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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 49, de 03/10/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 49
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 10
celebrada el lunes, 3 de octubre de 1994,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Informe de fiscalización de los contratos relativos a la ampliación del
Palacio del Senado, suscritos por la Subsecretaría y por la Dirección
General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda
(número de expediente Congreso 251/000043 y número de expediente Senado
771/000042) (Página 1016)
Informe de fiscalización correspondiente a la Diputación Provincial de
León, referido a los años 1988 a 1990, ambos inclusive (número de
expediente Congreso 251/000044 y número de expediente Senado 771/000043)
(Página 1017)
Informe aprobado por el Pleno del citado Tribunal el día 31 de mayo de
1994, relativo a la fiscalización del Instituo Nacional del Consumo,
ejercicio 1991 (número de expediente Congreso 251/000045 y número de
expediente Senado 771/000044) (Página 1022)
Informe de fiscalización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
referido a los ejercicios 1991 y 1992 (número de expediente Congreso
251/000046 y número de expediente Senado 771/000045) (Página 1023)
Informe de fiscalización correspondiente a la Diputación Provincial de
Valladolid, referido a los años 1988 y 1990 (número de expediente
Congreso 251/000047 y número de expediente Senado 771/000046)
(Página 1025)
Se abre la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde.
--INFORME DE FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA AMPLIACION DEL
PALACIO DEL SENADO, SUSCRITOS POR LA SUBSECRETARIA Y POR LA DIRECCION
GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
(Número de expediente Congreso 251/000043 y número de expediente Senado
771/000042.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el orden del día
que figura en la circular remitida.
Antes, querría hacer una precisión. Primero, que al informe de
fiscalización referido a los contratos relativos a la ampliación del
Palacio del Senado no se ha presentado propuesta de resolución. Sobre el
resto de las propuestas presentadas, se admiten todas salvo una que se
refiere a la número 2 de la presentada por el Grupo Parlamentario Popular
a la fiscalización de la Diputación Provincial de Valladolid. Creo que no
tiene nada que ver con la Diputación Provincial de Valladolid. En todo
caso, este requerimiento que se solicita en esta propuesta viene en los
informes o memorias anuales, cuando vienen las cuentas de las
corporaciones locales, por lo que la Mesa ha considerado no admitir a
trámite la propuesta número 2, presentada por el Grupo Popular, sobre el
informe de la Diputación Provincial de Valladolid. (El señor Gimeno Marín
pide la palabra.)
¿Señor Gimeno?
El señor GIMENO MARIN: Sólo para una cuestión que no sé si es de orden.
En todo caso, es una pregunta a la Mesa.
Normalmente, a mi Grupo, por lo menos mientras yo le vengo representando
en esta Comisión, se le viene suscitando la duda sobre la capacidad de
incidencia que tienen las propuestas de resolución que se presentan en
esta Comisión respecto a las corporaciones locales y, en su caso,
respecto a las comunidades autónomas. Hasta este momento, respecto a las
comunidades autónomas se ha resuelto, con criterio político, sin entrar
mucho más en el fondo del tema, que se debatan sin entrar en propuestas
de resolución por no inmiscuirnos en la autonomía de las comunidades
autónomas.
A mi Grupo y a mí se nos suscita siempre la duda de si esta Comisión debe
o puede aprobar --debe o puede porque tengo la duda-- resoluciones que
afectan a otras corporaciones, que son también autónomas de acuerdo con
nuestra legislación, como son las corporaciones locales. Esa es una duda.
Sin duda, entiendo que nos podemos dirigir al Tribunal. ¿Se pueden
aprobar o existen precedentes en la Comisión de que se aprueben
resoluciones que vinculen a las propias corporaciones locales? Esta es la
duda que se me suscita en este momento.
El señor PRESIDENTE: Contestaré en la medida de lo posible a esta
cuestión que plantea el señor Gimeno.
Normalmente, desde hace bastantes años, por lo menos desde que soy
miembro de esta Comisión, no se aprobaban propuestas de resolución
referidas a corporaciones locales, respetando la propia autonomía y, por
tanto, la independencia, de cara a la ejecución y al control de su
presupuesto, que se efectúa a través de los propios plenos de esos
ayuntamientos o diputaciones provinciales e igualmente con las
comunidades autónomas.
En todo caso, esta Comisión se ha dirigido en alguna ocasión al Tribunal
de Cuentas para requerir información sobre grado de cumplimiento o sobre
actuaciones posteriores respecto al informe presentado. En ese sentido ha
venido funcionando la Comisión para no inmiscuirnos en lo que es una
autonomía propia de esas instituciones, que tienen, o deberían tener, los
órganos de control correspondientes, máxime cuando las propias
comunidades autónomas efectúan también el control de las diputaciones
correspondientes a su ámbito.
Sin embargo, sobre la base de propuestas presentadas, no tengo argumentos
reglamentarios para rechazar cualquier propuesta que pudiera venir en ese
sentido. Otra cosa es la consideración que merezca a esa corporación que
desde esta Comisión nos dirijamos a ella para que se cumplan determinados
requerimientos. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)
¿Señor Núñez?
El señor NUÑEZ PEREZ: Si me permite, señor Presidente, antes de entrar en
la defensa de nuestra propuesta, quisiera hacer una consideración en
torno a la cuestión planteada.
Efectivamente, las propuestas del Grupo Parlamentario Popular están
vinculadas al cumplimiento de disposiciones generales elaboradas por esta
Cámara, que creo que no conculcan, ni mucho menos, la autonomía de las
corporaciones locales. Pero si hay algún escrúpulo autonómico que impida
a algún grupo apoyar las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, no
tenemos ningún inconveniente, bien a través de una enmienda transaccional
o simplemente por acuerdo, en modificar el primer inciso de cada una de
las propuestas y decir que el Tribunal de Cuentas nos dé información de
cómo se han cumplido estas medidas. (El señor Gimeno Marín: Perfecto.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Gimeno, que ha comprendido la
insinuación que, en todo caso, de forma directa ha hecho, puesto que,
efectivamente, no queremos inmiscuirnos ni deseamos desde esta Comisión
parlamentaria herir las susceptibilidades de los diputados provinciales o
de los concejales de cualquier ayuntamiento. Por tanto, señor Núñez, la
propuesta que usted hace entiendo que también el Grupo Socialista la da
por buena y, en todo caso, daré en su momento el receso oportuno para
efectuar las correcciones que correspondan en las propuestas ya
presentadas. (El señor González Blázquez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor González Blázquez y a continuación se la daré
al señor Carrera.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Simplemente quiero decir que modestamente
también estamos de acuerdo con esa propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA COMES: En la misma línea, intervengo para dejar
constancia de nuestra posición. Ya al incorporarme a la Comisión mantuve
un breve contacto con el portavoz del Grupo Popular haciéndole llegar
también mi inquietud por el texto propuesto y, por tanto, me congratulo
de la modificación efectuada in voce.
--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
LEON, REFERIDO A LOS AÑOS 1988 A 1990, AMBOS INCLUIDOS. (Número de
expediente Congreso 251/000044 y número de expediente Senado 771/000043.)
El señor PRESIDENTE: Procede ya entrar en el punto segundo del orden del
día: informe de fiscalización correspondiente a la diputación provincial
de León. Para defender la propuesta, el señor Núñez tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, resuelto el tema de la
autonomía, siguen en pie y, por lo tanto, justificadas, nuestras
propuestas en cuanto al fondo.
