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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 19/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 167
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 165
celebrada el martes, 19 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8931)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 133.1, de 2 de junio de 1995 (número de expediente
122/000111) (Página 8931)
Modificación en el orden del día (Página 8940)
Avocación por el Pleno de proyectos de ley:
--Del proyecto de ley del Impuesto sobre Sociedades (número de
expediente 121/000090) (Página 8941)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre montes y
aprovechamientos forestales. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 131.1, de 19 de mayo de 1995 (número
de expediente 122/000110) (Página 8941)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a remitir, para su
aprobación, los Instrumentos de ratificación de los Protocolos
Adicionales números Cuatro y Siete al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
D, número 42, de 10 de enero de 1994 (número de expediente
162/000068) (Página 8951)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
resolver la situación de los sacerdotes y religiosos/as
secularizados, que se han jubilado sin pensión contributiva o con
un bajo porcentaje de su base reguladora. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 117, de 27 de junio de 1994
(número de expediente 162/000120) (Página 8959)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
conducta y responsabilidad del Gobierno en el proceso de
privatización de intelhorce (número de expediente 173/000091)
(Página 8967)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, relativa a las líneas maestras de la política
general presupuestaria del Gobierno en relación con el sistema
público de pensiones y la política de protección social (número
de expediente 173/000092) (Página 8973)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 168,
de 20 de septiembre de 1995).
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados (Página 8931)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8931)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo (Página 8931)
La señora Maestro Martín defiende la proposición de ley de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que han
sido varias las ocasiones en que en esta legislatura y en otras
anteriores se ha tratado, por parte de su Grupo, de que esta
Cámara regulase un derecho fundamental de las mujeres como es el
derecho a la autonomía en materia sexual y reproductiva. Destaca
la responsabilidad fundamental del Grupo Socialista al no haber
traído hasta este momento un proyecto de ley a la Cámara, a pesar
de tratarse de una propuesta contenida en sus programas
electorales y de los compromisos verbales de miembros del
Gobierno y del propio Presidente, añadiendo que, después de la
decisión de hoy de la Mesa del Congreso de no aceptar el
procedimiento de urgencia para tramitar este proyecto de ley,
puede ser esta proposición la última oportunidad que tengan las
mujeres españolas para que se les reconozca un derecho
contemplado, por lo demás, en la reciente clausurada Conferencia
de Pekín.
Agrega que se hallan en el trámite de una toma en consideración
y, aunque es evidente que Izquierda Unida ha presentado la
propuesta, a su juicio, más adecuada, están abiertos a su posible
modificación, no suponiendo, por tanto, la votación de esta tarde
la aprobación literal de la proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervinien las señoras Rahola
i Martínez, del Grupo Mixto, y Monzón Suárez, del Grupo de
Coalición Canaria; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV), y Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
y las señoras Fernández González, del Grupo Popular, y Alberdi
Alonso, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por 50 votos a favor, 163 en contra y 94 abstenciones.
Modificación en el orden del día (Página 8940)
El señor Presidente informa que la Junta de Portavoces, en su
reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno la
inclusión de un nuevo punto en el orden del día relativo a la
elección de un Diputado de los que tienen acceso a la información
sobre secretos oficiales, de conformidad con la Resolución de la
Presidencia de la Cámara de 2 de junio de 1992, al haberse
producido la vacante como consecuencia de la renuncia del señor
Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria.
Se aprueba por asentimiento la inclusión de este punto en el
orden del día.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 8941)
Proyecto de ley del Impuesto de Sociedades (Página 8941)
El señor Presidente informa que se ha solicitado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley
del Impuesto sobre Sociedades
Se aprueba dicha avocación por asentimiento.
Toma en consideración de proyectos de ley (Continuación) (Página 8941)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre montes y
aprovechamientos forestales (Página 8941)
El señor Madero Jarabo defiende la proposición de ley del Grupo
Popular, que justifica la existencia de un mandato parlamentario,
además de ser absolutamente precisa una nueva ordenación y
actualización de la legislación forestal, que ha quedado
totalmente obsoleta por las transferencias de competencias desde
la Administración del Estado a las comunidades autónomas y, sobre
todo, porque les parece oportuno y necesario dotar al monte de
una ley básica eficaz, positiva y moderna, dada la importancia
del sector forestal.
Recuerda que la Comisión de Agricultura, el día 28 de septiembre
de 1994, aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando
al Gobierno a adoptar una serie de medidas necesarias para evitar
en el futuro lo ocurrido el verano anterior: un auténtico
desastre en nuestros montes, con la pérdida de 36 vidas humanas y
400.000 hectáreas arrasadas por el fuego.
Destaca, por otra parte, la importancia de la superficie forestal
en nuestro país, así como su producción, desde el punto de vista
económico, especificando finalmente el contenido del texto
presentado por su Grupo Parlamentario, para el que pide el voto
favorable de la Cámara.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría
Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Vidal i Sardó, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); la señora Rivadulla Gracia, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 304 votos a favor y tres
abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 8951)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se insta al Gobierno a remitir, para su
aprobación, los instrumentos de ratificación de los protocolos
adicionales números cuatro y siete al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (Página 8951)
El señor López Garrido, defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se
insta al Gobierno el envío a la Cámara de un instrumento de
ratificación de dos relevantes protocolos, los números Cuatro y
Siete, al Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, elaborado en el seno del
Consejo de Europa, que España no pudo firmar ni ratificar hasta
que hubo en nuestro país una democracia constitucional.
