en la
vanguardia --ha estado siempre en la vanguardia España-- y va a seguir en
la vanguardia en la supresión de controles en las fronteras interiores de
la Unión. En esta parte, he de decir con satisfacción que España forma
parte del núcleo duro del Tratado de Schengen. Y vamos a seguir siendo
claros e inequívocos en lo que significa la vocación de este Gobierno en
esta materia. Nuestro país es claramente partidario de alcanzar los
acuerdos para la supresión de los controles internos, lo que será posible
tras la aprobación del convenio de fronteras exteriores de la Unión, una
vez que se superen las dificultades que aún existen.

Tercero, el espacio de libertad debe complementarse con un espacio de
seguridad. Por esta razón, España es firmemente



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partidaria de profundizar en la cooperación policial, y también judicial,
para que los delincuentes sean perseguidos y puestos a disposición de la
justicia. España ha insistido en que debe concederse prioridad a la lucha
contra el terrorismo, además de la necesaria atención que se presta a la
lucha contra el tráfico de drogas u otras formas de delincuencia
organizada. Este departamento considera que la Oficina Europea de
Policía, más conocida como Europol, será un instrumento esencial para
alcanzar este fin.

Cuarto, no hay cooperación policial eficaz sin una completa cooperación
judicial, y no puede alcanzarse la eficacia en la lucha contra el
terrorismo si no se consigue garantizar la entrega de las personas
acusadas de delitos de terrorismo a la justicia que legítimamente las
reclama. Por esta razón, España sostiene con la mayor firmeza que entre
Estados miembros de la Unión no puede ni debe caber excepción alguna a la
extradición de los terroristas. Y es inconcebible que se admita la
excepción de delito político para denegar la extradición de cualquier
ciudadano europeo. Europa comienza en la confianza de las justicias de
todos y cada uno de los países miembros de Europa, y es evidente que la
pertenencia a la Unión supone que todos los Estados miembros son
democráticos y de Derecho, respetuosos de las libertades y derechos
fundamentales. En este contexto no debe ni cabe considerar la excepción
de delitos políticos. En este caso, es inimaginable, y evidentemente creo
que ya no, no se va a producir, que se aplique el concepto de delito
político a los actos de terrorismo, siendo ésta la misma razón que ha
impulsado a España a defender que no sea posible la concesión del
estatuto de refugiado político a un ciudadano europeo.

Señoras y señores Diputados, he tratado de exponer, sobre la base en unas
ocasiones de las estadísticas y en otras ocasiones de lo que son estados
de opinión, lo que yo creo que son las prioridades en materia de
seguridad del Estado, conociendo que en esta materia --antes lo decía
también-- nunca es posible la perfección y siempre hay limitaciones,
nunca deben echarse las campanas al vuelo y siempre toda labor es
perfectible. Es mucha la complejidad de esta tarea, y, en este sentido,
reclamo su benevolencia, su generosidad, su cooperación, su colaboración,
en un gran esfuerzo que tenemos que hacer de prestigiar lo que significa
la seguridad, lo que significa la libertad, que es en definitiva la tarea
en la que estamos empeñados todos.

Muchas gracias y perdonen lo prolongado de mi intervención.




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del señor Ministro, como indicaba,
lo es a petición propia y a petición de los grupos parlamentarios
Socialista y de Izquierda Unida. El orden de las intervenciones sería, en
primer lugar, estos dos grupos; luego, el resto de los grupos
parlamentarios que desearan intervenir, de menor a mayor; intervendría
después el señor Ministro; podríamos dar un muy breve segundo turno de
intervenciones de los grupos, en el mismo orden que he indicado, y
cerraría el señor Ministro.

En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista y, en
su nombre, el señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia y por el contenido de esa comparecencia.

Antes de entrar en algunos aspectos parciales, no muchos, deberíamos
expresarle la impresión de tipo global que recibe el Grupo Parlamentario
Socialista, ya no sólo de esta comparecencia sino de lo que es su
desempeño de la titularidad del Ministerio del Interior. La impresión es
la siguiente.

En el período de la legislatura anterior, y de manera particularmente
clamorosa en el período de campaña electoral, se nos dio la impresión en
buen número de temas de que en políticas de seguridad, de lucha contra el
terrorismo, iban a producirse cambios sustanciales, cambios
fundamentales. Sin embargo, afortunadamente, el resultado no ha sido ése,
o, por lo menos, hasta este momento, la impresión que tenemos es, por
suerte, la contraria, en definitiva, que se ha optado por una política de
continuidad en todo lo que supone la lucha contra el terrorismo, con los
inevitables, razonables y lógicos matices o ajustes propios de cualquier
proyecto, pero que en sus líneas globales supone una política de total
continuidad. En este sentido, ciertamente nos felicitamos, y la verdad es
que no tiene mucho sentido indagar si ello se debe a que no tuvieron esa
mayoría absoluta que suponían, a que sus socios actuales no le
permitirían mantener los puntos de programa que sostuvieron durante la
legislatura anterior o si se debe --en el fondo, creo que se debe un poco
a todo--, quizá, sobre todo, a su propio talante personal. Estoy
convencido, señor Ministro, de que usted no podía compartir las cosas que
oía de su propio grupo parlamentario en la oposición y seguro que no
podía compartir los planteamientos que entonces se hacían en cuestiones
como la reinserción, que llegó a poner en cuestión hace dos veranos la
unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo. Estoy
convencido plenamente de que usted tampoco creía en absoluto en el
cumplimiento íntegro de las penas. Por cierto que en este campo se ha
producido una evolución que solamente merece elogios. Hemos pasado del
cumplimiento íntegro de las penas al cumplimiento íntegro del Código
Penal, lo que parece una medida mucho más positiva, puesto que supone
reconocer el esfuerzo que la totalidad de grupos parlamentarios había
realizado en la legislatura anterior en torno a dotarnos de ese
instrumento tan decisivo en cualquier política criminal como es un Código
Penal. Digo todos porque, aunque su grupo parlamentario se abstuvo, lo
cierto es que colaboró activamente, a través de enmiendas y del proceso
legislativo, en la mejora y el perfeccionamiento de ese instrumento, que
afortunadamente ya es de todos. Si quiere, se lo diré de otro modo. Estoy
convencido, señor Ministro, de que le ha resultado particularmente
confortable tener que aceptar las pretensiones de otros grupos
parlamentarios que ahora sirven de sostén al Gobierno. Para usted, señor
Ministro, lejos de haber ahí un problema, ha permitido unas
rectificaciones que, de otro modo, habría sido más difícil explicar o
justificar, dicho de manera un poco resumida.

Finalmente, tenemos, sin duda, un mejor clima de unidad en la lucha
contra el terrrorismo, pero, con toda sinceridad,



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ello se debe no a que el Grupo Parlamentario Socialista haya cambiado; se
debe simplemente a que el Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a casa,
ha vuelto a la casa común de los demócratas en la lucha contra el
terrorismo. Por lo tanto, señor Ministro, sólo podemos decir: bienvenidos
a casa. (El señor Ollero Tassara: ¡Qué barbaridad!)
Ese sería el planteamiento de carácter político general, que nos parece
evidente del conjunto de su intervención, pero me gustaría que quedara
claro que, en todo lo que he dicho, no hay el más mínimo reproche sino
todo lo contrario, un elogio sincero a la gestión del Ministro del
Interior, señor Mayor Oreja, que ha acreditado sentido de Estado como
para poner las cosas en su sitio y realizar el planteamiento que nos ha
expuesto, con el cual estamos de acuerdo en términos globales, como es
lógico. Por eso no va a ser muy extensa mi intervención. Unicamente voy a
subrayar alguna preocupación, algún punto de parcial o eventual
desencuentro y poco más, porque compartimos sin duda el planteamiento
global que de la política de su Ministerio ha realizado en esta Cámara.

Sin embargo, como le decía, alguna pequeña duda sí podemos tener.

Respecto a prisiones, en su comparecencia la señora Ministra de Justicia
no nos dio explicaciones sobre lo que opinaba respecto a la dependencia
orgánica. A mí no me parece un tema importante, porque ya sabe que lo que
creo es que nunca debió separarse el Ministerio de Justicia e Interior.

En ese sentido, que por lo menos las tres cuartas partes de aquel antiguo
ministerio sigan unificadas, prisiones, drogas e interior, me parece que
implica limitar el daño que supone la separación de los Ministerios de
Justicia e Interior. Por lo tanto, para mí, ése no es el problema.

Sin embargo, hice una pregunta a la Ministra de Justicia, quizás
inadecuada, porque ya no era la competente, pero creo que ahora sí es
procedente para el Ministro del Interior. De aquellos 13.000 presos que
iban a salir a la calle ¿cuántos han salido, señor Ministro? Me parece
que es un caso significativo, no el único, de un modo determinado de
ejercer la oposición, que le aseguro, señor Ministro que usted no va a
padecer en esta legislatura. Por el contrario, trataremos de dar siempre
argumentos, de subrayar contradicciones cuando las haya, como es lógico,
pero nunca impugnar, nunca cuestionar políticas de Estado.

Sobre prisiones, le quiero decir una cosa que es importante para el Grupo
Socialista. Seremos perfectamente comprensivos con las políticas que
realice en materia de presos, de aproximación o, por el contrario, de
alejamiento de determinados internos del lugar de residencia. Lo haremos
por la simple razón de que ésa ha sido la política que hemos mantenido
hasta ese momento, sin ponerle nombre. Fíjese, tan no le pusimos nombre
que ni siquiera hablamos de ella, pero los dos últimos años más de cien
presos condenados por delitos de esta naturaleza fueron aproximados al
lugar natural de residencia; el ritmo, la forma en que se haga es
competencia exclusiva del Ministro, de sus propios equipos, que le
recomendarán quiénes, cuándo, de qué modo y a qué ritmo. Eso es lógico
porque en eso consiste la política de dispersión, aunque comprendo el
criterio del Ministro de que prefiera no poner nombres a las cosas para
evitar polémicas. Quizás, una forma de evitar polémicas es no entrar
demasiado en este tipo de temas. Por lo menos, en esta primera
comparecencia general --no pienso reiterarlo--, me parece importante
decirle que tenga la seguridad de contar con el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista. En definitiva, supone la individualización de
la respuesta --lo ha dicho el señor Ministro--, y ésa ha sido la política
de los gobiernos socialistas. Esa individualización de la respuesta, esa
necesidad de cumplir la legalidad penitenciaria y de atender, por lo
tanto, a la necesaria reinserción y rehabilitación de los penados obliga,
en ocasiones, a alejarlos del sitio de su residencia, precisamente para
que no sean víctimas de la propia organización etarra, que les limita su
libertad y su capacidad de decisión. En otras ocasiones, por el
contrario, la evolución de su tratamiento aconseja su aproximación,
porque así podrá recibir el apoyo familiar, social e institucional
correspondiente. Por lo tanto, en esa línea general tendrá nuestro apoyo.

En cuanto a la forma concreta de ejecutarlo, si alguna vez, en algún
caso, no estuviéramos de acuerdo, no se lo diríamos en público sino en su
marco respectivo. Si es de partidos políticos, en el marco del Pacto de
Madrid o en el del Pacto de Ajuria Enea; si fuera a nivel parlamentario,
siempre que tuviera a bien recibirme como portavoz del grupo
parlamentario en estos temas. En definitiva, contará con nuestra
comprensión. Es más. Para nosotros, supone otro avance más, realizada por
el señor Ministro, respecto de posturas que en otro tiempo sostuvo su
Grupo Parlamentario Popular.

Respecto de la estructura (ya lo sabe porque incluso hablé de este tema
con el señor Ministro y no es ningún secreto), yo tengo dudas sobre un
cambio que realiza, pero lo cierto es que el sistema que usted propone
funcionó durante años --de hecho, funcionó hasta que estuve yo como
titular--, que es el volver a unificar la inteligencia y el mundo
operativo antiterrorista. Se han ensayado los dos modelos, el de la
separación menos tiempo, el de la fusión fue el tradicional en los
anteriores gobiernos socialistas, y se pueden opinar las dos cosas. A mí
me sigue pareciendo --como es natural; si no, no lo hubiera hecho-- que
puede tener alguna consecuencia negativa, sobre todo, según cómo se
ejecute. La consecuencia negativa es que puede ocurrir que el carácter
extremadamente apasionante de los temas operativos en materia
antiterrorista determina que casi siempre exista, en este y en otros
países del marco en que nos movemos, la posibilidad de que los trabajos
de inteligencia, propiamente hablando, queden en un segundo lugar, muy
postergados con relación a los trabajos estrictamente operativos. Ese es
un riesgo que el señor Ministro conoce y que más que quizá en el modelo,
está en la forma como se ejecute. Por lo tanto, formulo mi simple
observación para que, en su caso, la pueda tener en cuenta. Sería
peligroso dejar de tener un servicio de inteligencia en el Ministerio de
Interior.

En torno a lo que acabo de señalar sí he notado una laguna, y es que no
me haya explicado --a lo mejor no le corresponde; pero una parte, sí--
cómo coordinará el señor Alvarez-Cascos los servicios de inteligencia,
dado que entre ellos, en principio, está el servicio de información de la



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Guardia Civil y la comisaría general de información, salvo que sobre esto
haya algún matiz, que le agradecería me comunicara. Con toda sinceridad,
tuve una enorme satisfacción el día en que el señor Alvarez-Cascos no fue
designado ministro de Interior. Creo que fue una satisfacción
genuinamente sentida por la mayoría de demócratas de este país.

(Rumores.) La verdad es que a mí me genera, sin embargo, un cierto, un
genuino espanto que, aunque sea por esta vía indirecta, el señor
Alvarez-Cascos siga teniendo algo que ver con el Ministerio de Interior,
siquiera sea en el ámbito de los servicios de inteligencia. (Rumores.) Me
permitirá que la admiración y el respeto que le profeso a usted, como
ministro, no se los profese en modo alguno al señor Alvarez-Cascos, que
todavía anteayer seguía comportándose como un genuino representante de la
oposición.

Hay otro tema que no es que sea un agujero, pero que sí me gustaría
precisar. ¿Qué opina sobre los gobernadores civiles? Perdón, ahora les
llaman o les van a llamar subdelegados. Al margen de esa especie de manía
de cambiar el nombre a las cosas, típica de nuestro país --no así de
otros países de mayor tradición democrática, que cambian el contenido
pero no consideran oportuno cambiar el nombre--, aquí parece que se ha
optado, según una cierta tradición muy española, por cambiar el nombre y
dejar, afortunadamente, en lo sustancial, idéntico el contenido. Ya he
visto --y me alegro-- que, gracias sin duda a sus buenos oficios, se ha
reformado el proyecto inicial y ese subgobernador, al menos en las
materias que ahora nos interesan, en la materia de coordinación de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y supongo que también en materia de
protección civil y, en general, en política de libertades, va a tener
funciones propias, dependientes, en definitiva, del Ministro de Interior,
lo cual es la parte nuclear del trabajo que con anterioridad realizaban
los gobernadores. Me da la impresión de que, finalmente --en este caso,
sí--, por satisfacer la petición, supongo, del grupo parlamentario de
nacionalistas de Cataluña, Convergència i Unió, han considerado oportuno
cambiar el nombre, decir que sea funcionario y degradar su rango. Pero,
fuera de eso, la impresión que tengo es que, afortunadamente, continúan
existiendo los gobernadores civiles, ahora llamados subdelegados. En este
tema de los nombres se pueden producir situaciones verdaderamente
graciosas, porque la Generalitat o cualquier otro gobierno de comunidad
autónoma no renuncia jamás a llamar a todos delegados, de sus respectivas
áreas y consejerías o consellerías, que de todo hay. Aquí tendremos el
subdelegado del Gobierno, acompañado por delegados de los gobiernos
diversos de las comunidades autónomas. En fin, un cambio de nombre que me
parece de escaso significado.

Por lo que se refiere a la exigencia de que sean funcionario, creo que el
alcance tampoco es mucho si se tiene en cuenta que, en la actualidad, más
del 90 por ciento de los gobernadores civiles eran funcionarios. Por
tanto, el límite podrá afectar a un número reducido de plazas, pero
supone una interesante rectificación del planteamiento inicial, porque es
impensable que la política de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se pueda
hacer desde una óptica funcionarial. Exigirán que sea funcionario, pero
supongo que el Ministro tendrá el sentido de proponer --en la medida en
que tiene competencias para ello, según el modelo que finalmente quede--,
para el ejercicio de esas funciones, sólo a personas que tengan virtudes
y características netamente políticas. Si hay algo netamente político, es
cómo actúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en una determinada
provincia de España. En determinadas comunidades autónomas de escasa
dimensión territorial --y desde luego en las uniprovinciales, que lo
absorbe-- el delegado del Gobierno puede, de alguna manera, llevar el
tema. En comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha es simplemente
impensable que el delegado del Gobierno pueda controlar el matiz de la
vida diaria, del control político y de la forma de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que obedece siempre, o debe obedecer
siempre, no sólo a razones profesionales sino a razones genuinamente
políticas.

Resumiendo nuestra postura en este tema, nos alegramos de que se haya
aproximado el modelo y que, como peculiar, no queden más que esas tres
características: degradación, que sea funcionario público y cambio de
nombre. En lo sustancial, tenemos la sensación de que han podido
liberarse, todo lo que humanamente era posible, del compromiso que
adquirieron con Convergència i Unió; por lo tanto, en la buena línea.

Respecto a la droga, he de decirle que lo que nos ha anunciado no permite
la crítica política, propiamente hablando, porque está claro que quedará
para otra ulterior comparecencia, más bien del delegado, porque las
líneas que ha puesto de relieve son difícilmente discutibles. Dice que va
a poner en funcionamiento el diverso entramado orgánico e institucional
existente al efecto, con lo que estamos de acuerdo, y las líneas a las
que alude, lógicamente, son las mismas que hasta ahora y, por lo tanto,
estamos de acuerdo. Supongo que los desacuerdos empezarían cuando
entráramos en los detalles, pero como esta comparecencia no era el lugar
adecuado para esos detalles, en este momento no podemos formular una
crítica política.

