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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 55, de 08/11/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 55
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 8 de noviembre de 1994,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Excmo.
Sr. don Luis Atienza Serna, para informar sobre la situación y
perspectivas de la reforma de la Organización Común del Mercado del Vino
(OCM), así como de la posición del Gobierno español, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista. (Números de expediente: S. 711/000090; C. D.
213/000439) (Página 1136)
--Debate sobre la propuesta de Reglamento por el que se reforma la
Organización Común del Mercado Vitivinícola, con la participación del
Gobierno en un Pleno posterior, a petición del Grupo Parlamentario
Popular. (Números de expediente: S. 572/000023; C. D. 42/000023)
(Página 1136)
--Comparecencia del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, Excmo. Sr. don José Borrell Fontelles, para informar de la
reunión del último Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea (UE), a petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Números de
expediente: S. 711/000091; C. D. 213/000444) (Página 1148)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION.
(S. 711/000090; C. D. 213/000439.)
--DEBATE, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA PROPUESTA
DE REGLAMENTO POR EL QUE SE REFORMA LA ORGANIZACION COMUN DEL MERCADO
VITIVINICOLA, CON LA PARTICIPACION DEL GOBIERNO EN UN PLENO POSTERIOR (S.
572/000023; C. D. 42/000023.)
La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, señorías, la sesión de esta mañana
tiene por objeto celebrar la comparecencia del señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista, para informar sobre la situación y perspectivas de la reforma
de la Organización Común del Mercado del Vino.
Como existe un segundo punto del orden del día en el que el Grupo
Parlamentario Popular pide un debate sobre esta misma propuesta de
Reglamento, esta Presidencia entiende que, puesto que todavía no nos
hemos dado un reglamento que desarrolle la nueva Ley 8/1994, de 19 de
mayo, de Funcionamiento de la Comisión Mixta para la Unión Europea, en
este momento no está contemplada esa posibilidad de debates y, por tanto,
lo que vamos a hacer esta mañana es juntar este debate dentro de la
comparecencia. En consecuencia, tendrá el uso de la palabra, en primer
lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, que solicita la comparecencia,
en segundo lugar, el Grupo Parlamentario Popular y, después, los
sucesivos grupos, pero entendemos que, con la primera intervención del
señor Ministro, se puede dar pie a que hagamos una síntesis de los dos
puntos del orden del día.
Antes de dar la palabra al señor Ministro, y al ver que hay un portavoz
del Grupo Parlamentario Popular que me está pidiendo la palabra, quería
dejar constancia ante el ilustre miembro del Gobierno, Ministro de
Agricultura, de que, en efecto, en esta ley que acabo de citar, como él
sabe muy bien, existe un artículo tercero que, en su párrafo a), y dentro
de él el punto tercero, dice cómo es lógico que la Comisión recibirá, a
través del Gobierno, todas las propuestas legislativas de la Comisión
Europea, y hay una condición también para el caso de que esas iniciativas
legislativas tengan una repercusión directa para España. En este caso
concreto, la Ley de Funcionamiento de nuestra Comisión especifica que el
Gobierno tiene que enviar, a la mayor brevedad posible, un sucinto
informe con el contenido sustancial de la propuesta legislativa que tiene
repercusión para España. En este momento nos encontramos con que la
antelación debida y la mayor brevedad posible se cumplen esta mañana,
pues tenemos al fin ese informe del Gobierno. Le agradecemos que nos lo
haya enviado, y le pediríamos que lo hiciera en un futuro, sobre todo
para poder cumplir el párrafo siguiente que dice que cuando la Comisión
estime que este informe --a lo mejor no será éste el caso y, sobre todo
no hay tiempo-- sea excesivamente sucinto, se podrá solicitar la
ampliación del informe que el Gobierno ha remitido. Por tanto, sí que
querríamos dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que ésta es una
solicitud que a esta Presidencia le ha llegado desde distintos Grupos
Parlamentarios y que desearíamos que, efectivamente, fuera una norma del
Gobierno.
Antes de dar la palabra al señor Ministro, voy a concedérsela al portavoz
del Grupo Popular, señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente deseo plantear una cuestión de orden, recogiendo un poco las
palabras de la propia Presidencia.
Aun cuando las comparecencias del Gobierno, como es natural, están
reguladas en el Reglamento de la Cámara, sin embargo, en buena medida,
vamos a celebrar un debate parcialmente sin normas, por así decirlo, o
con normas de «lege ferenda», pero no debidamente promulgadas. Por otra
parte, ayer recibimos en el Registro y esta mañana mismo el escrito del
Gobierno en el que se formula la posición del Gobierno en relación con el
Reglamento cuyo debate ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular.
Yo creo que, en estas circunstancias, lo fundamental es actuar con la
máxima flexibilidad, que es lo que, por una parte solicito a la
Presidencia y, por otra, que nada de lo que hagamos en el transcurso de
esta mañana sea tenido en cuenta como posible precedente a los efectos de
lo que debe ser, una vez regulado, el trámite de debate sobre las
propuestas legislativas de la Comisión.
No obstante, querría dejar sentado que el Grupo Parlamentario Popular se
propone continuar este debate en el Pleno, tal y como contempla la Ley en
su artículo tercero, apartado c), que obliga a la participación del
Gobierno en ese debate.
Al mismo tiempo, deseo solicitar de la Presidencia, en aras de esa
flexibilidad, que someta a la Comisión o a la Mesa si sería posible
aplicar el artículo 197 del Reglamento, que se refiere a las
comunicaciones del Gobierno y que es el que más analogía presenta con un
debate que tiene en cuenta un escrito del Gobierno y que permite, al
término del mismo, presentar propuestas de resolución que valoren un poco
la opinión de la Comisión sobre el Reglamento y, al mismo tiempo,
aconsejen al Gobierno determinada actitud. Se trataría de resoluciones
sencillas, como las que se someten a votación en los debates sobre el
estado de la nación, o aquellos debates que tienen previamente una
comunicación del Gobierno y que, en el fondo, vendrían a recoger las
conclusiones y poco más, que, por lo que veo aquí, el propio informe del
Gobierno contiene, de tal manera que se pueda continuar el debate en
sesión plenaria y completar en ese contexto el proyecto de resolución.
No sé si esto es posible, pero en todo caso sí pediría a la Mesa y a la
Comisión que dejara la puerta abierta para que, en la futura regulación,
se aplicara por analogía el procedimiento de las comunicaciones del
Gobierno y la posibilidad
de que, al término del debate, se presentaran mociones o propuestas de
resolución en relación con la cuestión debatida.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y, en relación con su propuesta, tengo que decir
que, evidentemente, hay que actuar con flexibilidad y, desde luego, con
criterios de democracia y de transparencia.
Está bien advertir que una cosa que está fuera de lo que puede ser un
futuro reglamento no sirva de precedente. Sin embargo, el comentario que
se me ocurre sobre la marcha a su propuesta, señor portavoz, es que, si
bien es lógico que se pueda seguir este debate en Pleno, como su señoría
propone, es muy probable también que, para cuando se celebre el debate en
Pleno --y no tiene por qué retrasarse--, tengamos ya el reglamento de
funcionamiento de esta Comisión, que contemplará todos los pormenores que
su señoría plantea.
Por esta razón, en cuanto a la propuesta que su señoría hace de aplicar
hoy, aunque sea con carácter extraordinario, el artículo 197 y, teniendo
en cuenta que desde esta Presidencia se quiere actuar con total
democracia, creo que se impondría, antes de tomar esta decisión, dar la
palabra a los demás portavoces e incluso someterlo a una votación. Lo
único que lamento es que tengamos que hacer este trámite justo cuando se
ha iniciado ya prácticamente el trámite de la comparecencia. Como este
debate previo puede demorarse aunque sólo sea cinco minutos, por
deferencia al señor Ministro --creo que no le vamos a hacer pagar muy
caro que nos haya llegado tarde su informe-- deberíamos agilizar estos
trámites para terminarlos cuanto antes.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señora Presidenta.
No intervengo en relación con la solicitud de comparecencia, sino por una
cuestión de orden y en relación al debate suscitado. A mí me gustaría
fijar la posición de nuestro Grupo al respecto, que no es divergente,
pero sí contiene algunos matices que todos deberíamos considerar.
En primer lugar, la Ley que nos hemos dado para el propio funcionamiento
de esta Comisión ya articula la fórmula por la cual se deben realizar
estos debates de comparecencia: el envío de un informe previo por parte
del Gobierno, y después la propia Comisión decidirá si se somete al Pleno
de una o de ambas Cámaras. Por lo tanto, a este respecto me parece que no
hay que inventar nada nuevo.
¿Cuál es la dificultad? Entiendo que la dificultad está en que, por
primera vez, intentamos aplicar --seguramente adelantándonos a una norma
de la Cámara para aspectos que no están regulados en la Ley-- esta Ley de
la Comisión Mixta para la Unión Europea y las bases que la regulan, en el
sentido de las iniciativas de la Comisión Europea. Ahí entiendo yo que
está la dificultad. Pero es verdad que el apartado c) especifica
claramente cuáles son los trámites que se pueden seguir a partir del
debate de hoy, de la comparecencia informativa de hoy.
Lo que sí queremos solicitar, y espero que sea compartido por los otros
grupos, es que, como el debate que se somete a consideración del Pleno de
las Cámaras, del Senado o del Congreso, es un debate en base a una
resolución de la propia Comisión, no de la comunicación del Gobierno,
sino de una resolución de un informe que emite la Comisión Mixta respecto
a la Ley que trata, haya un plazo de presentación y que no sea
inmediatamente después de este debate. Entendemos que es importante que,
a partir del debate de hoy, se abra un plazo, establecido por la
Presidencia, para la presentación de resoluciones de los distintos
grupos, que debería tener un mínimo de 48 horas, y que, a partir de estas
resoluciones, podamos llegar a una resolución única de la Comisión y el
sometimiento correspondiente al Pleno.
Simplemente quería aclarar esos aspectos. Me parece que al terminar esta
reunión deberíamos interpretar de forma común y acordada lo que dice el
propio reglamento.
Quiero también llamar la atención de sus señorías respecto a las lagunas.
No existen lagunas en tanto en cuanto la disposición final de la propia
Ley que regula el funcionamiento de esta Comisión remite al Reglamento
del Congreso de los Diputados todos los aspectos no regulados en la
propia Ley, intentando evitar las lagunas que se producirían en otro
caso.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Costa.
Justo es este último argumento el que daría pie a que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular pudiera esgrimir hoy la aplicación del
artículo 197, puesto que, en ausencia de reglamentación, aplicaríamos ese
artículo. Sin embargo, de sus palabras deduzco y, sobre todo, leyendo el
contenido del artículo 197, que exige que, terminado este debate, se abra
un período de media hora para presentar esas propuestas de resolución,
habida cuenta de que esto no estaba previsto y que, como saben sus
señorías, a continuación está prevista la comparecencia del señor
Ministro de Obras Públicas, lo que no vamos a poder hoy es cumplir, por
problemas de tiempo, ese trámite del artículo 197.
Por tanto, sugiero que este debate se traslade a otras esferas,
empezando, incluso, por lo reglamentario que es que la Mesa y Portavoces
mantenga este debate y, posteriormente, para cuando haya sucesivas
iniciativas legislativas en las que haya que pronunciarse, tengamos ya
una normativa adecuada que nos evite estos problemas.
Muchas gracias, señorías.
Pidiendo disculpas al señor Ministro de Agricultura, que ha visto en
directo cómo funciona una Comisión que quiere hacerlo lo mejor posible,
pero que a veces le faltan normas, le doy la palabra para informar sobre
la situación y perspectivas de la reforma de la Organización Común del
Mercado del Vino.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, con mucho gusto acudo a esta Comisión Mixta Congreso-Senado
para la Unión Europea, para tratar
el tema de la reforma del sector vitivinícola que, aunque se enmarca
dentro de las reformas de la Política Agrícola Común, debido a su enorme
trascendencia para nuestro país, supera ampliamente el marco sectorial.
En primer lugar, quiero manifestar que el informe sucinto que se ha
presentado a la Comisión fue remitido desde el Ministerio de Agricultura
el pasado viernes. Me hubiera gustado que este plazo hubiese sido un poco
más dilatado y lamento que, al final, la puesta a disposición del informe
por parte de sus señorías haya sido incompleta y en las últimas horas, en
lugar de con un plazo razonable, que hubiese sido lo deseable para el
mejor funcionamiento de esta comparecencia y del debate subsiguiente.
Como sus señorías conocen, la Comisión Europea presentó el 13 de junio de
1994 su propuesta de reglamento al Consejo. El informe que se ha
entregado a sus señorías sobre la postura española en relación con la
propuesta de modificación de la Organización Común del Mercado
Vitivinícola tiene alguna información previa sobre la situación del
sector antes de la propuesta, sobre el documento de reflexión que en su
momento elaboró la Comisión Europea, y sobre el debate que se produjo en
el Parlamento europeo para el debate previo a la propuesta de reglamento
de la Comisión. Incorpora un análisis descriptivo de la propuesta de
reglamento y sus implicaciones y una exposición detallada de la posición
del Gobierno, que es la que se ha mantenido en el único Consejo de
Ministros en el que se ha producido un debate sobre la reforma del sector
del vino. Como ustedes seguramente recordarán, fue solamente en el
Consejo de Ministros del mes de septiembre cuando se produjo un debate en
profundidad por parte de todas las delegaciones de los Estados miembros
sobre esta propuesta de la Comisión. La propuesta fue reenviada a los
grupos de trabajo del Comité Especial de Agricultura a la vista de las
divergencias y de las posiciones que se habían reflejado en ese debate en
el Consejo de Ministros del mes de septiembre, con el fin de que hiciesen
una lectura del documento y analizasen la posibilidad de que se pudiese
producir una aproximación de posiciones.
Este debate está yendo muy lento, ni siquiera ha terminado la primera
lectura de esta propuesta de reglamento sin que se haya constatado
ninguna aproximación, por tanto, sin que haya empezado el debate de fondo
sobre la propuesta, lo que hizo que en el Consejo de Ministros de
Agricultura del mes de octubre no se produjese debate en las
delegaciones, sino solamente una exposición por parte del Presidente del
Comité Especial de Agricultura del estado de los trabajos en el seno de
este Comité, sin que se pasase a debate.
Es previsible que en el Consejo de Ministros de la semana que viene se
produzca un nuevo debate para constatar las discrepancias, como también
es previsible que este debate tenga todavía un período dilatado de
discusión.
Como sus señorías podrán comprobar, porque no han podido hacerlo todavía,
en la tercera parte de este documento se contiene la postura del Gobierno
ante la reforma propuesta del sector vitivinícola que es de rechazo total
en su redacción actual por diversos motivos que se pueden resumir en uno:
se trata de una propuesta profundamente discriminatoria para el sector
vitivinícola. Y es discriminatoria por diferentes razones; es
discriminatoria porque exige un esfuerzo de ajuste diferente al que se ha
exigido a otros sectores agrarios en los que el esfuerzo se ha
distribuido de acuerdo con las producciones históricas de cada país,
mientras que en el sector vitivinícola, se pretende reducir las
producciones de cada Estado miembro hasta una cantidad de referencia
teniendo en cuenta no solamente las producciones, sino las cantidades
comercializadas, lo que constituye una auténtica novedad que hasta ahora
nunca había sido aplicada a otros sectores.
Cuando se ha tratado de la aplicación de las cuotas en el sector lácteo o
de la reducción de la producción en cereales o en otros sectores, siempre
se ha utilizado la producción histórica como referencia y siempre se ha
producido un reparto del esfuerzo de ajuste en relación con la producción
histórica y no con la producción comercializada, porque equivaldría a que
se aplicase en el sector de la leche un tratamiento más perjudicial para
aquellos que contribuyen a los excedentes lácteos a nivel comunitario o
un tratamiento más perjudicial en el ajuste de la producción de los
cereales a aquellos que contribuyen a los excedentes a nivel comunitario
y no a aquellos países que no contribuyen a los excedentes porque tienen
un nivel de autoabastecimiento por debajo del cien por cien. Por tanto,
éste es un primer elemento de discriminación respecto del tratamiento que
se ha dado a otros sectores.
Otro elemento de discriminación que ya hemos tenido oportunidad de
comentar en más de una ocasión se refiere a los aspectos de la
financiación comunitaria que se propone por parte de la Comisión para la
reforma de este sector. Como sus señorías conocen, en todas las
organizaciones comunes de mercado de los diferentes productos agrarios se
aplica el principio de la solidaridad financiera común que significa que
todas las acciones de regulación del mercado y los ajustes estructurales
correspondientes se financian íntegramente, al cien por cien, por el
presupuesto comunitario a través de Feoga-garantía. Sin embargo, la
Comisión propone para la reforma del sector vitivinícola que determinadas
acciones de regulación del mercado o de ajuste del mercado sean
cofinanciadas por los Estados miembros, lo que no resulta aceptable
porque es un nuevo elemento de discriminación y porque, además,
consideramos que incumple el compromiso del Consejo Conjunto de Asuntos
Generales, Agricultura y Comercio, del 20 de septiembre de 1993, el
Consejo «Jumbo», que trató los acuerdos del Gatt y en el que se adoptó el
compromiso de que debían aplicarse en las reformas de las organizaciones
comunes de mercado de los productos mediterráneos las mismas condiciones
y los mismos principios agrícolas y financieros que se habían aplicado
para los sectores agrarios ya reformados.
