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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 173, de 03/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 173
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 171
celebrada el martes, 3 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 9221)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre gratuidad
de la enseñanza en el segundo ciclo de la educación infantil.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 120.1,
de 10 de abril de 1995 (número de expediente 122/000100) (Página 9221)
Solicitud de tramitación directa y en lectura única:
--Del proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de
telecomunicaciones por satélite (número de expediente 121/000106)
(Página 9233)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el sector de
construcción naval. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 275, de 29 de septiembre de 1995 (número de
expediente 162/000239) (Página 9233)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adopción
de medidas urgentes para incrementar la competitividad del sector
de construcción naval español. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 268, de 15 de septiembre de
1995 (número de expediente 162/000227) (Página 9233)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación con la
industria naval (número de expediente 173/000095) (Página 9233)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general que aplicará el Gobierno para promover el avance social,
cultural y laboral de las mujeres (número de expediente
173/000096) (Página 9245)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 174,
de 4 de octubre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 9221)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 9221)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre gratuidad de
la enseñanza en el segundo ciclo de la educación infantil (Página 9221)
El señor Ollero Tassara defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular, por la que proponen la
modificación del artículo 47 de la LODE en favor de la gratuidad
de la educación infantil, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 27.4 de la Constitución, que establece la obligatoriedad
y gratuidad de la enseñanza básica. Expone que la gratuidad tiene
como finalidad evitar que la educación acabe cumpliendo un efecto
multiplicador de la desigualdad porque sólo aquellos que disponen
de los medios económicos oportunos se encuentren en condiciones
de ejercer la libertad de escolarizar tempranamente a sus hijos.
Considera que si hubo unanimidad a la hora de aceptar que la
enseñanza obligatoria fuera gratuita, hay también elementos
sobrados para solicitar que se extienda la gratuidad a este
período, en que, no siendo obligatoria, es relevante a la hora de
valorar el efecto multiplicador de esa desigualdad. Cree que no
tendría sentido que unos padres que libremente optan por que su
hijo se vea escolarizado se encuentren impedidos de hacerlo
efectivo por no disponer de los medios económicos oportunos, que
es lo que viene ocurriendo y lo que justifica la proposición de
ley que ahora defiende.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Nieto González, agradeciendo al Grupo Popular la
presentación de esta proposición de ley que les permite
desarrollar el debate que está teniendo lugar en la Cámara.
Entiende que, a través de la proposición de ley, el Grupo Popular
pretende ampliar de una forma generosa y abundante la
financiación pública hacia la enseñanza privada a través de la
modificación del sistema de conciertos y de la modificación del
artículo 47 de la LODE. Piensa que esta iniciativa les va a
permitir descubrir algunas de las verdaderas intenciones del
Partido Popular en política educativa, porque ese partido está
asumiendo cualquier propuesta o reivindicación, venga de donde
venga, siempre que sirva para desgastar al Gobierno. En el caso
que les ocupa, la iniciativa está dirigida a su clientela dentro
de los sectores de la enseñanza privada, mostrando lo generoso
que puede ser con ellos un hipotético gobierno del Partido
Popular, porque les está diciendo que en el supuesto de que
lleguen a gobernar van a transferir de forma generosa y abundante
más recursos desde los Presupuestos Generales del Estado a los
centros privados de enseñanza. Cree que éste es el fondo y el
contenido de la proposición de ley.
Afirma que la libertad de enseñanza, desde su punto de vista,
significa todo un conjunto de libertades y derechos en el campo
educativo que van mucho más allá de lo que el señor Ollero quiere
hacerles ver como libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza es
también el derecho de los padres o tutores a elegir centros
docentes distintos de los creados por los poderes públicos,
aunque una libertad en
este campo no puede ser absoluta. También es libertad de
enseñanza la libertad de cátedra del profesor, algo que nunca
cita el Grupo Popular, y el derecho de los alumnos a que sea
protegida su libertad de conciencia.
Termina señalando la necesidad de fijar una serie de prioridades
en política educativa en base a principios como enseñanza de
calidad para todos, gratuidad de la enseñanza en los niveles
obligatorios a los que acceden todos los ciudadanos y, además,
fijar una prioridad para hacer de la educación un factor que
contribuya a la compensación de desigualdades y a la
redistribución de la renta entre los ciudadanos españoles. Cree,
por otra parte, que no se puede detraer dinero de los
Presupuestos para financiar de una forma indiscriminada niveles
que en estos momentos no son obligatorios.
Replica el señor Ollero Tassara, duplicando el señor Nieto
González.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); López de Lerma i López,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Cruz Orive, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 142 votos a favor, 155
en contra y cinco abstenciones.
Solicitud de tramitación directa y en lectura única (Página 9233)
Del proyecto de ley por el que se regulan los servicios de
telecomunicaciones por satélite (Página 9233)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de
ley por el que se regulan los servicios de telecomunicaciones por
satélite.
Se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley (Página 9233)
Del Grupo Socialista del Congreso sobre el sector de la
construcción naval (Página 9233)
Del Grupo parlamentario Popular en el Congreso sobre adaptación
de medidas urgentes para incrementar la competitividad del sector
de construcción naval español (Página 9233)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 9233)
Del Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre la política del Gobierno en relación con la
industria naval (Página 9233)
El señor Cuevas Delgado defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista sobre el sector de construcción naval, afirmando
que tiene su razón de ser en las tantas veces que han discutido
en esta Cámara sobre la necesidad de alcanzar el acuerdo que
permita la presentación de un plan de competitividad ante la
Comisión Económica Europea que, a su vez, haga posible que el
sector de construcción naval en nuestro país sea no sólo
competitivo, sino que tenga su vinculación con el futuro.
Mantiene el acuerdo alcanzado en el seno de la OCDE firmado en
París en 1994 sobre construcción naval, que obliga a eliminar
todo tipo de ayudas y subvenciones y en el que España consiguió,
tras duras negociaciones, un período transitorio hasta 1998,
supeditado a la presentación de un plan de competitividad.
Precisamente la proposición de su Grupo tiene un punto primero en
el que viene a decir que se asegura el plan de competitividad
aprobado para su remisión a la CEE, que garantiza a medio plazo
la viabilidad de la estabilidad económica del sector de la
construcción naval. Es algo que interesa al Gobierno, a los
trabajadores del sector y a toda la sociedad.
Por último, explica el contenido de los restantes puntos de la
proposición no de ley.
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la proposición
no de ley del Grupo Popular, tendente, como las iniciativas de
otros grupos de la Cámara, a aprobar una serie de medidas
complementarias para que el sector de la construcción naval en
España sea realmente positivo, un sector de futuro que pueda
volver a recobrar la actividad y crear puestos de trabajo.
Considera que, de haberse aceptado diversas iniciativas
planteadas en su día por el Grupo Popular, se hubiera corregido,
cuando menos, la situación actual de este sector. Respecto al
acuerdo de la OCDE, si bien es cierto que entrará
en vigor el 1 de enero de 1996, también lo es que desde, que se
conoce y se aprueba, se han perdido muchos meses hasta la
presentación del plan estratégico de competitividad para adoptar
una serie de medidas que paliarán, al menos en parte, la
situación en que ahora nos encontramos.
Recuerda, por otra parte, las reiteradas manifestaciones de los
diversos ministros de Industria desde el año 1994 sobre la
necesidad de realizar una serie de ajustes en las plantillas para
hacer competitivo este sector, preguntando si puede haber
credibilidad cuando se han incumplido tan reiteradamente las
afirmaciones hechas por los diferentes ministros de Industria en
esta Cámara.
Explica seguidamente el contenido de los puntos que integran la
proposición no de ley, reconociendo el esfuerzo de acercamiento
que se hace por parte de todos los grupos de la Cámara para
tratar de conseguir realmente las medidas que sirvan para el
relanzamiento del sector.
En defensa de la moción presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Andreu Andreu,
que expresa su confianza en que estén viviendo los momentos
finales de los conflictos más duros que se han vivido en nuestra
legislatura, y en la que se han dado más despropósitos en la
acción del Gobierno a lo largo de todo el proceso de reconversión
de los astilleros, que hasta ahora más bien se trataba
simplemente de un proceso de mera destrucción de empleo. Coincide
con otros portavoces en el esfuerzo de acercamiento producido,
aunque la verdadera aproximación, a su juicio, la ha realizado la
ciudadanía con las poblaciones afectadas a través de las
movilizaciones populares, obligando a retroceder las líneas
fundamentales del plan estratégico de competitividad planteado en
julio y que consistía fundamentalmente en el cierre de los
astilleros. Las lecciones políticas que de este conflicto saca su
Grupo Parlamentario son que la línea de intervencionismo político
en la industria la consideran correcta y que cuando el pueblo se
manifiesta en la calle reivindicando opciones justas, esas
opciones generalmente tienen que ser entendidas por todos los
gobiernos de turno.
Añade que su Grupo considera, y así lo expresa en la moción, que
la solución de este problema debe plantearse desde la actividad
de las factorías que quedaban afectadas desde un principio por el
plan estratégico de competitividad, que debe ser una actividad
real, pues no quieren que las factorías queden abiertas como un
puro lugar de vacaciones de mera subvención acumulativa. Apuestan
también por un rejuvenecimiento de las plantillas y en favor de
un intervencionismo político, implicando al Gobierno de la
nación, junto a las comunidades autónomas, en la planificación
industrial de este sector.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria, y Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Se somete a votación la proposición no de ley relativa al sector
de la construcción naval, en los términos del texto de
sustitución presentado por el Grupo Socialista con las
correcciones y enmienda acordadas en el curso del debate, siendo
aprobada por 302 votos a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general que aplicará el Gobierno para promover el avance social,
cultural y laboral de las mujeres (Página 9245)
La señora Sainz García defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate celebrado la semana anterior, en el que se habló
del alto nivel de paro que afectaba a la mujer, de su bajísima
participación en la renta del trabajo, de su discriminación
salarial, del elevado porcentaje de contratos temporales y de su
baja cualificación profesional, proponiendo hoy una serie de
medidas que intentan superar esa situación desde distintos
ámbitos, con el único objetivo que les mueve: el del progreso de
la mujer, un progreso que sea real y práctico y no quede sólo en
palabras en boca de los gobernantes.
A continuación expone el contenido del texto de la moción.
La señora Alberdi Alonso defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra las señoras
Monzón Suárez, del Grupo de Coalición Canaria; Alemany i Roca,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Urán González, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista
producida en el curso del debate, es aprobada por 196 votos a
favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al orden del día vamos a proceder al
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte de
don Sotero Fernández-Pinilla López-Menchero, Diputado proclamado
electo en sustitución de don Jesús Mañueco Alonso, y de don
Manuel Vilella Barrachina, Diputado proclamado electo en
sustitución de don José Ignacio Senao Gómez.
Don Sotero Fernández-Pinilla López-Menchero, ¿jura o promete S.
S. acatar la Constitución?
El señor FERNANDEZ-PINILLA LOPEZ-MENCHERO: Sí juro.
El señor PRESIDENTE: Don Manuel Vilella Barrachina, ¿jura o
promete S. S. acatar la Constitución?
El señor VILELLA BARRACHINA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Sotero Fernández-Pinilla López-Menchero
y don Manuel Vilella Barrachina han adquirido la condición plena
de Diputados. Bienvenidos a la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE GRATUIDAD
DE LA ENSEÑANZA EN EL SEGUNDO CICLO DE
LA EDUCACION INFANTIL (Número de expediente 122/000100)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo
Popular sobre gratuidad de la enseñanza en el segundo ciclo de la
educación infantil.
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, la
proposición de ley que tengo el honor de defender hoy aquí en
representación del Grupo Popular solicitando la modificación del
artículo 47 de la LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Educación) para proponer la gratuidad de la educación infantil,
evoca inmediatamente el artículo 27, apartado 4, de la
Constitución, donde se nos dice que la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita.
Precisamente en estos días esta afirmación se está viendo
elocuentemente ilustrada en una provincia, para mí muy querida
por razones obvias, donde un juez de menores, recordando que el
Derecho no tiene sólo una función represiva sino también, valga
la redundancia, una función pedagógica, ha procesado a 44 padres
de familia acusados de no escolarizar a sus hijos. Veinticuatro
de ellos se personaron en ese trámite y sus declaraciones nos
llevan a recordar aspectos sociales aún vigentes entre nosotros,
más propios quizá de eso que se ha llamado la España negra, pero
que ahí están y que ayudan a entender por qué hay unos años
determinados del período educativo que la Constitución establece
como obligatorios, por el reconocimiento de que estamos ante un
derecho irrenunciable, el derecho a la educación, que se
convierte a la vez en un deber por parte de los padres de
familia.
Pero si bien la Constitución nos dice que la enseñanza básica es
obligatoria y, en consecuencia, también gratuita, porque
difícilmente unos padres de familia podrían verse obligados a
escolarizar a sus hijos hasta el punto de poder acabar en un
tribunal si no se les diera los medios necesarios para que eso
fuera posible, en ningun momento dice que sólo la enseñanza
básica sea obligatoria, ni tampoco que sólo la enseñanza básica
sea gratuita.
En concreto, las propuestas de los grupos de la oposición para
que la obligatoriedad de la enseñanza se extendiera más allá de
lo que en aquel momento se entendía por enseñanza básica (no
olvidemos que la Constitución surge en un momento en el que en el
sistema educativo español existe aún --precisamente este año está
empezando a ser historia-- una educación general básica) eran en
el sentido de que esa extensión fuera hasta los 16 años, a pesar
de que la enseñanza básica terminaba a los 14. Recordamos que el
Grupo Socialista se opuso a aquellas propuestas, pero en ningún
caso utilizó el argumento, que yo recuerde, de no admitir mayor
obligatoriedad por el hecho de que en los tramos posteriores --
los años 15 y 16-- no estuvieran comprendidos en la enseñanza
básica. Fueron otros los argumentos que se utilizaron, y era
lógico porque, insisto, en ningún caso la Constitución dice que
sólo la enseñanza básica deba ser obligatoria. Fueron otros,
repito, los argumentos que se sacaron a colación.
Posteriormente, con la LOGSE, se ha admitido esa reivindicación
que se planteó repetidamente por la oposición y se ha extendido
la obligatoriedad hasta los 16 años. Pero se ha incurrido en un
error, a nuestro modo de ver, por el empeño de hacer coincidir el
final de esa etapa obligatoria con el final también de una etapa
del sistema educativo, a costa de crear ese pintoresco
minibachillerato de dos años, hoy unánimemente criticado. Y es
que realmente no tiene ningún sentido empeñarse en que la
obligatoria permanencia en el sistema educativo tenga que
identificarse con una etapa determinada de ese sistema. Es más,
tal como están las cosas hoy día, a la hora de la verdad
cualquier español se ve obligado a estar en el sistema educativo
más allá de los 16 años, porque en el supuesto de que hubiera
terminado la educación secundaria sin aprobarla
y quisiera abandonar el sistema educativo, se le va a obligar por
ley a cursar estos módulos de garantía social que le van a
obligar a seguir escolarizado probablemente casi un año más. Con
ello, la gran mayoría de los españoles, afortunadamente, seguirán
estudiando bien formación profesional o bien bachillerato.
Vemos, por tanto, que no hay por qué hacer coincidir el carácter
básico de la educación con la obligatoriedad y la gratuidad. Por
otra parte, habría que plantearse cuál es ese carácter básico,
puesto que a la hora de la verdad es el desarrollo legislativo el
que lo decide. Hoy podríamos ver que la primera y la secundaria
se convierten en esa enseñanza básica de la que habla la
Constitución.
Lo que no ha habido en ningún momento ha sido una propuesta de
anticipar la obligatoriedad de la enseñanza, y ello por una razón
muy simple, y es que el crecimiento de la demanda de
escolarización más temprana --afortunadamente desde muchos puntos
de vista es creciente--, sin embargo se entiende, por lo menos
nuestro Grupo así lo entendemos, y por eso nunca ha pedido la
obligatoriedad de ese tramo de enseñanza, que hay que respetar la
libertad de los padres, que son los primeros educadores, que son
los titulares originarios de ese derecho a la educación. Por
tanto, si prefieren, en esa etapa anterior a los seis años,
educar a sus hijos en el ámbito familiar, están en su perfecto
derecho. No tendría ningún sentido obligarles a que sus hijos
salgan del ámbito familiar tempranamente para incorporarse al
sistema educativo.
En todo caso las cifras ahí están y son bien conocidas. Es
creciente el número de padres de familia (entre otras cosas
porque va siendo también más numeroso el caso de matrimonios en
que ambos trabajan) que buscan la escolarización de sus hijos a
partir por lo menos de los tres años. No hay, por tanto,
obligatoriedad, y es lógico que no la haya porque, aun
reconociendo esa circunstancia, hay que respetar la libertad.
Sin embargo, con la gratuidad nos encontramos ante una situación
distinta. La gratuidad tiene como finalidad evitar que la
educación acabe cumpliendo un efecto multiplicador de la
desigualdad porque se dé una circunstancia en la cual sólo
aquellos que disponen de los medios económicos oportunos se
encuentran en condiciones de ejercer esa libertad que se respeta
de escolarizar tempranamente a sus hijos. Esto supondría --porque
esa temprana escolarización va a mejorar en muchos casos las
posibilidades de futuro de esos alumnos-- un factor multiplicador
de la desigualdad.
Si hubo unanimidad a la hora de aceptar que la enseñanza
obligatoria fuera gratuita, hay también elementos sobrados para
solicitar que se dé una gratuidad en este período que, aun no
siendo obligatorio por respeto a la libertad de los padres, es
relevante a la hora de valorar el efecto multiplicador de esa
desigualdad. No tendría sentido que unos padres que libremente
optan por que su hijo se vea escolarizado se encuentren impedidos
de hacerlo efectivo por no contar con los medios económicos
oportunos. Eso está ocurriendo hoy y eso justifica esta
proposición de ley que el Grupo Popular trae a esta Cámara.
El sentido de solicitar el adelanto de la gratuidad es
precisamente, por un lado, hacerse eco del crecimiento de la
demanda. Hoy día se da por bueno que a los cuatro años ya se
puede considerar que están escolarizados todos los que solicitan
esa enseñanza, al menos eso afirma el Gobierno y no tenemos por
qué ponerlo en duda. Pero el propio Gobierno reconoce que a la
edad de tres años, por ejemplo, el índice de escolarización es
escaso y no hay en estos momentos plazas suficientes ofrecidas
gratuitamente por centros estatales para todos los que las
desean. Para esas personas, esa enseñanza es básica, aunque sea
en términos no técnicos ni constitucionales que, por otra parte,
ya digo son de difícil interpretación; habría que regularlo por
ley fundamentalmente. De eso depende, entre otras cosas, el que
puedan trabajar fuera de casa. De eso depende el que puedan
organizar su vida familiar con arreglo a sus propias opciones.
Algunas de esas personas que han sido procesadas en esta semana
por no escolarizar a sus hijos, el argumento que dan es que
tienen que salir a darles de comer y no se pueden ocupar de
escolarizarlos. Aparte de lo que haya de verdad o no en ello, nos
hace ver que hay problemas graves que se pueden dar también en
personas con hijos en edades anteriores a los seis años con mucha
más razón y frecuencia que a esa edad.
Por otra parte, la misma Ley orgánica cuya modificación
proponemos en su artículo 1.º ya preveía de una manera expresa
que la gratuidad no solamente se extendería a la educación
básica, sino también a aquellas etapas que decida la ley. En el
fondo, el legislador, al hacer la LODE, ya se da cuenta que hay
un movimiento social que va a empujar a que la gratuidad tenga
que adelantarse. Si el legislador hubiera pensado que sólo la
enseñanza básica debía ser gratuita, no hubiera incluido en el
artículo 1.º de la LODE esa previsión que ahí está, y cuyas
consecuencias sociales ya se han dado. Por tanto, hay que dar
paso a esa ampliación, que es lo que pide el Grupo Popular.
Es bien sabido que en varias comunidades autónomas --El País
Vasco; Cataluña; Galicia desde el curso 1990-1991; en Navarra,
donde en este momento el Consejero de Educación es del Partido
Socialista--, se ha dado paso, con mayor o menor alcance, a una
gratuidad en este segundo ciclo de la educación infantil. No
entenderíamos que el Partido Socialista, que no ha modificado ese
planteamiento en la Comunidad de Navarra por lo menos hasta el
momento, estime que lo que allí está justificado, en lo que hoy
todavía llamamos ámbito de competencia del Ministerio de
Educación estaría justificado el no hacerlo. Esto llevaría una
vez más a originar unas hirientes desigualdades, porque serían
precisamente aquellas comunidades con mayores recursos, quizá por
su sistema de financiación,
las que a la hora de la verdad podrían situar a sus ciudadanos en
esa actitud de ventaja, de satisfacción más plena de un derecho
tan fundamental.
Se ha argumentado a veces, porque aparece previsto en la LOGSE e
incluso en la llamada ley Pertierra actualmente en discusión, que
están previstos unos convenios del Ministerio con ayuntamientos,
con organizaciones sin fin de lucro, y esto es cierto, tan cierto
como que se reproduce aquí una vez más la polémica que el Grupo
Popular ha suscitado y seguirá suscitando sobre la necesidad de
unos compromisos legales de financiación. Porque si bien es
verdad que se prevén por vía legal esos convenios, no lo es menos
--y es bien sabido por todos los miembros de esta Cámara ya que
los debates de presupuestos ayudan a recordarlo-- que muy rara
vez se han previsto partidas presupuestarias destinadas a este
fin, y cuando se han previsto han sido de un alcance ridículo y
además han acabado por ser víctimas prioritarias de los recortes
presupuestarios con que el Gobierno socialista viene obsequiando
a la educación año tras año en los últimos ejercicios. Por tanto,
a la hora de la verdad no ha habido prácticamente convenio alguno
de ese tipo.
Se demuestra, como ya dejamos claro al discutir la LOGSE, que si
no hay un compromiso legislativo, si no hay una ley de
financiación, dejar para los presupuestos el cumplimiento de esos
compromisos lleva a estas situaciones, porque ni siquiera la ley
presupuestaria garantiza que luego se vaya a dar un cumplimiento,
ya que el recorte es perfectamente factible, como
desgraciadamente venimos comprobando.