Como el tema de la Diputación Provincial de León ha sido motivo de
polémica ante la opinión pública, no quisiera añadir en esta intervención
ni un solo adjetivo calificativo ni una valoración personal que pudiera
ser erróneamente interpretada, sin que eso quiera decir que, por
supuesto, no tenga derecho a hacerlo.
En la defensa necesariamente breve de las propuestas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular utilizaré datos y palabras que se recogen
literalmente tanto en el informe de fiscalización como en el escrito que
la Fiscalía envió a la Sección de fiscalización del departamento de
corporaciones locales del Tribunal de Cuentas. Decir, como dije en los
medios de comunicación, que algunas irregularidades las consideraba
gravísimas desde el punto de vista de la gestión y que de ellas surgen
indicios suficientes de responsabilidad contable, como dice literalmente
el informe de la Fiscalía, no supone calificar a nadie de delincuente, y
siento de veras que personas cuya honradez me consta y defiendo hayan
considerado como imputación personal lo que es simplemente una valoración
política o técnico-jurídica que el ejercicio de la función constitucional
de control nos impone a los parlamentarios.
Dicho esto, nada me gustaría más que el delegado instructor que pudiera
nombrarse, al esclarecer y valorar los hechos, certificase una gestión
limpia y transparente que, repito, el informe de fiscalización y no este
Diputado ha puesto, y nunca mejor dicho, en tela de juicio. Por lo tanto,
una vez examinado el informe de fiscalización correspondiente a la
Diputación de León, referido a los años 1988 a 1990, ambos inclusive, y
teniendo en cuenta lo expuesto por el Presidente del Tribunal de Cuentas
en funciones, don Ciriaco de Vicente, en la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en esta Comisión, en la reunión
del día 26 de septiembre, se reflejan una serie de irregularidades,
fallos contables, carencias y extrañas distorsiones de fechas --son
palabras literales-- de las que surgen indicios suficientes de
responsabilidad contable que dieron paso, en cumplimiento del artículo
46.1 y el artículo 16 de la Ley 7/1988, a que se pasara el informe de
fiscalización a la Sección de enjuiciamiento para que se procediera al
nombramiento de delegado instructor en los términos prevenidos en la Ley
Orgánica 2/1982 y en la citada 7/1988. Por esta razón, señorías, no se
incluye en las propuestas de actuación que presenta el Grupo Popular
ninguna petición a la Fiscalía del Estado para que inicie un proceso que
fuera más allá de la fiscalización y que sería una consecuencia de la
misma, la propuesta en cuestión ya estaría cumplida. Pero además de esta
medida, señor Presidente, señorías, creemos necesario que se adopten las
siguientes.
Primera: Que se proceda (o que nos informe; ya veremos a ver cómo queda
redactado el inciso de esta primera medida, pero ya no hago ninguna
salvedad para el resto de las mismas) por la Diputación Provincial a
arbitrar las medidas necesarias para que la elaboración y aprobación de
sus presupuestos, la rendición de cuentas, la aprobación y ejecución de
los planes de obras y servicios, planes de carreteras y demás actuaciones
sectoriales se lleven a cabo superando los retrasos detectados por el
Tribunal de Cuentas. Una brevísima justificación. Según el informe, la
Diputación ha incumplido, en los tres años analizados, los plazos
previstos por la legislación para la aprobación de los presupuestos,
puesto que la aprobación se produjo en los meses de abril y mayo del
ejercicio de vigencia de dichos presupuestos, cuando, de acuerdo con la
Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, tenían que haberse aprobado el
31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deban aplicarse,
es decir, exactamente igual que los Presupuestos Generales del Estado.
¿Tolerarían los grupos parlamentarios de esta Cámara que el Gobierno
socialista nos enviase los presupuestos para 1995 en la primavera de ese
año y que tuviésemos el debate cuando se le ocurriera a don Felipe
González? Pues eso es lo que ha ocurrido en la Diputación de León, ni más
ni menos.
Quiero recordar también que las cuentas de patrimonio de 1988 y 1989, de
rendición obligatoria, se presentaron el 18 de abril de 1991, cuando la
fecha tope para la presentación o rendición es el 1 de septiembre del año
inmediatamente siguiente. Sin comentarios. Y en cuanto a ingresos, los
mandamientos de ingresos se justifican en su mayoría únicamente con carta
de pago, lo cual entraña el quebrantamiento --son palabras del Presidente
en funciones-- del artículo 141 del Texto Refundido de la legislación
presupuestaria de 1988.
La segunda propuesta trataría de que el Tribunal de Cuentas nos informara
si la Diputación Provincial ha elaborado un inventario actualizado de
bienes y derechos de titularidad provincial, teniendo en cuenta la
depreciación sufrida por el inmovilizado y la afectación a los servicios
provinciales. Como dice la recomendación octava del informe de
fiscalización, debe establecerse también una política de amortizaciones a
aplicar en el futuro. No sé si en los años posteriores al 90 se ha hecho
o se está haciendo. Si así fuera y nos lo demostrasen, pues,
efectivamente, retiraríamos esta propuesta.
La tercera es que la Diputación Provincial adopte las medidas necesarias
para constituir el registro de contratos, contemplado en la legislación
vigente, y para mejorar el control interno de la gestión contractual,
fundamentalmente en la fase de ejecución. Los expedientes de los
contratos suscritos por la Diputación están incompletos en su mayoría y
no incluyen, en algunos casos, la documentación relativa a la ejecución
de dichos contratos. Es necesario apuntar también que en ningún
expediente de contratos de obra figura la certificación del interventor
sobre la existencia del crédito, y en cinco de los examinados no se
aporta el preceptivo informe de intervención.
Cuarta propuesta: Que nos informe el Tribunal de Cuentas si la Diputación
Provincial adapta a la normativa vigente la aprobación y publicación de
las ofertas de empleo público y el régimen de retribuciones de los
funcionarios públicos, teniendo en cuenta incluso lo dispuesto en la Ley
22/1993 que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para el año
1994.
Quinta propuesta: Que el Tribunal de Cuentas efectúe una fiscalización
selectiva y amplia de la sociedad Promotora del Suelo Industrial de León,
Prosilsa, y del Instituto de Promoción Económica de León, S. A., Ipelsa.
Son varias las irregularidades detectadas en el funcionamiento de estas
sociedades, están en el informe y ahorro a SS. SS. la atención que
pudieran dispensarme en cuanto a la repetición de estas irregularidades.
Por ejemplo, en sus presupuestos falta el PAIF, el Programa de Actuación,
Inversiones y Financiación, y otra serie de cosas que justificarían esta
fiscalización selectiva y amplia de las dos sociedades.
Concluyo, señor Presidente, señorías. En realidad, todas estas propuestas
nacen de la reclamación que el Grupo Parlamentario Popular ha venido
haciendo, en ésta y en anteriores legislaturas, proponiendo, como
recordaba el lunes pasado en esta misma Comisión, medidas tendentes al
robustecimiento de los mecanismos de control en la ejecución del gasto y,
en concreto, medidas fortalecedoras de las funciones de la intervención
en la contratación pública y en las subvenciones. Quiero recordar
--también lo dije-- que, en la lógica tensión eficacia-control, el Grupo
Popular siempre ha entendido que ha de primar el equilibrio y que no
tiene por qué decaer ninguno de ambos principios.
