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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 4-3, de 20/09/1996
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 20 de septiembre de 1996 Núm. 4-3
ENMIENDAS
121/000002 Medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios
profesionales. (Procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes
Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley
de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios
profesionales (procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio)
(número de expediente 121/000002).
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, en calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo
109 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras en
materia de Suelo y de Colegios Profesionales (Procedente del Real Decreto
5/1996, de 7 de junio).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
ENMIENDA
De supresión del artículo 2. Punto Uno.
Debe desaparecer este apartado manteniéndose el texto correspondiente del
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
JUSTIFICACION
El contenido normativo que se propone impide el objetivo que dice
perseguir la norma de incrementar la oferta de suelo disponible con la
finalidad de abaratarlo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
ENMIENDA NUM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
ENMIENDA
De supresión del artículo 2. Punto dos.
Debe suprimirse la redacción propuesta, volviéndose al texto del Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
JUSTIFICACION
Idéntica que la anterior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
ENMIENDA NUM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
ENMIENDA
De modificación del artículo 2. Punto. Tres.
«Las obras de rehabilitación de edificaciones de interés histórico,
artístico o cultural y las sustituciones de las edificaciones, sin
aumento del volumen construido, debidos a causas sobrevenidas y de fuerza
mayor no dará lugar a cesiones de aprovechamiento tipo a la Corporación.»
JUSTIFICACION
La no cesión de aprovechamiento debe producirse sólo en aquellos casos de
fuerza mayor o cuando se trate de intervenciones de especial interés
público.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
ENMIENDA NUM. 4
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
ENMIENDA
De modificación del artículo 5. Punto 3.
La redacción nueva del artículo 3.2. de Ley 2/1974, de 13 de febrero,
debe decir:
«Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones
colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente, si la ley de
creación de cada Colegio así lo establece...» (resto igual).
JUSTIFICACION
El respeto a las competencias legislativas que en materia de Colegios
Profesionales puedan tener asumidas las Comunidades Autónomas en los
respectivos Estatutos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
ENMIENDA NUM. 5
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado del Bloque Nacionalista Galego, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad
por la que se propone la devolución del Real Decreto Ley 15/1996, de 7 de
junio, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y Colegios
Profesionales, al Gobierno.
JUSTIFICACION
En primer lugar consideramos que el Proyecto de Ley ya convalidado y que
se encuentra en fase de tramitación invade las competencias de las
comunidades Autónomas, que como la de Galicia y otras, tienen competencia
exclusiva en materia de urbanismo. La tramitación es temeraria incluso
cuando en el propio Tribunal Constitucional está pendiente, ya ha sido
anunciado que en breve plazo procederá a emitir la correspondiente
sentencia, dirimiendo la competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas que tienen esta competencia exclusiva.
Existe una contradicción flagrante entre el mecanismo que se utiliza, la
reducción de la cesión por parte de los particulares a la Administración
Pública (los Ayuntamientos) ya que lo único que la medida hará es
aumentar el acaparamiento por parte de los particulares de las plusvalías
que genera el planeamiento, sacándosela a los Ayuntamientos que son los
únicos que mediante concierto pueden ofertar ese suelo, para la
construcción de viviendas, y por lo tanto abaratar el precio de las
mismas, aumentando la oferta en el mercado.
El Proyecto generará un desarrollo no armónico, ya que lo que primarán
son actuaciones puntuales, que lo único que ocasionarán serán la creación
de islas urbanísticas, a la carta y en función de los intereses de unos
pocos, con la eliminación de la distinción entre unas y otras clases de
suelo.
El precio de la vivienda no se abarata por decreto, debe tenerse en
cuenta que el suelo programado y clasificado en la actualidad, puede ser
dos veces más del necesario en las perspectivas actuales de crecimiento y
de desarrollo sostenido.
Gravedad que significa sacarle a los Ayuntamientos la capacidad de que
toda la Corporación pueda decidir y debatir desde el principio del
proceso el modelo de ciudad que persigue, manifiesta una inclinación al
oscurantismo y a la opacidad, que en materia de urbanismo han sido desde
siempre las principales fuentes de comportamientos inadecuados para los
intereses de los ciudadanos (corrupción) que han ido en beneficio de unos
pocos y en detrimento de los intereses de la ciudad y por lo tanto de la
mayoría de los ciudadanos.
En definitiva, la inutilidad del Real Decreto Ley, hoy Ley en trámite
parlamentario, para el abaratamiento de las viviendas, la generación de
suelo, la invasión de competencias de las Comunidades Autónomas, el
expolio de las competencias urbanísticas a los plenos de las
Corporaciones, legítimos representantes de los ciudadanos, nos llevan a
plantear la presente enmienda de devolución a la totalidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de
1996.--Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra
(BNG).--Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Mixto (BNG).
Nota: No admitida a trámite por la Mesa de la Comisión en su reunión del
día 18-9-96.
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra (BNG), integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley sobre
medidas de Suelo y Colegios Profesionales.
ENMIENDA NUM. 6
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA NUM. 1
Al artículo 1
De supresión.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 7
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA NUM. 2
Al artículo 2
De supresión.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 8
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA NUM. 3
Al apartado 2 del artículo 2
De modificación.
Donde dice: El 90%.
Debe decir: El 85%.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 9
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA NUM. 4
Al artículo 4
De supresión.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 10
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA NUM. 5
Al artículo 5
De supresión.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
ENMIENDA NUM. 11
PRIMER FIRMANTE:
Don Guillerme Vázquez Vázquez
(Grupo Mixto-BNG).
ENMIENDA NUM. 6
A la Disposición Transitoria
De supresión.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de
1996.--Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra
(BNG).--Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Mixto (BNG).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la totalidad
con texto alternativo, al Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras en
materia de suelo y de colegios profesionales (procedente del Real
Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio) (número de expediente 121/000002).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
ENMIENDA NUM. 12
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Totalidad con Texto Alternativo
Al Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales. (Procedentes del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de
junio).
Al Título de la Ley
Sustituir el título de la Ley por el siguiente:
Ley de medidas dirigidas a agilizar y potenciar el proceso urbanizador y
a favorecer el acceso a la vivienda y por las que se modifica la Ley
2/1974, de 13 de febrero, Reguladora de los Colegios Profesionales, para
adecuar el ejercicio de las profesiones colegiadas a la legislación en
materia de compentencia.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 47 de la Constitución mandata a los poderes públicos para que
garanticen el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda
digna, estableciendo la participación de la Comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, impidiendo la retención especulativa
del suelo.
Dicho artículo, junto con el artículo 45, que establece el derecho al
disfrute de todos los ciudadanos de un medio ambiente adecuado,
constituyen los pilares constitucionales básicos que obligan a las
Administraciones Públicas a configurar una política de suelo y de
vivienda que satisfaga las necesidades sociales.
La política de suelo y de vivienda debe desarrollarse respetando
estrictamente el sistema de reparto de competencias establecido en la
Constitución, atendiendo a los principios de solidaridad y de
colaboración entre las diferentes Administraciones. En dicho sistema,
corresponde a la Administración General del Estado el diseño del
ordenamiento básico del Régimen de propiedad del Suelo, el régimen de
valoraciones y los mecanismos de expropiación forzosa, junto al impulso y
la coordinación de las Administraciones Territoriales mediante el
establecimiento, fundamentalmente, de Convenios.
Numerosos estudios confirman que en España la escasez de suelo
urbanizado, que esté listo para ser edificado, a un coste compatible con
la construcción de viviendas asequibles, es el principal problema que
debe resolverse desde la acción pública y la concertación con la
iniciativa privada. La cuestión no es un problema meramente
administrativo de incremento cuantitativo del suelo calificado como
urbanizable, del que existe en España actualmente cantidad suficiente
como para satisfacer con creces las necesidades previsibles a medio plazo
que se derivan del crecimiento demográfico, sino en la dificultad de
promover la acción urbanizadora en dichos suelos.
Las causas de este problema y sus posibles soluciones han sido
reiteradamente analizadas, y recientemente, por el Comité de Expertos de
Urbanismo creado por Orden de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Sus conclusiones, junto a
la experiencia del Plan de Vivienda 1992-1995 en el que por primera vez
se articularon medidas financieras para desarrollar suelo urbanizado a
bajo coste, así como compromisos explícitos de las Administraciones en
cuanto a aportación de suelos para la construcción de viviendas
protegidas indica que con la legislación estatal vigente, incluso
teniendo en cuenta que el desarrollo de la competencia legislativa en
urbanismo le corresponde a las Comunidades Autónomas, y la necesaria
voluntad política para aplicarlo es posible aumentar de forma
significativa la oferta de viviendas asequibles destinadas a familias de
ingresos medios y bajos.
Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 12 de
diciembre de 1995 una Moción, como resultado de una Interpelación del
Grupo Parlamentario Popular, en la que se instó al Gobierno a que
reforzara una política activa de suelo para favorecer el ulterior aumento
de la oferta de suelo urbanizado a coste compatible con la construcción
de viviendas protegidas.