En materia de vandalismo callejero, el señor Ministro ha hecho una
oferta. En principio y con carácter general, ya le anticipo que nuestro
grupo parlamentario va a aceptar cuantas ofertas haga el Ministro de
diálogo y de sitios en los que discutir estos temas, que en definitiva
son de Estado; en cualquier sede y en cualquier ámbito. Aunque mi
impresión es que, para el tema del vandalismo callejero seguramente ya
hay un marco, que es el Pacto de Madrid. Para mí, el vandalismo callejero
es un tema que debería enmarcarse --y creo que no será difícil ponernos
de acuerdo-- dentro de la estrategia global antiterrorista. No es un
problema específico, sino que forma parte de la estrategia global de ETA
y, consiguientemente, me da la impresión de que debería formar parte de
la estrategia global de las fuerzas democráticas contra ETA, de suerte
que quizá ese marco sería suficiente, sin necesidad de crear marcos
adicionales. Algo de eso se ofreció ya en la legislatura anterior, en
relación a todo lo que pueda afectar a reformas procesales que también
sean instrumentos legales, directa o indirectamente, relacionados con la
política antiterrorista.




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A ese sitio deben llevarse porque creo que, entre otras cosas, tendrían
la ventaja de verse beneficiados del tratamiento de temas de Estado, en
el que las discrepancias sólo se verificarían en el seno de ese Pacto de
Madrid y nunca utilizándolo, de manera instrumental, al servicio o al
beneficio de una determinada opción política. Por lo tanto, sí a la
oferta. Y si quiere realizarlo en otro marco, también diremos que sí.

Simplemente, le sugiero que quizá el marco ya existe, al menos a nivel de
partidos políticos, que es el Pacto de Madrid, como un elemento más de
esa lucha contra el terrorismo.

Respecto a la policía judicial, tengo que poner también algún matiz. En
la anterior comparecencia de la Ministra de Justicia (por cierto, me
alegro de que se tengan que coordinar, cuando estaban juntos, la
coordinación era más sencilla), la única cosa clara que obtuve fue que la
Ministra de Justicia era partidaria de que la policía judicial dependiera
orgánica y funcionalmente de jueces y magistrados --orgánicamente, no he
dicho funcionalmente, señor Ministro--, y me temo que ese sentimiento es
compartido por los demás grupos parlamentarios. Es lo único claro que nos
dijo. Y usted, que sí que nos ha dicho muchísimas cosas claras, entre
ellas, me parece que, con elegancia --como es natural--, ha dicho que,
respetando la dependencia orgánica, que necesariamente debe ser del
Ministerio de Interior --me ha parecido que ésas eran sus palabras--,
siempre se podrán estudiar fórmulas que acentúen la dependencia
funcional. Creo que eso ha sido el espíritu de lo que el señor Ministro
ha dicho. Si así fuera, me temo que ya tienen un primer problema a
coordinar: su concepción sobre la policía judicial.

En todo caso, respecto de la necesidad de un modelo policial, que es un
tema mucho más de fondo, lo compartimos plenamente, señor Ministro, y
desde luego, en cualquier foro en que se discuta el modelo policial, en
cualquier ámbito, lo aceptaremos. Porque está claro que el fijar las
líneas generales de ese modelo, sí que debería intentar convertirse en un
tema que lograra el máximo consenso posible, aunque sólo fuera para que
no pase lo que también pasó en la legislatura pasada con el acuerdo a que
llegamos con la Generalitat y los mossos d'esquadra.

Usted no habló así, señor Mayor Oreja, pero su grupo parlamentario sí, el
señor Alvarez-Cascos concretamente. Me notará una cierta predilección por
el señor Alvarez-Cascos. Sí; la tengo. El señor Alvarez-Cascos consideró
oportuno indicar que aquel pacto implicaba, y está en las actas del
Congreso de los Diputados, en una interpelación, que destruíamos
prácticamente el modelo de un Estado, al margen de ser absolutamente
ilegal e irregular. Me alegré mucho al comprobar que lo primero que
hicieron en mi materia, en las competencias del área de Justicia e
Interior, fue ratificar el acuerdo a que llegó este Ministro con el
entonces Consejero, en definitiva, entre el Gobierno anterior y el señor
Pujol.

Son cambios excesivos. No se puede pasar, desde la negación de su sentido
común de fondo y alegar la plena ilegalidad, a la simple asunción del
modelo en sus propios términos. Claro que lo razonable es lo que hacen
ahora. Eso es indudable. Por tanto, tenemos que elogiarlo, pero
indudablemente nuestro trabajo como oposición, lo comprenderá, señor
Ministro, es subrayar las contradicciones entre su discurso cuando eran
oposición y el que actualmente mantienen; el actual es mucho más correcto
que el que entonces sostuvieron. Pero, para el bien de todos, me gustaría
que ese tipo de situaciones no tuvieran que repetirse. Por tanto, sería
útil que cualquier modificación del modelo policial pudiera contar con un
amplio marco de consenso. El Grupo Parlamentario Socialista así lo cree y
ya le anticipo que cualquier oferta en ese sentido la aceptamos, señor
Ministro, donde quiera hablar y trabajar sobre esta materia. Hay ya
estudios previos. En definitiva, creo que podría ser, en materia de
Interior, la gran apuesta de esta legislatura: llegar a una reforma del
modelo judicial. Ahí sí que podríamos encontrar un punto de trabajo común
muy interesante.

Para terminar, de acuerdo con la promesa de ser breve que le he hecho al
principio de mi intervención, le diré que en materia internacional de
nuevo le felicito. Ha mantenido el tono exactamente correcto. No ha
pretendido, en ningún momento, desconocer que en materia internacional
los trabajos son siempre de continuidad; que, en definitiva, los
compromisos a los que se llega son como consecuencia de un proceso en que
es el Estado español el que negocia, no un Gobierno u otro coyuntural.

Desde ese punto de vista, ha hecho el reconocimiento expreso de que los
resultados que puedan obtenerse en este momento son consecuencia de un
trabajo permanente de 20 años, creo que ha dicho en más de una ocasión. Y
es así. En este trabajo ha existido una plena continuidad de todos los
gobiernos democráticos, que siempre han comprendido que debía avanzarse
de manera decisiva en la creación del espacio judicial y policial europeo
como un elemento esencial para la lucha eficaz contra el terrorismo.

Sin embargo, respecto del convenio de extradición sí que tengo una duda
que seguramente ni me la podrá contestar aún, porque la redacción
definitiva no la tendrá en sus manos. Pero si lo que dicen los medios de
comunicación se correspondiera, más o menos, con la realidad del texto
finalmente aprobado, sí que habría un problema. Para mí seguiría sin
estar claro si se podría denegar la extradición, en la fórmula finalmente
pactada, en los supuestos de simple pertenencia a banda armada; es decir,
si acreditado que alguien es de ETA, por decirlo con toda claridad, y por
tanto un delito de asociación ilícita en su modalidad a banda armada, ese
motivo sería suficiente para lograr la extradición después del Convenio
Europeo de Extradición. Se lo planteo simplemente para saberlo, porque de
la prensa parece deducirse más bien lo contrario. Parece deducirse que no
basta la pertenencia a banda armada, sino que sería preciso, además,
haber participado, conocido o, de algún modo, tenido relación, en
términos seguramente imprecisos, con algún hecho criminal concreto que,
como mínimo, tuviera el límite de los doce meses.

La verdad es que éste es un tema trascendental, porque en términos
políticos, si resulta que mañana, acusados de pertenecer a ETA o ser de
la cúpula de ETA se mantienen en un país del marco de la Unión Europea y
este Convenio no nos permite su extradición cuando los jueces lo
reclamen,



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me temo mucho que tendremos el mismo problema que tenemos en la
actualidad. Un problema que no se puede resolver satisfactoriamente. Por
tanto, mi pregunta en ese tema es muy concreta: ¿bastará la pertenencia a
banda armada para hacer obligatoria la extradición solicitada por un
tribunal español?
En otro momento ulterior seguramente pediríamos de nuevo su comparecencia
para que nos explicara los términos del Convenio, la suya o la del
Ministro de Asuntos Exteriores. No sé en los trámites parlamentarios
quién es el que debería explicar exactamente ese Convenio. Me imagino que
podrían ser los responsables del área de Exteriores. Pero éste sí que es
un tema trascendental porque antes de lanzar un mensaje de extraordinaria
alegría al conjunto de los ciudadanos, hay que ser realista, como lo es
el señor Ministro en casi todos los planteamientos. Si realmente no hemos
logrado que baste la pertenencia a banda armada, es una satisfacción, sin
duda, pero nos hemos quedado a mitad de camino.

Y nada más, señor Ministro. De verdad, que al margen de alguna ironía,
que me parece que no le habrá molestado, al margen de intentar cumplir
nuestro trabajo de poner de relieve las contradicciones --afortunadas
contradicciones-- entre su programa y la realidad de su política, le
agradecemos mucho el contenido, los proyectos y el tono global de su
intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Quiero agradecerle, señor Ministro, su
comparecencia y desearle en esta primera comparecencia mucha suerte y
aciertos en la responsabilidad que tiene encomendada.

Es obligado, señor Ministro, comenzar manifestando nuestro apoyo renovado
a la política antiterrorista, entendiendo que el terrorismo de ETA sigue
siendo uno de los grandes problemas del Estado. La unidad de las fuerzas
políticas democráticas contra el terrorismo, a través de los pactos de
Ajuria Enea, que precisa y efectivamente se reúne hoy, y el Pacto de
Madrid, mantienen su plena vigencia en el compromiso democrático de
erradicación de la violencia y el terrorismo. Consideramos que toda la
negociación política, de la amplitud que se desee, sólo es posible con
las fuerzas que tienen la legitimidad democrática de ser representantes
del pueblo. No cabe pues la negociación del Estado con ETA, ni otro
diálogo político en Euskadi sobre el terrorismo, que aquel que, tras el
cese de la violencia, lleve a la erradicación definitiva de ésta.

No estaría de más, señor Ministro, que, celebrada la reunión del Pacto de
Ajuria Enea, se estudiase por las fuerzas políticas firmantes la
conveniencia de reunir el Pacto de Madrid para renovar nuestro compromiso
activo, en esta VI legislatura, contra la violencia y el terrorismo y
avanzar y analizar la nueva fase de esta lucha democrática en defensa de
las libertades.

La lucha antiterrorista se debe desarrollar, señor Ministro, en el
respeto absoluto de la legalidad constitucional. Lo contrario, además de
ser democráticamente inadmisible ha sido profundamente contraproducente
para el avance en la pacificación de Euskadi, lo que convierte al caso
GAL no sólo en una repugnante operación criminal, sino en un error
político mayúsculo deslegitimador del Estado de Derecho. En este sentido
conoce el señor Ministro nuestra posición favorable a la total
colaboración por parte de su Ministerio con los jueces y magistrados que
instruyen casos en relación con la banda terrorista GAL cuando éstos así
lo demanden. La desclasificación de los documentos del CESID solicitados
por la justicia se debería de resolver sin más demora. La clasificación
como secreto oficial no puede amparar nunca actividades delictivas o
criminales. Me interesaría conocer, señor Ministro, cuál va a ser su
opinión al respecto.

Somos favorables, es conocido, a la creación de una comisión de
investigación en el Congreso para, junto a la investigación judicial en
marcha, depurar las responsabilidades políticas por la presunta
participación de altos mandos y miembros del anterior Ejecutivo en la
organización, financiación y desarrollo de la banda criminal de los GAL.

En relación a las víctimas de los GAL, señor Ministro, interesa conocer
cuál es su opinión sobre el reciente acuerdo de la Cámara vasca, que
solicita de la Administración que las víctimas de las acciones criminales
de los GAL puedan tener acceso a las compensaciones, las ayudas y las
demás medidas previstas por la ley para los afectados por el terrorismo
de ETA o GRAPO.

En todo lo relacionado con la lucha antiterrorista, le reitero, señor
Ministro, que tendrá nuestra total colaboración y nuestra solidaridad
activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad empeñadas en salvaguardar
las libertades y la democracia.

Señor Ministro, libertad y seguridad forman, a nuestro entender, un todo
indivisible en una sociedad democrática; seguridad pública que consiste
en garantizar a los ciudadanos y ciudadanas, individual y colectivamente,
el ejercicio de sus derechos, entre ellos, el de protección y prevención
frente a los hechos delictivos, para que desde esa seguridad se disfruten
y ejerzan los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución.

No puede existir seguridad pública si no es en un marco democrático de
ejercicio de libertades y, si se diera un conflicto entre unas y las
otras, la primacía debe corresponder siempre a las libertades.

He creído entender --y me congratulo-- que usted está de acuerdo en la
reforma de la Ley sobre Protección de Seguridad Ciudadana, popularmente
conocida como Ley Corcuera. Creo que es un paso acertado en ese
equilibrio.

La inseguridad ciudadana es el producto, entre otras causas, del
desempleo, la pobreza, la marginación, la xenofobia, las drogas o la
insolidaridad. Por ello bienestar social y seguridad deben ser conceptos
complementarios. No pueden existir políticas de seguridad eficaces desde
una concepción democrática si no se erradica con políticas activas en
empleo, integración social y extensión de derechos sociales. En este
sentido, señor Ministro, nos preocupan los sucesos de Ceuta y Melilla,
nos preocupan gravemente, y entendemos que sería necesario prever en el
futuro esa afluencia de inmigrantes del sur de Europa y un trato
escrupuloso a los derechos humanos con estas personas



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que vienen a este primer mundo a intentar conseguir un bienestar y una
mejor vida.

Entendemos, señor Ministro, que las políticas en materia de seguridad
pública deben responder a los siguientes presupuestos: garantizar los
derechos, libertades y seguridad del conjunto de la ciudadanía, dando
plena efectividad al principio de igualdad; impulsar y facilitar la
corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación de
las políticas de seguridad; acercar las administraciones dedicadas a la
seguridad pública a los ciudadanos y ciudadanas, agilizando y
racionalizando el funcionamiento de las mismas.

El modelo de seguridad que implanta la Constitución, concebido como un
servicio público esencial para la comunidad, se asienta, a nuestro
entender, sobre cuatro grandes principios. Primero, el abandono del
concepto de orden público y su sustitución por el de seguridad ciudadana,
es decir, referida ésta a la protección de las personas y a la
preservación y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, y la
resolución pacífica de los conflictos que en ningún caso pueda amparar
prácticas restrictivas de los derechos y libertades fundamentales.

En segundo lugar, la separación clara de las competencias de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas Armadas, atribuyendo con carácter
exclusivo a los primeros la protección del libre ejercicio de los
derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

En tercer lugar, su estructuración siguiendo el modelo pluralista de
administraciones públicas, plasmado en el texto constitucional, es decir,
policías de la Administración del Estado, policías de las comunidades
autónomas y policías locales, con total respeto de los principios
constitucionales de autonomía y distribución de competencias, en cuya
virtud no es admisible que la relación entre los diferentes cuerpos de
policías, estatales, autonómicos y locales, se configure subordinando o
convirtiendo en auxiliares a unos respecto de otros.

En cuarto lugar, la dependencia de la policía judicial de los tribunales
y el Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y
descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.

Interesa conocer, señor Ministro, con mayor precisión de la que usted ha
enunciado, las declaraciones de la señora Ministra de Justicia, sobre la
posible adscripción de la policía judicial a la dependencia orgánica del
Poder Judicial. Entendemos que éste es un punto importante y que, por
tanto, merecería una mayor precisión.

Para conseguir estas líneas, señor Ministro, el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, entiende que se debería actuar
en las siguientes líneas básicas en política de seguridad: primero,
adecuar el sistema de seguridad ciudadana al Estado de las autonomías, en
la perspectiva del Estado Federal, mediante el desarrollo pleno de
competencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales en
materia de seguridad.

En segundo lugar, desarrollar el modelo policial concebido a partir de la
Constitución, modificando y mejorando, efectivamente, la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, haciéndolo descentralizado y
desmilitarizado.

En tercer lugar, coordinar efectivamente las administraciones dedicadas a
la seguridad pública, mediante la reforma y potenciación del Consejo de
Política de Seguridad, incluyendo en él a las corporaciones locales a
través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Modificación
de la normativa que regula las juntas locales de seguridad, en el sentido
de que garantice su constitución en todos los municipios, participando en
las mismas los representantes de las comunidades autónomas.

En cuarto lugar, sustituir, como ya decía, la Ley Orgánica por una ley de
protección de los derechos y libertades, en la que sean los ciudadanos y
ciudadanas, y no el Estado, quienes ocupen el lugar preeminente, creando
y regulando, para su eficaz participación, los consejos de seguridad
ciudadana.

En quinto lugar, controlar rigurosamente la seguridad privada, de modo
que su crecimiento no sea producto de la merma del nivel y calidad de la
seguridad pública. En este punto, señor Ministro, interesa conocer si su
Ministerio cumplirá con la obligación, incumplida hasta ahora, que marca
la Ley de Seguridad Privada en su punto 2.4, que plantea dar cuenta
anualmente a las Cortes del funcionamiento del sector de seguridad
privada. Nos parece que éste es un asunto importante, sobre todo cuando
se anuncia por parte de su Gobierno ese furor privatizador; en este caso
celebro que al menos la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional
hasta ahora no se hayan privatizado.

Señor Ministro, entendemos prioritaria la reforma de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986. Efectivamente, a tal
fin hemos solicitado la creación de una ponencia, en el seno de esta
Comisión, para adecuar el modelo policial a la realidad territorial y
política de la España del siglo XXI. Creemos que éste es un asunto
importante.

