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DS. Senado, Pleno, núm. 62, de 21/12/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 62
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 21 de diciembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados (continuación):
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
52, de fecha 16 de diciembre de 1994). (Fin del debate.) (Número de
expediente S. 621/000052.) (Número de expediente C. D. 121/000070.)
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 51, de fecha
19 de diciembre de 1994). (Continuación.) (Número de expediente S.
621/000051.) (Número de expediente C. D. 121/000067.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3170)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de medidas fiscales, administrativas y de orden social. (Página 3170)
Título III. Artículos 52 y 64.
El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 208 a 218, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Marca i Cañellas defiende la
enmienda número 270, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Espert Pérez-Caballero defiende las enmiendas números 155
a 162, así como las números 168, 169, 171 a 173, 176 a 179 y 184, a las
disposiciones adicionales y transitorias, del Grupo Popular. El señor
Cercós Pérez consume un turno en contra y defiende las enmiendas números
318 y 319, del Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Popular, y
Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.
Título IV. Artículos 65 y 80.
El señor Sanz Cebrián defiende la enmienda número 219, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor García Carnero defiende las
enmiendas números 163 a 165, del Grupo Popular. El señor Cercós Pérez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores García Carnero, por el Grupo Popular, y Cercós Pérez,
por el Grupo Socialista.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Preámbulo.
El señor Sanz Cebrián defiende las enmiendas números 220 a 224, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Marca i Cañellas defiende las
enmiendas números 276, 278, 282 y 283, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Lobo Asenjo defiende las enmiendas números
128 a 133, 174, 175 y 180 a 183, del Grupo Popular. El señor Cercós Pérez
consume un turno en contra y da por defendidas las enmiendas números 325,
330, 333, 338, 339 y 340, del Grupo Socialista. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Utrera Mora, por el Grupo Popular, y
Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (Página 3187)
Finalizado el debate del Proyecto de Ley de Medidas fiscales,
administrativas y de orden social, continúa el debate de las Secciones de
los Presupuestos.
Secciones 01, 02, 03, 04 y 05. No han sido objeto de enmiendas.
Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.
El señor Utrera Mora da por defendida la enmienda número 979, del Grupo
Popular.
Sección 12. Asuntos Exteriores.
El señor López Henares defiende las enmiendas números 980 a 986, del
Grupo Popular. El señor Castro Rabadán consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores López Henares,
por el Grupo Popular, y Castro Rabadán, por el Grupo Socialista.
Sección 13. Justicia e Interior.
La señora Vindel López da por defendidas las enmiendas números 1.965,
2.049, 2.050, 2.841, 2.051, 1.852, 1.853, 2.174 a 2.187, 2.069 a 2.071,
2.148 a 2.150, 2.723, 2.729 a 2.734, 1.816, 1.817, 1.958 a 1.962, 1.914,
1.915, 1.917, 2.059, 2.246, 2.247, 2.018, 2.019, 1.758, 1.759, 1.908,
1.767, 2.103, 2.104, 1.878 a 1.880, 1.999 a 2.002, 1.947, 1.948, 1.773 a
1.782, 1.812 a 1.814, 2.284, 2.293, 2.294, 1.825, 1.976, 2.121, 2.245 y
1.977, de diversos señores Senadores del Grupo Popular. El señor Armas
Rodríguez, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas 653, 654,
659, 672, 675 y 681, retirando la número 658. El señor Virosta Garoz, del
Grupo mixto, defiende las enmiendas 634 y 635, y da por defendidas las
demás enmiendas por él suscritas al resto de las Secciones. El señor
Travieso Darias defiende las enmiendas números 716 a 729, del Grupo de
Coalición Canaria. El señor Torrontegui Gangoiti defiende las enmiendas
números 2.355 a 2.357. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda
número 2.548, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La
señora Vindel López y el señor Escuin Monfort defienden las enmiendas
números 987 a 1.062, del Grupo Popular. Los señores Galán Pérez y Ardaiz
Egüés consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Virosta Garoz, por el Grupo Mixto; Travieso
Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Torrontegui Gangoiti, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Cambra i
Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así
como la señora Vindel López y el señor Escuin Monfort, por el Grupo
Popular, y el señor Galán Pérez, por el Grupo Socialista. Vuelve a
intervenir el señor Ardaiz Egüés. Asimismo lo hace el señor Díez
González, por alusiones.
El señor Presidente anuncia la recepción de un documento del Congreso de
los Diputados que contiene una relación de errores materiales advertidos
en el texto del Proyecto de Ley sobre Medidas fiscales, administrativas y
de orden social e invita a la Cámara a que acepte esta descripción, que
responde a la voluntad finalmente expresada por el Congreso de los
Diputados. El señor Barbuzano González hace un comentario sobre la
comunicación del Presidente.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.
En este momento se procede a votar el resto del articulado de este
Proyecto de Ley.
Título III. Artículos 52 a 64.
Se rechaza la enmienda número 45, de la señora Vilallonga Elviro y el
señor Martínez Sevilla, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 233 en
contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 43 y 44, de la misma señora Senadora,
por 104 votos a favor, 132 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo de Coalición Canaria, por 12
votos a favor, 124 en contra y 101 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 211, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 110 votos a favor, 125 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 208 a 210, 212 a 215, 217 y 218, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 124 en
contra y 102 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 270, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 121 votos a favor, 113 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 155, del Grupo Popular, por 105 votos a
favor, 129 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 162, del Grupo Popular, por 102 votos a
favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 318, del Grupo Socialista, por 217 votos a
favor, 19 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 319, del Grupo Socialista, por 234 votos a
favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 52 a 64, con las modificaciones introducidas,
por 135 votos a favor y 102 en contra.
Título IV. Artículos 65 a 80.
Se rechazan las enmiendas números 43, 44, 46, 47 y 49, de la señora
Vilallonga Elviro y el señor Martínez Sevilla, del Grupo Mixto, por 104
votos a favor y 133 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 50, 61 y 62, de la misma señora
Senadora, por 10 votos a favor y 227 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 48 y 63, de la misma señora Senadora,
por 3 votos a favor y 232 en contra.
Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo de Coalición Canaria, por 10
votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 219, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 11 votos a favor, 127 en contra y 100 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 163 a 165, del Grupo Popular, por 107
votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueban los artículos 65 a 80, según el texto del dictamen, por 133
votos a favor y 105 en contra.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
El señor Sanz Cebrián retira en este acto la enmienda número 222, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se rechazan las enmiendas números 51 a 59 y 64 a 67, de la señora
Vilallonga Elviro y el señor Martínez Sevilla, del Grupo Mixto, por 3
votos a favor, 232 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 220, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 12 votos a favor, 125 en contra y 100 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 221 y 224, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 223, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 112 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda número 283, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 121 votos a favor, 113 en contra y 4
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 171, del Grupo Popular, por 100 votos a
favor, 127 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 173, del Grupo Popular, por 101 votos a
favor, 126 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 128 a 133, 166 a 170, 172 y 174 a 184,
del Grupo Popular, por 106 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 325, 330, 333, 338 y 340, del Grupo
Socialista, por 133 votos a favor y 104 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 339, del Grupo Socialista, por 233 votos a
favor y 3 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la disposición adicional segunda,
sobre la base de la número 269, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, suscrita por todos los grupos parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional a la disposición adicional
decimotercera (nueva), sobre la base de la número 276, del Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, suscrita por todos los grupos
parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional a la disposición adicional (nueva),
sobre la base de la número 278, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, suscrita por todos los grupos parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueban las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta
según la redacción suscrita por todos los grupos parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera a decimocuarta y
decimoséptima a vigesimoséptima, las disposiciones transitorias primera a
decimocuarta, la disposición derogatoria y las disposiciones finales
primera a octava, así como el Preámbulo, por 133 votos a favor y 105 en
contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Se procede a votar las Secciones de los Presupuestos debatidas hasta el
momento.
Sección 01. Casa de Su Majestad el Rey. Se aprueba por asentimiento de la
Cámara.
Sección 02. Cortes Generales. Se aprueba por asentimiento de la Cámara.
Sección 03. Tribunal de Cuentas. Se aprueba por asentimiento de la
Cámara.
Sección 04. Tribunal Constitucional. Se aprueba por asentimiento de la
Cámara.
Sección 05. Consejo de Estado. Se aprueba por asentimiento de la Cámara.
Sección 08. Consejo General del Poder Judicial.
Se rechaza la enmienda número 979, del Grupo Popular, por 101 votos a
favor, 132 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la Sección 08, según el texto del dictamen, por 134 votos a
favor, 2 en contra y 99 abstenciones.
Sección 12. Ministerio de Asuntos Exteriores.
El señor Presidente comunica a la Cámara que la Mesa ha decidido por
unanimidad no someter a votación la enmienda número 604, del señor
Petrizán Iriarte, del Grupo Mixto, al considerar que no se ajusta a lo
preceptuado en el Reglamento.
Se rechaza la enmienda número 205, del señor Petrizán Iriarte, del Grupo
Mixto, por 10 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 345, del mismo señor Senador, por 3 votos a
favor, 227 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 980, 983 y 985, del Grupo Popular, por
103 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba la Sección 12, por 136 votos a favor y 102 en contra.
Sección 13. Justicia e Interior.
El señor Armas Rodríguez retira en este acto la enmienda número 654.
Se rechazan las enmiendas números 653, 659, 672, 675 y 681, del señor
Armas Rodríguez, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor, 125 en contra y
100 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.965, 2.049, 2.050, 2.051, 1.841,
1.852, 1.853, 2.174 a 2.187, 2.069 a 2.071, 2.148 a 2.150, 2.723, 2.729 a
2.734, 1.816, 1.817, 1.958 a 1.962, 1.914, 1.915, 1.917, 2.059, 2.246,
2.247, 2.018, 2.019, 1.758, 1.759, 1.908, 1.767, 2.103, 2.104, 1.878 a
1.880, 1.999 a 2.002, 1.947, 1.948, 1.773 a 1.782, 1.812 a 1.814, 2.284,
2.293, 2.294, 1.825, 1.976, 2.121, 2.245 y
1.977, de diversos señores Senadores del Grupo Popular, por 107 votos a
favor, 129 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 351, 358, 359 y 360, del Grupo Mixto,
por 103 votos a favor y 134 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 346, 23 a 47, 154, 157, 347 a 350, 352
a 354, 356, 357, 632 y 634, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 131 en
contra y 102 abstenciones.
El señor Presidente advierte a la Cámara que es criterio unánime de la
Mesa no someter a votación las enmiendas 605 y 635, del Grupo Mixto, por
las mismas razones anteriormente expuestas.
Se rechaza la enmienda número 729, del Grupo de Coalición Canaria, por
111 votos a favor y 127 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 716 a 718 y 720 a 728, del Grupo de
Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 124 en contra y 103
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 987 a 1.062, del Grupo Popular, por 100
votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 13, Servicio 02,
Programa 142 A, Capítulo I, artículo 2, concepto 01, sobre la base de las
números 2.548, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
355, del Grupo Mixto, y 719, del Grupo de Coalición Canaria, suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Popular, por 136 votos a
favor y 102 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 13, Servicio 05,
Programa 313 C, Capítulo IV, artículo 48, sobre la base de la número
2.355, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, suscrita por todos
los Grupos Parlamentarios, excepto el Popular, por 137 votos a favor, 100
en contra y 1 abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 13, Capítulo VI, sobre
la base de la número 2.356, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Popular, por 137
votos a favor y 100 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional al Capítulo VI, sobre la base de la
número 2.357, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Popular, por 135 votos a
favor, 102 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la Sección 13, con las modificaciones introducidas, por 133
votos a favor, 104 en contra y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Sección 14. Defensa.
Se da por defendida la enmienda número 1.927, del señor Cañellas Fons y
otros señores Senadores del Grupo Popular. El señor Soravilla Fernández
defiende las enmiendas números 1.064 a 1.077, del Grupo Popular. El señor
Díez González consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Soravilla Fernández, por el Grupo Popular,
y Díez González, por el Grupo Socialista.
Sección 15. Economía y Hacienda.
El señor Pérez Villar da por defendidas las enmiendas números 1.877,
1.826, 2.243 y 2.255, presentadas por Senadores del Grupo Popular a
título individual. El señor Martínez Sevilla da por defendidas las
enmiendas 189, 380 y 381, del Grupo Mixto. El señor Travieso Darias
defiende las enmiendas números 730 y 731, del Grupo de Coalición Canaria.
El señor Gangoiti Llaguno retira la enmienda número 2.359, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Pérez Villar defiende las
enmiendas números 1.078 a 1.118, del Grupo Popular. El señor Segura
Clavell consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición
Canaria; Pérez Villar, por el Grupo Popular, y Segura Clavell, por el
Grupo Socialista.
Sección 17. Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
El señor Bris Gallego da por defendidas todas las enmiendas presentadas a
título individual por diversos Senadores del Grupo Popular. El señor
Armas Rodríguez defiende las enmiendas números 655, 657, 660, 666, 668 y
671, del Grupo Mixto. El señor Travieso Darias defiende las enmiendas
números 732 a 746, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Gangoiti
Llaguno defiende las enmiendas números 2.360 a 2.366, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bris Gallego defiende las
enmiendas números 1.119 a 1.371, del Grupo Popular. El señor Aleu i
Jornet consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición
Canaria; Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Bris Gallego, por el Grupo Popular, y Aleu i Jornet, por el Grupo
Socialista.
Sección 18. Educación y Ciencia.
El señor Fernández Rozada da por defendidas todas las enmiendas
presentadas de forma individual por Senadores del Grupo Popular. El señor
Travieso Darias defiende las enmiendas números 747 a 751, del Grupo de
Coalición Canaria, y da por defendidas las demás enmiendas presentadas
por su Grupo a las restantes Secciones. El señor Gangoiti Llaguno
defiende las enmiendas números 2.367,
2.368, 2.406, 2.409 a 2.413 y 2.418, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Fernández Rozada defiende las enmiendas números 1.372 a
1.380, del Grupo Popular. El señor Iglesias Marcelo consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Gangoiti Llaguno, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Fernández Rozada, por el
Grupo Popular, e Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista.
Sección 19. Trabajo y Seguridad Social. Sección 60. Seguridad Social.
El señor Lobo Asenjo da por defendidas las enmiendas números 1.926, del
señor Cañellas Fons; 1.950, de la señora Luzardo Romano; 2.173, del señor
Baltar Pumar, y 2.223, del señor Somero Salvadores y otros señores
Senadores del Grupo Popular, y defiende las números 1.381 a 1.384 y
1.705, del mismo Grupo Parlamentario. El señor Franco Gutiez consume un
turno en contra. El señor Fernández Menéndez defiende el veto del Grupo
Popular a la Sección 60. El señor Aguilar Belda consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Lobo
Asenjo, por el Grupo Popular, y Franco Gutiez, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Sección 14. Defensa.
Se rechaza la enmienda número 1.927, del señor Cañellas Fons y otros
señores Senadores, del Grupo Popular, por 101 votos a favor, 131 en
contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 361 a 379, de la señora Vilallonga
Elviro y otros señores Senadores, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
232 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.064 a 1.077, del Grupo Popular, por
99 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la Sección 14, según el texto del dictamen, por 135 votos a
favor, 98 en contra y 1 abstención.
Sección 15. Economía y Hacienda.
Se rechaza la enmienda número 2.255, del señor Rabanera Rivacoba, del
Grupo Popular, por 106 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.877, 1.826 y 2.243, de diversos
señores Senadores del Grupo Popular, por 99 votos a favor, 129 en contra
y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 380 y 281, del Grupo Mixto, por 101
votos a favor y 132 en contra.
Se rechaza la enmienda número 731, del Grupo de Coalición Canaria, por
232 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.078 a 1.118, del Grupo Popular, por
102 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 15, Capítulo VI, sobre
la base de la número 730, del Grupo de Coalición Canaria, suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la Sección 15, con las modificaciones introducidas, por 132
votos a favor, 98 en contra y 4 abstenciones
Sección 17. Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente.
Se rechaza la enmienda número 2.254, del señor Cárceles Nieto y otros
señores Senadores del Grupo Popular, por 110 votos a favor y 126 en
contra.
Se rechazan las enmiendas presentadas de forma individualizada por
diversos Senadores del Grupo Popular, excepto las números 2.237 y 1.820,
objeto de enmienda transaccional, por 108 votos a favor, 126 en contra y
1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 169, del señor Ramón i Quiles, del
Grupo Mixto, por 110 votos a favor y 125 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 655, 657, 666, 668 y 671, del señor
Armas Rodríguez, del Grupo Mixto, por 108 votos a favor, 126 en contra y
1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 398, 429, 444, 446, 469 y 471, del
Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 128 en contra y 104 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 420 y 440, del Grupo Mixto, por 2 votos
a favor, 227 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 170 a 199, 382 a 397, 399 a 419, 421 a
428, 430 a 439, 441 a 443, 445, 447 a 468, 470, 472 a 501 y 633 a 644,
del Grupo Mixto, por 103 votos a favor, 126 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 733 a 735 y 738 a 746, del Grupo de
Coalición Canaria, por 109 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 2.360 a 2.366, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 105 votos a favor, 126 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1.119 a 1.152 y 1.154 a 1.371, del
Grupo Popular, por 101 votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 17, Capítulo VI, sobre
la base de las números 732, 736 y 737, del Grupo de Coalición Canaria, y
660, del señor Armas Rodríguez, del Grupo Mixto, suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 17, Capítulo VI, sobre
la base de la número 153, del Grupo Popular, suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban dos enmiendas transaccionales a la Sección 17, sobre la base
de las números 2.237, del señor González Pons, y 1.820, del señor Moya
Sanabria y otros señores Senadores del Grupo Popular, por asentimiento de
la Cámara.
Se aprueba la Sección 17, con las modificaciones introducidas, por 130
votos a favor, 101 en contra y 5 abstenciones.
Sección 18. Educación y Ciencia.
Se rechazan las enmiendas presentadas a título individual por Senadores
del Grupo Popular, por 110 votos a favor y 125 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 68 y 69, del señor Ramón i Quiles, del
Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 221 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 502, del Grupo Mixto, por 107 votos a favor
y 129 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 503 a 522, del Grupo Mixto, por 1 voto
a favor, 133 en contra y 100 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 656, 663 a 664, 609, 622, 625 y 645 a
647, del Grupo Mixto, por 110 votos a favor y 124 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 747 a 751, del Grupo de Coalición
Canaria, por 110 votos a favor y 126 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2.406 y 2.413, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 110 votos a favor y 126 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2.368, 2.409 a 2.412 y 2.418, del Grupo
de Senadores Nacionalists Vascos, por 11 votos a favor y 225 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1.372 a 1.380, del Grupo Popular, por
100 votos a favor, 129 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 18, organismo 101,
Programa 457 A, concepto 459, sobre la base de la número 2.365, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, suscrita por todos los Grupos
parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la sección 18, con las modificaciones introducidas, por 133
votos a favor y 103 en contra.
Sección 19. Trabajo y Seguridad Social. Sección 60. Seguridad Social.
Se aprueba la enmienda número 679, del señor Armas Rodríguez, del Grupo
Mixto, por 12 votos a favor y 224 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2.173, 1.926, 1.950 y 2.233, de los
señores Baltar Pumar, Cañellas Fons, Lobo Asenjo, Someso Salvadores y
otros Senadores del Grupo Popular, por 106 votos a favor, 127 en contra y
3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 524, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
133 en contra y 100 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 79, 525 a 528 y 577, del Grupo Mixto,
por 12 votos a favor y 223 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 752 a 759, del Grupo de Coalición
Canaria, por 12 votos a favor y 224 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1.381, 1.705 y 1.382 a 1.384, del Grupo
Popular, por 99 votos a favor, 136 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 19, Servicio 02,
Programa 314-J, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 19, servicio 03,
Programa 314-H, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Sección 19 y a la Sección 60,
relativa a las pensiones contributivas de la Seguridad Social, suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa al presupuesto de la
Seguridad Social y suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la Sección 19 y la Sección 60, así como el artículo 12 de la
Ley de Presupuestos, con las modificaciones introducidas, por 131 votos a
favor y 104 en contra.
Se reanuda el debate de las Secciones.
Sección 20. Industria y Energía.
El señor Unceta Antón da por defendida la enmienda número 2.139, de los
señores Barrero Valverde y Bernáldez Rodríguez, del Grupo Popular. El
señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 2.369 a 2.381, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Unceta Antón defiende
las enmiendas números 1.385 a 1.412, del Grupo Popular. El señor Cercós
Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Unceta Antón, por el Grupo Popular, y Cercós Pérez,
por el Grupo Socialista.
Sección 21. Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor Bernáldez Rodríguez da por defendida la enmienda número 1.719,
de la señora Agüero Ruano y el señor Arance Soto, del Grupo Popular. El
señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 2.382 a 2.388, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bernáldez Rodríguez
defiende las enmiendas números 1.413 a 1.578, del Grupo Popular. El señor
Garcías Coll consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular, y
Garcías Coll, por el Grupo Socialista.
Sección 22. Administraciones Públicas.
El señor Espert Pérez Caballero defiende las enmiendas números 1.579 a
1.589, del Grupo Popular. El señor Gallego Cuesta consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Espert Pérez Caballero, por el Grupo Popular, y Gallego Cuesta, por el
Grupo Socialista.
Sección 24. Cultura.
El señor Van-Halen Acedo da por defendidas las enmiendas presentadas a
título individual por Senadores del Grupo Popular. El señor Gangoiti
Llaguno defiende las enmiendas números 2.389 a 2.402, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Van-Halen Acedo defiende las
enmiendas números 1.590 a 1.674, del Grupo Popular. La señora Rojo Tudela
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y Van-Halen Acedo, por el Grupo Popular, así como
la señora Rojo Tudela, por el Grupo Socialista. El señor Van-Halen Acedo
y la señora Rojo Tudela intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Sección 25. Ministerio de la Presidencia.
El señor Prada Presa defiende las enmiendas números 1.675 a 1.685, del
Grupo Popular. La señora Pleguezuelos Aguilar consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Prada Presa, por
el Grupo Popular, y la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo
Socialista. El señor Prada Presa y la señora Pleguezuelos Aguilar
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se suspende la sesión a la una horas y cinco minutos del día 22 de
diciembre.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Buenos días, señorías. Se abre la
sesión.
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN SOCIAL.
(Fin del debate.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas presentadas al
Título III.
Las enmiendas del Grupo Mixto, así como las de Coalición Canaria, fueron
ya defendidas en su momento.
Para defender las enmiendas números 208 a 218, tiene la palabra el
Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado a
este Título once enmiendas que son, como muy bien ha dicho su señoría,
las que van de la 208 a la 218, ambas inclusive, y que voy a pasar a
defender por ese mismo orden.
La enmienda número 208 propone un nuevo apartado, que sería el 3, al
artículo 53 del proyecto, tendente a hacer congruentes las retribuciones
complementarias del profesorado con la definición legal de las mismas.
Nuestra enmienda número 209 plantea un nuevo artículo, que sería el 53
bis, de forma que los procesos de integración del personal interino, sin
excepción, tengan los mismos requisitos en materia de titulación
académica y plazo que los establecidos con carácter general en la Logse.
La enmienda número 210, al artículo 59 del proyecto, pretende ampliar el
elenco del personal al servicio de la Administración pública, que puede
ser objeto de contratación laboral, extendiéndolo a los puestos de
asesoramiento legal y técnico que, en la práctica, no supone otra cosa
que reconocer esta facultad para contratar laboralmente personas que
ejercen o puedan ejercer una profesión u oficio determinados. Con su
venia, y con suma brevedad, me voy a detener algo más en esta cuestión.
Como en cualquier otro ámbito, el factor humano es fundamental en la
Administración pública, y los problemas que suscita son, a veces, más
complejos que los que esos mismos recursos humanos plantean en el sector
privado, a lo que contribuye la propiedad del cargo propia del personal
funcionario, que introduce, por regla general, una rígida fijación del
funcionario
a su puesto de trabajo lo que, lejos de ser, por norma, un mal en sí
mismo, puede beneficiar en ciertos supuestos en los que la estabilidad de
la propia Administración depende de la vinculación al cargo por parte del
funcionario. Pero ello no es siempre así. En ciertas circunstancias es
necesario actuar con criterios de agilidad, no ya en el proceso de
selección, sino especialmente durante la vigencia de la relación empleado
público/Administración, posibilitando, incluso, contrataciones temporales
o a tiempo parcial que pueden resolver problemas puntuales derivados de
la tramitación de determinados expedientes, de las sustituciones del
personal o por cargas de trabajo en épocas que pudiéramos denominar
punta, etcétera.
¿Por qué, entonces, no puede facilitarse a la propia Administración que
ésta actúe con pautas propias de la empresa privada? ¿No es acaso una
ventaja dejar que sea la Administración implicada la que decida la
naturaleza de la relación con sus empleados públicos? Eso sí, sin merma
alguna de los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito
y capacidad.
La enmienda número 211, de este Grupo de Senadores, propone la adición de
un párrafo final al artículo 60 del proyecto, con lo que se evitaría, a
nuestro entender, una situación paradójica de excedentes vitalicios en
Cuerpos destinados a extinguirse.
La enmienda número 212 trata de permitir a cada Comunidad Autónoma, con
su concisa redacción, la posibilidad de determinación de los diferentes
conceptos sometidos a su reconocimiento retributivo, suprimiendo el
carácter básico del apartado 3, del artículo 23, de la Ley 30/1984.
La enmienda número 213, al artículo 61 del proyecto, pretende aclarar que
la promoción interna prevista en dicho artículo no se limita a la llamada
«vertical», sino que también abarca la promoción horizontal, y sin que se
obligue a optar a las Administraciones implicadas necesariamente, por
titulación o antigüedad, sino que puedan establecer libremente qué
supuesto o supuestos son los que más convienen a esa Administración.
Nuestra enmienda 214 propone modificar el apartado 7 del artículo 63, de
modo que se diga que este artículo se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.30ª de la Constitución, puesto que, a nuestro entender,
no existe justificación alguna para que la regulación de dicho artículo
del proyecto deba constituir bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios.
La enmienda 215 propone modificar el artículo 64.1 referido al
nombramiento interino de los funcionarios con habilitación de carácter
nacional, de forma que el mismo corresponda al municipio respectivo, sin
perjuicio de notificar tales resoluciones de nombramiento interino que
adopte el municipio al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Con
ello, evitamos, en primer lugar, dilaciones, se hace efectivo el
principio de autonomía municipal y nos acercamos a los sistemas vigentes
en el resto de los países europeos.
España tiene, junto con Chipre, un sistema de funcionarios con
habilitación de carácter nacional que forzosamente prestan sus servicios
en los municipios, en los ayuntamientos, sin que hayan sido designados o
nombrados por los ayuntamientos.
Nosotros pedimos formalmente que los nombramientos interinos --no pedimos
los definitivos, ¡ojalá algún día llegue!--, sean efectuados por los
ayuntamientos directamente. Todo ello lo decimos porque sabemos que esta
disposición no afecta a las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca,
a nuestros territorios históricos, porque están establecidas
específicamente en la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por último, entre las enmiendas que voy a defender, quiero destacar la
216 que propone la adición de un párrafo tercero al artículo 64 del
proyecto, de forma que «la competencia de ejecución en materia de
creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde a las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con los límites de población,
presupuesto y demás circunstancias generales y objetivas que se
establezcan reglamentariamente».
Me he tomado la libertad de leer, casi textualmente, la enmienda que
proponemos porque, señorías, quiero llamar su atención porque es
sustancialmente coincidente con la número 319 presentada por el Partido
Socialista, por lo que rogaríamos al portavoz del mismo que cuando estén
en el uso de la palabra nos hagan un comentario al respecto e, incluso,
pediríamos humildísimamente que alguna de estas enmiendas fuese estimada
o fuese transaccionada porque tienen un contenido, insisto, semejante,
similar.
Voy a explicar brevemente el contenido de esta enmienda. Se trata de que
el «nomem», de que el título vaya acompañado de facultades de ejecución,
ni más ni menos. Y como parece que va a ser reconocido, sino en todo sí
en parte, el propósito que perseguimos no me extenderé más.
Quedarían por defender dos enmiendas más, las números 217 y 218, pero
creemos que su bondad intrínseca nos excluye de mayores abundamientos en
su defensa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió,
tiene la palabra el Senador David Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender una solitaria enmienda que tenemos presentada al Capítulo
III, si no me equivoco. Esta es una enmienda muy controvertida, de la que
se ha hablado mucho, y que ha aparecido ya otras veces por esta Cámara.
Se trata de que los funcionarios del Grupo A puedan prolongar el período
de trabajo laboral de los 65 a los 70 años de manera optativa.
Esta es, qué duda cabe, una decisión que puede tener repercusiones, lo
comprendemos, pero nosotros estamos tremendamente interesados en este
aspecto, ya que los catedráticos o los magistrados, por señalar alguna
profesión, se
tienen que jubilar, a veces en su mejor momento, cuando más pueden
aportar a la educación, en el caso de los primeros, o a la Justicia, en
el caso de los segundos. Lo que pretendemos con esta enmienda es añadir
un nuevo párrafo al final del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.), para que los funcionarios de este Grupo A y los
asimilados a éste puedan seguir trabajando hasta los 70 años, edad en la
que entonces sí se establecería una jubilación forzosa.
Esto ha causado alguna sorpresa a esta Cámara, pero nosotros somos
coherentes con nuestra enmienda y la llevamos a votación, a ver lo que
pasa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender, señorías, las enmiendas 155 a 162, 168 y 169, 171 a 173,
176 a 179 y 184, todas ellas relacionadas con el Título III de esta ley y
las disposiciones adicionales y transitorias que tienen relación con él.
Es ésta, señorías, una ley que ya va adquiriendo cierta solera. Es el
segundo año que se presenta, no cabe duda, en cumplimiento de una
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en virtud de la cual
había que sacar de la Ley de Presupuestos aquellas materias que no
estaban sometidas a ese objetivo concreto de la ley presupuestaria y a la
temporalidad que la misma tiene. Sin embargo, esta ley, al igual que la
del año pasado, se sigue presentando con los mismos tintes de
perentoriedad, de prisas, de urgencia en suma, y en íntima relación con
la ley presupuestaria a la que sirve de acompañamiento.
En la exposición de motivos de la Ley 22/1993, que acompañaba a los
presupuestos del presente año, se recogen una serie de medidas
legislativas que coadyuvan al cabal cumplimiento de los objetivos
económicos previstos en la Ley de Presupuestos para 1994. Regulaba,
además, una serie de figuras nuevas en relación con la Función Pública.
Quiero recordarles a ustedes los planes de empleo, la reasignación de
efectivos, las situaciones administrativas de expectativas de destino, la
nueva modalidad de la excedencia forzosa, la excedencia voluntaria
incentivada, la jubilación anticipada incentivada o la cesación
progresiva de actividades.
Dada esa íntima relación de la Ley de Acompañamiento, como vulgarmente se
viene llamando, con la Ley de Presupuestos a la que va unida, parece
lógico evaluar los resultados en el marco temporal de vigencia de la ley
presupuestaria.
Cumplido ya, o prácticamente a punto de cumplirse, el año de aplicación
de la Ley de Presupuestos para 1994, yo les pregunto a sus señorías si se
atreverían a valorar positivamente la Ley 22/1993, al menos en materia de
Función Pública. Les pregunto además: ¿cuántos planes de empleo ha
llevado a cabo o ha ultimado el Gobierno? ¿Cuántos funcionarios han sido
afectados por dichos planes de empleo? ¿Se ha llevado a cabo o a efecto
alguna reasignación de efectivos en las Administraciones públicas? Me
temo, señorías, que el balance es necesariamente negativo.
Esta ley, la que ahora debatimos, va a tener igualmente un resultado poco
satisfactorio. Su exposición de motivos en materia de Función Pública se
refiere a la modificación de determinados preceptos de la Ley 30/1984
dirigidos --dice-- a una mejor ordenación de efectivos. ¿Es que acaso no
lo consiguió la ley anterior? Tampoco creemos que ésta lo consiga. La
razón es bien sencilla. Partimos de un grave incumplimiento de los
sucesivos gobiernos socialistas, el del artículo 103 que obligaba a
presentar, a elaborar un Estatuto de la Función Pública.
Efectivamente, si no tenemos decidido un modelo de Función Pública, las
medidas necesariamente han de ser de parcheo, provisionales, con el
riesgo de seguir produciendo situaciones de hecho que luego
necesariamente han de ser convalidadas. Volveremos a crear el problema
que posteriormente obligue a adoptar medidas que, por lo traumáticas,
como es, por ejemplo, la reasignación de efectivos, tampoco se lleguen a
aplicar.
Esta ley contiene también disposiciones sobre regímenes jurídicos y
retributivos peculiares, y ello obedece a otro grave incumplimiento del
Gobierno socialista: el no haber elaborado y publicado todavía las
relaciones de puestos de trabajo. Por ello, pedimos, a través de dos
enmiendas, la 159 y la 169, una por modificación al artículo 58 y otra
por adición de una disposición adicional nueva, que el Gobierno apruebe y
publique antes del 31 de marzo de 1995 las relaciones de puestos de
trabajo. Y espero que no se nos diga por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que esto de fijar un plazo tan perentorio es
puñalada de pícaro. No, señorías. Porque hace aproximadamente un año
también fijábamos de plazo el 31 de marzo de 1994 para elaborar y
publicar estas relaciones de puestos de trabajo definitivas, y tampoco se
ha hecho.
A través de las enmiendas números 160, 161 y 162, pedimos la supresión de
los artículos 59, 60 y 61 del proyecto, por tratar de temas que no deben
ser contemplados fuera del contexto del modelo de Función Pública que
deseamos, es decir, del Estatuto de la Función Pública.
Otro grupo de enmiendas, señorías, afectan a las retribuciones, promoción
interna, formación, simplificación de estructuras, transparencia y
control, buscando, en todo caso, la máxima objetividad y la mínima
discrecionalidad.
Destaco, así, señorías, la enmienda número 176, a través de la cual
pedimos la prohibición con efecto retroactivo de los contratos blindados
todavía existentes en organismos dependientes de la Administración
Pública.
Con la enmienda número 177 pedimos sean conocidas y fijas las
retribuciones de los altos cargos, evitando aquellos complementos
retributivos que suponen la pertenencia a determinados Consejos de
Administración.
A la simplificación de las Administraciones va dirigida la enmienda
número 169, a través de la cual pedimos que antes del 31 de marzo de 1995
se supriman todos los organismos autónomos y entes públicos que o bien
hayan cumplido su finalidad o se haya demostrado patentemente que
son ineficaces para cumplir los fines para los que fueron creados.
Con la enmienda número 173 propone una disposición adicional nueva a
través de la cual solicitamos la reducción del número de altos cargos y
puestos directivos de libre designación. Creemos que para poner remedio a
una Administración sobredimensionada es bueno que demos ejemplo por los
máximos responsables de la Administración pública.
En la enmienda número 178 solicitamos se conceda preferencia absoluta a
los funcionarios y laborales al servicio de las Administraciones públicas
para cubrir puestos de trabajo en todos los entes públicos.
Finalmente, la enmienda número 179, en este orden de ideas, solicita que
el Gobierno y los gobiernos de las Comunidades Autónomas fijen con
carácter taxativo el número de puestos de trabajo que pueden ser
cubiertos con carácter eventual, con sus características y retribuciones
perfectamente definidas, y que estos puestos sean desempeñados
preferentemente por funcionarios y sólo excepcionalmente por personal
eventual. Es más, se establece en ese deseo ejemplarizador un límite a
los gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado; en el
primer caso, un director y un máximo de siete asesores y, en el segundo
caso, un director y un máximo de tres asesores.
Señorías, voy a hacer un especial hincapié en la defensa de tres últimas
enmiendas que afectan a un tema que ya ha sido tratado en esta tribuna en
estos momentos por el Senador Marca: el relativo a las jubilaciones.
Nosotros hemos presentado tres enmiendas, que voy a defender en el
siguiente orden: en primer lugar, la enmienda número 172, por su carácter
más general, con carácter subsidiario la 158 y subsidiaria de ésta, la
157.
¿Vamos a seguir manteniendo el sistema actual de jubilaciones establecido
por la Ley 30/1984, cuyos inconvenientes obligaron ya al Gobierno a
rectificaciones para docentes universitarios y para la carrera judicial?
No cabe duda de que, aprobando una de estas enmiendas, conseguiremos
equiparar la situación de los funcionarios a la normativa laboral
general, que no establece la jubilación forzosa a los 65 años. Es más,
quiero recordar que la primera edición del Estatuto de los Trabajadores
fijaba esa jubilación con carácter obligatorio, y fue el Tribunal
Constitucional el que declaró inconstitucional tal precepto. Por otro
lado, seguiríamos las orientaciones europeas, que aconsejan, por razones
demográficas y de atención a las pensiones, prolongar la edad de
jubilación. Y, por último, supondría una disminución evidente del gasto
público en materia retributiva y de pensiones.
Por la primera enmienda, la número 172, proponemos una disposición
adicional nueva que modifique el régimen con carácter general, equipare a
todos los trabajadores de las Administraciones públicas, es decir, que
establezca tres escalones de jubilación: la anticipada, a los 60 años,
siempre que se reúnan unos determinados requisitos; la voluntaria, a
partir de los 65, y la forzosa, al cumplir los 70 años.
Con carácter subsidiario, y teniendo en cuenta los principios o finalidad
que han perseguido, precisamente, las excepciones establecidas en materia
de personal docente o de la carrera judicial, tenemos la enmienda número
158, muy similar a la defendida por el Senador Marca, por lo que
anticipamos que, en su caso, apoyaremos la del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que limitamos la
facultad de prolongar la edad de jubilación para los funcionarios que
desempeñan un trabajo de tipo intelectual, que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió equipara con los del grupo 1,
y nosotros entendemos que no necesariamente los trabajos de tipo
intelectual, creador o investigador están limitados a los funcionarios
adscritos a ese grupo 1.
Por último, en caso de que no fueran admitidas ninguna de las dos
enmiendas anteriores, tenemos la número 157, en virtud de la cual nos
referimos, en concreto, a un grupo de funcionarios en los que la
marginación o diferenciación con otros que tienen reconocido este
derecho, es más llamativo, y son aquellos que, en virtud del artículo 447
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ostentan la representación y
defensa en juicio de las Administraciones públicas, porque evidentemente
se puede dar el caso paradójico de que uno de estos funcionarios que esté
interviniendo en un asunto necesariamente tenga que cesar en la
representación o defensa de la Administración pública al cumplirse
fatalmente la edad de los 65 años, mientras que el juez que deba decidir
ese caso pueda tener 69 años cumplidos.
Espero, señorías, que estas últimas enmiendas sean consideradas por el
Grupo Parlamentario Socialista con especial interés y, en principio, se
acepte la primera de ellas y, si no, algunas de las planteadas con
carácter subsidiario.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Espert.
El Senador Cercós supongo que va a hacer la defensa de sus enmiendas
números 318 y 319, al mismo tiempo que el turno en contra de las
enmiendas defendidas por el Senador Espert y por los otros señores
Senadores enmendantes, ya que el Senador Espert ha hecho una defensa de
otras enmiendas conexas con las del título III.
El señor CERCOS PEREZ: Nosotros entraremos exclusivamente en el título
III, porque los Senadores Marca y Sanz han hablado solamente de ese
título.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos presentado dos enmiendas al Título III, que son la 318 y 319. En
cuanto a la número 318, se trata de una mera precisión, relativa a añadir
un tercer párrafo al artículo 61. Lo que se pretende es una afirmación de
carácter constitucional. De acuerdo con lo que decía el Senador Marca,
nosotros también la mantendremos, aunque cabría la posibilidad de
retirarla en su momento, independiente de que más tarde le daré los
argumentos relativos a la prolongación de las jubilaciones, porque creo
que es un tema verdaderamente importante.
En lo referente a la enmienda 319, agradezco al portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Senador Sanz, que haya
retirado su enmienda correspondiente. Pensamos que coincide literalmente
con la nuestra. Pueden diferenciarse en dos palabras, pero creo que el
fondo, el espíritu y el talante es el mismo y agradecemos esa deferencia
de su señoría.
Por otra parte, están las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular. Senador Espert, admito que existe un «totum
revolutum» en esta ley de acompañamiento. Pero quiero recordarle que
cuando todo esto figuraba en el Título VIII, sus señorías decían que esto
no podía estar ahí porque eran medidas que para su cumplimiento abarcaban
más tiempo del período de un año y, por tanto, tenía que sacarse.
Nosotros acudimos al respaldo de las sentencias del Tribunal
Constitucional para decir que estaba correctamente en el Título VIII. El
Tribunal Constitucional ha seguido insistiendo en que aquellos temas o
tratamientos que tengan una periodicidad mayor a un año convendría
llevarlo a una ley de acompañamiento. Por consiguiente, todos los
departamentos ministeriales tienen que llevar a esta ley de
acompañamiento, como si fuera un cajón de sastre, un conjunto de normas
para dar cumplimiento y satisfacción a esos requerimientos del Tribunal
Constitucional.
En cuanto al cumplimiento de las cosas que se van incluyendo, no vamos a
entrar en este momento en ese debate, Senador Espert. Lo podemos hacer en
cualquier otro momento. Pero creemos que se va llevando adelante en su
mayoría el cumplimiento de las medidas por los diferentes departamentos.
Su señoría propone la enmienda 155, que es una mera precisión pero que
tiene trascendencia. Su señoría retira del texto de la ley que los
complementos de destino estén vinculados al puesto de trabajo, lo que
para nosotros es correcto en la forma que se plantea en el texto de la
ley.
La enmienda número 156 hace referencia a que desaparezca el informe
favorable del Ministerio de Economía y Hacienda para las convocatorias de
provisión de plazas de formación sanitaria especializada y, además,
solicitan que se puedan hacer estas convocatorias en centros privados o
públicos. Le puedo decir dos cosas: en primer lugar, que el artículo 5 de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
establece que siempre que se trate de la habilitación de fondos
económicos para respaldar que se cubran unas plazas en la Administración,
tiene que informar el Ministerio de Economía y Hacienda. Pero, por otra
parte, su señoría solicita que participen centros públicos y privados, y
según el Real Decreto 127/1984, de 11 de marzo, no distingue que las
unidades docentes sean centros públicos o privados. Si su señoría recoge
la convocatoria del pasado mes de octubre de plazas para médicos internos
residentes, podrá comprobar que en el listado se ofrecían tanto centros
públicos como privados. Por tanto, es innecesaria esa aclaración.
La enmienda número 157 hace referencia a la jubilación de los
funcionarios que, a tenor del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ostentan la representación y defensa, etcétera, pueden
jubilarse forzosamente a los 70 años.
Otra enmienda de la misma naturaleza, que coincide con la del Senador
Marca, es la número 158, en la que extienden esa posibilidad al colectivo
que realiza funciones de investigación, estudio, gestión, inspección,
asesoramiento, etcétera. Nosotros vamos a oponernos, pero
fundamentalmente. Su señoría apela al artículo 447 y le tengo que decir,
señoría, que el artículo 447 establece que los funcionarios a los que su
señoría defiende en la enmienda tienen que estar acogidos a la Ley
30/1984. Es decir, son los únicos de todo ese colectivo al que se refiere
el artículo 447 a los que no se les aplica la legislación análoga; el
único, ya que son funcionarios acogidos a la Ley de Medidas de Reforma
para la Función Pública. Es decir, a efectos de jubilación, clases
pasivas y a efectos de activo, Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.
Por tanto, según el artículo 447 se han producido jubilaciones de
fiscales y magistrados, debido a la naturaleza de sus funciones...
El señor PRESIDENTE: Senador Cercós, le ruego que pronuncie el discurso
delante de los micrófonos.
El señor CERCOS PEREZ: Y ha habido docentes acogidos a la ley 30/1984, es
decir, funcionarios, pero ha sido por razones de la edad con la que se
incorporan al ejercicio de la función docente. Por consiguiente, no es
asimilable lo que su señoría plantea. Pero aparte de ello, hay razones
para no llevar esto adelante.
El estudio es complejo, y a esto también me voy a referir, señorías. En
el «Diario de Sesiones» figura con fecha 3 de mayo una pregunta, la
número 2.803 de su Grupo Parlamentario, Senador Espert, a la que el
Gobierno contesta en el sentido de que no existe por su parte previsión
inmediata alguna de retrasar la edad de jubilación de los funcionarios
públicos, ya que la política global del mismo de lucha contra el
desempleo --tema al que afecta prorrogar la edad de jubilación--, de
control de reducción del gasto público y de modernización de las
estructuras que rigen el mercado de trabajo, comprendido el sector
administrativo, impide por el momento adoptar medidas como la citada.
Pero tenemos más razones. Habría que examinar muchos aspectos, que están
vinculados al propio puesto de trabajo, como la repercusión negativa que
en la política de empleo tendría el alargamiento de la vida laboral de
los empleados públicos; la posible baja en el rendimiento de su trabajo
de los funcionarios públicos afectados por la medida; la conflictividad
que el reconocimiento jurídico de una situación similar a la que estaba
vigente con anterioridad a la Ley 30/1984 pudiera significar en relación
con la resolución de recursos judiciales contra la aplicación del
artículo 33, en el que se fijan las edades de jubilación; la doctrina
derivada de la sentencia de 2 de junio de 1981 para el Estatuto de los
Trabajadores, a la disposición adicional quinta, en el sentido de que la
edad no es inhabilitante para el ejercicio del derecho al trabajo; la
necesidad de aprovechar, principalmente, para determinados colectivos
funcionariales el enriquecimiento, en lo que sobre el saber y la
experiencia la antigüedad comporta, etcétera.
Hay muchos puntos, señorías, que deben controlarse y que exigen un
análisis global de esta situación. Creemos que en ese análisis global hay
varios sectores implicados, como las propias Comunidades Autónomas,
Senador Marca, puesto que esa modificación de la edad de jubilación
afectaría al artículo 33 de la Ley 30/1984, al que me acabo de referir.
Ese artículo está declarado básico, por tanto, aplicable, en general, a
toda la nación, de acuerdo con el artículo 149.1.16 de la Constitución.
De ahí que haya muchos sectores que tengan que informar, incluso las
corporaciones locales. Creemos, estando en marcha un Estatuto de la
Función Pública, que fue comprometido en la comparecencia del Ministro en
la Comisión para las Administraciones Públicas del Congreso de los
Diputados, que hay que esperar a ese momento.
Por último, la enmienda número 159, en la que sus señorías insisten en
las relaciones de puestos de trabajo. Senador Espert, yo ya tuve la
oportunidad de decirle que en este momento están hechos los catálogos de
la Administración del Estado: Ministerio de Educación y Ciencia;
Ministerio de Asuntos Exteriores; Oficinas de Turismo; Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación; Consejería de Información; Parque
Móvil Ministerial; Patronato de Casas de la Guardia Civil; Unidades
Provinciales del Ministerio de Comercio y Turismo; Servicios Provinciales
del Ministerio de Cultura y del Ministerio de la Presidencia. Faltan: el
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos; la Delegación del
Gobierno; el Monopolio de Tabacos; el Tribunal Económico-Administrativo;
la Intervención General del Estado y los servicios periféricos del
Ministerio de Industria. Estamos convencidos de que, quizá, en el primer
semestre estará esa relación de puestos de trabajo.
Las enmiendas números 160 y 161 son de supresión a los artículos 59 y 60.
Nosotros creemos que hay que recogerlos, porque se refieren a acuerdos
firmados por los sindicatos con la Administración el pasado mes de
septiembre somos respetuosos con ello, independientemente de que en el
Estatuto de la Función Pública esos artículos son principios mantenidos y
sostenidos que impregnan la negociación que en este momento se está
llevando a cabo entre Administración y sindicatos para el Estatuto de la
Función Pública.
La enmienda número 208, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, propone que las retribuciones de los docentes
queden diferenciadas de las del resto de los funcionarios.
Nosotros entendemos que las peculiaridades que puede haber en algunas
circunstancias, como las que se derivan precisamente del artículo 1.2 de
la Ley 30/84, tan citada en el debate de hoy, no pueden ser suficientes
para excluir a los funcionarios docentes del régimen general retributivo,
puesto que las características de sus retribuciones son completamente las
mismas. No sería ni satisfactorio para los propios interesados --esto lo
hemos consultado--, ni sería aceptable desde el punto de vista de la
propia Función Pública, ni siquiera de la Función Pública docente.
Creemos que los conceptos retributivos, a pesar de esas peculiaridades,
son los mismos que los del resto de los funcionarios; incluso el famoso
sexenio es una variante del complemento específico.
En la enmienda número 209 sus señorías proponen la extensión de un
criterio que se aplica a profesores que ejercen la condición de maestro.
La Logse prevé la exención del título de maestro para ciertas personas
que, careciendo de dicha titulación, desempeñen tareas docentes como
funcionarios de empleo interino y se presenten a las plazas del Cuerpo de
Maestros. Asimismo, la Logse regula un tratamiento distinto para aquellas
personas que ingresen en la Función Pública docente de las
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas catalana y
vasca, donde se fijaba un período de tres años. Además, la Logse ya dice
que para el caso de este segundo colectivo que compete a las Comunidades
Autónomas éstas pueden llevar sus normas al Parlamento y en esas normas
se les podría hacer la exención correspondiente del título de maestro que
solicitan sus señorías, pero independientemente de esto, ya se autorizó
un período de cinco años de adaptación para el ingreso en el caso catalán
y vasco.
Por lo tanto, si en la primera parte sus señorías pretenden homogeneizar
el tratamiento que da la Logse a los que están en situación interina
frente a los que ingresan de forma directa, si pretenden homogeneizar la
misma situación, su enmienda es diferenciadora en la segunda parte,
porque en el primer caso sólo serán de aplicación durante un plazo de
tres años y en el segundo de cinco. Además, sus señorías pretenden que se
retrase del año 1990 al 1993 el cómputo de tiempo, con lo cual creemos
que hay una contradicción en la propia enmienda.
En la enmienda número 210 proponen sus señorías que se incluyan en el
artículo 59 --artículo 15.1, c) de la Ley 30/84--, los puestos de
asesoramiento legal y técnico. Aquí tenemos una pequeña discrepancia,
porque si la Ley 30/1984 establece que los puestos que figuran en las
relaciones de puestos de trabajo sean desempeñados fundamentalmente por
funcionarios y excepcionalmente por personal laboral, sin embargo, sus
señorías piden dos tipos de cualificaciones, la legal y la técnica. La
legal la tienen atribuida los Abogados del Estado. Esta es la razón de
ser, y hay una profesionalidad detrás de ellos para ejercerla, y la
tienen como colectivo profesional. La técnica, la cualificación en
puestos técnicos, sólo se autoriza la sustitución de personal funcionario
por personal laboral cuando no haya personas capacitadas suficientemente
por las exigencias de carácter técnico del puesto de trabajo.
Hay otras dos enmiendas al artículo 64, verdaderamente importantes. Por
la primera, la 217, sus señorías pretenden atribuir competencias a los
órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas para determinar, al
igual que el Gobierno de la nación, las funciones, puestos o colectivos
del sector público incompatibles con determinadas profesiones o
actividades. Además, quieren extender el carácter de interés público e
interés social a actividades privadas ejercidas en entidades privadas por
la propia naturaleza de ellas. Hemos estado pensando a cuáles se podrían
referir. Quizá sea a las funciones docentes, no lo sé --la Universidad
podría ser un caso.
Nosotros entendemos, señor Sanz, que independientemente de que se está
elaborando un Estatuto de la Función Pública, que ha de ser el elemento
integrador y homogéneo de estas situaciones, en el que se abordará la
relación de puestos incompatibles --ya hay una Ley de
Incompatibilidades--, se hará la matización para cada una de las
funciones y puestos de trabajo. Extender esa competencia que sus señorías
proponen a las Comunidades Autónomas a nosotros nos preocuparía,
simplemente por una cosa, porque al ser una facultad, que puede tener una
interpretación restrictiva, es decir, reconocer la compatibilidad o no
compatibilidad, puede hacer que se vulnerara el principio de trato común
que exige el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. Esa es
nuestra única preocupación.
El señor PRESIDENTE: Senador Cercós, le ruego que vaya terminando.
El señor CERCOS PEREZ: Termino, señor Presidente.
En cuanto a la segunda petición, señor Sanz, que trata de homogeneizar la
situación de los profesores que están en universidades públicas, y a los
que la Ley 30/84 reconoce la posibilidad de compatibilidad con un segundo
puesto de trabajo, tengo que decirle que eso exigiría que las entidades
que ejercen las actividades privadas --a las que su señoría quiere
otorgar el interés social-- tendrían que tener también las limitaciones y
restricciones --como le dije en el debate en Comisión-- en lo que se
refiere a la incompatibilidad con pensiones, las limitaciones
retributivas, etcétera. Además, podría haber otras pegas porque, hoy día,
profesores de universidades públicas pueden trabajar en privadas, y si se
reconociese el carácter público a la actividad privada en esas entidades
no habría esa posibilidad y surgiría ese problema.
Por último, señor Presidente, dos palabras sobre la otra enmienda
importante, la número 218, también al artículo 64, que pretende modificar
el número 1 del artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que
impide la autorización o reconocimiento de compatibilidad alguna al
personal que desempeñe puestos que comportan la percepción de
complementos específicos.
Senador Sanz, respecto de este tema podemos decir que también desearíamos
verlo en el marco del Estatuto de la Función Pública, porque,
evidentemente, hay una base en la enmienda que plantea su señoría. Esos
complementos específicos fueron planteados precisamente para las
situaciones de incompatibilidad, para las declaraciones en exclusiva.
Pero el devenir, la extensión de la aplicación de la Ley 30/1984, lo que
ha hecho, Senador Sanz, ha sido precisamente universalizar ese principio.
Y tanto es así, que en el apartado 4 al artículo 16 de la Ley 53/1984 se
previó la posibilidad de que cuando el complemento específico que se
cobre sea inferior al límite del 30 por ciento, se pueda compatibilizar.
(El señor Lobo Asenjo: ¡Ya es la hora!)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
Abrimos el turno de portavoces.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con suma brevedad, como suele ser habitual en las
intervenciones de nuestro grupo o, al menos, tratamos de que así sea.
Queremos agradecer al Senador Cercós su entrega, su interés por tratar de
justificar lo, a nuestro entender, injustificable.
En el tema de la ampliación del elenco de los trabajadores que pueden ser
contratados laboralmente --y así lo pretendemos nosotros-- por la
Administración, y con relación al asesoramiento legal y técnico, se ha
hecho la alusión de que el citado asesoramiento legal lo prestan normal y
habitualmente unos funcionarios --dicho sea de paso, normalmente
intachables-- como son los Abogados del Estado. Pero éstos no son los
únicos que desarrollan el asesoramiento legal, puesto que éste lo
desarrollan en la Administración multitud de técnicos, entre otros, el
Cuerpo Técnico de la Administración del Estado, pudiendo extenderse
también este término a otras clases de Administración como la autonómica
e, incluso, a la local. Por lo tanto, el asesoramiento legal no es
materia atribuida específicamente a los Abogados del Estado, y nosotros
queremos que la Administración disponga de un medio ágil para solventar
circunstancias excepcionales como las expuestas en nuestra intervención
inicial.
Y, Senador Cercós, tengo que hacer mención de que ha pasado usted por
encima de un problema que para nosotros es fundamental, el atinente a los
denominados funcionarios con habilitación de carácter nacional. Hemos
pedido, lisa y llanamente, que los nombramientos interinos correspondan a
los municipios por una razón evidente: evitar dilaciones; por cumplir con
el mandato constitucional contenido en los artículos 137 y 140, que piden
el respeto a la autonomía municipal. Y no se nos ha dicho absolutamente
nada.
Nosotros, con ánimo de mayor concreción, aunque hemos repetido en
innumerables ocasiones que el consenso se tiene que hacer en torno a las
fuerzas políticas mayoritarias, plegándose los minoritarios, en este caso
nosotros, a los mayoritarios para conseguir un objetivo común, lo vamos a
hacer una vez más y vamos a retirar la enmienda número 216, precisamente
en esta materia relativa a funcionarios con habilitación de carácter
nacional, porque es sustancialmente coincidente con la enmienda número
319 del Grupo Parlamentario Socialista.
Le ruego por tanto, señor Presidente, que tome nota de que retiramos la
enmienda número 216. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La enmienda número 216 queda retirada.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a comentar los argumentos expuestos por el Senador Cercós en contra
de la propuesta que nosotros sostenemos
en la enmienda número 270, referida a la prolongación de la edad de
jubilación de los sesenta y cinco años a los setenta años para el
personal del Grupo A.
El Senador Cercós ha dicho que, en principio, esa modificación podría
afectar al desempleo. Y yo digo que se trata de un grupo muy reducido de
funcionarios de este nivel el que se puede sentir afectado; además, no
todos los funcionarios se van a acoger a esta medida, porque no es
obligatoria. Lo obligatorio sería jubilarse a los setenta años, y lo
optativo, entre los sesenta y cinco y los setenta. Por lo tanto, no
comportaría a una cifra importante de personal.
Recuerdo a su señoría que ayer, en Tele 5, el Presidente de la
Generalitat recordaba a los periodistas que intervinieron que había
comentado ya con el Presidente del Gobierno, en su última entrevista, que
se estaba preparando un tercer paquete de medidas laborales, que va a
afectar favorablemente a un grupo importante de personas que en este
momento pueden estar en paro. Por lo tanto, es preciso tener confianza,
no debiendo afectar esta pequeña modificación para nada a la, en estos
momentos descendente, cifra importante del desempleo.
Se ha referido su señoría a la falta de rendimiento. Senador Cercós,
tratamos de personas que, a veces, por sus conocimientos técnicos y
prácticos, a esa edad están en lo mejor de sus conocimientos. Si, con
todo el respeto, se tratara de un albañil o de un peón caminero,
etcétera, entonces sí podría ser que a esa edad no tuviera rendimiento.
Pero estamos tratando de personas cuyo trabajo no es manual sino
cerebral, funcional y, por lo tanto, no me sirve su argumento. Ha aludido
su señoría a una doctrina que emana de una sentencia del Supremo referida
al Estatuto de los Trabajadores. Senador Cercós, yo desconozco esta
sentencia que usted menciona, pero, de todas maneras, no creo que esta
enmienda fuera en contra de lo dispuesto en la misma.
Por lo que se refiere al hecho de que fuera aplicable al conjunto de la
nación, naturalmente, estamos de acuerdo. Esta petición no es sólo para
nuestro Grupo ni para nuestra nacionalidad, Cataluña, sino que,
naturalmente, se refiere a todos los funcionarios; y si hubieran de
añadirse algunos de las corporaciones locales, así lo entendemos también,
porque nuestra enmienda es suficientemente clara.
Por lo anteriormente expuesto, Senador Cercós, nosotros vamos a llevar
esta enmienda a votación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Espert.
El Senador ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quisiera hacer algunas puntualizaciones después de la intervención
del Senador Cercós.
Parece ser que siempre se nos imputa que nosotros, que siempre
criticábamos que muchas normas sin carácter presupuestario se incluyeran
en la Ley de Presupuestos, ahora nos quejamos de que la Ley de
Presupuestos venga acompañada de esta ley de medidas de orden social,
económico y fiscal.
No es que critiquemos eso, señor Cercós. Lo que decimos nosotros es que
la ley de acompañamiento se aprovecha para presentar, con carácter de
perentoriedad, sometida al procedimiento de urgencia, temas que, o
deberían haberse solucionado con anterioridad o exigirán una mayor
reflexión. Y le voy a poner un ejemplo. En la actual ley de
acompañamiento, los artículos 41 y 42 vienen a subsanar dos olvidos u
omisiones, o incluso una mala redacción, de dos preceptos de la ley que
modificó el Estatuto de los Trabajadores, en vigor, según creo recordar,
desde el primer cuatrimestre de este año. En uno de ellos, por ejemplo,
el que establece una modificación en el número 8 del artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores, no estaba previsto que el Fondo de Garantía
pagara el 40 por ciento de la indemnización en la modificación de los
expedientes de regulación de empleo en el caso de que ésta no afectara a
diez trabajadores. Inmediatamente cayeron en la cuenta de esta omisión, y
buena prueba de ello es que una circular del Fondo de Garantía Salarial
de primeros de agosto reguló el procedimiento para que en estos supuestos
se pudiera solicitar del Fondo de pago de ese 40 por ciento. Pero ustedes
han esperado hasta la ley de acompañamiento para dar un marco legal a esa
normativa. Se podría haber hecho mucho antes.
Del mismo modo, igual que ustedes nos están diciendo: esperen en el tema
de las jubilaciones, esperen en este otro tema porque está en marcha el
Estatuto de la Función Pública; sin embargo, ustedes introducen en esta
ley medidas que afectan fundamentalmente a la Función Pública. Si
esperamos en una cosa, ¿por qué no hemos de esperar en otra? Creo que es
más grave el tema de las jubilaciones que esos temas que ustedes han
regulado expresamente, porque, en tanto que se debata en el Congreso de
los Diputados y en el Senado el Estatuto de la Función Pública habrá
muchas persona, del Grupo A o de otros grupos, que vayan cumpliendo la
edad de sesenta y cinco años y a las que la medida posterior de
jubilación a la edad de setenta años ya no les afecte y se les haya
causado un perjuicio irreparable.
Termino, señorías, diciendo que, de todas formas, confío en que si esta
situación se repite dentro de un año --y ya sé que la percepción óptica
del Senador Cercós es que va a seguir siendo así, es decir, que ustedes
estarán apoyando a un Gobierno y nosotros estaremos en la oposición
también el próximo año-- no tengamos que repetir que venga a esta Cámara
el Estatuto de la Función Pública ni que se aprueben las relaciones de
puestos de trabajo, porque, como nos ha anunciado el Senador Cercós,
ambas cosas estarán cumplidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Espert
Tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Senador Espert, vamos a ver si llegamos a tener esas relaciones de
puestos de trabajo, y digo esto, con la mejor voluntad y el deseo de no
autoengañarme al pronunciar
esas palabras, o de no ser engañado o confundido, porque tampoco este es
un tema de gran trascendencia, aunque es complejo, y al movilizar la
infraestructura administrativa para la definición de todos los puestos,
su tipificación y caracterización --como exigen esas relaciones--, puede
surgir la complejidad en cualquier circunstancia. Pero ya he dicho que
espero que en el primer semestre de 1995 eso pueda ser realidad.
En lo que se refiere a lo defendido por el Senador Marca y su señoría
relativo a las jubilaciones, nuestro Grupo no adopta una postura cerrada
al respecto, y prueba de ello es que lo remitimos al Estatuto de la
Función Pública. Todos los criterios que pueda haber y que yo he expuesto
desde la tribuna se pueden reducir a dos esenciales. Por un lado, en un
platillo de la balanza está la creación de puestos de trabajo si no se
amplía y se prolonga la edad de jubilación. Porque, cualquiera que sean
los puestos del Grupo A --ocupados por personas con un nivel de formación
universitaria, con determinadas capacidades--, qué duda cabe de que
pueden ser imprescindibles o prescindibles. Y si son imprescindibles, el
hecho de que se prorroguen esas plazas y no puedan ser renovadas por
personal joven, también de nivel A --sea como investigador, etcétera--,
crea un problema. Como digo, eso está en un platillo de la balanza. En el
otro, están las ventajas económicas que puede haber por la diferencia
entre las retribuciones y las pensiones. Por tanto, eso tiene una
valoración económica, como también la tiene la creación de puestos de
trabajo en el mercado.
A este análisis, señoría, nosotros añadimos un tercer factor importante.
El artículo 33 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, tiene un carácter básico. En dicho artículo se establece
la edad de jubilación, y si se intenta reformar, al tener un carácter
básico y aplicarse en todo el Estado español, tienen que ser consultadas
las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Este es el tema,
Senadores Marca y Espert. Nosotros queremos conseguir lo mejor para los
funcionarios en este país, teniendo en cuenta todas las circunstancias,
es decir, el control del gasto y las reformas estructurales que se van a
acometer. En este sentido, ya hay preparado un plan del Gobierno para la
reforma de estructuras de los organismos autónomos, etcétera, para
presentarlo a la sociedad.
En ese marco, y en el del Estatuto de la Función Pública, parece lógico
que se dé audiencia y se dialogue entre el Gobierno central, las
Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, para que no se adopten
decisiones unilaterales para colectivos más amplios, ya que las dos que
se han tomado no pueden ser un precedente. Una, se refiere a las
funciones específicas de fiscales y jueces --y así lo dijo y lo ratificó
el Tribunal Constitucional ante un procedimiento--, y la otra, es la
relativa al personal docente, porque la edad media en que se accede a
ejercer la docencia --especialmente, en las cátedras de Universidad-- es
muy avanzada y habría una vida muy limitada para el ejercicio de dicha
actividad. Por tanto, por razones de equidad para con ese colectivo, se
ha adoptado esta medida en particular, pero es el único colectivo de
funcionarios acogido en este tema a la Ley 30/1984; los otros dos figuran
en el famoso artículo 447. Estas son, pues, las razones.
En cuanto al Senador Sanz, yo no he dicho que los abogados del Estado,
exclusivamente, llevaran a cabo la asesoría legal sino, simplemente, que
es un colectivo al que se le reconoce en normas legales una serie de
funciones de asesoría legal. Y en este artículo que se recoge en la ley
se pretende incluir dos actividades de orden laboral --una, muy concreta,
que está referida a auxiliares de carácter instrumental y apoyo
administrativo--, que simplemente completan lo que ya está establecido
sobre esta materia en la Ley 30/1984, con base en las relaciones de
puestos de trabajo, que han de ser ejercidos por funcionarios. Claro que
hay otros colectivos, como el Cuerpo de gestión y administración, que
ejercen estas funciones. Por tanto, los diferentes colectivos de la
Administración pueden ejercer funciones asesoras, pero en este caso de lo
que se trata es de considerarlos como laborales, para incluir en la
actividad de asesoría legal a unas determinadas personas para que
realicen funciones muy delicadas que están llevando a cabo otros
colectivos profesionales. Lo mismo ocurre en el caso de la asesoría
técnica.
En segundo lugar, la referencia que ha hecho su señoría a funcionarios
habilitados para que sean empleados por las corporaciones locales,
entendemos que la declaración que recoge el proyecto de ley es correcta
y, en teoría, también compatible con que propone el Senador Sanz, en
nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Por tanto, creemos
que tampoco hay diferencias esenciales en este aspecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.
Iniciamos el debate del Título IV.
Las enmiendas de los Senadores Vilallonga y del Grupo de Coalición
Canaria han sido ya defendidas.
Para la defensa de la enmienda número 219, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Al Título IV, relativo a las normas de gestión y organización, hemos
presentado únicamente una enmienda --como bien ha dicho su señoría--, la
número 219, al artículo 72. En este sentido, ruego que se tome nota de
que esta enmienda lo es al artículo 72 y no --como erróneamente se ha
consignado-- al artículo 70.
La citada enmienda persigue que, en lo relativo a obras de interés
general, a obras de infraestructura, la redacción del texto se ajuste al
convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 31 de mayo
de 1994. Concretamente, se plantea la inclusión en el listado de la Presa
de Herrerías.
Sólo me queda reiterar mi ruego a la Mesa para que tome nota de que esta
enmienda lo es al artículo 72, y no al 70, como erróneamente se ha
consignado en el texto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
García Carnero para la defensa de las enmiendas 163, 164 y 165.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a este Título IV, sobre normas de gestión y organización,
nuestro Grupo presenta tres enmiendas.
La primera es referida al artículo 67, por el que se regulan las normas
de gestión de los créditos cofinanciados por la Unión Europea.
Razonablemente, este artículo establece que siempre que se produzcan
modificaciones, sustituciones o supresiones en proyectos que sean
cofinanciados por la Unión Europea habrán de ser previamente aprobadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Nuestra enmienda, que pretende enriquecer el fundamento de este artículo,
se sustancia en lo siguiente. En primer lugar, el artículo 67 determina
que esta modificación ha de ser aprobada por el Ministerio de Economía y
Hacienda sólo cuando sean proyectos del Feder, del Fondo Europeo para el
Desarrollo Regional. Nosotros pensamos que deben incluirse también todos
los proyectos que pertenezcan a otros fondos de la Comunidad Europea, por
ejemplo, el Fondo Social Europeo, el Feoga, o cualquier otro. ¿Por qué
razón los fondos provinientes del Feder, cuando se modifican los
proyectos, sí han de ser autorizados y los otros no? Creemos,
sinceramente, que no hay razón.
En segundo lugar, estas modificaciones habrán de ser autorizadas por el
Ministerio de Economía y Hacienda cuando supongan modificaciones en las
condiciones de financiación. Cuando sean modificaciones que no alteren la
previsión presupuestaria, no parece que sea el Ministerio de Economía y
Hacienda el que deba autorizarlas. En ese caso esas autorizaciones las
deberá realizar la comisión de seguimiento, donde ya estarán implicadas
las administraciones que cofinancian esos proyectos.
Pero parece bastante razonable, primero, que esa autorización se extienda
no sólo a los fondos del Feder, sino a todos los fondos europeos --el
Feoga, el Fondo Social y otros--, y, segundo, que el Ministerio de
Economía y Hacienda haya de autorizar la modificación cuando suponga
variaciones en la financiación, porque, si no hay variaciones en la
financiación no tiene ningún sentido que el Ministerio de Economía y
Hacienda necesariamente haya de autorizarlo, puesto que ya hay una
comisión de seguimiento donde están incluidas todas las administraciones
implicadas --también la Administración del Estado si es cofinanciadora--.
Será, pues, esa comisión la que autorizará esas modificaciones que no
implican alteraciones económicas.
La segunda de las enmiendas, la 164, va referida al artículo 69. Este
artículo, a nuestro juicio, altera la intervención previa y parece,
además, poco razonable que estos momentos, en los que sus señorías y el
Gobierno están haciendo --o parece, por lo menos-- un esfuerzo de mayor
control presupuestario y rigor, sea la ocasión apropiada, ni haya razón
que justifique --por lo menos hasta ahora-- que se modifique el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria. Señorías, no estamos
exigiendo un mayor control o rigor con esta enmienda. Lo único que
hacemos es evitar que con este artículo se alteren las normas que
controlan la gestión presupuestaria, de manera que lo que pretendemos es
que se suprima este artículo porque, primero, elimina una forma de
control, y, segundo --y lo que es, incluso, más grave--, porque a través
de estos considerados pequeños gastos, con un límite de 500.000 pesetas,
lo que se puede originar a lo largo del año --y hay experiencias sobradas
sobre ello-- es una importante desviación presupuestaria.
La tercera y última de las enmiendas va referida al artículo 74, sobre
las normas de organización. No sabemos si hay voluntad, interés o
previsión del Presidente del Gobierno de modificar su Gabinete, porque,
si no, no tendría mucho sentido su consideración en este proyecto. Dice
el artículo 74 que se autoriza por las Cortes Generales, a través de esta
Ley, a que el Gobierno haga modificaciones en cuanto al número,
denominación y competencias de los departamentos ministeriales.
Señorías, nosotros creemos que el Presidente del Gobierno debe tener la
flexibilidad suficiente para organizar su Gabinete de acuerdo a las
necesidades que en cada momento estime oportunas. Pero existen, a nuestro
juicio, dos limitaciones que han de imponerse al Presidente en esta
flexibilidad, dos limitaciones, no caprichosas, sino porque su
competencia corresponde a las Cortes Generales. La primera es la referida
al número de ministerios. Convendría recordar que quien ostenta el poder
y la representación de los ciudadanos son las Cortes Generales, que quien
otorga la investidura --elige, por tanto, al Presidente del Gobierno
previa su presentación de programa-- son las Cortes Generales. Parece,
por tanto, razonable que cuando se produzcan alteraciones tan
sustanciales o tan importantes como la inclusión de nuevos ministerios
hayan de ser las Cortes Generales, mediante ley tramitada formalmente,
quienes autoricen o no esa actuación.
Y la segunda limitación que nosotros tratamos de imponer con esta
enmienda es que esas modificaciones que pretenda llevar adelante el
Presidente del Gobierno no impliquen un mayor gasto presupuestario. ¿Por
qué? Porque la autorización de los gastos presupuestarios se determina
mediante la Ley General de Presupuestos, que debaten y aprueban las
Cortes. Si esas modificaciones pretendidas por la Presidencia del
Gobierno exigen una desviación del gasto público, que previamente el
Gobierno gestiona con la autorización que le han otorgado las Cortes,
parece suficientemente razonable que sean las Cortes Generales quienes
autoricen esa modificación.
En resumidas cuentas --y concluyo ya, señor Presidente--, mediante esta
enmienda 165, dirigida al artículo 74, no pretendemos coartar la libertad
de la Presidencia del Gobierno en cuanto a la estructura de su Gabinete
ministerial; pretendemos, simplemente, ajustar esa flexibilidad, que
reconocemos necesaria, a las normativas y a las competencias de las
propias Cortes Generales. Primero, se limitará y el Presidente hará de
dar cuenta y contar con la autorización de las Cortes cuando pretenda
ampliar el número de ministerios. Segunda cuestión: cuando esas
modificaciones
en los gabinetes ministeriales comporten un incremento presupuestario que
alteren la Ley General de Presupuestos, que previamente habrá sido
aprobada por las Cortes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a consumir un turno en contra, señorías, de las enmiendas a este
Título IV. Comenzaré refiriéndome a las enmiendas defendidas por el
Senador García Carnero, que ya tuvimos oportunidad de debatirlas, pero
insistiremos y ampliaremos algunos argumentos sobre la defensa que ha
hecho su señoría.
En la enmienda 163 se trata de la modificación, sustitución o supresión
relativa a los fondos cofinanciados por la Unión Europea, respecto de lo
que sus señorías proponen la referencia a cualquiera de los fondos. En
cuanto a la autorización que se reconoce en el texto de la ley al
Ministerio de Hacienda, sus señorías proponen que sea únicamente cuando
la modificación, sustitución o supresión suponga una modificación de las
condiciones financieras para el Estado español.
Nosotros creemos, en primer lugar, que hay un mandato básico y que la
enmienda de su señoría contradice la normativa de la Unión Europea. El
artículo 25.5 del Reglamento 2.082/1993 del Consejo de la Unión Europea
establece claramente que todas las modificaciones --incluidas las que
afecten a las condiciones económicas y financieras del Estado español--
cofinanciadas por los fondos estructurales corresponden al comité de
seguimiento de cada programa en la Unión Europea, o a la Comisión
Europea, según los casos. Esa tutela de la Unión Europea es la que se
vierte después sobre el reparto que tienen atribuidos cada uno de los
fondos en los ministerios españoles. Y así, los fondos Feder y los Fondos
de Cohesión los administra directamente el Ministerio de Economía y
Hacienda en función del reparto de funciones ministeriales, fruto de la
estructura interna de la Administración, que se organiza de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico --en ese caso, la razón
fundamental de que estos fondos los administre el Ministerio de Economía
y Hacienda es su propia naturaleza, y si bien este Ministerio los
gestiona, luego los ejecutan determinados departamentos ministeriales--,
pero la gestión del Fondo Social Europeo y del Feoga-Garantía la llevan a
cabo los respectivos Departamentos porque tienen atribuidas las partidas
presupuestarias. Y esta es la razón, señoría, de que se recoja la
redacción que se propone en el texto, precisamente por el doble juego de
la normativa de la Unión Europea con la normativa interior y la
organización que la misma conlleva. Por poner un ejemplo, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social es competente en todo lo que se refiere a
las modificaciones de medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
y eso está recogido en el Real Decreto 1.492/1987, de 25 de noviembre, y
creo que no es cuestión de entrar en el rango de las normas para dejarlo
o cambiarlo, pues la disposición concreta, en este caso un Real Decreto,
se configura en función de la naturalezadel fondo y de los supuestos que
tiene que atender; y lo mismo ocurre con el Feoga-Garantía, que está
dentro del Ministerio de Agricultura. Creemos que estas son las razones
que respaldan que no podamos aceptar la enmienda de su señoría.
La segunda enmienda se refiere al artículo 69, y en ella solicitan su
supresión. Pero, Senador García Carnero, ¿qué dice el artículo 69?: «No
estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no
inventariable...». Señoría, en cualquier oficina particular siempre hay
una partida alzada para este material que no se recoge en inventario. Y
continúa: «... «suministros menores, los de carácter periódico y demás de
tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período
inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones...» O
sea, señoría, que el gasto está itervenido y el artículo lo dice
claramente. Por lo tanto, creemos que tal y como está redactado el texto
existen las suficientes garantías, pero, además --y ya le dije en
Comisión, señoría, que este Senador tiene esas mismas preocupaciones
respecto a la ley de contratos que está en tramitación--, no produzcamos
el efecto pendular y pasemos, como hispánicos, de una posición a otra,
creando situaciones de ineficacia indirectas en la propia Administración
por tratar de combatir aquellas situaciones de desviación en el gasto o
de gasto incorrecto. Debemos tener prudencia y responsabilidad, porque
hay que tener en cuenta que si para controlar todas las operaciones de
partidas menores o gastos menores de 500.000 pesetas que se hagan
efectivos a través de anticipos de caja tenemos que montar una estructura
de control, a este Senador le preocupa que estemos distrayendo medios de
tantísimas otras operaciones de mayor envergadura como tiene la
Administración --y puede que esas operaciones de partidas menores sean
del 40 por ciento y el resto sean el 60 por ciento--. Si organizamos
estructuras para controlar este tipo de operaciones menores podemos hacer
que el dinero, siempre escaso, destinado al control del gasto sea
insuficiente para otras partidas, por mucho que destinemos a ello.