En el fondo, todo este debate nos lleva a resucitar uno de los
aspectos decisivos de lo que ha sido el marco constitucional de
nuestra educación. Algunos de los que están aquí quizá puedan
recordar todavía cómo fue el debate constituyente del artículo
27; pueden recordar que fue este artículo, con otra numeración
entonces, el que provocó el abandono de la ponencia
constitucional por parte del portavoz socialista, luego
Presidente de esta Cámara, el profesor Peces Barba; pueden
recordar cómo hubo enormes discusiones respecto al punto 7 de
este artículo, la necesidad de una participación escolar en los
centros sostenidos con fondos públicos, y cómo una enmienda del
Diputado Cañellas acabó luego siendo retomada por la UCD para que
el artículo 10.2 introdujera, vía interpretación por tratados
internacionales, la libertad de creación de centros.
Todos recordamos también cómo el Ministro Maravall diseñó, cuando
planteó la LODE, la necesidad de ir a un sistema unitario, decía
él, que integrara a centros estatales y a centros concertados,
dando paso a un concepto más amplio del que hasta entonces se
venía entendiendo como escuela pública. Se recordará también el
recelo con que ese planteamiento fue acogido, temiendo que por la
vía de la obligada participación del artículo 27.7 eso se
convirtiera en una agresión al ideario de los centros que el
Partido Socialista entendía incluso que era inconstitucional.
Pero todo eso quedó resuelto por el Tribunal Constitucional en su
momento, cuando dejó bien claro que había un derecho al
establecimiento de ideario en los centros, y como consecuencia,
el modelo que había propuesto el Ministro Maravall cambiaba
totalmente de signo; de hecho, a partir de ese momento los
centros concertados vienen cumpliendo un claro papel en nuestro
sistema educativo sin mayores polémicas.
Por eso no entendemos que haya quien se empeñe en mantener una
estéril contraposición entre lo estatal y lo privado y aprovecho
para recordar que en el último debate sobre cuestiones educativas
con motivo de la ley Pertierra, dado siempre el carácter
aleatorio que tienen estos debates, hubo una observación del
entonces portavoz socialista, al que veo hoy también situado en
lo que en la Fórmula 1 se llama la «pull position»
--por tanto, el punto de salida hacia esta tribuna--, diciendo
que se escandalizaba de la posibilidad de que el Partido Popular
sugiriera que a alguien con años de experiencia en un centro
concertado se le pudiera tener esa experiencia en cuenta para ser
inspector, y yo preguntaría...
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a concluir, señor Presidente.
Yo preguntaría, ¿cuál es la finalidad del Gobierno en educación?
¿Cumplir el artículo 9.2 de la Constitución? ¿Favorecer
condiciones y eliminar obstáculos para que la igualdad y la
libertad sean efectivas o, por el contrario entorpecer las
condiciones y multiplicar los obstáculos para que esa libertad y
esa igualdad sean, como digo, efectivas? ¿Es que el señor que da
clases en un centro concertado sostenido con fondos públicos, no
adquiere experiencia docente? Entonces, ¿qué adquiere? ¿Es que en
un centro donde incluso quien paga es la Administración porque
está el pago delegado y las condiciones de enseñanza son las
mismas que un centro estatatal se puede entender que por el
simple hecho de que el gestor sea distinto no se va a tener en
cuenta esa experiencia?
Estamos en contra de esa rigidez. Estamos en contra de esa
confrontación. Pensamos que cabe establecer sinergias muy
positivas entre unos centros y otros. Pensamos, por ejemplo, si
se es un poco imaginativo, que a lo mejor a algunos funcionarios
docentes que se sientan o que ponen sus colchones en la puerta
del Ministerio porque están desplazados y no tienen plaza a la
que acogerse, no les importaría acabar dando clase en un centro
concertado que, por otra parte, gozaría así de un profesorado de
calidad, por supuesto sin perder ninguno de sus derechos de
funcionario.
Creemos que aquí debe irse hacia una fórmula flexible y no hacia
una estéril confrontación. Por eso defendemos la primacía del
derecho de los padres a la
hora de elegir el centro educativo y creemos que debe primar
sobre cualquier entendimiento de la subsidiariedad, tanto el
vicioso como si fuera la sociedad subsidiaria del Estado, como
incluso el entendimiento habitual de la subsidiariedad apoyando
que aquello que la sociedad pueda hacer no lo haga el Estado, en
este caso no defendemos eso. En este caso entendemos que la clave
no está ni siquiera en la sociedad, está en los padres, que
elegirán el centro que quieran. Si quieren que todos los centros
sean estatales, todos los centros deben ser estatales. Esa es la
postura del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Concluyo, señor Presidente.
No bastará con decir que aquí ya hay un centro de la iniciativa
social y que, por tanto no hace falta un centro estatal. Si la
demanda de los padres se dirige hacia los centros estatales, debe
haber centros estatales. Queremos que puedan elegir entre los
centros estatales. Queremos que la libertad de enseñanza no se
entienda como la libertad de evadirse de los centros estatales,
sino como la libertad de elegir entre cualquier tipo de centros.
Este es el sentido de nuestra propuesta, y lo que queremos que se
facilite. Los derechos de los padres deben estar por encima de
dogmatismos y de planteamientos arcaicos que habría que desplazar
ya de una vez.
Yo creo que el Grupo Socialista haría un gran servicio a la
educación y sería una estupenda despedida de sus trece años de
Gobierno de la política educativa (ya que se están despidiendo)
que lo hicieran eliminando este arcaico residuo de discriminar a
unos ciudadanos por el simple hecho de que ellos prefieren
obligarlos, cuando sea posible, a ir a un centro estatal.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, es de
agradecer que el Grupo Parlamentario Popular haya traído para su
debate en la Cámara una iniciativa como ésta de la que nos
estamos ocupando en este momento: una proposición de ley sobre la
gratuidad de la enseñanza en el segundo ciclo de la educación
infantil. Y se lo digo de verdad, señor Ollero. Creo que es de
agradecer que hayan presentado esta iniciativa y que hayan
posibilitado el debate que vamos a tener durante la tarde de hoy.
¿Qué es lo que pretenden ustedes con la proposición de ley? Pues
pretenden ampliar, de una forma generosa y abundante, la
financiación pública hacia la enseñanza privada a través de la
modificación del sistema de conciertos, a través de la
modificación del artículo 47 de la LODE.
Esta iniciativa del Partido Popular nos va a permitir discutir
algo muy querido, señorías, por el conservadurismo español, y nos
va a permitir descubrir alguna de las verdaderas intenciones del
PP en política educativa. Porque llevamos meses y meses, yo diría
que años también, en los que el Partido Popular está barriendo
con una mano el suelo y con la otra el cielo, y está diciendo a
todos y cada uno de los sectores educativos lo que quieren oír en
cada momento y en cada situación, y está, al mismo tiempo,
asumiendo cualquier propuesta o cualquier reivindicación, venga
de donde venga, siempre que sirva para desgastar al Gobierno. Por
tanto, insisto, es gratificante, señor Ollero, que el PP se quite
la máscara --por lo menos durante un momento-- y nos presente una
iniciativa como ésta que es una propuesta que está dirigida a su
clientela dentro del sector de la enseñanza privada, mostrando,
señores del Partido Popular, lo generoso que puede ser con ellos
un hipotético gobierno del PP. Porque, a través de esta
iniciativa, ustedes les están diciendo una cosa muy sencilla y
muy simple; les están diciendo que ustedes, en el supuesto de que
lleguen a gobernar, van a transferir, de forma generosa y
abundante, más recursos de los que se transfieren actualmente
desde los Presupuestos Generales del Estado a los centros
privados de enseñanza. Ese es el fondo y el contenido de la
proposición de ley que ustedes traen a debate a la Cámara.
Es verdad que el señor Ollero ha hecho hoy un loable esfuerzo
para ocultar --dicho con todo cariño, señor Ollero-- una defensa
radical de los intereses económicos e ideológicos de un
importante sector de la enseñanza privada confesional,
cubriéndola con un manto alegre, florido, luminoso, si usted
quiere, de protección y defensa de algunos derechos individuales
reconocidos en el ordenamiento constitucional español y
reconocidos también en nuestras leyes educativas. Derechos, señor
Ollero, que nosotros, los socialistas, somos los primeros en
proteger, como ha sido y es notorio a través de nuestra acción de
gobierno a lo largo de los últimos años. Me estoy refiriendo a
una serie de derechos a los que usted ha hecho referencia, como
son la libertad de enseñanza --tan querida para ustedes--, la
igualdad de todos ante la educación o la compensación de
desigualdades a través de la educación.
Señor Ollero, yo le pediría que defendiera la libertad de
enseñanza en el sentido más amplio que tiene, sin restricciones.
En esta defensa saben ustedes que estaremos juntos. Ahora bien,
no identifiquen la libertad de enseñanza sólo con la posibilidad
de crear centros privados, sólo con la posibilidad de poder crear
centros docentes distintos de los que crean los poderes públicos.
No identifiquen la libertad de enseñanza solamente con esto y con
la financiación pública de estos centros creados por la
iniciativa privada.
La libertad de enseñanza, señor Ollero, es mucho más. Permítame
que le diga lo que desde el punto de
vista del que le habla y de los socialistas es la libertad de
enseñanza. La libertad de enseñanza interpretada en sentido
amplio significa, desde mi punto de vista, todo un conjunto de
libertades y derechos en el campo educativo que van mucho más
allá de lo que ustedes quieren hacernos ver como libertad de
enseñanza. Porque la libertad de enseñanza es la libertad de
crear centros docentes y dotarles de carácter propio. Sí, señor
Ollero, eso es libertad de enseñanza. Pero libertad de enseñanza
también es el derecho de los padres o tutores a elegir centros
docentes distintos de los creados por los poderes públicos. Sí
señor. Pero una libertad en este campo que no puede ser absoluta,
señor Ollero. Usted sabe que podríamos llegar al absurdo si
pidiéramos la creación de un centro docente para cada padre que
solicitara que en ese centro existiera un carácter propio o un
ideario determinado y después, a continuación, pedir la
financiación pública.
Aparte de todo esto, libertad de enseñanza es también la libertad
de cátedra del profesor. Nunca lo citan ustedes. La libertad de
enseñanza también es el derecho de los alumnos a que sea
protegida su libertad de conciencia. En esa interpretación amplia
de lo que debe ser la libertad de enseñanza, ahí, señor Ollero,
estaríamos juntos; en la otra, en la restringida, en aquella que
identifica exclusivamente --y es lo que hace la derecha
tradicionalmente y ahora-- la libertad de enseñanza y el
principio de gratuidad, en eso no estamos de acuerdo. Porque,
además, señor Ollero, cuando ustedes identifican la libertad de
enseñanza y la gratuidad están haciendo que entre en colisión la
gratuidad con otros principios, para nosotros muy importantes,
cuales son la igualdad de todos a la educación. Esto obliga,
señoras y señores Diputados, a que los poderes públicos doten a
cada niño de un puesto escolar y de un puesto escolar de calidad.
La identificación que ustedes hacen de gratuidad y libertad de
enseñanza también entra en colisión con el principio de
compensación de desigualdades, que obliga a los poderes públicos
a atender primero a los que más lo necesitan. Por tanto, en esta
defensa que ustedes hacen de la libertad de enseñanza de forma
limitada, de forma restringida, vamos a estar en contra.
Además, señor portavoz del PP, en tanto que por los poderes
públicos no se pueda garantizar la gratuidad para todos, desde
nuestro punto de vista se deberán fijar una serie de prioridades
en política educativa de acuerdo con unos principios de ética
social que ustedes parecen olvidar siempre que suben a esta
tribuna y piden más dinero público para la enseñanza privada.
Estos principios, señores Diputados del PP, son: enseñanza de
calidad para todos; gratuidad de la enseñanza en los niveles
obligatorios, a los que acceden todos los ciudadanos, no de una
forma universal, a todos los niveles no obligatorios, como
ustedes plantean y, además, fijar una prioridad para hacer de la
educación un factor que contribuya a la compensación de
desigualdades y que contribuya a la redistribución de la renta
entre los ciudadanos españoles.
Señores Diputados del PP, desde nuestro punto de vista sólo
después de cubrir estos objetivos se puede pensar en extender la
gratuidad plena más allá de las fronteras de la enseñanza
obligatoria. Cubiertos estos objetivos o prioridades que les
acabo de señalar, nosotros seremos los primeros en proponer la
extensión de la financiación; mientras tanto, somos partidarios
de mantener la situación que actualmente regulan nuestras leyes,
que, por otro lado, es una situación bastante generosa con la
iniciativa privada en el campo de la enseñanza, porque, ¿qué dice
la Constitución Española en lo que se refiere a la gratuidad de
la enseñanza? La Constitución Española, en el artículo 27.4,
dice: «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La LODE,
en su artículo 1.1, dice qué tramos de la enseñanza se declaran
básicos y, por tanto, obligatorios y gratuitos y dice que la
enseñanza será obligatoria y gratuita en el tramo de edad
comprendido entre los 6 y los 14 años, lo que hasta ahora se
llamaba Enseñanza General Básica. Además, la LODE dice que el
mecanismo para hacer posible la gratuidad de la enseñanza en los
centros privados es el concierto. La LOGSE, que se aprueba unos
años después que la LODE, va más allá, la LOGSE viene a extender
el período de enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años.
Por tanto, se extiende en dos años el período que puede ser
financiado con dinero público, que puede ser financiado a través
de conciertos educativos, que pueda impartirse en centros
privados y que sea financiado con dinero público.
En esa fase estamos, señor Ollero; estamos aplicando la LOGSE y
estamos, por tanto, en una fase de expansión de la financiación
de la enseñanza privada a través de los conciertos en un período
de dos años; estamos pasando de una financiación en el período de
6 a 14 años a una financiación en el período de 6 a 16 años.
Usted, hoy, da un paso más adelante y dice en su proposición de
ley que se debe financiar la enseñanza en los niveles no
obligatorios, en el segundo ciclo de la educación infantil --de 3
a 6 años-- y en toda la educación secundaria. No lo dice en el
título de la proposición, pero sí lo dice en el contenido del
artículo único de su proposición. Quieren que toda la enseñanza
secundaria sea financiada con dinero público; es decir, quiere
que se financie con dinero público no solamente la secundaria
obligatoria, sino el bachillerato --período de 16 a 18 años-- y
la formación profesional de grado medio, que se da también a
partir de los 16 años. ¿Cuánto cuesta esto? Porque, por lo menos,
hay que hacer algún número y ver cuál es el coste de esa
operación de trasvase de dinero del presupuesto general del
Estado hacia la iniciativa privada en el campo de la educación.
¿Cuánto costaría esta operación, señor Ollero? ¿Lo ha calculado
usted? Se lo voy a decir. La ampliación de la gratuidad en el
segundo ciclo de la educación infantil costaría unos 60.000
millones de
pesetas. La extensión de la gratuidad a la enseñanza secundaria,
como usted propone, unos cien mil millones de pesetas. Es decir,
con su plantemiento estamos hablando de un trasvase de 160.000
millones de pesetas del presupuesto del Estado a los centros
privados que se acojan a la fórmula de concierto.
Yo le pregunto, señor Ollero, ¿cómo vamos a financiar esta
propuesta? ¿La vamos a financiar con más impuestos? ¿La vamos a
financiar con más endeudamiento o cómo la vamos a financiar?
Quiero recordarle que su jefe de filas, don José María Aznar,
decía la semana pasada en una reunión que tuvo con empresarios en
Cataluña que los objetivos de la política económica del PP eran
muy claros, que tenían tres ejes fundamentales: control de
déficit, bajar el endeudamiento y no incrementar los impuestos.
Parece, por tanto, que se nos agotan dos posibles vías de
financiación de su propuesta: si no hay más impuestos, si no hay
más endeudamiento, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque esta
propuesta cuesta 160.000 millones de pesetas.
Yo creo que ustedes deben estar pensando --se lo pregunto y me
gustaría que me lo aclararan-- en financiar la gratuidad de estos
sectores de la enseñanza privada detrayendo el dinero del sector
público. Le hago esta pregunta: ¿Ustedes quieren financiar esta
propuesta detrayendo dinero del sector público de la enseñanza?
¿Se puede, señores del PP, se puede, señor Ollero, extender la
gratuidad a costa del sector público de la enseñanza? ¿Se puede
financiar esta propuesta que ustedes hacen a costa de la calidad
de la enseñanza, señores del PP? ¿Se puede hacer a costa de los
gastos del funcionamiento de los centros públicos? ¿Se puede
hacer a costa de las retribuciones del profesorado? ¿Se puede
hacer a costa de los programas de educación compensatoria? ¿Se
puede hacer a costa de los programas de integración escolar? ¿Se
puede hacer a costa de las becas y ayudas al estudio? ¿Se puede
hacer a costa de la expansión de la formación profesional? ¿Y
todo esto --respóndame, señor portavoz del PP-- sin tener en
cuenta el nivel de renta de los beneficiados por su propuesta?
Yo creo que estamos, afortunadamente para nosotros, ante una
propuesta que contribuye a que se quiten la máscara que
habitualmente les cubre cuando hacen alguna propuesta, y creo que
han hecho una mala operación al traer a la Cámara esta
iniciativa. Porque ustedes, que en los últimos tiempos quieren
encontrar el centro político en todo, señor Ollero, en toda
propuesta que hacen, yo creo que con ésta se han equivocado
plenamente y han vuelto a sus orígenes en esta materia. Permítame
que le recuerde que el texto de la proposición de ley que vemos
hoy coincide exactamente con el contenido de una enmienda que
presentó en su momento en los debates constitucionales,
pretendiendo la modificación del artículo 27 de nuestra
Constitución, la entonces diputada de Alianza Popular, señora
Fernández España. El texto que ella proponía en aquella enmienda
que pretendía modificar el contenido del artículo 27 del proyecto
constitucional es el mismo que ustedes han traído hoy a la
Cámara. Se han reencontrado con la Alianza Popular del año 1978.
Nosotros, en contra de lo que ustedes pretenden con esta
iniciativa --y termino con esto, señor Presidente--, queremos
consolidar un sistema educativo de calidad, al que hay que
aplicar ingentes recursos. Por ello creemos que no se puede
financiar la gratuidad de la enseñanza privada a través de los
conciertos más allá de lo que actualmente está regulado: para el
período de enseñanza obligatoria.
Creemos que no se puede detraer dinero de los presupuestos --que
iría en detrimento de la calidad de la enseñanza-- para financiar
de una forma indiscriminada niveles que en estos momentos no son
obligatorios. Porque, además, creemos, señor Ollero, que es muy
necesario este dinero, que son muy necesarios estos recursos para
financiar un sistema educativo de calidad que beneficia el
conjunto de la población y no solamente a unos pocos, que son los
que llevarían a sus hijos a esa educación infantil en centros
privados o a esa enseñanza secundaria, ese bachillerato o esa
formación profesional también en centros privados.
Por todo esto y por otras muchas razones que si hubiera más
tiempo le expondría gustosamente, nos vamos a oponer a su
iniciativa. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, ha tenido
usted, señor Nieto, un lapsus muy feliz, que ha intentado
corregir pero ya era lapsus, cuando no ha podido evitar calificar
de iniciativa popular la que hoy traemos aquí, porque lo es,
doblemente, porque la presenta el Grupo Popular y porque pone
sobre el tapete algo que realmente es popular, porque los
ciudadanos lo sienten como un problema personal.
Por más que S. S. intente sesgar el planteamiento con una gran
tenacidad y poco éxito, aquí no hemos venido hoy a pedir que
aquellos padres de familia cuyos hijos están escolarizados a los
tres años en centros estatales puedan cambiarlos de centro; no,
señor Nieto, no es ésa la situación. Ustedes aspiran a que algún
día se llegue a esa situación, aunque difícilmente lo conseguirán
después de que en los presupuestos de este año educación infantil
sufre un recorte del tres por ciento respecto al año pasado, sin
tener en cuenta, lógicamente, el índice de inflación. Así, nunca
conseguirán que estén escolarizados todos los alumnos de tres
años y nuestra propuesta signifique que queremos algo tan grave
como que además puedan ejercer la libertad de enseñanza. Es que
no es ni eso siquiera, es que lo que queremos es que puedan
ejercer ese derecho tan querido por ustedes, que tiene una visión
mínima y raquítica de la educación, que es el derecho a la
educación.
Nosotros estamos pidiendo una plaza escolar, ni siquiera la
posibiliad de elegir, porque hoy día no tienen ninguna. Esa es la
situación, y por eso esto es una iniciativa, como usted muy bien
ha dicho, popular. En efecto, lo es.
Dice que nos dedicamos a decir lo que la gente quiere oír. Vuelve
a acertar: la gente quiere que se diga aquí hoy lo que aquí se ha
dicho, quiere oírlo y lo demostrará en cuanto ustedes le den la
oportunidad, cosa a la que se están resistiendo, pero acabarán
dándosela; por tanto, no queda mucho.
Dice que queremos atender a nuestra clientela, y tiene razón;
nuestra clientela es todo padre de familia español que quiere
mandar a su hijo de tres años a un centro, el que sea, ésa es
nuestra clientela, ésa. (Rumores.--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
Dice usted que no tiene dinero, y, en Navarra, ¿por qué lo tiene,
señor Nieto? Explíquemelo y explíqueme por qué resulta que a los
seis años usted admite que haya centros concertados y a los cinco
no. ¿Por qué? ¿Porque es que un centro concertado cuesta más que
un centro estatal, o, a lo mejor, cuesta menos? ¿Es que usted
tiene ya compromisos con la patronal, que le impieden hacerlo a
los seis años? ¿Ese es el problema? No, supongo que no. Por
tanto, si a los seis, siete y ocho años, se puede hacer algo y es
legítimo y bueno hacerlo, ¿por qué no a los cinco y a los cuatro,
señor Nieto? ¿Por qué no me explica eso un poco más despacio?