Desde la certeza de que las leyes de policía envejecen más rápido que
otras leyes, esta reforma necesitará de un gran consenso entre las
fuerzas políticas. Nuestra disposición es, lógicamente, total a la hora
de alcanzar ese gran consenso entre todas las fuerzas políticas para
llevar a cabo esa reforma.

La aprobación de la Ley Orgánica de 1986 sirvió para establecer las bases
de un modelo policial con un código deontológico profesional común a
todos los funcionarios y funcionarias de los diferentes cuerpos de
seguridad, estableciendo las atribuciones de las diferentes
administraciones en materia de seguridad pública, si bien adoleciendo de
excesivas dosis de centralismo, así como de una falta de desarrollo y
preocupante descoordinación de todos los cuerpos de seguridad.

El actual modelo policial, señor Ministro, ha quedado con un pie en el
pasado y otro en el futuro, al no haberse reestructurado por completo
como modelo civil, porque hasta el momento se mantiene la militarización
de la Guardia Civil. Actualmente tenemos dos cuerpos de seguridad del
Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, desmoralizados, mal
pagados, sin la formación adecuada, sin medios materiales suficientes,
descoordinados, con bases



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de datos distintas y en algunos casos superponiéndose en materias como la
lucha contraterrorista o contra el narcotráfico.

En relación a las retribuciones del Cuerpo de Policía Nacional, interesa
conocer, señor Ministro, si su Ministerio cumplirá las previsiones
establecidas en el acuerdo-marco para la mejora, modernización y
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía, de 30 de junio de 1992,
asimilándose a las percibidas por los funcionarios de escalas y
categorías similares de los cuerpos policiales dependientes de las
administraciones autonómicas y locales. En este sentido, quiero
recordarle que el señor Rato, desde la oposición, reclamó este objetivo
en febrero de 1995.

Efectivamente, señor Ministro, se trata de sumar policías, de coordinar
policías, pero el tema es cómo; cómo se coordinan dos cuerpos estatales,
tres autonómicos, tres unidades adscritas y policías locales, para
conseguir mayor eficacia y para integrarnos en estructuras europeas, como
el sistema informático o Europol.

Señor Ministro, el modelo policial que este grupo, Izquierda Unida,
defiende, lo defiende en tres niveles: en primer lugar, un único cuerpo
de seguridad pública, de naturaleza civil, resultante de la fusión
graduada del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil,
posteriormente a su desmilitarización, que concentre todos los servicios
policiales y extrasupracomunitarios, que asuma las relaciones
internacionales y que disponga de los gabinetes y expertos especializados
que puedan colaborar con los restantes cuerpos de seguridad. Bajo ese
principio territorial equilibrado hay modelos como el que se utiliza en
Alemania con un cuerpo único en la Bundeskriminalamt, la BKA, que
permitirían resolver eficazmente el nivel federal policial.

En este punto, señor Ministro, la desmilitarización de la Guardia Civil
es indispensable si se quiere abordar con seriedad el modelo policial de
la policía civil, en la perspectiva de la España federal del siglo XXI.

En los últimos años, dos países de nuestro entorno, Bélgica y Grecia, han
procedido a desmilitarizar cuerpos de policía.

Mientras llega la desmilitarización, señor Ministro, convendrá conmigo en
que resuelta la equiparación salarial de la Guardia Civil al Cuerpo de
Policía Nacional, interesa también regular su horario laboral, el de la
Guardia Civil, para que tenga el mismo nivel que el del Cuerpo de Policía
Nacional y no crear una discriminación como la que actualmente se produce
con los guardias: ganan lo mismo, pero la diferencia está en que mientras
está el horario está regulado en el Cuerpo Nacional de Policía, no sucede
lo mismo en la Guardia Civil. Por tanto, hay una desigualdad, una
discriminación, entre dos fuerzas que tienen encomendados los mismos
servicios.

En todo caso, señor Ministro, preocupa que mientras se anuncia un recorte
de 720 millones de pesetas en la Dirección General de la Policía, se
prevea el anuncio de 10.000 guardias civiles más y no se resuelva la
sobredimensión de los generales de división aparecida en la dirección
general con Luis Roldán, ya que se pasó de nueve generales, antes de su
etapa, a dieciocho. Es algo que tendríamos que resolver.

De la misma manera, consideramos desproporcionado el complemento de
productividades estructurales, aplicado al director general en 420.000
pesetas, a los subdirectores generales en 200.000 pesetas y al comisario
general en 100.000 pesetas. Me interesa saber si usted comparte la
necesidad de este complemento en el marco de toda esa política de
recortes, de austeridad y de racionalidad.

Igualmente, interesa conocer si el Patronato de Vivienda de la Guardia
Civil, que tendría que haber sido disuelto por ley el 31 de marzo y sigue
funcionando, recibirá de su Ministerio las instrucciones oportunas al
efecto del cumplimiento estricto de la ley.

Volviendo el modelo policial --voy terminando, señor Ministro--, además
del nivel estatal, la policía autónoma necesita desarrollar plenamente
las competencias de las comunidades autónomas en materia de seguridad,
con cuerpos de policías propios, desarrollando funciones extralocales y
de apoyo a las policías locales, así como ejerciendo de policías básicas
en los municipios donde no exista policía local.

Finalmente, a nivel local convendría la potenciación del nivel municipal
de seguridad, asumiendo los ayuntamientos el desarrollo de sus
competencias en materia de seguridad ciudadana. Lógicamente, este modelo
policial necesitará de un gran debate, en el que coincidiremos en algunos
puntos y en otros, no, pero, indudablemente, necesitará también de una
formación ética, técnica, legal y humanística de todos los funcionarios y
funcionarias, que se dirija a consagrar la profesión policial como un
servicio público destinado a la defensa de los derechos y libertades
ciudadanas. Habrá que desarrollar un código deontológico profesional con
la creación de comités de ética policial, y homologar todos los sistemas
y planes de estudio de las distintas policías, y entre éstas, creando una
carrera profesional policial ajustada a la Logse. En este sentido, señor
Ministro, homologados ya los estudios de la Guardia Civil, falta
homologar los del Cuerpo de Policía Nacional, e interesaría que su
Ministerio procediera a resolver esta homologación.

Nada más. Reiterarle, como le dije al comienzo, nuestra total
disposición, en primer lugar, a mantener nuestra renovación en la lucha
activa contra el terrorismo y, en segundo lugar, a participar en el
debate sobre el modelo policial en la perspectiva de la España federal
del siglo XXI.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Lasagabaster.




La señora LAGASABASTER OLAZABAL: Me gustaría felicitar públicamente
--privadamente ya lo he hecho-- al señor Ministro por dos razones: en
primer lugar, porque asume una responsabilidad política --cualquier
ministerio es una gran responsabilidad, pero el Ministerio del Interior
es una gran responsabilidad política y requiere un gran esfuerzo-- y, en
segundo lugar, porque, a nuestro entender, el señor Mayor Oreja, dentro
del Grupo Popular, es una persona perfecta --digámoslo así-- para ese
Ministerio en la medida en que conoce bien todos los matices respecto a
muchísimos problemas que tiene que afrontar como responsable de ese
Ministerio.




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Siento haber llegado un poco tarde --ha sido por problemas técnicos del
avión-- y, por eso, es posible que algunas de las cuestiones que menciono
ya las ha tratado el Ministro. Si así fuera, solicito que me disculpen.

En primer tema que ha tratado el señor Ministro no voy a entrar; lo
dejaré en un segundo plano, aun cuando pueda resultar el más importante,
pero sí quisiera hacer mención a dos cuestiones que ha señalado como
importantes dentro de las líneas de su programa: la eficacia en la tarea
policial en general y el modelo policial.

En este sentido, me gustaría conocer cuáles son las perspectivas que va a
plantear el señor Ministro en relación con el llamado repliegue de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respecto al País Vasco. He hablado de
repliegue, aunque yo centraría la cuestión en la palabra eficacia, como
dice el señor Ministro. Nadie pretende que el repliegue suponga un
menoscabo de nada ni de nadie, sino simplemente de aplicar lo que se
establecía en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía; es decir, que
determinadas funciones correspondían ejercitarlas a la Ertzantza y otra
serie de funciones correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, lógicamente aquellas que son supra o extracomunitarias, como las
relativas a vigilancia de puertos y otra serie de cuestiones que yo
llamaría menores, no por su importancia, sino por su dimensión.

En este sentido, hoy encontramos que, en el País Vasco, la ratio entre
agente policial, sin especificar, y ciudadanos es realmente elevada; un
policía --y digo policía genéricamente hablando-- por cada 163
habitantes; 7.000 ertzainas, 5.000 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, 2.800 policías locales. En primer lugar, el que
haya más policías no significa que haya más eficacia, sino que, en muchos
casos --y no lo digo yo no lo dice mi partido, sino otros muchos grupos
políticos-- supone falta de coordinación. Nosotros solicitamos del señor
Ministro que proceda a aplicar lo que se aprobó en el Estatuto de
Autonomía y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se limiten
a desempeñar las tareas que allí se establecen, primando, eso sí, un
esfuerzo en coordinación colaboración que, además de lógico, es
perfectamente posible. El intercambio de datos, la colaboración y
cooperación a través de las distintas reuniones u otra serie de sistemas
que se puedan articular son perfectamente válidos e incluso más eficaces
de lo que viene siendo la actual aglomeración de agentes policiales. Esta
sería la primera cuestión que queremos que tenga en cuenta, cuestión que,
además, está perfectamente recogida dentro de la legalidad vigente.

Un segundo punto, quizá la gran cuestión de la que se habla y que
realmente es un importante problema para todos, es la normalización y
pacificación del País Vasco. Dentro de este problema de la normalización
y pacificación hay que hablar del terrorismo. El señor Ministro conoce
perfectamente cuáles son nuestros planteamientos y conoce perfectamente
que en esta materia hay muchos problemas, muchas cuestiones que no son,
digamos, unidireccionales, sino que hay que situarlos uno al lado del
otro. Es decir, que no se trata de un único problema total y general
homologado, sino que hay que dar solución a múltiples cuestiones para
lograr la solución final, y me explico. Hay múltiples circunstancias,
múltiples cuestiones, como el vandalismo callejero o los atentados, que
hay que ir solucionando poco a poco si queremos solucionar la gran
cuestión. Es decir, no hay blancos ni negros, y ¡ojo!, que nadie me
malinterprete, porque con esto no pretendo decir nada a favor de la
violencia, porque jamás lo hemos dicho, ni en público ni en privado, y
porque el señor Ministro y la opinión pública son conscientes de que, a
nuestro entender, el único cauce posible para reivindicar, reclamar o
defender las ideas políticas, sean diferentes o iguales a las de los
demás, son las vías pacíficas y democráticas. Por eso, aunque pueda
parecer obvio, quiero dejar constancia de que, en ese sentido, estamos
absolutamente de acuerdo con el resto de los grupos políticos, tanto de
éste como de otros foros, en condenar la violencia; entendemos ésa no es
ni ética ni políticamente la vía para llegar a una solución ni para
defender cualquier idea, sea la que sea.

Dicho esto --no debería tenerlo que decir, pero no quiero que queden
dudas al respecto-- quisiera señalar que quizá no todos coincidamos en
cuáles deban ser las soluciones a esos conflictos que tenemos allí. Es
decir, que a nuestro entender, y al entender de otros grupos políticos,
las soluciones quizá puedan ser distintas, y en ese sentido eso sí que es
perfectamente legítimo. Por tanto, quizá el hecho de que haya
divergencias no implique necesariamente que haya fracturas de ningún tipo
respecto al problema de la violencia. Yo entiendo que esas cuestiones
deben ser debatidas; en algunos casos tendrán que ser debatidas a niveles
públicos, en el Parlamento vasco o en cualquier otro foro, y en otros
casos habrá que hacerlo de manera discreta, porque como ha dicho también
el señor Ministro, la discreción es una de las claves para solucionar
este problema. Tampoco coincidiremos los distintos grupos políticos,
quizá, en ver cuáles son las aspiraciones o cuál es la meta final que
cada uno de nosotros quiera conseguir, y eso también es perfectamente
legítimo. Entendemos que nadie puede exaltarse o escandalizarse porque no
haya consenso en algunos casos respecto a las aspiraciones finales que
cada uno de los grupos políticos, representantes de parte de la
ciudadanía, quieran conseguir. En ese sentido, nosotros consideramos que
la normalización y pacificación, en concreto del País Vasco, pasa por
solucionar muchas y diversas cuestiones diferentes, valga la redundancia;
por ejemplo, cuestiones como la reinserción, que ya se señalaba en el
artículo 10 del Pacto de Ajuria Enea, en la que se trata de reinsertar a
aquellas personas que abandonen la violencia, ya lo sea a nivel
colectivo, ya lo sea a nivel individual. Hoy por hoy la política de
reinserción es una política que no se ha aplicado suficientemente, a
nuestro entender, y creemos que merecería la pena un estudio y una
aplicación --habría que estudiar evidentemente los detalles--, porque
entendemos que esta puede ser una de las vías para ir amainando esa serie
de conflictos que componen el gran problema o la gran cuestión.

Otra segunda cuestión --y lo hemos dicho también en multitud de
ocasiones-- es el tema del acercamiento de los presos a las cárceles o
instituciones penitenciarias del País Vasco. Y esto no es una cuestión
política o de un grupo político



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exclusivamente. Sabe muy bien el señor Ministro que el Parlamento vasco,
después de muchas discusiones y debates tanto en comisión como en pleno,
consideró en su mayoría, y así lo aprobó en una resolución de diciembre
de 1995, que por razones humanitarias --es decir, porque el alejamiento
supone una pena agravada a las familias--, por razones de legislación
penitenciaria --como saben el artículo 9 trata de evitar el desarraigo
social--, pero también --y es importante-- por razones de políticas, otra
de las cuestiones que podría intentar solucionar el gran problema de la
normalización y pacificación sería el acercamiento de los presos a las
cárceles del País Vasco. Ha hablado el señor Ministro de un acercamiento
individualizado. A nuestro entender, si bien consideramos que esa
situación tiene efectos positivos y, por supuesto, no lo criticamos como
tal, sí criticamos el hecho de que ese acercamiento no lo sea de modo
colectivo, como lo señalaba --vuelvo a reiterar-- el Parlamento vasco,
representante de todos los ciudadanos del País Vasco. ¿Por qué? Porque
entendemos que los efectos positivos que pudiere tener esa solución
individualizada, pueden ser menoscabados por los efectos negativos que
puedan tener en el conjunto de presos que están en las cárceles del País
Vasco. Por eso, entendemos que es mucho mejor la solución global y no la
solución individualizada, selectiva, cuyos efectos perjudiciales pueden
contrarrestar los efectos positivos.

Estas son las cuestiones que entendemos claves. Otro problema podría ser
el vandalismo callejero, evidentemente, pero consideramos que el
vandalismo callejero si bien merece la pena su estudio tanto desde el
punto de vista sociológico como judicial o legislativo, como ha señalado
el señor Ministro, no se puede aislar del conjunto de la problemática y
ése es un tema en el que sí incidiríamos y que quizá no lo ha mencionado
demasiado en su intervención. No es un problema aislado. Es decir, las
soluciones que se puedan dar o los estudios que se realicen del tema
tienen que estar insertos dentro de la problemática global.

Por último, sin querer alargarme, aunque este tema podría llevarnos días
y días de discusión, hay una cuestión que me parece clave si queremos que
este problema tenga solución, y es la discreción, y no porque se nos
ocurra a nosotros ahora que la discreción sea un elemento o un factor
importante, sino porque en esta vida nada se inventa, y lo que vemos a
nuestro alrededor y lo que hemos visto en la actualidad y a lo largo de
los tiempos, es que los distintos conflictos que han existido y que
existen se han ido solucionando, aunque esos conflictos sean en muchos
casos de naturaleza diferente. Lo que sí es cierto es que uno de los
elementos clave en la metodología, a la hora de haber podido solucionar o
estar en vías de solución esos conflictos, ha sido la discreción.

Lógicamente, nosotros --y lo sabe el señor Ministro-- tenemos a la
discreción como uno de los elementos clave y, desde luego, nos ponemos a
su disposición, dentro de esa metodología, para poder intentar llegar a
una solución, aunque discrepemos en muchos casos de las medidas que haya
que realizar, aunque discrepemos en cuáles puedan ser las soluciones, y
aunque discrepemos, lógicamente, en cuáles puedan ser las aspiraciones
finales que cada uno de nosotros, por representar lo que representamos,
mantenemos en la vida pública y en la vida privada.




El señor PRESIDENTE: Correspondería ahora la intervención del señor
Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. El
señor Mardones ha señalado a la Presidencia que tiene en estos momentos
otra reunión en la Cámara, por lo que, con permiso de SS.SS., vamos a dar
la palabra al Grupo Parlamentario Vasco. En su nombre, tiene la palabra
la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Quiero empezar solicitando perdón al señor
Ministro por una circunstancia parecida a la de mi compañero, el Diputado
señor Mardones, por mis entradas y salidas mientras ha durado su
comparecencia. No lo atribuya usted a descortesía, sino a las necesidades
de los grupos pequeños, que debemos salir a votar a la Comisión de al
lado cuando nuestro deseo es escuchar en ésta y posteriormente poder
intervenir. Voy al asunto que nos trae a esta Comisión.

Me ha gustado, señor Ministro, su intervención, y me ha gustado oírle
hablar de política de Estado en el delicado cometido propio de su
departamento. Me gusta también que haya señalado como prioridades la
seguridad y el respeto a las libertades, y que haya insistido en la
creación de un régimen de opinión y en la necesidad de generar
credibilidad y confianza, requisitos imprescindibles para el éxito en
este su delicado quehacer.

