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DS. Senado, Pleno, núm. 96, de 15/11/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 96
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 15 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proposición de ley Orgánica de abolición de la pena de muerte en tiempo
de guerra (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II-B, número 29, de fecha 4 de octubre de 1995). (Número
de expediente S. 624/000016.) (Número de expediente C. D. 122/000126.)
--Proyecto de ley para la suscripción por España de las acciones
correspondientes al cuarto aumento de capital del Banco Asiático de
Desarrollo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 96, de fecha 6 de octubre de 1995). (Número de
expediente S. 621/000096.) (Número de expediente C. D. 121/000104.)
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
ley Orgánica de Contrabando (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 88, de fecha 6 de noviembre
de 1995). (Número de expediente S. 621/000088.) (Número de expediente C.
D. 121/000078.)
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley de ayudas
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 94, de fecha 13 de noviembre de 1995). (Número
de expediente S. 621/000094.) (Número de expediente C. D. 121/000095.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley
Orgánica sobre modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 28, de fecha 13 de noviembre de 1995). (Número de
expediente S. 624/000015.) (Número de expediente C. D. 122/000125.)
Informe sobre actividades de la Comisión de Peticiones en el período
ordinario de sesiones febrero-junio de 1995 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 332, de fecha
20 de octubre de 1995). (Número de expediente 871/000004.)
Propuesta de la Comisión especial sobre los contenidos televisivos para
la creación de un Consejo Superior de los medios audiovisuales (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número
342, de fecha 13 de noviembre de 1995). (Número de expediente
650/000002.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que ultime los trámites necesarios para que el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) producido por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) sea incluido entre las enfermedades
crónicas, tanto a efectos sanitarios como sociales (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 341,
de fecha 13 de noviembre de 1995). (Número de expediente 662/000164.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que negocie ante las pertinentes instancias comunitarias que
el espárrago y el champiñón, así como el resto de los denominados
pequeños productos de carácter local o regional, se contemplen en
igualdad de condiciones que los restantes productos hortofrutícolas en
la proyectada reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas
y hortalizas, que actualmente se está tramitando (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 341,
de fecha 13 de noviembre de 1995). (Número de expediente 662/000165.)
Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. (Número de expediente
621/000102.)
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 336, de fecha
25 de octubre de 1995). (Número de expediente 542/000026.)
Proyecto de ley Orgánica de Contrabando (debate y votación.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4983)
Proposición de ley Orgánica de abolición de la pena de muerte en tiempo
de guerra (Página 4983)
Consumen un turno a favor los señores Herrero Merediz, del Grupo
Socialista; Barbuzano González, del Grupo de Coalición Canaria; Bolinaga
Bengoa, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i Casadevall
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Vindel
López, del Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la proposición de ley Orgánica, por 221 votos a favor y 1
abstención.
Proyecto de ley para la suscripción por España de las acciones
correspondientes al cuarto aumento de capital del Banco Asiático de
Desarrollo (Página 4986)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4986)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de Contrabando (Página 4986)
El señor Barbuzano González, del Grupo de Coalición Canaria, propone que
se modifique el orden del día de acuerdo con el artículo 71.4, del
Reglamento. El señor Marca i Cañellas, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sugiere que se siga el orden del día y que no se
aplace. Los señores Sanz Cebrián, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Bayona Aznar, del Grupo Socialista, y Acebes Paniagua, del Grupo
Popular, apoyan la petición formulada por el señor Barbuzano González.
El señor Martínez Sevilla, del Grupo Mixto, pide que se someta a
votación.
Se procede a votar.
Se aprueba la modificación propuesta en el sentido de que el proyecto de
ley Orgánica de Contrabando se vea al finalizar el orden del día de la
presente sesión Plenaria, por 216 votos a favor, 14 en contra y 1
abstención.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley de ayudas
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual (Página 4987)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designada para presentar el dictamen la señora Fernández
Arias, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad. Consume un turno a favor el señor Arévalo
Santiago, del Grupo Socialista.
No se consume turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto; Travieso Darias,
del Grupo de Coalición Canaria; Ibarz i Casadevall, del Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Arévalo Santiago, del Grupo Socialista,
e Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Popular.
Comienza el debate de los votos particulares. El señor Ibarz i
Casadevall, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, retira
la enmienda número 5, que se corresponde con el voto particular número
1. El señor travieso Darias, del Grupo de Coalición Canaria, defiende las
enmiendas números 6, 7 y 8, que se corresponden con el voto particular
número 2. El señor Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Popular, defiende
las enmiendas números 9 a 15, y 18 a 25, correspondientes al voto
particular número 3.
El señor Arévalo Santiago y la señora Fernández Arias consumen un turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor
Travieso Darias, del Grupo de Coalición Canaria, la señora Fernández
Arias, del Grupo Socialista, y el señor Iribas Sánchez de Boado, del
Grupo Popular.
Los señores Arévalo Santiago e Iribas Sánchez de Boado intervienen de
nuevo, en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 6, por 8 votos a favor, 119 en contra y 109
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 7, por 111 votos a favor, 118 en contra y
7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 8, por 116 votos a favor, 118 en contra y
2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 9 a 25, por 112 votos a favor, 119 en
contra y 5 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1 a 16, las disposiciones y la exposición de
motivos, según el texto del dictamen, por unanimidad.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica
sobre modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria (Página 4999)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Huete Morillo,
quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
El señor Galán Pérez, del Grupo Socialista, consume un turno a favor. No
hay turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Ibarz i Casadevall, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto; Hernández de
Cáceres, del Grupo Socialista, y Prada Presa, del Grupo Popular,
Comienza el debate del articulado. El señor Travieso Darias defiende el
voto particular número 1, del Grupo de Coalición Canaria, indicando que
como su enmienda sirve de base a una serie de transaccionales, en el
momento en que éstas sean aprobadas, decaerá automáticamente. Interviene
el señor Ceniceros González, del Grupo Popular.
El señor Hernández de Cáceres pide que se dé lectura a las enmiendas
transaccionales, lo que a continuación se realiza.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda transaccional referida al artículo 10.2, párrafo
2.º, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban las enmiendas referidas al artículo 42.1, apartados b), g),
i), d), por 234 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 1.º y 2.º y la exposición de motivos, según el
texto del dictamen, por 238 votos a favor y 1 abstención.
El señor Presidente comuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE PETICIONES EN EL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 1995 (Página 5006)
La señora Fernández Arias, Presidenta de la Comisión, comunica a la
Cámara que ha sido designada para presentar el dictamen la señora Urzay
Urquiza, quien así lo hace a continuación.
No se consumen turnos a favor, en contra, ni de portavoces.
El señor Presidente plantea a la Cámara tratar el punto séptimo del orden
del día en otro momento.
Interviene el señor Cárceles Nieto, del Grupo Popular. Finalmente se
acepta la propuesta de la Presidencia.
PROPUESTA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS PARA
LA CREACION DE UN CONSEJO SUPERIOR DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES (Página 5006)
La señora Camps y Cervera, Presidenta de la Comisión, presenta la
propuesta.
El señor Martínez Sevilla, del Grupo Mixto, consume un turno en contra.
Intervienen los señores Codina i Castillo, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Ardaiz Egüés, del Grupo Socialista.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez
Sevilla, del Grupo Mixto; Galindo Santana, del Grupo de Coalición
Canaria; Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Codina i Castillo, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Ardaiz Egüés, del Grupo Socialista, y la señora Agüero Ruano, del Grupo
Popular.
El señor Martínez Sevilla interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Seguidamente interviene la señora Camps i Cervera. A continuación lo
hacen los señores Martínez Sevilla, del Grupo Mixto; Galindo Santana, del
Grupo de Coalición Canaria; Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Ardaiz Egüés, del Grupo Socialista y la señora
Agüero Ruano, del Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la creación de un Consejo Superior de los Medios
Audiovisuales, por 235 votos a favor y 3 en contra.
El señor Presidente da cuenta a la Cámara que, según lo dispuesto en el
artículo 50 del Reglamento, la Comisión Especial sobre los Contenidos
Televisivos queda extinguida.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.
MOCIONES (Página 5018)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
ultime los trámites necesarios para que el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) producido por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
sea incluida entre las enfermedades crónicas, tanto a efectos sanitarios
como sociales (Página 5018)
La señora Zabaleta Areta, del Grupo Socialista, comunica a la Cámara que
en este acto es retirada la moción.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno para que negocie ante las pertinentes instancias comunitarias
que el espárrago y el champiñón, así como el resto de los denominados
pequeños productos de carácter local o regional, se contemplen en
igualdad de condiciones que los restantes productos hortofrutícolas en
la proyectada reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas
y hortalizas, que actualmente se está tramitando (Página 5019)
El señor López San Miguel, del Grupo Popular, defiende la moción.
No se consume turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfeliú, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Díez González, del Grupo Socialista, y López San
Miguel, del Grupo Popular.
Se aprueba la moción original por asentimiento de la Cámara.
PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA (Página 5023)
El señor Presidente solicita a la Cámara que se autorice la tramitación
con competencia legislativa plena de dicho proyecto de ley, lo cual es
aceptado.
DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 5023)
El señor Presidente comunica que este dictamen ha sido pospuesto.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley
Orgánica de Contrabando (debate y votación) (Página 5023)
El señor González Laxe, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Rey Barreiro,
quien así lo hace a continuación.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Ríos Pérez, del Grupo de Coalición Canaria,
que en este acto retira las enmiendas números 16 a 18, y la 20; Gangoiti
Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalitas Vascos; Marca i Cañellas,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Marín Rite, del
Grupo Socialista, y Romero Girón, del Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Gangoiti Llaguno, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
defiende las enmiendas números 2 y 3. El señor Marca i Cañellas, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, defiende la enmienda
número 14. El señor Romero Girón, del Grupo Popular, anuncia que su
enmienda número 12 decaerá, una vez que se acepte la transaccional
propuesta, defendiendo la enmienda número 9. El señor Marín Rite, del
Grupo Socialista, consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, del Grupo Mixto;
Marca i Cañellas, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Marín Rite, del Grupo Socialista, y Romero Girón, del Grupo Popular. De
nuevo interviene el señor Martínez Sevilla. Intervienen los señores
Barbuzano González, del Grupo de Coalición Canaria; Gangoiti Llaguno, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bayona Aznar, del Grupo
Socialista.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 16 votos a favor, 106 en contra y 111 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 15 votos a favor, 211 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 105 en contra y 111
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 9, del Grupo Popular, por 116 votos a
favor, 112 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la disposición adicional primera,
puntos 1, 2 y 3, por 218 votos a favor y 15 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional a la disposición final segunda,
carácter de la ley, artículo 4 al Título I, preceptos contenidos en el
Título II, así como los apartados 2 y 3 de la disposición adicional
primera, y apartado 2 de la disposición transitoria única, por 220 votos
a favor y 12 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional a la exposición de motivos, final
del tercer párrafo, por 232 votos a favor y 1 abstención.
Se aprueba la modificación al título de la ley, por 230 votos a favor y
3 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, por 226 votos a favor y 7 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE EN TIEMPO
DE GUERRA. (S. 624/000016.) (C. D. 122/000126.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados. Veremos, en primer lugar, la
proposición de ley orgánica de abolición de la pena de muerte en tiempo
de guerra. Publicada en los boletines correspondientes con fecha de
cuatro de octubre de 1995.
Tal y como he anunciado, no se presentaron enmiendas a esta proposición
de ley, por lo cual se ha procedido a su directa inclusión en el orden
del día del Pleno de esta semana.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Herrero Merediz.
El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, consumiré en mi intervención
un turno a favor de la proposición
de ley orgánica de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra,
proposición que fue remitida a la Comisión de Justicia del Senado con
fecha 4 de octubre y a cuyo texto, como ha aclarado la Presidencia, no
se ha formulado ninguna enmienda, por lo que se tramita directamente ante
este Pleno.
Con estos antecedentes, es decir, sin ninguna enmienda, con el acuerdo
de todos los grupos, no me extenderé en mi argumentación, pero sí
expondré las razones históricas, familiares y personales que fundamentan
mi turno a favor de esta proposición de ley orgánica.
Hace años, una muy conocida revista entonces, «Selecciones del Reader½s
Digest», explicaba lo que para algunas personas habían significado otras
en su vida y las denominaba «el personaje inolvidable». Pues bien, en mi
vida hay un personaje inolvidable. Ese personaje es una mujer que conocí
ya en su vejez, nacida en Burgos en el último tercio del siglo XIX, en
1865 exactamente. Esa mujer quedó huérfana a los nueve años porque su
padre, brigadier del ejército cristiano, fue hecho prisionero por los
carlistas en una acción de guerra y fusilado en 24 horas en 1874, después
de un consejo de guerra sumarísimo. Pasaron los años y un gran poeta
sevillano, don Antonio Machado escribió unos versos estremecedores y
proféticos: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios / una de las
dos Españas ha de helarte el corazón».
En 1937, en Gijón, a esa mujer, Consuelo Díaz Parreño y de la Concha, le
fusilan a su hijo, sin proceso, sin juicio, como represalia por el
bombardeo ocurrido en la ciudad, entonces en zona republicana. En 1960,
en este mismo lugar en el que les hablo, su nieto fue juzgado por un
consejo de guerra sumarísimo por los delitos de asociación ilegal y
propaganda política, entonces ilícita, que se asimilaban, por la Ley de
1943 contra la masonería y el comunismo, al delito de rebelión militar.
La pena correspondiente abarcaba desde los seis meses a la pena de
muerte. Evidentemente, la pena impuesta no fue la de muerte, pues es su
nieto el que está ante sus señorías en el uso de la palabra. Pero
parecían confirmarse las palabras de otro gran poeta asturiano, Angel
González, que por aquellos años escribía: «La historia de mi patria es
como la morcilla de mi tierra. Está hecha con sangre, se repite».
Han pasado los años, muchas cosas han cambiado y con esta proposición de
ley, al votarla favorablemente, estamos contribuyendo a pasar una página
de la historia de España para que no se haga con sangre, para que no se
repita.
Estas son mis razones personales, familiares, para defender esta
proposición de ley para abolir la pena de muerte aun en tiempo de guerra.
En cuanto a la posición de mi Grupo es clara, el Partido Socialista
Obrero Español, a lo largo de sus más de 100 años de historia, ha pagado
un gran tributo en vida de sus militantes. Y entre nosotros, en nuestro
Grupo, tenemos testigos directos de lo que la lucha por las libertades
ha significado para nuestros compañeros. Los socialistas no olvidamos al
Senador Enrique Casas, asesinado delante de su mujer y de sus hijos. No
olvidamos y compartimos el dolor por el asesinato de Gregorio Ordóñez,
por la muerte de tantos guardias civiles, militares, ciudadanos, mujeres
y niños que hoy todavía se ven sometidos a penas de muerte sin defensa,
sin tribunal, sin juicio, por el terrorismo. Aun así, el Grupo
Parlamentario Socialista votará que sí a esta proposición de ley para dar
vuelta de página definitiva a esta historia de España para que nunca más
se haga con sangre, para que nunca más se repita.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias.
Muy brevemente, señor Presidente, voy a manifestar la tremenda
satisfacción de nuestro Grupo y de este Senador personalmente por la
presentación de esta proposición de ley orgánica, pues desde siempre,
desde hace muchísimos años, por razones éticas y morales, más allá de las
razones políticas sin duda, hemos luchado por la abolición de la pena de
muerte en cualquier circunstancia del devenir de la sociedad.
La aprobación hoy, previsiblemente con una gran unanimidad o casi
práctica unanimidad, de este proyecto de ley es una más de las
satisfacciones que hemos tenido en esta Cámara como legisladores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, respecto de esta proposición de ley orgánica de abolición de
la pena de muerte en tiempos de guerra, y dada la presumible unanimidad
de criterios existente para su aprobación, entendemos que, en realidad,
no era necesaria nuestra presencia en esta tribuna de oradores para
confirmar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos por ser éste sobradamente conocido. Sin embargo,
señorías, es tal, en verdad, la alegría que en estos momentos nos
embarga, es de tanta envergadura el agradecimiento que sentimos hacia
todos los grupos políticos representados en esta Cámara y es tan loable,
señorías, su capacidad de apoyo mutuo y de consenso en última instancia
en relación al tratamiento de este proyecto de ley, que no hemos podido
sustraernos del hecho en sí, aunque no sea más que para dejar constancia
pública de la inmensa satisfacción que hoy nos embarga y que, sin duda,
es compartida por todas sus señorías, cuyo bien hacer en esta materia es
obligado reconocer y agradecer, dejando buena constancia de su actitud
generosa y racional.
Señorías, una asignatura largamente pendiente, demasiado largamente
pendiente, va a quedar definitivamente superada. Hoy nos cabe decir que
el objetivo final de esta ley viene a situar el estamento militar y, en
definitiva, nuestra sociedad, en el plano de la lógica más humana y
razonable de lo penal y, por ende, en el marco idóneo del respeto a los
derechos humanos, particularmente la defensa de la vida, que es el don
más preciado de todo ser humano
y es inviolable por su propia esencia de natural consustancialidad a toda
persona.
Por fin, señorías, hemos sido capaces de interpretar con exactitud el
sentido de la gran injusticia que supone la aplicación de la pena de
muerte en cualquier tiempo y en todo lugar y circunstancia. Por fin,
hemos sabido admitir que no hay una sola razón militar, que no hay una
sola razón civil, que no hay una sola razón de tipo alguno que justifique
la pena de muerte como elemento de solución cruel e inhumano para aquello
que se pretende atajar o rebatir.
En todo caso, hemos adquirido conciencia de que la aplicación de la
muerte a quien no pueda aprovecharla para enmendar prácticamente sus
posibles errores sólo es pura tortura. Es un atentado contra la sensatez
más elemental, es un insulto a la inteligencia, es un oprobio para la
sociedad que la sostiene y lesiona grave e irreversiblemente los derechos
más fundamentales de la persona humana.
Nada digamos, señorías, sobre aquellos casos en que la pena de muerte
puede ser aplicada a personas absolutamente inocentes del delito que se
les imputa, de cuantos, desgraciadamente, existen sobrados ejemplos a lo
largo de la historia. La pena de muerte, aunque se trate de arroparla o
revestirla con el manto de una sentencia dictada por un tribunal de
Justicia, militar o civil, y bajo el amparo de una legislación penal «ad
hoc» es fundamentalmente injusta, es intrínsecamente mala y debe ser
expurgada de todo sistema democrático, más bien de todo sistema
civilizado. Es una exigencia de la misma civilización a la que
pertenecemos como requisito inherente a nuestra propia pertenencia.
Asumidos, pues, estos principios básicos y elementales, hoy nos
encontramos, felizmente, con esta proposición de Ley Orgánica de
Abolición de la Pena de Muerte, cuyo proceso histórico se inició desde
nuestra interpelación formulada al Gobierno en este mismo foro con fecha
15 de noviembre de 1994, referente a los propósitos del Gobierno a los
efectos de abolir la pena de muerte del Código Penal Militar. En ella
apelábamos a los dictados de la Resolución 1.044 y de la Recomendación
1.246, de fecha 4 de octubre de 1994, emitidos por unanimidad por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que este Senador
tiene el honor de ser miembro. En ambos documentos se demandaba de todos
los Gobiernos miembros e invitados del Consejo de Europa la abolición
absoluta de la pena de muerte.
Con aquella interpelación, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
trataba de iniciar una acción válida de carácter abolicionista en sus
términos más absolutos. Poseedores de un genético imperativo de
conciencia, razones de todo orden nos impulsaron a activar el tema
arropados por Amnisty International y demás entes abolicionistas.
Con fecha 30 de noviembre de 1995, interpusimos una moción en el sentido
previsto, la cual contó con el respaldo de todos los grupos políticos
representados en esta Cámara. Al hilo de estas acciones, y como en un
«sprint» cerrado hacia el protagonismo político, se presentaron
paralelamente en el Congreso de los Diputados tres proposiciones de ley
para abolir la pena de muerte del Código Penal Militar, obviándose,
lamentablemente --o perdiéndose lamentablemente-- la ocasión de una
iniciativa muy posible de unánime consenso, que hubiera sido lo más
deseable.
En todo caso, el resultado de todo ello, felizmente, lo tenemos hoy aquí,
en nuestras manos y en nuestra decisión última, que no podrá ser otra que
la de votar favorablemente esta proposición de ley; una proposición de
ley por la que todos debemos felicitarnos, una proposición de ley que
tiene un ganador indiscutible en la personificación de los derechos
humanos y, por ende, en la sociedad que lo sustenta.
Con esta proposición de ley, señorías, ganamos todos. Y todos, sin
excepción, somos sus más directos protagonistas y sus más felices
beneficiarios. Todos, señorías, estamos de enhorabuena.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el Senador Ibarz tiene
la palabra.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Me propongo agotar un breve turno de portavoces para unir el sentir de
Convergència i Unió a la satisfacción general expresada por los Grupos
que me han antecedido en el uso de la palabra al culminar el proceso de
abolición definitiva de la pena de muerte en todos los textos legales del
Estado, hoy, en el último reducto que restaba, el Código Penal Militar.
Creo que el Senado no haría justicia si en este trámite no recordara que
esta iniciativa obedece a la que en su momento presentó el Senador que
acaba de hablar, don Imanol Bolinaga, que con una interpelación hace unos
meses ante esta Cámara suscitó el interés de todos los Grupos
Parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, para no quedar
al margen de la iniciativa por él propuesta.
Por lo tanto, al anunciar el voto favorable de Convergència i Unió a la
proposición debo dedicar por lo menos estas breves palabras para
felicitar al Senador Bolinaga por ver hoy culminada la iniciativa que en
su día tomó.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Buenos días, señor Presidente, señorías.
Es un honor y una satisfacción ser elegida para representar la soberanía
popular. Es un honor, una satisfacción, y por qué no decirlo, una muy
grata obligación participar en la elaboración y en la aprobación de las
leyes que nos damos para ordenar nuestra convivencia. Y es un honor, una
satisfacción y hoy un privilegio para quienes aquí nos sentamos --y así
lo entendemos desde el Grupo Popular-- contribuir a que desaparezca de
nuestro ordenamiento la pena de muerte, la más grave violación de los
derechos humanos.
Estoy segura de que todos recordaremos de muchas maneras esta intensa
legislatura, pero creo que a ninguno se nos olvidará este momento al
hacer posible la abolición del castigo más cruel, inhumano y degradante
de todos.
Como muy bien nos recordaba el Senador Ibarz, hace ahora exactamente un
año el Senador Bolinaga interpeló al entonces Ministro de Defensa, señor
García Vargas, sobre los propósitos del Gobierno a los efectos de abolir
la pena de muerte del Código Penal Militar y su actual implicación en la
Ley Orgánica del Servicio Militar. De aquella iniciativa surgió una
moción, que aprobamos por unanimidad, para que el Gobierno, y a la vista
de las resoluciones de una institución europea, procediera a la abolición
de la pena de muerte. Corresponde, pues, al Senador Bolinaga primero y
al conjunto de esta Cámara después, atribuir el feliz origen de este
texto que, lejos de ser enviado por el Gobierno, tal y como rezaba el
texto de la moción que aquí se aprobó, ha tenido que ser alumbrado por
los Grupos Parlamentarios.
En los casi 365 días que han mediado de entonces ahora hemos asistido,
por lo que a esta iniciativa se refiere, a dos cambios, a mi juicio,
importantes. Hoy el Ministro de Defensa es otro y hoy damos el paso
definitivo para que cambie nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda y, por
lo que se refiere a este último, salimos ganando.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene ahora, como lo hizo entonces, que
nuestro Estado se configura como un Estado social y democrático de
Derecho, articulado y cimentado en torno a todo un catálogo de derechos
y libertades, cuya garantía es el fin principal del ordenamiento
constitucional. De todos los derechos constitucionales es el derecho a
la vida el que tiene una naturaleza especial, porque la vida lo es todo
y, por lo tanto, la vida es más que un derecho, es el presupuesto
material para el ejercicio de los demás derechos. Siendo la regla general
la protección de la vida, procede, pues, y sin más dilaciones, que le
demos efecto a la total abolición de la pena de muerte, sobre todo porque
creo que nadie --repito, nadie--, ni tan siquiera el Estado, esté
legitimado para privar de la vida a nadie. Quizá por eso, la mayoría de
los países de nuestro entorno han derogado ya la pena de muerte en todos
los supuestos, y, desde el Grupo Parlamentario Popular, manifestamos
nuestra satisfacción porque nuestro país se incorpore a ese grupo.
Creo que sus señorías todavía guardan recuerdo estremecido de un
siniestro texto al que di lectura el año pasado. Hoy, para compensar
aquel mal recuerdo, y siendo como soy lectora impenitente de todos los
informes que sobre derechos fundamentales elaboran las organizaciones
internacionales, permitirán sus señorías que les lea algo, sin duda mucho
más agradable, y que dice así: La buena noticia de 1995 fue que un número
de países se sumaron a la lista de naciones abolicionistas: en noviembre,
España abolió la pena de muerte en tiempo de guerra. Firmado: Amnistía
Internacional.
Señor Presidente, señorías, enhorabuena a todos. Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿De las intervenciones de las señoras y señores Senadores se entiende que
la proposición puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara? (El
señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, si fuera tan amable, le
rogaría que llamara a votación porque, si no hay inconveniente, me
gustaría ver el panel todo verde.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición de Ley Orgánica
de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222;
a favor, 221; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por 221 votos a favor y una
abstención, que, según se me indica, ha sido emitida por error. (Fuertes
aplausos de toda la Cámara.)
--PROYECTO DE LEY PARA LA SUSCRIPCION POR ESPAÑA DE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES AL CUARTO AUMENTO DE CAPITAL DEL BANCO ASIATICO DE
DESARROLLO. (S. 621/000096.) (C. D. 121/000104.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley para la suscripción por España de
las acciones correspondientes al cuarto aumento de capital del Banco
Asiático de Desarrollo.
Tampoco fueron presentadas enmiendas.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Si sus señorías dedican unos instantes de atención a tan apasionante
tema, les sugiero que presten su consentimiento para que pueda ser
aprobado por asentimiento de la Cámara este proyecto de ley.
¿No hay ninguna objeción? (Pausa.)
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley para la suscripción por España de las acciones correspondientes al
cuarto aumento de capital del Banco Asiático de Desarrollo.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY ORGANICA DE CONTRABANDO. (S. 621/000088) (D. C. 121/000078.)
El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día: Dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de Ley
Orgánica de Contrabando. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, Serie II, número 88, de fecha 6 de noviembre de 1995.
(El señor Barbuzano González pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, nuestro Grupo creía que
se había comentado en la Junta de Portavoces que, modificando el orden
del día, al final de los dictámenes sobre proyectos de ley, pasaríamos
al debate del proyecto de ley orgánica de contrabando, con la
particularidad de que la Presidencia quedó más o menos encargada de
buscarle una rúbrica más adecuada.
El señor PRESIDENTE: Senador Barbuzano, ¿propone su señoría formalmente
modificar el orden del día de acuerdo con el artículo 71.4 del
Reglamento?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Sí, señor Presidente, lo propongo, si es que
puedo.
El señor PRESIDENTE: Leo el texto del citado artículo: «Una vez iniciada
la sesión correspondiente, el orden del día sólo podrá modificarse por
acuerdo de la mayoría de Senadores presentes, a propuesta del Presidente
de la Cámara o del de la Comisión o de un Grupo Parlamentario».
¿Su Grupo Parlamentario propone formalmente la modificación, Senador
Barbuzano?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Intervenciones. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, en nombre de mi Grupo
sugiero que se siga el orden del día y que no se aplace.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marca.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamenterio de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo apoya la petición formulada por el señor Barbuzano. Por lo
tanto, solicitamos la modificación del orden del día.
El señor PRESIDENTE: El Senador Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Entendemos que disponer de un poco más de tiempo para el debate y
aprobación de este proyecto de ley puede favorecer el resultado final del
texto; en ese sentido, apoyamos la petición del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Acebes tiene la palabra.
El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con el ánimo de llegar a un acuerdo lo más amplio posible de la Cámara
en un asunto importante, también apoyamos la petición del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a someterlo a votación. (El señor Martínez Sevilla pide la
palabra.)
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo también desearía que continuase el orden del día tal cual estaba
inicialmente previsto. Por tanto, consideramos pertinente la votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Barbuzano, ¿la propuesta sería incluirlo al final del orden del
día de la sesión plenaria o al final del punto quinto del orden del día?
El señor BARBUZANO: Señor Presidente, al final del orden del día de la
sesión plenaria.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. En todo caso, si posteriormente se
quisiera modificar de nuevo, podríamos hacerlo por el mismo
procedimiento.
Sometemos a votación la modificación del orden del día que ha propuesto
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, consistente en
que el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
proyecto de ley orgánica de contrabando se vea al finalizar el orden del
día de la presente sesión plenaria.
Esta propuesta también está avalada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Socialista y el
Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231;
a favor, 216; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda modificado el orden del día.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE AYUDAS
Y
ASISTENCIA A LAS VICITMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL. (S. 621/000094.) (C. D. 121/000095.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
el proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual.
El Senador Herrero tiene la palabra.
El señor HERRERO MEREDIZ: Por decisión de la Comisión de Justicia
presentará el dictamen la Senadora Fernández Arias.
El señor PRESIDENTE: La Senadora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, por acuerdo de la Comisión de Justicia me cabe presentar el
proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual.
Este proyecto tuvo entrada en el Senado el día 4 de octubre, remitiéndose
por la Mesa de la Cámara a la Comisión de Justicia y abriéndose plazo de
enmiendas hasta el 17 de octubre, lo que fue más tarde ampliado hasta el
23 del mismo mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1
del Reglamento del Senado. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa
la Presidencia.)
Al proyecto de ley se presentaron 25 enmiendas, de las que las números
1 a 4 pertenecían a los Senadores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, del
Grupo Parlamentario Mixto, la número 5 del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, las enmiendas números 6, 7 y 8 del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, y las enmiendas
números 9 a 25 del Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión de Justicia designó Ponencia, en su sesión del 11 de octubre,
compuesta por los Senadores Iribas Sánchez de Boado, Alvarez Gutiérrez,
Arévalo Santiago, Fernández Arias e Ibarz i Casadevall.
La Ponencia informó el proyecto de ley en su reunión del 31 de octubre,
incorporando enmiendas «in voce» y correcciones técnicas en los artículos
2.3 a), 5.3, 6.3, 8.3, 9.2 e), rúbrica y apartados 1 y 3 del artículo 11,
así como los puntos 1, 3 y 4 del artículo 12, y el punto 1 del artículo
15.
La Comisión de Justicia dictaminó el proyecto de ley en su sesión del 8
de noviembre, incorporando una enmienda «in voce» al artículo 2.1, y
algunas transaccionales a la exposición de motivos, artículos 8.2,
rúbrica y apartado 1 del artículo 11, así como al punto 1 del artículo
16, constituyendo este texto el que se presenta como dictamen para su
debate ante el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Fernández Arias.
Debate a la totalidad.
El Senador Arévalo tiene la palabra para un turno a favor.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es natural que se haya producido con insistencia la crítica que
pone de manifiesto que las víctimas de los delitos violentos han padecido
un secular abandono desde que el sistema de justicia privada dio paso al
sistema penal en el que la venganza privada se sustituye por una
intervención pública e institucional, ecuánime y desapasionada. Pero
también es cierto que estamos dando pasos fundamentales hacia adelante
en nuestra legislación del sistema penal, y no sólo para aprobar códigos
como el que hemos aprobado hace muy pocas fechas para crear
procedimientos de rehabilitación y de reinserción, sino para recordar que
la víctima del delito ha estado secularmente abandonada y que, por tanto,
deben recuperarse los espacios perdidos, los tiempos en que no se ha
tomado demasiado en cuenta la situación especial en que quedan las
víctimas.
No hace mucho tiempo aprobamos en las Cortes Generales una ley para
proteger a los peritos y testigos en beneficio del servicio público de
la justicia y en amparo de quienes se ven incluidos, casi siempre sin
esperarlo, en un proceso penal. Ahora intentamos dar la protección a las
víctimas que recibirán la asistencia y la ayuda pública; asistencia y
ayuda pública que queremos hacer como dos interpretaciones de la
solidaridad dentro de la función social del Estado.
El Convenio 116 del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, y la
Recomendación del Comité de Ministros, de 28 de junio de 1985, así como
la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 de
noviembre de 1985, recogen la necesidad de atender a las víctimas de los
delitos tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal. Desde
luego no se agota la preocupación resultante de un delito en el
delincuente. La sanción y la rehabilitación, en las que hemos avanzado
mucho en los países democráticos, no es el final del proceso del sistema
penal. Por tanto, tenemos que fijarnos más, con un especial énfasis, en
lo que hemos dejado de hacer que en lo que hemos hecho. Y hasta ahora
hemos hecho mucho en el sistema penal pero no tanto en el reconocimiento
de los derechos que asisten a la víctima, en los derechos de asistencia
y de protección y en los derechos de ayudas no sólo económicas a todas
las víctimas directas e indirectas de los delitos violentos.
Las víctimas se han sentido muchas veces desamparadas y no es justo que
así sea. Ha llegado la hora de que el Estado, porque puede hacerlo, ayude
y asista en términos de solidaridad acudiendo al gasto social,
reconociendo un derecho que no es consecuencia de una responsabilidad
subsidiaria. El responsable del delito es su autor y las consecuencias
económicas no se deben confundir. La obligación social corresponde al
colectivo de ciudadanos, corresponde al Estado y se transforma en derecho
cuando ponemos nuestro punto de vista en la víctima del delito. Por
tanto, a nuestro juicio no puede ser el Estado el responsable subsidiario
del autor del delito, sino el que se compromete
a cumplir con un derecho que se reconoce en la víctima y, por tanto,
atribuir al gasto social todo lo que se deduzca como consecuencia de la
atención, de la asistencia y de la ayuda que se ha de prestar a la
víctima de los delitos violentos.
