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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 69, de 21/03/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 69
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENCIA DE DON DEMETRIO MADRID LOPEZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 21
celebrada el martes, 21 de marzo de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete), para explicar el nuevo régimen específico de abastecimiento
(REA) para el archipiélago canario, contenido en el Reglamento
Comunitario 2790/94. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número
de expediente Congreso 213/000491 y número de expediente Senado
711/000123). (Página 1431)
Pregunta del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular),
sobre estudios que el Grupo Interservicios de la Unión Europea (EU) está
realizando sobre un POSEICAN industrial. (BOCG, Serie A, número 44, Serie
Cortes Generales, de 3-2-95. Número de expediente Congreso 181/001268 y
número de expediente Senado 683/00022). (Página 1446)
Se abre la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (GOMEZ-NAVARRO
NAVARRETE), PARA QUE EXPLIQUE EL NUEVO REGIMEN ESPECIFICO DE
ABASTECIMIENTO (REA) PARA EL ARCHIPIELAGO CANARIO, CONTENIDO EN EL
REGLAMENTO COMUNITARIO 2790/94. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR.
(Número de expediente Congreso: 213/000491, y número de expediente
Senado: 711/000123.)
El señor VICEPRESIDENTE (Madrid López): Buenos días, señoras y señores
Diputados, señoras y señores Senadores.
Señor Ministro, muchas gracias por su comparecencia para cumplir el orden
del día, en el que en el primer punto se establece que explique el nuevo
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para el archipiélago canario
contenido en el Reglamento comunitario 2790/94.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Señor
Presidente, señorías, en el momento de la adhesión de España a las
Comunidades Europeas se eligió para Canarias un modelo de no integración
al territorio aduanero comunitario que le permitiera mantener sus
especificidades y su régimen histórico de puertos francos. La importancia
de las producciones agrícolas canarias, y muy especialmente el plátano y
el tomate, hicieron que a lo largo de los años el modelo de integración
parcial se demostrara insuficiente al no permitir responder de forma
satisfactoria a la participación de Canarias en el mercado interior
comunitario. Por ello, en 1991, tras intensos debates internos, Canarias
decidió optar por un nuevo esquema de integración comunitaria que
supusiera un estrechamiento de sus relaciones con la Unión Europea. En el
marco de un programa de opciones específicas, el Poseican, al que es
posible acceder gracias a la nueva política comunitaria para las regiones
ultraperiféricas, Canarias pasa a formar parte del territorio aduanero
comunitario, asumiendo, con múltiples excepciones y especificidades, las
políticas comunes. El Poseican pretende compensar los condicionantes
permanentes de lejanía e insularidad de Canarias y contribuir al
desarrollo de las Islas, apoyando sus producciones locales mediante un
sistema «ad hoc» de ayudas comunitarias, y simultáneamente amortiguar el
impacto de la adhesión, manteniendo la posibilidad de abastecimiento a
las Islas de productos agrícolas en condiciones equivalentes a las que
disfrutaba Canarias antes de su integración, es decir, a precios
internacionales.
Existen, por tanto, en el Poseican dos objetivos prioritarios que a veces
pueden llegar a interferirse: por una parte, el apoyo a las producciones
locales, lo que se logra mediante la concesión de ayudas comunitarias a
la producción superiores a las previstas en la política agraria común, o
incluso otorgando para Canarias ayudas no previstas en la PAC. Por otra,
el mantenimiento de las fuentes de suministro, de las que Canarias
disfrutaba antes de la adhesión, mediante el establecimiento de un
Régimen Específico de Abastecimiento de productos agrícolas en Canarias,
el llamado REA.
Centrándonos en el REA, que es el tema central de esta comparecencia,
conviene recordar que el objetivo principal que persigue este régimen de
suministro es aminorar la repercusión en los precios que podría provocar
el nuevo modelo de integración. El REA permite a Canarias mantener sus
corrientes tradicionales de abastecimiento con la condición ineludible de
que el beneficio de este régimen preferencial se traslade, vía precios,
al consumidor o utilizador final, bien sea consumo directo o industria de
transformación. Para conseguir este fin, el REA permite dos opciones
diferentes, aunque englobadas en el mismo plan de suministros: primero,
la exención de los derechos de aduanas y las exenciones reguladoras para
ciertos productos agrícolas importados de países terceros, o,
alternativamente, la concesión de una ayuda intracomunitaria de cuantía
similar al nivel de las restituciones a la exportación comunitarias para
los mismos productos cuando procedan de la Comunidad. Los productos
elegidos para poder beneficiarse del REA son tanto materias primas
--cereales, leche, carne, etcétera--, como productos transformados
--conservas cárnicas, conservas vegetales, aceites refinados, quesos,
leche en polvo, etcétera--. Pero en la lógica comunitaria, este Régimen
de excepciones a la PAC, que es el REA, no podría establecerse sin
limitación cuantitativa, tanto para evitar posibles desvíos de mercancías
al resto del territorio comunitario como para tener una estimación
presupuestaria del coste que para la Comunidad supone el establecimiento
de este régimen. Nos referimos a las famosas fichas financieras que deben
acompañar a todos los reglamentos comunitarios en el momento de su
aprobación. Por ello, el REA está limitado a unas cantidades, fijadas
anualmente para cada producto, llamadas balances de aprovisionamiento.
Como su propio nombre indica, para determinar estos balances es preciso
tomar en consideración los datos de producción local y de consumo en las
Islas, englobando en este último tanto el consumo directo como el
dirigido a las industrias de transformación. Además, lógicamente, los
productos que a su entrada en Canarias se han beneficiado del REA no se
consideran en libre práctica en el mercado comunitario; lo que significa
que no se pueden reexportar ni reexpedir sin renunciar al régimen de
beneficio, es decir: o devolviendo la ayuda percibida o pagando los
derechos de importación. Una excepción a esta regla general de no
reexportación ni reexpedición la constituyen los reenvíos de productos
transformados en Canarias, que pueden realizarse hacia la Comunidad
Económica Europea y hacia países terceros en el límite de las corrientes
tradicionales prefijadas anticipadamente.
Por otra parte, estos balances de abastecimiento son cantidades únicas de
las que se detraen las cantidades importadas de países terceros y el
suministro intracomunitario, siendo el operador comercial el que
selecciona una opción u otra. Para hacer esta elección, el operador
solicitará ante las autoridades competentes un certificado de importación
o de exención, si piensa traer la mercancía de un país tercero, o un
certificado de ayuda, si desea abastecerse del resto del territorio
comunitario. Al ser un régimen de beneficios, limitadas unas ciertas
cantidades, que pueden ser ampliadas a lo largo del año por aprobación de
la Comisión de la Comunidad a través de un comité de gestión, es lógico
que se exija una distribución previa que permita autorizar las
operaciones de importación o introducción
sin sobrepasar el límite fijado en cada balance. Desde el 1 de julio de
1992, fecha en que empezó a funcionar el REA, hasta el 1 de diciembre de
1994, la gestión de los balances se hacía según se fijaba en el
Reglamento base 1.595/92 y en los reglamentos sectoriales con carácter
mensual.
Conviene recordar cómo se realizaba la gestión del REA en dicho período,
para entender después el porqué del nuevo Reglamento de gestión, objeto
de esta comparecencia. Las etapas que se seguían eran las siguientes:
Primero, el balance fijado por la Comisión para toda la campaña se
dividía en sub-balances mensuales de carácter orientativo que constituían
la cantidad máxima que podía solicitar al mes un operador.
En segundo lugar, el plazo mensual para presentar las solicitudes de
licencias o certificados ante las autoridades competentes, estaba fijado
en los reglamentos comunitarios y solía efectuarse entre los cinco y los
diez primeros días de cada mes. Las solicitudes iban acompañadas de una
fianza que garantizaba la realización de la operación.
En tercer lugar, una vez cerrado el plazo de solicitud, se procedía al
recuento. Si la suma de todas las solicitudes no superaba la cantidad
mensual disponible, se emitían todos los certificados. Si por el
contrario, las solicitudes superaban el disponible, se aplicaba un
coeficiente único de reducción a todas las solicitudes.
En cuarto lugar, una vez que los certificados estaban expedidos, el
operador traía la mercancía y se dirigía a la aduana para que le
imputara, al dorso del certificado, la prueba de la realización de la
operación de importación o de introducción, necesaria para que se le
devolviese la fianza. Si se trataba de mercancía de países terceros, el
beneficio del régimen se obtenía en la aduana, al no devengar ningún
derecho de importación. Si la mercancía era comunitaria, tras la
imputación del certificado de ayuda por la aduana, el operador debía
dirigirse al organismo tramitador de la ayuda intracomunitaria, donde se
iniciaba un expediente de pago que podía tardar hasta dos meses como
máximo.
Este sistema empezó a causar perturbación en aquellos productos con
balance de abastecimiento escaso que no cubrían la totalidad de la
demanda canaria, fundamentalmente carnes, lácteos, frutas y hortalizas
transformadas. Esta penuria en los balances, a veces deliberada para
proteger las producciones locales, y a veces debida a una falta de datos
estadísticos fiables sobre las necesidades de las Islas, obligaba a
aplicar coeficientes reductores a las solicitudes, lo que desencadenaba
nuevas peticiones al alza. Esta situación originó toda una serie de
especulaciones y tensiones entre los operadores, lo que unido a que las
licencias o certificados se podrían transferir legalmente a otros
operadores, según los reglamentos comunitarios, produjo una escalada
entre acaparadores de licencias y de mercancías, impidiendo que se
alcanzara el objetivo último del REA, es decir, la repercusión total del
beneficio al consumidor final vía precios.
Aunque los balances podrían aumentarse, con lo que en teoría se habría
limitado las especulaciones, a la hora de la verdad se precisaba de un
acuerdo de las distintas administraciones implicadas en la materia,
comunidad autónoma, Administración general, y una autorización de la
Comisión Europea, lo que complicaba enormemente el procedimiento de
aprobación final del incremento de balances. Esto hizo que los aumentos
solicitados se aprobaran a veces tarde y a veces nunca, no pudiendo
evitarse la especulación. Este malestar, causado por la escasez de
abastecimiento para algunos operadores y el acaparamiento por parte de
otros, contribuyó a crear un clima de crispación del que se hizo eco con
profusión la prensa local, acompañado de acusaciones de fraude, nunca
demostradas, pero que causaron la alarma en la Comisión Europea. Por todo
ello, en el pasado verano la Comisión envió una visita de inspección a
España, tanto a Madrid como a Canarias, para estudiar cómo se había
desarrollado la gestión del REA, qué problemas se habían producido, qué
control tenían las autoridades competentes sobre los distintos aspectos
del REA y qué medidas se debían tomar para paliar los problemas
detectados.
Tras reunirse con todos los departamentos de las distintas
administraciones con competencia directa o indirecta en la gestión del
REA y con los operadores comerciales de las Islas, la Comisión Europea
presentó un nuevo reglamento de gestión del REA, el Reglamento 2790/94,
objeto de esta comparecencia, que deroga el anteriormente citado. Este
nuevo modelo de gestión del REA pretende, por una parte, flexibilizar los
plazos de solicitudes de licencias o certificados, adaptándolos a la
realidad comercial, y, por otra, reforzar los controles aduaneros para
garantizar el buen uso de este régimen de abastecimiento.
Resumiendo brevemente, las nuevas modalidades de gestión del REA tiene en
la actualidad las siguientes características. En primer lugar, se
establecen balances para algunos productos divididos en dos subbalances:
uno, para consumo directo y, otro, para uso industrial, fundamentalmente
en carne de porcino congelada, leche fresca, leche concentrada, aceites
vegetales, preparados de conservas vegetales y preparados lácteos. Esta
subdivisión de balances se hace a petición de los industriales canarios
que quieren tener garantizadas sus necesidades de abastecimiento para
transformación o acondicionamiento.