Usted, que ha venido con su papel bien escrito, ha hecho un canto
a la libertad de enseñanza, que suscribo punto por punto, porque
es lo que dice el Partido Popular desde siempre, porque el
Partido Popular se puede permitir el lujo, que usted aquí ha
recordado, de decir que esto lo decíamos hace mucho tiempo. Lo ha
recordado usted; ya lo decíamos en el debate constitucional, no
como ustedes, que de lo que decía el señor Gómez Llorente ya
nadie se acuerda; no como ustedes, que defendían un bachillerato
de tres o de cuatro años y han hecho uno de dos. Usted podrá
estar orgulloso de no mantener lo que mantuvo; yo, no, yo estoy
orgulloso de mantener lo que hemos mantenido siempre. Ese es
nuestro orgullo. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Esa
es la diferencia entre un partido como el de usted, que debería
despedirse de la política educativa con un detalle como éste de
modernización, como ustedes dicen, y un Partido, como el nuestro,
que estaba centrado en la educación desde que empezó a estar
presente en esta Cámara, así de claro, ése es el problema.
(Rumores.)
Usted no me ha contestado si piensa que la función del Gobierno
es generar obstáculos para que la libertad y la igualdad no sean
efectivas, porque en la propia Ley Pertierra se recuerda que el
acceso a los centros se tendrá en cuenta cuando empieza la etapa
financiada, lo cual quiere decir que un padre de familia español
que, teniendo que pagarlo de su bolsillo, lleva a su hijo a un
centro no estatal a los tres años, a los seis años se ve obligado
a cambiarlo de centro; eso es una realidad, y, según me han
contado hoy, por cierto, fue un concejal socialista de Leganés el
primero que denunció que eso era un disparate. Por lo que se ve
hay sentido común en su Partido, lástima que no progrese, pero lo
hay.
Dice usted que hay que dar primero el dinero a los que más lo
necesitan. Señor Nieto, ¿quién lo necesita más que un padre y una
madre de familia que trabajan fuera de su casa y quieren que su
hijo esté escolarizado? ¿No lo necesitan? ¿Lo ha decidido Su
Señoría? Esos mismos padres de familia que dicen que a los seis
años no se pueden ocupar de escolarizar a su hijo porque tienen
que darle de comer --probablemente es una exageración--, ¿a los
tres años qué le contarían a S. S.? ¿No lo necesitan? ¿No son
ésas sus prioridades? No me extraña, porque por ahí van ustedes y
así les va. (Rumores.)
Dice usted que esto va a costar 60.000 millones. Señor Nieto,
¿cómo sabe cuántos centros concertados va a haber si de verdad la
libertad de elección la ejercen los padres y eligen el centro que
les da la gana? ¿Cómo sabe cuántos van a ser? ¿Cómo tiene usted
ya diseñado el porcentaje de centros concertados que esto lleva
consigo?
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente.
Por supuesto nuestra proposición lo que pretende es evitar la
restricción que la LODE marca al impedir que pueda haber
conciertos en el segundo ciclo de la educación infantil o en otra
fase de la secundaria. Y le recuerdo, porque no ha leído entero
el artículo 1.1, que ese mismo artículo prevé la posibilidad de
ampliar los tramos susceptibles de gratuidad, y ahí es donde nos
situamos.
Ha aludido usted al señor Aznar y a sus promesas de economizar
gastos, pero no ha aludido a otras que reiteradamente ha hecho el
señor Aznar: habrá tres campos donde no habrá recorte de gastos,
sino lo contrario: pensiones, sanidad y educación. Pero ésta es
otra iniciativa popular; por eso iniciativas como ésta harán que
gobernemos muy pronto y usted tendrá ocasión entonces de volver a
sus orígenes y repetir lo que ahora no es capaz de repetir.
(Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
El señor Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoría, no se ponga nervioso. Usted, en los últimos dos o tres
meses tenía unas intervenciones serenas y
tranquilas. Yo pensaba que estaba haciendo usted oposiciones a
ser un futuro ministro de Educación en ese hipotético gobierno
popular que ustedes ya están preparando desde hace tiempo, pero
hoy ha perdido los papeles. No pierda usted los papeles. Estas
cosas hay que discutirlas con tranquilidad, aunque yo comprendo
que haya perdido los papeles, porque es un trago difícil. Usted
ha salido hoy a defender algo que se defiende difícilmente, que
es sacar una partida importante de dinero de los Presupuestos
Generales del Estado y transferirla, a través de la fórmula de
conciertos, a la red de centros privados en niveles de enseñanza
no obligatoria.
Le he dicho que eso a mí en principio no me parece ni bien ni
mal. Depende de cómo se realice y en qué circunstancias, señor
Ollero. Si nos sobrase el dinero para financiar una enseñanza
pública de calidad y una enseñanza impartida en los centros
concertados que dan enseñanza obligatoria, también de calidad, no
habría ningún inconveniente por parte de quien les habla, ni del
Partido Socialista, en reconocer que se podían destinar recursos
al fin que usted plantea. Pero no estamos en esa situación.
Estamos en una fase donde hacen falta muchos recursos para
mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, tanto el que se
imparte a través de la red de centros públicos como el que se
imparte a través de la red de centros privados concertados.
Nosotros creemos que los recursos públicos deben destinarse
prioritariamente a ese fin. La educación tiene que seguir
cumpliendo en este país nuestro aún ese fin. No sé cuántos años
tendrán que pasar para que sea posible, si alguna vez es posible
lo que usted plantea.
Señor Ollero, en estos momentos, si se hiciese la transferencia
de recursos que usted plantea en su proposición de ley, habría
que sacarlo de algún sitio, y, es verdad, se puede sacar de la
política de viviendas, se puede sacar de cualquier política
social, se puede sacar del propio presupuesto de educación, pero
si no hay mas ingresos, no hay más endeudamiento, que es lo que
ustedes plantean, hay que detraer ese dinero del que se destina a
la enseñanza pública en general y a la enseñanza obligatoria
impartida en la red pública o en la red privada concertada. Y
usted eso lo quiere vestir muy bonito, con un traje floreado, con
una máscara de carnaval preciosa, pero, en el fondo, lo que está
pretendiendo --cubriendo esta transferencia de abundantes
recursos de dinero público hacia la iniciativa privada-- lo
quiere arropar con la defensa de derechos individuales, como es
la extensión universal de la libertad de enseñanza para que cada
padre pueda elegir el tipo de centro que quiera. ¿Qué tipo de
centro va a elegir, en una comarca que usted conoce bien, como
puede ser la Alpujarra granadina --usted es Diputado por Granada-
- cualquiera de los chavales, de los alumnos que vivan en los
cientos de pueblos de aquella comarca? ¿Va elegir entre un centro
público o un centro privado concertado? No me haga usted reír,
señor Ollero. ¿O cómo van a elegir los cientos de chavales de los
cientos de pueblos de mi región Castilla y León, que no tienen
más opción que la asistencia a un centro público, que es el único
que hay en su zona de residencia?
Por tanto, habrá que seguir mejorando la red de centros públicos;
también habrá que seguir mejorando la atención de los centros
concertados, pero que impartan enseñanza obligatoria, y en lo
demás habrá que ir atendiendo las necesidades de escolarización,
que son muy abundantes, que en algunos casos son muy demandadas
por parte de los padres para atender la escolarización de los
niños de tres, cuatro y cinco años, y habrá que hacerlo por el
procedimiento que legalmente está establecido en este momento y
que usted conoce perfectamente. Por un lado, está creciendo
enormemente la red de centros públicos en todas las comunidades
autónomas que están atendiendo la escolarización de cinco, cuatro
y tres años, de tal forma que los niños de cuatro y cinco años
han visto su demanda atendida en el cien por cien de los casos,
están escolarizados plenamente. En cuanto a los de tres años
están en una fase creciente de escolarización, que durante el
presente curso se aproxima al 50 o 55 por ciento. Eso por un
lado. Por otro lado, la propia LOGSE establece, señor Ollero, en
su artículo 7.º, que las Administraciones públicas garantizarán
la escolarización que se demande en educación infantil. Y dicen
cómo. El artículo 11.2 dice que las administraciones educativas
podrán establecer convenios con corporaciones locales, otras
administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de
lucro. Y lo mismo se reafirma en el actual proyecto de ley de
participación, evaluación y gobierno de centros docentes que
estamos en fase de tramitación.
¿Y esta fórmula qué permite, señor Ollero? Permite que aquellos
niños de tres, cuatro y cinco años que tengan que escolarizarse
en un centro privado tienen la posibilidad de que este centro
privado pueda acogerse a un convenio singular, no a un concierto,
si es necesario el convenio para que estos niños puedan
escolarizarse sin que sea gravosa su estancia en el centro. Lo
que no podemos hacer es utilizar el dinero público para
escolarizar, y escolarizar de una forma gratuita y además urbi et
orbi, señor Ollero, a todos los niños de la etapa preescolar,
tres a seis años, a todos los alumnos de bachillerato y a todos
los alumnos de formación profesional de grado medio que se
escolaricen en cualquier tipo de centro.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego concluya.
El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Esto no es posible porque los recursos que tenemos que
administrar son los que hay y hay que establecer prioridades. Y
para nosotros las prioridades están muy claras: hay que dotar al
sistema educativo español de
las mayores cotas de calidad. Cuando eso se haya cubierto
podremos hablar de otras cosas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-- Varios señores Diputados:
¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Daba la impresión, señorías, en algunos de los momentos del
debate, de asistir a uno de esos temas nervio en una democracia.
Intentaré fijar la posición del Grupo Vasco, intentando ser
también en las formas riguroso y correcto.
Comenzaré diciendo, señor Presidente, que el Grupo Parlamentario
Vasco va a votar a favor de esta iniciativa y lo va a hacer por
pura coherencia, por coherencia con las posturas que mantiene el
Grupo Nacionalista Vasco en relación con este tema, por
coherencia con las enmiendas que se han presentado en sucesivos
presupuestos a la sección 18 del Ministerio de Educación y
básicamente porque así lo hacemos en el País Vasco. Por eso no es
ninguna novedad. Todo esto que suscita un gran debate en esta
Cámara, que parece un imposible o una utopía irrealizable es una
práctica normal, consuetudinaria en la comunidad autónoma del
País Vasco en los últimos años, donde existen recursos porque se
destinan a este fin y, además, porque está en las prioridades del
Gobierno vasco, Gobierno vasco que también es compartido por el
Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, creo que es bueno
centrar los ejes de la discusión, cuidar las formas y ser capaces
de establecer un debate riguroso en relación con estos temas.
Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley que plantea el Grupo Popular, y lo haremos
anunciando que, en caso de ser tomada en consideración dicha
iniciativa, el Grupo Vasco presentaría algunas enmiendas a este
artículo único que se propone modificar porque entendemos que no
está suficientemente trabajada, y quisiera que el señor Ollero
participara de los planteamientos que vamos a realizar en ese
sentido. Por ejemplo, en la exposición de motivos se habla en
todo momento del nivel de los niños comprendidos entre tres y
seis años, se motiva desde esa perspectiva dicha exposición de
motivos y, sin embargo, en el artículo único, en el momento de
establecer normativamente el planteamiento de gratuidad, se habla
del segundo ciclo de educación infantil que se cita en la
exposición de motivos, se habla de la educación primaria y
también se aborda la educación secundaria sin considerar el
carácter obligatorio de esa enseñanza secundaria.
Respecto al artículo de la LODE que se modifica, se suprime una
línea, que en nuestra opinión es importante, en la que se señala
lo siguiente: en orden a la prestación del servicio público de la
educación.
Creo que son dos materias que hay que tener en cuenta y que, de
alguna manera, marcan la postura del Grupo Vasco en relación con
el planteamiento que ha realizado el portavoz del Grupo Popular.
El portavoz del Grupo Socialista conoce cuáles son nuestras
posiciones sobre estos temas; no creo que nos quitemos ninguna
máscara al indicar que en un sistema educativo es de justicia
hablar de libertad de enseñanza sin restricciones y conoce cuáles
son las posturas del Partido Nacionalista Vasco sobre estas
materias. Por tanto, no se nos podrá acusar de estar en contra
del derecho de cátedra o de la libertad de conciencia. Son temas
sustantivos dentro de lo que el Partido Nacionalista Vasco
defiende en relación con su propio proyecto educativo. Ahora
bien, esta posición de principios no se puede contraponer con el
tema de la gratuidad. Ahí estamos hablando básicamente de un tema
de disposición de recursos, de un tema de asignación de recursos
en una concepción de la sociedad. Desde esta perspectiva, el
Partido Nacionalista Vasco, que ha defendido estos criterios sin
entender que la libertad de educación sea un principio absoluto
porque, evidentemente no lo es, entiende que se puede mantener la
gratuidad de la enseñanza para el tramo comprendido entre los
tres y los diecinueve años. De hecho, como indico, en la
comunidad autónoma vasca existen conciertos educativos de régimen
general, cuya cuantía o módulo es pleno, se aplican en la
educación general básica y en la educación especial, existen
conciertos educativos de régimen singular, también plenos o
parciales, se aplica el singular pleno en el segundo ciclo de
educación infantil, en la formación profesional-I en el REM-I y
en algunas aulas de BUP, aplicándose el singular parcial a todos
los demás niveles y aulas de enseñanza media. Fórmulas existen y
están apoyadas por el Partido Socialista de Euskadi en nuestro
caso, y parece que, en consecuencia, no se rompen posturas
ideológicas por sustentar estas posiciones.
Es verdad que la aceptación del artículo que propone reformar el
Grupo Popular conlleva una serie de recursos económicos
importantes. Nosotros entendemos que, tomando en consideración
esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular, habría que
enmendarla presupuestariamente a estos mismos efectos. Esto tiene
una repercusión importante y habría que arbitrar medios para que
existieran recursos económicos suficientes que fueran ampliando
los actuales niveles de gratuidad en la enseñanza y en lo que
afecta a estos centros de iniciativa social.
En consecuencia, señor Presidente, por coherencia, tal y como he
indicado, vamos a apoyar la toma en consideración de esta
propuesta de ley del Grupo Popular que, entedemos, debe
posibilitar un debate sereno y riguroso, cuidando más las formas,
pues hemos asistido a un espectáculo por una defensa, en nuestra
opinión, excesivamente acalorada de cada una de las
posiciones. Uno quisiera que una España de las dos Españas
quedase más para el siglo XIX que para el siglo XXI.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, para
fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), respecto de esta
proposición de ley que ha presentado esta tarde el Grupo
Parlamentario Popular y que ha concretado el señor Ollero, una
proposición de ley relativa a la gratuidad de la enseñanza en el
segundo ciclo de la educación infantil, cuya toma en
consideración vamos a apoyar con nuestro voto.
Vamos a hacerlo básicamente por tres motivos. Uno, de coherencia;
coherencia respecto de lo que hemos venido pregonando siempre y
que siempre hemos venido apoyando con nuestro voto y con nuestras
enmiendas distintos proyectos de ley; coherencia como ha citado
el propio señor Ollero, con las previsiones constitucionales con
la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación y con la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Por
tanto, nuestro voto va a ser coherente con nuestra trayectoria en
esta Cámara y, además, con los proyectos de ley que hoy ya son
Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
En segundo lugar, por razones de oportunidad. Este país ha
avanzado muchísimo en materia de enseñanza, en todos sus ciclos.
A veces, cuando desde esta misma tribuna se critica al ministro
de turno o se discute tal o cual partida presupuestaria, casi
siempre se olvida que, entre todos, hemos facilitado a este país
un avance más que considerable en materia educativa. Quizás en
los últimos quince años se ha dado el salto cualitativo más
importante de toda la historia de este país, tanto en la oferta
de la enseñanza, que es elevadísima --de hecho, ha llegado a
todas partes--, como de la propia modernización del sistema
educativo y de los instrumentos pedagógicos y didácticos que se
utilizan en la implantación de la enseñanza. Creemos que esa
oportunidad pasa hoy precisamente por proponer o fomentar un
debate sobre la extensión de la gratuidad, en este caso al
segundo ciclo de la educación infantil, que es lo que nos propone
el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, creemos que es una
razón de oportunidad que casa, que complementa cuanto hemos hecho
entre todos a favor de la enseñanza en estos últimos años, Pero
además, también por motivos de equidad, porque encontramos que es
justo; es justo porque, como ha citado el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco respecto del País Vasco, como ha citado el
señor Ollero respecto de otra comunidad autónoma, de Navarra, o
como yo puedo citar respecto de Cataluña, lo cierto y verdad es
que en algunas comunidades autónomas este segundo ciclo de
educación infantil ya es, o tiende a ser gratuito, no sólo en los
centros públicos sino también en los centros concertados.
En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, que
no goza del concierto económico pertinente como tienen el País
Vasco o Navarra, eso se hace mediante un esfuerzo de inversión
por parte del Gobierno autónomo catalán, que no tiene ninguna
previsión en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Qué ocurre en la práctica? Que se produce una injusta
discriminación. En algunos territorios de España existe este
equilibrio que se busca mediante la gratuidad de la educación
infantil que propone el Grupo Popular, y en otros territorios del
mismo Estado no se produce. Por tanto, creemos que es de justicia
que estas Cortes legislen en ese sentido, en esta línea, para
extender la gratuidad a unos ciclos que ya la tienen en algunos
territorios, en algunas comunidades autónomas y porque, además,
este esfuerzo no es otra cosa que cumplimentar aquello que nos
dice la Constitución y aquello que nosotros mismos hemos votado
con la LODE o la LOGSE.
Por tanto, son tres motivos que nos inducen a votar a favor de la
toma en consideración de esta proposición de ley, anunciando, en
la misma línea que ha dicho el señor González de Txabarri que, en
el supuesto de que los votos positivos sean más que los
negativos, es decir, que se tome en consideración, en el momento
reglamentario oportuno presentaríamos unas enmiendas para pulir
algunos aspectos que nosotros creemos perfeccionables de la
redacción que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Cruz Orive.
El señor CRUZ ORIVE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, diría al comienzo de mi intervención que la única
iniciativa legislativa popular que ha llegado a esta Cámara y que
todavía no se ha tenido la sensibilidad de tramitar es una
iniciativa con 500.000 firmas sobre la financiación de la
enseñanza pública y que quizá con posterioridad a este debate,
abordáramos, en otras condiciones o en otras coordenadas
psicológicas. Verdaderamente, sin haber abordado el tema de los
grandes déficit de la financiación de la enseñanza pública,
pretender abordar con serenidad este debate, cuando menos para mi
grupo es bastante difícil, aunque yo en lo personal voy a
intentar abordarlo con serenidad y con rigor.
Deseo comenzar esta intervención recordando algunas de las
enmiendas que nuestro grupo defendió en el debate de la LOGSE y
que abordan con claridad nuestra
forma de entender la gratuidad y la obligatoriedad de la
enseñanza, dos temas que han salido aquí: gratuidad y
obligatoriedad de la enseñanza. Esta es la mejor forma de
entender lo distantes, lo diametralmente opuestos que nos
encontramos respecto a la pretensión del Grupo Popular
explicitada en la exposición de motivos y en el artículo único de
la proposición de ley sobre gratuidad de la enseñanza.
Nuestras enmiendas al artículo 5 de la LOGSE decían así: La
enseñanza básica comprenderá 13 años de escolarización,
iniciándose a los tres años y extendiéndose hasta los 16, además
será gratuita y sólo desde los cuatro años obligatoria,
diferenciando, por tanto, enseñanza básica y obligatoriedad.
La gratuidad afectará tanto a la desaparición de tasas por la
prestación del servicio público como a la inclusión en éste --de
lo que generalmente no se habla-- no sólo de la prestación de
enseñanza reglada sino, con carácter general, de los libros
(aprovecho también para señalar que a ver cuándo abordamos este
pequeño problema y para decir que las organizaciones de usuarios
y consumidores están también por la gratuidad de los libros
escolares al inicio del curso escolar), de todo el material
escolar y, en caso de necesidad por desplazamiento forzoso u otra
circunstancia, del comedor y del transporte escolar. Serán
asimismo gratuitas todas las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria, a las de formación profesional de grado
medio y superior y a las de educación permanente, siempre y en
todo caso que sean impartidas en centros públicos.
Esta era nuestra posición fundamental a la hora de abordar la
LOGSE. Quiero recordar que estas enmiendas no salieron y, por
tanto, quedó en el cesto todo nuestro planteamiento del período
de escolaridad obligatoria, de gratuidad y, sobre todo, de
fortalecimiento de impartir la enseñanza en los centros públicos.
La enmienda que presentamos al artículo 7.2, de modificación,
decía: La educación infantil tendrá carácter voluntario hasta los
cuatro años. Las administraciones educativas crearán un número
suficiente de plazas públicas, que asegure la satisfacción de la
demanda escolar. Esta enmienda fue aceptada parcialmente, pero lo
que más luz arroja al debate de hoy, porque yo creo que se
reproduce el artículo 11.2, es lo que voy a exponer a
continuación. Nuestro grupo planteó la siguiente enmienda, en
aras de ordenar los centros de educación infantil: Las
administraciones educativas promoverán, a lo largo de la
aplicación de la reforma, la existencia de una red de centros de
educación infantil en los que se imparta la totalidad del ciclo.
Para coordinar la oferta educativa pública correspondiente a este
nivel, se integrarán en esta red pública única, todos los centros
dependientes de las distintas administraciones que imparten, en
parte o en totalidad, enseñanzas correspondientes a esta etapa.
El Grupo Socialista, a través del mismo portavoz, el señor Nieto,
aportó la transaccional que configura el actual texto de la Ley:
Las administraciones educativas desarrollarán la educación
infantil. A tal fin, determinarán las condiciones en que podrán
establecerse convenios con las corporaciones locales, otras
administraciones públicas y entidades privadas sin fines de
lucro. El portavoz del Grupo Popular --creo recordar que entonces
era el señor Fernández-Miranda-- aportó una transaccional, que
fue rechazada, que poco difiere de la proposición de ley cuya
admisión a trámite discutimos hoy; es prácticamente idéntica.
