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DS. Senado, Pleno, núm. 83, de 27/06/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 83
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 27 de junio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 13 y 14 de junio de 1995.
Preguntas:
--De doña María Isabel San Baldomero Ochoa, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para
extender a los enfermos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA), en su consideración de enfermos crónicos, la gratuidad de la
prestación farmacéutica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de junio de 1995).
(Número de expediente 680/000485.)
--De doña Inmaculada Boneta Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas o acciones que piensa adoptar el Gobierno en relación con el
esclarecimiento y la asunción de responsabilidades inherentes a las
escuchas telefónicas presuntamente ilegales, llevadas a cabo por el
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000478.)
--De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre el conocimiento por el Gobierno del alcance de las
responsabilidades en el asunto de las escuchas ilegales por parte del
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000491.)
--De don José Carrascao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las iniciativas que tiene previstas el Gobierno para erradicar los
tráficos ilegales que nos provienen de Gibraltar (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000480.)
--De doña María del Mar Agüero Ruano, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre los planes que tiene el Gobierno en relación con la
puesta en marcha del Consejo Promotor del Turismo (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000486.)
--De don Francisco Olivencia Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación y
funcionamiento de la preceptiva Comisión Mixta de traspaso de medios
personales, materiales y presupuestarios al ente autonómico de Ceuta
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 295, de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente
680/000487.)
--De don Mariano Alierta Izuel, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el método que utiliza el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) para llegar a la determinación de que el paro registrado es del
orden de 2,5 millones de personas cuando el número de personas
demandantes de empleo registradas en sus oficinas es de 4,5 millones
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 295, de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente
680/000489.)
--De don Fernando Abad Bécquer, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno contra la
actuación de bandas callejeras organizadas (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha
26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000481.)
--De don Francisco Javier Hernández de Cáceres, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para cumplir el compromiso
asumido en el Debate sobre el Estado de la Nación de remitir a las
Cámaras una Ley de asistencia jurídica gratuita (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha
26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000484.)
--De don José Luis Liso Marín, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno
relacionadas con el cierre de cuarteles de la Guardia Civil (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
295, de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000488.)
--De don José Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que va a tomar el Gobierno a fin de que se agilice la
aprobación del Plan Hidrológico Nacional (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha
26 de junio de 1995). (Número de expediente 680/000479.)
--De don Alfonso Garrido Avila, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si tiene previsto el Gobierno realizar nuevas actuaciones urgentes
correctoras de los efectos de la sequía contando con los medios
necesarios para su financiación (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de junio de
1995). (Número de expediente 680/000483.)
--De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno para resolver el acceso al
área de servicios del Centro Integrado de Transportes de Benavente
(Zamora) desde la autovía del Noroeste (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de
junio de 1995). (Número de expediente 680/000490.)
--De don Julián Grimaldos Grimaldos, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las iniciativas previstas por el Gobierno para adecuar la oferta a
la demanda de estudios universitarios, en el marco de la asunción de
competencias por parte de las Comunidades Autónomas sobre la materia
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 295, de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente
680/000482.)
--De don Josep María Bertrán i Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre el plazo previsto por el Gobierno
para resolver la instancia propuesta en la moción aprobada el día 8 de
junio de 1995 por la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que
se insta al Ejecutivo a clarificar su posición respecto al cumplimiento y
aplicación del Real Decreto 1776/1994 y la Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1994, reguladores de la obtención de títulos de especialidad
a determinados licenciados en medicina (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de
junio de 1995). (Número de expediente 680/000477.)
Interpelaciones:
--De don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios, plazos y objetivos de la política general
del Gobierno en relación con los operadores públicos de
telecomunicaciones, Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión
(RETEVISION) y Correos y Telégrafos, de cara a su eventual potenciación
en el nuevo entorno de competencia (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de junio
de 1995). (Número de expediente 670/000137.)
--De don Isidro Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el marco jurídico definitivo para el sistema de acceso y
permanencia en la Universidad (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de junio de
1995). (Número de expediente 670/000138.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Protocolo por el que se modifica el Convenio entre el Reino de España y
la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 20 de diciembre de
1966, firmado en Viena el 24 de febrero de 1995 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 153, de fecha
7 de junio de 1995). (Número de expediente S. 610/000153.) (Número de
expediente C. D. 110/000154.)
--Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y la República de
Ghana, hecho en Accra el 30 de diciembre de 1994 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 154,
de fecha 7 de junio de 1995). (Número de expediente S. 610/000154.)
(Número de expediente C. D. 110/000155.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 13 y 14 de junio de 1995. (Página 4297)
Se aprueba el Acta.
PREGUNTAS. (Página 4297)
De doña María Isabel San Baldomero Ochoa, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para extender a los
enfermos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en su
consideración de enfermos crónicos, la gratuidad de la prestación
farmacéutica. (Página 4297)
La señora San Baldomero Ochoa formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador
Millán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora San Baldomero
Ochoa. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y
Consumo (Amador Millán).
De doña Inmaculada Boneta Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas o acciones que piensa adoptar el Gobierno en relación con el
esclarecimiento y la asunción de responsabilidades inherentes a las
escuchas telefónicas presuntamente ilegales, llevadas a cabo por el
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). (Página 4299)
La señora Boneta Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (García Vargas). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora Boneta Piedra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (García Vargas).
De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre el conocimiento por el Gobierno del alcance de las
responsabilidades en el asunto de las escuchas ilegales por parte del
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). (Página 4300)
El señor Martínez Sevilla formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (García Vargas). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Martínez Sevilla. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (García Vargas). El señor
Martínez Sevilla interviene de nuevo por alusiones.
De don José Carrascao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las iniciativas que tiene previstas el Gobierno para erradicar los
tráficos ilegales que nos provienen de Gibraltar
Esta pregunta ha sido aplazada.
De doña María del Mar Agüero Ruano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los planes que tiene el Gobierno en relación con la puesta
en marcha del Consejo Promotor del Turismo. (Página 4302)
La señora Agüero Ruano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agüero
Ruano. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Comercio y
Turismo (Gómez-Navarro Navarrete).
De don Francisco Olivencia Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación y
funcionamiento de la preceptiva Comisión Mixta de traspaso de medios
personales, materiales y presupuestarios al ente autonómico de Ceuta.
(Página 4303)
El señor Olivencia Ruiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro para las Administraciones Públicas (Saavedra
Acevedo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Olivencia
Ruiz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro para las
Administraciones Públicas (Saavedra Acevedo).
De don Mariano Alierta Izuel, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el método que utiliza el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) para llegar a la determinación de que el paro registrado es del
orden de 2,5 millones de personas cuando el número de personas
demandantes de empleo registradas en sus oficinas es de 4,5 millones.
(Página 4305)
El señor Alierta Izuel formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alierta
Izuel. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez).
De don Fernando Abad Bécquer, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno contra la
actuación de bandas callejeras organizadas. (Página 4306)
El señor Abad Bécquer formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Abad Bécquer.
De don Francisco Javier Hernández de Cáceres, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para cumplir el compromiso
asumido en el Debate sobre el Estado de la Nación de remitir a las
Cámaras una Ley de asistencia jurídica gratuita. (Página 4307)
El señor Hernández de Cáceres formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hernández de
Cáceres.
De don José Luis Liso Marín, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno
relacionadas con el cierre de cuarteles de la Guardia Civil. (Página 4308)
El señor Liso Marín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Liso Marín.
De don José Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que va a tomar el Gobierno a fin de que se agilice la
aprobación del Plan Hidrológico Nacional. (Página 4309)
El señor Gallego López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Alfonso Garrido Avila, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si tiene previsto el Gobierno realizar nuevas actuaciones urgentes
correctoras de los efectos de la sequía, contando con los medios
necesarios para su financiación. (Página 4310)
El señor Garrido Avila formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Garrido Avila.
De don Dionisio García Carnero, Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones del Gobierno para resolver el acceso al área de
servicios del Centro Integrado de Transportes de Benavente (Zamora) desde
la autovía del Noroeste. (Página 4312)
El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor García Carnero. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Julián Grimaldos Grimaldos, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las iniciativas previstas por el Gobierno para adecuar la oferta a
la demanda de estudios universitarios, en el marco de la asunción de
competencias por parte de las Comunidades Autónomas sobre la materia.
(Página 4313)
El señor Grimaldos Grimaldos formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra).
De don Josep María Bertrán i Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre el plazo previsto por el Gobierno
para resolver la instancia propuesta en la moción aprobada el día 8 de
junio de 1995 por la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que
se insta al Ejecutivo a clarificar su posición respecto al cumplimiento y
aplicación del Real Decreto 1776/1994 y la Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1994, reguladores de la obtención de títulos de especialidad
a determinados licenciados en medicina. (Página 4314)
El señor Bertrán i Soler formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bertrán i Soler. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra).
INTERPELACIONES. (Página 4316)
De don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios, plazos y objetivos de la política general
del Gobierno en relación con los operadores públicos de
telecomunicaciones, Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión
(RETEVISION) y Correos y Telégrafos, de cara a su eventual potenciación
en el nuevo entorno de competencia. (Página 4316)
El señor Ortiz Pérez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (Borrell Fontelles). Vuelve a intervenir el señor
interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y Ortiz Pérez, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell
Fontelles).
De don Isidro Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el marco jurídico definitivo para el sistema de acceso y
permanencia en la Universidad. (Página 4323)
El señor Fernández Rozada realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Educación y Ciencia
(Suárez Pertierra). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno
de portavoces, hace uso de la palabra el señor Ibarz i Casadevall, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Cierra el debate el
señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4330)
Protocolo por el que se modifica el Convenio entre el Reino de España y
la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 20 de diciembre de
1966, firmado en Viena el 24 de febrero de 1995. (Página 4330)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y la República de
Ghana, hecho en Accra el 30 de diciembre de 1994. (Página 4330)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se suspende la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA LOS
PASADOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 1995.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión:
Señorías, entramos en el punto primero del orden del día: Lectura y
aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 13 y 14 de junio.
Los señores Portavoces de los Grupos han recibido el Acta. ¿Alguna
observación a la misma? (Pausa.)
Queda aprobada.
PREGUNTAS:
--DE DOÑA MARIA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA EXTENDER A LOS
ENFERMOS DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA), EN SU
CONSIDERACION DE ENFERMOS CRONICOS, LA GRATUIDAD DE LA PRESTACION
FARMACEUTICA. (680/000485.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Preguntas. La del Senador Bertrán i Soler se verá al final de este punto.
Pregunta de la Senadora San Baldomero, del Grupo Parlamentario Popular,
sobre fecha prevista por el Gobierno para extender a los enfermos del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, en su consideración de enfermos
crónicos, la gratuidad farmacéutica correspondiente.
Tiene la palabra la Senadora San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Presidente, señorías, Ministra
Amador, en el año 1990 el Gobierno regula que los hemofílicos enfermos de
sida sean considerados enfermos crónicos. En noviembre de 1992, todos los
grupos políticos aprueban en el Congreso de los Diputados una proposición
no de ley instando al Gobierno para que los enfermos de sida tengan
derecho a la gratuidad en la prestación farmacéutica. El 10 de marzo de
1993, la Comisión de Política Social y Empleo reitera y aprueba extender,
por los mecanismos que el Gobierno considere oportunos, que todo el
colectivo de enfermos de sida tenga prestación farmacéutica gratuita. El
15 de diciembre de 1994, usted, Ministra Amador, anuncia en el Pleno del
Congreso que en breve --y que todo está a punto tras largos estudios-- se
va a llevar a cabo la resolución de este asunto. El 31 de mayo de 1995,
en la Comisión de Sanidad, el señor Parras, Secretario del Plan Nacional
sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, nos dice que sí, que va
a acelerar al máximo, y al inicio de esta última campaña electoral, usted
misma, Ministra, nos dice que iba a dar cumplimiento inmediato a este
tema. El Subsecretario del Ministerio, don José Luis Temes, también
informa que todo está a punto el 20 de junio de este año.
En el trabajo que he realizado para saber el por qué de lo que tal vez
nosotros entendemos como retraso para llevar a cabo este tema, nos han
dicho los distintos pasos que han tenido que dar por su parte.
Manifiestan ocho cosas, y yo le ruego que tome nota de ellas: primero,
informe de los centros directivos del Ministerio de Sanidad, informe de
los diferentes Ministerios, opinión del Consejo General de Farmaceúticos,
informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
informe de la Comisión Nacional del Uso del Medicamento, audiencias
públicas de las partes interesadas, informe del Consejo de Estado y, por
fin, tal vez la publicación del Real Decreto.
El señor PRESIDENTE: Senadora, ruego a su señoría que concluya porque no
va a tener segundo turno.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Todo está a punto, tenemos satisfacciones, cumplimiento inmediato del
mandato de las Cortes; cuatro años y muchos meses, Ministra. ¿Cuál es la
fecha de la promulgación del Real Decreto?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor
Presidente.
Señora Senadora, efectivamente el recorrido que ha hecho su señoría sobre
los antecedentes de esta cuestión comienza con la proposición no de ley
que se aprueba el día 10 de marzo del año 1993. De manera que no son
cuatro años, sino sensiblemente la mitad. En todo caso ha transcurrido
mucho tiempo desde que se aprueba esta proposición no de ley y ésa es la
razón por la que ya anuncié que estaba adoptada la decisión de extender
la consideración de crónicos a los enfermos de sida para que puedan
acceder a la dispensación de los medicamentos en mejores condiciones.
Efectivamente, señoría, esta decisión se ha plasmado en un proyecto de
Real Decreto que ya ha iniciado la tramitación administrativa y que tiene
que pasar por toda esa enumeración de instancias e instituciones de las
cuales la última en el ámbito consultivo será el Consejo de Estado, tras
cuyo dictamen, lo presentaremos al Consejo de Ministros. De manera que
estamos en el tramo final de la tramitación propiamente dicha del
Decreto, pero es difícil dar una fecha exacta sin incurrir en el riesgo
de incumplirla. Por tanto, señoría, tengo mucho gusto en informarle de
que el Decreto ha iniciado la tramitación administrativa, la tramitación
de información pública, y tan pronto como concluyamos ese período con el
dictamen del Consejo de Estado será presentado a la aprobación del
Consejo de Ministros.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Senadora, tiene 15 segundos. Su señoría tiene a prueba su capacidad de
síntesis.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente. Confío
en su generosidad y en la de la Cámara.
Son 150.000 personas infectadas por el VIH. El año pasado, Ministra, hubo
4.000 casos de sida más; para el año 1997 se calculan que serán 10.000
personas las infectadas. Me consta, Ministra, su deseo de que esto se
lleve a cabo, pero, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que pasa en su
Ministerio para que se paren los temas? ¿Qué vientos corren en su
Ministerio que se llevan sus palabras? ¿Quién no le deja ejercer su
acción de Gobierno? ¿Qué es lo que está pasando?
Entre las soluciones que daba el Partido Popular en esta última campaña
electoral, una era que íbamos a reclamar al Gobierno que este asunto se
llevara a buen puerto. Nosotros, Ministra, estamos cumpliendo. ¿Cuándo
piensa cumplir usted? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno de dúplica, tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, según los datos de que dispone el Plan Nacional del Sida, en la
actualidad esta norma afectaría a 11.808 pacientes, que son muchos pero
que distan bastante del número que su señoría ha señalado. Efectivamente,
como su señoría sabe, ésta es una decisión trascendente y lo es por las
especiales características de los enfermos de sida en España, por la
asociación de esta enfermedad a los usuarios de drogas por vía parenteral
con lo que ello supone de marginalidad social, familiar, de dificultad de
integración familiar y laboral. Por tanto, acceder a los medicamentos en
condiciones de gratuidad --porque se limita la aportación al diez por
ciento-- va a garantizar que estos enfermos van a poder adquirir y
suministrarse todos los medicamentos que necesitan.
Señoría, es una decisión importante, costosa, pero creo que lo
trascendente es que está adoptada, que el decreto está elaborado, que se
está tramitando, y me reconocerá su señoría que la primera interesada en
promulgarlo cuanto antes soy yo y todo el Ministerio, de manera que tan
pronto como sea posible anunciaré la aprobación en el Consejo de
Ministros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DOÑA INMACULADA BONETA PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LAS MEDIDAS O ACCIONES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACION CON EL
ESCLARECIMIENTO Y LA ASUNCION DE RESPONSABILIDADES INHERENTES A LAS
ESCUCHAS TELEFONICAS PRESUNTAMENTE ILEGALES, LLEVADAS A CABO POR EL
CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID). (680/000478.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la señora Boneta Piedra, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre las medidas o acciones que piensa adoptar el
Gobierno en relación con el esclarecimiento y la asunción de
responsabilidades inherentes a las escuchas telefónicas presuntamente
ilegales, llevadas a cabo por el Cesid.
Tiene la palabra la Senadora Boneta.
La señora BONETA PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su presencia, y gracias también por su valor
de acudir a contestar esta pregunta quizás en sus últimas horas de
permanencia en el Consejo de Ministros.
En todo caso, habría que resumir la situación en lo siguiente: Hace dos
semanas saltaba a la prensa el tema de las escuchas ilegales realizadas
por el Cesid y, naturalmente, su grabación, su archivo y, después de un
presunto robo, su posterior difusión. El Teniente General Manglano,
todavía Director en funciones del Cesid, admitía su responsabilidad en la
orden para realizar estas escuchas y, por otra parte, tanto el señor
Vicepresidente del Gobierno como el señor Ministro de Defensa presentaban
su dimisión, dimisión que aún no ha sido aceptada.
El señor Vicepresidente del Gobierno comparecía la pasada semana en el
Congreso, y lejos --en mi opinión-- de aclarar la situación volvía al
punto de inicio y hablaba de escuchas aleatorias, terminando de alguna
manera --que es lo más grave-- planteando una especie de amenaza hacia
aquellos que urgíamos --y en este momento urjo yo-- la petición de
responsabilidades y las medidas a adoptar sobre este tema... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Ruego silencio porque es completamente imposible escuchar a la señora
Boneta.
Señora Boneta, tiene la palabra.
La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente, intentaré que se me
escuche.
Decía que el señor Vicepresidente, lejos de aclarar algo, volvía a la
primera posición del Gobierno hablando de escuchas aleatorias, cuando ya
parece difícil que sean éstas unas escuchas aleatorias sobre las mismas
personas, y por cierto relevantes personas, y además --lo que es más
grave-- al final de su intervención planteaba una especie de amenaza
contra aquellos que de alguna manera estábamos urgiendo aclarar la
situación, exigiendo responsabilidades y hablando de un grave peligro
para la democracia.
El señor PRESIDENTE: Senadora Boneta, ahora sí que le ruego que vaya
concluyendo. Le quedan cuarenta segundos, salvo que prescinda del segundo
turno.
La señora BONETA PIEDRA: Señor Presidente, espero de su benevolencia que
no me haga pagar por las repeticiones que he tenido que efectuar como
consecuencia de que no se me ha podido escuchar.
En definitiva, teniendo en cuenta esta situación y que quince días
después de producirse el salto a la prensa de estas informaciones aún no
sabemos nada y, sobre todo, vemos que las responsabilidades no se han
asumido puesto que dirige la investigación el propio Director que se hace
responsable de ordenar las escuchas ilegales, yo le pregunto: ¿qué
medidas o acciones de carácter inmediato va a adoptar el Gobierno en
relación con el esclarecimiento y asunción de responsabilidades por la
actuación del Cesid?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor Presidente.
Quiero darle en nombre del Gobierno la bienvenida, señora Senadora, y
quiero reconocerle el valor y el coraje que usted tiene por venir aquí
representando a su Grupo y decir las cosas que tiene que decir en nombre
de su Grupo. Le deseo que tenga usted una feliz estancia en el Senado el
tiempo que le dure su representación en nombre de su Grupo.
Quiero decirle, señoría, que ratifico todo lo que en su momento dijo el
señor Vicepresidente ante el Congreso de los Diputados y quiero negar lo
que usted ha dicho; no se amenazó a nadie, se constató algo que todo el
que tiene una cierta capacidad de lectura y de análisis de lo que lee
observa todos los días, y es que en nuestro país suceden demasiadas cosas
y no por casualidad, y coinciden demasiadas cosas y no por casualidad.
Quizá su Grupo, como está un poco más lejos de Madrid, no observe esto.
Por otra parte me extraña que usted, señoría, haga unas afirmaciones tan
tajantes sobre cuestiones que están en los sumarios o en las
investigaciones previas abiertas por la jurisdicción militar o por la
jurisdicción civil. Así que no sea tan tajante, espere a que esas
jurisdicciones trabajen y, sobre todo, reconozca que ha sido el Gobierno
el que ha instado --a veces incluso a través de las propias personas a
las que usted ha citado-- para que se realicen esas investigaciones, a
través de la jurisdicción militar y a través de la jurisdicción civil. Y
sobre todo, señoría, el Gobierno no ha ordenado ninguna escucha ilegal
sobre conversaciones telefónicas de ningún ciudadano español; el Gobierno
no ha utilizado nunca contra ningún ciudadano español informaciones
obtenidas ilegalmente y, desde luego, el Gobierno no ha tenido
conocimiento de esas escuchas cuando hayan existido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La Senadora Boneta tiene la palabra durante once segundos.
Las señora BONETA PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su bienvenida porque, por otra parte, mi
estancia aquí ya dura unos meses y espero durar todo lo que la
representación del Parlamento Vasco me lo permita.
Señor Ministro, dice usted que el Gobierno no ha ordenado; yo me he
limitado a decir que el señor Manglano ha reconocido que él, o al menos
eso he leído yo, con mi capacidad de lectura, que es la misma, porque ya
sabe usted que los medios de comunicación funcionan con mucha rapidez,
desde mi país, desde el País Vasco a la que se tiene en Madrid, o sea que
le aseguro que leo bastante bien. Entre otras cosas le diré que mi
afirmación, de la que no me retracto y a la que usted no me ha
contestado, es que ustedes han ordenado una investigación o se ha
ordenado una investigación precisamente a los presuntos responsables no
digo de las escuchas, sino de la responsabilidad del Cesid durante el
tiempo en el que han durado esas escuchas. Por otra parte, insisto, el
señor Manglano ha asumido esa responsabilidad.