En segundo lugar, se crea un registro de operadores REA, cuya inscripción
en el mismo permite solicitar licencias o certificados de importación,
exención o ayuda. Para estar inscrito en este registro es necesario
cumplir una serie de requisitos mínimos, fundamentalmente, entre otros,
disponer de los medios, estructuras y autorizaciones legales para ejercer
la actividad, garantizar la realización de sus actividades en Canarias y
garantizar la repercusión del beneficio al consumidor final. Con este
requisito de registro previo, se evita que soliciten licencias personas
totalmente ajenas al comercio o a la industria, como se producía con el
modelo anterior, donde la especulación hacía que amas de casa,
estudiantes, familiares, entre otros, solicitara licencias con el único
objetivo de hacerse con más cuota y luego transferirlas al verdadero
interesado. Sin embargo, debe quedar claro que el registro no podrá ser
utilizado con carácter restrictivo, estando abierto a cualquier
persona física o jurídica establecida en la Comunidad que cumpla los
requisitos mínimos.
En tercer lugar, por lo que se refiere al régimen de licencias o
certificados que autorizan los suministros a Canarias, se introducen las
novedades siguientes. Se podrán expedir diariamente. Antes se hacía, como
les he dicho, con carácter mensual. Con ello se intenta, en la medida de
lo posible, imitar la situación de abastecimiento que existía en las
Islas antes de su integración comunitaria, cuando el operador iba
aprovisionándose de mercancías al ritmo de sus necesidades.
No se exigirá la constitución de fianzas que garanticen la operación. En
el reglamento anterior se fijaban fianzas de cierto nivel. Se intenta,
por tanto, reducir costes financieros, quedando asegurado el cumplimiento
de las operaciones por el régimen de sanciones que luego veremos y no por
las fianzas.
Las licencias o certificados no serán transferibles. Antes se admitía
legalmente una transferencia de los derechos a otro importador, lo que es
habitual en toda la legislación comunitaria.
Se expedirán licencias previa presentación de la factura comercial y el
conocimiento del embarque. Con ello se intenta evitar que los operadores
acaparen los balances solicitando certificados que luego no piensan
utilizar. Con el nuevo sistema, tendrán que tener comprada la mercancía y
embarcada hacia Canarias antes de solicitar el certificado, con lo que el
riesgo especulativo decrece ampliamente. Cada certificado o licencia
amparará un solo despacho aduanero y no podrán pasar más de seis días
hábiles entre el desembarco de la mercancía y su presentación a la aduana
para despacho. Con estas condiciones se pretende conocer con mayor
precisión el estado de realización de los balances, ya que antes un
certificado se podía subdividir en múltiples despachos aduaneros, lo que
hacía difícil conocer el saldo sin utilizar que quedaba en cada
certificado. Además, ahora, una vez utilizado el certificado de operador,
está obligado a dirigirse al organismo emisor del certificado para que se
contabilice la cantidad realmente importada o introducida y se pueda
restituir la no utilizada al balance de aprovisionamiento. Con los seis
días para realizar el despacho aduanero se intenta evitar la constitución
de stocks estratégicos utilizados para adquirir una posición de dominio
sobre el mercado o para forzar a la Administración a solicitar ante
Bruselas un trato de favor para la mercancía que se encuentre en el
muelle, como había pasado con el anterior sistema.
En quinto lugar, se establece un sistema de sanciones para el operador
que no cumpla en plazo sus compromisos, lo que le puede suponer la
suspensión temporal o definitiva del registro de operadores y, por tanto,
del REA.
En sexto lugar, el control de las aduanas se realizará entre un 10 y un
20 por ciento de mercancía, frente al cinco por ciento del Régimen
General de Restituciones a la Exportación Comunitaria. Este sistema de
mayor control del fraude va acompañado de una mayor diligencia de la
Comisión para aprobar los incrementos de balances que les soliciten y
evitar desabastecimientos.
En resumen, el sistema, con sólo tres meses de funcionamiento, no se
puede evaluar en profundidad. Sí se puede adelantar que los operadores ya
se han quejado del período de seis días hábiles entre desembarco y
despacho aduanero, que consideran excesivamente corto, y del refuerzo del
control aduanero que encarece el trámite de despacho, ya que los costes
de una inspección aduanera en profundidad recaen siempre sobre el
operador. Además, la existencia del doble balance --consumo directo y
diseño industrial--, como era previsible, está creando problemas para el
abastecimiento del consumo directo, ya que las cifras previstas en los
balances no se corresponden con la realidad comercial. Está prevista una
revisión a medio balance en los próximos meses donde se podrán proponer
las modificaciones que se consideren necesarias.
Esperemos que con este Reglamento cesen las voces discrepantes sobre el
REA en Canarias y pueda valorarse con toda su amplitud el enorme
beneficio que supone la existencia del REA para las Islas, que durante el
año 1994 ha supuesto unas ayudas del Feoga de 20.351 millones de pesetas,
de las que 6.210 millones se abonaron en concepto de aprovisionamiento de
productos vegetales y 14.141 millones por aprovisionamiento de productos
animales. A estas cifras habría que añadir el beneficio obtenido para
Canarias por la exención de los derechos de importación de los productos
originarios de países terceros.
Creo que es una visión bastante concentrada pero bastante precisa de las
modificaciones que ha significado el nuevo REA, que esperamos que
signifiquen una mejora en su gestión y, sobre todo, un beneficio para el
consumidor final, que es lo que pretende el Régimen Específico de
Abastecimiento: que el consumidor general se beneficie de poder comprar
los productos que están incluidos en el REA a precios internacionales y
que, por lo tanto, las ayudas comunitarias, bien sea por desembolso o por
no pago de aranceles, beneficien al consumidor final.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el
Diputado señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar quiero agradecer la
presencia del señor Ministro, solicitada por el Grupo Popular, para
explicar el nuevo funcionamiento del Régimen Específico de
Abastecimiento, del que ha dado cumplida prueba de conocimiento. En todo
caso, lo que nos preocupa más que las líneas generales de funcionamiento
del nuevo reglamento es, en definitiva, el balance que ha supuesto el
Régimen Específico de Abastecimiento para las Islas Canarias, lo que no
es otra cosa que apreciar desde Europa lo que comporta la lejanía y la
insularidad de las Islas Canarias y las dificultades de aprovisionamiento
de artículos de primera necesidad, con lo cual el destinatario último del
REA ha sido siempre el consumidor final, el usuario, pero que ha
ocasionado, como bien ha dicho el señor Ministro, múltiples protestas de
unos sectores y de otros como consecuencia de sospechas de fraude que se
han venido dando en el funcionamiento
del Régimen Específico de Abastecimiento en Canarias desde sus primeros
momentos.
En efecto, el Grupo Popular y este mismo Diputado se viene interesando
por el asunto ya desde la misma entrada en vigor del Poseican, y en el 26
de noviembre de 1992 ya solicitamos la comparecencia del Secretario de
Estado para las Comunidades Europeas, advirtiéndole de las posibles
disfunciones que podrían originarse a la hora de aplicar el Régimen
Específico de Abastecimiento, que, como bien se sabe, es el aspecto
fundamental del Poseican.
Posteriormente, y a la vista de las numerosas protestas sobre el posible
fraude que estaba llevándose a cabo en Canarias, solicitamos la
comparecencia del Secretario de Estado para las Comunidades Europeas en
esta misma Comisión, el 11 de marzo de 1994, donde el Secretario de
Estado llegó a decir --y cito textualmente del «Diario de Sesiones»--:
«En estos momentos --y quería comunicarles una preocupación que me acaba
de trasladar ayer, en mi estancia en Bruselas, la Comisión--, al amparo
del REA, se están produciendo distorsiones de tráfico importantes; es
decir, se está aprovechando un régimen de autoabastecimiento a precios
más bajos para reexportarlos a la Unión Europea, sea península o sea el
resto de la Unión Europea, con lo cual se está desvirtuando el régimen de
autoabastecimiento, y podremos tener problemas con la Comisión Europea si
seguimos haciendo ese tipo de prácticas. Por lo tanto, yo haría un
llamamiento a los sectores productivos para que se atuvieran
estrictamente al cumplimiento de las normas.»
Sin embargo, esta primera denuncia llevada a cabo en esta misma Comisión
por parte del Secretario de Estado de las Comunidades Europeas no fue
posteriormente confirmada por el Subsecretario del Ministerio de
Agricultura, que compareció también en esta misma Comisión el 21 de abril
de 1994 y, posteriormente, el 12 de diciembre del año pasado. Pero las
sospechas de fraude, señor Ministro, como usted sabe muy bien y se acaban
de exponer, siguen persistiendo en Canarias. Hay una cierta sensación de
que la mayor parte de las ayudas van a parar al sector industrial y no al
sector comerciante propiamente dicho. Yo he tratado de averiguar la cifra
exacta de aprovisionadores y la cifra exacta de personas que se están
aprovechando de estas ayudas y la verdad es que no he tenido la
posibilidad de obtener cumplida respuesta a las preguntas que tenía
formuladas.
En este sentido tengo que decir que, en un principio, había solicitado
precisamente la información referente a la cantidad de los productos
subvencionados que entraban en Canarias, y la realidad es que el día 11
de enero de este mismo año se me envió una amplísima relación, de la que
es imposible obtener una sola conclusión, dado que yo había pedido la
cantidad importada por cada producto y fecha de la importación, la
cuantía de la subvención recibida por cada producto importado y la
repercusión estimada en el precio final de la venta de cada producto. Se
me envía un tocho impresionante del cual es imposible extraer conclusión
alguna sin tener los datos metidos en un ordenador. A la vista de esto,
volví a preguntar, por segunda vez, ya por datos más concretos: qué
cantidad se ha importado por las dos provincias Canarias de cada uno de
los productos subvencionados desde su entrada en vigor y hasta el 31 de
diciembre de cada uno de los años y cuál es el porcentaje, en tanto por
ciento, que supone por producto a cada firma importadora, además de
preguntar a cuánto asciende la cuantía de las subvenciones percibidas por
cada firma importadora desde su entrada en vigor y hasta el 31 de
diciembre de cada uno de los años transcurridos y el porcentaje por
producto para cada firma importadora.
Se me vuelve a contestar con fecha 7 de marzo de 1995 dándome las
partidas, por lo que sólo se pueden sacar conclusiones como que, por
ejemplo, la inmensa mayoría de los productos proceden de territorio
nacional y la cifra de valor en pesetas del año 1993 era de 15.000
millones aproximadamente, que se eleva de enero a noviembre de 1994 a
cerca de 30.000 millones, es decir, al doble, cosa que no sucede, por
ejemplo, con los productos procedentes de la Unión Europea, que eran
39.000 millones aproximadamente en 1993 y que, sin embargo, en 1994 son
40.000, y se observa que tampoco ocurre con respecto a terceros países.
Es indudable que de donde procede la inmensa mayoría del
aprovisionamiento a las Islas Canarias es del territorio nacional.
