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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 175, de 05/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 175
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 173
celebrada el jueves, 5 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 105.1,
de 3 de marzo de 1995 (número de expediente 121/000089) (Página 9288)
Declaración institucional:
--Sobre el Acuerdo interino entre el Gobierno de Israel y la OLP
(Página 9304)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados:
--Solicitud de comparecencia del Gobierno ante el Pleno, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, para informar sobre las entrevistas
realizadas a propósito de material sustraído al CESID (número de
expediente 210/000031) (Página 9304)
--Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Pleno, para informar sobre las entrevistas realizadas por el
Presidente y miembros de su Gobierno con representantes legales
de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del
CESID y otras informaciones relacionadas con el GAL, formulada
por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Popular en el Congreso
(número de expediente 210/000032) (Página 9304)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
--Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para
determinar las responsabilidades políticas que resulten de la
creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por 85 señores
Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número
de expediente 156/000021) (Página 9315)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 9288)
Proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados (Página 9288)
Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado a
este proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco
(PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Ramallo García, del Grupo Popular, y Martínez Noval, del Grupo
Socialista.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado debatidas
anteriormente.
Declaración institucional sobre el Acuerdo interino entre el
Gobierno de Israel y la OLP (Página 9304)
El señor Presidente somete a la Cámara la adopción de una
declaración, a propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores y
de los portavoces de los Grupos, por la que el Pleno muestra su
satisfacción por el Acuerdo interino firmado en Washington por
Israel y la OLP, que supone un paso de gran trascendencia en el
proceso de paz en Oriente Medio, iniciado en la Conferencia de
Madrid, en octubre de 1991, y reitera su convicción sobre el
carácter irreversible del proceso de paz.
Se aprueba por asentimiento.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados (Página 9304)
Solicitud de comparecencia del Gobierno ante el Pleno, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, para informar sobre las entrevistas realizadas a
propósito de material sustraído al CESID (Página 9304)
Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Pleno, para informar sobre las entrevistas realizadas por el
Presidente y miembros de su Gobierno con representantes legales
de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del
CESID y otras informaciones relacionadas con el GAL, formulada
por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Popular en el Congreso
(Página 9304)
En nombre del Gobierno informa el señor Ministro de Justicia e
Interior (Belloch Julbe), exponiendo que en fechas recientes la
opinión pública ha tenido conocimiento de que el Gobierno ha
mantenido contactos con diversos asesores jurídicos de los
señores Conde y Perote, imputados en diversos procedimientos
judiciales en los que se trata de depurar su responsabilidad
penal, las del primero, derivadas de su gestión al frente de
Banesto, y las del segundo, por la sustracción de documentos
clasificados como secretos en el momento de su cese como alto
cargo del CESID.
Señala que ha participado personalmente en esos contactos y ésa
es la razón por la que, en nombre del Gobierno, comparece ante
esta Cámara para ofrecer informaciones, explicaciones, sobre el
marco y el contenido y también sobre el balance de tales
contactos, lo que realiza a continuación.
Intervienen el señor De Rato Figaredo, la señora Aguilar Rivero y
los señores Molins i Amat, Anasagasti Olabeaga, Mauricio
Rodríguez y Chiquillo Barber, para expresar la renuncia de sus
respectivos Grupos Parlamentarios a la fijación de posiciones en
este debate, por entender que debió ser el Presidente del
Gobierno quien interviniese en el mismo, reservándose, por tanto,
para un futuro debate la fijación de posiciones.
El señor Almunia Amann fija la posición del Grupo Socialista.
Interviene de nuevo el señor Ministro de Justicia e Interior
(Belloch Julbe).
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación (Página 9315)
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para
determinar las responsabilidades políticas que resulten de la
creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por 85 señores
Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Página 9315)
En nombre del Grupo proponente interviene el señor Trillo-
Figueroa Martínez-Conde. Cree que sería redundante intentar de
nuevo, aquí y ahora, hacer una relación de las fechorías del GAL,
banda criminal a la que se atribuyen 27 asesinatos, 24 heridos y
dos secuestros, entre otras cosas. Señala que si el Grupo Popular
plantea ahora la creación de una Comisión de Investigación sobre
los hechos y las responsabilidades políticas derivadas, es porque
todos los procesados del GAL pasaron a autoinculparse y a aducir
que cumplían órdenes de sus superiores. Menciona también el uso
irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior y,
por si todo ello fuera poco, aparecen con posterioridad diversas
informaciones en torno al organismo principal de la inteligencia
del Estado, que asesora directamente al Presidente del Gobierno.
Al hilo de todo lo expuesto, cree que se puede hacer un esfuerzo
para comprender los verdaderos límites de la responsabilidad
política que quieren esclarecer en la Comisión que proponen. Se
les podrá decir que para ello están actuando los tribunales de
justicia, para depurar las responsabilidades
penales que puedan derivarse, pero sucede que la
responsabilidad política no es la misma que la responsabilidad
penal. Alude al artículo 76 de la Constitución, según el cual hay
plena compatibilidad entre la investigación judicial y la
investigación política, porque las comisiones de investigación
del Congreso y del Senado podrán actuar sobre cualquier asunto de
interés público. Poder Judicial e Investigación parlamentaria son
absolutamente independientes, por la sencilla razón de que tienen
un objetivo distinto: la responsabilidad penal en los tribunales
de justicia y la responsabilidad política en los foros
parlamentarios, la cual compete a quienes están en el ejercicio
de la función pública.
Termina pidiendo el apoyo de la Cámara para que la verdad
resplandezca en beneficio de todos, para que no se atribuyan a
los tribunales de justicia decisiones que no tienen que asumir y
para que, por fin, este Parlamento pueda pasar la página del GAL.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Barrero López, anunciando que se van a oponer a la creación
de la Comisión de Investigación sobre las actividades del GAL
pedida por el Grupo Popular. Piensa que esta Cámara debería haber
creado y aceptado esa Comisión en el año 1983; no lo hicieron
entonces y seguramente se equivocaron. Hoy no es necesario,
porque la justicia al fin va a resplandecer y los jueces, de
manera transparente y profunda, van a hacer justicia. Por
consiguiente, no van a aceptar que se superponga un juicio
paralelo a un procedimiento judicial, no teniendo, por tanto,
sentido alguno la creación de una Comisión de investigación
cuando ya se está ultimando la investigación penal. La Comisión
de investigación que ahora se solicita no aportaría nada al
descubrimiento de unos hechos y sí podría considerarse como una
intromisión ilegítima en la conducta del órgano jurisdiccional
cuya labor podría entorpecer y para la cual éste tiene
competencias exclusivas, según el artículo 117.3 de la
Constitución. La labor de la Comisión resultaría perfectamente
inútil, ya que nada añadiría a la averiguación excluyente de los
hechos, ni tampoco al prestigio de la Cámara, que se incorporaría
de manera tardía a la tarea investigadora, superponiéndose a la
actuación de los tribunales de justicia, únicos encargados del
enjuiciamiento de los hechos.
Termina expresando la convicción del Grupo Socialista respecto a
que el Gobierno ha actuado siempre con respeto a la legalidad en
su lucha contra los terroristas,
como lo ha venido afirmando con rotundidad el Presidente del
Gobierno desde el año 1983, proclamando su repulsa a cualquier
tipo de terrorismo.
Replica el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde, duplicando el
señor Barrero López.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Albistur Marín y
la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, así como los
señores Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria,
González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), Molins i
Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor Presidente informa de que dos Grupos Parlamentarios, el
Socialista y el Catalán (Convergència i Unió), han solicitado
votación secreta y por papeletas para este punto del orden del
día, por lo que la votación se hará por llamamiento, en la forma
habitual y por papeletas.
Realizada la votación y verificado el escrutinio, el señor
Presidente dijo que el resultado de la misma es de 340 votos
emitidos: 161 a favor de la creación de la Comisión, 176 en
contra y tres en blanco, por lo que queda rechazada la solicitud
de creación de la Comisión de investigación.
Se levanta la sesión a las tres y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY SOBRE SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS
(Número de expediente 121/000089)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. Al proyecto de
ley sobre supervisión de los seguros privados.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con estas
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con gran brevedad voy a fijar la posición de mi Grupo
Parlamentario, Coalición Canaria, respecto a estas enmiendas del
Senado al proyecto de ley sobre supervisión de los seguros
privados.
En términos generales, nos parece que en su mayoría --salvo
algunas excepciones que luego mencionaré-- las enmiendas
introducidas en el trámite del Senado han perfeccionado y
enriquecen una serie de cuestiones, fundamentalmente técnicas,
aclaratorias del texto para darle un principio de seguridad
jurídica y despejar encertidumbres que pudieran derivarse de
lecturas distintas.
Se mantiene el espíritu de adaptarse a las directivas
comunitarias, salvo en algunas cuestiones. Por tanto, señor
Presidente, dado este grado de aceptación, nosotros vamos a votar
favorablemente todas las enmiendas del Senado, excepto aquellas
que voy a señalar.
En primer lugar, las enmiendas que están dirigidas al artículo
13, referente al capital social y fondo mutual. Aparte de algunas
inseguiridades que se pueden contemplar en la letra b), del punto
1, vemos que en el texto remitido por el Senado no se califica
qué tipo de asistencia se está dando, si es una asistencia en
viajes o lo que nosotros entendemos que debería haber sido una
asistencia sanitaria. Por ello, vamos a votar en contra de las
enmiendas dirigidas al artículo 13.
Votaremos también en contra de las enmiendas a la disposición
adicional decimosexta. Creemos que es preferible y más claro el
texto que salió en su día de este Congreso de los Diputados;
concretamente es la enmienda número 164 de las tramitadas por el
Senado.
Finalmente nos vamos a oponer a la enmienda que está dirigida a
la disposición transitoria tercera, enmienda número 165 en el
trámite del Senado. Nosotros proponemos, señor Presidente, volver
al texto original. Hay aspectos que se refieren a las fechas
respecto a los que se han producido sustanciales cambios en el
trámite del Senado, por ejemplo, en las letras a), y
especialmente en la b) y siguientes, donde se hace un
desplazamiento, a nuestro juicio excesivo, de las fechas en que
tiene que estar en su integridad desembolsado y escriturado el
capital social exigible a 31 de diciembre de 1993, que nuestro
texto original remitía a 31 de diciembre de 1996 y que el Senado
eleva hasta el año 2000. Pues bien, en esa misma línea y por
parecernos mucho más razonable y mucho menos distorsionador sobre
el sector del mercado de empresas aseguradoras y sociedades de
seguros privados, nosotros vamos a votar en contra de esta
enmienda del Senado a la disposición transitoria tercera.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debo reconocer que, desde mi Grupo Parlamentario,
abordamos en su día este proyecto de ley con gran preocupación y
con el total rechazo a diversos aspectos que contemplaba el texto
inicial remitido por el Gobierno a esta Cámara. Es cierto que no
presentamos enmienda a la totalidad porque considerábamos que era
necesario no demorar otra legislatura una ley que ya había
sufrido suficientes retrasos y sobre todo porque, por una parte,
era necesario cumplir con la obligación de adaptar nuestras
normas a las directivas comunitarias y, por otra, actualizar la
normativa a la realidad de la actividad aseguradora. Sin embargo,
había muchos aspectos del proyecto de ley que considerábamos
necesario cambiar, como así quedó reflejado en las 61 enmiendas
que presentó nuestro Grupo Parlamentario.
Hoy se puede decir que, tras los debates en la Comsisión del
Congreso y su paso por el Senado, el texto de la ley ha quedado
sustancialmente mejorado. No obtante, seguimos convencidos de que
hubiera sido más lógico haber recogido en leyes aparte la
regulación de los planes de pensiones y mutualidades, regulando
la llamada previsión social complementaria de forma separada de
la propia supervisión administrativa del seguro privado. Además,
este criterio es compartido por el Consejo Económico y Social en
su informe al proyecto de ley y avalado por la normativa
existente en la mayor parte de la Unión Europea hasta el punto de
que, en estos momentos, hay un proyecto de reglamento de la Unión
Europea, de 31 de agosto de 1993, por el que se prevé aprobar
próximamente el estatuto de la mutualidad europea.
Al margen de esta propuesta, que no fructificó, es cierto, y así
hay que reconocerlo, que la regulación de estas entidades ha
quedado mejorada con la incorporación de las enmiendas aprobadas
en aspectos como la condición de mutualista para las personas
jurídicas, la incorporación de los socios a la ampliación de
prestaciones y, fundamentalmente, la equiparación en el
tratamiento fiscal de las cantidades abonadas a las mutualidades
y planes y fondos de pensiones, sin olvidar las singularidades
que, dentro del mutualismo, tienen las cooperativas de socios
trabajadores, colectivos estos que, en el País Vasco, agrupan a
más de 300 cooperativas y 20.000 socios mutualistas integrados en
una entidad de previsión social voluntaria, con una sigularidad
en su forma de gestión de eficacia demostrada, singularidad en el
hecho cooperativo, con un sistema de prestaciones difícil de
establecer a través del Régimen General de la Seguridad Social y
un equilibrio financiero automático que hace que sea una figura
ejemplar en este campo del cooperativismo y concretamente del
mutualismo. Por ello considerábamos que era totalmente necesario
que se especificara en el punto 1 de la disposición adicional
decimotercera, que modifica el artículo 71 de la Ley 18/1991 del
Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, la posibilidad de
reducir de la base imponible las cantidades abonadas a la
mutualidades de previsión social por los socios trabajadores para
la cobertura de todas las contingencias especificadas en este
artículo, incluido el desempleo para los citados socios
trabajadores.
Me satisface que esa propuesta de nuestro Grupo Parlamentario, a
través de la enmienda 140, haya sido aceptada por todos los
grupos mediante transacción en el Senado. Por la misma razón, y
teniendo en cuenta los mecanismos específicos y diferenciados de
cobertura de estos socios trabajadores, era absolutamente
necesario contemplar nuestras enmiendas número 103 y 114, que
fueron aprobadas en el Senado y que deberían haber sido recogidas
en una sola enmienda, ya que hacen referencia al mismo punto 3,
e) del artículo 64, pero que, sin embargo, tienen dos objetivos
distintos y no excluyentes. Por una parte, la enmienda 113
posibilita la incorporación a la mutualidad derivada de la
negociación colectiva y, por otra, la 114 posibilita la
incorporación a la mutualidad derivada de acuerdos adoptados por
los órganos representativos de las cooperativas. Son enmiendas
enfocadas por y para los trabajadores en un caso como es el de la
negociación colectiva, con una incidencia en todas las empresas,
y, en el otro caso, en beneficio de estos socios trabajadores.
Por lo tanto, espero que SS. SS. ratifiquen estas enmiendas
aprobadas en el Senado. Lo que hace que seamos optimistas sobre
el futuro de estas entidades que cumplen un papel fundamental, en
un momento en que se está poniendo en cuestión el futuro del
sistema público de pensiones y de la Seguridad Social, el propio
Estado del bienestar, es que las mutualidades de previsión social
son piezas fundamentales por la singularidad de sus propios
objetivos y composición, por las contingencias que cubren, que
son las mismas que atiende la Seguridad Social básica
obligatoria, aumentando o complementando las prestaciones que
ésta concede, y por el hecho de que, en definitiva, el mutualismo
es fundamentalmente previsión social complementaria. Se ha
conseguido, como digo, en cierto modo este reconocimiento, pero
quedan aún aspectos que desde nuestro punto de vista deberían
haberse modificado, por ejemplo, la posibilidad de practicar el
coaseguro y ciertos límites en la ampliación de las prestaciones.
Por lo que respecta a las modificaciones que recoge el proyecto
de ley sobre los planes y fondos de pensiones, creemos que hay
aspectos que deberían haberse mejorado, como con los relacionados
con la comisión de control y los requisitos para la desaparición
del promotor de los planes asociados. Esto iba en línea con las
enmiendas que presentó nuestro Grupo Parlamentario. Sin embargo,
consideramos muy positivo haber recogido en el debate del Senado
nuestra propuesta de enmienda número 142, transaccionada, para
clarificar la posibilidad legal de los ayuntamientos para
financiar y promover planes de pensiones, capacidad legal que no
quedó suficientemente clara a partir de la integración
de la Munpal en el Régimen General de la Seguridad Social.
Otro de los aspectos que nos ha preocupado ha sido el tratamiento
dado a las entidades de asistencia sanitaria, un colectivo
importante por muchas razones, por la configuración específica
que lo diferencia del seguro de enfermedad, por la
especialización de las empresas que lo componen y la labor social
que han desarrollado a lo largo de su historia; un colectivo
importante por el número de entidades que lo integran, el
personal empleado y el número de asegurados que tiene, lo que
hace que represente más del 20 por ciento del sector asegurador.
En este sentido, nuestras enmiendas han pretendido diferenciar
explícitamente la prestación de asistencia sanitaria del seguro
de enfermedad, reflejando en el texto de la ley la personalidad
propia que este colectivo tiene en la realidad social. Sin
embargo, aun reconociendo en diversos artículos de la ley el
carácter diferencial del ramo de asistencia sanitaria, al no
hacerlo extensivo en todo el texto, hay algunos aspectos que han
quedado oscuros. Me refiero en concreto a los capitales mínimos
necesarios, en donde no se recoge específicamente el ramo de
asistencia sanitaria, con lo que se debe de entender que en este
caso queda englobado dentro del de enfermedad, puesto que, en el
caso contrario, se penalizaría considerablemente al sector si se
entendiese que está en el apartado de restantes ramos, a los que
se les exige un capital mínimo de 500 millones de pesetas.
Otro sector de la actividad aseguradora que nos ha preocupado ha
sido el de los agentes mediadores y los corredores de seguros.
Entendemos que estas figuras realizan una labor muy importante en
la intermediación comercial entre las compañías de seguros y el
asegurado, por lo que era necesario regular adecuadamente la
representación de las sociedades de correduría y preservar su
independencia societaria como elemento fundamental para un mejor
servicio al asegurado. Curiosamente, esta circunstancia,
reflejada en la regulación de vínculos estrechos o
participaciones significativas por parte de las entidades de
crédito ha sido eliminada en el Senado, debido al cambio de
actitud de los grupos parlamentarios que dieron su voto favorable
en el debate en el Congreso.
Finalmente, me voy a referir al ámbito competencial, el ámbito
competencial de esta ley. En el caso del País Vasco, la Comunidad
Autónoma tiene competencia en el desarrollo legislativo y
ejecución dentro de su territorio de las bases en materia, entre
otras, de la ordenación del seguro. En este aspecto no podemos
estar satisfechos con el texto de la ley, ya que lo consideramos
restrictivo en su regulación de las competencias de las
comunidades autónomas. Creemos que debería de haberse eliminado
la vigente limitación que hace de las competencias autónomicas la
Ley 33/1984, que exige la acumulación del domicilio fiscal, el
ámbito de operaciones y localización de riesgos en el territorio
de la comunidad autónoma, así como la competencia exclusiva del
Estado en la autorización administrativa de entidades
aseguradoras, que elimina cualquier posibilidad de actuación
autonómica. Por otro lado, el proyecto de ley pretende sustituir
la competencia legislativa plena de las comunidades autónomas en
materia de mutualismo por una simple competencia de desarrollo
normativo, declarando básicos todos los preceptos de esta ley,
sin tener en cuenta el régimen tributario propio de los
territorios históricos forales y el concierto económico del País
Vasco, así como el convenio económico de Navarra.
Como resumen, señorías, desde nuestro Grupo Parlamentario
reconocemos mejoras del proyecto de ley, conseguidas en los
trámites parlamentarios, que esperamos se ratifiquen, por lo que
respecta a las enmiendas aprobadas en el Senado, en el Pleno de
hoy; pero también hay que reconocer que quedan lagunas, puntos
oscuros y un tratamiento negativo al ámbito competencial de las
comunidades autónomas. Este es desde nuestro punto de vista, el
balance final que hacemos sobre este farragoso y complicadamente
técnico proyecto de ley. Anunciamos que nuestro Grupo, en
coherencia con nuestra postura en el Senado, dará su apoyo a
todas las enmiendas que votó favorablemente en el Senado, que
son, creo recordar, todas excepto las que tienen relación con
nuestro nivel competencial.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en este trámite de fijación de posición de las
enmiendas que proceden del Senado al proyecto de ley sobre
supervisión de los seguros privados con satisfacción; con
satisfacción porque éste ha sido un proyecto de ley muy complejo,
ha tenido una tramitación parlamentaria complicada, viene ya de
lejos, se interrumpió el debate parlamentario en la anterior
legislatura, lo empezamos de nuevo al comenzar la legislatura
actual, y transcurrido todo ese tiempo, pasados ya casi dos años,
finalmente esta Cámara, en el último trámite, va a dar la
aprobación al nuevo marco legal de regulación de los seguros
privados, y no solamente de lo que hoy es la materia legal que va
a definir el desarrollo de ese sector, sino también de toda una
serie de cambios importantes que se incorporan en toda normativa
jurídica que regula los fondos de pensiones y la que regula las
mutualidades de previsión social.
Hace escasos meses se aprobaba en esta Cámara el Pacto de Toledo.
En él había un compromiso, señorías, de potenciar el sistema
complementario de previsión social, el sistema que complementa
las prestaciones que la Seguridad Social concede a los ciudadanos
de España. Esta es una ley que da un paso importante en la
dirección de potenciar aquellas entidades que desarrollan
las funciones complementarias a la Seguridad Social. Se potencia
y se adapta al sector a las normativas comunitarias en relación
con los seguros, se hace lo mismo para lo que pueden ser los
planes y fondos de pensiones y también se potencian las entidades
de previsión social, tanto las mutualidades de seguros como las
de previsión social.
La verdad, señorías, es que al final de este trámite nuestro
Grupo se posiciona satisfactoriamente ante todas las
modificaciones que el Senado ha incorporado. La Cámara Alta
mejora todavía más esa compleja ley, incorpora aspectos técnicos
y sustanciales que van a ser positivos en su aplicación para la
función última que debe tener esa ley de ordenación en un marco
más homogéneo con Europa y de potenciar el sistema complementario
a la Seguridad Social. Por consiguiente, en términos generales, a
nuestro Grupo le parecen satisfactorias las modificaciones que
incorporan estas enmiendas que introduce el Senado.
Particularmente, me gustaría referirme a algunas de ellas.
Sin duda, en el Senado se resuelve un viejo contencioso, debatido
larga e intensamente en el Congreso, en torno a si los capitales
exigibles a las entidades son o no suficientes, si son excesivos,
si son demasiado elevados y si deberían modificarse. El Senado
incorpora, en un conjunto de enmiendas, una reconsideración de
los capitales, no de los que por ley deberán suscribirse sino de
los que deberán desembolsarse. La verdad es que, sin introducir
cambios sustanciales en lo que son los capitales exigibles para
las entidades de seguros, sí se da un paso sustantivo en cuanto a
la exigencia de suscribir el 50 por ciento de esos capitales.
También se incorporan unas adaptaciones parciales, puntuales,
para unas determinadas entidades de seguros, aquellas que no
hacen prestaciones económicas pero sí las hacen de servicios
sanitarios. Para esas entidades de seguros que llevan a cabo
prestaciones de servicios sanitarios se exigen unos volúmenes
impresionantes de capitales, que no se modifican, pero se les
exime de que su desembolso pueda ser el 50 por ciento. Se
garantiza la solvencia, se garantiza la cobertura financiera,
pero no se les somete a la presión de, prácticamente tener que
retirarse de sus actividades y tener que cerrar.
Creo, señorías, que también se da un paso importante en todo lo
relativo al ámbito de las mutualidades de previsión social. Esta
ha sido una cuestión profundamente discutida en el Congreso de
los Diputados, tanto en la anterior legislatura como en la
presente. La verdad es que toda la cuestión se resumía en dejar
las cosas como están o en retroceder en el marco que hoy tienen.
Es decir, en la ley se incorporaba una serie de modificaciones
que restringían el ámbito de actuación de las mutualidades de
previsión social, especialmente porque se cuestiona el carácter
obligatorio y el marco fiscal. Estos son los dos elementos
fundamentales.
En relación con el marco fiscal, se les eliminaba la posibilidad
de que todas las aportaciones que hicieran los ciudadanos a estas
entidades pudieran ser deducibles, exactamente como lo son hoy.
En el Senado se ha vuelto a reconsiderar esta cuestión y se
mantienen las cosas tal como están. Creo que es una buena
decisión. No se potencian estas entidades mediante un nuevo marco
fiscal, porque no es así, aunque luego algún portavoz que me va a
suceder en el uso de la palabra me dirá y me justificará que sí,
y como no podré replicarle, ya le anticipo que no se mejora el
régimen fiscal de las mutualidades de previsión social; sólo se
les mantiene el derecho que hoy tienen, para que no entren en un
proceso de cierre y de eliminación. Por tanto, le anticipo que no
debe tener prejuicios. Créame, se mantienen las cosas tal como
están y creo que es una buena decisión, porque esas entidades sí
cumplen un papel importante de complementariedad a lo que son hoy
las funciones que desarrolla la Seguridad Social. Por
consiguiente, creo que esos cambios que se mantienen son
interesantes y positivos y resuelven algunos puntos que
corresponden a olvidos, a vacíos legales que en el trámite
parlamentario hemos resuelto, porque entre las entidades de
previsión social, las mutualidades, no sólo existen las que hacen
referencia a los colegios profesionales, que han sido
intensamente debatidas, sino también aquellas mutualiades que son
de empresa o aquellas otras que proceden de cooperativas, con lo
cual creo, señorías, que esas enmiendas son positivas en sí
mismas.
Por último, señor Presidente, se incorporan unos cambios
sustantivos en todo lo referente al régimen fiscal de los planes
y fondos de pensiones. Ahí, sin duda, tenemos una cuestión
importante a dilucidar en el debate de esta mañana. Se han
planteado en el Senado unas modificaciones que, a mi entender,
potencian los planes de pensiones. Creo que ésta también es una
buena vía para fomentar la complementariedad al sistema público
de pensiones, sobre lo cual sí que va a haber discrepancias y
temores. Creo que el paso que se da, elevando el límie financiero
de las 750.000 a un millón de pesetas, no tocando el régimen
fiscal, sino, simplemente, elevando el límite financiero, supone
permitir que el ahorro mensual situado en los planes de pensiones
pueda pasar de unas 68.000 o 69.000 pesetas al mes a unas 78.000.
Es decir, se eleva en 10.000 pesetas la capacidad de poder ahorar
en un plan de pensiones. No creo que este incremento pueda
preocupar a un Ministro de Economía o a un Gobierno con vistas a
dar su aprobación a esa modificación.
La disposición adicional undécima tiene otro alcance. Incorpora
un cambio fiscal importante en las aportaciones a los planes y
fondos de pensiones, no en el origen sino en la recuperación de
esos recursos cuando se dispone de ellos a partir de los 65 años.
Reconozco que el cambio que se afronta en este punto es
sustantivo, y, estando mi Grupo de acuerdo en que ése sería un
buen paso, quizá se debería tomar esa decisión en un marco de
reflexión más homogéneo, más compacto, más sereno y no alterando
parcialmente algunas
modificaciones que influirían en el régimen fiscal y jurídico y
que harían que se tuviera que proceder a otras adaptaciones.
Estamos de acuerdo en aceptar esas modificaciones y entendemos
las razones. En cualquier caso, sería aconsejable desplazar en el
tiempo esos cambios y permitir una revisión más completa de ese
cambio fiscal para no alterar el sistema financiero español,
porque ello provocaría posiblemente unas ventajas relativas a los
planes de pensiones, que mi Grupo entiende que deberíamos darlas,
pero quizás eso debería hacerse en un marco de revisión global
para evitar la alteración de estrategias en el sistema financiero
y desajustar y desequilibrar los procedimientos de ahorro en el
mercado.
Por último, señorías, mi Grupo se opone totalmente a la
disposición final segunda. La disposición final segunda define
los aspectos competenciales de esta ley, lo que es competencia
exclusiva del Estado y lo que es competencia de las comunidades
autónomas. Ahí hemos mantenido una discusión intensa, constante
de discrepancias con el Grupo Socialista y las mantengo y las
reitero. No nos parece aceptable ni lo que está en la disposición
final actualmente en el texto aprobado por el Congreso, ni lo que
quiere hacer el Senado y la enmienda que nos propone. En absoluto
estamos de acuerdo y me sumo a las expresiones del portavoz del
Grupo Nacionalista Vasco.