En cuanto al coste financiero del sector vitivinícola una vez reformado,
también debemos evitar que se produzca una discriminación importante
respecto a lo que ha ocurrido con los sectores afectados por la reforma
de la PAC, aprobada en 1992, en concreto, con los cultivos herbáceos,
cereales, oleaginosas y proteaginosas y con los productos ganaderos,
reformas que han supuesto incrementos significativos
de sus costes respecto de la situación anterior. Por el contrario, en el
sector vitivinícola, cuyo coste presupuestario es netamente inferior al
peso del sector vitivinícola en la producción final agraria comunitaria,
es decir, que es un sector barato para el presupuesto comunitario, para
el presupuesto del Feoga-garantía, en relación con el peso o la
importancia del sector en la producción final agraria comunitaria, sin
embargo se plantea una reforma que en este caso sí que pretende ahorrar
un coste presupuestario, incluso durante los seis años de aplicación
progresiva de la reforma y, además, un ahorro presupuestario que sería
aún más importante a partir del séptimo año en el que el coste se
reduciría considerablemente.
Por otra parte, la propuesta de la Comisión para el sector vitivinícola
no solamente presenta claras discriminaciones respecto a otros sectores
agrarios, como ya he expuesto, sino también en el trato de las diferentes
regiones vitivinícolas de la Unión Europea. El esfuerzo de adaptación a
las producciones nacionales de referencia se tendría que realizar, de
acuerdo con la propuesta de la Comisión, en el marco de los programas
regionales de adaptación, fundamentalmente a través de dos vías: la
primera, mediante la denominada «vendimia en verde» y otras medidas de
reducción de la producción, fijación de límites máximos de rendimientos,
limitación o prohibición de prácticas agronómicas que favorecen los
rendimientos elevados, en definitiva, prácticas de cultivo que limiten
los rendimientos. Esta reducción provocaría de acuerdo con la propuesta,
una pérdida de renta que se compensaría a los agricultores mediante la
correspondiente ayuda.
La segunda vía propuesta por la Comisión sería la reducción de la
capacidad de producción mediante el arranque y el consiguiente abandono
del cultivo con una sustanciosa compensación, más elevada incluso de la
que se viene abandonando en los actuales planes de arranque. Si se
aceptara este esquema habría Estados miembros que podrían conseguir el
ajuste hasta su producción nacional de referencia por la primera vía,
simplemente limitando los rendimientos más altos o reduciendo algo la
chaptalización, sobre la que luego hablaré, mientras que los Estados
miembros del sur no pueden optar por la reducción de rendimientos dado
que, en nuestro caso y en el de los Estados del sur, son
extraordinariamente bajos puesto que la producción se realiza en
condiciones muy extensivas, viéndose obligados a recurrir a medidas más
traumáticas como la vendimia en verde o, sobre todo, como el arranque,
con el agravante de que la compensación económica prevista para el
arranque es comparativamente muy superior a la prevista para la vendimia
en verde. Se estaría así fomentando una solución, el arranque, que además
de ser irreversible conduciría, ante la falta de alternativas, a la
desertificación de grandes áreas en los Estados miembros del sur. Con
todo ello se situaría a las regiones del sur en una clara discriminación
respecto a las regiones del norte.
Por tanto, no solamente existe una discriminación en cuanto al método de
ajuste, sino que además existe en la propuesta una descompensación en el
esquema de primas o en el esquema de incentivos al arranque frente a
otras medidas que, además, en el caso de las primas al arranque, se
financia en la propuesta de la Comisión íntegramente por el
Feoga-garantía, lo que refleja hasta qué punto la propuesta quiere
incentivar el arranque como mecanismo de ajuste del sector.
No quiero cerrar esta parte de mi intervención sin referirme a otros dos
aspectos que consideramos muy graves de la propuesta de la Comisión. Por
una parte, y en lo relativo a las prácticas enológicas, se mantiene la
chaptalización, que no tiene en nuestra opinión justificación técnica y
ofrece una clara ventaja económica, provocando unos excedentes
artificiales estimados entre 15 y 20 millones de hectolitros. Por otra
parte, y es importante para un sector productivo presente en amplias
zonas de nuestra geografía, el precio del alcohol vínico para uso de boca
se encarecería considerablemente, quedando en clara desventaja respecto
de la situación actual si aplicamos estrictamente la propuesta de la
Comisión. Por todo lo anterior, además de otras razones que figuran en el
informe que se les ha distribuido, la posición del Gobierno es muy clara;
no se puede aceptar la propuesta de la OCM vitivinícola en su redacción
actual.
El Presidente del Gobierno en la reunión que ha mantenido con los
representantes de la Mesa para la Defensa del Vino, el día 27 de octubre
de 1994, ha ratificado la posición española en el sentido de que la
propuesta es inaceptable para España en estas condiciones. Sobre este
rechazo existe además una unánime coincidencia de posiciones con las
fuerzas sociales y económicas representativas de este sector y con la
mayoría de las instituciones; las dos Cámaras del Parlamento, el Comité
de las Regiones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, los Gobiernos
de las Comunidades Autónomas y cientos de ayuntamientos que han
solicitado al Gobierno que se oponga a esta reforma.
Esta unanimidad se aprecia, además, en toda la geografía española por muy
diferentes que sean sus circunstancias de producción. Puede haber
diferencias de matices --y yo creo que no debiéramos abundar en ello--,
pero la unanimidad se centra en el rechazo a la propuesta. Por
consiguiente, debemos realizar un esfuerzo para no romper esta unanimidad
de criterio y plantear el tema como un objetivo político global del
Estado, sin ofrecer fisuras entre distintas regiones vitivinícolas
españolas o entre distintos grupos políticos.
En mi opinión, se ha llegado a esta unanimidad de criterios porque en
España el vino es más que un producto agrario, más que una bebida, es,
sin duda, una seña de identidad que está presente --como he comentado en
más de una ocasión-- en la literatura, en la historia, en la cultura, en
la religión, en las fiestas y en el más hondo sentir de nuestro pueblo.
Además, la presencia de las vides en la tierra, no solamente es un
elemento que caracteriza el paisaje de grandes zonas españolas, sino que
también es una garantía de lucha contra la desertificación, es la
oportunidad de dar un destino económico y social a unas tierras que, en
muchas casos, carecen de otra alternativa y, además, la oportunidad para
generar empleo en el medio rural en zonas que tienen problemas de
desempleo de carácter crónico.
Pero el rechazo de este modelo de reforma que propone la Comisión Europea
no debiera hacernos olvidar que es necesaria una reforma de la OCM
vitivinícola, por múltiples razones: el descenso continuado de consumo
del vino, que se evalúa en torno a 2.000.000 de hectolitros anuales.
Afortunadamente, y con el permiso de la Organización Mundial de la salud
y de las autoridades sanitarias, ya no se produce en España, donde se
esta produciendo una ligera recuperación del consumo, sobre todo, de
vinos de calidad, después de haberse reducido a menos de la mitad a lo
largo de los últimos 25 años. Se alcanzó prácticamente un suelo en torno
a 1991 y se ha producido una cierta recuperación, la cual evaluamos
positivamente en la medida en la que el vino se comporta en los consumos
como sustitutivo de otras bebidas alcohólicas de más alta graduación y,
en el fondo, permite un control para las nuevas generaciones en el
consumo alcohólico que no se consigue o que, por lo menos, en la
actualidad no se está consiguiendo con otras bebidas alcohólicas de más
alta graduación o con combinados entre refrescos y bebidas alcohólicas.
Pero es cierto que a nivel europeo sigue produciéndose una disminución en
el consumo del vino. Por otro lado, tenemos además una organización común
de mercados que, en estos momentos, ya refleja una cierta discriminación
y que, además, es muy compleja en su regulación, y, por supuesto, porque
tenemos una parte --yo creo excesivamente importante-- de nuestra
producción que se viene destinando de forma continua a la destilación.
Pero esta necesidad de reforma no supone que debamos aceptar cualquier
reforma, sino que tendremos que buscar otro esquema que elimine los
problemas que plantea la propuesta actual de la Comisión.
En cualquier caso, quiero decir que nunca vamos a aceptar un modelo de
reforma de la OCM que implique un arranque masivo del viñedo español y la
condena de estas superficies a un fatídico destino de abandono y de
desertificación.
Quiero insistir --como he dicho al comienzo de mi intervención-- que las
negociaciones no han hecho más que empezar. Van a ser duras y es
previsible que se prolonguen durante un período dilatado de tiempo. Por
ello, quiero solicitar el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios y
de toda la sociedad española para mantener esta posición de firmeza y
convencer a la Comisión Europea de que su propuesta no es aceptable y
debe ser modificada profundamente.
Pero quiero resaltar --aunque sólo sea por su valor anecdótico-- que a lo
largo de los últimos meses se han producido más iniciativas
parlamentarias sobre la reforma del sector del vino desde la presentación
del documento de reflexión por parte de la Comisión, reuniones del grupo
de trabajo, del Consejo de Ministros y de todos los organismos de
discusión en Bruselas y que, seguramente, si seguimos reiterando un
debate que en el fondo está avanzando muy poco a nivel comunitario,
corremos el riesgo de abrir divergencias de criterio, diferencias entre
nuestras regiones vitivinícolas y entre nuestros grupos políticos que
creo que en la situación actual, desde el punto de vista de los intereses
nacionales y de los de nuestro sector, no son de nuestro interés. Tiempo
habrá, cuando la discusión de la reforma avance de verdad --cosa que
hasta ahora no se ha producido en absoluto-- de debatir conjuntamente los
progresos que se van realizando y los criterios que cada uno, cada grupo
político o cada una de las instituciones que participan en este debate,
tenga sobre estos progresos. Pero en el momento actual --lo digo con
total sinceridad; me van a perdonar sus señorías si me excedo en mis
atribuciones-- estamos dándole demasiadas vueltas a una misma propuesta
sin que se haya producido ninguna modificación a nivel comunitario, sin
que podamos avanzar demasiado en este debate, con el riesgo de que, al
final, a base de hablar demasiado sobre lo mismo y darle vueltas a los
mismos temas, acentuemos unas diferencias entre nosotros, que son de
matices y no de fondo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Senador Milia Méndez.
El señor MILIA MENDEZ: Muchas gracias, Presidenta.
Quiero expresar en nombre de mi Grupo nuestro agradecimiento por la
presencia del señor Ministro, así como por la defensa y el esfuerzo que
ha realizado para coordinar una posición común en todo el sector
vitivinícola a la hora de defender la reforma de la OCM del vino en
cualquier tipo de foro, Comité de Regiones, Parlamento Europeo, Comité
Económico y Social y la Mesa del Vino. También quiero agradecer al señor
Ministro toda la información que nos ha dado sobre la situación y
perspectivas de la reforma del mercado del vino, así como sobre la
posición del Gobierno español. Posición, señor Ministro, que compartimos,
al igual que los demás grupos políticos. Véanse, si no, esas mociones
aprobadas por unanimidad, tanto en la Cámara Alta como en el Congreso de
los Diputados. Sentimiento también compartido por todo el sector
vitivinícola.
El vino es, señor Ministro, uno de los sectores con más calado
socio-económico. El viñedo ocupa en España una extensión de 1.350.000
hectáreas, con una producción aproximada de 36 millones de hectolitros,
representando un 20 por ciento del total comunitario. Por extensión de
viñedos somos el primer país del mundo y por vino elaborado el tercero.
El 45 por ciento de la superficie del viñedo corresponde a la
denominación de origen, con una extensión de 613.000 hectáreas y una
producción de 10 millones de hectolitros, de los cuales, el 39 por ciento
--aproximadamente cuatro millones-- se exporta mayoritariamente a los
países de la Unión Europea: Alemania, el 32 por ciento; Francia, el 27
por ciento; Reino Unido, el 18 por ciento y Holanda, el 13 por ciento. El
otro 71 por ciento --seis millones de hectolitros-- va al mercado
interior.
El cultivo de la vid está implantado en la totalidad de las Comunidades
Autónomas, destacando Castilla-La Mancha con el 43 por ciento, Valencia
con el 10 por ciento, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Murcia, con el
seis por
ciento y el resto repartido en un nueve por ciento en el resto de las
Comunidades.
Desde el punto de vista socio-económico, el viñedo, señor Ministro,
aporta a la producción final agraria el 4,7 en años normales. Su
aportación al comercio exterior se sitúa en torno al 7,5 del billón y
medio de pesetas de las explotaciones agrarias. Destaca, el señor
Ministro, su tasa de población activa, superior a la media comunitaria,
debido, como usted sabe, a sus características naturales de producción,
porque el viñedo está situado preferentemente en la ladera y en la
colina, así como la climatología, que hacen que existan pocas
alternativas de otros cultivos. Podemos decir que el cultivo de la vid da
ocupación a 500.000 empresarios agrarios, a los que tenemos que sumar la
actividad empresarial en las bodegas, centros de transformación y
distribución. Si, además, cada hectárea genera entre 15 y 20 jornales,
estamos hablando, señor Ministro, de 20 millones de jornales.
Todo ello, señorías, nos indica la gran trascendencia y la óptica
socio-económica que tiene para España el cultivo de la vid. Pero,
señorías, el vino es algo más: es cultura, es tradición, es arte e
historia de los pueblos. Por ello, señor Ministro, el vino como
patrimonio de nuestra historia debemos protegerlo de reglamentaciones mal
adaptadas o excesivamente burocráticas. Ahora bien, eso no significa
proteger a falsos empresarios que mantienen costumbres y prácticas
inadmisibles, que ven en el vino una fuente de enriquecimiento a corto
plazo; hablan de un vino que no hace historia ni crea cultura, que se
destruye para la obtención del alcohol.
Señor Ministro, el 35 por ciento de nuestra producción va destinada a la
producción del alcohol, que nos cuesta un millón de ecus al año, creando
un mercado donde no existen objetivos de calidad ni de comercialización.
Por ello, señor Ministro, tendremos que empezar a hablar de la forma de
comercializar estos vinos que, sin duda, es la mejor defensa para
cualquier tipo de reglamentación.
Sí es necesaria la reforma de la OCM del vino, señor Ministro, por los
problemas de desequilibrio estructural del mercado sistemático y
permanente, debido al incremento de las producciones por haber mejorado
las técnicas de producción y elaboración al mismo tiempo que fracasaban
las medidas disuasorias de destilación a bajo precio o promoción al
arranque. Descenso del consumo que, como usted sabe, señor Ministro, se
debe, sin duda, a las campañas antialcohol mal orientadas, que llevan al
consumidor a considerar el vino como algo nocivo para la salud, cuando el
vino, sobre todo los vinos de calidad producidos en una región
determinada, no es el causante del alcoholismo ni de las muertes en
carreteras.
En España, señor Ministro, de 1987 a 1992, el consumo ha disminuido en un
30 por ciento, con un futuro negro si tenemos en cuenta que los mayores
consumidores son gente de edad avanzada ubicada en el medio rural y que
la juventud apenas consume. Por ello, es conveniente que la nueva OCM
diseñe programas de información del vino como fuente de salud y promoción
con estudios de mercado que abarquen a toda la cadena alimentaria. Es
necesario armonizar también el tratamiento fiscal en los Estados miembros
de tal forma que los precios de venta del vino no se empleen como
elemento disuasorio al consumo, en beneficio de otros productos --léase
la cerveza, producto de los países del Norte.
La reforma también es necesaria para terminar de una vez por todas con la
chaptalización, en aras de la calidad, y porque es una práctica, además,
que impide reducir excedentes. No obstante, señor Ministro, la propuesta
de reforma de la Comisión genera rechazo al Grupo Parlamentario
Socialista, y genera rechazo por no tener en cuenta los principios de la
reforma de la PAC, como usted bien conoce, el mantenimiento del número
suficiente de agricultores, el fomento de extensificación que respete el
medio ambiente, unidad de mercado, solidaridad financiera, que el 100 por
cien corra a cargo del Feoga-Garantía, las diferentes condiciones de
producción que se dan en la viticultura y los viticultores de los
diferentes países miembros. En segundo lugar, la propuesta de la Comisión
provoca una triple discriminación: por productos, por regiones y
financiera.
Discriminación por productos, señor Ministro, con ajustes estructurales
en otros sectores de la PAC con semejantes o mayores problemas de
excedentes y costos de regulación --léase cereales, herbáceos, leche,
vacuno--, haciéndose de una forma escalonada en varias campañas, mientras
que en el vino el primer año ya es traumático por el arranque.
El reparto de excedentes en estos sectores es proporcional a cada uno de
los Estados miembros y los agricultores, de acuerdo con las superficies y
rendimientos, mientras que en el vino se dejan de considerar los
excedentes como comunitarios y se entra en la dinámica de primar a
quienes presentan menos excedentes.
Señor Ministro, no es justo que asumamos el excedente de la leche de los
países del Norte y que ahora se desentiendan estos países de los
excedentes del vino. Tampoco es lógico ni prudente pretender disminuir
los excedentes utilizando únicamente el arranque y el control de la
producción mediante la fijación de límites máximos de rendimiento porque,
como usted sabe, en España los rendimientos son muy bajos comparados con
los de los países de la Comunidad: España está en torno a los 25-30
hectolitros por hectárea; la media comunitaria es de 70 hectolitros por
hectárea; en Alemania 110, e incluso en algunas regiones de Alemania
superan los 200 hectolitros por hectárea. También hay mecanismos que nos
hablan de limitación de prácticas agronómicas que aumentan los
rendimientos, tales como el regadío o la poda.