A continuación, se ha referido usted, y lo ha hecho en términos parecidos
a los empleados por el Presidente Aznar en su discurso de investidura, a
la lucha contra el terrorismo, que ha de caracterizarse por la unidad de
las fuerzas democráticas. En este punto es imprescindible hacer alguna
referencia al Pacto de Ajuria Enea, que se reúne en el día de hoy. Quiero
señalarle, aunque usted ya lo conoce, pero no parece baladí insistir en
ello en esta Comisión, un importante significado que, a mi modo de ver y
a juicio de mi Partido, tiene el Pacto de Ajuria Enea. El Pacto de Ajuria
Enea es --y en esto se insiste siempre-- un pacto antiterrorista; es
decir, es un pacto de todos los partidos políticos que repudian la
violencia como instrumento de acción política, pero tiene una
significación, a mi modo de ver, más importante: es sobre todo, y así
nació, foro para la búsqueda de soluciones. En este aspecto creo que es
importantísimo insistir, si queremos que siga teniendo virtualidad y ser
útil en el futuro. Respecto de la anterior reunión del Pacto, en la
prensa fue generalizado el criterio de que tras seis horas de reunión no
había habido resultados significativos. Pues bien, yo pienso que el fruto
fue la reunión, el que en un entorno tan crispado, como es el de la
sociedad vasca, todos los partidos que apoyan la democracia sean capaces
de estar sentados y hablando durante seis horas sin que haya portazos,
sin que nadie abandone la reunión. Esa es la línea por la que se debe
avanzar, el acercamiento de las posturas, y creo que por ahí es por donde
tenemos que andar todos, no desde el inmovilismo, sino desde la
flexibilidad y el diálogo.

El Presidente Aznar insistía también en el discurso de investidura en que
se iba a intensificar la coordinación y la



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colaboración con la Policía autónoma vasca, y en este aspecto usted se ha
referido a la gestión coordinada con los departamentos de Interior y de
Justicia del Gobierno vasco. Desde el Departamento de Interior se viene
insistiendo en los últimos tiempos en que es necesaria una mejora en la
actividad pública destinada a garantizar la seguridad que quizá requiera
la adopción de medidas legislativas, incidentes en varios campos y cuyo
nivel de concreción y de maduración --como ha indicado el señor
Ministro-- está en estudio en el momento actual.

Se ha podido advertir ab initio que la legislación que podríamos
denominar materialmente de seguridad ciudadana vigente en este momento,
puede manifestar algunas insuficiencias significativas. Así es de
resaltar --y usted también lo ha indicado-- la ausencia de regulación
jurídico-administrativa sobre la vídeo-vigilancia en los espacios
públicos para fines de seguridad o la insuficiencia del régimen de
infracciones y de sanciones.

También ha aludido usted --y desde las autoridades policiales vascas se
insiste-- a que quizá sea necesario revisar el Código Penal en lo que se
refiere a la tipificación de las manifestaciones ilícitas y del uso del
disfraz, que ahora es mero agravante, para mejor garantizar la impunidad
de quienes intervienen en desórdenes públicos. Desde mi perspectiva de
profesional del Derecho, debo indicarle que creo que en todos estos
campos hay que andar con precaución, estudiarlos con detenimiento y será
siempre requisito el respeto a los principios de intervención mínima y de
proporcionalidad que debe regir toda actividad sancionadora desde los
poderes públicos.

Ha hablado usted --y también quienes me han precedido en el uso de la
palabra-- de la Policía Judicial. No tenemos claro si es dependencia
orgánica o funcional pero, en todo caso, considero que es imprescindible
la colaboración con los jueces y fiscales en la instrucción de las causas
de la Policía y asimismo en ese otro quehacer policial que se ha dado en
llamar policía prospectiva. Creo que aquí puede radicar gran parte del
problema en la conexión Policía-jueces y quizá no tanto en la
insuficiente tipificación de las conductas. Urge, por tanto, que cuanto
antes se nos aclare hacia qué modelo de Policía Judicial vamos, de quién
va a depender y, sobre todo, que entre todos se hagan los esfuerzos
pertinentes para que esta colaboración y trabajo estrecho sea una
realidad cuanto antes para evitar las temidas impunidades.

Cambio de tema con otro hecho de la actualidad más reciente. Parece que
la Europa de la ley y el orden arranca finalmente, o así se nos ha dicho
por la prensa de estos días. El Consejo Europeo de Florencia ha superado
los últimos escollos para la creación de la Oficina de Información
Policial Europea (Europol) y ha impulsado la conclusión de un nuevo
convenio sobre extradición que debe eliminar la posibilidad de rechazar,
por motivos políticos, una demanda de otro Estado miembro. Le felicito
por ello, señor Ministro, nos debemos felicitar todos los ciudadanos de
este Estado por haberlo conseguido.

No obstante, en este sentido existe también en el ámbito vasco un gran
interés por la cooperación transfronteriza que finalmente ha de
enmarcarse en el convenio para la aplicación de los acuerdos Schengen y
su desarrollo. Nuestro punto de partida aquí es que la posición y
participación españolas en este marco debe ser consecuente con las
competencias que en esta materia tienen diversas comunidades autónomas, y
el caso al que yo me estoy refiriendo, la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Debo dejar constancia de que en el convenio para la aplicación de los
acuerdos Schengen no se reflejó adecuadamente este hecho por razones que
no son imputables a los grupos políticos, puesto que desde el Grupo
Nacionalista Vasco se hicieron esfuerzos por enmendarlo, pero no es
posible la enmienda de los convenios en fase parlamentaria, y por tanto,
creo que debe solucionarse en los convenios bilaterales de desarrollo
para que se pueda restablecer cuanto antes la posibilidad de que la
Policía autónoma vasca --a la que me estoy refiriendo-- tenga la
condición de fuerza y cuerpo de la Seguridad del Estado, también a los
efectos de la persecución en caliente, que hoy le está vedada por el
tenor literal del instrumento de ratificación de España.

Hay otra cuestión que también hace referencia a lo transfronterizo y a la
que usted no se ha referido, pero que en estos días se está citando
reiteradamente: la existencia de proyectos de comisarías conjuntas
transfronterizas. La inquietud, por nuestra parte, es razonable ante
tales anuncios y el principio-guía, a nuestro modo de ver, tendría que
ser que también en este punto se establezcan convenios o proyectos que
sean consecuentes con el sistema de distribución de competencias en
materia de Policía, respecto a la distribución de competencias que, debo
reconocerle, señor Ministro, ha manifestado usted en todas y cada una de
las áreas propias de su departamento, a las que a continuación se ha
referido.

No me voy a extender más, señor Ministro, sólo quiero desearle a usted
éxito en éste su difícil cometido, porque su éxito será el de todos
nosotros y para que si no hoy, como ha indicado, al acabar esta
legislatura podamos decir que estamos ya más cerca del escenario al que
se refiere el artículo 10 del Pacto de Ajuria Enea cuando habla de la
posible solución negociada del conflicto.




El señor PRESIDENTE: El señor Mardones ya está en la sala, por tanto,
podemos dar la palabra al Grupo de Coalición Canaria.

Tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Ministro.

Quiero desearle, señor Ministro, los mejores augurios en el desempeño de
su trascendental, importante y responsable gestión en el Ministerio de
Interior, así como darle la bienvenida que otros portavoces le han
deseado también.

Coalición Canaria quiere aportar el mejor sentido de cooperación y
colaboración, no solamente en las líneas genéricas que nos ha expuesto el
señor Ministro sobre la política que va a desarrollar sino en cualquier
aspecto parcial que haga causa de aplicación de medidas de Policía en el
archipiélago canario por sus especificidades a las que después me
referiré.




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Con respecto al primer punto sobre el terrorismo, apoyamos totalmente la
política que ha señalado el señor Ministro y en lo que esté relacionado
con terrorismo, terroristas e instituciones penitenciarias queremos
mantener el criterio de apoyo que existe desde la administración pública
canaria, ya que allí hay dos prisiones que albergan presos de la
organización terrorista ETA, para que se siga haciendo con la prudencia y
discreción con que hasta el momento se ha hecho, incluso para no añadir
tampoco causas de penosidad a las familias de los presos que tienen que
utilizar los medios de transporte para acceder al archipiélago canario.

Hasta este momento no hay ninguna cuestión conflictiva de las que
ocurrieron en un principio cuando se ubicaron allí determinados presos
etarras.

Con respecto a los puntos que ha señalado el señor Ministro, de
cooperación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía, Guardia
Civil y su coordinación, mecanismos de información compartida, uso
compartido de banco de datos, etcétera, nosotros lo ligamos con el cambio
de estructura de la Policía y con el modelo policial, porque va a ser
todo un conjunto. Tiene que salir un modelo policial de intercambio de
datos y de operatividades, a nuestro juicio. Le deseo en este aspecto,
señor Ministro, el mejor éxito posible. No sé si al final habrá que
unificar todos los Cuerpos en uno para que esto pueda tener una
aplicación, pues a los que hemos tenido responsabilidad en funciones de
gobernadores civiles en la época de UCD ya nos preocupaba, y al final
tratábamos de buscar una especie de emulación deportiva entre ambos
Cuerpos para que el delito fuera bien perseguido y el delincuente
capturado y puesto a disposición de los jueces.

Le haría algunas reflexiones sobre cooperación y ayuda, porque todo lo
que ha dicho el señor Ministro tiene un sentido común apabullante. Habría
que empezar un proceso de análisis de eficacia de cualquier policía que
tuviéramos ahora para redefinirla o rediseñarla de nuevo. Pero le pongo
los siguientes ejemplos: no sé si es bueno o malo lo que ocurre, pero
cada vez que un Cuerpo policial hace una captura de un alijo de droga, en
la foto sale el distintivo, el logotipo del Cuerpo que lo hace. Eso marca
unas diferencias que pueden ser difíciles de aplicar con el planteamiento
de cooperación entre los Cuerpos que hace usted sobre el cambio de
estructura y el modelo policial. Mientras cada Cuerpo tenga un uniforme
distinto, cada uno tratará de que el éxito y la captura se adjudiquen a
su equipo y, por tanto, hay que poner el escudo del equipo, sea el de la
Guardia Civil o el de la Policía Nacional. Además se van a encontrar
ustedes con un equipo, que no depende de su departamento, que es el
Ministerio de Hacienda. Ya tuvimos ocasión en la pasada legislatura de
debatir aquí en esta Cámara las competencias que iban a corresponder al
resguardo fiscal y al servicio de Aduanas, que también las tienen en la
represión del narcotráfico. También tendría que ser tenido en cuenta este
aspecto del Servicio de Vigilancia Fiscal y Aduanera con respecto al
Ministerio de Hacienda, porque ahí se producen asimismo fricciones con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto de la Guardia Civil
como de la Policía.

Voy a señalarle otro aspecto. Yo quisiera que el señor Ministro pudiera
aplicar este diseño inteligente de política en el archipiélago canario,
donde la peculiaridad de los servicios de policía tiene, como sabe el
señor Ministro, un perfil muy acusado con respecto a delitos
internacionales. Me estoy refiriendo a la ubicación en estas áreas
turísticas, por ser fundamentalmente turísticas de un tipo de actuación
policial, de delincuentes internacionales que lo utilizan como refugio
para estar ahí, pero hay un hecho, señor Ministro, en el que estamos
dispuestos a apoyarle a usted para que acabe, y solamente se puede acabar
aplicando su modelo. Es esa imagen que se da de los Cuerpos de Seguridad
del Estado en los aeropuertos que tienen tráfico nacional e
internacional; es decir, la presencia de controles distintos de Policía
Nacional y de Guardia Civil, incluso forzando a la administración
aeronáutica española a tener que proveerlas de dependencias, cuartos,
habitaciones, servicios distintos si son para Policía Nacional o para
Guardia Civil. La imagen de un aeropuerto en Canarias es que se encuentra
un lado de la puerta vigilada por un guardia civil y otro lado de la
puerta vigilada por un policía nacional; incluso dentro del mismo Cuerpo
con competencias totalmente distintas si se refieren a cuestiones
ordinarias de ese Cuerpo o si se refieren, por ejemplo, en la Guardia
Civil, al resguardo fiscal, en que hacen ir al ciudadano por otra cinta o
por otra puerta. Es más, señor Ministro, usted con lógico criterio dice:
tengo suficientes Fuerzas de Seguridad y tengo que readscribirlas y
sacarles la mayor eficacia y utilidad posible.

Mire usted, en este momento --por seguirle hablando de la problemática en
los archipiélagos canarios--, existen pocas disponibilidades de fuerzas
de la Guardia Civil por ejemplo en la agrupación de tráfico de la Guardia
Civil; existen pocas disponibilidades de Guardia Civil en la represión
del delito ordinario, si quiere también en la represión del narcotráfico,
delincuentes comunes, y, sin embargo, están perfectamente dotados de
plantilla los servicios de control de equipajes y tránsito de viajeros en
los aeropuertos, que tienen que ser plantillas de 24 horas en los
aeropuertos internacionales, es decir, tres turnos, con lo cual si hay un
turno de veinte significa que tiene que haber sesenta guardias civiles en
los controles de los arcos de detección de metales cuando en otros
aeropuertos de la Unión Europea esto es realizado por servicios distintos
de la policía del Estado. Pero, es más, llama la atención que en el
propio Ministerio del Interior y el de Justicia, en dependencias
centralizadas, en los servicios centrales en Madrid, como pueden ser las
instalaciones físicas de ubicación del registro de penados y rebeldes, la
custodia está encomendada a empresas privadas de seguridad. Por supuesto,
a la Organización Aeronáutica Española, a AENA, le es muy cómodo que le
preste --barato por supuesto-- el Ministerio del Interior los servicios
de custodia y vigilancia, pero lo que no resulta de recibo y choca --por
eso se lo pido, señor Ministro, y le digo que le vamos a apoyar y que
siga adelante usted con este plan-- es que necesitándose para servicios
de seguridad en cualquiera de las dos islas capitalinas canarias, en Gran
Canaria o en Tenerife por poner unos ejemplos --tiene usted la comunidad
autónoma



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con más aeropuertos de toda España, siete aeropuertos--, haya controles
de Guardia Civil para el tráfico de viajeros y no haya para la
persecución del delincuente. Desde luego, son destinos comodísimos para
las Fuerzas de Seguridad del Estado que siempre están bajo techo y con
una serie de servicios de utilización común que existen allí. No parece
de recibo que un control, por ejemplo, de arco metálico tenga que ser
ejercido en los aeropuertos por las Fuerzas de Seguridad del Estado,
porque no lo tiene Europa por ahí, sino que incluso está encomendado a
empresas privadas de seguridad, por supuesto bajo control y supervisión
de la unidad orgánica de policía del Estado, llámese Policía Nacional
aquí o Guardia Civil, que tiene su comisaría o su dependencia en el
aeropuerto y vigila que estas empresas de seguridad cumplan fielmente con
su cometido. (El señor Vicepresidente, Padilla Carballada, ocupa la
Presidencia.) Era una aportación que quería hacerle, señor Ministro, en
la línea de apoyo que tiene aquí.

Paso seguidamente, señor Ministro, al tema de las instituciones
penitenciarias. Tendrá usted aquí nuestra mejor línea de comprensión,
volviendo a señalarle, señor Ministro --lo ha hecho al principio de su
introducción y es un tema del que ha tenido que responder tanto en esta
Cámara como en el Senado a preguntas o a interpelaciones--, que nosotros
siempre habíamos deseado que Instituciones Penitenciarias, incluso
remontándonos al principio constitucional que señala la Constitución para
los jueces sobre el deber de juzgar y ejecutar lo juzgado, que lo que se
ejecuta como juzgado se ejecute en las prisiones. Ojalá algún día el
horizonte de colocación o ubicación orgánica de Instituciones
Penitenciarias estuviera más acorde con la Constitución y, por tanto, más
situado en el Consejo General del Poder Judicial que no en el Ministerio
de Justicia y menos en el Ministerio de Interior, y esto por una cuestión
no solamente de fondo sino de forma con respecto a nuestra Constitución.

No obstante, lo dicho por usted, señor Ministro, en las siete áreas de
trabajo en Instituciones Penitenciarias, nos parece totalmente correcto
que se pueda llevar a efecto y, por supuesto, con el apoyo del actual
Cuerpo de Instituciones Penitenciarias que viene demostrando su eficacia,
su servicio y su sacrificio en el difícil mundo de las cárceles, así como
todo lo que se pueda hacer no solamente en las infraestructuras, a ver si
podemos resolver también el tema de las infraestructuras que tiene en
este momento Instituciones Penitenciarias ya que la anterior prisión de
Tenerife-1, situada en una zona céntrica de la capital, no está
utilizada, dado que los módulos en uso están en la prisión moderna de
Tenerife-2 para que se pueda realizar ahí.

Respecto al tema de la droga, señor Ministro, quiero pedirle que haya un
sentido de especialización de la investigación policial en áreas
turísticas, como es el caso de Canarias que se emplea como zona de
tránsito. También estamos viendo que, ante las dificultades que está
encontrando el narcotráfico en el transporte aeronaval utilizando puertos
y aeropuertos, se está produciendo una generación de sustancias
psicotrópicas que ya no viene por tráfico internacional sino que son
fabricadas dentro del país con productos, sobre los que en teoría sí
existe una legislación que aprobamos en esta Cámara en la pasada
legislatura sobre las sustancias químicas que pueden ser utilizadas en la
fabricación de drogas psicotrópicas y estupefacientes. Creemos que ahí,
en lo que se llama hoy en día drogas de diseño, se puede hacer una
especialidad de policía que ya no estará tan pendiente del tráfico en
puertos y aeropuertos o en introducción de terceros países o del área de
procedencia de la coca o de la heroína, pues está fabricada precisamente
dentro de nuestro propio país.

Finalmente, en lo que se ha referido el señor Ministro al tercer pilar de
la Unión Europea, he de decirle que nosotros estamos permanentemente en
la línea de apoyo en las cuestiones de la policía europea. No me queda
nada más que, como el anterior interviniente, felicitarle, señor
Ministro, por los logros que se acaban de alcanzar en la represión, con
la colaboración de las autoridades europeas, en la lucha contra el
terrorismo. Le reitero nuestro apoyo y nuestro deseo de éxito en su
función.