No obstante estas obervaciones, que son parciales, ésta es una
muy buena ley con la que todo el sector y el destinatario de la
misma va a tener un marco fiscal, un marco legal, un marco
jurídico mucho más europeo, para resumirlo en términos muy
simples, que el que teníamos hasta la fecha. Con su aprobación
esta mañana se da un paso importante de modernización de toda la
legislación que regula este sector, que es relevante para el
desarrollo económico en España. Posiblemente la Cámara esté de
acuerdo en un 80 por ciento en lo sustancial y las discrepancias
sean marginales, y las que yo he comentado son muy puntuales. Yo
creo que deberíamos coincidir toda la Cámara y todos los grupos
en poder dar luz verde a estas enmiendas que proceden del Senado.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, como decían mis predecesores, ésta es una ley no sólo
muy importante sino también muy compleja y sobre la que es muy
difícil ahora, en el último trámite en este Pleno, especificar
las distintas posiciones políticas en función de las innumerables
enmiendas, muchas de ellas presentadas como inocentes enmiendas,
pero muchas de ellas, señorías, cargadas de intencionalidad
política, en una o en otra dirección. Mi intervención va a servir
para señalar el porqué de nuestra oposición parcial a muchas de
las enmiendas introducidas en el Senado, pero, sobre todo, para
intentar explicar las razones políticas de esta oposición.
Se nos decía hace un momento, por parte del portavoz de
Convergència, que esta ley venía a complementar perfectamente lo
acordado por todos los grupos en el Pacto de Toledo. Señorías,
esto no es así, esto no es así. Esta ley viene a modificar de
forma importante un tema crucial, un tema de calado político
profundo, tan profundo que hemos llegado a un acuerdo entre todos
los grupos de la Cámara, es decir, preservar un sistema público y
universal de Seguridad Social, esta ley viene a minarlo de forma
importante, porque no convierte las mutualidades en entidades
complementarias de la Seguridad Social, sino que pretende
convertirlas, y lo consigue si se aprueban las enmiendas, en
entidades sustitutorias. Esta es una de las trampas importantes
en esta ley que vamos a aprobar si se aprueba en estas
condiciones.
Por ejemplo, esta ley viene a dar carta de naturaleza, y se
contradice la disposición adicional decimoquinta con el artículo
1.º de la propia ley, a la posibilidad de que los individuos con
trabajo dependiente puedan elegir libremente entre la Seguridad
Social o el mutualismo. Esta es una carga de profundidad enorme
al sistema público de Seguridad Social. El artículo 1, en su
apartado segundo, dice específicamente que esta ley no puede
afectar ni al Régimen General ni a los regímenes específicos de
la Seguridad Social, pero después, en la disposición adicional
decimoquinta, se dice que quien quiera puede integrarse en un
régimen específico o puede integrarse en una mutualidad. Después,
en la adicional decimotercera, se dan beneficios fiscales
exorbitantes, extraordinarios, a las mutualidades. Esto es,
señores del Grupo Socialista, minar el sistema público de
Seguridad Social, esto es decir que se cierra una ventana y abrir
una puerta para que se cuelen los que quieren convertir las
mutualidades en el sistema sustitutorio y dinamitador de la
Seguridad Social, los que quieren, y lo dicen en sus programas
políticos --Convergència i Unió--, convertir las mutualidades en
sistema sustitutorio en el régimen de la previsión social y sobre
todo en el régimen de la asistencia sanitaria. Esto está dicho y
sostenido por el Conseller de Sanidad en Cataluña. Esta es la
deriva de Convergència i Unió, del Partido Nacionalista Vasco,
señorías.
Sepan lo que están ustedes votando, señores del Grupo Socialista,
si votan las enmiendas tal como vienen del Senado. A ustedes les
ha pasado, señores del Grupo Socialista lo que, en el recio y
quizás un poco duro refrán castellano, se dice: «Quien con niños
se acuesta, meado se levanta». (Rumores.) Ustedes hicieron un
pacto en este Congreso con unos límites y este pacto, señorías...
(Continúan los rumores.) Cuando retiren los pañales, podré
continuar. Este pacto, señorías, les ha sido revolcado, les ha
sido ampliamente revolcado y
sobrepasado en el Senado por la coalición conjunta de la
verdadera derecha de este país, PNV, Convergència i Unió y
Partido Popular, y se han quedado ustedes desarbolados en el
Senado. Por lo tanto, no es baladí lo que vamos a intentar votar
aquí después, de forma muy compleja y complicada, en las
distintas enmiendas. Son cargas de profundidad al sistema público
de Seguridad Social, son cargas de profundidad pretendiendo
equiparar las mutualidades y los planes de pensiones, cuando el
régimen, la solvencia y la capacidad de futuro son totalmente
distintos.
Mutualidades, el gran paladín de las mutualidades. ¿Quieren que
hablemos de mutualidades de determinados colegios profesionales y
cómo están? ¿Quiere que hablemos, señor Ministro de Economía, de
la Mutualidad del Banco de España? ¿Quiere que hablemos?
Hablaremos en la Comisión de la Mutualidad del Banco de España.
¿Este es el futuro del mutualismo de previsión social, no ya
complementaria sino sustitutoria, que ustedes nos proponen
después del Pacto de Toledo? ¿Estos son los beneficios fiscales
que ustedes están dispuestos a aceptar en la adicional
decimotercera para las mutualidades? ¿Este es su sistema de
Seguridad Social que ustedes dicen defender, público, universal y
de reparto? ¿Es esto? No es esto, señorías. Si ustedes mantienen
estas enmiendas, estan diciendo una cosa y haciendo otra.
Esto es lo que probablemente a nosotros nos llevará --y les
ofrezco un pacto-- a votar favorablemente la elevación de los
capitales financieros de aportación a los planes de pensiones y
la modificación del artículo 28 de la Ley de Planes de Pensiones,
porque nosotros continuamos queriendo que los mejor tratados sean
los planes de pensiones, porque ésta sí es seguridad social
complementaria, ésta no amenaza la Seguridad Social pública, ésta
es de verdad complementaria y no sustitutoria. Las mutualidades
son sustitutorias, quieren serlo en el programa político de un
partido importante en una comunidad industrial e importante, la
de Cataluña. Figura en el frontispicio de su voluntad política
sustituir la Seguridad Social por las mutualidades, por la
Alianza, por la Mutualidad del Hospital General de Cataluña. Esto
está dicho, publicado y sostenido. No me lo invento yo, señorías.
Ustedes están abriendo la puerta a la dinamitación de la
Seguridad Social pública. En cambio, potenciando los planes de
pensiones estamos seguros de que mejoramos la seguridad social
complementaria, cosa con la que nuestro Grupo, junto con los
sindicatos, siempre ha estado de acuerdo, y no abrimos ninguna
puerta falsa a la dinamitación del sistema público de Seguridad
Social. Esta es la posición central que nos va a llevar a
ejemplificarla en las distintas votaciones.
Por lo tanto, señor Ministro de Economía, señores portavoces del
Grupo Socialista, nosotros les proponemos que podríamos cambiar
nuestro voto en estas dos enmiendas que he señalado si ustedes
cambian su voto en los beneficios fiscales a las mutualidades;
beneficios fiscales, señor Ministro de Economía, que su Dirección
General de Tributos denuncia como escandalosos. Yo no sé a qué
carta quedarme, si a lo que dice la Dirección General de Tributos
o a lo que votará ahora el Grupo Socialista o a lo que usted va a
decidir como Ministro de Economía y Hacienda. Su Dirección
General de Tributos pone el grito en el cielo en los beneficios
fiscales que el señor Homs dice que no son nada, que quedan como
antes. No opina así la Dirección General de Tributos, señor
Ministro de Economía. Me gustará oír lo que dicen los compañeros
del Grupo Socialista y cuál es la posición final.
Para que vean ustedes hasta qué punto esta ley va dinamitando el
sistema público de Seguridad Social, les voy a dar otro ejemplo,
otra perla. Hasta ahora los mutualistas debían ser siempre y
también los tomadores del seguro. Según la enmienda al artículo
9, los asegurados ya no es necesario que sean mutualistas. Es
decir, pervertimos la esencia de lo que es una mutua de seguros
aceptando que pueda haber asegurados que no sean mutualistas.
Sobre la voluntariedad, artículo 64.3.e) que ha defendido con
especial insistencia el representante del Grupo Vasco (PNV),
nosotros no tenemos nada en contra, antes al contrario, de los
socios trabajadores de cooperativas, nada. Pero nosotros tenemos
un principio al que no queremos renunciar y es el que los
sistemas complementarios de la Seguridad Social han de ser
voluntarios. Cualquier atentado contra esta voluntariedad,
señorías, es atentar contra el sistema público de Seguridad
Social. Y ustedes lo quieren hacer para los colegiados, ustedes
lo quieren hacer para los socios de cooperativas de trabajo.
Quisiéramos encontrar una solución. En las leyes no se puede
hacer menciones «ad personam», por supuesto que no, y todos
sabemos de qué cooperativa estamos hablando, solvente, importante
y bien gestionada. Lo sé perfectamente. Pero en política a veces
también hay que estar a los principios y para nosotros es un
principio indeclinable el que el sistema complementario de
Seguridad Social deba ser inexcusablemente de forma transparente,
absolutamente voluntario. Y digo al ilustre representante del
Grupo Vasco (PNV) y a quien representa que si tan buena es esta
cooperativa de socios trabajadores, que estoy seguro que lo es,
no tengan miedo, nadie se marchará. Tendrán ustedes un doble
refuerzo, un doble premio. Por vía de la voluntariedad
continuarán ustedes prestando un buen servicio, creciendo y
haciendo un servicio a la sociedad, pero no nos hagan abdicar, y
creo que el Grupo Socialista tampoco debería abdicar, de este
principio fundamental: lo complementario es voluntario. Lo
público es obligatorio. Señorías, fíjense bien en lo que van a
hacer en estas votaciones.
Finalmente, y no es una enmienda que venga del Senado, porque así
quedó sancionado en el Congreso, nuestro Grupo continúa
defendiendo que hubiese sido bueno en esta ley obligar a la banca
a hacer públicos
sus compromisos internos de pensiones. No entendemos por qué el
Grupo Socialista es renuente a esta proposición. No lo entendemos
cuando grupos bancarios importantes, la banca pública,
Argentaria, bancos medianos, muchas cajas de ahorros, lo han
hecho y les ha ido bien. ¿Por qué se permite esta discriminación
de estas empresas, sobre todo de los bancos, respecto de otras
empresas en las que sí se obliga a hacer públicas las previsiones
para planes y fondos de pensiones? No lo entendemos, señorías. No
entendemos la razón política. Creo que no la hay. Serán
presiones, será timidez; no lo sé, pero no entendemos su
posición.
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.
El señor ESPASA OLIVER: Voy a concluir, señor Presidente,
repitiendo nuestra oferta. Nosotros, que estamos en condiciones
de votar la elevación financiera de las aportaciones en planes de
pensiones al millón de pesetas; nosotros, que si ustedes no
cambian de criterio, también estaremos de acuerdo en diferenciar
lo que son rendimientos del trabajo aportados a un plan de
pensiones de lo que es el rendimiento mobiliario de aquella
aportación, es decir, la modificación del artículo 28 de la Ley
de Planes y Fondos de Pensiones, cambiaríamos nuestra posición,
si ustedes cambian la suya, en el tema de mutualidades. Si
ustedes cambian la suya, nosotros cambiamos la nuestra.
Señores del Grupo Socialista, ustedes hicieron unos pactos que
después les han fallado, les han traicionado en el Senado. «Quien
con niños se acuesta...»; no continúo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señorías, debatimos
hoy el texto final que nos remite, con su mensaje motivado, la
Cámara Alta, el Senado, sobre la ley de ordenación y supervisión
de seguros privados. Y lo primero que tenemos que hacer es
expresar nuestra perplejidad ante el texto que nos llega del
Senado y buscar la explicación de la razón por la que se produce
este texto en muchos casos contradictorio y, en otros, de difícil
aplicación cuando aparezca esa ley en el «Boletín Oficial del
Estado».
Señorías, esta es una ley que el Gobierno aprobó en la
legislatura anterior, que era para trasponer unas directivas
comunitarias referidas a la actividad aseguradora y que, al no
ser aprobada definitivamente en los dos trámites parlamentarios
de Congreso y Senado, por la disolución de las Cámaras, ha vuelto
a ser presentada de forma tardía por el Gobierno, que incluso
tuvo aparcada la ley durante meses después de aprobada, según
decía, porque había diferencias entre diversos ministros del
mismo Gobierno del señor González.
Esto ha llevado a que, una vez en marcha el proceso legislativo,
tanto en el Congreso como en el Senado, la ley se haya visto a
uña de caballo. A ello añadimos que esta ley lleva materias que
pueden ser conexas, pero que son heterogéneas, como toda la
materia de seguros, mutualidades de previsión social y fondos de
pensiones; a cada una, por propio mérito, tendría que habérsele
destinado, yo creo un proyecto de ley, una ley. Pero no; en un
«totum revolutum», como dijo el Senador Olivencia en el Senado,
se trata de regular seguros, mutualidades de previsión social,
fondos de pensiones, y la verdad es que yo siento pena de quienes
tengan que aplicar esta ley en su vida diaria.
Señores, yo les condeno a que en el próximo fin de semana hagan
el ejercicio, yo creo que de masoquismo, de leer e intentar
entender esta ley. Van ustedes arreglados. Es una ley que,
además, ha motivado --y yo llevo ya una vida parlamentaria
extensa, desde 1977-- incluso una nota de la propia Secretaría
del Senado, en la que trata de aclararnos que allí se han
aprobado artículos con enmiendas distintas que son
contradictorias y que, de ver hoy la luz y pasar al «Boletín
Oficial del Estado», tendríamos que decir que no sabríamos qué se
aplicaría, si la enmienda 6 o la otra. (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Diputado, este
Diputado habla a quien le parece, no tiene que pedirle permiso a
usted para nada; si acaso, al Presidente. (Risas.)
Señoras y señores Diputados, creemos que es muy difícil no decir
algo al Gobierno: Señores del Gobierno, ustedes quieren cumplir
un programa electoral con leyes que les manda un Gobierno
agostado, como los Presupuestos del Estado, que se mandan para
divertimento del Ministro del ramo y que no se van a aprobar. Yo
le adelanto, señor Ministro, que en la ley de acompañamiento, si
se aprueba, tendremos que poner enmiendas para tratar de adecuar
esta ley y que se pueda entender algo en algunos de sus puntos,
porque si no, sería difícil.
Quisiera decir al señor Espasa, no como réplica sino como
demostración de que cada uno tiene su idea de lo que se aprobó en
el pacto de Toledo, y nosotros lo aprobamos, señor Espasa, que el
sistema público es el centro de todo lo que es la seguridad y la
previsión de los españoles, pero que hay un sistema
complementario. Usted dedica sus votos a lo que es su filosofía
política y nosotros a la nuestra, evidentemente; luego, el pueblo
dirá quién tiene más o menos aceptación.
Señorías, me parece que no merece la pena el esfuerzo que ustedes
han hecho al haber desperdiciado la ocasión, yo creo histórica,
de haber hecho de los fondos de pensiones un instrumento que
sirviera para la canalización del ahorro hacia la financiación de
las empresas, para poder crear puestos de trabajo. Yo creo que
han sido temerosos al abordar lo que hoy es el sistema de
financiación en los principales países del
mundo occidental. Yo les prometo que, si el pueblo español da la
confianza al Partido Popular, nosotros abordaremos en profundidad
y sin miedo lo que hay que hacer con los fondos de pensiones y,
también, llevar a su sitio lo que son las mutualidades de
previsión social. Evidentemente, nuestras críticas no sirvieron;
hoy, tampoco. Nosotros creemos que van a pagar las consecuencias
los ciudadanos, que son los destinatarios finales de la norma. Yo
les vuelvo a decir: relean este «totum revolutum» en el «Diario
de Sesiones» y, sobre todo, en el «Boletín Oficial del Estado».
En la Comisión del Congreso vimos esta materia con competencia
legislativa plena y hubimos de sufrir --señor España, ¿lo
recuerda?-- un trámite extraño según el cual, por la vía de
enmiendas transaccionales, no aceptadas ni sometidas a la
aceptación de los demás grupos, se modificó toda la ley, en un
proceso que duró desde las cinco de la tarde hasta las dos de la
mañana. El resultado fue que no sabíamos ni lo que votábamos y,
en tal supuesto, mi Grupo optó por abstenerse, porque no se podía
hacer otra cosa. En el Senado se han presentado 468 enmiendas; mi
Grupo, el Popular, ha presentado 174, se han aceptado 27, más las
transaccionales, que son el fruto de un diálogo --es cierto que
lo ha habido en el Senado-- y nosotros vamos a ser totalmente
respetuosos con lo que los Senadores del Grupo Popular han hecho
en aquella Cámara. No se puede venir aquí a decir que no tiene
nada que ver lo que los Senadores del mismo Grupo Parlamentario
hacen en el Senado con lo que se hace en el Congreso. Nosotros
nos sentimos solidarios con lo que allí se ha hecho y también nos
sentimos concernidos por la firma que pusimos en las enmiendas
transaccionales, de tal forma que nuestro voto hoy no irá contra
esas enmiendas transaccionales. Los grupos que así lo hagan
demostrarán poca seriedad y que están por el chalaneo. Hoy quiero
yo ver, cuando se habla de pinzas entre grupos diferentes,
quiénes hacen al final la pinza verdadera en esta ley, porque me
temo mucho que va a ser entre el Grupo Socialista y el Grupo de
Izquierda Unida, y me remito a la intervención del señor España.
Señorías, repito que vamos a votar en contra de aquello que ya
votamos en contra en el Senado y vamos a votar a favor de aquello
que votamos a favor.
Señor Presidente, quiero dar unas explicaciones que estimo
necesarias para que se entienda el sentido de algunos de nuestros
votos, porque van a poner de manifiesto cuál es el texto que
hemos recibido y cómo no se puede legislar montado en
motocicleta, señorías, a toda velocidad, sin saber siquiera lo
que se está aprobando, porque de lo que se trata es de que el
señor González diga que ha aprobado su programa, y no se trata de
eso. Se trata de que hagamos leyes que sean propias de un
Parlamento serio, porque lo que estamos haciendo, señorías, yo no
lo considero serio.
La falta de coherencia, de sosiego y de sistemática en la
votación final en el Pleno del Senado a distintas enmiendas
aprobadas han determinado que se produzcan incongruencias en el
texto final resultante, que les voy a comentar brevemente.
En primer término, en el artículo 13 se han aprobado dos
enmiendas que suponen la adición de dos nuevos puntos, ambos con
el número 6, y que tratan de la misma materia, pero sin ser
plenamente coincidentes; es un artículo con dos puntos 6,
aprobados los dos en el Senado y que dicen cosas contradictorias.
Los dos nuevos puntos pretenden establecer una norma específica
de reducción de capitales o fondos mutuales para entidades de
asistencia sanitaria de ámbito geográfico y personal reducido. La
diferencia básica entre los dos nuevos puntos es que el primero
de ellos prevé como ámbito de aplicación tanto las compañías de
asistencia sanitaria como las de deceso y aplica la reducción a
aquellas que actúen en un ámbito territorial con menos de dos
millones de habitantes o coincidente con una comunidad autónoma.
Por el contrario, el segundo no se refiere al ramo de decesos y
contempla el supuesto de ámbito territorial no superior al de una
comunidad autónoma. Vamos a pedir, por tanto, votación separada
del segundo de los dos nuevos puntos y vamos a votar
favorablemente al primero, porque coincide con la enmienda número
252, del Grupo Popular, que se presentó en su día en el Senado.
De todos modos, si no se aprobara ninguna de las dos versiones de
este punto, merecería la pena, a lo mejor, apoyar la segunda. Lo
que es contradictorio es que vengan dos textos que no son
iguales.
En segundo término, en el artículo 64 se ha producido una
situación similar, pues el Pleno del Senado ha introducido dos
versiones distintas de la letra e), punto 3, de este artículo,
referido a la voluntariedad o no de la incorporación de
mutualistas a la mutualidad de previsión social. Las dos
versiones, señorías, son válidas por igual, pero ambas tienen un
defecto: la primera de ellas no contempla el supuesto de las
cooperativas como excepción a la voluntariedad para la
incorporación a una mutualidad de previsión social, mientras que
la segunda no contempla como excepción la negociación colectiva,
que sí es contemplada en la primera. La enmienda número 319, del
Grupo Popular, contemplaba en el Senado ambas excepciones, además
de la de los colegios profesionales, que sí es tenida en cuenta
por las dos versiones en la letra e), punto 3, del artículo 64,
que se aprobó por el Senado. En consecuencia, a este Grupo le
interesa que se aprueben las dos, aunque sea absurdo, señorías,
pero queremos que se aprueben las dos. Una solución
satisfactoria, no sé si es posible, sería la de que se admita la
refundición técnica de las dos versiones de este punto, de forma
que la resultante contemple las tres excepciones a la
voluntariedad que entre ambas versiones se admite: colegios
profesionales, cooperativas y negociación colectiva.
En tercer término, una situación aún más complicada se produce
respecto a la disposición adicional primera en relación con el
artículo 13 y la disposición transitoria tercera, en lo que hace
referencia al seguro
de asistencia sanitaria. El Senado, señor Presidente, admitió la
incorporación de un nuevo número 20 en la clasificación de los
riesgos por ramos que se hace en el punto 1 de la disposición
adicional primera, tal y como proponía expresamente la enmienda
número 332, del Grupo Popular, en el Senado. Sin embargo, no fue
admitida la enmienda número 331, de este mismo Grupo
Parlamentario, que hacía congruente con la asistencia «ex novo»
del ramo de asistencia sanitaria la descripción del ramo de
enfermedad que se hace en el punto 2 de la misma disposición
adicional primera, por lo que en esta misma disposición se
contiene un número 2, en el cual la asistencia sanitaria aparece
como formando parte del ramo de enfermedad, y otro número, el
nuevo 20, que configura la asistencia sanitaria como ramo
independiente. Dado que este Grupo propuso la independencia del
ramo de asistencia sanitaria, naturalmente no vamos a votar
contra el nuevo número 20, pero tenemos que decir que resulta
incoherente.
En cuarto término, la incoherencia resultante de lo comentado en
el apartado anterior, en el número 3, se complica porque, aunque
en esta disposición adicional sea incorporado como independiente
el ramo de asistencia sanitaria, no se ha hecho lo mismo en el
artículo 13 de la ley que prevé los capitales mínimos para cada
uno de los ramos, por lo que el nuevo ramo de asistencia
sanitaria quedaría englobado en la referencia a otros ramos que
se hace en el artículo 13.1.c), que exige 500 millones de capital
como mínimo, cuando la voluntad unánime de los grupos del Senado
fue que se defendiera la existencia independiente del grupo de
asistencia sanitaria y que quedase incorporado al apartado b) del
citado artículo 13.1, que sólo exige 350 millones de pesetas de
capital.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
Este error no se habría cometido de haberse aceptado la enmienda
249 del Grupo Popular, que sí hacía referencia expresa a la
asistencia sanitaria. Este error
no es subsanable en este trámite y lo único que queda
--así lo hará este Grupo-- es presentar en su momento una
proposición de ley para tratar de adecuar esto a lo que se
quería.
En quinto término, se produce otra incongruencia respecto a la
disposición transitoria tercera, que prevé el régimen transitorio
de adaptación a los nuevos capitales mínimos. La versión del
Senado se ha redactado sin tener en cuenta que el artículo 13
había sido modificado por una enmienda del Grupo Popular,
conforme a la cual ya no se exige el desembolso íntegro de los
nuevos capitales, sino únicamente el 50 por ciento. Por el
contrario, la disposición transitoria tercera está redactada como
si el artículo 13 exigiese el desembolso íntegro del 100 por
cien, ya que no fue tenida en cuenta una enmienda transaccional
del Grupo Popular al considerar los otros grupos que era
demasiado complicada y extensa para estudiarla sobre la marcha,
cuando la verdad es que si era extensa, es porque la materia es
difícil y extensa. En esta situación, no tiene remedio y lo que
procede es anunciar que el régimen transitorio de acomodación
deberá adaptarse al objetivo final, que es el que figura en el
artículo 13, mediante una iniciativa legislativa a presentar
inmediatamente --iniciativa legislativa que ya he anunciado--,
pues ni vale el texto aprobado por el Congreso ni el del Senado.
A ver quién arregla esto.
Lo mismo pasa con un error cometido en el 1.b) de esta misma
disposición adicional tercera, que prevé el desembolso íntegro
del capital mínimo, conforme al artículo 13. Ese capital sólo
debe desembolsarse al 50 por ciento. La verdad es que ese
apartado quería referirse al capital mínimo exigido por la
legislación anterior como primera fase de la adaptación
transitoria a lo que se dispone en la presente ley, pero una
enmienda aceptada en el Senado ha suprimido este matiz, dejando
un texto absurdo. En consecuencia, procede pedir votación
separada de la disposición transitoria tercera y abstenernos, ya
que no se puede votar sí porque, repito, el texto es absurdo e
incongruente con el articulado de la ley, pero tampoco se puede
votar que no, porque sí debe existir un régimen transitorio de
adaptación a la nueva cifra de capitales y fondos mutuales
mínimos que exige el artículo 13 de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, no he mirado el reloj
en las demás intervenciones, pero le pido, y estoy seguro de que
me lo va a conceder, la misma generosidad. Estoy terminando.
Un nuevo error ha sido el cometido en el Senado al incorporar a
la disposición adicional dos apartados nuevos con el número 17,
en virtud de los cuales se da nueva redacción, en ambos a la vez,
al artículo 28 de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Vamos a ver cuál de los números 17, que
son contradictorios, queda vivo después de la votación.
(Rumores.)
Hay más incongruencias en lo que se refiere a planes y fondos de
pensiones, ya que, por un lado, el límite se establece en un
millón de pesetas y, por otro, sólo se pueden desgravar 750.000
pesetas. De cualquier forma, señor Presidente, hago alivio en
cuanto a tiempo, según la exigencia de S. S., que no en cuanto a
respeto por parte de los señores Diputados, ya que, señor
Presidente, para expresarse hay que hace acopio de voz. Es muy
difícil expresarse, señor Presidente, más cuando no se tiene la
garganta bien; yo requeriría al señor Presidente para ver si se
callan los señores Diputados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Ramallo, concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Concluyo, señor Presidente, pero he
echado de menos la protección del señor Presidente para que se me
oiga, y la sigo echando. (Continúan los rumores.--Varios señores
Diputados: ¡La hora! ¡La hora!)
Señor Presidente, cuando lo que se dice aquí le gusta al Grupo
mayoritario, no pide la hora, cuando está oyendo lo que no le
gusta, siempre pide la hora. (Varios señores Diputados: ¡La hora!
¡La hora!-- Rumores.) Ve cómo tengo razón.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ramallo.
Señorías, guarden silencio. Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Sí, señor Presidente, si me dejan.
Concluyo.
Señor Presidente, este instante del trámite del proyecto es una
confirmación de lo que vengo diciendo, no se puede legislar así
en nombre del pueblo y para el pueblo para darle leyes que no se
pueden cumplir porque están intrínsecamente mal hechas y son
malas.
Señor Presidente, éste es el producto de un Gobierno que lo que
tiene que hacer es irse, porque esto es impresentable. (Fuertes
protestas y rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo, yo comparto con los portavoces, excepto con usted,
los calificativos que se han hecho del contenido de este proyecto
de ley. Es verdad, lo ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, el
portavoz de Convergència i Unió, el señor Espasa, que ésta es una
ley farragosa, es una ley que creo que alguno calificó de
endiabladamente compleja, es una ley muy técnica. No voy a
modificar ninguno de esos calificativos. Estoy de acuerdo con
todos ellos. Pero, señor Ramallo, tengo que rechazar
tajantemente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que
el resultado de esta discusión parlamentaria sea una ley que va a
ser ininteligible en el «Boletín Oficial del Estado», tengo que
rechazarlo tajantemente; y le voy a recordar, señor Ramallo, que
si hay algún Grupo Parlamentario responsable de algún párrafo en
la ley que resulte incongruente es su Grupo Parlamentario.
(Varios señores Diputados: Muy bien.--Rumores.)
Señor Ramallo, usted ha recordado desde la tribuna que hay dos
enmiendas del Partido Nacionalista Vasco aprobadas que son
contradictorias entre sí, la 113 y la 114, que se refieren al
artículo 64.3.e), en materia de mutualidades. El Grupo Socialista
votó en contra de las dos enmiendas. ¿Me quiere decir con qué
votos se aprobó en el Senado la enmienda 113 y la enmienda 114?
Con los de su Grupo Parlamentario. (Rumores.) Con los de sus
Senadores. (Rumores.)