Como usted sabe, señor Ministro, el regadío está prohibido por la Ley de
1970 en España y la poda está también regulada por la Ley del Estatuto de
la Vid y del Vino. Por tanto, nosotros no podemos bajar rendimientos por
estos conceptos. Si a esto añadimos que en España también está prohibida
la chaptalización, comprenderá, señor Ministro, que sólo nos queda una
solución traumática, que es el arranque o la vendimia en verde. La
vendimia en verde sería solución siempre y cuando se aumentaran las
ayudas y se estableciese un equilibrio con respecto al arranque, pero no
es justo ni lógico pensar que podemos alcanzar un equilibrio
de mercado basado en la política de arranque sin querer reconocer que los
excedentes de producción provienen justamente de la chaptalización. Si en
vez de enriquecer el vino con sacarosa, lo hiciésemos con mosto
concentrado, hubiésemos evitado, señor Ministro, la mayoría de los
excedentes comunitarios y podemos decir que cifraríamos en 20 millones la
eliminación de esos excedentes.
El arranque, además, señor Ministro, genera problemas de medio ambiente y
también de carácter socioeconómico, pero sí estamos de acuerdo en que el
ajuste producción-demanda se haga a través de un control de rendimientos
que tenga como principio básico la mejora de la calidad tanto de nuestras
viñas como de la elaboración de nuestros vinos. Además, sería un buen
escudo de defensa ante la invasión de vinos procedentes de terceros
países.
En cuanto a la discriminación financiera, todas las sociedades,
reformadas o sin reformar, son financiadas al 100 por cien por el
Feoga-Garantía. En el vino participan los Estados miembros, y esto, señor
Ministro, vulnera el principio de solidaridad financiera. En 1995 el
Feoga había presupuestado 1.552 millones de ecus para el vino; tras
aplicar la reforma, la Comisión cifra el gasto en 1.032 millones de ecus
en el año 2001, reduciendo, señor Ministro, el gasto en un 34 por ciento,
y después del 2001, sin programas regionales, cifra el gasto en 368
millones, lo que supondría una reducción del 76 por ciento del gasto.
Por lo tanto, la discriminación financiera en el vino se ve también más
clara cuando a los grandes cultivos se destina un 43 por ciento, mientras
que al vino tan sólo un 3 por ciento.
Señor Ministro, siga firme en la defensa de los intereses de los
viticultores españoles no aceptando la redacción actual, buscando otras
soluciones que salvaguarden la cultura del vino y permitan vivir al
hombre en un perfecto equilibrio con la vid y la naturaleza.
Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Miliá.
Por el Grupo Parlamentario Popular, solicitante del debate sobre la misma
propuesta que nos ocupa, tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro de Agricultura, y permítame, con el más absoluto
respeto a su persona, que antes de entrar en el fondo del tema exprese
una cuestión previa. Puesto que el señor Ministro, sin duda, aprovechará
su última intervención, como viene haciendo en las últimas semanas para
manipular y falsear a sabiendas la postura oficial del Grupo
Parlamentario Popular, permítame que le diga lo siguiente para empezar y
situar las cosas en su sitio.
Señor Ministro, con la actitud de los últimos días y las últimas semanas,
yo tengo que decirle, con esa misma fuerza de respeto personal, que usted
está practicando una actitud política un tanto cínica e inmoral.
(Rumores.) Es una inmoralidad manipular la posición del Grupo
Parlamentario Popular sobre la chaptalización, sabiendo, como saben, que
desde que el señor Ministro tuviera uso de razón venimos solicitando al
Gobierno socialista su eliminación, oponiéndose éste año tras año --y
léanse para comprobarlo los «Diarios de Sesiones» no de ésta, sino de las
anteriores legislaturas--. Es una inmoralidad que siga insistiendo, como
lo hizo la pasada semana en esta misma Cámara, cuando sabe, o debe saber,
que hace justamente un año, en noviembre de 1993, planteamos al ministro
correspondiente de Agricultura la gravedad de la reforma. El 21 de abril
de este mismo año, a través de una proposición no de ley presentada por
nuestro Grupo y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y
la interpelación y su correspondiente moción, en los Plenos del 15 y 21
de junio últimos, desde el Grupo Parlamentario Popular lideramos el
rechazo absoluto a la perpetuación de la chaptalización de vino con
azúcar de remolacha.
Respecto a la supuesta proposición no de ley por la que, supuestamente
también, solicitamos al Gobierno el arranque de viñedos, señor Ministro
de Agricultura, yo ya no le ruego, sino que le exijo solamente en esta
Comisión que manifieste la fecha exacta de la misma, así como el texto
íntegro. (Rumores.) Lo demás, insisto, sería manipular.
De lo contrario, señor Atienza, usted habría acreditado suficientemente
una práctica absolutamente despreciable, por falsa, y un absoluto
desprecio a las mínimas reglas de convivencia democrática. (Rumores.)
Dicho esto, señora Presidenta, señor Ministro, no voy a perder ni un solo
minuto más en discutir sobre esta cuestión, ya que el señor Ministro de
Agricultura y el Gobierno socialista tendrían que yo no sé si nacer dos
veces para rectificar y hacerse perdonar la negligencia que han cometido
sobre la reforma de la OCM del vino, pues sepan ustedes, señorías, que
hace año y medio que todos conocemos el primer documento de reflexión
elaborado por la Comisión sobre el proyecto de reforma de Organización
Común del Mercado del Vino, y ésta es la fecha --iba a decir que
todavía-- en que acabamos de recibir esta mañana no una propuesta
alternativa ni un memorándum, ni siquiera sé si será la postura oficial
del Gobierno, sobre el proyecto, y, lo que aún es más grave, ha
incumplido en su fecha y forma la obligación que tiene de remitir a esta
Comisión Mixta el texto de la mencionada propuesta, así como su
valoración del proyecto del Reglamento citado. Eso sí, después de que en
este tiempo hayan pasado nada menos que tres ministros de Agricultura sin
que hayan dicho ni una sola palabra y que desde el Grupo Parlamentario
Popular hayamos conseguido concienciar y sensibilizar no solamente al
sector, sino a la totalidad de la sociedad española, ustedes han
descubierto que esto es importante en estos momentos, como lo demuestra
la afirmación del señor Ministro de Agricultura ante la Mesa para la
Defensa de la Viña y del Vino el pasado 8 de septiembre, cuando dijo
textualmente que durante este tiempo se había realizado una valoración de
fondo por el Ministerio en el contexto del debate político del tema,
habiéndose llegado a un mejor conocimiento de toda la problemática. Esto
lo afirmó el 8 de septiembre de 1994.
Les reconozco que tras la presión que está ejerciendo la sociedad
española y los resultados de las últimas elecciones europeas ustedes se
han asustado y tratan de ponerse a la cabecera de la manifestación, lo
cual, por otro lado, no
es más que su obligación, puesto que están obligados a cumplir los
mandatos del Congreso de los Diputados y de esta Cámara anteriormente
citados. Pero al mismo tiempo, señor Ministro, tengo también la
obligación, como representante de la soberanía nacional, de exigirle al
Gobierno de España responsabilidades por su negligencia por el año y
medio perdido. Un año y medio perdido, señorías.
Y dicho lo anterior, señor Ministro, voy a entrar en el fondo de la
cuestión. La filosofía de la reforma propuesta se basa únicamente en
equilibrar la demanda del vino a la producción. Creo que es una filosofía
un tanto simplista, cuando no interesada o en defensa de unos intereses
económicos concretos de unos países también concretos a cuyo servicio los
burócratas europeos han redactado este documento. Yo creo que se les
podían haber ocurrido otras propuestas, además de éstas de ajuste, para
equilibrar la demanda a la producción; pero, ¿por qué no al revés,
intentando buscar salida a nuestra capacidad de producción?
Pues bien, la Unión Europea ha puesto sobre la mesa que producimos 194
millones de hectolitros; que consumimos por todos los conceptos, en
números redondos, 154, y que, por tanto, señorías, hay que eliminar 40
millones de hectolitros. Se acuerdan de España una vez más para
inventarse unas reglas de juego, unos coeficientes por los cuales se
establece la llamada «cantidad de producción nacional de referencia» para
que por el sistema de capacidad de comercialización se perjudique a
España, y salga favorecida, fundamentalmente, Francia. Porque tenemos que
decir aquí una vez más --y recriminar al Gobierno español-- que en ese
sentido de capacidad de comercialización y de exportación estamos
prácticamente a cero o a años luz de otros países comunitarios. En este
sentido se nos adjudica una producción nacional de referencia de unos
29,248 millones de hectolitros de los 37 de media que venimos
produciendo, y eso sin tener en cuenta los 20 millones de producción de
este año 1994. Se quiere imponer en España una reducción de producción
de, aproximadamente, siete millones y medio de hectolitros; eso supone,
señorías, que España tendría que reducir el 21 por ciento de su
producción. Sería el porcentaje más alto de todos los países
comunitarios, porque en Francia sería un 18 por ciento; en Italia, un 20
por ciento; en Alemania, un 14 por ciento; en Portugal, un 14 por ciento,
y en España, insisto, el 21 por ciento de reducción. En la reforma que se
nos propone --de una forma un tanto discriminatoria, lógicamente, pero yo
también diría que cínica-- incumplen absolutamente todos los acuerdos
previos o alcanzados hasta la fecha. Incumplen todos los acuerdos, desde
el del Consejo de Ministros «Jumbo» del mes de septiembre de 1993 hasta
los acuerdos establecidos en La Paz, en donde se reforman otros muchos
productos, en su mayoría continentales o que les afectan --y por ello se
benefician también los países del Centro y Norte de Europa-- para
inventarse una nueva normativa, a pesar de que en la propia reforma de la
PAC se establecía que se trataría la reforma de la OCM del vino en las
mismas condiciones.
En cuanto a la capacidad de producción, se han expuesto aquí por quien me
ha precedido en el uso de la palabra las características españolas sobre
el cultivo de la vid. Efectivamente, nosotros somos el primer país del
mundo en superficie, a mucha distancia del resto; pero, eso sí, somos el
tercero en producción total. ¿Por qué somos el tercero? Porque nuestras
viñas rinden una media de 25 hectolitros por hectárea, mientras que la
media del Centro y Norte de Europa puede considerarse en torno a los 150
hectolitros por hectárea. A pesar de ello nos dicen que hay excedentes y
que los españoles tenemos que arrancar nuestras viñas porque somos
quienes producimos esos excedentes. Además, nuestro Estatuto de la Viña,
de 1970, establece que vino es aquel producto obtenido exclusivamente a
través de la fermentación de la uva y con una graduación alcohólica
mínima de 9 grados volumétricos. Sin embargo, en el resto de la Unión
Europea, en el Centro y Norte de Europa, se establece este mínimo en 5
grados alcohólicos, y ahora, con una habilidad impresionante, dicen que
lo elevarían a 6 grados. Esto, para un viticultor español, sería para
morirse de risa si no fuera, como es, dramática la totalidad de la
reforma. ¿Cómo se puede considerar vino a un producto con 5 ó 6 grados
volumétricos de alcohol? Es imposible. Y también es imposible
comercializarlo, y para ello tienen que utilizar otros productos ajenos
absolutamente a la uva, caso de la remolacha, para fabricar un brebaje al
que insisten en llamar «vino», elaborado con uva y azúcar de remolacha.
Como ha sido expuesto aquí, utilizan para ello --en cifras estimadas,
porque, lógicamente, hay sus más y sus menos: hay quien dice que son
menos y hay quien asegura que son más-- 800.000, insisto, 800.000,
toneladas de azúcar. Y ahí empiezan los intereses económicos de otro
sector y de otros países para cargar el mochuelo, con perdón, a nuestro
país.
Señorías, de esta manera se introducen en el mercado nada más y nada
menos que entre 20 y 25 millones de hectolitros. Y luego nos dicen a los
españoles que estamos provocando excedentes y que tenemos que arrancar
nuestras viñas, que rinden 25 hectolitros por hectárea. Ellos tienen las
características que acabamos de describir y, encima, están introduciendo
en el mercado esos millones de lo que llaman «vino» y, además, se
permiten decir --y sobre ello no hemos oído nada todavía al Gobierno--
que los Estados miembros podrán autorizar que en las etiquetas del vino
real, del vino natural, se ponga que este vino no ha sido «chaptalizado».
Señorías, este documento es una auténtica ofensa para los españoles; para
la totalidad de los españoles.
Este Grupo y este Diputado viene denunciando desde hace mucho tiempo esta
práctica enológica de la «chaptalización» y la comercialización de estos
vinos confundiéndose con el resto de los vinos naturales elaborados
tradicionalmente en los países del Sur de Europa, caso de España. Esta
práctica, como digo, es un auténtico fraude al consumidor; pero un fraude
legal, señorías, es un fraude que apoya la Unión Europea, que no es un
ente abstracto, porque la Unión Europea también es el Gobierno español.
Eso no se puede consentir, se apruebe o no se apruebe este texto de
reforma de la Organización Común del Mercado del Vino, porque el
consumidor, señorías, acude a comprar una botella de vino y no sabe si
ese vino es un vino del sur de Europa o es un vino natural obtenido
directamente de la
uva, o es un vino fabricado con remolacha y, por tanto, está consintiendo
de alguna manera un fraude legal al consumidor.
La señora PRESIDENTA: Señor Isasi, le ruego vaya terminando.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señora Presidenta, le ruego sea benevolente y
me conceda más tiempo. Procuraré ajustarme lo más posible.
Además de lo expuesto anteriormente, la reforma, señorías, de insistir en
que España debe disminuir su producción en las cantidades que hemos
dicho, se permite a lo largo de los seis años de aplicación de la reforma
en multiplicar prácticamente por cuatro la capacidad de importaciones de
vinos de terceros países. ¿Cómo es posible que se nos diga a los
españoles que tenemos que arrancar nuestras viñas no solamente para
seguir practicando la chaptalización, la fabricación de vino con
remolacha, sino para ceder una capacidad de mercado casi cuatro veces más
de nuestro mercado europeo, casi cuatro veces más de lo establecido en
estos momentos? Es absolutamente inaceptable este texto de propuesta de
Organización Común de Mercado.
Pero, señorías, muy rápidamente les digo que para poder reducir esta
producción se establecen tres ejes fundamentales, tres herramientas, no
como usted ha manifestado, señor Ministro, en los medios de comunicación;
si bien es cierto que una cosa es lo que dice fuera --como acostumbra
también el Consejo de Ministros europeo-- y otra cosa es lo que dice
luego aquí; nadie obliga. En el texto no se dice por ningún sitio que se
obligue a arrancar las viñas directamente. Eso era, señor Ministro,
cuando usted no era Ministro, en el texto primitivo de reflexión, del 22
de julio de 1993. Después de haber pasado por la Comisión el 11 de mayo
se eliminó esa obligatoriedad. Ahora se establecen tres herramientas: la
reducción de rendimientos, la vendimia en verde y el arranque de masa
vegetal, por supuesto. Pero, como aquí se ha dicho, a nosotros no nos
quedará más remedio si nos imponen reducir esa producción de esos siete
millones y medio de hectolitros y no podemos acogernos a la reducción de
rendimientos. Porque, ¿qué reducción vamos a hacer de 25 hectolitros por
hectárea?
La vendimia en verde, señor Ministro, como manifestó el Ministro francés
en el seno del Consejo de Ministros, es muy difícil en su aplicación y,
por otro lado, no podemos consentir, como hemos coincidido prácticamente
todos, en que no sea financiada al cien por cien por la Unión Europea.
Por fin el arranque de masa vegetal conlleva todos los inconvenientes, en
los que hemos venido, en eso sí, coincidiendo todas las fuerzas
políticas, que acarrearía para nuestro país la pérdida de esas 350.000
hectáreas de masa vegetal, con los perjuicios ecológicos que supondría
para nuestro país. Por una parte la Unión Europea está alertando del
peligro de desertización de nuestro país y, por otra parte nos dice que
arranquemos masa vegetal sin tener otras alternativas para cubrir esa
superficie. Eso supondría la pérdida de entre treinta y cuarenta mil
puestos de trabajo, además de la pérdida de producción que supondría todo
ello.
La señora PRESIDENTA: Termine, señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Para terminar, tengo que recordarle en esta Cámara,
señor Ministro, que para podernos librar de este documento el Gobierno
español tiene también unas herramientas de las que alguna vez, señor
Ministro, tendrá que hacer uso, porque ni una sola vez las ha utilizado,
y eso a pesar de que hemos tenido ocasiones: ahí está el tema de la
leche, el tema de los cereales, el tema de la pesca, etcétera, pero ni
una sola vez las ha utilizado. Estas son, se las hemos recordado varias
veces, la mención al acuerdo de Luxemburgo para intentar vetar, bloquear
o frenar la aprobación de una propuesta de reglamento que vaya en contra
de los intereses generales de un país, o la otra herramienta que supone
la utilización de la minoría de bloqueo, buscando apoyos entre los países
que existen, y por lo menos hasta que usted fue Ministro el Gobierno
español no había tenido ningún contacto ni con Portugal ni con Grecia ni
sobre todo con Italia, que son los países que más coinciden en los
problemas que tiene nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Señor Isasi, tengo que retirarle la palabra.
El señor ISASI GOMEZ: Perdón, termino ya.