Decían entonces: Para el sostenimiento de centros privados de
educación infantil con fondos públicos, se establecerá un régimen
de convenios, al que podrán acogerse aquellos centros privados
que impartan la educación infantil en su segundo ciclo. Ahora,
además, pretenden que puedan acogerse al régimen de conciertos
aquellos centros que impartan enseñanza secundaria, y me imagino
que no es ningún lapsus haber omitido básica. Pretenden que se
subvencione con fondos públicos la enseñanza privada más allá de
la enseñanza secundaria obligatoria, es decir, a los centros que
imparten bachillerato, formación profesional de grado medio,
etcétera.
Aunque lo desconocía, he hecho cierto análisis y tengo aquí una
pregunta: ¿De cuántas decenas de miles de millones estamos
hablando? El señor portavoz del Grupo Socialista ha aclarado que
la cifra anda en torno a los 160.000 millones de pesetas. Pues
bien, durante dos años, podríamos destinar esta cantidad de
160.000 millones de pesetas a cubrir el déficit acumulado en la
implantación de la reforma educativa, atendiendo la desviación de
lo presupuestado respecto a la memoria económica de la LOGSE
desde el año 1990 hasta el año 1995. Es decir, los tremendos
déficit que ha habido en la aplicación de la reforma, el tremendo
desfase que ha habido entre la memoria económica y lo
presupuestado, que se puede cifrar en torno a los 340.000/350.000
millones, quedaría cubierto en dos años si dispusiéramos de esa
bolsa económica, tal como ustedes prevén de cara a potenciar o a
apoyar la enseñanza privada.
Volviendo al debate de la LOGSE, nuestro grupo, al defender la
enmienda ya reseñada al artículo 11.2, argumentaba: De cada diez
puestos escolares de educación infantil, uno está en la red
pública y nueve en la privada. Hay que contextualizar estas
cifras porque, evidentemente, se refieren a junio de 1990.
Partimos de una situación de desigualdad, no de igualdad. Nos
preocupa enormemente el último apartado, pues, a pesar de que se
dice sin ánimo de lucro, se abre la puerta a esos posibles
convenios con la red privada. Nosotros entendemos --decíamos
entonces-- que el deber fundamental del Estado es ofrecer un
puesto escolar gratuito en su red propia, de cero a dieciocho
años, como prioridad presupuestaria y, una vez cumplido ese
objetivo, podría extenderse la gratuidad a otros centros no
públicos. Puedo volver a repetir lo mismo con más volumen o con
más énfasis, pero no con mayor claridad.
Desde nuestro Grupo Parlamentario, seguimos manteniendo que,
antes de acometer subvenciones al sector privado, vía conciertos,
el Estado, según las competencias de sus administraciones, lo que
debe hacer es garantizar puestos suficientes de calidad en la red
pública. En este sentido y en coherencia con la línea argumental
anterior, el papel que otorgamos al sector privado es de
complemento por subsidiariedad respecto del sector público.
En conclusión y valorando el conjunto de enmiendas que Izquierda
Unida presentó al capítulo de educación infantil, puedo concretar
que pretendíamos que la LOGSE reconociera el carácter plenamente
educativo de estas enseñanzas (se refiere a las enseñanzas
infantiles); las integrara en las enseñanzas de régimen general
como una etapa única; que ordenara el sector, acabando con los
centros que no reunieran los requisitos --de esto se ha hablado
muy poco aquí--, formando una red pública única en la que se
integraran todas las escuelas infantiles de las distintas
administraciones públicas; que cubiera, en un primer momento, la
demanda de plazas de tres años e hiciera obligatoria la
escolarización desde los cuatro años; que compensara las grandes
desigualdades territoriales en las tasas y condiciones de
escolarización de los niños en esta etapa, y definiera con
claridad los requisitos de instalaciones y equipamiento y los de
titulación del profesorado.
Pero no nos podemos quedar estancados en el debate de la LOGSE.
Conviene analizar brevemente los principales datos y las
tendencias marcadas por la acción del Gobierno.
En primer lugar, tasas de escolaridad. Para cuatro años, en los
Presupuestos para 1994 se afirmaba una tasa de escolarización
cercana al cien por cien. Sin embargo, los datos de
escolarización del sector público en el territorio MEC, según
fuentes de los propios Presupuestos para 1994, eran los
siguientes. Tres años: en el curso 1992/93, el 25 por ciento en
plazas públicas, y en el curso 1994/95, 35 por ciento; había
captado una cuota de mercado del 13 por ciento. Para niños de
cuatro años: en el curso 1992/93, el 64 por ciento; en el curso
1994/95, el 67 por ciento. Niños de cinco años: en el curso
1992/93, el 67 por ciento; en el curso 1994/95 el 69 por ciento.
Me estoy refiriendo a territorio MEC, puesto que las tasas de
escolarización en diferentes comunidades, aparte de llegar al
cien por cien, tampoco tengo clara la participación del sector
público/sector privado. Esta penetración progresiva, aunque
insuficiente de los centros públicos en la escolarización, está
siendo apreciada por los centros privados y sus patronales como
una especie de competencia desleal, valoración que ha debido
influir a la hora de presentar esta proposición de ley.
En segundo lugar, quiero hacer una breve referencia a los centros
públicos del Ministerio de Educación y Ciencia que imparten esta
etapa. Van creciendo, según los datos de que dispongo, de 561
centros, en el curso 1991/92, a más de 1.600, en el curso
1992/93.
En tercer lugar, también podemos analizar el número de alumnos de
tres a cinco años escolarizados; la
ratio alumnos/profesores de este ciclo; los gastos de
funcionamiento por curso y por alumno de este ciclo y el número
de profesores, todos estos datos en la secuencia 1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. Ahorro a SS. SS. la
pormenorización de dichos datos, pero no la conclusión de que el
esfuerzo es demasiado lento, aprovechando los recursos del
profesorado que deja sobrante la EGB, primaria y la reducción de
la población infantil de las edades de trece y catorce años.
En cuarto lugar, respecto del análisis del proceso de
regularización de las redes públicas y privadas, destacamos: A)
En formación del profesorado, los cursos convocados para
habilitar profesorado para el segundo ciclo de infantil están
colapsados ante la gran cantidad de solicitudes.
El señor PRESIDENTE: Señor Cruz, le ruego concluya.
El señor CRUZ ORIVE: Voy concluyendo, señor Presidente.
La situación es mucho peor en los centros privados, porque gran
número de profesores carecen de esta titulación. B) En
instalaciones y equipamientos, si bien el Real Decreto
1.004/1991, de 14 de junio, sobre los requisitos mínimos,
establece un plazo para los centros privados, no hay plazo alguno
para los centros públicos, y al no cumplirse la memoria económica
establecida en la LOGSE, pocos centros cumplen las condiciones de
idoneidad que recoge la ley. C) Se carece de la necesaria
coordinación de las múltiples y variadas iniciativas que han
protagonizado las distintas administraciones en los diferentes
niveles. D) En este repaso al análisis de los hechos desde 1990 a
hoy, destacaría también que el ministerio no ha desrrollado el
Título V de la LOGSE, en donde se fijan los instrumentos para
llevar a cabo políticas compensadoras de desigualdades en esta
etapa educativa. Andalucía no llega al 75 por ciento de
escolaridad en alumnos de tres a cinco años en el curso 1994/95,
mientras el País Vasco y Cataluña tienen cubierta al cien por
cien de la demanda de este nivel y dedican sus esfuerzos a la
escolarización de niños de dos años (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Cruz, le ruego concluya.
El señor CRUZ ORIVE: Concluyo, señor Presidente.
De todo lo expuesto, en nuestro Grupo vamos a votar en contra de
la toma en consideración de la proposición de ley sobre gratuidad
de la enseñanza en el segundo ciclo de la educación infantil,
presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, porque dicha proposición no permite
solucionar los problemas reales de la educación infantil ni
desarrolar de manera progresista la LOGSE. Solamente permitiría
dar cobertura a la Xunta de Galicia, que ha subvencionado a
centros privados de esta etapa, obteniendo sentencias contrarias
del Tribunal Superior de Justicia.
La extensión de los conciertos a centros privados tampoco
solucionaría los actuales espacios de no escolarización que
afectan fundamentalmente a las clases populares, a zonas rurales
o a zonas obreras deterioradas de las grandes urbes, no resuelve
las desigualdades en las tasas de escolarización de diferentes
regiones, ni favorece el cumplimiento del requisito de
instalaciones y titulación del profesorado y, por otra parte,
aumenta, la desregulación del sector.
Para terminar, una berve referencia que el señor Ollero hace
insistentemente al tema de la libertad de opción de los padres
respecto al centro. Consideramos, efectivamente, que poca
libertad de opción tiene el padre a quien ya le cuesta discernir
los diferentes currículos, las diversas valoraciones de los
diferentes centros de trabajo, porque no todos los padres están
en la misma disposición a la hora de realizar esta valoración.
Luego, dentro del procentaje de los padres que puedan discernir
están aquellos que, como ya se ha dicho, encuentran más de un
centro en la zona que habitan: pero hay cantidad de zonas rurales
en las que no tendrían esa capacidad de opción.
El señor PRESIDENTE: Señor Cruz, le ruego concluya.
El señor CRUZ ORIVE: Sigamos con los que tienen capacidad de
traslado, los que en las grandes ciudades tienen medios para
disponer de doble vehículo para, además de tener capacidad de
discernimiento, poder optar también a cambiar a un colegio fuera
de la zona.
Yo diría que podemos emplear todo tipo de eufemismos, podemos
emplear todo tipo de tintas del calamar, pero, en definitiva, y
dicho de la forma más prosaica, esta proposición de ley vendría,
ni más ni menos, a que se financiara la enseñanza privada de El
Viso con los fondos públicos del sur de Madrid, de las zonas más
desfavorecidas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular, sobre gratuidad de la
enseñanza en el segundo ciclo de la educación infantil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 142; en contra, 155; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
SOLICITUD DE TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA:
--DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE (Número de expediente 121/000106)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter a la Cámara la tramitación directa y en
lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley por la que
se regulan los servicios de telecomunicaciones por satélite.
¿Acuerda la Cámara la tramitación de esta modalidad?
(Asentimiento.)
Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL SECTOR DE
CONSTRUCCION NAVAL (Número de expediente 162/000239)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ADOPCION
DE MEDIDAS URGENTES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
DE CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOL (Número de expediente 162/000227)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA
INDUSTRIA NAVAL (Número de expediente 173/000095)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no
de ley.
Vamos a proceder a la tramitación, en un debate, de las
iniciativas que figuran con los números 2, 3 y 4,
correspondientes a los puntos II y III del orden del día.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre el sector de
construcción naval.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cuevas. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley, junto con la tramitación de
la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que presenta el Grupo Socialista tiene su razón de
ser en lo que tantas veces hemos discutido en esta Cámara en
referencia al sector naval y a la necesidad de adoptar acuerdos
que permitan la presentación de un plan de competitividad ante la
Comunidad Económica Europea y que, a su vez, haga posible que el
sector de construcción naval en nuestro país sea no solamente
competitivo, sino que tenga su vinculación con el futuro. Por
tanto, no me voy a extender mucho en las razones. Creo que son
conocidas de todas SS. SS.
Quiero recordar algunas cuestiones que me parecen fundamentales
para entender el marco de esta proposición. El acuerdo en el seno
de la OCDE, junto a Corea del Sur, firmado en París en 1994 y
suscrito por España, sobre construcción naval, entrará en vigor,
una vez ratificado, el 1 de enero de 1996. Obliga a los países
firmantes a eliminar todo tipo de ayudas, incluyendo la
reposición de pérdidas, las subvenciones, los créditos
preferenciales y las exenciones de impuestos, así como unas
normas para eliminar la competencia desleal.
Como saben también SS. SS., España, no sin duras negociaciones,
consiguió un período transitorio hasta 1998 supeditado, eso sí, a
la presentación de un plan de competitividad que garantizara la
viabilidad del sector en la Unión Europea antes del 1 de enero de
1996. Debo recordar también que estas ayudas tenían un límite y
estaban previstas para determinadas cuestiones, como ayudas para
la reposición de pérdidas, 89.104 millones, y ayudas a la
reestructuración, 90.000 millones, lo cual hace un montante de
179.104 millones. El plan tenía que tener actuaciones, objetivos
y plazos. Pues bien, señorías, esto es lo que aquí hemos debatido
en profundidad y en sucesivas mociones, interpelaciones y
proposiciones y lo que el Gobierno ha hecho. Presentó el plan de
competitividad e inició la negociación con los agentes sociales.
Desgraciadamente, esa negociación ha sufrido diversas
circunstancias, entre otras, demasiadas confusiones y demasiados
oportunismos interesados, lo que ha provocado que una negociación
que hubiera sido normal dentro de las soluciones de una empresa
haya tenido una repercusión extraordinariamente conflictiva en
algunas zonas de nuestro país.
Digo que ha habido confusiones y oportunismos interesados porque
ha habido quien ha planteado la retirada del plan, ha habido
quien ha echado la culpa a la Comunidad Económica Europea, ha
habido quien ha echado la culpa al Gobierno por su tardanza y ha
habido también personas, responsables políticos, que no solamente
han dicho que se retire el plan, sino que no han presentado
alternativa a dicho plan.
Es también cierto que se ha originado --quizá por unas
circunstancias todavía no explicables-- demasiada confusión en
torno a una negociación, que hoy podemos decir que está próxima
al acuerdo. No quiero entrar más en las vicisitudes de esta
negociación ni cómo se ha desarrollado, ni siquiera las opiniones
que cada uno ha tenido, ni siquiera las consecuencias que ha
supuesto, entre otras cosas, que una sede del Partido Socialista
haya sido asaltada y quemada en la ciudad de Cádiz. No quiero
entrar en todo esto, porque creo que lo que tenemos que hacer es
ponerlo en positivo. La realidad es que todo lo que ha sucedido
nos lleva a estar cerca de llegar a un acuerdo que permita la
viabilidad del sector de construcción naval, la existencia de
esta actividad y, por tanto, el mantenimiento de muchos puestos
de trabajo en nuestro país. Yo creo que eso es lo que nos tiene
que guiar, y es lo que inspira esta proposición no de ley.
La proposición inicial que presentó el Grupo Socialista tiene un
punto primero en el que venimos a decir que se asegure que el
plan estratégico de competitividad finalmente aprobado para su
remisión a la Comisión Europea garantice la viabilidad y la
estabilidad económica a medio plazo de la construcción naval, que
no es sólo un objetivo del Gobierno, sino también de los
trabajadores afectados, porque si no se hace un plan que tenga
estas características, van a perder su posibilidad de seguir
manteniendo su empleo. Por tanto, interesa al Gobierno, a los
trabajadores y a toda la sociedad, y creo que también a los
Grupos de esta Cámara, teniendo en cuenta que tenemos que
conseguir en ese plan incrementar la productividad, reorientar la
oferta y ganar cuotas de mercado, así como el establecimiento de
un sistema de garantías que, por otra parte, también ha sido
objeto de debate en esta Cámara y que ha sido aprobado con la
unanimidad de todos los Grupos; un sistema de garantías que
permita obtener facilidades en la financiación y en la viabilidad
financiera en la construcción de buques.
En el segundo punto se solicita que ese plan --y era otra
condición que nosotros poníamos desde el principio-- sea
negociado y pactado entre la empresa y los sindicatos.
El tercer punto se refiere a que dicho plan no suponga el cierre
de ninguno de los centros de trabajo de Astilleros Españoles.
Bien es cierto que al principio, cuando se presentó el plan de
competitividad, una de sus premisas pasaba por la privatización
de algunos astilleros y también por el posible cierre de otros.
Nosotros hemos entendido también desde un primer momento que era
un plan para negociar y que, por tanto, podía salvarse la
posibilidad de que el plan fuera un instrumento válido para
conseguir esa competitividad y eso no tuviera que hacerse a costa
de cerrar ningún centro de trabajo. Hoy parece que se ha llegado
a ese acuerdo y que estamos en esa situación. Casi no tendría
sentido este punto, pero creemos que no está mal volver a
ponerlo.
También decimos en la proposición que se articulen medidas de
acompañamiento laboral de análoga naturaleza a las aplicadas en
planes anteriores, de
modo que estos ajustes que vayan a realizarse se produzcan
mediante acuerdo, y que se articulen programas de formación y de
reciclaje para los trabajadores afectados.
Igualmente, en el punto 5 decimos que dicho plan, una vez
acordado y al igual que con el plan inicial, sea conocido por los
ayuntamientos y comunidades autónomas directamente interesados, a
fin de que puedan arbitrarse fórmulas de colaboración en la
ejecución del mismo por parte de estas instituciones. Algunas se
han interesado más, otras menos. Creemos que es fundamental que
esto se haga, porque puede haber una significativa colaboración
de algunas comunidades que están dispuestas a hacerlo.
El punto 6 dice que se apoyen, en cooperación con las otras
administraciones públicas afectadas, iniciativas que tengan por
objeto minimizar el impacto negativo del ajuste, a la vez que
generen en las comarcas afectadas una dinámica económica
positiva; pueden ser actuaciones de diversificación económica
dirigidas a la creación de empleo y a la absorción de excedentes
laborales, así como a la creación de infraestructuras que
potencien el desarrollo económico de dichas comarcas.
La verdad es que el lunes pasado tuvimos otro debate sobre este
mismo asunto en la Comisión de Industria y también hemos conocido
iniciativas de otros Grupos y enmiendas a esas iniciativas.
Basándonos en ello, en este plazo de tiempo el Grupo Socialista
ha intentado y ha creído que era posible llegar a un acuerdo de
esta Cámara para sacar una resolución --después de una larga
negociación conflictiva, como he dicho, en algunos puntos,
después de muchas incomprensiones-- de apoyo al sector naval y al
acuerdo que se pueda producir en la mesa de negociación entre
empresa y sindicatos.
Con ese interés hemos presentado una enmienda de sustitución,
tanto a la proposición no de ley como a la moción, en la que
recogemos algunas iniciativas de otros grupos. No la voy a
concretar paso a paso, ya que la conocen SS. SS., pero algunos
puntos ya estaban recogidos en la nuestra. Con esta enmienda de
sustitución modificamos la redacción para dar satisfacción a
otros grupos y también porque nos parece que puede quedar más
claro el sentido de lo que todos queremos decir. Por ejemplo el
punto 2, que el plan estratégico de competitividad promueva la
mejora de la estructura financiera del sector, culminando las
iniciativas aprobadas de provisión de garantías para el sector
naval, de acuerdo con la proposición no de ley aprobada por
unanimidad en esta Cámara. Es cierto, en este plazo el Gobierno
ya ha tomado iniciativas en este sentido, que no están
culminadas. Por tanto, casamos ambas cosas e instamos a que se
culmine ese proceso.
Incluimos el punto número 3, que estaba recogido en una
iniciativa del Grupo Popular, en el que se pide que el plan
estratégico de competitividad promueva el aumento de las
inversiones, la innovación tecnológica y el incremento de I+D en
la construcción naval, así como que potencie la participación de
sectores en los programas nacionales e internacionales de I+D. Es
cierto que recogíamos en nuestra proposición esta preocupación.
Ahora la ampliamos y lo ponemos más claro en un punto y aparte
porque creemos que eso puede ayudar a lograr un acuerdo.
En el punto 9 de esta enmienda de sustitución se insta al
Gobierno a que se fomenten las medidas tendentes a la renovación
de las flotas mercantes y pesqueras, instrumentando las
normativas que las favorezca y aprovechando al máximo, en su
caso, las ayudas planteadas por la Unión Europea. Este no es un
tema específico de la negociación que se está efectuando ahora
mismo, pero creemos que fomentar la renovación de la flota
mercante y pesquera puede ser también un instrumento de apoyo
para la construcción naval y es interesante que se recoja en esta
proposición.
El punto número 10 dice que se apoye a la construcción naval a
nivel comercial, tanto directamente como en la creación de redes
internacionales de comercialización. Es cierto que este es uno de
los problemas que pueden existir a la hora de conseguir pedidos
para nuestros Astilleros, por lo que nos parece que ésta es una
medida interesante que puede estar acogida en esta proposición.
Señorías, quiero transmitirles el espíritu con que mi Grupo
presenta esta proposición. Entendemos que debe servir para ayudar
en este proceso que en algunos puntos ha sido, como he dicho,
conflictivo, y en otros doloroso, porque va a haber excedentes
laborales. Queremos que este proceso sea lo más dulce posible
para esas situaciones. Queremos que se implementen esas medidas.
Queremos ayudar con esta proposición a que la negociación sea una
realidad. Respetamos la libertad de las partes que están
negociando y creemos también que con ese plan de competitividad
podemos tener, por lo menos la convicción de que estamos
dotándonos de un instrumento positivo para garantizar el futuro
de nuestro sector. Esto no cercena niguna expectativa ni condena
ningún límite de producción. Creemos que cuando los astilleros
sean productivos será posible incrementar esa cuota de producción
que tenemos ahora mismo. Por tanto, no hay que tener ninguna
duda, ni hay que tener tampoco ninguna preocupación porque muchos
de los excedentes que hay ahora, seguramente con plantillas
nuevas y rejuvenecidas, estarán trabajando en unos astilleros que
estén produciendo más y que estén haciendo viable un sector que,
de otra forma, estaría condenado al ostracismo y al fracaso y,
seguramente, nos lamentaríamos mucho de no haber puesto estas
medidas en marcha a tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
Por el Grupo Popular, y para la defensa tanto de su proposición
no de ley como de las enmiendas presentadas a las iniciativas del
Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, nuevamente se plantea ante la Cámara una serie de
iniciativas de todos los grupos políticos, Izquierda Unida,
Partido Socialista y Grupo Parlamentario Popular, tendentes a
aprobar una serie de medidas complementarias para que el sector
de la construcción naval en España sea realmente competitivo, un
sector de futuro y un sector que pueda volver a recobrar
actividad y crear puestos de trabajo en España de cara a un
futuro al que se ha referido en su intervención el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuevas, pero del que yo no
quería dejar de hacer algunos comentarios a las reflexiones
iniciales, teniendo en cuenta que no vamos a volver atrás en el
debate, que vamos a mirar hacia el futuro y que por ello hemos
presentado esta serie de iniciativas.