En nuestra legislación contamos desde 1987 con un régimen de
resarcimiento por daños a las víctimas de bandas armadas y elementos
terroristas. Desde entonces se ha venido aplicando el resarcimiento por
parte del Estado a los daños corporales causados como consecuencia o con
ocasión de actividades delictivas cometidas por bandas armadas o
elementos terroristas. Esta normativa se ajustaba a criterios de
incapacidad laboral, de lesiones, mutilaciones o deformaciones de
carácter definitivo, a lesiones invalidantes y a la muerte, así como la
atención a las víctimas indirectas según sus circunstancias personales,
familiares y profesionales y las de sus sucesores. Por tanto, las
indemnizaciones a que se refería esta legislación serían compatibles con
cualquier otra que tuviera derecho la víctima o sus derechohabientes.
Esta era nuestra legislación hasta ahora pero no atendía a las
consecuencias de los delitos a los que se refiere el presente proyecto
de ley aunque en el reglamento que en su día se dicte para su desarrollo
y aplicación, se contemple que los órganos que se crean ahora, la
comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual y las oficinas de asistencia a las
víctimas, sirvan para tramitar, resolver e impugnar los expedientes de
resarcimiento por daños a víctimas de bandas armadas y elementos
terroristas, produciéndose aquí una coincidencia con la legislación a la
que me acabo de referir. La ayuda pública que se establece está referida
a las víctimas directas y a las víctimas indirectas y se refiere a los
delitos dolosos, no a los imprudentes, no a las faltas intencionadas o
no intencionadas. Se refiere a los delitos violentos sucedidos en España
que supongan daños físicos o mentales. También se incluye, aunque no
mediare violencia, los delitos dolosos contra la libertad sexual
habiéndose producido una modificación en el Título de la ley ya en su
última fase de elaboración en el Congreso de los Diputados incluyéndose
los delitos contra la libertad sexual, repito, aunque en estos casos no
mediare violencia.
Las ayudas se establecen sobre las clases establecidas en la legislación
de la Seguridad Social, pero siempre en función de las condiciones
económicas de las víctimas y de las personas que dependan de ellas, así
como del grado de afectación. Insisto y subrayo esto especialmente porque
precisamente el modelo que defiendo es el que nos puede separar de otros
ya que estamos intentando atribuir a cada una de las víctimas directas
o indirectas las condiciones adecuadas a su propia situación y no de una
manera generalizada lo que entraría dentro del concepto de indemnización
o del concepto de herencia en el caso de que las víctimas hayan fallecido
como consecuencia del delito. Por tanto, no es el nuestro un sistema de
indemnizaciones, sino la consecuencia de la solidaridad social, la ayuda
de la comunidad para quienes, siendo víctimas de un delito violento, han
visto alterada su vida. Este es el objetivo de este proyecto de ley que
espero se transforme en ley dentro de unos minutos. Es un avance
considerable dentro de la legislación del sistema penal y espero vernos
favorecidos con el voto de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Hay turno en contra? (Pausa.) Si no hay turno en contra pasaríamos al
turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, desde Izquierda Unida, Grupo Mixto, vamos
a votar favorablemente esta ley, aunque antes voy a hacer algunas
consideraciones sobre la misma.
Entendemos que esta ley viene bien, en el sentido de que es un
complemento, como otra que discutiremos posteriormente, del Código Penal
que hemos aprobado recientemente. Por tanto, viene a adecuarse a la
filosofía del Código Penal. No obstante, nos gustaría --y lo vamos a
intentar-- que esta ley, en el transcurso del debate que vanos a tener
posteriormente, pudiera ser mejorada, puesto que, si bien coincidimos en
la forma de abordar la protección a las víctimas de los delitos violentos
y los perjuicios que estos acarrean con la filosofía que impera en la
Ponencia, compensando de alguna forma los daños causados, también nos
gustaría que la concreción, la agilidad de la Justicia, en definitiva,
a este respecto fuese mayor que para otras cuestiones. ¿Por qué? Porque
de no adoptarse medidas cuando se produce un daño que afecta directamente
a la víctima o, incluso, a terceros, a los hijos, a los que dependan de
ella, si las medidas económicas adoptadas no se ponen inmediatamente en
marcha, es decir, si no hay un mecanismo ágil que haga efectivo el
cumplimiento de los fines que perseguimos con esta ley, no se resolverán
los problemas que los delitos violentos causan. Si se tarda dos o tres
años en hacer efectiva la protección a las víctimas o a sus
descendientes, a los que dependan de ellas, no lograremos mitigar los
daños producidos. Así, la Justicia se convierte en una gran injusticia
cuando intenta reparar, si bien nunca resuelve los problemas, y la
reparación llega tarde.
Por tanto, estamos de acuerdo --repito-- con la filosofía de la Ponencia
sobre la necesidad de la ley, pero creemos que los mecanismos empleados
en estos casos deben ser más ágiles que en otros procesos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso
Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para decir que nuestro Grupo está de acuerdo con este
proyecto de ley, porque no será la mejor
ley del mundo, ni la mejor que pudiera haber salido, pero pensamos que
es un paso adelante en lo que significa la consecución de la justicia
social. Pensamos que se puede mejorar un poco más, dentro de la capacidad
que ahora mismo tiene el Estado para responder a estos problemas, y por
eso hemos presentado también una serie de enmiendas.
No obstante, quiero recalcar que estamos de acuerdo con el proyecto de
ley, con la filosofía del texto y que, por supuesto, nos manifestaremos
a favor en la votación final del dictamen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ibarz
i Casadevall.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Convergència i Unió, durante los últimos años, ha venido manifestando de
forma reiterada su preocupación ante esta Cámara y en el Congreso de los
Diputados porque se ha tendido a poner un énfasis muy especial en la
figura del delincuente, olvidando en ocasiones la de la víctima. Hoy
debemos cambiar nuestra posición y reconocer que, por fin, mediante el
proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, el Estado asume la ayuda y la
asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad
sexual, subsanando una laguna legal existente hasta este momento.
Y al anunciar el voto favorable al proyecto de ley de mi Grupo, debo
aprovechar la ocasión para manifestar, especialmente, a los miembros de
la Comisión, que en el trámite del otro día Convergència i Unió, por mi
boca, hizo una intervención muy dura respecto a la posible actitud del
Grupo Socialista en el trámite que en aquel mismo momento se estaba
llevando a cabo en el Congreso de los Diputados para la aprobación del
Código Penal.
Debo felicitarme de que las sospechas o los temores que inspiraron mi
intervención no se vieron luego confirmadas y, por tanto, debo manifestar
hoy aquí mi satisfacción porque el Código Penal y las enmiendas que en
su día fueron aprobadas en esta Cámara fueron ratificadas en el Congreso
de los Diputados.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ibarz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, en primer lugar,
deseo agradecer las últimas palabras del Senador Ibarz, quien ha
reconocido que el nerviosismo que nos inundó el otro día en la Comisión
no tenía, afortunadamente, nada que ver con la realidad y se superó la
última fase de tramitación del Código Penal en el Congreso de los
Diputados sin ninguna nueva alarma, de tal manera que aquello fue en ese
momento lo que nos precipitó a un cierto nerviosismo, tanto al señor
Ibarz, como a nosotros, cuado tuvimos noticia de que alguna novedad podía
suceder.
En segundo lugar, quiero llamar la atención del Senador del Grupo Mixto
que ha intervenido en el turno de portavoces porque de ninguna parte del
proyecto de ley se deduce que la tramitación de las ayudas a las
víctimas, directas o indirectas, de los delitos violentos tenga que
sufrir ningún tipo de retraso. El mecanismo previsto en el proyecto de
ley es lo suficientemente ágil como para que tengamos la garantía de que
este tipo de ayudas y de asistencias se podrán prestar con la agilidad
suficiente y la celeridad necesaria en cada caso.
Y, finalmente, señor Presidente, el Partido Socialista, en esta idea de
ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos ha venido
trabajando desde hace mucho tiempo. Hasta hoy no habremos podido ver
definitivamente culminados nuestros deseos, pero tengo que recordar que
en nuestros programas electorales se propuso iniciar las medidas
tendentes a considerar como gasto social, precisamente en los términos
en que ahora está el proyecto de ley, los daños extraordinarios causados
a los ciudadanos por actividades criminales. Esta tarea, emprendida ya
en el ámbito de los daños ocasionados por la actividad terrorista, como
he dicho en mi intervención anterior, ha de ampliarse de forma rigurosa,
aunque selectiva, cubriendo, en una primera fase, los daños de carácter
más grave, pero afianzando la convicción social de que esta función,
establecida en otros países, debe ser paulatinamente ejercida por el
Estado en caso de irresponsabilidad de los autores como una efectiva
manifestación del principio de solidaridad. Los poderes públicos, señor
Presidente, además de perseguir al delincuente, deben extender su
actuación a la protección de quien ha sufrido el delito y los perjuicios
de él derivados. En esta línea, se prestará especial atención a las
víctimas de la delincuencia, impidiendo que quien ha sufrido el delito
se vea obligado, además, a atravesar por aquellos trámites policiales y
judiciales que resulten penosos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la protección de las víctimas de delitos violentos ha venido
suponiendo una antigua aspiración, y digo que antigua, y lo lamento, ya
que es evidente que así hay que calificarla debido a la tardanza en
satisfacer lo que el Grupo Parlamentario Popular entiende que es un
derecho perfecto, constitucional de la víctima, y, por tanto, algo que
debió ampararse y satisfacer con mayor prontitud; luego diremos también
que, además, con mayor eficacia.
Pues bien, el presente proyecto, como señalamos, es de los que hay que
adscribir al refrán del más vale tarde que nunca. Desde tiempo atrás se
venía subrayando cómo tradicionalmente se han venido creando por el
Estado y para el delincuente una serie de garantías constitucionales y
jurisdiccionales
frente a «ius puniendi», lo que nos parece lógico y necesario, así Estado
y delincuente han venido siendo considerados como los únicos sujetos
intervinientes en el escenario del delito y del proceso penal.
La víctima, por el contrario, venía relegada a una posición subordinada
en el correspondiente proceso, viéndose en muchas ocasiones privada de
la efectiva reparación, ayuda y asistencia que en justicia le
corresponde; era, en definitiva, una verdadera cenicienta.
Los posicionamientos de diversos organismos internacionales de los que
España forma parte, que culminan con la importante Convención Europea
número 116, del Consejo de Europa de 1983, subrayo lo de 1983, o sea
anteayer; las propuestas del Defensor del Pueblo; la insistencia y
sensibilidad de la doctrina y las iniciativas de algunos grupos, no por
cierto hasta ahora del del Gobierno ni del propio Gobierno, y sí, y en
los «Diarios de Sesiones» está, las hasta cuatro iniciativas del Grupo
Parlamentario Popular, sin duda han propiciado que hoy mantengamos el
presente debate legislativo.
Entiende mi Grupo que el moderno Estado de derecho debe enfrentarse a la
insuficiente protección de muchas víctimas para obtener indemnización
dentro de las posibilidades del sistema penal. Este, en efecto, es un
problema sustancial al que se enfrenta la víctima del delito, y éste debe
ser resuelto mediante el amparo de quien tiene el monopolio de la
justicia penal; amparo que a nuestro entender debe suplir de forma
solidaria las limitaciones del proceso en orden al efectivo cumplimiento
de las indemnizaciones debidas. Aquí está el eje de las diferencias, no
sólo filosóficas, que también prácticas, entre el proyecto que el
Gobierno concibió y el que mi Grupo entiende debería ser; el Gobierno,
un proyecto de ayudas y asistencias, mi Grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, un proyecto que contemple el derecho perfecto a la reparación
integral frente al concepto más restrictivo del anterior. Hay que
subrayar que, de acuerdo con el sentido de las normas y recomendaciones
internacionales, la intervención del Estado al asumir sustitutoriamente
las indemnizaciones no suponen responsabilidad civil alguna de éste
respecto a las víctimas, sino que dicha intervención se fundamenta
exclusivamente en razones de equidad y solidaridad social por parte de
quien no habiendo podido garantizar la indemnidad, garantiza, al menos,
el anticipo de la indemnización.
Mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, entiende así que las ayudas no
deben ser tales, sino indemnizaciones, y, por tanto, su mayor amplitud
debe alcanzar, de acuerdo con el Convenio 116 del Consejo de Europa, los
gastos médico-farmacéuticos, hospitalarios, funerarios en su caso, e
incluso los de alimentos y otras ayudas como becas de estudio, y el
fomento real, efectivo, expreso y directo de las asociaciones de defensa
de las víctimas. A tal fin se propone por mi Grupo la creación de un
fondo que habrá de nutrirse con criterios de solidaridad con parte del
0,5 por ciento que para otras entidades de interés social se prevé en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con aportaciones del
Consorcio de Compensación de Seguros, con donaciones públicas o privadas
y con la liquidación de decomisos; un fondo controlado y gestionado por
una Comisión integrada por miembros procedentes de las asociaciones de
defensa de víctimas de delitos violentos, de los fiscales, de la carrera
fiscal, de la Administración, etcétera.
Finalmente, pero no con menos importancia, parece necesario que el
instrumento legal básico se refiera expresamente, no sólo a los aspectos
económicos de protección a las víctimas, sino también a aquellos otros
sustanciales que se refieren a la información sobre las posibilidades de
la ley, de los aspectos jurídico-procesales relativos a las víctimas y
de cuantos aquellos otros pueden suponer una ayuda, un amparo a la
situación en que la víctima de un delito violento se encuentra.
Señorías, mi Grupo entiende que el presente proyecto de ley es
manifiestamente mejorable. A ese respecto ha presentado numerosas
enmiendas, algunas de las cuales han sido admitidas; se han formulado
también algunas transaccionales y confía en que del debate de este Pleno
se puedan añadir incorporaciones que posibiliten que el presente proyecto
de ley no sea una simple generación de expectativas que haga que al final
todos lo contemplen, en el mejor de los casos, como un proyecto más
cargado de intenciones que de frutos que puedan percibir las víctimas,
que, sin duda, además, deberán acudir a una serie de procedimientos y de
trámites burocráticos que, si fruto dan bien habrán merecido la pena,
pero que si no lo dan no supondrán sino un incremento del desamparo y de
los problemas que sufren tras producirse los hechos de los que han sido
víctimas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iribas.
Pasamos a continuación al debate de los diversos votos particulares. En
este sentido, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ibarz i Casadevall, para
defender su voto particular número 1 referente a la enmienda número 5.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo no para defender el voto particular sino para anunciar la
retirada de nuestra enmienda número 5.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El voto particular número 2 corresponde al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado y hace referencia a las enmiendas números
6, 7 y 8.
Tiene la palabra el señor Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Mantenemos estas tres enmiendas a este proyecto de ley. La enmienda
número 6 es de modificación a la redacción del artículo 5, y sobre todo
de los apartados 1 y 2 con la que creemos que le damos una mejor
redacción, sistematización y claridad. Decimos lo mismo con menos
palabras,
y a nuestro entender, queda mejor. De todas formas no vamos contra lo que
se dice en el proyecto; está de acuerdo con el espíritu, no es una
modificación de fondo sino de forma y pensamos que mejora el texto.
La enmienda número 7 es de adición de un nuevo apartado c) al artículo
3.1, que son los supuestos especiales de denegación o limitación.
Pensamos que hay que añadir un nuevo apartado que diga: «Cuando mediara
la mala fe o el fraude de Ley del posible beneficiario.» Pensamos que se
mejora la técnica, se explicita mejor las circunstancias, y da una mayor
seguridad jurídica respecto a los supuestos en los que se tienen que
denegar o limitar esa ayuda o asistencia a la víctima de los delitos
violentos o contra la libertad sexual.
Por último, la enmienda número 8 es de sustitución de la redacción del
punto 1 del artículo 16. Pensamos que sí hay una gran diferencia en lo
que es el fondo del asunto. El proyecto de ley mantiene un poco la
voluntad del Gobierno sobre dónde tiene que implantar las oficinas de
asistencia a las víctimas en las sedes de juzgados y tribunales o en
todas aquellas fiscalías en que las necesidades lo exijan. Nosotros
pensamos que esto es dejar mucho al arbitrio del Gobierno dónde y cuándo
se tienen que poner. Pensamos que se tiene que concretar más, poner unos
criterios; nosotros hemos dado dos, el de territorialidad y densidad de
población, pero, en todo caso, pensamos que hay que establecer la
obligatoriedad de la constitución de esas oficinas de asistencia a las
víctimas en las sedes de juzgados y de tribunales conforme a unos
criterios que, en este caso, nosotros hemos propuesto esos dos que acabo
de indicar, y teniendo en cuenta que la priorización de la implantación
tiene que hacerse sobre la base de las necesidades que existan y
paulatinamente también con las posibilidades económicas y presupuestarias
que lo permitan. Venimos a decir lo mismo que dice el proyecto, pero
pensamos que en el fondo hay una gran diferencia. Una cosa es que nos
obligue a ponerlas desde el principio de forma taxativa en toda la Planta
judicial y otra cosa es dejarla a la arbitrariedad del Gobierno sobre la
base de las cuestiones presupuestarias. Pensamos que es mucho más
adecuada la enmienda que presenta el Grupo de Coalición Canaria, y
pedimos el voto de todos los Grupos políticos para mejorar el texto en
este sentido.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso
Darias.
Para la defensa del voto particular número 3 del Grupo Popular, referente
a las enmiendas números 9 a 15 y 18 a 25, el Senador Iribas tiene la
palabra.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 9 la damos por defendida en sus propios términos,
habida cuenta de todas las cuestiones que hemos señalado en el turno de
portavoces previo.
En cuanto a la enmienda número 10, ésta define el ámbito de aplicación
del proyecto que entiende el Grupo Popular que debe darse y reitera el
criterio de mi Grupo de indemnización frente al concepto de ayuda. La
prevé así para los supuestos de muerte o lesiones determinantes de
invalidez o incapacidad temporal o permanente y la condiciona --eso es
importante y lo queremos señalar expresamente al portavoz del Grupo
Socialista al objeto de aclararle conceptos-- a que los perjuicios
perturben gravemente las condiciones de vida o profesionales de las
víctimas, de sus herederos o, en su caso, de quienes dependieran de
aquélla. En definitiva, hace alusión al término claro y rotundo de
solidaridad, puesto que no cabe solidaridad con quien no la precise. Esto
es algo que viene expreso, escrito y señalado en el texto de nuestras
enmiendas, condicionadas a que los perjuicios hayan perturbado gravemente
las condiciones de vida o profesionales de las víctimas. La condiciona
igualmente tras remarcar su solidaridad a que las víctimas directas o
indirectas no hayan podido, obviamente, obtener del autor del delito o
de los responsables civiles las indemnizaciones correspondientes.
La enmienda número 11 al artículo 2 alude a quiénes están legitimados
para solicitar las indemnizaciones, señalando, obviamente, entre ellos,
y en coherencia con nuestra concepción resarcitoria de lo que debe ser
el proyecto de ley, a los herederos.
En cuanto a la enmienda número 12 al artículo 4 pretende modificar el
concepto de lesiones y daños que se establece en este artículo del texto
del proyecto en clara remisión en el mismo a la legislación de la
Seguridad Social, y pretende ampliar, asimismo, la cobertura a otros
conceptos que ya han sido mencionados precisamente en el turno de
portavoces.
La enmienda número 13 pretende la supresión del actual artículo 6 del
texto del proyecto en coherencia con la filosofía indemnizatoria del
conjunto de las enmiendas al proyecto mantenidas por parte del Grupo
Popular, rechazando los módulos que entendemos que no es algo ajustado
a lo que se establece en el artículo 4 del Convenio Europeo.
La enmienda 14 pretende por su parte modificar el artículo 8 con la
creación de un fondo, antes aludido en mi intervención de portavoces, que
será controlado y gestionado por una Comisión adscrita al Ministerio de
Justicia e Interior que será competente para la concesión y fijación de
los importes de las indemnizaciones. Prevé, asimismo, la composición y
renovación de esta Comisión con lo que trata de conseguir un
funcionamiento equilibrado y lo menos discrecional posible.
Por otra parte, la enmienda número 15 al artículo 9 prevé que las
solicitudes de indemnización se dirigirán a la Comisión, a la que antes
hemos aludido, y señala qué datos habrán de cumplimentarse, y entre
éstos, obviamente, en coherencia con la filosofía y con la letra de
nuestro proyecto, deberán incluirse los de la valoración de los daños y
perjuicios concretando el importe de la indemnización que se solicita.
Igualmente se prevén los plazos de resolución de los expedientes
indemnizatorios, entre los cuales se prevé agilizar al máximo las
contestaciones, puesto que ésta es una cuestión que nos preocupa
seriamente de la ley, ha sido señalada por parte de algún otro Grupo,
pero esta ley, lógicamente, va a traer consigo un desarrollo
reglamentario
y nos preocuparía seriamente que las víctimas de los delitos violentos
al objeto de conseguir una serie de ayudas se vieran involucradas en toda
una serie de trámites burocráticos y administrativos que les generasen
excesivos perjuicios que pudiéramos y debiéramos saber evitar a través
de la redacción de un texto normativo correcto y adecuado.
Igualmente la enmienda número 15 prevé, además de los plazos de
resolución de los expedientes, la práctica de audiencias, investigaciones
o solicitudes de información.
La enmienda número 18 al artículo 12 prevé la supresión del mismo en
coherencia con la tesis que sostiene la letra de nuestras enmiendas de
que sea la Comisión Nacional la primera instancia de la tramitación y de
la resolución de los expedientes.
La enmienda número 19 al artículo 13 por su parte prevé el que el Estado
se subroga mediante el pago y precisamente desde ese mismo momento, cosa
que no se señala en el texto del proyecto, en los derechos de las
víctimas, y suprime toda referencia al procedimiento previsto en el
Reglamento General de Recaudación, algo que, a nuestro entender, no tiene
precedente ni en los procedimientos administrativos ni laborales de
acuerdo con la legislación vigente.
La enmienda número 20 al artículo 14 la damos por defendida en sus
propios términos.
En cuanto a la enmienda número 21 al artículo 16, coincidimos cuando
menos con el espíritu de la enmienda número 8 del Grupo de Coalición
Canaria, y pretendemos que se prevea la implantación de una oficina de
asistencia a las víctimas en cada audiencia provincial. Se trata de fijar
un concepto objetivo, distributivo y no aleatorio o establecido al pairo
de cualquier presupuesto que pudiera aprobarse o de cualquier partida que
pudiera establecerse y que, en definitiva, dejase en papel mojado lo que
entendemos que debe ser una verdadera garantía de asistencia a las
víctimas. Se prevé cuáles serán las funciones y actividades de las
oficinas que se desarrollarán reglamentariamente, y se dice que se hará
en el plazo de un mes, a fin de agilizar el proceso.
Por otra parte, la enmienda número 22 que pretende la creación de un
nuevo artículo 17 señala cómo serán ejecutadas la reparación y la
indemnización que hayan sido impuestas del mismo modo que las sanciones
económicas, y que tendrán prioridad sobre cualquier otra sanción
pecuniaria impuesta al causante del daño o perjuicio, en definitiva,
impuesta al causante del delito.
Nuestra enmienda número 23, un nuevo artículo 18 prevé que en el caso de
fallecimiento de la víctima o de incapacidad de la misma el Estado
concederá becas a los hijos de ésta así como a aquellos menores de edad
que eventualmente dependan de la víctima y que serán becas suficientes
para cubrir cuando menos los gastos de matrícula y el material docente
necesario.
La enmienda número 24 señala, igualmente de manera expresa, rotunda,
clara y explícita y sin tener que acudir a interpretaciones indirectas,
que el Estado fomentará la creación de asociaciones que defiendan los
derechos de las víctimas de delitos violentos que se contemplan en la
presente ley mediante subvenciones que hagan posible el eficaz
cumplimiento de sus fines. Hemos podido constatar la eficacia que este
tipo de asociaciones tienen y la importante labor que desarrollan, por
ejemplo, las asociaciones de víctimas del terrorismo. Creemos que todo
lo que sea ayudarles para que ellos a su vez ayuden a las víctimas en la
protección, asistencia e información es bueno y que, por lo tanto,
conviene potenciarlas y subvencionarlas.
Finalmente, la enmienda número 25 que mantenemos exclusivamente a la
Disposición Adicional Segunda, número 1.º, lo que prevé es la ampliación
del ámbito de aplicación en el sentido de que en el caso de delitos que
se cometan en el extranjero, pero para que los que fueran competentes los
tribunales españoles, sean también aplicables las disposiciones de la
presente ley, siempre que exista entre el país de origen de unos y España
acuerdos de reciprocidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iribas.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente, señorías.
Si me lo permite el señor Presidente repartiré el turno de contestación
a las enmiendas defendidas con la Senadora Fernández Arias.
En primer lugar, empiezo por las enmiendas a los artículos números 1 a
8, formuladas y defendidas por el Grupo Parlamentario Popular. Su
portavoz ha comenzado su intervención refiriéndose a las varias
iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido, tanto en el
Congreso como en el Senado. Hay que hacer constar que estas iniciativas,
varias de ellas presentadas por dicho Grupo, no tenían nada que ver entre
sí. La duda permanente que ha abundado en el Grupo Parlamentario Popular
sobre esta materia, relativa a los derechos que asisten a las víctimas
de los delitos violentos, ha sufrido en ellos tal cantidad de
modificaciones que, incluso con dos meses de diferencia, una proposición
de ley presentada en el Congreso de los Diputados y otra presentada en
el Senado, no se parecen nada entre sí. Parece como si, en su día,
hubieran sido formuladas por grupos distintos. Una simple lectura de cada
una de estas propuestas, de estas iniciativas legislativas, nos lo
demuestra. Vean cómo, en el artículo 1 de la proposición del Congreso,
se dice: Tendrán derecho a percibir del Estado una indemnización las
víctimas de acciones terroristas cuando concurran las siguientes
circunstancias. Y se hace una enumeración. En cambio, en la del Senado
se dice: Toda persona que haya sufrido un perjuicio causado por hechos
voluntarios o no, etcétera. Hago sólo la referencia para que se den
cuenta de la indeterminación que ha sufrido el Grupo Parlamentario
Popular constantemente en esta materia.
Está muy bien que tengan iniciativas legislativas o parlamentarias. Lo
que ya no parece que sea de recibo es que esas iniciativas entren en
colisión entre sí siendo el mismo
el proponente. No sé si terminarán votando favorablemente el proyecto de
ley que definitivamente salga como consecuencia de este debate. Puede que
sí porque, al final, estaremos de acuerdo en que hay que legislar en
favor de las víctimas de delitos violentos y, por tanto, después de tanta
indeterminación, se llegará a la conclusión de que algún remedio hay que
poner.
Ya se han dado cuenta de una serie de errores que habían cometido en sus
proposiciones anteriores, y se han dado cuenta, por tanto, de que, al
aplicar la proposición de ley que en su día se presentó en el Congreso,
primero, como enmienda a la totalidad a este proyecto de ley que ahora
discutimos y, ahora, como enmiendas parciales a cada uno de los
artículos, han diseccionado su proposición de ley y la han ido situando
en cada uno de los artículos del proyecto de ley, produciéndose en
algunos casos una tremenda confusión, puesto que nada tiene que ver con
el texto base de debate lo que ustedes proponen como enmiendas, y se ha
producido una gran confusión, como ustedes mismos han podido advertir.
Creo que se darán cuenta también de que no se pueden seguir incluyendo
los delitos imprudentes junto a los dolosos. Creo que también se darán
cuenta de que tampoco se pueden incluir las faltas ni las faltas no
intencionadas, entre otras cosas porque no han hecho ustedes la cuenta
de lo que eso cuesta y de lo justo o menos justo que eso pueda ser. En
Comisión rectificaron también oportunamente algunos términos de la
legislación derogada, y pienso que les falta reconocer que la persona
beneficiaria, cuando no es la víctima directa, no puede ser el heredero
independientemente de la dependencia económica. Ahí es donde se observa
también muy singularmente la separación entre los dos proyectos, entre
los dos modelos. Verá que es más justo el nuestro. La ayuda, al ser
pública, al no ser una indemnización que se incorpora, desde luego, al
patrimonio del causante --si fuera una indemnización se incluiría
directamente en él--, es una prestación directa que nosotros atribuimos
al cónyuge o a quien dependiera económicamente de la víctima. Hacemos ahí
un gesto de la solidaridad que usted no termina de encontrar en la ley.
Pues ahí tiene usted un gesto de la solidaridad. Los que tienen mucho,
no tienen por qué recibir las ayudas económicas. En cambio, los que están
dependiendo económicamente de la víctima, son los que se tienen que ver
suficientemente asistidos por el conjunto de la ciudadanía, que se
personifica en el Estado. (El señor Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la
Presidencia.)
Permítame que le recuerde también que la Seguridad Social cubre la
asistencia sanitaria en su más amplio sentido. Ya prevemos para los
menores los gastos funerarios. Por tanto, creo que en nuestro proyecto
de ley están cubiertos todos aquellos pormenores de interés necesario,
de preferencia, sobre cualquier otro criterio que se pueda adoptar, y que
no coincide esencialmente con lo que es la ayuda auténtica a las víctimas
y a sus sucesores en cuanto que se sienten también, porque lo son,
víctimas del delito.
No se acomoda, por consiguiente, a nuestro modelo de ayudas públicas la
pérdida de ingresos de alto poder adquisitivo, por no coincidir con un
sentido auténtico de solidaridad, que es el que prevalece en nuestro
proyecto.
La referencia a los fondos en las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular y la alegación que se hace en alguna justificación a que se
utilice el 0,5 por ciento del Impuesto sobre el Rendimiento de las
Personas Físicas, resulta también injusto, porque ese 0,5 por ciento ya
tiene unos destinatarios. Si tuvieran que serlo también las víctimas
directas o indirectas de los delitos violentos nos encontraríamos con una
peculiar situación en la que habría que repartir eso que, además, forma
parte de los Presupuestos Generales del Estado, que es una partida más
de éstos, entre las otras organizaciones no gubernamentales que reciben
las ayudas que están previstas con el 0,5 por ciento. Se lo tendríamos
que quitar a la Cruz Roja, a Cáritas, etcétera, de tal manera que en nada
estaríamos mejorando la situación sino que la estaríamos empeorando
considerablemente.
El sistema de la indemnización de la responsabilidad subsidiaria, la
subrogación en las obligaciones del delincuente, es el modelo de ustedes.
Se subroga en las obligaciones del delincuente, que es algo completamente
distinto a lo que nosotros proponemos. El Estado no se subroga en las
obligaciones del delincuente, porque el autor no tiene que verse apoyado
y subrogado por nadie y, desde luego, no por el Estado, que no es
culpable de la situación, sino que tiene que ser el Estado el que
atribuya el derecho a las víctimas directas o indirectas. Por eso quieren
crear ustedes ese fondo y de esta manera. Es completamente distinto a
nuestro modelo, en el que la ayuda y la asistencia a las víctimas reside
en la solidaridad bajo un principio que se fija en la atención humana,
en las garantías y en los servicios a las víctimas y en la
correspondencia económica que en cada caso corresponda, siempre que se
trate de un delito doloso y violento, pensando siempre en las necesidades
económicas de las víctimas, que son distintas en unos y en otros
supuestos. Por eso nosotros hemos recogido como base el gasto social para
atender a todo esto.
Brevísimamente contesto ahora a la enmienda número 6, defendida por el
representante de Coalición Canaria.
Quiero decirle que, estando nosotros básicamente de acuerdo con esa
enmienda, puesto que coincide con el texto del proyecto, sin embargo,
después de examinarla muy cuidadosamente, consideramos que no reúne todas
las condiciones contempladas en el propio artículo que intenta enmendar,
el artículo 5, que es mucho más completo. Se suprime en esa enmienda el
segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5, con lo cual dejaríamos
este precepto en malas condiciones, falto de claridad. Por tanto, creo
que su señoría estará de acuerdo conmigo en que es preferible que se
mantenga el texto original.
Nada más, señor Presidente. Si su señoría lo permite, ahora continuará
este turno la Senadora Fernández Arias para contestar a las enmiendas
restantes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Arévalo.
Tiene la palabra la Senadora Fernández Arias.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a partir del artículo 9, igual que ocurre en las anteriores
enmiendas, vemos que el Grupo Popular tiene un modelo que en realidad no
tiene nada que ver con el que se ha elegido para este proyecto.
Señorías, este proyecto de ley tiene como objetivo principal resarcir a
las víctimas del daño que han sufrido, pero no sólo económicamente, como
ha dicho el Senador Arévalo, sino prestándoles también toda la ayuda
posible. Por tanto, consideramos que en este artículo 9 deben
establecerse fórmulas que propicien una eficacia y una mayor agilidad a
la hora de prestar esa ayuda que precisan las víctimas.
¿Quién mejor que el Departamento dependiente del Ministerio de Economía
y Hacienda para recibir las solicitudes teniendo en cuenta que el mismo
tiene una gran experiencia en estos asuntos puesto que es el que gestiona
todas las pensiones pasivas, las pensiones de terrorismo y, en una
palabra, todas las pensiones extraordinarias desde hace ya muchos años?
Precisamente, esto evita lo que el portavoz del Grupo Popular decía
cuando se refería a la burocracia. El que a un órgano que ya existe y que
está realizando esta función le encomendemos que también gestione las
ayudas a las víctimas evita, desde luego, una mayor burocracia, puesto
que no se necesita hacer uso de un nuevo personal. Ya hay ahí un personal
que se está dedicando de una manera eficaz --nadie puede dudarlo-- a
gestionar todas estas pensiones extraordinarias.
Ustedes también proponen que las solicitudes las reciba un fondo que,
aunque sí aparecía en su proposición de ley, no existe en este proyecto.
Por tanto, ustedes deben entender que de ninguna manera vamos a entregar
una gestión a un fondo que no contempla el proyecto de ley.
Aunque ustedes unifican después los artículos 11 y 12 en uno solo, en el
artículo 9 --prueba de ello es que ustedes solicitan la supresión del
artículo 12--, sin embargo, concretamente en el artículo 11 tampoco
cuentan ustedes con la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las
Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. Ustedes,
además de no contar con este Departamento del Ministerio de Economía y
Hacienda y entregar las solicitudes a un fondo, no dicen tampoco quién
va a resolver las impugnaciones, cuestión que correspondería a esta
Comisión Nacional. Es decir, ustedes tampoco cuentan con esta Comisión,
pieza fundamental en el proyecto en nuestra opinión que va a permitir que
haya una actuación más clara y más ajustada que la vía del recurso
administrativo.