Se podrá decir que la mayoría de los incumplimientos detectados son de
carácter formal o naderías --por no utilizar, nunca utilizaré las
palabras pronunciadas para calificar la actuación del Tribunal o
determinados puntos del informe de fiscalización del Tribunal por el
actual Presidente de la Diputación--, pero a nadie se le escapa la
trascendencia que en materia contable tienen los requisitos formales y la
responsabilidad a que puede dar lugar su cumplimiento.
Desde esta perspectiva creemos que existe base suficiente para plantear
la exigencia de responsabilidades contables en su doble vertiente: de
juicio de cuentas y de reintegro por alcance. Dado que en este punto ya
se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas, no es necesaria, como dije al
principio de mi intervención, ninguna propuesta en este sentido.
Simplemente quiero reiterar nuestro deseo (y hablo en nombre, por
supuesto, de todos los parlamentarios del Grupo Popular, pero
especialmente de mi compañero el Senador Jaime Lobo) de que el expediente
que pudiera abrir el instructor se resolviera lo más pronto posible y sus
conclusiones demostraran que la gestión de la Diputación en esos años ha
sido, en líneas generales, clara y transparente.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra o fijación de posiciones, tiene
la palabra por el Grupo Socialista, la Senadora Fernández Rabanal.
La señora FERNANDEZ RABANAL: Voy a hacer uso de la palabra para fijación
de posición de nuestro Grupo Parlamentario, más que para un turno en
contra.
Ante los acontecimientos, como el propio Portavoz del Grupo Popular ha
reconocido ahora mismo en su intervención, por la polémica suscitada ante
este tema, me gustaría hacer una serie de matizaciones porque,
sinceramente, desde que se celebró esta Comisión la pasada semana, hoy
hace ocho días, estoy perpleja. Estoy perpleja porque veo cómo el
portavoz del Grupo Popular afirma que hoy, según un medio de
comunicación, esta Comisión nombrará un juez instructor para fiscalizar
las cuentas de la propia Diputación. (El señor Núñez Pérez: Yo no he
dicho nada.) Esto me preocupa mucho porque parece que yo no estuve en
aquella Comisión. Esto se ha venido afirmando así a lo largo de la
semana, diciendo que el Tribunal de Cuentas nombrará un juez para
investigar las anomalías de la Diputación. Estoy ciertamente preocupada.
Ahora bien, me alegra mucho que el Grupo Popular manifieste ahora mismo
su buena voluntad de hacer una enmienda transaccional, porque el criterio
de nuestro Grupo ha sido el de dejar siempre autonomía a otras
administraciones --antes lo decía mi compañero respecto a las comunidades
autónomas--, y más en estos días en que ha habido un debate muy
importante en la Cámara, pero también hay que dársela a las
administraciones locales, como en este caso son las diputaciones
provinciales. Este es el criterio de nuestro Grupo y me gustaría que
quedase constancia de ello. En ese sentido me alegran mucho las palabras
que acaba de decir S. S. en relación a que el Partido Popular está
dispuesto a aceptar esa enmienda transaccional.
Yo no recuerdo que aquí se haya dicho que las irregularidades sean tan
grandes. Recuerdo las palabras que pronunció el propio Presidente en
funciones del Tribunal de Cuentas en esta Comisión --y las recordarán
todas SS. SS.-- haciendo hincapié en los defectos formales. Creo
que esto constará así en las propias actas de esa Comisión y no como dice
el portavoz del Grupo Popular en los medios de comunicación de la
provincia de León, que son irregularidades tan gravísimas que pueden
ocultar actos delictivos. (Estoy leyendo literalmente).
Me preocupa este tipo de afirmaciones y esta nota de prensa porque es
como si los Senadores y Diputados que asistimos a la Comisión anterior no
hubiésemos estado. Esta perplejidad la he tenido toda la semana. Creo que
la recomendación que se hacía en el informe del Tribunal de Cuentas iba
dirigida, y así consta --si es que tenemos el mismo informe del Tribunal
de Cuentas el Grupo Socialista y el Grupo Popular--, a la Diputación de
Valladolid, donde casualmente no gobernaba entonces el Partido Socialista
sino el CDS y el Partido Popular.
Ante este tipo de afirmaciones, me gustaría que el portavoz del Partido
Popular pudiese decir que pueden ser malas interpretaciones de los medios
de comunicación, pero me gustaría pedir en nombre de mi Grupo que retire
la afirmación de que esta Comisión va a nombrar un juez instructor para
la fiscalización de las cuentas de la Diputación Provincial.
En otro sentido, debo reiterar, y lo dije en la última reunión de la
Comisión, algo que se ha obviado totalmente. Son dos cuestiones que me
parecen importantes, de cara a las proposiciones que el Partido Popular
nos trae a esta Comisión. Una, la necesidad de la autonomía de otras
administraciones para que no exista una intervención directa por parte de
esta Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas. Por otra
parte, en la anterior reunión de la Comisión aportaba un dato en cuanto a
las recomendaciones el 20 de junio de este año. El Pleno de la
corporación de la Diputación Provincial de León, donde está también
representado el Grupo Popular con un importante número de Diputados, por
unanimidad aprobó y dijo claramente: Cumplir y hacer cumplir las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas que se contienen en los 78
folios, 14 conclusiones y 10 recomendaciones. Es un compromiso de toda la
corporación provincial de León de un acuerdo plenario del cual se habrá
dado traslado al Tribunal de Cuentas.
Parece que los apartados primero, segundo, tercero y cuarto que propone
el Grupo Popular son transcripciones de determinadas recomendaciones que
el Tribunal de Cuentas hace a la Diputación de León y que la corporación
ya se ha comprometido a cumplir. En ese sentido, reitero la conveniencia
de que, si esta Comisión lo entiende, el Tribunal de Cuentas nos informe
sobre si se ha cumplido o no, el acuerdo, y no otro tipo de
nombramientos.
La proposición quinta, pretende, según su contenido, una fiscalización
especial, con la que nuestro Grupo no estaría de acuerdo, basados en que
ése ha sido nuestro criterio. Proponen que el Tribunal de Cuentas efectúe
una fiscalización selectiva y amplia de la Sociedad Promotora y del Suelo
Industrial de León, de Prosilsa, y del Instituto de Promoción Económica,
Ipelsa. Creemos que se pretende fiscalizar una actividad que sigue
vigente y no tenemos claro, porque no lo dice, y no estaríamos de acuerdo
con la fiscalización real. Por otra parte, no deja muy claro si
correspondería a los años 1988, 1989 y 1990. Según está redactado dice
que efectúe una fiscalización; ambas sociedades están vigentes, y si la
fiscalización tiene que ser permanente, con lo que ello representa sobre
el criterio de autonomía de creación de sociedades, legisladas según la
normativa vigente, sobre la base de esta propuesta que hace el Partido
Popular sería «per saecula saeculorum», cuestión que no me parece
oportuna, en ese respeto necesario para la autonomía de las distintas
administraciones.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: El que estoy perplejo soy yo, señora Senadora. (Un
señor Diputado: Eso siempre.) No, suelo tener las ideas bastante claras.
