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DS. Senado, Comisiones, núm. 253, de 12/12/1995
Año 1995 V Legislatura
Comisiones. Núm. 253
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA
PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO MORENO FRANCO
Sesión celebrada el martes, 12 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
--Declaración institucional de la Comisión de Interior y Función Pública,
por la que se expresa su más enérgica condena por el salvaje atentado
terrorista cometido en Madrid el día 11 de diciembre de 1995. (Número de
expediente 630/000019.)
--Comparecencia de la Secretaria de Estado de Interior, Excma. Sra. doña
Margarita Robles Fernández, para informar, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, sobre el despliegue de la Guardia Civil del Mar.
(Número de expediente 713/000421.)
--Dictaminar el Proyecto de ley sobre medidas de control de sustancias
químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita
de drogas. (Número de expediente 621/000108.)
Se abre la sesión a las diez horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores
Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los
señores Senadores presentes y representados.
--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA,
POR LA QUE SE EXPRESA SU MAS ENERGICA CONDENA POR EL SALVAJE ATENTADO
TERRORISTA COMETIDO EN MADRID EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1995.
(630/000019.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, antes de iniciar esta sesión de la Comisión con la
comparecencia, que agradezco, de la señora Secretaria de Estado de
Interior, esta Presidencia quiere hacer suyo el sentir del conjunto de
los grupos parlamentarios al manifestar nuestra indignación en el trabajo
de las instituciones por lo sucedido en el día de ayer en Madrid.
Estoy convencido de que todos consideramos injustificado e injustificable
lo sucedido, y estoy convencido también de que, en nombre de todos
ustedes, puedo trasladar el mayor de los ánimos en la lucha que deben
afrontar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los
familiares de las víctimas nuestro pesar y nuestro dolor.
Pero quisiera también, porque los muertos de la Ertzaintza son también
los muertos de todos los demócratas españoles, rogar al representante del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que traslade al
Gobierno de Euskadi nuestra preocupación por ese clima social que se
trata de plantear y que genera situaciones tremendas e inaceptables como
las que también ha tenido que sufrir la policía autónoma vasca.
En cualquier caso, con la normalidad de funcionamiento de las
instituciones democráticas, que pone de manifiesto la inviolabilidad
posible de la intención última de la actuación terrorista, vamos a dar
comienzo a la sesión.
--COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR PARA INFORMAR, A
PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE EL DESPLIEGUE DE LA
GUARDIA CIVIL DEL MAR. (713/000421.)
El señor PRESIDENTE: Reitero mi agradecimiento a la señora Secretaria de
Estado y, como quiera que se produce la comparecencia a petición del
Grupo Parlamentario Popular para informar con relación al despliegue de
la Guardia Civil del Mar, por si quiere efectuar una introducción a la
cuestión, le doy la palabra al señor Escuin, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, las palabras con las que ha iniciado esta sesión son
compartidas plenamente por este Grupo parlamentario. El dolor ante los
tristes sucesos ocurridos por el vil y cobarde atentado que ocurrió ayer
en Madrid nos embarga a todos en esta Comisión, que estamos afectados por
los temas de seguridad ciudadana y del terrorismo, pero creo que el mejor
homenaje que podemos hacer a las víctimas del terrorismo es trabajar en
esta Institución del Senado y que sepan los terroristas que sus acciones
son baldías, inútiles, estériles y cobardes.
Por eso, sin más, pasamos al motivo que nos ocupa esta mañana con la
petición de comparecencia de la Secretaria de Estado, y precisamente en
estas circunstancias agradecemos su asistencia a esta Comisión.
Señora Secretaria de Estado, a nosotros nos preocupa el despliegue de la
Guardia Civil del Mar por las importantes funciones que le asignan y que
debe cumplir.
Desde la creación de esta sección de la Guardia Civil por la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado han transcurrido ya muchos
años, todos ellos de Gobierno Socialista y, según nuestras informaciones,
que espero que usted nos las amplíe, nos las detalle, porque siempre
hemos tenido confusos estos temas, queremos saber en qué situación se
encuentra en estos momentos para poder hacer, después de su explicación,
las precisiones que nuestro Grupo entienda pertinentes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Comparto íntegramente las palabras del señor Presidente y del Senador
Escuin. Creo que la mejor forma de luchar contra el terrorismo es
precisamente estar aquí trabajando en el marco institucional.
En efecto, al Gobierno Socialista también le preocupa enormemente lo
relativo al despliegue de la Guardia Civil del Mar, que fue creado por
Decreto en el año 1991 y se puso en funcionamiento en el año 1992, como
consecuencia de las Olimpiadas de Barcelona, y en estos tres años de
efectivo funcionamiento el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que la
Guardia Civil del Mar pueda realizar sus servicios.
El despliegue actual de la Guardia Civil del Mar es el siguiente: en La
Coruña, con base en el puerto de dicha capital, tiene dos patrulleras
medias y una ligera, cuya zona de vigilancia son las provincias de La
Coruña, Lugo y Pontevedra. En Cantabria, con base en el puerto de
Santander, hay una patrullera media, con zona de vigilancia Cantabria,
Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias. En Barcelona hay una patrullera media y
otra ligera, que vigila Girona, Barcelona, Tarragona y Baleares
circunstancialmente. En Murcia, con base en Cartagena, hay una patrullera
media y otra ligera, que vigila Murcia, Alicante y Valencia. En Almería
hay una patrullera media y otra ligera, que vigila Almería. En Málaga hay
dos patrulleras medias, que vigilan Málaga y Granada. En Algeciras hay
dos patrulleras medias y dos ligeras que vigilan el litoral marítimo de
Cádiz. En Huelva hay una patrullera media y una ligera, que vigila el
puerto de Huelva. Además, hay que añadir la patrullera media que está en
este momento en el Danubio cumpliendo el embargo que ha establecido
Naciones Unidas.
Los efectivos que en este momento tiene la guardia Civil del Mar son 558,
de los que hay 124 patrones, 76 mecánicos, 248 marineros y 110 de
personal en tierra. Este año 1996 se van a adquirir seis patrulleras
ligeras y dos medias, que extenderán sus servicios a las provincias de
Pontevedra, Valencia, Cádiz y en el País Vasco. Esto va a suponer durante
el año 1996 un aumento de plantilla de 192 componentes a los ya añadidos,
que serán 40 patrones, 40 mecánicos, 72 marineros y 40 de personal en
tierra.
Como puede verse, estamos haciendo un esfuerzo importante porque, como
digo, este servicio se creó en el año
1991 y pienso que toda la zona de litoral está bastante cubierta, yo
nunca diría suficientemente porque nunca es suficiente todo el despliegue
que puedan hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero,
como puede verse, en zonas tales como Galicia y Algeciras, que es donde
hay un mayor tráfico de droga y también de contrabando, es donde existen
precisamente el número mayor de patrulleras en este momento: dos
patrulleras medias y una ligera en La Coruña, dos medias y dos ligeras en
el puerto de Algeciras, y en el año 1996 vamos a incrementar en ocho, de
las cuales ya están terminadas en los astilleros seis y faltan por
terminar otras dos. Se va a hacer un esfuerzo considerable en la zona de
Pontevedra en cuanto que existe una política del Gobierno de incrementar
los medios, tanto en Galicia como en Cádiz, precisamente porque somos
conscientes de que es donde existe una necesidad de luchar más contra el
contrabando y el narcotráfico.
Es importante también tener en cuenta cómo Naciones Unidas ha conceptuado
de forma fundamental el papel que estaba realizando la Guardia Civil del
Mar; por eso, esa organización pidió a España, y en concreto a la Guardia
Civil del Mar, que participara en la operación «Embargo en el Danubio», y
precisamente por esa razón, cumpliendo sus compromisos internacionales
España y valorando Naciones Unidas el gran papel que estaba haciendo la
Guardia Civil, desde el año 1993 se encuentra destacada en Bulgaria esta
patrullera media, que pertenece al Servicio Marítimo Provincial de
Cantabria.
No dude que para el Gobierno también es una prioridad potenciar la
Guardia Civil del Mar, sobre todo en las zonas a las que anteriormente me
he referido de Galicia y Cádiz, y vamos a seguir trabajando en ese
sentido. Además, por esa razón, precisamente en una época de austeridad
presupuestaria en este año 1996, se hace ese esfuerzo importante en la
adquisición de patrulleras que se va a plasmar en ocho nuevas, de las
cuales seis ya están terminadas y prestas a ser entregadas a la Guardia
Civil y otras dos están a punto de terminarse su construcción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.
Tiene la palabra el señor Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Secretaria de Estado, nos ha dado usted una radiografía de cómo
está actualmente la Guardia Civil del Mar. Si me lo permite, y si las
informaciones que recibimos son correctas, quizá ésta sea su última
comparecencia como Secretaria de Estado en esta legislatura y, por lo
tanto, usted nos da la fotografía de cómo dejará este Gobierno, que va a
desaparecer por la disolución de las Cortes, la Guardia Civil del Mar y
éste es un dato que a nosotros nos importa e interesa.
De verdad, hay algunos puntos de sus manifestaciones que no conocemos
todavía; por ejemplo, no sabemos cuál es el despliegue total de la
Guardia Civil del Mar; cuántos barcos de diferente tipo se necesitan y
qué previsiones de futuro tienen para poder realizar esta importante
inversión.
Por otro lado, no recuerdo exactamente si fue en el debate prespuestario,
el entonces Director General de Seguridad, el señor Vera, nos explicaba,
igual que usted ha hecho ahora, la programación de la Guardia Civil del
Mar. En aquella ocasión nos comentaba que en Valencia había ya una
patrullera. La verdad es que todavía no existe una patrullera en una zona
tan importante como la de Valencia y Castellón. Usted ha manifestado que
una de las embarcaciones de Murcia es la que se destina a Valencia,
Alicante y Castellón; ninguna de estas provincias tiene patrullera,
embarcación o servicio de la Guardia Civil del Mar. Me reconocerá la
señora Secretaria de Estado que es una zona geográfica importante para
las misiones que tiene encomendada la Guardia Civil. Por eso, al
finalizar esta legislatura, hablar de proyectos de futuro no sería
oportuno porque en los meses que quedan no creo que la Secretaría de
Estado ni el Gobierno pueda hacer ninguna acción.
Yo sí tendo entendido, y me va a corregir si mi información no es
correcta, que las embarcaciones necesarias para el total despliegue de la
Guardia Civil del Mar están alrededor de 90, de las cuales, si mis
números no fallan, solamente existen 30, o sea faltan 70 embarcaciones;
70 embarcaciones al ritmo de despliegue que se impulsa por el Gobierno
desde la creación de este Cuerpo, tardaremos muchos años para poder
completar este importante servicio. Repito que es importante por muchas
razones, no solamente para controlar la emigración, el contrabando, sino
también para algo que nos afecta de forma total como es el tráfico de
drogas.