Consideramos por ello que este órgano, la Comisión Nacional, que va a
recibir las solicitudes como encargada de resolver, va a resultar más
eficaz además de que está más de acuerdo con el modelo y con la filosofía
esta ley.
Ustedes tienen presentada también una enmienda al artículo 12 a la que
no me voy a referir puesto que es de supresión. Ustedes trasladan al
artículo 9 todo lo que corresponde al artículo 12, por lo que,
lógicamente, no vamos a admitir la supresión de este artículo.
En lo que al artículo 13 se refiere, ustedes quieren que se diga
claramente en qué momento va a subrogarse el Estado. Pues bien, el Estado
puede subrogarse por el mismo sistema que la Seguridad Social puesto que
estas ayudas son en realidad un seguro social. Es el Estado el que va a
hacerse cargo de los gastos y, como es lógico, va a subrogarse en el
derecho de las víctimas. ¿En qué momento? Eso está claro en el proyecto,
en el mismo momento en que haya pagado. Es decir, mientras no paga el
Estado no hay subrogación, pero en el momento en que el Estado paga ya
puede ejercitar la acción de subrogación.
Ustedes no sólo no están de acuerdo con el procedimiento, sino que
tampoco lo están con que dicho procedimiento sea el previsto en el
proyecto de ley, es decir, con que sea el Reglamento General de
Recaudación el que ejercite esta acción de repetición. Aducen ustedes que
esto no tiene precedentes, pero, desde luego, no creemos que nadie pueda
decir que no sea un buen procedimiento el que el Estado ejerza esa acción
contra quien comete el delito una vez que ha pagado las ayudas, y que sea
precisamente el Reglamento General de Recaudación el que lo realice, del
que no creo nadie dude de su eficacia y que está concretamente para
defender a los ciudadanos.
Por otra parte, no hay duda de que algún procedimiento debía articularse.
Sería triste que el Estado pagase a fondo perdido. Por tanto, repito que
para garantizar esta restitución debe articularse algún procedimiento.
Sería grave que por una simple negligencia administrativa no se pudiese
recuperar un dinero que, al fin y al cabo, es de todos los
contribuyentes.
Por tanto, haya o no haya precedentes, no puede haber duda alguna sobre
que el Reglamento General de Recaudación es un instrumento eficaz que
ofrece toda clase de garantías en defensa de los ciudadanos.
Si en el artículo 13 ustedes no estaban de acuerdo con el Reglamento
General de Recaudación, por coherencia, en el artículo 14 ustedes siguen
sin estar de acuerdo con este procedimiento. Por ello plantean ustedes
en su enmienda que sea la Comisión Nacional de Asistencia y Ayudas a las
Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual la que se
responsabilice de esa devolución.
Pues bien, no parece en absoluto conveniente que a una Comisión que va
a entender de todas las impugnaciones le encomendemos también que se haga
cargo de la restitución, de la repetición por parte del Estado. Creemos
que se le haría un flaco favor a esta Comisión ya que la cargaríamos en
exceso sin necesidad alguna, con lo cual su cometido resultaría menos
ágil y menos eficaz.
En cuanto a la enmienda número 21, en la que se refieren ustedes al
número de oficinas y a su ubicación, yo no creo --como ha dicho el
portavoz del Grupo Popular-- que esta enmienda tenga que ver con la
presentada por el Grupo de Coalición Canaria. Creo que nada tiene que
ver. En realidad en su enmienda se solicita claramente que se ubique una
oficina en cada Audiencia Provincial, cosa que no solicita la de
Coalición Canaria. Considero que este Grupo está más de acuerdo con el
texto del proyecto.
Rogaría al Grupo de Coalición Canaria que considere que, al menos desde
mi punto de vista, lo único que hay en esa enmienda es una redacción
distinta. Si nos fijamos en ambos textos nos daremos cuenta de que no
existe una
gran diferencia entre ellos. En uno de ellos se dice lo siguiente: El
Ministerio de Justicia e Interior procederá, de conformidad con las
previsiones presupuestarias, a la implantación de Oficinas de Asistencia
a las víctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en
todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan. Y la
enmienda del Grupo de Coalición Canaria establece: «Reglamentariamente
se procederá a la constitución de Oficinas de Asistencia a las víctimas
en las sedes de Juzgados y Tribunales conforme a criterios de
territorialidad y densidad de población observados por el Ministerio de
Justicia e Interior, con su implantación prioritaria en razón de las
necesidades que lo exijan, y paulatinamente en la medida que las
posibilidades económicas y presupuestarias lo permitan.»
Sinceramente, creo que hay una gran afinidad entre el texto del proyecto
y esta enmienda, aunque tengan una redacción distinta. No ocurre así con
la enmienda del Grupo Popular, que propone que las oficinas se encuentren
en cada una de las Audiencias Provinciales. No hay duda de que lo que hay
que hacer es que esta ley se llegue a cumplir, es decir, que las víctimas
reciban las ayudas, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular.
Estamos de acuerdo. Pero no creo que en este momento se tenga que decidir
cuántas oficinas debe haber y dónde deben estar ubicadas, sino que
primero hay que contar con las disponibilidades presupuestarias. Hay que
conocer, pues, las necesidades, y de acuerdo con éstas se llevará a cabo
la implantación de las oficinas. Por otra parte, éstas no tienen por qué
estar ubicadas en cada una de las Audiencias Provinciales, teniendo en
cuenta que no tenemos que hacer que coincidan con la Planta judicial,
puesto que la función de estas oficinas no tiene nada que ver con la
jurisdiccional.
El Grupo Popular añade tres artículos a la ley --los números 17, 18,
19--, que creemos que no encajan en este modelo ni en la filosofía de
este proyecto, porque esta ley pretende que nos ocupemos principalmente
de los delitos violentos y de todos aquellos que tengan que ver con la
libertad sexual. Por tanto, es una ley destinada a resarcir un daño que
se comete contra personas, y éstas necesitan de nuestra asistencia y
solidaridad. Se trata, pues, de resolver un problema social, de reparar
un daño: el que padecen las víctimas.
Lo que se propone en el artículo 17, nuevo, no nos parece propio de esta
ley; lo sería de una ley que se ocupara más de los agresores que de las
víctimas. Posiblemente, en la proposición que el Grupo Popular presentó
en el Congreso --que no tiene que ver con la filosofía de este proyecto--
encajaría este artículo; pero, desde luego, insisto en que en este
proyecto no ocurre así, porque introduce cuestiones que no están de
acuerdo con este modelo. Como muy bien ha dicho el Senador Arévalo, el
modelo que nosotros defendemos es el que preveíamos en nuestros programas
electorales, consistente en poner en marcha medidas que supusiesen un
gasto social y resarciesen de los daños que se ocasionan a las víctimas.
Por tanto, vuelvo a insistir en que el artículo 17 no encaja en este
modelo de ley.
Con respecto al artículo 18, nuevo, ocurre lo mismo. Para nosotros el
derecho a la educación es un derecho básico, desde luego, en el modelo
de sociedad que queremos. Afortunadamente, creo que en este momento no
hay ninguna persona, ningún niño o joven que no pueda acceder a la
educación, es decir, que no pueda estudiar por carecer de recursos
económicos. Por tanto, creemos que el artículo 18 no tiene cabida en esta
ley, porque --y vuelvo a lo que he dicho desde el principio-- no es ésa
la forma de resarcir a las víctimas; son otras las ayudas que precisan
las personas víctimas de estos delitos.
Por lo que se refiere al artículo 19, también nuevo, se dice que el
movimiento se demuestra andando. Nosotros, a lo largo de nuestra
historia, hemos demostrado que queremos el asociacionismo, que estamos
interesados en que se vertebre la sociedad, porque allí donde hemos
tenido algo que decir --en los ayuntamientos, la escuela, etcétera--
hemos facilitado que haya asociaciones. ¿Cómo? Proporcionando locales,
ayudando con subvenciones, etcétera. Por tanto, insisto, estamos de
acuerdo con que cuantas más asociaciones haya, mejor, con que la gente
defienda sus derechos, con que se defienda realmente si es atacada,
etcétera. Pero no creemos que eso haya que ponerlo en una ley como ésta.
En este sentido, ahora existen asociaciones, por ejemplo, de víctimas
contra el terrorismo, a las que apoyamos y ayudamos en todo lo que está
en nuestras manos pero, vuelvo a insistir, no creemos que sea la ley la
que deba establecer si tienen que asociarse o no los ciudadanos.
En cuanto a la Disposición Adicional Segunda, si queremos que la ley sea
eficaz, no debemos extenderla más. No hay ninguna discriminación de
nacionalidad en el proyecto. Por otra parte, como en todos los países de
nuestro entorno --en todos los países europeos-- existe ya una ley de
este tipo, creemos que habrá una reciprocidad. Este es el modelo que está
instaurado en la mayoría de los países, y en este proyecto se establecen
cláusulas de reciprocidad para reconocer la ayuda a todos los ciudadanos.
Por tanto, el proyecto no discrimina a nadie.
Creo que con esto he dado respuesta a todas las enmiendas, que no nos
parece que puedan enriquecer el proyecto, por tanto, nos opondremos a
ellas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senadora Fernández Arias.
Abrimos turno de portavoces.
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Nos mantenemos en lo que dijimos en la defensa de nuestras enmiendas.
Creemos que la número 8 no coincide con lo que dice el proyecto, sino que
pretende cambios sustanciales. Pensamos que el texto del proyecto propone
dejar este tema «ad calendas graecas», mientras que nosotros fijamos más
concretamente los criterios. Asimismo,
hacemos nuestro el tema de las necesidades y disponibilidades
presupuestarias, porque somos conscientes de las dificultades por las que
está pasando nuestra economía.
También queremos dejar claro que en el texto de nuestra redacción se
establece una obligatoriedad legal más fuerte para el Ministro y Gobierno
de turno, así como unos criterios que serán más o menos acertados, pero
que no vemos en el proyecto que hoy estamos debatiendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Travieso.
Tiene la palabra la Senadora Fernández Arias.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Travieso, también su enmienda deja en cierto modo este tema al
arbitrio del Ministerio, ya que dice: «... criterios de territorialidad
y densidad de población observados por el Ministerio de Justicia e
Interior, con su implantación prioritaria, en razón de las
necesidades...»
Realmente, sigo creyendo que en este caso no hay diferencias
sustanciales, salvo las de redacción. Vuelvo a insistir en que ustedes
proponen que este tema no quede al arbitrio de quien sea en su día
Ministro de Justicia --que incluso puede que no sea el actual, cuando se
va a aprobar la ley--; sin embargo, en su enmienda se establece
claramente que sean los criterios observados por el Ministerio de
Justicia e Interior. Por tanto, la exigencia de que se creen estas
oficinas está clara en el proyecto. ¿Cómo? Según sean las necesidades.
Y esto es lo que yo veo en su enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señoría, se ha
señalado a lo largo de todo este debate por parte de uno de los dos
portavoces socialistas, que se confirmaba que mi Grupo había sido uno de
los que insistente y machaconamente había estado planteando iniciativas,
al objeto de que una vez más no se quedase nuestro país en el carro final
de Europa, ya que era uno de los pocos países que no tenían legislación,
al respecto, cosa que ahora sí se va a posibilitar merced a la aprobación
del proyecto de ley. Por lo menos se ha reconocido el hecho de que
machaconamente mi Grupo ha incidido en una serie de iniciativas
parlamentarias. Por lo menos se nos ha reconocido un hecho, por otra
parte, objetivo y plasmado en el «Diario de Sesiones». No sabemos si se
habría reconocido si no estuviera en el «Diario de Sesiones».
Y se ha afirmado con rotundidad que nada tenían que ver unas con otras.
Nosotros queremos negar la mayor. Pero, además, hay que decir que tampoco
tendría nada de raro que las iniciativas hubieran sido diversas, dado lo
que ustedes nos han hecho esperar. En 13 años no lo hemos podido lograr
y solamente ha sido posible en estas épocas preelectorales de
decaimiento. No sean ustedes incoherentes ahora con su actitud a lo largo
de 13 años y funcionen como debían haberlo hecho desde el principio. Pues
bien, el tiempo ha transcurrido. Nosotros alguna vez también nos
equivocamos, reconocemos errores, lo que nos ha hecho modificar textos,
y, sobre todo, abrirnos para intentar conseguir lo que hoy parece que se
hará realidad, y es que se apruebe una ley mejor o peor, pero que por lo
menos la ley exista, aunque estemos en el carro final del tren europeo,
cosa que nosotros queríamos haber evitado hace muchos años.
Las iniciativas socialistas han coincidido todas a lo largo de estos 13
años: silencio mudo y desprecio total hacia la actitud de asistencia a
las víctimas de delitos violentos; silencio mudo e inactividad palmaria
y plasmada. Han sido absolutamente coherentes con ustedes. Ahora es
cuando son incoherentes, en estas vísperas electorales, y lo agradecemos,
siquiera sea por ese motivo. Pero no nos hablen de vaivenes, porque de
vaivenes podemos hablar todos. Ustedes en ocasiones han sabido rectificar
con gran acierto y a lo largo de estos últimos años han descubierto la
OTAN. Ahora parece que la van a descubrir más, por lo menos el señor
Solana. Han descubierto, gracias a Dios, la Guardia Civil e incluso han
descubierto otras cosas, como los trajes de tergal en lugar de los de
pana, etcétera.
Nosotros hemos sido flexibles, hemos rectificado. De acuerdo. Hemos
planteado un proyecto que entendemos que es justo, que es más solidario
que el de ustedes. La indemnización, por su propia naturaleza, expresa
un concepto de solidaridad, de indemnidad, de reparación total. La ayuda
es un concepto de asistencia, de beneficencia o de providencia. Nosotros
hemos insistido en una cuestión, y es que los que tienen mucho no tienen
por qué percibir. La solidaridad empieza por ahí, y se lo he remarcado
para que no me lo adujera, porque está en el texto escrito de nuestras
enmiendas. Sin embargo, ustedes entran en contradicciones, porque, según
su propio texto, el heredero indigente de un indigente no tendría derecho
a ninguna ayuda y con el hijo menor de un magnate --con la ge antes de
la ene--, posiblemente se podría discutir qué ocurriría.
Se nos ha hablado de que como la Seguridad Social ya cubre a los
españoles los gastos médico-farmacéuticos no hay por qué entrar en ello.
Pero hay que tener en cuenta que una parte de los españoles no están
acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, que no están
cubiertos y habrá que pensar que son tan españoles como los demás.
Se nos ha hablado de desechar el fondo y ustedes tiran del presupuesto.
Yo les auguro que el fondo se creará, porque, en principio, es un símbolo
de solidaridad social y porque está en coherencia con lo que, sin duda,
acabará determinando la voluntad mayoritaria de los españoles,
legítimamente representada. Se nos ha dicho que el 0,5 que nosotros
pedimos que contribuya a integrar ese fondo va a suponer desnudar de
subvenciones --y se nos ha querido, valga la expresión, tocar el magro--
a Cruz Roja y a Cáritas. Si quieren un día nos sentamos y empezamos a ver
si hay que desnudar a alguna asociación de las subvenciones
que ustedes les dan, a esas asociaciones de nombres raros que los
españoles no tienen muy claro a qué responden. En cuanto a Cruz Roja y
a Cáritas, en eso seguro que coincidirán con mi Grupo, porque tenemos
muchas ganas de apoyarles y más de lo que ustedes les apoyan.
En cuanto a que la enmienda de Coalición Canaria no dice nada en realidad
y que es igual que la del texto del proyecto, para qué le voy a contestar
si ya le ha contestado el propio autor de la misma. Pero aún les voy a
decir más: si, como señalan, no hay gran diferencia entre el texto del
proyecto y la enmienda de Coalición Canaria, apóyenla. Para nosotros es
una enmienda que mejora, sin duda, el texto del proyecto y se aproxima
más a la nuestra, es decir, por lo menos señala unos criterios objetivos
que escapan del pairo presupuestario al que hemos querido aludir.
Nos dicen que no tienen por qué introducir un artículo en esta ley en el
que se hable de subvenciones a asociaciones de defensa de las víctimas
de delitos violentos, porque eso sería obligar a asociarse. La verdad es
que no lo entendemos y sería un añadido importante e interesante.
Finalmente, quieren desechar la idea repetida por algún otro grupo de que
puede producirse una burocracia en el desarrollo y en la ejecución
práctica de esta ley. En el texto está lo que ustedes han dicho.
Nosotros, que creemos que estamos peor sin ninguna ley que con una ley
mala, pensamos sinceramente que debemos salvaguardarnos de leyes de
beneficencia y que pueda decirse en un futuro que simplemente han estado
cargadas de intención. Esperemos que no sea sólo intención electoral,
sino que sea buena intención y esperemos que esta asistencia, al final,
se preste. En eso está nuestro ánimo y nuestro propósito. Intentaremos
aportar, una vez más, nuestras iniciativas y, finalmente, daremos el voto
que corresponde ante la situación de absoluto desamparo en el que han
tenido ustedes a las víctimas de delitos violentos durante todos estos
años, hasta el día de hoy.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--El señor Arévalo Santiago pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Iribas.
Señor Arévalo, ¿pide la palabra?
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, si me lo permite, solicito
un minuto por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Lo tiene su señoría.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero hacer constar, después de la intervención del Senador
Iribas, que como creo que toda la Cámara está de acuerdo en la necesidad
de crear unas ayudas y unas asistencias a las víctimas de los delitos
violentos y contra la libertad sexual, eso nos une a la hora de la
votación. No obstante, quiero hacer constar la diferencia que existe
entre el modelo que ha defendido el Grupo Parlamentario Popular y el que
hemos defendido nosotros. Son dos modelos distintos, como se ha puesto
de relieve en la discusión de las enmiendas. Haciendo constar esta
situación, doy de nuevo las gracias a sus señorías y al señor Presidente,
por haberme permitido hablar.
Muchas gracias. (El señor Iribas Sánchez de Boado pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Arévalo.
Señor Iribas, supongo que pide la palabra por el artículo 87, por lo que
tiene un minuto.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero recordar que el grupo mayoritario de la Cámara es el
nuestro y que debíamos cerrar las intervenciones. A nuestro entender, las
intervenciones se deben producir --el Presidente no las puede adivinar
y, por lo tanto, no es imputable al mismo-- a tenor del contenido del
articulado al que se acoge.
Ha señalado que son distintos conceptos de modelos los que se prevén, lo
que es obvio y en ello he estado insistiendo reiteradamente. En todo
caso, que nosotros tengamos, sin duda, un modelo mejor no va a
imposibilitar que sea viable acabar con la laguna legal a la que hemos
estado sometidos hasta ahora y posibilitemos que haya algo, por menos
bueno que sea, que nos permita iniciarnos en este camino de indemnización
y de resarcimiento total que busca el Grupo Parlamentario Popular, que
lo busca desde hace mucho tiempo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Iribas. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos, en primer lugar, a votación las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
al proyecto de ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos.
Las enmiendas son las números 6, 7 y 8.
(El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
El senador Ortiz tiene la palabra.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, solicito votación separada de la
enmienda número 6.
(El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Martínez Sevilla tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, estamos votando las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, y pido
votación separada de la número 8.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236;
a favor, ocho; en contra, 119; abstenciones, 109.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 7.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236;
a favor, 111; en contra, 118; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236;
a favor, 116; en contra, 118; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
contenidas en su voto particular, números 9 a 25. La número 25 queda
reducida al apartado 1. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236;
a favor, 112; en contra, 119; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen, artículos 1 a 16, las
disposiciones y la exposición de motivos conjuntamente, salvo que se
indique lo contrario. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por los 236 votos emitidos.
(Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA SOBRE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA GENERAL PENITENCIARIA. (S.
624/000015.) (C. D. 122/000125.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
la Proposición de ley Orgánica sobre modificación de la Ley Orgánica
General Penitenciaria.
El Senador por Asturias, don José Ramón Herrero Merediz, tiene la
palabra.
El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión de Justicia ha designado para
presentar el dictamen, por unanimidad, al Senador don Luis María Huete.
El señor PRESIDENTE: El Senador Huete tiene la palabra.
El señor HUETE MORILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de conformidad con el artículo 120.1 del Reglamento de la
Cámara y por designación de la Comisión de Justicia, en su sesión
celebrada el pasado día 8 de noviembre, procedo a presentar el dictamen
de la proposición de ley orgánica sobre modificación de la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Les agradezco la confianza que me han depositado,
pues es un honor para mí subir a esta tribuna, por primera vez, para tan
alto cometido.
Con carácter previo a la información referente a dicha proposición,
permítanme señalar tres elementos que, a mi juicio, justifican la
importancia de esta proposición. En primer lugar, su naturaleza orgánica.
En segundo lugar, se trata de la primera reforma de la Ley Orgánica
General Penitenciaria desde su aprobación en el año 1979. Y, en tercer
lugar, su entronque en el conjunto normativo que se está tramitando en
estos días, y que supone, junto con la reciente aprobación del proyecto
de ley orgánica del Código Penal, la Ley del Jurado, el debate del
proyecto de ley sobre delitos violentos y ayudas a las víctimas del
terrorismo que hemos tenido en estos momentos y, asimismo, el próximo
debate del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, un conjunto
de leyes que viene a completar el ciclo normativo de la nueva política
criminológica.
Dicho lo cual, se debe señalar que esta proposición de ley sobre
modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria tuvo su entrada en
el Senado el pasado cuatro de octubre, remitiéndose por la Mesa del
Senado a la Comisión de Justicia y abriéndose un plazo de enmiendas que
finalizó el 17 de octubre. A esta proposición se han presentado cinco
enmiendas, las números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y las números 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
La Comisión de Justicia designó, en su sesión del 9 de octubre de 1995,
la Ponencia compuesta por los Senadores doña Martirio Tesoro y don Javier
Hernández de Cáceres, por el Grupo Parlamentario Socialista; don José
Ignacio Ceniceros y don Alfredo Prada, por el Grupo Parlamentario
Popular; y don Manuel Ibarz, por el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió.
La Ponencia informó la proposición de ley orgánica el día 8 de noviembre,
incorporando cuatro de las cinco enmiendas presentadas, además de algunas
correcciones técnicas, de modo que se daba nueva estructura a la
proposición por la incorporación de un artículo 2.º nuevo, que introduce
modificaciones a los artículos 10, 24, 42.1 y 51 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria, pasando a ser el contenido anterior de la
proposición el artículo 1.º, mediante
el que se modifican los artículos 29 y 38 de la citada ley. Asimismo, se
incorporaba una disposición final nueva referente a la entrada en vigor
de esta proposición.
La Comisión dictaminó el 8 de noviembre la proposición, introduciendo una
modificación en el apartado tres del artículo 2.º, nuevo, que modifica
el artículo 42.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, concretamente,
en los párrafos e) y h), referentes a las faltas muy graves.
Se mantienen para esta sesión dos votos particulares al texto, uno de
Coalición Canaria y otro del Grupo Parlamentario Popular. Sólo me resta
agradecer a los servicios de la Cámara la colaboración que nos han
prestado.
Nada más, señorías. Gracias de nuevo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Huete.
Realizada la presentación del dictamen, en tanto que no se presentaron
enmiendas de veto, pasamos al turno a favor.
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere consumir un turno a favor de la
totalidad de esta proposición de ley orgánica sobre modificación de la
Ley General Penitenciaria que hoy traemos a debate en esta sesión
plenaria de la Cámara Alta, del Senado; una proposición de ley que es el
resultado de la confluencia, de la unión de diversas iniciativas
parlamentarias de distintos grupos: una, la moción del Grupo
Parlamentario Socialista en esta Cámara que dio lugar a una proposición
de ley sobre el tema en el Congreso de los Diputados y otra, la del Grupo
Parlamentario Popular, ambas del mes de abril de este año, que planteaban
la modificación del artículo 38 de la Ley General Penitenciaria para
afrontar el problema del incremento de la población femenina entre las
reclusas y la influencia psicológica, ambiental y educativa, en relación
con los hijos que hasta los seis años podían permanecer con ellas en los
centros penitenciarios.
Esas dos iniciativas, que tuvieron su entrada en el registro del Congreso
de los Diputados los días 10 y 27 de abril de este año, fueron integradas
y tramitadas en el Congreso de los Diputados para, después de su
aprobación por el Pleno, ser remitidas en esta única proposición de ley
a esta Cámara.
Hay que decir que el texto que hoy debatimos en el Senado supone la unión
a estas dos iniciativas de otras iniciativas, concretamente las del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria y las del Grupo Parlamentario
Socialista, como enmiendas a la disposición final cuarta del Código
Penal, cuando este importantísimo proyecto legislativo se tramitaba en
esta Cámara, que pretendían modificar los artículos 10, 24, 42.1 y 51 de
la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Esas modificaciones han sido integradas en el trámite del Senado;
modificaciones todas ellas importantes que responden a la necesidad por
una parte de adaptar la regulación del régimen cerrado a la nueva
composición de la población reclusa que, lógicamente, se ha modificado
con la evolución de la criminalidad desde el año 1979 hasta la fecha y,
por otra parte, de modificar la regulación del destino de los beneficios
generados por la gestión económica de economatos y cafeterías de los
centros penitenciarios para, de esta manera, definiéndolos como recursos
extrapresupuestarios, destinarlos al mejor logro de los fines de la
actividad penitenciaria y, sobre todo, de los recursos que esta
Administración penitenciaria tiene que tener para hacer frente a las
nuevas demandas derivadas de la entrada en vigor, dentro de unos meses,
del Código Penal.
En tercer lugar, la reforma del artículo 42.1 de la ley plantea
modificaciones para respetar las exigencias derivadas del principio de
legalidad de la potestad sancionadora de la Administración con una mayor
racionalidad en la definición de faltas muy graves, graves y leves, con
adaptaciones, por ejemplo, a la doctrina jurisprudencial mantenida en la
Sentencia 2/1987, del Tribunal Constitucional, de 21 de enero.
Por último, con la modificación del artículo 51 se pretende incorporar
la doctrina asentada en la reciente Sentencia del Tribunal
Constitucional, de 20 de junio de 1994, en materia de comunicaciones
entre los internos y sus abogados defensores que, evidentemente, no
pueden ser intervenidas sin previa orden de la autoridad judicial. Esta
reforma plantea dar cobertura legal a la regla contenida en el vigente
artículo 98 del Reglamento penitenciario que tiende, por otra parte, a
acentuar el control judicial sobre cualquiera de las decisiones de
intervención a adoptar por parte de la Administración penitenciaria.
Nuestro Grupo Parlamentario asume y defiende la integridad del texto que
llega a esta Cámara. Hemos intentado que el apoyo al mismo lo fuera por
unanimidad. Quedaban dos votos particulares vivos, uno de ellos del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que va a servir como percha adecuada
para poder transar con los restantes grupos algunas modificaciones,
concretamente una al artículo 10 y cuatro al artículo 42.1, y que, a
nuestro juicio, va a permitir el apoyo unánime de la Cámara a esta
proposición de ley, a esta iniciativa que supone, como ha dicho muy bien
el Senador Huete, la primera modificación de la Ley General Penitenciaria
de 1979.
Aquella Ley, absolutamente alabada desde el punto de vista doctrinal,
desde el punto vista científico, desde el punto de vista político, en su
momento fue fruto de la unanimidad; y ese consenso, esa unanimidad sobre
la regulación básica de la política penitenciaria del país yo creo que
es bueno que se mantenga por encima de los avatares políticos, por encima
de las circunstancias, por encima de los cambios más o menos
convulsionantes que pueden aquejar a nuestra sociedad. El objetivo se va
a conseguir y, desde el Grupo Parlamentario Socialista quisiera, en este
turno a favor de la proposición, agradecer a todos los grupos de la
Comisión de Justicia de esta Cámara el esfuerzo que han hecho para
posibilitar un texto que cuente con el apoyo unánime de todos los
Senadores y pueda ver la luz con la misma unanimidad con que la vio la
Ley General Penitenciaria de 1979.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Señoras y señores portavoces de los grupos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con brevedad, como es habitual en mí. No voy a abundar en
este turno de portavoces en las razones por las que el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió apoya la
proposición de ley.
Cataluña es la única Comunidad Autónoma que, hoy por hoy, tiene asumidas
las competencias en materia penitenciaria. Desde las responsabilidades
de Gobierno que Convergència i Unió tiene desde hace 15 años y que
esperamos ver revalidadas el próximo domingo, ha compartido las
inquietudes y los déficit que resultaban del texto de la Ley General
Penitenciaria hasta ahora vigente, por lo que, desde dicha
responsabilidad de gobierno, ha contribuido con sus aportaciones a la
elaboración de la proposición de ley y, sobre todo, de algunas de las
modificaciones introducidas en el texto que fue sometido a esta Cámara.
Hoy, ante la posibilidad de contar con el consenso del principal Grupo
de la oposición, mayoritario en esta Cámara, nuestro Grupo no ha dudado
en dar también su apoyo a las propuestas transaccionales que nos han sido
sometidas y, en el momento de la votación, nos sumaremos a ese voto
unánime que ya ha pronosticado el Senador Galán en su intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Nieto Cicuéndez
pide la palabra.)
Senador Nieto, no he observado que su señoría pidiera la palabra en
representación del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera manifestar que mi Grupo estaba de acuerdo con el texto
recibido del Congreso de los Diputados, pero consideramos que dicho
texto, en vez de ser mejorado, incluso con las transaccionales que se van
a incluir, se empeora en un sentido restrictivo porque se limita el
derecho «pro reo». Es decir, todavía se hacen más duras las sanciones,
más subjetivas. Se plantean una serie de temas, como el de la
cooperación. ¿Qué se entiende por cooperar con las fugas? ¿Se entiende
que cooperar con ellas es no denunciarlas? Eso es muy subjetivo: por
ejemplo, si un preso ha visto desde una ventana que otro se está fugando.
En definitiva, se endurecen las faltas graves.
Nosotros creemos que, en aras del consenso, se hace una concesión
regresiva en lo que es el espíritu de la ley que viene del Congreso de
los Diputados. Por ese motivo vamos a votar en contra de las
transaccionales, excepción hecha de una de ellas, y, lógicamente, nos
abstendremos en la votación porque estamos más de acuerdo con el texto
del Congreso que con el que va a salir del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Hernández de Cáceres.
El señor HERNANDEZ DE CACERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ha hecho mi compañero, quiero señalar el consenso que ha
existido, aunque a última hora un miembro del Grupo Parlamentario Mixto
haya manifestado una opinión distinta sobre esta reforma o modificación
de la Ley General Penitenciaria. Pero hay que señalar que en el resto de
los grupos y en la mayoría de la Cámara ha habido consenso, tanto en la
modificación que se hizo a través de la discusión en el Congreso de los
Diputados como la que se ha producido en Comisión y en Ponencia en esta
Cámara, en el Senado.
Yo querría hacer alguna breve reflexión sobre estas modificaciones
señalando, por una parte, que en el artículo 29 se ha equiparado a las
internas trabajadoras gestantes con el mismo derecho que el resto de las
mujeres libres.
En lo referente a la modificación del artículo 38, que también fue
debatida en el Congreso de los Diputados y que trata genéricamente de la
estancia de los hijos con sus madres en los centros penitenciarios,
también haré algunas reflexiones.
A nivel científico, hay partidarios y detractores de que los hijos de las
mujeres internadas en establecimientos penitenciarios puedan estar con
sus madres. La legislación comparada nos ofrece una amplia gama de
posibilidades. La legislación española optó por facilitar la estancia de
los hijos con sus madres hasta que éstos alcanzasen la edad de la
escolaridad obligatoria. Por lo tanto, el tiempo de estancia no estaba
en función de la edad biológica, sino de la legislación escolar. Es
decir, podría haber modificaciones en función de la elevación o
disminución de la edad de escolaridad obligatoria.
En esta medida legislativa hay que conjugar el derecho del niño con el
derecho de la madre, no siempre coincidentes. La edad de tres años nos
parece un término de encuentro entre ambas voluntades. Hasta esa edad,
el niño requiere una relación afectiva directa con esa persona y su
separación puede tener graves repercusiones psicológicas en él. A partir
de esa edad, el niño empieza a ser consciente, a través de su contacto
con el exterior, la televisión, de que su mundo, el de la prisión, no
está normalizado, y estar internado con su madre, observando las
restricciones de libertad de su progenitora, puede crearle unas imágenes
que no se borrasen en su día. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás,
ocupa la Presidencia.) Por ello, estimamos que es acertado establecer
esta reducción de edad y retirar a los niños de sus progenitoras
alcanzada la misma.
La separación de la madre no debe ser absoluta, de ahí que se introduzca
la facultad para que la Administración penitenciaria celebre convenios
con entidades públicas y privadas que fomenten el desarrollo de esta
relación maternofilial. Ya existen experiencias de este tipo, a través
de
unidades dependientes de madres, que se encuentran ubicadas en pisos
perfectamente integrados dentro de los barrios de algunas ciudades y
alejados del establecimiento penitenciario del que dependen
administrativamente. En esta línea, se amplía el derecho de visita de los
niños menores de diez años a su madre, sin restricciones de duración y
horario, ajustándose solamente a la organización regimental del
establecimiento penitenciario.
En cuanto a la modificación del artículo 10, se debe a la necesidad de
ajustarlo a la realidad penitenciaria actual, dando carácter legal a la
misma. En 1979, el legislador estableció un mismo régimen cerrado para
dos colectivos: los penados calificados de peligrosidad extrema y los
inadaptados a los regímenes ordinario y abierto. Realmente, son dos
colectivos perfectamente diferenciados y coherentes con el principio
consagrado en la propia ley de individualización científica del
tratamiento penitenciario. Esta posibilidad ya se recogió en el
Reglamento penitenciario, pero, dada la falta de cobertura legal, se
suprimió, quedando sólo un tipo de régimen cerrado con la reforma del
Reglamento de 1984.
Hay un colectivo de internos, alrededor de 100, que han sido
protagonistas de incidentes regimentales graves --motines, secuestros,
homicidios en presión, etcétera-- que, además de la influencia negativa
que ejercen sobre otros, deben ser separados de éstos y cumplir la pena
en un régimen penitenciario donde los medios de control y custodia sean
mayores para evitar nuevos incidentes. Aparte de esto, es necesario
establecer para otros internos inadaptados a los regímenes ordinario y
abierto un régimen cerrado. Estos internos se destinan a establecimientos
o módulos cerrados, mientras los internos que han demostrado peligrosidad
por sus acciones en prisión serán destinados a departamentos especiales.
