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DS. Senado, Pleno, núm. 73, de 05/04/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 73
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 5 de abril de 1995
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el
Proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de
los altos cargos de la Administración General del Estado (antes Proyecto
de ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y
de los altos cargos de la Administración General del Estado). (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
66, de fecha 31 de marzo de 1995). (Número de expediente S. 621/000066.)
(Número de expediente C. D. 121/000073.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley
Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la
apología de los delitos de genocidio (antes Proposición de ley Orgánica
de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología
del delito de genocidio). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-B, número 21, de fecha 27 de marzo de
1995). (Número de expediente S. 624/000008.) (Número de expediente C. D.
122/000041.)
--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de ley
reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a
gastos reservados. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 67, de fecha 31 de marzo de 1995).
(Número de expediente S. 621/000067.) (Número de expediente C. D.
121/000071.)
--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el
Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
69, de fecha 31 de marzo de 1995). (Número de expediente S. 621/000069.)
(Número de expediente C. D. 121/000042.)
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de ley de derivación de
volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río
Guadalete. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 70, de fecha 31 de marzo de 1995). (Número de
expediente S. 621/000070.) (Número de expediente C. D. 121/000081.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3754)
De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto
de ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado (antes Proyecto de ley de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado). (Página 3754)
El señor Moreno Franco, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Alonso Colacios consume un turno a favor. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
García Carnero, por el Grupo Popular, y Alonso Colacios, por el Grupo
Socialista.
Comienza el debate del articulado.
El señor Martínez Sevilla da por defendidas las enmiendas números 9 a 18,
del Grupo Mixto. El señor Caballero Lasquibar da por defendidas las
enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El
señor Codina i Castillo defiende las enmiendas números 6 y 7, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor García Carnero
defiende las enmiendas números 19 a 21, del Grupo Popular, así como la
propuesta de volver al Título del Proyecto de ley según el texto aprobado
en el Congreso de los Diputados. Los señores Alonso Colacios y Gallego
Cuesta consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Acebes Paniagua, por el Grupo Popular, y
Gallego Cuesta, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 10 y 11, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor, 217 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 9 y 12 a 18, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor, 129 en contra y 90 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 99 votos a favor, 122 en contra y 3
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 6, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 220 votos a favor y 4 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 7, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 114 votos a favor, 108 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 19 a 21, del Grupo Popular, por 91
votos a favor, 128 en contra y 5 abstenciones.
Los señores Alonso Colacios, Acebes Paniagua y Bayona Aznar deliberan
sobre el alcance de la enmienda del Grupo Popular relativa al Título del
Proyecto de ley.
Se aprueba la enmienda del Grupo Popular consistente en volver al Título
del Proyecto de ley tal como fue aprobado por el Congreso de los
Diputados por 197 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa al artículo 2.4, párrafo
segundo, suscrito por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento
de la Cámara.
Se aprueba el texto del proyecto, con las modificaciones introducidas,
por 224 votos a favor de los 224 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica
de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica
la apología de los delitos de genocidio (antes Proposición de ley
Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio). (Página 3766)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor López Henares,
quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto;
Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
El señor Vallvé i Navarro, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, defiende las enmiendas números 1 y 2, originariamente presentada
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Arévalo Santiago
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Fernández Aguilar, por el Grupo Popular; Arévalo
Santiago, por el Grupo Socialista, y Vallvé i Navarro, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Cierra el debate el señor
Arévalo Santiago.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 99 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 11 votos a favor, 211 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el texto del proyecto, según el texto del dictamen, por 222
votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
El señor Palacio García solicita que conste en acta que el voto negativo
que figura en el resultado de la votación del texto del proyecto debatido
con anterioridad ha sido fruto de un error.
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de ley
Reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a
gastos reservados. (Página 3773)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto, y
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Comienza el debate del articulado.
La señora Boneta Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
8 a 12. El señor Martínez Sevilla defiende las enmiendas números 6 y 7,
del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor
Barbuzano González defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de
Coalición Canaria. El señor González Pons defiende las enmiendas números
13 a 15, del Grupo Popular. El señor Garrido Avila consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, quien retira en
este acto las enmiendas de su Grupo números 4 y 5; Sanz Cebrián, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; González Pons, por el Grupo
Popular, y Garrido Avila, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
La señora Boneta Piedra retira en este momento la enmienda número 12, del
Grupo Mixto.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 11, del Grupo Mixto, por 9 votos a
favor, 210 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 9 votos a favor, 210 en contra y 4
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo de Coalición Canaria, por 9
votos a favor, 210 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, sustentada en la número 15, del
Grupo Popular, y firmada por todos los Grupos Parlamentarios, relativa al
artículo 7, apartado 4, por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente propone a la Cámara algunas variaciones de tipo
semántico respecto de las disposiciones, que son aceptadas tras las
intervenciones de los señores Bayona Aznar y Barbuzano González.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 221 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
El señor Barreiro Gil hace constar que el sentido de su voto ha sido
fruto de un error.
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto
de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Página 3784)
El señor Codina i Castillo, Vicepresidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Boneta Piedra, del Grupo Mixto, explica la propuesta de veto
presentada por ella misma y el señor Petrizán Iriarte, al mismo tiempo
que comunica su retirada. Los señores Cercós Pérez, Pérez García y
Alvarez Gutiérrez deliberan sobre las manifestaciones de la señora Boneta
y la retirada del veto. El señor Cercós Pérez consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Boneta Piedra,
por el Grupo Mixto, así como los señores Barbuzano González, por el Grupo
de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Alvarez Rodríguez, por el Grupo Popular, y
Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
El señor Barbuzano González da por defendidas las enmiendas números 72,
73 y 76 a 85, retirando las números 74 y 75, del Grupo de Coalición
Canaria. El señor Caballero Lasquibar defiende las enmiendas números 37 a
39, 42 a 49, 52 a 58, 60, 62, 64 y 66 a 71, retirando las números 40, 41,
50, 51, 59, 61, 63 y 65, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El
señor Codina i Castillo defiende las enmiendas números 135 a 142, 144 a
152, 154 a 159 y 162 a 164, retirando la número 161, del Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió. El señor Alvarez Rodríguez defiende las
enmiendas números 86 a 88, 94, 96, 99 a 104, 106 a 113, 122 y 125 a 132,
retirando las números 89 a 91, 93, 98, 117, 133 y 134, del Grupo Popular.
Los señores Pérez García, Cercós Pérez y Aguilá i Barril consumen un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero
Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quien en este
acto retira la enmienda de su Grupo número 42; Codina i Castillo, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alvarez Rodríguez, por
el Grupo Popular, y Pérez García, por el Grupo Socialista. El señor
Cercós Pérez hace constar algunas correcciones en el texto del proyecto.
El señor Acebes Paniagua interviene a propósito de estas correcciones.
Se aplaza la votación de este proyecto de ley.
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de ley de derivación de
volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río
Guadalete. (Página 3804)
El señor García Correa, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Martínez Sevilla defiende el veto presentado por el Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Pizarro Medina consume
un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Sanz Blanco, por el Grupo
Popular, y Pizarro Medina, por el Grupo Socialista. El señor Sanz Blanco
interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza el veto presentado por el Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 2 votos a favor, 207 en contra y 2
abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Martínez Sevilla defiende las enmiendas números 1 a 11, del
Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Sanz
Blanco defiende las enmiendas números 12 y 14 a 34, del Grupo Popular. El
señor Pizarro Medina consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto;
Sanz Blanco, por el Grupo Popular, y Aleu i Jornet, por el Grupo
Socialista. El señor Martínez Sevilla vuelve a intervenir por alusiones.
Los señores Sanz Blanco y Aleu i Jornet intervienen de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 1 voto a favor, 120 en contra y 84
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por 3 votos a favor, 198 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 5, 9, 10 y 11, del Grupo
Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por 83 votos a favor y
122 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 28, 29 y 31, del Grupo Popular, por 83
votos a favor y 122 en contra.
Se aprueban las enmiendas números 12, 18, 19, 25 y 27, del Grupo Popular,
por 204 votos a favor y 1 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 30, 32,
33 y 34, del Grupo Popular, por 82 votos a favor, 121 en contra y 1
abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, relativa al artículo 2, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el proyecto de ley, con las modificaciones introducidas, por
204 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto
de ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Página 3825)
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo de Coalición Canaria, por 3
votos a favor, 118 en contra y 84 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 77 y 81, del Grupo de Coalición
Canaria, por 83 votos a favor, 118 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 72, 76, 78, 79, 80 y 82 a 85, del Grupo
de Coalición Canaria, por 4 votos a favor, 195 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 52, 53, 55, 56, 57, 64, 67 y 68, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 88 votos a favor, 113 en
contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 20 votos a favor, 110 en contra y 34 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 37, 38, 39, 43 a 49, 54, 58, 60, 66, 69
y 70, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor,
195 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 135, 147, 150, 152, 158, 159 y 164, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 96 votos a favor,
105 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 146, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 119 votos a favor, 83 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 136 a 141, 142, 144, 145, 151, 154,
155, 157, 162 y 163, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por 17 votos a favor, 185 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 86, 87, 88, 94, 96, 99 a 104, 106 a
113, 122 y 125 a 132, del Grupo Popular, por 86 votos a favor, 117 en
contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 197 del Grupo Socialista, por 198 votos a
favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 113, firmada por todos
los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 197, firmada por todos
los Grupos Parlamentarios, por 121 votos a favor, 83 en contra y 1
abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 197.4, firmada por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 199.4, firmada por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
El señor Cercós Pérez realiza una aclaración en cuanto a las correcciones
al texto del proyecto presentadas con anterioridad. El señor Presidente
deduce de ella el acuerdo de la Cámara al respecto.
Se aprueba el Proyecto de ley, excepto la Disposición Final Primera, con
las modificaciones introducidas, por 121 votos a favor, 82 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba la Disposición Final Primera por 105 votos a favor, 98 en
contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las ventiuna horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Antes de pasar al cuarto punto del orden del día, comunico a la Cámara
que ayer, en la Junta de Portavoces, se comunicó a los señores portavoces
que la Mesa de la Cámara tenía previsto aplicar, en el Pleno de esta
semana, lo establecido en el artículo 23.2 del Reglamento en relación con
las reiteradas inasistencias a los trabajos de la Cámara del Senador
Elkoro Unamuno.
La votación prevista para esta mañana, en la que, a propuesta de la
Presidencia de la Cámara, se iba a solicitar la prolongación de las
sanciones acordadas en su momento, quedará pospuesta hasta mañana, a esta
misma hora, en razón de que la Mesa, con posterioridad a la Junta de
Portavoces, acordó proponer dicha votación para el jueves, en la remota
previsión de que, dentro del plazo que, al respecto, la Mesa comunicó al
Senador Elkoro Unamuno, éste pudiera haber hecho uso del derecho de
alegaciones y haber enviado las suyas por correo, de tal manera que, para
ampliar el plazo y dar la máxima garantía al señor Senador, hemos
acordado posponer la votación para la prolongación en el tiempo de la
sanción, en su momento acordada, hasta mañana a la misma hora en la que
estaba prevista para hoy. Es decir, que mañana, a las diez, la Cámara
votará la propuesta del Presidente respecto de la aplicación de lo
previsto en el artículo 23.2 del Reglamento al Senador Elkoro Unamuno por
injustificada inasistencia a los trabajos y actividades del Senado.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE
LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROYECTO
DE LEY DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACION Y
DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. (S.
621/000066) (C. D. 121/000073.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate previsto en el punto
cuarto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Interior y Función
Pública en relación con el proyecto de Ley de Incompatibilidades de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General
del Estado.
Como saben sus señorías, este proyecto se llamaba anteriormente de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, que se publicó con
fecha 31 de marzo en los boletines correspondientes.
El Senador Moreno Franco, como Presidente de la Comisión, tiene la
palabra.
El señor MORENO FRANCO: Señor Presidente, señorías, el proyecto de ley
que nos ocupa fue remitido por el Congreso de los Diputados al Senado con
fecha 22 de febrero de 1995, siendo enviado por la Mesa de la Cámara,
precisamente, a la Comisión de Interior y Función Pública.
Durante el plazo de enmiendas, que concluyó el 6 de marzo de 1995, fueron
presentadas 28 enmiendas. La Ponencia nombrada por la Comisión e
integrada por los Senadores Alonso Colacios, Ardaiz Egüés, Gallego
Cuesta, García Carnero y Ruiz Medrano, elevó su informe con fecha 17 de
marzo, aprobando ocho enmiendas y realizando diversas correcciones de
naturaleza técnica. El dictamen fue estudiado por la Comisión en su
sesión del 28 de marzo, publicándose en el Boletín de la Cámara el día 31
del mismo mes.
Durante el debate en Comisión se aprobaron dos enmiendas. Se han
presentado votos particulares por los Grupos Parlamentarios Mixto,
Catalán de Convergència i Unió, Popular y de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moreno.
Vamos a abrir seguidamente, según las previsiones, el debate de
totalidad.
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) (El señor Alonso
Colacios pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios, para turno a favor.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de iniciar este turno a favor de la Ley de
Incompatibilidades, este Senador, como compañero y amigo, desea una
rápida recuperación, para que pronto esté con nosotros, de Pedro Ardaiz,
portavoz socialista en la Comisión de Interior y Función Pública, que fue
ponente en esta Ley de Incompatibilidades, que no puede estar hoy en este
debate plenario a pesar de que hubiera sido su deseo, como ponente en
esta Ley, estar esta mañana aquí con nosotros.
Señor Presidente, señorías, el proyecto de Ley de Incompatibilidades de
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado supone una reforma, corrigiéndose lo que en su tiempo
supuso una legislación novedosa y positiva sobre incompatibilidades, y me
estoy refiriendo a la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, modificada por la
Ley 9/1991, que a finales del siglo XX, a juicio de este Grupo, son
insuficientes. Esta Ley de Incompatibilidades supone, por consiguiente,
un paso más y no una rectificación a un fracaso al primer intento serio
de regular la transparencia en la vida pública española que supuso la
citada Ley 25/1983, de 26 de diciembre.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está a favor de este proyecto
de Ley de Incompatibilidades porque su
objetivo es establecer un régimen de incompatibilidades que garantice
mejor la imparcialidad e independencia del alto cargo en el ejercicio de
sus funciones, así como su absoluta dedicación a la misma.
Respecto al contenido concreto de la Ley de Incompatibilidades, y en lo
que se refiere al objeto y aplicación de la misma, en su artículo 1 se
recurre a criterios objetivos, que no existían antes, para la definición
del alto cargo, técnica diferente, como decía, a anteriores normativas
que regulaban estos preceptos. Básica y sustancialmente el proyecto
recoge como principio general el concepto de incompatibilidad absoluta
con cualquier actividad pública o privada, retribuida o no, posibilitando
el ejercicio de determinadas actividades, lógicamente exceptuadas por no
afectar a la dedicación absoluta del alto cargo o a su independencia.
Asimismo, en su artículo 2, principios generales, apartado 2, que hemos
modificado en el Senado en trámites anteriores del debate, se dice
textualmente: «Los titulares de altos cargos no podrán tener, por sí o
junto con su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas,
participaciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan
conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público,
autonómico o local.» Pero además, señorías, en el supuesto de que la
persona que sea nombrada para ocupar un puesto de los comprendidos en el
artículo 1 de esta Ley poseyera una participación superior al diez por
ciento, tendrá que desprenderse de la misma en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su nombramiento, y si la participación en
dichas empresas se adquiriera por sucesión hereditaria durante el
ejercicio de su cargo, tendrá que desprenderse de la misma en el plazo de
tres meses desde su adquisición.
Asimismo, esta Ley recoge y constituye dos registros. Uno de ellos es el
registro de actividades, en el que los altos cargos efectuarán
declaraciones de las actividades que desempeñen así como de aquellas que
vayan a desempeñar con posterioridad a su cese. En el otro registro de
los dos que contempla, el de bienes y derechos patrimoniales, los altos
cargos públicos tendrán que declarar los bienes y derechos patrimoniales
que posean, valores y activos financieros negociables, etcétera. Ello
facilitará, lógicamente, la transparencia de los altos cargos públicos y
su control en el ejercicio de sus funciones. Como también recoge la Ley,
estos registros serán gestionados por la Inspección General de Servicios
de la Administración Pública y podrán acceder a los mismos las Cortes
Generales, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, o el Defensor
del Pueblo.
Finalmente, señorías, el proyecto de ley establece un completo régimen
sancionador con tipificación de infracciones y sanciones, cuya dureza
pretende cumplimentar el objetivo de esta Ley, que es, como decía al
principio de mi intervención en este turno a favor, garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de independencia e imparcialidad de los
altos cargos en el desempeño de sus funciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alonso Colacios.
De la primera petición que he formulado deduzco que no habrá turno en
contra, de manera que a continuación abrimos el turno de portavoces,
comenzando por el Grupo de Coalición Canaria. (Pausa.) Renuncia el
Senador Barbuzano. Muchas gracias. ¿Por el Grupo de Convergència i Unió?
(Pausa.) Tampoco va a hacer uso de la palabra. ¿Algún Grupo desea
utilizar este turno? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador García Carnero.
El Senador GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Poder Legislativo, elegido directamente por los ciudadanos,
tiene la obligación de elaborar y trasladar al cuerpo legal aquellas
normas que mejor regulen la armónica convivencia de los ciudadanos, o de
modificar aquellas que la realidad social así le demande. De manera que
la primera actuación que debe plantearse el legislador es reflexionar
sobre la necesidad de la Ley. No nos parece necesario abundar demasiado
sobre las razones que hacen precisa esta Ley, porque son tantos, tan
graves y tan conocidos los bochornosos escándalos protagonizados por
altos cargos nombrados por el Gobierno socialista que han utilizado su
condición para el propio provecho, que resulta innecesaria esta primera
reflexión. Deberíamos, por tanto, preguntarnos qué es lo que ha fallado,
por qué se han producido tan repudiables comportamientos. ¿Es que no
existen normas que regulen, tipifiquen y sancionen estas conductas, o tal
vez se debe exclusivamente a la carencia de principios éticos de quienes
así se han comportado?
Me permitirán sus señorías que exponga, con profundo respeto hacia las
personas, pero con toda contundencia y rotundidad, nuestra valoración a
estas interrogantes. La primera exigencia que debe hacerse de una ley es
que ésta se cumpla, porque elaborar un texto legal riguroso y correcto no
implica necesariamente que se cumpla. Y en honor a la verdad, el actual
marco normativo en esta materia no se ha cumplido. No lo han cumplido,
evidentemente, quienes han utilizado sus cargos para mejorar --y de qué
manera-- su situación; pero también es cierto que el primer incumplidor
ha sido el propio Gobierno, ignorando y consintiendo estas situaciones,
negándolas incluso cuando se denunciaban y sin asumir nunca
responsabilidades por ello.
Lo cierto, señorías, es que estas situaciones evidencian el estrepitoso
fracaso del Gobierno socialista, que es el responsable, por acción o por
omisión, del bochorno que hoy vivimos; un Gobierno que ha negado
reiterativamente estas situaciones y que cuando las evidencias eran
públicas ha preferido ignorarlas, mirando hacia otro lado; un Gobierno,
señorías, que instalado en la prepotencia desatendió las enmiendas
parciales y a la totalidad que nuestro Grupo planteó a la vigente
normativa en esta materia, la Ley 25/1983, y a la que modificó la misma
el 22 de diciembre de 1991, o las enmiendas que, año tras año, nuestro
Grupo ha pretendido incluir en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, si se hubiesen escuchado nuestras propuestas, este debate sería
innecesario y, muy probablemente, habríamos
evitado el sonrojo que nos invade. Pero eran otros tiempos; era época de
rodillo, de mayoría absoluta mal interpretada, de desprecio permanente a
las minorías, y muchos entendieron que ello les otorgaba impunidad.
La cuestión es que, como consecuencia de todas estas circunstancias, el
Congreso de los Diputados, a través de una resolución acordada en el
debate sobre el estado de la Nación del año 1994, mandató al Gobierno
para que elaborase y remitiese a las Cámaras una ley --que hoy, con
bastante retraso, por cierto, estamos debatiendo--, una ley de la que muy
bien podría decirse en su preámbulo que su objetivo es --y cito
textualmente--: servir de ejemplo para los ciudadanos y aportar un
importante paso hacia la solidaridad y la moralidad pública,
especialmente importante en la situación de crisis económica. Este podría
ser el preámbulo de la Ley, si no fuera porque estas palabras,
textualmente citadas, son el encabezamiento de la vigente normativa
elaborada por ustedes en 1983 y que ya ven a dónde nos ha conducido.
No sabemos ciertamente, señorías, si este proyecto de ley es realmente un
propósito de enmienda; pero si verdaderamente es así, debería existir un
previo dolor de contrición, que no hemos visto por parte alguna. Porque,
señorías, no me dirán ustedes que hay arrepentimiento en las palabras de
su portavoz en el Congreso de los Diputados, señor Cuesta, que nos dice,
con la situación que estamos viviendo, que las disposiciones actuales han
cumplido un papel importante, o que el actual marco normativo merece a
los socialistas una valoración positiva, o que hoy en España la moralidad
de los cargos públicos es muy superior a la que existía en 1982 y que es
perfectamente homologable con el más riguroso país de los de nuestro
contexto. Ciertamente no se entiende, salvo que se esté refiriendo a
Italia, Venezuela o algún otro país.
En cualquier caso, nuestro Grupo, señorías, desea dejar meridianamente
claro su deseo, su voluntad, de que se aplique un sistema de
incompatibilidades para los altos cargos y para los miembros del Gobierno
de la Nación. Un sistema que elimine cualquier privilegio, que sancione
adecuadamente las impurezas, si se detectan, que muestre con
transparencia la situación patrimonial antes, durante y después de haber
ostentado el cargo, que establezca la absoluta dedicación al servicio
público y que evite cualquier colisión entre los intereses privados --muy
legítimos-- y los públicos, que deben ser sagrados.
Y así, señorías, hemos recibido del Congreso de los Diputados un texto
que podía ser aceptado y que, incluso, mejorándolo con nuestras tres
enmiendas presentadas al efecto, votaríamos favorablemente. Pero,
señorías, durante su tramitación en Ponencia y con posterioridad en
Comisión, se produjo una alteración grave, muy grave, que sobrepasa
--como veremos-- el objeto estricto de este proyecto de ley, planteándose
una situación innecesaria, de consecuencias, quizá, inimaginables, y que
nuestro Grupo no puede aceptar; es más, señorías, desea fervientemente
hacer una llamada a su sensata reflexión, a fin de evitar tan enorme
despropósito.
Como sus señorías podrán comprobar, el texto que nos fue remitido por las
Cámaras llevaba el siguiente título: proyecto de ley de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado. Sin embargo, en el
texto que hoy se somete a nuestra consideración han desaparecido las
siguientes palabras: de la Nación. No, señorías, no se trata de una
errata, ni han sido, desde luego, los duendes de la imprenta los
causantes de esta desaparición; han sido los ponentes socialistas
aceptando una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió --precisamente la señalada con el número 8--, los
que, con esa actitud, han suprimido las palabras que, como sus señorías
podrán comprobar, ya no aparecen ni en la exposición de motivos ni en el
articulado de la ley.
Esta decisión de suprimir las palabras «de la Nación» resulta
absolutamente inadmisible para nosotros, porque se introduce un peligroso
instrumento de discusión que nada tiene que ver con el contenido de la
Ley y que nos ha obligado a presentar un voto particular a fin de que se
vuelvan a incluir estas palabras en el texto y en el título de la Ley y
que quede, por tanto, sin efecto la citada enmienda número 8 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tan
desafortunadamente aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En conclusión, señor Presidente, señorías, la valoración global que
nuestro Grupo hace de este proyecto de ley puede concretarse en los
siguientes extremos: Primero, la grave situación creada por los numerosos
y alarmantes casos de todos conocidos exige, a nuestro juicio, una
normativa clara, rigurosa, transparente y exigente en esta materia.
Segundo, la actual normativa se ha mostrado claramente insuficiente para
regularizar estos casos. Tercero, el Gobierno de la Nación es responsable
directo de la situación creada y del incumplimiento que de la Ley se ha
producido. Cuarto, el Grupo Parlamentario Popular se muestra de manera
inequívoca, clara y rotunda, partidario de una ley de incompatibilidades.
Quinto, el texto, tal y como fue remitido a esta Cámara por el Congreso
de los Diputados y mejorándolo, si es posible, con las tres enmiendas
presentadas por nosotros al efecto, merecería nuestra valoración
positiva. Sexto, la supresión de las palabras «de la Nación» en el título
y en el texto de la Ley en modo alguno van a ser aceptadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
Y finalmente, señorías, nuestro Grupo confía aún en que la seria
reflexión de sus señorías, y de modo especial la de los miembros del
Grupo Parlamentario Socialista aceptando éste nuestro voto particular,
devuelva a la normalidad un tema que nunca debió ser planteado.
En esa confianza, señor Presidente, señorías, nos amparamos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Alonso Colacios tiene la palabra en turno
de portavoces.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces del Grupo Parlamentario Socialista,
y antes de definir concretamente las
razones que nos llevan a apoyar este proyecto de ley de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, quiero decir
previamente, ante los términos de la última parte de la intervención del
Grupo Parlamentario Popular, para aclaración e ilustración de la Cámara,
sobre todo respecto al deseo que tiene el Grupo Parlamentario Popular de
mantener el voto particular contra la enmienda número 8 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que el Grupo
Parlamentario Socialista, como ya hemos adelantado, está dispuesto,
incluso, a incorporar la palabra «nación» en el título del proyecto de
ley de incompatibilidades que debatimos.
Señorías, señor Presidente, a mi juicio, el Grupo Parlamentario Popular
busca con esta posición, que ellos argumentan que es de matiz ideológico,
busca con esta polémica, repito, alentada fundamentalmente por un medio
de comunicación de prensa, rechazar --y digo bien-- la ley de
incompatibilidades, o bien exacerbar las relaciones entre los españoles.
Señor Presidente, señorías, en una ley de Cortes Generales, y cuando se
habla del Gobierno, nadie duda, si no es con mala fe, de que hablamos del
Gobierno de España. Señorías, en la Constitución española ni una sola vez
de las que mencionan al Gobierno, ni una sola vez, repito, y son varias,
dice el Gobierno de la Nación y, obviamente, nuestra Constitución
democrática habla del Gobierno de España.
En el artículo 2 de la Constitución democrática de España --leo
textualmente-- se afirma lo siguiente: «La Constitución se fundamenta en
la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible
de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas.»
Por consiguiente, el Partido Popular ha suscitado esta polémica, repito,
como una cortina de humo, porque quiere votar en contra, ya lo hizo en el
trámite de Comisión, de la Ley de Incompatibilidades y presenta como
excusa esta modificación de cariz técnico, como se argumentó en el debate
de la Ponencia, del título de la ley, que es a lo que se refiere la
enmienda número 8 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
¿O es que, señorías, con esta modificación del título de la Ley, y
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha buscado este fin de
semana exacerbar las relaciones entre los españoles, siendo éste un
ejemplo más de ello? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Por este motivo, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista
desea que el Pleno debata el contenido del proyecto de ley de
incompatibilidades y no el título. También desea conocer cuál es la
postura del Partido Popular, sin que oculte su voto, como digo, con el
pretexto de que no le gusta el título del proyecto.
Como el Grupo enmendante, Convergència i Unió, ha dicho que no tiene
importancia --nosotros también lo pensamos y de los dos portavoces del
Partido Popular, lo conoce el que asistió a la reunión de Ponencia--,
estamos dispuestos a modificar el título en este Pleno, porque, en
definitiva, señorías, Gobierno de la Nación, Gobierno del Estado es lo
que la Constitución llama el Gobierno. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Cuando el Partido Popular votó en contra en
Comisión, demostró no estar de acuerdo con esta ley, con su contenido y,
creo entender, en coherencia con la normativa de incompatibilidades,
menos rigurosa que ésta, que tiene legislado el Partido Popular en las
Comunidades donde son Gobierno. Lo iremos aclarando a lo largo del debate
del contenido de la Ley de Incompatibilidades. (El señor Vicepresidente,
Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.--Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Por tanto, con esta polémica el Partido Popular, insisto, busca rechazar
la Ley de Incompatibilidades o exacerbar las relaciones entre los
españoles, porque sólo la mala fe (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) o la voluntad de enfrentar a los españoles entre
sí puede llevar a hacer falsas polémicas sobre cuestiones formales.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
¿Cuáles son las razones para votar a favor en este turno de portavoces
del texto de la Ley de Incompatibilidades? En primer lugar, señorías, los
socialistas creemos que es una herramienta jurídica importante de impulso
democrático de lucha contra la corrupción (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.); refuerza los mecanismos preventivos y de
control en la gestión política; intensifica el régimen de
incompatibilidades de los altos cargos públicos al contemplar la
incompatibilidad absoluta; establece más controles y obligaciones para
analizar la evolución de la renta y el patrimonio de los altos cargos,
dotando de contenido al régimen sancionador en caso de incumplimiento.
En segundo lugar, como ya se ha adelantado también desde esta tribuna,
con este proyecto de ley que data del 31 de octubre de 1994 se da
cumplimiento al mandato correspondiente del debate sobre el estado de la
Nación del año 1994, concretamente, a la resolución número 92. Pero
supone, además, como dije en mi intervención y en mi turno a favor de la
ley, una importante reforma que corrige lo que en su tiempo supuso una
legislación positiva y novedosa sobre incompatibilidad en España, que fue
la Ley 25/1983 que antes apuntaba, modificada por ley 9/1991. Este
proyecto de ley, señoría, es un paso más en el primer intento serio de
regular la transparencia en la vida pública española que supuso la Ley
25/1983, de 26 de diciembre.
En cuarto y último lugar, señoría, el Grupo Parlamentario Socialista
cumple así nuestro compromiso de impulso democrático y lucha contra la
corrupción recogido en nuestro programa electoral en las elecciones
generales del año 1993. (Rumores.)
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Rumores y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Alonso.
Terminado el debate de totalidad, pasamos a debatir el articulado.
Hay un voto particular del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Simplemente intervengo, señor Presidente, para
dar por defendido el voto particular.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez
Sevilla.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene otro voto
particular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Lo doy por defendido en sus propios
términos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nos quedan vivas en el trámite que nos ocupa actualmente
dos enmiendas que no son de fondo, pero que hemos mantenido porque
creemos que mejoran el dictamen, aunque en realidad no van a suponer que
variemos nuestra posición sobre el conjunto de la Ley. No hemos querido
utilizar el turno de portavoces sobre esta Ley porque nuestra
intervención hubiera sido muy coincidente con la del Grupo Parlamentario
Socialista, ya que vamos a dar nuestro voto favorable, y cuando se debata
el voto particular del Grupo Parlamentario Popular intervendremos para
explicar las razones por las que nos puede sorprender lo que está
ocurriendo en estos momentos.
En cualquier caso, como les he dicho, vamos a votar favorablemente el
conjunto de la Ley.
Por lo que hace referencia a las enmiendas números 6 y 7, lo que en
realidad plantea el texto es la ocultación de los datos y documentos a
los que hace referencia el punto 2 del artículo 11, sobre infracciones.
Desde nuestro punto de vista, sería mejor la expresión «la falsedad u
omisión de los datos y documentos».
Por lo que hace referencia a la enmienda número 7 al artículo 16 del
título V, órganos competentes de procedimiento sancionador, hay una
diferencia en la propuesta sobre quién debe aplicar la sanción. Por un
lado, se dice en el primer apartado que debe ser el Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, y desde
nuestro punto de vista sería mejor que fuera directamente el Consejo de
Ministros. También hace referencia al segundo nivel, y en este caso sí
consideramos que debería ser el Ministro para las Administraciones
Públicas quien lo propusiera y el Gobierno el que lo aceptara.
Señor Presidente, he dicho al principio que estas dos enmiendas no eran
de fondo, pero, puesto que pensamos que nuestras matizaciones son
mejores, las mantenemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Codina.
Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo mantiene tres enmiendas, las números 19, 20 y 21, y el voto
particular al que antes nos hemos referido. Y todas ellas, desde luego,
con el objeto único de mejorar el texto cuestión de debate.
Con la enmienda número 19, que pretende modificar el artículo 2.2,
pretendemos que se determine para los altos cargos públicos el mismo
régimen, por lo que se refiere a la pertenencia a sociedades, que se
establece para Diputados y Senadores. Y nuestra fundamentación, señorías,
es el principio de que el cargo público no debe servir, como ha ocurrido
en muchos casos, para enriquecimientos personales. Lo importante es la
evolución patrimonial del cargo público una vez que llega a él; pero su
situación patrimonial tampoco debe ser una limitación para acceder a
cualquier cargo público. Ese es el objetivo: que los cargos públicos no
sirvan de enriquecimiento a quienes los ocupan, no su situación
patrimonial.
Con la enmienda número 20, al apartado 3.1.d), pretendemos que los altos
cargos públicos no ocupen lugar en las mesas de los consejos de
administración. Ya lo expusimos en la Comisión, y sintéticamente le diré,
señoría, las dos razones que nos llevan a ello. En primer lugar, por una
verdadera razón de ineficacia, de no relación de profesionalidad; por
ejemplo, ver cómo altos cargos de la Función Pública ocupan asiento en
consejos de administración de empresas del sector de la energía, que no
tiene nada que ver; o cómo altos cargos de Educación ocupan asiento en
consejos de administración de empresas de transportes, que tampoco tienen
ninguna relación y se supone, por lo tanto, que no hay un efecto de
profesionalidad.
La segunda cuestión, señorías, es que la práctica, la realidad, el
análisis de las situaciones que se han producido, demuestran claramente
que la utilización de los consejos de administración ha sido para
muchísimos altos cargos públicos un elemento de sobresueldos; ha sido,
exclusivamente, una forma de cobrar más dinero, no de aportar algo. No me
gustaría hacer abundancia sobre este tema, pero sí decirle, señoría, que
en algunas empresas las dietas por asistencia a cada sesión superan
ampliamente las 100.000 pesetas. Esta ley pretende reducir la asistencia
a sólo dos consejos de administración, lo cual, evidentemente, es un paso
favorable con la situación actual, pero nosotros creemos que debería
agotarse de una vez la situación y que no existiesen altos cargos
públicos en las empresas.
Finalmente, la enmienda número 21, al artículo 8, pretende sustituir el
término Cortes Generales por el de Congreso de los Diputados y Senado. A
nosotros nos parece que esta expresión es mucho más correcta, se ajusta
mucho más y determina exactamente todo lo referido a la posibilidad de
acceso al registro de bienes de altos cargos públicos, porque, señalando
claramente Congreso de los Diputados
y Senado se deja totalmente despejada la posibilidad de que la
utilización de ese derecho por una de las dos Cámaras pueda considerar
que ya está el trámite cumplido. A nosotros nos parece que no entorpece
en absoluto, que precisa mucho más, que clarifica mucho más, y que esta
enmienda, planteada desde el Senado, tiene incluso un valor añadido al
plantear una más amplia y rotunda soberanía para esta Cámara.
Respecto al tema del voto particular, y con el ánimo claro de no entablar
polémicas inútiles y, desde luego, estériles, le diré que el anuncio por
parte del Grupo Parlamentario Socialista de que van a votar
favorablemente y aceptar de nuevo su incorporación al texto nos satisface
plenamente, felicitándoles por ello.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor García Carnero.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alonso.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente subo a la tribuna para defender nuestra posición no favorable
a algunas de las enmiendas. Vamos a hacer dos intervenciones, por una
parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que les está
hablando va a referirse a las enmiendas números 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12,
14 y 20. Al resto se referirá el compañero y Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Gallego.
Este Senador se opone a todas las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Mixto ha dado por defendidas, las números 9, 10, 11 y 12, que fueron
defendidas también, lo digo para que la Cámara esté informada, en los
mismos términos.
Respecto de la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Popular, que
hace referencia a la participación de los altos cargos en las empresas
que contraten con el Estado, con las Administraciones públicas, y que dio
lugar, como sabe el ponente del Grupo Parlamentario Popular, a un
animado, documentado y argumentado debate en el trámite de Comisión,
quiero decirles que en todo el trámite del Congreso de los Diputados y
del Senado ha habido bastantes aproximaciones y mejoras, orientadas,
sobre todo, al endurecimiento del control de la normativa vigente en
varios aspectos.
En primer lugar, como anuncié en mi turno a favor de este proyecto de
ley, añadimos en el artículo 2.4 el término «de cualquier naturaleza»
para referirnos a las empresas que contraten o que tengan conciertos,
ampliando así, lógicamente, el ámbito de la empresa a controlar.
En segundo lugar, la actual normativa no distinguía si la participación
en las empresas era adquirida antes o después del nombramiento como alto
cargo. Nosotros aquí, en una enmienda introducida por parte del Grupo
Parlamentario Socialista en el trámite de Ponencia, añadimos, para
establecer mayores garantías, que la participación en la o en las
empresas adquiridas antes de ser nombrado alto cargo han de desprenderse
en el plazo de un mes, si esa participación es de más del 10 por ciento.
Asimismo, si esa adquisición ha sido por vía hereditaria tendría que
desprenderse de la misma en un plazo de tres meses. Este es un aspecto
novedoso que se ha introducido en el trámite del Senado.
Por consiguiente, consideramos que la enmienda número 19 del Grupo
Popular es menos dura, menos rigurosa que la enmienda ya presentada y que
ha completado el apartado 2 de este artículo 2. Creemos que esta enmienda
no es lo suficientemente adecuada y correcta para el objetivo que
pretende esta Ley.
Respecto de la enmienda número 20, también del Grupo Parlamentario
Popular, que de alguna forma hace referencia a las enmiendas números 1, 2
y 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, hace
referencia a la pertenencia de los altos cargos públicos a los consejos
de administración.
En lo que a esa pertenencia se refiere, ya argumentamos en los trámites
del Congreso y posteriormente en los de Ponencia y Comisión que, a
nuestro juicio, la pertenencia de altos cargos a los consejos de
administración constituye una garantía de que los intereses de la
Administración se encuentran adecuadamente representados y defendidos en
las entidades en que ésta participa. Por consiguiente, señorías,
consideramos que es un error concebir por principio esta participación
como un privilegio para los altos cargos, y es que, si se prohíbe que los
altos cargos asistan a los consejos de administración, en ese caso habría
que otorgar dicha representación, bien a otros funcionarios de menor
rango, bien a particulares. En el caso de que esa representación la
ostentaran funcionarios que ocupan posiciones menos elevadas en la
Administración, al poseer éstos menor información sobre las directrices
que deberían aplicarse en relación con una empresa determinada,
lógicamente tendrían menor poder de decisión. Por otro lado, si se hace
uso de la segunda opción, es decir, si se otorga esa representación del
Estado en consejos de administración a particulares de determinadas
empresas, podríamos encontrarnos con que esos particulares tuvieran
intereses propios que defender, en cuyo caso podrían ser contradictorios
con los intereses del sector público. Además, en este caso nos
encontraríamos ciertamente con un incremento del gasto público ya que
esta supuesta situación nos obligaría a utilizar un sistema de
retribución con el que no estamos de acuerdo.
Por otra parte, consideramos que es un error concebir por principio como
un privilegio la participación en los consejos de administración del alto
cargo público porque a veces es necesario adoptar decisiones que
garanticen plenamente la defensa de los intereses de la Administración
española.
Pero no quisiera dar más argumentaciones respecto de la situación en que
se encuentra toda la normativa de las diferentes Comunidades Autónomas en
relación con la pertenencia o no de altos cargos en los consejos de
administración, con objeto de seguir manteniendo un tono sosegado a estas
alturas del debate.
Por consiguiente, y ratificándome en todo lo expuesto y argumentado en el
debate en Comisión, no tengo más que decir.
Felicito la posición y el tono mantenido por el representante del Grupo
Parlamentario Popular en este turno en defensa de sus enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Alonso.
Siguiendo con el turno en contra, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender brevemente los títulos IV y V y las disposiciones.
El título IV del proyecto de ley de incompatibilidades de los miembros
del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración
General del Estado se refiere a los órganos de gestión, vigilancia y
control, y enmarca los artículos 8 a 10, ambos inclusive.
No voy a reiterar lo que ya ha dicho mi compañero sobre este tema, que se
concreta en la exposición de motivos, pero es claro que se constituyen
dos registros: uno, el de Actividades, que tendrá carácter público, y
otro el de Bienes y Derechos Patrimoniales, que tiene carácter reservado,
pero en el que se tendrán que declarar los bienes y derechos
patrimoniales que posean los altos cargos, los valores, activos
financieros, participaciones societarias, etcétera, y al que tendrán
acceso las instituciones de la manera y forma que se indica.
La enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Popular, propone la
modificación del apartado a) del párrafo segundo, del número 3 del
artículo 8, que hace referencia a los registros y que literalmente dice:
«Pueden acceder al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de los
altos cargos: a) Las Cortes Generales, de acuerdo con lo que establezcan
los Reglamentos de las Cámaras.» Dicha enmienda pretende la siguiente
modificación: «a) El Congreso de los Diputados y el Senado, conforme a lo
que dispongan sus respectivos Reglamentos.» Desde nuestro punto de vista,
éste es el texto adecuado, es riguroso y preciso, y se basa en una
enmienda transaccional que se aprobó en el Congreso de los Diputados.
Este aspecto lo debatí con el Senador del Grupo Parlamentario Popular en
la Comisión, y esa enmienda transaccional y su espíritu es lo que vamos a
mantener.
En cuanto a otras enmiendas presentadas al título V, que se refiere a la
potestad sancionadora, en este proyecto de ley se refuerza el régimen
sancionador y se consagra de manera firme la dedicación y la
incompatibilidad absoluta de los altos cargos. Es un avance fundamental
frente a alguna laguna o imprecisión que figuraba en la legislación
anterior. Desde ese punto de vista, las enmiendas defendidas por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del Grupo Parlamentario Mixto,
van a ser rechazadas por mi Grupo para no reproducir la argumentación que
ya efectuamos en Comisión.
Me voy a centrar en la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 11.2 b), que afecta a
las infracciones, que como muy bien saben sus señorías, se califican en:
muy graves, graves y leves. Es una enmienda de modificación al artículo
11.2 b) donde se propone que el texto del informe de la Ponencia, que
está redactado de la siguiente manera: «Se consideran infracciones
graves: b) La ocultación de los datos y documentos que deben ser
presentados conforme a lo establecido en esta Ley.» Quede de la siguiente
forma: «b) La falsedad u omisión de los datos y documentos que deben ser
presentados conforme a lo establecido en esta Ley.» Estamos evaluando en
estos momentos el alcance de esta enmienda.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ya di
suficientes argumentos en Comisión, y como ha dado por defendidas sus
enmiendas, vamos a rechazar tanto la enmienda número 4 como la número 5.
También rechazamos las diferentes enmiendas presentadas por otros Grupos,
a excepción de la enmienda número 7, defendida por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 16.1. El
artículo 16, como saben sus señorías, se refiere a los órganos
competentes del procedimiento sancionador, y no se acepta dicha enmienda,
desde nuestro punto de vista y con todos los respetos, porque entendemos
que es un procedimiento más ágil atribuir al señor Ministro para las
Administraciones Públicas la competencia para incoar los procedimientos
cuando el infractor no tenga la condición de miembro del Gobierno de la
nación o de Secretario de Estado. Esa es una argumentación sólida que
espero que sea entendida y atendida por el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El resto de las enmiendas las doy por rechazadas puesto que no han sido
defendidas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Gallego.
Abrimos ahora el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para referirme, básicamente al voto número 3,
del Grupo Parlamentario Popular. Voy a ser, como siempre intento hacerlo
desde la tribuna, lo más sincero posible, desde la discrepancia política
que pueda haber --y la hay--, pero también desde el respeto a las ideas y
a los posicionamientos, concretamente en este caso, para explicar mi
sorpresa y la de mi Grupo por todo el ambiente que ha generado la
enmienda número 8, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que ha levantado un revuelo que, desde mi
punto de vista, es absolutamente innecesario.
En ningún momento, ni ahora tampoco, hemos querido politizar lo que desde
el domingo pasado se ha convertido en un debate, que, como les decía, es
absolutamente exagerado
desde mi punto de vista y está fuera de lugar, y lo voy a demostrar. No
hemos querido politizarlo. Quizá en otro momento se hubiera podido seguir
por esta vía, pero no es la nuestra, y menos en este momento. Por lo
tanto, quiero manifestar la incomprensión por nuestra parte del debate en
la forma en que se ha generado.
Hemos pretendido, y lo hemos hecho hasta hoy, que la palabra «Nación»
desapareciera del título de esta ley. Explicado así suena, evidentemente,
a una situación o una circunstancia que no refleja cuál ha sido nuestra
intención al hacer esta propuesta. Es cierto que, considerado fuera de
contexto, pueda dar pie --y lo ha dado-- a que fuerzas políticas diversas
tomaran un posicionamiento legítimo, pero --insisto-- sin tener en cuenta
la voluntad y la interpretación por las cuales se producía esta
iniciativa del Grupo Catalán. Sacándolo de contexto y expresándolo sólo
en la palabra «Nación», entiendo que puede ser doloso incluso para
algunos grupos políticos. Aquí viene, pues, mi reflexión y mi explicación
de lo que nos ha movido a proponer esta enmienda número 8.
La Constitución española cita en sesenta y seis ocasiones al Gobierno. No
los quiero cansar. Lo pueden ver ustedes, y estoy seguro de que algunos
conocen mejor que yo y manejan con mayor agilidad la Constitución
española. Repito que ésta habla sesenta y seis veces del Gobierno, y en
ningún caso lo hace del Gobierno de la Nación, ni cuando la propia
Constitución hace referencia concreta al Gobierno, ni cuando, ni
cualquiera de sus capítulos, apela al Gobierno. Nunca habla del Gobierno
de la Nación. No vamos a ser nosotros quienes discutamos sobre esto.
Tuvimos un ponente constitucional. Somos respetuosos como el que más con
el texto constitucional. En ningún momento queremos debatir si la
expresión «Nación» tiene que estar o no tiene que estar. En absoluto.
Esta no es la cuestión. Ha quedado claro.
Hace muy pocos meses, en el Congreso, tuvo lugar el debate del estado de
la Nación, y por primera vez se firmaron de manera conjunta las
propuestas que hacía nuestro Grupo con el Grupo Parlamentario Socialista
bajo este título. Por lo tanto, no vean ningún tipo de reserva: ha sido,
sencillamente, la coherencia con la propia Constitución, la cual, cuando
habla exclusivamente del Gobierno y no del Gobierno de la Nación, nos
motivó a mantener esta enmienda.
Curiosamente, en el debate en Ponencia de esta ley no estaba presente el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y no
porque no asistiéramos aquel día, sino porque no formábamos parte de la
Ponencia. Propusimos la enmienda número 8 del título, y vimos cómo el
informe de la Ponencia no sólo recogía esta enmienda del Grupo Catalán,
que iba dirigida al título, sino que se recogía en el conjunto del texto
de la ley.
Después, en el debate en Comisión --creo que de forma coherente-- el
Grupo Parlamentario Popular mantuvo sus criterios, y a la hora de votar
el informe de la Ponencia se aprobó con el voto favorable de todos los
grupos y con la abstención del Grupo Parlamentario Popular. Este es mi
recuerdo, y está el «Diario de Sesiones» para comprobarlo, pero ni quiero
hacer una cuestión de esto ni me gustaría que la hicieran ustedes. Si es
así, ustedes tienen razón, lo retiro, y no pasa nada. Votaron en contra,
pero no es éste el asunto.
La cuestión es que, al lado de esta coherencia que ustedes han mantenido
a lo largo del debate de esta ley, creo que, después de la explicación
que yo les doy --no es que tengan que rectificar su voto, ni mucho
menos--, al menos deberían entender más y comprender el motivo que nos ha
movido a presentarla.
Al lado de esto nos hemos llevado hoy una sorpresa mayúscula al ver el
cambio de posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo
Parlamentario Socialista, en Ponencia, admite esta enmienda. En Comisión
no hay ninguna variación, y, segura y comprensiblemente, por ese debate
ficticio --yo creo-- que se ha querido extrapolar y agrandar, han entrado
en una cierta crisis y hoy, en el debate plenario, dan marcha atrás sobre
aquello que les parecía lógico --me imagino-- en su momento, y prestan su
apoyo a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, cosa que es lícita,
que es respetable, pero que, en nombre de mi Grupo, yo no puedo compartir
en absoluto.
