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DS. Senado, Pleno, núm. 80, de 31/05/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 80
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 31 de mayo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley Orgánica
por la que se modifican determinados preceptos del Código Penal relativos
a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 75, de fecha 23 de mayo de 1995). (Número de expediente S.
621/000075.) (Número de expediente C. D. 121/000069.)
--De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la
Proposición de ley de medidas relativas a la conservación y
comercialización de los productos pesqueros (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 23, de
fecha 23 de mayo de 1995). (Número de expediente S. 624/000010.) (Número
de expediente C. D. 122/000067.)
--De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el
Proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
76, de fecha 25 de mayo de 1995). (Número de expediente S. 621/000076.)
(Número de expediente C. D. 121/000061.)
--Dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas en relación con la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1991, así como resolución adoptada por dicha Comisión
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Cortes Generales, Serie A, número 52, de fecha 23 de marzo de 1995).
(Número de expediente S. 770/000003.) (Número de expediente C. D.
250/000004.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de dos meses, apruebe determinadas medidas
encaminadas a paliar los efectos producidos por la sequía (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de expediente 671/000025.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a dictar, en el plazo de tres meses, el Reglamento de los
archivos de titularidad estatal, y a tomar las medidas necesarias para
que efectivamente funcionen los sistemas españoles de archivos y
bibliotecas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de
expediente 671/000026.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se propone a la Cámara
la creación de una Ponencia denominada Comité de Bioética Parlamentario
(COBIPA), en el seno de la Comisión Mixta de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995).
(Número de expediente 662/000144.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para que en todos los
puestos fronterizos españoles se eviten posibles situaciones de
incumplimiento de la normativa vigente respecto a la protección de
menores implicados en procesos de extranjería y a que todas las
actuaciones relativas a dichos procesos en los que se encuentren
involucrados menores de edad se pongan en conocimiento del Ministerio
Fiscal a efectos de lo previsto en el artículo 3.7 del Estatuto del
Ministerio Fiscal (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995).
(Número de expediente 662/000147.)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno para que
remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley que establezca las
directrices y los principios básicos que armonicen las disposiciones
normativas sobre residuos sólidos urbanos, y para que cumpla lo previsto
en las Directivas 85/337, 85/339, 91/156 y 91/157 de la Unión Europea, y
en aquéllas otras referidas a la recuperación, almacenamiento,
tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y, en
particular, elabore programas de recuperación de pilas y acumuladores y
de gestión de envases para alimentos líquidos (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha
29 de mayo de 1995). (Número de expediente 662/000146.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y quince minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4143)
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley Orgánica
por la que se modifican determinados preceptos del Código Penal relativos
a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
(Página 4143)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Rodríguez
Rodríguez, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, e Ibarz i Casadevall, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Comienza el debate del articulado.
El señor Martínez Sevilla defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo
Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Ibarz i
Casadevall defiende la enmienda número 19, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió. El señor Marín Rite consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez
Sevilla, por el Grupo Mixto;
Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, quien anuncia en este acto la retirada de la enmienda número 19;
Cañellas Fons, por el Grupo Popular, y Marín Rite, por el Grupo
Socialista. Vuelven a intervenir los señores Cañellas Fons, Martínez
Sevilla y Marín Rite.
Se procede a votar.
El señor Martínez Sevilla, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, anuncia a la Cámara la adhesión de su Grupo Parlamentario
a una enmienda transaccional relativa al artículo 350, puntos 1 y 2.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 216 en contra y 3
abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación al artículo 349, suscrita por
cuatro Grupos Parlamentarios, por 132 votos a favor, 1 en contra y 90
abstenciones.
Se aprueba una corrección de errores al artículo 349, párrafo 3 bis, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 350, puntos 1 y 2, por
128 votos a favor, 2 en contra y 92 abstenciones.
Se aprueba el artículo 349, apartado 1, primer párrafo, con la
modificación introducida, por 222 votos a favor y 1 abstención.
Se aprueba el resto del texto del proyecto, con las modificaciones
introducidas, por 130 votos a favor, 1 en contra y 92 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con la
Proposición de ley de medidas relativas a la conservación y
comercialización de los productos pesqueros. (Página 4152)
El señor Galán Cano, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que
ha sido designado para presentar el dictamen el señor Alonso Colacios,
quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
El señor Gangoiti Llaguno comunica a la Cámara que retira la propuesta de
veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Comienza el debate del articulado.
El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 1 a 9, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Molina Fernández de Miranda
defiende las enmiendas números 11 y 12, del Grupo Popular. El señor
Garcías Coll consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Molina Fernández de Miranda, por el
Grupo Popular.
Se procede a votar.
El señor Presidente comunica a la Cámara que, de aceptarse las enmiendas
transaccionales anunciadas a lo largo del debate y en coherencia con las
mismas, se hace necesario modificar el texto de la Exposición de Motivos,
lo que se aprueba por asentimiento de la Cámara.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 5, 6 y 9, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 102 votos a favor, 116 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Popular, por 100 votos a
favor, 119 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el artículo único del proyecto, convertido en artículos uno y
dos, tras las modificaciones introducidas, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban las Disposiciones Finales primera y segunda y la Exposición
de Motivos, con las modificaciones introducidas, por asentimiento de la
Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el
Proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias. (Página 4158)
El señor Galán Cano, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que
ha sido designado para presentar el dictamen el señor Ferrer i Profitós,
quien así lo hace a continuación.
No se produce debate de totalidad.
Comienza del debate del articulado.
El señor Martínez Sevilla defiende las enmiendas números 1 a 10 y 21 a
31, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor
Galán Cano consume un turno en contra. El señor Acacio Collado defiende
las enmiendas
números 32, 33 y 35 a 49, del Grupo Popular. El señor Arguilé Laguarta
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Gangoiti
Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i
Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Arguilé Laguarta, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 10 y 12 a 31, del Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 4 votos a favor, 215 en
contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 32, 43, 44 y 46, del Grupo Popular, por
97 votos a favor, 116 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 33, 35 a 42, 45 y 47 a 49, del Grupo
Popular, por 92 votos a favor, 119 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1 a 29, así como las disposiciones adicionales
primera a quinta, según el texto del dictamen, por 220 votos a favor y 1
abstención.
Se aprueba una enmienda de adición de una disposición adicional nueva,
sexta, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por 219 votos a favor
y 2 en contra.
Se aprueban las disposiciones transitoria, derogatoria y finales primera
a sexta, junto con la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen,
por 220 votos a favor y 1 en contra.
Se aprueba una enmienda de adición a la Exposición de Motivos, por 219
votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN RELACION CON LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1991, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION.
(Página 4167)
La señora Pleguezuelos Aguilar consume un turno a favor. El señor Esteban
Albert consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la
palabra el señor Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se aprueba el dictamen, teniendo en cuenta la resolución adoptada por la
Comisión y las correcciones efectuadas, por 123 votos a favor y 87 en
contra.
Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 4171)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de dos meses, apruebe determinadas medidas
encaminadas a paliar los efectos producidos por la sequía. (Página 4171)
El señor Esteban Albert defiende la moción. El señor Aleu i Jornet
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Esteban Albert, por el Grupo Popular, y
Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista. Vuelve a intervenir el señor
Ferrer i Profitós.
Se rechaza la moción del Grupo Popular, por 94 votos a favor y 116 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a dictar, en el plazo de tres meses, el Reglamento de los
archivos de titularidad estatal, y a tomar las medidas necesarias para
que efectivamente funcionen los sistemas españoles de archivos y
bibliotecas. (Página 4176)
El señor Van-Halen Acedo defiende la moción. El señor Granado Martínez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Van-Halen Acedo, por el Grupo Popular, y Granado
Martínez, por el Grupo Socialista. Vuelven a intervenir los señores
Vallvé i Navarro y Van-Halen Acedo.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 88 votos a favor y 120 en
contra.
MOCIONES. (Página 4180)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se propone a la Cámara la
creación de una
Ponencia denominada Comité de Bioética Parlamentaria (COBIPA), en el seno
de la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. (Página 4180)
El señor Borderas Gaztambide defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bellido Muñoz, por el
Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para que en todos los
puestos fronterizos españoles se eviten posibles situaciones de
incumplimiento de la normativa vigente respecto a la protección de
menores implicados en procesos de extranjería y a que todas las
actuaciones relativas a dichos procesos en los que se encuentren
involucrados menores de edad se pongan en conocimiento del Ministerio
Fiscal a efectos de lo previsto en el artículo 3.7 del Estatuto del
Ministerio Fiscal. (Página 4183)
El señor González Pons defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; González Pons, por el Grupo Popular, y
Martínez Bjorkman, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno para que
remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley que establezca las
directrices y los principios básicos que armonicen las disposiciones
normativas sobre residuos sólidos urbanos, y para que cumpla lo previsto
en las Directivas 85/337, 85/339, 91/156 y 91/157 de la Unión Europea, y
en aquellas otras referidas a la recuperación, almacenamiento,
tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y, en
particular, elabore programas de recuperación de pilas y acumuladores y
de gestión de envases para alimentos líquidos. (Página 4188)
El señor Martínez Sevilla defiende la moción. El señor Cercós Pérez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Unceta Antón, por el Grupo Popular, y Cercós Pérez, por el Grupo
Socialista. Los señores Martínez Sevilla y Cercós Pérez intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 2 votos a favor y 197 en contra.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y quince minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DEL CODIGO PENAL RELATIVOS
A LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL.
(S. 621/000075) (C. D. 121/000069.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día, dictamen de la Comisión de Justicia en
relación con el proyecto de ley orgánica por la que se modifican
determinados preceptos del Código Penal relativos a los delitos contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Se ha publicado en los
boletines correspondientes con fecha 23 de mayo de 1995.
El Senador Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, podrá indicarnos
quién presentará el informe.
El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión ha designado al Senador don José
Juan Rodríguez para presentar el dictamen.
El señor PRESIDENTE: El Senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de la Comisión tengo el honor de exponer el dictamen
elaborado por la misma del proyecto de ley orgánica por la que se
modifican determinados preceptos del Código Penal relativos a los delitos
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
Este proyecto de ley tiene, como sus señorías saben, una finalidad que
puede resumirse en cuatro puntos. De una parte, un perfeccionamiento del
tipo delictivo en materia de elusión de pagos de retenciones, en
combinación con una mejor coordinación entre el ordenamiento penal y
el tributario. Asimismo, contempla una modificación de determinados
aspectos del delito de fraude en suspensiones e introduce algo que a
nosotros nos parece lo suficientemente importante como para destacarlo en
este acto: medidas de protección suficiente al patrimonio de la Seguridad
Social. Por último, también introduce precisiones en materia del llamado
delito contable.
El proyecto de ley entró en la Comisión el 31 de marzo pasado y fue
publicado el mismo día en el «Boletín de las Cortes Generales». Remitido
a la Comisión de Justicia por decisión de la Mesa del Senado y
transcurrido el plazo preceptivo para la presentación de enmiendas, éstas
lo fueron en un número global de 30; de ellas, cinco del Grupo
Parlamentario Mixto, cinco del Grupo Parlamentario de Nacionalistas
Vascos, 15 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y cinco del
Grupo Parlamentario Socialista.
Celebrada la Comisión, y a efectos de elevar dictamen a este Pleno, debe
destacarse que por parte del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos se retiraron las enmiendas números 8 y 10, y las
números 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29 y 30 por parte del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió. Se incorporaron como votos
particulares la número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, la número 19, de
Convergència i Unió y cinco enmiendas transaccionales apoyadas en las
enmiendas socialistas con contenidos recogidos en las enmiendas retiradas
por el Grupo de Convergència i Unió. Quedan para este Pleno dos votos
particulares. El número 1 es del Grupo Parlamentario Mixto, que defenderá
sus enmiendas de la número 1 a la número 5. El Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió emite un voto particular, el número 2, donde mantiene
su enmienda número 19.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
No se ha presentado veto a este proyecto, por lo que corresponde en estos
momentos iniciar en su caso el debate de totalidad del proyecto de ley.
Para ello, solicito de los señores portavoces información sobre en qué
condiciones se va a intervenir.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor Presidente, subo a esta tribuna a los
efectos de fijar, muy brevemente, eso sí, la posición del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos respecto del proyecto de
ley orgánica por la que se modifican determinados preceptos del Código
Penal relativos a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social.
Señorías, es del todo cierto que la figura del delito fiscal, introducida
en el Código Penal mediante la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, en la
actualidad requería de una serie de modificaciones normativas para que
pudieran producirse los frutos deseados dentro de la política de la lucha
contra el fraude, y en esta misma línea creo que es también
incuestionable la necesidad que existía de reforzar la vigente regulación
del delito de subvenciones para hacerlo más operativo.
Con estas pretensiones, y también con la de establecer una protección
similar para las cuotas de la Seguridad Social, el Gobierno remitió a las
Cortes Generales un proyecto de ley que hoy culmina su tramitación
parlamentaria en esta Cámara con un amplio consenso del que participamos
y por el que nos felicitamos.
Como ya tuve ocasión de poner de manifiesto en el trámite anterior ante
la Comisión de Justicia, el trabajo parlamentario desarrollado en torno a
este proyecto ha sido serio, profundo y riguroso, y precisamente fruto de
ello y de la voluntad por todos desplegada --y repito por todos-- en
busca del acuerdo es ese amplio consenso alcanzado en lo que es además un
proyecto de ley importante y de una gran relevancia. Atrás quedan las
importantes reservas mentales que nos generaba el famoso y polémico tema
de la cuantía del delito fiscal, que estaba fijado en cinco millones de
pesetas y que ha seguido estándolo hasta el trámite anterior en Comisión
en que, por fin, ha sido actualizado y establecido en 15 millones de
pesetas, cifra ésta que nos parece razonable y mucho más coherente con
los propios requisitos sociales.
Atrás quedan también, señorías, las preocupaciones y las renuncias que
nos merecía el proyecto y que no voy a repetir ahora por cuanto han
quedado superadas, bien por haberse aceptado y recogido en consecuencia
nuestros planteamientos, como en el caso de las cuestiones de
competencia, bien por haberse incorporado aportaciones de otros grupos
parlamentarios que han ayudado de manera también importante a clarificar
determinadas dudas conceptuales que se nos planteaban, bien por entender
en algunos casos como atinadas y correctas --por qué no decirlo-- las
razonas expuestas por el portavoz socialista, señor Marín Rite, que, en
definitiva, han motivado que mi Grupo haya retirado sus enmiendas y no
mantenga como voto particular para defensa en este Pleno ni una sola de
ellas.
En suma, señor Presidente, señorías, en coherencia con lo manifestado,
simplemente he de decir que mi Grupo votará a favor del proyecto de ley
o, para ser más exacto, votará a favor del dictamen emitido por la
Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el
Senador Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley orgánica objeto de este debate se enmarca dentro de la
política general de lucha contra el fraude fiscal y aproximación de
nuestra legislación penal a la que es común a los países de nuestro
entorno.
Ante el proyecto presentado por el Gobierno, Convergència i Unió no ha
eludido el debate sino que ha afrontado el reto formulando, primero ante
el Congreso de los
Diputados y posteriormente ante esta Cámara, diversas propuestas
encaminadas fundamentalmente en dos direcciones. De una parte, en la de
la concreción del tipo delictivo, y de otra en la de la voluntad de
definir las condiciones necesarias para distinguir el tipo penal de la
mera infracción administrativa. Esta posición de nuestro Grupo
Parlamentario ha perseguido una doble finalidad. De una parte dar
virtualidad a la figura jurídica del delito fiscal, que hasta esta fecha
tenía graves dificultades de aplicación, y de otra considerar las razones
de proporcionalidad y de seguridad jurídica necesarias para arbitrar una
excusa absolutoria que permitiera que en los casos de regularización
voluntaria no existieran efectos en el orden penal, sin perjuicio de las
sanciones que en el ámbito administrativo correspondieran a las conductas
contrarias al ordenamiento fiscal.
El esfuerzo realizado para aproximar posiciones permitió alcanzar un
amplio consenso entre las fuerzas parlamentarias representadas en el
Congreso, a excepción de una de ellas. El proyecto llegó a esta Cámara
con una fuerte presión mediática. No obstante, la buena disposición de
los grupos para acercar posiciones, así como el diálogo, han permitido
limar diferencias y llegar a este Pleno con un texto ampliamente pactado.
Por ello, quiero aprovechar este turno para agradecer, en nombre de
Convergència i Unió, el esfuerzo realizado por los ponentes de todos los
grupos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Desea intervenir el Grupo Popular? (Pausa.)
¿Grupo Socialista? (Pausa.)
Muchas gracias.
Entramos seguidamente en la discusión de las dos enmiendas que se han
presentado al artículo único y disposiciones de este proyecto.
Las enmiendas números 1 a 5 fueron suscritas por el Grupo Parlamentario
Mixto, concretamente por los Senadores Martínez Sevilla y Vilallonga
Elviro.
Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero defender las enmiendas números 1 a 5, enmiendas que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, dentro del Grupo Mixto, mantienen ante
este Pleno, por entender que introducirían reformas importantes y
significativas en la tramitación de este proyecto de ley.
La primera de ellas se refiere a la tipificación de la figura de delito
fiscal no como un delito que esté en función de la cantidad defraudada,
sino como un delito a causa de una conducta reprochable en sí cuál es la
defraudación a la Hacienda Pública y, por tanto, por la especial gravedad
de este delito sin atender --insisto-- a la cantidad defraudada.
Por ello, para el establecimiento del tipo pretendemos se tenga en cuenta
únicamente esta situación y no la primera, ya que ésta supondría, por así
decirlo, una rebaja de grado, lo que haría que este delito no se
considerara en función del bien que se pretende proteger, en este caso la
recaudación de tributos públicos por la Hacienda Pública, sino que haría
de la conducta reprobada algo que estaría en función de la cantidad
defraudada.
Con la segunda enmienda pretendemos que el texto aprobado por la Comisión
vuelva a ser el remitido por el Congreso de los Diputados. En el texto
original remitido por el Congreso de los Diputados la cuantía máxima
defraudada para la tipificación de delito era de cinco millones de
pesetas. En el texto tramitado en Comisión --a nuestro entender
desafortunadamente-- esta cantidad se eleva, contra el parecer general de
la sociedad, hasta 15 millones de pesetas. Nosotros pretendemos que el
texto vuelva a ser el que se tramitó originariamente en el Congreso de
los Diputados, que se vuelva a considerar la cantidad de cinco millones
de pesetas, introduciendo, además, una segunda precisión, un tipo penal
por un importe del triple de esta cantidad, es decir, de cinco millones
de pesetas pero para el triple de tiempo, por tanto para la acumulación
durante tres años del triple de la cantidad cuando en un sólo período
impositivo pudiera no alcanzar los 15 millones de pesetas.
La idea que persigue esta enmienda es la de acumular a efectos de cómputo
las cifras anteriores de tal manera que todas y cada una de las personas
jurídicas que pudieran haber cometido el posible delito queden asimismo
acumuladas en esa única persona física que pudiera haberlo cometido, de
tal suerte que sea difícil o imposible la elusión del tipo penal en
función del escudamiento de una persona física en diversas personas
jurídicas.
La enmienda número 3 propone introducir la excusa absolutoria, que ya
prevé la Ley General Tributaria. Sin embargo, entendemos que esta excusa
absolutoria debe admitirse únicamente después de reparaciones espontáneas
del daño causado y que en ningún caso debe aplicarse si ya se ha
descubierto el fraude, puesto que entonces se perdería por completo la
función disuasoria y en la práctica se estaría incentivando la
defraudación fiscal y, en definitiva, la recaudación fuera de plazo, lo
que iría en contra de la propia función recaudatoria. Por tanto, la
excusa absolutoria debe aplicarse únicamente en estos casos y negarse,
por supuesto, a quienes defraudan mediante la utilización de personas
interpuestas, físicas o jurídicas, o a cualquiera de aquéllos que falseen
de cualquier forma la titularidad de las propiedades, rentas o
patrimonios.
Con la enmienda número 4 pretendemos la tipificación, como delito
autónomo del anterior, las conductas favorecedoras de acciones
defraudadoras; es decir, de las conductas de especial proliferación en
los últimos años, con la aparición de redes organizadas y la utilización
de instrumentos de auténtica ingeniería financiera para facilitar la
elusión tributaria. Proponemos, pues, que la maquinación o el facilitar a
terceras personas la defraudación a la Hacienda Pública sea penada y que,
en consecuencia, se persigan estas nuevas acciones defraudadoras
aparecidas en los últimos años.
Por último, con la enmienda número 5 queremos extender la excusa
absolutoria a los delitos relacionados con la Seguridad Social y, por
tanto sería la equivalente a la enmienda número 3 para este tipo de
delitos.
Este conjunto de enmiendas pretende que el texto sea más preciso,
adecuarlo a la conciencia social que ha surgido después de los últimos y
múltiples fraudes detectados contra la Hacienda Pública --sobre todo, en
los últimos meses-- y, por tanto, propone volver al texto original en un
punto esencial, tramitado en el Congreso de los Diputados, relativo al
límite de cinco millones de pesetas, por encima del cual se imponía el
tipo penal. En cualquier caso, entendemos que ésta es una demanda de la
sociedad y, al margen de mayorías parlamentarias, pensamos que podrá
modificarse la ley pero no, desde luego, la necesidad de introducir tipos
penales más precisos y rigurosos para los delitos de defraudación a la
Hacienda Pública. Por tanto, el voto de este Senador será, naturalmente,
favorable a las enmiendas y contrario a la tramitación de esta ley en su
actual forma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y para la defensa de
su enmienda número 19, tiene la palabra el Senador Ibarz, a quien he de
hacerle la advertencia de que la Mesa entiende que el voto particular
relativo a la citada enmienda se refiere exclusivamente a su último
párrafo y no a ningún otro aspecto de la enmienda. ¿Es así?
El señor IBARZ I CASADEVALL: Sí, señor Presidente. Coincido con el
criterio de la Mesa.
He de exponer a sus señorías que nuestro Grupo ha mantenido esta enmienda
específicamente en lo que hace referencia al tercer párrafo del artículo,
por entender que, si bien durante el trámite de Comisión se introdujo en
la exposición de motivos una nueva redacción de su párrafo cuarto
--esencialmente a iniciativa del Grupo Socialista-- para permitir, como
norma interpretativa, considerar que la exención de responsabilidad penal
se extendía a los delitos a que se refiere este artículo pero, sobre
todo, a las terceras personas responsables de los mismos, en buena
técnica legislativa sería deseable que esta exoneración de
responsabilidad quedara explicitada en el texto articulado.
Por tanto, éste es el único motivo por el que el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió mantiene la enmienda número 19, relativa al artículo
349.3, concretamente, al tercer y último párrafo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con las enmiendas que se han defendido y que
quedan vivas a este proyecto de ley.
En primer lugar, quisiera hacer referencia al esfuerzo y, gracias a éste,
al acuerdo conseguido entre la mayoría de los grupos parlamentarios en
este proyecto de ley. Desde nuestro Grupo hemos observado una actitud
constructiva por parte de los diferentes grupos, actitud que desde el
principio evidenciaba el deseo sincero de poder llegar a un acuerdo en
este importante proyecto de ley, en el que se envía a la sociedad un
determinado mensaje. Hay importantes aportaciones de los grupos
parlamentarios. A título de ejemplo, podemos citar la inclusión, por
primera vez, en un sistema de represión penal del fraude tributario a las
haciendas forales, elemento en el que hizo especial hincapié el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, ya que, sin duda, la omisión de la
Hacienda foral en el listado de las haciendas objeto de defraudación era
algo más que una laguna. No es que eso indicara --sería una exageración
decirlo-- que fuera posible defraudar a esas haciendas sin penalización,
pero de alguna forma podía conducir a equívocos. Sin embargo, se ha
producido esa incorporación gracias a la iniciativa y al esfuerzo del
citado Grupo, al que también agradezco la referencia --creo que
necesaria-- que ha hecho una serie de suspicacias, de elementos morales
que, sin duda, se habían mantenido a lo largo de la tramitación, primero
en el Congreso, y después en el Senado. Como digo, agradezco a dicho
Grupo parlamentario su intervención en este sentido.
Paso, pues, a contestar las enmiendas mantenidas por el Grupo
Parlamentario Mixto, de la Senadora Vilallonga y el Senador Martínez
Sevilla. En cuanto a la número 1, a nuestro juicio es la enmienda
fundamental, básica, que articula la posición de dicho Grupo en relación
con el proyecto de ley en su conjunto, ya que refleja la forma en que los
enmendantes entienden el delito fiscal en general. Con esta enmienda el
Grupo enmendante propone eliminar la cuantía de la parte central del tipo
penal, por entender que ésta debe funcionar como una condición objetiva
de punibilidad, por lo que pasa la determinación de la cuantía a la pena.
Entiende el Grupo que esto es obligado desde el momento en que, desde su
punto de vista, el delito debe configurarse fundamentalmente como un
delito de conducta y que debe resaltarse que el bien jurídico protegido
es esencialmente la solidaridad entre los españoles para atender las
cargas del Estado.
Es cierto que esta cuestión se discute por la doctrina, y en honor a la
verdad hay que decir que existe un importante número de autores que
mantienen que en este delito la cuantía debe establecerse como una
condición objetiva de punibilidad y que, en definitiva, ése es el lugar
que le corresponde. Pero también es cierto que la opinión mayoritaria de
la doctrina se inclina por la permanencia de la cuantía en la parte
central del tipo penal y, por tanto, en la forma en que viene establecido
en el proyecto, o en el dictamen de la Comisión, por hablar con mayor
propiedad. Por otra parte, la determinación de la cuantía no tiene efecto
alguno sobre la consideración propia del delito; es decir, desde el
momento en que en el tipo penal establecemos una cuantía --sea de una
peseta o de equis millo-nes--, estamos convirtiendo el delito fiscal en
un delito de resultado, en un delito que habrá de producir un resultado
determinado. Y lo es, es un delito de resultados, aunque se hayan
valorado suficientemente, se hayan potenciado --como se ha hecho-- los
elementos subjetivos del tipo penal, incluyendo la expresión dolosa que
se hizo en el
Congreso a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, esa consideración no cambia en absoluto el hecho de que el
delito sea un delito de conducta, no. Estamos ante un delito de
resultados porque en el tipo penal que ustedes propugnan la defraudación
de una cantidad determinada produce el delito; si no se produce esa
defraudación, si no se llega a los cinco millones de pesetas, no se
produce el delito. Por tanto es necesaria la producción de un resultado
concreto, de un resultado físico concreto para que el delito tenga vida.
Esto indica, lógicamente, que estamos en presencia de un delito de
resultados.
En relación con el bien jurídico protegido, al que ha hecho referencia el
Senador Martínez Sevilla, hay que tener en cuenta que el bien jurídico
protegido en los tipos penales no es necesariamente un compartimento
estanco, no es algo que podamos cortar como un cristal con un diamante,
algo que divide una cosa de una manera absolutamente fina. En muchas
ocasiones, los bienes jurídicos protegidos en los tipos penales son
complejos, como en este caso. En este caso nos encontramos con un tipo
penal que protege, por una parte, la Hacienda pública, el erario público
como una parte del patrimonio público, que no es un bien jurídico de tono
menor. Parece que hay un cierto elemento de minusvaloración de lo que es
el bien jurídico de la Hacienda pública. La Hacienda pública, el erario
público cubre todas las necesidades del Estado, entre otras cosas,
Senador Martínez Sevilla, las prestaciones sociales. Por tanto, el bien
jurídico protegido es el erario público como parte del patrimonio
público. Este delito trata, por otra parte, de proteger, de reprimir la
insolidaridad que producen estas conductas en tanto en cuanto no
colaboran con el sostenimiento de las cargas del Estado. Por estas
razones no podemos admitir la enmienda número 1, Senador Martínez
Sevilla.
La enmienda número 2 hace referencia a la cuantía. Tengo que reconocerle,
Senador Martínez Sevilla, que cuando estamos hablando en un tipo penal de
elementos cuantitativos, sea la cuantía, sean los días que tarda en sanar
una lesión, sea cualquier otro límite cuantitativo, siempre estamos en
presencia de un elemento que tiene una cierta carga aleatoria. ¿Por qué
cinco millones? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué 15? ¿Por qué no 16? Siempre
aparece un elemento con una cierta carga aleatoria. Eso se produce
siempre que estamos tratando de elementos cuantitativos y estamos
incorporándolos a un tipo penal. Lo que sí es exigible es que esa
determinación cuantitativa se haga con criterios razonables, se haga con
criterios objetivos, y que en la determinación se haya actuado de una
manera racional y seria. Nosotros creemos que así se ha hecho en el
presente caso.
Por una parte, en el proyecto de ley que se envió por el Gobierno a las
Cortes no se tocaba la cuantía, se dejaba en cinco millones, pero usted
sabe muy bien que en la minoría del proyecto de ley se hacía una
indicación a la conveniencia de que este asunto se concretara en el
debate parlamentario, como así se ha hecho. Se dejaba una puerta abierta
para que en el debate parlamentario, precisamente teniendo en cuenta las
consideraciones que antes le hacía sobre el cierto carácter aleatorio de
la cuestión, se concretara el término de la cuantía. No obstante en la
memoria ya se indicaba que era conveniente una revisión al alza de la
cuantía. Es lo cierto, señor Martínez Sevilla, que la mayoría de los
grupos parlamentarios han considerado que era necesaria una revisión al
alza de la cuantía, con excepción de su Grupo. Era necesaria esta
revisión al alza porque la cuantía, como ocurre con todas las cuantías,
no sólo con esta, había quedado desfasada, por una parte, por el
transcurso del tiempo y, por otra, porque ese desfase producía una cierta
confusión entre la represión administrativa y la represión penal. La
elevación de la cuantía tiene, entre otros efectos, al establecer una
cuantía más importante, establecer una llamada de separación entre la
represión administrativa del fraude y la represión penal del fraude, que
se deja para conductas más importantes, para conductas penalmente más
graves.
En la determinación de la cuantía se han utilizado índices objetivos
dentro de lo posible; se ha utilizado el índice de precios al consumo, se
ha utilizado la renta per cápita, se han utilizado los índices de aumento
de las bases imponibles y de las cuotas de impuestos importantes, como el
de Sociedades, el IRPF, el IVA, etcétera. De la poderación de todos esos
índices resulta una cifra aproximada a los 13 millones de pesetas. Por
tanto, en la línea de dar una estabilidad a la determinación de la cifra,
se llegó a la delimitación de 15 millones de pesetas, que ha sido
considerada razonable por la mayoría de la Cámara en este momento.
En relación con la excusa absolutoria, su señoría introduce dos
elementos. Por una parte insiste en que en el tipo penal se remarque el
carácter espontáneo de la regularización, y, por otra, exige que el pago
sea efectivo, es decir que la regularización consista en el pago efectivo
de la deuda. En cuanto al primero de los elementos, remarcar la
espontaneidad, quisiera decirle, Senador Martínez Sevilla, que no lo
consideramos necesario porque de la redacción del tipo se deduce que la
espontaneidad es imprescindible, es decir la conducta del sujeto que
comparece ante la Hacienda pública antes de que sea requerido, antes de
que haya tenido requerimiento alguno, y regulariza su situación
tributaria, es, sin duda, una conducta espontánea. Por tanto, no es
necesario repetir, adjetivar de nuevo, porque está claramente expresado
en el tipo penal.
En segundo lugar, en lo que se refiere al pago efectivo de la cantidad,
lógicamente, en términos generales, regularizar significa pagar. No puedo
por menos que estar de acuerdo con su señoría en el concepto: regularizar
significa pagar. Pero pensamos que introducir en el tipo penal el
concepto de pago efectivo puede crear más problemas que soluciones. Por
una parte hay impuestos que exigen una serie de operaciones de
comprobación, de liquidación por parte de la Hacienda pública,
operaciones que pueden impedir o retrasar el pago efectivo de la
cantidad. Así como hay impuestos en los que el sujeto se autoliquida,
comparece con su autoliquidación ante la Hacienda y paga, hay otros
impuestos en los que no se produce esa autoliquidación, sino que se
requiere una serie de operaciones por parte de la Hacienda pública, que
de poner trabas a eso chocaría con el carácter espontáneo de la
regularización, y
creo que podría crear problemas graves establecer el pago efectivo.
Por otra parte, entendemos que no se puede obligar en absoluto al sujeto
que pretende regularizar, que ha dejado claro con su actitud espontánea
que no está en una actitud dolosa, que no está en una actitud
defraudatoria en el sentido en el que el proyecto de ley entiende la
defraudación, no se puede obligar a esta persona, repito, bajo la amenaza
hipotética de la no excusa, a admitir cualquier tipo de liquidación que
se pueda presentar con errores, con abusos por parte de la
Administración, que puede ocurrir, y que el sujeto tenga que admitirla
necesariamente por el problema de que pende sobre él la espada de la no
regularización. Por todas estas razones, señoría, pensamos que establecer
el pago efectivo, que en un principio parece lleno de sentido, podría
crear más problemas de los que realmente resuelve con su inclusión.
Por último, señorías, la enmienda número 4 trata de introducir una
tipificación autónoma de la inducción. Pensamos que no es conveniente que
la inducción esté regulada en la parte general del Código Penal y que no
es bueno que en cada delito aparezca la regulación de la autoría, de la
inducción, de la cooperación. Parece que eso debe quedar reservado a la
parte general. Por tanto, Senador Sevilla, no podemos admitir las
enmiendas que plantea su señoría.
La enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene tres partes que, siendo un todo en la
enmienda, pueden considerarse con una cierta separación porque llevan en
sí conceptos con elementos diferenciales claros. Por una parte, la
enmienda pretende que la excusa absolutoria se aplique sobre la
responsabilidad criminal; en el proyecto enviado al Congreso de los
Diputados se aplicaba sobre la pena. En segundo lugar pretende que se
incluyan en la excusa los delitos instrumentales, sobre todo las
falsedades instrumentales. En tercer lugar, pretende que la excusa se
extienda a cuantas personas puedan resultar responsables en la fórmula
utilizada. Nosotros hemos sido conscientes de los numerosos esfuerzos que
se han realizado, y que nosotros agradecemos, sin duda alguna, para
llegar a un acuerdo con los dos primeros elementos: con la aplicación de
la excusa sobre la responsabilidad criminal y con que la excusa abarcara
los delitos instrumentales, concretando, bien es cierto, que se trate de
las falsedades en relación con la deuda tributaria concreta objeto de
regularización, porque ninguno de los dos grupos pretendía que por esta
vía pudieran entrar otro tipo de falsedades que nada tienen que ver con
el delito fiscal, naturalmente.
Y en relación con el último punto, que no admitimos en Comisión, nosotros
pensamos que tenía una regulación suficiente en la parte general en el
sentido que después se ha introducido también en la exposición de motivos
de la ley.
Señorías, hemos presentado también una enmienda de corrección de errores,
lo que ruego al señor Presidente que me confirme.
El señor PRESIDENTE: Sí, hay una enmienda firmada por cuatro grupos
parlamentarios en relación con la Comunidad Europea y con lo local.
El señor MARIN RITE: Por otra parte, se ha presentado también, señorías,
una enmienda que pretende la eliminación en el proyecto de ley de la
referencia a la Hacienda de la Comunidad Europea. En un principio,
señorías, existiendo, como existe, en la Comunidad la idea de que el
Derecho Penal es un derecho territorial y no existe un Derecho Penal
europeo, lógicamente, lo lógico era que los Estados reprimieran el fraude
en relación con las subvenciones y las aportaciones de la Comunidad
Europea, pero ha llegado a nuestro conocimiento que el próximo día 21, en
el Consejo de Ministros de la Unión Europea, se va a intentar consensuar
un convenio en el que se trate de los límites en los que la Comunidad
Europea entiende que deben estar los dinteles de represión del fraude en
relación con su propia Hacienda. Estando así las cosas y teniendo noticia
de que se ha incluido en la agenda del Consejo de Ministros del día 21,
parece que lo prudente, que no significa ninguna renuncia, es
sencillamente esperar el resultado de ese convenio y después adoptar,
dentro de nuestras competencias, la solución que esté de acuerdo con ese
convenio.
Nada más, señorías, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Abrimos el turno de portavoces, en el que tendrán sus señorías
oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre el debate.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla, por el
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a la argumentación dada por el Senador Marín Rite, he de
entender que, efectivamente, el punto crucial en el que hay una
divergencia, que es, además, profunda, es en la consideración del tipo
penal. Desde nuestro punto de vista, la consideración debe hacerse
ateniéndose estrictamente al hecho, y no a la cuantía defraudada. Esto
nos sitúa, en este tipo de delitos contra la Hacienda pública --aunque
toda comparación es odiosa, me va a permitir hacer un par de ellas--, en
delitos que son fundamentales contra la sociedad o contra las personas.