Al ser un régimen de vida restrictiva, se han establecido determinadas
cautelas, como la comunicación del pase a régimen cerrado al juez de
vigilancia penitenciaria, como la permanencia --se dice-- que será un
tiempo mínimo hasta desaparecer la circunstancia que determina su
aplicación, y de ahí que reglamentariamente se establezcan revisiones
periódicas sobre su situación con mayor frecuencia que en el caso de
otros regímenes; además, se ha añadido una nueva cautela legal,
estableciendo de una manera tajante que el régimen de vida para estos
internos tiene como límite infranqueable el régimen de vida de la sanción
de aislamiento en celda. De esta manera, se limita al Ejecutivo que, vía
reglamento, establezca iguales o mayores restricciones, por ejemplo, en
el régimen de visita, de salidas al patio, de realización de actividades,
que las existentes para los sancionados a aislamiento en celda.
La ya recogida aplicación de régimen cerrado a los internos preventivos
se mantiene, pero recogiendo expresamente la posibilidad de aplicar las
dos modalidades que se han establecido para este régimen a los penados,
si bien deben estar separados de éstos.
El artículo 24 tiene un carácter menor de contenido sustancial
penitenciario y más carácter administrativo, pero de una forma indirecta
afecta a lo penitenciario. En la actual legislación hay una laguna, pues
se prevé que organismos autónomos de la Administración puedan hacerse
cargo de los economatos de los establecimientos penitenciarios.
Existiendo un organismo autónomo específico del Ministerio de Justicia
e Interior, el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias,
era lógico que éste pudiera acceder a la concesión de los economatos en
igualdad de condiciones que la propia Administración o una empresa
concesionaria.
La recaudación que se obtiene de estos servicios, economatos y cafeterías
de funcionarios y visitantes, tiene actualmente una regulación
reglamentaria y redunda de forma directa en los propios internos y en los
servicios sociales penitenciarios. Es necesario, por lo tanto, mantener
el carácter extrapenitenciario de estos fondos, con el objeto de que los
beneficios que se obtengan se dediquen a la atención antes aludida y a
las nuevas necesidades que crea la entrada en vigor del nuevo Código
Penal.
En relación con el artículo 42, la actual regulación legal de la falta
disciplinaria es totalmente insuficiente, ya que se remite en bloque
dicha regulación al Reglamento penitenciario. Esta remisión es excesiva
y ha sido criticada por el Tribunal Constitucional en varias sentencias.
El principio de tipicidad legal de las infracciones administrativas lo
ha recogido la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administración
Pública. Con mayor razón, y dadas las consecuencias que la sanción tiene
en el cumplimiento de la pena, es necesario dar cobertura legal a las
faltas cometidas por los internos en los establecimientos penitenciarios.
Se ha aprovechado, además, para hacer una nueva regulación y redacción
de algunas infracciones; la práctica penitenciaria ha demostrado que
algunos tipos de faltas eran obsoletas, no adecuadas a la realidad
penitenciaria. Por otro lado, faltaban en la regulación reglamentaria
algunos hechos que atentan contra bienes jurídicos que hay que proteger.
Los nuevos tipos de infracción que se contemplan son más acordes con la
realidad penitenciaria actual. Han eliminado algunos hechos que no
revisten gravedad y han introducido otros nuevos que se dan con
frecuencia y no estaban recogidos hasta la fecha. Por otro lado, algunos
tipos se han recogido y concretado en lo posible, no dejando tipos
abiertos, como ocurría hasta ahora; por ejemplo, insultar gravemente al
funcionario, la introducción de armas blancas o de fuego, la introducción
de drogas tóxicas son actualmente sancionados con una falta grave.
Si estos hechos pueden ser constitutivos de delito, lo lógico es que en
estos casos constituyan también infracciones definidas como falta muy
grave, tal como recoge la modificación. El objetivo es garantizar la
seguridad y el buen orden regimental a través de una convivencia ordenada
a cuyos infractores se les debe sancionar, pero de una manera
proporcional al bien jurídico infringido.
Las propuestas que se recogen no sólo son más racionales y de acuerdo con
la reglamentación penitenciaria actual sino que, además --y ése es el
objetivo de la modificación--, las restricciones de los derechos de los
internos requieren una base legal. No debemos ampararnos en el arcaico
concepto de sujeción especial que ha servido de tapadera para que durante
largas etapas la materia penitenciaria haya tenido una regulación
meramente reglamentaria.
Fue necesaria la llegada de la democracia para que las Cortes aprobaran
la primera Ley Orgánica General Penitenciaria que hoy, después de 16
años, nos vemos obligados a modificar.
La modificación del artículo 51 se debe, en primer lugar, a la actuación
del Tribunal Constitucional en relación a comunicaciones con abogados y
a la necesidad de dar cobertura legal a todas las limitaciones de un
derecho fundamental del recluso.
El artículo 25.2 de la Constitución establece que el derecho fundamental
de los reclusos sólo puede limitarse por el carácter del fallo, el
sentido de la pena y la ley penitenciaria. No tiene que tener más
limitaciones de las que aparecen en esos textos. Hasta la fecha, y por
causas de seguridad, todas las comunicaciones escritas y telefónicas
entre reclusos eran intervenidas basándose en la regulación
reglamentaria, artículo 98.5.
La Administración tenía una amplia facultad de intervenir sin limitación
alguna y sin tener que notificar la misma a ninguna autoridad. Con la
modificación que se introduce tratamos de dar cobertura legal a esa
práctica penitenciaria, pero, a la vez, delimita la misma, debiendo
notificarla y basarse estrictamente en razones de seguridad pública y
penitenciaria.
Hay imposibilidad material de intervenir la multitud de correspondencia
escrita y llamadas telefónicas entre reclusos, aparte de tener poco
sentido en la mayoría de los casos. Es mucho más razonable que esta
intervención se realice de una forma más selectiva y en los casos en los
que de verdad existan razones de seguridad, tanto pública como
penitenciaria, y no con carácter general, como se viene haciendo
actualmente.
La intervención y suspensión de comunicaciones de internos con sus
abogados y procuradores queda circunscrita a la autoridad judicial. De
esta manera, se aclara la ambigüedad del actual texto legislativo que
podría interpretarse en el sentido de que la Administración, a través del
director, tenía facultad de intervenir las comunicaciones con abogados.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, la materia ha
quedado clara y, de acuerdo con ello, se efectuará la modificación para
evitar la ambigüedad existente.
Aparte de agradecer, como he hecho anteriormente, el consenso habido
entre todos los grupos para que el debate se haya llevado de la mejor
forma en el Congreso y en el Senado, quiero decir, para finalizar, que
la modificación parcial de la Ley Orgánica Penitenciaria se orienta a
evitar que determinados preceptos del nuevo Reglamento Penitenciario
carezcan de la necesaria cobertura legal, como sucede en algunos
artículos del Reglamento actual y vigente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Hernández.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso, no se trata de un turno en contra, estamos en turno de
portavoces después del turno a favor utilizado por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Prada, tiene la palabra en
turno de portavoces, efectivamente.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, utilizo este turno de
portavoces para manifestar, en primer lugar, que el texto que el Congreso
de los Diputados remitió a esta Cámara contaba con la unanimidad y el
apoyo expreso --era una iniciativa de nuestro Grupo-- de todos los Grupos
en cuanto a la referencia de reducir la edad hasta la cual los niños
pueden permanecer en prisión junto con sus madres.
Por el contrario --y ahí sí queremos dejar constancia de nuestra
crítica--, por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado se presentaron dos
enmiendas que no se referían para nada al contenido del proyecto de ley
que había sido remitido por el Congreso de los Diputados, sino que se
referían a las modificaciones, en cuanto a las sanciones, faltas graves,
faltas muy graves, etcétera, que ha expuesto perfectamente el Senador del
Grupo Parlamentario Socialista que me acaba de preceder en el uso de la
palabra. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular quiere dejar
constancia de la crítica a la forma. Es decir, esta enmienda, que ya se
pretendió introducir en el debate del proyecto de Ley Orgánica del Código
Penal, y que fue retirada porque el propio Grupo enmendante entendía que
no era la forma procesal adecuada, ahora se ha introducido en el debate
de este proyecto de Ley.
Pues bien, introducida la enmienda ya como texto en la fase de Ponencia,
evidentemente, hay que decir que se ha eliminado la posibilidad de un
debate parlamentario en el Congreso de los Diputados; se ha eliminado la
posibilidad de que otros Grupos de esta Cámara pudieran presentar una
serie de enmiendas a un articulado modificado que se está introduciendo
en la tramitación de esta proposición de ley y, en consecuencia,
mostramos nuestra crítica expresa a la forma utilizada por el Grupo
Parlamentario Socialista, como grupo enmendante, que ha conseguido
introducir esta nueva normativa.
Dicho esto, mi Grupo, en aras a ese consenso que dio también origen al
proyecto de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, por mantener
el espíritu de ese consenso y por entender que, en cualquier caso, sí era
necesaria la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria --en lo que
sí discrepamos, insisto, es en las formas--, quiere anunciar ya a la
Presidencia que vamos a retirar nuestro voto particular, cuya pretensión
era exclusivamente que el texto volviera a ser el que nos remitió el
Congreso de los Diputados, que no contó con ningún tipo de enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Prada.
Concluido el debate de totalidad, pasamos a la discusión de los votos
particulares. En primer lugar, el voto particular número 1, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, correspondiente a la enmienda número
1.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestra enmienda está sirviendo de percha a una serie de
transaccionales. Por lo tanto, en el momento en que éstas queden
aprobadas, entendemos que decaerá automáticamente nuestra enmienda. En
consecuencia, la mantenemos hasta que sean aprobadas las transaccionales,
momento en el cual se daría automáticamente por retirada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Travieso.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ceniceros.
El señor CENICEROS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos hoy ante una reforma importante, ante la
reforma del proyecto de Ley Orgánica General Penitenciaria, y subo a esta
tribuna para anunciar el voto favorable de mi Grupo, el Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Como
ya ha expresado quien me ha antecedido en el uso de la palabra, mi
compañero Alfredo Prada, desde nuestro Grupo podríamos hoy felicitarnos
por el contenido y por el fondo de esta reforma, pero tampoco quisiera
dejar de decir que no nos ha gustado la forma en que se ha hecho. Ustedes
han aprovechado la reforma puntual del artículo 38 para reformar el texto
del proyecto de Ley. Y, como muy bien ha dicho mi compañero, con esto
hemos conseguido hurtar un debate, y creo que el Congreso se merecía
poder disfrutar de este debate de la reforma de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular considera que esta reforma que ahora viene
a esta Cámara --yo diría que con unas prisas desmesuradas-- debería haber
llegado antes para haber hecho un debate más pausado. A pesar de ello,
nos felicitamos de que con esta reforma se dé un paso atrás en lo que ha
sido la política penitenciaria --yo diría que nefasta y avezada-- que ha
llevado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Esta
política, digo, se tradujo en una relajación de lo que fueron las normas
regimentales y disciplinarias; una política cuyas nefastas políticas
hemos sufrido los funcionarios de Instituciones Penitenciarias durante
todos estos años, sobre todo en la relación con los internos clasificados
en primer grado de tratamiento y en los incluidos en el artículo 10 de
la Ley. Cuando hablamos de nefastas consecuencias, me refiero a las
agresiones, a las lesiones, a los insultos, a las amenazas que han
sufrido o que hemos padecido este colectivo de funcionarios de
Instituciones Penitenciarias.
Hablando del artículo 10, yo me querría referir, señorías, a que con esta
reforma nos vamos a encontrar con que todos los centros penitenciarios
de cumplimiento dispondrán en el futuro de departamentos especiales para
internos peligrosos o de peligrosidad extrema, y de módulos de régimen
cerrado para inadaptados al régimen cerrado y abierto. Anteriormente,
señorías, estos internos eran llevados a centros de régimen cerrado que
existían con carácter específico, pero ahora permanecerán en los mismos
centros en un intento de redistribuir a estos internos entre todos los
establecimientos penitenciarios de la geografía española.
Ahora bien, la distinta clasificación de centros existentes hasta ahora
conlleva unas diversas remuneraciones en el complemento específico de los
funcionarios en razón de la peligrosidad, penosidad, etcétera. La
asunción de estas tareas y la distribución de estos internos por los
diversos centros penitenciarios --y, señorías, ésta es la duda del Grupo
Parlamentario Popular--, ¿llevará aparejada la equiparación económica del
complemento específico de todos los funcionarios de estos centros? ¿O
persistirán las diferencias económicas en razón de la mencionada
clasificación formal de estos establecimientos penitenciarios? Esa es una
de las dudas que tiene el Grupo Popular. En segundo lugar, un aspecto
positivo de esta reforma, en relación a este artículo, es que esta
circunstancia reducirá los traslados de internos de un centro a otro y
reducirá, a su vez, los riesgos de fuga, altercados y otros peligros
semejantes durante las conducciones.
En relación al artículo 24, el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer
constar que, en cuanto a los beneficios obtenidos por la administración
penitenciaria en relación a la prestación de servicios de cafetería de
funcionarios y economatos, no todos los establecimientos penitenciarios
en estos momentos disponen de cafetería de funcionarios y visitantes,
como afirma la reforma de este artículo.
En tercer lugar, quizá vemos un cierto matiz mercantilista en la
obtención de esos beneficios, aspecto que realmente no debería
resaltarse, al tratarse de un servicio público cuya primera finalidad no
es precisamente la obtención de beneficios, sino la prestación de
servicios fundamentalmente a los internos. En este sentido, no menciona
el límite de los beneficios, que hasta ahora están estipulados en un 5
por ciento, una vez fijados por la propia Junta de Régimen y
Administración de los Centros.
Entendemos que, en principio, la finalidad pudiera ser buena. El problema
estriba en que el beneficio tiene un carácter extrapresupuestario y que
se establecerá en la forma que reglamentariamente se determine. Ahí es
donde surge la duda a nuestro Grupo, es decir, ¿cuál va a ser la forma
que reglamentariamente va a determinar el destino del beneficio para
lograr los fines establecidos en el artículo 1 de este proyecto de ley?
En cuanto al artículo 42, del que ya se ha hecho aquí mención, se han
introducido unas enmiendas transaccionales apoyadas por la mayoría de los
Grupos, y nosotros consideramos que, efectivamente, la tipificación e
inclusión de las faltas en la propia Ley Orgánica General Penitenciaria
está en mayor consonancia con el principio de legalidad,
ya que supone una garantía material que predetermina determinadas
conductas infractoras por parte de los internos, sabiendo éstos en cada
momento a qué atenerse. Asimismo, supone también una garantía formal para
los propios internos, lo que evitará las posibles arbitrariedades de la
administración penitenciaria, en tanto que sólo podrá sancionar las
conductas que previamente estén tipificadas.
Y en cuanto a la reforma de este artículo 42, con estas transaccionales
se trata de objetivar las conductas descritas, haciendo desaparecer de
alguna forma aquellos conceptos que con difícil determinación producirían
como resultado una aplicación que nosotros creemos que podría ser
arbitraria de la norma.
Señor Presidente, como ya he dicho al principio de mi intervención,
estamos ante una iniciativa importante de reforma de la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Quiero recordar que fue la primera ley que
aprobaron las Cortes democráticas en un clima parlamentario de plena
unanimidad allá por el año 1979, y parece ser, señorías, que hoy, después
de unos cuantos años, con excepción de un grupo parlamentario, hemos
sabido que podíamos propiciar esta reforma también desde un clima de
consenso y unanimidad. Por eso yo pediría al Grupo Parlamentario Mixto
que de aquí a la votación recapacite un poco sobre su voto, porque
nosotros consideramos que esta reforma supone en alguna medida un
mejoramiento efectivo de nuestra legislación penitenciaria.
Para terminar, vuelvo a anunciar que el voto del Grupo Parlamentario
Popular será afirmativo a la reforma de esta ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Hernández de Cáceres pide
la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Hernández de Cáceres.
El señor HERNANDEZ DE CACERES: Señor Presidente, pediría, si es posible,
la lectura de las enmiendas transaccionales, en primer lugar, porque un
grupo político ha manifestado su voluntad de votar en contra y, en
segundo lugar, para conocimiento de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Al Proyecto de ley ya no quedan votos particulares, sino sólo enmiendas
transaccionales sobre la base de los votos particulares que reservaron
en su caso Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Popular, y son las
siguientes.
Al artículo 10, punto 2, párrafo segundo, con el apoyo de los seis grupos
parlamentarios y sobre la base de la enmienda número 1 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, la redacción que se
propone es la siguiente: Se destinarán a departamentos especiales a
aquellos internos que hayan sido protagonistas o inductores de
alteraciones regimentales muy graves; los que intenten o consumen la fuga
mediante medios o formas especialmente violentos mientras permanezcan en
situación de custodia; los que hayan puestos en peligro la vida o
integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas
ajenas a la institución, tanto dentro como fuera de los establecimientos,
y en los que se evidencie una peligrosidad extrema.
Al artículo 42.1, letra b), se añade dentro de faltas muy graves: b)
Agredir, amenazar o coaccionar gravemente a cualquier persona, ya sea
dentro o fuera del establecimiento.
Al artículo 42.1, letra g): Son faltas muy graves: g) Insultar gravemente
al personal penitenciario.
El artículo 42.1.i): «Son faltas muy graves intentar o consumar la fuga
mientras se permanezca en situación de custodia, así como facilitar o
cooperar a la fuga de otros internos.»
Esta enmienda transaccional, así como la anterior al artículo 42.1.g) y
la referida a este mismo artículo en su apartado uno d) que pretende la
supresión de la falta grave contenida en dicha letra, a diferencia de la
primera de la que he dado lectura, no tiene el apoyo del Grupo
Parlamentario Mixto, sí de los otros grupos de la Cámara, por lo que
efectivamente pueden ser objeto de votación.
A este respecto, por terminar la información y como sugerencia, lo lógico
es que se modificara también la exposición de motivos para que ésta
reflejara congruentemente las enmiendas introducidas. Así, en el dictamen
de la Comisión, en el quinto punto y aparte empezando por el final se
lee: «Con el nuevo apartado que se adiciona se incorpora una norma con
rango de ley en la tipificación de las faltas o infracciones
disciplinarias.» Como ahora ya hay más de un apartado lo lógico sería la
siguiente redacción: «Con el nuevo contenido que se adiciona...» Parece
razonable aceptar esta enmienda «in voce» que hace la Presidencia.
Vamos a proponer que sea aprobada por asentimiento la primera enmienda
transaccional ya que tiene el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Por lo tanto, queda aprobada por asentimiento la enmienda referida al
artículo 10.2, párrafo segundo.
Ahora sometemos a votación las enmiendas referidas al artículo 42.1 en
sus apartados b), g), i), d) que lógicamente son congruentes entre sí.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239;
a favor, 234; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a someter a votación el dictamen, artículos primero y segundo y
exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239;
a favor, 238; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por tanto, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las
medidas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad
el Rey.
--INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE PETICIONES EN EL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 1995. (871/000004.)
El señor PRESIDENTE: Sexto punto del orden del día: Informe sobre
actividades de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de
sesiones febrero-junio de 1995.
Para la defensa del dictamen la señora Senadora tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Señor Presidente, la Comisión ha designado
para la defensa del dictamen a doña Pilar Urzay Urquiza.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
La señora URZAY URQUIZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme expresar mi reconocimiento a todos
los miembros de la Comisión de peticiones por haberme designado para
presentar ante la Cámara el informe que la Comisión ha elaborado y que
refleja el trabajo desarrollado en el período comprendido entre los meses
de enero a junio de 1995, pudiéndose analizar a través del mismo las
preocupaciones que a muchos ciudadanos les inquietan. (El señor
Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
La Comisión de Peticiones se celebró el pasado día 16 de octubre y en
ella se acordó trasladar este informe de actividades que tengo el honor
de presentar ante la Cámara. El informe al que me estoy refiriendo fue
publicado en el «Boletín de las Cortes Generales del Senado» el 20 de
octubre de 1995, por lo que evito el detalle de su lectura. Quiero
resaltar el interés y unanimidad de todos los grupos a la hora de
analizar pormenorizadamente cada caso, lo que es una muestra palpable de
que esta Comisión ve los asuntos de los ciudadanos con el interés que
merecen y con la responsabilidad que conlleva el haber sido designados
por ellos mismos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senadora Urzay.
Turno de portavoces. ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra en el
turno de portavoces? (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, hay un escrito presentado en relación con
el séptimo punto del orden del día que es el dictamen de la Comisión de
Incompatibilidades. En estos momentos estamos efectuando alguna revisión
de lo que fueron las actas de la Ponencia y de la Comisión. La
Presidencia sugiere que la Cámara me autorice a incluir este punto
séptimo en el momento pertinente. ¿Hay alguna objeción? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Cárceles.
El señor CARCELES NIETO: Muchas gracias, señor Presidente.
De conformidad con el artículo 90 intervengo para plantear, como su
señoría bien ha expresado ante la Cámara, las circunstancias que
concurren y para que, de conformidad con el artículo 89, se dé lectura
pública sobre este expediente a la Cámara del escrito presentado y, en
consecuencia, se tome la determinación pertinente sobre la retirada del
expediente que se pide o el debate si es procedente.
El señor PRESIDENTE: Senador Cárceles, no vamos a anticipar ningún
debate. La Presidencia ha hecho una propuesta concreta y es que el punto
séptimo lo podamos ver en el momento en el que otros miembros de la Mesa
que me lo han solicitado puedan tener criterio sobre el citado escrito.
Si la Cámara está de acuerdo, posponemos este punto, si no está de
acuerdo, el Presidente no se va a sentir en absoluto molesto por entrar
en el punto séptimo del orden del día por su orden.
Por tanto, ¿hay alguna objeción? (Pausa.)
Muchas gracias, señorías.
--PROPUESTA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS PARA
LA CREACION DE UN CONSEJO SUPERIOR DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.
(650/000002.)
El señor PRESIDENTE: Octavo punto del orden del día. Propuesta de la
Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos para la creación de
un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
El dictamen es de fecha 13 de noviembre de 1995.
La Senadora Camps va a hacer uso de la palabra para presentar la
propuesta. A continuación, habrá un turno a favor y un turno en contra
y la intervención de los señores portavoces.
Con este debate y votación queda concluida la prórroga de trabajos a que
la Comisión fue autorizada.
Senadora Camps, tiene su señoría la palabra.
La señora CAMPS I CERVERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando en el mes de abril pasado presenté ante la Cámara el
informe de la Comisión Especial sobre el Estudio de los Contenidos
Televisivos me comprometí, en nombre de la misma Comisión, a concretar
la propuesta de creación de lo que allí se designaba como una autoridad
independiente destinada a velar y a asesorar sobre los contenidos de la
televisión. (El señor Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencia.)
Durante estos últimos meses, la Comisión ha estudiado y comparado
distintos organismos del mismo tipo existentes en la mayoría de los
países de nuestro entorno. El mes
pasado organizamos en el Senado unas jornadas parlamentarias destinadas
a discutir con los sectores más afectados por la propuesta sobre las
competencias, funciones y viabilidad de dicho órgano. En las mismas
tuvimos ocasión de escuchar a ilustres representantes del Consejo del
Audiovisual belga, del Consejo Superior del Audiovisual francés, así como
a la Presidenta del Broadcasting Standard Council británico. Tuvimos
también ocasión de debatir la implantación de un consejo similar en
nuestro país. Representantes de la universidad, profesionales de la
televisión, cargos de la administración y representantes de asociaciones
ciudadanas se pronunciaron entonces unánimemente sobre la necesidad de
dicho consejo y expresaron notables coincidencias sobre su composición
y sobre sus competencias.
El resultado de todas estas consultas e investigaciones nos permite
acudir de nuevo al Pleno de la Cámara con la propuesta de creación de lo
que hemos decidido llamar Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
Pensamos que dicho Consejo debe ser un organismo colegiado, compuesto por
un número de entre siete y once miembros, elegidos por el Parlamento. Las
funciones básicas del Consejo deberían ser, en resumen, las siguientes:
asesorar a las Cortes Generales y al Gobierno en todo lo concerniente a
la legislación del sistema audiovisual; realizar estudios e informes
sobre temas especialmente preocupantes para los telespectadores; velar
por el cumplimiento tanto de la legislación como de los códigos
deontológicos y tanto en materia de programación televisiva como de
publicidad; velar, asimismo, por que el sistema público de televisión
cumpla con las funciones de servicio público que quedaron especificadas
en el informe de nuestra Comisión y, en definitiva, ejercer una función
mediadora entre los medios audiovisuales y los telespectadores. Resumo
aquí mucho lo que está más especificado en la propuesta del Consejo
aprobada por la Comisión.
En el texto de la propuesta que la Comisión ha redactado se insiste en
la independencia que debe caracterizar al Consejo del Audiovisual. El
Consejo --se dice-- debe ser una autoridad administrativa independiente.
¿Qué significa aquí independencia? Básicamente, significa la explícita
desvinculación orgánica del Consejo del Audiovisual con respecto al Poder
Ejecutivo; significa también que los componentes del mismo sean elegidos
por su prestigio y competencia profesional y que su designación se haga
con la mayor objetividad posible, a fin de que puedan actuar
independientemente de sus vinculaciones con cualquier partido político
y al margen de intereses corporativos y económicos. La televisión es de
algún modo la correa de transmisión de las mayorías de gobierno. Hay que
ir a un órgano de composición mixta en el que sientan su voz también las
minorías y en el que no se reproduzca sólo la cuota otorgada a los
poderes públicos. No hay que olvidar, además, que el Consejo debe
interesarse por todos los contenidos televisivos y no sólo por aquellos
que más directamente conciernen o interesen a las autoridades políticas,
como suelen ser los informativos. Garantizar la objetividad y la
independencia de la opinión es, sin duda, difícil pero no creemos que sea
imposible. En el texto que presentamos nos referimos a las directrices
que deberían gobernar la elección de los miembros del Consejo a fin de
que los objetivos apuntados se lograran al máximo.
Pensamos que la creación de un Consejo de los Medios Audiovisuales es la
medida más adecuada para encauzar todos los problemas e inquietudes que
motivaron la creación de la Comisión del Senado y que, sin duda, se harán
más complejos a medida que se desarrolle el sistema audiovisual.
Precisamente porque creemos en el poder de la televisión y en su
capacidad de influencia, pensamos que no es sensato ni conveniente
despreocuparse de los mensajes que emite. Esa preocupación que le
corresponde a la sociedad no se manifiesta ni se puede manifestar si no
existen organismos que sirvan de caja de resonancia y de punto de
referencia en el momento de formar criterios y opiniones. La libertad de
expresión es, sin duda, uno de nuestros valores básicos, pero lo es sobre
todo si sabemos llenarla de contenidos igualmente valiosos y para que así
sea hace falta que el diálogo y el debate no decaigan.
Para la Presidenta de la Comisión de Contenidos Televisivos es una
satisfacción haber podido culminar el estudio que nos propusimos llevar
a cabo con una propuesta como la que hoy se hace ante el Pleno de la
Cámara, satisfacción sobre todo por el hecho de que tanto el informe como
la presente propuesta han merecido la unanimidad de todos los grupos
políticos. Quizás esa unanimidad sea la mejor prueba de que el tema que
hemos estudiado era realmente de interés general y era imprescindible,
por tanto, llegar a un consenso sobre la forma de abordarlo. A ello han
contribuido, sin duda, la buena voluntad y la disponibilidad de los
comisionados. A todos ellos quiero expresar públicamente mi
agradecimiento y muy en especial a los portavoces que desde la creación
de la Comisión han estado colaborando activamente con ella,
concretamente, los Senadores Gangoiti, Galindo, Codina, Ardaiz y Senadora
Agüero, así como el Letrado Carlos Gutiérrez. No me cabe duda de que el
trabajo conjunto nos ha enriquecido a todos y nos ha abierto perspectivas
de futuro imprescindibles en toda actuación política.
No me queda más, señor Presidente, señorías, que solicitar de la Cámara
la aprobación de la propuesta de un Consejo Superior del Audiovisual,
propuesta que en su momento deberá tener rango de ley y sufrir los
trámites reglamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senadora Camps.
(El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
Abrimos turno de portavoces.
Para turno de portavoces tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, había solicitado la palabra
pero no para turno de portavoces, sino para turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Para turno en contra tiene la
palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para utilizar un turno en contra de la propuesta de
la Comisión sobre los Contenidos Televisivos para la creación de un
Consejo Superior de medios audiovisuales.
Siento desmentir a la Senadora Camps, que me ha precedido en el uso de
la palabra, respecto a la unanimidad que suscitaba esta propuesta, porque
desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no compartimos la
mencionada unanimidad. Desde Izquierda Unida no estamos en ese consenso
que la Senadora Camps creía unánime respecto a la creación del Consejo
Superior de medios audiovisuales, y no lo estamos precisamente por las
razones que voy a indicar a continuación.
En primer lugar quería comenzar expresando que de las referidas jornadas
que se realizaron en esta Cámara, que han tenido lugar creo escasamente
hace un mes, en realidad el consenso era un consenso «ma non troppo», si
se me permite decirlo, hubo disensiones y voces que manifestaron sus
dudas, sus discrepancias e incluso sus contradicciones con lo allí
presentado; hubo invitados, y más que invitados, hubo también personas
asistentes a las jornadas que manifestaron puntos de vista sobre los que
recaían dudas acerca de la necesidad de creación de este órgano, acerca
del momento en el que se debía crear, acerca de su composición, acerca
de sus funciones y también de sus competencias.
Hay que partir de un principio básico. Mientras no se defina bien el
marco legal en el que se mueve el mundo de las comunicaciones, no está
claro con qué criterio va a funcionar este Consejo regulador, esta
autoridad audiovisual, a falta de leyes estos consejos se moverán por
criterios personales o de grupos, o, lo que es peor, se moverán por
criterios de presión, de «lobbies» audiovisuales o de grupos de presión.
Las comunicaciones están creciendo tremendamente en este país en la
alegalidad, es decir, al margen de normativa legal que las desarrolle,
bien por ausencia de leyes concretas, bien por el desarrollo no pleno de
las existentes o bien por el no consenso con el que se han aprobado
algunas. El Consejo debería ser, por tanto, el remate, la guinda que
adornara un pastel bien construido de la reglamentación de las
comunicaciones; de lo contrario lo estamos condenando a ser una más de
las muchas figuras decorativas que tiene ya la Administración española,
figuras que se reúnen, que tienen a un nutrido grupo de independientes
en su seno que de cuando en cuando emiten alguna docta opinión, pero
figuras que, finalmente, no tienen trascendencia para la vertebración
social de estos temas, para la ordenación legislativa, o, en definitiva,
para la reglamentación práctica.
Entendemos, por tanto, desde esta premisa que hay un insuficiente régimen
competencial, en primer lugar, de los organismos ya creados en el terreno
de las comunicaciones. En segundo lugar, hay empresas públicas de
comunicación que tienen consejos de administración y asesores que tienen
mermadas sus atribuciones en el control de la programación y de la
publicidad en sus cadenas, bien por la propia ley de creación o bien por
un insuficiente desarrollo reglamentario. Entendemos, por tanto, que
sería prioritario este desarrollo reglamentario y, por tanto, la
ampliación de estas atribuciones de control de programación y publicidad.
Las Comisiones de control parlamentario, por otro lado, de las radios y
televisiones públicas podrían también tener atribución en el control de
las privadas, ya que las concesiones de las televisiones privadas son
para dar un servicio público, con lo cual dentro del marco de la
reglamentación española podríamos crear una autoridad audiovisual para
los medios de comunicación públicos o fundamentalmente para la
radiotelevisión pública que tuviera competencia en las cadenas privadas
que existen actualmente de medios audiovisuales, y esto, naturalmente,
necesita un estudio mucho más detallado y mucho más reglamentado.
Asimismo, el Defensor del Pueblo también podría tener competencias
específicas en materia de comunicación, que la propia Constitución le
asigna, entre otros, cuando dice que puede velar por todos los derechos
referentes al Título I. El Ministerio Fiscal podría tomar en numerosas
ocasiones asimismo cartas en asuntos de este tipo, incluso interponiendo
recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en todo lo referente
a los derechos de los ciudadanos, derecho al honor, derecho a la
intimidad, derecho a la propia imagen, derecho a una información veraz
ante cualquier tipo de discriminación, etcétera. Las Juntas electorales,
aunque sólo en período electoral, también tienen plenas competencias,
incluso sancionadoras, para la aseguración del pluralismo informativo en
los medios públicos, y finalmente, con todo este régimen competencial que
no hemos desarrollado y que podemos desarrollar: Comisiones de control
parlamentario, consejos asesores de las radiotelevisiones públicas
actualmente existentes con competencias mermadas y no desarrolladas,
Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal o Juntas electorales, con todo
este abanico de posibilidades de control público que aún no está
desarrollado, crear un nuevo tinglado, por así decirlo, compuesto por,
entre comillas, «sabios independientes» o sabios asépticos, compuesto por
insignes profesionales de medios que a veces precisamente por su falta
de control, no se sabe a qué intereses puede responder, y además sin
apenas competencias, entendemos, señorías, que no tiene sentido. Sólo
tiene sentido para darle un retiro digno a algunos viejos elefantes, a
algunos elefantes moribundos, eso sí, un retiro digno con dinero público,
que va a cargar un poco más las finanzas de la Administración, un retiro
digno que va a encarecer el gasto público poniendo, por otra parte, más
órganos que no van a tener un efectivo sentido en nuestro ordenamiento
audiovisual.
Ante esto, señorías, entendemos que existen otras alternativas. Esas
otras alternativas pasan, como ya he señalado, por el desarrollo
legislativo pleno en el mundo de las comunicaciones; pasan también ya,
como he señalado, por una amplia reglamentación de otros elementos de
otras entidades de control de medios audiovisuales, y quizá por la
creación de un Consejo de las comunicaciones en general que no sólo
atienda a la radiotelevisión pública, sino al
vasto mundo de las comunicaciones, que necesitaría bastantes más
competencias reguladoras quitándoselas al órgano de la administración que
hasta ahora las tiene.
