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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 28, de 07/04/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 28
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 5
celebrada el jueves, 7 de abril de 1994,
en el Palacio del Congreso de los diputados
ORDEN DEL DIA:
Propuestas de Resolución sobre los siguientes asuntos:
--Informe de fiscalización relativo a la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, ejercicios 1981 a 1990. (Números de expediente Congreso
251/000021 y Senado 771/000021) (Página 556)
--Moción derivada de la actividad fiscalizadora sobre la aplicación de
los principios generales presupuestarios en las modificaciones de los
créditos de los Presupuestos Generales del Estado. (Números de expediente
Congreso 251/000022 y Senado 771/000023) (Página 560)
--Dictamen sobre la Cuenta General del Estado referida al ejercicio de
1990 y Declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de 1990.
(Números de expediente Congreso 250/000003 y Senado 770/000002)
(Página 563)
--Informe de fiscalización realizado al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas referido al ejercicio de 1990. (Números de
expediente Congreso 251/000023 y Senado 771/000022) (Página 577)
--Informe de fiscalización «Análisis de la gestión de los deudores por
prestaciones económicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social».
(Números de expediente Congreso 251/000024 y Senado 771/000025)
(Página 579)
--Informe de fiscalización de la adjudicación de 70.000 toneladas
métricas de azúcar por el Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y
Precios Agrarios (FORPPA) en 1984 a la Sociedad IFCO-INTERMUN. (Números
de expediente Congreso 251/000026 y Senado 771/000024) (Página 580)
--Informe de fiscalización del Banco de España, correspondiente a los
ejercicios de 1989, 1990 y 1991. (Números de expediente Congreso
251/000037 y Senado 771/000036) (Página 582)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados, señoras y
señores Senadores.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, con la siguiente modificación, a petición de
algunos grupos, del orden del día que figura en su poder.
En primer lugar, el dictamen sobre la Cuenta General del Estado, dado que
se están celebrando reuniones de Mesa y de otras comisiones, este punto
quedará pospuesto a otro momento de la sesión de hoy, aproximadamente
hacia las doce menos cuarto, para dar tiempo a que las personas que
llevan estos temas puedan incorporarse a la Comisión.
PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
--INFORME DE FISCALIZACION RELATIVO A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENENDEZ PELAYO, EJERCICIOS 1981 A 1990. (Números de expediente Congreso
251/000021 y Senado 771/000021.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a dictaminar las propuestas de resolución
sobre los siguientes asuntos: Informe de Fiscalización relativo a la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de los ejercicios
correspondientes desde 1981 a 1990.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, acabo de ver que viene la señora
Rudi, del Grupo Popular, y mi grupo, si fuera posible, preferiría que se
mantuviera el orden de que primero se tratara el asunto de la Cuenta
General del Estado del ejercicio de 1990, si el Grupo Popular no tiene ya
inconveniente.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, hay otro grupo que también había
pedido este cambio.
La primera propuesta de resolución que vamos a determinar es la referida
--como he dicho-- a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Hay
presentadas propuestas de resolución por el Grupo Popular y por el Grupo
Socialista.
Para la defensa de las resoluciones presentadas por el Grupo Popular, el
señor Utrera tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular al informe de fiscalización de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo toman en consideración parte de la premisa
básica de que, esta Universidad, durante algunos años tuvo problemas
importantes en el registro, en la contabilización adecuada y, en
definitiva, en la adecuación de su gestión presupuestaria y
administrativa a las funciones que tiene encomendadas, pero hay que
extrapolar, hay que generalizar los defectos apreciados en esta
Universidad a todo el sistema público educativo universitario y también,
incluso, haciendo un esfuerzo de generalización aún mayor, extenderlo a
todo el sistema educativo público en general. Por ello precisamente la
primera de estas resoluciones propone que se elabore por parte del
Gobierno, durante el año 1994, un plan sectorial de contabilidad
aplicable a los establecimientos docentes públicos que permita conocer la
verdadera situación patrimonial, la naturaleza de las operaciones y el
coste preciso por puesto docente de cada una de las categorías de las
enseñanzas prestadas por el sistema público educativo español. Pensamos
que, junto a los problemas de administración y de gestión de estos
organismos, entes e instituciones públicas, también habría que dar un
paso más e intentar valorar el coste que supone para los Presupuestos del
Estado la educación en términos individualizados para, en ese caso, poder
prestar atención y poner en marcha medidas adecuadas de corrección de las
desviaciones de coste que se están produciendo en algunos centros.
En los demás casos las resoluciones números 2, 3 y 4 especifican y tratan
de detallar algunas de las propuestas y de las críticas que formula el
Tribunal de Cuentas en su informe a la propia gestión de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. En concreto en la segunda propuesta de
resolución se exige que se detallen, que se especifiquen, con más rigor
todavía dentro de ese plan contable, las cuentas relativas a los
inventarios, concretamente las valoraciones extracontables del inventario
y las cuentas de dotaciones para amortizaciones de esos activos, para
poder determinar en cada momento el grado de conservación y adecuación de
los activos educativos públicos.
La tercera propuesta de resolución, derivada del problema detectado por
el Tribunal de Cuentas en la gestión de tesorería de esta Universidad,
propone que se centralice la tesorería de los establecimientos docentes
en cuentas autorizadas, no pudiéndose realizar gasto alguno sin la
correspondiente aplicación contable y presupuestaria. Pensamos que este
extremo es de gran importancia por cuanto se ha convertido en práctica
corriente realizar el gasto sin aplicarlo a presupuestos e incluso
demorando algunos años (no ya meses, no ya un ejercicio, sino algunos
ejercicios), la aplicación presupuestaria de gastos realizados. Pensamos
que esto, tanto en las universidades, tanto en el sistema educativo
público, como en toda la Administración, en toda la gestión
presupuestaria, es un principio que ha de recogerse con nitidez a partir
de este ejercicio 1994 para que no se reproduzca la situación que en el
año 1993 ha llevado a que el déficit público se duplique en términos
presupuestarios, en gran parte como consecuencia del reconocimiento de
obligaciones, de gastos ya satisfechos que no habían sido incluidos en
contabilidad presupues-taria.
Por último, en la cuarta resolución siguiendo una recomendación del
Tribunal de Cuentas se insta al Ministerio de Educación y Ciencia para
que adecue su nivel de vigilancia al grado de cumplimiento que en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo se realice gradualmente sobre
las recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización del propio
Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para la defensa de sus propuestas
y, en todo caso, para fijar su posición respecto a las presentadas por el
Grupo Popular, la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Las propuestas de resolución del Grupo Socialista creemos que recogen de
forma bastante eficaz todas las recomendaciones que hace el Tribunal de
Cuentas en su informe, no sólo desde la óptica de lo que es toda la
gestión económica-administrativa y de registro contable, sino que
también, y es importante, recogemos en estas propuestas de resolución dos
aspectos que están incardinados con los anteriores: el que afecta al
Ministerio de Educación y Ciencia como responsable de la tutela de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo para que efectúe un seguimiento
eficaz, pero no sólo en el cumplimiento de las medidas y de las
recomendaciones que hoy estamos estudiando y que fueron objeto de debate
en la pasada Comisión Mixta, sino también, y creemos que esto es
importante, porque requerimos del Ministerio de Educación y Ciencia que
ponga a disposición de la Universidad todos los medios necesarios para el
cumplimiento de los altos fines educativos y culturales de esta
Universidad, medios no sólo de tipo presupuestario, sino también de tipo
estructural y personal, según fue objeto de debate en la anterior
Comisión.
Desde esta doble óptica, hay un último aspecto que también creemos
importante, y es el relativo a exigir del Ministerio de Economía y
Hacienda y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que verifiquen
que se cumplan realmente por parte de la Universidad todas aquellas
obligaciones de carácter tributario y de Seguridad Social que hasta ahora
no se han cumplido con eficacia y, sobre todo, que se arbitren medidas
para que se actualicen esos problemas que hasta ahora ha tenido en
algunos aspectos la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Desde esta óptica, mi grupo está en disposición de hacer una oferta al
Grupo Popular que consistiría en lo siguiente. A las propuestas de
resolución números 1 y 2, del Grupo Popular, ofrecemos una enmienda
transaccional en el sentido de instar al Gobierno para que, en el marco
de sus competencias, estudie la posibilidad de establecer un plan
sectorial de cuentas para las universidades que se adapte a sus
características y circunstancias. Entendemos que esta transaccional
recoge, como ya hemos hablado en otra ocasión, del resto de las
universidades públicas, los aspectos específicos de las universidades en
cuanto a los registros contables y, consecuentemente, podría resolver
ciertos problemas. Las propuestas números 1 y 2 son específicas, pero
creemos que quedan mejor recogidos en esta transaccional.
Respecto a la propuesta de resolución número 3, del Grupo Popular,
relativa al Ministerio de Educación y Ciencia, estaríamos en disposición
de aceptarla, aunque creemos que las propuestas de resolución de nuestro
grupo recogen no sólo este aspecto que citábamos antes de hacer un
seguimiento del cumplimiento de la normativa, sino que, y es importante,
creemos más completa la recomendación de la propuesta de mi grupo, en
tanto que, además, habla de poner a disposición de la Universidad los
medios, los recursos presupuestarios, humanos, etcétera. Estaríamos en
disposición de aceptar --por resumir-- la tercera y ofrecer una
transaccional a las números 1 y 2.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pleguezuelos.
Entiendo, en todo caso, que la transacción no afecta a la propuesta que
viene sin número, pero que se refiere a una petición al Ministerio de
Educación y Ciencia como responsable de la tutela. ¿Esa permanecería en
vigor?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, permanecería en vigor.
Entendemos que es más completa. Si el Grupo Popular no retira su
propuesta número 3, creemos que está englobada y la Mesa resolverá la
redacción final. Pero estaríamos en disposición de atender lo que tiene
que decir el Senador Utrera al respecto.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de réplica, el señor Utrera
tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Si no he entendido mal, lo que se nos pide es que
retiremos nuestra propuesta de resolución número 3 en favor de esta
transaccional. (La señora Pleguezuelos Aguilar: No.) No. La transaccional
se refiere a nuestras propuestas de resolución números 1 y 2; la tercera
sería retirada porque la cuarta, efectivamente, va incluida en una
propuesta de resolución del Grupo Socialista.
Nosotros defendemos la propuesta de resolución número 3 por cuanto
consideramos que ambos principios, la centralización de la Tesorería en
cuentas siempre autorizadas y fundamentalmente el que no pueda realizarse
gasto alguno en las universidades (que, como digo, es una propuesta de
resolución que luego aplicamos también a otros informes que veremos hoy
del Tribunal de Cuentas); el que no pueda realizarse gasto alguno
--repito-- sin la correspondiente aplicación contable y presupuestaria,
exigiendo unos plazos muy cortos de tiempo para que esa aplicación se
realice y evitar esa práctica que yo diría poco ortodoxa y, desde luego,
contablemente muy peligrosa que supone realizar gastos sin aplicación
presupuestaria demorando hasta varios ejercicios presupuestarios esa
aplicación. Por tanto, nosotros mantendremos la propuesta de resolución
número 3.
En cuanto a las números 1 y 2, ciertamente es satisfactoria la
transaccional que se nos ofrece. Yo llamaría a la reflexión del Grupo
Socialista respecto de una cuestión de detalle dentro de nuestra
propuesta de resolución que se refiere a que el plan sectorial de
contabilidad aplicado a estas situaciones públicas permita determinar el
coste educativo por plaza escolar, por alumno. Pensamos que uno de los
grandes defectos en la prestación de los servicios públicos, y
concretamente de los servicios educativos, es el desconocimiento que
existe de los costes reales individualizados de aplicación de prestación
de esos servicios. Por ello, aunque ciertamente esa transaccional nos
satisface en la medida que básicamente señala lo mismo, pero con esta
especificación estaríamos más satisfechos y, devolviendo la palabra al
Presidente, me gustaría preguntar a la portavoz del Grupo Socialista si
estaría dispuesta a incluir esta especificación.
El señor PRESIDENTE: La señora Pleguezuelos tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar, quiero hacer una
aclaración. Acabo de detectar que el documento del que dispone mi grupo
tiene una numeración distinta...
El señor PRESIDENTE: Efectivamente se está produciendo alguna confusión
con la numeración.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Posiblemente el error entre ambos grupos
está en que la numeración de que disponemos nosotros no coincide con la
numeración de que habla el Senador Utrera. Nosotros tenemos tres. Voy a
leer el comienzo de cada párrafo. En el número 1: «Elabore durante 1994
un plan sectorial de contabilidad», etcétera; en el número 2: «Centralice
la tesorería de los establecimientos docentes», etcétera; y, en el número
3: «Compruebe a través del Ministerio de Educación y Ciencia», etcétera.
En nuestro documento no existe número 4. Quizá el error procede de ahí.
El señor PRESIDENTE: Se lo aclaro, señora Pleguezuelos.
De acuerdo con las copias de propuestas presentadas no sé quién ha hecho
esta numeración; pero, en todo caso, he entendido que el Grupo Popular
consideraba como propuesta número 1 lo que es una entradilla que empieza:
«Puestas de manifiesto por el informe del Tribunal de Cuentas», etcétera.
Esto es lo que el Grupo Popular ha entendido como propuesta número 1.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Si me permite, señor Presidente, de
acuerdo con lo que he explicado y según cada entradilla, estaría en
disposición de decir cuál es la oferta de mi grupo, por si sirve de
aclaración.
El señor PRESIDENTE: Haga la aclaración por ver si podemos concretar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Las entradillas como dice el señor
Presidente: «Elabore durante 1994»; «En estas normas contables»; y
«Centralice la Tesorería», esos tres párrafos, según la oferta de mi
grupo, serían sustituidos por una transaccional, que es la que he leído
anteriormente.
La última, la que empieza por: «Compruebe a través del Ministerio de
Educación y Ciencia» la aceptamos o entendemos que está subsumida por
nuestras propias propuestas de resolución.
Esta es, concretando, la propuesta que hace el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: La confusión corresponde a un baile en la
numeración de las propuestas de resolución.
Yo tenía individualizada, como dos distintas, la que empieza con el
término: «Elabore durante 1994» (ésa era la número 1). La segunda: «En
estas normas contables»... Esa era la número 2, que, efectivamente, con
buen criterio a última hora se decidió convertir en un apartado más de la
número 1.
Creo que es peor todavía, porque con una transaccional se está rebajando
bastante (no digo yo que sea intención del Grupo Socialista) el grado de
detalle y de especificación de estas tres propuestas de resolución que
solamente
corresponden a la número 1 y a la número 2. Vuelvo a preguntar lo mismo:
si no podría incluirse, por un lado, el detalle en cuanto a la
especificación del coste por puesto educativo y, en segundo lugar, si no
se podría introducir en ésta (como veremos después en otros informes de
fiscalización) la prohibición de realizar gastos sin aplicación
presupuestaria inmediata o en fecha muy próxima. Estas serían las dos
concreciones, los dos detalles que nosotros plantearíamos para completar
esa enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señora Pleguezuelos, tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, entendemos que estamos
haciendo unas propuestas de resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, no de todos los centros docentes. Consecuentemente,
parece obvio, en este caso, hacer una referencia, como mucho, a todas las
universidades, porque además entendemos que los efectos contables deben
ser exactamente iguales, porque tienen una casuística parecida en todos
los casos. Por tanto, nuestra oferta de enmienda transaccional va en esa
línea. No estamos en disposición de ampliarla a todos los centros
docentes.
Mi grupo estaría bastante satisfecho si se aceptara. Creemos que se
recoge con esta transaccional lo que el Grupo Popular, en su filosofía,
quiere, con el matiz de centros docentes, universidades, y, por otra
parte, las propuestas de resolución del Grupo Socialista, todas ellas, en
lo que es la primera parte, están total y prácticamente reflejando las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas en los aspectos contables a que
ha hecho referencia S. S. Creemos, por tanto, que es una de las
resoluciones que recoge más fielmente los aspectos que nos ha recomendado
el Tribunal de Cuentas.
Por ello, con esta salvedad, creo que si aceptan la transaccional,
estaríamos en disposición de votar a favor. De no ser así, no la
retiraríamos.
El señor PRESIDENTE: Como el debate creo que ha sido claro, sólo a
efectos de manifestar la aceptación o rechazo de la propuesta de
transacción efectuada por el Grupo Socialista, el señor Utrera tiene la
palabra.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, sintiéndolo mucho, no aceptamos
la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, entonces, a las votaciones
correspondientes. (El señor González Blázquez pide la palabra.)
Señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, quería manifestar...
El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón. Me había olvidado. Respecto a las
propuestas presentadas voy a dar la palabra a aquellos grupos que lo
soliciten. En primer lugar, ¿el Grupo Catalán solicita la palabra para
este fin?