En todo caso --remitiéndose al señor Vicepresidente, al que yo sí escuché
en el Congreso, pero creo que la Cámara no tiene por qué oír que se
remite usted a lo que dijo el señor Serra en la Cámara Baja--, le diré
que usted no me ha añadido absolutamente nada, que creo que no se han
tomado las medidas de responsabilizarse que se esperaban y que nos han
dejado ustedes como estábamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
Los miembros del Gobierno que hemos tenido alguna relación con el
funcionamiento del Cesid hemos asumido responsabilidades políticas muy
claras, señoría, y ahora el Presidente del Gobierno es el que tiene que
hacer uso de esas responsabilidades cuando estime conveniente, según lo
que constitucionalmente, además, le corresponde.
Sí debo decir que la investigación no va dirigida a saber sólo si esta
persona o esta otra cometieron una infracción, incluso un delito
sustrayendo una información que tenía carácter secreto sabiéndolo ellos,
sino que también se trata de saber qué es lo que falló dentro del
organismo, qué procedimientos de seguridad se pudieron conculcar porque
no estaban debidamente establecidos.
Y desde luego, señoría, lo que ha reconocido el señor Manglano es que él,
como Director del Centro durante muchos años y como demócrata que es, se
responsabiliza de lo que ha ocurrido y por eso ha presentado la dimisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON ALVARO ANTONIO MATINEZ SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE EL CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL ALCANCE DE LAS
RESPONSABILIDADES EN EL ASUNTO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES POR PARTE DEL
CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID). (680/000491.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pregunta del Senador Martínez
Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el conocimiento por el
Gobierno del alcance de las responsabilidades en el asunto de la escuchas
ilegales.
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro «in fine», ¿cuál es el conocimiento del Gobierno del
alcance de las responsabilidades en el asunto de las escuchas ilegales
por parte del Cesid?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias.
Muchas gracias por su conocimiento del latín, teniendo en cuenta, además,
que usted procede de Ciencias, lo cual significa un esfuerzo muy grande
que la Cámara tendrá que apreciar.
El conocimiento del Gobierno es el que ha explicado el señor
Vicepresidente en el Congreso, y es el que se deriva de los hechos que se
han conocido en un determinado momento y de las investigaciones, que
todavía no han concluido, y que se han llevado a cabo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, señor Ministro, veo que no
sólo el Cesid tiene abundante información y documentación acerca de las
actividades de los españoles en general, sino que también el señor
Ministro la tiene acerca de mi «curriculum» profesional. Efectivamente.
Señor Ministro, he sentido preocupación al ver que venía usted a
contestar a esta Cámara, porque no parece que un Gobierno que quiera dar
cumplida respuesta, que quiera zanjar definitivamente esta cuestión,
mande a contestar a un ministro prácticamente dimitido (Rumores.), a un
ministro con los telediarios contados, como se suele decir, a responder
al Parlamento, a responder al Senado. Al menos hay cinco puntos, señor
Ministro, sobre los cuales el Gobierno debe decidir responsabilidades, y
serias, porque son cinco puntos que manifiestan cierta turbiedad.
En primer lugar, las escuchas eran ilegales, por parte del Cesid, en
contra de lo que afirmaba la nota inicial del centro.
En segundo lugar, se decía que habían cesado en 1990, y todo parece
indicar que continúan. En concreto, parece que, hace tan sólo dos
semanas, se han colocado escuchas al juez Baltasar Garzón.
En tercer lugar, el señor Manglano sigue de Director del Cesid, sin haber
asumido en la práctica esas responsabilidades políticas. Su
Vicepresidente dice que es el más capacitado para investigar estas
escuchas, pero yo le digo, señor Ministro, que esto sería tanto como
decir que la persona más capacitada para dirigir un banco de sangre sería
el conde Drácula. (Risas.)
En cuarto lugar, señor Ministro, el Ministerio del Interior conocía desde
diciembre las escuchas ilegales, pero les pareció que no había
suficientes indicios para investigar, aunque existían denuncias en la
prensa publicadas desde 1984.
Por lo tanto, señor Ministro, todos estos asuntos de cierta turbiedad
requieren aclaración y delimitación de responsabilidades, porque aquí hay
derechos constitucionales pisoteados, y ustedes lo saben bien. Y no sólo
hay derechos constitucionales pisoteados, sino que hay puro espionaje
político. Aquí no se está afectando a ninguna seguridad del Estado, y si
por seguridad del Estado entienden ustedes que este patio de vecinas en
el que se ha convertido del Cesid se dedique sistemáticamente a pinchar o
a captar conversaciones que hablan de amigos, de amigas o de los consejos
maternales al señor magistrado Baltasar Garzón, ya me contarán ustedes en
qué consiste la seguridad del estado, y a quién, por supuesto, hemos
confiado la seguridad. ¿Quién es el responsable, señor Ministro?
Manglano, obviamente, coordina y dirige este gabinete de escuchas. No se
hace un asunto de este calibre, de esta envergadura, que requiere muchos
metros de cinta y muchas horas de trabajo de funcionarios, sin ese
mandato desde la dirección. Y le digo algo más: en este caso, ustedes no
tienen escudos humanos, no ha habido control parlamentario del Cesid pese
a que, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, lo hemos reclamado insistentemente. Ustedes no han querido
ese control, y ahora no hay escudos, y tendrán que asumir íntegramente
esa responsabilidad de unos servicios de inteligencia, de unos
servicios...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor MARTINEZ SEVILLA: ... de inteligencia, de unos servicios del
Centro Superior de Información de la Defensa, sin control alguno por
parte parlamentaria...
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, muchas gracias. Ha
concluido su tiempo.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
No hay diferencia, por tanto, señor Ministro, entre la responsabilidad de
Serra y la de González. Si Serra es la gran oreja de este Estado,
González es el tímpano de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
Su profesión no es un secreto porque usted, profesionalmente, se ofrece
para trabajar como lo que es, como un licenciado en matemáticas, y lo
hace donde le ofrecen trabajo y, a lo mejor, algunas de las informaciones
y de las reflexiones que usted nos ha hecho aquí vienen de su experiencia
profesional y de las relaciones laborales que usted haya podido
establecer en ciertos momentos. Por lo tanto, no es que sea un secreto
para nadie. (Rumores.) Y sí debo decirle, señoría, que como usted ha
hecho aquí simplemente una relación de titulares, de comentarios de
prensa, de editoriales y de intoxicaciones que ha habido durante los
últimos días, lo que sí le puedo contestar es: Magnífico resumen,
señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
(El señor Martínez Sevilla pide la palabra.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Martínez Sevilla, para qué me pide la
palabra? (Pausa.) Tiene un minuto.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, estamos discutiendo un asunto de una tremenda envergadura
política; un asunto que va a provocar una crisis en el Gobierno y que ha
provocado una considerable alarma ciudadana...
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego que se ciña a las
alusiones que ha habido sobre su profesión.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Ante la gravedad de esta situación, usted hace
alusión a mi «curriculum» profesional matemático, y a un contrato de
investigación de la Universidad de Granada con el Ministerio de Defensa.
¿Y qué, señor Ministro? ¿Usted cree que la responsabilidad de un
Gobierno, que la responsabilidad de un Ministerio pasa por contestar a
una pregunta de este calibre y a un escándalo de estas dimensiones con
ese tipo de argumentos personales? Señor Ministro, creía más seriedad
tanto en sus argumentos, como en la del Gobierno, en el que usted se
sitúa. Desde luego, no hace usted gala a ellos con este tipo de
intervenciones. (El señor Ministro de Defensa, García Vargas, pide la
palabra.--El señor Presidente hace signos negativos.--Varios señores
Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí, sí!)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene un minuto en tanto se puede
entender que ha habido una alusión.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): No necesito un minuto,
señor Presidente, y muchísimas gracias por su benevolencia.
Debo decir que cuando se lanzan insinuaciones personales, como usted hizo
en su primera intervención haciendo entender que a usted le conocía por
alguna supuesta medida no legal o a través de un procedimiento, uno se
encuentra con que tiene que decir la verdad ante la Cámara, y me alegro
que la haya dicho usted y que no lo haya tenido que decir yo. Porque si
usted contrata con el Ministerio de Defensa, yo me tengo que cerciorar
con quién lo hago, y me encanta que haya sido con usted, pero haberlo
dicho al principio, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) (El señor Iglesias Marcelo: ¡Tocado!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MARIA DEL MAR AGÜERO RUANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LOS PLANES QUE TIENE EL GOBIERNO EN RELACION CON LA
PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO PROMOTOR DEL TURISMO. (680/000486.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Agüero Ruano, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre los planes que tiene el Gobierno en relación
con la puesta en marcha del Consejo Promotor del Turismo.
La Senadora Agüero tiene la palabra.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Consejo Promotor del Turismo se creó el pasado mes de
marzo con el objeto de favorecer la participación de determinados agentes
del sector turístico, y de las Administraciones Públicas competentes en
dicho sector, en las funciones y actividades que corresponden al
Instituto del Turismo en España. Es por ello que le preguntamos: ¿Qué
planes tiene el Gobierno en relación con la puesta en marcha del Consejo
Promotor del Turismo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Comercio y Turismo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como usted bien sabe, el sector turístico es probablemente el sector más
interdisciplinar de todos los sectores económicos. Un turista que visita
nuestro país recibe más de 60 servicios prestados por diferentes
Instituciones públicas y privadas y la calidad del producto turístico, la
imagen del sector turístico depende de la coordinación de esa oferta y,
por lo tanto, la coordinación del conjunto de las Administraciones
Públicas y del sector privado que son prestatarios de esos servicios. Con
ese objetivo se han creado un conjunto de Instituciones, la Comisión
Interministerial de Turismo para coordinar las acciones de la
Administración Central, la Conferencia Sectorial para coordinar a la
Administración Central con las Comunidades Autónomas, y el Consejo
Promotor de Turismo para, en el ámbito de la promoción, tener un foro de
coordinación entre el conjunto de las Administraciones y el sector
privado.
El Consejo se creó por decreto el 29 de marzo y establecía un plazo de
tres meses para la primera reunión. Esta mañana se ha celebrado la
constitución del Consejo en una reunión que he tenido el gusto de
presidir y que se ha puesto en marcha con unas características
especiales. Con esto quiero decir que los alcaldes que han asistido a la
reunión en representación de la Federación de Municipios eran electos,
nuevos, y que las Comunidades Autónomas todavía no habían producido el
cambio de gestión y, por lo tanto, eran antiguas. Si hubiésemos esperado
al cambio de gestión de las Comunidades nos hubiésemos pasado de plazo.
Las condiciones han sido especiales, pero el Consejo es, en cualquier
caso, institucional y lo que pretende es establecer ese marco y ese foro
de coordinación que es imprescindible. La reunión ha sido satisfactoria
para todos. En ella se han creado los grupos de trabajo que van a
emprender esa tarea de coordinación. Han sido fundamentalmente tres
grupos: uno va a tratar temas de promoción, otro de información y un
tercero de comercialización. Estos grupos podrán realizar en el siguiente
pleno del Consejo
Promotor propuestas para ser debatidas y aprobadas en el mismo.
El Gobierno pretende que este Consejo lidere la promoción del turismo
español y coordine, por lo tanto, esfuerzos que hasta ahora han sido
dispersos. En función del éxito de este Consejo, el Gobierno pretende dar
los pasos necesarios para que la coordinación entre organismos similares
al Consejo pueda extenderse a otras áreas que no sean exclusivamente la
promoción.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora Agüero para el turno correspondiente.
La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como usted ha dicho, señor Ministro, esta mañana se ha
constituido formalmente dicho Consejo cuando hacía tres meses que se creó
por Real Decreto. En este Real Decreto se establecen las funciones y la
composición de este órgano, pero no nos dice nada sobre el sistema de
votación que se va a utilizar en este Consejo. Suponemos que esto se
desarrollará en algún reglamento posterior. Usted nos ha dicho que existe
un marco de coordinación y que existen unos grupos de trabajo. He tomado
nota de ello. Pero nos gustaría saber si había previsto algún sistema de
votación, pues, efectivamente, el Real Decreto no lo prevé.
Nos llama poderosamente la atención, señor Ministro, que de los 27
vocales sólo siete corresponden al sector privado, cuando usted sabe que
el sector privado es el verdadero motor del turismo, es el mejor
conocedor de su realidad y de las necesidades para su promoción y, por
supuesto, es el destinatario último de sus efectos. Por eso, creemos que
debería habérseles dado un mayor peso participativo en el Consejo a las
empresas del sector.
Sus funciones, según establece el Real Decreto, porque no he podido
conocer la reunión de esta mañana, son las siguientes: emitir informes,
realizar propuestas, asesorar, impulsar e informar. El destinatario de
todo ello es la Presidencia del Instituto. Está claro que no se ha
reservado al Consejo ninguna competencia para la toma de decisiones o la
supervisión de las actividades de promoción. Tampoco se concreta qué
grado de compromiso puede adquirir el Ministerio respecto de los informes
de asesoramiento de este Consejo.
De todas maneras, señor Ministro, nos parece muy adecuado, a pesar de que
el tiempo ha sido muy justito, que antes del 30 de junio, como usted
prometió y como dice el Real Decreto, se haya constituido formalmente
esta mañana el Consejo Promotor de Turismo. (Rumores.) Mi Grupo
Parlamentario da la enhorabuena a los miembros que han sido nombrados
esta mañana. Les deseamos éxitos, por supuesto, en este nuevo trabajo y
esperamos que este Consejo sirva realmente para dar mayor realce y mayor
calidad al sector. Usted sabe, señor Ministro, que todo el mundo opina
sobre turismo, pero de turismo saben realmente sólo unos pocos.
(Rumores.) Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Silencio, por favor.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): El
Consejo Promotor, según dice el propio Decreto, es un Consejo asesor, lo
que quiere decir que en él no se va a votar. Lo que se pretende es que se
logren consensos y, asimismo, que desde los grupos de trabajo, donde la
representación no está fijada y donde, por tanto, el sector empresarial
puede tener los representantes que quiera, se hagan las propuestas
necesarias. Por tanto, no está previsto que en un Consejo asesor sea
necesario hacer votaciones. En cualquier caso, sí quiero decir que el
Consejo es el primer órgano donde hay una representación privada
significativa. La Administración pública central tiene nueve miembros y
los empresarios tienen siete, lo que quiere decir que no hay un
desequilibrio significativo. Hay nueve representantes de Comunidades
Autónomas y cinco de ayuntamientos.
Por otra parte, tanto el objetivo de este órgano como los pasos adelante
que nos gustaría dar en otros ámbitos del sector estriban en que la
promoción turística no se financie sólo con recursos públicos, como
ocurre hasta ahora, sino que haya un proceso progresivo de
cofinanciación. Por tanto, todo eso está en función de que haya un
proceso progresivo de financiación como ocurre en otros países, y me
refiero concretamente al modelo francés o al británico, a los que nos
gustaría ir acercándonos progresivamente, que son unos modelos de
financiación pública o privada que, a partir de esa puesta en común de
recursos de los dos ámbitos, permiten una mayor participación efectiva en
las decisiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON FRANCISCO OLIVENCIA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA CREACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA PRECEPTIVA COMISION MIXTA DE TRASPASO DE MEDIOS
PERSONALES, MATERIALES Y PRESUPUESTARIOS AL ENTE AUTONOMICO DE CEUTA.
(680/000487.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del Senador Olivencia Ruiz,
del Grupo Parlamentario Popular, sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la creación y funcionamiento de la preceptiva Comisión Mixta
de traspaso de medios personales, materiales y presupuestarios al ente
autonómico de Ceuta.
Tiene la palabra el Senador Olivencia.
El señor OLIVENCIA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por razones evidentes, dada la dureza con que fue
combatido, creo que el Gobierno, el Partido
que lo sustenta y, desde luego, el Partido Popular, tienen un gran
interés en que el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Ceuta sea
ejemplar, modélico y efectivo.
Señor Ministro, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno con respecto a
la creación y funcionamiento de la preceptiva Comisión Mixta de traspaso
de medios personales, materiales y presupuestarios al ente autonómico de
Ceuta?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Olivencia, efectivamente nuestros dos Partidos comparten el mismo
interés en poner en marcha las previsiones del Estatuto de Autonomía de
la ciudad de Ceuta y también el de la ciudad de Melilla. Prueba de ello
es que, como sabe su señoría, la pasada semana, y organizado por el
propio Ministerio para las Administraciones Públicas, se han celebrado
unas jornadas informativas tanto para los funcionarios de la
Administración periférica como para los de la nueva Administración que se
está constituyendo para ponerles en conocimiento de la metodología que se
aplica en toda la materia relacionada con los traspasos de competencias.
Sabe su señoría que la disposición transitoria segunda establece que en
el plazo de un mes desde la constitución de las instituciones autonómicas
el Gobierno nombrará una comisión formada por representantes de la
Administración general del Estado y por quienes nombre la Administración
autonómica de Ceuta y en su caso de Melilla.
Por lo que yo sé, dado que se ha constituido la Presidencia de la ciudad
de Ceuta el pasado día 20 ó 21, es de suponer que como la creación de
dicha comisión requiere un decreto del Gobierno, antes de mitad de julio
será creada dicha comisión con el fin de ponerse a trabajar
inmediatamente en los traspasos competenciales que corresponden a la
ciudad de Ceuta y en su caso en los que también correspondan a la ciudad
de Melilla.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Olivencia.
El señor OLIVENCIA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro por su respuesta.
Desde luego, en pura teoría, las previsiones que acaba de expresar, señor
Ministro, son impecables, lo que pasa es que ha surgido una circunstancia
paradójica e incluso kafkiana sobre la que me interesaría conocer si ha
sido debidamente valorada por el Gobierno. Señor Ministro, en virtud de
un pacto en el que ha intervenido el Partido Socialista, el Gobierno va a
encontrarse al otro lado de la mesa negociadora con un equipo de gobierno
presidido e integrado en su mayor parte por las fuerzas localistas que
organizaron y encabezaron el movimiento contra el Estatuto; que fueron al
frente de las manifestaciones contra el mismo; que participaron en su
quema pública; que atacaron implacablemente al Partido Socialista Obrero
Español y al Partido Popular por haber consensuado el Estatuto; que
declararon que el Estatuto nacía muerto; que anunciaron su propósito de
recurrir cualquier acto de aplicación del Estatuto --bien podrían empezar
por recurrir el Decreto 1.046/1995, de 19 de junio, de nombramiento del
Presidente--; que han acudido --sin éxito, gracias a Dios-- al Defensor
del Pueblo pidiéndole que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad
contra el Estatuto; y que, según se dice, han interpuesto un recurso de
amparo contra el Estatuto. Estos son los socios que tiene ahora el
partido Socialista en Ceuta. Sé que el señor Ministro no tiene
responsabilidad en ello y que tampoco lo habría hecho, porque le conozco
desde hace mucho tiempo y sé que es un caballero. Pero, de todas maneras,
me pregunto si se han recibido garantías de esos partidos localistas
acerca de que están dispuestos a asumir y desarrollar el Estatuto,
demostrando así que su postura anterior era una postura meramente
electoralista. Por tanto, le agradecería, señor Ministro, que si tiene
información fidedigna al respecto me la transmita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Olivencia, lo que su señoría acaba de formular no forma parte de la
pregunta. Probablemente podríamos compartir algunas de las
consideraciones.
En cuanto a las garantías acerca de la sunción por parte del actual
Presidente y Alcalde de la ciudad de Ceuta del Estatuto de Autonomía, me
atengo a que en la toma de posesión, como es preceptivo, habrá prometido
o jurado respeto y acatamiento al Estatuto de Autonomía de la ciudad de
Ceuta y, por tanto, no tengo ninguna duda que formular respecto de que
hará lo que le corresponda en cuanto al cumplimiento de la plena
aplicación del Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta.
Que cada uno explique la historia política. A nosotros probablemente no
tenga que explicárnosla, pero como ya he dicho que ésta es una materia
extraña a la pregunta, no quiero profundizar en la misma. Lo que puedo
decirle es que por parte del Ministerio haremos todos los esfuerzos
necesarios con el fin de aplicar y hacer efectivo el Estatuto de
Autonomía mediante la política de traspasos. Como le he dicho antes, a
partir de mediados de julio se aprobarán las reglas de funcionamiento de
esa Comisión Mixta y, dado que ya están hechos los costes de evaluación
para el traspaso correspondiente --que son mucho más fáciles de hacer,
dadas las peculiaridades de las ciudades de Ceuta y de Melilla--, creo
que en otoño tendrán todas las competencias en sus manos, que podrá
ejercer quien, en virtud de los pactos, gobierna la ciudad de Ceuta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON MARIANO ALIERTA IZUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL METODO QUE UTILIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
(INEM) PARA LLEGAR A LA DETERMINACION DE QUE EL PARO REGISTRADO ES DEL
ORDEN DE 2,5 MILLONES DE PERSONAS, CUANDO EL NUMERO DE PERSONAS
DEMANDANTES DE EMPLEO REGISTRADAS EN SUS OFICINAS ES DE 4,5 MILLONES.
(680/000489.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del Senador Alierta, del Grupo
Popular, sobre el método que utiliza el Instituto Nacional de Empleo para
llegar a la determinación de que el paro registrado es del orden de 2,5
millones de personas.
El Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es conocida por la opinión pública la cifra de dos
millones y medio, que corresponde al número de parados que según el
Instituto Nacional de Empleo figura en sus registros, aunque en los
últimos meses esta cifra es un poco inferior. Se trata de 2,5 millones de
parados, de paro registrado. Pero es menos conocido que el número de
personas que ha acudido a las oficinas del Instituto Nacional de Empleo,
el INEM, en demanda de empleo --es decir, el número de demandantes de
empleo inscritos en estas oficinas-- no es de dos millones y medio de
personas, sino que es una cifra --en estos momentos, un poco inferior--
del orden de los cuatro millones y medio de personas. Es decir,
aproximadamente hay dos millones. Quizá la última cifra sea inferior, del
orden de 1.800.000 ó 1.900.000 personas inscritas en el Instituto
Nacional de Empleo, INEM, como demandantes de empleo y, sin embargo, no
figuran en los registros.