Señor Ramallo, ha citado usted también el famoso artículo 13, que
se refiere a capitales mínimos. Ahí hay tres enmiendas aprobadas
que tienen alguna incongruencia entre sí. Se las digo yo, no hace
falta que las busque: la 168, de Convergència i Unió; la 399, del
Grupo Socialista, y la 252, de su Grupo. ¿Me quiere decir quién
sacó adelante la enmienda de Convergència i Unió si nosotros
votamos en contra de ella? (Rumores.)
Señor Ramallo, todo eso es lo que tratamos de corregir con
nuestra votación aquí en el Congreso.
Además, ha dicho usted cosas muy importantes, desde el punto de
vista político, referidas a planes de pensiones, que no quisiera
pasar por alto en modo alguno. Dice usted que, cuando tengan la
oportunidad, van a cambiar la ley de planes para, valientemente,
proporcionar a los españoles --se supone que no a muchos
españoles, señor Ramallo--... ¿Usted sabe qué porcentaje de los
partícipes que aportan a planes llegan a dotar anualmente su plan
de pensiones con 750.000 pesetas, que es el límite? Exactamente
el 5 por ciento de los partícipes que en este momento aportan
ahorro personal a los planes de pensiones. Y dice que ustedes van
a hacer una legislación valiente. Ya le aviso, señor Ramallo. Si
ustedes van a llegar a donde han llegado los ingleses, léase lo
que los ingleses han concluido después de fiascos muy
considerables en sus sistemas de planes de pensiones. Hay un
informe muy profundo y muy curioso para usted y para su Grupo, en
relación con el sistema de planes de pensiones británico, en el
que ensalzan y ponen en valor la legislación española
curiosamente, señor Ramallo, la que ustedes quieren modificar
para acercarse a sistemas de previsión complementaria mucho más
liberales, por qué no, y mucho menos controlados también que el
nuestro.
Señorías, me interesa también contestar a algunas apreciaciones
del portavoz de Izquierda Unida. No tenemos, señor Espasa, ningún
problema de humedades en el Grupo Parlamentario Socialista,
ninguno. No hay absolutamente ningún problema. El proyecto de ley
salió de esta Cámara camino del Senado con un acuerdo entre el
Grupo Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Socialista y en
el Senado ha sufrido algunas modificaciones que eran consecuencia
de desacuerdos también que se habían manifestado aquí, en el
Congreso de los Diputados.
Pero una cosa por otra, señor Espasa, ya que usted nos acusa a
nosotros de haber sido poco previsores en relación con cambios de
posición de otros grupos. ¿Quiere que lea --aquí no lo tengo,
pero sí en el escaño-- cuál fue el sentido del voto de sus
Senadores en relación con las enmiendas del Grupo Popular, de
Convergència
i Unió, del Grupo Socialista y las suyas propias? No lo voy a
hacer, señor Espasa, porque se sonrojaría al ver que Senadores de
su Grupo Parlamentario apoyaron las enmiendas que apoyaron en el
Senado, con el sentido de esas enmiendas, con el calado político
de esas enmiendas.
Cuando uno se expresa desde esta tribuna y acusa a otros grupos
parlamentarios de algunas cuestiones, tiene que saber si tiene su
espalda cubierta o no, y en este caso, señor Espasa, su espalda
no esta cubierta; usted tiene un techo de cristal que tirando una
piedrecita bien pequeñita quiebra en mil pedazos. Sus Senadores
no siguieron en esta ley ningún criterio que tenga que ver con la
izquierda, ni con el progresismo, ni con nada parecido, señor
Espasa; votaron lo que en aquel momento les pedía el cuerpo,
dicho en lenguaje castizo, si ustedes me perdonan.
Señorías, nosotros vamos a mantener en lo básico las posiciones
que hemos mantenido en el Congreso y en el Senado y produciremos
algunos cambios, incluso, en relación con cuestiones que apoyamos
en el Senado, porque una reflexión posterior nos ha conducido al
convencimiento de que hay algunas cuestiones en las que no
teníamos toda la razón y eso creo que es un proceso y una
posición muy legítima. Pero me quiero referir a algunas de ellas
en particular.
En lo que se refiere a mutualidades, señor Espasa, rechazo
tajantemente las acusaciones que usted hace a los socialistas y
al Grupo Socialista. Lea conmigo el artículo 64, que empieza
diciendo: Las mutualidades de previsión social son entidades
voluntarias aseguradoras que ejercen una modalidad complementaria
del sistema público de seguridad social obligatorio. Luego ya en
el artículo 64 queda bien claro que las mutualidades de previsión
social son voluntarias; primera cuestión que a usted le preocupa.
Para nosotros son voluntarias.
Segunda cuestión. Las mutualidades de previsión social son
sistema complementario de la Seguridad Social pública y vamos a
votar favorablemente la enmienda 113, del Grupo Parlamentario
Vasco, para que sean obligatorias aquellas mutualidades que
proceden de la voluntad colectiva de socios cooperativistas. No
así en el caso de mutualistas de colegios profesionales, donde
somos partidarios de que siga siendo una opción voluntaria para
los colegiados estar afiliados o no a una mutualidad. Pero en el
caso de cooperativas, en las que democráticamente se pueda
decidir si esa mutualidad de la cooperativa es o no obligatoria,
esa previsión y esa posibilidad, señor Espasa, la vamos a apoyar.
¿Pone eso en quiebra el sistema público de seguridad social? ¡Por
favor, señor Espasa! Usted lo dijo desde esta tribuna: es una
experiencia interesante que ojalá se repitiera por otros lugares
de la geografía española.
Exagera usted cuando dice que esa enmienda puede llevar a
dinamitar, a debilitar el sistema público de Seguridad Social,
porque no hay nada de eso. Además, no hay detrás de nosotros
ninguna evolución ni trayectoria histórica que permita
defenderlo, porque las mutualidades no han aumentado, sino que
han ido reduciéndose. Una de las más importantes, la Mutualidad
de Funcionarios de la Administración Local, ha acabado
integrándose en el sistema público de la Seguridad Social.
Por tanto, señor Espasa, lo único que hacemos es dar un
tratamiento, en la medida en que es posible, equiparable a las
tres figuras de previsión social complementaria, que son los
planes de pensiones, las mutualidades y los seguros.
No quiero concluir mi intervención, señorías, sin referirme a una
cuestión a la que también ha aludido el portavoz del Grupo
Catalán (Convergéncia i Unió): la enmienda 360, del Grupo
Parlamentario Popular, a la disposición adicional undécima, que
modifica el artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de
Pensiones. Comparto los argumentos que el señor Homs ha dado
desde esta tribuna para rechazar esa modificación en el artículo
28, por dos motivos. Uno, porque esa enmienda da a las
prestaciones de los planes de pensiones un tratamiento fiscal más
beneficioso que a las prestaciones públicas del sistema de
Seguridad Social. Eso para nosotros no es coherente.
Pero, segunda parte, coincidiendo con lo que decía el señor Homs:
si aprobamos esa enmienda, señor Ramallo, cometeríamos también un
delito de ininteligibilidad a que usted se refería. ¿Por qué digo
esto? Porque por una enmienda nuestra, concordada con otros
grupos, es decir, una enmienda transaccional, modificamos la
fiscalidad de las aportaciones a planes y mutualidades derogando
lo que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 contenía en
esa materia y llevando la regulación al artículo 71 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ustedes tratan,
no en aportaciones, sino en prestaciones, de modificar no el
artículo 25 de la Ley de IRPF del año 1991, que sería el lugar
preciso, sino el artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de
Pensiones. De manera que, si aprobamos su enmienda 360, haríamos
más ininteligible todavía el proyecto, porque las aportaciones a
mutualidades y planes de pensiones quedarían reguladas
fiscalmente en la Ley del IRPF y las prestaciones de mutualidades
y de planes de pensiones quedarían reguladas en el artículo 28 de
la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
¿No ve usted, señor Ramallo, que cuando se hacen esas denuncias
tan estridentes y tan ruidosas desde esta tribuna hay que tener
conocimiento y conciencia de lo que se está diciendo? Insisto una
vez más en ello para señalar que, si es que esta ley es
ininteligible y oscura, su Grupo Parlamentario es el que más ha
contribuido a ello.
Pero, señorías, no quiero concluir sin dejar sentado que esta ley
pone las condiciones para solventar un problema muy importante:
el del reforzamiento de las
garantías que los trabajadores españoles necesitan para que los
compromisos que con ellos adquieren sus empresas en cuanto a
previsión social complementaria se hagan realidad. No necesito
recordar que hay miles de trabajadores españoles que han visto
que, conducidas a la bancarrota sus empresas, esos compromisos,
que estaban materialiados en fondos internos, acabaron por ser
compromisos frustrados, inexistentes. Lo que hace esta ley es
obligar a externalizar esos compromisos y, en definitiva, a dar
mayores garantías a esos compromisos que las empresas adquieren
con sus trabajadores.
Por último, señorías, y mal que le pese al señor Ramallo, no me
quiero ir de esta tribuna sin recordar que este proyecto de ley
forma parte de los compromisos del Gobierno socialista en lo que
se refiere a reformas estructurales presentes en el programa de
convergencia.
Por ello, señorías, yo creo que hoy estamos de enhorabuena,
porque modificamos una cuestión muy importante para el sector
financiero español. Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes y
prolongados aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El
señor Ramallo García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para replicarle al señor Espasa, ya que he
sido aludido en innumerables ocasiones en su intervención. Quiero
decirle que sus argumentos en relación con las posiciones de
nuestro Grupo son absolutamente falsos. Confunde usted a esta
Cámara y a la opinión pública que está siguiendo este debate. No
sustituimos el sistema público de pensiones por ningún otro; no
hacemos lo que usted dice. Léase usted, por favor, con
detenimiento los papeles. Entienda la materia antes de juzgarla
desde la tribuna de la forma que lo está haciendo.
Le recuerdo que sólo el principio de la opcionalidad, a la que
usted hacía mención, se aplica al régimen de autónomos y para las
prestaciones de incapacidad laboral transitoria para cuya
financiación tiene unos gravísimos problemas la Seguridad Social,
que se la quita de encima porque no puede resolver esos problemas
y los pasa a la sociedad para que sea ésta quien los cubra. Y la
disposición duodécima dice concretamente, señor Espasa, que
podrán optar por entidades gestoras que sean mutuas de accidentes
de trabajo. Confunde usted mutuas de accidentes de trabajo con
mutuas de previsión social cuando no tiene nada que ver una cosa
con la otra. Se habla en esa disposición del subsidio por
incapacidad temporal. Señor Espasa, por favor, léase usted bien
las leyes antes de emitir esos juicios de valor tan contundentes
que ha hecho usted desde la tribuna.
Estamos por mantener el sistema público de pensiones en España,
tal como está definido en nuestro ordenamiento jurídico, y no lo
alteramos. Estamos por potenciar un sistema complementario. Y el
sistema complementario, señor Espasa, no es solamente una
modalidad --fondos de pensiones-- sino, además, mutualidades de
previsión social y entidades de seguros. Esas tres modalidades
son las que nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico
consagran como complementarias del sistema público de pensiones.
Y esa ley lo único que hace es afianzar el sistema público de
pensiones y complementar adecuadamente los sistemas
complementarios.
No es verdad, en absoluto, señor Espasa --y termino, señor
Presidente--, lo que usted ha dicho en relación a que nos
queremos cargar el sistema público de pensiones. Quiero decirlo
con contundencia por que los medios de comunicación no se llamen
a engaño con sus palabras, que son confusas. En cuanto a las
mutualidades de previsión social de colegios profesionales, le
quiero decir que se mantienen las cosas como están porque hoy
tienen el derecho de deducción de las aportaciones que la ley
anteriormente eliminaba. Y se les mantiene como está porque están
desrrollando una función complementaria del sistema público de
pensiones. Señor Espasa, le ruego reiteradamente que antes de
emitir esas opiniones, las analice y las estudie con mayor
detalle.
Nuestro Grupo sí tiene dudas sobre si aprobar precipitadamente
esa enmienda que cambia todo el marco fiscal de los planes de
pensiones, como ha sucedido con una enmienda puntual que se ha
aprobado en el Senado. Estamos por revisar el sistema fiscal de
los planes de pensiones. Queremos hacerlo con serenidad y sosiego
en todas las disposiciones jurídicas para que no genere
distorsiones en el sistema económico y financiero, y lo vamos a
intentar hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para decirle al señor Espasa, dado que
nuestro Grupo ha sido el que ha defendido el asunto con más
ardor, quizás por unos intereses también determinados --porque
las mutualidades de previsión social, como usted conoce, son
fundamentalmente las que están implantadas en el País Vasco-- que
me ha sorprendido porque no ha salido a defender sus
enmiendas de la ley del seguro. Usted ha salido a atacar al
mutualismo laboral; su preocupación es única y exclusivamente
ésa. Yo creo que su problema es como el de tantos: hablar de
oídas. Y como no quiero que usted hable de oídas, le voy a
invitar a que venga al País Vasco, a Mondragón, a que conozca el
munto cooperativo, a que hable con uno de esos 20.000 socios
trabajadores --porque incluso alguno le votará a usted o a su
Grupo-- y le diga cómo funciona el sistema, a ver si se
encuentran discriminados y si después usted cree que el sistema
de mutualismo laboral dinamita el sistema público de la Seguridad
Social. Desde luego, al sistema público de la Seguridad Social no
hace falta dinamitarle mucho; esa es la verdad, bastante mal
está. Lo que tenemos que hacer entre todos es buscar, primero,
unas opciones alternativas y, segundo, apuntalar el sistema
público de la Seguridad Social. Para apuntalar el sistema público
de la Seguridad Social habrá que buscar esas alternativas a los
sistemas públicos.
Señor Espasa, usted no sabe cómo se toman las decisiones en el
mundo cooperativo: en asamblea general; el mayor sistema
democrático que existe. ¿Cómo puede S. S. ignorar estas cosas? El
problema está en que usted no conoce el mundo y la realidad del
sistema cooperativo. Para ello, le reitero que queda usted
invitado a conocerlo y estoy seguro de que, a partir de entonces,
va a ser S. S. uno de sus mayores defensores.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Tiene la palabra el señor Ramallo. (Rumores.)
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El señor Martínez Noval... ¡No se enfade tanto, hombre, estamos
en el debate de una ley! (Fuertes rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, un momento.
Señorías, guarden silencio.
Señor Ramallo, utilice el turno para la réplica al señor Martínez
Noval, que la Presidencia se cuidará de ampararle en este
derecho. No intente establecer el silencio por su cuenta.
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, estoy iniciando mi
turno dirigido al portavoz socialista sobre su propia
intervención. Le he visto crispado y le estoy aludiendo.
Sintonizo con el señor Presidente del Gobierno y le digo:
Sosiego, señor Diputado. (Rumores.)
Dígame, señor Presidente, para qué es el turno de réplica.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Ramallo consuma el turno de réplica que le he concedido
para contestar al señor Martínez Noval.
El señor RAMALLO GARCIA: Si S. S. me lo permite, lo voy a hacer.
Señor Presidente, el señor Martínez Noval ha cargado las culpas
sobre mi Grupo. El texto viene acompañado de una nota de la
Secretaría General del Senado, que ha llegado «a posteriori»
advirtiendo de las incongruencias de una ley. El culpa a mi Grupo
de enmiendas que se han aprobado, de otras que no se han aprobado
y dice que, en consecuencia, somos responsables. No, señor
Presidente. El responsable es quien ha llevado esta ley a uña de
caballo, quien hizo que en la Comisión correspondiente del
Congreso las enmiendas transaccionales se nos entregaran a las
doce y media de la noche, cuando todavía se estaba tramitando la
ley. Señor Martínez Noval, haciendo un ejercicio de
responsabilidad, tuvimos que abstenernos porque no sabíamos lo
que ustedes habían negociado con el Grupo del señor Pujol en esta
Cámara. Eso es así. Y eso ha venido por lo que ha venido. Ustedes
han negociado aquí con el Grupo del señor Pujol y ahora parece
que han negociado con el Grupo del señor Anguita. Me parece muy
bien, pero de lo que ha ocurrido no nos eche la culpa.
En la enmienda número 20, por la que se aprueban los ramos para
establecer como ramo separado el de asistencia sanitaria, mi
Grupo presentó --porque este tema quedaba cojo si sólo se
aprobaba la enmienda-- una enmienda transaccional adecuándolo. La
contestación de los grupos fue que eso estaba bien pero que era
muy tarde para estudiarlo. Y es que había que concluir la ley
para cumplir el calendario que el señor González quiere antes de
irse. Ahí está el fondo de la cuestión.
Esta ley, señor Martínez Noval, es muy importante. Yo no tengo
tanta autoridad como usted para hablar de planes y fondos de
pensiones, porque yo no he sido Ministro de Trabajo; S.S., sí.
(Rumores y protestas.) ¿O no lo ha sido? Yo comprendo que usted
lo recuerde con añoranza o sin añoranza, pero S. S. ha sido
ministro de algo, lo que ocurre es que a lo mejor o a lo peor,
pasó inadvertido. Usted tuvo ocasión de haber actuado para que
los fondos y planes de pensiones hubieran servido para algo que
nos preocupa a los españoles: para complementar el sistema
público de pensiones y para canalizar el ahorro hacia la
financiación de las grandes sociedades y de las pequeñas, para
que el ahorro se movilice, porque si no hay ahorro no hay
inversión y si no hay inversión no hay puestos de trabajo, señor
ex Ministro. Usted ha podido hacer esto, pero no lo ha hecho.
No me hable usted de ingleses; estamos en España y vamos a hablar
de España. Y hablando de España, le anuncio que mi Grupo se
tomará en serio este asunto y lo hará de verdad. Ustedes están
desde el año 1982 y no han sabido hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.
El señor RAMALLO GARCIA: Concluyo.
Señor Martínez Noval, yo le recomiendo, si tiene ganas, que se
vuelva a releer el texto de la ley un fin de semana, y cómprese
una aspirina porque le va a hacer falta.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Homs, lo más fácil para replicar a una intervención es, o
bien descalificarla, o bien tergiversarla. Usted ha hecho ambas
cosas, y eso es algo que no corresponde a un parlamentario de su
categoría. No le corresponden, señor Homs. Usted pretende
confundir a la Cámara diciendo que el señor Espasa no se lee los
papeles y no sabe de lo que habla.
Señor Homs, señores del Grupo Socialista, no lo digo yo ni lo
dice Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo dice la
Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda. Si se aprueba la enmienda 451 del Senado se admitirá la
reducción en la base imponible, en términos demasiado amplios, de
las aportaciones efectuadas a las mutualidades, tanto con
carácter sustitutorio como complementario de la Seguridad Social.
Señor Homs, señores del Grupo Socialista, ustedes han
«desfiscalizado» de forma importante las aportaciones a las
mutualidades.
Señor Homs, señores del Grupo Socialista, señores del Grupo
Popular, con la introducción de la posible voluntariedad en la
adscripción a las mutualidades ustedes hacen una jugada maestra:
las pueden convertir en obligatorias y las desgravan fiscalmente.
Esto es lo que a nosotros nos parece que atenta contra el sentido
público y universal del segmento profesional de la Seguridad
Social. Nosotros no estamos contra las mutualidades, lo que no
queremos es que las mutualidades tengan o puedan tener carácter,
tendencia o posibilidad sustitutoria de la Seguridad Social.
Complementaria, la que sea; sustitutoria, ninguna.
Señor Homs, su partido y el Gobierno al que usted da su apoyo en
una comunidad autónoma tiene como objetivo político, explicitado
públicamente, que las mutualidades de asistencia santiaria puedan
recibir las cotizaciones de la Seguridad Social para prestar el
servicio, es decir, pasar la moviola al revés, del siglo XX al
siglo XIX. La evolución de la Seguridad Social, señor Homs, ha
sido la agrupación de las iniciales y primitivas mutualidades en
sistemas públicos y universales de Seguridad Social, sin embargo,
usted y su Grupo, con la anuencia del Grupo Socialista, quieren
pasar la moviola a revés, del siglo XX al siglo XIX, no del XIX
al XX. Esto está explicitado en su programa y en los discursos de
su conseller de Sanidad. Por tanto, no estoy hablando a humo de
pajas.
Termino, señor Presidente, dirigiéndome al representante del
Partido Nacionalista Vasco, que también ha intentado tergiversar
mis palabras. Sin mencionar a la repetida cooperativa, he
mostrado en la tribuna mi respeto y mi admiración por el trabajo
hecho. He dicho que si no podíamos aceptar la enmienda era por
una cuestión de principios, no por el tema que estábamos
abordando. Nuestra cuestión de principios es que queremos
preservar absolutamente el carácter voluntario en todo sistema de
previsión social complementario que no sea el de la Seguridad
Social pública.
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.
El señor ESPASA OLIVER: Termino.
Esta enmienda rompe ese principio. No tergiverse mis palabras y
no me enfrente con quien no me he enfrentado. Les he atendido,
les he oído y ellos conocen mis razones. Por favor, no tergiverse
usted mis palabras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo, no tengo ningún problema de desasosiego, estoy
perfectamente tranquilo.
La cuestión --supongo que estará de acuerdo conmigo-- es que,
desgraciadamente, el ambiente no está para discutir la Ley del
Seguro Privado, y para que a uno se le escuche hay que elevar en
alguna medida voz.
Usted no me ha aclarado --dudo de que lo pueda hacer-- qué pasó
con esas enmiendas que yo le decía que su Grupo había votado en
incoherencia con otras que también apoyó su Grupo Parlamentario;
qué pasó con las enmiendas números 113 y 114 del Grupo
Parlamentario Vasco. Ustedes apoyaron las dos y las dos son
contradictorias. Y eso usted no me lo puede negar.
Por cierto, señor Presidente, aprovecho la ocasión para decir que
desde la tribuna me equivoqué. De manera que la enmienda que
nosotros vamos a apoyar, la modificación producida en el Senado
que vamos a apoyar es la contenida en la enmienda 114 y no en la
113. Insisto en ello a efectos de claridad del acta. Nosotros
seguimos siendo partidarios de que las mutualidades de previsión
social sean voluntarias para los afiliados a los colegios
profesionales, y, sin embargo, si los órganos democráticos de las
mutualidades de cooperativas deciden que sean obligatorias para
sus socios, lo sean en esa medida. Enmienda número 114, corrijo
la numeración que yo expresé desde la tribuna.
Señor Ramallo, yo he sido lo que usted ha dicho, pero usted
parece desconocer que el Ministro de Trabajo no tiene ni una sola
competencia en materia de planes y fondos de pensiones, que es
una cuestión del Ministerio de Economía y Hacienda, sector
financiero, Dirección General de Seguros, Subdirección General de
Planes
y Fondos de Pensiones (Rumores.) Al responsable del Departamento
de Trabajo y Seguridad Social lo que le compete es la defensa y
desarrollo del sistema público de Seguridad Social obligatorio.
El sistema complementario, señoría --piense usted por qué razón,
porque esa razón en su momento tenía calado político--, no se
localizó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sino en
el Ministerio de Economía y Hacienda.
No tenemos un acuerdo con nadie distinto del que tuvimos aquí, en
el Congreso, señoría, de manera que está usted completamente
equivocado. Esta ley ha tenido en el Congreso y en el Senado el
apoyo de dos grupos parlamentarios, que en toda ocasión han sido
los mismos. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor MARTINEZ NOVAL: Por último, señor Espasa, ha aducido
usted un informe de la Dirección General de Tributos para
rechazar una enmienda transaccional que nosotros apoyamos al
artículo 71, que modifica la fiscalidad de las aportaciones a
mutualidades y planes de pensiones. Siga leyendo el informe,
porque, después, el informe también recomienda rechazar la
enmienda 360 del Partido Popular en lo que se refiere a la
fiscalidad de las prestaciones. No se quede usted sólo en la
primera parte, hágame caso, siga leyendo la segunda y rechace esa
enmienda 360 del Partido Popular. Se lo recomiendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones relativas a las enmiendas del Senado al proyecto de
ley sobre supervisión de los seguros privados.
La primera votación se refiere a las enmiendas de contenido
idéntico introducidas por el Senado mediante las cuales se ha
sustituido la expresión «seguro de enfermedad cuando otorgue
prestaciones de asistencia sanitaria» por la nueva expresión, en
la terminología del texto del Senado, «seguro de asistencia
sanitaria».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 41; en contra, 296.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 1.2; 5.1.b); 9.2.b); 64.2 y 69.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 336; a favor, 318; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 13.1, «in fine».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 178; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 161; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 318; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.6, primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.6, segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; favor, 26; en contra, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a los artículos 44.2 y 64.3.h).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 181; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor Presidente: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 64.3.e), primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 64.3.b), segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a los artículos 18.1 y disposición adicional séptima,
apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos. 338; a favor, 162; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición final primera, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 137; en contra, 183; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional primera, apartado 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 337; a favor, 160; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional decimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional undécima, apartados 4, 10 y
16, disposición transitoria decimoquinta, apartado 4 y
disposición transitoria decimoquinta, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 184; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a la disposición adicional undécima, apartado 13, y
disposición adicional decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 13.1, c) y a la disposición adicional
undécima, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 333; en contra, tres; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Enmienda a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 306; en contra, 26; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al primer bloque de la disposición adicional undécima,
apartado 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 201; en contra, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional undécima, apartado 17,
segundo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 153; en contra, 185.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas. Parece ser
que he omitido proclamar el resultado de la votación relativa a
las enmiendas a los artículos 13.1.c) y disposición adicional
undécima, apartado 3. El resultado de la votación, que han podido
ver SS. SS. y que ha quedado registrado, es: votos emitidos, 338;
votos a favor, 333; en contra, tres y abstenciones, dos. Con lo
cual, han quedado aprobadas las enmiendas a las que se refería la
votación.
DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE EL ACUERDO INTERINO ENTRE EL
GOBIERNO DE ISRAEL Y LA OLP.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden
del día, propongo a la Cámara la adopción de una declaración a
propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de los
portavoces de los grupos.
El Pleno del Congreso de los Diputados manifiesta su satisfacción
por el Acuerdo interino de Taba, firmado en Washington por Israel
y la OLP, que supone un paso de gran trascendencia en el proceso
de paz en Oriente Medio, iniciado en la Conferencia de Madrid en
octubre de 1991.
Reitera su convicción sobre el carácter irreversible del proceso
de paz.
Con los acuerdos de Taba se han alcanzado compromisos sobre
cuestiones tan complejas como la situación territorial de
Cisjordania, el repliegue del ejército israelí, el acceso a los
lugares sagrados, la gradual liberación de prisioneros palestinos
o la celebración de elecciones para los órganos legislativos y
ejecutivos palestinos.
Saluda el firme compromiso de los dirigentes palestinos e
israelíes con la construcción de un espacio de paz y convivencia,
basado en el mutuo reconocimiento de derechos, y les insta a
seguir avanzando en aquellas cuestiones del proceso que aún están
pendientes: refugiados, estatuto de Jerusalén, etcétera.
Insta al Gobierno a seguir impulsando, en el ámbito bilateral y
en el de la Unión Europea, la consolidación y extensión del
proceso de paz en Oriente Medio.
¿Aprueba el Pleno esta declaración? (Asentimiento.)
Queda aprobada. (Aplausos.)
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA AL AMPARO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS:
--SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO, AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PARA INFORMAR SOBRE LAS ENTREVISTAS
REALIZADAS A PROPOSITO DE MATERIAL SUSTRAIDO AL CESID (Número de
expediente 210/000031)
--SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL
PLENO, PARA INFORMAR SOBRE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DE SU GOBIERNO CON REPRESENTANTES LEGALES
DE LOS SUPUESTOS RESPONSABLES DE LA SUSTRACCION DE MATERIALES DEL
CESID Y OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON EL GAL, FORMULADA
POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (PNV) Y POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 210/000032)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados. Solicitud de comparecencia del Gobierno ante el
Pleno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, para informar sobre las
entrevistas realizadas a propósito de material sustraído al CESID
y solicitud de comparecencia para informar sobre las entrevistas
realizadas por el Presidente y miembros de su Gobierno con
representantes legales de los supuestos responsables de la
sustracción de materiales del CESID y otras informaciones
relacionadas con el GAL formuladas por los Grupos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Popular en el
Congreso.
Para informar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia e Interior. (Los señores Diputados de los
Grupos Popular, Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto, excepto los señores Rato
Figaredo, señora Aguilar Rivero y señor Ribó Massó, Anasagasti
Olabeaga, Mauricio Rodríguez y Chiquillo Barber abandonan el
hemiciclo.) (Protestas del Grupo Socialista.--El señor Aguiriano
Forniés: ¡Fascistas! ¡Que no vuelvan!--Varios señores Diputados:
¡Herri Batasuna! ¡Demócratas! ¡Fuera!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señorías, en fechas recientes la opinión pública ha tenido
conocimiento de que el Gobierno ha mantenido contactos con
diversos asesores jurídicos de los señores Conde y Perote,
imputados en diversos procedimientos judiciales en los que se
trata de depurar su responsabilidad penal, las del primero,
derivadas de su gestión al frente de Banesto, las del segundo, de
la sustracción de documentos clasificados como secretos en el
momento de su cese como alto cargo en el Cesid.