Por tanto, entendemos que el ámbito de actuación no debe reducirse a la
televisión. Centrarse sólo en la televisión es cerrar los ojos a todo lo
que está interrelacionado con ello y que ahora mismo es el mundo de la
comunicación, pocas empresas, en definitiva, controlan el mercado de la
prensa, de la radio, de la televisión, de los multimedia o del cine.
Habría que plantear, por tanto, la existencia y el reparto de
competencias con los consejos locales y con los consejos autonómicos;
cuál es el papel de este Consejo, por ejemplo, referente a los entes
autonómicos de comunicación. En nuestro ordenamiento jurídico, y más en
una Cámara como ésta, una ley no puede prescindir precisamente de la
regulación de los entes autonómicos de comunicación que existen en este
país y que tienen una vida bastante activa y notable.
Además de todo esto habría que hacerse ciertas preguntas, señoría: para
qué este Consejo, cuándo este Consejo, dónde este Consejo, cómo y quiénes
integrarían este Consejo.
¿Para qué? Desde nuestro punto de vista, un Consejo de las comunicaciones
debe sólo constituirse para la defensa de los derechos de los ciudadanos
y de las ciudadanas, para el control democrático de los medios de
comunicación; para incidir en los efectos perjudiciales de la
programación y de la publicidad; para regular el disparatado mercado en
el que se ha convertido ahora mismo el sector de la comunicación, para
garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía y de los
profesionales de los medios, y, en definitiva, para romper la tendencia
a la concentración de los medios audiovisuales y de los medios de
comunicación en muy pocas manos. Estos son, desde nuestro punto de vista,
objetivos de este tipo de consejo, y estos objetivos entendemos que no
los cumple ni siquiera mínimamente el propuesto.
Además hay otra pregunta a la que responder como, por ejemplo, dónde. Un
Consejo derivado de los distintos ámbitos de la comunicación, por tanto,
que recoja los ámbitos estatal, local --que cada vez tiene más incidencia
y en esta Cámara pronto entrará un proyecto de ley de televisión local
por ondas terrestres--, el ámbito autonómico, es decir los diversos
ámbitos de la organización territorial del Estado, que necesitan
respuestas distintas y no homogéneas en todos ellos.
Otro aspecto, naturalmente, es que parte de la ausencia de fronteras en
este campo. No es posible poner fronteras a las ondas; éstas se
transmiten por cable o en abierto. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Otro aspecto al que me propongo responder es el de quiénes participan en
este Consejo, en definitiva, quiénes tienen acceso al mismo. Desde
nuestro punto de vista, la participación política y ciudadana es
imprescindible, pero hay que tener cuidado, naturalmente, en cómo se hace
esa participación política y ciudadana. La solución de un consejo de
sabios, de doctos jubilados desde nuestro punto de vista, no es ni con
mucho la mejor. Desde nuestro punto de vista la composición de un consejo
de estas características tiene que tener representantes de los partidos
políticos, de las asociaciones sindicales y profesionales, representantes
de los oyentes, de los videntes, representantes, en definitiva, de los
usuarios de los medios de comunicación, y de otras entidades de derecho
público que pueden velar por el adecuado cumplimiento de estos fines,
como pueden ser universidades y otras de análoga naturaleza. Una
extracción plural que garantice que no haya «lobbies» de presión que
puedan interponerse de por medio, que defienda, por tanto, la pluralidad
que supone la sociedad de partidos y, además que defienda la vertebración
y la estructuración de una sociedad amplia, diversa, plural y
diversificada que debe estar presente en estos Consejos de la
comunicación o en estos consejos audiovisuales.
Frente a ello nos encontramos con unas competencias de vigilancia y
control que, desde nuestro punto de vista, son cantos de cisne, no son
más, de alguna manera, que brindis al sol, son verbos que no definen un
correcto funcionamiento de ese Consejo de las comunicaciones. Así, se
dice que este Consejo velará por la promoción de los programas de
producción propia, y ¿qué se entiende por velar? Se dice que cuidará de
que la publicidad se ajuste, etcétera, y ¿qué se entiende por cuidar? Se
dice que solicitará de los anunciantes, pero ya se sabe que las
solicitudes, si no es por una vía reglamentaria o con un apoyo
legislativo, normalmente encuentran la callada por respuesta o respuesta
negativa. Se dice, por tanto, que protegerán ciertos derechos básicos de
las minorías, pero estos derechos no están reglamentados en el Consejo
ni se entiende cómo pueden protegerlos.
Desde este punto de vista, señorías, las funciones de vigilancia y
control encomendadas al Consejo no pasan de ser un buen catálogo de
intenciones que no tendrá efectividad alguna, que no tendrá posibilidades
de desarrollo reglamentario ni práctico, que no tendrá, en definitiva,
posibilidades de ser útil a la ciudadanía, de ser útil a los usuarios,
de ser útil a la sociedad. En todas estas funciones, además, se nos dice
que ejercerán funciones de mediación y arbitrales para hacer efectivo los
derechos de autor, el derecho a la rectificación.
Señorías, las funciones de mediación y arbitraje no hay que hacerlas
efectivas ante derechos fundamentales de la persona. Ante derechos
fundamentales de la persona entre la persona y los medios o entre la
persona y ciertos grupos de presión audiovisuales o entre la persona y
ciertos intereses profesionales o comerciales no hay que ejercer
funciones de mediación. Constitucionalmente lo único que hay que defender
son los derechos de la persona. No se pueden ejercer funciones de
mediación entre los derechos que recoge la Constitución e intereses
comerciales. Los derechos individuales, los derechos de autor, los
derechos de rectificación están siempre por encima de esas funciones de
mediación.
Entendemos que tanto desde el punto de vista de competencias del Consejo,
débilmente diseñadas, sin fundamentación, sin reglamentación, sin
regulación, sin una incidencia real, desde el punto de vista de la
estructura y composición del Consejo, sin una extracción absolutamente
plural que garantice la pluralidad de una sociedad de partidos y también
de una sociedad vertebrada en asociaciones, en entidades, en sectores
sociales que hay que recoger ahí, en los propios usuarios, la pluralidad
de entidades de derecho que naturalmente pueden velar muy bien por todos
estos contenidos y, además, entendiendo que el momento en que todavía
falta un amplio desarrollo legislativo y reglamentario sobre las
telecomunicaciones, entendiendo, además, la diversidad de la
estructuración territorial del Estado español, que este Consejo no
recoge, con organismos locales, con organismos autonómicos que deberían
incorporar, y entendiendo la escasez de funciones, proponemos, señorías,
que sea desestimada esta propuesta de creación de un Consejo Superior de
Medios Audiovisuales que, naturalmente, y, como acabo de manifestar, no
supone una propuesta de consenso, porque, como digo, que Izquierda Unida
se opone a esta propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La Senadora Camps i Cervera pide
la palabra.)
Senadora Camps, le daré la palabra a su señoría después de que
intervengan los portavoces. (El Senador Codina i Castillo pide la
palabra.)
El Senador Codina tiene la palabra.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Después de escuchar el turno en contra del Senador de Izquierda Unida,
quería preguntar si todavía había posibilidad de hacer turnos a favor,
no de portavoces.
El señor PRESIDENTE: Vamos a intentar ver algún precedente. Lo que el
Reglamento establece es que se dice previamente cúal es el sentido del
turno.
El señor CODINA I CASTILLO: Señor Presidente, conozco esta parte del
Reglamento. De la forma en que se ha producido el debate nadie, por lo
menos de los miembros de la Comisión, entenderá que ha sido sorpresivo,
por esa razón pedía un turno puntualmente a favor. Pero no hay problema.
Cuando me toque el turno de portavoces ya lo utilizaré cambiando el
discurso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Su señoría quiere hacer un turno a favor? (Pausa.)
¿Alguna otra petición de turno a favor? (Pausa.) Luego daríamos otro
segundo turno en contra. (El Senador Ardaiz pide la palabra.)
El Senador Ardaiz tiene la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Después de la sorpresiva intervención que ha realizado el portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, se da la circunstancia de que en el turno a
favor del informe-propuesta que ha elevado la Comisión, solamente podrían
intervenir dos de los cuatro portavoces que están a favor del
informe-propuesta. Por tanto, yo pediría con la colaboración del resto
de los Grupos Parlamentarios y lo que compete también a la ordenación del
debate al Presidente de la Cámara, que aceptáramos entre los Grupos
Parlamentarios que estamos a favor del informe-propuesta el utilizar
solamente el turno de portavoces, aunque lo hagamos en sentido positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Puede ser una solución equitativa y el Presidente
como casi siempre poco calvinista, no va a tener en cuenta que el tiempo
es oro.
En primer lugar, como turno de portavoces, el Senador Martínez Sevilla,
detrás de sí mismo, tiene la palabra. (Risas.)
El señor MARTINEZ SEVILLA: Presidente, era una intervención estrictamente
reglamentaria. Apreciando mucho su sentido calvinista, que a veces no
aplica con la misma medida a todo el mundo... (Rumores y protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MARTINEZ SEVILLA: ... sí le quería manifestar, Presidente, que
en nuestro Grupo Parlamentario consideraríamos conveniente en este punto
seguir el Reglamento. Ha habido un turno en contra y, por lo tanto,
habría que proceder a conceder un turno a favor y, a partir de ahí, abrir
el turno de portavoces. Presentación del dictamen, turno en contra, turno
a favor y turno de portavoces que, en cualquier caso, es lo que marca el
Reglamento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Senador Martínez Sevilla, le agradezco mucho su colaboración, pero hemos
tomado una decisión después de deliberar sobre esta cuestión y, por lo
tanto, en estos momentos su Grupo Parlamentario tendría un turno de
portavoces.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, entiendo que, en este caso,
el turno de portavoces podría tener incidencia con respecto a las
argumentaciones dadas por otros grupos. Por tanto, no quiero cansar a sus
señorías reiterando las argumentaciones dadas en el turno en contra. Me
reservo para posibles alusiones o, en cualquier caso, para exponer
argumentaciones en el debate que tendremos ahora.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Yo se lo decía por si algún otro miembro de su Grupo quería consumir el
turno en estos momentos. Si no es así, muchas gracias.
Senador Galindo, por fin tiene la palabra su señoría.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, durante dos largos años
la Comisión Especial sobre los Contenidos
Televisivos ha venido trabajando de forma ardua en la definición de un
marco para el seguimiento de los medios audiovisuales en el Estado
español. Aunque pueda parecerlo, no ha sido una tarea fácil. En aquel
momento nos encontrábamos asiduamente en las pantallas de televisión, y
en cualquier cadena pública y privada, con el comienzo de la
proliferación de los denominados programas de «reality show». Se
utilizaban gratuitamente imágenes escabrosas para una audiencia que, en
muchos casos, tenía como protagonistas a menores totalmente
desprotegidos.
Ante esta situación, el Senado, velando por los derechos de los
ciudadanos, constituyó esta Comisión que hoy, felizmente, culmina sus
trabajos de forma yo diría que exitosa, y lo que es más importante, con
el total consenso que la cuestión requería, de lo cual se congratula
quien les habla. Aprovecho para felicitar a todas sus señorías, que han
estado trabajando de una forma constante en esta Comisión.
He de manifestar que, al menos para este Senador, y pienso que para la
mayoría de los compañeros, era un tema virgen. Por tanto, era necesario
llevar a la Comisión a expertos que nos aportaran luz y elementos de
reflexión sobre el asunto que nos ocupaba y preocupaba.
Por la Comisión pasaron sociólogos, psicólogos, juristas, comunicólogos,
periodistas, directores de cadenas de televisión, tanto públicas como
privadas e, incluso, de otros países, así como ministros y otros cargos
públicos.
En este período, que nos ocupa durante casi un año, se ha desarrollado
toda una tarea que yo creo que culmina con ese gran esfuerzo y con esa
intención de la Comisión de encontrar instrumentos importantes que
sirvieran, tanto al Gobierno del Estado español como al conjunto de las
Comunidades, para encontrar elementos importantes que planificaran,
coordinaran y ordenaran las comunicaciones en nuestro país.
Descubrimos que la televisión, aparte de entretener --está muy bien que
lo haga-- debía formar, debía tener una función educativa y ser un
elemento de apoyo para los más desprotegidos de esta sociedad, que los
ayudara a salir de esa situación, como es el caso de los jóvenes, de las
mujeres, de los niños y de toda la población que vive en un estado de
marginalidad. Por tanto, la pregunta era obvia: ¿qué hacer? Esta fue la
segunda etapa de la Comisión. Fue una etapa de reflexión interna en la
que se intentó ver cómo se resolvía y ordenaba la cuestión de los medios
audiovisuales en nuestro país y en nuestro entorno europeo.
Podíamos haber propuesto una ambiciosa ley que ordenara los medios
audiovisuales. Esto, sin duda alguna, no nos habría ayudado o nos habría
llevado a una larga y profunda reflexión y, tal vez, a una serie de
debates insulsos e incluso --y permítanme la expresión-- manidos por lo
complejo que pudiera haber sido una ley impuesta de una forma si se
quiere brutal, sin el debate, en este caso, con los profesionales y los
técnicos que conocían el medio. Por tanto, yo creo que este debate que
ha durado casi dos años ha significado que este dictamen que hoy traemos
al Pleno, que es el cúmulo y el esfuerzo de toda una serie de trabajos,
sea importante.
Pero, además, incluso entendiendo que durante todo este proceso de
trabajo reinó la sensatez y la exquisita sensibilidad en el conjunto de
la Comisión y entre los portavoces, y a pesar de haber oído a los más
expertos, tanto de nuestro país como de fuera de nuestras fronteras, aún
no estábamos conformes con un dictamen que apareció entonces en esta
Cámara y que fue aprobado por unanimidad. A pesar de ser conscientes de
esa realidad, no estábamos conformes con ese trabajo, y se convoca una
jornada --yo diría que de forma muy acertada-- en la que también expertos
y eruditos en la materia presentaron ponencias de muchísimo valor y de
muchísima riqueza, que sí que creo que nos dio luz para esta propuesta
que hoy se trae a esta Cámara.
Sinceramente, señor Martínez Sevilla, debo decirle que hay veces en las
que lamento sentirme frustrado por su intervención en esta tribuna.
Después de dos años de constante trabajo, de constante debate, de
conectar con universidades, con catedráticos, con profesionales en la
materia, entiendo que su intervención no ha sido muy afortunada. En esta
tribuna he puesto de manifiesto la sensibilidad, la amplitud democrática,
en este caso de nuestra Presidenta, doña Victoria Camps, que ha
posibilitado ese consenso y ese entendimiento en el conjunto de todas las
fuerzas políticas que formábamos la Comisión. Lo he expuesto aquí, pero
no sería justo si no dejara constancia también, porque es lo que se está
juzgando, del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio de todos los
miembros de esta Comisión durante más de dos años en los que hemos
interpelado a muchísimos profesionales en la materia. Casi los hemos
presionado, y nos hemos tenido que preocupar durante mucho tiempo de
intentar sacar a esos comparecientes que llegaban a nuestra Comisión el
máximo de rentabilidad para hacer posible, no que se desarrollara una
ley, porque éramos y somos conscientes todos nosotros de que no íbamos
a hacerlo, sino de que estábamos haciendo un esfuerzo y un trabajo para
quienes tienen esa responsabilidad --en este caso, el Gobierno de la
Nación y, si se quieren aprovechar también, los gobiernos de nuestras
nacionalidades--, para que encontraran un instrumento importante, eficaz,
con muchísimo rigor, porque es el esfuerzo y el trabajo de especialistas
en la materia.
Hoy, con toda sinceridad, tengo que decir desde esta tribuna que la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Agüero, durante
muchísimo tiempo ha imprimido un genio, un trabajo, una eficacia en toda
esa labor donde presionaba. También he podido ver eso en la Comisión y
el esfuerzo que desarrollaba fuera de esta Cámara para intentar sacar a
los comparecientes el máximo de posibilidades para hacer posible que esta
propuesta que hoy viene a esta Cámara, de una u otra manera, tuviera la
eficacia y la sensatez para quien tiene que legislar y para que, de una
vez por todas, este país, que está totalmente desprotegido, como se ha
venido demostrando durante todos estos debates, encontrara esa ley. Ni
siquiera lo que llamamos una autoridad, un elemento regulador. Hemos sido
diáfanamente amplios, lo suficientemente democráticos como para no darle
orden ni elemento de autoritarismo a la propuesta que hoy se trae a esta
Cámara y hacer posible que esa propuesta no hiriera sensibilidades a lo
que podía ser la censura, todos estos elementos que todos nosotros
conocemos.
Este proyecto tiene una amplitud tal que se puede interpretar como
quiera, pero sí tiene el abanico suficientemente amplio como para que
nadie se sienta herido en este país, ni cadenas de televisión ni medios
de comunicación, tanto escritos como visuales o radio, porque ésta es la
necesidad que este país tiene: tener una legislación que comprometa al
conjunto de los sectores implicados en esta sociedad que se comprometan
a cumplirlo. Por eso lo hemos hecho con ellos, porque es la única forma
de que pueda haber una igualdad en todos los medios de comunicación.
Por tanto, señor Martínez Sevilla, señoras y señores Senadores, el Grupo
de Coalición Canaria va a votar favorablemente esta propuesta, ya que
entendemos que durante todo este período se ha hecho un esfuerzo y un
sacrificio, se ha realizado un trabajo por parte de muchísimas personas
con la mejor intención y del modo más democrático del mundo.
Creo que este proyecto va a coadyuvar, no sólo a que el Gobierno de este
país, sino los de los demás países, tengan un instrumento en sus manos
que sea aceptado por todos los medios implicados en temas de comunicación
y que garantice que nuestro país tenga una calidad en televisión que se
adapte a los tiempos que estamos viviendo y que a la vez coadyuve a
formar, concienciar y organizar a nuestra sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de pasar a explicar brevemente las razones por las que el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos va a votar favorablemente este dictamen,
quisiera agradecer el grado de cooperación y de consenso que se ha dado
entre la gran mayoría de los grupos políticos de esta Cámara, al igual
que se dio en los trabajos anteriores que culminaron con el dictamen
sobre contenidos televisivos que aprobamos en el mes de abril.
En este sentido, y dentro de este agradecimiento y reconocimiento a la
gran mayoría de los grupos parlamentarios que hemos sabido consensuar,
ceder y llegar a acuerdos, quisiera felicitar efusivamente sobre todo a
la Presidenta de la Comisión, Senadora Camps, porque creo que gran parte
de ese éxito se debe a su labor, a su trabajo y a su capacidad de
ecuanimidad, lejos de toda parcialidad.
A partir de aquí, y tal y como decía al principio, anuncio que nuestro
Grupo va a votar favorablemente este dictamen por los motivos que a
continuación voy a exponer.
Cuando se presentó en esta Cámara el informe sobre los contenidos
televisivos nosotros ya éramos partidarios de que se crease algún tipo
de figura relativa a la defensa de los derechos de los telespectadores;
se hablaba de crear una especie de «ombudsman» o defensor del pueblo.
Posteriormente, profundizando entre todos un poco en lo que han hecho a
este respecto en países que ya tienen creada alguna figura, hemos visto
que era más apropiada la creación, no de un órgano unipersonal, sino de
un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales que, de alguna forma,
sirva para defender los derechos de los telespectadores; Consejo Superior
cuya característica básica debe ser, desde nuestro punto de vista, su
independencia.
En consecuencia, este Consejo no debe estar supeditado en ningún momento
a los intereses partidistas de los partidos políticos o de los gobiernos
de turno, sino que debe ser un organismo elegido sobre la base de su
profesionalidad y que sirva para resolver los conflictos que pueda haber
entre las empresas audiovisuales y los derechos de los ciudadanos. En
definitiva, debe ser una instancia mediadora al respecto.
Dentro de las funciones que en este informe que presentamos se señalan,
yo quisiera resaltar básicamente cuatro puntos de las referidas al
asesoramiento. En primer lugar, este Consejo Superior deberá tener
realmente una función de asesoramiento al Parlamento y al Gobierno. En
segundo lugar --creo que esto es terriblemente interesante--, debido a
las grandes concentraciones de capital que hay en estos momentos, a la
dependencia de los monopolios y de los «trust» en el mundo de la
información y especialmente en el mes de los medios audiovisuales, este
Consejo tendrá como una de sus funciones el estudio de los movimientos
de capital y de concentración entre empresas audiovisuales para instar
a la actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia de producirse
situaciones abusivas de monopolio. En tercer lugar, también quisiera
destacar la función que pretendemos tenga el Consejo de vigilancia en el
cumplimiento de la legislación, reglamentación y códigos deontológicos
establecidos por los medios audiovisuales. Por último, consideramos que
este Consejo debe ser una institución que recoja las demandas y las
quejas de los telespectadores.
Este Consejo Superior se incorporará a otros que existen ya en la Unión
Europea. En este sentido, yo animaría a sus señorías a que, una vez haya
tomado contacto dicho Consejo Superior con otros homólogos, se impulse
a través de este Consejo --que se va a crear a nivel de Estado-- la
creación de un organismo igual para todos los medios audiovisuales de
Europa.
Debemos tener en cuenta que uno de los retos que ha estado planteando
permanentemente el ex Presidente de la Unión Europea, señor Delors, era
precisamente que la Europa de fin de siglo fuera la Europa del
audiovisual. Creo, por tanto, que este Consejo Superior está llamado a
jugar un papel importante para tratar de impulsar esa misma figura a
nivel de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo quisiera excusarme por mi precipitación en este
turno. Hubiera querido extenderme y comentar mi posición en favor de la
propuesta que nos ha hecho la Senadora Camps, pero la intervención
precedente
del Senador Martínez Sevilla, a quien me dirigiré de una forma especial,
me lo va a impedir.
La Senadora Camps, el representante del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos y el representante de Coalición Canaria han hablado del informe,
pero a mí me gustaría que, en lugar de entrar en más detalles hablando
exclusivamente del informe, hiciéramos un poco de historia para ver si
entre todos somos capaces de resituar el tema y llegamos a saber por qué
estamos hoy todos aquí y, en consecuencia, por qué presentamos hoy este
informe.
Este informe nació hace unos dieciséis o diecisiete meses a partir de una
propuesta del Grupo Popular motivada por una idéntica sensibilidad por
parte de los grupos de la Cámara que veíamos cómo tanto la televisión
pública como la privada iban por unos derroteros que nos parecían podían
ser perjudiciales especialmente para nuestros menores, así como para
personas de edades adultas, dada la programación que se emitía en lo que
se dio en llamar en aquel momento la «telebasura»; programación poco
cuidada y de poco rigor en contraposición a lo que deberían ser las
programaciones tanto de la televisión pública como de la privada, insisto
en ello.
Pues bien, esta Cámara, por unanimidad, decidió crear la Comisión de
Contenidos Televisivos. La Comisión trabajó largamente, mucho y bien.
Terminó sus primeros trabajos con un informe que también fue aprobado por
unanimidad de todos los miembros de la Cámara y sobre el que a su vez se
ha producido una reacción muy positiva en todos los medios profesionales
dedicados a las comunicaciones en general. Tanto los expertos como
quienes están relacionados en general con este mundo han reconocido la
calidad de estos trabajos.
Creo que para poder opinar sobre todo esto hay que conocer el informe de
esta Comisión. Pues bien, de haber conocido el Senador Martínez Sevilla
este informe, es posible que hubiéramos entendido algunas de las cosas
que ha dicho su señoría quien, por cierto, no creo que hablara en nombre
propio ni tampoco en el de Izquierda Unida, sino en nombre del Grupo
Mixto; Grupo que intervino durante toda la primera etapa de elaboración
del dictamen y que seguramente sabrá por qué no envió posteriormente a
nadie que pudiera seguir el proceso.
Pues bien, si es que el Senador Martínez Sevilla ha hablado en nombre del
Grupo Mixto --espero que sea así--, he de decirle que en su momento su
Grupo no sólo aprobó la creación de esta Comisión, sino que aprobó
también posteriormente el informe elaborado por la misma.
De aquel informe se desprendían diversas recomendaciones, y había una que
a todos nos preocupaba: vimos que era necesario crear una especie de
«ombudsman», una figura --ya fuera unipersonal o colectiva-- más allá de
los medios de defensa que actualmente existen en el Estado, como pueden
ser el Consejo Asesor de Televisión, o el Consejo de Administración de
las televisiones públicas. Como digo, más allá de estas figuras, convenía
tener un punto de referencia que pudiera discernir cuando fuera
necesario, con una autoridad moral por encima de las autoridades
políticas y administrativas. Se veía, pues, necesario crear esta figura.
Este Pleno autorizó a la Comisión a que siguiera con sus trabajos para
poder llegar a la meta que todos deseábamos: intentar profundizar cada
vez más en este tema para garantizar ese derecho que tienen todos los
ciudadanos y ciudadanas españoles. Y como apéndice, se realizaron unas
Jornadas a las que tuvieron la posibilidad de asistir todos los grupos
políticos, ya que todos fuimos invitados. En este tema todos hemos
participado: con nuestras intervenciones, con nuestra presencia en la
Comisión y con los invitados que pudimos ofrecer --todos los que quisimos
hacerlo-- para que comparecieran en esta Cámara. Por tanto, no hay
ninguna fuerza política en esta Cámara que pueda decir que se le ha
contestado con una negativa a sus propuestas. Eso no sería cierto.
Cualquiera de los grupos que haya tenido inquietud en este tema ha tenido
la posibilidad de solicitar la comparecencia de las personas que, en su
opinión, podían aportar algo positivo a la Comisión. Y quien no lo haya
hecho tendrá que asumir su responsabilidad por no haberlos invitado;
pero, insisto, no se puede decir que no hayan tenido esta posibilidad.
Se llega, pues, a la realización de las Jornadas --extraordinarias
Jornadas--, después de las cuales, y como conclusión, las fuerzas
políticas --e insisto: todas las que hemos querido-- redactamos el
informe final que hoy traemos para su aprobación por esta Cámara. Hoy se
pretendía que este informe fuera aprobado por unanimidad, por una
cuestión obvia: si lo habíamos realizado entre todos los que queríamos,
era obvio que había que aprobarlo por unanimidad. Y si no se va a hacer
así, es porque quien hoy decide votar en contra no ha querido participar
en la elaboración de estos trabajos. (Aplausos.)
Pero es más, lo que hoy aprobaremos --no por unanimidad, pero sí con una
amplísima mayoría-- es un informe que no deja de ser un documento de
trabajo para que, después, quien sea --y ahora me referiré a esta
cuestión--, lo remita a esta Cámara para convertirlo en ley. A nosotros
nos gustaría que, al igual que se ha trabajado desde las Cámaras, pudiera
ser una proposición de ley, es decir, que fuera elaborada desde aquí y
discutida en esta Cámara y que, por tanto, el Gobierno no hiciera suyas
estas conclusiones, aunque también es bueno que lo haga. Pero a
Convergència i Unió le parece más lógico que sea la propia Cámara la que
retome esta responsabilidad y lleve al Senado la proposición de ley, para
que finalmente se convierta en ley. Y en ese momento existirá la
posibilidad de presentar enmiendas, de decir que no se está de acuerdo
con uno u otro aspecto; es decir, cada grupo, por la vía de las
enmiendas, podrá expresar su voluntad sobre lo que desea. Pero, en cuanto
al documento de hoy --que es el documento base, el documento marco,
aquello de lo que nos hemos querido dotar todos, por una amplísima
mayoría, para trabajar--, señor Martínez Sevilla, le agradecería
muchísimo --se lo digo con toda sinceridad-- que reconsiderara su actitud
para que pudiera aprobarse por unanimidad, porque los trabajos se han
elaborado por unanimidad y no tiene sentido que hoy se presenten votos
en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nos hemos llevado una gran sorpresa cuando el portavoz del
Grupo Mixto ha querido corregir a la señora Presidenta de la Comisión en
cuanto a la unanimidad --que ella había agradecido-- sobre este tema. Y
he de decir a la Cámara que la señora Presidenta no se había equivocado
en esa apreciación de unanimidad.
La Presidenta había hablado de unanimidad a la vista de hechos
absolutamente objetivos, cuales son que todos los grupos parlamentarios,
sin excepción, así lo expresaron en la Comisión Especial sobre los
Contenidos Televisivos. Quizá en lo único en que se haya equivocado la
señora Presidenta sea en el hecho de interpretar la política de la silla
vacía --que el Grupo Mixto tan reiteradamente ha practicado en la
Comisión-- como una ausencia por la unanimidad. Quizá ése haya sido el
único equívoco de la señora Presidenta. Y usted tuvo más de una ocasión
--dos, tres, y podríamos seguir contando, no hasta el infinito, pero sí
hasta llegar a unas cuantas decenas-- para desmentir que esa unanimidad
existía. No lo hizo, y ha querido coger por sorpresa a todos los miembros
de esta Cámara, también sin excepción. Una buena práctica parlamentaria,
señor portavoz del Grupo Mixto.
Por eso, a pesar de su intervención, me atrevo a decir que, una vez más,
se ha alcanzado en esta Cámara --casi, en este caso-- la unanimidad de
los grupos parlamentarios respecto de un informe-propuesta elaborado por
una Comisión especial o de investigación, de las constituidas al amparo
del artículo 59 del Reglamento de la Cámara. Seguramente, señorías, no
será ésta la última vez que se produzca esta casi unanimidad, siempre
que, como en esta ocasión, se cumplan dos condiciones básicas: por una
parte, la unanimidad que se produjo en la consideración de la necesidad
de su constitución y, por otra, el entendimiento, también unánime
--porque también se produjo en aquel momento--, de que el objeto de su
estudio o investigación puede incidir positivamente en el acontecer
diario de los ciudadanos españoles; como decía la Presidenta de la
Comisión en su intervención, siempre que se trate de temas de interés
general, de temas que conecten con las preocupaciones de los ciudadanos,
los cuales demandan soluciones a los poderes públicos. Y uno de ellos,
el Poder Legislativo, se siente concernido por esas demandas.
Así ha sucedido también en la Comisión Especial sobre los Contenidos
Televisivos. Como saben, fue una propuesta del Grupo Popular --al que una
vez más reconozco su acierto-- la que concitó el interés del resto de los
grupos parlamentarios. Y así viene sucediendo tradicionalmente con estas
Comisiones en esta Cámara, con otras iniciativas, como las Comisiones
Especiales sobre la Juventud, o para el Estudio del Cambio Climático, que
han funcionado, o están funcionando en esta legislatura, y otras de
anteriores, como la Especial para la investigación de la violencia en el
deporte, o la de investigación del uso del automóvil y la seguridad en
el tráfico vial, que recuerdo bien, porque tuve el honor de formar parte
de ellas.
En esta Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos, constituida,
como decía, por unanimidad --al igual que las que he citado y otras más
que me dejo en el tintero--, cada grupo político ha intentado orientar,
influir, imprimir su particular punto de vista a los trabajos de la
Comisión para que, a través de una labor concienzuda, pormenorizada,
serena y constante, sin alharacas ni estrépitos y sin otro objeto,
interés y estrategia que el de realizar un buen trabajo, pudiéramos
confluir en un documento común en el que todos los grupos podamos
reconocernos y, a través de nosotros, toda la sociedad. Todos los grupos,
señorías, menos uno. Un Grupo Parlamentario de esta Cámara no ha
intentado nada de eso. No ha abierto la boca durante el último año de
trabajo y ahora arroja al resto de la Cámara un «no» sin habernos dado
siquiera la oportunidad de los demás, sin habernos dado la posibilidad
de hacer un esfuerzo por integrar sus propuestas, las que hoy nos ha
presentado aquí, en ese trabajo común. A nosotros, al menos, no nos
extraña en absoluto. Es un modelo de trabajo que reiteradamente venimos
percibiendo y que aborrecemos; es un trabajo que me atrevería a
denominar, si me admite la broma, como el trabajo de alcachofa
electrónica.
Nosotros así lo hicimos. Trabajamos junto con el resto de los grupos y
cuando en el mes de abril esta Cámara aprobó el grueso del informe de la
Comisión, así lo hizo también y cuando ha llegado al Pleno el segundo
paquete que trae causa de aquel primero, concretamente de su epígrafe
6.1.2 del capítulo de recomendaciones y que concreta la propuesta de
creación de un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales, así lo vamos
a seguir haciendo.
No voy a repetir la perfecta disección y explicación que ha hecho la
Presidenta de la Comisión al presentar esta propuesta. Sin embargo, hay
una cuestión sobre la que quiero expresar con mayor nitidez la posición
de mi Grupo Parlamentario. Quizá de una lectura apresurada del informe
pudiera deducirse que su objeto es exclusivamente la televisión, pues
aunque ya en la denominación se alude a los medios audiovisuales en su
conjunto, a lo largo del texto se menciona casi exclusivamente ese medio
de comunicación, la televisión. Pero esto no debe confundir a sus
señorías, ni mucho menos al Ejecutivo, que es el receptor de esta
propuesta que presumiblemente aprobaremos en esta mañana, y he de decir
que la elusión de los demás medios audiovisuales no equivale a su
exclusión; no es más que el efecto de la economía de medios aplicada a
la redacción del informe, por evitar engorrosas reiteraciones que no
habrían supuesto más que el oscurecimiento del texto.
Por ello, no está de más dejar dicho, antes de que se apruebe este
documento, que todo lo que en él se dice no se predica solamente de la
televisión, cualquiera que sea el medio utilizado para el transporte de
su señal, sino también de la radiodifusión y de cualquiera de los
soportes de audio y vídeo a través de los que los diferentes autores
ponen en el mercado sus creaciones.
Concluyo, señor Presidente, agradeciendo a todos los grupos
parlamentarios el esfuerzo por llegar al acuerdo, que creo que en él
mismo ha obtenido su recompensa, en la
propuesta que a continuación y una vez finalizado el debate votaremos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la Senadora Agüero.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hace unos días dije que me siento muy satisfecha por la
conclusión de los trabajos de esta Comisión. Como recordarán sus
señorías, el día 17 de noviembre del año pasado, hace casi un año exacto
--como prácticamente trabajamos todos los días, a veces nos ha parecido
que era bastante más de un año--, fue aprobada por esta Cámara la
creación de la Comisión para el Estudio de los Contenidos Televisivos,
que presentó el Grupo Parlamentario Popular y fue defendida por mi
compañero el Senador Pedro Agramunt.