Por lo tanto, no puedo extenderme más en estos temas. Le agradezco su
información que, en definitiva, será la última que recibiremos por parte
del Gobierno socialista respecto al despliegue de la Guardia Civil del
Mar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente, yo creo que será la última información del Gobierno
socialista en esta legislatura, pero estoy convencida de que en la
próxima legislatura van a seguir recibiendo información del Gobierno
socialista, no tengo ninguna duda.
Por lo demás, le puedo decir que precisamente he evitado hablar de
grandes planes a muchos años vista porque me parece que hay que ser
realista. Hay que ser realista desde una política de autoridad, pero
también desde una política de dotar a nuestros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado de todos los medios necesarios. Por eso, si se ha
fijado, yo no he hablado de proyectos, sino de realidades en concreto y
me he limitado al año 1996. Le he dicho que para el año 1996 seis
patrulleras estarán terminadas ya y otras dos están a punto de serlo.
Efectivamente como somos conscientes de que en Levante es necesario
reforzar los efectivos que tiene la Guardia Civil del Mar, precisamente
por eso, las nuevas patrulleras que se han terminado de construir se van
dedicar a la zona de Levante y, en concreto, a la zona de Valencia.
Es verdad que yo creo que no podemos regatear esfuerzos y dar todos los
medios posibles a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También
he dicho que éste es un servicio que se ha puesto en funcionamiento en el
año 1992, aunque se creó por Decreto en 1991, las primeras cinco
embarcaciones se adquirieron en el año 1992 en razón de las Olimpiadas de
Barcelona. En estos tres años se ha hecho un esfuerzo importante,
priorizando fundamentalmente zonas como Galicia y la zona del Estrecho,
Algeciras. Hay que seguir trabajando en esta línea y a mí me parece
importante, lo he remarcado antes, el reconocimiento internacional que en
Naciones Unidas se ha dado al servicio que presta la Guardia Civil del
Mar y a su gestión con esa patrullera que está desde el año 1993 en el
Danubio.
Desde luego no dude su señoría, que nosotros compartimos enormemente esa
preocupación; que se está haciendo todo lo posible y que yo no hablo de
proyectos que no se puedan cumplir, sino de realidades precisamente para
el año 1996. A todos nos gustaría que pudiera haber más medios de los que
en este momento hay, pero a veces no es una cuestión de medios
exclusivamente, sino de racionalizar lo que existe, de una distribución
adecuada de los medios en la zona geográfica oportuna y de unas labores
de coordinación que yo creo que en este momento se están realizando y que
se están haciendo precisamente porque todos somos conscientes de que la
Guardia Civil del Mar tiene un trabajo importante que desarrollar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Señores portavoces que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el señor Galindo.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Secretaria de Estado, bienvenida. Queremos aprovechar de alguna
forma la solicitud que en este caso ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular de la comparecencia de la Secretaria de Estado y si la
Presidencia me lo permite, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, quiero hacer una pequeña aseveración para dejar
constancia de la posición de nuestro Grupo respectivo al terrorismo. En
definitiva, asumimos en toda su integridad las palabras del Presidente
ante los hechos suscitados en el día de ayer porque, entre otras cosas,
entendemos que el proceso democrático, bastante avanzado en nuestro país,
debe consolidarse en función del esfuerzo y el trabajo de todas las
fuerzas políticas. Las transformaciones de la sociedad evidentemente no
vienen por las vías del terrorismo, ni mucho menos. Por tanto, asumimos
en su integridad las palabras de la Presidencia.
La señora Secretaria de Estado ha hecho una exposición sobre el
despliegue de la Guardia Civil del Mar en las diversas nacionalidades o
regiones de nuestro país. Yo simplemente quería llevar a la mente de
nuestra Secretaria de Estado la necesidad, en este caso del Archipiélago
canario donde es fundamental, de potenciar, desarrollar o crear la
Guardia Civil del Mar. No dudo que en Galicia o en Valencia hay las
dificultades que conocemos y que son necesarias fuerzas especiales de
orden público, pero el Archipiélago canario está afectado, yo me
atrevería a decir que está acosado, por todo el área de América, Africa,
Asia y evidentemente nosotros necesitamos que haya fuerzas especiales de
estas características.
Por tanto, en nombre de nuestro Grupo, agradecemos su comparecencia y nos
gustaría que existiera la posibilidad de que en su mente estuviera
también el Archipiélago canario, en el que es muy importante que se
puedan crear fuerzas de la Guardia Civil del Mar porque quizá tenemos más
costas que el resto de las regiones o nacionalidades de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente somos conscientes de la necesidad que existe en Canarias.
Lo único que le puedo decir es que en este momento las dos patrulleras
que están terminando de construirse quizá se destinen a Canarias. Hay un
problema exclusivamente de la naturaleza del mar, como sucede en
Canarias, y del tipo de construcción que hay que hacer porque no
cualquier tipo de patrullera vale para todos los mares; no es lo mismo el
Mediterráneo que el Atlántico o el Cantábrico.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Secretaria de Estado, muchas gracias por su asistencia. En primer
lugar, hago mías todas las palabras que se han dicho por mis compañeros
en la Comisión. Trasladaré, señor Presidente, sus palabras al Gobierno
vasco, y sirva ya mi silencio, primero, como respeto a las víctimas de
los atentados de ayer y, segundo, un silencio que significa también
desprecio no solamente a las acciones violentas, sino a sus autores.
Paso ahora al tema de la Guardia Civil del Mar. No sé si la señora
Secretaria de Estado me podrá dar una información que le voy a solicitar.
Pero entiendo que las importantes funciones que tiene encomendado este
Cuerpo deben de ser complementadas por otras medidas de control del
tráfico marítimo, en este caso, aunque no soy un técnico en la materia,
terrestres, como radares de baja cota, etcétera, que son necesarias para
la vigilancia del mar. Quería saber, en este tema tan concreto, si me
podía dar usted las previsiones del Ministerio y si no son del suyo a qué
Ministerio corresponderían estas previsiones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias.
En este momento no le puedo dar, lógicamente, los datos. Lo que sí le
puedo decir es que las patrulleras están equipadas con los servicios
lógicos de comunicación y de radares necesarios, precisamente, para que
se pueda realizar un trabajo más eficaz. Las patrulleras no son fáciles
de construir y están muy equipadas. Eso es lo único que le puedo decir.
En este momento, tanto las que están en funcionamiento como las que se
han terminado de construir presentan todos aquellos medios técnicos que
permiten que la Guardia Civil pueda realizar el trabajo adecuado.
Estoy de acuerdo con que no bastan, como decía yo antes, los medios de
este tipo, no bastan las patrulleras, sino que es necesario que el
personal de las mismas tenga una especial formación precisamente para
afrontar un tipo de delincuencia como el del contrabando y el del
narcotráfico, especialmente sofisticado y que cuenta con unos grandes
medios económicos.
Lo que puedo decirle en estos momentos es que esas patrulleras están
dotadas de los medios de comunicación suficientes. Por eso, intentaremos,
en esa línea que vengo diciendo, esforzarnos en combatir al narcotráfico
y al contrabando con esos medios tan sofisticados como los que utiliza
este tipo de delincuencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Antes de darle la palabra al señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero resaltar la ausencia hoy entre nosotros, desaparecida
su condición de Senador, del que fue Vicepresidente de esta Mesa, don
Francesc Codina i Castillo. Creo que estarán todos ustedes de acuerdo en
que ha sido no solamente un excelente miembro de la Mesa y un excelente
portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sino también una
persona machadianamente buena a la que estoy convencido que todos
guardamos un profundo afecto en nuestros corazones.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Vaya nuestro recuerdo, el del Grupo Parlamentario Socialista, también por
él.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer a la señora
Secretaria de Estado la información que nos ha dado sobre el despliegue
de la Guardia Civil del Mar y las demás explicaciones. Además, quiero, en
este contexto que hoy nos ha tocado, expresar, como yo creo que lo podría
hacer cualquier madrileño afectado, cualquier español afectado, cualquier
bien nacido en suma, el dolor a los familiares de las víctimas. Quiero
también, aunque sea en este contexto tan duro, precisamente por ello,
animar a la señora Secretaria de Estado en las labores que tiene
encomendadas de persecución de los criminales y de su puesta a
disposición de la justicia.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias.
Le agradezco sus palabras. Yo creo que la lucha contra el terrorismo la
tenemos que hacer entre todos los demócratas, entre todos los que están
hoy aquí que tienen representación parlamentaria. Con nuestra unidad y
diciendo a estos criminales y a estos asesinos que no van a conseguir
nada es como estoy segura de que vamos a ganar la batalla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Ardaiz, tiene la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias.
Solamente quería saber si podría abrir un turno para los señores
Senadores que quisieran hacer alguna pregunta.
El señor PRESIDENTE: Así lo haré, aunque antes voy a completar el turno
de portavoces dando la palabra al portavoz que estime oportuno el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ESCUIN MONFORT: Gracias.
Quería saber, lo mismo que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, si va a haber un turno para los distintos Senadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Puedo entender, señorías, que interesa a los señores
portavoces que entremos en ese turno de preguntas que ruego que sean lo
más concretas posibles a la señora y señores Senadores presentes en esta
sesión de la Comisión. Muchas gracias. Así se hará. ¿Qué señores
Senadores desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sánchez Cuadrado.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a la señora Secretaria de Estado y
agradecer su presencia en esta Comisión. Yo quería que me diera, si es
posible, información acerca de una cuestión que nos preocupa ahora y a lo
largo de la tramitación de una ley aquí en el Senado hace unos días de la
que yo fui ponente y que suscitó una cierta polémica, la Ley del
Contrabando.
Como sabe usted, el contrabando es un delito muy relacionado con el
narcotráfico. Por lo tanto, su persecución nos implica a todos. Todos
tenemos que estar interesados en que haya la mayor coordinación entre los
distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la lucha contra
esa lacra social, por así decirlo.
Durante la tramitación de esa ley, se ha puesto de relieve, desde nuestro
punto de vista, algunas disfuncionalidades
dentro de los distintos cuerpos, fuerzas o agencias, concretamente, el
Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, en este caso, la
Guardia Civil del Mar en la lucha contra esos delitos que son previos o
preliminares al narcotráfico.
A mí me gustaría, sin más preámbulo, señora Secretaria de Estado, que nos
informe de cómo está el tema de la coordinación entre la Guardia Civil
del Mar y el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias.
Yo siempre parto, cuando se plantean la cuestiones relativas a la
coordinación entre los cuerpos, de que el enemigo siempre es uno. El
enemigo es, precisamente, en este caso el narcotraficante y el
contrabandista.