El señor VICEPRESIDENTE (Padilla Carballada): Por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, mis primeras palabras,
obviamente, han de ser de felicitación al señor Ministro por su
nombramiento, por la gestión que ha realizado en las pocas semanas que
lleva como titular del departamento, así como por la fijación de las
prioridades que nos ha hecho en esta comparecencia ante la Comisión, e
indudablemente desde el Grupo Parlamentario Catalán por la asunción del
compromiso firme, dentro del modelo policial, del modelo de sustitución
tanto en lo que se está practicando en el País Vasco como lo que está
ocurriendo en Cataluña. Dicho sea de paso, este modelo de sustitución
también permite una interpretación conjunta con el proyecto de
regulación, a través de la Lofage, de la figura de los subdelegados. El
señor Belloch viene castigando las espaldas del Grupo Parlamentario
Catalán, comparecencia tras comparecencia, y en este caso incluso en el
día de hoy ha alcanzado no sé si el dudoso mérito, pero casi seguro la
indudable capacidad de ofender al mismo tiempo el sentido de lealtad de
su grupo y la inteligencia del mío. Vamos a ver si entre los dos logramos
llevar adelante la Lofage y la figura de los subdelegados a un punto en
el que nadie pueda llamarnos ni desleales ni astutos, y creo que lo
lograremos.

Respecto de la política general en materia de terrorismo no podemos estar
más de acuerdo. Aquí se trata de que todos los grupos y todas las fuerzas
democráticas actuemos de consumo y que lo que nos tengamos que decir no
nos lo tengamos que decir en privado. Por lo demás, es imprescindible --y
ahí me refiero al tema del vandalismo callejero-- ganar espacios de
legalidad en el País Vasco. Obviamente, hay actos que tienen una mayor
trascendencia pública en los que puede existir un mayor derramamiento de
sangre que con el Código Penal en la mano pueden ser tremendamente más
importantes y más graves. Ahora bien, desde el punto de vista del Estado
de Derecho, a lo que me refería anteriormente, ganar espacios de
legalidad,



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que no haya conductas impunes, que se pueda vivir y se pueda desarrollar
vida tranquila, es uno de los objetivos prioritarios.

Por lo demás, como también ha manifestado el señor Mardones, es
preocupación de mi grupo llamar la atención del Ministerio sobre la
criminalidad organizada no terrorista, sobre el asentamiento que parece
que se produce en las zonas de Levante de grupos organizados, llamémosles
mafias o de otra manera, con intereses económicos importantes, y puede ir
desde la Costa Brava hasta lo que puede ocurrir en el mismo Gibraltar,
que fue objeto de una moción que se aprobó en esta Comisión la semana
pasada.

También tiene interés el Grupo Parlamentario Catalán en conocer la
política de inmigración que será desarrollada por su departamento.

Asimismo quiero poner de manifiesto algunas preocupaciones que nos han
llegado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto a la
información que deben obtener de los organismos públicos, en muchos
casos, obviamente, con autorización judicial. Nos preocupa cuando se
manifiesta que para obtener, incluso con autorización judicial, los
números de teléfono que están a nombre de un titular la sociedad estatal
correspondiente puede tardar uno, dos o tres meses en facilitarlos, o
cuando se ha puesto de relieve una cierta discoordinación, incluso
dificultad de acceso a los registros de la Dirección General de Tráfico
por parte de la Policía Judicial. Esta preocupación la trasladamos
también al señor Ministro. En muchos casos estaremos en presencia de
situaciones que debieran ser atajadas por el Poder Judicial; instrumentos
penales tiene a través del delito de desobediencia, pero no estaría de
más encarecer el celo de organismos públicos, encarecer el celo de
sociedades participadas por el Estado, en cumplimiento de los
requerimientos de información que se formulen desde las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, obviamente salvando todos los requisitos y toda
la tutela judicial oportuna.

Finalmente, queremos poner de manifiesto el interés que tiene nuestro
grupo en que los mossos d'esquadra, como Policía Judicial en la medida en
que acceden a la condición de policía oficial en Cataluña, tengan derecho
a esa persecución en caliente y, por tanto, puedan beneficiarse, entre
comillas, porque en el fondo no supone más que el ejercicio de sus
funciones, de los efectos que se derivan del Convenio de Schengen y de
los desarrollos oportunos del mismo.

Con esto acabo, señor Ministro. Quiero felicitarle, como ya he dicho
antes, por esta línea de prioridades, por este programa de actuación y
manifestarle que tendrá la colaboración del Grupo Parlamentario Catalán
que iremos desarrollando día a día.




El señor VICEPRESIDENTE (Padilla Carballada): Por el Grupo Popular tiene
la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, el Grupo
Parlamentario Popular aprecia en la intervención del señor Ministro del
Interior un sustancial cambio de tono en relación con etapas anteriores,
lo que sin duda habrá de contribuir a lograr un mejor cumplimiento de los
fines que le son propios, una mayor capacidad de encuentro y concordancia
con las diversas fuerzas políticas y con todas las administraciones
públicas implicadas en el logro de dichos fines y una más fluida
comunicación con el conjunto social. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Qué duda cabe que compartimos el sentido de la estructuración básica de
la intervención del señor Ministro, orientada mucho más a esbozar
referencias positivas de futuro que a escudarse en los lastres del
pasado, pero no por ello nadie debe olvidar que las múltiples vicisitudes
protagonizadas por el Ministerio del Interior durante los últimos años
constituyen un legado singular, por cuanto que de alguna manera han
descapitalizado la confianza ciudadana en la gestión política --y subrayo
la expresión: en la gestión política-- de la seguridad del Estado, lo que
afortunadamente no se corresponde, sino todo lo contrario, con el
mantenimiento de una alta consideración por parte de esos ciudadanos en
cuanto a la valoración del esfuerzo desarrollado por la Guardia Civil y
el Cuerpo Nacional de Policía, han minado ese inquebrantable componente
ético que debe presidir siempre la acción del Estado en la lucha contra
el delito y han generado disfuncionalidades significativas en los niveles
deseables de eficacia.

Desde esta realidad, la tarea que asume el nuevo Ministro sólo puede
tener un único punto de partida, y lo hemos visto claro en el conjunto de
su intervención de hoy, esto es, el empeño de recobrar la capacidad de
liderazgo moral del Ministerio del Interior como impulso esencial para
vertebrar adecuadamente su tarea de garantía de derechos y libertades.

Ello exige, sin duda, ejemplaridad en las conductas, atenimiento
escrupuloso al marco legal, transparencia y rigor en la administración de
los medios y conexión con las demandas ciudadanas. Además, ese punto de
partida plantea, a su vez, el reto inmediato de modernizar el servicio
público de la seguridad desde dos vertientes esenciales que el Ministro
ha dejado planteadas en su intervención, esto es, la articulación de un
concepto integral de la seguridad que jerarquice objetivos, defina líneas
de actuación y seguimiento y propicie un adecuado reparto competencial y
la fijación de un modelo económico de gestión presupuestaria y financiera
de la seguridad pública que comporte la adecuación entre fines y recursos
disponibles y la más útil e inteligente aplicación de los mismos. Estas
consideraciones de base deben ir necesariamente vinculadas al desarrollo
efectivo del principio de cooperación, y por ende del principio de
subsidiariedad, habida cuenta de la existencia de una amplia gama de
factores vinculados, por una parte, a la realidad misma del delito,
especialmente cuando se trata de la prevención y persecución de acciones
criminales vinculadas al terrorismo o a la gran delincuencia organizada,
tráfico de drogas, armas o tráfico de personas, lo que impone un
escenario de actuación que trasciende el marco estricto de los Estados,
y, por otra parte, desde el horizonte que determina la propia realidad
política, tanto nacional como supranacional. Estas exigencias comportan,
a nuestro entender, que la nueva política del Ministerio del Interior
tenga que ser replanteada, como bien ha indicado el señor Ministro, en
orden a la disposición



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de mecanismos estables y claros de permanente puesta en común de la
política estatal de seguridad con las competencias que en este ámbito
desarrollan comunidades autónomas y ayuntamientos y, como es natural, con
una referencia muy singular, por razones obvias, a la que corresponde
actuar al Gobierno vasco. Se trata, en definitiva, de establecer grandes
acuerdos que sustancien líneas de acción asumidas por todos y que, sin
menoscabo de las legítimas competencias propias de cada Administración,
permitan un inteligente reparto funcional que, por tal, redunde en
beneficio de los logros propuestos y en una más práctica utilización de
los instrumentos humanos y materiales, que siempre son limitados y
escasos.

Qué duda cabe, además, que la política de cooperación en materia de
seguridad tiene para España, como ha indicado el señor Ministro, una
referencia principal que afecta a nuestra relación con Francia con
carácter protagonista y que, amén de los cauces bilaterales, debe
inscribirse en el conjunto de los planes y programas de la Unión Europea.

Sobre estos extremos no cabe insistir, habida cuenta de los felices
resultados acreditados por el nuevo Ministerio y de las expectativas que
se abren a partir de las medidas iniciales ya acordadas entre ambos
países y, en el contexto general de la Unión, por el bloqueo de ciertos
extremos imprescindibles para el buen desarrollo de la política de
seguridad que se ha producido en la reciente cumbre de Florencia. En este
sentido quiero expresar nuevamente, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, nuestro agradecimiento a la actitud de cooperación y de
inteligencia de la República Francesa, y también quiero expresar
nuevamente, sin ningún género de ambages, nuestro reconocimiento a la
acción en este sentido emprendida, tal y como ha señalado también el
señor Ministro, por gobiernos anteriores.

Además, en un concepto integral de la política de seguridad que parta de
la idea de cooperación, tampoco se puede olvidar el papel esencial que
debe corresponder a quienes son destinatarios de dicha política, esto es,
a los ciudadanos. La colaboración cívica en la lucha contra la
delincuencia de cualquier signo, el valor de aquélla en la tarea de
prevención, su acento fundamental en el rechazo de la violencia, la tarea
didáctica que corresponde a las entidades ciudadanas en la política
antidroga, su capacidad solidaria para la prestación de servicios en el
ámbito penitenciario, en el de la protección civil, en el propio impulso
asociativo, son desde luego elementos de conjunción y participación del
cuerpo social en una labor que es de todos y que desde el Ministerio se
debe primar, tal y como también ha anunciado el señor Ministro, como
apoyatura complementaria a los fines que le corresponde desarrollar.

Estas orientaciones de principio se han de conjugar imperiosamente, en la
interpretación del Grupo Parlamentario Popular, con las más perentorias
urgencias que dimanan de la realidad de los recursos disponibles para la
práctica de la política de seguridad y que, por el balance de situación
de los mismos, imponen la necesidad de introducir criterios generales,
con el anuncio de esa dirección general de la Administración de la
Seguridad, para lograr básicamente una modernización de las
infraestructuras, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de
la Policía, en materia de transportes, sedes, comunicaciones e
informática principalmente, un perfeccionamiento de recursos para la
especialización de cometidos, conforme a los retos que plantean las
nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas sofisticadas de delito
y una potenciación permanente del factor humano a través de la formación
y del mejoramiento de las condiciones laborales de estos profesionales.

En otro orden de cosas, como también se deduce de las palabras del señor
Ministro, parece claro que el Gobierno entiende, como cimiento operativo
esencial de esa política de seguridad integral, una mejor captación,
elaboración, análisis, tratamiento y puesta en común de la información
como motor esencial de la acción de prevención y persecución de un delito
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un incremento
sustancial de los niveles de coordinación interna entre dichas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y una mejor distribución de las misiones
encomendadas a cada uno de ellos, un más adecuado despliegue de las
fuerzas disponibles a partir de la antedicha revisión en la distribución
de cometidos y, desde luego, la especialización y potenciación de
determinados servicios.

En esta aproximación a las líneas maestras que introducen el concepto de
seguridad integral, aparecen también dos consideraciones claves, al menos
nosotros las inferimos de las palabras del señor Ministro en la mañana de
hoy. En primer lugar, que la política de seguridad debe ser próxima al
ciudadano en su efecto preventivo e inmediata en su capacidad de
respuesta, todo ello con referencia a las manifestaciones delictivas que
tienen una mayor incidencia en la vida cotidiana, el llamado delito
callejero, que por tanto son las que aquel ciudadano siente más
directamente relacionadas con su entorno. En segundo lugar, que la
política especializada de atención a las víctimas del delito forma parte
también de ese concepto de seguridad integral y que a buen seguro va a
ser debidamente contemplada por el Ministerio en la dimensión terapéutica
que requiere para minimizar al máximo posible los efectos negativos que
sobre la víctima produce la comisión de ese hecho delictivo.

Indudablemente, en ese concepto integral de seguridad hay que hacer una
referencia, siquiera somera, a lo que podríamos denominar una política
global de servicios para la seguridad civil, que tiene su constatación en
las políticas previstas en materia de tráfico y protección civil y a las
que conviene apuntar algunas notas. Es evidente que hoy más que nunca la
vertebración de una adecuada política de protección civil constituye uno
de los objetivos básicos de todo Estado moderno, precisamente para
establecer una correlación preventiva y de respuesta entre el nivel de
progreso de nuestra sociedad y el nivel de riesgo tecnológico, amén del
riesgo inherente a catástrofes derivadas de la incidencia de fuerzas
naturales. Pues bien, saber responder esa demanda presenta, sin lugar a
duda, perfiles complejos que tienen que articularse a partir de una
filosofía coherente asentada sobre los conceptos básicos de prevención,
previsión, planificación, información, estructura jerarquizada, unidad de
mando y solidaridad. Sobre esto, además, hay que añadir dos referencias
esenciales que incumben,



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en primer lugar, a la imprescindible cooperación interadministrativa, de
acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 133/1990, de 19 de
julio, y, en segundo lugar, a la sectorialización y especialización en
los planes de actuación y a la formación de quienes deben prestar el
servicio.

En materia de tráfico y seguridad vial resulta obvio señalar que el
objetivo básico debe tender a la práctica de las medidas conducentes a
reducir los índices de siniestralidad y, por tanto, a promover hábitos en
la conducción que resulten adecuados para el logro de dicho empeño. Y
tiempo habrá a lo largo de toda la legislatura, y conforme a las
previsiones que en este sentido tiene formuladas el Ministerio, para
poder avanzar en el debate de estas cuestiones.

Evidentemente también, y ha hecho referencia a ello el señor Ministro, un
compromiso esencial en la política del Ministerio lo configuran lo que
podríamos llamar la intervención terapéutica y resocializadora en
relación con las políticas derivadas del Plan Nacional sobre Drogas y el
desarrollo de la política penitenciaria. A lo dicho en este sentido por
el señor Ministro nosotros no tenemos más que sumarnos plenamente. Nos
parece esencial, de una manera determinante, no solamente desarrollar una
acción eficaz en materia de lucha contra el tráfico y de lucha contra el
blanqueo de los beneficios que produce ese tráfico criminal en materia de
droga, sino acentuar todos los niveles de coordinación
interadministrativa precisamente para hacer más eficaz el uso de los
recursos públicos en la tarea de recuperación de estas personas enfermas.

En materia penitenciaria nos remitimos al gran acuerdo, yo creo que muy
útil, formulado por todos los grupos parlamentarios en la sesión de la
pasada semana en orden a establecer unos puntos de orientación que pueden
ser un sustento común para el diálogo y el trabajo en común de estos
grupos parlamentarios y que son, desde luego, una orientación para la
política del Gobierno, en el bien entendido que no hay más que una única
política penitenciaria posible, la que nace del marco de legalidad
establecido en el artículo 25.2 de la Constitución y el desarrollo de los
principios de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y que de ahí se
deriva una única metodología posible, si se me permite la expresión, el
desarrollo de tantas políticas penitenciarias como internos precisamente
para hacer efectivo el principio de individualización.

Y señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular en este momento, a
punto de concluir su intervención, no puede dejar de hacer referencia a
algunos de los comentarios que se han hecho por parte de algún portavoz
de grupo parlamentario. Cuando se insiste, no con carácter sustantivo
pero se insiste en las dudas que a algún grupo parlamentario le plantea
el tránsito de las competencias de política penitenciaria del Ministerio
de Justicia al Ministerio del Interior, nosotros tenemos que volver a
recordar que éste no es el verdadero debate de fondo: que Ministerio de
Justicia es Administración, que Ministerio del Interior es Administración
y que el verdadero debate de fondo, a efectos precisamente de lo que a
todos nos incumbe y nos importa, que es esa función resocializadora de la
pena y la plena garantía de los derechos de los internos, parte de lo que
el Parlamento entendió por unanimidad la semana pasada, esto es, de la
necesidad de establecer, de perfeccionar la plena distinción entre lo que
son cometidos y competencias funcionales de los órganos jurisdiccionales
y de la Administración en todo el proceso de ejecución de la pena. En
todo caso, yo tengo que decir que nuevamente esta decisión, adoptada por
el Ministerio del Interior y por el Gobierno Aznar, responde a ese
talante de claridad con el que este Gobierno quiere hacer las cosas,
siempre dentro del marco de legalidad, y no a otros talantes a los que
quizás estábamos acostumbrados en etapas anteriores por vías de hecho.

Porque nosotros este tránsito lo hemos escrito en el «Boletín Oficial del
Estado». Con fecha jueves 13 de enero de 1994, el entonces recién
nombrado Ministro del Interior, señor Asunción, tal y como recoge este
texto periodístico, garantizaba al PNV que mantendría sus atribuciones en
la reinserción de presos etarras en detrimento o en perjuicio del
Ministerio de Justicia. Es decir, a una política de hechos, a la que
antes nos ha acostumbrado el Ministerio del Interior, nosotros
respondemos con una política de transparencia y de legalidad claramente
inserta en las competencias que le corresponden a la Administración para
su propia autoorganización.