Nosotros le animamos, y tendrá todo nuestro apoyo, a que cumpliendo con
la proposición no de ley, aprobada el 21 de abril en el Congreso de los
Diputados, se mantenga firme, utilizando los mecanismos que sean
precisos, para que no se apruebe este texto de proyecto de ley.
En todo caso, señor Ministro, le pedimos que solicite del Consejo de
Ministros la devolución de este texto que nadie puede admitir como
válido, ni hay forma de ser enmendado o arreglado en profundidad.
Insisto: solicite la devolución de ese texto a la Comisión para una nueva
redacción.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Isasi.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer al señor Ministro su presencia en esta Comisión.
Voy a empezar haciendo una pequeña reflexión. Usted conoce bien que mi
Grupo está apoyando la posición del Gobierno ante este tema de la OCM del
vino, pero nos parece que hay algunos motivos o que buscando razones
lógicas por las que criticar al Gobierno y no caer en el tópico del
«Piove, porco governo», en el que con frecuencia caen algunos --frase que
hizo fortuna en la Italia cercana--, digo que buscando las razones
fundadas para hacer crítica a la actitud del Gobierno hay que remontarse
a lo que fue la entrada de España en el Mercado Común, a lo que nuestra
situación política, etcétera, obligó a aceptar una serie de
condicionamientos, obligó a aceptar una PAC que primaba fundamentalmente
a las economías de los países ya ricos, en detrimento de los países del
sur. En ese contexto es en el que yo creo que se pueden encontrar las
lógicas críticas a la gestión del Gobierno en este tema.
Yo he recibido, como los demás compañeros, esta misma mañana el documento
en el que explicita la posición española ante la propuesta de la OCM del
sector vitivinícola. Por otra parte, a través de los medios de
comunicación de diversos debates que ya se han producido en otras
comisiones, tanto del Congreso como del Senado, todos hemos tenido
noticia de los posicionamientos de cada Grupo y de los propios
posicionamientos del Gobierno.
Siguiendo un poco el documento que usted nos ha facilitado, mi Grupo y yo
personalmente compartimos la idea inicial de no aceptar esta reforma de
la OCM fundamentalmente por lo que significa de doble discriminación. Ya
se ha citado anteriormente que en otros sectores, como los cereales, el
vacuno, los cultivos herbáceos, etcétera, ha habido una gradualidad en el
esfuerzo para la reconversión de estos sectores, cosa que no se contempla
en el caso del vino. Y también está el hecho de que la financiación
comunitaria pretende, a diferencia de lo que ha hecho en otros productos,
evadir el pago íntegro a partir del Feoga-Garantía.
A veces, cuando en esta Comisión o en otras se oyen expresiones como que
el centro de gravedad de la Unión Europea se desplaza hacia el norte,
parece que sea una referencia más o menos retórica o más o menos
geográfica. Yo creo que esto es expresión de cómo el centro de gravedad,
en lo que significa priorización de intereses y priorización de
financiaciones, se desplaza hacia el norte, y cómo el sur sufre ese
desplazamiento de lo que son los centros de decisión tanto de lo que son
prioridades de la Unión Europea, como mecanismos de financiación.
Esta mañana ya se ha hablado varias veces de la dificultad que tiene
España para poder disminuir la producción, para contribuir a la
disminución global de los excedentes, teniendo en cuenta que nuestra
capacidad de rendimiento es la más baja de todos los países de la Unión
Europea --algunos nos cuatriplican en posibilidades de producción--, de
cómo en España están prohibidos el regadío y la chaptalización, que
debería ser una exigencia en el contexto de la Unión Europea, pues
aquélla debería estar prohibida la chaptalización mientras existan los
excedentes que continúa habiendo. Eso impediría la falta de razonabilidad
de exigir a los países que tienen menos capacidad de producción por
hectárea que arranquen viñas o que produzcan vendimia en verde cuando en
los países del norte, con mayor capacidad de producción con menos grado
alcohólico, se aumenta éste a partir de la conocida chaptalización.
Nos parece justa la expresión que se emplea, en el documento que usted
nos ha entregado esta mañana, sobre el irónico concepto de subsidiariedad
que la Comisión tiene en este asunto de la OCM del vino. Lo compartimos.
De lo que se trata es de conseguir mantener el mayor grado de cohesión
posible en el conjunto de la sociedad española, de las fuerzas políticas,
de los grupos parlamentarios, para que el Gobierno español siga
manteniendo la misma posición que ha tenido hasta ahora. Nuestro apoyo
seguirá en esa dirección siempre y cuando ustedes mantengan la firmeza
que hasta ahora han mantenido. Las presiones que van a recibir serán, sin
duda, importantes, pero, en este caso, deben primar los intereses
nacionales aun a riesgo de que a algunos --puede que al conjunto de las
Cortes Generales-- nos llamen poco europeístas por estar defendiendo un
interés nacional. Cuando el conjunto del Congreso, de alguna manera,
ralentizó la ratificación de la ampliación de la Unión Europea a los
cuatro países que iban a ser los próximos miembros --Suecia, Noruega,
Austria y Finlandia--, ya hubo medios en los que se nos acusó a todos de
contradictorios y de poco europeístas. A esas personas o a esos
colectivos que puedan hacer este tipo de argumentaciones habría que
recordarles en las condiciones en las que España entró a formar parte del
entonces Mercado Común, cómo las circunstancias de entonces no son las de
ahora y cómo, precisamente, la defensa de una construcción armónica de la
Unión Europea debería exigirnos la firmeza necesaria para que esta
reforma concreta de la que estamos hablando no se lleve a cabo en los
términos ahora mismo conocidos.
Quizá sería interesante, señor Ministro, que además de llegar a una serie
de conclusiones, de decirnos el porqué no se está de acuerdo --y repito
nuestra coincidencia en el análisis--, se nos dijera qué alternativas
tiene el Gobierno español para defender ante la Comisión, y sacar
adelante, el sector vitivinícola español. Creo que eso sería necesario.
Una de las circunstancias que se señalan en su informe es la necesidad de
fomentar el consumo moderado de vino, aunque entremos en contradicción
con la reciente y yo creo que poco fundada aseveración de una
organización habitualmente tan seria y tan rigurosa como la OMS, porque
si bien es cierto que el consumo excesivo de alcohol, sea cual sea la
procedencia, es causante de enfermedad --en España es la droga, por
tipificarla así, que más muertes causa al cabo del año--, también es
cierto que un consumo moderado forma parte de esa dieta mediterránea que
todo el mundo considera como la que más longevidad produce. Todo aquel
que conozca un poco la cuestión, sabe que el consumo moderado de vino,
quizá por debajo o alrededor de los 30 gramos de etanol/día, aumenta la
fracción de alta densidad de las lipoproteínas, y que esa fracción es
protectora contra el colesterol, así como que también estimula ciertos
procesos de oxigenación que favorecen la sobrevida y que, metida dentro
del contexto de esa dieta mediterránea, es una parte esencial de ésta.
Yo creo que hay cosas que hacer. Me gustaría oír de su boca qué
alternativas plantea defender el Gobierno ante la Comisión --repito--
para intentar y conseguir, finalmente, que esta OCM del vino no se
reforme en la dirección que hasta ahora conocemos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro, por su comparecencia hoy aquí para exponernos la
postura del Gobierno ante la OCM del vino.
Déjeme decirle simplemente, señor Ministro, que, en un futuro inmediato,
nos pronunciaremos sobre el documento que nos ha presentado, pero no hoy,
dada la premura de tiempo con que nos lo ha entregado.
Si me lo permite, señora Presidenta, quisiera decirle al señor Isasi, con
todo respeto y cariño, que en esta Cámara tenemos la fortuna de no
presenciar intervenciones del tono y del tenor de aquella con la que nos
ha obsequiado, lo que nos permite mantener un clima que, sin perjuicio de
decir todas aquellas cosas que pensemos o creamos oportuno decir,
facilita el que lo hagamos en un tono bastante más simpático y coloquial.
Y todo para, al final, decir unas cuantas cosas obvias que, a mi
entender, han sido ya objeto de debate...
La señora PRESIDENTA: Señor Ibarz, yo le agradecería que se centrara en
el tema de la comparecencia, porque el señor Ministro todavía no ha hecho
uso de la palabra para responder a los portavoces.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Sí, señora Presidenta.
Sólo deseo decir que los asuntos que han sido expuestos ya han sido
tratados largamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado, y que ambas Cámaras se han pronunciado de forma unánime aprobando
proposiciones de ley y mociones con anterioridad al día de hoy.
Por la intervención del señor Ministro y el documento que nos ha
presentado, podemos comprobar la postura del Gobierno al considerar el
texto de la OCM propuesto por la Comisión como inaceptable. Esto
constituye para nosotros una toma de posición suficientemente clara en el
actual estado de discusión del documento.
Señor Ministro, no será nuestro Grupo el que rompa el consenso con el que
hasta la fecha se han pronunciado todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria. En el futuro, y en función de las tomas de
posición que la negociación requiera, nos iremos pronunciando en defensa
de los intereses del país.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ibarz.
Para responder a todos los portavoces, tiene la palabra el señor Ministro
de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, y de forma muy somera, quiero lamentar la intervención
del portavoz del Grupo Popular, que, por otro lado, tengo que decir que
no me sorprende. No me gustaría abundar demasiado en ello por el deseo de
recuperar un tono de cordialidad y de acuerdo que en este asunto del vino
ha sido una tónica general, tanto en el Congreso como en el Senado. La
verdad es que tengo que lamentar que el de su señoría es un empeño muy
personal al pretender debilitar la posición del Gobierno y buscar de
forma permanente diferencias donde, afortunadamente, no existen en estos
momentos, porque no ha sido difícil consensuar resoluciones de carácter
unánime, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero como ha hecho
algunas apreciaciones que considero particularmente graves, sin entrar en
las valoraciones y en el tono empleado, que me parece muy poco apropiado
para un debate parlamentario, sí quiero reiterar de nuevo y leerle la
proposición no de ley a la que hice referencia el otro día en una
pregunta parlamentaria, que fue presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y defendida por usted. Está en el «Diario de Sesiones» del
Congreso, de 20 de julio de 1991, firmada por el portavoz de su Grupo, y
dice: Se insta al Gobierno para que incentive, mediante el
establecimiento de las ayudas económicas suficientes, el arranque de
vides en aquellas regiones productoras con excedentes de vinos de mesa,
ofreciéndoles, a su vez, la posibilidad de cultivos alternativos
suficientemente rentables para los agricultores, tanto en el mercado
interior como en el comunitario.
Podría leerle el resto de la resolución, que se refiere a otras medidas,
pero que no cuestionan en absoluto esa posición, esa petición que usted
defendió en el Congreso de los Diputados y que, por fortuna, fue
rechazada y que quizá --no quiero atribuir tanto-- los servicios de la
Comisión lo tomaron como una consideración de que parecía que el arranque
era bien visto, dado que, durante varios años, han estado ustedes
pidiendo al Gobierno --y su señoría en particular-- que se incentivase el
arranque de vides en las zonas excedentarias, posiblemente por ser usted
de La Rioja y considerar que las vides se estaban arrancando en
Castilla-La Mancha. Lo han estado estimulando de forma reiterada --y
usted en particular--, pidiéndoselo al Gobierno, y yo diría que
criticando al Gobierno porque no incentivase suficientemente el arranque
de vides. Eso es lo que he puesto de manifiesto, pero no me gustaría
seguir poniendo de manifiesto diferencias. También expuse en su momento
que habían aparecido unas manifestaciones, que pueden sacarse de contexto
en la prensa, por ejemplo, pero como precisamente están tan empeñados en
darle vueltas a un tema para utilizarlo como bandera política, eso les
lleva a que de repente utilicen en la prensa el hecho de que un portavoz
agrario de su Partido diga que la chaptalización es aceptable a partir de
un determinado nivel de grado alcohólico de base y con una mezcla de
mosto y azúcar.
¿Que es posible que lo hayan malinterpretado los medios de comunicación?
No digo que no, pero, seguramente, si no nos empeñamos en estar haciendo
permanentemente una bandera política de este tema tendremos menos
oportunidades para que se puedan generar fisuras y producir
contradicciones entre las posiciones que defendemos unos grupos y otros.
Y es que, afortunadamente, cuando hemos tenido que poner por escrito
estas posiciones para votarlas en la Cámara, han sido aprobadas en su
práctica totalidad por unanimidad, al menos en el pasado reciente. Por
tanto, no le acepto en absoluto que haya habido
ninguna información malintencionada en esta materia ni, por supuesto, no
documentada ni documentable como le puedo demostrar.
Pero me gustaría --lo digo con total sinceridad-- recuperar el tono de
consenso y de acuerdo que ha presidido las discusiones sobre este tema,
tono que me gustaría siguiera presidiendo las discusiones sobre el vino
tanto en el Congreso como en el Senado.
En cuanto al resto de sus apreciaciones, puede haber algunas diferencias
de carácter menor, pero no hay una discrepancia de fondo. Por tanto, no
se las voy a rebatir.
Ni quiero tampoco presumir de agenda, pero sí quisiera hacer un
comentario sobre los contactos que vengo manteniendo con todos mis
colegas sobre los diferentes aspectos de la política agrícola común y
también a veces sobre los de la política pesquera ya que a veces
coinciden los interlocutores con responsabilidades en ambas áreas. En
todos estos contactos de carácter bilateral siempre se sitúa la OCM del
vino como uno de los elementos de discusión de carácter obligatorio.
Solamente quería decirle que el próximo viernes tendré una reunión de
carácter bilateral con el Ministro portugués; el sábado me reuniré con el
Ministro del Reino Unido; el domingo con el Ministro francés; el martes,
en el seno del Consejo de Ministros y posteriormente a la celebración de
éste asistiré a una reunión de carácter bilateral con el Ministro alemán,
y la semana siguiente me reuniré en Italia con la Ministra italiana y con
el Ministro griego.
Todos estos contactos bilaterales en diez o quince días tienen como
elementos fundamentales de esa discusión la OCM del vino y la OCM de
frutas y hortalizas, y en las reuniones en que los Ministros también sean
responsables de pesca, debatiremos fundamentalmente la finalización del
período transitorio para nuestra pesca o la aprobación del reglamento de
esfuerzo, instrumento a través del cual debe plasmarse jurídicamente esa
finalización del período transitorio para nuestra pesca.
En lo que se refiere a las intervenciones de los representantes de los
otros grupos, les agradezco el tono de todas sus intervenciones. Coincido
con todos ustedes en que la OCM del vino tiene que dotarse de una
estrategia de comercialización que reivindique, no solamente el papel
saludable del vino, el papel cultural, el papel gastronómico en la dieta
europea como un componente básico de la dieta mediterránea, como un
producto que, además, en el caso europeo tiene los mejores caldos del
mundo. Lógicamente, debe haber una estrategia de comercialización para
ganar cuota de mercado a otros sustitutivos, cosa que hemos conseguido en
otros sectores productivos y que, sin embargo, en el caso de la OCM del
vino no se plantea. Es decir, a nadie le sorprende que en la reforma del
sector de los cereales se plantease una estrategia para ganar mercado a
los sustitutivos de los cereales en alimentación animal, y de hecho se ha
producido una cierta recuperación del mercado de la alimentación animal
para los cereales comunitarios, por lo que tampoco debe sorprender que se
plantee una estrategia de comercialización seria y rigurosa con campañas
de concienciación, con tratamiento fiscal, medidas de promoción,
etcétera.
Por supuesto, creo que todos coincidimos en que no podemos aceptar una
reforma que gire en torno al arranque. Podríamos discutir sobre el
arranque obligatorio o no obligatorio, pero en las condiciones en que se
plantea, y en un país que tiene un gran nivel de extensificación como el
nuestro, creo que no hace falta que se nos ponga la pistola en la frente
--porque se puede hacer con literatura-- para obligarnos a arrancar. Por
otra parte, bastaría con establecer mecanismos de prima al arranque muy
desequilibrados para que ello condujera a que el arranque fuera el
elemento central de la propuesta de la reforma para los países
mediterráneos productores.
Por supuesto, no se puede aceptar una financiación parcial del
Feoga-Garantía. Pero podríamos hablar de otras muchas cosas, por ejemplo,
de lo que ya hemos comentado cuando nos referíamos al documento sobre la
chaptalización.
El representante de Izquierda Unida ha dicho que le gustaría oír las
propuestas alternativas concretas. Creo que no estamos en una fase de la
discusión lo suficientemente avanzada como para que podamos concretar
demasiado cuáles son las alternativas, entre otras cosas, para no dar
demasiadas pistas en esta fase sobre una estrategia de negociación que
todavía va a ser larga y muy dura y en la que aún los demás no han movido
pieza. Si los demás no mueven pieza, no veo ninguna razón por la que
tengamos que ser nosotros los que empecemos moviendo pieza cuando hemos
hecho presa sobre algunos elementos de principio de la política agrícola
común que no se cumplen en la propuesta de la Comisión y que constituyen
argumentos de mucho peso que nos permiten ya establecer propuestas
alternativas suficientes si se suprime la chaptalización; si se financian
plenamente las medidas de ajuste y regulación con el Feoga-Garantía; si
se mejoran las compensaciones de renta y se equilibra mejor el incentivo
al arranque con los demás incentivos; si se da una alternativa de control
al arranque voluntario que se pueda producir --arranque que ahora no se
controla, y tengo que decir que en estos momentos estamos arrancando,
quizá demasiado, arrancamos todos los años unas 40.000 hectáreas sin
ningún tipo de control y, además, ustedes han estado pidiendo durante los
últimos años que incentivemos más aún el arranque (El señor Vázquez
Romero hace signos negativos), y no me refiero a Izquierda Unida--; decía
que si se puede establecer algún tipo de control sobre este arranque de
carácter voluntario que se pueda producir, yo tampoco lo voy a discutir,
pero que se pueda controlar en un arco de programas regionales que
determinen si es socialmente aceptable que se pueda producir un arranque
voluntario controlado. Todo ello tendremos que discutirlo a lo largo de
los próximos meses.