Así como el tipo penal de asesinato se considera igualmente punible con
uno que con 15 balazos, porque no depende del número de balazos recibido,
y así como el tipo penal de maltrato a la mujer se considera igualmente
punible con una que con tres bofetadas porque atenta a derechos
esenciales de la persona, nosotros entendemos que atentar a un derecho
esencial de la sociedad como es la defraudación a la Hacienda pública,
por el concepto de solidaridad, debe ser, por tanto, considerado como
tipo penal independientemente de la cantidad defraudada, y ahí está el
origen de la divergencia en el resto de las enmiendas. Naturalmente, esa
divergencia en el resto de las enmiendas nos hace llevar a nosotros a
cinco millones la cantidad defraudada. ¿Y por qué a cinco millones? Yo no
creo, como ha parecido querer indicar el Senador Marín Rite, aunque con
una argumentación ciertamente elegante, que haya ningún procedimiento
científico para determinar si es de
13, 13 y medio o 15 millones el tipo penal defraudado. No hay ningún
procedimiento científico, y por lo tanto no consiste en tomar el IPC,
multiplicarlo por tres, sumarle la mitad de la renta per cápita, sacarle
la raíz cuadrada y ponderarlo por medio del diámetro del bolsillo de
Mariano Rubio. No consiste en esto la ponderación de ningún tipo penal,
de tal manera que cualquier cantidad ha de considerarse necesariamente
arbitraria. Han de considerarse tan arbitrarios los 15 millones como los
cinco, con una diferencia: los cinco millones son 50 veces el salario
mínimo interprofesional; los 15 millones son del orden de 150 veces el
salario mínimo interprofesional. Por tanto, frente a una cantidad u otra,
nosotros consideramos que es mucho mejor poner una cantidad más baja, una
cantidad que, desde luego, pondría los pelos de punta a muchos españoles
simplemente el poder llegar a defraudarla, es decir, tener los recursos
suficientes para poder defraudar esa cantidad o una décima parte de la
misma. Muchos españoles ni siquiera, aunque estuvieran tentados de
cometer el tipo delictivo, podrían defraudar la décima parte de esa
cantidad. Así pues, no hay procedimientos científicos para determinar
esta cuantía, ni tampoco es aleatorio: no se da a una ruleta que para
sobre un punto y se dice: Han salido 15 millones, ¡qué casualidad! No hay
fórmulas ponderadas, no hay procedimiento científico. El Grupo
Parlamentario Socialista, conjuntamente con el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió y con el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, ha considerado más conveniente
establecer una cuantía de 15 millones; Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya considera más conveniente dejarla en cinco. ¿Y por qué? Pues
porque, entre otras cosas, dejándola en cinco, por ejemplo, las
defraudaciones de Mariano Rubio son delito fiscal; poniéndola en 15, por
ejemplo, tenemos un caso reciente en la historia española, el caso del
señor Mariano Rubio, que deja de ser delito fiscal. Ahí tenemos un
elemento mucho más real de fórmula científica que otras posibles fórmulas
de ponderación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Ibarz tiene la palabra.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para anunciar que este Grupo Parlamentario
retira el voto particular al párrafo tercero del artículo 349.3 del
proyecto de ley orgánica que estamos debatiendo, al entender que ha
quedado ya suficientemente clarificada, a través de la enmienda al
párrafo cuarto de la exposición de motivos de esta ley, la extensión de
la exención de la responsabilidad criminal a los delitos a que se refiere
este artículo a los terceros responsables de dichas figuras delictivas,
todo ello conforme establece el Título II del Libro Primero del Código
Penal, aunque pensamos que, en buena técnica legislativa, hubiera sido
mejor que hubiera quedado expresamente incorporada en el texto.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Cañellas tiene la palabra.
El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar en este turno la posición de mi Grupo Parlamentario en
relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia sobre
el proyecto de ley relativo a los delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, dictamen, por cierto, que nos ofrece un texto muy
distinto del original que traía el proyecto de ley, un texto nuevo, si
así lo llamamos, fruto de un pacto transaccional sobre enmiendas de dos
grupos parlamentarios de la Cámara, pacto exclusivo y excluyente al que,
como ya dijimos en Comisión, ha sido ajeno el Grupo Parlamentario
Popular.
Dice la exposición de motivos del proyecto que la figura del delito
fiscal introducida en el artículo correspondiente ha requerido para su
plena consolidación en nuestro ordenamiento la superación de los defectos
iniciales de su construcción y la formación de una doctrina
jurisprudencial elaborada mediante su aplicación por los tribunales. Pues
bien, mi Grupo opina que la nueva configuración del delito fiscal, tal
como nos la trae el proyecto, sigue adoleciendo de una serie de defectos
cuya superación resultará realmente difícil. Porque, se quiera o no se
quiera, la verdadera razón de la sinrazón de esta reforma apresurada, a
la carrera, corriendo, está expuesta también, aunque más disimuladamente,
en la exposición de motivos, encogida, escondida. Dice ésta: «Se hace
también necesaria para integrar, de forma plena, las regulaciones
autorizadas por la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el conjunto del ordenamiento jurídico.»
Esta es, y no otra, la causa, la razón última de este proyecto de ley. En
definitiva, es el modelo fiscal impulsado por un Gobierno socialista el
que ha propiciado, se quiera o no, un fraude generalizado cuyas
consecuencias ahora se tratan de paliar con esta reforma, contraponiendo
en la balanza la eficacia de la recaudación frente a la punibilidad de
las acciones contrarias al ordenamiento penal. Por lo demás, una reforma
la de este texto cuyo plazo de vigencia necesariamente tendrá que ser
breve, limitado, puesto que está en tramitación un proyecto de Código
Penal, proyecto en el que no figura el delito fiscal. Este Senador ha
leído y releído el índice del proyecto de Código Penal y no figura dicho
delito. Y para quedarme más tranquilo, he recurrido incluso al texto
comparativo, y frente al artículo 349 del Código Penal actual, el texto
comparado ofrece la nada, cosa que ya ocurría en el proyecto de 1992; lo
que hace suponer que, en definitiva, lo que al final se apruebe con este
texto que hoy se somete a nuestra consideración va a tener que ser, como
dicen en el argot teatral, una «morcilla» a encajar, no se sabe bien cómo
ni dónde, en el actual texto del proyecto de Código Penal. De ahí que
manifieste que mi Grupo únicamente apoyará con su voto el punto concreto
del texto en el que se eleva la cuantía del delito fiscal, un alza que
siempre hemos propugnado por entender que el «quantum» de ese delito
fiscal desde los dos millones de pesetas que fijaba la Ley 50/1977 a los
cinco actuales, fruto de una actualización de ese techo o
umbral del delito fiscal a 15 millones de pesetas, nos ha parecido lógica
y la hemos defendido siempre.
En cuanto al resto del proyecto, necesariamente nos abstendremos por
considerar que el proyecto lo único que hace es tratar de poner parches,
remiendos caseros a un modelo fiscal que no es, ni muchísimo menos, el
que defiende y propugna mi Grupo Parlamentario y el partido al cual se
debe.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cañellas.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Senador Martínez Sevilla, en relación con su intervención, lamento no
haber tenido suerte en mi intento bienintencionado de convencerle. Pero
quiero decirle una cosa. A ustedes les ha faltado valor para dar un paso
más. Ustedes podrían no haber puesto cuantía ninguna en el delito fiscal.
La defraudación no tiene por qué tener cuantía. La defraudación es una
actitud dolosa de engaño a la Hacienda Pública; ustedes podrían haber
dicho que eso era la defraudación, y que fuese cual fuese la cuantía
existía el delito. Pero ustedes ponen cinco millones de pesetas. Desde el
momento en que ustedes ponen cinco millones de pesetas, usted está
conmigo en una discusión cuantitativa, no en una discusión moral, porque
usted ha cuantificado; lo que ocurre es que usted ha cuantificado de
manera distinta, en otro lugar. Pero es lo mismo, porque siempre se
exigirá la existencia de una defraudación de una determinada cuantía. Y
tan aleatoria puede ser la determinación en un punto, en la cifra que
defendemos --y yo empecé reconociéndoselo--, como la que defiende usted.
Por lo tanto, a ustedes les ha faltado el valor de decir: defraudación,
cero pesetas, defraudación en cualquier caso, lo que estaría en línea con
su argumentación de fondo. Aunque usted lo manifieste, no nos separa una
diferencia filosófica en cuanto al delito, sino que exclusivamente nos
separa una cuestión cuantitativa. Así son las cosas.
Señor Cañellas, su señoría ha manifestado que entiende que el dictamen de
la Comisión tiene defectos que no se han corregido. Puede que sea cierto.
Ocurre siempre: cuando leemos las leyes vemos cosas, y las vemos en el
futuro. Pero yo sólo quería replicarle a algo desde el respeto con que yo
entiendo que se debe hablar siempre desde esta tribuna. Señoría, usted ha
hecho un juicio de intenciones, y a eso sí quiero contestar. Usted ha
dicho que lo que se ha hecho se ha hecho de una determinada manera, y yo
le voy a hablar a usted de otro juicio. Estos días pasados, cuando
estábamos en el trámite largo y dificultoso que ha tenido esta ley, en
los pasillos del Senado --sobre todo en la parte antigua-- había algunas
habladurías, eso que en mi tierra se llaman lenguas de doble filo. En
esas habladurías se decía que ustedes habían adoptado una postura hábil.
Es decir, estábamos en campaña electoral, el tema de los impuestos había
salido en la misma y había habido determinados problemas, había sido
objeto de polémica en relación con las propuestas de su partido. Por todo
esto, sus señorías no habían querido presentar enmiendas en el Senado, es
decir, se habían quedado un poco al margen del debate. Y ahora aparece
usted haciendo ese juicio de intenciones. Quiero decirle que estoy
completamente seguro de que esas cosas que se decían eran sencillamente
habladurías.
Señorías, el proyecto de ley que hoy se encuentra sometido a nuestra
consideración, a pesar de su brevedad, es un texto importante teniendo en
cuenta tanto su finalidad como su contenido. En relación con la finalidad
del proyecto, se trata, en definitiva, de superar las dificultades que
históricamente se habían producido en nuestro ordenamiento para organizar
la represión penal del fraude tributario. Esto se había producido en
nuestro Derecho en muchas ocasiones: en el Código Penal de 1870, en 1944,
en la reforma de 1977, en la reforma de 1985. Pero lo cierto es que se
había intentado sin éxito y que la eficacia práctica de estos intentos
había sido escasa o sencillamente nula. Y esto no es algo que pueda
utilizarse como arma arrojadiza contra nadie. Sencillamente, había sido
así: la represión penal del fraude tributario en nuestro país había
fracasado porque en definitiva así lo habían impuesto una serie de
condiciones sociales, políticas y económicas.
Por una parte, es cierto que la represión penal del fraude tributario
tenía en nuestro Derecho una tradición de tipo administrativo. Por otra
parte, a esta tradición administrativa de la represión del fraude se unía
--y digo se unía porque yo creo que la conciencia social en los últimos
tiempos ha cambiado, afortunadamente, en este asunto-- que la conciencia
social no estaba bien dispuesta para la represión del fraude fiscal. Yo
no voy a decir que el defraudador fuera considerado como un héroe, pero
sí era considerado como una personal hábil, incluso simpática; y en
algunos ambientes era incluso de buen tono la defraudación. Esto,
afortunadamente, se ha superado. Aparece una nueva conciencia social en
nuestro país, y las Cámaras, el Gobierno y los grupos parlamentarios son
sensibles a la aparición de esa nueva conciencia y regulan y tratan de
poner a disposición de la Administración nuevos instrumentos para que esa
represión penal del fraude tributario sea realmente eficaz. Esa es la
razón fundamental de la ley en cuanto a su finalidad.
En cuanto al contenido, señorías, ha ocurrido lo que ocurre en tantos
debates parlamentarios, que algunos temas estrella en el debate oscurecen
y dejan en un segundo plano otros asuntos que son realmente también
importantes. En este proyecto de ley ha ocurrido esto también. Hay temas,
sin duda importantes, que hemos estado debatiendo aquí esta mañana, que
se debatieron en Comisión y en el Congreso, como es el tema de la
cuantía, como es el tema de la excusa absolutoria, como es el tema de los
delitos instrumentales, de los cooperadores, y estos asuntos han
oscurecido otra serie de ellos que tienen, sin duda, importancia en la
ley. Así, por primera vez, yo quisiera resaltarlos para que no quedaran
en el olvido. En primer lugar, se introduce la comisión por omisión; se
incluye la defraudación de la Hacienda foral --no voy a repetir lo que
antes he manifestado sobre la importancia de este asunto--; se introduce
la represión de la elusión de pagos de cantidades
retenidas o ingresos a cuenta de retribuciones en especie; la obtención
indebida de devoluciones fiscales; se incluyen tipos agravados para
determinadas conductas que se entiende que son penalmente más reprobables
y que, por lo tanto, la represión penal debe ser de mayor entidad; así,
en el caso de la utilización de personas interpuestas para ocultar a la
Hacienda el verdadero responsable, o de aquellas defraudaciones que por
su cuantía o por estar amparadas en una estructura organizativa
defraudadora merecen una especial represión, eso se incluye también en el
proyecto de ley; y, por último, también se incluye una figura nueva que
es la penalización de la defraudación a la Seguridad Social. Por lo
tanto, vemos cómo hay todo un paquete de asuntos de importancia que están
incluidos en la ley y que esos otros temas de alguna manera lo habían
oscurecido.
Yo quisiera, señorías, terminar mi intervención haciendo una reflexión de
carácter general muy breve: los portavoces, durante el trámite de este
proyecto de ley, algunos portavoces y en algunos momentos --creo que en
el momento actual menos-- han dudado de la oportunidad de la ley y han
dejado en el aire y en el «Diario de Sesiones» determinadas suspicacias.
Creo que esa situación a lo largo del trabajo se ha mejorado, y eso es
bueno porque una ley como ésta debe salir lo más limpia posible de estas
suspicacias.
Nosotros estamos convencidos, señorías, de que ésta es una ley necesaria
y oportuna. Con frecuencia, señorías, desde esta tribuna, desde la
actividad legislativa y, en definitiva, desde la actividad política
pública, en general, nosotros lanzamos hacia la sociedad una serie de
mensajes, es como una emisora que lanza ondas; lanzamos desde nuestra
actividad una serie de mensajes. Creo que en estos momentos en los que se
han producido, por qué no decirlo, una serie de hechos reprobables en
esta esfera de la defraudación, hechos reprobables que han tenido una
relevancia más importante por las personas implicadas en los mismos, creo
que en un momento como éste desde las Cortes, en este caso desde el
Senado, hacer una apuesta a disposición de la Administración de una serie
de instrumentos de lucha contra el fraude, una serie de instrumentos que
mejoren la represión del fraude, que mejoren la conducta de insolidaridad
que supone el no contribuir con las cargas del Estado, hacer esto hoy
aquí, señorías, es lanzar hacia la sociedad un mensaje positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín.
El Senador Cañellas Fons tiene la palabra.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Senador Marín Rite, si no cree usted las
habladurías, no sé a qué viene que me las cuente desde la tribuna. Si no
se creen, no se creen.
En segundo lugar, cuando llegó el texto del proyecto al Senado no
estábamos en campaña electoral. (El señor Marín Rite hace signos
negativos.) Repásese la cronología, cójase los boletines. Cuando se
publicaron las enmiendas, que nosotros no presentamos, no estábamos en
campaña electoral. De manera que no me atribuya, ni siquiera con la buena
intención de que no se las cree, posibles intenciones que jamás hemos
tenido.
En tercer lugar, Senador Marín Rite, no acabo de entender cómo ha dicho
su señoría desde la tribuna que este proyecto de ley ofrece nuevos
instrumentos para evitar el fraude fiscal. ¿Su señoría a qué le llama
nuevos instrumentos?, ¿a la excusa absolutoria?, ¿ése es un nuevo
instrumento para reprimir el fraude fiscal? No lo entiendo, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El Senador Martínez
Sevilla pide la palabra.)
Senador Martínez Sevilla, me debía de haber pedido la vez antes para
tener un poco de orden en el debate, pero tiene la palabra. (Risas.)
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Le había pedido la palabra, lo que ocurre es que creo que no estaba
mirando en ese momento.
Quiero responder al Senador Marín Rite en la alusión hecha anteriormente.
Se trata no de una discusión cuantitativa. Se trata de una discusión de
cifras. Se trata de una discusión cualitativa. Con la introducción por
nuestra parte de un tipo penal distinto, nosotros estamos considerando
delincuente a todo aquel que defraude, sea una peseta o sea un millón,
sea cinco o sea quince millones. Pero consideramos que el Estado sólo
debe gastar parte de sus recursos y, en definitiva, poner la maquinaria
penal a disposición cuando supera la cifra de cinco millones de pesetas.
De tal manera que la diferencia es clara. Consideramos delincuentes a
todos, pero consideramos que sólo se deben gastar recursos penales, que
sólo debe entrarse en un gasto de recursos penales del Estado cuando se
superen los cinco millones de pesetas. Pero esto tiene consecuencias
prácticas, además. ¿Cuál es la consecuencia práctica? La posibilidad de
acumular. Si no se superan los cinco millones de pesetas, y eso figurase
como tipificación del delito penal, entonces se podría defraudar
sucesivamente por cuatro millones en períodos impositivos y no habría
posibilidad alguna de acumular. De esta forma sí hay posibilidad de
acumular pena. Por tanto, la diferencia es sustancial y no sólo es
cuantitativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El Senador Marín rite tiene la palabra por el mismo
turno.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Senador Martínez Sevilla, con su tipo penal, la
defraudación de cuatro millones y medio de pesetas no es delito; no se
pone en marcha el recurso penal.
Sobre lo que se considera delincuente, aparte de la imprecisión que
supone la construcción de la expresión, delincuente es el que comete una
acción encajable en un tipo penal, que pone en marcha la acción de la
Justicia, que es enjuiciado y es castigado finalmente en una sentencia
firme. Ese es el delincuente. Mientras tanto, afortunadamente, no hay
delincuente ni hay nada. Afortunadamente, el Código Penal es un Derecho
penal democrático y, por lo tanto, no hay delincuente hasta que no ocurre
todo esto que yo le acabo a usted de decir.
Señor Cañellas, yo no sé si estábamos ya dentro de la campaña electoral
«stricto sensu» o legalmente hablando. La última campaña electoral ha
durado siglo y medio, como usted sabe; es cuestión de días, ¿qué más da?
Por otra parte, en cuanto a lo que yo le he comentado de las habladurías
que corrían por los pasillos del Parlamento, sobre todo en la parte
antigua del Palacio donde hay fantasmas y cosas de estas, esto era
sencillamente, como usted comprenderá, una argucia parlamentaria; no
tenía otra malicia.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Iniciamos las votaciones pendientes.
En primer lugar, enmiendas defendidas por el Senador Martínez Sevilla,
del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Martínez Sevilla pide la
palabra.)
El señor MARTINEZ SEVILLA: Quería hacer uso de la palabra, señor
Presidente, para que constara que se suscribe la enmienda transaccional
presentada por diversos grupos parlamentarios al artículo 350, puntos 1 y
2, que, por problemas técnicos, no ha sido posible firmar previamente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Así constará en el «Diario de Sesiones». Su señoría se adhiere a esta
enmienda transaccional que, sin embargo, no está firmada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Sometemos a votación las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, cuatro; en contra, 216; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
manifestó que su enmienda número 19 era retirada, de tal modo que vamos a
proceder a votar las tres propuestas de modificación.
En primer lugar, la referida al artículo 349 propone la sustitución de
las palabras «local o de la Comunidad Europea» por «o local». Esta
propuesta no viene sostenida por todos los grupos parlamentarios, sino
por cuatro, por lo que la vamos a someter a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 132; en contra, uno; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En el párrafo 3 bis, del mismo artículo 349, hay una corrección de
errores que se puede entender aprobada por asentimiento, puesto que
figura como enmienda suscrita por todos los grupos parlamentarios. Donde
dice: «el mismo hubiera» debe decir: «el mismo pudiera haber». (Pausa.)
Se declara aprobada.
Artículos 350, puntos 1 y 2. Se propone la supresión de las palabras «o
de la Comunidad Europea». Sometemos esta propuesta a votación, puesto que
no cuenta con el soporte de todos los grupos de la Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 128; en contra, dos; abstenciones, 92.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación el dictamen de la Comisión.
En primer lugar, antes de proponer una votación global sobre el conjunto
del dictamen, vamos a someter a votación el primer párrafo del artículo
349, apartado 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 222; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el resto del dictamen que aún queda por votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 130; en contra, uno; abstenciones, 92.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por esta Cámara al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre ellas de forma previa a la sanción definitiva
del texto por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY DE MEDIDAS RELATIVAS A LA CONSERVACION Y
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. (S. 624/000010.) (C. D.
122/000067.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca en relación con la proposición de ley de medidas relativas a la
conservación y comercialización de los productos pesqueros.
Para presentar el dictamen, solicito que el señor Presidente de la
Comisión me indique quién va a hacer uso de la palabra.
El señor GALAN CANO: Lo hará el Senador Alonso Colacios.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley de medidas relativas a la conservación y
comercialización de los productos pesqueros fue presentada en el Congreso
de los Diputados por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Con fecha 6 de septiembre de 1994 la Mesa de la Cámara acordó
admitir a trámite la misma, iniciándose en ese momento el procedimiento
legislativo que ha concluido en la Cámara Baja con la aprobación de dicha
proposición por su Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, actuando
con competencia legislativa plena, lo que sucedió el 7 de abril de 1995.
La proposición tuvo entrada en esta Cámara con fecha 10 de abril de ese
mismo año, y con tal fecha la Presidencia del Senado la remitió a la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, abriéndose en ese momento el
plazo de presentación de enmiendas. En el transcurso del mismo fueron
presentadas 12 enmiendas y una propuesta de veto. La propuesta de veto y
las nueve primeras enmiendas iban firmadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, en tanto que las tres enmiendas restantes
correspondían, una, al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y dos, al
Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia para informar sobre la citada proposición se reunió con fecha
11 de mayo de 1995, acordándose no admitir a trámite ninguna de las
enmiendas formuladas y mantener el texto remitido por el Congreso en sus
propios términos.
Con fecha 18 de mayo de 1995 se reunió la Comisión para dictaminar la
citada proposición, habiéndose acordado, asimismo, mantener el texto del
informe de la Ponencia sin modificación alguna. Tanto el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como el Grupo
Parlamentario Popular han sostenido las enmiendas para este Pleno
presentando sendos votos particulares, de los cuales el del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos comprende también la
propuesta de veto. Ese mismo texto, con los votos particulares aludidos,
es el que ahora se somete a la consideración del Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Hay una propuesta de veto que sostiene el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias.
Señor Presidente, quiero anunciar que hemos llegado a un acuerdo y se han
presentado dos transaccionales a tres de nuestras enmiendas. No obstante,
aunque el texto no queda en la línea que a nosotros nos gustaría, como
signo de buena voluntad, nosotros retiramos el veto a este proyecto.
Defenderé, por lo tanto, las enmiendas que quedan.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En todo caso, una vez abierto el turno, otros grupos parlamentarios
pueden hacer uso de la palabra. (Pausa.) No se solicita.
En ese caso, retirado por el firmante el veto al proyecto, tiene la
palabra el portavoz de dicho Grupo parlamentario para defender las
enmiendas presentadas al artículo único y disposiciones, enmiendas
números 1 a 9.
Senador Gangoiti, tiene su señoría la palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo parlamentario presentó esta proposición de ley en el
Congreso de los Diputados teniendo como objetivo principal, por un lado,
la defensa de los intereses de nuevos pescadores y, por otro, la búsqueda
de un equilibrio entre la legislación aplicable al sector extractivo y al
sector comercializador.
Todos sabemos que en los últimos años el conflicto de la costera de la
anchoa y del bonito ha ido incrementándose hasta llegar a una situación
peligrosa. También sabemos que con las artes que utilizan algunas flotas,
principalmente la flota francesa, se están llegando a poner en peligro
los actuales «stocks». Recordemos, por ejemplo, que los volanteros
franceses empiezan a dedicarse a estas costeras, siendo buques de altura,
en 1987, una vez que han esquilmado otras especies a las que se estaban
dedicando. Tal y como digo, nuestra idea era, por un lado, defender los
intereses de nuestros pescadores y, por otro, buscar un equilibrio entre
el sector extractivo y el sector comercializador. Nos parece una paradoja
que a las flotas de nuestro Estado les esté prohibido utilizar las
volantas y las redes pelágicas y que, en cambio, se permita la
comercialización de esos productos que, al fin y al cabo, son pescados
por otras flotas. Eso significa una desigualdad de oportunidades y una
competencia desleal.
El texto original sufrió un cambio importante en el Congreso de los
Diputados, de ahí que nosotros en el trámite del Senado presentáramos el
veto. Después de una serie de negociaciones, de las que hablaré
posteriormente, hemos llegado a una fórmula para transaccionar las
enmiendas 7, 8 y 4, que presentaba nuestro Grupo, pues aunque el texto no
nos satisface al cien por cien, sí lo mejora sustancialmente.
Por lo tanto, me voy a centrar en las enmiendas que seguimos manteniendo.
Con la enmienda número 1 nuestro Grupo parlamentario, tal y como decía,
pretende buscar el equilibrio entre la legislación aplicable al sector
extractivo y al comercializador. Cuando decimos que hay que prohibir el
bonito pescado con volantas, lo hacemos porque todo el mundo sabe que las
volantas de dos kilómetros y medio no son volantas rentables. Todos los
estudios que se han hecho al efecto dicen que las volantas, para que sean
rentables, tienen que tener un kilómetro por cada pescador. Y teniendo en
cuenta que en esos buques van alrededor de siete personas, esas redes
tendrían que tener siete kilómetros. De hecho, cuando en aquella época se
debatió este tema en el Parlamento Europeo, el señor Lataillade, que era
entonces Presidente de la Subcomisión de Pesca y alcalde de uno de los
pueblos franceses que más utiliza las
volantas, pedía su extensión a esos siete kilómetros. Nosotros pensamos
que en estos momentos, ante la falta de inspección comunitaria, de
control comunitario y ante el hecho de que las volantas de dos kilómetros
y medio no son rentables, para evitar esa trampa, habría que prohibir la
comercialización de todos los productos pescados con volantas.
En la enmienda número 2 nos referimos a la prohibición de la
comercialización en nuestro mercado de productos pesqueros procedentes de
flotas de países que hayan agotado la cuota correspondiente. ¿Por qué
proponemos esto? Sus señorías recordarán el grave conflicto que se
produjo la primavera del pasado año durante la costera de la anchoa,
debido al hecho de que Francia había superado ampliamente su cuota y, sin
embargo, seguía faenando, seguía pescando y seguía vendiendo sus
productos hacia nuestro mercado.
En la enmienda número 3 se pretende buscar el equilibrio entre el sector
extractivo y el comercializador. En cuanto a la enmienda número 4, hemos
llegado a un acuerdo.
La enmienda número 5 tiene, en gran parte, el mismo razonamiento y busca
los mismos objetivos que la enmienda número 2. La enmienda número 6
pretende completar el reglamento comunitario, que prohíbe a la flota
europea capturar túnidos utilizando lances de pesca sobre delfines,
mientras se admite la comercialización en el mercado español de estos
productos capturados por flotas americanas, lo que supondría una
discriminación y una competencia desleal para nuestra flota.
Por último, las enmiendas números 7 y 8, tal y como he dicho, son objeto
de una transaccional.
Con todo esto, llegamos al final a la elaboración de un texto, como decía
al principio, que no es exactamente el nuestro, pero que sí sale
mejorado. En este sentido, yo quiero resaltar, porque es de justicia, el
papel que ha jugado en estos intentos de llegar a un acuerdo y de que
sacáramos este asunto adelante el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y, en concreto, el Senador Ramón Companys.
Lo digo porque es de justicia y lo digo también porque en algunos
ambientes en estos momentos está de moda una crítica completamente
injusta a Convergència i Unió, a sus presidentes --el Presidente de la
Generalitat, señor Pujol, y el Presidente de Unió, señor Durán i
Lleida--, de insolidarios y de que única y exclusivamente se preocupan de
sus intereses. Quiero decir que el tema que estamos tratando aquí afecta
muchísimo menos a Cataluña que a muchas otras nacionalidades y regiones
del Estado español y, sin embargo, han hecho, en aras de buscar un
consenso y lo mejor para nuestra economía, un esfuerzo para que tanto el
Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos llegáramos a un acuerdo. Por consiguiente, quiero
decirlo aquí, y con esto acabo, porque es de justicia, en defensa de ese
Grupo Parlamentario y en defensa también de quien preside la institución
de la nación catalana, el Presidente Pujol.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas a esta
proposición.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, procedo a defender las
enmiendas presentadas a esta proposición de ley.
La primera de ellas, la enmienda número 11, ha quedado integrada en una
enmienda transaccional, a la que también se han incorporado las enmiendas
números 7 y 8, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. La enmienda originaria tenía por objeto la
prohibición de comercialización de pescados inmaduros en todo el
territorio nacional. El fundamento de la misma era bien simple: si
nuestra flota tenía absolutamente prohibida la captura y venta en lonja
de especies que no cumplen la norma mínima de tallaje establecida,
tampoco puede ni debe consentirse por el Gobierno, por la Administración,
la entrada y comercialización en nuestro país de tales inmaduros,
capturados sin limitaciones o restricciones de tipo alguno por flotas de
terceros países que faenan en los mismos caladeros que nuestra flota.
La actual situación no sólo resulta ilógica e incomprensible para
nuestros pescadores, sino que, en su opinión constituye una provocación,
sobre todo en estos momentos, en los puertos pesqueros andaluces de
Almería, Málaga, Cádiz o Huelva, en donde las tripulaciones de cientos de
embarcaciones permanecen totalmente inactivas desde hace ya más de un
mes, en espera de que finalicen las negociaciones entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos para un nuevo acuerdo pesquero y han podido
comprobar y constatar los intentos de introducir por sus puertos, sobre
todo por el de Algeciras, camiones cargados de inmaduros. Además, tales
pescadores aún no han percibido ni una sola peseta de las ayudas
prometidas por el Gobierno en el pasado mes de abril, consistente en
73.150 pesetas mensuales por marinero y 1.700.000 pesetas de media por
barco. No debe extrañar a nadie la gravísima tensión existente en los
puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la realización de actos y
de movilizaciones, cada vez más radicalizadas --cuyos brotes de violencia
rechazamos--, en contra de la actual situación que entienden que les
discrimina.
Por tanto, reiteramos la necesidad de que tal prohibición de
comercialización de inmaduros en nuestro territorio tenga carácter
normativo interno, que obligue y vincule, que al amparo de la misma se
refuercen los controles y las medidas sancionadoras en nuestros puertos,
en definitiva, que no se prolongue por más tiempo la indefensión y la
desigualdad existente, que perjudica gravemente a nuestro sector
pesquero.
La segunda de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la número
12, tiene por objeto prohibir la importación y comercialización de
especies pesqueras procedentes de los caladeros en los que se obligue a
nuestra flota a realizar paradas biológicas durante el tiempo de duración
de las mismas. Si la razón de ser de las paradas biológicas
es la conservación y recuperación de los caladeros, obligándose a nuestra
flota al amarre forzoso, a la paralización, al cese de actividad durante
determinados meses, bajo ningún concepto puede admitirse que durante
dichos períodos de tiempo otras flotas continúen faenando en tales aguas
y menos que sus capturas tengan vía libre para entrar y ser
comercializadas en nuestro territorio, abarcando nuestros mercados en
tales circunstancias en situación casi de monopolio, con el consiguiente
perjuicio para nuestro sector pesquero.
El recientemente finalizado acuerdo pesquero de la Unión Europea y
Marruecos ha sido un claro ejemplo de cuanto venimos exponiendo, pues en
ningún momento se cumplió por la otra parte el principio de reciprocidad
no sólo en cuanto al cumplimiento de las paradas biológicas, cuya
inobservancia fue absoluta, sino incluso estableciendo discriminaciones
sobre las artes a utilizar por nuestra flota.
Por todo ello, solicito, en nombre de mi Grupo, el voto afirmativo para
las enmiendas presentadas y aquí defendidas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Molina.
¿El Grupo Parlamentario Socialista va a hacer uso de la palabra para
oponerse a las enmiendas? (Pausa.)
Senador Garcías Coll, tiene su señoría la palabra, en principio, por
tiempo de ciento diez minutos.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Con menos tiempo me sobrará.
En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos por la retirada de su veto. Creo que hemos
conseguido consensuar un texto que --como él decía--, si no es de su
agrado, puede serlo del de todos. En eso consiste el consenso. Por tanto,
seguimos avanzando en la defensa y en el equilibrio del sector, tanto
extractivo como comercializador.
Voy a contestar muy brevemente a las enmiendas que se han planteado. Creo
que hay un conjunto de enmiendas a la exposición de motivos y la voluntad
política se ve reflejada en las enmiendas números 5 y 6, ya que la número
4 ha sido transaccionada. La enmienda número 5 plantea la prohibición de
la comercialización de los productos de la pesca procedentes de las
flotas de países que hayan agotado el volumen total de capturas admitidas
para la especie de que se trate. Dicha enmienda nos parece totalmente
inviable por dos motivos: primero, porque creemos que se plantea
únicamente desde la óptica de la pesca de bajura, por lo que es de
difícil aplicación en la pesca de altura. Segundo, sería difícil aplicar
restricciones cuando puede existir «stock», el cual puede estar
comercializándose en todo momento. Por tanto, nuestros pescadores de
altura sufrirían un gran perjuicio, porque somos de los que más
capturamos, los que más «stock» tenemos y más vendemos en los mercados y,
quizás, podría beneficiar a los pescadores de bajura.
La enmienda número 6 plantea un tema en el que estamos totalmente de
acuerdo, pero la regulación tendría que ser la prohibición total de la
comercialización de este producto a nivel de la Comunidad Económica
Europea. ¿Por qué? Porque si nosotros lo prohibimos a nivel estatal, será
difícil parar el pescado que entre por el puerto de Amsterdam, porque la
libre circulación de ese producto haría que entrara en nuestro mercado.
Creo que he contestado a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que quedaban vivas.
En cuanto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular,
a la número 11 se ha ofrecido una enmienda transaccional en la que se ha
incorporado todo el tema de tallas mínimas e inmaduros. La enmienda
número 12, del Grupo Parlamentario Popular, es imposible de aplicar, por
dos motivos básicos: primero, el tema de las paradas biológicas --en
concreto, el tema de Marruecos-- vienen dadas por los acuerdos entre
Marruecos y la Comunidad Económica Europea. Si en algún caso tuvieran que
prohibirse, sería a través de un acuerdo. Nosotros en ningún momento
podemos impedir que el producto pescado en aguas marroquíes se
comercialice o circule en la Comunidad Económica Europea. Segundo, creo
que el tema de las paradas biológicas --como conoce su señoría-- salió en
un momento de negociación, estando el sector pesquero de acuerdo en que
en lugar de reducir la capacidad de su captura se recibiera una
compensación, a través de una parada biológica, desde la propia Comunidad
Económica Europea. Se ha trasladado a nivel de la opinión pública por
parte del propio sector que fue un acuerdo de la Comunidad Económica
Europea y Marruecos con el sector, el cual estaba mucho más de acuerdo en
parar unos meses que en disminuir la capacidad extractiva para los
barcos. Y esa parada biológica tenía una compensación por parte de la
Comunidad Económica Europea. Por tanto, el marco en el que tendría que
resolverse ese tema --si se puede; yo lo veo muy difícil-- sería en el
del acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Marruecos, porque
plantea directamente el tema desde esta óptica.
Quiero agradecer finalmente el esfuerzo de todos los grupos. Creo que
--como decíamos antes-- hemos hecho un avance para plantear nuestra
sensibilidad sobre el sector y para que la Unión Europea conozca cuál es
la sensibilidad sobre los temas de la pesca por parte del Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garcías Coll.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer a todos los grupos
parlamentarios el apoyo que han prestado a algunas de nuestras enmiendas
y para decir públicamente que nosotros mantenemos, por supuesto, las
enmiendas que no han sido transaccionadas y que también votaremos
favorablemente las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Companys i Sanfeliú.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en principio, quiero agradecer las amables y
merecidas palabras que nos ha dedicado el Senador Gangoiti. En todo caso,
intentamos --creo que como la mayoría de los señores Senadores-- cumplir
con nuestra obligación y, sobre todo, mejorar, hacer aportaciones a todas
las normativas que llegan al Senado para su aprobación.
El Estado español, por su configuración geográfica, es uno de los países
de la Unión Europea con más kilómetros de litoral marítimo. Nuestras
costumbres, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro alto consumo de
pescado por habitante es un claro ejemplo de esta vocación marinera. Es
justo recordar, por ejemplo, que los pescadores vascos, con medios
totalmente precarios, fueron los primeros que se dedicaron a la pesca
comercial de las ballenas, hace ya muchos años. Nuestra flota y nuestra
industria pesquera de transformación han sido pioneras en la
investigación, tanto en lo que se refiere a los sistemas de pesca, a la
localización de nuevos bancos, así como al posterior aprovechamiento
comercial de los productos derivados de la pesca. En base a estos hechos,
nuestra flota tuvo un importante desarrollo, convirtiéndose en una de las
más potentes del mundo.
Los tiempos van cambiando: la pesca ha dejado de ser un arte, las nuevas
tecnologías aplicadas a ese sector, la conciencia de la riqueza que
representa el control de los bancos de pesca para algunos países,
situados en sus aguas adyacentes, la concienciación de que estos recursos
son un bien finito, han hecho que los países ribereños vean en el mar una
importante fuente de riqueza, ya sea para la explotación de los recursos
por países pesqueros o, directamente, por ellos mismos. Como la cultura
pesquera no es igual en todo el mundo, la voluntad de aplicación de esas
normas para la conservación del medio marino tampoco es paralela en los
diferentes países.