Dicho esto, termino, señorías. He procurado realizar mi intervención con
el máximo respeto y, en las reflexiones, he tratado de estar a la altura
del tono del debate. Pero lo que más nos interesa de esta intervención a
los Senadores del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió es que unos y otros entiendan de verdad lo que nos
movió. Si hubiéramos querido un debate político, no lo duden, habríamos
podido plantearlo con razón, sin razón, con mayor éxito o con menor
éxito. En esta ocasión nos ha movido la coherencia.
Señor Presidente, señorías, gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el
señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecerle, en nombre de mi Grupo, su presencia a
lo largo de todo este importante debate.
Señorías, subo a la tribuna en este último turno de portavoces, en nombre
de mi Grupo Parlamentario, por no haber querido interferir --como se nos
había acusado y como se traía escrito en el papel-- con anterioridad al
normal desarrollo de la ley de incompatibilidades. Creo que se ha
discutido con toda la profundidad que los ponentes y los portavoces han
considerado oportuno. No obstante lo anterior, en este último turno ha
ocurrido algo a lo que ahora se refería el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador
Codina, un hecho de importancia que trasciende y que ha trascendido a la
propia ley de incompatibilidades, y que es un supuesto de interés general
que afecta a los principios esenciales recogidos en nuestra Constitución.
Efectivamente, como se ha reconocido, entre las enmiendas que presentó el
Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, la número 8 solicitaba suprimir el
término «Nación» en el título del proyecto de ley, de modo que --como
dice el «Boletín Oficial de las Cortes»-- del antes llamado proyecto de
ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación la
expresión «de la Nación» desapareció, y se llamó sólo «del Gobierno».
La gravedad del asunto, lo que desde nuestro punto de vista resulta
intolerable, Senador Codina, se encuentra, no en la palabra «Gobierno»,
que todos entendemos que es el Gobierno de la Nación, sino en la única
justificación que se da. Usted hoy nos ha dado unas explicaciones en la
tribuna, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también, pero la
interpretación auténtica no la da, la que se refleja en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, y que textualmente dice: Adecuar
terminológicamente la ley a la realidad plurinacional del Estado. Es
decir, no es porque en la Constitución --que lo podían haber dicho--
aparezca sólo el término «Gobierno», no es porque en todas las leyes
posteriores --muchas de las cuales ha remitido el propio señor Ministro
aquí presente-- se diga «el Gobierno de la nación», sino por otra
realidad muy distinta en la que sí que plantean un debate de fondo:
Gobierno de la nación o realidad plurinacional. No me lo estoy
inventando, es la única justificación que aparece en el Boletín Oficial
de las Cortes, la única justificación y explicación porque, como muy bien
dicen, ustedes no estuvieron en la Ponencia porque no formaban parte de
la misma y, por tanto, resulta mucho más incomprensible la actitud del
Grupo Parlamentario Socialista de, sin ustedes defender nada más, sin dar
un argumento añadido, votarlo a favor. Ustedes no estaban presentes, pero
desde luego, su espíritu rondaba sobre las cabezas de los ponentes
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), y cuando
hablaba sobre esto se me antojaba que, quizá, fuera la sombra de Pujol,
que es muy alargada.
Pero, no, señorías, no es aceptable esta fundamentación. Se puede tratar,
sobre todo, se puede pactar y negociar sobre todo, mejor dicho, sobre
casi todo, pero resultan innegociables los límites que marca la
Constitución española, ése es el terreno de juego en el que nos movemos y
ustedes lo han rebasado. El argumento de que desaparezca el término
«nación» referido al Gobierno porque nuestra realidad es plurinacional,
el argumento, insisto, es contrario a la Constitución, que reconoce y
protege el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran, y nosotros lo compartimos y lo defendemos. Otra cosa sería que
España no fuera una nación, sino un conjunto plurinacional, pero para esa
pretensión haría falta otra Constitución que no proclamara, como hace la
vigente de 1978, que la Constitución se fundamenta en la unidad de la
nación española. Nuestra Constitución, señorías, ofrece una idea de
España como nación, y obvio les pareció esto al Gobierno y al Congreso de
los Diputados --llamar al Gobierno: «Gobierno de la nación»--, que
remitieron el texto con este título.
Pero, ¿qué ha ocurrido en esta Cámara para que ustedes hayan aceptado lo
inaceptable? Se me ocurren muchos motivos, pero lo que me trae hoy aquí
es tan importante, lo que realmente importa que quede claro y fuera del
debate político con ustedes es tan relevante, que no voy a entrar en
ellos. Pretendo que quede definitivamente cerrado que España es una
nación entendida como yo la entiendo: como un conjunto de hombres y
mujeres que quieren vivir juntos en un territorio común, con una historia
de siglos detrás y un futuro a recorrer conjuntamente, cada uno,
efectivamente, con sus peculiaridades y sus diferencias, pero unidos, de
tal forma que cuando se apresa un pesquero gallego lo sintamos todos,
cuando se mata a un Guardia Civil de Alava, de Valencia o de Extremadura,
lo sintamos todos, o cuando hay un éxito, como los Juegos Olímpicos de
Barcelona, nos alegremos todos y lo sintamos como propio, nos
orgullezcamos de ello como algo que es nuestro, que es patrimonio de
todos y que vamos a defender que siga siendo así; un proyecto histórico,
cultural y de sentimiento común, enriquecido --claro que sí-- por
aportaciones diversas y ricas de las nacionalidades y regiones que
componen nuestra única nación española. Y frente a esto, señores de la
mayoría, no caben concesiones, ni terminologías ni de concepto, a cambio
de apoyos ni de nada.
A diferencia de lo que el Senador portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista nos decía, si no consiguen sacar este proyecto de ley con
Convergència i Unió --ya sea por el título o por cualquier parte del
articulado--, nosotros haremos todo lo posible para que salga adelante.
Nosotros no pretendíamos --no equivoque el tiro-- desvirtuar el debate
sobre las incompatibilidades, nosotros no pretendíamos ni siquiera
provocar un enfrentamiento entre ustedes y que se rechazase el proyecto
de ley, como en algún caso han insinuado; por ello, desde aquí, y para lo
que pueda pasar en la votación, les anuncio que votaremos a favor de todo
el proyecto de ley después de su modificación, sean cuales sean nuestras
enmiendas, sean cuales sean nuestras divergencias --que en algunos casos
serán más o menos profundas--. Hoy se discutía algo más importante y
después de su aceptación contarán con los votos del Grupo Parlamentario
Popular tras su rectificación. ¿Por qué? Porque nos encontramos
satisfechos de haber contribuido a algo verdaderamente importante. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) En estos casos
--sépanlo todos los grupos-- no caben ni van a caber concesiones porque
al final lo importante, lo que este portavoz que les habla quiere es que
los hijos pequeños que tiene, los hijos del resto de los ciudadanos,
tengan ese patrimonio propio, tengan ese legado de formar parte de una
nación como la española, que cuenta con una de las riquezas históricas y
culturales más importantes del mundo, conformada y formada con
ingredientes tan importantes --cómo no-- como nuestra lengua, el
castellano de todos, que hablan millones de personas en el mundo, pero
también en el patrimonio de mis hijos estará el catalán, el vasco, el
gallego, el valenciano o el balear; estará el folclore de la sardana y el
flamenco, estará el romano de Tarragona que tanto defiende Convergència i
Unió y que entre todos vamos a conseguir que sea declarado Patrimonio de
la Humanidad, o las murallas de Avila, que ya lo son; ése es el
patrimonio que conforma a todos y que pretendo seguir legando a mis hijos
y a las futuras generaciones de españoles,
todo ello en un territorio común y con una voluntad común en un proyecto
de futuro. Esa ilusión que cada día y para siempre nos comprometemos a
defender desde esta tribuna como se defienden las cosas en democracia,
con la ley, en nuestro caso con la Constitución, y con la otra arma con
la que contamos los que creemos en el Estado de Derecho: la palabra ante
todos ustedes, ante los representantes del pueblo, ante los
representantes de todos los españoles, esa ilusión común que hoy y para
siempre nos comprometemos a defender --y esperamos que quede
definitivamente alejado un debate como éste del debate político con el
Grupo Parlamentario Socialista--, digo, esa ilusión común se llama
España.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Acebes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde una profunda reflexión y desde la sensatez, no desde la crispación,
y no dejándome llevar por acontecimientos extraños que de ninguna manera
deben incorporarse a la madurez de los que estamos en esta Cámara, en el
Senado, tengo que decir que, efectivamente, estamos hablando de algo muy
importante, cual es el proyecto de ley de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado. Este es el verdadero debate: las
circunstancias que han influido y que han llevado a que el Gobierno de la
nación haya impulsado este debate y haya hecho un proyecto calificado por
todos como un proyecto adecuado, como un proyecto de mejora, como un
proyecto que desde la realidad anterior trata precisamente de cubrir
algún vacío, alguna cuestión nueva que había surgido porque la naturaleza
de las cosas es así, va cambiando y hay que actualizar la normativa.
Es evidente que este proyecto significa un paso más, un paso adelante, un
paso positivo para regular la objetividad y la transparencia de los
servidores públicos, de los funcionarios, de los altos cargos, en la
línea sistemática de profundizar en el marco de la moralidad pública.
Precisamente, éste es uno de los temas que a todos nos une, que dio lugar
a un debate importante, el del estado de la Nación, y a una resolución,
la número 92, que todos compartimos.
En el proyecto se consagran la incompatibilidad absoluta con cualquier
actividad pública o privada y la dedicación absoluta. Las excepciones
están muy tasadas y son muy rigurosas y, desde luego, una conclusión del
máximo interés es, como digo, la dedicación y la incompatibilidad
absolutas.
Hay otras prohibiciones en la línea de no confundir los temas privados
con los públicos, y en este punto tengo que decir que no voy a hablar en
términos tan agoreros y trascendentes como los que ha utilizado mi amigo
el Senador don Dionisio García Carnero, porque creo que lo que tenemos
que hacer es dar soluciones y estamos en el buen camino. Este camino
establece, precisamente, estas normativas y dos registros, a los que
antes he aludido: el Registro de Actividades de Altos Cargos, con
carácter público, y el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de
Altos Cargos, en el que las instituciones que allí se precisan podrán
conocer los intereses que tienen esos altos cargos.
También se establece un completo régimen sancionador que tipifica las
infracciones y sanciones con dureza, con un procedimiento ejemplarizante
para que nadie confunda o pueda confundir lo privado con lo público.
Además, interviene --y esto hay que resaltarlo-- la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública de manera firme y profunda, para
que pueda remitir al Congreso de los Diputados información, en el período
de seis meses, de las declaraciones que formulen estos altos cargos.
Después de este amplio recorrido por el texto de este proyecto de ley, y
sin profundizar en los distintos temas --puesto que ya han sido
debatidos--, quiero centrarme en el voto particular número 3, del Grupo
Parlamentario Popular, que tiene conexión con la enmienda número 8, del
Grupo de Convergència i Unió. Creo que en este tema el Senador Codina ha
hecho un esfuerzo --que le agradezco en nombre de mi Grupo-- para no
crispar los ánimos, explicar bien esta cuestión, e incluso ha manifestado
--lo que le honra-- con gran claridad que no era su voluntad, ni la de su
Grupo, armar este revuelo cuando formuló esta enmienda y que éste es un
tema que, tal como ha trascendido, se ha sacado de contexto.
Creo que nadie pone en tela de juicio la nación española y si se saca de
contexto este tema, como ha manifestado el señor Codina, la supresión de
ese término puede ser dolosa y ofensiva para los que nos consideramos
españoles. Pero no es bueno sembrar dudas ni tempestades. La Constitución
española menciona muchas veces --sesenta y seis, parece ser-- el término
«Gobierno», y todos sabemos que nos estamos refiriendo al Gobierno de
nuestra nación. Yo me considero español de los pies a la cabeza y no creo
que haya ninguna duda al respecto. Por tanto, en cuanto a esta cuestión,
debo decir que no se puede hacer de un parto de ratón un parto de león y
a veces, por los avatares políticos, por las circunstancias coyunturales,
creo que no se plantean estos temas adecuadamente.
Por eso, nuestro Grupo, ante ese despropósito, ante esa interpretación,
que no creo que esté llena de maldad, sino que posiblemente ha sido
incorrecta por parte del Grupo Popular, está dispuesto --y así lo ha
manifestado mi compañero-- a admitir el voto número 3 y que figure «el
Gobierno de la Nación» y mantener el resto del articulado, por
coherencia, tal como está. Esto es, en definitiva, lo que proponía «sensu
contrario» la enmienda número 8, del Grupo de Convergència i Unió, que
fue admitida por nosotros, no precisamente con las justificaciones a las
que ha hecho alusión mi amigo el Senador Acebes, sino con otras a las que
no es el momento de aludir, puesto que creo que han quedado explicados de
manera clara los principios que recoge mi Grupo y lo que piensa respecto
de España, que es una nación, patria común e indivisible de todos los
españoles;
una nación que está integrada por diferentes nacionalidades. Creo que no
es bueno crear ninguna sombra respecto de la españolidad y que no es más
español un grupo que otro, porque todos somos españoles. Este es un
proyecto común, de todos, y tenemos que sacar adelante esta situación y,
evidentemente, no confundir las cosas en el ámbito al que antes me he
referido.
Este no es un debate sobre la nación española, sobre España, debate que
ya hemos realizado. Y a ningún grupo de los aquí presentes se le puede
pedir las señas de identidad. Eso espero, eso deseo, y al menos mi Grupo
manifiesta con absoluta claridad y rotundidad que no es deseable para
España plantear este tema cada vez que esta cuestión salga a colación
desde otro punto de vista, porque es evidente que no ha sido ése nuestro
deseo. Nuestra voluntad inequívoca es que no se plantee un debate sobre
España, que ya está recogido en la Constitución española. Porque, señor
Acebes, no se trata de lo que usted o yo opinemos de España, sino de lo
que dice la Constitución española, que está por encima de lo que usted o
yo pensemos.
Por tanto, afirmando que consideramos España patria común e indivisible y
un proyecto común, creo que habrán quedado aclaradas las dudas que se le
han suscitado y espero que, una vez disipadas, este tema se considere
como una tormenta en un vaso de agua, que las cosas vuelvan a su cauce,
al debate político, y nos centremos en algo muy importante y todos
estemos satisfechos, porque lo que vamos a aprobar es un proyecto de ley
de gran trascendencia para la función pública. Eso es lo importante, y
con eso me quedo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones pendientes.
Además de los votos particulares reservados, a la Mesa ha llegado una
enmienda de modificación, suscrita por todos los señores Senadores, en
relación con el artículo 2.4, párrafo segundo, que someteré a votación de
la Cámara, una vez que ésta se haya pronunciado sobre los votos
particulares.
Votamos, en primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario
Mixto.
Tiene la palabra el Senador Juan José Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos la votación separada de las enmiendas números 10 y 11 en un
bloque, y el resto en otro.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas 10 y 11,
del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, cuatro; en contra, 217; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las restantes enmiendas de este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, cinco; en contra, 129; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5 se corresponden con el voto
particular número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos que, salvo indicación en contrario, votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 99; en contra, 122; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 220; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 114; en contra, 108; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las enmiendas números 19, 20 y 21, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 91; en contra, 128; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la propuesta del Grupo Parlamentario Popular,
consistente en mantener el título original del proyecto de ley.
A efectos de que la Mesa de la Cámara y los servicios sepan exactamente
cuál es el alcance de la enmienda, leo a sus señorías el informe de la
Ponencia, que dice: «Se suprimen en el título del Proyecto de Ley las
palabras ``de la
Nación'' y, por motivos de homogeneidad y de adecuación al nuevo título,
se eliminan los referidos términos en los párrafos correspondientes de la
Exposición de Motivos y del articulado».
Por tanto, ¿se entiende que el voto particular produce el efecto
expansivo hacia el conjunto de la ley, o sólo afecta al título? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios.
El señor ALONSO COLACIOS: Este Grupo Parlamentario ha entendido, como
dice textualmente la enmienda presentada y como ha especificado el
portavoz del Grupo Socialista, señor Gallego, que es exclusivamente al
título de la ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Acebes Paniagua.
El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
El voto particular solicita volver al texto anterior. No puede ser de
otra manera, puesto que no se trata de una enmienda. El título,
lógicamente, es el que impregna el contenido del proyecto y es lo
esencial. Pero creo que cuando en un voto particular se solicita la
vuelta al texto anterior, no sólo se refiere --debe sobreentenderse-- al
título, sino al resto de las modificaciones que había supuesto la
enmienda. En cualquier caso, no pretendemos que esto sea objeto de
conflicto.
El señor PRESIDENTE: La Mesa no tiene claro cuál es el contenido de la
enmienda, por lo que al comienzo he leído el informe de la Ponencia. La
Mesa va a deliberar sobre esta cuestión para ver cuál es el efecto que
produciría en el texto del proyecto la aprobación de la enmienda
sustentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: No quiero atenerme a interpretaciones, sino a la
literalidad.
El voto particular dice exactamente: «... contra la enmienda número 8,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
incorporada en Comisión al texto de dicho proyecto de ley».
La enmienda número 8 dice literalmente: Enmienda formulada a los efectos
de suprimir el texto «de la Nación» en el título del proyecto de Ley. Es
el punto final de la enmienda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver cuál es exactamente el efecto de la
enmienda, por lo que se suspende la sesión durante cinco minutos.
(Pausa.)
Se reanuda la sesión.
La Mesa, tras una revisión de las actas de la ponencia y con la
información de los servicios de la Cámara, ha acordado por unanimidad
interpretar la redacción del voto particular número 3 del Grupo
Parlamentario Popular, que literalmente dice: «Asimismo, desea mantener
otro voto particular contra la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, incorporada en Comisión al
texto de dicho proyecto de ley.»
La Mesa ha considerado, por unanimidad, que el efecto de la aprobación,
en su caso, de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular sería la
vuelta a la definición aprobada por el Congreso, pero exclusivamente allí
donde aparecía «Gobierno de la nación», puesto que en otros preceptos del
mismo proyecto de ley la denominación que el Congreso remitió
exclusivamente se limitaba, a tenor del artículo 67 de la Constitución, a
definir «Gobierno», sin el adjetivo «de la nación».
Por tanto, éste es el sentido de la votación por acuerdo de la Mesa.
El Senador Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito la palabra para anunciar el sentido de voto del Grupo
Parlamentario Socialista una vez que la Mesa ha interpretado el alcance
del voto particular.
Como no puede ser menos, mi Grupo acata la decisión de la Mesa, entiende
que por coherencia debería decirse Gobierno o Gobierno de la nación en
todas y cada una de las ocasiones. Mi Grupo entiende que el Gobierno en
la Constitución es siempre el Gobierno de España, no somos nosotros
quienes hemos puesto en duda esa interpretación y, en todo caso, como no
quiere contribuir a este debate falso y no quiere hacer cuestión de algo
que le parece ridículamente menor, mantendrá su voto a favor del voto
particular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El Senador Acebes tiene la palabra.
Ruego a sus señorías que entren en la formalidad y no reabran el debate.
El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve y no he sido yo quien ha reabierto el debate.
Yo comprendo que no le haya gustado al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que la Mesa dé la razón a la interpretación que daba este
Grupo, pero, en lugar de calificarlo de ridículo y de falso por devolver
el término «nación» al nombre del Gobierno, deberían sentirse orgullosos
de la votación que van a hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Protestas en los escaños de la
izquierda.--Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el voto particular que está en
estos momentos en discusión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 197; en contra, 22; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a someter a votación el texto del artículo 2.4, párrafo segundo,
suscrito por los grupos parlamentarios de la Cámara, cuyo tenor literal
es el siguiente: «Asimismo, y con la excepción de las personas previstas
en el artículo 1.2.f), aquellos que perciban retribuciones,
indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como
consecuencia de su cese, no podrán intervenir en actividades privadas
directamente relacionadas con las competencias del cargo ocupado. Esta
obligación no se extinguirá por la renuncia a la prestación económica.»
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Vamos a votar, con las modificaciones introducidas, el texto del
dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 224.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por los 224 votos emitidos por la
Cámara. (Aplausos.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
Gracias.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA
APOLOGIA DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO (ANTES PROPOSICION DE LEY ORGANICA
DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL, MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA
DEL DELITO DE GENOCIDIO) (S. 624/000008) (C. D. 122/000041).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la Comisión de Justicia en
relación con la proposición de ley orgánica de modificación del Código
Penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de
genocidio (antes proposición de ley orgánica de modificación del Código
Penal, mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio).
El Senador Herrero Merediz tiene la palabra.
El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión ha designado al Senador López
Henares para presentar el dictamen.
El señor PRESIDENTE: El señor López Henares tiene la palabra.
El señor LOPEZ HENARES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es para mí un gran honor presentar este dictamen de la Comisión
de Justicia, habida consideración del amplio consenso en sus líneas
básicas y por constituir una innovación muy importante en nuestro Código
Penal que responde a una amplia corriente que existe hoy día en Europa.
Cuando en octubre de 1993 se reunieron los jefes de Estado de todos los
países europeos pertenecientes al Consejo de Europa y firmaron
solemnemente la famosa Declaración de la Cumbre de Viena, comenzaron por
afirmar que esta Europa, portadora de una inmensa esperanza, no debe ser
destruida por ambiciones territoriales, renacimiento de nacionalismos
agresivos y la perpetuación de la intolerancia y de las ideologías
totalitarias.
Impulsados por estas convicciones y espoleados por la alarma de numerosas
muestras de intolerancia, racismo y antisemitismo aparecidas en diversos
países, los jefes de Estado de toda Europa se comprometieron a emprender
una política decidida de lucha contra el racismo, la xenofobia, el
antisemitismo y adoptaron a tal efecto una declaración y un plan de
acción sobre el cual se está trabajando muy atentamente durante este año
en Estrasburgo. Este plan de acción comprende numerosas operaciones
específicas, tanto en el campo de la juventud como en la enseñanza y
también en la modificación de los textos legales.
Señor Presidente, si bien actos de genocidio han sido lamentablemente
frecuentes a lo largo de la historia, estas reprobables acciones se
vieron agigantadas por la persecución masiva y sistemática durante los
prolegómenos y evolución de la II Guerra Mundial con la espantosa
persecución judía practicada por el nacionalsocialismo y posteriormente,
nos hemos enterado también, por el comunismo soviético. Esto dio lugar al
holocausto del pueblo judío, que es la expresión de este mal lamentable
de la humanidad, que aflora en diversas circunstancias, pero que tomó
cuerpo precisamente en esta persecución.
Yo he leído recientemente, y permítaseme esta alusión, un extraordinario
libro de Stefan Zweig, gran escritor y narrador que deleitó nuestra
juventud con su prolífica producción en diversos campos. El editor
francés que ha publicado este libro lo llama «Memorias de ayer», porque
es una especie de biografía, pero lo subtitula, con acierto, «Memorias de
un europeo», porque Stefan Zweig, que nunca escondió su origen y
naturaleza judía, era un gran austriaco, un apasionado por la cultura
austriaca y por Europa.
He leído la descripción que hace de su juventud. Nos trasmite sus
vivencias de los famosos y felices años veinte y primeros años treinta;
nos habla de la vida de la burguesía ilustrada de Austria; de cómo vive
entre Viena y Salsburgo y no comprende, en absoluto --siendo un austriaco
a fondo, compatibiliza su condición de judío y austriaco y, por tanto, de
europeo--, que empiece una persecución que se le escapa a su razonamiento
de hombre inteligente y cultivado. Sin embargo, después pudo ver el
horror de la persecución y del holocausto.
Esta amarga reflexión colectiva, suscitada por tales hechos, provocó que
a la hora de construir la paz en 1945 en todos los ámbitos
internacionales se hicieran declaraciones
y posteriormente convenciones internacionales, empezando por la
Declaración de Naciones Unidas de 1946 y más tarde la Conferencia para la
Unificación del Derecho en 1947. Pero en la actualidad, señor Presidente,
desgraciadamente y en un mundo que estimamos civilizado, incluso dentro
de nuestro país, se han producido hechos de esta naturaleza, que han dado
lugar a esta alarma y a la necesidad y conveniencia de introducir esta
modificación en nuestro Código Penal.
El genocidio está recogido como tal en el artículo 137 bis, pero con esta
modificación se pretende penalizar o criminalizar las acciones que
exaltan estos lamentables hechos y estas conductas punibles. Esta fue la
razón por la que el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso
de los Diputados esta proposición de ley, que fue aceptada por todos los
Grupos --algunos de ellos, como el Grupo Parlamentario Socialista,
introdujeron valiosísimas enmiendas-- y que culminó en un consenso pleno,
con la votación unánime en el Congreso de los Diputados.
La finalidad de quien presenta el proyecto es ilustrar a la Cámara del
contenido del dictamen y, por tanto, de la proposición. Específicamente,
su finalidad es criminalizar, como acabo de decir, la apología de los
delitos de genocidio ya tipificados en el Código Penal. Después hace,
para respetar la libertad de expresión, una tipificación y una
descripción de lo que se entiende como apología de este delito.
En segundo lugar, en los casos cometidos por funcionarios, especifica que
las penas que se impongan tengan una ampliación especial, declarando que
se les aplicará la inhabilitación absoluta cuando sean funcionarios o la
inhabilitación especial para empleo o cargo público cuando se trate de
particulares.
Una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados introdujo una
modificación del artículo 165, que amplía mucho más el horizonte de la
tolerancia que se quiere establecer en nuestras sociedades, ya que no se
trata de la apología del genocidio en sí mismo, sino de todas aquellas
conductas que tratan de discriminar y de practicar la intolerancia
respecto a todos aquellos que estimamos diferentes por uno u otro motivo.
Finalmente, introduce una agravante en el artículo donde estas agravantes
se detallan, artículo 10 del Código Penal, especificando que cuando se
realice algún delito contra las personas o contra el patrimonio impulsado
por motivos xenófobos, raciales o antisemitas, esto constituirá una
agravante.
La proposición, por tanto, aunque inicialmente pretendía penalizar sólo
la apología del genocidio, tuvo esta ampliación que tiene, a mi juicio y,
por supuesto, al de todos los que hemos participado en su elaboración, un
carácter civilizador y claramente progresista.
Una vez publicada la proposición, se presentaron dos enmiendas en esta
Cámara por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La
Comisión nombró una Ponencia, compuesta por los Senadores Arévalo
Santiago y Galán Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista; Fernández
Aguilar y quien les habla, del Grupo Parlamentario Popular, e Ibarz i
Casadevall, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió.
Analizadas las enmiendas, fueron rechazadas por la Ponencia ya que una de
ellas desvirtuaba el artículo 165 ter, al introducir como posible móvil
la discriminación por motivos racistas, xenófobos y antisemitas. Pero
este rechazo, hay que decirlo, solamente se produjo por unanimidad en
este supuesto. En cambio, no fue así, sino por mayoría, en lo relativo a
la enmienda número 1, ya que algunos de los ponentes demostraron que
podría admitirse esta enmienda como reconocimiento de que uno de los
motivos esenciales de esta movilización que existe contra este delito es
por las actitudes, que desgraciadamente perduran y hay que defenderse
frente a ellas, antisemitas, xenófobas o racistas.
Por estas razones, señor Presidente, estas enmiendas quedaron
incorporadas aunque con estos matices que acabo de indicar.
El señor PRESIDENTE: Senador López Henares, le ruego que termine, porque
está consumiendo el tiempo de todo el debate del proyecto.
El señor LOPEZ HENARES: Termino ahora mismo, aunque mi propósito era
explicar el contenido.
Señor Presidente, la Comisión al dictaminar introdujo dos modificaciones
esenciales que no transforman el contenido esencial del proyecto pero que
sin duda alguna lo mejoran: son modificaciones terminológicas y de
sistematización.
El amplio consenso de esta proposición y su inmediata incorporación al
Código Penal permitirá, señor Presidente, no sólo sancionar la apología
de los inciviles actos de genocidio, intolerancia y discriminación, sino
contribuir a esta acción y a este plan desencadenado por el Consejo de
Europa a fin de hacer nuestra sociedad más civilizada y progresista.
Una vez más, señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión que me haya
concedido el alto honor de presentar el dictamen.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se abre el debate de totalidad.
Turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
tomo la palabra para apoyar en sus propios términos el proyecto de ley
sobre el delito de genocidio tal y como está planteado.
Entiendo que el delito de genocidio desde su propia etimología
terminológica es un delito que va específicamente contra la vida humana,
pero no contra la vida humana individual, no contra la vida humana
encarnada, sino contra la vida humana como género. Como hace alusión su
propia etimología, «genus», va contra la vida humana en lo que conlleva
de gen y, por tanto, en lo que conlleva de aquella
parte que puede ser compartida por grupos más amplios. Desde este punto
de vista, sería un crimen especial, destinado no sólo a extinguir o a
maltratar o a dañar individuos de la especie humana, sino a dañar
colectivos completos de individuos.
El delito de genocidio, que en Europa ha tenido resonancia en los últimos
años con los tremendos genocidios étnicos en Yugoslavia o en otras partes
de Europa, también se encarna en nuestro país en delitos de resonancias
turbias, en crímenes contra la humanidad, crímenes como aquellos que van
dirigidos contra grupos étnicos desfavorecidos, contra grupos sociales
desfavorecidos --y éste sería un término que convendría haber aclarado
más en el propio proyecto de ley--, por ejemplo, delitos contra mendigos
por el hecho de ser una capa social desfavorecida, delitos contra grupos
minoritarios por su opción sexual --homosexuales, lesbianas-- o delitos,
en definitiva, contra grupos minoritarios por su diferenciación étnica o
de otro tipo.
Por tanto, todos estos delitos de genocidio son más que delitos contra la
vida propia; son delitos contra la propia especie humana. Por
consiguiente, son delitos que sobrepasan el ámbito de lo incivil, el
ámbito de lo civilizador, en tanto que atentan contra algo más que la
propia civilización, más o menos delgada esa capa de la que nos hemos
provisto, atentan contra la propia esencia de un principio fundamental
para la vida, como es el de la pluralidad y el de la diversidad de esa
propia vida y, por tanto, el acatamiento de sus diversas formas y
manifestaciones.
Entendiendo que la Constitución protege suficientemente estos derechos,
también es necesario que el Código Penal penalice, consecuentemente, a
aquellos autores que hacen apología o que siquiera pudieran defender en
las ideas, que es una de las formas más peligrosas de defender,
precisamente, la comisión de tales delitos. Por tanto, anuncio el apoyo
desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a este proyecto de ley, tal y como está redactado, entendiendo,
a pesar de ello, que podría haber otras mejoras en el futuro que lo
hicieran más adecuado a la realidad social de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar para turno de portavoces.
Hago esta indicación a su señoría porque sus enmiendas van a ser
defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Lo sé, muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para felicitar, en primer lugar, al Grupo
Parlamentario Popular por la iniciativa de presentar este proyecto de ley
en su momento ante el Congreso de los Diputados y que hoy vamos a aprobar
en esta Cámara Alta.
En segundo lugar, debemos también felicitarnos todos por cuanto que el
hecho mismo de la aprobación de este proyecto bien podría calificarse de
una conjura contra la sinrazón de la xenofobia y la barbarie del racismo
y del antisemitismo; xenofobia y racismo incluso en su vertiente que no
por ser de menor entidad resulta menos injusta, como es la discriminación
tanto por motivos raciales o étnicos como en razón a ideología, creencia
o religión. Todos hemos creído, posiblemente con la ingenuidad propia de
los demócratas, que genocidio, racismo, antisemitismo o xenofobia eran
cuestiones propias del pasado que nuestra cultura había desterrado para
siempre jamás, pero apreciamos con estupor que estas fuerzas del mal
reviven, con mayor o menor intensidad, en nuestra vieja Europa. Desde el
horror genocida ocurrido en la ex Yugoslavia hasta hechos más cercanos a
nosotros, más de barrio, todos ellos nos hacen estremecer, incluso esa
parafernalia fascista o neonazi, germen ideológico frente al cual esta
ley también se posiciona.
Es cierto que una norma no impone «per se» la tolerancia que todos
ansiamos, pero sin duda esta ley servirá como un instrumento más hacia la
consecución de ese objetivo. Con ese deseo votaremos afirmativamente esta
proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Ibarz tiene la palabra.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra desde mi escaño, señorías, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para anunciar
nuestro voto favorable a la Ley Orgánica de modificación del Código Penal
mediante la que se tipifica la apología del delito de genocidio.
Dicho esto, me creo en el deber de afirmar que el simple hecho de
tipificar la apología del genocidio no debiera tranquilizarnos, porque no
podemos ignorar que en la base de los hechos que esta Cámara estima
mayoritariamente punibles subyace la intolerancia y la falta de respeto o
el desprecio por lo diferente.
En los turbulentos días que nos toca vivir, somos diariamente testigos, a
través de los medios de comunicación, de episodios sangrientos que
acaecen en todo el mundo como resultado de la explosión descontrolada de
los sentimientos xenófobos y racistas utilizados arteramente en la lucha
por el poder. En la mente de todos están los luctuosos acontecimientos de
Bosnia, de Kurdistán o de Ruanda, entre otros muchos, pero no es menos
cierto que, no tan lejos de nuestros días, nuestra propia historia ha
estado plagada de luchas fratricidas que han regado con sangre la tierra
legada por nuestros mayores.
En el Año Internacional de la Tolerancia, creo que no huelga rememorar el
pasado al objeto de no perder la conciencia de que nuestra sociedad no
está libre de actitudes que llevan implícita la simiente del rechazo a lo
desigual, cuando no el odio a lo diferente.
Señorías, la historia del pasado ya está escrita, y de ella deberíamos
aprender los que queremos escribir los episodios que marcarán el futuro
inmediato de nuestro país. Ojalá que, tras sentar las bases definitivas
de la concordia, un día no muy lejano esta Cámara pueda volver a reunirse
para derogar los preceptos que hoy aprobamos porque nuestra sociedad haya
alcanzado un grado tal de civilidad que los haga innecesarios.
Nada más; muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Popular renuncia al turno.
El Senador Arévalo tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, con esta
proposición de ley se incorporan al Código Penal nuevos preceptos sobre
el genocidio y la intolerancia. A lo largo del debate parlamentario, la
inicial proposición se ha visto sustancialmente modificada y mejorada,
conservando la inicial preocupación que ya estuvo presente en la
discusión del proyecto del Código Penal de 1992, que no llegó a ser ley.
El texto que hoy aprobaremos incluye conductas apologéticas, genocidas e
intolerantes, siendo necesario subrayar lo siguiente. En el vigente
Código Penal, el artículo 137 bis tipifica el genocidio dentro de los
delitos contra el derecho de gentes. El nuevo artículo 137 bis,b) lo que
hará será la apología de los delitos tipificados en el artículo anterior,
siendo castigada a la vez que se expresa cuándo existe la apología,
llegando incluso a los que pretendan la rehabilitación o constitución de
regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del delito de
genocidio. Y el nuevo artículo 165 ter se refiere a la discriminación de
personas o grupos provocada directamente o mediante la apología a través
de los medios de comunicación o cualquier publicidad. Se ha añadido una
nueva circunstancia agravante, la del artículo 10 del Código Civil, sobre
los motivos racistas, antisemitas u otras referentes al origen étnico,
nacional, etcétera. De esta manera, señorías, nos anticipamos en el
tiempo al código Penal futuro, actualmente en debate de Ponencia en el
Congreso de los Diputados, en el que se define la apología en el artículo
18.2, el genocidio en el 598 y su apología en el 606, así como la
agravante quinta del artículo 23.
Esta proposición es oportuna, y la incorporación de sus preceptos, muy
elaborados, también retocados en la Ponencia del Senado, debería ser una
llamada de atención pública, que puede ser denuncia y prueba de
preocupación de las Cortes Generales por los brotes discriminatorios y
racistas, provocadores y violentos que existen en muchos países, también
en España, de los que recibimos noticia casi a diario y contra lo que
tenemos que situarnos siempre. Ni los árabes ni los judíos ni los gitanos
ni los nacionales de cualquier país ni los pertenecientes a cualquier
raza o etnia pueden ser perseguidos por ello ni por tener una ideología o
una creencia o una religión.
Sirva, señorías, esta ley de compromiso permanente contra el genocidio y
contra la intolerancia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
Las dos enmiendas, números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas vascos fueron reservadas por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. Por tanto, el Senador Vallvé tiene
ahora el turno de defensa de este voto particular, luego habrá turno en
contra y turno de portavoces.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente, señorías,
tengo el honor --y no es una frase retórica-- de defender dos enmiendas
propuestas por los Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y que, por milagros del Reglamento de la Cámara, he
prohijado.
En Comisión se rechazaron, una por unanimidad y la segunda por mayoría,
por lo que el resultado se presenta oscuro, pero no por ello dejaré de
intentar convencer a sus señorías para que, con su voto favorable, se
consiga la referencia expresa en el tipo penal del antisemitismo como un
comportamiento particularizado, fundamento de toda doctrina racista,
fascista o nazi.
En los trabajos previos, en las conversaciones de pasillo, he recibido la
crítica, por parte de representantes de otros grupo parlamentarios, de
que la introducción en el artículo 1.º párrafo segundo de los términos
racista, xenófobo o antisemita limitan el tipo. No estoy de acuerdo. Los
Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el
Senador que defiende esta enmienda pretendemos añadir al artículo 165,
apartado tercero, los términos «y la difusión de doctrinas racistas,
xenófobas o antisemitas, así como...». Nuestros añadidos no son, pues, ni
capítulos ni conceptos cerrados, ni excluyen otro tipo de conductas
penalizados por esta ley. Dirán mis doctos opositores que ya se prevé en
la disposición final primera, apartado segundo, la creación de una
agravente en los delitos contra las personas «si existieran motivos
racistas o antisemitas o referentes al origen étnico o nacional». De este
último extremo, del concepto «nacional», tomamos buena nota los
catalanes.
No me convencen, pues, los argumentos que de adverso se oponen a nuestras
enmiendas. Y podrían preguntarse sus señorías el porqué de nuestro
empecinamiento en mantener estas dos enmiendas, la conveniencia de hacer
mención expresa del antisemitismo.
La exposición de motivos de la proposición de ley hace referencia a la
proliferación en Europa de episodios de violencia racista y antisemita.
Se hace referencia al Convenio de Nueva York de 9 de noviembre de 1948
para prevención y sanción del delito de genocidio. Pero parece ser que
hasta que no suceden los hechos de la ex Yugoslavia no se toma conciencia
del genocidio del pueblo judío por el régimen nazi y se decide penalizar
ahora las conductas xenófobas. Pero, si se recoge en la exposición de
motivos, en buena técnica jurídica no se recogen como debieran en el tipo
los artículos que de alguna manera prevén el hecho.
Desde 1940, si se quiere desde 1945 hasta el momento, nuestro
ordenamiento jurídico penal no había previsto nada al respecto. Se
celebra este año el 50 aniversario de la liberación del Campo de
Exterminio de Auschwitz. Todos los países de Europa han legislado
criminalizando la apología
del genocidio y del antisemitismo. Nos parece que no es baladí ni
redundante ni innecesario ni superfluo hacer referencia al antisemitismo
como comportamiento particularizado. El Estado español tiene una deuda
con el pueblo judío. No ya sólo porque en 1492, por factores que
superaban el estrictamente religioso, se produjera su expulsión, sino
también porque durante un largo período de la reciente historia española
se acuñaron términos como los de «conspiración judeomasónica» y porque se
dio asilo a conocidos criminales de guerra condenados y perseguidos por
tribunales alemanes, austriacos, belgas, franceses, etcétera, por delitos
directamente relacionados con el holocausto del pueblo judío.
Como les digo, parece ser que los sucesos de la ex Yugoslavia han
despertado nuestra conciencia histórica, pero como algo pasado, como algo
relegado a los anaqueles de los archivos y a los programas
restrospectivos de la televisión. Pues no. Permítanme sus señorías
sacarles de esta falsa idea. En el Estado español existe un creciente
antisemitismo que crece parejo con el resurgimiento de la nefanda
ideología nazi. Les daré unos datos.
Organizaciones y grupos. Existen en España diferentes grupos cuyo objeto
o razón social es, en concreto, la apología del antisemitismo: Vanguardia
Nacional-Revolucionaria; Bases Autónomas; Tercera Vía Solidarista; Nación
Joven; Acción Radical; Coordinadora Nacional-Revolucionaria; Centro
Unitario Nacional Socialista; Colectivo Europa; Joven Europa; Tercera
Vía; Alternativa Europea y Coordinadora Alternativa Solidarista.
Hay asociaciones estudiantiles como Toylo, en la Universidad Autónoma de
Madrid. Dispar (Dios y Patria), en la Universidad Autónoma de Madrid.
Estudiantes Nacional Revolucionarios, también en la Universidad Autónoma
de Madrid. Vanguardia Universitaria, en la Universidad Complutense de
Madrid (Cedade). Tornasol, también en la Universidad Complutense y
Asociación Marzo, de Valladolid, así como asociaciones culturales como
Disenso y Teoría y Praxis.
Publicaciones: El Martillo; Disidencias; Alcantarilla; Mundo NS; EJE; A
por ellos; Barrotes; Banderas Negras; Tribuna Disidente; Peste Negra;
Lucha (Nación Joven); Liberación Sur; Revolución Europea; HALT y SIEG.
Ambas revistas, mensuales, se editan en Barcelona y se distribuyen en
Austria y en Alemania, donde están expresamente prohibidas.
Hay editoriales como Ediciones Europa, Alas Abiertas Ediciones, Bright
Rainbow Limited, Ediciones Libertad, Ediciones Nothung, Ostara S. L. y
Editorial Hispania. Y digo con tristeza, señorías, que de estas siete
editoriales, cinco están en Barcelona.
Actos y actividades racistas de grupos neonazis y de ultraderecha. Haré
gracia a sus señorías de no leerles todas, porque hay unas cuantas y,
además, de un período relativamente corto, desde el año 1989 hasta el
momento presente. Unicamente voy a leerles las «perlas». En abril de 1989
Cedade organiza un homenaje a Hitler en el cine Benlliure de Madrid. El
22 de enero de 1991, un grupo de miembros neonazis de Vanguardia
Nacional-Revolucionaria asalta e incendia, por lanzamiento de varios
cócteles molotov, el restaurante Tel-Aviv, propiedad de un judío, en
Sevilla. El 16 de noviembre de 1991, conferencia, organizada por Cedade,
de Ernest Zündel, en la que se niega la existencia del holocausto. El 17
de noviembre de 1991, acto de Cedade para presentar el último libro de
León Degrelle, conocido nazi belga, en el Hotel Suecia de Madrid. En
1992, el señor Walter Ochensberger, conocido nazi austriaco y editor de
la revista Sieg, de carácter pronazi y racista, condenado a tres años de
cárcel en Austria, se refugia en España. Pintadas neonazis en Madrid y
Barcelona con motivo de los actos del Quinto Centenario de la Expulsión
de los Judíos de España. Se celebra en Madrid una reunión de líderes e
ideólogos neonazis europeos. Esta convocatoria había sido prohibida en
casi todos los países europeos, y sólo en España se consigue celebrar
este encuentro organizado por Cedade. El 20 de diciembre de 1993, se
descubre y localiza en una urbanización de los alrededores de Alicante a
Aribert Heim, médico del campo de concentración de Mathaussen. El día 5
de enero de 1994, se edita y se remiten 3.000 ejemplares a personalidades
públicas del libro «¿Absolución para Hitler?», editado por Bright
Rainbow, propiedad del ex presidente de Cedade, don Pedro Varela, y del
que es autor el prófugo nazi austriaco Gerd Honsik, refugiado en España.
Por último, el día 15 de mayo de 1994, el nazi alemán Otto Remer, ex
oficial de las SS, prófugo de la justicia de su país después de ser
condenado por «incitación al odio y la violencia» y hoy refugiado en
España, interviene en un programa de televisión junto al también nazi
Gerd Honsik, prófugo de los tribunales de Austria.
Repito a sus señorías que he hecho gracia a la Cámara de no relatar
muchos más actos marcadamente antijudíos y antisemitas que se han
producido en España recientemente, dentro de la democracia.
En nuestro país nadie se considera racista ni antisemita, ni cree que sus
actitudes sean xenófobas, pero estas afirmaciones difieren de la realidad
y de las estadísticas. Así, nada menos que un 13 por ciento de los
jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 19 años serían partidarios de
expulsar de España a la población judía. Según cifras de la encuesta
«Inmigración y Racismo», realizada entre el 23 y el 28 de mayo de 1993
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), institución pública
dependiente del Ministerio de la Presidencia, un significativo 10 por
ciento de los españoles sienten rechazo por los judíos. La investigación
del CIS demuestra que la población judía es el grupo social más rechazado
después de gitanos y árabes, y por delante de negros de Africa, negros
norteamericanos, portugueses, filipinos, etcétera.
Señorías, no quiero alargarme más porque, en definitiva, estos datos
pueden parecer tediosos, como decía ayer el Ministro de Obras Públicas,
pero quiero hacer una reflexión a los Senadores, una reflexión personal:
analicen todos y cada uno de ustedes sus dos apellidos, y tengan en
cuenta que los que llevamos apellidos de toponímicos, patronímicos u
oficios tenemos probablemente un recesivo semítico. España ha sido un
país crisol donde todas las culturas han convergido. Por aquí han pasado
árabes, judíos, poblaciones nórdicas, que pueden hacer del nuestro un
país particularmente tolerante. Pero coincidirán conmigo sus señorías en
el sentido de que si algún día en España, por desgracia, prosperasen más
ideologías de tipo nazi, tendríamos que empezar a preocuparnos por
nuestros antecedentes y podríamos empezar a temer por nuestra seguridad.
Dicho esto que parece lejano, señorías, que parece una «boutade», que
parece no tener relación con lo que nos ocupa, debemos pensar que lo
mismo le sucedía a muchos judíos alemanes, austriacos, holandeses,
centroeuropeos, que fueron víctimas del holocausto.
De lo que antecede se desprende que están claramente justificadas las
enmiendas y que esperemos la consideración positiva de sus señorías con
su voto. En todo caso, y con independencia del resultado de la votación,
reitero el honor que para mí ha representado defender las enmiendas
propiedad intelectual del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, tanto por su origen como por su contenido.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vallvé.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el honorable encargo que recibió el Senador Vallvé, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender estas dos
enmiendas ha sido cumplidamente desarrollado. Coincido con él en todo lo
que ha dicho, excepto en los razonamientos jurídicos que puedan apoyar
las dos enmiendas.
Hemos recibido nuevos conocimientos sobre una serie de hechos históricos
que yo le agradezco. Pero, Senador Vallvé, resulta que el artículo
137.bis vigente del Código Penal dice: los que con propósito de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional étcnico, racial o religioso,
perpetrare... Este es el tipo. A continuación, intentamos incorporar un
nuevo artículo que se refiere a la apología de ese delito, de los delitos
tipificados en este artículo 137.bis. Incorporar, por tanto, esta
enmienda ahí resultaría, en primer lugar, contradictorio con los tipos y,
en segundo lugar, reduciría a los propios tipos, de tal manera que ni por
una ni por otra causa sería oportuno que eso se incorporara ahí. Peor
sería si incorporáramos la segunda enmienda que ha defendido. Fíjese que
en el artículo 165.ter, se refiere a los que provoquen o inciten
directamente o mediante la apología a través de medios de comunicación o
de cualquier sistema que facilite la publicidad. Y ahí se añadirían las
palabras que se tratan de incorporar en la enmienda. Pero, a
continuación, dice: a la discriminación de personas o grupos por motivos
referentes a su origen racial, étnico, nacional o a su ideología. Lo que
hacemos es repetir los términos achicándolos.
Teniendo en cuenta que vamos también a incorporar una nueva circunstancia
agravante en el Código Penal donde se menciona: por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes, al origen étnico nacional o a la
ideología, religión o creencias de la víctima, creo que con esto se
cumplen todos los deseos que tienen sus señorías al defender estas
enmiendas en su presentación. Reconozco que la presentación de estas
enmiendas ha sido hecha con la mejor voluntad de insistir en la
persecución de aquellos que caen en el delito de genocidio y de
intolerancia. Está hecha con la mejor intención, pero es imposible que
técnicamente puedan incorporarse al texto que en este momento vamos a
aprobar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo.