Asimismo, se indica en esta contestación que Sofesa, empresa dependiente
de la Consejería de Economía de la Comunidad Autónoma de Canarias, es
quien autoriza el pago de las ayudas y por tanto el órgano que puede
informar sobre las cantidades porcentuales cobradas por cada firma
importadora por producto en concepto de ayudas. Sin embargo, esto es una
nueva orientación por parte del Ministerio de Comercio, porque aquí, en
el fondo, ha habido una permanente pugna entre el Gobierno autónomo y el
Ministerio de Comercio para ver quién era el competente. Al final, parece
que la competencia la tiene la Comunidad de Canarias, pero esta
información que me da el Gobierno de que Sofesa autoriza el pago y que,
en consecuencia, el Ministerio no tiene la competencia --y yo había hecho
la pregunta antes de la entrada en vigor de los decretos sobre Canarias--
entra en contradicción con una respuesta dada al Senador don José
Marcelino Galindo Santana, que lleva fecha de 23 de noviembre de 1994,
donde se dice que Sofesa sólo tramita los expedientes de solicitud de
ayuda intracomunitaria y el Senpa es el que realiza el pago final de las
ayudas comunitarias, y se dice en primer lugar que, como usted ha
descrito con anterioridad, el REA tiene diferentes aspectos a gestionar y
sólo algunos de ellos pueden ser objeto de transferencia a la Comunidad
Autónoma (tramitación de ayudas intracomunitarias) --entre paréntesis--.
Como ya se ha dicho --termina la contestación--, no hay posibilidad de
aumentar las competencias del Gobierno de Canarias en el REA, aunque
existe la mejor voluntad, etcétera.
Es decir, aquí se han producido unos cambios de orientación por parte del
Ministerio de Comercio que son hábilmente utilizados ahora para no darme
la información que yo había solicitado, amparándose en que es Sofesa la
que me debe dar esta información, cuando al Senador Galindo, con fecha 24
de noviembre, se le decía que el Senpa realiza el pago final de las
ayudas comunitarias. Por consiguiente,
el Senpa me debería poder dar al menos toda la información existente
hasta la entrada en vigor, hace escasos días, del nuevo sistema.
Por otro lado, yo tengo que decir que indudablemente las quejas en
Canarias derivan de que al menos hay sospechas bastante fundadas de que
el Régimen Específico de Abastecimiento no ha resuelto el problema.
Canarias es de las regiones españolas donde el índice de precios al
consumo más se dispara, cuando precisamente el objetivo a obtener a
través del REA era que no se dispararan los precios. Los precios se están
disparando y hay la sensación de que aquí algunos se están aprovechando
del negocio mientras que el consumidor final, que en definitiva era el
destinatario de los beneficios del REA, sigue pagando cada vez más caros
sus productos; en consecuencia la finalidad última del REA queda
desvirtuada.
Hay datos que llaman realmente la atención y que inducen a pensar que
algo raro está sucediendo en relación con determinados productos. Por
ejemplo, en Canarias es conocido que se están importando al amparo del
REA cantidades importantes de aceite de oliva. Y el dato a conocer por
parte del ciudadano, y que yo hasta la fecha no he logrado del Gobierno
de la nación, a pesar de mis múltiples preguntas, es saber qué cantidad
se está importando en Canarias al amparo del REA de cada uno de los
productos; un dato tan simple como ése. Los canarios queremos saber
cuánto aceite de oliva, cuántos productos lácteos, qué cantidad de carne
se está importando en Canarias al amparo del REA, porque a lo mejor nos
íbamos a llevar alguna sorpresa y a llegar a la conclusión de que en
Canarias se consume más leche, por ejemplo, que en ningún otro lugar de
Europa.
En el caso del aceite de oliva nos encontramos --es curioso y llama la
atención-- con que en el año 1993 se importaron en España, procedentes de
Túnez, alrededor de 14.000 toneladas, que en el año 1994 suben a 51.000;
es decir, se dispara la cifra de introducción en España de aceite de
oliva, mucho del cual va a parar a Canarias. ¿Ha seguido el señor
Ministro la pista al origen del aceite de oliva? ¿A dónde va a parar y
qué es lo que se está haciendo? Le repito que hay la sospecha fundada en
amplios sectores de Canarias de que se están importando cantidades
sustanciales de ese producto, al amparo del REA, que sirven para que
algunos, al socaire de esas ventajas, puedan introducir elementos de
perturbación en el mercado; incluso se han levantado, como sabe el señor
Ministro, algunos expedientes para la vigilancia de determinadas empresas
con acusaciones graves de fraude. Y yo he tenido en mi poder --y tengo--
un documento del Gobierno autónomo en el que el funcionario encargado de
inspeccionar esos fraudes llegó a recomendar al consejero del Gobierno de
Canarias que se diera parte al Ministerio Fiscal, lo que no se ha hecho,
pero si el funcionario de turno llegaba a esa conclusión sería porque
sospechaba que algún fraude debería estar existiendo.
En la mayor parte de los sectores afectados por el REA los grados de
concentración son muy altos debido al carácter oligopolista del sector
importador canario. El 46,53 por ciento de las ayudas pagadas al año
--campaña 1993/94-- se reparte entre ocho empresas --y que conste que
este dato no me lo ha facilitado el Gobierno, a pesar de haberlo
solicitado insistentemente-- lo que nos da una idea de los índices de
concentración. Los precios de un gran número de productos beneficiados
por el régimen son más altos en Canarias, y en especial en Tenerife, que
en la Península. El propio Director General de Comercio decía que no se
explicaba por qué razón en Tenerife los precios son más altos que en la
provincia de Las Palmas. La diferencia sólo se justifica por la no
recuperación de la ayuda y por los amplios márgenes aplicados.
Como es sabido, el REA ha venido a sustituir al régimen de restituciones
existentes hasta la plena integración de Canarias en la Unión Europea en
julio de 1992 y muchos economistas se preguntan si el nuevo sistema ha
sido beneficioso para el consumidor canario que es, en definitiva, el
destinatario último de estas ayudas.
Los recursos que tiene presupuestados el REA, que son cifras bastante
importantes --ya hemos dado antes las cifras, por ejemplo, procedentes de
España, que son del orden de 30.000 millones de pesetas--, son necesarios
y están, sin duda alguna, justificados por las peculiaridades del
archipiélago. Quiero dejar bien claro que no estoy yendo en contra de la
filosofía general del REA. Creo que estamos todos de acuerdo en que el
REA tiene una justificación objetiva que hay que seguir manteniendo y
que, por supuesto, aproximándonos ya a la fecha límite del Poseican,
habrá que ir pensando en ampliarlo más allá de esa fecha límite.
En lo que sí insisto es en que por las distorsiones que se llevan
produciendo desde su entrada en vigor, con amplias sospechas de fraude
que salen todos los días en la prensa del archipiélago --unas veces son
las carnes congeladas, otras la leche, otras el aceite de oliva--, se
cree que no se está actuando por parte de la Administración, bien sea la
Central o la autonómica --porque en esto de las competencias también hay
sus problemas-- con la debida contundencia, insisto, en sectores en los
que los índices de concentración son bajos y se corresponden con niveles
de precios a los que se ha repercutido la ayuda. En estos sectores, el
REA alcanza sus objetivos pero no ataca a las verdaderas causas del
incremento de los precios. El REA no tiene sentido en sectores con altos
índices de concentración y que además presentan niveles de precios más
altos que en la Península. Y aquí es donde precisamente hay que actuar.
En el REA se concibe al empresario como un intermediario entre la
Administración y los consumidores, la legislación obliga a la
repercusión, pero el mercado incentiva a no repercutir y no se puede
culpar al empresario por obedecer las leyes del mercado. A largo plazo,
las leyes del mercado son inexorables y los presupuestos de la Unión
Europea son cada vez más incapaces de mantener situaciones artificiales y
es el ciudadano quien acaba pagando, por medio de los precios, las
consecuencias de la política que no tienen en cuenta las restricciones
que el mercado impone.
En definitiva, y concluyendo para dar lugar a la intervención de los
demás grupos y, por supuesto, a la contestación del Ministro, supongo que
el señor Ministro sabrá que
en Bruselas se calcula que en aproximadamente un 3 por ciento de las
ayudas totales de Bruselas incide el fraude. En Bruselas ya se sabe que
hay un 3 por ciento del presupuesto total de la Comunidad que no se
emplea adecuadamente porque da lugar al fraude. Yo estoy convencido de
que el régimen específico de abastecimiento puede dar lugar al fraude si
por parte de la Administración no se toman las medidas conducentes a
evitarlo.
El señor Ministro ha hecho referencia a cómo en el último año las
peticiones incrementaron notablemente las cantidades de los productos
subvencionados por el REA que podían llegar a Canarias, por lo cual hubo
que acudir al recorte de dichos productos. En ese sentido he de decir que
muchos empresarios se quejan de que en unos se ha recortado más que en
otros, en relación con lo que decía antes, que el porcentaje se
distribuye en muy contadas empresas, mientras que la inmensa mayoría de
los pequeños importadores han visto más afectados esos recortes que los
«grandes empresarios» --entre comillas--, porque es sabido que en
Canarias lo que hay son pequeños y medianos empresarios.
Termino agradeciendo al señor Ministro su presencia en este acto.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Ministro por la amplia
información que nos ha dado sobre la situación, en su evolución
histórica, desde la entrada en vigor del Poseican, como fundamento
jurídico básico para el régimen específico de abastecimiento de Canarias,
y la descripción de las dos fases.
Coincido con el señor Ministro en que afortunadamente las incidencias que
habían llevado a esa crispación en el ejercicio inicial del régimen
específico de abastecimientos, la posición de la Comisión Europea y la
coordinación entre el Gobierno central de España y el Gobierno autonómico
canario, han llevado a buen fin establecer, al menos, las reglas de juego
en el nuevo Reglamento, 2790/94. Coincido con el señor Ministro también
en que es conveniente dejar que el Reglamento funcione algún tiempo más
--sólo tenemos tres meses de experiencia-- para hacer una pequeña
evaluación de sus resultados.
Quiero coincidir también con el señor Ministro en que hay que centrar el
problema de las mercancías objeto de balances de abastecimiento --para no
perdernos en una galaxia de muchísimos productos que están acogidos al
REA pero que no tienen una incidencia significativa--, en los tres
fundamentales, donde se está desarrollando una pugna económica y de
abastecimiento comercial en las Islas Canarias. Me refiero a los
productos cárnicos, los lácteos y las hortalizas transformadas. Creemos
que ahí está la gran batalla en este momento de los importadores, sobre
todo en productos cárnicos y lácteos, donde se están jugando cuestiones
de fuerte economía para algunos importadores. En la bolsa de la compra de
Canarias hay que valorar --y este factor se debería introducir en la
adaptación del reglamento en los balances de abastecimiento-- qué
productos son los que están incidiendo más en el IPC. Qué duda cabe que
vuelven a ocupar un lugar predominante los productos cárnicos, lácteos y
las hortalizas transformadas.
Dicho esto, señor Ministro, nosotros hemos valorado positivamente que el
nuevo Reglamento 2790/94 haya institucionalizado la obligatoriedad del
registro previo de operadores. Esto es una cuestión de transparencia, de
quién es quién. Ese punto en este momento está funcionando bien, está
superado; en cuanto al registro de operadores, no va a haber
conflictividad. Otra cosa es que del registro de operadores se derive el
seguimiento de la exigencia de que todos los beneficios que obtengan los
importadores, tanto por ayudas como por exenciones, se traslade a
consumidores; que se vea un efectivo seguimiento. Aquí llamaría la
atención al señor Ministro para que, por el órgano que sea, bien
aduanero, bien de expedición de licencias, se instrumentalice el
seguimiento técnico de este traslado de beneficios, de forma que las
administraciones públicas contribuyan a clarificar las áreas de opacidad
y de sombra que hay en este proceso. Esto no se puede dejar sencillamente
en manos de los importadores, porque en este momento no hay un mecanismo
de transparencia; aquí tiene que estar presente la Administración
pública, con su maquinaria de cálculo.
En cuanto a los balances, creo que con el nuevo reglamento se da un paso
clarificatorio adelante, sobre todo al haber establecido por primera vez
dos sub-balances: el del consumo directo y el del consumo industrial. En
el consumo directo, el sub-balance va a ser un poco más sencillo, dado
que mucho viene para consumo industrial, sobre todo en el mundo de los
cárnicos y de las hortalizas transformadas.
