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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 65, de 28/02/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 65
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA
DE LA DROGA
PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 28 de febrero de 1995,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
Elección del Secretario 2.º de la Mesa de la Comisión. (Número de
expediente 571/000002). (Página 1338)
Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Excmo. Sr. D. Carlos López Riaño, para que informe:
--De las medidas, criterios, objetivos y plazos del Ministerio de
Justicia para dar cumplimiento a las propuestas anunciadas el día 26 de
octubre de 1994, en el Congreso de los Diputados, por su titular, con
motivo de la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, sobre la política del Gobierno para afrontar con realismo
y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas.
(Número de expediente 713/000322). (Página 1338)
--Acerca de las líneas generales del Plan especial contra la droga que
prevé poner en marcha en zonas calificadas de riesgo como Cádiz y
Pontevedra, así como los medios que se dispondrán para lograr el
cumplimiento efectivo de dicho Plan. (Número de expediente 713/000323).
(Página 1354)
Respuesta a la pregunta formulada por D.ª Gemma Zabaleta Areta sobre la
situación general de los centros de rehabilitación de drogodependientes,
en lo que respecta al cumplimiento de la normativa y a la media de los
países europeos de nuestro entorno. (Número de expediente 681/000062).
(Página 1364)
Debate y votación de la Proposición no de ley sobre el Estatuto del
agente colaborador, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 572/000029). (Página 1365)
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--ELECCION DEL SECRETARIO 2.º DE LA MESA DE LA COMISION. (571/000002.)
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la elección del
Secretario 2.º de la Mesa de la Comisión, como consecuencia de la
dimisión de la Senadora doña Gemma Zabaleta Areta en dicho cargo.
A la Mesa ha llegado la candidatura de doña Ana María Sánchez de Miguel,
del Grupo Socialista. ¿Puede entenderse aprobada esta propuesta por
asentimiento de todos los miembros de la Comisión? (Pausa.) Queda
aprobada. Por lo tanto, ruego a doña Ana María Sánchez de Miguel que se
incorpore a la Mesa, dándole la bienvenida a la misma.
--COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE
DROGAS PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS, CRITERIOS, OBJETIVOS Y PLAZOS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PROPUESTAS ANUNCIADAS
EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1994, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR SU
TITULAR, CON MOTIVO DE LA INTERPELACION FORMULADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA
AFRONTAR CON REALISMO Y EFICACIA LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO Y
TRAFICO DE DROGAS. (713/000322.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la
comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, excelentísimo señor don Carlos López Riaño, para que informe de
las medidas, criterios, objetivos y plazos del Ministerio de Justicia
para dar cumplimiento a las propuestas anunciadas el día 26 de octubre de
1994, en el Congreso de los Diputados, por su titular, con motivo de la
interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la política del Gobierno para afrontar con realismo y
eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas.
Para la exposición general, tiene la palabla don Carlos López Riaño, al
que damos de nuevo la bienvenida a esta Comisión.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme sus señorías una breve introducción antes de entrar en el tema
nuclear de la comparecencia.
Estamos a diez años de la creación del Plan Nacional sobre Drogas en
nuestro país, una decisión adoptada por el primer Gobierno socialista, y
me atrevo a decir que, dados los resultados, sin duda positivos, que ha
supuesto esta década en la lucha contra la droga en nuestro país,
reconociendo no solamente la actividad de los órganos centrales del
Estado sino, sobre todo, cómo no, los esfuerzos realizados en las
Administraciones periféricas cualquiera que sea el color político que las
dirija, e, incluso, de nuestras Administraciones locales --es difícil
encontrar en España un ayuntamiento que tenga una densidad mínima de
habitantes que no esté preocupado por el problema de la droga y no cree
una respuesta, bien sea mediante la creación de centros de
rehabilitación, de acogida, de centros municipales--, al cabo de estos
diez años, por fin ha sido reconocido internacionalmente el esfuerzo que
ha realizado la sociedad española en este asunto.
Probablemente somos un país, por qué no decirlo, modélico en el ámbito de
la prevención. Pocos Estados, incluso dentro de la Unión Europea,
alcanzan el nivel de desarrollo de programas preventivos, tanto en el
área de la educación, de la cultura, de la participación en proyectos de
ocio, de deporte, como en lo que se refiere a la prevención
sanitaria-asistencial con la creación de comunidades y centros, y con la
integración de estos mismos centros concertadamente en la red pública de
la salud de nuestro país.
Yo creo que tal vez es el momento de rendir el mejor tributo a ese Plan
--no es el momento de desarrollarlo, pero tienen ustedes que formular,
según he sabido por la opinión pública, un informe-- hablando de su
revisión. Ha sido anunciada por el Presidente del Gobierno de la nación
como un deseo, participado con organizaciones no gubernamentales de
nuestra sociedad. Probablemente, como digo, ninguna ocasión mejor que
ésta para animar una segunda etapa de desarrollo de nuestros objetivos. Y
me atrevo a hablar en plural porque son, sin duda, objetivos comunes,
objetivos producto de una visión solidaria de la problemática de la droga
en España y objetivos que van a
integrar esfuerzos a todos los niveles de la Administración Pública y de
las organizaciones no gubernamentales.
Hemos dedicado mucho tiempo a cosas que eran necesarias. Primero, a saber
la gravedad del conflicto, la posibilidad de respuesta y la integración
de esfuerzos, pero, a lo mejor, no hemos podido dedicar el tiempo
necesario o suficiente a nuevos horizontes y a nuevas perspectivas en el
tratamiento de este asunto. Me pregunto si hemos hecho colectivamente,
como sociedad, un esfuerzo en la línea de la investigación clínica,
terapéutica, en la investigación de nuevas formas sustitutorias de
tratamiento. ¿Qué podemos decir de los resultados, incluso de
investigaciones, de orden biogenético? ¿Cómo integrar todo eso para que
sea útil en la definición de un nuevo proyecto a desarrollar por el Plan
Nacional?
Probablemente, también tendremos que hacer frente a nuevas realidades. No
sabemos exactamente qué contiene esa bolsa de riesgo potencial del
consumo de cocaína en nuestro país. Y no sabemos si las redes de
respuesta a ese fenómeno son las adecuadas o las habíamos orientado, tal
vez excesivamente, mirando como núcleo del problema humano de la droga el
problema del heroinómano. ¿Nos obligará ello a establecer nuevos
criterios respecto de los institutos, organismos, centros de acogida, de
ese riesgo potencial al que me refiero? ¿Qué tenemos preparado o previsto
en torno a las drogas de síntesis? En el equipo de la dirección del Plan,
pensamos que tal vez el momento de las drogas de origen natural está
dejando paso a un nuevo cuadro de consumo, el que se refiere a las Drogas
de laboratorio. Y reitero, ¿cuál es nuestra previsión si, en un momento
determinado, esos consumos, como parecen indicar no solamente las
autoridades de nuestro país, sino las autoridades internacionales, se
expande en Europa? ¿Estamos preparados para ello? ¿Tenemos los
conocimientos farmacológicos y clínicos necesarios para enfrentarnos a
esa nueva situación?
Esta y otras ideas, estoy seguro, señorías, que van a ser recogidas en el
informe de esta Comisión. Si me he atrevido a hacer esta brevísima
introducción es para significarles que el Plan Nacional está a la
absoluta disposición de sus señorías. En el año 1991 se produjo un
excelente informe de esta Comisión que fue coparticipado por la propia
Comisión y la Administración Pública, es decir, por el Plan Nacional.
Quiero decirles que si es cierto que se avecina una nueva analítica de
cara al futuro en el problema de las drogas en nuestro país, es evidente,
digo, que con mayor razón en esta ocasión el Plan Nacional abre sus
puertas a la información y a los requerimientos que sus señorías quieran
formularle desde su soberanía como representantes de esta sociedad.
La segunda cuestión, la importante, la nuclear, de mi comparecencia se
refiere, como consta en el orden del día, a un deseo formulado
expresamente por el señor Ministro de Justicia e Interior, don Alberto
Belloch Julbe, en sesión plenaria de la Cámara del Congreso de los
Diputados. Yo creo que es algo más que eso, que ese paquete de medidas
contenía, sin duda, aspectos que han sido expuestos por los grupos
parlamentarios en esta Comisión tiempo atrás. Algunas de esas medidas han
nacido, me atrevo a decir, del acuerdo y del consenso de esta Comisión;
las fuimos haciendo nuestras en principio los grupos parlamentarios
--según yo mismo recuerdo cuando tenía esa condición de portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista--, así como las propias Administraciones.
Ese conjunto de medidas pretenden resolver lo que se suscita en nuestra
sociedad como un importante debate: ¿estamos respondiendo
legislativamente al fenómeno de la criminalidad organizada? ¿A finales
del siglo XX, la respuesta jurídico-penal ha de ser tan estricta como los
legisladores --magníficos, por otra parte-- del siglo XIX observaron a la
hora de cerrar los códigos? ¿Hay lagunas que el legislador español --el
legislador europeo también-- debe rellenar? ¿Cuáles son los límites de
nuestra actuación? ¿Qué lectura tenemos que hacer de nuestra Constitución
para que no sea un corsé y permita que nuestra sociedad encuentre
respuesta a sus inquietudes, a sus legítimas solicitudes de seguridad?
Puede que esté sucediendo, señorías, que la propia sociedad española
intuya, y no sin razón, que son necesarios elementos más contundentes
desde el punto de vista legislativo para luchar contra esa fórmula o esa
forma de criminalidad organizada que caracteriza los finales de este
siglo.
La criminalidad organizada es un modelo de conducta colectiva que es
novedosa por cuanto que se atribuye algunos de los aspectos que han sido
conquistas del Estado de Derecho en su beneficio de forma fraudulenta: se
acogen en todos los países a los principios y fundamentos de las
constituciones, por la cuales las sociedades libres y democráticas han
luchado confiada e insistentemente. Esas organizaciones criminales tienen
asesores de todo tipo: económicos, financieros, judiciales probablemente;
se infiltran en muchos países en el área del subdesarrollo quebrantando
--lo estamos viendo en el informe que la JIFE produce para este
ejercicio-- la estructura democrática de esas débiles e incipientes
democracias latinoamericanas. Pero estamos, quizá, un poco de espaldas a
realidades aún más crueles: el continente africano es un continente
batido por el narcotráfico internacional. Ya es difícil para esa área de
la humanidad salir adelante desde sus problemas de toda índole
--económicos, culturales y sociales--, cuando se les viene encima todo el
desarrollo de unas nuevas redes o canales de distribución que llegan a
corromper a esas poblaciones; no es extraño que en los países
desarrollados haya un importante número de reclusos procedentes de ese
tercer mundo, todos ellos afectados por procesos que tienen algo que ver
con el narcotráfico internacional.
Yo sé que es difícil a veces encontrar el punto de equilibrio en nuestros
propios debates; algunos tienen el afán legítimamente garantista y creen
que todas las garantías peligran en la hora actual y que cualquier exceso
de los poderes ejecutivos o de las administraciones judiciales o
policiales pueden ser motivo de preocupación o de alarma social; otros
piensan --yo creo que también razonablemente-- que, sin embargo, esas
lagunas o esos vacíos deben ser llenados.
Durante los seis o siete meses que llevo al frente de la Delegación del
Gobierno para la Droga tengo que decir públicamente que mi mejor y mi
mayor experiencia en sentido positivo ha sido la del encuentro con esas
Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y ese Servicio de Vigilancia Aduanera,
que componen, conjuntamente con la estructura judicial de nuestro país,
el arma o el instrumento más eficaz de esta sociedad democrática. En
tanto la sociedad debate sus conflictos y sus problemas, estos hombres y
estas mujeres de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen con
su deber; raro es el día que no hay una noticia de sus tareas con
respecto a la lucha contra la criminalidad organizada. A través de los
medios de comunicación, los ciudadanos de nuestro país saben que nada
deteriora esa voluntad decidida de no aceptar el crimen organizado o las
mafias entre nosotros. Creo que eso no puede quedar solamente en el
reconocimiento público. Algunas de sus aspiraciones, hechas o
transmitidas como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un Estado
democrático, deben ser, cuando menos, consideradas. ¿Cuáles han sido esas
peticiones y cuál ha sido el grado de consenso en esta propia Comisión
para buscar entre todos un lugar de encuentro? Por ejemplo, estuvimos de
acuerdo en que era necesario argumentar o construir la figura del agente
infiltrado en las organizaciones criminales. En un mundo de desarrollo
tecnológico tremendo en el área de las comunicaciones, de los
desplazamientos, de la movilidad de esa propia criminalidad, parece
evidente que no basta con una policía que observe el problema o la trama
desde fuera, sino que es imprescindible insertar mecanismos de
investigación que permitan la acumulación de pruebas contundentes que
puedan ser expuestas a los tribunales para que estos ejerciten su
decisión o su resolución judicial.
En ese mismo mundo de tecnología avanzada, algo habrá que decir desde el
punto de vista del legislador en relación con las intervenciones
telefónicas. Se tejen a diario, en segundos, decisiones muy importantes
en el área del desarrollo de esta criminalidad, tanto para eludir la
acción de la justicia como para blanquear dinero, crear estructuras
económicas y financieras, aquí y allá, eludiendo siempre el potencial de
la respuesta de las administraciones judiciales y policiales de los
distintos países. Es preciso saber cómo traman esos intereses y cómo los
llevan, eso sí, con respecto absoluto a los principios constitucionales
de intimidad.
Tendríamos que hacer una reflexión --y de hecho la hizo el señor
Ministro-- respecto del desarrollo del artículo 17 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de nuestro país en relación con los
macroprocesos. ¿Es ésta la mejor forma procesal de llevar los asuntos
frente a la criminalidad organizada, a la lucha contra el narcotráfico, o
sería preferible, tal vez, hacer una revisión y llegar a un acuerdo de
cómo reconducir esos macroprocesos a procesos más controlables desde la
autoridad judicial, desde la propia instrucción hasta la decisión final
de la sentencia?
Tenemos por delante la responsabilidad de proteger a las personas que
quieren colaborar con la Justicia. Hemos hecho ya --han hecho las
Cámaras-- algo muy importante en este sentido, pero quizá tendríamos que
añadir un punto más respecto de lo que es el colaborador específico o
desarrollar la figura del arrepentido.
Por último, resolvimos en su día el procedimiento a seguir para las
entregas vigiladas de sustancias, lo que permite trabajar en distintos
países, seguir la pista de ese narcotráfico y llegar al final, a lo que
es la causa más importante de la organización criminal, cuales son sus
intereses económicos o la cabeza no visible de su dirección. Pues bien,
eso que hicimos respecto a las sustancias está claro que hemos de hacerlo
igualmente respecto a la entrega vigilada de capitales. Algunas
operaciones internacionales --y ha habido autoridades externas que nos lo
han recordado-- exigen esa colaboración en el plano de la cooperación
comunitaria. Es una laguna que, sin duda, podemos rellenar.
Por encima de estas decisiones, hay dos importantes textos legislativos,
que son hoy un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia e
Interior a los demás Departamentos del Gobierno: me refiero a la ley de
fondo y a la ley de precursores. La ley de fondo ha sido también una
iniciativa que surgió, me atrevo a decir, en el seno de esta Comisión.
Fueron determinados Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras las que
se pusieron de acuerdo en la necesidad de hacer en nuestro país una ley
que permitiera que los bienes procedentes de los decomisos fueran
dedicados a la prevención y a la asistencia de las drogodependencias, así
como también a los órganos de represión --Fiscalía Especial contra la
Droga o autoridades policiales-- como una ayuda que desde la propia
actividad de la lucha contra el narcotráfico tenía y tiene un alto valor
de ejemplaridad.
Es un proyecto que ha sido muy bien recibido por nuestra sociedad, pero
que yo les confieso, señorías, que tiene algún problema que enseguida van
ustedes a captar y a comprender. La ley de fondo quiebra, como saben, el
principio de unidad de caja presupuestaria de nuestro Estado. Sería,
pues, una decisión excepcional respecto de ese principio general. Nos
preguntamos en este momento qué bienes deberían ser objeto de dicho
desarrollo legislativo, porque es evidente que, como ha hecho el
Ministerio de Hacienda en un reciente informe, una cosa que está en la
opinión pública muy generalizada, que es la posibilidad de que los bienes
inmuebles --estoy recordando ahora mismo el asunto que afecta al llamado
Pazo Oubiña-- suponen después un recargo de mantenimiento. Incluso las
propias Administraciones periféricas, en este caso la Xunta de Galicia,
miran, y no sin razón, con cierta preocupación y con cierto sentido común
cómo asumir esos bienes inmuebles si después la dotación presupuestaria
de la lucha contra la droga no tiene posibilidades presupuestarias de
suplir los gastos de mantenimiento, que serían en algún caso cuantiosos;
hay propiedades de los narcotraficantes que exigirían, sin duda alguna,
mucho dinero para ser mantenidas desde la Administración pública. ¿No
convendría reconducir esos bienes a su valor monetario y distribuir esos
valores para la lucha que prevé la propia ley de fondo?
Una sugerencia que se nos hace desde el Ministerio de Hacienda es que esa
ley podría ser desarrollada más rápidamente de forma reglamentaria y no
como tal ley de fondo. Eso significaría que a lo mejor ahorrábamos tiempo
en el desarrollo y en la puesta en vigor de estas disposiciones pero, en
todo caso, merecerá la pena que dediquemos un punto a esa situación.
Menos me preocupa el asunto que se refiere a la llamada ley de
precursores, que no es sino el desarrollo de
una directiva europea. He de señalar a sus señorías que este texto está
ya en el Consejo de Estado para informe, y espero que en breve plazo
pueda ser discutido por sus señorías en las comisiones legislativas
correspondientes. En definitiva, la ley de fondo y la ley de precursores
están en marcha; han sido presentadas ya por la Delegación del Gobierno
al resto de Departamentos del Estado y están pendientes de devolución por
dichos Departamentos para el estudio correspondiente en la comisión
legislativa.
En cuanto al paquete que se refiere a intervenciones telefónicas, agentes
infiltrados y entrega vigilada, el Ministerio de Justicia e Interior
desearía llegar con sus señorías al siguiente acuerdo. Que siendo leyes
que afectan no sólo a materias de narcotráfico, sino también a otras
materias reguladas en nuestro Derecho penal, como es el caso de las
intervenciones telefónicas o el propio caso de agentes infiltrados --que
podría referirse no solamente a esta criminalidad del narcotráfico, sino
a otros tipos de bandas armadas o criminalidad organizada--, hagamos con
estos tres proyectos un paquete para reflexionar en la prometida reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es cierto que esta Comisión puede soberanamente decidir lo que guste y lo
que crea más conveniente los intereses sociales, pero lo que le está
reclamando el Delegado de Gobierno --y en este caso también el Ministerio
de Justicia-- es una reflexión compartida. Hagamos las cosas lo mejor
posible y de la forma más estructurada. Tal vez correríamos el riesgo que
desde nuestra visión parcial de ser una Comisión específica para el
estudio de la droga perdiéramos de vista que estas normas van a afectar a
otras áreas jurídico-penales, tanto en el ámbito sustantivo como en el
ámbito procesal. Quizá es una reflexión de tal envergadura que, si hoy
fuéramos capaces de establecer ese acuerdo básico para trabajar
conjuntamente en esa dirección, el Delegado de Gobierno, que tiene el
honor de dirigirles la palabra, quedaría comprometido a que por el
Gobierno de la nación, y específicamente por el propio Ministerio de
Justicia, se tuvieran en cuenta las iniciativas que sus señorías estimen
convenientes o adecuadas para el desarrollo de ese programa en el tiempo.
No es pedir una prórroga, es pedir un tiempo de construcción positiva de
unos proyectos legislativos que, en la medida en que ustedes los
profundicen y los analicen, entenderán probablemente conmigo que
requieren de esa importante reflexión.
Finalmente, he de manifestarles que se han tomado por el Gobierno
importantes decisiones en la ampliación de los servicios de Policía
Nacional y Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, dotando
adecuadamente a las direcciones de ambos institutos de mejores y mayores
elementos. Voy a entregar al Presidente de la Comisión unos documentos
que visualizan la situación que teníamos hace un año de las decisiones
que se han adoptado conjuntamente también en el Plan de Seguridad
Ciudadana, que va integrado en la política horizontal del Ministerio de
Justicia e Interior --es lo que en términos internos llamamos el tronco
común--, lo que supone una política para la respuesta a las inquietudes
ciudadanas en las que se produce una interacción en el área de la
seguridad ciudadana en sentido estricto --lo que llamamos la seguridad de
calle--, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo.