Vamos a abrir el turno de portavoces. A continuación, daremos la palabra
al Senador Caballero Lasquibar del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer muy sinceramente en nombre de nuestro Grupo al Senador
Vallvé la defensa y asunción de nuestras enmiendas, defendidas con el
calor y sentimiento al que nos tiene gratamente acostumbrados, costumbre
cuyo uso, sin duda, nos reconforta. Muchas gracias, señor Vallvé,
personalmente.
Sin más, daré una muy breve explicación. Con nuestra enmienda hemos
querido hacer constar que el antisemitismo es la idea nuclear básica o
fundamental de todo movimiento racista o xenófobo; sin el antisemitismo
no existe lo demás. No hemos pretendido constreñir el tipo penal, sino
que teniendo en cuenta toda la tipología penal a que ha hecho referencia
el Senador socialista, hemos querido particularizar un tipo penal
concreto, como es el antisemitismo. Esa ha sido nuestra intención.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desgraciadamente proliferan en Europa los actos de violencia
antisemita y racista que se perpetran bajo las banderas y símbolos de la
ideología nazi. Tal circunstancia impulsó en su día al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso a presentar una proposición de ley
orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la
apología de los delitos de genocidio.
La legislación española no recogía suficientemente todas las
consecuencias que este fenómeno comporta, que, sin embargo, sí contemplan
distintos tratados internacionales ratificados por España, como el
Convenio de Nueva York, de 9 de diciembre de 1948 para la prevención y
sanción del delito de genocidio y el Convenio internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 7 de marzo
de 1996.
Esta proposición de ley, fruto de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, se ha ido mejorando y enriqueciendo
sustancialmente a lo largo de los debates y trámites de Comisión y
Ponencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado, gracias a la
aportación de los distintos grupos parlamentarios y, en especial, a las
acertadas propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que
finalizado el procedimiento parlamentario ha sido posible la culminación
de un texto y un articulado sustentados por un altísimo consenso que dota
a nuestra legislación de un mecanismo de defensa para erradicar cualquier
brote racista o antisemita o que pueda atentar contra la persona o grupos
en función de su raza, etnia, religión o ideología.
Con esta tipificación de delitos damos respuesta a una inquietud
expresada por distintos sectores de la sociedad española como la
comunidad judía, la comunidad gitana y otras que exigían una modificación
legal que les permitiera encontrarse bajo el amparo de la ley y
protegidos de las acciones de algunos grupos que bajo la impunidad que
daba la legislación española se permitían actividades y acciones que en
cualquier otro país europeo hubieran sido condenadas y perseguidas.
En los debates ha quedado claro que no se trataba de establecer un delito
de opinión. Se condena la apología del crimen de humanidad que ni
prescribe ni caduca, del que no cabe revisión posible y para el que no
existe amparo en la ley española respecto de cualquier actividad que se
reclame en las ideologías criminales que difundan el racismo, la
exclusión étnica, el odio religioso o la referencia al delito de
genocidio, como en el caso de la apología del terrorismo.
Entendemos, pues, como apología del genocidio la referida a todos
aquellos delitos que van contra lo que comúnmente se conoce como el
derecho de gentes. Cumplimos así, además, con los objetivos de la
recomendación de septiembre de 1993 de la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa y de la Declaración de Viena de Jefes de Estado y de
Gobierno del Consejo de Europa de octubre de 1993, en los que se animaba
a los estados a continuar los esfuerzos para eliminar los fenómenos de
carácter racista, antisemita, xenófobos y contra la tolerancia,
comprometiéndose los Jefes de Estado y de Gobierno allí reunidos a
reforzar las leyes nacionales y los instrumentos internacionales
adoptando las medidas apropiadas en el plano nacional europeo.
Señor Presidente, todo esfuerzo es poco para acabar con la intolerancia y
el fanatismo, y así, cada día, nos levantamos impotentes ante la barbarie
de los delitos que contra la humanidad, ahora mismo, esta misma mañana,
se están cometiendo en la antigua Yugoslavia, en Chechenia, Ruanda,
Burundi o Argelia. De esta forma, estamos dando una señal clara y nítida
contra esos atentados horribles. Estamos conmemorando, de la mejor y más
eficaz manera, la celebración del Año Internacional de la Tolerancia,
declarado por las Naciones Unidas y avalado por la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Consejo de Europa.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos y asumidas por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, hemos de manifestar que vamos a votar a favor de la
enmienda número 1. En cuanto a la número 2 nuestro sentido de voto será
negativo porque entendemos sinceramente que limita la amplitud del
artículo y el alcance que lleva consigo.
Señor Presidente, debemos felicitarnos ciertamente por la importante
aportación que hoy efectuamos al cuerpo legislativo español con la
aprobación de este texto referido a la proposición de ley orgánica de
modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología de
los delitos de genocidio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, con mucha brevedad, voy a
referirme solamente a las enmiendas.
Es verdad que estas enmiendas no pretenden que se reduzca el tipo, pero
lo cierto es que se reduce. Y se produce también una contradicción. Yo
rogaría a sus señorías que, para votar estas enmiendas, partan del buen
sentido jurídico. No se trata de ningún debate ideológico o doctrinal. Se
trata sencillamente de un debate de técnica jurídica, y se comete un
grave error si se vota a favor de estas enmiendas.
Estoy de acuerdo con todos los razonamientos que se han hecho sobre el
antisemitismo y los comparto en su totalidad, pero es que eso está
incluido ya. Es decir, no sólo es innecesario mencionar estos términos en
las enmiendas --y mucho menos el término xenófobo, que significa odio,
repugnancia u hostilidad--, sino que, además, esa mención contradice el
texto original. Estamos incurriendo en un defecto --del que, claro está,
saldremos cuando se elabore y se apruebe el nuevo Código Penal--, en un
tremendo error, casi en un ridículo, diría yo, de aprobarse estas
enmiendas.
Y conste que estoy de acuerdo con el fondo de todos los razonamientos que
se han hecho, pero de ninguna manera podríamos tolerar que esto pudiera
pasar por una Cámara legislativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Señor Presidente, quiero hacerle unas
brevísimas consideraciones al Senador Arévalo.
Señoría, bien está que usted imponga su criterio político, pero, con el
Código Penal en la mano, yo disiento mucho de lo que usted me dice.
Voy a combatir lo que usted ha dicho con sus propios argumentos. El texto
remitido por el Congreso de los Diputados contiene una nueva agravante en
el apartado 17 del artículo 10, en el que se hace mención de los delitos
contra las personas o el patrimonio por motivos racistas, antisemitas u
otros referentes al origen étnico, etcétera.
Pues bien, amigo mío, es idéntica la pretensión de esta parte. Es decir,
si es antijurídico lo que nosotros proponemos,
también lo es esta redacción. (El señor Arévalo Santiago hace signos
negativos.)
Sí, señoría; si ustedes leen concretamente la enmienda número 2 verán que
dice: «... y la difusión de doctrinas racistas, xenófobas o
antisemitas...», y que --ojo al dato-- luego añade: «... así como...» Es
decir, que no cerramos la propuesta a unos elementos concretos sino que
decimos: los nuestros más los que ustedes quieran.
En consecuencia, ustedes ganarán la votación, pero no puedo consentirle
que me discuta Código Penal en mano.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, el artículo 137 bis del
Código Penal se refiere a unos tipos de delitos. El nuevo, el que
intentamos incorporar, es la apología de esos delitos.
El artículo 10 del Código Penal vigente, al que intentamos añadir una
nueva agravante, se refiere a las circunstancias agravantes, no se
refiere a la apología sino a la comisión de delitos contra las personas o
el patrimonio por motivos racistas, antisemitas u otros referentes al
origen étnico, etcétera. Es decir, es otra cosa. Una cosa son las
circunstancias agravantes y otra es la apología que intentamos incorporar
al Código Penal con esta proposición de ley. Son dos cosas distintas. Por
tanto, no me las compare.
Hacer la referencia que se hace al antisemitismo entre las agravantes
está bien, pero no cuando queremos hacer una definición de la apología de
unos delitos que ya están tipificados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tras el debate vamos a someter a votación los votos
particulares y también el dictamen.
En primer lugar, vamos a someter a votación la enmienda número 1, que ha
defendido de manera brillante, en representación de los enmendantes, el
Senador Vallvé.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 99; en contra, 122; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 11; en contra, 211; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen de esta proposición de
ley orgánica de modificación del Código Penal, en su conjunto.
Se inicia la votación del texto del dictamen. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 222; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey. (El señor Palacio García pide la
palabra.)
Supongo que es un turno de arrepentimiento. (Risas.)
El señor PALACIO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Que conste en el «Diario se Sesiones» que ha sido un error.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Estaba claro, señoría. De todas maneras, su
conciencia ha quedado perfectamente reflejada en el «Diario de Sesiones».
(Risas.)
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY
REGULADORA DE LA UTILIZACION Y CONTROL DE LOS CREDITOS DESTINADOS A
GASTOS RESERVADOS. (S. 621/000067.) (C. D. 121/000071.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el debate del dictamen de la
Comisión Constitucional en relación con el proyecto de ley reguladora de
la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
Voy a dar la palabra al representante de la Comisión para que haga la
presentación del dictamen.
Ruego al señor Presidente de la Comisión Constitucional me indique si
algún miembro de la misma va a hacer la presentación del dictamen.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor Presidente, la Comisión ha tenido
la generosidad de delegar en el Presidente de la Comisión para la
presentación del dictamen.
El señor PRESIDENTE: Pues tiene su señoría la palabra.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes que nada quisiera agradecer a las señoras Senadoras y señores
Senadores que componen la Comisión Constitucional que una vez más hayan
depositado su confianza en este Presidente para la presentación del
dictamen ante el Pleno de la Cámara, razón por lo que lo haré con extremo
respeto a la objetividad y ausencia absoluta de planteamientos
partidistas. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
El proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los créditos
destinados a gastos reservados tuvo entrada
en el Senado el pasado día 22 de febrero, fecha en que se acuerda su
envío a la Comisión Constitucional y se abre un plazo de presentación de
enmiendas que finalizó el día 6 de marzo.
La Comisión Constitucional se reunió para designar Ponencia el día 23 de
febrero, y acordó que la Ponencia estuviera integrada por los Senadores
don Pedro José Ardaiz, don Vicent Beguer, don José Cañellas, don Alfonso
Garrido y don Esteban González.
Quince fueron las enmiendas presentadas a este proyecto de ley,
distribuidas del siguiente modo: cinco de la señora De Boneta y Piedra,
dos de la señora Vilallonga Elviro y del señor Martínez Sevilla, cinco
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y tres del Grupo
Parlamentario Popular.
La Ponencia se reunió el pasado día 22 de marzo, y en su informe, tras
estudiar las diversas enmiendas presentadas, acordó proponer a la
Comisión que dictaminase este proyecto de ley sin introducir
modificaciones en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.
La Comisión dictaminó este proyecto de ley el día 28 de marzo, aceptando
en todos sus términos el texto propuesto por la Ponencia, que, como antes
he dicho, no introducía modificaciones en el remitido por el Congreso de
los Diputados. Es de destacar el voto unánime de todos los Senadores
presentes en la sesión pertenecientes a los diferentes grupos
parlamentarios, pese a mantenerse las enmiendas para este Pleno.
El proyecto de ley, en su redacción actual, consta de siete artículos,
una disposición adicional, una transitoria y dos disposiciones finales,
precedidos, naturalmente, de una exposición de motivos. Esta misma
exposición de motivos, tras invocar el acuerdo del Pleno del Congreso de
los Diputados del día 21 de julio de 1994, por el que se aprobó una
proposición no de ley que requería un nuevo régimen jurídico para los
gastos reservados, anticipa sucintamente lo que posteriormente aparece
como contenido normativo propiamente dicho del proyecto de ley.
El artículo 1 define los fondos reservados y describe las especiales
características que proporcionan singularidad a los gastos reservados. El
artículo 2 establece el sistema legal de fijación y modificación de los
créditos destinados a gastos reservados. El artículo 3 da la calificación
de secreto oficial a toda la información relativa a los créditos
destinados a gastos reservados. El artículo 4 especifica qué ministerios
pueden disponer de fondos reservados y quién y cómo puede hacer uso de
los mismos, así como establece la obligación de información al Presidente
del Gobierno por parte de los ministros correspondientes. El artículo 5
exhime, con carácter genérico, de justificación documental a los actos de
disposición de los fondos reservados. El artículo 6 prevé la existencia
de unas normas internas a nivel ministerial para que se cumpla el
carácter finalista de los fondos. El artículo 7 regula el control de los
gastos reservados, para lo que se prevé una Comisión al efecto en el
Congreso de los Diputados. La disposición adicional prescribe la
obligación de efectuar una declaración especial sobre su situación
patrimonial a cargo de quienes tienen acceso a la utilización de los
fondos reservados. La disposición transitoria y disposiciones finales
regulan, por último, diversos extremos propios de la técnica legislativa
de tales normas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Agramunt
Font de Mora.
Se entra en el debate de la totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos, por tanto, a la intervención de los distintos grupos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Martínez
Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Perdón, señor Presidente, pero no he entendido
bien. ¿Se trata de un turno para la defensa de las enmiendas o de un
turno para el debate de totalidad?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si no hubiera intervención de los
distintos grupos, pasaríamos al voto particular número 2, del Grupo
Mixto, que presenta la Senadora Boneta Piedra. ¿Le parece bien? (Pausa.)
Si no hay ninguna intervención de los grupos, tiene ahora la palabra la
Senadora Boneta Piedra para la defensa de su voto particular número 2.
(El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.)
Perdón, señoría, espere un segundo. Hay un Grupo que pide la palabra para
una intervención de portavoces.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.
Se trata de una cuestión de orden.
Creo que hay orden de intervención para la exposición del articulado en
general. Esa es mi impresión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Eso es exactamente lo que estaba
pidiendo a los distintos grupos. No hay turno a favor, y no hay turno en
contra porque nadie ha pedido la palabra. He preguntado si había
intervención de los distintos grupos, y nadie la ha solicitado, pero si
su señoría pide la palabra, se la concedo.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata de fijar nuestra posición respecto a este proyecto de ley que,
como es conocido, se acaba de exponer por el señor Presidente de la
Comisión. En ella, obtuvo el voto unánime de todos los Senadores
presentes en aquellos momentos, independientemente de que, por
determinados grupos, se reservasen para el Pleno enmiendas, no a la
totalidad, sino a parte del articulado. Por nuestra parte, toda vez que
no hemos presentado ninguna enmienda, sí queremos manifestar nuestra
posición favorable al proyecto de ley.
Quiero recordar que se trata de una iniciativa legislativa que es fruto
de un mandato parlamentario a raíz de una iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular para que se elaborase una ley de
utilización y control de fondos reservados, y que es evidente que nuestro
Grupo apoyó desde el primer momento, como no podía ser menos. Sorprendía
que un asunto tan importante como éste no estuviese regulado más que con
un rango ínfimo, es decir, mediante una circular del año 1966, que estaba
dirigida a autoridades y a funcionarios.
Nosotros entendemos, como pienso que hacen todos los grupos, que los
fondos reservados son imprescindibles para la defensa del Estado de
Derecho, pero no es menos cierto que no pueden ser utilizados con fines
delictivos, con fines de enriquecimiento o con cualquier otra finalidad
distinta a la de servir al Estado con verdadero espíritu de honradez. Y
reiteramos que entendemos que son imprescindibles porque, desde un
importante foro se llegó a propugnar su desaparición, y queremos señalar
que sólo desde la ignorancia o desde la voluntad de dejar inerme la
seguridad del Estado es posible propugnar un dislate de tal tamaño.
A nuestro juicio, hay seis elementos que hemos de destacar dentro de la
presente ley. En primer lugar, la limitación a tres ministerios para la
utilización de los fondos, es decir, Asuntos Exteriores, Defensa y
Justicia e Interior. En segundo lugar, que deben ser aprobados
específicamente por la Ley General de Presupuestos del Estado, y que
también marca el mecanismo de modificación presupuestaria de los créditos
correspondientes. En tercer lugar, es de destacar el control interno
mediante normas de los distintos ministerios, que emanen de un informe
previo del Interventor General de la Administración General del Estado.
En cuarto lugar, el control parlamentario que se va a ejercer a través
del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, garantiza un control
de la representación popular. En quinto lugar, es de resaltar también la
información que la Comisión podrá facilitar periódicamente al Presidente
del Gobierno, como máximo responsable del Ejecutivo, y al Tribunal de
Cuentas, según la enmienda transaccional a la que se ha llegado en el día
de hoy. Por último, y también en la línea de esta necesaria
transparencia, está la declaración de la situación patrimonial en el
Registro de Intereses de Altos Cargos de quienes tengan acceso a la
utilización de estos fondos reservados. Es decir, que nos parece que con
esta ley se hace compatible el equilibrio, realmente difícil, entre el
uso de los fondos de un modo limitado y la reserva y el control
correspondientes en un asunto tan delicado y tan difícil.
Nuestro Grupo apoya este proyecto de ley, confía en que se va a cumplir
su espíritu y su articulado, y entiende también que, como en muchas otras
cosas, pero en este caso de un modo especial, va a ser necesaria la ética
para su cumplimiento, y que el servicio a la sociedad debe presidir la
línea de actuación de las personas e instituciones que han de hacer uso
de estos fondos reservados.
Por lo tanto, dentro de esta línea, nuestro Grupo apoyará la totalidad
del texto, la enmienda transaccional a la que se ha llegado, y votará en
contra de las enmiendas que puedan permanecer vivas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Si no hubiera otro grupo parlamentario que pidiera la palabra en el turno
de portavoces para el debate de totalidad, pasaríamos a la defensa del
voto particular número 2, de la Senadora Boneta Piedra.
Tiene la palabra su señoría.
La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para defender el voto
particular correspondiente a las enmiendas que hemos mantenido y que
guardan entre ellas una relación puesto que tratan, por una parte, de
estrechar y, por otra, de delimitar el control que, en opinión de esta
Senadora, debe ser ejercido sobre el uso de los fondos reservados y del
papel que la Comisión creada a través de este proyecto debe desempeñar en
el mencionado control.
La enmienda número 8, al artículo 1, pretende evitar el uso de fondos
reservados en el control de las actividades de partidos y asociaciones
legalmente constituidos y con funcionamiento democrático. Es cierto que
tal uso podría ser considerado como delictivo en el caso de ser mal
empleado o controlado por estos partidos o asociaciones y, por lo tanto,
puede parecer obvia esta prohibición que, sin embargo, consideramos debe
quedar reflejada. En este caso, lo que abunda no daña. La ley no debe
consagrar una presunción sino que, en aras de una buena salud
democrática, debería dejar reflejado lo que parece obvio.
La enmienda número 9, al artículo 2, pretende que exista un control de la
Comisión «ex ante» en el momento de la consignación de fondos reservados
--por supuesto, con un destino genérico-- y no sólo cuando exista una
modificación o incremento de partidas. Previamente se debería explicar
ante la Comisión el destino genérico --insisto en lo de destino genérico
porque entiendo, como es natural, que esos fondos deberán ser usados
coyunturalmente y en cada caso para aquello que sea correcto-- de la
partida en su cuantía inicial.
La enmienda número 10, al artículo 5, pretende que las normas internas a
las que se refiere el artículo 6 establezcan la necesidad de una mínima
justificación documental del destino de la autorización, compromiso o
propuestas de pago con cargo a los créditos de fondos reservados. De lo
contrario, se deslegalizaría el propio papel de la Comisión
parlamentaria, creada con toda clase de garantías de reserva en los
Diputados que forman parte de ella y que tienen obligación de guardar
secreto.
Las enmiendas número 10 y 11 se explican por sí mismas. La número 10, a
la disposición adicional única, pretende homologar la situación de
incompatibilidades de los altos cargos afectados por este proyecto al
régimen general de incompatibilidades. La número 11 pretende simplemente
que se tengan en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas que
las tengan atribuidas en sus Estatutos de Autonomía en materia de
seguridad de personas y bienes y, por otra parte, pretende también prever
el carácter supletorio de esta ley en tanto estas Comunidades
Autónomas a las que nos hemos referido no legislen sobre la materia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿El Grupo Parlamentario Socialista hará uso del turno en contra al final
para responder conjuntamente a todos los grupos? (Asentimiento.) Gracias.
El voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, corresponde a
las enmiendas números 6 y 7, presentadas por la señora Vilallonga Elviro
y el señor Martínez Sevilla. Tiene la palabra el Senador Martínez
Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya entendemos que es muy
positivo el proyecto de ley para el control de los fondos reservados y
que responde a una situación deficitaria que se venía planteando. Los
fondos reservados deben servir para luchar contra una serie de delitos
básicos que atentan contra la propia seguridad del Estado --desde el
narcotráfico y el terrorismo hasta otra serie de delitos que se producen
en este ámbito--, y aunque, desde luego, lo mejor sería que esos fondos
no existiesen en un Estado democrático, si existen, lo mejor es que estén
controlados, que dispongan de todas las garantías de control pertinentes
para que con ellos no se puedan dar, como se ha constatado que se han
producido, situaciones de fraude. Por tanto, para que con los fondos
reservados no se puedan comprar chalés en Miami, no se puedan abrir
cuentas en Suiza o no se puedan pagar sobresueldos como han denunciado
funcionarios policiales del Ministerio de Justicia e Interior, entendemos
que es necesario añadir algunas garantías jurídicas más en la ley
propuesta.
Los fondos reservados, que han consumido del orden de 19.500 millones de
pesetas desde 1983 hasta 1994, han tenido unas alteraciones muy
sustanciales en relación con los créditos iniciales contemplados, de
hecho, más del 50 por ciento; además, de esa cantidad cerca de 10.600
millones de pesetas se han utilizado por el Ministerio de Justicia e
Interior. Por tanto, entendemos que el incremento de los controles sobre
los mismos debe ser una actividad fundamental, y ese incremento de los
controles también puede y debe venir de hecho, precisamente, del apoyo
que puede suponer la denuncia de los propios funcionarios que detecten
situaciones de irregularidad en el control del gasto de los fondos
reservados. Por eso, recogiendo algunas de las sugerencias hechas por
asociaciones y sectores de la propia judicatura, en concreto, recogiendo
sugerencias de la Asociación de Jueces para la Democracia y de la
Asociación de Derechos Humanos, nuestro Grupo plantea estas dos
enmiendas, una de ellas a la exposición de motivos y la otra, que
consideramos más fundamental, pretende la inclusión de un nuevo artículo
8 que recoge que aquellas autoridades, funcionarios o agentes que
teniendo conocimiento de la realización de conductas relacionadas con los
fondos o créditos reservados que pudieran ser constitutivas de delito lo
pongan en conocimiento de la autoridad judicial, de tal manera que el
principio de legalidad no afecte el establecimiento de zonas de
impunidad, de zonas oscuras o de zonas sobre las cuales el control
parlamentario y el control público no sea completo, de tal manera, por
tanto, que la utilización de los fondos reservados --que, insistimos,
debería ser mínima en un Estado de Derecho-- se haga con plenas garantías
jurídicas y queden en poder de la Magistratura, del Poder Judicial, todos
aquellos recursos de actuación para su efectivo control.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El siguiente voto particular, el número 3, corresponde al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. Para su defensa, tiene la
palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
De entrada, quisiera decir que retiramos la enmienda número 2, al
artículo 2.1, y la enmienda número 3 al artículo 4.2, porque,
posiblemente por los hados de la fortuna, fueron aceptadas en el Congreso
de los Diputados.
La enmienda número 4 se refiere a un artículo 8 nuevo en el que
prácticamente se recoge lo que se dice en la exposición de motivos, y
significa que la utilización de fondos reservados se regule en todo lo
posible por los preceptos que contiene el artículo 118 de la Constitución
española, pues al parecer se ha dicho que existe un vacío legal en cuanto
al auxilio a la Justicia cuando se estén instruyendo sumarios
relacionados con fondos reservados.
La otra enmienda que quedaría viva junto con la número 4 sería la número
5, a la disposición adicional única, que pretende una variación en el
texto de forma tal que incremente las garantías de transparencia en lo
relativo a aquellas personas que puedan disponer de fondos reservados,
cuestión que ya se debatió en el debate sobre el estado de la Nación en
el Congreso y todos estaban de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Simplemente para precisar,
señoría, le quedan tres enmiendas vivas: las números 1, 4 y 5.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Efectivamente, señor Presidente, pero como
al parecer aquí el debate de la exposición de motivos se hace siempre
después del correspondiente al articulado, me he confundido. Por supuesto
que mantenemos la enmienda número 1 a la exposición de motivos, a la que
precisamente hacía referencia también la número 4.
Muchas gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted, señoría.
Corresponde ahora la defensa del voto particular número 4, del Grupo
Parlamentario Popular, referente a las
enmiendas números 13 a 15. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se encuentra en la tramitación
de esta ley en una posición inhabitual, una posición que no es corriente
en las últimas legislaturas, y es que el texto que estamos debatiendo se
corresponde con una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que fue
aceptada con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara Baja. Como
autores materiales de la iniciativa, todas las enmiendas que hemos ido
planteando tanto en el trámite del Congreso de los Diputados como en el
trámite del Senado no han buscado corregir el sentido del texto, sino
mejorar en la medida de lo posible ese mismo sentido. Hemos pretendido
desde el principio, y aún hoy lo pretendemos, hacer compatible el máximo
control posible con la naturaleza reservada de estos fondos. Este es el
sentido de las tres enmiendas que todavía sostenemos en este trámite
plenario.
La enmienda número 13 pretende que las modificaciones presupuestarias que
se realicen de los fondos reservados se hagan con valor, rango y fuerza
de ley, puesto que entendemos que la ley presupuestaria sólo puede ser
modificada por una norma de igual rango.
La enmienda número 14 pretende posibilitar a la Comisión que controlará
los gastos reservados el recabar el dictamen de la Intervención General
de la Administración del Estado al efecto de que esa Comisión se
encuentre dotada técnicamente tanto cuanto pueda llegar a necesitar para
adentrarse en el bosque reservado de este tipo de créditos.
Y, por último, con la enmienda número 15 pretendemos que la Comisión
parlamentaria emita un informe anual al Tribunal de Cuentas sobre las
anormalidades o sorpresas que pudiera haber detectado en la gestión de
los créditos reservados. El Tribunal de Cuentas en el examen de los
créditos del Estado lleva un retraso considerable; no sólo esto, sino que
cuando al Tribunal de Cuentas pueda llegar el control de los gastos
reservados probablemente --como hemos sabido que es práctica habitual--
los soportes materiales, documentales y hasta intelectuales de esos
fondos podrían haber desaparecido. Con esta enmienda nosotros pretendemos
que anualmente el Presidente del Tribunal de Cuentas tenga conocimiento
de todas las cosas sustantivas que en la gestión de los fondos reservados
haya podido tener conocimiento la Comisión. Sobre esta enmienda, tanto en
el trámite en el Congreso de los Diputados, como en el de esta Cámara, y
después de haberla discutido detenidamente, ha existido la posibilidad de
transaccionar un texto que permitiera el control que pretendemos del
Tribunal de Cuentas sobre los créditos reservados. Pendiente de que se
sustancie este posible texto de consenso, anuncio, señor Presidente, que
si llegáramos a ese encuentro conceptual, nuestro Grupo retiraría las
otras dos enmiendas que hemos mantenido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a utilizar este turno en contra de las enmiendas
presentadas por el resto de los Grupos agrupándolas por conceptos.
En este sentido, hay un conjunto de enmiendas --las números 1 y 4, del
Grupo de Coalición Canaria, y las números 6 y 7, del Grupo Mixto--
referidas al control judicial de la aplicación de los gastos reservados.
Creo, señorías, que hay que dejar las cosas claras desde la tribuna y en
este turno así quiere manifestarlo mi Grupo. Que nadie piense que por
nuestra oposición a estas enmiendas estamos defendiendo la ocultación de
algo. Nadie quiere hurtar nada a nadie en el conocimiento de nada ni de
nadie y, por favor, que nadie transmita a la sociedad --y creo que es
nuestra obligación-- la sensación de que, por oponernos a estas enmiendas
y por el resultado del informe de la Ponencia, estamos intentando ocultar
algo de transparencia judicial al control de la aplicación de los gastos
reservados. Tan es así que hay sentencias recientes de la Audiencia
Nacional y sentencias y autos recientes de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo que garantizan plenamente que no hay obstáculo para la
investigación judicial de los fondos reservados cuando de su aplicación
pudiera haberse derivado la comisión de un delito.
No se les oculta a sus señorías que en este tema estamos en presencia de
un difícil equilibrio ente principios importantes, principios
fundamentales del juego de un Estado social y democrático de Derecho. De
una parte, estamos ante cómo se lleva a cabo la defensa de la tutela
judicial efectiva y la capacidad investigadora de los órganos
jurisdiccionales. De otra, al tratar este tema estamos en presencia del
derecho-deber del Gobierno, de sus miembros, de sus funcionarios
habilitados para estos menesteres, para garantizar la seguridad del
Estado, principio constitucional recogido en el artículo 97. Garantía de
seguridad también para las personas.
Asimismo, estamos en presencia de la necesidad del derecho-deber del
Gobierno --tan en boga en estos días y tan criticado también-- de guardar
secreto profesional, casualmente también contenido en el artículo 24 de
la Constitución y en un artículo que algunos parecen no recordar estos
días, como es el 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Porque parece
como si en muchos de los casos y en las nuevas teorías en boga el secreto
profesional se pudiera predicar de determinados roles de la sociedad.
Parece que un periodista puede tener la posibilidad de guardar secreto
profesional sobre sus fuentes de información; magnífico. Pero da la
sensación de que para las autoridades o funcionarios públicos no se puede
considerar la posibilidad de que tengan que guardar secreto profesional.
¿Por qué? Si sacrosanto es un secreto, también el otro.
Permítanme que haga unas matizaciones --sin menoscabo o menosprecio de
unos frente a otros--, que creo que
son importantes. El secreto profesional de un periodista --que es
loabilísimo, y cuando haya que ponerse a la cabeza de esa defensa, ahí
estará mi Grupo-- pretende, en cualquiera de los casos, garantizar un
fuente de información para vender --legítimo-- y para ganar dinero
--legitimísimo--. Pero insisto en que parece que un funcionario público
no tiene la posibilidad --se le critica, hay que llevarle al juzgado, o
se le amenaza con no se sabe qué otro delito-- de invocar el secreto
profesional en esta materia, cuando está hablando de seguridad del
Estado, de la defensa de la intimidad de unas fuentes de información
fundamentales para la seguridad del Estado. Y no lo hace para ganar
dinero, sino en el ejercicio legítimo de una profesión.
Por tanto, señorías, pongamos todo esto en sus justos términos.
Equilibremos los platillos de la balanza --ciertamente, difíciles de
equilibrar en este tema--, pero que quede claro que no hay obstáculo a la
investigación de la aplicación de los gastos reservados, cuando
presuntamente --insisto, presuntamente; no condenemos «a priori»-- se
haya podido hacer un uso no acorde con el Estado democrático y social de
Derecho de nuestra Constitución, porque no hay impedimento para que así
se pueda hacer. Busquemos ese equilibrio. Y quiero hacer una matización;
que yo recuerde, señor Martínez Sevilla, me parece que todavía no ha
habido --aunque puede haberla-- ninguna condena sobre una aplicación, que
ahora es objeto diario periodístico.
Otro tema es el que se sustenta en la enmienda número 8, de la Senadora
Boneta. Se trata de prohibir expresamente la posibilidad de que se
pudiera hacer un uso partidista de la aplicación de los gastos
reservados. Creo que esto es innecesario, señoría, porque, por esa regla
de tres, podría figurar en el texto de la ley otra serie relacionada de
posibles actividades delictivas prohibidas; por ejemplo, dinamitar
puentes, comprar productos químicos para determinada utilización,
etcétera. Es decir, podría figurar una exhaustiva relación de actividades
delictivas. Creo que en el fondo late ese mismo esquema de lo
fantasmagórico sobre lo que es la aplicación de los gastos reservados.
Por tanto, señoría, insisto en que es innecesario.
Su señoría también mantiene la enmienda número 9, sobre la información,
previa a la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado, que debería llevarse a cabo en la Comisión sobre secretos
oficiales de la otra Cámara, a que se refiere el artículo 7 de la ley.
Creo, señoría, que el mayor inconveniente que podría tener la aceptación
de esta enmienda es que sería de imposible cumplimiento, porque ningún
administrador, ningún Ministro responsable de los Departamentos de los
que estamos diciendo que pueden utilizar este tipo de fondos
presupuestarios sabe con anterioridad, de forma prolija --más allá de
calcular la cantidad, por arrastre de otros criterios presupuestarios de
años anteriores--, a qué pueden dedicarse.
Por otro lado, hay otra enmienda que me preocupa, y ya tuve ocasión de
decírselo en Comisión. Se trata de la enmienda número 10 --que coincide
con la número 4, del Grupo de Coalición Canaria--, de la Senadora Boneta,
sobre la necesidad de que existiese una justificación documental sobre la
aplicación de los fondos presupuestarios. Sinceramente, no lo entiendo.
Insisto, no entiendo que en un tema como el que estamos tratando --y
permítanme la digresión-- al final esto pudiera consistir en que el
funcionario o autoridad administradora de gastos reservados hubiese de ir
a una imprenta y encargar un talonario de recibos en el que figurase: He
recibido de..., la cantidad de..., para..., en concepto de... Ningún
perceptor lo querría, y ningún administrador se prestaría a ello.
Decía ayer el Ministro de Justicia e Interior, y el Director General de
la Policía en días anteriores --y no acuso a nadie, pero ratifico el
comentario--, que en estos días en que las policías de todo el mundo,
incluida la española, tienen confidentes, parece que hay menos, y también
menos confidencias. Sepamos, pues, con lo que jugamos. En mi pueblo --que
es un pueblo viejo-- dicen que con las cosas de comer no se juega --y con
las de beber, tampoco, que andan muy escasas--. Por tanto, creo que en
estos temas hay que tener el suficiente celo y rigor, pero no hacer
digresiones que, evidentemente, no ocasionarían ninguna ventaja añadida.
En otras enmiendas --concretamente, en la número 5, del Grupo de
Coalición Canaria, y en la 11, de la Senadora Boneta-- se trata de la
declaración patrimonial especial de las personas autorizadas para
utilizar gastos reservados. Me parece que por la forma en que se dice que
es una declaración especial que debe conocer esa Comisión, de la que sólo
va a conocer esa Comisión, no se puede pretender que la declaración
especial de las personas especialmente autorizadas pueda incluirse en el
régimen general del resto de los funcionarios o autoridades públicas.
La especialidad de la dedicación requiere la de la difusión de esa
declaración. De ahí que se requiera la especialidad de la Comisión para
el conocimiento de la especialidad de esos fondos. Esa proporcionalidad
en uno y otro sentido supone el que no tenga lógica el que hubiese esa
expansión, ese grado de publicitación de esa situación patrimonial. Para
eso está la Comisión; que lo controle y conozca.
Por último, en cuanto a la Senadora Boneta, la enmienda número 12
coincide con la que presentó el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso
de los Diputados, la número 9. Trata sobre la extensión o no del
contenido de esta ley a las Comunidades Autónomas con competencia en
materia de policías autonómicas o forales. El propio Grupo Parlamentario
Vasco la retiró en el Congreso de los Diputados cuando se ofreció una
transaccional, que permitió dejar claro que cada uno hiciera lo que
quisiera con su autonomía y que cada uno regulara lo que quisiera,
dejando a salvo las leyes orgánicas de sus estatutos aprobados por
referéndum. Quedaba muy claro en el texto, que ahora conoce esta Cámara,
que esto se refería a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto,
a la Administración que administra sólo dichos Presupuestos, con lo cual
era innecesario el hacer aquí una salvaguarda para dejar claro, ni
siquiera como derecho supletorio, este ámbito de nueva normativa para
regular la aplicación de estos fondos presupuestarios sólo en los
Presupuestos Generales del Estado.
Finalmente, quedan las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Puedo decirle, Senador González Pons, que mi Grupo está en condiciones de
aceptar esa enmienda transaccional a la enmienda número 15 de su Grupo.
La causa de esta enmienda y de la transacción que hemos buscado entre
todos es que nos quedaba por incorporar al texto remitido por el Congreso
de los Diputados el papel que podría jugar el Tribunal de Cuentas para
que ejerza sólo el papel que le atribuye la Ley Orgánica que lo regula.
Por tanto, creo que hemos encontrado una satisfactoria redacción para
que, en la forma contenida en el texto, la Comisión a que se refiere la
Ley en su artículo 7 pueda, con carácter anual, elaborar y enviar a los
Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas lo que hubiera
observado y que dicha Comisión sea autónoma, en sede parlamentaria, para
decidir qué hace y qué dice. Pero siempre --era nuestro particular celo y
cautela-- deberá hacerlo la Comisión porque a ella le compete; y para eso
la ley le otorga esas importantes funciones, con estricta observancia de
lo que dice la ley en sus artículos 1 y 3, es decir: secreto,
confidencialidad y no publicitación de las materias de que hablamos. Yo
creo que en ese aspecto --al que me he referido al principio de mi
intervención-- es en el que todos tenemos que hacer un particular
esfuerzo. Midamos, equilibremos --siempre es difícil-- en una balanza
esos principios y ese control, no sea que cargando demasiado uno de los
platillos consigamos lo que, según parece, no pretende ningún grupo: que
no existan estos fondos presupuestarios.
En cuanto a las otras dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, como
bien decía el Senador González Pons, una vez que hemos conseguido ese
acuerdo, confío en que su señoría actuará en consecuencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garrido.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, tiene la palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Valdría la pena no dejar hablar mucho al Senador Garrido, con el fin de
que no me deje sin enmiendas.
Voy a retirar las enmiendas números 4 y 5, ya que sus argumentos me han
convencido. Me queda viva una enmienda a la exposición de motivos. Espero
que, por lo menos, la deje viva y se vote.
Muchas gracias, señor Presidente. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Ricardo Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no
cree en el valor taumatúrgico de las palabras; por el contrario,
consideramos que lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución tiene
plena virtualidad jurídica, cuando dice literalmente: «La Administración
Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y
coordinación, con sometimiento a la ley y al Derecho.» Señorías, se
preguntarán --no sin razón-- ¿cómo se puede conjugar este precepto
constitucional con la existencia de los, comúnmente denominados, fondos o
gastos reservados? Con suma sencillez respondo: la norma jurídica,
cualquiera que sea su rango, debe instrumentar el mejor sistema para que
la Administración pública sea eficaz, puesto que, al margen de lo que la
Constitución diga al respecto, una Administración que actúa ineficazmente
será, antes que nada, una mala Administración.
Es cierto que, tal y como reza el artículo 1 del proyecto de ley, la
defensa y seguridad del Estado constituyen el destino de los fondos
reservados que, precisamente, tienen ese carácter no público por la
necesidad de satisfacer eficazmente esa finalidad, que abarca cuestiones
tan esenciales como el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la
preservación de las propias instituciones democráticas, compatibilizando
estos objetivos con el establecimiento de los pertinentes controles
parlamentarios y sin perjuicio --como se ha dicho-- de la naturaleza
secreto de dichos fondos.
Señorías, a estas alturas queda ya patente que la posición del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es favorable a la
aprobación de este proyecto de ley porque es satisfactorio para los
intereses generales y porque su tramitación en el Congreso de los
Diputados ha supuesto una notable mejora, susceptible en este trámite de
ser complementada con las aportaciones, en forma de enmiendas, de otros
grupos parlamentarios.
Notarán sus señorías que hemos otorgado un carácter complementario a las
enmiendas que aún permanecen vivas y, por supuesto, a la transaccional,
por cuanto que el proyecto de ley es intrínsecamente bueno. No obstante,
y con el ánimo de disipar cualquier duda, anuncio --como ya lo hicimos en
el trámite de Comisión-- nuestra intención de votar favorablemente todas
las enmiendas objeto de voto particular y que a estas alturas del debate
permanecen vivas, por la simple razón que exponía un viejo profesor
--también lo ha expuesto la Senadora Boneta-- de que lo que abunda no
daña y --esto lo aporto yo de mi propia cosecha--, mucho menos, si ello
contribuye al consenso deseable de todo punto en un proyecto de ley como
el presente. Por tanto, en coherencia con el proyecto de ley y para que
conste en el «Diario de Sesiones», nos posicionamos a favor de hacer
posible la investigación judicial del uso de los fondos reservados, sin
ningún género de duda o restricción mental.
Mención aparte --aunque esta cuestión haya sido suficientemente explicada
por el Senador Garrido-- merece el hecho de que la exposición de motivos
recoja, a instancia del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos en el Congreso de los Diputados, que el alcance del
proyecto se ciñe al ámbito presupuestario de la Administración del
Estado, lo que, unido a una interpretación auténtica, derivada del debate
parlamentario en dicha Cámara, nos lleva inequívocamente a concluir que
no existe merma alguna de la capacidad normativa de los Parlamentos
autonómicos con competencia en la materia.
Por último, y aun a riesgo de ser reincidente con lo que ya expuse en la
Comisión, quiero expresar nuestra satisfacción por la naturalidad
parlamentaria con la que ha transcurrido el debate de este proyecto de
ley sobre gastos reservados; responsabilidad que incumbe a todos los
grupos parlamentarios sin excepción, y yo diría que, en particular, al
Grupo Parlamentario Popular. Este hecho es, a mi juicio, demostrativo de
que, por encima de la deforme realidad que tratan de reflejar algunos
medios de comunicación, existe la pura y simple realidad de los hechos:
pervive la normalidad democrática que, aunque no sea noticia, no por ello
deja de ser verdad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz
Cebrián.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, para algunos en los últimos tiempos el Estado ha tenido razones
que la razón no ha entendido. Para nosotros, tal vez hoy para el conjunto
de la Cámara, la razón de Estado no puede, en ningún caso, sobrepasar los
límites que le imponen la transparencia y el respeto a la legalidad.
Durante los últimos tiempos hemos oído, con más frecuencia de lo que
quisiéramos, relacionar alegremente el uso de fondos reservados con la
madurez de un sistema democrático, sosteniéndose semejante afirmación
desde el peregrino planteamiento según el cual todos los Estados
democráticos maduros mantienen este tipo de reservas presupuestarias. Sin
embargo, señorías, parecerá evidente que de la generalización de
circunstancias no se puede extraer una norma doctrinal. Dicho en otros
términos, el que en otros Estados democráticos se presupuesten fondos
reservados no significa que estos fondos se encuentren implícitos en su
condición democrática. Créanme si les digo que cuanto más reservados son
los fondos de un Estado, menos democrática es su estructura. Entiéndase
bien, no estamos cuestionando la existencia de los fondos reservados,
sino remarcando la absoluta, la rotunda necesidad de su control
parlamentario para que su utilización no contravenga, en ningún caso, las
garantías del principio democrático. Afirmamos que la opacidad en el
control de los gastos reservados o su aplicación fraudulenta supone un
atentado contra el Estado de Derecho y una afirmación de profundo
desprecio democrático.
El Estado de Derecho, señorías, significa --conviene recordarlo--, entre
otras cosas, sometimiento de los actos de la Administración a la ley,
entendida ésta como expresión de la voluntad general, y supremacía de la
ley sobre cualquier otra norma jurídica. En relación con la materia que
nos ocupa, el Estado de Derecho implicará, pues, sometimiento del gasto
reservado a la ley y supremacía de la ley sobre cualquier mandato
administrativo de destino de estos fondos. Por eso, desde la confianza en
el Estado de Derecho, no sólo debe censurarse el inapropiado manejo que
este tipo de dinero público pudiera haber sufrido durante algún Gobierno
de la democracia, sino que debe proclamarse, al mismo tiempo, su
inadecuación a las bases teóricas más viejas de la democracia
parlamentaria.
No cabe, señorías, en sentido contrario, argumentar que cuando esto
sucedió no existía legalidad a este respecto; existía y existe una
constitucionalidad que establece, absolutamente, la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos; existía y existe, como
acertadamente ha recordado desde esta tribuna el Senador Sanz, el
artículo 103 de la Constitución española. Ni cabe en el mismo sentido
contrario argumentar que no existía capacidad de control parlamentario a
este respecto; existía y existe una capacidad ilimitada de control
político de las Cámaras en el texto constitucional. Por lo tanto, siempre
ha sido constitucionalmente posible proceder al control de estas partidas
opacas, si es que no hubiera sido suficiente un criterio elemental de
pura y simple decencia política.
Ahora bien, otra cosa bien distinta es que la mayoría parlamentaria haya
impedido hasta hace bien poco la creación de cualquier comisión de
investigación instada por las minorías. Porque ha sido esa actitud y no
un inexistente vacío legal la que ha hecho que en más de una década
nuestro Estado de Derecho haya sufrido de lumbalgia reservada en su
vertebración, haya acarreado con un agujero negro en su transparente
espina dorsal. Esta ley, que hoy deberíamos aprobar, se ha hecho por pura
necesidad política. Lo que no hicimos reglamentariamente, por imperativo
de la mayoría, hemos tenido que hacerlo legislativamente por convenio
unánime. No nos parece mal, en todo caso, que una iniciativa que entierra
una polémica, que siempre debió estar enterrada, se configure como un
acto parlamentario exterior, como un acto parlamentario frente a todos y
no como un simple acto interno de la Cámara.
Sin embargo, por otro lado, no vale la pena referir ahora toda la suerte
de desmanes que se han cometido con los fondos reservados en España si no
es para justificar que el Parlamento intervenga legislativamente
afianzando su propia capacidad de control político. No vale la pena,
señorías, referir ahora toda la suerte de desmanes que se han cometido
con los fondos reservados en España si no es para manifestar la esperanza
de que a partir de hoy estemos imposibilitando esta repetición. No vale
la pena referir ahora toda la suerte de desmanes que se han cometido con
los fondos reservados en España si no es para iluminar ahora
suficientemente todos los rincones de nuestro Estado de Derecho. Y es que
no vale la pena, señorías, insistir en la vergüenza pública que, estoy
convencido, todos hemos compartido.
Ahora bien, es necesario también decir que ésta no es una ley de
amnistía; esta ley, como la conciencia democrática de los españoles, no
olvida, no puede olvidar. Por más que no sea necesario recordar ahora
nombres ilustres del robo público, es seguro que la ley los tiene y los
tendrá presentes,
tanto en su redacción como en su aplicación. Esperamos que sea a partir
de hoy que los fondos reservados se destinen siempre a su fin. Si así no
fuera, esperamos que sea a partir de hoy que el Parlamento disponga ya de
los mecanismos necesarios para ponerlo inmediatamente de manifiesto.
Esperamos que sea a partir de hoy que, en todo caso, se depuren siempre
las responsabilidades pertinentes.
Señorías, si con todo el dinero público hay que tener una precaución
particular en su gasto, con aquel dinero que, además, está reservado en
su control, esta precaución ha de elevarse a la categoría de disciplina.
Por ello, esta ley no es necesaria sólo por lo que ha ocurrido --y no
conviene olvidar--, sino que lo seguirá siendo para que nunca vuelva a
ocurrir.
En ese sentido, señorías, para nosotros es un signo, un gesto de madurez
democrática, una garantía de futuro la coincidencia y el consenso con el
que hemos procedido a la tramitación de este texto. No era --y hay que
decirlo-- un problema fácil de resolver, pero entre todos hemos hecho un
ejercicio muy serio de responsabilidad política por el que no podemos
sino mostrar nuestro reconocimiento a todos los grupos de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular, promotor de esta iniciativa, ha visto
cómo la concordia con que fue acogida ha ido transformándose en una
negociación más larga que difícil en pura concordancia. En esta misma
sesión presentamos concordadamente una enmienda transaccional sobre una
enmienda nuestra que cubre la última aspiración del Grupo Parlamentario
Popular al control más efectivo posible sobre los fondos reservados, que
es el traslado al Tribunal de Cuentas de las incidencias que la comisión
correspondiente hubiera podido detectar en su examen, que permitirá que
el Tribunal de Cuentas intervenga en el control de los créditos
reservados con inmediatez y con efectividad anual.