El señor CARRERA I COMES: No, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor González, de Izquierda Unida, tiene la
palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad, señor Presidente. Para
aclarar mi intervención, me voy a referir al aspecto de la numeración y
no voy a contribuir a la confusión que se ha producido. He entendido que
la propuesta número 1 es toda la del Grupo Socialista. Por tanto, a mí me
parece que, aunque es estrictamente contable, nosotros la vamos a apoyar,
porque los apartados de la propuesta de resolución los podríamos resumir
simplemente en uno: que la Universidad cumpla de modo estricto con sus
obligaciones y que el Ministerio de Educación y Ciencia vigile ese
cumplimiento.
No tenemos ningún inconveniente en apoyar las propuestas números 3 y la
4, que pertenecen al Partido Popular, porque, a nuestro juicio, están
subsumidas en la número 1, que es la del Grupo Socialista. Tenemos alguna
dificultad con la número 2, que es sobre la elaboración de un plan
sectorial de contabilidad, porque no entendemos la necesidad de elaborar
ese plan sectorial de contabilidad distinto al plan general y, por tanto,
ahí nos vamos a abs-tener.
Entonces, y por resumir, le explico señor Presidente que apoyaremos la
propuesta número 1, la del Grupo Socialista; las números 3 y 4, que
creemos están subsumidas en la número 1, del Grupo Socialista, y que son
del Partido Popular, y nos abstendremos en la transaccional que se ha
ofrecido y no se ha aceptado, aunque en principio, como he dicho
anteriormente, no creíamos la necesidad de elaborar un plan sectorial de
contabilidad para los establecimientos docentes públicos.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, al no ser aceptada la transaccional
por el Grupo Popular, no será sometida a votación.
Pasamos, entonces, a votar las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Popular con los números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las propuestas de resolución números 3 y 4 del Grupo
Popular. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Intervengo para clarificar que hay una propuesta
del Grupo Popular que el Grupo Socialista quiere votar favorablemente. No
sé si está entre los números que cita el señor Presidente. Dice, por no
equivocarnos en la numeración: «... Compruebe a través del Ministerio de
Educación y Ciencia.»
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor Gimeno.
Se somete a votación, por tanto, la propuesta de resolución que figura
con el número 3 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, diez;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta de resolución número 4 del Grupo
Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unani-midad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos, a continuación, a votar la propuesta global presentada por el
Grupo Socialista, que figura como número 1.
Efectuada la votación, fue aprobada por unani-midad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--MOCION DERIVADA DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA SOBRE LA APLICACION DE
LOS PRINCIPIOS GENERALES PRESUPUESTARIOS EN LAS MODIFICACIONES DE LOS
CREDITOS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. (Números de expediente
Congreso 251/000022 y Senado 771/000023.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al debate y votación de la
moción derivada de la actividad fiscalizadora sobre la aplicación de los
principios generales presupuestarios en las modificaciones de los
créditos de los Presupuestos Generales del Estado.
Hay presentadas propuestas de resolución por el Grupo Socialista y el
Grupo Popular. Entendiendo que los debates se inician por las propuestas
presentadas en primer lugar --y en el orden del día figuran las del Grupo
Socialista--, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: En cualquier caso, hablaré también de las
propuestas del Grupo Popular, por simplificar un poco el debate.
El Grupo Socialista, por un lado, ha presentado un conjunto de propuestas
de resolución, que yo diría que, incluso en el mismo planteamiento que
hace el Grupo Popular, deberían subsumirse en la propuesta de resolución
común de los distintos grupos, sobre la necesidad de que llegue a esta
Cámara un proyecto de ley general presupuestaria. Es precisamente en ese
proyecto de ley general presupuestaria donde deberían incluirse todos
estos temas relativos a las modificaciones de crédito.
El Grupo Socialista en su propuesta de resolución plantea, en principio,
que se presente a las Cámaras ese proyecto de ley. Yo indicaría que esta
misma propuesta se recoge también, de una manera yo creo que más clara,
por lo menos en la propuesta de resolución presentada por el Grupo
Socialista cuando se analizan las cuentas del año 1990. En ese contexto
incluso hacemos una propuesta de transacción, cuando hablamos de la
cuenta de 1990, que podría valer también para planteamientos que hacen
otros grupos respecto a la misma cuestión.
Con ello quiero indicar dos cosas. Una. No es que estemos en contra del
planteamiento que hace el Grupo Popular en las propuestas que presenta,
pero es que los tres puntos, en la numeración de propuestas del Grupo
Popular, hacen referencia a esta ley general presupuestaria. Esa es la
realidad y nos encontramos con que la propuesta de transacción que
ofrecemos en la cuenta de 1990 o las propuestas de resolución que
presentamos en las modificaciones de crédito --hay también una propuesta
del Gobierno a la Cámara de un proyecto de legislación general
presupuestaria en el más breve plazo posible-- de alguna manera son
coincidentes. Y no sé si se podría conseguir el esfuerzo de que nos
quedáramos en ese planteamiento.
Es cierto que hay un debate que se está produciendo continuamente en esta
Cámara, también en esta Comisión sin ninguna duda, que tiene que ver con
los temas relativos a las modificaciones de crédito. Nosotros, siguiendo,
en parte, los criterios que el propio Tribunal de Cuentas ha marcado, en
las propuestas de resolución que presentamos, en nuestra numeración, no
en la de la Mesa, desde la 2 hasta la 7, se recogen claramente todos los
planteamientos que permanentemente los distintos grupos estamos
debatiendo, con matices, pero coincidiendo en lo fundamental. El punto 2
tiene que ver con los créditos ampliables y nosotros, recogiendo el
espíritu del Tribunal de Cuentas, lo queremos limitar --y así lo
mandatamos-- por parte de la Administración a lo que se refiere a
obligaciones legales, ya sea como consecuencia de la propia ley de
presupuestos o de leyes sustantivas. Nosotros creemos que ése es el
espíritu del propio Tribunal de Cuentas y de las distintas intervenciones
del Grupo Popular e incluso de otros grupos.
En las demás propuestas hablamos de las incorporaciones de crédito y de
que deberá exigirse la justificación de las razones que aleguen los
centros gestores. Es lo que dice el Tribunal de Cuentas. En los
expedientes de transferencias se controlará que no se disminuyan los
créditos que sean necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones
o gastos preexistentes, porque hay alguna referencia del Tribunal de
Cuentas a que, a veces, también puede afectar a este planteamiento. Y
hacemos un conjunto de resoluciones que, de alguna manera, si se hiciera
una presupuestación más rigurosa, habría menos problemas en las
modificaciones de crédito.
En definitiva, en nuestra opinión, recogemos casi todos los
planteamientos que ha hecho el Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a
las modificaciones de crédito. Con esa petición de proyecto de ley
general presupuestaria, que debe presentarse a la Cámara en el más breve
plazo posible, el espíritu más o menos está recogido, pero no estamos en
condiciones de decir que sí al texto que presenta el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Utrera.
El señor UTRERA MORA: Las propuestas de resolución que presenta el Grupo
Socialista --me permitirán también que las comente-- se adaptan a las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas y en ese sentido las votaremos
favorablemente.
Lamentamos que algunas de ellas tengan una redacción ambigua, que hace
dudar un poco de su eficacia. Por ejemplo, estoy observando la número 7,
de la numeración que tienen estas propuestas en el escrito del Grupo
Parlamentario Socialista, en la que se habla de evitar en la medida de lo
posible, con lo que, de alguna manera, se dulcifica ese texto y se puede
debilitar su eficacia.
En cuanto a nuestras propuestas de resolución, escuchando los
razonamientos del portavoz socialista, entendemos que la número 3, en
nuestra numeración, coincide con el sentir de todos los grupos en esta
Cámara en el sentido de que el Gobierno debe remitir al Parlamento un
nuevo proyecto de ley general presupuestaria. Nosotros ponemos un plazo
de cuatro meses, porque pensamos que sería el tiempo máximo que
permitiría tramitar esta ley sin quebrantos y sin tener que acelerar
excesivamente el procedimiento; podría salir de las Cámaras una buena ley
general presupuestaria, que, además, fuera aplicable a los créditos
presupuestarios del año 1995. Precisamente por eso establecemos este
plazo.
Pensamos que este plazo no es demasiado exigente, porque ya, en la
tramitación de la Ley de Presupuestos del año 1994, se nos dijo, por lo
menos en el Senado, por parte de los portavoces socialistas, que durante
el primer semestre de 1994 presentarían un proyecto de ley general
presupuestaria. Cuatro meses a partir del mes en que nos encontramos es
algo más del primer semestre de 1994. Por tanto, no parece que estemos
estableciendo una condición que no pueda cumplirse o que no estuviera en
las previsiones iniciales del Gobierno.
Las dos primeras propuestas de resolución --y de ello no ha hablado el
portavoz socialista y nosotros pensamos que tienen un gran interés--
tratan de aplicar ya con carácter de urgencia a los créditos
presupuestarios del año 1994 algunas de las recomendaciones más
importantes, a nuestro entender, incluidas en el informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas. En ambos casos establecemos un plazo de dos
meses para que se realicen modificaciones reglamentarias en un caso --la
propuesta de resolución número 1--, legales en el segundo, para que se
garantice la ejecución de los presupuestos correspondientes a 1994, se
establezcan condiciones limitativas a la ampliación, transferencia,
incorporación de créditos. Sobre todo --y ésta es la segunda propuesta de
resolución-- en el sentido de que los gastos no puedan demorar su
contabilización presupuestaria a ejercicios presupuestarios posteriores.
Esta es una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que yo creo
que no debe esperar a una nueva regulación completa de la Ley General
Presupuestaria; con muy pequeños retoques --y para eso un plazo de dos
meses es más que suficiente-- podría aprobarse por un procedimiento de
urgencia y ser aplicable a la ejecución presupuestaria en el año 1994.
Para concluir, votaremos favorablemente las propuestas de resolución
socialistas, pero creemos que son insuficientes. Mantenemos las
propuestas de resolución números 1 y 2 presentadas por nuestro Grupo
porque nos parece que, además de una nueva ley general presupuestaria,
que exigirá un debate largo y un debate muy técnico en estas Cámaras, es
urgente reformar reglamentariamente las modificaciones de créditos y
también hacer una pequeña modificación en la Ley General Presupuestaria
para impedir que ocurra, como ha sucedido el año pasado, que haya que
reconocer cuentas del Inem, cuentas de la Seguridad Social de dos y hasta
de tres ejercicios anteriores, por gastos realizados y no contabilizados
en su momento, lo cual quiebra cualquier principio en cuanto a la
eficacia de la propia contabilidad presupuestaria.
Por todo lo anterior, pedimos el voto favorable de los grupos aquí
presentes para nuestras propuestas de resolución 1 y 2 y no tenemos
inconveniente en retirar la tercera, si se aprueban las del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: A efectos de réplica, tiene la palabra el señor
Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, pido a la Mesa benevolencia en
cuanto a que en las numeraciones me tenga que referir al contenido;
lamento estar utilizando permanentemente mis numeraciones, debido, quizá,
a la rapidez con que uno siempre intenta obtener las resoluciones, para
poder estudiarlas en profundidad.
En lo que se refiere a la propuesta del señor Utrera, de proyecto de ley
general presupuestaria, yo le estaba haciendo la propuesta de defender la
suya, señor Utrera. En la cuenta de 1990 ustedes hacen una propuesta, en
su número 4, que dice que por parte del Gobierno se presente a estas
Cámaras en el más breve plazo posible un nuevo proyecto de legislación
general presupuestaria que regule adecuadamente la actuación
administrativa en la elaboración de los presupuestos y en la ejecución
del gasto, superando la dispersa y, a su vez, insuficiente normativa
contemplada al respecto en las sucesivas leyes de presupuestos. Perfecto,
desde nuestro punto de vista. Hemos presentado una transacción porque ha
habido otros grupos que han presentado también el tema relativo a la ley
general presupuestario, pero esa redacción suya del año 1990 se la admito
también en esta propuesta; no tenemos ningún tipo de problema. La
diferencia es que usted aquí pone cuatro meses; la que hacen en la cuenta
de 1990 nos parece correcta. Posiblemente es distinta pluma la que ha
hecho las dos resoluciones, creo yo, porque son, aparentemente, algo
distintas. Una vez habla usted de cuatro meses; otra, que en dos meses se
modifique la ley general presupuestaria por razones de urgencia. Acabamos
de aprobar la Ley de Presupuestos para este año. Yo ya entiendo que
ustedes la quieren cambiar, supongo que porque no estaban de acuerdo con
ella; respetemos la legalidad que tenemos. Nuestra propuesta es que
debatamos integralmente una nueva ley general presupuestaria, pero,
mientras, tendremos que
cumplir también la legislación que tenemos. No nos queda otro remedio.
Usted me indica, comentando nuestra última propuesta, la número 7, que
dice que hay que evitar en la medida de lo posible las excepciones a la
ley general presupuestaria a través de las leyes anuales de presupuestos.
Es que somos muy respetuosos con lo que diga esta Cámara. Yo no me atrevo
a decir que esta Cámara no apruebe nunca ninguna ley. Nosotros decimos
que preferimos y que deseamos que la ley de presupuestos no contradiga la
ley general presupuestaria; lo decimos, y decimos en la medida de lo
posible, porque sí que creemos que esta Cámara en cada ley de
presupuestos podrá aprobar lo que quiera soberanamente, soberanamente;
diga lo que diga la ley general presupuestaria. Decimos eso, pero creemos
que el que no exista discrepancias entre una y otra parece razonable, y
como tal lo defendemos. En ese sentido ponemos pegas a poder decir que sí
a sus propuestas, no porque estemos en desacuerdo. Le vuelvo a decir que
desarrollar el Título II del Reglamento, que lo dice el Tribunal de
Cuentas permanentemente, no tendría sentido si traemos un texto de la ley
general presupuestaria; ningún sentido. No sólo es que no tenga sentido,
sino que en la Ley de Presupuestos del año 1994 hemos introducido ya
concreciones a esa petición de desarrollo reglamentario que hace el
Tribunal de Cuentas; en la de este año ya. ¿A todo? No, a todo el Título
II, no, pero a algunas de las cuestiones, sí. Lo que le quiero decir es
que creo que hay que buscar una coherencia global en el planteamiento.
Algunos de los principios que discute usted yo no los comparto. Por
ejemplo, cuando me dice: es que no se contabiliza. No es verdad, se
contabiliza todo, todo; pero ése es un debate que ya tendremos en su
momento. Cuando el Inem paga, aunque no figure en los presupuestos del
Estado figura en la contabilidad del Inem; claro que figura. Etcétera,
etcétera. Como digo, ése es un debate que a mí me parece de enorme
interés, excesivamente técnico, a veces, pero que podremos tener.
Esa es la razón. Yo creo que coincidimos en lo fundamental; luego,
posiblemente, discutiremos en la ley general presupuestaria los matices.
Sin duda, legítimamente, cada uno de los grupos haremos planteamientos
que vamos a defender intentando llegar al mayor acuerdo posible. Pero es
que, con algunas cosas que dice usted, ya no sé para qué hacemos ni
siquiera la ley general presupuestaria. Y ya que hacemos la ley general
presupuestaria, quizá no haga falta hacer lo otro.
En cualquier caso, mi Grupo votará a favor su texto número 4, porque nos
gusta votarles cosas favorablemente. Si ustedes quieren. Así, no tiene
usted que retirar el número 3. Lo que ustedes quieran. Es la número 4 de
las que ustedes presentan; de la cuenta de 1990.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muy brevemente, señor Presidente.
Si el señor Gimeno no sabe por qué presentamos para el año 1994 y con
urgencia las propuestas de resolución 1 y 2, se lo voy a explicar yo
ahora. Nos tememos que al menos medio billón de pesetas de Seguridad
Social se avecina, planea sobre los presupuestos del año 1994, o quizá de
1995, por la vía de reconocimiento de obligaciones que en el momento del
pago no se contabilizaron presupuestariamente.
Señor Gimeno, no es lo mismo que se pague y no se reconozca
presupuestariamente. En el déficit de caja del Inem, o de la Seguridad
Social, o del organismo que sea, aparecerán como operación
extrapresupuestaria esos pagos, y, por tanto, sí aparecerá en déficit de
caja, pero no en el déficit presupuestario. También es verdad que
aparecerá en términos de contabilidad nacional en su momento, porque ese
pago se ha realizado, pero no en términos presupuestarios. Y si nosotros
tenemos una contabilidad presupuestaria, si nosotros exigimos rigor a las
instituciones públicas en su contabilización, no tiene sentido que se
estén abonando cantidades de varios cientos de miles de millones de
pesetas, que se mantienen en operaciones extrapresupuestarias sin
reconocimiento contable presupuestario y se demora durante dos y hasta
tres ejercicios --yo incluso me atrevería a decir cuatro ejercicios, en
algunos casos-- el reconocimiento contable de esas operaciones.
Por tanto, no decimos que el dinero desaparezca, no decimos que el dinero
no se contabilice, pero se contabiliza en cuentas de resultas, en cuentas
de pura tesorería.
Señor Gimeno, si una empresa realiza este tipo de operaciones, ¿sabe lo
que ocurre? Que, automáticamente, tiene un acta de la Inspección de
Hacienda; inmediatamente; por incumplimiento de obligaciones contables. Y
creo yo que lo primero es que la Administración pública sea rigurosa en
el propio sistema de contabilización de sus operaciones. De ahí
precisamente --y así se lo explico-- nuestra propuesta de resolución.