De todo ello, así como de la experiencia de algunos desarrollos
legislativos autonómicos a partir del vigente Real Decreto Legislativo
1/1992 por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, se deriva la
oportunidad del presente texto, que incorpora medidas puntuales con los
objetivos que se explican a continuación, sin entrar --por elemental
prudencia-- en una modificación en profundidad de la legislación
urbanística en vigor; dicha reforma sólo debe ser abordada una vez que el
Tribunal Constitucional resuelva los recursos interpuestos por algunas
Comunidades Autónomas contra el Real Decreto Legislativo 1/1992.
Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:
1)Favorecer con carácter general la disminución del precio de las
viviendas a partir de la reducción del precio del suelo urbanizado
mediante el incremento de la oferta de dicho suelo.
2)Favorecer, en particular, la oferta de suelo apto para la construcción
de viviendas de protección oficial, destinadas a las familias con
ingresos medios y bajos.
3)Estimular la actividad productiva en el sector inmobiliario, público y
privado, mediante el fomento de las actuaciones urbanizadoras.
Para lograr dichos objetivos y evitar la inseguridad jurídica y los
efectos perversos que la modificación del sistema ha producido después de
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, se ha
optado por potenciar las posibilidades que existen en la legislación
vigente del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, por lo que se proponen
tres artículos y cuatro Disposiciones:
Los dos primeros artículos desarrollan algunos preceptos de la
legislación urbanística en vigor, en línea con lo ya realizado por
determinadas Comunidades Autónomas, con el fin de fomentar la acción
urbanizadora de iniciativa pública o privada; asimismo introduce
garantías adicionales sobre el destino preferente para viviendas de
protección oficial de los suelos de patrimonio municipal así como del
resto de suelos de titularidad pública.
El artículo 3.º contiene una reducción de los plazos previstos para la
aprobación de los instrumentos de planeamiento y de gestión. Pero se ha
mantenido la distribución de competencias de la Ley de Bases de Régimen
Local en vigor, rechazando las modificaciones introducidas por el
Proyecto de Ley del Gobierno que hurtaban a la decisión del Pleno de los
Ayuntamientos la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión
urbanizadora atribuyéndoselo a los alcaldes.
El texto alternativo contiene además una Disposición Adicional que
establece un mandato al Gobierno para la elaboración y presentación al
Congreso de los Diputados con carácter de urgencia, de un Programa
Estratégico del Suelo en colaboración con las Administraciones
Autonómicas y Locales, en el que se priorice la obtención de suelo
urbanizado destinado a la construcción de viviendas de protección
oficial, una Disposición Transitoria que prevé la posibilidad de utilizar
las modificaciones de la Ley por los Ayuntamientos, una Disposición Final
que declara básico lo regulado en el artículo 2.º de la Ley y una
Disposición Derogatoria Unica.
En cuanto a los Colegios Profesionales, el artículo 38 de la Constitución
Española reconoce la libertad de empresa y encomienda a los poderes
públicos la protección de su ejercicio al tiempo que consagra, en su
artículo 139.2, la libertad de circulación y establecimiento de las
personas en todo el territorio español. Para que estos principios puedan
realizarse en las condiciones de libertad e igualdad que la propia
Constitución proclama como valores superiores de nuestro ordenamiento
jurídico es preciso asegurar la vigencia, también en el ámbito del
ejercicio profesional, de las normas que defienden la libre competencia.
La Ley que regula los Colegios Profesionales data de 1974. En el largo
período transcurrido desde esa fecha se ha producido una reforma profunda
del sistema político y económico, pero los aspectos económicos de la
normativa sobre profesionales no han sido modificados. La reforma
realizada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, tuvo como principal
objeto suprimir las referencias a la legislación preconstitucional, y
acabar con el carácter de los Colegios como «cauce orgánico de
participación de los españoles en las funciones públicas de carácter
representativo» para atribuirles el papel previsto en la Constitución. De
esta forma, en sus aspectos políticos, la legislación sobre los Colegios,
después de la reforma de 1978, quedó adaptada al nuevo marco político.
Ahora se hace preciso adecuar la legislación de las profesiones
colegiadas a las nuevas reglas de funcionamiento económico existentes en
España, en donde se ha pasado de un sistema económico fuertemente
intervenido y regulado a un sistema de libertad y competencia. Tanto por
la aplicación del modelo económico constitucional, como por las
consecuencias de la integración de España en la Comunidad Europea, la
necesidad de la adaptación, ampliamente sentida, ha sido puesta de
manifiesto en un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. En él
se señala cómo el desfase entre la legislación económica aplicable a las
profesiones y los Colegios y la que se aplica al resto de la economía ha
sido superado en muchos casos por el procedimiento de no cumplir la Ley
de 1974, con el consiguiente riesgo para la seguridad jurídica que ello
implica.
El alcance de la reforma consiste esencialmente en asegurar, en el ámbito
estricto del ejercicio profesional, la plena vigencia y efectividad del
núcleo normativo de la defensa de la competencia, y la competencia
desleal, constituido por las Leyes 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia, 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal y
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Por ello, para adecuar el ejercicio de las profesiones colegiadas a la
legislación protectora de la competencia se hace preciso reformar
determinados criterios contenidos en la Ley 2/1974 de Colegios
Profesionales respetando las competencias sobre Colegios Profesionales y
ejercicio de las profesiones tituladas que se recogen en los
correspondientes Estatutos de las Comunidades Autónomas.
La reforma por tanto, se limita, al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1 1.ª y 18.ª, a declarar legislación básica, con las
salvedades que se especifican, aquellos aspectos relacionados con el fin
de la misma, que es como se ha dicho adecuar el ejercicio de las
profesiones colegiadas a las normas sobre competencia.
CAPITULO I
Suelo
Artículo 1.º
1.El Programa de Actuación preceptivo del Plan General de Ordenación
Urbana podrá desvincularse de la documentación
de éste y formularse independientemente del mismo.
Los Municipios podrán aprobar y modificar los Programas de Actuación que
tendrán carácter plurianual, junto a sus Presupuestos Generales a los que
se unirán como anexo.
El Programa de Actuación deberá delimitar los terrenos de suelo
urbanizable cuya incorporación al proceso urbanizador y edificatorio
comprometa, con adscripción de los fondos públicos precisos a tal fin y
fijación de los plazos para la formulación del planeamiento
correspondiente, el comienzo de la actividad de ejecución y su
finalización.
2.En el suelo urbanizable la gestión de la actividad urbanística se
producirá a todos los efectos, incluyendo la elaboración del planeamiento
urbanístico preciso para legitimar el proceso urbanizador y edificatorio
y la ejecución de éste, conforme a las disposiciones de pertinente
aplicación. según que los terrenos estén o no programados.
En cualquier caso, el Plan General en el suelo urbanizable definirá las
condiciones objetivas que garanticen la lógica de su desarrollo y
determinará en el mismo los sistemas generales y locales que conforman la
estructura y ordenación urbanística territorial con el detalle suficiente
para precisar su ejecución urbanizadora.
Asimismo, asignará las intensidades y usos globales a las diferentes
zonas de ordenación y delimitará los sectores o definirá los criterios
para su delimitación en función de la estructura y ordenación territorial
establecidas.
3.A los efectos de la actuación en los terrenos del suelo urbanizable
cuya urbanización aún no esté programada:
a)Los Programas de Actuación Urbanística podrán, por sí mismos, ultimar
la ordenación de los que comprendan y legitimar la ejecución.
Los concursos para la formulación y ejecución de Programas de Actuación
Urbanística podrán celebrarse exclusivamente sobre la base de un pliego
de condiciones que determine las características urbanísticas, técnicas,
económicas y jurídicas de la actuación a ordenar y ejecutar, incluidas la
retribución a percibir por el urbanizador-adjudicatario, así como los
compromisos y las obligaciones, sustantivas y temporales, a asumir por
este último, que deberán suponer, desde luego, el cumplimiento de las
cargas legales propias del régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
El pliego podrá contener la previsión de la determinación del sistema de
actuación mediante convenio urbanístico a suscribir entre la
Administración actuante y el urbanizador-adjudicatario, cuyas condiciones
deberán incluirse en las ofertas que se formulen. El convenio podrá
contener previsiones sobre las relaciones entre el
urbanizador-adjudicatario y los propietarios de los terrenos afectados.
Los propietarios que representen al menos el sesenta por ciento de la
superficie total de los terrenos comprendidos en el ámbito de la
actuación prevista y asuman en firme, en documento público, el compromiso
de constituirse en Junta de Compensación, conforme a unas precisas bases,
podrán participar en los concursos, a cuya adjudicación tendrán derecho
precedente, aun no resultando adjudicatarios, si asumieran íntegramente
las condiciones de la oferta que resultara serlo, dentro del plazo de
diez días que se le deberá otorgar a tal fin.
b)La retribución del urbanizador-adjudicatario será con cargo a la
propiedad de los terrenos afectados y consistirá preferentemente en la
adjudicación de parcelas edificables de valor equivalente a los costes de
urbanización y gestión asumidos, salvo que la resolución del concurso o
el acuerdo con los propietarios afectados establezca una forma de pago
distinta.
c)Los Programas de Actuación Urbanística se ejecutarán por el sistema que
se determine al efecto en el convenio suscrito entre la Administración
actuante y el urbanizador-adjudicatario y, en su defecto, por el sistema
de expropiación, en el que éste será beneficiario y podrá, en todo caso,
solicitar y obtener de la Administración actuante la liberalización de la
expropiación de los terrenos de aquellos propietarios respecto de los que
alcance acuerdos para su participación, en cualquier forma en la
actividad de ejecución.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el supuesto de
adjudicación a los propietarios de los terrenos conforme a lo previsto en
la letra a) precedente en el que se procederá --en defecto de convenio--
por el sistema de compensación.
d)La formalización y el cumplimiento de los convenios previstos en la
letra a) precedente se rigen por los principios de transparencia y
publicidad.
e)Podrán tramitarse conjuntamente en un solo procedimiento el Programa de
Actuación Urbanística y cuantos otros instrumentos sean precisos para la
realización de la actividad urbanizadora.