Señorías, suscribimos este texto de consenso y, como ya he dicho, para su
mayor virtualidad en este momento retiramos las otras dos enmiendas que
quedaban pendientes de votación. Ahora, señor Presidente, señorías, el
texto prácticamente de todos los grupos de la Cámara es uno solo.
Señorías, empezaba señalando que algunos Estados han tenido razones, y el
nuestro entre ellos, que la razón no ha entendido, y quisiera terminar
con la esperanza de que nunca más vuelva a ser así, porque el Estado sin
razón no es otra cosa que el Estado sin Derecho.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Pons.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Alfonso Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Señorías, produce satisfacción cuando en el
Diario del Senado se publica, como texto remitido por el Congreso de los
Diputados, un texto que se ha aprobado unánimemente en la otra Cámara y
produce satisfacción porque uno sabe, a priori, que la tramitación de la
ley va a ser más amistosa, que vamos a tener --y esta Cámara puede dar
ejemplo de ello siempre, afortunadamente-- menos tensiones. Y éste es uno
de esos proyectos que todavía puede generar menos tensiones en esta
Cámara, conforme es norma en ella, y hay que intentar entre todos que así
siga siendo. No por ello la tramitación de esta ley ha pasado como un
rayo de luz por un cristal en esta Cámara. Se han dicho cosas importantes
en cada una de las intervenciones --en Ponencia, en Comisión y en Pleno--
y, sobre todo, se han hecho afirmaciones de lo que debe ser la auténtica
aplicación y existencia de este tipo de fondos presupuestarios.
No puede olvidarse que esta ley, que felizmente ve la luz, es el primer
elemento de control parlamentario del sistema de gastos reservados, que
garantiza --como machaconamente mi Grupo y yo hemos dicho-- el carácter
de secreto --si no hay secreto en los gastos reservados, que no los
haya-- y va a permitir --después de la única normativa, que es una
circular de 1966, aparte de los mandatos constitucionales de 1978-- que
haya un cuerpo legislativo que en un sentido amplio, unitario regule la
aplicación de estos fondos presupuestarios.
Señorías, se ha dicho, pero yo lo machaco, que los fondos presupuestarios
para la aplicación de gastos reservados son absolutamente necesarios para
la defensa del Estado de Derecho desde la legalidad y la defensa de los
valores democráticos. Que nadie piense que lo opaco es igual a lo ilegal;
que nadie piense, porque es falso --lo pueden ver--, que gastos
reservados equivale a no democracia. Que nadie lo piense, porque si lo
piensa, a lo mejor tiene que plantearse a sí mismo y ante el espejo si
cree en el Estado democrático.
Pero el control legal y parlamentario, señorías, no puede hacer olvidar
otros principios básicos del hacer político, sobre todo del hacer
político del Ejecutivo. Hay que seguir creyendo en la discrecionalidad,
en el uso, en el buen uso, en el legal uso, en la correcta aplicación.
Que nadie olvide que tiene que seguir primando y que de eso es de lo que
tendrá que responder --es la única herramienta que entiende la
democracia, las urnas-- un Gobierno que haga o no haga correcto uso de
cualesquiera de las partidas presupuestarias, también de ésta. Señorías,
no se puede llevar el péndulo al otro lado, a lo que tan habitualmente, y
en muchos casos para nuestra desgracia, somos tan cariñosos los
españoles, a pendular. Equilibremos las cosas y no hagamos más allá de lo
necesario el debate de lo superfluo.
Sea como fuere, yo creo que conseguimos que esta ley sea una ley de
equilibrio, pues tocando esos elementos tan sensibles de la vida diaria
permite que no nos avergoncemos quienes aprobemos esta ley de que estemos
cometiendo algún pecado, aunque sea venial, al admitir la posibilidad de
que existan estos gastos reservados. Esta sociedad, sus instituciones van
a controlar los gastos reservados, pero no porque antes no los pudieran
controlar, y a los hechos me remito. El Tribunal de Cuentas está
conociendo de la Cuenta de 1993, hay actuaciones judiciales en marcha
sobre la posible utilización, con algún roce del Código Penal, de la
aplicación de gastos presupuestarios y por
tanto, podía conocerse de su correcta o no, legal o ilegal aplicación.
Pero yo creo que con nuestra ley conseguimos tener un marco normativo.
Estos días, preparando el debate, me he asomado al Derecho comparado y
créanme, señorías, va mucho más allá de lo que nuestros vecinos
inmediatos tienen regulado sobre la materia. Me alegro de que vayamos más
allá. Una vez más vamos más allá. No pasa nada por ir más allá. Regulamos
y lo hacemos más lejos.
También quisiera dejar claras una serie de precisiones sobre este
particular. Que la ley es necesaria, lo decimos. Que la ley es oportuna,
lo sabemos. Que la ley ayudará a evitar situaciones no deseadas por
todos. Pero la ley ha nacido en un momento especial, donde
acontecimientos actuales no pueden hipotecar a los legisladores sobre qué
sean esos fondos presupuestarios, cómo sea su blindaje, quiénes los usan,
quiénes los controlan, a qué se dedican. No confundamos el editorial de
un periódico con la función de legislar; no confundamos lo que se oye, se
dice, se comenta, se rumorea, con lo que a los que aquí nos sentamos, por
mandato popular, se nos puso por oficio.
Cuando se legisla, señorías, no se puede cometer la torpeza o el craso
error de legislar por motivos demasiado concretos o por cuestiones
particularmente ocasionales, temporales, hasta personales o por y para
hechos aislados, felizmente aislados, demasiado aislados.
Afortunadamente, creo o quiero creer, deseo en cualquiera de los casos,
que el proceso legislativo que ahora culminamos con esta ley haya
permitido buscar y encontrar esa generalidad de situaciones a las que los
legisladores debemos dedicarnos y no a casos aislados, a los que la ley
nunca debe dirigirse. Mal negocio, mal oficio, mal uso del depósito de
confianza de los electores si no lo hemos conseguido.
Yo pienso que debemos felicitarnos, porque nuestro trabajo se aproxima a
lo deseable. Además, confío, en función de las enmiendas retiradas, lo
que agradezco, y de las que todavía están vigentes, en que finalmente los
grupos aportarán su voto favorable al texto definitivo, porque creo que
la ley sale con un consenso parlamentario feliz y afortunadamente
necesario por razón de la materia.
Me queda por hacer una última consideración sobre el contenido de la ley.
No podemos, señorías, caer en un cainismo que no lleva a ninguna parte.
Cuando se cae una presa --por poner un ejemplo, y lo digo porque también
es objeto de un debate parlamentario las causas de la caída de una
presa--, no se puede reducir que a los ingenieros, ni uno. Uno de
nuestros padres del Siglo de Oro decía que cura que en la vecindad vive
con desenvoltura, para qué le llaman cura si es la propia enfermedad.
Pero por uno, no todos. Si hay un periodista, si hay un político, si hay
un funcionario, si hay una excepción a la regla de los comportamientos,
condenemos, como debe ser, con toda la fuerza que podamos y más la
excepción a la regla de los comportamientos, pero nunca generalicemos,
por lo de los justos por pecadores o por lo que sea.
Por tanto, quiero, señorías, desde aquí y desde la solemnidad de este
sitio, evitar que creemos esos equívocos, porque los concernidos,
particularmente, somos nosotros y somos los llamados a evitar que los
árboles no nos dejen ver el bosque y que uno por un millón cuando sólo es
uno y no es el millón.
Si alguien se equivoca, que lo pague. Así de claro. Pero no todos somos
iguales, señorías, y quien no lo sea, señalémosle todos con nuestro dedo,
pero a quien lo sea. Los responsables democráticos que en España --todos
y no lo predico sólo desde los escaños de mi Grupo, de mi casa en este
tema-- han regido la utilización de estos gastos reservados lo han hecho
con honorabilidad, con decencia, con dignidad y con la tremenda,
tremendísima responsabilidad y asunción de riesgos que sólo quienes lo
conocen saben lo que son estas funciones. Hay veces que a ellos les
gustaría no estar en esos asuntos y sí estar en otros. No son tampoco
héroes ni mártires, ni quieren serlo, pero sí son honrados servidores de
lo público, funcionarios o políticos que han hecho de su trabajo,
señorías, fiel reflejo de sus convicciones democráticas, todos, y de
decencia en la administración de lo público. Porque si se demostrase que
uno o unos pocos, muy pocos, afortunadamente, confundieron lo público y
lo privado, no puede por ello empañarse el ejemplo de la globalidad. No
son el género, ni siquiera la especie, pueden ser pocos, poquísimos,
especímenes, pero son muchos, muchísimos, la globalidad, los que se han
dedicado a estas tareas difíciles, ingratas, crean señorías,
ingratísimas, pero, al mismo tiempo, paradójicamente, gratificantes por
razón de la misma materia. No confundamos.
Y confío, quiero confiar, en que, como decía el Senador González Pons al
final de su intervención, ojalá la ley cierre la polémica, pero,
señorías, no es taumatúrgico, como bien decía también, ni es milagrosa la
ley, ni es el bálsamo de nada. Si cierra o entierra, si ayuda o no ayuda,
señorías, va a depender de los que aquí estamos y de quienes con nosotros
se relacionan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones pendientes a este
proyecto de ley. Sometemos a votación, en primer lugar, los votos
particulares del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 8, 9, 10,
11 y 12 de la Senadora Boneta Piedra. (La señora Boneta Piedra pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Senadora Boneta?
La señora BONETA PIEDRA: Señor Presidente, retiro la enmienda número 12,
por lo que pido que se sometan a votación las enmiendas números 8 a 11.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Por lo tanto, vamos a someter a votación las enmiendas números 8, 9, 10 y
11, en un solo acto, salvo que se indicara lo contrario. Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, nueve; en contra, 210; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación, conjuntamente, las enmiendas números 6 y 7,
también del Grupo Parlamentario Mixto. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, nueve; en contra, 210; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, según la
información que ha facilitado el Vicepresidente Primero, queda viva la
enmienda número 1, exclusivamente, que sometemos seguidamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, nueve; en contra, 210; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sobre la base de la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Popular,
los seis grupos parlamentarios, a través de la firma de sus portavoces,
proponen un nuevo apartado 4 al artículo 7, cuya redacción es la
siguiente: Con carácter anual, y atendiendo, en todo caso, a lo dispuesto
en los artículos 1 y 3 de la presente ley, la Comisión podrá elaborar un
informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de
Cuentas. ¿Es necesario someter a votación esta enmienda, o se puede
entender que se aprueba por asentimiento? (Pausa.) La aprobamos por
asentimiento, y por lo tanto resta someter a votación el dictamen con la
modificación introducida.
El dictamen consta de articulado, artículos 1 a 7; disposición adicional,
que en el texto aparece calificada como única; disposición transitoria,
también calificada como única; disposiciones finales primera y segunda y,
lógicamente, la exposición de motivos.
Solicito el criterio de la Cámara por cuanto el texto ha de volver al
Congreso de los Diputados, dada la inclusión de la enmienda
transaccional. Por coherencia con lo que ha sido el estilo de redacción
parlamentaria, cuando la disposición adicional es sólo una, nunca se
califica de única. Por técnica parlamentaria, quizá fuera correcto
aceptar esta enmienda, que, si es admitida por los señores miembros de la
Cámara, no tiene ningún alcance.
Evidentemente, es innecesario señalar que son únicas la disposición
transitoria y la disposición adicional, ya que son una y una, y no parece
que aquí existan problemas teológicos ni bizantinos ni nominalistas. Pero
por si alguien está en desacuerdo con el Presidente, les diré que hace
tiempo que el amor propio del Presidente sobre estas cuestiones ha
quedado a disposición de sus señorías. (El señor Bayona Aznar pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En el Congreso de los Diputados el texto del proyecto de ley tenía dos
disposiciones, es decir, que hubo momentos en la tramitación de dicho
proyecto en los que aparecía más de una disposición final. Creo que
corresponde al buen hacer de los servicios de la Cámara decir si debe o
no figurar ese tipo de cuestiones.
Por lo expuesto, mi Grupo no objeta absolutamente nada a la propuesta de
la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Los servicios de la Cámara están a lo que
políticamente sus señorías decidan. (El señor Barbuzano González pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, nuestro Grupo tampoco
objeta nada a lo dicho por la Presidencia. (Risas.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Con la modificación que sus señorías han tenido a
bien aceptar, vamos a someter a votación conjunta el texto del dictamen
del proyecto de ley reguladora de la utilización y control de los
créditos destinados a gastos reservados, que consta de los preceptos que
acabo de enumerar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 221; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey. (El señor Barreiro Gil pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Barreiro.
El señor BARREIRO GIL: Señor Presidente, dada la importancia política de
este proyecto de ley, y a los efectos de que figure en el «Diario de
Sesiones», quisiera pedir perdón por mi equivocación al votar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Sólo ha habido una equivocación: la del Senador
Barreiro. (Risas.) En el «Diario de Sesiones» consta lo que consta.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.
Eran las catorce horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (S.
621/000069) (C. 121/000042).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión en
plan casi confidencial e íntimo. Pasamos al punto 22 que reza así: De la
Comisión de Interior y Función Pública en relación con el proyecto de ley
de contratos de las Administraciones públicas.
¿Alguien de la Comisión quiere hacer la presentación del dictamen?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Codina i Castillo.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores, voy a hacer, en nombre de la
Comisión, la presentación del dictamen del proyecto de ley de contratos
de las Administraciones públicas que tuvo su entrada en el Senado el día
27 de febrero, acordándose por la Mesa de la Cámara su remisión a la
Comisión de Interior y Función Pública y la apertura del correspondiente
plazo de enmiendas que concluyó el 10 de marzo.
Durante dicho plazo se presentó una propuesta de veto por la Senadora De
Boneta y el Senador Petrizán, del Grupo Parlamentario Mixto, y un total
de 250 enmiendas al articulado. La Ponencia estaba integrada por los
Senadores Ardaiz, a quien le deseamos un pronto restablecimiento, Cercós
Pérez y Pérez García, todos ellos del Grupo Parlamentario Socialista, y
por los Senadores Alvarez Rodríguez y Ruiz Medrano del Grupo
Parlamentario Popular.
La Ponencia aprobó por mayoría una serie de enmiendas, y asimismo aprobó
diversas correcciones técnicas y gramaticales en el texto presentado por
el Congreso. El debate en la Comisión de Interior y Función Pública tuvo
lugar el día 28 de marzo, y durante el mismo se aprobaron 14 enmiendas,
se acordaron tres transaccionales al amparo del artículo 115 del
Reglamento, y se realizaron nuevas correcciones técnicas.
El proyecto de ley que nos ocupa consta de exposición de motivos, de un
libro I relativo a los contratos de las Administraciones públicas en
general que comprende ocho títulos, de un libro II que regula los
distintos tipos de contratos administrativos y que comprende cuatro
títulos, y asimismo de ocho disposiciones adicionales, nueve
transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Hasta aquí el trabajo realizado por la Comisión.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Corresponde ahora la defensa de la propuesta de veto.
Tiene la palabra la Senadora Boneta Piedra.
La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, decía en Comisión, y lo mantengo ahora, que el proyecto de ley
de contratos de las Administraciones públicas que hoy debatimos adolece
de graves deficiencias que, en opinión de esta Senadora, difícilmente
pueden ser subsanadas mediante la presentación de enmiendas parciales.
Estamos de acuerdo, por supuesto, en el objetivo principal que parece
subyacer en la filosofía de este proyecto de ley: evitar cualquier
posibilidad de corrupción aumentando el control sobre la contratación de
las Administraciones públicas. Sin embargo, creemos que este proyecto
constituye un atentado a las competencias de las Comunidades Autónomas, y
muy especialmente a las de aquellas que, como la Comunidad Autónoma Vasca
y la Comunidad Foral de Navarra, consagran en sus estatutos la
competencia exclusiva en materias de autoorganización y funcionamiento de
sus propias instituciones o régimen local. La disposición final primera,
y sobre todo la tercera, no dejan excesivas dudas al respecto. No hay
capítulo o título cuyo cuerpo mantenga una unidad no afectada por el
carácter básico, pero no sólo en su formulación genérica sino en su
desarrollo, proclamado también como básico en la disposición final
tercera.
Este proyecto es atentatorio también contra la autonomía municipal,
consagrada en la Constitución, al menos a juicio de quien en este momento
se dirige a sus señorías. Eusko Alkartasuna va más allá de la propia
autonomía en sus planteamientos políticos, y defiende democráticamente el
autogobierno en el más amplio sentido de la palabra: autodeterminación.
Pero, al margen de esta cuestión, que no se plantea aquí y ahora,
considera que este proyecto no respeta la autonomía en su excepción e
interpretación más limitada. No se ha aceptado ni una sola enmienda que
preserve la propia autonomía municipal, sometiendo así a las
corporaciones locales a un continuo control del Consejo de Estado u
organismo de estas características que pudiera existir en las Comunidades
Autónomas, y sometiéndolas también en cada trámite a desarrollar en sus
contrataciones un control externo a las propias instituciones locales
para los pliegos de condiciones y para todos los trámites en general.
Pero, además de nuestras reservas hacia este proyecto en relación con el
autogobierno de las nacionalidades del Estado o con la autonomía
municipal, consideramos que este proyecto se va a revelar en su práctica
como inaplicable e ineficaz. Es un proyecto absolutamente reglamentista.
A las instituciones a cuya legislación me he referido, posiblemente no
les va a quedar sino decidir si el órgano de contratación, los miembros
de la mesa, deben acudir a la apertura de plicas con barretina, boina o
vestidos con bata de cola.
Es un proyecto cuajado de formalismos. Es más importante la firma
material del contrato que el propio acto de adjudicación previa, de
aceptación de las cláusulas del pliego de condiciones, cuando en realidad
el contrato debería
perfeccionarse por el hecho del concurso de voluntades que representa la
adjudicación y que, por otra parte, formaliza suficientemente dicho
concurso de voluntades entre adjudicante, Administración y adjudicatario
contratista. El propio proyecto de ley, y lo digo a título de ejemplo de
formalismo, exige la firma del contrato para el inicio de la ejecución
del contrato: obra, suministro, asistencia técnica, etcétera.
Creo que no es necesario proseguir explicando las razones de este veto.
Para esta Senadora es preocupante que la prolijidad de este proyecto lo
haga inaplicable; que contratantes y contratistas se dediquen a rebasar
la línea u orillar la ley por su dificultad de aplicación, al menos en
algunos ámbitos, y especialmente los municipales, que se ven obligados a
prolongar indefinidamente sus expedientes de contratación con una falta
total de agilidad administrativa; que alguien justifique como bueno el
dicho popular de hecha la ley, hecha la trampa. En definitiva, mi
mentalidad política y mi mentalidad de jurista me hacen rechazar de plano
cualquier proyecto de ley cuya dificultad de aplicación provoque
tentaciones de incumplimiento.
Ayer en esta Cámara se acudía a los oráculos; hoy me toca a mí hacer de
agorera. Si este proyecto se aprueba tal como ha salido de la Comisión
nos encontraremos pronto revisando esta ley, como la Ley 30/1984 y la Ley
30/1992, del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Sería más práctico y más rápido que sus
señorías aprobasen este veto y que el Gobierno reconsiderara algunos
aspectos de esta Ley.
No obstante, aunque creo y defiendo la utopía, sospecho que este veto no
va a ser aprobado. Por ello, y por la melancolía que me produce el
trabajo inútil, les ahorraré tiempo y esfuerzo a sus señorías, y una vez
expuestas las razones políticas de este veto, señor Presidente, solicito
se dé por retirado y no se someta a votación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Podemos pasar al debate de las enmiendas y votos particulares, salvo que
quieran intervenir en turno de totalidad. (El señor Cercós Pérez pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Señor Presidente, realmente se ha utilizado por la
Senadora Boneta un artificio que quebranta las posibilidades de
contradicción, de oposición. Alegar durante unos minutos, largo y
tendido, sobre sus razones para rechazar un proyecto, aparte de la
incongruencia personal que supone que la conclusión de todo ello sea que
lo retira, nos deja indefensos por vía de esa incongruencia. Queremos
dejar constancia de esa situación.
Nada más, señor Presidente. Solicitaríamos que sea atendida esta posición
nuestra, ya que creemos que es insólito que se argumente todo lo que se
quiere en contra de una ley, y al final se concluya retirando la
propuesta. Si no hay una postura interpretativa del momento por parte de
la Presidencia, esto puede ser un precedente para futuras actuaciones en
el ámbito parlamentario, pero que es inusual hasta este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, el Reglamento y la
ordenación del debate a usted le permiten tener un turno de portavoces en
este punto concreto del orden del día. Por tanto, no está en indefensión.
La Senadora ha hecho válido aquel aforismo del «potuit, decuit, ergo
fuit». (El señor Pérez García pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, quiero formularle un criterio,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, porque me parece que en
interés de los principios que deben regir el procedimiento democrático,
sea un procedimiento parlamentario, judicial o administrativo, el
principio básico es el principio de la contradictoriedad. Creo que en
igualdad de condiciones de tiempo y de capacidad para desplegar sus
argumentos dialécticos se debe conceder a los grupos que lo estimen
oportuno el derecho a contradecir los argumentos expuestos por la
Senadora defensora de su enmienda de veto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, nadie ha puesto en duda
que haya posibilidad de un turno en contra.
Lo único que les pido es que cuando pidan la palabra, utilicen el turno
para eso. Si ustedes desean hacer un turno en contra a esta proposición
de veto, pueden hacerlo. (El señor Alvarez Gutiérrez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Alvarez Gutiérrez.
El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
Entendemos que, en este supuesto, deberían intervenir todos los grupos,
como siempre lo hacen, por orden de menor a mayor representación,
independientemente de que al final ya no se vote el veto, puesto que lo
ha retirado de forma reglamentaria.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Como es lógico, hay primero un turno en contra, y luego habrá un turno de
portavoces y podrán intervenir todos los grupos.
Para un turno en contra de una propuesta de veto retirada, tiene la
palabra don Ramiro Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento de nuestro Grupo
Parlamentario a la Senadora Beteta por la retirada del veto. Quiero que
conste el agradecimiento, porque si hubiera empezado por eso, nosotros
tendríamos claro que lo que pudiese venir después en su intervención
podrían ser disquisiciones como las que vamos a exponer en todo nuestro
tono argumental, pero como lo ha expuesto al final, mi cortesía
parlamentaria me obliga a dar las gracias
a su señoría por la retirada de un veto que era insostenible.
A pesar de toda su exposición, señoría, no hay razón alguna para que una
ley debatida plenamente en la pasada legislatura hasta llegar al Senado;
una ley que ha tenido 400 enmiendas en el Congreso, de las que se han
aceptado 260; una ley que ha tenido en el Senado 250 enmiendas y que va a
tener más de 100 enmiendas en la Cámara; una ley que no tuvo el veto de
sus señorías en el Congreso lo tenga ahora aquí, en el Senado. Le
traslado en este momento la misma sorpresa que tuve en el debate en
Comisión. Su señoría no ha podido leer la ley, porque si lo hubiese hecho
no diría que las corporaciones y entidades locales quedan discriminadas
en el proyecto de ley, porque es absolutamente increíble. Si quiere,
señoría, a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», le saco los
artículos, empezando por el primero, en el que se proclama que la ley va
dirigida también a las Administraciones locales, y le saco todos aquellos
en los que se hace referencia expresa a que son para las corporaciones
locales, si se prevén su situación y sus circunstancias de una manera
objetiva, porque aquellas que no tengan capacidad para tener asesorías
técnicas, que no tengan capacidad para constituir una Mesa formalmente,
se las remite a otra normativa dentro del propio cuerpo de la ley.
Sus señorías plantean en otras enmiendas, que discutiremos luego, el que
sea el Consejo de Estado el que informe realmente las situaciones en que
los pliegos de base particulares discrepan de las condiciones generales
de los pliegos, y ésa es la normativa recogida en la Ley de Bases del
Régimen Local y en el propio Reglamento interior del Régimen Local.
Después tendremos oportunidad de debatirlo, pero no tiene por qué
intervenir la Federación Española de Municipios. Y su señoría me está
diciendo que también hay unas cuestiones competenciales. Iremos entrando
con detalle en todas ellas, señoría, pero yo le puedo decir que hay
sentencias del Tribunal Constitucional, hacia el que nuestro Grupo siente
un exquisito respeto, que abordan todos los asuntos referidos de una
forma exclusiva a la contratación. No son tantas las sentencias del
Tribunal Constitucional, pero está la Sentencia 141/1993, de 26 de abril,
en la que señala claramente los temas que son competencia de carácter
básico, que son normativa básica, señoría, y que tienen que ser abordados
por el Poder Legislativo. Porque su señoría no ignora todo lo referente
al carácter básico, y que es la primera pregunta que tendríamos que
hacernos: de quién es la competencia de la normativa básica. Lo primero
es que la competencia, en la definición de norma básica en la ingente
masa de disposiciones legislativas, reglamentarias y estatales,
corresponde, por encargo directo de la Constitución, al propio Estado,
señoría. Pero es que, además, después de eso, es el Poder Legislativo, es
el legislador, sin alterar el orden constitucional y una distribución de
competencias absolutamente respetada, y con observancia de las garantías
de certidumbre jurídica, el que también acomete la inclusión en las leyes
de los temas que puedan tener carácter básico. El propio Tribunal
Constitucional, en esa sentencia, dice claramente que las normas que
tienden a mantener la igualdad de condiciones de todos los contratistas
tienen que tener carácter normativo básico. Su señoría no ha tenido la
posibilidad, y espero que la tenga a lo largo del debate, de decir cuáles
son esas normas, porque para este Senador es un misterio. No se puede
hacer una declaración para la galería diciendo que no se respeta en
absoluto la cuestión de las competencias. Creo que aquí hay grupos
parlamentarios que también tienen su propia representación y con los que
discutiremos y trataremos de debatir un asunto sustancial, porque a todos
nos guía la idea de que esta ley tiene que tener las mejores garantías,
la mejor credibilidad, el mejor soporte, el mejor reconocimiento, la
mejor continuidad y la mejor permanencia dentro de la realidad española,
como ley que es de contratos del Estado, y para que pueda tener esa
permanencia tiene que tener un respaldo, una anuencia de los grupos
políticos. Señoría, yo le decía que esa propia sentencia del Tribunal
Constitucional recoge que las normas que tienden a mantener la igualdad
de las condiciones de todos los contratistas --como puede ser la
obligación de los órganos y autoridades competentes de notificar a la
junta consultiva de contratación administrativa las resoluciones
sancionadoras que afecten a empresarios que pretenden contratar con la
Administración-- son competencia normativa básica, como lo es la
regulación de aquellos contenidos de los pliegos de prescripciones
técnicas particulares que tengan relación directa con el principio de
igualdad para no romper la igualdad en la concurrencia --la no
discriminación como principio--; la determinación de los conceptos que
deben incluirse en el pliego de bases para los contratos de suministros
que tengan relación con la garantía del principio de igualdad entre los
licitadores; las normas sobre clasificación de los contratistas
nacionales en orden a contratar obras con presupuesto superior a una
determinada cifra o los requisitos que en sustitución de la clasificación
deben acreditar los contratistas no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea.
Señoría, esa misma sentencia también precisa las normas ligadas al
principio de publicidad, y en este sentido son consideradas básicas las
normas que establecen la regulación del contenido de los anuncios que han
de remitirse al Diario Oficial de las Comunidades Europeas y al «Boletín
Oficial del Estado», algo que se recoge en los artículos de esta ley de
forma expresa referido a todos los anuncios que se hacen para los
proyectos de obras o de suministros con el plazo de un año y además con
traslado en plazo, que puede ser de 52 días, a la Unión Europea;
previsión ésta de que se haga el anuncio de las contrataciones que
creemos que es una cosa positiva y que, insisto, está establecida por
sentencia del Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre con las
precisiones sustantivas destinadas a la correcta e igualitaria aplicación
de la ley en todo el territorio del Estado, y eso incluye la
determinación de los conceptos que deberán integrarse en el presupuesto
de la obra por el órgano de contratación para calcular el límite por
debajo del cual es posible la contratación directa, las normas que
permiten a los licitadores --como se recoge en el articulado de la ley--
retirar sus ofertas y fianzas si la Administración no ha resuelto el
concurso en plazo --lo cual, repito, está legislado en el proyecto que
estamos debatiendo
en este momento-- y la fijación de una cifra por debajo de la cual es
posible la contratación directa en los contratos menores que, a partir
del artículo básico que se define en la ley, se desarrollan para los
diferentes contratos: de obras, de suministros, de servicios, de asesoría
y de consultoría y también para aquellos que obedezcan a trabajos no
habituales.
Por lo tanto, señoría, toda esta redacción responde a sentencias sobre
las que no me quiero extender en este momento, podré hacerlo
posteriormente. Sólo voy a insistir en la Sentencia 331/1993, por la que
se resuelve un recurso de inconstitucionalidad con una Autonomía española
y en la que se aborda la problemática del carácter básico de las normas.
Crea su señoría que en esta ley no se recoge ninguna norma que no
corresponda en el fondo a una normativa básica que haya sido calificada
así por el Tribunal Constitucional, y yo tendré mucho gusto en
trasladarle toda la información que así lo corrobora. Ahora bien, a fin
de que seamos constructivos a lo largo del debate, ruego a su señoría que
señale cuáles son aquellos artículos o aquellos puntos en los que no se
respeta la constitucionalidad; yo tendré la satisfacción de intervenir en
un diálogo cordial y afectuoso con su persona a fin de que seamos capaces
de hacer la mejor ley posible, pero en este momento le puedo decir ya que
ha habido un exquisito cuidado, que tanto en el Congreso como en el
Senado se han recogido las enmiendas que van a hacer que ésta sea una
excelente ley de contratos del Estado que tendrá una larga vida en el
país --como la anterior, que ha vivido prácticamente 25 años-- y que en
ella se han hecho todos los intentos para consolidar legislativamente,
con el mayor respeto, lo establecido en la Constitución, en las
sentencias del Tribunal Constitucional y en los Estatutos de las propias
Comunidades Autónomas.
Nada más, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós
Pérez.
En turno de portavoces, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra la Senadora Boneta Piedra por cinco minutos.
La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor Presidente, Senadora De Boneta, y no, Senador
Cercós, Senadora Beteta.
Voy a utilizar este turno de portavoces de mi Grupo únicamente para
reafirmar la posición que hemos mantenido, aunque después de la rigurosa
preparación del Senador que me ha precedido comprendo que éste haya
tenido dudas ante la posibilidad de no poder intervenir. Quiero dejar
claro, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», que la
intención de mi anterior intervención no era hacer una suerte de
filibusterismo parlamentario e impedir la participación del resto de los
grupos sino, simplemente, por razones de economía procedimental y
parlamentaria, impedir la votación de algo, no por incongruencia
personal, sino por la seguridad de que tal votación iba a resultar
absolutamente derrotada, como ya ocurrió en Comisión. Sin embargo,
consideraba que los argumentos que se dieron entonces deberían reiterarse
y ampliarse, como así se ha hecho.
En todo caso, no quiero prolongar esta intervención mucho más y sólo
quiero insistir en que esta ley provoca problemas de funcionamiento, de
eficacia, de aplicabilidad, e incluso de autonomía municipal a las
propias corporaciones locales. Y no me remito a la opinión de esta
Senadora, o incluso a la de este Grupo, sino a la de la Federación
Española de Municipios, o a la Federación de Municipios Vascos, Eudel,
ambos de acuerdo en esa especie de entorpecimiento que representa este
proyecto, además de una cierta agresión a la autonomía municipal. En este
sentido, lamentando el efecto que haya podido producir la retirada de
este veto --que creo que no se ha debido más que a un momento de
nerviosismo, en que los árboles no dejan ver el bosque--, quiero señalar
que se ha retirado por esas razones y que la posición que este Grupo
mantiene es la misma que ha mantenido. Por tanto, no voy a reiterar mis
argumentaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador don Miguel
Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a consumir prácticamente estos cinco minutos para hablar de
la ley en general y no de forma específica. Por supuesto, nos vamos a
oponer al veto. Se trata de una ley que ha tenido --como ha dicho el
Senador Cercós-- cuatrocientas y pico enmiendas y que lleva tratando de
consensuarse desde hace muchos meses. La ley no es mala tal como está.
Nosotros hemos presentado unas cuantas enmiendas que no van a prosperar,
evidentemente, y que tratan de corregir detalles menores. Pero, como
digo, la ley en general es buena. Por tanto, reitero que nos oponemos al
veto.
Pero les quiero significar una cosa. Existe un artículo en la ley, el
116, para el que nosotros queríamos una nueva redacción, utilizando como
percha una enmienda del Grupo Socialista, una nueva redacción que no
significase una grave distorsión del mercado de la construcción, tal como
ocurría según había llegado la ley del Congreso de los Diputados. Todos
los grupos hemos firmado, menos uno, pero la razón que se nos da,
relativa a que esto viene consensuado del Congreso, no nos vale. El
Congreso es una Cámara de las Cortes Generales del Estado y ésta es otra
Cámara de las Cortes Generales del Estado. Y si esta Cámara llega a la
conclusión de que ese artículo distorsiona gravemente el mercado de la
construcción, significa que hay que modificarlo. (Varios señores
Senadores pronuncian palabran que no se perciben.) No se asusten,
señorías, es que yo hablo así. Y hay que modificarlo, porque con la
redacción actual se está tratando de igualar en el mercado de la
construcción a suministradores y subcontratistas con el contratista
principal, que es quien tiene absolutamente
toda la responsabilidad: penal, administrativa, social, etcétera. Y se
está eliminando la posibilidad de que dos partes que intervienen en una
actividad comercial sean capaces de pactar lo que deseen, siempre y
cuando lo que pacten y la forma de pactarlo esté dentro de la ley.
Solamente quería hacer esta advertencia. Si se aprueba este proyecto de
ley, tal y como está redactado, el mercado de la construcción va a sufrir
una fuerte distorsión. Más grave sería que aprobásemos otra ley, que
influyéramos en la conciencia del grupo que no quiere firmarla y,
posteriormente, en el Congreso de los Diputados se rechazara. Esos pactos
cerrados provenientes de otra Cámara para luego venir a ésta, ponen
tremendamente nervioso a este Senador.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para exponer nuestra posición contraria a
la propuesta de veto de la Senadora Boneta, por las razones que ya
expusimos en la Comisión de Interior y Función Pública; se concretan en
que no compartimos el criterio de que la vía del veto sea el medio más
idóneo para la defensa de las competencias autonómicas, que puedan ser
afectadas por leyes del Estado, en concreto por esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Codina i Castillo.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Quiero aprovechar este turno de portavoces, no para entrar en
contradicción --habría algunos extremos en los que podríamos estar de
acuerdo y en otros no-- con la exposición y defensa de veto por parte de
la Senadora Boneta, sino para exponer nuestra visión general en cuanto al
proyecto de ley, tal como está quedando redactado después de las
enmiendas aceptadas y para contestar al Senador Barbuzano, en lo que hace
referencia a un artículo. Ha tenido la galantería de no citar cuál es el
grupo que no estaba dispuesto a firmar esta propuesta, que es el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, en su
momento, me gustaría darle cumplida respuesta, aunque ahora no voy a
dejar pasar la oportunidad de hacer una pincelada de los motivos.
Esta ley lleva dos años, aproximadamente, dando tumbos por el Congreso de
los Diputados. Cuando terminó la legislatura anterior decayó y volvió a
aparecer en la actual. Tengo que formular una queja --entre comillas-- si
se me permite. Su tramitación ha durado mucho tiempo, se ha pretendido
que tuviera el mayor consenso posible, sobre ella se ha podido trabajar
con una cierta tranquilidad en el Congreso de los Diputados, y, sin
embargo, en el Senado, Cámara reconocida, en una de sus versiones, como
de segunda lectura, hemos tenido que trabajar con muchísima urgencia. Se
nos ha otorgado un plazo tremendamente corto; un día se reunía la
Ponencia, a la mañana siguiente lo hacía la Comisión y a los pocos días,
los indispensables, se debate en el Pleno. Creo que hay que lamentarlo,
porque esta Cámara, en su condición actual de segunda lectura
--insisto--, tenía que tener el reposo suficiente para poder discutir
sobre esta ley, con lo que, seguramente, hubiéramos podido alcanzar
mayores acuerdos; incluso, me voy a permitir confesar que, posiblemente,
si hubiéramos dispuesto de más tiempo, se hubieran presentado menos
enmiendas; la prisa ha llevado a presentarlas. Pienso que al final queda
una buena ley, porque aunque creemos que en este debate aún quedan
--debemos mantenerlas-- unas cuantas enmiendas por discutir, si éstas no
se aceptaran, no variaría sustancialmente el proyecto de ley.
En esta situación de urgencia, cuando se quieren conseguir acuerdos --y
esa es la voluntad--, cuando se quiere pactar --y esa es la voluntad--,
tiene que haber renuncias y, al final, vamos a sacar un texto que nos
parece bueno --insisto--, pero es de lamentar no haber tenido más tiempo
para hacer un mayor y mejor trabajo.
La regulación era necesaria; convenía poner al día la contratación entre
las empresas y las Administraciones públicas; las directivas europeas nos
obligaban. Se introducen algunos aspectos de garantías a aquellas
empresas que trabajan para las Administraciones públicas, como la
seguridad de que van a poder cobrar en un plazo determinado de tiempo, y
esto se hace extensivo a las empresas subcontratistas y a las
suministradoras.
Es cierto que hay una propuesta, que no está firmada por nuestro Grupo,
pero no es menos cierto que hemos ofrecido al Grupo de la mayoría una
transacción sobre esta posible transacción, que seguro que tampoco va a
complacer en su grado sumo a aquellos que preconizaban una redacción
determinada, pero que, desde nuestro punto de vista, ayuda a paliar en
parte aquello que el Senador Barbuzano calificaba como un agravio hacia
los primeros contratistas y no hacia los segundos, los terceros o hacia
los suministradores.
En cualquier caso, Senador Barbuzano, seguro que en eso no va a haber un
acuerdo total y absoluto, y quizá la ley tampoco sea del agrado de todos
los grupos de la Cámara, es muy posible, pero, en general, creo que la
propuesta que hacemos, en este caso concreto de la enmienda transaccional
a la que usted hacía referencia, puede ayudar a paliar parte de su
preocupación. Sé y soy consciente de que sólo es en parte, pero acéptenlo
también en esta vía de encontrar puntos de acuerdo.
Por lo demás, nos hubiéramos opuesto al veto que ha ofrecido la Senadora
Boneta, que lamento que no esté en este momento en la Cámara para poderle
dar más explicaciones.
Quiero terminar mi intervención diciendo que en el momento del debate
puntual de las enmiendas nos quedan aproximadamente unas 28 ó 29, y que
hay una propuesta de transacción de otras tres enmiendas; en fin, que
salvo en el caso concreto que hace referencia a temas de legislación
básica, por lo demás seguro que llegaremos a acuerdos y, si no llegáramos
a esos acuerdos, sepan que nuestro Grupo, aun sin sentirse satisfecho al
cien por cien, dará por bueno la redacción final, tal y como,
previsiblemente, va a quedar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Alvarez Rodríguez tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Popular.
El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al final en la práctica parece que nos hemos quedado sin la
votación de veto, pero que sí intervenimos para debatir, más o menos, si
nos parecía procedente o no la propuesta de veto de la Senadora Boneta.
El Grupo Parlamentario Popular ya se había manifestado en Comisión
respecto a que el voto era contrario a esta propuesta de veto.
Entendemos, obviamente, que estamos ante una ley totalmente necesaria,
una ley que nos conduce por los caminos, por lo menos en teoría, de dotar
de más transparencia a la contratación pública, y consideramos, además,
necesario que se adecue esta normativa a realidades de nuestro tiempo,
como son las Comunidades Autónomas y como es la Unión Europea.
La Ley de Contratos del Estado, vigente todavía, con más de 25 años de
existencia, parece obvio que no puede regular correctamente los contratos
administrativos en la actualidad. El deseo de nuestro Grupo es
profundizar lo máximo posible para dotar de transparencia y, asimismo,
para controlar la discrecionalidad de la Administración a la hora de
contratar.
Este proyecto de ley no consigue esto plenamente, como en posteriores
intervenciones se dirá. Buena prueba de ello son las 49 enmiendas que
nuestro Grupo ha presentado. Hay que decir también que se ha hecho un
esfuerzo por parte de todos los grupos para llegar a acuerdos, a
consensos y que, efectivamente, esta ley, tal y como se va a aprobar al
final, poco tiene que ver con aquel proyecto de ley redactado en
principio por el Gobierno de la Nación, en el sentido de que, tanto en el
Congreso como en el Senado, ha sido enmendado porque han sido aceptadas
unas cuantas enmiendas de varios grupos parlamentarios. Este proyecto de
ley que, como digo, no nos satisface plenamente, sobre todo en su ámbito
de aplicación en ese artículo 1 del proyecto de ley, sin embargo, supone
avances, como la publicidad de licitaciones y adjudicaciones, como dotar
de carácter público el actual Registro de contratos. Asimismo, se
eliminan algunos trámites menos necesarios en el procedimiento
administrativo para contratar, colaborando, por tanto, en la
simplificación de ese procedimiento. También hay que resaltar que los
debates del articulado que se nos presenta hoy en esta Cámara --y
coincido con algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra--
no han sido lo suficientemente extensos como para llegar a más acuerdos.
Esta Cámara de segunda lectura en esta oportunidad se ha quedado un
poquito coja en el tiempo y en la capacidad de poder trabajar con la
suficiente intensidad ante una ley tan importante.
Sin embargo, pensamos que no procede la propuesta de veto. Nosotros vamos
a votar en contra del mismo, y así lo expongo, dejando para una
intervención posterior la valoración general de la ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alvarez.
Tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
De nuevo la Senadora ausente, la señora De Boneta, nos somete a algo
insólito en la Cámara, es decir, si antes lo fue por retirar el veto
después de señalar todos sus agravios al proyecto de ley, ahora lo es
porque no tenemos la satisfacción de tenerla en la sala para asistir al
debate en el que todos los parlamentarios, en un turno de portavoces,
tienen la posibilidad de contrastar las opiniones. Simplemente, quiero
dejar constancia de que ese proceder es inusitado y que desearíamos, por
el buen prestigio de esta Cámara, que no prospere en el futuro. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Presidente, quiero decir dos palabras más y agradecer a los grupos
políticos sus palabras. Todos hemos tenido que hacer equilibrios para
sacar una ley que pensamos que es positiva y buena, al lado de lo que era
el rigor y la exigencia en el procedimiento, para llegar a una
flexibilidad de adaptación a situaciones sobrevenidas. Por otra parte,
teníamos que apoyar la publicidad, la transparencia, la eficiencia, la
concurrencia, la no discriminación, la imposición de sanciones
importantes con rigor, si se produjesen, a quienes quebrantasen con
comportamientos deshonestos e irregulares, con corruptelas, el área de la
contratación administrativa, recogiendo la prohibición de la
arbitrariedad en las decisiones de contratación.
Pensamos que la ley va a responder a las demandas de ese marco cambiante
que tenemos; las nuevas tecnologías lo cambian aceleradamente; el mercado
está globalizado; nuestras empresas tienen un reto; hay un mercado que se
presenta y configura como importantísimo en el marco de la Comunidad
Europea. Con esta ley les vamos a apoyar. No hubiéramos ganado nada con
un veto que rechazase la ley y que nos hubiera dejado fuera de la
posibilidad de que las empresas españolas tengan las mismas reglas de
juego en el marco de la Unión Europea.
En fin, creemos que es una ley buena, positiva, correcta con las
corporaciones locales, no discriminatoria y que podrá agilizar
notablemente el funcionamiento de todas las contrataciones de las
Administraciones públicas en un marco de honestidad, de claridad, de
transparencia, dejando atrás las sombras que a la clase política, en
general,
nos puede preocupar. En resumen, es una buena ley y esperamos que viva
por lo menos los 25 años que tuvo la anterior.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el debate del articulado.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene la
oportunidad de defender sus enmiendas números 72 a 85.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Le he entendido de la 72 a la 85, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Exactamente, señoría.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Pues, si me lo permite, señor Presidente, yo
retiro las enmiendas números 74 y 75 y el resto las doy por defendidas en
sus propios términos.
Y quisiera ampliar, sólo si usted me lo permite, y en el momento preciso,
en un turno de portavoces, mis manifestaciones anteriores sobre el
artículo 116 para que queden reflejadas en el «Diario de Sesiones» y en
los 25 años de que habla el Senador Cercós tengan constancia de que yo
dije esto aquí, aunque tenga siete palmos de tierra encima.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos reservó las
enmiendas números 37 a 71.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas números 37, 38 y 39 son de adición, por las que
pretendemos que la Administración pública contratante pueda considerar,
además de los criterios tasados en el texto legal, algún otro criterio
que considere oportuno a la hora de analizar la solvencia técnica o
profesional en los contratos objeto de la presente ley.
La fijación y contenido de los criterios que, con carácter preceptivo,
deben ser utilizados a la hora de la determinación de la solvencia, nos
parecen correctos. Ahora bien, entendemos que, considerados los mismos
como básicos para todas las Administraciones públicas, deban o puedan
éstas, además, servirse de otros, cuando así lo consideren oportuno, como
he dicho. La regulación prevista en el texto que hoy debatimos, por su
carácter de lista cerrada, no deja margen alguno a las Comunidades
Autónomas en sus competencias de desarrollo legislativo y ejecución que
ostentan sobre esta materia, y ésta es la razón por la que hemos
mantenido estas enmiendas.
Las enmiendas números 40 y 41, señor Presidente, las vamos a dar por
retiradas en base a la transaccional aceptada y referida a la enmienda
número 62.
La enmienda número 43 pretende, como la anterior, que la Administración
contratante pueda disponer de otros criterios, además de los vinculantes
que en el proyecto se establecen, a la hora de la clasificación de los
contratistas.
La enmienda número 44 es de modificación, en este caso, y tiene el mismo
fundamento que la anterior. Entendemos que a la hora de regular la
competencia sobre la clasificación de contratistas se ha de hacer
referencia no solamente a la facultad de ejecución de la legislación
general, sino también a la de desarrollo legislativo, que igualmente
ostentan las Comunidades Autónomas. En consecuencia, aceptando, como no
podía ser de otra forma, que las reglas generales y los criterios que el
proyecto de ley establece vinculan a las Administraciones públicas,
entendemos que éstas puedan exigir otros criterios adicionales a los
básicos y preceptivos previstos en esta ley.
En las enmiendas números 46 y 47 tratamos de incluir el contenido de los
artículos 59 y 84.1, respectivamente, en la disposición final primera del
proyecto, por considerar que la materia regulada, procedimental en ambos
casos, no debe considerarse como básica.
La enmienda número 48 tiene igual sentido, por lo que la doy por
defendida en sus propios términos, así como la 49.
Vamos a retirar las enmiendas números 50 y 51, por entender ajustado al
reparto competencial el criterio por el que resultan básicas las
penalidades o sanciones máximas establecidas en el proyecto y, por lo
tanto, su inclusión en el apartado 2 de la disposición final primera de
la ley.
Voy a defender también conjuntamente las enmiendas números 52 y 58,
referidas al título IV. Las enmiendas que hemos presentado a este título
tienen como fundamento argumental nuestra opinión de que su contenido
supone una invasión competencial de las facultades que sobre contratación
administrativa ostentan diversas Comunidades Autónomas. El presente
título eleva a la categoría de norma básica aquello que, a nuestro
juicio, corresponde y participa de las competencias de desarrollo
legislativo y de ejecución propio de las mismas. Así, entendemos que
tenga que ser básica la existencia de la revisión de precios y que ésta
se realice a través de índices o fórmulas. Entendemos también que tenga
carácter de básico el que en dichos índices se tengan en cuenta el precio
del contrato, el de la mano de obra y el de otros elementos
fundamentales. Pero lo básico tiene que ser un marco general que no
constriña las facultades de desarrollo normativo y ejecución a la nada,
que es lo que, a nuestro juicio, se consigue con este título, así como la
detallada regulación de todos y cada uno de los aspectos que implican e
intervienen en la materia y procedimiento de revisión de precios.