Cinco meses después presentábamos el informe ante esta Cámara, que fue
aprobado por unanimidad, y para culminar nuestro estudio solicitamos de
sus señorías que ampliaran este estudio y esta Comisión para la mejore
regulación o vigilancia de los contenidos de los medios audiovisuales y
nos permitieran seguir trabajando. Hemos llegado a lo que pensamos que
era el trabajo de esta Comisión, aunque cuando comenzamos hace un año no
tuviéramos mucha idea de las conclusiones a las que íbamos a llegar. Pero
después del trabajo y de las más de 30 comparecencias que han pasado por
esta Comisión, hemos llegado a la propuesta de creación del Consejo
Superior de los Medios Audiovisuales, organismo de asesoramiento,
control, vigilancia y estudio, como acaba de explicar la Presidenta de
la Comisión, doña Victoria Camps.
Mi Grupo Parlamentario, al que tengo que reiterarle las gracias por haber
depositado en mí su confianza, votará a favor de la propuesta, porque
está conforme con ella y por no variar el consenso con el que se ha
trabajado en esta Comisión. Y digo consenso, señorías, porque siempre ha
habido consenso. Senador Martínez Sevilla, en un año no ha dicho usted
ni pío, en un año no ha dicho usted ni una sola palabra, ni a favor ni
en contra, porque jamás ha aparecido usted por la Comisión (Fuertes y
prolongados aplausos.), ni siquiera el Grupo Parlamentario Mixto,
señoría. Y lo que usted ha expuesto denota, y perdone su señoría, que no
tiene ni idea de lo que está diciendo ni del trabajo de esta Comisión.
En las Jornadas --a las que asistí y asistieron todos los portavoces de
los grupos parlamentarios, pero yo no le vi en ellas-- se expusieron dos
propuestas por dos catedráticos totalmente diferentes en sus
planteamientos, y por ello hubo voces discrepantes. Ese era el objetivo:
buscar una propuesta cogiendo todas las iniciativas que parecieran
oportunas a todos los grupos parlamentarios, porque todas las enmiendas
que se han presentado a esta propuesta han sido admitidas, y si no se ha
oído su voz y la de su Grupo es porque jamás ha aparecido en esta
Comisión.
Señoría, espero que en otros períodos de sesiones o en la próxima
legislatura podamos presentar una proposición de ley que se elabore desde
el Senado y que todos los grupos puedan presentar sus enmiendas al
articulado. Pero lo único que pedimos ahora es que sus señorías aprueben
esta propuesta, elaborada en una comisión de estudio, que no es una
comisión legislativa, Senador Martínez Sevilla. Está usted echando por
tierra el trabajo de todos los Senadores y Senadoras al decir que esto
no vale para nada, cuando ha tenido usted más de un año para haber hecho
su propuesta.
Gracias, señora Camps, por su comprensión y su trabajo. Gracias, señores
Senadores Galindo, Gangoiti, Codina y Ardaiz, porque son ustedes unos
portavoces con los que me gustaría volver a trabajar, porque con el
diálogo y las horas de trabajo hemos podido llegar siempre a acuerdos
satisfactorios. Con la satisfacción del deber cumplido, con cierta
nostalgia al terminar los trabajos de esta Comisión y con el malestar
profundo por la intervención del Grupo Parlamentario Mixto, solicito el
voto afirmativo de la Cámara. Al señor Martínez Sevilla quiero decirle
que, como de sabios es rectificar, rectifique ese planteamiento y dé la
confianza al trabajo de todos los Senadores y Senadoras de esta Comisión.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.--El señor Martínez Sevilla pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Martínez Sevilla?
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, le pido la palabra por
alusiones, por el artículo 87 y, además, su tan demostrado calvinismo.
(Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Tiene su señoría la palabra por un minuto, y no por alusiones, sino por
el artículo 87.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Ha habido reiteradas alusiones, señor
Presidente.
Quería comentar muy brevemente en este minuto, sin demasiado calvinismo,
en primer lugar, que hablo en nombre de IU, políticamente en nombre de
Izquierda Unida, no en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, y lo hago
bajo las posibilidades reglamentarias que ofrece esta Cámara.
Y también quiero decir otras cosas. Aquí todos los votos valen igual.
Izquierda Unida tiene dos votos, y ustedes saben que políticamente esos
dos votos representan a dos millones y medio de electores. Por tanto, los
problemas que tiene esta Cámara para representar a dos millones y medio
de electores en dos votos (Rumores.) hacen que no tengamos grupo
parlamentario y que Izquierda Unida no sea miembro de esa Comisión y que,
por tanto, malamente pueda asistir a sus trabajos, porque ni siquiera
Izquierda Unida es miembro de esa Comisión. Desafortunadamente, tampoco
somos miembros de otras comisiones porque dentro del Grupo Parlamentario
Mixto nos repartimos las comisiones como buenamente podemos, y ésa no nos
ha tocado. (Rumores y protestas.)
Por tanto, Izquierda Unida no puede asistir a una Comisión de la que no
es miembro. Izquierda Unida no puede participar en esos trabajos porque
tiene dos Senadores para dos millones y medio de votos.
Pero le digo más...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sevilla, no estamos hablando de
cuestiones constitucionales ni reglamentarias. Cíñase al artículo por el
que le he concedido el uso de la palabra, para rebatir o explicar su
pensamiento en relación con anteriores intervenciones.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Me ciño, señor Presidente, al artículo 87 y
a la expresión de mi pensamiento.
Decían ustedes que en las jornadas ha habido unanimidad. Sin embargo, un
colega de la Senadora Victoria Camps, Catedrático de Etica de la
Universidad Complutense, Francisco Vázquez, dice literalmente y lo
publica en los medios de comunicación: «Parece que no existe una voluntad
política de reforma en profundidad y sí un claro maquillaje moral que
oculte los intereses comerciales.» Dice: «Se ha discutido con intensidad
durante dos días. Sólo hemos tenido los resultados de actuar en un debate
formal, con más palabras que resultados válidos, porque la validez real
no estaba al alcance de los que allí habíamos sido convocados y las
actitudes gubernamentales y políticas de un signo y otro no se
comprometen con la ética de lo audiovisual o con unos valores básicos que
amparen la dignidad de los receptores y la ciudadanía española. Y para
remate --dice Francisco Vázquez-- «se está a punto de la disolución de
las Cámaras».
No hay unanimidad, señorías, no hay unanimidad no sólo en esta Cámara,
donde dos millones y medio de votos van a ser representados por dos.
(Rumores y protestas.) No hay unanimidad en la sociedad. Y les digo otra
cosa más, señorías: me hubiera gustado escuchar en su turno de portavoces
una sola argumentación que rebatiese las mías sobre el cómo, el cuándo,
el dónde y el para qué de ese Consejo Audiovisual. Sólo he encontrado
argumentaciones de por qué Izquierda Unida no había acudido a una
Comisión de la que no es miembro, precisamente por la estructuración
reglamentaria de esta Cámara. Ni una sola argumentación, señorías, en
cinco turnos de portavoces he encontrado, ni una sola que responda a
todos los interrogantes que ha planteado Izquierda Unida. (Rumores y
protestas.)
Por tanto, Izquierda Unida, desde su legitimidad política, responde, y
responde por boca de este Senador esta formación con dos millones y medio
de votos, que no cree adecuada la creación de ese Consejo de Medios
Audiovisuales. Probablemente existiría el consenso en la Comisión, en eso
tenía la Senadora Victoria Camps razón, pero no existe en esta Cámara
porque tampoco existe en la sociedad española. (Fuertes rumores y
protestas.--La señora Camps i Cervera pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora Camps.
La señora CAMPS I CERVERA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente porque sólo quiero decir que comparto y
entiendo la irritación de todos los portavoces de la Comisión ante la
intervención del Senador Martínez Sevilla.
Senador Martínez Sevilla, yo creo que tiene usted todo el derecho del
mundo a expresar su opinión, pero para poder opinar en una democracia
primero hay que saber escuchar, participar y dialogar, y usted podía
haber hecho todas estas cosas si hubiera acudido a la Comisión como
representante del Grupo Parlamentario Mixto.
Todos los interrogantes que usted ha planteado son preguntas que los
miembros de la Comisión nos hemos hecho, que hemos discutido largamente
y hemos llegado a los resultados a los que hemos llegado después de un
trabajo de dos años.
Entiendo que los portavoces le hayan contestado como lo han hecho. Creo
que es una descortesía parlamentaria el que venga usted el último día
--cuando el Grupo Parlamentario Mixto no ha tenido ninguna presencia,
como han dicho todos los portavoces, en la Comisión ningún día, salvo el
último, para aprobar la propuesta del Consejo del Audiovisual-- a volver
a empezar con un debate del que nosotros ya estamos de vuelta.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos.--Los señores Martínez Sevilla y Ardaiz
Egüés piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sevilla, el debate está cerrado ya.
No le voy a conceder la palabra.
¿Me pide la palabra para alguna cuestión de orden, Senador Ardaiz?
El señor ARDAIZ EGÜES: Sí, señor Presidente, y además, aunque no le pueda
citar el número del artículo, que seguramente será el que proceda, sabe
usted de mi moderación en la utilización y en la dedicación del turno que
me va a conceder solamente a aquello a lo que tengo derecho. Y se trata
de lo siguiente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pero, ¿me pide la palabra por qué?
El señor ARDAIZ EGÜES: Señor Presidente, le repito que será seguramente
por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Senador Ardaiz, no le puedo conceder la palabra
porque se la tendría que conceder al Senador Martínez Sevilla también,
y ya he señalado que hemos cerrado el debate. (Fuertes rumores y
protestas.)
El señor ARDAIZ EGÜES: Yo no pretendo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ARDAIZ EGÜES: Señor Presidente, sólo quiero que me conceda la
misma oportunidad que ha concedido...
El señor PRESIDENTE: Senador Ardaiz, es que no le puedo conceder la
palabra cuando dos Senadores más me la están pidiendo, salvo que se la
conceda a los tres.
El señor ARDAIZ EGÜES: No tengo ningún inconveniente. (Rumores y
protestas.--El señor Galindo Santana pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: A los cuatro.
El señor ARDAIZ EGÜES: No tengo ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Estoy interesado por este debate y, por tanto,
siéntese su señoría.
Senador Martínez Sevilla, tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, no entiendo la reiteración
del argumento. Izquierda Unida no es miembro de la Comisión de contenidos
televisivos; por tanto, Izquierda Unida no ha podido participar en esos
trabajos. (Fuertes protestas y abucheos.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, el señor Martínez Sevilla tiene derecho
a hacerse escuchar, y rogaría a sus señorías que cuidaran de su salud
porque hacer gran esfuerzo bucal a estas alturas de la mañana es bastante
complejo.
Señor Martínez Sevilla, exponga de nuevo sus argumentos.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Quería decirle, por tanto, que este portavoz
no acudió a esas jornadas, pero sí acudieron miembros de Izquierda Unida
que estuvieron y que le han planteado cabalmente lo que ocurrió, las
opiniones vertidas y, por tanto, por vía de este portavoz, en este caso,
de Izquierda Unida, porque hablo sólo en nombre de Izquierda Unida --que
quede muy claro--, a través de las facultades reglamentarias que confiere
el Grupo Parlamentario Mixto, le hablo de ese desacuerdo.
Yo respeto mucho sus trabajos, yo respeto mucho sus dos años de trabajo,
y no sé por qué tienen ustedes miedo al disenso; no sé por qué quieren
estos consensos de unanimidad. Me parece muy bien: están de acuerdo los
que están de acuerdo y los que no estamos de acuerdo disentimos. No hay
ningún problema, y eso significa que hay un debate abierto. Eso significa
que el debate no está cerrado; no está cerrado en la sociedad, al menos,
donde hay disenso suficiente...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sevilla, ha terminado su tiempo.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el señor Galindo.
El señor GALINDO SANTANA: Gracias, señor Presidente.
Aquí nadie tiene miedo al disenso, señor Martínez Sevilla, pero es que
el tema es de tal magnitud, de tanto calado que, evidentemente, tenemos
que aunar todas las voluntades posibles para que esta Cámara o el
Gobierno de este país pueda desarrollar una ley que pueda ser aceptada
por todos los responsables del conjunto de la sociedad de los medios de
comunicación. Y es tremendamente difícil. Y con lo que hay ahora ya está
usted viendo lo que está pasando en los medios de comunicación. Por
tanto, se trata de aunar el consejo y las voluntades que posibiliten la
aplicación y el compromiso de todos de cumplir esa ley. Esa es nuestra
gran preocupación.
Con la legislación vigente no es posible que las diversas cadenas se
comprometan a cumplir con esa legislación. Pero la legislación que pueda
salir de estas Cámaras o que pueda salir del Gobierno, con el conjunto
de las televisiones comprometidas en este tema, hay posibilidad de que
se cumpla, pues, como diríamos los canarios, aunque la jaula sea de oro
hemos de procurar que, de alguna forma, estemos en buenas condiciones
dentro de esa jaula y con las puertas abiertas para que todo el mundo se
sienta a gusto. Eso es lo que nosotros queremos. No tenemos miedo al
disenso. Es tremendamente difícil y muy compleja una ley de estas
características. Tenemos que hacer un esfuerzo, en bien de nuestro país,
de nuestros jóvenes y, sobre todo, en bien de las mujeres, para que haya
una televisión que de una u otra manera respete su dignidad, respete sus
derechos y, en definitiva, sea aceptada por todos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muy brevemente, señor Presidente, quería decir
en este debate, entre consenso y disenso, que, desgraciadamente, no va
a haber consenso, pero vamos a votar a favor el 99 por ciento de la
Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que el Senador portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha
intentado hacer con su última intervención, como acostumbra además casi
siempre, una última finta para intentar sortear lo que desde cada uno de
los grupos parlamentarios se le estaba diciendo. Usted, con esa finta,
no ha intentado más que ocultar una carencia elemental, y es que
cualquier Senador podría haber hecho una enmienda a este texto, y usted
no la ha hecho.
Por otra parte, usted intenta hacer otra finta más diciendo que
representa a Izquierda Unida y no al Grupo Parlamentario Mixto. Podría
habérselo dicho al señor Presidente cuando le ha concedido la palabra en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto; podría haberle dicho entonces que
hablaba en nombre de Izquierda Unida, señor Senador.
Y una tercera cosa más, cuando se juega, a mí al menos me gusta jugar con
las mismas reglas del juego. Decir que aquí no hemos contestado a lo que
usted llama su alternativa es jugar con ventaja. Es ser un jugador de
ventaja, señor Senador; ventaja consistente en que usted dispone del
informe que el resto de los grupos parlamentarios hemos elaborado y nos
pone usted encima de la mesa, a bote pronto, sin previo aviso --no quiero
pronunciar ningún otro calificativo--, lo que ha denominado --vuelvo a
repetir-- su alternativa. Y todo eso, señor Senador, sépalo de una vez
--por lo menos de mi boca lo va a saber-- está muy lejos de los usos
parlamentarios que se acostumbran en esta Cámara, y tiene un nombre:
filibusterismo parlamentario. Así de claro y así de sencillo; eso es
filibusterismo parlamentario y no las acusaciones que hace usted al salir
de la reunión de la Mesa y Junta de portavoces de la última Comisión de
Investigación, ya que estamos en una Comisión especial.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Martínez Sevilla
pide la palabra.--La señora Agüero Ruano pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Agüero, tiene la palabra.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero decirle al Senador Martínez Sevilla que me encuentro en
total y absoluta indefensión porque usted --y lo acaba de decir también
el Senador Ardaiz-- ha tenido tiempo suficiente para haber leído la
propuesta que ha sido elaborada durante todo un año y que, por fin, hemos
presentado. Sin embargo, usted empieza a hacer preguntas de cómo, dónde,
por qué, quiénes. Señoría, nadie de la Cámara puede decir quiénes
pertenecen al Consejo porque esto es una propuesta. A mí me parece,
señoría --se lo digo con todo el respeto-- que usted no se ha leído la
propuesta. Esta es una propuesta, una base, para que en su momento se
presente una proposición de ley o una moción o como quiera que se llame,
para que todos los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas. Ahí
tendrá usted tiempo suficiente para lucirse.
También le diré, señoría, que en el informe que se presentó en el mes de
abril de este año ya aparecía esta figura, y si a usted no le gustaba,
pudo en su momento, en el mes de abril, haber votado en contra.
Por lo tanto, señoría, no es que nosotros queramos que todo sea consenso
porque, por desgracia, en esta Cámara estamos más acostumbrados al
disenso que al consenso. Señoría, todos los miembros de esta Cámara
entendemos perfectamente que al ser usted de Izquierda Unida y no tener
nada más que dos Senadores no pueda usted estar en todas las comisiones.
Pero si usted hubiera dicho que le pasáramos los informes y los trabajos,
para hacer alguna propuesta, estoy segura de que ninguno de los
portavoces de los grupos parlamentarios componentes de esta Comisión le
hubiera dicho que no. Por lo tanto, señoría, no abuse usted de esos dos
millones de votantes para encubrir su propia ineptitud.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Martínez Sevilla
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El debate está absolutamente cerrado. Senador
Martínez Sevilla, no le voy a dar la palabra porque su señoría ha
expuesto sus razones suficientemente, entiéndalo. (El señor Martínez
Sevilla pronuncia palabras que no se perciben.)
Vamos a someter a votación la propuesta efectuada por la Comisión
Especial sobre Contenidos Televisivos para la creación de un Consejo
Superior de los Medios Audiovisuales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238;
a favor, 235; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda, por lo tanto, aprobada.
Por lo anteriormente expuesto por la Presidencia, pongo en conocimiento
de sus señorías que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del
Reglamento, esta Comisión Especial queda extinguida una vez que hemos
aprobado la presente propuesta. Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.
Eran las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señorías, se reanuda la sesión.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE ULTIME LOS TRAMITES NECESARIOS PARA QUE EL SINDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) SEA INCLUIDA ENTRE LAS ENFERMEDADES
CRONICAS, TANTO A EFECTOS SANITARIOS COMO SOCIALES. (662/000164.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Punto siguiente del orden del día:
Mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
a que ultime los trámites necesarios para que el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sea incluida entre las enfermedades
crónicas, tanto a efectos sanitarios como sociales.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Zabaleta.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Comunico a sus señorías que era intención y objetivo de esta moción
conseguir que aquellas personas enfermas de SIDA tuvieran el
reconocimiento de enfermos crónicos, un sentir de las organizaciones no
gubernamentales y, creo yo, de todos los partidos representados en esta
Cámara. En la medida en que en el transcurso del trámite parlamentario
de esta moción hemos tenido conocimiento de la voluntad del Gobierno de
aprobar un decreto en este sentido
y dar respuesta a esta demanda social, procedemos a la retirada de la
misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senadora Zabaleta.
Habiéndose retirado la moción, ¿hay algún grupo que desee hacer uso de
la palabra? (Pausa.) Gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE NEGOCIE ANTE LAS PERTINENTES INSTANCIAS COMUNITARIAS
QUE EL ESPARRAGO Y EL CHAMPINON, ASI COMO EL RESTO DE LOS DENOMINADOS
PEQUEÑOS PRODUCTOS DE CARACTER LOCAL O REGIONAL, SE CONTEMPLEN EN
IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS RESTANTES PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS EN
LA PROYECTADA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DE FRUTAS
Y HORTALIZAS, QUE ACTUALMENTE SE ESTA TRAMITANDO. (662/000165.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, relativo a la moción del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador López San Miguel.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para defender la moción que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado a la consideración de la Cámara sobre la
integración de los denominados pequeños productos de carácter local y
regional, en especial el espárrago y el champiñón y otros productos como
pueden ser el ajo, el albaricoque u otros muchos que bajo el epígrafe de
local y regional se contemplan en los futuros reglamentos comunitarios.
Como sus señorías conocen, la reforma de la OCM de frutas y hortalizas
conlleva la modificación de dos reglamentos comunitarios, el Reglamento
número 1.035/72, del Consejo, de fecha 18 de mayo de 1972, por el que se
establece la Organización Común de Mercados en el sector de las frutas
y hortalizas frescas, y el Reglamento 426/86, del Consejo, por el que se
establece la Organización Común de Mercados en el sector de los productos
transformados a base de frutas y hortalizas. El Colegio de Comisarios de
la Unión Europea aprobó, con fecha 4 de octubre de 1995, los proyectos
de reglamento que modifican los dos anteriormente citados, encontrándose
en este momento para aprobación por el Consejo de Ministros.
De la lectura de estos dos proyectos de reglamento podemos sacar las
siguientes conclusiones. En relación con el proyecto de reglamento que
sustituirá al Reglamento 1.035/72, el artículo 17 dice: En el caso de que
los instrumentos generales de la Organización Común de Mercados resulten
ser insuficientes o inadaptados para productos del artículo 1 --quiere
decir esto, señorías, que todos los productos deben estar integrados en
este artículo 1-- que revistan una gran importancia económica o
ecológica, local o regional, y que se vean enfrentados a una gran
competencia internacional, podrán adoptarse, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 45, medidas específicas para la
mejora de la competitividad de estos productos y para su promoción.
Dichas medidas podrán consistir en las mencionadas en la letra c) del
apartado 1 del artículo 19. Señorías, estas medidas son las que pueden
desarrollar las organizaciones interprofesionales y no son específicas
para regular el mercado y garantizar la renta de los agricultores, sino
en todo caso para la modernización.
Según el Partido Popular estas medidas específicas para productos de gran
importancia local o regional están insuficientemente desarrolladas ante
una fuerte competencia internacional y con problemas de regulación de
mercado. Desde el Partido Popular entendemos que se deben adoptar las
siguientes medidas: que todos los productos locales y regionales se
contemplen en el artículo 1 y que se integren, total y absolutamente, en
la OCM con la aplicación de los mecanismos comunitarios de retiradas,
calendarios y protección frente a los acuerdos con terceros países. Estas
medidas deben respetar siempre la preferencia comunitaria, la solidaridad
financiera y la unión de mercado, principios estos básicos en los que se
han basado las anteriores reformas de acuerdo con el Consejo Jumbo.
Hay que tener en cuenta, señorías, que frente a casos concretos de
productos como el espárrago, que en el Valle del Ebro se comercializa
prácticamente todo hacia la transformación y muy poquito en fresco, hay
otras regiones españolas, como puede ser Andalucía, donde el 65 por
ciento de su producción se comercializa en fresco.
Por consiguiente, debemos proteger esta producción como defensa a las
futuras producciones o yo diría más bien a las producciones que hoy día
tienen los griegos, los holandeses y los franceses. Y, por otra parte,
a las nuevas producciones sobre las que países terceros, con unos costes
muy bajos en producción, pueden hacernos competencia, como es el caso de
los países del Este o el Magreb.
En lo que respecta al champiñón, entendemos que en este momento el
producto está contingentado según los acuerdos del GATT, pero, teniendo
en cuenta que la reforma de la OCM no es una reforma que se hace todos
los años, sino que tarda bastantes --no hay más que ver que el Reglamento
es del año 1972, es decir, han pasado 23 años desde que se promulgó--,
entendemos que no se pueden quedar fuera, porque nadie nos dice que, por
ejemplo, China, que no está en este momento en el GATT, no pueda ser en
un futuro un gran competidor de nuestro champiñón y, lógicamente, no lo
podemos dejar desprotegido. Lo mismo podríamos comentar de otros
productos, como el ajo, el melón, el pimiento, o, en el caso de las
frutas, el albaricoque.
En relación con el proyecto de Reglamento que sustituirá al 426/1986, el
artículo 10 dice que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 26, podrán adoptarse medidas específicas para los productos
contemplados en el artículo 1 que tengan una gran importancia económica
o ecológica, local o regional, y que deban enfrentarse a una fuerte
competencia internacional, a fin de mejorar su competitividad y para su
promoción. Estas medidas podrán comprender, en particular, actuaciones
destinadas a mejorar la actitud para la transformación de productos
cosechados, actuaciones y puesta a punto científica y técnica de menos
sistemas operativos, estudios económicos y de mercado, etcétera.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que estas medidas que
señala el artículo del futuro reglamento no permiten mantener la renta
del agricultor y, a su vez, no posibilitan la competitividad de la
industria de transformación del espárrago y en un futuro del champiñón
o de otros productos locales o regionales que puedan ser transformados.
De la misma manera, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que se
deben adoptar las siguientes medidas: integración del espárrago o
champiñón y de otros productos considerados locales o regionales con
posibilidades de transformación en la OCM con el mismo tratamiento que
el resto de los productos que ya están integrados, y la inclusión de
dichos productos en el Anexo I del artículo 2 a fin de poder acogerse al
régimen de ayudas a la producción fijando un precio mínimo al productor
y una ayuda al mismo a través de la industria.
Señorías, se trata de sectores que, por no estar incluidos en la
Organización Común de Mercado, han sido muy perjudicados fundamentalmente
por los acuerdos con terceros países. Voy a hacer un breve comentario de
algunos de ellos.
En el caso concreto del espárrago, las importaciones de Perú han pasado
de 8.304 toneladas en el año 1988 a 36.165 toneladas en el año 1993; es
decir, en cinco años se ha multiplicado por cuatro, llevándonos a una
importante caída de precios y una consecuente disminución de la
superficie de cultivo. En el año 1991 la superficie cultivada en España
era de 28.377 hectáreas y en el año 1994 de 20.995; esto representa
aproximadamente una disminución de un 30 por ciento de la superficie.
Podríamos citar el caso de Navarra donde en el año 1991 tenían 7.606
hectáreas y en el año 1994 ha disminuido a 4.094 hectáreas, es decir, ha
habido una disminución de 3.500 hectáreas, aproximadamente el 50 por
ciento de la superficie cultivada. En La Rioja se ha pasado de 2.400 a
1.700. En Andalucía de 8.223 a 6.600 toneladas. Otro tanto ocurre con
otras Comunidades Autónomas, como pueden ser Extremadura, Castilla-La
Mancha o Aragón. Este descenso, señorías, podría llevarnos a la
desaparición del cultivo del espárrago y a la desaparición de más de un
centenar de industrias de transformación en las que el espárrago supone
su principal actividad, con un gran coste social de puestos de trabajo
y unas pérdidas económicas importantes.
En el Valle del Ebro, lo que es Navarra, La Rioja y Aragón, supone la
eliminación de más de 5.000 puestos de trabajo en la industria, más de
6.000 puestos de trabajo en agricultura y una pérdida de más de 25.000
millones en el Producto Nacional Bruto. En Andalucía representaría una
pérdida de más de 900.000 jornales al año; en Extremadura, 10.000
trabajadores y en torno a 700.000 peonadas.
En el caso del champiñón podría suponer la eliminación aproximada de unos
5.000 empleos directos más los empleos indirectos que genera la
actividad, localizados fundamentalmente en las Comunidades Autónomas de
La Rioja y Castilla-La Mancha.
Podríamos citar el caso concreto del ajo, cuya superficie cultivada son
de 3.548 hectáreas y este cultivo ha sufrido en estos últimos años una
gran competencia por las importaciones con otros países, reflejándose
fundamentalmente en Castilla-La Mancha y Andalucía.
El caso del melón, con 50.514 hectáreas, en Andalucía y Castilla-La
Mancha; el caso del pimiento, la cebolla, la judía verde, etcétera. En
el caso de las frutas, es digno de destacar el cultivo del albaricoque
que, fundamentalmente, en su 50 por ciento se cultiva en la región
murciana y el resto repartido entre Castilla-La Mancha, Baleares y la
Comunidad Valenciana.
Podríamos seguir hablando de muchos más compuestos que podrían estar
dentro de este epígrafe de productos locales y regionales y que, bien
ahora, o a corto plazo, podrían desaparecer si no se toman las medidas
para incluirlos en la futura reforma de la OCM de frutas y hortalizas en
los términos que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en esta
Cámara por medio de la moción.
Señor Presidente, señorías, estamos, creo, todavía a tiempo y en unas
condiciones idóneas para poner remedio a esta situación, no en vano
España preside en este momento la Unión Europea. El Grupo Popular está
convencido de que con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios --por
ello, señorías, les pido el voto afirmativo a la moción-- conseguiremos
poner fin a esta situación de desprotección del espárrago, del champiñón
y del resto de los productos denominados regionales y locales que han
venido padeciendo, desde nuestro ingreso en la Unión Europea, grandes
desventajas respecto al resto de los productos de los países
comunitarios.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador López San
Miguel.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, deseo expresar el voto favorable del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos a la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Se presenta una moción que afecta a dos productos que, realmente, son
importantes en nuestra geografía y para nuestros agricultores y que, en
estos momentos, por una bajada de precios, por un lado, y por el
funcionamiento de la Organización Común de Mercado de la Política
Agrícola
Comunitaria, por otro, no son acertadas de cara a nuestros intereses.
En este sentido, nosotros, en primer lugar, reclamamos una solidaridad
de la Unión Europea al respecto. Aquí todos sabemos que la Política
Agrícola Comunitaria se hizo a imagen y semejanza de Francia, y no hay
más que recordar que la gran crisis que tuvo lo que entonces era la
Comunidad Económica Europea fue la crisis de la silla vacía de 1965 que
protagonizó el general De Gaulle cuando se estaba elaborando la política
agrícola comunitaria. Por lo tanto, nosotros, cuando nos adherimos en
1986, lo hicimos a una política agrícola comunitaria que tiene
básicamente los planteamientos franceses y en la que faltan
planteamientos de otras agriculturas de otros Estados. Y de la misma
forma que la Convención de Lomé, que tiene su origen en los intereses
franceses, belgas y holandeses, con la entrada británica se extiende a
las antiguas colonias británicas, nosotros decimos que también en el
campo agrícola hay que ir a una organización común de mercados para todos
los productos, incluso para aquellos que no estaban al principio y que
no son única y exclusivamente los que interesan a la economía francesa.
Por lo tanto, nosotros consideramos terriblemente acertado este
planteamiento que hace en su moción el Grupo Popular y nuestro Grupo
Parlamentario va a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Companys tiene la palabra.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, todas las propuestas razonables no
demagógicas que se hagan y que vayan en la línea de soporte de la
agricultura del Estado español van a tener nuestro apoyo. En principio,
una de ellas podría ser la moción que en este momento ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular, aunque si realmente queremos solucionar el
tema de forma definitiva el camino seguido por la moción que se ha
presentado, a nuestro entender, no es el más adecuado, y me explicaré.
El modelo de estructuración de responsabilidades que se configura con la
aprobación de la Constitución y de los diferentes Estatutos de Autonomía
en el Estado español señala cuáles son las competencias de cada una de
las diferentes Comunidades Autónomas. La realidad con la que nos
encontramos en este momento es bastante diferente: unas competencias se
las ha quedado para sí la Unión Europea y, por contrapartida, quien
negocia nuestros productos en nombre de aquellas instituciones que
realmente tienen las competencias, que son las Comunidades Autónomas, es
el Ministro de Agricultura o las personas en las que el Ministerio
delega. En todo caso, sólo la buena voluntad del Ministerio del ramo hace
que en determinadas ocasiones se deje asesorar por los que realmente
entienden, que son los que están más cerca geográficamente de la
problemática.
Creo que hay un error de planteamiento y valdría la pena que pusiésemos
encima de la mesa proposiciones mucho más innovadoras. Sería bueno que
las Comunidades Autónomas participasen de una forma clara en la
negociación en el seno de la Unión Europea y que fueran los consejeros
autonómicos y los representantes de los diferentes sectores, que son los
que realmente entienden, los que informasen en el momento de negociar.
Es lo que pasa en Alemania y no les va del todo mal.
De todas formas, y centrándonos en el tema, nosotros vamos a dar soporte,
como no podía ser de otra manera, a la moción presentada por el Grupo
Popular, sobre todo pensando en la posibilidad de que el Gobierno sea
sensible no sólo al problema del champiñón o del espárrago, sino que se
haga extensivo a otros productos y que en ningún caso los productos que
por sus características se puedan considerar como pequeños tengan un
trato discriminatorio respecto al resto de los productos del sector.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Senadores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista va a
sumarse y va a apoyar con entusiasmo esta moción que creemos que viene
a subrayar la moción que la pasada semana, el día 7 de este mes, se
aprobó en el Congreso de los Diputados, que resumía un trabajo importante
que la Comisión Mixta Congreso-Senado viene desarrollando en estos temas,
fundamentalmente en los que se refieren a la reforma de la Organización
Común de Mercados de frutas y hortalizas.
También en el Congreso de los Diputados, el día después de registrarse
esta misma moción en el Senado, se discutió ese tema, que creemos
importante. Se ha dicho antes que son veintitrés años los que llevamos
sin reformar esta Organización Común de Mercado y es tiempo ya para
acometer esta reforma, considerando las distintas y diversas coyunturas,
y no voy a hacer referencia al GATT o al proceso de integración española
en los mecanismos comunitarios, fundamentalmente a la política agrícola
común. No obstante, se hace necesario que el acuerdo de las Cámaras
impulse la iniciativa del Gobierno para negociar la mejor situación para
una nueva reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Por tanto, se hace necesaria esta reforma y existe coincidencia en las
propuestas presentadas, no solamente por los grupos políticos en las
Cámaras, sino también por el devenir y por el resultado de las
discusiones que en la Comisión Mixta Congreso-Senado se vienen teniendo
con los sectores implicados. Lógicamente, hay una coincidencia de
objetivos, que se resumen en la moción aprobada la semana pasada en el
Congreso y que concluyen en la moción que vamos a aprobar en este acto
en el Senado.
Por tanto, la defensa de los intereses españoles está contemplada en esta
moción, sobre todo desde la perspectiva de esos intereses menores. Esos
productos pequeños de carácter local o regional tienen, como se ha dicho
anteriormente,
una gran importancia en nuestra hortofruticultura; la misma gran
importancia que tiene nuestra hortofruticultura globalmente. No olvidemos
que el 25 por ciento de la hortofruticultura europea es española, lo cual
ya dice muy mucho de la importancia que tiene.