Entramos en el tercer y todavía polémico caso, en el que hace falta la
voluntad política de ambas administraciones, la central y la autonómica
de Canarias: la expedición de las licencias o certificados. Qué duda cabe
de que, teniendo clarificado el registro de operadores, habiéndosele
evitado costes financieros con la supresión de la finanza previa, hay que
cargar todo el peso en el régimen de sanciones. Aquí tiene que haber un
diálogo entre ambas administraciones para superar el contencioso actual,
que usted sabe que existe, ya que el gobierno autónomo canario
recientemente acaba de emitir unos decretos de la Presidencia para
arrogarse, según su entendimiento jurídico, competencias en este asunto
del REA y, cosa que nos afecta, sobre qué organismo expide las licencias
o certificados.
Lo que son las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias debe
llevarse por la vía del entendimiento y la dirección general
correspondiente --que tiene usted en su Ministerio--; también debe
flexibilizar cualquier línea de diálogo, de entendimiento. Ahora bien,
dicho esto, creo que el régimen de sanciones tiene que ser pactado,
consensuado entre ambas partes, la administración central y la
administración autonómica. Usted ha señalado que una de las quejas, de
las reticencias, dentro de los tres grandes renglones que después
repasaré, está precisamente en el control de las medidas aduaneras; hay
que mantener esas medidas y, si de ahí se tiene que derivar la
denuncia para las sanciones, aclárese quién es el organismo que sanciona.
También creemos, señor Ministro, que una vez resuelto el contencioso
--así le llamo-- entre ambas administraciones para la expedición de las
licencias y otras competencias --en este momento nadie ha decidido de una
manera contundente en qué campo jurídico están--, hay que tratar de
flexibilizar, señor Ministro, en el capítulo de quejas, el plazo de los
seis días.
No es lo mismo conseguir mercados cárnicos en importaciones de países del
área comunitaria, con unos precios de la carne subvencionados en origen,
muchas veces opacos, que cuando el importador canario ha recurrido a
fuentes de aprovisionamiento tradicionales; por ejemplo, usted sabe que
en el mercado cárnico canario se han traído carnes del continente
americano --de Uruguay, de Brasil, de Bolivia e incluso de Suráfrica-- o
algún otro país africano, por supuesto con régimen de control sanitario.
Seis días de plazo entre la solicitud de licencias y el cuello de botella
que se puede producir por un hecho positivo, que es un solo despacho
aduanero --creo que hay que seguirse manteniendo, señor Ministro, lleve
quien lleve la competencia, en un solo despacho aduanero--, debe llevar
aparejado el hecho de que se entienda que para determinados productos es
imposible el cierre de una operación de seis días. Para un barco que
salga con mercancía cárnica de un puerto de Centroamérica o de Sudamérica
con destino a puertos de las Islas Canarias el plazo de seis días es
excesivamente corto. Puede ser que los mercados lácteos pudieran
adaptarse un poco más, mercados lácteos cuyos productos ya sí proceden de
países de la Unión Europea, y mucho más las hortalizas transformadas.
Por tanto, en el buen deseo que a todos nos une, y que me consta por las
conversaciones que hemos mantenido con el señor Ministro, se trataría de
ver el comportamiento, en los próximos meses, de este nuevo reglamento,
en el que ya se han empezado a detectar --el señor Ministro lo ha
indicado acertadamente-- tres conceptos o renglones de queja. El plazo de
seis días, que los operadores canarios estiman excesivamente corto y que
este Diputado suscribe; las medidas aduaneras, únicamente en la
correlación que tienen que tener con esos seis días, pero sí con la
exigencia de correlación con los balances de abastecimiento. Puede ser
que ahí sea donde esté, en este momento, uno de los puntos de opacidad,
pero yo diría que porque falta la metodología de control de la
correlación entre un sistema que se ha dado de máxima flexibilidad en la
concesión diaria de las licencias y de los certificados y la exigencia de
esa expedición diaria, que es donde empieza a encontrar dificultades el
importador al tener que aportar inmediatamente el conocimiento de
embarque y la factura. Nos parece adecuada la filosofía que inspiró a la
Unión Europea de evitar maniobras oscuras que contribuyeran a una especie
de almacenamiento especulativo en destino para tener unos «stockage» con
los cuales actuar muchas veces sobre el mercado; lo que sí le digo, señor
Ministro, es que mi Grupo Parlamentario prefiere exceso de «stockage» de
mercancías, porque el «stockage» nunca incidirá en el alza de los
precios, por lo menos el mercado se comporta así, que una carencia de
mercancía que sí produce un recalentamiento de los precios.
Además, como sabe usted, señor Ministro, el mercado cárnico es
tremendamente complejo por la demanda de los tipos de carne, congelada o
no congelada, que entran en Canarias, sean de procedencia avícola, sean
de procedencia vacuna, por el peculiar mercado que allí existe, que es un
valor a conservar, y por la incidencia que tiene ese producto en la dieta
de los hoteles del sector turismo; no están consumiendo este producto
solamente el millón y medio de habitantes que tiene Canarias, sino los
millones de turistas que, en sus pactos con los tour operadores, exigen
un plato diario de carne en la dieta hotelera. Usted saber perfectamente,
señor Ministro, como responsable del sector turístico, que interesa tener
presente este hecho para evitar un recalentamiento de precios en el
sector turístico, vía dieta alimenticia. Nosotros queremos que el REA
contribuya en la oferta turística de Canarias con una incidencia a la
baja, para que el hotelero no tenga que subir el precio al tour operador,
por el encarecimiento de uno de los platos básicos en la dieta
alimentaria diaria del turismo. Por tanto, habrá que buscar la
metodología apropiada para la concordancia con los balances, porque ahí
es donde podemos encontrarnos, en los próximos meses, una especie de
caos, si no existe esa concordancia entre los controles aduaneros sobre
la licencia de lo que se está importando, en cuanto a aspectos
cuantitativos, y los balances, que para que la Unión Europea no nos diga
nunca que estamos sobrepasando los balances de aprovisionamiento o de
abastecimiento, que son los que están rigiendo para ese determinado
producto. Es un poco efectuar una operación, digamos, de metodología de
control. Nada más, señor Ministro, tan sólo esperar que, en el futuro,
todas estas disparidades encuentren la solución adecuada que ambas partes
deseamos.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Ministro, ha empezado usted por citar, yo
creo que acertadamente, que los objetivos del REA con el anterior o con
el actual reglamento eran fundamentalmente el apoyo a las producciones
locales y evitar el alza de los precios de los productos alimentarios, es
decir, conseguir una minoración real de los precios a través de este
régimen de subvenciones, bien directas o bien por exenciones aduaneras.
Parece ser que con el anterior reglamento --como usted ha citado-- se ha
producido malestar y sospechas de fraudes importantes y que eso ha
llevado a la concepción de este nuevo Reglamento que dificulta --tanto a
través de los dos sub-balances que se han establecido como de los
diferentes mecanismos, esos seis mecanismos que usted nos ha citado-- el
fraude; se dificulta probablemente el fraude más habitual, que era la
reexpedición a la península de productos que habían llegado a Canarias
por esa vía subvencionada. En cualquier caso, lo que parece evidente es
que, a pesar de los mayores controles que significa este nuevo reglamento
del año 1994, el objetivo fundamental,
que era evitar una repercusión excesiva sobre los precios de consumo en
Canarias, no se ha producido, y buena muestra de ello es el elevado IPC
que se registra en esta Comunidad Autónoma y que las producciones locales
tampoco han experimentado el apoyo suficiente como para aumentar su
capacidad de cuota de mercado. Esta sería la primera pregunta.
Señor Ministro, independientemente de la bondad del nuevo Reglamento,
¿está usted en condiciones de asegurar que los precios del consumo
diario, de productos alimentarios lácticos, vegetales, cárnicos, de los
ciudadanos canarios, se ven beneficiados por esas subvenciones que a la
importación de este tipo de productos crea el REA, o, por contra, esa
situación no se produce, lo que indirectamente llevaría a pensar que
quienes se están aprovechando del REA probablemente sean algunos grupos
económicos, o empresariales, o del tipo que sea, que son los que están
realmente consiguiendo hacer su beneficio? Si no hay repercusión sobre el
precio de las cosas del consumo diario para los ciudadanos canarios, ¿por
dónde se queda esa subvención?
Por otra parte, ¿qué mecanismos de control dispone su Ministerio para
comprobar la realidad del cumplimiento de ese objetivo final del REA, con
el anterior o con el actual reglamento?
Y algo elemental. Parece que existe un conflicto competencial, frecuente
en otros temas y con otras comunidades autónomas, en este caso entre la
Administración central y la Administración autonómica, respecto a quién
concede determinados tipos de licencia, quién establece determinados
plazos, etcétera. Yo le preguntaría, señor Ministro, ¿están actuando
sinérgicamente las dos administraciones para que los objetivos finales
que persigue el REA se cumplan, o, por contra, la acción no sinérgica
sino contradictoria entre una y otra administración está empeorando la
situación de la vida cotidiana en el consumo de estos productos para los
ciudadanos canarios? ¿Qué mecanismos de control dispone su Ministerio
para comprobar el cumplimiento de los objetivos? Y, en caso de no
disponerlos, ¿qué medidas piensa usted arbitrar, qué medidas piensa
arbitrar el Gobierno, para que el objetivo final del REA, apoyo a la
producción local, y no repercusión sobre los precios del consumo de esos
productos que se introducen en Canarias con este régimen de subvenciones
se produzca?
Yo creo que ése es el nudo gordiano de la cuestión, que podría explicar
los porqués de algunas de las cosas que se han citado, el porqué de esos
aparentes exorbitantes y repentinos consumos de aceite o de carne de
vacuno o de determinados productos, que no encuentran explicación si no
es por la vía o bien del fraude, sobre todo con el régimen anterior, o
bien del aprovechamiento exclusivo para unos cuantos de ese régimen de
subvenciones que, en definitiva, al que debería beneficiar es al
consumidor, a los ciudadanos canarios en su vida cotidiana.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Ministro, el Grupo Parlamentario
Socialista se felicita de la iniciativa que ha tenido el Grupo
Parlamentario Popular, pidiéndole su comparecencia ante esta Comisión
Mixta para la Unión Europea, para debatir y hacerle llegar exposiciones
por parte de los diferentes grupos sobre un tema que en Canarias --al
señor Ministro no se le escapa-- tiene una importancia capital y es
motivo de intervenciones periodísticas por parte de representantes de
sectores económicos, de sectores sindicales, de sectores políticos y, en
suma, de todo el entramado social de la comunidad canaria. Parece
razonable que sea en esta Comisión Mixta para la Unión Europea donde se
produzca el debate y el análisis de un tema tan singular para una
comunidad tan singular como es la Comunidad Canaria y que no sea en los
foros periodísticos ni en otros de otras características. De aquí la
oportunidad que el Grupo Parlamentario Socialista estima que tiene esta
comparecencia y el contenido de la intervención del señor Ministro,
valorando lo que han sido los algo más de dos años transcurridos al
amparo del anterior reglamento del REA y los algo más de tres meses que
llevamos con el nuevo reglamento.
Señor Ministro, hemos seguido, reitero, con mucho interés su explicación
sobre el contenido de este nuevo reglamento comunitario, el Reglamento
2790/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994, y el de 28 de
noviembre de 1994, unos días después. El primero establece las
disposiciones de aplicación del Reglamento Comunitario 1601/92 del
Consejo en favor de las Islas Canarias, relativas a determinados
productos agrarios. El segundo, el Plan de provisiones de abastecimiento
de las Islas Canarias de productos agrícolas acogidos al régimen
específico fijado en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Reglamento 1601/92 del
Consejo.