He participado personalmente en esos contactos y es ésa la razón
por la que en nombre del Gobierno comparezco
ante esta Cámara, para ofrecer información, explicaciones sobre
el marco y el contenido y también sobre el balance de tales
contactos.
Una vez más el Parlamento debería convertirse en el foro central
de debate y control político del Gobierno, lo que sin duda
beneficiaría y clarificaría los términos mismos de la cuestión.
Desde este momento inicial quiero, en nombre del Gobierno, dejar
claro lo siguiente: la única y exclusiva razón para que se hayan
mantenido las conversaciones, que a continuación relataré, es la
obligación que el Gobierno tiene de tratar de recuperar o
neutralizar un material altamente sensible para la seguridad de
todas las ciudadanas y todos los ciudadanos o, si lo prefieren,
para la seguridad del Estado, porque es lo mismo; material
sustraído del Cesid, presuntamente entregado a terceros y que
está siendo utilizado y, en las más de las ocasiones, manipulado
y, en algunos casos, difundido. Todo ello con el propósito, un
propósito no conseguido, de tratar de condicionar la actividad y
las decisiones de distintas instituciones del Estado incluido el
Gobierno.
En segundo lugar, quiero decir que estos contactos concluyen
cuando el Gobierno constata que ya no son útiles para la
finalidad que se perseguía: la recuperación o neutralización
efectiva de ese material sensible. El Gobierno opina que tal
recuperación no se produce precisamente por su negativa a ceder a
ninguna de las peticiones que le son formuladas, de manera
directa o indirecta.
Además de estas afirmaciones, permítanme que les haga dos
consideraciones de carácter general. La primera de ellas es que
el Gobierno está obligado a explorar cualquier vía que le permita
recuperar la documentación que afecta a la seguridad de los
ciudadanos, con los únicos límites de someterse a la ley y de no
aceptar presiones que le sitúen fuera de ella. Esa es la
responsabilidad del Gobierno y, efectivamente, la hemos ejercido.
Segunda, los contactos mantenidos no han permitido acumular
evidencias o material probatorio que justifique la posibilidad de
una denuncia por el Gobierno ante las instancias judiciales. No
está excluido, sin embargo, que ello pueda producirse más
adelante, en cuyo momento, sin duda, acudiríamos a los
tribunales. ¿Cuándo? Cuando se confirmen las conjeturas, hoy por
hoy conjeturas, que barajamos. Pero eso no impide tener la plena
convicción política de que las cosas son tal y como las expondré
a continuación en nombre del Gobierno. Y paso, a continuación, a
informarles sobre los propios contactos considerados en sí
mismos.
El pasado día 23 de junio, el Presidente del Gobierno recibió en
una dependencia de la Presidencia, y estando yo presente, al
letrado del Colegio de Abogados de Madrid, don Jesús Santaella.
Esta conversación ha sido uno de los contactos mantenidos por el
Gobierno con los representantes legales de los señores Mario
Conde y Perote. Efectivamente, con anterioridad a esta entrevista
el mismo letrado había mantenido conversaciones conmigo y, con
posterioridad ha celebrado otras conversaciones con cargos
públicos del Gobierno.
A la vista de los juicios emitidos sobre estos hechos, el
Gobierno solicitó comparecer ante la Cámara. Y comparezco para
disipar las dudas que los ciudadanos puedan tener en relación con
estas entrevistas. Quiero contestar a las preguntas que se puedan
estar haciendo acerca de las razones que la justificaron sobre el
contenido y sobre las supuestas presiones a que se puede haber
visto sometido el Gobierno. En su nombre, pues, me dirijo a SS.
SS.
¿Cuáles eran esos problemas vinculados con la seguridad de todos,
con la seguridad del Estado? El Gobierno conocía en ese momento,
fecha 23 de junio, la sustracción de información sensible de la
sede del Cesid y tenía la convicción moral de que el sustractor
la había hecho llegar a terceras personas, a las que el señor
Santaella representaba. Por lo demás, era posible, y así se
comprobó, su utilización y manipulación en función de intereses
personales, económicos, políticos o procesales. En efecto, las
primeras actuaciones judiciales adoptadas tras la denuncia
formulada el día 17 de junio por el entonces director del Cesid,
general Manglano, habían sido entendidas suficientemente fundadas
por el titular del Juzgado Militar Central número 1 como para
ordenar el ingreso en prisión del coronel Perote, el día 18 del
mismo mes, y acordar su procesamiento el día 21, concretamente,
por delitos de revelación de secretos o informaciones relativas a
la seguridad y defensa nacionales, previsto y penado en el
párrafo primero del artículo 53 del Código Penal Militar en
relación con el artículo 54 del mismo texto legal. Pero, al mismo
tiempo, personas de la mayor autoridad, y que cuentan con el
respeto personal e institucional del Gobierno, advirtieron a su
Presidente de la existencia de información secreta relacionada
con los servicios de seguridad en poder o a disposición de
algunas personas, así como del riesgo cierto de su posible
difusión.
Por último, cualquiera que siguiera los medios de comunicación
con una cierta cotidianeidad habría podido conocer cómo parte de
este material secreto, debidamente manipulado, naturalmente,
junto con otras informaciones falsas, estaba siendo suministrada,
programada y metódicamente enviada a determinados medios de
comunicación, y que éstos, efectivamente, la difundían.
Es en este preciso contexto en el que el Gobierno accede a
mantener contactos con el abogado defensor de quien, en un
principio, sólo representaba al señor Conde y terminó
representando al señor Conde y al señor Perote. Contactos que, en
la fecha indicada, incluyen una entrevista del señor Santaella
con el Presidente del Gobierno, a la que ya me he referido.
Entrevista, por lo demás, que, a conciencia, se quiso mantener en
la sede de la Presidencia del Gobierno y no en cualquier otro
lugar, sobre la que siempre se tuvo la seguridad de que
terminaría siendo divulgada y asumiendo, desde el
momento mismo de la decisión, el coste de que posteriormente
fuera mal interpretada.
¿Cuál fue el contenido? La entrevista puede resumirse brevemente.
El señor Santaella aprovechó la misma para formular una serie de
opiniones y criterios, tendentes a subrayar su convicción sobre
la irregularidad o la injusticia cometida con ocasión de la
intervención de Banesto y, asimismo, sobre lo injustificado de
los beneficios obtenidos o derivados de dicha intervención. El
Presidente del Gobierno se limitó, primero, a respaldar la
decisión adoptada por el Banco de España; segundo, a recordar que
la adjudicación del antiguo Banesto se produjo mediante
procedimiento público incontestado; y tercero, a mostrar, una vez
más, su respeto a la independencia de los jueces y tribunales. Y
algo más, desde mi punto de vista mucho más importante. Reclamó
del señor Santaella la aplicación real y efectiva de su
proclamado sentido de Estado para que, en el ejercicio legítimo
de su derecho de defensa, respetase siempre la seguridad y la
defensa de España.
Antecedente de esta entrevista fueron las conversaciones que, en
mi despacho oficial, mantuve con el señor Santaella. Como ya he
tenido ocasión de explicar, a primeros del mes de abril, el
letrado don Gerardo Viadas, jurista conocido y miembro de la
Junta del Colegio de Abogados de Madrid, me comentó que Jesús
Santaella --también miembro de esa Junta-- insistía para que le
concertara una entrevista conmigo. A pesar de las reticencias
iniciales, opté finalmente por celebrarla, estando presente en la
misma Gerardo Viadas; circunstancia, por cierto, que, con el
transcurso del tiempo, se ha demostrado útil. Durante el curso de
dicha entrevista, el señor Santaella manifestó sus reticencias y
preocupación por la tramitación judicial del caso Banesto y, en
especial, por lo que se refería a la designación del magistrado
don Manuel García Castellón como juez instructor del caso. En
dichas conversaciones, que se desarrollaron en términos
estrictamente jurídicos, me expuso los razonamientos de tal
índole en los que pretendía sostener su tesis, ante lo cual me
limité a darme por enterado. Santaella introdujo también la
cuestión económica, señalando que la intervención del Banesto
había producido un gran perjuicio patrimonial al señor Conde, y
que consideraba que el máximo beneficiario de la operación era el
Banco de Santander, adjudicatario final del Banco intervenido,
llegando a sostener la tesis de que debía ser el propio Banco de
Santander el que tendría que indemnizar a su cliente. Los hechos
posteriores han acreditado sobradamente, como más adelante
indicaré, que tales opiniones, meramente escuchadas, no fueron,
en ningún caso, tenidas en cuenta, ni por el Consejo General del
Poder Judicial ni por el Servicio Jurídico del Estado, a través
de dos dictámenes precisos, claros y concretos.
Pero como quiera que, en definitiva, esas entrevistas, como la
realizada con el Presidente del Gobierno, se habían desarrollado
en términos correctos, tanto de fondo como formales (incluso
incluyeron una afirmación solemne del señor Santaella de que
renunciaría a la defensa de sus representados si, en el ejercicio
de la misma, se comprobara que era incompatible con los intereses
superiores de la seguridad de todos), en la semana siguiente se
mantuvieron contactos reiterados entre el propio señor Santaella
y distintos cargos públicos, con un único fin, que ya he expuesto
al principio de mi intervención: el de tratar de recuperar o
neutralizar la documentación sustraída.
Los primeros contactos tuvieron lugar con varios responsables de
distinto nivel del Cesid; posteriormente asumió la
responsabilidad de los mismos el director del Gabinete de la
Presidencia, que ha celebrado varias reuniones, tanto con el
señor Santaella como con él mismo y con el señor Gómez de Liaño,
también letrado del Colegio de Abogados de Madrid y en quien sólo
concurre, que se sepa, la condición de cabeza del equipo jurídico
del señor Conde. Estas reuniones, más largas, más complejas,
presentan una nota característica: Lo que ante el Presidente del
Gobierno, o ante mí mismo, fue una simple exposición de criterios
jurídicos o criterios de principio, a partir de ahora se
transforma, de manera creciente, en el planteamiento de
peticiones concretas.
Es verdad que los letrados reiteran su convicción de que la
intervención de Banesto fue irregular, pero también ofrecen la
búsqueda de la fórmula más adecuada para la localización de tales
documentos, así como el cese de su difusión, y solicitan del
Gobierno distintas gestiones ante el Banco de España, el Consejo
General del Poder Judicial, la Agencia Tributaria, el presidente
de una importante entidad financiera o el propio Cesid en su
relación con los tribunales militares.
Con ocasión de la última entrevista mantenida el 1.º de
septiembre, se da un paso más. En esta fecha, los abogados de
Mario Conde y Perote piden que bien el Gobierno directamente,
bien mediante la intervención de un tercero, se satisfaga al
señor Conde una importante suma de dinero en concepto de
reparación por los perjuicios que le ha ocasionado la
intervención de Banesto, de modo que logre recuperar la situación
patrimonial que tenía en el momento de la intervención.
En estas conversaciones, el Gobierno recordó a sus interlocutores
algunas obviedades: su obligacion de respetar la autonomía del
Banco de España; la independencia del Poder Judicial; la
neutralidad de la Agencia Tributaria. Les hizo ver la
imposibilidad de acceder a una transacción económica, que exigía
el reconocimiento simultáneo de una supuesta arbitrariedad, que
el Gobierno no comparte, y la inviabilidad, desde luego, de una
presión del Gobierno sobre personas privadas para que asuman
responsabilidades por completo ajenas a ellas o para que
concierten contratos, si estos no responden a sus específicos
intereses, y
les instó, una vez más, a respetar los intereses de la seguridad
del Estado.
La conclusión es obvia: la negativa del Gobierno a aceptar
cualquiera de sus pretensiones provoca el fin de los contactos
con los representantes de los señores Conde y Perote. Y no ha
habido más desde entonces, y desde aquí, descalifico a cualquiera
que, usando en vano el nombre del Gobierno, pretenda sostenerlo.
No era posible ya continuar las conversaciones, pues se había
agotado su recorrido, y se situaban, en ese momento, en el límite
mismo que separa el diálogo, los contactos, de la presión
intolerable.
El Gobierno accedió a estos contactos --obvio es decirlo y
reiterarlo-- con el decidido propósito, como los hechos luego han
demostrado de manera palmaria, de no conceder nada no ya que
fuere contrario a las leyes, sino, simplemente, contrario a la
dignidad del Estado o a las exigencias de la ética.
A estas alturas, la opinión pública conoce perfectamente que cada
sugerencia acabó en una frustración, y cada frustración fue
seguida del inevitable nuevo éxito informativo del laborioso
periodismo de investigación. (Risas.--Aplausos.)
Se ha puesto en duda por algunos que el Gobierno, durante ese
tiempo, haya perseguido salvaguardar realmente la seguridad y
defensa del Estado; y se ha llegado a afirmar que no ha hecho
sino protegerse y defender sus propios intereses.
El Gobierno ya ha explicado el alcance de lo substraído en la
comparecencia realizada por el Ministro de Defensa, el pasado
lunes, día 2 de octubre, ante la Comisión de Secretos Oficiales
de esta Cámara. En esa sesión, ha puesto a disposición de los
Diputados habilitados la información con la que cuenta.
Entenderán, por ello, que, en mi exposición de hoy, el Gobierno
respete el secreto inherente a la documentación legalmente
clasificada y no desvele datos o detalles correspondientes a la
misma, además porque no es imprescindible para explicar
cabalmente lo ocurrido.
Puedo decirles que afecta, sin duda, a los intereses de la
seguridad y defensa nacional, puesto que alcanza a un elevadísimo
número de documentos, en los que, entre otras cosas, se
contienen: información sobre datos relativos a la organización,
estructura, medios, procedimientos operativos específicos y
fuentes de información de la propia Agrupación Operativa del
Cesid; misiones asignadas al Cesid, de acuerdo con sus propios
planes de información; actividades de inteligencia exterior
vinculadas con la obtención de información que afecta a la
defensa militar de España o a la seguridad nacional; actividades
de contrainteligencia sobre servicios extranjeros; inteligencia
interior; inteligencia militar; estudios y operaciones de
prevención de actividades terroristas; estudios sobre métodos de
lucha antiterrorista e información sobre actividades anti-ETA, en
las que se recogen infraestructuras económicas y tecnológicas que
incluyen la identificación de empresas-pantalla para el
desarrollo de las actividades, ya sea en el interior, ya sea en
el exterior de España; identificación de agentes del Centro;
informadores y colaboradores; despliegue operativo del Centro;
seguridad de embajadas españolas o seguridad de personalidades.
Son asuntos tan obviamente vinculados a la seguridad y a la
defensa nacionales que, francamente, cualquier valoración en
sentido contrario sólo se puede hacer desde esa obsesión de
mantener una tesis que el tiempo demuestra equivocada.
Los jueces decidirán en su día. No vengo hoy para hablar de
problemas jurídicos, entre otras cosas porque no vengo como
Ministro de Justicia e Interior, sino en nombre del Gobierno de
la Nación, pero en este momento es obligación política ineludible
para el Gobierno reiterar ante SS.SS. nuestra convicción de que
la documentación presuntamente sustraída en su día por el coronel
Perote ha sido transmitida a otras personas. Nuestra
responsabilidad, la del Gobierno, la de la Cámara y fuerzas
políticas responsables, exige que nos acerquemos a ciertos
ámbitos de la Administración y del Gobierno con un sentido,
podemos decir, común o sentido de Estado, que en muchas ocasiones
viene a ser lo mismo.
La defensa nacional y la seguridad del Estado, y más aún cuando
frente a ella aparecen traiciones y tráfico de información
sensible, obtenida legal o ilegalmente, no pueden ser una
cuestión de partido ni munición para el enfrentamiento político;
al menos, no deben serlo mientras subsista un ápice de
responsabilidad en quienes intervienen en la vida pública. No
pueden serlo porque no se trata de un problema de este Gobierno,
sino de cualquier gobierno. No comprenderlo sólo es muestra de
ceguera política y de oportunismo; es una muestra de
irresponsabilidad, porque ceder, admitir que los intereses
particulares puedan prevalecer ante los generales por cualquier
razón es el primer paso para dañar el edificio de las
instituciones. Si hoy es un partido y un gobierno el que se
enfrenta a esta situación, mañana puede ser otro. Si fuera real
la posibilidad de que grupos, partidos o personas logren hacer
prevalecer sus propios intereses particulares o partidarios sobre
el interés general, estaríamos dando un segundo golpe, quizá
irreversible, al sistema institucional de que nos hemos dotado.
Si esta idea no es un patrimonio común y alguna fuerza política
con responsabilidades de control o de gobierno no es capaz de
asumirla, el daño no será para este Grupo Socialista, para este
Gobierno o para el Partido Socialista, sino que lo sufrirá la
totalidad del sistema político español. En este envite nos
jugamos mucho todos, todos los que queremos que en nuestro país
impere el Estado de Derecho, en el que todos seamos iguales ante
la ley y los órganos del Estado actúen con estricta sujeción al
enmarque constitucional.
En esta situación, la responsabilidad del Gobierno es evidente:
gobernar. Pero la de la oposición también
debería ser evidente, porque, entre todos, nos jugamos el futuro.
Quiero responder a dos cuestiones que planteaba al inicio: cuál
ha sido el resultado de las conversaciones mantenidas por el
Gobierno con esos representantes legales y si ha habido o no
chantaje al Gobierno.
El Gobierno, como decía ayer el Presidente, aún no ha logrado
recuperar la documentación a la que me vengo refiriendo, pero sí
ha podido avanzar decisivamente en el conocimiento del alcance de
la sustracción padecida por el Cesid y de los itinerarios
seguidos por los documentos objeto de la misma, como también se
ha podido perfilar la identidad de quienes eventualmente, de
manera directa o indirecta, han participado en estos hechos.
Todo ello ha permitido, en primer término, adoptar medidas de
contraseguridad que reduzcan los riesgos para el Estado; en
segundo término, neutralizar en buena parte posibles difusiones
ulteriores y, en tercer término, avanzar, creemos que
decisivamente, en el proceso de investigación.
Sin duda, quedan extremos por determinar y, por ello, quedan
también responsabilidades que depurar y combatir, pero en estos
meses hemos avanzado en todo ello de manera efectiva. No contamos
aún --lo decía al principio-- con los datos que permitan depurar
este tema en sede judicial, es decir, con los datos suficientes
como para permitirnos afirmar que aquí existen responsabilidades
penales --ciertamente, las convicciones políticas no pueden
confundirse con los hechos jurídicamente relevantes en el marco
de un proceso--; en el momento en que el Gobierno dé ese paso,
acudirá con esos datos a los tribunales.
Sin entrar a valorar las dificultades que para la investigación
suponen siempre las filtraciones periodísticas, constato, sin
embargo, que a través de ellas la opinión pública, los
ciudadanos, han podido saber que existen voluntades que anteponen
sus intereses personales, del tipo que sea la salvaguarda, a los
elementos básicos de la supervivencia del Estado, que no son sino
el patrimonio común de todas las ciudadanas y todos los
ciudadanos de este país, y que frente a esa voluntad sólo puede
imponerse la voluntad contraria, la de los representantes del
propio Estado.
La segunda de las cuestiones --que en ocasiones ha pretendido
plantear de manera incluso polémica-- es la del eventual chantaje
al Gobierno. Me gustaría aclararlo. En términos estrictos, que
son los que tienen relevancia desde un punto de vista jurídico,
es cierto que ninguna de las conversaciones que sostuvimos tanto
el Presidente como yo mismo y otros representantes del Gobierno,
con el objetivo de recuperar la documentación, permiten por sí
mismas configurar un chantaje en términos jurídicopenales. Por
tanto, en el curso de esas entrevistas, efectivamente, no se
hicieron observaciones que pudieran permitir llegar a esa
conclusión, porque no las hubiera tolerado no ya el Presidente,
yo mismo tampoco, ni ningún órgano del Gobierno de la Nación.
Pero si examinamos la secuencia de los hechos con una perspectiva
política, sí que podemos observar que las apariciones, siempre en
los mismos medios de comunicación, de información pretendidamente
desestabilizadora y frecuentemente manipulada, va unida siempre a
demandas sugeridas al Gobierno, y no atendidas por éste, de los
imputados.
Valoren ustedes, señorías, la situación; pero yo creo que la
describe objetivamente lo que les he indicado. ¿Existe
conspiración? Pues que cada cual lo llame como prefiera.
Ciertamente, es una palabra que para algunos tiene una
connotación negativa y desagradable, porque nos recuerda otros
tiempos. Lo que me parece evidente, en todo caso, es que existe
una operación política, una concurrencia organizada de intereses
particulares no satisfechos, en unos casos de tipo estrictamente
económico, en otros de naturaleza procesal, en otros en busca de
una impunidad imposible; otros actúan a veces simplemente por el
interés de obtener cuotas de poder social o económico no
alcanzadas, y en fin, a otros únicamente les mueve el
resentimiento.
Es evidente que en ningún momento el Gobierno ha intentado un
pacto con traidores y delincuentes, ni se ha planteado jamás
ceder a sus peticiones. Es obvio, por otro lado, que el Gobierno
no puede, y jamás lo pretendería, influir sobre procesos
judiciales en marcha ni sobre la inspección del Banco de España.
Cualquier insinuación en este sentido no es sólo un agravio al
Gobierno, lo cual me parece muy grave, aunque sea tan usual, sino
también un agravio a las instituciones a las que nos referimos.
Esto es así por causas tan obvias que sólo el acusado proceso de
deterioro del sentido común, a que se refería el Presidente no
hace mucho, al que estamos asistiendo en la sociedad española,
sólo esa pérdida de sentido común hace necesario simplemente
recordarlo, pero no hay más remedio que hacerlo, y recordar cosas
obvias: el Gobierno tiene la obligación de mantener el
ordenamiento jurídico surgido de la Constitución de 1978, aún a
costa de su propio y episódico interés político, e incluso del
interés con mayor razón de las personas que coyuntural y
episódicamente representamos funciones en el Gobierno; y el
Gobierno tiene que actuar y actúa exclusivamente por razones de
interés general, y lo que no va a permitir es que a esas
funciones de carácter general, a esas finalidades o intereses
generales puedan anticiparse los intereses particulares de espías
desleales o de sospechosos de graves delitos económicos, que han
llegado a poner en peligro la integridad del sistema financiero
español.
Lo esencial, con todo, es que el Gobierno no ha accedido nunca a
ninguna de las peticiones que le han sido formuladas, ni el Banco
de España ha modificado el ritmo contenido en sus informes, ni el
Consejo General del Poder Judicial ha cambiado el Juez Instructor
del caso Banesto (aquí, entre paréntesis, habría que indicar que
la única intervención del Gobierno se produce a través del
servicio jurídico del Estado con dos dictámenes que, de manera
precisa y clara, mantienen la legalidad del nombramiento del
señor García
Castellón y la procedencia, en consecuencia, de que continuara al
frente de la instrucción), ni se ha satisfecho cantidad
indemnizatoria compensatoria alguna al señor Conde, y desde
luego, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha resuelto, con total
independencia, devolver la causa iniciada por la sustracción de
documentos del Cesid al Juzgado Militar Central número 1, y el
Coronel Perote está de nuevo en prisión por decisión del juez
competente.
Estos han sido los hechos, éstas sus causas, estos sus
resultados, éstas sus circunstancias.
Con esta posición el gobierno cree que da respuesta a las
preguntas que los acontecimientos últimamente conocidos han
podido suscitar en SS. SS. y también en las ciudadanas y
ciudadanos de este país.
Señor Presidente, señorías, en 1993 el Partido Socialista
concurrió a las elecciones generales llevando como argumento
principal de su programa el compromiso radical de abanderar la
lucha contra la corrupción y por la regeneración de la vida
política. Este compromiso fue asumido íntegramente por el
Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Ha sido
éste un compromiso que se ha plasmado en buen número de leyes
aprobadas en este Parlamento y completadas con decisiones
simultáneas del Gobierno, que coinciden todas ellas en hacer más
difícil la corrupción y en sancionar más duramente a quienes
incurran en comportamientos corruptos.
Pero sobre todo este compromiso ha exigido una actitud vigilante,
una decisión silenciosa, una determinación militante de no
amparar nunca conductas irregulares, una resolución de no ceder
ante los abusos de poder. Sabíamos que este proyecto
desencadenaría muchas resistencias y provocaría movimientos
desestabilizadores. Aún así decidimos hacerlo y aun asi lo
estamos llevando a la práctica, incluso cuando con ceguera de
miras y sólo por el afán obsesivo de descalificar al Gobierno se
producen movimientos de solidaridad objetiva con quienes a sí
mismos se sitúan fuera del sistema con la soberbia que les
proporciona el poder, el dinero o la información. (Aplausos en
los bancos del Grupo Socialista.) Este que estamos analizando es
un buen ejemplo de ello.
Quiero poner de relieve, cuando ya concluyo, la convicción del
Gobierno de que estamos asistiendo en estos días a una nueva
manifestación de la pérdida de sentido común que caracteriza,
desgraciadamente, a la sociedad española. Sólo desde ese esquema
puede entenderse que unos hechos como los que hoy hemos analizado
y sobre los que, a salvo de excepciones explicables, existe
acuerdo en que el gobierno no ha abdicado de sus
responsabilidades y se ha empeñado en su obligación básica de
salvaguardar la seguridad y la defensa nacional, estén dando
lugar a un debate desproporcionado y desmesurado.
Lo diré una vez más y será la última por el momento: el Gobierno
ha afrontado, por todos los medios que dentro de la ley estaban a
su alcance, una tarea impescindible para quien tiene atribuida
por la Constitución y las leyes la misión de velar por la defensa
y seguridad de los españoles, la de recuperar o neutralizar
cualquier información o documentación que pueda poner en peligro,
dentro o fuera de España, nuestra supervivencia como Estado, como
Nación. También la de evitar que informaciones o documentos que
sólo deben obtenerse y sólo pueden estar en manos de los órganos
llamados a servir a la comunidad, puedan ser utilizados en
beneficio propio por personas ajenas a los mismos. Señorías, esta
misma actitud, se lo aseguro, es la que va a mantener el Gobierno
en el futuro.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que deseen intervenir para fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rato.
El señor DE RATO FIGAREDO: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Popular tengo que manifestar mi profunda
repulsa a la negativa del Presidente del Gobierno, Felipe
González, a comparecer ante el Pleno de esta Cámara en este
momento, habida cuenta de que en la Junta de Portavoces la
mayoría de los votos de esta Cámara, respaldados por todos los
Grupos parlamentarios menos por el del señor González, le exigió
su comparecencia.
Esta circunstancia, sólo esta circunstancia, el respeto a la
voluntad popular, debería haber bastado para que el señor
González diera hoy cuenta de lo que la mayoría de esta Cámara
pretende. Pero es que, además, en este caso es precisamente y
personalmente el señor González quien autorizó y protagonizó unas
conversaciones y al que le afectan directamente unos hechos que
son la base de esas posibles presiones que hemos leído en la
prensa recientemente.
El desprecio del señor González a la voluntad popular,
representada por esta Cámara, supone, en opinión del Grupo
Popular, una gravísima erosión de las instituciones democráticas,
que, efectivamente, son patrimonio de todos.
Por tanto, en nombre del Grupo Popular renuncio en este momento a
fijar posición sobre este tema y anuncio que de manera inmediata
procederemos, a través de los cauces que nos da el Reglamento, a
volver a exigir la comparecencia del señor González para que dé
explicaciones aquí de lo que él sólo puede dar. Muchas gracias.
(Un señor diputado del Grupo Socialista pronuncia palabras que no
se perciben.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Gracias, señor Rato. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario no va a hacer uso formal de nuestro de
intervención, pero sí queremos manifestar que nuestra actitud
política hoy es en defensa del Parlamento. (Rumores.) Aquí,
precisamente aquí, reside la soberanía popular. Aquí está
representado nuestro pueblo y aquí tiene la obligación política
moral y ética de comparecer el Presidente del Gobierno, el señor
González.
Queremos, en nombre de nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, debatir este
tema. Nos preocupa, nos importa y nos interesa. Pero queremos
debatirlo con quien tiene la obligación y la responsabilidad de
hacerlo. Lo planteamos con absoluta claridad hace 15 días ya en
la Junta de Portavoces, con el resto de grupos parlamentarios:
pedimos al Gobierno que compareciera en el Pleno de hoy quien
debe hacerlo: el Presidente del Gobierno.