El Estado español, en base a esa sensibilidad, ha promulgado toda una
serie de normativas, que tienen como fin la defensa de nuestras reservas
pesqueras, penalizando el uso de algunas artes de pesca que atentan
gravemente al medio marino y prohibiendo de una forma tajante la pesca de
ejemplares de tamaños pequeños.
¿Cuál es la paradoja que nos encontramos en esos momentos? Que los
pescadores españoles, en aplicación de nuestra normativa, no pueden
capturar productos pesqueros por debajo de ciertas tallas mínimas, y al
llegar a las lonjas las encuentran repletas de pescado que no pudieron
pescar por estar prohibida su captura, habiéndolo hecho los pescadores de
otros países de la Comunidad en aguas de la Unión Europea. Y, lo que es
peor, que el producto, en algunos casos, procede, incluso, de países
terceros y entra por algún país que no tiene interés especial en el
control de las importaciones de esos productos. Finalmente, aparece en el
Estado español, que tiene prohibida su pesca pero no su comercialización;
hecho que perjudica de una forma clara a nuestro sector.
Estas contradicciones han sido motivo de que hoy estemos debatiendo esta
proposición de ley. Tratamos de forzar, dentro de nuestras posibilidades,
que se cumpla la normativa europea por lo que se refiere a las artes de
pesca y que las prohibiciones en este momento vigentes en el Estado
español, por lo que se refiere al tamaño de productos marinos en el
momento de la pesca, se cumplan en el momento de su comercialización, de
una forma especial con los productos pesqueros que nos llegan de los
países de la Unión Europea. Entendemos que es la norma que, de alguna
manera, penalizará a aquellos pescadores que están atentando al medio
marino, poniendo en dificultad el futuro de los bancos de pesca.
Por lo tanto, nuestro Grupo está satisfecho de la labor que ha realizado
en la modificación del artículo único que venía en el proyecto de ley, y
en la inclusión del artículo 2, que entendemos que mejorará de una forma
sustancial el redactado de la ley y que la convertirá en un buen
instrumento al servicio de nuestro sector.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Molina tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición de ley que se ha debatido hoy en esta Cámara, a iniciativa
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene sus
antecedentes en múltiples iniciativas parlamentarias y propuestas,
instando al Gobierno no sólo a la defensa ante la Unión Europea de la
prohibición definitiva de todo tipo de redes de volanta, sino también a
la prohibición, en el territorio español, de la comercialización de todas
las especies pesqueras capturadas con artes de enmalle a la deriva o con
calquier otro arte pesquero prohibido en nuestra legislación. Así,
podemos citar las resoluciones aprobadas en tal sentido por el Congreso
de los Diputados en octubre y diciembre de 1993, marzo y julio de 1994, y
por el Senado en abril de 1994, que contaron con el apoyo prácticamente
unánime de los grupos parlamentarios, incluido el Socialista.
Existen suficientes motivos para exigir que el enmalle a la deriva quede
prohibido, así como la comercialización en nuestro país de la producción
pesquera obtenida, pues de continuar la actual situación en el Cantábrico
por parte de otras flotas comunitarias empleando artes prohibidas,
nuestra flota artesanal podría desaparecer en un plazo no superior a
cinco años: Por motivos ecológicos, ya que es un arte no selectivo
causante de gran mortandad en especies no comerciales; por motivos de
productividad y de llevar a cabo una pesca responsable que haga posible
una
adecuada y necesaria explotación y conservación de los recursos; por
motivos económicos, con el fin de poner cese a una competencia desleal a
nuestra flota artesanal por quienes de forma continua y constante vienen
infringiendo la propia reglamentación comunitaria, tanto en el Cantábrico
como en el Mediterráneo, y ahí está el reciente apresamiento de un
pesquero comunitario en aguas de Mallorca por faenar ilegalmente.
Desde el inicio de la presente legislatura, los sucesivos ministros de
agricultura y pesca en sus distintas comparecencias en esta Cámara han
venido anunciando el envío a las Cortes de un proyecto de ley de pesca.
Sin embargo, tal compromiso aún no se ha cumplido. De ahí la necesidad y
la conveniencia de la presente proposición de ley.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente la misma y esperamos que si
efectivamente prospera, el Gobierno la cumpla estrictamente adoptando las
medidas convenientes para proteger firmemente los intereses de nuestra
flota pesquera a fin de impedir que aquello que no se pueda pescar se
pueda legítimamente comercializar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Molina.
No hay intervención del Grupo Parlamentario Socialista.
Hemos concluido el debate y solicito a los señores intervinientes en el
mismo unos minutos de atención.
Tal y como se ha señalado en el transcurso del debate, están presentadas
dos enmiendas transaccionales sobre la base de enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 4, 7 y 8,
así como la número 11 del Grupo Parlamentario Popular.
¿Cuál es el efecto, en su caso, de la aprobación de estas enmiendas?
Sería el siguiente: en lugar de artículo único al proyecto, éste queda
transformado con dos artículos; la introducción de las enmiendas, en
nuestra opinión, obligaría a modificar también la exposición de motivos,
lo que no ha sido advertido hasta el momento, porque no sería congruente
la exposición de motivos con el resultado final de la voluntad del Senado
en el caso de aprobar dichas enmiendas.
La Mesa y la Presidencia propondrían a la Cámara que se nos autorice a
modificar, lógicamente con su aprobación, la exposición de motivos en
algunos puntos que simplemente resolverían los problemas de incongruencia
que se plantean con la modificación que, probablemente, va a ser
aprobada. Porque, por ejemplo, lo que se suscita en la exposición de
motivos en relación con una de las enmiendas del Partido Popular y del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos --que van a ser
aprobadas por todos los Grupos--, es que además de las volantas se
introduzcan regulaciones sobre el arrastre pelágico que, por cierto, es
con ge.
En consecuencia, en la página 2 del texto remitido por el Congreso de los
Diputados, en el segundo párrafo de la exposición de motivos, donde dice
«En primer lugar, afrontamos el problema de la proliferación del uso de
redes de enmalle de deriva de superficie (volantas)...» habría que añadir
en ese primer párrafo, lo mismo que en el tercero, «y arrastre pelágico».
Y en el segundo párrafo habría que introducir un plural, porque ya son
dos las técnicas, no una. Por lo tanto, habría que sustituir «esta
técnica» por «estas técnicas». También hay que subsanar un error, porque
en el antepenúltimo párrafo, cuando se dice «reconocimiento al esfuerzo
que supone para nuestra flota la prohibición de faenas...» se entiende
que no es «faenas», sino que es un verbo y debe decir «faenar con tales
artes». La celeridad de la tramitación obliga a estas modificaciones que,
si nadie se opone a las mismas, las podríamos considerar introducidas ya,
arrastradas por las dos enmiendas transaccionales.
¿Pueden considerarse aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Gracias,
señorías.
En consecuencia, vamos a someter en primer lugar a votación, que puede
ser por asentimiento, la redacción del nuevo artículo Uno de este
proyecto de ley. (Pausa.) Me indica la señora Letrada que el Grupo
Parlamentario Popular tiene presentadas enmiendas, así como el Grupo
Nacionalista Vasco.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas pendientes. En primer lugar,
las que mantiene el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 102; en contra, 116; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas dos enmiendas, las
números 11 y 12, que se pueden mantener. No obstante, una de ellas está
vinculada a la transaccional. (Pausa.)
Sometemos a votación la enmienda número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 100; en contra, 119; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Paso a dar lectura al artículo Uno, cuya redacción propuesta por todos
los Grupos Parlamentarios es la siguiente: «Queda prohibida la
comercialización en todo el territorio del Estado de los productos de la
pesca procedentes de países de la Unión Europea, capturados
contraviniendo las normas de conservación comunitarias y prohibidas por
la Unión Europea tanto en lo relativo a redes de enmalle a la deriva
(volantas), como la anchoa y sardina capturadas con arrastre pelágico.»
El artículo Dos, con la propuesta que se plantea rezaría de la manera
siguiente: «Queda prohibida la comercialización dentro del territorio del
Estado de productos pesqueros por debajo de las tallas mínimas, así como
de inmaduros relativos a las diferentes especies pesqueras.»
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento.
Restan por votar las disposiciones finales primera y segunda y la
exposición de motivos, de acuerdo con las modificaciones que se han
propuesto.
¿Pueden entenderse también aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Quedan
aprobadas por asentimiento.
Así se declara aprobada por asentimiento y, por lo tanto, de acuerdo con
el artículo 90 de la Constitución daremos traslado de las enmiendas
aprobadas por esta Cámara al Congreso de los Diputados para que éste se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. (S.
621/000076.) (C. D. 121/000061.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca en relación con el proyecto de Ley de modernización de las
explotaciones agrarias.
El señor Presidente de la Comisión tiene la palabra.
El señor GALAN CANO: Gracias, señor Presidente.
La Comisión ha designado al Senador don Manuel Ferrer i Profitós para la
presentación del Dictamen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, señorías, es un honor para
nuestro Grupo y para este Senador haber sido designado por los miembros
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para presentar este
Dictamen de la Comisión al proyecto de ley de modernización de las
explotaciones agrarias, deferencia que yo personalmente agradezco a todos
los Grupos que componen la Comisión de Agricultura y en particular al
compañero, Portavoz del Grupo Socialista, don Gonzalo Arguilé. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
La Comisión de Agricultura dictaminó el proyecto de Ley de modernización
de las explotaciones agrarias. Previa su aprobación por el Pleno del
Congreso de los Diputados, tuvo entrada en esta Cámara el proyecto de Ley
de modernización de las explotaciones agrarias con fecha 12 de abril de
1995. Con esa misma fecha el Presidente de la Cámara acordó la remisión
del proyecto a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado,
abriéndose en ese momento el plazo de presentación de enmiendas que
inicialmente había de terminar el día 26 de abril. Dicho plazo fue
ampliado hasta el 4 de mayo, habiéndose presentado durante el mismo 62
enmiendas, de las que 31 estaban suscritas por los Senadores Vilallonga
Elviro y Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, 18 por el Grupo
Parlamentario Popular y las 13 restantes por el Grupo Parlamentario
Socialista. La ponencia designada por la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca para informar el proyecto de ley se reunió el día 11 de
mayo de 1995. Fue una sesión que duró más tiempo de lo habitual --diría
yo-- ya que se emplearon tres horas en ello y se realizó un gran trabajo
en relación con este proyecto de ley, emitiendo posteriormente el
correspondiente informe en el que se proponía la incorporación al
proyecto de las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista, la número
34, formulada por el Grupo Popular, y asimismo diversas correcciones de
errores que se detallan en dicho informe ya publicado.
La Comisión se reunió el día 18 de mayo de 1995 para dictaminar el
proyecto, haciendo suyo el texto propuesto por la Ponencia con la
incorporación de una nueva enmienda, concretamente la número 11,
formulada por la señora Vilallonga Elviro y el señor Martínez Sevilla,
dando a la luz un nuevo texto para el proyecto de ley.
Los enmendantes han sostenido como voto particular para su defensa en el
Pleno las enmiendas presentadas y no incorporadas al proyecto, a
excepción del Grupo Parlamentario Socialista, cuyas enmiendas, como he
dicho, fueron introducidas ya en fase de Ponencia.
Señor Presidente, señorías, sólo me resta agradecer el esfuerzo de todos
los grupos para llegar a alcanzar, dentro de lo posible, consensos para
la mejora de este proyecto de ley, haciendo extensivo mi agradecimiento
al Letrado don Andrés Jiménez así como a los servicios de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer i
Profitós.
No hay turno a favor ni turno en contra. Por tanto, pasamos al turno en
defensa de las enmiendas.
En primer lugar, está el voto particular presentado por la Senadora
Vilallonga Elviro y el Senador Martínez Sevilla, correspondiente a las
enmiendas números 1 a 10 y números 12 a 31.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a consumir con brevedad un turno para reiterar los argumentos
manifestados en Comisión en defensa de estas enmiendas que, en conjunto,
pretenden introducir algunas modificaciones en el proyecto de ley
fundamentalmente de cara a predisponer a la explotación prioritaria --lo
que el proyecto denomina explotación prioritaria, que tiene unas
determinadas características-- hacia lo que nosotros entendemos son la
mayoría de las explotaciones agrarias, explotaciones que deben recibir
ayudas públicas y enmarcarse en un marco legislativo adecuado en España,
en definitiva, hacia las explotaciones familiares o pequeñas
explotaciones.
El proyecto de ley entiende que las explotaciones objeto del mismo, las
explotaciones prioritarias, van a tener una dimensión mínima, tanto en
capacidad para absorber trabajo, al menos equivalente a una persona a
tiempo completo, como en renta de la explotación por unidad de trabajo.
Sin embargo, nosotros estimamos que aproximadamente
sólo el 20 por ciento de las explotaciones españolas supera este listón
que la ley define.
Por otro lado, la renta máxima por unidad de trabajo que se marca no debe
sobrepasar en un techo fijado el 120 por ciento de la renta de
referencia. La procedencia del trabajo no exige que la explotación sea de
tipo familiar, es decir, no exige que los trabajos de la explotación sean
realizados principalmente por los titulares y por su familia, pero como a
su vez la ley propone la derogación de la Ley 49/1981, que se refería al
estatuto de la explotación familiar y a los agricultores jóvenes,
entendemos que desaparecería de la legislación española el concepto de
explotación familiar.
Por otra parte, la ley define unos determinados requisitos para el
titular, por ejemplo, que la explotación, incluyendo las actividades
complementarias, debe ser la principal fuente de rentas del titular, lo
que el proyecto de ley denomina la profesionalidad del agricultor,
haciendo, desde nuestro punto de vista, un claro abuso del lenguaje, ya
que de este modo no quedarían agricultores profesionales sino, en cierta
manera, agricultores con un tipo de dedicación muy determinado.
En definitiva, el proyecto de ley apoya de forma casi exclusiva aquello
que denomina explotaciones prioritarias, es decir, aquellas que considera
competitivas --dicho entre comillas--. Por tanto, de ahí nace la
exclusión de ese otro tipo de explotaciones agrarias, las explotaciones
pequeñas, las que se presupone que no son capaces de competir, lo que
según el proyecto, supondría un desperdicio, por así decirlo, en el caso
de que se les dedicara apoyo público. También se renuncia a dar prioridad
a las explotaciones familiares, las que estaban contempladas en la Ley
49/1981, ya que se considera este concepto de explotación restrictivo y
obsoleto.
Por tanto, este marco nos hace que presentemos una serie de enmiendas que
pretenden en conjunto que las explotaciones prioritarias cumplan los
siguientes requisitos. En primer lugar, que sean explotaciones de tipo
familiar. Es decir, se propone una definición similar a la de la Ley
actual que se quiere suprimir. En segundo lugar, que la renta debe quedar
por debajo de la renta de referencia. Es decir, hay una condición sobre
renta máxima. En tercer lugar, se pretende que, en cuanto a las
condiciones sobre el titular --en esto coincidimos con el proyecto de
ley--, la renta proceda principalmente de la explotación.
Ahora bien, algunas otras enmiendas tratan de cerrar, por así decirlo,
algunos de los coladeros que --entendemos-- deja este proyecto de ley,
por ejemplo, para las explotaciones cuyo titular sea una persona jurídica
o para las ayudas sectoriales. Algunas otras enmiendas proponen la
presentación de un informe anual al Congreso de los Diputados sobre la
aplicación de la ley, incluyendo los efectos que la política agraria
común, la PAC, tiene sobre el trato preferente a las explotaciones
prioritarias, y una relación de las actuaciones del Gobierno para
eliminar las posibles trabas que la misma PAC conlleva. Este mecanismo de
control trataría de reforzar el compromiso político en favor de las
explotaciones prioritarias ya que la actual PAC tiene un apoyo
indiscriminado hacia las explotaciones, un apoyo proporcional en función
del tamaño de la explotación que va, por tanto, en sentido contrario a la
pretendida concentración de ayudas públicas en las explotaciones
prioritarias.
Mediante otra de nuestras enmiendas solicitamos que se transforme el
catálogo de explotaciones en un registro general de explotaciones
agrarias en el que haya que inscribirse para beneficiarse de cualquier
tipo de apoyo público incluidos los apoyos que proporciona la política
agraria comunitaria.
En cuanto a nuestras enmiendas relativas a ventajas fiscales, entendemos
que es necesario aumentar éstas también en ese concepto de explotación
prioritaria que hay que redefinir, por ejemplo, en lo relativo a la
transmisión de fincas, a las explotaciones asociativas o a los jóvenes
agricultores con la reducción de un 25 por ciento en el IRPF los cinco
primero años si están en estimación objetiva y realizan un plan de
mejora. Proponemos, además, que todas las explotaciones prioritarias se
beneficien de una reducción del 10 por ciento en el IRPF y de un 25 por
ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Otro bloque de enmiendas es el referente a los arrendamientos rústicos.
Entendemos que el proyecto de ley propone la desregulación, disminuye la
protección del arrendatario --en concreto se baja la duración mínima a
cinco años--, y suprime algunas prórrogas forzosas, de tal manera que
consideramos que hay que reformar por completo la legislación relativa a
arrendamientos rústicos, hay que mantener la duración mínima y las
prórrogas que contempla la normativa actual y hay que hacer un debate
profundo en relación con los arrendamientos que abarque la revisión de
otras leyes como, por ejemplo, la Ley de Fincas Manifiestamente
Mejorables o la de Reforma y Desarrollo Agrario. Por ejemplo, los bancos
de tierras, que sugerimos en una enmienda, abren la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas puedan establecer los derechos de tanteo y
retracto con los organismos que se dediquen a la mejora estructural
precisamente sobre las transmisiones de fincas. Finalmente, y en
referencia a la participación del sector en el marco de la política
agraria, entendemos que no se han fomentado en absoluto marcos estables
de participación social en política agraria.
Por tanto, con la desaparición del Iryda del Ministerio de Agricultura
--aunque suponga simplemente la eliminación de un apéndice de la anterior
estructura de dicho Ministerio-- entendemos que no quedan reflejados esos
marcos estables de participación social. Y desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya proponemos la creación de un consejo de
política estructural agraria en el que estarían representadas
organizaciones sociales y la Administración; consejo que tendría
funciones de consulta, de elaboración de propuestas, de evaluación y de
seguimiento de todo lo relacionado con la política de estructuras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Martínez
Sevilla.
En turno en contra, y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
Senador Galán Cano.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en un turno en contra de estas enmiendas, presentadas por el
Grupo Mixto. En primer lugar, quiero resaltar que, salvo en el caso de
una enmienda que fue aceptada en Comisión, el resto se mantienen. Y quizá
no hayamos llegado a acuerdos por lo que plantea el Grupo Mixto en el
sentido indicado por el señor Martínez Sevilla, es decir, por mantener
una cierta coherencia con lo que suponen sus enmiendas. Pero lo cierto es
que desde que la ley entró en el Congreso, hasta el momento de su
presentación en este Pleno del Senado, ha sufrido numerosas
modificaciones, se han aceptado un gran número de enmiendas, se ha
tratado de coordinar en buena medida el trabajo con el resto de los
grupos parlamentarios, y eso ha tenido como fruto que permanezcan vivas
pocas enmiendas en este momento.
Por tanto, creo que podíamos haber hecho ese esfuerzo; sobre todo, porque
entiendo --y creo que el señor Martínez Sevilla lo compartirá-- que en
sus enmiendas no hay ningún planteamiento de diferenciación de tipo
ideológico. Efectivamente, casi todas sus enmiendas son coherentes con
algunas de las presentadas al principio, relativas a que el Estatuto de
la explotación familiar y de los agricultores jóvenes siga siendo la base
y el referente para la elaboración de esta ley. En este sentido, no se
reniega de los principios y objetivos de la Ley de la explotación
familiar y de los agricultores jóvenes; por el contrario, se mantienen en
gran parte dichos objetivos, que orientan en gran medida este proyecto de
ley.
Pero no podemos estancarnos en una ley elaborada hace bastantes años, en
la que el tipo de explotación familiar era muy diferente al que en este
momento tenemos que contemplar. Esta ley quiere dar un paso más para
adecuar fehacientemente la efectividad de lo que deseamos que sean
explotaciones viables, que puedan competir en estos momentos en la
agricultura. Nos novemos en un mercado europeo en donde también rigen
unas leyes y las explotaciones agrícolas españolas deben de tratar de
competir en las mejores condiciones posibles. Por eso, esta ley trata de
fomentar un tipo de explotación, que en la ley se denomina prioritaria,
que arranca de una definición fundamental, como es la del agricultor
profesional.
Precisamente, ésa es la definición que usted rechaza, amparándose en la
de la Ley de la Explotación Familiar. En su enmienda número 6 se define
claramente el objetivo que usted pretende. En dicha enmienda se propone
una definición de la renta global familiar en la que se incluya no sólo
la renta del titular, sino las diferentes rentas de las personas de la
familia que colaboren más o menos en la explotación, con lo cual se
desvirtúa totalmente el concepto de explotación y el del titular de la
misma, que es el que defiende esta ley. El titular de la explotación, con
mano de obra asalariada o familiar, compone un conjunto que es el que
tenemos que contemplar tenga una renta de referencia o unitaria de
trabajo, como se define en el proyecto de ley. A partir de ahí se
establecen las diferentes ayudas para tratar de que esa explotación sea
competitiva, sea lo más viable posible.
A su vez, el proyecto de ley trata de conceder otro tipo de ayudas a
otras explotaciones, en el sentido de que éstas colaboren de alguna
manera --mediante su venta, o a través de las relaciones de
transferencias oportunas-- en la creación de explotaciones prioritarias
y, por tanto, en la de agricultores profesionales, agricultores a título
principal.
Como ve, ahí radica la diferencia fundamental entre las enmiendas que
usted defiende y el texto del proyecto de ley, que estoy defendiendo en
este momento.
Podríamos analizar, una a una, las enmiendas que usted ha mencionado. Sin
embargo, eso sería una labor casi innecesaria, porque desde el momento en
que estuviéramos de acuerdo en lo que le he señalado, podríamos estarlo
en el resto de las propuestas que usted hace en las diferentes enmiendas.
Por ejemplo, usted defiende la renta unitaria de trabajo, pero la está
echando por tierra al defender la renta global familiar, ya que son
conceptos incompatibles por su propia definición. Lógicamente, nosotros
seguimos manteniendo el concepto de renta unitaria de trabajo y la renta
de referencia, que es la que nos va a conducir a la explotación
preferente.
En cuanto a los beneficios fiscales, ocurre lo mismo. Usted solicita una
serie de beneficios fiscales; en cambio, el proyecto de ley establece de
manera muy clara que dichos beneficios vayan dirigidos hacia el método de
estimación objetiva, recientemente modificado y que tan buena aceptación
ha tenido entre los agricultores. Creemos que a través de ese
procedimiento se beneficia bastante a este tipo de explotación, y no se
benefician algunas otras explotaciones que podían entrar por el camino
que usted señala en sus enmiendas. En cambio, de esta manera, si no son
explotaciones prioritarias no quedarían comprendidas. Por otra parte, hay
una enmienda transaccional, que se está intentando que tenga el apoyo de
todos los grupos, que vendría a mejorar no sólo las explotaciones que en
estos momentos pueden considerarse prioritarias, sino a facilitar que
aquellas que puedan hacer transmisiones de tierras para que se creen
explotaciones prioritarias tengan también algún tipo de beneficio para
facilitar ese mercado de la tierra.
Sucede lo mismo cuando usted defiende que permanezca la rigidez que
existe en los arrendamientos rústicos. Precisamente, la ley trata de
eliminar esa rigidez y de evitar el inconveniente existente en cuanto a
la prórroga táctica que se produce en este tipo de arrendamientos, así
como suprimir esos mínimos que dificultan que haya un mercado claro de
arrendamientos rústicos. Hay que dar esa facilidad en las relaciones,
tanto de transmisiones como de arrendamientos, para que se cumpla el
objetivo de la ley, que es que haya más agricultores con una explotación
viable y que lo sean, por tanto, a título principal.
Por tanto, señor Martínez Sevilla, rechazo esas enmiendas en nombre del
Grupo Socialista. Quiero volver a resaltar que no se trata de problemas
ideológicos. Es más, creo que el concepto de explotación familiar lo
acuñó una ideología democristiana que fue acogida en este país en unos
momentos en que no existía aún un sistema democrático. Si en aquellos
momentos podría considerarse, incluso para las circunstancias de España,
que esa ley tenía un cierto progresismo, no cabe duda de que en estos
momentos estamos hablando de un planteamiento bastante anticuado.
Sí quiero decirle que al estudiar una explotación agraria de estas
características, nosotros distinguimos entre lo que es la mera
productividad de la explotación y lo que llamamos competitividad de la
explotación, que son dos conceptos diferentes. Nos movemos a caballo o en
un plano intermedio entre lo que es una explotación eminentemente
productiva y una explotación que podría ser de autoconsumo, concepto de
explotación familiar un tanto anticuado. Nos dirigimos a conseguir unas
explotaciones modernas, unas explotaciones competitivas que vayan
modernizando nuestra agricultura y lo que la ley pretende es que las
ayudas de las diferentes administraciones colaboren en ese objetivo y no
en una situación estática de nuestra agricultura.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán
Cano.
Para defender las enmiendas del voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Acacio Collado.
El señor ACACIO COLLADO: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer un turno breve, puesto que esta Ley ha sido ampliamente
discutida en el trámite de Ponencia, y creo que sería innecesario volver
a argumentar todos los datos que en el trámite anterior se han dado. Voy
a hacer un turno único para defender las enmiendas y posicionarnos con
respecto a las demás enmiendas de otros grupos y de la ley en sí.
Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, mantenemos
todas las que han llegado a este trámite de Pleno, es decir, las números
32, 33 y de la 35 a la 42, ambas inclusive, y pedimos para ellas el voto
favorable de la Cámara porque entendemos que lo que hacen es mejorar el
texto de la ley, que no modifican en sí el espíritu de la misma pero que
matizan aspectos que a nuestro entender suponen en sí una mejora, como ya
se ha dicho anteriormente en trámite de Ponencia y Comisión.
Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, números 1 a 10 y de la 12 a
la 31, nuestro voto va a ser en contra porque creemos que estas enmiendas
vienen a modificar el espíritu y los objetivos de la ley, y aprobar
alguna de ellas sería cambiar el conjunto en sí hasta de las definiciones
de la propia ley. Eso es prácticamente plantear una ley alternativa o muy
variada a la que hay, y como se ha hecho vía enmiendas, a nuestro
entender no es posible aprobar ninguna de ellas.
En lo que se refiere al conjunto de la ley, anunciamos nuestro voto
favorable a la misma, a pesar de que consideramos, como ya hemos dicho,
que es una ley que se ha quedado corta en cuanto a que ha sido muy
restrictiva respecto a las explotaciones prioritarias, entendemos que
debía haber sido un concepto que se tenía que haber ampliado a mayor
número de explotaciones para permitir que hubieran sido más explotaciones
las que se pudieran ver favorecidas por las ayudas y beneficios que esta
ley propicia, lo cual entendemos que sería bueno para nuestra agricultura
y para nuestro entorno rural que podía contar con más número de
explotaciones rentables y modernas, capaces, en definitiva, de generar
mano de obra y riqueza en las zonas rurales que tan necesitadas están de
ello.
Aun así, pensamos que esta ley es un avance importante, que tendría que
haber venido antes a las Cámaras, que llega tarde, pero más vale tarde
que nunca, y esperamos que la aplicación de esta ley sea positiva para el
sector agrario en la medida que sea un catalizador para generar
explotaciones más dinámicas y más adaptadas a los nuevos conceptos de la
agricultura.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Acacio
Collado.
Para turno en contra tiene la palabra el señor Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias
también al Senador Acacio por el avance que ha supuesto pasar del anuncio
de la abstención en la Comisión a votar a favor de la ley en este trámite
de Pleno. Voy a contestarle rápidamente y sin entretenerme mucho porque
el mantener las enmiendas en su conjunto es más fruto de una estrategia
de oposición, suave en este caso, ya que no son enmiendas que tengan una
importancia y un calado capaz de modificar el texto de la ley.
El proyecto de ley llega a esta Cámara, como se ve, con un amplio
consenso. De introducir en el texto las enmiendas que se mantienen, la
ley perdería su contenido, su filosofía, porque la mayoría de dichas
enmiendas lo que pretenden es ampliar el campo de aplicación de la ley o
eximir de impuestos y ampliar los beneficios fiscales de los
agricultores. Por eso digo que de introducir las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular mantiene vivas para este trámite de Pleno haría que
la ley que resultara de este debate no tuviese el efecto que perseguimos,
que no es otro que el de acotar y restringir las ayudas a un sector
agrario que necesita de ellas para seguir manteniéndose en la actividad
agrícola y no ser expulsado de la misma.
El objetivo de todos nosotros es que los recursos que se dedican a la
agricultura cada vez estén más concentrados para que ésta sea más
competitiva, y digo y repito que de haber introducido, por eso nos
oponemos a ellas, las enmiendas que proponía en este trámite el Grupo
Parlamentario Popular hubiese supuesto que se hubiesen difuminado y
diversificado las ayudas y, por tanto, los que desean y quieren seguir
manteniendo la actividad agraria se hubiesen visto desprovistos de las
ayudas que necesitan para seguir en esa actividad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arguilé
Laguarta.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para comentar que por parte de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no se está haciendo, naturalmente, una
estrategia de oposición suave. No se hacen las enmiendas a los proyectos
legislativos por teorías conspiradoras ni por elaboradas estrategias de
actividad de pasillo sino que se hacen por planteamientos políticos, por
planteamientos ideológicos que en muchas ocasiones se trasladan a
planteamientos de gestión, a planteamientos técnicos y a planteamientos
normativos.
Desde ese punto de vista le voy a explicar por qué se plantean este tipo
de enmiendas a este proyecto de ley y también por qué entendemos que la
defensa de la explotación familiar no es la defensa de un concepto
democristiano. Entendemos la explotación familiar no como aquella que
viene derivada de unos determinados vínculos que son los familiares, sino
como aquella que tiene un concepto de relación con el sector y de
relación entre los miembros que le hacen estar directamente implicado en
la explotación. Por tanto, para nosotros explotación familiar no tiene
que ver con parentesco familiar, sino que tiene que ver con un colectivo
de personas que dedican su actividad exclusiva a ese tipo de explotación
agraria, y que además se inserta dentro de un marco tradicional de
actividad agrícola, que es la de unas explotaciones tradicionales
agrícolas que frecuentemente han sido pequeñas, que frecuentemente han
sido de montaña y que frecuentemente se han transmitido de forma
familiar, y de ahí la herencia del término. Por tanto, no creemos estar
defendiendo un concepto democristiano en absoluto, sino, antes al
contrario, un concepto que afecta a muchos pequeños agricultores.
Ahora bien, ¿cuál es el marco de diferencia esencial sobre el cual
situamos nuestras enmiendas, el marco sobre el cual pivota el conjunto de
las enmiendas? El marco sobre el cual pivota el conjunto de las enmiendas
es el entendimiento de que la política agraria comunitaria no es el marco
adecuado para que nuestra agricultura se mantenga y se desarrolle y que
necesita profundos cambios estructurales. En definitiva, la política
agraria comunitaria, al pretender incrementar la competitividad de las
explotaciones agrarias, está comparando las explotaciones agrarias
españolas con las centroeuropeas, que tienen marcos ecológicos y
ambientales completamente distintos, y hace, por tanto, que las
explotaciones agrarias centroeuropeas, con unas condiciones ilimitadas de
agua, con unas condiciones magníficas respecto a suelo, con unas
condiciones también muy buenas respecto a erosión, mantenimiento de la
tierra, etcétera, nunca pueden ser competitivas con las explotaciones
españolas. Por tanto, las explotaciones españolas necesitan detraer
recursos naturales, es decir, necesitan hacer cargas ambientales sobre
nuestros ecosistemas agrarios para conseguir una mayor competitividad que
nunca podremos alcanzar con buena parte de las explotaciones
centroeuropeas, por la gran diferencia de condiciones. En este sentido,
es necesario incrementar tasas de utilización de tierras, de abonados,
tasas, por ejemplo, de erosión, utilización de recursos hídricos muy
escasos en este país, etcétera.
Por ello, consideramos que ese concepto de competitividad en las
explotaciones agrarias, concepto que fomenta la PAC y que entendemos que
no es adecuado, por lo que hubiera tenido que ser negociado de forma
distinta por el Estado, es el que motiva este conjunto de enmiendas, y de
ahí la defensa de un sector de agricultura tradicional que, aunque no sea
competitiva en términos económicos, es decir, aunque sus productos no
salgan a igual precio de mercado que otros, sí es competitiva en términos
globales. Si todos hablamos de desarrollo sostenible, empecemos por
entender que desarrollo sostenible implica que en la economía no
intervengan únicamente los efectos financieros y los directamente
monetarios, sino también los efectos ambientales. Por tanto, en este
sentido, quizá no sería competitiva financieramente una pequeña
explotación agraria de montaña, pero le aseguro que es competitiva dentro
de un concepto de economía global y, por supuesto, es competitiva
ambientalmente. Lleva manteniéndose como actividad durante siglos y va a
poder hacerlo durante muchos más; sin embargo, no es competitivo ese
concepto de explotaciones que el proyecto de ley considera competitivas y
que ahora mismo se mantienen a costa de tasas crecientes de utilización
de abonos, de insecticidas y de plaguicidas que, de alguna manera, están
deteriorando incluso el margen de productividad de la tierra o de tasas
crecientes de utilización de recursos hídricos que no van a poder seguir
sosteniéndose durante mucho tiempo con las actuales condiciones
meteorológicas. De esta forma, es ese concepto distinto de entender la
competitividad el que lleva a la defensa de estas explotaciones. Por
ello, entendemos que no es obsoleto defender explotaciones que desde un
punto de vista monetario pudieran ser menos competitivas pero que sí lo
son desde un punto de vista de economía global, y por eso lo planteamos.
Finalmente, la política agraria comunitaria tiene otra serie de normas
que parecen darle un lustro ambiental y un efecto de cobertura ecológica.
Esto no es así. Buena parte de las medidas de acompañamiento de la PAC,
de la Política Agraria Comunitaria, como las de rotación de cultivos o de
reforestación vienen más impuestas por condiciones de mercado, de
«stock», que por condiciones medioambientales, aunque entendemos que ese
efecto debe preservarse y que, sin embargo, no está adecuadamente
recogido ni preservado en la presente ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Martínez
Sevilla.
Por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo quiere expresar su satisfacción por este proyecto de
modernización de las explotaciones agrarias en los términos en los que ha
quedado, que consideramos
altamente satisfactorios. Y quisiera resaltar que en su inicio, cuando
este proyecto fue presentado en el Congreso, nuestro Grupo presentó
bastantes enmiendas e incluso presentó una enmienda a la totalidad del
proyecto.
A lo largo del trabajo parlamentario, en concreto, en el Congreso de los
Diputados, se han llevado a cabo grandes avances y un gran esfuerzo de
consenso, y nuestro Partido, que, como digo, presentó al principio una
enmienda a la totalidad, no ha presentado en este trámite del Senado
ninguna enmienda al articulado, lo cual demuestra el alto grado de
satisfacción que sentimos.
Nosotros pensamos que también se ha producido en todo este proceso un
hecho muy importante, que es que al final se ha tenido en cuenta el
bloque constitucional, en definitiva, las competencias de las Comunidades
Autónomas y las competencias del Estado y que, en consecuencia, hay un
respeto a esas competencias que marca el bloque constitucional.
Desde nuestro punto de vista, hay dos puntos importantes que incorpora
este proyecto. Por un lado, es importante la nueva regulación de los
arrendamientos; creemos que se consigue con ella una fórmula más flexible
y de mayor libertad para las partes, y esto es realmente fundamental. El
segundo punto importante que vemos en este proyecto es el nuevo marco
fiscal de incentivos de las transmisiones; creemos que se rompen antiguos
mitos del pasado y que este nuevo marco fiscal jugará a favor de mejorar
un déficit estructural de nuestras explotaciones.
Señorías, nosotros creemos que con esta ley, a la que la única crítica
que quizá podría hacerse es que tendría que haber llegado antes, vamos a
conseguir dos objetivos fundamentales. El primero es una reestructuración
productiva del sector, lo cual es fundamental en estos momentos en los
que no ya sólo estamos en la Unión Europea, sino que, además, con los
nuevos acuerdos del GATT, se llega a una economía mucho más abierta,
mucho menos proteccionista, mucho más internacionalizada y globalizada,
en definitiva. Y en este sentido, yo creo que con este proyecto se abren
las puertas para que podamos ser más competitivos y también para ir hacia
una diversificación de actividades que podrá generar nuevas rentas
agrarias en nuevos productos que tengan mercado.
El segundo hecho importante que conseguimos con esta ley es que yo creo
que vamos a disponer de una herramienta para corregir los desequilibrios
y las deficiencias estructurales que ha estado arrastrando históricamente
nuestra agricultura y que es importante conseguir corregir porque, tal
como decía anteriormente, con los nuevos acuerdos del GATT, el
proteccionismo tiende a desaparecer y quienes saldrán adelante en estos
mercados, igual que en los mercados industriales, serán aquellos Estados
y aquellos productos que sean competitivos.