Nadie ha dicho, de ninguna manera ha podido decir eso. Usted me ha
enseñado un recorte de prensa, pero yo sé muy bien lo que digo , cómo lo
digo y cuándo lo digo, entre otras cosas porque sé positivamente
--conozco la legislación vigente-- que esta Comisión no puede nombrar un
juez instructor, pero el Tribunal de Cuentas sí puede proponer que se
nombre. Eso es lo que dijimos, no dijimos otra cosa, entre otras cosas
porque trasladamos íntegramente las palabras del señor Presidente en
funciones, que le paso a leer, para que no tenga ninguna perplejidad,
sino que se apoye en datos precisos. Dice sencillamente: Que, como
consecuencia de que se ha entendido por la Fiscalía del Estado ante el
Tribunal de Cuentas y --dice él-- hay que ser precisos en el lenguaje,
podía existir algún indicio suficiente de responsabilidad, en
cumplimiento del precepto por S. S. alegado --al hacer yo la pregunta--,
esto es, el artículo 46.1. y el artículo 16.7 de la Ley 7/1988, se ha
pasado por la Fiscalía a la sección de enjuiciamiento. Digamos que con
los correspondientes conocimientos se ha trasladado a los efectos de que
se proponga a la comisión de gobierno del Tribunal el nombramiento de un
agregado instructor en los términos jurídicos que la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas, etcétera.
Por tanto, no somos nosotros los que hemos hablado del agregado
instructor o del delegado instructor. Pero a mayores, señora senadora,
tengo aquí a su disposición otro documento muy importante del Ministerio
Fiscal que dice exactamente, después de examinado todo el expediente de
fiscalización: De todo lo anterior, surgen indicios suficientes de
responsabilidad contable, por lo que, en cumplimiento del artículo 46,
etcétera, se pasa a la sección de enjuiciamiento a efectos de que
proponga a la comisión de gobierno el nombramiento del delegado
instructor en los términos previstos en la Ley Orgánica, etcétera.
No somos nosotros los que hablamos del juez o delegado instructor,
insisto. Ha sido el propio Tribunal el que, en vista de los indicios de
responsabilidad, pidió que se nombrara. Eso es lo que nosotros hemos
dicho y no tenemos ninguna culpa de que se haya prescrito de la manera
que se haya transcrito. De todas maneras, como no queremos ser, ni mucho
menos, los que anulan al mensajero, tengo también que decirle que,
efectivamente, nosotros consideramos que el que en determinados
expedientes no
haya informe de intervención ni se haya pasado por la intervención
ninguna fiscalización del gasto, que determinadas irregularidades que
constan en el informe de fiscalización, tal y como se señalan allí,
merece el calificativo de grave o gravísimo. Lo repito aquí y no retiro
ni una sola palabra, no retiro el adjetivo calificativo, y eso no tiene
que molestar a nadie ni que ofender a nadie, es una calificación de la
gestión.
Los indicios dicen que esas irregularidades son gravísimas. Si se prueba
que no existieron, ¡santo y bueno! He hablado siempre para los medios de
comunicación en subjuntivo o en condicional, nunca en presente ni en
pasado. Por tanto, yo no he ofendido a nadie. Otros se han dado por
ofendidos y a nosotros sí que nos han descalificado de manera tremenda.
Por no decir cómo ha calificado las intervenciones o, mejor dicho, los
informes del Tribunal de Cuentas nada más y nada menos que el señor
Turiel, ex Presidente de la Diputación, que dice: Las irregularidades
detectadas por el Tribunal de Cuentas son chorradas. Me da vergüenza casi
decirlo; al principio de mi intervención ni lo dije.
En cuanto a la fiscalización selectiva de Ipelsa y Prosilsa, está
atacando justamente la esencia de la vida y del funcionamiento de esta
Comisión, que es quien pide al Tribunal de Cuentas que haga estas
fiscalizaciones. Por los motivos que nosotros entendemos, es el Tribunal
de Cuentas quien debe considerar nuestros motivos y quien debe considerar
los hechos que puedan dar o no lugar a una fiscalización selectiva. Pero
que no estamos nosotros legitimados para hacerlo y que pedir una
fiscalización selectiva de una empresa de la Diputación sea inmiscuirnos
en la autonomía de la Diputación es ya jugar demasiado con conceptos
sustantivos que no vienen al caso. Es el Tribunal quien lo tiene que
decidir, pero esta Comisión está perfectamente legitimada --la única,
además-- para pedirlo. Por tanto, mantenemos nuestra quinta propuesta.
En cuanto a las demás, me da igual que se minimicen diciendo que recogen
o no literal o no literalmente recomendaciones del informe de
fiscalización. Mejor, así nadie podrá descalificar ni siquiera su
redacción. Con la modificación que deja a salvo --repito-- los posibles
recelos que pudiera haber contra la autonomía de las corporaciones
locales, mantenemos en su integridad las mismas. Ustedes las votarán o
no, pero nosotros hemos cumplido con lo que creemos que es nuestro deber
de propuesta.
El señor PRESIDENTE: La señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ RABANAL: Hago uso de la palabra para tranquilizar el
debate, pues veo que el señor Núñez parece que ya no asume lo que ha
salido publicado... (El señor Núñez Pérez: ¿Cómo que no?) sus palabras,
en los medios de comunicación. En este sentido, sinceramente me
tranquiliza, porque compruebo que he estado en una Comisión en la que,
por lo menos, tenía constancia de ese tema.
También hay algo que me gustaría destacar de su contradicción. Dice que
él no ha dicho lo que ha salido publicado en los medios de comunicación,
pero da por hecho que las palabras que se publican con respecto al
Presidente de la Diputación Provincial de León son veraces. (Rumores.) A
los que soplan, por decirlo de alguna manera, les leería literalmente
algunas de sus palabras que están entrecomilladas. Por ejemplo: Indicó
que tendrá que ser el juez instructor quien determine las
responsabilidades que se deriven de estas anomalías... (El señor Núñez
Pérez: ¡Perfecto!) Penalmente, puede haber responsabilidad. (El señor
Núñez Pérez: ¡Claro!)
Yo le diría: ¿Y respecto a las palabras que ha dicho el Presidente en
funciones, señor De Vicente, y que reconoce el informe? (El señor Núñez
Pérez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Perdone, señor Presidente, tiene usted razón.
El señor PRESIDENTE: Siga, señora Fernández.
La señora FERNANDEZ RABANAL: ... y que reconoce el informe del Tribunal
de Cuentas. Indicios de responsabilidad contable, no delictiva, como ha
tenido trascendencia en los medios de comunicación. A mí me gustaría que
eso se reiterara: una responsabilidad contable. Claro que puede haber una
responsabilidad contable para quien tiene la responsabilidad de
gestionar, como es en este caso una Diputación Provincial.
Le voy a decir algo en lo que usted hace mucho hincapié. Fíjese qué
casualidad, señor portavoz del Grupo Popular; en los años 1988, 1989,
1990 y en la actualidad hay un reparto proporcional de todos los grupos
políticos --y usted lo conoce muy bien-- en las empresas Prosilsa e
Ipelsa y el Grupo Parlamentario Popular, ni los anteriores representantes
populares de la anterior legislatura ni éstos, han mostrado nunca
discrepancia alguna. En este sentido, debo reiterar nuestra voluntad. Le
invito a que sean los mismos Diputados, por respeto al funcionamiento
autónomo de la Diputación Provincial de León, en este caso --y nuestro
grupo entiende de todas--, los que exijan lo que entiendan oportuno: una
comisión de investigación o lo que les parezca. Que sea la propia
Diputación Provincial la que decida y no interferir nosotros en este tipo
de gestión que, según la redacción que ustedes han hecho, parece que se
pretende que el Tribunal de Cuentas efectúe una fiscalización selectiva.