Me parece que ha podido existir algún tipo de roces, pero esos roces
siempre se han debido a la voluntad de todos los cuerpos de prestar un
mejor servicio. En concreto, hay que decir que en las zonas «más
calientes» esa coordinación se está realizando, precisamente, bajo la
dirección de los respectivos gobernadores civiles. Los gobernadores
civiles están coordinando tanto la actuación de la Guardia Civil como del
Servicio de Vigilancia Aduanera. Por tanto, si han existido roces, han
sido roces puntuales, fruto de la voluntad de todos los cuerpos de querer
hacer las cosas lo mejor posible. La coordinación está garantizada y va a
estarlo más en el futuro, precisamente, bajo la suprema dirección de los
gobernadores que, finalmente, son los que tienen que coordinar la lucha
contra cualquier tipo de delincuencia en las distintas zonas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, como es un día para la señora Secretaria
de Estado un poco complicado, vamos a suspender la sesión por cinco
minutos para que pueda realizar alguna gestión especialmente oportuna en
este día. Suspendemos la sesión --lo reitero-- durante cinco minutos.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Tiene la palabra el señor Sánchez Cuadrado.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco a la Secretaria de Estado su información pero, realmente, mi
pregunta iba dirigida a la función que debe tener la Administración
Central y, por tanto, también la Secretaría de Estado, como coordinadora
de todas las Fuerzas de Seguridad, en este caso, de la Guardia Civil del
Mar y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Sé perfectamente que éstos
--no los voy a llamar Cuerpos, porque el Servicio de Vigilancia Aduanera
no es un Cuerpos de la Seguridad del Estado-- dependen de distintos
Ministerios. Entiendo, pues, que el problema no está en saber lo que
hacen los gobernadores; éstos harán lo que tengan que hacer en sus
respectivas circunscripciones territoriales. Pero entendemos que debe
haber una coordinación a nivel territorial superior, y ésta, lógicamente,
es la del Gobierno y la de la Secretaría de Estado.
Por tanto, y perdone que insista, mi pregunta es qué hace la Secretaria
de Estado para coordinar a la Guardia Civil del Mar y al Servicio de
Vigilancia Aduanera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias,
señor Presidente.
Como usted sabe, en materia de orden público y seguridad ciudadana los
gobernadores civiles dependen directamente de la Secretaría de Estado de
Interior. Por tanto, cuando hablo de los gobernadores civiles en la
provincia, me refiero a la Secretaría de Estado de Interior, con sede
central, que imparte instrucciones a los gobernadores civiles.
Evidentemente, el gobernador civil por sí solo toma las decisiones más
inmediatas, pero la labor de coordinación y las instrucciones generales
llegan, insisto, de la Secretaría de Estado de Interior. Y al hablar de
esa coordinación por el gobernador civil, quiero poner de relieve que es
precisamente la Secretaría de Estado de Interior la que tiene la
coordinación suprema, que se ejecuta o materializa en cada provincia en
la figura del gobernador civil que, como usted no ignora, en materia de
seguridad ciudadana y de orden público depende directamente del
Ministerio de Justicia e Interior y, por tanto, de la Secretaría de
Estado de Interior.
Reitero, pues, que esa coordinación --y no ha existido nunca ningún
problema con el Ministerio de Economía y Hacienda-- se ejecuta
materialmente por los gobernadores, que atienden las instrucciones de la
Secretaría de Estado de Interior. Pero no nos podemos olvidar de algo
fundamental, de los jueces, porque la mayoría de las actuaciones que se
realizan --que se ejecutan, en último extremo-- y que han requerido un
trabajo de información policial previo, llevan ya una coordinación y un
mando supremo de la autoridad judicial.
Usted conoce perfectamente que en todas las grandes operaciones, y
también en las pequeñas, en la lucha contra el narcotráfico y el
contrabando existe siempre la intervención del juez. Precisamente, el
Gobierno y la Secretaría de Estado de Interior son muy escrupulosos en
ese tema, en el sentido de poner en conocimiento de los jueces cualquier
actuación que se esté realizando, para que exista esa superior
coordinación de éstos. En ese sentido, la Secretaría de Estado de
Interior siempre pone en conocimiento de los jueces cualquier actuación
que se lleve a cabo. No le quepa ninguna duda, pues, de que desde el
Ejecutivo, por parte de Interior, existe esa coordinación.
Por último, está la dirección suprema de la autoridad judicial, que es
quien entiendo que debe tener esa coordinación y dirección suprema ante
un hecho delictivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado.
Tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Secretaria de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista, a través
de este interviniente --en su condición de Senador por la isla de
Tenerife--, le quiere hacer llegar algunas consideraciones sobre la
necesariedad del despliegue futuro, cuando las circunstancias económicas
lo permitan, en lo que se refiere a la Guardia Civil del Mar en Canarias.
El Grupo Parlamentario Socialista defendió siempre en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea, que es una Comisión especializada
en el tema, la necesidad de un estatuto permanente para Canarias en el
senado de la Unión Europea. Y así, en la Disposición Adicional
Vigesimosexta del actual Tratado de la Unión Europea se recoge --a
propuesta del Gobierno español y de su Presidente-- la característica de
región ultraperiférica de dicha Comunidad. Esto, recogido como derecho
primario comunitario --y, previsiblemente, de la próxima Conferencia
Intergubernamental surgirá una consolidación firme al respecto--, lleva
al Grupo Parlamentario Socialista a hacer esa reflexión en todos los
organismos e instancias de la Administración general del Estado.
Sin duda, a la Secretaria de Estado no se le olvida la característica de
fragmentación de la insularidad, las características de nuestra
Comunidad, lo que lleva a que miles de embarcaciones de distintos
tonelajes y tipos fondeen a lo largo del año en radas de la Comunidad
Canaria.
La Administración general del Estado, a través del Ministerio de
Transportes, creando las capitanías marítimas --por la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, de 1992--, ha permitido la instalación y
el equipamiento de importantes radares en los puertos de La Luz y de Las
Palmas y en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, de tal manera que,
hablando metafóricamente, me atrevo a decir que cualquier cosa que flote
en las proximidades de cualquier isla es detectada por esos radares, muy
sofisticados.
Nos encontramos con que la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo,
dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, también ha
instalado los equipamientos correspondientes. Pero falta esa especie de
tercera pata, que es la Guardia Civil del Mar.
Hago estas consideraciones a la Secretaría de Estado, en la línea de
incidir aún más en la necesidad de acortar plazos a efectos de conseguir
el equipamiento correspondiente. Sabemos que existe la sensibilidad a ese
respecto y que las circunstancias económicas mandan en muchas ocasiones,
pero nosotros queremos coadyuvar a esa demanda, porque se trata de una
necesidad absoluta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La señora Secretaria de Estado de Interior tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como decía en una de mis anteriores intervenciones somos conscientes de
la realidad de Canarias y no dude de que se va a hacer ese esfuerzo. Yo
explicaba que también hay que tener en cuenta las características del
mar, de la costa, y se está pendiente de todo eso de cara a la
planificación, y lo está estudiando, en concreto, la Dirección General de
la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador Garrido Avila tiene la palabra.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Obviamente, señora Secretaria de Estado de Interior, no va a tener datos
sobre un tema al que no se ha referido ninguno de los intervinientes,
pero que a mi entender lo está prestando la Guardia Civil del Mar con
gran eficacia porque no existía. No va a tener datos sobre el
cumplimiento de las misiones de materia de policía del mar en el hacer
cumplir la normativa sobre el Convenio Internacional para la prevención
de abordaje en alta mar y la seguridad marítima, que está haciendo la
Guardia Civil del Mar, y que yo creo que es bueno que se refleje, porque
da la sensación de que la Policía del Mar que no teníamos hay quien
todavía no se ha creído que la tenemos. Efectivamente ya la tenemos, y en
ese sentido la Guardia Civil del Mar yo creo que cumple una función más
que importante, en particular, en lo que se refiere a la navegación de
recreo, dejada de la mano de quien correspondía haberla tenido en sus
manos por la indefinición de lo que es la seguridad marítima en nuestro
país, que estaba en mano fundamentalmente de la Armada, pero que nunca se
dedicó a esos menesteres, yo creo que obviamente porque la Armada no
tenían ni medios ni cualificación profesional para el cumplimiento de ese
tipo de funciones, estaba para otras cosas, y afortunadamente el papel
que está cumpliendo la Guardia Civil del Mar en rescates y en cumplir la
normativa es importante, sobre todo en las embarcaciones de recreo que la
norma era el no cumplir la normativa. Creo que sería importante, y
formularé en su caso una pregunta por escrito, para que se pudiera ver en
el papel sepia de esta Cámara la importancia de esas funciones en la
respuesta que diese el Gobierno que está cumpliendo la Guardia Civil del
Mar en esas tareas.
Voy a realizar un apunte más sobre otro tema que se ha dicho que sacó el
entonces ponente de la Ley de Contrabando del Partido Popular. La verdad
es que cuando la Ley de Contrabando llegó a esta Cámara todos los Grupos
Parlamentarios mostramos nuestra preocupación, de hecho los que tenían
enmiendas, en algún caso afortunadamente mantenidas para haber podido
hacer posteriormente una transaccional y otros Grupos que la retiraron en
esta Cámara, vimos con preocupación cuál era el sentido porque lejos de
arreglar el tema de la Policía Judicial en el ámbito del contrabando
parecía que podía crear un «totum revolutum» mayor que el existente.
De todas formas el tema de la coordinación, que la señora Secretaría de
Estado conoce bien, sobre todo en un Ministerio tan complejo como el de
Justicia e Interior, es diabólico en cuanto a su cumplimiento. Creo que
hay experiencias que permiten abonar la tesis sobre todo de la
participación de los órganos judiciales, en particular la Fiscalía sobre
todo en la tarea de investigación, si es que algunos no se creen todavía
el papel de la Fiscalía en la investigación del delito.
La pregunta que yo le formularía es si está previsto que en las
provincias con especificidades que requieran la presidencia de la Guardia
Civil del Mar va a existir un órgano específico de coordinación,
dirigidos por los Gobernadores Civiles, en su caso Delegados de Gobierno
y Gobernadores donde coincide, como en el caso de las Comunidades de
Cantabria, Asturias y en el caso de Valencia, Sevilla también porque es
provincia marítima, aunque no lo parezca, Murcia y en Baleares, además de
las Canarias cuando estuviese hecho el despliegue; si se va a crear un
órgano específico para ese tipo de coordinación, porque evitaría que en
las Juntas Provinciales de Seguridad estuviese el Servicio de Vigilancia
Aduanera que no tendría esa configuración, y darle la especificidad que
requiriera la lucha contra las actividades concretas para las que ha
quedado incluida en el texto definitivo de la Ley de Contrabando el
Servicio de Vigilancia Aduanera para la especificidad de ese tipo de
conductas. Por eso pregunto si está previsto la creación de esos órganos
específicos para la coordinación del ámbito del contrabando en esas
provincias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La señora Secretaria de Estado de Interior tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
En cuanto a la primera parte de su pregunta, obviamente aquí no tengo
datos. Quizá si la formula por escrito yo le podré dar esa información.