Es evidente que estas deducciones están reguladas --corresponden a una
Orden Ministerial que se dio en su día--, pero es difícil conocer estas
cifras y, desde luego, en este momento no tenemos información de cuáles
son los colectivos, de qué tipo de personas son, por sus características,
y de qué número de personas de estos grupos integran en total esta cifra
de casi dos millones de personas demandantes de empleo y que, sin
embargo, no aparecen registradas como tales en las estadísticas que
normalmente son conocidas.
De ahí surge mi pregunta. Esta no se refiere exclusivamente a cómo se
aplica la norma correspondiente, sino a cómo el Instituto Nacional de
Empleo en estos momentos pasa de 4,5 ó 4,4 a 2,5 millones de personas.
¿Quiénes son estos grupos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué número
de personas integran estos grupos?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Alierta, en efecto, el número de parados registrados se determina
computando, de entre las personas que figuran en las listas del INEM,
aquellas que cumplen los requisitos con los que el Eurostat o la
Organización Internacional de Trabajo definen el paro involuntario, es
decir, personas que perdieron su empleo o no lo encuentran, pero lo
buscan activamente y, además, están disponibles.
Así, pues, se van excluyendo de los registros del desempleo, del paro del
INEM, aquellas personas que figuran --como usted ha citado-- en la Orden
Ministerial de 11 de marzo de 1985 y que, a grandes rasgos, son: los que
ya tiene empleo y buscan otro mejor --en este caso me refiero a 567.000
personas--; los que no tienen disponibilidad inmediata para trabajar,
porque están en situación de incompatibilidad, bien porque son
pensionistas, bien porque son personas en ILT, bien porque están haciendo
el servicio militar o bien porque son estudiantes --este grupo integra a
unas 500.000 personas-- y, en tercer lugar, aquellos que demandan un
empleo de características muy especiales o específicas, como, por
ejemplo, empleos fuera de España o de duración muy reducida.
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el Senador Alierta
Izuel.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Ministro, en el «Boletín de Estadísticas
Laborales» que publica su Ministerio aparecen todos estos cuadros,
desglosando personas con empleo, con diferentes circunstancias, por
diferentes desgloses. Es decir, se pueden desglosar unas cifras con mucha
minuciosidad. La realidad es que con tres cifras se ha despachado usted a
un colectivo de 1.800.000 --no ha dado la cifra exacta-- o 1.900.000
personas.
He señalado que es difícil conocer cuáles son las personas que están
inscritas como demandantes de empleo y que, sin embargo, no figuran en el
paro registrado. La verdad, después de la contestación tan ambigua, tan
resumida y tan poco concreta del señor Ministro, debo entender que la no
publicación o la imposibilidad de disponer de estas cifras no es algo
casual, sino que obedece a una intencionalidad clara de que la sociedad
no sepa exactamente cuáles son los colectivos que están excluidos de las
cifras de paro. Evidentemente habrá circunstancias excluidas, pero hay
otras que no lo están, con tantas razones como las que nos ha dado el
señor Ministro, amparándose en una legislación que, seguramente, no
incluye a todas ellas. Señor Ministro, me hubiera gustado que la
contestación hubiera sida más escueta.
Vuelvo a repetir, señor Presidente, que es difícil obtener estas cifras
en las estadísticas que publica el Ministerio y que, desde luego, hoy en
la Cámara seguimos sin saber verdaderamente cuáles son los colectivos
excluidos, las razones y su cuantificación. No creo que la contestación
del
señor Ministro le haya permitido a ningún Senador sacar una idea cabal de
cuáles son esos colectivos y su cuantificación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor
Alierta, la respuesta ha sido tan específica como su pregunta. Usted
preguntaba cómo se llega a determinar que el paro registrado es del orden
del 2,5. Cómo, no qué grupos. Yo le habría contestado qué grupos y habría
venido preparado si esa hubiera sido su pregunta. Pero su pregunta era
cómo lo hacía y yo le he contestado explícitamente cómo lo hacía. Aun
así, le puedo decir que en el pluriempleo hay 32.751; en expediente de
suspensión, 32.153; que buscan mejorar empleo, 567.888; estudiantes,
248.958, y así le podría dar todos los datos. Pregunte usted
concretamente lo que quiere y yo le contestaré a lo que usted pregunte,
por un principio de congruencia.
--DE DON FERNANDO ABAD BECQUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL GOBIERNO CONTRA LA
ACTUACION DE BANDAS CALLEJERAS ORGANIZADAS. (680/000481.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Abad Bécquer, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto
desarrollar el Gobierno contra la actuación de bandas callejeras
organizadas.
Senador Abad Bécquer, tiene la palabra.
El señor ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, trataré de ajustarme al Reglamento. Además, quiero
advertir a la Cámara que no tengo ningún contrato con el Ministerio de
Justicia e Interior y, por tanto, trataré de explicar al señor Ministro
la preocupación que a este Senador le ocupa en este momento.
Como saben sus señorías, nos encontramos ante un viejo y un nuevo
problema, unas manifestaciones de delincuencia juvenil, especialmente en
bandas callejeras. Esta pregunta fue formulada sólo hace una semana y
casualmente en estos mismos días hemos podido presenciar nuevos
incidentes, especialmente con los colectivos conocidos por «skinheads» o
cabezas rapadas, que constituyen, como saben sus señorías, una clara
manifestación o muestra de rebeldía juvenil, grupal y no multitudinaria.
Estos jóvenes que en demasiadas ocasiones sufren problemas de
autoafirmación y necesitan decir a la sociedad que existen y que están
ahí, están creando una cierta alarma social con sus intervenciones y sus
actuaciones. Además, se da la paradoja de que en muchas ocasiones la
propia publicidad de estos actos, cuando se producen estos fenómenos y
aparecen en los medios de comunicación --y seguramente este mismo debate
beneficiará lo que estoy diciendo-- alimenta que puedan incidir en
mayores fechorías y, por lo tanto, ese hecho de que tengan mayor eco
social incide en animarles a que sigan realizándolo.
No obstante, ha considerado, quien suscribe esta pregunta, que ya no nos
encontramos --como cuando empezó a aparecer el tema, en torno al año
1993-- ante un hecho aislado, sino que todavía hoy estamos ante actos
independientes, de grupos no homogéneos, no como ocurre en Alemania, en
el Reino Unido y en otros países, que exige que ante este nuevo modelo y
este nuevo método de delincuencia el Gobierno tome medidas.
Por parte de los ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas, de las
delegaciones del Gobierno y, por lo tanto, del Gobierno, se están tomando
todas las medidas posibles, pero creo que en esta ocasión habrá que
recoger la experiencia de otros países, que conocen, lamentablemente, lo
que está ocurriendo con este tema y permitir, como ocurre en la Comunidad
de Madrid, a la que yo pertenezco como Senador, modificar la situación en
la que nos encontramos, porque ya, como decía antes, estamos ante un
problema de seguridad ciudadana y de alteración de la normal convivencia
de los ciudadanos. Por consiguiente, se trataría de solicitar del
Gobierno y del señor Ministro de Justicia e Interior información de las
medidas que sobre este nuevo fenómeno tiene previstas el Gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministros de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente y señoría.
Efectivamente, el fenómeno tiene los rasgos que su señoría ha descrito en
la pregunta. Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Madrid y en
particular a la ciudad de Madrid, que sin duda tendrá más interés para su
señoría, en el año 1994 se produjeron un total de 252 hechos encuadrables
dentro del ámbito de lo que podríamos llamar las tribus urbanas. De
hecho, como grupos identificados, con ciertos rasgos comunes, seguramente
sólo se podrían citar el de los «skinheads» y el de los «punkies»;
concretamente 62 de las acciones han sido realizados por «skinheads» y 47
por «punkies». A su vez, dentro de los «skinheads» sí que existen grupos
de extrema derecha. Pero fuera de esa referencia, lo cierto es que no se
caracterizan por la homogeneidad. En ocasiones las propias estadísticas,
en cuanto a hechos de tribus urbanas, pueden no ser absolutamente
exactas, pues se tiende a atribuir a tribus urbanas lo que en ocasiones
son incidentes de otra naturaleza. Sin embargo, el crecimiento relativo
de estos hechos ha aconsejado adoptar medidas específicas. En particular
en Madrid, y en Barcelona de forma prácticamente idéntica, se constituyó
en noviembre de 1994 un Grupo Operativo Específico que tiene entre otras
funciones, por un lado, la concentración de toda la información
relacionada
con el fenómeno, sobre todo su evolución, las diversas tribus, su
biografía, por así decirlo, su prospectiva de futuro, la confección de
archivos, álbumes fotográficos, la investigación de los propios hechos.
Es decir, el Grupo Operativo no se limita a realizar actuaciones de
información sino que, además, realiza las actuaciones operativas
concretas, el control y vigilancia de los establecimientos públicos, la
colaboración con las comisarías de distrito, las brigadas de seguridad
ciudadana, las fiscalías de menores, la prestación de servicios
específicos para los fines de semana o con ocasión de acontecimientos
deportivos, o la planificación global de operaciones.
Creemos que ese Grupo Operativo Específico era una necesidad, puesto que
el fenómeno no parece coyuntural sino que, aunque de manera lenta, está
adquiriendo una cierta carta de naturaleza en las grandes ciudades. En
los últimos meses se han producido, como consecuencia de la, entre
comillas, presión policial, desplazamientos de zonas e incluso
modificaciones en los hábitos de conducta y hasta en las formas de vestir
de algunas de esas tribus urbanas. Concretamente, respecto del hecho
trágico acaecido en la «costa Polvoranca», en el que resultó fallecida
una persona, la actuación, en este caso policial, ha sido efectiva: en
pocos días se ha identificado a los autores y han sido puestos a
disposición de la autoridad judicial. Por lo tanto, creemos que esos
Grupos Operativos Específicos destinados a tribus urbanas es la respuesta
razonable al fenómeno por el que su señoría ha preguntado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Abad Bécquer.
El señor ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco la información ofrecida por el señor Ministro y comparto
plenamente sus criterios tanto en el análisis del problema como en las
medidas, porque creo que es un ejemplo para todos ver cómo la
Administración y el Gobierno han reaccionado de forma inmediata, temprana
y eficaz ante un nuevo fenómeno --que, efectivamente, no es coyuntural
sino que lamentablemente será estable y previsiblemente en aumento--, con
medidas y con medios que han permitido que exista un control de este
aspecto por parte del Ministerio y del Gobierno.
Añadiría que sería de interés para todos la cooperación de otras
Administraciones, tales como ayuntamientos y comunidades Autónomas, dado
que en la resolución del problema deberían intervenir estas otras
Administraciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ DE CACERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA CUMPLIR EL COMPROMISO
ASUMIDO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACION DE REMITIR A LAS
CAMARAS UNA LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. (680/000484.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don Francisco Javier Hernández
de Cáceres, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del
Gobierno para cumplir el compromiso asumido en el debate sobre el estado
de la Nación de remitir a las Cámaras una ley de asistencia jurídica
gratuita.
Tiene la palabra el Senador Hernández de Cáceres.
El señor HERNANDEZ DE CACERES: Señor Presidente, señor Ministro, a pesar
de que la pregunta está contestada en todo o en parte por el cumplimiento
del compromiso al que hace referencia la misma, no está de más que el
propio Ministro pueda abundar sobre el tema por la importancia que el
mismo tiene. Por ese motivo le formulo la pregunta que tenía pedida a la
Mesa de la Cámara. ¿De qué manera tiene previsto el Gobierno cumplir el
referido compromiso asumido en el debate sobre el estado de la Nación
para la remisión a las Cámaras de una ley de asistencia jurídica
gratuita?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, después de que su señoría planteara la pregunta, como su
señoría ha recordado, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el
proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, proyecto que ya está en
el Registro del Congreso de los Diputados.
En todo caso, agradezco la pregunta porque constituía uno de los
compromisos pendientes, compromiso al que, por cierto, hemos llegado con
cierto retraso respecto de las previsiones iniciales, pero que ha sido
debido sobre todo al interés por lograr un consenso entre los sectores
profesionales afectados, de los que yo destacaría, en primer término, los
informes favorables de los colegios de abogados, del Consejo General del
Poder Judicial; en definitiva, una ley esperada por el conjunto de la
profesión desde hace bastante tiempo y que creo que reúne esa
característica esencial que es conformar el consenso en torno a ella.
¿Cuáles serían los rasgos fundamentales? Pues quizá destacaría cinco.
Primero, que el concepto de asistencia jurídica gratuita no es ya el mero
pago de la minuta al abogado o al procurador que asiste a los juicios,
sino que es un concepto más amplio que comprende categorías como el
asesoramiento prejudicial, el abono de las pruebas periciales,
traductores, etcétera. En segundo término, una mayor racionalidad en la
aplicación del turno con respecto al tipo de procesos de que se trate,
evitando la desigualdad material que se derivaba de una supuesta igualdad
formal en la retribución. En tercer lugar, una cierta desjudicialización
del
procedimiento de la concesión del beneficio de asistencia jurídica
gratuita; de hecho, se crean comisiones «ad hoc», con participación de
los colegios de abogados, y ello permitirá una mayor flexibilidad del
sistema. En cuarto lugar, control judicial, porque, evidentemente, en
último término, frente a las resoluciones de la comisión «ad hoc»,
siempre podrá interponerse recurso ante el órgano judicial que conozca
del pleito de que se trate. Y finalmente, un quinto rasgo que yo creo que
es fundamental, dado el carácter de servicio público: me refiero al
aseguramiento de medidas de control que garanticen la calidad en los
procesos de formación de aquellos letrados o procuradores que se
inscriban en el turno de oficio. Esas son, creo yo, las cinco
características que presenta el proyecto que pronto se discutirá en las
Cámaras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Hernández de Cáceres.
El señor HERNANDEZ DE CACERES: Gracias, señor Ministro, por la
explicación que ha dado a la Cámara. Quiero animar desde este escaño a su
Ministerio para seguir abundando no solamente en llevar leyes al
Parlamento desde su Ministerio, sino también en trabajar en la calidad de
las mismas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JOSE LUIS LISO MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO
RELACIONADAS CON EL CIERRE DE CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL.
(680/000488.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la pregunta del Senador Liso Marín,
del Grupo Parlamentario Popular, sobre las actuaciones que tiene
previstas el Gobierno relacionadas con el cierre de cuarteles de la
Guardia Civil.
El Senador Liso tiene la palabra.
El señor LISO MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la Secretaria de Estado de Interior, la señora
Robles, parece que ha tomado la decisión de paralizar el plan de cierre
de cuarteles de la Guardia Civil. Esto, dicho así, nos parecería
--personalmente, sobre todo-- aceptable, porque el cierre indiscriminado
que se está llevando a cabo está creando numerosos problemas,
especialmente en las zonas rurales, donde hay alarma por aumento de la
conflictividad y de la delincuencia y, sobre todo, socialmente, con una
sensación de menor seguridad. Pero la verdad es que se nos plantean dudas
en cuanto a cómo ha sido tomada esa decisión. La primera de ellas es que
no sabemos si la señora Robles la ha tomado por su cuenta y riesgo, aun
cuando también suponemos que habrá contado con su aprobación y
conocimiento. Pero tampoco sabemos --y esto es importante y de ahí viene
el motivo de la pregunta-- si esta paralización es provisional, y la
causa que la ha motivado, o si es definitiva, lo cual, de verdad, tendría
una mayor aceptación por nuestra parte.
En cualquier caso, el Partido Popular no ha tenido ningún tipo de
información ni ha sido consultado, y esto es extraño porque en su momento
tanto el señor Corcuera como el señor Vera, al hacer la exposición de
este despliegue de la Guardia Civil, sí tuvieron unos contactos previos
con el Partido Popular, dado el aspecto delicado del asunto. Por eso
estamos sorprendidos, y ése es el motivo de esta pregunta.
En consecuencia, señor Ministro, queremos saber cuáles son las
actuaciones que tiene previstas el Ministerio del Interior relacionadas
con el cierre de cuarteles de la Guardia Civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, del proyecto global que implicaba la supresión de 1.040 puestos
sólo se han suprimido 432 --en ningún momento se ha llegado a
interrumpir, aunque sí se ha ralentizado el ritmo-- desde que se inició
el procedimiento hasta el 31 de mayo de 1995, que es el último dato que
tengo. En teoría, por tanto, habría 608 puestos sobre los que, aunque
inicialmente estaba prevista su inclusión en el plan de remodelación, lo
cierto es que no se ha tomado una decisión. Las razones, conocidas y
autorizadas por quien tiene el honor de dirigirle la palabra, es que,
efectivamente, junto a los problemas objetivos de inseguridad, que no son
los más relevantes --de hecho, la supresión de esos puestos no se ha
traducido en incrementos objetivos del índice de delincuencia, al revés,
el año pasado ha disminuido el índice casi tres puntos--, sin embargo, lo
cierto es que sí genera una profunda sensación de inseguridad subjetiva
en las comunidades rurales donde se produce esa medida. Como,
ciertamente, la seguridad ciudadana incluye no sólo la tasa de
delincuencia, sino también la sensación de los ciudadanos --porque forma
parte del propio concepto de seguridad ciudadana--, se consideró oportuno
hacer un replanteamiento, replanteamiento que implicaba iniciar un
procedimiento --que a efectos de consulta debe terminar el 30 de
septiembre de este año--, en el que se volvían a revisar uno por uno los
puestos inicialmente previstos en el proyecto para que se realizara un
proceso de información tanto por parte de los jefes de la Comandancia,
como por parte de las autoridades locales, como del propio Gobierno Civil
para, posteriormente, en unos plazos marcados, que deberían terminar y
estar en manos de la Subdirección General Operativa en el mes de
septiembre, volver a plantear cuáles de entre los inicialmente previstos
deben realmente ser suprimidos y cuáles no. En definitiva, eso es lo que
ha ocurrido. Este proceso recuerda mucho al de demarcación y planta
judicial. Si conoció ese proceso, ya sabe su señoría
lo complicado que fue, puesto que la localización o no de un juzgado
tiene profundas raíces históricas. Del mismo modo, la localización o no
de un puesto de la Guardia Civil se convierte en un problema importante
desde la óptica de la inseguridad subjetiva y también desde la óptica de
la vida municipal en su conjunto. Esos son los motivos que nos han hecho
opinar que era prudente replantear ese tema.
En el texto de su pregunta se contiene un ofrecimiento que, desde luego,
con mucho gusto acepto antes de tomar decisiones sobre ese tema, no sólo
respecto de su Grupo Parlamentario, sino que se podría iniciar un proceso
de consultas a la totalidad de los grupos parlamentarios. Se trata de
decisiones muy importantes que tienen una trascendencia indudable sobre
todo para la vida en los núcleos rurales y, por lo tanto, me parece una
metodología correcta la que en su día ofreció el señor Corcuera.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Liso.
El señor LISO MARIN: Gracias, señor Presidente.
Tengo que agradecer la información del señor Ministro, que básicamente
coincide en las apreciaciones en lo que a las zonas rurales afectan esas
inseguridades subyacentes y toda una serie de dificultades,
independientemente de los porcentajes de delincuencia.
Yo, repito --y agradezco ese tipo de explicaciones--, que lo lamentable
--y precisamente a lo mejor se hubiera evitado esta pregunta, que no
tenía más motivación que la de acceder a esa información-- es que
previamente, con el resto de las fuerzas políticas, y muy especialmente
con el Partido Popular, como ya se hizo en otra ocasión, y dada la
relevancia que tiene en cuanto a representación a nivel nacional, no nos
hubiéramos puesto de acuerdo, pues tal vez nos hubiéramos evitado esta
pregunta y hubiera sido una mayor clarificación con esa antelación a las
situaciones, pues creo que hubiera sido mejor entendido por todos. No
obstante, como procedo de una Comunidad eminentemente rural, como es la
de Castilla y León, donde concretamente hay más de 2.000 núcleos rurales,
es verdad que allí se han sucedido muchos problemas de este tipo. Los
datos de los que yo disponía, un poco a vuela pluma, coinciden
básicamente con los que usted nos ha proporcionado del número de 1.038 en
principio a suprimir, los 432 que hay en este momento y los que restan.
Pero también tengo que hacer la observación de que en el plazo que usted
lleva al frente de su Ministerio se han suprimido 80, de los cuales la
mayor parte de ellos precisamente han sido en la región o en la Comunidad
de Castilla y León. Por eso, es verdad que es una cosa muy delicada, es
importante que haya una relación, que haya un contacto, que haya una
consulta con el resto de las fuerzas políticas y muy especialmente --se
me va a permitir-- que lo haga con el Partido Popular.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO A FIN DE QUE SE AGILICE LA
APROBACION DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL. (680/000479.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Gallego, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno a
fin de que se agilice la aprobación del Plan Hidrológico Nacional.
Tiene la palabra el Senador Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como quiera que el agua es una riqueza de todo el país,
incluso donde no la hay y, además, su titularidad es pública, lo que
abunda en la subordinación al interés general, como el artículo 128.1 de
la Constitución dice que toda la riqueza del país en sus distintas
formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés
general y como en España hay agua suficiente para satisfacer todas las
demandas, la sequía que padece gran parte de nuestro país tiene, además
de las causas meteorológicas, otras causas subsanables por la técnica y
los presupuestos, y estas causas son: la falta de infraestructuras que
produzcan un mayor ahorro de agua modernizando regadíos, mejorando las
redes de distribución, captando aguas subterráneas, construyendo
desaladoras, aprovechando mejor la depuración, pero también
necesariamente interconectando las cuencas hidrográficas.
Todas estas medidas y otras se contemplan en el anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional que ha sido informado favorablemente por el Consejo
Nacional del Agua con aportaciones que se pueden incorporar a dicho Plan.
Por eso, la mejor ley de sequía es dicho Plan Hidrológico Nacional. Es
cierto que hay iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado
que piden al Gobierno otros trámites administrativos que acompañen o
antecedan al Plan Hidrológico, pero también lo es que el Plan no se
debate y que los planes de regadíos y los de cuencas hidrográficas no
terminan de aprobarse incumpliendo plazos lógicos de tramitación. Por
eso, pregunto al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno a fin de
que se agilice la aprobación del Plan Hidrológico Nacional?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gallego.