Ni siquiera considera respecto a qué años. Y tengo que insistir en que
según está redactado. (Risas.) Tengo que mirar lo que está firmado por
escrito, para que no haya una mala interpretación de algún medio de
comunicación. Me tengo que basar en lo que estoy viendo. Les invito a que
soliciten de sus representantes allí que creen una comisión de
investigación.
Una vez más debo decirles que a lo mejor tienen ustedes más suerte que el
Grupo Parlamentario Socialista ha tenido cuando ha pedido una comisión de
investigación en las Cortes de Castilla y León para fiscalizar las
cuentas de
una empresa que gestiona la comunidad autónoma, como es el Crystaloid.
Allí no tuvimos suerte, la hemos pedido y nos han dicho que no hay
comisión de investigación. A lo mejor ustedes tienen más suerte respecto
a Prosilsa y a Ipelsa y todos nos quedamos tranquilos respecto a la
gestión de esas dos empresas.
El señor PRESIDENTE: El señor Carrera tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Intervengo para fijar nuestra posición sobre
esta propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Evidentemente, damos nuestra conformidad a los puntos primero, segundo,
tercero y cuarto, con las matizaciones que el portavoz del Grupo Popular,
señor Núñez, acepta, diciendo que queden reflejadas como sea en el
espíritu de sus manifestaciones iniciales.
Sí quiero dejar constancia de mi petición de que se vote por separado el
punto quinto. Así como con los puntos del uno al cuatro mi posición era
muy concreta, me daba toda la impresión de que nos estábamos
interfiriendo en las propias decisiones de las instituciones, en este
caso organismos provinciales, no lo veo en el punto quinto. Si hay un
grupo parlamentario que, al hacer la investigación o la fiscalización de
un organismo, en este caso de la Diputación de León, considera que hay
alguna sociedad vinculada a la propia Diputación y le da la sensación de
que pueden existir irregularidades, creo que sí tiene facultad o puede
pedir al Tribunal de Cuentas que investigue. En este sentido, me parece
correcto, no tanto que salga como resolución a este informe de
fiscalización.
Discrepo de la opinión del propio portavoz socialista de que un grupo
determinado sí puede pedir un informe de fiscalización; no lo encuentro
adaptado a este informe de fiscalización.
Por tanto, querría votación separada, entendiendo que el propio Grupo
Parlamentario Popular debería pedir, por los cauces normales, un informe
de fiscalización de esta sociedad, presentándola oportunamente, sin
necesidad de incluirla en este informe de fiscalización que hoy
debatimos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Sin entrar en otras consideraciones que no
sea la de debatir las propuestas de resolución en relación con el informe
de fiscalización de la Diputación Provincial de León, nosotros, con las
observaciones realizadas por todos los grupos y aceptadas por el Grupo
Popular, estamos de acuerdo con los puntos primero, segundo, tercero y
cuatro. No es que no estemos de acuerdo con el quinto, pero nos parece
que esta petición de informe de fiscalización en esta situación de
propuesta de resolución no pega ni con cola.
Creemos conveniente que si el Grupo Popular, en su momento, piensa hacer
una petición de fiscalización de estas sociedades lo puede hacer en el
momento procesal oportuno y ya lo veremos.
Repito que estamos totalmente de acuerdo con los puntos primeros,
segundo, tercero y cuarto. En contra, en este momento, del quinto.
El señor PRESIDENTE: Antes de someter a votación las propuestas, hago la
siguiente consideración al autor de las mismas. En este sentido, sería:
Se insta al Tribunal de Cuentas para, punto primero, que requiera a la
Diputación Provincial a arbitrar las medidas, y el resto igual; segundo,
solicite de la Diputación Provincial proceda a elaborar un inventario
actualizado; tercero, exija la adopción de las medidas necesarias para
constituir el registro de contratos, etcétera; y el cuarto, que solicite
de la Diputación la adopción a la normativa vigente para la aprobación y
publicidad de las ofertas de empleo. Así serían sometidas a votación,
siempre referidas a solicitudes al Tribunal de Cuentas para que se dirija
a la Diputación Provincial de León a requerimiento de esta Comisión. ¿De
acuerdo? (Pausa.) ¿Está conforme el Grupo Socialista en estos términos?
(Asentimiento.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión
de orden.
El señor PRESIDENTE: El señor Núñez tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, primero quiero decir que estoy de
acuerdo con la redacción que ha dado el señor Presidente a nuestras
propuestas. Y, segundo, una cuestión de orden y es la siguiente: por lo
manifestado por los portavoces de los grupos parlamentarios de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Convergència i Unió parece que se trata
en la quinta resolución de algo que no tiene causa en el informe de
fiscalización y a las dos sociedades se refieren las páginas 74 y 77 del
informe que debatimos. Por tanto, sí tiene razón de ser que figuren
dentro del grupo de estas propuestas. Lo digo a efectos de que consideren
su voto, si es que ésa era la dificultad que tenían.
El señor PRESIDENTE: Soy consciente de que los dos portavoces de los
diferentes grupos asistieron a la reunión de la semana anterior y conocen
los términos en que el Presidente en funciones explicó el Informe.
Vamos a someter a votación los puntos 1, 2, 3, y 4, con las correcciones
expresadas anteriormente.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. Votamos el punto 5 de
la propuesta de resolución.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos favor, 13; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
--INFORME APROBADO POR EL PLENO DEL CITADO TRIBUNAL, AL DIA 31/05/94,
RELATIVO A LA FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, EJERCICIO
1991. (Número de expediente Congreso 251/000045 y número de expediente
Senado 771/000044.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día, referido a
las propuestas del resolución presentadas al Informe del Tribunal de
Cuentas del Instituto Nacional del Consumo.
Para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Yo creo que el texto de la propuesta de
resolución presentado por el Grupo Popular y las propuestas que acabo de
conocer presentadas por el Grupo Socialista tienen una evidente
coincidencia, hasta el extremo de que las únicas diferencias serían casi
de tipo semántico, aunque a lo mejor este turno de presentación sirve
precisamente para resolverlas.
En primer lugar, nosotros pedíamos que la Comisión hiciera suyas tanto
las recomendaciones como las conclusiones, para no cuestionar la calidad
última del texto del Tribunal. Ciertamente, la redacción del Grupo
Socialista parece que lo reduciría y como estoy seguro de que en el
sentir del Grupo Socialista está dar por bueno el trabajo realizado por
el Tribunal, supongo que cobrará sentido esta brevísima intervención.
En segundo lugar, no hay nada que oponer a que la información que se
requiere, tanto para el conocimiento posterior del cumplimiento de las
recomendaciones como para esa pieza separada de la conclusión 3,1,b) 5,
se haga por el cauce más oportuno, pero que se haga.
Quiero decir con ello que tal vez la redacción que proponía nuestro Grupo
hacía énfasis en un seguimiento más continuado, pero la redacción que
propone el Grupo parlamentario Socialista puede suscitar la duda de una
información tal vez un poco más dilatada, aunque sin perjuicio de que
fuese completa cuando finalizasen las actuaciones.
Como entiendo que ambas diferencias no son sustantivas, que se da por
bueno el trabajo realizado por el Tribunal y que es lógico conocer desde
la Comisión el grado de cumplimiento de las recomendaciones y el
resultado de esa pieza separada, en la que yo no entraré ahora para no
crear tal vez otra polémica como la que hace escasos momentos se ha
suscitado, de responsabilidades o de imputaciones, creo que, en sus
propios términos, no habría inconveniente en votar también, por decirlo
así, la propuesta de resolución del Grupo parlamentario Socialista o, en
este mismo trámite o trance, entender que se produce una transacción,
subsumiendo sin ningún inconveniente nuestras propuestas en el texto
presentado por el Grupo parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno, para la defensa de sus propuestas.