Me gustaría finalizar mi intervención pidiendo a todos los grupos
parlamentarios, una vez que hayan leído la comunicación y la posición del
Gobierno, que comprendan que el Gobierno está abierto a seguir todas las
recomendaciones de la Cámara así como a reiterar de nuevo la necesidad de
que la Cámara a su vez realice un esfuerzo para llegar a un acuerdo como
el que ha presidido sus posiciones durante los últimos meses para que no
abramos fisuras
donde no existen diferencias de fondo. Por tanto, podemos seguir
manteniendo un acuerdo en temas comunitarios como el que ha presidido las
relaciones entre el Gobierno y los diferentes grupos de la Cámara en
muchos temas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. (El señor Isasi Gómez pide
la palabra.)
Señor Isasi, en esta Comisión no tenemos por norma conceder turnos de
réplica máxime cuando, como hoy, hemos tomado ya un acuerdo, no sólo
porque este tema no ha quedado aún finalizado, sino porque hemos
acordado, en primer lugar, presentar una serie de propuestas de
resolución que volverán a abrir un nuevo debate y, en segundo lugar,
porque también se ha anunciado por el portavoz de su Grupo que habrá un
debate en Pleno. Por tanto, cualquier tipo de réplica que ustedes tengan
que hacer en cuanto al contenido de la propuesta legislativa que hoy nos
ocupa, tienen estos dos cauces para hacerlo.
Por otra parte, sus señorías saben que en este momento está prevista la
comparecencia del señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, que ya está esperando. Por tanto, comprendan por qué no ha
lugar en esta mañana más que a dar las gracias al señor Ministro, a
decirle que ningún Grupo estamos por hacer ningún tipo de banderas
políticas. Ha quedado muy claro que nos estamos jugando mucho y creemos
que, buscando ese tipo de apoyos en otros Estados, podremos conseguir no
cualquier reforma, sino, efectivamente, la reforma que a nuestra cultura
del vino, del arte, de la tradición más le conviene a España en estos
momentos.
El señor ISASI GOMEZ: Señora Presidenta, solicito un brevísimo turno para
contestar a las alusiones personales que el señor Ministro ha hecho hacia
este portavoz.
La señora PRESIDENTA: Señor Isasi, quiero que comprenda que en un debate
que es plenamente libre yo podía haber tomado también la determinación de
haber interrumpido a algunos portavoces que, incluso, se han ido del
tema; cuando he considerado que así debía hacerlo, lo he hecho. Usted ha
tenido el uso de la palabra y después el señor Ministro ha tenido la
posibilidad de responder a su intervención. Por tanto, no ha habido
ningún tipo de alusiones personales. Usted habrá sido contradicho porque
no comparte la misma tesis, lo cual es lógico en un debate desde
distintas opciones políticas, pero esta Presidencia no entiende que haya
habido ningún otro tema que pueda dar lugar ahora a abrir un nuevo turno
de réplica.
El señor ISASI GOMEZ: Señora Presidenta, no se trata de replicar, sino de
aclarar conceptos que, si no, van a quedar absolutamente equivocados en
el «Diario de Sesiones» y yo me veo en la necesidad de aclararlos. No se
trata de reabrir el debate.
La señora PRESIDENTA: Señor Isasi, no tenga usted ninguna preocupación de
que en el «Diario de Sesiones» no vaya a quedar claro que usted entiende
que no se han interpretado bien sus conceptos, porque también quedará
reflejado en el «Diario de Sesiones» el rechazo de esta Presidencia a
aceptar la reapertura de un nuevo debate.
Primero dice que se ha sentido contradicho; a continuación dice que le
han malinterpretado algunas intervenciones. Precisamente porque se
refiere al contenido de este debate que, vuelvo a repetir, no está
terminado, a través de las mociones que se van a presentar y, sobre todo,
en un nuevo debate tanto en Comisión como en Pleno, va a haber motivo
suficiente para que usted pueda contestar lo que hoy cree que ha sido
malinterpretado.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión por unos minutos. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE. (S. 711/000091; C. D. 213/000444.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Damos la bienvenida al señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que comparece a
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para informar del último
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. (El señor
Dávila Sánchez pide la palabra.) ¿Sí, señor Dávila?
El señor DAVILA SANCHEZ: Solicitaría de la señora Presidenta, si lo
considera pertinente, que puesto que la solicitud de comparecencia es del
Grupo Socialista, nos permitiera hacer un esbozo de cuáles son los temas
que han motivado esta comparecencia, que sirviesen al señor Ministro de
orientación --dentro de ese Consejo de Ministros, que tuvo un orden del
día muy amplio-- de cuáles son los temas objeto de mayor atención por
parte de nuestro Grupo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra su señoría.
El señor DAVILA SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, esa reunión del 4 de octubre del Consejo de Ministros de
Medio Ambiente de la Unión Europea tuvo un orden del día muy amplio y,
evidentemente, no se puede minusvalorar la importancia de muchos de los
temas que estaban en curso, desde aquellos que meramente se iniciaron en
debates, como el de las relaciones medio ambiente-transportes, o los
temas muy importantes --incluso para nuestro país--, especialmente el
riesgo de contaminación de las capas freáticas, o los temas que están en
conciliación en estos momentos con el Parlamento Europeo, como son las
directivas que puedan encauzar el tema de envases y residuos de envases.
No es este tema el interés fundamental del Grupo Parlamentario Socialista
en este momento sino el problema que se generó --y de ahí nos interesa su
información y punto de vista personal-- cuando el Consejo de Ministros,
presidido por el Ministro Teufel no pudo llegar en el último minuto a un
acuerdo sobre las estrategias de reducción de emisión de dióxido de
carbono y de incremento de eficiencia energética, y lo tuvo que aplazar
al menos para el mes de diciembre --no sabemos si incluso para posponerlo
hasta el Consejo de Essen--, y el detalle de que esa imposibilidad de
llegar al acuerdo tuvo el carácter, digamos con expresión periodística,
de bloqueo o de veto, puesto que fue una relación, según los medios de
información, de 15 a 1, manifestada esta discrepancia en solitario por el
representante británico.
El aspecto que más nos interesa prestar atención es la negativa del
Ministro británico de aceptar la fijación de objetivos cuantitativos en
esas limitaciones de emisiones de dióxido de carbono, y el que se hiciera
mediante una propuesta de instrumentos fiscales comunitarios. Este último
aspecto es el que nos interesa muchísimo más como Grupo, porque entra en
juego desde la consideración ideológica de cómo deba tratarse esto que,
en lenguaje vulgar, empieza a llamarse eco-tasa y que algunos de nosotros
le quitaremos el prefijo eco y lo dejaríamos en tasa. Porque es cierto
que la propuesta de resolución que presentaba el Ministro Teufel no
incluía una expresión como que el objetivo de estabilización de emisiones
de dióxido de carbono sólo puede ser logrado mediante un paquete
coordinado de medidas fiscales comunitarias. Y aquí nuestro Grupo tiene
la duda, y el interés de que se disipe esa duda, de si la reluctancia del
Ministro británico era porque fuesen unas medidas fiscales de ámbito
comunitario y desde decisión comunitaria, o era una discrepancia respecto
a la naturaleza de ese impuesto, con independiencia de que fuese
comunitario.
Porque, señor Ministro, señorías, una cosa es la efusión lírica que en
junio de 1990 se produjo en Río, que es difícil no compartir cuando todos
llegamos a la conclusión --unos por razonamientos ambientales, otros por
consideraciones más antiguas, incluso de naturaleza energética y del uso
de los recursos energéticos-- de la conveniencia de que para el año 2000
lográsemos estabilizar las emisiones de dióxido de carbono a nivel
mundial en el valor que tenían en el año 1990. Ese objetivo, junto con el
enunciado de los principios que se hicieron por el Consejo de Ministros
de la Unión Europea, el conjunto de Ministros de Energía y de Medio
Ambiente --también en ese mismo año 1990, exactamente unos meses después
de Río, y todavía en el rebufo de esa situación más emotiva que
reflexiva-- se decía que debería ser perseguido mediante tres principios:
uno, de eficiencia económica, aquello que se hiciese debería conseguirse
con el menor coste posible--; dos, el de equidad, es decir, que aquellos
países que tuviesen mayor responsabilidad en el deterioro que se estaba
tratando de corregir tratasen de asumir la mayor proporción de carga; y
tres, el de subsidiariedad, que ya es habitual en cualquier posición
comunitaria, en el sentido de que no se hiciese más que a los niveles, en
cada caso, que mayor eficiencia se consiguiera en el fin perseguido.
Esta situación, insisto, es difícil que no sea compartida por todos. El
objeto de preocupación o de atención especial de nuestro Grupo es cuando
ese objetivo que ha sido enunciado empieza a traducirse en medidas
instrumentales. Y tenemos el primer momento cuando la Comisión, en
Bruselas, en el año 1991, ya hace, en nuestra opinión --que no
sorprende--, una concesión a la ideología dominante --luego se refleja en
esa posición que hemos visto en este último Consejo de Ministros-- en el
sentido de que el mecanismo por el cual se debe perseguir ese objetivo
deben ser instrumentos basados en el mercado. No nos sorprende, no
hubieran sido los únicos, pero todavía no hay nada de qué procuparse. Lo
que sucede es que a partir de ese momento, cada vez que ha habido una
disyuntiva que resolver en la Comisión desde la perspectiva de mi Grupo,
no tenemos la idea de que haya sido lo que nosotros hubiéramos hecho.
Señorías, el primer debate fue cuando la Comisión tuvo que pronunciarse
sobre qué hacía, si una tasa a la emisión de dióxido de carbono o una
tasa a la energía. Ese dilema, que puede incluso hacerse la
interpretación malévola de que favorecía enormemente --si fuese el de
emisión de CO2 exclusivamente-- a una de las energías en cuestión, sin
necesidad de ello, era el que producía las diferencias más marcadas entre
los distintos países, porque esa emisión de dióxido de carbono referida a
lo único que importa, que no es ni el número de habitantes ni el de
kilómetros cuadrados como se viene haciendo, sino a la unidad de producto
interior bruto, que es lo que refleja la estructura económica que genera
la externalidad que es esa emisión, si se hace en ese caso, las
diferencias entre los países en función de muchas circunstancias, desde
las de su estructura energética, hasta la de la estructura de su sistema
productivo, son diferencias tan marcadas que una tasa basada en la
emisión de dióxido de carbono sería enormemente discriminatoria para unos
y otros. Salomónicamente, como suele hacer la Comisión, en ese momento se
inclinó respecto de la otra alternativa, que es aquella que tasaría el
consumo energético, por lo tanto, aquella que realmente sería compartible
por ambas aproximaciones que están defendiendo este planteamiento de
reducción de emisiones de dióxido de carbono y de incremento de la
eficiencia energética.
¿Qué hizo la Comisión salomónicamente? Pues decir: bueno, una tasa mixta,
tanto al CO2 como a la energía. Tomó la cautela de fijar ya de antemano
que nunca excedería la componente energética más allá del 50 por ciento,
con lo cual incluso cabe la posibilidad de que se hiciese del 5 por
ciento nada más.
Salvado ese punto, las opciones siguientes, señorías, señor Ministro,
siguen preocupándonos a nuestro Grupo, porque la siguiente disyuntiva a
resolver fue sobre qué se repartía --en el objetivo comunitario de
mantener los niveles a los valores del año 1990 en el año 2000-- entre
los países miembros: el objetivo a conseguir o la carga, las
consecuencias de conseguirlo como Unión Europea. La diferencia es
radical, porque nuevamente si lo que se hace es repartir el objetivo,
como los países comunitarios tienen una incidencia absolutamente
diferenciada, es evidente que cuanto más numerosa es la población y mayor
el nivel de desarrollo mayor incidencia tienen sobre la generación de
estas externalidades que significa el consumo energético. Esos países
deberían tener una exigencias en el objetivo nacional mucho más fuertes
que las que correspondan a países que no tengan una participación en la
proyección
de externalidades tan elevada. Por lo tanto, algunos pensamos que el
objetivo comunitario se hubiera debido repartir en cada país de la
Comunidad en función de su participación en el problema a resolver. No se
hizo así.
En un primer momento la Comisión eligió repartir la carga, las
consecuencias, la tasa que se genere igual para todos. Eso, señorías,
cuando se tiene la consciencia de que, en cifras redondas, el 75 por
ciento de esa incidencia de la Unión Europea en los problemas
relacionados con la emisión en cualquiera de las magnitudes, sea en una
magnitud energética, sea en la emisión de carbónico por unidad de
producto interior bruto, está compartido por los cuatro países, Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia y los restantes tienen el complemento es
evidente que es una aproximación en la tasa que a algunos nos parece
relativamente discriminatoria. Pero la cosa sigue, señorías.
En estos momentos --y es una de las preguntas que le hacemos al señor
Ministro por ser de interés para nuestro Grupo-- existe el dilema de si
la tasa se va a poner a la producción o al consumo energético, con lo que
vuelve a ser profundamente discriminatoria, lo cual incapacita a quienes
nos preocupa la aproximación de incremento de eficiencia energética para
darle nuestro apoyo.
Señorías, si la tasa se pone al consumo es únicamente en el término
final, a nivel de los ciudadanos, puramente a nivel, si me apuran
señorías, de consumo doméstico. No se tiene en cuenta para nada que en
todos los procesos de consumo energético hay unas profundas pérdidas,
bien sea por conversión de energías primarias en energías secundarias,
donde está la partida más fuerte, o incluso en todas las energías de
distribución, ya sean en redes eléctricas como en gasoductos, si es gas
natural o productos derivados del petróleo. Eso implica que si la tasa se
pone al consumo no se tienen en cuenta esas pérdidas, esa ineficiencia en
la conversión energética. Por lo tanto, se invalida cualquier estímulo
para el incremento de la eficiencia energética.
La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que vaya terminando.
El señor DAVILA SANCHEZ: Le sitúo este aspecto al señor Ministro como muy
importante, no sé si está resuelto ya.
Y el último aspecto --me detengo un momento para encontrar las palabras
más correctas y menos peyorativas que reflejen la duda que yo tengo sobre
si estamos en presencia de una ecotasa o simplemente de una tasa-- se
refiere a los camuflajes distributivos que se han querido dar a esta tasa
que son asombrosos. Es decir, se la ha querido justificar y hacer popular
diciendo que se haría una compensación, bien sea al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, bien sea a las cotizaciones patronales de
la Seguridad Social, o incluso en el IVA.
Señor Ministro, dada su presencia en ese Consejo de Ministros, me
gustaría saber qué impresión tiene acerca de si seguimos hablando de una
tasa que tiene finalidades ambientales y finalidades energéticas o tiene
pura y simplemente unas finalidades fiscales, cosa que tampoco nos
sorprendería, en cuyo caso, a lo mejor, convendría que las cosas se
llamasen por su nombre. Porque, señor Ministro, y con esto termino, lo
que sí está claro es que desde mi Grupo tenemos la sensación de que,
fuera de pequeños cenáculos de personas que, o bien por su preocupación o
por su disponibilidad de información, tienen los elementos suficientes,
el resto de la ciudadanía no es consciente de que esta tasa sea «eco» o
no sea «eco» puede afectar profundamente a todo el sistema económico de
nuestro país y al comunitario.
Otra cuestión sobre la que nos gustaría que diese información a este
grupo es que no sabemos cómo se puede seguir proponiendo esta tasa a
nivel Unión Europea cuando todo parece indicar que nuestros competidores
internacionales, Estados Unidos y Japón, no van, ni muchísimo menos, por
el mismo camino y, por tanto, los problemas de competitividad de la Unión
Europea están en la raíz de este problema, y dentro de ella, el de países
como el nuestro en el que esa preocupación tiene que ser manifiesta.
Señora Presidenta, sólo doy este dato para que el señor Ministro nos lo
confirme, no es una preocupación porque España se encuentre en una
situación desfavorable...
La señora PRESIDENTA: Señor Dávila, termine, por favor.
El señor DAVILA SANCHEZ: En la distribución de los países que están
incidiendo más desfavorablemente en el problema y que temerían la tasa no
está el nuestro, pero la estructura económica de nuestro país es lo
suficientemente frágil como para que un vendaval como el que va a generar
este impuesto comunitario, si llega a término, pudiera causar problemas
que estoy seguro que no son deseados ni por el Gobierno ni por ninguno de
los grupos presentes.
Muchas gracias, señora Presidenta y perdón por haberme excedido en estas
precisiones.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Dávila.
Antes de dar la palabra al señor Ministro, yo quiero disculparme ante él
y ante sus señorías porque no tenía delante el orden del día en el
momento en el que el señor Dávila, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, me pidió la palabra. La verdad es que como portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Dávila no sólo ha acotado cuál de los
puntos del orden del día de la reunión podía interesarle, sino que desde
luego su intervención ha agotado por completo el turno correspondiente al
Grupo Parlamentario Socialista y quiero dejar constancia de la sorpresa
de esta Presidencia puesto que, tal y como expresa el orden del día,
curiosamente a petición del Grupo Parlamentario Socialista, lo que se
solicitaba del señor Ministro era que informara de la reunión del último
Consejo de Ministros, es decir, de la reunión sin especificar.