Y yo, señor Presidente, si me lo permite, tengo que hacer una valoración
personal. Para este portavoz, uno de los personajes más repugnantes que
ha existido en la historia del mundo es el famoso doctor Goebbels, quien
en cierta ocasión quiso afirmar su negra doctrina señalando que una
mentira repetida mil veces se convertía en verdad. Hoy nuevamente el
señor portavoz del Grupo Socialista ha querido plantear, recordar y
formular al señor Ministro la cuestión de cuántos presos habían sido
excarcelados en virtud de la aplicación del nuevo Código Penal, y ha
vuelto a hacer referencia de los 13.000 presos del PP. Yo tengo que
señalar, una vez más, que ésa es una política falsa y maniquea y una
declaración falsa y maniquea. Jamás el Grupo Parlamentario Popular hizo
una cuantificación de los presos que iban a ser excarcelados en virtud de
la aplicación del nuevo Código Penal hasta que, en fecha 2 de junio de
1994, el entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, don
David Beltrán, declaraba al diario «El País»: El nuevo Código Penal
pondrá en la calle a 13.000 presos. Evidentemente el señor Beltrán ni era
ni es militante del PP. Y cuando a partir de esta declaración intentamos,
en el uso de nuestros derechos reglamentarios, que el Gobierno nos diera
una explicación sobre esta cuantificación, en su respuesta parlamentaria
se limitó simplemente a negar la realidad, a decir que la realidad no
existía, a decir que el señor Beltrán jamás había hecho estas
declaraciones.

Por lo demás --y concluyo, señor Presidente--, otras manifestaciones en
virtud precisamente de la concordancia de todos los grupos
parlamentarios, en este clima nuevo de entendimiento y de serenidad, no
vamos a entrar a considerarlas. Decir que se ha optado puramente por una
política continuista, decir que el PP ha vuelto a la casa común de los
demócratas, decir que no se ha hecho más que seguir las imposiciones de
otro, nos parecen, en todo caso, afirmaciones tan gratuitas que se
contestan por sí mismas. Eso



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sí, cuando alguien asume la representación única y exclusiva de todos los
demócratas para decir y expresar en nombre de todos ellos, según su
propia construcción literal, su alegría por el no nombramiento del señor
Alvarez-Cascos como Ministro del Interior, nosotros podríamos decir,
utilizando un mismo planteamiento subjetivo, que otros, los profesionales
y los ciudadanos, también expresan su alegría por el cese de anteriores
titulares. Pero en todo caso, por no caer en esa subjetividad, nos
atenemos a un argumento objetivamente irrebatible, esto es, que las urnas
han dicho que querían que el señor Alvarez-Cascos gobernara y que otros
dejaran de hacerlo, y sin lugar a duda por algo será.

Señor Ministro del Interior, usted ha formulado hoy una filosofía que
entendemos coherente, una filosofía que entendemos esperanzadora,
atractiva y sugestiva: una filosofía que permite, sin lugar a dudas,
recuperar la confianza de los ciudadanos en la gestión de la seguridad. A
nuestro juicio, a partir de su intervención ha establecido siete
afirmaciones básicas. En primer lugar, que la seguridad es credibilidad,
confianza en los rectores de ese cometido político y confianza de los
propios cuerpos en su tarea. En segundo lugar, que el Gobierno sólo es
emplazado por la soberanía nacional y sólo tiene como referencia los
pactos de Ajuria Enea, de Pamplona y de Madrid. En tercer lugar, que en
materia de seguridad hay que eliminar todo atajo, porque sólo el camino
de la legalidad y de la unidad de los demócratas es un camino útil y
éticamente válido. En cuarto lugar, que hay que avanzar en la
clarificación y cierre del modelo policial conforme a esos criterios de
cooperación y, sin lugar a duda, para adecuarlo a la nueva realidad
autonómica del Estado. En quinto lugar, que los presos no son mercancía.

En sexto lugar, que hay que reforzar los efectos terapéuticos y, por
tanto, los efectos de solidaridad del conjunto de la sociedad española y
de la acción de la Administración en relación con las personas afectadas
por la enfermedad del sida y por las toxicomanías y, finalmente, en
relación con la política de Schengen, que hay que complementar espacios
de libertad con espacios de seguridad.

Señor Ministro, este grupo parlamentario aprecia en su intervención de
hoy un nuevo talante; un talante que, como antes señalaba, mueve a la
confianza, mueve a la esperanza; un talante hecho en la voluntad de
diálogo. Nosotros no estamos dispuestos, en modo alguno, desde este grupo
parlamentario, a recordar el pasado, a echar el pasado a nadie en cara;
pero no estamos dispuestos tampoco a que alguien olvide su propio pasado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, en primer
lugar quiero agradecer el tono, el talante y el conjunto de todas las
intervenciones que se han producido en la mañana de hoy, que en mi
opinión significan un buen precedente de la reunión que va a tener lugar
esta tarde en Vitoria, reunión que espero y confío que confirme la
solidez, la cohesión y el acuerdo de los partidos políticos vascos. Estoy
convencido además de que, sea cual sea la posición de cada grupo respecto
de las interferencias que se han producido antes de la reunión, todos
sabrán entender y comprender que toda la sociedad española está muy
pendiente de la reunión, de su capacidad de acuerdo y estoy seguro de que
cumplirán, en la medida de sus posibilidades, de la forma más perfecta
para que sigamos avanzando y profundizando en este nuevo impulso, en este
nuevo escenario de acuerdo, en esta nueva acción en la lucha contra el
terrorismo, en la que sin duda nos encontramos.

Hecho este agradecimiento, voy a tratar de responder a las distintas
intervenciones que se han ido produciendo en la mañana de hoy,
insistiendo en que en materia antiterrorista no he escuchado
prácticamente ninguna diferencia significativa y sustancial, y eso es lo
que yo quiero poner de manifiesto por encima de cualquier otra
consideración.

Empezaré a contestar al señor Belloch, que ha dicho algunas cosas serias,
otras probablemente las ha dicho para irritar a otros grupos políticos, a
Convergència i Unió y al Partido Popular, alguna otra de mal gusto. Lo
único que me ha parecido de mal gusto en su intervención, señor Belloch,
es una referencia personal al Vicepresidente o a quien sea. Cuando una
persona no está en una reunión o en una comisión, a mí me parece mal, me
parece feo que se intervenga respecto de esa persona, porque es evidente
que si está esa persona tiene capacidad de respuesta, y si no está me
parece que sobra cualquier apreciación de carácter personal. Pero hecha
esta observación, qué duda cabe que en lo demás --y ya iré entrando en
alguna de esas cuestiones-- le agradezco algunas de las aportaciones
serias, de las que yo he tomado buena nota, de su intervención. Ha
empezado hablando de la coherencia. En el fondo un poco el discurso es
que unos son coherentes y otros no son coherentes. Ha hecho un dibujo de
una campaña electoral terrorífica del Partido Popular, que venía a decir
que iba a cambiar la política antiterrorista del Gobierno de arriba a
abajo y que desde esa oferta electoral se presentaba a la sociedad
española. El domingo 7 de enero de 1996, no en el País Vasco, en Madrid,
el diario «El País» titulaba de mis palabras lo siguiente: No cambiaremos
las líneas esenciales de la lucha antiterrorista del Partido Socialista.

Este es un titular, en el diario «El País», del 7 de enero de 1996, en el
momento en el que yo ya estaba configurado como claro candidato a
Ministro del Interior. Es decir, tengo enormemente tranquila la
conciencia de que nos hemos presentado a la sociedad española diciendo
que no vamos a cambiar las líneas esenciales de la lucha antiterrorista
del Partido Socialista. Esto es antes de las elecciones, en plena campaña
electoral. Y yo en ese sentido, al hilo de lo que usted decía, señor
Belloch, creo que tenemos una nueva etapa en estos momentos que recorrer.

Si muchas veces la esencia no está en la definición de los pilares en la
lucha antiterrorista. Está definida desde antes de su gestión, antes de
mi gestión, y esos pilares están ahí, son los mismos. ¿Qué es lo que hace
falta? Que el enunciado coincida con la realidad. Es decir, que cuando se
enuncia una política, lo importante, lo que va a dar credibilidad y
solidez a ese Gobierno es que cumpla esa política. Si se dice que no se
habla



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con ETA, no se habla con ETA, de verdad y en el enunciado. Si se dice que
hay que hacer una modificación de la política penitenciaria, uno se tiene
que atrever a decir: Voy a cambiar determinadas cuestiones de la política
penitenciaria. Y yo creo que el siguiente reto que tenemos, después de lo
que es un gran proceso de madurez de 20 años de democracia, es tratar de
aplicar en la práctica la misma política antiterrorista que somos capaces
de enunciar. ¡Si no cabe maquiavelismo en esa cuestión! Lo que uno puede
hacer, tiene que atreverse a decir que lo va a hacer. El debate del
pasado, que usted de alguna manera ha planteado, no sirve para nada en
este momento. Es decir, tratar de achacar al Partido Popular que hemos
dicho determinadas cosas, y estoy seguro de que en ocasiones levantando
el diapasón en exceso, en ese sentido, no en nombre propio, porque yo
asumo absolutamente todas y cada una de las posiciones de mi grupo
político, del Grupo Popular, en esta Cámara y en todos los sitios, yo
quiero decir que no miremos al pasado, porque en el pasado probablemente
ustedes --y no se trata de recriminarles-- hay más cuestiones de las que
en este terreno precisamente tienen menos motivos que nadie para hablar y
reabrir el debate del pasado en materia antiterrorista.

El Gobierno es la institución que mejor define si realmente estamos ante
una auténtica política de Estado. La oposición podrá equivocarse en el
tono, pero quien define si hay una política de Estado o no es el
Gobierno, y se basa en la lealtad a sus socios, y a los que no son socios
si están en la oposición. Probablemente, si quiere, podemos entrar en el
debate de quién ha sido más leal y quién ha sido más desleal. ¿Quién es
más desleal, quien hace una declaración subida de tono o un Gobierno que
no se atreve nunca a contar a la oposición la política que está
practicando de verdad, que no coincide con la que se enuncia? Yo creo que
ese debate ya está fuera de lugar, ya no aporta absolutamente nada, en mi
opinión, salvo que queramos volvernos todos locos y reproducir en el
futuro lo mismo exactamente, diciendo que no queremos ser desleales pero,
en el fondo, tratando de atizar la llama de la confrontación entre
nosotros por un pasado que sin duda ha tenido aportaciones, pero
precisamente las relaciones Gobierno-oposición no han sido las más
favorables de las posibles. ¿Yo a qué me comprometo en esta Cámara? A ser
leal con la oposición; a contarles todos y cada uno de los pasos que dé
en esta materia. Y si yo considero en un momento determinado que hay
condiciones para que se reabra el famoso artículo 10 y es posible algún
contacto, se lo diré a la oposición. Y si tengo que modificar un
determinado número en las cárceles de miembros de ETA, se lo diré a la
oposición, como he hecho y voy a hacer en los próximos días. Me puedo
comprometer a que habrá lealtad en la relación del Gobierno con los
partidos de oposición a la hora de afrontar esta cuestión. Por eso, todo
lo de quién ha cambiado más o quién ha cambiado menos, en estos momentos
yo creo que es un debate inútil, estéril y que no conduce absolutamente a
nada.

Pasando ya a otras cuestiones que ha planteado el señor Belloch, en el
tema de las prisiones ya le ha contestado el señor Gil Lázaro sobre los
13.000 presos. Yo creo que en estos momentos a mí me corresponde hablar
del futuro, no de lo que dijimos que se iba a producir a la salida de las
cárceles después de la entrada en vigor del Código Penal. La realidad es
que hoy tenemos 667 penados menos y, en preventivos, 68; en total, 735. Y
respecto a las previsiones que se habían hecho sobre que las cárceles
iban a estar más aligeradas de miembros, precisamente en estos momentos
el problema real, no el debate del pasado, es que sin duda tenemos más
presos de los que en un momento determinado se podía presuponer con la
entrada en vigor del Código Penal.

Respecto a los gobernadores, usted mismo decía hace poco tiempo: lo único
que tengo claro es que alguna forma de representación del Estado en las
provincias debe existir. todo lo demás se puede discutir. Yo coincido
absolutamente con usted.

En ese terreno lo que hace falta es que la figura del gobernador, cuando
discutamos de Lofage, se adapte lo mejor posible para favorecer la
seguridad de todos los españoles. ¿Por qué creo yo que deben tener alguna
competencia en materia de seguridad? Porque, por ejemplo, en Andalucía,
en función de la extensión geográfica, un delegado del Gobierno
difícilmente va a poder coordinar adecuadamente lo que es la actuación de
una Fuerza de Seguridad del Estado. Pero, a lo mejor en Cataluña eso no
es problema, porque ese modelo de adecuación y de repliegue, como otros
llaman, de las Fuerzas de Seguridad del Estado hace que en este tema no
haya una especial dificultad por esta cuestión. No se trata de que en
esto haya un enfrentamiento entre el Partido Popular y Convergència i
Unió. De lo que se trata es de que, pensando en la seguridad de los
españoles, busquemos la fórmula más sensata, más razonable en el debate
de este proyecto de ley, de modo y manera que al final esa figura del
gobernador sirva en la nueva adecuación de la España de las autonomías;
que sea una figura que realmente sirva para dar más seguridad a los
españoles.

Yo no creo que sea un debate especialmente político, sino que se debe
hacer en este terreno un poco lo que el sentido común indica para que los
españoles tengan más seguridad. No veo el perfil ideológico en esta
cuestión. Se trata simplemente de una cuestión de adecuación, ya que la
decisión política trascendente se ha producido con la reforma de la
Administración periférica del Estado.

El señor Belloch ha dicho dos cosas serias en su intervención, de las que
yo tomo nota y que me parece a mí que son importantes. En primer lugar,
que todas las reformas procesales que yo he planteado de un modo u otro,
o las reformas de carácter legislativo, o la manera en la que podemos
afrontar el vandalismo callejero sean objeto de debate en el Pacto de
Madrid. Porque, me parece a mí que eso tiene una enorme trascendencia y
porque yo creo que es un foro muy correcto para demostrar que estamos
también en esta Cámara, en la que vamos luego a realizar las
modificaciones sustanciales o legislativas, tomando buena nota de lo que
de alguna manera existe en un planteamiento del vandalismo callejero. En
ese terreno, quiero decir que me parece una intervención constructiva y
que yo aplaudo, apoyo y consultaré con los demás grupos, pero, qué duda



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cabe, que será una parte de la próxima reunión del Pacto de Madrid.

En segundo lugar, ha dicho una cosa que ha mí me ha parecido también
seria, que es su compromiso para trabajar en un modelo policial. En ese
terreno, con las diferencias que puedan haberse producido --quizá son
mayores las que podemos tener con Izquierda Unida--, de ese compromiso de
modelo policial compartido y un trabajo serio en esa dirección que sepa
el señor Belloch que ha tomado buena nota el Ministro del Interior, yo
mismo, a efecto de poder trabajar en esa dirección de verdad y con
seriedad.

Las dos últimas cuestiones a las que le quería responder son policía
judicial y Convenio Europeo. Respecto de la policía judicial, si no le
molesta al Ministro Belloch, prefiero contestarle posteriormente cuando
me refiera al Grupo de Izquierda Unida, porque yo creo que son mayores
las diferencias en el tema del modelo de policía judicial y probablemente
tengamos un intercambio de puntos de vista en esa cuestión. Ahora
simplemente le voy a decir que en el tema de la policía judicial, en mi
opinión, lo importante es que, en este momento, inmediatamente,
aumentamos el número de policías judiciales, que es insuficiente; es un
6,72 por ciento del conjunto de la policía y resulta insuficiente. En
cualquier caso, en el debate que tendré con el compañero de Izquierda
Unida seguiré con esta cuestión.

Respecto del Convenio Europeo quiero decirle que me parecería una
temeridad por mi parte que yo pudiera dar a conocer lo que yo creo que
puede ser debatido en el Consejo que tendrá lugar el viernes. No voy a
anticipar todo lo que yo creo que se va a aprobar, por un motivo, porque,
a lo mejor, no se aprueba y resulta que las propuestas concretas, que yo
creo que se están produciendo, sin duda ninguna estarían desmentidas por
la realidad.

Sin embargo, me quiero tranquilizar diciendo que evidentemente esto no
sólo va a significar que cuando simplemente hay un delito, una comisión
de un delito determinado podrá ser objeto de extradición un delincuente.

Cuando hay pertenencia simplemente a banda armada, se instrumentan las
fórmulas correspondientes para que sean objeto de extradición también
estas personas. Ese principio de doble incriminación, que en estos
momentos es una especie de gran barrera donde aquellos países en que no
existe tipificado el delito de pertenencia a banda armada ya que tiene
una barrera para efectos de la concesión de la extradición, se quiebra.

Y, en lo que significan las formulaciones concretas, lo que pueden
significar las fórmulas específicas en las que se pueden incluir autores,
coautores, cómplices, encubridores, y eso está en el fondo incluyendo el
80 por ciento de los casos de terrorismo, o lo que pueden significar los
principios de renuncia del principio de doble incriminación, si están
castigados con más de 12 meses de prisión, etcétera, las fórmulas
concretas, me va a permitir que esperemos a la reunión del Consejo del
viernes. Pero sí le puedo tranquilizar y decir que aquellas personas que
crean que, porque simplemente existe un delito de pertenencia a banda
armada, puedan refugiarse en la nueva aplicación del convenio de
extradición se equivocan. Aquellos que pertenezcan a banda armada
simplemente, sin comisión de delito, también serán susceptibles de
persecución y no habrá en ese terreno ninguna posibilidad de que en sus
respectivos países, el delito que han cometido, que es pertenencia a
banda armada, sea considerado como delito estrictamente político. Eso es
lo que yo quería responder básicamente al señor Belloch.