Termino, señor Presidente, porque me interesa, como es obvio, más que mi
propia exposición el contenido de las manifestaciones de sus señorías, a
fin de, si es posible, tejer ese programa común, que sería, sin duda,
presentado como tal programa común de esta Comisión, en la que el único
protagonismo sería el interés público, social y general de nuestra
sociedad. Quiero decir que en ese momento de revisión del Plan Nacional
la propia administración del Plan está deseosa de recibir el informe de
esta Comisión para que contribuya a señalar también los nuevos objetivos
y perspectivas de la lucha contra la droga en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delegado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como siempre, doy la bienvenida al Secretario de Estado
y Delegado para el Plan Nacional sobre las Drogas. Y quiero empezar con
la misma sistemática que ha empleado él, haciendo una referencia obligada
también al Plan Nacional sobre Drogas.
No puedo calificar sus primeras palabras como un ejercicio de autobombo,
puesto que ha introducido una valoración compartida en esos mismos
términos por las Comunidades Autónomas y el resto de las administraciones
que participan en este Plan Nacional que, hay que recordar una vez más,
es consecuencia del esfuerzo no sólo de la Administración del Estado,
sino de las Comunidades Autónomas y de la sociedad en general. Por tanto,
creo que es una valoración que hay que extender al conjunto de las
personas, de las administraciones y de las organizaciones que han venido
trabajando en esta cuestión desde el año 1985.
Ha hecho una referencia también al informe que está en marcha en esta
Comisión y que forzosamente, a mi juicio, debe ser el referente de lo que
el Estado, las Administraciones autonómicas o la sociedad deben hacer o
deben tener como metas en los próximos años para abordar adecuadamente el
debate sobre la lucha contra las drogas. Y ese documento que está en
marcha en esta Comisión es lo que creo que debe ser entendido como la
revisión del Plan Nacional. Me da la sensación de que si se ha hecho otra
interpretación o se ha jugado con esa posibilidad no se ha hecho un favor
a esta Comisión, a la que tantas veces desde el último 26 de octubre
invocamos cuando queremos demorar las acciones y retrasar --no sin
asombro de la sociedad-- la toma de decisiones que serían urgentes
adoptar. Por tanto, ya que se invoca esta Comisión como el núcleo
fundamental del que deben salir estas políticas, seamos coherentes y
hagamos la revisión del plan desde este documento que está en marcha.
La revisión de ese documento --la revisión, por tanto, a mi juicio, con
esta interpretación, también del Plan Nacional--, si es verdad que debe
tener, desde mi punto de vista, el reconocimiento de lo hecho, que, como
digo, es consecuencia
de un esfuerzo compartido, no debería ignorar aquellas lagunas que son
importantes y aquellas deficiencias o cosas que se han quedado obsoletas
con el transcurrir del tiempo. Y creo que una de las cosas que, en
justicia, debemos abordar es esa revisión crítica, porque si no
difícilmente podremos corregir errores, estudiar, o simplemente rellenar
deficiencias que el calendario o las urgencias del momento impidieron en
otras circunstancias poder abordar. Por tanto, creo que hay que hacer
también esa revisión crítica. Y uniéndome a esta valoración, que,
insisto, comparto, quiero hacer un especial énfasis en la labor que han
realizado las Comunidades Autónomas, las ONG y este Parlamento, este
Parlamento que fue el núcleo del consenso, ese consenso que tantas veces
se invoca para muchas cosas y que para este tema de la política de lucha
contra las drogas ya ha existido. Por tanto, no hay que volverlo a
invocar ni volverlo a construir. En 1985 el Plan Nacional pudo salir
adelante --y sus señorías lo conocen bien-- porque hubo un acuerdo de
todas las fuerzas políticas para desarrollarlo. Y en 1991 de nuevo hubo
un acuerdo para poner en marcha este documento --en más del noventa y
mucho por ciento de lo que fue este documento-- por parte de todas las
fuerzas políticas e impulsar esa política nacional. Por tanto, este
Parlamento ya ha funcionado como núcleo de consenso y sería bueno que lo
recordáramos, porque incluso cuando en estos días surgen iniciativas
desde otros ámbitos territoriales del Estado y se invocan como si fueran
una novedad en la política de la lucha contra las drogas, me sorprendo, o
simplemente creo que lo hacen quienes desconocen la realidad de lo que ha
sido la política de la lucha contra la droga durante estos años. Ya ha
habido una voluntad de consenso y creo que en el deseo y en el ánimo de
todos está que siga existiendo.
Pero lo que sucede es que no se debe invocar permanentemente el consenso
como un arma interesada. El consenso es el punto de partida, el diseño
para abordarlo, pero posteriormente hay una política que ejecutan
determinados equipos, determinadas administraciones, con mayor o menor
éxito. Por tanto, el consenso es el punto de partida, pero no puede ser
la estrategia que sirva para tapar las deficiencias o los errores
cometidos por las diferentes administraciones o por los distinto equipos
que gestionan en un momento determinado los programas. Por tanto, rindo
este homenaje a éstos e, incluso, a quienes han rectificado con el paso
del tiempo, porque también son importantes las rectificaciones que se han
producido con el paso de estos años.
En todo caso, también debo decir que estamos en un momento en el que es
más necesaria que nunca la relectura de estos documentos y la renovación
de este nuevo consenso que esperemos que salga pronto de esta Casa,
porque estarán ustedes conmigo en que por lo menos en algunos sectores
han creado un cierto desasosiego o dudas estos vaivenes que hemos visto
suceder también en el Plan Nacional sobre Drogas y, cuando menos,
reconocerán ustedes que los cambios de administración o simple ubicación
física de responsables no siempre han producido la sensación de tener las
ideas demasiado claras.
Pero, entrando, como decía el señor Secretario de Estado, en la cuestión
de hoy, la comparecencia para hablar del paquete de medidas sobre el que
estuvimos debatiendo en la sesión del 26 de octubre en el Parlamento,
debo empezar diciendo que, efectivamente, fueron palabras del Ministro,
pero quiero recordar también que fueron palabras del Ministro ante una
interpelación que el Grupo Popular cursó en la Cámara. Por tanto, no fue
una comparecencia pedida por el Ministro, sino una interpelación que el
Grupo Popular presentó ante lo que, a nuestro juicio, es un clamor
popular de demanda de determinadas reformas legislativas, de dotación de
determinados medios materiales y, por tanto, de modernización de nuestras
capacidades de lucha contra las drogas. Y en el contexto de esa
interpelación y después de haber enumerado una tras una las medidas que
proponía el Grupo Popular, el Ministro volvió, prácticamente, a repetir
las medidas que nosotros proponíamos, es decir, dando razón a lo que
demandábamos, pero, eso sí, diciéndonos que pedía un esfuerzo de
reflexión y que estos temas llegaran a la Comisión Mixta, que era el
núcleo en el que siempre habíamos trabajado y del que deberían partir los
nuevos impulsos y las nuevas ideas.
Ya estamos en la Comisión Mixta y desde octubre hasta ahora han
transcurrido unos cuantos meses. He de decir, por cierto, que el Ministro
se comprometió a comparecer en el tiempo más breve posible y que incluso
se habló de que fuera antes de que finalizara el período de sesiones. Hoy
ya estamos a 28 de febrero, casi marzo, y, por tanto, ha tardado algo en
comparecer, y no el Ministro, sino el Secretario de Estado, al que, por
cierto, le damos la misma valoración que al propio Ministro; de hecho, yo
mismo estuve de acuerdo en que fuera el Secretario de Estado quien
compareciera hoy en esta Comisión, puesto que es su responsabilidad. En
todo caso, no es una cuestión de competencias o de cargo en la
Administración, sino de urgencia. Es decir, creo que tendríamos que haber
abordado estos temas un poco antes y, sobre todo, me sorprende que hoy se
nos vuelva a manifestar el mismo planteamiento: de nuevo se nos pide
tiempo para reflexionar y de nuevo se nos dice que debemos seguir
esperando y construir un debate conjunto.
Creo que ya hemos hablado hasta la saciedad de estos temas. Creo que hay
una demanda por parte de las organizaciones sociales, por parte de los
fiscales y jueces, por parte de la sociedad; hay un consenso, en términos
generales, en las fuerzas políticas y, por tanto, no sé qué es lo que se
nos pide y por qué hay que volver a reflexionar, si ya está todo
absolutamente reflexionado. Usted podrá decirme, y le doy la razón, que
son mecanismos legislativos complicados que en el proceso legislativo
requieren de una especial sensibilidad, pero si no nos ponemos a caminar
y a hablar uno por uno de cada uno de estos proyectos, caeremos, como
está ocurriendo, en una absoluta esterilidad, y así éste seguirá siendo
un debate en el que nos iremos dando la razón paulatinamente y en el que
estaremos de acuerdo en los métodos generales, pero al final no le vamos
a dar a la sociedad los mecanismos que en este momento necesita. De lo
que yo me asombro es de que al día de hoy se nos vuelva a dar como meta
un plazo que no
tiene plazo, es decir, que no tiene fechas concretas. Yo esperaba, señor
Secretario de Estado, que hoy se comprometiera usted a decirnos cuándo y
en qué fecha van a estar aquí estos proyectos, porque se supone que ya el
día 26 de octubre habíamos consensuado que estos proyectos eran el punto
mínimo de partida para abordar una reforma legislativa coherente.
Pero mucho más asombroso todavía es que los dos temas centrales o
estrellas de este proceso, que son la ley de fondo y la ley de
precursores, al día de hoy todavía no tengan una fecha concreta, a pesar
de que existe una proposición no de ley aprobada por esta Cámara que
fijaba el día 31 de diciembre como fecha límite para que la ley de fondo
estuviera en la Cámara. El día 31 de diciembre ya ha pasado hace unos
cuantos días y todavía hoy no tenemos fecha concreta de cuándo va a estar
dicha ley. Y lo que es peor, y me deja mucho más preocupado, es que usted
deja entrever que incluso no va a ser una ley, sino que puede ser un
reglamento, cosa que creo que hay que abordar y estudiar con más
detenimiento porque, como usted bien sabe, la disposición adicional
tercera de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales prevé
precisamente el desarrollo de la ley de fondo. Por tanto, se trataría de
dar cumplimiento a la propia disposición adicional de la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales.
Este es un instrumento utilísimo y, en todo caso, es un instrumento que
la sociedad espera como una inyección moral, porque cuando estos días
vemos que los fiscales especiales de lucha contra la droga se quejan de
que no tienen medios, ¿qué les estamos diciendo? Que se aguanten, que no
hay recursos --en palabras literales del Ministro--, que no hay
posibilidades y que se conformen con que podamos informatizar una, dos o
tres fiscalías especiales. Mientras tanto, el crédito especial de 500
millones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado no ha sido
utilizado; mientras tanto, la ley de fondo, que podría detraer parte de
esos bienes, precisamente para hacer más eficaz la lucha contra la droga,
todavía no es una realidad. Por tanto, me parece una falta de voluntad
política no haber impulsado adecuadamente un instrumento que puede ser
útil relativamente, pero que sí lo es para estos temas concretos. Hay
cuestiones que de alguna manera inyectan moral a la sociedad, y yo creo
que hay determinados colectivos que están padeciendo el problema de la
droga y necesitan que les inyectemos fuertes dosis de moral; y la ley de
fondo no solamente es una ley económica sino que es una ley de inyección
moral a la sociedad que necesita ver que quien causa daño paga, de alguna
manera, devolviéndole a la sociedad parte de lo que le ha quitado en
salud, en seguridad y en tranquilidad de sus ciudadanos. Por tanto, creo
que esa ley tiene una importancia vital y no hay razón para que en este
momento todavía no exista una concreción, a pesar de las dificultades
técnicas que todos comprendemos.
Podría decirse lo mismo de la ley de precursores, y he escuchado del
Delegado del Gobierno, en otras épocas portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, la importancia que se da precisamente al control de los
precursores, que es además uno de los temas prioritarios contemplados en
la Convención de Viena; y como usted sabe, la Convención de Viena, que
ratificamos con un cierto retraso, nos pide y nos obliga a que legislemos
sobre esta materia. Por tanto, también me asombra que todavía no tengamos
la concreción de una fecha. Me gustaría, señor Secretario de Estado, que
usted nos dijera hoy que antes de que finalice este período de sesiones
vamos a tener aprobadas por la Cámara, no presentadas a la Cámara, sino
aprobadas por la Cámara, estas dos leyes que son extraordinariamente
importantes.
Luego entraré en detalle en los temas de los que el Ministro habló y que
son parte de nuestra proposición no de ley --si bien creo que usted se ha
dejado uno de los temas más importantes en la lucha contra el
narcotráfico--, pero antes voy a reafirmar una de las partes de su
intervención, que es la valoración de los Cuerpos de la Seguridad del
Estado en su encomiable labor. Creo que toda la sociedad española, y
desde el Grupo Parlamentario Popular quiero dejar constancia de ello,
reconoce el importante esfuerzo que realizan los Cuerpos de Seguridad del
Estado en la lucha contra el narcotráfico, el gran número de decomisos
que se están realizando, y eso dice mucho en favor de su profesionalidad;
también dice mucho, qué duda cabe, del volumen de tráfico que hay en
nuestro país de determinadas sustancias tóxicas. Pero me da la sensación
de que por esa vía tenemos muy difícil ganar la batalla al narcotráfico.
Yo le he oído a usted, cuando era portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, decir que es difícil enfrentarse a esa exclusiva visión del
narcotráfico, y que uno de los instrumentos más importantes no era el
decomiso, sino desmantelar realmente las organizaciones y evitar el
blanqueo de capitales.
España, que es geográficamente lo que es, y que tiene un importantísimo
número de kilómetros de costa y una vulnerabilidad geográfica e incluso
también histórica y cultural por nuestros vínculos con otros países, es
casi como ese barco que hace aguas por muchos sitios y que con mucho
encomio y con mucha profesionalidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado intentan tapar aceleradamente por veinte mil sitios haciendo
lo que pueden. Pero da la sensación de que ésa no es la vía; necesitamos
nuevos instrumentos que hagan más eficaz esa lucha, y uno de ellos es la
Ley de Blanqueo de Capitales, que aprobamos en esta Cámara y que, como
usted sabe bien, está pendiente de su desarrollo reglamentario. Usted no
nos ha dicho nada del reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales, y
esta Ley, señor Secretario de Estado, sin el reglamento prácticamente no
es nada. Por tanto, nos gustaría saber cuándo va a estar el reglamento de
la Ley de Blanqueo de Capitales, porque esta Ley tiene ya algo más de un
año, año y medio, y al día de hoy todavía no conocemos el reglamento de
la Ley, que es fundamental, insisto, para que sea operativa, porque el
reglamento contemplaba, como usted sabe, el tema de las sanciones y el
tema de la comisión que se dedica a la evaluación y conocimiento de
temas. Por tanto, ese reglamento es para nosotros muy importante.
Sobre el paquete concreto de medidas que el Ministro anunció en esa
interpelación del Grupo Parlamentario Popular, usted ha citado,
evidentemente, las más importantes: el tema del agente infiltrado, las
escuchas telefónicas, los
macroprocesos, las entregas vigiladas de dinero, que no las citó el
Ministro, sino que, como usted sabe, es una iniciativa presentada por
nosotros en la Cámara como una modificación concreta a un artículo
concreto, y que en el fondo es técnicamente bastante fácil poderlo llevar
a cabo, entre otras cosas porque es ampliar lo que ya contempla la Ley
sobre las entregas vigiladas de sustancias tóxicas o la posibilidad de
hacerlo con los movimientos de capitales. Otra cosa que usted no ha
citado, y que creo que tiene su importancia, es el tratamiento de
denunciantes --el Ministro sí lo citó en su comparecencia--. Por tanto,
sobre este paquete de medidas, yo esperaba alguna concreción, porque
usted nos ha vuelto a repetir aquí lo que se nos dice permanentemente,
que son temas importantes, que hay que avanzar sobre ellos, que hay un
consenso en la sociedad y en las fuerzas políticas para legislar, pero
que lo dejemos para un posterior debate. Yo no sé si la sociedad quiere
que lo dejemos para un posterior debate, yo no sé si podemos seguir
demorándolo más, yo no sé si cada día que nosotros esperamos a debatir
con más profundidad el tema perdemos un poco la parcela, perdemos un poco
de terreno frente a los que no esperan ningún día para seguir haciendo su
negocio ilícito.
Creo que éste es un tema urgente. Les estamos dando a ustedes la
oportunidad de avanzar en el proceso legislativo, y no entendemos que no
lo hagan teniendo sobre la mesa determinadas iniciativas, sea de nuestro
Grupo o del de ustedes. Además, saben que les hemos ofrecido sinceramente
la posibilidad de llegar a acuerdos legislativos para avanzar rápidamente
en estos temas. No entendemos que por una cuestión, no sé si estratégica
o de qué índole, no se aproveche el poner en marcha esos procesos
legislativos. Luego vamos a tener la ocasión de debatir sobre una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que puede ser de toda la
Cámara, precisamente para avanzar en la figura del agente infiltrado o
agente colaborador, y mucho me temo que va a tener de nuevo una cierta
parálisis, invocando, eso sí, esa futura reflexión más en profundidad,
cuando usted bien sabe que un proceso que se pone en marcha en esta
Cámara, ya en sí mismo es un proceso de reflexión y de debate. Por tanto,
para conseguir las cosas lo mejor es ponerse a andar, empezar a funcionar
poniendo sobre la mesa iniciativas concretas.
En muy pocos días probablemente veremos en el Pleno del Congreso de los
Diputados la iniciativa que le comento sobre las entregas vigiladas de
dinero. Si la mayoría de la Cámara está de acuerdo con aceptar a trámite
esa iniciativa, le garantizo a usted que el Grupo Parlamentario Popular
no tiene ninguna a priori sobre ese tema más que el deseo de que se
empiece el proceso y que cuanto antes lleguemos a la concreción de
fórmulas que nos permitan ser ágiles. Si, por el contrario, se vuelve a
desestimar la posibilidad de esa iniciativa, volveremos a producir una
parálisis que no beneficiará será a la sociedad española. Busquen ustedes
la fórmula que quieran. Yo no tengo ningún deseo personal, ni mi Grupo lo
tiene, de buscar más protagonismo en este tema que el de dar al
Parlamento la oportunidad de avanzar en estas cuestiones que nos parecen
fundamentales.
Usted ha hablado también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en otra vertiente, que es la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de nuevos agentes o de nuevos medios para poder
hacerlo. Como ha dicho que nos va a dejar un material, lo podremos
analizar En todo caso, señor Secretario de Estado, con lo que hemos visto
desde el día 26 de octubre hasta hoy, con el debate presupuestario en
donde pudimos ver realmente la escasez de posibilidades presupuestarias
que había para poder hacer estas nuevas dotaciones, me sorprende que
puedan haberse desarrollado los compromisos que el Ministro adquirió,
porque realmente eran ambiciosos. Le recuerdo que hablaba, en primer
lugar, del desarrollo de la brigada de delincuencia económico-financiera
en la Policía judicial, que iba a estar compuesta por cuatro grupos
operativos, tres de los cuales iban a destinarse exclusivamente, a los
temas de blanqueo de dinero. En segundo lugar, se refería a la reforma y
potenciación de los grupos especiales de estupefacientes tanto en la
Policía como en la Guardia Civil. Sería bueno saber si esos tres grupos
son operativos y con cuántos agentes cuentan, así como si esos refuerzos
a los grupos de estupefacientes de la Policía y de la Guardia Civil se
han concretado y de qué manera. En tercer lugar, hablaba de la
reorganización del servicio fiscal de la Guardia Civil, creando un
departamento antidroga con órganos de inteligencia e investigación.
Además, convendría saber si se han creado esos servicios y de qué manera.
Decía que se iba a incrementar en 438 el número de personas dedicadas a
la organización periférica. En fin, creo que eran unas concreciones
ambiciosas que, en todo caso, ya tuvieron nuestro respaldo y nos gustaría
saber si se han podido llevar a cabo.
Nos gustaría que nos facilitara alguna información sobre cómo van a
afectar a la Secretaría de Estado, y especialmente al Plan Nacional, los
recortes presupuestarios que ha introducido el Gobierno en cada uno de
los Ministerios. Es lógico pensar que ese recorte se ha distribuido entre
todos los Ministerios de la Administración central del Estado y
convendría tener una idea de en qué medida este recorte va a afectar
también a la Secretaría de Estado y si va a afectar especialmente al Plan
Nacional, porque tiene algo que ver con lo que estamos hablando no
solamente de medios legislativos, sino también de medios materiales.
Para finalizar y para resumir, señor Secretario de Estado, francamente me
siento decepcionado, no por el contenido de los temas que hemos tratado,
sobre los que básicamente ya hemos expresado en múltiples trámites
parlamentarios nuestro acuerdo, sino por la falta de concreción de un
calendario que realmente comprometa al Gobierno y comprometa a los grupos
políticos en el tiempo más breve posible. Creo que no podríamos irnos más
lejos de este propio período de sesiones, ya nos hemos saltado el
anterior período de sesiones, que era el compromiso del Ministro. Sería
razonable que adquiriéramos entre todos el compromiso de que en este
período de sesiones al menos el núcleo fundamental de estas propuestas
pueda ver la luz en las Cámaras y puedan dotar de los instrumentos
necesarios para llevar a cabo la lucha contra la droga.