Lo que sí que creo es que es sin dar una visión triunfalista de los
temas, porque en materia de seguridad a mí no me gusta nada dar visiones
triunfalistas, lo cierto es que la Guardia Civil en su conjunto, y la
Guardia Civil del Mar en particular, está cumpliendo con una gran
eficacia las misiones que se le encomendaron, y en concreto por lo que se
refiere a la Guardia Civil del Mar las que se le encomendó en el Decreto
de creación, al que antes me refería, del año 1991, efectivamente no
solamente en lo que hace referencia a la lucha contra el contrabando y el
narcotráfico, sino también en todas esas cuestiones que su señoría decía
con anterioridad, y que muchas veces no se valoran suficientemente.
Estamos desgraciadamente acostumbrados a que cuando hay un hecho luctuoso
todo el mundo cuestione o hable de una posible ineficacia de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, a veces falta la
suficiente generosidad como para reconocer un trabajo bien hecho. Yo creo
que los españoles en su conjunto tenemos que estar orgullosos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en ese concepto incluyo la
Policía Autónoma Vasca que, desde luego, está sufriendo en sus carnes
también la lacra del terrorismo. Con esa valoración global del gran
trabajo que hacen nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay
que decir que también lo está realizando la Guardia Civil del Mar.
En cuanto a la segunda parte, yo creo, y como decía antes, que es verdad
que es necesario que existan esos mecanismos de coordinación que a su
señoría no le gustaba y puedo utilizar otra palabra, por parte de quien
tiene una autoridad sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
pero también es fundamental la labor que realizan las autoridades
judiciales y lógicamente las autoridades fiscales. A veces no se trata de
crear nuevos órganos ni nuevas instituciones, sino que en este momento
está la figura de los Fiscales Antidroga. Los Fiscales Antidroga están
haciendo una gran labor en todas estas operaciones que se están
realizando, tanto por la Guardia Civil como, por qué no decirlo, por el
Servicio de Vigilancia Aduanera en esa línea que decía yo bajo la
superior dirección de los jueces y de los fiscales. Por tanto, yo creo
que quizás, aunque me parece que no es necesario, haya que hablar de una
cierta potenciación de las fiscalías antidroga.
Yo creo, y también hay que decirlo, que con carácter general los fiscales
antidroga de este país están realizando un gran trabajo y son
precisamente los que sobre el terreno o a pie de pista están en ocasiones
verificando ese trabajo conjunto que tienen que realizar todos los que,
en definitiva, tienen algún tipo de responsabilidad en la lucha contra la
delincuencia. La lucha contra la delincuencia no puede ser patrimonio de
un cuerpo o de otro, sino que es una obligación de todos y también, por
qué no decirlo, de todos los ciudadanos que tienen que hacer lo que sea
necesario para que hechos tan espantosos como el de ayer o otros hechos
sencillamente no tengan lugar.
Quiero decir que también me parece público y de justicia reconocer el
papel que las Fiscalías Antidrogas están realizando bajo el mando
superior de la Fiscalía Antidroga, que tiene aquí la sede en Madrid.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado de
Interior. Quiero reiterarle las palabras con las que comenzamos la
sesión, y asimismo el agradecimiento de todos los miembros de la Comisión
por su comparecencia y también por el buen sentido con que hemos
permitido todos que sea un tanto laxo los límites de la cuestión que nos
traía.
Señorías vamos a suspender la sesión porque, como saben, está previsto
que a las once de la mañana estemos unos minutos en silencio en la
entrada principal de la Plaza de la Marina Española y me parece que allí
también puede realizar un magnífico trabajo esta Comisión. Tan pronto
finalicen esa manifestación institucional de repulsa y firmeza se
retomarían los trabajos de la misma.
Muchísimas gracias, señora Secretaria de Estado de Interior.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE SUSTANCIAS
QUIMICAS CATALOGADAS SUSCEPTIBLES DE DESVIO PARA LA FABRICACION ILICITA
DE DROGAS. (621/000108.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Entramos en el debate del proyecto de ley sobre precursores, que adopta
la forma de proyecto de ley sobre medidas de control de sustancias
químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita
de drogas.
Tal y como les comentaba informalmente con anterioridad, se va a proceder
a la defensa por parte de los grupos parlamentarios del conjunto de las
enmiendas que hayan planteado; después se producirá, en cualquier caso,
el correspondiente turno en contra y, posteriormente, un turno de
portavoces.
Como quiera que el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos está asistiendo, por razón del escaso número de
integrantes de su grupo a la Junta de Portavoces, si les parece,
podríamos alterar un poco el orden usual, de manera que procedería dar la
palabra al señor representante del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado para la defensa de la enmienda presentada al artículo
10, bajo el número 2 del índice de enmiendas.
Tiene su señoría la palabra.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, al proyecto de ley sobre las medidas de control de
sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la
fabricación ilícita de drogas el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado ha presentado solamente una enmienda, de sustitución, en este
caso, al artículo 10, que versa sobre los registros de operadores.
En la enmienda en cuestión planteamos que en el Ministerio de Justicia e
Interior exista un Registro General de operadores de sustancias químicas
catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas,
donde se inscribirán los sujetos obligados a los que se refiere el
artículo 4, punto 1, de la presente ley, incluidos los que efectúen
cualquier actividad de importación, exportación y tránsito o cualquier
otra propia de la intervención competencial administrativa del Ministerio
de Economía y Hacienda. En definitiva, señorías, lo que pretendemos es no
duplicar el control y la intervención en temas tan complejos como son las
sustancias químicas.
Por tanto, lo que planteo a sus señorías es el voto favorable a la
enmienda, si así lo estiman sus señorías, porque, entre otras cosas,
entendemos que mejora el texto, reduce gastos y, además, genera mayor
operatividad y concentra de una forma bastante centralizada el control de
la sustancia en el conjunto del país, ya que lo que pretendemos es que no
haya duplicidad en el control de este tema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Ardaiz por parte de la
ponencia.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario sólo quería poner de manifiesto ante la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado que
lo que pretenden eliminar no es un doble control sobre el mismo asunto,
sino dos controles sobre asuntos distintos. Pondré un ejemplo al
representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
para que reflexione acerca de la enmienda y su posible retirada.
La Administración exige una licencia para ejercer, por ejemplo, las
actividades extractivas de la minería. Exige una licencia que seguramente
concederá el Ministerio de Industria. Sin embargo, si esa misma entidad,
esa misma empresa decidiera exportar parte del material que extrae del
subsuelo, tendría que solicitar una licencia de exportación en otro
ministerio, el Ministerio de Economía. En este caso sucede lo mismo:
quienes fabrican, transportan, manipulan elementos de los catalogados
como sustancias químicas en el proyecto de ley deben solicitar una
licencia de actividad en el Ministerio de Justicia e Interior. Si quieren
exportar, tienen que hacer lo mismo en el Ministerio de Economía, pero no
para la misma actividad; no es un doble control para la misma actividad,
sino dos licencias distintas para dos actividades distintas.
Y si lo que se pretende --que es lo que creo que pretende la enmienda--
es evitar molestias al ciudadano que quiere ejercer una y otra actividad,
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en un artículo que ahora no puedo
citar porque no lo tengo delante, dice que cualquier ciudadano puede
dirigirse a la Administración en cualquier ventanilla de la misma, y, por
tanto, en una sola ventanilla podrá depositar sus dos solicitudes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de las enmiendas
presentadas, tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender brevemente las dieciséis enmiendas que hemos presentado.
La enmienda número 3 pretende aclarar el artículo en relación con el
Reglamento y las Directivas comunitarias. Nosotros entendemos que
medicamento y preparaciones farmacéuticas son lo mismo, razón por la cual
el Reglamento 3.677 no incluye medicamentos pero incluye preparaciones
farmacéuticas y, en cambio, la Directiva incluye medicamentos y excluye
las preparaciones farmacéuticas. Creo que medicamentos y preparaciones
farmacéuticas son lo mismo, y por tanto nuestra enmienda pretende que del
texto del proyecto se excluyan del control de estas sustancias químicas
las consideradas como medicamentos.
Por otro lado, en lugar de la palabra «recuperadas», que figura en el
artículo 1.2, a nosotros, de acuerdo con la Directiva comunitaria, nos
parece más apropiada la frase «extraídas con medios de fácil aplicación».
Con la enmienda número 4 pretendemos una modificación del artículo 2,
apartado 1.
El texto del proyecto enumera una serie de actividades y de figuras
jurídicas, a nuestro juicio, un poco inconexas. Con nuestra enmienda
pretendemos aclarar el texto del proyecto. Incluimos una serie de
actividades, como la de fabricación, transformación, comercio y
distribución de sustancias químicas catalogadas y, por otro lado,
añadimos, como un concepto general, la participación en cualquier otro
contrato civil y mercantil. En la Ponencia discutimos este artículo con
el ponente socialista en el sentido de que, a pesar de defender esta
enmienda, estaríamos dispuestos, y así lo haremos a través de los
trámites parlamentarios sucesivos, a llegar a un acuerdo para sustituir
la figura jurídica «almacenamiento» que aparece en el texto por la figura
jurídica de «depósito», que creo que es la aplicable en nuestro Derecho
Mercantil. También pretendemos incluir, no sólo el corretaje, como figura
en el texto del proyecto, sino la comisión y la agencia, que son
contratos importantes dentro del Derecho Mercantil, y que forman parte de
esa relación de figuras que parece exhaustiva, pues podría estar más de
acuerdo con nuestro derecho interno.
La enmienda número 5 pretende dar una fuerza coercitiva a lo que dispone
el texto del proyecto. Este, en su artículo 2.2, establece que la
realización de operaciones con sustancias químicas catalogadas en el
número 1, estarán sujetas a la presente ley, aun cuando no lo exijan en
las correspondientes legislaciones de otros Estados. Esto es dejar una
puerta abierta a un posible incumplimiento de estas actividades en el
extranjero por parte de industriales y fabricantes españoles. Por lo
tanto, para que sea una realidad y no una simple recomendación que no
tiene ningún valor, pretendemos añadir un párrafo en el que se diga que
«las personas físicas o entidades que incumplieran la recomendación a la
que se refiere el párrafo anterior, serán consideradas como carentes de
solvencia profesional y de integridad a los efectos previstos en esta
Ley». Si se añadiera este párrafo, por supuesto que esta recomendación
que figura en el proyecto en su artículo 2.2, párrafo último, sería mejor
observada y quizá cumplida, y no sería una simple amonestación o una
simple recomendación.
La enmienda número 6 se refiere al artículo 3.1. Pretendemos que, donde
dice «notificar inmediatamente», se añada la expresión «de forma
expresa». La verdad es que la falta de notificación está considerada como
una falta menos grave en el artículo 15 y, por lo tanto, el que exista
una constancia de esa notificación es una garantía para la Administración
de que, efectivamente, se va a cumplir esa notificación, y también es una
garantía para el sujeto obligado de que ha cumplido con esta obligación,
porque lo que no figura de una forma expresa puede interpretarse de
cualquier modo o manera. Habrá que hacer una observación y subrayar que
en este proyecto de ley estamos controlando a industriales, a
fabricantes, a comerciantes que desarrollan un trabajo lícito y
totalmente correcto, como es la fabricación de sustancias químicas, y que
hay que tener un cierto control, como así se ha expuesto en las
directivas comunitarias, respecto a que la garantía para la
Administración sea exigible en todo momento, pero también debe asegurarse
la garantía para el administrado o para el fabricante, en este caso, de
estas sustancias. Debe ser una notificación expresa, no una notificación
oral o de palabra, para que quede constancia, y esto es lo que nosotros
pedimos con nuestra enmienda.