Por tanto, me he visto sorprendida auténticamente en mi buena fe al
pensar que ustedes solicitaban la información del señor Ministro que, por
tanto, debería haber intervenido en primer lugar y que hace que esta
Presidencia tenga que decir en este momento al señor Ministro que el tema
sigue sin acotar. Es decir, el Grupo Socialista ha hecho
lo que hubiera correspondido a un turno de preguntas en vez de lo que
corresponde a una solicitud de comparecencia que ha sido la determinación
que ha tomado, pero estoy segura, señor Ministro, de que los demás
portavoces estarán interesados en escucharle aquellos temas que considere
que fueron importantes por su repercusión para España, de esa interesante
reunión del último Consejo de Ministros de Medio Ambiente.
Gracias, señor Ministro, tiene su señoría la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados y Senadores, es cierto que el
objeto de la comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista se refiere al conjunto de los temas tratados en
el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea,
celebrado recientemente en Luxemburgo. Entiendo de la intervención del
portavoz de este Grupo que se trata de subrayar el especial interés que
el Grupo que pide la comparecencia tiene sobre uno de los temas concretos
que fueron tratados en dicho Consejo, porque esos Consejos, señorías, son
maratonianos, tienen una enorme cantidad de temas, duran dos días, a
veces con sus correspondientes noches o madrugadas y explicar a sus
señorías todos los temas con un mínimo de profundidad sería muy largo.
Entiendo que lo que el Grupo que ha solicitado la comparecencia ha hecho
con la intervención detallada y documentada de su portavoz ha sido pedir
al Ministro compareciente que se centre en este aspecto concreto, pero
con mucho gusto me extenderé sobre cualquier otro tema que alguno de los
parlamentarios entienda que es de su interés.
En ese Consejo, en primer lugar, preparamos la reunión que iba a tener
lugar con los Ministros de Medio Ambiente de Europa Central y Oriental
para estudiar, conjuntamente con ellos, la colaboración entre las dos
partes de Europa en los problemas ambientales de los denominados PECO,
que no son un conjunto de rock sino los ex países comunistas, aunque esa
denominación nos traiga alguna resonancia de música folk española.
En segundo lugar, tratamos el tema al que antes ha hecho referencia mi
compañero de Grupo, el señor Dávila, de la estrategia comunitaria
relativa a las emisiones de CO2 y la tasa CO2 energía, a ello me referiré
muy en concreto y casi de una forma exclusiva.
El tercer tema que tratamos fue la reunión de las partes del Convenio de
Cambio Climático, directamente vinculado con el anterior, porque como
saben, Europa, que se comprometió a la firma del Convenio de Cambio
Climático era uno de los pioneros en el establecimiento de limitaciones
cuantitativas de las emisiones de CO2 y parte de la estrategia para
conseguir este objetivo algunos países la basan en el establecimiento de
instrumentos fiscales que hasta ahora no han podido ser establecidos en
el conjunto de la Unión Europea.
El cuarto tema era una propuesta de directiva relativa al control
integrado de la contaminación, asunto del máximo interés que trata de
sustituir los aspectos parciales de la política medioambiental por una
estrategia global, compleja, ambiciosa, mal definida en algunos aspectos
y sometida a intensa controversia en el seno del Consejo, que a nosotros
nos parece imprescindible, pero que todavía está verde --por así
decirlo-- y no pudo pasar de la fase de aproximación y debate.
El quinto tema fue la Directiva del Consejo sobre comercialización de
productos biocidas de uso no agrícola. El sexto, una Directiva relativa a
la denominación de policlorobifinilos y policlorotercenilos, tema muy
técnico y de importancia para los efectos sobre la capa de ozono, en el
que se avanzó considerablemente.
Hubo una comunicación sobre las relaciones entre el medio ambiente y
transportes, que fue rechazada por una amplia mayoría por entender que
estaba planteada de una forma un tanto ligera. Es evidente que hay
problemas de medio ambiente y transportes y que ambas políticas deben
estar muy relacionadas. Excuso decirles que para un Ministro que lo es de
estos dos sectores era fácil pronunciarse al respecto, pero el tema
estaba muy poco trabajado y muy pensado para los países del norte y el
centro de Europa, con unos planteamientos muy poco aceptables y
adaptables a nuestra realidad física y económica.
Se produjo una resolución relativa a la protección de aguas subterráneas.
Otra, para modificar el Reglamento del Consejo y del Parlamento relativa
a la posesión y el comercio de especies de fauna y flora silvestres, el
Convenio CITES. Y otra más, para adaptar el sistema comunitario de
concesión del etiquetado ecológico. Asimismo, se planteó una propuesta de
directiva del Parlamento y el Consejo sobre embalajes y residuos de éstos
y, finalmente, un conjunto de informes relativos a la situación de la
contaminación por ozono, las redes ambientales en el contexto de los
esquemas Christophersen de los fondos estructurales y las redes europeas,
el Convenio de diversidad biológica, las zonas marítimas ecológicamente
sensibles y un informe sobre el mercado de madera tropical.
Como pueden observar, fue un Consejo extenso y variado, que constó de
dieciséis puntos como orden del día que nos ocuparon dos largas sesiones,
la segunda de las cuales se prolongó hasta altas horas de la madrugada y
concluyó con la constatación de que no había acuerdo para aprobar la
estrategia comunitaria relativa a las emisiones de CO2 y a la tasa sobre
CO2-energía.
Voy a dar una rápida pincelada de las cuestiones de mayor interés pero,
salvo que algunos de los señores parlamentarios quiera una explicación
más extensa sobre algunos de estos dieciséis temas, y si a la señora
Presidente le parece bien, no profundizaré en ellos porque, a poco que me
extendiera, a razón de cinco minutos para cada uno, eso supondría una
hora de exposición, y dedicándoles menos tiempo no podría darles ninguna
información y, por tanto, perdería su tiempo y el mío. Me concentraré,
pues, en el planteamiento del portavoz del Grupo que ha solicitado la
comparecencia, relativo a la estrategia sobre emisiones de CO2 y, en
función de que ustedes lo deseen, podré dar algunos trazos básicos de los
otros quince temas.
Como les he dicho, el Consejo acabó con la constatación de que, una vez
más, no había acuerdo, a pesar de los
esfuerzos que desplegó el Ministro alemán Teufel, Presidente del Consejo
y el Ministro de Medio Ambiente más antiguo de la Unión Europea, de
enorme personalidad y con un prestigio sin duda merecido, que desplegó
toda clase de esfuerzos y diría que casi artimañas dialécticas para
conseguir que el Consejo aprobara, no ya una directiva o propuesta de
resolución vinculante, sino unas líneas básicas que reflejasen la visión
de la Presidencia.
Y no hubo acuerdo formalmente, por la resistencia o tajante oposición del
Reino Unido a que se estableciera a nivel comunitario cualquier clase de
figura impositiva, alegando que el Parlamento británico había rechazado
expresamente esta posibilidad, por lo que no podía aceptar nada que se
pareciese siquiera a una figura comunitaria impositiva orientada a este
fin. Esto es lo que el representante del Reino Unido acaba diciendo
siempre cuando ha agotado cualquier otro argumento y la paciencia del
Consejo ha llegado a su límite, afirmando que hay una resolución del
Parlamento británico que le impide aceptar cualquier planteamiento que,
de cerca o de lejos, se parezca a la imposición de una figura comunitaria
en materia de fiscalidad ambiental. Pero eso no quiere decir que el Reino
Unido no haya desarrollado por sí mismo, en su normativa interna, una
fiscalidad ambiental tan potente o más que la que se pretende plantear a
nivel europeo. Por tanto, estamos ante un rechazo por principio a que las
normas europeas afecten ámbitos de la competencia de cada país.
Hay que reconocer que el Reino Unido ha desarrollado figuras de
fiscalidad ambiental y de imposición sobre la energía muy importantes a
efectos prácticos, así como que su estrategia fiscal medioambiental
contiene unos planteamientos muy interesantes que a todos nos deberían
servir de guía para muchas actuaciones que se proclaman a nivel teórico,
pero que cuesta concretar en la práctica. Pero, al final, como les digo,
formalmente hablando, el Consejo de Ministros no alcanzó un acuerdo ante
la resistencia numantina del Reino Unido a aceptar por principio, no ya
la creación de un impuesto «ad hoc», sino una figura fiscal armonizada,
un proceso de armonización de las figuras fiscales existentes en materia
de abscisas. En este sentido, en la práctica hemos abandonado la idea de
crear un impuesto del tipo de la figura fiscal nueva y de lo que ahora
estamos hablando, como digo, es de una armonización de las abscisas, o de
unos incrementos de algunas de éstas, de las figuras impositivas ya
existentes.
Por tanto, no sólo se tuvo la resistencia británica a una figura
impositiva nueva, creada a nivel europeo, sino también a crear un proceso
de armonización o de extensión de las actuales figuras ya existentes, que
es, en el fondo, de lo que estamos hablando por encima de la hojarasca y
de las discusiones siempre prolijas, y a veces opacas, de los foros
europeos. Insisto, pues, en que ya no estamos hablando de crear un
impuesto nuevo, sino de utilizar las actuales abscisas para adaptarlas a
una finalidad adicional a la meramente recaudatoria, como tuvieron en su
origen y siguen teniendo.
También hubo oposición por parte de Francia, que no aceptaba que se
recogiese de forma expresa la posibilidad de que los denominados países
de cohesión --entre los que nos incluimos-- tuviesen un tratamiento
diferenciado sobre la base del reparto equitativo de las cargas. A juicio
de Francia, dicho reparto no existe cuando se trata de fiscalidad, lo
cual provocó una reacción airada de los países de cohesión y, en
particular, del Ministro que tiene el honor de informar a sus señorías,
contra esta posición francesa, recurriendo a todos los acuerdos que se
han adoptado desde octubre de 1990 en el Consejo de Edimburgo, cuando se
establecieron los conceptos de «boarding sharing» y «target sharing» como
distintos y extendidos a toda la estrategia comunitaria en la materia.
La sorpresa fue grande cuando, de repente, nos dijeron que no había nada
que hablar en materia de reparto equitativo de cargas --el «boarding
sharing», en la jerga comunitaria--, puesto que si se habla de una
armonización fiscal al servicio de una política ambiental ésta surte por
sí misma efectos diferenciados según los distintos países, ya que al
tener cada país unos niveles de desarrollo, consumo y producción
distintos, cualquier figura impositiva de estas características le afecta
proporcionalmente de forma distinta.
Es evidente que España ni siquiera podía aceptar el principio de este
planteamiento y por eso podemos decir que el Consejo acabó en agua de
borrajas. En el caso de Francia, con una dinámica muy particular y
novedosa que nosotros interpretamos como un recelo francés a que España
pudiera quedarse al margen de las normas que se apliquen en materia de
ecofiscalidad en el futuro. Y, por otra parte, el comportamiento, ya
conocido y reafirmado una vez más, de Inglaterra de hacer caballero solo
en estas experiencias de fiscalidad ambiental. El Presidente intentó
salvar del naufragio lo que pudo y concluyó en un tono positivo, diciendo
que habíamos estado muy cerca del acuerdo y que esperaba que éste pudiese
ser alcanzado en sucesivos consejos.
Habíamos estado cerca del acuerdo, es verdad. En algún momento pensamos
que Inglaterra podía aceptar un principio de armonización de las abscisas
ya existentes, que abandonaba la idea del impuesto, con «i» mayúscula,
figura fiscal nueva a crear por la legislación comunitaria y aplicado a
todos los países, algo que, francamente, en la concepción de Europa que
tiene el Reino Unido simplemente le horroriza, pues por principio, no
pueden aceptar que la Unión Europea legisle en materia fiscal y cree
impuestos europeos. Es verdad que hay resoluciones del Parlamento inglés
que se oponen abiertamente a ello pero, en algún momento, estuvo a punto
la habilidad dialéctica de Teufel de conseguir, si no un acuerdo, por lo
menos un no desacuerdo inglés. Pero las cosas se liaron bastante cuando
Francia de repente descubrió --entre comillas-- que no había --según
ella-- el concepto equivalente al «boarding sharing» en materia de
fiscalidad.
Todo ello ha conducido, en mi opinión, a un «impasse». Yo no tengo la
opinión que ha expresado mi compañero de grupo político, señor Dávila,
sobre el vendaval --creo que ésa ha sido la palabra utilizada-- que
podría significar este tipo de fiscalidad. Más bien al contrario, yo soy
un convencido de que la fiscalidad en Europa deberá irse orientando hacia
la introducción de objetivos ambientales.
La fiscalidad es un instrumento. Los impuestos no son un objetivo en sí
mismo; son instrumentos al servicio de políticas: redistributivas, de
financiación del gasto público, de incentivación de tales o cuales
comportamientos, de control del comercio exterior. Siempre es un
instrumento la fiscalidad y como tal debe concebirse Hay una fiscalidad
de la vivienda al servicio de la política de vivienda y el objetivo lo
marca la política. La fiscalidad debe servir a ese objetivo. Y tendrá que
haber una fiscalidad ambiental, porque la política ambiental requiere de
instrumentos que coadyuven a la consecución de determinados objetivos.
Desgraciadamente, la fiscalidad es un asunto de extraordinaria
importancia --desgraciada o afortunadamente-- y acaba cristalizándose y
consolidándose en las figuras que históricamente la han alumbrado, y
acaban configurándose como fines en sí mismos. Por lo menos, su propia
fuerza y trascendencia hace que su modificación sea difícil para ponerla
al servicio de nuevas políticas emergentes y que cualquier intento para
modificar la fiscalidad para ponerla al servicio de una política
sectorial determinada genera, entre otras cosas, las resistencias de los
Ministros de Ecofin, que no dejan de recordar continuamente que la
fiscalidad es materia de su competencia. Y me apresuro a decir que así
es. Habiendo sido Secretario de Estado de Hacienda, habiendo participado
en muchos ecofines, estoy seguro de que si estuviera sentado ahora en ese
Consejo miraría con mucho recelo los pinitos que los Ministros de Medio
Ambiente se apresten hacer en algo tan importante como es la fiscalidad.
Pero concebida la fiscalidad --insisto-- como un instrumento al servicio
de determinadas políticas, a mí no me cabe ninguna duda de que para
desarrollar el Libro Blanco la fiscalidad europea tendrá que sufrir una
profunda transformación, entre otras cosas porque las figuras fiscales
clásicas --Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio-- soportan cada vez
peor la evolución de unos mercados sin fronteras ni límites, en
particular en lo que se refiere a la movilidad de capitales y a la, no
diré evasión, ni siquiera elusión, sino, simplemente desfiscalización de
los rendimientos del capital, por poner un ejemplo.
Y, al mismo tiempo, los grandes problemas que se planteen en materia
ambiental van a exigir que la fiscalidad se oriente al servicio de la
incentivación de determinados comportamientos, en los ámbitos de
producción y consumo, y en la desincentivación de otros, estableciendo
primas y penalizaciones. Lo que no sabemos muy bien todavía es cómo, pero
en cada reunión de Ministros de Medio Ambiente surge pujante la idea
--muy bien recogida, por cierto, en el Libro Blanco de Delors-- de que
Europa está sobreexplotando los recursos naturales e infrautilizando los
humanos; que el recurso humano está sobregravado y que los recursos
naturales están siendo utilizados en exceso, porque los precios no
reflejan adecuadamente su escasez relativa ni los efectos externos que
implica su utilización, a veces fuera de toda lógica social, simplemente
porque los precios relativos no traducen adecuadamente los arbitrajes en
el medio plazo que las sociedades desarrolladas tienen que hacer.
Para combatir el empleo hará falta --creo-- descargar de cargas al factor
trabajo, lo que exigirá desplazamientos de cargas impositivas o de
fuentes de ingresos públicos hacia otras bases imponibles, a través de
otros instrumentos. Se lo digo como ex fiscalista y actual Ministro de
Medio Ambiente. Estoy convencido de ello. Y naturalmente, estas figuras
fiscales que nacerán al amparo de la denominación ecológica tendrán una
finalidad recaudatoria, porque tendrán que sustituir otras finalidades
recaudatorias de otras figuras impositivas que tendrán que ser moduladas
para resistir la competencia internacional.
El problema es complejo y no se oculta a sus señorías cuán difícil es
poner de acuerdo a países con estructuras de producción energética muy
distintas, con estructuras de producción y, por tanto, de consumo
energético muy diferentes, con distintos niveles de competitividad
internacional y con distintos grados de preocupación por el medio
ambiente.
Todo ello hace un conjunto muy difuso, donde detrás de cada planteamiento
nacional hay la defensa de un interés concreto, que se viste --como, por
otra parte, es lógico y legítimo-- de consideraciones teóricas que, a
veces, nada tienen que ver con lo que realmente se está defendiendo. Por
ejemplo, Francia no tiene ningún inconveniente en que se graven las
energías fósiles. Como ustedes saben, Francia ha hecho una apuesta por la
energía nuclear que le ha salido bien, en términos de eficacia energética
y, en cambio, se opone a que se grave el consumo de energía, porque dice
--y no le falta razón-- que si de lo que se trata es de combatir las
emisiones de CO2, no se debe penalizar una energía que no produce CO2,
como es la energía nuclear. No le falta razón.