Vuelvo a reiterarle nuestra voluntad de llegar por la vía que usted crea
más conveniente, por la que crean más conveniente otros grupos políticos,
pero no creo que invocando una vez más la reflexión, no creo que
invocando cuestiones de oportunidad o de estrategia y paralizando
procesos que pueden ponerse en marcha podamos llegar a esa situación,
sino, al contrario; es caminando como realmente podremos avanzar y
devolver a determinados colectivos que empiezan a estar bastante
afectados la moral que necesitan para enfrentarse al día a día de esta
tan difícil tarea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Robles.
El señor López Riaño tiene la palabra para contestar.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a responder con sumo gusto a la intervención que ha hecho el señor
Robles, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento personal y también
del equipo de la Delegación por la forma en que usted ha conducido la
solicitud previa de esta comparecencia, así como su desarrollo. Creo que
es posible en nuestro país, en nuestra sociedad hacer políticas no de
enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo que no conducirían a
nada, sino políticas integradas porque, como ha desarrollado su señoría
perfecta y correctamente, la capacidad de control del Ejecutivo que
ustedes ostentan constitucionalmente no impide la construcción de un
proyecto compartido.
Si usted me pregunta cuál de los dos informes preferiría yo, el que la
propia Delegación generase respecto de la revisión del Plan Nacional o el
que generase esta Comisión, yo le digo, señor Robles, que prefiero que
los objetivos de la revisión del Plan Nacional los señalen sus señorías.
En todo caso, mi intervención iba en el sentido de abrir las puertas del
Plan, como ya se hizo en el año 1991, para todo cuanto ustedes necesiten
en el ámbito de los datos, de las experiencias, de las relaciones
internacionales que sean motivo de interés para integrarlas en el
informe. Pero esta Delegación, mientras yo la dirija el tiempo que
ustedes decidan que sea así y el Gobierno lo mantenga, va a considerar
prioritaria la atención de los objetivos que la Comisión Mixta
Congreso-Senado señale, lo cual me parece que reconduce, como no podía
ser menos, a un auténtico protagonismo de los grupos parlamentarios.
Habrá que tomar decisiones en este ámbito después de la reflexión
correspondiente para vitalizar esa relación.
En algunas cosas las Administraciones son lentas, pero hay que pensar
también, señor Robles, que a veces son razonablemente lentas. Vamos a ver
qué cosas sí están señaladas y no debían producir decepción a su señoría.
La ley de Fondo ha sido presentada como proyecto por esta Delegación del
Gobierno al Ministerio de Justicia e Interior, ha sido trasladada por el
Ministerio de Justicia e Interior al Ministerio de Hacienda para sus
observaciones, siendo devueltas esas observaciones muy recientemente del
Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia. Con lo cual, no estamos
hablando aquí de una posible ley de Fondo; hay un texto presentado por
esta Delegación que es compartido ya por dos departamentos que tienen que
informar necesariamente de la cuestión. Cumplida, pues, esa iniciativa
indudable por nuestra parte, además constituye uno de los objetivos
prioritarios de esta Delegación, porque sabe el Delegado y el equipo de
dirección con cuánto interés sus señorías han debatido este proyecto
legislativo en sus etapas previas de reflexión general. Pero es un
proyecto de ley muy importante, es un proyecto de ley que, como he dicho
en la intervención inicial, supone una excepcionalidad respecto del
principio de caja común. Es un proyecto finalista, tenemos que decir qué
bienes decomisados hay en primer lugar, tenemos que certificar por parte
de la Administración judicial, que es una Administración independiente,
como ustedes saben, cuáles son los bienes que pueden ser objeto de esa
ley. A partir de ahí es necesario evaluar todos los años el contenido de
ese valor de decomisos para atribuirles una finalidad presupuestaria, el
cumplimiento de unos programas de prevención y de rehabilitación.
¿Por qué no confesarlo, señor Robles? Nos pareció una cosa muy sencilla
cuando lo comentábamos aquí en la Comisión y cuando lo hemos debatido.
Nos parece tan elemental que eso se pueda hacer que no entendemos --yo
también me incluyo a veces-- esa lentitud razonable en el desarrollo del
proyecto. Porque se pueden cometer errores, y los estamos viendo en el
análisis del propio anteproyecto presentado, que tendrían muy difícil
solución después. Me he referido por encima a la inclusión de bienes
inmuebles. La autoridad presupuestaria nos aconseja que utilicemos, en
otro sentido, el ámbito de los créditos ampliables como modelo a reiterar
año tras año en lugar de un fondo que proviniera del desarrollo de la
ley, según nosotros la concebíamos en principio. ¿Se pierde tiempo por
dedicar a este asunto unas horas, una semana de reflexión? ¿Qué queremos
al final? Una ley de Fondo que no contenga elementos demagógicos de
imposible solución y que, sin embargo, como muy bien ha señalado su
señoría, contenga elementos de ejemplaridad social. Esa ley tiene que ser
una ley ejemplar, porque es un esfuerzo legislativo y presupuestario
importante que desarrolla el Gobierno y al cual compromete, pero también
es una decisión de las Cámaras, como no puede ser de otra manera cuando
se habla de los dineros de los contribuyentes y de la política
presupuestaria. No tiene ninguna frontera o límite que impida su
desarrollo. La ley de Fondo está en proceso. Yo agradezco el apoyo que
usted refleja desde su posición como portavoz del Grupo, y le haré valer
en el seno del propio Gobierno para que se aceleren y se definan
definitivamente los proyectos. Si llegáramos a la conclusión de que hay
una vía procedimental más adecuada que la ley, y me he referido a la
posibilidad de un reglamento que recogiera el desarrollo de una junta
coordinadora de distribución de esos fondos que a lo mejor, según me
dicen las autoridades presupuestarias, facilitaría la entrada en vigor de
lo que en definitiva queremos, que es que esos fondos se atribuyan a la
prevención
y a la represión del narcotráfico, entonces yo se lo comunicaría
inmediatamente a sus señorías para que pudiéramos informar cuál de las
dos vías es la más adecuada y, hasta ese momento, compartirlo con
ustedes. Y quedo a su disposición para cualquier duda o para cualquier
información que desearan en ese momento. Luego la ley de Fondo está
comprometida por esta Delegación. El texto está presentado al Gobierno
--vuelvo a reiterarlo-- para que sea analizado por los distintos
departamentos.
La ley de Precursores. Es cumplimiento, como también ha señalado usted
con toda precisión, señoría, de una directiva europea. No es que ésta
esté ya sometida a discusión en los departamentos. He dicho en mi
intervención inicial que está en el Consejo de Estado para su informe.
Señor Robles, yo no me atrevo a llamar al Consejo de Estado. No lo haré
nunca. Podía hacerlo por amistades obvias, pero no lo haré nunca. Me
parece que es preferible significar públicamente que desearíamos que se
informara a la mayor brevedad como una decisión de la Comisión Mixta, que
no hay que tomar formalmente, pero que, sin duda, se puede trasladar. Es
también un órgano independiente de nuestro Estado, con un alto valor, y
hay que dejarlo trabajar según su propio Reglamento interno. Usted conoce
perfectamente el desarrollo de los trabajos en comisión. Esta Comisión de
Hacienda del Consejo, por lo visto, tiene también algún compromiso de
densidad laboral, y esto va a tardar un poco, pero yo creo que el debate
de hoy sirve --y le agradezco la cita que usted hace de mi
comparecencia-- para que también se hagan eco de esa necesidad.
Luego las dos leyes fundamentales están en marcha. No es un compromiso
etéreo, señor Robles; están en marcha, y yo creo que vamos a tener ya una
etapa de desarrollo, de recta final. No quisiera defraudarme a mí mismo y
a sus señorías diciendo que tendrá lugar en el espacio de este período de
sesiones. Yo me comprometo, señor Robles --no debía hacerlo, quizá, según
los anales de política escritos por todos los especialistas--, a que, al
término de este período de sesiones, hayamos clarificado totalmente ambos
proyectos de ley: la ley de Fondo y la ley de Precursores.
He expuesto a la Comisión que había la posibilidad y la conveniencia
colectiva --no para el Delegado del Gobierno para el Plan ni para el
Gobierno, sino para el propio conjunto del proceso-- de reflexionar sobre
el paquete de anteproyectos legislativos que se refieren o pueden tener
implicación en cuestiones de narcotráfico, como los agentes infiltrados o
los macroprocesos. Hago exclusión de la entrega vigilada de capitales
porque me parece que, como bien señala su señoría, ésta podría tener, por
afectar específicamente al narcotráfico, un tratamiento autónomo e
independiente, y mi posición sería, como ya le he dicho, la de aceptar
cualquier iniciativa de los grupos en esa dirección. Respecto de las
otras cuestiones que afectan no sólo al narcotráfico sino a la comisión
de otro tipo de delitos, quizá, por razones estructurales y racionales,
convendría hacer un paquete conjunto para resolverlo en un plazo no muy
prolongado en el tiempo. He señalado el final de este período de
sesiones. Me dicen los expertos en relaciones parlamentarias que la
Comisión de Justicia e Interior está absolutamente saturada de trabajo.
Me dicen que es imposible sacar adelante estos proyectos, y lo que piden
a sus señorías es que no perdamos la fe en que lo vamos a resolver en
este período de sesiones, pero que, probablemente, sea conveniente
incluirlos en el ámbito de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Yo sé que su Grupo, señor Robles --y usted mismo--, entiende
perfectamente esas razones. No se les pide que den un aval indefinido, ni
siquiera una prórroga. Lo que estoy pidiendo desde aquí es poder
compartir una inquietud que ya para mí a partir de hoy, sería común con
los grupos parlamentarios --con ustedes y con los demás grupos de la
Comisión, según iremos viendo--. Yo estoy seguro de que no ha de faltar
esa colaboración mutua de unos y de otros. Eso sería también un segundo
compromiso que yo me atrevo a formular aquí ante ustedes: en este período
de sesiones tendremos la posibilidad de debatir, de informar, de conocer
más profundamente estos aspectos delicadísimos. Porque, desde el área del
narcotráfico, yo mismo desearía ahora que hubiese una ley de agentes
infiltrados, pero ¿la voy a estar diseñando desde el ámbito que yo
conozco, con ignorancia de otros ámbitos de la lucha policial en la que,
probablemente, la reflexión es más amplia? ¿O incluso conviene hacer una
reforma tan parcial de estos asuntos que se pierda de vista la
interrelación con otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Yo creo que, de verdad, merece la pena esperar a esa posibilidad de hacer
esa reflexión, y es lo que me he atrevido a exponer.
Ha hablado usted de algunas deficiencias como las señaladas por los
señores fiscales especiales contra la droga. Le voy a decir, señor
Robles, que cuando llegué a la Delegación y asumí la Secretaría de
Estado, mi primera relación fue con la Fiscalía Especial contra la Droga,
en parte, porque creo que los señores fiscales contra la droga han
demostrado ser una pieza clave del desarrollo de estos procedimientos
penales. Es la garantía jurídica del cumplimiento de la legalidad de
nuestro país. Pero, además, ha sido un colectivo que ha tenido una gran
iniciativa personal, de modo que, dentro de esa Fiscalía Especial contra
la Droga, ya hay figuras reconocidas por su prestigio. Cuando llegué
propuse al Fiscal General del Estado que parte de los posibles bienes, de
los fondos , fueran dedicados a resolver problemas de infraestructura que
yo conozco. Creo que no desvelo ningún misterio si les digo a ustedes que
la Fiscalía General del Estado prefería hacer un estudio completo de la
situación de los señores fiscales, no solamente de los fiscales de la
lucha contra la droga, sino en relación con el resto de los componentes
de la fiscalía, en el sentido de que, probablemente, los fiscales
especiales contra la droga tienen, dentro del Cuerpo de Fiscales, un
estatus que el Fiscal General del Estado quería conocer con más
profundidad e integrar, de alguna manera, en un proyecto o programa
común. Me han invitado, creo que para el día 10 ó 12, a compartir esa
reunión en Toledo. Iré con sumo gusto a tomar nota de las cosas que
puedan ser resueltas en un tiempo difícil. Me ha preguntado usted sobre
cómo están las dotaciones del Plan Nacional desde el recorte que el
Gobierno y la Cámara han acordado. Son tiempos difíciles para hacer
política a base de dinero. No
me atrevería yo a decir que vamos a poder desarrollar un programa porque
tenemos unas excelentes dotaciones presupuestarias en la Delegación. Lo
vamos a tener más complicado que en el año anterior. Yo, personalmente,
me resisto a aceptar recorte alguno, pero es probable que la solidaridad
del Gobierno y las directrices de la propia Cámara, en el sentido de que
a nuestro país le conviene un recorte en el déficit público, que es lo
que se alega para justificar esas políticas, sean buenas para toda la
sociedad. Yo ahí me limitaría a decirle, señor Robles, que mi compromiso
es el de hacer la misma política y el de mejorarla en lo posible con el
dinero de que disponga el plan. Creo que es posible, con el dinero que
vamos a recibir, desarrollar las políticas que tenemos pendientes. Como
la situación, la austeridad del plan, nos exige ser sumamente austeros,
vamos a proceder a serlo. Como es lógico, esto siempre debe ser así, pero
en esta ocasión aún más de lo que sería nuestro gusto porque no hay otra
solución. No estoy muy alegre de tener más dinero que el año anterior
para desarrollar mi política contra la droga. No es así y no va a ser
así. Como ya dijo el Ministro de Justicia e Interior a la reclamación de
los señores fiscales, no es éste el mejor ejercicio para poder hacer
frente a esas situaciones.
Usted hablaba de la inestabilidad del Plan Nacional. Pues bien, con todo,
el Plan Nacional aquí está, aquí sigue la misma unidad
político-administrativa, incluso, reforzada con la creación de los
gabinetes, que a mí me parece que ha sido una buena decisión. Lo dije en
mi primera comparecencia y hoy estoy seguro de ello. Esos gabinetes
permiten que el mundo de la prevención y el mundo de la represión
convivan y se transmitan experiencias en uno y otro sentido. En ese
aspecto, me parece una decisión digna de ser mantenida. Algunos Estados
de la Unión, Alemania, Holanda, etcétera, han visitado la Delegación y no
les ha parecido un desacierto este modelo, sino todo lo contrario. ¡Ojalá
que en su momento podamos inspirar un modelo común europeo donde
prevención y represión tengan un órgano político-administrativo de
encuentro!
Esta ha sido una cuestión importante. Además, le diré que así como
nosotros hemos llegado aquí, en Francia la Comisión parlamentaria ha
solicitado la desaparición del Plan Nacional que entró en profunda
crisis, quizá, porque en Francia se dedicó a una sola de las áreas de la
lucha contra la droga, la preventiva, y no conectó con la sociedad, tal
vez al cien por cien, como puede conectar una unidad
político-administrativa que tenga esa amplia responsabilidad en las dos
vertientes: luchar por la prevención contra las drogas, pero también
tener conocimiento, información y posibilidades de coordinación para
crear un clima de trabajo adecuado, porque esto me parece que es muy
importante. Usted mismo ha dicho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado tienen al respecto un clima envidiable de trabajo y de
colaboración.
Se han adoptado medidas muy importantes para afrontar con eficacia el
tráfico ilícito de drogas en la línea de lo que usted solicitaba, señor
Robles, respecto de las mejoras en la Dirección General de la Policía y
en la Dirección General de la Guardia Civil. He dejado al señor
Presidente unos cuadros que visualizan, como digo, esas relaciones de
aumento de dotaciones personales y materiales. Si usted me lo permite,
señor Robles, no quisiera entrar en la descripción punto por punto de los
efectivos, pero si algún Grupo tiene interés en ello, yo no tengo ningún
inconveniente en decirles hasta qué punto se han cumplido minuciosamente
muchas de esas decisiones. En líneas generales, les diré que en la
Comisaría General de Policía Judicial se ha potenciado el Servicio
Central de Estupefacientes conformándolo con dos brigadas, la de
investigación y la de inteligencia, así como el Servicio Central de
Policía Judicial dándoles rango de brigada a dos de sus secciones, la de
delincuencia organizada y la de delincuencia económica y financiera,
dotándolos, consecuentemente, de las secciones y grupos necesarios que
permiten absorber estructuralmente el aumento de efectivos humanos
consiguientes a dicha potenciación.
Concretamente, en el ámbito de la delincuencia económico-financiera se ha
acelerado la propuesta de potenciación de las unidades que se dedican a
la investigación de estas actividades delictivas en las plantillas de
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Las
Palmas de Gran Canaria, Oviedo, La Coruña, Granada, Santa Cruz de
Tenerife, Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Valladolid y Gijón.
En relación con la Jefatura del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, les
diré que, de los 438 funcionarios previstos como aumento de las
plantillas periféricas dedicadas a la lucha antidroga, ya es real un
incremento de 90 efectivos. De los 116 funcionarios previstos como
plantilla ideal en el órgano de investigación del Departamento Central,
cuya creación anunció el señor Ministro, ya se han incorporado 49,
mientras que el órgano de inteligencia del mismo Departamento ya está
compuesto por 19 miembros del total de plantilla ideal que se fijó de 41
miembros.
En el proyecto de personal para la lucha contra el narcotráfico y el
fraude fiscal se contempla el dotar a todas las comandancias provinciales
de un GIFA, Grupo de Investigación Fiscal Antidroga, con plantillas
acorde a la conflictividad de su territorio. Tal medida se complementa
con la programación de cursos de especialización para la adecuada
formación de sus miembros. Se espera que durante el año 1995 los
objetivos propuestos se hayan cubierto en un 80 por ciento en el
Departamento Central, y en un 70 por ciento en la organización
periférica, lo que permitiría completar la reorganización total del
servicio fiscal en el año 1996.
Como ustedes saben, la política del Ministerio de Justicia e Interior en
el ámbito de la distribución presupuestaria atiende en este ejercicio,
prioritariamente, a las necesidades de dotación de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, a los que en reciente convenio se ha adscrito
una importantísima cantidad que excede de los 10.000 millones de pesetas.
En la parte alícuota que nos corresponde de lucha contra la droga,
nosotros hemos saludado con satisfacción esa decisión de la política del
Gobierno y del Ministerio de Justicia e Interior.
No quiero cansarles más, señor Presidente. Si en algún momento desean sus
señorías hacer preguntas al respecto, podemos contestarles por escrito
desde la Delegación.
Por último, me centraré en el Reglamento de blanqueo de dinero.
Obviamente, lleva usted toda la razón, señor Robles, no he hablado del
reglamento que prevé la Ley de Blanqueo de Dinero. Yo espero que el
Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España lleguen a un
acuerdo. He tenido ocasión de comentar este tema con el Presidente de la
AEB, don José Luis Leal, que tuvo la atención de invitarme a la
Asociación de la Banca Española para hablar de este importantísimo
asunto. Yo creo que lo vamos a tener en este período de sesiones. No
obstante, agradezco la presión del Grupo Parlamentario Popular y la de
los demás Grupos de la Comisión para que el reglamento de esta ley esté
en el «Boletín Oficial del Estado», lo cual no quiere decir que no se
esté cumpliendo la ley en otros aspectos ni se pueda cumplir. Como sabe
muy bien su señoría, la ley, en términos de generalidad, establece
principios que ya la propia Banca está haciendo suyos, puesto que los
representantes de banca ya están trabajando, cada día más
insistentemente, con ese órgano que, como ustedes recordarán, cumplía una
función de comisión ejecutiva transitoria hasta la llegada del
reglamento.
Yo quisiera dedicar una sesión monográfica, en otra comparecencia a
petición propia o cuando ustedes me estimulen a ello, al tema del
blanqueo de dinero. Hay sugerencias de la AEB que hay que tener en
cuenta. Ellos creen que son más operativos no describiendo el límite de
las operaciones de acuerdo con un listón de cantidad, es decir, dando
cuenta de las operaciones de más de cinco millones o de 10 millones.
Consideran desde el ámbito bancario que esto no produce una mejora en la
lucha contra el blanqueo de dinero y sí que es un obstáculo que, incluso,
produce una distorsión grande y probablemente un cierto beneficio
indirecto para los propios blanqueadores. Sin embargo, su asociación
quiere trabajar --esto sería injusto no decirlo en esta Comisión--
directamente con el Plan Nacional, incluso, reconstruyendo una comisión
que hubo en su día y que desapareció, no sabemos si por desuso o porque
no hubo tiempo para ello, o porque las autoridades del Ejecutivo se
dedicaron a otros asuntos que en ese momento eran de mayor trascendencia,
como la lucha contra el terrorismo. Hablo de una comisión donde el propio
Secretario de Estado para la Seguridad y autoridades del Ministerio del
Interior formaban parte de una especie de comité de trabajo con la AEB.