Al portavoz de Izquierda Unida, primero quiero agradecerle el apoyo que
hace a la política antiterrorista. Sobre tomar buena nota de la
conveniencia de la reunión del Pacto de Madrid, si le parece yo lo
consultaré con otros grupos pero, por mi parte, no habrá inconveniente.

En función del resultado de Ajuria Enea de hoy y de las conversaciones
con los demás partidos, mantendríamos la reunión del Pacto de Madrid.

Quiero ratificar que a mí me parece que el tema GAL fundamentalmente está
ya en los tribunales y que en estos momentos no debe ser objeto de
apertura de investigación política en el Parlamento. Yo creo que esa
comisión únicamente serviría para aumentar más la crispación entre los
partidos políticos, para desorientar a los jueces y para tener a la
opinión pública pendiente de una cuestión que, insisto, ya está
suficientemente aireada y está ya en estos momentos en la Justicia. Me
parece un disparate en este terreno que reabriéramos, en el seno del
Parlamento y en el seno de esta Comisión, el fenómeno GAL.

De la inseguridad de los españoles, en lo que nosotros tenemos que actuar
es en el fenómeno de ETA. El tema GAL, sin duda ninguna, ya está bajo lo
que es la jurisdicción judicial. En ese terreno quiero reiterarle un
principio que ya conocía usted por parte de nuestro grupo.

Por lo que se refiere a los sucesos de Ceuta y Melilla a los que usted ha
hecho referencia, quiero decirle que es verdad que ha habido una entrada
importante y significativa en un momento determinado de muchos miembros
centroafricanos, que, sin duda ninguna, han obligado a una actuación del
Gobierno. Lo hemos hecho con la mayor de las discreciones, pero siempre
ajustados estrictamente al Estado de Derecho. Es verdad que han salido
105 personas en estos días, que estábamos esperando a que finalizara la
operación para entendernos y que fueran ya devueltos a los países
centroafricanos, que prácticamente en su totalidad en estos momentos
están ya en esos países, que se ha producido un respeto escrupuloso de la
justicia del Gobierno respecto de la actuación judicial y ha habido
inicialmente una petición de auto de internamiento de un conjunto
importante de esos centroafricanos que han estado en Málaga, que ha
habido un juez permanentemente en la Comisaría de Melilla, que hemos
estado en contacto permanentemente y he hablado yo en dos ocasiones y el
Secretario de Estado de Seguridad también con el Defensor del Pueblo y
que, insisto, si inicialmente ha habido un auto de internamiento para
trasladarles desde Melilla a Málaga, posteriormente ha habido una orden
de expulsión o una orden de devolución, en su caso, a un conjunto de
países africanos. En estos momentos puede decirse que, desde la
discreción, desde el respeto al Estado de Derecho, se han adoptado las
medidas pertinentes para que en estos momentos no haya un problema de
orden público que sabemos que lamentablemente adquiere una especial
relevancia cuando estamos hablando de Melilla.




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Respecto a la policía judicial, quisiera intercambiar algún punto de
vista con usted en ese terreno. Yo puedo estar de acuerdo en que la
dependencia funcional hoy es insuficiente. Creo que hay demasiada
separación entre el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal respecto de lo
que son las unidades de policía judicial. En el modelo en que tendríamos
que trabajar en las próximas semanas y en los próximos meses es en no
hacer la modificación de que la policía judicial entre de pronto a
depender orgánicamente de los jueces; pienso que deben seguir dependiendo
orgánicamente del Ministerio del Interior. Eso no significa que no
entendamos el planteamiento de fondo que hace la Ministra de Justicia en
un momento determinado, planteamiento de fondo que es que nosotros
creemos que puede participar más el Consejo del Poder Judicial y el
Ministerio Fiscal en los Nombramientos de los altos responsables de las
unidades orgánicas de policía judicial. Y en los miembros de las unidades
adscritas a lo mejor también puede mejorarse más la participación de ese
Poder Judicial. Vamos a avanzar en ese terreno y a ver si es suficiente o
no. Si hay que modificar otras cosas, se modifican. Esa es la ventaja de
tener un Ministerio del Interior y otro de Justicia. En algunas cosas,
señor Belloch, es bueno que haya una tensión permanente en estas
cuestiones, siempre y cuando no se traduzca como que el Gobierno no tiene
posición en esta cuestión. El Gobierno tendrá la posición que tenga que
tener al final, pero me parece que entra dentro de los cauces de lo
razonable y lo natural que la Ministra de Justicia tenga una posición
distinta y diferenciada de la del Ministro del Interior. Con eso no pasa
nada y es una sana tensión. En cualquier caso, sí me comprometo al
reforzamiento y a la superación del número de efectivos adscritos a la
policía judicial que, como antes he dicho, era el 6,72 por ciento.

En el modelo policial me aproximo pero con un planteamiento distinto al
suyo. Usted dice: cambiemos la Ley. Y yo digo: no cambiemos la Ley. Vamos
a mejorar la coordinación y a sumar mejor las policías que tenemos; vamos
a hacer funcionar una dirección de la Administración de Seguridad del
Estado y, con ese mejor funcionamiento, con esa mejor coordinación,
también con las comunidades autónomas, al final, si hay que cambiar la
Ley, se cambia. Porque hay un trecho que podemos recorrer y sin cambiar
la ley puede mejorar el funcionamiento de las policías. No cambiemos la
ley desde el principio. ¿Para qué? Para hacer un debate innecesario.

En ese terreno, si únicamente se plantea en el fondo que la oposición
sólo puede participar en este debate cuando hay una ley, vamos a arbitrar
que la oposición, si tiene interés en participar en esta cuestión, no
sólo tenga que hacerlo cuando haya que modificar una ley, porque parece
que es el único argumento para que cambie de modelo. Vamos a tratar de
instrumentar el procedimiento, la comunicación, para que ustedes, sin
cambio de ley, puedan participar en esta reflexión conjunta de mejor
modelo de la seguridad.

Tomo nota de la seguridad privada. No tengo especial conocimiento del
tema, con lo cual en estos momentos no sé exactamente si hay una
obligatoriedad, pero si la hay esté seguro que cumpliremos la ley.

Y le pediría que los temas de presupuestos los tratásemos en el momento
en que lleguen éstos al Parlamento, para no mezclar líneas generales del
departamento con lo que pueden significar cuestiones muy importantes que
ha planteado, de demandas policiales, difíciles de resolver ante el
escenario presupuestario en el que estamos.

Quiero tranquilizarle, porque parece que nosotros castigamos a la policía
en la reducción de los créditos no disponibles. Si son aproximadamente
700 millones, he de decirle que de la Guardia Civil son 516 millones de
no disponibilidad en el recorte de los 200.000 millones que hemos
planteado hace dos consejos de ministros. Esto equilibra también las
peticiones de no disponibilidad que tuvo que asumir en los primeros meses
el propio Gobierno socialista. Hemos tratado de complementar
equilibradamente y de que el peso del dolor se equilibre suficientemente
entre un cuerpo y otro.

Para no extenderme más, sabe que en el tema del modelo real y en la
desmilitarización no hay acuerdo. Ahí hay diferencias, pero hay terrenos
donde podemos avanzar. Nosotros nunca hemos dicho que hagan falta 10.000
guardias civiles más. Ese sería el deseo del director general de la
Guardia Civil. En estos momentos eso es un deseo, pero no forma parte de
ningún modelo. No se puede decir que sea así porque lo haya dicho el
director general de la Guardia Civil, probablemente como voluntad de
expresión o de deseo muy grata para él. No significa que eso sea
incompatible con los 700 millones de pesetas que pedimos de recorte de
los presupuestos en ese terreno. Insisto, complemento de productividad y
distintas cuestiones, le rogaría que lo lleváramos al debate de los
presupuestos generales del Estado.

En la información que necesariamente tienen que intercambiarse unos y
otros cuerpos, en lo que significa una mejora con la policía local y en
lo que pueda significar algún planteamiento de mejora de la policía
judicial, qué duda cabe que hay un terreno en el que podemos dialogar y
podemos encontrarnos el Gobierno con Izquierda Unida. Hay otras
cuestiones que nos van a separar, como las que acabo de citar, respecto
de la desmilitarización de la Guardia Civil.

A la señora Lasagabaster, portavoz de Eusko Alkartasuna, quiero darle las
gracias por las palabras de apoyo al Ministro. Se agradecen
especialmente, aunque sólo sea porque en estos momentos los apoyos son
necesarios y resultan indispensables, sobre todo cuando se producen desde
un partido como es Eusko Alkartasuna, que sin duda está bastante en las
antípodas políticas de lo que nosotros representamos y significamos en el
País Vasco.

He tomado buena nota del planteamiento que hace S. S. respecto del
repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ojalá podamos
racionalizar cuanto antes en lo posible esa presencia. Es verdad que lo
que muchas veces dificulta eso es simplemente la presencia de un delito,
que es la lucha contra el terrorismo, donde también tiene que trabajar la
Guardia Civil y la policía, aquí y allí. Eso muchas veces provoca una
desvirtuación de lo que podría ser un análisis más racional de lo que
puede ser una adecuación de Fuerzas de Seguridad del Estado y de policía
autónoma.




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En cualquier caso, la relación con el señor Atutxa ha permitido que
hablemos de este tema y no hay diferencias sustanciales en cuanto a que
entendemos que no es la cuestión más prioritaria de todas, aunque hay
ahí, está claro, diferencias políticas entre el Partido Nacionalista
Vasco, el Partido Popular y Eusko Alkartasuna, que pondrán el acento en
una y otra dirección.

No hace falta que S. S. nos diga a todos los demás que ustedes, pese a
que tienen unas posiciones discrepantes en esta materia, están con los
demócratas. Lo sabemos hace mucho tiempo. No hay ninguna duda. En ese
sentido, la línea divisoria entre demócratas y violentos algunos lo
sabemos separar desde siempre.

Lo que debe hacer la Mesa de Ajuria Enea lo tendrá que decidir la propia
Mesa de Ajuria Enea. Puede haber una diferencia determinada. Ellos son
los que evaluarán en la tarde de hoy o en las próximas reuniones lo que
significa o debe significar una estrategia común de lo que puede
significar el aparcamiento de alguna cuestión donde no hay unanimidad.

Pero ellos deben ser los que administren esencialmente de qué forma
trasladan a la sociedad un discurso coherente, sólido y al mismo tiempo
pueden salvar las posiciones particulares de cada uno de ellos. No lo
vamos a hacer desde el Congreso de los Diputados ni lo vamos a hacer
desde el Gobierno, porque sería una falta de respeto a lo que es el
significado de la Mesa de Ajuria Enea.

Respecto del acuerdo del Parlamento vasco sobre la resolución de
acercamiento de los presos, claro que he leído ese acuerdo, claro que lo
tomo en consideración, claro que para mí es significativo. Pero también
es significativo para mí el cumplimiento de la ley que hace que en
Instituciones Penitenciarias el Ministro del Interior sea el competente
para desarrollar definitivamente la política que tenga que establecer en
esa materia y que tratará de hacerlo de la forma que considere más
oportuno y más adecuada. Y eso no es ningún desdoro para la resolución
del Parlamento vasco que tiene unas políticas muy definidas sobre esta
cuestión, pero que sabe respetar el margen que tiene un Ministerio del
Interior y la Dirección de Instituciones Penitenciarias para adoptar una
política en esta dirección.

Por último, en cuanto a nuestra posición respecto de su grupo siempre
será que estamos a su disposición. Sabemos que existen algunos puntos de
discrepancia, pero no tenemos ninguna duda de que tenemos que seguir
trabajando en la dirección de resolver la normalización del País Vasco.

Respecto a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no lo he
interpretado como ninguna descortesía. Entiendo muy bien ese papel. Yo lo
he hecho muchas veces en el Parlamento vasco, con lo cual entiendo que
ustedes estén haciendo un papel de minoría. Yo lo he hecho muchas veces
en el País Vasco y en este sentido entiendo muy bien lo que es un grupo
pequeño y minoritario en una Cámara donde uno es minoría. Por eso valoro
especialmente su función.

En lo que se refiere al Pacto de Ajuria Enea, estoy de acuerdo. Lo
importante es que seamos capaces de darle todo el valor posible.

Precisamente el discurso que he tratado de hacer al comienzo de esta
sesión es que valoremos y apreciemos lo que hemos alcanzado: el Estatuto
de Autonomía, el Pacto de Ajuria Enea, los acuerdos que hemos ido
diseñando durante veinte años. La propia democracia es lo que tenemos que
saber valorar y no tenemos que descentrarnos porque, de pronto, un día un
grupo terrorista hace un comunicado que parece que pone patas arriba todo
lo que significa un esfuerzo de veinte años. Este tema, sin duda ninguna,
exige confianza en nosotros mismos, iniciativa política, y lo que hace
falta es que tengamos la convicción de que el escenario que tenemos es
fuerte, que es un escenario de fortaleza y un escenario desde la solidez.

En lo que usted dice sobre la insuficiencia de la policía, la relación
policía y jueces, yo creo que nosotros, antes de plantearnos la relación
policía-jueces, antes de echar la culpa a los jueces por lo mal que
funcionan en sus decisiones judiciales, tendríamos que hacer primero una
reflexión interna. Yo estoy de acuerdo, no en el marco especialmente
legislativo, no cambiando todas las leyes o haciendo un gran esfuerzo en
ese terreno; modificando algunas cosas para hacer frente a lo que
significan los actos de vandalismo callejero, pero no globalmente. De la
misma manera le digo que no creo que la prioridad nuestra sea la
modificación del marco legislativo; tampoco creo que en estos momentos
nosotros tengamos que empezar a plantearnos desde una institución las
deficiencias de las otras instituciones. Yo pienso que tenemos que entrar
en un período de reflexión sobre cómo funciona la institución que
nosotros podemos dirigir --en este caso, las policías--; vamos a ver de
qué forma o de qué manera se va funcionando y, evidentemente, vamos a
incorporar lo antes posible a esta reflexión, en el funcionamiento de la
seguridad del Estado, al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal.

Respecto a la cooperación transfronteriza, la vigilancia en caliente, que
usted planteaba, yo le vuelvo a decir lo mismo que le dije al señor
Atutxa cuando se comentó este tema: Vamos a marcar prioridades. Y en
estos momentos yo creo que la prioridad no es que se permita a la policía
autónoma vasca la persecución en caliente. Se ha producido un caso, uno.

Por un caso no vamos a cambiar todo un marco de relaciones. Vamos a
coordinar mejor policía autónoma, guardia civil y policía y luego
hablaremos de qué forma o de qué manera la policía autónoma o la
Consejería de Interior puede, además, participar con nosotros en esa
relación, por ejemplo, bilateral. A lo mejor no es un modelo imposible y
es un modelo que tengamos luego que tener en cuenta, pero, de momento,
creo que tenemos trecho suficiente para que avancemos en la coordinación;
primero, las mías, la guardia civil y la policía, y luego, evidentemente,
con la policía autónoma vasca. Le aseguro que eso nos va a exigir mucho
trabajo. Y debemos preocuparnos por lo menos de cuatro comisarías
conjuntas que existen, que en estos momentos significan, sin duda
ninguna, un buen gesto en el conjunto de las relaciones francoespañolas.

Contesto al señor Mardones, brevísimamente. Tomo muy buena nota de los
escudos propios de cada una de las policías. Habrá que cuidarlo, yo creo
que cada día habrá que poner más claro que es la seguridad del Estado la
que



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trata de tener los éxitos y los fracasos, pero no un cuerpo determinado.

Ese tipo de gestos lo trabajaremos.

Tomo nota también de lo que usted dice que sucede enlos aeropuertos en
Canarias. En este terreno, sí quiero anunciarle que, evidentemente, en la
primera ocasión que pueda me trasladaré a Canarias para no solamente
estudiar eso, sino estudiar un poco lo que significa el funcionamiento de
la policía en general en un archipiélago, que, en ese sentido, tiene una
dificultad especial.

Ha planteado usted una cuestión que creo que es importante, las medidas
que hay que tomar sobre sustancias químicas que sean catalogadas para
desviarse a fabricación ilícita de drogas. En ese terreno, yo le quiero
decir que vamos a desarrollar esa ley sobre medidas de control de
sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la
fabricación ilícita de drogas de la misma manera que vamos a trabajar
sobre el desarrollo de la ley, sobre la creación de un fondo procedente
de bienes decomisados por tráfico de drogas y vamos a regular también la
figura del agente colaborador, de enorme trascendencia en la cooperación
internacional y que, sin duda ninguna, va a exigir una reforma en ese
terreno. En el tema concreto que usted indica sin duda ninguna
trabajaremos en ese desarrollo especial.

Quiero agradecer a Convergència i Unió el tono, el apoyo, y decirle lo
mismo respecto a la persecución en caliente. En estos momentos, yo creo
que tenemos suficiente tarea para desplegar los mossos d½esquadra después
del acuerdo en el que, sin duda ninguna, se llegó a ese modelo de
sustitución. No me parece que en estos momentos es una prioridad
indispensable.

Tomo buena nota de lo que usted dice respecto a los grupos de mafias.

Quiero decirle que tiene usted razón, que ha habido muchos temas --y con
ello termino-- en los que lamento no haber hecho hincapié. No he hablado
de política de inmigración, no he hablado de protección civil, no he
hablado de tráfico. Son enormemente trascendentes, pero, evidentemente,
la materia es muy amplia y no he podido abordar todos ellos.

Muchas gracias al portavoz del Grupo Popular y sólo faltaba que no
expresara mi apoyo, mi solidaridad a su intervención, solidaridad que
espero que sea recíproca.




El señor PRESIDENTE: Abrimos para los portavoces de los grupos que lo
deseen un segundo y breve turno.

Grupo Parlamentario Socialista. Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Muy brevemente.