Quiero referirme --y la petición de la moción va en esa dirección-- a los
pequeños productos de carácter local o regional no citados en el Congreso
de los Diputados para no establecer discriminaciones. Es posible que
cuando citemos unos se nos queden en el tintero otros, pero creo todos
sabemos perfectamente que esos productos no son estrictamente regionales,
porque muchos de ellos afectan a distintas y a muchas Comunidades
Autónomas y de forma y manera muy importante. Todos ellos están en ese
paquete de negociación para los que se pide, ni más ni menos --y se
reitera con la moción--, que se amplíen los mecanismos comunitarios de
retiradas y ayudas a la transformación o, en su caso, la adopción
complementaria de medidas específicas para la mejora de la competitividad
y la promoción del producto de que se trate en cada caso.
También estos productos tienen importancia en el contexto de la Unión
Europea. Sólo me voy a referir a tres: el ajo, el champiñón y el
espárrago, algunos ya citados. Dichos productos tienen una importancia
tal que el conjunto de los tres supone en la Unión Europea el 2,7 por
ciento de los productos hortícolas. Es una cifra importante --a algunos
puede parecer pequeña-- porque supera la producción hortícola de Irlanda,
que es del 0,5 por ciento, o la producción hortícola de Dinamarca, que
es el 0,6 por ciento. La producción hortícola de Bélgica, que es el 2,7
por ciento, queda igualada y supone algo más de la mitad de la producción
hortícola de Alemania o Portugal, que son del 4,6 y 4,4 por ciento,
respectivamente.
Por tanto, son productos que tienen mucha importancia en el contexto de
la producción hortícola de la Unión Europea, al igual que otros que, por
las características geográficas españolas, por su situación meridional,
también lo tienen debido a su carácter casi tropical, como las fresas,
kiwis, nísperos, cerezas, frambuesas, etcétera. Y a este respecto tenemos
representaciones importantes de Andalucía y Canarias, donde no cabe duda
que provocan también mucho interés estos problemas.
Hay antecedentes parlamentarios --naturalmente, positivos-- al debate que
estamos sosteniendo en este momento. Quiero recordar dos proposiciones
no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados
que suscitaron también la unanimidad de los grupos políticos
representados allí, en los meses de marzo y mayo de 1994, relativas al
champiñón y al espárrago concretamente. Y las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista no hacen sino conducirnos a una determinación,
cual es volver a impulsar decididamente, en un momento tan importante
como éste en el que la Presidencia es española, que el Gobierno tenga una
base de negociación en la que coincidan los intereses, no solamente
políticos, sino generales de la agricultura española.
Se ha hablado del champiñón. ¿Tiene importancia este producto? No cabe
duda. El champiñón en España tiene una importancia no solamente económica
sino también social, como se decía anteriormente. Su cultivo, su
producción, su industrialización y su transformación está ubicado
fundamentalmente en Castilla-La Mancha, al sur de la provincia de Cuenca
y al norte de la provincia de Albacete, representando, aproximadamente,
el 55 por ciento de la producción española, y dando trabajo a más de
5.000 familias, que son las que están trabajando con este producto
hortícola tan importante que va dedicado fundamentalmente, en el 70 por
ciento, a la transformación en la industria conservera. España ocupa el
quinto lugar europeo en la producción de champiñón y su transformación,
pero esa situación va mejorando paulatinamente. Hay expectativas muy
importantes, las posibilidades al alza de la producción y de la
transformación son importantísimas y se reforzarían muchísimo más si en
la Organización Común de Mercados tuviera una acogida como la que estamos
planteando y defendiendo con esta moción. La inclusión del champiñón en
la OCM, desde nuestro punto de vista, es un avance considerable. En los
acuerdos del GATT este producto se trató bastante bien, de tal manera que
incluso el grupo de productores de champiñón europeos, en la reunión que
tuvieron en París en abril del año pasado así lo consideró. Si este
producto tuviera acogida en una Organización Común de Mercados, como
estamos planteando en este momento, sería un éxito sin precedentes y la
consolidación de un producto que, repito, está al alza, según las
expectativas de producción y de comercialización en España.
La reforma del sector de frutas y hortalizas está estructurada en dos
propuestas de la Comisión Europea, en reglamentos que establecen las
organizaciones comunes del mercado para los productos frescos y para los
productos transformados, es decir, tal como está vigente en la
actualidad.
En cuanto a los productos destinados al consumo en fresco, la propuesta
de la Comisión presenta la necesidad de concentrar la oferta a través del
reforzamiento de las organizaciones de productores, con el fin de
potenciar la posición de los productores en el mercado. Esta orientación
se plantea con carácter voluntario y ante la eficacia que pueda prestar
una organización a sus asociados en el ámbito de las mejoras de las
estructuras de producción y comercialización. En este sentido, tendrían
cabida, no cabe duda, producciones tales como los champiñones
comercializados para el consumo en fresco, destino que debe desarrollarse
aún más.
En lo referente al sector de productos transformados a base de frutas y
hortalizas, la propuesta de la Comisión prevé la posibilidad de aplicar
medidas especiales en favor de determinados sectores que sufren la
competencia internacional, no solamente en el sector del champiñón y en
el sector del espárrago, sino en otros productos concretos a los que nos
referíamos anteriormente y cuya producción tiene una importancia local
o regional.
En cualquier caso, dichas medidas, que se establecerán por el Comité de
gestión de frutas y hortalizas, consistirían en mejoras estructurales
destinadas a aumentar la competitividad de los productos en cuestión. En
el marco de esta medida, tienen posibilidades de actuación la producción
y comercialización de los champiñones y espárragos en conserva
y el conjunto del resto de productos no citados y que también encajan en
esta proposición.
Por otra parte, conocemos que el Gobierno, en los debates que se están
produciendo sobre las propuestas de reforma del sector de frutas y
hortalizas, está planteando como prioritario que la producción de
espárragos tenga un tratamiento adecuado. Existe, además, una crisis
considerable, como se ha dicho anteriormente, no solamente en la
producción, sino en la transformación, que pone en peligro un sector
punta en algunas regiones, no solamente en las clásicas a las que siempre
nos referimos, sino en otras regiones españolas que tienen una gran
preocupación en este momento, ya que da lugar a muchos puestos de
trabajo, no solamente en la agricultura, sino en la industria. Por eso
digo que la producción del espárrago para conserva puede mantenerse a
unos niveles adecuados, y ello pasaría por la inclusión de dicho producto
en la relación de los que se benefician de una ayuda a la producción.
Quiero añadir que las importaciones de champiñón en conserva están
contingentadas, como decía anteriormente, lo cual es un paso muy
importante para lo que estamos proponiendo en este momento, como medida
de protección a la producción comunitaria, lo que puede favorecer la
mejora de las estructuras citadas anteriormente. No olvidemos que en este
ámbito la presión de países como Polonia o China es muy fuerte, sobre
todo cuando se está hablando de la ampliación de la Unión Europea, y es
cuestión importante que vayamos asentando las posibilidades de estas
producciones.
Finalmente, quiero señalar que la moción es oportuna. La moción no puede
calificarse de reiterativa porque aclara mucho más la cuestión que la que
la pasada semana se aprobó en el Congreso de los Diputados, actualiza
aquellos aspectos del punto cuatro que allí se señalaban e insta al
Gobierno de la Nación a que en la próxima negociación, en la negociación
de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, defienda ante las
instituciones comunitarias la aplicación a los pequeños productos de
carácter local o regional de los mecanismos comunitarios de ayudas a la
transformación y la adopción de medidas específicas complementarias.
Creo, por tanto, que la moción, desde el punto de vista de su
oportunidad, despeja claramente, clarifica lo que son estos pequeños
productos de carácter regional, que no cabe duda de que no son tan
pequeños, ya que tienen una gran importancia, no solamente en regiones
concretas de España, sino considerando también la importancia que en el
sector de frutas y hortalizas tiene la agricultura española.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor López San Miguel pide
la palabra.)
El señor López San Miguel tiene la palabra.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero agradecer a todos los Grupos Parlamentarios
de la Cámara el apoyo a la moción que el Grupo Popular ha presentado a
la consideración de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador López San Miguel.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
--DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. (621/000102.)
El señor PRESIDENTE: Antes de abordar los puntos del orden del día que
quedaron aplazados para su deliberación y votación, comunico a la Cámara
que el Grupo Parlamentario Socialista solicita, de acuerdo con lo que ya
anunció previamente en la Junta de Portavoces, que la Cámara autorice la
tramitación con competencia legislativa plena del proyecto de ley de
Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Algún señor Senador desea hacer uso de la
palabra? (Pausa.) ¿Puedo entender que la Cámara está conforme? (Pausa.)
Así se declara.
Al terminar la sesión plenaria, comunico que la Presidencia ha
autorizado, y está en relación con lo que hemos visto, la convocatoria
de la Comisión de Justicia al objeto de designar Ponencia para informar
el proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para lo que acabamos
de dar plena competencia legislativa a la Comisión de Justicia.
--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (542/000026.)
El señor PRESIDENTE: El punto séptimo del orden del día, que era el
dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, se me ha comunicado
verbalmente que queda pospuesto para una próxima sesión plenaria, y
comunicaremos oportunamente al Presidente de la Comisión de
Incompatibilidades este extremo.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY ORGANICA DE CONTRABANDO. (Debate y votación.)
El señor PRESIDENTE: Resta, por lo tanto, que entremos en el debate
pendiente del proyecto de Ley Orgánica del Contrabando, publicado en el
«Boletín de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 88, de fecha
6 de noviembre de 1995.
El Senador González Laxe tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, Presidente.
La Comisión de Economía y Hacienda designó en su día al insigne miembro
de la misma, al Senador don Jaime Rey Barreiro, para que hiciera la
presentación del dictamen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para presentar el dictamen, tiene la palabra el señor Senador.
El señor REY BARREIRO: Señor Presidente, señorías, para mí fue un honor
que se me designara por la Comisión de Economía para presentar esta ley,
por la sencilla razón de que soy Senador de una provincia, Pontevedra,
rabiosamente sensibilizada por las cuestiones del contrabando y de la
droga por motivos obvios.
Señorías, en los últimos años la aduana española ha pasado por un período
de cambios sin precedentes. La configuración de la Unión Europea como un
mercado interior, establecida en el Acta Unica Europea, ha traído consigo
la libertad de circulación de mercancías sin que queden sometidas éstas
a controles como consecuencia del cruce de fronteras interiores. Esta
nueva situación hace necesaria una modificación de la normativa referente
a la circulación intracomunitaria de mercancías que responda a un modelo
basado precisamente en la imposición y el control fronterizo, lo que
aconseja proceder a una adecuación de la legislación conducente a
reprimir la introducción ilícita de mercancías en el territorio aduanero.
El desafío fundamental del mercado único consiste en compatibilizar las
facilidades dadas al libre movimiento de mercancías con la efectividad
en la represión del contrabando.
El proyecto de ley orgánica de contrabando entró en el Senado el día 21
de septiembre de 1995. El plazo de presentación de enmiendas era hasta
el día 30 de octubre. Fue ampliado hasta el día 9 de octubre de 1995, y
fueron presentadas veinte enmiendas a dicho proyecto.
La Ponencia designada para el estudio del proyecto se reunió el día 31
de octubre de 1995. El informe elaborado por la Ponencia introdujo
diversas correcciones técnicas, quince enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y cinco del Grupo Parlamentario Popular. La Comisión se reunió
el 31 de octubre de 1995 y aprobó el informe de la Ponencia con la
introducción de una enmienda transaccional al artículo 2 del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el Senador don Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, esta ley de contrabando,
sea cual sea el nombre último que pueda adoptar, no sólo nos parece muy
necesaria, sino también muy tardía. Hay que pensar que la Ley de
contrabando actual es del año 1982; que en el año 1985 ocurrió un hecho
importantísimo para esta ley de contrabando, que es la entrada de España
en la Comunidad Europea y, posteriormente, la de Canarias, y su
incorporación al territorio aduanero. Por tanto, la consideramos algo
tardía --aunque nunca es tarde--, pero totalmente necesaria. Se añaden
a través de ella una serie de conceptos nuevos y se moderniza
enormemente.
Además, en relación con la Comunidad Canaria, a lo largo de estos años
se ha planteado --a través de la disposición adicional tercera de la
Constitución española y del artículo 45 del Estatuto de Autonomía de
Canarias-- la posibilidad de modificar el sistema específico canario, el
Régimen Económico y Fiscal Canario, en función del cual se elaboró la ley
económica en 1994 y la ley fiscal en 1991.
Para nosotros era totalmente necesario que este tema se replanteara en
toda su amplitud. Por ello, presentamos en su momento dos enmiendas en
el sentido de que se considerara que se había producido un olvido
importante en la ley en relación con las circunstancias específicas,
especiales y únicas que tiene la Comunidad Canaria desde el punto de
vista fiscal y desde el del territorio aduanero con respecto al resto del
Estado español. Por economía parlamentaria solamente voy a indicar
nuestra posición respecto de esas dos enmiendas, evitando de este modo
volver a subir a este estrado.
En cuanto a estas dos enmiendas, referidas a la Administración tributaria
de la Comunidad Canaria, números 16 y 20, las retiro en este momento.
Se ha aceptado por la totalidad de los grupos parlamentarios la
introducción de una modificación en el texto del dictamen de la Comisión
de Economía y Hacienda relativo al proyecto de ley orgánica de
contrabando, concretamente al final del tercer párrafo del apartado 1,
titulado necesidad de la norma, con lo que quedaría el texto de este
modo: «...y, por fin, colmar algunas lagunas que la experiencia ha puesto
de manifiesto» --y aquí viene la modificación--, «así como tomar en
consideración la nueva situación producida tras la incorporación de la
Comunidad Autónoma Canaria al territorio aduanero comunitario no obstante
no formar parte del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido.»
Aunque consideramos que es insuficiente, con esto nos damos por
satisfechos en función de que nunca hay que olvidar que las disposiciones
adicionales de la Constitución marcan la propia Constitución en su
conjunto y colorean de alguna forma las leyes orgánicas que se vayan
dictando.
Al mismo tiempo, como a lo largo de la tramitación de este proyecto hemos
visto que se ha contemplado el tema del tabaco, cuestión que en los
comienzos de la misma había sido tratada de modo insuficiente, retiramos
las enmiendas números 17 y 18.
Por último, quisiera decirles que, en función del acuerdo logrado en
relación con la discutida modificación de la disposición adicional
primera, el Grupo de Coalición Canaria también apoya lo que ha sido
acordado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Senador, ¿alguna de sus cuatro enmiendas permanece viva?
(Denegación.)
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender las dos enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario
que permanecen vivas.
Con la primera de ellas, la número 2, pretendemos ampliar el campo de
acción contra el contrabando. Esperamos que tenga el apoyo de los grupos
parlamentarios.
Con la enmienda número 3, que consideramos fundamental se trata de que
el Cuerpo de Funcionarios de Vigilancia Aduanera le sea reconocido su
carácter del Polícia Judicial así como también el de Fuerzas y Cuerpo de
Seguridad del Estado. Para nosotros esto es terriblemente importante.
Presentamos esta enmienda en el debate que tuvo lugar en el Congreso.
En los debates parlamentarios del Congreso se presentó una enmienda
transaccional que, desde nuestro punto de vista, mejoró el proyecto que
el Gobierno envió a la Cámara, pero no respondía por completo a nuestros
planteamientos, y por eso mantenemos esta enmienda. ¿Y por qué la
presentamos? Porque creemos que el Cuerpo citado adscrito al Ministerio
de Hacienda, reúne una serie de características muy importantes para
tener la consideración que he citado. En primer lugar, ahí está su
trayectoría --no hay más que verla-- de honestidad y eficacia. Ayer
mismo, sin ir más lejos, este Cuerpo del Ministerio de Hacienda llevaba
a cabo en Málaga una incautación de 2.500 kilos de droga, detenía a ocho
personas, e incautaba dos buques.
Por otra parte, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico --y, en
concreto, contra la cocaína-- y en la Europa de los Quince, de la Unión
Europea, este Cuerpo es el que ha incautado el mayor porcentaje de
toneladas de ese producto a lo largo de los cuatro últimos años.
En segundo lugar, hay otro aspecto que nosotros consideramos básico en
nuestro planteamiento: es necesaria una seguridad jurídica para este
Cuerpo. Sin ir más lejos, también ayer mismo, aquí, en Madrid, se detectó
una lonja con tabaco de contrabando. Se realizaron las diligencias
oportunas, pero al final el Poder Judicial denegó el permiso a tal
efecto, porque dicho Cuerpo no tiene la categoría de Polícia Judicial.
La tercera razón de esta enmienda se refiere a la seguridad física de
estos 2.000 funcionarios. Creo que todos lo entenderemos, ya que cuando
realizan su trabajo se enfrentan a unos verdaderos delincuentes que
utilizaban todo tipo de armas --y nunca mejor dicho--. Por tanto, ya sea
como elemento disuasorio, o como para su defensa personal, consideramos
que estas personas deben gozar del título --y, en consecuencia, de los
medios al efecto-- de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como cuarto argumento, voy a explicar brevemente la historia de la lucha
contra el contrabando a nivel de Estado, en breves pinceladas, y nunca
mejor dicho. En 1790 se crea a nivel del Reino el Servicio de Tabacos,
y los aficionados a la pintura habrán visto que incluso existen cuadros
de Goya en los que se reflejan escenas de estos funcionarios.
Posteriormente, en la primera década de este siglo, comienza el servicio
de estos funcionarios en la mar. A continuación, se crea el Cuerpo de
Carabineros, adscrito igualmente al Ministerio de Hacienda, que se
refunda con la Guardia Civil; a partir de entonces, la competencia pasa
a ésta en 1940, como fruto de la ideología política que tuvo en la época
de la República el Cuerpo de Carabineros.
Pero hay otro dato. En estos momentos, y de acuerdo con la normativa
internacional que rige en Derecho del mar, única y exclusivamente está
autorizado este grupo de funcionarios por el Derecho internacional para
poder intervenir en alta mar un barco de bandera extranjera, cuando se
sospeche que se dedica al narcotráfico, al blanqueo de capitales.
En consecuencia, la enmienda número 3, en la cual pedimos que el Cuerpo
de Vigilancia Aduanera tenga el carácter de Policía Judicial y de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, se basa en las razones que he
esgrimido, en la historia y en la realidad, y sobre todo pienso que, si
se aprueba la enmienda transaccional que se ha firmado por diversos
grupos parlamentarios, se dará un paso atrás, desde nuestro punto de
vista, en relación con el paso hacia adelante, que no era el perfecto
para nosotros pero que era un paso positivo, que aprobó el Congreso y que
puede traer como consecuencia la disolución de este servicio.
También quiero anunciar, señorías, dada, desde nuestro punto de vista,
la gravedad de la transacción que pueda aprobarse, que en el caso de que
ésta tuviera éxito en la Cámara, como parece que lo va a tener, mi Grupo
Parlamentario votaría en contra de este proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la rápida evolución de los acontecimientos políticos y
económicos mundiales en los que nos hallamos inmersos requieren la
actualización de la mayoría de las leyes que tengan connotaciones más
allá de nuestras fronteras. Aun no siendo así, nuestros regímenes
interiores deben adecuarse a las nuevas normas y formas de vida, unas
veces por sentido común y otras porque las directivas de la Unión
Europea, tratando de unificar y homogeneizar los mercados interiores de
los países adheridos, lo exigen.
La libertad de circulación intracomunitaria de mercancías, sin que queden
sometidas éstas a controles, ha promovido un crecimiento de las
facilidades para burlar la vigilancia de las que sí están sometidas a
control por diversos motivos. Al desaparecer los controles fronterizos
y al haber dejado de actuar la aduana española como frontera fiscal, se
ha puesto en evidencia que compatibilizar las libertades comunitarias con
la represión de contrabando, de drogas tóxicas, de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, tabaco y un largo etcétera
es un reto harto difícil. De ahí la necesidad de aunar esfuerzos.
La nueva ley orgánica de contrabando va a sustituir a la Ley 7 de 1982,
de 13 de julio. Trece años son poco en el trayecto de una ley, pero en
este caso Europa ha evolucionado tan rápidamente en los aspectos que
regula esta ley que es obvio el hecho de que ha quedado totalmente
obsoleta. La nueva ley trata de incluir, regular y tipificar no sólo
los delitos de contrabando, sino también las infracciones
administrativas, estableciendo e incriminando las conductas más graves
atribuidas a las primeras y dando la consideración de infracción a las
segundas. No sólo se trata de adaptarse a las circunstancias actuales,
sino de proceder más justamente en la adjudicación de penas o sanciones
según los casos.
Hay una consideración especial para las labores de tabaco, mercancía
tradicional y endémica base del contrabando y tristemente medio de vida
de innumerables personas residentes en nuestro dilatado litoral marítimo
e insular. La cifra de un millón de pesetas como línea a partir de la
cual se considera delito, incluida en el trámite de Comisión,
transaccionando ocho enmiendas de los distintos grupos parlamentarios,
dice por sí sola que se ha prestado por parte de todos consensuadamente
una atención especial al tabaco. El hecho de elevar a tres millones la
cifra umbral para el delito de las restantes mercancías o bienes responde
también al hecho, queramos o no, de la devaluación de nuestra moneda en
los últimos trece años. Por otra parte, la Administración de Justicia
agradecerá este hecho que, en parte, colaborará a mitigar su atribuida
y tardía tramitación de los casos de contrabando.
El patrimonio histórico español también necesita la protección especial.
La Directiva 7 de 1993 de las Comunidades Europeas deja libertad a cada
Estado miembro para autoproteger sus bienes culturales. En este sentido,
atendiendo a la Directiva, y sintonizando con el actual momento en que
algunos países desarrollados acumulan, sin demasiados escrúpulos, y sólo
con el dólar por bandera, el patrimonio histórico y cultural de otros
países subdesarrollados, la ley ha acogido también la casuística
reglándola y penándola, en su caso.
No voy a eludir el problema, hoy todavía latente en el momento de entrar
en su último debate esta ley, suscitado por las tan cacareadas
atribuciones de los principales protagonistas de esta ley. Todos ustedes
ya han entendido que me refiero a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, entre los que se hallan el Cuerpo de la Guardia Civil y el
Servicio de Vigilancia Aduanera. Varios años de problemas de
protagonismo, atribución, jurisdicción y facultades entre los dos
organismos han culminado con el cambio habido en los últimos tiempos en
las fronteras, con su liberalización y con el sofisticado aumento de
medios que el contrabando de drogas ha puesto en manos de los
desaprensivos que lo practican.
No voy a entrar, por innecesario, en la descripción de los innumerables
y esforzados servicios que a través de los años ha prestado la Guardia
Civil. Su entrañable y típica imagen va unida a los servicios de todo
tipo que cualquier ciudadano recuerda: catástrofes, incendios,
terrorismo, ayuda rural en toda nuestra complicada geografía y tantos
otros han sido siempre sus escenarios. Nadie pone en duda su eficacia y,
por tanto, nadie, incluida la ley que nos ocupa, pretende disminuir ni
un ápice sus atribuciones. Una lectura pormenorizada del texto de la ley
da fe de mis palabras. La tan manoseada disposición adicional primera de
la ley, referida a la organización funcional, ha quedado resuelta
plasmando consensuadamente en el Congreso de los Diputados los deseos de
unos y otros, con equidad y respeto para todos. A nuevos años y nuevas
formas de vida hay que dotarlos de nuevos medios. Así, el Servicio de
Vigilancia Aduanera viene prestando y complementando unos servicios y
trabajos especializados en la represión de contrabando que, por los
resultados a la vista, tampoco es necesario enumerar.
Mil ochocientos funcionarios de la Agencia Tributaria, gente joven en su
mayoría, entusiastas en su totalidad, con eficacia probada día tras día
en una creciente proyección, van dando réplica y respuesta al aumento del
contrabando especializado. Ni por un momento ha pasado por la cabeza del
legislador el prescindir de unos ni de otros. El punto 3 de la
disposición adicional primera dice así: «El Servicio de Vigilancia
Aduanera y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán
coordinadamente en la investigación, persecución y represión de los
delitos enumerados en el apartado anterior.» Es un problema de capacidad
jurídica, y no de otra cosa. No fue nada fácil para nuestros colegas
Diputados hallar esta fórmula consensuada y plasmarla en el proyecto de
ley que nos llegó desde el Congreso. No es fácil para el legislador
recoger y plasmar en una ley todos los elementos, pequeños y grandes, que
deben sustentarla. La historia y la eficacia de un cuerpo es importante,
pero no determinante. Las leyes no pueden ser un tratado de historia ni,
menos aún, un cajón de sastre que recoja derechos supuestamente
adquiridos. Tampoco puede borrar de un plumazo una trayectoria de
servicios reconocidos, naturalmente.
Una nueva ley de contrabando, en este momento, ha de tener en cuenta ante
todo que es un nuevo instrumento al servicio del país, de todos, y no un
instrumento al servicio del amor propio de unos pocos. Las presiones
ejercidas durante las últimas semanas hasta los últimos momentos coartan
la libertad del legislador, que lo que pretende al fin es proveer a unos,
los protegidos, y a otros, los que deben efectuar la protección, de las
armas jurídicas para realizar dentro de la más estricta ley sus
cometidos.
En momentos como los que vivimos en nuestro país es más necesario que
nunca el consenso, la colaboración y la unión de esfuerzos para lograr
objetivos que sirvan al ciudadano. Flaco servicio le han hecho a la
opinión pública los artículos del periódico «ABC». No es alterando los
nervios de la población y promoviendo enfrentamientos como haremos país.
Harían bien los contendientes de este apasionado asunto sentándose
serenamente para hablar de las pequeñas cosas que les separan. Harían un
favor al país y a ellos mismos. Las pancartas y griteríos son, ya por
acostumbrados, inútiles. No van a impresionar al legislador.
Este parlamentario, en nombre de su grupo, de Convergència i Unió, va a
mantener con su voto el consenso logrado en el Congreso de los Diputados
y no va a mover ni un ápice el texto comentado. Los otros grupos, en
conciencia, harán lo que quieran, naturalmente. Me gustaría pensar que
lo que realmente harán es lo que piensan y quieren en justicia. Si no es
así, estaremos haciendo un flaco servicio a las Cortes y al país.
Algunas veces, me siento, señor Presidente, realizado en esta Cámara. Hoy
es muy posible que no me sienta así.
Nuestro Grupo, Convergència i Unió, defenderá en su turno la única
enmienda que resta viva. Su actitud respecto a esta ley, aparte de los
ajustes que se han hecho en Ponencia y en Comisión, es que el texto que
ha llegado hoy a este Pleno es el correcto y debería satisfacer a las
partes si el sentido común se impusiera y no los sentimientos,
respetables, pero sentimientos al fin.
No dejemos, si queremos que la democracia persista en nuestro país, que
legislen los poderes fácticos o, peor aún, los grupos de presión movidos
por intereses anacrónicos, nacidos del amor propio o del mal llamado
espíritu de cuerpo. Habremos hecho con eso un flaco servicio a nuestro
país.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín.
El señor MARIN RITE: Gracias.
Señor Presidente, señorías, examinamos hoy un proyecto de ley que ha
tenido un intenso proceso de debate, de discusión en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, independientemente de que este proyecto de ley
recibiera, en términos generales, una buena acogida en la Cámara. No hubo
enmiendas de totalidad ni veto y puede decirse que la acogida al proyecto
fue buena. En el Congreso se produjeron ya acercamientos muy importantes
entre los distintos grupos parlamentarios y en el Senado se presentaron
20 enmiendas de las cuales sólo cinco quedan hoy vivas.
Las discrepancias entre los grupos parlamentarios, señorías, lo han sido
en torno a tres temas fundamentales. En primer término, los grupos
discutieron el carácter de la ley, dicho de otra forma, discutieron
aquellos contenidos de la ley, aquellos preceptos de la ley que habían
de tener carácter de ley orgánica. Este asunto era de capital
importancia, sobre todo, para dar garantía a la actuación de las fuerzas
que luchan contra el contrabando. El problema se resolvió consensuada y,
a nuestro juicio, correctamente.
El segundo bloque de problemas que la ley planteaba era el tratamiento
que debía darse al contrabando de tabaco. En relación con el contrabando
de tabaco se planteaban dos posturas bien distintas. Por una parte, el
proyecto mantenía para el contrabando de tabaco el mismo dintel, para
pasar a constituir delito, de los tres millones que establecía en general
para el contrabando.
Algunos grupos parlamentarios presentaron enmiendas, primero en el
Congreso y después en el Senado, a través de las cuales pretendían que
el contrabando de tabaco fuera siempre delito, sin establecer límite
alguno.
En el Senado, en Comisión, se llegó a un acuerdo entre los distintos
grupos parlamentarios, como muy bien ha señalado el Senador Marca: entre
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y a través de esta transaccional se llegó a una
posición intermedia, ni el establecimiento del tope general de tres
millones ni la eliminación completa del mismo. Se llegó a la solución
transaccional de establecer un tope de un millón de pesetas.
El tercer bloque de discrepancia lo ha constituido, sin duda, la posición
que había de ocupar en la represión del contrabando el Servicio de
Vigilancia Aduanera. Este punto ha sido sin duda el que ha producido
mayor tensión y discrepancias en la Cámara entre los grupos y fuera de
ella. La verdad es que en este punto se deben destacar las coincidencias
que se han producido al mismo tiempo que las discrepancias. La primera
coincidencia, sin duda alguna positiva, que se ha resaltado en las
intervenciones anteriores y a la que se suma el Grupo Parlamentario
Socialista, es la valoración que los grupos parlamentarios han hecho del
trabajo, de la competencia, de la eficacia del Servicio de Vigilancia
Aduanera en la represión del contrabando, y muy singularmente en relación
con el tráfico de drogas. Esta ha sido una coincidencia unánime que es
preciso resaltar como un valor positivo a lo largo del debate. La segunda
de las coincidencias, señorías, era la necesidad, también sentida por
todos, de dar cobertura legal suficiente al trabajo que en la realidad
viene desempeñando el Servicio de Vigilancia Aduanera. Este punto el
Senador Marca también lo ha señalado con claridad. Todas estas
coincidencias no significan en modo alguno una minusvalorización del
trabajo, sin duda alguna notable, que la Guardia Civil viene realizando
en este campo.
Señorías, he hablado hasta ahora de coincidencias, pero también se
producen discrepancias. La discrepancia fundamental viene dada porque se
considera que en España, a través de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se diseña lo que podríamos denominar un sistema de seguridad para el
Estado. Y se piensa que el sistema de seguridad diseñado en esas leyes
puede verse distorsionado si en una ley como la de contrabando se crea
un nuevo cuerpo de seguridad del Estado que estaría, además, bajo la
potestad de un Ministerio distinto.
Al objeto de resolver esta discrepancia se ha presentado una enmienda
transaccional firmada por cuatro grupos de la Cámara. El Senador Marca
ha expresado la posición de su Grupo, y se han expresado también las del
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular y Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. En esta enmienda
transaccional se trata de recoger lo que hemos expuesto anteriormente
como coincidencias y, al mismo tiempo, resolver la discrepancia
fundamental a la que he hecho referencia. Esperamos que ese intento tenga
éxito y que suponga la continuación del esfuerzo extraordinario que tanto
el Servicio de Vigilancia Aduanera como la Guardia Civil vienen
realizando en materia de represión del contrabando y de la droga.
Señor Presidente, señorías, como se ha comentado también, con el Proyecto
que estamos examinando damos satisfacción a una doble necesidad: por una
parte, como consecuencia del proceso de construcción de Europa, y más
concretamente de la firma del Acta Unica, España pasa a formar parte de
un mercado único en el que circulan libremente las mercancías,
desapareciendo las fronteras fiscales de España en relación con los
Estados miembros; por
otra parte, se imponía una revisión de la Ley Orgánica de 13 de junio de
1982, que después de 13 años de vigencia había sido superada por la
realidad sin duda alguna en muchas materias.
Señorías, es frecuente y ocurre en innumerables ocasiones en el trámite
parlamentario --ya lo ponía de manifiesto este Senador que les habla en
relación con la Ley del delito fiscal-- la existencia de asuntos, la
existencia de cuestiones en las leyes que se convierten en temas objeto
de la atención de los grupos parlamentarios dentro y fuera de la Cámara,
se convierten en lo que se ha dado en llamar temas estrella dentro de ley
y oscurecen otros aspectos de la misma que son igualmente merecedores de
ser resaltados. Hoy, con esta ley, vuelve a ocurrir lo mismo. En
realidad, debido a las circunstancias mediáticas en las que nos
encontramos, hablar hoy de la Ley de contrabando supone hablar del
contrabando de tabaco, supone hablar del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Yo no niego la razón de esa atención, sin duda alguna ésos son temas
fundamentales, pero es conveniente resaltar que esta ley que vamos a
someter a la aprobación de la Cámara contiene elementos
extraordinariamente positivos en su interior distintos de los que he
mencionado antes. Así, por ejemplo, en la ley se incluyen entre las
operaciones ilícitas con nuevas mercancías contrabando en relación con
la flora y la fauna amenazada de extinción; con los precursores de la
droga; se incluyen entre los bienes, aunque procedan de Estados miembros,
los géneros estancados y los bienes del Patrimonio Histórico español.
Así, señorías, vemos cómo a través de la Ley del contrabando se protege
la flora y la fauna; se protege, por otra parte, la salud pública, la
lucha contra la droga, en el caso de los precursores de la droga; se
atiende a razones económicas y sociales, como ocurre con el tabaco, y se
protege también el Patrimonio Histórico.
Generalmente, el contrabando había aparecido siempre como un asunto
exclusivamente fiscal; el contrabando, la lucha contra el contrabando,
en definitiva, la regulación de esta materia aparecía como un tema
fiscal. El hecho de que se incluyan en la ley razones medioambientales,
razones de salud pública, razones económico-sociales y razones culturales
viene a decirnos sin duda, y pone de manifiesto, que el contrabando no
es sólo un asunto fiscal, es un asunto complejo, y que el bien jurídico
protegido en esta ley no es ya sólo el erario público, sino que viene a
constituirse en un bien jurídico protegido complejo que engloba todos
estos elementos a los que antes he hecho referencia. Se sanciona también
el abuso de las facilidades a las mercancías en tránsito y se incluye
como elemento de posible comiso las ganancias generadas por el delito.