El señor GIMENO MARIN: Coincido en lo fundamental con lo que ha dicho el
portavoz del Grupo Popular.
Mi propuesta, aunque sea dar trabajo a la Mesa, como creo que el
contenido de fondo es el mismo, sería dejar que ésta hiciera una
síntesis, porque si no tendríamos que decir a todas que sí. Se trata de
no ofrecer en estos momentos transacciones que no tendrían mayor interés
ni mayor dificultad, posiblemente.
Por eso, dejaría a la Presidencia o a esa Mesa que articule la fusión de
ambas, puesto que a lo mejor la número dos no está incluida en la
propuesta que ha presentado el Grupo Popular, pero yo creo que tampoco es
incompatible con el espíritu de lo que él ha dicho.
Si le parece a la Presidencia, se acepta esa posibilidad y si no
tendríamos que hacer el esfuerzo de buscar la redacción conjunta. Yo
delegaría en la Mesa y en el letrado.
El señor PRESIDENTE: Por parte de la Presidencia no hay inconveniente
alguno. Efectivamente, entiendo que hay un consenso y, por tanto, se
pueden votar todas. Unicamente habrá que hacer una redacción de estilo
para no reiterar peticiones o declaraciones.
El señor GIMENO MARIN: Totalmente de acuerdo, señor Presidente. Ha
entendido perfectamente nuestra petición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Queremos dar nuestra conformidad a lo manifestado en este informe de
fiscalización, entendiendo que debe respetarse el espíritu de las
propuestas presentadas por los dos grupos, Socialista y Popular. Si se
respeta este espíritu, no habrá, repito, ningún inconveniente por parte
de nuestro Grupo en que la redacción final quede en manos de la propia
Mesa de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Nosotros vamos a votar la fusión. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por ese apoyo a la fusión, señor
González.
No habiendo más debate sobre este tema, se someten a votación, en primer
lugar, las propuestas presentadas por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las propuestas presentadas por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan también aprobadas por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
REFERIDO A LOS EJERCICIOS DE 1991 Y 1992. (Número de expediente Congreso
251/000046 y número de expediente Senado 771/000045.)
El señor PRESIDENTE: El punto cuatro del orden del día, referente a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene también presentadas
propuestas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Para la defensa de sus propuestas, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: La propuesta de resolución que presenta mi Grupo
referida al informe de fiscalización que sobre la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en los ejercicios 1991 y 1992 realizó el Tribunal de
Cuentas consta de dos puntos.
En el primero hemos pretendido como bien dice el texto, hacer de la
Comisión las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el
informe de fiscalización del Instituto Nacional del Mercado de Valores,
ejercicios 1991 y 1992, por aquello de que el Tribunal de Cuentas debe
tener el refrendo de esta Comisión para que sus recomendaciones surtan
efecto.
En el punto segundo, queremos que esta Comisión inste a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para que esa institución se provea del
personal que le permita realizar con la debida eficacia la labor
preventiva que le pueda llevar a detectar las posibles deficiencias en
las entidades sometidas a su supervisión, antes de que éstas sean de
difícil subsanación. Hay que recordar a SS. SS. que en la comparecencia
del Presidente en funciones del Tribunal de Cuentas de la semana pasada,
cuando esta misma Diputada le preguntó sobre el contenido de la
recomendación número 9, el propio Presidente insistió en que el texto era
claro y, efectivamente, dado el número de entidades a supervisar, el
volumen de fondos y las operaciones que realizan, el personal dedicado a
estas tareas parecía claramente insuficiente.
Además, el propio Presidente en funciones, tal y como quedó comprometido
en esta Comisión, ha remitido a esta Diputada un escrito en el cual
amplía la información sobre este asunto y, entre otras cuestiones, dice
que cuando el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto la necesidad de
potenciar los efectivos, siempre se ha referido al personal de las
divisiones que realizan las visitas a las sedes de las entidades, que es
la labor preventiva que puede llegar a detectar las deficiencias cuando
la importancia de las mismas puede ser fácilmente subsanable. Y termina
diciendo que es evidente que la falta de personal dedicado a las tareas
de supervisión ha limitado la capacidad de la Comisión en detectar las
deficiencias cuando éstas están en una fase inicial. Como entendemos, y
así nos lo ha demostrado la experiencia, que la labor de la Comisión debe
ser detectar las irregularidades o insuficiencias en fase inicial
--porque realmente cuando están en una fase posterior mala solución tiene
ya el asunto, y todos tenemos en nuestra memoria un famoso caso que
incluso ha dado origen a una comisión de investigación en esta Cámara--,
mi Grupo trae aquí este segundo punto de propuestas de resolución.
Al mismo tiempo, señor Presidente, como hay una propuesta de resolución
referida a este mismo punto presentada por el Partido Socialista, no sé
si es el momento de que yo...
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Diputada, tiene la palabra para fijar
posición al respecto.
La señora RUDI UBEDA: Solamente quiero decir que la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Socialista no recoge las
recomendaciones del Tribunal --quizá ha habido un fallo en la
redacción--, sino que recoge, por una parte, la primera conclusión del
Tribunal y, luego, dice que hace suyas las recomendaciones, que es un
apartado distinto.
Yo diría al Grupo Socialista que, de la misma manera que de una forma
textual recoge la primera conclusión, que es la que dice que los estados
financieros de la Comisión Nacional representan adecuadamente la
situación financiera, recogiera de manera explícita, exactamente igual,
las conclusiones, de la segunda a la undécima, donde el Tribunal pone de
manifiesto determinadas insuficiencias de la Comisión Nacional.
Por lo tanto, yo le rogaría que o bien desaparezca la primera o que se
incluyan todas, porque, si no, lo que se da es una imagen distorsionada
de la realidad al haber mezclado conclusiones con recomendaciones. (El
señor Gimeno Marín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Gimeno, tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: He oído en la intervención de la portavoz del
Grupo Popular que se le han remitido unas aclaraciones. Quiero preguntar
si la Mesa tiene conocimiento de esas aclaraciones.
El señor PRESIDENTE: No. Por lo menos, hasta hoy no he recibido ningún
documento posterior.
El señor GIMENO MARIN: Lo digo simplemente porque me parecería
conveniente que las aclaraciones llegaran a través de la Mesa, entre
otras cosas para que los distintos grupos podamos mejorar el texto de
nuestras propuestas de resolución. Sólo lo digo por eso, señor
Presidente. (La señora Rudi Ubeda entrega a la Presidencia una carta.)
El señor PRESIDENTE: La carta tiene fecha 29, fue posterior a la reunión,
y por lo menos en la Comisión no ha tenido entrada.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, quiero aclarar, tanto a la
Comisión como al Grupo Socialista, que a mí este escrito me llegó con un
tarjetón del Presidente en funciones del Tribunal de Cuentas, señor De
Vicente. Yo no sé si ha seguido otro camino. Yo la había solicitado
personalmente, pero yo no sé si ha llegado a la Comisión o no. Pero,
insisto, me llegó la semana pasada. Debo reconocer que el señor De
Vicente ha sido presto y diligente en el cumplimiento de mi petición,
porque la semana pasada, a los dos días de estar él aquí, me llegó con un
tarjetón suyo.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, no dudo de la presteza ni de la
diligencia del Presidente en funciones del Tribunal, por supuesto, pero
era el interés de este Grupo que si se hace a través de la Comisión a lo
mejor los demás grupos tenemos más capacidad de mejorar nuestras
propuestas de resolución.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la propuesta de resolución y
opinión con respecto a la del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pérez.