Asimismo, creemos que estos gastos son objeto de verificación suficiente
a través de la emisión de los informes financieros posteriores, y esto
está recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros regulador de la
fiscalización previa, donde se dice que el control de los gastos
correspondientes a cuantías menores de 500.000 pesetas se haga con
posterioridad. Por todo ello, señoría, nosotros creemos que es correcta
la redacción y que hay garantías suficientes.
En la enmienda número 165, al artículo 74, su señoría propone un texto
que autoriza al Gobierno para cambiar la denominación y competencias de
los departamentos ministeriales, pero sin que ello pueda llevar consigo
el incremento del número de dichos departamentos y siempre que no
conlleve aumento del gasto público y que se dé cuenta al Parlamento.
Señoría --con todo el respeto para las enmiendas que puedan presentar,
como no podía ser menos--, tengo que decirle que la Constitución española
tiene un claro objetivo, que parte de la unidad del Estado,
para efectuar una distribución vertical de poderes entre entidades
territoriales de distinto nivel, y el Gobierno central tiene las suyas y
están reconocidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con lo cual se puede asegurar que la estructura de
la Administración pública del Estado responde a la normativa actual, la
cual ha sido dotada sobre la base de las propiedades del Gobierno en la
dirección y organización de la misma. Es decir, que con la normativa
actual, el Presidente del Gobierno tiene en su campo de competencias la
facultad de distribuir lo que va a ser el ejercicio de sus
responsabilidades en el número de departamentos ministeriales que estime
oportuno, pero lo mismo ocurre en Alemania, en Francia, en Italia, en
Austria, etcétera, aunque, evidentemente, podrá comparecer después ante
el Parlamento, y si está prevista una votación de confianza en la
presentación de la organización que plantea, en la misma se podrán tomar
las posiciones oportunas, pero el que la persona elegida con el respaldo
popular en unas elecciones inmediatas tenga la facultad de diseñar la
estructura ministerial que crea conveniente es algo que no se puede
dudar. Otra cosa es si su señoría lo que quiere es modificar las
competencias, pero siempre tendrá que tener en cuenta que la cuestión del
número de departamentos está ligada a la organización y al tipo de
ministerios que se establezcan. Nosotros creemos que son facultades que
se recogen en el texto articulado, que son correctas y que corresponden a
las leyes y a la propia Constitución.
Por último, voy a referirme a la enmienda número 209, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Senador Sanz, en las
obras de interés general que recogen sus señorías están prácticamente
todas las que formaron parte del acuerdo firmado entre el Ministerio de
Obras Públicas y la Comunidad vasca el 31 de mayo de 1994, en el que se
recogen unas obras hidráulicas que serían ejecutadas por el Gobierno
central con la firma de aquel acuerdo. Este acuerdo, que ha sido
enriquecido después por el traspaso de las competencias hidráulicas,
siendo éste el paquete que en este momento rige para la Comunidad vasca,
es el que nos hace entender que las obras incluidas y declaradas como de
interés general son las que deben figurar en este momento, porque a
partir de ahora el Gobierno central tendrá que acordar con la Comunidad
vasca qué tipo de proyectos incluye, pero para declararlos como de
interés general, puesto que la competencia de las obras hidráulicas ya
está atribuida a la Comunidad vasca. Si desde la región vasca se quiere
incluir algún otro tipo de proyecto hidráulico, tendrá que apelarse a un
acuerdo con el Gobierno central para que se incluya como obra de interés
general, y este es el mecanismo que se podra utilizar en el futuro. En
todo caso, creemos que la enmienda coincide prácticamente con la
redacción del texto de la ley que debatimos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.
Abrimos el turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Senador Cercós, habitual buen orador, ha estado esta mañana
dubitativo, carente de esa fortaleza con que él impregna habitualmente
sus argumentaciones (Risas.), lo que quizá podría deberse a un mal
momento de estado físico, a lo temprano de la hora o a alguna otra
circunstancia. Pero, ciertamente, eso no es así, señorías. Se trata,
simplemente, de que también al Senador Cercós, brillante parlamentario,
le resulta tan difícil como a cualquiera defender con argumentos sólidos
algo que carece de base. Por eso, señorías, debo felicitarle porque, sin
ninguna argamasa, ha construido algo dignamente presentable para el
«Diario de Sesiones»; se lo digo con sinceridad y con el cariño que sabe
le profeso.
Al referirse al artículo 67 ha dicho usted que nuestra enmienda
contradice la normativa europea. Concretamente ha hecho referencia al
artículo 25, pero luego no lo ha citado en su totalidad, con lo que se le
ha escapado manifestar lo que se establece en dicho artículo, que es un
comité de seguimiento el que autoriza las modificaciones de los
proyectos.
Senador, yo voy a comprometerle un poco más formulándole, no un
cuestionario ni un interrogatorio, sino algunas preguntas que debería
considerar su señoría para ver si nuestras enmiendas están fundamentadas
o no. Señoría, ¿qué razón existe para que el Ministerio de Economía sí
autorice modificaciones de financiación, por ejemplo, en el proyecto de
una carretera cofinanciada por el Feder y no lo haga, por ejemplo, en el
de una presa hidráulica para regadíos cofinanciada por el Feoga? Creo que
la argumentación que su señoría ha dado sobre que los Fondos de Cohesión
y los fondos Feder los gestiona el Ministerio de Economía y los otros
fondos los gestionan otros Ministerios no se sustenta, señoría.
Nosotros hemos reconocido, y así se recogerá en el «Diario de Sesiones»,
que nos parece bien que cuando proyectos cofinanciados por el Estado
español y las Administraciones europeas alteren la financiación prevista
inicialmente, el Ministerio de Economía y Hacienda autorice esa
alteración, fundamentalmente por una razón de control presupuestario y de
no desviación en los gastos previstos. Pero ese mismo control
presupuestario que se supone debe existir por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda tiene que existir con todo tipo de proyectos, aunque
los financien otros programas europeos. Es decir, que la razón para que
eso ocurra no estriba en que ese Ministerio sea el encargado de
gestionarlo, sino a que el control sobre el gasto exigible al Ministerio
de Economía y Hacienda es un control presupuestario en sí, no un control
de un ministerio como organismo gestor de un determinado programa.
Segunda cuestión. ¿No cree su señoría que es absolutamente lógico que,
por ejemplo, en la modificación de un itinerario o de algunas unidades de
obra de un puente o de una carretera que no alteren para nada el
presupuesto inicial baste con que ese comité de seguimiento autorice esa
modificación? Si no hay alteración financiera de ningún tipo, si al
Estado español le va a costar las mismas pesetas,
¿no deberá de ser el comité de seguimiento de esa actuación el que
autorice esa alteración?
Señoría, dice usted que lo que pretende el artículo 69 es dar una mayor
agilidad al gasto, y para reforzar su argumentación dice usted que se
trata de gastos no inventariables y, además, acentúa esa parte de su
discurso. He creído entender que el hecho de que sean gastos no
inventariables resta importancia a ese gasto. Pero eso no es así,
señoría. En los últimos meses hemos asistido a gastos que efectúan
determinadas administraciones u órganos públicos referidos, por ejemplo,
a informes, y no me extiendo más. Son gastos no inventariables. ¿Cree su
señoría que por el hecho de que un gasto no sea inventariable tiene menos
importancia? Sinceramente, creo que no.
Señorías, en cualquier caso, con este artículo 69 --y esto es lo
sustancial-- pretenden ustedes modificar una ley, la Ley General
Presupuestaria, que data de 1988 y que ustedes han elaborado. Pero ahora,
en una época como ésta, que el Gobierno y los grupos que lo sustentan
proclaman como de un mayor rigor, de un mayor control presupuestario, no
parece el mejor momento para modificar una ley hecha por ustedes, ley
que, con mayor o menor razonamiento, Senador Cercós, reconocerá conmigo
que lo que ofrece es laxitud en cuanto al rigor que debe exigirse al
control presupuestario.
Por tanto, lo que nosotros pretendemos es que se cumpla la ley que existe
y que no se altere ni se modifique. No hemos de ser nosotros quienes
debamos argumentar las razones. Habrán de ser ustedes, que hicieron la
ley, habrán de ser ustedes, que ahora la modifican, quienes argumenten en
esta Cámara qué razones existen para modificar una ley que --repito--
hicieron ustedes. Las razones han de exponerlas ustedes. Lo único que
nosotros pedimos a través de esta enmienda de supresión es que la ley se
cumpla. Quien pretenda modificarla, habrá de justificar por qué.
En cuanto a la tercera y última de las enmiendas, referida al artículo
74, no me aclaró el Senador Cercós si su inclusión en este artículo
suponía una previsión por parte del Presidente del Gobierno de modificar
su Gabinete. Señoría, ahora que ya nadie duda que las competencias a que
se refiere este artículo habrán de correspondernos en un período
relativamente próximo, sería fácil no entrar en la acción del Presidente
en relación a la configuración de su Gobierno. Pues bien, justamente
ahora, cuando esa responsabilidad está ya próxima para nosotros, es
cuando pretendemos ajustarla estableciendo un equilibrio entre lo que ha
de ser la libertad y la flexibilidad del Presidente a la hora de elaborar
su Gobierno y lo que son competencias de las Cortes Generales.
Incluso el Senador Cercós, cuando hacía referencia a esta cuestión,
decía: es que un Presidente del Gobierno con un amplio respaldo popular
no puede tener la libertad de... Mire usted, he de recordar ahora lo que
ya dije desde esa tribuna: la representación popular no corresponde al
Presidente del Gobierno; la representación popular no corresponde al
Ejecutivo; la representación verdadera del pueblo corresponde al
Legislativo, a las Cámaras. Son las Cámaras las que invisten o no al
Presidente del Gobierno cuando éste presenta su programa y su composición
de ministerios. Por tanto, es a las Cortes Generales a las que
corresponden las dos limitaciones que nosotros intentamos incluir en ese
artículo. Primero: cuando se incremente el número de ministerios, deberá
aprobarse por las Cortes Generales. Segundo, cuando la reestructuración
que pretenda hacer el Presidente del Gobierno comporte un mayor gasto
público y, por tanto, altere la autorización que las Cortes le han dado
al Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado, habrán de
ser las Cortes quienes autoricen esa alteración del gasto público.
¿Creen sus señorías que hay algo de irracionalidad en estas cuestiones?
¿No creen que es suficientemente razonable que cuando se produzcan
desviaciones del mandato o de la autorización que las Cortes le han dado
al Gobierno para efectuar sus gastos, hayan de ser las Cortes quienes lo
autoricen?
Señorías, concluyo diciendo que sería fácil para el Grupo Parlamentario
Popular dejar pasar este artículo 74, no constreñir las libertades del
Presidente del Gobierno a la hora de elaborar y de configurar sus
gabinetes ministeriales, porque eso serían libertades autoconcedidas a
bien corto plazo. Pero, como sinceramente creemos que también el
Presidente del Gobierno ha de estar sometido al imperativo de la Ley y al
imperativo de lo que los representantes legítimos del pueblo le autoricen
y le faculten, ésa es la razón por la que lo presentamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Cercós tiene la palabra.
El Senador CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador García Carnero no ha aportado argumentos nuevos para defender
las tres enmiendas. Le agradezco las palabras amables que ha tenido con
este Senador y, desde luego, no tenga preocupación, no estaba dubitativo
ni fatigado; he estado solo en la Cámara a las nueve menos diez de la
mañana con auténtica frescura y cordialidad para poder contestar a su
Señoría.
Dice: ¿Qué razones existen para que Hacienda informe carreteras y no
presas para regadíos? O no me he explicado bien desde la tribuna, o su
señoría no me ha entendido. Lo que quiero decirle es que, de los cuatro
fondos que hay, Feoga-Garantía lo tiene Agricultura y, por tanto, la
gestión de los fondos de una presa de regadío la tiene atribuida en las
partidas presupuestarias. Hay correlación de gestión de fondos con
dotaciones presupuestarias. En el caso de las carreteras van por el
Feder. Respecto a Feder y Fondo de Cohesión, la gestión de los fondos
pertenece al Ministerio de Hacienda y la ejecución de los proyectos a los
departamentos ministeriales. Esta es la razón y la respuesta a su
pregunta.
La estructura es muy clara. Dice: si hay proyectos que no tienen
modificaciones porque se cambian unas unidades de obra, que vayan al
comité de seguimiento. Senador García Carnero, al comité de seguimiento
no puede ir nada ni presentarse en la Comisión Europea, ya sean
modificaciones sustanciales de partidas financieras que comprometan
los fondos cofinanciados, ya sea cualquier tipo de modificación. El
Ministerio que tiene competencias para ese diálogo en la organización de
nuestra Administración es el Ministerio de Hacienda. Por tanto, es
correcta la redacción que proponemos y la que sus señorías argumentan no
tiene razón de ser.
Respecto a los gastos inventariales, señoría, vea usted la normativa de
la contabilidad del Estado y la partida que dedican al concepto y
definición de gastos no inventariables, y ésa es la importancia que
tienen en nuestra Administración; yo no he dicho ni mucha ni poca, pero,
al recoger ese tema, alude usted a no sé qué informes que puede haber
ahí. No lo sé, pero, en todo caso, las situaciones que pueda haber, si
las hubiere, de cualquier naturaleza y que no estén inventariadas, lo
están en la práctica, pero no están porque sean declaradas no
inventariables en la normativa de la contabilidad y Administración del
Estado. Las normas de contabilidad no dicen que ese tipo de trabajos, si
existieran, tengan que ser no inventariables. Tengo que rechazarlo
rotundamente en nombre de mi Grupo Parlamentario. No hay informe ni hay
nada de esa naturaleza que figure en las normas de contabilidad y
administración como no inventariables; lo no inventariable son compras de
objetos o instrumentos lapiceros, grapas... Su señoría puede ver la
relación en las normas correspondientes.
Por tanto, sí creemos que la redacción actual del artículo que controla y
exige la autorización para el gasto previo, aunque haya un anticipo de
caja, es control suficiente. Le he dicho que si el peso de las compras o
adquisiciones menores de 500.000 pesetas tiene un porcentaje en el total
de los gastos presupuestarios, que puede ser el 40 por ciento de las
partidas, la habilitación de personas para controlar esos documentos,
dada siempre la limitación de los recursos para el control
presupuestario, lógicamente, tendría que ser limitando las partidas para
los grandes proyectos y las grandes dotaciones económicas; crearía
complicaciones. Le he dicho que así lo entendió el Consejo de Ministros,
que hay un acuerdo, que establece la fiscalización previa, que autoriza
que este tipo de gasto pueda ser resuelto con los informes posteriores,
Por último, habla del artículo que se refiere a la autorización al
Presidente del Gobierno para elegir sus ministerios. Senador García
Carnero, no sé si algún día llegarán a gobernar, pero realmente lo que
intuyo es que serán víctimas de las propias enmiendas que están
presentando aquí. Nosotros podremos serlo de los argumentos, pero ustedes
de las propuestas que articulan, porque usted decía que es racional. No,
lo que propone su señoría es irracional. Después de este debate,
infórmese cómo hace el Presidente Balladur de Francia, pregunte su
señoría si hace cambios en los ministerios. Acaba de hacer un cambio en
el Ministerio del Interior; pregunte si ha tenido que ir a pedir
autorización a la Cámara, o pregúntelo en el Gobierno alemán, donde la
facultad de cualquier presidente de gobierno es fijar el número de
ministerios y hacer los cambios que puedan ser más interesantes para el
mejor ejercicio de la función que tiene asumida por mandato popular. Este
es el tema, Senador García Carnero.
No se pueden mezclar cosas, es de una inconsistencia grave que puede ser
propia del programa que tengan sus señorías, pero, si es así, Senador
García Carnero, y no incursión suya personal en forma de enmienda, a mí
me preocupa como ciudadano español, lo único que hago es tomar nota.
¿Ustedes entienden que algún día lleguen a gobernar y que su presidente o
jefe de gobierno tenga que pedir autorización al Parlamento para cambiar
el número de ministerios o hacer transformaciones o repercusiones del
aumento de gasto? Su señoría tiene la facultad de hacerlo en cada
presupuesto anual que se presente a la Cámara, ése es el momento del
control del gasto, o en comparecencias, o en seguimiento. Pero, señoría,
no se puede poner una norma que rompe el proceder de todos los gobiernos
de los países democráticos más avanzados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.
Entramos en el debate de las disposiciones.
Han sido defendidas las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario
Mixto.
Enmiendas números 220 a 224, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente hemos presentado las enmiendas que su señoría ha enunciado
y, en primer lugar, voy a pasar a la defensa de la número 220, de
modificación a la disposición adicional quinta, y por la que pedimos que
en el enunciado de la misma se haga una referencia expresa al sector
pesquero, porque responde efectivamente al contenido de la disposición
adicional en cuestión y, además, sería hacer justicia con un sector de
patente actualidad e interés para el país.
Asimismo hemos formulado otra enmienda, en concreto la 221, de adición, a
la misma disposición adicional quinta, de forma que se amplíen las ayudas
en materia de política pesquera comunitaria a las sociedades mixtas.
Mención especial por su trascendencia requiere la enmienda número 222,
por la que pretendemos una nueva disposición adicional sexta en relación
a los organismos que pueden promover la constitución de mutualidades de
previsión social y financiación. Esta enmienda viene motivada porque las
leyes de presupuestos de los últimos años han propiciado severas
restricciones en materia de seguridad social voluntaria y libre. En su
virtud, se ha impedido la constitución de nuevos regímenes protectores de
esta naturaleza y se dificulta la supervivencia, incluso a corto plazo,
de muchos de los preexistentes. En consecuencia, se ha establecido la
prohibición de que el Estado-empresa, incluidos los organismos
constitucionales, las Administraciones públicas y las entidades y
empresas públicas de ellas dependientes, puedan intervenir en la
financiación de regímenes de previsión social y voluntaria destinada a
sus empleados. Esta medida ha supuesto de hecho la inmediata paralización
de cualquier iniciativa para el desarrollo de la previsión complementaria
en todo el sector público, tanto
administrativo como productivo, y respecto de la globalidad de sus
empleados, sean éstos o no funcionarios.
Es incuestionable que el progreso de la previsión voluntaria y su misma
existencia dependen de dos circunstancias, a saber, los apoyos fiscales
concedidos y las aportaciones financieras de las empresas. La prohibición
de estas últimas es, por consiguiente, el anuncio de su desaparición,
hecho que si bien puede responder a una realidad en decadencia, de esta
precisión hay que excluir el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
pues estas actividades gozan allí, en general, de buena salud financiera
y económica.
Atendiendo a esta específica situación, todo parece dar a entender que
nos vamos a encontrar con una transacción en torno a esta enmienda número
222, que se ha planteado entre los grupos parlamentarios y que deseamos
que acabe con buen fin durante el transcurso de esta sesión.
Respecto al resto de las enmiendas presentadas, queda exclusivamente por
defender la 223 que por su contenido y bondad intrínseca la damos por
defendida en sus propios términos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz Cebrián.
El Grupo de Convergència i Unió tiene afectadas dos de sus enmiendas a
propuesta de transacción, la 276 y la 278. Por lo tanto, para la defensa
de las enmiendas 282 y 283 tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Entendía, señor Presidente, que iba a defender
a la vez las cuatro enmiendas que me faltan, es decir también la 282 y la
283. ¿Está de acuerdo, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Su Grupo tiene reservada la 276, 278, 282 y 283.
Según mis notas, la 276 y la 278 están en relación con una enmienda
transaccional.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Sí, señor Presidente. Pero quería comentarlas.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto. Su señoría tiene la palabra.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 276, como bien ha dicho el señor Presidente, está
transaccionada y seguramente tendríamos que haberla incluido en la parte
que se refiere a la transferencia fiscal de las sociedades. En este caso,
nos hemos referido a los supuestos de doble transparencia a que se
refiere el apartado 5 del artículo 52 de la Ley 18/1991, en que las
distintas sociedades implicadas podrán fusionarse entre sí o acordar su
disolución y liquidación con exención de cualesquiera de los impuestos;
ésta es la palabra que modificamos en la transaccional que acertadamente
nos han hecho ver y que todos los grupos hemos firmado y que en este
momento, suponemos, ya estará en poder de la Mesa.
Con la enmienda 278 pretendemos que se prorrogue para el ejercicio 1995 y
siguientes la aplicación de las bonificaciones fiscales establecidas en
la disposición tercera de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas
Locales. En la justificación especificábamos para las empresas educativas
de enseñanza no reglada. Acertadamente en la transaccional nos han hecho
ver que convenía incluirlo en el texto. Estamos totalmente de acuerdo, al
igual que los distintos Grupos. La Mesa tiene también el texto de esta
transaccional referida a la enseñanza no reglada.
La enmienda 282 la retiramos en este momento, señor Presidente.
Finalmente, nos queda la enmienda 283 --otra de las enmiendas
controvertidas y que se ha comentado ya desde su paso por Ponencia,
Comisión y ahora ya en este último trámite-- con la que pretendemos que
los ayuntamientos puedan autorizar la prórroga, por un plazo máximo de un
año, de la jubilación de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional que debe tener lugar con carácter
obligatorio durante el año 1995, en el que, como se sabe, habrá
elecciones municipales. Muchas han sido las veces en que hemos oído que
cuando acceden los nuevos concejales a los ayuntamientos de nuevo cuño,
éstos se quedan desprotegidos si en el mismo año se producen las
jubilaciones del secretario o del interventor. Nosotros hemos presentado
con cariño esta enmienda 183.
Esto es todo en cuanto a las enmiendas a estos últimos apartados de la
ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mesa.
Del voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Popular hay una
parte de sus enmiendas que en su momento fueron ya defendidas por los
Senadores Utrera y Espert en relación con los artículos de la ley. Por lo
tanto, para la defensa de aquellas enmiendas que aún no han sido objeto
de defensa, el Senador Lobo Asenjo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Además de las citadas, creo que también a otros títulos y capítulos de la
ley defendimos enmiendas y disposiciones transitorias y adicionales en la
sesión de ayer. Pero, por si acaso hubiera alguna omisión, en este
momento las damos por defendidas en sus propios términos para que puedan
ser votadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
El Grupo Parlamentario Socialista, Senador Cercós, tiene todavía
enmiendas para su defensa en Pleno, la 325, 330, 333, 338, 339 y 340.
¿Su señoría va a acumular también el turno en contra a algunas enmiendas.
(Asentimiento.)
El Senador Cercós tiene la palabra.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas que nosotros presentamos, la 325, 330, 333, 338, 339 y 340,
y con objeto de abreviar el debate, al igual que están haciendo sus
señorías, las damos por defendidas en los mismos términos en que se
argumentan en su presentación.
Nos encontramos en condiciones de hablar de dos posibles transaccionales
sobre las enmiendas números 276 y 278, y estamos estudiando, hasta el
momento de la votación, la posibilidad de presentar una enmienda
transaccional --cosa que este Senador no puede asegurar todavía-- a la
enmienda número 222, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Y paso a argumentar el rechazo de las enmiendas presentadas.
Con lo que acabo de exponer, mi planteamiento es simple. No quisiera
entrar en puntos concretos puesto que las enmiendas se han dado por
defendidas en sus propios términos, pero sí aludir a algunos puntos, ya
que podría ser interesante que quedara constancia de ellos en el «Diario
de Sesiones».
Por ejemplo, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que no fue
debatida en Comisión, pero sobre la que me parece importante que
expongamos los argumentos por los que la rechazamos. Se trata de la
enmienda número 129, que trata de permitir la aplicación de incentivos
dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando hay
estimación objetiva en la actividad profesional o empresarial. Creemos
que esa petición tiene que ser rechazada porque el apartado 5 del
artículo número 78 de la Ley 18/1991 dispone que los incentivos de las
obligaciones formales de los sujetos pasivos, correspondiente a las
actividades empresariales o profesionales, sólo serán de aplicación a los
sujetos pasivos en estimación objetiva cuando así se determine
reglamentariamente, teniendo en cuenta las características o las
obligaciones que plantea en su enmienda el Grupo Parlamentario Popular.
Pero, además, hay otras características. ¿Qué ha pasado después en la
regulación? Pues que se han incluido otros aspectos porque, precisamente,
se manejan como criterios los del artículo 69 de la Ley que he citado, y
se han establecido dos modalidades: la modalidad de signos, módulos e
índices, o bien la de coeficientes. Pues bien, resulta totalmente
incompatible la solicitud del Grupo Parlamentario Popular de incluir
incentivos para los casos de Estimación Objetiva Singular.
Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular que también
consideramos importante, la número 131. En ella se solicita que se
presente un proyecto de estatuto del contribuyente antes del 1.º de abril
de 1995. Tenemos que aclarar que el que no haya en España estatuto del
contribuyente no supone indefensión en los derechos y obligaciones de los
contribuyentes españoles, sino que, en el orden internacional, hay muy
pocos países que tengan ese estatuto, y los que lo tienen es incluyendo
en él toda la cascada de normas que protegen sus derechos, y a eso se le
llama estatuto del contribuyente. Nosotros, en principio, tenemos un
abanico de normas que garantizan el apoyo y la protección de los derechos
del contribuyente. En cualquier caso, no creemos que hiciera falta
elaborar un estatuto como tal estatuto de la función pública, pero
dejamos la puerta abierta para que, si la Comisión creada por la Unidad
Especial de Lucha contra el Fraude --hoy mismo se ha anunciado por el
señor Martínez Robles, en nombre del Ministerio de Economía y Hacienda,
que van a presentarse 207 medidas para tratar de combatir el fraude
fiscal-- necesita que se haga un estatuto del contribuyente, se llevaría
adelante. Sin embargo, en principio, creemos que también cabría hacerlo
dentro de la modificación parcial de la Ley General Tributaria que se va
a elaborar por el Gobierno --y ya la anuncio en este momento--, y que se
discutirá en la Cámara próximamente.
Otra enmienda importante es la relativa a la prórroga de la jubilación a
los 70 años. Creo que ya he dado argumentos en el debate anterior, por lo
tanto, no insisto en más razones.
Hay otra enmienda que quiero aclarar al hilo del debate de esta ley de
acompañamiento que ha venido al Parlamento. En la enmienda número 133
proponen una nueva disposición adicional emplazando al Gobierno para que,
en el plazo de tres meses, se remita a las Cortes Generales un proyecto
de ley estableciendo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones un
mínimo exento para la transmisión de empresas y participaciones que
queden exentos en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Creemos que
esto ya está recogido en dicha Ley. Las medidas fueron defendidas en el
debate del Título I por el Senador Segura, y ya se habló de que, en este
momento, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no puede incluir
ningún tipo de exenciones en función de la naturaleza de los bienes o
derechos adquiridos, porque ése ha sido el objetivo central de toda la
ordenación y regulación en el campo de las sucesiones, y eso llevó a la
desaparición de todas las exenciones. Pero en el proyecto de Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social sí se trata de paliar
esta situación. Lo que se ha hecho es establecer reducciones generales
cuya aplicación no discrimina en razón de la naturaleza de los bienes.
(El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
En la enmienda número 166, también del Grupo Parlamentario Popular, se
solicita que la financiación de las prestaciones no contributivas y
universales de la Seguridad Social se desvincule progresivamente de la
financiación por cotizaciones sociales, siendo sustituida por
aportaciones finalistas procedentes del Estado. El Gobierno está llevando
a cabo reformas sobre el control del gasto dentro del área del sistema de
la Seguridad Social, y lo relativo a la modificación de las pensiones es
un tema tan vivo que se ha creado una Comisión en el Congreso para
estudiarlo. Lo que se pide en esta cuestión es prudencia, porque el
Gobierno, desde luego, está animado a atender a que la financiación de
todo el Régimen de la Seguridad Social se vaya desligando de las
cotizaciones, es decir, que todo lo que son prestaciones contributivas
quedarían en un lado y su financiación no se haría con base a
cotizaciones, sino que se tendería a que la financiación no afectara al
propio ejercicio empresarial. Es decir, que en la línea de limitar la
financiación de las prestaciones contributivas y las
de carácter asistencial, con el fin de reforzar el carácter profesional y
proporcional de las prestaciones contributivas, va a caminar el Gobierno,
avanzando en la financiación a través del sistema general de impuestos
para las pensiones no contributivas o asistenciales.
Hay otra enmienda de interés, la número 167, en la que se solicita que se
presenten los indicadores sociales que permitan evaluar el cumplimiento
de la integración laboral del minusválido en el sistema productivo.
Contestamos diciendo que el Gobierno presenta un informe anual en el que
se evalúa, a través del anuario de estadísticas laborales, un balance de
la incorporación de minusválidos, tanto en contrataciones como en
programas de autoempleo y ayudas previstas para la creación de empleo.
Otra de las enmiendas repite el contenido de la que ya hemos contestado
sobre la presentación de las relaciones de puestos de trabajo, por lo
tanto, valga la contestación que he dado al debatir el Título IV.
En la enmienda número 170 se propone algo que también nos preocupa a
todos los españoles, y es que se evite la excesiva acumulación o
dispersión de días festivos en algunas semanas. Eso lo compartimos,
Senadores del Grupo Parlamentario Popular. Pero el problema no es fácil
porque, de las fiestas que hay al año, algunas son competencia de las
Comunidades Autónomas, y cada una tiene las suyas propias, pero hay un
número de fechas que depende de la Iglesia Católica y de los convenios y
acuerdos que se han establecido en ella. Es decir, en este momento
solamente hay cinco fechas o festividades que dependen de la voluntad del
Gobierno central: el uno de enero, el uno de mayo, el 12 de diciembre, el
día de la Constitución y el día de Navidad, el 25 de diciembre; son las
únicas fechas que dependen del Gobierno central, las únicas; las otras
hay que negociarlas con otros sectores de la sociedad para buscar un
calendario apropiado, como se pide en esa enmienda, que rechazamos, del
Grupo Parlamentario Popular, ya que se atribuye al Gobierno central una
competencia que no puede ser autónoma porque la comparte con otros
sectores sociales.
Voy a terminar refiriéndome a una enmienda que propone poner límites,
señorías, al número de subsecretarios, de directores generales, de
subdirectores generales, de subdirectores generales adjuntos, jefes de
área, etcétera. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular da unas
cifras que a este Senador le resultan alucinantes. ¿Sus señorías creen
que el número de cargos de la Administración se pueden fijar en una
enmienda? Esto es lo que plantean sus señorías en la enmienda número 173.
Además, fijan en unos niveles que los asesores de los Ministros sean
siete, y tres los de los Secretarios de Estado. Sus señorías plantean,
además, que los Subsecretarios y asimilados sean 50. Nosotros, que sean
44; es decir, estamos por debajo de la cifra que sus señorías proponen.
Proponen, asimismo, que el número de Directores generales y asimilados
sea de 250; nosotros, de 272, de los que 75 son de organismos autónomos y
entes públicos. Es decir, nuestras cifras son para unos más bajas y para
otros más elevadas; ocurre lo mismo con los Subdirectores generales,
Subdirectores generales adjuntos, Jefes de área, Consejeros técnicos y
asimilados.
Quiero indicarles, esto es lo importante, que sus señorías proponen un
número de asesores superior al nuestro para el equipo central del
Ministro, proponen siete y nosotros cinco. Pero si computamos el número
de cargos, sus señorías proponen 193 y nosotros, 214. Comprenderán que
para este viaje no hacen falta alforjas. La política del Gobierno
socialista de reducción y de control de gastos en la Administración tiene
como consecuencia que las cifras sean las razonables. Entendemos que
éstas no se pueden establecer mediante una enmienda y que no deben ser
rígidas ni estrictas. Quien gobierna tiene que ver cuáles son las
funciones que ha de acometer y cuáles son las responsabilidades a la hora
de decidir el número de puestos y cargos que se precisan para el
ejercicio de esas funciones.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cercós.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Con suma brevedad, señor Presidente, voy a
contestar puntualmente a algunas de las afirmaciones del señor Cercós.
Hemos podido percibir en su forma, en su tono y en la valoración que ha
hecho de nuestras enmiendas que las considera inaplicables, que encuentra
risibles algunas de ellas; incluso, las llega a calificar de alucinantes.
Mire, lo alucinante es cómo está la Administración pública en este
momento, cómo se están duplicando funciones, funcionarios y actuaciones,
cómo todas las encuestas reflejan la insatisfacción de los usuarios de
los servicios públicos respecto del funcionamiento real de las
Administraciones públicas, y eso, de una forma o de otra, tiene que
resolverse.
Aquí, en esta Cámara, se han aprobado mociones para que se proceda,
precisamente, a aplicar algo que nosotros hemos denominado Administración
única, y que ustedes no sé cómo denominan. En todo caso, se trata de la
racionalización de la Administración pública, y ésa pasa por una
reducción de altos cargos allí donde sea necesario, por un aumento de
altos cargos allí donde sea necesario, pero, al final, por una reducción
neta de los altos cargos en la Administración pública.
Respecto de las valoraciones que ha hecho de las enmiendas fiscales, he
de decirle que sigue usted, señor Cercós, anclado en el concepto de la
resignación; nada se puede hacer porque con cualquier palillo que se
mueva se os hunde todo el tinglado. Esa es la valoración que usted hace
de esas enmiendas y ésa es, precisamente, la valoración que nosotros
creemos que está llevando al actual Gobierno del Felipe González a la
parálisis en que se encuentra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Utrera, recién llegado, ha hecho consideraciones sobre dos
afirmaciones de este Senador. Repito las calificaciones que he dado. No
he incluido el término «alucinante», hoy no, pero quizás otras cosas de
su señoría sí le resultan a este Senador alucinantes si las utilizan
ustedes en un gobierno futuro que puedan formar, y preocupantes si
figuran en su programa de gobierno. Ya me gustaría que estos debates
fueran televisados en directo para todos los ciudadanos españoles. Ya
veríamos, Senador Utrera, si su señoría volvía a hablar de Administración
única cuando su Presidente y el Presidente de Castilla y León, el señor
Lucas, ya no hablan de Administración única, sino de Administración
común. Tiene que cambiar su señoría; su propio Grupo ya no habla de
Administración única, y usted ha repetido aquí Administración única.
La Administración tiene problemas, Senador Utrera, y, efectivamente, no
se puede llegar a una Administración ideal. La francesa tiene problemas,
y también la italiana y la alemana cuando, a lo mejor, han sido más
avanzadas en ciertas normas que la nuestra. Lo que no se puede, Senador
Utrera, es que porque la Administración tenga problemas, que nosotros
tratamos de resolver en el día a día con multitud de normas, pues
acabamos de sacar una Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y se va a presentar a la Cámara un estatuto de la función pública,
es respaldar las enmiendas que sus señorías plantean donde señalan las
funciones que no debe tener el Presidente del Gobierno. Lo que no se
puede es ponerle limitaciones al Gobierno en una enmienda. Si eso se
aceptara, sería famoso el país. ¿Cómo se puede limitar en una enmienda el
número de cargos que puede tener una Administración con los compromisos
que tiene ésta para lograr ser eficaz? Tal Administración tendrá que
utilizar el número de personas y de cargos que exijan las tareas y
responsabilidades en cada momento. ¿Cómo se puede fijar eso en una
enmienda? ¿Quién ha podido redactar semejante enmienda para poner en una
ley, concretamente, limitaciones al número de cargos? Compruebe usted las
legislaciones comparadas y vea qué país de un cierto nivel de desarrollo,
de cualificación en sus estructuras administrativas, tiene limitado el
número de cargos de profesionales.
Pasemos al tema de los impuestos. Su señoría no ha oído las
argumentaciones. Lo que hemos rechazado respecto del Impuesto de
Sucesiones ha sido muy argumentado. Todas las demás referencias que hemos
podido hacer sobre los impuestos no han sido discordantes con las que
fueron expuestas en el debate del Título I.
Señorías, nosotros hacemos esfuerzos por racionalizar, por tener una
estructura y un sistema fiscal lo más completo, lo más lógico, acertado y
homologable con la Unión Europea. En ese camino estamos avanzando. No hay
ninguna situación referida al tema fiscal como la que ha descrito su
señoría. Por eso, Senador Utrera, no tengo más remedio que rechazar sus
enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995.
(Continuación.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, al debate de las diversas secciones. A la
Sección 01 no hay enmiendas, así como tampoco a las sucesivas, 02, 03, 04
y 05.
A la Sección 08 ha formulado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular.
Para defenderla, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: La doy por defendida en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se lo agradecemos.
En la Sección 12 hay una enmienda del señor Petrizán que se dio por
defendida; por el Grupo Parlamentario Mixto se mantiene la número 205,
que también se dio por defendida, así como la 345. Por tanto, para la
defensa de las enmiendas números 980 a 986, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Senador López Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, si en años anteriores hemos
señalado con énfasis nuestra disconformidad respecto a las prioridades
del Gobierno en la previsión de los gastos, cuando contemplamos la
Sección 12 de los presupuestos de 1995 tenemos que mantener esta actitud
crítica aún con mayor rigor, ya que no se han tenido en cuenta nuestras
reiteradas demandas y siguen siendo válidas, incluso cuando debatimos un
presupuesto que ha de hacer frente a una situación económica adversa, en
cuyas causas, evidentemente, nada tiene que ver el grupo político que
represento.
Nosotros, señor Presidente, hemos formulado una enmienda global o de veto
a la totalidad de la sección y un reducido número de enmiendas concretas
a las que nos referiremos más tarde. Queremos destacar especialmente
nuestra oposición integral a la Sección 12 porque estimamos que existe
una clara insuficiencia para la realización de una función esencial para
el Estado --no es necesario insistir sobre ello-- como es la política
exterior, una excesiva discrecionalidad en la utilización de los fondos,
por otra parte, y un inaceptable criterio en la fijación de las
prioridades.
Si la política exterior es una función fundamental para el Estado a fin
de contribuir a la paz y la seguridad mediante el desarrollo de una
diplomacia preventiva y una política de solidaridad con los países menos
desarrollados, es también, junto a estos fines colectivos, una
indispensable organización dentro del Estado para defender los intereses
de España y de los españoles en el exterior.
Por ello, nos parece alarmante, señor Presidente, que precisamente desde
1983 se venga reduciendo el porcentaje
que los Presupuestos del Estado dedican a la acción exterior en un
período histórico en el que, por la creciente presencia de España en
instituciones internacionales, por la interdependencia, que es un signo
de nuestra época, y el incesante crecimiento de obligaciones de
cooperación, se hace más necesaria esta atención a la política exterior,
lo que requiere la disponibilidad de medios materiales, humanos, técnicos
y organizativos y también una buena gerencia, una austeridad en la
gerencia de la que, efectivamente, el Ministerio, a pesar de los
reducidos recursos que tiene, no ha hecho gala precisamente. Ya en el
Congreso se puso de manifiesto, por ejemplo, la disparatada construcción
de las embajadas de Santo Domingo y de Islamabad, sobre lo cual no voy a
insistir ahora, y sin embargo, a pesar de estos escasos recursos, la
administración es pésima.
Pues bien, en cuestión de porcentajes, hemos podido ver que en Alemania
se dedica el 1 por ciento y en Francia, el 0,7 por ciento del presupuesto
a la acción exterior. En los presupuestos de este año sólo se dedica el
0,34 por ciento. En el libro rojo o color butano que nos ha sido
proporcionado para conocer los programas, se hace --eso sí, con una gran
retórica-- una amplia descripción de los objetivos de la Administración
exterior. Nos vamos a dedicar exclusivamente a aquellos que consideramos
esenciales y que más han llamado nuestra atención.
En Servicios Generales vemos que existe una enorme rutina en lo que se
refiere a la atención a la formación y el perfeccionamiento de un sector
tan importante, sin introducir las innovaciones necesarias para
especializar a un sector en la acción comunitaria, cada vez con mayor
relevancia y trascendencia, y, por otra parte, en áreas específicas, como
es el mundo árabe.
En el programa 131 B, al que me estoy refiriendo, para la formación de
personal en la Administración exterior, que comprende nada menos,
fíjense, que la selección y formación del personal en materia de la
Administración exterior, la formación para las actividades comunitarias,
los cursos de colaboración con las Comunidades Autónomas, la formación de
cuadros profesionales para los países iberoamericanos, etcétera, para
todas estas actividades se consigna un crédito de 132.627.000 pesetas.
Por eso, echamos en falta, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cursos
o seminarios de perfeccionamiento, así como esta especialización para el
mundo árabe. Aceptamos que la formación generalista, con aptitud para la
versatilidad de diversas funciones, es una característica específica de
la formación diplomática, pero no ha de ser óbice para estimular la
creación de un amplio grupo de funcionarios superiores especializados en
el mundo árabe, con profundización en el conocimiento de las
características económicas, políticas y culturales, así como el
conocimiento de la lengua, que es un gran instrumento de comunicación.
La atención de España a este espacio geográfico y cultural, lo mismo que
a Iberoamérica, por otros motivos, no sólo es un lógico imperativo dentro
de la defensa de nuestros intereses, sino que, además, en el ámbito del
conjunto europeo, cada vez más integrado, nuestro país puede y debe
realizar una acción especial, que al mismo tiempo de ser útil para
nuestros intereses, sería un gran servicio al conjunto de Europa, lo que
nos daría el prestigio al que tenemos derecho.
Existe después la ayuda para el desarrollo, en relación con la cual hay
que decir que precisamente ayer un importante periódico ponía de
manifiesto cómo nada menos que el 66 por ciento de la población española,
con un gran equilibrio entre todas las formaciones políticas --apenas
había diferencia--, que había sido encuestada es partidaria de que,
efectivamente, se llegue al 0,7 por ciento. Y sin mitificar esta cifra,
lo que sí pone de manifiesto es un esfuerzo en esta solidaridad mundial.
Lo hemos señalado reiteradamente y lo ha señalado también la Ponencia de
la Comisión de Asuntos Exteriores, aceptada por el Pleno de esta Cámara.
Pues bien, en la sección, naturalmente, no se reflejan las cifras
adecuadas, aunque hay una enmienda --hay que decirlo-- que se ha
introducido en el Congreso --no la nuestra, que sería mucho más
positiva-- que permite contemplar un posible aumento a lo largo del
ejercicio. Pero consideramos que es insuficiente y, sobre todo --y de
aquí nuestra discrepancia global y total--, consideramos también
insuficiente la atención a las ONG, las famosas organizaciones no
gubernamentales, para las que se asignan solamente 750 millones de
pesetas. Estas organizaciones, como ya hemos dicho --y esto responde a
nuestra concepción y a nuestro modelo de ayuda al desarrollo--, tanto por
la movilización altruista de sus miembros como por los objetivos y campos
de ayuda, que son concretos en el campo de la educación, de la
alimentación y de la sanidad, son los mejores instrumentos de ayuda al
desarrollo y pertenecen a la propia sociedad. Es el Estado, por lo tanto,
el que las tiene que facilitar, apoyar, promocionar y dotar de los
recursos adecuados; recursos que, por otra parte --hay que insistir en
ello--, siempre salen de la sociedad. Por esta razón, señor Presidente,
nuestra actitud es globalmente contraria a la Sección 12.
En lo referente a la proyección cultural exterior, nuestra postura es
insistente, lo cual no quiere decir que seamos tozudos, señor Presidente,
sino precisamente coherentes en nuestra posición por la tenaz resistencia
del Gobierno a aceptar nuestras propuestas. A pesar de la creación del
Instituto Cervantes, acertada decisión, sin embargo, sigue careciendo de
la ambición precisa. No existe un programa claro a corto y a largo plazo
para la creación de centros en los distintos países. Vemos que en este
programa para el año 1995 lo único que se concreta es la creación de dos
modestos centros, uno en Manchester y otro en Varsovia; ha desaparecido
el que estaba previsto el año pasado en la famosa ciudad de San Antonio,
en los Estados Unidos, y sigue sin aparecer el que hemos pedido en varias
ocasiones en el Estado de Israel.
Por otro lado, señor Presidente, nos ha llamado también la atención, y de
ahí nuestra crítica, la disparatada concreción de las cifras, porque, por
ejemplo, en el programa 134 B, que aparece tanto en Asuntos Exteriores
como en Educación y en Cultura, no cuadran las cifras que figuran al
final del Boletín Oficial de las Cortes, Senado, con la suma
de los distintos conceptos y capítulos. Así, quiero llamar la atención
sobre que el total del Programa 134 B, según el documento que se nos ha
proporcionado, es de 9.044 millones (página 88 del Boletín). Pues bien,
si sumamos los distintos conceptos y capítulos, no se llega a esa
cantidad y, además, aparece dispersa entre los distintos Ministerios, con
la singularidad de que, por ejemplo, este programa en el Ministerio de
Educación y Ciencia es para dotar al Consejo Nacional de Deportes, siendo
un programa que se refiere a nuestra proyección cultural en el exterior.
Haría falta una mayor precisión en esta cuestión, señor Presidente.
¿Qué ocurre con el Programa 132, referente a la acción diplomática
multilateral? También una gran disfunción o inconcreción de las cifras o
imprecisión, porque se fijan 37.277 millones y, sin embargo, la cifra que
aparece en el programa, en su total, es de 40.702 millones. En este
sentido, aunque hemos visto los presupuestos de los distintos Ministerios
por si aparecía reflejado este programa en otro, no lo hemos visto. No
sabemos si ha sido porque no hemos tenido la habilidad suficiente para
encontrarlo o porque no existe. ¿Qué pone esto de manifiesto? Que cifras
tan importantes como éstas no están suficientemente bien presentadas para
ser controladas, porque ésa es nuestra misión en este momento, señor
Presidente.
En conclusión, estimamos, por lo expuesto, que esta sección es
insuficiente, no se atiende adecuadamente a unas acciones tan importantes
como la dotación de nuestro servicio exterior. En estos momentos de
competitividad mundial --vamos a aprobar ahora el GATT--, la red de
representaciones diplomáticas en el exterior debe ser una red muy bien
dotada técnicamente y con el personal adecuado para colaborar en la
proyección no sólo cultural sino económica de nuestro país en el
exterior. No existe, como acabo de indicar, la formación y
perfeccionamiento del personal y tampoco las cantidades necesarias o las
dotaciones precisas para la ayuda al desarrollo y la proyección cultural
española. En consecuencia, señor Presidente, rechazamos la Sección 12.
En cuanto a las enmiendas concretas que acabo de indicar, retiramos la
984 y la 986, porque consideramos oportuno hacerlo así. En cambio, como
representan pequeñas modificaciones, pensamos que sería conveniente
aceptar la enmienda 985 para asegurar nuestra participación en el
Programa «Archivos», que se refiere a la difusión de la cultura y la
lengua española, así como la enmienda 982, que tiene por finalidad la
supresión de unos órganos que consideramos innecesarios y aumentar la
ayuda para emergencia y reposición. Y mantenemos, porque está en
coherencia con lo que acabo de decir, la enmienda global al Programa 134
A.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, hace un rato que ha
finalizado su tiempo.
El señor LOPEZ HENARES: La mantenemos por insuficiencia en la dotación y
porque tiene una estructura orgánica que consideramos innecesaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador López
Henares.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista se va a oponer a las enmiendas presentadas tanto
por el Grupo Mixto como por el Grupo Parlamentario Popular a esta
sección.
Voy a rebatir las tesis mantenidas por el señor López Henares respecto a
la enmienda 980, que es una enmienda a la totalidad, diciéndole de una
forma distendida, ya que usted acostumbraba a hacer buenos discursos y
conoce bien esta Sección y este Ministerio --lo digo sin afán de
molestarle-- que esta enmienda es un calco y plagio, excepto en la fecha
y en el número de la misma, de la del año pasado. La justificación es
idéntica, es la misma. La secretaria lo único que ha tenido que hacer es
cambiar la fecha y el número de la enmienda. Era la enmienda número 234
del año pasado, que es idéntica a la que presentan ustedes este año con
el número 980.
Esto me recuerda una anécdota que voy a contar para distender el debate,
aunque no está muy concurrido. Yo me acuerdo de una anécdota que me
contaba mi abuela, una mujer de la montaña leonesa, que me decía que en
las fiestas de aquellos pequeños pueblos siempre había una pequeña
orquestilla, pero que se aburrían de oír siempre la misma pieza y se
acercaban al maestrillo y le decían: «maestro, toque otra cosa.» Y éste
decía: «no os preocupéis, que tocaremos lo mesmo, pero más aprisa.» Eso
es lo que hacen ustedes año tras año. Repiten las enmiendas y no
presentan alternativa alguna. Ante una enmienda a la totalidad de esta
sección podrían presentar un número de enmiendas parciales que indicasen
qué es lo que ustedes plantean en la reforma de esta sección. Pero la
enmienda a la totalidad no tiene ninguna concreción ni correspondencia
con el resto de las enmiendas parciales que presentan ustedes.
Del presupuesto total de la Sección 12, en principio, de 1.008 millones
de pesetas, ustedes enmiendan 254 millones con las enmiendas parciales.
No llegan ni al 0,25 por ciento, lo cual indica una pobreza imaginativa
en cuanto a qué hacer con esta sección si ustedes tuviesen que
presupuestarla de forma global. Por tanto, no veo ni la inadecuación de
la sección, que ustedes manifiestan en la justificación de la enmienda,
ni la excesiva discrecionalidad, porque si hubiese mucha discrecionalidad
por parte del Ministerio, ustedes tendrían que decir de qué forma rompen
esa excesiva discrecionalidad con partidas concretas a los conceptos
determinados.
Presentan seis enmiendas en el Senado. Han decaído dos; quedan cuatro. En
el Congreso de los Diputados presentaron nueve. No es que esta sección
les preocupe a sus señorías. Y de las nueve del Congreso de los
Diputados, que se transforman en seis en el Senado, han tenido que
decaer, por estar mal presentadas, algunas de ellas, tanto en Comisión
como en Pleno.
Se dice que lo presupuestado en esta sección es inadecuado e
insuficiente. Tengo que decirles que de 71.000 millones
en el año 1993 se ha pasado a 95.000 millones en 1994, un 33 por ciento
más, y que en el año 1995 se presupuesta casi un 14 por ciento más que en
el año 1994. No es un presupuesto insuficiente, está por encima de la
media del crecimiento del presupuesto del Estado. Además, quiero
recordarles que durante el Gobierno socialista --que tanto se intenta
denostar desde diferentes instancias y desde la tribuna, legítimamente,
por supuesto, por parte de la oposición--, por si han perdido la memoria,
se han tomado una serie de determinaciones, de impulsos, de medidas que
han puesto en marcha este país, ya que de ser un país que recibía ayuda
desde el exterior se ha convertido en un país donante en la ayuda al
exterior. Este año, usted lo ha explicado muy bien, nos acercamos al 0,5
por ciento, con tendencia al 0,7, sin renuncia alguna. Todos los años ha
crecido, desde que la hay en este país, la ayuda al desarrollo, cosa que
impusimos los socialistas. Nos hemos integrado en organismos
internacionales, eso lleva costos presupuestarios, tanto en la UEO como
en la Unión Europea. Hemos creado el Instituto Cervantes con nuestros
presupuestos durante estos años, y hemos participado en las operaciones
de paz, cosa insólita en este país. Me imagino que ustedes apoyarán todas
las operaciones de paz en las que venimos participando
internacionalmente.
El presupuesto del año 1995 mantiene una serie de prioridades, como son
mantener con dignidad la Presidencia española en el segundo semestre de
1995 en la Unión Europea; cumplir con las obligaciones en organismos
internacionales y mantener las operaciones de paz en las que seamos
requeridos, así como la ayuda al desarrollo, que usted ha querido poner
un poco en solfa en la tribuna, pero quiero decirle que este año la
Agencia tiene un crecimiento nada menos que del 70 por ciento. Por tanto,
algo de ayuda al desarrollo estamos haciendo y seguiremos haciendo, a
pesar suyo.
Por otra parte, se marca un objetivo fundamental que es el de contener el
gasto público sin menoscabo de la consecución de las prioridades
establecidas, manifestadas con anterioridad, y que siguen la política
general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tanto las finalidades que
plantea el Ministerio como las prioridades se persiguen con eficacia, en
aplicación de los fondos públicos, como he dicho anteriormente. Por lo
tanto, sí se consiguen los objetivos que el Ministerio y el Gobierno
tienen planteados en materia de política exterior.
Sin entrar en el tema del Instituto Cervantes, respecto del que sus
señorías han retirado dos enmiendas, una en Comisión y otra aquí, debo
decirles que hay una enmienda socialista que se aprobó en el Congreso con
un aumento de 300 millones para el Instituto Cervantes para atender a los
gastos corrientes que tiene esta institución --como así ha sido
manifestado por su Director--, y no para lo que se pretendía en
principio, para gastos de inversión en nuevos edificios, lo que se está
haciendo a través de acuerdos y convenios con otros países, porque
prácticamente son los demás países los que restauran edificios y los
ceden al Instituto Cervantes para que en él se cumplan las funciones que
tiene asignadas.
En definitiva, he de decir que el presupuesto de la Sección 12 supone un
esfuerzo de racionalización, de sentido común y de prudencia. Por lo
tanto, mantenemos lo indispensable y recortamos todo lo que es posible.
En cuanto a la enmienda número 981, de devolución, relativa a la
cooperación, debo decir que se intenta replantear de una forma confusa el
Programa 134 A, que llaman Cooperación Internacional. No se llama así,
porque las funciones de relaciones exteriores acogen una subfunción, que
es la cooperación internacional, en la que se incardina el Programa 134
A, pero se llama Cooperación para el Desarrollo, no Cooperación
Internacional. La dotación de este programa está asignada a diferentes
Departamentos ministeriales: Asuntos de Exteriores, Trabajo, Seguridad
Social y Educación y Ciencia. Reorganizar, como ustedes planteaban, el
Programa 134 A concentrándolo todo en Secipi no es viable, ya que cada
Departamento ministerial desarrolla una actividad que confluye en la
cooperación internacional y su gestión se lleva por distintos campos de
actuación claramente diferenciados, como he dicho anteriormente. La
Secipi y la Agencia tienen un presupuesto total de 25.000 millones, en
números redondos, para ayuda al desarrollo. Agrupar todo en un solo
organismo generaría ineficacia y la coordinación que consigue la Secipi
mermaría la gestión que hace de la Agencia. Por lo tanto, yo creo que son
dos organismos que perfectamente se equilibran, uno coordina y otro
gestiona.
Por otra parte, en el Senado hubo una Ponencia sobre cooperación para el
desarrollo, que se aprobó con la unanimidad de todos los grupos
Políticos, y nadie hizo ninguna aportación en el sentido que ustedes han
planteado en la enmienda. Por lo tanto, me parece un poco contradictorio
y fuera de lugar, al cabo de poco más de un mes que se ha aprobado esa
Ponencia, que se intente aquí enmendar la plana a una Ponencia y no se
hiciese en su momento cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo.
La enmienda 982 solicita la reducción de asesores ejecutivos en la
Secretaría de Estado y en la Agencia Española de Cooperación
incrementando la dotación de ayuda de emergencia. Como ya expresé en
Comisión, debo decirles que, desde nuestro punto de vista, es imposible
aceptar la enmienda, porque proponen una baja de 25 millones de pesetas
en una dotación de 5.947.000 pesetas. Así lo dije en Comisión y pensé que
la iban a retirar. Es imposible, desde el punto de vista matemático,
cumplir con esta enmienda. No se puede hacer una baja de 25 millones
cuando la dotación de esta partida no llega ni a seis millones.
La enmienda número 985, que propone renovar la participación española en
el Acuerdo «Archivos», solicita un incremento de 9 millones y no indica
el centro gestor del programa, que podría ser tanto el del Servicio 03 de
la Secretaría de Estado para la Cooperación en Iberoamérica, como el 301
del Instituto Cervantes. Al final hay algo confuso. La dotación que
figura en el Programa 134 A, Capítulo 4, artículo 49, es de 9.986
millones, según dice la enmienda. Al final dicen: Al exterior, la
dotación será de 12.037 millones. Resulta que por una parte quieren
rebajar y lo que hacen es aumentar, porque si tiene una dotación de 9.000
millones y lo dejan ustedes en 12.000, no minoran 9
millones, sino que aumentan 2.051 millones. Creo que hay un error de
presentación y planteamiento en esta enmienda que es muy difícil de
rebatir ya que es contradictoria en sus propios términos.
En consecuencia, debo decir que no vamos a admitir ninguna de sus
enmiendas. Tampoco las del Grupo Parlamentario Mixto, que se han dado por
defendidas. El Grupo Socialista se opondrá en su votación a las enmiendas
presentadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Castro
Rabadán.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador López Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir también de manera distendida, señor Castro Rabadán.
Efectivamente, hemos tenido que hacer la misma enmienda global que el año
pasado, pero esto es más bien consecuencia de la tenaz resistencia a
admitir nuestras enmiendas, que consideramos bien fundadas. Una prueba
más es que las pequeñas enmiendas a las que se ha referido últimamente,
que solamente contienen unas cifras simbólicas, se han presentado con una
segunda intención, para probar y poner a prueba, valga la redundancia, su
disposición, porque son de 9 y 25 millones. Y, ahora, escudado en
supuestos malabarismos de las cifras, dice que no pueden aceptarse,
cuando realmente yo he vuelto a hacer las operaciones adecuadas y, a
nuestro juicio, son aceptables porque son pequeñas magnitudes. Por lo
tanto, señor Castro Rabadán, vuelvo a insistir --ya lo he dicho en la
tribuna-- en que lo que se está poniendo de manifiesto es que hay que
cambiar a los titulares y los modos de actuación en un Ministerio tan
importante, y esto no tiene otra posibilidad que un cambio de Gobierno.
La coherencia está, desde nuestro punto de vista, en que por eso hay que
repetir la enmienda, mientras que ustedes se oponen sistemáticamente a
las mismas. Vuelvo a insistir en que aquí ha habido dos cuestiones, una
de las cuales además sería una ayuda para el Ministro de turno. Saben muy
bien sus señorías que a la hora de hacer el presupuesto, lógicamente, hay
una gran tensión entre los distintos titulares de los Departamentos con
el fin de fijar las prioridades. Por lo tanto, cuando nosotros señalamos
aquí que la prioridad de Asuntos Exteriores no se tiene suficientemente
en cuenta, creo que estamos haciendo en este caso un servicio al Ministro
de Asuntos Exteriores del Gobierno socialista, porque podría apoyarse en
esta voluntad de las Cámaras para intentar incrementar dotaciones en
sectores tan importantes de la política exterior como acabo de poner de
manifiesto.
En cuanto a la creación del Instituto Cervantes, no me repita que se ha
creado en su época. Nosotros insistimos bastante sobre la creación.
Estamos de acuerdo, efectivamente, en que es un logro. En lo que nosotros
estamos disconformes es en que la creación de una institución tan
importante no responda a los planes para ponerlo en marcha. Y no he
querido citarlo, pero también es otro ejemplo de la mala gestión, porque
gran parte de los recursos que se han destinado ahora al Instituto
Cervantes --o, por lo menos, una parte importante-- se ha gastado en
obras que en muchos casos no eran necesarias; era sencillamente para
deshacer lo que las instituciones o los centros heredados tenían y darles
una nueva conformación sin que esto, repito, fuera urgentemente
necesario, ya que lo urgente es hacer planes de enseñanza y promoción de
nuestra lengua.
En relación a las ONG, efectivamente, no me ha podido responder. En la
ayuda al desarrollo, nuestro modelo pide una mayor participación de las
organizaciones no gubernamentales. Y lo mismo que dijimos el año pasado y
lo mismo que dijimos en el año antepasado tenemos que repetirlo ahora,
porque mantienen las mismas cifras, cuando se ha puesto de manifiesto en
la Ponencia sobre el Desarrollo --que afortunadamente hemos hecho entre
todos con un gran clima de colaboración-- la plena concordancia de
opiniones en que las ONG, quiero repetirlo una vez más, por el carácter
altruista de los miembros que las componen, son mucho más eficaces en la
prestación de ayudas tan esenciales e indiscutibles como las que se
refieren a la Sanidad, a la Educación y a la alimentación.
Finalmente, haré una vez más una digresión válida para que se tenga en
cuenta de cara al futuro.
La mayor participación en organismos internacionales, la mayor
penetración a través de la acción multilateral --ya saben sus señorías
que son 40.000 millones de pesetas los que figuran para esta finalidad en
estos presupuestos, unos presupuestos que, al fin y al cabo, son de
114.000 millones de pesetas--, no debe hacer abandonar o debilitar la
acción bilateral, es decir, la acción de Gobierno a Gobierno, de Estado a
Estado, porque ahí es donde se fortalece mejor la defensa de los
intereses de España y los españoles. Y esto es lo que hemos detectado en
esta Sección este año, el año anterior y, probablemente, el año
antepasado al anterior, ya que la defensa de nuestros intereses, no
culturales sólo, sino económicos también, para dotar a nuestras
representaciones de unos instrumentos adecuados requiere una mayor
atención. Y para esto --y concluyo--, efectivamente, en un presupuesto
restrictivo y en una sección también restrictiva pocos trasvases podíamos
hacer dentro de la misma, limitación que nos exige el Reglamento. No hay
otra posibilidad más que ahorrar con una mejor gestión en otras secciones
y en otras actividades del Estado, donde el despilfarro y los defectos en
la gestión son manifiestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
No querría volver a entrar en el debate con el Senador López Henares por
ser consecuente con la introducción que
hice en mi intervención anterior desde la tribuna, porque sería
repentizar los discursos, como ha hecho el Senador López Henares,
intentando querer convencer al auditorio. No es así y, por tanto, no
vamos a rectificar nuestra postura respecto a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.
No obstante, querría aprovechar este turno para hacer una aclaración al
señor Presidente sobre una enmienda del Grupo Mixto, a la que no me he
referido en mi anterior intervención porque pensé, como así lo había
anunciado en Comisión, que tendrían que retirarla, ya que no cumple con
el Reglamento, tal como ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, que ha
retirado alguna que adolecía del mismo error, es decir, hacer trasvases
entre secciones, lo que prohíbe el artículo 149.2 de nuestro Reglamento.
Por tanto, respecto a la enmienda 604, del Senador Petrizan, del Grupo
Parlamentario Mixto, el Grupo Socialista se va a oponer a su tramitación
puesto que atenta contra el Reglamento en su artículo 149.2, donde dice,
clara y taxativamente, que podrán ser admitidas a trámite si, además de
cumplir los requisitos generales, en la propia enmienda se propone una
baja de igual cuantía en la misma Sección a la que aquélla se refiera.
Como no es ése el caso, porque aumenta en la Sección 12 a costa de
disminuir en la Sección 14, Defensa, esta enmienda no debería ser
admitida a trámite. Habiendo llegado a estas alturas del debate, debo
decir que nuestro Grupo se opone y que, de ser votada, dejo constancia de
que es irregular su tramitación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): En referencia a su petición,
señoría, la Mesa decidirá sobre este tema, lógicamente, antes de
someterla a votación.
Continuamos con el debate de la Sección 13, Justicia e Interior, a la que
se ha presentado una primera enmienda, del señor Acacio Collado, para
cuya defensa tiene la palabra doña María Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para dar por defendidas tanto la enmienda número 1.965,
firmada por el Senador Acacio Collado, como todas y cada una de las
enmiendas suscritas a título individual por las Senadoras y los Senadores
del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos, por tanto, a las enmiendas del Senador Armas Rodríguez, números
653, 654, 658, 559, 672, 675 y 681, para cuya defensa tiene la palabra su
señoría.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Presento siete enmiendas a esta Sección y doy por retirada la 658, puesto
que ya se llevó a efecto lo que se pedía en ella, lo que agradezco al
Senador Ardaiz.
Hay otra serie de enmiendas que creo que ya han sido ampliamente
debatidas en Comisión, como las referentes a la construcción de dos
comisarías en Lanzarote, una en Arrecife y otra en Puerto del Carmen, por
la importancia que tiene la seguridad ciudadana en nuestra isla, ya que
hay que tener en cuenta que recibe a dos millones de turistas al año.
Solicitamos asimismo que se haga un adelanto en las obras del centro
penitenciario de Tahiche. Pero, sobre todo, me gustaría hacer hincapié en
la que considero más importante, es decir la referente a la creación de
un palacio de justicia en Arrecife de Lanzarote. Se considera necesaria
su creación para atender de una manera adecuada cada uno de los casos que
se trasladen a los juzgados y, de esta forma, evitar el caos que impera
en la actualidad en las sedes de la Administración de Justicia en la isla
de Lanzarote.
Como dije anteriormente, creo que estas enmiendas ya han sido ampliamente
debatidas en Comisión, por lo que las doy por defendidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Armas Rodríguez.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Se dan por
defendidas todas ellas? (El señor Virosta Garoz pide la palabra.) Tiene
la palabra el Senador Virosta.
El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Todas las enmiendas del Grupo Mixto no han sido dadas por defendidas. Hay
unas enmiendas de este Senador que no han sido dadas por defendidas y que
me gustaría defender ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Realmente, el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto las dio por defendidas, pero hay algunas en las que
figura su señoría como firmante y éste es el momento en que las puede
defender.
El señor VIROSTA GAROZ: Le agradezco mucho, señor Presidente, la
atención.
Quisiera, además, si se puede y por economía procesal, defender todas mis
enmiendas en un solo turno y ahora mismo. Son 18 las enmiendas que este
Senador tiene presentadas. Aprovecho el turno y las doy todas por
defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, me advierten de que el
debate debe hacerse por secciones y no podemos saltar de una sección a
otra.
El señor VIROSTA GAROZ: Era por economía procesal, pero, si así se
advierte, así lo haré.
De todas las maneras, señorías, debo advertir, puedo preguntarlo, que
todas las enmiendas que este Senador ha presentado van encaminadas a
resolver problemas evidentes de nuestra Comunidad Autónoma.
Una de las enmiendas, de las dos que este Senador ha presentado a la
Sección 13, trata de dotar a la ciudad de
Haro de un nuevo juzgado. Y me gustaría que sus señorías entendiesen por
qué se pide esto. La ciudad de Haro tiene un juzgado. El año pasado
atendió 650 asuntos civiles. Respecto a los asuntos penales, se
realizaron más de 1.300 diligencias previas y se realizaron unos 300
juicios de faltas. Esta es la situación del Juzgado de Haro. Los juicios
penales no pueden celebrarse en esa ciudad y han de celebrarse en
Logroño, y, para colmo de los colmos, señorías, aunque a algunos les
suene a chiste, el juez, el titular del juzgado, objetor de conciencia,
está realizando la prestación social sustitutoria en la Facultad de
Empresariales, dedicándose a gestionar los viajes estudiantiles. Esa es
la situación y ése es un problema para la mayoría de los ciudadanos de La
Rioja que requiere solución. Y digo para la mayoría porque parece ser que
para alguno estos problemas son simplemente canciones mañaneras.
Estoy convencido de que estos problemas que pretendemos resolver, tanto
en materia de Justicia como en otras de las materias, son problemas
reales, y no son visiones subjetivas de este Senador. Y hay algo que
demuestra contundentemente esta afirmación. En esta Cámara hay cinco
Senadores de La Rioja, pertenecientes a tres grupos políticos distintos.
Pues bien, de esos cinco Senadores, cuatro de ellos, sin haber mantenido
ninguna conversación previa --puedo asegurárselo--, han coincidido de
manera casi exacta en todas sus enmiendas. Sólo uno, un Senador del Grupo
Socialista, parece ser que no detecta ninguno de estos problemas en La
Rioja. Y como no tiene argumentos para rebatirnos --lamento tener que
decir esto aquí--, se permite criticar a través de los medios de
comunicación con descalificaciones que rayan en la descortesía o en el
insulto. Cuando este Senador intenta mejorar nuestras infraestructuras en
lo más esencial para no vernos aislados económicamente, o intenta mejorar
la escasa financiación de la Universidad, o intenta conseguir un apoyo
económico del Estado para mantener nuestro patrimonio
histórico-artístico, al Senador don Ignacio Díez González, para poder
alegar algo en su favor, no se le ocurre otra cosa que arremeter con
descalificaciones basadas en dos premisas que me gustaría dejar claras en
esta sesión, señor Senador.
La primera premisa que formula su señoría es que todas las enmiendas de
este Senador son «un canto mañanero»; y la segunda, que este Senador no
cree en lo que defiende porque no estaba presente y no defendió sus
enmiendas en la Comisión. Pues bien, tengo que decir tres cosas para que
quede constancia de ello. Primero, que canciones mañaneras es lo que
hacen los cantamañanas, y en mi pueblo, señor Díez González, y en el
suyo, puesto que es el mismo, cantamañanas es quien no resuelve nunca
nada. Por ejemplo, cantamañanas es quien se niega a reconocer que los
problemas de la universidad son problemas que se resuelven con 600
millones y luego pide 20 millones al gobierno regional para erigirse en
salvador. Eso es una canción mañanera.
Segundo. Este Senador no defendió las enmiendas en Comisión porque dicho
trámite coincidió con el debate de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, donde el voto de este Senador que les habla es
imprescindible para mantener al Grupo Socialista en el Gobierno. No me
parece de recibo que se achaque a este Senador que no defendió sus
enmiendas en Comisión como argumento en contra cuando estaba intentando
sacar adelante los presupuestos del Partido Socialista en dicha Comunidad
Autónoma.
Y, en tercer lugar, señor Díez González, si usted o alguien del Grupo
Parlamentario Socialista no ha entendido estas enmiendas, yo me
comprometo a explicar las dieciocho una por una. No tengo ningún
inconveniente en hacerlo, porque los mismos argumentos que le he dado
sobre el juzgado de Haro se los puedo dar sobre las enmiendas presentadas
para infraestructuras o para el Ministerio de Cultura.
Como verán, señorías, las acusaciones que este Senador ha recibido a
través de los medios de comunicación son bastante absurdas. Yo no voy a
pedir a sus señorías que aprueben estas enmiendas porque sé que es tiempo
perdido. Pero sí quiero pedirle al Senador don Ignacio Díez más
tranquilidad, menos nervios. Y permítame, como amigo, que le recomiende
algo muy sencillo: tila, señor González; mucha tila.
Con esto doy por defendidas todas la enmiendas, puédase o no. Si no se
puede, volveré a intervenir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Virosta, se pueden dar
todas por defendidas, pero en este turno sólo podía intervenir por ésas.
No obstante, damos por entendido que las ha defendido todas.
Muchas gracias.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y para la defensa de
las enmiendas números 716 a 729, tiene la palabra el Senador Travieso
Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta sesión del binomio Justicia-Seguridad, el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado ha presentado catorce
enmiendas, de la número 716 a la 729, ambas inclusive, y las vamos a
defender en su conjunto aunque no nos refiramos concretamente a ellas.
Al área de Seguridad tenemos presentadas cuatro enmiendas, las números
717, 718, 720 y 729, que reflejan en pequeña medida nuestra preocupación
por este tema, al igual que hace la sociedad canaria, que con unas tasas
de paro cercanas al 30 por ciento, con una situación económica incierta,
con la gran problemática de las comunicaciones, etcétera, lo que más le
preocupa es la seguridad ciudadana, según se refleja en las encuestas y
como reconoció el señor Ministro en su última comparecencia en la
Comisión de Interior y Función Pública de esta Cámara.
Este hecho no es extraño puesto que es posible que en este ejercicio
superemos los ocho millones de turistas, sector que, junto con el de
servicios, representa para Canarias casi el 80 por ciento de su PIB;
además, este sector es muy sensible a los temas de seguridad, como
demuestran ejemplos cercanos de países del área mediterránea, donde el
turismo ha caído en picado por los ataques a extranjeros, cuestiones que
tienen reflejo en la prensa internacional. Un
pequeño percance ocurrido a un ciudadano europeo es aprovechado por otros
competidores para hacer una campaña publicitaria en contra nuestra,
pudiendo dar al traste con una campaña de promoción o con una temporada
turística. Por poner un ejemplo importante sobre este tema, en mi isla
desapareció una ciudadana noruega, y en dos años no ha venido ningún
turista de Noruega, aunque ahora están empezando a volver. Creemos que,
en este sentido, hemos logrado una cierta sensibilización del Ministro,
tanto con la inclusión de Las Palmas en la primera fase del Plan de
Libertad y Seguridad Ciudadana como con su compromiso de dialogar con el
Presidente canario para estudiar un plan concreto de seguridad para las
Islas Canarias donde se incluyan las áreas de Santa Cruz, La Laguna y los
núcleos turísticos.
Con nuestras enmiendas pretendemos dotar de medios humanos y materiales
las instalaciones policiales en todas las islas, así como la consignación
para obras de reposición en las instalaciones de la Guardia Civil en
ambas provincias y para que se construya, de una vez por todas, el
cuartel de la Policía Nacional en Playa de las Américas, zona conflictiva
por las características específicas de su turismo, fundamentalmente
inglés, y la importancia cuantitativa propia de la zona. Por último,
solicitamos la creación de una Delegación de Tráfico en la Isla de
Fuerteventura por los consabidos motivos de la doble insularidad y
siguiendo los programas del Ministerio.
En el área de Justicia se enmarcan las diez enmiendas restantes. La
Justicia en Canarias tiene muchas deficiencias, entre ellas la movilidad
de jueces y funcionarios, la falta de personal, etcétera, siendo la
opinión general de nuestros ciudadanos sobre este servicio bastante
negativa. Aunque se está avanzando en la solución de estos problemas y
entendemos que las necesidades son muchas, hemos presentado una serie de
enmiendas tendentes a la constitución o reforma de diversos edificios
judiciales, tema importante para mejorar las condiciones de impartir
Justicia así como para mejorar la imagen que puedan tener los
justiciables del citado servicio.
Solicitamos en nuestras enmiendas unas pequeñas dotaciones para mejorar
los juzgados de Los Llanos de Aridane y de Telde, dos núcleos muy
importantes que cuentan con unas instalaciones que están pidiendo a
gritos unas mejoras que den un poco de dignidad a tales edificios. El
mismo problema tienen los juzgados de Arrecife de Lanzarote, en estado y
situación lamentables, más justificado, si cabe, por la promesa de la
pronta implantación del Juzgado de lo Social de Lanzarote y
Fuerteventura.
El edificio de la Audiencia Provincial de Las Palmas, emblemático donde
los haya en esa ciudad, sede del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias y que representa la imagen de la Justicia en sí en la provincia,
necesita unas obras de remozado y reformas de bastante importancia que
complementen las que se hicieron con la enmienda de nuestro grupo que fue
aceptada en los anteriores presupuestos.
Por último, expongo a sus señorías la problemática que existe con el
edificio de los Juzgados, siendo el propio Consejo General del Poder
Judicial, como hemos reiterado en esta Cámara, el que ha pedido
urgentemente la construcción de un nuevo edificio a pesar de ser éste
nuevo, por las circunstancias que concurren de enfermedad del edificio,
inconvenientes múltiples y lo caro que resulta después de los parches que
se le han hecho.
También tenemos dos enmiendas relativas a obras de reforma en los centros
penitenciarios de Tenerife II y Santa Cruz de La Palma, necesarios por el
estado en el que se encuentran y pendientes de otras soluciones cuando se
construya el centro proyectado en Gran Canaria.
Por último, tenemos una enmienda referida a la adecuación salarial de los
Secretarios Judiciales por la que se solicita una dotación de 600
millones, y que únicamente recoge el desarrollo de los compromisos
aceptados con este colectivo por los distintos equipos ministeriales,
coincidiendo esta enmienda, además, con otras presentadas por los Grupos
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Grupo
Parlamentario Popular, por lo que entendemos que es posible que sean
aceptadas ya que cuentan también con las simpatías del Ministerio de
Justicia e Interior, que quiere solucionar este problema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso
Darias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ya tuvimos una larga trayectoria de discusión en la Comisión,
presentando nuestro grupo siete enmiendas. Cuatro, dirigidas a cursos de
idiomas fueron aprobadas, quedando tres que fueron bien aceptadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, ofreciéndonos tres transaccionales con
las firmas de cinco de los seis grupos de esta Cámara.
Una de ellas se refiere a la ayuda dirigida a la actuación sanitaria de
carácter preventivo y asistencial en el Centro de Nanclares de la Oca, en
Alava, mediante un refuerzo de los servicios profesionales y una
intensificación de actividades formativas, tanto para los propios
funcionarios como para los internos, en términos de adecuación para la
salud, situándose en el subconcepto 481 con la expresión «para atenciones
derivadas de la lucha contra el sida en internos y liberados» y para la
que solicitábamos una dotación de 25 millones, cantidad en la que
estábamos de acuerdo. Al tratarse simplemente de un problema técnico, la
dejamos para votación.
Las dos enmiendas restantes se refieren a las cárceles de Nanclares y
Martutene II, para las que pedimos 12 millones y 11 millones de pesetas
respectivamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
para defender la enmienda número 2.548, tiene la palabra el Senador Sixte
Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tenemos una única enmienda a esta Sección 13, la número 2.548, que tiene
por objetivo la adecuación salarial del Cuerpo de Secretarios Judiciales
con cargo a la reforma de la Oficina Judicial, para garantizar el
desarrollo de los compromisos adquiridos por el antiguo Ministerio de
Justicia al objeto de adecuar las retribuciones salariales de los
Secretarios Judiciales a los niveles de responsabilidad que tienen
encomendados. Nos consta que ésta es una enmienda en la que este
colectivo está muy interesado y creemos que es de justicia que se apruebe
en este trámite del Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora María
Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, como quiera que en el
Grupo Parlamentario Popular consideramos --por lo que luego diré y
demostraré-- que las bicefalias nunca son buenas, anuncio al señor
Presidente que en este turno de veto y defensa de enmiendas a la Sección
13 intervendremos mi compañero, el Senador Escuin Monfort, en todo lo que
se refiere a Interior y yo misma en todo lo que se refiere a Justicia,
lamentando, desde luego y de forma expresa, que uno de los muchos efectos
perversos que ha tenido la fusión de los dos Ministerios haya sido la
reducción de los tiempos a la mitad en el trámite que ahora nos ocupa.