El señor Ministro de Obras Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted mismo ha dicho, la aprobación del PHN quedó
condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos: el establecido
por el Congreso de los Diputados pidiendo, a instancias del Grupo
Parlamentario Popular, que antes del Plan se elaborase un plan agrario de
regadíos, y el establecido aquí, en el Senado, con el voto en contra
del Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno a que antes de
que se presente el Plan Hidrológico se aprueben los planes de cuenca.
He afirmado en varias ocasiones que no se puede negar la ley de la
gravedad y que pretender que los planes de cuenca se puedan hacer como
algo independiente de un Plan Hidrológico que los armonice, integre y
racionalice desde la óptica de un equilibrio interterritorial
intercuencas es un absurdo técnico. Ahora bien, ante las iniciativas
parlamentarias que he citado, el Gobierno ha continuado trabajando en la
dirección que indicaban las mismas, y en este momento el Ministerio de
Agricultura está elaborando un Plan Agrario de Regadíos del que espero
poder disponer en breve plazo, y nosotros estamos activando la
elaboración y tramitación de los planes hidrológicos de las cuencas
intercomunitarias no transferidas. En particular, le pudo informar que se
ha aprobado ya un conjunto de ellos y que prosigue la elaboración de los
más conflictivos, que no se pueden aprobar, diga lo que diga quien lo
diga, independientemente de un Plan Hidrológico que los armonice y les dé
coherencia.
Por otra parte, no nos han remitido todavía los planes de las cuencas
intracomunitarias que tienen que elaborar aquellos gobiernos autónomos,
en particular el de Cataluña, que están más vinculados con una estrategia
global. De cuando en cuando oímos hablar de que van a llevar agua del
Ródano a Barcelona, pero sería de una extraordinaria utilidad disponer
del Plan hidrológico de las cuencas de Cataluña, sin el cual es muy
difícil dar coherencia al Plan de la cuenca del Ebro dentro del Plan
Hidrológico Nacional.
Estamos pues trabajando en esta línea y espero que podamos en breve plazo
recibir la información que está pendiente y completar los trabajos en
curso. Pero, con independencia de eso, no sería bueno que se creyera que
mientras no hay Plan Hidrológico no hay política hidráulica. El Plan
Hidrológico sirve sólo para interconectar las cuencas y para fijar un
sistema financiero del agua que revise el actual; sólo para eso, que es
mucho, pero para eso nada más. Aparte de eso, además de eso, antes de
eso, hay toda una política hidráulica que se concreta en importantes
actuaciones en materia de abastecimiento, defensa contra inundaciones y
modernización de regadíos. El Ministerio está preparando un programa de
infraestructuras de medio plazo que acompañarán a las necesarias para
hacer frente a la extrema gravedad de la actual situación de sequía que
estamos viviendo y que requiere medidas a corto plazo; no las
estructurales a medio plazo que se contemplarían en el Plan Hidrológico,
sino actuaciones que deben ser acometidas de forma inmediata y
determinaciones trascendentales desde el punto de vista de su impacto
coyuntural y territorial sobre las cuales el Gobierno tendrá que
establecer decisiones en los momentos oportunos, siempre, por supuesto,
antes del verano.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno de réplica? (Pausa.)
--DE DON ALFONSO GARRIDO AVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REALIZAR NUEVAS ACTUACIONES URGENTES
CORRECTORAS DE LOS EFECTOS DE LA SEQUIA, CONTANDO CON LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU FINANCIACION. (680/000483.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alfonso Garrido Avila, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si tiene previsto el Gobierno realizar
nuevas actuaciones urgentes correctoras de los efectos de la sequía,
contando con los medios necesarios para su financiación.
Tiene la palabra el señor Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, una pregunta más sobre el mismo tema, que no es más de lo
mismo, desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista, y no es
casual.
Decía el señor Ministro anteriormente en su respuesta al Senador
preguntante que la desgraciada no aceleración y no aprobación, por tanto,
del Plan Hidrológico Nacional, no significa que no haya política
hidráulica. Menos mal, porque, ciertamente, cuando algunos hacen ciertos
discursos tendrían que explicar cómo compaginan las cosas que dicen y las
que después hacen en su propio territorio o, incluso, en algunos
discursos parlamentarios.
Sea como fuere, señor Ministro, ésta es la situación en la que nos
encontramos, particularmente en los territorios del sur de España, que es
además el sur del Sur. Yo no sé cómo puede entenderse en otras
Comunidades la falta de generosidad que se produce en algunos casos,
cuando hay cuencas, como puede ser la del Barbate, que está, señorías, al
1,28 por ciento; o como la del Guadalquivir, que está al 9,98; o la del
Guadalete, que está al 3,70. Y si hablamos del colectivo poblacional, al
que hay que suministrar todos los días agua, diré que la mayoría no sale
por el sistema de suministro colectivo, sino que el sistema de suministro
colectivo es un camión cisterna o similar. Cuando eso se explica hay
quien no quiere entenderlo. Y, señor Ministro --y no voy a extenderme por
razones de tiempo y porque no es el momento por el tipo de actuación
parlamentaria--, cuando se viven esas situaciones de angustia, resulta
difícil entender algunas cosas que hay que oír.
Estamos a finales de junio, señor Ministro, llegan julio y agosto, y
veremos qué ocurre en el otoño, pero si no nos llega agua en otoño, no
sé, señor Ministro --y no es un llanto de plañideras, sino que es el
enfrentamiento a la cruda realidad, con estos índices de agua que tenemos
en los embalses--, qué podemos hacer en ese sur del Sur dentro de 90
días. Por tanto, señor Ministro, a los ciudadanos les gustaría conocer
qué previsiones tiene el Gobierno de España para poder atender ese más
allá de las situaciones inmediatas y si hay prevista una financiación
para cuando el 1,28 por ciento, o el 10 por ciento, o ese ostentoso 30
por ciento, que es la mayor capacidad de embalse del Guadiana
que hay en el sur, también se acaben después del mes de agosto y
septiembre y no tengamos otras capacidades.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Obras
Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señoría, su pregunta es extraordinariamente
relevante en un momento como el actual, en el que el escenario hipotético
de persistencia de la sequía es ya una realidad cada día más grave.
Han transcurrido ya los meses más lluviosos de este año hidrológico, la
primavera que acaba ha sido peor que las anteriores, no cabe ya pensar
razonablemente en precipitaciones significativas hasta el próximo otoño,
y los datos actuales reflejan una situación ciertamente alarmante. En las
regiones afectadas por la sequía, las precipitaciones de este año han
sido del orden de 200 milímetros, que es el límite de la pluviosidad que
define el desierto, frente a una precipitación que normalmente se sitúa
en el entorno de los 600 milímetros. La aportación de recursos hídricos
ha sido el 10 por ciento de un año normal. En los anteriores era baja,
pero estaba en el 25 o el 30 por ciento. En consecuencia, las regiones
afectadas por la sequía tienen reservas embalsadas que son sólo el 11 por
ciento de la capacidad de embalse y que son sólo una tercera parte de las
que teníamos almacenadas hace cinco años. Los pozos que alimentan estas
zonas han descendido 10 ó 20 metros anuales. Contrastando con eso, las
reservas embalsadas en las regiones no afectadas por la sequía son el 64
por ciento de su capacidad. Ello ha hecho necesario extender el Decreto
que regula las actuaciones frente a la sequía a la cuenca del Tajo y a la
margen derecha del Ebro, y nos obliga a plantearnos un conjunto de
medidas para hacer frente a una situación excepcional --ellas también
tienen que ser excepcionales--, que avanzan en la línea seguida hasta el
momento presente y que son las que pueden ser: agotar el máximo posible
las disponibilidades hidrogeológicas, es decir, seguir explotando aguas
subterráneas en algunos casos porque no queda más remedio, fuera ya de lo
que sería una explotación racional de estos acuíferos, buscando acuíferos
nuevos. En este sentido, debo decirle que ya hemos empezado las
perforaciones y exploración en la sierra de las Nieves para localizar
acuíferos con los cuales suministrar a las zonas costeras de Málaga
durante este verano. Debe saber también su señoría, con la venia del
Presidente, a cuya benevolencia me acojo, que hemos alumbrado aguas
subterráneas para abastecer a una población equivalente a la que vive en
la Comunidad Autónoma de Madrid --para los que dicen que no explotamos
suficientemente los acuíferos-- y que tendremos también que buscar aguas
subterráneas en la sierra de Grazalema, si las cosas siguen como están.
Estamos pensando en instalar plantas de desalación con carácter
definitivo o sólo temporal en algunas zonas: costa murciana, Almería,
Ceuta, Málaga, Cádiz y Sevilla, a través de un decreto que estamos
ultimando con el Miner. Asimismo, conectar infraestructuras hidráulicas
entre sí: ríos, embalses o canales, allí donde todavía hay reservas.
Algunas de las obras son de carácter estructural y no servirán para este
verano ni para el otro, pero otras pueden resolver algunos problemas,
como la elevación desde el río Jalón al embalse de La Tranquera en la
margen derecha del Ebro. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
La cuarta actuación posible es imaginar cargar agua en un barco y
descargarlo en otro sitio, es decir, trasvasar agua por barco para hacer
frente a las situaciones más excepcionales. En este sentido, estamos
preparando instalaciones portuarias en las zonas que deberían recibirlos
y viendo las disponibilidades y las capacidades de las zonas que podrían
ser donantes.
Pero solamente querría señoría, con su permiso, señor Presidente, hacer
una comparación aritmética y llamar al sentido común y a la
responsabilidad de todos en esta difícil circunstancia. En los embalses
de la cuenca del Ebro hay almacenados en este momento 5.500 hectómetros
cúbicos de agua. Estamos transportando agua a Palma de Mallorca. ¿En qué
cantidad? Siete, no 7.000, siete hectómetros cúbicos a lo largo de un
año. ¿Cómo es posible que nadie dotado del menor sentido común o de la
menor responsabilidad encuentre atentatorio contra ningún interés
económico, social o ecológico, desembalsar siete de estos 5.500
hectómetros cúbicos y cargarlos en la desembocadura del Ebro y
transportarlos a una zona crítica de nuestra economía y de nuestra
geografía?
Pues bien, señorías, hay distinguidos alcaldes, importantes responsables
políticos, y se supone que organizaciones preocupadas legítimamente por
el medio ambiente, que creen que esto atenta contra intereses vitales de
la ecología, la sociedad o la economía. Señorías, creo que este verano
tendremos ocasión de demostrarnos a nosotros mismos si el agua, además de
ser un problema, es o no una oportunidad política también para cohesionar
y vertebrar este país desde la racionalidad, haciendo frente a las
posturas demagógicas que tan rápidamente crecen en el desierto.
Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Ministro.
El Senador Garrido tiene la palabra en turno de réplica.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Parlamentariamente el turno se llama de réplica, pero no va a serlo en su
contenido.
Señor Ministro, obviamente compartimos, porque nos sentamos en el mismo
lado de los escaños, su discurso sobre lo que es la solidaridad, porque
hay gente que pone la boca muy grande cuando anuncia determinadas
palabras y cuando pronuncia determinadas vocales, pero, señor Ministro, a
mí me gustaría que la solidaridad la pudieran demostrar otros que tanto
la predican con los hechos. La tozudez del tiempo dará y quitará razones
y pondrá en su sitio
a quien predica principios constitucionales y a quien dice predicarlos y
no los practica con el ejemplo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
--DE DON DIONISIO GRACIA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA RESOLVER EL ACCESO AL
AREA DE SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES DE BENAVENTE
(ZAMORA) DESDE LA AUTOVIA DEL NOROESTE. (680/000490.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta es la que
formula el Senador don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre previsiones del Gobierno para resolver el
acceso al área de servicios del Centro Integrado de Transportes de
Benavente (Zamora) desde la autovía del Noroeste.
El Senador García Carnero tiene la palabra.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado día 15 de mayo, por tanto en plena campaña electoral,
el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente visitó
la ciudad de Benavente y allí, según recogieron todos los medios de
información, se comprometió a resolver el acceso desde la Autovía
Nacional 6, conocida como Autovía del Noroeste, al área de servicios del
Centro Integrado de Transportes de esa ciudad. Nos gustaría, por tanto,
conocer en qué forma piensa el Gobierno resolver tal acceso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Obras Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Usted cuenta las cosas como le conviene, pero, bueno, a ir al grano.
El Gobierno ha construido ya un enlace específico que comunica
directamente, a través de una vía de servicio, la Autovía del Noroeste
con el Centro de Transportes de Benavente, como supongo sabe su señoría;
con el Centro de Transportes tal como está considerado, es decir, como
una zona industrial que ofrece servicios a industrias del transporte, y
no como área de servicio de carretera, porque nunca fue presentado así y
nunca se cumplieron los trámites que el Reglamento de Carreteras
establecía para que los accesos fueran los adecuados a un área que
tuviera esta consideración. Tiene unos enlaces adaptados a un diseño
originario. Se plantean problemas de acceso en función de la calificación
que se le dé, lo cual, a su vez, depende de las actividades que en el
mismo se desarrollen. Como área de servicio, tenía que haver pasado por
unos trámites por los que no pasó porque no se planteaba como tal.
El Gobierno, mi Ministerio, está estudiando de qué forma se pueden
mejorar estos accesos, además del enlace específico que ya fue
construido, de manera que hubiera una capacidad de acceso directo mayor
que la actual en función, insisto, de la tipología de las actividades que
en dicho centro se vayan a desarrollar y de las disponibilidades o
posibilidades físicas del terreno en aplicación del Reglamento vigente de
Carreteras. Dichos estudios todavía no han culminado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias señor Ministro.
El Senador García Carnero tiene la palabra.
El señor GARCIA CARNERO. Muchas gracias, señor Presidente.
Yo, señor ministro, no cuento las cosas como me convienen. Le voy a leer
el titular a cuatro colomnas del día 16, que dice: «Borrell se compromete
a resolver la falta de accesos desde la Nacional VI al área de
servicios.» Lo dice la prensa, pero seguramente por esa práctica que
usted lleva muy bien, como todo el Gobierno del que forma parte, cada vez
que los periódicos dicen algo que no le gusta es que los periódicos
mienten.
Señon Ministro, le voy a contar cuatro hechos que no tienen vuelta atrás.
Ese acceso, señor Ministro, estaba contemplado en el proyecto, en la
clave 12, plano 2.447 ZA-2.770, pero su Gobierno no lo contruyó. Y ante
las reclamaciones que hizo el Excelentísimo Ayuntamiento, por dos veces a
la Direccion General de Carreteras --y los tengo aquí en mi poder--
informó negativamente, a pesar de que usted dice que ahora se está
estudiando y que los estudios están aún sin concluir. ¿qué ocurre, señor
Ministro, que esos dos informes que emitió la Dirección General de
Carreteras se hicieron sin el estudio? Porque usted dice que está sin
concluir.
Y lo más fuerte de todo, señor Ministro, es que sólo veinte días después
de estar usted allí --y no lo digo yo, sino que lo dice la prensa; lo
dice la prensa y, además, yo lo he oíso a través de cintas no gravadas
ilegalmente, sino gravadas legalmente; lo he oído de su propia voz, señor
Ministro--, veinte días después --también se refleja en titulares-- el
Gobierno Civil dice a los empresarios que ese acceso es imposible; veinte
días después el Gobernador dice que es imposible lo que prometió veinte
días antes el señor Ministro. Claro es que en medio de esos veinte días,
señor Ministro, se produjeron unas elecciones municipales que otorgaron
la mayoría absoluta al Partido Popular.
En cualquier caso, señor Ministro, creo que ya está bien de tomadura de
pelo, que el Ministerio lleva ya tres años jugando el pim pam pum con ese
acceso sobre el cual está proyectada una inversión, ya ejecutada, de casi
2.000 millones
de pesetas del municipio y de la junta de Castilla y León, y que existen
dudas más que razonables, señor Ministro, ante la incongruencia de sus
manifestaciones y las del Gobernador, de si lo que realmente está
sucediendo es un castigo a esa ciudad y a esa Comunidad proque los
gobiernos, de forma reiterada, no son socialistas. Señor Ministro, usted
anunció insistente ese día que iba sin el gorro de Ministro; nosotros no
conocíamos que entre los atributos del Ministro estuviese esa prenda de
vestir, por eso queremos saber si lo que quería decir al referirse a que
iba sin gorro de Ministro es que eran promesas al aire, y por esa misma
razón se presentó usted allí sin las más elementales normas de cortesía,
sin avisar siquiera a las autoridades municipales, visitando unas
instalaciones sobre las que evidentemente, su Ministerio no tiene
competencia, ofreciendo algo respecto a lo que algún medio podría mentir,
pero no todos, señor Ministro y todos recogían ese compromiso que veinte
días después, el señor Gobernador califica de imposible. O miente usted,
señor Ministro, o miente el Gobernador, y alguno de los dos deberia cesar
en el cargo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell
Fontelles): Gracias.
Ya sabía yo que acabaría teniendo la culpa el señor González; ya sabía yo
que, al final, tenemos que cesar todos, cuando más arriba mejor, por
algún problema que tiene usted. ¿Cómo se atreve usted a decir que el
Gobierno socialista castiga a una ciudad no construyendo un acceso a un
centro de transportes porque esta sociedad no vota a alcaldes
socialistas? ¿Se da usted cuenta ridículo que es hacer esta clase de
planteamientos? ¿cree usted de verdad que los accesos a un centro de
transportes se hacen o no se hacen en función de que una ciudad vote a un
alcalde o no lo haga? A usted le falla el inconsciente y cree que todo el
mundo es de su condición. (Rumores.) Usted cree que nosotros hacemos lo
que ustedes harían. Hay un refrán muy castellano que se refiere al
problema mental que tiene su señoría al respecto.
Y a ver si entiende usted lo del gorro. Es bien fácil. Ponga atención, y
verá como lo consigue. Además de Ministro, este Ministro es dirigente de
este Partido a través de su militancia. Cuando hay campaña electoral va a
apoyar a sus candidatos; no como Ministro. Distingo perfectamente cuando
voy con el gorro puesto y los símbolol de la función que desempeño, como,
por ejemplo, al inaugurar la circunvalación de Valladolid horas antes, de
cuando voy como militwante socialista, apoyando a mis compañeros en sus
candidaturas. Así pasé por Benavente camino de otras ciudades de Castilla
y León, y lo dejé bien claro. Dejé bien claro que puesto que, in situ, se
me planteaba un problema, cuando me volviera a poner el gorro de ministro
lo estudiaría para intentar encontrar la mejor solución. Si no llevaba el
gorro puesto, ¿cómo quiere usted que dijera que contraía una obligacion
como Ministro? ¿Lo puede usted entender? Es bien fácil si no se tuviera
la dosis, la infinita dosis de mala voluntad y de mala fe que ponen
ustedes en todas sus apreciaciones. Vamos a estudiarlo, vamos a encontrar
una solución --si las hay-- buscando una adecuación entre las
características de la zona en cuestión y los accesos que merece y
necesita, sin ninguna consideración mediocre y miserable, como la que
usted nos atribuye, es hacer o no hacer las cosas en función de quién sea
el alcalde del pueblo en cuestión. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista. --Varios señores Senadores: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JULIAN GRIMALDOS GRIMALDOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS INICIATIVAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ADECUAR LA OFERTA A
LA DEMANDA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, EN EL MARCO DE LA ASUNCION DE
COMPETENCIAS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE LA MATERIA.
(680/000482.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
don Julián Grimaldos Grimaldos, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las iniciativas previstas por el Gobierno para adecuar la oferta a la
demanda de estudios universitarios, en el marco de la asunción de
competencias por parte de las Comunidades Autónomas sobre la materia.
Tiene la palabra el Senador Grimaldos Grimaldos.
El señor GRIMALDOS GRIMALDOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el Grupo Parlamentario Socialista viene siendo motivo
de debate e inquitud el acceso de nuestros estudiantes a la Universidad.
La selección, siempre problemática, siempre compleja, se ve afectada en
la actualidad por una serie de factores consustanciales a la propia
enseñanza: la profundización en la reforma de los estudios secundarios,
la reforma de los propios estudios universitarios y, en estos momentos,
por lo que se refiere a diversas Comunidades Autónomas, el proceso de
tranferencias.
Por esto, señor Ministro, dada nuestra preocupación y basándonos en que
pueda ser clarificada la problematica de una realidad que afecta a un
elevado número de nuestros jóvenes, le formulo la siguiente pregunta:
¿cuáles son las iniciativas previstas por el gobierno para adecuas la
oferta a la demanda de estudios universitarios, en el marco de la
asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas sobre la
materia? Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suarez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría sabe que en todas las sociadades, no sólo en la espalola, se
está produciendo un desajuste entre las demandas de estudios
universitarios y la oferta que los diferentes sistemas educativos pueden
proporcionar a la juventud de sus respectivas sociadades. Debemos partir
del reconocimiento de que es imposible atender las solivitudes de todos y
cada uno de los estudios. No se puede materialmente acomodar la dotación
de los centros o los equipamientos o dotar de profesores adecuadamente
preparados al vertiginoso incremento de las solicitudes de algunas
carreteras cuando, por otra parte, la población universitaria tenderá a
disminuir dentro de unos años. No obstante, concientes de esta
problemática, estamos tomando las medidas que permiten acercar las
demandas de los estudiantes a la oferta de estudios universitarios y
asegurar la existencia de un procedimiento equitativo y objetivo para la
ordenación y la selección de los estudiantes universitarios.
En este sentido, la prueba de acceso a la Universidad tiene como
principal objetivo, al igual que ocurre en la mayoría de los países de
nuestro entorno, diferenciar a los alumnos basándose en su rendimiento
académico y sólo en esto, valorando adecuadamente su madurez y sus
conocimientos. Así, en los últimos años, se han impulsado acciones y
normas para aumentar la validez, la fiabilidad o la capacidad que tienen
las pruebas para definir objetivamente el grado de madurez de los
estudiantes y así mejorar las condiciones en que se realizan y la
objetividad de los resultados de las pruebas de selección.