Señor Cuevas, quiero decir con toda claridad, que esto es lo que
ha venido haciendo el Grupo Parlamentario Popular desde hace
muchos años. Y no quiero repetir ahora lo que el Ministro nos
decía el pasado lunes. El Partido Popular no dice ahora: ya lo
decía yo. En modo alguno pretendemos echar en cara que ya lo
decíamos nosotros. Simplemente queremos que se sepa que en su día
hemos planteado diversas iniciativas que, de haberse adoptado en
su momento, hubieran corregido, cuando menos, la situación actual
que vive el sector de la construcción naval en España.
Si bien es cierto que el acuerdo de la OCDE entrará en vigor el
día 1 de enero de 1996, señor Cuevas, no es menos cierto que
desde el mes de septiembre del año pasado en que se conoce, o
desde el mes de diciembre en que se aprueba, se han perdido
muchos meses hasta la presentación del plan estratégico de
competitividad en el pasado mes de junio. Realmente, si había que
negociar contra reloj, ha sido una pérdida de tiempo lastimosa la
que ha habido para tratar de conseguir una serie de medidas que
paliaran, en gran medida, la situación en la que nos encontramos
en la actualidad.
Tengo que dejar claro también que el Grupo Popular no presentó
una enmienda de modificación sino de retirada del plan
estratégico de competitividad, no por creer que no hacían falta
medidas complementarias para salir de la situación en la que nos
encontramos, sino simplemente porque la base de partida nos
parecía, simple y llanamente, inaceptable. Hay que reconocer que
del plan estratégico de competitividad inicial, con la reducción
de 5.200 puestos de trabajo, con el cierre de los centros de
Cádiz y Sevilla, con la desinversión de Barreras, de Juliana y de
Astander, con la negociación a plazo cerrado antes del día 15 de
agosto, con la renuncia a las reparaciones y con una serie de
medidas que allí se enunciaban, no tiene nada que ver con la
actual situación y con la actual propuesta de la Administración
que en estos momentos negocia con los agentes sociales.
Por lo tanto, a la hora de hablar de procesos de reconversión y
antes de achacar a nadie que se apunta a un bombardeo, hay que
decir que cuando hay conflictividad laboral, conflictividad
social en ciudades como Sevilla, Cádiz, El Ferrol o Gijón,
alguien tendrá algo que decir, cuando menos para hacer ver que
los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara tenemos
realmente algo que decir en estos procesos de reindustrialización
de España.
Dicho esto, señorías, habrá que recordar --y termino mi fase de
recuerdos-- que desde el año 1984 que se inicia la reconversión
naval venimos oyendo periódicamente a todos los Ministros de
Industria, a los señores Solchaga, Croissier, Aranzadi y ahora el
señor Eguiagaray, que es necesario realizar una serie de ajustes
en las plantillas sobre medidas complementarias para que en el
plazo menor posible hagamos competitivo este sector. Y yo me
pregunto: ¿es que puede haber credibilidad a lo largo de esta
trayectoria en las medidas que se han adoptado hasta ahora? ¿Se
puede pedir credibilidad no sólo a la Cámara, sino a los sectores
sociales, cuando se han incumplido reiteradamente las
afirmaciones realizadas desde esta tribuna por diferentes
Ministros de Industria?
Termino con este episodio y paso a defender, señor Presidente, a
la proposición no de ley que presenta al Grupo Parlamentario
Popular. Nosotros creemos que es imprescindible que se llegue a
la polivalencia de los trabajadores, a que se incremente la
productividad de una manera clara con la aceptación de turnos y a
que la reestructuración de la producción vaya encaminada a que
los excedentes que se produzcan sean selectivos y nunca se haga
de forma similar a la reindustrialización, a la pretendida
reconversión de 1984, que de manera exclusiva realizó los ajustes
de plantillas en función de edades, con lo que la
descapitalización humana y de personal de los astilleros ha
conducido al actual desorden y a la desorganización que existe en
todas las plantas de los astilleros en España.
Sin entrar en lo que es la negociación interna entre la agencia
estatal y los agentes sociales, la Cámara debe pronunciarse en
algunos sentidos, porque, vuelvo a repetir, nosotros no
consideramos que los astilleros públicos sean patrimonio de los
depositarios de la confianza del Gobierno de la agencia
industrial del Estado ni, muchísimo menos, de los agentes
sociales que están negociando. Con razón de más, esta Cámara
tendrá que pronunciarse sobre el futuro de la construcción naval.
Por ello, hemos presentado una proposición no ley clara que, como
primera medida, pretende que se cumplan los acuerdos de la
Cámara.
¿Cuál es uno de esos acuerdos? El aprobado en marzo de este
pasado año en cuanto a la creación de fondos de garantía para la
construcción naval que cubra
los tramos de hipoteca que no cubre la banca oficial. Lo hemos
presentado, sabemos que el Gobierno ha dado pasos, sabemos que
desde el Ministerio de Industria se sigue con preocupación el
tema, sabemos que entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio
de Economía están tratando de ponerse de acuerdo, pero sabemos
también que cinco meses después de haberse aprobado han sido
incapaces de que este mecanismo esté a disposición de aquellos
constructores que quieran utilizarlo. Por tanto, instamos al
Gobierno a que, de una manera rápida y eficaz, sea capaz de poner
a disposición de los administrados este mecanismo aprobado;
incluido por el propio Partido Socialista.
En el segundo punto solicitamos que se promueva la mejora
financiera de los astilleros, porque en relación con esos 45.000
millones de pesetas de pérdidas de los que se habla
constantemente habría que dar un dato claro que está recogido en
la memoria de la propia dirección de Astilleros Españoles: el
valor de venta y de producción del año pasado de Astilleros
Españoles ha sido de 90.000 millones de pesetas y las pérdidas
que se han originado, es decir, lo que ha costado al final, las
pérdidas que ha tenido por costes de producción, han sido 91.000
millones de pesetas, lo que quiere decir que el año pasado ha
habido 1.000 millones de pesetas de pérdidas exclusivamente en
costes de producción. ¿Qué quiere decir ello? Que hasta esos
45.000 millones de pesetas lo que hay es una carga financiera
permanente, una falta de abono por parte de la Administración de
las primas a la construcción naval en su debido momento y que los
astilleros tienen que estar trabajando acudiendo al crédito,
soportando unas cargas financieras que si las primas provenientes
de la Unión Europea se abonaran a su debido tiempo, no se
originarían.
En ese sentido, lo que solicitamos del Gobierno es que proponga
la mejora de la estructura financiera de los astilleros.
Solicitamos que se promueva el incremento de inversiones en
innovación tecnológica, lo venimos solicitando desde hace años, y
el Gobierno viene diciendo que lo está haciendo y viene
presupuestando anualmente cantidades en innovación tecnológica,
pero, desgraciadamente, después de once años seguimos oyendo
decir al señor Ministro de Industria que nuestros astilleros
siguen siendo anticuados, que no podemos construir barcos
modernos, que tenemos que seguir haciendo buques repetitivos y
que o nos metemos en el mercado de petroleros o no sabemos hacer
otra cosa. Realmente, es lamentable que con todas las inversiones
en I+D que se han producido desde 1984 hasta ahora nos
encontremos en una situación tan precaria como la del año 1984.
¿Por qué pedimos la potenciación en la participación del sector
de construcción naval de las industrias auxiliares? Por una
realidad lamentable: España tenía unas industrias auxiliares
dentro del sector naval de las más competitivas en Europa y
capaces de exportar tecnología al resto de los países del mundo.
¿En qué situación nos encontramos hoy en día? La situación actual
es que la descapitalización y la desinversión que ha habido en
los astilleros ha arruinado la industria auxiliar de la
construcción naval. Dirán ustedes: póngannos ejemplos. En Puerto
Real, en Cádiz, los buques de desarrollo moderno, de innovación
tecnológica, ya no se pueden encargar a empresas de ingeniería
nacionales, porque no las hay. Ahora tenemos que encargar a
Deltamarin, una empresa finlandesa, que nos haga los desarrollos
de diseño y de ingeniería. Es realmente lamentable. Por eso
pedimos que se promuevan las industrias auxiliares con la
inversión y el desarrollo, tanto a nivel nacional como europeo.
También requerimos del Gobierno, señorías, una aplicación de su
propio programa nacional de formación profesional inicial y
ocupacional en el ámbito de la construcción naval, fomentando la
recualificación y rejuvenecimiento de las plantillas actuales. Y
demandamos, una vez más, que se mejoren las condiciones del
segundo registro de Canarias. Dirán que se están haciendo
avances, pero son muy lentos y lo venimos demandando desde hace
años. Y no me digan que es competitivo, cuando ni siquiera las
empresas estatales se abanderan en el segundo registro de
Canarias y siguen acudiendo a banderas de conveniencia de
terceros países. Algo habrá que mejorar este segundo registro. El
Gobierno dice tener voluntad de hacerlo, pero no se trasluce ni
se palpa en ningún tipo de normativa.
Pedimos que se fomenten medidas tendentes al plan de renovación
de flota mercante y al plan de renovación de la flota pesquera.
Yo creo que estos instrumentos ya han sido explicados en
innumerables ocasiones por la obsolescencia de la flota mercante,
que supera los 20 años de edad media, y por la necesidad de
reestructurar nuestra flota pesquera, obsoleta y antigua en
muchas ocasiones, que vendría muy bien reorganizar y reordenar
para que pudieran acudir a caladeros más distantes de los que hoy
en día tenemos. Me vienen en este momento a la memoria los
problemas que estamos teniendo con el Reino de Marruecos.
Pedimos que se incluya la construcción naval en las acciones de
Estado a nivel comercial, apoyando y creando redes
internacionales de marketing y comercialización, porque no les
quepa la menor duda de que los auténticos expertos en materia de
construcción naval son los que lo conocen, son los que lo quieren
y son los que conocen a nivel internacional dónde hay que
penetrar y en qué nichos de mercado conviene entrar en cada
momento.
Otro punto habla de la defensa activa y eficaz de nuestros
intereses en los organismos e instituciones internacionales y del
cumplimiento por nuestros competidores de los acuerdos OCDE del
sector. Porque hay países --y conviene recordarlo-- que, al
margen de estos acuerdos de la OCDE, no cumplen ni han cumplido
esos puntos que ahora aprobamos y que estoy seguro que España
será de los primeros en cumplir.
Pedíamos en una enmienda de adición a esta ya presentada el 8 de
septiembre --por cierto, 14 días antes
de la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que se
acaba de debatir con anterioridad-- crear una comisión nacional
de expertos integrada por los miembros de la propia División de
Construcción Naval, que no tienen por qué ser ajenos a esta
condición, capaces de proponer en su momento las iniciativas y
los mercados a los que debemos acceder.
En definitiva, señorías, la proposición no de ley lo único que
hace es plantear ante la Cámara medidas tendentes a la
recuperación del sector y no a criticar las actuaciones del
Gobierno, sino simplemente a recordar lo que ha pasado hasta hoy
y tratar de corregirlo en el futuro. En ese sentido, yo creo que
todos los grupos políticos coincidimos en que lo mejor es
presentar iniciativas como las que, una vez más, presenta el
Grupo Parlamentario Popular.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a nuestra
proposición no de ley que el Grupo Popular acepta, y se lo digo
en este momento desde la tribuna. Lo acepta porque asume la
filosofía general de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular y la mejora en algunos aspectos. No
me duele en prendas reconocerlo. Sin embargo, tengo que decir
que, por ejemplo, en el punto 1 de su enmienda de sustitución no
entendemos por qué ha de aparecer «en un entorno de actividad no
subvencionada», puesto que ya lo sabemos, y, sin embargo, España
tiene una moratoria hasta el año 1998. Nos gustaría que en su
primer apartado no figurara, entre esas comas, «en un entorno de
actividad no subvencionada».
En el punto 4, señorías, ya que el 2 y el 3 coinciden plenamente
con los posicionamientos del Grupo Parlamentario Popular, se
propone que este plan estratégico de competitividad sea negociado
y pactado entre la empresa Astilleros Españoles y los sindicatos
más representativos de dicha empresa. Nosotros creemos que debe
ser pactado entre todos los sindicatos, porque, por pequeña que
sea, tienen representación. Por tanto, representan a un entorno o
a una determinada sección o facción de los trabajadores de cada
una de las empresas.
El punto 5 dice: «Que dicho Plan no suponga el cierre de ninguno
de los centros de trabajo en Astilleros», suponiendo que esto se
refiera por supuesto a la salud, si es que ha analizado ya el
Ministro de Industria esta materia.
En el punto 6, a nosotros nos gustaría que se incluyera el final
del apartado 1.5 de la proposición no de ley literalmente, la del
Grupo Parlamentario Popular, que la formación ocupacional en el
ámbito de la construcción naval (y referido a la construcción
naval), fomentando la recualificación y rejuvenecimiento de las
plantillas actuales.
Por lo demás, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, que
entiende que se hace un esfuerzo de acercamiento en este momento
por todos los grupos de la Cámara para tratar de conseguir
medidas que sirvan al relanzamiento del sector, no tendrá el más
mínimo inconveniente en dar su voto favorable a la enmienda que
plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández
de Mesa.
Para la defensa de la moción presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y, a la vez, para la
defensa de sus enmiendas presentadas a las otras dos iniciativas,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, confío en que estemos ya en los momentos finales de
uno de los conflictos más duros que se han vivido en esta
legislatura y uno de los conflictos en que se han dado más
despropósitos en la acción del Gobierno durante el proceso de
reconversión de los astilleros, que hasta ahora no merece ese
nombre de reconversión sino que simplemente es un proceso de mera
destrucción de empleo. En este proceso es cierto, como han dicho
los portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido,
que las propuestas que hoy planteamos aquí, desde esta tribuna,
han ido aproximándose. Pero, señorías, quien ha ido aproximando
estas propuestas no han sido los grupos parlamentarios, sino que
la ciudadanía de las poblaciones afectadas es la que ha ido
imponiendo el criterio de que realmente el plan estratégico de
competitividad que se planteó, a nuestro juicio, de forma
absolutamente irresponsable por parte del Gobierno, a principios
del mes de julio, ha sido unánimemente rechazado en las capas
sociales y en las poblaciones que se veían más afectadas por el
mismo. Por tanto, el acercamiento de posiciones viene desde la
propia movilización popular, que es la que ha hecho que vayan
retrocediendo paso a paso las líneas fundamentales de este plan
estratégico de competitividad que se presentó en julio de 1995.
Quiero decir con esto, para ser más explícito, que las líneas
fundamentales que se plantearon en julio y que presentaba
fundamentalmente el Gobierno, aunque nunca quiso decir que era el
autor de ese plan estratégico, eran que había que cerrar varias
factorías de Astilleros y que había que ir a una reducción de
5.200 excedentes de plantilla. Esas líneas han quedado
completamente dinamitadas en el proceso de negociación y de
debate de este plan estratégico. Ya es aceptado por todos que no
se puede cerrar ninguna factoría y que la cifra de los 5.200
excedentes es absolutamente insólita, absolutamente superior a
las necesidades reales que tiene la plantilla de Astilleros. Yo
creo que estas dos propuestas iniciales, que fueron las dos ideas
fuerza que se marcaron desde la División de Construcción Naval,
nada más y nada menos que el portavoz del Ministro Eguiagaray en
todo este proceso, no se llega a entender cómo se plantearon en
un principio cuando
estas líneas fuerza se ha visto que están faltas de contenido
absolutamente.
Creo que no son argumentos las excusas de los acuerdos de la OCDE
que exigían que no hubiera subvención a los astilleros desde el
año 1998. Mi grupo parlamentario no lo considera así. No puede
ser arguido como motivo básico a partir del cual se plantea una
destrucción de empleo de tal naturaleza y una destrucción de
factorías que significa, además, la imposibilidad, cara al
futuro, de generar empleo en las zonas más afectadas. Eso no ha
sido justificado. Que el propio Ministro de Industria en ningún
momento haya querido dar la cara sobre este asunto, solamente
cuando las circunstancias le han obligado, indica hasta qué punto
los argumentos no eran sólidos y no había una facilidad
argumental para defenderlo ante la sociedad.
Yo creo que este conflicto demuestra que hay algunos conceptos
que se blanden con determinada frivolidad. A nuestro juicio,
cuando se habla del no intervencionismo de la política en la
cuestión industrial se está hablando de algo absolutamente falso,
independientemente de las posiciones políticas de cada cual. Hoy
en día las mociones que se plantean en esta Cámara indican que
todos los grupos parlamentarios tienen posiciones
intervencionistas, en un sentido o en otro pero las tienen. Y
pensar, cara al futuro, que cualquier opción de Gobierno en este
país en el sector industrial debe actuar únicamente desde el
mercado puro y duro, sin una política industrial, sin un
intervencionismo industrial, creo que es hablar de una utopía
irrealizable. Este país necesita intervencionismo industrial, y
nosotros lo plantearemos en el sentido de la máxima planificación
posible y de la incentivación del empleo industrial. Pero
intervencionismo industrial manifiestan absolutamente todas las
mociones y proposiciones no de ley que se plantean hoy en día en
esta Cámara.
Otra cuestión que creo que es importante, que va a quedar como
fondo de este asunto y que es interesante resaltar políticamente
es que quien ha quebrado la política gubernamental desde el
principio hasta el último momento no han sido, ni muchísmo menos,
los actos violentos, como parece traslucirse desde determinados
focos de opinión. Quienes han quebrado esa posición gubernamental
han sido las movilizaciones populares, el sentir unánime
expresado en todas las poblaciones que, independientemente de que
unos ciudadanos u otros se adscriban a determinado sesgo
político, cuando ven que les afecta una medida de esta naturaleza
salen a la calle porque saben que la globalidad de la ciudadanía
queda afectada y que comarcas enteras quedan condenadas al
ostracismo y a la miseria en el caso de que desaparezcan estas
industrias. Por tanto, las lecciones políticas que de este
conflicto saca mi grupo parlamentario son que la línea de
intervencionismo político en la industria la consideramos
correcta y que cuando el pueblo se manifiesta en la calle
reivindicando opciones justas, esas opciones finalmente tienen
que ser atendidas por los gobiernos de turno.
Mi grupo parlamentario, al margen de estas lecciones políticas
que yo creo que son bastante objetivas en su manifestación,
considera --y así lo expresa en la moción-- que la solución de
este problema debe plantearse en la línea de que debe ser real la
actividad que de cara al futuro se planteen las factorías
afectadas desde un principio por el plan estratégico de
competitividad. Nosotros no creemos ni queremos que las factorías
queden abiertas como un lugar de vacaciones, de ostracismo, de
mera subvención camuflada. No queremos eso. Nosotros pensamos que
la actividad naval tiene futuro en este país. Lo pensaban los
sindicatos desde el principio, así como que se han hecho
sacrificios importantes para que esa actividad tenga futuro y que
si se implementan las medidas de I+D, si se implementan las
tecnologías apropiadas en nuestras factorías navales, esa
actividad tiene futuro. Por tanto, nosotros queremos que haya una
productividad real en todas y cada una de las factorías de
Astilleros que existen en nuestro país.
Nosotros apostamos, también de forma clara, por el
rejuvenecimiento que se ha producido en las plantillas existentes
en cada una de las factorías. Una de las secuelas gravísimas de
la reconversión del año 1984 es que entre el año 1984 y el año
1995 no ha habido, prácticamente, trabajadores jóvenes que se
vayan incorporando a las factorías de Astilleros, y esto ha dado
como consecuencia que las plantillas se han ido envejeciendo, se
han ido haciendo cada vez más obsoletas y se ha entrado en una
dinámica en la que parecía que las diferentes factorías de
Astilleros estaban condenadas a un resultado final desastroso.
Nosotros pensamos que las factorías necesitan que se incorporen
la mayor cantidad posible de jóvenes. En la moción que Izquierda
Unida presenta a la Cámara planteamos un número que, a nuestro
juicio, es absolutamente sensato, el de un 25 por ciento de los
excedentes. Si los excedentes van a ser 3.850, como se está
planteando en la mesa de negociaciones entre los sindicatos y
Astilleros, creo que estamos hablando de un número aproximado de
90.000 jóvenes. Por tanto, un 25 por ciento dicen los sindicatos
y Astilleros están hablando de 1.200. Es decir, no estamos
planteando medida alguna que exceda, de ninguna forma, de lo que
se está discutiendo entre los sindicatos y Astilleros. Creemos
que es bueno que eso quede políticamente sancionado; que quede
sancionado que está Cámara considera que una industria de esta
naturaleza debe rejuvener sus plantillas; que no sólo sea una
decisión que se adopta en las mesas de negociación entre las
partes, sino que creemos que también debe
expresarse una voluntad política sobre ello. Nosotros que
dudamos, como hemos planteado al principio, de que se pueda
aplicar el criterio de mera autonomía entre las partes, sino que
hay una intervención política, creemos que también debe haberla
en lo positivo. Y lo positivo es que las plantillas se
rejuvenezcan en Astilleros.
Un punto que nos parece importante en nuestra moción es implicar
al Gobierno de la nación, junto con las comunidades autónomas, en
la planificación industrial de las zonas que están afectadas por
esta, repito, hasta ahora mera destrucción de empleo, y que sólo
podremos hablar de que sea reconversión en el caso de que se
adopten medidas de la naturaleza que plantea Izquierda Unida en
su moción. Solamente podremos hablar de reconversión en el caso
de que se tome el compromiso político de que se va a invertir en
industria, que se van a planificar las infraestructuras
necesarias para esa industria, y que se van a comprometer los
recursos necesarios para que esa industria vaya hacia delante. En
ese momento podremos hablar de reconversión. Hasta ahora no
podemos hablar de reconversión. Hasta ahora sólo podemos hablar
de que se van a destruir probablemente, si las conversaciones
terminan como parece, 3.850 empleos. Ojalá podamos hablar de
reconversión. Ojalá no nos encontremos ante una nueva situación
como la del año 1984, que detrás del corte de empleo en
Astilleros sólo hubo medidas de subsidio, sólo hubo medidas de
prejubilación, sólo hubo medidas de bajas incentivadas. Nosotros
no queremos sólo eso. Nosotros queremos que sobre todo haya
reconversión, que sobre todo haya inversión industrial, que sobre
todo haya planificación industrial para las zonas.