Por lo tanto --y con esto acabo, señor Presidente--, nuestro Grupo va a
votar favorablemente este texto que creemos que es bueno y que prepara el
futuro de nuestros agricultores.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para exponer la posición de mi Grupo
Parlamentario, y me permito la licencia de decir que para este Senador
intervenir en el turno de portavoces en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió en este proyecto de ley es
altamente significativo y yo diría que emocionante, porque consigue una
de las cosas por las que yo he venido luchando casi desde mi
adolescencia, que es la dignificación y la titularización de las personas
o de los activos que se dediquen a la actividad agraria.
Nosotros creemos que esta ley dedicada al sector agrario es la más
importante que se ha hecho desde que hemos entrado en la nueva
democracia. En los años 1980 y 1981 se hicieron una trilogía de leyes que
en aquel momento eran importantes, pero que yo creo que en este momento
están por lo menos en parte, obsoletas, y que eran la Ley de
Arrendamientos Rústicos, del 31 de diciembre de 1980, la Ley del Estatuto
de la Explotación Familiar Agraria y de Agricultores Jóvenes, de 24 de
diciembre de 1981, y el proyecto de ley de fincas manifiestamente
mejorables. Estos proyectos de ley han demostrado a lo largo del tiempo
que no han cumplido los objetivos para los que las citadas leyes se
pusieron en vigor, porque seguramente necesitaban sustanciarse o
actualizarse en otro tipo de ley. Nosotros creemos que ésta puede ser la
de modernización de explotaciones agrarias.
¿Por qué era necesario este proyecto de ley? Primero, para modernizar y
actualizar las explotaciones agrarias tanto desde el punto de vista
estructural como desde el punto de vista de producción y tecnología. ¿Por
qué? Porque en Europa se ha generalizado un modelo de explotación agraria
basado más en la tecnología que en la utilización intensiva de mano de
obra, como era tradicional en el Estado español, y, además, porque esta
agricultura ha quedado plenamente abierta a los mercados internacionales.
También, para preservar su integridad, fomentar su ampliación y, con
ello, hacer las explotaciones viables y, en definitiva, más competitivas
y más rentables.
Señorías, aprovechando que se han hecho manifestaciones por parte de
anteriores oradores, debo decir que esta ley no hace sino cumplir un
mandato constitucional, expresado en el artículo 130.1 de la Carta Magna,
que dice: «Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo
de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de
la ganadería, de la pesca...» Y éste es un proyecto de ley que ha tenido
muchas dificultades hasta llegar al trámite actual en el Pleno del
Senado. Primero, porque ha sido difícil su redacción, incluso por parte
del Gobierno, porque rompe con mitos y antiguos prejuicios o tabúes que
parecían intocables, sobre todo los referidos a incentivos fiscales, como
hemos visto esta mañana. Estos incentivos fiscales nosotros creemos que
deben considerarse más como acción de estímulo de las rentas de los
agricultores, incluso los de las empresas familiares agrarias, que como
beneficios. Sobre todo, no son ningún privilegio.
El Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados, en su afán de que esta
ley saliera adelante, presentó en 1991 una proposición no de ley para que
se determinara quiénes eran los agricultores profesionales. Se había
hablado de ellos por primera vez, como decía antes, en la Ley de
Arrendamientos Rústicos del año 1980. Pero este proyecto de ley, que
entonces ya estaba muy avanzado y sobre el que el Ministro de entonces,
señor Solbes, me había manifestado que se aprobaría antes de acabar la
anterior legislatura, debido a la disolución anticipada de las Cortes
quedó en vía muerta. En 1993, nuestro Grupo, Convergència i Unió, una vez
estrenada la nueva legislatura e insistiendo en la necesidad de que dicho
proyecto de ley saliera adelante, presentó en el Congreso de los
Diputados una proposición de ley de incentivos fiscales, estando
incluidos prácticamente todos ellos en el Capítulo II de este proyecto de
ley.
Decíamos nosotros, ya en 1991, que se debía hacer la determinación y
calificación de quién era profesional de la agricultura. En aquel tiempo
no hubo en el Congreso de los Diputados unanimidad porque, quizá,
nosotros expusimos términos más progresistas, incluso que los de esta
ley, para que cupiera más gente adaptada. Nosotros decíamos que el
agricultor profesional debía tener dedicación directa y personal, y esta
ley, creo que con buen criterio, la deja en directa y efectiva. Esta ley
también era importante para hacer una adaptación a lo que es la normativa
de la Unión Europea.
Mi Grupo ha participado en esta importante ley, tanto en el trámite del
Congreso de los Diputados como en el trámite del Senado, de una forma
constructiva y con un talante totalmente abierto. Los incentivos
fiscales, aparte de ser una vieja aspiración de todos los agricultores
españoles, nuestro Grupo consideraba que eran esenciales para corregir
los déficit estructurales de nuestras explotaciones, derivados
principalmente de una insuficiente dimensión de su superficie y de la
descapitalización, debido tanto a los impuestos por herencia y
transmisiones como, en su día, a su modernización y transformación,
siendo necesarias éstas para incorporar a los jóvenes agricultores, ya
que todos sabemos que la media de edad de los activos agrarios es muy
alta y, o se rejuvenece nuestra población en el campo o el sector tiene
un futuro muy limitado. En este punto quiero hacer dos aclaraciones. Todo
el mundo está de acuerdo en que cuando moría el padre del agricultor en
la casa se producían dos tristezas: una, por la pérdida de un ser
querido; la otra, por el gran palo económico que la familia recibía en
aquel momento como consecuencia del cambio de titularidad de su
explotación.
Y también quiero decir que es una falacia lo que se dice de esta ley: que
propicia la competitividad y que perjudica a lo que es esencialmente la
empresa familiar agraria. Es decir, no se puede condenar al pequeño
agricultor --al que el resto de la sociedad tiene como un ser bucólico
que sale en los cuadros de cualquier pintor crónicamente y, casi,
congénitamente, a que sus hijos vayan saliendo y sean los pajaritos de
encima de los montes cuidando los árboles que no producen nada. Y esta
ley, precisamente, pretende hacer esto. ¿Por qué?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, como puede ver se le ha
terminado el tiempo.
El señor FERRER I PROFITOS: Voy acabando, señor Presidente, pero le ruego
un poquito de condescendencia porque vamos muy bien de hora.
Esto es así, señorías, porque este proyecto de ley lo que hace es
propiciar que este pequeño agricultor se pueda convertir en empresario.
Con esta finalidad, este proyecto de ley hace una serie de reducciones,
tanto en las transmisiones como en las sucesiones y en las donaciones y,
sobre todo, en un concepto nuevo como es el de la permuta entre
agricultores profesionales. También son una novedad importante los
aspectos de los beneficios de las explotaciones forestales, que cumplen
una función social y ecológica muy importante, que van desde reducciones
del 50 y 75 por ciento al 90 por ciento de los valores catastrales en
caso de transmisiones y sucesiones. Como he dicho, también es importante
la calificación, la objetivación de las explotaciones, como la
subjetivación de los titulares, dividiéndolos en agricultor profesional,
agricultor a título principal y, sobre todo, la calificación de las
empresas prioritarias.
Se ha hecho que la renta de referencia fuera más amplia, va del 35 por
ciento al 120 por ciento, para que en este abanico prácticamente todas
las asociaciones que tengan la calificación de prioritarias queden dentro
del marco de los beneficios que da esta ley.
Otra cosa muy importante, que lo decía el Título II, es todo lo que hace
referencia a la capacidad que tienen las Comunidades Autónomas para
aplicar y desarrollar este proyecto de ley. Nadie sabe más que el que
está más cerca, el que tiene que recibir los beneficios, y en este caso
las Comunidades Autónomas, que muchas de ellas tienen competencias
exclusivas en agricultura y ganadería. Fuera de las actividades o fuera
de las orientaciones de tipo general se ha conseguido --y esto nuestro
grupo lo ha propiciado, ha tenido interés y reconoce que está bien-- que
prácticamente todo lo demás quede para los gobiernos o los parlamentos de
las Comunidades Autónomas.
También es muy importante el apartado que hace referencia a las
actividades complementarias y, sobre todo, hace un gran avance en la
ampliación de la calificación del asociacionismo agrario; no está tanto
en limitar o conceder en función de la figura jurídica, sino en función
de las personas físicas que en este caso son miembros de estas
asociaciones agrarias.
Por todo ello, reitero que todos los grupos creo que debemos estar
satisfechos, y se ha visto el cambio de voto del Grupo mayoritario de la
oposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ahora sí que debería
terminar cuanto antes.
El señor FERRER I PROFITOS: ... para que esta ley tenga el máximo
consenso posible. Acabo, señor Presidente.
Lo único que, quizá, nos preocupa es saber si esta ley será útil, si
verdaderamente habrá algún déficit para su aplicación y para conseguir el
objetivo de dinamizar el sector agrario. Por esto yo creo que este
proyecto de ley tendría que quedar en cierta manera abierto para que si
en el momento de aplicarlo no se producen los efectos que pretende este
proyecto de ley, las Cortes Generales puedan ir, a través de otras
iniciativas, corrigiendo sus vacíos o sus defectos para que este ley
cumpla el objetivo para el que ha sido diseñada.
Acabo, señor Presidente, diciendo que nuestro Grupo Parlamentario votará
que sí a este proyecto de ley y no votará las enmiendas de los otros
grupos que se debaten en este Pleno del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Arguilé tiene la palabra.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, éste es un proyecto de ley que ha tenido una larga gestación,
pero creo que ha merecido la pena por el amplio consenso que hemos
conseguido. Con este proyecto tratamos, simplemente, de asegurar que un
segmento profesionalizado de la agricultura permanezca sin riesgo en la
actividad agraria. Este segmento de activos en la agricultura española,
que puede situarse en un porcentaje de población activa agraria adecuado,
que es lo que perseguimos, es el que le va a dar en el futuro estabilidad
al sector primario, y el que va a asegurar, sin duda alguna, la
vertebración del territorio.
El sector agrario, señorías, como todos sabemos, ha estado sujeto a lo
largo de la historia a tensiones, mutaciones y cambios que han derivado
en consecuencias, la mayor parte de las veces graves, para aquellos que
se veían expulsados de su actividad por carecer de oportunidades para su
permanencia en la misma y su despegue en el caso de que se quedaran en la
actividad agraria. El sector agrario está siendo puesto en cuestión
constantemente. La continua caída de activos y la poca atracción en
muchos de los casos que despierta esta actividad para los jóvenes hacía
prever un futuro bastante oscuro de esta actividad. Entendemos que esta
medida legislativa, que es la ley de modernización de las explotaciones
agrarias, tiene la intención de paliar esta situación y superar los
obstáculos que hasta ahora encontraban los agricultores para comenzar en
la actividad agraria, para permanecer en ella, incluso para prosperar y
competir en el nuevo marco del GATT y en el nuevo marco de la Política
Agrícola Común. Pero si deseábamos dar estabilidad y competitividad al
sector agrario teníamos que hacer un texto, señoría, discriminatorio.
Esto debía ser así porque en la agricultura todos los que conocemos bien
el sector sabemos que hay demasiados intrusos.
Algunos grupos políticos han pretendido, a través de sus enmiendas en el
trámite parlamentario, extender, como he dicho en la intervención
anterior, los beneficios de esta ley a un mayor número de personas, a un
mayor número muchas veces de supuestos agricultores, sin tener en cuenta
que anulaban por completo el objeto de la ley, que lo que trata y
persigue es concentrar las ayudas y no dispersarlas, haciéndolas de esa
manera ineficaces.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista creemos que tener claro el
objeto de la ley, determinar y definir a los agricultores y a las
explotaciones susceptibles de ayuda, facilitar a través de ayudas e
incentivos fiscales las transmisiones patrimoniales y las permutas,
modificar la Ley de Arrendamientos Rústicos haciéndola más flexible, y
dar preferencia al asociacionismos agrario de los jóvenes a la hora de
recibir los beneficios que establece el texto que dentro de breves
momentos someteremos a votación, suponen, no sabe duda, un avance en la
legislación agraria que dará seguridad y estabilidad al sector agrario, a
la vez que lo hará mucho más competitivo.
Algunos intervinientes han pretendido un poco despreciar el término de
competitividad. Estoy seguro de que no conocen bien el sector agrario.
Nosotros estamos constantemente poniendo de manifiesto lo peligroso que
resulta la inestabilidad económica para las explotaciones agrarias dentro
de la agricultura española. Eso, precisamente, es lo que ha supuesto la
constante pérdida de activos en el sector agrario, la falta de
rentabilidad de las explotaciones, por falta de competitividad de las
mismas, porque los que tenían que competir, los profesionales de la
agricultura, carecían de un marco claro y suficiente para permanecer y
prosperar en el sector agrario.
La agricultura, señorías, es un sector económico, y la economía, en el
sector agrario, no está reñida, y menos en estos momentos, con la
ecología, como se ha querido manifestar, sino todo lo contrario. Además,
la ley persigue este objetivo, porque persigue la diversificación de la
actividad agraria en otro tipo de actividades que complementarían la
economía de las familias que se quedan en el medio rural. Por lo tanto,
es indudable que la vertebración del sector rural por medio de la
diversificación de la actividad agraria --y la ley contempla como
actividad agraria varias de las actividades que ahora no lo son-- va a
ser para la agricultura española, en el futuro, un beneficioso objetivo,
porque va a permitir, sobre todo en las áreas rurales deprimidas, que se
mantenga esta actividad y que, dentro de las ayudas, se contemplen otras
actividades agrarias que no se contemplaban antes como tales,
precisamente para recibir ese tipo de ayudas. No se trata tampoco,
señorías --y no se puede hacer--, de modificar la Política Agrícola Común
a través de las enmiendas presentadas al texto del proyecto de ley de
modernización de las explotaciones agrarias. Nosotros tenemos una parte
alícuota dentro de la Política Agrícola Común, y una parte alícuota
dentro del marco del GATT. Por lo tanto, tenemos que desenvolvernos en
este marco y ajustar nuestras políticas nacionales y nuestra legislación
nacional a ese marco y, dentro de esa participación en los foros
internacionales, intentar incidir para tratar de modificar a nuestro
gusto la política agrícola que conviene a nuestro Estado y a nuestros
agricultores.
Señorías, para finalizar, también querría manifestar mi agradecimiento a
los grupos parlamentarios que han hecho
posible la incorporación al texto del proyecto de ley de una enmienda que
introducimos en este trámite de forma consensuada. Todos ellos demuestran
la sensibilidad que tienen hacia el sector agrario para superar un
obstáculo que habría supuesto un freno al mercado de la tierra si el
transmitente hubiese sido consciente de la penalización que suponía el
mantenimiento sin modificación en esta ley del artículo 41 de la Ley
18/1991, de 6 de junio, del IRPF. Sus señorías saben que, en la Ley
18/1991, las fincas rústicas se consideran bienes afectos a la
explotación, y no como bienes patrimoniales y, por tanto, sujetos al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por esta razón, se
quedaban fuera de los beneficios fiscales que contemplaba la ley de
modernización de las explotaciones agrarias a la hora de su transmisión
patrimonial. La enmienda que introducimos hace posible un tratamiento
especial para estos casos, sin romper la estructura del impuesto, a
través de un sistema de módulos para ingresos irregulares. Por lo tanto,
señorías, me felicito por el consenso conseguido entre todos nosotros
para sacar adelante un texto legal que, sin duda, va a suponer un avance
cuantitativo y cualitativo de la agricultura española dentro del marco de
la Política Agrícola Común y dentro del marco del GATT.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Aguilé
Laguarta.
Pasamos a la votación. (Pausa.)
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas presentadas por la
Senadora Vilallonga Elviro y por el Senador Martínez Sevilla, números 1 a
10 y 12 a 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
(Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221;
a favor, cuatro; en contra, 215; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Gangoiti Llaguno
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias.
Pedimos votación separada de las enmiendas números 32, 43, 44 y 46, del
Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sometemos a votación las
enmiendas números 32, 43, 44 y 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 97; en contra, 116; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas. Vamos a
someter seguidamente a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular números 33, 35 a 42, la 45 y de la 47 a la 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 92; en contra, 119; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen, artículos del 1 al 29,
y las disposiciones adicionales primera a quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 220; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
A continuación, sometemos a votación una enmienda de adición que propone
una disposición adicional nueva, la sexta, que pido al Secretario que lea
ante los presentes antes de su votación. Ha sido presentada con la firma
de todos los grupos de la Cámara.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Aguilar Belda): Enmienda de adición de una
disposición adicional (nueva). «Sexta. Beneficios fiscales en el IRPF a
la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones agrícolas.
Los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto durante
los 5 años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, derivados de
transmisiones de fincas rústicas o explotaciones agrarias, quedarán
incluidos en el rendimiento neto resultante de la aplicación de la
modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva
del IRPF, en la cuantía que se establezca reglamentariamente según el
período de permanencia de los activos en el patrimonio del sujeto pasivo
y siempre que las transmisiones no superen el importe que se fije
reglamentariamente.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior exigirá que las
fincas rústicas o explotaciones agrarias transmitidas se destinen por el
adquirente a la constitución o consolidación de explotaciones agrarias
prioritarias o sean adquiridas por las Administraciones Públicas para su
integración en Bancos de Tierras u órganos similares o por razones de
protección del medio natural.
Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos que deben cumplir
tanto los transmitentes como los adquirientes para la aplicación de este
precepto.» Firmado por todos los Grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos, pues, a someter a votación
esta disposición adicional sexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 219; en contra, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación la
disposición transitoria, la disposición derogatoria, las disposiciones
finales primera a sexta y la exposición de motivos.
Debo advertir a la Cámara que posteriormente vamos a someter a votación
un párrafo adicional a la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 220; en contra, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
Pido atención a la Cámara para que el señor Secretario pueda dar lectura
al texto.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Aguilar Belda): Enmienda de adición.
Exposición de motivos VII. Añadir un párrafo al final del párrafo 18, con
el siguiente contenido: «La disposición adicional sexta establece, en
orden a la necesaria movilización del mercado de la tierra, un régimen
fiscal especial para los incrementos de patrimonio derivados de las
transmisiones de fincas rústicas o explotaciones agrarias que cumplan
determinados requisitos.»
Firmado por todos los Grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se somete a votación esta
enmienda de adición a la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 219; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tal y como dispone el artículo 90
de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad
el Rey.
DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN RELACION CON LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1991, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION. (S.
770/000003.) (C. D. 250/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto sexto del orden
del día: dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas en relación con la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio de 1991, así como resolución adoptada por
dicha Comisión.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a consumir un turno a favor del dictamen relativo a la
Cuenta General del Estado para 1991 conforme a la aprobación de la
Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como las
resoluciones que se aprobaron en dicha Comisión y que fueron fruto de la
reflexión y del acuerdo de la práctica totalidad de los grupos de esta
Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, disculpe un
momento porque vamos a hacer el esfuerzo de pedir silencio a la Cámara.
(Pausa.) Puede usted continuar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que llama la atención es que estamos debatiendo la Cuenta de
1991 en el año 1995, y esta diferencia temporal, a veces, genera
confusión. De hecho, a lo largo de las respectivas liquidaciones de
presupuesto de los sucesivos años se han producido confusiones, muchas de
ellas, consecuencia de las consideraciones que se plantean desde el punto
de vista económico y desde el punto de vista presupuestario sobre los
distintos déficit.
Por otra parte --también quiero ponerlo de manifiesto--, se han producido
discrepancias entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del
Estado con respecto a los criterios a aplicar. Pero siendo importantes
estas discrepancias, también han existido acuerdos muy importantes que
quisiera destacar para poder ir entendiendo lo que es la liquidación de
los presupuestos.
Señorías, las discrepancias que se han venido manteniendo, y que tienen
mucho que ver con los criterios de devengo y de caja aplicados en esta
Cuenta de 1991, a fecha de hoy no se producirían. Es decir, si
estuviésemos debatiendo la Cuenta de 1995, las conclusiones que
sacaríamos serían diferentes a las que a veces se sacan de la Cuenta que
hoy debatimos de 1991. La razón es que desde el 1 de enero de este año se
viene aplicando, por parte del Estado y de la práctica totalidad de las
Comunidades Autónomas, un nuevo sistema de contabilidad pública en la que
el criterio de devengo se aplica al conjunto de las cuentas del sector
público. Por tanto, la discrepancia que existía en 1991 no es tal en
1995. Pero no es ésta la única aproximación que se ha producido entre el
Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, sino que se han
producido otras; por ejemplo, en el Registro Presupuestario ya no existen
las discrepancias de los ejercicios anteriores, y al hablar de los
intereses de la deuda, de las devoluciones de los distintos impuestos o
de la contabilidad presupuestaria, el Tribunal de Cuentas ya ha aceptado
el criterio que venía aplicando la Intervención General del Estado: el
criterio de caja. Hago este planteamiento, señorías, porque tanto la
Intervención General del Estado como los órganos gestores de presupuestos
vienen aplicando criterios aprobados en esta Cámara o normas
reglamentarias de las que no se pueden salir.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas en todos sus informes establece
criterios que no sólo tienen que ver con la aplicación de estas normas,
sino que, a veces, en la mayoría de los casos, orienta sobre la
aplicación de otros criterios que, en su consideración, resultan más
eficaces a la hora de la ejecución presupuestaria. Hay que decir que
algunas de estas propuestas ya se han tenido en cuenta por esta Cámara y
por el Gobierno, que ha aprobado nuevas normas para la contabilidad
económico-patrimonial y respecto de las modificaciones de crédito. En ese
sentido, les recuerdo que en el ejercicio de 1995 ya se han reducido los
créditos ampliables, de acuerdo con la resolución que se aprobó en el
debate del estado de la Nación del pasado año.
Todas estas consideraciones nos permiten conocer la evolución de los
criterios que se vienen aplicando y ponen de manifiesto que algunos de
los problemas que se suscitan en el debate de esta Cuenta están
corregidos de cara al futuro y al propio presente. Sin embargo, aún
existen criterios diferenciadores entre el Tribunal de Cuentas y la
Intervención General del Estado. Les pondré sólo un ejemplo: la diferente
interpretación del artículo 10 de la Ley de Presupuestos de 1991, que es
la que da lugar a los distintos criterios que aplica el Tribunal de
Cuentas respecto de lo que debe ser la contabilidad presupuestaria e,
incluso, lo que debe ser la contabilidad económico-patrimonial. Esa es
una gran discrepancia con los criterios que aplica el Gobierno. Es en
este contexto en el que asistimos --lo decía al principio de mi
intervención-- a momentos que generan confusiones sobre si existe o no un
incumplimiento de las normas en lo que plantea el Tribunal de Cuentas. La
posición de mi Grupo es que no existe incumplimiento normativo, sino
claros criterios diferenciados entre ambas instituciones.
Voy a ir a lo concreto para ver dónde están los ajustes que el Tribunal
de Cuentas plantea. Para ello, quiero recordar que ya en la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas dispusimos de una
serie de resúmenes y cuadros que presentó dicho Tribunal y que nos pueden
ayudar a clarificar las diferencias que existen entre este informe del
Tribunal de Cuentas y la opinión de la Intervención General del Estado.
Así, podremos comprobar, señorías, cuando se habla de cifras, cómo estas
discrepancias no son tan divergentes como parece en primera instancia.
Si, por ejemplo, analizamos los ajustes de resultados en la contabilidad
presupuestaria, participación de las Comunidades Autónomas en los
ingresos del Estado, estamos hablando de una diferencia de 202.000
millones de pesetas. Es una cifra importante, pero recordemos que el
artículo 154 de la Ley General Presupuestaria, que permite anticipos
pagados extrapresupuestariamente, posibilita que se reflejen esos pagos
en los ejercicios siguientes. Lo dice la Ley, por lo que los gestores
públicos y la Intervención no pueden hacerlo de otra manera. Eso,
señorías, también vincula al Tribunal de Cuentas.
Les voy a poner otro ejemplo en términos no presupuestarios. La cifra más
importante que refleja la contabilidad económico-patrimonial son 602.000
millones de pesetas de los intereses y pagarés de las letras del Tesoro.
Sabemos que eso se ha resuelto posteriormente, pero también sabemos que
no se pudo resolver antes porque, tal y como reflejaban las normas en ese
momento de la contabilidad pública, en los intereses y pagarés del Tesoro
se seguía el criterio de caja. Creo que estas dos cifras pueden ilustrar
de forma importante cómo aplicando la normativa que en ese momento
existía, las discrepancias de interpretación entre ambas instituciones
son bastantes menos.
Quisiera destacar también un punto que ha sido conflictivo a lo largo de
los distintos debates de las distintas cuentas generales del Estado: las
modificaciones de crédito. Señorías, en primer lugar, quiero decirles que
la Cuenta de 1991 reduce la cuantía de las modificaciones de crédito y,
en segundo lugar, que de los 3,1 billones que se reconocen por parte del
Tribunal de Cuentas, si excluimos las operaciones financieras, que son
las que producen una parte importante de estas modificaciones de crédito
y que en 1991 ascendieron a 1,73 billones, estas modificaciones suponen
porcentualmente un 12 por ciento de aumento sobre los créditos iniciales.
Sin duda, cifra importante, pero bastante menos que si lo hubiésemos
considerado en el cómputo total, como inicialmente hizo el Tribunal de
Cuentas.
Por último, y respecto a otro punto también conflictivo, el déficit,
quiero indicar que para los gestores presupuestarios se habla de un
superávit de 466.000 millones de pesetas. Si quitamos las variaciones de
activos financieros, nos quedamos, señorías, con un déficit real de 1,2
billones de pesetas. El Tribunal de Cuentas dice que deberían disminuirse
los resultados de las cuentas del Estado --me refiero sólo al Estado, no
al resto del sector público-- en 277.000 millones. Esa es la divergencia
de criterios entre el Estado y el Tribunal de Cuentas.
Señorías, el Tribunal de Cuentas en su informe no sólo realiza su función
de control, sino que, sin duda, ayuda a mejorar la ejecución
presupuestaria a través de las respectivas propuestas que en los
sucesivos años va haciendo a esta Cámara. Pero no olvidemos que todos
debemos ser respetuosos con las normas vigentes en cada momento. Eso
obliga lo mismo al Gobierno que a la Intervención General del Estado y al
Tribunal de Cuentas.
Para terminar, quiero decirles que para mi Grupo la ejecución
presupuestaria que nos plantea el dictamen del Tribunal de Cuentas se
corresponde fielmente con los presupuestos, tanto en las cifras como en
las normas. Por ello vamos a votar favorablemente y vamos a solicitar del
resto de los grupos de la Cámara su voto afirmativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para consumir el turno en contra de este punto. Pero
antes de entrar en el detalle, quiero manifestar que me gustaría
felicitar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque si lo
que pretendía era que la sociedad civil no se enterara de qué es lo que
dice el Tribunal
de Cuentas en su Informe, lo ha logrado espléndidamente. No son, ni
muchísimo menos, esas las explicaciones que se dan; no es, ni muchísimo
menos, eso lo que se trata y lo que se ha dicho en el Informe del
Tribunal de Cuentas y mucho menos lo que el Fiscal ha hecho.
Subo hoy a la tribuna, señor Presidente, con el propósito de analizar y
ejercitar la máxima función de control al Ejecutivo, como es la
aprobación de la Cuenta General del Estado, que no es, ni más ni menos,
señorías, que la resultante de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1991, que, a su vez, no es una serie de cifras o de números
superpuestos, sino la expresión cifrada de un programa de Gobierno, que
se cumple o no y que tiene desviaciones. Ese es, desde mi punto de vista,
el análisis político que hay que hacer en este debate.
Pero antes de entrar a pormenorizar --creo que es necesario hacerlo-- los
aspectos fundamentales de la Cuenta, cuyo dictamen hoy se somete a debate
y a aprobación en esta Cámara, al Grupo Parlamentario Popular le parece
importante resaltar lo que es obvio y que en otro caso sería ocioso, y
presumo que banal, si no fuera porque intencionadamente, me parece, se
pretende confundir la labor del Tribunal de Cuentas y de la Intervención
General del Estado con la del Gobierno. Quien presenta la Cuenta General
del Estado es el Gobierno, aunque materialmente la presente la
Intervención General del Estado. Es el Gobierno quien contrata; es el
Gobierno quien dispone de los fondos públicos, modifica créditos,
etcétera. Por tanto, la labor que estamos cuestionando no es, ni con
mucho, la de la Intervención General del Estado, sino la del propio
Gobierno.
El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador, así se ha dicho
aquí, que depende de las Cortes Generales y, por consiguiente, de la
soberanía nacional y cuya misión debe ejercer desde los principios de
eficacia, rigurosidad e independencia. Pero quien presenta, insisto, la
Cuenta General del Estado es el Gobierno de la nación, aunque, como se ha
dicho aquí, materialmente la presente la Intervención General y pueda
haber discrepancias en cuanto a los aspectos de contabilidad. Y se nos
dice: las discrepancias que existen entre el Tribunal de Cuentas y la
Intervención General del Estado hoy, en el año 1995, están resueltos.
Pero lo que estamos enjuiciando es la Cuenta de 1991. Por tanto, al
cambiar las normas, lógicamente, tiene que cambiar. Pero lo que estamos
cuestionando y lo que estamos enjuiciando es, sencillamente, la Cuenta de
1991.
Dicho esto, como preámbulo aclaratorio, como antesala de que la labor que
hoy vamos a enjuiciar es la del Gobierno y en ningún caso la del Tribunal
de Cuentas, quiero decir que creemos que se discutirá poco si afirmamos
que la sensibilidad social en todo lo que se refiere a la administración
de fondos presupuestarios o de otro tipo ha aumentado en los últimos años
de un modo espectacular, pasando de un desinterés casi general, con lo
que eso llevaba de resignación frente a las Administraciones, a una
expectativa de real conocimiento que cada vez se acentúa más, valorándose
de modo muy riguroso cualquier defecto, fallo o mal hacer de los
administradores públicos.
Así pues, desde nuestro punto de vista, y creemos que desde el punto de
vista de cualquier miembro de esta Cámara, es la sociedad civil la
destinataria de este Informe y por ello el análisis que efectuemos los
representantes de esta soberanía debe estar presidido por los principios
de honestidad, de claridad y, sobre todo, de transparencia. Entiende,
pues, mi Grupo que este acto debe ir dirigido en tres direcciones
distintas, ya que, aunque originarias de un mismo tronco, como son los
Presupuestos Generales del Estado de 1991 --tengo que decir aquí que
tiene rango de ley y alguna importancia tiene eso--, es de donde deben
emanar las consideraciones que realicemos hoy aquí.
Desde tres perspectivas se deben acometer los estudios de esta Cuenta
General del Estado: primero, ¿se cumplen los objetivos de la política
económica de presupuestos de 1991? Segundo, ¿de las cuentas rendidas y de
las distintas anotaciones contables, se conoce perfectamente cuál es la
situación económica y financiera de la Administración, de los organismos
autónomos y de su situación patrimonial? Tercero, ¿se cumplen las leyes
en cuanto a la rendición de las cuentas en los límites del gasto público,
en la facultad de contratación y en la legalidad exigible y en la
transparencia?
Respecto de la primera, basta irse a los objetivos básicos que enmarcaban
la política presupuestaria de 1991. El Gobierno decía: primero, mantener
un crecimiento sostenido compatible con la reducción de los
desequilibrios macroeconómicos básicos y la necesidad de mantener la
reducción del desempleo, al tiempo que se elimine progresivamente el
diferencial de renta per cápita que tiene España con la media de la
Comunidad Económica Europea. ¿Quieren decirme, señorías, si este objetivo
ha sido cumplido en el año 1991 por el Gobierno, como tan claramente se
manifiesta en el Informe del Tribunal de Cuentas?
El segundo objetivo del Gobierno es mantener el proceso de saneamiento de
la Hacienda Pública. Se pretendía la aplicación de un presupuesto
restrictivo que contribuyese a la moderación del crecimiento de la
demanda agregada. En este sentido, el déficit no financiero del Estado
quedaba fijado en un 0,9 del producto interior bruto, en línea con la
consecución de un presupuesto equilibrado para 1992. ¿Se ha saneado la
Hacienda Pública? ¿Se ha reducido el déficit? ¿Se ha cumplido el objetivo
del Gobierno? Esos son, a nuestro juicio, señorías, los límites en los
que tenemos que enjuiciar la labor del Tribunal de Cuentas y no en las
disquisiciones que puedan existir por las anotaciones contables entre la
Intervención y el Tribunal.
Señor Presidente, puede firmarse que en las tesis que mi Grupo mantiene
hoy aquí se han ido repitiendo uno a uno los objetivos que en materia
económica se planteaba el Gobierno. Así pues, podríamos, señorías, seguir
analizando algún que otro objetivo, que con diferente suerte han dado al
traste con lo que se suponía una política económica del Gobierno para
aquel año, un año crucial, recuerden, entre el desarrollismo de los años
anteriores y la pronunciación sobre una crisis que iba a sacudir a Europa
y a España.
El segundo punto de vista, a nuestro juicio, o perspectiva que queremos
analizar es si con la presentación de las cuentas se puede saber con
claridad cuál es la situación
económica y financiera del Estado y cuál es su situación patrimonial.
Permítame, señor Presidente, que para dar buena cuenta de esto a su
señoría haga mía y de mi Grupo la opinión expresada por el alto Tribunal,
que se expresa en los siguientes términos. Literalmente dice: Las
salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables
limitan el reflejo de la Cuenta General de la actividad económica y
financiera llevada a cabo en el ejercicio por el Estado y sus organismos
autónomos, así como de la de su situación patrimonial. Lo que viene a ser
lo mismo, señor Presidente, señorías, que el Tribunal reconoce que no es
representativa la Cuenta General presentada por el Gobierno.
Por último, para no cansar a sus señorías con algunas muestras de por
dónde podía hacerse este análisis más profundo, el tercer aspecto se
refiere a si la Cuenta refleja todas las cuentas del sector público,
sobre todo la claridad y transparencia de dichas cuentas. El Fiscal,
señorías, en su Informe dice que las cuentas a las que se refiere la
declaración definitiva del año 1991 no incluyen, nada menos, que la de 21
organismos autónomos. En otro párrafo añade que también se han detectado
defectos relevantes en el tratamiento de la modificación de los créditos,
explicando la propia declaración su importancia, las irregularidades y
sus consecuencias. Y sobre el enjuiciamiento que realiza el Fiscal sobre
la transparencia, que es un criterio importantísimo, dice: Por ello,
cuando se analiza la Cuenta de resultados del ejercicio, lo que se
representa queda de tal manera afectado por las anomalías, que se expone
detalladamente en la declaración definitiva que su parecido con la
realidad es muy escaso, según se cuantifica con todo detalle. ¿Puede
decirse con lo anterior que la Cuenta General es transparente? Parece
difícil afirmarlo, cuando tantas partidas resultan improcedentes y el
conjunto de todo modifica los resultados, que, en suma, son el fin último
y también el escaparate de la cuenta rendida. Como comprenderán,
señorías, con estos mimbres se pueden hacer pocos gestos. Es necesario
profundizar en el rigor que en su tratamiento y administración tienen que
tener los fondos públicos. Así y sólo sí haremos que los destinatarios de
éstos nuestros análisis descansen su confianza en nosotros al saber que
desde aquí y por encima de colores políticos el sistema democrático y de
derecho está bien salvaguardado.
Hoy pedimos a esta Cámara y a todos los Grupos su voto en contra para
esta Cuenta, al igual, señor Presidente, que lo hará mi Grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Esteban
Albert.
¿Algún grupo de los que no han intervenido quiere hacer uso de la
palabra?
Tiene la palabra el Senador Marca, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, señorías, he de manifestar,
de entrada, que en esta legislatura no formo parte de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, aunque sí que pertenecía
a ella la pasada legislatura. Hoy intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sustituyendo al
Senador Grau, que está ausente por sus compromisos en el Parlamento
Europeo. Por tanto, no asisto regularmente a las pocas reuniones que
celebra esta Comisión y sigo de lejos, por no decir no sigo, sus
actividades.
Por todo ello, he quedado sorprendido al leer el dictamen que ha evacuado
la Comisión y que hoy se somete a esta Cámara. Señorías, estoy seguro de
que si tuviéramos a mano cualquier otro de la pasada legislatura veríamos
que es un auténtico calco. Como es de suponer, se prueba todo: la Cuenta
General del Estado, las cuentas de las organizaciones autónomas,
administrativas y comerciales, industriales y financieras, con excepción
de los que todavía no han rendido cuentas o de los que están sujetos a
reparos, y tengan presente, señorías, que estamos hablando del ejercicio
de 1991. Se aprueban también las cuentas de la Seguridad Social, todo
ello referido al ejercicio de 1991. De ahí mi asombro al comprobar que
todavía el tren del Tribunal de Cuentas funciona con tres años de
retraso; sin duda algo se ha ganado, en mi época eran cinco.
Siguen al dictamen algunas recomendaciones de la Comisión Mixta que, por
lo visto, son repetitivas y totalmente inútiles, veamos si no. Sigue
quejándose la Comisión de que el Tribunal no refleja en su informe la
correspondencia entre las diferentes observaciones del Tribunal de
Cuentas y el impacto que puedan tener en el siguiente ejercicio. Dado que
los ejercicios 1992, 1993 y 1994 ya están cerrados, deberíamos entender
que las oscilaciones de este año, las actuales, deberían aplicarse y
verse reflejadas en el ejercicio 1995, que deberíamos supervisar el
próximo año cuando todavía lo tenemos en mente y no el próximo decenio,
como parece que va a ser. No lo recordarán algunos y los más ya no forman
parte de esta Cámara.