La enmienda número 59 la vamos a retirar, señorías, y la número 60 la
damos por defendida en sus justos términos.
En relación con las enmiendas números 61, 62 y 63, vamos a retirar en
este acto las números 61 y 63, por cuanto se entiende que su contenido y
finalidad se subsumen en la nueva enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios sobre la base o soporte de nuestra
enmienda número 62, cuyo objetivo no es otro que reconocer la
especificidad de los contratos de prestación de servicios
jurídicos cuya finalización es imposible o difícil de estimar,
precisamente por las propias características objeto de estos contratos,
basados, generalmente, en la confianza y, a menudo, vinculados a labores
de carácter continuo o indefinido. A mayor abundamiento, se persigue la
exclusión del ámbito de aplicación de esta ley respecto de la defensa
jurídica y judicial de la Administración, puesto que se basa en la
confianza y no puede desligarse, además, de la imprevisible duración y
especialísimas características de los proyectos judiciales.
Vamos a dar por defendidas las enmiendas números 64 a 71 en sus justos
términos, para no incidir en las argumentaciones efectuadas
anteriormente, dando por retirada la enmienda número 65.
Por último, señorías, anunciamos nuestro voto favorable a este proyecto,
sin duda importante, que supone una regulación nueva y armónica de la
legislación vigente. Es cierto que podría haberse exigido un mayor
contenido autonómico, pero, siendo justos, también hemos de decir que el
actual texto supone un importante avance sobre la materia. Por todo ello,
y analizado el texto en su conjunto, tal como hemos anunciado, vamos a
votar favorablemente este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caballero Lasquibar.
Pregunto al Senador Caballero Lasquibar, ¿las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos retiradas serían las
números 50, 51, 59, 61 y 63?
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Señor Presidente, si me deja ordenar mis
papeles un segundo, se lo comunico enseguida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
En una sola intervención voy, sobre todo, a comentar y, en algunos casos,
defender, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió que han quedado vivas en este trámite parlamentario,
diciendo que se nos ha ofrecido por parte del Grupo Parlamentario
Socialista la transacción por lo que hace referencia a las enmiendas
números 148, 149 y 156, y anunciamos que vamos a aceptarlas tal como
vienen planteadas en dicha transacción. Y quiero señalar también, señor
Presidente, que la enmienda número 161 de nuestro Grupo la retiramos en
este momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores Senadores, del conjunto de enmiendas que quedan vivas en este
trámite parlamentario debemos hacer hincapié en aquellas enmiendas que
hacen referencia a la disposición final primera. Espero que ustedes
entiendan --yo así lo haré, en el supuesto de que no sean recogidas por
parte del grupo mayoritario-- que son absolutamente básicas desde nuestra
forma y manera de entender que esta ley debiera de estar situada en el
ámbito territorial que le corresponde.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que está muy en sintonía
con las enmiendas de mi Grupo que hacen referencia a la disposición final
primera. De ahí que manifestemos, en el supuesto de que la misma se
debatiera a lo largo de esta tarde, que estamos al cien por cien de
acuerdo con ella puesto que coincide absolutamente con nuestros
planteamientos.
Respecto de la enmienda 135, de nuestro Grupo, quisiera que se tomara
nota por parte de los servicios de la Cámara y de la Presidencia, que
donde figura apartado 3 de la disposición final segunda debe figurar el
apartado 4. La justificación de esta enmienda es la corrección de un
error de remisión y no limitar ni vulnerar la autonomía financiera y de
gestión de las Comunidades Autónomas.
En cuanto al conjunto de enmiendas que hacen referencia a la disposición
final primera, quiero insistir en la importancia que tendría para
nosotros que prosperaran, aunque comprendemos, como decía antes, que el
Grupo mayoritario no las va a aceptar.
A esta ley hemos mantenido vivas unas 30 enmiendas, aproximadamente. Como
he dicho en el turno de posicionamiento del veto, nosotros no pensamos
que esta ley tuviera que sufrir muchas más variaciones; y no me refiero
sólo a las variaciones que ha sufrido el proyecto en su desarrollo en la
Cámara, sino a las que ha experimentado en el conjunto de su discusión.
Ha sido una pena, como decía antes también, que no hayamos tenido más
tiempo. No obstante, quiero volver a dejar muy claro que, a pesar de que
para nosotros es importante que se pudieran recoger estas enmiendas, si
así no fuera, daríamos igualmente apoyo al proyecto y lo votaríamos
favorablemente.
No les quiero cansar, señorías, defendiendo una a una todas nuestras
enmiendas. Creo que en la intervención anterior se ha podido ver cuál es
el planteamiento político que nosotros tenemos en esta ley. Nos parece
importantísima la regulación que se hace porque se garantiza la forma de
cobro a los constructores, a los contratistas en este caso, y se fijan
los plazos para el cobro con intereses y, llegado el caso, para la
rescisión de su contrato. A pesar de su dificultad, nos complace que en
esta ley se recoja que de esta acción no sólo se puedan beneficiar los
contratistas, sino que lo puedan hacer también los subcontratistas y los
suministradores.
Por lo tanto, tal y como me he comprometido al inicio de ésta mi tercera
intervención de esta tarde, no les voy a cansar más. Voy a dar por
defendidas en sus justos términos las demás enmiendas que se mantienen
vivas y voy a recordar, una vez más, nuestro posicionamiento. Lo haré en
dos sentidos. Primero, nos gustaría que el Grupo mayoritario reflexionara
sobre las enmiendas a la disposición final primera y, segundo, aunque
esto no fuera atendido, vamos a votar favorablemente el conjunto de la
ley.
Gracias por su atención, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra el señor Alvarez Rodríguez.
El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a utilizar este turno para defender las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley.
Consideramos la enmienda número 86 al artículo 1.3 de vital importancia.
Mediante la misma proponemos que la legislación de contratos de la
Administración pública se aplique a todas las entidades que hoy integran
el sector público y no sólo a la Administración pública entendida como
organización jerárquica sujeta al Derecho Administrativo. De no
realizarse esta extensión del ámbito de aplicación de la ley, quedarían
completamente al margen de todo control los contratos que realicen las
sociedades y entidades sujetas al Derecho privado que se han ido creando
en los últimos años.
La trascendencia de esta modificación puede verse claramente si se
considera que existe un amplísimo sector público empresarial gestionado
por sociedades anónimas que actúan en los más variados sectores de la
economía nacional. Pero, además, durante la etapa de Gobierno socialista,
señorías, se ha privatizado una parte importante de la propia
Administración al convertir ramas enteras de algunos Ministerios en
entidades que actúan en régimen de Derecho privado, sin someterse, por
tanto, a los controles tradicionales del gasto público establecidos en la
legislación de procedimiento administrativo de contratos o de
funcionarios. Además, con la aceptación de esta enmienda número 86 al
artículo 1 conseguiríamos adaptarnos a los preceptos constitucionales en
sus artículos 1, 9.3 y 10.3 respectivamente, al igual que conseguiríamos
adaptarnos a los criterios que las directivas de la Unión Europea
establecen en relación a este tema. Señorías de los grupos que apoyan al
Gobierno, insisto en que estamos ante una enmienda trascendental al
hablar del ámbito de aplicación de la ley, que es precisamente, como bien
saben sus señorías, el punto en que más divergencia existe entre los
diferentes grupos representados en la Cámara.
Respecto a la enmienda número 87 al artículo 1.4 --voy a comentarlas
todas con la mayor brevedad--, es puramente de mejora técnica. Se propone
en ella que se modifique dicho apartado diciendo: «... sin perjuicio de
lo establecido en los artículos siguientes y, especialmente, en la
Disposición Final Primera.» Consideramos que no habrá problema a la hora
de aceptarla.
La número 88 debe decir: «... aplicándose supletoriamente las normas y
principios de esta Ley...»
En cuanto a la enmienda número 89 al artículo 4, en la que se habla de
derechos irrenunciables, anuncio desde este momento que la retiramos ya
que en la redacción del texto del artículo 116.2.c), que ha sido objeto
de mucha discusión por parte de todos los grupos, hemos conseguido la
mayoría de los grupos llegar a un entendimiento.
Asimismo, retiramos las enmiendas números 90, 91 y 93.
La enmienda número 94 al artículo 16.2 es de supresión de un texto
mediante el que se manifiesta que «Si por razones justificadas un
empresario no puede facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar
su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otra
documentación considerada como suficiente por la Administración.»
Nosotros consideramos que esto vulnera la seguridad jurídica puesto que
se deja en manos de la Administración el poder decidir que se admita
cualquier tipo de documentación que presente la empresa constructora.
Pedimos, por tanto, que se suprima este artículo ya que es indudable que
se otorga una discrecionalidad a la Administración que no es admisible,
lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica --repito--, ya que
concede a las Administraciones públicas libertad y discrecionalidad, es
decir, justamente lo contrario a los principios de que debemos dotar a
esta ley y que son precisamente rigor y seguridad jurídica.
La enmienda número 96 pretende añadir al párrafo f) del proyecto, que
dice: «f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine», lo
siguiente: «salvo que las correspondientes liquidaciones estén recurridas
y su pago garantizado mediante aval u otro medio». Parece obvio,
señorías, parece lógico que si la empresa tiene garantizado el pago de
dichas obligaciones, por el hecho de ejercer un derecho a recurrir no
debería quedar imposibilitada para contratar; la empresa recurre una
cantidad que se le ha asignado ejerciendo un derecho que tiene a
recurrir, y si hay una garantía por cualquier medio de que el pago está
garantizado, no debería prohibirse contratar a dicha empresa.
Retiramos la enmienda número 98, al artículo 20.1.
La enmienda número 99, al artículo 21.1, trata de añadir un apartado d)
en el segundo párrafo, de tal forma que la causa del párrafo d) añadido
como prohibición de contratar ha de ser apreciada de forma automática por
los órganos de contratación. Las causas que han motivado la condena,
aludidas en el apartado d), son suficientemente graves como para que en
el artículo 21.1 se asimilen los apartados a) y d). Tanto el apartado a)
como el d) tratan de motivos de condena, y consideramos que deben
incluirse los dos apartados a estos efectos.
La enmienda número 100 al artículo 21.3 es de adición de un párrafo final
que manifiesta: «En los supuestos en que no se haya declarado la
prohibición conforme al párrafo anterior pero la misma sea conocida por
el órgano de contratación, éste deberá atenerse a lo dispuesto en el
apartado 1.» Para nosotros es de total obviedad, puesto que consideramos
que el hecho de no haberse declarado la prohibición no puede liberar a
las empresas en el supuesto de que exista motivo de prohibición y éste
sea conocido por el órgano contratante. Si el órgano contratante conoce
un motivo de prohibición de contratar, y ese motivo no ha sido declarado,
debe ponerse en marcha igualmente esa prohibición de no contratar. Ha de
surtir efecto, en todo caso, si existe realmente el motivo.
La enmienda número 101 al artículo 22 propone una modificación con una
nueva redacción al inciso final: «... serán nulas de pleno derecho, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir las
personas intervinientes en la contratación.» Además de una mejora
técnica, consideramos necesario consignar expresamente no sólo la nulidad
del contrato, sino también, como es lógico, el sometimiento a las
responsabilidades correspondientes por parte de aquellas personas que
hayan intervenido en contratos de la Administración con personas sin
capacidad de obrar o sin solvencia o incluidas en cualquier causa del
artículo 20, de prohibiciones.
La enmienda número 102 al artículo 25.3 pretende añadir que quede
constancia en el expediente --esto fue debatido ya en Comisión--, pide
una nueva redacción del inciso final, haciendo la salvedad de que: «...
previo informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del cual quedará constancia en el expediente...». Aunque
pudiera interpretarse que dicho informe de la Junta Consultiva queda en
el expediente, consideramos conveniente consignarlo expresamente para
dotar de más transparencia estos supuestos, lo cual es una lucha
constante que nos debe mover en todo el articulado de este proyecto de
ley: transparencia, transparencia, transparencia, puesto que hemos de
tener en cuenta que en este caso, en la defensa precisa de esta enmienda
número 102, estamos hablando de un supuesto excepcional, de una excepción
a la norma general de clasificación de empresas. Por lo tanto, insisto en
que se debería constatar que queda constancia en el expediente de los
motivos.
Damos por defendida la enmienda número 103 al artículo 29.1 según lo
debatido en Comisión.
La enmienda número 104 al artículo 36 pide la supresión de las garantías
provisionales. Entendemos, señorías, que con las garantías de la
clasificación y registro de las empresas reguladas en el capítulo II del
Título II de este proyecto de ley, y asimismo con las garantías
definitivas, no son lógicas ni necesarias las garantías provisionales.
Las garantías provisionales, si bien en épocas anteriores tenían razón de
ser por encuadrarse dentro de una reglamentación que aconsejaba su
existencia, hoy día no la tienen al establecerse otro tipo de garantías,
y lo único que consiguen es encarecer sin necesidad la contratación
administrativa y, eso sí, beneficiar a las entidades financieras a las
cuales habrán de acudir los contratistas. En este sentido, he de
mencionar la disposición final cuarta de la propia ley aún vigente, que
autoriza al Gobierno a dispensar a las empresas a prestar garantías
provisionales en determinados supuestos, lo cual manifestaba ya una
voluntad del legislador de aquel momento en favor de la supresión de
estas garantías provisionales al introducirse ya, también en aquel
momento, un sistema de registro de contratistas y clasificaciones
previas.
Mantenemos viva la enmienda número 106, por concordancia con el artículo
49.1., al igual que la enmienda número 107, que también lo es al artículo
51, en la que se dice: «... con carácter previo todos los pliegos
particulares de la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos, la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, en
que se proponga la inclusión de estipulaciones...» Señorías, se trata de
acotar expresamente la referencia a la Administración General del Estado
con el fin de salvaguardar la autonomía de las entidades locales y
respetar la facultad de las Comunidades Autónomas y entes locales para
aprobar pliegos particulares que se opongan a los generales. Asimismo,
esta enmienda conseguirá la concordancia, como habíamos dicho ya, del
artículo 51 con el artículo 49.1.
La enmienda número 108 al artículo 62 intenta añadir un nuevo apartado 2
con el que pretendemos dotar de mayores garantías a toda esta legislación
con la exigencia de responsabilidades. Si los contratos se declaran
inválidos, pensamos que debe dilucidarse si existen o no
responsabilidades por parte de la Administración. Con ello, obviamente,
se refuerza el principio de legalidad de forma importante y necesaria.
Respecto de la enmienda número 109 al artículo 65 diré que también se
debatió en Comisión si procedía la palabra nulidad o la palabra
invalidez. Como bien saben sus señorías, la palabra invalidez es más
amplia, pues engloba la nulidad y la anulabilidad. A nuestro entender, la
rúbrica del artículo 65 habría de ser declaración de invalidez y,
señorías, el Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por
Decreto 3.410/1975, de 25 de noviembre, titula su capítulo III, artículos
40 a 49: De la invalidez de los contratos. Entendemos que, además de ser
coherentes con dicho Reglamento, se le otorga una consideración más
técnica y más amplia, e insistimos en que debería figurar invalidez.
La enmienda número 110 al artículo 66 trata de lo mismo, por eso la
mantenemos viva.
La enmienda número 111 al artículo 73.1 es de adición y propone un nuevo
párrafo en el que se diga: «El acuerdo de aceptación del trámite por el
Organo del Gobierno pertinente será objeto de publicación en el ``Boletín
Oficial''«correspondiente en un plazo no superior a quince días. »
Entendemos correcto dar conocimiento del cumplimiento del acuerdo en
relación con la resolución de tramitación de emergencia al Consejo de
Ministros, y esto ya lo mantiene el propio artículo de la ley; sin
embargo, nosotros entendemos que también es fundamental dotar de más
transparencia a ese trámite de emergencia, de forma que el acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros dándose por enterado del trámite de
emergencia ha de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» en un plazo no superior a 15 días con la finalidad de que lo
conozcan los contratistas afectados. La publicidad requerida en todo este
tipo de reglamentación la seguimos considerando primordial en este
artículo que, sin duda, otorgará una garantía de transparencia.
Antes de continuar, quiero señalar a sus señorías que todas las enmiendas
que se refieren al artículo 73 y a los artículos cercanos a éste
pretenden la transparencia en la contratación pública. Y así, la enmienda
número 112 pretende la adición de un artículo 73 bis nuevo en cuyo punto
número 1 se exigiría que figuren documentadas las justificaciones de
todos los datos exigibles por la propia ley, y en el punto 2 se exigiría
el hecho de que los expedientes estén
foliados correlativamente por fechas, lo cual otorgará, sin duda, una
seguridad administrativa para las partes contratantes. Esto es,
juntamente con la dotación de la correspondiente publicidad
administrativa, una manera de otorgar al proyecto unas necesarias
garantías.
La enmienda número 113 al artículo 74.4 trata de sustituir: «... previa
consulta y negociación de los términos del contrato con uno o varios
empresarios.» por: «... con un mínimo de tres empresas clasificadas para
la realización del objeto contractual.» Es evidente que se evita
discrecionalidad innecesaria e injustificada a la Administración
aceptando esta enmienda.
Con la enmienda número 117 al artículo 108 pretendíamos que donde se dice
«estos últimos» se dijese: «este último», pero la retiramos en este
momento.
La enmienda número 122 --y voy terminando-- al artículo 144 pretende la
adición de un apartado d) que diga: «Cualquier otro suceso imprevisible e
insuperable ajeno a la voluntad y actuación del contratista.» Imagino que
sus señorías no tendrán inconveniente en reconocer que los fenómenos
naturales no se pueden medir ni cuantificar expresamente, no son una
ciencia exacta, no solamente hay seis, siete u ocho causas --terremotos,
maremotos, etcétera--, sino que puede sobrevenir cualquier causa
imprevisible en este tipo de fenómenos naturales y, por lo tanto, parece
obvio que no debería haber ningún tipo de impedimento para aceptar esta
enmienda que pretende que se abarque cualquier otro suceso imprevisible e
insuperable ajeno a la voluntad y actuación del contratista.
Con la enmienda número 125 al artículo 152 intentamos que la redacción
quede de la forma siguiente: «2. Cuando el incumplimiento o resolución
del contrato fuera imputable a la Administración, ésta indemnizará al
contratista los daños y perjuicios que le haya causado, en todo caso, al
menos en las cuantías que se indican en los apartados siguientes:», y ahí
entran el a), b) y c) y los números 2, 3 y 4 actuales. Consideramos que
la Administración ha de ser responsable si es la que origina el
incumplimiento o la resolución del contrato. Con esta redacción se
defiende al contratista, al consignarse expresamente que la
Administración indemnizará en dicho supuesto al contratista los daños y
perjuicios.
La enmienda número 126 al artículo 160.1 intenta añadir la subasta en el
contrato de gestión de servicios públicos. Consideramos que no deben ser
alterados los criterios de adjudicación, de tal manera que habrá que
respetarse el régimen general de las formas de adjudicación de los
contratos. No debe excluirse, por tanto, la subasta.
Con la enmienda número 127 al artículo 169.2 se pretende incluir la
correspondiente indemnización, que será fijada a través del régimen de la
regulación establecida en la Ley de Expropiación Forzosa. Consideramos
necesario esto, porque en el supuesto de que tenga que haber
indemnización, como sus señorías saben, la Ley de Expropiación Forzosa
requiere la necesidad de declarar la utilidad pública y el interés
social, lo cual, sin duda, otorga a esta ley más seguridad jurídica, que
es también una premisa que debemos buscar constantemente.
Con la enmienda número 128 al artículo 181 volvemos al tema de la
subasta. Es una enmienda de supresión de las peculiaridades en las formas
de adjudicación del contrato de suministro, porque no vemos razones,
señorías, para variar el régimen general.
La enmienda número 129 al artículo 194 se incluye también en una serie
que trata sobre lo mismo. Con ésta se intenta añadir la expresión: «a la
indemnización de los daños y perjuicios causados y». Una vez más,
pretendemos respetar la realidad del daño causado, dando lugar a la
indemnización de daños y perjuicios.
La enmienda 130 al artículo 194, apartados 2 y 3, pretende que se
supriman dichos apartados, pues la indemnización ha de basarse en los
daños y perjuicios causados sin establecimiento de límites favorables
para la Administración.
En cuanto a la enmienda 131 al artículo 209, apartados 2 y 3, me sirven
los argumentos expresados para la enmienda 128 en cuanto a formas
peculiares de subasta y concurso.
Con respecto a la enmienda 132 al artículo 215 reitero los argumentos
planteados en las enmiendas 129 y 130 en cuanto a los efectos de la
resolución, ya que proponemos añadir los daños y perjuicios.
Por lo que respecta a la disposición adicional nueva que propone la
enmienda 133, la retiramos en este momento, al igual que retiramos la
enmienda 134, última del Grupo Parlamentario Popular.
Sólo me resta en este turno expresar mi satisfacción por los trabajos
realizados en Ponencia y Comisión, que nos han llevado a ciertos acuerdos
--como he dicho al principio de mi intervención-- no del todo
satisfactorios. En el último turno de portavoces --que, sin duda, nos
concederá la presidencia-- indicaremos por qué no nos da plena
satisfacción esta ley. Pero lo poco que se ha debatido en Ponencia y
Comisión se ha hecho en un ambiente realmente extraordinario, en un
ambiente de trabajo que nos ha llevado a unas fórmulas de acercamiento en
varios artículos de la ley. Prueba de ello es que hemos ido retirando un
cierto número de enmiendas a lo largo de esta intervención y que otras
han sido aceptadas y, por tanto, no han sido objeto de comentario en este
momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alvarez.
Ruego a su señoría que facilite a la Presidencia el listado de las
enmiendas retiradas a efectos de la votación, para tener los datos sobre
la mesa por si hubiera algún error por nuestra parte.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, voy
a iniciar la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que luego
será continuada por mis compañeros los Senadores Cercós Pérez y Aguilar i
Barril. Mi intervención se va a centrar en los dos primeros títulos del
Libro I, porque éste era el tramo de la ley cuya
preparación me había confiado el Grupo Parlamentario Socialista. Voy a
partir de algunas consideraciones generales, algunas de las cuales van a
ser dirigidas, preferentemente, al Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, elaborar una nueva ley de contratos de las Administraciones
públicas en el momento actual es una tarea extraordinariamente difícil si
la comparamos con la que tuvieron que realizar los legisladores que
elaboraron y aprobaron la vigente ley de contratos. Se trataba entonces
de un ordenamiento jurídico cuya producción estaba, a fin de cuentas,
encomendada a un único centro fundamental de producción normativa; era un
ordenamiento jurídico basado en el principio de jerarquía, en el cual
todas sus fuentes acababan reconducidas a una sola.
Nosotros estamos tratando de sustituir un texto legal que formó parte de
un impulso de modernización y perfeccionamiento indiscutibles de nuestro
ordenamiento jurídico administrativo, con independencia de que todos o
algunos de los objetivos político-legislativos que entonces pretendió el
legislador no pueden ser compartidos por nuestro Grupo, ni creo que por
el ordenamiento político-democrático en el que hoy, afortunadamente,
estamos inmersos.
El ordenamiento actual es de una extraordinaria complejidad en la
producción normativa. Ya no rige exclusivamente el principio de
jerarquía, sino también el de competencia, de forma que, sin que exista
entre los diversos centros de producción normativa una relación de
subordinación, se les encomiendan responsabilidades distintas por razón
de la materia. Pero para agravar más la dificultad, nuestro ordenamiento
está en fase de integrarse en uno supraestatal: el comunitario, lo que
puede explicar, seguramente, algunas de las dificultades técnicas de
ensamblaje de ordenamientos jurídicos: el estatal y el de las Comunidades
Autónomas y aquél con el de la Unión Europea, del proyecto comunitario
europeo.
A mí me ha costado --lo digo con la amabilidad que ha inspirado todos los
trabajos de Comisión-- entender la lógica interna conductora de las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz
ha dicho que una enmienda central para su Grupo es la número 86 --se
refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la ley--, y la razón
fundamental de dicha enmienda consiste en aplicar la normativa de
contratación de las Administraciones públicas, basada en los principios
de libertad, de concurrencia, de igualdad y de publicidad, a todas las
entidades integradas en el sector público de la economía. A nosotros nos
parece que el problema que preocupa a sus señorías es resuelto
satisfactoriamente por la ley.
El Grupo Parlamentario Socialista está comprometido con la existencia de
un sector público eficiente, que ayude a corregir determinadas
insuficiencias de la economía estricta de mercado y que ocupe
determinados espacios estratégicos de nuestra estructura económica. Para
eso necesitamos un sector público eficiente. ¿Es compatible esa
eficiencia, que requiere agilidad, que requiere la capacidad de las
entidades de origen público, de capital público, pero que se desenvuelven
en el terreno del Derecho privado, con la aplicación de los principios
básicos de publicidad y de concurrencia que eviten esa discrecionalidad,
que evite la capacidad de corruptela? Nosotros creemos que sí, pero al
sector público se le pueden tender algunas emboscadas; una emboscada
parecida a la que se hace cuando se realiza una huelga de celo.
Los Senadores del Grupo Parlamentario Popular dicen que su principio es
el de transparencia, transparencia, transparencia. A mí me parece que eso
de querer dar un importante impulso a la privatización del sector público
de la economía, que además tengo que relacionarlo inevitablemente con la
voluntad reiteradamente manifestada por los principales dirigentes de su
partido y expresada en los programas políticos de su partido cuando los
hacen públicos, al final acarrearía que el sector público de la economía
resultaría bastante mal parado. A veces, cuando sus señorías hablan de
transparencia, transparencia, transparencia, a mí me da la impresión de
que están hablando de floritura, floritura, floritura.
Sin embargo, tengo que reconocer una cuestión, señorías. Así como del
conjunto de sus enmiendas yo he sido incapaz de discernir el hilo
conductor de las mismas (porque a veces parece que ustedes apuestan por
un ordenamiento de la contratación administrativa absolutamente
transparente, pero a veces han apostado --y hoy las están retirando-- por
enmiendas que tienden, a mi juicio, objetivamente a lo contrario), el
proyecto de ley de contratos de las Administraciones públicas que estaría
en la mente de su Grupo Parlamentario, hoy, cuando han empezado a retirar
enmiendas, ya queda bastante más claro.
Señorías, en lo esencial ustedes han retirado determinadas enmiendas que
tenían una aparente proclividad proautonomista, que contrasta mucho con
otro tipo de postulados políticos que su Grupo y su partido defienden.
Han mantenido determinadas enmiendas, que ustedes tendrán que aceptar que
yo califique como de menores, que tienden a reforzar determinados
aspectos de la transparencia del mecanismo de contratación; algunas veces
las han mantenido. El conjunto de enmiendas que ustedes presentan en el
día de hoy empieza a adquirir una cierta coherencia interna. Ustedes, en
su estrategia para la elaboración de este texto legal, han primado,
fundamentalmente, y a veces no con demasiada coherencia, un principio de
imagen. Yo creo que lo resumía muy bien, señor Senador, cuando decía que
su obsesión es la transparencia, transparencia, transparencia. Ustedes
mantenían, por ejemplo, hasta este momento la enmienda número 134 --hoy
han anunciado su retirada-- dirigida a hacer perder el carácter de norma
básica a un conjunto importantísimo del programa normativo que este
proyecto contiene, de manera tal que los límites máximos en la modalidad
de adjudicación negociada de los diferentes tipos de contratos
administrativos, si sus señorías dejaban de considerarlos básicos, abría
un espacio al papel legislativo de las Asambleas de las Comunidades
Autónomas en las que esos límites máximos, que son una garantía de
transparencia, que son una garantía para evitar la discrecionalidad y que
son límites que laten a lo largo de todo este proyecto normativo,
desaparecían. Por eso digo yo, señorías, con cordialidad, pero también
con la claridad que debe presidir un debate parlamentario, que su
obsesión
por la transparencia, transparencia, transparencia a mí me suena a una
obsesión por la floritura, la floritura y la floritura.
De las enmiendas que han presentado los demás grupos políticos a esta
primera parte sólo voy a hacer una mención muy breve. Entiendo que a
algunos de los grupos parlamentarios que expresan una orientación
política nacionalista su propio celo les ha llevado a realizar propuestas
contradictorias. Por ejemplo, cuando el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos pretende que los criterios de clasificación de los
potenciales contratistas, de los empresarios interesados en participar en
la contratación administrativa, relativos a los actos de adjudicación de
las Comunidades Autónomas, habrán de hacerse por los órganos competentes
de esas Comunidades ajustándose a los principios de esta ley. Ustedes en
una ley estatal están introduciendo un principio que, a mi juicio,
lesiona la capacidad de autoorganización, incluso el ejercicio de las
posibilidades normativas de las propias Comunidades Autónomas, porque las
Comunidades Autónomas no pueden ser compelidas por el legislador estatal
a tener que establecer sus propios criterios de clasificación empresarial
para aquel ámbito de la contratación administrativa que afecte al abanico
de sus competencias. No pueden ser compelidos, tienen el derecho a serlo,
pero no pueden ser compelidos. Por eso algunas de sus propuestas, que
seguramente tienen un ánimo autonómico, al final objetivamente
traducirían justamente los efectos contrarios de los que sus señorías
pretenden.
Señorías, yo creo, sin más, y con ello termina la primera parte de la
intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que estamos ante una ley
extraordinariamente compleja, estamos ensamblando ordenamientos
jurídicos, algunos de los cuales están movidos por principios
contradictorios --el ordenamiento jurídico del Estado de las Autonomías,
por la voluntad de descentralizar la producción normativa; en cambio, el
ordenamiento jurídico comunitario, con el objetivo de crear un espacio
económico común--, que requieren una unificación normativa. Estamos ante
una ley extraordinariamente compleja, pero la estamos abordando con
seriedad y en un clima de aportaciones de todos los grupos políticos, y
pienso, y he tenido la obligación de decirlo, que algunos de los grupos
políticos se han movido más en la presentación de sus enmiendas por un
objetivo de imagen, un tanto demagógico, si me lo permiten, que por un
objetivo coherente internamente, coherencia que yo no he logrado
descubrir en las enmiendas del Partido Popular y sí empiezo a descubrir
hoy, a partir de que empiezan a retirar muchas enmiendas significativas
de las que habían presentado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, dentro del mismo turno, tiene la palabra el Senador
Cercós Pérez.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me voy a referir a las enmiendas presentadas al Título III y al VIII.
Posteriormente, el Senador Aguilá i Barril entrará en el Libro II.
Esta ley es fruto de las enmiendas presentadas por todos los Grupos.
Agradezco el apoyo, toda la colaboración que se ha prestado por parte de
los distintos Grupos en esta Cámara, en donde nos hemos visto obligados a
trabajar en condiciones difíciles de plazo y tiempo, lo que ha impedido
que haya habido un diálogo mucho más fluido y enriquecedor. No obstante,
creo que la ley es buena. En este sentido, nuestros argumentos son
esencialmente objetivos con respecto de las enmiendas que no vamos a
admitir.
La enmienda número 46, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, lo es al artículo 59. Se refiere a la información, y propone
añadir este artículo a la disposición final primera. Como la han
retirado, lo que puedo decir es que el Tribunal Constitucional, en su
sentencia 172/1992, decía respecto de una determinada Comunidad Autónoma
--esto es lo importante-- que a ella le corresponde facilitar la
información, si bien habrá de hacerlo a través del conducto que determine
el Estado, a quien corresponde no sólo la relación directa con la
Comisión Europea --se entiende--, sino también aunar las diversas
informaciones que reciba de los restantes entes autonómicos para
facilitar a la Comisión, como un todo y no separadamente, la información
por ella solicitada.
Reitero que la enmienda número 47 está aceptada con la enmienda número
239, del Grupo Parlamentario Socialista. En ella se propone incluir este
párrafo en la disposición final primera. Creíamos que la habían retirado
sus señorías, pero exactamente es en la que solicitaban que el plazo de
las subastas fuera incluido en la disposición final primera. Esto ya está
recogido así en este momento.
La enmienda número 48 entra en la concurrencia de la consideración de
variantes o alternativas que ofrezcan los licitadores o los concurrentes
a los diferentes concursos, respondiendo al anuncio y al pliego
correspondiente. Nosotros creemos que este precepto pretende dar un
tratamiento igual a todos los contratistas. Pensamos que su carácter es
básico y lo avala la sentencia número 141/1993, del Tribunal
Constitucional, que dice que la normativa básica en materia de
contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de
otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad,
igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los
ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones
públicas. Pero aquí, señorías, se lo digo para su información, hay más:
transcribe textos de las directivas europeas, en concreto el artículo 19
de la Directiva 1993/37; el artículo 16 de la Directiva 1993/36 y el
artículo 24 de la Directiva 1992/50.
Creemos, por tanto, que hay una forma, y queremos dejar constancia de
que, aunque las directivas no son automáticamente normativa básica, sí
son de obligado cumplimiento para todos, como ciudadanos españoles. El
artículo 92 procede también de las mismas directivas, y creemos que con
esta referencia lo podrán valorar sus señorías.
A los artículos 104, 105, 106.2 y 107 se han presentado varias enmiendas,
que son las números 52, 53, 54, 55 y 56,
que se refieren al tema de la revisión de precios. El tema de los precios
es claramente constitucional, artículo 149.1, cláusula 13.ª, y hay
multitud de referencias del Tribunal Constitucional sobre este particular
que hablan de todo lo relativo al precio y a la revisión de los precios.
En este sentido, creemos que el tema es básico, lo cual no quiere decir
que nosotros no dejemos abierta la posibilidad de que en la concepción
del Reglamento, señorías, pudiera contemplarse un tratamiento, porque
como en la disposición final tercera también se respeta el carácter
básico que pueda tener el articulado de la ley, si en el Reglamento, con
ese contenido, se puede dar algún tratamiento para que se atienda a las
características o peculiaridades de esa revisión de precios y sus
circunstancias, por nuestra parte no hay ningún problema.
También se han defendido en sus propios términos las enmiendas números
66, 68, 69 y 70. Realmente, como estas enmiendas han sido defendidas en
sus propios términos, la fundamentación para el rechazo está en las
citadas sentencias del Tribunal Constitucional, añadiendo la 331/93, que
es la que trata de las clasificaciones a las que mi compañero el Senador
Santiago Pérez también ha aludido. Las cuantías de los artículos 121, 177
y 202 también están recogidas en la Directiva; las cuantías mínimas sí
son normas básicas y las máximas, que son las que se recogen en la ley
--hay una disposición final que así lo respalda--, permiten la regulación
interna de las Comunidades Autónomas.
Pasando ahora a las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en el área que corresponde a
este Senador hay cuatro enmiendas. En una de ellas se propone suprimir
los artículos 121, 177 y 202, y yo quiero decirle que tratan el tema de
los precios y, por tanto, de la fijación de los contratos menores; aquí,
pues, no se trata directamente del precio, sino del contrato menor y de
la fijación de las cuantías mínimas, y hay una sentencia, la 141/93, del
Tribunal Constitucional que dice claramente que el número 3 del artículo
247 del Reglamento sólo permite la contratación directa de los contratos
de suministros, aquellos que no excedan de un total de 10 millones de
pesetas, límite que se eleva a 25 millones de pesetas en los supuestos
comprendidos en el número 3 del artículo 237 del mismo Reglamento. Esta
es una norma indiscutiblemente básica --lo dice el Tribunal
Constitucional-- que, por su propia naturaleza de contenido económico
sometido a constantes fluctuaciones, tiene su lugar apropiado en el
Reglamento, por la mayor agilidad, etcétera. Es decir, se considera norma
básica por el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la enmienda número 157 al artículo 9.1b), tengo que decirle
lo mismo, señoría; es decir, planteamos que sea la Administración
competente la que establezca los límites inferior y superior. Hay
sentencia del Tribunal Constitucional que fija que el límite inferior sea
norma básica; el límite superior no lo es, y, por tanto, ya está recogido
en la propia ley que discutimos que el límite básico sea realmente
supletorio a efectos de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Pero la sentencia número 141/93 dice que la normativa básica en materia
de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de
otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad,
y como tal se confiere que dichos límites tendrían que tener un carácter
básico, puesto que se trata de una norma que tiene por objeto
proporcionar las garantías necesarias a la libre concurrencia. Y es una
sentencia del propio Tribunal Constitucional.
La enmienda número 155 al artículo 116.4, señala que: «El subcontratista
deberá poseer la clasificación profesional que a la vez se exija al
contratista...» Esto es muy fuerte, señoría, en la práctica profesional.
Me gustaría que su señoría lo analizase, porque a veces hay una
pluralidad de subcontratistas que acuden a un mismo contratista para una
misma operación, y puede que ellos no tengan esas clasificaciones. Tener
que hacer una clasificación de subcontratistas con las diferentes
categorías, grupos y subgrupos exigibles es algo que creemos que no debe
entrar en este tema, porque la relación entre contratista y
subcontratista es una relación acogida al Derecho privado y no tiene nada
que ver con el Derecho Administrativo, señoría.
Realmente, sería muy difícil tipificar esas circunstancias.
Por último, la enmienda número 135 a la disposición final segunda,
apartado 3, creemos que ha sido recogida en el texto remitido al Senado.
Este Senador le ruega que lo compruebe su señoría en el dictamen de
Comisión, y verá que está incluida la petición de su señoría.
Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 106 al
artículo 51, su señoría, por una parte, la ha dado por defendida pero,
por otra, ha hablado de su contenido. Debo decirle al Senador Alvarez que
el que esta enmienda número 106 diga que «La inclusión en los pliegos
particulares de estipulaciones contrarias a lo previsto en los
correspondientes pliegos generales exigirá el previo informe favorable»
--es decir, vinculante-- antes de pasar a la autorización del Consejo de
Ministros, supone que sus señorías están anteponiendo el dictamen de un
órgano al propio Consejo de Ministros, al darle ese carácter «favorable»
que, por lo tanto, es vinculante. Creemos que eso no es correcto, aparte
de que los pliegos generales, como los particulares, tienen la misma
naturaleza y no son normas jurídicas, son normas de carácter
administrativo que soportan todo el área de contratación.
La enmienda número 107 es también una variante, pero sus señorías la
recogen para decir que esto no se aplique cuando haya excepciones
planteadas en los pliegos particulares respecto a los pliegos generales;
es decir, que no se aplique este artículo nada más que a los contratos
que haga la Administración general, pero no a los de las otras
corporaciones. Pero, señoría, cada una de las otras entidades, la
autonómica y la local, tiene su régimen, hay una disposición adicional
que, cuando se habla de Administración, se refiere a cada una de ellas
dentro de su campo de competencias.
Por la enmienda 108 solicitan sus señorías que, siempre que mediante
resolución o sentencia firme se declare la invalidez de un contrato, se
investigue si existen o no responsabilidades. A nosotros nos parece bien,
y es evidente. Pero eso tiene que ir al Código Penal, que no estamos
debatiendo aquí, o tiene que ir a las normas específicas de los
funcionarios y que regulan al funcionariado. Podemos estar de acuerdo en
que se exijan --y de hecho se exigen-- responsabilidades a funcionarios,
que pueden cometer errores, y lo estamos viendo, no sólo en la
contratación, sino en la pura actividad de su competencia administrativa.
Eso lo estamos viendo, señoría. Pero eso, o bien corresponde a la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas o del Procedimiento
Administrativo Común, por una parte --entraría en la parte
funcionarial--, o bien va al Código Penal cuando se objetiva esa
situación.
En la defensa de la enmienda número 109 ha dicho su señoría que en el
Reglamento General de Contratación, artículos 40 a 49, se alude más al
término «invalidez» que a «nulidad». Sí, señoría, pero estamos mirando
hacia adelante, no hacia atrás. El Reglamento desarrolla una ley que
termina su historia en este momento, aunque ha tenido 25 años de
vigencia; en cambio, esa ley que acabo de citar, la del Régimen Jurídico
de Administraciones Públicas, hace referencia precisamente al término de
«nulidad». La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hace referencia a la
nulidad y no a la invalidez.
La enmienda 111 al artículo 73.1 sugiere que se publiquen en el «Boletín
Oficial» los casos y situaciones de emergencia, porque esto está referido
al artículo 73.1, apartado a). Estamos hablando, señorías, de la
tramitación de emergencia. Todas estas cláusulas se plantean en
situaciones excepcionales. En el texto se habla del acuerdo de
aceptación. No hay ningún acuerdo de aceptación. El órgano que tiene que
tomar las decisiones para hacer frente a la emergencia --lo dice muy
claro el texto-- tendrá que dar cuenta, poner en conocimiento, pero no
hay trámite de aceptación. Por tanto, si no hay más que una mera
información, dígame su señoría si eso se debe incluir o no dentro de la
ley en la forma que proponen.
Pasamos al artículo 112.1. Ustedes proponen un desarrollo que dicen que
es para garantizar la ejecución de los contratos, la contratación con
mayor transparencia y claridad. Toda la ley obedece a ese principio
imperativo para evitar cualquier tipo de corruptelas, cualquier tipo de
desviaciones. Esta, señorías, ha sido la acción conjunta de todos los
grupos parlamentarios para que, en el futuro, nos enorgullezcamos de
haber sacado una ley adelante que da transparencia a esta función
esencial que es la actividad administrativa.
Señoría, compare usted los puntos que propone y verá que el apartado 1.a)
está recogido en el artículo 92.1; el apartado 1.b), en el artículo 74.4;
el apartado 1.c), en el artículo 87, y el apartado 1.d), en los artículos
93 y 94. Asimismo, el punto 3 que recogen sus señorías figura en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. Por tanto, señorías, todo está recogido ya en este momento en
esta ley o en alguna otra.
Por último, la enmienda 113, que se refiere al artículo 74 y que propone
la consulta previa y la negociación de los términos del contrato con un
mínimo de tres empresas, fue retirada en el debate del Congreso de los
Diputados del día 30 de noviembre de 1994 por el Diputado señor Gilet
Girart, porque se introdujo la enmienda 210, del Grupo Parlamentario
Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Aguilá i Barril.
El señor AGUILA I BARRIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a exponer nuestras razones para rechazar las enmiendas
que aquí han sido defendidas por los distintos Grupos al Libro II de la
ley y tomar también buena nota de aquellas que han sido retiradas o
transaccionadas para que todos tengamos bien claro cuáles han sido.
Las enmiendas 57, 60 y 64, del Partido Nacionalista Vasco, hacen
referencia a la cantidad máxima que se fija para los contratos menores.
Nosotros entendemos --y aquí se ha hecho referencia a ello-- que ésta es
una cuestión de legislación básica que permite a las Comunidades
Autónomas modificar a la baja esta cantidad que aquí queda estipulada
para los contratos de obras, gestión de servicios y consultoría de
asistencia técnica.
Las enmiendas 61 y 63 han sido retiradas. Entre todos los Grupos hemos
presentado una transaccional al artículo 62 que creo que ya obra en poder
de la Mesa. Se mantiene viva finalmente, después de retirar también la
enmienda 59, la número 58, referida a los contenidos de los proyectos de
obra. En ella pretende el Partido Nacionalista Vasco introducir un
apartado g) que aludiría a aquellos otros requisitos que las Comunidades
Autónomas con competencias normativas en materia de contratación
establezcan. Nuestro Grupo entiende que este apartado ya queda subsumido
en el apartado f), donde se introdujo ya la primera discusión de la ley,
anterior a la disolución de las Cortes, hace ahora un par de años, que
decía textualmente: cuanta documentación venga prevista en normas de
carácter legal o reglamentario. Por tanto, votaremos en contra de esta
enmienda. Pediríamos también al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
que, si es posible, en función de este mismo razonamiento retiren su
enmienda número 58.
Por lo que hace referencia a Convergència i Unió, este Grupo mantiene una
serie de enmiendas algunas de las cuales creo que deben ser aclaradas.
Dejando a un lado la enmienda transaccional basada en las números 148 y
149, en lo que se refiere a la número 147, votaremos en contra, pero
también le pediríamos a este Grupo que tenga en cuenta que ya presentamos
en el Congreso una enmienda --y está admitida en el dictamen de la
Comisión--, la número 226, que excluía la expresión «personas físicas».
Creo que el Grupo de Convergència podría sentirse satisfecho con esto.
Podría retirar su enmienda número 147 ya que creemos que está subsumida
por nuestra enmienda número 226 a la que acabo de referirme.
En cuanto a la número 146, fue aceptada en Comisión pero no aparece
recogida en el dictamen. Entendemos que ha habido un lapsus y que por
ello deberá ser votada. En todo caso nosotros votaríamos a favor de ella.
Algo diferente sucede con la número 153. Fue aceptada y recogida en el
dictamen de Comisión, pero aparece ahora como voto particular. ¿No es
así, señor Codina? (El señor
Codina i Castillo: Sí.) En todo caso, espero que la Mesa tome buena nota
de lo que estamos diciendo.
Respecto de las enmiendas números 150, 151, 152 y 154, nuestro Grupo ya
expuso en Comisión sus razones en relación con las mismas. El señor
Codina tampoco ha abundado en ellas hoy aquí, pero no queremos dejar de
contestar a las enmiendas nuevas de su Grupo en el sentido de que no han
sido repetidas en el Congreso de los Diputados.
La número 145 pretende establecer en el procedimiento negociado sin
publicidad el límite del 50 por ciento del precio en consonancia con la
Directiva 92/50. Precisamente lo que dice esa Directiva es que el importe
no exceda.
Nuestro Grupo, ateniéndose a esto, ha considerado que ese límite que
ustedes ponen en el 50 por ciento debe estar en el 20 por ciento. Ello
está determinado por congruencia con el mismo supuesto de aplicación en
el procedimiento negociado en el contrato de obras. No hemos querido
variarlo sino dejarlo igual.
Por otra parte, la Directiva europea faculta también que se pueda poner
una cantidad menor que la que su Grupo pretende. Ello responde a aplicar
un criterio más restrictivo en las posibilidades de aplicación del
procedimiento negociado en los procedimientos y formas de adjudicación de
los contratos, incluidos los regulados en el Título IV del Libro II al
obligar a acudir a concurso cuando el porcentaje previsto en el supuesto
del apartado enmendado sea superior al 20 por ciento del importe del
contrato. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
La número 144, sobre las causas de resolución de contratos de consultoría
y asistencia, también establece un límite de al menos el 50 por ciento
del importe cuando nosotros mantenemos un 20 por ciento.
Aunque ustedes lo dicen, esta enmienda no está en coherencia con otras
anteriores referentes a supuestos de aplicación del procedimiento
negociado por cuanto que el artículo se refiere a establecer una causa de
resolución del contrato cuando la modificación de éste sea superior al 20
por ciento de su importe, causa que tiene la misma aplicación por igual
límite en el contrato de obras --artículo 150-- y en el contrato de
suministros --artículo 193.
Por otra parte, la ampliación del porcentaje propuesto significaría una
minoración de los derechos atribuidos al contratista, quien se vería
obligado a aceptar las modificaciones del contrato que le impusiera la
Administración por importe superior al 20 por ciento.
La enmienda número 142, al artículo 218, que propone suprimir los
apartados 2 y 3, sobre indemnizaciones sobre los errores y
responsabilidades en el contrato de elevación de proyectos, creemos que
tampoco debe tenerse en cuenta, toda vez que hay que establecer el baremo
de indemnizaciones, en este caso, ya que pondera mejor dichas
indemnizaciones de acuerdo con el porcentaje de desviación que haya hasta
el máximo del 50 por ciento que permite.
Finalmente, entendemos que la enmienda número 141, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, no debe
tenerse en cuenta, toda vez que el texto del artículo responde al
principio de que quien causa el daño debe responder ante quien lo sufre,
sin que se pueda exonerar de tal principio al contratista causante del
daño.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular se mantienen una serie de
enmiendas vivas, clarificando que fueron aceptadas en Comisión cuatro de
ellas, las números 120, 121, 123 y 124, aceptadas y recogidas en
Comisión. Aparecen en el dictamen de la Comisión también como votos
particulares supongo que habrá que reconocer ese error y subsanarlo en el
proceso de las votaciones.
Hay una serie de enmiendas que mantienen vivas, y me permitirán,
brevemente también, al igual que hicimos en Comisión, exponer nuestras
razones para votar en contra.