Me atrevo a anunciar aquí en público esa sugerencia de don José Luis
Leal, porque para eso se toma contacto con estas autoridades bancarias.
Creo que es una sugerencia muy interesante y que cabría diseñar un órgano
informal, si quieren ustedes, pero muy comprometido, de intercambio de
comunicación entre las autoridades, por un lado, y los representantes de
la banca, por otro.
Creo que he contestado a todas las cuestiones que me han planteado sus
señorías. Si alguna he dejado pendiente, háganmelo saber.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño. Tiene la palabra el
señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente. Intentaré ser
breve.
Señor López Riaño, usted ha hecho referencia una vez más al tiempo que
debemos tomarnos, a esas horas o semanas adicionales que usted nos pide
que nos tomemos. Yo lo he calculado en semanas, y si quiere que lo
calculemos en horas también es fácil, pero quería decir que desde que se
aprobó la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y, por tanto, desde
que tenemos el mandato de desarrollar la ley adicional, la ley de Fondo,
han pasado ya 70 semanas y que desde que aprobamos las directivas
comunitarias en el Parlamento español, y especialmente la Convención de
Viena, han pasado 125 semanas. Pues bien, habiendo pasado 70 semanas por
una parte y otras 125 por otra, creo que ha habido tiempo suficiente en
horas y en semanas como para que nos tomemos ya las cosas con algo más de
prisa. Insisto en que considero que ha pasado ya el tiempo suficiente.
Le vuelvo a urgir, por tanto, para que en este período de sesiones
queden, no clarificadas --palabra que usted ha utilizado aunque es un
término que no conozco yo desde un punto de vista parlamentario--, sino
aprobadas ambas leyes, bien en esta Comisión, bien en las Comisiones por
las que las dos tengan que pasar. Esto nos parece fundamental.
En cuanto al reglamento que, evidentemente, no supone la totalidad de lo
que permite realizar la Ley de Blanqueo de Capitales, como usted bien
sabe, sí es fundamental en lo que se refiere a los aspectos sancionadores
de la propia Ley. Claro está que en su momento reconocimos --los que lo
reconocimos-- que la Asociación de la Banca había hecho ya
anticipadamente a esa Ley una labor decidida en la lucha y prevención del
blanqueo de capitales. La Declaración de Basilea es un código del que se
dotaron los propios bancos para tomar conciencia de este tema. Lo que
sucede es que las leyes que aprueba el Parlamento deben servir para algo;
no deben quedarse en papel mojado porque si no estaremos dando la razón a
aquellos que dicen --yo no lo digo-- que el Gobierno está más preocupado
por una política de propaganda y de declaraciones importantes como
aquellas de: «vamos a acabar con los narcotraficantes», «romperemos el
espinazo» o «ya tenemos Ley de Blanqueo de Capitales», que por aplicar
una política más rigurosa. Por tanto, para dejar esa política de
propaganda que algunos dicen que hace el Gobierno --yo no lo digo-- creo
conveniente que procedamos a dotar de contenido a las leyes y a los
compromisos de todos en este Parlamento y que el propio Gobierno también
ha anunciado en alguna ocasión.
Me atrevería a decirle en broma al señor López Riaño que se desenganche
un poco de esa rigidez gubernamental y que proceda a hacer una labor de
desintoxicación gubernamental para que recobre ese impulso político que
tenía cuando era portavoz en esta Cámara. Quisiera decirle que haga lo
posible por que las rigideces y lentitudes gubernamentales se conviertan
en un cierto impulso legislativo que es lo que necesita este área.
Desengánchese un poquito de ese tema y haga usted posible que los
compromisos que el Gobierno y que el Parlamento adquieran se lleven de
verdad
a la práctica. Vamos a ver si en vez de clarificarlas aprobamos las
leyes.
Pero también me atrevo a sugerirle que haga lo posible para que, aparte
de esa reforma general que se va a hacer de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, a la que nos sumaremos gustosos si en el plazo conveniente se
produce su entrada en la Cámara --y aceptaremos gustosos la invitación
que usted nos hace--, no dejemos ninguno de lado la posibilidad de hacer
reformas parciales. También ahora vamos a debatir en la Cámara sobre el
Código Penal, pero ello no ha impedido que en estas últimas legislaturas
hayamos ido produciendo las reformas parciales que hemos considerado
urgentes y necesarias en algunos momentos procesales.
Creo, por tanto, que si en este momento en la Cámara hay ya medidas
concretas en las que todos estamos de acuerdo y sobre las que no debería
haber más trámite, debemos aprovecharlo para ganar algo más de tiempo. Me
sumo gustoso a su invitación, pero también les pido, tanto a usted como
al Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno, que nos permitan ser un
poco más ágiles. Si tenemos la posibilidad de avanzar sobre reformas
concretas, le pido que también lo podamos hacer.
Volviendo al tema de los fiscales --voy a ser breve, no quisiera
repetirme--, creo que cuando se invoca la falta de recursos para dotar de
más medios a los fiscales no se dice toda la verdad del problema, y es
que hay otros mecanismos que no son obligadamente los presupuestarios
sino que pueden ser también de orden legislativo para responder a las
demandas que nos hacen los fiscales. Por tanto, proporcionemos a los
fiscales esos medios. En cuanto a los medios materiales, como le he dicho
antes, cuando resulta que no se ha utilizado ese crédito extraordinario
de 500 millones que aprobó el Parlamento, y cuando además no tenemos
todavía una ley del Fondo, creo que debemos reconocer que no hemos puesto
todavía toda la carne en el asador para proporcionar a los fiscales cosas
tan sencillas como, por ejemplo, una red informática que es lo que nos
están pidiendo, no es que nos pidan grandes instalaciones o cosas así. En
esto debemos ser un poco más ágiles.
En cuanto a los recortes, que usted no me ha podido concretar pero que
intuyo los va a haber en la Delegación, no puedo sino decir que lo
lamento profundamente ya que si los medios con que cuenta el Estado para
hacer una política amplia en la lucha contra la droga no son muchos y
además se deben recortar, probablemente se van a ver afectados parte de
los programas que se van a desarrollar. Insisto en que lo lamento.
Considero que se podría haber recortado en programas de la Administración
de otras áreas, pero esperemos que esos recortes se hagan al menos con
los criterios de objetividad y eficacia que demandan todos los españoles.
Lamentando, por tanto, que se produzca ese recorte, voy a terminar por
donde empezamos. Hemos empezado hablando de lo que es en sí el Plan
Nacional. Este Plan no sólo significa la coordinación con las
Administraciones autonómicas; es ante todo y fundamentalmente una
coordinación transversal de los diferentes Ministerios y departamentos de
la Administración central, pero esto se olvida con frecuencia. Yo tuve la
ocasión de recordar en esta Cámara al anterior Delegado que la Comisión
Interministerial llevaba ya un cierto tiempo sin reunirse, y es que
resulta paradójico que incluso en procesos de esta Cámara hayamos llamado
a comparecer a los comisionados autonómicos y que nos hayamos olvidado de
que la principal misión del Plan es, ante todo, coordinar a la propia
Administración central del Estado.
Hay lagunas importantes en el área de la prevención. Yo no creo que pueda
mencionarse esta cuestión de ese modo elogioso que usted ha empleado
porque considero que el tema de la educación para la salud aún tiene
importantes lagunas. Por ejemplo, las cifras de consumo y de percepción
que tienen los jóvenes en España sobre las drogas no se corresponden con
esa afirmación que hacen al mismo tiempo de rechazo hacia las drogas
porque creo que no ha habido una política general de prevención. En
España se ha hecho quizá una buena política de prevención respecto de la
heroína y es posible que los jóvenes tengan hoy una gran percepción de
los riesgos que tiene esta droga, pero no creo que pueda decirse lo mismo
respecto de otro tipo de drogas ya que es posible que incluso los jóvenes
no consideren que son tan drogas como la heroína. Creo que ello es fruto
de una política de coyuntura.
Por tanto, hágase también una buena coordinación en la Administración
central, vuélvase a convocar esa Comisión Interministerial y piénsese que
aunque las Comunidades Autónomas y otras Administraciones han dado ya
bastante, también llega el momento de que debe ser el Gobierno, la propia
Administración la que se exija a sí misma que todos sus departamentos han
de cumplir esa labor de coordinación dentro del Plan para que desarrollen
parte de los programas contemplados en el mismo, y entre los que está uno
de los más importantes sin lugar a dudas, el de la educación para la
salud y todos aquellos temas que puede desarrollar el Ministerio de
Educación, no sólo en los territorios en que ésta no ha sido transferida,
sino colaborando también en aquellos territorios donde ya está
transferida la cuestión de la educación.
Esperamos que esta vez se cumplan los plazos y que entre todos podamos
sacar adelante esta demanda que la sociedad nos solicita día a día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Quiero expresar mi agradecimiento al señor Robles por su
intervención.
Quiero decirle que haré todo lo posible por superar el síndrome de
abstinencia parlamentaria que, como ustedes saben, seguramente es el que
me domina en el momento presente, para poder recuperar la capacidad de
iniciativa.
En cuanto a la Comisión Interministerial señor Robles, está siendo
convocada en este momento. Tiene usted razón; hay elementos en temas de
prevención educativa y sobre todo en lo que se refiere a las relaciones
con el Ministerio
de Sanidad en cuanto a la integración de la red pública en un proyecto
sobre drogas que me parecen de suma importancia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con una relativa brevedad, y en primer lugar quiero agradecer
la comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan contra la Droga,
señor López Riaño, y hacer una reflexión previa a lo que como portavoz
voy a manifestar en este momento.
Esta reflexión la hago con un absoluto respeto para el señor Delegado y
una total cordialidad, y es sugerirle que fuera sustituida la
terminología «Administración periférica» por otra como Gobierno o
«Administración de las Comunidades Autónomas», siempre y cuando no
significara un esfuerzo inasumible para el señor Delegado del Gobierno. A
nosotros nos ha parecido siempre que la terminología «periférica», que es
precisa geográficamente, se refiere a algo alejado, y nada más alejado de
nuestra voluntad que estar alejados del Gobierno del Estado.
Hecha esta manifestación previa, señor Delegado, a nosotros nos parece
que todo lo que se ha dicho aquí ha sido sumamente interesante, sobre
todo las reflexiones que usted ha hecho al inicio de su intervención,
porque creo que han sido de una extraordinaria utilidad. En un tema tan
difícil como el que estamos abordando en esta Comisión Mixta y que es
responsabilidad de todas las Administraciones, yo creo que la reflexión
es necesaria de una manera constante, porque la evolución social a un
ritmo totalmente acelerado a veces no se acompasa a los esfuerzos de las
Administraciones y de la sociedad. A veces da la sensación de que las
comisiones, las Administraciones, toda la sociedad vamos persiguiendo al
mercurio que se nos está escapando porque la criminalidad organizada
tiene un gran potencial económico que contrasta no sólo con las débiles
economías de los Estados productores, sino también con los recursos de
las fuerzas de seguridad de los Estados, y en este caso nuestro de las
Comunidades Autónomas, y su potencial de respuesta limitado por unos
preceptos constitucionales. Yo creo que esta limitación inferida por la
propia Constitución y la limitación presupuestaria nos dan una cierta
desventaja en la lucha contra el narcotráfico y el tremendo problema que
se deriva del consumo y tráfico y de drogas.
Sin embargo, señor Presidente, señor Delegado, entendemos que para
abordar el problema --y éste es el criterio del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió-- hay que hacerlo a través de
un consenso que históricamente ya se ha producido y del que es testimonio
claro esta Comisión Mixta; consenso que se ha producido a todos los
niveles, no sólo entre las Administraciones, sino también con las
Organizaciones no Gubernamentales y con la sociedad. Pero, además, debe
abordarse de forma global. Creo que nadie puede plantear en este momento
un intento de encontrar soluciones fuera del contexto internacional para
abordar el problema del narcotráfico y del consumo de drogas.
Usted, señor Delegado, se refería a la investigación clínica terapéutica,
a la investigación farmacológica y a si estamos dando una respuesta
adecuada. Nuestro grupo entiende que sí se producen grandes esfuerzos y
que probablemente estos esfuerzos también están limitados en momentos de
crisis económicas importantes, por cuya causa los recursos previstos
tienen que disminuirse forzosamente. Porque cuando alguien habla de
aumentar recursos económicos, siempre debería añadir de dónde los saca,
por muy importante que sea el objetivo a conseguir, ya que cuando se
producen determinados momentos de crisis, los recursos son muy inferiores
a los deseables para aumentar la efectividad y la eficiencia en los
objetivos. Aunque también es cierto, según nuestro criterio, que los
recursos económicos no lo son todo para conseguir estos objetivos, y en
este sentido nosotros nos sumamos gustosos al reconocimiento en el
esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como también a
las fuerzas de las Comunidades Autónomas, porque creo que es justo
reconocerles este esfuerzo que se hace, a veces, insisto, con recursos
limitados.
Recuerdo, señor Delegado, que a finales de año tuve la ocasión de
participar, en representación de nuestro grupo, en un foro de debate que
creo que fue precisamente organizado por la Delegación del Gobierno para
el Plan contra la Droga, concretamente en Algeciras, donde tuve la
oportunidad de escuchar los lamentos de los Fiscales Especiales contra la
Droga en cuanto a los recursos, oportunidad muy apreciada por nuestro
grupo porque nos permitió detectar los problemas que ellos denunciaban. Y
yo debo estar de acuerdo con lo que usted manifestaba en cuanto a que los
problemas no son sólo económicos, sino que los Fiscales también quisieran
acelerar el proceso de unas normas legislativas que les permitieran
actuar con una mayor efectividad.
Nuestro grupo entiende que el camino de la reforma de las leyes
emprendido en este momento es el correcto; entendemos que tampoco estaría
justificado en absoluto precipitarse, porque quien quiere adelantar la
hora de los éxitos se dirige con frecuencia a un fracaso asegurado. El
tema es demasiado delicado para combatirlo con excesiva rapidez, aunque
sí reclamamos que se produzca con toda la brevedad que aconseje una
razonable demora para que todo el mundo sea consultado y se afronte con
unas características de máxima eficiencia.
Para terminar, queremos referirnos también a la reflexión última que ha
hecho el Delegado y a una propuesta de que respetemos el compromiso del
Delegado del Gobierno en esta Comisión para que en el trámite de estas
leyes, la de Enjuiciamiento Criminal, la de Fondo, la de Precursores, que
están ya en trámite, por lo que no parece justificada ninguna iniciativa
que parcialmente intente realizar modificaciones que ya están
contempladas globalmente en estas leyes.
Nosotros nos sumamos a este compromiso del Delegado, lo asumimos y, por
lo tanto, consideramos que deberíamos tener la prudencia de esperar el
desarrollo de estas leyes y que cualquier tipo de modificación y de
iniciativa,
que a veces es acertada y adecuada, pueda instrumentarse a través de la
modificación de las enmiendas de las leyes que seguramente se van a
presentar en breve, como ha dicho el señor Delegado, en el Congreso de
los Diputados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
El señor López Riaño tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Bertrán, por sus manifestaciones y por su
apoyo en la parte que usted ha estimado que merecía apoyar de los
compromisos y las palabras que he dirigido a la Comisión. Rectificaré el
uso del término Administración periférica, que me dicen los expertos que
lo que intenta es incluir a los ayuntamientos, pero creo que es verdad lo
que usted dice de que al final nuestro Estado está integrado por las
Comunidades Autónomas, por lo que la que usted ha sugerido es una
expresión más correcta.
Desde luego, en los diez años del Plan Nacional, señor Bertrán, una de
las cosas que yo he comprobado como lo más importante quizá de lo que ha
sido la convivencia entre unos y otros en el desarrollo de programas
sobre drogas y contra las drogas es la madurez que han alcanzado los
programas autonómicos. Concretamente, los de Euskadi, Galicia, Cataluña y
Andalucía, sin ánimo de excluir a ninguna otra Comunidad, son programas
de gran madurez social, administrativa, política, asistencial y cultural.
Hace pocos días se suscribía en el ámbito de Cataluña un importantísimo
pacto de todas las fuerzas políticas con representación democrática para
encauzar un proyecto común de lucha o de enfrentamiento a la problemática
de las drogas. Y a mí me parece que eso debería estimular también a otras
formaciones políticas de otras Comunidades y de otros ámbitos autonómicos
para llegar, en lo posible, a un tipo de acuerdo similar. Porque eso sí
que tiene un alto valor de ejemplaridad; es ahí donde el ciudadano puede
ver por fin que los representantes políticos no solamente se preocupan de
sus intereses, sino que son capaces también, como en el caso de Cataluña,
de ceder cada uno en parte de sus convicciones o de sus programas en
beneficio de la firma común de ese documento, independientemente del
alcance que ustedes mismos quieran dar a dicho acto y a dicho acuerdo.
Como sabemos, el narcotráfico mueve miles de millones de pesetas. Cuando
uno, al frente de estas responsabilidades, piensa alguna vez que en la
captura del petrolero «Archangelos» hemos manejado cifras de cuarenta mil
millones de pesetas en el valor de la mercancía, que probablemente iban a
engrosar las arcas de los narcotraficantes tanto de este país como de
fuera del mismo, como responsable político de la dirección del Plan uno
no puede sino reflexionar cuánto trabajo le cuesta a una sociedad digna,
democrática y libre agrupar ese esfuerzo financiero y económico, nada
menos que por un montante de cuarenta mil millones de pesetas, para dotar
a las Administraciones públicas y a las organizaciones no gubernamentales
de una estructura financiera de apoyo. Eso nos da una clara imagen acerca
de dónde estamos.
El Informe de la JIFE, que es positivo para nuestro país y que reconoce
ese programa integrado de todas las Administraciones, no solamente del
Gobierno de la nación sino de todas las Administraciones públicas de
nuestro territorio estatal, es muy pesimista en el análisis que hace del
futuro. Avisa dicho Informe a la comunidad internacional que, lejos de lo
que se podía pensar, la expansión y el consumo de las drogas en nuestro
planeta va a más y va a ir a más en el futuro. Y que incluso algunas
cosas que creíamos superadas, como el consumo de heroína, vuelven a estar
ahí, abriendo la puerta de nuevo, esta vez ofrecida por los
narcotraficantes en su estado puro para buscar una publicidad adicional
al consumo de dicha sustancia, que va a producir, sin duda alguna,
reflexiones y actuaciones públicas de calado y de importancia.
Eso nos hace pensar que aunque esta Comisión a veces pueda tener algunas
dificultades reglamentarias de convocatoria o que, como sus señorías o
nosotros mismos quisiéramos, puede no reunirse en un momento determinado
en la dirección del Plan, lo cierto es que convendría hacer un
seguimiento periódico de ese desarrollo internacional del narcotráfico.
Porque si hemos de creer en todos sus componentes la resolución de la
JIFE, lo que de verdad tiene dimensión política internacional en ese
Informe es la detectación de que el narcotráfico internacional es un
fenómeno de expansión brutal, sin que se sepa exactamente hasta dónde
puede llegar la configuración de un poder alternativo a los poderes
democráticos desde esa acumulación financiera que nadie controla o que es
difícil controlar desde los Estados establecidos, de acuerdo con los
principios internacionales de esa Comunidad.
Vamos a dedicarle en el futuro, en la medida en que ustedes lo acuerden y
sea conveniente para la sociedad, más esfuerzos, como hemos dicho, en
investigación clínica y terapéutica para adecuarnos a lo que éticamente
debemos estar previendo de cara al futuro de nuestro país y de nuestra
sociedad. Este mundo del consumo de drogas va a cambiar. Y como va a
cambiar, debemos estar preparados. Creo que ya en los programas
autonómicos --así me consta, al menos, de la Generalitat a través de las
informaciones que recibimos del señor Comas y de otros responsables de la
misma-- de alguna manera se está trabajando precisamente en esa línea y
en esa dirección. Yo creo que otras Comunidades debían conocer esos
proyectos y debían compartirlos. Y vamos a buscar un foro, un ámbito de
encuentro, no solamente ya en el Plan, que puede tener esa connotación
gubernamental que es indiscutible --el Plan siempre será un órgano del
Gobierno de la nación-- para, quizá en el ámbito del propio observatorio
español, que ha de tener relaciones con el observatorio europeo,
encontrar un ámbito de acumulación de experiencias que puedan ser
compartidas. Aquellas Comunidades que van más avanzadas en sus programas,
estoy seguro, porque además lo participo todos los días, que están muy
dispuestas y muy abiertas a compartir esos conocimientos con Comunidades
que tienen una problemática diferenciada; no más retrasada, sino quizá
distinta o que por su dimensión no ha producido
todavía las reflexiones que otras Comunidades, como digo, han alcanzado
en el momento actual.