(El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
Y habiendo culminado con éxito --les puedo asegurar-- la pintoresca
aventura de desbrozar, tal y como nos ha sido presentado y entregado el
presupuesto, lo que corresponde a la Administración de Justicia de lo que
no --para lo cual ha habido que saltar de conceptos como, por ejemplo, la
Dirección y Servicios Generales de Justicia a Tribunales de Justicia y
Ministerio Fiscal, pero pasando antes por la Seguridad y Protección
Civil, o de éstos, me refiero a los Tribunales, a la Objeción de
conciencia o a los Asuntos penitenciarios, habiendo aparcado previamente
a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las Actuaciones policiales en
materia de droga, Fuerzas y Cuerpos en reserva o la Seguridad vial, por
tan sólo poner unos ejemplos clarificadores del «tótum revolútum» en que
se ha presentado y convertido esta Sección--, una vez superado el trance
que les decía, nos encontramos con unos presupuestos que en líneas
generales crecen, un 6,1 por ciento respecto al año pasado, pero como la
alegría dura poco en casa del pobre, suben todos los capítulos excepto
las inversiones reales, que, encima, disminuyen un 2,3 por ciento en
relación con 1994, convirtiéndose así la Administración de Justicia, no
sólo y todavía en la gran asignatura pendiente desde la aprobación de la
Constitución, sino, un año más, en la cenicienta presupuestaria.
He de hacer mención de dos fechas muy importantes a los efectos
presupuestarios y de este debate: mayo y octubre de este año. La primera
de ellas significa --lo recordarán ustedes-- la fusión de los Ministerios
de Justicia e Interior; la segunda nos recuerda la aprobación de la única
ley con calado presentada por el Ministro Belloch, la modificación de la
Ley orgánica del Poder Judicial. La fusión de los antiguos Ministerios de
Justicia e Interior, lejos de haberse traducido en una más adecuada
reordenación de funciones y en una mayor racionalización del gasto
público, ha supuesto un incremento de 48.000 millones de pesetas, de los
cuales 8.561 sufragan y soportan la superestructura del nuevo Ministerio,
del nuevo Ministro, de Justicia e Interior, exactamente el doble que el
Gabinete del Presidente del Gobierno. El coste del servicio 01 del
Ministerio del Interior en 1994 era, señorías, de 16.716 millones, y el
del antiguo Ministerio de Justicia 4.759 millones; es decir, el coste
total de estos dos servicios fue el año pasado de 21.973 millones. Tras
la fusión, el gasto que representa el servicio 01 del nuevo
superministerio más las dos Secretarías de Estado asciende a 28.148
millones de pesetas, o sea, 6.174 millones más sólo por lo que se refiere
al Ministerio, Subsecretarías, Servicios Generales y al programa 122-A.
Recordarán sus señorías que el Ministro Belloch, en mayo, declaraba en
esta Cámara que uno de los objetivos de su superministerio era, y cito
textualmente, «la mejora de la eficacia en la acción de la Justicia», y
un mes más tarde --recordarán también sus señorías-- nos pintaba un
impresionante panorama legislativo que mejoraría sustancialmente la
Justicia. Pues bien, como nos temíamos, ese hermoso sueño nos ha llevado
a esta cruda realidad: ni un solo proyecto del Ministro tiene reflejo
presupuestario. Y yo me pregunto: ¿cómo se va a mejorar entonces la
eficacia en la acción de la Justicia si este Ministro no destina ni una
sola peseta a los juzgados de lo contencioso-administrativo, para los que
se prevé un gasto, exactamente, de cero pesetas para el año que viene?
¿Cómo se va a hacer efectivo el desarrollo de la nueva organización
judicial, nacida de la tantas veces prorrogada Ley de Demarcación y
Planta, que, entre otras cosas, supone la creación de tribunales y
juzgados nuevos, el crecimiento sustancial de los ya existentes, además
de otras actuaciones en apoyo a los tribunales de justicia, con un
ridículo incremento de 250 millones de pesetas para inversiones reales,
de los que 150 millones se destinan a obras relacionadas con el
desarrollo de la Planta Judicial, previsión calificada como genérica
--genérica porque no se sabe para qué-- por la Secretaria de Estado,
señora Fernández de la Vega? ¿Cómo se va a poner en marcha la institución
del jurado con 400 millones a invertir en cuatro años? ¿Por qué se ha
olvidado este presupuesto de la Oficina de atención a víctimas de los
delitos violentos? ¿Por qué se ha olvidado de la Oficina Judicial?
Proyectos todos ellos anunciados por el Ministro en 1993. Por lo que
llevamos desde el mes de octubre hasta la fecha de debate presupuestario,
tanto en la otra Cámara como aquí, sabemos que será 1996 el año mágico de
estas realizaciones, convirtiéndose así el próximo año, 1995, en otro año
estéril y acudiendo, si hubiera necesidad, al artero truco del suplemento
de crédito o del crédito ampliable, convirtiendo así este debate en la
mayor burla conocida al
artículo 134 de la Constitución. Si lo que no está en los autos, señoría,
no está en el mundo, lo que no figura en los presupuestos tampoco existe.
La modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial --nacida,
teóricamente, para comenzar a aliviar los problemas internos de la
Justicia y aprobada, recordarán, en fechas muy recientes-- prevé un
importante crecimiento en los servicios especiales de apoyo a los
tribunales de justicia, en formación del personal de la Administración de
Justicia y asigna un buen número de nuevas funciones al que fue Centro de
Estudios Judiciales, y que, por cierto, y gracias a esta Cámara, se
convertirá desde ya en el Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia. Permítanme por un momento que les presente y
les exponga cómo articula el Ministro todas estas innovaciones: para
apoyar a los tribunales de justicia, algo más de 32 millones de pesetas;
para formar adecuadamente al personal al servicio de la Administración de
Justicia, 24 millones de pesetas más que en 1994, y como transferencia al
nuevo Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, que
ha de formar y perfeccionar a dicho personal, una migaja de 30 millones.
¡Bonita manera de entender la mejora en la Administración de Justicia! A
través de las dotaciones presupuestarias el Ministro nos ha demostrado
que no cree en los objetivos e intenciones de los proyectos que nos
presenta, y a las pruebas --entre otras, de la Ley orgánica-- me remito.
Y si esto es así, señor Presidente, señorías, ¿cómo vamos a creer los
demás en él? Es, francamente, una misión imposible.
Recientemente, el Ministro declaró que la situación exigía poner en
práctica las ideas mediante los instrumentos de que se dispone. Yo
lamento que un año más el Ministro no esté presente en este trámite,
porque podría escuchar cómo con los mimbres, con los instrumentos a que
él se refería, se puede hacer un buen cesto, y me explico. Por lo que se
refiere a los tribunales de justicia y Ministerio Fiscal, y ante los
problemas e importantes deficiencias que tiene la Administración de
Justicia, aumentamos la partida de formación en 100 millones de pesetas
de los presupuestados, atendiendo así al mandato de la Ley orgánica
modificadora del Poder Judicial, y destinamos, además, 841 millones más
de los presupuestados para equipos de refuerzos, en sintonía, no ya con
dicha Ley, sino también con la intención del Ministro en ese sentido. El
Gobierno ha reconocido que es constante el incremento de reclamaciones
por responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, pero
tan sólo le dedica 50 millones más que el año pasado. Nosotros
consideramos que aquellos casos de error judicial, por anormal
funcionamiento y prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o
auto de sobreseimiento libre, deben estar dotados, al menos, con 60
millones más, entre otras cosas para no tener que acudir --como anunció
la propia Secretaria de Estado en esta Cámara-- al crédito ampliable en
el mes de junio.
La creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo no puede
aplazarse un año más, se haya presentado o no la ley de la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, porque lo demandan, no solamente dos
leyes, la de Demarcación y Planta Judicial y la del Poder Judicial, sino
también las estadísticas judiciales que anualmente realiza el Consejo
General del Poder Judicial y que reflejan el grado de colapso de esa
jurisdicción. En consecuencia, dotamos con 1.098 millones su creación.
Que el presupuesto destine unos raquíticos 150 millones de pesetas a
obras para desarrollar las previsiones de la Ley de Planta de un total
presupuestado de 848.000 millones es, cuando menos, una broma bastante
pesada. Por ello, aumentamos esta partida con 1.000 millones más.
Entendemos que hay muchas formas de luchar contra el narcotráfico. Una de
ellas es destinar, como así lo hacemos a través de nuestras enmiendas,
400 millones de pesetas para crear la Fiscalía antidroga, cantidad que se
repartiría por mitad entre medios materiales y retribución del personal.
Les recuerdo que para 1995 no hay partida específica alguna.
Ante la insuficiente cantidad --aquí denunciada el año pasado y a lo
largo de este año-- destinada al Consejo General de la Abogacía y
Procuradores para atender la asistencia al detenido y el turno de oficio,
dotamos con 1.300 millones más el primer concepto y con 100 millones más
el segundo con la secreta esperanza de que ustedes aprueben nuestras
enmiendas y por una vez no haya que acudir al tantas veces mencionado
suplemento de crédito.
Por último, incrementamos en 244 millones más de los presupuestados los
honorarios de peritos y testigos en procesos penales, en primer lugar,
por ser hasta ahora insuficientes las cantidades destinadas a ello y, en
segundo lugar, porque estas disfunciones --todos ustedes lo conocen
perfectamente-- han afectado incluso ya al buen funcionamiento de la
Administración de Justicia. Tanto las instituciones penitenciarias como
el Plan Nacional contra la Droga han recibido un buen número de enmiendas
nuestras.
Por último, me quería referir a las dos enmiendas, rubricadas por el
Grupo Popular del Senado, que afectan a los secretarios judiciales y, un
año más, al jurado.
Nosotros rechazamos la irrisoria cantidad de 400 millones que se destina
en cuatro años a la institución del jurado y, consiguientemente, la
elevamos hasta los 1.000 millones para dejar sentada de una vez por todas
la futura participación del ciudadano en la Administración de Justicia.
La escasez de tiempo me impide exponer a sus señorías la importante
misión que cumplen los secretarios judiciales en nuestra organización
judicial, pero lo que ciertamente no me impide es solicitar su voto
favorable a nuestra pretensión de que se destinen 600 millones de pesetas
para adecuar sus retribuciones salariales, tal y como en su día se
comprometió a ello un Ministro de Justicia --en este caso no
independiente sino socialista--, al generarles unas expectativas que, a
pesar del transcurso de los años, siguen siendo expectativas, es decir,
nada.
Señor Presidente, acabaré de exponer de forma muy resumida los criterios
del Grupo Popular para mejorar nuestra más que maltrecha Administración
de Justicia.
Quiero recordarles que este debate es el de los medios materiales y
personales, no es un trámite más. Es uno de los pilares --todos lo
sabemos muy bien-- en que se apoya la reforma de la Administración de
Justicia. Por
ello, escaso favor le haríamos, señorías, si dejáramos pasar esta
oportunidad. Pero para tranquilidad de todos ustedes les diré que
nuestras enmiendas recortan los gastos de naturaleza corriente, no
generan déficit, reordenan el gasto y redistribuyen la inversión.
Yo estoy firmemente convencida de que no se consigue nada instalándose en
la peligrosa situación del autoengaño. Me explico. No más invocaciones al
siglo XXI en relación con la Administración de Justicia si insistimos en
unos presupuestos de papel para unos juzgados y unos tribunales también
de papel. Creo que la dama ciega de la balanza no se merece un año
perdido.Cuantos nos sentamos aquí, estamos obligados por responsabilidad
a muchas cosas, pero nunca a cruzarnos de brazos, a encogernos de
hombros, a olvidarnos del año que viene, tal y como quiere este
presupuesto, quedándonos solamente con la fecha de 1996.
Yo les pido en nombre del Grupo Popular que no contribuyamos otro año más
a que sea un año cero para la justicia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, además de las razones expuestas por la Senadora de mi Grupo,
señora Vindel, respecto de las enmiendas de totalidad de la Sección en
relación al área de Justicia, añadiré otras más en este turno compartido,
circunscritas exclusivamente al área de Interior, y que abundan en la
justificación del Grupo Popular para impugnar todo el presupuesto de esta
supersección 13 que engloba en un solo Ministerio --después de la
disposición de fusión-- los anteriores de Justicia e Interior.
Integramos como específicos del área de Interior de esta supersección 13
fundamentalmente los Programas de Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial,
Protección Civil, Formación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
y Actuaciones policiales contra la droga, así como el programa 221A, de
dirección de Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
Una primera razón que justifica la enmienda de totalidad a esta Sección
13, por lo que al área de Interior se refiere y, en general, a los
citados programas, es la de considerar que los 462.000 millones que
aproximadamente suman sus dotaciones presupuestarias no están
distribuidos de la forma más adecuada y eficaz para el cumplimiento de
los importantes objetivos que persiguen.
Son, además, presupuestos continuistas, como para cumplir un simple
trámite, que no tienen en cuenta las realidades cambiantes que se
producen en el amplio escenario de las competencias que afectan al área
de Interior de esta Sección que impugnamos.
Desde esta perspectiva general, comprobamos un aumento de los gastos de
personal, lo que absorbe prácticamente todo el incremento que se produce
en la Sección como consecuencia de los aumentos retributivos. Detectamos
también un aumento en los gastos corrientes, lo que ya no es tan
comprensible. Algunas economías pudieran reducir el nivel de gasto sin
que se vieran afectadas, por supuesto, las necesidades normales de los
servicios. Nos estamos refiriendo a las dotaciones para reuniones y
conferencias, así como a las relativas a estudios y trabajos técnicos,
sobre los que nunca hemos tenido una justificación detallada y que ahora
enmendamos solicitando su supresión.
Se confirman también los recortes a las inversiones reales, lo que no
consideramos adecuado, por cuanto que sostener un permanente nivel de
inversiones es absolutamente imprescindible para poder mantener la
necesaria infraestructura de medios materiales para luchar contra la
inseguridad ciudadana, contra la droga o contra el terrorismo, que son
hoy algunos de los principales problemas que afectan al conjunto de la
sociedad española.
Crece el Programa de Seguridad Ciudadana, aunque precisaremos después que
tal incremento es un espejismo, es un engaño más que un incremento real.
También crece ligeramente el Programa de Seguridad Vial por el aumento de
las retribuciones del personal.
Se mantiene prácticamente congelado el Programa de Protección Civil y el
de Actuaciones policiales contra la droga, reduciéndose casi en dos
millones de pesetas el que corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Un retraso legislativo del Gobierno en relación con el proyecto de ley de
plantillas está originando la falta de una necesaria planificación y,
consecuentemente, la falta de dotación de unos recursos económicos
necesarios y ajustados a esa planificación, lo que repercute
negativamente en los presupuestos que, al menos en esta sección, navegan
al aire de la más pura provisionalidad.
La falta de una necesaria ley de plantillas afecta de forma decisiva al
adecuado despliegue territorial de los Cuerpos policiales, a las
dotaciones necesarias para poder aplicar el nuevo Plan de seguridad y
libertad sin que haya que desmantelar unidades para traspasarlas a otras
--como le decíamos al señor Ministro hace unos días, se está desnudando a
un santo para vestir a otro--, a la correcta planificación de las
inversiones en infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil. Afecta, por tanto, señorías, la ausencia de esa ley a toda
la organización del Ministerio ya que en él los recursos humanos son, sin
duda, la primera y decisiva necesidad, por la que, si no se establecen
las plantillas, poca o nula actividad seria y rigurosa podrá llevarse a
cabo. Seguiremos en la provisionalidad y en la improvisación.
Los presupuestos de esta Sección no responden a criterio alguno. No
siguen una evolución que parecería la normal en una técnica
presupuestaria, como son los aumentos de gastos de personal por los
incrementos de las retribuciones y de las plantillas; incrementos de las
retribuciones que nosotros consideramos básicas, sin admitir las
gratificaciones, que pueden crear agravios comparativos. También
consideramos normal un incremento moderado en los gastos corrientes y un
incremento importante de las inversiones
para aquellos programas que, al menos en esta Sección, requieren una
especial atención. Por otro lado, ya hemos enumerado los objetivos que
son importantes: luchar contra el terrorismo, la droga y la inseguridad
ciudadana.
Rechazamos en su integridad el Programa 222 A, de seguridad ciudadana,
por diferentes y justificadas razones. En primer lugar, las dotaciones
para gastos de personal no permiten, un año más, el cumplimiento de la
cláusula quinta del Acuerdo marco al que se obligó el Gobierno con las
organizaciones sindicales en mayo de 1992. Es muy fácil prometer y quedar
bien con las organizaciones sindicales y después no cumplir. Asimismo,
tampoco estos presupuestos reducen la injustificable desigualdad entre
las retribuciones de los Cuerpos policiales del Estado y las de otros
Cuerpos, y permiten que haya diferencias mensuales de más de 60.000
pesetas entre las que perciben los policías autónomos y locales y las de
los policías del Estado.
También rechazamos este programa porque en los gastos corrientes aparece
una dotación muy elevada, de casi 11.300 millones de pesetas, para el
servicio de comunicaciones telefónicas, que en modo alguno podemos
aceptar. Desde una posición de técnica presupuestaria, esta dotación es
engañosa porque no responde a una realidad; es decir, no responde al
consumo real de teléfono que se considera necesario durante el ejercicio
presupuestario. Si fuera así sería correcto, pero responde más bien a la
amortización de una deuda histórica con la Compañía Telefónica y, por
tanto, no es correcto que se incluya como gasto en este capítulo 2. Pero
hemos de advertir que en los presupuestos de 1994 se consignó una
cantidad idéntica para el mismo servicio de teléfono, considerada además
como crédito vinculante, razón por la cual no comprendemos por qué
aparece de nuevo en estos presupuestos una deuda telefónica que debió ser
amortizada con la dotación del presupuesto anterior, es decir, del actual
de 1994.
Nuestro Grupo mantiene la dotación de 11.300 millones, pero no su
aplicación al pago de deudas históricas que, repito, ya debieron ser
canceladas. Nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado necesitan
más combustible para sus vehículos, mejores teléfonos, mejores
comunicaciones, potentes vehículos, embarcaciones para la Guardia Civil
del Mar, equipos, mejoras en comisarías y acuartelamientos de la Guardia
Civil; es decir, muchos recursos de los que carecen, o que están en
desecho, y que son necesarios para cumplir con las debidas garantías sus
misiones. Y para estas necesidades queremos estas inversiones.
Nos hemos referido a las comisarías y acuartelamientos de la Guardia
Civil y queremos insistir en ello, porque varios Senadores de mi Grupo
han defendido enmiendas en Comisión para la construcción y mejora de
estas instalaciones, algunas de ellas, en estado ruinoso, que pugnan no
sólo con la seguridad de sus moradores, sino con el decoro y la dignidad
que merecen nuestros policías y guardias civiles. En una relación de
estas instalaciones que requieren una actuación inmediata, podíamos
hablar, por ejemplo, de las de Artesa de Segre, en la provincia de
Lleida; Pinos-Puente y Guadix, en Granada; Reinosa, en Cantabria;
Jorquera, en Albacete; Socuéllamos y Argamasilla de Alba, en Ciudad Real;
Candeleda y Cabezas del Villar, en Avila; Iscar, en Valladolid; las de
Nieves, La Estrada, Mondariz y Villagarcía de Arosa, en Pontevedra; Muros
y Ribeira, en La Coruña; Incio, en Lugo; Yecla, en Murcia; y Morella, en
Castellón. Y como comisarías de policía, las de Ciutadella, Monforte de
Lemos y Villarreal.
Debemos resaltar que los guardias civiles son militares. Gozan del
estatus militar y, sin embargo, cuando no pueden ocupar los pabellones de
estos acuartelamientos...
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Escuin, le ruego que vaya
concluyendo, porque su tiempo se ha agotado.
El señor ESCUIN MONFORT: ... por estar en ruinas, o por otra causa,
necesitan alquilar una vivienda y pagarla con sus propios recursos, a
diferencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, que reciben una ayuda
económica para vivienda. Esta desigualdad debe evitarse cuanto antes, y
recuerdo que la Guardia Civil, por ser un Instituto de naturaleza
militar, impide la sindicación de sus miembros, por lo que esa falta de
sindicación debería ser correspondida por el Gobierno, atendiendo con la
debida diligencia estas desigualdades que no se pueden reclamar por otra
vía.
Impugnamos todo el Programa de Seguridad Vial, fundamentalmente, porque
para el Grupo Popular las actividades dirigidas a una mayor educación y
formación vial tienen un carácter preferente y se les deben dedicar más
recursos presupuestarios. No sólo tienen que mostrarse las trágicas y
dolorosas circunstancias que sufren las víctimas de accidentes. Nos
parece imprescindible incrementar a través de los medios de comunicación
los programas más adecuados para formar y educar permanentemente a
conductores y peatones para que se puedan evitar esos accidentes. Más que
las multas, que son necesarias, y no sólo las de exceso de velocidad
--que parecen las únicas que se imponen--, son las actividades formativas
y de educación vial con las que se pueden alcanzar mayores cotas de
seguridad.
Las actuaciones en tramos y puntos conflictivos para evitar accidentes
--y, en lo posible, atascos y retenciones-- en aras de la necesaria
fluidez del tráfico, requieren también mayores inversiones que las que se
contienen en estos presupuestos, como las destinadas a publicidad y
propaganda, en las que se incluye para educación y formación vial
41.800.000 pesetas, lo que parece una cantidad insuficiente.
Otro de los programas que rechazamos es el de las actuaciones policiales
contra la droga. La lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de
capitales va en aumento y es cada vez más difícil y complicado por los
sofisticados medios que utilizan estos delincuentes, por lo que requiere
la necesaria correspondencia y que las fuerzas policiales cuenten también
con mayores recursos en medios materiales. Pero con estos presupuestos
parece que no va a ser posible, porque las inversiones están congeladas;
son las mismas que en el ejercicio pasado y así no es posible avanzar con
las debidas garantías en la represión del narcotráfico,
que quedará únicamente supeditada a la profesionalidad y competencia
demostrada de nuestros policías y guardias civiles, aunque en ocasiones
actúen con clara desventaja frente a estos delincuentes.
Para mejorar esta sección, nuestro Grupo ha presentado enmiendas
puntuales, que defenderé conjuntamente. En el Programa de Seguridad
Ciudadana enmendamos la partida de comunicaciones telefónicas, a la que
ya he hecho mención. La importante dotación presupuestaria, de 11.300
millones, la destinamos, evidentemente, a satisfacer el servicio
telefónico, que estimamos que puede ser de 1.600 millones para el próximo
ejercicio, y el resto, para mejorar las inversiones del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil, con 1.000 millones de pesetas para cada
uno. Asimismo, para aumentar en 200 millones la partida de combustible de
la Guardia Civil y no ver situaciones tercermundistas como se ha podido
comprobar. También, para la creación de nuevos centros de atención y
asistencia a extranjeros, que no se mencionan en estos presupuestos y son
una necesidad impuesta por nuestra incorporación a la Unión Europea, que
exige la vigilancia de las fronteras exteriores.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Senador, ha terminado su
tiempo, con mucho exceso. Le ruego que concluya.
El señor ESCUIN MONFORT: Señor Presidente, lamento que la fusión de estos
Ministerios no haya servido para ahorrar dinero, pero sí para limitar el
tiempo a los parlamentarios que tratamos de explicar las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Escuin, los parlamentarios
tienen el tiempo que reglamentariamente les asiste y su señoría lleva
casi diez minutos de exceso.
Le ruego, pues, que concluya.
El señor ESCUIN MONFORT: Lo haré en un minuto, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señoría, no tiene un minuto.
Insisto en que concluya.
El señor ESCUIN MONFORT: Sí, señor Presidente.
Por las razones expuestas impugnamos toda la sección y los programas
expuestos. Hemos tratado de mejorar los presupuestos con enmiendas
puntuales, de las que he tenido la oportunidad de defender algunas. Con
esto, damos por defendidas todas las enmiendas a la Sección 13 de los
presupuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Escuin.
El senador Galán tiene la palabra para turno en contra.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a contestar en el turno en contra a las propuestas de enmiendas
formuladas por todos los portavoces en lo referente al área de Justicia
del Ministerio de Justicia e Interior. A continuación, mi compañero, el
Senador Ardaiz, lo hará sobre el área de Interior, procurando ajustarnos
al tiempo y esperando una administración del mismo por la Presidencia con
la misma generosidad que ha tenido con los restantes portavoces.
En primer lugar, quiero decirle al Senador Armas que no voy a contestar
una por una a sus enmiendas; podría hablar de que hay algunas con
defectos en su propio planteamiento, por ejemplo, la relativa a 50
millones para juzgados de paz, que aparece en el Capítulo VI, cuando es
un tema de transferencias corrientes. Pero no voy a entrar en ello, le
daré la misma respuesta global que a todas las enmiendas que van
encaminadas a aumentar la inversión en los temas relativos a sedes de
órganos judiciales.
Por lo que hace referencia al Senador Virosta, que ha utilizado su tiempo
más para dirimir problemas periodísticos de su región con otro Senador
del mi Grupo, quiero decirle que me hubiera gustado que hubiera podido
estar en Comisión, de no haber tenido ese compromiso con el Parlamento de
La Rioja, para que me hubiera aclarado alguna cosa, porque una de sus
enmiendas, la número 634, que hace referencia a la creación de un nuevo
juzgado en Harodado, me ha planteado el problema de que yo no sabía
realmente qué municipio es ése. Lo he buscado, primero, en el ámbito de
La Rioja; luego, en toda España por si, pese a su adscripción a un grupo
regionalista, estaba preocupado por algún otro problema, pero no he visto
lo de Harodado. Por otra parte, no creo que para crear un nuevo juzgado
haga falta modificar los presupuestos, sino alterar la planta e incluir
un nuevo juzgado más.
Respecto a su otra enmienda, no entiendo cómo ha podido tramitarse porque
plantea esos 2.000 millones de incremento para el cumplimiento de la Ley
de Demarcación y Planta con una baja en la Sección 15, Programa 612 F, lo
cual infringe claramente el artículo 102.2 del Reglamento de la Cámara,
por lo que entiendo que esa enmienda no podía tramitarse.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, quiero
decirle que no voy a entrar en alguna enmienda que a lo mejor no debía
plantearse aquí, como la que se refiere a reformas en el centro
penitenciario de Tenerife, puesto que, al ser un centro nuevo, queda
dentro del ámbito de la empresa de servicios de infraestructura y
equipamiento penitenciario. Tampoco voy a discutirle la mayor o menor
prioridad de algunas de sus enmiendas, que entiendo que vienen a cubrir
necesidades reales, en todo caso, de la administración de Justicia en su
Comunidad. Pero me remitiré también al mismo argumento que he dado para
todas las enmiendas concretas o las que se han venido denominando
siempre, en este trámite parlamentario, enmiendas de campanario.
En lo que se refiere al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, quiero agradecer de nuevo al Senador Torrontegui la retirada de
cuatro de sus enmiendas. Por lo que respecta a las otras tres, creemos
que, solventados problemas técnicos de adscripción a determinados
programas, partidas o conceptos presupuestarios, tal como han quedado
presentadas en la Mesa dan total satisfacción a esos tres objetivos de
mejorar Nanclares y Martutene y, por otra parte, de procurar atender a
familias e instituciones sin fines de lucro, concretamente en este caso,
a la comisión contra el sida de una determinada provincia vasca, por lo
que hace referencia a los internos y liberados de la propia prisión de
Nanclares de Oca. Me parece que con esa firma de las transaccionales el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en modo alguno
podrá estar disconforme de la actitud de nuestro Grupo en la tramitación
de esta Sección.
En cuanto a la única enmienda que mantiene viva el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quiero hacer una breve
reflexión, puesto que es una enmienda coincidente con enmiendas del mismo
matiz o contenido y de la misma cuantía de otros grupos parlamentarios.
Las retribuciones básicas de los secretarios judiciales están fijadas en
la Ley 45/1983; las retribuciones complementarias están reguladas por el
Real Decreto 1.561/1992, que modificó el del año 1989 y donde se fijaban
las cuantías de los complementos de destino; la modificación de los
índices multiplicadores queda comprendida en el artículo 53 del proyecto
de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social para 1995,
que acabamos de discutir y que modifica el artículo 4 de la Ley del año
1983, a la que antes hice referencia. Me parece que todas esas enmiendas
que son, lógicamente, enmiendas planteadas a iniciativa de determinadas
asociaciones de carácter profesional, no son necesarias para solventar
este problema. El problema está en otro tema a nivel de gestión, como
pone de manifiesto el que los 292 millones que estaban en el compromiso
de los secretarios judiciales con el Ministerio y están incluidos en el
presupuesto del año 1994 todavía no hayan llegado a su destino. Por lo
tanto, nos parece, por un lado, que la cuantía está mal calculada, puesto
que esos 292 millones quedan ya consolidados en el presupuesto de 1995 y
para cumplir el compromiso de los 600 millones en 1995 sólo haría falta
una cantidad notablemente inferior a la total. Y, por otro, nuestro Grupo
intentará mantener los compromisos que un equipo ministerial firmó con
una serie de asociaciones profesionales, al margen de cuál sea la
respuesta específica que demos a esta enmienda concreta, que nos parece
que tiene algún defecto, tanto en cuanto a la cuantía como en cuanto a su
encaje.
Respecto al Grupo Parlamentario Popular, me voy a referir, en primer
lugar, a la enmienda de veto a la totalidad de la Sección donde, por una
parte, se ha planteado la insuficiencia del presupuesto y, por por otra,
se ha planteado la inadecuada distribución del mismo, señalando cómo los
incrementos están en los Capítulos I y II, incrementos del 6,1 y del 6,4
respectivamente, y que, en contrapartida, las inversiones reales, el
Capítulo VI, disminuyen un 2,3. Esto es realmente el meollo de esa
inadecuada distribución del presupuesto a la que hace referencia el Grupo
Parlamentario Popular.
Por último, en cuanto a la crítica, muy fuerte, que el Grupo
Parlamentario Popular ha hecho al tema de la fusión y de sus
consecuencias presupuestarias, con una referencia al Programa 122 A,
dotado con 8.561 millones de pesetas, y que ha sido criticado por parecer
que es una cobertura presupuestaria a la estructura de apoyo del Ministro
Belloch absolutamente excesiva --creo que repito palabras y conceptos
expuestos por la Senadora Vindel.
Voy a intentar contestar empezando por el final y acabando por el
principio.
Por lo que hace referencia a la virtualidad de la fusión, creo que ésta
no depende realmente de la distribución en programas presupuestarios de
la estructura de ese nuevo Ministerio, depende de si realmente se
consigue integrar un conjunto de servicios inspirados en un único
principio que el el principio de legalidad, y dirigido al objetivo
central de poner las condiciones necesarias en este país para el
ejercicio pleno de todos los derechos y libertades reconocidos en la
Constitución.
Creo que debemos reconocer que en determinado momento pudo haber habido
una tensión entre esos dos ministerios, que puede afrontarse y puede
resolverse mejor con una mayor garantía para la libertad y para la
seguridad, que no son dos conceptos contradictorios, sino que son dos
caras de la misma moneda, pues el incremento de la una siempre debe ir
aparejado al incremento de la otra, y tiene que traer causa y efecto del
incremento de la otra con esta fusión que se produce. Sencillamente me
llama la atención, y por eso hago referencia a ello, que sus señorías que
reiteradamente han estado enmendando durante años esta Sección 13,
pidiendo la desaparición del Ministerio y entendiendo que todas sus
competencias debían ir fundamentalmente al Consejo General del Poder
Judicial, el año que hay una atribución competencial importante en temas
como la selección y formación de jueces y magistrados al Consejo y se
reducen claramente las competencias del Ministerio por el proceso de
transferencias de medios materiales y personales a algunas Comunidades
Autónomas a punto de culminar, me llama la atención, repito, que sus
señorías critiquen esa fusión y defiendan la autonomía como tal
ministerio del Ministerio de Justicia.
En lo que hace referencia a este nuevo programa, quiero decirle que
realmente no es el programa referente al Gabinete del señor Ministro,
sino que engloba todos los servicios comunes del nuevo Ministerio, la
nueva Subsecretaría, la Secretaría General Técnica, la Dirección General
de Personal y Servicios, la Dirección General de Planificación y Control
de Gestión, y que, por lo tanto, la dotación del programa procede del
ajuste y de la suma de servicios y programas anteriores más la
actualización de las retribuciones de todos los funcionarios.
En definitiva, este programa no representa más que el 1 por ciento en el
total del presupuesto de la sección. Se han eliminado determinados
programas que existían en el Ministerio de Justicia, se ha creado un
nuevo servicio, el 0,6, y han desaparecido diferentes servicios
presupuestarios como el relativo a la Dirección General de Seguridad del
Estado, a la Secretaría General Técnica de Justicia, a la Dirección
General de Política Interior, a la Dirección General de la Policía. Por
lo tanto, no hay ese no ahorro como consecuencia de la fusión. Lo que
sucede es que se han colgado
de este Programa 122 A temas como el de los gastos reservados, que antes
estaban divididos en cuatro programas presupuestarios diferentes y que
ahora se concentran ahí, dependiendo todos del señor Ministro en la línea
del tratamiento a los gastos reservados que ha aprobado el Congreso de
los Diputados; se concentran todos los gastos de edición y distribución
de publicaciones, muy necesarias ahora con las reformas legislativa en
curso, y se concentran todos los gastos de protocolo, fundamentalmente.
El Capítulo II de este programa es sólo el 1,9 por ciento del Capítulo II
de la sección, y nos parece que la inclusión de los temas de
productividad y de gratificación de la mayor parte de los funcionarios
del Ministerio, con la única excepción de los de Instituciones
Penitenciarias y Secretaría General de Justicia, que se concentran en
este programa, hace incrementar también el gasto del mismo. Por lo tanto,
no es un gabinete mastodóntico, sino una suma de programas que determinan
que las personas que dependen del Gabinete son exactamente las mismas en
número --no digo en identidad-- que antes tenía el Ministro del Interior,
cuando estaban divididos ambos ministerios.
Por lo que hace referencia a la inadecuada distribución del presupuesto,
tengo que decirle a la Senadora Vindel lo que ya le dije en Comisión: que
estamos en un presupuesto de un Ministerio que gestiona 200.000 personas,
distribuidas en 6.000 edificios, y que eso, lógicamente, produce la
necesidad de que los capítulos I y II representen, como representan, el
90 por ciento del presupuesto. Los incrementos son fundamentalmente
incrementos justificados; el 6,1 por ciento se desglosa en 21.000
millones sólo la actualización del 3,5; las mejoras de retribuciones de
determinados Fuerzas y y Cuerpos de Seguridad; la consolidación de la
oferta de empleo de 1994, la consolidación de las retribuciones de los
funcionarios de Justicia ingresados en 1994, e igualmente la garantía en
el Capítulo II de las mejoras de funcionamiento de los centros
penitenciarios y de los incrementos en los gastos en relación con el tema
de objeción de conciencia derivados del incremento de nuevos gastos en
vestuario para los objetores, y de arrendamiento de la nueva sede de la
oficina de objeción de conciencia.
En el Capítulo IV, transferencias corrientes, que prácticamente en la
sección está equilibrado, tengo que señalarle que lo que hace referencia
al área Justicia, área 142, se incrementa muy notablemente. Para el tema
de prestación social sustitutoria un 44,6 por ciento; para el tema de
asistencia letrada al detenido, por lo que se refiere al Consejo General
de la Abogacía el 13,45; a los Colegios de Procuradores el 14,62. Por lo
tanto, quiero decirle que los incrementos son importantes por lo que
respecta al área de Justicia.
En el tema de inversiones quiero señalarle también que pese al recorte
general de la sección, el Programa 142 A se incrementa un 12,82 por
ciento, 750 millones --no 150 millones, como decía su señoría, que son
sólo para edificios nuevos, no para acabar la construcción de los que
están ya en marcha--, y el programa de seguridad vial también tiene una
inversión más fuerte de la media de la sección, pero a ello se referirá
mi compañero.
Voy a terminar. Por lo que hace referencia a las enmiendas concretas y
específicas, podría detallar aquellas que tienden a disminuir
determinadas partidas presupuestarias, fundamentalmente en el Capítulo I
y en el Capítulo II, gratificaciones, incentivos, retribuciones
complementarias de los funcionarios, inversiones de reposición en
edificios de servicios centrales, etcétera, reuniones y conferencias,
estudios y trabajos técnicos, prensa y publicidad, y aquellas que
aumentan, fundamentalmente en el Capítulo VI, que son muchísimas,
destinadas a mejorar la inversión real. Si tuviera tiempo, podría ir
contestándole una por una a las que suponen disminución del Capítulo I y
del Capítulo II que han planteado sus señorías para demostrarle que
realmente están bien calculadas y en ninguna de ellas sobra dinero. Pero
me voy a limitar a decir que globalmente el presupuesto no plantea
ninguna inadecuada distribución y que en modo alguno se podría equilibrar
más reduciendo los Capítulos I y II en un Ministerio que se compone,
fundamentalmente, de los Capítulos I y II.
Finalmente, la insuficiencia global. Señora Vindel, se lo dije en
Comisión: al que gobierna los presupuestos siempre les parecen
insuficientes, pero gobernar es elegir, es priorizar, y lo importante es
saber si el tema de administración de justicia, el área Justicia y el
área Seguridad, aumentan o disminuyen en el conjunto de los presupuestos.
Ambas secciones, la 13 y la 16, suponían en 1994 el 3,94 por ciento del
presupuesto. En estos presupuestos representan el 4,10 por ciento. Por lo
tanto ha mejorado la atención al objetivo Justicia y Seguridad en los
presupuestos de 1995.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Galán.
Como en esta intervención se había dividido el tiempo, el Senador Ardaiz
Egüés tiene la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo voy a terminar el turno que nos corresponde al Grupo Parlamentario
Socialista, compartido con el Senador Galán, y no solamente voy a
compartir el turno, sino también los principales argumentos que como
rechazo de los vetos que se han presentado ha manifestado aquí el Senador
Galán.
No iba a hacer ninguna referencia a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, pero dada la cortesía de dicho Grupo, de dar por defendidas
todas las enmiendas de inversión en cuarteles de la Guardia Civil o en
comisarías de policía, pero como el Senador Escuin ha hecho una defensa
general de esas inversiones, no voy a tener más remedio que decir, en
primer lugar, que no las vamos a apoyar, que vamos a rechazar todas las
enmiendas de inversión que se han presentado en determinadas localidades
de todo el territorio nacional, y que nuestro rechazo no pretende
desmentir lo que se ha dicho en esta tribuna acerca de las malas
condiciones --muy malas condiciones en algunos casos-- de los lugares
donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben realizar su
trabajo. Dicho
esto, he de añadir que existen otras inversiones distintas de las que se
pretenden con esas enmiendas, que están contempladas en el presupuesto, y
que son prioritarias.
Por otra parte --el Senador Escuin también ha hecho alusión a ello--, el
nuevo despliegue de la Guardia Civil ha de incidir fundamentalmente en
dónde se construyen nuevos cuarteles, en dónde se deja de invertir y en
dónde se realizan inversiones de reposición, lugares, como decía antes,
en los que las condiciones son pésimas.
Pero he de decirles también que el control o la restricción del gasto
público alcanza también, lógicamente, a las inversiones, y en un asunto
como éste es fundamental que, en un futuro, no tengamos que desandar lo
andado, que no demos un paso adelante para dar después dos pasos atrás. Y
sobre esa reclamación que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular respecto de la ley de plantillas les comunico que esa ley vendrá
a esta Cámara si se hace por ley y no por decreto. Pero, en cualquier
caso, se haga de una u otra forma, se contará con todos los grupos
políticos que quieran intervenir, que quieran implicarse en el nuevo
despliegue de la Guardia Civil por todo el territorio español.
A pesar de no hacer ninguna referencia concreta a cada una de esas
enmiendas, no quiero pasar por alto la retirada de la enmienda que ha
realizado el Senador Armas y la mención que ha hecho sobre mi persona,
que supongo será fruto del interés que manifesté en Comisión por el abono
de las tasas municipales para la cédula de habitabilidad y, por lo tanto,
para la apertura del Cuartel de la Guardia Civil de Teguise. Respecto a
las demás de Arrecife, Puerto del Carmen, etcétera, aténgase usted a lo
que he dicho para el resto de las enmiendas.
También quiero detenerme en un par de enmiendas del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado. La primera es la número 717, cuyo
importe de 150 millones de pesetas ya está aceptado, aunque sea solamente
para la isla de Gran Canaria. La segunda, la enmienda número 720, se
refiere a la Comisaría de Playa de las Américas. Yo, al menos --no sé si
a su señoría también le habrá llegado--, he recibido del Ministerio de
Justicia e Interior, concretamente de la Secretaría de Estado, una
notificación como consecuencia de las comparecencias que realizó la
Secretaria de Estado en esta Cámara, diciéndonos que las obras de la
comisaría de Playa de las Américas van a iniciarse en el año 1995, y que
hay consignación presupuestaria para ello.
Yo sé que es una preocupación general de todos los Senadores canarios la
cuestión de la inseguridad ciudadana en las islas, y por ello creo que
sería conveniente que la Cámara supiera que, por parte de la Secretaría
de Estado de Interior, se ha previsto en la Comunidad Canaria, para 1995,
en gastos de personal, la cantidad de 27.000 millones de pesetas y unas
inversiones en reposición de 1.352 millones de pesetas, y otros 1.556
millones de pesetas en inversiones reales.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, empezaré por
los vetos a los programas de seguridad ciudadana, de seguridad vial y de
lucha contra la droga. Es muy significativo que los materiales que
acarrea el Grupo Parlamentario Popular año tras año al debate
presupuestario en materia de Interior --en este año, de Justicia e
Interior-- versen fundamentalmente acerca de si los índices de la
delincuencia crecen más o menos. Yo agradezco al Senador Escuin que este
año no haya sido así, que este año la discusión no sea acerca de si
utilizamos esta estadística o aquella otra, que es la que nos debe
señalar el camino para realizar las inversiones presupuestarias. A pesar
de que este año la discusión no haya versado sobre esa cuestión, a mí me
habría gustado que hubieran dicho también algo positivo sobre los buenos
resultados que vienen comprobándose día tras día en muchas de las áreas
de seguridad ciudadana, de seguridad vial y de lucha contra la droga que
en este país, podría decir que casi diariamente, podemos comprobar por
los periódicos. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la
Presidencia.) Yo no he visto ninguna alternativa --y que conste que no se
les debe exigir a ustedes ninguna, ni presupuestaria ni de otra índole,
en el debate que nos ocupa-- pero sí me habría gustado ver en qué
consiste, siquiera un poquito, la programación de esos programas, valga
la redundancia, que ustedes han vetado. Fíjense ustedes en que, después
de los vetos, cuando uno repasa las enmiendas parciales que han
presentado, lo primero que hacen --y lo he mencionado aquí en la
tribuna-- es suprimir las cuestiones relativas a trabajos técnicos,
alegando la razón de que ustedes no tienen una conciencia clara de en qué
se gasta ese dinero de estudios y trabajos técnicos. Pues vayan ustedes a
la Cuenta del Estado y, en todo caso, si no quieren realizar ese trabajo,
les basta con ejercer el control parlamentario en esta Cámara para
enterarse realmente de que las partidas de estudios y trabajos técnicos
se dedican, no a algo extraordinario, raro u oscuro, sino a algo tan
simple como aquellos trabajos que, por sus características especiales,
por su índole particularísima, no se pueden ejercer por los funcionarios
del Ministerio, como pueden ser, por ejemplo, los intérpretes, como
pueden ser las aplicaciones informáticas del sistema Schengen, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, le pediría que fuera
terminando. Estamos ya muy fuera del tiempo.
El señor ARDAIZ EGÜES: Señor Presidente, le rogaría, si me lo permitiese,
que...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tendré la misma benevolencia que
con el Grupo anterior.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
En las enmiendas de este presupuesto ustedes apuntan fundamentalmente a
la deuda contraída por el Ministerio con Telefónica. Yo creo que habría
sido bueno que ya hubiéramos dejado esta discusión el año pasado, porque
es una discusión que no merece muchas más palabras, ya que el asunto es
absolutamente diáfano. El Ministerio de Justicia e Interior tiene
contraída una deuda histórica con Telefónica que, no por mala técnica
presupuestaria, como dice
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino precisamente por todo
lo contrario, porque se pretende cumplir con la Ley General
Presupuestaria que, en su artículo 63, dice que se recogerán los débitos
de años anteriores, y por eso es por lo que cada año se trae parte de esa
deuda presupuestaria con el interés de cancelarla. Y ustedes hacen un
doble juego cuando dicen: Si pasamos eso a un crédito extraordinario
dispondríamos de mayores recursos para la lucha contra la droga, para la
seguridad vial, etcétera. Pues no es así. Si lo pasamos a un crédito
extraordinario habrá que pagarlo también de todas formas y, por lo tanto,
va a salir todo de la misma caja, de la caja común del Estado. Lo único
que hacen con eso es ampliar el gasto, no otra cosa; ampliar gasto, que
es justamente el discurso contrario al que manifestaron en la
presentación del veto de totalidad de los presupuestos.
Respecto del programa de seguridad vial, les diré que no sé por qué
ustedes creen que la mayor parte del trabajo que se realiza en el
programa de seguridad vial se dedica a la represión. No sé por qué. No sé
de dónde sacan ustedes eso. No pueden deducirlo ni por las cuantías
económicas, ni por los objetivos del departamento. Repásense ustedes el
programa y verán cómo se dedica fundamentalmente a mejorar la seguridad y
la fluidez en el tráfico, a la educación, a la formación y, en última
instancia, a la vigilancia, al control y, en su caso, a la sanción del
que ha incumplido la norma.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, ahora ya estamos
equiparados a la benevolencia anterior.
El señor ARDAIZ EGÜEJS: Agradezco su amabilidad, y espero que el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo en su conjunto dispensen que
no haya podido terminar de manifestarles las razones por las que mi Grupo
Parlamentario va a votar en contra de todas las enmiendas que se han
presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, por su comprensión.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Virosta.
El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Galán, estoy seguro de que cuando ha leído la justificación de la
enmienda a la que usted ha hecho referencia, donde dice. «... eminente
necesidad de creación de un nuevo juzgado en la ciudad de Harodado el
voluminoso número...», se ha dado cuenta de que existe un error
mecanográfico porque entre la palabra «Haro» y la palabra «dado» falta un
espacio, es decir, se han olvidado darle un impulso a la tecla del
espaciador. Me niego a creer, porque además lo lamentaría profundamente,
que el Senador Galán haya tenido que recurrir a algún volumen
enciclopédico para detectar un error tan simple, o mejor dicho, para no
poder detectarlo, que es más lamentable todavía. Me niego a creerlo
porque el Senador Galán es un hombre de gran formación, de gran
inteligencia y es todavía muy joven para tener problemas de
interpretación. Pero lo que más lamento de todo es que ése sea el motivo
por el cual se me rechaza la enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor presidente.
Al Senador Galán, que se ha referido en un momento de su intervención al
área de Justicia, le diré que no es que las obras sean necesarias para
resolver el problema, sino que son un botón de muestra de lo que nos
hemos atrevido a poner en los presupuestos. Sentimos mucho que no se nos
admita ninguna enmienda; se admiten por otro sitio, o sea que no
entendemos cómo en esta sección no hay ninguna flexibilidad para
introducir enmiendas que reflejan necesidades perentorias, como está
ocurriendo con otras secciones en esta Cámara y en este debate.
Señor Ardaiz, respecto de la comisaría de Playa de las Américas, que está
en un estado lamentable, yo sí oí lo que dijo la portavoz del Ministerio
de Justicia e Interior en la Comisión, pero es que eso mismo lo dijo don
Rafael Vera el año 1992 referido a los presupuestos de 1993, que ya
estaba incluida en los presupuestos la ejecución de la comisaría de la
Playa de las Américas. El año 1992, en las comparecencias de la Comisión
de presupuestos, don Rafael Vera dijo exactamente que para el año 1993
estaría ya incluida en los presupuestos. Esperemos que este año pueda
llevarse a efecto esta construcción. Y si quieren llevarlo a cabo, podían
admitirnos la enmienda; de esta forma se haría con seguridad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecerle, como siempre, al Senador Galán el tono que ha
empleado y el que haya contestado puntualmente a todas nuestras
enmiendas. Además, debo expresarle nuestra conformidad y aceptación de
las transaccionales, a pesar de la reducción en la cuantía inicial que
nuestro Grupo propuso en el Congreso de los Diputados.
Reitero también mi agradecimiento al resto de los grupos, pues cinco de
los seis actuales han firmado estas enmiendas. Esperamos que el voto de
los seis grupos nos sea favorable por unanimidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecerle al Senador Galán las explicaciones que nos ha dado
sobre nuestra enmienda y, sobre todo, la oferta de transacción que
creemos que es una buena solución para ese problema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Para no alargar más el debate intervendré con toda brevedad para ver si
podemos conseguir que, al menos, le quede un minuto al Senador Escuin
para comentar algo referente a la Sección 13 en el apartado de Interior.
Por lo que se refiere al apartado de Justicia, les diré que yo,
sinceramente, estoy asombrada, porque resulta, señorías, según se
desprende de lo dicho en su intervención por el Senador Galán, que el
Partido Socialista y el Gobierno socialista ha fusionado los Ministerios
de Justicia e Interior para dar satisfacción al Grupo Parlamentario
Popular, algo que, desde luego, nunca nos pudimos imaginar, ya que nos
echan en cara o nos recriminan el que les hayamos hecho una crítica tan
dura a la fusión. Quiero decirles una cosa: si lo han hecho por nosotros,
déjenlo, vuelvan a separarlos y ya lo haremos nosotros, no se preocupen
ustedes, porque así no se hace, así no se hace de ninguna de las maneras.
Sostienen que el gabinete del Ministerio no es mastodóntico. Déjenme que
les lea solamente dos cifras. Vámonos al año pasado. El Ministro Belloch
más el Ministro Corcuera eran 21.973 millones; el año que viene, el
Ministro Belloch más el Ministro Belloch son 28.148 millones más. Es
difícil suponer que eso suponga un ahorro, por mucho que se empeñen en
decir que la fusión significa también ahorro.
En cuanto a que son los mismos funcionarios y asesores, he de confesar
que me da mucha envidia el Senador Galán porque tiene mucha más suerte
que yo. Todavía estoy esperando que la Secretaria de Estado de Justicia,
que se comprometió en la Comisión de Presupuestos a enviarme la
información sobre cuántos asesores componían el gabinete del Ministro y
quiénes eran, me responda. A fecha de hoy todavía estoy esperando esa
información. Por lo tanto, la información del Senador Galán, como
siempre, es mucho mejor que la de esta humilde Senadora.
Para terminar, señorías, les pediré que no me hablen del principio de
legalidad y de hacer efectivo el principio de legalidad, porque ¿a qué
ley nos referimos si somos nosotros, y también el Gobierno, los primeros
que incumplimos nuestras propias leyes? Hemos denunciado reiteradamente
el incumplimiento de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, que todavía
no sabemos qué va a pasar con ella para el año que viene, y por si fuera
poco, según hemos visto en estos presupuestos, también vamos a incumplir
notoriamente lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo
tanto, mejor no invocar, para seguridad, el cumplimiento del principio de
legalidad.
Por último, quería decirles que el problema de estos presupuestos, al
menos en lo que afecta a la parte de Justicia de la Sección 13 es que ni
el Ministro se cree sus propios proyectos, son proyectos que nacen ya con
cumplimiento cero, lo mismo que el incremento de medios para la
Administración de Justicia es cero para el año que viene. Eso se traduce,
señorías, señor Presidente, en que la Administración de Justicia, otra
vez y un año más, no va a mejorar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a contestar muy brevemente a las manifestaciones del portavoz
socialista en lo que se refiere al área de Interior de este Ministerio.
Señor Ardaiz, nosotros hemos pretendido que todos nuestros argumentos,
que todas las justificaciones que hemos hecho sean de una claridad
meridiana. No escondemos nada. Creo que decimos las cosas muy claras. Sin
embargo, siempre encontramos en las respuestas una especie de
obscurantismo en lo que se refiere a la activad de este Ministerio. Hay
obscurantismo, por ejemplo, cuando se habla del despliegue territorial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; hay obscurantismo también
sobre cuándo va a venir a estas Cortes la ley de plantillas; y hay
obscurantismo sobre a cuánto asciende la deuda con Telefónica por parte
del Ministerio; este obscurantismo, la verdad, nos aleja de lo que
nosotros pretendemos conseguir en estos presupuestos.
Señor Ardaiz, creo que ustedes no se han mirado, en absoluto, las
enmiendas de nuestro Grupo referidas a los cuarteles de la Guardia Civil.
Ustedes no saben los problemas que hay en todas las instalaciones que han
sido mencionadas por los Senadores de mi Grupo. Creo que una elemental
atención hubiera sido haberles respondido una a una, pues sé que hubieran
encontrado algunas de ellas en estado ruinoso, en estado de mucho
peligro. Dios quiera que no ocurra un accidente lamentable para que
tengamos que volver a referirnos a estas instalaciones.
Desconozco el importe de la deuda, pero también le digo que con la
cantidad que se presupuestó en el año anterior había dinero más que
suficiente para pagar esa deuda. Yo aún tengo la duda, porque no me han
dado una explicación correcta, pero no he hablado para nada de créditos
extraordinarios, Senador Ardaiz; lo que yo he dicho es que esa deuda ya
debería estar cancelada y liquidada, porque eran créditos vinculantes.
Por lo tanto, no admitiendo las justificaciones que ha expuesto el
portavoz socialista, insisto en que estas enmiendas deben ser aprobadas
por los grupos parlamentarios porque son de justicia y de razón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Yo quiero disculparme porque quedamos en que no se podría partir el turno
de portavoces. Lo he pasado por alto esta vez, pero, para que no se
siente precedente, pido disculpas.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para decir al Senador Virosta que perdone la
broma con lo de Haro. Realmente, todas las enmiendas referidas a
inversiones concretas tienen un argumento que es común: que las
prioridades en el Capítulo 6, en el ámbito de la Ley de Planta y
Demarcación, las marca el Ministerio, que es el que ejecuta las
inversiones y establece en cada momento las prioridades oportunas. Yo no
niego la necesidad que pueda existir, pero le doy la misma respuesta que
las demás enmiendas similares.
Hay que hacer la reflexión de que todas las enmiendas que ustedes han
presentado al Capítulo 6 suponen un aumento de más de 21.700 millones de
pesetas, lo cual es absolutamente inasumible en unos presupuestos que
responden a unos principios como los de este año.
Al Senador Travieso tengo que decirle que alguna enmienda podremos
transar todavía con su grupo en esta sección, es decir, que el tema de
los secretarios está todavía abierto. En cuanto a las inversiones
concretas, le doy la misma respuesta.
A la Senadora Vindel le vuelvo a insistir que el gabinete del Ministro no
supone un incremento de miembros en relación con el anterior gabinete de
Interior, aunque sí con el anterior gabinete de Justicia; que las
reducciones que hacen en los capítulos 1 y 2 prácticamente son inviables,
puesto que representa dejar a los funcionarios del Ministerio sin
gratificaciones, sin determinadas indemnizaciones, como son las que se
les dan por residencia, e impide la celebración de reuniones y
conferencias previstas en el segundo semestre por la Presidencia de
Europa, correspondiente a España. Si tuviera tiempo, podría contestar a
todos esos argumentos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
No he intentado decir en ningún momento que la fusión responda a un
criterio de su señoría. He dicho que no entiendo que el Grupo
Parlamentario Popular, que ha estado siempre por la desaparición de ese
Ministerio, ahora resalte la necesidad de su permanencia y su autonomía
como Ministerio. Sencillamente, al perder peso Justicia, se ha adscrito a
Interior, como podía haberse adscrito a otro Ministerio. Creemos que el
departamento más adecuado para esa adscripción era el Ministerio del
Interior.
Gracias. (El señor Ardaiz Egüés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene su señoría la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Solamente treinta segundos para dirigirme al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
Si ustedes creen realmente que en los temas de la Ley de Plantillas, en
los temas del despliegue de la Guardia Civil, en el tema de las deudas
históricas de Telefónica hay alguna oscuridad, como textualmente ha dicho
usted, ¿por qué no dedican una, dos o quizá sólo tres preguntas, de las
3.000 ó 4.000 que han hecho en las Cortes Generales, a enterarse de este
tema? Sería sencillísimo.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Díez González pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Díez, ¿me pide la palabra en concepto de
qué?
El señor DIEZ GONZALEZ: Señor Presidente, a lo largo del debate de esta
sección se me ha aludido reiteradamente por parte de un señor Senador, y
quería, con su permiso, hacer una brevísima intervención.
El señor PRESIDENTE: Me dice el señor Vicepresidente que, efectivamente,
su señoría ha sido aludido. Le rogaría que se ciñera exactamente a las
alusiones, para no reabrir el debate, por favor.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda cordialidad y afecto a mi compañero de circunscripción, señor
Virosta, tengo que decirle que, en efecto, yo he visto su poco interés
por el conjunto de sus enmiendas en cuanto que al debate de la Comisión
de Presupuestos celebrado el día 12 de diciembre, estando yo presente, no
fue usted a defender esas enmiendas. Eso es lo que constataba, por lo que
he escuchado, además, en su intervención. Porque además las sesiones de
la Comisión de Presupuestos en esta Cámara no han coincidido, ni mucho
menos, con el Pleno de la Diputación General de La Rioja que discutía el
presupuesto de La Rioja, sino que hubo dos días de diferencia.
Finalmente, tengo que decirle que la tila, para las abuelas. Por
supuesto, yo seguiré la recomendación de un buen paisano nuestro, Gonzalo
de Berceo, que siempre recomienda un buen vaso de vino para tener la
tensión en su justa medida y, si es posible, de Rioja.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, si ocupan sus escaños, procederemos a
iniciar las votaciones pendientes.
Previamente, comunico a la Cámara que el Congreso de los Diputados ha
enviado un oficio referido a la relación de errores materiales que han
sido advertidos en el texto del proyecto de ley sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social. Número de expediente 121/70.
Ese documento del Congreso de los Diputados dice lo siguiente: En el
artículo 10. Cinco, final del primer párrafo,
donde dice «... seis meses a partir...» debe decir «... seis meses
contados a partir...» En el artículo 77, párrafo primero, décima línea,
debe suprimirse el término «prevé», terminando la frase anterior con un
punto y seguido. En la disposición transitoria décima, la referencia al
artículo 47 de la ley debe hacerse al artículo 49. En la disposición
transitoria undécima, la remisión al artículo 48 debe hacerse al artículo
50. Y en la disposición adicional duodécima, la referencia al artículo 49
debe hacerse al artículo 51.
El Presidente ha verificado con los Servicios de la Cámara los puntos
señalados por esta corrección de errores materiales y deduce, primero,
que son errores materiales y, segundo, invita a la Cámara a que acepte
esta descripción de lo que realmente fue aprobado por el Congreso de los
Diputados, porque en el Congreso de los Diputados existe acuerdo al
respecto de que ésta es la voluntad finalmente expresada por el Congreso
de los Diputados.
Si no hubiera objeción a esta cuestión, lo plantearíamos así.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo, por supuesto, está de acuerdo con eso, pero opino que también
la Mesa debería hacerle una recomendación al Congreso de los Diputados en
relación con una enmienda a la Ley de Arrendamientos Urbanos de este
Grupo, que fue aprobada y que ha muerto en el trámite de ida y venida al
Congreso de los Diputados. Es decir, si nosotros atendemos, con la
solicitud que el Presidente ha hecho, las recomendaciones del Congreso de
los Diputados, también el Congreso de los Diputados debería atender las
recomendaciones que le hace el Senado en cuanto a una enmienda que ha
muerto por error humano, lo que es totalmente lógico, relativa a la Ley
de Arrendamientos Urbanos, presentada por Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Vamos a iniciar las votaciones pendientes comenzando por las enmiendas al
Título III del proyecto de ley de medidas, artículos 52 a 64.
Voto particular del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 42 a 45, de los
Senadores Martínez Sevilla y Vilallonga Elviro.
Tiene la palabra el Senador Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de las enmiendas 42 y 45, ambas conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, la enmienda número 42 ha
sido asumida en el trámite de Comisión. Por tanto, entendemos que no
procede su votación porque ya está incorporada.
El señor PRESIDENTE: Vamos a verificar esto, Senador Martínez Sevilla,
puesto que no coincide con nuestros datos.
Se somete a votación la enmienda número 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, tres; en contra, 233, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, este portavoz no tiene
conocimiento de que la enmienda 42 haya sido incorporada al dictamen de
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Estamos verificándolo.
Se someten a votación las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
excepto la 42, de los Senadores Martínez Sevilla y Vilallonga Elviro.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 104; en contra, 132; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 12; en contra, 124, abstenciones, 101.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas 208
a 215, 217 y 218, que someteremos a votación separadamente, según las
instrucciones que oportunamente nos transmita el Senador Ortiz Pérez, que
tiene la palabra.
El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda 211.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 211.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 110; en contra, 125; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 11; en contra, 124; abstenciones, 102.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Volvemos a cuestiones pendientes. Enmienda número 42, del Grupo
Parlamentario Mixto, cuya propuesta es la supresión del artículo 54. En
realidad, creo que todos tienen razón, puesto que el Grupo Parlamentario
Socialista aprobó la enmienda número 316, con la que se suprimió el
artículo 54. Despejada la duda, se entiende que la enmienda ha cumplido
el objetivo y ya no la sometemos a votación.
Se somete a votación la enmienda número 270, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 121; en contra, 113; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Popular,
correspondiente a las enmiendas números 155 a 162, que sometemos
conjuntamente a votación. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda número 162.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, excepto la número 162.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 105; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación la enmienda número 162.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 102; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 318 y 319. ¿Las
sometemos separadamente a votación?
El señor MARCA I CAÑELLAS: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, sometemos a votación la enmienda
318, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 217; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se somete a votación la enmienda número 319.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 234; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación el Título III, artículos 52 a 64.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 135; en contra, 102.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las enmiendas al Título IV, números 46 a 50 y 61 a 63, del Grupo
Parlamentario Mixto. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, solicitamos votación separada de
las números 43, 44, 46, 47 y 49 conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Señor Presidente, solicitamos votación separada de
las números 50, 61 y 62. Se pueden votar agrupadamente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, en primer lugar, las
enmiendas que ha propuesto el Senador Ortiz Pérez, números 43, 44, 46, 47
y 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 104; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas números 50, 61 y 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 10; en contra, 227.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se someten a votación las demás enmiendas de este Grupo Parlamentario que
quedan por votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, tres; en contra, 232.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Advierto a la Cámara que hemos votado dos veces las mismas enmiendas. Es
verdad que el sabio criterio de la Cámara ha hecho que votemos de la
misma manera, pero las números 43 y 44 ya habían sido votadas, Senador
Ortiz Pérez. Esto quiero decir que estamos en nuestro sano juicio.
Vamos a someter a votación el voto particular número 1, enmienda número
72, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 10; en contra, 226; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmienda
número 219, que se somete seguidamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.-- El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Se anula votación.
¿Alguna observación, Senador Sanz Cebrián?
El señor SANZ CEBRIAN: Señor Presidente, respecto a las disposiciones
adicionales, queríamos manifestar la retirada de nuestra enmienda número
222, dado que, aunque no se indiqueÉ
El señor PRESIDENTE: Cuando lleguemos a ese punto, lo veremos. Estamos
aún en el Título IV.
Vamos, entonces, a repetir la votación referida a la enmienda 219, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 11; en contra, 127; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A este mismo Título, enmiendas 163, 164 y 165, del Grupo Parlamentario
Popular. Se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 107; en contra, 126; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el Título IV, artículos 65 a 80.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 133; en contra, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Entramos en las disposiciones adicionales.
Senador Sanz Cebrián, si tiene la bondad, ahora podré dar una respuesta a
su señoría.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, estaba actuando extemporáneamente, y en este preciso
momento digo que retiramos la enmienda 222, que, en puridad, debería
servir de soporte a la transaccional que se ha presentado a las
disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta. Pero no hacemos
causa de ello porque esta transaccional está firmada por todos los grupos
y, por lo tanto, no precisa ningún tipo de percha.
El señor PRESIDENTE: Así es. Muchas gracias, señor Sanz Cebrián.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, las enmiendas a estas
disposiciones.
Las del Grupo Parlamentario Mixto son las números 51 a 59 y 64 a 67, que
votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, tres; en contra, 232; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quedan vivas
las enmiendas 220, 221, 223 y 224. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.
¿Solicita alguna votación separadamente, Senador Ortiz?
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, solicitamos votación separada de
la 220 en un acto y de la 223 en otro.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Votamos la enmienda 220, en primer lugar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 12; en contra, 125; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Podemos votar ahora las números 221 y 224.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 11; en contra, 226; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda 223.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 112; en contra, 125; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
restaría por votar la número 283, que sometemos seguidamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 121; en contra, 113; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, enmiendas 128 a 133 y 166 a 184, que
sometemos seguidamente a votación. (El señor Sanz Cebrián pide la
palabra.) Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada e individualizada de las números 171 y 173.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 171 en primer lugar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 100; en contra, 127; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 173.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 101; en contra, 126; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las demás enmiendas de este Grupo Parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 106; en contra, 125; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 325, 330, 333, 338, 339 y 340, del Grupo Parlamentario
Socialista. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
El Senador Ortiz tiene la palabra.
El señor ORTIZ PEREZ: señor Presidente, solicitamos votación separada de
la enmienda 339.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista antes enumeradas, con excepción de la enmienda número 339.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 133; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación la enmienda número 339.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 233; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A estas disposiciones se han presentado cuatro textos, con la firma de
todos los señores portavoces, cuya lectura voy a dar a continuación a
efectos de que figuren en el «Diario de Sesiones».
En primer lugar, una enmienda transaccional sobre la base de la enmienda
número 269, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió. Se propone la adición de un nuevo párrafo al final del número 5
de la disposición adicional segunda de la Ley 10/1994, de 19 de mayo,
sobre medidas urgente de Fomento de la Ocupación, con la siguiente
redacción: Igualmente recuperarán la pensión no contributiva de invalidez
durante los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.
¿Se puede aprobar por asentimiento de la Cámara (Pausa.) Así se declara.
Transaccional sobre la base de la enmienda número 276 del mismo grupo
parlamentario; una disposición adicional decimotercera (nueva) con dos
puntos. La Cámara está suficientemente informada de ello.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Transaccional sobre la base de la enmienda número 278, del mismo grupo
parlamentario. Disposición adicional (nueva): Se prorroga durante 1995
para las empresas educativas de enseñanza no reglada, el beneficio fiscal
que venían disfrutando en el Impuesto de Actividades Económicas como
consecuencia de la aplicación del apartado 2 de la disposición
transitoria tercera de la Ley 39/1988.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
(El señor Marca i Cañellas pide la palabra.) ¿Sí, Senador Marca?
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, advierto que hemos votado la
enmienda número 340, del Grupo Parlamentario Socialista, que había sido
retirada en Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señoría, es un error del «pegote». Gracias por la
advertencia, Senador.
Finalmente, vamos a someter a votación las disposiciones adicionales
decimoquinta y decimosexta, con la siguiente redacción: Por ley se
regularán los términos y condiciones en que los organismos a que se
refiere la disposición adicional cuadragésimoctava de la Ley de
Presupuesto Generales del Estado para 1986, podrán realizar aportaciones
a Mutualidades de Previsión Social o suscribir contratos de seguro en
favor de su personal a efectos del adecuado tratamiento en el Régimen
Financiero Fiscal y de Concurrencia de Pensiones Públicas.
Esta enmienda está suscrita por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Vamos a someter a votación las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias, disposiciones finales y preámbulo de esta Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 133; en contra, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
Vamos a someter a votación la Sección 01 de los Presupuestos Generales
del Estado para 1995, correspondiente a la Casa de Su Majestad el Rey.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Vamos a someter a votación la Sección 02, Cortes Generales, que tampoco
ha sido objeto de enmienda.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.--Varios señores
Senadores: ¡Sí, sí!) Así se declara.
Sometemos a votación la Sección 03, Tribunal de Cuentas. Tampoco ha sido
enmendada esta Sección.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Sometemos a votación la Sección 04, Tribunal Constitucional. No ha sido
objeto de enmiendas.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.--Varios señores
Senadores: ¡Sí, sí!) Así se declara.
Señorías, conserven sus gargantas. Tengan moderación.
Sometemos a votación la Sección 05, Consejo de Estado. Tampoco ha sido
objeto de enmiendas.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Sometemos a votación la Sección 08, Consejo General del Poder Judicial.
Esta Sección tiene la enmienda número 979, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 101; en contra, 132; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la Sección 08 del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 134; en contra, dos; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
La enmienda número 604, del Grupo Parlamentario Mixto, después de la
deliberación de la Mesa, por unanimidad y entendiendo que no se ajusta a
lo preceptuado en el Reglamento, no la sometemos a votación.
Por lo tanto, vamos a someter a votación la enmienda número 205, del
Senador Petrizán Iriarte, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 10; en contra, 226; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 345, del Senador Petrizán
Iriarte, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, tres; en contra, 227; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular quedarían por votar sus enmiendas números
980, 983 y 985, que sometemos conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 103; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 136; en contra, 102.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 13. Vamos a someter a votación las enmiendas del Senador Armas
Rodríguez, números 653, 654, 659, 672, 675 y 681. (El señor Armas
Rodríguez pide la palabra.)
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Señor Presidente, retiro en este momento la
enmienda número 654.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Sometemos a votación conjuntamente las enmiendas números 653, 659, 672,
675 y 681.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 12; en contra, 125; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Popular nos comunica que las enmiendas
individuales de sus componentes pueden ser votadas en un único acto. Por
lo tanto, sometemos a votación conjuntamente las enmiendas que las
señoras y señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular mantienen a
esta Sección 13, Ministerio de Justicia e Interior.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 107; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a someter a votación, si no hay inconveniente, las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto a esta Sección números 346, 23 a
47, así como las números 154, 157 y 347 a 360, la 632 y la 634. Respecto
a las enmiendas números 605 y 635, el criterio unánime de la Mesa es no
someterlas a votación por las razones anteriores. (El señor Granado
Martínez pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, la enmienda número 355
soporta, con la número 719, de Coalición Canaria, y la número 2.458, del
Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda de aproximación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, efectivamente es así.
La enmienda número 355 queda excluida de esta votación. (El señor Ortiz
Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, pedimos votación separada de las
enmiendas números 351, 358, 359 y 360.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas que acaba de
señalar el Senador Ortiz Pérez, que están en la memoria de todos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 103; en contra, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, cuatro; en contra, 131; abstenciones, 102.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
De las enmiendas sostenidas a esta sección por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, la número 719 queda excluida de votación
porque está en relación con una transaccional. Votamos el resto de las
enmiendas, números 716 a 729. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, pedimos votación separada de la
enmienda número 729.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos la enmienda número 729.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 111; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 11; en contra, 124; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
números 2.355, 2.356 y 2.357 no las sometemos a votación porque están en
relación con transaccionales.
La enmienda número 2.548, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, está sometida a una enmienda transaccional.
El Grupo Parlamentario Popular sostiene a esta sección las enmiendas
números 987 hasta la 1.062, que sometemos a votación agrupadamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 100; en contra, 131; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda transaccional sobre la base de las números 2.548, del
Grupo de Convergència i Unió, 355 del Grupo Mixto y 719 del Grupo de
Coalición Canaria: Adecuación, retribuciones, Cuerpo de Secretarios
Judiciales. Se trata de un alta y una baja que figuran en el texto.
Se inicia la votación. (Pausa.--El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
Perdón, señorías. No vamos a efectuar esta votación.
Tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, creo entender que vamos a someter
a votación la enmienda transaccional que tiene como soporte la número 719
del Grupo de Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: Sí, señoría, es ésa. La iba a someter a votación
porque no tiene la firma de todos los portavoces. Falta precisamente la
de su Grupo Parlamentario.
¿Necesita la Cámara que aclaremos más el contenido de la enmienda o está
claro? (Pausa.)
En ese caso, vamos a efectuar la votación.
Se somete, pues, a votación la enmienda transaccional a la Sección 13,
Servicio 02, Programa 142 A, Capítulo 1, artículo 2, concepto 01:
Adecuación, retribuciones, Cuerpo de Secretarios Judiciales. Alta de 308
millones de pesetas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 136; abstenciones, 102.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional sobre la base de la número 2.355 del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos: Ministerio de Justicia e Interior,
Servicio 05, Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, Programa 313
C, prestaciones de asistencia social, Capítulo 4, transferencias
corrientes, artículo 48, familias e instituciones sin fines de lucro,
subconcepto 481 para atenciones derivadas de la lucha contra el sida en
internos y liberados. Importe alta, 25 millones.
Tiene la firma de todos los señores portavoces a excepción del Grupo
Parlamentario Popular, por lo que la sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 137; en contra, 100; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda sobre la base de la número 2.356 del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos: Alta, Capítulo 6, inversiones reales, proyecto
8713040105, Nanclares de la Oca, incremento, de 30 a 42 millones de
pesetas.
Está suscrita por todos los portavoces a excepción del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 137; en contra, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional sobre la base de la número 2.357: Capítulo 6,
inversiones reales, proyecto 8713040115, Martutene 2, importe 11
millones, pasa de 5 a 16 millones.
Tiene la misma condición de soporte parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 135; en contra, 102; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la Sección 13 con las modificaciones ya efectuadas.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, quiero hacer constar la
corrección de un error material. En la documentación presupuestaria
consta como Centro de Estudios Judiciales el Instituto Público Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, cuya denominación ha
sido objeto de cambio en una norma que se ha aprobado en el Boletín
Oficial del Estado después de la tramitación del presupuesto.
Si no hay inconveniente, quisiéramos que esta modificación constara como
corrección de errores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, en el trámite de Comisión ya se
solventó por parte de los asistentes ese cambio de nombre. Por tanto,
creo que no tiene por qué preocuparse el Senador Granado.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, está advertido. Se lo agradezco a
los dos intervinientes. Lo tendremos en cuenta para que el texto quede
correcto.
Gracias.
Vamos a someter a votación la Sección 13 según el texto del dictamen con
las modificaciones advertidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a
favor, 133; en contra, 104; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, reanudaremos el debate a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995.
(Continuación.)
El señor PRESIDENTE: A la Sección 14 hay una primera enmienda, del Grupo
Popular, que se ha dado por defendida a lo largo de la tramitación de
este proyecto. Asimismo, se han dado por defendidas las enmiendas del
Grupo Mixto.
Por tanto, por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla
para defender las enmiendas 1.064 y 1.077.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En la intimidad de este Pleno, voy a comenzar por referirme a la enmienda
que corresponde al veto a la sección. Pretendo que este sea un debate
fundamentalmente lógico en sus argumentos y empezaré por intentar
desterrar algunos de ellos, que corresponderían a una cierta distorsión
de lo que dije. Entre los argumentos que se me ofrecieron en Comisión,
había tres puntos que eran los que, fundamentalmente, enmascaraban un
poco el carácter que, como he dicho, quiero imponer en este debate. Creo
que el argumento más lógico que podría ofrecernos el Grupo Socialista
sería el de que, necesariamente, tiene que apoyar al Gobierno, pero nunca
enmascararlo detrás de otros que, desde luego, no se corresponden con el
carácter razonable que queremos darle a todo esto. Se nos dijo que el
presupuesto de la Sección de Defensa tiene un carácter casi estrictamente
técnico --en el fondo estamos de acuerdo-- y que no hay un presupuesto
alternativo, que sería el que se derivaría de nuestras enmiendas
parciales.
Le diré, sintéticamente, que el presupuesto de esta sección tiene un
carácter, como todos los presupuestos, estrictamente político. La
decisión presupuestaria es, probablemente, la más política de todas las
decisiones y está unida a unos objetivos que, naturalmente, preceden y
son los que forman unas prioridades que se otorgan a los cuarteles
generales, que realizan el objetivo de fuerza conjunta, y ahí ellos
asumen esos objetivos que son de carácter político y los ordenan
técnicamente.
En consecuencia, tanto los objetivos como las prioridades son políticas y
emanan, fundamentalmente, de dos elementos: un acuerdo, que todos
conocemos como de Fuerzas Armadas 2000, y una Directiva de Defensa
Nacional, ambos acordados y votados en sede parlamentaria. Por tanto, no
hay duda de su carácter político.
Por otra parte, la propia dotación presupuestaria es también una decisión
del Gobierno y, en consecuencia, una decisión de política general que
decide prioridades. De esta manera, tanto objetivos como dotación
presupuestaria, todo ello político, tiene una materialización técnica,
que sería la parte que le correspondería a los cuarteles generales, junto
con el objetivo de fuerza, que sería una expresión técnica de todo ello.