Señoras y señores Diputados, confío en que de este conflicto, de
esta situación saquemos lecciones políticas y sepamos que los
pueblos no aceptan de una forma tranquila, no aceptan cómodamente
que les recorten el empleo, sino que les den la posibilidad de
sentirse personas, de sentirse útiles a la sociedad. Creo que ha
habido respuestas a este conflicto de Astilleros, sobre todo en
las comarcas más afectadas, Sevilla y Cádiz, que no quieren ser
subsidiadas, que se niegan a ser señaladas con el dedo por el
resto del Estado y les digan ahí están los subsidios
fundamentales, que ahí se dilapida el dinero del subsidio. Son
zonas que quieren estar en pie de igualdad con todos y cada uno
de los territorios del Estado español; son zonas trabajadoras que
desean seguir siéndolo y están orgullosas de sí mismas. Por eso
nosotros proponemos estas medidas que planteen, de cara al
futuro, que sean zonas en las que haya una auténtica reconversión
industrial.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya dije con motivo de la presentación de la interpelación
por parte de Izquierda Unida la pasada semana, además de las
opiniones personales expondré las opiniones del Grupo Vasco y las
que la Administración vasca ha venido mostrando tanto al
Ministerio de Industria como a los representantes de los
astilleros en la materia que nos traen a este Pleno las dos
proposiciones no de ley.
En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular comenzaré diciendo que alabo su sentido de
la oportunidad y, sobre todo, que venga planteada con esta
urgencia. Sin embargo, tengo la impresión de que, aprovechando el
viaje y la presentación del plan estratégico de competitividad,
se sigue acosando al Gobierno no sé si destacando más finalidades
que ésta, y eso a pesar de lo que ha dicho su representante aquí.
Lo digo porque citando el plan estratégico de competitividad en
la introducción, me hubiera gustado que se hiciera más referencia
a él para haber conocido más opiniones, y tampoco se ha aludido
al mismo en la tribuna. Piden que se cumpla la proposición no de
ley sobre provisión de garantías que en su momento se planteó, lo
cual me parece muy oportuno. Creo que ya está cumpliéndose aunque
desconozco con qué eficacia. Piden que se mejore la estructura
financiera de los astilleros, cuestión que posteriormente se
asume en una enmienda de sustitución por parte del Grupo
Socialista, pero no se nos dice cómo, lo cual es totalmente
necesario. Y poco más de nuevo encuentro en esta proposición
puesto que los restantes puntos, que todos podemos asumir y que,
de hecho, como tales los asumiríamos, tienen su reflejo
presupuestario, como es el caso de la investigación y el
desarrollo, asumidos por la gerencia del sector naval y la
Comisión Europea, pero me parece muy importante subrayarlo, tal y
como se hace en la proposición no de ley.
También he encontrado algunos puntos de interés en la proposición
del Grupo Socialista. Sin embargo, veo que es una mezcla de apoyo
moral al plan estratégico y, por otra parte, un apoyo moral a las
centrales sindicales que dicen oponerse a dicho plan estratégico.
Hace una advertencia subliminal a las comunidades autónomas, a
las que no deja participar en ningún plan de reconversión, ni
siquiera admite las sugerencias que se vayan a realizar por su
parte, y, sin embargo, se les dice que vayan preparando las
ayudas en apoyo solidario al sector naval, que irremediablemente
hay que reconvertir y que va a afectar a las zonas donde
gobiernan esas comunidades autónomas.
Entre sus puntos hay dos que nos preocupan. El punto 4, que se
mantiene en la enmienda, pide que se articulen medidas económicas
que eleven las indemnizaciones, faciliten las prejubilaciones o
que faciliten poner el contador a cero en el caso de trabajadores
con desempleo consumido. Si de aquí se deriva --y éste es un tema
que quiero subrayar-- que en otros casos de ajuste laboral
también va a poder aplicarse, nos
parece muy bien, además consideramos que como tal debería
indicarse, pero asumamos a su vez que el agujero financiero del
déficit público va a incrementarse y que en todo caso debería
asumirse como un importante coste social en función del
mantenimiento o la generación del empleo.
El punto 5 también es preocupante. Todos los grupos queremos
conocer el plan estratégico, decimos defenderlo y consideramos
que debe presentarse en Europa con el mayor rigor posible.
Suponemos que existe, pero esta Cámara no lo conoce. A esta
Cámara se lo han contado en diferentes comparecencias
representantes del Gobierno. Por lo que ha trascendido de las
negociaciones entre las partes se deduce que no se está
negociando el plan estratégico, sino únicamente el ajuste laboral
y las condiciones de las prejubilaciones y bajas, temas
importantes, pero dos meses después de iniciado el conflicto
nadie habla de futuro. Todavía no se ha entrado a aclarar,
discutir y definir las condiciones de futuro de las plantas
afectadas, hecho que para nosotros es tan importante para
asegurar el empleo y la actividad industrial como discutir sobre
el ajuste, porque el empleo del futuro depende precisamente de
este programa industrial del futuro.
Los datos conocidos hasta ahora tampoco nos permiten análisis
profundos sobre el PEC; por un lado, porque la mayor parte del
mismo contiene, según se nos ha informado, argumentos de tipo
estándar en estos planes que podrían hacer referencia a una
fundición o a una fábrica de máquina herramienta; por otro,
porque cuando citan cifras se ha hecho de un modo global, sin
hacer un estudio analítico por unidades de negocio, tema que
hubiera sido de mucho interés, sobre todo de un interés
particularizado cuando se exige, por otra parte, la colaboración
futura de las comunidades autónomas; tema éste que no conocemos
si se ha hecho y, aunque se afirma haberlo hecho, sin embargo, el
PEC es un compendio que parece ser de los mismos, pero no lo
conocemos. Señalamos esto porque, iniciándose ahora la fase de
negociaciones con los representantes de los trabajadores, no
podemos predecir durante cuánto tiempo van a discutir el número
exacto de excedentes antes de consensuar los mecanismos para las
bajas y las cifras de indemnización. Parece ser que, hoy por hoy,
éste es el centro del debate; tema que indico importante y donde
hay que dejar libertad a las partes para que puedan llegar a un
acuerdo. Pero sobre todo son las medidas de industrialización que
interesen a municipios y comarcas afectados precisamente por la
reconversión naval las que deben ser, ya desde ahora, también
discutidas.
Entrando en lo que respecta a las comunidades autónomas, en
particular a la comunidad autónoma a la que represento, conforme
también con lo que he manifestado aquí con motivo de la
interpelación de Izquierda Unida sobre el sector naval el pasado
martes y dentro del espíritu de competitividad y solidaridad que
allí manifestaba, debemos exigir la consolidación de los
astilleros españoles (en este caso el de Sestao como astillero
competitivo, pero puede ser aplicable a otras comarcas del
Estado) de una vez por todas. Son ya muchos años los que se
llevan en este proceso, y no es sólo un proceso de ajuste sino de
productividad y de competitividad. Al mismo tiempo, la generación
en el caso de Sestao, del que estoy hablando, de 415 nuevos
desempleos, no prejubilaciones precisamente, a pesar de las
indemnizaciones de las que parece que se está hablando en las
negociaciones, 8 millones de pesetas por trabajador, en una zona
tan afectada por el paro como la margen izquierda, dará
necesariamente pie a peticiones al Gobierno vasco por las
instituciones locales para mediar en el conflicto. Vuelvo a
insistir en que si se debe participar en las soluciones por los
problemas creados por la reestructuración, también debe tomarse
parte y reconocerse que se tome parte y tenerse en cuenta los
criterios de la comunidad autónoma concretamente en los planes de
reestructuración, y sobre todo de gestión, de las nuevas empresas
resultantes.
Se nos propone una enmienda de sustitución que viene a refundir
tanto la proposición no de ley del Grupo Popular como la del
Grupo Socialista y la moción presentada por Izquierda Unida. La
hemos leído, hemos hecho nuestra propuesta al punto 4 y vamos a
apoyarla. Pero la apoyamos fundamentalmente porque esta enmienda
de sustitución representa un consenso de esta Cámara que necesita
el sector y también, en particular, porque al aceptar la
sugerencia que hemos realizado no se está poniendo límites a la
negociación. Entendemos ese límite a la negociación porque, al
quitar la frase concreta del hecho de los sindicatos más
representativos de dicha empresa, estamos estableciendo la
posibilidad no solamente de que exista una negociación global
sino una negociación planta por planta que después pueda ser
incluida dentro del PEC. También la apoyamos porque se recoge el
punto 8, en el que se pide la solidaridad de las comunidades
autónomas afectadas. Reconociendo precisamente esta solidaridad,
insisto --para finalizar--, en la necesidad del reconocimiento de
las competencias y corresponsabilidades en la gestión pública.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.
Para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fijo su posición en
relación a estas proposiciones no de ley que nos presentan aquí
las iniciativas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular
así como la moción, consecuencia de la interpelación
de la semana pasada, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Dado que la moción del Grupo de Izquierda Unida tiene una
finalidad muy concreta y específica, Coalición Canaria por
solidaridad la comparte y se suma a ella si es votada y aceptada
por los grupos de la Cámara. No obstante, como hay una enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista a esa moción, ahora la
comentaré, al compararla con la enmienda similar dirigida por el
Grupo Parlamentario Socialista al Grupo Parlamentario Popular.
¿Cómo vemos esto desde Canarias? ¿Cómo lo ve Coalición Canaria?
¿Qué nos intenteresa para Canarias de este debate sobre el sector
naval español, no solamente el astillero? Canarias ve los
astilleros en territorio penínsular y muestra su solidaridad con
ellos, en el tema concreto de Astilleros Españoles, en unos
momentos de dificultad laboral, y cuando se establece un Plan
Estratégico de Competitividad, del cual hablaremos al exponer
otro de los fundamentos de nuestra toma de posiciones.
Pero Canarias también se ve usuaria del sector naval como
archipiélago y región ultraperiférica en la que, aparte del
transporte aéreo, su comunicación con la península, con el
territorio continental del Estado, el resto de la Unión Europea y
los demás países se hace, fundamentalmente, sobre todo en el
acopio de mercancías, no tanto el de pasajeros, por transporte
naval. Por tanto, también está viendo ahí a las navieras, el otro
punto de apoyo del sector, frente a los receptores del beneficio
del transporte naval.
Por tanto, Canarias se encuentra con una peculiaridad --y tenemos
que hacer nuestro reconocimiento aquí a que solamente la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular es la que la ha
recogido-- que es el segundo registro de buques en Canarias.
Quiero agradecer esta deferencia del Grupo Parlamentario Popular
de recoger dicho registro, y paso seguidamente a fijar nuestra
posición en el orden en que se han presentado.
Con respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, he de decir que nosotros la vemos constructiva, con
un predominio fundamental hacia la problemática de Astilleros
Españoles y el Plan Estratégico de Competitividad. Suscribimos
plenamente el punto número 1 en toda su extensión, tal como fue
presentado por el Grupo. Es decir, me estoy refiriendo a lo que
dice de que el Plan Estratégico de Competitividad garantice la
viabilidad y rentabilidad económica a medio plazo de la
construcción naval en España. De acuerdo. También habla de
significar la productividad como factor fundamental, así como de
reducir los plazos de entrega, reorientar la oferta y ganar
cuotas de mercado.
Solamente echamos en falta algo muy importante: la calidad de la
construcción naval en España, porque la competitividad no es
solamente reducir plazos de entrega, reorientar la oferta y ganar
cuotas de mercado. La cuota de mercado, entre otras cosas, se
gana con una eficacia profesional, que afortunadamente los
ingenieros navales españoles tienen, y para mí es obligado y de
justicia reconocer aquí, uno de los factores de calidad. Los
buques de diseño y de patente española, fundamentalmente en
marina mercante y en algunas unidades incluso de marina de
guerra, tienen una calidad óptima por su diseño, por el proyecto
de los profesionales de la ingeniería naval española.
Hay algo que me llama la atención, y me reafirmo en el punto 1 de
la enmienda socialista a la que vamos a dar nuestro apoyo, pero
que me ha extrañado verlo ausente de las enmiendas que presentan
el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Si bien el Grupo Popular,
en el punto 1.2 de su proposición no de ley, recoge el «promover
la mejora de la estructura financiera de los astilleros», ustedes
aquí introducían --y no sé por qué lo abandonan en las enmiendas-
- algo tan importante como apoyar «de acuerdo con la normativa
comunitaria, mediante el establecimiento de un sistema de
garantías, la financiación de la construcción de buques». No es
lo mismo. Son complementarias, no son contradictorias, por
supuesto. Estoy entendiendo que el astillero es el que construye
buques, pero el armador se los encarga a un astillero y hoy uno
de los graves problemas que tienen los astilleros españoles es
que los armadores no obtienen unos créditos adecuados --vamos a
llamarlos así por no emplear la palabra blandos-- para encargar
esos buques mercantes a los astilleros españoles. En Canarias nos
estamos encontrando con que muchos armadores canarios construyen
sus barcos, que van a prestar servicio en líneas de cabotaje
interior interinsular, en astilleros holandeses o finlandenses,
porque resulta que allí, por el sistema que sea, obtienen unos
créditos blandos para financiar el encargo de esos buques a los
astilleros y, en España, si viene un armador español a encargar
un buque a un astillero español, público o privado, sea
Astilleros Españoles, la Unión Naval de Levante, o cualquier otro
astillero privado que exista en nuestra geografía, cuando va a
obtener el crédito bancario, se encuentra con unos créditos muy
duros, frente a una competencia de créditos que existe en
Holanda, en Finlandia y en algún otro país, por hablar del ámbito
europeo. Por tanto, no renuncien ustedes, ni siquiera en su
enmienda a la financiación de la construcción de buques porque,
para mí, son dos cosas complementarias y necesarias.
En el resto de los puntos, hasta el número 6, no entro en más
cuestión, porque los compartimos y los apoyamos, y ahora paso al
análisis de la proposición no de ley del Partido Popular,
completando lo que he dicho con respecto a la financiación de la
construcción de buques en la estructura financiera de los
astilleros. Son dos sumandos que van a favorecer al astillero,
por un lado, por su propia estructura de coste financiero y, por
otro, por el flujo de capital que le introduce el armador al
tener éste el capital suficiente para encargar buques al
astillero español, obteniendo, dentro del circuito
financiero de bancos o cajas españolas, la financiación adecuada
en créditos asequibles para reactivar este sector. Esto tiene que
pensárselo el Gobierno y la Administración para instrumentalizar
una línea de crédito subvencionado, créditos blandos, créditos
articulados dentro de la armonización de las directivas
comunitarias, etcétera.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
satisface plenamente a Coalición Canaria. En primer lugar, porque
tiene una sistemática de presentación que supera, digamos, el
objetivo más obsesivo que tiene tanto la enmienda del Grupo
Socialista como su iniciativa: el problema laboral de Astilleros
Españoles, con el que somos solidarios y apoyamos. Aquí no
estamos hablando solamente de Astilleros Españoles y de su
problemática (vuelvo a decir que somos solidarios y deseamos que
se resuelva, en la misma medida que propone el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en los astilleros de Sevilla y de
Cádiz), sino que aquí se trata ya de un marco más completo: el
sector naval español. Y si se hace una sistemática entre medidas
de la oferta y medidas de la demanda, veo que se recoge el tema
de la estructura financiera y el de los programas de
investigación más desarrollo, que son importantes; celebro que
esta idea del Grupo Parlamentario Popular la recoja en su
enmienda el Grupo Parlamentario Socialista. Pero cuando entramos
en el campo de la demanda, es donde los canarios nos vemos
reconocidos, puesto que el primer punto se refiere a la mejora de
las condiciones del segundo registro de Canarias. El Estado no
puede tener una ley --se metió en la Ley de la marina mercante--
del segundo registro canario y que sea una especie de pegote que
no sirve para nada, porque las navieras, los armadores, no
matriculan sus buques en el registro canario porque les resulta
más atractivo el registro de Madeira. Resulta que Madeira, siendo
territorio portugués y estando dentro del marco de la Unión
Europea, ofrece a las navieras y a los armadores mejores
condiciones de competitividad, como navieras. En este mundo no
tienen por qué ser solamente competitivos los astilleros, porque
los astilleros pueden ser competitivos, pero si las navieras no
son competitivas, apaga y vámonos, porque no habrá naviera que
encargue buques a los astilleros españoles.
Luego, ¿qué ocurre? Que el registro canario hay que incentivarlo;
tiene que ser un foco de demanda de construcción de buques. El
registro, por sí mismo, puede ser nada más que un sistema de
orgullo para el canario porque lleve el registro de Gran Canarias
o de Tenerife; pero no pasa de ahí. Tenemos que generar una
economía de escala, una economía de mercado y, por tanto, este
registro tiene que servir a los intereses de Canarias como parte
del Estado español y, por consiguiente, a los intereses generales
de España, incluido su sector naval, el de transportes, por
supuesto, de mercancías o de pasajeros. Aquí es donde hay un
déficit que sí recoge la proposición del Partido Popular, y nos
gustaría que la enmienda del Partido Socialista incentivara este
tema, porque sus propios parlamentarios, todas las fuerzas
políticas canarias, muchas de ellas representadas en este arco
parlamentario, estamos de acuerdo en mejorar las condiciones del
registro, y el Gobierno no mejora el registro canario y sigue
como una especie de ley muerta, amenazando muchos armadores y
navieras canarias con irse a otros registros, como se han ido
tantos buques de pabellón español.
Lo anterior nos lleva a ver plenamente sensata una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, la número 3, porque creemos que en
este complejo asunto de la construcción naval en España debe
crearse una comisión de expertos que evalúe toda la situación de
los astilleros públicos españoles y realice el estudio
comparativo con los astilleros privados españoles; esto es
importante, porque el sector se reactiva en su conjunto. Frente a
los problemas de sobredimensión de plantillas que pueda tener de
falta de cartera de pedidos, etcétera, el sector público de
astilleros españoles, o funciona armónicamente todo el sector
naval español y todo el mundo de los astilleros, o hay unas
deficiencias; porque si tenemos que hablar de una permeabilidad
laboral, incluso, de trasiego de técnicos, de personal laboral,
de astilleros públicos/astilleros privados y viceversa,
mantengamos una «sanidad» entre comillas, económica, laboral y
técnica general del sector.
A Coalición Canaria le gustaría --y termino, señor Presidente--
un ensamblaje pleno de ambas proposiciones no de ley, a través de
las enmiendas correspondientes. En cualquier caso, si se votan
por separado, nosotros vamos a apoyar, por las razones que hemos
expuesto, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, así como, de una manera muy significativa, la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Nos
gustaría, como digo --y valga la expresión naval--, un buen
ensamblaje de astilleros, para hacer viable y navegable esta
medida administrativa de que tan necesitada está en este momento
la economía del mundo naviero español. Si eso se pudiera
producir, creemos que hay factores positivos que permiten
enriquecer con una sola iniciativa las ideas constructivas y
positivas que se reconocen en ambas iniciativas parlamentarias.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) respecto a las dos proposiciones no de ley
sobre la situación del sector naviero
español, presentadas por los Grupos Popular y Socialista, va a
ser la de votarlas favorablemente, en coherencia con la posición
que nuestro Grupo mantuvo en las dos comparecencias realizadas
por el Ministro de Industria y Energía, Sr. Eguiagaray, ante la
Comisión correspondiente respecto a la presentación de dicho
plan, el pasado mes de julio, y a la de la semana pasada para
explicarnos el desarrollo del Plan Estratégico de Competitividad,
de las negociaciones entre la empresa y los sindicatos y en
función de los objetivos previstos inicialmente, objetivos que se
estaban consolidando sobre la base de las negociaciones
realizadas entre los sindicatos y la empresa.
Básicamente, nosotros dimos el apoyo al PEC, al Plan Estratégico
de Competitividad, porque éramos conscientes de la situación
grave y negativa por la que estaba atravesando el sector de
construcción naval español, los astilleros, sector en el que en
los últimos diez años se han producido unas pérdidas de alrededor
de 400.000 millones de pesetas y que, debido a estas razones, ha
provocado que el sector perdiera 17.000 puestos de trabajo en los
últimos 10 años, pasando de 27.000 puestos de trabajo a 10.000 en
la actualidad.
Los dos síntomas graves de crisis del sector de la construcción
naval han sido motivados básicamente por la falta de
competitividad de dicho sector, por la incoherencia en algunos
fallos de gestión en los últimos diez años, por la falta de
aplicación de tecnologías punta. En definitiva, como resultado de
todos estos coeficientes, nuestro sector es incapaz de competir
hoy con países tan tremendamente productivos como Corea, Taiwán y
Singapur.
Por estas consideraciones actuales, el Gobierno ha presentado
este plan de competividad, el PEC, en el que se preveía una
reestructuración de las plantillas. También existían unas
aportaciones por parte del Estado de 171 millones de pesetas
durante los años 1995, 1996 y 1997, y en dicho Plan Estratégico
de Competitividad el Gobierno preveía que se consolidarían
beneficios a partir del año 1998.
La situación actual, tras estas negociaciones entre la Agencia
Industrial del Estado y los sindicatos, muestra que se han
producido unas variaciones de objetivos. La pregunta que
formulamos al señor Ministro Eguiagaray la semana pasada era si
dichas variaciones de objetivos, por reestructuraciones de
plantillas y por posibles variaciones por aportaciones del Estado
a dicho sector naval, podrían hipotecar el futuro plan de
viabilidad. Esta pregunta quedó en el aire y justamente nosotros,
desde Convergència i Unió, hemos echado en falta, tanto en la
proposición no de ley del Grupo Popular como en la proposición no
de ley del Grupo Socialista, algún aspecto importante que pudiera
no modificar los acuerdos finales a que puedan llegar la empresa
y los representantes de los sindicatos, pero sí controlar las
aportaciones del Estado a dicho sector naval y también, cómo no,
para intentar saber si en un futuro la rentabilidad de dicho
sector de construcción naval será un objetivo básico a conseguir.