La enmienda número 122, sobre la ejecución del contrato de obras,
indemnización por daños y perjuicios por causas de fuerza mayor, nuestro
Grupo entiende que el suceso imprevisible e insuperable, ajeno a la
voluntad y actuación del contratista, no basta para calificar al supuesto
como fuerza mayor. Todos los daños, en este sentido, causados por
terceros serían indemnizables. Entendemos, pues, que la redacción que
está en el proyecto recoge mejor nuestra propuesta que ésta que pretende
introducir el Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 125, sobre los efectos de la resolución del contrato
de obras, pretende introducir que cuando el incumplimiento o resolución
del contrato fuera imputable a la Administración, ésta indemnizará al
contratista los daños y perjuicios que le haya causado, en todo caso.
Entendemos que la indemnización de daños y perjuicios es una cuestión que
por su propia naturaleza, y la propia experiencia también nos lo dice,
queda siempre remitida a la concreta determinación de los órganos
jurisdiccionales. La práctica, repito, lo dice: está sucediendo, o lo que
se estima más beneficioso para todos, para la Administración y para el
contratista, los dos a la vez, el establecimiento de indemnizaciones
tasadas que pueden percibir inmediatamente al estar establecidas en la
ley, que no el carácter aleatorio y dilatado en el tiempo que supone la
fijación y la indemnización por los órganos jurisdiccionales tal como ya,
repito, se da nuevamente en la práctica.
En cuanto a la enmienda número 126, sobre los procedimientos y formas de
adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos, que pretende
introducir el procedimiento de la subasta, entendemos que la opción del
proyecto, la del concurso, establece un criterio que ha sido positivo en
su aplicación, también en la práctica habitual, y que comporta
suficientes elementos de control y objetividad. Entendemos que la subasta
en este tipo de contratos que trata de gestionar un servicio público no
puede estar sometida solamente a un precio, sin tener en cuenta otros
elementos de la oferta que puedan darse.
La enmienda número 127, sobre la aplicación de causas de resolución del
contrato de gestión de servicios públicos, pretende introducir «in fine»
un nuevo párrafo que dice lo siguiente: «por razones de interés público,
la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo
directamente aplicando --y éste es el párrafo nuevo-- la legislación de
expropiación forzosa.» Nosotros creemos
que esto no clarifica, más bien induce a confusión, y entendemos que
debería suprimirse este párrafo «in fine» en este artículo.
En cuanto a la enmienda número 128, sobre las formas de adjudicación del
contrato de suministro, nosotros entendemos que el precepto que está en
el proyecto de ley no altera el régimen general de la subasta y del
concurso, sino que aclara...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Aguilá, tendría que ir
terminando porque ya pasan seis minutos y medio.
El señor AGUILA I BARRIL: Termino, faltan dos o tres enmiendas.
Seis minutos es poca cosa...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Parlamentariamente es mucho
tiempo, Senador.
Por favor, termine.
El señor AGUILA I BARRIL: Faltan dos o tres enmiendas, señor Presidente.
Termino ya.
Decía que este precepto no altera el régimen general de la subasta y el
concurso, sino que aclara la modificación introducida en la legislación
de Contratos del Estado, que sólo admitía hasta ahora el concurso para la
adjudicación de estos contratos. Al admitirse la subasta se precisa que,
en suministros, sólo tendrá lugar en los de escasa cuantía y también en
aquéllos en los que estén perfectamente definidos los productos y, por lo
tanto --éste es el elemento decisivo--, el precio será el único factor
determinante de la adjudicación.
En la enmienda número 129, sobre los defectos de resolución del contrato
de suministro, entendemos que el precepto ya contiene una regla que
constituye una excepción a la de la recíproca devolución de prestaciones
y no prejuzga la procedencia de indemnización, que deberá ser resuelta
por las normas generales, según quién sea la parte causante de la
resolución. Por otra parte, el artículo 98 de esta misma ley que estamos
discutiendo hoy está dedicado a la indemnización de daños y perjuicios,
de aplicación también a los contratos de suministros que ustedes
pretenden introducir aquí.
Respecto de la enmienda número 130 que, según dicen ustedes, es
consecuencia de otra que ya ha sido defendida, que respeta la realidad
del año, decimos que no por las mismas razones que ya hemos expuesto
sobre la enmienda número 125 que ustedes han presentado a este libro II.
Falta un par de enmiendas, señor Presidente, y ya acabo.
Rechazamos igualmente la enmienda número 131 por las mismas razones que
se han aducido sobre la enmienda número 128, al artículo 181.
La enmienda número 132 trata sobre los efectos de resolución de contratos
de consultoría. Nosotros entendemos --fíjese bien, señoría-- que esta
cuestión ya está resuelta en el artículo 104.3 y punto 4, en general,
para todos los contratos.
Señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Mixto?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
De forma muy breve, y como habíamos anunciado cuando defendimos las
enmiendas, quisiéramos ampliar un poco más las consideraciones sobre el
artículo 116.2.c), del que habíamos hablado.
Cuando detectamos ese artículo, con la redacción que vino del texto
remitido por el Congreso de los Diputados, la primera reacción que
tuvimos fue de asombro al ver que un proyecto de ley, con tantos meses
como estuvo --quizá años-- dándosele vueltas, no hubiese habido en el
Congreso Diputados que tuviesen algún tipo de experiencia en estas
cuestiones y no se hubiesen dado cuenta de los perjuicios que podía
causar.
Nos despistamos y no pudimos introducir una enmienda nuestra. Tratamos de
corregirlo aquí, soportada sobre una enmienda que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista. Nos personamos en la ponencia, dimos toda esta
clase de explicaciones, y ofrecimos incluso dos redacciones alternativas,
que me gustaría leer para que constasen: Que el contratista se obliga a
aportar, a requerimiento de la Administración, en su caso, prueba
fehaciente de haber abonado a los subcontratistas y suministradores las
cantidades aceptadas en las condiciones pactadas con unos y con otros
para los contratos derivados de aquéllos en los que la propia
Administración intervenga, y no en otro.
Otra redacción: Que el contratista se obligue a abonar a los
subcontratistas y suministradores, por razón de los contratos derivados
de aquéllos en los que la propia Administración intervenga, el precio
pactado con unos y otros en condiciones que no resulten más desfavorables
que las establecidas en los apartados, no sólo en el 4, sino también en
el 6, del artículo 100, para las relaciones entre la Administración y los
contratistas.
Se ha realizado una buena cantidad de negociaciones políticas no sobre
este articulado de las posibilidades, sino negociaciones políticas sobre
otros paquetes, sobre otras cuestiones, y al final se encontró una
redacción intermedia que mejoraba el texto que había venido del Congreso,
y aunque no daba plena satisfacción, por lo menos podía no montar un
grave cirio dentro del mercado de la construcción. En esta redacción se
establecía que el contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y
suministradores, por razón de contratos derivados de aquellos en los que
la Administración intervenga, el pago del precio pactado con unos y otros
dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el apartado 4
del artículo 100 para las relaciones entre la Administración y
contratistas; se ponía un punto y aparte y se continuaba: No obstante, el
contratista podrá efectuar a la recepción objeto del contrato el abono
de dicho precio pactado mediante la entrega de cualquier documento de
pago que haya sido aceptado previamente por el subcontratista o
suministrador.
Esta enmienda la hemos firmado todos los grupos, pero si se pudiera
volver a reconsiderar seguro que algunos más se volverían atrás de haber
firmado. Al parecer, las relaciones políticas exteriores a esta Cámara
van a influir sobre el sentido común parlamentario y el desarrollo de la
vida real. ¿Saben ustedes qué va a suceder? Pues que cuando obliguen al
contratista principal --que es el único que tiene todas las
responsabilidades, subsidiariamente todas: las del primer, segundo y
tercer subcontratista o suministradores-- a encorsetarse en este 116.2.c)
--artículo que no tiene por qué estar en esta ley, ya que, ¿a cuenta de
qué vamos a regular el pacto entre el contratista y subcontratista en
esta ley si el pacto es libre entre esas personas, pactan lo que desean y
ahí estarán los tribunales para los problemas que puedan surgir con este
contrato--, va a ser éste --que, insisto, es el que tiene absolutamente
todas las responsabilidades-- el que va a suplir al subcontratista y el
que va a suplir al suministrador en muchísimas ocasiones, sobre todo el
contratista principal tremendamente responsable, de los que hay muchos en
este país.
Por lo tanto, a todos aquellos que han creído que con esta redacción
estaban haciendo un tremendo favor legislativo al subcontratista y al
suministrador les tengo que decir que están equivocados, y la experiencia
lo dirá; la mía me lo dice ya con toda seguridad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Lasquibar pide la palabra.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente, simplemente
quiero añadir que antes se me ha olvidado decir a la Cámara que retiraba
también la enmienda número 42.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Francesc Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, muy brevemente, estamos a una altura del debate en la que
conviene ir terminando, intervengo básicamente para manifestar la
posición de mi Grupo respecto a las enmiendas que se han presentado por
parte de los otros grupos de la Cámara.
Concretamente, por lo que hace referencia al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, anuncio que vamos a votar favorablemente
a la enmienda número 71. Y aunque ya lo he dicho desde la tribuna, quiero
insistir --si bien supongo que ya se había tomado nota-- en que de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió retiramos la enmienda número 61 y que las números 148, 149 y 156 han
sido transaccionadas.
Con respecto a nuestras enmiendas, quería hacer un brevísimo comentario
al Senador y amigo Ramiro Cercós cuando en su exposición --amplia y
brillante, como suele ser siempre, y cargada de datos, no siempre de
razón, pero cargada de datos sí-- hacía una referencia a la enmienda
número 135 diciendo que estaba recogida en el texto del dictamen. Yo he
de reconocer que en parte sí está recogida --yo diría que en aquella
parte que le conviene al señor Senador--, pero hay una segunda parte de
esta enmienda que usted no cita y que es lo que justifica el
mantenimiento de la misma, por lo cual vamos a pedir que se someta a
votación.
Por lo demás, en cuanto al Grupo Popular, éste vio aceptadas una cantidad
importante de sus enmiendas en el trámite de Comisión y hoy ha retirado
algunas de ellas. Pero he de decirles que lamento que se haya retirado la
enmienda 134, puesto que confiábamos votarla favorablemente y eso era lo
que nos permitía votar al cien por cien el dictamen de la Comisión. Sin
embargo, en este momento anuncio que, debido al cambio que se ha
producido en la intención de nuestro Grupo a la hora de votar, vamos a
pedir votación separada de la disposición final primera, que votaremos en
contra, a pesar de que votemos favorablemente el resto del dictamen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Alvarez Rodríguez.
El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a nuestro modo de ver, las dos grandes cuestiones que plantea
este proyecto de ley son, primero, el ámbito de aplicación de la ley y,
segundo, los justos límites que han de establecerse a la discrecionalidad
de la Administración. Bajo esos dos paraguas se ampara toda la temática
general de este proyecto que, en mi opinión, debemos debatir en esta
Cámara.
Existe una inquietud social generalizada que demanda, sin duda, que se
dote a las relaciones contractuales en las que interviene la
Administración pública de transparencia, publicidad, no discriminación,
justicia y rigor. En eso estamos todos de acuerdo. Este proyecto de ley,
señorías, llega a las Cámara para, en teoría, dotar de aire fresco a las
Administraciones públicas y colaborar en la supresión de arbitrariedades,
abusos, tráficos de influencias, favoritismos, corruptelas, etcétera. Sin
embargo --aunque aquí se diga otra cosa, porque ya la hemos escuchado por
parte de algún portavoz--, no estamos de acuerdo con que el artícu-lo 1
deje fuera de esta reglamentación determinados supuestos.
El artículo 1 de esta ley está redactado de forma tal, que no se regulan
una serie de contratos del sector público, aquéllos correspondientes a
entidades financiadas con fondos públicos, creadas con objeto específicos
y, en todo
caso, dependientes del poder público. Así no se consigue introducir ese
aire fresco, señorías, y es una lástima desaprovechar una ocasión como
ésta para colaborar en evitar irregularidades en la contratación pública.
Es necesario, señorías, extirpar realmente los tumores de la corrupción
en este país, pero si permitimos una válvula de escape para salirnos del
Derecho Administrativo en determinados supuestos, si permitimos que
amplios sectores de la contratación instrumentados a través de sociedades
o entidades estatales puedan ser regulados por la vía jurídica privada,
las garantías obviamente disminuyen, ya no son las mismas. Flaco favor
hacemos así a la regeneración de la vida pública. Nos quedamos en simples
intencionalidades y lo que predica el señor Presidente del Gobierno
acerca de poner a disposición todos los medios a su alcance para luchar
contra la corrupción luego, lamentable e imperdonablemente, no lo lleva a
la práctica.
El ámbito de aplicación de esta ley, al dejar fuera del mismo parcelas de
poder financiadas con caudales públicos, no colabora a sembrar en la
sociedad española un poco de sosiego, un poco de confianza en el
funcionamiento de las instituciones. El clima de corrupción que,
lamentablemente, es el debate político diario en los foros políticos, en
los medios de comunicación, e incluso en cualquier tipo de tertulia
familiar o doméstica, se va a continuar permitiendo después de la
aprobación de esta ley, porque así lo va a decidir el Grupo Parlamentario
Socialista con el apoyo de sus socios de Convergència i Unió.
A las sociedades estatales, a esos entes públicos de carácter
instrumental --léase la Sociedad para la Expo de Sevilla, Barcelona
Holding Olímpico, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Sociedad Estatal de In-fraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
etcétera-- creados al amparo del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobada en 1988, se les aplica la disposición adicional
sexta de esta ley, esto es, los principios de publicidad y concurrencia,
pero no se las sujeta al resto del contenido en cuanto a controles y
transparencia administrativa se refiere.
Esto no demuestra que no existe auténtica voluntad política para
establecer controles y garantías en la contratación; no existe voluntad
política para evitar el caldo de cultivo de existencia de irregularidades
en la contratación. Asistimos y seguiremos asistiendo a grandes discursos
gubernamentales electorales haciéndonos ver lo contrario, pero la
realidad de los hechos, señorías, es el único reflejo fiel de lo que
ocurre. Los grandes discursos no son suficientes si no se lleva a la
práctica lo que se postula en los mismos, y ustedes practican una
contradicción absoluta, en este caso, entre lo que manifiestan
públicamente y lo que aprueban hoy aquí. La única forma de que eso no
ocurra es introduciendo en el texto legal el contenido de nuestra
enmienda número 86, al artículo 1.3. Háganlo, señorías de los grupos que
apoyan al Gobierno; no sigan otorgando discrecionalidad y descontrol a la
Administración, entre otras razones, porque les queda poco tiempo de
gobierno y no les merece la pena; voten a favor de esa enmienda, que eso
sí da transparencia. Es necesario crear el marco jurídico conveniente y
adecuado para que las instituciones públicas realicen sus operaciones
contractuales eficientemente, pero con el máximo rigor y transparencia.
No puede ser de otra manera en un Estado democrático de Derecho. Si
queremos conseguir que así sea, hemos de aplicar el ordenamiento público
a todos los supuestos; no debemos permitir la huida al derecho privado,
en definitiva, esos mecanismos que, en algunos casos, posibilitan el no
sometimiento al articulado de esta ley.
Nuestra sociedad no admite ya más irregularidades, señoría. Lo que hoy
debatimos aquí es un proyecto de ley para el futuro. Los jueces decidirán
qué penas se han de aplicar a los casos de irregularidades cometidas en
la contratación pública de los últimos tiempos. Pero ya no vamos a entrar
en hechos pasados; vamos a hablar de futuro. Si queremos suavizar el
trabajo de los jueces de cara al futuro, sometamos al ordenamiento
jurídico público absolutamente todos los contratos en los que intervenga
el poder público y los caudales públicos, aunque sea mediante el disfraz
de entes instrumentales. Se pierde una oportunidad extraordinaria para
colaborar con eficacia en extirpar ese cáncer que ha sido una de las
enfermedades más graves que ha sufrido nuestra democracia actual, que es
la corrupción. La voluntad política para atajarla se demuestra aquí con
hechos, señorías. Las palabras --insisto-- del señor Presidente del
Gobierno ante las cámaras de televisión suenan, con frecuencia, muy bien,
cuando habla de lucha contra la corrupción, pero si luego aquí hacemos lo
contrario, en lugar de trabajar honestamente por nuestro sistema
democrático de derecho, por la sociedad española, lo único que estamos
haciendo es representar una comedia, y España, señorías, no necesita
comedias, necesita confianza.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig); Debería terminar, señoría.
El señor ALVAREZ RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
España necesita que se gestionen los dineros públicos, en favor de la
sociedad española en general y no de algunos ciudadanos en particular.
Senador Pérez, he de decirle algo con cordialidad y claridad, como usted
ha dicho. A usted no le ha gustado que citemos aquí repetidamente la
palabra transparencia y nos contesta con la palabra floritura. Yo voy a
terminar añadiendo otra palabra, que es filigranas, porque ustedes para
sostenerse --buena prueba de ello es lo que hemos visto a lo largo del
día de hoy en esta Cámara-- tienen que hacer auténticas filigranas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador don Santiago Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, Senador Alvarez Rodríguez,
señorías, he dicho en mi intervención anterior que me costaba encontrar
el hilo conductor de las
diferentes enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y
que había empezado a captarlo cuando hoy en el debate sus señorías
empezaron a retirar un montón de enmiendas, que formaban un auténtico
mosaico heterogéneo de propuestas legislativas. Me hubiera gustado ver,
señorías, un proyecto alternativo para poderlo examinar en toda su
coherencia, cosa que sus señorías no han hecho y se han remitido a
presentar un conjunto de enmiendas --insisto-- abigarrado, heterogéneo.
Me parece que sus señorías están obsesionadas por la floritura, de cara a
la galería, de cara al tendido, de cara al respetable.
Usted me ha contestado con algo que no logro entender: que lo que nos
caracteriza a nosotros es la filigrana para mantenernos. Insisto,
señorías, al sector público hay dos formas de cargárselo, de eliminarlo:
o bien privatizándolo, propósito que entiendo late debajo de las
declaraciones de muchos de sus más significados dirigentes y de sus
declaraciones programáticas, cuando las hacen públicas, o bien
asfixiándolo. Asfixiándolo, ¿cómo? El sector público de la economía, es
decir, todas aquellas actividades que sus señorías ahora califican como
de huida, la Administración huye al terreno privado para sustraer de la
transparencia, del control de la discrecionalidad una gran parte de sus
actividades.
Señorías, esta ley reconduce a unos términos satisfactorios la
preocupación que sus señorías dicen tener, si es que la tienen de verdad,
a saber: la disposición adicional sexta establece que los principios de
publicidad y de concurrencia, es decir, los principios básicos de la
contratación administrativa serán aplicables a aquellas sociedades
mercantiles cuyo capital directa o indirectamente corresponda a las
Administraciones Públicas o a los organismos autónomos dependientes de
éstas.
Si ustedes pretenden traer a la estricta reglamentación de contratos la
actividad que esas sociedades desarrollan por un principio de eficiencia
en el que sus señorías evidentemente no creen, sus señorías las habrán
desnaturalizado, habrá perdido todo su sentido el recurso a entidades que
se mueven y son reguladas por el derecho privado como una necesidad de la
Administración de nuestro tiempo. El planteamiento de sus señorías es,
además, de un planteamiento demagógico, irreal.
Esta ley trae también un reconocimiento importante de la teoría de los
actos separables que han causado estado en nuestra doctrina y en nuestra
jurisprudencia. Hay una serie de entidades que tienen como finalidades
propias la realización de actos en el tráfico mercantil y financiero,
etcétera, a las que les es aplicable, también por imperativo de este
proyecto de ley, cuando sea un texto legal vigente, el principio de la
teoría de los actos separables. Además, hay una serie de relaciones
contractuales que por carácter subjetivo u objetivo quedan fuera del
ámbito de esta ley, como puedan ser las relaciones de contratos entre la
Administración y sus funcionarios, como puedan ser toda una serie de
actividades contractuales que realiza el Estado con otros sujetos de
derecho internacional, etcétera, que se regulan en el artículo 3, a los
que les son aplicables los principios de esta ley.
Señorías, a mí me parece profundamente injusto el discurso que su señoría
nos acaba de brindar en el turno de portavoces y que traía escrito. Sus
señorías hablan del clima de corrupción que intencionadamente están
intentando plantear como una situación generalizada en nuestro país. Al
final, señorías, ¿qué pretendían sus enmiendas objetivamente planteadas
aquí? Sus señorías han retirado una enmienda esencial, la número 134, que
al final hubiera significado que los límites máximos al proceso de
adjudicación negociado se habrían convertido en agua de borrajas y las
diferentes Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas hubieran
podido subir ese límite máximo a su dicrecionalidad.
Señorías, creo que hay que hacer un examen riguroso de esta ley, como de
la Ley de Incompatibilidades, que sus señorías y determinados medios de
comunicación afines a sus principios tuvieron buen cuidado de que pasara
inadvertida como una ley en la que se vuelven a hacer realidad los
compromisos políticos del Gobierno, con la historia de que se eliminaba
el término de «nación».
Ustedes están en una permanente estrategia tendente a acentuar el clima
de inquietud social que algunos casos de corrupción importantes han
producido. Esa es su estrategia, que no es la estrategia de presentar un
programa claro y alternativo al programa de Gobierno, y en este caso un
texto alternativo claro al proyecto que hemos estado discutiendo. Sus
señorías no tienen ningún tipo de interés y al final todas esas grandes
palabras que sí utilizan sus señorías, acaban vaciándose en un conjunto
abigarrado, pobre, heterogéneo, contradictorio de enmiendas parciales.
Creo que volver sobre esto es volver sobre cuestiones en las que
difícilmente nos podremos poner de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando.
El señor PEREZ GARCIA: Termino, señor Presidente.
Insisto, sus acusaciones, que además nos han reproducido ahora por
escrito en el turno de portavoces, son profundamente injustas y
demagógicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Cercós
Pérez pide la palabra.)
Senador Cercós, ¿por qué me pide la palabra?
El señor CERCOS PEREZ: Por una cuestión de orden. Se trata de dejar
constancia de unas correcciones observadas en el texto. El documento
global lo tiene el Letrado.
En el artículo 24.2, segunda línea, dice «agrupación». de acuerdo con el
resto de la ley, debe decir «unión». Se trata de una errata.
En el artículo 34.3, apartado a), segunda y tercera línea dice «o la
Junta» y es «o a la Junta».
En el artículo 81, líneas octava y novena, dice «agrupación» y debe decir
«unión», como se dice en el resto de la ley.
En el artículo 94.4 se citan como referencia unos artículos, pero no es
correcto, porque deberían citarse los artículos 141 f), 160.2.c), 183 h)
y 211 g), que es al que se alude exclusivamente.
En el artículo 96.3, primer guión, debe suprimirse la referencia «precio
del contrato» para evitar una redundancia. Que lo compruebe el señor
Letrado. Es una corrección de estilo.
Hay que corregir el artículo 116.2 c), tercera línea. Aprovecho, señor
Presidente, para decir que votaremos nuestra enmienda número 197 para
sustituir «entre ambos» por «con unos y otros».
En el artículo 129.1, en las tres últimas líneas, habría que intercalar
entre «asimismo y cuantos» la expresión «se deberán comprobar», para que
tenga sentido la expresión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un momento, por favor, señoría.
Deseo que los señores Senadores itinerantes dejen terminar esta parte del
debate. (Rumores.)
Señorías, estoy pidiendo a los Senadores que han entrado recientemente en
el Pleno que nos dejen terminar con el debido decoro la parte del debate
que en estos momentos se está sustanciando.
Por tanto, les pido, si no es mucho, un esfuerzo de silencio.
Muchas gracias, señorías.
Senador Cercós, puede continuar.
El señor CERCOS PEREZ: En el artículo 158, tercera y cuarta líneas, pone
«las» y debe ser sustituido por «la». Si se puede comprobar, en la
relación gramatical que haga el señor Letrado, la expresión de que «pueda
ser objeto» no añade ningún significado y mejoraría el estilo.
En el artículo 178.1, segundo párrafo, línea segunda, dice «su ejercicio
presupuestario». Sería más claro «cada ejercicio presupuestario».
El artículo 211, apartado a), quinta línea, tiene una errata. Dice
«aumentando» y es «aumentado».
La disposición final primera, apartado 1, guiones relativos al artículo
211, debe decir el párrafo segundo de la letra f) y el último inciso de
la letra g) del artículo 211.
En la disposición final segunda, apartado 2, penúltima línea, aparece la
expresión «... salvo las que hacen...», cuando debería decir «... salvo
las que se hacen...», y, por último, hay correcciones de puntuación que
trasladamos al señor Letrado, y que son que debe consignarse un punto al
final del artículo 1.4 del título del artículo 19, del título del
artículo 27, del artículo 31, del título del artículo 32, de la
disposición transitoria sexta, apartado 2, y del título de la disposición
final tercera. En la disposición final segunda, apartado 4, debe
intercalarse un punto entre el número 2 y la letra b), el artículo 5.2b),
y debe prescindirse de la coma que precede a la expresión «... o de
insolvente fallido...» en el artículo 13.2, quinta línea.
Por último, debe suprimirse uno de los dos puntos que figuran después de
la palabra «octava» en el título de la disposición adicional octava.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Se entiende que su aportación ha sido en nombre de todos los grupos que
tenían conocimiento previo. (El señor Acebes Paniagua pide la palabra.)
El señor Acebes tiene la palabra. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente.
Eso que usted supone es mucho suponer. Nosotros no conocíamos ninguna de
esas veintitantas enmiendas que acaba de hacer «in voce», y seguro que
tiene razón y que son de mejora técnica y estamos convencidos de que
mejoran el texto, pero desde luego necesitaríamos un tiempo para
reflexionar y poder trabajar sobre ellas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por unos minutos.
(Pausa.)
Señorías, se reanuda la sesión.
Queda aplazada la votación del proyecto de ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE DERIVACION DE
VOLUMENES DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO GUADIARO A LA CUENCA DEL RIO
GUADALETE. (S. 621/000070.) (C. D. 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del dictamen de la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación
con el proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca
del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete.
El señor Presidente de la Comisión, Senador García Correa, tiene la
palabra para la presentación del dictamen.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión
de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones referente
al proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del
río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete.
El proyecto de ley tuvo entrada en esta Cámara el 27 de febrero del
presente año. La Mesa lo remitió a la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones, fijándose que el plazo de
presentación de enmiendas terminaría el día 10 de marzo.
La Comisión designa como ponentes a los Excelentísimos señores don Luis
Pizarro Medina y don Rafael Román Guerrero, del Grupo Parlamentario
Socialista, y a don Casimiro Hernández Calvo y don Clemente Sanz Blanco,
del Grupo Parlamentario Popular.
Al proyecto de ley fueron presentadas una propuesta de veto y 11
enmiendas, por doña Isabel Vilallonga Elviro y don Alvaro Martínez
Sevilla, del Grupo Parlamentario
Mixto, y 23 enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, la Comisión, en sesión celebrada el pasado día 27 de marzo,
aprobó el informe de la Ponencia, quedando vivas para su debate en Pleno
todas las enmiendas presentadas, a excepción de la número 13, que fue
retirada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Correa.
El Grupo Parlamentario Mixto ha sostenido una enmienda de veto suscrita
por el Senador Martínez Sevilla y la Senadora Vilallonga Elviro.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera hacer la defensa del veto al proyecto de ley de
derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro al río
Majaceite, afluente del Guadalete. Y comenzaré haciéndoles unas
consideraciones acerca de la actual situación de restricciones en
política hidráulica y acerca de la absoluta inutilidad de este trasvase.
En primer lugar, a lo largo de estos meses se ha hablado mucho de la
situación de restricciones que sufren los 800.000 habitantes de la Bahía
de Cádiz, y que esta situación no debe achacarse a una exclusiva
coyunturalidad, a una exclusiva sequía climática. Pues bien, los
continuos cortes que refieren los 800.000 habitantes de la Bahía de Cádiz
están en buena medida provocados --y ésta es la tesis que me propongo
mantener-- por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que
quiere, de esta manera, sensibilizar y presionar a una población ante un
recurso tan vital y tan cotidiano como el agua, para la realización de un
proyecto innecesario y costoso como es el de derivación de volúmenes de
la cuenca del río Guadiaro al río Majaceite, que importa un total de
11.000 millones de pesetas. Las restricciones se deben, desde nuestro
punto de vista, a una falta de previsión de las administraciones
implicadas en la planificación y en la gestión del agua.
Las sequías son episodios normales en los climas mediterráneos y la
planificación hidrológica debe prever estas particularidades en nuestro
clima, disponiendo de sistemas de gestión de los recursos que permitan un
mantenimiento durante estos períodos secos. Por tanto, es claramente
constatable que la mera construcción de embalses no ha solucionado estas
carencias de agua en los períodos de sequía y que, además, ha ocasionado
un importante impacto ambiental y socioeconómico en los municipios de la
sierra y de la campiña, donde se han inundado algunas de las mejores
vegas con estas obras de regulación para abastecer de agua a las siempre
más ricas comarcas costeras. Desde este punto de vista hay, por tanto,
incapacidad para contener la demanda y para racionalizar el uso de un
recurso escaso por parte de las Confederaciones Hidrográficas.
El aumento de los recursos disponibles no ha llevado aparejada una mejora
de la gestión de los organismos de cuenca, cuya falta de control queda
patente incluso en hechos como la incapacidad para cobrar el agua a los
ayuntamientos. Es absolutamente demencial el hecho de que en los
municipios de la zona gaditana los ayuntamientos adeuden 2.200 millones a
la Confederación Hidrográfica del Sur, que no les cobra el agua, y que en
el Campo de Gibraltar se adeuden otros 2.000 millones de pesetas a la
respectiva Confederación Hidrográfica.
El nivel de recaudación de las Confederaciones Hidrográficas en Andalucía
está en el 40 por ciento. Por tanto, las Confederaciones Hidrográficas no
tienen, en este momento, capacidad de garantizar la adecuación ni la
gestión de los recursos hidráulicos ni, por tanto, de los recursos
hidráulicos que pudieran aportar al río Guadalete con el trasvase.
Además, las Confederaciones Hidrográficas, como la del Guadalquivir,
disponen de un guarda por cada 3.500 kilómetros cuadrados de cuenca
hidrográfica.
Les voy a hacer una breve historia de las disposiciones y de los recursos
hidráulicos de la cuenca del Guadalete y de la cuenca del Guadiaro. En
1982 el déficit era de 400 hectómetros cúbicos. Se puso en marcha un plan
de choque para invertir la situación en base a la construcción de 19
presas, 19 embalses con gran impacto ambiental que han incrementado en
más de un 40 por ciento la capacidad de regulación, pero
sorprendentemente no han aumentado el agua embalsada. Hoy, 10 años
después de ese plan de choque de 19 presas, el déficit sigue siendo de
400 hectómetros cúbicos y todavía no se ha superado el récord de agua
embalsada de 1979, con 4.000 hectómetros cúbicos. Por tanto, el
incremento en las obras de regulación de las cuencas no supone una mayor
disponibilidad de agua ni una mayor disponibilidad de recursos. Sin
embargo, la creación de estas 19 obras de regulación ofreció una
expectativa inexistente de nuevos recursos de agua que dio lugar a nuevas
demandas, como la creación de 60.000 nuevas hectáreas de olivar que se
están regando ilegalmente sin concesión de agua de ningún tipo y sin, por
supuesto, sanción de la respectiva Confederación Hidrográfica.
En la cuenca del Guadalete la situación es aún mucho más grave. La
política hidráulica promovida por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir se ha basado en la construcción de obras de infraestructura
para aumentar el nivel de regulación del río y así embalsar y aprovechar
los caudales excedentarios de los años lluviosos.
Esta política, basada exclusivamente en el aumento de los recursos
disponibles, se ha demostrado insuficiente, pues la presión de la
demanda, la enorme avidez de agua que genera nuestro modelo de desarrollo
insostenible ha superado con creces la oferta, de forma que el déficit
real se ha ido incrementando hasta llegar a la situación actual, en la
que tenemos unos recursos evaluados de 242 hectómetros cúbicos y un
déficit realmente inexistente evaluado por la propia Confederación en 77
hectómetros cúbicos.
El déficit del Guadalete es una clara demostración de que la
Confederación es incapaz de liderar la gestión del agua y de que los
ayuntamientos no quieren saber nada en la mejora de la gestión, sino
vender agua cara, que ellos no pagan, máxime cuando los agricultores
piensan seguir sin planificar los regadíos, sin atenerse a los recursos
existentes
y sin pagar el costo del agua. Así, con este modelo insostenible, no se
puede seguir, y este modelo insostenible es el que consagra el trasvase.
Pues bien, ante este modelo hay que plantear una serie de medidas basadas
en unos recursos escasos que hay que gestionar adecuadamente y a los que
hay que añadir retornos de agua --que veremos posteriormente--,
reciclajes de agua y asimismo la posible instalación de plantas
desaladoras que, desde nuestro punto de vista, proporcionan alternativas
a las necesidades de la Bahía de Cádiz sin que sea necesario ejecutar el
mencionado trasvase.
El trasvase Guadiaro-Majaceite se basa en unos déficit actuales de 20,8
hectómetros cúbicos, déficit medido en 1992. Los estudios de la
Confederación prevén un incremento de este déficit de 72 hectómetros
cúbicos en el año 2002 y de 200 hectómetros cúbicos en el año 2012. Sin
embargo, el déficit de esta cuenca no tiene su origen en la escasez de
recursos ni en la irregularidad de las precipitaciones. Estos son datos
básicos conocidos y previstos que hay que tener en cuenta. La
responsabilidad del déficit existente --insisto una vez más-- es de la
Confederación y, naturalmente, de la falta de contención en la demanda
que se está produciendo. Hay que destacar lo incongruente de este
trasvase y también que el mismo se justifique sobre la base de balances
hidrológicos que se deducen de órdenes ministeriales. Y les voy a dar un
dato muy significativo a este respecto. Mientras que en el Plan
Hidrológico del Guadalquivir se dice que en la cuenca regulada hay 236
hectómetros cúbicos, la orden ministerial correspondiente sitúa en 179
hectómetros cúbicos el agua disponible en dicha cuenca. Es decir, vía
orden ministerial se están rebajando 57 hectómetros cúbicos que el propio
Plan Hidrológico decía que sí había. O lo que es lo mismo, estamos
creando ficticiamente un déficit de agua que, vía orden ministerial, se
aumenta en 57 hectómetros cúbicos más.
Respecto de las demandas futuras, éstas son inexistentes. Por ejemplo,
las demandas futuras del Plan Hidrológico se basan en un gran aumento de
los regadíos y se propone duplicar las 27.000 hectáreas actuales llegando
a las 54.000 previstas para el año 2012. Estas previsiones contradicen la
actual política agraria comunitaria, que propone la reducción de
superficies cultivadas y la extensificación de la agricultura, entre
otras cosas para reducir excedentes y minimizar los impactos ambientales
de la agricultura intensiva.
El hecho de que el 4 por ciento de los propietarios agrícolas gaditanos
posean el 40 por ciento de las tierras regables hace también
absolutamente inadecuados los argumentos sociales respecto de la puesta
en funcionamiento de nuevos regadíos. Estos argumentos sociales no se
justifican ya que la puesta en funcionamiento de nuevos regadíos tiene
fines fundamentalmente especulativos. Además, buena parte de esos
propietarios no tienen en cuenta el carácter social de los cultivos que
se instauran después de la puesta en regadío de las tierras. Muchas de
ellas las dejan sin cultivar para poder cobrar las correspondientes
subvenciones de la propia PAC después de la puesta en regadío de esas
tierras.
Es decir, que en lo que a los regadíos se refiere, nos encontramos con
paradojas tales como que el nuevo trasvase únicamente va a aumentar de
forma especulativa el valor de los terrenos mientras que no los va a
aumentar de forma productiva ni tampoco de forma social al no incidir
directamente en la estructura agrícola de las tierras ni en la mano de
obra que todo ello conlleva.
Desde este punto de vista, la Confederación Hidrográfica debería desistir
de poner en funcionamiento unas 17.000 hectáreas. Ello supondría un
ahorro de 110 hectómetros cúbicos que --insisto-- no tienen justificación
dentro de la actual PAC. De este modo el tope de superficie regable en la
cuenca del Guadalete se podría fijar en unas 37.000 hectáreas y el
consumo previsto podría estar en unos 243 hectómetros cúbicos.
Respecto a consumos urbanos e industriales, el Plan Hidrológico del
Guadalete no sólo prevé una reducción de los consumos domésticos, base de
toda política de mejora de la gestión, sino que incluye fuertes
incrementos con dotaciones de hasta 350 litros por habitante y día.
La situación más insólita de este país se da en la Bahía de Cádiz, lugar
en el que hace tres años que hay restricciones de agua y donde la media
de consumo de agua por habitante y día supera la de cualquier región de
Europa. En esa zona el consumo está en los 170 litros por habitante y día
mientras que la media de consumo de agua de cualquier región española
está ahora mismo en los 280 litros por habitante y día. Esta situación,
de absoluto despilfarro, no debe premiarse con un trasvase sino que, al
contrario, debe corregirse desde la base en que se genera.
Por tanto, desde este punto de vista habría que minorar esas dotaciones
previstas para los años 2002 y 2012, muy superiores a las actuales. De
esa minoración de las demandas previstas podrían deducirse unos 124
hectómetros cúbicos para el año 2002 y unos 136 para el año 2012.
Los consumos industriales también prevén importantes incrementos que son
inconcebibles desde un punto de vista industrial teniendo en cuenta las
nuevas técnicas agroalimentarias, que no justifican esos aumentos, como,
por ejemplo, técnicas respecto a la utilización del agua en la industria
azucarera, en la industria agroalimentaria y también en la industria del
aceite, en la industria derivada de la industria olivarera. De tal manera
que, en este caso, tampoco se justificarían estos aumentos. El único
incremento justificado en la demanda de agua podría achacarse al caudal
ecológico de los ríos, para el que nuestro Grupo pretende proponer un
aumento, de los 8 hectómetros cúbicos previstos en el Plan Hidrológico, a
12 hectómetros cúbicos para el caudal ecológico; de esta manera, la
demanda sólo se incrementaría en 4 hectómetros cúbicos más. Por lo tanto,
con esta situación de perspectivas de futuro, y con una situación que
estaría basada en cuatro ejes fundamentales de política de ahorro en
recursos hídricos, nosotros proponemos la inutilidad de este trasvase.
El primer punto de ahorro sería el ahorro en regadíos: eliminación de
riegos ilegales; limitación de la superficie de regadío, consolidando las
actuales 27.000 hectáreas e incrementándolas con 7.000 nuevas, pero
desestimando las 17.000 hectáreas previstas desde el año 2002 hasta el
año 2012, que quedarán por completo fuera de la PAC y, por lo tanto, una
mejora también de la red de infraestructura
en las zonas regables --canales, acequias, etcétera--; una limitación de
las dotaciones bruscas en cabecera a 6.500 metros cúbicos y una
modificación de la política tarifaria para convertirla en instrumento de
ahorro de agua, implantando facturación volumétrica para todos los
agricultores; fomento de los cultivos que menos agua consuman y programas
de formación para los regantes. Con este conjunto de medidas, podría
ahorrarse --ya lo he comentado antes-- un volumen superior a los 100
hectómetros cúbicos en riegos agrícolas.
En segundo lugar, un ahorro en consumos urbanos e industriales, con una
reducción de pérdidas de la red de distribución a un máximo del 20 por
ciento antes del año 1999, y a un 15 por ciento en el año 2012; una
política que separe los consumos domésticos de los industriales y de los
de zonas ajardinadas; instalación de redes separadas en los nuevos
polígonos industriales y consumo con agua reciclada; una dotación básica
por habitante y día de 200 litros; una política tarifaria que garantice
precios asequibles, hasta 150 litros por habitante y día; un fuerte
incremento de los precios para los excesos de consumo; contratos
individualizados por vivienda; regulación de normas urbanísticas y fuerte
reducción de los consumos en instalaciones militares. He de decirles que,
en el ámbito de la Bahía de Cádiz, las instalaciones militares consumen
más de 5 hectómetros cúbicos al año, y que sólo la base naval
norteamericana de Rota está consumiendo 2,5 hectómetros cúbicos de agua
cada año, que se utilizan para fines que, en muchos casos, podrían
hacerse con agua reciclada.
El consumo de la base aeronaval de Rota es superior al de poblaciones
como las de Puerto Real o Chiclana, por poner un ejemplo. La implantación
de nuevas tecnologías en la industria agroalimentaria, que también he
comentado antes, sería otra de las medidas de ahorro.
Con todo esto, naturalmente, hay que ahorrar el agua que se pierde en las
conducciones. Les puedo poner algunos ejemplos muy claros: los de Cádiz y
Jerez. En el Ayuntamiento de Cádiz, la diferencia entre el agua recibida
en alta y el agua facturada es del 40 por ciento menos: se reciben 20
hectómetros y salen facturados 12 hectómetros cúbicos. Se pierden 8
hectómetros cúbicos, casi la mitad del agua que se recibe en alta, y en
Jerez es el 30 por ciento. Ante esto hay una absoluta impotencia y
dejación de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo
único que demuestra esto es una malísima gestión municipal, un
despilfarro de agua que está lamentablemente generalizado y que la mayor
parte de nuestros municipios necesitan planes de mejora de gestión. Desde
este punto de vista tenemos, por ejemplo, que municipios como el de
Cádiz, cuyo último año normal de distribución fue 1991, reciben 20
hectómetros cúbicos de agua ese año, lo cual supone 360 litros por
habitante y día, cifra muy superior a la que necesita un ciudadano para
mantener una elevada calidad de vida. Por lo tanto, hay que plantar como
política de futuro que este consumo no sólo crezca sino que, además,
disminuya con estas reducciones de pérdidas, con una gestión dirigida a
la demanda y no a la oferta, con una reutilización de aguas depuradas
para usos industriales y con campañas de concienciación ciudadana.
Los aumentos de consumo debidos a crecimientos demográficos o a aumentos
de población turística se pueden ver compensados por ahorros en la mejora
de la gestión y por la disminución del consumo industrial prevista. Estas
mejoras de ahorro de gestión pueden liberar un volumen de recursos en
torno a 12 hectómetros cúbicos.
Respecto a la depuración y reutilización de aguas residuales, el Plan
Hidrológico de la Confederación no contempla las aguas residuales como
retornos, cuando de hecho todas las aguas residuales de los municipios
existentes en las cuencas, a excepción de El Puerto, se han venido
reutilizando sin depuración de ningún tipo. Encontramos aquí una
situación absolutamente cínica por parte de la Confederación, que
mantiene de un lado la imposibilidad de reutilizar aguas residuales o
aguas depuradas y que, por otro lado, está permitiendo el vertido de
aguas fecales para los riegos agrícolas del marco de Jerez y que está
permitiendo, incluso, el vertido de aguas sin depurar a pantanos, como,
por ejemplo, el pantano de los Hurones, que posteriormente abastecen a
algunas poblaciones de la Bahía de Cádiz. De tal manera que esta
situación cínica por parte de la Confederación debe acabarse, y debe
acabarse con una política de efectiva depuración y reutilización de aguas
residuales que vuelva como retornos todas esas aguas que ahora mismo, en
muchas ocasiones, se están tirando al mar. Así, por ejemplo, podríamos
estimar que después de la depuración de todas estas aguas residuales se
podrían añadir unos 57 hectómetros cúbicos a los volúmenes actualmente
disponibles de agua en la cuenca del Guadalete.
En cuarto lugar...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, le ruego que vaya
terminando.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, voy
acabando.
En cuarto lugar, una mejora de la gestión. Este es un elemento clave para
solucionar definitivamente los problemas de abastecimiento de agua en la
cuenca del Guadalete. Las restricciones en este sentido son más fruto de
la incompetencia en la gestión de recursos que de las sequías periódicas.
Los ayuntamientos están contemplando el agua como un negocio, un negocio
que la mayoría de las veces es, por cierto, el único que tienen: a más
agua que se vende, más ingresos municipales. Antes ya he comentado la
alarmante situación de deudas a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, pero hay municipios que llegan hasta el paroxismo, que
llegan hasta situaciones absolutamente de libro: por ejemplo, el
municipio de Sanlúcar de Barrameda no paga el agua en alta a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tiene pérdidas en torno al
30 por ciento en su red de distribución, tiene una depuradora construida
por la Junta de Andalucía que no funciona porque el ayuntamiento no ha
construido los colectores, no tiene empresa de gestión de aguas y no
existe proyecto para reciclar las aguas depuradas; y esto en un municipio
como Sanlúcar de Barrameda, con un altísimo déficit de agua para riego y
con una alta conflictividad social por el uso de este recurso.
Por tanto, la aportación de nuevos recursos --por ejemplo, el trasvase
propuesto-- a una cuenca con graves problemas no resueltos de gestión no
sólo no soluciona los problemas existentes, sino que los agrava, pues
justifica a los ayuntamientos, a las industrias y a las comunidades de
regantes para no realizar esas mejoras en gestión precisamente por las
nuevas dotaciones. (Rumores.) Esto va a llevar a corto plazo a una
reproducción de estos problemas de agua que ahora se pretenden
solucionar, pero con el agravante de que en un futuro próximo ya no
existirá la posible apelación a conseguir más recursos ajenos y el grifo
va a estar definitivamente cerrado.
Una quinta y última alternativa, y con esto acabo, señor Presidente,
sería la desalación de agua de mar. Las plantas de desalación de agua de
mar no se han instalado en algunas ocasiones debido al alto coste
--aseguraba la Administración--. (Rumores.) Sin embargo, las modernas
técnicas de cogeneración de electricidad y agua potable han abaratado
tremendamente de forma ostensible la obtención de agua potable a partir
del agua de mar. Las turbinas de última generación con consumo de gas
natural unen a su alto rendimiento una escasísima contaminación al
encontrarse este combustible libre de azufre y con unos muy bajos niveles
de óxido de nitrógeno. Una planta de este tipo va a ser instalada en
Almería por un importante grupo empresarial, produciendo 20 hectómetros
cúbicos de agua potable para abastecer a una población de 250.000
habitantes, a un precio de 30 pesetas/metro cúbico, subvencionado por la
empresa, obviamente, porque los otros beneficios son en electricidad,
pero real de 90 pesetas/metro cúbico, además de generar 200 megavatios de
lectricidad. (Rumores.) Esta opción tendría, además, el valor añadido de
una nueva instalación industrial en la Bahía de Cádiz con la consiguiente
generación de empleo, de forma que se podrían crear mil puestos de
trabajo en la fase de construcción y aproximadamente unos 50 fijos en el
mantenimiento de la instalación. Y hay que recordar que en Cádiz existe
una central...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, por segunda vez le
advierto que su tiempo ha concluido.
El señor MARTINEZ SEVILLA: ... térmica de fuel actualmente cerrada que
puede reconvertirse...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, haga el favor de atender
a la Presidencia.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Atiendo a la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Por segunda vez le llamo la
atención. Se ha excedido, con mucho, en su tiempo. Ruego termine.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Acabo con una frase.
Muchas gracias, señor Presidente, no le estaba oyendo porque el ruido
ambiental en la sala es tremendamente grande. (Rumores.)
Acabo con una frase. Señores Senadores, señoras Senadoras, en base a esta
amplia posibilidad de nueva disposición de recursos hidráulicos, que les
he comentado y que probablemente tendremos ocasión de debatir con
posterioridad, y en base a las propias dotaciones ya existentes de agua
en la cuenca del río Guadalete, les ruego desestimen el proyecto, y, por
tanto, den su voto favorable a esta propuesta de veto, ya que el trasvase
no haría sino incidir en una nueva oferta de agua y no en una política de
gestión de la demanda de agua, en una política de contención de esa
demanda, que actualmente es absolutamente desorbitada y carece de
control.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez
Sevilla.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Pizarro.
El señor PIZARRO MEDINA: Señor Presidente, señorías.
Después de haber oído con atención al Senador Martínez Sevilla, de
Izquierda Unida-Los Verdes, convocatoria por Andalucía, me ha dado la
impresión de que ha estado defendiendo un veto en contra del proyecto de
ley que estamos debatiendo que no se refiere al trasvase
Guadiaro-Majaceite, porque todos los argumentos que ha utilizado para
sostener el veto a esta ley no se corresponden en absoluto con la
realidad actual que vive la zona de la Bahía, la zona gaditana, que es
donde se va a trasvasar el agua del Guadiaro.