En otro de los argumentos decía que en el fondo estamos de acuerdo. No
tengo ningún inconveniente en acudir al argumento del acuerdo, acuerdo en
el fondo. Nos unen, efectivamente, las decisiones políticas, lo que está
votado. Ahora bien, lo que sí nos espera --y en este caso muy
claramente-- son los medios que se utilizan para alcanzar esos objetivos,
que, naturalmente, son ambiciosos; también nos separa, en cierto modo, la
interpretación que le damos a ese acuerdo. La interpretación que da el
Grupo Parlamentario Socialista al modelo de Fuerzas Armadas 2000 es que
sería una especie de marco estático, de ponderación equiparable entre
unas partes que son completamente independientes. Quiero decir con esto
que el planteamiento que se haría es que si yo cumplo con una de las
partes, la que sea, reducción de efectivos, si voy modernizando
lentamente, si alcanzo un poco de profesionalidad, de tal manera que en
el final de ese recorrido en el año 2000 puedo encajarlas todas, he
cumplido. Nosotros damos una interpretación muy distinta. Para nosotros
es un modelo que podríamos llamar modelo horizonte del año 2000. Le
recuerdo que, como buenos machadianos que son sus señorías socialistas,
saben que el caminante cuando anda el horizonte se mueve. En el fondo es
el arquetipo simbólico del mundo occidental para acudir a la idea de
futuro. De ahí también viene la idea de progreso en este mundo
judeocristiano.
Nosotros, en este sentido, somos bastante más progresistas que sus
señorías y no lo consideramos como una meta, que sería la idea de
ustedes, sino como un hito en el camino y como un marco dinámico donde la
ponderación de sus partes no es equiparable, ni siquiera las partes son
independientes, sino que todas ellas son complementarias, es decir, que
hay que hacerlo todo a la vez, no se puede acometer por separado y luego
ensamblarlas como si se tratara de un «kit» de bricolaje. Lo que hay que
hacer es articularlo todo conjuntamente. Probablemente ésta es la razón
última y radical de nuestro veto y paradójicamente quizá para sus
señorías es precisamente nuestra propia coincidencia en el origen del
modelo de Fuerzas Armadas que nosotros vemos que no se desarrolla como
consideramos que se debería hacer. Es imposible, con el presupuesto
actual, mantener la idea de que podemos alcanzar los objetivos que se
contemplan en el acuerdo de Fuerzas Armadas 2000 si se sigue con estas
prioridades del gasto.
En consecuencia, nosotros lo que pedimos no es que se aumente el
presupuesto --somos conscientes y responsables de que estamos en un
momento difícil para la economía--, pero sí que el Gobierno estructure de
forma diferente todo el gasto y que lo ajuste más a las necesidades
reales de nuestras Fuerzas Armadas y, sobre todo, a los objetivos que
derivan de nuestro acuerdo, que es un acuerdo político, y que corresponde
a un modelo determinado. También queremos que sea el Gobierno el que lo
haga porque es él, el Ejecutivo, el responsable de cumplir este mandato
parlamentario, no es la oposición --y llego a otro de los argumentos--.
La oposición no tiene la obligación --y mi compañero, Senador Utrera, así
lo manifestó-- de presentar presupuestos alternativos. Es decir, ese
sofisma queda completamente desarticulado. Y no se puede decir,
siquiera como se dijo en el Congreso a mi compañero López Valdivielso,
que las diferencias, al final, son de un 1,4 por ciento. Realmente, lo
que mi Grupo desearía es que en esto --que todos consideramos que es una
política de Estado-- la diferencia con el Gobierno y con el Grupo que lo
sustenta fuera del cero por ciento. Y no es así, lamentablemente. Y
hacemos esfuerzos, y éste es uno más de los que hacemos, a pesar de que
corresponda al veto a la sección.
Es imposible que un grupo parlamentario, desde la oposición, que haga un
presupuesto alternativo, ni siquiera a través de enmiendas, porque carece
de la infraestructura y, además, de los datos técnicos. Olvidan, sus
señorías, naturalmente, lo que corresponde a una oposición responsable,
haciendo política de Estado y en un caso como éste, donde los asuntos son
delicados.
Yo ahora no voy a discutir en ningún momento porcentajes --como hice ya
en Comisión--, pero sí puedo decir que en pesetas constantes este
presupuesto es un 27 por ciento inferior al de 1990, por ejemplo; que con
relación al global de presupuestos es un 4,5 por ciento, y había que
tomar como base, por ejemplo, el primer año del Gobierno Socialista donde
el porcentaje era de un 10,6 o en 1990 que era del 6,86. Si, a su vez, lo
relacionamos con el PIB, ¿con qué nos encontramos? Con que en el momento
más bajo que hemos tenido, que era de un 24 por ciento, en éste
conseguimos alcanzar un 1,27, tres centésimas. Es el más bajo de todos
los presupuestos, de los aliados, con los que estamos comprometidos. No
queremos tampoco decir con esto que el presupuesto sea realmente
insuficiente, porque si no pediríamos también el aumento. Lo que sí
queremos es, primero, que se estructure bien el gasto y, por otra parte,
que se adquiera el compromiso de alcanzar en algún momento un ritmo de
crecimiento que nos lleve a un momento razonable de conseguir ese 2 por
ciento, que también figuraba dentro del acuerdo de Fuerzas Armadas 2000.
Yo no digo ya cinco años, porque realmente nos queda eso, un lustro, pero
quizá siete. El ritmo que llevamos es que nos lleva a 70 años.
No podemos admitir tampoco, por otra parte, los malabarismos porcentuales
que hace el señor Ministro diciendo: Si aquí consideráramos todo el
conjunto de los criterios OTAN, pensiones, organismos autónomos,
estaríamos en unos 65. Porque tampoco forma parte del acuerdo que está
votado en sede parlamentaria.
El señor García Vargas, además, aducía una serie de razones en las cuales
curiosamente, y creo que además, afortunadamente, en el enunciado
coincidimos. En lo que no coincidimos, al final, es en la valoración y no
vemos, además, reflejado en el presupuesto nada de ello. Había una, la
primera, que es el dato incontrovertible de la baja presupuestaria entre
1990-1993. Resulta que ahora, en el debate de estos presupuestos --desde
luego no entonces, ahora--, es cuando el señor Ministro coincide con la
valoración que el Grupo Popular hacía y decía --y lo tengo aquí
entrecomillado-- que esas bajas presupuestarias supusieron grandes
dificultades para las Fuerzas Armadas. Yo considero que tampoco se le
puede pedir más a un Ministro que tratar esto en términos eufemísticos
pero realmente lo que viene a decir es exactamente lo que nosotros
denunciábamos, que las Fuerzas Armadas están bajo mínimos operativos, y
también lo dijeron los JEME, y también se desmintió.
Entonces, nos encontramos con un presupuesto en el que se ha reconocido
públicamente que eran años difíciles y teniendo un porcentaje equivalente
al del año 1993, que es el 4,5, con tres centésimas más con respecto al
PIB, ¿consideran sus señorías, por una parte, que podemos de verdad
aliviar las dificultades que había y, por otra, que vamos a recuperar,
que es lo que realmente nos haría falta, las carencias, y todo eso sin
modificar para nada el gasto? Yo creo que el tema está claro y que esto
justifica el veto.
Con respecto al grado de operatividad, el señor Ministro ofrecía unos
parámetros completamente extraños porque, que yo sepa, el parámetro de
operatividad suele ser claro. Habitualmente se habla de parámetros de
operatividad alta, media o baja. Cuando el señor Ministro habla de una
operatividad muy estimable, ¿qué es lo que nos quiere decir en realidad?
Cuando menos, es ambiguo y, desde luego, en términos castrenses, todo lo
ambiguo es desastroso, porque una orden ambigua es lo que lleva a la
derrota.
El señor Ministro nos hablaba también de que el presupuesto mantiene un
equilibrio, cosa que no es cierta. No es cierta porque el equilibrio del
señor Ministro es que, por una parte, el gasto de personal se lleva un 53
por ciento --que, en realidad, es un 53,47--, mientras que, en el
segundo, que es el del material, se lleva un 47 por ciento, que sería ya
escaso. Con ese sentido del equilibrio yo creo que, aunque siempre está
en la cuerda floja, el señor Ministro se puede caer como un mal
funambulista. Porque, por otra parte, lo que es evidente es que, en estos
presupuestos, la alimentación de tropa, por ejemplo, figura en el
Capítulo 2, cuando siempre lo ha hecho en el Capítulo 1. Si figurara
donde lo ha venido haciendo de forma habitual, pasaríamos de ese 53 del
señor Ministro, o del 53,47 que decía yo, a un 56,55 real, lo cual nos
coloca en una distorsión completamente alejada de los criterios
internacionales, en los que se habla habitualmente de un 60 por ciento en
material y un 40 por ciento en personal.
Con respecto al Capítulo 2 --y tampoco confundamos todo esto con el
aspecto del órgano central, que es a lo que nos estamos refiriendo--, he
de decir que los gastos corrientes y los servicios se incrementan un 4,5
por ciento, y aquí están también los créditos de alimentación. Quiere
decir que, si han tenido en cuenta la inflación prevista, esto supone que
lo que ocurre es que, simplemente, se mantienen, y esto produce, además,
mayor envejecimiento del material, mayor deterioro y menor operatividad.
La tercera razón para el ligero aumento presupuestario que hemos tenido
eran los compromisos internacionales, porque el señor Ministro
consideraba --y en esto estamos completamente de acuerdo-- que la
política de defensa también forma parte y es complementaria de la
política exterior. A mí me complace coincidir con el señor Ministro y con
el Grupo Parlamentario Socialista, lo que me preocupa es que hayan
tardado doce años en darse cuenta de eso, y lo que lamento es el tiempo
perdido y lo que espero es que
eso, en breve, lo mantengan vivo cuando estén en los bancos de la
oposición, y apoyen exactamente eso.
Quiero decir que esa concatenación de envejecimiento, mantenimiento
insuficiente, deterioro del material, al final, lo que produce, es un
incremento de la peligrosidad en el manejo, que se combina, además, con
disminuciones de adiestramiento e instrucción del personal. Ya les he
dicho que la instrucción del personal es absolutamente asombrosa, porque
son 700 pesetas por hombre al año. Todo esto, además, se coloca en
contraposición con la que yo me atrevería a calificar de insensata
política a una especie de tendencia compulsiva que ahora tiene el
Gobierno a participar, sin definir previamente con claridad los
intereses, en cualquier misión: de la ONU, de la OTAN, de la UE, de la
UEO, la CSCE, y comprometer incluso nuestra única división en el
Eurocorp, de talÉ
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Soravilla, el horizonte
se ha movido: la luz está roja.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
En este caso me quedan bastantes cosas en el tintero, pero creo que con
estos argumentos sería suficiente para dar una idea de que lo que
nosotros pretendemos es, sencillamente, que se reestructure el gasto de
forma que, coincidiendo en enunciados generales de los objetivos, vemos
que no se podrán cumplir de otra manera.
En consecuencia, en este mismo acto, y puesto que me falta tiempo, doy
por defendidas todas las enmiendas, sobre todo aquellas que se refieren
al satélite y al Servicio Militar en cuanto al haber en mano.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a contestar al veto que el Partido Popular tiene a la
Sección 14. Me alegra mucho el tono con el que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular se ha manifestado y ha analizado, creo que en
profundidad, esta sección en el breve tiempo que tenemos para su estudio
y discusión.
Coincido con el Senador Soravilla en que lo que aquí estamos discutiendo
es una propuesta política. En efecto no todas las propuestas políticas
tienen aspectos técnicos, que deben desarrollarse, pero en su origen y en
su definición son propuestas políticas y, como consecuencia, tienen un
debate político y una discusión política. Si partimos del hecho de que su
Grupo y el mío pertenecen a una comunidad política, he de decirle que
asumimos, en lo relativo a la propuesta de modelo de Fuerzas Armadas para
el año 2000 en la que estamos trabajando, muchos de los planteamientos,
que usted hacía, y yo personalmente los asumo. Usted hacía una referencia
machadiana cuando hablaba del camino al andar y del horizonte. Creo que
todos tenemos que reconocer que, a veces, se nos mueve el horizonte.
Ustedes han hecho en este debate presupuestario una comparación
permanente con el presupuesto de 1990. Quiero recordarles que en ese
momento ese presupuesto no estaba condicionado por una serie de
acontecimientos, si bien es verdad que se discutió meses después de la
caída del Muro de Berlín. No obstante, la doctrina militar que inspira
las nuevas dimensiones de la política de defensa y seguridad, que viene
impulsándose en los países homologables al nuestro y de los que somos
aliados, ha venido cambiando posteriormente a la discusión del
presupuesto de 1990.
Es evidente que el horizonte debe moverse con nosotros; y en ese sentido
cuando ustedes hacen esa comparación, yo creo que han obviado que ese
presupuesto se debe a una coyuntura política distinta de la actual, a una
coyuntura política acorde con una doctrina militar que inspiraba,
lógicamente, los presupuestos de España y de otros países homologables al
nuestro y totalmente distinta. Y es verdad, podemos hacer comparaciones y
todavía pueden resultar más fuertes con el presupuesto del año 1977.
El presupuesto de Defensa del año 1977 suponía, comparándolo con el
presupuesto del Estado, y todos tenemos la documentación que nos ha
remitido el Gobierno, el 16,3 por ciento de los Presupuestos Generales
del Estado. Creo que la sociedad española, la sociedad actual, la
sociedad de 1994-1995 no aceptaría de ninguna manera que el 16 por ciento
de los Presupuestos Generales del Estado se atribuyeran al Ministerio de
Defensa o a la Sección 14.
En esto estamos absolutamente de acuerdo. Hay una serie de prioridades
que, en general, aceptamos. No obstante, aunque haya prioridades en el
gasto, que el Gobierno tiene la obligación de establecer a la hora de
desarrollar una política general para el país, también debe atribuirse a
la Sección 14 una importancia determinada en función del momento político
y de la situación internacional, puesto que esta sección tiene mucho que
ver con la misma. De ahí se deriva la construcción y la definición de
este presupuesto. Por eso, yo decía que estamos de acuerdo, teniendo
desacuerdos, con la posición que el Grupo Parlamentario Popular mantiene
en relación con el veto. Ya dije en la Comisión que los encuentros son
mayores que los desencuentros. De que eso sea así me alegraba yo en la
Comisión, me alegro también en este momento y creo que debemos alegrarnos
todos.
Si analizamos el presupuesto de Defensa tenemos que tener muy en cuenta,
volviendo a Machado nuevamente, el movimiento del horizonte. Y, a veces,
no lo tenemos en cuenta cuando se hacen comparaciones en este debate,
aquí y en el Congreso de los Diputados; no lo tiene en cuenta el Grupo
Parlamentario Popular cuando lo compara con el presupuesto de 1990.
Coincidimos con ustedes en que éstos son unos presupuestos austeros, como
en años anteriores, aunque menos que en esos años de 1990 a 1993, a los
que hacía referencia su señoría. Crece más que la media del gasto del
Estado, con un incremento del 7,6 por ciento, frente al 4,83 por ciento
del resto de las partidas presupuestarias que estamos discutiendo ahora,
y creo que este incremento se
debe a razones evidentes que el Grupo Parlamentario Socialista y el
Gobierno estamos explicando y que creo que también se entienden por parte
del Grupo Parlamentario Popular.
El fuerte decremento de los años anteriores hace, obviamente, que no sean
sostenibles las necesidades de la Sección 14 en materia de defensa y
seguridad. Por lo tanto, es el momento de producir un incremento con
mayor fuerza, en función también de la situación económica de España, que
permite ese crecimiento.
Por otra parte, existe el compromiso de llevar a la práctica este modelo
de Fuerzas Armadas. Como su señoría decía anteriormente, no se puede
asumir ese nuevo modelo de Fuerzas Armadas en el primer presupuesto; en
1992 no se podía introducir el modelo de pronto. Es un modelo que hay que
ir introduciendo progresivamente, y además en su momento se estableció un
proceso para que ese modelo se fuera ajustando con el funcionamiento de
nuestras Fuerzas Armadas.
Es evidente que tenemos que responder a los compromisos de España, cada
vez mayores, importantes, obviamente. Por lo tanto, los presupuestos
también hacen referencia a esos compromisos mayores, que yo no diría que
se adquieren de buenas a primeras, sino que estamos obligados a asumirlos
en función de nuestra participación en organizaciones como pueden ser la
Alianza Atlántica y la UEO, y, en definitiva, del hecho de compartir con
nuestros aliados en Europa una serie de posiciones de política
internacional de defensa y seguridad. Por tanto, en función de esos
compromisos tienen que adaptarse los créditos presupuestarios.
Finalmente, debemos hacer un esfuerzo desde el Ministerio de Defensa, y
me consta que el Grupo Parlamentario Popular así lo ha venido
manifestando en las pasadas comparecencias en la Comisión de Defensa, e
incluso recientemente pidió una comparecencia de las autoridades del
Ministerio para hablar de la política industrial. En efecto, también en
estos presupuestos contemplamos un avance, en la medida de nuestras
posibilidades, para que los problemas industriales creados en el sector
de la defensa vayan aliviándose en ámbitos tan importantes como el
aeronáutico, electrónica, sector naval, armamento convencional y otros.
Yo diría que éstas son las razones del incremento de estos presupuestos.
Creo, por lo tanto, que hay un cambio de tendencia en los presupuestos,
obligado por la situación económica y también porque las necesidades en
materia de defensa venían contempladas por el compromiso del modelo de
Fuerzas Armadas 2000, y también para asumir unos grandes objetivos que en
este sentido tiene marcados el Gobierno y que tenemos la obligación,
lógicamente, de defender: aplicación de este modelo de Fuerzas Armadas
con el incremento de los profesionales correspondiente. En esto también
coincidimos con la preocupación manifestada por su grupo parlamentario,
que se contempla en los créditos correspondientes con un incremento de
las retribuciones y gratificaciones para la tropa de reemplazo y la
unificación de retribuciones de los soldados profesionales,
equiparándolos con el grupo D de las Administraciones del Estado. Yo creo
que éste es uno de los compromisos que debe dotarse presupuestariamente
con dichos créditos.
Por otra parte, en cuanto a la mejora del adiestramiento de nuestras
Fuerzas Armadas, hablamos con frecuencia de la operatividad, que es una
preocupación de todos los que creemos en unas Fuerzas Armadas más
flexibles, más ágiles, más operativas, en definitiva, que sirvan mejor
los objetivos que tienen asignadas en materia de defensa y seguridad.
Por tanto, la mejora del adiestramiento da lugar a que aumenten las
partidas de funcionamiento y combustible, que es una de las cuestiones
que nos preocupaba en años anteriores, incluso alguna vez se ha hecho, y
no precisamente en las Cámaras, alguna chanza en relación con las
carencias de aprovisionamiento de algunas de las unidades de nuestras
Fuerzas Armadas. Creo que este presupuesto garantiza este
aprovisionamiento. Por consiguiente, la mejora del adiestramiento se
garantiza con un aumento importante del 11,4 por ciento en estas
partidas.
Por otra parte, se sigue impulsando la modernización de nuestras Fuerzas
Armadas, con un incremento del 12 por ciento en la partida
presupuestaria, lo que supone un aumento considerable que puede ser mayor
--hablábamos de ello en la Comisión--, hasta un 20 por ciento, en cuanto
que algunos contratos-programa establecidos con las empresas
suministradoras pueden aumentar el gasto.
Por consiguiente, los créditos destinados a modernización de nuestras
Fuerzas Armadas van en una doble dimensión: por una parte, en que vamos a
avanzar más este año en esa mejora, en esa modernización, en esos medios,
en definitiva, y, por otra, en mejorar la situación de nuestra industria
de defensa. Eso es posible porque los contratos-programa van a tener una
dimensión determinada a lo largo de 1995 y, en función de esa agilidad,
de esa dimensión --yo creo que es una previsión positiva que su Grupo
Parlamentario aplaude siempre que los controles sean los que deben
establecerse, que es una preocupación que ustedes han manifestado, aunque
yo pienso que esto va a estar garantizado-- podremos posibilitar el
avance en esas dos dimensiones a las que hacía referencia con
anterioridad.
Por tanto, crece más el capítulo de modernización que ningún otro de los
capítulos de este presupuesto. Y el programa de adquisiciones, no
solamente de cara al año 1995, sino en años sucesivos, va a permitir que
haya un aligeramiento y un avance real en un proceso de modernización tan
importante.
Entendemos, por consiguiente, que estos presupuestos, lo reconocemos,
siguen siendo austeros. No olvidemos que representan el 4,5 por ciento
del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. Siguen siendo unos
presupuestos, comparativamente con los países de nuestro entorno, bajos.
Sin embargo, creo que son unos presupuestos racionales y ajustados a las
necesidades que tenemos en este momento y, sobre todo, que están en
disposición de mejorar en los próximos años, con una coyuntura económica
que va en avance, como hemos visto en el debate de totalidad de los
presupuestos, tanto desde los escaños de mi grupo parlamentario como de
otros grupos parlamentarios.
Además, pensamos que este presupuesto consolida la operatividad
demostrada por nuestras Fuerzas Armadas durante 1994. Es verdad que la
operatividad no se puede medir de forma ambigua, ni se pueden utilizar
términos ambiguos; o es operativo un ejército o no lo es o lo es a
medias, incluso se puede valorar de esta forma. Pero la verdad sea dicha,
cuando nuestras Fuerzas Armadas han tenido que responder a retos, yo creo
que importantes y en este momento estamos respondiendo a estos retos, lo
han hecho adecuadamente, incluso en condiciones de igualdad o superiores
a las Fuerzas Armadas de países que en teoría tienen una mayor
operatividad.
El Ministro hacía referencia a ello en el debate de presupuestos, pero
eso es una realidad y usted ha sido testigo de ello porque asistió al
ejercicio Tramontana, realizado recientemente. Ha habido una altísima
participación de nuestras Fuerzas Armadas en un ejercicio combinado y
conjunto muy importante, y la participación española no ha sido pequeña,
sino que ha sido importante en relación con los efectivos, con los
medios. Esa participación ha demostrado la gran capacidad y preparación
que tienen esas Fuerzas Armadas, esos medios con los que cuentan las
Fuerzas Armadas para realizar ejercicios de ese tipo. No olvidemos que en
este momento tenemos una de las representaciones más importantes en el
ámbito del conflicto de Bosnia-Herzegovina; no solamente tenemos a
nuestros soldados en el territorio, sino que incluso tenemos una parte
importante de la flota que está en vías de participar en maniobras en ese
ámbito.
Quiero decirles, señorías, que creo sinceramente que la operatividad de
nuestras Fuerzas Armadas está en un buen nivel. Tampoco podemos
compararnos con Fuerzas Armadas que tienen una habitualidad a la hora de
contrastar esa operatividad en confrontaciones determinadas, e incluso en
actuaciones de cara a evitar esa conflictividad a través de una serie de
operaciones con otros países, como puede ser el Reino Unido, como puede
ser Francia o como pueden ser, incluso, los Estados Unidos. Sin embargo,
a diferencia de lo que ocurría hace varios años, en este momento creo que
tenemos unas Fuerzas Armadas con la suficiente capacidad operativa, por
la preparación y por la capacidad de algunas unidades, y esto se puede
contrastar en operaciones muy determinadas que tenemos en nuestra mente y
que, además, conocemos perfectamente.
Por otra parte, hablando del equilibrio de los gastos de personal y de
los gastos de material, ese 50 por ciento es el ideal. Usted me cifraba
el ideal en el 40-60 por ciento; me parece difícil pensar en este ideal
en este momento, cuando estamos conformando un modelo de Fuerzas Armadas
2000 en el que, además, tenemos que hacer un enorme esfuerzo
presupuestario para aumentar la profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas. Es el mayor esfuerzo; es decir, el reto mayor que en este
momento tenemos es precisamente el aumento de nuestros profesionales de
las Fuerzas Armadas con los costes que ello conlleva. Bien es verdad que
tenemos compromisos en relación con la mejora del material y con la
modernización, pero, modestamente, como portavoz de mi grupo
parlamentario, me atrevería a decir que con el 50 por ciento me daría por
muy satisfecho, sobre todo a la vista de los retos y de los compromisos
que tenemos en ese modelo de Fuerzas Armadas al que nos dirigimos.
Finalmente, creo que también debemos valorar otro aspecto importante en
función de cómo se aplica un presupuesto. El presupuesto del año 1994 va
a tener una aplicación que satisface perfectamente a nuestro grupo
parlamentario. Es una aplicación de cumplimiento de los compromisos muy
alta, posiblemente del 99 por ciento, y yo espero que se mantenga ese
nivel al que ha llegado el ámbito de aplicación del presupuesto, que es
el de nuestras Fuerzas Armadas y del órgano correspondiente; un ámbito
que a través de la racionalización, austeridad y eficacia permite aplicar
los recursos que las Cortes Generales facilitamos para que el Ministerio
de Defensa pueda aplicar las políticas que decidimos los parlamentarios
y, por supuesto, el Gobierno de la nación. En ese sentido, estoy
enormemente satisfecho por la capacidad de cumplimiento del ejercicio
presupuestario y, por lo tanto, creo que es uno de los aspectos
importantes a discutir.
En lo que se refiere a la inversión, tengo que decirle que hay un
importante crecimiento de la inversión en modernización y mantenimiento,
fundamentalmente en el Ejército de Tierra y en el Ejército del Aire el 13
y el 14 por ciento respectivamente. Creo que incluso puede aumentar, como
decíamos anteriormente, en función de los contratos-programa y de cómo se
vayan aplicando los créditos.
En este momento podemos decir con satisfacción que hay ámbitos del
presupuesto que crecen en las inversiones previstas en aeronaves,
adquisición de aviones F-1, previsión de adquisición de cazabombarderos,
modernización del Hércules, mayor anualidad para el Harrier de la Armada,
mayor anualidad en cazaminas y buques anfibios, si bien hay que reconocer
que en la Armada este presupuesto está bajando, porque hemos cubierto
perfectamente los objetivos en los presupuestos anteriores. Se produce un
crecimiento de material convencional para el Ejército de Tierra en
carros, vehículos de rueda, blindados de cadenas, entre otros programas
importantes, de los que tan necesitado estaba el Ejército de Tierra.
Lamentablemente, y porque hemos terminado una serie de programas, decrece
el presupuesto en inversiones en buques...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se ha terminado su
tiempo.
El señor DIEZ GONZALEZ: Otra de las preocupaciones que su señoría ha
manifestado en la Comisión, aunque no la ha mencionado en este Pleno, se
refiere a los misiles. Las inversiones en misiles bajan de forma notable
en los créditos correspondientes al presupuesto que estamos discutiendo
en este momento porque los programas correspondientes se han ido
agotando. Creo que en ese sentido hay una cobertura perfecta de las
previsiones y, sobre todo, por lo que se refiere a la responsabilidad del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, se apuesta por un modelo
de Fuerzas Armadas que, a nuestro juicio, en las líneas que le he
manifestado, se cubre perfectamente.
Quiero agradecer también el tono con que este portavoz, como es su
costumbre, ha discutido esta Sección, pero, sobre todo, también el haber
podido encontrar puntos de coincidencia, hecho que nos alegra.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Saben ustedes que es misión de un servidor el controlar los tiempos. Pero
creo que ustedes agradecerán mañana por la tarde el que lo haya
controlado bien. Y en cierto sentido creo que estoy luchando por el
interés general de todos ustedes, con la conciencia de que hablando
brevemente también se pueden decir muchas cosas. En este sentido, les
instaría a que así se hiciera, sin entrometerme, lógicamente, en la
libertad que tienen ustedes como Senadores de esta Cámara.
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente voy a hacer un recorrido por los puntos a que se ha referido
el portavoz socialista.
En primer lugar, estamos de acuerdo en el compromiso que se adquirió en
el año 1991. En 1990, como saben sus señorías, se anunció un plan
estratégico conjunto; todavía lo estamos esperando. Naturalmente, ya he
dicho que el muro había caído y no hay ningún inconveniente en poder
avanzar también en eso. Da la sensación de que se está refiriendo a los
dividendos de paz. Como sabe su señoría, nosotros no hemos hecho
inversiones de paz y, en consecuencia, difícilmente se pueden obtener
dividendos.
Por otra parte, en ningún momento he esperado ni he pedido un aumento
presupuestario. Simplemente, nos hemos referido a reordenación de esos
créditos. Pero, hablando del horizonte --y si entramos en mística,
hagámoslo en mística sufí--, hablemos del horizonte interior y del
horizonte exterior o internacional. El horizonte internacional se mueve
involuntariamente por nuestra parte, pero también en el aspecto interior
tenemos un horizonte que ahora mismo motiva el debate social, y lo que
espera la sociedad de nosotros, por otra parte, es alguna retribución que
no sea tan discriminatoria como la que han establecido para los soldados
de reemplazo del servicio militar obligatorio, que era uno de los bloques
a que iban dirigidos nuestros cambios en las distintas partidas.
En cuanto a porcentajes, crecimiento, etcétera, estamos de acuerdo,
porque no lo podemos discutir y lo aceptamos en su momento. Sin embargo,
lo que no aceptamos es que esos porcentajes crezcan por encima en el
órgano central. Como ya hemos dicho, estamos de acuerdo en el modelo de
Fuerzas Armadas, pero sigo insistiendo en que --por lo que su señoría ha
dicho-- para ustedes es un marco fijo, y no lo ajustan salvo en el marco
fijo, que es el horizonte 2000, lo que para nosotros es simplemente un
hito en un camino.
Estamos de acuerdo también con los compromisos internacionales, pero
todos los países definen previamente, cuando adquieren esos compromisos,
los propios intereses, y me da la sensación de que el Gobierno socialista
no tiene claramente definidos los intereses nacionales. En consecuencia,
el Gobierno --diríamos en términos vulgares-- se apunta a un bombardeo.
Política industrial: respecto al incumplimiento de aquel prometido 95 por
ciento de nacionalización de adquisiciones, vemos con asombro que el 22
por ciento son contratos al exterior y no hay ley-programa. De la Ley de
Dotaciones no hablamos porque lo hicimos en otras ocasiones y sabemos que
ha quedado completamente incumplida.
Respecto de la profesionalización, por una parte es escasa y, por otra,
estamos en una coyuntura favorable para crear dicha profesionalización.
En la operatividad sigue siendo tan ambiguo como el señor Ministro; me
dice: «buen nivel». No, no; lo que queremos saber es si es alta, media o
baja. No hay otro nivel. No nos sirve un «bueno». No podemos hacer nada
con ambigüedades. Desde luego, esto ni consolida ni alivia ni hará que
podamos recuperar la operatividad. Pero es que el señor Ministro nos
decía esto y resulta que cuando han transcurrido los años es cuando
reconoce con nosotros que se pasaron momentos muy difíciles, con lo que
nos quedamos con la misma duda.
En cuanto a inversiones y modernización, donde parece --y entrecomillo--
que el Ejército de Tierra queda beneficiado, todos sabemos que el
Ejército de Tierra va a tener una determinada dimensión que viene
condicionada por un Plan Norte del que tampoco tenemos la seguridad de
que se pueda cumplir, a la vista de los presupuestos. Pero lo que
nosotros nos preguntamos en otro de los bloques de enmiendas es qué
necesidad tenemos de estar modernizando unos carros de combate como los
M-60 y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de conseguir los Leopard
que, dicho sea de paso, pudimos hacerlo en otro momento con mejores
condiciones y en mejor situación y no lo hicimos por una «esfinge»
política que se llama Narcís Serra. Y ahora lo estamos haciendo. ¿Qué
necesidad tenemos de acumular carros de combate si, por el contrario,
podemos desarrollar el vehículo de infantería, que cumple una serie de
necesidades urgentes de la infantería y que, además, es un requisito
imprescindible, como todos sabemos, para favorecer la exportación y la
venta de ese determinado vehículo? ¿Cómo podemos pensar que vamos a
vender en el exterior un vehículo del que ni siquiera nosotros estamos
dotados? Nosotros lo que decimos no es: olvidémosnos de la modernización.
No. Lo que nosotros decimos es: ralenticemos. Vamos a acompasar esa
modernización; vamos a ver qué ocurre con los Leopard y, a continuación,
haremos todo lo demás.
En el tema del 50 por ciento y 50 por ciento, el famoso «fifty-fifty», a
la vista de lo que está ocurriendo, yo me
conformaría. Pero en este momento puedo decirle que no es equilibrar el
presupuesto. El ideal de los criterios internacionales es 40-60, y no hay
duda ninguna de que es lo que está recomendado. Y nosotros estamos
seguros de que todo esto supone un enorme esfuerzo; pero parte de ese
esfuerzo hay que hacerlo donde sus señorías jamás lo han hecho, limitando
la dimensión...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig). Senador Soravilla, ha terminado
su tiempo.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Termino, señor Presidente.
Decía que el esfuerzo hay que hacerlo limitando la dimensión burocrática,
lo que denominábamos la megalocefalia del órgano central. Y no lo hacen.
En cuanto al nivel de ejecución del presupuesto del año 1994, para no
alargarme, me remito a los datos que ofrecí en Comisión, que son una
razón más para afirmar que este presupuesto es muy poco creíble.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Los dividendos para la paz. Creo que los dividendos de la paz, si
repasamos un poco la serie estadística de los presupuestos de Defensa de
1977 a 1995, los observamos tranquilamente. Es decir, si en el año 1977
el presupuesto de Defensa era el 16,3 por ciento de los Presupuestos
Generales del Estado y en este momento es el 4,5 por ciento, creo que esa
diferencia se está invirtiendo en otros ámbitos. (El señor Soravilla
Fernández hace signos negativos.) Me dice su señoría que no desde el
escaño. Si teníamos unas Fuerzas Armadas en el año 1984 con 375.000
hombres --entonces no había mujeres en las Fuerzas Armadas-- y, en este
momento, vamos hacia un horizonte que es prácticamente la mitad, creo que
se demuestra que hay un avance y que hay unos dividendos para la paz.
En efecto, existe una distribución de créditos que antes se asignaban a
la Sección 14 y que ahora no van asignados a ella. Lo que yo creo es que
nos hemos adelantado bastante a esa nueva distribución porque, en efecto,
los países de nuestro ámbito --nuestros aliados, por decirlo de alguna
manera-- han comenzado a disminuir los presupuestos de Defensa con
posterioridad a las decisiones que tomó el Gobierno socialista a partir
del año 1983-1984, que es cuando se produjeron los bajones más
importantes. Aquí están las series históricas de los presupuestos desde
el año 1977, y lo podemos comprobar.
En resumen, y por no entrar en el debate que apuntaba el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular --que me ha abierto una serie de frentes, me
ha hecho un fuego graneado, aunque sigo pensando, como le dije en la
Comisión, que es un fuego graneado de salvas--, creo que estos
presupuestos responden a los retos que en este momento tiene nuestra
Defensa, nuestras Fuerzas Armadas; es un presupuesto encajado en las
posibilidades económicas de los Presupuestos Generales del Estado y, por
lo tanto, está dentro de la lógica de lo que los Presupuestos Generales
del Estado destinan para el año 1995. Es un presupuesto austero si lo
comparamos, en efecto, con los países del entorno OTAN, y, por lo tanto,
es racionalizador de los recursos y de los créditos que tenemos para que
nuestras responsabilidades puedan ser cubiertas. Puede recuperar
parcialmente el decremento de años anteriores, y se demuestra que así se
hace; alivia las dificultades internas de funcionamiento de nuestras
Fuerzas Armadas, y las alivia bastante --su señoría es consciente de que
es así--, y con el mismo se materializa y consolida el nuevo modelo de
Fuerzas Armadas. Avanzamos hacia ese horizonte móvil --porque yo coincido
con su señoría en que el horizonte es móvil-- obligados por los
acontecimientos, y podremos afrontar con éxito, como hasta ahora, los
compromisos internacionales, a los que España no se apunta como a un
bombardeo, sino que son compromisos inherentes a nuestras
responsabilidades en organizaciones internacionales: en las Naciones
Unidas, en la Alianza Atlántica, en la UEO, de las que hemos estado fuera
mucho tiempo, lamentablemente, porque estando en ellas podemos tener por
primera vez una política de defensa y seguridad compartida con otros
países, lo que nos obliga a responder a nuestras obligaciones. En
definitiva, creemos que estos presupuestos responden a esos criterios y a
uno más: la responsabilidad que tenemos con nuestra industria de la
defensa, en lo que también --y en eso coincido con su señoría-- debemos
avanzar, para que nuestra industria de la defensa sea la destinataria del
mayor porcentaje posible de nuestra dependencia en materia de defensa, en
este momento cifrado en un 85 por ciento de lo que representan los
créditos presupuestarios para 1995.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas presentadas a la
Sección 15, de Economía y Hacienda.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda que presenta a título
personal el señor Garzarán García, tiene la palabra el Senador Pérez
Villar.
El señor PEREZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas a título personal del Grupo Parlamentario Popular se dan
por defendidas en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig). Muchas gracias, señoría.
A continuación, enmiendas números 189, 380 y 381, del Grupo Parlamentario
Mixto. Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas con las motivaciones que fueron
argumentadas en Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig). Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas números 730 y 731, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el
Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Consideramos que estas dos enmiendas son bastante importantes para una
serie de islas eminentemente agrícolas, como El Hierro, una parte de
Tenerife y La Palma, porque en virtud de unos programas europeos nuestros
agricultores se pueden acoger a una serie de subvenciones y ayudas, pero
sin tener elaborado el catastro no pueden acceder a ellas. Por tanto, es
imprescindible que se acaben estos trabajos. Creemos que esas cantidades
que hemos puesto son las indicadas.
Si se quiere que una parte de nuestros agricultores se puedan acoger a
las ayudas europeas, tendremos que acabar los trabajos catastrales que se
indican en estas dos enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el
Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero comunicar a esta Presidencia que nuestra enmienda
queda retirada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
A continuación viene el debate de las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular con la siguiente numeración: de la 1.078 a la 1.118.
Tiene la palabra el Senador Pérez Villar.
El señor PEREZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Procuraré aplicar la eficacia porque estamos en la sección de economía y
cumpliré con los tiempos.
Se trata de cuarenta y una enmiendas, por lo que no me puedo referir a
todas ellas.
La primera es una enmienda a la totalidad. Del resto se pueden hacer dos
grandes grupos. El primero va destinado a enmendar algunos programas
concretos y el segundo grupo intenta la contención del gasto corriente en
aras de intentar reducir el déficit público.
¿Por qué presentamos la enmienda número 1.078 a la totalidad? Como todas
sus señorías saben, el Ministerio de Economía y Hacienda --ya lo hemos
hablado suficientemente en Comisión-- es el Ministerio encargado de
elaborar, de dirigir, de gestar de alguna forma el presupuesto, además de
que es el que marca los criterios, filtra y controla después su gestión.
Pues bien, siendo el Ministerio que más responsabilidad tiene en la
elaboración de los presupuestos, y dado que, como sus señorías saben, el
resto de las secciones contiene una serie de malas técnicas de
presupuestación, ¿qué menos podemos hacer si no presentar una enmienda a
la totalidad de la Sección 15 cuando son los propios presupuestos del
Ministerio de Hacienda los peor elaborados?
Como ya dije en Comisión, me he tomado la molestia de leer el Libro Rojo
y el Verde de la Sección 15 y la de compararlos con los de 1994. Pues
bien, no cambia ni un solo programa, ni un solo objetivo, ni una sola
línea. Lo único que cambian son las cantidades.
Como ya se ha dicho, son presupuestos absolutamente inerciales. Se repite
año tras año el mismo número de altos cargos, el mismo número de
programas, quizá haya aumentado algo el número de funcionarios, y por
supuesto, las cantidades son mayores, pero ni los objetivos ni su
explicación han variado absolutamente nada.
Por tanto, no me vale que luego, cuando se presentan las enmiendas a los
artículos 10 y 11, por ejemplo, se diga que se va a controlar mucho más
el gasto, que se va a mensualizar ese control, que si hay alguna
desviación del gasto corriente o del gasto no financiero en un capítulo o
en una sección se tiene que corregir con el de otro capítulo y que si va
a haber un mayor incremento de ingresos o una mayor recaudación se va a
aplicar a reducir el déficit público.
Eso debería haberse dicho justamente en el momento de elaborar los
presupuestos. Eso debería estar escrito como un objetivo concreto del
programa de la Dirección General correspondiente. Eso no se debe decir
después de haber recibido las críticas del Fondo Monetario Internacional
o de los foros europeos. Eso hay que plasmarlo justamente cuando se van a
proyectar, cuando se van a elaborar, y cuando se van a gestar unas
cantidades, unos créditos presupuestarios importantes.
Ese es el principal motivo por el que presentamos la enmienda a la
totalidad. La presentamos justamente porque en vez de dar ejemplo, en vez
de ser ese Ministerio el motor que cuidara y se esmerara en esa
elaboración, le dan al ordenador correspondiente, le dan a los programas
correspondientes, cambian las cifras, cambian los años pero no se plasma
absolutamente nada.
Y para muestra, vale un botón. Les voy a relatar cómo cumplen los
presupuestos del Ministerio de Economía con los objetivos globales de los
presupuestos generales.
Me voy al programa 611 A. Para los que no lo sepan diré que ese programa
contiene las partidas presupuestarias del propio Ministro, de su
Subsecretario, del Secretario de Estado de Economía, del de Hacienda, de
las Direcciones Generales de Servicios, de la de Planificación y
Presupuestación y de la de Inspección.
Pues bien, señorías, el Programa 611 A, sólo este año, crece un 49,31 por
ciento. Si vamos al capítulo de personal, que sólo iba a crecer un 3,5
por ciento --o, con los deslizamientos, por debajo del 4,9 por ciento,
porque están presupuestadas las vacantes--, en el Ministerio de Economía
y Hacienda sólo crece el 14,88 por ciento.
En este mismo Programa, los gastos corrientes, como no podía ser menos
--porque el que parte y bien reparte se lleva la mejor parte--, en lugar
de crecer el 3,2 por ciento, como se fija como objetivo en los
presupuestos, en el Ministerio de Economía y Hacienda sólo crece la
insignificante cantidad de un 47 por ciento. Y este Programa sólo crece
un 49,31 por ciento en términos globales, a pesar de haber desaparecido
el Servicio 1527, el de la competencia. No quiero hacerles comparaciones,
porque los porcentajes todavía resaltarían mucho más lo que digo.
Así se hacen los presupuestos de esta sección; se sigue explicando, año
tras año, exactamente lo mismo, y ése, y no otro, es el motivo de nuestra
enmienda a la totalidad que, por supuesto, no será aceptada por el
portavoz del Grupo Socialista. Pero lo único que les pedimos es que para
el próximo año hagan el favor de definir lo que quieren hacer, cómo
quieren confeccionar los presupuestos y para qué; que intenten trasladar
lo que estamos predicando --austeridad, eficacia--, para que de una vez
por todas se acaben las disfuncionalidades entre los diferentes programas
y Direcciones Generales.
En cuanto al bloque de enmiendas a los programas --de la 1.079 a la
1.115--, como he dicho, intentamos explicar que precisamente en estas
Direcciones Generales es donde se debería aplicar la técnica
presupuestaria con mayor rigor. Y también para muestra vale un botón. La
Dirección General de Patrimonio --es decir, el Programa 612 F-- destina
el 61,5 por ciento de todo su presupuesto al Capítulo 8, de activos
financieros; es decir, la mayor parte de su presupuesto se destina a
gastos y créditos financieros. Por tanto, se destina a aquellos capítulos
que no tienen por qué crecer en la proporción ni con los objetivos que se
determinan en el presupuesto.
Pero además de hacerlo así, se hace técnicamente mal. Están dedicándose
84.220 millones para comprar ampliaciones o acciones de empresas públicas
y privadas, en lugar de destinar esas cantidades a transferencias de
capital o transferencias corrientes. Si se hiciese así, conoceríamos la
dimensión exacta del déficit de los presupuestos. Pero como se intenta
hurtar a través de estos activos financieros, nunca podremos saber cuál
es realmente el déficit que existe. Y eso, sin mencionar el atropello que
se comete, porque las mismas partidas unas veces se presupuestan en la
Dirección General de Patrimonio y otras, precisamente en la Sección 31,
en los gastos de diversos Ministerios, para las mismas sociedades, los
mismos objetivos y para, en definitiva, seguir creando mayor confusión y
desorden. E insisto: eso ocurre, precisamente, en la Dirección General de
Patrimonio.
Por otro lado, qué quieren que les diga del programa de planificación.
¿Quieren que les recuerde el programa de convergencia? En aras de la
eficacia a la que me he referido, lo dejaremos, y así iremos con mayor
velocidad.
Asimismo, al resto de los programas --el de previsión económica, el de
política general, etcétera-- tenemos que presentar necesariamente
enmiendas, como al programa de estadística, porque lo único que se hace
es incrementar las partidas sin haber justificado el porqué del cambio de
los objetivos, como he dicho. Pero, sobre todo, no se explica cuál fue y
en qué consistió el gasto del año anterior.
Por último, quiero referirme a la enmienda en estos programas a la
Dirección General de Tributos, porque ¿para qué quieren mayores
cantidades si ustedes siguen evaluando el fraude en las mismas cifras?
Supera los tres billones, superó los tres billones y seguirá superando
los tres billones. Para eso queremos más presupuestos y para eso, desde
luego, no hay por qué fijar otros objetivos.
La enmienda número 1.116 pretende suprimir un alto cargo. Ponemos al
Secretario General de Planificación por poner alguno, porque lo que les
estamos diciendo una y otra vez es que se analice para qué tanto alto
cargo y cuál es su función. No entendemos el porqué de que exista una
partida presupuestaria para el Secretario General de Planificación cuando
existe un Director General de Planificación y, si alguien quiere
coordinar, que coordine el Secretario de Estado.
Respecto a la enmienda número 1.117, queremos que disminuya el concepto
de gastos financieros, porque no entendemos que existan pasivos
financieros. Por tanto, sobra ese concepto en esas cantidades.
Por último, la enmienda número 1.118 es de adición. Pretende crear un
nuevo programa, que falta le hace a esta Sección. El programa lo
denominamos «Simplificación de los procedimientos y métodos de la
Administración». Lo dotamos con cien millones, ustedes lo pueden dotar
con la cifra que quieran, pero es hora de que se empiece a analizar cuál
es la cantidad de tiempo que se pierde y cuál es la economía que se puede
producir si se agilizan las gestiones administrativas. Si los ciudadanos
de este país en vez de estar pleiteando todo el día con la Administración
Central se dedican a trabajar, seguramente conseguiríamos algo, ahorro y,
por supuesto, mayor competitividad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Pérez Villar.
El Senador Segura tiene la palabra para turno en contra.
El señor SEGURA CLAVEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, este interviniente por el Grupo
Parlamentario Socialista va a consumir el turno en contra, tanto al veto
a la totalidad de esta Sección como a cada una de las enmiendas
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Como primera medida, quisiera indicarle al Senador Travieso, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, que el Grupo Parlamentario
Socialista va a apoyar la enmienda número 731, que supone una aportación
de 14 millones de pesetas para el correspondiente proyecto, al que él
hizo referencia, de elaboración de cartografía para el catastro de
urbana, por cuanto estimamos que es un paso adelante, dinámico, que es
menester hacer a efectos de que los agricultores canarios puedan acogerse
a tantas ayudas comunitarias recogidas como consecuencia del ingreso en
la Política Agraria Común de sectores productivos canarios,
específicamente el sector platanero.
La enmienda número 730 va a ser objeto de una transacción que le
ofertaremos dentro de unos minutos a los diferentes grupos, aportando
para la partida correspondiente 25 millones de pesetas.
El Grupo Parlamentario Popular, a través del Senador Pérez Villar, ha
hecho referencia a que fundamentalmente, el Departamento de Economía y
Hacienda del Gobierno tiene que ejercer un papel ejemplarizante como
consecuencia de que constituye un Ministerio vertebrador de la política
económica, fiscal y financiera del Gobierno. En efecto, desarrolla este
papel ejemplarizante por cuanto creemos que la política de austeridad y
de contención del gasto, que ha propugnado el Ministro de Economía y
Hacienda en ambas Cámaras, se recoge claramente en los contenidos de esta
Sección.
Señorías, como primera medida nosotros quisiéramos destacar que los
diferentes contenidos de esta sección responden a esa política. En el año
1994 el Ministerio ya realizó todo un serio esfuerzo de contención y
racionalización de los gastos de manera tal que la previsión de
liquidación de los gastos no financieros de 1994 se sitúa en estas fechas
en el 22 por ciento de reducción respecto a lo gastado en el año 1993.
Son datos realmente significativos. Nosotros quisiéramos también destacar
que el presupuesto no financiero del Departamento del Ministerio de
Economía va esencialmente destinado a financiar los propios gastos de
funcionamiento, y por lo que se refiere a gastos de personal se produce
un incremento del 2,5 por ciento que constituye una tasa inferior al
crecimiento del 3,5, acordado con los sindicatos y que se recoge en el
proyecto de Presupuestos que estamos debatiendo, con una menor
contratación como consecuencia de la reducción de la oferta pública de
empleo.
También quisiéramos destacar que los gastos corrientes en bienes y
servicios experimentan un crecimiento de un 2,1 por ciento en términos
relativos, pero una disminución absoluta de más de 5.000 millones de
pesetas si lo comparamos con la previsión que se va a producir de la
liquidación de 1994. Esta reducción viene a constituir casi un 30 por
ciento.
Asimismo, quisiéramos poner de relieve que las transferencias corrientes
del Departamento crecen únicamente un 4 por ciento y el 3,5 por ciento se
dedican a la Agencia Tributaria y al Instituto Nacional de Estadística,
como consecuencia fundamentalmente de gastos de personal y una subida muy
fuerte, de 1.600 millones, en las cuotas obligatorias de participación
del Estado español en organismos internacionales, como consecuencia de
que anteriormente estas cuotas eran pagadas por el Banco de España y, sin
embargo, hoy en día, como consecuencia de la Ley que las Cortes Generales
dieron al Banco de España para un ejercicio de su autonomía, corresponde
a la estructura del Estado español.
Señorías, voy a hacer referencia a algunas de las partidas a las que el
Senador Pérez Villar se ha remitido con anterioridad, y también indicaré
que en algunas de ellas aparece la prestación de servicios, absolutamente
inédito en la Administración pública española, y me referiré a ellas muy
brevemente.
Señorías, nosotros quisiéramos indicar al Grupo Parlamentario Popular, y
específicamente y de manera concreta al Senador Pérez Villar que ha
intervenido en nombre del Grupo Popular, que las diferentes enmiendas que
han presentado, todas ellas están signadas por la característica común de
la petición de la retirada de los contenidos de la sección a la cual se
ha presentado la enmienda y una crítica demasiado lacerada al mecanismo
de funcionamiento.
En efecto, su señoría ha hecho una referencia a gastos superfluos e
innecesarios a cada uno de los correspondientes epígrafes. Se me ocurre
referirme a uno sólo, al Programa 611 A, Dirección y Servicios generales
de Economía y Hacienda, Servicio 20, Secretaría de Estado de Economía. El
total de dotación es de 15.847 millones de pesetas que es una parte
integrante de ese incremento de casi un 40 ó 40 y pico por ciento, al que
su señoría ha hecho referencia. Si lee, en efecto, los epígrafes
correspondientes, encontrará, por ejemplo, uno muy singular, que a mí
particularmente como Senador por una de las Islas de la Comunidad Canaria
me resulta muy sugestivo. Aparece una partida inédita, nueva, singular,
de 750 millones de pesetas como aportación inicial al funcionamiento de
la Zona Especial Canarias, de la zona ZEC, recogida en uno de los títulos
de la Ley de Modificación del Régimen Económico Fiscal, Ley 19/1991, de 6
de julio. Por primera vez en España va a existir una especie --y lo digo
entrecomilladamente-- de zona «off-shore» a través de la cual, y de los
mecanismos que se establezcan, se va a potenciar la economía de nuestro
país y, de forma singular, de la economía de la Comunidad Canaria. Es una
zona especial común que tendrá que ser regida por un consorcio que, a su
vez, estará dirigido --reitero-- por un órgano rector que necesitará de
una aportación dineraria. Esta es una aportación nueva, por consiguiente,
hay ya un incremento de 750 millones de pesetas en valores absolutos con
respecto a años anteriores.
Señoría, tengo en mis manos, como es lógico, la contestación más o menos
rigurosa, desde nuestra perspectiva, de cada una de las enmiendas a las
que usted ha hecho referencia: de la enmienda número 1.090, al Programa
612-B, planificación, presupuestación y política fiscal; de la enmienda
número 1.093, a la Secretaría General Técnica, dentro del Programa 611.A,
dirección y servicios generales, y tenemos el soporte necesario que
justifica la necesidad de los contenidos recogidos en esos servicios y en
los correspondientes subconceptos.
Y respondiendo en esta sección a la fase en la que nos encontramos en
este debate parlamentario, me parece que sería innecesariamente tedioso
que argumentase a su señoría lo que el Grupo Parlamentario Socialista
estima como absolutamente imprescindible: el mantenimiento de los
contenidos cuantificados en cada uno de los epígrafes de la sección 15,
por lo que voy a aliviar a la Cámara de ese tedio y a reiterar que nos
encontramos a la disposición de sus señorías para que, una vez finalizado
el debate, le demos este soporte, y que hoy no tengan todas sus señorías
que soportar --usando la misma terminología-- intervenciones reiteradas.
En suma, el Grupo Parlamentario Socialista defiende en todos sus términos
los contenidos de la sección 15.
Muchas gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno de portavoces, y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra
el Senador Travieso Darias, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la
aceptación de la enmienda número 731, en su importe total.
También deseo manifestar que, por supuesto, vamos a aceptar la
transaccional, qué remedio nos queda. Menos da una piedra. Consideramos
que éstas no son las cantidades necesarias para terminar esos trabajos,
porque las cantidades que nosotros teníamos previstas estaban bastante
ajustadas por técnicos en la materia que los cuantificaron en las
cantidades que figuran en la enmienda.
Quería añadir también que no se comprende esta rebaja en el sentido de
que esto no supone un incremento de gastos, sino sólo cambiar las
prioridades del Servicio del Catastro. Se quitan de un servicio y se
ponen en otro, precisamente en una situación en la que está justificada
esa prioridad porque, con independencia de que sea conveniente agilizar
todos los trabajos del catastro en todos los sitios, ahí tiene unas
connotaciones, unas repercusiones que influyen en forma negativa sobre
determinados ciudadanos.
Por último, deseo decirle que, aunque esas cantidades no cubran las
nuestras, lo entendemos como el espíritu del Grupo Parlamentario
Socialista y del Gobierno de acabar esos trabajos en las fechas previstas
o que se solicitan por los ciudadanos que están demandando la realización
de esa actualización y conservación del catastro de rústica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Pérez
Villar.
El señor PEREZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Le voy a dar la enhorabuena al Senador Segura porque trabajo le costó
encontrar una partida que estuviera bien ubicada. Se ha referido a la
aportación fundacional, al consorcio de la zona especial canaria, y no
será un Senador de Castilla y León el que prive a Canarias de esa
inversión real de 750 millones.
Señoría, cuando yo he hecho la crítica me refería justamente a lo
contrario, a que están mal ubicadas las partidas en activos financieros.
No me refería precisamente a la única que está ubicada perfectamente en
inversiones reales. Por lo demás, si hablar de incrementos del cuarenta y
tantos por ciento no tiene importancia en los objetivos del Ministerio de
Economía y Hacienda, dejemos que no la tenga. Pero duerma tranquilo,
señor Segura, nosotros no pretendíamos quitar de un plumazo al Ministerio
de Economía, estábamos haciéndole una crítica de cómo funcionaba; y mal
servicio le está haciendo usted a su propio Grupo y al propio Gobierno
defendiendo el funcionamiento de este servicio que es, en términos de
técnica presupuestaria, vergonzante, sonrojante y poco profesional.
Le ruego, por favor, que no vote las enmiendas, pero que le transmita a
los responsables del Ministerio de Economía que tengan mayor rigor en los
futuros presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en turno de
portavoces, el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Le indicaré en primer lugar y de manera muy breve al Senador Travieso que
cuando lea la enmienda transaccional que le hemos planteado para la
elaboración dinámica de los trabajos que es menester llevar a cabo, a
efectos de que los agricultores de la Comunidad Canaria puedan tener esos
mecanismos de acceso a las subvenciones recogidas en la política agraria
común y la necesaria clarificación de la situación catastral, no se fije
en la cuantificación de la enmienda, que se fije exclusivamente en la
voluntad política que el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta.
La voluntad política está clara. Consiguientemente, si se introduce, como
así se va a producir, fruto del debate y de la votación correspondiente
en los Presupuestos Generales del Estado del año 1995, supondrá un
mandato imperativo para el Gobierno, que vamos a preocuparnos de que siga
con el mayor interés posible.
Al Senador Pérez Villar le diré que, como los altos cargos del Ministerio
de Economía y Hacienda, los diferentes directores generales, jefes de
servicio, subdirectores generales, abogados del Estado, etcétera, leerán
su intervención, por cuanto figura recogida en el «Diario de Sesiones»
tanto en Comisión, como en Pleno, no tenga la más mínima duda de que esa
petición de rigor, esa petición de método y de racionalidad que usted
invoca, desea y pide que pongan en práctica esos altos cargos va a ser
atendida. No tenga la más mínima duda, dado que lo van a leer, y dada su
ausencia de dogmatismo, que van a intentar mejorar y, consiguientemente,
incorporar a su comportamiento técnico ese rigor.
De igual manera, Senador, que yo duermo a pierna suelta y no me producen
estos temas preocupación alguna, le invoco a que tenga esa misma actitud
que tengo yo y verá usted cómo se alcanza la felicidad durmiendo
extensamente, como lo hace este Senador que le habla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas presentadas a la Sección
17, obras públicas, transportes y medio ambiente.
Hay una primera enmienda firmada por el Senador Acacio Collado. (Pausa.)
Se comprende que todas y cada una de las enmiendas presentadas a título
personal por los diversos Senadores están ya defendidas en sus justos
términos.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, las enmiendas presentadas a la sección 17 por los
Senadores del Grupo Parlamentario Popular se dan todas por defendidas en
sus propios términos, y después se someterán a votación todas en
conjunto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría, se lo
agradezco de veras.
Por el Grupo Parlamentario Mixto se han presentado, primero, las
enmiendas del Senador Ramón i Quiles, que fueron ya defendidas también en
sus justos términos, y hay otras del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya
defensa, si no están defendidas también en sus justos términos, tiene la
palabra el Senador Armas. Son las enmiendas números 655, 657, 660, 666,
668 y 671.
Tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Efectivamente, ésas son las enmiendas, que se
refieren a diferentes obras en la isla de Lanzarote.
La enmienda número 655 se refiere a mejoras en las dependencias de
correos en Arrecife de Lanzarote. Es un edificio ya bastante antiguo, y
necesita una serie de remodelaciones para hacerlo más operativo.
Con la enmienda número 657 solicitamos 1.000 millones de pesetas para el
paseo marítimo de Arrecife, que es también de una importancia vital para
la capital de la isla.
En la enmienda número 660 solicitamos 200 millones para la regeneración
de playas, también en Arrecife. Hay determinadas playas en nuestra
capital que necesitan ser regeneradas, sobre todo por la polución que se
genera en el puerto comercial, dado que se trata de la única zona en la
que existen dos playas en las que está prohibido el baño. Sería
conveniente realizar una inversión para preservarlas de los efectos de
los vertidos que se efectúan en la zona portuaria.
En la enmienda número 666 se pide la creación de una planta de reciclaje
de papel. Lanzarote, después de ser nombrada como reserva mundial de la
biosfera, está necesitada de proyectos como el consistente en la creación
de una planta de reciclaje de papel, con el objetivo de incrementar las
medidas encaminadas a concienciar a la población y a los visitantes de la
necesidad de reciclar el papel para aminorar las pérdidas de bosque en
otras zonas del planeta.
Se piden también 15 millones de pesetas para un plan director del
aeropuerto de Lanzarote, que se considera bastante necesario puesto que
se están haciendo obras de un gran volumen, y sería interesante contar
con este plan director.
Se pide también una subvención de 1.000 millones de pesetas al transporte
marítimo de mercancías, para la compensación por la lejanía e
insularidad, y por lo tanto en cumplimiento del artículo 138.1 de la
Constitución, en el que se especifica con claridad que el Estado
garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado
en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español, y atendiendo en particular a la circunstancia del
hecho insular.
Quisiera aprovechar, señor Presidente, esta intervención para dar por
defendidas el resto de enmiendas que tengo presentadas a esta Ley de
Presupuestos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría, se
tendrá en cuenta a lo largo de lo que resta de debate.
A continuación, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
puede defender las enmiendas números 732 a 746.
Tiene la palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Puedo defenderlas y voy a defenderlas.
A esta Sección, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
presenta 15 enmiendas, de la 732 a la 746, ambas inclusive, que
básicamente se refieren a inversiones en costas, en correos, subvenciones
al Plan especial de infraestructuras de áreas turísticas y al transporte
marítimo y aéreo de mercancías Península-Canarias y aunque en la defensa
global no nos refiramos concretamente a cada una de ellas, las doy todas
por defendidas.
A la espera del estudio que se está realizando por el organismo autónomo
de Correos para los territorios insulares, producto de una moción
defendida por este Senador, solicitamos una serie de inversiones para las
oficinas de correos en la isla de Fuerteventura y, en concreto, para
Morro Jable, Corralejo, Puerto del Rosario y Gran Tarajal. En los dos
primeros, se solicita la construcción de nuevos edificios, para lo cual
las respectivas corporaciones locales ya han cedido el suelo. Y en los
otros dos, se solicita reformar los muy deficientes que existen, en algún
caso con peligro para la salud y la vida de los funcionarios, que aunque
está anunciado que se van a realizar, no lo hemos visto reflejado en los
presupuestos.
Con respecto al tema de costas, nuestras siete enmiendas, por importe de
1.350 millones de pesetas, tratan de paliar o equilibrar dos cuestiones
que se reflejan año tras año en los presupuestos.
La primera, es la discriminación que hace más de una década está
sufriendo Canarias con las inversiones en costas, que con 1.500
kilómetros de costas de los 7.800 que tiene el Estado, lo cual representa
un 20 por ciento, ha recibido auténticas miserias en este tipo de
inversiones, muy inferiores a otras Comunidades con mucha menos costa y
con muchas menos necesidades, porque Canarias, aparte de la gran cantidad
de costa que tiene, repito, tiene una presión demográfica y urbanística
sobre las mismas como nadie y es uno de los activos más importantes que
tenemos para mantener nuestra industria turística, nuestro monocultivo
moderno que, repito, representa casi un 80 por ciento de nuestro PIB.
La segunda es la política que muchos llaman sectaria y clientelista.
Nosotros decimos que es una forma peculiar de entender los repartos que
desde el Gobierno socialista se realiza con este tipo de inversiones en
el archipiélago canario. Entendemos que esto supone un uso político
descarado de unos presupuestos y hay que reírse de los peces de colores.
En nuestra Comunidad, según información mandada a destiempo por el
Ministerio, están previstos proyectos por importe de 17.000 millones (no,
por supuesto, de estos presupuestos, sino de otros muchos atrás, que ésa
es otra, porque las obras se proyectan o se presupuestan pero no se
ejecutan), y el 80 por ciento se destina a actuaciones en ayuntamientos
de Gobierno socialista, sin seguir ningún criterio de población, ni de
importancia turística, ni de dependencia de la costa y, pensamos, que el
único mérito es tener un alcalde socialista.
Por ejemplo, en la isla de La Palma, todas las actuaciones están en
ayuntamientos socialistas. La capital, la ciudad más importante, que no
depende de un alcalde socialista, sigue históricamente marginada.
En La Gomera, todas las actuaciones en ayuntamientos socialistas. El
municipio con más costa también está marginado.
En El Hierro, todas las actuaciones en el ayuntamiento socialista. El
otro, porque tiene dos, no existe, por lo visto.
En Tenerife, más del 90 por ciento de las actuaciones en ayuntamientos
socialistas, y los otros sin ningún proyecto o participación
presupuestaria. El 10 por ciento se destina para los dos municipios más
poblados, que no son socialistas, como es la capital, Santa Cruz, a la
que van 180 millones, y La Laguna.
En Gran Canaria, todos los ayuntamientos socialistas con costa tienen
actuación. Es la isla donde los ayuntamientos de otro color político
tienen alguna actuación más, entre otras cosas por el famoso equilibrio
provincial, ya que allí está muy mal visto repartir cantidades muy
diferenciadas de una provincia a otra. Y a su vez, por la propia
importancia turística que puedan tener ayuntamientos como el de San
Bartolomé, Tirajana y Mogán.
En Fuerteventura, con el 3 por ciento de las costas de España y el 20 por
ciento de las de Canarias, Costas ha invertido 75 millones en diez años y
además para demoler, eso de paseos marítimos o regeneración de espacios
naturales, nada de nada. Actualmente está prevista la mayoría de lo que
hay, según la información que nos han dado, para el único ayuntamiento
socialista y el resto fue producto de una enmienda nuestra aceptada en
los anteriores presupuestos.
En Lanzarote, casi todo para los ayuntamientos socialistas, salvo 80
millones para el Charco de los Clicos, que es la actuación más solicitada
históricamente en dicha isla en materia de costas.
Pensamos que ya está bien de esta discriminación. Solicitamos actuaciones
en una serie de playas, reductos y saladares, que vienen reflejadas en el
tenor de nuestras enmiendas.
También tenemos una enmienda para que el Estado colabore con el Plan
especial de Infraestructura de Areas Turísticas, para dar cumplimiento a
lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/1994,
de Modificación de los aspectos económicos del REF, en la que claramente
se especifica que la Administración Central del Estado, en colaboración
con la Comunidad Autónoma Canaria, elaborará un plan especial de
infraestructuras en las áreas turísticas que servirá de base para un
programa de inversiones públicas que permita alcanzar el nivel de calidad
necesario del sector.
Por último, tenemos una enmienda para incrementar la partida destinada a
subvencionar el transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la
Península y Canarias, así como el de entre islas y el de exportación a
países extranjeros, de acuerdo con la legislación vigente, ya que es
claramente insuficiente lo que está presupuestado, máxime si se tiene en
cuenta que no se ha incrementado respecto a lo consignado el pasado año.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos a la Sección 17 se pueden agrupar en tres apartados.
En primer lugar, las que se refieren al aspecto concreto de
infraestructuras; en segundo lugar, al programa «Código» y, en tercer
lugar, una serie de enmiendas diversas que defenderé.
Entrando en el primero de los puntos citados, el ámbito de las
infraestructuras, quisiera resaltar ante esta Cámara que nuestro Partido
y Grupo Parlamentario da una gran importancia al desarrollo de las
infraestructuras. Creemos que en esto coincidimos con el Programa de la
Unión Europea, con las Redes Europeas de Transportes y, en definitiva,
con todo el proyecto que a tal efecto ha presentado en los diversos
Consejos Europeos el Presidente Delors. En este sentido, nosotros
mantenemos dos enmiendas; en primer lugar, solicitamos una participación
en la financiación del Metro de Bilbao, que se encuentra dentro de los
Presupuestos Generales del Estado y, en segundo lugar, para la autopista
Urbina-Maltzaga.
Tal como decía, para nosotros las infraestructuras representan uno de los
puntos fundamentales para relanzar la economía del País Vasco y para
colocar a la Comunidad Autónoma Vasca en un lugar de competitividad de
cara al siglo XXI. A nadie se le oculta la importancia que tiene el
aspecto de las infraestructuras y, desde luego, el Gobierno
vasco ha hecho una gran apuesta en este sentido --el Plan Europa-93,
liderado por el lehendakari Ardanza-- y todo el esfuerzo --dentro de lo
que se denomina a nivel de la Unión Europea el Arco Atlántico-- por
impulsar esa zona que corre un grave riesgo en estos momentos de ser
marginada dentro del desarrollo de la Unión Europea, de ser una zona
marginal, máxime con la posible ampliación de la Unión Europea a tres
nuevos Estados.
He dicho también que mantenemos dos enmiendas que consideramos
importantes en relación al Programa «Código». La primera es la número
2.365, que afecta en concreto a la Comunidad Foral de Navarra, cuyo
planteamiento es la necesidad de proceder a la supresión de pasos a nivel
en dicha Comunidad Foral. No me voy a extender en los problemas que
existen allí a este respecto, pero quienes viven allí lo conocen muy bien
y, en consecuencia, nosotros solicitamos disminuir el Presupuesto por la
necesidad de reconsiderar las transferencias de capital a Renfe para
saneamiento a la deuda.
La segunda de las enmiendas referentes al programa «Código» es la número
2.366, por la cual solicitamos urbanizar el Camino de La Galea, en el
municipio de Guecho, Vizcaya, con el objetivo de mejorar la calidad
medioambiental en la costa, rehabilitando el borde marítimo y permitiendo
de esta forma garantizar su uso y su utilización de forma acorde con esa
naturaleza que tiene, en una zona caracterizada por una alta densidad de
población, que se va incrementando día a día y de intensa presión
socio-demográfica. En consecuencia, solicitamos una disminución por la
necesidad de reconsiderar la compensación a Renfe.
El tercer capítulo de enmiendas que decía son de diverso tipo. En primer
lugar, la número 2.360 se refiere al aspecto de salvamento marítimo. En
este sentido, quisiera recordar ante esta Cámara que las Comunidades
Autónomas, o al menos algunas Comunidades Autónomas, vienen también
realizando en distancias cortas operaciones de salvamento marítimo, en
una zona de menos de 15 millas náuticas, donde, por otro lado, se
realiza, tal y como vemos en las estadísticas, el mayor número de
salvamentos.
En consecuencia, con nuestra enmienda pretendemos potenciar esta
actividad mediante la transferencia de capital por parte del Estado a las
Comunidades Autónomas que se dedican a esta actividad, pudiendo
mantenerse la sociedad estatal sobradamente con una cantidad que podría
oscilar entre los 5.500 y 6.000 millones de pesetas.
La enmienda 2.363 se refiere a todo el tema de las inversiones en costas
y nosotros la planteamos en el sentido de que consideramos que es
necesaria la realización de un convenio con las Comunidades Autónomas,
costeras por supuesto, para la ejecución de la política de inversiones en
esta materia, que podría ser llevada a cabo de la siguiente forma: un 50
por ciento las Comunidades Autónomas y un 50 por ciento el MOPT.
Finalmente, la última enmienda, la 2.364, que mantenemos a esta Sección
está relacionada con la Escuela de Administración Marítima. Consideramos
que la Dirección General de Marina Mercante ha venido financiando en
anteriores ejercicios el Instituto Europeo de Estudios Marítimos. En la
actualidad, la única escuela de formación de posgrado que existe al
respecto es la Escuela de Administración Marítima, que lleva, además,
diez años ejerciendo ya. Y entre las carencias de la formación marítima
se halla la de simulación de maniobras, precisándose de un simulador
adecuado. Por tanto, nosotros presentamos esta enmienda en esa dirección.
Y vuelvo a resaltar, tal y como he dicho al principio, que en estos
momentos es la única escuela de Administración que existe al respecto y
ya cuenta con una tradición.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la Sección 17.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Popular, las números 1.119 a 1.371, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a la Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un veto a la
totalidad, enmienda número 1.119, y enmiendas de veto a una serie de
programas, tales como el 521 B, de ordenación de las comunicaciones y
gestión del espectro radioeléctrico, 551 B, meteorología, así como el
organismo 242, Correos y Telégrafos, y a los anexos de inversiones
reales. Igualmente se han presentado las enmiendas números 1.124 a 1.371,
es decir, 247 enmiendas, unas de supresión, otras de modificación y otras
de adición. Además de estas enmiendas de mi grupo, los Senadores del
Grupo Parlamentario Popular han presentado 312 enmiendas individuales
dirigidas al Capítulo 6, Inversiones.
Lo primero que habría que señalar, señores Senadores, sería la
preocupación de nuestro grupo por esta Sección, las ganas que hemos
tenido de enriquecerla y el gran trabajo y estudio que hemos realizado
del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. También quiero
señalar, señorías, la falta de flexibilidad del Grupo Parlamentario
Socialista, que en Ponencia y en Comisión no ha incorporado ninguna de
estas enmiendas, hablando tan sólo de transaccionar una o dos de ellas,
lo cual dice muy poco de esa política, no ya de respeto porque,
indudablemente, la democracia es la democracia, pero sí de tener en
cuenta las opiniones de las minorías, a las que se niega el pan y la sal
sin hacer caso a lo que muchas veces son más que justas reivindicaciones.
Hace unos días, el lunes pasado, el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista manifestaba, en la defensa que efectuó en contra
de la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que no entendía cómo a los
demás grupos les molestaban los acuerdos con otros grupos políticos. Y a
ello habría que contestar que la palabra malestar no es la más adecuada,
ya que lo que nos preocupa
es lo que pudiera suponer que el Gobierno inclinara inversiones hacia
determinadas zonas del país olvidando a las demás, aceptando enmiendas
del mismo fondo y forma que las 312 presentadas por los señores Senadores
del Grupo Parlamentario Popular y ampliando más, en contra del mandato
constitucional, los desequilibrios territoriales entre las diversas
regiones de España. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la
Presidencia.)
La Sección 17, señorías, ha sido impugnada por el Grupo Parlamentario
Popular por considerar que no es el presupuesto que en este momento
necesita nuestra nación. Consideramos que el presupuesto de la Sección 17
presenta una estructura administrativa excesiva. Hacemos aquí mención
específica al Capítulo 1, Personal, y solicitamos la bajada de rango de
más de 50 directores generales que nuestro grupo estima que deben tener
un nivel inferior, tratando así de adecuarnos a las necesidades actuales
de España en unos momentos de fuerte crisis y de graves dificultades y
generando un ahorro más importante cualitativa que cuantitativamente.
También en este mismo Capítulo encontramos en el presupuesto que presenta
el Gobierno gastos, a nuestro juicio, indebidamente computados que sería
necesario reordenar. Por otra parte, nos extraña que el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente no aproveche como debería
hacerlo la prestigiosa plantilla de técnicos que posee, viendo extrañados
cómo sacan a la calle estudios, informes, proyectos que, a nuestro
juicio, podrían ser redactados por los mismos.
Consideramos, señorías, que la Sección 17 contiene enormes ambigüedades,
inconcreciones en sus objetivos y en las consignaciones. En dicho
presupuesto no existe una adecuada correspondencia entre el aumento de
los gastos y el de las inversiones, basando la gestión, como decimos, en
unos recursos humanos escasamente aprovechados.
No existe, por otra parte, correspondencia en el coste total de los
proyectos de inversión, como hemos podido comprobar al estudiar la
documentación, los libros entregados por el Ministerio de Economía y
Hacienda, ya que la suma de las cantidades de los mismos, en las partes
del proyecto ya realizadas y ejecutadas --cuando se trata de proyectos
plurianuales-- y las que faltan por realizar, no cuadran en las sumas de
que disponíamos con anterioridad.
Estos presupuestos, señores Senadores, son insuficientes en áreas muy
concretas. Podríamos analizar cada una de ellas, como la ferroviaria, en
la que, a nuestro juicio, las cantidades presupuestadas son escasas y no
cubrirán los niveles de mantenimiento de infraestructura, las demandas
que actualmente tiene la sociedad española y otras demandas potenciales.
Ya en el debate que tuvimos en esta misma Cámara con motivo de la
presentación del PDI hablábamos de la discriminación que podían sufrir,
en lo que se refiere a estructuras ferroviarias, las zonas del norte,
noroeste y oeste de España y, desgraciadamente, estos presupuestos,
señorías, nos vienen a dar la razón. Además, este presupuesto de Obras
Públicas de la Sección 17 olvida numerosos proyectos anunciados por el
Gobierno y planes diversos que han sido objeto de protagonismo en esta
Cámara en comparecencias del señor Ministro, anunciados a bombo y
platillo y de los que casi nunca más se supo.
Hay otros planes que si bien tienen presencia en los presupuestos lo
hacen de forma muy discreta y moderada, con cantidades que, a nuestro
juicio, son insuficientes teniendo en cuenta cuáles son las perspectivas
futuras en relación con los proyectos y la situación de las
infraestructuras en España, cuando todos reconocen que estamos a un 60
por ciento de la media de los países comunitarios y cuando también todos
reconocemos que es necesario hacer un esfuerzo extraordinario, en
especial en el capítulo 6, en orden a lograr un mayor grado de
inversiones que nos permitan acortar el tiempo previsto para igualarnos
en infraestructuras a la media comunitaria.
Por otra parte, señorías, encontramos numerosas contradicciones en este
presupuesto que estamos debatiendo, tales como haber hablado durante
mucho tiempo y en esta Cámara de la liberalización de las comunicaciones,
y encontrarnos con que para el período 1995-1997 no existe reflejo alguno
en el mismo. Contradicción también entre las cifras que se manejan: aquí
se presentó un plan de empresa de Correos en octubre de 1992 y los datos
presupuestarios que acompañarían a este plan de empresa, que no coinciden
para nada con los que en estos momentos se presentan, en especial las
cantidades presupuestadas para los déficit de explotación. No nos parecen
correctos una serie de superproyectos incluidos en el programa 551-B, ya
que estimamos que se han presupuestado cantidades excesivas, con las que,
lógicamente, no coincidimos, así como tampoco nos parece acertado
adquirir equipos que creemos que no son necesarios teniendo en cuenta la
existencia de otros en ese servicio que no han alcanzado todavía su plena
utilización.