Se insta en el informe a que se adopten las medidas adecuadas para que
las cuentas generales del Estado que deban rendirse y las de las
entidades que lo conforman se ajusten plenamente a la legislación
aplicable y a los principios que deben informar su elaboración y
rendición, ¡faltaría más! Yo entiendo que estas cosas, en vez de
instarlas o recomendarlas, habría que exigirlas y pedir cuentas
rápidamente. ¿De qué nos servirá ver durante 1996 que las recomendaciones
que se han hecho ahora no quedan reflejadas en 1992, que será el próximo
que veremos?
Señor Presidente, ya en el año 1989, en el que yo formaba parte de la
Comisión, se recomendaba la implantación progresiva de un modelo de
contabilidad analítica que permitiera avanzar en el conocimiento del
coste y rendimiento de los servicios públicos. En el informe de hoy se
sigue repitiendo y el Gobierno sigue con su sordera. El codearnos con
Europa exige nuevos procedimientos, las consultas y comparaciones entre
los presupuestos y las cuentas no son para profesionales, son más bien
para brujos, adivinos o magos.
No voy a entrar en las diferencias abismales entre los presupuestos y las
cuentas presentadas durante el reinado del Ministro Solchaga, que tantas
filípicas me dedicó cundo le interpelaba al respecto durante la pasada
legislatura;
agua pasada no mueve molino. Sí que diré, para hacer honor a la verdad,
que de la mano del Ministro Solbes se han ido ajustando lentamente,
progresivamente. Un nuevo talante y una nueva política económica, a la
que nuestro Grupo no es ajena, van dando lentamente sus frutos, pero no
es suficiente.
El informe recomienda la perfección de los procedimientos de gestión de
los préstamos y anticipos concedidos por el Estado, estableciendo los
mecanismos adecuados que faciliten la conciliación, depuración y
regulación de aquellos saldos que, en su caso, procedan. ¡Cómo no,
señorías! Recomienda el control de las subvenciones concedidas por el
sector público, también las concedidas a instituciones sin fines de
lucro; reitera las deficiencias en los sistemas de contratación y
recuerda recomendaciones anteriores. Doy fe de ello, señorías.
Muchas legislaturas seguidas siguen repitiéndose y hace bien poco hemos
asistido al vergonzoso afloramiento de numerosas contratas fantasmas de
cuarteles de la Guardia Civil que han llenado al país de vergüenza, a
unos más y a otros menos. Algunos de esos contratos son, precisamente, de
la época en que nos ocupamos. Y no sigo.
Cito sólo el último ejemplo referido a la presupuestación y créditos a
las universidades, que en algunos casos las desviaciones alcanzan el 87
por ciento, y no hablo de las diferencias en las cuentas de la Seguridad
Social, les ahorro preocupación a sus señorías.
Por último, la Comisión requiere al Gobierno para que analice los
posibles cambios normativos que permitan comparecer ante la Comisión
Mixta para el Tribunal de Cuentas en el proceso de aprobación de las
sucesivas cuentas generales del Estado, a la Intervención General del
Estado y, en su caso, a los gestores que se considere necesarios. ¡Qué
menos, digo yo, señorías!
Hoy se aprobarán, sin duda, las cuentas de 1991, sin pena ni gloria.
Aparte de algún curioso de la Oposición, entre ellos mi buen amigo el
Senador Alierta, que pregunta e interpela a diestro y siniestro, y pocos
más cubriremos el trámite sin más. Aunque lo que voy a decir tienda a la
ilegalidad o a algún formalista le suene a barbaridad, creo --y es mi
propia opinión-- que deberíamos dar carpetazo a los ejercicios pasados y
ponernos al día. El Tribunal de Cuentas, no sé si por falta de medios, de
tiempo o de voluntad, a este paso nunca lo pondrá al día. Las cuentas
referidas a un ejercicio deberían auditarse y verse el próximo. Todo lo
demás, a ojos de este Senador, es puro teatro o, a lo mejor, pura
comedia. Esta es una manera como otra de perder el tiempo, el Tribunal,
la Comisión Mixta y el Parlamento.
El Tribunal me merece todo el respeto, que no ni admiración, aun
entendiendo que su función y su trabajo representan sólo un eslabón de la
cadena administrativa, en vez de ser un mecanismo de control exhaustivo,
al que habría que temer en vez de tener, temerlo con eme en vez de
tenerlo con ene. No creo que hoy nadie del Ejecutivo, sin excepciones,
esté preocupado por el trámite que se está efectuando en esta Cámara en
este momento.
A la vista de los acontecimientos no debería ser así y, como diría un
castizo, «lo pasao, pasao». Vamos a votarlo afirmativamente aun siendo un
contrasentido con mis palabras. No queremos parar la lenta y ya de por sí
lentísima maquinaria de la Administración, a nuestro entender sería
todavía peor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, tal y como sus señorías
conocen, el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas en relación con la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 1991, incluyendo también la resolución
adoptada por esta Comisión.
Como saben sus señorías, se produjeron unas correcciones que han sido
tenidas en cuenta. Por lo tanto, se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 123; en contra, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Reanudaremos la sesión a las cuatro de la tarde. Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO DE DOS MESES, APRUEBE DETERMINADAS MEDIDAS
ENCAMINADAS A PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUIA. (671/000025.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Se reanuda la sesión.
Para la defensa de la moción presentada por el Grupo Popular, por la que
se insta al Gobierno a que en el plazo de dos meses apruebe determinadas
medidas encaminadas a paliar los efectos producidos por la sequía, tiene
la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Al reanudarse la sesión de este Pleno vamos a comenzar abordando un tema
que yo podría calificar --supongo que sin miedo a equivocarme, sería lo
mejor-- del mismo modo que lo harían todos los grupos de la Cámara, es
decir, como el problema más importante que, junto con el paro, se plantea
en España en estos momentos.
Ante la decepcionante intervención del señor Ministro de Agricultura con
motivo de la interpelación que le formulé el pasado día 9 de mayo sobre
las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para paliar los efectos de la
sequía, y a propósito de la cual nos anunciaba un nuevo real decreto, que
a nuestro juicio, señorías, y a tenor de las modificaciones agrarias, se
trata de un real decreto a imagen y semejanza de los de años anteriores
que podríamos simplificar diciendo: más de lo mismo.
Señor Presidente, la sequía de estos años ha provocado numerosos
perjuicios a nuestros agricultores. Se cifran las pérdidas en más 900.000
millones de pesetas y hay quien augura por ahí que posiblemente esta
cifra ya se quede obsoleta para llegar a sobrepasar el billón de pesetas.
En algunas Comunidades Autónomas como, por ejemplo, Murcia, esto ha
supuesto la pérdida en producción de 56.000 hectáreas, 33.000 de secano y
23.000 de regadío, y una pérdida de renta de 47.000 millones de pesetas,
lo que equivaldría a que dicha Comunidad no hubiera producido nada en el
sector vitivinícola, en floricultura y en el de la ganadería, los tres en
conjunto.
Y en Andalucía, en la tierra que represento, esto ha supuesto y
lamentablemente está suponiendo la pérdida de muchos miles de puestos de
trabajo que, como ustedes comprenderán, equivalen a miles de tragedias
familiares. Y en otras buenas tierras de España como Canarias, y también
en otros lugares de la más cercana Extremadura esto está suponiendo
problemas que en modo alguno son achacables ya a la falta de medidas que
este Gobierno es incapaz de arbitrar, sino que son achacables, me
atrevería a decir, a la falta de sensibilidad hacia un problema tan
acuciante para todos los españoles.
Por esto, señor Presidente, sube mi Grupo a esta tribuna por quinta vez
en esta legislatura a tratar esta misma cuestión, lamentando que la
sensibilidad del Grupo que apoya al Gobierno no esté en su mejor momento
y haya derrotado tantas cuantas iniciativas se han presentado.
El Gobierno nos ha regalado un nuevo real decreto cuyo núcleo central se
basa en la concesión de créditos al agricultor. Pero, señorías, ¿es que
piensan que los agricultores de este país, el sector agrícola, puede
seguir endeudándose? ¿Es que tiene alguna posibilidad de seguir
garantizando con sus bienes nuevos créditos, por muy bajos intereses que
se les pongan? ¿Es que nuestros agricultores tienen la posibilidad de
hacer frente por sí solos a tamaña depresión en este sector?
Se hace absolutamente necesario arbitrar medidas inmediatamente ante la
nula política hidráulica. Hoy, desgraciadamente, ya no es posible poner a
disposición de los agricultores lo que ellos querrían, que no son ayudas
directas sino agua. Eso hoy es ya imposible, pero nuestra obligación es
intentar que a través de las ayudas directas, a través de medidas
políticas, sus rentas agrarias se vean lo menos afectadas posible o,
cuando menos, pasen esta crisis lo menos mal que se pueda.
Por todo esto, en la moción que hoy mi Grupo invita con modestia a votar
favorablemente a todos los grupos de esta Cámara, presentamos cuatro
tipos de medidas, medidas que hay que tomar ante la Unión Europea para
instarla a que sea sensible con el problema de la sequía que, a pesar de
lo que se ha dicho en esta Cámara, es una sequía estructural, como ha
reconocido el Parlamento Europeo en sesión celebrada el día 15 de marzo.
Hay que tomar medidas urgentes de carácter hidráulico. Hay que tomar
medidas económicas, y hay que tomar medidas encaminadas al sector fiscal
y financiero de nuestros agricultores.
En definitiva, aunque sabemos lo dificultoso que puede ser decir esto en
esta Cámara u obligar al Gobierno a que inste a la Unión Europea que tome
con rigor, con seriedad, los problemas de la sequía, entendemos que es
necesario que ayudas directas tengan que venir a paliar los efectos de la
sequía. Es necesario encomendar a las confederaciones hidrográficas que
arbitren las medidas oportunas para suministrar riegos de socorro para
los cultivos leñosos. No se puede seguir hablando de más moratorias en la
Seguridad Social, de más moratorias en el canon de riego, sino que hay
que exonerar a los agricultores que padecen este problema.
Con esas medidas, con la refinanciación de la deuda en el campo por
aquellos créditos que se hayan pedido con motivo de la sequía, con la
ineludible vocación de apoyar a las SAT, las cooperativas y asociaciones
de agricultores, se configura un mapa de medidas que hoy mi Grupo
presenta a la aprobación de esta Cámara.
Antes no nos hemos podido poner de acuerdo porque se aludía a que se
intentaba utilizar un instrumento jurídico, pero hoy los agricultores y
las asociaciones agrarias están esperando que demos respuesta a sus
pretensiones. Por tanto, no más créditos, sino ayudas directas al campo,
porque el campo así no puede sobrevivir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Esteban.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular es
consecuencia de una interpelación contestada por el señor Ministro de
Agricultura, que en su sustanciación se pareció más a una acusación de
falta de actuaciones en temas hidráulicos, pero la presentación real de
la moción se refiere exclusivamente a temas agrícolas, a temas que
afectan a los agricultores.
Si esta moción se presentase sin más, difícilmente podría obtener el voto
en contra. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo expresado por el
Senador Esteban Albert, desde nuestro punto de vista el Real Decreto
4/1995, aprobado por el Gobierno con posterioridad a la sustanciación de
la interpelación, conduce a solucionar buena parte de los problemas que
el señor Esteban Albert ha presentado, a lo mejor, de forma distinta a
como él querría pero, en nuestra opinión, de manera suficiente. Por otro
lado, si hoy se aprobase esta moción provocaríamos que el Gobierno
arbitrase un conjunto de medidas que tendrían que aprobarse por ley y, en
consecuencia, se retrasarían las ayudas a la agricultura.
El señor Esteban Albert ha explicado que se proponen cuatro tipos
--cinco, desde mi punto de vista-- de ayudas. Fundamentalmente, están las
actuaciones ante la Unión Europea para conseguir ayudas estructurales.
Pero lo que se propone no es eso sino, exactamente, que se permita dejar
en barbecho el 50 por ciento de la superficie y que se consideren como
secano los regadíos que no se han podido regar, a efectos de que estas
hectáreas puedan continuar recibiendo las ayudas a la superficie. La
Orden de 27 de abril --es decir, incluso antes de la sustanciación de la
interpelación-- ya regulaba esta cuestión, incrementando la superficie
destinada a siembra para retirada voluntaria de cultivo en la cosecha de
1995 hasta el 50 por ciento de la superficie. También se ha autorizado a
las Comunidades Autónomas que lo han solicitado --y han sido una gran
mayoría las afectadas por la sequía-- a regular el aprovechamiento máximo
de las retiradas voluntarias de tierras de la Política Agraria Común,
pudiendo dejar en barbecho hasta el 50 por ciento de la superficie en
regadío y oleaginosas, sin que por ello dejen de recibir las ayudas por
superficie. Por tanto, entendemos que estas actuaciones en concreto ya
están reguladas.
Los tres siguientes puntos, y la mayoría de los restantes, pretenden
ayudas directas a los agricultores afectados. Pero en el Real Decreto se
contemplan una serie de medidas con esta finalidad. Por ejemplo,
préstamos con bonificación de seis puntos al interés, y si las
Comunidades Autónomas complementan esta aportación podrá alcanzarse el
interés cero. También, la refinanciación de los créditos obtenidos con
anterioridad; la condonación del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondiente a las fincas afectadas por la sequía durante 1995; la
reducción de los índices de rendimiento neto que se aplicarán durante el
ejercicio de 1995 para obtener los rendimientos netos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de las producciones agrícolas y
ganaderas obtenidas en el territorio afectado por la sequía; la moratoria
de pagos sin intereses relativa a las tarifas de agua y a los cánones de
regulación correspondientes a 1995; la moratoria sin interés, y con un
año de período de carencia, de la cuota fija mensual que los trabajadores
autónomos inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
tienen que pagar, siempre que lo sean por cuenta propia, así como
titulares de explotaciones afectadas, durante los meses de julio de 1995
a junio de 1996, ambos inclusive. Por tanto, se contempla un paquete
importante de ayudas.
También se piden fondos destinados a la lucha contra el desempleo, pero
hay que decir que eso ya se aprobó en el presupuesto de 1995. En el Real
Decreto 6/1994 se contemplaba una aportación de 2.000 millones de pesetas
para aplicar a las zonas afectadas por la sequía. Con la aprobación de
los presupuestos de 1995 no se ha partido de la base inicial, sino de los
15.096 millones iniciales, más los 2.000 referidos a la sequía, y el
importe total que se aprobó fue de 17.560 millones. Por tanto, como digo,
esto ya está contemplado.
En el punto octavo también se pide la adquisición de pienso para el
ganado. El Real Decreto citado contempla el suministro de 400.000
toneladas, en lugar de las 250.000 propuestas por la moción, con
subvenciones de los gastos de transporte, y además la construcción de
nuevos puntos de suministro de agua para abrevar el ganado. Asimismo, se
solicitan medidas urgentes para garantizar el riego de los cultivos
leñosos. En este sentido, se propone la realización de obras con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
mejorar las condiciones de aprovechamiento y gestión de las aguas de
riego y para compensar la disminución de la demanda de mano de obra que
está generando la sequía.
Además, se modifica el Real Decreto 678/1993, al objeto de impulsar la
realización de obras destinadas a la mejora de los riegos tradicionales.
A este fin, se incrementa la participación financiera de las
Administraciones públicas hasta un 60 por ciento. Pero también se
contempla lo que se solicita en la moción, relativo a los anticipos de
hasta un 50 por ciento de las ayudas comunitarias, el adelanto del pago
de las indemnizaciones a que tendrán derecho los suscriptores de seguros
agrarios y el reparto social del agua, contemplado prioritariamente para
los cultivos permanentes con vistas a su conservación y mantenimiento y,
en segundo lugar, para cultivos de interés social.
Por tanto, entendemos que el Real Decreto es suficiente y que es más
importante que las ayudas se concedan rápidamente, por lo que vamos a
votar en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Aleu.
Abrimos turno de portavoces.
Tiene la palabra el señor Gangoiti, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a exponer nuestra postura sobre esta moción. Cuando se produjo la
interpelación, nuestro Grupo ya mantuvo la tesis de que la considerábamos
oportuna, puesto que la sequía se está convirtiendo en un gran problema
para parte de los ciudadanos de este Estado, para la agricultura y para
el turismo. Nosotros somos conscientes de que no se puede abordar este
problema como se ha estado haciendo hasta ahora, con una falta de
previsión y a golpe de decreto. Es necesario un planteamiento serio, es
necesario hacer un planteamiento sobre una ley de sequía, es necesario
presionar a la Unión Europea a este respecto.
En este sentido, la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Popular nos parece una propuesta correcta, una propuesta adecuada que
puede ayudar a solventar este problema. Por eso quiero anunciar el voto
favorable del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la
moción del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a empezar, señor Esteban Albert, con las mismas palabras que hace
tiempo pronuncié también en una iniciativa sobre la sequía: que la sequía
sólo se resuelve con agua. Alguna vez otros compañeros suyos han
mencionado esta cita mía, pero es que realmente es así. Decía el señor
Gangoiti que la sequía se tendría que haber resuelto con un plan de
previsión anterior. En la zona en la que yo estoy enclavado se hicieron
regadíos hace ciento treinta años, cuando nadie creía en ellos, y tengo
que decir que todavía ahora estamos pagando las consecuencias de estos
regadíos, porque luego viene la modernización de los riegos, el cambio
del sistema de riego, etcétera. No es tan sencillo.
Sería del género estúpido decir que las medidas que la moción enumera no
son buenas, pero creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
señor Aleu, ha argumentado muy bien desde el punto de vista
técnico-legislativo, para que las ayudas lleguen lo más rápidamente
posible a los afectados, lo que el Gobierno está haciendo. En este
momento el Gobierno es el primer interesado en que la Comunidad Económica
Europea ayude en lo que pueda, por interés económico suyo, porque Madrid
se ahorra todo lo que viene de Bruselas. Pero yo lo que quiero decir a
sus señorías es que las soluciones para los agricultores tienen que ser
de un carácter diferente a éste. Esto no es una asamblea sindical donde
todo el mundo reivindica lo que quiere para su comarca, donde se atienden
una serie de peticiones que en el lenguaje coloquial parecen una carta a
los Reyes. Todos sabemos que la mitad de las cosas que se les pide a los
Reyes no las dejan en el balcón.
Yo creo que los beneficios que ha estado enumerando el señor Aleu son
importantes. Usted pregunta: ¿en este momento ustedes creen que los
agricultores pueden continuar endeudándose? ¡Hombre!, por gusto no. Pero
si se pudiera refinanciar lo que se debe o se pudieran adquirir créditos
en este momento a interés cero, sería tan buena noticia para los
agricultores como para el que ha ganado las elecciones municipales por
mayoría absoluta. Fíjese si esto es importante. Es importante para el que
lo necesita, para el que vive de otra cosa no, pero sí para el que lo
necesita. Es agua bendita para un agricultor que en este momento pueda
coger uno, dos, tres, cuatro o cinco millones a interés cero; es
sensacional. Además, si por la vía del decreto esto se puede alcanzar el
mes que viene, ocurre como con los cereales, que si no llueve a primeros
de mayo, por mucho que llueva en julio, no se cosechará, y en este caso
pasa exactamente lo mismo. Si técnicamente esto se tiene que desarrollar
en un proyecto de ley, cuando llegue, desde el punto de vista financiero
muchos agricultores no podrán beneficiarse de ello.
Estoy de acuerdo en que se tiene que exigir al Gobierno el puntual
cumplimiento de todas estas medidas, que este decreto que tengo aquí en
mis manos y que es aprovechable lo cumpla lo antes posible, pero
nosotros, que en este asunto no sólo exigimos, sino que al mismo tiempo
ayudamos a que lo que se dice se pueda cumplir, en este momento no
decimos que la petición de esta moción no sea necesaria, pero sí
preferimos que el Gobierno cumpla los compromisos que ha adquirido antes
del debate de esta interpelación, el día 18 ó 19 de mayo. Hay una serie
de medidas que dependen de las colectividades o comunidades de regantes.
Esto no es tan sencillo, porque en la mayor parte de los casos son
colectividades y comunidades de carácter totalmente autónomo o
independiente.
Antes de acabar, les voy a decir dos cosas. Todos sabemos que la
climatología en este país se ha endurecido, y la sequía, que antes era
coyuntural, se está convirtiendo en un problema estructural para el
Gobierno, o los gobiernos, porque en esto tienen que ayudar también los
gobiernos de las Comunidades Autónomas. Esta mañana decíamos que
queríamos responsabilidades para las Comunidades Autónomas porque la
mayor parte tenemos plenas competencias en agricultura, ganadería y
pesca; tienen que ayudar el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
¿Sabe cómo nosotros en este momento tenemos previsto tratar de resolver
la sequía aguda que tenemos en la zona de Lleida? Igual que el año
pasado. El año pasado, en la mayor parte de los municipios, por
iniciativa de las mismas comunidades y los mismos agricultores que pedían
ayudas al Gobierno de la Comunidad Autónoma, se empezaron a buscar o a
aprovechar todas las aguas subterráneas que había en la zona. Este año,
al finalizar el invierno, se ha vuelto a hacer la misma operación, porque
sabemos que si no llueve y si no se hacen embalses no se soluciona el
problema; usted me ha oído hablar muchas veces de embalses, porque es la
única manera de resolver estos problemas de una manera continuada, de
paliar este grave problema de la sequía. Pensamos que no es que las
medidas no sean justas, pero lo que queremos es no interrumpir las
medidas diseñadas por el Gobierno para ayudar a los agricultores a
combatir los problemas de la sequía, y, al mismo tiempo, nosotros seremos
los primeros en exigirle su estricto cumplimiento. Verá usted, señor
Esteban Albert, cómo, por muy bien que lo hagan, si algún día gobiernan,
les costará mucho convertir las piedras en panes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Ferrer.
Tiene la palabra el señor Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme sus señorías que suba a esta tribuna con el ánimo de verles a
todos ustedes e intentar dar satisfacción a las peculiaridades de sus
intervenciones.
Quiero comenzar dando las gracias al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. En la interpelación manifestaron una cosa
importantísima: ustedes tienen excedente de agua, pero son solidarios con
el resto de los territorios de España. Y en este momento saben que es
importantísimo lo que está ocurriendo en el resto de España y que es
necesario arbitrar medidas. Probablemente éstas no sean las únicas, pero
son buenas medidas y por eso yo tengo que elevar mi voz en este momento y
dar público testimonio de mi agradecimiento al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Al señor Ferrer quería decirle que, según me consta, él es agricultor. Le
he escuchado intervenir es estos temas distintas veces, y hoy, créame, se
lo digo con afecto, es el día que he visto más claro que una persona no
está convencida de lo que defiende y que lo defiende tan mal como usted
lo ha hecho. (Protestas.) Usted sabe --y yo estoy de acuerdo con usted--
que la sequía se resuelve con agua; pero usted sabe como yo que en estos
momentos los efectos de la sequía no se resuelven con agua, sino con
dinero y con el aumento de la renta agraria de los agricultores. Y negar
aquí una evidencia tan palmaria, cuando menos, a mí me parece una
posición política legítima --no puedo discutirlo-- pero, en cualquier
caso, dudosa y discutible desde mi punto de vista.
También me decía su señoría que no se trata de funcionar como
asociaciones sindicales de reivindicación. Pues mire, señoría, yo no
tengo ningún afán sindicalista ni ninguna vocación sindicalista, no por
nada, sino porque no la tengo, pero de reivindicación, sí, por estar aquí
representando al pueblo de España y reivindicando a los sectores más
afectados y que por unas circunstancias u otras se vean más dañados. Y
dice usted bien cuando pregunta si cuando lleguemos al Gobierno vamos a
ser capaces de ello. Pues no lo sé. Por lo pronto, hacemos algo que
todavía no se ha hecho en esta Cámara: presentar cinco iniciativas con
cinco soluciones a este problema. Podrán ser adecuadas o no serlo. El día
que estemos en el Gobierno y no lo hagamos bien, el máximo juez en este
tema será el pueblo español, como en todos los casos.
Respecto del señor Aleu, del Grupo Parlamentario Socialista, la verdad es
que no esperaba otro tipo de intervención, querido Senador. Como es
natural, usted viene a justificar lo que tiene que justificar el Grupo
que da apoyo al Gobierno. Y debo decirle que, en gran parte, las medidas
que aquí se presentan están contenidas en el Decreto; es cierto que
algunas con matices, pero otras no, y usted diferencia entre dos cosas.
Lo que nosotros pretendemos es, por un lado, intentar la retirada de
cultivos por escasez de agua para que puedan recibir ayudas de la Unión
Europea sin regar y, por lo tanto, ahorrar agua y que sus rentas agrarias
no se vean mermadas a cero. Y, por otro lado, queremos hacer justicia en
lo que nos parece evidente. Hay zonas de mi tierra, Andalucía, que no
riegan desde el año 1992. ¿Cree usted que es una solución la moratoria
del canon de riego? ¿Cree usted que es una solución seguir demorando el
pago de la Seguridad Social? Y no me digan que el canon de riego obedece
a otro tipo de cosas, porque ya lo sé. Lo que digo es que en estos
momentos tan difíciles, por una falta de política hidráulica de este
Gobierno durante trece años, se viene padeciendo esta sequía, porque,
como decía, de que no llueva el Gobierno no tiene la culpa, pero de la
sequía, evidentemente, sí.
Fíjese su señoría que hablaba --el señor Ferrer también-- de
refinanciación con créditos a cero interés, que es algo a lo que todos
los agricultores se acogerían. Les voy a leer una cosa. Tengo aquí el
acta de la reunión sobre el proyecto del Real Decreto-ley sobre la
sequía, de 1995, del que nos estamos ocupando ahora. Figuran una serie de
señores por parte de Asaja, otros por parte de la COAG, etcétera. Sólo
les voy a leer una parte, porque ya se me ha encendido la luz roja. Dice
así: Balance de la reunión. Y dicen las Asociaciones agrarias:
decepcionante. Ustedes podrán decir que están muy bien la agricultura y
los agricultores, pero nosotros estamos aquí, conversamos poco con ellos
y, desde luego, corremos el riesgo de no ser justos.
Yo les pido una cosa, señorías. Para el campo hay que hacer políticas
integrales. Como dice el Senador Ferrer, embalses, sí, pero no solamente
embalses. Hay que hacer los planes hidrológicos de cuenca, saber qué
necesidades tenemos de agua, ordenación de cultivos, reutilización de
aguas, depuración de aguas, etcétera. Es decir, una política hidráulica
de conjunto y, ¿por qué no decirlo?, también el aprovechamiento de las
aguas subterráneas. ¿Les decimos a los agricultores que llevan perdido
cerca de un billón de pesetas que ahora nos vamos a poner con ellos?
¿Sabe usted desde cuándo están aprobadas en el Congreso de los Diputados
este tipo de medidas hidráulicas --por unanimidad, también de su Grupo--
que le he expuesto? Desde el 28 de marzo de 1994. Y hasta ahora no se ha
llevado ningún proyecto a la Cámara.
Señorías, los agricultores no pueden seguir esperando a que este Gobierno
vaya para arriba, se regenere, haya acuerdos o se adelanten las
elecciones de no se quién. Esto no puede esperar; es necesario dar las
ayudas a los agricultores, y cuanto antes, mejor. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Esteban
Albert.
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, usted, como todos los representantes del Grupo Parlamentario
Popular, presenta y rehúye el problema. El problema es uno, y lo sabemos.
El problema es contemplar España como una unidad hidráulica y arbitrar
los trasvases que sean necesarios y planificar para el futuro. En el
momento en que el Partido Popular esté dispuesto responsablemente a
entrar en esta discusión, será posible buscar soluciones consensuadas; en
el momento en que se dice en Castilla-León lo que se dice y se dice en
Murcia lo que se dice, difícilmente se pueden buscar soluciones para el
agua. Porque lo que falta es agua. Y para los secanos, lluvia; pero ésta
está fuera de nuestras posibilidades.
De todas maneras, quiero reivindicar una cosa, y es que ayer estuve en el
Congreso de los Diputados en la discusión que se produjo sobre una moción
prima hermana de ésta, y veo que el señor proponente del Grupo
Parlamentario Popular habla de unos temas que no están en esta moción
pero que sí estaban en la del Congreso y que no permitieron que se
llegase a un acuerdo, que es: o definimos la Seguridad Social como
contributiva y, por lo tanto, en ningún caso aceptamos que se dejen de
pagar las cuotas de la misma, o rompemos el sistema de Seguridad Social y
los agravios comparativos nos llevarán a que estemos continuamente
rebajando o eliminando las cuotas de dicha Seguridad Social. Por lo
tanto, señorías, espero que el Grupo Parlamentario Popular reflexione y
entienda que lo que piden está contemplado, en su inmensa mayor parte, en
el Real-Decreto, y es más importante que pueda llegar pronto a los
agricultores que otra cosa.
Finalmente, una última reflexión. Yo he entendido perfectamente lo que me
ha dicho el Senador Esteban Albert respecto de lo que hay que pedir a la
Comunidad Económica Europea. Pero no es que se haya hecho, es que ya está
aprobado por nosotros, porque no hace falta cambiar el criterio de la
Comunidad Económica Europea, sino que es el Gobierno español, y en otros
casos las Comunidades Autónomas que lo han pedido --y que han sido casi
todas las afectadas por la sequía--, los que tienen que autorizar los
cambios de superficie dedicada a barbecho, y podrán continuar cobrando
las ayudas de la Comunidad.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, una vez más la solución a los
problemas puntuales de la sequía es un Real Decreto, que es lo que
nosotros hemos hecho, y pensamos que lo más importante es que pueda
llegar pronto a los agricultores.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ferrer i Profitós
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Aleu.
Senador Ferrer, como ha habido exceso de consumo de tiempos, le concedo
ahora un solo minuto. Por favor, aténgase a él.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Esteban Albert, yo no he defendido sin convencimiento; lo he
defendido con sentimiento, que es muy diferente. Yo soy agricultor y,
además, esto tendría muy poca importancia porque por la edad mi vida
activa se termina, pero es que tengo a mis hijos agricultores. No creo
que haya ningún otro parlamentario de las Cortes Generales que tenga dos
hijos agricultores como este Senador. Pero soy posibilista, y por ello se
puede pedir todo, pero sé lo que se puede recibir.
Hoy hemos aprobado la exención del Impuesto de Sucesiones. ¿Sabe cuándo
empecé a pedirlo? En el año 1977, en el primer año de la democracia. Por
eso yo le ruego que no haga juicios precipitados, porque yo hablo desde
la experiencia, no desde la teoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Ferrer.
A continuación, vamos a proceder a la votación. Se inicia la misma.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 94; en contra, 116.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A DICTAR, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL REGLAMENTO DE LOS
ARCHIVOS DE TITULARIDAD ESTATAL, Y A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
QUE EFECTIVAMENTE FUNCIONEN LOS SISTEMAS ESPAÑOLES DE ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS. (671/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a dictar, en el
plazo de tres meses, el Reglamento de los archivos de titularidad
estatal, y a tomar las medidas necesarias para que efectivamente
funcionen los sistemas españoles de archivos y bibliotecas.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el señor Van-Halen.
Ruego a los señores Senadores salgan en silencio del hemiciclo.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que hoy presentamos es consecuencia del debate de una
interpelación, que tuvo lugar en esta Cámara el pasado día 9 de mayo,
sobre archivos y bibliotecas de titularidad estatal, y se enmarca dentro
de una programación del Grupo Parlamentario Popular de traer a esta
Cámara temas relacionados con el Ministerio de Cultura.
Es una moción muy fácil de justificar y por eso el tiempo otorgado a mi
intervención probablemente sobrará. Es una moción en la cual el Senado
pide sencillamente al Gobierno que cumpla la Ley. Aunque supongo que el
señor portavoz del Grupo Socialista empleará las artimañas acostumbradas,
le va a costar bastante trabajo convencernos de que no tiene que cumplir
la Ley.
Nuestra moción trata de que en un plazo de tres meses el Gobierno dicte
de una vez el reglamento de los archivos de titularidad estatal y,
además, en la segunda parte se solicita que se tomen las medidas
necesarias para que efectivamente funcione en la práctica el sistema
español de archivos y el sistema español de bibliotecas.
Como a la señora Ministra de Cultura le expliqué cumplidamente en la
sesión del día 9 de mayo por qué el sistema no funcionaba, me parece que
sería reiterativo plantear ahora el asunto, a no ser que me obligue la
amnesia del portavoz del Grupo Socialista. Pero la señora Ministra --y en
«Diario de Sesiones» figura-- reconoció que el sistema español de
archivos y de bibliotecas sólo existe en la alegre imaginación de ella.
Señor Presidente, señorías, el tema está en que el Gobierno de la nación
debe cumplir sencillamente la Constitución, que en su artículo 149.1.28
está claro que habla de la titularidad de los archivos y bibliotecas del
Estado y en el artículo 149.2 habla de los deberes del servicio de la
cultura y de la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas.
La Ley del Patrimonio Histórico Español se aprobó en 1985, y todavía no
se ha elaborado el reglamento de archivos y tampoco funciona eficazmente
el sistema de bibliotecas
y archivos de titularidad estatal. Son diez años. Alguien lo llamó
literariamente --y a mí eso me encanta-- la década prodigiosa. Los
españoles, y muy recientemente lo han reiterado, parece que la entienden
como la década del desencanto. Hace diez años que se aprobó la Ley de
Patrimonio Histórico Español y el reglamento de archivos no se ha
elaborado, y tampoco funciona el sistema español de archivos y el sistema
español de bibliotecas.
Creo que no es demasiado pedirles a sus señorías socialistas y al resto
de las señorías de la Cámara que simple y llanamente en un plazo de tres
meses lo aprueben. No nos atrevemos a ampliar los tres meses porque
queremos que lo haga el Gobierno Socialista, si no daríamos un plazo más
largo porque somos generosos. De todos modos, si en el plazo de tres
meses ustedes no han aprobado lo que en diez años no han sido capaces de
aprobar, que es simple y llanamente cumplir la ley, la verdad es que
tendrá que tener el portavoz socialista muchas argucias, a las que nos
tiene legítimamente acostumbrados y por lo cual este Senador le admira
mucho, para convencernos de que el Gobierno Socialista no debe cumplir la
ley.
Quedo a la espera de esas argucias y, por favor, señorías, voten a favor
sencillamente de que se cumpla la ley diez años más tarde, con diez años
de demora.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Van-Halen.
Para turno en contra, el Senador Granado tiene la palabra.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo que agradecer al Senador Van-Halen que haya consumido un turno en
contra de mi intervención sin que se haya producido. También tengo que
decirle, señoría, que usted confunde sus deseos con la realidad, la
amnesia con la magnesia y la década prodigiosa con la década ominosa,
esta última del siglo XIX.
En cuanto a la cuestión de fondo de su argumentación, tengo que empezar
por reconocer las razones formales de la misma. Debía haberse promulgado
ya el reglamento que en materia de archivos prevé la Ley de Patrimonio
Histórico. Pero hay varios problemas sobre esta cuestión. El primer
problema es que los archivos históricos nacionales, como las bibliotecas,
tienen ámbitos distintos de titularidad y de gestión. Es titular el
Gobierno de la nación, el Estado, y la gestión está transferida a las
Comunidades Autónomas. En segundo lugar, las Comunidades Autónomas tienen
leyes, tanto en archivos como en bibliotecas, que afectan al ejercicio de
sus facultades en materia de gestión. Esto obliga a que el Reglamento
estatal respete, por un lado, el ejercicio de las funciones ejecutivas de
las Comunidades Autónomas, y, por otro, que respete los convenios de
transferencias que se han firmado con estas Comunidades Autónomas y que
atribuyen a las mismas importantes potestades que deben ser respetadas en
el Reglamento. Debe respetarse, asimismo, la participación de las
Comunidades Autónomas en la elaboración de este reglamento y, además, las
propias Comunidades Autónomas han entendido --y cuando me refiero a las
propias Comunidades Autónomas me refiero también a las que están
gobernadas por el Partido Popular-- que sería mejor que ese reglamento
fuera un reglamento pactado, que en todo caso se habilitaran mediante
convenios las fórmulas concretas que deberían concordar con él para
garantizar la gestión, transferida ya a las propias Comunidades
Autónomas, y las fórmulas de cooperación debidas entre las distintas
Comunidades y el Estado.
Por todas estas razones, el reglamento se ha enviado a las Comunidades
Autónomas, se han dado los pasos necesarios para que éste sea
satisfactorio para todas las Comunidades Autónomas, además de para el
Estado, y cuando se llegue a este consenso, a este acuerdo, al que
también nos obliga el mismo artículo de la Constitución que ha citado su
señoría, entonces es cuando se dictará este reglamento, siendo plenamente
respetuosos con las competencias de las Comunidades Autónomas y con los
convenios firmados entre el Ministerio de Cultura y las Comunidades en
este ámbito.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Granado.
Terminados los turnos a favor y en contra, abrimos turno de portavoces.
(Pausa.)