Creo que el señor Martínez Sevilla ha venido aquí a leernos el documento
alternativo que la Plataforma contra el trasvase del Guadiaro-Guadalete
presentó ante la Administración en el año 1989 cuando esa obra de
trasvase salió a exposición pública. Desde entonces hasta ahora, señor
Martínez Sevilla, no ha llovido mucho en la provincia de Cádiz, pero sí
que hemos acercado bastante la posición entre la Plataforma contra el
trasvase y la Administración, que ha venido defendiendo la necesidad de
la construcción de esta obra de trasvase. Usted está manteniendo
íntegramente, sin modificar en absoluto, de manera ortodoxa, una actitud
tan radicalmente en contra del trasvase del río Guadiaro al Guadalete,
que, incluso, miembros de esa Plataforma, y usted lo sabe, en la
actualidad ya no mantienen.
Por tanto, tengo que decir que nuestra posición va a ser la de votar en
contra del veto defendido por el señor Martínez Sevilla, y vamos a votar
en contra de su veto basándonos, fundamentalmente, no en los argumentos
que ha utilizado, porque si los contrastamos con la realidad actual, esos
argumentos distan radicalmente con lo que realmente ocurre en la
provincia de Cádiz.
En su exposición de motivos, el señor Martínez Sevilla decía que
presentaba un veto, y tengo que recordar aquí que en el Congreso de los
Diputados, el Diputado que defendió las enmiendas al texto de la ley no
presentó un veto contra la ley, sino que presentó una serie de enmiendas
parciales a la misma. Uno de los argumentos que utiliza el señor Martínez
Sevilla en su exposición de motivos para presentar el veto es que no se
habían aceptado las enmiendas
de modificación presentadas en el Congreso de los Diputados, dos de
ellas, la 7 y la 8, son transaccionadas en este Pleno junto con dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y hemos dado, en ese sentido,
un avance importante de consenso en relación con esas enmiendas.
Estas han sido las posiciones que más se han diferenciado a lo largo de
estos tres años de debate: las de Izquierda Unida y la Plataforma contra
el trasvase, frente a las mantenidas por la Administración y el Grupo
Socialista. Y le decía esta mañana, señor Martínez Sevilla, que el mero
hecho de haber aceptado y transaccionado las enmiendas 7 y 8, de
Izquierda Unida, y las números 20 y 22, del Grupo Popular, sería más que
suficiente para que usted tuviera la valentía de retirar el veto a esta
ley.
El señor Martínez Sevilla también se opone al proyecto de trasvase,
planteando que es lesivo para el medio ambiente por la falta de medidas
eficaces adoptadas por la Administración para una política de ahorro en
el consumo, basada --según él-- en la demanda de medidas de depuración y
reciclaje, y plantea como alternativa el uso racional de las aguas
subterráneas y la construcción de una desalinizadora. Señor Martínez
Sevilla, creo que la aprobación de esta ley --tal como va a salir hoy del
Senado-- debería ser suficiente para que usted superara su desconfianza
en el proyecto de trasvase del Guadiaro al Majaceite. Insisto en que creo
que usted debería superar esa desconfianza por la agresión medioambiental
del trasvase, porque el que eso no ocurra está garantizado en la propia
ley, en el estudio complementario de impacto medioambiental y, además --y
usted lo debe saber, porque es parlamentario andaluz--, en las medidas
correctoras que se han aprobado por las Juntas Rectoras de los Parques
Naturales de Grazalema y de los Alcornocales y en las establecidas para
este proyecto por la Agencia de Medio Ambiente.
Pero, además, es curioso que la posición que mantiene el Senador Martínez
Sevilla sea contradictoria con la de quienes defendemos la necesidad del
trasvase del Guadiaro. Parece mentira que un Senador que defiende con
ardor y ahínco el medio ambiente se oponga a este proyecto de trasvase.
Digo esto, porque usted sabe que los problemas que pueda plantear la
derivación de agua del Guadiaro al Guadalete se van a resolver con la ley
porque se garantiza el caudal ecológico y, al mismo tiempo, se van a
resolver los problemas medioambientales del río Majaceite que, por
cierto, señoría, no es un afluente del Guadiaro, sino del río Guadalete.
Como digo, esa derivación de agua también va a resolver los problemas
ecológicos del río Majaceite y, al mismo tiempo, el estudio
complementario de impacto medioambiental recoge aspectos positivos,
medidas compensatorias para el río Guadiaro, que vienen establecidas en
la ley al garantizar su caudal ecológico y el que anualmente sólo se
puedan trasvasar al Guadalete 110 hectómetros cúbicos. Como incluso en
los estudios más conservadores se habla de que el río Guadiaro tiene un
caudal de 720 hectómetros cúbicos sin regular, sin utilizar, al hacer uso
sólo de 110 hectómetros cúbicos de derivación, todavía le sobrarían a
Guadiaro, aproximadamente, unos 620 hectómetros cúbicos de agua sin
utilizar.
El señor Martínez Sevilla también ha planteado su oposición al trasvase,
proponiendo una serie de medidas de ahorro, como utilizar los recursos de
aguas subterráneas de la zona de la bahía gaditana. Usted también tiene
que saber, señoría, que la Administración está trabajando en una serie de
proyectos y que en la actualidad se están haciendo obras de extracción de
los acuíferos de la zona de la bahía gaditana. Pero también deberíamos
tener en cuenta que, desgraciadamente, los estudios hechos por parte de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir manifiestan un uso
limitado de los acuíferos de la zona y el riesgo de la sobreexplotación
de la misma.
En cualquier caso, el plan hidrológico que se está elaborando en la
cuenca del Guadalete se refiere a las aportaciones de los acuíferos de la
zona al río Guadalete, que suponen una cantidad --en 7 ó 9 años-- que,
incluso, utilizando el 100 por cien de los acuíferos de la zona, no sería
suficiente para resolver los problemas de déficit que tiene la zona de la
bahía gaditana, de donde se abastece, precisamente, el agua del río
Guadalete.
En relación, señor Martínez Sevilla, con la necesidad de que antes de que
se pongan en marcha las obras de trasvase del río Guadiaro al Majaceite
se hicieran esfuerzos para utilizar las aguas residuales y retornarlas a
la cuenca del Guadalete, nos parecen unas medidas muy interesantes, pero
que, a corto plazo, no aportan una solución. Efectivamente, se ha hecho
un esfuerzo muy importante en esta zona para la construcción de
depuradoras que vayan reciclando las aguas, hasta tal punto que en cada
uno de estos quince municipios de los que se abastece el río Guadalete
hay ya una depuradora construida, con lo cual, en la mayoría de los casos
--porque hay que reconocer que algunas no se han puesto todavía en
marcha--, se están depurando aguas y vertiendo al mar --no como usted
dice.
Por tanto, nos parece una medida interesante, pero no con resultados a
corto plazo, porque no podemos parar la construcción del trasvase para
ponerla en marcha, debido a dos razones básicas: en primer lugar, porque
usted sabe como yo que la utilización de aguas residuales para uso
agrícola --no para uso humano-- o para otros usos requiere,
evidentemente, un tratamiento que resuelva los problemas
microcontaminantes y de virus que tienen este tipo de aguas, los cuales
nos obligan, de alguna manera, a hacer un uso restrictivo del agua, por
lo que tendríamos que adecuar las depuradoras para que garantizaran la
calidad de las aguas que fueran a retornar a la cuenca del Guadalete o a
los lugares donde se fueran a utilizar. En segundo lugar, señor Martínez
Sevilla, como usted no conoce la provincia de Cádiz, no se sitúa en la
realidad.
En cuanto a que con el retorno de las aguas residuales se resolverían
muchos de los problemas de abastecimiento que tenemos ahora, le tengo que
decir, señor Martínez Sevilla, que de los quince municipios de la
provincia de Cádiz que se abastecen de la cuenca del río Guadalete, la
mayoría de ellos, catorce, están situados en la zona cercana al mar, es
decir, en el punto más bajo de la provincia de Cádiz. En el supuesto de
que ya hubiéramos construido todas las depuradoras con las medidas
necesarias para poder reciclar
agua de calidad, dígame cómo y a dónde se retorna ese agua reciclada para
poderla utilizar posteriormente.
Por tanto, estamos ante una medida que no nos parece rechazable, pero
cuya puesta en práctica requiere muchísimo tiempo y costo económico,
porque usted estará de acuerdo conmigo en que habrá que embalsar en algún
sitio las aguas recicladas; no vamos a retornar agua reciclada a la
cuenca del Guadalete, donde se abastece, que no vamos a poder utilizar
allí ni para regadíos, porque también tiene sus repercusiones negativas
en el propio regadío.
Por tanto, cuando hayamos demostrado que esa agua se puede utilizar en el
reciclaje, habrá que embalsarla en algún sitio, porque si llevamos el
agua reciclada desde la zona de la bahía de Cádiz a la zona de riego,
estaremos hablando de una conducción de aproximadamente unos 30 ó 40
kilómetros de distancia y estaremos hablando también de la necesidad de
construir unos embalses para mantener y para embalsar ese tipo de agua
con el fin de reutilizarla. En consecuencia, estamos hablando de un
proyecto interesante, un proyecto a largo plazo y bastante costoso.
Por último, el señor Martínez Sevilla plantea un debate que ha sido muy
reciente en la zona de la bahía de Cádiz, sobre todo, por la propia
situación de dramatismo con la que viven los ciudadanos de esa provincia,
que es buscar las posibles alternativas al abastecimiento del Guadalete
con plantas desalinizadoras. En la exposición de motivos del veto plantea
que se podrían resolver los problemas de abastecimiento de 800.000
habitantes, de una zona agrícola de 27.000 hectáreas, de la zona
industrial y turística más importante de la provincia de Cádiz, con la
construcción de una planta desalinizadora de 1.500 millones de pesetas.
Creo que eso que usted plantea, que debe tener un nivel de conocimientos
importantes en relación con este tipo de alternativas, no lo sostiene
nadie, porque una desalinizadora que pueda dar respuesta a los problemas
de abastecimiento de esa zona, señor Martínez Sevilla, requerirá un nivel
de inversión de 50.000 millones de pesetas, y a una planta de estas
características le estaríamos añadiendo un costo de funcionamiento y de
mantenimiento por valor de 6.000 millones de pesetas. Evidentemente esos
costos tendrían una repercusión en el precio del agua y el precio del
agua desalada sería infinitamente superior al precio del agua trasvasada.
Por todas estas razones, señor Presidente, nos vamos a oponer al veto
defendido por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias.
Pasamos al turno de portavoces.
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Pizarro Medina, si aquí hubiera una pizarra y una tiza podríamos
hacer cuentas con claridad. Pese a ello, le voy a rogar se provea de un
papel y de un lápiz y vamos a hacer cuentas, porque ésta es una cuestión
aritmética muy simple.
No me diga usted que yo pretendo solucionar el problema de agua de la
bahía con la construcción de una depuradora que ya le he comentado que da
20 hectómetros cúbicos de agua. No pretendo solucionar el problema que es
de trescientos setenta y tantos en demanda con una desaladora de 20
hectómetros cúbicos. Le digo que ése es uno de los elementos, junto con
el reciclaje, junto con la reducción del consumo, junto con la no puesta
en regadío de 17.000 hectáreas, junto con la mejora de la red de
abastecimiento. Todo ese conjunto de medidas y las dotaciones existentes
en la cuenca pueden solucionar la demanda que hay de agua.
Vamos a hacer cuentas; tome usted un lápiz, por favor, señor Pizarro.
Seguro que usted sabe aritmética, confío en sus conocimientos de
aritmética y, como son tan simples como eso, vamos a hacerlo.
Recursos regulados en el Plan Hidrológico: 316 hectómetros cúbicos.
Súmele recursos subterráneos: 51 hectómetros cúbicos; súmele retornos.
Señor Pizarro, los retornos no se pueden tirar al mar. En Alemania, en la
cuenca del Rhin, el agua se depura y se reutiliza hasta siete veces. ¿Es
que somos en este país más tontos que en Alemania o es que somos más
exquisitos? ¿Es que necesitamos agua de Lanjarón para regar algunos
cultivos que no necesitan agua de esa calidad? Si en Alemania se utiliza
siete veces el agua para regar en algunos casos y, en otros, para
utilizaciones industriales, para refrigeración o para riegos de césped o
jardines, en este país también podemos hacerlo. Lo que es un dislate
absoluto es reciclar el agua para tirarla al mar. Ese agua hay que
reutilizarla, pero para eso necesitamos una red separada. No podemos
mezclar el agua reciclada con el agua de primer consumo o con el agua
potable, y necesitamos, por tanto, una doble canalización, una red
separada que permita, por ejemplo, riegos agrícolas en los que no se
fijen algunos agentes microcontaminantes, que los hay y que se estudian,
que permitan riegos en los campos de golf. Cada campo de golf consume lo
equivalente a una ciudad de 10.000 habitantes y ahora mismo hay cuatro
campos de golf en la bahía y una previsión de seis. Por tanto, la
previsión es que cuando estén en funcionamiento todos esos campos de golf
estaremos consumiendo tanta agua en campos de golf como la ciudad de San
Fernando. Para riegos de campo de golf, de praderas, de césped, de
jardines, de algunos cultivos agrícolas y algunos usos industriales de
refrigeración utilizamos esos retornos. Súmele 55 hectómetros cúbicos y
súmele 20 de una desaladora --es un pequeño dato, pero son 20--. En
total, la dotación es de 442 hectómetros cúbicos. Ese es el agua que
tenemos. No salen las cuentas, porque sólo hay que sumar; es aritmética,
se trata del sistema métrico decimal, y hasta ahí llegamos todos.
Las demandas. Regadíos, 243 hectómetros cúbicos. Estos 243 hectómetros
cúbicos se consiguen eliminando, Senador Pizarro Medina, esas 17.000
hectáreas que yo ya le he puesto de manifiesto que son de más que dudosa
rentabilidad en el entorno dela PAC, 17.000 hectáreas que no representan
necesidades actuales, como usted sabe, sino necesidades desde el 2002
hasta el 2012.
Súmele demanda urbana, 120 hectómetros cúbicos, que se consigue con una
mejora de las redes de abastecimiento. Les recuerdo a ustedes que el
Ministro Borrell lo decía ayer. La ciudad de Alicante es modélica, sólo
pierde el 16 por ciento de su agua en la red. La ciudad de Almería en un
plazo de dos años ha conseguido perder el 15 por ciento. Añadámosla a la
lista de ciudades modélicas respecto a distribución y consumo de agua.
Hágase eso en Cádiz, en San Fernando, en el Puerto de Santa María, en
Sanlúcar y en los demás municipios: Chiclana, Conil, etcétera. Hágase una
mejora de la red de abastecimientos. Se puede hacer en un plazo mucho
menor del que lleva la obra de trasvase.
Consumo urbano, 120 hectómetros cúbicos. Caudal ecológico del río
Guadiaro, 12 hectómetros cúbicos. Total, 375 hectómetros cúbicos.
¿Cuántos nos salían antes? Nos salían 442. ¿Cuánta demanda tenemos?
Tenemos 375 hectómetros. ¿Qué nos sobra? Nos sobran 67 hectómetros
cúbicos. Y no es milagro, no sale de ninguna chistera. Esos 67
hectómetros cúbicos no son todos a costa de desaladora. Se trata de sumar
y restar. No se trata de hacer ninguna operación de exponenciación.
Ahora bien, las operaciones de exponenciación vienen por otro lado. Las
operaciones de exponenciación vienen por un contrato de un túnel de doce
kilómetros que atraviesa el canal de las Buitreras, y ese túnel va a
costar 11.000 millones de pesetas. Luego se ha reducido. En la
adjudicación estaban previstos 11.000 millones y se ha reducido a 6.000
millones de pesetas, con los otros condicionantes de la toma de
derivación. La construcción de una desaladora con ciclo combinado y por
1.500 millones de pesetas puede generar 200 megavatios de electricidad.
Además, puede dar empleo estable a 50 gaditanos. Yo creo que es una
contrapartida más que suficiente. Por tanto, se trata de sumar.
Le voy a hacer otras consideraciones de tipo general, ya que hemos sumado
y restado respecto al consumo y yo pienso que aquí están los datos
claros, sin engaño, sin trucos, sin conejos. Eso sí, sumas y restas, no
exponenciaciones ni divisiones extrañas.
Situación real en la bahía de Cádiz. Aunque no soy gaditano, conozco la
situación de la bahía de Cádiz desde Sanlúcar de Barrameda hasta Cádiz y
más allá, y conozco Cádiz desde Sanlúcar hasta San Roque.
El señor Jerónimo Andreu, Diputado de mi Grupo, hizo una exposición en el
Congreso de los Diputados que usted ha acertado en definirla. Ha dicho
que no presentó enmienda a la totalidad --en el Congreso de los Diputados
no hay propuestas de veto, hay enmiendas a la totalidad-- y ha dicho que
sólo presentó enmiendas parciales. En esto acierta usted. ¿Qué significa
esto políticamente? Significa que mi Grupo Parlamentario, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ha cambiado --tomen ustedes nota-- su
posición política del Congreso de los Diputados al Senado. Es decir,
significa que en el Congreso de los Diputados se mantuvo una posición
respecto al trasvase Guadiana-Majaceite que no es la posición mantenida
ahora, y lo digo con todo el respaldo de este Grupo Parlamentario y de
esta fuerza política. Por tanto, no es que el señor Andreu autorice o
deje de autorizar otras posiciones que se están manteniendo, lo que
ocurre es que ha habido un cambio de posición derivado de la realidad
política que vive la bahía de Cádiz, que vive Andalucía y esta fuerza
política a la que represento, y es que precisamente está integrada en esa
plataforma.
Señor Pizarro, ha hecho una presunción excesivamente optimista respecto
de los documentos que manejo --optimista para usted--. Mis documentos no
son los de ninguna plataforma del trasvase con respecto al año 1991; son
unos documentos internos de mi fuerza política que tienen cinco meses.
Por tanto, tienen una vigencia y una actualidad plena que sigue
conservándose en esos análisis hasta el año 2002 ó 2012. Y usted tiene
razón en una serie de cuestiones. Usted tiene razón en que en la
transaccional que se propone --que no estamos discutiendo ahora, que
discutiremos después-- se introducen mejoras significativas en el
trasvase. Estoy de acuerdo con usted, pero es que yo no sólo estoy
discutiendo sobre la introducción de mejoras significativas en el
trasvase, sino que le estoy exponiendo toda una filosofía hidráulica; le
estoy exponiendo todo un modo de razonamiento hidráulico, y ese modo de
razonamiento lo he plasmado, con respecto a este trasvase, en esta
propuesta de veto. Y ese modo de razonamiento dice que con respecto al
agua no valen políticas de oferta porque el recurso no es ilimitado, sino
que únicamente valen políticas de gestión de la demanda porque es un
recurso muy limitado que, además, va a generar cada vez mayor
conflictividad social. Y éste es otro coste que no medimos: el coste de
tener a una región entera levantada en pie de guerra porque se le llevan
su agua y a unos agricultores temerosos de que mañana puedan o no regar
sus cultivos, normalmente pequeños agricultores frente a las grandes
extensiones de cultivo de la Bahía de Cádiz. Por tanto, aquí hay otro
coste.
A través del veto, yo le he expuesto toda una política hidráulica
distinta, y luego, bajo la consideración de que hay una inevitabilidad
porque hay una mayoría democrática de votos que así lo decide --aunque,
desde mi punto de vista, lo decide sin argumentos; pese a todo, la
mayoría decide, con o sin argumentos--, con una mayoría democrática hay
un trasvase impuesto, y ante ese trasvase impuesto, sin duda, me alegro
de que se impongan una serie de restricciones y de mejoras, como son las
que ha propuesto mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular y
las que proponen ustedes en la enmienda transaccional. Las acepto y les
doy la bienvenida, pero esto no tiene nada que ver con el razonamiento
hidráulico, porque usted me tiene que permitir mantener las bases de mi
política hidráulica, las bases de la política hidráulica de mi grupo
parlamentario que están reflejadas aquí, y no en la defensa que se hizo,
que fue particular, en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, en este sentido, no hay que tener la valentía de retirar el
veto; la valentía es defender en una posición muy minoritaria en esta
Cámara --yo soy muy consciente de ello-- una política hidráulica que
todavía no ha calado no ya sólo en la población española, sino ni
siquiera en los grupos parlamentarios de esta Cámara. Pero es una
política hidráulica que yo siento que va empezando a calar y respecto
a la que, si quieren y tenemos oportunidad, hablaremos dentro de cinco o
diez años, cuando la realidad venga dando razones poderosas. Entonces,
probablemente revisaremos nuestra política hidráulica y nos encontraremos
con que hay mucho más grado de coincidencia sobre ella que el que puede
haber ahora. Igual que ahora mismo hay mucho más grado de coincidencia
sobre otras políticas, como gestión de residuos, que la que podía haber
hace diez años, y más grado de coincidencia sobre política de transportes
o política energética que la que podía haber 20 ó 25 años, cuando se dio,
por ejemplo, la euforia de las centrales nucleares.
Con este planteamiento, yo creo que se han expuesto una serie de medidas
eficaces para poder dotar de suministros convenientes a la bahía de
Cádiz; medidas que están dirigidas a la gestión de la demanda y que
suponen una diversificación de las fuentes y que cumplen todas las
necesidades de la bahía. Con todas estas necesidades cubiertas, no hay
necesidad de un trasvase que cuesta 11.000 millones de pesetas, y esto,
señor Pizarro Medina, sin aludir para nada a los daños ecológicos de la
obra del trasvase, porque si a esto le sumamos --que es la guinda-- que
las obras del trasvase detraen unos recursos que son básicos en dos
parques naturales, el Parque Natural de Grazalema, el único pinsapar que
existe en parque natural o, mejor dicho, la masa más representativa de
pinsapar --porque está también el de la Sierra de las Nieves-- que existe
en el mundo, y el Parque Natural de los Alcornocales, uno de los mejores
espacios de bosque mediterráneo. Esto sin aludir a los efectos
impactantes de las obras del trasvase y sin aludir a que el proceso ha
estado plagado --y usted lo sabe, señor Pizarro Medina-- de faltas: por
ejemplo, que se dio con permiso del Presidente de la Junta Rectora, sin
que hubiera pasado por la Junta Rectora inicialmente; por ejemplo, que
inicialmente estaba prevista en la obra una presa que necesitaba estudios
de impacto ambiental que no se hicieron y, posteriormente se cayó en la
cuenta de que tenía que hacerse un estudio de impacto ambiental, y luego
se quitó la presa. Pese a eso, mi grupo parlamentario sigue pidiendo un
estudio de impacto ambiental, aunque no lo exija la Ley. Todo eso, pese a
un proceso plagado de irregularidades que, además, tiene como guinda el
que las obras tienen un grave impacto ambiental. Pero si no lo tuvieran,
le aseguro que mi posición seguiría siendo la misma, porque es una
política hidráulica lo que estoy defendiendo, una política que reconozco
que ha sido distinta en el enfoque a la que se ha defendido en el
Congreso de los Diputados, pero que es la política que no sólo respalda
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sino Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
formación a la cual represento como Senador por Andalucía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Martínez
Sevilla.
Para un turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Señor Presidente, señorías, el Senador Martínez
Sevilla ha presentado un veto a la totalidad del proyecto de ley; el
Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado su voto en contra. Creo que
en las dos posiciones hay parte de verdad, tanto por parte de quien ha
presentado el veto a la totalidad del proyecto, en lo que se refiere al
tema de gestión, en lo que se refiere a la utilización racional de los
recursos, como por parte del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a
la necesidad del trasvase, de las transferencias de agua del río Guadiaro
al río Guadalete.
El Grupo Parlamentario Popular quiere conjugar las dos situaciones. Por
una parte, queremos conjugar la protección de los habitantes de la zona
de la cuenca del río Guadiaro; y, por otra parte, queremos proteger,
defender y resolver los problemas de abastecimiento que en estos momentos
se están dando en la cuenca del río Guadalete. Por eso, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra del veto propuesto por el
Grupo que representa el Senador Martínez Sevilla.
Nosotros, señoría, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
esperábamos realmente que este proyecto hubiera sido diferente, no
solamente la propuesta de un trasvase, de una transferencia de caudales
de una cuenca que se llama, supuestamente, excedentaria, a una cuenca
que, supuestamente, se llama deficitaria. Porque creo que todavía no
tenemos los datos suficientes para poder valorar estos parámetros y estos
extremos. ¿Por qué? Porque los planes hidrológicos de cuenca no están
aprobados; porque los planes hidrológicos de cuenca están a medio
realizar; porque el plan hidrológico nacional todavía no está aprobado y,
por lo tanto, creo que todavía faltan elementos fundamentales para poder
valorar esos proyectos. Pero nosotros vamos a votar a favor de este
proyecto, a pesar de encontrar en él grandes lagunas, grandes
deficiencias. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque pensamos que los
habitantes de la cuenca del río Guadalete no tienen por qué sufrir
necesariamente en sus propias carnes las restricciones de agua que
durante años y años llevan sufriendo en el abastecimiento a las
poblaciones, al regadío, etcétera.
Ciertamente, ni el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente ni el Gobierno son responsables ni culpables de la sequía ni de
que no llueva. Estoy de acuerdo. Pero el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente sí es responsable de que no haya
disponibilidad de recursos para abastecimiento, para regadío y para el
desarrollo de esta zona gaditana. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio
de Obras Públicas? Pues lo mismo que ha hecho siempre: proponer grandes
infraestructuras y grandes proyectos, pero olvidándose de que este
proyecto contemplara un verdadero modelo de gestión del agua en el que se
hubieran incluido necesariamente todos aquellos parámetros que,
lógicamente, debe incluir una política hidráulica moderna como son los
retornos, como el uso alternativo de las aguas superficiales y aguas
subterráneas, como es la eficiencia en los sistemas de gestión, como es
la optimización de los sistemas hídricos. Es decir, el Ministerio de
Obras Públicas no nos ha traído un proyecto de modelo de gestión del agua
para la zona de la cuenca del río
Guadalete. Si hacemos un repaso a la cuenca del río Guadalete, se verán
realmente las grandes barbaridades que ha hecho el Ministerio de Obras
Públicas en su gestión a lo largo de los años.
La cuenca del río Guadalete cuenta con cinco embalses de regulación de
elevada capacidad: Zahara-El Gastor, con 223 hectómetros cúbicos; Bornos,
con 200; Arcos, con 14 en el propio río Guadalete; los Hurones, con 135,
y el Guadalcacin, con 800 en el afluente Majaceite. La suma total de la
capacidad de embalse es de 1.372 hectómetros cúbicos. Si a esto añadimos
que la capacidad de embalse de la cuenca del río Barbate es de 228
hectómetros cúbicos y la del Celemín es de 43, llegamos a ver realmente
el gran disparate hidráulico que constituyen las grandes infraestructuras
inútiles que se han estado creando en esa cuenca. ¿Y por qué ha sido un
gran disparate la realización de estas grandes infraestructuras? Señor
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el 21 de febrero, según
datos de la propia Dirección General de Obras Hidráulicas, el volumen de
agua almacenada en las cuencas de los ríos Guadalete y Barbate ascendía a
83 hectómetros cúbicos, es decir, el 5 por ciento de su capacidad. Y de
ellos tengo que decirles, para que vean que los datos son exactos, que 10
hectómetros cúbicos habían entrado en la semana anterior en los
diferentes embalses.
Nos preguntamos, ¿en qué modelo hidrológico, en qué planificación
hidrológica se basa el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente? ¿En qué estudios ha llegado a cimentar sus opiniones para hacer
la elección de tan importante capacidad del embalse? ¿Cuál ha sido su
regulación real? ¿A qué se debe la elección de estas capacidades que son
20 veces superiores a la aportación de los ríos? ¿Cuánto ha costado todo
este despilfarro en un país que económicamente no está sobrado de
recursos económicos? ¿A cuánto sale el metro cúbico suministrado? ¿Paga
alguien este agua, como decía el señor Martínez-Sevilla?
Las preguntas, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no
terminaron aquí. El embalse del Zahara tiene un manantial de agua salina
en su fondo que lo hace inutilizable. Como es natural, se conocía este
manantial, se sabía de su existencia, pero, ¿qué se hizo para prevenir
este problema medioambiental de inutilización de un embalse?
Por otra parte, existía el precedente del embalse del Guadalhorce en el
río del mismo nombre y, con otro manantial salino en su vaso, el de
Meliones. Después de 12 años, la Administración no ha sido capaz de
resolver este problema. Se están malgastando, se están inutilizando 33
hectómetros cúbicos de agua que son de un gran valor para el
abastecimiento, lógicamente, de la actual población de Málaga. ¿Qué se ha
hecho en el Zahara hasta estos momentos? ¿Qué se piensa hacer? ¿De qué
sirve la gran inversión de un embalse si resulta inútil y si, por otra
parte, esto se sabe de antemano? En consecuencia, de los 83 hectómetros
cúbicos que en estos momentos están almacenados en la cuenca del
Guadalete --es decir, el 5 por ciento de su capacidad de embalse--, 14
hectómetros cúbicos son de agua salina.
Les decía al principio, señorías, que el Partido Socialista nos está
acostumbrando constantemente a las grandes infraestructuras. Su portavoz
se preguntaba por la utilización de los retornos cuando los mismos están
en la zona más baja de Cádiz y por la solución que habría de buscarse
para devolver esos retornos a las zonas de regadío que, lógicamente, se
aprovecharían para regar. Señor Portavoz socialista, con la imaginación
tan fantástica del señor Borrell, que ha sido capaz de inventar el AVE
hidráulico, creo que este tema no es tan difícil como para que no puedan
aprovecharse esos retornos. Lo que sí es gravísimo y absurdo es que esos
caudales que se han depurado vayan al mar --además creo que es un
despilfarro hidráulico y económico--, y el que no sean utilizados
concretamente para retraer caudales destinados a abastecimiento al
emplear esas aguas depuradas en los regadíos otra barbaridad.
Pero, además, ¿qué es lo que en estos momentos se propone la
Administración con ese importante y último paso de la presa? Creo que lo
que el Gobierno está proponiendo es otra vez una actuación dura, una
actuación de esas que acostumbra el Ministro de Obras Públicas, señor
Borrell. ¿Qué propone el Ministro? Trasvasar el río vecino, el río
Guadairo al Majaceite, a la cuenca del Guadalete. Esa sería la
justificación de que se construyera ese gran embalse de 800 hectómetros
cúbicos que en estos momentos está casi totalmente vacío.
Por otra parte, señor Portavoz del Grupo Socialista, ustedes hablan de
datos exactos, y también lo dijimos ya en Comisión. A mí me preocupa
seriamente que ustedes hagan un cierto dogmatismo sobre datos que todavía
no son conformes respecto de los que tiene la Dirección General de Obras
Hidráulicas.
En el punto de transferencia, donde se va a tomar el agua del río
Guadiaro para llevarla al Majaceite en la cuenca del Guadalete, el caudal
que está pasando durante los dos últimos años difícilmente ha llegado a
los dos metros cúbicos, y en muchísimas ocasiones han pasado tan sólo 200
litros por segundo.
Nosotros vamos a votar a favor de este proyecto pero porque somos
conscientes de los graves problemas que tiene la Bahía de Cádiz y porque
no queremos ser responsables de que la población de esa bahía continúe un
año más con escasez de recursos, mientras se estudian las redes de
abastecimiento, que tienen un 40 por ciento, mientras se estudia la
desalinizadora de agua del mar, mientras se estudian los retornos,
mientras se estudia un plan de regadíos, porque nosotros estemos todavía
dilucidando si el trasvase del río Guadiaro sí o el trasvase del río
Guadiaro no.
Lo que también quiero decir, señoría, es que éste es un proyecto que
entraña muy serias dudas, pero a pesar de esas dudas, al haber
introducido nuestro Grupo unas enmiendas en las que hemos llegado a una
transaccional con su Grupo Parlamentario, vamos a apoyarlo con esas
enmiendas que --repito-- hemos introducido en el trámite de Comisión y en
el debate de este Pleno.
Pero aquí hay un tema claro. No podemos culpar a la sequía de las
escaseces y de las restricciones de agua que tienen los pueblos de la
Bahía de Cádiz. Ya sabíamos que
la sequía existe. Señor Portavoz del Grupo Socialista, el único
responsable de que existan restricciones de agua en estos momentos en una
zona industrial, con gran proyección turística, en una zona con un gran
futuro económico, es el Gobierno socialista, los únicos responsables son
la Junta de Andalucía que es socialista, la Diputación de Cádiz que es
socialista y el Ayuntamiento de Cádiz que es socialista.
Reconozcamos la verdad. Esta es la auténtica realidad. En todos esos
organismos están distribuidas las competencias, tanto en el Ministerio
como en la Junta de Andalucía, en la Diputación de Cádiz como en el
Ayuntamiento de Cádiz. Son ustedes los únicos responsables del gran
problema que en estos momentos está atravesando la Bahía de Cádiz por
escasez de recursos hidráulicos y por falta de disponibilidad.
Señoría, no es que no haya recursos hidráulicos porque no llueva, no los
hay porque sus señorías no saben hacer una buena gestión del agua, no
saben usar las alternativas correspondientes que prestan las aguas
superficiales y subterráneas en función de los períodos climatológicos
que se dan en cada momento. Ustedes están actuando desde la oferta, desde
el despilfarro. Nosotros estamos por una buena gestión, por una gestión
eficaz y por un ahorro del agua ya que creemos que el agua es un bien
escaso, necesario y limitado. Y en función de eso hay que hacer una
gestión muy adecuada y con previsión para que estos problemas no se den.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz.
Tiene la palabra el señor Pizarro.
El señor PIZARRO MEDINA: Señor Presidente, señorías, yo le podría aceptar
al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular que la culpa de la
situación de abastecimiento de agua en la zona de la bahía gaditana sea
como consecuencia de que no se hayan puesto en marcha todas las medidas
de eficacia que usted ha enumerado en su intervención, pero lo que no
puedo aceptarle de ninguna de las maneras es que la responsabilidad de
que no llueva la tengan también los socialistas.
En cualquier caso, señoría, no solamente se trata de los ayuntamientos y
las instituciones socialistas, como usted ha dicho; habla usted de la
Diputación, habla usted del Ayuntamiento de Cádiz, pero tendría usted que
aceptar que también tienen la culpa los ayuntamientos de Rota y de Arcos,
que son del Partido Popular, y que se abastecen igualmente del agua de
esta zona. Por tanto, habría también una determinada responsabilidad en
relación con lo que usted ha planteado.
En cualquier caso, creo que, efectivamente, la intervención del Senador
del Grupo Parlamentario Popular, ha planteado y ha adelantado una parte
del debate relacionado con las enmiendas que defiende al preámbulo de la
Ley. Hay dos razones de discusión de principios: una, la que defiende el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular y otra, la que defiende
Izquierda Unida en relación con que habría que poner en marcha todas las
medidas complementarias, todas las medidas de eficacia, todas las medidas
de ahorro del consumo, todas las medidas de recuperación de agua a través
de la extracción de los recursos hídricos, todas las medidas que
supusieran recabar agua de los retornos de las depuradoras. Suponiendo
que estuvieran puestas en marcha todas esas medidas complementarias,
señorías, resueltos al cien por cien todos los problemas y hechas las
obras de infraestructuras por la Administración, seguiríamos teniendo
déficit de agua en la zona de la bahía.
Usted tiene unos datos, señor Martínez Sevilla, que no se corresponden
con los que yo tengo. Usted maneja unos datos que son los que le ha
aportado a usted la plataforma contra el trasvase, yo manejo unos datos
que vienen dados del documento base de justificación del trasvase del
Guadiaro-Guadalete y de una orden ministerial del 24 de septiembre, donde
se establece cuáles son las demandas, por un lado, y cuáles son los
recursos, por otro. Al final hay un balance, y ese balance es
deficitario, y lo establece el Plan Hidrológico del Guadalete. A pesar de
que esas medidas complementarias que usted ha relacionado aquí se
aportaran, sería deficitario para el año 2002 y seguiría siendo
deficitario también para el 2012. No hay solución ahora mismo para la
zona de abastecimiento de la bahía gaditana; no hay solución para esa
zona. Estamos hablando de una zona donde viven 800.000 personas, una zona
donde hay 27.000 hectáreas de regadío, una zona de las más importantes
desde el punto de vista industrial y desarrollo turístico. No hay
soluciones a través de las medidas complementarias que ustedes plantean;
la única solución, señorías, es la del trasvase.
En mi intervención le decía, señor Martínez Sevilla, y también se lo digo
al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que superen ustedes
las desconfianzas respecto al trasvase. Estamos hablando de trasvasar.
Estamos hablando, primero, de garantizar el caudal ecológico del río
Guadiaro con las enmiendas que hoy hemos transaccionado aquí y de
trasvasar 110 hectómetros cúbicos de un río --el Guadiaro-- que es
vértice con el Guadalete, que tiene un caudal de 620 hectómetros cúbicos
al año, y vamos a trasvasar solamente 110 hectómetros cúbicos, y está
usted muy preocupado porque se tira al mar el volumen del agua que sale
de las depuradoras, y no está usted preocupado porque no se utilicen,
aproximadamente, 520 hectómetros cúbicos de agua que se van al mar. Eso
no le preocupa. Es decir, que estamos hablando, no del Plan Hidrológico
del Guadalete, sino del trasvase. No estamos hablando del Plan
Hidrológico del Guadalete, repito. Cuando se discuta en esta Cámara el
Plan Hidrológico del Guadalete, entonces hablaremos de él; estamos
hablando del trasvase, de la derivación de agua, de las transferencias de
agua del río Guadiaro al río Guadalete. Esa es la ley que estamos
discutiendo aquí.
En cualquier caso, señoría, también la propia ley ha sido fruto de una
discusión larga, y no le acepto a usted, señor Martínez Sevilla, que diga
que esto ha sido un trasvase impuesto. ¿Cómo le voy a aceptar a usted que
se diga que éste es un trasvase impuesto si ya llevamos discutiendo en la
provincia de Cádiz desde el año 1992? Usted
todavía está instalado en el documento de la plataforma del año 1992, y
sus compañeros ecologistas han debido corregirle esa parte. Llevamos tres
años discutiendo. Es verdad que cuando se presentó el proyecto de
trasvase de agua del Guadiaro estábamos hablando de la construcción de
una gran presa. Es cierto, y usted lo ha dicho. Ya no estamos hablando de
eso, estamos hablando de una obra de derivación de agua de un azud
existente en la zona de Buitrera, en el Guadiaro. Usted, en su
intervención, se instala todavía en el año 1992. Supere usted ya esa
época. Tenga usted la valentía de superarla, de aceptarlo. Yo puedo estar
de acuerdo con usted, pero usted no puede estar de acuerdo con el
trasvase, señor Martínez Sevilla, por razones de principio. Ya sé que
usted no va a estar de acuerdo con el trasvase por razones de principio y
de filosofía. ¿Cómo un ecologista como usted, cómo un verde como usted va
a estar a favor, cómo va a defender usted aquí un trasvase de una cuenca
a otra? Estaría usted en contra de sus principios, estaría usted en
contra de su propia filosofía. Por eso, evidentemente, usted no puede
estar a favor del trasvase.
Por último, señores portavoces del Grupo de Izquierda Unida y del PP,
deseo decirles que tampoco puedo estar de acuerdo con que la
Administración le haya dado como solución y alternativa a los problemas
de abastecimiento de esta zona exclusivamente la construcción del
trasvase. Yo creo que a lo largo de estos tres años, a lo largo de todo
lo que hemos debatido en relación con el trasvase del Guadiaro al
Guadalete hemos conseguido concienciar a una población de la necesidad de
instalarla en una nueva cultura del agua, y no se puede decir aquí, con
ligereza --porque creo que, en efecto, usted está instalado todavía en el
año 1992--, que los municipios afectados no están haciendo un gran
esfuerzo para ahorrar agua. No se puede decir eso aquí con esa ligereza,
sin conocer la realidad. No se puede hablar aquí de que no se estén
haciendo esfuerzos por parte de los municipios ni se puede decir que no
se estén haciendo esfuerzos por parte de la Administración para poner en
marcha medidas eficaces que resuelvan ese problema. De hecho, se ha
realizado una inversión muy importante en la mejora y en la modernización
de las infraestructuras de canales de riego de abastecimiento urbano. Se
han hecho mejoras muy importantes. ¿Que es necesario seguir profundizando
en esa media? Por supuesto; no estamos en contra. De hecho, la propia ley
establece en sus disposiciones adicionales una serie de medidas de mejora
de la cuenca del Guadiaro y de mejora del abastecimiento a la zona de la
bahía gaditana, y estamos hablando de un proyecto de 20.000 millones de
pesetas, que dice la ley --no sé si usted se lo habrá leído, y con esto
termino-- que, cuando pasen dos años desde la construcción del trasvase,
los municipios de la bahía gaditana estarán obligados a mancomunar y a
gestionar el abastecimiento de este agua. Y para ello la Administración,
junto con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, va a poner en marcha
un proyecto de 20.000 millones de pesetas, señor Martínez Sevilla, 20.000
millones de pesetas que se van a utilizar para gestionar y modernizar los
sistemas de abastecimiento de agua en la zona de la bahía de Cádiz.
Efectivamente, entre la Junta de Andalucía, la Administración central,
mediante el MOPU y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la
Diputación Provincial, juntamente con los ayuntamientos, sensibilizados
todos por el problema de déficit del Guadalete y por la búsqueda de
mejoras de las redes de abastecimiento, han hecho una inversión
aproximadamente de 5.000 millones de pesetas desde 1991. Y para el
futuro, señor Martínez Sevilla y señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular --y con esto sí termino ya--, la Confederación Hidrográfica está
trabajando en un proyecto de modernización de las zonas regables en el
Guadalquivir, en el Guadalcacín y en el Bornos, margen izquierda, de
aproximadamente unos 8.000 millones de pesetas. Por lo tanto, yo creo que
la posición mantenida por los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo
Parlamentario Popular respecto a que la Administración ha buscado como
solución exclusivamente el trasvase del Guadiaro al Majaceite, sin antes
haber hecho esfuerzos por adoptar medidas de eficacia hidráulica, no se
corresponde totalmente con la realidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Pizarro. (El
señor Sanz Blanco pide la palabra.)
Senador Sanz Blanco, ¿por qué artículo solicita la palabra?
El señor SANZ BLANCO: Por el artículo 87, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tiene su señoría la palabra por
dos minutos.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente voy a hacer tres aclaraciones al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Yo no he dicho, señoría, que el Partido
Socialista y el Gobierno son responsables de que no llueva, he dicho que
son responsables de que no existan disponibilidades de recursos;
probablemente, el que no llueva es porque ustedes tengan poca fe.
En segundo lugar, señoría, quiero decirle que no nos meta en el mismo
saco a todos; juntos pero no revueltos. Nosotros hemos dicho que sí al
proyecto porque queremos resolver los problemas de abastecimiento que
tiene la bahía de Cádiz por culpa de la mala gestión que ha hecho el
Partido Socialista, y se lo voy a demostrar poniendo como ejemplo el
Ayuntamiento de Arcos, al que usted se ha referido. El Ayuntamiento de
Arcos estuvo gobernado desde el año 1979 hasta 1991 por el Partido
Socialista, el cual, junto con la Consejería del ramo, hace una
depuradora, se gastan 100 millones de pesetas y eso no sirve
absolutamente para nada y no se utiliza por no reunir las condiciones
mínimas. Desde el año 1991 hasta el presente está gobernando el Partido
Popular, el cual, a través de una gestión eficaz de alternativas de las
aguas superficiales y de las aguas subterráneas mediante pozos, consigue
que sea una de las únicas poblaciones del conjunto de la bahía de
Cádiz que en estos momentos no tiene problemas de abastecimiento de agua.
Muchas gracias. (El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Vamos a llamar a votación. Señor
Martínez Sevilla, ¿por qué artículo solicita la palabra?
El señor MARTINEZ SEVILLA: Por el mismo artículo que el Senador que me ha
precedido.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): El debate está cerrado; ya hemos
llamado a votación. (El señor Martínez Sevilla pronuncia palabras que no
se perciben.) Lo lamento mucho, señor Martínez Sevilla. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda de veto número 1,
suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, dos; en contra, 207; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría requerida, queda
rechazada.
Entramos en la defensa de los votos particulares al texto del dictamen.
En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Mixto, para la defensa de su voto particular número 1,
correspondiente a las enmiendas números 1 a 11.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Voy a proceder a la defensa de las enmiendas
que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, dentro del Grupo
Parlamentario Mixto, al proyecto de ley. (Rumores.) Antes solicité a la
Presidencia la palabra y no me fue concedida. Como cuadra dentro de esta
intervención general sobre las enmiendas, voy a utilizar ahora este
turno. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Vamos a intentar abreviar los
trámites.
Su señoría está en el uso de la palabra, por lo que puede seguir hablando
y quedará reflejado perfectamente en el «Diario de Sesiones».
Ruego silencio, porque no podemos escuchar con nitidez la intervención.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Para la defensa de las enmiendas es
interesante hacer alusión a la intervención anterior del Senador Pizarro
Medina. Se refería su señoría a las fuentes de los datos que manejo y yo
le voy a decir muy claramente cuáles son. Mis fuentes son muy poco
sospechosas; son tan poco sospechosas como el Plan Hidrológico de la
cuenca, elaborado por la propia Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir; los datos aportados por ésta y los aportados por los
municipios y por las mancomunidades de municipios de las áreas de la
bahía de Cádiz. Esos son los detrás que manejo.
Le voy a decir algo más. Usted dice que cómo solucionamos de manera
inmediata, efectiva, los 110 hectómetros cúbicos --que ustedes establecen
como déficit-- que es necesario transferir, derivar, de la cuenca del
Guadiaro a la del Majaceite, afluente del Guadalete, como usted ha
precisado bien antes. Le doy una cuenta muy simple y que, además,
necesita escasísimas inversiones. Actualmente los riegos agrícolas en el
área de la bahía de Cádiz consumen 8.000 metros cúbicos por hectárea, y
este dato lo aporta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
organismo que depende del Gobierno de la nación. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Si su señoría se escucha a sí mismo puede seguir
interviniendo, porque no hay ningún problema.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Los datos de las investigaciones agrarias
aseguran que con un riego de 6.500 metros cúbicos por hectárea hay más
que suficiente, no sólo para regar con plenitud todos estos cultivos
agrícolas, sino, además, para incrementar a veces la productividad de los
mismos. Incluso datos del Instituto de Desarrollo Agrícola de Andalucía
permiten asegurar que es posible rebajar de 6.500 a 6.000 y hasta 5.500
metros cúbicos por hectárea en los cultivos que más consumen agua, en
zonas como, por ejemplo, la bahía de Cádiz o la vega de Granada. Este
simple ahorro de agua en riegos agrícolas de un total de 73 hectómetros
cúbicos, si se incluyen los riegos de Villamartín; si a ello le sumamos
los 57 hectómetros cúbicos de los retornos de agua que ahora mismo se
desperdician, ya tenemos todo el volumen de la cuenca necesario para
trasvasar. Es decir, ya estamos supliendo todas las necesidades;
simplemente adecuando los consumos de los riegos agrícolas. Por tanto, le
estoy dando datos concluyentes.