La madurez del Plan Nacional no es la madurez de un órgano del Estado o
del Gobierno. Es la madurez, como dije al principio, del esfuerzo
absolutamente increíble que se ha desarrollado en nuestra sociedad por
los responsables políticos --a todos los niveles-- para dar respuesta a
estos problemas. Dentro de unos días, en el ámbito de las elecciones
democráticas que se van a celebrar en nuestro país, estoy seguro de que
todos los alcaldes y concejales de nuestra nación, de España, van a tener
en sus mensajes una parte muy importante de dedicación a estos temas. Y
eso demuestra que, al fin y al cabo, como era propósito del Plan, eso se
ha conseguido.
Por último, agradezco una vez más todo lo que en estos momentos tienen de
apoyo sus palabras, así como el reconocimiento a la generosidad de su
reflexión permitiendo abrir ese espacio de tiempo razonable para que los
objetivos comunes de esta Comisión y del Plan Nacional puedan llegar a
feliz término en este período de la legislatura.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Todo apunta a que la brevedad es obligada para este portavoz después de
la extensa sesión que en este primer punto del orden del día se ha
producido hasta este momento. Por cierto, que hubiera sido más llevadera
si hubiéramos tenido la posibilidad de tomar un restaurador café los
miembros de esta Comisión que, por razón de cortesía, asistimos
ininterrumpidamente a la misma.
El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Rodríguez Zapatero,
pero quiero que sepa que dentro de las muchas posiciones que existen
acerca del complejísimo problema de la droga, algunas, muy radicales,
sostienen la teoría de que el café, como el tabaco o el té, forman parte
de drogas que deben ser objeto de persecución, no digo de carácter
policial, pero sí, al menos, de carácter incluso administrativo,
comparando ese tipo de drogas como el café, el tabaco y el té con drogas
como el alcohol, la cocaína o el hachís. Esto me ha hecho ser prudente en
el sentido de que en una Comisión en la que nos dedicamos a este asunto,
y donde es posible que haya miembros de la misma que sostengan ese tipo
de tesis políticas, no se entienda como una provocación el hecho de que
yo invite a café a sus señorías.
Discúlpeme su señoría la interrupción. No hay café. (Risas.)
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente. Entro ya en lo
que ha sido el objeto de la comparecencia a fin de fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista.
La comparecencia ha tenido como motivo esencial lo que podríamos
considerar como un desarrollo de las medidas que el Ministro anunció en
su día, en el marco del Pleno del Congreso de los Diputados y como
consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario Popular, de
nuevas iniciativas para la lucha contra la droga y, fundamentalmente,
contra el tráfico de la misma. Prueba de ello es que la mayoría de las
medidas van en esa dirección de lucha, como hemos analizado aquí contra
la oferta de las sustancias tóxicas que normalmente consideramos como
droga. Pero en el debate general del problema de la lucha contra la droga
y de su representación social, de su consideración y de las cosas que
inevitablemente tenemos que poner como referencia en el horizonte
inmediato, creo que estamos en un momento de transición, y esto ha
planeado en alguna medida sobre el debate que han mantenido el Secretario
de Estado --al que, obviamente, agradezco en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista su siempre grata presencia en esta Comisión-- y
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y digo que planea porque
estamos en un momento en el que estamos reflexionando, por un lado, en
torno a lo que ha sido el origen del nacimiento del Plan en el año 1985,
por otro lado, sobre lo que ha sido el informe de 1991 y el reto que en
estos momentos tiene ya planteado la Comisión de una nuevo informe
parlamentario, y estamos reflexionando porque se anuncia una reforma del
Plan, de su propia filosofía y de lo que podría ser una nueva perspectiva
de la acción del Plan Nacional, que nosotros valoramos muy positivamente
--como creo que es conocido, y básicamente asumido, por la mayoría de los
grupos políticos--. Y esa transición se está iniciando en el ámbito de la
realidad social; hay nuevos fenómenos, hay cosas que ya están bastante
claras, hay objetivos que se han conseguido en buena medida y, por tanto,
estamos iniciando, y debemos ser prudentes, una nueva perspectiva o una
nueva etapa.
Yo creo que todos esos procesos o esos fenómenos de cambio --aunque sea
un cambio sosegado y tranquilo, como seguramente le gusta pilotar al
Secretario de Estado, conociendo su talante-- necesitan reflexión,
necesitan tiempo, necesitan el contraste de muchas opiniones y
seguramente de muchas horas de debate --yo, desde luego, siempre intento
aprender alguna cosa escuchando a los portavoces de los otros grupos--;
por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista no le preocupa excesivamente
un problema de tiempos o de calendarios, sino de contenidos claros y de
esa perspectiva de consenso básico. Por cierto, consenso básico sobre el
que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene un actitud --que en este
caso va muy en sintonía con el Gobierno-- de búsqueda del acuerdo en esta
Comisión y en esta materia. Pero conviene recordar algunas cosas de vez
en cuando para que la perspectiva histórica sea la adecuada y que ese
esfuerzo de modernización histórica de algún grupo político que tiene
presencia importante en esta Cámara vaya con la modestia que los hechos
aconsejan, porque en el año 1985 no hubo un pleno consenso en cuanto al
dictamen que la Comisión del Senado emitió sobre la droga. El Grupo
Parlamentario Popular --en aquel entonces formado por Alianza Popular,
los
liberales y los demócrata-cristianos-- se abstuvo, fue el único Grupo que
se abstuvo, en el dictamen que el Senado emitió y que fue el germen del
Plan Nacional sobre Drogas, si bien es verdad que en el año 1991 hubo un
avance en cuanto a que el informe de la Comisión Mixta --luego aprobado
por los plenos-- ya es básicamente sustentado por la mayoría de los
grupos parlamentarios.
Y en este proceso de transición o de cambio al menos tenemos lo que
podríamos denominar tres patas fundamentales o básicas, que a nosotros
nos gustaría que caminaran en sintonía, con un orden de cierta
prevalencia --y creo que en esto podemos coincidir todos--. Por un lado,
tenemos las medidas legislativas que hoy hemos analizado aquí,
fundamentalmente destinadas la mayoría de ellas a la lucha contra la
oferta, lógicas en el fruto de impulso de una acción del Ministerio de
Justicia e Interior, y sobre las que, en principio, existe un acuerdo
básico en cuanto a la idea de las mismas, presentando algunas de ellas
una complejidad técnica extraordinaria y sobre la que el Grupo
Parlamentario Socialista quiere llamar la atención para manifestar que
necesitarán de una meditación y de ser muy perfiladas en el orden técnico
porque, repito, algunas de ellas son extraordinariamente complejas. En
segundo lugar, tenemos la pata de la propia reforma del Plan, que,
obviamente, incidirá en la anunciada, que estará en fase de reflexión
--como ha comentado el Secretario de Estado--, y que afecta
fundamentalmente a la estructura de la Administración y sin duda a las
relaciones en el ámbito de otras Administraciones públicas que están en
el esfuerzo conjunto, porque yo creo que cuando hablamos del Plan todos
nos estamos refiriendo no sólo a la Administración del Estado, sino que
estamos refiriéndonos a algo más importante, a un plan de la sociedad, a
un plan de todo el país, cuyos titulares son las diferentes
Administraciones públicas y cuyo piloto central es la Secretaría de
Estado; ésta es una segunda pata importante. Y la tercera pata o tercer
pilar de este momento de transición está en la labor de esta Comisión
Mixta, en la reelaboración y nueva formulación de un informe que va a
pretender analizar globalmente --y estamos dando los primeros pasos sobre
el mismo-- esa nueva perspectiva que debemos adoptar y las novedades y
modificaciones que sea preciso incorporar.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la voluntad de que en este caso
el Ejecutivo --a pesar de que el control parlamentario de algún grupo le
obligue o le exija, a nuestro juicio en algún momento de manera acelerada
y quizá con una coherencia no muy amplia-- se acompase más al ritmo del
Legislativo y que, por tanto, el informe --en el que, sin duda, va a
participar de una manera destacada-- sea el marco general del cual se
desprendan definitivamente, o de una manera lo más redonda posible, las
nuevas medidas legislativas que sean necesarias, la nueva estructura o la
nueva orientación, si es que tiene que reorientarse, del propio Plan y,
en definitiva, que perfile ese nuevo momento al que parece que nos vamos
a enfrentar. Eso no obsta, evidentemente, para que se pongan en marcha,
si no lo están ya, compromisos que han sido elementos fundamentales del
programa electoral del Partido Socialista --y que nos encanta que ahora
sean reclamados con esa petición de urgencia por parte de otros grupos,
como la ley de fondo o la ley de precursores, que creo que tienen una
maternidad bastante reconocida--. Nosotros creemos que eso es
conveniente; los compromisos que ha anunciado el Secretario de Estado nos
satisfacen, pero deberíamos matizar también y recordar que en el período
inmediatamente anterior a este momento intermedio de la legislatura entró
en vigor la Ley del Blanqueo de Capitales, es exigible, está produciendo
ya un cambio importante en el modelo de lucha contra el blanqueo --si
bien es verdad que hay algunas partes, seguramente importantes, pero,
desde luego, cuantitativamente reducidas, que exigen la aprobación del
reglamento de la Ley del Blanqueo--, habiéndose cumplido con uno de los
compromisos políticos importantes de esta legislatura, que había
terminado casi en la anterior, y que, por cierto, también supuso, y
debemos felicitarnos todos, un nuevo avance en la modernidad del Partido
Popular, que después de un discurso atávico al primer proyecto de ley que
se discutió al final de la anterior legislatura sobre blanqueo de dinero,
en esta legislatura apoyó más razonablemente una ley buena para la lucha
contra el narcotráfico, un instrumento y una herramienta decisivos en la
colaboración de todo el sistema financiero. También hay que recordar, y
no ha salido a colación en el debate de hoy, que hay otras medidas
legislativas importantes en marcha para la lucha contra la oferta, y así,
hoy finaliza el plazo de enmiendas de una de ellas, como es la ley de
contrabando --muy importante desde la perspectiva del Grupo Parlamentario
Socialista, que es un compromiso electoral del Gobierno--, que está ya en
la Cámara a debate inmediato --además parece ser que con la posibilidad
de un amplio consenso-- y que plantea también sin duda cuestiones muy
importantes en la lucha contra el narcotráfico.
En consecuencia, creemos que la perspectiva, distanciándose un poco de
las exigencias, seguramente comprensibles, de las iniciativas que casi
siempre plantea el Gobierno y que muchas de ellas son fruto del programa
electoral del Partido Socialista --que algún grupo de la oposición
requieren con tanta inminencia--, indican una buena marcha de la acción
global y, desde luego, nos parece importante, como decía anteriormente
--que es en definitiva el mensaje principal de lo que el Grupo Socialista
quería decir esta mañana-- que se atemperen esos tres elementos que
existen --incluso podríamos hablar de un cuarto, que son algunas
iniciativas conocidas ya de los grupos de oposición-- al informe de la
Comisión Mixta. Primero, porque eso nos permitirá la visión global;
segundo, porque se dará el protagonismo adecuado a la Comisión Mixta, que
tanto se ha reclamado en el tema de la droga; tercero, porque pondremos
en el esquema de la división de poderes las cosas en su sitio; y, cuarto,
porque seguramente eso permitirá lo que, desde luego, al Grupo Socialista
le preocupa. Hoy vamos a debatir aquí una proposición no de ley y
seguramente la postura del Grupo Socialista será criticada y refutada
porque hemos dicho que estamos de acuerdo en que hay que regular la
cuestión que se plantea, igual que hay que regular otras muchas que
anunció el Ministro y hoy ha reiterado aquí el Secretario de Estado, pero
fíjense, solamente quería hacer una reflexión a ese respecto y es
que nuestro Grupo mantiene que el paquete debe ser un paquete de medidas
globales y que urgir en estas cuestiones seguramente no sea una buena
técnica constructiva. Solamente lo que deberá ser la nueva regulación de
las intervenciones telefónicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con
el debate del calado constitucional de afectación a derechos
fundamentales básicos, el debate jurisprudencial y doctrinal que se ha
producido en nuestro país, los problemas parecidos que otros países
tienen ante esta cuestión, que todo el mundo sabe que es un instrumento
básico de lucha contra la delincuencia organizada, decisivo, pero también
uno de los instrumentos que más cerca está de la colisión con los
derechos fundamentales, básicamente con el de la intimidad, que es
esencial en un Estado de derecho, solamente eso, repito, va a requerir un
estudio muy profundo y esa medida, como las otras que se han enunciado
aquí, necesitarán de una perspectiva jurídica. Cualquier persona que se
haya acercado un poco a lo que es el procedimiento penal, a lo que es un
enjuiciamiento, a lo que es el ejercicio de la jurisdicción, sabe que una
reforma de aspectos tan importantes, como los que se han expuesto aquí de
relieve, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigirán que se haga cuando
esa reforma esté globalmente en marcha. Yo creo que, frente a lo que es
la historia legislativa de este país, incluso las exigencias de la propia
realidad, dos o tres meses es un tiempo que se necesita para hacer las
cosas bien y para hacer las leyes adecuadamente.
En consecuencia, quiero reiterar la petición de la adecuación de los
ritmos al informe de la propia Comisión, y anuncio ya que recogemos la
idea que el Secretario de Estado ha ofertado, que nos parece muy
interesante y le solicitamos ya --y lo haremos formalmente a la Mesa de
la Comisión-- una comparecencia específica para hablar de la situación
del blanqueo de capitales, del desarrollo de la Ley y de las cuestiones
colaterales que usted ha expresado, que yo creo que tienen un alto
interés para esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Gracias, señor Rodríguez Zapatero, por la posición que refleja
del Grupo Parlamentario Socialista.
Si he reclamado la generosidad de los grupos de oposición para que
entiendan el buen deseo de la Delegación del Gobierno y el porqué
queremos avanzar conjunta y solidariamente con los intereses de todos los
grupos, para esta Delegación es más importante que nada el apoyo del
Grupo que sostiene al Gobierno en este momento. Probablemente, en algún
momento el Delegado les pida incluso un apoyo específico para sus
proyectos, y yo estoy seguro que, integradamente con los demás grupos de
la Comisión, podremos avanzar en esa dirección.
Nada más que reconocer una vez más lo positivo de ese apoyo en este
momento, que espero sirva para llegar a un buen resultado en el proyecto
común que hemos diseñado en la mañana de hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
--COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE
DROGAS PARA QUE INFORME ACERCA DE LAS LINEAS GENERALES DEL PLAN ESPECIAL
CONTRA LA DROGA QUE PREVE PONER EN MARCHA EN ZONAS CALIFICADAS DE RIESGO
COMO CADIZ Y PONTEVEDRA, ASI COMO LOS MEDIOS QUE SE DISPONDRAN PARA
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE DICHO PLAN. (713/000323.)
El señor PRESIDENTE: Planteo a sus señorías la posibilidad de una
modificación en el orden del día. Hemos visto dos puntos; viene ahora un
tercer punto, que es una nueva comparecencia del señor Delegado del
Gobierno; un cuarto punto, que es una proposición no de ley, y un quinto
punto que es una pregunta de la Senadora Zabaleta. Propongo la
posibilidad de modificar el cuarto y el quinto punto, de modo que la
pregunta la veamos después de la comparecencia, simplemente para que el
Delegado del Gobierno se pueda ir, dado que en el debate de la
proposición no de ley nada tiene que decir el Delegado del Gobierno.
¿Están de acuerdo sus señorías? (Pausa.)
Se entiende aprobado por asentimiento.
Pasamos al tercer punto del orden del día, comparecencia del delegado del
Gobierno para informar acerca de las líneas generales del Plan Especial
contra la droga que prevé poner en marcha en zonas calificadas de riesgo
como Cádiz y Pontevedra, así como los medios que se dispondrán para
lograr el cumplimiento efectivo de dicho Plan.
Tiene la palabra el Delegado del Gobierno, señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Gracias, señor Presidente.
Señorías, existe un órgano de reciente creación para la lucha contra la
droga que recibe la denominación de Consejo Superior de lucha contra la
droga, en el que están representadas las siguientes autoridades. Lo
preside el señor Ministro de Justicia e Interior; son convocados los
Secretarios y Secretarias de Estado de Interior, de Instituciones o
Asuntos Penitenciarios, Justicia y el propio Delegado del Plan Nacional
sobre Drogas; los Directores Generales de la Guardia Civil y de la
Policía; un representante de la Fiscalía Especial contra la Droga y la
Directora, en este caso de la Agencia Tributaria y, como consecuencia de
ello, también del Servicio de Vigilancia Aduanera. (El señor
Vicepresidente, Martínez Soriano, ocupa la Presidencia.)
El cometido de este alto órgano del Estado para la lucha contra la droga
es el de coordinar todos los instrumentos y servicios de que el Estado
dispone para luchar contra el narcotráfico en el ámbito del Estado y en
sus relaciones internacionales, procurando evitar todo tipo de conflictos
y desencuentros en la obtención de un objetivo común, que es, sin duda
alguna, el de someter, violentar y destruir las organizaciones criminales
en nuestro país, relacionado todo ello con el narcotráfico y no a otros
delitos que son también susceptibles de persecución.
En su primera reunión, ese Consejo Superior de lucha contra la droga,
para poner en marcha ese deseo común de evitar conflictos y de agrupar al
máximo los elementos y servicios del Estado para obtener ese resultado
que queremos, tomó el acuerdo de desarrollar un programa de coordinación
en dos zonas consideradas de alto riesgo en nuestro país, una situada en
el sur, en la provincia de Cádiz, más específicamente en el Campo de
Gibraltar, y otra que se refiere no solamente a Pontevedra, sino a lo que
podríamos llamar la Comunidad gallega en su conjunto, aunque residenciada
la coordinación en la provincia de Pontevedra en cuanto al narcotráfico
de las Rías Bajas.
En cumplimiento de ese acuerdo del Consejo Superior de lucha contra la
droga, el Delegado del Gobierno que tiene el honor de dirigirles la
palabra fue comisionado para establecer esas reuniones de coordinación en
ambas circunscripciones nacionales, en Cádiz y en Pontevedra.
Hemos desarrollado ya ese objetivo. Tuvimos ocasión de encontrarnos en la
ciudad de Cádiz para formular o diseñar este modelo de coordinación y en
esa reunión, presidida por el Secretario de Estado, se señaló que el
punto de encuentro para la coordinación debían ser los gobernadores
civiles. Esto no sería una novedad, en el sentido de que dichos
gobernadores, como saben ustedes, tienen la facultad y la competencia de
coordinar todos los servicios y Fuerzas de Seguridad del Estado en su
provincia, pero sí en cuanto a estimular el ejercicio de esa coordinación
en programas que, efectivamente, sean diseñados desde el punto de vista
operativo. Lo que se quiere con estas reuniones es extremar la eficacia
del dispositivo del Estado.
Con frecuencia se suele decir que la lucha contra la droga no tiene los
medios suficientes. Es un latiguillo que aparece en todos los discursos
que hacemos unos y otros al hablar de este asunto. Ahora tenemos la
ocasión, a través de este Consejo Superior, de ver en su verdadera
dimensión todas las posibilidades del Estado moderno, un Estado como el
nuestro, para luchar contra el fenómeno del narcotráfico nacional e
internacional, y son poderosas, con ser muy preocupantes, como he dicho
anteriormente, la expansión del narcotráfico internacional y su capacidad
financiera. Afortunadamente, los Estados europeos --y, como consecuencia,
también nuestro Estado-- tienen dispositivos muy importantes y poderosos
para luchar contra este tipo de criminalidad. Lo que sucede es que a
veces no los veíamos todos juntos o reunidos en un esfuerzo común, y
ahora, que se ven reunidos en un esfuerzo común, es cuando verdaderamente
adquieren y deben adquirir para la sociedad su auténtica dimensión y
tranquilizar esa duda razonable que algunos ciudadanos pueden tener.
Si uno contempla los dispositivos con que cuenta el Servicio de
Vigilancia Aduanera de nuestro país, si uno ve cómo han sido consideradas
operaciones recientes en el ámbito marítimo de estos instrumentos y
servicios del Estado, si uno comprueba la tenacidad de los servicios de
la Policía Nacional dedicados a la lucha contra los estupefacientes y las
drogas, si uno ve hasta qué punto está comprometida la Guardia Civil
también en estas misiones y cómo desde la autoridad judicial hay una
evidente voluntad de luchar --entrega que nunca dejaré de apreciar en
público suficientemente porque me parece que es valiosísima, así como de
la Fiscalía Especial contra la Droga--, es entonces cuando verdaderamente
uno entiende cómo nuestro sistema de respuesta al crimen organizado puede
y debe dar buenos resultados.