El señor PEREZ GONZALEZ: Voy a defender la propuesta de resolución que,
como decía la representante del Grupo Popular, tiene dos partes: En la
primera, con arreglo a las propias manifestaciones del Tribunal, se dice
que las cuentas representan adecuadamente la situación financiera de
conformidad con los principios y criterios contables. Y una segunda parte
en la que el Grupo Socialista hace suyas las propias recomendaciones del
Tribunal de Cuentas para la mejora de la gestión.
En términos similares, el primer punto del Grupo Popular hace suyas las
recomendaciones formuladas.
Yo quería también, aceptando el espíritu del segundo punto del Grupo
Popular, hacer una oferta de una transaccional más en el estilo literario
y de una conceptuación más restringida, y la voy a leer, porque eso
evitaría tener que explicar prolijamente mi propuesta.
El segundo párrafo de nuestra propuesta, dando satisfacción al segundo
del Grupo Popular, diría: Especialmente se insta a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores para que se provea del personal necesario que le
permita realizar con la debida eficacia las tareas de supervisión
asignadas al Instituto.
Hago ya una pequeña explicación en el sentido de que creo que, tal como
formula sus recomendaciones en la letra y en el espíritu el propio
Tribunal, no abunda en otras cuestiones más prolijas sobre premuras,
adelantamientos, etcétera. Por eso creo que esto puede dar satisfacción
porque en la cuestión fundamental, que es proveer personal para la
supervisión, se da plena satisfacción, y, respecto de las causas ya más
alambicadas, en mi opinión, quedan más sucintas en la propuesta del Grupo
Socialista. Por tanto, si el Grupo Popular acepta, quedaría en un solo
párrafo, el primero literalmente el del Grupo Socialista y el segundo
comenzaría con «especialmente».
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Empiezo por el final. Respecto a la última oferta
del Grupo Socialista, debo decirle que el texto presentado por mi Grupo
es prácticamente copia de la opinión del Tribunal, que me ha llegado a
mí, pero veo que esto va dirigido al excelentísimo señor Presidente de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, con lo cual supongo que el señor De Vicente, además de
mandármelo a mí, lo ha enviado por el conducto ordinario, porque lleva el
sello de salida del Tribunal.
En este folio y medio lo que explica el Tribunal es que no es necesario
ampliar el personal para todas las labores de inspección, sino solamente
para las que hace referencia y que yo prácticamente he transcrito en esta
propuesta. Pero vuelvo a decir al Grupo Socialista que, en concordancia
con la opinión del Tribunal, quedaba más acotado el texto de mi
propuesta. No voy a hacer cuestión de principio el que salga la mía, pero
insisto en que creo que es mucho más concreta y además mucho más ajustada
a la opinión del Tribunal.
Respecto a la sustitución del primer punto de nuestra propuesta por la
suya, debo decirle, señor Pérez, que en la suya se están mezclando peras
y manzanas, por lo cual yo le pediría que las separe, o por lo menos
pediría votación separada de las últimas líneas, porque están mezcladas
las conclusiones con las recomendaciones. Yo le voto las conclusiones,
pero si me pone todas, de la primera a la undécima. Es decir, si en este
momento transaccionamos y ustedes, en su propuesta, recogen las once
conclusiones que plantea el Tribunal con respecto a la Comisión Nacional
y luego hace suyas las recomendaciones, yo se lo voto a favor. Ahora
bien, si sólo me pone una conclusión, yo no se lo puedo votar a favor por
cuanto se da una visión parcial.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PEREZ GONZALEZ: Para mayor claridad, yo propondría hacer suyas
todas las recomendaciones del Tribunal, las once. Referente a la primera
parte de la propuesta, nos parece importante que quede constancia de que
el Instituto ha recibido el aprobado respecto de los estados financieros.
En cuanto a la segunda parte, la señora Rudi tiene libertad para
considerar que es una obviedad o puede tener mayores o menores libertades
haciendo suyas todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para la
mejora de la gestión. No excluimos ninguna y abundamos más, pues decimos
que especialmente instamos a proveer personal en las tareas de
supervisión. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rudi para un turno muy
breve.
La señora RUDI UBEDA: Para un turno de aclaraciones.
Señor Presidente, sigo insistiendo en que el informe del Tribunal lleva
al final un apartado de conclusiones y otro
de recomendaciones, que son los apartados séptimo y octavo del informe.
La primera conclusión es la que se ha transcrito en la propuesta del
Grupo Socialista, pero es que después hay diez conclusiones más que no se
recogen ni se hacen suyas, luego ustedes lo que hacen suyo son las
recomendaciones.
Insisto en que mi Grupo está dispuesto a votar favorablemente su
propuesta, siempre y cuando no aparezca sólo una conclusión, sino las
once y si no, ninguna.
Resumiendo, señor Presidente, y de cara a la votación, como me imagino
que el Grupo Socialista no va a recoger las once conclusiones, porque
aunque ahí se matiza efectivamente los estados de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, los estados financieros, representan
adecuadamente su situación, sin embargo luego hay diez conclusiones más
en las cuales se indican algunas incidencias que afectan a estos estados
financieros, si no las van a recoger, señor Presidente, yo rogaría que se
sometiera a votación la propuesta del Grupo Parlamentario Popular con el
punto primero tal y como nosotros lo hemos planteado, y en el punto
segundo con la enmienda transaccional que ofrece el Partido Socialista.
Podremos votar y cada uno apoyar lo que considere más adecuado. O sea,
transaccionaríamos el segundo punto.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez, le ruego que me aclare, porque en su
momento no tomé nota, la modificación que propone al punto segundo de la
propuesta del Grupo Popular.
El señor PEREZ GONZALEZ: Vuelvo a leer el texto. El segundo punto que es
el afectado, dice: Especialmente se insta a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para que se provea del personal necesario que le
permita realizar, con la debida eficacia, las tareas de supervisión
asignadas al Instituto. En esto hay acuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Al Instituto?
El señor PEREZ GONZALEZ: O a la institución, como quieran. De hecho, en
la propuesta del Partido Popular se le llama Instituto Nacional del
Mercado de Valores.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Pérez, al no tener el texto escrito
aquí, le ruego que lo precise.
El señor PEREZ GONZALEZ: Dice así: «... que permita realizar con la
debida eficacia las tareas de supervisión asignadas a la institución.»
Mantenemos en su totalidad nuestra propuesta como primer párrafo tal como
figura en el texto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, propuesta presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, se somete a votación la propuesta número 1, presentada
por el Grupo Popular.
¿Se pueden someter a votación conjuntamente la número 1 y la número 2?
La señora RUDI UBEDA: Por parte del Grupo Popular, sí, pero me temo que,
por parte del Grupo Socialista, no. Yo rogaría que se sometan a votación,
por una parte, el punto primero y, por otra parte, el punto segundo, que
es la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Punto primero de la resolución presentada por el
Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto segundo de la propuesta del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
VALLADOLID, REFERIDO A LOS AÑOS 1988 A 1990. (Número de expediente
Congreso 251/000047 y número de expediente Senado 771/000046.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5, último del orden del día:
Propuestas de resolución referidas a la Diputación Provincial de
Valladolid.