El Gobierno ha desoído la petición de todos los grupos
parlamentarios, excepto del que apoya al Gobierno. Por eso
también vamos a pedir formalmente que el señor González
comparezca en esta Cámara y ese día será el que podamos debatir
un tema en el que él ha sido el protagonista principal. Debe una
explicación a este Parlamento, debe venir a él porque no se puede
consentir que el Presidente del Gobierno desprecie al lugar donde
reside la sobernaía popular: al Parlamento español.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Conoce la Presidencia de la Cámara, como conocen la Junta de
Portavoces y la opinión pública, el sentir de nuestro Grupo
Parlamentario respecto a que éste es un tema en el cual el
Gobierno sólo podía ser representado por su Presidente, por el
contenido y por la participación directa que el señor Presidente
del Gobierno ha tenido en los hechos que aquí venía a relatar el
Gobierno.
Por eso nuestro Grupo Parlamentario entiende que el debate viene
disminuido por el hecho de que no haya sido el Presidente del
Gobierno quien le haya representado en este acto y no va a entrar
a debatir la exposición hecha en nombre del Gobierno por el señor
Ministro de Justicia e Interior.
Conste que alguna perla del contenido de su discurso nos podría
llevar a ello. Es imposible pensar que es la sociedad española la
que ha perdido el sentido común. Normalmente, cuando eso ocurre
es quien lo dice el que debe vigilarse a sí mismo. Pero, como
digo, señor Presidente, no vamos a entrar en el contenido de la
exposición del señor Ministro y haremos uso reiteradamente de los
mecanismos que el Reglamento del Congreso nos ofrece para
intentar que esa voluntad, como ya ha sido dicho, mayoritaria de
este Parlamento, sea recogida por el Gobierno y en particular por
su Presidente para que comparezca ante esta Cámara a debatir
sobre este tema.
Comprendemos, señor Presidente, que en algún momento de esa
exposición el Presidente del Gobierno pudiera hacer uso de la
necesidad de callar. Nosotros lo comprenderíamos y no le
obligaríamos a mentir desde esta tribuna. Pero ello no empece
para que sea él y nada más que él quien debe dar explicaciones
sobre este tema ante la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario no va a intervenir en este acto, y
nuestra actitud no significa una postura de menosprecio a la
intervención del Ministro, señor Belloch, a quien respetamos,
sino simplemente a que consideramos que en una situación como la
que se está viviendo, después de haber recibido el Presidente del
Gobierno en la Moncloa al abogado Santaella y después de haber
dicho públicamente que hay una concurrencia organizada de
presión, como ha dicho el Ministro, señor Belloch --por evitar la
palabra chantaje o extorsión o presión indebida--, tiene que ser
el Presidente del Gobierno quien debe intervenir en este acto.
Nosotros insistimos en que esto no es un acto de menosprecio al
Parlamento sino de dignificación del propio Parlamento. Este es
un sistema parlamentario y el Presidente del Gobierno tiene que
someterse al control parlamentario. Nosotros, incluso, fuimos un
poco más lejos y hubiéramos deseado que el pasado lunes, en la
reunión de secretos oficiales, hubiera también comparecido el
Presidente del Gobierno. No pudo ser. En este acto tampoco puede
ser. Por esta razón, nuestro Grupo Parlamentario no va a
intervenir en este momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Utilizo mi turno, muy brevemente, para explicar la actitud de mi
grupo ante el debate que tiene lugar.
Yo creo que la intervención del Ministro de Justicia e Interior
ha puesto en evidencia que hay una pérdida
--ha dicho textualmente-- de material altamente sensible que
afecta a la seguridad del Estado, a la seguridad y a los
intereses de la defensa nacional. Es decir, el objeto del debate
no es la visita del señor Santaella ni las andanzas de un grupo
de pillos, diría yo, que ha intentado presionar, chantajear --
utilícese la expresión que se quiera-- al Estado sino un debate
mucho más importante como es cuáles son las responsabilidades del
Gobierno en una de sus obligaciones más importantes: la custodia
de los secretos de la seguridad del Estado español.
Yo creo que ese debate obligaba a la presencia evidente, en la
que todos los grupos han coincidido, del Presidente del Gobierno
en esta Cámara. Es un asunto altamente delicado y obliga a que el
Presidente del Gobierno haga un debate, nos dé una explicación, y
con responsabilidad política, en defensa de los intereses del
Estado, el Parlamento español adopte posiciones claras ante una
situación tan difícil y delicada como la que aquí se ha señalado.
Yo creo que si el Presidente del Gobierno, ante una situación tan
grave, ha tenido que intervenir directamente, recibiendo a los
que presionaban al Estado, por la misma razón está obligado a dar
una explicación en esta Cámara. No es posible que el Presidente
del Gobierno sirva para negociar con un pequeño grupo de
conspiradores de opereta y al mismo tiempo el Presidente del
Gobierno no venga a dar una explicación a esta Cámara, al órgano
de la soberanía popular. Por ello, nosotros no queremos degradar
el debate.
Creemos que la sociedad española no ha perdido su sentido común,
en contra de lo que ha dicho el señor Belloch. Lo que creemos es
que el Parlamento español es responsable y defiende el sentido
común de la defensa de la democracia. Nosotros creemos que no se
puede producir hoy una grave ruptura entre Gobierno y Parlamento,
a pesar de la situación que se está produciendo en este momento.
Por eso este debate, señor Presidente del Parlamento, sólo debe
ser aplazado. Hoy tiene lugar con las explicaciones,
insuficientes sin duda, del Ministro de Justicia e Interior, pero
este debate deberá tener lugar dentro de dos semanas, porque
todos los grupos parlamentarios hemos firmado la exigencia de que
el Presidente del Gobierno explique cuáles son sus
responsabilidades en la custodia de los secretos del Estado.
Por eso, ante un debate simplemente aplazado --así lo entendemos
porque si no, se crearía un vacío peligroso de confrontación
entre Parlamento y Gobierno--, esperaremos a dar nuestras
opiniones. Y queremos decir también aquí que esperamos que ese
debate sirva para que este Parlamento actúe enérgica y
fuertemente contra todo grupo de pillos y conspiradores que vayan
contra el Gobierno, pero al mismo tiempo actúe con la misma
firmeza denunciando las actitudes irresponsables del Gobierno en
todo este asunto.
Aquí no hay dos bandos, señor González, ni dos bandas, como ha
dicho desgraciadamente el Fiscal del Estado. Hay tres bandos y
uno es el que defiende los intereses del Estado, los intereses de
la democracia y la dignidad de este Parlamento que exige su
presencia.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve, no sin antes agradecer las palabras del Ministro,
señor Belloch, y su papel, pero es evidente que, ante la gravedad
de los hechos --la no comparecencia en el día de hoy del
Presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso-- los partidos
integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, a los que me honro hoy
en representar, consideramos esta no comparecencia una
provocación y un intolerable desprecio a los representantes de la
soberanía popular.
Consideramos que no es de recibo que tenga tiempo para
entrevistarse con chantajistas y no comparezca ante esta Cámara.
Su conducta significa la quiebra del Gobierno con el Parlamento y
con la sociedad a la que representamos, que merece todo nuestro
respeto. Por ello el Grupo Mixto ha avalado esa petición de
comparecencia, por la gravedad de los hechos, para próximas
semanas, esperando que dé la cara, dé soluciones y transmita
tranquilidad a esa sociedad que no ha perdido el sentido común,
sino que ha perdido toda confianza en ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, ante todo quiero agradecer, en nombre del Grupo
Socialista, la comparecencia del Gobierno a petición propia ante
este Pleno, así como la información que nos ha aportado a través
del Ministro de Justicia e Interior.
Mi Grupo no quiere desaprovechar esta oportunidad de conocer en
detalle y valorar el modo en que ha actuado el Gobierno para
tratar de recuperar el material clasificado que fue hurtado al
Cesid hace algún tiempo. Otros han optado por dejar vacíos sus
escaños y renunciar a expresar sus criterios al respecto. Lo
sentimos. Lo sentimos por el respeto que esta Cámara nos merece y
también por la frustración con la que muchos ciudadanos van a
escuchar el clamoroso silencio de una parte de sus
representantes. A nuestro modo de ver la gravedad de los asuntos
que hoy nos trae aquí debiera haber pesado más que las cuestiones
formales que se acaban de alegar.
Yendo al motivo del debate para enjuiciar las razones del
Gobierno, conviene remontarse a lo que viene
sucediendo en nuestro país desde que, a finales del pasado año,
los jueces decidieron la prisión preventiva de algunas personas,
presuntamente relacionadas con los GAL, y también la de don Mario
Conde en relación con su gestión en Banesto. En principio nada
tiene que ver un sumario con otro, como tampoco existe relación
ninguna de ambos con la causa que se sigue desde junio contra el
Coronel Perote, acusado de haber sustraído material clasificado
del Cesid, pero a lo largo de estos meses, hemos ido comprobando
con reiteración cómo los destinatarios de acusaciones ante la
justicia sobre hechos tan distintos entremezclan sus estrategias
de defensa, mantienen relaciones entre ellos de distinta índole y
actúan movidos por una conjunción de intereses en contra de los
intereses generales y del imperio de la Ley.
Algunas de estas personas se conocían y habían mantenido
relaciones profesionales entre sí; o tenían lazos de amistad al
margen de su vida profesional. Otros, simplemente han coincidido
en prisión. En fin, los señores Conde y Perote, encausados en
sumarios absolutamente distintos, tienen el mismo letrado. Y
éste, el señor Santaella, no lo es de ninguno de los procesados
en el sumario de los GAL, pero ya el pasado mes de marzo sostuvo,
en un artículo publicado en «El Mundo», que la solución de esa
causa --la de los GAL-- debiera venir por la inculpación y
posterior exoneración de culpas del Presidente del Gobierno, a
través de la vía prevista en el artículo 102 de la Constitución.
Por más que la idea parezca peregrina, hizo su camino, generó
incluso un debate público, en el que participaron medios de
comunicación, juristas, políticos e incluso algún magistrado y
acabó siendo descartada por el Fiscal General. Lo relevante no es
tanto la discusión en sí cuanto el dato de que al lanzar su tesis
el señor Santaella ya ostentaba la condición de abogado defensor
del Conde, aunque pocos lo sabían entonces. Durante estos meses,
esa idea, lo que se ha venido a denominar el punto final, ha sido
barajada de un modo u otro por las defensas de otros encausados.
Prácticamente todos ellos han diseñado su estrategia procesal
tratando de implicar con sus declaraciones al Gobierno, y muy en
particular a su Presidente, en los hechos de los que se les
acusan. En paralelo, desde algunos ámbitos se ha sostenido que la
serie de denuncias, filtraciones de documentación clasificada y
demás muestras de un mal llamado periodismo de investigación, al
que venimos asistiendo, sólo tendrá fin cuando don Felipe
González abandone la Moncloa.
En coherencia con esa tesis, el señor Alvarez-Cascos ha formulado
recientemente sus ideas sobre la relación entre una hipotética
opinión mayoritaria de los ciudadanos y la impartición de
justicia por parte de los tribunales, ideas que chocan
frontalmente con la independencia del Poder Judicial y las normas
básicas de un Estado de Derecho.
Vuelvo a los hechos.
El periódico «ABC», poco sospechoso de veleidades
progubernamentales, decía el pasado 14 de junio --cito
literalmente-- que asistimos a una bien articulada operación de
filtración de documentos. Fin de la cita. Y llegaba a la
conclusión de que si no dejaban el Gobierno el Presidente y el
entonces Vicepresidente del mismo
--vuelvo a citar literalmente--, inevitablemente se producirá una
escalada en la publicación de documentos que afectan a la misma
estructura del Estado.
En septiembre hemos sabido, a través de sus propias
declaraciones, que el señor Ansón, director de «ABC», fue
informado personalmente de ese riesgo del que hablaba su
periódico la víspera de una comparencia del General Alonso
Manglano ante el magistrado que instruía el llamado «caso
Crillón». Asimismo, el ex Presidente Suárez --según hemos sabido
también en el mes de septiembre-- había sido receptor hace meses
de este tipo de confidencias. Pues bien, dos días antes de que en
junio «ABC» advirtiese de los riesgos de utilización de material
sensible para el Estado, «El Mundo» ya había comenzado a publicar
informaciones en torno a las escuchas ilegales del Cesid y a
documentos clasificados, de cuya sustracción y revelación está
acusado el Coronel Perote, que nombró al señor Santaella como
defensor.
Un día después del aviso de «ABC», el 15 de junio, otro periódico
publicaba fotos de Conde y Perote a la salida de una reunión que
habían mantenido en un domicilio privado. Desde entonces, desde
el mes de junio hasta ahora, se han ido conociendo otros muchos
hechos, que no sigo relatando por ser de dominio público, hasta
llegar a la revelación de la existencia de contactos entre el
señor Santaella y el Gobierno. A partir del momento en que estos
contactos se hicieron públicos, todas las piezas del puzzle
comienzan a encajar.
Hoy, a estas alturas, pocos dudan de que el material secreto y
sensible para la seguridad del Estado, de cuya sustracción se
acusa al Coronel Perote, está siendo utilizado como prenda para
tratar de lograr la exoneración de responsabilidades penales. En
términos jurídicos, esa actitud podrá tener la calificación que
corresponda, no es de mi incumbencia definirla, pero, en términos
políticos, estamos ante un grupo de personas que intentan echar
un pulso al Estado. Con ese trasfondo se explica que el señor
Santaella persiga entrar en contacto con el Gobierno, como
también se comprende perfectamente que el Gobierno intente, por
todos los medios legales a su alcance, recuperar el material
sustraído del Cesid.
El Ministro de Justicia e Interior nos acaba de contar cómo se
desarrollaron esos contactos, cuál fue su contenido y cuáles eran
las pretensiones del abogado y de sus defendidos, así como
también nos ha ratificado que el Gobierno no ha accedido a
ninguna de esas peticiones, como se puede constatar fácilmente.
Podrá ser opinable si los contactos debieron mantenerse a un
nivel u otro, el Presidente del Gobierno lo
decía ayer mismo en la sesión de control, pero es obvio que el
Gobierno como tal ha actuado con rectitud y con firmeza. Porque,
señorías, ¿qué otra cosa podría hacer un Gobierno que se
encuentra ante el supuesto que nos ha relatado el Ministro? ¿Debe
cruzarse de brazos, negándose a explorar las posibilidades de
recuperar el material sustraído para evitar de una vez por todas
su utilización y difusión? No cabe otra respuesta que la que el
Gobierno dio ante esa disyuntiva.
A mi juicio, recrearse en la discusión sobre la forma de los
contactos, sin entrar en el fondo del asunto, es una manera de
esquivar lo fundamental. Y el fondo de la cuestión no es otro que
el que ese material sensible para la seguridad del Estado no sólo
fue sustraído, sino que está siendo utilizado contra el propio
Estado para conseguir del Gobierno peticiones inatendibles o para
cambiar de Gobierno.
Siguiendo con atención el desarrollo de los acontencimientos de
estos meses, se empieza a ver con nitidez que ante cada actuación
de la Justicia contra determinadas personas y ante cada
denegación por parte del Gobierno o de los jueces a las
peticiones de esas personas se ha replicado con una precisión
casi matemática.
La réplica ha venido a través de la difusión, casi siempre en el
periódico «El Mundo», de documentos secretos sustraídos del Cesid
o atribuidos impropiamente a ese organismo, o con la publicación
de pretendidas investigaciones, cuyo denominador común es el
intento de acoso y derribo del Presidente del Gobierno, de sus
colaboradores más próximos, actuales o pasados, e incluso de su
entorno familiar; y el acoso y derribo que se persigue incorpora
también el intento de implicar al Presidente y a otros miembros
de sus Gobiernos en los sumarios abiertos contra quienes les
acusan.
No hay que ser un lince para saber distinguir, entre tanta
mentira y tantas medias verdades, quién es quién en esta historia
y el papel que cada uno juega en ella; quién defiende al Estado y
quién trata de instrumentalizarlo en su propio beneficio; quién
quiere que se haga justicia y quién teme que ésta actúe y trata
por todos los medios de impedirlo; quién pretende chantajear y
quién actúa con rectitud. Para saber de qué lado está cada uno,
no hace falta disponer de pruebas en términos jurídicos, porque
el criterio político no necesita seguir los cauces del proceso
penal para expresarse.
Además, no basta con mirar al presente. Los mismos ciudadanos que
asisten entre atónitos e indignados al mercadeo que algunos
quieren practicar con los secretos de Estado, se preguntan con
razón qué pasará de ahora en adelante. ¿Es que las elecciones de
marzo van a resolver todos los problemas? Imaginemos por un
momento que estamos ya en abril o en mayo de 1996 y que el
Gobierno surgido de las próximas elecciones se acaba de
constituir. Sea cual sea su composición y sea cual sea su color
político, ¿podrá cualquier gobierno despreocuparse de la
recuperación del material robado al Cesid? ¿Se le seguirá
pidiendo a ese gobierno lo mismo o algo similar a lo que se le ha
pedido al actual Ejecutivo? ¿Se seguirá utilizando la filtración
y el amago de difusión como arma disuasoria? Mucho me temo que no
estamos ante un riesgo pasajero. Por eso, sea quien sea quien
ocupe el Gobierno, ese tipo de problemas no se soluciona pasando
página. Detrás de esa página habrá otra, pero el relato, los
protagonistas y la trama seguirán estando presentes, sin que
cambie el papel que cada uno haya querido representar en esa
historia.
Por eso es tan importante responder con claridad a la pregunta
que ayer hacía aquí en este hemiciclo el Presidente del Gobierno:
¿De qué lado está cada cual? Porque en este asunto no participan
dos partes equiparables de las que las fuerzas políticas
democráticas se puedan distanciar por igual dejando solo al
Gobierno. Están en juego asuntos demasiado serios como para
responder con la lógica del a bote pronto y del regate en corto,
en palabras que empleó hace pocos días mi compañero Jordi Solé
Tura.
Lo que está en juego, señorías, hace impensable la abstención, y,
por supuesto, no se podrá resolver desde el silencio y la
inhibición. Con ello sólo se estará firmando por quienes los
practiquen letras de cambio que alguien se encargará de pasar al
cobro en su momento.
Por eso, señor Presidente, desde el Grupo Socialista entendemos y
apoyamos la actitud del Gobierno en relación a los hechos que
estamos debatiendo. Lo único que lamentamos de verdad es que,
pese a todo, no haya logrado sus propósitos y que la seguridad
del Estado siga corriendo riesgos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la
venia, señor Presidente. Muchas gracias.
Antes que nada, quiero rectificar un error material grave en la
lectura de mi texto, referido a la supuesta pérdida de sentido
común de la sociedad española. Es obvio que la sociedad española
es la única que conserva el sentido común. En el texto literal me
refería a la pérdida de sentido común que caracteriza a la
situación política española. Es la situación política la que ha
perdido el sentido común, no los ciudadanos, afortunadamente para
todos. Ruego, por tanto, que conste esta rectificación, que me
parece trascendental.
Otra cuestión menor. El Fiscal General del Estado no habló de
bandas, se molestó expresamente en rectificarlo, para decir
claramente que había sido una manipulación la utilización de esa
expresión; habló de partes.
Sin más precisiones, me parece que el Gobierno sí tiene algo que
decir frente a la actitud de los grupos
parlamentarios, que han decidido no intervenir en este debate.
Es evidente, como recordaba el señor Anasagasti, que no tiene
nada que ver ciertamente con la persona que ocupa la
intervención, sino que es un planteamiento de otro tipo, pero
habrá que examinar también ese aspecto. ¿Cómo no va a tener
legitimidad el Ministro de Justicia e Interior para introducir
este debate, cuando el Consejo de Ministros le ha designado para
ello y encuentra su base en la legislación de esta misma Cámara?
¿Cómo se puede llegar a decir que es una provocación que el
Consejo de Ministros ejerza sus funciones y lo haga dentro del
marco de la legalidad de esta Cámara?
No sólo se trata de legitimidad, por reconocer esa expresión
clasica de origen, en cuanto a la designación, sin no de
ejercicio. ¿Qué más lógico que sea el Ministro de Justicia e
Interior, que es el que ha estado en los contactos, como he
explicado expresamente, que los conozco y que encima da la
pequeña casualidad de que soy el responsable de la política
criminal, de la lucha contra los delincuentes? Por lo tanto,
sinceramente, esas explicaciones, en opinión del gobierno, no
bastan. Como ayer ya decidieron algunos filtrarlo, ya había
reflexionado sobre ese tema. Me parece que hay algunas cosas
bastante evidentes. La primera de ellas, desde mi punto de vista,
es una conducta alejada, digámoslo así de los cánones, de los
usos parlamentarios; es realmente excepcional, no tiene
prácticamente antecedente. Me preocupa la gravedad del precedente
que SS. SS. han establecido.
Convendrán conmigo también en que, además de no tener precedente
y apartarse de los usos parlamentarios, el Congreso parece ser el
sitio adecuado para el debate y no llevarlo a otro sitio, como
supongo que se hará a través de conferencias de prensa
unilaterales. (Varios señores Diputados: Eso es.)
En tercer lugar, esto no es algo nuevo. Desde los albores mismos
de la historia de la democracia, incluso más allá de la política,
el Congreso es el lugar elegido para el debate y ustedes han
optado por otra fórmula. Eso obliga a reflexionar por qué.
Mi conclusión, dado que sus argumentos me parecen insuficientes,
con todo respeto, es que tienen una concepción instrumental del
control parlamentario a la acción política del Gobierno, y el
Gobierno no; tiene una concepción sustancia. Pero cuando se tiene
una concepción instrumental, será para un objetivo y dentro del
marco de una concreta estrategia. ¿Cuál es ella? Sinceramente, la
que ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista:
desgastar la figura personal del Presidente del Gobierno, Felipe
González. No puede tener ningun otro sentido. Ustedes no quieren
tener información, quieren mantener una estrategia concreta, que
aquí es de desgaste y fuera de aquí, desgraciadamente en muchos
casos, se traduce en una auténtica operación de intento de
linchamiento moral de Felipe González. (Varios señores Diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.) Y cuando persiguen ese objetivo,
efectivamente, no les falta algo de razón. Ustedes saben que
Felipe González es el bastión básico del proyecto socialista.
Porque su objetivo no es Felipe González siquiera; es el conjunto
del proyecto socialista el que ustedes tratan de liquidar con
esta forma de hacer política. A lo mejor siguen temiendo, por
mucho que digan, que Felipe González termine encabezando la
candidatura socialista a las elecciones generales. (Aplausos.) Y
les horroriza, señorías.
Para el Gobierno esto no es un instrumento; esto es algo
sustancial. Lo he tratado de decir anteriormente, porque
realmente incide en uno de los ejes cardinales del conjunto de la
política de esta legislatura, que era la lucha anticorrupción.
Sobre eso deberíamos debatir, porque este es un caso típico y
significativo. Cómo desde una posición de poder económico se
puede llegar a lograr un clima social de intoxicación permanente.
Creación de un clima social que tiene como premisa intentar, a su
amparo, lograr la impunidad de personajes de esta calaña.
Ciertamente, cuando el Gobierno, cuando el partido decidió que un
objetivo básico era la lucha contra la corrupción y el Presidente
lo configuró como una de las líneas maestras de esta legislatura,
nosotros sabíamos que la lucha contra las tramas de corrupción
iba a ser muy difícil, porque los corruptos no se resignan. Es
así de simple, seorías. Los corruptos están dispuestos a utilizar
toda clase de mecanismos, legales o ilegales, fraudulentos o de
cualquier tipo, porque no van a renunciar voluntariamente a las
situaciones de privilegio que ilícitamente habían obtenido de
manera previa. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Sabíamos,
además, que se podía volver contra nosotros, que no podía ser
gratuito; que, en definitiva, confrontarse con ellos, iba a tener
sus costes, pero sabíamos, sobre todo, que estábmaos obligados
como Gobierno a pagar esos costes en beneficio del interés
general.
Yo querría, para terminar, hacer una reflexión, si me lo
permiten, a los grupos de la oposición. Es verdad que la
responsabilidad básica en la lucha contra la corrupción
corresponde al Gobierno --¡Claro que es verdad!--, pero los
grupos de oposición también tienen sus responsabilidades, por lo
menos aquellos grupos de oposición que quieran ser responsables.
Al menos, una petición muy concreta me atrevería a hacer: que se
dé un mensaje nítido a los corruptos; que la política contra los
corruptos que ha iniciado este Gobierno es una política de Estado
y que, en consecuencia, los corruptos sepan que no va a depender
ni de la prolongación de la legislatura ni de quién forme el
Gobierno siguiente tras las elecciones generales. Den este
mensaje nítidamente. (Fuertes aplausos en los bancos
socialistas.)
Por tanto, nada de ambigüedades, por favor. Sobre la ley del
punto final, ninguna ambigüedad. Ninguna ambigüedad sobre la
necesidad de dar la vuelta a la página, ninguna ambigüedad. De
ella se aprovechan
los corruptos. Por lo menos, un mensaje nítido en este tema me
parece que es una petición razonable y, además, les garantizo que
la sociedad --la sociedad que queremos los socialistas-- no
permitiría esas leyes de punto final.
Creo que los demócratas tenemos un deber muy claro, tenemos que
recuperar el espacio publico, el espacio de la política. Los
socialistas lo estamos intentando; no estaría mal que cundiera el
ejemplo.
Termino, señor Aznar --como acostumbran ustedes a hacer cuando
interviene persona distinta del Presidente, para referirse al que
se encuentra en esta tribuna-- (Risas.), con una sola pregunta:
¿No se le ha pasado, señor Aznar, por la imaginación la
posibilidad de que por una vez en la vida, y sin que sirva de
precedente, sería conveniente estar a favor del Gobierno, aunque
sea contra Roldán, contra Perote o contra Conde?
Nada más, muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos socialistas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. señor Ministro.
IX SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION PARA
DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS QUE RESULTEN DE LA
CREACION, ACTUACION, FINANCIACION Y ENCUBRIMIENTO DE LOS GRUPOS
ANTITERRORISTAS DE LIBERACION (GAL), FORMULADA POR 85 SEÑORES
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número
de expediente 156/000021)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, solicitudes
de creación de comisiones de investigación.
Solicitud de creación de una comisión de investigación para
determinar las responsabilidades políticas que resulten de la
creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por 85 señores
Diputados del Grupo Popular.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Trillo.
(Fuertes rumores.)
¡Señorías, guarden silencio! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, si fuera posible consultar, a través
del sistema informático, cuáles son los temas que más iniciativas
han merecido durante el último año de esta legislatura,
menguante, probablemente aparecerían en la pantalla el déficit
público y el GAL. No dejará de ser decepcionante para quienes en
el futuro estudien este período histórico comprobar que este
Parlamento fue incapaz de aprobar unos Presupuestos que
recortaran el déficit público y de crear una comisión de
investigación que de una vez esclareciera los hechos del GAL.
Pero, fíjense, habrá una cosa aún más difícil: ni el más avezado
historiador de la por lo demás prestigiosa Escuela Catalana de la
Historia conseguirá explicar por qué el mismo grupo, el de
Convergència i Unió, hizo imposible, al tiempo, que se aprobaran
unos Presupuestos y que se creara esta comisión de investigación.
Lo van a tener difícil. Van a tener dificultades para explicar
una paradoja que lleva a romper con un Gobierno en algo tan
decisivo como los Presupuestos y a apoyarle rotundamente en algo
tan no menos decisivo como una comisión de investigación.
Señorías, probablemente sería redundante intentar de nuevo, aquí
y ahora, una narración de las fechorías del GAL, porque todas SS.
SS. saben --y yo creo que la mayoría de los españoles también--
que a esa banda criminal se le atribuyen veintisiete asesinatos,
veinticuatro herido y dos secuestros, entre otras cosas. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
También saben SS.SS. que por estos hechos se juzgó a aquellos
comandos mercenarios que pudieron capturarse, y que se condenó
ejecutoriamente a dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado por haber organizado o colaborado en la
organización de tales comandos asesinos, Como también saben SS.
SS. que en estos momentos están actuando los Tribunales de
Justicia, incluso el propio Tribunal Supremo, para depurar las
responsabilidades penales de quienes aparecen presuntamente como
sus principales responsables.