Pero, naturalmente, Alemania, que no quiere ver desequilibrada su balanza
energético-fiscal con respecto a Francia, argumenta a continuación que
eso sería tanto como dar una prima ambiental a la energía nuclear, que
tiene unas contraindicaciones ambientales que no son despreciables en
absoluto y que sería un contrasentido que la política fiscal que surgiese
al calor del desarrollo de políticas ambientales primase la energía
nuclear cuando no es, precisamente, un modelo de energía ecológicamente
recomendable. Y también es cierto.
A continuación, aparecen países como Dinamarca que están haciendo
esfuerzos importantes de reducción de sus emisiones de CO2, pero que
tienen niveles muy elevados y que quieren que se juzgue el problema por
la variación, no por el nivel. Y hablan del esfuerzo de reducción,
independientemente del stock alcanzado históricamente o del nivel al que
se aplica este coeficiente de reducción. Es evidente que hay que valorar
el esfuerzo de reducción que se hace, pero también hay que valorar el
importe global de las emisiones per cápita que cada país hace. Y en este
contexto España, naturalmente, no puede aceptar nada que nos aleje del
concepto de «Target Sharing» y «boarding Sharing».
Europa ha aceptado estabilizar sus emisiones de CO2 a los niveles del año
1990, globalmente considerados. Eso quiere decir que algunos países
tienen que disminuir los suyos y otros pueden aumentarlos, porque unos y
otros partimos de posiciones muy diferentes. Claro, dicho así,
automáticamente uno se enajena la crítica ecológica y medio ambiental.
¿Pero, usted cómo pretende aumentar sus emisiones de CO2? No es que las
pretendamos aumentar porque nos encante hacerlo, sino porque cualquier
nivel modelo de desarrollo que incremente nuestros niveles de bienestar
tiene que pasar por unos niveles de aumento de la energía producida y
consumida para acercarnos a los estándares europeos de los cuales estamos
todavía muy lejos. Y otros países tienen que bajar los suyos para dejar
hueco a los nuestros.
Y eso, que no tiene ninguna contraindicación lógica, afecta a intereses
muy poderosos, porque en eso se juegan los distintos países los márgenes
de maniobra en su política energética. Por tanto, España no ha aceptado,
no aceptará nada que de una manera directa o indirecta nos aleje del
concepto de reparto de objetivos y de cargas.
En anteriores consejos habíamos conseguido un conjunto de moratorias
temporales, porque, en mi opinión, España no debe oponerse frontalmente a
la existencia de una ecofiscalidad. No debe oponerse, pero debe pedir que
se module su aplicación para tener en cuenta las especiales
características de nuestro país. Y se nos habían concedido moratorias
temporales de plazo fijo. Yo creo que no debemos pedir ni aceptar
moratorias temporales de plazo fijo --tienen ustedes tantos años más--,
sino que tenemos que pedir moratorias temporales relacionadas con algún
indicador que refleje nuestra posición. Y si ese indicador señala que
ahora no se nos debe exigir la aplicación de una figura impositiva
determinada, por ejemplo, porque estamos por debajo de un cierto
porcentaje de la media per cápita de las emisiones nacionales, no se nos
debe exigir que lo apliquemos hasta que no hayamos experimentado un
desarrollo que nos acerque a la media comunitaria por encima de un cierto
nivel, por encima de un cierto umbral. No me diga usted cinco años, ni
diez, ni veinte. Dígame que se me aplicará cuando haya sobrepasado un
cierto valor de la media comunitaria y, por tanto, eso dependerá de mi
comportamiento y del conjunto de países que definen la media. Si ustedes
son muy exigentes y su media disminuye y yo no lo soy y mi producción
aumenta, eso me situará rápidamente en una zona de aplicación de la
figura impositiva. Pero al revés, si ustedes no son tan exigentes y su
media aumenta y yo lo soy y mi valor no aumenta y sigo por debajo de un
cierto umbral, no tengo por qué hacer el esfuerzo fiscal pasado mañana,
que no tengo que hacer hoy si las condiciones de pasado mañana siguen
siendo las mismas de hoy.
Este razonamiento, que creo que también es un razonamiento lógico, no es
fácilmente aceptable por los demás países, que no quieren conceder a
España una especie de salvoconducto sin plazo determinado. Todo ello ha
conducido a una situación donde yo estoy, francamente, pesimista sobre la
viabilidad de una figura impositiva definida a nivel comunitario, que
coadyuve a la consecución de los objetivos de nuestra estrategia de
reducción de emisiones de CO2.
Debo recordar a sus señorías que el planteamiento inicial era un
planteamiento de reparto físico de niveles de emisión. Es decir, en
Edimburgo lo que se dice es que queremos estabilizar los niveles de
emisión de CO2 en el año 2000 para el año 90 y eso, se dice, llevará
consigo un reparto de capacidades de emisión. De manera que cada país, en
función de su población y su desarrollo económico, tendría derecho a
emitir a la atmósfera un cierto número de toneladas de CO2, un reparto de
cupos.
Si los europeos se comprometen a no emitir en el año 2000 más de equis
toneladas de CO2, ¿a cuánto salimos cada uno? Es el «target sharing».
¿Qué CO2 puede emitir España? Rápidamente se vio que eso era imposible,
porque no había capacidad política de conseguir un reparto físico de
cantidades y rápidamente la Comisión se olvidó de este reparto de
objetivos y pasó a intentar que definieran los países programas
nacionales de reducción. Es decir, traigan ustedes su programa de
reducción, veremos qué nos proponemos hacer entre todos. Si de las
propuestas de actuación de cada país surge una incompatibilidad con el
objetivo comunitario, entonces habrá que tomar medidas incitadoras de
tipo fiscal; si entre todos vemos que estamos en el objetivo, no hará
falta hacer nada, puesto que ya lo conseguiremos.
Tampoco ha sido fácil la presentación de estos programas nacionales.
Primero, porque son muy difícilmente homogeneizables entre sí. Segundo,
porque Alemania todavía no había presentado el suyo y después porque, a
fin de cuentas, es verdad que aunque los programas nacionales
consiguiesen por sí solos el objetivo de reducción, muchos países dicen
que para conseguir llevar a la práctica ese programa nacional necesitan
cambiar los precios relativos de la energía y necesitan condicionar los
hábitos de consumo de sus consumidores o de producción de sus productores
y eso se llama fiscalidad. Es decir, que su programa nacional tiene como
premisa un sistema fiscal que lo permita llevar a la práctica.
Y eso es muy distinto de un país a otro. Por ejemplo, en España nosotros
creemos que no nos hace tanta falta un instrumento fiscal como puede
hacer falta en Dinamarca o en Alemania. Seguramente la elasticidad de la
demanda de nuestro sistema energético no es tan alta como la de otros
países y lo que conseguiríamos, sería simplemente recaudar más, pero no
producir menos CO2, mientras que en otros países, seguramente, los
niveles de capacidad de reacción del sistema productivo y de consumo son
mucho más --dicen ellos-- sensibles que los nuestros.
También hay discusión sobre si esto se plantea en el corto o en el medio
plazo. Es evidente que en el corto plazo no pasa nada, pero que en el
medio plazo se incorporan esos precios relativos en las decisiones de
inversión, en los hábitos de consumo y que en cinco o diez años se
consigue inflexionar sustantivamente las emisiones de CO2, simplemente
por los valores relativos de los factores que las producen. Los que creen
que el mercado reacciona al estímulo de los precios, y todo el mundo lo
cree en mayor o menor medida, deberían estar muy a favor de cambiar a
esos precios relativos a través de instrumentos fiscales.
Todo consiste en saber cuán flexible es la estructura de esos mercados y,
por tanto, cuán grande es el impacto de estos sistemas fiscales, sobre lo
que no hay estudios determinantes. Hay, eso sí, una cantidad
extraordinaria y muy interesante
de consideraciones de tipo hacendístico y de tipo energético sobre la
implicación y las consecuencias de esta clase de figuras, pero ninguna
conduce a una toma de decisiones que no sea tan controvertida como
cualquier otra.
Por ello, creo que los países centroeuropeos y nórdicos van a seguir
insistiendo en la aplicación de este tipo de figuras fiscales, a las que
yo sí llamaría ecotasas, señoría. Sí las llamaría así, porque estoy
convencido de que a estos países les mueve una finalidad ambiental y los
nuevos países, los países nórdicos que han entrado en la Unión Europea,
tienen unos esquemas mucho más desarrollados que los nuestros en esta
materia. Ellos mismos han aplicado ya autónomamente figuras impositivas
de esta naturaleza sobre los combustibles de todo tipo, sobre las
emisiones contaminantes y llevan un aire más fuerte --no le llamaría
vendaval, pero sí lleva un aire más fuerte-- que el que hasta ahora había
venido soplando en los pasillos de la Comisión y una mayor presión para
este tipo de figuras impositivas se desarrolle.
No es menos cierto que otros países, por ejemplo, Italia, ven en ello un
salvavidas recaudatorio. Haciendas públicas que van a la deriva, con
altísimos déficit fiscales y deudas públicas acumuladas muy fuertes,
encuentran cualquier figura compositiva como un auxilio al que no se
puede renunciar. Y es verdad que también hay por debajo de algunos
discursos ecológicos una finalidad meramente recaudatoria. Pero entre las
dos cosas hay que buscar un punto de equilibrio, porque toda figura
impositiva tiene que tener una capacidad recaudatoria asociada y ésa
tiene que estar definida tratando de minimizar las emisiones de CO2. La
última versión, yo tengo mis dudas de que tuviese esa virtualidad, marca
una dirección a seguir. En la última versión no se trata ya de gravar la
energía consumida en el sector industrial, sino solamente la energía
consumida en el sector de transporte doméstico y en el consumo doméstico.
Por razones de competitividad, no se desea que la industria europea
soporte mayores costes que la americana o la japonesa. Ya saben ustedes
el fracaso de las propuestas del Presidente americano para introducir
figuras fiscales que graven la energía, incluso la energía de automoción
privada. Mientras Japón y Estados Unidos en el seno de la OCDE no marquen
una línea, no creo que la Unión Europea la vaya a seguir.
Por eso, la última versión, ya le digo, no era un impuesto, sino un
remozado de las actuales abcisas, para que éstas gravasen de una forma
más acusada determinados consumos energéticos, sobre todo las costumbres
fósiles de uso doméstico, residencial y los de transporte, pero dejando
aparte el sector industrial. ¿Qué virtualidad ambiental tienen unos
impuestos ecológicos que dejan fuera al mayor consumidor de energía, que
es la industria? Sin duda, más reducida que la versión original, pero
también sin duda un primer paso, y en este sentido la Presidencia alemana
está siendo muy posibilista: está tratando de colgar la percha para que
luego se desarrolle en lo sucesivo en función de los acuerdos
internacionales que se puedan adoptar.
En todo caso, yo creo que Europa no va a conseguir ya su objetivo de
estabilizar las emisiones de CO2 en el año 2000 a los niveles de 1990.
Creo que ya está claro que con la inercia que tienen el sistema de
producción y los hábitos de consumo, los cinco años que nos separan de la
fecha objetivo no es tiempo suficiente para inflexionar lo que tenemos;
que para algunos países este tipo de instrumentos fiscales son muy
necesarios, para otros lo son menos, para otros absolutamente
irrelevantes, pero que deberíamos propiciar entre todos el nacimiento y
el desarrollo de una fiscalidad ambiental europea que tratase de
conseguir los objetivos planteados en el Libro Blanco y coadyuvase al
cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión en materia
de cambio climático y que, al mismo tiempo, despertase y desarrollase la
conciencia de nuestros ciudadanos con respecto a lo que representan los
graves problemas ambientales que acechan a la humanidad, que tienen hoy
una precisión científica discutible, pero que nos exigen aplicar una
estrategia de «non regret», es decir, de tomar las precauciones
necesarias para no encontrarnos frente a fenómenos irreversibles.
Por eso, sin dramatismos y sin sacar los pies del tiesto y sin
fundamentalismos, porque existe el riesgo de un nuevo fundamentalismo
ecológico en este tema y en otros muchos más, sin caer en
fundamentalismos nuevos, sí creo que Europa debería adoptar esa
fiscalidad y que España debería estar dispuesta a propiciarlo, siempre
que se nos plantee un escenario aceptable para nuestro país, que pasa
inexcusablemente, insisto --y con ello termino--, por un reparto
equitativo de las cargas, es decir, de los esfuerzos que tienen que hacer
los distintos países para conseguir entre todos un objetivo común,
esfuerzo que no es el mismo en España que en otros países, y un reparto
de las cantidades de CO2 que produce nuestro sistema energético, que
tiene que tener en cuenta también los distintos niveles de desarrollo, la
responsabilidad acumulada a lo largo de la historia y las perspectivas
irrenunciables de incremento de nuestra prosperidad, que no deben estar
reñidas con una vigilancia sobre los efectos ambientales de la misma.
Esto es, señorías, lo que tengo el honor de informar a esta Comisión
Mixta, poniéndome a disposición de las señoras y los señores Diputados y
Senadores por si quieren alguna precisión sobre este tema o desean que
entre en alguno de los otros quince que conformaron el orden del día de
dicha reunión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro, por sus
explicaciones y por su ofrecimiento. Ahora vamos a dar paso a los
portavoces de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Borrell, por sus explicaciones. La verdad es que alrededor
del problema de la emisión de CO2 lo que estamos discutiendo
probablemente sea uno de los problemas de mayor trascendencia para el
futuro colectivo. Seguramente hay otros aspectos de lo que puede ser la
contradicción entre conservación, recuperación ecológica y
desarrollo, pero éste, en concreto, de la emisión de CO2 creo que lo
singulariza bastante bien.
Decía el señor Dávila que cuando en la Cumbre de Río se hace la
propuesta, que aparece entonces como retórica, de estabilizar las
emisiones de CO2 en el año 2000 al nivel que estaban en el año 1990,
aparecen los problemas, como él decía, en el momento de intentar crear
instrumentos para hacer posible esa pretensión.
En esta contradicción entre conservación medioambiental y desarrollo
--desarrollo que yo creo que ya está aceptado por todo el mundo hoy que
tiene que ser sostenible, porque no se puede seguir manteniendo la idea
del desarrollo por el desarrollo sin que entre ningún factor
medioambiental a limitar el concepto--, lo habitual es que pierda la
conservación. Yo creo que, afortunadamente, en los últimos diez o quince
años, como mucho, de la vida española en su conjunto, en los grupos
políticos, en la sociedad, en las conciencias individuales y en las
colectivas, los criterios medioambientales y medioambientalistas, a veces
puede que con fundamentalismos pero en general con bastante sensatez, han
ido abriéndose paso en las conciencias, consiguiendo que hoy
prácticamente sea imposible encontrar un programa político de cualquier
partido, se sitúe donde se sitúe, independientemente de la valoración que
nos merezca a cada uno la intencionalidad real de lo que se diga, que lo
dejo aparte, que no esté bastante penetrado por lo que son hoy ya
obligaciones de conservación medioambiental. Hace quince años,
probablemente, en nuestro país eso no era así, y afortunadamente esas
ideas han ido abriéndose camino.
Claro que cuando se tiene que llegar a la instrumentalización de
políticas o a la creación de instrumentos fiscales, o del tipo que sean,
para llevar a la práctica aquello que conceptual o teóricamente hemos
considerado como justo, de vez en cuando se explicita o se evidencia la
contradicción, y la que generalmente acaba perdiendo es la conservación
medioambiental.
Yo no sé durante cuánto tiempo más España, Europa o el conjunto de la
humanidad podremos seguir manteniendo esa situación, en el sentido de que
cada vez que aparece la contradicción se intenta compensar, pero cuando
no es posible la compensación, acaba perdiendo la conservación
medioambiental, por consideraciones más altas de condiciones de vida,
etcétera, porque no se cuestiona nunca lo que significa un determinado
modelo de desarrollo no ya sostenible, sino un determinado modelo de
desarrollo. Es una reflexión que hago en voz alta, porque no sé cuánto
tiempo más nuestro país mantendrá esta situación en el conjunto de Europa
y de los países subdesarrollados del Tercer Mundo con necesidad de
alcanzar determinados niveles de crecimiento, siguiendo el esquema de
desarrollo que ha sido tradicional en nuestros ambientes. Porque lo
cierto es que van a tener que provocar ellos también unos niveles de
agresión medioambiental terribles, y probablemente no estamos legitimados
moral ni políticamente desde los países ya desarrollados a pedir a los no
desarrollados que limiten su crecimiento en función de la conservación
ecológica.
A lo que quiero llegar con todo esto es a que no sé cuánto tiempo más
podremos seguir aceptando, más o menos de buena gana, que en esa
contradicción salga perdiendo siempre la conservación medioambiental. Los
recursos son, obviamente, finitos. Sé que me estoy alejando de la
explicación del señor Ministro, pero creo que lo que digo tiene relación
con la introducción o no de la ecotasa, desde la instrumentalización de
políticas o de medios para que cuando se produzca esa contradicción, se
le dé una solución diferente.