Artículo 2.º
1.Las cesiones obligatorias y gratuitas del suelo y aprovechamiento que
forman parte del régimen urbanístico básico de la propiedad del suelo son
cargas legales que gravan los correspondientes terrenos y deberes
personales de los propietarios, que éstos deben cumplir cuando asuman la
ejecución del planeamiento urbanístico, en los términos de la legislación
urbanística.
2.Los terrenos del patrimonio municipal del suelo en que se localice el
aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita sólo podrán
ser destinados a la construcción de viviendas sujetas al régimen de
protección oficial o a usos declarados legal o reglamentariamente de
utilidad pública o interés social.
Cuando la localización de la cesión de aprovechamiento urbanístico o la
calificación urbanística de los terrenos correspondientes aconsejen, y
así se acuerde, la sustitución de dicha cesión por su equivalente en
metálico, los ingresos así obtenidos deberán destinarse a la obtención de
suelo para el patrimonio municipal con el destino previsto en el párrafo
anterior.
3.Los Planes calificarán con la misma finalidad de los puntos anteriores
todas aquellas parcelas de titularidad pública cuyo destino efectivo
precedente fuera el uso dotacional o el de equipamiento público.
Cuando razones excepcionales basadas en el interés general aconseje, y
así se acuerde, desafectar de todo uso o servicio público los terrenos de
dominio público de titularidad de cualquier Administración, éstos
quedarán sujetos a la cesión de patrimonio municipal del suelo del
aprovechamiento urbanístico correspondiente que nunca será inferior al
50% del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentra.
Idéntica regla es de aplicación a los terrenos de propiedad de empresas
públicas, sean entidades de derecho público o mercantiles con capital
mayoritariamente público, en el momento en que sean objeto de
privatización total o de una parcial que implique la pérdida por el
sector público de la mayoría del capital social o, en todo caso, del
control de la entidad.
No procederá la aplicación del derecho de reversión en ninguno de los
casos regulados en los apartados anteriores.
Artículo 3.º
Los artículos del Real Decreto Ley 1/1992, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que a continuación se
relacionan y, siempre que no se disponga de manera diferente en la
legislación urbanística, quedarán modificados en los siguientes términos:
1.El período de información pública al que se hace referencia en los
artículos 114.1 y 116.a) no superará los dos meses.
2.En el segundo párrafo del artículo 116.a) la expresión: (...) en los
supuestos de planes de iniciativa particular, será de tres meses desde
(...); se sustituye por: (...) En los supuestos de planes de iniciativa
particular, será de dos meses desde (...).
3.En el segundo párrafo del artículo 116.b), la expresión: (...) no podrá
exceder de un año desde (...); se sustituye por: (...) no podrá exceder
de seis meses desde (...).
4.En el artículo 117.2, la expresión: (...) los Ayuntamientos competentes
en el plazo de tres meses (...); se sustituye por: (...) los
Ayuntamientos competentes en el plazo de dos meses.
5.En el artículo 119.3, la expresión: (...) de detalle, será de tres
meses desde (...), se sustituye por: (...) de detalle, será de dos meses
desde (...).
6.Modificar en el artículo 157.2, párrafo 1, la frase «El plazo para
acordar sobre la apropiación inicial será de 3 meses... desde la
presentación de la documentación completa» por la frase «El plazo para
acordar sobre la apropiación inicial será de un mes desde la presentación
de la documentación completa».
Y la frase del artículo 157.2 párrafo segundo «Los Estatutos y Bases se
entenderán aprobados si transcurrieran tres meses desde su aprobación
inicial...» por la frase «Los Estatutos y Bases se entenderán aprobados
si transcurriera un mes desde su aprobación inicial...».
7.Modificar en el artículo 161.2 la frase «en el plazo de un mes desde la
notificación de dicho acuerdo» por la frase «en el plazo de 15 días desde
la notificación de dicho acuerdo».
8.Modificar en el artículo 165.4.a) la frase «dentro de los tres meses
siguientes a la aprobación de la delimitación de una unidad de
ejecución», por la frase «dentro del mes siguiente a la aprobación de la
delimitación de una unidad de ejecución».
9.Modificar en el artículo 165.4.b) párrafo segundo la frase «por los
interesados en los 3 meses siguientes» por la frase «por los interesados
en el mes siguiente...».
10.Modificar en el artículo 165.5 la frase «por el Ayuntamiento en el
plazo de 3 meses» por la frase «por el Ayuntamiento en el plazo de un
mes».
Artículo 4.º
Se adicionan las siguientes Disposiciones al Real Decreto Ley 1/1992, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana que quedará redactada con el siguiente texto:
Disposición Adicional
Programa estratégico del Suelo
1.El Ministerio de Fomento, antes de finalizar 1996, remitirá al Congreso
de los Diputados un Programa Estratégico del Suelo que tendrá por objeto
establecer, de acuerdo con las previsiones que al respecto señalen las
Comunidades Autónomas, la política de colaboración del Estado en las
iniciativas de creación de suelo urbanizado que adopten las
Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas. El Programa
priorizará las actuaciones necesarias para que se agilicen, con carácter
de urgencia la construcción de viviendas de protección oficial.
2.La ejecución del Programa Estratégico de Suelo se realizará mediante
convenios con las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas
que deberán contemplar las actuaciones preferentes, las ubicaciones
concretas y los compromisos presupuestarios de cada Administración.
Disposición Transitoria
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley,
los Ayuntamientos fomentarán la adaptación de los procedimientos ya
iniciados a las modificaciones que los agilicen dispuestas en esta Ley.
Disposición Final
El artículo 2.º precedente tiene carácter de legislación básica
Disposición Derogatoria
Unica
Quedan derogados los preceptos contenidos en normas generales o
especiales de igual o inferior rango que se opongan o sean incompatibles
con lo establecido en la presente Ley.
CAPITULO II
Colegios profesionales
Artículo 5.ºModificación de la Ley de Colegios Profesionales
Los artículos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales que a continuación se relacionan quedarán redactados en los
términos siguientes:
1.Se da nueva redacción al número 1 del artículo 2 queda redactado de la
forma siguiente:
«El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes.
El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de
libre Competencia y, sin perjuicio de la legislación general aplicable,
estará sujeto a la Ley sobre Defensa de la Competencia, a la Ley sobre
Competencia Desleal y a la Ley General de Publicidad.
La publicidad de los profesionales colegiados se regirá por lo dispuesto
en la Ley General de Publicidad. Los Colegios están legitimados para
ejercitar las acciones de cese y rectificación de la publicidad ilícita a
que se refiere el artículo 25 de la Ley General de Publicidad.»
2.El número 2 del artículo 2 queda redactado como sigue:
«Los Consejos Generales y en su caso los Colegios de ámbito nacional
informarán preceptivamente los anteproyectos de disposiciones de carácter
general que se refieran a las condiciones de ejercicio de la profesión,
entre las que figuran el ámbito, los títulos oficiales requeridos y el
régimen de incompatibilidades con otras profesiones y el de retribuciones
u honorarios.»
3.Se introduce un número 4 en el artículo 2, que queda redactado como
sigue:
«4.Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán
los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia.»
4.El número 2 del artículo 3 queda redactado en la forma siguiente:
«2.Para el ejercicio de las profesiones colegiadas en todo el territorio
nacional será requisito indispensable y suficiente estar inscrito en un
solo colegio, cualquiera que sea su ámbito territorial. La incorporación
obligatoria se efectuará en el Colegio de la demarcación donde se ejerza
la profesión de forma principal.»
5.Se añade un número 3 al artículo 3, con la redacción siguiente:
«Quedan exonerados del requisito de la colegiación obligatoria los
titulados que ejerzan sus funciones con exclusividad como personal al
servicio de las Administraciones Públicas por su condición de
funcionarios de carrera o de contratados en régimen laboral.»
6.Se introduce un número 4 en el artículo 3 que queda redactado en la
forma siguiente:
«4.Cuando una profesión se organice por colegios de distinto ámbito
territorial, los Estatutos Generales podrán establecer la obligación de
los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de
colegiación de comunicar a los Colegios distintos al de su inscripción
las actuaciones que vayan a realizar en sus demarcaciones, a fin de
quedar sujetos a las competencias de ordenación y control. Cuando tal
ejercicio en territorio distinto al de colegiación vaya a ser habitual,
bastará con comunicar esta circunstancia.»
7.El apartado k del artículo 5 queda redactado como sigue:
«k.Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la
competencia desleal entre los mismos a través del ejercicio de las
acciones que las leyes establecen.»
8.El apartado l del artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
«l.Ejercitar las acciones que las leyes establecen para la represión del
intrusismo.»
9.El apartado ñ del artículo 5 queda sin contenido.