La enmienda número 7 pretende simplemente una mejora de carácter técnico.
En vez de «información global», como se pide en el proyecto, nosotros
queremos que sea una «información total» o completa de todos los
conocimientos. No creo que la expresión «global» sea terminológicamente
la palabra más adecuada para precisar lo que pretende el artículo 3.2.
La enmienda número 8 también fue debatida en el Congreso de los
Diputados, y nosotros la reproducimos ahora. Permite a las autoridades
competentes no sólo acceder a los locales, sino que los sujetos activos
faciliten los documentos necesarios. El proyecto de ley dice que se
permite el acceso a los locales para analizar los documentos, y la verdad
es que nosotros imaginamos que una autoridad competente puede entrar en
unos locales pero no puede analizar si el sujeto activo no le facilita
esos documentos. El análisis o la comprobación, porque el análisis es un
concepto muy amplio, tal y como figura en el proyecto. No solamente puede
analizar, puede comprobar, puede cotejar, puede hacer mil cosas con esos
documentos, pero no las hará si previamente no se facilitan, como
nosotros pretendemos, los documentos pertinentes a las autoridades
competentes. Entendemos que la expresión de facilitarles los documentos y
no el análisis de éstos simplemente y a secas, como figura en el
proyecto, está más en consonancia con las facultades que puede tener la
autoridad competente para cumplir con rigor y con mayor exactitud los
cometidos que con esta ley se pretenden.
Al mismo tiempo, esta enmienda está conectada con la número 13, que se
refiere a las sanciones para quien incumpliera este precepto. Los mismos
derechos, pues, en la enmienda 13, en cuanto a facilitar los documentos y
registro que tengan obligación de conservar o llevar de acuerdo con lo
previsto en esta ley.
La enmienda número 9 se refiere al etiquetado que exigen las sustancias
químicas catalogadas. A nosotros nos parece excesivo que en las
sustancias catalogadas en la categoría número 3, para la exportación, se
exija el mismo etiquetado que para las sustancias catalogadas en las
categorías 1 y 2. Además de este etiquetado, pedimos simplemente que se
exprese el nombre del producto, tal y como figura en los anexos. Nada
más. Porque, además, en lo que se refiere a la documentación que acompaña
a toda importación y exportación, nosotros mantenemos el texto del
proyecto. Creemos que basta y sobra con que figure toda la documentación
necesaria, es decir, los pesos, las cantidades, en definitiva, todas las
exigencias que se piden en las etiquetas para los de la categoría número
3.
En cuanto a la enmienda número 10, debo decir que creo que estamos un
poco más en consonancia con la Directiva
y el Reglamento comunitario 3.677. Vuelvo a insistir en que habrá que
tener un especial cuidado con esta ley y valorar que estamos controlando
actividades que pueden ser lícitas, y que estimamos que lo serán en la
mayoría de los casos, para los industriales que se dedican a la
fabricación de estos productos. Exigir, como exige el proyecto de ley,
que guarden o conserven los documentos nada menos que durante un plazo de
cinco años, nos parece una exigencia excesiva. El Reglamento comunitario
al que he hecho referencia, en su artículo 2, apartado 4, exige conservar
los documentos solamente durante dos años a partir de finalizado el año
natural en que se ha hecho esta operación. Nosotros añadimos un año más,
para que sean tres años. Pero, desde luego, nos parece una exageración
que se exija la conservación de documentos durante un plazo de cinco
años, tal y como figura en el proyecto. Repito e insisto en que muchas
veces estamos tratando con industriales honestos, con industriales que no
van a desviar en absoluto estas sustancias químicas para la fabricación
ilegal de tóxicos o de drogas.
Las enmiendas números 11 y 12 son un caso curioso, y creo que se deben
más a un error que se produjo en el Congreso de los Diputados. En el
artículo 4.2, párrafo 1, todos los grupos parlamentarios de esa Cámara,
por unanimidad, acordaron sustituir la palabra «competencia» por la
palabra «solvencia». Esta expresión figura no sólo en el artículo 4,
apartado 2, párrafo primero, sino que también aparece en los artículos
9.2 y 9.3. En consonancia con aquel acuerdo mayoritario que se produjo en
el Congreso de los Diputados con aquella enmienda transaccional aprobada
por todos los Grupos, nosotros pretendemos que el proyecto de ley sea
uniforme en todos sus conceptos y, por lo tanto, estamos en consonancia
con aquella enmienda transaccional y pedimos, de acuerdo con ello y con
la congruencia que requiere todo el proyecto de ley, que figure, en vez
de la palabra «competencia», la palabra «solvencia» del solicitante.
Respecto a la enmienda número 13, ya hemos explicado su contenido.
En la enmienda número 14, la filosofía de nuestro Grupo va en el sentido
de que mientras no se demuestre que un industrial comete actos contrarios
al espíritu de este proyecto de ley, o sea, que no desvíe sustancias
químicas, se debe tener una cierta precaución. En cambio, para aquellos
que hayan incumplido la ley, creemos que debe extremarse el rigor y deben
ser superiores las cautelas que hay que tener con estos industriales.
En lo que se refiere a la prescripción de infracciones, con nuestra
enmienda número 14 queremos sustituir la prescripción de seis meses a un
año para las faltas leves. Por otro lado, no entendemos por qué la
prescripción de las sanciones para las faltas leves es de un año y para
las infracciones --como figura en el proyecto-- son solamente de seis
meses. Insistimos en que deben ser cinco años para las muy graves, dos
años para las graves y un año para las leves.
La enmienda número 15 se refiere a la graduación de las sanciones.
Estimamos que deben tenerse en cuenta las sanciones firmes graves y muy
graves previstas en este proyecto de ley impuestas al sujeto obligado, no
solamente en los últimos cinco años, como figura en el proyecto, sino que
queremos extremar este rigor para aquellos industriales que hayan sido
sancionados ampliando este plazo a diez años.
Respecto a la enmienda número 16, relativa a la prescripción de las
sanciones, elevamos la prescripción de las muy graves --en vez de tres
años, como figura en el proyecto-- a cinco años, con la filosofía de
extremar el rigor con los que han incumplido los preceptos de este
proyecto de ley.
Por último, hemos presentado algunas mejoras técnicas, como añadir en los
artículos 24.1 y 24.2, párrafo segundo, el término «jurídico» después de
«fundamento» porque, si no, no parece entenderse a qué fundamento se
refiere. No quisiera hacer un chiste en esta Comisión, pero a veces oigo
a un célebre cocinero que aparece en Televisión española hablar de muchos
fundamentos y muchas cosas, y si no añadimos «jurídico», se puede
entender un fundamento que no sea el correcto. Creo que, a efectos de la
cosa juzgada, son el objeto, el sujeto y el fundamento jurídico. La
precisión es correcta y necesaria para que quede aclarado este texto
legal.
En la enmienda número 19, proponemos una disposición adicional nueva,
porque nos ha preocupado una transcripción de la Directiva Comunitaria,
en el sentido de que se pueden o no conceder licencias de una forma muy
discrecional simplemente por juicio --que puede ser subjetivo-- de la
autoridad competente de que una persona carece de solvencia o competencia
profesional, sin más. Puede presentarse el caso de que un buen industrial
comparezca ante la autoridad para exigírsele la serie de controles
mencionados en este proyecto de ley, como registro, licencias
individuales y licencias genéricas, y la autoridad competente puede
negarle la actividad y la licencia simplemente por el hecho de que, según
ella, carece de la solvencia o competencia profesional, sin más. A
nuestro juicio, atenta a los derechos de libre comercio que corresponde a
toda persona, y nuestro Grupo Parlamentario piensa que hay que establecer
alguna cautela para garantizar los derechos a estos industriales. Ese es
el sentido de nuestra enmienda y de la disposición adicional nueva, cuyo
fin es regular esta situación al considerar que carecen de solvencia y
competencia para esta actividad aquellas personas que hubieran sido
condenadas antes por algún delito o sanción administrativa. Ello evita la
discrecionalidad y situaciones perjudiciales para ciertos industriales.
Asimismo, consideramos que en modo alguno esta cautela perjudica el
sentido del proyecto de ley, cual es perseguir con todos los medios que
el mismo permite --y nosotros valoramos que debe ser así-- el desvío de
productos y sustancias químicas para el tráfico de drogas.
En último lugar, consideramos que este proyecto de ley, por los trámites
formales que conlleva toda tramitación parlamentaria, podrá ser discutido
en el Pleno y, con las enmiendas que puedan ser aceptadas, pasar al
Congreso de los Diputados --quizá al último Pleno-- y ser publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» en esta legislatura. Ello estará en
consonancia con la insistencia de nuestro Grupo
Parlamentario --sobre todo en el Congreso-- de que este proyecto de ley
de precursores era fundamental para la lucha contra el tráfico de drogas,
teniendo en cuenta, además, que las Directivas Comunitarias establecían
ya un plazo de aplicación al Derecho interior que concluyó hace muchos
años.
Por lo tanto, no creemos que la tramitación en el Senado, con el debate
de todas nuestras enmiendas, pueda impedir que este proyecto de ley salga
en el «Boletín Oficial del Estado» --como así esperamos-- y sea aplicable
cuanto antes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Empezaré por el final de la intervención del Senador Escuin, diciendo que
creo deducir por la palabras que ha pronunciado al final que si hubiere
que elegir entre la posibilidad de que este proyecto de ley pase al
«Boletín Oficial del Estado» sin tener que hacer en esta Cámara ninguna
modificación al texto remitido por el Congreso o hacer esas
modificaciones que el Partido Popular propone en sus enmiendas, si
hubiera que elegir, digo, elegiría la primera posibilidad, con lo cual,
está claro que en el trámite que se siga de aquí al Pleno de la Cámara
tendremos algún criterio claro respecto a cuál de las dos posibilidades
podremos ponernos de acuerdo.
Paso a expresar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista sobre las
enmiendas que ha puesto sobre la mesa el Senador Escuin.
Respecto a la enmienda número 3, estamos dispuestos a formular una
transaccional en lo que se refiere al cambio del término «extraídas» por
«recuperadas», ya que, independientemente de lo que diga la Directiva,
expresa mejor en castellano el espíritu de ese artículo. Sin embargo, nos
parece baladí que en la primera parte se hable de preparados
farmacéuticos, medicamentos u otros productos. Ahora bien, en cuanto a la
segunda parte, repito, estamos dispuestos a introducir una enmienda
transaccional.