Señor Ministro, el seguimiento de su intervención lo hemos hecho desde la
perspectiva del enorme interés, como he dicho, que este tema despierta en
toda la sociedad canaria y del eco que siempre encuentra en los medios de
comunicación toda intervención de cualquier miembro de la Administración
General del Estado, del Gobierno de la nación sobre este tema específico.
No puede olvidar esta Comisión Mixta que es precisamente Canarias una
comunidad singularísima en el seno del Estado español. Su singularidad ya
vino perfectamente definida cuando en 1986 el reino de España ingresa en
las Comunidades Europeas y la especificidad de Comunidad Canaria queda
recogida en el Protocolo número 2, que, como consecuencia de la evolución
experimentada por las estructuras sociales y económicas de la Comunidad a
lo largo de todos los años, condujo a que en 1991 se produjera una
modificación del «status».
Señor Ministro, desde el año 1991 para acá, es decir, a lo largo de los
cuatro últimos años, no hay comunidad del Estado español que haya sido
objeto por parte de la Comisión Europea de un número tan elevado y
acentuado de disposiciones variadas, variopintas y específicas que
recogen en sus contenidos esa especificidad, esa singularidad de Canarias
que, por un lado, recoge la Constitución española
y, por otro, recoge también el Tratado de la Unión Europea en la
correspondiente disposición adicional.
La aplicación de las disposiciones de Derecho comunitario derivadas del
Reglamento 1911/91 y del Programa de opciones específicas para el
alejamiento e insularidad, que es el Poseican, que, a decisión del
Consejo, a lo largo del año próximo, a buen seguro, será objeto de los
correspondientes retoques, justifica todo ese conjunto de más de 50
reglamentos específicos y singulares, muchos de ellos vinculados a la
regulación de los sistemas productivos, entiéndase sectores productivos
agrarios --plátano, tomate, etcétera--, y a los sectores vinculados a la
propia reglamentación de la regulación de la importación de productos
alimentarios procedentes de terceros países o de la propia Comunidad
Europea.
Señor Ministro, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos
valorado, de forma muy positiva, el logro que supuso la aparición del
Reglamento 1911/1991. Su responsabilidad y su éxito los debemos imputar
al Gobierno de la nación y a su Presidente que de la defensa de la
especificidad de la comunidad canaria ha hecho norma de conducta
constante y permanente en tantas y tantas intervenciones en los sucesivos
consejos comunitarios, de tal forma que ello ha permitido que se recoja
la previsión de un régimen específico de abastecimiento para consolidar
en Canarias un sistema, también específico, que compensara los
sobrecostes de abastecimiento de determinados productos agrícolas, debido
a la lejanía e insularidad, que se hubiesen producido desde que Canarias
se incorporó a la Unión Aduanera, en el año 1991. De no haberse tomado
esas medidas, el crecimiento de la inflación en Canarias hubiese sido
desorbitado y el crecimiento de los precios de productos al consumo
hubiese seguido, sin duda alguna, una curva exponencial.
Con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento 1911/1991 y de
conformidad con el protocolo número 2 del Tratado de Adhesión, que
regulaba el «status» especial de Canarias dentro de la Comunidad Europea,
y a los efectos aduaneros y comerciales, conviene recordar que Canarias
era un país tercero, suponiendo ello que las exportaciones europeas de
productos agrícolas a Canarias tenían el mismo régimen que las realizadas
a terceros países, con lo cual se beneficiaban de las restituciones a la
exportación, que no eran otra cosa que unas subvenciones que permitían
adquirir tales productos a precios más bajos que los del mercado interior
europeo, ello parece oportuno refrescarlo y recordarlo en estos momentos.
Consiguientemente, al no ser Canarias territorio aduanero en aquellas
fechas, antes de 1991, las importaciones de terceros países estaban
exentas del arancel y de los derechos reguladores. Con la modificación
del «status», el REA vino a sustituir aquel mecanismo, si bien con un
procedimiento diferente y diferenciado en el caso de las importaciones de
terceros países; es decir, la exención de las exacciones reguladoras y/o
los derechos de aduana siguió vigente, mientras que en el caso de las
importaciones de países comunitarios se suprimieron las restituciones
que, como bien saben SS. SS., eran subvenciones en origen y se
sustituyeron por las ayudas en destino, que pasaron a cobrar los
correspondientes importadores.
Señor ministro, queremos pensar que el cambio que se produjo no ha traído
consigo alteraciones en los precios de los productos acogidos al REA, por
cuanto el precio final que obtiene el importador en uno y otro caso, es
decir, precio restituido o precio sin restitución más ayuda, será el
mismo. No sabemos si la Administración general del Estado o la autonómica
cuentan o disponen de datos al respecto, por cuanto pensamos relevante el
seguimiento de los precios, además del IPC, tal como han manifestado
portavoces de grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la
palabra.
Nos preocupa el crecimiento del IPC, el aumento de los precios y,
naturalmente, nos preocupa conocer el porcentaje en el crecimiento de los
precios imputable al mecanismo operativo por el cual se regula el REA.
Sabemos, señor ministro, que datos como éstos no son para contestar,
obviamente, en esta comparecencia, sino que deben ser motivo de análisis
técnico en otro escalón, a nivel de Secretario de Estado, en otra
comparecencia y no precisamente de ésta que nos ocupa.
Estimamos que es objetivo esencial del REA que la repercusión de las
ayudas llegue al consumidor canario, que ha de ser el beneficiario
directo de las mismas, concepto esencial y básico en el que estamos
coincidiendo todos los grupos parlamentarios, razón por la cual pensamos
que se prohíbe expresamente en el reglamento la reexportación de los
productos sujetos a este régimen, salvo en el caso de transformación de
los productos en el archipiélago, en que la citada prohibición no se
aplica a las exportaciones tradicionales de productos elaborados y lo
consideramos fundamental porque Canarias tiene derecho a tener una
industria y Canarias carece de materias primas para alimentar esa
industria que dé origen a productos transformados que puedan ser
reexportados. De la misma manera que defendemos desde el REA el
mantenimiento de precios al consumo, también consideramos necesario el
establecimiento de mecanismos que protejan el acceso del industrial
canario a productos (materia prima) para generar riqueza, para generar
trabajo y para diversificar una economía que lamentablemente se va
polarizando cada vez más en situación de monocultivo, dicho entre
comillas, al sector turístico.
Señor ministro, pensamos que la introducción del REA en el Poseican fue
un importante logro de nuestro Gobierno, como he dicho, con el que se
intentó conseguir que los precios de productos alimenticios en Canarias
no sufrieran incrementos por motivo de la integración en el territorio
aduanero comunitario que se produjo en 1991. Consiguientemente, con ello
no solamente se lograba evitar el impacto de la integración, sino
favorecer a nuestra principal industria, como acabamos de indicar.
Estos principios básicos y fundamentales para el consumidor canario, tal
como también han indicado el señor ministro y otros intervinientes,
cuando se han materializado y concretado en la gestión diaria de acuerdo
a la normativa que surgió de los reglamentos ya fenecidos, encontró
dificultades de gestión que expuso el señor ministro en su intervención.
Así y según hemos podido detectar como consecuencia de conversaciones que
los parlamentarios socialistas canarios mantenemos con operadores, con
colectivos económicos, con entidades de toda índole preocupadas por el
tema, se ha estado criticando, generalmente, que al amparo del antiguo
reglamento el aprovisionamiento se fue convirtiendo en un sistema de
cuasi contingentes de abastecimiento lo que pudo, quizás y este
interviniente dice quizás por cuanto estima, y lo estima el Grupo
Parlamentario Socialista, que se corre un grave riesgo si con cierta
ligereza, careciendo de los datos cuantificados, necesariamente
cuantificados, llevamos a cabo consideraciones que pueden llegar a la
Comisión y que puedan generar debilitamiento de un instrumento operativo
fundamental para la colectividad canaria. Estaba diciendo que el Grupo
Parlamentario Socialista a través de los parlamentarios socialistas
canarios --diputados y senadores-- hemos seguido con mucho interés este
reglamento de aprovisionamiento y pensamos que quizá pudo haberse
convertido en un sistema de cuasi contingentes de abastecimiento --y
quiero reiterar el término cuasi contingentes-- lo que pudo quizá --y
reitero esa preocupación de que esto no es una manifestación dogmática--
haber desencadenado acaparamiento y la no repercusión del beneficio final
en el consumidor, sino precisamente en escalones intermedios, figura no
deseada desde nuestra perspectiva.
Señor ministro, creemos que el REA corrió --y ya lo ha superado-- el
riesgo de convertirse en un sistema de cupos como consecuencia de la
burocratización a que obligaban los reglamentos comunitarios en la
materia --no era responsabilidad del Gobierno español--, a la que
obligaban reglamentos comunitarios, que no podemos olvidar dónde está
precisamente la responsabilidad de estos reglamentos; son reglamentos que
elabora la Comisión Europea, naturalmente oído el Gobierno de la nación
con el entendimiento y con los acuerdos con el gobierno de la Comunidad
Canaria. La dificultad --como digo-- existía en el régimen para aprobar
los incrementos de balance con la necesaria agilidad. De ahí, pensamos
nosotros, que se produjeran tensiones, hace algo más de un año, en los
productos con balances escasos surgiendo situaciones de acaparamiento y
de dominio del mercado por parte de algunos operadores, manifestación que
nos parece intuir se produjo, pero no tenemos datos rigurosos que nos
permitan afirmarlo con rotundidad.
Nos preocupó, señor ministro, a los parlamentarios socialistas canarios
(y discúlpenme los restantes miembros del Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes Generales que especifique, precisamente, parlamentarios
socialistas canarios por cuanto es obvio que se trata de un tema tan
específico que afecta solamente a nuestra comunidad), que es razonable
seamos nosotros quienes estemos preocupados e indagando datos sobre ello,
nos preocupó la mala --y digo también entre comillas-- imagen que se ha
transmitido a la población, a las administraciones públicas y a la
Comisión Europea desde algunas instancias económicas con acusaciones de
potenciales fraudes no demostrados --repito, de potenciales fraudes no
demostrados--, que nos consta ha ido produciendo un debilitamiento de la
posición colectiva de la comunidad canaria ante las instancias
comunitarias que una vez realizadas las pertinentes inspecciones, tal
como nos ha explicado aquí el señor ministro que se produjeron
inspecciones por parte de la Comisión Europea a mediados del año 1994, no
encontraron hechos punibles. Sin embargo, como consecuencia de ello, sí
se plantearon los retoques que se han introducido en el nuevo reglamento,
retoques cuyas características más relevantes expuso el señor ministro.
Nosotros pensamos que el nuevo reglamento incorpora mecanismos que
resuelven los problemas de funcionamiento que en los últimos años se
detectaron y, consiguientemente, miramos con ilusión el nuevo reglamento.
Es un reglamento elaborado en base a la experiencia y se han incorporado
las preocupaciones que se habían detectado y denunciado por parte del
propio Gobierno de Canarias. Nos parece que el nuevo modelo de gestión
intenta ser más flexible, permitiendo que las autorizaciones para el
abastecimiento dentro del REA, que se realizan mediante certificados de
importación, exenciones o ayudas se aprueben diariamente. En el anterior
sistema --creemos-- existía una distribución mensual que no se adecuaba a
las necesidades comerciales de abastecimiento en las islas que son mucho
más dinámicas de lo que tenía previsto el reglamento. A cambio de tal
flexibilidad, introducida para evitar que se solicite el certificado con
propósito de especular, se exige que la mercancía esté ya embarcada --y
éste es un dato que nosotros valoramos positivamente-- hacia Canarias
cuando se realice la solicitud; aspecto importante que elimina la
posibilidad de existencia de acaparadores que, con ánimo de lucro, puedan
desvirtuar el mecanismo.