¿Por qué entonces plantea el Grupo Popular, precisamente ahora,
la creación de una comisión de investigación sobre los hechos y
las responsabilidades políticas que se deriven del GAL? ¿Por qué
precisamente ahora? Lo diré con palabra precisa, que no es
propia, para dotarla así de mayor neutralidad: «De febrero a
ahora han ocurrido hechos nuevos muy tremendos (sic). Todos los
procesados del GAL --Sancristóbal, Planchuelo, Alvarez, Hierro,
Damborenea--, a más de Amedo y Domínguez, pasaron a
autoinculparse, a aducir que obedecían órdenes de sus superiores
y a señalar el conocimiento del Gobierno. Eso tiene un valor
político de tan enorme peso que ¿cómo no iba a hacernos dudar si
ha motivado nuestra ruptura de compromisos con el Gobierno?»
Huelga cualquier comentario cuando la cita del portavoz del Grupo
de Convergència i Unió en esta Cámara es tan expresiva de lo que
ha ocurrido, como él mismo dice, de febrero a ahora.
Sin embargo, permítanme que añada algo más: todo eso ha sido
leído por muchos como un paso de la sospecha a la certeza moral.
Lo haré de nuevo con palabras ajenas, con las de un jurista
independiente, un intelectual prestigioso, Luis María Díez-
Picazo, director del departamento de Derecho Público del
Instituto
Universitario Europeo, en el diario «El País»; Una cosa es
sospechar y otra cosa es saber que una parte del aparato del
Estado estuvo detrás de la guerra sucia contra el terrorismo.
Además, a todo ello han venido a sumarse tres acontecimientos que
no pueden sernos indiferentes. En primer lugar, el Grupo Popular
supo, como todas SS. SS., por informaciones de todo género, que
con los fondos reservados del Ministerio del Interior se habían
cometido irregularidades que apuntaban al pago de sobresueldos, a
la compra de voluntades y al pago de silencios. Pretendimos, por
ello, una comisión de investigación parlamentaria en esta Cámara
y se nos negó por la mayoría, y nos forzaron a ir a los
tribunales --porque es un Estado de derecho aquel donde, al menos
en los tribunales, se exige el cumplimiento de la ley-- y allí
han sido ratificados muchos de los indicios que públicamente se
expusieron entonces.
Por si fuera poco, con posterioridad hemos sabido que del
organismo principal de inteligencia del Estado, el que asesora
directamente al Presidente del Gobierno, no sólo salen pruebas
documentales sobre el caso del GAL, sino que además parece que en
algunas de ellas, que tanto han preocupado, por cierto, al
Gobierno, se demuestra que existió el planeamiento y coordinación
de las actividades del GAL y de la guerra sucia desde las más
altas decisiones de Gobierno. Y por si esto fuera poco, la
reacción del Gobierno es la que acaba de conocerse: la
negociación, el chantaje. Es igual, es igual.
Permítanme, para concluir sobre la necesidad de esta comisión que
vuelva a recurrir a palabras ajenas, a palabras de cuya
neutralidad no puede espero, dudarse, de nuevo las del señor
Molins: Todo el pueblo español tiene derecho a una explicación
sobre el GAL, que ha de servirse en público. Efectivamente. Pero
como se han dicho también muchas cosas, van a permitirme,
señorías, señor Presidente, salir al paso de algunas de las
afirmaciones que hemos escuchado estos días sobre las intenciones
que mueven al Grupo Popular, al que en este momento me honro en
representar, porque, al hilo de esas argumentaciones, creo que se
puede hacer un esfuerzo para comprender cuáles son los verdaderos
límites de la responsabilidad política que queremos esclarecer en
la comisión que proponemos.
Se ha dicho que el Partido Popular y otros muchos apoyan ahora
una comisión de investigación del GAL porque, entre comillas --y
lo subrayo para los taquígrafos y para todos--, «ha salido mal».
Señoras y señores Diputados, con la responsabilidad que
proporciona a mi Grupo Parlamentario saberse alternativa de
Gobierno, con el respaldo mayoritario de los españoles en las dos
últimas confrontaciones electorales, con lo que ello implica de
compromiso y de denuncia, permítanme, para que quede en el
«Diario de Sesiones», subrayar lo evidente: que la muerte
premeditada y alevosa de una persona es siempre un asesinato, sea
quien fuere su autor, sea quien fuere la víctima; que la ley, la
ley penal, en un Estado de derecho, no distingue, y ésa es su
grandeza y su servidumbre para los servidores públicos; que, de
la misma forma, el secuestro es un crimen contra la libertad, sea
quien fuere su autor, sea quien fuere la víctima; y de la misma
forma lo son contra la libertad y la dignidad de las personas la
tortura, el atentado, la extorsión y el chantaje. Y me dirán de
seguro hoy mismo que para eso están actuando los tribunales de
justicia, para depurar las responsabilidades penales que puedan
derivarse de semejantes atrocidades. Ciertamente, para eso están
actuando los tribunales de justicia, pero hay un tipo de
responsabilidad distinta. Hay un plus adicional que afecta a
quien tiene encomendado lo que los italianos llaman el «indirizzo
político», la dirección política del Estado, la impulsión de la
dirección política del Estado. Hay un plus en la conducta de los
gobernantes que es el correlato de ese plus que deriva del poder
de dirigir la comunidad a la que sirven o deben servir. Por eso
la responsabilidad política no es la misma que la responsabilidad
penal. Salgo con ello al paso de ese argumento sostenido tantas
veces y de manera capital estos días --y quizá debieran guardar
mayor silencio desde el puesto institucional que ocupan-- de que
no deben confundirse responsabilidades políticas y penales y, por
tanto, no deben confluir la investigación penal y la
investigación política. ¿Cómo se puede decir desde tan altas
responsabilidades semejante dislate?
Señorías, cualquier lector de la Constitución Española, sin
necesidad de interpretación, porque ya se sabe que cuando hay
claridad no es precisa interpretación, al leer el artículo 76
sabe que hay plena compatibilidad entre la investigación judicial
y la investigación política, porque las comisiones de
investigación del Congreso y del Senado podrán investigar
cualquier asunto --dice-- de interés público. Y la Constitución,
el constituyente, intuyendo lo que es una realidad práctica en la
vida parlamentaria de otras democracias europeas, proclama, de
manera que hace ver que la investigación política es previa, que
las conclusiones de la investigación parlamentaria no serán
vinculantes para los tribunales de justicia. ¡Naturalmente! ¿Y
saben SS. SS. por qué? Yo creo que sí lo saben, incluso quienes
defienden esa supuesta incompatibilidad. Porque Poder Judicial e
investigación parlamentaria son ambas potestades inquisitivas,
supremas en su orden, absolutamente independientes, como dice la
Constitución, por la sencilla razón de que tienen un objetivo
distinto: la responsabilidad penal, en los tribunales de
justicia; la responsabilidad política, en los foros
parlamentarios, que no son la misma. La responsabilidad civil, la
responsabilidad penal compete al ciudadano y es exigible ante los
tribunales; la responsabilidad política compete a quienes están
en el ejercicio de la Función pública. Por eso el procedimiento
es distinto. Y no se rige una comisión de investigación
parlamentaria por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¡faltaría
más ! Ni siquiera le son predicables las garantías del
artículo 24, ¡faltaría mas! Hay quienes debieran recordar los
esfuerzos de la Mesa de esta Cámara para evitar trasladar
siquiera sean apuntes de responsabilidad desde lo investigado en
algunas comisiones, célebres en esta Casa, a los procesos
judiciales, porque no se han producido las declaraciones con las
mismas garantías, porque no son los mismos los objetos de la
investigación política que los de la investigación judicial. Son
absolutamente distintos. Es distinto el procedimiento, distinto
el foro donde han de plantearse.
¿Cómo se puede pretender que es cabal, que es prudente que todo
un país espere a la decisión el Tribunal Supremo para saber si
hay o no responsabilidades políticas en el Gobierno? ¿Quién
encomienda al Tribunal Supremo que tenga que dilucidar las
responsabilidades políticas del Gobierno en España? ¿Cómo se
puede sostener un dislate semejante? Ni el Tribunal Supremo es
competente para eso ni se respeta su independencia cuando se le
hace pronunciarse sobre cosas en las que no debe entrar. Hay que
actuar previamente aquí.
¿Y cuáles son esos actos, cuáles son esos ámbitos distintos entre
la responsabilidad política y la responsabilidad penal? Puede
haberlos confluyentes. Naturalmente que hay unas gravísimas
responsabilidades políticas, que las habrá si así se acuerda en
su día, si los tribunales declaran responsable penalmente a algún
miembro del Gobierno en el caso del GAL. Naturalmente que habrá
unas gravísimas responsbilidades políticas, pero hay, puede
haberlas y creemos que las hay, responsabilidades políticas,
hubiere o no responsabilidades penales ante el Supremo, hubiere o
no responsabilidades penales.
Estos días se ha querido recurrir por algunos, y parece que por
algunas, a la memoria histórica. Adelante, háganlo, pero no hace
falta encargar dictámenes a los historiadores. Basta irse a la
biblioteca del Congreso, si no se tienen en la propia, para
repasar los discursos de don Indalecio Prieto, en 1922, o los
artículos de don Julián Besteiro, en 1923, y encontrar clara
doctrina que diferencia entre las responsabilidades políticas y
las responsabilidades penales. No hace falta, señorías, quienes
tan inquietos están por la historia, que vayan a otros ámbitos,
que vayan a otros fueros intelectuales; lo tienen en el suyo,
repasen, repasen. Repasen y verán cómo no es un invento del Grupo
al que represento.
Hay un tercer argumento que nos va a ir permitiendo delimitar,
señor Presidente, cuáles son, cuáles pueden ser esas
responsabilidades políticas distintas de las responsabilidades
penales. Fíjense, al hilo de un tercer contraargumento arrojado
cínicamente contra el Partido Popular, se dice: El Partido
Popular o sus predecesores pedían mayor dureza en la represión y
en la lucha contra el terrorismo cuando en 1983 el terrorismo
azotaba con singular dramatismo este país. Y es verdad, es verdad
que el Partido Popular o sus predecesores pedían mayor dureza.
Pero no es lo mismo pedir toda la fuerza del aparato del Estado
contra el terrorismo que colocarse a su sombra para constituir
grupos armados, al margen de la ley, contra el terrorismo. No es
lo mismo. Esa actitud legítima aún más nuestra posición de hoy.
Fíjense, un Estado puede tomar decisiones muy graves, asumir en
la lucha contra el terrorismo medios extraordinarios. Cuando
considere que la situación es excepcional lo puede hacer
recurriendo globalmente a las situaciones de anomalía. Cuando
considere que hay una amenaza concreta lo hace reaccionando con
la cláusula «Salus publica suprema lex esto», reaccionado con
toda la contundencia del ordenamiento. Acabamos de ver un caso
que algunos torpemente han querido comparar con el GAL. El
Gobierno de Gran Bretaña decidió que unos agentes dispararan y
mataran a quienes parecía iban a atentar contra un objetivo de
seguridad del Reino Unido --al menos así lo entendían ellos-- y
han sido condenados por el Tribunal Europeo por
desproporcionalidad. Pero fíjense en la diferencia, no se planea
una acción global contra el terrorismo. Se responde a una amenaza
concreta. No se pone en marcha la contratación de unos
mercenarios; se ejecuta por agentes de la seguridad del Estado.
No se oculta ningún gobierno de sus propias responsabilidades.
Dan la cara incluso si ha habido error. No se esconden y siguen
sin afrontar sus responsabilidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, vaya
concluyendo, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Voy concluyendo, señor
Presidente. Muchas gracias.
Déjenme decirles que aquí surge ya una expresión clara de
responsabilidad política, porque es una gravísima responsabilidad
política defraudar la confianza del pueblo y engañarle, y engañar
a esta Cámara. Y es una farisaica actitud calificar de
extremistas, incluso de peligros para la democracia a quienes
ahora incluso, todavía con mayor cinismo, se quiere hacer
aparecer como cómplices, porque quienes pidieron la máxima dureza
en la lucha contra el terrorismo desde esos bancos lo hicieron
siempre con sometimiento a la ley, y es una hipocresía quebrantar
la ley, ocultarla y venir a este Parlamento, o fuera de él, a
decir lo contrario, a presumir de respeto democrático y con la
otra mano bajo la mesa pagar a grupos armados terroristas, como
lo ha sido el GAL. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Hay responsabilidades políticas, señorías, cuando se traiciona la
confianza del electorado. Hay responsabilidades políticas cuando
se utilizan para uso propio los bienes que se han puesto para el
servicio público. Hay responsabilidades políticas --y puede
haberlas en el caso del GAL-- si se comprueba que se tomó la
decisión de actuar, la de encubrir o la de financiar; si se
comprueba que efectivamente se implicó no ya a un departamento,
sino al que asesora especialmente al Presidente del Gobierno, si
ha habido una coordinación
y un planeamiento que sólo el Presidente del Gobierno podía
determinar. Hay responsabilidades políticas cuando se conocen
ciertos hechos y no se evitan, pudiendo evitarse. Hay
responsabilidades políticas cuando se tolera, sin castigo, sin
responsabilidad disciplinaria o penal, cierto tipo de
actuaciones. Hay responsabilidades políticas cuando se fomentan
ciertas actitudes como modelo de conducta, a través de premios,
ascensos o promociones profesionales; también ahí hay
responsabilidades políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, termine,
por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Hay responsabilidades
políticas cuando se entorpece la investigación interna, judicial
o parlamentaria, y desde luego las hay cuando no se investiga.
Hay responsabilidades políticas cuando, en el Parlamento y fuera
de él, se proclama una cosa y, de forma oculta, se hace otra,
defraudando lo que se está diciendo públicamente al pueblo. Hay
una responsabilidad política, por tanto, distinta de la penal,
directiva, por acción y por omisión, que es la que corresponde
ventilar a este Parlamento, y que, sin hacerlo, llevará a este
Parlamento, y a los que vengan quizás, a la frustración.
Finalmente, señor Presidente, no puedo dejar de aludir a otro
argumento manejado, de nuevo, estos
días: cómo es posible que el Partido Popular apoye una comisión
de investigación sobre el GAL y se niegue a que exista una
comisión de investigación sobre el acuartelamiento de
Intxaurrondo, de la Guardia Civil. Pues bien, señorías, por lo
antedicho y porque, evidentemente, los miles de hombres que han
pasado durante estos años por Intxaurrondo no están allí por
dependencia política. Están allí en virtud de disciplina y no
tienen que responder políticamente. Si hay errores, tienen que
responder disciplinariamente, tienen que responder penalmente,
naturalmente. Ya lo han hecho --ya se recordaba el otro día--, ya
se está haciendo y se seguirá haciendo, naturalmente que sí. Pero
señalar a Intxaurrondo indiscriminadamente es injusto, señorías.
Pretender que se investigue un acuartelamiento de la Guardia
Civil por responsabilidades políticas es un absurdo, señorías.
Poner bajo sospecha a más de 7.000 hombres de la Guardia Civil es
una injusticia, señorías, y efectivamente es poner en peligro la
seguridad del Estado.
Ahora bien --lo diré con toda claridad--, si la comisión entiende
que quien ha tenido responsabilidades directivas, allí o en
cualquier otro centro directivo, puede aportar elementos para el
esclarecimiento de las responsabilidades políticas del Gobierno,
que es quien ha de responder políticamente, el Partido Popular no
se va a oponer a su comparecencia, antes al contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Termino, señor
Presidente, dirigiéndome --no sé, me temo que con escaso futuro--
al Grupo mayoritario de esta Cámara, porque pretendería, señoras
y señores Diputados, que reflexionaran sobre esta última
oportunidad. (Rumores.) A juicio del Gobierno, hay sólo dos
hipótesis: o el Gobierno resulta implicado en la organización,
actividades, encubrimiento y financiación del GAL o resulta que
es una maquinación conspirativa. Vamos allá. Esclarezcamos cuál
de las dos hipótesis es cierta. ¿Es que hay miedo a la verdad? Si
hay una trama, es el momento de desmontarla. La comisión puede
lograrlo, y de manera particular...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, termine en
medio minuto, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente,
concluyo ahora mismo.
Entre SS. SS. se sienta quien está señalado por sus más
inmediatos colaboradores como Ministro del Interior responsable
directo de aquellos casos. Lamento que no esté ahora presente y
guardaré la ausencia. Pero a ustedes, señores de la mayoría, les
digo: ha reclamado su derecho a defenderse el señor Barrionuevo,
tiene derecho a defenderse el señor Barrionuevo, tiene derecho a
defender su trayectoria política. ¿Es que
SS. SS. no se fían de lo que pueda decir el señor Barrionuevo? ¿O
es que el Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso
no se fía de la Cámara? ¿O no se fía de sus señorías? (Rumores.)
Dejen votar al señor Barrionuevo, dejen que ejerza su derecho de
defensa.
Señor Presidente, concluyo ya. Les sigo pidiendo el apoyo para
que la verdad resplandezca en beneficio de todos. Les pido el
apoyo para que personas, instituciones y Gobierno recuperen su
honor si lo merecen; para que no se atribuyan a los tribunales de
justicia decisiones que no tienen que asumir. Les pido también su
apoyo para que esa comisión sirva para redimensionar un aparato
de seguridad del Estado más democrático. Y les pido también su
apoyo para que este Parlamento pueda pasar la página del GAL.
Ustedes pueden volver a negarse. No sería, entonces, el primer
crimen de Estado que quedara en la sombra de la leyenda, pero, en
este caso, la Historia ya sabría quiénes son los que han escrito
la nueva leyenda negra.
Gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en nombre de mi Grupo, nos vamos a oponer a la
creación de la comisión de investigación
sobre las actividades del GAL, solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Tengo que decir, señor Presidente, señorías, que visto desde este
momento, desde el momento actual en que vivimos, desde una
democracia asentada como la que tenemos, visto desde 1995, piensa
este Diputado que esta Cámara debería haber creado o haber
aceptado una comisión de investigación sobre los GAL en 1983. No
lo hicimos, señorías, y todos, seguramente, nos equivocamos.
Esta Cámara, que no actuó en su momento de esa manera hace doce
años, sí pudo haber sido interpelada no por SS. SS del Grupo
conservador, sino por las víctimas inocentes que perdieron la
vida y por aquellos que, aunque culpables de horrorosas y
terribles muertes, tenían derecho, sin duda, a un juicio justo.
No interpelan ustedes, señorías. Es posible que a esta Cámara,
que no quiso, que se equivocó en su momento, la interpelen estos
ciudadanos. Pero, hoy, señor Trillo, señor portavoz, ya no es
necesario. La justicia, por fin, va a resplandecer; los jueces,
por fin, de manera transparente y profunda, van a hacer justicia.
Hoy no vamos a aceptar que se interponga un juicio paralelo
frente a un procedimiento judicial. Hoy, señor Trillo, tiene un
escasísimo sentido. No tiene sentido alguno la creación de una
comisión de investigación cuando ya se está ultimando la
investigación penal. Aquella comisión de investigación, es decir,
esa que ustedes quieren solicitar, que no solicitaron hace años
sino ahora, nada aportaría al descubrimiento de unos hechos y sí
podría considerarse como una intromisión ilegítima en la conducta
del órgano jurisdiccional, pues, señores de la derecha de este
país, esa comisión de investigación que ustedes solicitan, la
actuación de esa comisión, sin duda alguna podría entorpecer la
labor investigadora del órgano jurisdiccional, para la cual tiene
competencia exclusiva de acuerdo con el artículo 117.3 de la
Constitución. De esa manera, indirectamente, esta Cámara sin duda
alguna, incidiría también en la independencia de los magistrados.
Puesto que la comisión de investigación no podría llevar a cabo
la calificación jurídica de los hechos ni la imputación de tales
hechos respecto a determinadas personas, su labor resultaría
perfectamente inútil. Esa comisión, nada, nada añadiría a la
averiguación excluyente de los hechos ni tampoco al prestigio
mismo de la Cámara, que se incorpora de manera tardía a la tarea
investigadora, superponiéndose a la actuación de los tribunales
de justicia, únicos encargados del enjuiciamiento de los hechos.
¿De qué se trata entonces? ¿Se trata realmente, como aquí se ha
venido en decir, de investigar responsabilidades políticas, a
pesar de la posibilidad de confrontación entre competencias? No,
señorías, no interesa a esta derecha investigar responsabilidades
políticas; esta derecha, según la ya llamada doctrina Aznar --por
cierto, incapaz de asumir las propias--, entiende la
responsabilidad política siempre que se predique de los otros, a
ser posible socialistas, siempre que tenga carácter previo a
cualquier investigación. Además, la deciden quienes acusan, tiene
como fuente la publicación de algún escándalo, verdadero o falso,
en un diario, y, como consecuencia, la inmediata exigencia de
dimisión de algún miembro del Gobierno o de su Presidente. Esta
es la doctrina Aznar en los temas de responsabilidad política.
Por tanto, no es necesaria porque es previa. Algo hemos aprendido
los demócratas de toda la vida en estos dos años de legislatura.
(Rumores y risas.)
Atento sin duda a esta curiosa doctrina, el portavoz de su propio
Grupo, con ocasión del debate acerca de la creación de la
comisión de investigación sobre Intxaurrondo, afirmaba --abro
comillas--: «Ahora creemos sinceramente que la depuración de
responsabilidades políticas ya sobra. Están más que claras. Desde
febrero a hoy la actuación de la justicia ha convertido en
superflua e innecesaria la creación de una comisión de
investigación sobre la responsabilidad política del caso GAL» --
cierro comillas--. Lo decía su portavoz. Y, señor Presidente,
consecuente sin duda con esa permanente incoherencia de los
conservadores, tras excitar --como han hecho hoy desde la tribuna
para otro tema-- al resto de los grupos parlamentarios a
solicitar esa comisión de investigación, decía --y abro comillas
para que vean lo que su portavoz decía sobre ello--: «Comprometo
en este momento el voto favorable de nuestro Grupo a dicha
comisión, aunque ya nos parezca innecesaria» --cierro comillas--.
Entonces, si la creen innecesaria, ¿por qué la presentan? ¿Por
qué la votan si la creen innecesaria? ¿Qué razones hay si la
creen innecesaria? ¿No será, señor Presidente, que quienes han
instrumentalizado la acción de la justicia, mediante la denuncia
permanente en los juzgados, desconfían de la independencia
judicial ahora y prefieren el juicio inquisitorial paralelo? No
parece que importe mucho la independencia judicial, la
independencia de jueces y magistrados, a quienes reparten
alabanzas o descalificaciones, según el discurrir de la actuación
judicial y así jalean la publicación fascicular de sumarios
secretos en detrimento de las garantías procesales más evidentes;
o bien, aplicando la torpe doctrina Cascos, advierten al tribunal
cuál debe ser el signo de sus resoluciones, amparándose en un
veredicto popular imaginario pero coincidente con sus propios
deseos; o ensalzan al final, a quien, desde la cúpula del Poder
judicial, califica a representantes del pueblo, a representantes
de esta Cámara, de amigos de asesinos y ladrones, convirtiéndose,
por cierto, en triste vocero de la estrategia desestabilizadora
de alguna derecha de este país. (Rumores.)
Tampoco se cree, señor Presidente, en la labor objetiva que una
Comisión de Investigación pudiera llevar a cabo, pues quien hoy
solicita que se investigue aquí, niega esa posibilidad en el
Parlamento gallego sobre unas supuestas facturas falsas en
Interior --por cierto, no sometidas a investigación judicial
todavía--, solicitada por todos los grupos parlamentarios, en una
clara
postura, señor Presidente, de hipocresía política propia de
especialistas en la ley del embudo. Se quiere convertir --algún
ejemplo hay en este momento mientras hablo-- una vez más este
Parlamento en el escenario de la batalla de quienes postulan la
política como un espectáculo agresivo y ensombrecen su auténtica
función, atendiendo, evidentemente, con carácter exclusivo, a
cálculos de rentabilidad electoral; esa política, señor
Presidente, destructiva y radicalizada, que sólo atiende a la
lamentable consigna de echar carnaza, del todo vale, de cuanto
peor, mejor; esa forma de hacer política que pasa de manera
fulgurante, rápida, de la sospecha al indicio y de éste a la
acusación y a la condena, buscando, señor Presidente, sin duda,
el descrédito del Presidente del Gobierno, de su Gobierno, de los
socialistas, en un esfuerzo tan torpe como inútil, destinado a
arruinar el proyecto socialdemócrata en nuestro país, esfuerzo,
por cierto, señor Presidente, inútil.
Si no se considera necesario, si parece que es interponerse en el
camino del procedimiento judicial, ¿en nombre de qué Estado de
Derecho vamos desde este foro a alentar las declaraciones
sobradamente conocidas de algunos de los personajes más sórdidos
y siniestros de la historia reciente? ¿En nombre, señor
Presidente, de qué Estado de Derecho va a servir este foro de
amplificador de las denuncias del arrepentido acusador, del
apologeta del terrorismo, o del vendedor de dossiers? ¿En nombre
de qué Estado de Derecho, señor Presidente, tenemos que servir de
altavoz los parlamentarios a la estrategia de la defensa de los
acusados? ¿En nombre de qué Estado de Derecho, ahora que el
proceso penal está concluyendo, vamos a avalar en este foro a
quienes tratan de imponerse a la voluntad popular, cambiar las
reglas de juego y dictar las condiciones de la vida política?
Se trata, señorías, de repetir el mensaje y que su insistente
repetición convierta lo falso en verdadero. Se trata de mantener
la sospecha continuada, apelando, señor Presidente, lo hemos
escuchado dentro de la Cámara y fuera de ella, a las más curiosas
esencias democráticas y al no menos curioso concepto de Estado de
Derecho. Se consolida el principio de culpabilidad al margen de
todo proceso penal, principio de culpabilidad gracias al cual en
él toda calumnia encuentra amparo, todo adversario político se
convierte en reo y toda defensa deviene imposible. Ese principio
de culpabilidad política, no de responsabilidad política, de
culpabilidad política que nos lleva por el túnel del tiempo a las
épocas más decadentes de nuestra historia, donde también primaba
la injuria sobre la razón o la sospecha sobre los datos.
Señor Presidente, el Grupo Socialista cree profundamente,
profundamente, que el Gobierno ha actuado siempre con respeto a
la legalidad en su lucha contra los terroristas. Así lo ha venido
afirmando con rotundidad el Presidente del Gobierno desde 1983 y
desde el mismo año, para quien ha querido escucharle, viene
proclamando su repulsa a cualquier tipo de terrorismo.
Hoy, señor Presidente, una vez más, con toda la solemnidad
posible, desde esta tribuna, mi Grupo condena de manera radical y
sin paliativos los crímenes del GAL. No hay, para los
socialistas, terroristas buenos y terroristas malos, repelemos
cualquier forma de terrorismo antes y ahora. El terrorismo, señor
Presidente, va contra el Estado de Derecho, valor básico de la
izquierda y cuya consecución y consolidación en nuestro país ha
sido protagonizada de manera especial por muchos socialistas,
algunos de los cuales hoy son injustamente calumniados.
Señor Presidente, porque creemos en la justicia queremos que
todos dejen trabajar a los jueces, que los jueces trabajen en
paz. Ellos resolverán sobre las responsabilidades a que hubiera
lugar, en su caso, con estricto respeto a las garantías del
procedimiento judicial y haciendo, sin duda alguna, caso omiso de
procesos inquisitoriales paralelos.
Señor Presidente, termino, con la certeza y estando también
seguro de que además esa actuación judicial transparente y
profunda hasta al fondo permitirá poner a cada cual en su sitio,
recuperando la imagen, tan dañada por ustedes, por cierto, de
quienes en el marco de la legalidad han estado siempre, y a veces
solos, antes y ahora, luchando por la paz y por la tolerancia
frente a los violentos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Barrero.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor
Presidente.
Señor Barrero, hace usted un discurso en el que, lejos de buscar
la contraargumentación a lo que yo he tratado --serenamente,
espero-- de delimitar como responsabilidades políticas que ahora
debieran esclarecerse en el caso del GAL, mezcla los argumentos
derivados de la tesis --he visto debilitada tesis-- de la
confusión entre la investigación judicial y penal con las
alusiones poco chistosas --no ha generado ningún entusiasmo en
los miembros de su Grupo-- a la llamada doctrina tal o doctrina
cual, y nada sobre el fondo del asunto, ni sobre los argumentos
que yo he expuesto, ni sobre los hechos que tan cabalmente expone
en sus últimas declaraciones el portavoz de Convergència i Unió.
Por cierto, que no estaría de más, aunque no me hace la gentileza
de escucharme el señor Molins, que aclararan las suculentas
razones que les han llevado a cambiar hoy de opinión, al parecer.
Sería muy bueno que se conociera qué razones abonan hoy su
negativa y su contradicción con lo que yo he leído de sus
recentísimas declaraciones. Yo no le quiero forzar. Estaríamos
encantados de conocer esas razones, pero
también estaremos encantados en cualquier caso de saber cuál va a
ser el costo de futuro. Hay próximamente unas elecciones
catalanas y también a ello nos atenemos.