Como digo, fuimos a Cádiz y celebramos esa reunión. Fue muy útil y, a mi
juicio, resultó ser muy importante desde el punto de vista operativo,
como posteriormente se ha podido comprobar, pues no sólo se formularon
palabras o diseños. La captura de alijos en esa circunscripción, la
integración de esfuerzos de los agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, han dado como
resultado, señorías, probablemente unas cifras que nos producen una plena
o casi plena satisfacción. Se ha incrementado la operatividad de esos
esfuerzos de manera muy clara y, sobre todo, se ha conseguido algo que
con el tiempo aún será mejor, y es el convencimiento de gran parte de la
sociedad del área gaditana en el sentido de que, efectivamente, ese Plan
está dando resultados.
Es una zona difícil, donde nos queda una cosa por hacer. Más que pedirle
a las distintas Administraciones en el momento actual un mayor esfuerzo
del que están desarrollando pediría, si pudiera, a organizaciones cívicas
y partidos políticos que desarrollaran en esa zona específica una tarea
muy necesaria allí y no tanto, por ejemplo, en Galicia, un territorio al
que me referiré después, cual es la tarea de la integración de los
movimientos sociales. En aquella zona hay una cierta descomposición
respecto de la ética de los movimientos sociales en la lucha contra el
narcotráfico. A lo mejor, a diferencia de lo que ocurre en Galicia, desde
algunas bases --mal entendidas desde el punto de vista de la organización
cívica-- se está próximo, sin quererlo, a interrumpir la acción de la
Policía, de la Guardia Civil o del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es
esa subcultura de los barrios que utiliza niños menores de edad para
impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuando estuve allí, algunas organizaciones civiles pretendieron sentarse
en la mesa en la que forzosamente teníamos que estudiar otro tipo de
problemas, como son las estrategias policiales contra el narcotráfico,
que no se pueden compartir o diseñar públicamente, lo cual parece obvio,
porque son responsabilidad del Secretario de Estado y de las autoridades
de la zona. Sin embargo, encuentro necesario hacer una llamada --que se
hizo en esa misma reunión-- a la integración de esas asociaciones cívicas
del área de Cádiz.
Si damos esa paso adelante, si convencemos a algunos ciudadanos, escasos
y minoritarios ciudadanos, que no contribuyen para nada al desarrollo de
las leyes, de lo servicios
de la Policía, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera,
sino que, por el contrario, a veces lo complican, encontraremos el
resultado óptimo que el Consejo Superior de lucha contra la droga quiere,
esto es, estructurar un dispositivo de respuesta que integre los aspectos
policial y judicial, pero también los aspectos sociales, humanos y de
desarrollo de las asociaciones no gubernamentales en cada una de las
zonas de alto riesgo.
Con el mismo ánimo y objetivo, pero ya con algo que resultó ser muy
importante para el desarrollo de nuestra visita a Pontevedra, es decir,
el conocimiento de cómo había funcionado este dispositivo de coordinación
en Cádiz, mantuvimos un nuevo encuentro, presidido en esta ocasión por el
Gobernador de la provincia, al que se le atribuye, como en Cádiz, esa
capacidad de organización, no solamente de los aspectos policiales, sino
también, como digo, de los sociales o preventivos para un dispositivo de
respuesta integrada. En Pontevedra, como digo, el ámbito es distinto al
del sur. ¿Qué sucede en Galicia? Todo el movimiento social de base es de
denuncia contra los narcotraficantes. No hay connivencia alguna en las
madres contra la droga o en las asociaciones cívicas con el narcotráfico.
Toda la sociedad está muy concienciada de que, efectivamente, Galicia no
quiere ser Sicilia. Y no lo será, no es posible, no es concebible que
Galicia pueda convertirse en algo similar a lo que puede aterrorizar
cuando uno analiza la historia de las mafias y de las organizaciones
criminales, pero, evidentemente, ello será gracias a esa integración del
esfuerzo cívico, del esfuerzo de base, con las autoridades y dispositivos
de lucha contra la droga.
Por otra parte, concurrieron a dicha reunión los mismos elementos: el
Servicio de Vigilancia Aduanera --tan importante también allí, en las
Rías Bajas--, la Guardia Civil y la Policía Nacional, e invitada la
Fiscalía Especial contra la Droga. Asimismo, habrá que decir que se puede
organizar una comisión ejecutiva o mixta --propuesta desde la base misma
de la reunión, no por este Delegado del Gobierno-- referente a la lucha
contra el blanqueo de dinero. Las autoridades gallegas entienden que
hemos dedicado mucho esfuerzo en sentido positivo a la represión contra
el narcotráfico, y las propias autoridades policiales --y esto es lo que
a uno le satisface mucho comprobar-- indican que es necesario abrir una
segunda etapa, dirigida fundamentalmente a perseguir los patrimonios de
los narcotraficantes de la zona. En Galicia se han acumulado a lo largo
de los años por el contrabando del tabaco y, sin duda alguna, por el
narcotráfico de cocaína, heroína y hachís grandes cantidades de dinero
negro, que pasan --eso es obvio-- por los circuitos financieros tanto de
la región, como de fuera de la misma. Vamos a emplear en ello un tiempo y
una dedicación, y estoy seguro que en Pontevedra, lo mismo que ha
sucedido en Cádiz, iremos obteniendo resultados que evidenciarán que
efectivamente este Estado, integrando a otros servicios de la
Administración, tiene servicios e instrumentos muy poderosos para dar
respuesta a estos nuevos hechos delictivos, a estas nuevas formas de
organización criminal.
Nos lo decían las propias autoridades policiales, que era absolutamente
necesario un dispositivo que incluyera elementos de la Inspección de
Hacienda y de la Inspección Laboral. A veces no hay que crear nuevas
cosas, porque ya existen, hay que aplicarse a descubrirlas y
coordinarlas, y lo que las autoridades pretendían era la integración de
esos dispositivos que en este momento, obviamente, la Policía Nacional,
la Guardia Civil o el propio servicio de vigilancia no tienen
configurados. Igual que en otros ámbitos de la Administración, si existe
esa posibilidad de investigar y de tener a disposición de la lucha contra
la droga inspectores de Hacienda, inspectores fiscales o inspectores
laborales que investiguen la creación de determinados marcos industriales
que puedan provenir del blanqueo de fondos procedentes de crímenes y de
conductas ilícitas, estaremos persiguiendo esa situación. Hasta ahí
llegaba el acuerdo del Consejo Superior de la Droga.
Para terminar, he de decirles, señorías, que he asumido personalmente, y
de acuerdo con la estructura del propio Ministerio de Justicia e
Interior, desarrollar programas en todas las provincias españolas, en
todas las Comunidades. Deseo hacer lo mismo en Castilla-León, donde he
tomado contacto con el Delegado del Gobierno para ir preparando una
reunión similar, aunque, como saben sus señorías, es un territorio mucho
menos preocupante que aquellos a los que me estoy refiriendo. Quiero ir a
Canarias cumpliendo esa misma función de coordinación, y a la larga, en
un período de tiempo no muy extenso, la Delegación del Gobierno podrá
tener una idea muy clara y una representación en un mapa muy diáfano de
cómo los esfuerzos del Estado pueden ser más operativos de lo que venían
siendo hasta el momento actual. Esa es la decisión adoptada por el órgano
al que me refiero y ésa es la medida en la que quiero dar destino a la
petición de comparecencia que me formula el Grupo Parlamentario Popular.
En todo caso, quedo a disposición de sus señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Soriano): Muchas gracias, señor
Delegado.
En primer lugar, le corresponde la palabra al Grupo solicitante de la
comparecencia, Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra doña Teófila Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario de Estado, por su comparecencia hoy aquí. No
puedo decir lo mismo de su intervención porque no nos ha aclarado nada
sobre si en líneas generales esa toma de decisión en las zonas altas de
riesgo, como son las provincias de Cádiz y de Pontevedra, y en general
toda Galicia, como usted ha explicado, significa algo más que la
coordinación. En la reunión que tuvimos con el responsable provincial en
la provincia de Cádiz, que es el Gobernador Civil, le demostramos nuestro
interés por conocer algunos aspectos, evidentemente no todos porque eso
es de su única responsabilidad. En todo caso, evaluaremos los resultados
de este plan especial para las provincias de Cádiz y de Pontevedra.
Creemos que es insuficiente que a estas alturas se nos diga que el plan
sólo consiste en coordinar mejor los efectivos que actualmente tienen
esas dos
provincias o zonas importantes en cuanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, miembros del servicio de vigilancia aduanera o miembros de la
Inspección de Aduanas, de la Dirección General de Aduanas, en los
controles aduaneros, especialmente en la frontera del sur de España
ubicada en el puerto de Algeciras, y, cómo no, de las autoridades
judiciales.
Después de mucho tiempo, nosotros, en este caso concreto yo, no voy a
hacer ninguna referencia a la dejación de las posibilidades que ha tenido
el Gobierno en los últimos años de actuar de forma contundente, no voy a
hablar de posiciones anteriores, como ha hecho en la intervención
anterior el responsable del Grupo Parlamentario Socialista, porque me
parece que así se quiebra un poco el espíritu de acuerdo en esta lucha
tan importante contra la droga, porque es evidente que desde el año 1990
en esta Cámara y a través de los medios de comunicación y de los medios
sociales, sobre todo en Galicia --pero yo puedo hablar por la provincia
de Cádiz--, hemos venido denunciando con argumentos, con datos, que esa
coordinación no existía, y la respuesta a esta Diputada del ex ministro
Corcuera en mi primera intervención fue que se estaba haciendo todo lo
posible, que no era lo necesario y que intentaba que lo posible se
acercase a lo necesario. Han pasado cinco años y parece que lo único
necesario era coordinar los efectivos existentes. Mientras tanto, ha
estado operando un plan sur en la lucha contra el narcotráfico. No se nos
han comentado los resultados, pero éstos son públicos y notorios: ha
habido un aumento de los efectivos de las bandas organizadas de
narcotraficantes, contrabandistas y blanqueadores de dinero; de
desembarcos de doce en doce lanchas y de diez en diez, de lo que ha sido
testigo muchas veces esta Diputada, últimamente pasan a desembarcos
efectuados por más de cuarenta lanchas; de cincuenta lanchas rápidas en
el puerto de Gibraltar, refugio de narcotraficantes, se han pasado en
esos cinco años a más de doscientas. Es verdad que ese plan del sur
contemplaba que en La Línea de la Concepción se aumentaran los efectivos
de la Guardia Civil, y así fue; están de forma provisional, pero llevan
ya cinco años de forma provisional. También desde entonces se nos dijo
que iba a haber una fiscalía antidroga a nivel provincial y otra para el
Campo de Gibraltar. Ultimamente no tenemos la del Campo de Gibraltar y
tenemos dificultades en las dotaciones de los juzgados de La Línea de la
Concepción, de ahí que pidiéramos la comparecencia del señor Belloch, que
es el Ministro de Interior y de Justicia. No parece lo más normal y
realista que en el Consejo Superior de lucha contra la droga, en el que
intervienen la Fiscalía, la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia
Aduanera y las Secretarías de Estado, no se tenga en cuenta la situación
en la que se encuentran algunos juzgados de la provincia de Cádiz,
especialmente los de La Línea de la Concepción, donde se encuentran
algunos expedientes de pequeños blanqueadores de dinero o algunos
narcotraficantes, y que están en una situación que parece de otra época.
Por tanto, en ese repaso de lo que ha pasado en estos cinco últimos años
en la provincia de Cádiz y en la zona gallega, manteniendo las
diferencias porque en la zona de Cádiz, como el Delegado del Gobierno ha
dicho, hay una parte de la sociedad en La Línea de la Concepción que ve
la actividad del contrabando y del narcotráfico como una salida a una
carencia económica arrastrada de muchos años, y se enfrentan abiertamente
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, amenazan a los
miembros de las coordinadoras y también a los políticos. Eso es una
dificultad añadida, pero es una dificultad que tampoco ha obtenido
respuesta por parte de aquellos que llevamos pidiendo desde hace mucho
tiempo nuevas condiciones sociales y económicas para que esos jóvenes,
esos niños, no vean en el narcotráfico y en el contrabando una salida
ilegal a sus necesidades legítimas de recursos económicos para poder
vivir.
En esta comparecencia pretendíamos que el señor Delegado del Gobierno nos
informara de si además de esa coordinación iba a haber un aumento de
efectivos. Sabemos, por los recursos económicos presupuestarios, que es
difícil, debido a esa experiencia anterior que hemos tenido. No podemos
pensar que la coordinación no ha existido porque no quisieran los máximos
responsables. Para ser benévolos y para no hacer leña del árbol caído, no
vamos a dar nuestra opinión de por qué pensamos que no ha existido,
porque, evidentemente, ha habido una dejación de esa coordinación, y los
resultados están ahí. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En este momento, como le decía al señor Delegado del Gobierno, hay serias
dudas de si no se pone realmente toda «la carne en el asador», como se
dice vulgarmente, y en los próximos meses veremos si es cierto que en las
aprehensiones y en el espíritu de las actuaciones de algunos de los
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está habiendo
una mayor eficacia. Pero usted también debe saber, por los medios de
comunicación, que se han producido últimamente unos hechos en la
provincia de Cádiz y algunos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado están desanimados precisamente por esa falta de
coordinación. Me refiero a algunas operaciones que ha habido en Jerez en
las últimas semanas, en La Línea de la Concepción o en el Campo de
Gibraltar. Cuando llegan esas autoridades judiciales se encuentran con
que, por falta de medios, por falta de recursos legales, los
narcotraficantes siguen teniendo las mismas facilidades que tenían antes
de que se pusiera en marcha este plan de choque.
Nosotros seguimos manteniendo de forma contundente que la gravedad del
asunto es tal que requiere un esfuerzo, por eso se dice que son zonas
calificadas de riesgo y, aunque haya poco presupuesto, habrá que procurar
hacerlo lo mejor posible para que en esas zonas altas de riesgo haya
mayores efectivos, porque, señor Secretario de Estado, y usted lo sabe
porque ha estado allí y espero que le hayan informado igual que a mí, hay
algunos funcionarios de los helicópteros, por ejemplo, del Servicio de
Vigilancia Aduanera, que permanecen muchas horas seguidas en servicio,
con un espíritu de sacrificio en beneficio de la sociedad muy importante
que muchas veces no se ve compensado, no se ve compensado ni tan siquiera
en ese tratamiento que van a tener en la ley de contrabando, que está en
el trámite de la Cámara, desde el punto de vista profesional
y de respaldo de sus actuaciones. Ocurre lo mismo con el Servicio de
Vigilancia Aduanera, con el servicio marítimo o con el servicio de
tierra, donde también hay efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Guardia Civil y Policía, que todavía no están suficientemente
coordinados.
Es cierto que, por lo menos aparentemente, el Gobernador Civil de Cádiz y
las autoridades gallegas están haciendo un esfuerzo para que exista esa
coordinación. El Gobierno Socialista tendría que reconocer que se están
dando los pasos que el Partido Popular hace mucho tiempo que ha requerido
en esas zonas. Consta en las hemerotecas y en los Boletines de esta
Cámara que lo hemos pedido hace mucho tiempo y hemos solicitado que
España interviniera ante la Unión Europea para denunciar las actitudes de
Gibraltar. Después de cinco años es ahora cuando se está haciendo,
aparentemente con buenos resultados. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Nosotros no queremos ir a paso de tortuga, sino que el Gobierno
socialista vaya con paso decidido, y le vamos a apoyar, le estamos
apoyando y estamos haciendo una crítica constructiva, aunque se vea de
otra forma por parte de los responsables. También nosotros podíamos ver
que no se actúa democráticamente cuando se rechazan propuestas del Grupo
Parlamentario Popular que son lógicas, que van encaminadas a luchar
contra el contrabando, contra el narcotráfico y contra el blanqueo de
forma lógica, dejando a un lado las banderas ideológicas. ¿Por qué?
Porque de todos era público y notorio que Gibraltar era un refugio de
narcotraficantes y blanqueadores. Es público y notorio porque Diputados
socialistas de la provincia de Cádiz dijeron que iban a emprender
acciones ante las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda para
que se persiguiera a aquellos blanqueadores de dinero en pequeña escala
que tienen chalés, que tienen coches, que tienen motos, que viven como
marqueses y que no tienen ninguna actividad legal económica reconocida.
Eso no se está haciendo porque siguen disfrutando de esos coches, de esos
chalés, de esos recursos económicos, están haciendo competencia desleal a
empresarios y a ciudadanos que cumplen legalmente con sus obligaciones
fiscales. Nosotros queremos la máxima contundencia y ahí nos van a tener
siempre, en ese plan de choque sobre el que nos gustaría conocer más
aspectos, además de la coordinación.
Señor Secretario de Estado, tenemos razones fundadas para ser
desconfiados, porque si ahora hay que coordinar, ¿por qué no se
coordinaba antes? Si los juzgados de La Línea están en la situación en
que están, ¿por qué no se actúa, señor Secretario de Estado? Si el otro
día en Rompechapines, una barriada en Jerez, actúa la Guardia Civil a las
órdenes de un juez, termina la redada, se incauta droga, se pone a
disposición judicial a narcotraficantes, a pequeños camellos y a los dos
minutos la policía de Jerez denuncia que se está vendiendo droga, que se
está vendiendo heroína en ese mismo sitio, ¿por qué no hay más
coordinación, señor Secretario de Estado? Si el Fiscal antidroga especial
de Galicia, José Luis Conde, el 15 de febrero denuncia la descoordinación
que, a su juicio, existe entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado implicados en la lucha contra el narcotráfico, ¿por
qué no se actúa, señor Secretario de Estado? Como usted decía antes en su
intervención, la Fiscalía antidroga es una pieza clave para luchar contra
la droga. Si en este momento hay un Ministerio de Justicia e Interior,
¿por qué esa coordinación no es efectiva entre las autoridades
judiciales, el Ministerio de Justicia e Interior, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y el Servicio de Vigilancia Aduanera?
Nosotros siempre vamos a estar al lado del Gobierno en esa lucha,
siempre, como hasta ahora, reclamando más y más medios, porque si es zona
de alto riesgo tiene que haber más medios, usted tiene que entender que
es nuestra obligación. Nosotros no queremos servir al Gobierno en esta
causa de comparsa democrática, de coartada democrática, queremos cumplir
de verdad y de corazón con nuestra obligación.
Usted y el Grupo que apoya al Gobierno están en su pleno derecho de decir
que haya más debate, más sosiego, más discusión, pero nosotros creemos
que hay aspectos sobre los que ya no se puede debatir más. Sabemos que
hay 60.000 sociedades opacas en Gibraltar, sabemos que están blanqueando
dinero en operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol, en Andalucía y
en la provincia de Cádiz. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no actúa?
¿Por qué el Ministerio de Hacienda no envía esas actas complementarias
donde denuncia que ha habido personas que han inscrito sus propiedades
por muchísimo menos valor del que les da Hacienda y que averigüe el
Fiscal de dónde ha venido ese dinero? ¿Por qué no se está actuando ahí?
¿Por qué esa Ley de blanqueo sólo obliga a los bancos, a los notarios, a
los registradores? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no se obliga a sí
mismo a actuar contra el blanqueo? Nosotros queremos todo eso, señor
Secretario de Estado.
Sabemos y conocemos de su sensibilidad hacia este problema que tiene muy
preocupada y muy asolada a una gran parte de la sociedad española. No voy
a emplear la palabra que empleé públicamente en la campaña de 1983 cuando
se nos acusó de no tener una posición correcta en la Ley de blanqueo,
porque el tiempo nos va a dar la razón a lo que decíamos, que era una
postura mucho más exigente que la del Gobierno, no la voy a emplear
porque me parece muy dura para emplearla en esta Cámara. Nosotros no lo
vamos a hacer, nosotros no le vamos a decir al Gobierno que ha estado
mirando para otra parte durante estos cinco años en Galicia, en el Campo
de Gibraltar y en la provincia de Cádiz, pero sí vamos a ser muy
exigentes y periódicamente, como nos han prometido las autoridades de la
provincia, esperamos que nos den cuenta de los resultados de esos planes
especiales para la provincia de Cádiz, para el Campo de Gibraltar, para
la provincia de Pontevedra y, como usted ha dicho, para toda la Comunidad
gallega.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Espero que entienda cuál es
el espíritu de esta intervención en la consecución de lo mejor para la
sociedad gaditana y para la sociedad gallega. Tenemos un problema muy
específico y que creemos que, aunque tarde, este plan puede ser el inicio
de un trabajo que dé unos resultados que todos estamos esperando desde
hace tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor López Riaño tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, entiendo el espíritu de su intervención. Hay algunas
cosas que desde la oposición, obviamente, deben ser resaltadas para
avivar el ingenio y la creatividad del Gobierno, pero permítame que haga
alguna observación de pasada.