Porque también hemos dicho siempre desde Convergència i Unió que
invertir cantidades importantes de dinero público, de todos los
ciudadanos españoles, en empresas públicas que no tienen un
futuro competitivo, que no tienen un futuro de rentabilidad,
importante, creaba un mal clima ambiental, coyuntural, desde el
punto de vista industrial, y se producían infracciones de
salarios, de precios, había un clima importante de deméritos en
cuanto a clientes y proveedores y, en definitiva, los objetivos
de reindustrialización, los objetivos de competitividad tampoco
se veían conseguidos.
Esperamos y deseamos que en la futura negociación, en la que se
está produciendo en estos momentos, dichos objetivos se cumplan y
no se produzcan variaciones importantes que no permitan llegar a
la competitividad y a la rentabilidad de este sector, importante
dentro de la economía industrial española, de la construcción de
buques en los astilleros.
Por estas consideraciones, nuestro Grupo Parlamentario, como he
dicho anteriormente, valora positivamente las dos proposiciones
no de ley, tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular.
También entiende que la enmienda presentada por el Grupo
Socialista a la proposición no de ley del Grupo Popular incorpora
básicamente todas sus propuestas en cuanto a incrementar e
incluir acciones tendentes a aumentar la productividad y reducir
los plazos de entrega de los buques; incorpora también
posibilidades de consolidar el sector financiero en la
construcción de buques permitiendo y culminando ya las
iniciativas aprobadas en dicha legislatura en cuanto a la
provisión de garantías para el sector naval; también incorpora
aspectos importantes en cuanto a la innovación tecnológica y en
cuanto al incremento de I+D en todas las cuestiones técnicas de
construcción naval, y recoge algún aspecto importante como, por
ejemplo, que no se va a cerrar ningún centro de actividad de los
astilleros españoles, manteniendo diferentes complementariedades
para evitar un desequilibrio importante en dichos astilleros.
Asimismo, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a la
proposición no de ley del Grupo Popular incorpora aspectos
importantes. Se invita a los sindicatos y a los representantes de
la empresa a que puedan llegar a acuerdos importantes,
implicando, lógicamente, a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos.
Otro aspecto importante de dicha enmienda presentada a esta
proposición no de ley, que nosotros consideramos oportuno, es la
posibilidad de implementar negocios o proyectos empresariales
complementarios para intentar que las bolsas de paro que se
produzcan se puedan incorporar a bolsas de empleo para estos
nuevos proyectos empresariales, que se habrán de hacer de acuerdo
con las diferentes administraciones: Administración Central,
Administración Autonómica y Administración Local.
Respecto a la posibilidad de acuerdo para votar favorablemente la
moción que ha presentado el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros entendemos
que la enmienda presentada a su moción por parte del Grupo
Socialista le quita hierro al dirigismo y a la planificación
industrial a que se refería el Diputado señor Andreu en la
defensa de su moción. Entendemos que si ustedes aceptan esta
enmienda quizá podrá quedar dentro de lo que representa la
configuración del Plan Estratégico de Competitividad. En resumen,
estamos convencidos que con el apoyo de todos los grupos de la
Cámara podremos darle un empujón definitivo para que sea una
realidad la competitividad de la rentabilidad de los astilleros
españoles.
Muchas gracias, señores Diputados. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
El señor Cuevas tiene la palabra, inicialmente para ver si acepta
o no las modificaciones que ha planteado el señor Fernández de
Mesa a su enmienda de sustitución. (Rumores.)
Ruego a SS. SS. guarden silencio porque, si no, no va a ser fácil
entender las propuestas o las correcciones que estén dispuestos a
aceptar.
Cuando quiera, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría, no obstante, confirmar el contenido de las
enmiendas. Creo que se trata de eliminar, en el punto 1, desde
«en un entorno de actividad no subvencionada». En el punto 4,
suprimir: más representativo de dicha empresa, al final del
párrafo, terminando en «sindicatos». En el punto 5, añadir:
manteniendo en todos ellos la actividad productiva. El punto 6, a
partir de programas de formación profesional, añadir el contenido
de la mitad del párrafo final, 1.5, que dice: y ocupacional en el
ámbito de la construcción naval, fomentando la recualificación y
rejuvenecimiento de las plantillas actuales.
Creo que estas eran las enmiendas. Mi Grupo las acepta porque
entiende que su contenido reafirma y no desvirtúa ninguna de las
iniciativas que hemos planteado y creemos que refuerza las
posiciones que siempre hemos mantenido de llegar a un acuerdo en
el sector naval.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
Señor Fernández de Mesa, ¿son ésos los términos en que aceptaría
la enmienda de sustitución?
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Sí señor Presidente,
exactamente en esos términos queda recogida la enmienda del Grupo
Popular presentada a la enmienda presentada, a su vez, por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, la
Presidencia entiende que la enmienda del Grupo Socialista
quedaría ahora modificada en estos términos. ¿Aceptaría la
enmienda de sustitución?
El señor ANDREU ANDREU: Sí, señor Presidente. Sin abdicar de
nuestras posiciones, aceptaríamos esta enmienda en aras de que
sea una resolución lo más unánime posible, dentro del dirigismo
unánime que parece que hay en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Andreu.
Me refiero a los tres portavoces. Entiende la Presidencia que no
es preciso someter a votación nada más que este texto aceptado
por los tres grupos que han presentado iniciativas
(Asentimiento.) De acuerdo. Muchas gracias. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa al sector de
la construcción naval, que se somete a votación en los términos
del texto de sustitución presentado por el Grupo Socialista, con
las correcciones y enmiendas al mismo acordadas en el curso del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 302; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLITICA
GENERAL QUE APLICARA EL GOBIERNO PARA PROMOVER EL AVANCE SOCIAL,
CULTURAL Y LABORAL DE LAS MUJERES (Número de expediente
173/000096)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
interpelación sobre política general que aplicará el Gobierno
para promover el avance social, cultural y laboral de las
mujeres.
Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular presenta hoy esta moción, consecuencia de la
interpelación del pasado miércoles, en la que denunciamos la
situación de la mujer en España. En ese momento expusimos que
considerábamos que no era serio, como por parte del Gobierno se
quería intentar
ver, hablar de buena situación de la mujer, cuando estábamos
debatiendo los datos recientes recogidos en Eurostat, y los datos
también recogidos en un importante informe hecho por Naciones
Unidas sobre el desarrollo social.
Recordemos el nivel de paro que allí comentábamos claramente
desorbitado en España (triplicamos las mujeres en nuestro país en
el paro a la media de las europeas), y la bajísima participación
también de la mujer en la renta de trabajo, del 18,6 por ciento.
Evidente es la discriminación salarial que llega en nuestro país
a un 30 por ciento, y hacíamos también referencia al porcentaje
elevadísmo de contratos temporales y, por tanto, precarios, un 38
por ciento en España frente a la media europea de un diez por
ciento. Con especial referencia insistíamos en que un 66 por
ciento de las mujeres paradas, de acuerdo con los datos que
figuran en Eurostat, en España carecen de estudios secundarios.
De la misma manera que nuestra referencia abarcaba esos datos que
figuran en las estadísticas del Instituto de la Mujer y que
hablan de 14 millones de mujeres en España que carecen de una
cualificación profesional.
Decíamos también que seguimos aguardando, después de 14 años de
un Gobierno socialista, medidas de apoyo a la familia, medidas
que contribuían, en definitiva, a ir poco a poco impulsando la
presencia de la mujer. Recordábamos en este sentido cómo después
de 14 años se seguían esperando los acuerdos de una ponencia
sobre la familia para que desde el Gobierno se pudiera empezar a
legislar mirando el interés y los beneficios de la familia
española.
Pues bien, esas y otras circunstancias, referidas el miércoles
pasado, hacían que el Grupo Popular estuviese cargado de razón
cuando decía que los indicadores en España de la participación
femenina y de la integración en términos de igualdad en el ámbito
laboral, cultural, educativo, social, etcétera, eran muy bajos.
Si el miércoles, señorías, denunciábamos esa dura realidad, hoy
proponemos medidas que intentan superar esta situación desde
distintos ámbitos, coherentemente con lo que el Grupo Popular
viene proponiendo con el único objetivo que nos mueve, que es el
progreso de la mujer, pero para que ese progreso sea efectivo,
para que ese progreso sea de verdad real y práctico y no quede
sólo en palabras en boca de los gobernantes.
La integración de la mujer en la actividad económica requiere, y
lo sabe perfectamente nuestro Grupo, cambios estructurales que
hasta ahora el Gobierno ha sido incapaz de impulsar, y requiere
reformas profundas y acciones complementarias que incorporen ese
principio de igualdad en una serie de áreas y de actividades.
En primer lugar, sabemos la importancia que requiere, para
acelerar la incorporación de la mujer al mercador de trabajo, el
ámbito de la formación. Somos conscientes en el Grupo Popular que
una manera de asegurar el porvenir de las trabajadoras es
reforzar su nivel educativo, formativo, y profesional. De alguna
manera en nuestra moción, como luego explicaré, volvemos la vista
a las mujeres rurales, con quienes el Gobierno tiene una deuda
importante en el área de formación.
Precisamente los dos primeros puntos de la moción que presentamos
hacen referencia a la necesidad de multiplicar esfuerzos en el
terreno educativo y formativo, con el fin, en el primer caso, de
que la mujer acceda a nuevos programas de formación profesional;
programas innovadores que son los que pueden realmente ayudarla a
ser competitiva en el momento de insertarse en el mundo de
trabajo. Considera nuestro Grupo que estos programas y que estos
cursos de formación profesional, en este sentido relatados, no se
han abordado con la intensidad que las cifras de paro, ya
señaladas tantas veces, lo requiere y con la voluntad de tantas
mujeres que han abandonado el mundo del trabajo para atender al
cuidado de la familia y que ahora, pasados unos años, desean
reinsertarse en ese mundo laboral activo.
El segundo apartado hace referencia clara al elevado número de
mujeres que carecen de estudios secundarios. Señalábamos hace un
minuto, recordando lo expuesto en la interpelación del miércoles
pasado, que un 66 por ciento de las mujeres paradas en España
carecen de estudios secundarios, que se considera el nivel mínimo
imprescindible para que la mujer o el hombre pueda reinsertarse
al mundo del trabajo. Con esas cifras nos parece oportuno que se
priorice, en la dirección de los cursos la intensificación de
aquéllos dirigidos a elevar el nivel de estudio de estas mujeres.
Esta es una propuesta social y claramente solidaria que está en
el camino de dar oportunidades a las que menos posibilidades
tienen de acceder a los programas de formación. En esa línea
también prioritaria recogemos, en la última parte de este punto,
una referencia especial a los programas formativos dirigidos a la
mujer rural por las razones ya expuestas.
Pasando, señorías, al área laboral, proponemos que en año 1996 la
inspección de trabajo incluya entre sus programas de seguimiento
y control el principio de igualdad salarial, dando cuenta de ello
al Gobierno. Hace tan sólo unos meses --en junio-- tenía la
satisfacción de ver cómo se aprobaba en el Congreso de los
Diputados una iniciativa defendida en nombre de mi Grupo en la
que pretendíamos precisamente el objetivo señalado en este punto.
Ahora bien, lo que pretendemos hoy es que se haga realidad en el
año 1996 uno de los programas efectivos de seguimiento y
evaluación de la inspección de trabajo. Consideramos que este es
un objetivo fundamental y nos gustaría que se pueda dar cuenta al
Congreso de los Diputados, como regularmente se viene realizando
respecto a los objetivos señalados como prioritarios por la
inspección de trabajo, ese seguimiento de la igualdad salarial.
Además, pensamos que ello es necesario porque todos los gobiernos
--y de una manera especial el nuestro, en
donde el diferencial es de un treinta por ciento en relación a la
remuneración correspondiente entre los hombres y las mujeres--
deben intensificar las medidas para acabar con esta importante
discriminación salarial.
Nuestro Grupo también considera necesario impulsar en el país la
conciliación de la vida familiar y profesional. Como se está
haciendo ya en otros países --conocemos las experiencias
realizadas en Alemania--, nosotros proponemos que se cree una
comisión de trabajo interministerial con el objetivo de estudiar
medidas prácticas y concretas con carácter anual, para que se
pueda ir incorporando a la realidad de la vida (al ejercicio, en
definitiva, del ámbito de trabajo, del ámbito educativo,
etcétera, a la vida cotidiana en nuestro país) la conciliación
absolutamente necesaria de las responsabilidades, asumidas
también por el hombre y la mujer, de la vida profesional y de la
vida laboral. Este es uno de los objetivos fundamentales que se
va a incorporar en el cuarto programa. Países adelantados en la
incorporación de la mujer, como Alemania o Francia, lo vienen
realizando y cada año se propone alguna medida concreta en el
camino de progresar hacia esa necesaria conciliación de los
ámbitos, insisto, de la vida, laboral y profesional. Por eso
queremos que España se incorpore también a esa dinámica y se dé
un paso adelante importante en lo que yo estoy segura que es un
objetivo compartido por todos los grupos políticos.
En línea con las denuncias tantas veces hechas por el Grupo
Popular en el sentido de que el Grupo Socialista ha mantenido, a
nuestro juicio, durante estos últimos años una política de
protección social muy débil en relación con la mujer, presentamos
la siguiente propuesta en la moción. Formulamos una petición
concreta dirigida a avanzar en el objetivo necesario de mejorar
las pensiones de viudedad. Solicitamos el año pasado la
equiparación, a través de una enmienda en los presupuestos, de
las pensiones más bajas. Es verdad, señorías, que no teníamos el
marco del Pacto de Toledo y hoy, efectivamente, existe ese marco.
Señor Presidente, teniendo conocimiento de la enmienda presentada
por el Grupo Socialista, me anticipo, y de hecho lo incorporo a
la expoción que hago en este momento, a decir que, en aras del
mayor de los consensos, vamos a aceptar la enmienda socialista
que propone que esa referencia de la mejora de las prestaciones
sociales aparezca en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo
y, a su vez, asumimos el punto siguiente, presentado también por
el Grupo Socialista, en el sentido de proponer la mejora de las
prestaciones económicas de las personas viudas menores de 60
años. Eso sí, aceptamos esto pensando que esa equiparación pueda
ser un objetivo último y que lo que hoy es una declaración de
intenciones se convierta en una realidad en los presupuestos; que
pueda ser verdaderamente efectivo y que no se quede en esa mera
declaración de intenciones. La verdad es que habría camino
incluso para incorporarlo a los presupuestos de 1996, bien
mediante enmiendas del Grupo Socialista, bien aceptando las que
presente el Grupo Popular, lo que ocurre es que tenemos dudas de
que se lleguen a debatir los presupuestos. Pero avanzar siempre
es importante y aceptamos esa propuesta hecha por el Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Estoy terminando, señor Presidente.
En segundo lugar, solicitábamos la extensión de este apartado a
la pensión de orfandad, hoy cortada a los 18 años, edad en la que
los jóvenes no son suficientemente adultos y en la que incluso es
necesario multiplicar los recursos, porque viene la época en que
la gratuidad de la enseñanza se termina y los gastos se
multiplican.
Aceptamos también, en aras del consenso y del acuerdo, y además
después de haber establecido diálogo con el Grupo Socialista, la
propuesta de una enmienda transaccional que en estos momentos
ofertamos públicamente al Grupo Socialista y a los demás grupos
de la Cámara, en el sentido siguiente: ampliar la edad para
percibir la pensión de orfandad cuando el beneficiario no trabaje
en la medida en que la situación económica lo permita.
El tercer punto de este apartado, de acuerdo con la oferta
socialista, tampoco tenemos inconveniente en trasladarlo al
apartado siguiente, ya que lo importante es que salga adelante.
Además, es cierto que está en sintonía con los acuerdos de Pekín
al recomendar a todos los países que se prioricen aquellos
programas en los que se incorpore el principio de la igualdad en
la búsqueda de una mayor eficacia y solidaridad en los programas
de cooperación, reconociendo además todos los países que el 70
por ciento de la pobreza del mundo la sufren las mujeres.
Por último, señor Presidente está la parte que hace referencia a
la Conferencia de Pekín. Nuestro Grupo se felicita de que esta
Conferencia ofrezca la oportunidad de manifestar la necesidad de
acelerar el proceso de aplicación de medidas hacia la igualdad y
mejora real de la vida de la mujer y, precisamente desde esos
postulados y compartiéndolos, nuestro Grupo presenta dos
apartados en esta moción que hacen referencia, el primero de
ellos, al seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de Pekín; en
definitiva, haciéndonos eco de lo que la señora Ministra decía
recientemente en un artículo: que ahora viene la movilización de
los gobiernos; eso queremos ver. Y como queremos ver esa
movilización de los gobiernos introducidos también el último
apartado de esta moción, en el que pedimos que el Gobierno
presente el tercer plan de igualdad en el primer semestre de
1996, teniendo como base el cuarto programa de igualdad de
oportunidades que próximamente
va a aprobar la Comisión Europea y los acuerdos de la plataforma
de acción.
Finalizo diciendo que todas las propuestas de esta moción son
claramente medidas positivas, encaminadas a eliminar los
obstáculos que hoy todavía persisten en la sociedad española para
la integración en igualdad en todos los ámbitos de la mujer, y
quiero hacer una llamada al Grupo Socialista para que llegue a
ese consenso, dada, por otra parte, la posición de diálogo y de
colaboración que para ello presenta el Grupo Popular, y también
una llamada muy especial a los demás grupos políticos, para que
apoyen la moción, porque, sin lugar a dudas, todos juntos
contribuiremos a mejorar el bienestar de las mujeres y, de una
manera general, de toda la sociedad española.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo
Socialista. Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el miércoles pasado el Grupo Popular presentó una
interpelación urgente sobre política general que aplicará el
Gobierno para promover el avance social, cultural y laboral de
las mujeres. Ante nuestra sorpresa, el análisis de la situación
de las mujeres que hizo la portavoz del Grupo Popular era, por no
decir disparatados, cuando menos falto de realidad o
extravagante. El cambio de la situación de las mujeres ha sido
importantísimo y probablemente el mayor que ha experimentado la
sociedad española en los últimos 20 años. Esto es un hecho
indiscutible y negarlo supone negar el trabajo y la lucha de un
gran número de mujeres que han trabajado por ello a lo largo de
muchos años, que han conseguido que algunos partidos políticos
incorporen las reivindicaciones de las mujeres a sus programas y
que, cuando en democracia han sido elegidos, apliquen políticas
de acción positiva y de igualdad.
Al ver la moción consecuencia de aquella interpelación que hacía
un análisis tan poco real de la situación de las mujeres, sobre
todo del cambio experimentado en España en los últimos años,
cualquier grupo de la Cámara o institución que haya trabajado en
políticas de la igualdad --como pueden ser el de Convergència, la
autonomía de Cataluña, Emakunde, cualquier grupo municipal de
Izquierda Unida en un ayuntamiento, la propia experiencia del
Gobierno Socialista desde 1982 en ayuntamientos y en comunidades
autónomas-- evidentemente podría pensar que el Grupo Popular,
aunque hiciera un análisis tan raro de la realidad de las mujeres
y el cambio que ha experimentado, como dice que no se había hecho
nada y ellos sabían lo que había que hacer --que hasta este
momento no lo han hecho ustedes nunca, ni en autonomías, ni en
gobiernos municipales; soy ciudadana de Madrid y, evidentemente,
lo sufro--, había encontrado la panacea. Habría sido estupendo,
porque qué mejor que, por fin, hubieran descubierto cómo, en
poquísimo tiempo, transformar aún más y recorrer todo el camino
que nos queda a las mujeres para conseguir la igualdad de
oportunidades. Pero no es así. Hoy nos presentan ustedes una
moción que no es, evidentemente, un plan de igualdad. El que hay
en este momento en desarrollo en el Estado español y el que hay
en muchas comunidades autónomas que SS. SS. conocen, con
referencia a sus circunscripciones, evidentemente son planes
mucho más completos, que suponen mayores transformaciones y que
caminan más hacia la igualdad de oportunidades entre los hombres
y las mujeres.
Lo que ustedes hoy nos plantean es un refundido de algunas
medidas que ya se están aplicando --no con carácter exhaustivo--
y otra serie de propuestas que han sido ya aprobadas en esta
Cámara, normalmente por mayoría absoluta, o como la socialista
presentada en la cumbre de Pekín, que entró en el Registro de la
Cámara antes de que ustedes presentaran la interpelación.
Evidentemente, nos alegramos por un lado de que ustedes entren un
poco, sin disparatar, en el cauce de hacer propuestas. Hay
personas que llevamos mucho tiempo trabajando de verdad por la
igualdad de oportunidades. No es sólo el Grupo Socialista, porque
ustedes han gobernado en comunidades autónomas donde no se hace
política para la igualdad, pero los catalanes y los vascos
gobiernan y sí que tienen un Institut de la Dona y un Emakunde en
el País Vasco. Pero nos alegramos, y por eso nosotros no vamos a
oponernos a esta moción, porque lo que abunda no daña, aunque sí
vamos a hacer unas matizaciones, ya que no creemos que sean
medidas nocivas, porque, si no, no las vendríamos aplicando; pero
sí creemos, insisto, que se tienen que hacer unas matizaciones a
esta moción.
En primer lugar, ustedes, en el ámbito de la formación de la
mujer, hablan de hacer cursos de formación, de promover toda una
serie de medidas que nosotros creemos que fundamentalmente hay
que introducir en coordinación con las comunidades autónomas,
como así se está realizando, aunque a lo mejor en las que ustedes
gobiernan a partir de ahora lo harán ustedes, cosa de la que me
alegro, pero hasta ahora no lo han hecho.
Los cursos de formación no es que no se hayan abordado, es que se
hacen muchos más de los que ustedes aquí proponen, tanto con
fondos europeos como con fondos del Inem, como en programas
coordinados con comunidades autónomas y con ayuntamientos, y ahí
realmente no hay escasez de formación para las mujeres.