El Senador Vallvé tiene la palabra.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la venia del señor Presidente, yo quería despachar este trámite desde
los medios, como dice Cossío en su «Tauromaquia», pero me he percibido
que al Senador Van-Halen le obligaría a girar la postura en un escorzo y
prefiero que me escuche con comodidad. (Risas.) Voy a manifestar el
criterio catalán del Grupo Catalán de Convergència i Unió en la Moción
del Grupo Popular brillantemente sostenida por el Senador y buen amigo
don Juan Van-Halen.
Señorías, las competencias en materia de cultura están traspasadas
felizmente a las Comunidades Autónomas. En Cataluña, desgraciadamente,
tenemos aún archivos y bibliotecas de titularidad estatal, pero
gestionadas por el Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña;
consecuentemente, su sistema organizativo e informático de esos archivos
y bibliotecas de titularidad gestionados por la Generalidad no tienen que
verse sometidos ahora a un reglamento estatal que sería para Cataluña,
para las autonomías, altamente distorsionador. Lo que antecede no quiere
decir en absoluto que no se aprecie desde Convergència i Unió el interés
del Grupo Popular por un mejor funcionamiento de los archivos y
bibliotecas de titularidad estatal. Nos consta el esfuerzo manifestado en
esta tribuna por el Senador Van-Halen del Partido Popular en razón de
esta preocupación por el Patrimonio del Estado.
Donde debemos disentir es en el modo, en el «iter» que la moción propone.
Sugerimos encarecidamente al Gobierno para que llegue a acuerdos o
convenios con las Comunidades Autónomas para así establecer las premisas
que permitan la coordinación entre la Administración estatal y la
autonómica.
Esta Moción deriva y procede de la interpelación que el Senador Van-Halen
presentó en el Pleno del 9 de mayo. El Senador Marca cubrió con su
natural ingenio mi ausencia. La vocación del Senador Van-Halen por los
archivos y bibliotecas quedó acreditada al descubrirnos que tiene carné
de investigador de la Biblioteca Nacional desde sus lejanos 24 años. Su
erudición sobre el tema nos dejó cierta y gratamente sorprendidos --sus
méritos le legitiman para ser en un futuro Ministro de Cultura-- (Risas.)
y cuando nos recuerda su condición de Senador autonómico,
reivindicándola, me emociona. Pero en el párrafo anterior, y después de
su profesión de fe como Senador autonómico en la comparecencia del 9 de
mayo, lamenta los Reales Decretos de transferencia, primero, y gestión,
después --y cito entre comillas--, en una línea de constante y progresiva
pérdida de competencias por parte de la Administración central.
Senador Van-Halen, para mí, ¡albricias!, ¡«gaudeamus»!; «gaudeamus»
porque, en definitiva, para un Senador de la Autonomía de Madrid es bueno
que se produzcan estas transferencias, y no merece ser objeto de
lamentación. Hagamos entre todos del edificio de Castellana 3 un centro
cultural, y enterremos con ello el centralismo felipista. (Un señor
Senador: ¡No te pases!) Calma.
No pretendo contestarle con acritud, Senador Van-Halen, le consta mi
aprecio, sino pura y simplemente trasladarle la preocupación de los
autonomistas, en nuestro caso los nacionalistas catalanes, por normas de
carácter estatal, como la que su señoría propone, por lo que tiene de
injerencia en nuestras competencias en materia de cultura. Le honra al
Senador Van-Halen su preocupación por la cultura, pero a nuestro Grupo
también. No se olvide que la cultura es uno de los hechos diferenciales
de Cataluña que junto a la lengua y a la voluntad de ser catalanes
configura nuestra esencia nacional.
Muy recientemente se ha inaugurado el Archivo Nacional de Cataluña,
instalación archivística puntera, culminación feliz del Decreto de 28 de
noviembre de 1980. Decía su señoría hace un momento que la Ley del
Patrimonio del Estado era del año 1985. Senador Van-Halen, cinco años
antes, Cataluña, en su voluntad de asentar su cultura, ya estaba
legislando la creación del archivo nacional.
Para tranquilidad del autor de la Moción y de la Cámara invito de modo
serio --que para mí es difícil-- y formal a los portavoces de la Comisión
de Cultura a visitar nuestro Archivo Nacional. Ya les invité en su día a
venir a Tarragona como consecuencia de la Moción aprobada en esta Cámara
declarando a Tarragona Patrimonio de la Humanidad. Lo reitero.
Nuestro voto, Senador Van-Halen, será negativo por lo que he expuesto a
su señoría con anterioridad, pero sin que ello represente falta de
sensibilidad a la preocupación que usted nos manifiesta. Váyase a la vía
del concierto con las autonomías, y evítese la perniciosa práctica de un
reglamento de ámbito estatal que, sin duda, laminaría e invadiría
competencias que nos son propias.
Senador Van-Halen, decía usted en su prolegómeno que la segunda parte de
su moción instaba a la adopción de medidas para que funcionen bien los
archivos y bibliotecas del Estado. Si reglamentariamente fuese posible
votar que sí a media moción lo haríamos, pero como no tenemos esa
posibilidad reglamentaria, perdóneme usted, votaremos que no.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Vallvé.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
A mí lo que me pasa con el señor Vallvé y con Convergència es que siempre
me confunden a medias porque siempre nos apoyan a medias.
Evidentemente, no era mi intención criticar ni mucho menos la postura del
Senador Vallvé respecto de los archivos de Cataluña. Tiene usted razón en
que hay que proveer los medios necesarios. Acepto, además, su invitación.
Si el Presidente de la Comisión lo estima conveniente con muchísimo gusto
iré a visitar el Archivo Nacional de Cataluña, pues haciéndolo me sentiré
honradísimo.
Su cita de Cossío me encanta porque, como usted sabe, Miguel Hernández
intervino en el libro de «Los Toros» y éste es un punto que yo, como
aprendiz de poeta, tengo muy cercano. Senador Vallvé, usted dice que me
quiere y seguramente el cariño le viene por su hermano, concejal de
Tarragona por el Partido Popular, que celebro mucho que haya salido
elegido, gran amigo mío, pues no en la familia todos se iban a equivocar.
(Risas.) Y no tengo más que decir, salvo que siento mucho que no me apoye
usted entero, sino a medias, como siempre. No obstante, llegará un día en
que nos apoyaremos enteros en esta Cámara. No lo dude, nos apoyaremos
enteros. Por cierto, que me haya llamado felipista me ha gustado, qué
quiere que le diga.
En cuanto al socialista, mi buen amigo Octavio Granado, que hace mucho
que estamos en bregas culturales juntos y que es una persona por la que
yo siento gran admiración, evidentemente me ha sacado la martingala. Sin
duda alguna, la martingala es que las consejerías de cultura de las
autonomías no estaban de acuerdo con el reglamento. Yo no sé si hay
autonomías gobernadas por el Partido Popular que no estaban de acuerdo
con el reglamento. Como el Senador Granado es Senador por la Comunidad de
Castilla y León he de pensar que, probablemente, habría algún tipo de
reticencias por esa Comunidad --legítimas claro está-- porque una cosa es
cómo se ven los temas --usted lo sabe muy bien-- desde una autonomía y
otra cómo se ven desde el Gobierno central.
Sea como fuere --y puede que usted tenga razón en tener reticencias-- las
leyes se hacen para que se cumplan. Que usted me diga, entonces, que van
a consensuar el reglamento,
teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema de hace 10 años, me
resulta curioso porque parece que han ido en diligencia a consensuar el
tema del reglamento de archivos. Hago esta referencia porque a usted y a
mí nos gusta mucho la historia. Dice usted: hemos enviado a consensuar el
reglamento. Esto quiere decir que ese reglamento ha salido, como en las
novelas de Búfalo Bill, en «Pony Express», es decir, que va haciendo
postas porque si no , no entiendo que quien consensúe los reglamentos
haya tardado 10 años.
Por otra parte, me ha parecido entender, aunque usted no lo ha dicho, que
van a votar negativamente la moción. Tampoco hay que ser adivino para
saberlo. Si van a votar negativamente la moción no entiendo, señor
Granado, que ustedes se nieguen a que en tres meses se cumpla una ley que
tenía que haberse cumplido hace 10 años. Lo demás puedo entenderlo. Puedo
entender, incluso, los planteamientos autonómicos, pero esto no implica
que no se haga el reglamento porque viene en la Ley de Patrimonio. No lo
entiendo. Me quedo muy entristecido. Igualmente se quedan entristecidos
los profesionales de archivos y bibliotecas que, como usted sabe porque
ha hablado con ellos, quieren este reglamento desde hace tiempo. No creo
que los juicios que usted, señor Granado, ha planteado sean de peso,
porque no se puede explicar que una ley no se cumpla y que ahora en tres
meses tampoco quieran cumplirla.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Van-Halen.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero aceptar, en primer lugar, la amable invitación del Senador Vallvé.
Nunca se debe despreciar la invitación de un Senador y menos aún si es un
Senador catalán.
Al Senador Van-Halen, al que aprecio, igual que él a mí, quería
comentarle dos cosas. En primer lugar, ha hecho bien en suponer que es mi
Comunidad Autónoma la que me ha provisto de argumentos en contra de su
moción. En efecto, tengo aquí una bonita carta de mi buen amigo el
Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León exponiendo una serie
de razones muy pormenorizadas por las cuales su moción debe ser
rechazada. En este sentido, les pediría a ustedes que fueran congruentes
con su labor de gobierno en las Comunidades Autónomas, porque no parece
muy lógico que el Grupo Parlamentario Popular presente mociones en el
Senado para pedir que se hagan cosas que los consejeros de cultura de las
Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular piden
estrictamente que no se haga. En particular, el señor Zapatero pide
estrictamente que no se apruebe el reglamento si el reglamento supone que
no se haga ninguna modificación del convenio de traspasos por el cual la
Comunidad de Castilla y León asume la gestión de los archivos. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Si no es posible modificar estos convenios, a no ser por el
consentimiento de las Comunidades Autónomas, el reglamento no va a poder
ser aprobado hasta que todas y cada una de las Comunidades Autónomas no
presten su consentimiento. Por lo tanto, no podemos comprometernos a
fecha fija a aprobarlo porque, además, compartimos el criterio de las
Comunidades Autónomas.
Por último, le diré, Senador Van-Halen, que usted y yo siempre tenemos
que consumir argumentos de peso, nos viene de naturaleza. (Risas.)
Nada más y muchas gracias. (El señor Vallvé i Navarro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Vallvé, tiene la palabra.
El señor VALLVE I NAVARRO: Gracias. Un minuto nada más, señor Presidente.
El Senador que les habla ha hecho referencia al edificio de Castellana 3
y al final del felipismo. El Senador Van-Halen, que es hombre de mucha
punta, supongo que ha agradecido esta referencia por lo que tenía de
alusión a don Felipe González, Presidente de este Gobierno, persona a
quien respeto por su talante democrático. Por otra parte, yo soy un
monárquico convencido y ahora tengo que hacer la profesión de fe, es
decir, me refería a don Felipe V que, de alguna manera, laminó el
Estatuto de Cataluña. Ustedes me entienden. (Risas.) Hecha esta
aclaración reitero lo dicho.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Van-Halen Acedo pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Me ha sorprendido el Senador Vallvé porque pensaba que se refería a
Felipe el Hermoso. Nunca pensé que se refiriera a Felipe González. De la
misma manera, cuando yo me referí a don Octavio no me refería al
Emperador Octavio, sino a don Octavio Granado. De todos modos, agradezco
mucho la exposición de la carta del Consejero de Cultura de Castilla y
León. No obstante, y aun admitiendo esa postura, sigo pensando, señor
Granado, que las leyes se hacen para ser cumplidas, caiga quien caiga.
El señor PRESIDENTE: Señor Granado, ¿su señoría no es monárquico, verdad?
(Pausa.)
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, por
la que se insta al Gobierno a dictar, en plazo de tres meses, el
reglamento de los archivos de titularidad estatal y a tomar las medidas
necesarias para que, efectivamente, funcionen los sistemas españoles de
archivos y bibliotecas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 88; en contra, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE PROPONE A LA CAMARA LA
CREACION DE UNA PONENCIA DENOMINADA COMITE DE BIOETICA PARLAMENTARIO
(COBIPA), EN EL SENO DE LA COMISION MIXTA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y
DESARROLLO TECNOLOGICO. (662/000144.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se propone la creación de una ponencia denominada
Comité de Bioética Parlamentario (Cobipa), en el seno de la Comisión
Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
A esta moción se presentó una modificación por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado y Grupo Parlamentario Mixto.
Para defender la moción, tiene la palabra el Senador Borderas Gaztambide.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Señor Presidente, señorías, voy a defender
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista un moción, cuyo texto voy a
leer, en relación con lo que ha expresado el señor Presidente, porque me
gustaría hacer una precisión en relación con una rectificación,
simplemente técnica, a la propia moción:
El Senado acordará la creación de una ponencia que se denominará Comité
de Bioética Parlamentario (Cobipa), en el seno de la Comisión de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Tendrá las siguientes
funciones y características: a) A los efectos procedimentales tendrá las
competencias y normas de funcionamiento de las ponencias especiales,
creadas en el ámbito de una comisión de acuerdo con las previsiones
reglamentarias. b) Dispondrá de la misma duración temporal que la de la
actual legislatura. c) Realización de los informes o sugerencias que
procedan. d) Seguimiento de los avances en ciencia y tecnología y sus
aplicaciones, orientando sobre las implicaciones éticas de las mismas.
(aquí es donde se encuentra la rectificación a la que se refería el señor
Presidente.)
Este Comité estará constituido por el Presidente de la Comisión Mixta de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y por un miembro de
cada grupo parlamentario presente en dicha Comisión. Asimismo, el Comité
podrá ser asesorado por personalidades de reconocido prestigio, a
propuesta de los grupos parlamentarios.
Señorías, defender una moción que implica la necesidad de crear una
ponencia que dará lugar a un comité parlamentario que se ocupará de los
temas de bioética en el seno de la ya existente Comisión Mixta de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico no es algo difícil. Lo
que probablemente sea más difícil y, desde luego, audaz por mi parte, es
explicar el fundamento, las razones políticas sobre las que se asienta
esta iniciativa. Porque, sin lugar a dudas, la bioética es una rama de la
ética. Aquí --en mi propio Grupo Parlamentario-- se sienta una gran
profesora de la materia, una catedrática de ética, la Senadora Victoria
Camps. Sólo invocando el «audaces fortuna ad iuvat», la fortuna favorece
a los audaces, voy a iniciar esta exposición.
La palabra bioética es de acuñación reciente y utilizada por primera vez
por un profesor americano, Potter, en 1971. Su origen es, pues,
anglosajón, pero ha tenido una notable acogida en todas las lenguas.
Bioética es la ética de la vida, aplicada a los procesos biológicos,
amplio campo en el que están incluidos temas médicos, zoológicos,
botánicos, microbiológicos; un campo tan amplio como la vida.
No me resisto a no recordarles una cita de Spinoza en su «Etica»: Un
hombre libre en nada piensa menos que en la muerte y su sabiduría no es
una meditación de la muerte, sino de la vida. En este sentido, la
bioética, la ética de la vida, está relacionada con la ética de la
persona, es decir, de la persona humana. Porque la ética acerca de la
persona humana analiza sus comportamientos --«ethos»-- o los aspectos
morales --«mores»--, las costumbres de las personas y, en este caso, su
relación con la vida. La norteamericana «Encyclopedia Of Bioethics» la
define como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de
las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto dicha
conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios
morales.
Los comportamientos éticos de una persona, de un grupo profesional, de
una comunidad, deben ser valorados y encauzados. La ética participa de la
moral, de la jurisprudencia, de las culturas, de las actitudes
religiosas, de las reflexiones racionales y, desde luego, en el caso de
la bioética, de la nueva tecnología.
Como nos recuerda el profesor Royer, en su «Etica y Pediatría», el motor
de explosión, la cadena del frío, la electrónica y la píldora
anticonceptiva, han modificado los comportamientos elementales humanos en
menos de un siglo, mucho más que las ideologías o las religiones.
He aquí al hombre frente al dilema de las posibilidades científicas, de
los avances tecnológicos, de las experiencias biológicas casi ilimitadas,
con los medios de que hoy dispone, pero que terminan en el dilema:
ciencia-conciencia.
¿Podemos, en un alarde de egocentrismo irresponsable, tener la arrogancia
de pensar que podemos hacer todo, sin preocuparnos de las consecuencias
de la acción incontrolada de una técnica sin ética? ¿O, por el contrario,
en una actitud de preocupación por el otro actuar con responsabilidad,
limitar racionalmente nuestra propia capacidad técnica, controlar las
consecuencias, encauzar legislativamente nuestras actuaciones a través de
nuestras propias instituciones democráticas, en una palabra, usar la
técnica con ética?
El problema planteado por Max Weber en su discurso sobre «La ciencia como
profesión» sigue subsistiendo en la necesidad de hallar un punto de
encuentro entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del
espíritu. Esta manifestación, en lo que tiene de valor, la debe resolver
el político,
distinguiendo en el contenido del mensaje científico, al que disocia, lo
que debe ser con lo que realmente es.
La delicada naturaleza de lo que estamos exponiendo y sus serias
repercusiones en la sociedad exigen que la política científica deba ser
un asunto de políticos profesionales, que en ciertos casos coincidan con
científicos expertos. Es el caso de la Ponencia que estamos defendiendo y
su ubicación en la Comisión de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. Juristas, sociólogos, filósofos, técnicos y políticos
necesitan una ubicación parlamentaria para canalizar las leyes, las
recomendaciones, las directrices que orienten y aseguren una aplicación
racional útil y ética de lo que estamos exponiendo.
Analicemos algunas de las posibilidades que hoy afectan a la Bioética.
Uno. La ingeniería genética aplicada a la biología humana, con la
orientación no sólo de solucionar enfermedades genéticas, sino también,
aunque sea todavía de un modo hipotético, de modificar las bases
genéticas de nuestra especie.
Dos. Las técnicas de reproducción humana: la inseminación artificial
(intra o extra conyugal), con el correspondiente almacenamiento,
clasificación y distribución del semen humano (bancos de semen) y la
captación y selección de óvulos. La fecundación artificial con
implantación de embriones en útero propio o ajeno y la congelación y
manipulación de los embriones humanos.
Como ejemplo de esta exposición, y hasta junio de 1994, eran unos 20.000
los niños nacidos en el mundo a través de métodos de fecundación
asistida, fecundación que obtiene éxito en un 15 por ciento de los casos,
aproximadamente, lo que quiere decir que el número de intentos es siete
veces superior.
Tres. Las nuevas fronteras del trasplante de órganos, técnica que en
España ha alcanzado niveles de gran actividad y competencia, con casi
1.700 trasplantes renales, 614 de hígado, 292 de corazón y 36 de pulmón
en el pasado año 1994, lo que supone más de siete trasplantes diarios.
Aunque estemos muy lejos de otros trasplantes, como el de cerebro,
siquiera parcialmente, pero que daría lugar a un nuevo tipo de
actividades --de actividades psíquicas en este caso-- dentro del mismo
cuerpo. Sin embargo, otras transformaciones que afectan profundamente a
la personalidad humana sí son posibles; me estoy refiriendo a los
llamados cambios de sexo, aunque realmente se refieren estrictamente a un
cambio de genitalidad.
Cuatro. Los progresos en la práctica y métodos de reanimación y
mantenimiento de constantes vitales, lo que da lugar a los problemas de
eutanasia o adistanasia, es decir, la muerte acordada o la muerte no
modificada por métodos extraordinarios de mantenimiento de las constantes
vitales.
Cinco. También aquellas situaciones límite, inducidas por decisiones
personales de origen moral o religioso, y me estoy refiriendo a los
problemas que plantea el tratamiento de la huelga de hambre llevada a
extremos críticos, la negación a las transfusiones de sangre, la
imposición de mutilaciones (ablaciones de clítoris, circuncisión,
esterilizaciones, etcétera).
Seis. Por último, está el capítulo de la experimentación humana, hecho
necesario en la aplicación de medidas terapéuticas generales, con
medicación o con intervenciones quirúrgicas, pero que exigen una
experiencia previa tanto en animales como en seres humanos, que con
carácter voluntario y con todas las necesarias precauciones son llevadas
a cabo y que están reguladas desde la primera Declaración de Helsinki en
1964 hasta hoy, en sucesivas adaptaciones de la misma por la Asociación
Médica Mundial.
Señorías, éstos son los puntos más importantes de la Bioética en relación
con la vida humana y que quizá nos afectan de manera más próxima y
producen las mayores inquietudes y problemas en su aplicación. Pero no
acaba aquí el amplio campo de la Bioética, puesto que ya hemos dicho que
es la ética de la vida en toda su extensión. Me estoy refiriendo a la
manipulación genética de organismos, bacterias, plantas o animales, que
podemos cambiar, modificar o transformar en otros más útiles, más
interesantes o más agresivos. Pero, en definitiva, cambiando
artificialmente el curso de la vida, de aquella vida que genialmente nos
empezó a explicar en 1859 Charles Darwin con un título que nos debe hacer
reflexionar: «El origen de las especies por medio de la selección
natural». Lo que hoy podemos hacer son modificaciones no naturales y, por
tanto, con repercusiones al menos desconocidas y diferentes en su devenir
natural.
Señorías, he querido hacer un amplio resumen de un problema inquietante,
que preocupa a muchas personas, que afecta, en principio, a toda la
humanidad y a muchas partes también y a muchos aspectos de la Biología,
un problema que por mi formación profesional conozco y por mi actividad
política como parlamentario en esta Cámara y en la Asamblea del Consejo
de Europa, a la que he pertenecido con otros queridos colegas aquí
presentes, he desarrollado durante los últimos cinco años en su Comisión
de Ciencia y Tecnología. De este modo he procurado darles una visión lo
más rigurosa posible del problema, interesarles, pero no abrumarles, y me
acojo a su benevolencia si no lo he logrado.
Antes de terminar, debo decirles que el Parlamento español ha legislado
ya --hemos legislado, en resumen-- sobre todas estas materias y muchas
veces con carácter pionero. Me estoy refiriendo a la Ley General de
Sanidad del año 1986; a la Ley del Medicamento; a la Ley de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica; a las
llamadas Recomendaciones de la Comisión Palacios (en relación a un gran
experto español y europeo, el Diputado socialista Marcelo Palacios), de
abril de 1986, sobre fecundación «in vitro» e inseminación artificial
humana; a la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, de noviembre de
1988; a la Ley sobre Donación y Utilización de embriones y fetos humanos
o de sus células, tejidos y órganos, también del mismo año 1988; y a la
Ley de Utilización Confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, aprobada en esta Cámara el pasado
año 1994, sin olvidar las ratificaciones de convenios internacionales, la
legislación establecida por el Parlamento Europeo y, cómo no, los
acuerdos del Consejo de Europa, en especial el de la
Convención de Bioética, que lleva el hermoso título de «Convención para
la protección de los derechos del hombre y de la dignidad del ser humano
en consideración con sus aplicaciones en la Biología y la Medicina».
Señoras y señores Senadores, desde la creación en 1971 del Instituto para
la reproducción humana y la Bioética de la Fundación Kennedy, en la
Universidad de Georgetown, en Washington, hasta la presencia hoy de
múltiples departamentos universitarios y centros de estudio que trabajan
en todo el mundo, con más de 20 revistas especializadas y decenas de
libros, nos muestran de una manera rotunda la importancia y la
preocupación creciente por este problema. Por eso, la creación de un
comité parlamentario de Bioética en el seno de la ya existente Comisión
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico parece no sólo
adecuado, sino necesario y mi Grupo Parlamentario solicita a través de
esta intervención su apoyo.
Déjenme terminar con una cita de Anna Arendt, en su libro «La vida del
espíritu», citado por Fernando Savater en su «Etica para Amador»: «No es
el Hombre, sino los humanos, los animales y las plantas los que habitan
en este planeta. La pluralidad es la ley de la tierra y el respeto a esa
pluralidad es el porvenir de todos.»
Nada más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Borderas.
Supongo que no habrá intención de usar el turno de defensa de la
propuesta de modificación, que es meramente correctiva.
Pueden intervenir los señores portavoces de aquellos grupos que aún no
han hecho uso de la palabra.
El Senador Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando Von Potter, a quien ha hecho referencia el Senador
Borderas, escribió en 1971 su libro «Bioética, puente al futuro»,
seguramente no sospechaba que el vocablo que acababa de acuñar, bioética,
se iba a extender rápidamente, dando pie a una disciplina que origina
estudios profundos y debates apasionados.
La importancia de los problemas o de las cuestiones formuladas por el
progreso bioquímico, biológico y médico ha tenido una enorme repercusión
y trascendencia social que no disminuye ni es de prever que lo haga en el
futuro. Los investigadores, y los médicos muy especialmente al tener que
aplicar los avances científicos o dejar de hacerlo en virtud de
planteamientos éticos, deben tomar posiciones ante cuestiones
trascendentes que afectan a la vida humana y a los derechos humanos, y en
otros casos también atañen a la vida animal en general o al medio
ambiente. Pero en todos los casos se ha de decidir en virtud de criterios
de bien común.
Efectivamente, tal como señala la moción socialista, tan bien defendida
por el Senador Borderas, en España se ha legislado ya sobre Bioética,
tanto en leyes de carácter general como en otras más precisas, como
pueden ser la de donación y utilización de embriones y fetos humanos,
células, tejidos y órganos, y la recientemente aprobada Ley de
Utilización Confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente.
Nos parece bien, evidentemente, a los propósitos de la moción que se
acaba de defender, que se cree una Ponencia o comité de Bioética
parlamentario en el seno de la Comisión de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. Probablemente esta Ponencia habrá de constituirse
también en legislaturas posteriores, ya que los avances de la ciencia y
las posibilidades de actuar sobre el hombre, sobre la especie humana,
sobre la naturaleza en general, requerirán la atención continuada de los
países avanzados para que los adelantos científicos puedan ir siempre
parejos a las consideraciones éticas y morales que la sociedad se debe
autoexigir.
El Senador Borderas se ha referido a la ingeniería genética, a la
manipulación de embriones, al trasplante de órganos, a la fecundación
artificial como campos en los que en la vida humana cabe estudiar y
debatir, entre otros. Por ello, nuestro Grupo, que apoya plenamente la
creación de esta Ponencia, la va a apoyar y va a seguir en esta línea
mientras estos trabajos se lleven a cabo.
Para finalizar y a título anecdótico, si se quiere, permítanme señalar
que el primer instituto de Bioética que se instaló en Europa lo fue
justamente en España, en Cataluña más concretamente, en Sant Cugat del
Vallés, en 1975; es el Instituto Borja de Bioética.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
El Senador Bellido tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desde que tenemos constancia del fenómeno evolutivo del hombre
sobre la tierra, éste ha seguido un imparable proceso de investigación y
de desarrollo de nuevas tecnologías para adaptarse de una forma cada vez
más satisfactoria al medio en el que ha debido y tiene que desarrollarse.
No se ha convertido el hombre en enemigo del propio hombre, sino que a lo
largo de los siglos ha hecho uso de su razón a fin de avanzar en su
desarrollo, preservando valores éticos fundamentales que compatibilizasen
el propio desarrollo con la subsistencia de la especie de un modo más o
menos armónico.
Es cierto, y la historia levanta acta notarial de ello, que a lo largo de
los siglos se han roto en distintas ocasiones esos lazos que unían al
hombre desarrollado con el respeto a la propia especie. Es verdad también
que en otras se ha pretendido coartar desde planteamientos filosóficos,
religiosos o simplemente políticos esa colaboración íntima que el hombre
debe establecer con la ciencia a lo largo del proceso de investigación.
Pero en cualquier caso, y dejando en manos de la historia los juicios que
merezcan los distintos comportamientos personales o sociales, es evidente
que el hombre ha llegado a finales de este siglo posiblemente con retos
no muy diferentes a los que se le plantearon en siglos pasados, al menos
en cuanto a la repercusión
de los mismos, pero sí complicados, dada la complejidad que la ciencia va
alcanzando y que el pensamiento humano de nuestros días aplica a sus
decisiones.
Las ciencias médicas, químicas o físicas, por citar algunas de ellas que
guardan relación directa con la vida del ser humano y de todos aquellos
seres que pueblan nuestro planeta, protagonizan a diario nuevos avances
que, junto a valores positivos, encierran, en muchas ocasiones,
repercusiones que pueden ser claramente lesivas para el biosistema. Casi
a diario podemos asistir a nuevos ensayos que deben ser minuciosamente
valorados en todas sus consecuencias si queremos garantizar la bondad de
sus efectos y eliminar factores desestabilizadores que puedan llevarnos a
daños en muchos casos irreparables y que puedan poner en peligro la
propia existencia del hombre.
Es evidente que, aun respetando la calidad ética de nuestros
investigadores, no podemos dejar sólo en sus manos la decisión de seguir
avanzando o no en un proyecto de investigación y desarrollo o en la misma
aplicación práctica de éste. Es necesario, desde los principios éticos
que nacen de nuestra cultura, establecer normas o leyes que regulen la
investigación biológica y su aplicación; normas y leyes que, como aquí se
ha dicho, en muchos casos han sido elaboradas y aprobadas por el
Parlamento de la Nación y los distintos parlamentos autonómicos y que
habrá que seguir desarrollando y mejorando, en su caso, de acuerdo con la
propia dinámica que la ciencia encierra. Pero complementariamente a ello
es importante la creación de comités, como el que en este caso solicita
el Grupo Parlamentario Socialista en su moción, encargados de evaluar la
propia dinámica de la ciencia biológica y su repercusión ética, a la vez
que orientar tanto en la necesidad de elaborar nuevas leyes como en la
modificación del contenido de las ya existentes, comisiones o comités
que, además, nos acerquen a los criterios que rigen en los países
desarrollados con los que tenemos que intercambiar también investigación
y tecnología.
No me extiendo más por cuanto los distintos grupos parlamentarios en el
Congreso de los Diputados expusieron con toda claridad sus posiciones en
sentido favorable a la creación de este comité de Bioética en el seno de
la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Sólo me queda, cómo no, anunciar el voto afirmativo de mi Grupo a la
moción propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
Hemos concluido el debate.
Entiende el Presidente que la propuesta se puede aprobar por asentimiento
de la Cámara. (Pausa.) Así se declara.
Por lo tanto, se creará, simultáneamente a la decisión adoptada por el
Congreso de los Diputados, la Ponencia denominada Comité de Bioética
Parlamentario en el seno de la Comisión Mixta de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico.
Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN TODOS LOS
PUESTOS FRONTERIZOS ESPAÑOLES SE EVITEN POSIBLES SITUACIONES DE
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA PROTECCION DE
MENORES IMPLICADOS EN PROCESOS DE EXTRANJERIA Y A QUE TODAS LAS
ACTUACIONES RELATIVAS A DICHOS PROCESOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN
INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD SE PONGAN EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO
FISCAL A EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.7 DEL ESTATUTO DEL
MINISTERIO FISCAL. (662/000147.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente moción viene suscrita por el Grupo
Parlamentario Popular, y en ella se insta al Gobierno a que se adopten
las medidas necesarias para que en todos los puestos fronterizos
españoles se eviten posibles situaciones de incumplimiento de la
normativa vigente respecto a la protección de menores implicados en
procesos de extranjería y a que todas las actuaciones relativas a dichos
procesos en los que se encuentren involucrados menores de edad se pongan
en conocimiento del Ministerio Fiscal a efectos de lo previsto en el
artículo 3.7 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.
Procedo a la defensa de la moción que presenta mi Grupo, y empiezo
preguntándome si sus señorías son capaces de imaginar que de España pueda
ser expulsado un ciudadano extranjero, viudo de una española y padre de
una niña española de dos años, encargándose la custodia de la menor a una
institución pública. Me pregunto si sus señorías son capaces de imaginar
que de España pueda ser expulsada una ciudadana extranjera, compañera de
un español, con una niña española de seis años, escolarizada, llevan do
consigo la expulsión a esta pequeña española al extranjero. Me pregunto
si sus señorías son capaces de imaginar que de España pueda ser expulsada
una ciudadana extranjera, casada con un español, madre de cuatro hijos
españoles, simplemente porque no existían motivos bastantes para renovar
su permiso de residencia, separándola de su familia. Me pregunto si sus
señorías son capaces de imaginar que de España pueda ser expulsado un
ciudadano extranjero, con 18 años de residencia en España, casado con una
española, dejando en nuestro país, sin posibilidad de relación con su
padre, tres hijas de corta edad. Me pregunto si sus señorías son capaces
de imaginar que de España pueda ser expulsada una ciudadana extranjera,
casada con un español, en el noveno mes de gestación del primer hijo del
matrimonio de ambos.
No sé hasta dónde puede llegar la prudente imaginación de sus señorías,
pero les aseguro que cada uno de los casos que les he relatado aparecen
documentados en el Informe
del Defensor del Pueblo de este año. Y pueden ser muchos más, primero,
porque los ciudadanos extranjeros no tienen el mismo acceso al Defensor
del Pueblo que los nacionales y, segundo, porque, desde luego, los
menores no suelen quejarse al Defensor del Pueblo. Por eso, sea cual sea
la capacidad de imaginación de sus señorías, les ruego que crean que lo
que les cuento sucede y no en un país más extraño que aquel que desde
esta Cámara intentamos construir.
Según el Defensor del Pueblo, múltiples decisiones administrativas
adoptadas al amparo de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España están originando un incumplimiento del deber
especial de protección a los menores que reconoce nuestro texto
constitucional en su artículo 39.4 y de los convenios internacionales
suscritos por España. Según el Defensor del Pueblo, múltiples decisiones
administrativas adoptadas al amparo de la Ley Orgánica de Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España, en unos casos están implicando
la expulsión implícita de un menor español y, en otros casos, están
implicando la separación física de un menor español de sus progenitores.
Según el Defensor del Pueblo, múltiples de las decisiones administrativas
adoptadas al amparo de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, conculcan nuestra normativa interna, por cuanto
tanto el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como el Código Civil
expresan claramente la obligación que por ministerio de la ley tienen
todas las autoridades de prestar una especial protección al menor, máxime
cuando éste se encuentra desamparado.
Según el Defensor del Pueblo, señorías, es necesario que en las
instrucciones que gire el Ministerio del Interior se contemple en todo
caso la obligación legal que incumbe a todas las autoridades de poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de desamparo de cualquier
menor, español o extranjero, a fin de que aquél pueda hacer valer su
competencia para la protección de los más desvalidos. No es la primera
vez que esta institución, el Defensor del Pueblo, se queja ante el
Gobierno. Con anterioridad se le había recordado que en las decisiones de
expulsión de padres, tutores o guardadores de hecho de menores nacionales
españoles se debía tener presente el interés de protección de la familia
y de la infancia, equilibrándolo con el interés del Estado respecto a las
condiciones de estancia ilegal del padre, tutor o guardador.
Podría decirse que sobre este asunto no existe legislación; sin embargo,
la supremacía de nuestro texto constitucional hace que cualquier laguna
legal pueda ser cubierta por la aplicación de los principios que inspiran
a la Constitución misma. Así, el artículo 39 asegura la protección a las
familias españolas, que lo son aunque uno de sus miembros no sea español,
y el mismo artículo garantiza la protección a la infancia, sin distinguir
entre niños españoles o extranjeros, ya que unos y otros merecen la misma
consideración y respeto. Ese mismo deber está implícito en el Estatuto
del Ministerio Fiscal, y lo cierto es que ni por aplicación de la
Constitución ni por aplicación del Estatuto del Ministerio Fiscal está
teniéndose en cuenta el principio de protección de la familia o el
principio de protección de la infancia en numerosos expedientes de
extranjería.
Con esta moción, señorías, no intentamos ningún cambio legislativo; ni
siquiera les exigimos, por ahora, que concedan preferencia en la
concesión de permisos de trabajo y residencia a los extranjeros padres de
menores españoles. No pretendemos más que la aplicación de la legalidad,
que se apliquen los principios constitucionales y que se apliquen por
quien puede reclamar su aplicación: a través del Ministerio Fiscal. Nada
más sencillo, nada más justo. Y si alguien, entre sus señorías, tiene
alguna duda respecto del modo en que se están inaplicando los principios
constitucionales por la ausencia del Ministerio Fiscal en la tramitación
de expedientes de extranjería cuando hay menores implicados en ellos, que
no discrepe en esta tribuna con el Grupo Parlamentario que está actuando
como mensajero de la denuncia pública efectuada por el Defensor del
Pueblo, que discrepe y lo haga públicamente con el Defensor del Pueblo y
pregunte si los casos que hemos relatado y otros tantos han sucedido o no
en nuestro país. Por otro lado, estoy convencido de que nadie dudará ni
pondrá en duda que los menores españoles tienen un derecho fundamental a
permanecer con sus padres, aunque uno de ellos sea extranjero.
Como recoge la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de noviembre
de 1985, la Constitución ha entendido que en los conflictos planteados en
la aplicación de normas de extranjería en los que concurra la presencia
de un nacional español debe prevalecer la protección del nacional español
frente a la eficacia administrativa de las disposiciones en materia de
extranjeros. Al mismo tiempo, creo que nadie pondrá en duda, ni dudará,
de que los menores extranjeros deben ser protegidos por el Ministerio
Fiscal en los procedimientos administrativos en los que se vean
involucrados con la misma efectividad que los menores españoles, porque
el Ministerio Fiscal debe garantizar los derechos universales de la
infancia, con independencia de la nacionalidad, raza o sexo de esa
infancia, y porque la falta de derecho de residencia en España de un
menor extranjero no implica, ni puede implicar en ningún caso, la falta
de los derechos fundamentales del hombre en ese menor que no tiene
capacidad para reclamarlos. Por lo tanto, no hay vacío legal alguno al
que la Administración pueda acogerse si se tienen que romper familias
españolas o para tratar menores extranjeros sin dar cuenta al Ministerio
Fiscal.