Dice usted que es lo mismo reformar la Ley General Presupuestaria --que
nosotros creemos que ha de ser un proceso pausado y, desde luego, muy
reflexivo y que exige mucho tiempo-- que establecer una pequeña
modificación en la Ley General Presupuestaria para impedir, bloquear, la
situación que le estaba describiendo, la posibilidad de realizar gastos
sin reconocimiento en la contabilidad presupuestaria. Pues bien, no es lo
mismo. Un caso es un proyecto de ley de artículo único o de dos
artículos, que se puede tratar --y no es tan complejo, técnicamente-- por
procedimiento de urgencia, que no exige demasiado estudio y que tendría
eficacia ya, para el año 1994. Porque nosotros, señor Gimeno, nos tememos
que el déficit público del año 1994, en términos de caja, en términos de
contabilidad presupuestaria y en términos de contabilidad nacional, se
nos vaya por encima del 7 por ciento del producto interior bruto. Eso es
lo que nosotros nos tememos. Por tanto, queremos rigor en la ejecución
presupuestaria para el año 1994.
Ese es el sentido de nuestras propuestas de resolución y por eso las
mantendremos, la 1 y la 2; la 3 no hay inconveniente en retirarla en
favor de la número 4, de la cuenta general presupuestaria. Sin embargo,
repito que cuatro meses era un plazo que entraba dentro de todas las
previsiones y de todas las propuestas --yo diría compromisos-- que los
portavoces socialistas, en materia presupuestaria, formularon durante los
meses de octubre y noviembre del año pasado.
El señor PRESIDENTE: Respecto a las resoluciones presentadas ¿algún grupo
quiere intervenir?
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Me voy a referir, en primer lugar, a las
propuestas del Grupo Socialista, para no confundir con los números,
desarrolladas en siete apartados. Todos ellos nos parecen razonables y
vamos a votar a favor, porque, lógicamente, limitan las ampliaciones de
crédito y son todas ellas medidas referidas a una técnica presupuestaria
escrupulosa.
En cuanto a las propuestas del Grupo Popular, cuya numeración,
finalmente, no sé cómo han quedado, les avanzo que, a nuestro juicio, son
asumibles. Lo que pasa es que limitan en el tiempo, dos, tres o cuatro
meses, los plazos para su puesta en resolución o en efecto. Lógicamente,
a mi Grupo le parecen plazos excesivamente cortos y, por tanto, aunque
son asumibles, y puesta también de manifiesto una cierta contradicción,
aunque ya se han retirado, de para qué desarrollar reglamentariamente una
ley general presupuestaria que debe ser reformada --que son las
propuestas 3 y 4--, por no contribuir a la ceremonia de la confusión,
resumo, señor Presidente, diciendo que votaremos a favor las propuestas
del Grupo Socialista y nos abstendremos en las del Grupo Popular, no
porque no sean asumibles, sino porque los plazos nos parecen
excesivamente cortos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, votamos las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Popular, haciendo la aclaración siguiente: En la
numeración presentada por el propio Grupo Popular figura como la número 1
lo que ya es una resolución; lo anterior es una introducción que tiene un
carácter de consideración de lo que ha sido el informe. Entendemos que se
somete a votación la introducción del Grupo Popular y las propuestas de
resolución 1 y 2; la 3, de la que se ha hablado como número 4, ha quedado
retirada. Votamos todo lo propuesto por el Grupo Popular que no ha sido
retirado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 17; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
--DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO REFERIDA AL EJERCICIO DE
1990 Y DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 1990.
(Números de expediente Congreso 250/000003 y Senado 770/000002.)
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo manifestado al inicio de la
sesión, pasamos a continuación al debate y votación, tanto del informe de
Ponencia como de las propuestas de resolución presentadas por los
diferentes grupos a la Cuenta General del Estado del año 1990.
Se han presentado propuestas de resolución por el Grupo Catalán, el Grupo
de Izquierda Unida, el Grupo Socialista y el Grupo Popular. El debate lo
vamos a hacer conjuntamente y sólo diferenciaremos lo que es la votación
del informe de Ponencia de las propuestas de resolución.
Por tanto, para fijar la posición con respecto al informe de Ponencia y
para la defensa de sus propuestas de resolución, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Catalán, por el orden en que han sido presentadas las
propuestas en la Comisión.
El señor CARRERA I COMES: Voy a defender nuestras propuestas de
resoluciones, pocas en realidad, de la 1 a la 4, que hacen referencia a
la liquidación del presupuesto, a toda la cuestión de subvenciones, a
eficiencia y economía y al propio rendimiento del informe anual de
cuentas, que van en el sentido que expresaré a continuación.
Liquidación del presupuesto. Saben todas SS. SS. que en todos los debates
es seguro que concurre esta cuestión. Teniendo en cuenta tanto el Plan de
Contabilidad vigente --nos referimos a noviembre de 1983-- como el
borrador de este nuevo Plan General de Contabilidad --estoy hablando de
marzo de 1993--, donde, tanto en uno como en otro, se establece el
principio de devengo, proponemos instar al Gobierno a instrumentar las
medidas necesarias para hacer extensivo este principio en las futuras
liquidaciones presupuestarias, para ver si así, bajo este concepto
general, evitamos, no polémicas, porque no lo son, pero sí posibles
discusiones, a las que no ha lugar. La propuesta de resolución número 2
hace referencia a las subvenciones. Por entender que existe --y es
realmente así-- insuficiente justificación de estas subvenciones, incluso
inexistente en algunos casos, se considera necesario incrementar las
medidas de control sobre esta materia.
Eficiencia y economía. Propuesta de resolución número 3. Su texto viene a
decir que, atendiendo a lo establecido en el artículo 103 de la
Constitución y en el propio artículo 27.1 de la Ley 7/1988, de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se considera necesaria la
obligatoriedad para los gestores públicos de presentar periódicamente un
informe sobre la eficacia y eficiencia de los servicios gestionados.
Nosotros creemos que este informe debería ser controlado por el propio
Tribunal de Cuentas o, en su caso --esto es lo que contiene nuestra
propuesta y defiendo en este momento--,
por el órgano de control externo autonómico con funciones análogas al
mismo Tribunal de Cuentas.
Por último, nuestra propuesta de resolución número 4 hace referencia al
rendimiento del informe anual de cuentas. Nos basamos en que, según el
propio artículo 33.1, de la Ley 7/1988, de funcionamiento del Tribunal, y
la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, la Cuenta General del
Estado de 1990 debería haberse presentado a las Cortes Generales antes
del mes de mayo de 1992. Ante la actual situación de retraso en la
tramitación de este informe y atendiendo a que el principio de
oportunidad --remarco, principio de oportunidad-- es esencial para la
efectividad de los mismos, se recomienda que los informes sean remitidos
a sus destinatarios lo antes posible, facilitando así su utilidad a los
efectos de permitir a los entes habilitados la adopción de las
correspondientes medidas de corrección. Si se presentan con retraso,
evidentemente llegará un momento en que las medidas que haya que tomar ya
no tendrán ninguna razón de ser.
Señor Presidente, éstas serían las propuestas de resolución, repito,
numeradas, a efectos nuestros, de la 1 a la 4, que hacen referencia al
rendimiento del informe anual, eficiencia y economía, subvenciones y
liquidación del presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus propuestas de resolución y
fijación de posición con respecto al informe de Ponencia, tiene la
palabra el señor González, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, intervendré con mucha
brevedad también.
No vamos a votar favorablemente el informe de la Ponencia por las razones
que hemos venido manifestando en el anterior debate en esta Comisión,
cuando estudiamos la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a nuestras propuestas de resolución, lógicamente, la primera,
de acuerdo con este voto que hemos manifestado al informe de la Ponencia,
consiste en no aprobar las Cuentas Generales del Estado. Evidentemente,
si se ponen de manifiesto las carencias que se han señalado por el propio
informe del Tribunal de Cuentas, incluso por el Fiscal --al que nos
referimos ya en su momento--, si algunos organismos autónomos no han
presentado ni siquiera su contabilidad y hay todavía pendientes algunas
fiscalizaciones de algunos organismos autónomos referidas a 1990, nos
parece oportuno no sólo dejar en recomendaciones que luego no se cumplen
y no se vigilan, sino no aprobar esa cuenta.
Con relación al apartado 2 de nuestra propuesta, que se refiere a la
puesta en marcha de una oficina presupuestaria, debo señalar que lo único
que pedimos es que se cumpla le ley. Hay ya una ley que prevé la creación
de esa oficina presupuestaria y lo que no acabamos de entender es por qué
no se ha cumplido. Ya sé que se pueden dar muchas explicaciones, pero lo
que exigimos es el cumplimiento de la Ley.
En consecuencia, no votaremos favorablemente el informe de la Ponencia,
presentamos esas dos propuestas de resolución, que creemos que son
adecuadas y que se compadecen con este voto y, finalmente, nos
manifestaremos sobre las propuestas de resolución de los diferentes
grupos cuando el Presidente lo estime oportuno.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posición con respecto al informe
de la Ponencia y defensa de sus propuestas de resolución, por el Grupo
Popular tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, en primer lugar debo aclarar que
para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Popular va a
haber dos intervenciones. Concretamente, las propuestas de resolución
numeradas por el Registro de la Cámara, que es el que está manejando la
Mesa, con los números 28 a 33 serán defendidas por el Diputado señor
Camisón; para la defensa del resto de nuestras propuestas de resolución y
la fijación de nuestra posición con respecto a las de otros grupos, será
esta Diputada que está en el uso de la palabra quien realice la
intervención.
Por lo que se refiere al dictamen de la Ponencia, y de manera breve,
puesto que éste es un asunto que se ve en el Pleno del Congreso, debo
decir que, manteniendo la misma posición que respecto a la Cuenta General
de ejercicios anteriores, manifestamos nuestro criterio en contra de la
aprobación de esta Cuenta General por cuanto entendemos que las
salvedades puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su
informe, cuando menos, condicionan de manera importante el contenido de
la propia Cuenta General. El Tribunal de Cuentas cuantifica en algo más
de dos billones de pesetas la cifra en la que debería de ser modificado
el resultado de esta Cuenta General, precisamente por cuestiones de las
que ya se ha hablado anteriormente aquí y que hacen referencia a
contabilizar dentro de epígrafes incorrectos, y en ocasiones como deudas,
algo que es gasto ya realizado y que, por tanto, condiciona, insisto,
seriamente el resultado de la ejecución presupuestaria por parte del
Gobierno en cuanto al ejercicio de 1990.
En cuanto a las propuestas de resolución números 1, 2 y 3, del Grupo
Parlamentario Popular, numeradas con el 11, 12 y 13 por el Registro de la
Cámara, la intención de todas ellas es restringir y limitar las
ampliaciones y modificaciones de créditos. Puesto que éste es un tema que
ha sido ampliamente debatido como consecuencia del punto anterior, no voy
a perder más tiempo en ello. En la número 4, a la que también se ha hecho
referencia, solicitamos que el Gobierno presente en esta Cámara, en el
más breve plazo posible, un nuevo proyecto de legislación general
presupuestaria. Como también se ha aludido a ella tanto por parte del
ponente del Grupo Socialista como del Senador Utrera, del Grupo
Parlamentario Popular, tampoco haré demasiada referencia a ella.
Las propuestas números 5 y 6, numeradas por el Registro de la Cámara con
los números 15 y 16, lo que pretenden es que por parte de la
Administración General del Estado y de sus organismos autónomos se
proceda a regularizar
todas las deficiencias expuestas por el Tribunal de Cuentas en el informe
anual de 1990, que incrementan sensiblemente la cuantía del déficit de
ejecución presupuestaria. La número 6 hace referencia concretamente a la
regularización de operaciones detalladas en los puntos 13 y 16 de la
declaración definitiva del Tribunal de Cuentas. Si se tienen en cuenta
estas salvedades puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, el
déficit acumulado de ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de
1990 ascendería a 2,2 billones de pesetas. Este es el gran caballo de
batalla del Grupo Parlamentario Popular en debates anteriores, que además
condiciona nuestro voto a la Cuenta General, como lo ha venido
condicionando también en los anteriores ejercicios, como decía, porque
entendemos que, aunque sean partidas que nunca hemos dicho que sean
agujeros, sino que efectivamente están contabilizadas, están
incorrectamente contabilizadas y dan una imagen distorsionada de lo que
viene siendo la ejecución presupuestaria en estos últimos años. Creemos
que deben ser regularizadas y por ello en nuestra propuesta número 6
decimos que sea en el ejercicio de 1994 donde se proceda a regularizar
todas estas cifras puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas.
La propuesta de resolución número 8 plantea un problema que ya hemos
puesto de manifiesto en ocasiones anteriores con poca aceptación por
parte del Grupo mayoritario de la Cámara, y es que hay una disfunción,
por así decirlo, entre el contenido de los Presupuestos Generales del
Estado que se aprueba en esta Cámara y el contenido de la Cuenta General
contemplado o definido en la Ley General Presupuestaria actualmente
vigente. Por ello, al objeto de que haya una perfecta correlación entre
las cifras de presupuestos que se aprueban en esta Cámara y las cifras de
ejecución de esos mismos presupuestos que se aprueban, planteamos esta
propuesta de resolución, en la que pedimos que el Gobierno proceda a
elaborar un proyecto de ley y a presentarlo a la mayor urgencia a estas
Cámaras, proyecto de ley que adecue el alcance de la Cuenta General a los
presupuestos aprobados. A título de ejemplo, y para ilustración de SS.
SS., puedo decir que concretamente quedan fuera de esta Cuenta General
presupuestos aprobados en esta Cámara y que hacen referencia al Instituto
de Crédito Oficial, al Consorcio de Compensación de Seguros, a
Aeropuertos Nacionales, Radiotelevisión, Instituto de Comercio Exterior,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y algunos otros. Por tanto,
creemos que es necesario e imprescindible, en aras del perfecto
seguimiento y además de que también esta Cámara, lo mismo que aprueba el
presupuesto, apruebe la ejecución, que este proyecto de ley se remita a
las Cámaras.
En la propuesta número 9, que también es reiterativa de ejercicios
anteriores, planteamos que el Tribunal de Cuentas proceda a efectuar la
fiscalización del Instituto Nacional de Industria a la mayor brevedad
posible y que además se detenga específicamente en el tratamiento
contable otorgado por el Instituto a su cartera de valores y a las
transferencias recibidas por su grupo de empresas. ¿Cuál es el origen de
este problema? El origen es un acuerdo de Consejo de Ministros del año
1981 en el cual se contabilizan no como subvenciones ni como pérdidas,
sino como mayor valor de cartera de valores de la cartera de valores
--valga la redundancia-- las subvenciones al INI. Creemos que eso también
sirve para enmascarar y para oscurecer el resultado de ejecución
presupuestaria, y por ello es por lo que estamos planteando esta
propuesta de resolución.
Con respecto a la propuesta de resolución número 10, pedimos que por el
Tribunal de Cuentas se proceda a efectuar una fiscalización específica y
con carácter de urgencia del INEM. Hablar de las cifras del INEM en esta
Cámara también es reiterativo; yo solamente me voy a parar en la página
117 del volumen 2 que nos ha remitido el Tribunal de Cuentas, que
concretamente dice que este organismo mantiene a 31 de diciembre de 1990
como partidas pendientes de aplicación sin regularizar
presupuestariamente 577.232 millones, es decir, algo más de medio billón
de pesetas, de los cuales 359.000 corresponden a partidas pendientes de
1986 a 1989. Creemos que en nada favorece este sistema de contabilización
a la claridad del resultado de la ejecución presupuestaria. Ya se ha
hablado también en el punto anterior de las cifras del INEM y de la
preocupación de nuestro Grupo en cuanto al posible planeamiento de más de
medio billón de pesetas que haya que contabilizar en 1994, o posteriores,
y por ello creemos que para aclarar de una vez por todas la actual
situación del INEM es conveniente que sea el Tribunal de Cuentas el que
realice la fiscalización y nos dé a esta Cámara las cifras exactas.
En la propuesta número 16, que es la numerada por el registro de la
Cámara con el número 26, lo que se propone es que se contabilicen como
pérdidas asumidas por el Estado todos los préstamos concedidos al
Consorcio de Compensación de Seguros en el período 1984-1989.
Esta propuesta de resolución recoge una recomendación del propio Tribunal
de Cuentas en el sentido de que las dotaciones al Consorcio de
Compensación de Seguros se están contabilizando como deudas, cuando
realmente son pérdidas por cobertura política de seguros que avalan en
ocasiones créditos a la exportación y que, por tanto, también deben de
ser contabilizados como pérdidas del Estado.
Por último, dentro de mi intervención, la propuesta número 24, como
consecuencia de la fiscalización específica del Instituto Nacional de
Estadística, en la cual el Tribunal de Cuentas plantea el rechazo a las
cuentas del Instituto Nacional de Estadística por sus graves deficiencias
y recoge una serie de recomendaciones. Por no hacer más exhaustivo el
texto de nuestra propuesta de resolución, planteamos que, por parte del
Instituto Nacional de Estadística, se asuman las recomendaciones que el
Tribunal realiza.