También pensamos que para los operadores que quieran seguir
beneficiándose del REA, el hecho de que en el nuevo reglamento se les
obligue a inscribirse en un registro, que pretende la exigencia del
cumplimiento de una serie de requisitos que intentan poner un poco de
orden y conocer a fondo a los operadores, a que «den la cara» --lo digo
entre comillas-- es algo muy positivo. También es muy positivo el hecho
de que se hayan suprimido la posibilidad de transferir los certificados a
otros operadores. Es muy positivo que se haya reforzado el control
aduanero, limitando el plazo entre el desembarco y el despacho aduanero y
cometido a control físico --aspecto muy importante-- un elevado
porcentaje de mercancías, entre el 10 y 20 por ciento está recogido en el
reglamento; es decir, entre el 10 y 20 por ciento de los contenedores
está recogido en el reglamento; que llegan a nuestros puertos son
sometidos a inspección directa. Desde luego, con ese porcentaje tan alto,
parece que se reduce notablemente la posibilidad de fraude en lo que a
ese aspecto se refiere.
Además, señorías, para productos como leche, preparados lácteos, aceite
vegetal y otros, la Comisión ha establecido un doble balance al cual se
ha referido el señor ministro y también han citado los restantes
intervinientes, que consideramos positivo, según la mercancía esté
destinada al consumo directo o a la industria de transformación o
acondicionamiento. Pensamos que no es cierto lo que algunos operadores
han manifestado públicamente
de que el doble balance está ocasionando problemas, toda vez que la
previsión de cantidades, tanto para el consumo directo como para el
industrial, fue concebida en base a las fichas financieras a las que
también aquí se ha hecho referencia.
Termino, señor Presidente. Los seis días que contempla el reglamento
comprendidos entre la llegada del barco y la iniciación del despacho, sí
creemos --y esa reflexión se la hacemos llegar al señor ministro, para
que la tenga presente-- que es un período excesivamente corto; es un
período excesivamente corto que no permite la operatividad adecuada.
Con esta intervención, señor Ministro, nosotros hemos querido hacer una
llamada de atención, naturalmente al Gobierno, a través de su ministerio,
a efectos de cooperación con el Gobierno de la comunidad canaria, al que
también pedimos cooperación, exenta de dogmatismos y el cumplimiento de
la normativa en vigor.
Pensamos que este mecanismo operador, --que es fundamental para la
supervivencia no sólo de la industria sino de la ciudadanía canaria y del
sector turístico, no debe estar sometido a manifestaciones públicas que
generen ese grado de preocupación si no vienen acompañadas de los
correspondientes mecanismos informativos de las correspondientes
denuncias, con rigor.
Termino en medio minuto, señor Presidente, si es tan amable,
transmitiéndole algunas preguntas al señor ministro. Señor ministro, el
Grupo Parlamentario Socialista desearía conocer --si no tiene los datos
en estos instantes nos los envía por escrito cuando estime oportuno, no
es menester que conteste ahora-- cuántos operadores, a lo largo del año
1994, se han beneficiado del REA y cómo se han distribuido
porcentualmente esas ayudas. ¿Están repercutiendo los beneficios --lo han
preguntado otros portavoces-- en el ciudadano normal? ¿Están
repercutiendo en el IPC? ¿Se han producido fraudes y desviaciones de
mercancías en el REA? ¿Hay datos de la propia Comisión o de las
inspecciones producidas por el Gobierno de la nación?
Aquí se ha hecho referencia a un tema que ha acaparado muchas primeras
páginas de prensa en los últimos meses. Señor ministro, pregunto: ¿es
posible que el REA esté sirviendo para fomentar la importación, en
Canarias, de aceite de oliva de Túnez, tal y como manifestó el
interviniente del Grupo Parlamentario Popular?
En suma, señor ministro, le reiteramos --y con esto termino, señor
Presidente-- nuestro reconocimiento por su intervención y comparecencia.
En segundo lugar, manifestamos nuestra simpatía hacia el nuevo reglamento
y la ilusión de que sirva para perfeccionar un importante y singular
mecanismo de aprovisionamiento para todos los ciudadanos canarios y para
nuestra industria, el deseo de que su ministerio ejerza con autoridad los
mecanismos de inspección y el ejercicio de las responsabilidades que se
le tienen conferidas y, desde luego, que esa franja de discusión
competencial que existe con la comunidad se resuelva lo antes posible y
pueda informar a esta comisión mixta, en su momento, sobre las soluciones
deseadas que han sido expuestas por este interviniente.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a todos los intervinientes, tiene
la palabra el señor Gómez-Navarro, Ministro de Comercio y Turismo.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Antes
de contestar a SS. SS., querría hacer dos o tres reflexiones generales
porque sitúan muchas de las cuestiones que se han planteado aquí.
En primer lugar, y lo decía en mi introducción, los dos objetivos que
tenía REA a veces son contradictorios y generan conflictos de intereses;
es decir, generar e impulsar la producción local y, al mismo tiempo,
propiciar una bajada de precios, unos precios como existían
anteriormente, donde hubiera absoluta libertad, unos precios como
existían anteriormente, donde hubiera absoluta libertad de importación
vía restituciones a los productos que vienen de Europa o vía no pago de
aranceles, muchas veces genera conflictos. Voy a poner un ejemplo que se
ha producido: los quesos. El Gobierno canario tuvo interés, y el
Consejero de Agricultura de una época determinada, en favorecer la
producción de quesos canarios. ¿Cuál fue la consecuencia? Hacer un
balance lo más escaso posible en los quesos. Como consecuencia, el
balance fue escaso y actuó, por tanto, como contingente, y cuando actúa
como contingente en vez de como un balance provisional de importación
genera inmediatamente especulación y subida de precios. Por tanto, entre
las políticas de apoyo a la producción local y las políticas de
mantenimiento de los precios muchas veces hay un conflicto de intereses
que se produce y ha habido ocasiones en que ha existido debate interno,
discusión y discrepancias a la hora de formular balance entre la
Administración central y el Gobierno canario, porque a veces esos dos
objetivos son contradictorios y producen conflictos de intereses. Eso ha
hecho que a veces los balances hayan sido escasos, y no ha habido la
celeridad necesaria para pedir incremento de balances, aparte de los
trámites que requiere en Bruselas la aprobación del incremento de
balances. Efectivamente, como decía muy bien el portavoz socialista, el
contingente y el balance escaso generan política contingente y genera
especulación; por tanto, eso son elementos añadidos.
Segundo, en muchas denuncias que se han producido en los medios de
comunicación ha habido una confusión absoluta en un tema: las
reexportaciones no están radicalmente prohibidas; las reexportaciones
están autorizadas dentro de las corrientes tradicionales en un producto
que se haya transformado en Canarias. Por tanto, muchas de las denuncias
que han salido en los medios de comunicación obedecían al desconocimiento
de que en las corrientes tradicionales es posible que un producto entre
como materia prima, se reelabore y sea reexportado como mercancía
elaborada. Evidentemente, está controlado que sean las corrientes
tradicionales para que no se viva exclusivamente del REA o que haya una
industria basada en el REA, pero sí mantener la industria actualmente
existente. Muchas denuncias que hemos visto en los medios de comunicación
obedecían al desconocimiento de que esto era posible y legal; obedecían a
denuncias que no eran efectivamente
fraude sino que correspondían a un planteamiento legal, absolutamente
legal.
Tercer asunto sobre temas generales: las competencias. Las competencias
son complejas. Aparte de que ahora entraré un poco más en detalle sobre
el problema competencial en este momento, a partir de los decretos
canarios, en un tema que existe la gestión de un producto limitado, con
competencias de la comunidad autónoma, que tiene todas las de comercio
interior, más el pago de todos a través de la empresa que han mencionado,
Sofesa, que es la que paga; es decir, las ayudas las paga Sofesa y le
transfiere los fondos el Senpa, se trata de una gestión compleja, que
requiere un enorme grado de coordinación, a veces la coordinación ha sido
óptima y otras veces no. Evidentemente ha habido --no quiero ocultarlo--
momentos en que la coordinación ha funcionado de manera satisfactoria y
en otros de manera insatisfactoria.
En cualquier caso, en un problema de comercialización, que el producto
llega al final al consumidor a través de una red comercial, el problema
son los costes de distribución y cómo funciona el sistema de
distribución; por tanto, si el sistema de distribución canario es
competitivo, se ha modernizado, está en condiciones y cuáles son los
márgenes del funcionamiento del sistema. Les puedo anticipar que el
sistema canario de distribución ha evolucionado menos que el del resto de
la península, por lo que todavía tiene que hacer esfuerzos de
modernización para mejorar su competitividad y reducir márgenes, para que
el propio sistema de distribución deje de aportar elementos
inflacionistas para el consumidor final.
Teniendo en cuenta todos esos elementos generales, voy a intentar
contestar algunas de las cosas que se plantean.
El señor Soriano decía que la mayor parte de la ayuda va al sector
industrial y no al consumo final. Va al que lo demanda. Antes no había
sub-balances y el que presentaba primero los certificados y demandaba era
el que la obtenía. Quiero rechazar radicalmente una afirmación que ha
hecho de que los recortes eran mayores en unas empresas que en otras. No,
los recortes son absolutamente los mismos cada mes, como se hacía, para
todas las empresas. Mensualmente, se prorrateaba al conjunto de las
empresas y se daban exactamente los mismos porcentajes. Es evidente que
ha habido meses en que se daba el 100 por ciento y meses en los que había
recortes en función de la existencia de los balances, pero no había
discriminación de ninguna empresa, en función del tipo que fuesen:
grandes, pequeñas, importadores para el consumidor final o importadores
industriales.
Respecto a la información que el Gobierno le ha proporcionado, estamos
dispuestos a trabajar con usted en intentar conseguir una información más
precisa, porque no queremos ocultar de ninguna manera la información que
necesita, incluso sería bueno para todos que la manejásemos.
¿El REA ha resuelto o no el problema de abastecimiento?, ¿ha transferido
el beneficio final al ciudadano? Nuestra evaluación es que sí, pero
probablemente no al 100 por ciento de lo que podía. Los análisis que
hemos hecho es que los productos incluidos en el REA son más baratos en
Canarias que en la península; por tanto hay un beneficio. ¿Se ha
trasladado el 100 por ciento del beneficio? Ahí, entraríamos en una
discusión bizantina; en qué consiste el 100 por ciento; es decir, cuánto
es exactamente lo que se tiene que trasladar, qué elementos inciden en el
proceso de comercialización para introducir márgenes añadidos en dicho
proceso, cómo es el sistema de distribución, qué sistema hay en los
importadores y en qué medida son o no oligopólicos. Ahí ha tenido mucho
que ver cómo se ha gestionado el REA en el pasado y cómo el nuevo
reglamento intenta evitar esos problemas.
Nosotros creemos que el nuevo reglamento es una mejora sustancial basada
en la experiencia, y en eso comparto lo que han dicho los señores
Mardones y Segura. El nuevo reglamento, sobre la experiencia demostrada
de la gestión del anterior, intenta ver dónde estaban los problemas y
cómo intentar resolverlos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ver
cómo funciona e intentar mejorarlo, y así está previsto en el propio
reglamento.
Cuando se habla de que los precios se disparan, el análisis que nosotros
hemos visto evidentemente es un IPC y alguna bolsa de la compra que no
incluye sólo los productos del REA; por tanto, hay que separar dónde está
el REA y dónde no está. En la bolsa de la compra entran detergentes y un
conjunto de productos que no están incluidos en el REA, y es evidente que
algunos productos de los que entran en la bolsa de la compra son más
caros en Canarias que en la península; por tanto, hay un elemento, una
incidencia, probablemente del coste del transporte, de un peor sistema de
distribución o un conjunto de elementos que pueden incidir en ese asunto,
pero que no tienen nada que ver con el REA, que es de lo que estamos
hablando.