En la enmienda número 4, referida al artículo 2.1, el Partido Popular
trata de recoger todas las relaciones civiles o mercantiles que se pueden
establecer alrededor de cualquiera de las actividades que se realicen con
sustancias catalogadas. Creo que es una idea imposible, por cuanto que
por mucho que intentemos recoger todos los contratos que la doctrina
jurídica llama nominados, todavía quedarán un montón de contratos
innominados. Estimo, Senadores del Grupo Popular, que el artículo 2.1 no
trata de recoger las relaciones civiles o mercantiles que se puedan dar
alrededor de las sustancias catalogadas, sino de describir las
actividades que pueden realizarse con esas sustancias catalogadas,
independientemente de la relación mercantil o civil que ligue a las
partes que realicen el contrato.
Respecto a la enmienda número 5, el Partido Popular pretende que el no
cumplimiento de esa recomendación que se hace en el artículo 2.2, acerca
de que las entidades españolas sujetas a este proyecto de ley velarán
para cumplir con sus obligaciones también en el extranjero, sea
sancionado a los efectos de compulsar la solvencia profesional y la
integridad del solicitante de la actividad.
Yo creo que hay una cierta contradicción. Si quiere que se sancione,
pongamos que se «obliga» a las empresas, en lugar de «velarán»; si
hablamos solamente de que velen, lógicamente, el incumplimiento de esa
recomendación no puede tener una sanción. En todo caso, respecto a esta
enmienda si eligieran una u otra opción, no contradictorias, que acabo de
exponer, nosotros estaríamos dispuestos a reflexionar acerca de una
enmienda transaccional que hiciera posible elegir entre la recomendación
o la obligación entre la sanción o la no sanción.
Respecto a la enmienda número 6, aunque no soy nada ducho en Derecho,
quiero decirle al Senador Escuin que lo que se contrapone a la
notificación expresa no es la notificación oral o de palabra, sino la
notificación tácita o presunta. Por tanto, sin ninguna duda, una
notificación de palabra u oral es una notificación expresa. Por ello,
nosotros creemos que sobra el que se ponga a continuación de la palabra
notificar «de forma expresa», porque ya es suficiente con decir
«notificar».
En la enmienda número 7 hay una cierta confusión del Grupo Parlamentario
Popular respecto a lo que significa «global» y «total». Informar
globalmente de las transacciones que se hayan realizado significa hablar
o informar de todas ellas, sin detenerse en una concreta; información
total significa exhaustiva, pero exhaustiva no se contrapone a global,
son dos cosas distintas. La información total seguramente podría
referirse a una transacción, por eso el artículo habla de información
global o concreta de una de las transacciones y distingue entre una y
otra. Por tanto, nos opondremos a esa enmienda.
En la enmienda número 8, el Grupo Parlamentario Popular propone la
siguiente redacción: «Permitir que las autoridades competentes accedan a
los locales profesionales y facilitarles los documentos» frente a
«analicen los documentos», tal y como figura en el texto de la ley. Creo
que dicha redacción no añade absolutamente nada, porque los sujetos
obligados por esta ley deben permitir a las autoridades que accedan, que
entren, que lleguen a los locales, a las oficinas, a los despachos donde
puede estar la documentación y deben permitir también que, una vez que
hayan entrado, analicen lo que las autoridades crean conveniente
analizar; no han de facilitarles este o aquel papel, porque se supone
que, una vez que han entrado, tienen acceso, se lo faciliten o no, a todo
lo que exista dentro del local para poder comprobar lo que la ley dice.
Esa es la razón por la que también nos vamos a oponer a esa enmienda.
Ustedes creen que con la redacción que proponen en la enmienda número 9,
al artículo 5.2, reducen el ámbito de aplicación a las empresas que
trabajen con sustancias químicas catalogadas en operaciones de
importación, exportación y tránsito, dejando fuera de ello lo que viene
estipulado en el anexo número III. Piénsenlo un poco mejor porque
realmente no reducen absolutamente nada, ya que esas empresas están
sujetas a lo que dice el artículo número 5 en el apartado número 1.
En la enmienda número 10, el Grupo Parlamentario Popular pretende que los
cinco años que marca la ley como obligatorios para guardar los documentos
de las transacciones que han realizado las empresas que trabajan con
sustancias catalogadas se reduzcan a tres. Nosotros estamos dispuestos a
transaccionar un cuadro de prescripción de infracciones y sanciones
distinto del que figuran en el proyecto de ley y acercarnos a algunas de
sus propuestas. Sin embargo, fíjense en la contradicción tan evidente en
que ustedes incurren en este aspecto: por una pate, pretenden reducir la
obligación de guardar los documentos a tres años y, por otra, mantienen
la prescripción de las infracciones en cinco años. ¿Me quiere decir usted
cómo se podría demostrar en ese lapso de tiempo de cinco años que han
cometido una determinada infracción si no tienen obligación de guardar
los documentos? Hay que resolver esa contradicción que ustedes tienen en
su enmienda y que yo les pongo encima de la mesa. Por tanto, como digo,
estamos dispuestos a hacer una transacción respecto al cuadro de
prescripciones.
Las enmiendas números 11 y 12 son dos errores de transcripción en el
«Boletín Oficial del Congreso» de lo que salió de la Comisión que tramitó
el proyecto de ley con competencia legislativa plena. Por tanto,
independientemente de que se acepten o no las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, habría que realizar una corrección de errores.
Digo esto para el caso de que, como consecuencia de la primera pregunta
que he realizado en mi intervención al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, se decidiera no realizar ninguna enmienda a este proyecto de ley
para que pasara directamente al «Boletín Oficial del Estado». No se
considerarían como enmiendas, sino que, en todo caso, se considerarían
correcciones de errores porque en esa obligación de advertírnoslo,
estaría también el Congreso de los Diputados, y creo que está en ello.
Respecto a la enmienda número 13, me ratifico en las razones que he dado
anteriormente para una enmienda similar. En la enmienda número 14
volvemos a entrar en el cuadro de prescripciones, de infracciones en este
caso, y yo creo que sería conveniente para establecer ese nuevo cuadro,
si es que hay que establecerlo, estudiar lo que dice el Código Penal al
respecto, de modo que, desde el punto de vista administrativo, el cuadro
de prescripciones no sea más o menos duro o en todo caso diferente al del
propio Código Penal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, como saben sus señorías,
establece subsidiariamente un cuadro de prescripciones para el caso de
que en las leyes sectoriales no se hablara nada de ello. La verdad es que
se puede ir a otro cuadro de prescripciones o nos podemos acercar a lo
que dice la Ley de Régimen Jurídico.
La enmienda número 15, al artículo 22, se refiere también, siquiera
colateralmente, a lo que se decía del cuadro de prescripciones, por
cuanto que lo que se pretende es alargar el plazo para tener en cuenta la
graduación de las sanciones. El Grupo Popular propone pasarlo de cinco a
diez años. Hay una cierta contradicción con lo que sostiene en las otras
enmiendas, pero, como digo, estamos dispuestos a hablar de eso. Por
tanto, no voy a detenerme más en el asunto.
Lo mismo diré de la enmienda número 16.
Y respecto a las números 17 y 18, he de decir al Senador Escuin que no
solamente un cocinero habla de fundamento. También se refiere a este
concepto, y no a fundamento jurídico, el artículo 133 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común; por cierto, Ley
aprobada por ustedes también --por tanto, supongo que estarían de acuerdo
con ella-- y que no enmendaron. Me parece, pues, sacar fuera de contexto
la cuestión de si debería añadirse el término «jurídico» o no por mor de
que un cocinero utilice la misma palabra que la Ley.
Finalmente, el Grupo Popular pretende, a través de la enmienda número 19,
que se tipifique de alguna forma --y diré de qué forma-- lo que significa
solvencia profesional e integridad. Dice que solvencia profesional e
integridad se entenderá que la tienen aquellos que no hubieran sido
condenados por sentencia firme por un delito contra el tráfico ilícito de
drogas o sancionados en firme por infracciones administrativas, etcétera.
Si quieren ustedes tipificar lo que significa solvencia profesional e
integridad, borremos de la Ley estas palabras y pongamos esto que
proponen ustedes, y no hará falta hablar de solvencia profesional e
integridad. Bastaría con decir «los que no han cometido delitos». Pero
creo que no hay que tipificar lo que significan estos términos.
¿Que es un concepto verdaderamente abierto? Ciertamente, lo es. Sin
embargo, el Ejecutivo tiene la obligación de motivar --y así lo dice
también la Ley de Régimen Jurídico-- las resoluciones que emita. Y esta
resolución, la de dar o no licencia considerando la solvencia y
competencia profesional de los sujetos obligados por esta Ley, no puede
reducirse solamente a lo que pretenden ustedes, a no haber sido
condenado. Aunque sea un concepto abierto --lógicamente, mucho más
abierto que una tipificación como la que ustedes proponen--, sin embargo,
la garantía para el ciudadano reside precisamente en que esa resolución
tiene que ser motivada, para que luego valga, además, en el sistema de
recursos dentro de la propia administración y en el ámbito de lo
contencioso-administrativo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Según anuncié, voy a dar la palabra al señor portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para la defensa de su
enmienda número 1, que propone la adición de una nueva disposición
adicional.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera pedir disculpas por alterar el normal
funcionamiento de esta Comisión y agradecer a la misma este quiebro, este
salto en el turno de intervenciones, que ahora me permite expresarme.
Efectivamente, presentamos una única enmienda a este proyecto de Ley; una
enmienda de exclusivo contenido autonómico, por la que pretendemos
salvaguardar las competencias
que diversas Comunidades Autónomas tienen en virtud de sus Estatutos, en
materia de protección de personas y bienes, seguridad ciudadana y
mantenimiento del orden público.
Esta enmienda es, a su vez, coherente con la propia legislación del
Estado, que ha desarrollado hasta la fecha las previsiones del bloque
constitucional sobre esta materia, cuyo primer hito hay que buscarlo en
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, piedra
angular de interpretación y desarrollo del sistema constitucional
dibujado por aquel bloque, en el que esta Cámara tuvo especial
protagonismo mediante la aprobación, si mal no recuerdo, de las
disposiciones primera y segunda.
También fue en esta Cámara donde se corrigió la Ley Orgánica 1/1992, de
Seguridad Ciudadana, mediante la aprobación de una disposición adicional
en la que, en coherencia y respeto a ese bloque constitucional a que me
he referido, se reconocía como autoridades, a efectos de su aplicación, a
las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hubieran previsto competencias
en materia de protección de personas y bienes y mantenimiento de la
seguridad ciudadana.
Pues bien, este tracto, de común lectura e interpretación constitucional,
entendemos que se quiebra en el presente proyecto; quiebra que quiero
pensar que se debe a la precipitada y urgente tramitación del mismo. El
texto que hoy nos trae a esta Comisión tiene su origen en el artículo
12.3 de aquella Ley de Seguridad Ciudadana, en cuya disposición adicional
se reconocían como autoridades para la aplicación de lo regulado a las
propias de las Comunidades Autónomas. Por tanto, ¿qué razón puede
justificar que el texto que ahora enmendamos se aparte, olvide aquel
tratamiento y, en consecuencia, no considere a las Comunidades Autónomas
como autoridades hábiles para la gestión de sus determinaciones en sus
respectivos ámbitos territoriales? ¿Qué otra razón puede haber para
quebrar un camino iniciado por la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, continuado por la Ley de Seguridad Ciudadana e, incluso, por
la de la Seguridad Privada, que la precipitada tramitación de este
proyecto?