Junto a ello, y en el seno del Consejo de Universidades, porque se trata
de un proceso afectado por la asunción de competencias por un conjunto de
Comunidades Sutónomas que todavía no disponían hasta el presente de
competencias en materia de enseñanza superior, se están realizando
notables esfuerzos para elaborar los módulos objetivos de capacidad de
los centros universitarios, avanzando sustancialmente en la determinación
de aquellos parámetros que deben constituir el módulo y en la
experimentación de la respuesta de las distintas universidades a la
fijación de estos criterios objetivos de capacidad.
para la formulación de estos módulos se han considerado datos relativos a
espacios docentes, a las matrículas previsibles en el primer curso y en
el total de la titulación correspondiente, así como en otros espacion
vinculados a la docencia, como pueden ser laboratorios, bibliotecas y
otras instalaciones.
Con el fin de superar los desequilibrios territoriales que pudieran
producirse, se ha venido siguiendo durante los últimos años una política
de ampliación de distrito compartido que tiende a conseguir el distrito
único, con el objetivo de alcanzar un distrito universitario nacional.
Fruto de este trabajo ha sido la decisión adoptada el 15 de junio pasado
por el Consejo de Universidades de ampliar el número de plazas en el
distrito compartido hasta el 10 por ciento, lo que constituye el doble
que el número de plazas ofertas al distrito compartido en la convocatoria
anterior.
Para alcanzar el objetivo de adecuar la demanda de estudios a la oferta
de los mismos se está diseñando, además, un instrumento de coordinación
de la oferta de titulaciones, lo que solemos llamar un mapa de
titulaciones, de carácter abierto y con el maximo grado de consenso entre
todas las Administraciones públicas con competencia. Los estudios que
hemos realizado hasta ahora han permitido establecer los criterios
generales que han de tenerse en cuenta al elaborar la programación
territorial de la oferta universitaria. Estos criterios generales son los
de diversificación y los de especificación de los estudios universitarios
con vistas a una mayor calidad y eficacia del sistema y los de
coordinación y gestión eficaz de las universidades y del Consejo de
Universidades en relación con determinadas materias, como son la
autorización de los precios de matrícula, las nuevas enseñanzas o los
propios módulos de capacidad, etcétera.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
No hay turno de réplica.
--DE DON JOSEP MARIA BELTRAN I SOLER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE EL PLAZO PREVISTO POR EL GOBIERNO
PARA RESOLVER LA INSTANCIA PROPUESTA EN LA MOCION APROBADA EL DIA 8 DE
JUNIO DE 1995 POR LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE
SE INSTA AL EJECUTIVO A CLARIFICAR SU POSICION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y
APLICACION DEL REAL DECRETO 1776/1994 Y LA ORDEN MINISTERIAL DE 14 DE
DICIEMBRE DE 1994 REGULADORES DE LA OBTENCION DE TITULOS DE ESPECIALIDAD
A DETERMINADOS LICENCIADOS EN MEDICINA. (680/000477.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos por tanto, a la pregunta
número 2 del orden del día, que es la que formula el Senador de
Convergència i Unió, don Josep María Beltrán i Soler, sobre el plazo
previsto por el Gobierno para resolver la instancia propuesta en la
moción aprobada el día 8 de junio de 1995 por la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales, por la que se insta al Ejecutivo a clarificar su
posición respecto al cumplimiento y aplicación del Real Decreto 1776/1994
y la Orden Ministerial de 14 de diciembre de 1994, reguladores de la
obtención de títulos de especialidad a determinados licenciados en
Medicina.
Después de esta intervención, tiene la palabra el Senador Beltrán i
Soler.
El señor BELTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente, la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
del Senado aprobó por unanimidad la moción presentada por Convergència i
Unió que insta al Gobierno a que clarifique su posición respecto al
cumplimiento
y aplicación del Real Decreto 1776 que articula el acceso al título de
Médico Especialista a determinados licenciados en Medicina. Desde la
aprobación de la moción se van sucediendo los mismos problemas que
originaron aquella iniciativa parlamentaria. Tanto es así, que muchos
médicos que deben renovar contratos con los hospitales en los que están
cumpliendo una función asistencial y una función docente, ya que muchos
de estos médicos están formando de residentes MIR, subren las
consecuencias de una interpretacion equivocada del Real Decreto por parte
de algunos funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia --por
cierto, criterio que parece no ser compartido por el Ministerio de
Sanidad y Consumo--, por lo que, curiosamente, deberán cesar en su
actividad --no así los funcionarios-- con el grave perjuicio que toda
esta situación comporta.
Señor Ministro, no seré yo quien diga que se está quebrando el principio
de seguridad jurídica, pero sí digo que, bajo la apariencia de un
exquisito celo en el cumplimiento estricto de este real decreto, pudiera
esconderse una actitud de obstrucción a la voluntad del legislador y, lo
que sería más grave, que se pusiera en duda el gobierno de las
Comunidades Autónomas. Y voy a explicarle el porqué.
Usted sabe que el Servei Català de la Salud, de la Consejería de Sanidad
de la Generalitat de Cataluña, ha avalado los expedientes que cumplen los
requisitos que contempla este Real Decreto y los ha tramitado en el
Ministerio de Educación y Ciencia. Pues bien, señor Ministro, ¿quien
faculta a un funcionario para que cuestione al Gobierno de la Generalitat
y devuelva estos expedientes a los médicos?
Señor Ministro, creo que este tema es muy grave. Por tanto, yo formulo al
Gobierno esta pregunta: ¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno resolver
la instancia propuesta por la moción que sobre el acceso al título de
especialidad médica por lo dispuesto en el Real Decreto 1776/1994 fue
aprobada por unanimidad en la comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del
Senado?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suarez Pertierra): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, la posición del Ministerio de Educación y Ciencia con respecto
al cumplimiento del Real Decreto y de la Orden Ministerial que se han
citado en la pregunta es la de un respeto escrupuloso de la legalidad, en
el convencimiento, además, de que este respeto escrupuloso permite exigir
los niveles adecuados de formación para nuestros médicos especialistas.
Su señoria me pide en su pregunta que especifique el plazo previsto para
resolver la instancia planteada por la moción aprobada en esta Cámara
sobre el acceso al título de especialidad médica, y la respuesta es bien
clara, señoría: el menor plazo de tiempo posible que permita mantener las
máximas garantías de que nuestros médicos especialistas mantengan un alto
grado de calidad profesional. Pero como entiendo que su señoría una mayor
precisión en mi contestación, quisiera indicar algunos aspectos que
considero deben ser tenidos en cuenta a la hora de enfrentarse con el
problema.
El primero de ellos es que el Real Decreto y la Orden que lo desarrolla
no fijan plazo ni limitación algunos para la admisión de las solicitudes.
éstas son ingresadas, señoría, de forma continua y en número --se lo
aseguro-- muy importante. Igualmente, conviene señalar la complejidad del
proceso. En él interviene el Ministerio de Sanidad y Consumo, el
Ministerio de Educación y Ciencia, por supuesto, y las comisiones médicas
de especialidad que necesitan contar con todos los instrumentos adecuados
para poder emitir su dictamen. A esta complejidad procedimental y técnica
hay que sumar el altísimo número de solicitudes registradas en los meses
en que lleva en vigor esta normativa. El Ministerio de Educación y
Ciencia estä atendiendo con especial diligencia las solicitudes
presentadas, y se está trabajando en estos expedientes con cuidado y
rigor, pero no con rigorismo, para que las comisiones nacionales puedan
decidir. Y creo, señoría, que se puede significar el notable crecimiento
del número de expedientes que ha pasado en los últimos tiempos al
dictamen de las comisiones.
El tratamiento administrativo es cuidadoso y en ningún caso, como he
dicho, rigorista. El trabajo se ha ido incrementando día a día, con el
intento de decidir lo mejor, en el sentido del cumplimiento escrupuloso
de la legaqlidad. Y para este cumplimiento escrupuloso de la legalidad
está facultado --pero, además, obligado-- el Ministerio de Educación y
Ciencia, por las normas jurídicas que su señoría ha citado en la
formulación de su pregunta, para resolver el problema, y no cualquier
otra Administración entre las Administraciones públicas españolas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Beltrán.
El señor BELTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted ha dado una respuesta que alguien podría calificar
de jesuírica, ya que es evidente que no ha dicho ninguna mentira, pero
tampoco ha dicho toda la verdad; no porque haya mentido, sino porque
quizá la desconoce. Es cierto que se ha ingresado un número muy
importante de expedientes en el Ministerio de Educación y Ciencia, pero
lo que ya no es cierto es que esos expedientes no se estén evaluando por
el Consejo Nacional de Especialidades por culpa de éste, sino porque
precisamente por esta labor obstruccionista no han llegado al Consejo de
Especialidades, señor Ministro. Dígame si es respeto escrupuloso --o hay
que utilizar otra calificación bastante más dura-- el que se exija a
estos médicos que requieren la titulación que envíen al Ministerio de
Educación y Ciencia el Boletín Oficial del Estado en el que se publicó la
convocatoria de la plaza en la formación, cuando los funcionarios
del Ministerio de Educación que lo reclaman saben perfectamente que en
los años setenta no era preceptiva dicha publicación en el Boletín
Oficial del Estado y bastaba con exponerla en los tablones de anuncios de
los centros que tenían reconocida la docencia. Señor Ministro, esto es
obstruccionismo.
Por otro lado, antes me he referido a cuestionar la administración
pública. Usted sabe que desde la Generalitat se ha ofrecido una
colaboración para ayudar en el análisis de estos expedientes. Eso se ha
realizado, y, en mi opinión, cualquier funcionario que cuestione la labor
realizada, está cuestionando al Gobierno de la Generalitat.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, cuando se habla de que el número de expedientes es muy
importante y de lo que se exige, dada la amplia posibilidad de
situaciones personales contempladas en las diferentes solicitudes, se
está diciendo, ciertamente, la verdad. Hace escasamente un mes, respondía
en el Congreso de los Diputados sobre el número de instancias que se
habían presentado solicitando este reconocimiento. hoy puedo decir a su
señoría que, a 23 de junio, este número es de 1.776; y entre la respuesta
en el Congreso, de hace un mes, y el día 23 de junio, se han ingresado
más de 400 instancias. Este es el volumen de cuestiones que tenemos que
resolver. Y como las directivas comunitarias y la legalidad española
exigen acreditar un período formativo previo a la adquisición de la
especialidad, cuando ese período no está suficientemente acreditado, es
preciso que la Administración competente --que es la Administración
central, el Ministerio de Educación y Ciencia-- se dirija a los
interesados --a través o no de otra Administración-- para que acrediten
de forma suficiente el cumplimiento de estos objetivos.
En cualquier caso, señoría, desde febrero hasta ahora, el número de
expedientes recibidos se ha multiplicado por más de dos, el de
expedientes revisados por 4,5 y el de títulos expedidos por 5,5.
Aplicamos con rigor la legalidad, como no puede por menos de exigirse a
esta administración, pero no hacemos, señoría, ningún efecto
obstruccionista.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES:
--DE DON JUAN JOSE ORTIZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO SOBRE LOS CRITERIOS, PLAZOS Y OBJETIVOS DE LA POLITICA GENERAL DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LOS OPERADORES PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES,
ENTE PUBLICO DE LA RED TECNICA ESPAÑOLA DE TELEVISION (RETEVISION) Y
CORREOS Y TELEGRAFOS, DE CARA A SU EVENTUAL POTENCIACION EN EL NUEVO
ENTORNO DE COMPETENCIA. (670/000137.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto siguiente del
orden del día: interpelación que presenta don Juan José Ortiz Pérez, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre los criterios, plazos y objetivos de
la política general del Gobierno en relación con los operadores públicos
de telecomunicaciones, Ente Público de la Red Técnica de Televisión
(retevisión) y Correos y Telégrafos, de cara a su eventual potenciación
en el nuevo entorno de la competencia.
Tiene la palabra el Senador Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorias, señor Ministro, el proceso comunitario de liberalización del
sector de las telecomunicaciones avanza, con el paso del tiempo, hasta su
tramo final, previsto para el 1 de enero de 1998. Quedan pues dos añor y
medio para que, tanto infraestructuras como servicios queden totalmente
abiertos a la competencia.
En el menor tiempo que ya queda, en España, tras el acuerdo del Gobierno
de polItica de telecomunicaciones para el perIodico transitorio de 1995 a
1998, se van ultimando o poniendo en marcha con retraso generalizado
diversas medidas para acelerar este proceso.
En el plano legislativo aún está sin instituirse la solución final --a la
que se llegará-- a uno de los temas, a nuestro juicio, más importantes:
el relativo a la ley de telecomunicaciones por cable, pendiente todavía
de debate y aprobación ante las Camaras. En este caso concreto, el
proyecto de ley ha podido aprovecharse --es sus aspecto positivo-- de los
cambios mundiales producidos, de forma que se ha pasado de la televisión
por cable a la de telecomunicaciones por cable. No ha ocurrido lo mismo
con la ley de televisión por satélite. Por su confección monopolística y
restrictiva, el texto aprobado ha producido perjuicios a hispasat, s.a.,
en la explotación de sus recursos y ha habido necesidad de modificarlo,
tal y como ha reconocido el propio Gobierno el pasado día 31 de mayo, con
la aprobación del proyecto de ley de telecomunicaciones por satélite, que
será presentado próximamente ante las cámaras.
Pero hoy, a mediados de 1995, en esta interpelación queremos referirnos
exclusivamente a otra medida concreta, también contemplada en el acuerdo
del pasado día 7 de octubre, relativa al compromiso del Gobierno de
impulsar la creación de un seguro operador nacional de redes y servicios.
Se trata de una medida que incide frontalmente en uno de los grandes
temas pendientes en el proceso de liberalización del sector: la necesidad
de potenciar o fortalecer el sector español de operadores de servicios,
de cara a la competencia internacional, que guarda alcuna relación
directa con los operadores públicos Retevisión y Telégrafos,
sobre los que se centra nuestra preocupación de cara a ese futuro, ya
comentado, de competencia.
No es descubrir nada el afirmar las razones de esta preocupación. Ambos
operadores están necesitados de medidas desde la Administración para
aseguraqr su supervivencia tras 1998. Dichas medidas ya deberían haber
sido iniciadas, y ahora, pese a la premura --y con mayor motivo--,
conviene adoptarlas con urgencia, tras un análisis minucioso que reduzca
los riesgos de error.
En la actualidad sabemos que el ente público Retevisión es el único
operador con licencia para la difusión de señales de televisión a nivel
nacional. Sus prestaciones iniciales se establecieron de manera efectiva
en el Estatuto del Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión,
en el Real Decreto 545/89, de 19 de mayo, con la asignación en monopolio
de los servicios portadores de radiodifusión sonora y televisión que
agrupaban la distribución, difusión y contribución de los programas de
Radiotelevisión Española y de los terceros canales. Con posterioridad, se
ha ido permitiendo la prestación de nuevos servicios y ahora cuenta ya
con título habilitante para prestar servicios de radiobúsqueda, de
telefonía en grupos cerrados y de telefonía móvil automática en su
modalidad GSM y en poco tiempo podrá alquilar circuitos en competencia
con Telefónica. Los fondos propios del Ente ascienden a unos 35.000
millones de pesetas y la plantilla es de unas 1.250 personas.
Pese a todo, con la ruptura del monopolio en 1998 existen fundados
temores sobre sus posibilidades de desenvolvimiento. Una muestra evidente
es que recientemente Retevisión acaba de recibir autorización del Consejo
de Ministros para crear una sociedad anónima, denominada Optel, con un
capital de 300 millones de pesetas, que será la encargada de gestionar
los títulos habilitantes de telecomunicaciones.
De momento, los ingresos en 1994 por este concepto sólo han ascendido al
5 por ciento aproximadamente, de la facturación total. Con estos
indicios, Retevisión, a juicio del propio Ministro, se perfila como
núcleo de este segundo operador, para lo cual, y según declaraciones de
la Secretaría General de Comunicaciones, el Ente Público sólo precisa
reforzar su capacidad financiera y mejorar su vocación comercial.
Por lo que se refiere al organismo de Telégrafos, integrado en el
organismo autónomo de Correos y Telégrafos, integrado en el organismo
autónomo de Correos y Telégrafos, sus perspectivas de futuro son más
sombrías. Con unos fondos propios valorados en unos 34.000 millones de
pesetas, a deducir los correspondientes a la red oficial, se debate
actualmente en la prestación de servicios en claro declive: de
telegramas, en competencia con telefónica, y de telex y burofax, en
situación análoga con el fax de telefónica.
El acuerdo repetido de 7 de octubre de 1994 reconoce la precariedad de su
situación, encomendando a Retevisión la gestión de sus recursos. pese a
sus carencias y con una gestión deficitaria participa en la utilización
de los recursos del hispasat con un alquiler de un transpondedor por el
que paga 435 millones de pesetas anuales y que todavía no puede utilizar
plenamente.
Partiendo de la situación previamente existente en nuestro país, en el
sector de los operadores de servicios se plantea ahora la decisión del
Gobierno de crear el segundo operador nacional de redes y servicios de
telecomunicaciones. Por nuestra parte y sobre la base de la información
incompleta que poseemos sobre el alcance de esta medida, he de insistir
en su segura incidencia sobre los dos operadores públicos citados,
Retevisión y Telégrafos, cuyo funcionamiento se verá afectado por esta
decisión, cualquiera que sea su contenido.
es evidente que la creación de esta nueva figura les afecta de una manera
prácticamente total, por lo que en mi intervención, y a falta de mayores
informaciones del Gobierno, primará más el concepto estricto de
interpelación para aprovechar esta comparecencia, con el fin de conocer
datos, plazos, motivaciones y contenidos de este proyecto en marcha, que
servirán para condicionar nuestro posicionamiento sobre el mismo, su
aceptación o rechazo.
Por el momento, señor Ministro, ni apoyo incondicional a este proyecto,
ni oposición a ultranza. Su contenido y forma de llevarlo a cabo pueden
ser muy variables y, en consecuencia, distintas las perspectivas o
posivilidades de éxito. Por consiguiente, confío en que nuestras
preguntas y comentarios puedan servir como motivo de reflexión al señor
Ministro y contribuyan al buen éxito que deseamos, sinceramente, a este
proyecto.
Pero se nos plantean algunas cuestiones que queremos, si es posible,
conocer el Gobierno. La primera es qué razones de interés nacional
conducen a la creación del segundo operador. ¿por qué un segundo operador
de redes y servicios? ¿su necesidad de creación se deriva de la
convicción de las ventajas de la competencia, de la demanda del mercado o
de la existencia de retevisión? ¿se piensa que puede ser el segundo
operador único o, por el contrario, el precedente de un tercero, basado
quizá en Telégrafos? ¿Se han hecho por la Administración los estudios
precisos que aseguren la viavilidad del segundo operador nacional? ¿Cuál
se piensa que podrá ser su mercado, el que consiga en competencia con
Telefónica o se prevé la búsqueda de nuevas aplicaciones hasta ahora no
cubiertas por Telefónica? ¿Cuáles serán las necesidades de la sociedad
española a cubrir en el futuro por el segundo operador: la prestación de
servicios de voz al público en general, de datos a empresas o de los
futuros servicios multimedia demandados por la sociedad de la
información?
Telefónica ocupa en la actualidad el lugar 12 a 16, aproximadamente en el
«ranking» mundial de operadores de telecomunicaciones, con un mercado y
unos efectivos todavía muy por debajo de los que ocupan grandes
operadores que están en los primeros lugares. No es uno de los mayores;
podría duplicar perfectamente sus actuales volúmenes sin llegar a
alcanzar el primer puesto. Sobre la base de las dimensiones de nuestro
país, en la eventual necesidad el segundo operador nacional, ¿ha influido
la consideración de que Telefónica hubiera alcanzado ya su techo
operacional? ¿O es quizá que se le considera incapaz de mejorar la
calidad de los servicios que presta actualmente o de ofrecer otros
nuevos, y el Gobierno, en su preocupación por solucionar los problemas,
recurre a la competencia? La
justificación hecha por el señor Ministro durante años a su política
dilatadora del proceso de liberalización ha estado basada en la
universidad del swervicio telefónico y en la estabilidad financiera del
operador principal.
Prácticamente conseguido el primer objetivo, algunos costes más
reducidos, gracias a la utilización de la tecnología móvil celular en
áreas rurales, nos surgen otras preguntas adicionales. Entre las
motivaciones del Gobierno de creación del segundo operador, ¿persiste la
de asegurar la estabilidad financiera de Telefónica? ¿se considera que su
creación no afectará a su mercado actual y futuro? ¿Se pretende que el
nuevo operador tenga entre sus obligaciones prioritarias las de
contribuir a la universalización del servicio? ¿Que tipo de competencias
se piensa establecer entre ambos?
en suma, ¿se han estudiado las medidas a tomar para que el segundo
operador no sea la vía fácil de penetración en el mercado español de
algún poderoso operador multinacional? Pese a la autirización concedida
para reducir el 12 por ciento la participación del Estado en Telefónica,
por la aplicación de la reciente Ley 12/74 de Enajenación de
Participaciones Públicas, el Gobierno ha manifestado recientemente su
intención de mantener el control sobre Telefónica, al margen de la
importancia de cuál puede ser esta participación pública.
El proyecto del segundo operador, Optel, según lo publicado, precisa la
inversión de 225.000 millones de pesetas para la aplicación de la red de
transporte en Retevisión y para cubrir otras exigencias. Sobre la base de
los datos actuales de Retevisión, ello significaría una aportación
pública del orden del 10 por ciento, salvo eventuales participaciones
futuras, que no parece vayan a producirse en el proceso de desinversión
puesto en marcha por el Gobierno.
En cualquier hipótesis, y con un 10 por ciento, ¿cabe pensar también en
este caso en un control público de este segundo operador? En suma, si la
aportación de Retevisión va a ser minoritatia, ¿qué razones han conducido
a no ejercitar otras alternativas quizá más rápidas, como un concurso
público, análogo al que se ha hecho, por ejemplo, con el segundo operador
de telefonía móvil automática, modalidad GSM. Para razonar su acción
financiera, ¿se piensa en la eventual aportación y participación en el
proyecto de alguna de las llamadas redes alternativas, actualmente
infrautilizadas, de capital nacional?
Todas estas cuestiones relacionadas con la participación pública son, a
juicio del Grupo Parlamentario Popular, de capital importancia, pues
condicionan a los posibles y futuros partícipes en el nuevo entorno.