Señorías, no hay que olvidar que estamos hablando de la sección más
inversora de los Presupuestos del Estado y que es necesario, por tanto,
cuidar lo que realmente nos interesa en esta sección: el Anexo de
inversiones reales, que, a nuestro juicio, presenta numerosas
incongruencias, tales como no corresponder en muchos casos el coste total
de los proyectos a la suma de los costes anuales correspondientes; por
otra parte, nos parece que se incorporan proyectos con una misma
denominación pero con coste distinto en cada uno de los ejercicios
presupuestarios, aunque estos ejercicios presupuestaros sean
consecutivos; asimismo, en el Anexo de inversiones reales no coincide el
período de iniciación y finalización de los proyectos con los años para
los que se asigna la dotación, e importante cuando estamos hablando en
una Cámara territorializada como el Senado es que no se regionalice el
mencionado Anexo de inversiones de una manera adecuada. Son, por tanto,
estas razones las que van justificando las enmiendas de veto que presenta
el Grupo Parlamentario Popular a la sección 17, avaladas, por otra parte,
como hemos dicho, por 559 enmiendas parciales, que dicen mucho de lo que
nos parece la misma.
Señorías, a nosotros nos gustaría generar un ahorro importante en el
capítulo 1, como hemos señalado, ya que existe, a nuestro juicio, exceso
de altos cargos y, por otra
parte, hay partidas en el presupuesto --por ejemplo, una de 100 millones
de pesetas para gratificaciones-- que no sabemos a qué y a quiénes irán a
premiar; creo que la palabra gratificación es muy abstracta y los
presupuestos tienen que tener una concreción importante. Asimismo,
existen en el presupuesto gastos de muy difícil explicación, máxime en
una situación de crisis como la actual; algunos, vuelvo a repetir, de una
inconcreción absoluta y de un control imposible por parte de las Cámaras,
tales como aquellos que figuran bajo la simple denominación de «otros» u
«otros suministros» y que ascienden a la respetable cifra de más de 1.000
millones de pesetas, o los que se refieren a gastos de carácter
inmaterial, presupuestados también en más de 1.000 millones de pesetas.
Yo creo que tiene que haber una mayor concreción en el gasto para
posibilitar, precisamente, el control y el conocimiento del mismo, y no
llegar a situaciones desagradables como las que a posteriori se vienen
produciendo.
Señorías, también nos parece mucho el gasto presupuestado, nada menos que
1.360 millones de pesetas, en gastos de teléfono, y consideramos que aquí
se tendría que hacer un esfuerzo hacia una política de mayor austeridad y
tratar de generar un ahorro. De la misma forma, nos parece excesivo el
gasto de cerca de 1.000 millones de pesetas en propaganda, protocolo y
publicidad. Por todo ello, consideramos que no es el momento de hacer una
política en cierto modo de despilfarro, una política que no esté
justificada en los momentos actuales.
Si seguimos analizando el presupuesto, vemos que hay una serie de
partidas en las que también solicitamos la baja, como, por ejemplo, en
los más de 2.000 millones de pesetas en la compra de mobiliario.
Estimamos que no es el momento para despachos de lujo sino para apretarse
el cinturón. Pero es que también en lo referente a otras adquisiciones
como, por ejemplo, las de material informático, tenemos noticia de la
infrautilización que en estos momentos existe respecto del material
adquirido ya que está arrinconado en los despachos del Ministerio sin uso
alguno. Mediante nuestras enmiendas ahorraríamos también en esta partida
más de 1.000 millones de pesetas.
Son, pues, enmiendas que generan un ahorro y que se refieren a un gasto
ordinario, a un gasto corriente. Y aunque el portavoz socialista hablaba
en Comisión de la necesidad de un gasto corriente, indudablemente debe
ser un gasto corriente moderado dada la situación que nos está tocando
vivir en estos momentos.
Aparte de estas enmiendas que supondrían ya un ahorro importante, hay
otras respecto de las que no comprendo cómo el Grupo Socialista no las va
a admitir cuando resulta que van encaminadas precisamente a ayudar a que
se cumplan compromisos contraídos por el propio Partido Socialista tales
como la potenciación de los planes de residuos industriales, convenios
con corporaciones locales en lo que se refiere a residuos sólidos
urbanos, el plan nacional de medio ambiente, tantas veces anunciado y sin
que se hayan cumplido todavía esas promesas. Como digo, son todas ellas
enmiendas lógicas y razonables que deberían haber sido objeto de una
mayor atención por parte del Grupo Socialista ya que no creo --lo digo
sinceramente, señorías-- que estén ustedes en contra, como parece que lo
están al no apoyarlas, de que pidamos un mayor presupuesto para que, por
ejemplo, nuestras ciudades sean más habitables para personas con
minusvalías físicas o para que se firmen convenios con corporaciones
locales o Comunidades Autónomas con el fin de agilizar la rehabilitación
de viviendas.
Estos presupuestos --y esto es también importante-- no toman medidas para
fomentar la búsqueda de aguas subterráneas, para acometer actuaciones de
encauzamiento de aguas, cosa tan necesaria en nuestro país, tampoco para
nuevas regulaciones o para adoptar medidas tendentes al ahorro de agua ni
para el abastecimiento de agua especialmente en zonas turísticas. En fin,
señorías, estimamos que nuestras enmiendas, de ser aceptadas,
enriquecerían el presupuesto a esta Sección 17.
Tratamos también con ellas de incentivar la investigación ecológica, de
mejorar los transportes por carretera agilizando la construcción de
algunas autovías como las de Levante, Alicante-Baeza, Bailén-Jaén-Granada
o la de Valladolid-Soria, que parece que está olvidada en estos momentos
y que propiciaría la conexión con el eje Valencia-Teruel.
Otras enmiendas que ustedes se prestan a rechazar son aquellas en las que
pedimos ayuda para subvencionar el transporte aéreo y marítimo con las
islas Canarias.
De las 554 enmiendas que hemos presentado, 196 solicitan la baja de
determinados conceptos. Cuando ustedes denuncian que todas nuestras
enmiendas tienden a aumentar los presupuestos hemos de decir, señorías,
que ello no es cierto. Las enmiendas que presenta el Grupo Popular a la
Sección 17 que suponen una determinada alta, llevan consigo la baja
correspondiente. Por tanto, estamos hablando de una mejor reordenación y
reestructuración del gasto.
Un ahorro de un gasto cercano a los 10.000 millones de pesetas supondría
precisamente la aprobación de aquellas enmiendas que suponen aceptar la
baja de todos aquellos estudios, informes y proyectos que no sean
redactados ni confeccionados por técnicos de plantilla del Ministerio, ya
que estimamos que son muchos los estudios que se sacan fuera del
departamento correspondiente y los prestigiosos técnicos del Ministerio
podrían acometerlos en una gran parte.
Señorías, el ahorro que se generaría de aceptar las enmiendas referentes
a gastos ordinarios, a gastos corrientes, supondría un montante de 20.000
millones de pesetas, cantidad que aumentaría el Capítulo 6, de
inversiones, y con la que se podrían arreglar, «grosso modo», más de mil
kilómetros de carreteras regionales y provinciales. Y no estoy hablando
de grandes autopistas o autovías. Para que se hagan idea de ello, esto
supondría dejar en perfectas condiciones más del 40 por ciento de las
carreteras de una provincia como Guadalajara, por la que soy Senador.
Espero, señores socialistas, que reflexionen. Sé que el portavoz
socialista estudia siempre con interés y no sin trabajo las enmiendas.
Pues bien, como posiblemente no se va a aceptar la enmienda de veto ya
que ello supondría la devolución de los presupuestos, lo que sí les
pedimos es
que estudien objetivamente las enmiendas restantes y que las incorporen
al presupuesto en la seguridad de que quedaría mucho mejor que el actual.
Por otra parte, deseo anunciar que nuestro Grupo va a apoyar todas
aquellas enmiendas de cualquiera de los grupos parlamentarios que
supongan una inversión en cualquier zona de España. Por eso mismo,
solicitamos de los demás grupos su apoyo para las enmiendas de nuestro
Grupo que a su vez supongan un aumento en la inversión también en
cualquier zona de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Bris.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente para 1995 representa un incremento moderado, pero
selectivo, que permite avanzar en las políticas prioritarias del Gobierno
en materias que corresponden a este Departamento.
Se ha presentado una enmienda de devolución por parte de Izquierda Unida,
y enmiendas de impugnación por el Grupo Popular. Pero creo que antes de
valorar las enmiendas y los razonamientos que se han expuesto es
conveniente aclarar unos cuantos conceptos. En primer lugar, cabe señalar
la contención que representa el crecimiento de los Capítulos 1 y 2, de
personal y gastos corrientes, que solamente aumentan el 1,57 por ciento,
dos puntos menos que el IPC previsto, aun habiendo pactado un incremento
para gastos de personal del 3,5 por ciento. Todo esto cabe considerarlo
en el mantenimiento de la inversión, con un leve crecimiento respecto del
año pasado, pero con un aumento del 16 por ciento respecto de 1993.
También vale la pena que fijemos nuestra atención en el coeficiente de
eficiencia del Departamento. El 4,78 por ciento de los recursos totales
serán consumidos por los costes internos, mientras que el 95,22 por
ciento restante irá destinado a políticas activas. Todo esto, en el
esquema general de saneamiento financiero, que ya se alcanzó en 1993. No
hay deudas derivadas de expropiaciones ni de obras. Por tanto, para
nuestro Grupo se cumple de forma suficiente el objetivo de continuar
mejorando las infraestructuras de nuestro país, con la mejora de las
carreteras y autovías, invirtiendo en ferrocarriles donde es prioritario
y recuperando las costas y regenerando las playas.
Además, este presupuesto continúa cumpliendo la labor de reequilibrio
territorial. La prueba más clara de ello es que las dos obras con mayor
dotación del presupuesto que nos ocupa son las autovías de acceso a
Galicia, con una asignación superior a los 80.000 millones, que
repercutirán en comunicar definitivamente Galicia con el resto de España.
La tercera obra con mayor dotación, con cerca de 20.000 millones, es la
autovía Bailén-Granada-Motril, en su tramo Bailén-Granada, que sin duda
alguna contribuirá a la comunicación del centro con Andalucía oriental.
Pues bien, a este presupuesto se han presentado mil enmiendas y el Grupo
Popular impugna --como ha dicho su portavoz-- los programas 521 B y 551
B, el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos y el Anexo de
inversiones reales.
La impugnación del programa de meteorología está basada,
fundamentalmente, en que se propone la compra de material nuevo, cuando
existe material en el Instituto que no está lo suficientemente explotado.
Esta es una razón válida si lo que se pretende es un ahorro, pero siempre
hay que contrastar este argumento con el de tener una maquinaria que esté
al día, que sirva para la prevención de avenidas, la predicción del
tiempo y para competir en el mercado de la información meteorológica. Por
tanto, nosotros entendemos que es absolutamente necesaria la inversión
que se propone y creemos que también lo pretende el Grupo Popular con la
enmienda 1.157, en la que plantea la mejora y el complemento de la red
foronómica y meteorológica. Está en la misma línea que nosotros
pretendemos y, por lo tanto, entendemos que el Instituto está bien
dotado.
En cuanto al Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, también merece
la impugnación, fundamentalmente porque en los presupuestos de 1995
aparece una partida para eliminar el déficit que va a tener el Organismo
Autónomo en 1995 cuando en los planes de este Organismo, presentados en
1992, se preveía que para 1995 no existiría déficit. Yo les pido a los
Senadores del Grupo Parlamentario Popular que revisen el plan de Correos
y Telégrafos y observen que la contención de gastos se ha producido en
los términos que preveía el plan de 1992 y más allá, es decir, este
déficit se produce porque no se han efectuado los ingresos que se
preveían y, por lo tanto, es verdad que es necesario aportar unos dineros
para enjugar el déficit, de la misma manera que continuamos aportando
dineros para pagar las deudas que tenía Correos con la Caja Postal o bien
con Renfe. Lo que pretendemos es que no se produzca un nuevo déficit en
el Organismo, porque nosotros continuamos apostando por el Organismo de
Correos como prestador universal del servicio postal y entendemos que
también ésta es la voluntad del Grupo Parlamentario Popular.
En cuanto al programa de ordenación de las comunicaciones, creo que
merece una reflexión. El acuerdo marco de la Comisión Europea de junio de
1993 y los de mayo y septiembre de 1994 se pueden concretar en los
siguientes objetivos: liberalizar la totalidad de los servicios de
telefonía vocal el 1.º de enero de 1998, añadiendo que los países con una
red menos dotada, entre ellos España, puedan contar con un período
adicional de cinco años; garantizar la cobertura universal del servicio
público básico definiendo sus condiciones de prestación, así como sus
mecanismos de financiación en un mercado liberalizado; y mejorar la
competitividad de las empresas mediante la oferta de los servicios de
telecomunicaciones.
De otro lado, la evolución tecnológica se orienta hacia los servicios
multimedia interactivos en redes digitales de banda ancha, que servirán
de soporte común para la voz, datos, imágenes, y que permitirán una
comunicación, tanto empresarial como de desarrollo social, enormemente
importante.
No es fácil imaginar hacia dónde evolucionará la tecnología concreta para
este desarrollo. Por esta razón, es necesario ser prudentes y tomar las
decisiones que permitan la evolución del sector.
En el acuerdo sobre política de telecomunicaciones del Consejo de
Ministros se fija que el 1.º de enero de 1998 será el límite para la
liberalización total de la telefonía vocal; que la extensión del servicio
universal por Telefónica se realizará antes del 31 de diciembre de 1996;
que la revisión del sistema tarifario se realizará evitando las
subvenciones cruzadas; que se adjudicará, antes del 31 de diciembre de
1994, la concesión de la segunda licencia de operador de telefonía móvil;
y así otros compromisos. Esta es la actividad de la Secretaría y del
programa y, por lo tanto, entendemos que está haciendo aquello que hay
que hacer, intentando evitar fracasos sonados, como los recientes de la
televisión de alta definición o del cable francés, proyectos en los que
se ha invertido mucho dinero y que están considerados ya obsoletos.
Finalmente, quiero hacer una última consideración respecto del medio
ambiente. Dos de los planes que se han pedido aquí por el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular fueron pactados y acordados en la reunión de
la Comisión sectorial celebrada en Guadalupe este otoño entre los
consejeros de las Comunidades Autónomas y el Ministerio, y se acordó un
plan de actuación que, evidentemente, modifica la situación
presupuestaria. Cabe señalar además que de los Fondos de Cohesión
llegarán el año que viene 40.000 millones para medio ambiente, y
entendemos que hay que considerar la amplitud del tema y no
exclusivamente la dotación presupuestaria.
El Partido Popular presenta además un conjunto de enmiendas con la
voluntad de disminuir gastos o de reordenar la adscripción
presupuestaria. Se repiten bastantes de las enmiendas del año anterior,
entre las que se encuentran la redistribución del Capítulo 1 entre
distintos servicios, cuando están todos concentrados en la Dirección
General de Recursos Humanos. La razón de que estén todos concentrados en
la Dirección General de Recursos Humanos no es otra que una razón de
economía de gastos, porque entendemos que se facilita y abarata la
gestión. También propone, como el año anterior, la supresión de unas
direcciones generales de los presidentes de las Confederaciones
Hidrográficas y de los Puertos del Estado y de los delegados de las
concesionarias de autopistas, que entendemos que también son necesarias.
Además presentan un conjunto de más de 200 enmiendas en las que se
proponen bajas en unas partidas del presupuesto de gastos que consideran
innecesarias. Son también enmiendas ya clásicas que se basan, sobre todo,
en los estudios y proyectos, ya que considera el Grupo Popular que los
servicios del Ministerio están infrautilizados y que sería suficiente
para redactar los proyectos, para revisar y controlar las obras y para
realizar los estudios necesarios para planificar la puesta en marcha de
la actividad del Ministerio. Esto no es así, y cabe afirmar que si no se
contratan estas tareas habría que incrementar necesariamente el Capítulo
1, y para mantenerlas en las buenas condiciones de inversión sería
necesario aumentarlo sensiblemente. Yo les pido que comparen la relación
de eficiencia entre el Ministerio y otras instituciones y gobiernos con
capacidad inversora, y comprobarán que la relación que se propone no es
desproporcionada, por lo que entendemos que hay que mantenerla.
Entran, además, en la contradicción de sostener enmiendas que piden
estudios y proyectos con dotación en el Capítulo 6. Por lo tanto, se está
proponiendo que se gaste dinero en los conceptos que se pretenden
recortar. Además, en varias de las enmiendas, pero en una muy claramente
de las que el Partido Popular propone, la 1.162, se solicita un alta en
acondicionamiento por valor de 3.981 millones, y entre las enmiendas
1.152, 1.153, 1.159 y la misma 1.162 se propone una baja en este mismo
superproyecto por valor de 4.200 millones. Lo mismo ocurre con la
enmienda 1.161; por lo tanto, entendemos que no se pueden aceptar estas
enmiendas.
El resto de enmiendas son comunes a todos los grupos. Empezaré
refiriéndome a las que se han defendido y anunciaré la aceptación de unas
transacciones tanto al Grupo independiente de Lanzarote como al Grupo de
Coalición Canaria.
Las enmiendas de los Senadores Nacionalistas Vascos se basan
fundamentalmente en transferencias a la Comunidad Autónoma, y saben que
no es criterio de este Grupo y, por lo tanto, no las vamos a apoyar.
En cuanto a la enmienda que hace referencia a los pasos a nivel de
Navarra, hay unos cuantos pasos a nivel contemplados dentro de la
estructura global del Ministerio como supresión de pasos a nivel.
Se ha acusado al Grupo Socialista desde esta tribuna, hace un momento,
por parte del portavoz del Grupo Popular de falta de sensibilidad. Yo
creo que hay que hacer una primera lectura de las enmiendas que se
presentan. El 60 por ciento de las enmiendas que se han presentado para
cosas concretas, las conocidas como enmiendas de campanario, a la Sección
17 tienen dotación presupuestaria concreta con nombres y apellidos en el
proyecto de presupuestos en el denostado Anexo de inversiones reales. Y
más de una tercera parte están contempladas en actuaciones globales
dentro del Ministerio. Por ejemplo, cuando se pide mejora o ahorro de
agua para tales regadíos, éstos están contemplados dentro de los regadíos
de la cuenca correspondiente. Por lo tanto, nos encontramos con que lo
que pretende la mayoría de estas enmiendas es acelerar una inversión que
ha sido planificada en unos términos de tiempo distintos de los que
proponen las enmiendas que se han presentado. La mayoría de ellas, aun
con la sensibilidad a tope, no se podrían aceptar, porque significaría
quebrar el tiempo de realización de las obras.
De una manera general, creo que es necesario hacer una reflexión sobre el
ferrocarril dado que entendemos que éste va a realizar en el futuro
únicamente tres funciones: el transporte de mucha gente a pequeñas
distancias en las cercanías de las grandes ciudades; el transporte de
poca gente a grandes distancias y a gran velocidad; y el transporte de
mercancías. Y desde nuestro punto de vista, el proyecto de presupuestos
contempla estas inversiones; contempla el corredor mediterráneo a una
velocidad de
200/220 kilómetros por hora; contempla las cercanías de Madrid, de
Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Oviedo, de Gijón y de Córdoba;
contempla la «Y» navarra y vasca expresamente, con conexión con el
corredor del Ebro; contempla el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona;
y contempla también el acceso desde Madrid al norte y al noroeste. Por
consiguiente, entendemos que se está cumpliendo las prioridades que debe
tener cualquier inversión en ferrocarril.
Creo que merece una mención especial la estación depuradora de aguas
residuales de Logroño, dado que hay tres grupos que han presentado la
misma enmienda. Deben saber que esta obra va a ser declarada de interés
general en esta misma sesión parlamentaria, y que se ha incorporado una
enmienda de 1.500 millones de pesetas para la redacción de proyectos y
construcción de unas cuantas estaciones depuradoras de aguas residuales,
entre las que está la de la ciudad de Logroño.
Es necesario poner de manifiesto, no sólo ante el Grupo Parlamentario
Popular, sino ante otros grupos que piden aportaciones de agua o
inversiones hidráulicas para las zonas secas de este país, para la zona
mediterránea y para la zona sur, que esto, desde nuestro punto de vista,
entra en contradicción con la votación que se produjo en esta Cámara, con
el único voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se
obligaba a la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca antes de
procede a la tramitación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico
Nacional. Se pide agua para municipios turísticos, se pide evitar la
salinización de los acuíferos en la costa y esto, señores, sólo se puede
producir con un aprovechamiento total del agua que cae en el conjunto de
España, pero que, en muchos casos, no tiene solución dentro de la misma
cuenca, y tenemos que poner de relieve esta contradicción.
Finalmente, debo anunciarles que les propondremos tres enmiendas
transaccionales. Algunas han sido ofrecidas a los Senadores proponentes,
como son las relativas al embalse de Melonares; a la adecuación de
estaciones de tren a las necesidades de los minusválidos; al tren
Madrid-Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y alguna más a los canarios
y a los independientes de Lanzarote.
Creo que debo explicar, porque fue una petición concreta de los Senadores
gallegos, el interés que tenían para que hubiese una partida para la
autovía Orense-Santiago de Compostela. El Ministerio continúa haciendo
los estudios de esta obra, pero parece muy poco probable que, acelerando
la máquina, se pueda realizar inversión en 1995, y por esto no aparecerá
la partida, pero sí es verdad que el Ministerio continuará llevando a
cabo los estudios conjuntamente con la Xunta para la realización de esta
obra que no podemos aprobar, pero que sí puedo anunciar cuál es la
situación.
Por esto, nosotros votaremos en contra de las enmiendas que se han
presentado, excepto las que hemos anunciado, con lo que doy por terminada
mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Aleu.
Abrimos turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero comunicar que hemos aceptado una enmienda transaccional a las tres
enmiendas presentadas por nuestro Grupo, la 732, 736 y 737, y a la de 660
del Senador Cándido Armas, que se refieren a cuatro actuaciones en costas
en las distintas Islas Canarias.
Damos las gracias al Partido Socialista por ofrecer esta transaccional.
La cantidad es poca, pero entendemos que el espíritu del Partido
Socialista y del Gobierno es no olvidarse de las necesidades reales de
estas cuatro actuaciones. Esta cantidad es el inicio, el disparo de
salida, para que esas actuaciones sean posteriormente dotadas en
sucesivos presupuestos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía en su intervención
que la filosofía del Ministerio era la de invertir para mejorar las
infraestructuras y lograr un reequilibrio territorial. Ha anunciado
también que no aceptan las enmiendas 2.361 y 2.362 de nuestro Grupo,
referidas en concreto a obras de infraestructura, tal y como he dicho,
del metro Bilbao-Armiñón-Málzaga.
Nosotros consideramos, tal y como decía en mi intervención, que en la
Comunidad Autónoma se está haciendo una apuesta muy fuerte en
infraestructuras, que son unas obras de una gran importancia, por lo que
lamentamos la falta de sensibilidad al respecto del Ministerio y del
Grupo Parlamentario Socialista.
Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía sobre
el programa Código al que yo he hecho referencia (enmienda 2.365
referente a la Comunidad Foral de Navarra), que se han incluido obras
para pasos a nivel. Si fuese posible, me gustaría que me indicara el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a qué casos se refiere.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, cómo no, quiero agradecer al Senador Ramón Aleu las
explicaciones que ha dado en el debate en relación con las impugnaciones
o vetos presentados por nuestro Grupo, así como también en relación con
las muchas enmiendas que hemos presentado.
Y ahora voy a empezar por el final, es decir, después de haber debatido
cerca de 1.000 enmiendas en el Pleno de la Cámara, se dice que hay tres
enmiendas que posiblemente puedan ser debatidas y puedan ser
transaccionales. ¡Hombre, por favor! Yo creo que hay una posibilidad de
que los demás grupos políticos puedan también contribuir al
enriquecimiento del presupuesto de esta sección.
Los datos que están exponiéndose y las enmiendas que se han presentado
por los grupos políticos, a nuestro juicio, y a juicio de cualquier
persona imparcial, se ve claramente que podían enriquecer perfectamente y
hacer mucho mejor el presupuesto de la Sección 17 que, como digo, es la
sección más inversora de todas y es, por lo tanto, la que tiene un mayor
reflejo en la mejora de las infraestructuras y en una gran parte del
desarrollo de nuestra nación.
A mí los datos no me cuadran. El señor portavoz socialista habla de que
ha habido una subida en inversión de más del 16 por ciento en 1995 en
relación con 1994. Los datos sacados de los libros presupuestarios nos
dicen que la inversión del Estado, organismos autónomos y entes públicos
fue en el año 1994 de 738.000 millones de pesetas, y en el año 1995 de
739.500 millones de pesetas; una subida del 0,18 por ciento.
Por otra parte, siguen sin cuadrarme los datos. Me dice que no hay una
falta de equilibrio territorial, no se está buscando el desequilibrio de
las regiones de España, y me pone como ejemplo Galicia. Pues en Galicia,
en 1994 en inversiones reales, según los documentos entregados por el
Ministerio de Obras Públicas a este Senador, eran 21.389 millones de
pesetas; en 1995, 17.077, es decir, ha habido una bajada del 20,11 por
ciento en inversiones reales. Otra región que pongo como ejemplo es
Cataluña, que en 1994 tiene una inversión real de 43.132 millones de
pesetas y en 1995, de 56.679 millones de pesetas, es decir, un aumento
del 31,41 por ciento. Por lo tanto, los datos no cuadran con lo que ha
dicho el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Sigo creyendo, por lo tanto, que no es un presupuesto equilibrado, que no
es un presupuesto que puede cubrir las necesidades actuales de inversión
de España. Seguimos manteniendo nuestra impugnación al Programa 521,
referente a meteorología y también a Correos y Telégrafos, porque
precisamente de ese déficit y de esos monopolios que se han venido
produciendo nos encontramos, pasado algún tiempo, con un tema
irresoluble, como es el de Iberia en estos momentos. Por lo tanto, hay
que calcular bien los déficit y hay que asegurarse de cumplir lo que se
dice en cada momento.
No entendemos cómo la liberalización de telecomunicaciones no se
incentiva de una manera más importante por parte del Ministerio de Obras
Públicas. En la Comisión, nosotros hemos podido escuchar dos argumentos
diferentes. Uno, el del Ministro, señor Borrell, diciendo: Cuidado, que
las liberalizaciones de la comunicación tienen que venir poquito a poco,
paso a paso; y otros, también representantes del Gobierno, como el señor
Fernández Ordóñez, que decía que las telecomunicaciones y su
liberalización, ya, es decir, de inmediato.
Por ello, mi pregunta al portavoz socialista es: ¿No puede ser ésa la
causa del olvido presupuestario en el que se tiene en estos momentos ese
tema, es decir, el desacuerdo que existe entre el Ministerio de Obras
Públicas y el Tribunal de la Competencia? Es una pregunta que queda ahí
para que ustedes me la contesten. Se nos dice: es que ustedes siempre
presentan el mismo tipo de enmiendas en relación con el ahorro que puede
generar el Capítulo 1, y es cierto. Si ustedes año tras año, siguen
insistiendo en lo mismo y no hacen caso a unos presupuestos que son de
ustedes, por lo que podrán hacerlos como quieran, también nosotros, en
nuestra obligación de ser oposición, podemos decir lo que creemos que no
está bien hecho. Me parece que es correcto que digamos que es demasiado
el dinero que se saca fuera de la Casa en estudios y proyectos. Se dice
que nosotros hemos presentado una serie de estudios y proyectos, pero le
voy a leer algunos que presentamos, únicamente para que figuren, sin
ninguna consideración presupuestaria: Telégrafos, conversión en un
operador nacional de telecomunicaciones aptos para la competitividad;
Estudios, sin consignación presupuestaria que tienen que hacer los
técnicos del ministerio; Servicio universal de telefonía básica, también
sin consignación presupuestaria, que deben realizarlo los técnicos del
ministerio; Estudio del estado actual de Renfe, con un pacto de estado
futuro del ferrocarril; en relación con el servicio postal, para que éste
sea eficiente y en cierto modo cumpla los objetivos que tenemos que
darle; el acceso a los puertos y embarcaciones de personas con
minusvalías físicas, en lo que se refiere a las tarifas de servicios
telefónicos, un estudio para ver cómo se puede enfocar el período
transitorio hasta su plena liberalización. Es decir, son muchísimos los
casos en que nosotros hablamos de estudios y proyectos de análisis, pero
sin consignación presupuestaria, como una obligación del Ministerio para
realizarlos. Por lo tanto, sí nos estamos ocupando de que sean coherentes
nuestras enmiendas con lo que aquí estamos planteando.
Nos dice también el portavoz socialista que un 60 por ciento de lo que
hemos estado exponiendo aquí tiene ya una consignación presupuestaria. Yo
no he podido calcular si es un 60 por ciento, pero lo que no existe es
una voluntad firme de resolver los problemas, cuando a lo mejor una
consignación presupuestaria está abierta con 100.000 pesetas.
Indudablemente, si se habla de 100.000 pesetas en un proyecto que vale 50
millones, no es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo.
En cuanto a los planes hidrológicos de cuenca, lo que me viene a decir el
señor portavoz socialista es que ellos no son capaces de sacar esos
planes hidrológicos con tiempo suficiente para que el Plan Hidrológico
Nacional, que es necesario, se haga con la mayor urgencia posible. Por
tanto, eso es algo que tienen que apuntarse ustedes para tratar, de
alguna forma, de agilizar la realización de esos planes.
Y se ha puesto como ejemplo la estación depuradora de aguas residuales de
Logroño. Señor portavoz socialista, ésa es una estación depuradora que
viene recogida en la enmienda 2.550, por 1.500 millones de pesetas
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència
i Unió. Ustedes de este grupo político lo han aceptado todo y esa
enmienda está metida ahí. Pero miren ustedes las demás estaciones
depuradoras que hemos presentado los demás grupos políticos; miren
ustedes los demás embalses que hemos presentado los demás grupos
políticos o las demás carreteras, con la misma sensibilidad, porque --por
favor, que no vea nadie en este asunto nada de lo que se está hablando
por ahí-- yo he sido portavoz de presupuestos durante mucho tiempo y he
visto las enmiendas que Convergència i Unió mantenía en el Pleno de
presupuestos, que eran muchas y me parecían lógicas, y en este momento
todas ellas han sido aceptadas por ustedes y no se mantiene ninguna.
Por consiguiente, esa misma reflexión y esa misma sensibilidad pedimos
para Cáceres, para Guadalajara, para Logroño y para toda España. Eso es
lo que nosotros solicitamos, nada más.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Bris.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que usted no me ha escuchado. Yo he dicho que el incremento de
1995 respecto de 1994 ha sido leve, pero que el de 1994 respecto de 1993
fue del 16 por ciento.
El segundo tema es el de la distribución territorial. Señores del Partido
Popular si las autovías de acceso a Galicia no benefician a Galicia que
venga Dios y lo vea. Están en León, pero benefician a Galicia o ¿no?
(Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No!)
Benefician casi exclusivamente a Galicia. Sacar las inversiones
territorializadas únicamente como las que se producen en el territorio y
no las que benefician al territorio, es una manera muy miope de ver el
reequilibrio territorial.
En cuanto a Correos, hablar de monopolio cuando España es el único país
donde está permitido el reparto dentro de la misma ciudad, me parece que
es un ejemplo absolutamente improcedente. Por tanto, no es éste el
sistema.
En lo relativo a la liberalización de las telecomunicaciones, ha salido
un concurso para el segundo operador de telefonía móvil, que me parece
que es el primer paso claro para la liberalización de las
telecomunicaciones, y éste está ya, o sea, tiene que adjudicarse antes
del 31 de diciembre.
De sus enmiendas clásicas, yo le pido que observe una que han presentado,
al menos en los dos últimos años que yo estoy en presupuestos, y verá que
en su conjunto ha disminuido sensiblemente respecto del año pasado, pero
ustedes continúan disminuyéndola.
Por último, quiero decirle que sus Senadores, algunos de ellos
cualificados en temas presupuestarios, presentan la petición de estudios
con dotación presupuestaria en el Capítulo VI, por tanto, se entiende que
se tiene que comprobar fuera.
Respecto a los planes hidrológicos, no es cuestión de incapacidad, sino
de haber concebido la necesaria coordinación para realizarlos y
redactarlos juntos y ustedes han impedido que esto se realice así con una
votación en esta Cámara.
Finalmente, quiero decirle que la enmienda de la depuradora de Logroño
fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Aleu.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al debate de la Sección
18, correspondiente a Educación y Ciencia.
A esta Sección hay presentadas varias enmiendas particulares de Senadores
del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Anuncio en este acto que damos por defendidas todas y cada una de las
enmiendas en los justos términos en que han sido planteadas, para poder
pasar a su votación en el momento oportuno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Fernández Rozada.
Hay presentadas enmiendas del Senador Ramón i Quiles. No estando
presente, pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Como han
sido dadas por defendidas, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a esta Sección, Coalición Canaria presenta cinco enmiendas que
se refieren a tres temas importantes. El primero, el Plan Integral
Canario de Empleo, al que hemos presentado dos enmiendas a esta Sección y
otras muchas a las distintas secciones de estos presupuestos, porque se
trata de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 y en la
disposición transitoria sexta de la Ley 19/1994, de Modificación de las
Bases Económicas del REF, y al acuerdo del Senado en el debate sobre el
Estado de las Autonomías para el Plan de Empleo para Canarias. El
Gobierno tiene que cofinanciarlo, como ha hecho con otras Comunidades
Autónomas de similares características, y no es de recibo que exista
compromiso legal y luego no existan consignaciones presupuestarias. Es un
plan de 100.000 millones a cinco años, con 20.000 millones anuales.
El segundo tema se refiere a incrementar la dotación para el
desplazamiento de deportistas canarios a la Península --las competiciones
de Liga de ámbito estatal--, dada su lejanía y servidumbre del transporte
aéreo de alta tarifa. Para estar en condiciones de igualdad, se tiene que
considerar que a los distintos desplazamientos partimos desde Madrid.
Por último, presentamos dos enmiendas para que por el Gobierno del Estado
se aporte dinero a un plan especial de desarrollo de la Logse en
Canarias, ya que debido a una mala transferencia de crecimiento
demográfico en Canarias, muy por encima de la media nacional en la década
de los ochenta, a lo que se suma una tasa inmigratoria muy alta, la
Comunidad Canaria ha realizado un enorme esfuerzo de endeudamiento para
afrontar las crecientes necesidades de la educación canaria. Una enmienda
es para adaptar los centros existentes y otra para la creación de otros
nuevos, de acuerdo a la Logse.
Nuestro Grupo tiene enmiendas a seis o siete secciones posteriores, muy
parecidas a las que defendimos en primer lugar en esta sección y en la
anterior sobre el plan de reconversión turística y, si me lo permite el
señor Presidente, daríamos por defendidas todas las enmiendas que nos
quedan al presente proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Travieso.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo tiene planteadas diversas enmiendas a esta sección. Doy por
defendidas el resto de las enmiendas y me voy a centrar básicamente en
dos de ellas, una es la número 2.368 y la otra es la 2.367.
En estas dos enmiendas, una de carácter deportivo y otra de carácter
cultural, proponemos lo siguiente. Por la enmienda número 2.367, que se
refiere al ámbito deportivo, solicitamos la incorporación de una partida
de 25 millones de pesetas para la Federación Vasca de Ciclismo. ¿Por qué
hacemos esto? Porque, desgraciadamente, los aficionados al deporte, sobre
todo a la bicicleta y al ciclismo, verán que a nivel de Estado el apoyo a
este deporte cada día es menor, y en estos momentos el apoyo a la
organización de campeonatos de carreras está financiado por las
instituciones públicas vascas, ante lo que nosotros consideramos una
despreocupación de la Federación Española de Ciclismo. Por tanto,
nosotros proponemos el dotar a la Federación Vasca de Ciclismo de ese
presupuesto para hacer frente --y no piensen que es un tema particular,
única y exclusivamente, de nosotros, los vascos-- a gastos que suponen la
organización de la Copa del Mundo en Igorre, Vizcaya, u otro tipo de
pruebas internacionales, así como el traslado de las selecciones
españolas a la Copa del Mundo y el desarrollo del ciclo-cross en las
categorías inferiores de juveniles y cadetes, e, igualmente, para hacer
frente al pago de las deudas contraídas por la Federación Española de
Ciclismo en la Organización de lo que fue el Mundial de Ciclo-cross en el
año 1990.
En la enmienda 2.368 solicitamos una actualización presupuestaria de
inversiones en tecnología operativa, conforme a los programas de
investigación tanto del Institut dÕEstudis Catalans como de la Real
Academia Española de la Lengua y Euskaltzaindia, la Real Academia de la
Lengua Vasca. Tal y como he dicho, señor Presidente, el resto de las
enmiendas las damos por defendidas en sus propios términos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
voy a defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la enmienda de
veto a la Sección 18 y las enmiendas al articulado.
El Ministerio de Educación y Ciencia tiene para el año 1995 un gasto de
un billón 157.804 millones de pesetas, incrementándose, en pesetas
corrientes, un 7 por ciento frente al de 1994 y aumentando la
participación del gasto en educación en el total del Estado de un 3,8 por
ciento en 1994 a un 3,9 en 1995, es decir, señorías, de cada cien
pesetas, se gastan solamente 3,9 en 1995 en esta materia. El crecimiento
porcentual respecto del PIB resulta irrisorio, ya que solamente se
incrementa en una centésima, pasando del 1,68 al 1,69 por ciento. El
incremento en Educación es de 75.798 millones de pesetas respecto al
presupuesto inicial de 1994. Si la comparación se realiza con los
créditos totales en junio de 1994, como consecuencia de las
modificaciones aprobadas hasta esa fecha, el crecimiento es del 6,01 por
ciento. Esta misma comparación, realizada en pesetas constantes de 1993
respecto a esos mismos años, nos ofrece un incremento del 0,5 por ciento,
es decir, nos encontramos con un presupuesto que repite exactamente el
mismo del año 1993. (El señor Vicepresidente, Rigol y Roig, ocupa la
Presidencia.) Se incrementan los gastos del Capítulo 1, personal, en un
6,1 por ciento, sin producirse la reordenación de efectivos entre los
niveles de educación infantil, enseñanza primaria y enseñanza secundaria
como consecuencia de la no publicación del mapa escolar, a nuestro
juicio, por el coste electoral que ello supondría, pero que permitiría
reasignar los efectivos entre los distintos niveles, única solución para
reducir este capítulo presupuestario. La propia Memoria reconoce que se
incrementan en 9.694 los alumnos de educación infantil del Segundo Ciclo,
se reducen en 13.785 los alumnos de la Enseñanza Básica primaria y en
16.428 los de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Estos datos para el área de gestión del MEC no coinciden con los
facilitados por el propio Ministerio, que para la población escolar y
universitaria en el curso 1994-95 dio --y además lo hizo constar en la
memoria-- el dato de que serían un total de 9.326.751 alumnos, lo que
significaría una reducción de 22.624 alumnos sobre las cifras del curso
pasado. Se habría producido una reducción, por lo tanto, de 201.481
alumnos en la etapa de Educación Primaria y Educación General Básica,
consecuencia del descenso de natalidad y por la implantación adelantada
del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
El Capítulo 2 se incrementa un 5 por ciento, con una dotación de poco más
de 55.000 millones, 2.679 millones más que el año pasado, pero que supone
un incremento de sólo el 0,5 por ciento respecto al año 1993.
El gasto público en Investigación y en Desarrollo tecnológico (I+D) para
el año 1995 es de 206.900 millones de pesetas, un 11,2 por ciento más que
el pasado ejercicio 1994, que fue aproximadamente de 185.000 millones.
Pero, si se tiene en cuenta que se destinan 8.886 millones para ayuda a
la SEAT, es decir, para financiar a una empresa multinacional, nos
encontramos con un presupuesto de 198.014 millones de pesetas, lo que
significa un crecimiento de sólo el 6,5 por ciento. Este presupuesto
representa el 0,30 por ciento del producto interior bruto previsto para
1995. Sin embargo, tal crecimiento, que rompe con las previsiones más
optimistas, dentro del sistema de ciencia y tecnología sitúa al sector
español nuevamente en los niveles de 1993, muy lejos de los
correspondientes al quinquenio 1988-92, donde las inversiones públicas
representaron entre el 0,32 por ciento y el 0,42 por ciento del producto
interior bruto.
En 1995 el esfuerzo presupuestario en materia de investigación aumenta un
6,5 por ciento, aunque en menor medida que durante el período 1987-93,
donde el gasto nacional en I+D creció a una tasa media de,
aproximadamente, el 15 por ciento. Además, este presupuesto público de
I+D para 1995 se ve incrementado en una cifra cercana a los 20.000
millones, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El
destino de estos recursos económicos será la creación de infraestructuras
científicas y la adquisición de material de investigación en las regiones
españolas menos desarrolladas, según los datos que nos han sido
suministrados por la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación.
Este es, en síntesis, el presupuesto para el año 1995. Ante esta
realidad, señorías, nosotros no tenemos más remedio que formular un veto
pidiendo su devolución y no aprobación, porque, como decimos en el mismo
texto del veto, esta enmienda a la totalidad se produce precisamente por
no contar con los créditos adecuados para poder implantar las reformas
educativas en todos los niveles educativos, que han sido los objetivos
del Partido Socialista en los últimos años.
El presupuesto real para este año sólo se ha incrementado, como hemos
visto, un 6,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, mientras que,
comparado con el primer presupuesto de la Logse, la subida se reduce a un
0,5 por ciento, por lo que estamos prácticamente en una congelación
presupuestaria, como nosotros nos temíamos, desde hace años.
Las inversiones vinculantes, aquellas que el Gobierno considera
prioritarias, se reducen de 21.392 millones en 1994 a 21.094 en 1998; es
decir, que a sólo dos años de la puesta en marcha del proyecto de
financiación de la Logse, ésta se retrasa presupuestariamente cuatro
años. Señorías, yo aquí tengo que decir que, con el cuadro de inversiones
vinculantes del MEC, dado por el propio Ministerio, resulta difícil
entender argumentos como los dados aquí por el señor Granado, que vino
más o menos a plantear en su intervención el hecho de que nosotros
decíamos una cosa y hacíamos lo contrario. A mí me producía realmente una
sensación de frustración oír hablar a un portavoz socialista de
incumplimientos y no sonrojarse después de comprobar y ver que a lo largo
de los últimos años los socialistas han venido incumpliendo, de forma
continua y sistemática, todas y cada una de las previsiones que en
materia de inversión vinculante mantenían para intentar cumplir unos
objetivos en las reformas con unos medios económicos que hacían constar
en los planes cuatrianuales. Y resulta difícil entender que van a cumplir
los objetivos en materia educativa con unos fondos económicos que se
apartan y se desvían de las previsiones iniciales en miles de millones de
pesetas, y que ahora se atreven a plantear un coste para la reforma en
materia de inversión vinculante para el año 1998 igual al que preveían en
el año 1991 para el año 1994. Resulta difícil entender cómo se pueden
cubrir esos objetivos de calidad de enseñanza con unos medios económicos
no dados ni exigidos por el Grupo Parlamentario Popular, sino por las
mentes más preclaras del socialismo español, que los cuantificaron a lo
largo de esta década, en la memoria económica, en cantidades que ahora se
ven reflejadas con unas bajas del 50 y del 60 por ciento. Y que luego
salga aquí un portavoz de presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista
a decir que uno, efectivamente, dice una cosa y luego hace la contraria,
sin comprobar en sus propios presupuestos, aquí presentados, la realidad
de estas cuestiones, resulta difícil de comprender, resulta extraño, si
no es porque uno entiende que en el debate político --como él mismo
decía-- la demagogia, a veces, es una de esas facetas que suelen emplear
los que no tienen argumentos rigurosos ni serios para entrar a fondo en
el análisis del presupuesto y se dedican a contar pequeñas batallitas que
nada tienen que ver con quienes estamos estudiando el presupuesto en aras
de poder conseguir los objetivos que ustedes mismos se han propuesto.
Por otra parte, señorías, las inversiones en relación con el PIB tienen
para nosotros una consideración especial. El incremento del porcentaje
dedicado a educación es de 2 centésimas. Las nuevas tecnologías
disminuyen el 61 por ciento en cuanto a personal y 29 millones en cuanto
al suministro. Los 90 nuevos centros previstos del proyecto Atenea pasan
a ser 50. Por lo que respecta a la educación infantil, el déficit de
escolarización en alumnos de tres años es de más del 40 por ciento de
niños sin escolarizar, el 35 escolarizados en centros gratuitos y el 25
restante en privados, rechazándose, por lo tanto, la posibilidad de
facilitar a ese 25 por ciento la gratuidad de la enseñanza. Se han
abandonado los objetivos a los que tanta importancia se dio en la Logse:
así, en el tramo 14-16 años, Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, al
que se iba a dotar de centros específicos, ahora se va a impartir en
centros de primaria por la contracción del gasto, y esto quiere decir que
estamos admitiendo que es una continuación de la Enseñanza Primaria
alargada hasta los 16 años.
Por tanto, el Gobierno opta --esto es claro y evidente-- por anteponer
objetivos políticos a exigencias de la calidad de la enseñanza, con lo
que no debe extrañarnos que nos encontremos con problemas derivados de
ello como, por
ejemplo, lo que está ocurriendo, a la hora de intentar converger con
Europa, con los médicos en todas y cada una de nuestras ciudades que
están en manifestación continua al estar sufriendo ahora las
consecuencias de una falta de calidad, lo que no les permite optar con
garantía a una competencia como el resto de sus compañeros europeos. Hace
años que venimos planteando esto aquí y, sin embargo, por poner sólo un
ejemplo, ahí tienen esa triste realidad.
En cuanto a los idiomas, la reducción es del 10 por ciento con respecto
al compromiso de 1993. El Gobierno había fijado la creación de seis
escuelas de idiomas por año y ahora dice que sólo serán tres por año.
El programa de inserción profesional se reduce en un 32 por ciento. Este
dinero se empleará en programas de garantía social y las prácticas se
impartirán al final de las enseñanzas. ¡Cuántos debates hemos mantenido
aquí sobre la formación profesional, sobre ese gran interés del
socialismo en dotar al sistema educativo español de una formación
profesional seria, reglada, que supusiese precisamente, en paralelo con
el resto de la educación, la preparación para el empleo especializado de
tantos miles y miles de jóvenes españoles! Pues hoy nos encontramos con
que de una de las facetas principales, la de alternar la práctica con el
estudio, resulta que ya nadie habla porque por la contracción, por
razones de operatividad política, no de calidad de enseñanza, las
prácticas se han separado de las clases diarias o continuadas.
En definitiva, señorías --y me acerco ya al final, señor Presidente--,
uno observa el planteamiento del Ministro en la presentación de los
presupuestos y ve que el propio señor Ministro dice que va a cumplir unos
objetivos que son los siguientes: en primer lugar, continuar con la
implantación de la reforma educativa en las mejores condiciones de
calidad de la enseñanza --¡Qué bonito suena esto!--; en segundo lugar,
dar prioridad a la formación profesional ligando la política educativa al
empleo; en tercer lugar, impulsar el desarrollo científico y tecnológico
y consolidar un sistema universitario de calidad.
Pues bien, señorías, en esta parte final quisiera que reflexionáramos
todos para ver si con los presupuestos que tenemos delante se pueden
cumplir los objetivos enmarcados por el propio Ministro a la hora de
presentar los presupuestos para el año 1995.
Continuar la implantación de la reforma educativa en las mejores
condiciones de calidad de enseñanza. Pero, ¿cómo y de qué forma va a
poder hacerlo? Los niveles educativos tenían unas consignaciones
presupuestarias hace unos años --determinadas en una Memoria económica--,
pero el haberse negado en su día a mantener una ley de financiación que
no obligase a que los avatares del Gobierno y la contracción del gasto
pudieran influir en la educación, con la importancia que ésta tiene, nos
lleva ahora a seguir manifestando públicamente que queremos una calidad
de enseñanza, una homologación con Europa y una preparación. Sin embargo,
al mismo tiempo, los medios económicos, que son esenciales para
garantizar ese gasto, para motivar al profesorado, para que cuenten con
los medios necesarios, se reducen hasta un 50 y un 60 por ciento, según
consta en los datos facilitados por el propio Gobierno tanto en los
presupuestos como en la Memoria económica.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego termine.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Termino ya, señor Presidente.
En segundo lugar, dar prioridad a la formación profesional. ¡Pero si lo
vienen diciendo desde hace años! Lo que tienen que hacer es decirnos de
una vez qué van a hacer con esa formación profesional, pero no dejar que
miles y miles de alumnos se vean envueltos en una trama llevada a cabo
con planteamientos demagógicos que les incitan, por una parte, a una
preparación que en la práctica y en la realidad les van a dar otros.
¿Cómo se va a impulsar el desarrollo científico y tecnológico con los
datos que yo he dado al principio de mi intervención? Finalmente, ¿cómo
se puede consolidar un sistema universitario de calidad cuando han
aumentado en 56.000 los alumnos para este curso y ha disminuido el número
de profesores? ¿Cómo se puede casar eso? Que alguien nos diga qué está
ocurriendo, ¿o es que son capaces de demostrarnos aquí la cuadratura del
círculo?
Desde luego, señorías, ante estos datos, no me cabe más que seguir
diciendo que nuestra insistencia en el Senado sobre la grave equivocación
cometida con la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo y sobre que estas reformas, al no contar con medios económicos,
no podían garantizar una calidad de enseñanza que nos permita ir con la
cabeza alta por el resto de Europa y que estamos engañando a nuestro
alumnado es una realidad tan palpable que, sólo si se nos demuestra lo
contrario desde planteamientos presupuestarios, seríamos capaces de
rectificar. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
Muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, acepto complacido la invitación del Senador Fernández Rozada
para reflexionar sobre el contenido de la Sección 18 de los Presupuestos
Generales del Estado. Eso nos va a ofrecer la oportunidad de examinar con
algún detalle los presupuestos y los postulados de los que parte el
Senador Fernández Rozada en su análisis de aquéllos. Su señoría analiza
lo que nosotros decimos y, simultáneamente, dice lo que piensa, por lo
que me va a permitir que yo analice las dos cosas.
Naturalmente, al final de su intervención han salido a relucir algunas de
las referencias permanentes del discurso del Senador Fernández Rozada --y
pienso que del Grupo Popular-- respecto de la inadecuación de la Logse,
la falta de financiación o la nostalgia por aquella ley solicitada, la
ley de financiación del sistema educativo, que es una especie
de leitmotiv permanente del Grupo Popular. Pero a mí no me desagrada en
absoluto que mantenga las líneas fundamentales de su discurso.
En mi intervención voy a seguir el mismo orden de los intervinientes en
este Pleno. Por tanto, terminaré --refiriéndome, naturalmente, no en otro
sentido-- con el Grupo Popular y, específicamente, con el veto que ha
presentado.
Respecto de las enmiendas parciales que han presentado los grupos
parlamentarios, haré algunos comentarios sobre las que tienen más calado
político de las que aquí se han defendido. Empezaré por las enmiendas 749
y 750, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, con las que se
solicitan 7.500 millones de pesetas más para financiar el desarrollo de
la Logse en su Comunidad Autónoma. El argumento en que se basa es el
déficit histórico por una mala transferencia de las competencias del
Ministerio de Educación al Gobierno de su Comunidad. Señoría, las
Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en materia de
educación, por lo que es su responsabilidad. Por otra parte, si ponemos
en juego el concepto de déficit histórico, entraremos en un terreno
peligroso y arriesgado, porque posiblemente haya déficit históricos en
muchas otras Comunidades y recurrir a ese concepto nos obligaría a
examinar una globalidad de problemas que seguramente rebasan las
posibilidades de un momento determinado. No es fácil valorar la mala
transferencia a que su señoría se refiere; supondría dar un paso atrás en
el tiempo, sería como proyectar una película en sentido contrario, para
ver en qué consiste exactamente la mala transferencia. Parece, pues, que
lo oportuno es situarse en el momento presente y examinar los problemas
que pueda tener la Comunidad Autónoma en cuestión.
Además, lo que ustedes piden significa la inauguración de una nueva vía
de financiación de las Comunidades Autónomas al margen de las vías
ordinarias establecidas y conocidas. Y eso es un tema extraordinariamente
delicado que hay que examinar con mucho cuidado, porque querrían
utilizarla muchas Comunidades Autónomas. Por tanto, insisto en que habría
que examinarla con una extraordinaria prudencia.
Todo lo que le he dicho hasta ahora está en contra de su enmienda, pero
le daré un argumento a favor. Si existe una situación de necesidad
constatada, objetiva y real en su Comunidad Autónoma, una situación por
la que sea imposible materialmente que su Comunidad pueda abordar los
problemas que se le plantean --en el orden de las carreteras, anteayer, o
de la implantación de la Logse, hoy o mañana--, se debe abrir un proceso
de reflexión que permita abordar la solución de los mismos con decisiones
políticas en los niveles adecuados.
Vamos a votar en contra de sus enmiendas, pero hay que reconocer que una
parte de verdad y de razón puede corresponder a sus señorías. Por lo
tanto, será un tema que habrá que pensar y habrá que afrontar en su
momento.
Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos le diré que su
enmienda número 2.368 fue admitida en Comisión, porque había una enmienda
coincidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió y del propio Grupo Parlamentario Socialista que ha hecho que esa
petición de cien millones de pesetas, para las finalidades que su señoría
ha enumerado en la tribuna, estén ya incluidas en el proyecto de
presupuestos.
Respecto de la enmienda número 2.367, mi Grupo le ofrece una transacción
en la que hay posibilidad de financiar no la totalidad del crédito que su
señoría solicita, pero sí una parte para esos objetivos específicos sobre
los que su señoría tiene razón porque, efectivamente, hay una serie de
eventos deportivos importantes de ciclo-cross que, por razones
históricas, tienen asiento en su Comunidad Autónoma y cuya financiación
debe corresponder, en parte, al dinero global de todos los españoles.
Presenta también una enmienda de una extraordinaria importancia. El señor
Gangoiti no se ha referido a ella. En una enmienda en la que solicitan
una rebaja de 24.000 millones de pesetas en los programas de inversiones
educativas, desde el 422 A hasta el 457 A, que es una cifra
impresionante. ¿Por qué lo piden? Hay que mencionar expresamente que es
la primera vez que se dice en una tribuna pública lo que exponen sus
señorías en su enmienda y es que, estando, a su juicio, completa la red
de centros escolares públicos y privados en todo el Estado, no es
necesario invertir más dinero en la ampliación de la red y, por lo tanto,
los gastos de inversión tienen que ser reducidos a cero, el dinero hay
que gastarlo en otra cosa. Hay que reconocer que es la primera vez que se
dice que la red pública está completa, no lo ha dicho nadie hasta ahora;
posiblemente nosotros tampoco nos atrevamos a decirlo, pero sus señorías
lo dicen, alguna parte de razón tendrán. Y no quiero achacar a la acción
del Gobierno socialista el que esa red esté completa; en todo caso, a la
acción del Gobierno socialista y de las Comunidades Autónomas con
competencias exclusivas en educación, que han invertido parte de sus
dineros en completar esa red educativa, que sus señorías estiman cerrada,
terminada, completa, que no necesita más. Su enmienda es
extraordinariamente importante, pero no la podemos aceptar porque no
compartimos su visión.
Efectivamente, la demografía les da la razón, cada vez hay menos alumnos,
aproximadamente cada año hay una disminución, respecto del punto de
máxima demografía, de unos 200.000 alumnos por año dentro del sistema
educativo, lo cual quiere decir que la presión demográfica sobre el
sistema va siendo cada vez menor y, por lo tanto, esto parecería dar la
razón a su petición. Pero es un argumento erróneo, es un razonamiento
insuficiente, porque lo que por un lado afloja en la presión, por otro
lado aumenta en la presión, porque la red escolar no sólo tiene que
atender a los números demográficos, sino también a la distribución
territorial de la población, y sigue habiendo movimientos importantes de
población entre el campo y la ciudad, dentro de la ciudad entre unos
barrios y otros, y como los centros no nos los podemos llevar de unos
sitios a otros, hay que ajustar la red de centros escolares, porque si no
dejamos demandas sin satisfacer.
Hemos extendido hacia abajo el sistema educativo, ahora tratamos de
escolarizar a los alumnos de tres años, antes a los de cinco, después a
los de cuatro, ahora a los de tres, todavía no a todos, quedan alumnos
por escolarizar.
Hay que extender hacia abajo la red. Por lo tanto se necesita más red
educativa por esa extensión. Pero además extendemos también por arriba,
porque la escolaridad obligatoria la hemos pasado de los 14 a los 16 años
y, por lo tanto, hay dos años demográficamente que tienen que estar
obligatoriamente en la escuela cuando termine el proceso de implantación
de la reforma. Y por ese lugar también hay que ampliar la red educativa.
Por lo tanto, no es posible llegar a la conclusión de que la red está
completa. La red, por desgracia, es todavía incompleta y hay que hacer
todavía un esfuerzo suplementario, aunque cada vez estamos más cerca de
completar la red educativa.
Respecto de las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Popular,
terminaré con el examen de su veto. Hay una enmienda parcial a la que yo
me quiero referir muy expresamente, que es la 1.373, en la que piden la
ampliación de 1.000 millones de pesetas para convenios educativos con
entidades sin ánimo de lucro a los efectos de la extensión de la
educación infantil. Nos gustaría que eso pudiera ser, pero hay que ver
cuáles son las razones en contra. Primero, porque los conciertos
educativos este año tienen que crecer para el tercer curso de la
educación secundaria obligatoria; por lo tanto, hay un año más que
atender con conciertos educativos en el tramo de la educación obligatoria
y gratuita para todos los alumnos y no es posible detraer recursos de las
necesidades esenciales. No podemos extender por ahora a entidades
privadas esa subvención de gratuidad. Y voy a hacer una precisión que no
es inoportuna: nuestra concepción de la gratuidad ligada a la
universalidad y a la obligatoriedad de la educación, obligatoria,
universal y gratuita desde los 6 a los 16 años. En el resto del sistema
educativo tendrá que ser gratuita sólo como un elemento de compensación
social, no como un elemento de gratuidad universal, porque eso sería
hacer una redistribución de la renta inversa a lo que el sentido común
demanda. Por lo tanto, ni en los niveles previos ni en los niveles
posteriores la educación podrá ser gratuita. Teóricamente podría serlo,
si tuviéramos recursos suficientes, pero como no los tenemos y los
recursos son escasos, la red, el sistema educativo tendrá que ser pagado
por sus usuarios y habrá financiación para quienes necesitan el
complemento de la gratuidad para estar en igualdad de oportunidades con
respecto a los demás alumnos.
Terminaré examinando su veto, un veto que se ha repetido insistentemente
a lo largo de los últimos años. Su señoría y yo hemos tenido ya ocasión
de debatir esto en años anteriores y anteriormente con otros portavoces
de su Grupo de muy grata memoria, como sus señorías saben. Y es curioso,
están utilizando los mismos argumentos permanentemente. Yo tengo que
preguntarme qué significa realmente el veto del Partido Popular. Al vetar
una sección presupuestaria, ¿qué es de verdad lo que están vetando? ¿Cuál
es el fondo, cuál es la pregunta, cuál es la incógnita, cuál es el sector
o el territorio que sus señorías quieren vetar al vetar una sección
presupuestaria? Porque pueden vetar una sección por razones
cuantitativas, o pueden vetarla por razones cualitativas, y tal vez la
veten por otras razones que es lo que yo pienso, es decir, que vetan
ustedes por otras razones. ¿Un veto cuantitativo? Los aumentos de crédito
que el Grupo Parlamentario Popular solicita para esta sección ascienden a
6.642 millones de pesetas más de los que hay. Como hay un billón 157.000
millones de pesetas, piden el 0,57 por ciento más de crédito para la
sección. Poca razón cuantitativa para un veto por insuficiencia de
recursos. Deberían pedir algo más, deberían poner el listón un poco más
alto. Parece que las razones cuantitativas no sean las que impulsen a sus
señorías.
¿Por razones cualitativas? Ha apuntado su señoría algunas razones, aunque
luego examinando el contenido de sus enmiendas no acaba de verse ese veto
cualitativo, esas razones cualitativas del veto de sus señorías. Por
ejemplo, habla del retraso de la implantación de la Logse. Es una especie
de obsesión permanente de su señoría ese retraso, como si recorrer el
espacio en un tiempo fijo fuera una condición fundamental para el éxito,
que no lo es. Su señoría es educador, y lo sabe. El recorrer el espacio
en el tiempo no es una condición esencial. Se puede retrasar la carrera y
se ha retrasado, su señoría tiene razón, pero eso no significa ningún
índice de fracaso en la implantación de la reforma.
Ha hablado, por ejemplo, de que, de momento, la educación secundaria
obligatoria se va a tener que dar en centros o edificios que albergan o
albergaban la educación primaria, como si el hecho de que no tuviera el
rótulo escrito de «Educación Secundaria. Nuevo centro» y utilizar un
centro viejo de educación primaria fuera el signo del fracaso, que es una
argumentación realmente pintoresca. No hace falta ningún centro ni ningún
aula --su señoría lo sabe-- para dar educación y para hacer docencia. Lo
saben muy bien, y hay ejemplos históricos que yo no voy a mencionar aquí.
Recuerden sus señorías cómo enseñaba Aristóteles: en la escuela
peripatética. No hace falta ningún edificio con un rótulo a la puerta; en
absoluto. No son pequeñas batallitas. Razones cualitativas examinadas a
fondo se encuentran pocas en su argumento. ¿Por qué, pues, nos vetan?
¿Cuál es la razón del veto? Yo creo que las cosas están muy claras. La
razón del veto de sus señorías es que el modelo educativo que sustenta
sus propuestas presupuestarias, su proyecto educativo, todo lo que es el
discurso de educación que el Grupo Parlamentario Popular está
presentando, es un modelo discrepante del nuestro, y lo que vetan
presupuestariamente no es tanto el presupuesto, sino nuestro modelo y
nuestras ideas educativas, con las que, como es natural, no están de
acuerdo. Y hacen muy bien, como yo no puedo estar de acuerdo con el
catecismo popular para la educación conservadora de país. Tengo otra
concepción diferente. Defiendo un modelo que le repetiré a su señoría muy
rápidamente: la concepción de la educación como un servicio público, que
nos parece fundamental; la superación de un sistema dual de educación
que, por lo tanto, permita avanzar en la igualdad; la construcción de un
sistema homologado, en el que se pueda circular por todo el país sin que
existan fronteras que haya que pasar mediante pasaportes de alguna clase;
la universidad de la enseñanza; la mejora de la calidad; el desarrollo de
la autonomía universitaria; el diseño y puesta en práctica de una
política científica. Es inútil negarlo: no se puede decir que no estemos
teniendo éxito en la política científica. En las
últimas reseñas internacionales sobre la evaluación de los logros
científicos del sistema español de investigación, de ciencia y de
tecnología, el «ranking» que consiguen nuestros científicos en esa
clasificación está muy por encima de la que había en el país hace diez o
doce años, de tal manera que ahora estamos en una posición comparable con
otros países de nuestro entorno, con altas consecuciones de investigación
y de ciencia, y con áreas de excelencia reconocidas en todo el mundo, que
no pueden ser ignoradas.
Pero yo creo que su señoría, desde su punto de vista ideológico, hace un
ejercicio de ceguera para no reconocer la lectura política que hacemos
del presupuesto. Hace un ejercicio de indiferencia aparente, una especie
de miopía de los datos positivos de este presupuesto. Este presupuesto
tiene datos positivos que su señoría ha pasado por alto, que su señoría
no quiere reconocer que están ahí y que yo voy a recordarle muy
brevemente. El presupuesto crece 76.000 millones de pesetas. Su señoría
dice que es poco. Yo creo que es una cifra extraordinariamente
importante, tanto que ese aumento, que es escaso, supone más que el
presupuesto de muchos ministerios y de algunas Comunidades Autónomas,
sólo el presupuesto del crecimiento de Educación. Educación infantil y
primaria, con menos alumnos, crece 19.000 millones de pesetas; educación
secundaria, que es de los que más crecen, aumenta casi 23.000 millones de
pesetas; enseñanzas universitarias, 11.000 millones de pesetas; becas y
ayudas, casi 4.000 millones de pesetas más; el sistema de investigación
científica y técnica crece casi 6.000 millones de pesetas más sobre el
presupuesto del año anterior. Sólo un ejercicio deliberado puede tapar la
realidad. Su señoría resalta los datos negativos del presupuesto, y hace
muy bien.
Yo reconozco que, efectivamente, el presupuesto no es óptimo en todas y
cada una de sus partes. El presupuesto es muy bueno en muchas cosas, en
educación, en universidades, en la política deportiva, en formación
profesional. Hay muy buenas noticias para la sociedad en estos
presupuestos. Y no se puede hacer un ejercicio de ceguera sobre el
contenido político del presupuesto, sobre su interpretación real y sobre
su calidad de respuesta a las demandas de la sociedad. Los objetivos de
nuestro sistema están vigentes, los mantenemos y los servimos con estos
presupuestos.
Hay una obra que forma parte de la cultura de nuestro mundo occidental
que quiero resaltar. Platón, en el Libro VII de «La República»,
desarrolla, al hablar del conocimiento humano, un mito muy hermoso con el
que yo quiero terminar mi intervención, el mito de la caverna. Al fondo
de la caverna, los seres humanos, puestos de frente sobre la pared de la
caverna, ven sombras, ven imágenes, ven apariencia, rumores, opiniones, y
creen que ésa es la verdadera realidad. Están confundidos, la verdadera
realidad está fuera, fuera de la caverna, fuera de la cueva, a plena luz
del sol, de donde con esfuerzo, sin duda, todos tenemos la obligación de
salir.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería acabar cuanto
antes.
El señor IGLESIAS MARCELO: Estoy terminando.
Yo le invito a que salga de la caverna, a que llegue a la realidad, a que
reconozca esa realidad en sus datos verdaderos, en lo positivo y en lo
negativo, y en lo negativo voy a coincidir con su señoría, porque ya sabe
que no me duelen prendas; y par ese viaje de liberación a la luz yo le
ofrezco, como hace Platón, la mano de un modesto aprendiz de filósofo
para ayudar a encontrar la verdad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Senador Iglesias Marcelo su intervención, muy en su
tono. Usted, lo he repetido muchas veces, nos dice que no de tal manera
que casi nos deja sin palabras para seguir pidiendo lo que tenemos que
pedir. No obstante, mantenemos nuestros argumentos y por eso le digo que
incidir en el déficit histórico es peligroso. Al respecto, tendríamos que
preguntarnos para quién, porque yo creo que para nosotros no.
Por último, pese a que usted ha encontrado unos cuantos argumentos en
contra y alguno a favor, eso no le ha bastado para votar favorablemente
nuestras enmiendas. Esperemos que en los próximos presupuestos los
argumentos a favor sean más que en contra para que podamos tener un
resultado positivo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Utilizaré este turno de portavoces para replicar al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Iglesias. En primer lugar, me referiré a
las dos enmiendas, la una aceptada y la otra transaccionada. La primera
ha sido incorporada en Ponencia y afecta tanto a la Real Academia
Española de la Lengua como a las academias vasca y catalana, con lo cual
nosotros estamos muy satisfechos.
Respecto de la transaccional sobre el tema del ciclocross, diré que no se
refleja la cantidad que pedíamos, pero reconocemos, lo tengo que decir
claramente, el esfuerzo que se ha hecho a este respecto.
Yo he dicho que no iba a entrar en la defensa de una serie de enmiendas,
que las daba por defendidas en sus propios términos, en el sentido de que
no había ninguna posibilidad de que se aprobasen. El portavoz socialista
ha hecho referencia, sobre todo, a la enmienda número 2.418 y me gustaría
tratarla brevemente aquí con ánimo de una polémica sana al respecto. El
me decía que nosotros pedimos
una supresión de una partida importante por cerca de 24.000 millones de
pesetas, en el sentido de que nosotros consideramos que la red está
prácticamente hecha y que lo que hay que hacer es reforzar la calidad de
la enseñanza. Y de hecho, nosotros, en otra serie de enmiendas que he
dado por defendidas en sus propios términos, pedíamos unos incrementos de
cara a lo que nosotros consideramos es una mejora en la calidad de la
enseñanza, como puede ser desde el reciclaje en la formación profesional
hasta hacer efectiva la gratuidad en EGB, en centros privados
concertados, en formación profesional, BUP, escuela de idiomas, etcétera.
Yo pienso, tal y como decimos en nuestra enmienda, que la red está
completa, pero quizá también me deje llevar un poco por lo que ocurre en
nuestra Comunidad Autónoma Vasca, sin ver lo que pasa en otros sitios. Y
lo que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca, donde creo que la red está
prácticamente completa, no lo planteo como un éxito única y
exclusivamente del Partido Nacionalista Vasco, sino de las instituciones
vascas; incluso, en esta legislatura que ha acabado en el Parlamento
vasco, la cartera de Educación la tenía el Partido Socialista.
Por lo tanto, yo diría que las instituciones vascas, en este hecho
concreto, haya estado el Partido Nacionalista Vasco o el Partido
Socialista, han hecho un esfuerzo importante por cubrir esa red. Quizá en
otros lugares del Estado no esté completa la red, como dice su señoría,
pero de todas formas, y aunque conocemos el sentido del voto, yo creo que
la sana polémica que ha planteado el señor Iglesias puede ser un elemento
de reflexión importante para los Presupuestos Generales del próximo año.
Quizá toda la razón no sea nuestra, por los argumentos que antes he dado,
pero quizá tampoco toda la razón sea la que mantienen el Gobierno y el
Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido --y ya lo digo de cara a
los presupuestos del año que viene, ya que está todo hecho en este
capítulo--, sería importante que, aparte de completar la red, tal y como
propone el Gobierno, tengan también en cuenta en parte lo que nosotros
decimos de reforzar la calidad de la enseñanza. Al fin y al cabo, estamos
en un mundo y en una Europa terriblemente competitiva. Por una serie de
razones históricas, llevamos un déficit muy importante de cara a
formación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, de nuestras
gentes; tenemos un déficit muy importante en el tema de idiomas, lo cual
es un «handicap», y desde luego, para dar respuesta al reto de la Unión
Europa y a los retos que hoy tiene un mundo terriblemente
internacionalizado, también tenemos que hacer incidencia en el tema de la
calidad.
Por lo tanto, señor Iglesias, tal y como decía al principio, sin entrar
en una polémica estéril, ni mucho menos, sino de cara a futuras
ocasiones, yo les digo que reflexionen de cara al año que viene. Quizá
nuestro planteamiento no sea cierto al cien por cien, ni mucho menos,
pero tengan en cuenta también parte de lo que nosotros proponemos, que es
la defensa de la calidad de la enseñanza.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
El señor Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo reconocer que las argumentaciones del señor
Iglesias frente a nuestros planteamientos son también siempre las mismas.
Como pienso que lo hace en un afán constructivo, yo hago exactamente lo
mismo, y si lo hace con un afán de descalificar, que se atenga también a
sus propias consecuencias haciendo lo propio.
En segundo lugar, señor Iglesias, yo estoy convencido de que el
socialismo no apuesta por la educación, tal y como los datos
presupuestarios ponen en evidencia, y como la misma falta de una ley de
financiación está dejando traslucir a medida que pasa el tiempo. Todo
ello, señor Iglesias, nos aleja aún más de la convergencia educativa con
Europa.
Después de varios años de aplicación de la reforma, no se registran
avances en la calidad de la enseñanza, sino todo lo contrario. El
profesorado no está incentivado por la incertidumbre que percibe
continuamente sobre su futuro. Y usted como docente sabe muy bien que
reforma educativa que quiera ponerse en marcha y que no vincule al
profesorado está inexorablemente condenada al fracaso.
Yo creo que esto es la evidencia y la realidad de nuestro sistema
educativo en los años que nos toca vivir. Y no nos empeñemos en
manifestar que nuestro modelo educativo es distinto --y a mucha honra,
después de ver y conocer sobre todo los resultados del suyo--; no
perdamos el tiempo en ver si son galgos o podencos, si este proyecto es
mejor o el otro es peor. Nosotros creemos que de nuestro modelo educativo
se podrían obtener unas ventajas en la aplicación de criterios
racionalizadores que pudiesen dar una calidad de enseñanza distinta de la
que hoy obtienen los alumnos españoles.
En todo caso, abandonemos eso y ciñámonos al presupuesto. Con el
presupuesto que ustedes presentan, ¿pueden cumplir los objetivos de las
reformas emprendidas por ustedes mismos? Díganmelo. ¿Pueden ustedes decir
al Grupo Parlamentario Popular cómo es posible que en las inversiones
vinculantes que ustedes manifiestan en el año 1993 sean para 1995 de
21.392 millones y para 1998 sean de 21.094 millones? Reducen la inversión
unos años después. Las reformas educativas emprendidas son de tal
magnitud que de cara a fin de siglo van a suponer un esfuerzo inversor, y
así se ha reconocido siempre en esta Cámara, que obligaría al Gobierno a
mantener viva esa esperanza de apostar por la educación, según palabras
textuales del señor Solana cuando defendía la Logse en su tramitación
parlamentaria en esta Cámara.
Habría que traer al señor Solana, ahora en otro Ministerio, a decir que
no, que parece ser que sus compañeros lo han abandonado y nos vienen a
decir ahora que de aquello nada. Los objetivos, la calidad de enseñanza;
todo esto, sí, los mejores. La vamos a obtener, no es necesario imprimir
cierta celeridad, vamos a ir poco a poco, todo se va a conseguir. Y
mientras, nuestros escolares están siendo objeto de un tratamiento
discriminatorio en cuanto a su educación,
a su formación, a su calidad de enseñanza con respecto a los escolares de
otros países europeos.
Lo que quisiera, señor Iglesias, es que me dijese que se pueden cumplir
esos objetivos de calidad de enseñanza con las inversiones ahora
previstas y que disminuyen en esta magnitud frente a las presupuestadas
hace unos años, y que el cambio no es como consecuencia de haber
modificado los objetivos de la educación, sino de la contracción del
gasto, que obliga al Gobierno a reducir economía en el Ministerio de
Educación y Ciencia. Por una parte, justifican perfectamente amarrarse el
cinturón económico y, por otra, no tienen empacho en seguir reconociendo
que, sin embargo, los objetivos previstos con cantidades económicas
superiores para la calidad de enseñanza esos sí que van a cumplirse.
Explíquenos y díganos que esa contracción del gasto, en alguna medida, va
a influir negativamente en la calidad de enseñanza de nuestros alumnos.
En cuarto lugar, quiero decirle que nosotros no tenemos ninguna nostalgia
y que nos hubiera gustado haber llegado a un consenso en el tema de
educación. Y es cierto que quedamos solos, pero no es menos cierto que
grupos parlamentarios que les han apoyado a ustedes en esta ley hoy se
debaten en la incertidumbre de ver y de comprobar cómo los resultados son
distintos y coinciden con los que nosotros pronosticábamos a la hora de
evaluar los resultados del sistema educativo. De ahí que en estos
momentos su señoría sabe que, avalada por 500.000 firmas, Izquierda Unida
acaba de presentar en el Congreso de los Diputados una ley de
financiación del sistema educativo español. Qué pena y qué ocasión tan
perdida, cuando en el año 1990 nosotros pedíamos a los demás grupos que
nos acompañasen en la exigencia de una ley de financiación para la
reforma del sistema educativo que no permitiese que la contracción del
gasto afectara a materias que tenían que incidir en la formación, en la
cualificación y, por lo tanto, en un resultado de calidad de enseñanza,
que no debían estar sometidos a los avatares de esos cambios y a las
contracciones como consecuencia de las crisis económicas que cada año son
cada vez mayores dentro del Gobierno socialista.
Por otra parte, tengo que decirle, señor Iglesias, que en estos momentos
nosotros estamos apostando por una reordenación de ese gasto de forma
distinta. No me diga, como ya me dijo en el debate en Comisión, que
estamos de acuerdo en casi todo menos en 6.000 y pico millones de
pesetas, que en estas enmiendas nosotros tratamos de reordenar. Una de
dos, o quiere decir lo contrario de lo que piensa o, de lo contrario,
tendrá que reconocer que cuando nosotros insistimos en la necesidad de
una dotación presupuestaria distinta para cumplir sus propios objetivos
estamos en lo cierto, porque no hay medios económicos que garanticen esos
compromisos. Por lo tanto, yo me he limitado a defender la totalidad, y
dentro de las enmiendas parciales, con el triste destino que
efectivamente sabíamos que iban a tener, hemos reordenado ese gasto --que
no sería el nuestro--, y lo hemos presentado de la forma a que usted ha
hecho alusión.
Por otro lado, he de decirle también que me ha extrañado que, a la hora
de enfocar el futuro presupuestario, ustedes mismos no se hayan percatado
de que precisamente la falta de esa financiación es la determinante de la
falta de calidad de la enseñanza. No se trata ahora de decir que
queríamos tener centros propios de Enseñanza Secundaria Obligatoria y,
como no los tenemos, cambiamos el rótulo a las de Educación Primaria y
hacemos, efectivamente, la Educación Secundaria. Eso lo que está dando a
entender ante la opinión pública es que es una prolongación más de la
Educación Primaria, mantenida y sostenida también con profesores de la
Educación Primaria en los propios centros y que es fruto de la
contracción del gasto, porque entre sus objetivos no estaba el
mantenimiento de estos centros en general, sino la posibilidad de
inversiones que permitiesen en la Educación Secundaria Obligatoria
centros propios.