Se han presentado dos propuestas por el Grupo Popular, de las cuales, la
segunda no ha sido admitida a trámite, y otra presentada por el Grupo
Socialista.
Para la defensa de la presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra
la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, inicio mi intervención pidiendo
perdón porque no estaba presente, según me dicen, cuando se ha comunicado
por parte de la Mesa que no había sido admitida a trámite la segunda
propuesta. Si es posible, me gustaría que se me informara.
El señor PRESIDENTE: Han sido informados los portavoces de los grupos de
la decisión de la Mesa, puesto que, efectivamente, estamos tratando de un
informe referido a la Diputación Provincial de Valladolid, y el punto
segundo se refiere a que el Tribunal de Cuentas manifieste una opinión
cualificada sobre la situación de las corporaciones locales en términos
generales, tanto ayuntamientos como diputaciones. En este sentido, quiero
informarle, señora Rudi, que el Tribunal de Cuentas está manifestando esa
opinión en todos los informes anuales sobre los grados de incumplimiento;
ayuntamientos
y diputaciones que reiteradamente incumplen los plazos de presentación de
las cuentas. Incluso para cualquier análisis actual de la situación nos
podemos remitir al informe de la cuenta de 1990 o al próximo que va a
llegar, de la cuenta de 1991. Por eso, como no era un tema específico
referido a la Diputación Provincial de Valladolid, estimamos que no
procedía.
Tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Respecto a ese asunto, solamente aclararle una
cuestión. En los informes de las cuentas generales viene detallado un
muestreo de los entes locales. Con esta propuesta de resolución no se
pretendía que nos mandaran un listado ente local por ente local, pero nos
estamos encontrando en los sucesivos informes que nos mandan, y por eso
precisamente lo habíamos incluido como propuesta de resolución, con que
los entes locales, casi todos, adolecen de las mismas vamos a llamar si
no irregularidades sí problemas generalizados en la contabilización, en
sus contabilidades.
Desde este Grupo se ha entendido que era una labor importante que de la
misma manera que el Tribunal de Cuentas, en ocasiones, nos ha hecho
llegar de «motu proprio» su opinión sobre la contabilización de los
Presupuestos Generales del Estado y nos ha mandado mociones sobre control
de gasto público y otras cuestiones, repito que era interesante que de la
misma manera, no ente local por ente local, el Tribunal de Cuentas, tras
formar opinión, nos remitiera a esta Cámara, en concreto, una moción en
la que se contuviera su autorizada opinión sobre las medidas técnicas que
hubiera que tomar en general, deducidas, insisto, del conocimiento que le
da su labor de fiscalización. En cualquier caso, si la Mesa no lo ha
admitido, esta diputada es respetuosa con sus decisiones.
Solamente intervendré 30 segundos más para decir que en este ánimo de
reconocer algo que es obvio porque está contenido en la Ley, que los
entes locales están sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y
que nada tiene que ver y en nada se les merma su autonomía, lo que hemos
contemplado en esta primera propuesta de resolución es dar el respaldo a
las recomendaciones que el Tribunal hacía con respecto a la diputación de
Valladolid.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al Grupo Socialista para la
defensa de su propuesta de resolución, quiero recordarle que,
efectivamente, esa opinión del Tribunal de Cuentas se viene manifestando
en todas las cuentas anuales. Y yo coincido con usted, porque también he
sido portavoz del Grupo Socialista, en los reiterados incumplimientos que
muchas corporaciones locales mantienen con respecto a la aprobación,
rendición y control de sus cuentas. Es más, en la cuenta de 1990, en el
informe de memoria anual el Tribunal de Cuentas --está a disposición de
todos ustedes, y yo creo que cada Grupo habrá recibido el suyo-- existe
una amplísima documentación, que obra en la Comisión, un amplio informe
efectuado por el Tribunal de Cuentas, comunidad por comunidad, sobre los
diferentes ayuntamientos, y en esa documentación amplísima, como digo,
que ocupa más de 10 ó 12 carpetas, hay información más que suficiente
para todos los diputados que quieran hacer un seguimiento, un control y
promover cuantas iniciativas políticas tengan a fin de corregir y
solucionar el problema de la rendición y aprobación de las cuentas de las
corporaciones locales.
Por el Grupo Socialista, y para la defensa de su propuesta de resolución,
el señor Agudíez tiene la palabra.
El señor AGUDIEZ CALVO: Intervengo muy brevemente también para decir
desde aquí que aceptamos la primera resolución que ha presentado el Grupo
Popular al hacer suyas, como no podía ser por menos, así como el resto de
los grupos, las propuestas de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, en nuestra propuesta de resolución lo único que hacemos
es instar al Tribunal de Cuentas para que informe a esta Comisión Mixta,
cuando lo estime oportuno, sobre los resultados que se produzcan con
respecto a la conclusión número 6 del informe que nos remitió el propio
Tribunal de Cuentas relativo a la justificación solicitada a la
diputación de Valladolid y al Ayuntamiento de Laguna de Duero, en la que
parece que hay indicios racionales de delito contable, y por eso ha sido
tramitada al órgano judicial competente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Blázquez
tiene la palabra.
El señor BLAZQUEZ GONZALEZ: Vamos a votar favorablemente la propuesta de
resolución del Grupo Socialista y la propuesta de resolución del Grupo
Popular, puesto que se ha retirado, al no haber sido aceptado por la
Mesa, el apartado 2. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, tiene la palabra.
La señora RUDI UBEDA: Voy a hacer una referencia, que no he hecho antes,
al texto de la propuesta del Grupo Socialista. El Grupo Socialista, en el
texto de su propuesta --y adelanto que lo vamos a aprobar--, solicita que
nos informe el Tribunal de Cuentas sobre el punto número 6. Dicho número
6 dice que no consta justificación suficiente en el Servicio Provincial
de Recaudación de la data de los valores pendientes de cobro en el
Ayuntamiento de Laguna de Duero por importe de 57 millones de pesetas. Y
dice que se ha instado a ambas partes la aportación de una mayor
justificación documental sobre este extremo. Si este requerimiento no
diera resultado, se trasladarán las actuaciones a la Sección de
Enjuiciamiento.
Solamente quiero dejar constancia de una cosa con respecto a las palabras
del portavoz socialista: no se ha dicho todavía que se han iniciado
trámites de juicio de cuentas; dice que si no son suficientes, se
remitirá a la Sección de Enjuiciamiento. Sólo quiero matizar que, como al
principio de la Comisión ha habido un debate sobre estos asuntos, en este
momento ustedes están hablando de un juicio cuando todavía ni tan
siquiera se ha abierto. El portavoz de mi Grupo de lo que hablaba era ya
de un juicio de cuentas abierto.
El señor PRESIDENTE: Señor Agudíez, tiene la palabra.
El señor AGUDIEZ CALVO: Efectivamente, estaba yo en la línea de lo que ha
comentado usted, pero, si mal no recuerdo (yo no tengo aquí el acta de la
Comisión celebrada la semana pasada), en el preámbulo que hizo el señor
Presidente en funciones del Tribunal de Cuentas especificaba que se había
iniciado ya.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las propuestas.
En primer lugar, la propuesta presentada por el Grupo Popular relativa a
la fiscalización de la Diputación Provincial de Valladolid.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Concluido el punto último del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.