Para terminar, señor Ministro, interpelo al Gobierno para que exponga
ante esta Cámara los criterios, plazos y objetivos de su política general
en relación con los operadores públicos de telecomunicaciones, Retevisión
y Telégrafos, de cara a su eventual potenciación en el nuevo entorno de
la competencia.
Señorías, señor Presidente, señor Ministro, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ortiz
Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, estamos viviendo una evolución tecnológica en el sector de las
telecomunicaciones y un proceso de liberalización de las mismas que,
conjuntamente, requieren un cambio estructural de las telecomunicaciones
en España. No sé por qué llama usted «retardatario» al proceso pilotado
desde el Ministerio en lo que a la liberalización delas
telecomunicaciones se refiere, porque bastaqnte más avanzados de lo que
lo están, por ejemplo, Francia y Alemania. Luego me explicará usted por
qué dice que hemos ido más despacio que los demás porque esta clase de
latiguillos, que están muy bien para la galería, no se corresponden en
absoluto con la realidad de las cosas para un observador que la conozca y
la quiera describir como es.
es evidente que están emergiendo nuevas actividades, que estas nuevas
actividades tienen capacidad para adaptarse a nuevas necesidades y que no
encajan bien en los principios de uniformidad que tradicionalmente
acompañaban a la prestación de las telecomunicaciones estándares bajo un
sistema de servicio público y, por lo tanto, de operador único, la
liberalización de las telecomunicaciones en Europa se acordó en dos
importantes resoluciones del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones
en julio de 1993 y noviembre de 1994. En ambas estuvo de acuerdo España,
casi cabría decir que las propició y contribuyó a diseñar de una forma
muy significativa. Por lo tanto, una vez más no se nos puede acusar de ir
despacio sino más bien de marcar el camino, que son dos cosas distintas.
Finalmente, el 13 de junio de esta año hemos adoptado otro paquete de
disposiciones que configuran un apretado programa mediante el cual el
servicio telefónico, y las infraestructuras de telecomunicación en
sentido más amplio, serán prestadas en competencia por varios operadores
a partir del 1 de enero de 1998.
Por lo tanto, no estamos hablando de un escenario donde tenga que emerger
un segundo operador. emergerán tantos operadores como el mercado tenga a
bien. El concepto del segundo operador está heredado de una frase del
desarrollo del proceso, la fase inglesa, que ya ha quedado superada por
los acontecimientos, cuando junto a British Telecom aparecía Mercury y
había dos en un duopolio organizado que no será el futuro. El futuro no
será «Telefónica y otro»; el futuro será tantos como quepan en el
espectro radioléctrico, y cuando no usen espectro radioeléctrico, tantos
como los inversores estimen oportuno que haya. Eso es muy importante
porque seguimos hablando, a veces por inercia, del «segundo operador»
como si solamente fuera a haber un segundo operador. Alguno será el
segundo, pero después del segundo emergerá un tercero, y vayamos a saber
cuántos más de ellos puesto que ya hemos acordado liberalizar no sólo los
servicios, sino también las infraestructuras.
En el horizonte fefinido en Europa, el Gobierno analizó el año pasado las
diferentes estrategias que tenía que seguir nuestro país para escoger la
más apropiada a nuestros intereses, a veces diversos y complejos. Y
adoptamos unas medidas, aprobadas por el Consejo de Ministros en octubre
de 1994, que debían pilotar el proceso de adaptación de nuestras
telecomunicaciones al nuevo entorno liberalizado y competitivo pero que,
al mismo tiempo, garantizase la permanencia de servicios públicos el 1 de
enero de 1998. En este contexto, su señoría me pregunta por Retevisión y
Correos y por el papel que en el futuro deberan desempeñar estos dos
operadores públicos de servicio.
El Gobierno valoró el papel que podía representar cada una de estas
entidades públicas de acuerdo con sus capacidades y con las presumibles
tendencias de los servicios que prestaban, papeles que son muy diversos
en un caso y en el otro. En Correos nos enfrentamos a una situación de
declive progresivo, aunque lento --pero inexorable-- de la demanda del
principal servicio de telecomunicaciones que prestó el télex, que está
siendo sustituido por otros más avanzados tecnológicamente, como son el
fax o la transmisión de datos. La prioridad de Correos es actualizar y
modernizar sus sistemas para que el servicio postal, que descansa en
ellos, mejore en un entorno que también será un entorno de competencia
--ya lo es-- en su parte más rentable. Por eso, el Gobierno ha
considerado que la mejor opción práctica para Correos era que su red y
sus capacidades de telecomunicación se usaran para potenciar, tecnificar,
soportar y mejorar los servicios postales, además de seguir prestando el
télex. Queremos maximizar las sinergias con la actividad postal y, por
otra parte, dada la progresiva disminución de la demanda del servicio de
télex, que deja vacante una parte importante de la capacidad de red, se
decidió que Retevisión pusiera en el mercado, en el marco de la política
decidida para este Ente Público, los excedentes de capacidad de la red de
Correos ofreciéndolos conjuntamente con sus propios excedentes.
En el caso de Retevisión, las condiciones de partida eran y son muy
diferentes. Primero, porque se trata de un operador puro de
telecomunicaciones. Segundo, porque dispone de una red troncal y moderna
de gran capacidad --estas famosas autopistas de la información ya las
tenemos, no en sus últimos tramos que llegan hasta las casas de los
vecinos, pero sí en las conexiones interterritoriales--. Tercero, porque
aglutina al único gran colectivo de personal técnico con experiencia en
redes de telecomunicación que existe en España alternativo al de
Telefónica.
Por estas tres razones, la decisión del Gobierno de liberalizar el sector
de las telecomunicaciones en 1998, de forma simultánea a la de la mayoría
de los Estados de la Unión, implicaba una doble necesidad. Primero,
introducir competencias en algunos sectores antes de esta fecha para que
el sector se fuera preparando, se fuera entrenando en el difícil arte de
competir y, segundo, generar otro operador, ahora ya dentro de una
pluralidad de ellos, que tuviese cultura empresarial y accionariado
español, que ocupase un lugar en el mercado, pues, si no, sería ocupado
por operadores de capital extranjero. A eso hacía referencia alguna de
las preguntas que, atinadamente, ha formulado su señoría.
Eso no quiere decir, insisto en ello, que el Gobierno se plantee un
régimen de duopolio para el futuro de las telecomunicaciones en España de
una forma indefinida. Este planteamiento no sería posible de mantener,
sobre todo si consideramos que la norma liberalizadora de la Unión
Europea será jurídicamente obligatoria como muy tarde en el año 2003 y,
por lo tanto, tenemos que pensar en un entorno donde un segundo operador,
que rentabilice y ponga en valor las infraestructuras ya existentes y que
esté próximo a nuestro país y a nuestra industria, será una más de las
alternativas que el mercado ofrecerá. Pero para eso hace falta una
política activa que permita que esos operadores aparezcan. Veamos la
experiencia de otros países, desde el Reino Unido hasta Australia,
pasando por Suecia o Nueva Zelanda. En las primeras fases, la evolución
del proceso conduce a un modelo duopolista, porque la dispersión de
operadores favorece obviamente al mayor, al antiguo monopolio, y por ello
el Gobierno se ha encaminado a favorecer en una primera etapa --y sólo en
una primera etapa-- un duopolio, no con la intención de perpetuar
--quiero insistir en ello-- esta situación, sino porque considera que es
la más adecuada para despegar el proceso de liberalización, y que frente
a un operador potente aparezca otro con un mínimo de capacidad.
¿Cuáles serían las actividades que podrían formar parte de un núcleo de
actividad como la que el Gobierno pretende impulsar? Obviamente, dado que
los servicios de Valor Añadido ya están liberalizados y ya están abiertos
a la competencia, los servicios principales serían la telefonía básica y
el suministro de red o, lo que es lo mismo, el alquiler de circuitos.
Este servicio ya está siendo prestado por Retevisión de forma segmentada
para distintas actividades, es soporte de servicios móviles y en breve lo
podrá prestar de forma generalizada en régimen de competencia junto a
Telefónica.
Respecto a la telefonía básica, los servicios iniciales serán los de
larga distancia o internacional, que podrá prestar interconectando con
las redes urbanas de Telefónica, de los operadores de cable que emerjan o
de las propias que pudiese tener. Y ello, en coherencia con los objetivos
del Gobierno, no debe comenzar a ser prestado antes del 1.º de enero de
1998, pero sí en esa fecha que no es, como usted ha señalado, demasiado
lejana, sino más bien preocupantemente cercana.
Este operador podrá extender su actividad en el futuro a todas aquellas
oportunidades que el proceso de liberalización le brinde lo que, sin
duda, incluye las telecomunicaciones móviles, las espaciales y las del
cable. Ello obliga a que la preparación, la obtención del título
habilitante y las inversiones que se tengan que abordar se puedan
efectuar con la suficiente antelación. Y ello también implica que el
Gobierno tenga a punto y en plazo los cambios normativos
correspondientes, de los cuales pieza angular son la regulación de las
interconexiones, algo que propiciaremos como tarea fundamental de la
Presidencia española; la de creación de un órgano arbitral, no de un
órgano regulador como a veces se dice equivocadamente, para solventar los
conflictos que en el día a día se presentarán entre los operadores de red
y de servicios, y los mecanismos de financiación de las obligaciones del
servicio público. Es obvio que cualquier operador de telecomunicaciones
no podrá estar formado únicamente por Retevisión ya que existen
necesidades financieras y de «Know how» tecnológico y,
además, también de capacidad de marketing que tienen que ser añadidas
para poder configurar un proyecto viable. Es por eso objetivo del
Gobierno concentrar en este operador otras infraestructuras de
telecomunicación existentes alternativas a las de Telefónica para no
dilapidar activos que tenemos la obligación de poner en valor.
En resumen, Retevisión es un candidato idóneo para emerger como un
operador de telecomunicaciones más allá de lo que es su fin fundacional
que también en sí mismo estará a la competencia en 1998, pero necesita
otros socios, aportaciones financieras y tecnológicas que garanticen la
viabilidad de la operación porque estamos ante un negocio intensivo en
capital y con rentabilidades a largo plazo.
Pero, permítame, señoría, que antes que nada deje muy claro que no tiene
intención el Gobierno de crear otro operador público de
telecomunicaciones y que el proceso que abordamos es un proceso que se
enmarca dentro del carácter privado de este futuro operador y eso por
tres razones, y con eso creo que contesto a no pocas de sus preguntas. La
primera es que coincidimos tanto con la opinión manifestada en el Libro
Blanco de Delors, como por el Grupo Bangemann en cuanto a que las
telecomunicaciones deben ser suficientemente atractivas para un inversor
privado y no deben requerir fuertes aportaciones presupuestarias. La
segunda es que la política presupuestaria del Gobierno y los objetivos de
convergencia descartan la opción de inversiones públicas en el sector,
sobre todo si entendemos que, además, no lo necesita. Y a este respecto
me gustaría que el ejemplo fuera seguido por algunos Gobiernos autónomos,
sin ningún ánimo de inmiscuirme en su competencia, que dedican o tienen
pensado dedicar a redes de telecomunicación cantidades cuantiosas que sin
duda podrían ser destinadas a actividades en las que sí tienen
competencias y donde las necesidades están lejos de ser cubiertas. La
tercera razón es que considero inviable de todo punto una situación de
competencia entre operadores controlados públicamente. Ello significa que
dado el origen público de Retevisión y de los otros activos de
telecomunicaciones que formen parte del proyecto, el proceso deberá
incluir una fase de privatización que debe sin embargo efectuarse de
forma gradual para poder extraer de la misma todo su valor, para no
vender hierros e instalaciones, sino vender capacidad de añadir valor, lo
cual sin duda es cada vez más importante en función del proceso de
apertura del mercado y emergencia de nuevas necesidades.
Todas estas medidas deberán ser tomadas en los tiempos adecuados, y las
podemos agrupar en dos grandes clases de actuaciones: la primera son los
cambios normativos para que antes del día 1.º de enero la telefonía
básica se pueda prestar en competencia, lo cual hoy no es posible, y no
creo tampoco que fuera deseable, habida cuenta de los desequilibrios
tarifarios, de la necesidad de garantizar el servicio universal y de la
cobertura integral del territorio.
Pero no basta con liberalizar. Señorías, sé que es una palabra con un
enorme atractivo, suena a libertad, y eso atrae inmediatamente una
corriente de simpatía. Pero la experiencia de otros países, que iniciaron
hace tiempo este camino, ha demostrado que hay que regular la
liberalización. Valga lo que podría entenderse como un contrasentido. Hay
que liberalizar pero regular el proceso de liberalización, porque sin una
regulación fuerte, sin unas condiciones de interconexión definidas para
las redes y los servicios, primero, la competencia no existe, y, segundo,
el servicio universal desaparece. La competencia no existe porque no
estamos ante una competencia de vendedores de frutas y verduras que se
instalan en el mercado de la plaza de un pueblo, sino ante una
competencia sofisticada y compleja en un contexto cambiante, que requiere
una regulación precisa que evite abusos de posición dominante y evite
también los problemas que se pueden derivar de la falta de dimensión de
los competidores. Otro factor para la competencia efectiva es, sin duda,
que las alternativas al primer operador no se disgreguen en demasiados
proyectos distintos.
Por otra parte, señoría, y con esto acabo, señor Presidente, dado que no
estamos dispuestos a sacrificar la universalidad del servicio telefónico
en aras de la competencia --queremos las dos cosas, la eficacia que la
competencia aporta, pero también la garantía de la igualdad que un
servicio universal garantiza-- y, por otra parte, tampoco creemos que
fuera necesario hacer este sacrificio, ya que tenemos que encontrar
soluciones que permitan financiar en un nuevo entorno, hay también que
regular los mecanismos financieros necesarios para que todos los agentes
económicos que operen en el mercado de las telecomunicaciones contribuyan
proporcionalmente a la financiación de las obligaciones de servicio
público. Ello requiere, sin duda, redactar una nueva ley de ordenación de
las telecomunicaciones, que espero que pueda ser aprobada este año, de
forma que los nuevos operadores puedan tener títulos habilitantes a
partir del año que viene con tiempo suficiente. Ya está operando
Retevisión, con sus infraestructuras y aquellas que comercializa de los
excedentes de correos, como soporte del segundo operador de telefonía
móvil, como parte del mercado que quisiéramos rico y plural de alquiler
de circuitos y como parte del sistema de provisión de servicios de valor
añadido, desde los V-SAT, usando el satélite, hasta todos aquellos que
añaden inteligencia de red a los servicios e infraestructuras existentes.
Debe operar como segundo operador de todos los servicios ya dentro de muy
poco tiempo --enero de 1998-- pero para ello, insisto, es necesario que
potenciemos los activos públicos, que son propiedad colectiva de la
Nación española, que no pueden ser malvendidos, que tienen que ser
puestos en valor antes de pasar a unas manos que permitan aportar los
activos necesarios para complementar su potencialidad financiera y
tecnológica.
Todo ello se inscribe dentro de una estrategia muy medida, muy pensada,
que no ha querido dar saltos en el vacío, que no ha querido copiar
experiencias que no han dado todos los frutos que se preveía que pudieran
dar, que ha acompasado las acciones a las de nuestros socios europeos y
ha ido preparando un terreno donde sea posible a la vez garantizar la
igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios básicos de las
nuevas telecomunicaciones, dotar al mercado de una oferta variada y
competitiva que mejore la eficacia de nuestro sistema productivo, pero
también valorar los servicios públicos, los activos públicos y potenciar
aquellos operadores que puedan utilizar ambas cosas
en un desarrollo importantísimo para nuestro país, porque se trata, sin
duda, de uno de los sectores más determinantes, a la vez, de la cohesión
social y territorial y de la competitividad económica.
Espero haber contestado, señoría, a la mayoría de sus preguntas, y quedo
a su disposición para que en el turno de réplicas y contrarréplicas
podamos incrementar nuestro conocimiento mutuo para poder contrastar
opiniones y contribuir en este juego a definir la mejor estrategia para
nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Ministro.
El Senador Ortiz Pérez tiene la palabra durante cinco minutos.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tengo que agradecer sinceramente el tono de su
contestación y, además, la amplitud de datos facilitados. Creo que entre
los dos hemos conseguido, por lo menos, despejar algunas dudas que nos
preocupaban tanto al Gobierno como al Grupo Parlamentario Popular.
Si le he dicho en mi primera intervención que estamos sufriendo retrasos
en el proceso de liberalización, tengo que referirme, señor Ministro, al
primer retraso cuando iniciamos el concurso para adjudicar la telefonía
móvil automática. Usted debe reconocer conmigo, señor Ministro, que se
sufrieron importantes retrasos antes de convocar el concurso y adjudicar
al operador de telefonía móvil. Esa es la única crítica que le he hecho
en mi intervención y creo que en eso sí que estaremos de acuerdo usted y
yo, señor Ministro.
Quiero dejarle muy claro también que, desde el Grupo Parlamentario
Popular y en las iniciativas que he presentado y he defendido en esta
Cámara, hemos dejado siempre muy claro que nuestra intención no es ni
perjudicar a Telefónica como primer operador ni en este caso tampoco, en
esta interpelación, a los operadores públicos de Retevisión y de
Telégrafos. Lo único que decimos es que el proceso de liberalización de
las telecomunicaciones es inevitable, que efectivamente está previsto
para el 1.º de enero de 1998, pero lo único que pretendemos es que los
nuevos operadores tengan la misma igualdad de oportunidades que el
operador principal, en este caso Telefónica, y en el segundo caso
Retevisión.
Me ha quedado una duda en su contestación, señor Ministro. Retevisión,
¿va a contar con capital público o única y exclusivamente con capital
privado? Es la única duda que tenía en este momento, porque, según tengo
entendido, por ejemplo en el proceso de privatizar Telefónica o de vender
activos de Telefónica creo que hay serias discrepancias dentro del seno
del propio Gobierno. Usted, señor Ministro, es partidario de vender el 12
por ciento de acciones de Telefónica y creo que algunos compañeros de su
Gabinete no están por la labor de complacer a su señoría. Es una duda que
me queda en este momento que me gustaría que su señoría me aclarara.
Me alegra también que haya anunciado que próximamente vamos a tener una
nueva ley de ordenación de las telecomunicaciones. Creo recordar, señor
Ministro, que desde el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso
como aquí en esta Cámara, hemos insistido en que sería necesario para
adecuar a los nuevos operadores esa nueva redacción de la ley de
ordenación de las telecomunicaciones. Tenga en cuenta, señor Ministro --y
no es la primera vez que se lo manifiesto--, que estamos dispuestos a
consensuar importantes leyes, tanto la que estamos ahora pendiente de
debatir de telecomunicaciones por cable, de televisiones locales, como la
nueva ley de ordenación de las telecomunicaciones.
No tengo nada más que añadir en esta intervención, sino reiterar mi
agradecimiento. Espero que me aclare si esas discrepancias dentro del
seno del Gobierno existen o son meras especulaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Beguer tiene la palabra en turno de portavoces.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, en primer lugar, quiero manifestar nuestro
deseo de que el funcionario que ha resultado herido esta mañana en el
edificio central de Correos se reponga lo más pronto posible.
Con respecto a la interpelación del Senador Ortiz Pérez, que consideramos
realmente muy interesante, así como la respuesta del señor Ministro, para
conocer el futuro de las telecomunicaciones en España, y de un modo muy
especial de Retevisión --a pesar de que algunas cosas, dado el número de
detalles que tanto por parte del Senador Ortiz como del Ministro se han
facilitado, se nos hayan podido escapar--. Entendemos que el tema es
interesante, y dado que Retevisión, a nuestro juicio, desde 1992 dispone
de una red extensa y de alta calidad tecnológica, pensamos que estamos
ante un tema no sólo de importancia técnica, sino también de importancia
para todo el Estado. A nuestro entender, la amplia y dilatada experiencia
de Retevisión en el mantenimiento y en la explotación de instalaciones
audiovisuales --hay que pensar que dispone, si no estamos mal informados,
de 1.400 centros de difusión en España-- la sitúan en excelentes
condiciones de cara a las futuras redes de cable, que previsiblemente se
han de extender en un futuro próximo cuando se apruebe y entre en vigor
su regulación, es decir, la ley que en estos momentos se está debatiendo
en el Congreso. Asimismo el hecho de que hace unos meses Retevisión fuese
rehabilitada --en aquellos momentos se hablaba como segundo operador, y
el señor Ministro nos ha dicho que no hablemos de segundo operador, sino
de un nuevo operador, toda vez que puede haber varios-- para prestar este
servicio portador del nuevo operador en telefonía móvil es otro campo en
el que realmente puede dar mucho de sí.
Nosotros queremos referirnos de un modo puntual a un tema, toda vez que
hoy por hoy el principal negocio de Retevisión pensamos que todavía es el
transporte y difusión de las señales de las televisiones públicas y
privadas, y queremos manifestar nuestro deseo de que se complete lo antes
posible la cobertura en aquellas zonas donde todavía no llega la
televisión privada, suponemos que la pública ya llega a toda la geografía
española, pero nuestro deseo es de que en aquellos puntos donde la
televisión privada todavía no llega, Retevisión haga todo lo posible para
que se complete en el más breve plazo posible.
Para acabar queremos reiterar que pensamos, por lo que conocemos del tema
y sobre todo por lo que se ha manifestado aquí, que las instalaciones, el
colectivo técnico de Retevisión y cuanto está en proyecto para un próximo
futuro, que estamos ante un sector altamente tecnificado en el que España
se encuentra en buenas condiciones para competir con otros países ante
1998, fecha que efectivamente está a la vuelta de la esquina.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces también el Grupo Popular puede intervenir. El
Senador Ortiz Pérez tiene la palabra.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad y también para pedir al señor Ministro que
transmita las muestras de afecto y sentimiento del Grupo Parlamentario
Popular y también las muestras de repulsa y condena por el brutal
atentado cometido esta mañana en el edificio de Correos. Vayan, señor
Ministro, nuestras muestras de afecto al funcionario herido y nuestras
muestras de repulsa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias por sus manifestaciones de
condolencia. Ciertamente esta mañana esta trágica lotería de la muerte ha
vuelto a depositar su triste rastro en un trabajador del Servicio de
Correos que ha sido intervenido esta mañana y cuyo estado es mejor del
que inicialmente se temía. Naturalmente su repulsa al atentado forma
parte del que sentimos y experimentamos todos.