Los productos que están incluidos en el REA sí podemos decir que, según
los datos que nosotros tenemos, son más baratos en Canarias, aunque
evidentemente la evaluación de si se ha transferido o transmitido el cien
por cien del beneficio es muy difícil de hacer.
En cuanto al grado de concentración, nosotros hemos hecho un pequeño
estudio en el cual en ningún subproducto que vaya dirigido al consumo
final hay una concentración superior al 20 por ciento en manos de una
empresa. Es verdad que algunos productos requieren una transformación
posterior en los cuales sí lo hay. Por ejemplo, los importadores de
cereales. Los importadores de cereales son exclusivamente aquellos que
tienen una empresa harinera o aquellos que fabrican piensos, porque el
cereal no se consume directamente. Por ello, los cereales sólo los puede
comprar aquel que tiene una empresa harinera, y ahí, en ese tipo de
productos, sí hay un grado mayor de concentración, porque no puede
importarlos cualquiera, sólo los puede importar aquel que tiene la
industria para poder transformarlos; por eso en ese tipo de productos sí
hay importantes grados de concentración en función de quién es el que los
puede importar.
Sospechas de fraude. Yo no he hablado de que se hayan planteado sospechas
de fraude; lo que he dicho es que no ha podido en ningún caso demostrarse
que existieran. Es decir, cualquier sistema de gestión protegida (que
implica
licencias y que implica, llámese balance provisional o contingentes,
depende de cómo se funcione en su momento) siempre generará denuncias de
fraudes. El problema es que se pueda probar que existe eso o que no
existe, y ése es un tema difícil de demostrar.
Lo que yo le puedo decir es que, primero, no ha habido capacidad de
probar que haya habido fraudes y, segundo, que denunciar (y comparto
absolutamente el planteamiento del diputado socialista) en Bruselas
continuamente que hay fraudes en un sistema de ayudas es una táctica
equivocada, porque creo que puede conseguir al final que se eliminen los
sistemas de ayudas.
Yo creo que deberíamos intentar resolver los asuntos con la máxima
coordinación posible entre la Administración central, en los temas que
somos competentes, y la Administración autonómica, de forma que
consigamos la máxima eficacia en la gestión del sistema para alcanzar el
objetivo final, y es que el coste del producto llegue lo más barato
posible y en las mejores condiciones al distribuidor, pero teniendo en
cuenta, insisto, que somos un país de libre comercio, donde por tanto no
hay precios fijados ni nadie los puede fijar, y donde el sistema de
distribución, en función de la oferta y la demanda, incluye elementos en
su coste que no son controlables por parte de las administraciones
públicas.
En segundo lugar, sí quiero añadirles que, por ejemplo, algunos de los
problemas del año 1994, inclusive del año 1993, que se generaron por la
escasez de balances, fue porque la demanda turística creció, sobre todo
en el año 1993, muy por encima de las expectativas que tenía, y, por
tanto, teniendo en cuenta el peso que el turismo significa en la economía
y en el consumo canario, evidentemente eso generó, por ejemplo, que en el
año 1993, que las expectativas de turismo fueron mejores de las
inicialmente previstas, un tirón de la demanda que hizo que inclusive
balances que estaban razonablemente previstos resultasen escasos y
generasen problemas de esa índole.
Por lo que se refiere al señor Mardones, comparto casi toda su
intervención. Yo creo que el nuevo reglamento, sobre el análisis del
pasado, intenta aportar elementos muy positivos y, por tanto, hay que ver
cómo funciona, en qué es mejorable todavía y en qué tenemos que hacer el
esfuerzo de mejorar.
Los dos sub-balances --ése es un elemento en el cual nosotros tenemos
dudas-- se han creado porque los industriales planteaban su
desabastecimiento frente a los importadores para consumo final y, por
tanto, necesitaban una garantía de abastecimiento para mantener la
industria y no tener el problema de que ésta se pudiese parar por esa
falta de abastecimiento; pero, evidentemente, cuanto más contingentes,
más posibilidad de problemas tienes al final, porque mientras en un
balance global se podía compensar uno con otro, cuando tienes dos
sub-balances ya no hay posibilidad de compensación y, por tanto, más
posibilidades tienes de que si te quedas corto en uno, tengas menos
capacidad de reacción.
El Gobierno canario ha aprobado, efectivamente, unos decretos, y estamos
en pleno camino de negociación para ver si estamos de acuerdo en las
competencias. Tenemos que tener resuelto el tema antes del 3 de abril,
porque dicha fecha es el plazo máximo para presentación de recurso en el
caso de que no lleguemos a un acuerdo. Estamos en plenas negociaciones,
insisto, para intentar conseguir un acuerdo que haga que no tengamos que
ir a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Hemos
tenido reuniones, la última el viernes pasado, y por tanto, no puedo
adelantarles cómo va a terminar el asunto. En cualquier caso, nuestra
voluntad es negociadora e intentaremos resolver el tema por esa vía de
negociación.
De todas formas, negociación o no negociación, conflicto competencial o
no, es verdad que en una serie de campos es imprescindible llegar a
acuerdos, porque el balance al final es único. Es decir, es evidente que
la gestión de los productos provenientes de terceros países le
corresponde a la Administración central, y en la de los provenientes de
países comunitarios, independientemente de que sean de la península o de
cualquier otro país comunitario, es donde puede haber la discrepancia, en
la medida en que si es comercio exterior sería competencia de la
Administración central, y si son ayudas o subvenciones al consumo, son
competencias comunitarias. Pero aún en el supuesto de que eso fuese
competencia de la Comunidad, al final hay un balance único por producto;
hay que sumarlos, hay que gestionarlos coordinadamente y hay que llegar a
un acuerdo sobre toda la legislación sancionadora, como planteaba el
señor Mardones.
En los tres meses que llevamos de funcionamiento yo ya adelantaba que,
efectivamente, hay quejas. Vamos a analizarlo inclusive por productos,
porque a lo mejor no es lo mismo --como planteaba el señor Mardones-- en
unos productos que en otros.
El problema del «stockage» es que puede generar un problema de
especulación, es decir, tú «stockas» mucho y al final te conviertes en
monopolista o en una situación de dominio de mercado. Por tanto, ahí
puedes controlar el mercado a través de un «stockage» estratégico y
nosotros vemos más problemas.
Por lo que se refiere al señor Vázquez, cuando planteaba el apoyo a las
producciones locales y el abaratamiento de precios, le vuelvo a insistir
en que a veces esos problemas son contradictorios y no son fáciles de
resolver en algunos casos.
En cuanto a los mecanismos de control que tenemos, desde luego, si me lo
plantea como Ministerio, absolutamente insuficientes. En la medida en que
nosotros no controlamos el comercio interior, que depende de la
Comunidad, el IPC, que lo controla el Ministerio de Economía, tenemos
evidentemente una insuficiencia en los sistemas de control, y eso, en
última instancia, es otro de los temas que tenemos en estos momentos
sobre la mesa de negociación con el Gobierno canario, es decir, cómo
vamos a estableces un sistema que garantice al beneficiario final. Porque
eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil evaluarlo al final, cómo se
establece, de que manera lo mides, qué porcentajes permites cargar en la
distribución, cómo funciona la oferta y la demanda. Ese, repito, es uno
de los temas que tenemos planteado.
Por lo que se refiere al representante del Partido Socialista, comparto
casi toda su intervención. Comparto con él que las denuncias sería bueno
que tuviesen rigor, porque, si no, nos desprestigiamos nosotros mismos
como país ante la Comunidad. Respecto a las preguntas que me hacía,
algunas se las puedo contestar, otras evidentemente se las responderé por
escrito.
En el año 1994 se beneficiaron 701 empresas del REA, 397 en Las Palmas y
304 en Tenerife. En el registro de operadores hasta ahora, y a partir del
1 de diciembre, se han inscrito 600, es decir, que ha habido una
reducción de 101 empresa, en principio. No puedo darle los datos --porque
no los tengo aquí-- de distribución porcentual de las ayudas, pero los
elaboraremos para enviárselos y la repercusión en el ciudadano normal.
Creo que tenemos que hacer un esfuerzo (la Comunidad, el Gobierno de
Canarias y nosotros) para intentar establecer un mecanismo que pueda
medir la eficacia del sistema, pero no es fácil, porque un mecanismo
requiere costes significativos, y la única manera de conseguirlo es que
tengas un proceso de campo de encuesta sistemático para recogida de
muestras. vamos a ver cómo lo hacemos, de qué manera, cómo trabajamos
conjuntamente en establecer el control de eficiencia de ese mecanismo y
en intentar que, evidentemente, el beneficio llegue al consumidor final.
Insisto en que llega, pero probablemente debería llegar en mayor medida,
ya que de la forma en que lo hace quizá sea insuficiente.
Evidentemente, al ser una región relativamente pequeña y dividida en
islas, tiene mecanismos que tienden al oligopolio, precisamente por su
pequeño tamaño. Eso genera costes añadidos y perjuicios para el
consumidor final. Pero deberíamos ser capaces de medir de una manera más
cuantitativa de lo que lo hacemos en este momento y garantizar una mayor
eficacia en el sistema del REA para que se beneficie el consumidor final.
El problema del aceite de oliva y la importación de Túnez está muy ligado
al sistema de restitución europeo. La Comisión fija unas cantidades
--cuántas toneladas subvenciona para la exportación, o sea, las
restituciones-- en función de las cosechas que se producen dentro de la
Comunidad. Por tanto, si la cosecha es muy buena, las cantidades son
mayores; si la cosecha es escasa, las cantidades son menores. ¿Cuál es el
problema? Que eso estaría bien si no hubiera comercio exterior y si no
hubiese empresas que hacen un enorme esfuerzo por penetrar en mercados
exteriores con marca propia y, por tanto, tienen que abastecer los
mercados, haya cosecha buena o haya cosecha mala. Si el año que viene hay
mala cosecha, resulta que no pueden reexportar desde Europa porque no
tienen restituciones suficientes y, en cambio, lo que tienen es una
demanda en un mercado en el que han hecho un enorme esfuerzo de
penetración y al que tiene que abastecer. Eso genera, evidentemente, la
importación, en tráfico de perfeccionamiento activo, de aceite y que, a
veces, en parte de ese tráfico de perfeccionamiento activo, el aceite que
vaya a Canarias sea proveniente de Túnez y no de la península, en la
medida en que las cosechas y las cuotas de restitución, o sea, las
cantidades que se subvencionan desde la Comunidad a las restituciones
comunitarias, sean más altas o más bajas.
Eso lo hacía sistemáticamente Italia y, evidentemente, lo empiezan a
hacer ahora las empresas españolas, que comienzan a tener marcas más
identificativas. Mientras que, en cuanto a los españoles lo que hacíamos
era exportar el aceite a granel, teníamos una menor presencia de marcas y
esto era menos importante, en la medida en que vayas generando marcas
tienes que recurrir más a este procedimiento y, por tanto, tenemos cada
vez más tendencia a importar aceite de Túnez, en parte para reexportarlo.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, ¿hay un segundo
turno?
El señor VICEPRESIDENTE: No está previsto en el Reglamento, pero si usted
me da palabra de honor de que consumirá un minuto, le concederé un nuevo
turno.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Se la doy.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, muy brevemente,
primero, para agradecer al señor Ministro las facilidades que me da para
conseguir la información que hasta la fecha no he podido obtener de forma
clara.
Las reexportaciones no están prohibidas, por supuesto. Lo que ocurre es
que el fraude se genera cuando se importa un producto en un envase, se
mete en otro envase y se reexporta. Eso es una reelaboración y ahí es
donde está el fraude, precisamente.
Problema de competencias. Ha quedado diluido. Ya veremos lo que pasa.