Finalmente, tengo que decirle que, efectivamente, hay unos 76.000
millones de más en el presupuesto, pero si usted lo analiza con
detenimiento, no dan para poder decir lo que usted ha mantenido en este
Pleno. En definitiva, se trata de unos treinta y tantos mil millones para
derramas de antigüedad, trienios, sexenios; 25.000 y pico millones para
incrementar inversiones de transferencias de capital y, por otra parte,
incrementar subvenciones a la Universidad, que sigue quedándose escasa de
medios. Según he leído en los medios de comunicación hace unos días, me
parece que en el Consejo de Rectores de la Universidad en Salamanca,
presidido por el propio Ministro, éste se ha comprometido --no ha sido
desmentida la noticia, y supongo que así es-- a elevar hasta el 1,8 el
gasto en el producto interior bruto frente al 0,8 que ahora tenemos. Eso
ha sido seguramente por la presión de los Rectores de Universidad. Yo no
estuve allí, pero después de leer las noticias, he comprobado que también
los Rectores de Universidad se han quejado, y precisamente por la parte
que más les duele, que es justamente la contracción económica hacia la
Universidad que se deriva del presupuesto del año 1955. Y todos y cada
uno de los Rectores han planteado rigurosamente este asunto hasta que el
señor Ministro ha llegado a predicar: vamos a ver si de aquí a unos años
conseguimos ese objetivo --seguro que acorralado y, una vez más,
siguiendo la tesis contraria al señor Granado--. Seguro que acaba de
prometer lo que tampoco va a poder cumplir. Pero, como ya digo, no es
riguroso el dato. Lo conozco por los medios de comunicación, y usted, más
próximo a él, supongo que lo conocerá y a lo mejor tiene ocasión de
explicarnos aquí por qué se vio abocado a tener que decir esto, cuando
tuvo una gran ocasión de mantener ese refuerzo en este presupuesto para
intentar ir contentando a esos Rectores que tanto se quejan por falta de
medios económicos para la Universidad.
En definitiva, y ya finalizo...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Rozada, le rogaría que fuera
terminando su intervención.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, ya me imaginaba que estaba
agotando el tiempo, pero, en todo caso, tengo mucho interés en que el
señor Iglesias deje de hacer planteamientos teóricos de ese idílico
proyecto socialista. Le honra mucho, efectivamente, el querer defenderlo
y practicarlo, pero, desde luego, poco le puede gustar ver los resultados
que está dando y poca ocasión va
a poder tener de presumir ante ningún docente de que el sistema educativo
español llevado y administrado por el socialismo dio los resultados de
calidad y competitividad esperados.
No le voy a repetir aquí nuestra alternativa. Sé que la conoce, se la he
reiterado en el trámite de Comisión, pero si vuelve a insistir en ella,
no tendría ocasión de pedir la palabra para poder ofrecérsela. En todo
caso, le diré, Senador Iglesias, que no está la educación como para
permitirse planteamientos demagógicos ni frívolos. Estamos en un momento
difícil y es muy posible que nuestros alumnos tengan que sufrir las
consecuencias de estos recortes presupuestarios en su nivel de formación
a la hora de homologarnos con Europa y, en todo caso, a la hora de poder
ir también con la cabeza alta en España por haberles dado un modelo de
educación y, sobre todo, una calidad a la que tienen derecho.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Iglesias Marcelo tiene la palabra.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Haré una breve intervención.
En primer lugar, acepto complacido la invitación del Senador Gangoiti a
mantener una sana polémica sobre el tema que he planteado al comentar una
de las enmiendas de su Grupo. Estamos ante un tema extraordinariamente
importante, porque extender la red y ofrecer un sitio para cada alumno es
un elemento fundamental, es una necesidad esencial; pero que ese puesto
escolar esté dotado de la calidad suficiente para que los resultados de
la tarea educativa sean acordes con los deseos y las exigencias de
nuestro tiempo es también una necesidad esencial, y compatibilizar las
dos cosas a veces no es fácil. Por eso la polémica que su señoría dice
que deberíamos tener, la invitación a la discusión, el debate, el
diálogo, la reflexión, la acepto gustosamente. Me parece realmente
apasionante.
Al Senador Travieso le diré que no es mi pretensión dorarle la píldora de
un no con una argumentación que le convenza. Digo lo que encuentro de
negativo en su enmienda y le doy algún argumento positivo, le muestro
algún aspecto digno de consideración y, por tanto, le invito a que
mantenga la tenacidad en la defensa de sus ideas. No quiero desalentarle.
Lo único que le puedo decir es que puede que su señoría tenga razón. Que
tiene dificultades, seguramente habrá que discutirlo.
Y respecto al Senador Fernández Rozada --al que tengo que agradecerle, en
general, el tono de su intervención-- ha hecho una alusión atribuyéndome
planteamientos demagógicos y frívolos. Si me lo ha atribuido
personalmente, tengo que rechazarlo. Muy cordialmente, no le atribuiré
nunca una acusación de ese tipo a su señoría. No estaré de acuerdo y le
diré que es muy apasionado, pero nunca diré que es ni trivial ni frívolo
en la defensa de sus ideas. Y yo espero no serlo nunca, ni ahora ni en el
futuro. Desde hace mucho tiempo, muchos sabemos que para que un surco se
abra a la realidad, en la tierra real, hay que abrir cien surcos antes en
el cielo de las ideas. No se puede construir nada en la realidad si
teóricamente no se ha trabajado antes. Y, por tanto, permítame que vaya
de la teoría a la realidad, en un tráfico constante, lo que me parece
absolutamente esencial.
Encuentro tres elementos importantes en su discurso, En primer lugar, la
exigencia de la calidad, que comparto plenamente con su señoría. Pero no
comparto la idea de que haya una correlación absolutamente estricta y
lineal entre financiación económica, medios y resultados de la calidad
educativa. ¿Si usted aumenta y duplica los recursos económicos duplica la
calidad de los resultados? De ninguna manera. Eso es un error monumental,
y su señoría lo sabe. Por lo tanto, los elementos materiales y económicos
del sistema educativo no tienen por qué arrastrar consecuencias
igualmente positivas de la calidad. Seguramente mejorará, pero, desde
luego, no estamos seguros de qué relación existe entre las dos variables.
Por lo tanto, no ponga su señoría tanto énfasis en que aumentando los
dineros y los presupuestos la calidad va a aumentar, porque la calidad,
su señoría lo sabe, depende de muchos factores.
El segundo elemento es el profesorado. Estamos de acuerdo en que, como
dice su señoría, sin profesorado no hay reforma posible. Estamos
completamente de acuerdo. Pero también dice su señoría que los profesores
están desafectos. Esa será su experiencia, señoría; pero no es la mía.
Porque mi experiencia personal es que hay profesores afectos que están
haciendo la reforma con entusiasmo y, como no podía ser menos, profesores
desafectos, porque hay profesores en todas las posiciones.
El tercer elemento es que su señoría vuelve a plantear la nostalgia del
consenso inalcanzado. Deberíamos haber alcanzado el consenso en la
tramitación de la Logse, y en otras tantas ocasiones. Pero a mí me parece
que ese discurso quizá debería descubrir ya su verdadero fondo, porque yo
creo que sus señorías, en la situación en la que se encuentran, tienen
que utilizar el argumento de la nostalgia del consenso para afirmar muy
duramente la necesidad del disenso, la necesidad del desencuentro. Eso es
lo que pienso. Sus señorías no quieren consensuar. Quieren decir que,
como no hemos tenido un consenso, están en una situación de separación,
de alternativa diferente, de no coincidencia. Y está su señoría en su
perfecto derecho al defender esa posición. Es decir, el consenso es un
argumento subrepticio para estar afirmando continuamente la necesidad de
la diferenciación.
Y por último, a su pregunta de si podemos alcanzar los objetivos con los
medios presupuestarios que tenemos, responderé firmemente, modestamente:
sí.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias.
Concluido el debate de esta Sección, iniciamos el debate correspondiente
a la Sección 19, Trabajo y Seguridad Social, así como el de la Sección
60.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado dio por defendidas
sus enmiendas, correspondiendo, por lo tanto, el turno al Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo para la defensa del conjunto de
sus enmiendas.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, damos por defendidas en sus propio términos la enmienda número
1.926, del Senador Cañellas Fons; la número 1.950, de la Senadora Luzardo
Romano; la número 2.173, del Senador Baltar Pumar y la número 2.223, del
Senador Someso Salvadores, a fin de que puedan ser votadas posteriormente
en el Pleno.
Señor Presidente, señorías, a esta Sección 19 nuestro Grupo presenta una
enmienda de totalidad, la número 1.381. Y la presentamos porque, si
partimos de la premisa de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, al que corresponde esta Sección, debe ser el gran gestor del
reparto de la solidaridad y de la protección social, nosotros, como
decimos en el texto de la justificación de nuestro veto, consideramos
necesario distribuir mejor o, al menos, de otra manera y de forma
distinta, los créditos y las partidas presupuestarias entre los
diferentes programas, para que se puedan lograr los objetivos que
nosotros consideramos prioritarios. Y es que estamos convencidos,
señorías, de que la política diseñada por el Gobierno no va a contribuir,
no digo ya a solucionar, no va a contribuir ni siquiera a solucionar el
principal problema de la economía y de la sociedad española, que es el
paro, y debe ser objetivo prioritario hacer disminuir su actuales
niveles. Y estamos convencidos de que esto va a ser así ya que es el
propio Gobierno, en el informe que acompaña a estos presupuestos, el que
reconoce que el paro se mantendrá el próximo año 1995 en el 24 por ciento
de la población activa; tasa que, como todo el mundo sabe, duplica con
creces la media europea y que es, además, la mayor de nuestra historia.
Incluso ni las previsiones más optimistas de creación de empleo para el
próximo año, en las que tan a menudo se autocomplacen algunos miembros
del Gobierno, nos van a permitir una reducción significativa del mismo,
ni siquiera en términos porcentuales.
Por otra parte, señoría, estos presupuestos presentan, a nuestro juicio,
más inercias que reformas, son continuistas, son inmovilistas, eso sí,
tienen algunos tintes electoralistas y están destinados a favorecer el
consumo más que la inversión, que es la única y la que de verdad puede
dinamizar el mercado de trabajo, y por ello no nos parecen los
presupuestos más adecuados para favorecer la creación de empleo. Bien es
cierto que alguno se va a crear si establecemos --como vienen haciendo el
Ministro de Trabajo y las autoridades del Ministerio-- datos comparativos
con el «annus horribilis» de 1993, al que el Gobierno nos llevó junto con
la crisis, pero todos sabemos que esto va a ser una creación de empleo en
el segmento de trabajadores no cualificados y con una gran precariedad y
rotación laboral, problema en el que, por cierto, nosotros consideramos
que no se está actuando de la forma adecuada.
Estos presupuestos tampoco presentan soluciones definitivas para los
parados cabezas de familia mayores de 40 años, que ahora representan el
30 por ciento del volumen total de parados. En León, mi provincia, más de
6.000 leoneses de esa edad no tienen empleo, y me consta que lo están
buscando desesperadamente junto con otros 800.000 compatriotas parados de
larga duración cabezas de familia y mayores de 40 años. Uno de cada
cuatro trabajadores va a seguir en el año 1995 sin trabajo, un millón de
familias españolas seguirá teniendo a todos sus miembros sin trabajo y
seguirán en el paro --y esto es muy importante, y quiero poner un
especial énfasis-- casi el 32 por ciento de mujeres, ya que somos el
único país europeo que supera el 20 por ciento de paro femenino.
Independientemente de estas importantes consideraciones de orden general,
nuestra enmienda a la totalidad a esta Sección 19 se basa
fundamentalmente en la inclusión en un presupuesto que no debería llegar
a los 2 billones de pesetas de un nuevo préstamo de 400.000 millones a la
Seguridad Social, préstamo que se va acumulando año tras año y que,
posiblemente, a finales del año 1995 va a alcanzar la astronómica cifra
de un billón 300.000 millones de pesetas, con la agravante de que no se
nos ha explicado adecuadamente cuál es la programación para la devolución
de estas ingentes cantidades de dinero. Y si a esto añadimos el
bochornoso espectáculo de las multimillonarias desviaciones que hemos
presenciado en los años 1992, 1993 y aún en este año 1994 de organismos
como el Instituto Nacional de Empleo --del que se nos dijo, por cierto,
que tenía sus contadores a cero--, esperamos, señorías, que comprendan
que la causa fundamental de nuestro rechazo es la falta de rigor
presupuestario.
Otro de nuestros reparos a esta sección es el relativo al funcionamiento
del ya citado Instituto Nacional de Empleo, organismo que en los momentos
actuales se ve obligado a competir en lo que siempre ha debido ser una de
sus funciones primordiales, por no decir la única y la más importante,
que no es otra que la función de intermediación en el empleo, sin que
nosotros veamos que se adopten las medidas necesarias de adaptación a
estas nuevas circunstancias por las que pasa el Instituto. También en
esta parcela es objeto de nuestro rechazo, lo que ha venido siendo una
constante en los últimos años, desde nuestro punto de vista negativa: la
proporción existente y la que debe existir entre políticas activas y
políticas pasivas laborales.
Es nuestro criterio que nuestro país debe dar un giro en relación con lo
que viene siendo ya normal en Europa, con lo que es normal en la Unión
Europea, para conseguir un mayor equilibrio entre las políticas activas
de empleo y las simples políticas pasivas de desempleo. Nos parece
necesario que todo el que sufre la pérdida de su puesto de trabajo reciba
la protección del Estado, pero el objetivo básico, señorías, a nuestro
juicio, debe ser el de reintegrar a esa persona a un puesto de trabajo,
pero la gestión realizada en los últimos años en relación a esta
perspectiva es, a nuestro juicio, desacertada.
De ahí --y aprovecho para defenderla-- nuestra enmienda número 1.382, que
pretende que se equilibre ese objetivo de política laboral al pedir que
se consignen 10.000 millones de pesetas destinadas a la formación de
parados de larga duración.
Otra de nuestras objeciones al presupuesto es que el Ministerio de
Trabajo parece haber olvidado que algunas de la competencias relativas a
minusválidos van a ser transferidas a las Comunidades Autónomas, pero la
consignación presupuestaria para ellas no se ve incrementada en la misma
medida que otras que se supone son también objetivo de transferencia. De
ahí nuestra enmienda número 1.383, que pretende ampliar en 1.000 millones
los créditos a la integración laboral de minusválidos teniendo en cuenta
las transferencias que han de ejecutarse en el año 1995 de acuerdo con la
Ley 9/1992.
Por último, señorías, nuestra enmienda número 1.384 propone un nuevo
programa dotado con 100 millones de pesetas para simplificación de los
procedimientos y métodos de la Administración en coherencia con la
disposición adicional nueva que ha sido presentada y en la que se
solicita el análisis de los procesos y métodos de relación de las
Administraciones públicas con sus administrados con el fin de
simplificarlas.
Por todas estas razones pedimos la devolución de la Sección o cuando
menos, les pedimos su apoyo a estas enmiendas razonables, a juicio
nuestro, que hemos presentado a la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a tratar de analizar con la máxima brevedad las razones que
están por detrás del rechazo de esta Sección y que no son otras que este
presupuesto no contribuye a dar respuesta al principal problema que tiene
la ciudadanía y que es el desempleo.
En segundo lugar, que este presupuesto sigue la inercia del año pasado,
que no incorpora ninguna modificación en función de los cambios que se
están produciendo en la sociedad española. En tercer lugar, que no da
respuesta a los problemas de los parados de más de 45 años, jóvenes y
mujeres, que no modifica para nada las políticas activas ni las pasivas y
que, además, el Inem no cumple con la obligación que está en su base y
que es fundamentalmente la intermediación en el mercado de trabajo.
Precisamente el presupuesto de 1995 creo que encuentra su justificación,
su respaldo, su base en el de 1994. En el presupuesto de 1994 ustedes ya
decían lo mismo, podría calcarse: es un presupuesto que no va a
contribuir para nada a la creación de empleo. Es un presupuesto que no va
a contribuir para nada a dar respuesta a los colectivos que tienen más
dificultades para acceder al empleo en España y, por consiguiente, su
política es un fracaso.
Pues bien, partamos de un dato en el que coincidimos ustedes y nosotros:
el desempleo es la mayor lacra que puede tener una sociedad y nuestra
sociedad tiene una lacra extraordinariamente importante. Sin embargo,
quiero recordarle --sin que esto sirva de disculpa-- que este no es un
problema sólo de la sociedad española, sino del conjunto de la sociedad
internacional, si bien es cierto que está agravado en nuestro país. Usted
sabe perfectamente que cuando hay crisis el desempleo es más importante
en Europa que en Estados Unidos o Japón, y que cuando hay crecimiento,
éste es más escaso en Europa que en Estados Unidos o en Japón. Además, en
España, cuando hay crisis el desempleo es más agudo, y cuando hay
crecimiento, el aumento del empleo es más escaso. Por tanto, este
problema trasciende del propio del Ministerio de Economía y se refiere al
funcionamiento de la economía de un país.
En esta situación, ¿qué es lo que ha ocurrido en 1994? Creo que se han
conseguido una serie de objetivos que quiebran la tendencia de años
anteriores. En primer lugar, si nuestra economía es incapaz de absorber,
en fase de crecimiento, más empleo, era necesario llevar a cabo reformas
profundamente estructurales, de tal forma que pudiésemos incorporar
desempleados al mercado de trabajo a partir de un 2 por ciento del
crecimiento del PIB. Pues bien, usted sabe que, frente a las previsiones
catastróficas derivadas de la mala situación de 1993, que indicaban que
en 1994 tendríamos 150.000 desempleados más, en estos momentos podemos
casi asegurar que en 1994 podremos disminuir el desempleo en 100.000
personas. Además, lejos de aquella fatídica cifra del 3,5 por ciento del
PIB para incorporar nuevos elementos al mercado de trabajo, estamos en el
2 por ciento, y con este porcentaje ya somos capaces de incorporar nuevos
efectivos al mercado de trabajo y, por consiguiente, disminuir el
desempleo.
Por tanto, con estas cifras, el presupuesto de 1994 avalaría su capacidad
de gestión, teniendo en cuenta que no podemos ser autocomplacientes, ya
que el volumen de desempleo sigue siendo la principal preocupación de la
sociedad española. En este sentido, creemos que con los presupuestos de
1994 se quiebra la situación del desempleo y que estamos en el camino
adecuado para seguir combatiendo una de nuestras principales lacras. Por
eso, los objetivos del presupuesto para 1995 son la creación de empleo,
el mantenimiento de las prestaciones sociales y la formación profesional.
¿Cuáles son los ejes estratégicos de este presupuesto? Usted dice que no
dan respuesta a los problemas que tienen los trabajadores con más
dificultades para acceder al mercado de trabajo. ¿Quiénes son estos
trabajadores? Son las mujeres, los jóvenes y los parados de larga
duración. Y usted sabe que a través de la reforma laboral y de las
medidas de fomento de empleo se han instrumentado una serie de mecanismos
que en estos momentos estamos en condiciones de afirmar que han dado
algunos resultados innegables. Por ejemplo, ¿quiénes son los máximos
beneficiados por el acceso al mercado de trabajo? Estoy en condiciones de
decir que son los jóvenes menores de 30 años y las mujeres, a través de
tres instrumentos que han sido seriamente criticados, pero que están
dando resultados, por lo que pensamos que, lejos de anularlos, hay que
intentar mejorar sus condiciones en 1995.
Cerca de 800.000 jóvenes y mujeres han llegado a la inserción en el
mercado laboral a través de los mecanismos de los contratos de
aprendizaje, de formación, y a tiempo parcial. Por consiguiente, la
política del Ministerio de Trabajo ha sido una ventana que ha facilitado
dicho acceso,
aunque es cierto --como usted ha dicho-- que se trata de empleo que no es
estable. Por eso, creo que el objetivo de 1995 se va a centrar,
básicamente, sin minusvalorar el acceso al mercado de trabajo a través de
la inserción, en garantizar una mayor y mejor calidad en el empleo de las
trabajadoras y trabajadores españoles.
Dicho esto, creemos que el presupuesto de este año se caracteriza por dos
elementos fundamentales. En primer lugar, por el diálogo sindical, que
está en la base de estos presupuestos en todo lo que se refiere a las
pensiones, como al sueldo de los funcionarios y a las medidas que van a
facilitar o posibilitar una lucha más activa contra el fraude en todos
aquellos elementos de protección social.
En segundo lugar, las políticas activas «versus» las políticas pasivas.
No podemos seguir planteando esta dicotomía sin tener en cuenta cuál es
la realidad del país, y la realidad del país es muy clara: 2.500.000
desempleados, a los cuales hay que dar preferencia en la cobertura
social. Por eso, creemos que no se puede recortar ni un solo duro en
estas políticas, salvo incentivar las políticas activas que, generando
empleo, disminuyen el volumen de desempleados con derecho a prestación.
Este año, lejos de aumentar el volumen de recursos para las políticas
pasivas, crece de forma muy moderada, un 3 por ciento. Sin embargo, como
la situación económica del país es más favorable, el crecimiento
sostenido ya es una realidad, lo que se plantea de una forma clara es el
apoyo a las políticas activas, creciendo en un volumen de,
aproximadamente, nueve puntos, frente a los tres de las políticas
pasivas.
Creemos que este año hay posibilidad de dedicar más recursos y hacer
converger todas las políticas en el crecimiento económico, en la mejora
del empleo y, por consiguiente, en la disminución del paro. Por eso, se
crece en un 9,1 por ciento, del orden de unos 356.000 millones en
políticas activas, en una triple dirección: en primer lugar, en el
incentivo del empleo, a través de las políticas que incentiven la
inversión productiva; en segundo lugar, incentivos que atiendan a la
mejora del empleo a través del empleo estable y a través del fomento del
empleo a los colectivos que antes insinuaba que son los que más necesitan
incorporarse al mercado de trabajo porque son los colectivos más
marginados y las leyes del mercado los conducen a la profunda o absoluta
marginación; y, en tercer lugar, ayudar, fomentando el empleo, a las
empresas privadas, con un monto de cerca de 70.000 millones de pesetas,
en esta doble vertiente de mejorar el empleo o de incentivar la
incorporación al mercado de trabajo a través de las políticas de fomento
de empleo.
En primer término las ayudas del fomento de empleo no pueden ser ayudas
que queden exclusivamente en el ámbito del Gobierno central, es necesario
implicar, fundamentalmente, a las Comunidades Autónomas, a los
ayuntamientos y a los agentes sociales. Y aquí tienen un volumen
importante de recursos que contribuyan activamente a mejorar las
condiciones del empleo en España con el esfuerzo del conjunto de la
sociedad.
En segundo término, está la política de formación profesional. En un país
como el nuestro, que tiene escasos recursos financieros y que tiene
escasos recursos en materia prima, la posibilidad más clara de
enfrentarse al reto del 2000 es apostar por la formación profesional o
por la creación de infraestructuras. La formación del capital humano,
instrumento estratégico para lograr competitividad y productividad en el
futuro y al mismo tiempo, para dar respuesta a los profundos cambios que
se están produciendo en España en el sistema productivo y que pueden
dejar sin posibilidades de futuro a decenas de miles de trabajadores, se
hará a través de una doble vía: la formación profesional para parados, en
la que se implica a las Comunidades Autónomas, a los ayuntamientos, al
Gobierno y al propio INEM; y a través de los agentes sociales, a través
de la formación y del reciclaje profesional con cerca de 52.000 millones
de pesetas que pueden posibilitar la adecuación de la mano de obra
cambiante en el propio mercado de trabajo.
Esto se combinaría con un tercer elemento que es el de las
escuelas-taller, que vienen a dar respuesta, yo creo que ajustada, a
problemas que tiene la juventud española para su profesionalidad y para
la incorporación al mercado de trabajo con garantías suficientes.
Por consiguiente, estos presupuestos apuntan en la doble vía posible de
las políticas activas: el incentivo a la generación de empleo y el
incentivo a la formación profesional, dos instrumentos fundamentales que
pueden converger en lo que puede ser un año más positivo para la política
de empleo. Estoy convencido de que en 1995 se pueden crear, sin ser
excesivamente optimistas, más de 200.000 empleos, de forma que podamos
reducir, por un lado, el volumen de gente que accede al mercado de
trabajo, en torno a los 100.000 y, por otro, la carga tan dura que en
estos momentos tiene el desempleo español. Nosotros creemos que estamos
en el camino más razonable, en el buen camino, que hemos quebrado la
tendencia en la caída del desempleo y, por consiguiente, estos
presupuestos están ajustados a lo que aquí se plantea.
En relación con el INEM --y termino-- es otro de sus viejos
planteamientos. ¿Para qué sirve el INEM? Sirve para pagar con rapidez a
los desempleados; sirve para intentar crear los módulos formativos más
adecuados para la situación del mercado de trabajo a través de dos
mecanismos elementales: el observatorio y las reuniones técnicas que
permitan adecuar las familias formativas a las demandas del mercado
laboral en estos momentos. En segundo lugar, el INEM es un instrumento de
formación. Ya hemos adelantado en qué dirección iría la formación que
plantea el INEM en 1995. Y en tercer lugar, el INEM es un instrumento de
inmediación.
Usted sabe que la nueva normativa española sitúa al INEM como un elemento
más en la competencia, como intermediario en el mercado de trabajo. En
algún momento han dicho ustedes que tiene poca utilidad porque solamente
facilita el 7 por ciento de las colocaciones; este año hemos ido un
poquito mejor, el 10 por ciento, y la intermediación del INEM ha sido de
unos 500.000 trabajadores, frente a los 300.000 en 1993. Pero quiero
decirle que el objetivo que en estos momentos tiene planteado el INEM
para 1995 es centrarse en los trabajadores más marginales
de la sociedad, es decir, en aquellos que tienen una formación escasa, en
aquellos que son mayores de 45 años, en las mujeres y en los jóvenes, de
forma que sea un instrumento que permita la clasificación y formación de
estos colectivos, la orientación de los mismos y, por consiguiente, la
posibilidad de casar con el máximo nivel las ofertas con las demandas.
Esto sería cumplir la misión básica que tiene el INEM como instrumento de
intermediación y, además, dejando claro que el INEM tiene como objetivo
no colocar a cualquiera. Hay gente que tiene posibilidades de colocación
por sus estudios o por las disponibilidades de su entorno, y otra gente
que difícilmente tendría posibilidad de acceder al mercado de trabajo
porque están dentro de la marginación social. Esta tarea es la que en
estos momentos tiene como objetivo central el INEM durante 1995 y tiene
los medios adecuados para llevarla a efecto, al menos dentro de sus
posibilidades. No en balde, usted tiene que entender conmigo que la
cultura de nuestro país es una cultura en la que el casamiento entre
oferta y demanda se desarrolla fundamentalmente en el mercado de trabajo
y en escasas circunstancias a través de la oficina de intermediación.
En resumidas cuentas y dejando patente que su veto no concuerda en exceso
con las reformas que ustedes plantean a las secciones, valgan un par de
ejemplos para constatar este dato: ustedes piden 10.000 millones para la
formación de parados de larga duración, y a mí me parece muy bien, lo que
se utilice para este colectivo es positivo, ¿pero de dónde se detraen?
Ustedes lo detraen del volumen de dinero que tiene que ser utilizado para
los desempleados. No creo que sea su intención al final aumentar el
déficit público. Porque si efectivamente el cálculo que hay en estos
momentos planteado es un cálculo ligado a las necesidades, en tanto en
cuanto reduzcamos dinero, al final del ejercicio no serían los 40.000 ó
50.000 millones que puede haber este año, sino que ustedes estarían
contribuyendo al aumento del déficit público. Y ustedes saben que es la
herramienta más negativa para instrumentar políticas activas de
generación de empleo. Por consiguiente se la rechazamos.
En segundo lugar, ustedes plantean una enmienda para mejorar el incentivo
de los minusválidos al acceso del mercado de trabajo, y lo plantean en
base a unas posibles transferencias que se van a hacer en el futuro.
Ustedes saben que en estos momentos, mientras no se produzcan las
transferencias, ese dinero está ligado a las necesidades de las
Comunidades Autónomas que no tiene transferida esta competencia. Por
consiguiente, si nosotros transfiriéramos esta cantidad, se la
reduciríamos a unas Comunidades en beneficio de las otras. Yo creo que
ésta no es su intención y, por consiguiente, como no lo es, yo le
agradecería que retirara esta enmienda. La otra es de poca monta y, por
consiguiente, también la rechazamos.
El señor PRESIDENTE: Senador Franco, le rogaría que concluyera ya.
Gracias.
EL señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estos presupuestos tienen como objetivo la promoción activa del empleo
--y, en la medida de sus posibilidades, están diseñados para ello--, la
cobertura de las necesidades sociales y apoyar la Formación Profesional
de forma lo más activa posible.
En consecuencia, rechazamos, porque me parece que son inconsistentes, sus
argumentos y sus enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunto al Grupo Parlamentario Popular si va a hacer defensa del veto a
la sección 60. (Pausa.) Sí.
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
Pregunto si no hay turno de portavoces en la sección 19.
El señor PRESIDENTE: Sí lo hay, pero lo haríamos único, acumulado al
final. Yo lo que pregunto es si va a haber una defensa diferenciada del
veto a la sección 60. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos un veto a la
sección 60 por entender que el presupuesto de esta sección no responde a
los objetivos prioritarios que debe cumplir el estado de gastos en varias
materias.
Nosotros creemos que hay que modificar la distribución de los mismos y,
además, creemos que hay que hacerlo de la forma en que yo mismo se lo voy
a exponer.
Primero, hay que desvincular de las cotizaciones sociales la financiación
de gastos no contributivos, petición que el Grupo Parlamentario Popular
ha realizado ejercicio tras ejercicio. Entendíamos y seguimos entendiendo
que es prioritaria la modificación de las funciones de la Tesorería de la
Seguridad Social en la financiación a través de las cotizaciones sociales
de las prestaciones no contributivas, en especial, entre ellas, las
cantidades destinadas a sanidad, lo que ha supuesto el continuo déficit
que se produce en las partidas presupuestarias de esta sección.
La mejor prueba del descontrol que produce la persistencia del Gobierno
en mantener este sistema es que, tras haberse liquidado el ejercicio del
año 1993, se desconocen a estas alturas las deudas de una función de la
Seguridad Social --de la asistencia sanitaria-- y se desconocen desde el
año 1992, agravando la situación anterior la modificación del método de
financiación para el año 1995, con reducción de las cotizaciones
sociales, que nos alegra, pero que entendemos que son cortas e
insuficientes, sin modificación alguna del sistema de reparto de las
cantidades presupuestarias de esta sección, y sin que del presupuesto de
la Seguridad Social para el año 1995 conozcamos cuánto de este
presupuesto de gastos se va a destinar a saldar déficit de ejercicios
anteriores.
En segundo lugar, creemos --y lo hacíamos constar en las enmiendas al
Título VIII-- que hay que reducir las cotizaciones
sociales en la cuantía análoga a los excedentes que resultan de la
diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales y los que son
aplicados a los gastos contributivos. Y esta diferencia, estimada en
cinco puntos, podría tener una repercusión final real de una disminución
de un uno por ciento frente a la repercusión final de la reducción fijada
por el Gobierno en los presupuestos de este año, que supondrán una
incidencia final en la reducción de los costes sociales del 0,2 ó 0,3 por
ciento. Por tanto, es necesario modificar la financiación de los gastos
no contributivos a cargo de la imposición general, lo hemos repetido
muchas veces, con el tiempo nos van a dar la razón, para que la reducción
anterior sea factible, que es ésa otra parte que ahora les voy a exponer.
El plazo para proceder a la progresiva reducción sería de tres años, y se
alcanzaría al menos el mínimo recomendado por la Unión Europea, un uno
por ciento del Producto Interior Bruto. Estamos seguros que fomentaría la
creación de empleo, quizás no inmediatamente, pero a más corto plazo, tal
como se están presentando los presupuestos de este año, concretamente, en
la Sección 60.
Para los presupuestos del año 1995, el Gobierno invirtió la línea de las
actuaciones seguidas en los años anteriores. Y a mí eso me encanta, aun
creyendo que es insuficiente, porque en el año 1992 se incrementaron un
punto las contingencias por desempleo con cargo al empresario. En el año
1993 fue medio punto en las contingencias comunes, también con la máxima
incidencia en el empresario que soportó el incremento del 0,4. Y en el
año 1994 se incrementó medio punto en las dotaciones por desempleo, lo
que no suponía un incentivo para crear e incrementar la contratación.
Además, defendíamos en los mismos términos que lo hacemos hoy la
necesidad de no hacer crecer las cotizaciones sociales, sino reducirlas.
Al fin podemos decir que el Gobierno reconoce lo que ya el informe sobre
el desempleo de 1988, el Libro Blanco y nuestros intentos a lo largo de
varios años, venían recomendando, aunque, por nuestra parte, no estamos
convencidos de que la actual rebaja sea una medida creadora de empleo a
corto plazo. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la
Presidencia.)
Siguiendo el proceso iniciado para los presupuestos de 1995, la reducción
de un punto en el tipo de cotización en el régimen general, el Grupo
Parlamentario Popular considera que el beneficio en la reducción de un
punto en las cotizaciones también debe extenderse al sistema de los
trabajadores autónomos. Esto yo lo digo muy convencido por ser este
colectivo el que puede incrementar la creación de empleo en un país como
España, y eso se ha demostrado a lo largo de varios años, donde las
pequeñas y medianas empresas, en muchos casos encabezadas por un solo
trabajador autónomo, alcanzan, lo saben sus señorías, un alto porcentaje
de los puestos de trabajo de este país y, además, nada conflictivos en
ningún sentido, unos puestos de trabajo muy tranquilos.
Por último, conviene destacar que las medidas propuestas por nuestro
Grupo son de austeridad en ciertos gastos corrientes y, sobre todo, de
mayor eficacia en la gestión para solventar algunos de los descontroles
que hoy día se vienen produciendo, por ejemplo, en la ILT o en la
invalidez provisional. Esperamos que eso se pueda corregir, esperamos que
algo se pueda corregir con la nueva figura de la invalidez temporal.
Pero, señorías, para ello es necesario que con urgencia se ponga en
práctica lo que antes había y que no resultaba mal, las unidades de
valoración de incapacidades del INSS; de ahí la necesidad de poner una
fecha concreta para evitar que continúe el actual descontrol en la
materia.
Por las razones expuestas, espero que no me contesten que no he aportado
soluciones; quizás no sean del agrado de ustedes, pero con el tiempo
seguro que vamos a llegar a ellas. Estoy seguro, y ustedes lo irán
reconociendo poco a poco, como lo han hecho precisamente ahora, con esa
rebaja de un punto en las cotizaciones sociales, que aunque pequeña, es
el camino a seguir. Lo que lamentamos es que se haya hecho en esa medida
y no pudiéramos ahora tomar el camino del progreso en ese sentido lo más
rápidamente posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría,
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Aguilar.
El señor AGUILAR BELDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Fernández Menéndez, yo le invité en el trámite de
Comisión a que su grupo parlamentario retirara el veto a esta sección, y
le invité no por una situación voluntarista de menos trabajo para
nosotros o menos oposición, sino porque entendía que, además, sus
señorías y su grupo tendrían mucha más credibilidad si cuando se
opusieran a los Presupuestos o a los proyectos de ley, a aquellas cosas
que son difícilmente vetables o a las que es difícil hacer oposición
reconocieran que están bien hechas. Y en estos Presupuestos,
concretamente a esta sección, yo no veo argumentos suficientes en su
intervención --se lo digo ahora y se lo dije en Comisión-- para oponerse
a una sección que consigue todos los objetivos que nos habíamos
planteado.
Me dice que nos ha dado suficientes argumentos para que vayamos a sus
posiciones y yo me atrevería a contestarle que en el debate que venimos
manteniendo desde hace diez años sobre el modelo de Seguridad Social es
todo lo contrario, o sea, que son ustedes los que han venido a nuestro
terreno. Somos nosotros los que desde 1979-1980 definimos el sistema de
Seguridad Social, basado en un trípode que, por una parte, eran las
pensiones contributivas, por otra, las no contributivas y, por otra, el
régimen complementario, y a lo largo de estos diez años hemos ido
legislando en esa línea y hemos conseguido cerrar el modelo. Y cuando sus
señorías, año tras año, se venían oponiendo a este modelo y únicamente
planteaban un nivel asistencial universal y luego propugnaban únicamente
un sistema privado de pensiones o un sistema complementario privado, pero
que no fuera obligatoria la afiliación a la Seguridad Social pública,
hemos visto que han sido sus señorías
los que han venido a posicionarse con nosotros, y nosotros estamos
encantados de que hoy día tengan un discurso de defensa de la Seguridad
Social pública. Estamos encantados, pero no nos inviten a que nos vayamos
a su terreno, porque han sido sus señorías y su grupo parlamentario los
que han venido al terreno del Grupo Parlamentario Socialista.
Yo he repasado debates de años anteriores y las críticas que sus señorías
nos vienen haciendo tradicionalmente a esta sección, y nos han acusado a
veces de que no se conseguía el diálogo social con los interlocutores y
con las centrales sindicales. En este presupuesto se ha consensuado con
Comisiones Obreras, con UGT, con la Unión Democrática de Pensionistas, y
además tiene un consenso de legislatura. Luego ahí no existe posibilidad
de crítica. Nos decían que no luchábamos suficientemente contra el
fraude, que si el problema de la ILT, de la invalidez provisional,
etcétera, y yo le digo que está próxima una reforma de la invalidez
provisional y de la ILT y que habrá que esperar los resultados, pero que
indudablemente hasta sus señorías reconocerán que, casi seguro, esto va a
rebajar las posibilidades de fraude o de gasto o mal gasto que había con
la nueva figura de la incapacidad temporal.
Nos venían hablando de austeridad en la gestión, y qué mayor austeridad
que el gasto de gestión de los siete billones de pesetas que nos cuestan
las pensiones sea única y exclusivamente el 1,7 por ciento. A ustedes,
que sacralizan muchas veces la gestión privada como más eficaz que la
pública, y que en algunos casos es verdad, tengo que decirles que ese
principio se rompe total y absolutamente en la gestión de la Seguridad
Social. El gasto de gestión de las mutuas patronales, que son entidades
privadas, aunque con tutelaje público, es de un 10 por ciento del
presupuesto; la Seguridad Social gasta un 1,7 del presupuesto, y está
aquí reflejado en los Presupuestos y en la rendición de cuentas de los
mismos año tras año.
Nos hablaban también de suficiencia económica y de mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones como crítica en otros Presupuestos, y
no solamente hay equilibrio económico-financiero en estos Presupuestos,
sino que no hay una diferencia de cinco puntos, como dice su señoría en
su intervención, entre lo que se recauda con cargo a cotizaciones y lo
que se paga de pensiones contributivas. No existe una diferencia de cinco
puntos, repito, sino de 2,19 puntos. O sea, el 67,63 por ciento del
presupuesto de la Seguridad Social se recauda con cotizaciones y el gasto
en prestaciones contributivas es del 65,44; prácticamente se está pagando
con cargo a cotizaciones las pensiones contributivas y con cargo a
aportación del Estado la sanidad, los servicios sociales y las pensiones
no contributivas. Hemos avanzado muchísimo en ese terreno y es un
objetivo de este Gobierno llegar, digamos, a cuadrar el círculo, en el
sentido de que lo no contributivo se pague con cargo a impuestos y lo
contributivo con cargo a cotizaciones.
Nos han hablado de luchar contra el fraude. Aquí se crean unidades de
lucha contra el fraude.
En lo referente al tema de los autónomos, nos dicen que no somos
sensibles a la problemática de los autónomos en cuanto a cotizaciones.
¿Me sabría responder su señoría a cuántos TC-1 o TC-2 o cuántas
cotizaciones hace al año un trabajador por cuenta ajena del régimen
general? Hace 14 ingresos al año en la Seguridad Social. ¿Me podría decir
su señoría cuántos ingresos hace al año un autónomo? Doce. La diferencia
es que al autónomo se le rebaja la cotización en medio punto y al del
régimen general en un punto. Aun así, señor Fernández, sale beneficiado
en el nivel de cotización el autónomo, en la rebaja que le supone con
respecto al del régimen general.
Además, le tengo que decir que son dos figuras jurídicas total y
absolutamente diferentes, porque ningún trabajador del régimen general
tiene la posibilidad o la oportunidad de cotizar por la cuantía que él
quiera. Esa posibilidad la tiene el del régimen de autónomos. El autónomo
que tenga capacidad económica, puede programarse qué tipo de pensión
quiere que le quede en el futuro y me atrevería a decirle más: puede
hasta fabricarse artificialmente una pensión, lo que no puede hacer el
del régimen general. Sí, no se ría, porque sabe que el cálculo de la
pensión se obtiene hallando la media aritmética de los últimos ocho años
cotizados.
Cuando un trabajador del régimen general tiene que cotizar por el grado
en el que está trabajando, por la cualificación profesional que tiene,
obligatoriamente el trabajador autónomo puede estar cotizando durante
toda su vida laboral por la mínima y cuando llega a los 57 años, empezar
a cotizar por la máxima, y mejorarse su pensión en los últimos ocho años.
Antes lo podía hacer con los dos últimos años. Hubo una reforma en el año
1985, se subió a ocho. Pero esa posibilidad existe.
Además, si hay algún régimen en la Seguridad Social que haya sufrido un
incremento importante en las prestaciones económicas y haya crecido en
las pensiones, se lo dije en el debate de Comisión y se lo repito ahora,
es el de los autónomos, porque sus pensiones han crecido en el mismo
porcentaje que lo han hecho sus homólogas del régimen general. Pero,
además, a los autónomos se les han reconocido dos pagas extraordinarias
en estos diez años de Gobierno socialista, a las cuales no solamente no
tenían derecho por no haber cotizado, por la razón que le he dicho antes
de que el trabajador del régimen general cotiza por 14 pagas que luego
recibe, sino porque a la hora de hacer el cálculo de su pensión, cuando
llegaba al INSS le decían: le corresponde un millón y medio de pesetas.
Mientras tanto, al trabajador del régimen general, que le correspondía un
millón y medio de pesetas, se le dividía por 14, y al del régimen de
autónomos se le dividía por 12. Al final cobraban los dos la misma
pensión, sólo que a unos se les redistribuía en 14 pagas y al otro en 12.
Aun no teniendo derecho ni por cotización ni porque hubiera una
injusticia o un agravio comparativo con los del régimen general, se les
ha reconocido las 14 pagas extraordinarias y ha habido años en los que en
el régimen de autónomos, el año en que se les reconoció la decimotercera
y el año que se les reconoció la decimocuarta, han llegado a subir las
pensiones hasta un 18 y un 19 por ciento. Luego no existe agravio en ese
sentido. Me dice que otra de las razones --ésta ya es de este ejercicio
presupuestario-- que
justifica su veto es el problema del déficit de la Sanidad, etcétera, y
que se clarifique. Por primera vez también en este Presupuesto se enjuga
un déficit histórico de la Seguridad Social y se parte de cero porque
tradicionalmente veníamos discutiendo el presupuesto de la Sección 26,
Sanidad e Insalud, diciendo que crecía un 12, un 8, un 11 por ciento,
etcétera, pero con un déficit histórico que, a la hora de la verdad, no
era así. Por primera vez, repito, se enjuga ese déficit histórico y se
saldan todas las deudas sanitarias con las Comunidades Autónomas y, entre
paréntesis, tengo que decir a su señoría que la más beneficiada, y lo
sabe usted, es la Comunidad Autónoma de Galicia, reconocido por su
Presidente, por su Consejero de Sanidad y por todos los Presidentes y
Consejeros de Comunidades Autónomas, porque era de justicia que recibiera
esos beneficios por el tipo de población, por su dispersión, etcétera.
El que sus señorías presenten un veto a un Presupuesto que cuando la
inflación prevista es del 3,5 por ciento sube un 8,8; que las pensiones,
aparte de subir un 8,4 (nos criticaron el año pasado que la inflación
prevista iba a ser menor que la real), según acuerdo con los sindicatos,
van a llevar una paga extraordinaria en el mes de enero para enjugar la
desviación que ha habido entre la inflación real y la inflación prevista
y esa actualización de inflación supone 53.000 millones de pesetas.
Además, de acuerdo con las centrales sindicales, subida en el presupuesto
de Sanidad de un 13,7 por ciento --cuatro o cinco veces más que la
previsión de inflación--, el presupuesto de transferencias en Sanidad a
las Comunidades Autónomas sube un 23,1 por ciento, y los servicios
sociales, descontando las pensiones no contributivas, suben más de un 5
por ciento. Por tanto, yo entiendo que no hay razones que justifiquen un
veto a esta sección. Creo que única y exclusivamente es porque sus
señorías han pensado que hacer oposición es oponerse a todo. Yo creo que
hacer una oposición responsable es oponerse a aquello que no forma parte
del modelo o de la ideología del partido político que lo defiende.
Porque, como le he recordado a sus señorías, si ustedes han venido a
nuestro modelo, sólo justificaría un veto a esta sección si, o bien
quieren volver al modelo antiguo de pensiones asistenciales para todos,
que no sea obligatoria la Seguridad Social y que cada uno se fabrique su
pensión, o bien porque quieren sus señorías recortar prestaciones.
Solamente estos motivos justificarían un veto a esta Sección.
Vuelvo a reiterar que única y exclusivamente justificaría este veto el
que no hubiera acuerdo en el modelo. Yo creo que si ustedes reconocen que
el modelo de Seguridad Social Pública es un modelo redistributivo de
rentas, que busca la igualdad y la compensación para aquellas personas
que más lo necesitan y lo merecen, indudablemente no estaría justificado
este veto y por eso pido que lo retiren.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Aguilar.
Se abre un turno de portavoces. ¿Algún Senador desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENSJO: Gracias, señor Presidente.
Respecto al INEM, la intermediación y las políticas activas,
efectivamente, señor Franco, nosotros pensamos que el INEM debe central
su actividad en las colocaciones y en la cualificación profesional y no
prioritariamente, como se viene haciendo ahora, en el pago de los
subsidios de desempleo, ya que seguimos pensando que es una función que
debería realizar el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tal como
se acordó en la Ley de Presupuestos del año 1993, con objeto de que el
INEM dedicara todos sus recursos a políticas activas, que no son otras
que la intermediación y la formación. Nosotros pensamos que, aunque se
haya subido el 10 por ciento, no puede seguir ocurriendo que el INEM
solamente presente esta bajísima incidencia en las colocaciones.
También tengo que decirle, hablando de la formación como una de las
claves de superación de desempleo y hablando de cifras, que vemos que los
beneficiarios del plan FIP vienen descendiendo casi a la mitad; en el año
1992 había 275.000 y en 1993, 147.000. Todavía no conozco los datos de
1994, pero me temo que han seguido bajando. Y si hacemos un cálculo de
los gastos en términos porcentuales del producto interior bruto en
formación, España es el país que menos gasta, según un informe de la OCDE
y sus documentos «Mercados de Trabajo».
En cuanto al nivel del paro, señor Franco, son de agradecer los esfuerzos
lingüísticos y semánticos, así como el manejo de las cifras de nuestro
nivel de paro, tasas de desempleo, etcétera, que para disimular hacen
ustedes. Por cierto, que son una cifras muy duras y a nosotros nos
gustaría, de verdad, que estos esfuerzos fueran acompañados de otros
reales en la lucha contra el paro.
Y puede que, de verdad, a lo mejor llueva menos, pero, desde luego,
llueve muchísimo. Puede que el enfermo ya no tenga 41 grados de fiebre,
pero, desde luego, tiene 40 grados y nueve décimas. Señor Franco,
seguimos anclados en tasas de paro que son, como le decía antes, el doble
de la media europea, y usted sabe muy bien que sólo podremos empezar a
hablar de la creación de empleo neto cuando el número de puestos de
trabajo creados sean capaces de absorber a la población activa y, en
consecuencia, reducir el número de parados.
Pero esto no va a ocurrir con el proyecto de Presupuestos que ustedes nos
han presentado y no podemos olvidar que, con proyectos parecidos al que
nos han traído a esta Cámara, desde 1991 se han destruido 927.000 puestos
de trabajo, que al finalizar este año 1994 se habrán destruido 80.000
puestos netos y que las cifras que nos dan sobre incrementos no hacen más
que encubrir la destrucción de empleo fijo y su sustitución por empleo
temporal, que, según un informe de hoy mismo del Instituto Nacional de
Estadística, alcanza niveles históricos. Y usted sabe muy bien, señor
Franco, que ni con el crecimiento de un 2,8 por ciento que prevé el
Gobierno de la actividad económica, ni con la creación entre 175.000 y
200.000 puestos de trabajo netos que ustedes prevén se va a reducir la
tasa de paro en más de unas décimas, y podremos pasar, como mucho, de un
24,4 a un 24,2, o ya sería un éxito llegar a un 24 por ciento. Y todo
ello debido al crecimiento de la población
activa española, que va a ser de un uno por ciento, y, desde luego, no
por las medidas de su Gobierno.
El paro, por desgracia, señor Franco, seguirá siendo en el año 1995, como
le decía en Comisión, el indicador más dramático de la vida española, el
número rojo por excelencia de la contabilidad nacional, el símbolo
definitivo del fracaso de un Gobierno que ha sido incapaz de proporcionar
trabajo a casi tres millones y medio de españoles. Y ésa es la realidad
de una tasa de paro que espanta a las otras sociedades desarrolladas. Es,
según también decía hoy un alto funcionario de la Comunidad Económica, lo
más dramático que ha ocurrido a un país desarrollado desde la gran
depresión. Y, como también le decía en Comisión, según el Premio Nobel de
Economía que lleva su nombre --se llama Franco Modigliani--, el paro en
nuestra nación es una situación miserable, vergonzante, increíble e
intolerable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Lobo.
Tiene la palabra el Senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Señor Lobo, portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, querría hacerle algunas observaciones.
Ustedes cada vez que suben a la tribuna es para plantear en el horizonte
de España frustración, catástrofe y oscuridad. Pero a mí me parece que en
estos momentos, afortunadamente, el horizonte de nuestro país ni es
catastrófico desde el punto de vista económico, ni está oscurecido, ni va
por un callejón sin salida. Pero es que, además, usted sabe perfectamente
que coincidiendo en que el paro es el principal problema que tiene la
sociedad española, sin embargo, en el último año --aunque sé que estas
cifras a su señoría quizá no le digan nada-- se han colocado 200.000
muchachos jóvenes menores de 24 años a través del contrato de
aprendizaje; 140.000 más que en el año 1993. Se han colocado 800.000
mujeres y hombres a través del contrato a tiempo parcial, y se han
colocado más de 50.000 estudiantes o gente que ha terminado Formación
Profesional de 2.º Grado o titulados superiores.
Esto, señor Lobo, no es una anécdota. Mes a mes, no sólo mejoran las
estadísticas, sino la condición y las expectativas de empleo. Usted sabe
perfectamente que en nuestro país el empleo no viene determinado por las
leyes del Ministerio de Trabajo, sino por el funcionamiento económico. Y
usted sabe perfectamente que en nuestro país era necesario, por la propia
estructura económica, crecer un 3,5 del PIB para iniciar la recuperación
del empleo. Este año, como antes he dicho, tenemos una senda de
crecimiento del 2 por ciento. Y vamos a terminar el año con más de
100.000 trabajadores respecto de 1993.
Las expectativas de 1995 son más positivas. Sabe usted perfectamente que,
por mucho que quieran negarlo, la economía va a crecer. Es posible que lo
haga por encima del 3 por ciento, como objetivo poco optimista y, por
consiguiente, el empleo puede crecer en torno a los 200.000 puestos. Es
verdad que todavía es un empleo pequeño, y precisamente por eso la
política del Ministerio para este año es intentar maximalizar el volumen
de empleo creado y evitar el máximo volumen de empleo perdido a lo largo
del ejercicio. Por eso aumentan de forma sustancial las políticas
activas. Y éstas, sin detrimento de las pasivas. Porque ustedes hablan de
las políticas activas sabiendo que las políticas pasivas están destinadas
fundamentalmente a los que no tienen ninguna posibilidad de acceder al
mercado de trabajo y, en consecuencia, hay que preservar --al menos ésa
es nuestra intención-- las políticas pasivas mientras sean necesarias.
Pero como este año la situación económica es mejor y para el próximo año
las perspectivas son mejores --y sus señorías lo saben y tendrían que
decirlo, porque mejoraría las condiciones de empleo de los ciudadanos de
los que ustedes se lamentan que no tienen empleo--, van a mejorar las
políticas activas, en nuestra opinión, a través de la formación y a
través del incentivo del empleo.
No culpe su señoría de los males sólo al Gobierno y a no sé quién de los
bienes. Porque cuando ustedes hablan de la crisis económica culpan al
Gobierno, y cuando hablan del crecimiento económico hablan de la economía
internacional. Cuando hay desempleo, la culpa es del Gobierno. Y cuando
hay crecimiento económico y empleo, la culpa de ese crecimiento y de ese
empleo nadie sabe bien de quién es.
Y no me resisto, señor Lobo, a hacer una glosa del Premio Nobel de
Economía. Es verdad: es vergonzoso, es hiriente, es inhumano el nivel de
desempleo que tiene nuestra economía, y todos los esfuerzos del Gobierno
y todos los esfuerzos de los agentes sociales deberían ir encaminados
precisamente a romper lo más posible el espinazo a esta situación. En eso
coincido con los apelativos del Premio Nobel de Economía. Pero lo que no
parece razonable, lo que parece aún más vergonzoso, ya no es solamente el
desempleo, que lo es, sino una actitud del Grupo Parlamentario Popular
que, lejos de romper el desánimo que ha tenido esta sociedad por la grave
crisis económica, no solamente aumenta cada vez más los niveles de
depresión subjetiva de los ciudadanos, dificultando, por consiguiente,
las sinergias para combatir y aunarse en el crecimiento económico y en la
lucha contra el desempleo, sino que --y esto es lo que me parece más
grave aún del Grupo Parlamentario Popular, o al menos de algunos de sus
dirigentes-- no solamente desaniman a la población española, sino que
desaniman a los inversores internacionales, y ustedes saben perfectamente
que la inversión internacional es imprescindible para luchar contra la
vieja secuela del paro que tiene nuestro país. Por consiguiente, ustedes
no solamente no ofrecen ninguna alternativa al presupuesto de este año
--como lo demuestran sus enmiendas, que son, cuando menos, contrarias a
la protección social--, sino que, lejos de mostrar la más mínima
iniciativa alternativa, desaniman a la población española y desaniman a
los inversores internacionales, y a mí me parece que esto no solamente es
vergonzoso, sino que es antipatriótico.
Muchas gracias (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez: ¡Exagerado!. El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señores Senadores, vamos a iniciar las votaciones pendientes, pero
previamente, y a efectos informativos, les voy a explicar el plan de
trabajo que ha previsto la Mesa. (Fuertes rumores.)
Es reconfortante descubrir las ansias de trabajo que tiene la Cámara.
Pues bien, terminadas las votaciones, proseguiremos el debate hasta la
Sección 25 inclusive. (Rumores.) Mañana a las nueve de la mañana
reanudaremos el debate de las secciones pendientes. En cuanto a las
votaciones, en ningún caso serían antes de la hora prevista, las trece
treinta. (Rumores.) Por tanto, si se terminara el debate de la ley de
presupuestos antes de esa hora, abordaríamos los puntos del orden del día
que aún están pendientes para que sus señorías, con hora convocada,
puedan ejercer correctamente su derecho de voto. (Rumores.--El señor
Bayona Aznar pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quería aclarar que habitualmente las votaciones están fijadas
a las trece horas, no a las trece treinta. Lo digo para no confundir; a
no ser que la Mesa decida modificar la hora. (Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: El señor portavoz tiene razón. La hora prevista son
las trece horas, es decir, no se votará antes de las trece horas. Ha sido
un error mío.
Vamos a iniciar las votaciones pendientes.
Sección 14. En primer lugar vamos a someter a votación el voto particular
número 1.927 de los Senadores Cañellas Fons, Escudero Sirerol y otros.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 101; en contra, 131, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 361 a 379. Se
someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, uno; en contra, 232, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.064 a 1.077 del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 99; en contra, 133, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar la Sección 14 del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 135; en contra, 98, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 15. Si no hay inconveniente, someteríamos a votación conjunta los
votos particulares que mantuvieron Senadores del Grupo Parlamentario
Popular a título individual. (El señor Torrontegui Gangoiti pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de las enmiendas 2.255 y 189.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vamos a votar sólo la 2.255, porque la
número 189 es de las enmiendas que están afectadas por inadmisión.
Por tanto, sometemos a votación la enmienda 2.255.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 106; en contra, 126, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las restantes enmiendas de Senadoras y Senadores del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 99; en contra, 129, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas 380 y 381, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 101; en contra, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sólo resta por votar la
enmienda número 731, ya que la 730 está en relación con una enmienda
transaccional.
Por tanto, sometemos a votación la enmienda 731.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 232; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La enmienda 2.359, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, se retiró.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
números 1.078 a 1.118, que sometemos conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 102; en contra, 131; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Todos los grupos parlamentarios han suscrito una enmienda sobre la base
de la enmienda número 730 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, alta en la Sección 15, Capítulo 6, referida a revisión,
actualización y conservación del catastro de rústica, incremento, 25
millones.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Con las modificaciones introducidas vamos a someter a votación la Sección
15 del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 132; en contra, 98; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 17.
Enmiendas individuales de Senadores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular, Senadores Acacio, Acebes, Agüero, Ainsa, Alierta, Alvarez
Rodríguez, etcétera. Vamos a someterlas a votación conjuntamente, con
excepción de la enmienda número 2.237, del Senador González Pons, y la
enmienda número 1.820, del Senador Moya Sanabria. Estas dos enmiendas son
las que permiten que haya enmienda transaccional, por lo tanto, quedan
excluidas de la votación. (El señor Travieso Darias pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda número 2.254, del Senador
Cárceles Nieto y otros.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar la enmienda propuesta número 2.254.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 110; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las demás enmiendas de los Senadores del Grupo
Parlamentario Popular, excepto las dos citadas números 2.237 del Senador
González Pons y 1.820, del Senador Moya Sanabria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 108; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, el Senador Ramón i Quiles sostiene un conjunto de
enmiendas a esta Sección, desde la número 1 hasta la 169, que podemos
someter a votación conjuntamente, si no hay inconveniente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 110; en contra, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas que sostuvo el Senador Armas Rodríguez.
Perdón, Senador Ortiz, ¿solicita alguna votación diferenciada?
El señor ORTIZ PEREZ: Según mis notas, la 660 mantiene una enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Sí, es verdad. Muchas gracias, Senador Ortiz.
Excluimos la enmienda 660. Sometemos a votación las demás enmiendas del
señor Senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 108; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 170 a 199, del Grupo Parlamentario Mixto. También
podríamos someter a votación la 382 hasta la 644, salvo las que estén
afectadas por enmiendas transaccionales. Senador Ortiz, con excepción de
las dos que yo he citado anteriormente que afectaban a Senadores de su
Grupo Parlamentario, las demás podríamos someterlas a votación porque
tiene la firma de todos los portavoces. De tal manera que no tenemos
riesgo ninguno.
Senador Ortiz, tiene la palabra.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, pido votación separada de las
enmiendas 398, 429, 444, 446, 469 y 471 conjuntamente. En otro bloque la
420 y 440. Y el resto, por supuesto, en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Vamos a efectuar, por lo tanto, tres votaciones. En
primer lugar el conjunto de enmiendas que ha citado el Senador Ortiz,
398, 429, 444, 446, 469 y 471; en segundo lugar, la 420 y 440; en tercer
lugar, el conjunto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto no
sometidas a votación, con excepción de la 598 hasta 627 que están
afectadas por la calificación antes referida.
Votamos, en primer lugar, el primer bloque citado por el Senador Ortiz
Pérez, enmiendas 398, 429, 444, 446, 469 y 471.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, cuatro; en contra, 128; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 420 y 440.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, dos; en contra, 227; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación todas las demás, con excepción de las enmiendas 598
hasta 627.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 103; en contra, 126; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, número
732 a 746. Las enmiendas números 732, 736 y 737, en cualquier caso,
podrían ser sometidas a votación, pero las excluimos porque sostienen el
alta a la Sección 17. Todas las demás, ¿podemos someterlas conjuntamente
a votación? (Asentimiento.) Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 109; en contra, 125; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos números 2.360 a 2.366.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 105; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular, enmiendas números 1.119 a 1.371. La enmienda
número 1.153 está afectada por una transaccional, Sección 17, que
excluimos, por lo tanto, de votación.
Las demás se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 101; en contra, 128; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A la Sección 17, sobre la base de las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado y del Senador Armas Rodríguez, hay una
enmienda transaccional a la Sección 17, Capítulo VI, con un alta de 100
millones. Está suscrita por todos los señores portavoces. Por lo tanto,
podría someterse a votación por asentimiento. (Pausa.) Muchas gracias.
Así se declara.
Sobre la base de la enmienda número 153, del Grupo Parlamentario Popular,
a la Sección 17, Capítulo VI, hay también un alta de 100 millones de
pesetas, suscrita por todos los grupos parlamentarios. Se entiende
aprobada por asentimiento. (Pausa.) Así se declara. Muchas gracias.
Sobre la enmienda del Senador González Pons, antes referida, también hay
un alta de 100 millones de pesetas, Proyecto 95.17.39.06.10.
Acabamos de advertir un problema formal importante, y es que no tiene
baja este alta.
El Senador González Pons y los señores firmantes, así como el Senador
Moya Sanabria, podían aclararnos... (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Senador Aleu, tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Unicamente hay que añadir las palabras en negrita
«Alcobendas, San Sebastián de los Reyes» porque la dotación es la misma
que la partida del proyecto 95.17.39.06.10. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Y la enmienda del Senador Moya Sanabria está en los
mismos términos, es una modificación. Los Senadores Moya Sanabria y
González Pons tienen una deuda con el Senador Aleu.
¿Se pueden entender aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Vamos a someter a votación la Sección 17 del texto del dictamen con las
modificaciones incorporadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 130; en contra, 101; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación las enmiendas de la Sección 18, Educación y
Ciencia. Si no hubiera inconveniente propondría la votación agrupada de
las enmiendas suscritas a título individual por Senadores del Grupo
Parlamentario Popular, salvo que se me indique alguna votación
diferenciada.
Sometemos a votación, por lo tanto, las enmiendas sostenidas por
distintos Senadores del Grupo Parlamentario Popular a esta Sección 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 110; en contra, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Senador Ramón i Quiles números 68
y 69.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 11; en contra, 221; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números
502 a 522, 609, 622, 625, 645, 646, 647, 656 y 664. La 194 no se somete a
votación, al igual que las números 609, 622 y 625. (El señor Ortiz Pérez
pide la palabra.)
Senador Ortiz, ¿podemos someterlas conjuntamente a votación?
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, pedimos votación separada de la
502.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 502. (El señor Travieso Darias
pide la palabra.)
Senador Travieso, tiene la palabra.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación de las enmiendas 503 a la 522, en un solo bloque.
El señor PRESIDENTE: ¿Diferenciadamente?
El señor TRAVIESO DARIAS: Diferenciado luego el resto en el conjunto; y
la 502, de la que ha pedido votación separada el Senador Ortiz, aparte.
El señor PRESIDENTE: Bien. Votamos la enmienda número 502. Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 107; en contra, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 503 a 522, conjuntamente. Se
inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, uno; en contra, 133; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las restantes enmiendas de los Senadores del Grupo Parlamentario
Mixto. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 110; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 747 a 751 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 110; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, votamos a
continuación las enmiendas números 2.368, 2.406 a 2.418. La 2.367 queda
reservada.
(El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, solicito votación separada de las
enmiendas 2.406 y 2.413, conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Votamos estas dos enmiendas conjuntamente. Se inicia
la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 110; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 11; en contra, 225.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.372 a 1.380 del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 100; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A esta Sección 18, sobre la base de la enmienda 2.365, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hay un alta por importe
de 10 millones, Organismo 101, Programa 457 A, Concepto 459. Se somete a
votación y se solicita que sea por asentimiento. Está firmada por todos
los señores portavoces. (Pausa.) Así se declara.
Con las modificaciones incorporadas sometemos a votación la Sección 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 133; en contra, 103.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Sección 18.
Sección 19 y Sección 20.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda 679, del Senador Armas
Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 12; en contra, 224.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las enmiendas de los Senadores Baltar, Cañellas,
Lobo Asenjo y Someso Salvadores a esta Sección.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 106; en contra, 127;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Mixto, se someten a votación siete enmiendas, que
podemos votar conjuntamente. (El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Señor Presidente, solicito votación separada de la
524.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 524, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 133; en contra, 133;
abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 12; en contra, 223.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, se someten a
votación agrupadamente las enmiendas 752 a 759.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 12; en contra, 224.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, se someten a votación agrupadamente
cinco enmiendas a la Sección 19 y a la Sección 60.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 99; en contra, 136;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A la Sección 19 y a la Sección 60, y en su caso con alguna repercusión en
el articulado, como después indicaré, están presentadas enmiendas
transaccionales suscritas por todos los señores portavoces.
A la Sección 19, Servicio 02, Pensiones e indemnizaciones de clases
pasivas, Programa 314 J, Otras pensiones y prestaciones de clases
pasivas, hay un conjunto de modificaciones muy pormenorizadas --pensiones
excepcionales, pensiones a enfermos de VIH, etcétera--, que entiendo que
pueden ser aprobadas por asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Así se declara.
Sección 19, Servicio 03, Pensiones indemnizatorias de carácter civil y
militar, Programa 314 H, Pensiones de guerra, con distintas
modificaciones, suscrita por todos los grupos parlamentarios.
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así de declara.
Enmienda a la Sección 60 y a la Sección 19, Aplicación de las
consecuencias de la evolución del índice de precios al consumo e
incremento destinado a pensiones contributivas de la Seguridad Social por
el importe cifrado de 42.844 millones de pesetas, suscrita por todos los
señores portavoces.
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así de declara.
Finalmente, también con el respaldo de todos los señores portavoces, como
consecuencia de la aplicación al presupuesto de la Seguridad Social de la
disposición adicional séptima del citado proyecto, por modificación del
índice de precios al consumo en el período noviembre 1993/noviembre 1994,
modificación del artículo 12 de la Seguridad Social apartado 3, con la
redacción que sus señorías conocen.
¿Se entiende aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se
declara.
Con estas modificaciones sobre la Sección 19, Sección 60 y artículo 12
del proyecto de ley de presupuestos, vamos a someter a votación el
dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 131; en contra, 104.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Reanudamos los debates con la Sección 20, reitero, con el propósito de
culminarlos con los de la Sección 25. (El señor Vicepresidente Rigol i
Roig ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a debatir las enmiendas
presentadas a la Sección 20. La primera de ellas es la de los señores
Barrero Valverde y Bernáldez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Señor Presidente, las damos por defendidas en sus
justos términos, quedando asumidas para su votación en el Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto fueron defendidas en sus
justos términos. Las enmiendas del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria también fueron defendidas.
Por el Grupo Parlamentario de Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
señor Gangoiti. (Rumores.)
El señor GANGOITI LLAGUNO: Con su venia, señor Presidente, y si es
posible que se me escuche en la Cámara.
Nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
mantiene una serie de enmiendas a la Sección de industria básicamente
dedicadas y relativas a las pequeñas y medianas empresas. En otro grupo
nos referimos a la calidad, a la innovación, en definitiva, a la
competitividad que debe tener hoy en día el mundo empresarial de cara a
competir en el marco de la Unión Europea, del espacio económico europeo y
de la internacionalización de la economía, y, por otro lado, otra serie
de enmiendas sueltas.
Empezaré, por tanto, por lo primero que he citado, las enmiendas sobre
pequeñas y medianas empresas. Nuestro Grupo Parlamentario considera que
la pequeña y mediana empresa forma parte consustancial y básica del
tejido industrial de cualquier Estado y de cualquier Comunidad Autónoma.
Al fin y al cabo, todos hemos visto que las empresas multinacionales
--bienvenidas sean-- en muchos casos --o en algunos casos-- de la misma
forma que vienen se van, en tanto que, en cambio, las pequeñas y medianas
empresas siempre continúan en su lugar de origen. De hecho, incluso la
propia Unión Europea ya hace tiempo --creo que fue hacia 1986, cuando se
creó la «task force» de pequeñas y medianas empresas, y que,
precisamente, se encargó esa cartera al comisario español Abel Matutes--
decía que uno de los instrumentos más importantes para la lucha contra el
paro y la reactivación de la economía era la inversión endógena y, en
definitiva, el apoyo a las PYME.
En este sentido, nosotros hemos presentado la enmienda 2.373, una
enmienda en la que nosotros consideramos que es necesario un incremento
de las partidas presupuestarias con objeto de fomentar los proyectos
industriales y del sector terciario, en especial en los casos referidos a
las PYME, con objeto de obtener un número mayor de proyectos de
eficiencia energética y mejores logros dentro de las PYME.
También, y aún en este capítulo de PYME, tenemos la enmienda 2.375, en la
que solicitamos un incremento presupuestario de 3.000 millones de pesetas
con objeto de lograr un apoyo financiero a las pequeñas y medianas
empresas.
Y por último, en este capítulo de PYME, la enmienda 2.376 solicita un
incremento presupuestario de 5.000 millones de pesetas. La razón a este
efecto está en que solicitamos el cumplimiento de los objetivos recogidos
en la memoria del Ministerio de Industria para sus programas de apoyo a
las PYME.
Por tanto, tal y como decía al principio y dentro de los tres capítulos
que he señalado, éstas son las enmiendas que nos quedan en estos
momentos, después del trámite del Congreso, de cara a estos Presupuestos
Generales del Estado con objeto de reforzar la solidez de las pequeñas y
medianas empresas, que, vuelvo a decir, consideramos que son la base
fundamental del éxito, incluso en este momento en que se está saliendo de
la crisis económica, de relanzamiento, del tejido industrial tanto del
Estado, como de las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, tenemos una serie de enmiendas dedicada a tratar de
conseguir que las nuestras sean unas empresas innovadoras, unas empresas
más productivas, unas empresas con una tecnología más de punta, unas
empresas con mayor calidad.
En definitiva, todos somos conscientes, señorías, de que en estos
momentos y en una economía totalmente internacionalizada no se trata,
única y exclusivamente, como en los años cuarenta o en los años
cincuenta, de producir. Una economía occidental como la nuestra, que
tiene que competir en estos momentos con países en vías de desarrollo, no
puede competir en costes con esos Estados. O somos capaces de hacer un
producto tecnológico importante y de calidad o nuestras empresas, si
continúan con unos planteamientos tradicionales, se verán barridas por
los precios de mercado, por esos países en vías de desarrollo y por las
empresas de esos países en vías de desarrollo que producen mucho más
barato que nosotros.
En este sentido, querría resaltar dos de las enmiendas. En primer lugar,
la enmienda número 2.378, por la que pedimos un incremento que vaya
dirigido hacia el plan calidad de interés general. Y, en segundo lugar,
la enmienda número 2.374, que cuyo objetivo es solicitar un incremento de
la partida dedicada a la promoción de la innovación industrial y de la
tecnología.
Como decía, éste es el segundo de los capítulos que hemos planteado
después del de las PYME, entrando ya dentro del Capítulo 3, que se
refiere a conceptos distintos y que trataré de analizar lo más
rápidamente posible.
La enmienda número 2.369 tiene un contenido medioambiental y va dirigida
a entes locales para la restauración de espacios degradados por la
explotación minera.
En la enmienda número 2.370 consideramos oportuno un incremento de las
partidas presupuestarias por valor de 50 millones de pesetas para el
«Programa de control de cumplimiento de las condiciones de seguridad de
los productos industriales de mercado».
En la enmienda número 2.371 defendemos la creación de una partida de 40
millones de pesetas para el organismo RELE con objeto de continuar con el
proyecto del organismo de acreditación, previsto en los Presupuestos de
1994.
La enmienda número 2.372 va dirigida a favorecer las actividades de los
sectores no energéticos privados, dado que para el carbón se destina la
práctica totalidad de las transferencias y una parte importante de las
transferencias de capital.
Por último, en aras de la brevedad y dando por defendidas las enmiendas,
números 2.377, la 2.379 y la 2.381, en sus propios términos, me referiré
a la enmienda número 2.380, por la cual proponemos la inclusión de las
empresas aeronáuticas, tres en concreto, Gamesa, ITP y Sener, como eje
también de la consolidación del tejido industrial aeronáutico.
Con esta enmienda número 2.380 pretendemos cumplir con los objetivos
propuestos en la memoria del Ministerio de Industria y Energía respecto
al fomento de la capacidad tecnológica y el apoyo de la innovación
tecnológica en diversos sectores. En este sentido, he citado tres
empresas, Sener, una empresa de larga tradición en el País Vasco, con una
tecnología punta; ITP, que, en una situación de crisis económica en el
País Vasco, en la que no había inversión extranjera, representó la
apuesta de una importante empresa británica en el Parque Tecnológico de
Zamudio, y, por último, Gamesa, el último proyecto aeronáutico que se ha
creado en el País Vasco de un año a esta parte, proyecto en el que
también participan una empresa vasca y otra internacional.
Con esto, señorías, doy por defendidas las enmiendas que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta al Capítulo de
Industria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Ahora que estamos en un número relativamente reducido, y aunque yo creo
que sería inoportuno recordar el lema de los caballeros de la Tabla
Redonda de todos por uno y uno por todos, porque somos de grupos
distintos, sí que nos podemos reclamar mutuamente una cierta piedad en el
sentido de que los tiempos asignados son de máximos, que no de mínimos, y
tener en cuenta esto nos llevaría a conllevarlo mejor entre todos,
siempre que ustedes lo crean oportuno, lógicamente.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
Esta situación de la Cámara me hace recordar un dicho popular que reza:
uno es soledad, dos compañía y tres ya multitud. Por lo tanto, señorías,
ante esta multitud, voy a tratar de defender las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular a la sección 20 de los Presupuestos Generales del
Estado para 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Unceta, somos pocos, pero
representamos a muchos, y esto es un honor para los que estamos aquí.
El señor UNCETA ANTON: Por eso he dicho, señor Presidente, que somos una
multitud, puesto que hemos pasado de tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta Sección 20
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 una
enmienda a la totalidad de la sección solicitando su devolución al
Gobierno, y para el caso de no ser aceptadas por la Cámara las enmiendas
parciales a la sección, tratando de mejorarla en lo posible, comprendidas
entre los números 1.386 y 1.412, ambas inclusive.
Voy a pasar a argumentar los motivos por los que el Grupo Parlamentario
Popular solicita a la Cámara su apoyo para que sea devuelta al Gobierno
la Sección 20, Ministerio de Industria y Energía, de estos presupuestos
para 1995. En primer lugar, señorías, por algo tan elemental, y que no se
cumple en estos presupuestos, como situar la política presupuestaria
industrial en el marco de la política industrial en su totalidad.
Señorías, el señor Ministro de Industria, que nos honró hace unos días
con su presencia, en diversas ocasiones --y estamos de acuerdo con ello--
ha planteado que el presupuesto para la política industrial sólo tiene
lógica dentro de la política macroeconómica del Gobierno, y en este
sentido vamos a argumentar nuestro veto a esta sección. Porque, señorías,
hasta hoy nadie niega --sensatamente al menos-- que el crecimiento del
producto industrial en el segundo trimestre del año 1994 se ha debido en
parte realmente al tirón exterior, tirón exterior que ha tenido como base
el esfuerzo realizado por la devaluación de nuestra moneda en tres
ocasiones --también es cierto que en contra del principio del Gobierno--
a instancias y presiones del exterior --pero hecho está y ha sido
bienvenido-- y, sobre todo, al ajuste de costos de las empresas
españolas. Pues bien, señorías, estos presupuestos pueden poner en
peligro este esfuerzo y pueden frenar las exportaciones debido a la
inflación diferencial y, sobre todo, por el fuerte diferencial de los
tipos de interés, y en este sentido quiero señalar que hay ciertos
apuntes de esta subida de intereses. Por todo ello digo que en los
Presupuestos Generales del Estado para 1995, y específicamente en los de
esta Sección 20, no se hace el esfuerzo necesario para mejorar estos
puntos débiles, a menos a juicio de este portavoz, que representa,
lógicamente, al Grupo Parlamentario Popular.
La segunda razón para pedir la devolución de esta Sección 20 al Gobierno
la concita la extraña confección del presupuesto del Ministerio de
Industria y Energía. Señorías, los 479.000 millones que --salvo error u
omisión por mi parte-- alcanza la Sección 20 como presupuesto consolidado
presentan las siguientes curiosidades: crece en un 28,3 por ciento el
presupuesto de los organismos autónomos. Señorías, cualquier gestor de la
Administración del Estado --y lo digo entre comillas-- sabe que uno de
los mecanismos más eficaces para la reducción del gasto corriente es
suprimir los organismos autónomos. Y digo lo del entrecomillado porque
estas palabras no son mías ni son tampoco de ningún miembro del Partido
Popular. Señorías socialistas, estas palabras son del Subsecretario de
Hacienda del Gobierno socialista. Y no es que yo ni el Grupo Popular
pretendamos hacer desaparecer de un plumazo los organismos autónomos, es
que el incremento de los presupuestos en la Sección 20 es totalmente
rechazable, sobre todo en un año como éste en el que estamos hablando,
incluso desde el Gobierno, de austeridad. Pónganse de acuerdo, señorías
socialistas, entre lo que dicen y lo que realizan, y con reducciones, o
al menos, sin incrementar las asignaciones a organismos autónomos, ayuden
a una reducción del gasto corriente, que es algo imprescindible
para dedicar mayores recursos a la inversión productiva y a la reducción
del déficit.