Solicitamos de esta Cámara un pronunciamiento rotundo en el sentido de
que en los procedimientos de extranjería con un menor implicado se cumpla
lisa y llanamente la constitucionalidad, se cumpla lisa y llanamente la
legalidad: todos los niños del mundo tienen los mismos derechos de
protección y todos los niños españoles tienen el mismo derecho a convivir
con su familia natural. El interés de la política migratoria del Estado
no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de los menores ni
tampoco sobre el derecho a la familia natural de los menores españoles.
Señorías, debemos hacer cuanto esté en nuestra mano, aprobando hoy esta
moción, para que ninguna niña o niño sean tratados en España en un
procedimiento de extranjería
sin conocimiento del Ministerio Fiscal y para que ninguna niña o niño
españoles pierdan a su padre o a su madre o, en el peor de los casos, se
vean expulsados de su patria con sus progenitores en un procedimiento de
extranjería. Los niños españoles son iguales unos a otros, y a todos por
igual, sean sus padres nacionales españoles o sean sus padres
extranjeros, debemos garantizarles el mismo derecho a una infancia digna
y a desarrollarse en el seno de una familia natural.
Señorías, nuestros hijos han visto desde generaciones a sus padres y
madres partir hacia Francia, Alemania, Suiza o Hispanoamérica para ganar
un sustento que la patria no podía propiciarles. Hoy, por ventura para
nosotros, son otros los que vienen aquí a confundirse y a colaborar con
nosotros. Vienen y crean familias entre nosotros y tienen hijos tan
españoles como cualesquiera de nosotros, con los mismos derechos que
aquellos niños que hace sólo algunas décadas se quedaban solos
despidiendo a sus padres que partían a ganar el sustento.
Señorías, hagamos lo posible para que ningún niño español vuelva a
separarse de uno de sus padres contra su voluntad, aunque ese padre o esa
madre no sean nacionales españoles. Señorías, que lo que fuimos inspire
siempre lo que aspiramos a ser.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
No hay turno en contra.
¿Señores portavoces que deseen intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor Presidente, voy a intervenir desde el
escaño, dada la brevedad de mi intervención, para dejar constancia de que
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar a
favor de la moción presentada y hoy defendida por el Grupo Parlamentario
Popular, por la que se insta al Gobierno, en primer lugar, a que adopte
medidas, las que fueran necesarias, para que en los puestos fronterizos
se eviten posibles situaciones de incumplimiento de la normativa sobre
protección de menores implicados en procesos de extranjería y, en segundo
lugar, para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las actuaciones
relativas a procesos de extranjería cuando en ellos se encuentren
igualmente involucrados menores de edad. Y vamos a votar a favor de la
moción, señorías, porque, dada su redacción y dada la intervención del
portavoz popular, no puede ser de otra manera. Participamos de la
preocupación que se pone de manifiesto en la moción misma, y coincidimos
con la filosofía que la inspira y que no es otra que la de preservar o
primar la condición del menor sobre cualquier otra cuestión que pueda
concurrir en relación con políticas migratorias. Coincidencia, por tanto,
plena, coincidencia absoluta, pese a la preocupación que también nos
generan --debo decirlo-- los problemas migratorios.
Señorías, en cualquier caso, esto que se plantea es algo que nos parece
tan obvio, que estoy convencido de que en ello coincidiremos todos,
incluido el Gobierno. Pero precisamente por ello, por esa previsible
coincidencia y porque, en definitiva, lo que abunda no daña, aprobemos
esta moción. Vaya, en consecuencia, nuestra aportación en forma de voto
favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, quiero decir, Senador
González Pons, que votaremos afirmativamente, pero desde nuestra
condición de formación política que cree en la persona, en la familia y
en la nación.
Cataluña, en su largo camino en pos del autogobierno, empezó obteniendo
del Estado aquellas transferencias que nadie quería o que molestaban al
Gobierno del Estado: prisiones, tribunales de menores, etcétera, siempre
sin medios como elemento común. Nuestra policía autonómica, los Mossos
d'Esquadra, tuvo sus primeras competencias en materia de menores tras
dura lucha con los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Recordarán sus señorías la intervención de nuestra policía autonómica en
el tema de la secta de Los Niños de Dios. Pues bien, nuestra sensibilidad
en materia de menores es la más notoria en el Estado español.
En nuestras conversaciones de pasillos, el Senador González Pons,
parlamentario brillante, hombre que me acompleja y buen amigo, me hacía
referencia a supuestos que no lograba yo adivinar en el texto de la
moción. A todos ellos mi asentimiento después de oír su exposición desde
la tribuna, pero entendemos que hay que ir más allá. Otra cosa es lo que
el estricto y exacto cumplimiento de la ley para Cataluña, país
fronterizo, representa. Así, el poco celo de la policía de fronteras está
originando un problema grave para la Consellería de Bienestar Social de
la Generalitat de Cataluña: se detiene a un menor de trece o catorce
años; se pone en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal y éste
ordena su internamiento, depósito o situación legal que en Derecho mejor
convenga, y se le ingresa en un centro de menores. Y allí se queda. Este
es el problema, que allí se queda. Y entonces resulta que, si es un niño
de trece años, se le educa hasta que llega a los dieciocho, y así tenemos
a un marroquí, a un serbio o a un croata que a los dieciocho años ya es
un buen catalán. Pero entonces, por aquellas cosas de la ley, con la
mayor asepsia, se inicia el proceso de extradición, y esto, señorías, es
lo que no es correcto.
Con lo que ahora sucede, aun con la intervención del Ministerio Fiscal,
se conculcan los artículos 3.2, 5, 7, 9, 10, 11, 18.1.2 y 22.1.2 de la
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y se
conculcan, entre otros, los siguientes principios: el compromiso de los
Estados firmantes de proteger a los niños teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores o responsables legales, el derecho del
niño a conocer a sus padres y crecer entre ellos y el derecho del niño a
no ser separado de sus padres.
Los Estados miembros han de tomar medidas para evitar el traslado ilegal
de los niños al extranjero. Los Estados se comprometen a proteger y a
ayudar a los niños a encontrar a sus padres y a otros miembros de su
familia. Para ello, y como complemento, podría adicionarse al brillante
texto de la moción que proponía el Senador González Pons --un texto que
yo no llamaría alternativo, en su día ya lo propondremos-- que se eviten
en lo posible situaciones de traslado o entrada ilícita de menores
extranjeros en España cuando carezcan de la documentación reglamentaria o
sin ir acompañados de sus padres provistos del permiso legal de entrada.
Que ante la introducción ilegal de menores extranjeros, sin perjuicio de
aplicar la normativa vigente relativa a protección de menores para su
atención inmediata y transitoria, se les aplique la Ley de Extranjería en
función de los principios de la Convención sobre Derechos del Niño
tendente --esto es importante-- a la reintegración familiar y al entorno
natural del menor o, en su defecto, a las autoridades y organismos de
protección de su país de origen.
Dirá el Senador González Pons que esto no tiene nada que ver con lo que
él nos decía, y es que su señoría se refería a supuestos de españoles
nacidos de padres extranjeros en España. Pero a mí esto me preocupa,
señorías. Y su señoría, que es un jurista de mucho más prestigio que yo,
sabe aquello del «ius sangui» y del «ius soli», y España ha sido siempre
un país que se ha caracterizado por el respeto al «ius soli», es decir,
que el que nacía aquí era español, la mujer extranjera que se casaba con
un español le seguía en estado, condición, etcétera, pero poco a poco,
señorías, mal que nos pese, nos estamos convirtiendo en un país de los
llamados modernos y europeos, donde, evidentemente, la solidaridad va
decreciendo y donde nuestra legislación actual es más del «ius sangui»
que del «ius soli».
Nuestro voto será favorable, Senador González Pons, pero queremos dejar
constancia en el «Diario de Sesiones» de nuestra llamada de atención al
hecho de que la policía de fronteras tenga un control de la entrada de
menores en territorio nacional y al principio de tutela y cuidado del
menor, con miras a la reintegración y devolución a su entorno familiar.
Insisto en que se trata del supuesto del menor que llega del extranjero,
que no tiene ningún lazo con este país, etcétera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.
Aprovecho este turno para pedir de nuevo disculpas a la Presidencia por
mi retraso en la llegada a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Ha sido muy emocionante. (Risas.).
El señor GONZALEZ PONS: Ha sido atribuible a razones que no formaban
parte de la voluntad de quien tenía que defender la moción.
Sólo quiero agradecer los turnos consumidos para expresar el apoyo a la
moción, así como el hecho de que el grupo mayoritario no haya utilizado
el turno en contra, lo que me hace suponer la posibilidad de que la
moción también sea apoyada por el grupo parlamentario que ostenta la
mayoría en la Cámara.
También quiero decirle al Senador Vallvé que el respeto es mutuo, que
agradezco que su ingenio esta vez se encuentre de mi parte y no en mi
contra --porque eso no sólo me perjudicaría a mí, sino a la moción-- y
que nosotros hemos estado hablando de condiciones de salida, no de
entrada. Le agradezco su exposición y cuanto va más allá de las
pretensiones de mi Grupo, pero cuando usted trate de hablar de
condiciones de entrada también encontrará nuestro consentimiento y verá
que estamos dispuestos a que esas condiciones sean tratadas de la mejor
forma posible para evitar situaciones no deseadas por nadie en el futuro.
Y si va más allá en las condiciones de salida, también se encontrará con
que nosotros siempre estaremos en la posición de favorecer el derecho
natural de las personas a la familia por encima de cualquier otra
consideración. Y, desde luego, si lo que le preocupa, Senador Vallvé, es
que el niño, o el «boy», que entró por la frontera se haya convertido en
un «nen» y tenga que marcharse, descuide, que también nos tendrá a
nosotros para defender al «nen».
Para terminar, sólo me queda señalar que si este Senador, que tenía que
defender la moción, hubiera llegado definitivamente tarde, cualquiera de
las intervenciones que se han realizado --y estoy convencido de que
también la que va a realizar ahora el grupo mayoritario-- habría servido
para defender el texto de esta moción, que creo que en este momento ya es
de toda la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Martínez Bjorkman.
El señor MARTINEZ BJORKMAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, realmente, en este caso, el Grupo Socialista lo ha tenido muy
claro desde que le llegó el escrito correspondiente. Nosotros no íbamos a
votar en contra, no nos íbamos a abstener; vamos a votar a favor. Sin
embargo, me gustaría hacer una serie de matices, porque el Senador que
les habla --que representa al Grupo Socialista-- pertenece, junto con el
Presidente de la Cámara, y cuatro o cinco Senadores más, al grupo que ha
permanecido casi 18 años en la misma, y a través de este tiempo hemos
mantenido los principios que hoy se quieren mantener aquí. Por tanto,
nuestra conducta ha sido permanente.
Pero nos ha extrañado el hecho de que en la primera de las medidas
necesarias se diga que en todos los puestos fronterizos españoles se
eviten en lo sucesivo esas posibles situaciones. Realmente, a mí, que hoy
era el encargado de hacer llegar la voz del Grupo Socialista, eso me
extrañó. Posteriormente también me ha extrañado, al ver cómo el
representante del Grupo Popular iba refiriéndose a una serie de hechos
ciertos. A mí, como abogado --y de los viejos tiempos, contra el Tribunal
de Orden Público, es decir,
que mi conducta permanente ha sido la defensa de los derechos humanos,
universales, fundamentales--, me ha sorprendido que no hubiera dicho que
en lo sucesivo se eviten esas situaciones. ¿Por qué decir «posibles»? Eso
podía llevarme a no tener la certeza de lo que íbamos a defender.
La referencia al Defensor del Pueblo es cierta. La conocíamos y,
naturalmente, lo que ya había expresado en su escrito lo teníamos
presente. Pero desde un punto de vista formal, las cosas podían haber
venido de mejor manera y nosotros podríamos haber preparado una mayor
adhesión a este hecho, porque la posibilidad puede dar lugar a actos de
delincuencia y éstos competen a otras instancias. Sin embargo, me ha
alegrado que se haya presentado aquí esta cuestión, porque eso es un
hecho significativo. Algunos compañeros me han dicho: Serás breve. Y yo
he contestado: No lo seré. El tema es tan importante, que no puedo serlo.
Puede ser que alguien pierda el tren; lo siento, pero el que no puede
perderlo es este Parlamento en la defensa exacta de los derechos que
venimos sosteniendo y que hemos apoyado en una serie de convenciones
internacionales. Por tanto, sin elaborar ningún escrito para este
momento, me voy a referir a todo lo relativo al menor.
El Defensor del Pueblo se refiere a una serie de situaciones que hemos
visto, aunque no hemos tenido en cuenta los expedientes a que alude. Pero
debo señalar --y esto es muy importante-- que cuando el Defensor del
Pueblo sugiere señala, marca, por parte del Ministerio correspondiente
eso también se tiene en cuenta. También quería indicarle que hay que
considerar que algunas de las denuncias que se puedan presentar habrán de
hacerse ante las instancias correspondientes de las Comunidades
Autónomas, porque ésta es su competencia. Es decir, que en algunos casos
los Ministerios no tendrían nada que ver.
Quizá hubiera sido mejor que se realizara una interpelación al Ministro,
y aunque no soy un ministro ni un superministro para saber exactamente
todo lo que ocurre en el interior de los Ministerios, quiero señalar que
he pedido los informes correspondientes, que indican que se va a proceder
a la reforma del Reglamento actual para dar una mejor solución al
problema que se plantea. Ya en el borrador del nuevo reglamento en el que
se está trabajando --y que, por tanto, no es una improvisación-- se dice
que se van a contemplar aspectos sobre menores extranjeros, en general,
menores en situación de desamparo, la adopción de menores procedentes de
las áreas en conflicto y el traslado temporal a España de grupos de
menores extranjeros. Es decir, que la preocupación de su señoría también
es compartida por el Ministerio. Así, para lo relativo a la situación de
desamparo, contemplado en el artículo 172.1 del Código Civil, ha de
aplicarse toda la legislación española que existe en la materia. Pero,
sobre todo, lo más importante es que estas situaciones del menor se ven
encomendadas a los servicios de protección de menores de las Comunidades
Autónomas correspondientes, debiendo ponerse en conocimiento del
Ministerio Fiscal, al objeto de que el mismo pueda hacer valer sus
competencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.7 de su
correspondiente Estatuto. Como bien ha dicho su señoría, no existe vacío,
lo que pueden existir son infracciones, omisiones, o incluso delitos. Por
tanto, estamos en una situación cuyo análisis corresponde, no a nosotros,
sino a la autoridad competente.
De otra parte, se incluye la prohibición expresa de que los menores
puedan ser objeto de las medidas de expulsión previstas en el artículo
26.1 de la Ley Orgánica 7/1981 y de su actual Reglamento de ejecución.
Porque es verdad lo que su señoría y el resto de los intervinientes han
señalado. Estamos ante un hecho fundamental y objetivo. En estas
situaciones nos encontramos con un hecho fundamental y objetivo: que debe
primar siempre el derecho de los menores sobre la política de emigración,
sea cual sea ésta, y éste es un principio en el que todos estamos de
acuerdo. Es necesaria la reagrupación familiar del menor en su país de
origen o en aquel en el que se encuentran sus familiares. Esto es muy
importante para que los menores vayan modificando a través del tiempo su
antropología cultural primitiva, sus derechos, su raíz, como ha dicho el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Es decir, que todo cuanto se refiere a este tema está siendo
reflejado y estudiado, y pasaré a sus señorías y a todos los portavoces
de los grupos cuanto se está haciendo en esta materia. No soy el Ministro
y, por tanto, no puedo decirles que les remitiré el documento auténtico
procedente del Ministerio.
Hay un hecho sumamente significativo que queremos señalar y es que se
habla de una serie de situaciones, pero también quiero informar que,
según los escritos que obran en mi poder, España va a plantear durante su
presidencia de la Unión Europea el establecimiento de pautas de actuación
comunes sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, y
para ello se ha presentado a la actual presidencia francesa un
cuestionario a fin de conocer las prácticas seguidas actualmente en los
Estados miembros en relación con este tema.
A mí me satisface que todos los Grupos no estemos solamente haciendo
exposiciones orales, exposiciones formales, sino que también estemos
interesados por el tema, como he podido comprobar por las actuaciones de
todos los que han intervenido hoy en esta Cámara. Pero el Gobierno no
podía hacerlo de otra manera; estamos representando nada menos que
situaciones y una legislación que ha sido convenida internacionalmente,
hoy tenemos que tener presente que la unidad de la Cámara a veces tiene
momentos de explosión colectiva por principios universales, que en este
momento defienden nada más y nada menos que al niño, a través de
convenciones que han sido pactadas en otros foros internacionales. Por
ello, el voto favorable de mi Grupo no va a ser el único en esta moción,
sino que existe unanimidad de la Cámara. Y esto lo quiero reflejar porque
quizá sea una de las actuaciones que más contento me han dejado. Se ha
producido una brusca entrada de quien tenía que presentar la moción de
hoy, estaba yo también fuera y lo he seguido como se sigue a un viento
favorable. Por tanto, estaba esperando que entrara y, tan pronto como
entró, me he incorporado a la Cámara.
Por último, quiero decirles que quizás --y esto es una cautela-- estos
temas tan importantes debían de ser cuidados, incluso convenidos
previamente, porque cuando vamos a estar de acuerdo no es necesario estar
aislados, sino
sencillamente juntos, y esta vez muy juntos. Un valor internacional, un
derecho internacional, el derecho del niño, nos ha congregado hoy, de
modo que agradezco a la Cámara esta ocasión y lo agradece mi Grupo porque
ello significa que sintonizamos en lo más importante de la convivencia
nacional e internacional.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Bjorkman.
Entiendo que puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Así se declara y, por tanto, se aprueba la moción del Grupo Parlamentario
Popular por la que se insta al Gobierno para que se adopten las medidas
necesarias para que en todos los puestos fronterizos españoles se eviten
posibles situaciones de incumplimiento de la normativa vigente respecto a
la protección de menores.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE
REMITA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLEZCA LAS
DIRECTRICES Y LOS PRINCIPIOS BASICOS QUE ARMONICEN LAS DISPOSICIONES
NORMATIVAS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, Y PARA QUE SE CUMPLA LO
PREVISTO EN LAS DIRECTIVAS 85/337, 85/339, 91/156 Y 91/157 DE LA UNION
EUROPEA, Y EN AQUELLAS OTRAS REFERIDAS A LA RECUPERACION, ALMACENAMIENTO,
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y, EN
PARTICULAR, ELABORE PROGRAMAS DE RECUPERACION DE PILAS Y ACUMULADORES Y
DE GESTION DE ENVASES PARA ALIMENTOS LIQUIDOS. (662/000146.)
El señor PRESIDENTE: Por último, moción del Grupo Parlamentario Mixto por
la que se insta al Gobierno para que remita a las Cortes un proyecto de
ley que establezca las directrices y los principios básicos que armonicen
las disposiciones normativas sobre residuos sólidos urbanos, y para que
se cumpla lo previsto en las directivas de la Unión Europea y en aquellas
otras referidas a la recuperación, almacenamiento, tratamiento y
aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y, en particular, elabore
programas de recuperación de pilas y acumuladores y de gestión de envases
para alimentos líquidos.
Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadoras y Senadores, voy a ser breve puesto que quizá
la hora y el biorritmo no nos invitan a una extensión excesivamente larga
de la moción, ni tampoco a una exposición excesivamente prolija o
enfática del problema.
Voy a hablar del tema de la basura, la basura como síntoma de la sociedad
en que actualmente vivimos, como un problema que genera millones de
toneladas de residuos cada día en nuestros pueblos y ciudades que a veces
nos encontramos con dificultades para tratar; como un diagnóstico también
y, en definitiva, como una radiografía, de alguna forma, del tipo de
sociedad que estamos configurando: cada vez más embalajes, más plásticos,
más cartones, etcétera; y también como una fuente de recursos, como un
material que, en buena medida, desperdiciamos cada día y que, sin
embargo, puede sustituir recursos naturales que habitualmente utilizamos,
materias primas que proceden directamente de la naturaleza, como
celulosas, arenas, vidrios, metales, etcétera.
Al hilo de esta grandeza y esta miseria en el tratamiento de la basura
voy a plantear cuál es el estado de la legislación española para el
tratamiento de residuos sólidos urbanos. En primer lugar, se detecta una
evidente obsolescencia de la legislación, puesto que la actual Ley sobre
desechos y residuos sólidos urbanos --el propio nombre ya es
significativo, desechos, aquello que se tira-- data del 19 de noviembre
de 1975 (entre paréntesis ponía Jefatura, y yo, como por aquella época
tenía poca edad, he de suponer que se refería, naturalmente, a la
jefatura de un régimen anterior). Por tanto, una legislación que cuenta
ya con más de veinte años, una legislación anticuada, una legislación
que, sin embargo, en su época fue interesante, que en su época supuso un
relativo avance sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero
que hoy, veinte años después, puede decirse que está claramente
desfasada; que habla de eliminación final como si algo pudiese
desintegrarse, como en aquellas películas de ciencia-ficción; que no
habla del reciclaje --hoy en día una palabra clave en el tratamiento de
los residuos--; que habla de recuperación de energía latente, ignorando
el segundo principio de la termodinámica, llevando directamente el tema
de la basura de los residuos sólidos urbanos hacia la incineración y
situándolo, además, desde el punto de vista de las competencias, por
completo en el ámbito municipal, en lugar de hacerlo en el autonómico,
sin tener en cuenta que hoy este problema desborda el estricto ámbito
municipal y necesita, desde luego, tratamientos mucho más autonómicos,
tratamientos integrales de plantas de reciclaje, de compostaje, etcétera.
Una ley que establecía normas de eliminación --he de señalarlo con
admiración-- de residuos en función del derecho preferente de los
propietarios de aquéllos, en lugar de establecer una propiedad municipal
de las basuras, y, por tanto, un tratamiento municipal de las mismas; que
hablaba sólo de la eliminación de los residuos o el aprovechamiento de
los recursos contenidos en ellos, en este caso de la energía, pero que no
hablaba del procesamiento integral, es decir, de un ciclo completo que
trate de devolver buena parte de estos residuos sólidos urbanos a su
utilización posterior. También, y quiero señalarlo anecdóticamente,
contiene explícitamente normas, algunas de ellas curiosas, que violan la
actual legislación comunitaria al respecto, por ejemplo, la famosa Ley a
la que me refiero. La Ley de 19 de noviembre de 1975 contiene un apartado
que considera basuras, que considera residuos sólidos los
animales que se puedan encontrar muertos. Sin embargo, hoy en día, una
Directiva comunitaria, una Directiva del Consejo de la Unión Europea, la
91/156, relativa a residuos, dice explícitamente en su apartado 2.b).3
que los animales muertos no deben considerarse en ningún caso residuos
sólidos. Por tanto, hay incluso anécdotas que demuestran el auténtico
trasnoche, la auténtica obsolescencia de esta ley, con un régimen
sancionador tremendamente anticuado y sin actualizar, un régimen
sancionador que va de las mil pesetas al millón de pesetas en función de
la infracción cometida con estos residuos. Hay que recordar infracciones
recientes incluso de la normativa comunitaria, como la importación ilegal
de basura alemana en España, basura que está exportando un socio de la
Unión Europea, en concreto Alemania, y que están introduciéndose en
España para su fácil eliminación de aquel país y para su eliminación
barata en éste, donde no disponemos ni de la normativa ni de la
prevención legal suficiente como para que el tratamiento sea, al menos,
tan adecuado como allí.
Por tanto, con esta normativa española anticuada hay que configurar
también un marco legislativo disperso y en ocasiones contradictorio, un
marco legislativo que se completa, por ejemplo, con algunas legislaciones
de Comunidades Autónomas que han elaborado normativa propia. Se pueden
citar, por ejemplo, el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de
Cantabria, de 1993, y el Decreto de 1982 del Departamento de Gobernación
de la Generalitat de Cataluña, que en ocasiones caminan por vías
coincidentes y en ocasiones por vías abiertamente distintas.
Hay otras normativas, por ejemplo, de las directivas del Consejo de la
Unión Europea, como la 89/369 o la 89/429, ambas del año 1989, relativas
a la prevención y la reducción de la contaminación atmosférica procedente
de instalaciones de incineración de residuos municipales, que han sido
trasladadas al ordenamiento jurídico español mediante un Real Decreto, el
1088/92, incompleto y contradictorio y, en buena medida, divergente y
disperso con el resto de la legislación.
Por tanto, en este marco legislativo que, insisto, es obsoleto y
anticuado, de un lado, disperso, de otro, y divergente en muchos casos,
sería conveniente trasladar, efectivamente, en ley la Directiva 75/442,
que luego fue ampliada con la 91/156 de la Unión Europea sobre Residuos,
por tanto, tal como dice el punto 1 de la moción, un proyecto de ley que
establezca directrices y principios básicos que armonicen las
disposiciones normativas sobre residuos sólidos urbanos, de tal manera
que pudiéramos tener un instrumento normativo realmente contemporáneo,
adecuado y sintonizador con la legislación europea al respecto.
En los apartados que desgranan este punto 1 incluyo algunos que me parece
interesante que pudiera contener este real decreto. En primer lugar, en
el apartado a) la moción pide normas en este proyecto de ley que exijan
la separación obligatoria en origen entre residuos inertes y orgánicos.
No hay que olvidar en este sentido que la propia normativa de la Unión
Europea prioriza el reciclado de los residuos sólidos urbanos y que un
elemento fundamental para el reciclado es, precisamente, la necesidad de
separación en origen mucho más allá de la recogida selectiva, que puede
ser un primer paso, casi más pedagógico que realmente efectivo, pero que
no da en absoluto la dimensión necesaria para el reciclado integral de
los residuos sólidos urbanos. Por eso se pide introducir en la normativa
la exigencia de esta separación.
En el apartado b) se pide la previsión de un plan de supresión de las
plantas existentes de incineración de residuos sólidos urbanos, así como
la moratoria de aquellas que se encuentren en construcción o en proyecto
y su conversión en plantas de reciclaje y compostaje en los referidos
residuos. Con diferencia, éste es quizá el punto más vanguardista de la
moción y el que de alguna manera marca la dirección de ruptura o, si se
quiere, de avance sobre la situación real en algunas Comunidades
Autónomas.
Actualmente, la incineración es un proceso ampliamente denostado por la
comunidad científica y con numerosos problemas al respecto: los graves
efectos ambientales no controlados de la incineración; la toxicidad y el
riesgo para la salud pública de los gases emitidos; la inadecuación de
lanzar más gases de efecto invernadero a la atmósfera en momentos en los
que es unánime la preocupación sobre el cambio climático, y a este
respecto he de recordar la reciente Cumbre de Berlín, en la que ha
participado el Gobierno español como parte de los firmantes del Convenio
de Río sobre Cambio Climático o la reciente aprobación en esta Cámara de
una Ponencia sobre cambio climático con tales preocupaciones.
Por tanto, a los problemas de la incineración, cada vez más ampliamente
aceptados, se une un mapa de incineración en España muy irregular; un
mapa que está centrado fundamentalmente en Cataluña, en Cantabria, en la
incineradora de Son Reus, en construcción en Mallorca, con una previsión
de tratamiento del 100 por ciento de los residuos de la isla y, en
concreto, en la incineradora de Valdemingómez, en Madrid. Este es
básicamente el mapa de la incineración en España; un mapa desigual que
centra este efecto sobre grandes ciudades y sobre algún gran núcleo
turístico, precisamente donde más daño puede hacer; un mapa que, en
definitiva, está causando también graves efectos ambientales y que, en
muchos casos, ha recibido ya condenas firmes de la Unión Europea, como,
por ejemplo, con respecto al caso de la incineradora de Son Reus, como
más tarde detallaré, en el punto 2.
Por tanto, propone la moción que sea prevista la supresión de plantas
incineradoras, por entender que no son solución al tratamiento de los
residuos sólidos urbanos, y que estas plantas sean reconvertidas, sin
demasiado costo añadido --hay que decirlo porque es verdad--, ya que
basta cambiar el horno por las cadenas de reciclaje y de compostaje, en
plantas de reciclaje y compostaje, junto con la redacción de planes
directores de gestión de residuos sólidos urbanos.
En el apartado c) la moción propone el establecimiento de tasas de
aplicación ecológica que graven las actividades generadoras de residuos
sólidos. El establecimiento de estas tasas de aplicación ecológica sería
simplemente trasladar lo que ya dicen las directivas comunitarias al
respecto, en aplicación de un principio unánimemente reconocido
por la legislación comunitaria, y en particular por la legislación que
antes he mencionado respecto a residuos, la 91/156. Este principio puede
catalogarse en el tema de residuos tan simplemente como el principio de
«quien contamina paga». Por tanto, aquellos que generan residuos sólidos
urbanos deben pagar por la contaminación que están generando con esos
residuos y, por consiguiente, por su posterior tratamiento. Y deben pagar
mediante ecotasas en el momento de la adquisición de esos envases, de
esos embalajes, y naturalmente esto debe ser recogido en la directiva
sobre embalajes de alimentos líquidos, directivas de la Unión Europea que
han sido trasladadas con poca fortuna al ordenamiento jurídico español y
que no recogen en absoluto este impuesto ecológico.
En el apartado segundo de la moción se pide que se cumpla lo previsto en
las Directivas 85/337, sobre Evaluación de Repercusiones de Proyectos
sobre el Medio Ambiente; 85/339, sobre Envases para Alimentos Líquidos;
91/156, que modifica la Directiva de 1975 relativa a residuos y que he
mencionado anteriormente, y la 91/157, relativa a Pilas y Acumuladores, y
pide, por tanto, que en estas cuatro directivas se cumpla lo previsto,
así como en aquellas otras referidas a recuperación, almacenamiento,
tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, y en
particular que se elaboren programas de recuperación de pilas y
acumuladores y de gestión de envases para alimentos líquidos.
La situación española en este punto no puede por menos de calificarse de
absolutamente penosa, y hay que recordar que España ha sido ya condenada
por el Tribunal de Justicia por no haber comunicado los programas sobre
envases para alimentos líquidos y que la Comisión, asimismo, ha iniciado
procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la
Directiva 91/157, relativa a Pilas, y la 91/156, relativa a Residuos. En
ellas se deben comunicar unos planes actualizados; la última
actualización debería datar del 1 de enero de 1995, y no se ha hecho ni
esta actualización ni la anterior por parte del Gobierno español para los
programas de tratamiento de envases de alimentos líquidos ni de
recuperación relativa a pilas y a residuos.
La situación, por ejemplo, en lo que respecta a reciclaje de pilas, es
que actualmente en todo el Estado español sólo contamos con una planta de
reciclaje de pilas, situada en Euskadi, concretamente en Vitoria; que
buena parte de las pilas recogidas en muchas Comunidades Autónomas son
almacenadas en delegaciones provinciales, y a veces le da a uno incluso
la impresión de que en el cuarto trastero o en el garaje del Consejero de
Medio Ambiente, porque ni siquiera hay lugares seguros de almacenamiento;
que tenemos una tecnología absolutamente deficiente en el tratamiento del
reciclaje de residuos de embalajes de alimentos líquidos, ya que, por
ejemplo, no tenemos tecnología para el tratamiento del reciclaje de los
«tetrabriks», algo tan simple como separar las tres láminas que tiene
cada uno, el cartón, el plástico y el aluminio, en tres partes
diferentes, algo tan simple que casi podría diseñar un estudiante de 5.º
de Ingeniería en su proyecto final de carrera y que, sin embargo, todavía
no está disponible tecnológicamente en el Estado español. Por tanto,
tenemos numerosas deficiencias tecnológicas de gestión, normativas y de
cumplimiento de toda esta normativa europea, parcialmente trasladada en
algunos casos a España, como por ejemplo en el Real Decreto 646/91, sobre
Contaminación Industrial de la Atmósfera.
Por todo ello, creo que aquellos puntos de la moción que se han expresado
siguen siendo de una evidente actualidad, aunque en algunos casos también
podríamos decir que de una excesiva contemporaneidad. No queda por menos
que sorprenderse de la posición contradictoria que los grupos
parlamentarios mantienen en este punto según la Comunidad Autónoma en la
que se sitúen. Así, por ejemplo, el Partido Socialista es claramente
partidario en Mallorca de la incineración de residuos sólidos urbanos y,
en concreto, de la planta de Son Reus, que, como he comentado antes,
tendría un tratamiento de 300.000 toneladas métricas al año para una
población permanente de 700.000 habitantes, con una mínima separación de
pilas y con una gran parte de papel y vidrio que no se recoge por
separación selectiva con ninguna separación de materia orgánica ni está
prevista esta separación en los planes del Consell Insular, incluso con
quema de plásticos, PVC, que produce grandes cantidades de dioxina,
sustancia altamente cancerígena, etcétera. Pues bien, el Partido
Socialista apoya en Mallorca la incineración de los residuos sólidos
urbanos en Son Reus, junto con el Partido Popular, mientras que en la
Comunidad Autónoma de Madrid se opone a la incineración de Valdemingómez.
Por tanto, yo creo que en esta ocasión el Grupo Socialista debe también
aclarar y fijar sus posiciones no en función de soluciones rápidas en
Comunidades Autónomas a la gestión de lo que antes comentaba como un
síntoma, un problema, un diagnóstico y una fuente de recursos, sino en
función de una idea de futuro que debe evolucionar necesariamente en esta
posición.
Señorías, para acabar, yo siento alterar con esta moción la tranquilidad
de votación que se venía manteniendo esta tarde con estas últimas
mociones consensuadas. Siento alterarla porque sospecho que, en buena
medida, no va a ser apoyada por algunos grupos parlamentarios, pero sin
duda uno tiene la tranquilidad de que normativas y legislaciones de este
tipo son absolutamente imprescindibles en este país y que con este tipo
de mociones uno siempre juega a ganador seguro, por más que en el momento
actual se pudiera quedar en franca minoría. Uno juega a ganador seguro
porque, en este caso, la evolución de la situación política de los
distintos grupos parlamentarios es rápida y amplia, y esto hay que
constatarlo también en función de algunas Comunidades Autónomas y de
algunos pronunciamientos dependiendo del sector que los haga, y por
supuesto también la normativa europea nos exige un rápido posicionamiento
a este respecto. De manera que en un futuro más cercano espero que, en
definitiva, legislación de este tipo sea contemplada dentro del
ordenamiento jurídico español y aplicaciones de un tratamiento integral
del ciclo de los residuos y las basuras sean hechas con mayor o menor
acierto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
El Senador Cercós tiene la palabra.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en turno en contra porque desde mi Grupo
Parlamentario, señor Martínez Sevilla, también estamos jugando a
ganadores.
En cuanto al tema de medio ambiente, no hay una respuesta tecnológica
única nacional, porque, como su señoría sabe, está habiendo avances
científicos y tecnológicos para su preservación, cuya aplicación práctica
de forma inmediata constituye una preocupación para muchas personas, para
muchos Senadores, y para algunos desde hace muchísimos años, cuando se
trata de encontrar la mejor solución para los problemas del medio
ambiente al amparo de las normativas que se van aprobando desde la Unión
Europea y otros países; esto es, para encontrar las mejores fórmulas,
normativas y técnicas para preservar el medio ambiente.
Pero, señoría, la moción que defiende tiene algunos planteamientos
realmente duros: separación «obligatoria» y «supresión» de las plantas de
incineración existentes que no podemos aceptar. Además, tengo que
informarle de la legislación y normativa que ya tenemos en España y que
no es sólo a la que ha hecho referencia su señoría y la que está
inmediatamente en marcha, puesto que va a llegar a esta Cámara.
Independientemente de ello, la moción que presenta su señoría carece de
referencias a las competencias en medio ambiente que tienen las
Comunidades Autónomas, aunque ha aludido a ellas desde esta tribuna,
desde la Ley Orgánica 9 del año 1992, de 23 de diciembre, y las
corporaciones locales por las legislaciones internas de las propias
Comunidades Autónomas.
Respecto a la supresión de las plantas incineradoras existentes en
nuestro país tenemos nosotros una discrepancia fundamental con su
propuesta, ya que debe depender de que la incineración se haga o no con
las garantías medioambientales que hoy, según los conocimientos de la
técnica, deben utilizarse. Este es el tema de fondo para que pueda,
también, haber, señoría, discrepancias entre una Comunidad Autónoma y
otra para un mismo grupo político que las gobierna. No hay
contradicciones. La solución tecnológica que se plantea en uno y otro
sitio tiene diferentes soportes para el tratamiento de los productos
peligrosos de la incineración, y ésa es la pura realidad, pero ya
hablaremos de esto más adelante.