Los recortes en cuanto a las peticiones. Lo que ocurre es que hay
empresas serias y empresas que hinchan el producto. Si luego se les
recorta a todos igual, no cabe duda de que se va a producir el fenómeno
de que todo el mundo va a hinchar las peticiones.
Los precios más caros en la península que en Canarias. Señor Ministro,
eso no es lo que dice un muestreo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística el pasado mes de agosto. Según el citado muestreo, de un
total de 42 productos tradicionales en la cesta de la compra del ama de
casa, 35 tienen un precio más alto en la provincia tinerfeña que en la de
Las Palmas y, además, 17 llegan a ser más caros incluso que en Madrid.
Este es un muestreo hecho por el Instituto Nacional de Estadística.
Grado de concentración. Si hay un 20 por ciento de concentración en un
producto, me parece que es tremendo, que es muy alto.
El fraude. Indudablemente, no ha habido --lo ha dicho el señor Ministro--
capacidad para probarlo. Lo que hay que hacer es tener capacidad. Esa es
la obligación de la
Administración: instrumentar los procedimientos necesarios para hacer
imposible el fraude. Porque, no nos engañemos, todos estamos de acuerdo
en que a Bruselas no es conveniente llevar la sensación de que se produce
el fraude, pero el empresario perjudicado que ve que hace unas peticiones
que no se le conceden y que se le rebajan, lógicamente, es el que va a
llevar, en su propio beneficio, la protesta a Bruselas.
Tendría que hacer otras observaciones, pero en aras de mi compromiso con
el señor Presidente, termino.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro por otro
minuto.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete):
Respecto a los recortes, es evidente que la Administración no puede
evaluar cuáles son las necesidades de cada empresario. Entraríamos en un
sistema absolutamente discrecional en que a voluntad del director
territorial se dijese: a éste le doy el 20 por ciento, a éste el 40, éste
me ha pedido de más o me ha pedido de menos. La única solución es aplicar
el mismo recorte a todos y prorratear de la misma manera.
En relación a esos 42 productos, a eso me refería. El problema es que en
la cesta de la compra hay muchísimos productos que no están incluidos en
el REA, la gran mayoría. En el REA están incluidos sólo determinados
productos alimentarios, fundamentalmente cárnicos, lácteos, aceites,
vino, frutas y hortalizas. (El señor Soriano Benítez de Lugo: El muestreo
sí los incluye.) Sí, claro, pero probablemente en ese muestreo aparezcan
los que están incluidos en el REA, los siete que eran más baratos allí.
Pero el dato que nosotros tenemos es que los que están incluidos en el
REA son más baratos allí; los que no, son más caros.
El grado de concentración no es un problema de la Administración, es un
problema de competencia. En la medida en que hay más competencia, hay
menos grado de concentración; en la medida en que hay menos competencia,
hay mayor grado. Es un problema de funcionamiento de la estructura
económica de la comunidad canaria, donde hay probablemente mucho mayor
grado de concentración en algunos mecanismos de importación.
Evidentemente, la menor existencia de competencia significa, al final,
precios más altos, en cuanto se actúa de forma monopolística o de forma
oligopolística. Todo el que presenta solicitudes de importación o de
restitución, vía REA, obtiene las mismas respuestas. Si hay concentración
es porque nadie lo pide. Si sólo lo piden tres, quiere decir que a
ninguna otra empresa o empresario le interesa importar o elaborar el
producto.
Lo que intenta el nuevo reglamento es que sea lo más difícil posible el
fraude. Ese es el objetivo, que, evidentemente, no exista el fraude. Lo
que pasa es que yo, que soy empresario en mi vida normal, le digo que, a
veces, el sistema de gestión de contingentes es un tema muy difícil en
muchas ocasiones.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su presencia
y su intervención.
--PREGUNTA DEL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, SOBRE ESTUDIOS QUE EL GRUPO INTERSERVICIOS DE LA UNION EUROPEA
(UE) ESTA REALIZANDO SOBRE UN POSEICAN INDUSTRIAL. (Número de expediente
Congreso: 181/001268, y número de expediente Senado: 683/000022.)
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del
día, pregunta de don Alfonso Soriano Benítez de Lugo sobre estudios que
el grupo Interservicios de la Unión Europea está realizando sobre el
Poseican industrial.
Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: A finales de 1993, la Comisión Europea
solicitó al gobierno de Canarias y a la Asociación de industriales
canarios información para elaborar un programa de objetivos específicos
para compensar la lejanía e insularidad de Canarias que se refiera al
sector industrial y que funcione a semejanza del Poseican
agroalimentario, permitiendo la reexportación a la Unión Europea de
bienes industriales canarios que hayan sido elaborados con bienes
intermedios adquiridos a terceros países sin aplicación de aranceles, la
famosa tarifa exterior común. De igual manera se ha elaborado en este
sentido un industrial para los territorios franceses de ultramar, que,
por las noticias que tengo, está ya en funcionamiento.
El informe canario fue entregado el lunes 7 de febrero de 1994 al
presidente del grupo Interservicios, Giuseppe Ciavarini, a propósito de
una reunión de la Unión económica de regiones ultraperiféricas. El citado
informe, que se titula textualmente «Informe sobre el sector industrial
en Canarias: preocupaciones, dificultades y peticiones» analiza de forma
detallada la situación actual de la industria en Canarias. haciendo
especial hincapié en que el transporte es uno de los factores que en gran
medida encarece la producción canaria, por lo que es preciso el
establecimiento de ayudas comunitarias que compensen la lejanía e
insularidad del archipiélago.
Con estos antecedentes formulé una pregunta al Gobierno en enero del
pasado año en relación con la valoración que hacía de la posibilidad de
que Bruselas aprobara para Canarias un Poseican industrial. Con asombro
por mi parte, me contestó el Gobierno el 21 de febrero, y a la vista de
los antecedentes ya señalados, indicando que: «En cuanto a la necesidad
de que las medidas adoptadas para el sector agroalimentario se amplíen al
sector industrial, hay que señalar que por parte de la Comunidad no se ha
emprendido ninguna iniciativa en este sentido, puesto que su filosofía no
es extrapolable al sector industrial.» Es decir, el Gobierno, de
conformidad con esta contestación, desconocía, por lo visto, que la
Comisión Europea había solicitado del gobierno de Canarias y a la
Asociación de industriales canarios el informe al que he hecho referencia
anteriormente y que fue entregado, como he citado, el 7 de febrero de
1994 al presidente del grupo Interservicios, Giuseppe Ciavarini.
En el mes de septiembre de 1994, los representantes de la Asociación de
industriales canarios afirmaban, en los medios de comunicación de
Canarias, que Bruselas estaba estudiando la aprobación del Poseican
industrial a partir del informe entregado al grupo Interservicios ya
aludido. Por ello, volví a preguntar al Gobierno si se había producido un
cambio de criterio y, en concreto, por su postura sobre el particular. Y
se me contesta, con fecha 11 de noviembre pasado, reproduciendo lo que
dice la decisión del Consejo 314/91, adoptada en virtud del Reglamento
1.911/91, Poseican; es decir, las medidas previstas hasta el año 2000,
fecha límite para la adopción del arancel aduanero común en las islas
Canarias, y recordando que el año anterior a esta fecha la Comisión
llevará a cabo una evaluación de las medidas aprobadas y examinará de
nuevo la situación. En definitiva, no se me decía nada nuevo, no se decía
que se desconocía el tema del Poseican industrial, pero se hacía
referencia a una legislación; en resumen, se escurría el bulto porque no
se me daba respuesta a la pregunta que yo había formulado.
Y estamos ya en el año 1995. Al hacerse públicas en los medios de
comunicación las respuestas del Gobierno, los dirigentes de Asinca
insistieron en los medios de comunicación de Canarias, en sus contactos
con Bruselas y, en concreto, con el grupo Interservicios, que son
partidarios de poner en práctica el proyecto ya redactado, señalando que
el informe sobre el Poseidón de las provincias de ultramar francesas fue
estudiado por la Comisión el 10 de mayo de 1994 y, posteriormente,
aprobado y publicado su reglamento, y que el referente al Poseima, al de
las islas Madeira y Azores, estaba en avanzado estado de tramitación. Es
decir, tenemos ya unos antecedentes muy claros, por la información de los
industriales canarios, de que ya está aprobado el Poseidón industrial
para las regiones francesas de ultramar, y por lo visto está en avanzado
estado de tramitación el Poseima para Madeira y Azores.
No me diga el señor Secretario que la causa del retraso en el Poseidón
industrial se debe a que Bruselas ha puesto reparos a la Ley 19/1994 de
bases económicas del REF, porque si los hubiera puesto lo que tiene que
hacer el Gobierno es aprobar cuanto antes los reglamentos pendientes del
REF para evitar cualquier suspicacia por parte de los órganos
comunitarios de Bruselas.
Lo cierto es que el grupo Interservicios está manejando documentos sobre
un Poseidón industrial, y lo que queremos saber es si el Gobierno español
está colaborando o no en la consecución de un objetivo que ya ha sido
aprobado para las regiones francesas de ultramar.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra
el Secretario General de Comunidades Europeas, don Javier Conde.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Conde Saro):
Yo creo que mi respuesta tiene que ser forzosamente escueta, señoría.
Por parte de la Secretaría de Estado sí le puedo decir que no se ha
tramitado ninguna solicitud oficial hecha por las autoridades canarias
para el desarrollo de un Poseidón industrial. Lo que conoce la Secretaría
de Estado son los trabajos desarrollados en su momento por la Asociación
industrial de Canarias, Asinca, que son los que se llevaron directamente
a la Comisión.
Sabemos también, de manera oficiosa, que estos trabajos han sido
discutidos con el grupo Interservicios. Lo que no sabemos es hasta qué
punto. Conocemos también que la Comisión tiene todavía pendiente el
informe a realizar por el Consejo sobre todas aquellas medidas de
adaptación que tendrán que ser necesarias para conseguir los objetivos
del Poseican en términos generales, incluyendo la parte industrial. A
pesar de que pueda parecer reiterativo, este trabajo de informe que tiene
que hacer el grupo Interservicios se ha visto retrasado por una parte,
por los atrasos en el REF y, por otra, por los atrasos en el REA, que muy
recientemente se han solventado.
La Comisión últimamente ha contestado al Consejo en el Parlamento Europeo
diciendo precisamente que tienen en marcha este estudio, que lo piensan
llevar al Consejo rápidamente, pero que todavía no lo tienen terminado.
Esto es lo que yo le puedo contestar, señoría, en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra durante treinta segundos, señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Simplemente decir que veo que el
Gobierno conoce, al menos, los estudios del grupo Interservicios, aunque
sea de manera oficiosa. Pero teniendo en cuenta los antecedentes del
Poseidón y del Poseima, uno que está aprobado y el otro en vías de
aprobación, mi pregunta concreta es: ¿va a apoyar el Gobierno ese informe
del gobierno de Canarias y de los industriales canarios ante la Comisión
Europea? ¿Va a hacer posible que, al igual que en las Azores y Madeira y
en las provincias de ultramar, se cuente en breve plazo con un Poseidón
industrial?
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Conde Saro):
Los conoce de manera oficiosa, efectivamente, y también me parece que
puede quedar claro que el Gobierno hará todo lo posible, en todos los
sentidos, incluyendo el de un posible programa industrial, para que
Canarias se beneficie, está claro, y toda la experiencia que se pueda
sacar de los otros programas que se hayan podido adoptar para las
regiones francesas de ultramar o para Madeira, deberá ser forzosamente
beneficiosa para el caso concreto que nos ocupa. Por supuesto que el
Gobierno lo verá con el máximo interés.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias por su comparecencia, señor
Secretario General.
Concluido el orden del día se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.