Como verán sus señorías, merece sobradamente la pena destacar toda esta
serie de aspectos, ciertamente oscurecidos por los otros a los que antes
hemos hecho referencia.
Y, señoría, retomando no obstante, para terminar, uno de los temas
convertido en estrella, como es el de los Cuerpos y funcionarios
encargados de la represión del contrabando, quería decir que nosotros
entendemos que los objetivos que persigue esta ley son objetivos de
extraordinaria importancia: de extraordinaria importancia para el Estado,
de extraordinaria importancia para las Comunidades Autónomas y para los
ciudadanos. La droga es un problema fundamental, es un problema que llena
de dolor a muchas familias de todo el territorio del Estado.
Señorías, la lucha contra la droga será, sin duda, una lucha larga,
difícil, yo diría que extraordinariamente difícil, y en esa lucha no
sobra nadie; en la lucha contra la lacra de la droga no sobra nadie. Creo
que debemos unir los esfuerzos de todos sin otro norte en esa lucha que
los intereses generales de la población.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Romero Girón tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Popular.
El señor ROMERO GIRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la ley que hoy debatimos necesitaba, sin duda, ser reformada.
Desde el año 1982 han cambiado las circunstancias y era necesario regular
de forma distinta el delito de contrabando. La eliminación de las
fronteras interiores desde el 1.º de enero de 1993, con la entrada en
vigor del Mercado Unico en el seno de la Unión Europea, hacía igualmente
necesario acomodar nuestra legislación de forma que hiciéramos posible
y compatible la libre circulación de mercancías con la necesidad de
seguir reprimiendo el delito de contrabando.
Es verdad que desde un principio los grupos parlamentarios han hecho un
gran esfuerzo para lograr un consenso en esta ley. Una de las principales
diferencias --ya lo ha manifestado el señor Marín Rite-- se daba en
virtud de los distintos criterios que manteníamos los grupos
parlamentarios a la hora de delimitar la cuantía que marcaba la línea
divisoria entre lo que se consideraba delito de contrabando y simple
falta administrativa, principalmente en los productos estancados y en las
labores de tabaco.
Mientras el proyecto del Gobierno marcaba esta cifra en tres millones de
pesetas, desde nuestra perspectiva y desde otros grupos parlamentarios
dicha cifra debería rebajarse hasta dejarla fijada en un millón de
pesetas. Ello era así por dos causas fundamentales: en primer lugar, las
pérdidas que podía suponer para la Hacienda Pública elevar la cuantía
hasta tres millones de pesetas; y, en segundo lugar --y también muy
importante--, evitar por todos los medios conductas sociales que se daban
en distintos puntos del país en los que se estaba estableciendo podríamos
decir, entre comillas, «una profesión» nada edificante.
Pues bien, hemos conseguido salvar dichos escollos en el trámite de
Comisión, rebajándose la cuantía a un millón de pesetas; por tanto,
nuestras enmiendas fueron consensuadas mediante una transacción ofrecida
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Permítame que me refiera en este momento a la polémica surgida en cuanto
a la Disposición Adicional Primera que regula las competencias del
Servicio de Vigilancia Aduanera.
Habíamos mantenido la enmienda número 12, ya anunciamos en Comisión la
voluntad política de retirarla, y si la
mantuvimos viva fue a petición del Grupo Parlamentario Socialista para
poder llegar a un consenso en el trámite de este Pleno; efectivamente,
parece ser que se ha logrado ese consenso y hemos firmado una enmienda
transaccional, que se presentará por la mayoría de los grupos
parlamentarios que representan la mayoría de votos en esta Cámara.
Permítame que diga que desde la serenidad que nos da el trámite en el
Senado hemos podido comprobar que existe un gran número de normas
referidas todas a la policía judicial y que, desde nuestro punto de
vista, pueden dar lugar a un confusionismo que era necesario y preciso
evitar. En efecto, por un lado estaba la Ley Orgánica del Poder Judicial,
a la que se refieren los artículos 443 a 446. Por otro lado, el Real
Decreto 769/1987, de 19 de junio, en desarrollo de esta Ley Orgánica,
sobre regulación de la policía judicial, que diferencia los conceptos de
policía judicial en sentido amplio --y así lo define en su artículo
primero-- y la policía judicial en sentido estricto, que regula en su
artículo séptimo, y reserva este concepto a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Asimismo, el artículo 283 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal e, igualmente, los artículos 29 y 30 de la Ley
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde nuestro punto de vista, la introducción de la Disposición Adicional
Primera, en su apartado 2, tal como estaba redactada, podía entrar en
controversia con todas estas disposiciones, derogándose mediante una
disposición adicional artículos fundamentales de otras leyes orgánicas.
Además, con el peligro de que podríamos dejar sin cobertura legal futuras
actuaciones en la materia que hoy debatimos.
Después de reflexionar profundamente, hemos llegado a la conclusión de
que lo más adecuado era dejar el texto en su redacción primitiva; es
decir, con la redacción que aparece en el número 1 de la Disposición
Adicional, mediante la cual todas las autoridades, funcionarios y Fuerzas
a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del
contrabando, continuarán desempeñando su cometido con los derechos y
facultades que para la investigación, persecución y represión de esta
conducta han venido ostentando desde su creación. Pero damos un paso más
adelante y se le reconoce al Servicio de Vigilancia Aduanera la condición
de colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por lo tanto, con esta redacción el Partido Popular no quiere quitar la
competencia del Servicio de Vigilancia Aduanera, como alguien --sin duda
con intenciones perversas-- viene manteniendo. Se despejan de esta forma
las dudas. No se trata de defender a unos contra otros; no se trata de
defender a la Guardia Civil --de la que tengo que decir que viene
prestando muy buenos servicios en la represión de estos delitos-- en
contra del Servicio de Vigilancia Aduanera --del que tampoco podemos
dudar de su eficacia--; la valoración positiva de ambos está demostrada
y no necesita en absoluto explicación. Se trata de que cada uno siga
manteniendo las competencias que tenía asignadas, pero añadiéndole al
Servicio de Vigilancia Aduanera el carácter de colaborador de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, con lo que estamos dando cobertura
legal para que los funcionarios de este Servicio puedan seguir llevando
a cabo las actuaciones --sin duda, eficaces--, que hasta ahora vienen
desarrollando.
En definitiva, puede decirse que hemos llegado a un alto grado de
consenso prácticamente en todas las cuestiones de fondo que constituyen
el contenido propio de este proyecto de ley, y esperamos que su
aprobación supondrá un instrumento eficaz para la lucha contra el
contrabando.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Romero.
Entramos en el debate de los votos particulares. Tiene la palabra el
Senador Gangoiti, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, para defender las enmiendas números 2 y 3.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
En mi primera intervención, en aras de la brevedad --y a que, como se ha
dicho aquí repetidas veces, es un proyecto de ley básicamente
consensuado, excepto en la Disposición Adicional Primera-- he hecho la
defensa de nuestras enmiendas.
Por lo tanto, en este momento no voy a repetir ese planteamiento,
simplemente abundaré en una serie de razones que dábamos para presentar
la enmienda número 3 a la Disposición Adicional famosa.
Antes de entrar en este punto quisiera dar las gracias a todos los grupos
parlamentarios que van a votar en contra de nuestra enmienda y que van
a votar a favor de la transaccional con la que no estamos de acuerdo.
Quisiera darles las gracias porque por algunos sectores y algunos medios
de comunicación se ha manipulado de una forma malintencionada el
planteamiento del Partido Nacionalista Vasco. Se ha llegado a decir que
con la enmienda número 3, que es una enmienda que tiene mucho que ver con
la enmienda número 12 que había presentado en esta Cámara el Grupo
Parlamentario Popular, nosotros lo que pretendíamos era la desaparición
de la Guardia Civil en el País Vasco. Creo que esto es muy peligroso
cuando tenemos una situación en Euskadi como la que todos conocemos y
cuando entre todos estamos haciendo una labor de lucha contra el
terrorismo.
Yo quiero afirmar aquí como representante del Partido Nacionalista Vasco
que nosotros respetamos escrupulosamente las competencias que la
Constitución, en cuya aprobación nos abstuvimos, y el Estatuto de
Guernica contemplan. En definitiva, lo que el Tribunal Constitucional
llamó el bloque constitucional.
Por lo tanto, que quede bien claro este planteamiento del Partido
Nacionalista Vasco y que con la enmienda número 3 en ningún momento
pretendíamos lo que se ha dicho de una forma malintencionada desde fuera
de esta Cámara.
Nosotros seguimos insistiendo --y aquí se ha hablado de ello-- que es
necesario hacer un esfuerzo total en la lucha contra la delincuencia,
tanto en el narcotráfico como en el blanqueo de capitales y en todo lo
que conlleva este
tipo de delincuencia. En este sentido vuelvo a resaltar lo que he dicho
al principio, creemos que el Servicio de Vigilancia Aduanera ha estado
haciendo un trabajo realmente reseñable. Creemos que pueden seguir
cumpliendo una función importante y, por lo tanto, seguimos manteniendo
nuestra tesis de que tengan el carácter de poder judicial y de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Desde luego todos conocemos lo que es el juego político, los cambios que
se produjeron en el Congreso y que se van a producir ahora; yo los
entiendo, aunque no los comprendo. De todas formas, en ese intento de
conseguir la participación de todos en el trabajo contra el mundo de la
delincuencia y por nuestra confianza en el Servicio de Vigilancia
Aduanera ya que, como decía al principio, no existe una animadversión
hacia la Guardia Civil, respecto a la enmienda número 3 que pretendía que
el Servicio de Vigilancia Aduanera fueran los únicos que se ocupasen como
poder judicial y como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la
represión del narcotráfico, el contrabando, la lucha contra el blanqueo,
nosotros hacemos a esta Cámara una nueva propuesta al respecto: que siga
funcionando la Guardia Civil con las funciones que está haciendo hasta
estos momentos, pero que el Servicio de Vigilancia Aduanera, que también
son funcionarios del Estado, tenga el mismo rango que la Guardia Civil.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo nos queda una enmienda al proyecto, la número 14, referida al
posible contrabando en máquinas automáticas colocadas en establecimientos
de hostelería y a la responsabilidad subsidiaria que puedan tener los
propietarios de los establecimientos o los que las representan, un texto
exactamente igual que la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y la número 18, de Coalición Canaria. No
me voy a extender en ellas porque no vale ya, en este momento, la pena
hablar más. Sí voy a hacer un pequeño comentario final sobre esta ley.
Si esta ley no es la adecuada para reglamentar la funcionalidad de los
servicios de vigilancia aduanera, hemos perdido el tiempo en dimes y
diretes, confundiendo a los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y a los servicios de vigilancia aduanera y, lo que es peor, a la
opinión pública, que hoy se divide adjudicando etiquetas no merecidas a
los parlamentarios.
Naturalmente, no votaremos afirmativamente la enmienda transaccional,
aunque ello resulte chocante. El que quiera entender que entienda. Sí
apoyaremos la mayoría de las enmiendas constructivas de los diversos
grupos. A veces, señor Presidente, este Senador no sabe si se encuentra
tras una ilusión óptica o un espejismo. Hoy puede que haya habido algo
de las dos cosas. A la vista de los acontecimientos, sólo nos resta
acatar democráticamente el resultado que ya se prevé de antemano. Ya
anuncié en mi anterior intervención que hoy podía ser uno de aquellos
días en los que no me siento realizado como parlamentario y así ha sido.
Espero que los acontecimientos próximos nos den la razón y que en otras
oportunidades --léase leyes-- podamos desfacer el entuerto, tal y como
todavía va diciendo por ahí don Quijote. Nuestro Grupo, Convergència i
Unió, estará con la lanza recompuesta, no lo duden ustedes.
Señorías, muchas gracias. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor ROMERO GIRON: Señor Presidente, señorías, efectivamente, ya
anuncié antes que con la transaccional que se ha propuesto a nuestra
enmienda número 12, una vez aceptada aquélla, decaerá.
Por tanto, sólo nos queda viva la enmienda número 9, al artículo 2.3.
Dicho artículo está referido a que los supuestos del delito de
contrabando sean el de drogas, estupefacientes, armas o cuando el delito
se realice a través de una organización. En ambos casos ya no es
necesario que la cuantía alcance los tres millones de pesetas, sino que,
sea cual sea la cuantía, la conducta siempre será tipificada como delito.
Nuestra enmienda número 9 va encaminada precisamente a definir lo que
debe entenderse por organización y a tal efecto decimos: se entenderá por
organización la conjunción de medios materiales y personales bajo una
dirección unificada con cierto carácter de permanencia en el tiempo con
la finalidad, exclusiva o no, de cometer el delito de contrabando. En
definitiva, estamos marcando las directrices para no dejar al criterio
jurisprudencial el concepto de organización y, por tanto, que no sea un
concepto jurídico indeterminado.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Romero Girón.
Para el turno en contra, el Senador Marín Rite tiene la palabra.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este Senador no va a entrar en el juicio de las intenciones.
Los textos dicen lo que dicen; las enmiendas son las que son y la
tramitación parlamentaria ha sido la que el «Diario de Sesiones» de la
Cámara recoge.
Señorías, queremos agradecer al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado la retirada de sus enmiendas. Yo creo que han dado un ejemplo
de parlamentarismo pragmático. Han visto recogida a través de unas
enmiendas, sin duda, su aspiración de dejar una señal en la ley en
relación con el Régimen Especial Canario y las competencias de la
Comunidad Autónoma Canaria en esta materia; en definitiva, un ejemplo de
parlamentarismo pragmático, que es por donde quizá vaya el
parlamentarismo del futuro.
En cuanto a las enmiendas número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y número 14, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència
i Unió, que tienen el mismo contenido, y por tanto las contestamos al
mismo tiempo, tratan, señorías, de introducir el comiso de las máquinas
expendedoras de tabaco y también la responsabilidad solidaria de los
dueños de los establecimientos y de las máquinas.
En cuanto al primero de los temas, es decir el comiso de las máquinas
expendedoras, entiende este Grupo Parlamentario que no es preciso
recogerlo expresamente, ya que en el artículo 5.º de la ley se regula con
claridad el comiso de la maquinaria empleada para el comercio, que es lo
mismo que decir, sin duda alguna, el comiso de las máquinas expendedoras.
Por otra parte, donde podía quedar la duda es en relación con las
infracciones administrativas al estar el artículo 5.º referido al delito
de contrabando, pero el artículo 14 resuelve esta duda cuando establece
que en las infracciones de carácter administrativo se aplicará también
lo dispuesto en el artículo 5.º Por tanto, el comiso de las máquinas
expendedoras se producirá, tanto en el delito como en la infracción
administrativa.
En cuanto al segundo de los temas que contienen estas enmiendas, es decir
el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre el dueño de la
máquina y el del local, este grupo parlamentario entiende que, teniendo
en cuenta la casuística extraordinaria que se presenta en las relaciones
entre los dueños de los locales y de las máquinas expendedoras, la
posibilidad de existencia de arrendamientos, de sociedades propietarias
de los locales y de sociedades propietarias de las máquinas, hace difícil
que desde la ley se pueda utilizar el procedimiento de establecer sin más
la responsabilidad solidaria. Creemos que esto puede dar lugar a más
problemas de los que resuelve, y creemos que es más útil y razonable que
esta responsabilidad solidaria pueda exigirse en los correspondientes
expedientes administrativos sancionadores donde lógicamente se aclararán
las personas o entidades que han participado realmente en la comisión de
la falta o del delito. Por tanto, señorías, vamos a votar en contra de
esta enmienda.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos en relación con la Disposición Adicional, en
congruencia con la firma de la transaccional, por parte de nuestro grupo,
no podemos apoyarla.
La enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular, trata de
desarrollar a efectos de la ley de contrabando un nuevo concepto de
organización, y utiliza para desarrollar la expresión «organización de
la ley» el concepto de organización que se ha acuñado
jurisprudencialmente en relación con el narcotráfico. Es lo cierto,
señorías, que nosotros preferimos mantener un concepto de organización
puramente gramatical, sencillamente porque es, entendemos nosotros, más
útil: varias personas se conciertan para un fin; en cambio el concepto
jurisprudencial acuñado a efectos del narcotráfico exige una serie de
requisitos como la conjunción de los medios materiales y personales, una
dirección unificada en la organización, una dirección unificada con un
cierto carácter de permanencia, una finalidad exclusiva o no para cometer
un delito, que hace más difícil precisamente la persecución y la
detención y, en definitiva, la represión de estas organizaciones que se
dedican al narcotráfico. Por esta razón, señorías, no podemos apoyar esta
enmienda, sin duda alguna correcta en su contenido y también cargada de
buena intención en el sentido de que se ha utilizado un concepto acuñado
ya por la jurisprudencia, entendiendo que ese concepto ya acuñado puede
volver a aplicarse por los jueces. Pero nosotros consideramos que es
preferible continuar con el concepto puramente gramatical porque el otro
es más completo, y sería más difícil y no más fácil la represión de estas
organizaciones que es, sin duda, lo que la ley que estamos nosotros
debatiendo en estos momentos pretende.
Nada más, señoras y señores Senadores, y muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces. (Pausa.)
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra. (Rumores.) Silencio, por
favor.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Veo que el simple anuncio de mi intervención despierta entusiasmo en las
filas del Grupo Socialista. Estoy agradecido, por tanto, por ese apoyo
unánime que siento desde aquí de los bancos situados por esta parte.
Esta breve intervención, señor Presidente, la realizo para posicionar a
nuestro Grupo Parlamentario con respecto a la ley de contrabando. Esta
ley, quizá, mediante una enmienda transaccional presentada con el apoyo
de todos los Grupos pueda finalmente llamarse ley de represión del
contrabando, aunque desde nuestro punto de vista hubiera sido una
redacción más afortunada ley de persecución del contrabando o ley de
persecución sobre el contrabando, ya que entendemos que la palabra
represión tiene, quizás, una carga semántica que en muchas ocasiones no
le hace ser positiva.
En esta ley que entendemos que es absolutamente imprescindible, creemos
que debiera consolidarse al personal y al Servicio de Vigilancia
Aduanera, que ha venido desempeñando una labor en este país meritoria,
que ha venido desempeñando una labor pionera y que, a la vez, ha venido
desempeñando una labor tremendamente efectiva, como personal con toda la
cobertura jurídica, con todas las garantías necesarias para que pudiera
seguir desempeñando su labor.
Señorías, los números cantan por sí solos: los pocos más de 1.700
miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera han tenido un aumento
espectacular en la curva de actas levantadas, y así, por ejemplo, en el
período 1990/1994, en esos cinco años que cubre ese período pasan de
levantar 4.500, casi, actas en el año 1990 a 6.500 en 1991; 6.700 en
1992; 7.500 en 1993 y la astronómica cifra de 19.300, casi 19.400 actas
en 1994, multiplicando por cinco, quintuplicando la cifra de cinco años
antes. Por tanto, como digo, una evolución espectacular del número de
intervenciones y del número de actas levantadas.
Atendiendo a la distribución de las mercancías aprehendidas la
distribución no es menos espectacular. Las
mercancías aprehendidas en estupefacientes supera los 200.000 millones
de pesetas; en tabaco, los 10.000 millones; en blanqueo de capitales, 500
millones; en alcohol y bebidas alcohólicas, 600; en embarcaciones, más
de 2.000 millones de pesetas, etcétera. En total cerca de 250.000
millones de pesetas aprehendidos, cerca de un cuarto de billón de pesetas
aprehendidos por los funcionarios, por los trabajadores, por los miembros
del Servicio de Vigilancia Aduanera sólo durante el año 1994, con una
cantidad tremenda, con una cantidad que supera casi el 80 por ciento sólo
en aprehensiones con respecto a estupefacientes y con respecto a tráfico
de drogas.
Por lo tanto, los datos cantan por sí mismos. Estamos ante un servicio
tremendamente eficaz. Estamos ante un servicio que cumple correctamente
con su labor. Estamos ante un servicio que persigue la delincuencia de
las grandes mafias internacionales, también fundamentalmente la
delincuencia del narcotráfico, que actúa contra ellos, que investiga, que
detiene y que, finalmente, pone a disposición judicial. Estamos ante un
servicio también, señorías, altamente profesionalizado; un servicio que
cuenta con aproximadamente 800 miembros en los servicios marítimos y con
aproximadamente 1.000 personas en los servicios de tierra. Estos 800
miembros de los servicios marítimos, buena parte de ellos con alta
cualificación profesional, marinos de profesión o marinos de carrera, el
resto no sólo con una alta cualificación profesional, sino con una amplia
experiencia, son capaces de actuar allí donde incluso otras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado podrían tener problemas, precisamente,
por falta de experiencia de años trabajando en este sector, por la falta,
precisamente, de días de dedicación y de rutina. En este sentido es un
servicio altamente eficiente, altamente profesionalizado y, sobre todo,
señorías, un servicio transparente y público; un servicio y unos agentes
que tienen pleno control, que tienen plena transparencia y que tienen
plena accesibilidad hacia todos, hacia el conjunto de la sociedad no sólo
hacia medios de comunicación, sino hacia cualquier demanda de los mismos.
En este sentido, entendemos que la pretensión por parte del Grupo
Parlamentario Socialista de introducir una enmienda transaccional
conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular, que relega sus
funciones a las de auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a las de meros colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, degrada la función de estos Cuerpos y no reconoce
la labor que han venido desempeñando durante todos estos años. Una labor
cargada de riesgos, una labor sin cobertura jurídica suficiente en buena
parte de las ocasiones, una labor profesional y, sobre todo, una labor
que puede medirse en cifras como, señoría, le acabo de demostrar. Labores
de este tipo no merecen desprotección, antes al contrario, merecen
protección jurídica; labores de este tipo merecerían que esta ley
reconociese o al menos dejase abierta la puerta a que la consideración
del Servicio de Vigilancia Aduanera pudiera ser en el futuro, o lo fuera
ya, la de Policía Judicial, que pudiera actuar con las garantías y la
cobertura jurídica de Policía Judicial y que, por tanto, desde ese punto
de vista, pudieran investigar, pudieran detener, pudieran incautar y
pudieran trasladar sumarios judiciales con esa garantía y esa cobertura
jurídica. De lo contrario, estamos desperdiciando unos recursos
valiosísimos que al Estado le ha costado bastante poner en
funcionamiento. Estamos desperdiciando experiencia, estamos
desperdiciando profesionalidad y, además, señoría, estamos desperdiciando
muchos años de dedicación que, de otra manera, se van a ver baldíos, se
van a ver arrinconados en despachos, se van a ver, probablemente,
dedicados a labores y no hay en este país ahora mismo capacidad para
suplirlos. ¿Cuántos años hacen falta para que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que no están acostumbrados a patrullar en alta mar,
que no están acostumbrados a hacer estas tareas, se pongan al día, tengan
la profesionalidad y el conocimiento suficiente como para hacer estas
tareas? Señorías, esto no se aprende en dos días ni en dos meses ni se
pueden dar cursillos acelerados sobre ello. Por tanto, no entendemos que
el Estado dilapide recursos y debilite sus defensas frente al
narcotráfico internacional, frente a las grandes mafias de blanqueo de
dinero internacionales, frente a los grandes criminales internacionales.
Estamos bajando la guardia en este punto y estamos debilitando las
defensas, y las estamos debilitando sólo por un punto: por la presión,
que no es razonable, sino únicamente interesada y corporativa, de algunas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las estamos debilitando
exclusivamente por eso. Y, lamentablemente, esa presión ha llegado a
algunos partidos políticos, ha llegado a algunos grupos parlamentarios
que inicialmente no se sentían sensibles hacia ella. Y, lamentablemente,
nos encontramos con que Convergència i Unió, que esta mañana, que ayer
mismo anunciaba su intención de no firmar esta propuesta transaccional,
esta tarde la firma. Nos encontramos con que la firman y no la votan,
pero eso permite su tramitación y, como saben las señorías de
Convergència i Unió, eso dilapidará un capital fundamental de este Estado
en la lucha contra el narcotráfico internacional. Por tanto, señorías de
Convergència i Unió, no entiendo su postura. No entiendo este cambio de
posición. No entiendo cómo funcionan los teléfonos en este país.
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, no estamos en un turno en
contra de las enmiendas.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Sí. Era un turno de posicionamiento sobre la
ley y sobre el conjunto del debate, señor Presidente.
Concluyo, por tanto, con este turno, afirmando que no entendemos estos
cambios de postura; que entendemos que estos trabajadores abnegados, que
estos trabajadores que han demostrado profesionalidad y dedicación
merecían mejor destino, merecían mejor futuro que un arrinconamiento
burocrático y, sobre todo, merecían la cobertura jurídica del Estado al
que han estado sirviendo. Por tanto, desde ese punto de vista, deseo
anunciar que en el Grupo Parlamentario Mixto apoyamos a estos
trabajadores, apoyamos al Servicio de Vigilancia Aduanera, y que
votaremos en contra de esta enmienda transaccional que nos propone el
Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso,
confiamos en que el Estado disponga de esos recursos para luchar contra
el narcotráfico, contra los grandes criminales, contra las grandes mafias
internacionales. Entendemos que a partir de mañana, a partir de la
entrada en vigor de esta ley, a partir de la aprobación definitiva, todos
estamos un poco más indefensos; y estamos un poco más indefensos por
inexplicables presiones corporativas y porque, además, señoría, las leyes
hay que hacerlas fundamentalmente en el Parlamento, no desde los
despachos del Ministerio del Interior, no desde los despachos de la
Secretaría de Estado de Interior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, por alusiones, quisiera que
me concediera treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene turno de portavoces. Dispone de
diez minutos. Puede incluir las alusiones en él.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias.
Sólo quería decir al Senador Martínez Sevilla que ya he dicho que el que
quiera entender, que entienda, y me da la impresión de que él no lo ha
entendido. Es todavía muy joven. Cuando peine canas como yo o tenga
calva, seguramente lo entenderá.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, con extraordinaria brevedad quiero
reiterar fundamentalmente algo que, a nuestro juicio, hemos dejado bien
sentado en nuestras dos intervenciones anteriores.
Estamos ante una lucha difícil contra el contrabando y de modo muy
especial contra la droga, por lo que no podemos entender posiciones
maximalistas en este asunto. No es posible plantear una cuestión como
ésta desde esa vieja posición de estar con unos o estar contra otros. No
se trata de estar a favor de unas Fuerzas de Seguridad ni de estar o no
contra un grupo de funcionarios. Se trata de establecer legalmente las
garantías para que esos Cuerpos y esos funcionarios puedan trabajar. Eso
se hace en la ley. Creo que la ley concita el esfuerzo de todos en la
represión del contrabando y muy especialmente en la lucha contra la
droga, por lo que de ninguna manera puede quedar en el aire el mensaje,
a nuestro juicio incorrecto, de que se disminuyen las garantías de esa
lucha por parte del Estado.
Creo que, tanto el Estado como, sin duda alguna, la Guardia Civil y el
Servicio de Vigilancia Aduanera, seguirán prestando servicios
inestimables, como vienen haciendo hasta el momento, a la sociedad
española, que es a la que, en definitiva, estamos obligados a servir
todos sin duda alguna.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el Senador Romero.
El señor ROMERO GIRON: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir con
extraordinaria brevedad.
Señor Martínez Sevilla, considero que cuando se está debatiendo en la
Cámara un asunto que crea crispación entre los afectados, los políticos
no debemos añadir más crispación al debate. Todo lo contrario. Desde la
serenidad, desde la profundidad y desde el conocimiento de lo que se está
debatiendo es desde donde hay que debatir.
Pero su señoría ha venido aquí --siento decírselo-- sin saber qué se
estaba debatiendo. ¿Sabe su señoría qué es la Policía Judicial y dónde
está regulada? Estoy seguro de que no lo sabe, señor Martínez Sevilla.
¿Me puede decir qué preceptos están vigentes de ser aprobada la
disposición adicional primera? Estoy seguro de que no puede decirlo.
¿Sabe su señoría lo que es la Policía Judicial en sentido estricto,
regulada en el Decreto 769? Estoy seguro de que no lo sabe, señor
Martínez Sevilla.
Por tanto, yo le pido que no crispe más los nervios de nadie, sino que,
desde la serenidad, desde la profundidad, sepa que hemos logrado la
solución más adecuada, aquella que mantiene en vigor todas las
competencias de cada uno de los Cuerpos y que, además, añade cobertura
legal al Servicio de Vigilancia Aduanera para futuras actuaciones.
Eso es lo que hemos hecho desde la responsabilidad, desde la serenidad
y desde un conocimiento y un estudio en profundidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, he de reconocer, por las
alusiones que se han efectuado en este debate, que, efectivamente, cada
grupo parlamentario puede funcionar con toda la serenidad y con toda la
tranquilidad de que sea capaz, al tiempo que hay que reconocer que se han
movido posturas en las últimas semanas, en los últimos días e incluso en
las últimas horas; movimientos de posturas que no se justifican
precisamente en un tono de serenidad.
Por tanto, desde este Grupo Parlamentario anunciamos el voto en contra
de este proyecto de ley orgánica de contrabando por entender que no da
las soluciones adecuadas fundamentalmente al Servicio de Vigilancia
Aduanera, y porque, aunque introduce mejoras sustanciales, entendemos que
deja en una precaria situación a este Servicio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, no ha habido alusión. (El
señor Barbuzano González y el señor Gangoiti Llaguno piden la palabra.)
Senador Barbuzano, su señoría no ha intervenido en el debate.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Al parecer, señor Presidente, soy el único
al que reglamentariamente le cae el peso del articulado. Si usted quiere,
no me dé la palabra, pero tome buena nota de lo que está sucediendo con
este Senador --especialmente con éste-- y también con otros.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
A lo largo del debate se ha hablado de estar con unos o con otros, pero
estoy convencido, tal y como decía en mi intervención anterior, de que
en ningún momento se ha hecho una referencia al Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. Creo que el debate ha sido muy correcto y que cada
uno ha defendido sus planteamientos con la mejor intención. Pero ya que
fuera de esta Cámara se ha llegado a hablar --haciendo referencia a
nuestro Grupo-- de estar con unos o con otros, vuelvo a reiterar la
propuesta que he hecho antes, acerca de que, en último extremo, nuestro
Grupo sería partidario de que tanto la Guardia Civil como el Servicio de
Vigilancia Aduanera --los dos, ya que ambos son funcionarios del
Estado--, puedan tener las mismas competencias, tanto en lo relativo a
Policía Judicial como en lo referente a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A este proyecto de ley ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, los números 16, 17, 18 y 20, que fueron retirados en
el transcurso del debate por el Senador Ríos. El Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos presentó las números 2 y 3, que quedan pendientes
de votación. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó la
número 14, también pendiente de votación. Y el Grupo Parlamentario
Popular presentó dos, las números 9 y 12; sólo la número 9, «sensu
stricto», está pendiente de votación. La número 12 está en relación con
las enmiendas de modificación que posteriormente voy a citar.
Hay una, suscrita por los seis grupos parlamentarios, que modifica el
título de la ley. Se propone el de Ley Orgánica de Represión del
Contrabando.
La nueva redacción a la disposición adicional primera, como es conocido,
viene apoyada por cuatro grupos parlamentarios. Por tanto, está en
condiciones de ser aprobada. (El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, he entendido que está en
condiciones de ser aprobada, y me imagino que querría decir que está en
condiciones de ser votada.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría razón. Está en condiciones de ser
votada y aprobada. (Risas.)
Pero quería decirles lo siguiente. El segundo párrafo de la disposición
adicional primera dice, literalmente: El Servicio de Vigilancia Aduanera,
en la investigación persecución y represión de los delitos de
contrabando, actuará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y tendrá a todos los efectos legales, carácter
colaborador de los mismos.
Como es hábito de esta Mesa y de la Presidencia, quizá fuera menos duro
para el idioma común que la redacción fuera la siguiente: El Servicio de
Vigilancia Aduanera actuará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la investigación, persecución y represión de los
delitos de contrabando y tendrá a todos los efectos legales carácter
colaborador de los mismos. Se trata simplemente de hacer menos difícil
su lectura y comprensión en la lógica de sujeto, verbo y predicado,
Senador Bayona. Pero si su señoría está en contra, sólo su voluntad es
la que manda. Lo siento por el buen idioma, pero se queda como está.
Tiene la palabra, Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, preferiríamos, aunque quizá la
lectura pueda resultar más oscura, que un texto que ha sido tan
arduamente negociado no sufriera modificaciones, sobre todo porque, según
la lectura que usted ha hecho, en una primera impresión parece que «los
mismos» son los delitos y no los Cuerpos.
El señor PRESIDENTE: Senador Bayona, no pretendía alterar ninguno de los
equilibrios logrados entre las fuerzas políticas, que yo comparto, como
bien sabe su señoría, sino simplemente que sintácticamente la redacción
pudiera soportar una lectura menos forzada. No se altera ninguno de los
equilibrios políticos, tan sólo se trata de situar la frase que dice «en
la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando»,
donde yo creía que debe ir, que es detrás del verbo. Pero si el
diccionario y yo no tenemos ninguna oportunidad, pasamos directamente a
la votación.
Se someten separadamente a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, números 2 y 3.
En primer lugar, la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233;
a favor, 16; en contra, 106; abstenciones, 111.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230;
a favor, 15; en contra, 211; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 231;
a favor, 15; en contra, 105; abstenciones, 111.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 233;
a favor, 116; en contra, 112; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación las enmiendas transaccionales. En primer
lugar, la nueva redacción a la disposición adicional primera, puntos 1,
2, y 3. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 233;
a favor, 218; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En conexión con esta enmienda, la disposición final segunda, carácter de
la ley, el artículo 4 al Título I, los preceptos contenidos en el Título
II, así como los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera, el
apartado 2 de la disposición transitoria única, resto igual, tiene
también las firmas suficientes para ser sometidas a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 232;
a favor, 220; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la exposición de motivos, se propone añadir al final del tercer párrafo
una nueva redacción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 233;
a favor, 232; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Título de la ley: Ley Orgánica de Represión del Contrabando.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 233;
a favor, 230; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, modificado el título.
Vamos a someter a votación el dictamen, con las modificaciones ya
realizadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 233;
a favor, 226; en contra, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como se dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado
de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados
para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
del texto definitivo por su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.