Entendemos que debe enmendarse tal situación y, en consecuencia,
reconocer la competencia de las Comunidades Autónomas con facultades
sobre seguridad en la gestión en sus respectivos ámbitos territoriales de
las medidas a que se refiere el presente proyecto. Todo ello, como digo,
en coherencia con la labor legislativa hasta ahora realizada en esta
materia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente intervengo para decir que la confusión que, en mi modesta
opinión, se deduce de la argumentación que acaba de realizar el portavoz
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, entre
seguridad pública y servicios policiales, como si fueran dos cosas
absolutamente iguales, que coincidieran como coinciden dos manos, la mano
izquierda y la mano derecha, cuando se juntan, no es cierta. Y la prueba
de ello y, por tanto, de que no es cierto tampoco ese iter constitucional
a que ha aludido, es que en esta Ley, por ejemplo, se arbitran
condiciones, fundamentos y sanciones que tienen que ver con la seguridad
pública, porque tienen que ver con las sustancias catalogadas que pueden
desviarse para la fabricación de drogas y, sin embargo, no tienen nada
que ver con los servicios policiales: por ejemplo, el otorgar las
licencias de actividad para la exportación, importación o tránsito de
esas sustancias catalogadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a un breve turno de portavoces.
¿Grupo Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quería manifestar nuestra posición sobre la necesidad de esta
Ley.
Deseamos que se tengan en cuenta en el debate, como creo que así está
sucediendo, los acuerdos mayoritarios producidos en el Congreso de los
Diputados y que desde esta Cámara se mejore, pero sin desviar el
contenido de la Ley. Y, en este sentido, nuestro Grupo la apoyará.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Coalición Canaria.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero decir --no es mi costumbre ver al Senador Ardaiz como
esta mañana, que ha llegado muy opositor, pero con mucho fundamento-- que
vamos a apoyar el dictamen de la Comisión.
Por otra parte, nos parece poco racional el que se dividan las
competencias de actuación en una materia tan compleja e importante como
ésta, especialmente para nosotros, en el archipiélago canario, donde
estamos acosados por el tema de la drogadicción. Como antes decía la
señora Secretaria de Estado, que acaba de concluir su comparecencia ante
esta Comisión, estamos recibiendo de cuatro continentes todo el proceso
de la drogadicción y consideramos fundamental que una Ley, de una manera
u otra, pueda frenar estas situaciones.
Por tanto, vamos a apoyar el dictamen de la Comisión y recomendamos a los
compañeros socialistas y al resto de los Grupos presentes en la Comisión
que hagan lo posible por que esta enmienda pueda salir adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presiente.
Al Senador Ardaiz le diré que no estoy de acuerdo con el planteamiento
que ha hecho, prueba de ello es la disposición adicional que muchos
miembros de esta Comisión y, sin duda, esta Cámara aprobó en la Ley
1/1992. Quiero decirle también que en el artículo 3.o las obligaciones
genéricas de colaboración son eminentemente del ámbito policial o del
ámbito de las funciones de seguridad ciudadana; son las obligaciones de
denuncia, de información y las de inspección.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero utilizar este turno solamente para ratificar las razones que he
expuesto para oponerme a la enmienda de Coalición Canaria, a la enmienda
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y a las
enmiendas del Partido Popular, aunque como he dicho --también me ratifico
en ello-- estaríamos dispuestos a reflexionar acerca de la posibilidad de
introducir algunas enmiendas de una forma transaccional y, si no es con
unanimidad, con la mejor aportación de todos los grupos parlamentarios
que se quieran sumar. Quiero advertir, al mismo tiempo, que es posible
que mientras estemos mirando si son galgos o podencos no haya posibilidad
de que este proyecto de ley se convierta en ley en el «Boletín Oficial
del Estado», sobre lo cual creo que sus señorías deberían reflexionar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo, en principio, me tengo que dirigir al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Ardaiz, para decirle que le respeto y que
le tengo por un buen Senador y un buen trabajador del Senado. Pero yo
creo que al estudiar nuestras enmiendas nos está negando el pan y la sal
e incluso lo evidente trata de rechazarlo. Señor Ardaiz, el Grupo
Parlamentario Popular pretende, con toda honestidad, con toda dedicación,
hacer una mejor ley. Ese es el espíritu que nos anima. Pero en lo
fundamental estamos totalmente de acuerdo.
Le hago esta breve consideración al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista para que en los sucesivos trámites parlamentarios tengamos
posibilidad de acercar posturas que no son ideológicas, sino que tratan
de mejorar un texto legal. Espero que lleguemos a algún acuerdo
transaccional para mejorar --repito-- el texto del proyecto.
Le voy a contestar ahora puntualmente a todas las alegaciones que ha
hecho a nuestras enmiendas. Respecto de la enmienda número 3, celebro que
le guste más, como a nosotros, la palabra «extraer» que «recuperar». En
cambio, considera que es ocioso hablar de medicamentos y de preparaciones
farmacéuticas y nosotros entendemos que no. Nosotros creemos que las
leyes cuanto más claras mejor. Creo que medicamento y preparación
farmacéutica es la misma cosa. Esto se ha tenido en cuenta en los
reglamentos y en las directivas comunitarias. Por lo tanto, nosotros,
para evitar confusiones, pretendemos que únicamente queden excluidos, y
quede así plasmado en la ley, los medicamentos. Queremos que no se tengan
en cuenta las preparaciones farmacéuticas porque es liar la perdiz:
medicamento y preparaciones farmacéuticas es la misma cosa, por tanto,
evitemos posibles interpretaciones erróneas que no conducen a nada
positivo a la hora del cumplimiento y ejecución de la ley.
En la enmienda número 4, señor Ardaiz, sí que podemos llegar a un
acuerdo. Usted dice que es imposible que en un artículo se puedan
relacionar todos los aspectos vinculados con el control de estas
sustancias químicas catalogadas. Entiendo que se puede hablar en general
de actividades, pero junto a las actividades están las figuras
contractuales concretas y concisas. La expresión «en general» abarca en
el proyecto de ley a las actividades. Se habla en general de todas las
actividades. Yo pretendo que en el proyecto de ley figure que se aplique
en general a todas las contrataciones mercantiles, civiles, etcétera, a
toda clase de contratos. Ahí la amplitud puede ser la que el Grupo
Parlamentario Socialista estime. Pero debemos hacer lo imposible para que
en el texto del proyecto figuren todas aquellas actividades y contratos
que puedan estar relacionados con el tráfico de drogas. Por supuesto, y
como alternativa, usted no me ha dicho absolutamente nada al respecto. No
obstante, insisto en que la figura jurídica de la comisión está excluida
del proyecto y también están confundidos conceptos como el del depósito
por almacenamiento.
Si se lee literalmente el artículo, tal y como figura en el proyecto, se
dará cuenta --así lo creo yo-- de que es una tortilla jurídica, señor
Ardaiz. No se pueden mezclar actividades con contratos. Creo que es una
mala sistemática. Nuestra obligación es la de hacer posible que se
englobe en un artículo actividades y contratos. Debemos hacer lo posible
para conseguir esa aspiración que creo que es la que nos compete a todos
los grupos parlamentarios.
No es cuestión de ponernos a discutir, señor Ardaiz, en este breve plazo
de tiempo sobre la enmienda número 6, que habla de notificación expresa,
pero una cosa es «expresión tácita» y otra «expresa». La tácita se
sobreentiende, la expresa no. De la expresa existe constancia. Nosotros
queremos que exista constancia expresa de esas notificaciones porque
están penadas con sanciones nada menos que graves. Esto puede ser un
problema. Que en el sujeto pasivo acuda a la autoridad competente y por
escrito formule la notificación es mucho más seguro que una llamada por
teléfono que puede quedar o no puede quedar o
que una expresión verbal que puede quedar o no puede quedar. Las
consecuencias --lo repito-- serían muy graves porque estamos hablando de
drogas, de desviación de sustancias químicas para tráfico ilícito de
drogas y en eso sí que tenemos que ser especialmente cautelosos.
Respecto de la palabra «global» tengo que decirle que un compañero de mi
Grupo Parlamentario me facilita una nota que dice que globalmente quiere
decir en conjunto. Por tanto, una información global puede incluir partes
del todo. Cuando se dice «totalmente» se obliga a informar de todos los
elementos que componen el conjunto. Yo estoy de acuerdo completamente con
mi compañero Senador y entiendo que la expresión semántica «total», como
pretendemos nosotros, es mucho mejor que «global».
Respecto de la enmienda número 8, repito e insisto que no se puede
analizar nada...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, las discusiones en torno a los
sillones de la academia deben subrogarse hasta que finalice la Comisión.
(Risas.)
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía, entrando otra vez, con seriedad, en el proyecto de ley, que no se
puede analizar nada, señor Ardaiz, si antes no se facilitan los
documentos. El análisis viene después de la entrega de documentos. Yo le
insisto en que si la autoridad competente puede penetrar en el local,
nada más puede hacer esto, penetrar en el local, no puede exigir los
documentos según este proyecto de ley. Nosotros sí pedimos que pueda
facilitarles el sujeto obligado los documentos. Después sí podría
analizarlos. No sé si la palabra «analizar» es adecuada, no sé si esta
ley la ha hecho un químico, porque yo no sé cómo se analizan los
documentos. Sí se pueden computar, compulsar con otros documentos, en
fin, se puede realizar la inspección necesaria que --repito-- no mejora
el proyecto mucho más ni tampoco contradice la palabra «analizar».
Primero se facilitan los documentos exigidos por esta ley. Esos
documentos «los analizaremos» o haremos lo que queramos con ellos. Eso sí
que es ajustar más el proyecto de ley.
En cuanto al etiquetado, usted, señor Ardaiz, nos ha acusado de falta de
concreción. Yo le puedo decir que quizás no ha estudiado usted
profundamente esta ley. La contestación que me ha dado a esta enmienda lo
demuestra. Usted sabe que hay tres categorías de sustancias químicas: la
uno, la dos y la tres. En las sociedades de exportación, importación y en
tránsito de la categoría tres, se exigen en el etiquetado las mismas
inscripciones que respecto de las categorías uno y dos.
Nosotros pensamos --como señalan también los reglamentos comunitarios--
que es excesivo que figuren las mismas leyendas que deben figurar para
las categorías químicas uno y dos, y creemos que con la denominación del
producto, tal como figura en el Anexo, es suficiente. Por otro lado, en
la exportación, tránsito, e importación exigimos que se acompañen los
documentos justificativos, al igual que para las categorías uno y dos. Ya
sabe su señoría a qué productos se refiere la categoría tres, de
fabricación más amplia, y no voy a insistir más en ello sino que también
estamos tratando con industriales que se dedican al lícito comercio y
tampoco podemos plantearles estas exigencias, a las que ni siquiera
obliga el reglamento comunitario.