10.El apartado p del artículo 5 queda redactado como sigue:
«Encargarse del cobro de las percepciones y remuneraciones u honorarios
profesionales a petición de los Colegiados, en los casos en que el
Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se
determinen en los Estatutos de cada Colegio.»
11.El apartado q del artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:
«q.Visar los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así se
establezca expresamente en los Estatutos, de conformidad con lo que se
disponga en su caso por la legislación correspondiente.
El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones
contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las
partes.»
12.El apartado a del número 3 del artículo 6 quedará redactado como
sigue:
«a.Adquisición, denegación y pérdida de la condición de colegiado y
clases de los mismos.
Los Estatutos no podrán condicionar la colegiación a la prestación de
fianzas, garantías u otras cargas análogas salvo que la Administración
competente los imponga como condición de acceso al ejercicio privado de
la profesión colegiada.»
13.El apartado J del número 3 del artículo 6 quedará redactado como
sigue:
«J.Régimen de la nota-encargo o presupuesto que los colegiados deberán
presentar o, en su caso, exigir a los clientes.»
14.Se da nueva redacción al párrafo 3.º del artículo 7.
«Podrán ser candidatos los colegiados que, ostentando la condición de
electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o
estatutaria.»
15.Se añade el artículo 10:
«El Gobierno, previo informe de la Junta Superior de Precios y del
Colegio o del Consejo de Colegios correspondiente,
podrá establecer un baremo de honorarios con carácter orientativo a fin
de facilitar el cumplimiento de las normas procesales en materia de
costas judiciales o para asegurar el interés público en los casos en que
el ejercicio profesional se preste como consecuencia de un contrato con
las distintas Administraciones Públicas.»
Artículo 6.º
Se sustituyen las Disposiciones Transitorias de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales por las siguientes:
DisposiciónES TransitoriaS
Primera
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley los Consejos
Generales o Colegios Unicos de ámbito nacional promoverán la adaptación
de los Estatutos Generales respectivos a las reformas introducidas por la
presente Ley.
Segunda
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que haya
tenido lugar la adaptación referida quedarán sin efecto aquellos
preceptos de los Estatutos Generales que se opongan o resulten contrarios
a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 7.º
Se sustituye la Disposición Final de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales por las siguientes:
Disposiciónes Finales
Primera.Carácter de Legislación básica y no básica
De los artículos de la Ley de Colegios Profesionales a los que se da
nueva redacción en el artículo único de esta Ley tendrán la consideración
de legislación básica en materia de colegios profesionales dictada al
amparo de los artículos 149.1.1 y 149.1.18 los siguientes preceptos:
Los artículos 2.1; 2.4; 3.2; 5 p; 6.3 a; 7; 8 y 10.
Segunda.Desarrollo Reglamentario
Se autoriza al Gobierno para dictar en su ámbito de competencias las
normas de desarrollo reglamentario de la presente Ley.
Artículo 8.º
Se sustituye la Disposición Derogatoria de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales por la siguiente:
Disposición Derogatoria
Unica
Quedan derogados los preceptos contenidos en normas generales o
especiales de igual o inferior rango que se opongan o resulten
incompatibilidades con lo establecido en la presente Ley.
Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta 4 enmiendas al
Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales, procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de
junio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 1996.--Joaquim
Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència I
Unió).
ENMIENDA NUM. 13
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).
ENMIENDA (ALTERNATIVA)
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales, a los efectos de adicionar un párrafo al final
del artículo 2.
Redacción que se propone:
«Artículo 2
...
Lo dispuesto en este artículo tendrá carácter supletorio en defecto de
legislación urbanística autonómica.»
JUSTIFICACION
Respetar las competencias autonómicas en este ámbito.
ENMIENDA NUM. 14
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley de medidas liberalizadoras
en materia de suelo y de colegios profesionales, a los efectos de
adicionar un párrafo al final del apartado Dos del artículo 5, por el que
se modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero, reguladora de los Colegios
Profesionales.
Redacción que se propone:
«Artículo 5
Dos. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 2 con la siguiente
redacción:
Los acuerdos, decisiones... dicha Ley.
Quedan excepcionados de la presente disposición y, por tanto, no
requerirán de la referida autorización singular, los Convenios que,
voluntariamente, puedan establecer, en representación de sus colegiados,
los Colegios Profesionales con los representantes de sectores económicos,
para la determinación de los honorarios aplicables a la prestación de
determinados servicios.»
JUSTIFICACION
Evitar interpretaciones no deseadas que coartarían la libertad de los
Colegios Profesionales para establecer convenios de carácter voluntario
con los representantes de sectores económicos.
ENMIENDA NUM. 15
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales, a los efectos de adicionar un párrafo al final
del apartado Tres del artículo 5, por el que se modifica la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, reguladora de los Colegios Profesionales.
Redacción que se propone:
«Artículo 5
Tres. Se modifica el artículo 3.2., que queda redactado de la siguiente
forma:
Es requisito indispensable.../... Estado
Cuando los Colegios estén organizados territorialmente atendiendo a la
adscripición legal del lugar de prestación de sus servicios, para poder
ejercer en otro habrá de causarse baja en el anterior.»
JUSTIFICACION
Prever esta excepción cuando se produce una adscripción legal a un
determinado territorio.
ENMIENDA NUM. 16
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).
ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales, a los efectos de modificar la Disposición Final
Primera.
Redacción que se propone:
«Disposición Final Primera El artículo 2 de la presente Ley tendrá
carácter supletorio en defecto de legislación urbanística autonómica.»
JUSTIFICACION
Salvaguardar las competencias de las Comunidades Autónomas con
legislación urbanística propia.
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada por Guipúzcoa (EA), integrada en
el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de
medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales.
ENMIENDA NUM. 17
PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Ola zábal (Grupo Mixto-EA).
ENMIENDA NUM. 1
Al artículo 1.º
De supresión.
JUSTIFICACION
Una de las consecuencias que se deriva de la supresión de la distinción
entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado es
la exclusión de la posibilidad
de que los Planes Generales o las revisiones de sus programas de
actuación puedan establecer sobre suelo clasificado como urbanizable no
programado, reservas de terrenos de posible adquisición para constitución
o ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
Esta herramienta urbanística ha permitido a la administración construir
viviendas protegidas dirigidas al segmento de menor poder adquisitivo de
la población, construcción que sólo puede abordarse por la Administración
que, obviamente, necesita adquirir suelo suficiente y a precios no
especulativos. Múltiples razones apoyan esta intervención de la
Administración en la adquisición de suelo, pudiendo destacarse la
referida a una adecuada utilización de la plusvalía generada por la
acción urbanística cuando ésta revierte precisamente en la construcción
de viviendas destinadas a aquellas personas que no pueden acceder al
mercado libre.
La carestía de la vivienda constituye una problemática grave y
generalizada que provoca que actualmente un porcentaje elevado de la
población no pueda acceder a una vivienda digna. Por ello, eliminar la
distinción entre suelo urbanizable programado y no programado no hace
sino restar capacidad de actuación de las Administraciones Públicas en la
tarea de facilitar el disfrute de una vivienda en condiciones dignas a la
población.
ENMIENDA NUM. 18
PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Ola zábal (Grupo Mixto-EA).
ENMIENDA NUM. 2
Al artículo 2.º apartados 1 y 2
De supresión.
JUSTIFICACION
A través de este artículo se incrementa del 85% al 90% el aprovechamiento
patrimonializable por los titulares de terrenos en suelo urbanizable y
suelo urbano cuando se actúe mediante unidades de ejecución y del 85% al
100% en suelo urbano no incluido en unidades de ejecución.
Esta medida reduce ampliamente la capacidad de los Ayuntamientos para
intervenir en el mercado de suelo a través de los patrimonios municipales
de suelo cuyo destino principal es precisamente la construcción de
viviendas de protección oficial, al disminuirse el aprovechamiento que
corresponde a la Administración en favor de los particulares.
Además, en la Comunidad Autónoma del País Vasco esta medida tiene mayores
repercusiones, en cuanto que dificulta la aplicación de la Ley 17/1994
que impone al planeamiento de los municipios con población superior a
7.000 habitantes, la calificación como suelo destinado a la construcción
de viviendas sujetas a protección pública, la superficie de terreno que
resulte necesaria para materializar en suelo urbano, el 20% del
aprovechamiento total residencial previsto en operaciones integradas de
reforma interior que deban ser ejecutadas mediante unidades de ejecución
y en suelo urbanizable programado, para cada uno de los cuatrienios, y en
suelo apto para urbanizar, el 65% del total residencial previsto.
Frente a la imposibilidad de demostrar que con estas medidas vaya a
conseguirse un abaratamiento de la vivienda, se tiene la absoluta certeza
de que se van a hacer menos viviendas sociales porque se va a disponer de
menos suelo público y la iniciativa privada no va a suplir esta carencia,
por lo que van a volver a quedar desatendidas una vez más aquellas
personas que no puedan acceder al mercado de la vivienda libre.
Estas medidas tomadas aisladamente producen un efecto negativo para la
efectiva puesta en el mercado del máximo número posible de viviendas a
las que se pueda acceder razonablemente, que debe ser el objetivo de una
adecuada política del suelo y vivienda a la que con este Decreto-Ley se
añade una dificultad privando a la Administración de una parte importante
de suelo para la construcción de viviendas protegidas.