Por otra parte, señorías, soportamos una subrogación de deuda de 272.000
millones de pesetas, subrogación que no es sino el cubrimiento de
pérdidas de las empresas públicas relacionadas con el Ministerio de
Industria y sus magníficos gestores.
Señorías, con las empresas públicas ocurre un curioso hecho contable.
Primero, se reducen las subvenciones o transferencias. Su gestión sigue
siendo igual y, por tanto, con el mismo nivel de pérdidas incrementándose
año a año. Estas pérdidas, en lugar de ir a déficit, como sería lógico, y
posteriormente a deuda, pasan directamente a ser asumidas mediante la
subrogación de deuda por parte del Estado. Con lo cual, señorías, la
cifra del déficit de las empresas públicas con relación al PIB queda
falseada puesto que habría que añadir estos agujeros negros de las
empresas públicas, pero esto no es ni más ni menos que un maquillaje
realizado por el Gobierno para aportar esos datos ante la opinión pública
y que todos quedemos muy bien. Por ello, señorías socialistas, nos
gustaría conocer a través de su portavoz si es o no cierto que ustedes
enmascaran el déficit con ese truco contable, que es posible, pero que no
deja de ser un truco. Nuestra posición, desde luego, será muy pronto --ya
lo verán, señorías-- la de que debe ser cubierto vía créditos
extraordinarios por ser la transparencia en el déficit real lo que
haremos desde un gobierno del Partido Popular.
Pues bien, señorías, si al crecimiento del 28,3 de los organismos
autónomos excluimos subrogación de deuda, las transferencias directas a
empresas dependientes del INI y algunos etcéteras menores, llegamos a la
conclusión siguiente en lo que se refiere al presupuesto del Ministerio
de Industria y Energía: señorías, únicamente 27 de cada 100 pesetas del
presupuesto del Miner van destinadas a la industria española que no sean
empresas públicas. Señorías, éste es el tratamiento que desde los
presupuestos del Ministerio de Industria y Energía se da a las PYME, es
decir, al 98 por ciento de nuestro tejido industrial, y esto es lo que
los presupuestos definen.
Como en años anteriores, señorías, insistimos en la afirmación de que
este presupuesto de la Sección 20 es el del ministerio de las empresas
públicas y no el presupuesto de un Ministerio de Industria y Energía para
la industria española; empresas públicas que, bajo la dirección y gestión
de la política del Gobierno socialista, hacen de los presupuestos del
Miner la tapadera de los desastres y mala gestión de su política
industrial, política que al final se salda con liquidaciones de empresas
públicas a precios irrisorios o drásticas reducciones de empleo.
Señorías socialistas, nos gustaría conocer qué política actual, qué
política activa horizontal, vertical u oblicua, como dice el Ministro,
pretenden llevar a cabo con las empresas públicas que en el año 1993,
según el informe de la central de balances del Banco de España --que no
es dudoso--, tuvieron un déficit con un crecimiento de un 253 por ciento
sobre el año anterior. Nada menos llegaron a 345.000 millones de pesetas.
Dígannos, señorías socialistas, qué política industrial van a realizar
con las empresas públicas para que a través de su gestión se aligere lo
que nos cuesta a todos los españoles. Espero que el portavoz socialista
nos conteste a esta pregunta, totalmente ligada --como él puede suponer--
a estos presupuestos.
Por otra parte, señorías que apoyan y soportan al Gobierno socialista,
los presupuestos para 1995 de la Sección 20 no incluyen ninguna novedad
en política industrial digna de mención; no hay novedades que ayuden al
relanzamiento de nuestro sector industrial en estos momentos claves. Es
en este punto, señorías socialistas y señorías de esta Cámara, donde voy
a utilizar algo que he oído decir aquí esta tarde al Senador Iglesias
--quien, por otra parte, tiene todos mis respetos--, que es acoplable en
este momento. Decía él --y hago mías sus palabras--: no hacen ustedes los
surcos de las ideas para labrar el surco de la industria española. Yo
creo, señorías, que a ustedes les faltan ideas para evitar el
continuismo, que es evidente, y no presentan más variación que la pintada
de números en el Libro Rojo de la Sección 20, con el pase de éstos de un
programa a otro o de una página a otra. Y esto es lo grave, señorías,
porque son políticas que nos llevaron en parte, desde 1990 a 1993, a una
pérdida de puestos de trabajo de 443.800 empleos en el sector industrial.
Con el continuismo y con las 27 pesetas de cada cien con que cuenta el
programa de la Sección 20 para la industria española, para sus PYME, es
difícil decir que desde el Miner se ayuda al sector para contribuir a su
crecimiento y, por tanto, a la recuperación de empleo.
Es este presupuesto, junto con la presión fiscal que soportan las
empresas españolas frente a sus homónimas europeas, lo que nos lleva a
solicitar al Gobierno socialista la devolución de los presupuestos de la
Sección 20, Ministerio de Industria y Energía.
Paso ahora, señor Presidente, señorías, a la defensa de las enmiendas
parciales que hemos presentado a la Sección 20. Como he dicho al
principio de mi intervención en respuesta a una pregunta suya, damos por
defendidas todas las enmiendas particulares que se han presentado a esta
sección por los Senadores del Grupo Popular. Como Grupo, hemos
presentado, además, tres enmiendas de las que, por su calado, voy a hacer
una defensa más detallada. Me refiero a las números 1.386, 1.411 y 1.412,
que junto a las comprendidas entre la 1.387 y 1.409 conforman un total de
27 enmiendas parciales a la Sección 20.
Señorías, con la enmienda 1.387 --o enmienda a la totalidad-- solicitamos
la devolución del Programa 422 H, Formación del personal en el ámbito
organizativo industrial. Este organismo recibe 206 millones de pesetas en
transferencias corrientes; un incremento del 58,7 por ciento con respecto
a 1994. Nos reafirmamos en el criterio de la gran importancia que hay que
dar --y damos-- a los elementos o sistemas de formación en todas las
áreas y sectores. Reconocemos que la Escuela de Organización Industrial
realizó en su día una obra formativa importante, cuando no existían en
España ofertas formativas similares. Debo decir, además, que este Senador
colaboró desde la empresa privada en la formación y ayuda a la Escuela de
Organización Industrial, de lo cual se siente orgulloso y satisfecho.
Pero hoy existen muy diferentes instituciones que
funcionan en condiciones de libre mercado y nos hemos planteado si algo
que tuvo su lógica y su momento debe tenerla hoy, con la actual
constitución de la Escuela de Organización Industrial. Señorías, las
subvenciones y transferencias corrientes y de capital suponen el 30 por
ciento del presupuesto de este organismo. Nuestra política sería someter
a concurso los programas subvencionados, y que a ellos concursara la
Escuela de Organización Industrial junto a instituciones privadas. Por
ello presentamos esta enmienda a la totalidad de este programa, y estamos
pensando en presentar en su día una para la posible privatización parcial
de la Escuela de Organización Industrial.
La enmienda 1.410 lo es a la totalidad del Programa 126 F, Publicaciones.
Nos fundamentamos para solicitar su devolución en que no vemos necesaria
la especificidad de este programa. Creemos que sería más lógico que su
dotación se repartiera entre los distintos programas porque ello
conllevaría la realización de unas publicaciones necesarias, con una
utilidad social una evaluación económica que proporcione más control y
transparencia. Por otra parte, en muchos casos se compite con
publicaciones privadas en situación extremadamente favorable desde este
programa para este Ministerio.
La enmienda número 1.412 está dirigida a un programa de nueva creación,
que podía denominarse Simplificación de los procedimientos y métodos de
Administración, dotado con 100 millones de pesetas. Señorías, nuestro
razonamiento es solicitar los análisis necesarios de los procedimientos y
métodos en relación con los administrados en el campo del Ministerio de
Industria, tratando de que estos análisis simplifiquen el grado de
intervencionismo que hoy tienen dichos procedimientos y que en un gran
porcentaje de los casos, por no decir en un 90 por ciento, pasan al
archivo sin ni siquiera ser consultados ni revisados por la propia
Administración.
La enmienda número 1.387 solicita una reducción de 38 millones de pesetas
en el Capítulo 1, artículo 0, concepto 001, Dotación para otras
remuneraciones, que va dedicada a altos cargos. Señorías, en esta
exposición quisiera ser claro y voy a ver si puedo lograrlo. Nuestra
enmienda detecta que no parece transparente que la remuneración básica
tenga una diferencia tan importante con otras remuneraciones dedicadas a
altos cargos. Creemos que esta forma es opaca y no transparente, pero si
el portavoz socialista nos da explicaciones concretas y detalladas, como
no tratamos de rebajar sueldos a los altos cargos, la retiraríamos. De no
ser así, la mantendríamos para su votación. Señorías, desde la
transparencia en nuestra postura, creemos que ésta no es la forma
correcta de presupuestar.
Por otro lado, y en cuanto al Capítulo 2, hemos presentado las enmiendas
números 1.390, 1.392, 1.395, 1.396, 1.400, 1.409 y 1.410. Todas ellas
solicitan recortes, recortes en prensa, en publicaciones, en vestuario,
en atenciones protocolarias, en ciertos mantenimientos, pequeños gastos.
Sumadas, ustedes nos pueden decir que son pequeñas cantidades o que --y
lo digo yo antes, por si acaso-- son el chocolate del loro. Pero es que
aquí hay muchos loros y la suma de tanto loro, y de tanto chocolate nos
da una cifra importante, 313 millones de pesetas, que supone,
aproximadamente, un 6,7 por ciento de reducción; reducción que se
solicita en aras de la austeridad tan pregonada y por creer que sin esa
cantidad puede funcionarse perfectamente.
El resto de las enmiendas son relativas al Capítulo 6. Señorías, la
reducción de 343 millones de pesetas en el Capítulo de inversiones
reales, a través de las enmiendas presentadas, queremos dejar claro que
no afecta a inversiones directamente productivas. Se trata de enmiendas
que solicitan una reducción en base a que se realizan muchos estudios, a
los que se dedican cantidades importantes, que se hacen fuera del
Ministerio, y creemos que pueden ser realizados por los propios
funcionarios del Ministerio.
Las enmiendas números 1.404, 1.402 y 1.403 son enmiendas de alta, y la
baja correspondiente figura en las mismas.
La enmienda número 1.404 es al programa 542 E, Investigación y desarrollo
tecnológico, que dotamos con 125 millones de pesetas, incremento dirigido
a reforzar el programa de investigación y desarrollo tecnológico en la
partida de transferencias de capital a la empresa privada dentro del
programa PATI.
La enmienda número 1.402, dotada con un incremento de 84 millones, se
refiere a la normativa y desarrollo energético y está destinada a
Canarias para mantener el coste del agua, al menos en términos reales.
Ustedes conocen perfectamente la problemática del agua en Canarias en
distintos sectores como agricultura, incluso para el propio consumo; es
el agua más cara de España.
La enmienda número 1.403, Programa 722 D, Competitividad de la empresa
industrial, tiene un incremento de 100 millones de pesetas, incremento en
las transferencias de capital a empresas privadas en el Programa PITMA,
Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental.
Señor Presidente, con estoy doy por defendidas la enmienda al veto y las
enmiendas parciales presentadas. Si a este Senador se le hubiera olvidado
alguna, ruego, señor Presidente, que se considere defendida en sus justos
términos. Sometemos a su consideración este hecho.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías, por su
acompañamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós Pérez.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, Senador Unceta, por esas palabras amables que yo quiero hacer
extensivas a las taquígrafas que nos acompañan en estas horas
extraordinarias y que llevan una jornada agotadora.
Su señoría ha planteado varias enmiendas. Ya en Comisión tuvimos la
oportunidad de debatir el tema. Yo lo que puedo dejar claro es que hay
una política industrial definida, Senador Unceta, muy clara y que está
dando sus frutos, como ya le expresé en Comisión, con resultados tan
concretos como que el índice de producción industrial se
había incrementado en los diez primeros meses del año casi 8 puntos. En
segundo lugar, le dije que había por primera vez resultados positivos
contra la destrucción del empleo industrial.
En tercer lugar, le expuse en Comisión que el clima industrial, valorado
con indicador del clima industrial en la encuesta de coyuntura, crecía
prácticamente 25 puntos, que en alguna forma podía ser mal interpretado.
Pero este Senador también se resiste a aceptarlo; más juego claro no
puede haber en mi intervención, que hago en nombre de mi grupo
parlamentario. Era prácticamente coincidente con los niveles de 1989.
Pretender desde esta tribuna atribuir que todo era consecuencia, Senador
Unceta, del crecimiento exterior, de la devaluación de la moneda, eso,
señorías y Senador Unceta, su grupo no se lo puede creer. El país sabe
que el sector industrial ha cambiado, que ha evolucionado y que hay una
recuperación económica. La actual política industrial española se
inscribe en un contexto de creciente internacionalización y globalización
que caracteriza la actividad económica, especialmente en el contexto
comunitario. El objetivo que se persigue a medio plazo es el acomodarnos
a la integración europea, el crear un entorno macroeconómico y
microeconómico que pueda responder al reto de la integración en la
Comunidad Europea y, sobre todo, lograr la competitividad de la empresa.
Esos serían los retos a corto plazo, y en esa dirección se dirigen los
programas.
A medio plazo, la internacionalización de la empresa. Y ahí sí pedimos
desde nuestro grupo parlamentario su apoyo, senador Unceta, para que
logremos la internacionalización, para que tengamos empresas que sean
capaces de asumir el riesgo de la internacionalización porque el problema
más grave que tenemos es que a nuestras empresas, en su mayoría, les
cuesta pasar los Pirineos. Y éste es el gran reto que tenemos. Para ello
el Ministerio de Industria ha estado y está programando un conjunto de
medidas horizontales, complementarias, para afrontar la competencia
internacional en todos los sectores y en particular en aquellos que son
conflictivos, como puede ser el de siderurgia, construcción naval y el
textil, en concreto. Desde hace muchos años, el Ministerio de Industria
está promoviendo planes concretos que tiene el objetivo de contribuir a
la modernización de la empresa industrial española y a favorecer la
adaptación permanente de la industria a los cambios estructurales. En
estas medidas se inscriben, Senador Unceta, las dirigidas a promocionar y
fomentar la investigación y el desarrollo, el diseño, la calidad
industrial, la protección de la propiedad industrial, el medio ambiente
y, como he dicho, la cualificación técnica industrial y la
internacionalización de la empresa.
A esas medidas hay que añadir algo, que es el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas. Senador Unceta, al margen de que estemos en el debate
de la Sección 20 en este momento, quiero recordarle que cuando se
presentó el programa que dio base a la estrategia y a la iniciativa PYME
de desarrollo industrial, su señoría en la Comisión de Industria, creo
recordar, casi felicitó al ponente en aquel momento que era el actual
Secretario de la Energía, don Alberto Lafuente, diciéndole: «nosotros
coincidimos con el tema». No se puede venir ahora al Pleno de la Cámara,
en este debate de presupuesto, a atacar esa realidad que se ha plasmado,
senador Unceta, en este documento que tiene también su señoría, que es la
iniciativa PYME de desarrollo industrial que, como su señorías sabe, está
recogida exhaustivamente y que ha sido firmada por 12 Comunidades
Autónomas, aunque faltan cinco por firmarla. Esta iniciativa se hace en
colaboración con todas las Comunidades Autónomas para conseguir la mejor
coordinación en las inversiones y en las ayudas que facilitan esas
Comunidades y el Gobierno central a través del IMPI. Este ha sido uno de
los temas centrales. El camino de las medidas ha mejorado la
competitividad, se han centrado en todos esos programas que yo le he
señalado. Y las principales actuaciones se completan con algunas de
carácter regional, pero no voy a tratarlas en este momento.
En el área de industria y proyectos horizontales está la promoción de la
investigación y el desarrollo y de la innovación tecnológica, que han
pasado desde un 0,55 en el Producto Interior Bruto a un 0,87 en el año
1993. Estamos desarrollando el PATI II, años 1994-1996, para la promoción
del esfuerzo tecnológico y el fortalecimiento de estructuras
tecnológicas. La situación de la industria textil ha tenido y tiene un
plan de competitividad del sector textil y de la confección, que es el
programa RETEX, iniciativa comunitaria a la que se le da ese nombre. Hay
una aportación española a través del Ministerio de Industria para este
programa RETEX de la Comunidad Europea. Tenemos un plan de investigación
y desarrollo de las tecnologías aeroespaciales; la consolidación del
programa Airbus; de la empresa CASA; el desarrollo del segmento de
aviones regionales; el programa aeronáutico del Ministerio de Industria y
Energía; los fondos PATI; los créditos CDTI; los fondos comunitarios.
¿Segundo gran área? El fomento de la calidad y seguridad industrial.
Tenemos un plan nacional de la calidad industrial, el Plan II, aprobado
para el período 1994-1997. ¿La promoción del diseño industrial? Tenemos
un plan de promoción del diseño industrial dirigido fundamentalmente a
las PYMES y en el que participan el IMPI, el CDTI y el ICEX. En cuanto a
la adaptación a las nuevas exigencias medioambientales y de protección
del medio ambiente, está en marcha el PITMA II. El primero ha cubierto el
período 1990-1994.
Segundo gran objetivo: la regulación y protección de la propiedad
industrial. La oficina de patentes y marcas se ha visto enriquecida,
además, con el establecimiento de su base en Alicante por la Unión
Europea, con lo cual España va a tener un protagonismo importante
encaminado a apoyar el PATI, el Programa de Actualización Tecnológica
Industrial. También hay un programa sobre el fomento de la cooperación
industrial y de la colaboración internacional. Sobre todos estos
programas podemos extendernos, Senador Unceta, si se descalifica
globalmente una política industrial. La política industrial que se está
desarrollando es, señoría, la mejor para este momento, la más completa y
en función de los medios que tenemos, con unos presupuestos de ajuste.
Y hablando de ajuste, hay programas específicos de ajuste industrial que
se están desarrollando en el plan financiero
de competitividad del grupo de empresas de la siderurgia integral, que ya
ha sido presentado a la Unión Europea. En cuanto a la política de PYMEs,
esta iniciativa estratégica se aprobó el pasado mes de mayo, después de
la conferencia sectorial, y comprende programas de cooperación
empresarial, información empresarial, apoyo al producto industrial en
diseño, apoyo a la financiación y apoyo a redes tecnológicas y
financieras.
Tampoco ha dejado de tener en cuenta el Ministerio el área energética.
Hay en marcha un Plan energético para los años 1991 a 2000 que engloba un
plan de ahorro y eficiencia energética que conlleva bastantes inversiones
en años consecutivos en la promoción de la calidad del servicio y del
suministro de energía eléctrica, la investigación y desarrollo
tecnológico y medio ambiente energético y minero.
Por tanto, desde mi punto de vista, no puedo más que rechazar su enmienda
a la totalidad, que yo creo que descansa en lo que constituye un
protocolo en las actuaciones del debate de presupuestos. Senador Unceta,
me encantaría que me precisara cuáles son los extremos. Su señoría se
centra en la empresa. Me gustaría conocer sus alternativas.
¿Privatizarlas? Tenemos una ley de privatización en la Cámara. Ahí
contrastaremos nuestros puntos de vista en breve. Pero sepa su señoría
que el sector de empresas públicas recoge empresas que por interés de
todos los españoles no se pueden privatizar y también recoge empresas de
todo tipo. El Grupo Teneo se crea como «holding» para obtener resultados
positivos. Entraremos en la racionalización de ese sector, señoría. Pero
más que descalificaciones globales, me gustaría tener la oportunidad de
conocer alternativas concretas que su grupo parlamentario estaría
dispuesto a llevar adelante.
Ha dicho que la enmienda número 1.387 estaría dispuesto a retirarla. Hay
una dotación que sus señorías rebajan a 57 millones de pesetas que es de
95 millones. Esa partida está destinada al abono del complemento de
destino y complemento específico de dos Subsecretarios asimilados y once
Directores generales o asimilados, cuyas retribuciones complementarias en
1994 se cifran en 67 millones de pesetas que, con el incremento del 3,5,
se convierten en 69 millones de pesetas. No puede disminuirse ese gasto,
ya que no sería posible hacer frente al abono de esas retribuciones
legítimas y correctas a esos profesionales.
En cuanto a la Escuela de Organización Industrial, el Senador Unceta ha
atemperado sus juicios y calificaciones. Anteriormente su grupo
parlamentario pedía su supresión. Ahora piden racionalización de gastos
y, si ustedes llegan algún día a gobernar, pedirán su privatización. Pues
bien, Senador Unceta, habrá recibido en su despacho la publicación que
hace la Escuela de Organización Industrial. Esta es una novedad hecha
desde la escuela sobre la estructura social española. Pero yo le quiero
indicar otra serie de cosas más importantes. ¿Su señorías podría decirme,
me encantaría, si sabe de algún centro privado que pueda hacer un curso
de módulo 2, de decisiones «make» o «buy» en la empresa? Si hay alguna en
España, suprimimos la Escuela de Organización Industrial. Así puedo
continuar con todos los temas que aborda esa Escuela de Organización.
Senador Unceta, en programas de gestión tecnológica e industrial tienen
un master en Dirección Tecnológica e Industrial que no tiene ninguna
empresa privada en el país; un master de Ejecutivos en Dirección
Tecnológica e Industrial y programas de gestión de la calidad. Senador
Unceta, si conoce empresas que tengan programas de gestión de la calidad,
yo estaría dispuesto a unir mis esfuerzos con los suyos. Tienen un master
en Electrónica Privada; este master se hacen dos cursos, pero lo hacen
instituciones públicas, la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones y
la Escuela de Ingenieros Industriales Superiores. El Programa de
Seguridad en la Industria, ¿lo hace alguna empresa privada? Creo que no.
El Programa de Logística para el Area Industrial y Tecnológica no lo hace
ninguna empresa privada.
Senador Unceta, ya está bien de plantearse la desaparición de una escuela
con la que, por lo menos, este Senador, como ingeniero, tiene una
relación constante y continua. Tiene el mejor plantel de profesores.
Además, Senador Unceta, imparte casi todos sus cursos en sitios pequeños
y en provincias pequeñas, prácticamente no hace competencia a las grandes
empresas que están en Madrid. Pero la alternativa de una supresión sería
que su señoría me pudiera demostrar que estos cursos también los imparte
la Escuela de Organización Industrial.
Paso a contestar a las enmiendas del Senador Gangoiti, me perdonará el
señor Unceta que no pueda entrar en otras. Ha planteado una serie de
enmiendas formulando crecimientos de partidas con más ayudas a las PYME.
Por ejemplo, la enmienda número 2.372, para la explotación y seguridad
minera. Hay un plan de reordenación del sector productor del carbón, y
este plan comprende la explotación y ordenación minera y la exploración,
ordenación y seguridad minera del carbón. El primero se dota con 3.300
millones y el segundo, con 500 millones. La explotación, ordenación y
seguridad minera, minería metálica, minerales y rocas industriales se
dotan con 2.801 millones. Creemos que son partidas suficientes.
Lo importante en todas las partidas de este Ministerio es que se puedan
presentar iniciativas, porque si no se presentan proyectos concretos que
sean viables no adelantamos nada con incluir muchas ayudas, porque el
Ministerio se desespera por no poder atender las peticiones. Pasa lo
mismo con los créditos para el IMPI, porque no hay proyectos concretos
que tengan viabilidad y que puedan recibir ayudas, señorías. Este es el
tema central.
La enmienda número 2.373 se refiere al Plan de Ahorro Energético. Pues
bien, ese plan tiene todos sus objetivos marcados. Se pretende llegar a
un incremento de la producción de energía eléctrica independiente de
13.698 kilovatios/hora/año, y este objetivo tiene las partidas y
dotaciones que se incluyen correctamente aquí. Es decir, este programa
está en un 11 por ciento financiado por terceros, instrumentados por el
Instituto de Desarrollo Energético; en un 31 por ciento por el marco
promocional y legal promovido por el propio programa. Sin embargo,
realmente, no hay demanda, las partidas no se cubren.
Su señoría plantea en alguna otra enmienda el apoyo, por ejemplo, al
Programa medioambiental o al programa
de empresas como Gamesa, Sener, etcétera. Este Senador las conoce. Pues
que pidan ayudas, porque algunas de las que ha citado su señoría ya tiene
ayudas en este momento. El programa nacional no es otro que presentar
proyectos viables a cada una de las opciones que hay. Si Gamesa, que es
una gran empresa, con una tecnología de las más avanzadas de la geografía
española presenta su programa, podrá tener el apoyo dentro de las
partidas previstas.
En medio ambiente pasa lo mismo. No está regionalizado, no es atribuible
a ningún área del país, sino que está pensado para proyectos que puedan
presentarse. Y lo que hace falta es que su señoría, como el Senador
Unceta y como todos, promovamos proyectos que puedan ser viables, que se
acojan a los diferentes programas horizontales que tiene el Ministerio de
Industria. Esta es la pura realidad. Las partidas están aquí. No es
cuestión de incrementarlas. Nos parecerán grandes o pequeñas, pero, si
alguna partida se agota, trataremos de que en la siguiente oportunidad se
incremente. No obstante, toda la lista de proyectos e iniciativas que se
incluyen están recogidas, acertadamente, con estas cuantías, que
responden con exceso a las demandas de proyectos que pueden ser
incentivados.
Finalmente, hay un paquete de enmiendas, Senador Unceta, las números
1.390, 1.341, 1.342, 1.395, 1.396...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería terminar ya.
El señor CERCOS PEREZ: Termino en este momento, señor Presidente.
Las enmiendas 1.400, 1.401, 1.405, 1.409, 1.393, 1.394, 1.397, 1.398,
1.399 y 1.410; enmiendas en las que su señoría propone reducciones de
gastos, cuando realmente en muchos casos esos presupuestos son los mismos
del año 1994, y, en su caso, varios de ellos reducen las partidas
respecto a dicho año y lo hacen sensiblemente respecto de 1993, en un
política de pedir...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Cercós, termine, por
favor.
El señor CERCOS PEREZ: Termino, señor Presidente.
En una política de reducciones de los gastos corrientes, lo que a este
Senador le lleva a sospechar que no pretenden hacer una reducción de
gastos, sino, simplemente, bloquear los proyectos y el funcionamiento del
Ministerio de Industria. Si atendiéramos a sus enmiendas, el Ministerio
se quedaría paralizado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente y desde el escaño, ya que el debate está
básicamente trillado y las posturas también.
Unicamente quiero resaltar una cosa que me ha llamado la atención de la
intervención del Senador Cercós y de la que desde luego, tomo nota porque
creo que es positivo: que el problema es que no hay empresas suficientes
que presenten proyectos al respecto. Tomo nota de ello, como digo, y
trataré de hacer el esfuerzo correspondiente de sensibilizar a las
empresas para que presenten esos proyectos y tengan acceso a estas
partidas presupuestarias del Ministerio de Industria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Algún otro portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de ser lo más breve posible y no voy a caer, señor
Presidente, en la tentación de debatir con el Senador Cercós la
enumeración que ha hecho de los distintos programas que componen la
Sección 20, porque creo que realmente no es ése el motivo, y menos para
hacerlo a estas horas.
Esperaba del Senador Cercós que debatiera sobre las condiciones de mi
discurso, malo o bueno --lo dejo a su consideración--, sobre el veto a la
totalidad y, en principio, sobre las principales enmiendas.
En cuanto a lo de la alternativa, Senador Cercós, estoy dispuesto a
dársela personalmente, pero los que soportan al Gobierno son ustedes. De
todas formas, en sentido irónico, pero con todo respeto, de ciertos temas
del discurso que he realizado sobre el rechazo a la totalidad de la
Sección se pueden entresacar bastantes cuestiones como para establecer un
programa alternativo.
Me ha hablado usted de la Ley de las empresas públicas. Sabe usted --y si
no, se lo digo-- que lo que ha propuesto el Partido Popular ha sido
rechazado por parte de su grupo. Por tanto, ya no sé qué vamos a tener
que decir o hacer para que no nos rechacen algo, porque si nos remitimos
a la experiencia por la que hemos pasado con estos Presupuestos Generales
del Estado, no sé qué esperanza nos queda mientras estén en el Gobierno.
Además alternativas y apoyos ya los tienen, no precisamente por parte del
Grupo Parlamentario Popular, pero sí de otro grupo.
Voy a decirle una cosa con toda amabilidad, señor Cercós, portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Es curioso que cuando las cosas iban mal
ustedes decían que ese problema era un problema exterior: la economía
exterior, etcétera, y no levantábamos cabeza porque exteriormente las
cosas estaban muy mal. Ahora, señor Cercós, cuando mejora la exportación
industrial, ¿cree usted que se debe a que hemos hecho de locomotoras de
la economía occidental, que hemos hecho de locomotora de Estados Unidos y
del resto de Europa? Porque de su exposición yo deduciría que es lo que
piensa.
Señor Cercós, hay algo que debo decirle, y no es una opinión personal
sino la opinión de toda la profesión de economistas de todo color
político, es decir, no de fulano ni de mengano, que puedan estar
posicionados o no respecto de un partido, sino la opinión generalizada y
planteada por todo el espectro político economista o, por lo menos, de
los que opinan sobre esta materia, y es que no me ha contestado a la
pregunta que le formulé sobre la subrogación de deuda directamente a la
empresa pública, a qué opinión tienen el Partido Socialista y los
Senadores socialistas sobre el dinero que va directamente de déficit a
subrogación de deuda y qué les parece ese sistema. He admitido en mi
discurso que es un truco, un truco legal; pero un truco de presupuesto.
Tampoco me ha contestado usted acerca del incremento del 28,3 por ciento
de los organismos autónomos. Le propongo que, al menos, se queden como
estaban.
Tampoco me ha contestado usted a la reducción de gastos del Capítulo 2.
Es un hecho, en parte, pero me extraña que usted no lo comprenda, porque
con reducir un 6,7 por ciento no creo que --como usted ha dicho-- se
paralice la Administración. Le diría que aprendan de las empresas
privadas, que han hecho recortes horizontales en sus gastos de
funcionamiento y siguen trabajando.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Unceta, debería terminar
ya.
El señor UNCETA ANTON: Señor Presidente, con su venia, termino en medio
minuto más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La tiene, señoría.
El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.
No me ha dado su señoría argumentos sobre la Escuela de Organización
Industrial. Ha estado como jugando un poco en plan chiquillo: que si
esto, que si aquello... Porque usted comprenderá que si yo viniera
totalmente informado sobre todos los programas que existen en España de
las empresas similares, podríamos establecer una comparación. No me salga
su señoría con un librito porque eso, en lenguaje común, es de niños.
Y hay algo que me ha extrañado, señoría. Se pueden criticar las
disminuciones de presupuesto, pero en cuanto a las enmiendas que
contienen un alta, como las que he enumerado y que no quiero volver a
repetir en favor de la observación del señor Presidente sobre el tiempo,
creo que este Senador merece ser contestado respecto de esos incrementos
en esos programas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, respecto de la reducción de gastos, por ejemplo, en la enmienda
número 1.395 que presenta su Grupo, la cantidad que figura de 55 millones
sus señorías la quieren rebajar a 50 millones. Pues bien, la partida que
se incluye es la misma del ejercicio del año 1994, Senador unceta, y es
un 22,3 por ciento inferior a la de 1993.
En la enmienda número 1.396 se disminuye la partida en la que figuran 27
millones a 22 millones de pesetas. Pues bien, es la misma del ejercicio
de 1994, y es un 26,4 por ciento inferior a la de 1993.
Si quiere su señoría, le enumero sus enmiendas que carecen de sentido,
Senador Unceta. No se puede plantear por sistema disminuir los gastos
corrientes de los departamentos. Por eso le repito que cuando las
partidas tienen las mismas cuantías, que siga insistiendo sobre unas
cifras en las que se están haciendo esfuerzos año a año de forma
manifiesta, Senador Unceta, no puede ser más que una táctica que este
Senador tiene que pensar claramente que es de bloqueo de los presupuestos
de un departamento como el de Industria, que está participando realmente
de la recuperación económica del país. Es así, lisa y llanamente.
Respecto a lo de la EOI, su señoría me ha rejuvenecido al decirme que soy
como un niño, y siempre es de agradecer a estas horas de la noche cuando
estamos debatiendo en familia. pero yo, que sí sigo los cursos que hay en
la sociedad española de muchas áreas por mis circunstancias, le puedo
asegurar que todos los cursos que le he presentado a su señoría --y no
los voy a repetir-- no los imparte ninguna empresa privada en el país, y
ésta es la cuestión. Sus señorías quieren cargarse la Escuela de
Organización industrial para beneficiar a intereses privados de este país
que tienen actividades docentes y a los que les causa mucho daño una
Escuela que tiene una historia larga ya, desde el año 1955, y que ha
adquirido un nivel de cualificación gracias al cual las grandes, medianas
y pequeñas empresas españolas están mejorando el papel de sus cuadros
directivos y están modernizándose a través de los cursos que ésta
imparte. No hay alternativas ofrecidas en la realidad española para la
mayoría de los cursos, y así, por ejemplo, respecto al curso sobre
medioambiente, puede usted subir al despacho de este Senador y ver los
tomos que se facilitan para el mismo, y luego podrá decirme si ni
siquiera en el Instituto de Medio Ambiente de la Politécnica de Madrid se
están impartiendo ese tipo de cursos, con esa cantidad de documentación e
información. Y ésta, Senador Unceta, es la realidad: ustedes van contra
la Escuela de Organización Industrial porque quieren beneficiar y apoyar
intereses privados empresariales sistemáticamente frente a una escuela
oficial.
También ha hablado de organismos autónomos. Senador Unceta, yo le remito
a la ley de acompañamiento, en la que se ha recogido la declaración, que
también incluíamos en el Título VIII de la ley presupuestaria, en la que
se habla de la autorización que el Gobierno tiene para la racionalización
--que se va haciendo-- y supresión de organismos autónomos. El
combatirlos o perseguirlos por sistema tampoco creo que pueda ser lo que
más enriquezca el programa de su propio Partido, Senador Unceta. Ha dicho
su señoría palabras contra los organismos autónomos, y si en
algún momento son recogidas en su programa por el Partido Popular,
estaremos encantados los que somos oposición política a sus señorías.
Respecto a las empresas públicas y la subrogación de deuda, éste es un
mecanismo legal --lo ha dicho su señoría-- y hay que utilizarlo hasta que
se consiga la viabilidad. Y no le diga a este Senador que la
privatización por sistema puede ser la fórmula. Ninguna de las empresas
que están en el INI ha sido incorporada por el Gobierno socialista al
INI; al revés, el INI está procediendo a la racionalización del sector.
Por lo tanto, Senador Unceta, a un Gobierno que está llevando a cabo la
racionalización del sector de empresas públicas, que está tratando de
crear un «holding» que en sí mismo tenga autonomía financiera y
económica...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Cercós, ha concluido su
tiempo.
El señor CERCOS PEREZ: Termino ya, señor Presidente.
A un Gobierno que hace esto se le puede desear que tenga éxito en las
gestiones que lleva adelante, pero, como Grupo Parlamentario Socialista,
no podemos aceptar que se plantee como tema central una descalificación
de la empresa pública.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas referentes a la
Sección 21, de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La primera enmienda es la que presentan la Senadora Agüero Ruano y el
señor Arance Soto. Para su defensa tiene la palabra el señor Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, damos por defendida esta
enmienda en los términos en que ha sido presentada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
La enmienda del señor Armas Rodríguez fue defendida en sus propios
términos en una intervención anterior, al igual que sucede con las
enmiendas del Senador Ramón i Quiles, así como con las del Grupo
Parlamentario Mixto. Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado también dadas por defendidas.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti para defender sus enmiendas.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Con la venia del señor Presidente.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos sigue manteniendo, tras el
trámite del Congreso, una serie de enmiendas al Capítulo 21, del Sector
primario, enmiendas que agruparé en dos bloques. Las unas se refieren al
sector pesquero y las otras al sector agrícola.
Las enmiendas que planteamos al sector pesquero son las números 2.382,
2.383 y 2.387. La primera de las enmiendas citadas va dirigida a corregir
los riesgos que tiene el sector pesquero, y en este sentido,
simplificando mucho, a prever los riesgos que se dan a tal efecto a lo
largo de las campañas pesqueras y de cara a un mayor o menor número de
capturas en diversas especies.
En la enmienda número 2.383 solicitamos un ajuste del esfuerzo pesquero
sobre la base de la Resolución que aprobó el Congreso por unanimidad el
pasado 28 de septiembre.
Por último, la enmienda número 2.387 afecta a la denominada iniciativa
comunitaria de pesca. Consideramos que esa iniciativa se corresponde con
programas regionales que incluyen medidas sociales y de política regional
para zonas altamente dependientes de la pesca, siendo las Comunidades
Autónomas en este caso plenamente responsables de dichos programas y de
su financiación.
La partida presupuestada, por tanto, desde nuestro punto de vista, nada
tiene que ver con los fondos de las Comunidades Autónomas; incluso se
podría decir que se refiere a actuaciones por conceptos diferentes de los
reconocidos por parte de la Unión Europea. Por tanto, solicitamos su
supresión.
Por lo que se refiere al segundo bloque de enmiendas referidas a
agricultura, mantenemos vivas una serie de ellas, las números 2.384,
2.385 y 2.386, que están basadas en la moción que aprobó esta Cámara,
creo que prácticamente por unanimidad, sobre el cobro del Feoga-garantía
por parte de las Comunidades Autónomas. Las tres tienen básicamente el
mismo origen y, en definitiva, el mismo contenido. Por tanto, no me voy a
extender en ellas. Sus señorías las conocen, así como los distintos
partidos también y el Gobierno.
Por tanto, con esto, señor Presidente, doy por defendidas la enmiendas
que presenta nuestro Grupo a la Sección 21.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, desde la 1.413 hasta la número 1.578, tiene la palabra el señor
Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
EL Grupo Popular presenta a la Sección 21, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, un total de 168 enmiendas.
Una de ellas, la número 1.413, corresponde a la enmienda a la totalidad.
Este veto está fundado en el hecho de que estos presupuestos no permiten
atender adecuadamente las necesidades del sector agropecuario español. La
distribución de los créditos es inadecuada. Falta control y existe
excesiva discrecionalidad en la aplicación de los mismos. Con la
aplicación de tales presupuestos es imposible alcanzar los objetivos que
necesita la agricultura española de 1995.
Asimismo, la presente Sección sigue disponiendo de un número excesivo de
servicios y organismos, Secretarías Generales, Direcciones Generales y
organismos autónomos, que se elevan a veinticinco, considerando el Grupo
Popular que parte de ellos son innecesarios dada la reducción de
competencias de este Ministerio, por lo que se propone la supresión de
diez servicios y organismos, con lo que se conseguiría un importante
ahorro.
Además de la enmienda de veto, el Grupo Popular ha presentado a la citada
sección 165 enmiendas, desde la 1.414 a la 1.578. Un paquete de las
mismas corresponde a la supresión de organismos por la excesiva
burocracia existente; otro, a un incremento de gastos, y el resto son
enmiendas de disminución de gastos.
El Grupo Popular pretende suprimir superestructuras de carácter político,
mejorando la funcionalidad ministerial. Asimismo, pretendemos eliminar
gran número de gastos superfluos, además de otros que en ningún caso son
imprescindibles. También pretendemos eliminar aquellos gastos
correspondientes a encargos de estudios, informes y evaluaciones que se
van a realizar por empresas y que pueden y deben ser realizados por los
propios funcionarios del Ministerio de Agricultura.
Un análisis simplista del presupuesto consolidado inicial del MAPA para
1995 conduciría a afirmar que el mismo se incrementa en un 19,5 por
ciento con respecto al presupuesto inicial para 1994, al pasar de 932.554
millones de pesetas en 1994, a un billón 114.179 millones de pesetas en
1995. Pero este incremento es erróneo a efectos presupuestarios
nacionales. En efecto, si consideramos los gastos del Feoga-garantía para
España --de una cuantía de 811.114 millones de pesetas para 1995, frente
a 675.392 millones, en 1994--, el presupuesto del MAPA pasa de 257.162
millones de pesetas en 1994, a 303.065 millones para 1995, si bien
conviene recordar que en esta cantidad está incluida la aportación del
Feoga-orientación, ya que no figura desglosada de la aportación neta
española.
El presupuesto se nutre de dos grandes partidas: la que correspondiente
al Feoga-garantía y la relativa a la aportación estatal. La primera
corresponde, pues, a fondos de la Unión Europea, por lo que no podemos
considerarla como presupuesto del Estado español, ya que la misma depende
de muchos factores, tales como la evolución de los mercados, la
fluctuación de la peseta, la situación del ecu, etcétera.
El presupuesto es autocomplaciente en lo referente a la recepción de
fondos comunitarios, cuando no debería ser así, ya que dichos fondos
llegan a la agricultura española como consecuencia de aplicar
estrictamente los reglamentos comunitarios. Es una obligación
presupuestaria de la Unión Europea contemplar que España tiene el 22 por
ciento de la superficie agraria útil de la geografía comunitaria, con una
gran superficie cerealista, vitícola, oleícola, etcétera. No tenemos, ni
más ni menos, que lo que debemos tener; es más, si somos estrictos,
estamos recibiendo del presupuesto agrario comunitario menos de lo que
deberíamos, si consideramos los criterios de reparto en función del
número de hectáreas o por activos agrarios. Recibimos menos dinero que
Francia, Alemania e Inglaterra por hectárea o por activo agrario. Por
tanto, aumentan los pagos comunitarios por exclusiva aplicación de la
reforma de la PAC. Descienden los precios de garantía y, por tanto, suben
las indemnizaciones por cabeza de ganado o por hectárea.
En cuanto al subsector Estado, existen en este presupuesto 39.000
millones de pesetas que constituyen el crecimiento del citado subsector.
¿A dónde van a parar esos 39.000 millones de pesetas? En primer lugar,
14.300 millones, al pago de la multa láctea; 9.000 millones, a gastos
financieros del SENPA; 3.500 millones, a sanear la deuda del IFA con las
Cámaras Agrarias; 5.000 millones, a débitos al sector agroindustrial en
aplicación del Real Decreto 1.462, y 1.500 millones, a débitos por planes
de sequía. En total, más de 32.000 millones de pesetas van a pagar
obligaciones previas, con lo que sólo 8.000 millones se destinan al
sector. Ese es el esfuerzo de estos presupuestos, con lo que podemos
decir que el esfuerzo del Estado español no llega al campo.
Este presupuesto ignora que en 1995 entran en vigor los grandes acuerdos
liberalizadores del GATT; ignora que se producirán grandes reformas en
cultivos tan importantes para España, como son el vino, el arroz, los
productos hortofrutícolas, etcétera; ignora que en 1995 se intensificarán
las relaciones comerciales, agrarias e industriales con los países del
Este de Europa y del Norte de Africa; ignora que en junio de 1995 habrá
una reflexión sobre la PAC que puede introducir grandes reformas en la
PAC reformada.
Durante 1995 la industria agroalimentaria debe hacer un gran esfuerzo de
competitividad para superar el actual estado de envejecimiento,
descapitalización y falta de renovación. Pues bien, el presupuesto del
MAPA no contempla suficientemente esta situación y no garantiza la
modernización, el rejuvenecimiento, la competitividad y la innovación
tecnológica que nuestra industria agroalimentaria necesita. Este
presupuesto no contiene respuesta a estas grandes cuestiones.
Hemos de recordar, respecto a lo anterior, que nuestra industria
agroalimentaria agrupa a más de 50.000 empresas, con cerca de 500.000
puestos de trabajo directos y que ella sola supone el 21,8 por ciento del
PIB industrial español.
Pues bien, a ese sector agroindustrial, que ha hecho importantes
inversiones, se le deben ayudas que se contemplaron en los programas de
1990 y 1991, es decir, las empresas que llevaron a efecto esas
inversiones aún no han recibido la compensación prometida.
Respecto al sector pesquero, hemos de decir lo siguiente: somos la mayor
potencia pesquera de la Unión Europea en barcos, en hombres, en litoral y
en regiones que viven de la pesca y, asimismo, en industria
agroalimentaria pesquera. Sin embargo, como consecuencia de las nefastas
negociaciones de 1986, nuestra flota está siendo desguazada, en vez de
renovarla y modernizarla, nuestra capacidad pesquera ha disminuido.
Estos presupuestos no contribuyen, ciertamente, a tales objetivos; por
ello, el Grupo Parlamentario Popular pretende financiar aquellas acciones
que demanda nuestro sector pesquero, al que pretendemos adjudicar 8.500
millones
de pesetas para potenciar tres líneas fundamentales para él, como son la
renovación de nuestra flota, pago de subvenciones a pescadores y
armadores obligados a paralizar su actividad, y fomento de la
acuicultura.
En cuanto a la promoción de otras alternativas, como la acuicultura,
estos presupuestos dedican menos de la mitad que el año anterior, 202
millones frente a 570 de 1994.
En otro orden de cosas, el Ministerio de Agricultura mantiene una
estructura político-administrativa que no corresponde a las demandas del
sector agropecuario español. Un Ministerio que, a raíz de nuestro ingreso
en la Unión Europea, ha tenido que ceder competencias a los organismos
comunitarios y que, a partir del desarrollo de las competencias
autonómicas, ha tenido que ceder competencias a favor de las Comunidades
Autónomas, a pesar de esta doble cesión de competencias, el actual
Ministerio tiene una estructura político-administrativa que,
prácticamente, duplica la existente en 1982.
El Ministerio de Agricultura actual tiene más altos cargos, más
direcciones generales, más secretarías generales, más organismos
autónomos que cuando el MAPA era protagonista solitario de la política
agraria española sin Europa y sin Comunidades Autónomas. No se justifica,
pues, la creación y el desdoblamiento de secretarías generales con
categoría de subsecretarías, el desdoblamiento de direcciones generales,
la creación de organismos autónomos, etcétera. Es más, hay jurisprudencia
del Tribunal Constitucional que establece que determinadas acciones que
se están realizando por los organismos autónomos del MAPA deben ser
realizadas por los organismos autónomos de las Comunidades Autónomas, por
lo que han de transferirse esas competencias de manera urgente.
El MAPA tiene que ejercer la labor que constitucionalmente tiene
asignada, que es la coordinación con las Comunidades Autónomas a efectos
de representación ante la Unión Europea. Recordemos a este respecto la
sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 1992 sobre reparto de
los fondos del Feoga. Un importante paquete de enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular van en esa dirección, reestructurando el aparato
político del MAPA desaparecerían diez altos cargos correspondientes a
responsables políticos, se reducirían las cuatro secretarías generales y
las nueve direcciones generales, de tal forma que apostamos por una
decidida transferencia a favor de las Comunidades Autónomas, por una
simplificación de la estructura política y por la eficacia y agilidad en
la toma de decisiones. Por ello, los siguientes organismos deberían ser
reasumidos en otras dependencias administrativas: la Secretaría General
de Alimentación y la Secretaría General de Estructuras Agrarias deberían
reasumirse en la Secretaría de Producciones y Mercados que pasará a
denominarse Secretaría General de Estructuras, Producciones, Mercados e
Industria Agroalimentaria.
Igualmente la Dirección General de Servicios y el Instituto de Fomento
Asociativo Agrario deberían ser reasuidos en la Secretaría con categoría
administrativa de Subdirecciones Generales.
La Dirección General de Política Alimentaria debe ser reasumida en la
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias que pasará a
denominarse Dirección General de Agroalimentación dependiente de la
Secretaría General de Estructuras, Producciones, Mercados, Industria
Agroalimentaria.
La Dirección General de Mercados Agrícolas y la Dirección General de
Mercados Ganaderos deberían ser reasumidas en la Dirección General de
Sanidad de la Producción Agraria dependiente de la Secretaría General de
Estructuras y Producciones, Mercados e Industria Agroalimentaria.
El Instituto de Pesca, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario,
Iryda, se reasume en la Secretaría General de Estructuras, Producciones,
Mercados e Industrias Agroalimentarias.
El Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios,
Forpa, se reasumirá en el organismo autónomo Servicio Nacional de
Productos Agrarios, Senpa, que a su vez se quedará con cinco Direcciones
Generales, en lugar de las ocho con que actualmente cuenta.
Por último, la Dirección General de Recursos Pesqueros debe reasumirse en
la Dirección General de Estructuras Pesqueras que pasará a denominarse
Dirección General de Estructuras y Recursos Pesqueros.
Justamente con las enmiendas anteriores, el Grupo Parlamentario Popular
presenta 16 enmiendas de incremento de gasto que suponen en total 30.700
millones de pesetas, cuyas cuantías más importantes paso a resumir aquí.
Cuatro mil millones de pesetas para mejora de las infraestructuras
agrarias y muy especialmente para modernizar los sistemas de regadío y
las conducciones, de tal manera que se logren importantes ahorros en el
volumen de agua utilizada.
Cuatro mil millones de pesetas para modernizar y mejorar la estructura de
las explotaciones agrícolas, logrando la incorporación de al menos 5.000
jóvenes más a las actividades agrarias y para dotar adecuadamente la
próxima entrada en vigor de la Ley de Modernización de las Explotaciones
Agrarias.
Cuatro mil millones de pesetas para luchar contra la erosión y la
desertificación de amplias comarcas españolas calcinadas por los
incendios forestales.
Cuatro mil millones de pesetas para incrementar las dotaciones destinadas
a subvencionar las medidas de acompañamiento establecidas en la reforma
de la PAC, tales como son la jubilación anticipada, la forestación de
tierras arables y las medidas de producción del medio ambiente.
Dos mil millones de pesetas para fomentar la modernización y el
desarrollo de la industria agroalimentaria española.
Dos mil millones de pesetas para mejorar la eficacia de las distintas
líneas de seguros agrarios.
Cien millones de pesetas para indemnizar a los agricultores y ganaderos
cuyas explotaciones agrarias se encuentren ubicadas en el interior de
parques nacionales.
Doscientos millones para transferir a las Comunidades Autónomas para
prevención de incendios forestales.
Cien millones para transferir a las Comunidades Autónomas para conservar
espacios protegidos.
Quinientos millones para promocionar en los mercados el consumo de
productos agrarios de calidad.
Mil millones para iniciar la lucha contra la enfermedad conocida como
tristeza del naranjo, que afecta a los cítricos.
Doscientos millones de pesetas para establecer una subvención de 2.000
pesetas por tonelada de remolacha entregada a las azucareras por los
agricultores españoles.
Cien millones de pesetas para completar las subvenciones que se conceden
a las organizaciones profesionales agrarias.
Dos mil millones para desarrollar y fomentar la acuicultura.
Cuatro mil millones para fomentar la renovación de la flota pesquera.
Y, por último 2.500 millones de pesetas para abonar el pago de
subvenciones a los pescadores y armadores españoles para paralizaciones
temporales como consecuencia de las paradas biológicas de nuestra flota.
Por todo lo anteriormente expuesto, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular solicita la devolución de estos Presupuestos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Bernáldez.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Garcías i Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de entrar a debatir la Sección, querría hacer una advertencia. En
la enmienda 2.495, que se incorporó en Ponencia, relativa a la
reestructuración del sector lácteo, se cometió un error en el concepto.
Tenía que ser el concepto 772 en la alta y el concepto 773 en la baja. Lo
digo para que conste en el «Diario de Sesiones».
Paso a comentar las diferentes intervenciones. En primer lugar, al
Senador Gangoiti, cuyas enmiendas ya fueron contestadas por este Senador
en Comisión, quiero recalcarle, en cuanto a la enmienda 2.382, que
plantea que los seguros agrarios se extiendan a la pesca, que nos
encontramos con una dificultad y es que la Ley de Seguros Agrarios en
estos momentos sólo cubre los productos agrarios y no los pesqueros.
Las otras enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos van encaminadas a un acuerdo que existe en esta Cámara y entre los
diferentes miembros de los distintos gobiernos autonómicos y el gobierno
central, por el que las administraciones de las Comunidades Autónomas
sean organismos pagadores de los dineros de la Unión Europea. Por tanto,
el Grupo Parlamentario Socialista lo único que cree es que debe
materializarse a través de un acuerdo entre los diferentes gobiernos
autonómicos y el Gobierno central y en eso se está trabajando. Con esto
doy por contestadas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, defendidas por el Senador Gangoiti.
Al Senador Bernáldez, que ha defendido el veto del Grupo Parlamentario
Popular, le diré que tenemos dificultades en ponernos de acuerdo. Lo que
sí le pediría es que retirase el veto, porque el presupuesto de este año
tiene un incremento del 19,5 por ciento. Eso no se debe a ninguna visión
superficial, sino a que ni el veto ni las enmiendas particulares
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tienen sentido en el
propio presupuesto.
Si tenemos un presupuesto como el del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que aumenta un 19,5 por ciento; que el Capítulo de gastos
no supone ningún crecimiento; que el Capítulo 2, Gastos corrientes, de
bienes y servicios, disminuye un 0,4 por ciento; que el Capítulo 3,
Gastos financieros, disminuye un 1,6 por ciento y cuando vemos que lo que
son gastos corrientes, de personal, disminuyen, no entendemos cómo se
puede plantear que existe gran cantidad de gastos innecesarios.
Por otra parte, para dar más apoyo al presupuesto, en lo que son
inversiones, transferencias corrientes, vemos unos aumentos
considerables. En el Capítulo 4, Transferencias corrientes, vemos que hay
un aumento del 21,7 por ciento, es decir, una cantidad calculada sobre
unos 151.456 millones de pesetas; en el Capítulo de Inversiones reales,
vemos un aumento de un 15,8 por ciento y en el Capítulo de Transferencias
de capital, vemos un aumento de un 22,5 por ciento, con estos números
--yo planteo el debate con números porque el Senador Bernáldez también lo
ha planteado así--, no puedo entender que se pida la disminución de
gastos de personal o que se vete el presupuesto de agricultura. Y tampoco
lo entiendo desde el punto de vista de objetivos básicos o políticos del
Ministerio. Si los objetivos políticos que se desarrollan en los propios
programas podemos dividirlos en tres apartados, como es intensificar y
mejorar las rentas del sector agrario, reforzar la competitividad del
sector agroalimentario, conservar y restaurar la cubierta vegetal, en
estas grandes líneas vemos aumentos y, además, en muchas de estas líneas
las enmiendas que ustedes plantean las van a reforzar, pero lo que no
creemos es que se pudiese dar ese refuerzo con las cantidades que deducen
o disminuyen de todo lo que son gastos corrientes y gastos de personal.
Por ejemplo, respecto a la mejora de rentas --que creo es uno de los
objetivos que debe tener incluso el Grupo Parlamentario Popular--,
mejoramos las rentas al sector agrario-pesquero con un crecimiento del
20,1 por ciento. En el Plan de Seguros Agrarios, que es el plan por el
que todos los agricultores y ganaderos pueden ver aseguradas sus
cosechas, vemos un aumento de un 14,6 por ciento. En el sector
agroalimentario, al que ustedes tienen planteada una enmienda,
consideramos que el aumento propuesto para este año, que significa un
56,2 por ciento, es considerable. En el fomento del asociacionismo
agrario hay un aumento de un 55,4 por ciento. En el Programa de mejora de
la producción de los mercados agrarios vemos que hay un aumento global de
un 7,9 por ciento, y en ese programa hay aumentos considerables, como es
la reconversión varietal de frutos secos, con un crecimiento de un 27,2
por ciento.
Por último, en ese desglose que hacíamos por programas hasta este momento
para reforzar la competitividad del sector agroalimentario, entremos a
ver cómo se desarrolla en el propio presupuesto la conservación y
restauración de la cubierta vegetal.
Nosotros consideramos que en este apartado hay un aumento considerable de
los presupuestos. Hay un nuevo plan, que ya conocen sus señorías, de
apoyo a las Comunidades Autónomas sobre el tema de la reforestación, que
significan 450.000 hectáreas; aumento también en la lucha contra la
erosión y los incendios forestales de un 39,2 por ciento, y para la
conservación del medio ambiente hay un aumento del 6,7 por ciento.
Por último, si analizamos el sector pesquero, que también ha sido
planteado por el Senador Gangoiti, si bien hay una pequeña reducción en
lo que podía ser la aportación del Estado, hay un incremento notable con
la entrada en funcionamiento del instrumento financiero de orientación de
la pesca. Vemos que en este presupuesto tenemos una cantidad de 41.809
millones, prácticamente el doble de las cantidades que teníamos en años
anteriores. Por lo tanto, nuestro Grupo considera que éstos son los
presupuestos adecuados de cara a afrontar el GATT y todas las
innovaciones necesarias para el año 1995.
Yo querría rebatir cuatro de las cifras que ha dado el Senador Bernáldez.
El planteaba que no deberíamos tener en cuenta que los pagos del
Feoga-garantía no forman parte del presupuesto. Le doy las cifras
siguientes. Con el Feoga, en el año 1991 teníamos un presupuesto de
559.000 millones de pesetas; en 1995 tenemos un billón ciento catorce mil
millones de pesetas; sin gastos de Feoga-garantía, sólo inversiones
públicas, en el período 1991-95 en la Administración del Estado hemos
pasado de 132.000 millones a 169.000 millones. Es decir, ha habido un
incremento considerable sólo en inversiones por parte del Estado,
teniendo en cuenta que se ha dado un conjunto de transferencias a las
Comunidades Autónomas. Por tanto, desde una óptica o desde la otra, vemos
que hay incrementos considerables.
Ahora bien, lo que sí le puedo señalar es que veo difícil que podamos
mantener en presupuestos venideros estos aumentos. Creemos que nos
encontramos ante un presupuesto extraordinario, debido a las situaciones
extraordinarias, pero será difícil mantener estos incrementos año tras
año. Con estos datos es difícil sostener un veto, es difícil decir que el
presupuesto no cumple las expectativas del sector, porque todos los
sectores, el agroalimentario, el pesquero, las propias explotaciones
familiares ven incrementados sus presupuestos y sus programas, lo que al
final repercute en un aumento de rentas para los agricultores.
Por tanto, les pediría a los Senadores del Grupo Parlamentario Popular
que retirasen su veto, porque considero que el presupuesto colma, o debe
colmar, todas las ambiciones y perspectivas del sector agrario y
pesquero.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Garcías
Coll.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente voy a intervenir para referirme a la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista relativa a nuestras enmiendas
de agricultura, respecto de las que ha señalado que en este sentido las
Comunidades Autónomas y el Gobierno central están en estos momentos en
negociación para, de esta forma, cumplir la moción que aprobó esta
Cámara.
Espero y deseo que así sea. Todos sabemos que las negociaciones llevan
tiempo, pero la moción que aprobó la Cámara fue muy clara y transparente
y, por tanto, espero que en los Presupuestos del próximo año ya no
aparezcan estas partidas y que esa negociación entre las Comunidades
Autónomas y el Gobierno se lleve a buen puerto lo antes posible, de
acuerdo, tal y como he dicho antes, con la resolución de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Garcías Coll, siento decirle que lamento no poder retirar el veto
a la Sección 21, además de por las razones expuestas anteriormente, por
otra serie de razones que intentaré darle a continuación.
Nosotros entendemos que este Presupuesto para 1995 no lucha adecuadamente
contra la desertización, la reforestación y los incendios forestales,
aspectos todos ellos que no están bien dotados. Tampoco creemos que las
ayudas económicas para la modernización de explotaciones, es decir, las
inversiones previstas y acordadas en el Real Decreto 1887 tengan la
dotación necesaria para afrontar esa modernización, especialmente
aquellos programas destinados a la implantación y asentamiento de jóvenes
agricultores. Asimismo, no consideramos adecuada la dotación en los
sistemas de riego y ayudas a las infraestructuras agrarias que tiene que
llevar a efecto el Iryda, el Instituto de Reformas y Desarrollo Agrario.
En un momento de sequía como el que estamos atravesando y como el que
hemos atravesado en años anteriores, cuando hemos podido comprobar que en
ciertas regiones españolas no se han podido alcanzar las mínimas
dotaciones de riego para que sus regadíos tuvieran agua, tenemos un
presupuesto destinado a tal efecto absolutamente ridículo. Desde luego,
con este presupuesto no podemos ayudar a la modernización de los sistemas
de riego, en definitiva, ahorrar agua, que es el objetivo que deberíamos
pretender. En muchos casos, señor Garcías Coll, se está regando como hace
siglos.
En cuanto a las medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, quiero
hacer especial hincapié en la jubilación anticipada. La jubilación
anticipada, sin más paliativos, ha sido un absoluto fracaso. La norma
está haciendo imposible el rejuvenecimiento de la población agraria. La
norma está haciendo imposible que nos beneficiemos de los fondos
comunitarios. Le voy a dar una cifra, señor Garcías Coll. Durante 1993 y
hasta el 30 de junio de 1994, sólo se habían presentado 544 expedientes
de jubilación anticipada. En muchas Comunidades Autónomas ningún
agricultor ha podido jubilarse anticipadamente. Por ejemplo, en la
Comunidad Valenciana, ninguno; en Murcia, tampoco; en Baleares, tampoco;
en Andalucía solamente ha habido tres expedientes; en Cataluña, cinco.
Estas son cifras absolutamente ridículas que confirman el calificativo de
absoluto fracaso.
Usted sabe que hay muchos defectos en la normativa que han impedido que
el cese anticipado tenga éxito. Por ejemplo, las UDE son muy altas; pocos
agricultores pueden optar al Real Decreto; los acuerdos de colaboración
firmados impiden acceder al cese, y la condición de tener padre e hijos
explotaciones diferentes también dificulta dicho cese.
Se refería su señoría a que el Capítulo 1 subía solamente un 0,1 por
ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Bernáldez, debería
terminar ya.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
Aparte de ese 0,1 por ciento, señor Garcías Coll, sobra dinero en ese
Capítulo, y así lo ha demostrado el estado de ejecución del presupuesto.
En aras de la brevedad, puesto que el señor Presidente me solicita que
finalice, he de decirle como resumen que estos presupuestos de 1995 no
resuelven los grandes problemas de la agricultura española. La población
envejecida sigue existiendo en el sector: el 57 por ciento del sector
agrario tiene una población de más de cincuenta y tantos años. Hemos
perdido una cantidad importante de nuestra masa forestal, que no está
resuelta con la aplicación presupuestaria de 1995. No se forestan tierras
arables, etcétera. En definitiva, las medidas de acompañamiento
comunitarias, es decir, aquellas medidas que podrían suavizar el impacto
negativo de nuestra entrada en la Política Agraria comunitaria, no son
suficientemente potenciadas por ese presupuesto.
Por lo tanto, lamento decirle, señor Garcías Coll, que mantenemos el
veto, igual que mantenemos las enmiendas que hemos defendido
anteriormente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Por cortesía hacia el Senador Gangoiti, creo, como él, que se va a seguir
trabajando en el tema de los organismos pagadores para cumplir la moción
aprobada en esta Cámara.
Senador Bernáldez, esperaba que quizás pudiese retirar el veto, pero
viendo como veo su incidencia en todo lo que son cifras, sólo quiero
recordarle que en la mejora de la infraestructura agraria, es decir, en
Iryda, figura un incremento del 11 por ciento; en la mejora de la
estructura productiva del desarrollo rural, también figura un incremento;
en forestación, en lucha contra la erosión --que su señoría ha
planteado-- y en el tema de los incendios forestales, hay un aumento de
un 39,2 por ciento. Por tanto, con los números en la mano, no puedo
entender cómo no estamos de acuerdo.
Pero sí quiero señalarle una cosa, y es que en todas sus enmiendas
planteadas no figura ni un nuevo programa. Por lo tanto, sí podrá estar
de acuerdo conmigo en que ustedes están de acuerdo en los programas que
plantea el Ministerio. Lo único que sucede es que en algunos aumentarían
o disminuirían las dotaciones. Pero están de acuerdo, porque no plantean
ningún nuevo programa sobre el cual pudiésemos discutir o debatir desde
posiciones diferenciadas. Desde esta opción, yo creía que estando de
acuerdo en los programas y matizándose sólo diferentes cantidades, podría
ser retirado el veto.
En aras a la brevedad, agradezco el debate a todos los intervinientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
A continuación, pasamos al debate de la Sección 22, Administraciones
Públicas.
La enmienda número 552 del Grupo Parlamentario Mixto se da por defendida,
así como las números 603 y 624. Lo mismo ocurre con las enmiendas del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado números 767 y 768.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números
1.579 a 1.589, tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo recordaré estos presupuestos por el gran número de enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular que nos han sido aceptadas por haberlos
pasado con una gripe que, deshaciendo el dicho, no ha durado ni siete
días ni una semana, sino estos presupuestos --yo creo que un debate
presupuestario es mejor que una couldina.
Lo que más van a agradecer sus señorías y mi propia garganta es que no
repita los argumentos que en Comisión di para defender esas enmiendas a
la totalidad de la sección y a dos programas concretos, enmiendas números
1.579, 1.588 y 1.589, porque sería abusar de la paciencia de sus
señorías. Pero en el fondo la razón es que no tenemos la Administración
Pública que todos desearíamos, y no lo digo yo, lo dicen ustedes mismos,
porque no hace muchos meses en esta Cámara se aprobó una moción como
consecuencia del debate del Estado de las Autonomías, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en la cual se acordó que el Senado
instara al Gobierno a remitir una ley de reordenación de la
Administración del Estado, especialmente la periférica, para adaptarla a
la nueva distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones Públicas, racionalizando, simplificando y reduciendo las
unidades administrativas. Y añadía: ... e impulsar la modernización
de las Administraciones Públicas para que puedan prestar más
eficientemente y con mayor calidad los servicios públicos a los
ciudadanos. (El señor Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencia.)
Si esta sección es repetición de la misma sección de los presupuestos del
año anterior y del año precedente, difícilmente va a conseguir el
objetivo que proponía esta moción presentada por el propio Grupo
Parlamentario Socialista. Estamos reconociendo que no tenemos la
Administración que deseamos y que todos deberíamos luchar por conseguir.
Por ello, junto a esas enmiendas de totalidad, presentábamos algunas con
las que pretendíamos reducir el gasto en diferentes programas y dos de
alta, que son en las únicas en las que voy a hacer una pequeña
insistencia. En una de ellas, la número 1.587, muy de acuerdo con esa
moción del Grupo Socialista aprobada en esta Cámara, pedíamos una partida
de 100 millones de pesetas --en estos billonarios presupuestos es una
gota de agua-- dedicada a un programa nuevo, Simplificación de los
procedimientos y métodos de la Administración. Los ciudadanos ven la
Administración prácticamente como un enemigo, y debemos procurar que vean
a la Administración como la encargada de solucionar sus problemas, de
fácil acceso y de rápida solución a los problemas por ellos planteados. Y
la otra enmienda, que suponía también un incremento de gasto, es la
número 1.580, también dotada con 100 millones de pesetas, a través de la
cual pedíamos que una auditoría externa determinara, estudiara la exacta
dimensión de las Administraciones Públicas que precisamos a base de ver
qué servicios estaban sobredimensionados y qué servicios infrautilizados,
porque sólo con ese conocimiento exacto de cuáles son las necesidades y
cuál el aprovechamiento de los medios actuales de que disponen las
Administraciones Públicas podremos buscar la solución a estos problemas.
Entonces, en Comisión se me contestó que las Administraciones Públicas
tienen sus propios medios para hacer este estudio.
Señorías, en unos presupuestos en que tantos cientos o miles de millones
se dedican a pagar proyectos o estudios encargados externamente, cuando
la Administración Pública tiene funcionarios perfectamente cualificados,
con la cualificación universitaria adecuada para hacer esos proyectos o
estudios técnicos, creo que en ningún caso está tan justificado como en
éste ver cuál es la dimensión inadecuada de la propia Administración
Pública cuando resulta que el estudio --repito-- debe hacerse
externamente. Y es que, lógicamente, las Administraciones Públicas, los
funcionarios tienen una especie de mecanismos de autodefensa por los que,
a la hora de juzgar sus propias debilidades o fallos, no son objetivos en
absoluto.
Señorías, sólo así obtendríamos un estudio objetivado, un estudio cierto
que pudiera servir de base para saber cuáles son las medidas que hay que
adoptar, los remedios que hay que poner a los males que padecen estas
Administraciones Públicas.
Señorías, reflexionen sobre este tema referente a encargar un estudio
externo que en modo alguno esté mediatizado por los intereses de los
propios funcionarios que, lógicamente --y humanamente es muy
comprensible--, deben defender su propio «statu quo».
Por todo ello, señorías, pido humildemente que reconsideren esta
enmienda, que la apoyen en el fondo y que también la aprueben.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Espert.
Para turno en contra tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Sean mis primeras palabras de deseo sincero de una rápida recuperación de
su gripe al Senador Espert. Evidentemente, si va a durar lo mismo que los
Presupuestos Generales del Estado, ya ha puesto límite a esa mejoría.
Dicho esto, con la mayor brevedad posible paso a defender la Sección 22.
Considero que el presupuesto de esta Sección está basado en un marco de
acuerdos con representaciones de intereses generales, de intereses
territoriales y profesionales.
Recuerdo que el año pasado el Senador Espert decía: los de la Sección 22
son presupuestos que no cuentan con un grado de consenso, de armonía y de
debate. Pues bien, este año el marco es bien distinto, y usted lo
reconocerá.
Hay un acuerdo con las Comunidades Autónomas, el incremento es
importante, y habrá que hacerse esa pregunta, dentro de la insuficiencia
financiera que siempre tiene cualquier organización: ¿Se incrementa en
mayor grado la suficiencia financiera? Pues sí, hay un incremento del
10,3 por ciento o, lo que es lo mismo, se bombean desde la Administración
central cuatro billones 35.000 millones de pesetas para las Comunidades
Autónomas. Pero todos sabemos que esto no significa la suficiencia que
determina la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Lo mismo pasa con las corporaciones locales. El incremento supone el 7,2
por ciento o, lo que es lo mismo, un billón 35.000 millones de pesetas.
Sabemos las dificultades que tienen las corporaciones locales, pero ¿se
avanza respecto a años anteriores? ¿Es positivo este presupuesto? Pues
razonablemente sí. Es obvio que las corporaciones locales están pasando
por momentos de dificultad aunque en parte puede decirse que está
disminuyendo esa dificultad puesto que se están renegociando los créditos
como consecuencia de la cierta bondad económica que tenemos. Luego si la
Sección 22 se incrementa austeramente, en un 6,6 por ciento, siendo el
presupuesto de gastos de 187.208 millones de pesetas; si es un
presupuesto coherente con los Presupuestos Generales del Estado; si se
miden los gastos de manera muy puntual; si hay austeridad y un control
del gasto público, hasta el punto de que el Capítulo 2 disminuye, en
conjunto, el 18,4 por ciento --aunque es cierto que hay un incremento del
1,5 por ciento en los gastos de departamento, excluidos los organismos
autónomos--, indudablemente, no hay ningún despilfarro. Por tanto, se
aprieta el cinturón al máximo, el presupuesto tiene un carácter
ejemplarizante y se trata, lisa y llanamente, de llevar esa austeridad a
la Administración de manera gradual.
Como usted no ha defendido algunas enmiendas, porque ya lo hizo en
Comisión, tampoco me voy a referir a
ellas. En cuanto a la financiación territorial, me remito a lo que dije
en comisión y simplemente voy a hacerle una pequeña observación. Este año
tenemos el gozo de contar desde las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales con los Fondos de Cohesión. Se ha abierto esa
importante vía, que en el futuro permitirá una mayor financiación tanto a
las Comunidades Autónomas, como a las corporaciones locales, para los
programas operativos, además de que el acuerdo entre la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Economía y
Hacienda, posibilita una dotación complementaria para infraestructuras
locales.
Y si hay algo novedoso y muy satisfactorio, es el Programa 912, de
cooperación económica local, a través del cual el Estado cumple los
principios constitucionales de solidaridad y colaboración con las
distintas Administraciones públicas. Dicho programa se incrementa en un
21,2 por ciento. En este sentido, estoy en contra --y lo digo de manera
muy respetuosa-- de lo que usted ha dicho, ya que se intentan dar
soluciones avanzando gradualmente, porque la financiación es algo
difícil; precisamente por eso, se ha hecho sobre la base de acuerdos.
En relación con la Secretaría de la Administración pública, que tiene
como cometido el programa global para la reforma y modernización de la
Administración pública, al igual que el impulso autonómico que dio la
anterior Secretaría de Administraciones Territoriales, en este caso se
sigue impulsando ese proceso de modernización, que no es nuevo. Ya en
1991 se llegó a un importante acuerdo con los sindicatos y se pusieron en
marcha 204 medidas, de las cuales el 70 por ciento han avanzado,
modificado y simplificado la Administración. En estos momentos, además de
las citadas medidas, se han articulado 160 proyectos de modernización,
con medidas específicas para ir racionalizando y modernizando la
Administración, para que, en definitiva, las Administraciones públicas
sean unos instrumentos eficaces de prestación de servicios.
Qué duda cabe que se van a adoptar medidas de carácter estructural. Estas
medidas están enmarcadas en el proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado y de sus
organismos autónomos, y hacen alusión a lo que usted ha comentado. Otras
medidas de carácter instrumental son los 160 proyectos de modernización a
los que he aludido.
Asimismo, coincidirá conmigo en que estamos ante una crisis --no sólo en
España, sino en la Unión Europea-- de modelos burocráticos y
organizativos. Y precisamente el gran reto de las Administraciones y
servicios públicos es ser operativos; en definitiva, ser dinámicos y
competitivos para que se presten los mejores servicios, para que no haya
duplicidad en éstos y para que se puedan adaptar a los profundos cambios
políticos, sociales, económicos y tecnológicos. Esta ley pretende
simplificar la Administración, reducir aquellos niveles administrativos
que supongan duplicidad, e intensificar ese proyecto de racionalización
al que antes me he referido, teniendo en cuenta la estructura de la
Administración general y de la periférica. Desde ese punto de vista,
quiero manifestarle que estamos en el camino de intentar conseguir una
mejor Administración.
Por lo tanto, no son supuestos análogos a los de años anteriores, estamos
ante temas novedosos y ante cuestiones concretas que modifican de manera
importante el panorama de la Administración. Además, hay que reconocer el
enorme proceso de descentralización que se ha hecho en este país como
consecuencia de las transferencias a las Comunidades Autónomas, esfuerzo
de descentralización que no tiene parangón en la historia en otros países
que han tardado más tiempo, y que lo hemos llevado ejemplarmente, siempre
mediante el diálogo, siempre mediante los cuerdos. Eso debemos aplaudirlo
el conjunto de los partidos políticos. Aunque bien es verdad que en el
año 1992 hubo un pacto autonómico entre el partido Popular y el Partido
Socialista, es cierto que, posteriormente, el conjunto de las fuerzas
políticas se ha sumado a esos acuerdos porque son beneficiosos para las
Comunidades Autónomas, básicamente para las diez Comunidades Autónomas
del artículo 143, que van a obtener, a partir del mes de enero,
importantes paquetes de transferencias.
Para finalizar, voy a contestar a sus enmiendas.
Respecto a la enmienda número 1.587, que solicita una partida de cien
millones de pesetas para avanzar o ahondar en el proceso de
simplificación de los procedimientos y métodos de la Administración, debo
decirle --como ya le contesté-- que, precisamente, ésa es la finalidad
del Programa 121 B del Ministerio para las Administraciones Públicas, de
la dirección y organización de la Administración Pública. Por lo tanto,
en aras de la brevedad, no voy a repetir lo que dije en el debate de
Comisión.
Con relación a la enmienda número 1.580, que demanda una auditoría
externa para ver cómo funcionan los servicios de la Administración en
general, para hacer ese chequeo, ese chequeo se está haciendo día a día
y, además, hay planes de empleo, hay planes programáticos, hay
situaciones específicas de análisis profundos, severos de esos procesos
porque, obviamente, el Ministerio para las Administraciones Públicas y el
Gobierno son los primeros interesados en avanzar en esa línea y creo --y
sé que lo ha manifestado usted con un sentido crítico, pero muy
constructivo-- que los procesos que ya existen, hechos por funcionarios,
dan lugar a objetividad, a imparcialidad y, por qué no decirlo, dan
satisfacción, puesto que, si no lo hiciéramos así, habría que pensar en
encargar proyectos de todo tipo fuera del ámbito de los ministerios y
ustedes están en contra, por razones obvias, de que lo que se pueda hacer
en la Administración no hay por qué encargarlo fuera. Desde nuestro punto
de vista, esto se puede y se debe hacer en la Administración, porque hay
medios suficientes y medios objetivos para realizarlo.
Por eso, sintiéndolo mucho, pero por razones objetivas, no podemos
aceptar la enmienda número 1.580.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Gallego.
El señor Espert tiene la palabra en turno de portavoces.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Gallego, quiero disculparme porque casi parece descortesía por mi
parte haber sido tan breve en mi exposición remitiéndome a la defensa que
hice en Comisión de las enmiendas, y usted ha ahondado en los argumentos
que me dio en la Comisión y ha insistido.
Ciertamente se ha producido un incremento en la financiación a
Comunidades Autónomas. Usted habla del 10,3 por ciento. No voy a entrar a
discutir este asunto porque quiero ser todavía más breve en la respuesta
en este turno de portavoces que en la primera intervención, pero es que
usted sabe muy bien que esto obedece al problema de la sanidad y a los
acuerdos que hubo sobre la financiación de la sanidad, el pago de la
deuda atrasada, etcétera. En el fondo esto nos lleva al tema de que
ustedes, como Gobierno de la nación, han sido siempre cicateros en la
financiación de corporaciones locales y Comunidades Autónomas; siempre
han utilizado el sistema de los convenidos con el fin de tener bien
aherrojadas a unas y a otras Administraciones territoriales: las locales
y las autonómicas. Ahora tienen, lógicamente, que ampliar esa
financiación y producirse incrementos superiores a la media de lo que es
la sección en su conjunto. Pero no voy a entrar en la discusión porque
nos llevaría a tratar con mucha profundidad temas tan importantes como
son los de la financiación, la adecuación de las estructuras de las
Administraciones públicas al reparto competencial y más al que se va a
producir a partir de ese nuevo bloque de transferencias de competencias
que se van a producir e partir del mes de enero.