En cuanto a la enmienda número 10, su señoría ha hecho una observación
que no puedo compartir. Señor Ardaiz, la no conservación de los
documentos es considerado como una falta menos grave, y las faltas menos
graves, según nosotros, prescriben a los tres años. Por tanto, eso está
en concordancia con lo que nosotros decíamos. Usted no se ha leído muy
bien la ley, señor Ardaiz; si no, no nos hubiera acusado de haber
presentado esta enmienda, que es correcta. Y no voy a leerle las
infracciones menos graves. (El señor Ardaiz Egüés: Las infracciones menos
graves no existen.) ¿Me permite que lea el texto, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, señoría. Pero también en su Grupo hay
revoltosos. (Risas.)
El señor ESCUIN MONFORT: Seguiremos con el debate, señoría.
En cuanto a la enmienda número 11, no sé si en el texto que se remitió
del Congreso de los Diputados hubo o no un error. Me he limitado a
trabajar y presentar las enmiendas con el texto facilitado por el Senado,
y en él figura la palabra «competencia» y no «solvencia», como se aprobó
en el Congreso de los Diputados en una enmienda transaccional. Insisto en
que no sé si se trata de un error o de una mala transcripción, pero en el
texto del proyecto remitido al Senado figura esa expresión, que nosotros
tratamos de corregir a través de nuestra enmienda, insisto, para estar en
congruencia con una enmienda transaccional que aprobaron todos los grupos
parlamentarios en el Congreso.
Respecto de la enmienda número 13, se trata del mismo caso al que nos
hemos referido antes, al hablar de facilitar los documentos a la
autoridad competente, a lo que el sujeto pasivo debe estar obligado
cuando penetre en los locales. La sanción estará de acuerdo, pues, con la
misma posibilidad de facilitar los documentos.
Con respecto a las enmiendas números 14, 15 y 16, referentes a la
prescripción de las infracciones, a la graduación de las sanciones y a la
prescripción de las sanciones, como el portavoz del Grupo Socialista ha
expuesto, podemos llegar a una posible transacción. Quedamos, pues, a la
espera de ese posible acuerdo posterior.
Por lo que se refiere a las enmiendas números 18 y 19, no sé si otras
leyes añaden la palabra «jurídico», pero considero que lo que abunda no
daña. Por tanto, señor portavoz socialista, creo que nos niegan hasta el
pan y la sal al no querer añadir «jurídico» a la palabra «fundamento»,
con lo cual ésta queda como una expresión poco concreta. Entiendo que eso
no es muy correcto. Por tanto, con el espíritu de mejorar el proyecto de
ley, insistimos en que el Grupo Socialista haría bien en recapacitar para
añadir el término «jurídico» a la palabra «fundamento».
En cuanto a nuestra última enmienda, su señoría no se ha fijado en que
ésta habla de hasta la entrada en vigor de la ley. El proyecto de ley
señala que regulará reglamentariamente
el concepto de solvencia y competencia de los sujetos activos, pero los
reglamentos siempre son posteriores --y no sé cuándo podrá salir a la luz
este reglamento-- a la promulgación de la ley. Nos encontramos, pues, con
un período --desde que se apruebe la ley y sea ejecutiva, hasta que pueda
aprobarse la disposición reglamentaria donde se regule esta facultad, muy
discrecional, de la autoridad competente-- en el que hay una laguna. Por
eso, proponemos que hasta la entrada en vigor de la ley se tenga en
cuenta esta situación, que no es sancionable, porque no lo es, sino
simplemente una recomendación a la autoridad competente para que los
sujetos obligados por esta ley no queden totalmente expuestos a una
arbitraria discrecionalidad de la autoridad, ni se les someta después a
recursos innecesarios, costosos y que no benefician en absoluto a
empresarios, repito, que pueden dedicarse a actividades lícitas.
Quiero terminar como empecé. Mi Grupo hará todo lo posible para que esta
ley salga adelante, y el Grupo Socialista no nos puede acusar de que por
culpa de nuestras enmiendas no pueda publicarse en el «Boletín Oficial
del Estado» y entre inmediatamente en vigor, por cuanto ha sido el Grupo
Socialista el que ha tardado mucho tiempo en presentarla en el Congreso
de los Diputados para su tramitación parlamentaria. De todos modos,
haremos todo lo posible por mejorar el proyecto de ley. Ese es nuestro
ánimo y nuestro trabajo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escuin.
Señorías, me van a permitir una brevísima digresión para justificar lo
que voy a hacer a continuación. Creo que ustedes recordarán que me he
esforzado en ser el Presidente de todos los grupos parlamentarios
presentes en la Comisión. Y aunque creo que la finalización anunciada de
una legislatura no es un buen momento para romper los usos, no tengo más
remedio, después de asistir al debate, que llegar a una conclusión que
estoy convencido que ustedes compartirán con este Presidente.
El Reglamento de la Cámara se ajusta con tremenda dificultad a una
situación en la cual el Grupo mayoritario no es el Grupo que sustenta al
Gobierno. De ahí que, como por otra parte, su señoría, con toda libertad
--y así lo ha estimado esta Presidencia--, ha hecho en el turno de
portavoces una especie de turno en contra del turno en contra, me someto
a la benevolencia de todos ustedes, pero voy a proceder a darle la
palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con el ruego de
que sea una réplica, en su condición de Grupo que mantiene el proyecto de
ley, al Senador Escuin. Lo contrario creo que consistiría en que nos
ciñéramos a letra del Reglamento, pero que rompiéramos lo que parece más
claro del espíritu político que debe animar al mismo.
Su señoría tiene la palabra. (El señor Esteban Albert pide la palabra.)
Perdón, señoría, ¿para qué solicita la palabra?
El señor ESTEBAN ALBERT: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
El señor ARDAIZ EGÜES: Perdón, señor Presidente. ¿No tengo la palabra?
El señor PRESIDENTE: Habiéndola solicitado el Senador Esteban para una
cuestión de orden, tiene que aguardar su señoría a que se plantee dicha
cuestión.
Tiene la palabra, señor Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Gracias, señor Presidente.
No tema su señoría que por mi intervención vaya a perder el uso de la
palabra, toda vez que lo que quiero manifestar ante la Presidencia es que
hemos sido fieles testigos de su benevolencia y flexibilidad en estas
sesiones.
Pero el hecho de que la mayoría del pueblo español otorgue en un momento
determinado la mayoría a un grupo parlamentario, no significa que el
Reglamento se tenga que adecuar a situaciones distintas. Por tanto, si el
señor Presidente decide abrir un turno de intervención en este momento,
debe abrir un turno de portavoces, en el que, como preceptivamente
establece el Reglamento, mi Grupo será el último en intervenir. Han
tenido ustedes durante muchos años esa prerrogativa, y nosotros nunca la
hemos discutido. Admítanla ustedes en esta situación, desde luego, no
como consideración de una posición banal por nuestra parte, sino de una
mayoría del pueblo español.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero no tengo más remedio que responder a la
cuestión de orden planteada por su señoría. Tiene su señoría toda la
razón salvo en una cosa y es que el turno de portavoces debe servir para
fijar la posición política de cada Grupo.
El Senador Escuin tiene la palabra.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo no sé a qué se refiere con la posición política. Yo simplemente en mi
turno de portavoces he hecho una referencia a la tramitación
parlamentaria que el señor Ardaiz ha hecho en su manifestación.
Simplemente, le he contestado a un tema que creo que es un poco ajeno al
contenido del debate. Por tanto, insisto en lo que el Senador de mi
Grupo, el señor Esteban Albert, ha dicho, si hay un turno creo que la
última intervención es de este Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Hagamos las cosas bien. Si queremos plantear alguna
cuestión...
El señor ARDAIZ EGÜES: Pido la palabra para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: ¿Para otra cuestión de orden?
El señor ARDAIZ EGÜES: Para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.
El señor ARDAIZ EGÜES: Señor Presidente, la cuestión de orden relativa,
por si le puede servir a su señoría para ordenar esta última fase del
debate, es que el Grupo Socialista renuncia a ese turno de portavoces que
su señoría quiere abrir, no sin decir que había pedido la palabra
justamente para el reconocimiento de que tanto su señoría, como el último
portavoz del Grupo Popular con su aquiescencia a base de signos ha
reconocido que se ha convertido el turno de portavoces en un turno en
contra del turno en contra que ha realizado este portavoz, y que vamos a
pasar por encima de ello, como no podía ser menos. Pero a la vez quiero
decir, sin ningún ánimo de reabrir ninguna polémica ni en función del
artículo 87, a que he aludido, que a este Senador se le pueden decir
muchas cosas y las aceptará casi todas hasta que como me ha dicho el
Senador portavoz del Grupo Popular que está horro de conocimientos. Lo
estoy, pero hay de una de la que no se me puede acusar y es de no haber
leído el proyecto de ley, máxime cuando quien me acusa está haciendo
mención a las faltas menos graves que le he dicho que demostrara en qué
parte del proyecto venía, y efectivamente no viene en ninguno, y eso dice
quién se lo ha leído y quién no.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En consecuencia, yo creo que podemos aplicar el artículo 116 del
Reglamento y someter a votación de esta Comisión el informe emanado de la
Ponencia que, por otra parte, coincide con el que nos viene del Congreso
de los Diputados, sin perjuicio, naturalmente, de que en virtud del
artículo 117 del Reglamento aquellos señores Senadores que tienen
presentadas enmiendas las eleven mediante el correspondiente voto
particular a su discusión para el Pleno.
Muchas gracias a todos ustedes por su colaboración. (El Senador Escuin
Monfort pide la palabra.)
El Senador Escuin Monfort tiene la palabra.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata de un tema muy puntual. Simplemente quiero decir que
efectivamente son faltas muy graves, faltas graves y leves, es decir,
existen tres clases de faltas que son las muy graves, las graves y las
leves. Este Senador en la expresión habló de menos graves, lo que eran
graves. Creo que se entiende y ha sido quizás un error de interpretación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo de
Coalición Canaria.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, señor Presidente, para una
cuestión de orden. Su señoría sometía a juicio de la Comisión la votación
del informe. ¿No debemos aprobar primero las enmiendas y después el
informe?
El señor PRESIDENTE: No, señoría. Precisamente una interpretación del
artículo 116 que viene siendo de uso común en las distintas comisiones de
la Cámara pone de manifiesto que a juicio de la Presidencia, y creo
recordar también que de diez Senadores miembros de la Comisión, se puede
alcanzar un punto en el debate en que se considere la cuestión
suficientemente debatida, procediéndose, en ese caso, a someter a
votación el texto de la ponencia. Así lo hacemos en este acto. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la ponencia.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y treinta minutos.