En cuanto al objeto de la interpelación su señoría pregunta: ¿hay
discrepancias en el seno del Gobierno sobre la privatización de
Telefónica? Un Gobierno está hecho para debatir y para adoptar
decisiones. Y naturalmente si 17 ciudadanos, todos ellos con una
inteligencia pongamos media pero situados en perspectivas distintas de
problemas complejos, estuvieran sistemáticamente de acuerdo en todo, algo
no funcionaría. El debate sería imposible porque antes de iniciarlo
habría ya un acuerdo mecánico sobre cosas que necesitan ser debatidas
porque tienen, como todo en la política compleja que nos toca vivir,
ventajas e inconvenientes, y hay que comparar con lo que hacen otros
países. En Alemania, por ejemplo, el cien por cien del capital de su
operador de telecomunicaciones, «Deutsch Telekom», es público. «France
Telecom» es público al cien por cien, y no parece que estos dos países se
propongan, de forma inmediata, privatizar al cien por cien estos enormes
conglomerados tecnológicos.
España está mucho más avanzada en el camino de la privatización de su
operador que ningún otro país europeo, con la única salvedad de
Inglaterra, que no siempre es --permítanme decirlo-- un modelo a imitar.
Tenemos el 32 por ciento, y pronto será el 20 por ciento, del capital de
nuestro operador de telecomunicaciones, que es la proporción más baja de
toda Europa después de Inglaterra. Siendo así --y así es--, hay que
graduar el proceso de enajenación de activos en función de un conjunto de
circunstancia que, a su vez, dependen de la evolución del sector y de
cómo se acabe regulando el proceso en Europa y en el mundo.
Lo que he querido dejar claro a su señoría es que el Ministerio de las
telecomunicaciones no tiene la intención --como a veces se le acusa-- de
sustituir a Telefónica, como operador público, por otro operador que
heredara la naturaleza pública que Telefónica perdió hace mucho tiempo,
porque hace mucho tiempo que no es una sociedad con mayoría de capital
público --y creo que no lo ha sido nunca--, sino todo lo contrario: crear
otro operador que participe en un mercado competitivo y en cuyo capital
estará o no presente el sector público en función de la evolución que
tenga el conjunto de actividades y de operadores. En mi opinión, a medio
plazo, no debería haber en Retevisión, necesariamente, ninguna
participación significativa de capital público. Y digo en el medio plazo
porque no soy partidario de vender Retevisión al cien por cien en el
mercado como quien vende un mueble viejo. No lo es. Hay que ponerlo en
valor valor, y eso requiere un proceso de capitalización financiera y
tecnológica que vaya acompañado de una disminución de la participación
pública, que puede llegar a ser del cero por ciento en función, insisto,
de cómo evolucione el sector. Hoy, con lo que podemos atisbar que va a
ser este sector, es probable que no sea necesaria una participación
pública en el operador que nazca de Retevisión, y que tampoco lo sea en
el de las telecomunicaciones básicas, pero hoy no estaría en condiciones
de garantizar eso. Habrá que ver qué hacen Francia y Alemania; habrá que
ver cuán competitivo acaba siendo el mercado; habrá que ver cómo se
administran las obligaciones de servicio público, que deben subsistir. Y
yo no digo que una obligación de servicio público requiera
inexorablemente la naturaleza pública del operador que la preste; no
necesariamente. Pero a lo mejor es conveniente que exista una presencia
en el operador que presta un servicio de carácter universal a través de
una relación contractual con el poder público que lo garantiza y lo
financia. Estos son interrogantes que nadie está hoy en condiciones de
desvelar, que se presentan igual con una participación del 20 por ciento
que del 32 por ciento, y que nos obligan a actuar con tino,
sin saltos en el vacío, como le he dicho antes, y generando una dinámica
que vaya permitiendo poner en valor de lo que tenemos, haciendo que
participe cada vez más en un mercado competitivo, pero garantizando el
servicio público que debemos garantizar en un país tan desigual como es
España, en lo territorial y en lo social, si queremos que el desarrollo
de las telecomunicaciones no cree una desigualdad añadida, que es el
tener o no tener acceso a lo que determinará la capacidad de conocer y
actuar en el futuro.
Por eso quiero tranquilizarle. No quiero una Retevisión que sea la
Telefónica bis, ni que tenga y mantenga el carácter público que
Telefónica ha perdido, pero quiero que el proceso sea gradual para
permitir poner en valor de lo que tenemos y transmitirlo a condiciones
competitivas de la forma más eficiente posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ISIDRO FERNANDEZ ROZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL MARCO JURIDICO DEFINITIVO PARA EL SISTEMA DE ACCESO Y
PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD. (670/000138.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación es la
que formula el Senador don Isidro Fernández Rozada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre el marco jurídico definitivo
para el sistema de acceso y permanencia en la Universidad.
Tiene la palabra su señoría.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro de Educación y Ciencia, el
asunto que hoy es materia de interpelación reúne, a nuestro juicio, todos
los ingredientes para que sea atractivo, para que cuantos estamos
asistiendo a este debate nos sintamos llamados a participar ante el
máximo responsable de la educación del Gobierno de España pueda
aclararnos dudas razonables sobre este sistema de acceso y permanencia en
la Universidad, tradicionalmente conocido por Selectividad. Somos muchos
los españoles que tenemos esa preocupación.
Las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad vienen siendo,
desde hace bastantes años, objeto de debate. Mucho tiempo ha transcurrido
desde que se implantó, allá por el año 1974, la primera Selectividad
general en la Universidad española. Mucho tiempo, digo, ha transcurrido y
desde entonces, señor Ministro, no podemos hallar al día de hoy motivo de
satisfacción en el funcionamiento del régimen de la Selectividad en las
diferentes universidades españolas, como recientemente ha tenido ocasión
de transmitirnos el propio Defensor del Pueblo en su informe
correspondiente al año 1994. Como cada año, el Defensor del Pueblo
manifiesta en su informe la frustración de un gran número de alumnos que
han acudido a la institución por no haber podido ingresar en un
determinado centro universitario o en una enseñanza concreta por tratarse
de un centro o de unos estudios con un límite máximo de admisión de
alumnos.
El reconocimiento de la dificultad de hallar un ajuste perfecto entre
oferta y demanda no puede ser óbice para advertir seguidamente que la Ley
de Reforma Universitaria reconoce en su artículo 25 el derecho de todos
los españoles a estudiar en la universidad de su elección. En estos
momentos debe ser labor fundamental conseguir este derecho que tienen los
alumnos reconocido en esa Ley de Reforma Universitaria. Deber que, por
otra parte, más de 20 años después de las primera selectividades continúa
sin hacerse efectivo. Obligación que 12 años después del inicio de la
vigencia de la citada Ley de Reforma Universitaria, por tanto, de etapa
constitucional ya, persiste incumplida.
Esta situación es preocupante no sólo porque comporta en muchos casos
arruinar vocaciones, sino porque demuestra la incapacidad notoria que por
parte del Gobierno se viene sucediendo desde entonces para permitir que
nuestras universidades estén permanentemente actualizadas respecto de las
orientaciones y cambios que los tiempos determinan en los estudios a
desarrollar.
El propio Defensor del Pueblo se encarga de recordarnos que continúa
pendiente de implantación el módulo objetivo que permita a las distintas
universidades determinar la capacidad de sus centros que un año más
continúa siendo la que con carácter provisional estableció la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1.005, de 1991, de 14 de de junio,
lo que ha significado que la aplicación del procedimiento para el ingreso
en los centros universitarios haya provocado la presentación de numerosas
quejas, todas las cuales reflejan, sin duda, la persistente inadecuación
entre la oferta y la demanda de plazas para determinados centros y
enseñanzas.
Por tanto, señor Ministro, la situación puede resumirse en los siguientes
puntos: En primer lugar, tras doce años de vigencia de la Ley de Reforma
Universitaria, los estudiantes españoles no pueden acceder al estudio en
la Universidad de su elección.
En segundo lugar, los requisitos necesarios para el acceso a la
Universidad, que habrían de estar configurados por una Ley de las Cortes
Generales, no parece que merezcan la atención del Gobierno, tras
reiteradas denuncias de nuestro Grupo Parlamentario, que ha sido
sistemáticamente desoído y, por tanto, ha visto rechazadas sus
propuestas.
En tercer lugar, la Universidad española padece una grave restricción a
la movilidad que choca con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, aspecto que únicamente ha merecido la insatisfactoria
solución propuesta para el cupo fijado en el Decreto 1.005, de 1991, del
5 por ciento en cada titulación, con un tope de diez plazas para cada
centro, y que a primera vista más bien parece una burla al principio de
la libre elección que una concesión al mismo.
En cuarto lugar, las universidades españolas continúan sin fijar la
capacidad de sus centros ya que el Consejo de Universidades todavía no ha
establecido los módulos
objetivos que permitan calcular la capacidad de los respectivos centros.
Esto, como muy bien sabe el señor Ministro, ha significado asimismo
desplazar las competencias propias de las universidades al citado Consejo
de Universidades --que únicamente tendría que ocuparse de los módulos,
aunque tampoco lo hace-- y, en cambio, las universidades se ven sometidas
a solicitar del Consejo el establecimiento de límites máximos de
admisión.
En quinto lugar, las disposiciones dictadas en los últimos tiempos para
poner en marcha los acuerdos del Consejo de Universidades sobre
modificación de las pruebas de acceso a la Universidad, que pretendían
lograr una serie importante de objetivos, no han conseguido que éstos
alcancen en la gran mayoría de los casos, ni en el curso 1992-93 ni en el
1993-94, el objetivo previsto.
Las universidades no se ponen de acuerdo respecto del aumento del número
de días para la realización de las pruebas de acceso, ni sobre los
criterios para el planteamiento de las pruebas, ni respecto de la
fijación definitiva del programa de COU, ni en el establecimiento de
criterios detallados de corrección de los exámenes. En suma, señor
Ministro, se trata de una prueba plena de incapacidad para hacer cumplir
las propias disposiciones que propicia, a nuestro juicio, conductas de
todo género entre las universidades españolas, contribuyendo todo ello a
dañar aún más la maltrecha imagen que hoy presentan.
En sexto lugar, no existe una única Selectividad, como muy bien saben sus
señorías, y como siempre ha venido sucediendo, desgraciadamente, desde
aquel lejano año de 1974, es decir, una única prueba para todos los
alumnos. En primer lugar, existen unas pruebas para los alumnos de COU
que son distintas para cada distrito universitario según las materias, ya
que cada coordinador decide cuál es el programa a explicar en cada curso.
Existen otras pruebas distintas para los alumnos procedentes del
bachillerato Logse, con supresión de la parte correspondiente a
Filosofía, como muy bien saben, a partir de este año. Unas terceras
pruebas se refieren a los alumnos que han cursado estudios en el
extranjero, habiendo sido éstos convalidados por el COU. Existe también
un acceso directo a Formación Profesional de segundo grado y de los
módulos profesionales de nivel 3 a las Escuelas Universitarias. Por
último, existen las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años. Y esta relación se cierra, señorías, con la obligación que tienen
los alumnos que quieran estudiar Educación Física o Bellas Artes, que
deberían superar unas pruebas específicas, ya que aunque hayan obtenido
buenas notas en el Bachillerato o en el propio COU no pueden tener las
condiciones especiales que requieren estos estudios.
En definitiva, señoras y Senadores, señor Ministro, la realidad pone de
manifiesto que el objetivo principal de las pruebas, que es evaluar la
madurez del alumno previamente a su ingreso en la Universidad no es tal,
sino un mecanismo para adjudicar plazas según las calificaciones
obtenidas. Además, tras este filtro, la consecuencia ulterior no siempre
es positiva, porque un gran número de alumnos aspirantes a iniciar
determinadas disciplinas, tras superar con una buena calificación las
pruebas de acceso, no logran la plaza solicitada por ser su calificación
inferior a la exigida para ser admitido en el centro universitario donde
se imparten las enseñanzas de su elección, viéndose, por tanto, estos
alumnos obligados a iniciar otros estudios que, en principio, no
deseaban.
Señor Ministro, bien es cierto que nuestra realidad social precisa de la
concurrencia de unas pruebas encaminadas a condicionar el ejercicio del
derecho a acceder a los niveles de enseñanza no obligatoria a la
capacidad del alumno, en la medida en que así se acredita el
aprovechamiento del servicio como un aditamento para devolver a nuestras
universidades el prestigio perdido. La Ley General de Educación ya había
previsto dotar al sistema educativo de una regulación destinada a
seleccionar a los más capaces para cada una de las principales vertientes
educativas. Vemos que en estos momentos ello no es posible; en primer
lugar, por simples limitaciones objetivas de plazas y, en segundo lugar,
por concentración de oferta educativa en algunas áreas determinadas con
abandono y precaria respuesta para otras demandas sociales. Se hace, por
tanto, inevitable acercar Universidad y sociedad, adecuar capacidades de
los centros universitarios a esa demanda social. Pero, entre tanto, señor
Ministro, resulta imprescindible la implantación de normas que regulen
las oportunas pruebas de aptitud en las que se garantice la adecuada
distribución de estudiantes a partir de las aptitudes específicas para
cada disciplina, haciendo así efectivo el principio de capacidad y mérito
reconocido en la Constitución española.
En definitiva, la restricción de acceso a universidades o distritos
concretos ataca a un derecho esencial reconocido en la Ley de Reforma
Universitaria y, junto a ese derecho, al de libre circulación de las
personas, reconocido en el Tratado de Maastricht.
El aumento de la oferta universitaria persiste en mantener el defecto de
la falta de proporcionalidad aún existente entre las capacidades de los
centros universitarios y las demandas de las plazas. El denominado
distrito compartido es, a nuestro juicio, un fracaso. Y aún más: los
estudiantes que han de recurrir a hacerlo fuera de su residencia habitual
carecen de ayudas especiales e independientes de la oferta global que les
permita hacer efectivo el derecho alcanzado.
Señor Ministro, más de un 30 por ciento de los estudiantes no estudian lo
que quieren vocacionalmente. El coste de la Selectividad es grandioso.
Los alumnos están discriminados según los estudios de que procedan. Los
estudiantes que realizan la prueba en septiembre se enfrentan al doble
reto de aprobar y lograr después plaza, lo que resulta imposible, salvo
para centros de Humanidades o Escuelas de Magisterio, como muy bien saben
sus señorías. Todo un poema para el futuro de nuestros hijos; un panorama
desolador para quienes tengan que enfrentarse con la Selectividad; un
ambiente negativo que va paulatinamente calando en las generaciones de
estudiantes a quienes queden algunos años para enfrentarse con las
pruebas. En suma, un problema conocido que todos hemos tenido ocasión de
presenciar, bien directamente, bien indirectamente, a través de
familiares o amigos. Esta es una cuestión que merece un tratamiento en
profundidad, para que el señor
Ministro, en un momento determinado, pueda hacerse eco de estas
adversidades que están atravesando los estudiantes españoles en su etapa
de acceso y permanencia en la Universidad, a fin de dar soluciones
legales y económicas, las precisas que se deben exigir imperiosamente en
la calamitosa situación actual.
Nosotros estamos convencidos de que la Selectividad no es querida en
estos momentos, no sólo por los estudiantes, sino por todo el ámbito
universitario dentro de lo que es la realización y puesta en marcha del
mecanismo de acceso. Está siendo objeto de crítica por todas partes. No
existe una homogeneización de la prueba que pueda permitir la garantía de
que detrás de estas pruebas se esconde la verdadera realidad de evaluar
la aptitud de estos estudiantes que acceden, fundamentalmente, a la
elección que, por vocación, hayan querido determinar en la carrera. Por
eso nosotros creemos, señor Ministro, que, en primer lugar, deben
cumplirse las normas legales que contemplan tanto la Constitución
española como la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo, y, en segundo lugar, alcanzar
los mayores niveles posibles de justicia, de rigor y de respuesta a las
inquietudes de la sociedad, intentando lograr la homogeneización de las
pruebas. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular interpela al señor
Ministro de Educación para que exponga cuál es el marco jurídico
definitivo para el sistema de acceso y permanencia en la Universidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, comparezco ante esta Cámara con el fin de dar
respuesta a la interpelación planteada por su señoría, en el sentido de
exponer el marco jurídico del acceso y permanencia de nuestros
estudiantes en la Universidad española.
Como sus señorías conocen, el acceso a la Universidad ha sido y es objeto
de reflexión y debate, así como motivo no sólo de curiosidad, sino, por
supuesto, de preocupación por parte de la comunidad educativa y de la
sociedad en su conjunto. Todo ello, sin perjuicio de que el panorama, en
la perspectiva del Gobierno, no sea lo calamitoso y catastrofista que su
señoría ha presentado, sino producto, en lo bueno y en lo menos bueno, de
la enorme extensión de la educación universitaria que se ha producido en
España en los últimos años, que nos obliga a crecer casi al doble
--crecimiento del que todos debemos sentirnos orgullosos-- que otros
países que nos pueden servir de punto de referencia porque son miembros
de la Unión Europea.
El problema fundamental que plantea el acceso a la Universidad es que hay
más solicitudes para determinadas enseñanzas universitarias que número de
plazas que están disponibles en ellas. Esto ocurre en nuestro país y en
el resto de los países de nuestro entorno, y probablemente seguirá
ocurriendo en las sociedades avanzadas, a medida que vayan progresando.
No se pueden atender todas las solicitudes para todos y cada uno de los
estudios porque es imposible acomodar la dotación de centros,
equipamientos y profesores adecuadamente preparados al vertiginoso
incremento de las solicitudes para estudiar algunas carreras; incremento
que va a sufrir, al cabo de unos años, un parón importante que producirá
consecuencias que es necesario prever en la planificación universitaria.
Las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad --tradicionalmente
conocidas como Selectividad-- fueron concebidas como pruebas de madurez.
Inicialmente se pretendía con ellas garantizar la capacidad de los
alumnos de Bachillerato para seguir con aprovechamiento las enseñanzas
universitarias. Además de ello, las pruebas se convirtieron en la única
evaluación externa al sistema educativo en nuestro país --lo cual es muy
importante, y yo creo que necesario-- y, en este sentido, como el sistema
que permite homologar la consecución de los objetivos marcados para la
Educación Secundaria y las calificaciones obtenidas por los alumnos en
los centros, ya sean públicos o de carácter privado. A medida que ha ido
aumentando el número de alumnos que acceden a la Universidad y, sobre
todo, de elevarse de manera destacadísima el número de solicitudes para
cursar determinadas enseñanzas --como ya se ha dicho--, la escasez de
plazas ha exigido establecer un procedimiento equitativo y objetivo para
la ordenación y la selección de los alumnos.
Se puede afirmar, señorías, que hay un acuerdo social, prácticamente
unánime, dentro y fuera de nuestras fronteras, en el sentido de que el
único criterio aceptable para diferenciar a los alumnos es su rendimiento
académico. Por ello, la función encomendada a las pruebas de acceso de
ordenar a los estudiantes para otorgarles prioridad en la elección de
carrera ha ido tomando una importancia creciente en los últimos años y,
al mismo tiempo, según ha ido aumentando la importancia de esta función,
se ha ido agudizando la sensibilidad hacia la objetividad necesaria para
las calificaciones y del proceso selectivo que las calificaciones
implican.
Por tanto, señorías, se ha pretendido que las actuales pruebas de acceso
permitan medir la madurez de los alumnos, homologar sus calificaciones y
ordenar a los alumnos de manera más adecuada. Es decir, se trata de
ofrecer las plazas disponibles en los estudios más solicitados a aquellos
alumnos que acrediten mayores méritos académicos, y para ello es
necesario establecer un procedimiento de selección que permita medir con
las máximas garantías de objetividad, de equidad y de justicia los
méritos de cada uno de los estudiantes.
Como sus señorías conocen, en este momento, y de acuerdo con el
calendario fijado en la Logse, se están aplicando dos sistemas de
ordenación académica, además de las otras pruebas diferenciadas a que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho referencia, lo que
obliga necesariamente a que la prueba de acceso a la Universidad se
adecue a los contenidos y a las características de cada uno de los dos
principales sistemas. Esta simultaneidad de sistemas desaparecerá,
señoría, lógicamente, en el momento en que se aplique la Logse, según su
calendario, con
carácter general y con carácter definitivo. En este sentido, el marco
jurídico definitivo que habrá de regular la prueba de aptitud para el
acceso a la Universidad responderá a la misma estructura y principios que
actualmente regulan esta prueba para aquellos alumnos que cursan en la
actualidad las enseñanzas previstas en la Logse y que hoy todavía son
minoritarios.
Partiendo de la premisa, que resulta lógica, de que la prueba, en tanto
que un instrumento para medir aquellas condiciones a las que antes me
refería, debe mejorarse continuamente, puede afirmarse que el sistema de
acceso que se utiliza en España es bastente similar en su conjunto al que
se lleva a cabo en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y por
toso ello se puede concluir, frente a apreciaciones que son más o menos
subjetivas, que las pruebas, por un lado, permiten valorar adecuadamente
la madurez y los conocimientos de los aspirantes; por otro, que sus
resultados están estrechamente asociados a los expedientes de los alumnos
y no a factores aleatorios o extraños, como el azar, la composición del
tribunal, el tipo del centro de precedencia, etcétera; y que son además,
y en tercer lugar, un buen predictor del rendimiento que los estudiantes
van a alcanzar en la Universidad. Ello es así, señorías, por el gran
conjunto de ajustes y modificaciones que en los últimos años se han
producido, porque no es verdad que las pruebas hayan permanecido
inmutables, con el objetivo de ir resolviendo las dificultades que el
desarrollo y aplicación de la prueba podía haber producido y con el
objetivo de mejorar progresivamente los resultados que la prueba iba
obteniendo. En este sentido, tales ajustes y modificaciones se han
dirigido fundamentalmente a mejorar la estructura y el desarrollo de la
prueba, los criterios y las condiciones de la corrección, la composición
de los tribunales y otras circunstancias que, sin duda, sus señorías
conocen. Pero la interpelación a la que su señoría se refiere es
genérica. Junto a las consideraciones que he expuesto aquí, respecto a la
prueba, en concreto, de acceso a la Universidad, conviene hacer
referencia, para dar una respuesta de conjunto y completa a la
interpelación que se formula al Gobierno, a los esfuerzos que se están
haciendo en el seno de las universidades para elaborar los módulos
objetivos de capacidad de los centros. Su señoría se ha referido a ello.