Tuve ocasión de oír al Ministro Teufel hace quince días en Bonn, en el
desarrollo de una reunión de la Ecosac, y, sinceramente, el discurso
ecológico del señor Teufel, el Ministro más antiguo de la Unión Europea
en Medio Ambiente, me pareció bastante compatible, a pesar de que yo soy
del partido que soy y de ser él un político de CDU. Yo podría haber
firmado gran parte de las afirmaciones del señor Teufel, porque él
insistió muchísimo en la idea del desarrollo sostenible, incluso del
cuestionamiento del modelo de desarrollo, por lo menos en esa reunión, no
sé qué posiciones mantendrá en otras de otro ámbito.
Yo comparto con usted, señor Borrell, que la fiscalidad es un instrumento
al servicio de políticas, y ésa tiene que ser la idea motriz a la hora de
optar por un determinado tipo de fiscalidad. En cierta medida comparto
con usted que España no pueda aceptar nada que se aleje del reparto de
cargas. Es cierto que en el contexto europeo nosotros partimos de un
nivel de desarrollo determinado, inferior al de los países del centro y
del norte de Europa, y que para que las cargas de emisión de CO2 puedan
ser aceptadas por nosotros tiene que significar que España tenga la
posibilidad de emitir mucho más de lo que hasta ahora ha emitido, para
que nuestro desarrollo sea parejo al de los demás, aceptando éstos
reducir sus cotas de emisión y manteniendo nosotros un determinado tipo
de emisión más alta.
Esta es la idea inicial, es decir, cuánto tiempo podremos seguir
manteniendo sin cuestionario el modelo de desarrollo que actualmente
seguimos y que nos obliga a que, en esa contradicción a que me he
referido varias veces ya, acabe siendo primado el desarrollo tal y como
lo concebimos sobre los demás aspectos medioambientales, que, como decía
al principio, hoy ya no son un florero en ningún programa político, sino
que para cualquier partido político medianamente sensato acaba resultando
un eje central de sus actuaciones a la hora de diseñar sus políticas,
tanto económicas, como sociales, etcétera.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sólo unas brevísimas palabras para agradecerle su
presencia hoy en esta Comisión y por la información que nos ha facilitado
de la reunión de los Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad, en
especial, en todo aquello que hace referencia a la tasa CO2-energía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ibarz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro por su información.
Seré también muy breve. Sin embargo, me gustaría dejar constancia de que
nos ha informado sobre la postura en materia de fiscalidad ambiental y
emisiones de CO2 de distintos países, incluso de España, pero que en el
punto del orden del día correspondiente a esta cuestión del Consejo de
Ministros de la Unión Europea del día 4 de noviembre, celebrado en
Luxemburgo, fue precisamente uno de los puntos en los que no se avanzó
nada por la postura del Reino Unido, y ni siquiera la habilidad
dialéctica, según nos ha dicho el señor Ministro, del señor Teufel
consiguió que en este sentido se avanzara algo.
Por tanto --lo digo en un tono absolutamente cordial, señor Ministro-- me
gustaría que aclarara a este Diputado una curiosidad, o, por lo menos,
que me saque de una perplejidad: cómo puede tratarse la fiscalidad
ambiental en un ámbito que, según la opinión de su señoría, no es el
adecuado, sino que debería tratarse en el Ecofin. Esto lo digo, repito,
con absoluta cordialidad y con una alta curiosidad personal.
Sin embargo, hablando de la ecotasa, que así es como se llama vulgarmente
al tema que se trató y sobre el que no se avanzó, me ha parecido deducir
de sus palabras que en todo caso, según la postura española, se trataría
de un impuesto finalista. Creemos que no se puede apoyar en España una
postura de fiscalidad ambiental, lo que en el fondo sería encubrir un
aumento de la carga impositiva, aunque con un nombre que socialmente lo
haría aceptable. Desde mi Grupo entendemos --creo que así también lo
entiende el señor Ministro-- que debería ser en todo caso un impuesto
finalista.
También me gustaría, señor Ministro, si el Gobierno español ha enviado ya
a la Unión Europea los planes concretos de reducción de emisiones en
grandes centros de combustión como consecuencia de acuerdos
internacionales previos y, sobre todo, por decisión propia del Gobierno.
Estos planes de reducción de emisiones en grandes centros de combustión
debían estar enviados ya, aunque parece ser --al menos es la explicación
que el Gobierno dio en su día en el Congreso de los Diputados-- que no
había excesiva colaboración por parte de las Comunidades Autónomas. No
obstante, nuestro Grupo entiende que esto no es excusa suficiente y, si
no se ha hecho, pedimos que se haga ya, puesto que este retraso sería
perjudicial y grave para nuestros intereses. Por eso pregunto si se han
enviado ya, porque no tengo noticias muy recientes al respecto.
Coincido con el portavoz del Grupo Socialista, el señor Dávila, en su
larga presentación al principio de la comparecencia, respecto de que las
enmiendas de CO2 en lo que a fiscalidad ambiental se refiere debían ser
tratadas teniendo en cuenta la unidad de energía producida y su
evolución, o, dicho de otra manera, teniendo en cuenta la eficiencia
energética, sobre todo de los grandes centros de producción y,
concretamente, de las centrales térmicas.
Ahora bien, la imposición de esos mínimos de eficiencia energética no
solamente debían aplicarse a los grandes centros de combustión, sino
también a los pequeños e, incluso, a las plantas de cogeneración. Esta es
nuestra opinión y pregunto en todo caso cuál es la postura del Gobierno
al respecto; más concretamente, si se va a adoptar esta medida, o si el
Gobierno piensa que debe adoptarse para centrales incluso inferiores a 50
megavatios.
Hay una cuestión que no ha tratado el señor Ministro y que creo que tiene
bastante interés para los países del sur de la Unión Europea, y es la
producción de biodiesel. Parece ser que no se ha tratado en el Consejo de
Ministros, pero, en todo caso, nos gustaría escuchar su opinión, si es
que la puede dar en estos momentos, y, si no, quisiéramos someter a su
consideración lo que para nosotros es un punto de máximo interés al
hablar de estos temas. Se trata de una energía renovable como la
producción de aceite de colza o de girasol, que alivia tremendos
problemas de excedentes agrícolas derivados de la PAC. Ya se ha dado un
paso este año aportando 150.000 hectáreas de nuestro territorio para la
producción de estas energías renovables, que, además, utilizadas mediante
esterificación previa en los motores diesel, tecnológicamente en la
actualidad ya se ha logrado que se evite la emisión al medio ambiente de
monóxido y dióxido de carbono, además de los derivados sulfurosos.
Y finalmente, señora Presidenta, quisiera pedir la comprensión de mis
compañeros de Comisión por el hecho de que se pueda alargar mi
intervención al pedir una nueva explicación al señor Ministro sobre algo
respecto de lo que nos ha dicho que se trató en el Consejo pero que, sin
embargo, no ha referenciado. Por ello le pediría que fuera más explícito
sobre el punto octavo del orden del día, las aguas subterráneas.
La protección de las aguas subterráneas --creo que coincidimos todos-- es
un tema vital dentro de las políticas medioambientales de todos los
países, y el señor Ministro sabe, como sabemos todos, que España puede
tener al respecto un problema importante, sobre todo cuando se habla de
depuración de aguas residuales, en cuanto que el cumplimiento de la
normativa comunitaria implicaría para nuestro país unas inversiones
cuantiosísimas que apenas se han iniciado.
En este sentido, me va a permitir que califique de tibia la gestión del
Gobierno no solamente en lo referente a aguas residuales contaminantes de
nuestras aguas subterráneas, sino que incluso, esa tibieza se pone de
manifiesto en la inexistencia de un catálogo de aguas subterráneas. Desde
luego, no se está haciendo buen uso de los acuíferos y ahí está el
resultado, por ejemplo, en los números 18, 23 ó 24. Y se lo digo bastante
lejos de las posturas de quien teniendo una responsabilidad regional en
la Comunidad que está físicamente sobre estos acuíferos hoy se acuerda de
que no hay que trasvasar agua y lleva diez años olvidándose de que estos
acuíferos tienen unos niveles freáticos que ya han pasado de los mínimos
aceptables, con la desecación de las Tablas de Daimiel y, por citar otras
Comunidades Autónomas, otros problemas importantes que hubo y espero que
no vuelvan a existir en Doñana.
En este sentido, señor Ministro, nuestra pregunta iría encaminada a saber
del Gobierno cuál es la normativa comunitaria que se prevé al respecto,
si es que se trató en el Consejo; cómo afectaría directamente a España y
qué inversiones se estiman necesarias para el cumplimiento de la
normativa antedicha. Asimismo también me gustaría que nos dijera cuál es
la postura que está defendiendo España en los foros comunitarios en esta
materia.
Hay algún tema más, pero me parece menor y con lo indicado sería
suficiente, si nos da la información adecuada que requerimos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Madero.
Para responder a los intervinientes de los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señora Presidenta.
En realidad, sólo voy a responder al señor Madero, porque el señor
Vázquez ha hecho una serie de consideraciones pero no creo que me haya
formulado una pregunta concreta, y agradezco asimismo la acogida de
Convergència i Unió. Por tanto, voy a referirme a los planteamientos que
ha hecho el señor Madero.
El Consejo de Medio Ambiente no pretende ser el Consejo que legisle sobre
una tasa comunitaria, ni sobre la armonización de las actuales abscisas.
Tal como está organizado el debate en el seno de la Comunidad, el Consejo
de Medio Ambiente propone y Ecofin dispone. El objetivo del Consejo de
Medio Ambiente es hacer una propuesta al Consejo de Ministros de
Hacienda, que es el que tiene que convertirla en una norma comunitaria a
través de una resolución del Ecofin. Pasa lo mismo que dentro de cada
país, donde los ministros sectoriales proponen y el ministro de Hacienda
dispone. Tiene que ser así porque los impuestos deben estar sometidos a
una autoridad, la fiscal. Pero eso no debe excluir que los ministros
sectoriales pidan que la fiscalidad se adapte a los objetivos que ellos
quieren conseguir; y eso, a veces, provoca los inevitables roces, porque
el debate público tiende a plantear los distintos puntos de vista. Aquí a
veces también nos ha pasado, por ejemplo, con la fiscalidad de la
vivienda; el Ministro de la Vivienda cree que hay que cambiar la
fiscalidad de la vivienda, y el Ministro de Hacienda cree que no hay que
cambiarla, produciéndose debates que no deberían preocupar a nadie aunque
se planteen como puntos de vista que no siempre son coincidentes. Aquí
tenemos un ejemplo muy claro. Los ministros de Medio Ambiente pueden
tener un punto de vista y los ministros de Hacienda no aceptarlo, y en
eso estamos trabajando. Los ministros de Hacienda no van a ser quienes
definan los objetivos de la fiscalidad ambiental, tienen que ser los
ministros de Medio Ambiente quienes digan qué instrumento fiscal quieren
para cumplir unos objetivos con unas características determinadas. Y los
ministros del Ecofin dirán que les fabrican ese instrumento, o que no se
lo fabrican. Y ése es el ten con ten, ese cierto ir y venir entre los
Consejos de ministros de todos los sectores y el Consejo de Ministros de
asuntos fiscales. Pasa lo mismo en el caso de Transportes, en donde
tuvimos una gran discusión sobre los instrumentos fiscales al servicio de
la armonización del transporte, instrumentos fiscales que terminó
aprobando Ecofin pero a propuesta de los ministros de Transporte. Esta
dinámica es especialmente rica en los temas ambientales y de vivienda,
donde la fiscalidad cumple un objetivo instrumental muy claro. Está más o
menos adaptada y hay que modificarla para conseguir que sirva a los
objetivos que los ministros responsables plantean.
Respecto de si el impuesto es finalista, en su versión original se dijo
que tendría que ir acompañado de reducciones en otras figuras impositivas
de manera que la carga fiscal se mantuviera constante, es decir,
desplazar carga fiscal de una figura a otra. Por tanto, no era finalista
sino sustitutorio, iba a engrosar las arcas de las Haciendas públicas
nacionales sin estar asignado a un fin específico, simplemente sustituía
a otra figura impositiva. Hubo quien dijo que ésa era una excelente
ocasión para rebajar la progresividad del Impuesto sobre la Renta, aunque
luego se dijo que cada país hiciera lo que quisiese. Realmente, estábamos
vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, porque todos nos dedicábamos
a discutir a qué aplicar los resultados de la recaudación que la ecotasa
iba a producir cuando, a estas alturas, todavía no tenemos ecotasa.
Después se dijo que había que asignarlo con un objetivo finalista, porque
si queremos reducir las emisiones de CO2 e introducimos un impuesto para
obtener ingresos que desincentivasen las actividades que producen CO2,
deberíamos aplicar esos ingresos a actividades que también contribuyan a
reducir las emisiones o a disminuir el «stock» de CO2 en la atmósfera.
Algunos países dijeron que había que dedicar esos recursos a un programa
comunitario de reforestación --un objetivo fiscal comunitario que obtenía
recursos comunitarios aplicados a un objetivo comunitario-- para crear
sumideros de carbono tales como aumentar la capa vegetal europea, lo
cual, obviamente, fue muy apoyado por países como España, pero que no
encontró ningún eco.
Actualmente estamos más bien en la fase de decir que cada país haga lo
que quiera. Pero, habida cuenta de que habrá que disminuir las cargas
sociales para que los empleos de baja calificación resistan la
competencia internacional, esto podría ser un instrumento que permitiese
obtener recursos con los cuales disminuir las cargas fiscales. Y hay ya
algunos ejemplos de ello. Dinamarca ha aplicado figuras de fiscalidad del
agua asociada a la disminución de las cargas sociales sobre el factor
trabajo. Los países nórdicos están, en este sentido, notablemente más
concienciados y desarrollados que nosotros.
En materia de eficiencia hemos presentado los programas, pero creo que
habrá que revisarlos todavía porque el PEN se proponía, como objetivo de
aquí al año 2000, que ese 25 por ciento de aumento de las emisiones de
CO2 fuese revisado a la baja, quizá sin necesidad de modificar el PEN.
Creo que la experiencia demuestra que estamos por debajo de este objetivo
de emisión, que era un objetivo que se podía disminuir aumentando la
eficiencia energética de todas las instalaciones de producción. Yo,
personalmente,
soy partidario de que los objetivos de mejora de la eficiencia energética
se planteen a todos los niveles, siendo consciente de que la ganancia que
se puede obtener no es la misma, proporcionalmente, en una gran planta
que en una minicentral; pero en todos los sistemas de producción y
consumo deberíamos introducir factores de eficiencia energética que
contribuyan a disminuir este 25 por ciento de aumento, lo cual es posible
sin necesidad de entrar en grandes modificaciones.
En cuanto a las aguas subterráneas, fue uno de los pocos logros del
Consejo, que aprobó, casi sin discusión y por unanimidad, una resolución
relativa a la protección de las aguas subterráneas, que, como todas las
resoluciones, tiene importancia relativa porque, a fin de cuentas, lo que
dijimos es que las aguas subterráneas son muy importantes como elemento
esencial del ecosistema y del ciclo del agua, así como una de las fuentes
de aprovisionamiento de agua potable, y que estamos muy preocupados
porque en algunas regiones las capas freáticas están amenazadas, tanto
cualitativa como cuantitativamente. Su señoría ha citado el ejemplo de
alguna región española en la que ciertamente hay una sobreexplotación muy
alarmante de los acuíferos que requeriría, quizá, una acción más enérgica
por parte de los poderes públicos responsables.
Recordamos a la Comisión la resolución de diciembre de 1991, en la que ya
se comprometía a elaborar un programa de acción para proteger las aguas
subterráneas y revisar la directiva que está en vigor, que es del año
1980. También apoyamos la resolución de La Haya de noviembre de 1991, en
el Seminario Ministerial de Aguas Subterráneas. Dijimos que las
orientaciones del V Programa en materia de medio ambiente y desarrollo
duradero debían concretarse en el campo de las aguas subterráneas para
evitar que se agrave la polución que les afecta, regenerarlas y mantener
la calidad. Dentro de este programa de acción acordamos acentuar la
colaboración entre los regímenes de autorización, las medidas de
prevención global, las disposiciones en materia de seguridad e
instalaciones y las prácticas agrícolas compatibles con la protección de
las aguas subterráneas, porque una de las grandes fuentes de
contaminación es la agricultura. La agricultura pasa por ser un aspecto
muy medioambiental, pero es una actividad que, según cómo se desarrolle,
puede tener un efecto tremendo sobre la contaminación de las aguas
subterráneas en función de los abonos que se utilicen y la permeabilidad
de los suelos.
Finalmente, la Comisión pidió a todos los Estados miembros que elaborasen
un programa que permitiese definir un plan global, a nivel europeo, de
protección del agua subterránea, y que la Comisión acelerase sus trabajos
para que, antes del primer semestre de 1995 --con lo cual creo que nos
tocará ya en la Presidencia europea-- se revise la actual Directiva
Europea en materia de Aguas Subterráneas, que existe como tal directiva
pero que, como tantas otras, tiene unos grados de operatividad
manifiestamente mejorables.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
(El señor Dávila Sánchez pide la palabra.)
¿Sí, señor Dávila?
El señor DAVILA SANCHEZ: Señora Presidenta, le rogaría me concediese la
palabra para una cuestión de orden, para expresarle mis excusas por la,
al parecer, extemporaneidad de mi intervención. Tenga la seguridad de que
se debió a que interpreté de manera quizá diametralmente equivocada la
consultura que le formulé al inicio de la sesión, pero nunca con ánimo de
sorprenderla en su buena fe, cosa que nunca haría por mi parte ni vendría
a cuento ni objeto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.