La normativa europea se centra en tres aspectos. En cuanto al tema de
residuos, no ha sido cerrada hasta el año pasado. Su señoría habla de
diferentes directivas; efectivamente, la inicial fue la 442 del año 1975,
y España respondió en aquel momento con la Ley 42/75, del 19 de
noviembre, a la que su señoría ha hecho referencia, sobre Recogida y
Tratamiento de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, pero desarrollos
posteriores como fueron la Directiva 91/156, que también recoge en su
moción, fueron incorporando en el Real Decreto legislativo 1163/86, de 13
de julio, que modificaba la anterior Ley, señoría, y que da respuesta a
los aspectos que su señoría ha criticado respecto a la primera. En aquel
momento, la Directiva 75/442 tenía, también, algunas incongruencias en
cuanto a las soluciones normativas y a las fórmulas para el tratamiento
de los residuos urbanos, ya no así la Directiva 91/156 ni el Real Decreto
del año 1986, que moderniza en aquel momento las soluciones para el tema
de los residuos sólidos urbanos. Pero es que incluso la Comunidad Europea
ha sacado la Directiva 94/3, en la que se recoge ya el Catálogo Europeo
sobre Residuos (C. E. R.). La propia Comunidad va siendo cambiante en su
normativa. Está la Directiva del año 1975, un primer paso, y la 3 del año
1994, que habrá visto su señoría, es exhaustiva en cuanto a las
preocupaciones actuales comunitarias en relación con los elementos
agresivos contra el medio ambiente.
En cuanto al tema de envases y residuos de envases, en la Comunidad ha
habido dos desarrollos normativos, y en nuestro país hemos tenido la
misma correspondencia: la Directiva 85/339 y otra del año pasado, la
94/62, para cuya transposición también, en España, se está preparando
otra normativa cuya situación yo le comentaré, señoría.
En relación al tema de pilas y acumuladores que contengan determinados
componentes que pueden ser materias peligrosas, el tratamiento en la
Unión Europea es muy reciente: la Directiva 91/157, completada con la
93/86. Es decir, la Unión Europea va a un paso que es al mismo que va
España en el tratamiento y en las respuestas, con los ritmos que puede
suponer el que tenemos un Estado autonómico que tiene que ir
configurándose con legislaciones y normativas complementarias y
coordinadas. Hay un Consejo Asesor del Medio Ambiente en el que están
representadas todas las Comunidades Autónomas y que es el que tiene que
dar plasmación e informar toda la normativa que se dé a luz en nuestro
país.
Señorías, en nuestro Grupo Parlamentario hay una clara preferencia por el
tema del reciclado para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Es más ventajoso, a priori, pero también es preciso considerar las
inversiones requeridas y los costes de explotación del proceso. Es decir,
el tema está planteado hoy en dos vertientes. Las inversiones necesarias
para los diversos sistemas de tratamiento: el vertedero controlado tiene
una inversión de 0,5 a 0,9 millones de pesetas/tonelada/día de capacidad
de tratamiento; el compostaje tiene de 1 a 1,5 millones; la incineración,
de 2,5 a 5 millones --es mucho más cara-- y las estaciones de
transferencia, de 0,5 a 0,8 millones de pesetas/tonelada/día.
Por otra parte, otros costes importantes son los de explotación, porque
otro problema que tenemos hoy con las instalaciones para preservar el
medio ambiente y, en particular, de plantas depuradoras, y su señoría lo
sabe, es que la instalación se puede hacer por decisión del Gobierno
central, de un gobierno autonómico o de un gobierno local, y luego viene
el problema del mantenimiento de esas instalaciones. En costes de
explotación, la recogida supone un coste de explotación de 2.000 a 6.000
pesetas por tonelada; el vertido controlado, de 300 a 800 pesetas, una
solución también con problemas: contaminación de capas freáticas,
necesidad de recoger los lixiviados que se produzcan, hay que disponer de
grandes superficies de terreno, etcétera; el
compostaje, de 1.200 a 1.700 pesetas por tonelada; la incineración vuelve
a ser también más cara, de 2.000 a 3.000 pesetas por tonelada, y la
estación de transferencia, de 100 a 200 pesetas por tonelada. Estos
costes e inversiones hay que manejarlos a la hora de buscar una solución,
y son los que se consideran por los propios órganos que tienen que tomar
la decisión.
El reciclado tiene, sin duda, ventajas importantes que a este Senador le
llevan a apoyarlo, en nombre de su Grupo, y en España es importante que
se vaya a él como sistema prioritario en el tratamiento de residuos
urbanos al mismo tiempo que a la prevención en origen de los residuos o
de las contaminaciones peligrosas que puedan estar presentes en los
residuos urbanos. La prevención en origen es el término que deberíamos
utilizar e insistir sobre él para evitar que nuestro país pueda ir
avanzando en el deterioro medioambiental. Al revés, la reducción de ese
deterioro y evitarlo en su origen es el reto que tenemos en el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectivamente, hay saldos económicos añadidos con la separación y
reciclado de los residuos; en metales, por ejemplo, cada tonelada de
acero recuperada es equivalente a un barril y medio de petróleo,
beneficio económico manifiesto cuando España es un país dependiente de la
importación de éste; o, por ejemplo, recuperar dos toneladas de plásticos
es equivalente a una tonelada de petróleo importado y una tonelada de
pasta de papel reciclado evita la tala de 14 árboles con 20 años de
crecimiento. Por lo tanto, la recuperación y la reutilización derivados
de la separación y reciclado de residuos son soluciones idóneas desde el
punto de vista de mi Grupo Parlamentario. También lo es el compostaje,
pero éste presenta problemas todavía en las calidades como abono del
producto que se obtiene, las capacidades de producción son pequeñas,
etc., y es una solución que técnicamente no es tan clara a nivel de
nuestra agricultura, presentando todavía para la estacionalidad de los
cultivos una serie de problemas.
Respecto de las plantas de incineración, su señoría ha hablado de las
dioxinas. El dióxido de azufre y de carbono, el trióxido de azufre y el
pentóxido de fósforo son los productos generados más contaminantes que
pueden emitir estas plantas, junto con los ácidos --el ácido
clorhídrico-- u otra serie de componentes, vapor de agua, cenizas, etc.
Señoría, si la planta de incineración tiene la segunda cámara de
postcombustión y tiene la de lavado de gases, esto es el «scrubber» como
se denomina internacionalmente y que a su vez es el término usual en el
sector, no hay riesgo de vertido o de emisión de factores a la atmósfera
o al terreno que puedan encerrar daños para el medio ambiente. Eso hay
que dejarlo claro en una Cámara como ésta, en la que no pueden hacerse
populismos ni demagogias por nadie. Yo sé que su señoría no lo ha hecho,
no podemos hacerlo cuando estamos debatiendo sobre temas que tanto
interesan a la sociedad. Y en uno tan importante como es el del medio
ambiente lo que tenemos que dar es claridad y no confusionismo en los
planteamientos.
La incineración de los residuos tiene un problema de inversión alta, de
costes operacionales elevados, etc., y necesita de poderes caloríficos
inferiores, de las basuras con un valor mínimo de 1.000 kcal/kg., además
de otros problemas añadidos a los que no voy a hacer referencia por
abreviar la intervención, señoría, pero es una solución técnica que no se
puede excluir, ni menos solicitar en una moción que se cierren las
plantas que están instaladas en este momento en nuestro país. Lo que se
puede decir es que aquellas plantas, si las hubiere, que no tengan los
equipamientos «ad hoc» a los que me he referido, como puede ser la
instalación de lavado de los gases para evitar los furanos o las dioxinas
o los ácidos a los que he hecho referencia en la exposición, o la cámara
de postcombustión de segundo grado, también, para evitar la emisión de
subproductos orgánicos con proyección negativa sobre el medio ambiente,
sean requeridas por las autoridades competentes para que los instalen.
Señoría, lo que le puedo decir es que, desde este punto de vista, el
Gobierno español está actuando al día en la preservación del medio
ambiente y ya he hecho referencia a la normativa, que va avanzando hasta
el momento. Pero, señoría, le anuncio que hay un anteproyecto de Ley
Básica de Residuos que en este momento lleva la tramitación que exige una
norma de esta categoría, y ya ha sido sometida a consulta de los
Ministerios de Interior y Justicia por los aspectos de responsabilidad
civil que incorpora, y de las Administraciones Públicas, por la
concurrencia de competencias, de las administraciones autonómicas y
corporaciones locales, y que está ya en marcha, habiéndose recogido ya
los informes y comentarios que se han aportado por estos Departamentos y
podrá ser una ley pronto aprobada en Consejo de Ministros y pasar a las
Cámaras. Es decir, será ésta la primera ley básica sobre residuos y
recogería la Directiva a la que su señoría ha aludido --y yo también-- en
esta tribuna, la Directiva, llamada Marco, 91/156, de la Unión Europea
que es lógicamente de aplicación obligatoria ya en todos los territorios
de la misma. Ese texto legal, que vendrá a esta Cámara, dará satisfacción
a las preocupaciones de todas sus señorías y a la del Senador que ha
expuesto la moción en esta tribuna.
En segundo lugar, para el tema de residuos contaminantes, su señoría sabe
que se han aprobado tres Planes nacionales --y no voy a aludir a todos
ellos-- el pasado 19 de febrero. Uno de ellos de Residuos Peligrosos al
que no aludiré porque no es el objeto fundamental del debate, puesto que
los residuos tóxicos y peligrosos se asocian preferentemente a las
actividades industriales y podremos debatir y discutir sobre ellos en
otro momento.
El problema de suelos contaminados sí puede estar vinculado a los
tratamientos agrícolas, a los vertidos incontrolados o a otros tipos de
almacenamientos que se establezcan para los residuos urbanos. En el mes
de febrero se han aprobado para la recuperación de suelos contaminados
133.000 millones de pesetas de inversión pública para el período
1995-2005. Y se van a recuperar 275 emplazamientos contaminados, dando
prioridad a los ya identificados como de mayor riesgo, lo que va a
suponer actuar sobre 38 millones de metros cúbicos de suelo y, además,
como valor añadido, sobre nueve millones de metros cúbicos de aguas
subterráneas. Durante este período también se va a actuar sobre 1.650
emplazamientos contaminados que están ya identificados.
Ese plan nacional se va a completar con un Plan Nacional de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos que está a la espera de ser estudiado por el
Consejo de Ministros y que está ya preparado con toda su tramitación
realizada. Esta creemos que es la tercera pieza importante que
contemplaría la transposición en la práctica de las Directivas
comunitarias y que haría realidad, a través de la inversión pública, en
nuestro país el tratamiento de residuos urbanos de una forma completa y
exhaustiva.
Esta referencia también había que completarla con la alusión que su
señoría hace en la moción a las pilas, acumuladores y envases. España ya
puso en marcha una normativa para los envases en respuesta a la que le he
leído de la Comunidad Europea. Me refiero al Real Decreto 319/91 de ocho
de marzo sobre Producción, Comercialización, Empleo, Recuperación y
Relleno de envases destinados a contener alimentos líquidos. No obstante,
señoría, el desarrollo legislativo sigue adelante y en este momento se
está preparando un Anteproyecto de Ley que está ya elaborado sobre
envases y residuos de envases que va a hacer la transposición de la
última Directiva que he citado, señoría, la 94/62 de la CEE.
Ese texto está siendo estudiado por las Comunidades Autónomas y por el
Consejo Asesor del Medio Ambiente. La fecha que hay para adaptar la
normativa vence el 30 de junio de 1996 y ya está en estudio en este
momento. En el articulado se establece la obligación de que las
Administraciones Públicas fomenten la prevención y la reutilización de
una forma clara. Asimismo, se fijan determinados objetivos para el
cumplimiento ciudadano, como la valorización y el reciclaje que habrán de
cumplirse en todo el Estado en un plazo de cinco años desde la entrada en
vigor de la norma.
También se da en el texto del Anteproyecto un año para que todos los
envases que se pongan en el mercado se acojan a uno de los dos sistemas
de recogida y gestión de residuos de envases que se regulan, a su
incorporación a sistemas integrados de gestión de residuos de envases y
envases usados o al sistema de devolución y retorno. Así se contempla en
el propio texto que en estos momentos está estudiando el Consejo Asesor
del Medio Ambiente. Además, se establecen requisitos técnicos de
fabricación de los envases, y se regulan mecanismos de información a los
consumidores y se establece un régimen sancionador.
En este mismo Anteproyecto de Ley, señorías, se va a incluir una
disposición, que está ya incluida en el texto que está siendo informado
por las Comunidades Autónomas, para elaborar, de acuerdo con las
previsiones de éstas, un Programa Nacional de Recuperación de Residuos de
Envases y Embalajes que, a sus vez, se incorporará al Plan Nacional de
Residuos Sólidos Urbanos que mencioné anteriormente.
Por último, un Real Decreto, que está a falta de ser estudiado por el
Consejo de Estado, regulará el tema de las pilas y de los acumuladores
que contengan sustancias peligrosas. Por tanto, va a ser de publicación
inmediata.
En este proyecto no sólo se regulan aspectos que pudieran estar
relacionados con las dos Directivas de la CEE que van a ser transpuestas,
la 91/157 y la 93/86 de 31 de diciembre, sino que se regulan aspectos
relacionados con la elaboración de programas de recuperación de pilas y
acumuladores. Por una parte, se establece, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas que lo han informado, que la recogida de unas y otros usados se
haga de forma selectiva, esto es, de forma separada. Además, cada una de
aquéllas hará programas propios al respecto.
También se establece que las pilas y acumuladores tengan una doble señal.
Van a tener dos símbolos que harán referencia a las dos exigencias, una,
a la recogida por separado de los residuos, y dos, al contenido de
metales pesados, que es el elemento más agresivo y contaminante. Se
establecerá, además, que los aparatos y equipos para incorporar esas
pilas y acumuladores sean sólo aquellos en que el desmontaje sea fácil y
que sea permanentemente accesible. Se impone, por último, la obligación
de informar a los consumidores y usuarios sobre los anteriores extremos.
Senador Martínez Sevilla, podemos decir desde esta tribuna, con el mismo
énfasis con que su señoría ha defendido la moción, al rechazarla, que
nosotros tenemos ya legislación y normativa suficientes, y que hay otra
exhaustiva en preparación para hacer un seguimiento y transposición de
las Directivas europeas y que, desde el punto de vista del medio
ambiente, el Grupo Parlamentario Socialista tendrá siempre un cuidado
exquisito porque velar por la calidad de vida de los españoles es uno de
sus postulados y principios programáticos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Abrimos el turno de portavoces, que es de portavoces y no de metales
pesados. (Risas.)
El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias.
He entendido, señor Presidente, de forma clara su indirecta.
El señor PRESIDENTE: Es que no sabemos química, señoría.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Le aseguro a usted que el único metal pesado
no se va a encontrar en este Grupo Mixto.
Realmente me he puesto tremendamente nervioso con esa avalancha
legislativa que nos ha anunciado el Senador portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, tanto que he pensado en tomarme un café esta
noche para empezar a concentrarme y en dejar el verano absolutamente
libre de actividades para tener tiempo de estudiar toda esta amplia
legislación con la que nos va a inundar el Gobierno en los próximos
meses.
En cualquier caso, al margen de que pienso que se ha actuado quizás más
como eco del portavoz de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, creo que si
esto va a ser así, si después de tantos años va a venir toda esta
legislación a la Cámara, no dude usted de que mi alegría será grande y de
que estaré dispuesto a dejar el verano libre, salvo alguna excepción,
para estudiarme toda esa avalancha
legislativa con la que el Gobierno nos amenaza en este caso. Lo digo en
el sentido más irónico de la palabra.
He de recordarle algunas cuestiones respecto del ritmo europeo y del
ritmo español. El ritmo europeo decretó ya en 1991 que no era posible
tener vertederos incontrolados. Le doy un simple dato que conozco muy de
primera mano. Andalucía: 200 vertederos incontrolados. El dato no es mío,
es del Consejero de Medio Ambiente. Desde 1991 ya anunciaba la Unión
Europea que no había que tener vertederos incontrolados. Creo que un poco
de retraso, en concreto cuatro años, me debe admitir. Le voy a dar otro
dato. Ya en 1991 estaban vigentes las directivas relativas a pilas y a
residuos, por cuyo incumplimiento se ha abierto un procedimiento de
infracción contra España. Me ha de reconocer, entonces, que algún retraso
llevamos.
Le digo más. El Tribunal de Justicia ha condenado al Gobierno español por
no comunicar los programas sobre envases para alimentos líquidos. Por
tanto, si va a venir esa ley sobre residuos de envases de alimentos
líquidos, que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ya ha presentado en el Congreso de los
Diputados como proposición de ley de envases y embalajes sobre alimentos,
bienvenida sea, pero me ha de reconocer usted que algunos años llevamos
ya de retraso, sobre todo cuando se producen condenas firmes por el
Tribunal de Justicia respecto de incumplimientos de normativa comunitaria
por parte del Gobierno español. Bienvenida sea, por tanto, esa avalancha
legislativa. Esperemos que llegue. Esperemos que no se quede simplemente
en un anuncio y en palabras, pero no me diga usted que no hay retraso; no
me diga usted que el ritmo español es el ritmo europeo y no me diga usted
que vamos a la par, porque eso no es cierto.
Usted ha hablado de que la moción contiene diversos puntos, es cierto, yo
ya lo he comentado en mi exposición, y que algunos de ellos son más
directamente entroncables con la posición de los diversos grupos
parlamentarios. En concreto, el punto b) del apartado 1 exige un
posicionamiento más firme. Por eso, quiero pedir a la Presidencia, si es
posible, la votación separada de los distintos apartados que contiene la
moción. No sé si esto estará previsto en el Reglamento, señor Presidente.
Si no está previsto le pediría que no haya votación separada y que se
vote conjuntamente, y que se vote conjuntamente porque, en definitiva, en
este punto, señor Senador, estamos ante un problema --se lo voy a decir
muy claramente-- de iniciativa y de dar dos pasos adelante en el tema del
cierre de las plantas de incineración y de la moratoria de las actuales
plantas que hay en construcción. Estamos ante un problema similar como el
que se planteó en su día con las centrales nucleares. El planteamiento es
exactamente el mismo, pero a mucha menor escala en este caso,
afortunadamente. En un momento determinado existían unas centrales
nucleares en construcción y había una demanda fuerte, popular, por el
cierre de dichas centrales y contra la construcción de aquellas que
estaban en fase de obras, por lo que se llamó la moratoria nuclear. El
coste de la moratoria nuclear --que fue, por cierto, algo muy mal
gestionado por el Gobierno-- ha supuesto 600.000 millones de pesetas de
pago cada año en intereses a las empresas que estaban construyendo esas
centrales nucleares. Si directamente se hubieran comprado en obra, esa
cantidad, aproximadamente, hubiera sido la inicial y, por tanto, no se
habría pagado tanto. En este caso nos encontramos con el mismo problema:
habría que decretar una moratoria de incineración, con una ventaja
tremendamente radical, a favor, en este caso, del erario público. El
coste de esa moratoria iba a ser tremendamente inferior al de las
centrales nucleares. Hoy, muchos años después de aquella moratoria
nuclear, sigue manteniéndose la idoneidad y la justeza de aquella postura
que, en un momento determinado, permitió no abrir algunas centrales
nucleares en construcción. No duden ustedes que una moratoria de este
tipo sobre las plantas de incineración en el futuro sería vista desde una
perspectiva histórica con la misma justeza y, en definitiva, con la misma
dimensión de futuro.
Finalmente, usted habla de un anteproyecto de ley básica sobre residuos y
que va a ser consultado el Ministerio de Justicia e Interior. Perdóneme
la broma, pero no sé por qué va a ser consultado el Ministerio de
Justicia e Interior en el tema de residuos; no sé si es por Roldán o por
los fondos reservados. (Rumores.)
En cualquier caso, ha dicho algunas inexactitudes en su exposición, como
que las plantas de compostaje no dan como resultado un compost de buena
calidad, suficientemente depurado, para utilizar técnicamente en la
agricultura. Hay experiencias en funcionamiento completamente
contradictorias con esto que acaba de decir, como, en concreto, el caso
de Navarra, donde se ha fabricado recientemente compost, se ha
distribuido y, por cierto, ha funcionado con notable éxito.
Por tanto, insisto --acabo, porque parece que hay algunos compañeros
Senadores que tienen prisa, probablemente justificada--, doy la
bienvenida a todo ese tremendo paquete legislativo, pero, en cualquier
caso, los incumplimientos son muchos y la incineración sigue siendo un
problema que, por más que insista el señor Senador, mantiene posiciones
distintas y enfrentadas en el Partido Socialista. Precisamente no es lo
que yo he leído que ha dicho el señor Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, referente a la planta de
Valdemingómez. La oposición que mantiene no es por problemas técnicos ni
de diseño ingenieril, sino, en definitiva, por un problema de principios,
contradiciendo su versión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, la moción que ha
defendido hace unos minutos el Senador Martínez Sevilla constata,
efectivamente, su interés por la defensa del medio ambiente y, sobre
todo, por legislar en lo referente a los residuos sólidos. Es cierto que
el marco legislativo es disperso y, en algunas ocasiones, contradictorio.
Nosotros mismos hemos hecho referencia a ello en algún caso.
Las propuestas que contienen la moción nos parecen acertadas en general,
si bien algunas de ellas consideramos
que son discutibles. Se ha hablado aquí extensamente. Por ejemplo, la
moratoria sobre las plantas incineradoras no concuerda con las
recomendaciones del V Programa de Medio Ambiente de la Unión Europea. La
existencia de plantas incineradoras, con las debidas garantías
ambientales, no es incompatible con las plantas de reciclaje y
compostaje, aparte de consideraciones técnicas y económicas que ha puesto
de relieve el Senador Cercós. De todas formas, por nuestra parte no
tratamos de entrar a fondo en una discusión técnica acerca de las medidas
que se proponen y si pueden o no limitarse o escalonarse, sino que, más
bien, se trata de señalar primeramente si es en este foro en dónde, con
el sumo detalle con el que se expone la moción, debe aprobarse su texto.
A nuestro juicio, la separación entre competencias estatales y
autonómicas exige fijar unas normas o unos límites sobre lo que aquí
aprobemos. Es cierto que el artículo 149.1.23.a de la Constitución
reserva al Estado la legislación básica sobre la protección del medio
ambiente. En este aspecto nosotros hemos manifestado en reiteradas
ocasiones la utilidad e, incluso, la conveniencia de elaborar una ley
básica de medio ambiente ante la dispersión legislativa actual. Creemos
que puede estudiarse, debatirse, con el cuidado que merecen las
competencias autonómicas, y pensamos que sería perfectamente factible
llegar a acuerdos globales de todos los grupos en este sentido.
Sin embargo, consideramos que invadiría competencias autonómicas la
aprobación de una moción que, de llevarse a la práctica, podría dar lugar
a una ley de carácter --como hemos dicho-- casi reglamentístico, entrando
en colisión con competencias de las Comunidades Autónomas. En algún caso
--como el de Cataluña en concreto-- se ha legislado ya sobre esta
materia. La Ley del Parlamento de Cataluña, 6/1993, de 15 de julio,
reguladora de los residuos, y el programa de gestión de residuos
municipales marcan una serie de pautas cuyo cumplimiento ya se está
llevando a cabo en nuestra Comunidad Autónoma.
Por ello, insistimos en que no nos opondríamos a una ley básica de medio
ambiente, pero sí a medidas sectoriales demasiado reglamentadas, algunas
o muchas de las cuales se están llevando a cabo, por lo menos en el caso
que más conocemos que es el de Cataluña.
Por tanto, nuestro voto será contrario a la propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el Senador Unceta Antón.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en cuanto a la moción defendida por el Senador del
Grupo Parlamentario Mixto, don Alvaro Martínez Sevilla.
Señorías, la correcta gestión de los residuos es de gran importancia y
focaliza la atención social en cuanto a la protección del medio ambiente.
La extensa normativa comunitaria indica, asimismo, que es una
preocupación predominante en la Unión Europea. En España este interés se
acrecienta al constatar que entre los problemas más acuciantes de la
protección del medio ambiente se encuentra, sin ninguna duda, entre
otros, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Además, hay que
ser conscientes de que evolucionamos hacia una reducción de materia
orgánica y a un aumento del papel, plásticos, cristal, cartón, etcétera,
debido al incremento --tendencia común en los países industrializados--
de los residuos sólidos urbanos, al tener éstos un crecimiento
directamente proporcional al del nivel de vida.
Por otra parte, el Gobierno nos viene anunciando muy a menudo medidas
para controlar y mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Algunas de sus últimas propuestas en este sentido han sido recogidas por
el Plan Director de Infraestructuras, el conocido PDI. Sin embargo, este
Plan se limita, en esta materia, a analizar la situación, exponer unas
directrices de gestión, muchas de ellas filosóficas, y a apuntar algunos
objetivos concretos, sin definir, una vez más, cómo se van a conseguir
estos objetivos y cómo se van a financiar las inversiones necesarias. El
Plan Director de Infraestructuras preveía la elaboración de parques
integrales de gestión de residuos antes de 1995, es decir, con un plazo
ya incumplido. También se ha hablado de un plan nacional de residuos
urbanos en elaboración, pero no se sabe cuándo va a estar terminado,
presentado y aprobado.
Por ello, la propuesta, señorías, hecha desde el Grupo Parlamentario
Mixto y defendida por el Senador de Izquierda Unida, señor Martínez
Sevilla, sobre la base de enviar al Gobierno un proyecto de ley que
armonice las disposiciones normativas y el resto de propuestas que ha
desarrollado en su exposición, parece, en principio, una buena propuesta.
Sin embargo, señor Martínez Sevilla, cuando la moción entra en la
descripción del proyecto de ley, no resulta posible estar de acuerdo con
el texto del mismo y me explico.
En nuestro país se recuperan, como usted bien sabe, unas 80.000 toneladas
de vidrio; un 60 por ciento de papel, cifra que sólo es ligeramente
superable en estos momentos, porque el papel limpio necesita determinadas
características; un 5 por ciento de chatarra, y ahí está uno de nuestros
puntos débiles, y el 10 por ciento de los plásticos, lo que nos indica
que la recuperación de residuos en España en determinadas materias, como
las de este tipo, es muy reducida. Señorías, es cierto que el incremento
del reciclado pasa por una separación en origen, como usted apunta,
previa a una recogida selectiva. Esta separación, desde nuestro punto de
vista, siempre tendrá un límite, porque en el hogar nunca va a ser
perfecta y va a marcar a toda la gama, que es preciso separar.
Por todo ello, parece lógico que pretender apoyar de alguna forma la
separación en origen por su obligatoriedad, sin dar solución a otras
cuestiones abiertas puede presentar más inconvenientes que ventajas,
además de resultar única y realmente una medida voluntarista, dada la
imposibilidad de su control. Además, teniendo en cuenta que no todos los
materiales son reciclables y que de éstos no admiten un número infinito
de reciclados, como usted bien conoce, señor Martínez Sevilla, siempre
seguirá existiendo un porcentaje de residuos
cuyo tratamiento debe pasar por su eliminación. También estoy seguro,
señor Martínez Sevilla, que usted conoce que se estima que un reciclado
que sólo deje una fracción de rechazo de un 45 por ciento es un reciclado
óptimo. Este porcentaje residual parece muy elevado para ser destinado a
los vertederos, en especial en las grandes concentraciones urbanas, por
lo cual la incineración puede ser una buena alternativa técnica si se
garantiza el estricto cumplimiento tecnológico y la normativa en vigor de
la Unión Europea.
Si la incineración se realiza con las tecnologías contrastadas, de
acuerdo con la más estricta y avanzada normativa, como es la normativa
comunitaria de incineradoras de residuos sólidos urbanos, no presenta
peligros ni riesgos. La formación, como usted decía, de dioxinas y de
furanos puede controlarse concretamente con las condiciones de la
combustión, y prácticamente pueden eliminarse las emitidas a la atmósfera
por medio de filtros, como usted conocerá, catalíticos y de carbón
activado, alcanzándose sin mayores problemas el límite de un nanograma
por metro cúbico, que es el legalmente establecido en Alemania y Austria.
Conviene aquí reseñar que Viena tiene muy cercana a la ciudad una
incineradora y no tiene problemas, eso sí, está controlada día y noche y
verdaderamente seguida para que cumpla las condiciones técnicas que
requieren este tipo de incineradoras.
Señorías, a pesar de todo y de las consideraciones expuestas, el Grupo
Parlamentario Popular está convencido de que se debe avanzar por la vía
de la reducción de basuras, en la reutilización y en el reciclado, es
decir, por la denominada estrategia de las tres «erres», camino que no
excluye otras posibilidades como las expuestas y que técnicamente las
consideramos correctas.
Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no puede oponerse
frontalmente a la existencia de incineradoras de residuos sólidos urbanos
y mucho menos a apoyar una moratoria sobre las existentes, ya que en la
práctica implicaría una expropiación que supondría gastos a las
Administraciones públicas de decenas de miles de millones de pesetas como
compensación económica por los daños causados a los adjudicatarios.
Como colofón de nuestra posición, quiero hacer constar que el problema de
la gestión de los residuos sólidos urbanos sólo se solucionará con la
máxima ayuda ciudadana, que deberá aceptar, en su momento, un aumento de
las tasas municipales dedicadas a la gestión de los residuos sólidos
urbanos, pero siempre recibiendo a cambio la garantía de su correcta
gestión y respeto a la protección del medio ambiente. Por ello, es de
suma importancia el desarrollo de campañas de información y
sensibilización ciudadana, así como la educación de las generaciones más
jóvenes, tanto en los centros de enseñanza como en el hogar, para
concienciar sobre el papel fundamental que la sociedad tiene en la
protección eficaz del medio ambiente.
Nada de esto se menciona en la moción presentada, mientras que se propone
el establecimiento de tasas que graven actividades generadoras de
residuos. Todas las actividades son generadoras de residuos, señor
Martínez Sevilla, por lo que el impacto económico de esta medida sería
importantísimo. El Grupo Parlamentario Popular propone no aumentar los
impuestos indirectos a los ciudadanos, sino fomentar mediante la
educación y la información la colaboración ciudadana para reducir los
mismos.
Admitimos, eso es cierto, el segundo punto de la moción en cuanto al
reciclado de pilas y acumuladores, aunque consideramos innecesario instar
a la Administración a cumplir directivas aprobadas por la Unión Europea,
ya que éstas son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
Comunidad. Habrá que hacer el seguimiento, pero no instar, como pretende
la moción.
Desde nuestra posición, creemos que es necesario, eso es cierto,
involucrar más al Gobierno y al resto de las administraciones en la
reducción del problema medioambiental que representan los residuos
sólidos urbanos. Pero la moción está lejos, como le he dicho, con lo
expuesto, al menos, en su texto, de la realidad virtual y técnica que nos
ha tocado vivir. Por ello, no es posible prestar, en este caso, el apoyo
a esta moción que hoy nos presenta.
Muchas gracias, señor Presidente y señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco las posiciones de los grupos parlamentarios que han coincidido
con la posición expuesta por este Senador, con las consideraciones que
insisten en la distribución de competencias en lo relativo al medio
ambiente entre la Administración central, las autonomías y las
corporaciones locales. También quiero señalar que mi Grupo político, lo
he dicho desde la tribuna, observa con mucho mayor interés --y las
medidas se encaminan en ese sentido-- el reciclado, que lo ve como
prioritario frente a cualquier otra solución técnica para el tratamiento
de los residuos sólidos urbanos.
El compostaje será subsidiario pese a lo que puntualmente señala el
Senador Martínez Sevilla, hasta que el desarrollo tecnológico y la
contrastación empírica así lo aconsejen y la instalación de plantas
incineradoras cuando incuestionablemente así lo aconsejen razones
energéticas y económicas. Hay soluciones tecnológicas para preservar con
certeza el medio ambiente, Senador Martínez Sevilla. Ahí no puede haber
ni generarse, por nadie, confusión. Las hay en este momento.Y cuando se
manejen otros criterios, serán criterios de otra naturaleza, pero el
criterio técnico es claro: la planta incineradora hoy ya tiene equipos
complementarios que garantizan que no se viertan dioxinas, ni furanos, ni
ácidos clorhídricos, ni dióxidos, ni nada de nada. Se trata toda emisión
o residuo de forma eficaz. La decisión tendrá que ser política, se
instale o no, y esto dependerá de cada Gobierno autonómico o de cada
ayuntamiento, pero el tema es claro. En principio, la ventaja de esta
solución técnica es por el poder calorífico inferior que se exige en
incineración, que es de 1.000 kilocalorías/kilo. El criterio, señorías,
del Grupo Parlamentario Socialista, primero, es el reciclado, la
recuperación y la reutilización. Por ejemplo, en España no se puede
seguir tirando al año 600.000 toneladas de metales infrautilizando los
residuos urbanos, otras tantas de vidrio, ni, tampoco, dos millones de
toneladas de papel. Hay que
aumentar el esfuerzo de reciclado y reutilización. La recogida de vidrio
se inició en la Comunidad de Madrid en el año 1982, que es cuando se
pusieron los primeros contenedores, y hoy los tienen más de 240
poblaciones en España.
Pero el tema en general, Senador Martínez Sevilla, hay que verlo con
rigor, con profesionalidad y con responsabilidad política, como lo
estamos haciendo en nuestro Grupo en esta Cámara. Su señoría ha dicho que
tenía cierto nerviosismo. Se encuentra sorprendido. Vamos a ver las
nuevas medidas en el Parlamento y aplicadas en la sociedad española para
garantía de nuestro medio ambiente. El Grupo Parlamentario Socialista
tiene como prioritario el medio ambiente en su programa y lo va a hacer
realidad. Señoría, puede leer el programa electoral del Partido
Socialista y verá que no hay ningún otro partido en el país que avance
más en medidas de preservación del medio ambiente en nuestro país.
(Rumores.--Aplausos.) Este es el estado de la cuestión. Su señoría, quizá
por ese nerviosismo, ha derrapado y se ha ido hacia temas ajenos; su
señoría ha creído que estaba en la batalla política de las elecciones que
hemos tenido en días pasados y se ha referido a temas que su partido ha
utilizado hasta la saciedad, y así le ha ido en las elecciones, señoría,
cuando esperaba ganarnos, superarnos en votos y desplazar al PSOE en el
voto de la izquierda progresista en nuestro país. Eso no ha sido ni será
nunca en este país, señoría; es la pura realidad.
Por último, Senador Martínez Sevilla, dice que en Andalucía hay muchos
vertederos de residuos que no están controlados. ¿En cuántos de esos
Ayuntamientos gobiernan sus señorías?
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Rumores.--El señor Martínez Sevilla pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Martínez Sevilla, le advierto que sé química; antes he dicho que
no, pero sí sé. ¿Solicita la palabra por alusiones o por el artículo 87.
(Pausa.) Se la concedo, pero no entren en un debate de moléculas.
Su señoría tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para hablar muy brevemente sobre derrapaje y «sorpasso».
Lamento que el Senador Cercós no haya entendido que en un debate
parlamentario, cuando a uno le dejan la portería abierta y el balón
delante, la tentación de disparar es irrefrenable y la de hacer gol,
evidente. Por tanto, lamento que el Senador Cercós se haya tomado con tan
mal humor --así como todo el Grupo Parlamentario Socialista también, por
cierto-- esa referencia al señor Roldán, parece como si les doliera de
otra manera. Lamento que se lo hayan tomado con mal humor porque,
realmente, con la distancia que separa al señor Roldán del Grupo
Parlamentario Socialista, no entiendo... (Protestas.) Señor Presidente, a
ver si puedo continuar. Con la distancia que separa al señor Roldán del
Grupo Parlamentario Socialista no entiendo esas reacciones emocionales
que se producen tan frecuentemente en el Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto de las demás alusiones que ha hecho el Senador Cercós, he de
decirle que el Partido de los Verdes-Convocatoria por Andalucía sólo se
ha presentado en Andalucía y que ese partido en Andalucía ha ganado en
concreto más de doscientos y pico mil votos respecto de las anteriores
elecciones municipales, más de doscientos y pico mil votos para Izquierda
Unida-los Verdes-Convocatoria por Andalucía. (Protestas.) No obstante, el
Grupo Parlamentario Federal que representa Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha obtenido una subida con respecto a las anteriores elecciones
autonómicas y municipales que todos ustedes conocen, una subida más que
notable en todas las Comunidades Autónomas y fundamentada en un programa
coherente, detallado y, desde luego, mucho más avanzado que el de ustedes
en materia ambiental. (Protestas.--El señor Cercós Pérez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego que no siga
hablando de moléculas.
Senador Cercós, no ha habido alusiones, su señoría ya ha tenido
oportunidad de responder. No obstante, tiene la palabra durante medio
minuto.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El que por su estado de nerviosismo ha roto el fuego ha sido el Senador
Martínez Sevilla. Desde la tribuna me he expresado con toda cortesía en
la exposición de un asunto que nos preocupa a todos los españoles y a
este Grupo Parlamentario de forma especial. Ahora, su señoría vuelve a la
carga, con programa, programa y programa. Señoría, además de los 200.000
votos que sus señorías han ganado, piense su señoría cuántos les han
facilitado ganar en toda España a esos señores que tienen ahí enfrente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la moción del Senador
Martínez Sevilla, defendida por él mismo y suscrita por el Grupo
Parlamentario Mixto, que pretende la remisión a las Cortes de un proyecto
de ley que establezca directrices y principios básicos que armonicen las
disposiciones normativas sobre residuos sólidos urbanos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, dos; en contra, 197.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de levantar la sesión, quiero señalar que el Presidente de la
Comisión de Sanidad me ha comunicado que sus miembros están ya informados
de que la reunión prevista para mañana a las cuatro de la tarde se ha
adelantado y, bajo su responsabilidad, se ha convocado a las diez y media
de la mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.