A pesar del tiempo transcurrido, que no es mucho, a pesar de la realidad
cambiante de las universidades, a pesar de la creación de nuevas
universidades, que han sido muchas, a pesar de que diferentes
titulaciones comparten los mismos espacios y a pesar de determinados
factores que han hecho imposible la adopción de una solución definitiva
en materia de definición de los módulos objetivos de capacidad, a pesar
de todo ello, creo, señorías, que se ha avanzado notablemente en la
determinación de los parámetros que deben constituir el módulo y en la
experimentación de la respuesta que frente a estos parámetros han tenido
las diferentes universidades, que son constitucionalmente autónomas.
En cuanto al concepto clave de capacidad, ésta no debe ser entendido como
un concepto abstracto, sino que debe establecerse atendiendo a diversos
parámetros, entre los que hay que considerar por lo menos los siguientes:
el espacio físico que cada universidad dedica a los diversos estudios y
su relación entre los diferentes cursos; la relación entre alumnos de
nuevo ingreso y los que permanecen en primer curso; la permanencia
general de los alumnos en los estudios correspondientes, en su primer
ciclo y en el segundo, si lo hubiere; el profesorado; los turnos en los
que se organicen las diversas enseñanzas; el cómputo de la oferta no sólo
en al universidad correspondiente, sino también en la parcela del sistema
universitario que condiciona la demanda de aquélla; por lo menos estas
circunstancias e, igualmente, hay que considerar los módulos desde una
perspectiva dinámica y, en consecuencia, reformulable temporalmente en
función del comportamiento de todos estos elementos que acabo de citar.
Por todo ello, se ha considerado necesario partir de la capacidad real de
los estudios existentes en las universidades como un elemento nuclear
para el establecimiento de módulos, modificándola por factores tales como
la capacidad estimada, la matrícula, tanto de nuevos alumnos como del
total del primer curso, la matrícula total de los estudios o la tasa
media acumulada, y en los últimos años el Consejo de Universidades ha
venido trabajando en la formulación de los módulos de capacidad y
experimentando una propuesta que es justamente en la que las
universidades se basan --y a la que ha aludido el señor portavoz-- para
efectuar sus solicitudes de límites, que se fundamentan en una propuesta
de módulos objetivos para el acceso a los centros y enseñanzas de primer
curso. Para la formulación de módulos de capacidad objetiva, se han
considerado datos relativos a espacios docentes, matrícula de primer
corso, espacios vinculados a la docencia, etcétera. La propuesta permite
cumplir el objetivo de formular módulos de capacidad y, al tiempo, de
suavizar la incidencia del mismo en un sistema académico que está en
funcionamiento y que debe seguir estándolo.
Hay que destacar, por otra parte, que la referencia debe realizarse no
sólo a centros, sino también a enseñanzas, ya que en un mismo centro
pueden impartirse diversas enseñanzas conducentes a la obtención de
diversos títulos de carácter oficial. Y sobre la base de los criterios
que acabo de exponer, y de conformidad con los dispuesto en la Ley para
la Reforma Universitaria de 1983, la capacidad de los diversos centros y
estudios para el curso académico 1995-1996 ha venido determinada por una
fórmula matemática, que podría indicar pero no explicar a sus señorías,
que ha tenido en cuenta de manera equilibrada todos los factores a los
que acabo de referirme.
Las distintas universidades han determinado el acceso a sus centros y
estudios a partir, justamente, de estos módulos, que tienen tras de sí
una aplicación experimental durante varios cursos. Con el fin de
facilitar la adecuación de la matrícula en primer curso al espacio
realmente disponible, se ha dispuesto por la propia Comisión Académica
del Consejo de Universidades que en el curso 1995-1996 se admita una
reducción de hasta un 15 por ciento en el número de plazas disponibles en
los centros, a petición razonada de la correspondiente universidad, en
uso de su legítima autonomía. En algunos casos específicos, que son casos
muy extraordinarios, dicho límite se ha ampliado hasta un 25 por ciento
al constatarse la imposibilidad material de impartir las clases en los
locales que están disponibles. La decisión final sobre los límites de
acceso en los diferentes centros y estudios de las universidades
españolas se decidió en la sesión de la Comisión Académica del Consejo de
Universidades que tuvo lugar en Santander el 15 de junio de 1995, hace,
por tanto, muy pocos días.
En relación con el marco jurídico del sistema de acceso al que alude la
interpelación de su señoría, es necesario hablar también de algo a lo que
su señoría se ha referido en su exposición oral, el distrito compartido,
y de la variación experimentada por el mismo. En los últimos años, la
oferta de plazas del distrito compartido venía siendo, como ha indicado
su señoría, de un 5 por ciento del total de plazas ofertadas, con un
máximo de diez unidades para aquellos centros que no tenían límite de
admisión. Esta es la propuesta sobre la cual las universidades han venido
decidiendo. Para el curso 1995-1996 se ha aprobado elevar estos límites
justamente al doble; ya empiezan a ser significativos, señoría. Se aprobó
elevar estos límites al 10 por ciento del total de plazas ofertadas con
un tope máximo de 20 unidades, una decisión que va en la dirección --que
comparto con la opinión del señor portavoz-- de favorecer la movilidad
estudiantil y de primar la asistencia de los estudiantes más capacitados
a los estudios que gozan de mayor prestigio. El horizonte al que se
aspira, como creo que he tenido ocasión de exponer en esta Cámara a sus
señorías, es la constitución, en una fecha lo más próxima posible, de un
verdadero distrito único universitario, ya establecido para algunos
territorios, para algunas regiones españolas en este nivel y como
producto del desarrollo de las competencias autonómicas en materia de
enseñanza superior. Este distrito único garantizaría la perfecta
movilidad de los estudiantes, derecho al que alude el propio artículo 25
de la Ley de Reforma Universitaria.
Finalmente, su señoría, no sé si en su exposición oral pero sí en su
interpelación escrita, se ha referido al sistema de permanencia en la
Universidad. He de decir, señoría, que, como indica la propia Ley de
Reforma Universitaria, el Consejo Social de cada una de las
universidades, previo informe del Consejo de Universidades, es quien debe
señalar las normas que regulan la permanencia en cada universidad. Esta
previsión ha sido cumplida en la actualidad por 16 universidades, más
una, según se me informa, en trámite de informe por el propio Consejo de
Universidades. Sin duda, está produciendo alguna dificultad la falta de
formalización por todas las universidades de estas normas de permanencia.
Por otra parte, he de decir a sus señorías que un análisis de las normas
ya publicadas hace patente que a través de diferentes modificaciones se
han venido suavizando, de manera muy notable, las normas de permanencia
en cada universidad y que esto muchas veces ejerce una influencia
negativa sobre el sistema universitario. Por ello se ha estimado
conveniente que una de las Subcomisiones que trabaja en el seno del
Consejo de Universidades, denominada Alumnado, Centros y Normativa
General, estudie la cuestión y, para próximas sesiones del Consejo,
dentro de un calendario que acerca del estudio del informe sobre
financiación y gestión universitaria se ha realizado, elabore un estudio
sobre la cuestión que se abordará en una de las próximas sesiones del
Pleno del Consejo de Universidades.
Con esto, señorías, señor portavoz, creo haber respondido a las
inquietudes que en su interpelación manifestaba.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada, por tiempo de cinco
minutos.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, la conclusión que saco de su
intervención, en contestación a la interpelación, es que más que una idea
de cambio sobre el proceso de desarrollo del acceso y permanencia de la
Selectividad en la Universidad, más que una idea de cambio, repito,
parece ser que se busca un continuismo, porque no ha establecido un marco
jurídico nuevo que pueda de alguna forma establecer las condiciones para
la celebración de estas pruebas en próximos años.
El señor Ministro se ha limitado a seguir la intervención que he
realizado en nombre de mi Grupo, y da la sensación de sentirse satisfecho
de cómo se están realizando las pruebas y del resultado de las mismas. Y
yo creo que eso, señor Ministro, es peligroso porque no está de acuerdo
con lo que piensa la sociedad en general. El debate que se produce en
estos momentos sobre la validez de las pruebas es importante, y yo creo
que nosotros no podemos hacer caso omiso a esa realidad social. Y esa
realidad social es la que día a día viven, junto con hijos, padres y
familiares, miles y miles de estudiantes que, queriendo elegir una
carrera, incluso con buenas notas obtenidas a lo largo del Bachiller y en
la propia prueba, al final no consiguen este objetivo.
Señor Ministro, usted y yo somos asturianos y conocemos la Universidad de
Oviedo, conocemos el funcionamiento del resto de las universidades, pero
le voy a poner un ejemplo de lo que ocurre en nuestra Universidad de
Oviedo. El lunes, 26 de junio --por lo tanto, ayer--, para mí fue
realmente sustancioso encontrarme reflejadas en un medio de comunicación
social importante de Asturias unas declaraciones del Vicerrector de
estudiantes que dice que el 40 por ciento de los universitarios no cursan
la carrera elegida en la Universidad de Oviedo. Yo no sé hasta qué punto
la sensibilidad de quienes gobiernan puede quedar intacta viendo que,
efectivamente, casi la mitad de los alumnos se han preparado durante
muchos años para luego no poder acceder a los estudios de su elección,
estudios que, por otra parte, son un derecho regulado, como muy bien
decía usted --y yo me he encargado también en mi intervención de
recordarlo--, en el artículo 25 de la Ley de Reforma Universitaria del
año 1983. Hoy, martes 27 de junio, concretamente en un diario nacional, y
a grandes titulares, se dice: «Elegir universidad, privilegio de unos
pocos.» Yo creo, señor Ministro, que con esto es suficiente para intentar
trasladar, por parte de nuestro Grupo Parlamentario,
al Gobierno de la nación la necesidad de un cambio profundo que permita
que la sociedad se sienta más satisfecha y menos convulsa con los
resultados de estas pruebas, con los resultados, en definitiva, de la
Selectividad. Porque, señor Ministro, no es suficiente asegurar un puesto
universitario en abstracto a los estudiantes. Se está lesionando un
derecho constitucional cuando no se puede ingresar en la universidad que
se elige o en los estudios que se solicitan en primer lugar, cuando todo
ello, además, en muchas ocasiones sucede por razones totalmente ajenas al
mérito y a la capacidad de los alumnos porque son justo otros mecanismos
los que influyen para determinar al final la elección primaria que hayan
solicitado. Por eso, señorías, yo y el Grupo Parlamentario Popular
estamos interesados en producir un cambio, una nueva ley de acceso a la
universidad que permita asegurar los derechos que, a nuestro juicio, de
forma continua y sistemática están siendo conculcados; derechos, por otra
parte, que en modo alguno se están asegurando por el Gobierno de la
nación.
Cuando se ha dicho aquí, ante la Cámara, que debe de seguir mejorándose
continuamente, y que sin embargo hay una igualdad en el entorno europeo,
tengo que decir que esto no es así. En Europa, en los países europeos con
los que ahora compartimos dentro de la Unión no existe la diversidad de
las pruebas de acceso a la universidad que tienen las pruebas que se
hacen en la universidad española. Me encargaba de recordarle al señor
Ministro que existían hasta seis tipos de pruebas diferentes. Es
necesario homogeneizar las pruebas y garantizar un sistema de acceso que
permita que el mérito y la capacidad sigan siendo los valores
fundamentales sobre los que se asiente ese principio general de dar a
cada cual lo que por su trabajo o por estudio se haya merecido, al margen
de que esté efectivamente consignado en la propia Ley de Reforma
Universitaria y, a nuestro juicio, de obligado cumplimiento.
Por lo tanto, señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores
Senadores, yo creo que es necesario un vuelco, un cambio por lo menos en
el actual sistema de celebración de las pruebas de acceso. Se hace
necesario cumplir con la legislación vigente y poner en marcha los
mecanismos que permitan que las disposiciones emanadas de su propio
Ministerio puedan cumplirse y, en definitiva, poder lograr que la
sociedad pueda conectar con la sensibilidad que precisa...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le pido que vaya
terminando.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Sí, ya estoy terminando.
... para que cada año que se celebren estas pruebas no nos veamos
involucrados en quejas continuas que luego pasan como argumento
fundamental de los estudiantes a los informes del Defensor del Pueblo,
que cada año nos recuerda ante las Cortes Generales la frustración de
miles y miles de universitarios que queriendo estudiar una carrera no
pueden hacerlo, no tanto por las notas obtenidas cuanto por el
incumplimiento de disposiciones que efectivamente hasta ahora no se han
puesto en marcha.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto no se hace uso
de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Manuel Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, desde Convergència i Unió debemos manifestar
que compartimos la preocupación que manifiesta el Senador Fernández
Rozada por las cuestiones que afectan tanto a la capacidad de las
universidades para poder atender la demanda de plazas, como a la
frustración que puedan sentir los estudiantes que queriendo, incluso
pudiendo, no alcanzan a elegir la carrera deseada. En cualquier caso,
señor Fernández Rozada, usted y yo somos de una generación que me parece
que tuvimos que vivir dificultades bastante mayores que las que viven los
estudiantes de hoy.
Por otra parte, señor Ministro, debemos manifestarle que comprendemos y
apreciamos la voluntad de respeto que ha traslucido en su intervención
respecto a la autonomía tanto de las Comunidades Autónomas como de las
universidades. No hay que olvidar que a partir de la aprobación de la Ley
de Reforma Universitaria las universidades tienen capacidad para
determinar, en el ejercicio de su autonomía, la capacidad de plazas que
están capacitadas para ofertar.
Está claro que el problema es de difícil solución, y entre todos los
agentes intervinientes en el proceso universitario habrá que ir
articulando soluciones. Sin duda, el Consejo de Universidades tiene un
papel fundamental, pero a buen seguro, señor Ministro, los estudiantes no
pueden esperar indefinidamente a que se produzca el parón que usted ha
mencionado, supongo que haciendo referencia al «baby-boom» que estamos
viviendo estos años.
Confiamos en que el marco jurídico, diseñado en función de las
previsiones contenidas en la Logse y en la Ley de Reforma Universitaria,
nos proporcione suficientes medios que vayan paliando con más rapidez que
la disminución del ingreso de peticiones en las universidades, el
calvario que nos ha descrito el señor Fernández Rozada y, en un plazo
razonable de tiempo, podamos dar satisfacción a las aspiraciones de todos
los universitarios que quieren completar su formación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Algún portavoz más quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)
¿El señor Ministro quiere cerrar esta interpelación?
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, le diría al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular que
yo concibo la prueba de la selectividad y el sistema de acceso y de
permanencia en la universidad como un sistema dinámico. No puedo sentirme
satisfecho, señoría, porque creo que ningún responsable político debe
sentirse satisfecho nunca del funcionamiento de los sistemas educativos,
ya que nunca ningún sistema alcanzará un grado de perfección tal en ese
funcionamiento que lo permita. Pero quiero decir a su señoría que
sinceramente pienso que es avanzado, que la prueba de selectividad no ha
permanecido, como ha parecido dar a entender su señoría, desde hace
veinte años, inmutable, que se ha perfeccionado y objetivado con sistemas
que están dando el buen resultado que creo que sus señorías pueden
apreciar en la convocatoria de este año que se está celebrando durante
estos días en que esta interpelación se produce, y que ha supuesto
cambios sustanciales desde el punto de vista de la perfección de la
prueba, de la objetividad, de la necesidad de comprobar aquellos
objetivos que la prueba tiene que comprobar, o de la revisión de los
exámenes o de la composición de los tribunales, etcétera, durante los dos
cursos anteriores a éste. Un sistema que sus señorías seguramente manejan
porque está previsto y se ha aplicado en determinadas disposiciones
jurídicas, todas ellas, vuelvo a repetir, sin perjuicio de la legítima
autonomía de las universidades. No ha permanecido en absoluto inmutable.
Otros países tienen el sistema de la selectividad. España tiene un
sistema que es el de aplicación general en el conjunto de los países de
nuestro entorno, sin perjuicio de matices. Hay determinados estudios
realizados por expertos que están perfectamente reconocidos por todos y
desde la perspectiva de comparar los diferentes sistemas de prueba de
acceso para la realización de estudios superiores. De estos estudios
existen algunas conclusiones, como las que me voy a permitir indicar a
sus señorías, y sólo leeré algunas, señor Presidente.
Todos los países excepto uno, Bélgica, establecen pruebas que deben ser
superadas para poder ingresar, como requisito, en las enseñanzas
superiores. En todos los países del estudio, que son los países europeos,
la concepción de las pruebas es académica, es decir, está concebida para
iniciar y continuar estudios superiores, estudios universitarios. Todos
los países confieren a las pruebas de acceso una validez de carácter
nacional.
Un aspecto común a todos los países es la limitación de plazas en algunas
carreras universitarias, generalmente el ingreso en éstas está
condicionado a la obtención de una buena calificación de las pruebas. En
la mayoría de los países las pruebas son organizadas externamente, es
decir, por instancias superiores y ajenas a los centros de secundaria.
Hay otras conclusiones derivadas de un estudio que se titula «Acceso a la
educación superior en países de la CEE», de la Comunidad Europea antes,
que es muy conocido, que está a disposición de su señorías y que pueden
perfectamente utilizar y conseguir en cualquier biblioteca educativa un
poco especializada.
Tenemos un sistema que funciona como los sistemas que, en general, se
utiliza en el ámbito de los países europeos.
Señorías, señor portavoz, el problema no es propiamente la prueba, el
problema es que, sea como sea la prueba (que yo creo que determina
suficientemente el grado de madurez de los estudiantes en conexión con el
grado de éxito que han obtenido en los estudios de su educación
secundaria), no todos los estudiantes pueden tener acceso a aquellos
estudios que desean cursar en aquel lugar en que desean cursarlos. Este
es el gran problema del sistema universitario español, es un problema
derivado de su crecimiento y es un problema que tendrá solución, sin
duda, en el futuro pero desde una perspectiva de correcta planificación.
En cualquier caso, y sin perjuicio de los datos que su señoría ha
referido a aquella universidad donde hemos estudiado tanto el señor
portavoz como yo mismo, no tienen nada que ver en absoluto, en el
supuesto de que sean ciertos --no sé la fiabilidad que su señoría dará a
las opiniones del vicerrector de estudiantes--, con los datos que
manejamos en términos generales en la Universidad española.
Señoría, a pesar del volumen del sistema universitario español, en el que
para el próximo curso prevemos que ingresen 377.000 nuevos estudiantes
universitarios --éste es el grado de crecimiento de nuestro sistema--, a
pesar de todo ello, en el presente curso el 80 por ciento de los
estudiantes que han aprobado la selectividad, señoría --el doble de lo
que dice el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo, según
nos acaba de indicar--, cursan los estudios de su elección en primera o
en segunda opción, entendiendo por segunda opción los mismos estudios,
aunque en diferente lugar.
Estos son los datos que pueden manejarse a nivel general, pero sobre los
que es necesario avanzar porque no podemos sentirnos satisfechos todavía
del funcionamiento del sistema. Por eso hay que hacerlo, y hay que
hacerlo en el ámbito de la competencias que tienen todas las
administraciones sobre la materia, y el ámbito es justamente el Consejo
de Universidades que une a las administraciones competentes, a los
responsables de las universidades y a los expertos nombrados también por
esta Cámara, y hay que hacerlo aumentando las plazas en las
universidades. Este año aumentan para el curso que viene más de un 7,5
por ciento, determinando un mapa de estudios universitarios, sobre el que
se ha puesto a trabajar ya el Consejo de Universidades a instancia de su
Presidente, que es este Ministro, trabajando en la definición pero
también en la experimentación, como antes he indicado y a lo que su
señoría no se ha referido en la réplica, de los módulos de capacidad, de
los centros y de los estudios y, en definitiva, trabajando sobre el
distrito compartido, que creo que es un buen procedimiento y que este año
se ha incrementado en más del doble con respecto al año anterior, sin
perjuicio de que en años anteriores no se hubiera incrementado.
Señor Presidente, comparto la preocupación que el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió comparte a su
vez con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Un dato
importantísimo y que no puede desconocerse, por eso siempre hay que
hablar de él cuando se trae a colación la política universitaria, es el
respeto a la autonomía de nuestras universidades, reconocida
en el artículo 27 de la Constitución, pero eso sí, señoría, a mí me
gustaría que todas las universidades españolas situadas en cualquier
Comunidad Autónoma o en cualquier región fueran tan sensibles como otras
universidades o como la Administración Central, es decir, como el
Ministerio de Educación y Ciencia, a la extensión de posibilidades que el
propio sistema ofrece para la elección de los estudios, como es el caso
de la ampliación del distrito compartido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LA REPUBLICA DE AUSTRIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION CON RESPECTO A
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO DE 20 DE DICIEMBRE DE
1966, FIRMADO EN VIENA EL 24 DE FEBRERO DE 1995. (S. 610/000153.) (C. D.
110/000154.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): En Junta de Portavoces se acordó
tratar y sustanciar el punto número sexto del orden del día en este
momento: conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios
Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero es
el Protocolo por el que se modifica el Convenio entre el Reino de España
y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 20 de diciembre de
1966, firmado en Viena el 24 de febrero de 1995.
No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo y, por lo
tanto, si no hubiere ninguna intervención sobre él, pido a la Cámara que
sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta y, por tanto,
se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Protocolo por el que se modifica el Convenio
entre el Reino de España y la República de Austria para evitar la doble
imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio de 20 de diciembre de 1966, firmado en Viena el 24 de febrero
de 1995.
--ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
GHANA, HECHO EN ACCRA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1994. (S. 610/000154.) (C. D.
110/000155.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el acuerdo
de transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ghana,
hecho en Accra el 30 de diciembre de 1994.
Tampoco se han presentado propuestas. No hay ninguna intervención sobre
este tema. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es y
así consta, y se autoriza por este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del acuerdo de transporte aéreo
entre el Reino de España y la República de Ghana, hecho en Accra el 30 de
diciembre de 1994.
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.
Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.