ENMIENDA NUM. 19
PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Ola zábal (Grupo Mixto-EA).
ENMIENDA NUM. 3
Al artículo 2, apartado 3.
De modificación.
Donde dice: Corporación
Debe decir: Ayuntamiento.
JUSTIFICACION
Por mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 1996.--Begoña
Lasagabaster Olazábal, Diputada por Guipúzcoa (EA).--Francisco Rodríguez
Sánchez, Portavoz del Grupo Mixto (BNG).
Paulino Rivero Baute, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido
en el artículo 110, del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales.
(Procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio).
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 1996.--Paulino
Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.--Luis Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
ENMIENDA NUM. 20
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 1
Artículo 1
De supresión.
JUSTIFICACION
Con la supresión propuesta de este artículo, pretendemos mantener la
distinción entre suelo urbanizable programado y no programado que
establece el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de julio, puesto que
no está claro que la supresión propuesta en el Proyecto de Ley suponga un
aumento de la oferta de suelo y un abaratamiento de su precio, ya que
ello depende más de la libre decisión de sus propietarios, de acuerdo a
sus necesidades de venta. Por lo tanto, consideramos que esta supresión,
así como la disminución de los porcentajes de cesión a los Ayuntamientos,
no llevan aparejado un estímulo a la actividad, sino que más bien pueden
favorecer nuevas tendencias a la retención especulativa del suelo.
ENMIENDA NUM. 21
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 2
Artículo 2. Uno
De supresión.
Se propone suprimir el texto del punto uno del artículo 2, sin variar el
texto del artículo 27, punto cuatro del Real Decreto Legislativo 1/1992.
JUSTIFICACION
La modificación propuesta por el Proyecto del Gobierno, junto con la
prevista en el artículo uno, supone una reducción de un 33% de la
formación de patrimonio público de suelo urbanizable, es decir del suelo
destinado, por mandato legal, a la edificación de viviendas de protección
oficial y a otros usos de interés social. Por esta razón consideramos
necesario mantener el porcentaje obligatorio de cesiones a los
Ayuntamientos.
ENMIENDA NUM. 22
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.
ENMIENDA NUM. 3
Artículo 2. Dos
De modificación.
Sustituir: «90 por 100».
Por: «85 por 100».
JUSTIFICACION
La redacción de este artículo, tal como prevé el proyecto de Ley de
Medidas Liberalizadoras en materia de suelo, disminuye peligrosamente la
capacidad de los Ayuntamientos para disponer de suelo para viviendas de
protección oficial pública. Este hecho pondría en serias dificultades la
ejecución del III Plan de Viviendas de Canarias al incrementarse la
escasez del suelo, y, además, obligaría a las corporaciones locales a
tener que comprar los terrenos, aumentando así su endeudamiento.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las
siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras en
Materia de Suelo y de Colegios Profesionales (número de expediente
121/000002)
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
ENMIENDA NUM. 23
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al Título del Proyecto
De sustitución.
Sustituir el título del Proyecto por el siguiente:
Ley de Medidas dirigidas a agilizar y potenciar el proceso urbanizador y
favorecer el acceso a la vivienda y por las que se modifica la Ley
2/1974, de 13 de febrero, Reguladora de los Colegios Profesionales, para
adecuar el ejercicio de las profesiones colegiadas a la legislación en
materia de competencia.
MOTIVACION
Adecuación del contenido real del Proyecto de Ley a su titulación.
ENMIENDA NUM. 24
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la exposición de motivos
De sustitución.
Sustituir la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley por la siguiente:
«EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 47 de la Constitución mandata a los poderes públicos para que
garanticen el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda
digna, estableciendo la participación de la Comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, impidiendo la retención especulativa
del suelo.
Dicho artículo, junto con el artículo 45, que establece el derecho al
disfrute de todos los ciudadanos de un medio ambiente adecuado,
constituyen los pilares constitucionales básicos que obligan a las
Administraciones Públicas a configurar una política de suelo y de
vivienda que satisfaga las necesidades sociales.
La política de suelo y de vivienda debe desarrollarse respetando
estrictamente el sistema de reparto de competencias establecido en la
Constitución, atendiendo a los principios de solidaridad y de
colaboración entre las diferentes Administraciones. En dicho sistema,
corresponde a la Administración General del Estado el diseño del
ordenamiento básico del Régimen de propiedad del Suelo, el régimen de
valoraciones y los mecanismos de expropiación forzosa, junto al impulso y
la coordinación de las Administraciones Territoriales mediante el
establecimiento, fundamentalmente, de Convenios.
Numerosos estudios confirman que en España la escasez de suelo
urbanizado, que esté listo para ser edificado, a un coste compatible con
la construcción de viviendas asequibles, es el principal problema que
debe resolverse desde la acción pública y la concertación con la
iniciativa privada. La cuestión no es un problema meramente
administrativo de incremento cuantitativo del suelo calificado como
urbanizable, del que existe en España actualmente cantidad suficiente
como para satisfacer con creces las necesidades previsibles a medio plazo
que se derivan del crecimiento demográfico, sino en la dificultad de
promover la acción urbanizadora en dichos suelos.
Las causas de este problema y sus posibles soluciones han sido
reiteradamente analizadas, y recientemente, por el Comité de Expertos de
Urbanismo creado por Orden de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Sus conclusiones, junto a
la experiencia del Plan de Vivienda 1992-1995 en el que por primera vez
se articularon medidas financieras para desarrollar suelo urbanizado a
bajo coste, así como compromisos explícitos de las Administraciones en
cuanto a aportación de suelos para la construcción de viviendas
protegidas indica que con la legislación estatal vigente, incluso
teniendo en cuenta que el desarrollo de la competencia legislativa en
urbanismo le corresponde a las Comunidades Autónomas, y la necesaria
voluntad política para aplicarlo es posible aumentar de forma
significativa la oferta de viviendas asequibles destinadas a familias de
ingresos medios y bajos.
Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 12 de
diciembre de 1995 una Moción, como resultado de una Interpelación del
Grupo Parlamentario Popular, en la que se instó al Gobierno a que
reforzara una política activa de suelo para favorecer el ulterior aumento
de la oferta de suelo urbanizado a coste compatible con la construcción
de viviendas protegidas.
De todo ello, así como de la experiencia de algunos desarrollos
legislativos autonómicos a partir del vigente Real Decreto Legislativo
1/1992 por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, se deriva la oportunidad del presente texto, que
incorpora medidas puntuales con los objetivos que se explican a
continuación, sin entrar --por elemental prudencia-- en una modificación
en profundidad de la legislación urbanística en vigor; dicha reforma sólo
debe ser abordada una vez que el Tribunal Constitucional resuelva los
recursos interpuestos por algunas Comunidades Autónomas contra el Real
Decreto Legislativo 1/1992.
Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:
1) Favorecer con carácter general la disminución del precio de las
viviendas a partir de la reducción del precio del suelo urbanizado
mediante el incremento de la oferta de dicho suelo.
2) Favorecer, en particular, la oferta de suelo apto para la construcción
de viviendas de protección oficial, destinadas a las familias con
ingresos medios y bajos.
3) Estimular la actividad productiva en el sector inmobiliario, público y
privado, mediante el fomento de las actuaciones urbanizadoras.
Para lograr dichos objetivos y evitar la inseguridad jurídica y los
efectos perversos que la modificación del sistema ha producido después de
la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, se ha
optado por potenciar las posibilidades que existen en la legislación
vigente del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, por lo que se proponen
tres artículos y cuatro Disposiciones:
Los dos primeros artículos desarrollan algunos preceptos de la
legislación urbanística en vigor, en línea con lo ya realizado por
determinadas Comunidades Autónomas, con el fin de fomentar la acción
urbanizadora de iniciativa pública o privada; asimismo introduce
garantías adicionales sobre el destino preferente para viviendas de
protección oficial de los suelos de patrimonio municipal así como del
resto de suelos de titularidad pública.
El artículo 3.º contiene una reducción de los plazos previstos para la
aprobación de los instrumentos de planeamiento
y de gestión. Pero se ha mantenido la distribución de competencias de la
Ley de Bases de Régimen Local en vigor, rechazando las modificaciones
introducidas por el Proyecto de Ley del Gobierno que hurtaban a la
decisión del Pleno de los Ayuntamientos la aprobación de los instrumentos
de planeamiento y gestión urbanizadora atribuyéndoselo a los alcaldes.
El texto alternativo contiene además una Disposición Adicional que
establece un mandato al Gobierno para la elaboración y presentación al
Congreso de los Diputados con carácter de urgencia, de un Programa
Estratégico del Suelo en colaboración con las Administraciones
Autonómicas y Locales, en el que se priorice la obtención de suelo
urbanizado destinado a la construcción de viviendas de protección
oficial, una Disposición Transitoria que prevé la posibilidad de utilizar
las modificaciones de la Ley por los Ayuntamientos, una Disposición Final
que declara básico lo regulado en el artículo 2.º de la Ley y una
Disposición Derogatoria Unica.