Usted habla de muchos planes de modernización y de la crisis actual de
los modelos burocráticos. Yo si quiere que le sea sincero, en la práctica
como ciudadano o incluso como profesional de la abogacía sigo viendo la
misma Administración lenta, obstaculizadora y el único síntoma de
modernización de la Administración es el cambio del lenguaje. Ahora ya
dicen que en las instancias no pongamos ni Ilustrísimo señor, ni V. I.,
ni suplica V. I., etcétera, que utilicemos un lenguaje mucho más llano.
Es la única simplificación que he comprobado hasta ahora en las
Administraciones públicas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Espert.
Para consumir su turno, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
No quiero que lo entienda por descortesía porque no pensaba contestar,
pero debo hacerle alguna referencia. La financiación autonómica a las
Comunidades Autónomas no sólo ha crecido por la deuda histórica o la
deuda acumulada en materia de sanidad, a aquellas siete Comunidades que
ha sido transferida la sanidad. Efectivamente es un paquete importante.
Son 300.000 millones de pesetas y supone el 23 por ciento, pero es como
consecuencia de un acuerdo global.
No creo que nunca el Gobierno haya sido cicatero en el tema de la
financiación. Lo que pasa es que la financiación es la mayor dificultad
que existe en cualquier organización y siempre nos parecerá insuficiente.
Lo que sí que ha hecho el Gobierno es avanzar con las Comunidades
Autónomas como debía hacerlo, por la única vía posible que quieren las
Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación, mediante procesos de
diálogo y procesos de acuerdo en la toma de decisiones. ¿Con qué
finalidad? Para crear ese proyecto común de convivencia que ha hecho
posible integrar la diversidad y la pluralidad de las regiones y
nacionalidades que conforman España y para seguir avanzando con impulso
suficiente e importante.
Finalmente, no creo que la Administración sea lo mismo ahora que hace
unos cuantos años. Cualquier tiempo pasado le digo, y soy funcionario,
nunca fue mejor en este tema. Hace unos años estábamos con los manguitos.
No teníamos ningún medio, ni de informática, ni de otra cuestión que se
le parezca. Yo creo que ahí le ha jugado su gripe una pasada, y no ha
podido manifestar cuál es el estado actual de la Administración que,
aunque tiene que avanzar, se ha simplificado, se ha racionalizado, y
hemos hecho un proceso de descentralización, digamos, modélico y sin
parangón en la historia de la humanidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Gallego.
Pasamos a debatir la Sección 24 de Cultura. A esta sección hay varias
enmiendas particulares de Senadores del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Van-Halen tiene la palabra.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero que se mantengan las enmiendas de los Senadores del Grupo
Parlamentario Popular y puedan ser votadas en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Van-Halen.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Mixto. (Pausa.)
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado (Pausa.)
Según me informan, se han dado por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sigue
manteniendo vivas una serie de enmiendas que voy a tratar de agrupar, en
aras de la brevedad, por temas.
Un primer capítulo al que presentamos enmiendas es de cara a los museos
del país Vasco. En este sentido, de cara a la participación en los
Presupuestos Generales del Estado, en tres museos de las tres capitales
de la Comunidad Autónoma:
el Museo de San Telmo en San Sebastián, el Museo de Bellas Artes de
Vitoria y el proyecto Guggenheim en Bilbao.
El segundo capítulo se refiere a la construcción de los palacios de
congresos y exposiciones en San Sebastián y en Bilbao, en concreto el
proyecto Solar K en San Sebastián y el palacio Euskalduna en Bilbao.
El tercer bloque son las enmiendas referidas al mundo del cine, de cara a
la financiación del Festival de Cine Internacional de San Sebastián y de
cara al Festival de Cine de Cortos de Bilbao.
El cuarto capítulo es el de la remodelación de dos teatros: el Teatro
Victoria Eugenia de San Sebastián y el Teatro Campos de Bilbao.
Por último, dentro del Programa Código, el apoyo a dos fundaciones: la
Fundación Sabino Arana, que desarrolla una actividad cultural en la que
se están llevando a cabo una serie de conferencias, tanto de carácter
político, en la que están participando representantes de todos los
partidos políticos, como de temas sociales, culturales, médicos y de todo
tipo y la Asociación Cultural Euskalerría Irratia Elkaltea, que para
nosotros tiene un valor fundamental, ya que desarrolla una importante
labor en la promoción y fomento de la cultura vasca a través de los
medios de comunicación en la Comunidad Foral de Navarra.
Esto es, básicamente el bloque de enmiendas que nosotros presentamos al
respecto.
Como ustedes verán, señorías, dentro del mundo cultural no presentamos
una serie de enmiendas en la dirección clásica, tradicional de una
defensa de los valores autóctonos de la cultura vasca, sino que, por los
capítulos que he citado, yo diría que básicamente se trata de una serie
de proyectos en los diversos campos de una dimensión internacional, de
tratar de aprovechar la capacidad endógena que en estos momentos tienen
esas tres capitales vascas
--Vitoria, San Sebastián y Bilbao-- para que sean, en los diversos
ámbitos que he dicho, unos focos importantes de irradiación de cultura y
de cultura internacional.
Hay algunos aspectos realmente importantes. He citado que una de las
enmiendas va dirigida a un apoyo al proyecto Guggenheim. Todos sabemos
que el Guggenheim es uno de los museos más importantes del mundo y que la
apuesta de esta empresa privada por establecerse en Europa --existe ya en
Venecia y querían establecerse en otro lugar-- ha sido una clara y
contundente por Bilbao, con un apoyo importante de las instituciones
vascas, básicamente de la Diputación Foral de Vizcaya, del Gobierno vasco
y del Ayuntamiento.
Yo creo que se puede decir que en estos momentos el proyecto Guggenheim
no es un proyecto bilbaíno, no es un proyecto vasco, sino que es un
proyecto que puede dar prestigio en el mundo de la cultura a todo el
Estado español por lo que ello va a representar.
Hay otro tema de los que he citado que me gustaría resaltar, el del
Palacio Euskalduna. El Palacio Euskalduna es el proyecto del Palacio de
Congresos y Exposiciones de Bilbao, y creo que por encima del hecho
concreto en sí hay un hecho político muy importante. Sus señorías
recordarán cómo a lo largo de la legislatura de 1982, desgraciadamente,
se vivieron momentos de gran tensión en ese astillero, que fue quizá una
de las cunas del desarrollo de la construcción naval a nivel de todo el
Estado.
No es el momento de mirar hacia atrás y de entrar en un análisis de por
qué Euskalduna hoy en día no existe y Euskalduna como astillero
desapareció. Pero lo que sí es cierto es que tras un acuerdo --y hay que
reconocerlo-- entre la Administración vasca y el Gobierno central, se
llegó a la solución de que ese astillero --que como digo había sido una
de las cunas de la construcción naval a nivel de Estado y que hoy ha
desaparecido--, de cara a un homenaje al pueblo de Bilbao se llegase,
repito, a un acuerdo de cesión de terrenos y de inversiones entre todos
para levantar ese Palacio de Congresos y Exposiciones.
Por lo tanto, yo creo que el apoyo al Palacio Euskalduna, por encima del
hecho importante en sí de lo que significa la creación del Palacio de
Congresos y Exposiciones, significa un desagravio a esa desaparición de
Euskalduna en su momento, a ese astillero que todavía en los años sesenta
era el número ocho en rentabilidad a nivel mundial.
Por último, dentro de las enmiendas que he debatido quiero citar el tema
de la reforma del Victoria Eugenia, e igualmente del proyecto Solar K de
San Sebastián.
Siguiendo un poco en cuenta la tradición y la historia del turismo a
nivel mundial, podemos decir que tiene su origen en Europa, y el turismo
tiene su origen en el siglo XIX, y lo tiene prácticamente cuando Eugenia
de Montijo se desplaza a Biarritz como zona de veraneo. Eso produce un
mimetismo en aquellos momentos en la monarquía española y en la
aristocracia española que se traslada a San Sebastián y hace de San
Sebastián el gran centro turístico a nivel de Estado. Yo no les voy a
abrumar aquí a sus señorías sobre el prestigio internacional que tuvieron
Biarritz y San Sebastián, pero se puede decir que son los dos focos de
origen de lo que es hoy el gran «boom» del turismo y de esa gran
industria que es el turismo. y, en estos momentos, San Sebastián, con
todos los problemas de violencia, con todos los problemas de terrorismo,
con todo lo que hemos visto, se está sobreponiendo a eso y está con una
voluntad otra vez de tener un turismo de calidad. Reúne todas las
condiciones, desde una belleza paisajística, una cocina apropiada, un
folklore, de tener al lado una muga con el otro país vasco y con las
zonas fronterizas, y reúne también la apuesta, tanto de la Diputación
Foral de Guipúzcoa, como del Ayuntamiento de San Sebastián, de volver a
hacer otra vez, de cara a finales de siglo, un San Sebastián que vuelva a
ser un centro importante turístico a nivel europeo. En este sentido
incluso el actual Alcalde de San Sebastián, que pertenece al Partido
Socialista, ha hecho esta apuesta y apoya realmente la construcción y el
desarrollo de estos proyectos que yo aquí he citado. (El señor
Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.) Con esto voy a acabar,
señorías, volviendo a resaltar lo que he dicho. Las enmiendas nuestras en
la Sección de Cultura van básicamente en la dirección de tratar de
proyectar que sean un foco importante de cultura, de
cultura internacional, de cultura europea, las tres capitales de la
Comunidad Autónoma Vasca.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular presenta un veto a la Sección 24, Ministerio de
Cultura, y 83 enmiendas parciales.
Comenzaré por la argumentación que sostiene nuestro veto.
El Ministerio de Cultura, en su afán de «mantenella y no enmendalla»,
hace que un año más tengamos que presentar esta enmienda de veto a la
Sección 24. El argumento a favor del veto, y más a estas horas de la
noche, podría resumirse en un «decíamos ayer», de Fray Luis de León,
porque verdaderamente, como decimos, como no se han enmendado los
errores, nosotros, como Grupo Parlamentario, nos vemos en la
responsabilidad de presentar el veto.
Nos parece imposible cumplir los objetivos propuestos por la propia
Ministra de Cultura con la distribución de créditos que ahora se nos
propone. Los compromisos adquiridos por la señora Ministra ante las
Cámaras, que constan en los «Diarios de Sesiones» y en declaraciones
públicas, no podrían cumplirse, y, de hecho, como cada año, se verá al
final que no se han cumplido con estos presupuestos.
Nuestras enmiendas son, en definitiva, una posibilidad de rectificación
que ofrecemos al Gobierno y a su Ministra de Cultura para que pueda
cumplir sus compromisos y responder a sus problemas, atendiendo a los
objetivos que ella misma ha declarado reiteradamente. Ahora ustedes,
señores socialistas, pueden recoger esta expresión de buena voluntad o no
recogerla, eso ya no es asunto nuestro.
No coincidimos, sin embargo, pese a lo que he dicho de los objetivos, con
las prioridades del Ministerio que suponen estos presupuestos,
desmintiendo ellos a la propia titular del Departamento. Pero lo grave no
es sólo que cada año se pueda observar que tampoco la ejecución
presupuestaria responde a las previsiones que se presentan. Lo grave
también es que los compromisos no se cumplen. Podría citar casos
concretos de desviaciones presupuestarias graves, como, por ejemplo, el
caso del Teatro Real, en cuyas cifras de inversión ha habido
contradicciones incluso entre la propia Ministra y el Subsecretario de su
Departamento en comparecencias en esta Cámara y en el Congreso de los
Diputados. Ese es sólo un botón de muestra, porque podría hablarse
también de la desviación tremenda en el Museo Centro de Arte Reina Sofía,
pero lo dejo, en todo caso, para una mayor concreción en la intervención
posterior.
Los presupuestos del Ministerio de Cultura no responden tampoco a las
necesidades de la cultura española, no responden a una estrategia global,
ni a un plan de conjunto, sino que suponen meros parches colocados aquí y
allá cuando las situaciones apremian. Alguna vez he dicho desde esta
tribuna que creo que el Partido Socialista carece de una política
cultural sólida, y ello es evidente en los doce años de su Gobierno, pero
lo es más ahora, sometido a presiones diversas, que hacen de su acción
cultural un mosaico inconexo, de muy difícil entendimiento, en conjunto,
como en una sucesiva intervención podría quedar claro.
Mi compañero el Senador Soravilla señaló en Comisión que en estos años el
Ministerio de Cultura se ha orientado --yo diría que se ha desorientado--
en dos direcciones: de un lado, ha funcionado como un Ministerio de
propaganda --entiéndase la acepción adecuada que doy a este término--, y,
de otro lado, como una especie de concejalía de festejos hinchada. Han
intentado proteger ustedes, señores socialistas, una cultura al servicio
de los cercanos a su política, y ejemplo ya he dado desde esta tribuna
más de una vez, pero estoy dispuesto a darlos nuevamente, y han sido
incapaces de crear una auténtica política al servicio de la cultura. Por
otra parte, han apostado comúnmente por la cultura-espectáculo.
Este entendimiento diferente de la que podríamos llamar filosofía
cultural, que nos lleva a creer en una política neutral en el servicio de
la cultura y, por ello, en un Ministerio de Cultura neutral, también nos
separa del fondo presupuestario del Ministerio. Un presupuesto no es otra
cosa que el sostenimiento de financiación de unas acciones concretas que
responden a una política determinada. No es este, obviamente, nuestro
presupuesto, pero tampoco, lógicamente, responde éste a lo que serían
nuestros objetivos y prioridades.
Hablando de prioridades, es obvio que ahí también entra un entendimiento
político bien concreto. Actuar sobre un determinado elemento del
patrimonio histórico-artístico puede no convocar los flases de los
fotógrafos, es una actuación callada, con poco alarde, mientras otras
acciones que podríamos llamar más informativamente evidentes, de
inauguraciones aderezadas con canapés, sin duda tienen un resultado de
tirón político más inmediato, que pueden dar lugar a sonrisas
fotográficas de relevancia informativa. No irían por ahí nuestras
prioridades, señorías.
Ni siquiera se ha cumplido en estos últimos doce años aquella hermosa
promesa de que la cultura alcanzaría en nuestro país el 1 por ciento de
los Presupuestos Generales del Estado. Estamos por debajo del 0,3 por
ciento en estos presupuestos. Es obvio --y los sucesivos titulares del
Ministerio de Cultura lo han reiterado-- que Cultura tiene poco
presupuesto, que es necesaria más consignación económica. Por ello --y lo
compartimos-- es más necesaria una política de prioridades rigurosa y
atenta a la realidad. Cuando hay poco dinero en la bolsa, debe
distribuirse adecuadamente. De ahí que precisamente la atribución de
prioridades sea uno de los puntos de discrepancia con estos presupuestos.
La señora Ministra de Cultura ha declarado en más de una ocasión lo que
algunos de sus antecesores nunca reconocieron: que el patrimonio es una
prioridad para ella. Naturalmente, para llegar a esta elemental
conclusión que se plantearía cualquier ciudadano en un país con nuestra
riqueza
patrimonial, la señora Ministra ha tenido que ver caer a sus pies
sillares y elementos arquitectónicos de algunas catedrales, Burgos y León
entre ellas, y hemos tenido que asistir a accidentes tan bochornosos como
la aparición de goteras a pocos metros de Las Meninas. Los titulares del
Ministerio de Cultura hacen bueno aquel dicho de que se acuerdan de Santa
Bárbara cuando truena.
Sin embargo, esta supuesta prioridad de la señora Ministra en cuanto a
patrimonio no se refleja tampoco en estos presupuestos. Una prioridad
debe ser cabalmente lo primero. También dijo que para ella era una
prioridad la atención a las catedrales. Tampoco encontramos reflejo de
esa preocupación en estos presupuestos. Igualmente señaló como
prioritaria la atención al Museo del Prado. Pues bien, esa preocupación
de la señora Ministra tampoco tiene reflejo presupuestario. Ni siquiera
el cumplimiento del mandato legal del tan traído y llevado «1 por ciento
cultural», que también era un compromiso de la señora Ministra y del
Subsecretario de su Departamento con esta Cámara; resulta que se acoge,
en la medida necesaria, en estos presupuestos.
Se prevén 2.080 millones para patrimonio. Comparemos. Para cine, por
ejemplo, se prevén 4.543 millones; para el conjunto de las catedrales de
España, se destinan 633 millones, mientras que para la adquisición de
obras de arte para el Museo Reina Sofía se destinan 720 millones.
En cuanto al llamado «1 por ciento cultural», la previsión presupuestaria
es de 50 millones. Naturalmente, el señor Subsecretario de Cultura,
contestando a preguntas de este Senador en Comisión, aclaró que se
trataba de un crédito ampliable. ¡Faltaría más! Pero, precisamente, si es
ampliable, la pregunta del millón de dólares sería, ¿por qué se prevén
sólo 50 millones y no más, y no 4.000 millones, por ejemplo, que es lo
que nosotros proponemos? ¿Cómo no pensar, quedándonos cortísimos, que el
conjunto de inversión pública en Ministerios, el montante sujeto a
previsión legal del 1 por ciento, va a ser menor de 400.000 millones de
pesetas al año?
En cuanto al Museo del Prado, la previsión es de 2.561 millones de
pesetas, mientras que en el Reina Sofía se destinan 2.954 millones. Según
esta propuesta presupuestaria del Ministerio, no es prioritario El Prado,
sino el Reina Sofía. Mientras tanto, no se contempla una sola peseta para
la ampliación del Museo, prioridad en la que hemos coincidido con la
señora Ministra.
Pero eso sí, señorías, el Ministerio de Cultura prevé destinar 1.609
millones de pesetas a estudios y trabajos encargados fuera del
Ministerio. No entendemos este destino, y la señora Ministra y su equipo
saben bien que si fuese necesario un estudio concreto, contarían con el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular a un crédito extraordinario para un
destino razonable, razonado y justificado. Pero parece un exceso y un
olvido de los buenos funcionarios con que cuenta el Ministerio una
previsión tan elevada para trabajos realizados en el exterior.
Una breve mirada sobre la situación de otros sectores de la cultura en
España, supone ya un veto de la sociedad a los objetivos y, por ello, a
los presupuestos del Ministerio de Cultura. Nuestra realidad archivística
y bibliotecaria --y la señora Senadora doña Estrella Rojo la conoce muy
bien-- no tiene comparación, por desgracia, con la Europea. En alguna
ocasión he denunciado que el índice de relación metro de
estantería-personal destinado a atenderlo, deja a nuestros archivos en
muy mala situación respecto a la media europea. El porcentaje de
microfilmaciones no responde tampoco, ni con mucho, a los niveles
europeos. El Gobierno no tiene una política definida y efectiva de
fomento de la lectura. No me refiero a la política bibliotecaria, que
también es mala, y un ejemplo de ello es la falta de definición de la
propia Biblioteca Nacional, con ese vaivén de directores, sino a la
inexistencia de una estrategia de fomento de la lectura. Nuestro índice
de lectura es inferior, como saben sus señorías, a la mayoría de los
países de nuestro entorno.
Recientemente tuve ocasión de exponer, en esta tribuna, la situación de
los museos en España, en una interpelación con moción subsiguiente. La
cercanía del debate en el Pleno de esta Cámara sobre la realidad de la
política museística del Gobierno me exime de un pormenorizado análisis de
ella. Reitero lo antes dicho: el buque insignia, que es el Museo del
Prado, no encuentra su norte y no se consigna ni una peseta a su
ampliación, ni al concurso internacional, ni a las compensaciones lógicas
al Ministerio de Defensa, si al fin se decide la ampliación, en el Viejo
Salón de Reinos del Buen Retiro, actual Museo del Ejército.
No quiero insistir --a menos que me obligue a ello alguna intervención
posterior-- en el curioso caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, cementerio de miles de millones de pesetas, inaugurado tres veces,
que yo recuerde --asistí a dos--, definido y redefinido varias veces,
negado y afirmado desde hace años, que ahora parece que ha encontrado su
camino, lo que no ha impedido que su reciente nuevo director haya
repetido que hay que volver a definirlo.
La política de museos desemboca en un evidente abandono de todos los
demás museos de titularidad estatal con que cuenta nuestro país,
quitando, sobre todo, el Reina Sofía, que son, como usted sabe, 66. Estos
museos se llevan la porción del ratón, por eso una de nuestras enmiendas
se destina a aliviar esta paramera.
En cuanto a la promoción de la cultura española en el mundo, la atención
es menor. Nosotros entendemos la cultura española como algo fundamental
de las relaciones exteriores. No creemos --y lo hemos reiterado muchas
veces-- que sea la mera suma de 17 culturas de Comunidades Autónomas, es
mucho más y esa realidad no tiene una respuesta adecuada en la política
cultural del Gobierno.
En cinematografía, por poner otro ejemplo, su política ha fracasado. La
nueva ley ha sido ya cuestionada y matizada por la propia Administración
y el sector cinematográfico está a la espera de soluciones imaginativas.
Y para qué vamos a hablar del apoyo al teatro y a las artes plásticas
actuales, que no responde tampoco a una política rigurosa de globalidad,
en cuyos temas podemos entrar si alguna intervención así lo demandase.
Por ello, señorías, comprenderán que el veto que presentamos a los
presupuestos de la Sección 24 resulta razonable,
ya que no responde a nuestra filosofía, no busca los objetivos que
demanda la cultura y ni siquiera es capaz de responder a los propios
objetivos marcados por la señora Ministra de Cultura. No entendemos del
mismo modo la cultura --eso parecería lógico-- y desde esa realidad el
soporte presupuestario es bien diferente al que nosotros apeteceríamos y
que creemos necesario para las demandas de la sociedad española en
materia de cultura.
Brevísimamente me referiré a las enmiendas parciales presentadas, y como
son 83, lo voy a hacer en grandes bloques. Estas 83 enmiendas conllevan
variaciones en el presupuesto del Ministerio de Cultura por un volumen de
7.200 millones de pesetas, lo que representa sólo un 10 por ciento. De
las 83 enmiendas, 26 suponen incrementos de créditos, que serían
debidamente compensados con las reducciones de créditos previstas en las
57 enmiendas restantes. Los incrementos propuestos se compensan con
reducciones en la misma sección, lo que implica una mera redistribución
de los créditos dentro del Ministerio de Cultura, salvo en el caso del 1
por ciento cultural, cuyo incremento se hace con cargo a la Sección 31,
gastos de diversos Ministerios. Las enmiendas que suponen incremento de
crédito se centran básicamente en reforzar las inversiones en Patrimonio
Histórico Español y en el Museo Nacional del Prado, prioridades, por
cierto, anunciadas, como ya he dicho, por la señora Ministra de Cultura y
que no tienen reflejo presupuestario alguno. Las enmiendas que suponen
reducción de créditos se refieren a las partidas destinadas a estudios
técnicos y otros trabajos realizados fuera del Ministerio, al Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, al Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y a la partida destinada a adquisiciones de
obras de arte contemporáneo por el propio Ministerio.
El sentido del primer bloque, de 14 enmiendas, está dirigido a duplicar
en principio las inversiones previstas para la restauración del
Patrimonio Histórico Artístico Español, que actualmente se cifra en 1.830
millones y que se pretende llevar hasta los 3.660 millones. Este
incremento se realizaría con cargo a las reducciones que se proponen en
el Capítulo 2 y en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
El segundo bloque, de 37 enmiendas, está dirigido a suprimir las partidas
previstas en los diferentes servicios y organismos del Ministerio para
estudios técnicos y otros trabajos, que suman, como ya dije antes, 1.609
millones y cuya necesidad no ha sido suficientemente justificada en las
comparecencias precedentes.
El tercer bloque, de cinco enmiendas, propone reducir a la mitad las
partidas previstas para intervenciones en el exterior y para
equipamientos del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, y dejar prácticamente a cero la partida destinada a obras en
su sede --que parecen las obras de las pirámides de Egipto por lo que
duran-- al considerarse prioritarias otras actuaciones dentro del
programa.
El cuarto bloque, de tan sólo dos enmiendas y referido al 1 por ciento
cultural, persigue incrementar sustancialmente la cantidad que el
Ministerio de Cultura prevé recaudar el próximo año por este concepto de
Otros Departamentos, obligándole a realizar sin más demoras la
correspondiente reforma reglamentaria acordada en el Congreso de los
Diputados por la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios. La
cantidad mínima que se considera debe gestionar el Ministerio de Cultura
por este concepto es de unos 4.000 millones de pesetas, que se
destinarían íntegramente a reforzar inversiones en protección del
Patrimonio Histórico, como se desprende del hecho de que esta partida
esté integrada precisamente en dicho programa.
El quinto bloque, también sólo de dos enmiendas y referido asimismo al
programa de protección del Patrimonio Histórico, se dirige a cambiar el
destino de los 200 millones que actualmente está previsto destinar a
adquisiciones de obras de arte español contemporáneo. Se considera que
esta partida no tiene suficiente justificación dentro de un programa de
protección del Patrimonio, ni tampoco en el conjunto de los presupuestos
del Ministerio, al existir ya otra partida para este mismo fin en el
presupuesto del Centro de Arte Reina Sofía. Se propone destinar dicha
suma a la realización del inventario de los bienes integrados del
Patrimonio Histórico Español como mejor vía para proteger éste,
especialmente contra la exportación ilegal, porque si no sabemos lo que
tenemos, difícilmente vamos a poderlo proteger.
El sexto bloque, de doce enmiendas, referidas todas al Centro de Arte
Reina Sofía, pretende reducir las partidas previstas para este museo
hasta igualarlas con las partidas correspondientes al Museo del Prado.
Por otro lado, la partida de 520 millones para la adquisición de obras de
arte se reduce a 100 millones al considerarse que tras la aprobación de
la Ley de Mecenazgo, según ha dicho tantas veces la Ministra, el
enriquecimiento de la colección y de los fondos de este museo debe
hacerse prioritariamente por esta vía.
El séptimo bloque, de seis enmiendas, referidas al Museo del Prado,
recoge, por una parte, 490 millones de pesetas de los 690 detraídos del
presupuesto del Centro de Arte Reina Sofía, que sirven para reforzar
determinadas partidas existentes y para abrir otras nuevas que permitan
afrontar la ampliación del Museo del Prado, que es, como he dicho varias
veces, una de las prioridades marcadas por la propia señora Ministra de
Cultura. Y, por otra parte, los 450 millones previstos para la reparación
de las cubiertas que, a nuestro juicio, se hallan mal ubicados en la
Dirección General de Servicios.
Finalmente, hay un octavo bloque formado por cinco enmiendas por las que
se destinan los 300 millones de pesetas restantes a reforzar partidas en
otros museos.
Creo que las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario quedan así
defendidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Van-Halen.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Rojo.
La señora ROJO TUDELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera contestar en primer lugar al señor Gangoiti, representante del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Hay dos cosas en las que coincidimos absolutamente. En las enmiendas
parciales ustedes piden subvenciones para actividades culturales de
carácter internacional. Pues bien, ese es uno de los objetivos y una de
las prioridades del Ministerio de Cultura, subvencionar festivales de
todo tipo, pero sobre todo los internacionales porque usted ya sabe que
la Consejería de Cultura subvenciona cuestiones culturales de carácter
autóctono e internacional. En todo caso, estamos absolutamente de
acuerdo. Ya sabe que siempre puede contar con nosotros en este tema.
Plantea enmiendas muy concretas, por ejemplo, una referente al Museo
Guggenheim, a la que creo que ya contestamos en Comisión cuando dijimos
que a través de los conceptos 771 y 783 del Programa 453, Subvenciones
para el sistema español de museos, se reciben subvenciones en todo
momento.
En cuanto al tema de Euskalduna y Solar K --perdone que los una, aunque
no voy a entrar en el tema del desagravio, que sabe usted que también
comparto--, prefiero mirar de modo positivo esa ilusión de que San
Sebastián se pacifique, vuelva a ser el centro turístico que siempre fue
ya que eso significará que hay paz y que hay un resurgimiento económico
para la provincia. También sabe usted, porque lo comenté en la Comisión,
que Solar K sí tiene una partida de 250 millones de pesetas. Es decir,
una política del Ministerio es que cuando hay un auditorio o un palacio
de congresos en una Comunidad no se construya otro a la vez. Por tanto,
hay que repartir --es otro de los objetivos del Ministerio-- y equilibrar
la cultura en todas las Autonomías.
Por otra parte --y eso se me olvidó decirlo en Comisión--, ofertamos una
enmienda transaccional --que luego podremos poner por escrito-- sobre la
base de las enmiendas 2.402 y 2.398. En todo caso, en ambas se propone
ayudar --siempre con la cooperación de la Comunidad Autónoma-- a
subvencionar dos trabajos importantes, como son el Festival de
Cortometrajes de Bilbao y otro totalmente distinto, Eusko Bibliographia,
para dar un apoyo a la cultura y al lenguaje vascos.
En cuanto al segundo interviniente, el señor Van-Halen, no he entendido
absolutamente nada de lo que ha dicho. Agradezco que su tono haya sido
muy moderado, pero no sé si estábamos hablando del mismo Ministerio, o si
es que no entendemos los textos sobre los programas presupuestados por el
Ministerio. Me he encontrado este año con la sorpresa de leer doscientas
y pico enmiendas --buscando buenas ideas que se podrían aplicar por el
Ministerio de Cultura--, entre las que había algunas a partidas que ya
estaban recogidas en el presupuesto del propio Ministerio. Una anécdota
muy curiosa en este sentido se produjo en la Comisión, cuando un
representante por Segovia de su Grupo, con voz airada, dijo que Segovia
sólo tenía siete millones de subvención. Pero nos habían mandado un
desglose de las actuaciones del Ministerio de Cultura y, sumando a bote
pronto, había más de 220 millones.
En muchos casos las enmiendas son reiterativas y plantean actuaciones que
el Ministerio ya recoge y a las que destina más dinero. Otras muchas no
se aceptaron, no porque seamos negativos, sino porque hay unos caminos
para acceder a esas ayudas, a los que ustedes han contribuido
legislativamente, ya que por medio de concursos públicos se puede acceder
a las mismas. Asimismo, otras muchas enmiendas --y eso sí que me duele--
tienen que seguir el camino de las Comunidades Autónomas. En este
sentido, yo he animado a sus compañeros de grupo a que trasladen estas
enmiendas a los debates de presupuestos de las Comunidades Autónomas y
ayuden al Ministerio de Cultura a llevar el peso del patrimonio de este
país. En todo caso, por si no ha habido una clara lectura del presupuesto
por parte del representante del Grupo Popular, me gustaría centrarme en
tres objetivos, en tres prioridades que están muy claramente puestas de
manifiesto, tanto por las palabras de la señora Ministra, que usted ha
tomado al pie de la letra, como por lo que figura en nuestro presupuesto
de Cultura.
Creo que el presupuesto es suficiente. Si bien no hemos llegado al 1 por
ciento de los Presupuestos Generales del Estado --y probablemente no
estaríamos de acuerdo en decidir de dónde restaríamos las cantidades que
faltan para alcanzar ese porcentaje--, es cierto que este presupuesto
aumenta más de un 7 por ciento y que es austero. Por tanto, creo que es
suficiente.
Vuelvo a las líneas generales, a los objetivos. Estamos de acuerdo,
fundamentalmente, con sus palabras, aunque creo que usted se refiere a
este tema de forma un poco absurda, como si lo hiciera de oficio, como si
quisiera presentar el veto porque sí, porque creen que la oposición
significa estar en contra de un presupuesto. Y en eso también disentimos
profundamente. Creo que no pasaría nada porque ustedes reconocieran que
la cultura necesita el apoyo de todos y, sin que sirviese de precedente,
no pasaría nada si por una vez apoyasen una de las secciones de estos
presupuestos.
Entro en los tres objetivos que para mí son fundamentales en los
presupuestos. El primero es un decidido apoyo a la conservación del
patrimonio histórico español. Venimos de una historia que desatendió este
legado. Tenemos tantos y habían durado tanto tiempo que pensábamos que
iban a durar siempre y cuidándose por sí mismos. Como ya decíamos en el
debate del presupuesto del año anterior, la agresión de la contaminación,
la agresión del paso del tiempo, más ese abandono histórico, nos ha
dejado este rico legado necesitado de mucho apoyo, y no solamente
económico. ¿Cómo vamos a atajar estas necesidades? Habrá que hacer una
buena planificación, y en eso estamos también de acuerdo.
Todo el mundo que trabaja en cuestiones de conservación, tanto de
documentos como de patrimonio, sabe que el camino principal es hacer un
inventario y un catálogo. Cuando se sabe qué se tiene y cómo se tiene es
el momento de intervenir. La conservación del patrimonio histórico, como
la conservación de cualquier documento histórico, no pasa por meter
millones y millones, porque no es un trabajo de albañilería cualquiera;
no es hacer una chabola. Conservar un edificio que tiene cinco siglos,
con unos materiales de construcción absolutamente distintos, con unas
agresiones químicas para las que no estaba preparado, significa
un estudio muy concreto, unos especialistas y un número muy amplio de
gente, pero con un orden. Para abril de 1995 el Ministerio se ha
comprometido a tener el índice del patrimonio histórico inmobiliario
español. Una vez que tengamos esto, habremos marcado un hito
absolutamente histórico, será un antes y un después. Mientras tanto, no
queda más que atajar las urgencias y prevenir.
Ustedes dicen que no hay dinero suficiente. No hay dinero suficiente
nunca, pero hay mucho dinero para atajar esas urgencias. Ese es un camino
que el Ministerio de Cultura no ha cerrado, ni mucho menos. Hay un
aumento del presupuesto dedicado al patrimonio histórico del 41,9 por
ciento para 1995. Ese es un camino.
Otro camino es el 1 por ciento cultural. El señor Subsecretario de
Cultura, señor Linde, dijo en una comparecencia que había 50 millones
ampliables. Está claro que cuando el Ministerio de Obras Públicas realiza
una obra, el 1 por ciento lo puede dedicar a rehabilitar edificios
concretos; es el caso de los teatros. Quiero decirle al representante del
PNV que los teatros que ustedes nos mencionaban en las enmiendas están
recogidos en esas rehabilitaciones que realizará el Ministerio de Obras
Públicas; es decir, que hay más de 50 millones. Pero, con todo y con
ello, hay un acuerdo expreso entre el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Obras Públicas para dedicar todo lo que sea, más allá de
los 50 millones, al patrimonio histórico.
Hay un tercer camino. La Ley de Fundaciones establece que hay unos
objetivos prioritarios que tienen unas desgravaciones especiales. En este
caso, el patrimonio histórico y todos los centros históricos declarados
por la Unesco --ahora estamos de enhorabuena porque tenemos tres centros
más-- serán prioritarios y, por tanto, habrá otro aporte para el
patrimonio. Si éste es el aporte del Ministerio de Cultura, del
Ministerio de Obras Públicas y de la sociedad, por medio de la Ley de
Fundaciones, no hay que olvidar que hay otro punto de aportación, que es
el de las Comunidades Autónomas. Tengo todas las esperanzas del mundo en
que las Comunidades Autónomas van a hacer un esfuerzo con su apoyo, con
el nuestro, un esfuerzo desmedido para conservar este patrimonio.
Un segundo objetivo que me parece absolutamente prioritario, primordial y
que abre un camino al futuro es la formación de profesionales. Para 1995
hay una dotación de 661 millones, que eran 300 millones en 1994; es
decir, 300 millones más, cuando antes era casi inexistente. Esta partida
abre un futuro porque va a formar a personas que podrán hacer uso de las
infraestructuras culturales, con lo que conseguiremos expandir
adecuadamente las posibilidades del disfrute cultural.
Otro apartado es el de la formación de los profesionales de la
restauración. Esto es prioritario porque formar a profesionales de la
restauración cuesta años. Y los problemas de conservación de nuestro
patrimonio --como he dicho antes-- pasan por dinero, pero no sólo por
dinero. Damos tiempo, además de muchas personas trabajando y muy bien
formadas. Y esta partida, este proyecto, este objetivo, puede empezar a
cumplirse ya.
Un tercer aspecto u objetivo a destacar es el gran proyecto del Prado. Y
volvemos a encontrarnos en esta discusión. A pesar de que a ustedes les
parezca horroroso lo que hacemos y que el presupuesto de cultura no hay
por dónde cogerlo, aquí se conjuga como en los anteriores objetivos el
presente y el futuro. El presente, con una dotación necesaria para el
mantenimiento de las actividades del Museo del Prado, que para 1995 son
mucho mayores puesto que en el 175 aniversario hay exposiciones y
restauraciones especiales. Para eso hay dotación. Por supuesto, para los
demás capítulos, también la hay. También figura una dotación expresa para
las cubiertas del Palacio de Villanueva.
¿Y para el futuro? Para el futuro piden una dotación para la ampliación
del museo. No puedo entender sus explicaciones. Por indicación expresa
del Partido Popular en el Congreso se aprobó la constitución de una
Comisión de expertos para que estudiase la posible ampliación del Prado.
Se hizo, y en ello estamos. Esta comisión ha tenido que dar el informe o
tiene que darlo en unos pocos días. El segundo paso sería el concurso
internacional de ideas para la ampliación del museo. Y el tercer paso,
que es el definitivo, es la ampliación del Museo. Estoy pensando en estos
momentos, por ejemplo, en la ampliación del Museo del Louvre, en todas
las obras que se han realizado alrededor, que no es una obrilla
cualquiera. No vale aquí poco dinero. Habrá que hacer un presupuesto
extraordinario de gran envergadura, pero eso será como muy pronto para
finales de 1995 o para 1996. Es que no entiendo yo esa precipitación, que
no sé si es ardor o precipitación a secas, ni en el tema del patrimonio
ni en el tema del Museo del Prado. Yo creo que todos, ustedes y nosotros,
tenemos este sueño. El Museo del Prado es importante por sí mismo, porque
es una de las mayores pinacotecas del mundo, y es importante por algo en
lo que sí que disentimos totalmente, porque cierra o abre el gran
triángulo de la pintura que es absolutamente único en el mundo. Este
triángulo que forman el Museo Thyssen, el Reina Sofía y el Museo del
Prado es la mejor muestra --no creo que exagere-- del mundo de la pintura
occidental del pasado y del presente. Y eso se encuentra en Madrid, en la
capital de España, y está en unos pocos metros.
He intentado abordar estos tres objetivos, pero me dejo en el tintero
muchos que no sé si debo entrar a discutir. Yo creo que éstos marcan un
presupuesto como bueno. Si ustedes tuvieran el mínimo interés en
analizarlo seriamente, el mínimo interés en ser responsables, en ser
corresponsables con el mantenimiento, con la expansión, con la igualdad
de los ciudadanos ante la cultura, ustedes retirarían el veto. Voy a
contestarle porque si no me va a decir que no lo he hecho; tengo tantos
argumentos, que me cuesta, pero lo voy a hacer.
Archivos y microfilmes. A mí, que trabajo en un archivo, me asombra que
usted pueda decir que no se ha hecho nada desde el Ministerio de Cultura.
Cuando hablo de archivos, me emociono. El Histórico-nacional de la Guerra
civil; el General de Indias; el Corona de Aragón; el General de Simancas;
el General de la Administración. ¿Sabe usted cómo estaban hace once años
estos archivos? La mayoría no tenían edificio adecuado. Me puede usted
decir algo del Archivo de Indias, que ha sido microfilmado, que ha tenido
un aporte de dinero no
solamente de los Ministerios, sino también subvenciones de particulares,
para poder acceder a un cultura internacional, para poder expandir el
Descubrimiento de América. Es un aporte cultural. ¿Cómo me puede decir lo
del Reina Sofía cuando esta mañana un periódico nacional recogía los
presupuestos que se están gastando --bien gastados, en mi opinión-- en el
Museo de Arte Contemporáneo de Galicia, en el Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona y en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla? ¿Cree que lo
digo en contra de esos museos? No; se lo digo porque, en contra de su
opinión y a favor de la mía, hay gente, ya sea en Comunidades gobernadas
por su partido o por socialistas o por nacionalistas vascos o
nacionalistas catalanes, que ha apostado. porque no nos vuelva a pasar lo
que nos ocurrió en otros tiempos, y es que nos quedemos sin las grandes
obras de los autores modernos. Si para evitar eso tenemos que gastar
grandes cantidades de dinero, lo gastaremos. Bienvenido sea. Pasado
mañana o dentro de cien años no vamos a estar ni usted ni yo defendiendo
este presupuesto, pero volvería a decirme que perdimos una oportunidad de
oro al no haber comprado las obras de los autores modernos, cuando se
están exponiendo en Estados Unidos y en Europa.
Yo creo que he dado argumentos suficientes. Si me he dejado alguna cosa
importante por contestar, le responderé en el siguiente turno. Pienso que
usted debería apoyar este presupuesto porque es bueno. Usted dice que
intenta que las opiniones, que los deseos de la Ministra se cumplan.
Apoye este libro sobre los presupuestos que la Ministra de Cultura ha
enviado. Me haría un favor a mí, le haría un favor a la Ministra y haría
un favor a la cultura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero mostrar mi agrado por las palabras de la Senadora
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que es
objetivo del Ministerio la promoción de la cultura. Yo espero que eso sea
así y que a partir de esta declaración podamos encontrarnos de cara a los
presupuestos del año que viene, porque de los de este año ya hemos
hablado, y luego haré una pequeña reflexión, con unos planteamientos más
próximos.
Ha anunciado que nos van a ofrecer un par de transacciones al respecto,
lo cual celebro, y también ha dicho que no en el Ministerio de Cultura
pero sí en el de Obras Públicas hay una dotación de cara a la realización
de teatros, lo cual nosotros celebramos.
Por tanto, estamos de acuerdo con las transacciones que se nos van a
ofrecer y con el planteamiento sobre las inversiones en teatro. Esperemos
que al año que viene, y en base a lo que ha dicho, lleguen los
presupuestos a las Cámaras y podamos tener un intercambio de impresiones;
que en esos objetivos, que parece ser que son comunes de promoción
cultural, podamos alcanzar una serie de acuerdos y progresar.
Por último, de que hay que hacer un esfuerzo para que San Sebastián
vuelva a ser lo que fue yo estoy convencido. Tal y como decía al
principio, creo que la labor que están haciendo la sociedad donostiarra y
las instituciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación,
independientemente de los partidos políticos que estén al frente, es
encomiable. Yo creo que San Sebastián va a ser en un corto espacio de
tiempo --si la apoyamos entre todos en estos aspectos culturales y de
promoción de una gran ciudad, una ciudad de calidad-- lo que fue, y eso
es muy importante. Y se lo dice un bilbaíno, no un donostiarra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señorías
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor Presidente.
A mí la Senadora Estrella Rojo siempre me conmueve, porque logra hacerme
sentir algo muy extraño, que es que parece que el que gobierna soy yo y
que la oposición es ella; me lo dice con una mesura, con un tono que,
verdaderamente, es muy de agradecer, y yo no voy a referirme a los temas
en los que ella no ha entrado, pero sí voy a tratar de matizar, desde
nuestro punto de vista, algunos de los que ella ha mencionado.
En primer lugar, yo creo que la oposición sabe cómo llevar la oposición.
La señora Senadora empezaba dándome un pescozón dialéctico, diciendo que
si nosotros fuéramos buenos y benéficos retiraríamos el veto. Mire usted,
señora Rojo, no vamos a retirar el veto, porque creemos que el
presupuesto de Cultura se merece el veto. Es nuestra opinión y, evidente,
no es la suya, porque para eso está usted apoyando a un Gobierno y
nosotros estamos en la oposición.
Usted dice que hay tres prioridades, que son justamente las que dice la
señora Ministra. Nosotros lo que denunciamos es que esas prioridades no
se dejan ver en estos presupuestos, pero con usted ahora mismo yo firmo
esas prioridades, que son: el Patrimonio, el 1 por ciento cultural y el
Museo del Prado.
Voy a empezar por el final. En el tema del Museo del Prado usted dice que
ha habido un acuerdo público en sede parlamentaria entre los grupos
parlamentarios --entre otros, el Partido Popular-- para el nombramiento
de una Comisión de expertos, cosa que es cierta. Lo que usted no dice es
que hay dos compromisos de la señora Ministra de Cultura que, hasta la
fecha, no ha cumplido y que tiene que ver con estos presupuestos. El
primero era dar prioridad al Museo del Prado, es decir, elevar el
presupuesto del Museo del Prado, y el segundo que se contemplase la
ampliación y se definiese. Como esas dos cuestiones no aparecen en estos
presupuestos, nos sentimos legitimados, naturalmente, para respetar el
acuerdo, pero también para hacer un seguimiento de él, que es justo lo
que hacemos con las
enmiendas que hemos presentado sobre el Museo del Prado.
En cuanto al Patrimonio Histórico Español, usted dirá que le interesa
mucho el Patrimonio a la Señora Ministra, pero yo le digo que le dedican
2.080 millones, o sea, le dedican el interés que suponen 2.080 millones.
Usted dice que mover una piedra cuesta mucho dinero. Pues sí, señora
Ministra, cuesta mucho dinero, pero al cine le dan ustedes --en un
régimen de subvenciones muy contestado-- 4.543 millones de pesetas en
estos presupuestos. Francamente, no nos parece aceptable el hecho de que
ustedes den esa aportación, a nuestro modo de ver insuficiente, al
Patrimonio Histórico Español.
Usted dice que lo importante es hacer un inventario. Espero que apoyen
ustedes una enmienda nuestra de 200 millones destinados a que se
profundice en el inventario de los bienes del Patrimonio Histórico
Español porque, si ustedes están de acuerdo con la filosofía, supongo que
apoyarán nuestra enmienda, ya que nosotros también estamos de acuerdo en
que es importante y prioritario hacer el inventario.
En cuanto al tema de los archivos, yo sabía que usted era profesional de
los archivos, y supongo que usted se ha pasado muchas horas en los
archivos porque es profesional, pero yo me he pasado muchas horas porque
soy aficionado. Usted dice: ¡cómo han cambiado edificios de los archivos
en España! Y cita usted el de Simancas y el de Indias, que no han
cambiado nada. Por lo menos, desde que murió el Obispo Acuña en Simancas,
en la Torre del Obispo, no ha cambiado; habrá cambiado por dentro, pero
no hable usted del edificio, los edificios están en los mismos sitios.
No he dicho que estuvieran mal los archivos, ni siquiera que estuvieran
peor que hace doce años. He dicho que no estaban al nivel europeo. Usted,
que conocerá los archivos de Holanda, de Alemania, de Austria o los
ingleses, sabe muy bien que la relación entre metros de estantería y
personal para servir esos metros de estantería está entre las tres
prioridades más preocupantes de Europa. Y usted es una profesional y yo
sólo voy a dar vueltas a legajos de un sitio para otro de vez en cuando,
cuando puedo; ahora menos.
Senadora Rojo, usted habla de la Ley de Mecenazgo y la une al 1 por
ciento cultural, dice que la previsión es de 50 millones de pesetas y que
el señor Subsecretario dijo ante la Comisión correspondiente de esta
Cámara que eran ampliables. Y ese es el «quid» de la cuestión, porque me
pregunto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Van-Halen, ha consumido
ya su tiempo.
El señor VAN-HALEN ACEDO: En un segundo termino, porque, además, es la
tercera prioridad que la señora Senadora indicaba y no quiero cortar el
argumento.
Justamente porque es un crédito ampliable es por lo que a nosotros nos
preocupa, porque como eso siempre va a más, a 400, a 500, a 1.000, a
1.500 millones de pesetas, y como es ampliable, se sale del control
parlamentario y entra, por tanto, en una arbitrariedad de destino del
Ministerio de Cultura. Por ello, nosotros, con una previsión mayor como
la que proponemos en nuestras enmiendas, tratábamos de embridar esas
cantidades, porque como crédito ampliable esos 50 millones de pesetas nos
parece una cifra ridícula.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Rojo
Tudela.
La señora ROJO TUDELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Van-Halen, me encanta que este año le haya conseguido conmover,
porque no tenía esa experiencia del año pasado; más bien, todo lo
contrario. No obstante, mejor que nos encontremos ahí. En todo caso, no
pretendía conmoverle, pretendía convencerle.
Voy a contestarle a las últimas afirmaciones y creo que tajantemente.
¡La Ministra no ha cumplido con el Museo del Prado! Eso no lo puede decir
usted. El presupuesto para el Museo del Prado actualmente ha aumentado
gracias a una enmienda que se admitió en el Congreso de cien millones de
pesetas más, y no solamente en 450 millones para las obras de las
cubiertas.
Segundo, la Ministra cumple en cuanto a darle prioridad a la ampliación
del Museo del Prado. Aunque usted pusiera unas cantidades, por ejemplo,
de 5.000 millones de pesetas para la ampliación del Museo del Prado,
daría igual, puesto que no se puede correr más en lo que se tiene que
hacer, porque no se puede hacer precipitadamente ni el estudio de los
expertos ni el concurso internacional de ideas para la ampliación, puesto
que sabe usted que tiene unos plazos muy concretos. Por tanto, daría
igual. Eso no sería prioritario. Podremos discutirlo dentro de un tiempo,
cuando ya tengamos resuelto el concurso de ideas y el informe de los
expertos. Si me pide apoyo a una enmienda para que se haga un crédito
extraordinario automáticamente, ahí me tendrá. Pero eso es lo que ha
dicho la Ministra y eso es lo que están haciendo paso a paso. Esta es una
escalera que se sube escalón a escalón, porque uno se cansa y se cae. Y
en eso ha cumplido.
Presenta una enmienda de 200 millones de pesetas para realizar el índice
del patrimonio histórico. ¡A buenas horas, mangas verdes! Porque si no
hemos hecho ya el índice y lo tenemos que entregar en abril de este año,
creo que la enmienda vendrá muy bien para hacer el catálogo dentro de
otros cinco años. Han transcurrido los últimos cien años, tiempo en el
que se supone que se podría haber hecho un índice, y no sabemos todavía
qué monumentos tenemos, y me asombro, porque cuando vienen los italianos
dicen: tenemos 742 iglesias románicas --aunque es una exageración--, 42
catedrales, y nosotros decimos que tenemos un rico patrimonio porque no
lo hemos contado. Por tanto, aprobar una enmienda de 200 millones de
pesetas vendría bien si se pudieran sacar de algún sitio, pero a buenas
horas lo dicen puesto que en abril tiene que estar este índice. Yo espero
que esté; así lo creo.
Respecto a los archivos y sus edificios, es que usted me lo toma todo
literal. El archivo de Simancas ni se ha ampliado ni parece que se pueda
ampliar, más que nada porque le rodea un foso; está claro. Pero ese
archivo, donde todavía los trabajadores usan los escabeles --es bien
cierto que hace once años casi aún escribían con tinta y con pluma--, es
uno de los más importantes, si no el mayor de toda España y de todo el
mundo. Y lo mismo pasaba con el Archivo de Indias. No me diga usted que
el edificio estaba igual que ahora, porque no me lo creo, y yo he estado
antes y después de las obras. Y estamos hablando de microfilmación. Se
está haciendo en todos los archivos de España, no solamente en los
históricos, sino en los de Alcalá, en los generales, en el de la Guerra,
de Salamanca, que se ha fomentado mucho y últimamente ha crecido todavía
más y se ha informatizado más gracias al dinero que le donaba la gente
que había estado en la Guerra Civil en la cárcel. Señoría, se ha
invertido en personal, en material. Hasta que lleguemos al nivel de los
europeos, nos falta. Pero es que aquí no se gastaba un duro en archivos
ni en bibliotecas. Estamos haciendo un esfuerzo y contamos con ustedes
para apoyarlo.
Tampoco me he debido de explicar bien en el tema del Patrimonio
histórico. No he mezclado en ningún momento ni la Ley de Mecenazgo ni el
1 por ciento. Dicen ustedes que el crédito ampliable de 50 millones es
una ridiculez. Y yo les digo que, aun pudiendo estar de acuerdo,
introducir una cantidad de 400, 500 ó 5.000 millones provenientes del 1
por ciento significaría que, en caso de que esa cantidad no se recaudase
por motivos razonables, por cuestiones concretas, tendríamos que
detraerla de otras partidas para introducirla en ese presupuesto, porque
si no nos saldrían negativos. Porque, una vez que tuviéramos 400
millones, o 5.000 millones, estaríamos aportándolos a alguna acción
concreta.
La Ley de Fundación, conocida como de Mecenazgo, está claro que
significará un aporte importante al Patrimonio, porque la sensibilidad
que tiene la sociedad española, en muchos casos provocada por los medios
de comunicación, acerca de la situación de nuestros edificios va a
conseguir que los particulares y las sociedades inviertan dinero, sobre
todo con el aliciente de la desgravación que van a tener por ser un tema
prioritario.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Van-Halen Acedo pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Si es con la condición de mencionar el Archivo de la Corona de Aragón,
tiene la palabra, Senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
También necesita ayuda el Archivo de la Corona de Aragón, señor
Presidente. Pero, aparte de eso, intervengo para una mera corrección de
estilo. Lo que la señora Senadora llama índice se denomina Inventario
Monumental y, evidentemente, no es que lo hayan inventado los
socialistas, es que existen obras desde el siglo XIX para acá, desde
1866, de inventario monumental e, incluso, provincial. Es decir, existen
Inventarios Monumentales por provincias. Don Elías Tormo, que vivía en el
Palacio de la Plaza de España, donde actualmente está la Consejería de
Cultura, tiene numerosos catálogos monumentales de provincias españolas.
De lo que se trata es de ampliar, poner al día y potenciar los
inventarios, que no índices, monumentales españoles, porque, señoría, los
primeros inventarios de la Corona de Aragón, por ejemplo, son de 1845; lo
que sucede es que, naturalmente, están hechos en aquel momento. Y el
Archivo de Simancas, desde 1968, tiene sistemas contra incendios, desde
que lo dirigía don Ricardo Magdaleno, que, como usted sabrá muy bien, era
archivero de cierto renombre.
Ustedes no han inventado ni la protección de los archivos, ni los
catálogos monumentales ni, desde luego, el Museo del Prado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE ( Rigol i Roig): Gracias, Senador Van-Halen.
Tiene la palabra la señora Rojo Tudela, en justa correspondencia.
La señora Rojo Tudela: Gracias.
Querría comentarle al señor Presidente, por si tenía curiosidad, que el
Archivo de la Corona de Aragón tiene una inversión de 35 millones de
pesetas.
Y aunque el Archivo de Aragón es muy importante, quiero pedir al señor
Van-Halen que me perdone, puesto que he confundido inventario con índíce.
Efectivamente, los inventarios de otros tiempos existen, y me hace mucha
gracia que diga su señoría que los pusieron al día, puesto que no sé
cuántos edificios se habrán hecho desde el siglo XIX para acá. Es decir,
que los inventarios que había --que haberlos hailos-- eran absolutamente
incorrectos o tenían enormes lagunas. No es que se hayan hecho edificios
nuevos, sino que algunos edificios al señor que tenía que decidir en ese
momento no le parecían adecuados para hacer un inventario de cierta
categoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, estamos entrando ya en
un debate ilustrado, cosa que en esta Cámara es un poco raro. (Risas.)
La señora ROJO TUDELA: Y no voy a entrar tampoco en el Archivo de
Simancas, pues las cubiertas se debieron más que nada, efectivamente, al
gran edificio y llevan bastantes más años de los que usted ha dicho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted.
Entramos en el debate de la Sección 25, que es la última de esta noche,
Ministerio de la Presidencia.
A ella han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, que las da
por defendidas, y el Grupo Parlamentario Popular, enmiendas números 1.675
a 1.685. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, tengo que manifestar que lamento la ausencia
del Ministro de la Presidencia, a pesar de la hora, y no lo quiero decir
para provocar. Yo no hubiera dicho esto si durante todas estas jornadas
hubiéramos visto al Ministro de Defensa, al Ministro de Justicia, al
Ministro de cualquier ramo presentando los presupuestos correspondientes
a sus secciones, pero como no ha sido así, lo digo porque me parece un
desprecio hacia esta Cámara, hacia esta institución, me parece una falta
de seriedad, me parece una falta de responsabilidad y me parece que no
estamos valorando a la Cámara Alta como, al menos en mi opinión, debería
ser. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que, en cualquier caso, el debate de
presupuestos, por encima de las cifras, por encima de los números, que no
dejan de ser importantes, es un debate político y es, probablemente, el
debate político más importante que se tiene a lo largo del año y,
señorías, en el debate político se ponen de manifiesto las voluntades
políticas.
Pues bien, estudiando, analizando y desglosando los presupuestos de esta
Sección --que afectan directamente a los gastos correspondientes a la
Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia del Gobierno o al
Ministerio de la Presidencia propiamente dicho--, llegamos a la
conclusión de que el Presidente del Gobierno está convirtiendo su mandato
en un régimen o, si sus señorías lo prefieren, en un sistema
presidencialista; en cualquier caso, régimen o sistema, y no lo hemos
puesto nunca en duda, democrático, pero que, a nuestro juicio, es la
voluntad que se desprende de estos presupuestos. Este presupuesto es
manifiestamente desproporcionado en relación con lo que ampara, teniendo
en cuenta que estamos, como decía, en un régimen o sistema de democracia
parlamentaria.
El veto a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a
la Sección 25, del Ministerio de la Presidencia, no se justifica por
consideraciones conceptuales; se justifica, a nuestro juicio, porque son
incomprensibles las modificaciones cuantitativas que se producen en este
presupuesto en relación con los presupuestos de ejercicios anteriores. Si
los Senadores del Grupo Socialista y el Gobierno hablan de que han
realizado un considerable esfuerzo en la reducción del gasto, deberían
tener en consideración las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado, que fundamentalmente están dirigidas a la reducción de
este gasto.
Señorías, el Presupuesto del Ministerio de la Presidencia para 1995 no
está realizado sobre la base de una concepción ágil, moderna y para
apoyar las funciones propias del Presidente del Gobierno. En la
elaboración de este presupuesto en lo referente al capítulo de
inversiones hemos observado importantes y grandes desajustes. Las
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular en esta Sección, 10
en total, son, como sus señorías saben, algunas de modificación y otras
de supresión.
Las reducciones que en esta Sección presenta mi Grupo están solicitadas
con criterios sólidos y rígidos. No entendemos que con la amplitud de
medios con que cuenta el Gabinete del Presidente del Gobierno se dediquen
importantes partidas presupuestarias a realizar estudios o trabajos
técnicos fuera de la Administración o fuera de la propia estructura del
Gabinete. Quiero señalar que los aumentos que se reflejan en estos
presupuestos en materias como material de oficina, transportes, gastos de
edición y distribución o en reuniones y conferencias no se justifican en
ningún caso. Los incrementos que se producen no deben estar por encima de
la inflación prevista, como precisamente señalan las enmiendas que el
Grupo Parlamentario Popular presenta en esta sección.
Dos capítulos nos merecen especial atención. Uno de ellos se refiere a la
inversión en el Complejo de La Moncloa. Debemos destacar que los 734
millones de pesetas que están previstos no se ajustan a la programación
presentada para el ejercicio de 1994. Pero, en cualquier caso, esta cifra
no resultaría relevante si no fuera porque, sumadas las inversiones que
se han realizado desde 1983, se cifra un total de 10.000 millones de
pesetas, cantidad que sí nos parece relevante, exagerada y que no se
adecua a los fines y objetivos pretendidos.
Otro último apartado se refiere a los 1.970 millones de pesetas que se
reflejan en estos presupuestos y que tienen por destino la presidencia
española de la Unión Europea, que está prevista, como sus señorías saben
perfectamente, para el segundo semestre de 1995. Se lo hemos dicho ya,
señorías. La presidencia española de la Unión Europea, a nuestro juicio,
es un hecho meramente coyuntural, por lo que no está justificado este
importante gasto.
Yo quisiera que la Portavoz del Grupo Socialista me explicara para qué
quieren realmente este importe. Por qué se destina una cantidad tan
importante a este acontecimiento. A mi juicio, y es una impresión
compartida creo que por un número importante de ciudadanos, los 1.970
millones de pesetas están destinados para ensalzar una figura
deteriorada, para maquillar un prestigio perdido y, en definitiva, para
recuperar una credibilidad que también se ha perdido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Trataré de ser breve, no sólo por las dieciséis horas que llevamos hoy de
debate, sino porque estoy segura de que tanto sus señorías como yo
tenemos ganas de descansar.
De todas formas, intervengo para dar respuesta al Senador Prada respecto
de las enmiendas que su Grupo ha presentado a la Sección 25, Programa 112
C, Secretaría de Gobierno y apoyo alta dirección; al programa de
Presidencia de Gobierno, y también al del Gabinete de apoyo al
Vicepresidente del Gobierno.
Conceptualmente, y en su propia intervención lo ha expresado así, sin
duda hay diferencias que se manifiestan en la voluntad política, lo que
al final se traduce en el presupuesto de cada opción política.
Quisiera destacar como características del presupuesto de esta Sección
algunas que creo son importantes y que me van a permitir que, aunque su
señoría no lo comparta, al menos entienda que no podemos aceptar sus
enmiendas, tanto la de totalidad como las más puntuales que han
presentado.
Se trata de un presupuesto austero, como ya le dije en Comisión. Detecto
que su señoría ha llegado a la conclusión, tras un análisis contable y
riguroso, y comparando en términos homogéneos, de que, en efecto, el
presupuesto de esta Sección 25 no crece un poco más del 6 por ciento como
su señoría decía, sino que, porcentualmente, crece en términos relativos
un 2,3 por ciento.
Señoría, esto muestra que el presupuesto de esta Sección es austero pero
también muestra, como no podía ser de otra forma, que es un presupuesto
que da ejemplo. Bien es verdad que reducirlo no va a suponer básicamente
una contención sustancial del déficit porque ya es un presupuesto escaso,
pero también es verdad que sus señorías mantienen continuamente, y creo
que es perfectamente asumible, que no comparten el organigrama o el
«staff», o la organización, o lo que usted ha llamado el régimen o
sistema que definía como presidencialista.
Señoría, evidentemente, como jurista que es no tengo que recordarle que,
en términos jurídicos y constitucionales, la forma política del Estado
español es la monarquía parlamentaria. Pero, ¿usted cree que está
sobredimensionado el número de altos cargos, o incluso el apoyo
administrativo que tiene el Gabinete de Presidencia del Gobierno? Voy a
darle algunos datos comparativos, para que su señoría por lo menos tenga
una idea somera al respecto, aunque puedo ahondar mucho más en este tema.
En Francia, el Primer Ministro cuenta con dos estructuras paralelas de
asistencia política y técnica, con 250 empleados de alto nivel y un
componente funcionarial del cero por ciento; es decir, que estas 250
personas son de designación política. En Alemania, el Primer Ministro
tiene un órgano de asistencia política --y evidentemente, algún otro-- en
la Cancillería Federal con un «staff» de 450 personas, y en ese caso hay
un componente funcionarial importante, del 66 por ciento.
Ahora voy a darle los datos de España, para que tenga una idea
aproximativa. El órgano de asistencia política y técnica en el caso del
Presidente y el Vicepresidente del Gobierno, porque son dos los altos
cargos o de dirección política, tiene un total de 55 altos cargos y 100
personas de apoyo administrativo. Quiero indicarle, señoría, que el 66
por ciento de estas 155 personas son funcionarios --un componente
importante--, por lo que no todos son de asignación política.
Por tanto, señorías, creo que se trata de un presupuesto de un Gabinete
que podríamos considerar modesto en términos comparativos con los países
de nuestro entorno. Pero es suficiente, señoría, y estamos seguros de que
sirve para que la alta dirección del Gobierno pueda actuar en las mejores
condiciones posibles, tanto de información, como de rapidez y, sobre
todo, de efectividad.
Sus enmiendas están dirigidas, fundamentalmente, como he puesto de
manifiesto, a aspectos como el Capítulo 6, de inversiones, o el Capítulo
2, de gastos corrientes. En Comisión le indiqué que, comparando
homogéneamente los presupuestos de este ejercicio con los del anterior,
en el Capítulo 2, de gastos corrientes, se produce un descenso nominal
del 5,2 por ciento. Lo que ocurre, señoría --también se lo indiqué--, es
que había aspectos, como el material de oficina, que venían siendo
deficitarios. Y lo que se ha hecho es un reajuste interno en el Capítulo
2 que afecta a esta Sección y si bien se produce este descenso, es cierto
que se eleva en algunos aspectos --como el material de oficina-- que en
casi ningún caso supera los cuatro, cinco o seis millones.
De todas formas, las enmiendas que su Grupo presenta suponen una
disminución de casi el 7 por ciento del total del presupuesto, 572
millones en términos homogéneos. Pero entiendo que, siendo un presupuesto
austero, riguroso en los términos en que se ha elaborado y que da ejemplo
de reducción y contención, no parece adecuado admitir estas enmiendas.
En estos últimos momentos, quisiera dedicarme a dos aspectos que su
señoría ha puesto de manifiesto como los más relevantes de sus enmiendas
puntuales. Uno de ellos es el relativo a los gastos derivados de la
Presidencia española del Consejo Europeo. Como también le indiqué,
coincide con el Consejo de la UEO y, en consecuencia, los gastos son
mayores. Y quiero decírselo fundamentalmente porque hay aspectos --no sé
si es que no ha leído bien la información que le remitió el Secretario de
Estado-- que hay que considerar puntualmente.
Usted pedía que le desglosara las componentes de los 1.970 millones que
se destinan para la Presidencia europea. Aparte de decirle que usted
dispone del mismo material que yo, porque nos fue remitido por el
Subsecretario, señor Sequeira, y por tanto lo tiene desglosado, le voy a
indicar cuáles son en términos comparativos --porque creo que es
importante-- los gastos o las estimaciones de gasto que en el desempeño
de la presidencia europea han tenido algunos países con anterioridad,
sólo para que usted pueda ver la modestia de los presupuestos que se han
recogido para este ejercicio y para este concepto.
La Presidencia griega tuvo un presupuesto estimado de 8.095 millones de
pesetas. Este presupuesto se refiere, exclusivamente, a la celebración
del Consejo Europeo, incluidos todos los gastos que originó la adecuación
de la infraestructura de la isla de Corfú. En la Presidencia alemana el
presupuesto estimado fue de 2.100 millones de pesetas; ese importe sólo
cubre la celebración del Consejo Europeo y dos Consejos informales de
Ministros.
Señoría, entiendo que destinar 1.970 millones de pesetas no parece una
cantidad excesiva, yo diría que más bien es modesta; no es para que se
ensalce la figura del Presidente del Gobierno, como su señoría ha
indicado en esta tribuna, sino para que España cumpla con dignidad esa
Presidencia europea.
Respecto a las inversiones del recinto de la Moncloa, ya le indiqué
también en Comisión cómo se hacía el estudio de cada uno de estos
aspectos que vienen recogidos en programas distintos, pero también usted
dispone de la misma información que yo le podría reiterar, porque la
tiene. Y en esa información, que le remitió el señor Sequeira, figura
desde el valor fiscal, la valoración del complejo y lo que supone, que no
son 10.000 millones, sino 8.468 millones. Tengo, incluso, la pregunta de
su compañero, el Senador Unceta, pregunta respondida y publicada
posteriormente en el diario «El Mundo» y que seguro que su señoría tiene
en su poder.
Consecuentemente, respecto a las estimaciones que tiene y que ha hecho de
forma incorrecta en esta tribuna, lo único que tiene que quedarle claro
es que las inversiones que se han realizado hasta la fecha ni han
respondido nunca ni van a responder ni directa ni indirectamente a
consideraciones subjetivas del Presidente del Gobierno. Estas obras han
respondido a adecuaciones, a necesidades y carencias que no sólo hemos
detectado nosotros, sino que han tenido y han sufrido presidentes
anteriores. Se está adecuando un recinto que hoy es de un Gobierno
socialista, otro día será de cualquier otro Gobierno, pero, desde luego,
las obras son las adecuadas, eran necesarias y nunca han tenido otro
objetivo que el de adecuar el recinto de la Moncloa para los presidentes
del Gobierno de la España democrática.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias. Nos queda ya el
último tramo, el turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar percibo que la Senadora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ve pronto el cambio de Gobierno y, seguramente, lo estén
preparando en este sentido.
Empezando por las cuentas, la propia información que a mí me ha mandado
el Ministerio de la Presidencia explicita perfectamente que las
inversiones de obras realizadas en el complejo de la Moncloa desde 1983 a
1993 ascienden a 8.468 millones de pesetas. Continúa diciendo que durante
el ejercicio de 1994 se han invertido 928 millones. Ya sólo estos dos
conceptos serían 9.396 millones de pesetas. Para el año 1995 han
presupuestado y han previsto 734 millones. La suma de estas tres cifras
completa la cantidad de 10.130 millones de pesetas, que es cuando yo me
he referido a 10.000 millones de pesetas. Con lo cual mis datos, que
seguramente sean los mismos que su señoría tiene, son coincidentes con
mis palabras, y yo no me he equivocado cuando he subido a la Tribuna y he
hablado de 10.000 millones de pesetas.
Señoría, en cualquier caso, de sus palabras se desprende que me da la
razón a los argumentos que yo le he expuesto, y le voy a decir por qué.
Porque precisamente no me parece tan austero y tan escaso de personal el
organigrama del Ministerio de la Presidencia. Y si fuera así a lo mejor
ha sido hasta ahora respecto a lo que se ha considerado el funcionamiento
del Gabinete del Presidente, de la Vicepresidencia y del Ministerio de la
Presidencia propiamente dicho. Pero le voy a dar un dato más, también
facilitado por el Ministerio de la Presidencia, y en cualquier caso
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», el 9 de junio de 1994: en
el Real Decreto que reguló el Comité Organizador de la Presidencia
Española del Consejo de la Unión Europea solamente como miembros de ese
Comité organizador se establecía que eran 22 funcionarios. Si eso en
términos comparativos, como a usted le gusta señalar, lo relacionan con
el «staff» que dice que decimos del Gabinete del Presidente,
evidentemente me está demostrando que con la presidencia de la Unión
Europea ustedes lo que están pretendiendo es ensalzar la figura de un
presidente que está deteriorado.
En cualquier caso estoy de acuerdo en que los Presupuestos manifiestan
una voluntad política. La suya está reflejada en estos presupuestos que
están aprobando y la nuestra está también reflejada en las enmiendas que
venimos presentando. Efectivamente esa voluntad política sería la
pregunta que había que hacerse: monarquía parlamentaria «versus» sistema
o régimen presidencialista. Evidentemente el Grupo Parlamentario Popular
apuesta por la monarquía parlamentaria que viene recogida en la
Constitución. Ustedes, insisto, parece que apuestan por ese sistema o
régimen presidencialista y se refleja precisamente esto en los
presupuestos del Ministerio de la Presidencia.
A lo mejor todos estos debates van a ser estériles, porque parece ser que
la actualidad, la actualidad que vivimos en el día a día les van a
amargar esa presidencia que tanto anhela el señor González y la foto no
va a ser la del Presidente del Gobierno, sino que las fotos van a ser las
de la actualidad que no quiero reiterar porque todos los días las estamos
viendo.
En cualquier caso, quiero decirle que en lo que respecta a la figura del
Presidente del Gobierno en cuanto representa al conjunto de la nación, en
cuanto representa a España, evidentemente ahí cuenta y ha contado siempre
con el apoyo y la estima del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
La Senadora Pleguezuelos tiene el privilegio de cerrar esta larga
jornada.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Privilegio que creo que estamos todos deseando.
Senador Prada, lamento que el tono de su última intervención si no en la
forma, sí en el contenido haya respondido más que a su personalidad, por
lo menos en el año y pico que llevo escuchándole, al sistema o última
actitud que está teniendo el Partido Popular en los últimos tiempos de
generar agresividad; agresividad en los contenidos, señoría.
Se puede agredir con los contenidos, que no con la forma.
No sé si para ustedes amargar la presidencia supone que la foto de
actualidad sea algo malo para España. Desde luego, amargar la presidencia
a cualquier Grupo político sería que este país fuese a la bancarrota,
como ustedes parece que desean. pero, señoría, tenga la certeza que no se
nos va a amargar la presidencia ni a ustedes ni a nosotros, porque la
presidencia que va a ejercer el Presidente del Gobierno, Felipe González,
va a ser una presidencia buena, no sólo aceptable sino buena, y les va a
representar a ustedes tan bien como a nosotros mismos.
Señoría, decía usted que yo en mis palabras parecía aceptar un cambio de
Gobierno. No sé si se refería usted a un cambio de gobierno o a un cambio
de Presidente de Gobierno. Yo cambios de Gobierno en los últimos doce
años he visto alguno y su señoría también. No sé si se refería a esos o
es que en el ánimo de su señoría, en la ilusión y en la utopía estaba
hablar de cambio de Presidente de Gobierno. Yo creo que tienen ustedes
para rato, sobre todo por el tipo de candidato que tienen y por la
credibilidad social que está teniendo.
Decía que usted dispone de una serie de datos que le aportaron que le
indican que había 10.000 millones. Señoría, vuelvo a insistirle en que
cuando ustedes suman siempre lo hacen, y se lo dije, en términos, por
utilizar las palabras del Senador Utrera, de sumar peras con manzanas.
Señoría, usted no puede decir en este momento que las inversiones o que
la cantidad que se ha invertido en el recinto de la Moncloa sea de 10.000
millones de pesetas. usted, además, confunde la información de la que
dispone, primero, porque añade la partida presupuestaria recogida en
estos presupuestos para 1995 a otras inversiones que no van destinadas al
recinto Moncloa, que no van a obras e instalaciones, sino que van, por
ejemplo, a informática. Usted lo tiene en esa información de la que
dispone, que es tan voluminosa como la mía. No cruce los números, porque
el efecto es bastante negativo para todos.
Yo no sé si la voluntad política de su Grupo se ha manifestado en la
enmienda. Yo percibo, y creo que ha sido algo que se ha ido notando a lo
largo de todo el debate, que su Grupo político no tiene alternativa a
estos Presupuestos Generales del Estado. Ustedes lo que han hecho es
enmendar uno a uno los títulos, los capítulos, las secciones, los
artículos, enmiendas puntuales y enmiendas a la totalidad, pero, en
ningún caso, han presentado una alternativa, posiblemente porque no la
tienen, señoría. Por eso, posiblemente le queden muchos años para ver
gobernar a ese que es su opción política.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, estamos a punto de
terminar y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me pide la
palabra.
Yo creo que son peligrosos los diálogos trascendentes a partir de la una
y media de la madrugada. Si somos capaces de despedirnos con cierta
cordialidad, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con absoluta cordialidad y en medio minuto.
Quiero decirle una cosa, y es relativa al tono y a la expresión que ha
utilizado la Senadora, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
cuando se ha referido a una persona que cuenta con el respaldo de
8.200.000 españoles, que en las últimas elecciones generales se han
manifestado en ese sentido. La palabra, y ahí está el «Diario de
Sesiones», ha sido el «tipo de persona». Yo creo que el líder de la
oposición, en cualquier caso, y me imagino que así lo consideran todos
los parlamentarios del Grupo Parlamentario Socialista, merece absoluto
respeto.
En cualquier caso, quiero resaltar que ese respaldo está refrendado no
por el resultado de unas elecciones europeas, donde el Partido Popular
obtuvo la mayoría de los votos, sino, refiriéndonos a las últimas
elecciones generales, por 8.200.000 españoles, que fueron los que
mostraron su apoyo a esta persona y a lo que ella representa, es decir, a
todo un partido político con su programa que evidentemente lo tiene. En
ese sentido, quiero pedirle a la Senadora Pleguezuelos que rectifique o,
por lo menos, explique el contenido de su intervención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Supongo que la Senadora Pleguezuelos no va a reabrir el debate.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: No, señoría. Con la misma cordialidad,
pero con la misma contundencia, deseo decirle al Senador Prada que yo no
introduje en el debate la calidad o no, el respaldo o no a una figura, lo
introdujo usted al Presidente del Gobierno, lo introdujo usted con la
foto. Y yo le pido, por lo menos para tener cierta credibilidad, que si
usted me pide respeto a esos 8 millones de votos, tenga usted como mínimo
el mismo respeto a bastantes votos más, a lo que ha decidido la mayoría
del pueblo.
Usted ha sacado el tema con su intervención; usted ha hablado de foto,
usted ha hablado de presidencialismo y ha tratado en su intervención de
menoscabar la figura del Presidente del Gobierno y, consecuentemente, yo
quiero decirle una cosa...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La última.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Si no ha sido ésa su intención, acepto
que no lo era, pero le pido que, como mínimo, tenga para nosotros y para
el Presidente del Gobierno de España el mismo respeto que tenemos
nosotros para el líder de la oposición. Y seguro que tienen programas,
pero estamos «fritos» por conocerlos, todavía no
nos lo han mostrado a nadie, ni a los españoles, ni a la oposición ni al
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Yo sé que interpreto a la
Senadora Pleguezuelos y al Senador Prada Presa y a todos los que estamos
aquí que debemos agradecer a los Servicios de la Cámara y al Servicio de
Taquígrafos el esfuerzo que han hecho para seguir esta larga sesión.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos del día 22 de diciembre.