Me alegra mucho saber cuál es su posición en el tema de Gibraltar,
porque, en la primera y única comparecencia que yo había celebrado ante
esta Comisión, quedó sin contestar una pregunta que me formuló el
portavoz de su Grupo en relación con unas declaraciones que yo había
pronunciado en una visita a Cádiz respecto del paraíso que podía suponer
para determinadas operaciones de blanqueo de dinero el narcotráfico
internacional, y siempre me quedé con la duda, porque después no lo
debatimos, de saber cuál era la posición de su Grupo. Yo no sé si me
querían ustedes reprochar que había calificado, sin pruebas, la
existencia de esa cuestión. No contesté en aquella comparecencia porque
era consciente, señora Martínez, de que el gobierno de la nación tenía un
proyecto amplio de relaciones con el Reino Unido y que en ese paquete de
medidas de política exterior preocupaba mucho al Gobierno español la
posición de Gibraltar en el ámbito del narcotráfico internacional. Sabe
usted que se han celebrado reuniones importantes en Sevilla y que se ha
ido coordinando con las autoridades británicas un modelo de respuesta a
esa situación. Me complace mucho --vuelvo a insistir-- que el Grupo
Parlamentario Popular entienda ahora --yo estoy seguro de que lo pensaban
ustedes entonces, pero no se reflejó en la comparecencia-- el diseño de
una política que iba más allá incluso de lo que se refiere a la política
interior de nuestro Estado.
La segunda observación es que ustedes pueden haber tenido como posición
la sensación de que era necesaria una mayor coordinación, pero si se ha
producido esa coordinación, vamos a aceptar de común acuerdo que ello es
motivado por dos razones. Primero, porque el propio Gobierno ve que puede
haber un conflicto de competencias entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y lo quiere evitar, y tiene la decisión política de evitar
esos desacuerdos, y por qué renunciar, señora Martínez, a que también la
oposición ha insistido en detectar o señalar ese tipo de conflictos.
Conflictos que, por otra parte, en lo que el Secretario de Estado conoce
y sobre lo que se puede dirigir a esta Comisión, van en la dirección de
reconocer que, a veces, es un exceso de celo de los propios Cuerpos. ¿Qué
pasaba en Cádiz entre algunos servicios del Estado? Que había una
competencia entre ellos por obtener determinados objetivos en la lucha
contra el narcotráfico. Unas veces era el Servicio de Vigilancia, otras,
la Guardia Civil y la Policía. Con ello se obtenían resultados, pero
entendíamos, desde el plano del Consejo Superior de Lucha contra la
Droga, que esos resultados eran menores de los que podíamos obtener si
hacíamos un programa común acordado y que, de alguna forma, integrase
todos esos instrumentos y todos esos esfuerzos del Estado para luchar
contra el narcotráfico, y es a lo que hemos procedido. Créame que hemos
dado ya un paso muy importante, y usted ha reconocido afortunadamente que
eso es así. Yo creo que entonces conviene no insistir en el pasado,
empezar a pensar en lo que de positivo tiene el presente y va a tener el
futuro. ¿Que ese mismo programa es mejorable? Ojalá me vayan indicando
ustedes en qué medida podemos mejorar la lucha contra la droga. Esa lucha
o es integrada, o es de toda la sociedad, de todos los partidos y grupos
parlamentarios, o es una lucha en la que hacemos todos una prevención
primordial, como dice mi querido homólogo de Portugal, o aquí no
avanzaremos por el camino en el que debemos avanzar.
En consecuencia, acepto sus revisiones, tomo nota de las que no me
competen para ver en qué forma las puedo conducir a las autoridades
correspondientes. Como sabe su señoría, no tengo competencia alguna en el
ámbito del Poder Judicial, pero procuraré, por los canales normales de la
Administración y a través de los conductos constitucionales, que el Poder
Judicial se sensibilice también --que es seguro que lo está haciendo--
respecto del área o de la zona con la que usted se siente tan
comprometida y responsabilizada, como es la provincia de Cádiz; y también
desde la Fiscalía. Hay que partir de la base de que ustedes mismos han
solicitado en muchas ocasiones, y con razón tal vez, sin duda, que el
Fiscal General del Estado y la Fiscalía sean independientes en cierto
modo de presión alguna. Yo voy a trasladar al Fiscal General del Estado
esas inquietudes de su Grupo respecto al desarrollo de la Fiscalía en la
zona, y estoy completamente seguro de que, en la medida de las
posibilidades de unos y de otros, esas críticas menores que usted ha
enunciado se pueden resolver. Lo importante, señora Martínez, es que éste
puede ser un punto de encuentro, tanto en Cádiz como en Pontevedra, no
solamente para estos ámbitos de relaciones policiales o judiciales sino,
como he insistido una y otra vez, en la integración social. Si los
partidos políticos, como han hecho en Cataluña, son capaces de convenir,
de acordar algún proyecto común que integre a las asociaciones que yo
conozco allí, y que me son tan queridas --como la del Padre Chamizo y
tantas otras que se mueven por la zona--, en un proyecto estable en el
que las decisiones de la Administración no sean tomadas un día de una
manera y otro de otra, lograremos avanzar. Porque también tengo que
decirle que, como Secretario de Estado y Delegado del Plan Nacional, me
duele que, cuando estábamos haciendo esa tarea de coordinación allí
mismo, delante de la sociedad de Cádiz, algunas asociaciones dijeran que,
por no estar presentes en esa reunión de nivel policial o judicial, no
sería factible un programa de lucha contra la droga. Si el primer día en
que se toma una decisión importante, en que se toman decisiones de
coordinación y de integración, algunos, quizá de forma miope, no se dan
cuenta de que su palabra es una palabra necesaria para el proyecto en esa
solidaridad de conjunto, no avanzaremos nada. Como ustedes tienen
influencia sobre algunas de esas asociaciones, estoy seguro de que el
Plan, en ese sentido, irá dando cada vez mejores resultados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor López
Riaño.
Sólo quisiera puntualizarle algunas cosas sobre su última intervención.
Nosotros, desde el Partido Popular, en estas intervenciones tan graves,
no estamos para avivar el ingenio del Gobierno, sino para reclamarle
eficacia. Nosotros no venimos aquí a servir para que el Gobierno agudice
su ingenio; no. Venimos aquí a reclamarle eficacia y, en lo que no
tengamos razón, lo reconoceremos, y así lo hemos hecho. Pero nosotros
venimos aquí a reclamarle eficacia, señor Secretario de Estado.
Segundo. Con respecto a Gibraltar, si usted no sabía la posición de esta
Diputada es porque no ha leído las hemerotecas. Recuerdo que usted estuvo
otra vez antes en La Línea de la Concepción, en una mesa redonda con esta
Diputada, que organizó precisamente una asociación de esa ciudad de lucha
contra la droga, y allí lo dejé muy claro, porque lo vengo haciendo desde
hace mucho tiempo, cuando ningún otro responsable socialista ha dicho lo
que he dicho yo al responsable del Gobierno de Gibraltar sobre la
tolerancia con el narcotráfico y el blanqueo. El primer responsable
socialista que se lo ha dicho, en la provincia de Cádiz, públicamente, al
responsable del Gobierno de Gibraltar ha sido usted. Quiero que usted lo
sepa, porque está ahí, en las hemerotecas. No lo ha dicho nadie más que
usted, y yo se lo agradezco mucho, porque es que una tenía la sensación
de estar sola en esa pelea constante contra algo que se estaba haciendo,
como una especie de sanguijuela desde Gibraltar y desde su Gobierno, no
desde los gibraltareños, con respecto al Campo de Gibraltar, a la
provincia de Cádiz y a Andalucía, en el narcotráfico, en el blanqueo y en
el contrabando de tabaco. Por lo tanto, no le quede a usted la mínima
duda y, si la tiene, sólo con que vea los medios de comunicación de la
zona, los periódicos, se le va a quedar disipada.
Con respecto al reconocimiento por nuestra parte, le diré que a nosotros
no nos duelen prendas en reconocerlo y, además, para estar seguros de que
la opinión que nosotros teníamos de estos dos meses coincidía con lo que
sienten las coordinadoras y los movimientos sociales, me he reunido con
algunos de ellos antes de tener esta comparecencia para saber si,
realmente, ellos tenían la misma percepción que esta Diputada y que el
Partido Popular. Lo que le he dicho a usted hoy aquí es lo que ellos me
han comunicado: que en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está
habiendo una mayor eficacia a la hora de sus operaciones. Pero, en cuanto
a las autoridades judiciales, a la Fiscalía y a todo lo demás, tienen
serias dudas de que esa coordinación vaya a surtir el efecto deseado. Yo
he venido a decírselo, y lo he hecho muy lealmente. Antes no le decía que
era la opinión de muchas de esas coordinadoras porque creía que no era
necesario, pero ahora ya se lo digo, y como usted las tiene muy en
cuenta, quiero que lo sepa. También quiero que sepa que nosotros
entendemos la presión sobre el Fiscal General del Estado en positivo, no
en negativo. Para decirle al Fiscal General del Estado que cumpla con su
obligación y que el Campo de Gibraltar, Cádiz, Pontevedra y Galicia
tengan un fiscal antidroga con todos los medios a su alcance, no hace
falta presionar al Fiscal. Tiene que cumplir con su obligación. Además,
con respecto a las autoridades judiciales y a las autoridades de la
Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, espero que cuando usted
vaya a las reuniones del Consejo Superior de Lucha contra la Droga --como
ellos, usted y el Ministro forman parte de él-- le dé el Ministerio de
Hacienda algunos de sus datos sobre las inspecciones fiscales en esas
zonas --las que se están haciendo a personas que nunca han declarado
patrimonio ni IRPF y las que se han hecho a otras personas que sí
declaran IRPF, pero en las que se tienen serias sospechas de que hay
blanqueo de dinero--, que se lo expliquen a usted, y usted verá si se lo
explican de verdad. Nosotros no queremos saberlo, queremos que lo sepa
usted, para que usted actúe. Verá usted cómo se va a llevar muchas
sorpresas que le harán ir más rápido en ese camino de la lucha contra la
droga.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, entiendo el espíritu de su intervención, pero voy a
hacerle dos observaciones. Primera, yo no sé si en su Grupo es usted la
primera, la única, que opina así o comparte la opinión de su Grupo sobre
Gibraltar, lo que sí le aseguro es que yo no soy el único del Partido
Socialista que en aquella zona o fuera de ella se haya preocupado por el
tema de Gibraltar. Lo han hecho las autoridades del propio Gobierno y
representantes de la soberanía popular. Estoy seguro de que lo mismo les
ha pasado a los representantes de Izquierda Unida (que no veo hoy en la
sala) o del Partido Andalucista. Yo no creo que haya nadie en la
provincia de Cádiz ajeno al tema de Gibraltar. Lo sienten todos los
ciudadanos de la zona y, como es lógico y natural, lo sienten y lo
debaten todos los representantes políticos.
La segunda observación que le hago se refiere a mi capacidad. Estoy de
acuerdo con usted en que no se trata de presionar a nadie. He dicho con
el máximo respeto, como usted, que no haría más que conducir de la mejor
manera posible, y en términos constitucionales, las reclamaciones de
ustedes en materia de poder judicial o de fiscalías especiales a esas
instituciones. En la medida que no forma parte de mis pero como
Secretario de Estado he llegado a un acuerdo con el Fiscal General del
Estado para llevar con buen criterio esas relaciones, yo no haré otra
cosa sino manifestarle a don Carlos Granados en el momento oportuno
las inquietudes de esta Comisión respecto de los temas que afectan a la
Fiscalía General y a la Fiscalía Especial contra la Droga. Ya he dicho
que estaré reunido con ellos, gracias a una invitación que han tenido a
bien formularle, y que yo agradezco mucho, para explicar estos temas
informalmente y cooperar con ellos lo mejor posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta vez mi brevedad no va a ser ni siquiera relativa, sino absoluta.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
entiende que es difícil no estar de acuerdo en la cuestión que hoy se
debate y en algunos pronunciamientos, porque no estar de acuerdo sería
tanto como estar de espaldas a la realidad. Creo que estamos condenados a
confluir en unos criterios, y digo confluir y no converger para no herir
susceptibilidades. Todos debemos estar de acuerdo en cuáles son las
directrices que se deben instaurar para conseguir aumentar la eficiencia,
eficiencia que demuestra que las medidas que el Gobierno ha tomado tanto
para la creación del Consejo Superior del Estado para la Droga como para
aumentar los esfuerzos específicos en zonas de riesgo, parecen totalmente
justificadas.
Según nuestro criterio, hoy día la palabra eficiencia, que es
frecuentemente utilizada, ha cambiado en el contenido de su definición.
Eficiencia ya no es conseguir los máximos objetivos con el mínimo coste;
eficiencia, hoy, es priorizar unos objetivos y destinar los recursos de
que se dispone para conseguir estos objetivos prioritarios. El tema
cambia mucho. En este sentido, desde Convergència i Unió, pese a que
nuestro ámbito territorial, Cataluña, está un poco alejado de las Rías
Bajas y del Campo de Gibraltar --alejado geográficamente, que no
sentimentalmente--, entendemos que sí ha sido una medida la que se ha
adoptado. Creemos que quizás sería bueno que en este Consejo Superior del
Estado contra la Droga, aunque suponemos que está previsto, hubiera unos
mecanismos de coordinación con las Comunidades Autónomas, sobre todo con
aquellas que tienen competencia en materia de seguridad, y lo único que
deseamos, a la vista de las intervenciones que se han producido en este
momento, es que estos esfuerzos tuvieran en cuenta que a veces es muy
difícil de hoy para mañana, cuando en el tiempo hay distintas
diferenciaciones en las Fuerzas de Seguridad que han tenido unas
competencias determinadas, intentar coordinarlos como cuerpos únicos.
Difícil no quiere decir imposible, pero deben tenerse en cuenta estas
dificultades porque los resultados no se pueden pedir de una manera
inmediata. Se tiene que tener la prudencia de saber esperar para ver
cuáles van a ser estos resultados que, según nuestro criterio, van a ser
favorables.
Señor Secretario de Estado, nosotros queríamos pedirle que nos indique si
se ha hecho algún esfuerzo en este sentido. Pensamos que sí debe haberse
realizado. Hay también un elemento que debe ser simultáneo a todo este
esfuerzo, que es la información dirigida a la sociedad. Nosotros
entendemos que los esfuerzos de coordinación que se realizan, con unos
criterios muy ajustados a unas líneas muy justificables, no prosperan, a
veces, porque la información, el esfuerzo que se realiza para que el
tejido social esté bien informado de qué es lo que se pretende y qué
participación activa se reclama de esta sociedad, este objetivo, repito,
por lo menos a nosotros nos lo parece, no se consigue suficientemente.
Queremos, por tanto, que nos explique, según su criterio, si cree que
estos esfuerzos se han realizado, si cree que se van a ir aumentando en
intensidad y también en calidad y si cree que, de alguna manera, deberían
participar los medios de comunicación social, que nosotros creemos que
tienen una misión importantísima en este campo, porque sospechamos la
incidencia que tiene en la concienciación social que puede permitir esta
participación activa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra el señor Delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco, una vez más, la intervención del señor Bertrán por lo que
tiene de sugerente sobre algunos problemas importantes.
No sé si está en el programa de la Comisión --tampoco es de mi
competencia-- establecer aquellas comparecencias que se celebraban en su
seno. Y en este caso, a mí me parecería muy interesante una iniciativa
centrada en los medios de comunicación, como dice el señor Bertrán. ¿Cuál
es el papel de los medios de comunicación, tan fundamental en la sociedad
moderna y a finales del siglo XX, en este tema de las drogas? ¿Estamos
haciendo un programa común, solidario, unos y otros, culturalmente
dirigido hacia un objetivo, o andamos un poco perdidos y no somos
capaces, como ha dicho muy bien el señor Bertrán, de reflejar en toda su
dimensión el esfuerzo que hacen las administraciones de todos los grupos
políticos en este asunto? Probablemente somos más noticia --y cuando digo
somos, en plural, me refiero al mundo de droga-- cuando muere alguien,
cuando muere algún muchacho desafortunada y dramáticamente en la calle o
cuando se producen alijos importantes u operaciones de gran relieve, pero
no hay, tal vez, una comunicación más estable y más creativa en el seno
de la sociedad. Uno a veces se queda preocupado pensando si algunos
programas son positivos o negativos para la sociedad, si enseñan o, al
contrario, desorientan totalmente, si es bueno para los muchachos o no lo
que están viendo a horas de televisión o lo que están leyendo en los
periódicos. No se trata de introducirnos en la libertad de expresión,
¡Dios me valga! --y lo digo así como suena: ¡Dios me valga! de decir
semejante cosa en la Comisión, porque sería titular mañana--, sino de
hacer una llamada al trabajo común y al sentido de la responsabilidad.
Si somos más precisos con el tema, les diré que, a veces, uno no puede
concretar los esfuerzos frente al narcotráfico. Yo sé que sus señorías
saben que cuando hago alusión a algo que estamos haciendo tampoco estoy
dando una explicación exhaustiva de lo que estamos haciendo. Por ejemplo,
estamos viendo que después de una contundente actuación sobre
determinadas zonas de nuestro territorio, las zonas de riesgo empiezan a
dejar de serlo en perjuicio de otras. Hace poco he estado en Asturias y
allí me han dicho algunas autoridades que cuando en Galicia se hace bien
de alguna forma va hacia allí y me han preguntado qué datos tenemos sobre
ello.
Creo que es necesario realizar un análisis, teniendo en cuenta las
responsabilidades de representación que usted ostenta como Diputado de la
Comunidad Catalana, aunque con representación nacional, obviamente. De
cara al Mediterráneo cabría celebrar un encuentro, porque a mí me parece
que es una zona, que no consideramos de alto riesgo porque no lo es, pero
que, sin embargo, tiene importantes relaciones a analizar respecto de los
grandes puertos, de las grandes relaciones mercantiles. Yo quiero, como
Secretario de Estado y como Delegado del Gobierno, y también el equipo de
la Delegación, dedicar atención a ese área. Así, va a haber encuentros de
alto nivel en el seno de la comunidad mediterránea. Yo creo que si tiene
lugar que en ese ámbito se hable del tema del narcotráfico o de drogas,
ese tema debería ser discutido o debatido por las autoridades del
Mediterráneo ya que estaremos también haciendo prevención si antes de
ello estamos tomando decisiones de cautela y de garantías para que el
desplazamiento de otras áreas no se consolide en zonas en las que ahora
mismo no tienen ese problema. En ello estamos. De todos modos, insisto en
que estoy seguro de que ustedes me van a permitir que no analice
exhaustivamente algunas cosas ya que tenemos enfrente un dispositivo de
una gran habilidad. Cuando nosotros damos un paso, los que forman parte
de las organizaciones del narcotráfico están pensando en dar dos. Cuando
hacemos leyes --y las propias autoridades lo dicen--, en dos o tres años
cualquier disposición queda en desuso, queda superada por la agilidad
criminal de estas organizaciones.
Permítanme que les diga con todo rigor y con toda seriedad --lo cual
significa que estoy abierto a la comunicación abierta y bilateral con
cualquiera de ustedes que desee información o que tenga interés en estos
asuntos-- que públicamente debemos mantener un cierto sentido de control
de lo que decimos porque es posible que si no produzcamos una alarma
innecesaria en la ciudadanía y, sobre todo --lo que sería todavía menos
controlable--, una capacidad de respuesta no deseada por parte de esas
organizaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño. Por el Grupo Socialista
tiene la palabra doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Enlazando con las palabras del Secretario de Estado, nuestro compañero
Carlos López Riaño, quisiera empezar mi intervención justamente por el
último punto que acaba de tocar acerca del peligro de hablar de ciertos
temas dadas las repercusiones que ello pueda tener en cuanto a un
debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico.
Estimamos que esa es una lucha muy dura y muy difícil en la que debe
haber un punto de partida común entre todos los grupos. Por eso esta
Diputada comparte la opinión del responsable del Grupo Popular que ha
intervenido en el punto anterior de esta comparecencia cuando se refería
a que el consenso debe ser el punto de partida. Justamente sobre esa base
deberíamos trabajar en ese nuevo paso que vamos a dar cuando se elabore
el documento que revisará los actuales planteamientos que esta Comisión
puso en su momento sobre la mesa sobre el tema del narcotráfico. Creemos
que ése es un punto de partida en el que podríamos ponernos de acuerdo,
porque compartimos también con el interviniente del Grupo Popular que
ello no debe servir para tapar deficiencias o errores que puedan formar
parte del debate político, sino que debe servirnos para que nos pongamos
de acuerdo sobre qué se entiende por debilitar la lucha contra el
narcotráfico.