Vuelvo al señor Barrero. Sus alusiones a la doctrina Aznar,
Cascos, etcétera --que, insisto, no han tenido mayor éxito--,
podía haberlas omitido. Empezaré por decirle que no es la
doctrina Cascos o Aznar, es la doctrina de responsabilidad
política, desde luego del Partido Popular y, por fortuna, de
muchos otros, incluso de algún miembro de su partido. Porque hay
quien con tiempo terminó presentando su dimisión, no por hecho
propio, pero por hecho de otro, que no podría haberse realizado
sin, aparentemente, haber tenido el consentimiento del
responsable político.
Hay quien ha asumido la responsabilidad política por la fuga de
Roldán de manera inmediata, presentando su dimisión en esta
Cámara. Y, desde luego, recuerde, intrapartido, los señores
Naseiro, Palop y Sanchís abandonaron todas sus responsabilidades,
incluido el partido mismo. (Rumores.) Recuerden más, pedimos una
comisión de investigación en esta Cámara, que ustedes, para no
crear precedentes que les perjudicaran, negaron. Y recuerden aún
más, recuerden cómo recientemente ha reaccionado el Partido
Popular en el injustamente, a mi juicio, llamado caso Cañellas.
Tome buena nota de lo que es la doctrina de la responsabilidad
política, que, insisto, señor Barrero, no la ejercemos en
monopolio, pero nosotros la ejercemos. (Rumores.)
Déjeme añadirle ya alguna consideración adicional que sé que no
va a tener mucho éxito, porque veo que está embravecido aquel
tendido. (Rumores.)
Señor Barrero, usted ignora no sólo los hechos nuevos a los que
hacía referencia la cabal enumeración de las declaraciones del
señor Molins. Por ejemplo, usted ignora que ayer mismo la
Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de nueve implicados.
Fíjese, los implicados y los procesados no son algo banal, no son
algo ajeno a las filas del Grupo de la mayoría. Son quienes
fueron Secretario de Estado de Seguridad, Director para la
Seguridad del Estado, Secretario General del Partido Socialista
del País Vasco, Comisarios Jefes de la Lucha Antiterrorista...
(Rumores.--Varios señores Diputados: ¡No!, ¡no!) Sí, sí. Al
Partido, estoy seguro que de muchas de SS. SS. --me gustaría
pensar que de todas SS. SS., pero, desde luego, de los dos
referentes históricos que antes he citado-- le gustaría que se
esclareciera la verdad en nombre de la dignidad de todos. Le
gustaría que se esclareciera la verdad.
Usted ha vuelto a hacer una confusa mezcla de algo que yo creo
que ha quedado bien claro, no sólo en términos constitucionales,
sino en términos políticos: la responsabilidad penal y la
responsabilidad política, la investigación judicial y la
investigación política. Yo, por si no le han convencido mis
argumentos, le voy a leer dos más próximos a su orilla. (Varios
señores Diputados: ¡No!, ¡no!) Sí, señorías, con todo respeto:
Los hombres piden justicia y equidad --leo-- y esa justicia y
equidad no pueden sentirse satisfechas viendo cómo transponen los
umbrales del presidio los culpables exentos mientras los
culpables mayores, para no rendir cuentas a los jueces, se
escudan tras una Constitución que ellos mismos han violado tantas
veces. Son palabras, señorías, de don Julián Besteiro, sobre las
que debieran reflexionar. (Rumores.)
Y más. Sobre responsabilidades penales y responsabilidades
políticas, en un memorable discurso, en 1922, en el que hubo
incluso de suspenderse la sesión para continuarlo al día
siguiente, dado el agotamiento del verbo siempre brillante de don
Indalecio Prieto, decía don Indalecio Prieto: El Parlamento,
dentro de su soberanía, puede acusar al Gobierno de
responsabilidad por actos, por omisiones, por negligencias
engendradoras de cualquier catástrofe y yo no puedo suscribir la
teoría de que no es lícita la acusación porque los hechos que se
imputan a los inculpados no constituyan ninguno de los delitos
que los confeccionadores del Código Penal dejaron previstos.
Aténgase a sus propios precedentes.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Trillo.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, intervengo con mucha
brevedad, primero, para felicitar al señor Trillo por las buenas
lecturas que veo que tiene, de don Julián Besteiro, y le animo a
que profundice sobre ellas porque es posible, incluso, que
pudiera cambiar de banco como consecuencia de ello. (Varios
señores Diputados: ¡No, no, no!) Parece que mis propios
compañeros dudan de que incluso el propio magisterio del profesor
Besteiro fuera suficiente para cambiarle a usted de mentalidad.
En todo caso, yo sí que quería ser muy breve.
De su intervención, que yo no dudo que haya podido ser brillante
pero que he entendido en escasa medida, fundamentalmente porque
ha ido dirigida en gran parte al portavoz de Minoría Catalana, y
su contraargumentación y réplica también, he creído deducir que
buscaba usted una vez más, por las dificultades de confrontación
entre competencias judiciales y parlamentarias, enfocarla sobre
las responsabilidades políticas que se deducirían previsiblemente
de esa comisión de investigación que usted solicita y que no
solicitó --insistía yo-- hace años. Y ponía de manifiesto --lo
mantengo otra vez, lo ratifico-- mi sorpresa ante las
dificultades que ello supondría, toda vez que desde hace tiempo,
desde hace meses, la investigación judicial está en marcha, y
que, incluso, está finalizando. Por lo tanto, pocas claridades
habría con referencia a la averiguación de hechos, escasas porque
no es nuestra función con referencia a la imputación de los
hechos, con referencia a personas, y posible confrontación entre
una competencia y otra. Eso
parece bastante evidente. Hasta tal punto parece evidente, señor
Trillo, que, si no recuerdo mal, hace pocos días han dicho
ustedes no a una comisión de investigación en Baleares por este
tipo de argumentos también, porque había una investigación
judicial previa, que ya está finalizando.
Lo que yo solicitaba y lo que le solicito ahora, señor Trillo, es
que mantenga algún tipo de coherencia, que la mantenga, fuera de
la Cámara y dentro de la Cámara, en una comunidad y en la Cámara,
en un ayuntamiento y en una comunidad, para que aquellos que
podamos contraargumentar vayamos tranquilamente por el camino de
la lógica y del sentido común y no nos volvamos locos, porque lo
que ustedes creen que es algo normal, que es la incoherencia,
para quienes tenemos un cierto sentido común y cierta
responsabilidad nos parece absolutamente ilógico. Eso es lo que
intentaba decirle desde esa tribuna. (Un señor Diputado del Grupo
Popular pronuncia unas palabras que no se perciben.) Aparte, no
sería malo, señor Trillo, que aplacara a su correligionario de
vez en cuando.
Por cierto, creo que ha puesto usted el ejemplo de una comisión
de investigación de carácter interno, no parlamentario, con
referencia al asunto Naseiro, etcétera. No le animaría yo mucho,
señor Trillo, a que pusiera ese ejemplo ni aquí ni fuera de la
Cámara, porque parece, hay noticias, publicadas y dichas incluso
por el propio imputado, de que uno de los culpabilizados por
ustedes, exclusivamente a nivel interno, por cierto, cobra su
buena nómina como asesor del señor presidente del Partido
Popular. Al menos fue una de las cuestiones que planteó en su día
en la Comisión de Estatutos de esta Cámara. Mírelo, ratifíquelo,
señor Trillo, porque me parece que no es un ejemplo de los que
usted pueda poner aquí o fuera de aquí. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Barrero.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera señalar que la iniciativa que nos trae a debatir en esta
Cámara al final de la mañana como punto último del orden del día,
además de considerarla necesaria, en cuanto que es un ejercicio
de salud política, es también una iniciativa largamente reclamada
por la sociedad vasca y por sus representantes nacionalistas en
esta Cámara.
Sin embargo, aunque estamos satisfechos, no estamos del todo
tranquilos porque hemos advertido un cierto juego de ambigüedad
en el Partido Popular a la hora de solicitar una comisión de
investigación sobre el GAL y rechazar, sin embargo, la semana
pasada, en Junta de Portavoces y en este Pleno, una comisión de
investigación sobre el cuartel de Intxaurrondo.
Igualmente nos ha parecido, cuanto menos de mal gusto, que el
Partido Popular presentase unilateralmente la iniciativa de crear
una comisión de investigación sobre el GAL cuando han existido
conversaciones entre todos los grupos para elaborar una propuesta
conjunta, propuesta que, de llevarse a cabo, va a constituir el
sello de esta movida legislatura y, prácticamente, la llave que
cierre la puerta.
No quisiéramos pensar que el Partido Popular está jugando a doble
banda. Por un lado, está aprovechando el tirón del GAL para
atacar al Gobierno y por el otro se está demostrando que no tiene
una clara intención de que se investigue el GAL --lo ha
ratificado su portavoz hace unos momentos-- ni a Galindo ni a
Intxaurrondo, cuando cualquiera es consciente de que ambos son
intrínsecamente lo mismo. En cualquier caso, no sabremos si la
propuesta va a fructificar o no hasta que no se posicione el
portavoz de Convergència i Unió, cuyos votos son necesarios para
la creación de esta Comisión.
Hace apenas unos días debatíamos en esta Cámara la solicitud de
creación de una comisión de investigación sobre el cuartel de
Intxaurrondo, que fue rechazada por socialistas y populares. Ya
entonces hice un razonamiento que considero necesario repetir.
Uno de los vicepresidentes del Partido Socialista Obrero Español
en el País Vasco, ausente ahora mismo en esta Cámara, aunque su
voz se ha hecho notar contra los miembros del Partido
Nacionalista y contra mí cuando salíamos en el debate que se ha
producido anteriormente, decía este cualificado demócrata,
martillo de herejes nacionalistas --argumentando contra la
creación de la comisión para investigar Intxaurrondo--, que se
trataba de someter a la Guardia Civil a un juicio paralelo e
inquisitorial. Y lo ha dicho el señor Barrero otra vez. En primer
lugar --y no me voy a alargar en ello--, está mal utilizado el
término inquisitorial, porque en la Inquisición había un juicio
previo y hasta la posibilidad de hacer defensas. Pero ése no es
el caso. Lo que yo quiero subrayar es que éste es un brillante
argumento, brillante, para juzgar y calificar una iniciativa de
grupos parlamentarios con representación popular tan válida y
digna como la suya.
Siguiendo con este razonamiento, ustedes, señores de Convergència
i Unió, argumentan ahora que la creación de una comisión de
investigación sobre el GAL equivaldría a establecer un juicio
paralelo con los sumarios ya abiertos. A mí me parece que esto es
una nueva burla a esta Cámara y una grave falta de respeto a sus
miembros y su reglamento, precisamente cuando se pretende hacer
un uso de los instrumentos de control de que dispone este
Parlamento y que este Parlamento se ha dado a sí mismo. ¿No es
ésta precisamente una de las vías legítimas para establecer
responsabilidades políticas? ¿No es confundir y desvirtuar la
actuación parlamentaria querer equiparar
las responsabilidades políticas con las responsabilidades
penales?
Señores de Convergència y Unió, ustedes, que han estado tan
listos y dispuestos para solicitar y apoyar que se investigara la
corrupción y los delitos económicos, ¿por qué votan sí a la
investigación de Intelhorce y no a la investigación al GAL?
Porque el caso GAL, lo he dicho más de una vez en esta Cámara,
es, con mucho, el más grave y perturbador caso de corrupción de
la democracia española, y lo es porque ha corrompido de raíz la
esencia del ejercicio de la política y de la democracia.
La lucha antiterrorista no puede ser utilizada frívolamente como
un arma arrojadiza entre unos y otros, entre unas comunidades y
otras. La paz no es patrimonio de un pueblo, sino de todos los
pueblos del Estado, y la paz y la prosperidad que unas partes del
estado disfrutan no se pueden lograr a costa de depositar y
mantener los residuos de la antidemocracia en casa de otros.
Siento decir que ustedes no son solidarios. Ustedes tienen la
solidaridad de quien da la mano pero mira hacia otro lado.
Ustedes tienen un peculiar sentido del Estado, se lo reconozco;
realmente reconozco que han sido y son coadyuvantes, pero,
paradójicamente, con su actual negativa, coadyuvan a apoyar a
quienes desde los aparatos oscuros del Estado no quieren que se
limpie una actuación vergonzosa dentro de un Estado democrático,
y además coadyuvan a dar un respiro a quienes, desde la derecha
más dura, se oponen a la creación de la comisión, aunque la
proponga el propio Partido Popular, porque, en el fondo, esos
sectores, esos sectores, están de acuerdo con la creación y
actuación del GAL.
No hay razón moral ni política alguna, porque con los principios
no se juega, para oponerse a una investigación sobre el GAL o
sobre Intxaurrondo. Al contrario, hay mil razones morales y
políticas de respeto a los derechos humanos, a la integridad y a
la honestidad en el ejercicio del Gobierno para hacer una
investigación y para hacerla ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Albistur, termine,
por favor.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor Presidente.
Parecerá muy duro decirlo así, pero si algún partido mantiene
todavía su posición de negarse a una comisión de investigación
tendremos todo el derecho del mundo a pensar que su discurso
sobre la ética y la limpieza es falso.
Hace unos momentos nos ha llegado una propuesta, firmada por los
representantes del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Catalán, en la que piden votación secreta mediante
papeleta. Bienvenida sea esa petición si es para votar en
conciencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El 27 de julio de este año celebramos ya un debate intenso y, a
mi modo de ver, importante sobre el caso GAL. Quizá el debate más
grave que puede ver en democracia un Parlamento, aquél que sitúa
a un Gobierno como cómplice activo o pasivo de la práctica de un
posible terrorismo de Estado.
Creo que dos meses después no tiene mucho sentido, más allá del
gusto por la reiteración, volver a repetir argumentos ni a
recuperar una a una las graves preguntas que desde hace tantos
años permanecen sin respuesta. Ahí están los muertos, los fondos
reservados, los silencios pagados, los delincuentes arrepentidos
que bruscamente recuperan voz y memoria, y sobre todo ahí está la
sospecha, esa sospecha terrible, de que ha habido sangre entre
pasillos oficiales, que ha podido funcionar ese lema peligroso e
indigno que contamina e hiere de muerte a un Estado de Derecho,
el todo por la Patria, entendido como un todo vale, incluso la
guerra sucia.
Sin embargo, desde mi punto de vista, lo importantes no es
repetir el mismo debate de julio, e incluso el mismo que haremos
en las próximas semanas cuando la petición de una comisión que
investigue el caso GAL, que hemos planteado diferentes partidos,
entre ellos el mío, se vea en el Parlamento, lo importante hoy es
que, en el encubrimiento de la guerra sucia, en el bloqueo para
que no puedan ser investigadas las complicidades y las
responsabilidades políticas de la guerra sucia, el partido que
gobierna probablemente cuente hoy con la ayuda inestimable, si no
cambian de actitud, de ese aliado natural que es Convergència i
Unió, un aliado capaz de salvarle nuevamente la cara, a pesar de
las reiteradas declaraciones de ruptura.
Desde el punto de vista político, lo más relevante hoy no es sólo
el fondo de la cuestión, la gravedad de lo que se debate, sino la
actitud de un partido político (Convergència i Unió) que hace
declaraciones de intenciones pero que después dará sus votos para
evitar que sepamos qué ocurrió desde 1983 con el caso GAL. Así,
como mínimo, se han pronunciado públicamente, aunque intenten
esconderse --espero que sea para cambiar de actitud-- bajo la
votación secreta. Serán ustedes, señorías de Convergència i Unió,
los protagonistas principales, y también seguramente con su
actitud, los responsables que nuevamente un caso gravísimo que
afecta directamente a la seguridad y a la confianza de todos en
el Estado de Derecho sea amagado, bloqueado y hurtado del
Parlamento. Después, irán a Cataluña y hablarán del exceso de
crispación, de la necesidad de sosiego, hablarán de
responsabilidad política, y, con un punto de desprecio
hacia los demás, se mostrarán como bandera de esa
responsabilidad.
Pero, ¿y la crispación que se genera ante la frustración de un
Parlamento que es permanentemente bloqueado en su labor de
control? ¿Y la necesidad de que el sosiego venga de conocimiento
de lo ocurrido, de la depuración de responsabilidades y no del
silencio cómplice con quien cometió los abusos? ¿Y la
irresponsabilidad que representa que ustedes no permitan que
sepamos qué ocurrió?
Si no cambian sus votos, por su causa no sabremos por qué el
Gobierno no investigó ni tomó ninguna medida para impedir el
funcionamiento de los GAL durante muchos años. Por su causa, si
no cambian de actitud, a causa de la complejidad de Convergència
i Unió, no sabremos por qué cuatro miembros de los GEO fueron
detenidos en Francia en 1983 por intentar un secuestro. Será a
causa de esos votos de bloqueo que no podremos saber por qué
funcionarios del Ministerio del Interior participaron en el
secuestro de Segundo Marey; por qué en 1984 los mismos que están
hoy procesados fueron ascendidos a cargos de máxima relevancia en
el Ministerio del Interior. Y hay muchas más incógnitas que no
podremos desvelar en su responsabilidad política.
Será gracias a ese voto cómplice que hoy no podremos saber cómo
se explica que toda la cúpula de Interior esté implicada en un
sumario judicial, y cómo afecta al propio Consejo de Ministros.
Será gracias a esa complicidad que más de veinte muertos no
tendrán ni el derecho a la investigación parlamentaria. Serán,
pues, cómplices de devaluar el Parlamento, de añadir
intranquilidad a la situación y de enviar el mensaje a los
ciudadanos de que ya no hay nada en qué creer porque todo vale.
Algún día nos tendrán que explicar qué sacan a cambio, qué se
esconde, qué se tapa, cómo se devuelven este tipo de favores. En
todo caso, no pongan el nombre de Cataluña en medio de este
fregado sucio.
Acabo con una última reflexión. Votamos a favor de esta Comisión
por coherencia, a pesar de la actitud ambigua del Partido Popular
en este caso y a pesar también de no haber permitido que nuestra
propuesta de investigación se viera hoy. En todo caso, venga de
donde venga la iniciativa, siempre votaremos a favor de la
claridad y la depuración de responsabilidades políticas y en
contra de aquellos que quieran pasar página a los crímenes de
Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo de Coalición Canaria quiere manifestarse con
toda claridad en un debate de una enorme importancia política y
moral para la democracia española.
El debate que está abierto hoy aquí sobre la oportunidad o no de
la creación de una comisión de investigación sobre el asunto GAL,
en el fondo es un debate sobre si el Parlamento español quiere o
no condenar el terrorismo de Estado.
Se va a crear un antecedente histórico fundamental, dentro de las
tradiciones democráticas de este país, de que todos los grupos
políticos condenen un hecho que nadie puede ya negar. Este debate
tiene lugar apenas semanas después de que altos cargos de la
seguridad del Estado, los responsables máximos de la seguridad
del Estado a lo largo de una serie de años, se hayan
autoinculpado; repito, autoinculpado. Ya no hay ningún debate
sobre si estos hechos ocurrieron o no, no sólo hay veintisiete
cadáveres sino que hay una autoinculpación de que el Estado
español, a través de altos responsables, organizó la guerra sucia
y, por tanto, el terrorismo de Estado. Ese es el hecho. De ese
hecho se desprenden responsabilidades criminales y
responsabilidades políticas. Sería lamentable que el Parlamento
español, hoy, no dejara establecida una jurisprudencia moral y
política sobre el problema de la responsabilidad política,
diferenciada de la responsabilidad penal o criminal.
Nosotros tenemos muy claro que las responsabilidades penales de
los que organizaron e hicieron el GAL las tiene que tratar el
Tribunal Supremo. De ninguna manera podemos nosotros hacer un
juicio paralelo; de ninguna manera el Parlamento debe entrar en
la consideración de las responsabilidades criminales de unos u
otros señores, aunque se hayan autoinculpado. Este Parlamento
sólo puede entrar en la responsabilidad política, y la
responsabilidad política es por acción y organización directa,
por omisión o negligencia, por lo que fuera, que implicara que un
hecho tan grave, gravísimo, como que el Estado español haya
organizado a lo largo de los ochenta un terrorismo de Estado y
una guerra sucia no tuviera responsabilidades políticas. Las
tiene. Y no tienen nada que ver con las responsabilidades
penales. Nosotros quisiéramos que este asunto se resolviera no
llevando al Presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo.
Estamos convencidos de que por las acusaciones habidas y por los
hechos denunciados, no hay base para una inculpación de
responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno. No estamos
deseando que la democracia española dé el espectáculo tan
tremendo que está viviendo ahora Italia con Andreotti. No nos
gustaría que acabáramos así.
Si este Parlamento no condenara unos hechos claramente
demostrados como los que han caído sobre la democracia española,
esa indignidad, esa mancha terrible sobre la conciencia moral de
este país no la lavaríamos y no se exoneraría.
Por tanto, señoras y señores Diputados, creemos que las
responsabilidades de la guerra sucia tienen que ser limpiadas de
la conciencia moral y política de España
con una declaración política del Parlamento español, y esa
declaración política tiene que ser la consecuencia de una
Comisión de Investigación. No estamos pidiendo que la Comisión de
Investigación que se debería crear fuera una especie de juicio
sumarísimo, de juicio paralelo, de inculpación previa de hechos
de carácter criminal. Simplemente hay que sacar una conclusión:
se ha producido terrorismo de Estado y el Parlamento lo condena,
así como a los responsables que lo han permitido, por acción u
omisión, en este caso el Gobierno.
El terrorismo no es sólo un problema moral terrible, sino,
además, como ha dicho alguien, una estupidez. Los resultados de
esa acción terrorista han conseguido alimentar más al terrorismo
nacionalista, o como se quiera llamar, de ETA. Junto al crimen
está la torpeza, porque creer que se puede actuar frente a ETA
con técnicas parecidas a las que se utilizaron contra la banda
Baader Meinhoff y otras, teniendo detrás un movimiento social, es
una grave irresponsabilidad y una torpeza política.
No se trata de que algunos digan cínicamente aquí que de lo que
se trata es de actuar eficazmente contra una banda terrorista;
mentira. Lo que han hecho es alimentarla; lo que han hecho es
impulsar más los problemas de Euskadi, del País Vasco. Por tanto,
junto a la responsabilidad moral, está la responsabilidad de la
torpeza política de una acción. En último término, se ha
intentado resolver lo que era un problema de ineficacia policial
o de falta de colaboración internacional con una utilización
ilegal de medios.
Señorías, dicen que en un país civilizado la ley siempre derrota
al crimen, menos cuando el crimen sustituye a la ley. Esto es lo
que estamos discutiendo en este momento.
Nuestro Grupo pediría que se crease la Comisión de Investigación,
si no ahora dentro de quince días, en que se volverá a votar
conjuntamente la creación de una Comisión de Investigación sobre
el GAL e Intxaurrondo, que haya una declaración del Parlamento
español contra el terrorismo de Estado y de las responsabilidades
políticas del Gobierno por acción u omisión. No hacer de un
asunto tan delicado y tan grave una cuestión electoral. Las
razones de Estado de ninguna manera pueden esconder un crimen,
porque de lo que se han autoinculpado los responsables de la
seguridad del Estado no es sólo de haber matado terroristas. Más
grave aún, de haber secuestrado a un inocente que se llama
Segundo Marey. Este es el gran problema; se han autoinculpado de
secuestrarle. Y Marey ha preguntado a la sociedad española: ¿Y
quién me devuelve a mí los 10 días que estuve en el infierno del
secuestro? Sólo se los puede devolver, moralmente, una
declaración política de denuncia de la democracia española.
En las tradiciones democráticas europeas, de varios siglos, el
asunto Dreyfus fue un ejemplo de cómo la cobardía de la razón de
Estado pretendió meter a un inocente en una cárcel de la Isla del
Diablo. Aquí hay un inocente que se llama Segundo Marey. ¿Hay o
no un solo colectivo en la democracia española? Hay 3.000
intelectuales que lo han denunciado, pero, además de los 3.000
intelectuales que integran ese colectivo hace falta que el
Parlamento español tenga la gallardía, el coraje moral, la
dignidad de denunciar el terrorismo de Estado, y que a todos los
grupos, sean o no consecuentes en sus actuaciones de hoy o de
antes, no nos digan, como está diciendo aquí el Grupo Socialista,
que nosotros tenemos culpa, pero ustedes también. De lo que se
trata es de que nadie tenga la culpa de que este Parlamento
guarde un silencio cómplice con hechos comprobados y con la
denuncia de una guerra sucia que ha llenado de vergüenza y de
indignidad a España.
Mi Grupo Parlamentario pide que, ahora o dentro de 15 días, se
cree una Comisión de Investigación que, con carácter rápido y
urgente, sólo llegue a una conclusión: que el Gobierno es
responsable de un acto, por negligencia, acción u omisión, de
terrorismo de Estado. Los altos responsables de la seguridad del
Estado se han autoinculpado y el Parlamento, por tanto, tiene que
condenarlos. Y si no hay condena, ¿quién ha condenado un hecho
que todo el mundo ya conoce?
El Parlamento no puede esconderse y huir de una realidad con la
que se enfrenta: la democracia española necesita una declaración
política y moral y recuperar que la responsabilidad política es
diferente de la responsabilidad penal.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señoras y señores Diputados, señor Barrero: El criterio
político no necesita de cauces legales para expresarse. Lo ha
dicho su portavoz, el señor Almunia, en su intervención en el
debate anterior. A mayor abundamiento: Es el Congreso el lugar
del control de la acción del Gobierno, palabras del Ministro de
Justicia e Interior. Creo que sirven las dos citas de miembros de
su Grupo Parlamentario y del Gobierno para anular la
argumentación que ha realizado usted, desde esta tribuna, en su
turno en contra.
Con relación a la postura del Grupo Popular, desde el Grupo Vasco
entendemos, señor Presidente, que está llena de sutilezas;
jesuítico, se dice. Centran el objeto de investigación en un foco
político a la medida de sus propias conveniencias. Conveniencias
que, evidentemente, no coinciden con el objeto de la
investigación solicitada más que en algunas de sus posibles
consecuencias políticas. Para el Grupo Popular está clarísimo:
Felipe González es el responsable político de todo.
Pero quien tiene las conclusiones elaboradas y predeterminadas
difícilmente puede tener interés en la investigación, porque las
evidencias de las torturas, de los asesinatos, de los secuestros,
de las desapariciones, están donde están. Esos son los hechos
ciertos, los hechos conocidos, que permiten, tras rigurosa
investigación --algunas a nivel judicial, otras a nivel político-
-, establecer corolarios.
En nuestra opinión, señor portavoz del Grupo Popular, se
equivocan de metodología de trabajo. Pretenden investigar los GAL
y orillar Intxaurrondo. En nuestra opinión, esta posición,
legítima por supuesto, es como querer aplaudir con una sola mano.
Por ello, en la medida en que las argumentaciones se complementan
y vamos escuchando cómo van planteando las cuestiones en relación
con estos temas, es más patente y evidente la dificultad de
argumentar desde las posiciones del Grupo Popular. Aun
reconociendo que llevan bastantes semanas queriendo hilar fino,
cuanto más hablan y más argumentan más evidencian lo superfluo de
ese planteamiento, porque a veces tiene pinta de un juego de
manos: GAL, sí; Intxaurrondo, no; cargos políticos, sí; cargos de
designación administrativos, no, rompiendo, incluso, sólidas y
clásicas posiciones que mantiene en temas de Administración
Pública el Grupo Popular. El señor Núñez les puede ilustrar al
respecto.
Señor Trillo, los GAL han sido el catalizador de una lamentable
sucesión de hechos delictivos cometidos desde el seno mismo de la
Administración del Estado, dirigidos y coordinados desde el
mismísmo Ministerio del Interior --se lo puede creer o no, pero
es así--, que, amparada en la lucha antiterrorista, consintió
desde enriquecimientos ilícitos hasta secuestros, torturas,
desapariciones y asesinatos. Esa es la realidad.
Es más. El GAL que más torpezas cometió, el GAL que más actuó, el
GAL más sanguinario, GAL que se refugiaba en Intxaurrondo es el
GAL que permanece más oculto. Desgraciadamente, en estas
situaciones suelen acertar esta serie de gente a saber
enconcharse en sus propias posiciones. Es el GAL que permanece
más oculto. Señor Trillo, ¡la de mantas que guarda todavía el
señor Roldán y lo que ocultan! ¡No les llama la atención lo
callado que permanece Roldán en relación con todos estos temas?