Esto, señor Presidente, en cuanto a las propuestas de resolución del
Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a las del Grupo Parlamentario Socialista, que me imagino que
es en este mismo turno cuando debo de fijar posición, tengo que decir lo
siguiente. La verdad es que el sistema de agrupación de las propuestas
del Grupo Parlamentario Socialista va a dificultar en algunos casos
nuestra votación, porque son propuestas muy largas, pero,
a su vez, subdivididas en un montón de puntos. Estoy haciendo referencia
concretamente a la número 7.
Debo decir, señor Presidente, que, en términos generales, lo que nos
parece es bastante indefinido, por no decir ya impreciso, por no decir
difuso, el contenido de las propuestas de resolución. Da la sensación, al
igual que en otras ocasiones, que al Grupo Socialista le cuesta reconocer
las incidencias --por no calificarlas de otra manera, si no más difícil
sí más dura, aunque sería más estricta--, las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas e intenta darles una redacción mucho más imprecisa,
quizá para que, a la vista, intenten cuando menos disimular las opiniones
del Tribunal de Cuentas.
Sí estaríamos de acuerdo en las que se refieren a exigir una mayor
disciplina y control de las ampliaciones de crédito...
El señor PRESIDENTE: ¿Qué número, por favor?
La señora RUDI UBEDA: Es que están sin numerar, por eso le decía que
dentro del número 7, porque es que dentro del número 7 hay distintos
puntos, con lo cual, al objeto de no complicar luego la votación, sí
adelanto que en esta propuesta de resolución el Grupo Popular se va a
abstener, pero sí, a efectos de acta, quiero dejar constancia de en qué
puntos concretos de esta resolución 7 estamos de acuerdo.
En cuanto a la que se refiere a organismos autónomos, estaríamos también
de acuerdo. Asimismo en cuanto a la referida al Instituto Nacional de
Estadística, que en parte es coincidente con la propuesta de resolución
nuestra. También la referida a las Sociedades Estatales no financieras. Y
en cuanto, en concreto, a la que se refiere al inmovilizado financiero
del ICO, creemos que es muy imprecisa; es decir, el recomendar que se
solventen las diferencias de crédito en cuanto se refiere a la inclusión
de créditos FAD en esta agrupación es mucho más imprecisa que el texto
que el Tribunal de Cuentas nos remite contenido en su página 95 del mismo
volumen 2, que dice: la inclusión de esta agrupación de la cuenta de
Fondo de Ayuda al Desarrollo proviene de considerar las dotaciones al FAD
como préstamo del Estado. Sin embargo, estas dotaciones no son préstamo
del Estado en ningún caso, sino que deberían de aparecer contabilizadas
como, dice, es un mero agente financiero y debería reflejar la auténtica
realidad de estas operaciones. En concreto, dentro de la misma propuesta
número 7, cuando se habla de la ejecución presupuestaria, el Partido
Socialista propone que en los ejercicios posteriores a 1990 se imputen al
presupuesto de gastos una serie de partidas y al de ingresos otras. La
diferencia entre estas imputaciones asciende a 470.000 millones de
pesetas.
Quiero decir que estamos de acuerdo con estas imputaciones, pero lo que
no entendemos es por qué no se recogen en esta propuesta de resolución el
resto de imputaciones de ingresos y gastos que el Tribunal de Cuentas
pone de manifiesto. Es decir que estamos de acuerdo, pero no es
suficiente.
En cuanto a la propuesta de resolución del Grupo Socialista numerada bajo
el dígito 8, la votaremos a favor.
La propuesta de resolución número 9 nos plantea una duda de
interpretación, y es que, según el texto que obra en mi poder, se
pretende requerir al Tribunal de Cuentas para que, formadas las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas, se requiera a los órganos de
gobierno de las mismas el establecimiento de medidas de información,
asesoramiento y control que corrijan los defectos y salvedades de
referencia. Entramos siempre en el planteamiento de exquisito respeto a
las competencias de las comunidades autónomas. Indudablemente, tenemos
capacidad para aprobar esta propuesta de resolución. No sé hasta qué
punto, y dejo ahí la duda, como criterio político es conveniente que le
hagamos al Tribunal de Cuentas un mandato para que a su vez éste haga un
mandato a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Dejo ahí
el interrogante. No lo tengo claro. No discuto que esté justificado, pero
políticamente, si no he entendido mal, me plantea dudas que desde estas
Cortes se haga esto, porque no es que no tengan capacidad, que entiendo
que la tienen, pero en el aspecto de relación política, insisto, me
plantea dudas.
En cuanto a la décima, si no la he entendido mal, debo decir que la
votaremos en contra, porque el Grupo Parlamentario Popular está mucho más
de acuerdo con la forma de realizar su informe el propio Tribunal de
Cuentas que con el contenido de este presunto mandato que se le pretende
dar al Tribunal. Siempre aquí tenemos la discusión en cuanto a los
criterios de contabilidad aplicados por el Gobierno y los criterios o
principios de contabilidad generalmente aceptados, utilizando el argot
técnico que el Tribunal de Cuentas aplica. Como por parte del Grupo
Parlamentario Popular no hay ninguna discrepancia con respecto a los
criterios aplicados por el Tribunal de Cuentas por cuanto son los
generalmente aceptados, tanto en los planes de contabilidad que existen
en España como en toda la normativa europea referida a este asunto, es
por lo que esta propuesta de resolución mi Grupo la votará en contra.
El señor PRESIDENTE: A efectos de la defensa de las propuestas de
resolución, de los números 28 a 33, el señor Camisón tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, efectivamente, voy a defender
estas propuestas de resolución que usted ha citado de acuerdo con
argumentos ex-traídos de la propia realidad, que incluso demuestra con
hechos el propio Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización.
Así, respecto a la calidad del servicio de Correos es el propio Tribunal
el que desvela que ha solicitado al centro gestor información y
documentación sobre los valores de realización registrados, así como
sobre los sistemas de cálculo y medición de dichos valores, y es el
propio Tribunal el que dice que de la contestación recibida se deduce que
no se efectúa el seguimiento específico.
Más adelante, el propio Tribunal es el que, asimismo, confirma que se le
está negando documentación a los efectos de la fiscalización por la
Secretaría General de Comunicaciones.
El mismo informe deja claro que estos datos carecen de fiabilidad, e
incluso es el propio Tribunal el que utiliza la expresión de que en estas
informaciones se están manejando datos manipulados en la calidad del
correo.
Asimismo se da la circunstancia, que también se desvela en el propio
informe, de que la toma de datos es realizada por personal de la propia
oficina controlada, y, por tanto, no existe la segregación de funciones
que sería necesaria para garantizar la independencia del control.
En definitiva, el Tribunal establece, resumiendo, que los resultados de
esta fiscalización dan que el seguimiento de los indicadores de eficacia
carece de viabilidad y, sin embargo, estamos observando que estos datos,
que está claro que no son fiables, son aireados políticamente en sentido
contrario. Así, por ejemplo, el Ministro competente en temas de correos,
que, como es sabido, es el Ministro de Obras Públicas, defiende unos
criterios diametralmente opuestos ante el propio Tribunal de Cuentas
cuando dice que estos índices son magníficos, que le están felicitando
desde la Comunidad Económica Europea, desde la Unión Europea, que tiene
escritos del responsable europeo sobre la materia, señor Carpentier, y
que el aumento de índices de calidad es grande. Lo mismo dice cuando
afirma que, respecto a las deudas de Correos, están todas saldadas y lo
dice con frases tan tajantes como que Correos no debe un solo duro.
En nuestro poder, por ejemplo, figura un escrito de auténtica
recriminación por parte del Tribunal de Cuentas a la Secretaría General
de Comunicaciones, en el que, en términos realmente duros, exige que esta
Secretaría General le informe de los datos necesarios para la propia
fiscalización. En este caso se refiere a los fondos de la caja única de
giro, que se emplean para pago de nóminas o de comisiones, se está
refiriendo a una importante cantidad de 2.387 millones de pesetas, y el
Tribunal requiere al organismo para que efectivamente cumplimente estos
datos, y en caso contrario se verá obligado a poner en juego los
mecanismos previstos en la ley orgánica correspondiente, aparte de
lamentar profundamente las complicaciones que para la fiscalización se
está dando con esta especie de guerra abierta entre la Secretaría General
y el Tribunal de Cuentas a la hora de elegir los datos.
En cuanto a las deudas, ocurre exactamente algo parecido. Pero es que
además se da de una forma reiterada, porque ahí está, por ejemplo, un
caso muy significativo, que es el de las deudas de Correos o Renfe, que,
según todos los datos, están ya totalizadas hasta la importante cantidad
de 19.000 millones de pesetas, y estamos asistiendo al espectáculo de que
el Ministro correspondiente primero las niega, luego las admite ante la
evidencia y, cuando indica su propósito para reducirlas o para saldarlas,
da la solución de incluir una partida específica en los Presupuestos. Nos
encontramos con que, efectivamente, incluye la partida de 19.000
millones, por una parte, y, por otra, deduce en la cuenta de la
subvención del déficit de Renfe la misma cantidad. O sea que por un lado
le concede el importe para saldar la deuda y, por otro, le quita la
cantidad, lo cual es una práctica realmente no muy presentable.
El propio organismo, el Tribunal, sin embargo deja clara esta situación
cuando deja patente que la deuda pendiente, cuando fiscaliza el Tribunal,
asciende a la importante cantidad de 56.603 millones y cuando, además,
queda claro que las nóminas de personal y otras comisiones han sido
abonadas mediante anticipos de la Caja Postal de Ahorros, quedando
descubiertos en las cuentas corrientes. Vemos que estamos ante un
proceder que incumple totalmente las normas vigentes, sobre todo la Ley
General Presupuestaria, ya que, según el artículo 101, se prohíbe
cualquier tipo de endeudamiento público que no haya sido autorizado por
la Ley.
En cuanto a Retevisión, vemos que al Tribunal le queda claro que se ha
venido realizando un proyecto de reconstrucción de activo fijo y existen
problemas de gestión derivados de la valoración de activos,
fundamentalmente en la relación de Radiotelevisión Española con
Retevisión. Así, en estos momentos, para intentar una solución tan poco
presentable, ha tenido que llegarse a un acuerdo de un pago por parte de
Radiotelevisión a Retevisión de 274 millones de pesetas mensuales durante
seis años para saldar una deuda de 19.728 millones de pesetas.
Queda claro también, de acuerdo con este informe --que es lo que
intentamos remediar con nuestras propuestas--, que afirma el Tribunal que
la actuación de Retevisión es la más deficiente de las posibles.
Algo semejante ocurre con las subvenciones del programa Star, procedente
de la Unión Europea. Incluso existen operadoras extranjeras,
concretamente la italiana Stet, que está iniciando actuaciones en base a
la incorrecta aplicación por los organismos españoles de las subvenciones
recibidas del programa Star.
En cuanto al abuso en las subastas o concursos de los reformados, de los
modificados y de la prórroga, yo tengo aquí delante, pero no voy a
abrumar a S. S. con la relación exhaustiva de todo, la gran cantidad de
abusos de este tipo que se están practicando por parte de los diversos
Ministerios, sobre todo por el de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. Se llega a cifras que yo realmente calificaría, sin exagerar,
de impresionantes, puesto que, aparte de la enorme cantidad de
modificados permanentes y reformados, se llega al caso ya límite de la
red informática de información hidrológica de la cuenca del Segura, donde
se ha llegado nada más y nada menos que a siete prórrogas en esta obra.
Creo que he dado razones suficientes en favor de la defensa de estas
propuestas de resolución de nuestro Grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus propuestas de resolución y,
en todo caso, para fijar posición respecto a las presentadas por otros
Grupos, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Empezaré por lo más fácil. Mi grupo plantea
respecto a la segunda propuesta que presenta el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la Oficina Presupuestaria,
que, como todos los Grupos saben, prácticamente está recogida en el
proyecto, el anteproyecto o como lo queramos denominar, de Reglamento de
esta Cámara, que en el supuesto de que se llegue a un acuerdo y se
apruebe ese Reglamento, está incluida esa oficina presupuestaria.
Ofrecemos una transacción en la que venimos a plantear que el Congreso de
los Diputados regulará en su Reglamento la organización y funcionamiento
de la oficina presupuestaria, porque creemos que otra cosa no podemos
decir, ya que nos veríamos obligados a decir que no a la propuesta que
ellos hacen.
Nuestro Grupo, buscando los máximos puntos de coincidencia posibles con
los demás Grupos, ha presentado un número importante de transacciones a
las propuestas de resolución de los distintos Grupos. De antemano quiero
manifestar que, como es normal, vamos a votar a favor el informe de la
Ponencia sobre la cuenta del año 1990.
Voy a hacer una referencia muy breve al porqué. Yo creo que hoy estamos
centrando un poco mejor los debates de las diferencias en cuanto a los
términos de la ejecución presupuestaria y a los contenidos cuantitativos
de las diferencias que establece el Tribunal de Cuentas y el propio
Gobierno. Aunque ya digo que me parece que el debate hoy se está
ajustando más a la realidad, insisto en que si en esas discrepancias nos
ponemos por lo menos de acuerdo en la metodología para producir la mayor
transparencia y no para producir la mayor opacidad, posiblemente
avanzaremos todos un poco.
Quiero indicar que el ejercicio 1990 es anómalo en cuanto que se
prorrogaron los Presupuestos del año 1989, y en ese sentido presenta una
anomalía, pero desde el punto de vista presupuestario y en términos de
contabilidad o de ejecución presupuestaria no es un mal ejercicio. Es un
buen ejercicio y es más, el propio Tribunal de Cuentas, en términos
presupuestarios, habla de superávit presupuestario. Lo digo para que se
tenga conciencia y consciencia de esa situación. Es más, si hablamos ya
en términos de normalidad incluso en cuanto a los planteamientos y
criterios que no sólo plantea el Grupo Popular, sino también el Grupo
Catalán, que incluso hace una propuesta de resolución, creo importante,
cuando hace referencia a que se mantengan y se planteen los criterios de
devengo como principio a establecer en el futuro, lógicamente cuando se
apruebe la normativa correspondiente como es normal, yo creo que teniendo
en cuenta ese criterio, que parece lo razonable, si imputáramos al año
1990 las diferencias existentes entre el Tribunal de Cuentas y la
propuesta que presenta el Gobierno al Tribunal, veríamos que las
diferencias no tienen nada que ver con esa afirmación que permanentemente
se quiere plantear de si hay un déficit muchísimo mayor, de que hay que
imputar billón y medio más o un billón cuatrocientos mil millones más.
No. Si hablamos del año 1990, aunque ni aun así hay coincidencia entre el
Gobierno y el Tribunal, y yo creo que hay error por decirlo rápidamente
también en algún planteamiento del Tribunal, pero el fundamental,
manteniendo el criterio del propio Tribunal, si lo planteamos en 1990, en
contabilidad general hay una diferencia de 55.000 millones no
contabilizados o no imputados y si tenemos en cuenta otros criterios de
imputables a 1990 en contabilidad presupuestaria, 175.000 millones.
Las diferencias no tienen nada que ver con esas cifras, porque no parece
correcto hablar del principio de devengo para imputar a un ejercicio y de
golpe pretender que se impute a 1990 toda la teoría del déficit
acumulado, cuando tampoco se sabe qué corresponde a ese ejercicio. En
cualquier caso, yo creo que en el debate nos estamos aproximando y por lo
menos podremos producir mayor transparencia ante la opinión pública y
ante los que son menos técnicos y menos expertos, porque como SS. SS.
saben, en Contabilidad Nacional figura siempre el déficit exacto, ya que,
además, lo exige la Unión Europea actualmente y, en su momento, la
Comunidad Europea.
En cualquier caso, mi grupo ha presentado una resolución sobre la que el
Grupo Popular manifiesta que va a votar en contra, pero sinceramente les
pediría que reconsideraran su posición, porque sólo pretende añadir a los
propios informes que quiera hacer el Tribunal sobre la cuenta de acuerdo
con la normativa que existe, alguna claridad más. Yo creo que eso siempre
es bueno. Creo bueno que el Tribunal nos diga también a los diputados, a
esta Comisión, a la Cámara en su conjunto y a la opinión pública a través
nuestro, qué criterios ha seguido ya la Administración de los que ha
planteado el propio Tribunal. Yo creo que eso es positivo, como también
que el Tribunal diga los criterios que ha aceptado de los propuestos por
la Administración. Esto también está ocurriendo; en esta cuenta del año
1990 también ha ocurrido. Ya no existe diferencia entre la Administración
y el Tribunal, en lo que se refiere a los intereses de la deuda
devengados y no pagados. No hay discrepancias ahí y tampoco las hay en
cuanto a las devoluciones del Impuesto sobre la Renta. Ya hay un acuerdo
en el año 1990. Precisemos técnicamente lo que es contabilidad
presupuestaria, contabilidad económico-patrimonial o contabilidad
nacional, que hoy creo que lo estamos haciendo bastante mejor --ésa es mi
impresión--, y en ese contexto daremos mucha más luz a la opinión
pública. Sin embargo, es bueno que el Tribunal clarifique mucho más para
no introducir mayores elementos de confusión de lo que la farragosidad de
los planteamientos técnicos a veces puede introducir.