Naturalmente, el Ministro del Interior tiene que defender el buen nombre
del Vicepresidente del Gobierno, es su obligación. A partir de ahí, le
diré que si se hubiera considerado de mal gusto mencionar al
Vicepresidente Serra en las comisiones, en la anterior legislatura, o al
Presidente del Gobierno, viniera o no viniera a cuento, de manera
constante y permanente por la totalidad de Diputados de su grupo, quizá
el clima hubiera sido otro en la legislatura pasada. Si lo que usted nos
está proponiendo es una nueva norma que no tiene precedentes desde luego
en el comportamiento de su grupo parlamentario, en la medida en que lo
asuman, estaríamos encantados de hacerlo, pero la verdad es que hasta
ahora ha hecho siempre lo contrario el Grupo Parlamentario Popular. Y
además es que hay un problema. El señor Alvarez-Cascos no es una persona
particular, no, es Vicepresidente del Gobierno y es el que era Secretario
General del Partido Popular. ¡Claro que usted lo ha tenido que
rectificar, si se lo he dicho con claridad en mi primera intervención!
¡Claro, señor Mayor Oreja, que puede sacar su entrevista! Por eso le he
dicho que seguramente usted estaba muy satisfecho de poder sostener las
posiciones que ahora estaba sosteniendo. Pero es que el Secretario
General del Partido Popular, señor Alvarez-Cascos, mantuvo de manera
constante durante toda la legislatura no ya unas declaraciones, sino unos
pronunciamientos políticos que dificultaron y tensionaron hasta extremos
gravísimos el Pacto de Ajuria Enea. Y cuando, efectivamente, se ha
sostenido un determinado discurso por quien era el Secretario General y
cuando se llega al Gobierno se hace otro, es necesario decírselo a los
ciudadanos. La oposición no cumpliría su papel ni su obligación si no
dijera a los ciudadanos: Están haciendo, afortunadamente, un programa
distinto del que anunciaron en este tema. Y, a partir de ahí, claro que
nosotros no lo vamos a hacer. Hoy fijaba su postura y hoy fijábamos
nuestra postura el Grupo Parlamentario Socialista. A partir de ahora, ya
le he dicho cuál va a ser la actitud en materia antiterrorista del Grupo
Parlamentario Socialista. Cuando haya un desacuerdo, lo sabrá en el marco
del Pacto de Ajuria Enea, en el marco del Pacto de Madrid o, en su caso,
en el marco de relaciones políticas bilaterales. En materia
antiterrorista, no iremos, no estamos yendo, no lo vamos a hacer detrás
de la caza de los errores, eventuales o reales, tanto da, cometidos en
ese tipo de actividad. Por el contrario, la esencia de los pactos era
hacerlo en ese marco y no se preocupe que así lo va a hacer el Grupo
Parlamentario Socialista. Pero, insisto, es nuestra obligación decir a
los ciudadanos: Hicieron en la legislatura pasada un determinado programa
en esta materia; afortunadamente, no lo cumplen.

Al portavoz de su grupo no le voy a contestar porque hablaba tan rápido
que, francamente, no le he entendido, salvo una cita de Goebbels, que
supongo que ya a estas alturas se habrá arrepentido de haberla hecho y,
por lo tanto, no voy a insistir más en ese punto.

Señor Ministro, ha comentado el tema de los presos. ¡Hombre, sí, me
parece lógico! Ahora ya es el ministro y sólo le preocupa que ojalá
hubiera 13.000 vacantes más, pero lo cierto es que, hasta el final, en el
propio debate de aprobación final del Código Penal, el hoy Presidente de
esta Cámara --y espero que no le parezca mal que lo cite porque, qué le
vamos a hacer, era entonces el representante del Partido Popular cuando
hubo que mantener la tesis de la abstención--, entre los argumentos que
se manejaron, de nuevo fue los miles y miles de presos que saldrían. Y
una y otra vez hemos tenido que explicar en todas las fases --en
interpelaciones, preguntas, comparecencias, discursos-- hasta la saciedad
que eso no era cierto. Y es grave lanzar a la opinión pública el mensaje
de que no ya el Grupo Parlamentario Socialista, sino la totalidad de
grupos parlamentarios de la Cámara, pues de todos tuvo el voto



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positivo, con la sola abstención del Grupo Popular, eran responsables de
ese clima de inseguridad que se produciría como consecuencia de esas
excarcelaciones masivas. ¿Cómo no va a ser importante? Ese no es un tema
de pasado, es un tema de presente. Acaba de entrar en vigor el Código
Penal y se ha comprobado en su momento que era simplemente falso. Y eso
es grave. ¿Cómo no vamos a subrayarlo? Es evidente y además está claro
que no forma parte de las políticas antiterroristas o de cualquier otra
política en la que la crítica deba tamizarse e intentar formularse de
otro modo y en otro espacio. Es exactamente un caso típico y duro de
empleo demagógico de cifras sin haber estudiado, sin querer escuchar los
argumentos del Gobierno de manera insistente y permanente durante meses,
llevado hasta el final. Y que se ha comprobado que es falso. Queda ahí.

La policía judicial. Me ha parecido una defensa francamente muy
divertida, señor Ministro, la defensa de que así conviene, que ésa sería
una cosa justificadora, la separación de los dos ministerios, porque así
se produce una tensión creativa. Me parece imaginativa como respuesta, y,
en ese sentido, me lo he pasado bien oyéndola. La verdad que es una pena
que para una idea precisa que tenía la Ministra de Justicia vaya usted y
se la discuta, porque, además, mucho me temo que va a ser su criterio
--estoy casi seguro--, el criterio del Gobierno. Por lo demás, lo dicho
queda ahí y nada más que añadir.

Sí me ha tranquilizado lo que me dice de que bastará la pertenencia a
banda armada, eso era lo que no estaba claro en la prensa y, aunque no le
puedo pedir --lo comprendo perfectamente-- más detalles, me basta y, como
digo, me tranquiliza --creo que nos tranquiliza a todos-- que,
efectivamente la pertenencia a banda armada pueda ser ya motivo de
extradición, que no resultaba claro del tratamiento que hacía la prensa.

Los detalles ya tendremos ocasión de estudiarlos más adelante.

En todo caso, señor Ministro, ahí está esa doble oferta del Grupo
Parlamentario Socialista: trabajar juntos en el modelo policial y
plantear a otros partidos políticos la conveniencia de que estas
materias, incluso sus aspectos de reforma legislativa, puedan formar
parte de los pactos de Madrid, al menos del fondo de los pactos de
Madrid. No tiene por qué ser necesariamente la fórmula de que se discuta
en el pacto, pero sí que exista un acuerdo en virtud del cual los grupos
parlamentarios demos ese planteamiento a este tipo de temas. ¿Qué
significa eso? Pues, simplemente, que no los instrumentalicemos, que no
los utilicemos como herramientas frente a nadie y que nadie pretenda
sacar ventaja partidista de estos asuntos; en definitiva, que tengamos
las discusiones teniendo en cuenta que pueden formar parte de la
estrategia global antiterrorista.

Nada más. Muchas gracias por todo, señor Ministro, y enhorabuena por sus
dos intervenciones. Espero, por el bien de todos, que las cosas vayan muy
bien, porque cuando triunfa un Ministro del Interior, está triunfando el
conjunto de un país; cuando la política de un Ministerio del Interior
sale bien, salimos ganando todos y cuando sale mal, salimos perdiendo
todos, porque es una política de Estado.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Voy a ser muy breve.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Ministro esa vía de
colaboración que ha abierto, independientemente de cuál sea el modelo
policial final. Creo que es interesante intentar mejorar la coordinación,
mejorar el actual modelo. Como usted decía, ya veremos si, al final, eso
va a requerir una reforma legislativa o no, pero, en todo caso,
agradecemos, repito, esa vía; creo que puede ser interesante la
colaboración de todas las fuerzas políticas para que, en el día a día,
intentemos mejorar sensiblemente la actual situación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. También es importante que usted haya tomado buena
nota y que no tenga inconveniente en consultar con las fuerzas políticas
sobre la oportunidad o no de convocar el Pacto de Madrid a partir de la
reunión de hoy del Pacto de Ajuria Enea.

Finalmente, tengo que decirle que no ha contestado a dos preguntas. Una,
sobre las víctimas del GAL, nos gustaría saber qué opinión le merece la
última resolución de la Cámara vasca; y, otra, sobre la necesidad de
homologar los horarios de la Guardia Civil a los del Cuerpo de Policía
Nacional, entendiendo que son dos cuerpos que tienen encomendados los
mismos objetivos y, por tanto, desde el punto de vista constitucional, se
produce una disfunción.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario, Mixto, tiene la palabra
la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Simplemente mencionaré dos cuestiones.

En primer lugar, quiero decir que no es intención de esta Diputada entrar
a discutir nada de lo que se tenga que debatir en la Mesa de Ajuria Enea,
pero ya que en este foro se ha hablado en multitud de ocasiones del Pacto
de Ajuria Enea y del Pacto de Madrid, entiendo que hay que hacer una
referencia por dos razones.

La primera, porque el Pacto de Ajuria Enea es válido en cuanto a foro
para debatir de la mejor manera las soluciones o los problemas que puedan
existir y, en ese sentido, hay que discutir todo. Evidentemente, los que
participen determinarán si realmente es mejor solución dejar aparcadas
cosas o hacer frente a toda la problemática que se nos plantea con
audacia y valentía. La segunda, porque usted conoce perfectamente nuestra
opinión respecto al Pacto de Madrid. Por la razón que sea, que por
supuesto no voy a a argumentar ahora, el Pacto de Madrid recoge en
algunos casos contenidos y ausencias importantes respecto al Pacto de
Ajuria Enea, ausencias que, a nuestro entender, son significativas puesto
que forman parte de la naturaleza de los problemas y sí me «preocupa»
--entre comillas--, y digo que me preocupa en la medida que no sé cuáles
son los temas que se van a tratar en el Pacto de Madrid. Se ha hablado,
por ejemplo, del vandalismo; me gustaría saber si se va a tratar en el
Pacto de Madrid y no en el Pacto de Ajuria Enea o cómo va a ser, dado que
nuestra posición es distinta respecto a ambos pactos.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: También muy brevemente.

Quiero agradecer al señor Ministro la información que ha facilitado y
espero que pueda desarrollar la norma que nos ha dicho, tanto respecto a
sustancias químicas susceptibles de una desviación al tráfico interior de
estupefacientes como respecto a la utilización por la policía, por el
Ministerio del Interior, de los bienes decomisados por los delitos de
narcotráfico.

En cuanto al resto de su intervención, le reiteramos nuestra coincidencia
con sus posiciones. Y, en relación con el contencioso que el señor
Ministro mantiene con el señor Belloch, les diré que si no se ponen de
acuerdo a la hora de ubicar a la policía judicial o en cuanto a
Instituciones Penitenciarias, ahí tienen al Consejo General del Poder
Judicial, que permitiría un debate académico al respecto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra
la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Quiero manifestar al señor Ministro que me ha
gustado su idea de que sea en el seno de los pactos donde se dilucide si
realmente son necesarias modificaciones normativas de cara a conseguir
una mejor persecución de las conductas contrarias al orden público, tanto
respecto a la ley de Seguridad Ciudadana como respecto a posibles
modificaciones del Código Penal.

Sí quiero que quede clara otra idea que quizá no he sabido expresar con
la suficiente certeza. No he criticado, en absoluto, la labor de los
jueces, y mucho menos la labor de los jueces en el País Vasco. Creo que
han actuado con imparcialidad, con independencia y con respeto
escrupuloso al Derecho, como es su obligación, y, a veces, en situaciones
socialmente adversas. Lo que he querido significar es que unos jueces que
actúan debidamente y una policía que también actúa debidamente, muchas
veces los resultados no son todo los satisfactorios que debieran; esto
ocurre cuando no está bien incardinado el engranaje entre ambos,
engranaje que debe consistir en una policía judicial con una
independencia clara y al servicio de los jueces. Ese es el criterio que
yo sostengo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Voy a emplear tan sólo un minuto, señor Presidente,
para manifestar, como he dicho a lo largo de mi anterior intervención,
que a partir de esta sesión de hoy, confiamos en que todos los grupos
parlamentarios hablemos de futuro y no de pasado, en el bien entendido
que si algún grupo parlamentario, como hoy ha sido el caso, pretende
formular determinadas bromas, muy a nuestro pesar nos veremos obligados a
dar la contestación adecuada.

De todos modos, creo que en ese clima habido en alguna segunda
intervención podremos, sin lugar a dudas, llegar a entendernos todos
mucho mejor.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): También voy a ser
extraordinariamente breve.

Respecto a la intervención del señor Belloch, prefiero quedarme con el
planteamiento de futuro y los dos planteamientos que hemos hecho, en los
que creo puede haber un rasgo común. Me quedo con eso y confío en que
cada día tengamos un debate más sobre los problemas de futuro, que sin
duda son los que nos deben preocupar a todos. En todo caso, tomo buena
nota de la propuesta que me hace el señor Belloch. Ya verá como lo vamos
a materializar y, si quiere trabajar, vamos a hacerlo conjuntamente en
este tema, porque, insisto, el principal responsable de que exista una
política de Estado es el Gobierno, y el Gobierno, en la medida que
introduce fórmulas de participación real, fórmulas mediante las cuales
pueda hacer confiar a la oposición, mediante las cuales el Gobierno pueda
fiarse de la oposición y la oposición del Gobierno; en la medida que el
Gobierno no esconda nunca nada debajo de la mesa, sino que se atreva a
contárselo al principal o a los principales partidos de la oposición, que
son los que determinan lo que es de verdad una política leal, está
construyendo una política de Estado; si no estamos hablando de una
política que decimos que es de Estado, pero que, al final, no es más que
una fórmula de comodidad del Gobierno. Nuestro planteamiento en ese tema
va ser riguroso y serio y, sí se quiere por parte de la oposición entrar
en políticas de Estado a la hora de afrontar cuestiones que afectan al
Ministerio del Interior, sí se va a poder hablar de una política de
Estado.

La verdad, señor Meyer, respecto a lo que usted plantea, todavía no tengo
el acuerdo completo del Parlamento vasco. Sé que se ha debatido hace una
semana y ha contado con el apoyo de prácticamente todos los grupos, pero
no tengo el acuerdo concreto. Sí me gustaría que en el tema de las
víctimas no sólo participara el Gobierno del Estado, sino que
instrumentemos fórmulas para que el peso también recaiga en otras
instituciones. En cualquier caso, como no conozco exactamente la
totalidad del acuerdo que ha sido suscrito en el Parlamento vasco, me
reservo cuál va a ser la posición del Ministerio del Interior.

Conceptualmente, no me parece mal. Las víctimas del terrorismo son
víctimas del terrorismo. He de decir que prefiero tener la prudencia de
conocer primero exactamente el alcance. Aunque se instaba ciertamente al
Ministerio del Interior, todavía no he recibido el acuerdo, con lo cual
no puedo dar respuesta oficial y formal a lo que me va a enviar el
Parlamento vasco.

Sobre el tema de la homologación, en estos momentos no creo que pueda ser
posible. Las modalidades de trabajo de la guardia civil y de la policía
responden a organizaciones muy distintas. Le daré el listado del resumen
de horarios que hace al día la guardia civil, no menos de 44 horas de
media. Si se quiere que haya como una especie de impresión



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de que un cuerpo tiene privilegio respecto de otro no es verdad. Otra
cosa es que obedecen a cuerpos tan distintos que uno es militar y el otro
no y que tienen unos regímenes de organización de trabajo diferentes.

Está lejos de nuestra posición no contemplar en esa dirección del Estado
de qué forma y de qué manera ambos cuerpos organizan y gestionan el
trabajo. Trataremos de buscar una fórmula lo más razonable y equilibrada
posible.

Respecto a Eusko Alkartasuna, le invito a que participe en el Pacto de
Madrid. No pasa nada porque algún día asista. Invito formalmente a Eusko
Alkartasuna para que tenga la misma confianza que sin duda tiene en el
Pacto de Ajuria Enea. Es una invitación que hago a la Diputada
Lasagabaster y evidentemente me gustaría que trasladara a Eusko
Alkartasuna. Si hay un escenario sólido en el Pacto de Ajuria Enea no sé
por qué Eusko Alkartasuna no está en el Pacto de Madrid, pues el debate
tendría menos sentido si se adoptan o reflexionan algunas medidas en un
foro o en otro. En cualquier caso, esta cuestión tiene una especial
singularidad y ventaja que se trate en el Pacto de Madrid, en la forma
que plantea el señor Belloch; es decir, no hacer el gran debate
parlamentario, sino los grandes principios, porque luego esos mismos
grupos políticos van a trabajar en al tramitación de ese proyecto de ley.

Por eso tiene especial ventaja que haya alguna reflexión en el seno del
foro de Madrid, además de la que pueda producirse en el seno de Ajuria
Enea. Insisto en que aprovecho la ocasión para invitar a Eusko
Alkartasuna a la próxima reunión del Pacto de Madrid y confío que
participe en ella.

En cuanto al señor Mardones, le agradezco su intervención, y a la señora
Uría he de manifestarle que he entendido lo que ha querido decir antes
respecto de la policía judicial. En estos momentos no se puede hacer el
mismo planteamiento del modelo que existe en la actualidad. Sin ánimo de
ningún tipo de crítica, lo que he querido poner de manifiesto es que
primero hemos de preocuparnos de nosotros, de nuestras instituciones. Eso
no significa que no haya que abordar una mejor relación con los otros
cuerpos e instancias del Poder Judicial, que sin ninguna duda tienen
mucho que decir en esta cuestión.

Muchísimas gracias por el apoyo que en materia antiterrorista, sobre
todo, hemos recibido. El Gobierno tratará de administrarlo lo mejor
posible.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Mañana, a las diez de la mañana, se reúne nuevamente la Comisión para la
comparecencia del señor Presidente del Consejo del Poder Judicial.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.