En cuanto a los Colegios Profesionales, el artículo 38 de la Constitución
Española reconoce la libertad de empresa y encomienda a los poderes
públicos la protección de su ejercicio al tiempo que consagra, en su
artículo 139.2, la libertad de circulación y establecimiento de las
personas en todo el territorio español. Para que estos principios puedan
realizarse en las condiciones de libertad e igualdad que la propia
Constitución proclama como valores superiores de nuestro ordenamiento
jurídico es preciso asegurar la vigencia, también en el ámbito del
ejercicio profesional, de las normas que defienden la libre competencia.
La Ley que regula los Colegios Profesionales data de 1974. En el largo
período transcurrido desde esa fecha se ha producido una reforma profunda
del sistema político y económico, pero los aspectos económicos de la
normativa sobre profesionales no han sido modificados. La reforma
realizada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, tuvo como principal
objeto suprimir las referencias a la legislación preconstitucional, y
acabar con el carácter de los Colegios como «cauce orgánico de
participación de los españoles en las funciones públicas de carácter
representativo» para atribuirles el papel previsto en la Constitución. De
esta forma, en sus aspectos políticos, la legislación sobre los Colegios,
después de la reforma de 1978, quedó adaptada al nuevo marco político.
Ahora se hace preciso adecuar la legislación de las profesiones
colegiadas a las nuevas reglas de funcionamiento económico existentes en
España, en donde se ha pasado de un sistema económico fuertemente
intervenido y regulado a un sistema de libertad y competencia. Tanto por
la aplicación del modelo económico constitucional, como por las
consecuencias de la integración de España en la Comunidad Europea la
necesidad de la adaptación, ampliamente sentida, ha sido puesta de
manifiesto en un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. En él
se señala cómo el desfase entre la legislación económica aplicable a las
profesiones y los Colegios y la que se aplica al resto de la economía ha
sido superado en muchos casos por el procedimiento de no cumplir la Ley
de 1974, con el consiguiente riesgo para la seguridad jurídica que ello
implica.
El alcance de la reforma consiste esencialmente en asegurar, en el ámbito
estricto del ejercicio profesional, la plena vigencia y efectividad del
núcleo normativo de la defensa de la competencia, y la competencia
desleal, constituido por las Leyes 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia, 3/1991, de 10 de enero, sobre Competencia Desleal y
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Por ello, para adecuar el ejercicio de las profesiones colegiadas a la
legislación protectora de la competencia se hace preciso reformar
determinados criterios contenidos en la Ley 2/1974 de Colegios
Profesionales respetando las competencias sobre Colegios Profesionales y
ejercicio de las profesiones tituladas que se recogen en los
correspondientes Estatutos de las Comunidades Autónomas.
La reforma por tanto, se limita, al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.1.ª y 18.ª, a declarar legislación básica, con las
salvedades que se especifican, aquellos aspectos relacionados con el fin
de la misma, que es como se ha dicho adecuar el ejercicio de las
profesiones colegiadas a las normas sobre competencia».
MOTIVACION
Mejor expresión de los objetivos de la Ley.
ENMIENDA NUM. 25
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al artículo 1.º
De sustitución.
Sustituir el artículo 1.º del Proyecto de Ley por el texto siguiente:
«Artículo 1.º
1. El Programa de Actuación preceptivo del Plan General de Ordenación
Urbana podrá desvincularse de la documentación de éste y formularse
independientemente del mismo.
Los Municipios podrán aprobar y modificar los Programas de Actuación que
tendrán carácter plurianual, junto a sus Presupuestos Generales a los que
se unirán como anexo.
El Programa de Actuación deberá delimitar los terrenos de suelo
urbanizable cuya incorporación al proceso urbanizador y edificatorio
comprometa, con adscripción de los fondos públicos precisos a tal fin y
fijación de los plazos para la formulación del planeamiento
correspondiente, el comienzo de la actividad de ejecución y su
finalización.
2. En el suelo urbanizable la gestión de la actividad urbanística se
producirá a todos los efectos, incluyendo la elaboración del planeamiento
urbanístico preciso para legitimar el proceso urbanizador y edificatorio
y la ejecución de éste, conforme a las disposiciones de pertinente
aplicación, según que los terrenos estén o no programados.
En cualquier caso, el Plan General en el suelo urbanizable definirá las
condiciones objetivas que garanticen la lógica
de su desarrollo y determinará en el mismo los sistemas generales y
locales que conforman la estructura y ordenación urbanística territorial
con el detalle suficiente para precisar su ejecución urbanizadora.
Asimismo, asignará las intensidades y usos globales a las diferentes
zonas de ordenación y delimitará los sectores o definirá los criterios
para su delimitación en función de la estructura y ordenación territorial
establecidas.
3. A los efectos de la actuación en los terrenos del suelo urbanizable
cuya urbanización aún no esté programada:
a) Los Programas de Actuación Urbanística podrán, por sí mismos, ultimar
la ordenación de los que comprendan y legitimar la ejecución.
Los concursos para la formulación y ejecución de Programas de Actuación
Urbanística podrán celebrarse exclusivamente sobre la base de un pliego
de condiciones que determine las características urbanísticas, técnicas,
económicas y jurídicas de la actuación a ordenar y ejecutar, incluidas la
retribución a percibir por el urbanizador-adjudicatario, así como los
compromisos y las obligaciones, sustantivas y temporales, a asumir por
este último, que deberán suponer, desde luego, el cumplimiento de las
cargas legales propias del régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
El pliego podrá contener la previsión de la determinación del sistema de
actuación mediante convenio urbanístico a suscribir entre la
Administración actuante y el urbanizador-adjudicatario, cuyas condiciones
deberán incluirse en las ofertas que se formulen. El convenio podrá
contener previsiones sobre las relaciones entre el
urbanizador-adjudicatario y los propietarios de los terrenos afectados.
Los propietarios que representen al menos el sesenta por ciento de la
superficie total de los terrenos comprendidos en el ámbito de la
actuación prevista y asuman en firme, en documento público, el compromiso
de constituirse en Junta de Compensación, conforme a unas precisas bases,
podrán participar en los concursos, a cuya adjudicación tendrán derecho
precedente, aun no resultando adjudicatarios, si asumieran íntegramente
las condiciones de la oferta que resultara serlo, dentro del plazo de
diez días que se le deberá otorgar a tal fin.
b) La retribución del urbanizador-adjudicatario será con cargo a la
propiedad de los terrenos afectados y consistirá preferentemente en la
adjudicación de parcelas edificables de valor equivalente a los costes de
urbanización y gestión asumidos, salvo que la resolución del concurso o
el acuerdo con los propietarios afectados establezca una forma de pago
distinta.
c) Los Programas de Actuación Urbanística se ejecutarán por el sistema
que se determine al efecto en el convenio suscrito entre la
Administración actuante y el urbanizador-adjudicatario y, en su defecto,
por el sistema de expropiación, en el que éste será beneficiario y podrá,
en todo caso, solicitar y obtener de la Administración actuante la
liberalización de la expropiación de los terrenos de aquellos
propietarios respecto de los que alcance acuerdos para su participación,
en cualquier forma en la actividad de ejecución.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el supuesto de
adjudicación a los propietarios de los terrenos conforme a lo previsto en
la letra a) precedente en el que se procederá --en defecto de convenio--
por el sistema de compensación.
d) La formalización y el cumplimiento de los convenios previstos en la
letra a) precedente se rigen por los principios de transparencia y
publicidad.
e) Podrán tramitarse conjuntamente en un solo procedimiento el Programa
de Actuación Urbanística y cuantos otros instrumentos sean precisos para
la realización de la actividad urbanizadora.»
MOTIVACION
Lograr la potenciación de la actividad urbanística.
ENMIENDA NUM. 26
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al artículo 2.º
De sustitución.
Sustituir el artículo 2.º del Proyecto de Ley por el texto siguiente:
«Artículo 2.º
1. Las cesiones obligatorias y gratuitas del suelo y aprovechamiento que
forman parte del régimen urbanístico básico de la propiedad del suelo son
cargas legales que gravan los correspondientes terrenos y deberes
personales de los propietarios, que éstos deben cumplir cuando asuman la
ejecución del planeamiento urbanístico, en los términos de la legislación
urbanística.
2. Los terrenos del patrimonio municipal del suelo en que se localice el
aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita sólo podrán
ser destinados a la construcción de viviendas sujetas al régimen de
protección oficial o a usos declarados legal o reglamentariamente de
utilidad pública o interés social.
Cuando la localización de la cesión de aprovechamiento urbanístico o la
calificación urbanística de los terrenos correspondientes aconsejen, y
así se acuerde, la sustitución de dicha cesión por su equivalente en
metálico, los ingresos así obtenidos deberán destinarse a la obtención de
suelo para el patrimonio municipal con el destino previsto en el párrafo
anterior.
3.Los Planes calificarán con la misma finalidad de los puntos anteriores
todas aquellas parcelas de titularidad pública cuyo destino efectivo
precedente fuera el uso dotacional o el de equipamiento público.
Cuando razones excepcionales basadas en el interés general aconseje, y
así se acuerde, desafectar de todo uso o servicio público los terrenos de
dominio público de titularidad de cualquier Administración, éstos
quedarán sujetos a la cesión de patrimonio municipal del suelo del
aprovechamiento urbanístico correspondiente que nunca será inferior al
50% del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentra.