En ese sentido nuestra resolución tiene esa pretensión: que el Tribunal
también diga algo que para nosotros es fundamental. La Administración
tiene la obligación de cumplir la normativa vigente, pero no sólo la
Administración, también nosotros tenemos la obligación de cumplir la
normativa vigente, y que el propio Tribunal diga claramente si la
Administración está cumpliendo o no la normativa vigente; si no está
cumpliendo la normativa vigente, también tiene que decirlo el Tribunal,
porque entonces la situación posiblemente dé lugar a que se deban
efectuar otros planteamientos de responsabilidad. A partir de ahí el
tribunal podrá decir si los criterios de la normativa vigente le parecen
correctos o no.
Este es el intento de nuestra propuesta de resolución, que pretendemos
introduzca la mayor claridad posible, que creo es necesaria, porque
resulta que en el año 1990, que es un ejercicio, en mi opinión, con
superávit, la impresión que ha dado es que hay un déficit de dos billones
y medio.
Esa es la realidad. En contabilidad y en términos de Contabilidad
Nacional, que es el término más exacto para hablar del déficit, ya
seguiremos discutiendo del tema; en términos de Contabilidad Nacional,
ahí tienen ustedes los datos del Instituto Nacional de Estadística y del
Banco de España; estos datos no entran en el Tribunal de Cuentas, como es
normal, pero son los datos que se utilizan a nivel de todos los países
europeos y veremos que vamos introduciendo ya más claridad. Ese es el
objetivo de esta propuesta de resolución.
Dicho esto, yo quiero indicar en relación a las propuestas de resolución
que se presentan, que nosotros hemos presentado un conjunto de enmiendas
a las presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Una
enmienda se refiere al tema de las subvenciones, que coincidía, en
nuestra numeración, con otra enmienda que ha presentado el Grupo Popular
--nuestra numeración que no es la misma que la de la Cámara--, la
enmienda número 2 --según nuestra numeración-- del Grupo Catalán y la
enmienda número 11, en la propuesta de resolución del Grupo Popular y 21
en la numeración de la Cámara. Nosotros hemos propuesto una enmienda
transaccional que recoge el texto íntegro de la que presenta el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) e introduce unas obligaciones concretas que
debe cumplir el Gobierno y que se pretende coincidan con la propuesta
presentada por el Grupo Popular. En ese contexto creo que podríamos ir
avanzando.
El Grupo Catalán presenta una propuesta con la que pretende que se haga
más referencia al tema de la eficacia y la eficiencia. Este planteamiento
nos parece enormemente positivo, porque desde que se introdujo la
presupuestación por programas o por objetivos parece razonable que este
elemento es importante considerarlo y desde un punto de vista político,
sin ningún género de dudas, es el más importante a efectos de ver cómo va
el funcionamiento de los programas. En este contexto, manteniendo los
principios fundamentales que planteaba el Grupo Catalán y recogiendo una
transacción del Grupo Popular con la propuesta de resolución número 7, en
su redacción antigua, y 17 en la numeración de la Cámara, que también
hace referencia al tema de la eficacia y de la eficiencia, nosotros
presentamos una propuesta de transacción que dice textualmente lo
siguiente: Atendiendo a lo establecido en el artículo 103 de la
Constitución y el artículo 27.1 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas (que precisamente hace referencia a esa eficacia y
eficiencia en cuanto al control que tiene que efectuar el propio
Tribunal) el Gobierno informará periódicamente sobre la ejecución de los
programas presupuestarios haciendo especial hincapié en la eficacia y en
la eficiencia. Añadimos a continuación un párrafo que creemos necesario
para que ese control de eficacia y eficiencia se realice, porque el
control de eficacia y eficiencia sobre programas sólo podrá conseguirse
si están perfectamente definidos algunos elementos de esos programas,
como pueden ser objetivos, medios, etcétera. En ese contexto solicitamos
que esa presupuestación por programas mejore para que se incluya ese tipo
de planteamientos, porque si no el control de eficacia y eficiencia de
algunos programas sería bastante complicado. En esta línea lo planteamos.
Hay una propuesta de resolución de especial interés. Me refiero a la
propuesta que hace el Grupo Catalán en el sentido de que se introduzca ya
el criterio de devengo en la contabilidad económico-patrimonial. Nosotros
creemos que es un planteamiento correcto, estamos de acuerdo, pero
queremos decir que una cuestión es que estemos de acuerdo y otra que con
anterioridad debe existir una norma por la que se pueda aplicar este
planteamiento. Si no hay una norma no se puede aplicar bajo ningún
concepto; es decir, la Administración estaría actuando incorrectamente si
aplicara un principio que no está establecido en las normas. La propuesta
del Grupo Catalán nos parece correcta y simplemente añadimos que en tanto
se apruebe el nuevo plan --posiblemente haya ya un proyecto preparado-- y
las disposiciones anejas, el Gobierno deberá cumplir las disposiciones
normativas vigentes. Es de suyo, por supuesto que las tiene que cumplir,
pero con ello se pretende evitar ese debate que a veces se produce sobre
cuál es el criterio aplicable. El único criterio posible que puede
aplicar la Administración es el establecido en las normas, si no se
produce una situación que afecta al propio prestigio de los profesionales
encargados de la cuestión.
En cuanto a la última propuesta quiero hacer una corrección técnica. En
relación con el informe anual donde dice «rendimiento», creo que debe
decir «rendición». Supongo que es un error material sin mayor importancia
y nuestro planteamiento es decir que sí a esa propuesta del Grupo Catalán
en su número 4, según la ordenación dada por la Mesa.
En cuanto a las propuestas relativas al Grupo Popular voy a intentar
intervenir con brevedad, señor Presidente, cosa que no es fácil. Hemos
presentado un número muy importante de transacciones. El Grupo Popular
presenta 24 resoluciones, nosotros les estamos ofertando 13 transacciones
--a algunas decimos que sí-- y voy a intentar intervenir de la manera más
sencilla posible, sin entrar en mucho detalle, porque si no será
complicado.
En principio, he de indicar, siguiendo más o menos la numeración (me van
a poder disculpar por no entrar ni siquiera en su redacción y que sólo
las enumere, por lo menos para que conste a efectos de la consideración
del Presidente a la hora de efectuar las votaciones, según el criterio
que mantenga, como es lógico, el Grupo Popular) que, al margen de esas
dos a que hemos hecho referencia con el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) y que ya he citado anteriormente, aunque si hace falta volveré a
repetir más tarde, ofrecemos una transaccional a la número 4 que presenta
el Grupo Popular y que, si no me equivoco, corresponde a la número 14 de
la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, creo mejor que se refiera al número de
orden que figura en el escrito del Grupo Popular porque así se facilita
la comprensión, ya que, según consta en la Mesa, empieza por la número 2,
del Grupo Popular, a efectos de poderlas ordenar y luego establecer un
criterio a la hora de las votaciones que sea comprensible para todos.
El señor GIMENO MARIN: Muy bien, señor Presidente.
A la número 1, la posición del Grupo Socialista es decir que no, y en
cuanto a la número 2 creo que he planteado antes --voy a ver si no me he
equivocado-- que, junto con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), hemos
presentado una propuesta transaccional...
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, la número 2 del Grupo Popular, a la
que el Grupo Socialista presenta una transacción, se refiere a los
créditos extraordinarios y suplementarios. ¿Está ordenado así en sus
papeles?
El señor GIMENO MARIN: Voy a decir directamente lo que tengo y luego ya
me referiré a las del Grupo de Convergència i Unió, y así no me lío
tanto.
A la número 1, nuestra posición es decir que no. Presentamos una
transaccional a la propuesta de resolución número 4, del Grupo Popular;
otra a la 5 y 6 conjuntamente --ellos pueden decidir si es a una o a las
dos--; otra a la propuesta de resolución número 9; otra a la número 10;
otra a la número 12 --luego haré referencia a algunas de ellas, señor
Presidente--; otra a la número 13; otra a la número 14; otra a la número
15; a la número 16; y otra a la número 18.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, según los papeles con que cuenta la
Mesa, faltaría la número 2 y la número 4.
El señor GIMENO MARIN: Sí, pero posiblemente se lo pueda aclarar ahora
con lo que voy a decir.
A la propuesta de resolución número 7 del Grupo Popular, que es una
propuesta conjunta con la número 3 del Grupo Catalán... (La señora Rudi
Ubeda: Vuelva a repetirlo.)
Me pide la portavoz del Grupo Popular que vuelva a dar la relación.
¿Repito todas o sólo las últimas que he dicho?
El señor PRESIDENTE: Puede enumerarlas.
El señor GIMENO MARIN: He enumerado ya unas y ahora nos falta por incluir
la número 7, del Grupo Popular, que es una transacción conjunta con otra
propuesta del Grupo Catalán, relativa, si no me equivoco, al tema de la
eficacia y la eficiencia; y la número 11, del Grupo Popular, que también
coincide con la número 2, del Grupo Catalán, relativa a las subvenciones
y que es conjunta con los otros dos grupos.
Quiero indicar también, dentro de esas consideraciones, que diríamos sí a
la número 24, del Grupo Popular, que es la del Instituto Nacional de
Estadística, para lo cual retiraríamos la nuestra porque, como bien ha
dicho la portavoz, no hay diferencias fundamentales, y así dejar más
clara nuestra voluntad de llegar a los máximos acuerdos posibles.
Quería hacer referencia específica a algunas propuestas de resolución. La
transacción que ofrecemos sobre el Instituto Nacional de Industria --que
es una propuesta que normalmente viene haciendo el Grupo Popular-- y
sobre el tema del Inem, para que intervenga el Tribunal de Cuentas en la
fiscalización; es cierto lo que ha planteado la portavoz del Grupo
Popular sobre los criterios que existían por parte del Gobierno no
coincidentes con los criterios de los planes generales contables en
cuanto a los criterios de valoración que se seguían en el INI y por eso,
la propuesta que hacemos es incluir un período de tiempo específico por
un objetivo muy simple, que no es decir nada nuevo, sino para notar la
diferencia que existe entre unos criterios, de acuerdo con unas normas
del Gobierno que, en cualquier caso, eran las que estaban establecidas y
los nuevos criterios que en 1993 ya se han aplicado, de acuerdo con la
nueva normativa contable que se aplica a todas las empresas privadas. Por
eso hemos cogido un período de tiempo que nos parecía podía ser de
interés para ver esa diferenciación mucho mejor.
En cuanto al tema del Inem, dando por supuesto que se clarifique lo más
posible, nuestra impresión es que ya está más que claro el tema del Inem
hasta en términos presupuestarios. El ejercicio anterior, como SS. SS.
saben, a pesar de que haya sido con retraso, en términos de presupuesto
del Estado, pero no con retraso respecto al presupuesto del organismo
Inem y, también para el presupuesto de la Seguridad Social --ya estaban
contabilizados esos temas-- para dar más luz también hemos aceptado esa
propuesta que viene a hacer el Grupo Popular y hemos retirado algunos
términos que no nos parecían los más adecuados, pero con la voluntad
clara de ir aproximándonos y llegando al máximo de acuerdos posibles.
Señor Presidente, no comparto la opinión de la señora Rudi. Creo,
sinceramente, que nosotros decimos cosas mucho más concretas que ella en
sus propuestas sobre el tema de la cuenta de 1990. Lo decimos así y lo
creemos de verdad; otra cuestión es que le parezcan mejor o peor, pero en
cualquier caso, ahí están y ahí están nuestras transacciones para dejar
bien clara cuál es la posición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por cinco minutos tiene la palabra la señora Rudi,
del Grupo Popular, para turno de réplica y, en todo caso, para fijar la
posición respecto a las transacciones ofrecidas por el Grupo Socialista.
La señora RUDI UBEDA: Vamos a intentar hacer una intervención ordenada,
cosa que no va a resultar fácil, por cuanto estamos manejando bastante
material, como se ha podido ver.
Respecto al planteamiento del informe de la Ponencia que defendía el
Diputado señor Gimeno, del Grupo Socialista, en el cual dice que no se
deben mezclar las cifras de 1990 con las de ejercicios anteriores,
respecto a la cifra de 1990 en la cual el Tribunal de Cuentas reconoce el
superávit, en términos de eficacia en gestión presupuestaria, tengo que
hacerle una manifestación. En primer lugar, y antes de entrar en estas
cifras, he de decirle que no se puede hablar, al mismo tiempo, de
contabilidad presupuestaria y de contabilidad pública como si fuera una
misma cosa. Como usted bien sabe son dos cosas muy distintas y
el concepto que nos permite medir la eficacia de un gobierno en la
ejecución de su presupuesto es la contabilidad presupuestaria, de la cual
se deduce el déficit o el superávit presupuestario e insisto que es la
medida de eficacia en la gestión del presupuesto, en lo que es la columna
vertebral de la ejecución de un Gobierno en un año determinado.
Con relación al resultado del presupuesto del año 1990, el Gobierno ha
presentado un resultado presupuestario que se deduce de la diferencia
entre derechos y obligaciones reconocidos de billón y medio de pesetas,
concretamente 1,5 billones de pesetas. Hay unos ajustes realizados por el
Tribunal de Cuentas que no son sólo los 175.000 millones de pesetas de
los que usted habla que se refieren a la Administración del Estado, pero
luego hay que incluir los ajustes que realiza el Tribunal de Cuentas a
los organismos administrativos y a organismos comerciales. Hay un total
de ajuste del Tribunal de Cuentas de 389.000 millones de pesetas, con lo
cual el teórico superávit del ejercicio de 1990--y digo teórico por lo
que ahora explicaré-- una vez ajustado sería de un billón de pesetas.
Respecto a esta cifra y precisamente para medir la eficacia en la gestión
presupuestaria hay que decir que en esta cifra está incluido el Capítulo
9 del presupuesto relativo a pasivos financieros en la cuantificación de
ella --digámoslo todo--, y precisamente esa inclusión distorsiona
sensiblemente su significado, puesto que en el ejercicio 1990 se ha
producido un incremento neto en la cifra de endeudamiento igual a 2,4,
casi 2,5 billones de pesetas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ejecución
presupuestaria de ingresos del ejercicio menos gastos del ejercicio, sin
recurrir al endeudamiento este presupuesto se hubiera liquidado con un
déficit de 1,3 billones de pesetas. Puestos a aclarar cifras, dejemos
explícito a efectos de información pública y de «Diario de Sesiones» cuál
es el resultado de ejecución presupuestaria del Gobierno en el ejercicio
1990.
Aclarado este concepto, tengo que decir que no estamos mezclando
resultados anteriores. Usted sabe que la contabilidad es un proceso
dinámico que se corta en un determinado momento para tener una imagen
estática. En consecuencia, no podemos coger el ejercicio de 1990
aisladamente, porque dicho ejercicio arrastra cifras pendientes de
contabilizar de ejercicios anteriores. Por eso, cuando se está manejando
la cifra, que he utilizado, de 2,2 billones de pesetas he de afirmar que
no se refiere al resultado del ejercicio de 1990, se refiere a cantidades
pendientes de incluir como gasto, ya no digo como no contabilizadas, pero
sí contabilizadas bajo rúbricas incorrectas que desvirtúan el resultado
presupuestario de los ejercicios anteriores.
Dicho esto, señor Presidente, paso a hablar sobre las propuestas
transaccionales ofrecidas por el Grupo Socialista. Respecto a las números
7 y 11, del Grupo Popular, agradecería que al final de mi intervención el
portavoz del Grupo Socialista las volviera a leer por cuanto yo no las
tengo en mi poder, porque son las que a su vez están transaccionadas con
las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En relación con las que se refieren únicamente a las propuestas del Grupo
Popular tengo en mi poder una transacción...
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, a la número 2 hay una
transacción. Se me ha olvidado indicarlo anteriormente.
La señora RUDI UBEDA: Efectivamente, en relación con la propuesta de
transacción relativa a la número 2 nuestra aceptamos dicha propuesta.
Respecto a la número 4 estaríamos de acuerdo con ella, y aunque es obvio
que los proyectos de ley los elabora el Gobierno, creo que no quedaría
mal añadir que se elabore por el Gobierno y se presente en el Congreso de
los Diputados un nuevo proyecto de legislación general presupuestaria. Es
obvio, pero con esta adición la redacción suena mejor.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Rudi. A efectos de corregir el texto
de la transacción que obra en la Mesa, ¿cuál sería la modificación a
introducir?
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, la modificación consistiría en
añadir a que se elabore por el Gobierno, que se presente en el Congreso
de los Diputados. Habría que incluir esa frase. Diría: que se elabore por
el Gobierno y se presente en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Aclarado, señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: En relación con las propuestas números 5 y 6 la
verdad nos parecen bastante más imprecisas que el texto que presenta el
Grupo Popular. Desde luego, en ningún caso consideramos que se pueda
asumir la del punto número 6, y haciendo un verdadero esfuerzo de
voluntad porque se apruebe algo, admitiríamos como transacción a la
número 5.