Ahora me dirijo al Grupo Socialista. Señor Barrero, cuando en un
Estado democrático hay evidencias preclaras de torturas, hay
muertos, hay asesinados, hay secuestrados y desaparecidos con
nombres y apellidos, hay que investigar políticamente.
Cuando en un Estado democrático altos cargos de la Seguridad del
Estado se autoinculpan (se autoinculpan, señor Barrero; el ex
secretario de Estado para la Seguridad se autoinculpa) de hechos
catalogados en el ordenamiento legal como terrorismo de Estado,
es que hay que investigar políticamente.
Cuando en un Estado democrático las encuestas de opinión indican
que el 76 por ciento de los ciudadanos está convencido de que los
GAL fueron creados, organizados y patrocinados desde el propio
Ministerio del Interior, es que hay que constituir inmediatamente
una comisión de investigación. Le he oído decir en su anterior
intervención que habría que haberlo hecho el año 1983. No sé si
le he oído mal. ¡Pero si los GAL comenzaron a actuar en 1983,
señor Barrero! ¡Si hasta 1987, en lo que se conoce en este
momento, los GAL seguían actuando! ¡Si en lo que se refiere a
Intxaurrondo, Gurutze Yanci muere en manos de la Guardia Civil el
año 1992, señor Barrero! ¡No se quiera engañar! ¡No se quiera
engañar! Los datos son datos, son datos objetivos, empíricos.
Otra cuestión es las posiciones que quiera mantener cada grupo en
el propio debate. No niegue hechos conocidos y probados.
Cuando en un Estado democrático el Gobierno ha roto la confianza
que el Parlamento depositó en él para la utilización de los
fondos reservados de una forma nítida y sistemática, la
investigación política se impone por su propio peso.
Cuando en un Estado democrático los medios de comunicación social
hablan de escuadrones de la muerte, de terrorismo de Estado,
citando con nombres y apellidos a los que presuntamente
cometieron tales barbaridades, la Cámara legislativa de ese país,
en cumplimiento de sus funciones de control de Gobierno, debe
conformar una comisión de investigación.
Cuando en un Estado democrático funcionarios de las fuerzas de
seguridad del Estado son condenados por los tribunales de
justicia con sentencias firmes por torturas y malos tratos, son
indultados por el Gobierno y, además, dados de alta en la nómina
de pensionistas del Ministerio de Defensa, es que el Congreso
tiene la obligación de investigarlo en clave política.
Cuando en un Estado de Derecho se impone el fajín de general a
escondidas, en la clandestinidad, negándose el acceso a los
medios de comunicación social, no invitándose a los
representantes electos de la circunscripción en la que se ha
servido --señor Barrero, ¿a quién se servía?--; cuando no se
invita a los representantes electos de esa circunscripción, en
esos casos hay que investigar políticamente.
Cuando en un Estado de Derecho altos cargos del Ministerio del
Interior se niegan públicamente a asistir a dicho acto, cuando
oficialmente se asciende a general --¿a quién?-- al «héroe de la
guerra del norte» --así se le llama--, el Congreso tiene que
reaccionar y establecer lecturas de lo que acontece en clave
política.
Cuando los medios de comunicación social acusan, con nombres y
apellidos, de ser el jefe de la banda terrorista a quien es nada
más y nada menos que el Presidente de la Comisión Constitucional
de esta Cámara, el Congreso no puede permanecer mudo y
paralítico. Si no, cierren esta Cámara, señorías, proclamen que
éste es un Estado con sombras y que, «de facto», se está
caminando a una solución pactada de punto final que, «de iure»,
no se quiere reconocer, diga lo que diga el Ministro de Justicia
e Interior. Porque si no tuviéramos
suficientes sombras, con toda esta dinámica se está estableciendo
otra de sombras sobre sombras, más sombras; albarda sobre
albarda.
Señor Presidente, el Grupo Vasco entiende que los GAL han dado
jaque al Estado de Derecho en una partida que los demócratas
debemos ganar con rigor, con limpieza y con transparencia. Para
los que tengan alguna duda, traeré a colación una cita del
Consejero de Interior del Gobierno Vasco, del señor Atutxa, de
ayer mismo. Decía el señor Atutxa: Investigar los GAL es luchar
contra ETA. Recordaré también una declaración del Presidente de
la Generalidad de Cataluña: En materia antiterrorista, lo que
diga el Partido Nacionalista Vasco.
Sí quisiera, señor Molins, en nombre del Partido Nacionalista
Vasco, manifestarles que, en caso de que el sentido del voto en
esta votación, que es fundamental en lo que se refiere a la
normalización y pacificación del País Vasco, fuera libremente
decidida por ustedes en sentido negativo, nosotros lo
consideraríamos como una agresión --se lo quiero decir en nombre
del Partido Nacionalista Vasco con toda claridad--; una agresión
a los propios principios; una agresión a lo que es un
planteamiento claro y demócrata de normalización y pacificación
del País Vasco; una agresión a una concepción ética de la vida y
de la política que creíamos compartir con ustedes; una agresión a
una forma de colaboración, y también una agresión a los
ciudadanos vascos a los que intentamos representar, porque
entendemos que el empeño de poner tierra de por medio frente a
actuaciones tan graves, sólo da alas y argumentos a los
terroristas y a los fascistas.
La democracia, señorías, no admite sombras. No demos pie a hablar
de connivencia institucional para tapar y olvidar actuaciones
políticas tan lamentables. Se extiende entre los ciudadanos, como
una mancha de aceite, el convencimiento de que, pase lo que pase,
en este Estado no pasa nada, que no existen mecanismos
democráticos para hacer cumplir la legalidad a los ricos, a los
poderosos, a quienes disfrutan del poder.
Señorías, solicitamos desde el Grupo Vasco un serio esfuerzo de
reflexión previa a la votación que se nos anuncia. Abramos las
puertas y las ventanas de una época negra, de un bienio negro,
del Ministerio del Interior, evidentemente con rigor y con
responsabilidad, para que no se puedan repetir jamás las
declaraciones de la actual Secretaria de Estado de Interior el
año 1993, señor Barrero: «Desde que estoy yo» --se entiende que
en la Secretaría de Estado para la Seguridad-- «se cumplen la
Constitución y la legalidad en Intxaurrondo».
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergencia ¡ Unió), tiene la palabra el
señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, solicita el Grupo Popular el voto favorable de la
Cámara para la creación de una comisión de investigación que
determine las responsabilidades políticas que resulten de la
creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos
Antiterroristas de Liberación, propuesta por 85 Diputados de su
Grupo Parlamentario. Se trataría en esa comisión de investigación
de investigar unos hechos ocurridos --ya se ha dicho aquí-- entre
los años 1983 y 1987, y determinar las responsabilidades
políticas que de esos hechos pudieran derivarse.
Conocen todas SS. SS., porque a lo largo de las diversas
legislaturas y en particular en la presente hemos tenido ocasión
de expresarlo reiteradamente, cuál es la opinión de nuestro Grupo
respecto a las comisiones de investigación, la importancia de
respetar lo que a nuestro entender es no sólo la voluntad ya
expresada mayoritariamente por esta Cámara, sino también una
necesidad, que es que en esas comisiones de investigación no se
interfiera la acción de la justicia. Saben SS. SS. --en algún
caso muy reciente así lo pusimos de manifiesto-- cómo para
nosotros es evidente que la simple existencia de actuaciones
judiciales no cierra la posibilidad, como no podía ser de otra
manera, de que este Parlamento investigue al mismo tiempo por su
cuenta las responsabilididades políticas.
Es en este caso concreto cuando nos parece absolutamente
imposible que la existencia de una comisión de investigación
sobre esos hechos pueda no interferir la acción de la justicia;
acción de la Justicia que, al margen de otro sumario instruido y
completado con juicio hace ya algunos años, lleva en este nuevo
sumario prácticamente un año de actuación y que ha concluido la
instrucción primera del juez de instrucción con un suplicatorio
al Supremo, donde está en este momento a consideración del mismo
desde hace dos meses.
Estando, por tanto, tan extraordinariamente avanzado el
procedimiento judicial, nos parece --insistimos-- absolutamente
imposible que aquí pueda producirse una investigación que no
interfiera, en los términos en los que creemos debe producirse
esa no interferencia, en las actuaciones judiciales. Pero hay
más.
Las responsabilidades políticas que hoy desean exigirse a través
de la investigación derivan precisamente de esas actuaciones
judiciales, porque habiendo pasado prácticamente ocho, diez o
doce años, en algunos de los casos, desde los hechos cuyas
responsabilidades políticas pretenden determinarse hasta hoy, no
ha sido sino hasta febrero de este año cuando a esta Cámara le ha
surgido la necesidad de investigar --insisto, de investigar--
esas responsabilidades políticas.
¿Qué había ocurrido en febrero de 1995 que no hubiera ocurrido en
los nueve o diez años anteriores? Precisamente la apertura de un
nuevo sumario judicial. Es decir, las responsabilidades políticas
que hoy
desean investigarse derivan de unas actuaciones judiciales que
están en el punto prácticamente último, con el sumario
prácticamente completo, con las actuaciones judiciales
prácticamente terminadas.
Las responsabilidades políticas no se derivan, lo sabemos muy
bien, exclusivamente de las responsabilidades penales, que
dependen de los tribunales, pero la investigación que los
tribunales están llevando a cabo sí puede, y debe servir, para, a
partir de ella, depurar las responsabilidades políticas. A
nosotros, sinceramente, se nos escapa que este Parlamento pueda
ir más allá en la investigación, insisto, en la investigación de
los hechos de lo que son capaces de alcanzar los propios medios
de la Justicia.
Para los que necesitan, pues, para depurar las responsabilidades
políticas, mayor información (que eso es, en definitiva, lo que
aporta una investigación: información, conocimiento de hechos)
para poder, con pleno conocimiento de causa, depurar las
responsabilidades políticas que de esos hechos pudieran
derivarse, recogerán, recogeremos, y con profusión estoy seguro,
información suficiente de las actuaciones judiciales. En todo
caso, estoy seguro de que será información difícilmente mejorable
por una hipotética investigación que pudiera llevar a cabo esta
Cámara.
Otros, y ha quedado claro en el debate y en las intervenciones
que me han precedido, no necesitan ya investigar para depurar
responsabilidades políticas, tienen ya concluido su propio juicio
sobre esos hechos. Ese no es nuestro caso, pero aquellos que ya
tienen concluido su juicio sobre los hechos porque entienden, de
acuerdo con su propia responsabilidad --que es legítima, que no
discuto--, que ya conocen suficientemente los hechos, ¿para qué
desean investigarlos? Si están convencidos de que de los hechos
que ya se conocen, que para ellos están suficientemente
demostrados, ya se derivan unas responsabilidades políticas, que
lo exijan por otros mecanismos que tiene la Cámara y que no son
precisamente los de una comisión, cuyo objetivo es investigar, no
depurar las responsabilidades políticas, que ésa sería la
consecuencia última y final de la investigación.
Por lo anto, y resumiendo, porque es imposible en este caso
concreto investigar sin interferir la acción de la Justicia,
porque no vemos factible mejorar en una investigación de esta
Cámara, la investigación que la propia Justicia está realizando,
y porque algunos, que ya parecen tener decididas esas
responsabilidades, no requieren para nada la investigación que
solicitan, nuestro Grupo Parlamentario votará negativamente a
esta propuesta.
Debo reconocer, señor Presidente, señorías, que los duros
ataques, no sólo hoy sino en días precedentes, sobre nuestra
hipotética posición negativa nos han hecho reflexionar, y en
nuestra decisión final ha tomado un valor importante para
nosotros el hecho de que con nuestro voto negativo no bloqueamos,
ni vetamos, ni hacemos imposible la creación de esta misma
comisión de investigación en otros ámbitos parlamentarios.
Nuestro voto, señor Presidente, ni hace imposible ni veta la
creación de una comisión de investigación en sede parlamentaria.
Lo saben las señoras y los señores Diputados que ante esta Cámara
han demostrado su intención de votar favorablemente a esta
propuesta. Pero nuestra convicción respecto a nuestro voto es
firme, y nuestro voto será negativo aquí y en cualquier otro
lugar en donde nos sea solicitado. Insisto, nuestra posición no
bloquea, no veta, no hace imposible la creación de la comisión en
sede parlamentaria.
A lo largo de la legislatura han existido múltiples propuestas,
como decía anteriormente, de creación de comisiones. Todas,
excepto una, la del GAL --en febrero y hoy, por las mismas
razones--, contaron con nuestro voto favorable. Todas, excepto
una, la del GAL. Las conclusiones de esas comisiones han sido
aprobadas por práctica unanimidad. En alguna ocasión --recuerdo,
por ejemplo, las conclusiones de la Comisión Roldán--, no fue
así. En las más significativas, señoras y señores Diputados, es
decir, en aquellas en las que el voto de nuestro Grupo era
decisivo para completar una mayoría en contra de esa iniciativa,
nuestro Grupo ha recibido, hasta donde alcanza mi memoria,
peticiones procedentes de Diputados pertenecientes al Grupo
proponente para votar en contra de la propuesta de su propio
Grupo. (Rumores.) En el tema que hoy nos ocupa, también ha sido
así. (Rumores.) Hemos recibido peticiones desde el Grupo
proponente para que, con nuestro voto negativo, impidiéramos que
prosperara una iniciativa tan insensata, sin sentido, peligrosa.
Son, evidentemente, sus calificativos, no los nuestros. Suponemos
que nuestro voto negativo les habrá tranquilizado. Nuevamente,
nuestro Grupo actúa con responsabilidad y sentido de Estado.
Insisto, son sus palabras, que no las nuestras, aunque en esta
ocasión coinciden con nuestra opinión. No sé, señor Presidente,
si con nuestro no tranquilizan ya su conciencia, pero, si así no
fuera, nuestro Grupo Parlamentario, conjuntamente con el Grupo
Parlamentario Socialista, ha solicitado, de acuerdo con los
artículos 85 y 87.2 del Reglamento, el voto secreto y por
papeleta para la votación subsiguiente a este debate.
Hoy, como decía, hemos oído nuevas críticas a esa posición de
nuestro Grupo Parlamentario. Algún portavoz ha demostrado en su
intervención atender más y mejor a las entrevistas que se
publican en medios de comunicación que a los debates de esta
Cámara, porque, de haber atendido a éstos, se habría enterado,
hace ya meses, de los motivos por los que nuestro Grupo
Parlamentario ha dado por concluida su colaboración con el
Gobierno socialista. Nada hay de nuevo ni de contradictorio ni en
mis declaraciones ni en nuestra posición política, reiteradamente
expresada, con nuestro voto de hoy.
Algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
ha hecho gala de una notable doble moral, que le permite
tildarnos de cómplices por nuestro voto
de hoy, negándonos a la creación de esta comisión, cuando a él
mismo, a ella misma en este caso, le permite compartir gobierno
con ésos que ella llama --que
nosotros, no-- corruptos y asesinos. (Rumores.) Pero nos duelen
especialmente las críticas recibidas del Grupo Parlamentario
Vasco y del señor Xabier Albistur. Nunca, compañeros del Grupo
Parlamentario Vasco, nunca nuestro Grupo Parlamentario ha
criticado sus decisiones, ni siquiera aquellas que no
entendíamos, y a pesar de que no siempre esta actitud de respeto
ha sido correspondida. Pero sus argumentaciones de hoy no pueden
quedar sin respuesta. Se nos ha dicho --no tanto en la
intervención del Grupo Parlamentario Vasco como en la del señor
Xabier Albistur-- que nuestra posición de hoy es un impedimento
para la paz, y eso no puede, creo yo, quedar sin respuesta.
Señores Diputados, señores del Grupo Parlamentario Vasco,
nuestras condenas a las acciones del GAL han sido, en todo
momento, claras y rotundas. Las repetimos hoy. Nuestro
convencimiento de que las actuaciones del GAL son contrarias a
los intereses de la lucha por la paz y que provocaron
dolorosísimos pasos atrás en la lucha que los demócratas, es
decir, ustedes, nosotros y, por suerte, muchos más que ustedes y
nosotros, llevamos contra los violentos, también lo hemos
ratificado en numerosas ocasiones. Nuestro convencimiento de que
si del conocimiento de los hechos de esas actuaciones judiciales
se derivan responsabilidades políticas, los demócratas (que
espero no sólo con una minoría sino con una amplísima mayoría)
denunciaremos esas responsabilidades políticas por contrarias a
los intereses de la convivencia democrática y en beneficio de la
lucha por la paz. Dudo mucho de que, seriamente, ustedes puedan
dudar de que ésa será siempre la actitud de nuestro Grupo
Parlamentario.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, quiero comenzar mi intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reseñando y denunciando la intransigencia, la cerrazón
y la sinrazón demostradas por el Grupo Popular al negarse a
acumular iniciativas iguales, sin duda, con el propósito de
impedir que se relacione algo que es imposible separar: GAL,
Rodríguez Galindo e Intxaurrondo.
Me va a permitir aquí, señor Trillo, que le haga una observación
crítica, porque cuando, en su intervención anterior ante la
Cámara, se ha referido a Intxaurrondo, lo ha hecho jugando a la
confusión y desde la demagogia política. Nosotros, cuando pedimos
la investigación sobre Intxaurrondo, no estamos pidiendo que se
investigue a un acuartelamiento, no estamos poniendo bajo
sospecha a un Cuerpo, como es el Cuerpo de la Guardia Civil, que
nos merece todo el respeto. Sin embargo, toda la Cámara,
absolutamente toda la Cámara, sabe y conoce de irregularidades,
de interrogantes, de sospechas y dudas más que fundadas sobre
actividades que se han llevado a cabo en el Cuartel de la Guardia
Civil de Intxaurrondo, cuando estaba al frente de él el
recientemente ascendido por el Gobierno del PSOE a general,
Rodríguez Galindo. Por tanto vamos a desterrar la demagogia y a
hablar desde la claridad. Queremos investigar el GAL, pero, desde
luego, queremos también investigar actividades que van
concatenadas con la trama GAL, que tienen su sede en el cuartel
de la Guardia Civil de Intxaurrondo, y que tiene unos
responsables,... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Aguilar.
Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.)
Continúe cuando quiera, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Les decía que vamos a hablar sin demagogia, con claridad y con
lealtad a la propia ciudadanía, no confundiéndola. Por tanto, no
se diga más que quienes apostamos por la investigación sobre esas
irregularidades cometidas en Intxaurrondo es que estamos poniendo
bajo sospecha a todo un Cuerpo como el de la Guardia Civil,
porque, sencillamente, es incierto.
Ahora bien, dicho esto, vamos a plantear la posición política de
nuestro Grupo Parlamentario en relación a la propuesta. No se
preocupen, pues, los autores de la iniciativa, porque todos no
somos iguales. Nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, somos coherentes en las posiciones políticas y no
respondemos a lo que se pudiera considerar una provocación por
parte del Grupo Popular a nivel político: no vamos a decir no a
la propuesta del Grupo Popular, sino que lo que hacemos es
rechazar el comportamiento que el Grupo Popular ha tenido para
con una propuesta de diversos grupos parlamentarios de la Cámara
que era exactamente igual.
Ahora bien, señorías hay que manifestar en este Parlamento que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue la fuerza política
que, a través de su Grupo Parlamentario, planteó en esta Cámara
la necesidad de una comisión de investigación sobre los GAL.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la única fuerza
política que ha tenido una posición idéntica y coherente en
relación a lo manifestado en el Parlamento vasco y en este
Congreso de los Diputados en favor de la investigación. Nosotros
no tenemos un doble lenguaje; nosotros somos la fuerza política
que desde 1983 está denunciando y demandando la necesidad de
desvelar e investigar la trama GAL. Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya ha actuado y se ha pronunciado en relación
a los GAL desde la coherencia política y desde la convicción
profunda de que era y es una asignatura pendiente que hay que
superar obligatoriamente, investigando, desvelando y demandando
todas y cada una de las responsabilidades que se derivan de la
práctica del terrorismo de Estado; es más, nos atreveríamos a
decir que después de todo lo que sobre el GAL se ha dicho, se ha
escrito y se ha actuado desde un poder como el Judicial, que, en
un Estado social, democrático y de Derecho, como el nuestro, debe
tener independencia, ya no tendría que ser necesario que se
ofrecieran más argumentos para que este Parlamento coincidiera en
la conveniencia, en la necesidad de conocer las responsabilidades
políticas que se derivan de la organización desde el Estado de
una banda asesina que ha provocado 27 muertos y un clima de
alarma social sin precedentes.
Señoras y señores Diputados, hablar del GAL es hablar del Cesid,
es hablar de Roldán, es hablar de intervenciones de algunos
miembros de la Guardia Civil, es hablar de la utilización
indebida de los fondos reservados, es hablar también de
determinadas personas de la Policía Nacional que han actuado en
los GAL; en definitiva, es hablar de quienes han estado
políticamente al frente de ministerios como el de Defensa, el de
Interior o el de Justicia; es hablar de un Gobierno, el del PSOE,
y de un Presidente, Felipe González; es hablar de
responsabilidades políticas por acción o por omisión y
negligencia y justamente es la razón de Estado la que aconseja,
obliga a no pasar una página de la historia de este país llena de
interrogantes, de oscuridad, de tachaduras y de sangre, una
página que de ninguna manera se puede pasar sin más, porque
afecta a nuestra democracia; que de ninguna manera puede tener un
punto y final, aunque se pretenda a través de apaños, de
amnistías, de indultos o de leyes buscadas a propósito para tal
fin. Aquí no puede haber punto y final de ninguna de las maneras
y, desde luego, hay que decirlo claro y alto y hay que decirlo
ya.
Señoras y señores Diputados, hablamos de 27 asesinatos cometidos
utilizando el dinero de los contribuyentes, y, de hecho, debemos
defender a los ciudadanos y a las ciudadanas, a nuestro sistema
democrático, a nuestra Constitución y, señorías, se les defiende
investigando, para llegar a conocer toda la verdad. Investigar
significa determinar responsabilidades políticas y eso,
justamente eso, es obligación de este Parlamento. No confundan a
nuestro pueblo hablando de la actuación de la justicia, diciendo
que las decisiones de los tribunales son suficientes. No lo son y
hay que decirlo aquí, en este Parlamento, porque los tribunales
deben castigar los delitos, pero junto al delincuente, al que
aprieta el gatillo, está quien lo ordena, quien lo paga, quien lo
consiente o quien calla. Por eso, se debe investigar aquí, en
este Parlamento, para llegar hasta el final. Por eso, no se debe,
intencionadamente, confundir los terrenos y las competencias que
a cada poder corresponde ejercer. La justicia se ocupa de
responsabilidades penales y civiles; a las instituciones
democráticas, a este Congreso de los Diputados le corresponde
determinar las responsabilidades políticas. Son dos poderes, el
Legislativo y el Judicial, trabajando con independencia, y cada
cual desde su competencia, que no se interfieren, sino que, como
está ya aprobado en el caso de la Comisión Roldán, desde este
Parlamento colaboramos y contribuimos en positivo con la propia
Administración de Justicia. No busque nadie, pues, excusarse,
esconderse tras la justicia. Hablemos de las decisiones políticas
que hay detrás de la trama GAL, porque, señores del Gobierno y
del PSOE, están incurriendo en gravísimas contradicciones. Han
manifestado hasta la saciedad la disciplina, la jerarquización
con la que se procede a actuar en los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y en el área de Interior. Pues bien,
admitiendo que eso es así, ha de entenderse que con el mismo
sentido de la disciplina actuaron quienes hasta ahora están
encausados, encartados y autoinculpados en el caso GAL, Alvarez,
Planchuelo, Sancristóbal, Vera. ¿De quién cumplían órdenes o
instrucciones? ¿A quién obedecían? ¿A quién hacían caso? Y en el
Cesid, ¿actuaron sin orden alguna? ¿Sólo porque a alguien le
pareció bien hacerlo dentro del Cesid, el Cesid como tal, actuó?
¿A quién respondían las actuaciones del Cesid, a quién encubrían
y a quién obedecían? Porque se están contradiciendo
permanentemente. ¿Se actúa con jerarquización y con obediencia
dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y dentro
de las instituciones del propio Estado como el Cesid? Si se actúa
así, está claro que aquí no actuaron por su cuenta unos cuantos,
sino que alguien les amparó, alguien les ordenó y alguien les
pagó, y esto tiene que ser aclarado necesariamente por este
Parlamento, porque son muchas las interrogantes a las que hay que
responder, y hay que responder desde aquí, no desde la
Administración de Justicia que tiene sus competencias y su papel,
y si pretenden con sus votos amordazar a este Parlamento,
nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tenemos
que decir que la verdad siempre termina por ver la luz, aunque le
pese a algunos de los que hoy niegan la posibilidad de esta
comisión de investigación. Aunque también es verdad, señor del
PSOE, que a la hora de votar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio!, señorías.
Señora Aguilar, vaya concluyendo.
La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que también es cierto, señores del PSOE, que a la hora de
la verdad siempre encuentran a un compañero de viaje, como
Convergència i Unió, que está poniendo en peligro, que está
tirando, en cierta medida, por la borda la tradición democrática
de su fuerza política, y es algo muy difícil de entender;
Convergència
i Unió que sigue --a escondidas cuando puede, y en público, como
hoy, cuando ya no le queda más remedio-- unida, ligada a la
política del PSOE y del Gobierno. ¡Qué papelón le ha tocado hacer
aquí al portavoz de esta fuerza política! Yo lo comprendo, es su
papel, pero lo cierto y verdad es que Pujol dice una cosa a la
prensa, dice una cosa desde Cataluña, pero su Grupo, a la hora de
la verdad, aquí hace otra. ¿A quién creer? A nadie. Los hechos
son los que hablan, y sus hechos hoy es decir no a la
investigación. Ignoramos a cambio de qué, seguro que a cambio de
algo. (Varios señores Diputados del Grupo Catalán, Convergència i
Unió, pronuncian palabras que no se perciben.) Su voto seguro que
lo han cambiado. Pero sepan que con su negativa a la
investigación en el tema GAL hacen un flaco favor al Estado
porque no quieren limpiar; un flaco favor a la ciudadanía porque
le niegan que conozcan la verdad sobre la trama GAL y un flaco
favor a este Parlamento nuestro, al que con su actitud debilitan
y merman en sus competencias.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya considera, y así lo manifestamos en esta
Cámara, que una regeneración de la vida pública no puede pasar
nunca por silenciar el caso GAL. Al Estado se le defiende
investigando, no llenando y tapando las cloacas.
Es más, si no tienen nada que ocultar, señores del PSOE y de
Convergència i Unió, ¿por qué la resistencia a investigar el tema
GAL? ¿A quién tienen que proteger con esta negativa permanente a
esta investigación? ¿A quién esconden?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: En relación al GAL no caben --concluyo,
señor Presidente-- y así lo dice con total claridad Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ni pactos, ni silencios, ni
acuerdos. Sólo es posible investigar y aclarar y si se tiene que
hacer --y se tiene que hacer, señoras y señores Diputados--, se
debe hacer con valentía, con coraje, con inteligencia y tino,
pero sobre todo hay que hacerlo para que el pueblo no pierda
confianza en las instituciones democráticas. Nosotros, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, queremos hacerlo, queremos
investigar, nuestras manos están limpias, nuestra coherencia
sobradamente demostrada. Mi Grupo va a votar a favor de esta
iniciativa, aunque algunos intentarán por todos los medios que no
salga adelante. No tienen razones de Estado ni razones políticas,
pero como dijo Abraham Lincoln, siguiendo un proverbio chino, se
puede engañar a una persona toda la vida, a todos durante algún
tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo y, si hoy
lo impiden, sepan los Diputados del PSOE y de Convergència i Unió
que un día se sabrá la verdad de la trama GAL y será ese día en
el que la responsabilidad por acción, omisión o negligencia os la
demande y os la señale toda la sociedad. Será ella quien os la
venga a demandar.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos de Izquierda Unida.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación correspondiente. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Del desarrollo de la sesión, señorías, han
podido conocer que dos grupos parlamentarios, el Socialista y el
Catalán (Convergència i Unió), han solicitado la votación secreta
y por papeleta para este punto del orden del día.
Votar «sí» es votar a favor de la iniciativa de la creación de la
Comisión de Investigación; votar «no» es votar en contra y votar
abstención es reflejar esa actitud en la papeleta.
La votación se hará por llamamiento en la forma habitual. Les
ruego contribuyan con su diligencia al buen orden de esta votación.
Comienza la votación.
Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los
señores Diputados.
Terminada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio.
Terminado el escrutinio, dijo.
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente:
votos emitidos, 340; a favor, 161; en contra, 176, en blanco,
tres.
Queda rechazada la solicitud de creación de la comisión de
investigación.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.