Idéntica regla es de aplicación a los terrenos de propiedad de empresas
públicas, sean entidades de derecho público o mercantiles con capital
mayoritariamente público, en el momento en que sean objeto de
privatización total o de una parcial que implique la pérdida por el
sector público de la mayoría del capital social o, en todo caso, del
control de la entidad.
No procederá la aplicación del derecho de reversión en ninguno de los
casos regulados en los apartados anteriores.»
MOTIVACION
Mejor regulación de los aprovechamientos correspondientes a los
Ayuntamientos y potenciación de la vivienda de protección oficial y otros
usos de interés social, declarados así legal o reglamentariamente.
ENMIENDA NUM. 27
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al artículo 3.º
De sustitución.
Sustituir el artículo 3.º del Proyecto por el texto siguiente:
«Artículo 3.º
Los artículos del Real Decreto Ley 1/1992, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que a continuación se
relacionan y, siempre que no se disponga de manera diferente en la
legislación urbanística, quedarán modificados en los siguientes términos:
1. El período de información pública al que se hace referencia en los
artículos 114.1 y 116.a) no superará los dos meses.
2. En el segundo párrafo del artículo 116.a) la expresión: (...) en los
supuestos de planes de iniciativa particular, será de tres meses desde
(...); se sustituye por: (...) En los supuestos de planes de iniciativa
particular, será de dos meses desde (...).
3. En el segundo párrafo del artículo 116.b), la expresión: (...) no
podrá exceder de un año desde (...); se sustituye por: (...) no podrá
exceder de seis meses desde (...).
4. En el artículo 117.2, la expresión: (...) los Ayuntamientos
competentes en el plazo de tres meses (...); se sustituye por: (...) los
Ayuntamientos competentes en el plazo de dos meses.
5. En el artículo 119.3, la expresión: (...) de detalle, será de tres
meses desde (...), se sustituye por: (...) de detalle, será de dos meses
desde (...).
6. Modificar en el artículo 157.2, párrafo 1, la frase «El plazo para
acordar sobre la apropiación inicial será de 3 meses... desde la
presentación de la documentación completa» por la frase «El plazo para
acordar sobre la apropiación inicial será de un mes desde la presentación
de la documentación completa».
Y la frase del artículo 157.2 párrafo segundo «Los Estatutos y Bases se
entenderán aprobados si transcurrieran tres meses desde su aprobación
inicial...» por la frase «Los Estatutos y Bases se entenderán aprobados
si transcurriera un mes desde su aprobación inicial...»
7. Modificar en el artículo 161.2 la frase «en el plazo de un mes desde
la notificación de dicho acuerdo» por la frase «en el plazo de 15 días
desde la notificación de dicho acuerdo».
8. Modificar en el artículo 165.4.a) la frase «dentro de los tres meses
siguientes a la aprobación de la delimitación de una unidad de
ejecución», por la frase «dentro del mes siguiente a la aprobación de la
delimitación de una unidad de ejecución».
9. Modificar en el artículo 165.4.b) párrafo segundo la frase «por los
interesados en los 3 meses siguientes» por la frase «por los interesados
en el mes siguiente...»
10. Modificar en el artículo 165.5 la frase «por el Ayuntamiento en el
plazo de 3 meses» por la frase «por el Ayuntamiento en el plazo de un
mes».»
MOTIVACION
Completar la reducción de los plazos en los trámites de los expedientes
de gestión y ejecución urbanística que omite el Proyecto de Ley.
ENMIENDA NUM. 28
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al artículo 4.º
De supresión.
Suprimir el artículo 4.º del Proyecto de Ley.
MOTIVACION
Mantener la distribución de competencias reguladas en la vigente Ley de
Bases de Régimen Local.
ENMIENDA NUM. 29
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
Al artículo 5.º
De sustitución.
Sustituir el texto del artículo 5.º del Proyecto de Ley por el siguiente:
«Artículo 5.ºModificación de la Ley de Colegios Profesionales
Los artículos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales que a continuación se relacionan quedarán redactados en los
términos siguientes:
1. Se da nueva redacción al número 1 del artículo 2 queda redactado de la
forma siguiente:
«El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes.
El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de
libre Competencia y, sin perjuicio de la legislación general aplicable,
estará sujeto a la Ley sobre Defensa de la Competencia, a la Ley sobre
Competencia Desleal y a la Ley General de Publicidad.
La publicidad de los profesionales colegiados se regirá por lo dispuesto
en la Ley General de Publicidad. Los Colegios están legitimados para
ejercitar las acciones de cese y rectificación de la publicidad ilícita a
que se refiere el artículo 25 de la Ley General de Publicidad».
2. El número 2 del artículo 2 queda redactado como sigue:
«Los Consejos Generales y en su caso los Colegios de ámbito nacional
informarán preceptivamente los anteproyectos de disposiciones de carácter
general que se refieran a las condiciones de ejercicio de la profesión,
entre las que figuran el ámbito, los títulos oficiales requeridos y el
régimen de incompatibilidades con otras profesiones y el de retribuciones
u honorarios.»
3. Se introduce un número 4 en el artículo 2, que queda redactado como
sigue:
«4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán
los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia.»
4. El número 2 del artículo 3 queda redactado en la forma siguiente:
«2. Para el ejercicio de las profesiones colegiadas en todo el territorio
nacional será requisito indispensable y suficiente estar inscrito en un
solo colegio, cualquiera que sea su ámbito territorial. La incorporación
obligatoria se efectuará en el Colegio de la demarcación donde se ejerza
la profesión de forma principal.»
5. Se añade un número 3 al artículo 3, con la redacción siguiente:
«Quedan exonerados del requisito de la colegiación obligatoria los
titulados que ejerzan sus funciones con exclusividad como personal al
servicio de las Administraciones Públicas por su condición de
funcionarios de carrera o de contratados en régimen laboral.»
6. Se introduce un número 4 en el artículo 3 que queda redactado en la
forma siguiente:
«4. Cuando una profesión se organice por colegios de distinto ámbito
territorial, los Estatutos Generales podrán establecer la obligación de
los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de
colegiación de comunicar a los Colegios distintos al de su inscripción
las actuaciones que vayan a realizar en sus demarcaciones, a fin de
quedar sujetos a las competencias de ordenación y control. Cuando tal
ejercicio en territorio distinto al de colegiación vaya a ser habitual,
bastará con comunicar esta circunstancia.»
7. El apartado k del artículo 5 queda redactado como sigue:
«k. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la
competencia desleal entre los mismos a través del ejercicio de las
acciones que las leyes establecen.»
8. El apartado l del artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
«l. Ejercitar las acciones que las leyes establecen para la represión del
intrusismo.»
9. El apartado ñ del artículo 5 queda sin contenido.
10. El apartado p del artículo 5 queda redactado como sigue:
«Encargarse del cobro de las percepciones y remuneraciones u honorarios
profesionales a petición de los Colegiados, en los casos en que el
Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se
determinen en los Estatutos de cada Colegio.»
11. El apartado q del artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:
«q. Visar los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así se
establezca expresamente en los Estatutos, de conformidad con lo que se
disponga en su caso por la legislación correspondiente.
El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones
contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las
partes.»
12. El apartado a del número 3 del artículo 6 quedará redactado como
sigue:
«a. Adquisición, denegación y pérdida de la condición de colegiado y
clases de los mismos.
Los Estatutos no podrán condicionar la colegiación a la prestación de
fianzas, garantías u otras cargas análogas salvo que la Administración
competente los imponga como condición de acceso al ejercicio privado de
la profesión colegiada.»
13. El apartado J del número 3 del artículo 6 quedará redactado como
sigue:
«J. Régimen de la nota-encargo o presupuesto que los colegiados deberán
presentar o, en su caso, exigir a los clientes.»
14. Se da nueva redacción al párrafo 3.º del artículo 7.
«Podrán ser candidatos los colegiados que, ostentando la condición de
electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o
estatutaria.»
15. Se añade el artículo 10:
«El Gobierno, previo informe de la Junta Superior de Precios y del
Colegio o del Consejo de Colegios correspondiente, podrá establecer un
baremo de honorarios con carácter orientativo a fin de facilitar el
cumplimiento de las normas procesales en materia de costas judiciales o
para asegurar el interés público en los casos en que el ejercicio
profesional se preste como consecuencia de un contrato con las distintas
Administraciones Públicas».»
MOTIVACION
Adecuar la legislación de las profesiones colegiadas a las nuevas reglas
de funcionamiento económico existente en España, donde se ha pasado de un
sistema económico fuertemente intervenido, a un sistema de libertad y
competencia.
ENMIENDA NUM. 30
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Adicional
De adición.
Añadir una nueva Disposición Adicional al Proyecto de Ley con el texto
siguiente:
«Disposición Adicional. Programa estratégico del Suelo
1. El Ministerio de Fomento, antes de finalizar 1996, remitirá al
Congreso de los Diputados un Programa Estratégico del Suelo que tendrá
por objeto establecer, de acuerdo con las previsiones que al respecto
señalen las Comunidades Autónomas, la política de colaboración del Estado
en las iniciativas de creación de suelo urbanizado que adopten las
Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas. El Programa
priorizará las actuaciones necesarias para que se agilicen, con carácter
de urgencia la construcción de viviendas de protección oficial.