Respecto a la número 9 tengo que decir lo mismo. El texto de nuestra
propuesta es más amplio. Nosotros pedimos la fiscalización con especial
hincapié en el tratamiento de la cartera de valores. Si en el texto que
propone el Grupo Socialista se incluyera que por parte del Tribunal de
Cuentas se procediera a realizar la fiscalización del INI y a comprobar,
en ese caso estaríamos de acuerdo. Con el texto del Grupo Socialista el
mandato que se otorga al Tribunal de Cuentas es que solamente compruebe
el asunto de la cartera de valores y nosotros creemos que ya se debe
realizar el trabajo completo. A su vez, la transaccional que yo propongo
al Grupo Socialista es la siguiente: que por parte del Tribunal de
Cuentas se proceda a efectuar la fiscalización del INI y a comprobar el
tratamiento contable aplicado, etcétera.
En relación con la número 10 estaríamos de acuerdo solamente
introduciendo el carácter de urgencia. Se refiere a la fiscalización del
Inem. Diría: que se proceda por el tribunal de Cuentas a efectuar, con
carácter de urgencia, una fiscalización, etcétera.
Respecto a la número 12, la aceptamos. Asimismo, la número 13. También
aceptamos la número 14. La número
15 nos plantea serias dudas por cuanto creemos que nuestra propuesta va
mucho más lejos que la que plantea el Grupo Parlamentario Socialista que,
además, creemos queda muy imprecisa. En la número 16 nos ocurre lo mismo
que en la número 15. Determinar la situación real sobre el grado de
posibilidades de reembolso, creemos que el texto del Tribunal de Cuentas
es mucho más expeditivo en este asunto.
Nuestra postura respecto a la número 18 la indicará mi compañero, el
Diputado señor Camisón.
El señor PRESIDENTE: El señor Camisón tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: La transacción ofrecida por el Grupo Socialista
a nuestra propuesta de resolución número 18, a pesar de que se trata
realmente de una dulcificación de nuestra propuesta, en un afán de
colaboración con el resto de grupos de esta Comisión, la aceptamos y, por
tanto, retiramos en este momento nuestra propuesta número 18. Eso es
todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Carrera, a efectos de la réplica, si ha lugar y, en todo
caso, para fijar posición respecto a las enmiendas transaccionales
ofre-cidas.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, no sé si sería oportuno que
el Grupo Socialista aclarara alguna transaccional ofrecida al Partido
Popular, porque afecta a nuestra propia transaccional. Si le parece,
señor Presidente, quizá habría que complementar la información pedida por
el Grupo Popular antes de fijar mi aceptación o no.
El señor PRESIDENTE: Señor Carrera, entiendo que el Grupo Socialista ha
ofrecido una transacción a las propuestas del Grupo Catalán números 1 y
2.
El señor CARRERA I COMES: Algunas de las transaccionales ofrecidas lo son
al mismo tiempo al Grupo Popular, cuya portavoz, en la intervención
anterior, ha dicho que no se podía pronunciar si las aceptaba o no porque
no conocía el texto definitivo, y pedía al Grupo Socialista que le
aclarara dicho texto.
El señor PRESIDENTE: A efectos de que aclare la transacción ofrecida, que
no obra en poder del Grupo Popular, solamente a estos efectos, señor
Gimeno, le concedo la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente, creo que las está leyendo la
portavoz del Grupo Popular, y entonces es ya suficiente con su lectura,
no hace falta que las lea yo.
El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, ¿está en condiciones de fijar posición?
La señora RUDI UBEDA: No, me las acaban de dar.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, pues entonces queda para una manifestación
posterior. El Grupo Catalán ¿puede manifestar en este momento cuál es su
posición respecto a estas transacciones?
El señor CARRERA I COMES: Sí, señor Presidente.
Se han ofrecido transaccionales a nuestras cuatro propuestas de
resolución. Por tanto, con la máxima brevedad, voy a intentar resumir
cuál es nuestra posición en cada una de ellas. La primera, hace
referencia a la aplicación del principio de devengo; es transaccional a
nuestra resolución número 1. Supongo que esta numeración debe concordar
con la que obra en la Mesa de la Presidencia. En la propuesta de
resolución número 1, aplicación del principio de devengo, prácticamente
la totalidad del texto viene a ser casi casi exacto a nuestro redactado,
si bien es cierto que se añade que, en tanto se aprueban nuevos planes y
las disposiciones anejas, el Gobierno deberá cumplir las disposiciones
normativas vigentes. Por tanto, no hay ningún inconveniente por nuestra
parte y aceptamos la transaccional que nos ofrecen a nuestra propuesta de
resolución número 1.
En la número 2, que concuerda también con otra del Grupo Popular, una
parte es nuestro propio texto, por lo que no tenemos nada que añadir. Es
cierto que luego amplían nuestra propuesta de resolución, entendiendo que
con ello cubren parte de las propuestas del propio Grupo Popular. Por
nuestra parte, aceptamos la transaccional del Grupo Socialista, puesto
que el Grupo Popular ya decidirá en su momento cuál es su posición.
En cuanto a la transacción a la nuestra número 3, se trata de un nuevo
texto. Bien es cierto que, en el fondo, viene a incidir en la necesidad
de informar sobre la eficacia y eficiencia de los programas
presupuestarios. Por tanto, entendemos que no hay variación.
Tenía en su momento --no las tengo ahora-- mis dudas ya que en esta
propuesta transaccional no se hacía referencia a parte de nuestro último
texto, cuando decimos que el informe podría o debería ser controlado por
el Tribunal de Cuentas o, en su caso, por un órgano de control externo
autonómico con funciones análogas.
Como quiera que, quizás por la forma en que está redactado este último
párrafo, puede dar la sensación de que, por nuestra parte o por la propia
Comisión Mixta, estamos sugiriendo cuestiones a otros órganos
autonómicos, y no es éste el sentido, no hay inconveniente alguno en que
deje de figurar y, por tanto, el resto, aunque es un nuevo texto,
concuerda básicamente en el fondo de la eficacia y eficiencia.
Entiendo que la transaccional número 4 no es tal transaccional, sino que
es una cuestión gramatical, por lo que, aceptando esta cuestión
gramatical, la mantenemos tal cual, cambiando «rendimiento» por la
expresión que ha dado el propio representante y portavoz del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Carrera, a estos efectos, ¿se mantiene la
propuesta de resolución número 3, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió)?
El señor CARRERA I COMES: No. La número 4, que supone cambiar donde dice
«rendimiento» de informe anual. (El señor Gimeno Marín: Por «rendición».)
Es una cuestión gramatical. El texto es el mismo, pero donde dice
«rendimiento», dirá «rendición». Es al inicio, como título de la
propuesta.
Señor Presidente, yo tenía que ofrecer también una transaccional al Grupo
Socialista, dentro de las propuestas de resolución presentadas. Si acaso,
después de que el Grupo Parlamentario Popular acepte o no las
presentadas, le pediría la palabra al señor Presidente para defenderla,
o, si prefiere, la presento ahora.
El señor PRESIDENTE: Señor Carrera, ¿entiendo que es la referida a una
propuesta de resolución con respecto a la Seguridad Social?
El señor CARRERA I COMES: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Puede defenderla en este momento, señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Para reflejarla en las propuestas de resolución
del Grupo Socialista, no sé si bastará dar referencia a la página, la 9,
en la que se menciona a la Seguridad Social. Supondría en este caso
reducir el texto de las propuestas de resolución del Grupo Socialista que
afecta a los siguientes títulos: el inmovilizado, instalaciones y
mobiliario y material no móvil. Queda tal cual el aprovisionamiento y
respecto al último punto, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, tampoco le afecta esta refundición del texto que
propondría en este momento como transaccional al Grupo Socialista.
Repito que significa hacer más simple el texto. Cuando se habla del
inmovilizado, supondría dejar la frase en: proseguir los trabajos
desarrollados para la determinación física del inventario del
inmovilizado y realizar los ajustes contables que se deriven de los
mismos, con lo que queda más claro y simple. En el punto 2, instalaciones
y mobiliario y material no móvil, tendría la misma tónica. Que conste que
es determinar las partidas contables que perteneciendo a la cuenta...
figuran contabilizadas en instalaciones y realizar los ajustes contables.
Por tanto, la línea de fondo viene a ser la misma. Y respecto a deudores,
acreedores, y partidas pendientes a aplicación, en la misma línea, señor
portavoz del Grupo Socialista, se trata de dejar constancia de continuar
el proceso de saneamiento que se venía realizando, procediendo a la
relación de los ajustes. Hay pues un interés clarísimo en que esto conste
en nuestra transaccional, y lo mismo sucede cuando hace referencia a las
partidas pendientes de aplicación.
En resumen, ésta sería la transaccional que ofrecemos al Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda
Unida a efectos de réplica y de la transacción ofrecida con respecto a su
propuesta número dos.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Vamos a mantener la propuesta porque lo que
estamos proponiendo es simplemente el cumplimiento de la Ley 4/1990, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, que en su disposición
adicional vigésima ordena la entrada en vigor de la Oficina
Presupuestaria. Por tanto, vamos a mantener esa propuesta.
En cuanto al resto de las propuestas de los grupos, las vamos a votar
favorablemente, señor Presidente, exceptuando la número 10 del Grupo
Socialista que me voy a permitir leer su comienzo: Con el objetivo de
clarificar la diversidad... En ésta nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rudi, a efecto de las
transacciones ofrecidas.
La señora RUDI UBEDA: Con respecto a las transacciones que hacen
referencia a las propuestas de resolución números 7 y 11 del Grupo
Popular, tengo que decir que aceptamos la primera, pero no la relativa a
la número 11 porque su contenido no se acerca al de nuestra propuesta. Lo
que pedimos es que sea el Tribunal de Cuentas el que incluya en la Cuenta
General del Estado de ejercicios posteriores la fiscalización de las
subvenciones; sin embargo, el texto propuesto por el Grupo Socialista
propone que sea la Intervención General de la Administración del Estado.
Creo que es una diferencia muy importante no solamente de matiz, sino
también de concepto.
El señor PRESIDENTE: Como la transacción que ofrece el Grupo Socialista
era a la propuesta número 11 del Grupo Popular y a la número 2 del Grupo
Catalán, me interesa aclarar, a efecto de saber si se va a poder votar o
no, la posición del Grupo Catalán con respecto a la posible transacción
con su resolución número 2.
Señor Carrera, la transacción está ofrecida a dos Grupos: Popular y
Catalán. El Grupo Popular no la acepta; si el Grupo Catalán tampoco la
admite a transacción no podría ser sometida a votación. Por eso, a
efectos de ir ordenando la ya complicada situación de tantas
transacciones, quiero conocer en este momento, si es posible, la posición
del Grupo Catalán, si no lo dejaríamos para antes de las votaciones.
El señor CARRERA I COMES: En mi última y única intervención, en la cual
hacía referencia a la aceptación o no de las transaccionales, he
manifestado que sí que aceptaba esta transaccional. Por tanto, continúo
aceptándola por mi parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno para cerrar las
posibles transacciones ofrecidas y fijar posición con respecto a las
demás resoluciones.
El señor GIMENO MARTIN: Respecto a la última referencia que ha hecho el
Grupo Catalán, no quiero introducir
ningún elemento más de complicación en las transacciones. Nosotros
tampoco tenemos ningún inconveniente en aceptar exclusivamente la
enmienda del Grupo Catalán. Si el citado Grupo prefiere que digamos que
sí a su enmienda, así lo hacemos. Simplemente es un añadido que hemos
introducido para obligar al Ministerio de Economía y Hacienda a que
cumpla una serie de obligaciones y dicte una serie de normas sobre las
subvenciones, porque, si no, difícilmente se va a poder hacer mucho más
en algunas cuestiones. Nuestro planteamiento es que es lo mismo aceptar
simplemente la enmienda del Grupo Catalán o mantener la transacción si se
considera mejor, pero nada más que eso.
Señor Presidente, aceptamos también retirar los puntos de nuestro texto
sobre Seguridad Social para que pueda ser presentada la enmienda
transaccional del Grupo Catalán.
Por lo que he entendido, creo que sólo quedaría de nuestro texto lo que
son las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que
se mantendría. Lo demás, es el texto del Grupo Catalán, que aceptamos.
De los planteamientos que ha hecho el Grupo Popular, simplemente deseo
indicar que estamos de acuerdo en los del Inem, es decir, que se incluya
con urgencia. Más trabajo le daremos al Tribunal de Cuentas, pero no hay
problema.
Sólo ha habido dos en las que me ha hecho consideraciones específicas:
una, que era conjunta con la del Grupo Catalán, en la que no entro,
porque ya he aclarado que se posibilita la transacción por el Grupo
Catalán --sobre las que ha dicho que no, no entro en consideraciones--,
la del INI, y, otra, que era la del Inem. Su propuesta de resolución
número 9 era la relativa al INI y la número 10 era la relativa al Inem.
Sobre esta última ya le he dicho que estamos de acuerdo con la urgencia,
pero la del INI me plantea algún problema.
Su señoría y yo sabemos que da lo mismo, y le voy a decir por qué.
Primero, porque no sé si habrá coincidido con sus planes hacer una
fiscalización del INI, a mí me parece que sí. Pero incluso con su texto,
el Tribunal de Cuentas haría lo que nosotros proponemos, porque usted
dice en el mismo: «Sin perjuicio de otros objetivos que el alto organismo
pueda señalar» --pero no añade más-- «aborde prioritariamente...» Si se
lo dice usted así al organismo, prioritariamente es lo que va a abordar;
va a abordar el tema, que es el problemático --usted y yo lo sabemos--,
del criterio de valoración de cartera de valores. Y no sólo eso, porque
dice más nuestra enmienda transaccional, sino también todas las
transferencias recibidas, que es el problema que se produce normalmente
en la Cámara cuando se trata del INI. Déjeme mantener nuestro texto, que
es un esfuerzo que hemos hecho por aproximarnos a su posición, porque sin
ninguna duda el Tribunal puede hacer, además de eso, lo que considere
conveniente, como usted sabe.
Si en sus planes o estrategias de trabajo el Tribunal entiende lo que
usted planteaba originariamente, que le dejaba la posibilidad de hacer
sólo lo que decimos nosotros, no vaya a ser que los volúmenes de trabajo
del Tribunal sobrepasen sus perspectivas. En cualquier caso, le pido que
haga el esfuerzo, que nosotros ya hemos hecho de aceptar nuestra
transacción. Aceptamos la relativa al Inem por razones de urgencia, pero
admítame, para buscar esos puntos de acuerdo, lo de la transacción para
que el Tribunal valore e intervenga en lo que es problemático, que es lo
que se está discutiendo, que son las transferencias que percibe y la
cartera de valores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Entiendo que la número 4, que yo había pedido que
se incluyera solamente la frase «que se elabore por el Gobierno», está
aceptada por el Grupo Socialista.
Con respecto a otra que no ha nombrado, que ustedes presentaban como
propuesta de resolución transaccional a las números 5 y 6, he dicho que
aceptaba sólo la 5. De acuerdo.
Y entramos en el asunto del INI. Señor Gimeno, usted y yo sabemos que no
es lo mismo que de esta Comisión salga un mandato al INI para que
compruebe única y exclusivamente el tratamiento contable aplicado por el
INI a su cartera de valores y las transferencias recibidas, que es lo que
dice el texto de su propuesta, que el texto de la mía. Lo primero que
hace la mía es dar un mandato general, diciendo que se proceda a efectuar
la fiscalización del INI.
Tras ese mandato general, en escala de valores, vienen otros mandatos
parciales, con lo cual es muy distinto, señor Gimeno. Yo le reconozco su
habilidad dialéctica y su intento de transmitir a la opinión pública y al
resto de los miembros de la Comisión que el Partido Socialista pretende
lo mismo que el Partido Popular. Pero no es así, señor Gimeno, y usted lo
sabe.
Lo que usted está planteando es que el Tribunal de Cuentas fiscalice
única y exclusivamente el tratamiento contable aplicado por el INI a su
cartera de valores o sus transferencias. Sin embargo, lo que está
pidiendo el Grupo Popular es que realice la fiscalización general del INI
y que, sin perjuicio de otros detalles específicos en los cuales el
Tribunal se quiera detener, lo haga especialmente en el tratamiento
contable, con lo cual hay una diferencia importante. Ante la disyuntiva
de que no salga nada, de que el Tribunal no haga nada o haga algo,
asumiremos su propuesta como mal menor, pero que quede constancia
claramente de que no es el mismo contenido, que el del Grupo Popular es
bastante más amplio que el que propone el Grupo Socialista.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
El señor GIMENO MARIN: Mi Grupo no tiene inconveniente en que todas las
transaccionales se voten conjuntamente si los demás Grupos tampoco lo
tienen.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación el
informe de la Ponencia, que tiene tres
puntos, referido a la aprobación de la Cuenta del Estado, de los
organismos autónomos y de las cuentas de la Seguridad Social que, en este
caso, comprende el período 1980-90. Si no hay petición de votación
separada de ninguno de los tres puntos, someteríamos a votación el
informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos, a continuación, a votar las propuestas de resolución.