En el segundo punto ustedes dicen que en el ámbito de la
situación laboral de las mujeres, y para conseguir que tengan
empleo, proponen dos medidas, que yo no creo que sean la panacea,
pero que tampoco las considero negativas. La primera, como bien
usted decía, señora
Sainz, es una propuesta que redactada en otros términos fue ya
aprobada en un debate en la Comisión de Política Social y Empleo,
a propuesta de ustedes, del Grupo Popular, con una enmienda del
Grupo Socialista y por votación unánime de todos los grupos.
Respecto a crear un grupo interministerial, lo vamos a apoyar,
pero eso existe, señora Sainz, es que usted no se ha enterado.
Existe un consejo asesor donde están representados todos los
ministerios del Gobierno, que no sólo puede diseñar medidas para
hacer compatible la vida familiar y la vida pública a las
mujeres, cosa que me parece importantísimo y que coincido con
usted, sino que además diseña, aprueba, coordina e impulsa los
planes de igualdad, que es algo mucho más ambicioso que esto que
proponen, que es más limitado. Si acaso usted quiere hacer
referencia, aunque lo redacte de otra manera, a ver qué medidas
pueden impulsar un cambio social y estructural en el sentido de
llegar a un nuevo contrato entre hombres y mujeres donde los
papeles de ambos se vayan adecuando a la transformación real de
la situación social de las mujeres, le diré que esta Cámara
aprobó en el anterior período de sesiones, a propuesta del Grupo
Socialista, una proposición no de ley para encargar a un grupo de
expertos que analizaran y propusieran medidas para concretar cómo
se llevaba adelante el cambio estructural que proponía el informe
de la OCDE en la sociedad española. Pero vamos a votarlo, porque
creemos que es bueno tener un consenso y un acuerdo con todos los
grupos y nos alegramos que estén ustedes en ello.
En el ámbito de la protección y el desarrollo social, como usted
ha dicho, nosotros tenemos en el programa electoral el tema de
las pensiones de viudedad de mujeres menores de 60 años, y
también la ampliación de la edad en que se pueda cobrar si no se
trabaja o se tiene doble orfandad, orfandad absoluta, que, se
puede cobrar la pensión de orfandad. Ahora bien, esta Cámara
tiene un acuerdo, que es el pacto de Toledo, para realmente
consolidar el sistema público de pensiones, que creemos que en
una moción de este tipo no nos lo podemos llevar por delante. Por
eso le hemos presentado una enmienda a la que usted nos ha
ofrecido una transaccional, con la que estamos de acuerdo. Es
decir, respetando el Pacto de Toledo, la reforma global que
permita la consolidación del sistema público de pensiones en este
país, nosotros efectivamente tenemos como objetivo mejorar las
pensiones de las personas menores de sesenta años; hemos mejorado
ya las de 60 para arriba, pero creemos que hay que hacer un
esfuerzo, y también con las de orfandad. Pero nunca ese esfuerzo
puede poner en cuestión la financiación del propio sistema,
porque estaríamos cometiendo una torpeza absoluta; sería arreglar
el problema para dos días: suben las pensiones dos días y luego,
en veinte años, es imposible sostenerlas financieramente.
Respecto al punto 3, creemos que hay que introducirlo en el punto
4, y ello por una cuestión formal, y es que esto no es un tema
fundamental de planteamiento. Creemos que poco tiene que ver con
prestaciones, con un tema de pensiones y con los acuerdos de
Toledo una cuestión como la cooperación que hacemos con otros
países. Tenemos un programa de mujer y desarrollo con países de
Latinoamérica y con países de Africa, pero no tiene por qué ir
metido en el tema de pensiones. Pensamos que es mejor en el tema
de Pekín, porque realmente en la plataforma de acción aprobada en
Pekín se hace referencia a esto y, además, la Unión Europea, y
España como presidenta de la Unión Europea en este momento,
defendió la necesidad de que una parte importante de los fondos
que hubiera para la cooperación fueran destinados a programas
específicos para conseguir la igualdad entre los hombres y las
mujeres. Por tanto, insisto que es mejor pasarlo al punto 4.
Estamos de acuerdo con ello, y el Gobierno está haciendo, con la
Agencia de Cooperación y el Instituto de la Mujer, un programa de
mujer y desarrollo muy interesante, que creemos que hay que
ampliar y conseguir que los países de la Unión Europea también
hagan una financiación específica de cooperación para el
desarrollo con un objetivo, que es la igualdad de oportunidades
de las mujeres de países que están en una situación diferente a
la nuestra.
Realizar, a través de la conferencia sectorial, el seguimiento de
los acuerdos de Pekín, lo han copiado ustedes de la proposición
no de ley que está en el registro desde antes de esta
interpelación y que propuso el Grupo Socialista. Como ustedes
comprenderán la vamos a votar a favor.
Yo les diría que el seguimiento de los Acuerdos de Pekín --usted
ha estado en la Conferencia, como yo, y usted lo sabe-- y su
cumplimiento va a llevar también a exigir que esta Cámara acepte
lo que han aceptado 189 países de distintas culturas, religiones,
ámbitos y mundos muy diversos, muy plurales, muy diferentes, y es
que se adapten las legislaciones para que en ningún país del
mundo ninguna mujer pueda ser llevada a la cárcel por tener que
abortar o tomar la decisión siempre dura de abortar. Ustedes
mismos esta mañana, no voy a decir abortar, pero sí nos están
obstruyendo el debate y la tramitación rápida y serena del
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que lleva
aquí dos meses. Esa va a ser una cosa que la vamos a seguir y es
un acuerdo de Pekín.
Con respecto a un tercer plan de igualdad europeo, creemos que
realmente tendría que haber sido el punto central de la moción,
porque estamos convencidas de que sólo haciendo una política de
carácter horizontal, coordinada a nivel del Gobierno, coordinada
con las comunidades autónomas, coordinada con los ayuntamientos,
solidaria y apoyada por todos los grupos de esta Cámara, es como
vamos a poder seguir avanzando hacia la igualdad real de
oportunidades entre los hombres y las mujeres.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra la señora
Monzón
La señora MONZON SUAREZ: Señor Presidente, señorías, desde
Coalición Canaria valoramos positivamente la iniciativa planteada
por el Grupo Parlamentario Popular y anunciamos desde ahora
nuestro voto favorable a la misma, por lo que significa de
compromiso presente y futuro con las mujeres, pero desde un punto
de vista de crítica constructiva debemos señalar que las
propuestas que se plantean son deficientes por su escasa
profundidad, por la no observancia de medidas que ya están en
vigor proponiéndolas como primicia y sin un estudio profundo, a
nuestro entender, no sólo de la normativa de medidas vigentes,
sino desde su exposición, medidas que suponen, en todo caso, un
gasto público contrario a lo defendido en el programa político
del Partido Popular.
En esta moción no se propone casi nada que no se esté ya
realizando a mayor o menor escala, tanto a nivel estatal como en
distintas comunidades autónomas, como la canaria. Lo que sugieren
en el ámbito de la formación de la mujer a nuestro entender es un
resumen de lo previsto en el primer Plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres aprobado en 1987 para el período
1988-1990, ya evaluado y corregido en el segundo Plan de 1993
para el período 1993-1995, así como los distintos planes
elaborados por las diferentes comunidades autónomas a través de
sus Institutos de la Mujer.
Desde Coalición Canaria sí consideramos útil que se avance sobre
lo previsto en el mencionado Plan y desarrollar legislativamente
la acción positiva reconocida por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, no sólo como un principio acorde a la norma
fundamental, sino como una obligación constitucional, que en su
artículo 9.2, como todos sabemos, obliga a los poderes públicos a
remover los obstáculos que se oponen a la igualdad entre las
personas, principio recogido también en el Tratado de Roma, de
1957, así como en el Tratado de Maastricht, de 1993.
En el número 2 y en cuanto al programa de la Inspección de
Trabajo, compartimos la filosofía, siempre y cuando se entienda
por vigilancia del cumplimiento de la igualdad salarial, la
vigilancia del principio: a trabajo de igual valor, igual
salario, que no es lo mismo que lo que parece deducirse de la
ambigua expresión empleada en la moción.
De otra parte, tenemos que reconocer públicamente el avance que
en el campo de la igualdad de la mujer se ha llevado a cabo en
los últimos años. Avance que reconocemos en parte al Gobierno,
pero no sólo a él. Desde esta tribuna creo que es importante
resaltar la lucha de tantos colectivos --como se ha dicho aquí
ya-- de ciudadanas y ciudadanos que, con su esfuerzo, han
conseguido que las mujeres lleguemos donde estamos; pero aún
queda mucho camino por recorrer. Hay mucho camino que recorrer en
las escuelas, donde todavía no se ha logrado una educación
igualitaria, no sexista; hay mucho camino que recorrer a nivel
laboral, donde aún no se ha llegado a la igualdad salarial, a
trabajo de igual valor, igual salario, como mencionaba
anteriormente. Consideramos que habría que avanzar más en el área
de la conciliación familiar y profesional, ampliando la red
pública de atención a la infancia en horarios extra-lectivos y
fomentar los servicios de ayuda a domicilio. Pensamos que hay que
progresar en la línea, ya iniciada en la legislación, de
protección de la maternidad y cuidado de los hijos e hijas para
que padres y madres tengan acceso a esos beneficios y aumente el
compromiso de los varones en materia familiar; creemos también
que habría que desarrollar campañas de sensibilización pública,
en la línea de algunas ya emprendidas por el Ministerio de
Asuntos Sociales, pero con mayor asiduidad.
En el número 3 se debería mejorar, a nuestro entender, el sistema
de prestaciones, de forma que se cubra la necesidad de las madres
solas o con cargas familiares y de difícil inserción social. En
lo referido a las mejoras de las prestaciones económicas de las
personas viudas se debe tener en cuenta la normativa de Seguridad
Social, controlando las situaciones de viudedad con otros empleos
o coordinándolas, así como las ayudas a otras circunstancias
personales, por lo que entendemos que no debe hacerse esa
limitación de edad o encasillarlas.
En el número 4, finalmente, consideramos una buena idea que se
presente al Parlamento un informe anual sobre el grado de
cumplimiento de los compromisos contraídos, pero si se aprueba la
reducción del gasto social, que ustedes apoyan, nos parece que
dicho informe será muy escueto.
Por otro lado, habría que crear partidas presupuestarias
específicas en los diferentes ministerios para apoyar políticas
de igualdad en el ámbito que les compete, así como elaborar, por
parte de las Administraciones públicas programas específicos para
el fomento de igualdad de oportunidades de las mujeres, entre su
propio personal, e incentivar aquellas empresas que sigan su
ejemplo en dichas acciones.
Por todo lo expuesto y reconociendo los avances producidos, es
evidente que nos queda muchísimo camino por recorrer, camino en
el que no será posible avanzar si se continúa en la línea de
hacer recortes presupuestarios en aquellas partidas que afectan a
los avances y a las políticas de igualdad de las mujeres. Por
ello esperamos que el interés demostrado en este debate se
refleje en los próximos Presupuestos Generales del Estado --si es
que los hay y si no en los futuros-- para que los recortes que se
han producido este año en el Ministerio de Asuntos Sociales no
sólo no se repitan sino que, al contrario, se creen partidas
suficientes para poder seguir avanzando hasta poner fin,
definitivamente, a la discriminación que seguimos sufriendo las
mujeres.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monzón.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), quiero señalar nuestra posición ante la moción del Grupo
Popular.
Una vez más, como lo hacía la semana pasada, debo insistir en que
este tema de la igualdad de oportunidades es delicado y en que de
los problemas de las mujeres no se debería hacer una plataforma
para el electoralismo y un marco para el posicionismo político.
Puede que este tipo de actitud dé buenos resultados en las urnas,
pero ni beneficia a las mujeres ni colabora al desarrollo de una
sociedad mucho más igualitaria.
La postura de los diferentes grupos parlamentarios sobre la
política para la igualdad ha sido presentada y discutida en esta
Cámara en multitud de ocasiones, con las divergencias y
coincidencias que comporta un debate de estas características.
Pero ahora, y con la mirada puesta en la reciente Conferencia de
Pekín, no se debería utilizar este tema. No es el momento de
entrar en crispadas discusiones sobre voluntades políticas a
favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y no es
el momento porque, insisto, esta clase de discusiones no va a
repercutir positivamente sobre la situación de las mujeres, sino
que éstas van a ser utilizadas como parte de una maniobra
política cuyo objetivo directo no es mejorar su situación en la
sociedad
Dicho esto, con lo que ha quedado expuesta la opinión de nuestro
Grupo, quisiera hacer referencia a alguno de los puntos que se
contemplan en la moción. En primer lugar, habría que clarificar
de una vez por todas que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres no es un objetivo al que se llega únicamente a
través de medidas de carácter asistencial, ni a la inversa: las
problemáticas de carácter asistencial no deben ligarse
automáticamente a las mujeres. Se debería analizar cómo hallar
soluciones que eviten la desigualdad de oportunidades y la
feminización de la pobreza, pero se deberían encontrar soluciones
reales, factibles, estudiadas y, sobre todo, cuantificadas
presupuestariamente: por una parte, revisar pensiones de
viudedad, de orfandad; realizar, de una vez por todas, este fondo
de garantía de pensiones que llevamos cuatro años tratando de
aprobar, y, por otra parte, hay que respetar las competencias de
las comunidades autónomas. Existen comunidades autónomas que
tienen transferidas todas las competencias relativas a la
formación profesional, a la formación ocupacional y que ya llevan
años priorizando la formación profesional de las mujeres en sus
planes de actuación para la igualdad en los nuevos sectores de
actividad laboral, impartiendo formación ocupacional a mujeres
con bajo nivel educativo y llevando a cabo programas para la
mujer del ámbito rural.
Similar argumentación es válida para la propuesta de crear un
catálogo de medidas concretas destinadas a facilitar la
conciliación de la vida profesional y de la vida familiar. En
todos los planes para la igualdad de oportunidades de las
comunidades autónomas están incluidas actuaciones con esta
finalidad, actuaciones que, además, parten de la realidad y de
las necesidades propias de cada comunidad. Puesto que
mayoritariamente este tipo de actuaciones no tiene relación con
el ámbito de competencias exclusivas del Gobierno del Estado, no
tiene ningún sentido que éste elabore un catálogo de dichas
características.
Por último, y en lo que se refiere al punto 4 de la moción,
deberían explicarnos a qué conferencia sectorial están haciendo
referencia. En cualquier caso, existe una Comisión Mixta
Congreso-Senado para los derechos de la mujer que está encargada
de hacer el seguimiento de las políticas para la igualdad. Por
tanto, creemos que es en esta Comisión donde se debe hacer el
seguimiento de la aplicación de los acuerdos adoptados en la
Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer.
Señoras Diputadas y señores Diputados, conseguir la igualdad de
oportunidades para las mujeres, conseguir una sociedad
igualitaria tiene una de sus bases fundamentales en la
sensibilización y en la concienciación de toda la sociedad.
Necesitamos acciones puntuales, pero también acciones colectivas
encaminadas a producir esta sensibilización, que deben ser
adoptadas desde la serenidad, que deben ser adoptadas desde el
análisis social y político, no desde la crispación, no desde la
exaltación, no desde un punto de vista electoralista.
Señorías, conseguir la igualdad de oportunidades comporta partir
del consenso político; es necesario partir del consenso político
para conseguir un consenso social. Esta es la línea que
consideramos útil, positiva y beneficiosa para las mujeres --por
lo tanto también para toda la sociedad--; ésta es la línea que va
a seguir y apoyar nuestro Grupo Parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, después de la interpelación del miércoles de la semana
pasada, en la que se planteaba a esta Cámara la situación tan
sumamente desastrosa de la mujer en nuestro país, después de
tantos años y después del fracaso --se dice textualmente en la
intervención
de la portavoz del Grupo Popular-- de todas las políticas de
igualdad llevadas a cabo por el Gobierno socialista, la verdad es
que nos esperábamos una moción en la que de verdad se acometieran
todos aquellos defectos que se pusieron de relieve en la
exposición de la señora Sainz el miércoles de la semana pasada.
Cuando la señora Sainz decía que las mujeres teníamos poca
incidencia en la participación en la renta del trabajo --y no les
voy a cansar con los porcentajes a que ella aludió, y que constan
en el «Diario de Sesiones»--, cuando hablaba de la baja
participación de la mujer en las rentas del trabajo, repito,
nosotros esperábamos que en esta moción se nos planteara, como
mínimo, cómo íbamos a conseguir que subiera la participación de
las mujeres en las rentas del trabajo, para llegar a conseguir, a
través de la Inspección de Trabajo, la igualdad salarial o el
derecho a un trabajo igual, igual remuneración, y alcanzar ese
mayor porcentaje. Creemos que no es solamente esto sino que,
además, la participación de la mujer en las rentas del trabajo se
lleva adelante consiguiendo otros objetivos, como es el de una
mayor potenciación de las mujeres en otros puestos y lugares.
Continuando con la exposición que hacía la señora Sainz el
miércoles de la semana pasada, hablaba de la precariedad, que
claramente quedaba reflejada en los puestos de trabajo que son de
contratación temporal. Esperábamos que en esta moción, el Partido
Popular nos hiciera conocedores de su posición y de las medidas
que piensa adoptar o que cree que se deban de adoptar para que la
precariedad en el mercado laboral deje de existir para las
mujeres y, por ende, deje de existir para todos los trabajadores
y trabajadoras.
Pensábamos que también nos iban a explicar las propuestas del
Partido Popular para que las mujeres españolas tuvieran ayudas
pra compatibilizar las tareas domésticas con sus labores
profesionales, y nos hemos quedado solamente con la creación de
un grupo interministerial que será el que nos facilite el
catálogo de medidas concretas para poder ir impulsándolas.
Señorías, entre la moción del Partido Popular, la interpelación
de la señora Sainz la semana pasada y su exposición de ahora para
presentar la moción, hay un montón de medidas que se pueden ir
adoptando, que nosotros ya venimos criticando al Gobierno que no
se hayan ido tomando desde los planes de igualdad y desde los
propios Presupuestos Generales del Estado.
Sabemos, y todos somos conscientes de ello, que es necesario una
mejor formación y formación profesional para las mujeres con
inferiores niveles educativos. Es necesario que existan mayores
consignaciones presupuestarias, pero al mismo tiempo también es
necesario que exista voluntad desde las comunidades autonómas
para llevarlas a cabo. Por lo tanto, consideramos que es
imprescindible que se colabore con ellas y que, además, la
actuación del Partido Popular en estos momentos, en comunidades
autónomas donde tiene responsabilidades de gobierno, sea
consecuente con las medidas que se están defendiendo aquí.
La señora Sainz, en su intervención de la semana pasada, hacía
también mención a que todo el mundo es conocedor de que una de
las necesidades más imperiosas para que las mujeres puedan
acceder en mejores condiciones al mercado laboral y que no
represente para ellas una restricción de sus responsabilidades
hacia los hijos, es precisamente el que haya mayores ayudas a los
servicios escolares. Pues bien, señorías, en algunas comunidades
autónomas donde ustedes ya gobiernan desde hace tiempo han
desaparecido las ayudas a las escuelas infantiles y se han
convertido en un cheque escolar, con lo cual se dificulta el que
estas mujeres sigan teniendo participación y puedan acceder en
mejores condiciones al mercado laboral.
Por lo tanto, señoría, vamos a votar a favor de esta moción,
porque consideramos que no va en contra de la igualdad de
oportunidades de las mujeres ni de su avance, sino que son
medidas que se vienen ya aplicando, aunque, según la intervención
de la señora Sainz, no han conseguido que mejore la situación de
las mujeres. Nosotros la vamos a apoyar con la esperanza de que,
además, todas estas medidas se aumenten, que realmente seamos
capaces de que no solamente el grupo interministerial de trabajo
elabore el catálogo de medidas, sino que, además, las que ya
conocemos, que son aquellas que están interponiéndose para que
las mujeres puedan acceder a un mejor desarrollo y a una mejor
integración en el mercado laboral, las vayamos aplicando. Todos
sabemos que pueden ser también la mayor consignación
presupuestaria a la hora de facilitar la responsabilidad que las
mujeres tienen hacia personas mayores o hacia los menores.
En el ámbito de la protección y el desarrollo social, si ustedes
ya han dicho que iban a aceptar la enmienda del Partido
Socialista, nosotros sólo tenemos que decirles que no creemos que
solamente con este tipo de medidas vayamos a conseguir que haya
un ámbito mayor de protección. Sí que es cierto, en caso de
llevarse adelante, que mejorarían las condiciones de las personas
viudas menores de 60 años, que en estos momentos son las que
están sufriendo una mayor problemática en cuanto a los recursos
económicos y que además son las mujeres que también tienen
mayores problemas para su integración en el mercado laboral.
En relación al número cuarto quiero decirles que estamos de
acuerdo con ustedes, que es necesario que se haga ese seguimiento
y estamos de acuerdo en que el Instituto de la Mujer presente en
el primer semestre de 1996 el tercer plan de igualdad, concorde
con el IV Plan de Igualdad Europeo.
Señorías, para el avance de las mujeres no sirve que vengamos a
esta Cámara, hagamos una interpelación diciendo lo mal que está
todo y luego después presentemos
una moción que es un seguimiento de lo que el Gobierno viene
aplicando, con mejor o peor fortuna, y que realmente no es la
solución para los problemas de las mujeres.
Ataquemos la precariedad laboral. No estemos de acuerdo con una
reforma laboral que perjudica todavía más a las mujeres y las
pone en peores condiciones; pero creo que ahí no nos vamos a
encontrar con el Partido Popular.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Popular, para expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: En aras de la economía había hecho
referencia a la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista
y de cómo, además, ofrecía una transacional después de un diálogo
y después de la intervención de la portavoz del Grupo Socialista
diciendo que aceptaba la enmienda transaccional. Así pues, creo
que podemos dar por zanjado el debate, más allá de las posibles
réplicas que sé que su Presidencia no iba a dejar entrar en
ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz. Vamos a proceder a la
votación.
Moción del Grupo Popular, que se somete a votación en los
términos de la transacción ofrecida por la señora Sainz en
relación con la enmienda del Grupo Socialista y aceptada en el
curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 296; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho de la noche.