2. La ejecución del Programa Estratégico de Suelo se realizará mediante
convenios con las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas
que deberán contemplar las actuaciones preferentes, las ubicaciones
concretas y los compromisos presupuestarios de cada Administración.»
MOTIVACION
Creación del Programa Estratégico del Suelo para mejor establecer la
política de colaboración del Estado en las iniciativas de creación de
suelo urbanizado que adopten las Administraciones Locales y las
Comunidades Autónomas.
ENMIENDA NUM. 31
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Transitoria
De sustitución.
Sustituir el texto de la Disposición Transitoria del Proyecto de Ley por
el siguiente:
«Disposición Transitoria Primera.Urbanismo y suelo
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley,
los Ayuntamientos fomentarán la adaptación de los procedimientos ya
iniciados a las modificaciones que los agilicen dispuestas en esta Ley.»
MOTIVACION
En coherencia con las enmiendas anteriores.
ENMIENDA NUM. 32
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Transitoria
De adición.
Añadir una nueva Disposición Transitoria Segunda con el siguiente texto:
«Disposición Transitoria Segunda
Se sustituye la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/1974, de 13
de febrero, de Colegios Profesionales, por la siguiente:
Disposición Transitoria Primera
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, los Colegios
Generales o Colegios Unicos de ámbito nacional promoverán la adaptación
de los Estatutos Generales respectivos a las reformas introducidas por la
presente Ley.»
MOTIVACION
En coherencia con las enmiendas anteriores.
ENMIENDA NUM. 33
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Transitoria
De adición.
Añadir una nueva Disposición Transitoria Tercera con el siguiente texto:
«Disposición Transitoria Tercera
Sustituir el texto de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, por el siguiente:
Disposición Transitoria Segunda
Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que haya
tenido lugar la adaptación referida quedarán sin efecto aquellos
preceptos de los Estatutos Generales que se opongan o resulten contrarios
a lo establecido en la presente Ley.»
MOTIVACION
En coherencia con las enmiendas anteriores.
ENMIENDA NUM. 34
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Final
De sustitución.
Sustituir la Disposición Final Primera del Proyecto por el texto
siguiente:
«Disposición Final
El artículo 2.º precedente tiene carácter de legislación básica.»
MOTIVACION
En coherencia con las enmiendas anteriores.
ENMIENDA NUM. 35
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Final Segunda
De sustitución.
Sustituir la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley por el texto
siguiente:
«Disposición Final Segunda. Carácter de Legislación básica y no básica
De los artículos de la Ley de Colegios Profesionales a los que se da
nueva redacción en el artículo único de esta Ley tendrán la consideración
de legislación básica en materia de colegios profesionales dictada al
amparo de los artículos 149.1.1 y 149.1.18 los siguientes preceptos:
Los artículos 2.1; 2.4; 3.2; 5 p; 6.3 a; 7; 8 y 10.»
MOTIVACION
En coherencia con las enmiendas anteriores.
ENMIENDA NUM. 36
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
ENMIENDA
A la Disposición Final Tercera
De sustitución.
Sustituir el texto de la Disposición Final Tercera del Proyecto de Ley
por el siguiente texto:
«Disposición Final Tercera. Desarrollo Reglamentario
Se autoriza al Gobierno para dictar en su ámbito de competencias las
normas de desarrollo reglamentario de la presente Ley.»
MOTIVACION
En coherencia con las enmiendas anteriores.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales.
(Procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio) (número de
expediente 121/000002).
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 1996.--Julián
Fernández Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
ENMIENDA NUM. 37
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo 1
De supresión.
Su suprime el artículo primero
MOTIVACION
Se trata de un artículo confuso que no contribuye a alcanzar los
objetivos pretendidos por el Decreto-Ley. El precepto suprime la
diferencia entre el Suelo urbanizable Programado y el No Programado y
esta redacción introduce una confusión sobre si, por un lado, se pretende
suprimir la capacidad del Plan General y, en consecuencia, de la
Administración, de programar la entrada en el mercado del Suelo
Urbanizable. Si es así, se abre la puerta a un crecimiento desordenado,
caótico, deslavazado y disgregado de las ciudades, a demás de generar y
propiciar operaciones especulativas de retención de los sectores próximos
a la ciudad, buscando el aumento de centralización derivado de la
ejecución de los sectores más alejados.
Si, por el contrario, se mantiene la capacidad de programación no queda
claro si la Administración estaría obligada a la ejecución de los
sistemas generales necesarios para dar viabilidad a todos y a cada uno de
los sectores sin discriminación en cualquier momento y en cualquier
situación.
Es fácil deducir que en cualquiera de los casos, los Ayuntamientos
limitarían la superficie de suelo clasificado reduciéndola, al menos, a
la que con la regulación anterior se hubiera incluido en la clase de
suelo Urbanizable Programado, anulando los efectos pretendidos con el
Decreto-Ley. La escasez de suelo no es de suelo urbanizable sino de suelo
urbanizado y estas medidas de modificación de la Ley no van encaminadas a
dar solución a este problema.
Parece que existe el objetivo implícito de eliminar la posibilidad,
reconocida por la Ley actual para el Suelo Urbanizable No Programado, de
exigir cesiones por encima de los mínimos establecidos en el Anexo al
Reglamento de Planeamiento, cuando la práctica ha demostrado que dichas
exigencias nunca han contribuido a la elevación del precio de las
viviendas resultantes. Este precio se ha tasado, muchas veces, en el
mismo convenio o en las mismas bases del concurso de programación.
Por otra parte este precepto tendría carácter supletorio y por lo tanto
sólo sería de aplicación a las Comunidades Autónomas cuya norma
urbanística aplicable es el R.D.L. 1/1992, por lo que existe el peligro
de establecer grandes confusiones y diferencias entre las diferentes CC.
AA. del Estado español.
ENMIENDA NUM. 38
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Segundo. 1
De supresión.
Se suprime el apartado primero del artículo segundo
MOTIVACION
Los objetivos se alcanzan mejor con la redacción alternativa propuesta
para el párrafo tercero.
ENMIENDA NUM. 39
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Segundo. 2
De supresión.
Se suprime el apartado segundo del artículo segundo.
MOTIVACION
La elevación del porcentaje de aprovechamiento patrimoniable por los
propietarios del suelo del 85% al 90% supone la pérdida del 33% del
patrimonio público de suelo. Dicha elevación no contribuye al descenso
del precio de la vivienda puesto que el propietario de suelo valora su
propiedad en función de la repercusión de suelo de las viviendas que en
él pueden construirse, según su precio en el mercado, y que es capaz de
soportar. Por esta razón un aumento en el número de dichas viviendas
provoca automáticamente una elevación del precio del suelo.
Además de no alcanzar los objetivos de disminución del precio de la
vivienda, se produce una merma de las plusvalías que, por mandato
constitucional, recupera la Administración, además de una reducción del
patrimonio municipal de suelo, fuente fundamental de la producción de
viviendas para las capas más desprotegidas de la sociedad y un aumento de
los problemas económicos de las haciendas locales actualmente de enorme
gravedad, para hacer frente a la dotación de infraestructura y
equipamiento de servicios.
ENMIENDA NUM. 40
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Segundo. 3.
De modificación.
Se establece una nueva redacción
«En edificios construidos con anterioridad a la fecha de la Aprobación
Inicial del Plan General o las Normas Subsidiarias correspondientes se
entenderá Patrimonializado su aprovechamiento a la medida y cuantía en
que fuera recogido dentro de ordenación por la ordenanza de la zona en
que se ubiquen.»
MOTIVACION
Se asegura así la patrimonialización de la propiedad en cuanto valor de
uso evitando las reservas de dispensación a que darían lugar las
operaciones de remodelación hacia usos más lucrativos, que se producirían
aludiendo a una patrimonialización del volumen con independencia del uso.
ENMIENDA NUM. 41
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Tercero. 1.
De modificación.
Donde dice: «...no superará los dos meses...».
Debe decir: «...será como mínimo de un mes...».
MOTIVACION
La reducción de los plazos de información pública de las diferentes fases
del planeamiento urbanístico reduce también la participación ciudadana en
dicho planeamiento y el derecho a la información, sin que, por otra
parte, resulte una tramitación más ágil.
El período de dos meses como máximo establece rigidez en el
procedimiento. Mientras que Ayuntamientos de municipios grandes
necesariamente necesitarán en muchas ocasiones un plazo mayor.
ENMIENDA NUM. 42
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Tercero. 3.
De modificación.
Donde dice: «...no podrá exceder de seis meses...».
Debe decir: «...no podrá exceder de nueve meses...».
MOTIVACION
Período excesivamente reducido. Seguir la proporcionalidad de reducción
de los anteriores plazos.
ENMIENDA NUM. 43
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Tercero. 5.
De modificación.
Donde dice: «...será de dos meses...».
Debe decir: «...será de tres meses...».
MOTIVACION
Los Plenos se celebran una vez al mes y es muy apretado el establecer un
período de dos meses.
ENMIENDA NUM. 44
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
ENMIENDA
Al artículo Cuarto. 1.
De supresión.
MOTIVACION
Minimizar las atribuciones en materia de urbanismo del Pleno,
reduciéndolas a la aprobación definitiva del Plan General y de los
instrumentos de ordenación y gestión urbanística, en favor del Alcalde,
no ayuda a establecer mecanismos democráticos de gestión municipal.