Pregunta a continuación su señoría: ¿Usted se preocupa porque se tiren
las aguas de depuración al mar y no se preocupa porque se tiren las aguas
del río Guadiaro al mar? Señor Pizarro, las aguas de un río no se tiran
al mar; desembocan en el mar, como nos enseñaban de pequeños en
Geografía, que es muy distinto. Es decir, hay un principio ecológico
fundamental según el cual el agua de una cuenca hidrográfica debe
permanecer el mayor tiempo posible en ella por razones climáticas, que
seguro que usted conoce, como la evapotranspiración, el mantenimiento de
la propia vegetación y todo un conjunto de condiciones de humedad y de su
entorno ambiental que se den en dicha cuenca. Por ello, es fundamental
que el agua permanezca el mayor tiempo posible en la cuenca porque si se
transfiere estamos alterando las condiciones ecológicas y ambientales de
la misma. El caudal ecológico da el mínimum para la pervivencia de la
flora y fauna de la cuenca, pero no para las condiciones climáticas de la
misma. Eso lo dicen hoy en día todos los ecólogos responsables, no sólo
de este país, empezando por Ramón Margales, sino de toda Europa. Por
tanto, el agua de un río no se tira al mar, el agua de un río
desemboca, naturalmente, en el mar, y no es necesario cubrir excesos con
déficit, es como si usted me dice que La Mancha tiene un déficit de
montaña y que como Andalucía tiene un superávit de montaña vamos a
transferir 1.200 metros, de los 3.400 que le sobran a Sierra Nevada, a La
Mancha para que pueda tener su cuota promediada de montaña. Señor Pizarro
Medina, ni Sierra Nevada tiene un superávit de montaña ni La Mancha tiene
un déficit, tienen los que tienen, porque son ecosistemas naturales que
deben mantenerse en esos términos.
Por tanto, desde este punto de vista le decía que el agua de depuración
sí se tira al mar, mientras que el agua de un río no se tira al mar. Pero
usted decía: Senador Martínez Sevilla, se encuentra tres años atrasado,
se encuentra instalado en 1991. Senador Pizarro Medina, yo le aseguro que
no, le aseguro, porque se lo he demostrado con datos y lo he hecho
reiteradamente, que mis datos son actuales y que estoy en 1995. Si quiere
que le diga un poco más, presumiría que estoy en una posición que creo
que va a seguir siendo convergente para el resto de los grupos
parlamentarios en el futuro y, por tanto, podría decirle que estoy unos
años más allá. Pero le concedo que me sitúe tres años atrás, porque tres
años al fin y al cabo ¿qué son? Tres años no son nada, como decía el
famoso tango. Le concedo que me sitúe en 1991, pero ¿sabe dónde le sitúo
yo a usted, Senador Pizarro Medina? Le sitúo en la época del «600», usted
es un Senador de la época del «600», gasta mucho y corre muy poco o lo
que traducido políticamente quiere decir: ustedes hacen inversiones muy
cuantiosas con muy poca rentabilidad social y con muy poca rentabilidad
inventarial.
Esa es la época del «600» en política, y usted, Senador Pizarro Medina,
está instalado en la época del «600». Por tanto, le concedo con gracia
que usted sólo me lleve tres años atrás porque realmente usted está
instalado en la época en la que creíamos que los recursos hidráulicos
eran ilimitados, que el agua era gratis, que podíamos usarla como nos
diera la gana, que nevaba todos los años hasta el 1.º de mayo
prácticamente, hasta la manifestación que se hacía por el Frente de
Juventudes, y que, naturalmente, aquí no había, por tanto, ningún déficit
de recursos hidráulicos.
Esa no es la situación que tenemos en nuestro país y ésa no es la
situación después de dos décadas de sequía, después de dos décadas
profundas donde se está alterando la estructura climática, dos décadas
que están siendo mucho más graves, como usted sabe, en este último
decenio, y dos décadas que están suponiendo una reducción drástica de
nuestros recursos hidráulicos. No tenemos recursos hidráulicos
ilimitados, se están reduciendo esos recursos hidráulicos y hemos
disparado la demanda sin saber contenerla. Esa nueva situación es la
situación contemporánea, de 1991 o de 1995, tres años antes, tres años
después, ¡qué más da!; tres años no son nada. Ahora bien, yo creo que
usted sí que se sitúa muchos años atrás.
Con respecto a la defensa de las enmiendas, mi Grupo plantea un conjunto
de enmiendas que pretenden, en primer lugar, modificar la exposición de
motivos en el sentido de adecuar la filosofía del proyecto de trasvase a
una filosofía que se distancie de esa época del «600», que se distancia
de esa época de recursos ilimitados, de emplear mucha gasolina, 10
litros, para recorrer muy pocos kilómetros, y que pretende situarse, por
tanto, en una época de eficiencia de la Administración, es decir, de
emplear pocos recursos financieros para obtener mayor rentabilidad
social, mayor utilización de los recursos y una mejora medioambiental.
Son las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5.
Decía antes que éste es un trasvase impuesto, ¡claro que sé que se lleva
discutiendo muchos años! ¡Claro que sé que muchas personas en la Bahía de
Cádiz lo demandan! Ahora bien, usted, como yo, sabemos que algo no por
muy demandado tiene más o menos argumentos que el peso del número, no el
peso de la razón. Las equivocaciones unánimes en la historia no escasean
y no hará falta que le recuerde ejemplos en ese sentido.
Los habitantes de la Bahía de Cádiz reclaman agua por una razón
fundamental: porque sienten el déficit cada mañana al ducharse o porque
sienten el déficit cada noche cuando van a fregar los platos, y ésa es
una presión importante. Pero yo aquí he argumentado que ese déficit de
por la mañana o de por la noche podría suplirse de manera ventajosa con
toda una serie de medidas que, de haber empezado a tomarse hace tres años
--voy a disminuir un poco la velocidad de la intervención porque veo que
los taquígrafos casi están extenuados--, habrían suplido las actuales
carencias, justamente los tres años que llevamos debatiendo y discutiendo
este trasvase. Esas medidas, en definitiva, habrían dado solución cabal a
todos estos problemas.
Señor Presidente, creo que la enmienda número 6 está fuera de debate,
porque me parece que ha sido asumida en el informe de la Ponencia,
incluso, creo recordar que incluso en el propio Congreso de los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Está viva.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 6 pretende suprimir el texto referente a las
instalaciones militares y estratégicas asentadas en la zona para su
consumo.
La enmienda número 7 es una de las enmiendas claves de este proyecto que
posteriormente va a ser transaccionada. Es una enmienda que propone
sustituir el «... caudal de cinco metros cúbicos por segundo...» por «...
un caudal superior a cinco metros cúbicos por segundo...». Es decir,
propone garantizar un caudal ecológico, que no es el caudal óptimo, sino
el mínimo, téngase en cuenta. El caudal ecológico no es lo deseable, sino
lo imprescindible y ahí hay una diferencia fundamental, porque pretende,
por tanto, situar el caudal ecológico en un caudal superior a cinco
metros cúbicos por segundo para la cuenca del río Guadiaro. Da un mayor
rigor, una mayor precisión en la definición de lo que es caudal
ecológico.
La enmienda número 8 propone la eliminación de uno de los grandes, por
así decirlo, goles que desde nuestro punto de vista metía el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con este proyecto de
derivación de volúmenes.
El artículo 1.2. b) decía que podían trasvasarse en conjunto, durante
diez años, una media anual de 100 hectómetros cúbicos, pero teniendo en
cuenta que si algún año había déficit sobre esa situación de trasvase,
podría implementarse o cubrirse con superávit de otros años, de tal
manera que nos encontraríamos con situaciones paradójicas, como que un
año podrían trasvasarse 400 ó 500 hectómetros cúbicos. Pero hay que
pensar para qué se trasvasan, porque si lo hay en la cuenca del Guadiaro
es porque ha habido un año excepcionalmente bueno desde un punto de vista
hidráulico y también lo hay, por tanto, en la cuenca del Guadalete y del
Majaceite, que es su afluente y, por consiguiente, no tenía sentido. Es
decir, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
pretendía cubrir 100 hectómetros cúbicos por año, pero dando la
posibilidad de que en años de sequía no se trasvasara nada y otros se
trasvasara una cantidad desmesuradamente grande. Desde nuestro punto de
vista, esto introduciría unos perjuicios ambientales tremendos a la
cuenca del Guadiaro y, por tanto, la propuesta es que sea la media de 100
hectómetros cúbicos anuales, calculado de año en año el volumen anual
máximo a derivar.
Finalmente, con la enmienda número 9 tratamos de impedir, mediante el
articulado, los despilfarros de agua que podrían producirse procedentes
del trasvase. La idea sería añadir a continuación de «... por
habitante...» «o por hectárea...», de tal manera que los municipios y las
comunidades de regantes tuvieran la necesidad de pagar cánones
específicos por ese agua trasvasada y, por tanto, de no desperdiciarla.
En la enmienda número 10 planteamos la necesidad de asegurar la cuenca
del Guadiaro frente a una posible sobreexplotación.
En la enmienda número 11, la última, planteamos la necesidad de la
redacción de un estudio de impacto ambiental. Como bien sabe el señor
Pizarro Medina, el estudio de impacto ambiental está demandado por ley
para obras como las regulaciones de cuencas, como los embalses. No está
así impuesto por ley para obras como los túneles de conducción de agua.
Desde nuestro punto de vista, la cantidad de tierra a remover, el impacto
ambiental del túnel pese a ir enterrado, la cantidad de escombros y de
escolleras que generaría la conducción del túnel, pasar por dos espacios
naturales protegidos (la sierra de Grazalema y el Parque Natural de los
Alcornocales) y también el estudio necesario de impacto ambiental sobre
el agua derivada del cauce del Guadiaro...
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Acabo, señor Presidente.
... harían absolutamente imprescindible este estudio de impacto
ambiental.
Estas son, por tanto, el conjunto de enmiendas que se presentan, para
que, una vez que este --por así decirlo-- trasvase quede como inevitable,
pudieran garantizarse, al menos, desde un punto de vista mínimo las
consecuencias ecológicas del mismo.
Acabo, finalmente, agradeciendo al Grupo Parlamentario Popular no sólo el
tono de su intervención anterior respecto a la propuesta de veto, pese a
que la dirección del voto no haya acompañado la dirección del tono de la
defensa. Agradezco muy seriamente el tono de la defensa de su decisión de
voto y, asimismo, las enmiendas presentadas. Señores del Grupo
Parlamentario Popular, estoy sorprendido por el conjunto de enmiendas que
ustedes han presentado. Estoy seguro de que en este caso, al menos, han
estado bien asesorados y lo que me gustaría es que en el futuro esos
asesoramientos, que estoy seguro de que provienen en este caso de
sectores que miran mucho por el agua y de sectores ecologistas, pudieran
llegar al conjunto de los grupos, en particular al Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender las enmiendas que el Partido Popular ha
presentado al proyecto de ley de transferencia o de derivación de
caudales de agua del río Guadiaro al río Guadalete.
Realmente, en los argumentos que expusimos en el turno de portavoces
referente al veto al proyecto de ley se esbozaron algunas de nuestras
enmiendas, como las que se refiere, en concreto, a los temas de
eficiencia, ahorro, optimización de los sistemas de gestión,
reutilización de las aguas residuales, por lo que no vamos a explayarnos
más en esa argumentación ya que sería excesivamente repetitivo, y creo
que sus señorías están suficientemente cansados ya de hablar de este
tema.
Hemos expuesto otra serie de enmiendas que se relacionan con un
acoplamiento terminológico a la Ley de Aguas, una al título del proyecto
y otras relativas a diferentes artículos del proyecto. Nos ha parecido
lógico que debían sustituirse, como son, en concreto, la palabra
«derivación», que no está contemplada en la Ley de Aguas, por la palabra
«transferencia», que es la que en la nueva terminología se utiliza cuando
se habla de trasvases de un ámbito territorial a otro, y así está
consagrado en la Ley de Aguas. Por ello, el Partido Popular ha querido
acoplar la terminología de este proyecto de ley a una Ley que el
Parlamento aprobó en su día no digo que con mayoría absoluta, pero sí con
un gran debate y, lógicamente, tras una profunda reflexión.
Hemos presentado también otra serie de enmiendas, algunas relacionadas
con el tema financiero. Yo creo que hay un mecanismo bastante ambiguo y
pobre: se define un canon sin los elementos esenciales; no se habla del
sujeto pasivo, del hecho imponible, de la base imponible y se minora el
canon si no se trasvasa, por lo que nuestra pregunta es quién paga las
obras si se equivoca la Administración y
no hay caudales suficientes para trasvasar. No se exige compromiso serio
y previo con los beneficiarios, por lo que yo creo que estamos haciendo
beneficencia «a priori», cuando además sabemos que el compromiso por
parte de los beneficiarios de salir responsables o de participar
responsablemente en el aspecto económico de las obras es uno de los
elementos más importantes a la hora de gestionar bien el agua y de
utilizar bien los recursos hidráulicos.
Lo que no puede ocurrir es lo que sucede en estos momentos, y yo le puedo
asegurar que no es cuestión personal, sino simplemente consecuencia de
una reflexión sobre cómo se están haciendo las cosas por parte del
Partido Socialista. El Partido Socialista está siempre en la oferta y en
el despilfarro de agua, que es un recurso limitado, escaso, necesario y
que tenemos que cuidar porque es un gran patrimonio que no podemos
despilfarrar y al que necesariamente tenemos que proteger, y para esto
hay que poner todas las medidas necesarias y adecuadas. Y uno de los
elementos fundamentales es que los beneficiarios se comprometan
seriamente en la utilización del agua mediante los mecanismos financieros
adecuados. Lo que no puede ocurrir es lo que sucede en estos momentos en
el Ayuntamiento de Cádiz, que está incapacitado o, al menos, no ha
demostrado capacidad suficiente para gestionar el agua, ni la
Confederación tampoco, de tal manera que la mayor parte de los usuarios,
o muchos de ellos, probablemente no paguen el agua que consumen, con
contadores que no están controlados, etcétera. Creo que es necesario
poner los mecanismos adecuados para que la gestión del agua sea eficaz.
Otra de las enmiendas de adición también se refiere al tema del medio
ambiente. Señorías, nosotros no nos oponemos a la transferencia de
caudales de recursos hídricos de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca
del río Guadalete. No nos oponemos, pero lo que sí queremos es que se
cumpla la ley. Y el Partido, el Gobierno, la Administración, en estos
momentos no han cumplido la ley en lo que se refiere al estudio de
impacto ambiental y de evaluación. No la han cumplido. Y no solamente hay
que hacer el estudio físico de lo que pueden ser las obras de desmontes,
puesto que el trasvase en algunos lugares tendrá desmontes y necesitará
un estudio de impacto ambiental. Es que hay otro aspecto de calidad. ¿Qué
va a ocurrir cuando se detraigan equis metros cúbicos de un río hacia
otro río? ¿Qué va a ocurrir con todos los ecosistemas existentes en ese
río, aguas abajo del punto de transferencia o de derivación? Yo creo que
si la ley exige que se hagan estudios de impactos ambientales es para ver
alternativas, para ver los efectos positivos o negativos, para
asegurarnos, señoría, que no es oponernos, que es hacer las cosas bien,
porque lo marca la ley y creo que la primera que lo tiene que cumplir es
la Administración. Y, por otra parte, obligación del Parlamento es hacer
que la Administración cumpla la ley que el propio Parlamento aprueba. Si
no, creo que estaríamos todos aquí de sobra. Y el Partido, el señor
Borrell y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
tienen la misma autoridad: aprueban el estudio de impacto ambiental y, a
la vez, contratan las obras, y ello hace que se esté siendo excesivamente
débil y, en muchas ocasiones, que no se cumpla la ley. Por eso queremos
que figure expresamente que se haga el estudio de impacto ambiental
conforme a la legislación vigente. Porque lo marca la ley y porque creo
que el Ministerio tiene que cumplir necesariamente esa ley.
Por otra parte, hemos presentado una enmienda muy importante, la referida
a la planta desalinizadora. Creo que es importante, señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Yo no voy a cargar las tintas, como usted
ha hecho, en relación con el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor Martínez Sevilla. Cuando nosotros decimos que queremos
una planta para la utilización del agua del mar, señoría, no estamos
diciendo que se tenga que abastecer toda la Bahía de Cádiz a través de
esa planta desalinizadora. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que
en un territorio en el cual ciertamente hay escasos recursos, hay que
saber administrarlos bien, porque, si no, podemos llegar a situaciones
como las que estamos padeciendo en estos momentos, la Administración
tiene que estudiar necesariamente todas las alternativas posibles para
que el desarrollo de esa zona sea el desarrollo más adecuado y el mejor
posible, y para que no se colapse.
Lo que no podemos hacer es limitarnos a una sola alternativa olvidando
las demás, que yo creo que es el error en el que está cayendo en estos
momentos, en toda la planificación hidrológica, el Partido Socialista, el
Partido Socialista, únicamente, porque el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente ha sido tradicionalmente un Ministerio de
obras, no un Ministerio de la gestión del agua. De eso, le puedo asegurar
que ha entendido poco, porque toda su mentalidad ha estado destinada a
las grandes infraestructuras por la formación de las personas que han
dirigido el Ministerio de Obras Públicas durante muchos años.
Hoy el tema del agua es mucho más complejo de lo que era hace 10, 15 ó 20
años y pasa por otros parámetros distintos; tiene que estar unido al
desarrollo, un desarrollo que, en muchísimas ocasiones, va vinculado al
propio bien que es el agua; y, en otros casos, esa escasez puede colapsar
el desarrollo. Y lo mismo ocurre con todo lo que se refiere al medio
ambiente. El patrimonio hídrico está unido intrínsecamente con el
patrimonio medioambiental, y no podemos separarlo y no podemos hacer
trasvases, como le decía antes, sin tener en cuenta ese patrimonio
medioambiental que está dependiendo necesariamente del patrimonio hídrico
que durante siglos y a lo largo de ellos se ha constituido en una armonía
perfecta entre la naturaleza y el agua.
Creo que el Partido Socialista se equivoca cuando solamente quiere
escoger una alternativa. Hay varias alternativas. El Partido Popular le
está ofreciendo también otra alternativa para que los habitantes de ese
territorio no vuelvan a tener, en el futuro, problemas de agua. Esta es
una alternativa más que puede completar, lógicamente, la del Guadiaro, la
de las aguas subterráneas con las aguas superficiales, con el ahorro, con
la eficacia en los sistemas. Ese ha sido realmente el tenor de todas
nuestras enmiendas, enmiendas que deseamos que apoyen el Partido
Socialista, el señor Martínez, y los restantes portavoces de Convergència
y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque
creemos profundamente que mejoran considerablemente este proyecto de ley.
Hemos formulado estas enmiendas por el bien de los habitantes y de la
zona y para mejorar el proyecto. Por ello, vamos a votar a favor de este
proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, para turno en contra, el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO MEDINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a procurar ser lo más breve posible, sobre todo porque creo
que en el debate de la enmienda de veto que presentó el Senador de
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, ya se ha discutido
en profundidad la diferencia existente entre las distintas posiciones. No
obstante, es cierto que habría que distinguir, lo digo con absoluta
sinceridad y en respuesta al Senador del Grupo Parlamentario Popular, que
en el trámite de debate del proyecto ha habido dos posiciones
diferenciadas en relación con la ley que estamos debatiendo aquí. También
es verdad que este Senador se ha sentido influenciado, en ocasiones, a lo
largo de estos tres años de debate, de ese debate tan importante que
hemos tenido en la provincia de Cádiz y que termina aquí hoy; en
ocasiones, hemos sentido una cierta soledad a la hora de defender un
proyecto tan importante para la provincia de Cádiz. Los compañeros
socialistas, los alcaldes socialistas de las instituciones y los
ciudadanos del Campo de Gibraltar, aquellos que viven en la zona que va a
trasvasar agua, hemos tenido que mantener una cierta coherencia política
y hemos sentido una cierta soledad a la hora de defender este trabajo.
Ha habido una posición solidaria por parte de esos ciudadanos que han
vivido y que viven en el Campo de Gibraltar con las instituciones
gobernadas por los socialistas. Han entendido que trasvasar agua era
necesario, máxime teniendo en cuenta las posiciones que originan los
trasvases de una cuenca a otra. La solidaridad con los ciudadanos de la
Bahía de Cádiz ha sido manifiesta por parte de las instituciones
gobernadas por los socialistas, de las instituciones privadas y de los
colectivos sociales. Esto, quizás, se haya notado, hasta tal punto de que
nosotros siempre hemos pretendido que el trasvase del Guadiaro al
Majaceite no se convirtiera en un proyecto emblemático del PSOE, sino que
es un proyecto que pertenece al conjunto de los ciudadanos y de los
partidos de la provincia de Cádiz.
Señor Martínez Sevilla, perdone que le insista en que usted no aporta
argumentos que se sitúen en la realidad de esta zona. Ha hecho usted
hincapié reiteradas veces --y no le he querido contestar a ello-- en la
influencia que tiene el riego agrícola en el abastecimiento de la zona
del Guadalete.
Por si usted no lo sabe, quiero recordarle que en la zona de
abastecimiento de la Bahía de Cádiz no se riega desde hace tres años, no
se riega desde 1992. En 1992 se conectaron entre sí dos presas de la
provincia destinadas para riego, la de los Hurones y la de Guadalcacín,
para el abastecimiento urbano. Por eso no entiendo el problema que usted
me plantea sobre abuso de riego en la provincia cuando resulta que desde
1992 las cinco presas de la provincia de Cádiz que tienen influencia en
el abastecimiento de esta zona están conectadas entre sí y no se utilizan
para el riego agrícola sino solamente para el abastecimiento urbano.
Cuando yo le hablaba de que usted estaba instalado en el año 1991, señor
Martínez Sevilla, me estaba refiriendo sólo y exclusivamente a que usted
decía que éste es un trasvase impuesto por los socialistas.
Yo estoy de acuerdo en muchas de la medidas de eficacia y de ahorro que
usted ha defendido aquí, pero creo que esas medidas habrá que ir
poniéndolas en marcha con el tiempo. Es decir, no podemos parar la
construcción del trasvase del Guadiaro para poner en marcha esas medidas
y para que cuando ya se hayan puesto en marcha se haga entonces el
trasvase. Y es que, daría igual. Aunque pusiéramos en marcha esas medidas
seguiríamos siendo deficitarios en esa cuenca.
Por último, señor Martínez Sevilla, en cuanto al caudal de cinco metros
cúbicos, tengo que decirle que es el que se estableció. Podría haberse
establecido un caudal de un metro o de tres metros cúbicos, pero hemos
acercado posiciones con ustedes, con el Grupo de Izquierda Unida --Grupo
que ha venido defendiendo la necesidad de que el caudal fuera de cinco
metros cúbicos-- y también con el Grupo Popular, y así quedó establecido.
Además, ésta era una de las reivindicaciones que plantearon en su día la
Plataforma de agricultores y los ayuntamientos de la zona del Guadiaro.
Por eso se establecieron los cinco metros cúbicos, una cantidad de agua
importante que es la garantía para mantener el caudal ecológico del río
Guadiaro.
Efectivamente, se plantean una serie de enmiendas, creo que son 35 en
total, creo que 23 son del Grupo Popular y 12 de Izquierda Unida.
En cuanto a las del Grupo Popular, hemos aceptado aquellas que se
refieren a cuestiones puramente técnicas en adecuación de la Ley de Aguas
a la ley que vamos a aprobar, como por ejemplo, aquellas en que se
solicita la sustitución de la palabra «derivación» por la palabra
«transferencia». Las hemos aceptado todas por considerar que de alguna
manera se adecua más al proyecto de trasvase del Guadiaro al Guadalete.
En cuanto al conjunto de propuestas que se han hecho, se ha presentado
una enmienda transaccional a las números 7 y 8 de Izquierda Unida y a las
enmiendas números 20 y 22 del Grupo Popular. Con esa enmienda
transaccional le damos una nueva redacción al apartado 2 del artículo 1,
artículo que se refiere a uno de los temas de mayor profundidad de este
proyecto y que más diferencias y mayores debates ha supuesto a lo largo
de estos tres años que llevamos tratando del trasvase. Con la aprobación
de esta enmienda transaccional se garantiza por una parte el presente y
el futuro del río Guadiaro, pero al mismo tiempo se establecen, a través
del trasvase, las medidas suficientes para poder abastecer el caudal del
Guadalete.
Hay una serie de medidas, concretamente creo que son dos, de Izquierda
Unida y del Grupo Parlamentario Popular, que se refieren a la necesidad
de que en el proyecto del trasvase del Guadiaro al Majaceite se realice
un estudio de impacto medioambiental, de acuerdo con los artículos 30 y
90 de la Ley de Aguas. Nosotros estamos en contra de esas dos enmiendas;
creemos que no es necesario hacer un estudio de impacto medioambiental de
acuerdo con los artículos 30 y 90 de la Ley de Aguas porque no estamos
construyendo una gran presa. Es cierto que el primer proyecto, el que se
presentó en el año 1989, hablaba de la construcción de una presa de
quince metros de altura, pero ese proyecto se rechazó, se descartó, y
ahora estamos hablando de una derivación de los volúmenes de agua, como
establece la ley, hacia la cuenca del Guadalete. Por tanto, la Ley de
Aguas en sus artículos 30 y 90 no establece que sea necesario un estudio
de impacto ambiental para una obra de estas características.
En cualquier caso, el propio proyecto de derivación tiene garantías
medioambientales suficientes. Hemos hablado en el debate del veto del
estudio complementario de impacto ambiental del propio proyecto, de las
medidas correctoras que, antes de ser aprobado, ha exigido la Junta
Rectora de los parques de Grazalema y de los Alcornocales, y de las
medidas correctoras que ha exigido la propia Junta de Andalucía, a través
de su agencia de medioambiente.
Creo que hay una garantía fundamental que da respuesta a los problemas de
desconfianza en relación con el impacto ambiental en el río Guadiaro, que
es la propia ley. En la ley viene absolutamente claro. La ley establece
que el río Guadiaro va a estar protegido por la propia ley, porque se
establece un volumen de agua de cinco metros cúbicos en el azud, y por
debajo del azud, por debajo de donde se va a derivar el agua, va a haber
más volumen, más caudal de agua que esos cinco metros cúbicos. Es decir,
aproximadamente a un kilómetro y medio del azud hay una población urbana;
en esa población, el volumen de agua del río Guadiaro está por encima de
los ocho metros cúbicos de agua. Si no estuviera construido el azud --y
creo que es un problema de no conocer la realidad de lo que estamos
hablando, de no conocer la realidad, no por nada, sino por no haber
estado en la obra de derivación-- esos cinco metros cúbicos --es decir,
el caudal de agua que ahora mismo tiene el río Guadiaro-- se perdería,
porque se irían a una zona subterránea de ese río. Precisamente por eso
se hizo el azud en aquella zona, con el objeto de utilizar las aguas que
pasaban por ahí, porque, a partir del azud, el río Guadiaro tiene una
serie de afluentes importantes. Por todos esos motivos, señorías, nos
vamos a oponer a las enmiendas planteadas al texto de la ley.
Por último, en cuanto a las enmiendas relacionadas con el tema de la
planta desalinizadora, en primer lugar, yo me pregunto qué hace una
enmienda de estas características en un proyecto de ley de trasvase de
derivación de agua de una cuenca de un río a otra cuenca de otro río en
una misma provincia. Me pregunto cómo se pide declarar de interés público
la construcción de una planta desalinizadora en un proyecto de ley de
estas características. En cualquier caso, nosotros no estamos en contra
de la posibilidad de buscar alternativas en este sentido, lo que creemos
es que una media de estas características, incluso por la propia enmienda
que presenta el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que pide
declarar de interés público la construcción de una planta desalinizadora
en la bahía de Cádiz, no es oportuna. La bahía de Cádiz, señor portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, tiene aproximadamente 400.000
habitantes. En su enmienda habla de la bahía de Cádiz, no de Cádiz y, por
tanto, estamos hablando de 400.000 habitantes. Construir una planta de
estas características para dar respuesta a 400.000 habitantes supone que
estemos hablando de un proyecto de inversión que creo que, en estos
momentos, no se puede sostener económicamente, y manejo datos también de
la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de
Obras Públicas. Estamos hablando de un proyecto de inversión de 50.000
millones de pesetas, y, una vez construida, hay que pagar el
mantenimiento y el funcionamiento de esa planta, y estamos hablando de
6.000 millones de pesetas para dar respuesta a los problemas de
abastecimiento de toda esa zona, porque si vamos a dar respuesta
solamente a los problemas de abastecimiento de la ciudad de Cádiz,
estaríamos hablando de una planta distinta.
En definitiva, por todas estas razones, nos vamos a oponer a las
enmiendas que mantienen al texto de la ley el Grupo Parlamentario Popular
e Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, aunque parezca mentira, llevamos cinco
horas de debate, así que pido autorización a la Cámara para poder
proseguir con similar entusiasmo. ¿Está la Cámara de acuerdo? (Pausa.)
Vamos a proseguir.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, porque entiendo tanto las cinco horas de debate como
el cansancio de los miembros de la Cámara.
Aunque ha habido un debate amplio sobre este proyecto de derivación de
volúmenes, como es obvio, no se acaba aquí el debate hidráulico en
Andalucía, en el que habrá que seguir profundizando en los próximos años.
Espero que, en el futuro, haya acercamiento en las posturas para lograr,
en efecto, una política hidráulica de consenso, una política hidráulica
que no tenga costes sociales, que tenga los menores costes financieros y,
sobre todo, los menores costes ambientales. Por lo tanto, entiendo que
aquí no acaba el debate, que hay algunas enmiendas que me apena realmente
que no sean aceptadas, sobre todo la del estudio de impacto ambiental, en
la que creo que la posición del Grupo Parlamentario Socialista ha sido
deficitaria. De todas maneras, agradezco el esfuerzo que ha hecho el
Grupo Parlamentario Socialista por introducir una enmienda transaccional
sobre la base de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y las
tres enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, del Grupo Parlamentario Federal, de tal
manera que entiendo que eso, al menos, impone unas condiciones ecológicas
y unas restricciones bastante acertadas y bastante precisas al proyecto
de trasvase que, desde luego, van a hacer que nuestra posición sea mucho
menos temerosa respecto a los posibles efectos ambientales del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
¿Senador Barbuzano? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señoría.
Sólo quiero aclarar al Senador Pizarro que yo creo que es que no termina
de entender lo que el Grupo Parlamentario Popular ha querido decir en
algunas enmiendas.
Cuando nosotros hablamos de una planta desalinizadora, no queremos decir
que sea exclusivamente la que administre, la que dé los recursos hídricos
a toda la bahía de Cádiz. Queremos decir que es una alternativa más. Y
voy a añadir algo más importante todavía, señoría. Estoy totalmente
convencido de que con la gestión que en estos momentos se está llevando a
cabo por parte de los gestores públicos, tanto el Gobierno como algunos
ayuntamientos de la zona, como he dicho antes, porque no son todos
--algunos han sabido hacer buena gestión, como el Ayuntamiento de Arcos
de la Frontera, y por eso no tiene problemas de restricciones de agua--,
basando su política hidráulica, como lo están haciendo, en la oferta y en
el despilfarro, dentro de poco, si no se pone en funcionamiento esa
planta, estoy totalmente convencido de que estaremos en una situación muy
similar a la que tenemos en estos momentos.
En tercer lugar, quiero decir a su señoría que no son 60.000 millones de
pesetas, ni son 6.000 millones de pesetas en lo que se refiere a la
conservación y a la utilización de la planta. Son cifras que, lógica e
interesadamente, están infladas para rechazar esta enmienda, porque los
datos que nosotros tenemos son muy inferiores, a pesar de que sabemos,
como es natural, que el metro cúbico de agua procedente de este sistema
tiene sus costos, pero por supuesto, no son los que su señoría refleja.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que, aparte del trasvase de aguas del río Guadiaro al río
Majaceite, hoy en esta Cámara se ha producido un debate mucho más
importante: se ha producido un debate sobre el modelo de aprovechamiento
de nuestras posibilidades hidráulicas y, desde mi punto de vista, se han
puesto de manifiesto varios modelos. Uno, que parece que está en contra
absolutamente de cualquier trasvase y que entiende que única y
exclusivamente con el aprovechamiento de los caudales y con la mejora de
los regadíos se puede llegar a un abastecimiento suficiente; es el modelo
que ha expuesto el Senador Martínez Sevilla y que de vez en cuando pone
como ejemplo el aprovechamiento que se hace del Rhin. Desde nuestro punto
de vista, esto no es objetivo porque la pluviometría y la realidad del
Rhin no es la realidad que tenemos en el conjunto de España. Y otro es el
modelo defendido por el Senador Sanz Blanco, que lo basa en un
aprovechamiento conjunto y en la minoración --y, a poder ser, en la
desaparición-- de los trasvases porque entiende que con una gestión
--dice él-- moderna del agua sería suficiente para que no se produjese la
falta que hoy se produce.
Desde nuestro punto de vista, esto no es así. Desde nuestro punto de
vista la realidad de España es que en el sur y en la parte mediterránea
hay una escasez de pluviometría y, además, esta pluviometría se produce
con una irregularidad absoluta. El Senador que les habla puede decir que
en Tarragona cayeron hace unos cuantos meses 700 litros por metro
cuadrado en dos semanas y no ha vuelto a llover, y no sabemos cuándo
volverá a llover, pero esta realidad es la que es. Por lo tanto, nos
encontramos con una parte del territorio nacional, sur y mediterráneo,
con unas posibilidades turísticas y agrícolas extraordinarias que pueden
ver truncado su desarrollo exclusivamente por la falta de agua. Los
integrantes de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Obras Públicas
tuvimos ocasión de visitar unos riegos ejemplares en Andalucía, en la
parte occidental de la provincia de Huelva, con un aprovechamiento
extraordinario del agua, pero también con una capacidad de embalse de 800
metros cúbicos y con una capacidad de regulación de 120 porque eran
conscientes de que la pluviometría era la que era.
Luego nos encontramos en esta situación: ¿qué les decimos a los
agricultores de Almería, a los de Murcia, a los de Valencia, qué les
decimos a los agricultores de la cuenca del Guadalquivir: señores, dejen
de tener ustedes agricultura competitiva y vuelvan a los olivos, a la
vid, a los cultivos de los que Europa es excedentaria? ¿Esta es la opción
que tenemos que elegir o, por el contrario, tenemos que pensar que el
conjunto de España es algo más que el nombre de una nación y que es
realmente una realidad objetiva de Estado --llámesele o no se le llame
nación-- y que los aprovechamientos hídricos de todo el Estado tienen que
ser para todo el Estado? Esta es nuestra posición y éste es el debate
auténtico. Nosotros nos inclinamos por ver modelos territoriales
parecidos a los nuestros, cerca o lejos. Un modelo territorial de
pluviometría parecido al nuestro es el del norte de Africa, y éste es un
modelo que yo no lo quiero para mí. Otro modelo territorial en cuanto a
pluviometría es el de California: el Estado de California tiene instalada
una capacidad de trasvase veinte veces superior a la propuesta en el
neonato plan hidrológico; veinte veces superior. Por lo tanto, yo
prefiero aquel modelo, con la posibilidad de continuar el desarrollo, al
modelo a que nos llevan otras posiciones.
De todas maneras, quiero decirle al Senador Sanz Blanco que ha hecho
mucho hincapié en que el Partido
Socialista basa la política hidráulica exclusivamente en la oferta, que
el ejemplo más flagrante de favorecer la oferta se ha producido en el
ayuntamiento de Valencia, que ha rebajado el precio del metro cúbico para
consumo urbano. Este es un ejemplo de promoción del consumo en una
situación de escasez, y el gobierno del ayuntamiento de Valencia no está,
precisamente, en manos socialistas.
Finalmente, al Senador Martínez Sevilla le pido de todo corazón que
retire lo del trasvase impuesto. Mire usted, si este trasvase se vota por
mayoría en las Cámaras, no puede considerarse impuesto. Acepto sus
argumentos y su convencimiento personal de que tiene razón, pero usted me
recuerda a los mahometanos argelinos, con la única diferencia de que
ellos utilizan armas para demostrar sus razones y usted no las utiliza, y
sé que no las utilizará. Pero su convencimiento de que está en posesión
de la verdad es, cuando menos, ofensivo para el resto, porque yo entiendo
que la propuesta de llevar agua del Guadiaro al Majaceite para abastecer
la bahía de Cádiz es la única solución técnica posible después de haberlo
estudiado mucho. Por eso, nuestro Grupo la va a votar favorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Socialista.--El
señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, ¿por qué artículo pide la
palabra?
El señor MARTINEZ SEVILLA: Por alusiones.
El señor PRESIDENTE: La tiene usted por alusiones.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
No voy a entrar de nuevo en el debate, ya que no es éste el momento. El
portavoz en este tema del Grupo Socialista ha hecho de mí un
requerimiento: que retire la frase de que éste es un trasvase impuesto.
Pero no la retiro. Y no lo hago por una razón fundamental: porque se
impone. (Rumores.) Pero hay muchos tipos de imposiciones. En este caso,
es una imposición democrática.
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego que se refiera a
la alusión, por lo que me ha pedido la palabra, y no a una discusión de
sus argumentos, a lo que se refiere el artículo 87.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Iba a referirme a ella, señor Presidente.
Decía que se trata de un trasvase impuesto contra la naturaleza, y lo que
no les permito es que ustedes, que han sido la única fuerza política que
ha estado en el Congreso del dictador Obiang Nguema, en Guinea Ecuatorial
(Rumores en los escaños del Grupo Socialista.), que sí es un
fundamentalista...
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla...
El señor MARTINEZ SEVILLA: ... acusen de fundamentalismo a otras fuerzas
políticas. No les permito eso. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo
Socialista.) Mire usted, señor portavoz del Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla...
El señor MARTINEZ SEVILLA: ... la diferencia entre el fundamentalismo
mahometano y este Grupo parlamentario es notoria. Sin embargo, no cabe
decir lo mismo de ustedes y de los años que llevan practicando el
cesarismo en este país. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Socialista.--El señor Sanz Blanco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Blanco, ¿por qué artículo pide la
palabra?
El señor SANZ BLANCO: Por el artículo 87, señoría, y por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Blanco, ¿la pide por alusiones, que no
ha habido, o por el artículo 87?
El señor SANZ BLANCO: Por alusiones y por el artículo 87; por los dos.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Se la doy por el artículo 87.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Aleu ha abierto en estos momentos un nuevo debate en esta
Cámara, en cuanto se ha estado refiriendo a un modelo de desarrollo de
forma implícita. Señor Aleu, me parece que usted no conoce de forma
suficiente los datos de aquellos países que tienen una pluviometría muy
similar a la nuestra, como pueden ser California e Israel, donde hay un
diseño totalmente distinto al que en estos momentos tiene el Partido
Socialista.
Quiero recordarle al señor Aleu --y le dejaré bastantes publicaciones al
respecto que tengo en mi poder-- que en estos momentos en California se
está desechando de forma drástica todo lo que huele a trasvase por los
gravísimos problemas medioambientales que eso conlleva y por el deterioro
de patrimonio medioambiental heredado. Se está desechando, señor Aleu.
(El señor Aleu i Jornet hace signos negativos.) No diga usted que no,
porque eso significa que no conoce el tema, que no ha leído sobre él ni
se ha enterado. Le puedo asegurar que lo que digo en estos momentos es
totalmente cierto. Estos son los datos reales de lo que allí pasa ahora.
La solución de nuestros problemas será la que tenga que ser, pero no
venga usted ahora a hacer demagogia sobre un proyecto hidráulico del
Partido Socialista. Llevamos doce años con el Partido Socialista, con
promesas constantes en esta Cámara y en el Pleno del Congreso, donde
reiteradamente nos han ofrecido un plan hidrológico desde 1983, en 1984,
en 1987. Pero estamos en 1995 y el Partido Socialista todavía no nos ha
ofrecido ningún modelo real, aprobado en estas Cámaras, de planificación
hidrológica. No nos hable, pues, señor Aleu, de la
planificación hidrológica del Partido Socialista, porque creo que en eso
tienen ustedes una gran sequía, señor portavoz del Grupo Socialista.
Por otra parte...
El señor PRESIDENTE: Senador Blanco, concluyó su tiempo.
Tiene la palabra el Senador Aleu por el mismo tiempo.
El señor ALEU I JORNET: Voy a utilizar incluso menos tiempo.
Supongo que usted sabrá que el anteproyecto del plan hidrológico nacional
ha sido aprobado, incluso, por el Consejo del Agua. Son otros motivos los
que impiden traerlo aquí. Pero yo tomo como muestra un botón, que es el
trasvase, el pequeño trasvase del Guadiaro al Majaceite para abastecer a
la bahía de Cádiz, y ya ve usted el follón que se ha armado, que es el
que va a provocar cualquier propuesta hidrológica racional. No se puede
decir esto aquí y no decirlo en Almería ni en Murcia. Vayan a decirlo
allí; digan claramente que están en contra de los trasvases y que se
tienen que abastecer única y exclusivamente con su agua. Este es su
modelo, pero no es el nuestro.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Vamos a culminar las
votaciones de este proyecto y, posteriormente, realizaremos las
votaciones pendientes del proyecto de ley de contratos de las
Administraciones públicas, con lo cual, suspenderemos la sesión hasta
mañana a las diez horas.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular número 1,
del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las enmiendas
números 1 a 11. (El Senador Ortiz Pérez pide la palabra.) Tiene la
palabra el señor Juan José Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ; Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda número 4, por un lado, de la
número 6, por otro, y el resto en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Pizarro Medina.
El señor PIZARRO MEDINA: Señor Presidente, quiero recordarle que las
enmiendas números 7 y 8, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
las números 20 y 22, del Grupo Parlamentario Popular, han sido
transaccionadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pizarro. En primer lugar, vamos a
someter a votación la enmienda número 4, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, uno; en contra, 120; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, tres; en contra, 198; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas números 7 y 8, del Grupo Parlamentario
Mixto, y 20 y 22, del Grupo Parlamentario Popular, están relacionadas con
una redacción nueva del apartado b) del artículo 1.2. En cualquier caso,
no evitaría que estas enmiendas se mantuvieran vivas porque tiene la
firma de todos los grupos.
Vamos a someter a votación las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, excepto éstas, que se entiende están articuladas en
la enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 83; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 12 y 14 a 34, del Grupo Parlamentario Popular.
El Senador Martínez Sevilla pide la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, solicito votación separada
de las enmiendas números 28, 29 y 31.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se pueden votar conjuntamente.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Sí, señor Presidente, y el resto en otro
bloque.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Alguna otra indicación?
El señor GARRIDO AVILA: Sí, señor Presidente, solicito votación separada
de las enmiendas números 12, 18, 19, 25 y 27.
El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar agrupadamente?
El señor GARRIDO AVILA: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas números 28, 29
y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 83; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 12, 18, 19, 25 y 27 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 204; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 82; en contra, 121; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
En cuanto a la enmienda suscrita por los grupos parlamentarios, a la que
se ha referido el Senador Pizarro, pregunto si la redacción del punto
dos, en su introducción, antes de que aparezcan los apartados que vienen
numerados como a), b), c) y d), se conservaría. Me refiero a la página 21
del informe de la Ponencia, que dice: la derivación o transferencia
--parece que hay que señalar la transferencia-- de aguas estará sujeta a
las siguientes condiciones. ¿Se entiende que eso se incluye en la
enmienda? De lo contrario, carecería de sentido todo lo demás.
¿Es así? (Asentimiento.) De acuerdo.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se
declara. Muchas gracias.
Se somete a votación el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 204; en contra, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se dará cuenta de las enmiendas introducidas por el Senado al Congreso de
los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma
previa a la sanción del texto por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a realizar las votaciones pendientes del
Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En primer lugar, quedan pendientes las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado, que serían las números 72, 73, 76, 77 a
85. (Pide la palabra el Senador Ortiz Pérez.)
Tiene la palabra el Senador Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PEREZ: Solicito tres votaciones: una de la enmienda número
73; otra de la 77 y 81 y las demás en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Alguna otra indicación? (Pausa.)
Vamos a proceder como se nos acaba de indicar.
En primer lugar, votamos la enmienda número 73.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, tres; en contra, 118; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas números 77 y 81.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 83; en contra, 118; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las demás enmiendas que constituyen el voto particular del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, cuatro; en contra, 195; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quedan
pendientes de votar las enmiendas números 37 a 39, 43 a 49, 52 a 58, 60,
64 y de la 66 a 71. La 62 está efectuada por una transacción. Por lo
tanto, vamos a someter a votación conjuntamente, salvo que se indique
votación separada, que se indicará. (El señor Ortiz Pérez pide la
palabra.) Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ PEREZ: Sí, señor Presidente, solicito votación separada de
las enmiendas números 52, 53, 55, 56, 57, 64, 67, 68, todas ellas
conjuntamente, y las demás en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Alguna otra propuesta?
El señor CODINA I CASTILLO: Sí, señor Presidente, solicito votación
separada exclusivamente de la enmienda número 71.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a someter, en primer lugar, a votación las enmiendas que ha
propuesto el Senador Ortiz Pérez, números 52, 53, 55, 56, 57, 64, 67 y
68.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 88; en contra, 113; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar a continuación la enmienda número 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 164; a
favor, 20; en contra, 110; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Ortiz Pérez pide la
palabra.)
¿Sí, Senador Ortiz Pérez?
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, en nuestro cuadro de votaciones
no figura la enmienda número 71.
El señor PRESIDENTE: Es la última enmienda, según tengo yo indicado, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y el Senador
Codina ha pedido votación separada de ella, por lo que todavía restan por
votar otras enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, es decir, las demás, que sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, siete; en contra, 195; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió están
relacionadas con enmiendas transaccionales las números 148, 149 y 156.
Todas las demás están vivas, salvo, tal vez, la 161, que fue retirada.
¿Hay propuesta de votación separada?
El señor ORTIZ PEREZ: Sí, señor Presidente, de la 135, 147, 150, 152,
158, 159 y 164, conjuntamente, y las demás, excepto las que ha anunciado
su señoría, que son transaccionales, en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Garrido Avila pide la palabra.)
¿Sí, señor Garrido?
El señor GARRIDO AVILA: Pedimos también votación separada de la enmienda
número 146, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas que ha propuesto el Senador
Ortiz Pérez, que seguramente las guardarán en su memoria, por lo que no
las vuelvo a leer.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 96; en contra, 105; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 146 del mismo Grupo
Parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 119; en contra, 83; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 17; en contra, 185; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, en la defensa que hizo el Senador don
Isidoro Alvarez fueron retiradas las enmiendas números 89, 90, 91, 93,
98, 117, 133 y 134, si no me fallan las notas. Votamos las restantes
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 86; en contra, 117; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista mantuvo la enmienda número 197, que
sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 198; en contra, uno; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a votar las enmiendas transaccionales que están en
la Mesa.
La primera lo es al artículo 113, modificando los apartados cinco y seis
de dicho artículo. Viene con el respaldo de todos los grupos
parlamentarios. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así
se declara.
La siguiente lo es al artículo 197. Nueva redacción al punto 2, apartados
a), b), nuevos. También tiene la firma de los seis grupos parlamentarios.
Se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 121; en contra, 83; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El artículo 197.4 viene con el respaldo de todos los grupos
parlamentarios. Por tanto, creo que puede entenderse
aprobado por asentimiento. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero que se me haga una aclaración, ¿es el 197 o es el 199.4?
El señor PRESIDENTE: No, es el 197.4.
Como decía, no hay objeción. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Así
se declara.
Ahora entraríamos, efectivamente, en la enmienda transaccional al
artículo 199.4, que tiene, en principio, el respaldo de todos los señores
portavoces. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se
declara.
No hay más enmiendas transaccionales, y no hemos llegado a ninguna
conclusión sobre las correcciones. Votamos el dictamen. (El señor
Caballero Lasquibar pide la palabra.)
Tiene la palabra.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con la votación del dictamen quiero pedirle votación separada
de la Disposición Final Primera.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Codina i Castillo pide la
palabra.) Tiene la palabra, señoría.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero pedir, al igual que lo ha hecho el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, la votación separada de la Disposición
Final Primera.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (Rumores.) (El señor Cercós Pérez pide la
palabra.) (Rumores.) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
No le podré escuchar, Senador Cercós, mientras no pulse la tecla. Usted
que es ingeniero lo logrará. (Risas.)
El señor CERCOS PEREZ: Ya está pulsada. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Letrado tiene un escrito de correcciones que ya ha sido acordado
con los grupos parlamentarios y que recoge las que antes habíamos
expresado oralmente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo que las correcciones son asumidas por las
razones expuestas por el Senador Cercós.
Vamos, entonces, a someter a votación el dictamen con excepción de la
Disposición Final Primera que votaremos después.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 121; en contra, 82; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos ahora la Disposición Final Primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 105; en contra, 98; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
Reanudaremos la sesión a las diez de la mañana. Se suspende la sesión.
Eran las veintiuna horas y cincuenta minutos.