En primer lugar, votamos la propuesta de resolución número 6 de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente, votamos la propuesta de resolución número 1 del Grupo
Catalán con la transacción ofrecida por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unamimidad.
La transacción que ha presentado el Grupo Socialista a la propuesta de
resolución número 2 del Grupo Catalán, al no ser aceptada por el Grupo
Popular, no se puede someter a votación.
El señor GIMENO MARIN: Ya he manifestado, señor Presidente, mi voluntad
de aceptar lo que quisiera el Grupo Catalán. Si el citado Grupo no admite
la transacción con la suya...
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, el Grupo Catalán la acepta, pero no el
Grupo Popular.
El señor GIMENO MARIN: ¿Y no es posible aceptar la transacción sólo con
un Grupo?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Si no es posible, solicitamos que se mantenga
el texto inicial de nuestro Grupo Parlamentario.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, a mí me extraña el
planteamiento, porque si no hubiera hecho dos transaccionales.
A ver si me explico. Yo no lo sé exactamente, puedo equivocarme porque no
soy el experto, pero en la práctica que vengo desarrollando, cuando se
presentan a distintas enmiendas otras enmiendas transaccionales, hay
algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Si hay alguien que
dice que sí, se hace la transacción con el Grupo que la mantiene y que
está dispuesto a ello. Esa es mi opinión, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señora Rudi, ¿tiene inconveniente en que se pueda someter a votación la
transacción ofrecida por el Grupo Socialista al Grupo Catalán?
La señora RUDI UBEDA: No, señor Presidente. Yo no estoy a favor ni en
contra. Lo que diga el Reglamento. Si el Reglamento prevé que se pueda
votar, que se vote. Yo no manifiesto opinión a favor ni en contra.
El señor PRESIDENTE: Según el artículo 121 del Reglamento se puede votar
si ningún Grupo se opone. (Pausa.) Por tanto, se somete a votación la
transacción a la número 2 del Grupo Catalán (Convergència y Unió),
ofrecida por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las propuestas de resolución números 3 y 4, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, a la primera hay una
transacción; a la segunda, no.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón, señor Gimeno. Se somete a votación la
propuesta de resolución número 3, del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
en la transacción ofrecida por el Grupo Socialista y en relación con la
número 7 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la número 4, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) con la
modificación a que se ha hecho referencia: que en vez de «rendimientos»,
diga «rendición».
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada también por unanimidad.
Pasamos a votar, a continuación, las propuestas de resolución del Grupo
Popular, con excepción...
La señora RUDI UBEDA: ¿Se lo digo yo, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, si es posible.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, si no lo he comprobado mal, las
propuestas de resolución del Grupo Popular que quedan vivas son las
siguientes, digo el número original: las números 1, 3, 8, 11, 15, 16, 17,
19, 20,
21, 22, 23 y 24. Esas son las que quedan vivas porque no se han
transaccionado con ninguna otra.
El señor GIMENO MARIN: Señora Rudi, no sé si se ha dejado la número 6.
La señora RUDI UBEDA: Lleva usted razón. La número 6, efectivamente.
El señor GIMENO MARIN: Solicitamos votar separadamente la número 24, que
hemos dicho que aceptaremos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las propuestas de
resolución del Grupo Popular números 1, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 29,
21, 22 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación la propuesta número 24 del Grupo
Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, vamos a someter a votación las transacciones ofrecidas
por el Grupo Socialista que se refieren a las propuestas números 2, 4, 5,
7, 9, 10, 12, 13, 14, 18...
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, creo que la propuesta número 7
está votada. Simplemente quería indicar que hemos introducido una pequeña
corrección en la número 10, aceptando el criterio de urgencia que
planteaba la portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Y en la propuesta número 4, que se elabore por el
Gobierno.
Aclarados los términos de las correcciones ofrecidas directamente, se
someten a votación las transacciones que he enumerado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Por tanto, quedan votadas las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista. Antes querría hacer alguna aclaración. Hay una propuesta
número 7 que contiene diferentes epígrafes y entiendo que habría que
introducir, después de: «Propuesta de resolución», la frase «... requerir
al Gobierno para que proceda a las actuaciones especificadas en los
epígrafes señalados», puesto que, efectivamente, ha habido una falta de
aclaración respecto a quién se le pide la aplicación de las medidas.
Hecha esta aclaración, también pediría al Grupo Popular, que me aclarara
la votación separada solicitada de los siguientes epígrafes: En el
relativo a organismos autónomos, ¿cuentas y balances de organismos
autónomos también? (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
Tiene la palabra la señor Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, para no complicarlo más, no voy a
pedir votación separada dentro de las propuestas. Lo que sí voy a
solicitar es que, por una parte, se voten las números 7 y 9 del Grupo
Socialista en un bloque; en otro, la número 8 y, en otro, la número 10,
con lo cual, en tres votaciones habríamos resuelto el trámite.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, simplemente a efectos de ordenar
la votación, quiero decir que hemos retirado lo relativo al Instituto
Nacional de Estadística porque hemos aceptado la resolución del Grupo
Popular. Lo digo para que se tenga en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Y a los efectos, señor Gimeno, de la propuesta
transaccional que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
referida a Seguridad Social, quería alguna aclaración, porque en lo que
respecta al inmovilizado, instalaciones inmobiliarias, inmobiliario,
deudores y acreedores y partidas pendientes de aplicación estamos de
acuerdo, pero hay un epígrafe que se refiere a aprovisionamiento que no
sé si se retira.
El señor GIMENO MARIN: Nosotros retiraríamos todo, excepto lo de las
mutuas, que creo que es la definición más exacta, por decirlo
rápidamente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter, en primer lugar, a votación la
enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) referida a los epígrafes relacionados con la Seguridad Social en la
enmienda que obra en la Mesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos entonces las propuestas de resolución números 7 y
9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la propuesta de resolución número 8.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 10, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hemos acabado la tramitación del informe relativo a la Cuenta General del
Estado del año 1990 y las propuestas de resolución consiguientes. En todo
caso, los servicios de la Cámara las ordenarán para colocar los epígrafes
a las propuestas de resolución que en las transacciones no figuran como
tales.
--INFORME DE FISCALIZACION REALIZADO AL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS REFERIDO AL EJERCICIO DE 1990. (Números de
expediente Congreso 251/000023 y Senado 771/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que se refiere al
informe de fiscalización referido al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Hay propuestas de resolución presentadas por los Grupos parlamentarios
Popular y Socialista. Para la defensa de sus propuestas, tiene la palabra
el señor Utrera, del Grupo Popular.
El señor UTRERA MORA: Las propuestas de resolución que defiende el Grupo
Parlamentario Popular ascienden al número de tres y en especial porque
hemos visto que la primera de ellas coincide casi literalmente con una
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; por tanto, no me voy a
referir a ella. Las números 2 y 3, en las que sí voy a detenerme
brevemente, pretenden corregir dos de los defectos más graves que el
Tribunal de Cuentas ha ido señalando no sólo en este informe de
fiscalización, sino en prácticamente todos los que se refieren al Estado
y sobre todo a organismos autónomos y a comunidades autónomas.
La segunda de las propuestas se refiere a la forma de contratación
realizada preferentemente por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que es la contratación directa. Derivado de nuestra
normativa, tendría que ser la contratación por subasta o por concurso los
procedimientos usuales de contratación y exclusivamente ceñir la
contratación directa a aquellos casos en que, bien por urgencia o por la
especialización de las adquisiciones, sea aconsejable este procedimiento.
Pensamos, por tanto, aunque está en tramitación un proyecto de ley de
contratos del Estado, que debería de aprobarse una resolución que lo
único que trata es de reafirmar la normativa vigente y que sea
excepcional la contratación directa por este organismo específicamente,
puesto que la resolución es a este informe de fiscalización del Tribunal
de Cuentas y por todos los organismos públicos.
La tercera de nuestras resoluciones tiene algo más de calado, por cuanto
desde el año 1989 en las leyes anuales de presupuestos se aprueba, en una
disposición adicional, una relación de programas de los que componen los
Presupuestos Generales del Estado, pocos --creo recordar que se empezó
con un número inicial de unos ocho y en este momento estamos en unos 16 ó
18 programas--, que podemos decir que están sometidos a vigilancia
especial, tanto por la cuantía de los fondos que mueven esos programas
como por la importancia de los mismos. Estoy pensando, sobre todo, en los
de inversiones en infraestructuras, tangibles o intangibles, y la
investigación sería una de esas inversiones intangibles. Además, se trata
de programas para los que es relativamente fácil, dentro de las, digamos,
dificultades genéricas que tiene el concretar los objetivos e indicadores
de los programas, establecer unos indicadores que permitan valorar la
calidad de la gestión pública de esos programas.
Pues bien, lo cierto es que, a preguntas de este Senador a la
Interventora General de la Administración del Estado durante la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del año 1994, cuando
se le requirió por las memorias que preceptivamente tienen que elaborarse
para demostrar y concretar esa vigilancia, ese control especial de estos
programas presupuestarios, la Interventora General de la Administración
del Estado remitió a este Senador y al Grupo Parlamentario que entonces
representaba a que hiciera una solicitud concreta a la Dirección General
de Presupuestos. Como a la pregunta escrita todavía no he recibido
respuesta alguna y como, por otro lado, parece natural que, ya que en la
Ley de Presupuestos se especifica que esos programas tienen que someterse
a un procedimiento especial de control de eficacia y eficiencia y hace
unos minutos el portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión proponía a
la misma una resolución en la que precisamente se trata de incidir sobre
los controles de eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público,
hemos de entender que el Grupo Socialista aprobará esta resolución, que
lo único que pretende es concretar esos controles precisamente en los
programas que están sometidos a vigilancia especial, y en el caso de esta
resolución es el programa 541 A, de Investigación Científica, que es uno
de ellos.
Nos sorprendería mucho que se votase negativamente esta propuesta de
resolución, puesto que parece coherente tanto con el voto mayoritario que
el Grupo Socialista otorga a la ley anual de Presupuestos Generales del
Estado como con la propuesta de resolución que, como digo, se acaba de
aprobar sobre especial control de eficacia y eficiencia del gasto
público.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
Senadora Ballester, para la defensa de su propuesta de resolución y para
fijar posición respecto a las presentadas por el Grupo Popular.
La señora BALLESTER ANGULO: Trataré de abordar con brevedad esta
cuestión, para evitar la rendición de los miembros de esta Comisión.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta tres propuestas de resolución
que indicaré brevemente, puesto que la primera coincide, como ha dicho el
portavoz del Grupo Popular, con la que tiene el mismo epígrafe presentada
por este Grupo. Por tanto, no entraré en ella, puesto que se remite
únicamente a aceptar en sus propios términos el informe
de fiscalización que presentó el Tribunal de Cuentas en su día.
En la segunda pretendemos instar al Ministerio de Economía y Hacienda
para que, en el menor plazo posible, resuelva las discrepancias que
mantenía con el Consejo en cuanto a la aplicación del IVA.
En tercer lugar, nosotros también instamos al Ministerio de Economía y
Hacienda a que asesore al Consejo Superior para una mejor gestión, dentro
del más estricto respeto a la autonomía que debe tener este organismo,
para que se controlen mejor los gastos y se imputen contablemente, como
se establece en el informe del Tribunal.
Hasta aquí lo relativo a las propuestas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista.
En cuanto a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, he de decir,
con respecto a la primera, que es indistinto el texto de uno u otro; en
cuanto a la segunda, no podemos aceptarla, puesto que la Ley de la
Ciencia, aprobada en el año 1986, establece que los organismos públicos
de investigación --según los artículos 17.º y 19.º-- pueden acceder a la
contratación directa tanto del personal laboral adscrito a un proyecto
determinado y por la duración concreta del mismo como también a bienes y
servicios y obras de tecnología para los proyectos que desarrolla. Por
tanto, esa segunda propuesta no podríamos aceptarla, puesto que ya la
normativa vigente permite la contratación en casos determinados y
atendiendo también al régimen de funcionamiento interno que establezca el
propio Consejo.
Por lo que se refiere a la tercera propuesta, también del Grupo
Parlamentario Popular, tenemos que decir que nuestro Grupo presenta una
enmienda transaccional en la que asumimos el planteamiento que hace la
misma con respecto al cumplimiento y al control del programa 541-A
contenido en los Presupuestos Generales del Estado. El texto sería el
siguiente: Que el Gobierno eleve a las Cortes Generales una memoria en la
que se especifiquen los términos de cumplimiento de objetivos y mejora de
la eficiencia en el uso de los recursos públicos del programa 541-A,
Investigación Científica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, a
efectos de fijar posición con respecto a la transacción ofrecida y, en
todo caso, para turno de réplica a la intervención de la portavoz del
Grupo Socialista.
El señor UTRERA MOLINA: Con suma brevedad diré, con respecto a la segunda
de nuestras propuestas de resolución, que no es óbice que el Consejo
Superior, por la Ley de la Ciencia, esté facultado para realizar
contratación directa y que, por tanto, pueda --en los términos en que la
portavoz socialista ha llevado la anterior presentación de sus propuestas
de resolución-- y deba hacerlo, puesto que son cosas distintas. El
Tribunal de Cuentas recomienda que no se utilice prioritariamente, tal
como viene haciendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
la contratación directa; por tanto, nosotros mantenemos nuestra propuesta
de resolución en el sentido de que sólo en casos excepcionales y
debidamente motivados se pueda contratar de esta forma.
En cuando a la transaccional, cuyo texto acabo de conocer, puesto que se
me ha pasado ahora mismo, estamos de acuerdo en que el Gobierno eleve a
las Cortes Generales una memoria en la que se especifique la eficiencia,
etcétera, en el uso de los recursos públicos del programa 541-A, pero
creemos que sería lamentable que nos ciñéramos exclusivamente a ese
programa, puesto que, aunque efectivamente ahora estamos hablando de un
informe de fiscalización del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas que hace referencia a este programa concreto, pienso que los
otros programas especificados en la disposición adicional de la ley anual
de Presupuestos tienen exactamente la misma naturaleza, requieren
exactamente los mismos controles y, en definitiva, hemos de solicitar la
misma memoria, creo yo. Desde luego, aceptaríamos muy gustosos esta
transaccional si la extendiéramos a todos los programas recogidos en las
leyes anuales como programas de seguimiento especial. Pienso que no
debería haber ningún inconveniente en que extendiéramos esta memoria
postulada para el programa 541-A, que es uno de ellos, a todos los demás
que tienen esta naturaleza y que son muy pocos; en las últimas leyes de
presupuestos alcanza unos 16 ó 17 programas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ballester.
La señora BALLESTER ANGULO: En cuanto a la propuesta de resolución número
dos del Grupo Popular, tengo que decir que no la aceptamos porque, como
ya dije anteriormente, si la Ley de la Ciencia establece este tipo de
contratación no es por un motivo totalmente azaroso, sino por la materia
en la cual se desenvuelve la actividad de los institutos, de los
organismos públicos de investigación. Por tanto, nosotros entendemos que
no es aceptable la propuesta que se hace, aunque bien es verdad que ya se
establecen las salvaguardas o los controles precisos para que este tipo
de contratación se haga con la máxima transparencia.
Con relación a lo que nos plantea para la propuesta número tres, tenemos
que decir que no vamos a aceptar esa ampliación. Mantenemos el texto de
nuestra transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Mantenemos el texto de nuestra propuesta de
resolución. Lamentamos mucho que el Grupo Socialista intente ceñir sólo a
este programa la memoria, porque, además, esas memorias existen y este
Parlamento tiene derecho a conocerlas y nosotros las vamos a solicitar
como información a la Dirección General de Presupuestos o a quien
corresponda, en definitiva al Gobierno, para que nos manden unas memorias
que se derivan del cumplimiento de una ley aprobada por este Parlamento
de seguimiento especial de la ejecución de una serie de programas
aprobados en los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea inter-venir?
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad, Presidente.
Vamos a votar favorablemente a las propuestas de resolución del Grupo
Socialista porque fundamentalmente dice que el CSIC debe cumplir con la
normativa contable y el Ministerio debe proporcionarle los apoyos
necesarios y, además, porque se preocupa específicamente porque se
solucione ya el célebre contencioso entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y el CSIC.
También vamos a votar favorablemente las propuestas del Grupo Popular,
especialmente la número dos, porque, si es verdad que la Ley de la
Ciencia permite la contratación directa, esta propuesta no viene a decir
que no se realice la contratación directa, viene a decir que se realice
en casos excepcionales y siempre debidamente motivados; una cosa no obvia
la otra. Lo que creo que pretende esta propuesta de resolución es no
abusar de la contratación directa al amparo de la ley. Por tanto, vamos a
votar favorablemente todas y especialmente ésta.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, concluido el debate, se somete a votación
la propuesta primera del Grupo Popular y entiendo, señora Ballester, que
la número uno del Grupo Popular es favorable a su aprobación.
La señora BALLESTER ANGULO: Indistintamente el texto suyo o el texto
nuestro.