En ese sentido, consideramos oportuna la intervención del Secretario de
Estado. Es evidente que no se puede hablar abiertamente de una estrategia
de lucha contra el narcotráfico ya que, por motivos obvios, eso supondría
dar armas a los narcotraficantes en este campo debilitando con ello esta
lucha. A este respecto mi Grupo considera que deberíamos adoptar una
actitud semejante a la que se adopta en temas como, por ejemplo, el
terrorismo. Nos alegra pensar que el Grupo Popular también lo ha
comprendido así. Tal vez pudiéramos llegar a algún consenso sobre algunas
de las afirmaciones que se han hecho en esta Comisión por parte de
algunos Diputados o Diputadas del Grupo Popular para llegar a saber qué
se entiende por debilitar la lucha contra el narcotráfico. Deberíamos
sentar de verdad unas bases para que pudiéramos tener unas actitudes
comunes, de tal modo que todos los grupos estuviéramos decididos a que no
se debilitara esa lucha.
Comprendo, por tanto, la explicación somera que ha dado el señor
Secretario de Estado sobre los componentes de la estrategia del Plan Sur
y del Plan Galicia, así como sobre las características que contienen
estos planes de choque. Este Plan Nacional tiene como objetivo
fundamental esa coordinación que el Secretario de Estado ha destacado y
que todos los grupos habíamos solicitado. En ese sentido, siempre hemos
coincidido en que uno de los mecanismos esenciales para hacer más
efectiva esa lucha era, efectivamente, la coordinación de todas las
Fuerzas de Seguridad y también la de todos los organismos implicados en
este tema. Por eso nos ha sorprendido, aunque relativamente, la
intervención de la Diputada representante del Grupo Popular, a pesar de
sus intentos por hacer una crítica constructiva --por cierto, nos parece
que es una curiosa manera de hacer una crítica constructiva--. No
queremos pensar de ninguna manera que esa sea una estrategia para seguir
descalificando. Queremos pensar que realmente se trata de una voluntad de
hacer una crítica constructiva,
aunque es evidente que no basta sólo con decirlo, hay que poner después
los hechos sobre la mesa.
En la obligación que tengo de responder por alusiones en defensa de la
actuación del Grupo Socialista y en apoyo del Gobierno, tengo que decir
que consideramos que la intervención de la Diputada del Grupo Popular ha
sido un rosario de descalificaciones, empezando por su referencia a la
poca eficacia del Plan Sur, siguiendo por la descalificación que ha hecho
de los mecanismos que se han puesto en marcha a través de la Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales y terminando por la actuación a que
se ha referido de todos los Diputados de los distintos grupos políticos
con respecto a la situación de Gibraltar. No nos parece, pues, que esas
descalificaciones vayan en la vía de una crítica constructiva, sino que,
justamente, van en la vía contraria.
Nos gustaría que hubiera sido realidad que en el campo de las iniciativas
pudiéramos llegar a acuerdos reales. Ha habido momentos en los que hemos
llegado a acuerdos con otros Diputados de su mismo Grupo pertenecientes a
nuestra misma circunscripción, a la de Cádiz, por ejemplo, en el caso de
la destrucción de droga decomisada, iniciativa que apoyamos y que nos
pareció muy oportuna. Estamos dispuestos a seguir apoyando iniciativas de
este tipo, pero quisiéramos que las mismas se plantearan sobre la mesa
sin que se haga ningún rosario de descalificaciones.
Por otra parte, no quisiera entrar en algunas de las informaciones que se
han dado aquí, pues creo que entrarían dentro de un análisis más
detenido, más minucioso y más riguroso. Y es que muchos de los problemas
que se han planteado aquí tienen unas razones muy concretas por lo que no
se pueden tratar más que desde la línea del rigor. Por ejemplo, algunos
problemas referentes a las Fiscalías tienen que ver mucho con las
plantillas y con la propia situación de provisionalidad de los miembros
que acceden a esos puestos, no solamente al de la Fiscalía Antidroga sino
a los de las plantillas judiciales en general. Se trata de problemas
difíciles que a veces nada tienen que ver con problemas presupuestarios
aunque sí tienen que ver con problemas de provisionalidad de las personas
destinadas a esos puestos como acabo de decir.
Es evidente que existe una subcultura en ese sector de la sociedad, pero
resulta también muy curioso contrastar que esa subcultura se da en una
zona donde se está consolidando el primer polo de desarrollo industrial
de toda Andalucía, curiosamente la zona donde se consume más energía que
en toda la provincia de Córdoba. Repito que resulta curioso resaltar ese
dato porque también muchas veces se utilizan como argumento de las
condiciones sociales y económicas y no podemos tener en cuenta una
sociedad que está llena de contrastes.
Por tanto, no quisiera insistir en cada uno de los puntos que se han
tocado ya que considero que cada uno de ellos debe ser tratado con el
suficiente rigor. No se puede hacer afirmaciones a la ligera sin que se
profundice en cada una de ellas. No se pueden tratar los temas sin el
rigor que esta Comisión se merece. Creo que esta Comisión tiene una
tradición de estudio, de trabajo y de rigor en profundidad. Tenemos
intención de que la misma siga teniendo esa vocación de estudio y de
rigor, y no deseamos que sea una plataforma para ningún otro tipo de
actuaciones. De ninguna manera queremos pensar que haya otra
intencionalidad por parte de la Diputada del Grupo Popular, pero sí nos
gustaría que su ánimo constructivo se plasmara en iniciativas reales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias.
He preguntado al señor Presidente si la intervención de la Diputada,
señora Romero, era la última en esta sesión de comparecencia. Al
manifestarme el señor Presidente afirmativamente este hecho, quiero
aprovechar algunas de las palabras de la señora Diputada, aquellas que
van dirigidas a un entendimiento posible con las manifestaciones hechas
por el portavoz del Grupo Popular, señor Robles, que me parece cierran un
poco el ámbito de nuestra reflexión en la mañana de hoy, esas
resoluciones que pueden ser positivas en el futuro.
Desde luego, coincido con usted, señoría, en que ello produce un
resultado que es deseado por todos. Nuestra sociedad es menos tensa ante
el problema de la droga que hace unos años; es una sociedad más madura,
más capaz de recibir información y de valorarla, más capaz de integrarse
en una opinión que refleja grados de formación democrática importantes,
de niveles importantes de nuestro desarrollo democrático, y yo creo que
no es bueno que nadie se atribuya la posibilidad o la capacidad de
alterar ese equilibrio. Ese equilibrio, como he dicho al principio, no es
solamente de la dirección del Gobierno o de la dirección del Plan, sino
que ha sido conseguido por todas las Administraciones públicas de nuestro
país, por la inmensa mayoría de las Administraciones locales de nuestro
país, y sería verdaderamente miope o suicida echar eso por tierra, por
mucho que nos presionen las coyunturas políticas, bien sea en período
preelectoral o en cualquier otro momento del desarrollo de nuestra vida
política y parlamentaria.
Yo quiero agradecer, en nombre del equipo de la Delegación, lo que en la
mañana de hoy hemos encontrado aquí, que es la posibilidad de seguir
trabajando, aunque ya de forma más comprometida. Evidentemente, la
Delegación se siente más comprometida con todos y cada uno de sus
señorías en este futuro a desarrollar, y he entendido muy bien lo que han
querido decirme respecto de la posibilidad de seguir con una no prórroga,
porque no es ésa la sensación que en mí han producido las palabras del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por poner un ejemplo inmediato
y concreto, sino más bien de un trabajo que se desarrolle conforme a unas
previsiones lógicas y razonables.
Ese es el compromiso que adquiero en nombre de ese grupo, y yo desearía
que en un futuro no muy lejano, por supuesto, sino más bien próximo,
aunque sea un poco densa la comparecencia, pueda comunicarles cómo esta
parte de los asuntos que hoy me han dejado, con razón y con sentido
común, encima de la mesa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delegado.
--RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR DOÑA GEMMA ZABALETA ARETA SOBRE
LA SITUACION GENERAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACION DE
DROGODEPENDIENTES, EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y A
LA MEDIA DE LOS PAISES EUROPEOS DE NUESTRO ENTORNO. (681/000062.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, la pregunta de
la señora Zabaleta.
La señora Zabaleta tiene la palabra.
La señora ZABALETA ARETA: Gracias, señor Presidente.
En el contexto en el que nos desenvolvemos en la actualidad de una mayor
homogeneidad de las políticas que los países europeos estamos llevando a
cabo en orden a la prevención y reinserción social de las personas
drogodependientes, los centros de rehabilitación son una pieza clave.
En ese sentido, quiero preguntar al Delegado del Plan Nacional sobre la
Droga cuál es la valoración que él hace sobre la eficacia y el papel que
juegan en la sociedad con respecto a los de otros países europeos y
cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, sus puntos en común o sus
diferencias y la evaluación en general que usted, como Delegado del Plan
Nacional sobre la Droga, hace de los mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zabaleta.
El señor López Riaño tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Tenía una nota sobre la pregunta que no encuentro, pero creo que
no es necesaria porque nos vamos a ilustrar mutuamente en seguida.
He dicho al principio que el nivel de los centros de rehabilitación de
nuestro país, en el contexto europeo, es muy alto. Y no es porque lo diga
el Delegado del Plan Nacional, sino que vuelvo a acudir al informe de la
JIFE que pone a España como ejemplo de una integración importantísima
respecto de la prevención frente a la realidad de las drogas. Se nos pone
como modelo de algo que hemos podido exportar, incluso, en un convenio
que no se suscribió en la etapa en que yo estoy dirigiendo este Plan,
sino en la de uno de mis antecesores, don Miguel Solans, con el Gobierno
norteamericano, tan proclive a diseñar políticas en torno a la represión
--quizá, por su liderazgo mundial, sea absolutamente lógico y
comprensible--, pero que tenía una cierta carencia en el ámbito de la
prevención o de la asistencia a las víctimas de las drogas.
Nuestro país, desde 1985 para acá --insisto, con el esfuerzo de todas las
Administraciones públicas--, ha conseguido un altísimo nivel, que es
considerado como modélico por todas las Administraciones de la Unión
Europea y también, fuera de ese ámbito, por Naciones Unidas, como acabo
de decir. Ha habido esfuerzos de iniciativas públicas evidentes y
esfuerzos muy importantes de iniciativas privadas. En realidad, tenemos
hoy un tejido que permite la acogida en su seno de toda aquella persona
que quiera recibir una asistencia en nuestro país. Yo creo que lo que más
debe enorgullecernos como una política social colectiva de la comunidad
de los españoles es haber conseguido que todos aquellos que tengan
voluntad de aproximarse a una asistencia sanitaria, o en términos de
tratamiento, tienen en nuestro país un lugar relativamente próximo donde
hacerlo y, probablemente, unos excelentes dispositivos de respuesta desde
el punto de vista terapéutico.
Poco más añadiría yo como contestación a esa pregunta, sino decir que no
solamente no tiene por qué preocuparnos la cuestión, sino que
verdaderamente estamos en una situación inmejorable desde ese punto de
vista. Cierto que, como también he dicho al principio, todo es revisable
de cara al futuro. Esto es bueno, como red pública y privada, respecto de
los consumos que conocemos y que estamos tratando en el momento actual.
Si hubiese una proliferación de la producción de sustancias de síntesis o
si tuviésemos unas nuevas perspectivas de consumos, tal vez tuviéramos
que reflexionar conjuntamente respecto de la orientación de esos centros
de rehabilitación y la disposición de los presupuestos de las entidades
locales, autonómicas o del Plan Nacional. Yo creo que eso también ha
quedado claro en la mañana de hoy, y para tranquilidad de la señora
Zabaleta, tengo que decirle que éste es quizá el aspecto --por qué no
reconocerlo abiertamente-- más brillante del programa conjunto de nuestra
sociedad frente al fenómeno de las drogas, aunque yo sé que en muchos
debates ante la opinión pública queda la creencia, por no saber
enfrentarse a la realidad y asumirla en cuanto tiene de tan positivo, de
que no se pueden curar las personas víctimas del consumo de drogas, los
drogodependientes o las víctimas de la adicción, por ausencia de un
dispositivo de respuesta o de unos centros adecuados para ello.
Insisto en que en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para
que no haya protagonismo de nadie, desde el Ayuntamiento, en sus
respuestas, hasta la Comunidad, hasta cada uno de los pueblos y ciudades
que constituyen la Comunidad, como sucede en Andalucía, en Galicia, en
Cataluña, en Euskadi o en cualquier otro territorio, este país nuestro,
esta sociedad ha construido un tejido amplísimo de respuestas de una gran
capacidad técnica y clínica, y que no es por ahí por donde sentimos en la
Dirección del Plan los problemas más graves de esta cuestión. En ese
aspecto yo creo que se puede comprobar que en nuestro país existe,
independientemente de los agentes sociales, sindicatos, partidos
políticos, etcétera, que tienen otro contexto, un tejido social cívico
amplísimo estructurado casi único en el ámbito de la lucha contra la
droga.
Son muchas las organizaciones no gubernamentales de nuestro país que
afortunadamente cooperan también con los planes públicos en la decisión
de estos problemas. Me parece que unos y otros, bien utilizados,
racionalmente, son capaces de dar respuesta a un problema de esta
dimensión y de esta magnitud.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor López Riaño, puesto que
lleva tres horas y media entre nosotros sometido a una intensa actividad,
al menos cerebral.
El señor LOPEZ RIAÑO: Me siguen pareciendo pocas, lo cual es grave.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
--DEBATE Y VOTACION DE LA PROPOSICION NO DE LEY SOBRE EL ESTATUTO DEL
AGENTE COLABORADOR, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(572/000029.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto cuarto del orden del día,
debate y votación de la proposición no de ley sobre el Estatuto del
agente colaborador, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
En nombre de dicho Grupo Parlamentario, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser extraordinariamente breve, no por la presión que el resto de
sus señorías ejercen sobre el tiempo, sino porque a la altura que estamos
del debate de hoy, en el que hemos abordado también este tema en el
conjunto de la comparecencia del Delegado del Gobierno, hace innecesario
volver a extenderse sobre lo que esta proposición no de ley pretende.
Ha habido un acuerdo general en los grupos políticos cuando debatimos la
interpelación en el mes de octubre, cuando debatimos las mociones así
como en esta sesión y, quiero resaltarlo muy especialmente, en las
palabras del Ministro en aquella interpelación, sobre la necesidad de
proceder a una protección en el ordenamiento jurídico español de esta
figura que hoy no está contemplada y que en el consenso de aquellos
expertos y profesionales que tienen que enfrentar la lucha contra el
narcotráfico se considera que es importante. Me estoy refiriendo al
agente colaborador, encubierto o infiltrado, como se le llama en las
diferentes acepciones.
Como saben sus señorías, el mundo del narcotráfico es un mundo cerrado y
criminalizado que requiere con frecuencia la acción de este tipo de
agentes o servidores públicos, que tienen que trabajar de alguna manera
desde dentro de las redes criminales para poder buscar con eficacia esos
resultados. Quiero dejar meridianamente claro que nosotros entendemos
esta figura no como un agente provocador sino como un agente que aflora
el delito, de forma que pudiéramos salvar determinados preceptos
constitucionales y determinadas sensibilidades jurídicas que, lejos de
ayudar a lo que se pretende con esta iniciativa, podrían iniciar un
debate no deseado. Por lo tanto, esta figura del agente encubierto o
colaborador la entendemos, insisto, como la del agente que colabora en
aflorar el delito y no como un agente que provoca el delito. En todo
caso, creo que partiendo de la demanda ciudadana, de la demanda de los
profesionales y, también, del acuerdo de los grupos, debería estar hoy
suficientemente claro que con esta proposición no se pretende, lo digo
una vez más, el protagonismo de ningún grupo, sino iniciar el trámite del
debate parlamentario para aportar una solución. Por lo tanto, me
extrañaría profundamente que, después de todo lo que hoy hemos dicho,
después del deseo de llegar a acuerdos, del deseo de avanzar en estas
soluciones, no podamos avanzar al menos en la toma en consideración de
esta necesidad, puesto que se ha expresado una vez más que, dentro del
paquete de ideas o medidas, éste es uno de los temas en los que habría
que avanzar.
Haré, señorías, un último esfuerzo para que tomen en consideración esta
iniciativa que espero que sea la iniciativa de la Cámara, simplemente
para que avancemos el trabajo, porque el hecho de que pueda haber una
reforma más amplia no empece para que en este momento podamos proceder a
reformas parciales, como se ha hecho en otras circunstancias y como he
mencionado antes en mi intervención, por ejemplo, en el tema del Código
Penal. E, insisto, sería bueno en estos momentos para la sociedad dar el
empuje en el sentido de que el Parlamento ha empezado no a hablar de
grandes debates, sino a poner sobre la mesa temas concretos.
Nada más, señorías. Insisto, espero en que se tome en consideración esta
iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el señor Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy total y absolutamente de acuerdo con el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en cuanto a que en el tiempo voy a ser muy breve.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se va
a oponer a esta propuesta porque entendemos que, como hemos manifestado a
lo largo de esta mañana, va a remolque de una iniciativa más global ya
anunciada por el Ministro de Justicia e Interior en el último debate del
estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.
Creo que esta mañana ha quedado clara cuál iba a ser nuestra actitud
respecto de esta iniciativa. Concretamente, la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal contempla --ya se ha dicho-- las tres figuras de
la entrega vigilada, el agente infiltrado y las escuchas telefónicas. En
consecuencia, entendemos que la iniciativa que se propone, aun siendo
correcta tanto en su planteamiento como en su justificación, sería
abordar parcialmente una materia que precisa de una solución global.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuenca.
El señor CUENCA RICO: Muchas gracias, señor Presidente.
Por parte de mi Grupo se entiende que es necesaria la regulación de esta
institución como medio de investigación de delitos cometidos por grupos
organizados y especialmente de los delitos de narcotráfico. Sí resulta
conveniente, en nuestra opinión, que se introduzcan en el ordenamiento
jurídico las previsiones necesarias tanto para asegurar la
proporcionalidad de la medida, la validez de las pruebas obtenidas, como
la mayor reserva en cuanto a la identidad de los agentes que la lleven a
cabo, y en este sentido se están elaborando las correspondientes
propuestas.
La necesidad de tal regulación es evidente por cuanto un agente
encubierto en el interior de una organización delictiva es un elemento
esencial para la obtención de información y elementos de prueba
definitivos de toda investigación. Además de las previsiones jurídicas
necesarias para asegurar la validez de las pruebas que puedan ser
obtenidas, se estima esencial salvaguardar la identidad del agente,
garantizar su seguridad jurídica y facilitarle los medios económicos
necesarios y proporcionados que le permitan actuar en igualdad de
condiciones que el resto de los miembros de la organización a investigar.
Asimismo, pensamos que sería de interés incluir la figura del colaborador
particular.
Dicho esto, nos gustaría indicar que esta proposición no de ley recoge
medidas ya anunciadas y comprometidas por el señor Ministro de Justicia e
Interior en su comparecencia ante esta Cámara y que, junto con otras
medidas que a continuación reseñamos, forma parte de la próxima reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya anunciada y comprometida en la
resolución del pasado debate sobre el estado de la Nación. Por ello
consideramos aconsejable que las modificaciones propuestas en materia de
drogas que se hallan en estudio deban tratarse en el marco de esta
reforma que debe presentarse en la Cámara próximamente. Y no sólo por
coherencia con el texto y contenido de dicha Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sino porque su adelanto no produciría una ganancia de más de
dos meses como máximo, con los inconvenientes derivados de su condición
normativa como ley especial. Ley, además, que, en caso de prosperar la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, llevaría a la presentación de
tantas iniciativas legislativas como modificaciones puntuales como la
expuesta se pretendan llevar a cabo.
En consecuencia con lo expuesto en los puntos anteriores y por razones de
índole técnica, en primer lugar, de economía normativa, en segundo lugar,
de racionalidad legislativa, en tercer lugar y, por último, de
oportunidad política, consideramos no conveniente aceptar esta
proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuenca.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muy brevemente, señor Presidente, solamente para
lamentar la ausencia de prisa en los representantes de los demás grupos
políticos. Lo que manifiesta el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista como un mero avance de dos meses yo creo que es muy
importante. Dos meses en la materia en la que estamos hablando es dar
instrumentos para que precisamente durante dos meses puedan enfrentarse
con mejor éxito a esta lucha. Por lo tanto, creo que la ausencia de esa
prisa en los portavoces de los grupos parlamentarios que han tomado la
palabra choca con la verdadera urgencia que tienen las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y también con la que nos demandan los ciudadanos,
pero lamento que no lo entiendan así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Antes de proceder a la votación, vamos a verificar las sustituciones.
Entiendo que la señora Zabaleta sustituye a doña Josefa Frau y que no hay
ninguna otra sustitución porque todos los demás son miembros de la
Comisión. Por lo tanto, procedemos a votar. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Recuerdo a los miembros de la Ponencia constituida que está previsto que
a continuación celebren una reunión.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.