El señor PRESIDENTE: Pero hay que decidirse. En todo caso, se someten a
votación las dos y en lo que no comprenda una se extiende la otra.
La señora BALLESTER ANGULO: Exacto.
El señor PRESIDENTE: Votos a favor de la propuesta de resolución número
uno del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votos a favor de las propuestas números dos y tres del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos, a continuación, a votar las propuestas números uno, dos y tres
del Grupo Socialista. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Queremos votación individualizada de la propuesta
número tres, porque, aunque antes no lo he detallado en mi expedición,
pensamos que no es el Ministerio de Economía y Hacienda el que tiene que
tutelar todos y cada uno de los organismos orientándoles en cómo tienen
que contabilizar sus operaciones. Por tanto, pensamos que esta resolución
cae por su propio peso.
Anuncio nuestro voto favorable a las propuestas uno y dos. Por
consiguiente, queremos que se hagan esos dos bloques distintos de
votaciones.
El señor PRESIDENTE: Esto es, se someten a votación las propuestas
números uno y dos del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos el punto tercero de la resolución del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
--INFORME DE FISCALIZACION «ANALISIS DE LA GESTION DE LOS DEUDORES POR
PRESTACIONES ECONOMICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL».
(Números de expediente Congreso 251/000024 y Senado 771/000025.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate y votación de las
propuestas de resolución en relación con el informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas referido al análisis de la gestión de los deudores
por prestaciones económicas del Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Se han presentado resoluciones por el Grupo Popular y por el
Grupo Socialista.
En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve. A la
luz de las transacciones recibidas por parte del Grupo Socialista,
aceptamos la transacción a la primera, pues, en definitiva, no aporta
nada nuevo, sino que más bien complementa la redacción del texto que
nosotros habíamos incluido y es coherente con el informe de
fiscalización. Por otra parte, por lo que se refiere a la cuarta
presentada por el Partido Popular --yo estoy siguiendo la numeración que
pusimos en nuestro Grupo-- manifiesto que lógicamente también se puede
aceptar la transaccional propuesta por el Partido Socialista. Mantenemos
vivas la segunda, tercera y quinta nuestras, que vamos a dar por
defendidas, dada la hora en la que nos encontramos. Y por lo que se
refiere a las del Grupo Socialista, manifestar que no hay ningún
inconveniente en
aprobarlas, toda vez que también son propuestas de resolución que siguen
las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización, si bien con
la resolución número 6 del Partido Socialista nos entran algunas dudas, y
nosotros plantearíamos a su vez complementarla y donde dice «el Instituto
de Nacional de la Seguridad Social dictará», entendemos que debe decir:
«el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General,
coordinadamente, dictarán». Lo digo a los efectos de cumplir con lo que
establece el Reglamento General de recaudación de los recursos del
sistema de la Seguridad Social en sus artículos 2 y 95, que exigen esta
coordinación entre ambos organismos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno para la defensa de sus pro-puestas.
El señor GIMENO MARIN: Una vez hechas las manifestaciones por el Grupo
Popular en el sentido de que acepta las transacciones, no tengo mucho más
que decir. Simplemente indicarle respecto a las resoluciones del Grupo
Socialista --a lo mejor me estoy equivocando-- que en uno de los textos
que yo tenía --no sé si es en el que figura en la Mesa-- había añadido al
final un párrafo que decía asimismo, que creo que es un error de
mecanografía del ordenador que dejaron en la última redacción, párrafo
que no tenía que ver, pero, en cualquier caso, si no está en su
redacción, no hay nada más que decir, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, a efectos de aclaración, el señor
Fernández, respecto a la propuesta número 6, pretendía introducir una
enmienda «in voce» con el objetivo de que se incluyera también la
Tesorería de la Seguridad Social en lo referente al punto 6.
El señor GIMENO MARIN: No estoy de acuerdo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Señor Fernández, ¿quiere intervenir para
consumir un turno de réplica?
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente. Simplemente quiero
decir que hoy el señor Gimeno ha repetido varias veces lo de respetar la
legalidad vigente y entendía que precisamente esa enmienda le iba a
congratular en el sentido de que lo que pretende es ni más ni menos que
establecer lo que fija el Reglamento de recaudación de los recursos del
sistema de la Seguridad Social.
Por otra parte, no se nos ha contestado y desconozco la posición de su
Grupo con respecto a la segunda, tercera y quinta de las resoluciones que
presentamos por nuestra parte.
El señor PRESIDENTE: El señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, estoy leyendo la segunda, y
estando totalmente de acuerdo con que se acelere el Plan General de
contabilidad del sistema de la Seguridad Social desde 1993, estaba
mirando nuestras transaccionales: una era a la primera y otra a la
cuarta; en éstas veo que hay conformidad. Estamos de acuerdo con la
segunda y con la tercera, señor Presidente. Votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas del
Grupo Popular, la transacción ofrecida por el Grupo Socialista a las
propuestas de resolución primera y cuarta.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos a continuación la propuesta segunda y tercera del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la propuesta quinta del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación se procede a votar las ocho propuestas presentadas por el
Grupo Socialista, ya que no se ha pedido votación separada. (El señor
Fernández Rodríguez pide la palabra.)
El señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Perdón, señor Presidente, pediríamos
votación separada de la sexta.
El señor PRESIDENTE: Entonces, excepto la número 6 del Grupo Socialista,
se someten a votación las demás propuestas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación votamos la número 6 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--INFORME DE FISCALIZACION DE LA ADJUDICACION DE 70.000 TONELADAS
METRICAS
DE AZUCAR POR EL FONDO DE ORDENACION Y REGULACION DE PRODUCTOS Y PRECIOS
AGRARIOS (FORPA) EN 1984 A LA SOCIEDAD IFCO-INTERMUN. (Números de
expediente Congreso 251/000026 y Senado 771/000024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación del informe de
fiscalización de la adjudicación de 70.000 toneladas métricas de azúcar
por el Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios
(FORPA) en 1984 a la Sociedad IFCO-INTERMUN. Se han presentado propuestas
de resolución por parte del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Voy a intervenir con enorme brevedad,
tratando de, al ser una de las últimas intervenciones, no aburrir a los
compañeros y acercarnos bastante más con mi intervención a la hora de
comer.
El Grupo Popular presenta a este informe dos propuestas de resolución
basadas fundamentalmente, a la vista del análisis que hemos hecho del
informe, en lo que nosotros entendemos que ha sido un uso, un abuso de la
contratación directa, en una urgencia inexistente en las contrataciones
directas, en un sistema que se estableció para el aval prestado y en el
retraso en las negociaciones. Es por ello que la primera propuesta de
resolución va en el sentido de limitar las contrataciones directas al
máximo, es decir, instar o dar instrucciones por parte de la Comisión al
Gobierno para que éste instruyera a los distintos ministerios al objeto
de que se limitaran al máximo esas contrataciones directas y que
solamente existiesen cuando resultasen de todo punto imprescindibles, y
que cuando así sea, desde luego, se haga con el sistema de contratación
escrupuloso previsto en la Ley de Contratos del Estado.
La segunda propuesta de resolución va en el sentido de que la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordara el
transmitir al Consejero de Cuentas ponente del informe que se nos ha
presentado la opinión favorable de esta Comisión a que se realizara la
formación de piezas separadas como actuación previa a la posible
exigencia de responsabilidades contables. Entendemos que ése sería un
paso previo a la posible exigencia de esa responsabilidad contable a la
vista del informe, para que luego en su día se pudiera iniciar el juicio
de cuentas, con el fin de concretar lo hecho, con el fin de aclarar los
posibles responsables tanto directos como subsidiarios, si los hubiese, y
el importe total de los perjuicios que se hubieran podido ocasionar a los
caudales públicos.
El señor PRESIDENTE: Para opinar o establecer criterios con respecto a
estas propuestas, tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, el Grupo Socialista no presenta
propuestas de resolución a este informe ni tampoco enmiendas a las
propuestas que presenta el Grupo Popular, por lo que intervengo, con toda
brevedad, para fijar la posición respecto a estas dos propuestas
anteriormente defendidas.
En cuanto a la primera, el Grupo Socialista la apoya. Es cierto que esta
forma de contratación directa no está concebida en su utilización como
una forma ordinaria, sino que debe tratarse única y exclusivamente para
los casos tasados por la Ley, si bien es cierto que las administraciones
públicas en su conjunto, no solamente la Administración central, sino las
comunidades autónomas y también los ayuntamientos, quizás hacen un uso
excesivo de esta forma de contratación, que cambia su denominación en el
proyecto de ley que en este momento está en trámite en las Cortes, para
adecuarlo a la denominación establecida en la Unión Europea, por
procedimiento negociado.
Respecto a la segunda propuesta, tenemos que decir no, basándonos en los
argumentos establecidos por este grupo en el debate del informe
presentado por el Tribunal de Cuentas, y ello porque las irregularidades
de procedimiento denunciadas en ese informe, que vienen motivadas
fundamentalmente por la inexistencia de un procedimiento específico para
este tipo de operaciones, no supone vulneración alguna de las leyes
contables o de presupuestos; por tanto, no son ilegalidades sino
irregularidades, por lo que no procede, a nuestro juicio, la formación de
esa pieza separada, al no existir indicios de responsabilidad contable
distintos del alcance de caudales o efectos públicos, y en consecuencia,
no requerir la aplicación del artículo 45 de la Ley 7/1988.
El señor PRESIDENTE: El señor Puche tiene la palabra.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, muy brevemente, para,
por una parte, celebrar que el Grupo Socialista apoye nuestra propuesta
número 1. Creo que es bueno (ya lo he señalado en mi intervención y acaba
de hacerlo el portavoz socialista) que no se abuse de la contratación
directa; por tanto, celebrar, en este caso, la postura del Grupo
Socialista, y lamentar, sin embargo, en la propuesta número 2, no
intentar presentar esa formación de pieza separada con objeto de
investigar la posibilidad de responsabilidad contable o la posibilidad de
que, en su día, pudiéramos descubrir la cuantía que se ha producido en el
daño a los caudales públicos. En cualquier caso --insisto--, bien vale
que en esta Comisión el Grupo Socialista se manifieste favorable al no
abuso de la contratación directa.
El señor PRESIDENTE: El señor Varela tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, únicamente para volver a
reiterar que, según el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas, no
existe ningún indicio para establecer ese tipo de responsabilidad y, por
tanto, consideramos que no debe procederse a la aprobación de esta
propuesta, habida cuenta de que, además, hay presentado en estos momentos
un recurso contencioso-administrativo por parte de la Fiscalía General
del Estado en el Tribunal
Supremo por el conflicto de competencias surgido entre los distintos
órganos del Tribunal de Cuentas. Creemos que resulta improcedente e
infundada la aprobación de este segundo punto de la resolución.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la propuesta número 1, del
Grupo Popular, en relación con el informe de referencia.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 2, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--INFORME DE FISCALIZACION DEL BANCO DE ESPAÑA, CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS 1989, 1990 Y 1991. (Números de expediente Congreso 251/000037
y Senado 771/00036.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que se
refiere al informe de fiscalización del Banco de España, correspondiente
a los ejercicios 1989, 1990 y 1991.
Hay propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular. Para su
defensa, el señor Puche tiene la palabra.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, en la misma línea de
la anterior, con mucha brevedad, quiero decir que, en relación con este
informe, el Grupo Popular presenta cuatro propuestas de resolución.
En la primera de ellas, pretendemos instar al Banco de España para que se
proceda a efectuar un arqueo de las existencias de oro y plata, tanto de
lingotes como de monedas, y que, a partir de ese momento, de una forma
periódica y sistemática, se realicen los correspondientes arqueos y
verificaciones de estos activos.
En segundo lugar, instar al Gobierno a que se adopten las medidas
necesarias para que la titularidad de las cuotas al Fondo Monetario
Internacional asumidas por el Estado español fuesen por un importe de
178.000 millones de pesetas, estableciendo con el Banco de España el
calendario adecuado para que se produzca la imputación al Estado español
del importe de dichas cuotas.
En tercer lugar, la propuesta de resolución que presentamos tiene como
objetivo instar al Banco de España para que aplique un criterio contable
único en la contabilización del Fondo de provisión de divisas. No creemos
conveniente que se vengan aplicando criterios diferentes para la
valoración del oro y que se utilice, sin embargo, el mismo criterio para
la valoración de los títulos físicos del sector público y para las
obligaciones y los bonos del Estado.
En cuanto al cálculo de la cartera de valores entendemos desde el Grupo
Popular que debiera realizarse de una manera individual y no aplicarse,
como ha venido aplicándose, con criterio de estimación de los intereses.
Por fín, señor Presidente, la última propuesta de resolución de nuestro
grupo tiene como objetivo instar al Banco de España a que, en relación
con los créditos singulares renovados, vencidos y no pagados,
especialmente aquellos que tienen referencia con los de la Tesorería de
la Seguridad Social y los de Tabacalera, que se elabore un plan de
liquidación de los mismos para evitar la desvirtualización de la
finalidad original de este tipo de créditos.
Estas son las propuestas de resolución respecto al informe que se
presenta del Banco de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, a efectos de establecer
criterios respecto a las propuestas presentadas, el señor Pérez tiene la
palabra.
El señor PEREZ GONZALEZ: Para fijar la posición del Grupo Socialista
ofrecemos tres propuestas transaccionales al Grupo Popular. La propuesta
al punto primero es muy parecida, únicamente añadimos que se insta al
Banco de España para que, de acuerdo con las resoluciones de su Consejo
Ejecutivo... A partir de ahí el texto es el mismo que el del Grupo
Popular.
En lo que se refiere a la segunda propuesta de resolución del Grupo
Popular, no la consideramos necesaria porque, a la vista del proyecto de
ley de autonomía del Banco de España, vemos que en él se establece con
claridad que en el uso de las competencias monetarias y de tipo de cambio
que la ley otorga al Banco de España se faculta para que en el uso de
esas competencias pueda suscribir los compromisos internacionales que
considere necesarios. Por tanto, si tiene esa facultad y esas
competencias, la duda sobre la titularidad de a quien corresponde el pago
de estas cuotas al Fondo Monetario Internacional queda suficientemente
claro que es al Banco de España. En lo que se refiere a otras cuotas y
compromisos internacionales, las leyes de presupuestos ya han establecido
que son al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria, etcétera,
en función de la naturaleza de esos compromisos internacionales. Por
tanto, llamaría la atención del Grupo Popular para que vean que este
proyecto de Ley de autonomía hace innecesaria ya esta propuesta; que la
titularidad de las cuotas queda suficientemente claro que corresponde al
Banco de España y que retiraran este punto segundo a la vez que admitan
el primero.
En lo que se refiere al tercero, tengo que decir que también es un punto
sencillo. Hay una inclusión en el primer párrafo de que en el Banco de
España, de acuerdo con las resoluciones de su Consejo Ejecutivo; o sea,
igual que en la primera propuesta de resolución, lo que hacemos es fijar
una mayor concisión a la vista de que en las alegaciones que hace el
Banco de España se muestra por completo de acuerdo con el informe del
Tribunal, lo acepta y lo regula en su Comité Ejecutivo.
En lo que se refiere a la propuesta número 4, nosotros suprimimos en
nuestra enmienda transaccional las referencias a Tabacalera, puesto que
las leyes de presupuestos también han establecido y han determinado con
claridad la asunción de esas responsabilidades y en la línea de lo que
oferta al Grupo Popular pensamos que el Gobierno tiene que elaborar las
normas precisas para hacer frente a sus compromisos.
Con la esperanza de que el Grupo Popular vea satisfechas en nuestras
transaccionales buena parte de sus propuestas y esperando que acepten las
sugerencias del Grupo Socialista, doy por concluida mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Ciertamente creo que las esperanzas del
portavoz del Grupo Socialista se van a ver cumplidas casi en su
totalidad, no al 100 por ciento, pero sí en un porcentaje bastante alto,
dado que de las tres transaccionales que se nos presentan vamos a aceptar
las tres; es decir, la que se nos hace a las propuestas primera, segunda
y tercera, porque ciertamente sus argumentos coinciden con los nuestros y
su intervención prácticamente viene a coincidir con las propuestas que
nosotros hacemos.
Sin embargo, como decía, no puedo satisfacer su esperanza al 100 por
ciento, porque no vamos a retirar nuestro punto segundo. Si bien es
cierto --en ello coincido con el portavoz y estaría casi por asumir su
intervención-- que destacamos la buena voluntad del Grupo Socialista en
cuanto al proyecto de ley de autonomía del Banco de España a que se
refería el portavoz del Grupo Socialista, donde queda recogida la
titularidad de las cuotas del Fondo Monetario; sin embargo, entiende
nuestro grupo que lo que abunda no daña y, por tanto, señor Presidente,
vamos a mantener nuestro punto segundo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas
transaccionales presentadas por el Grupo Socialista a los puntos primero,
tercero y cuarto de la propuesta de resolución del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Sometemos a votación el punto segundo de la propuesta del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Habiendo concluido el orden del día, y agradeciendo la paciencia respecto
a la ordenación del debate, complicado en esta ocasión, se levanta la
sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.