Señala que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 es
probablemente el instrumento de protección de derechos humanos
más importante que existe en estos momentos en el mundo a nivel
supranacional, con una vigencia extraordinaria en
nuestro propio ordenamiento jurídico y que, si bien nació como un
convenio de mínimos, después se vio la necesidad de extender sus
garantías y derechos, para lo que se han hecho unos protocolos o
enmiendas posteriores, entre ellos los Protocolos Cuatro y Siete
que, de forma más extensa, desarrollan y amplían el Convenio
Europeo de los Derechos Humanos y que curiosamente no han sido
ratificados por el Estado español.
Expone seguidamente el contenido de los protocolos en cuestión,
afirmando que su no ratificación supone una laguna importante
dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales en
nuestro país.
El señor Puig i Olivé defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i
Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Martínez Casañ,
del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición debatida por 308
votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
resolver la situación de los sacerdotes y religiosos/as
secularizados, que se han jubilado sin pensión contributiva o con
un bajo porcentaje de su base reguladora (Página 8959)
El señor Homs i Ferret defiende la proposición de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), manifestando que el problema que
se plantea no es un tema nuevo para la Cámara, ya que fue objeto
de debate en muchas ocasiones y ha sido planteado por otros
grupos parlamentarios y se refiere a una problemática todavía no
resuelva, después de 16 o 17 años desde que se produjeron los
problemas que hoy se someten a reflexión de la Cámara.
La proposición planteada posibilita afrontar una solución al
problema que hoy tienen miles de personas ex sacerdotes, ex
religiosos y ex religiosas, que se secularizaron en su momento y
que actualmente, al jubilarse, no cumplen el período mínimo de
cotización, por lo que se les deniega el derecho a la percepción
de la pensión o, en otros supuestos, no se les reconocen los años
que estuvieron en activo en la Iglesia y, por consiguiente,
obtienen pensiones de base reguladora muy baja.
Expone los antecedentes del problema que quieren afrontar hoy,
afirmando que España es uno de los países que todavía no ha
adoptado soluciones sobre el particular en relación con algo que
no es nada excepcional y que ha sido afrontado y resuelto
satisfactoriamente, con elevadas dosis de sensibilidad social, en
casi todos los países de Europa.
Asimismo expone, en nombre de su Grupo, el deseo de llegar a un
consenso en torno a la proposición no de ley, considerando que
sería bueno alcanzar un acuerdo político entre todos los grupos
para mandatar al Gobierno con una redacción suficientemente
amplia y flexible que permitiera una vía de diálogo y de
negociación para encontrar una solución.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, en nombre del Grupo Vasco (PNV);
Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, y
Moreno González, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el señor
Albístur Marín, del Grupo Mixto, y la señora Montseny Masip, del
Grupo Popular.
Sometida a votación se aprueba la proposición no de ley debatida
por 316 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8967)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conducta
y responsabilidad del Gobierno en el proceso de privatización de
Intelhorce (Página 8967)
El señor Izquierdo Juárez defiende la moción del Grupo Popular.
Comienza afirmando que al Presidente del Gobierno le son
perfectamente imputables todas y cada una de las grandes
decisiones que en los últimos 15 años se han tomado en
Intelhorce. El Gobierno tiene y ha henido la responsabilidad del
nombramiento de los consejos de administración y éstos de sus
cuadros directivos. También tiene la responsabilidad de los
diseños, de las estrategias y políticas industriales aplicadas en
Intelhorce en los últimos 15 años, en que se han producido unas
pérdidas acumuladas de más de 52.000 millones de pesetas. En todo
caso la decisión de la privatización de Intelhorce es
directamente achacable al Presidente del Gobierno, habiéndola
tomado a instancia y propuesta del entonces Ministro de Economía,
señor Solchaga.
Reitera algunas características de la privatización expuestas
durante el debate de la semana anterior, considerando muy difícil
justificar lo injustificable, lo que no es razonable, lo que se
escapa incluso al
sentido común. Precisamente en el debate de la semana anterior el
Ministro de Economía, señor Solbes, lejos de aclarar la
situación, vino a agravarla, agrandando las sospechas que ya
existían sobre el proceso de privatización de esta empresa.
Añade que la iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular
pretende crear una necesaria comisión de investigación para
depurar responsabilidades del caso Intelhorce.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Centella Gómez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Albístur Marín, del Grupo Mixto Mauricio Rodríguez, del
Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco
(PNV), y señora Sánchez López, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular es aprobada por
172 votos a favor y 156 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a las líneas maestras de la política general
presupuestaria del Gobierno en relación con el sistema
público de pensiones y la política de protección social (Página 8973)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que el objetivo de
la misma es intentar que en esta Cámara se produzcan niveles de
acercamiento en la elaboración de los Presupuestos para el
ejercicio de 1996, si son aprobados por la Cámara, y en la ley de
acompañamiento que tradicionalmente se presenta. Señala que el
Gobierno ha comenzado a negociar los Presupuestos con los grupos
parlamentarios y las organizaciones sindicales y sociales, siendo
el objetivo de su Grupo conocer los compromisos que el país
necesita para el año próximo y cuál es la mayoría existente en la
Cámara para que ello se haga realidad, así como los compromisos
que el Presupuesto debe contener.
Añade que son cuatro puntos los que contiene la moción,
procediendo a exponer seguidamente el contenido de los mismos.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Aparicio Pérez,
del Grupo Popular, y Cercas Alonso, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por trece
votos a favor y 262 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Como asunto previo al orden del día vamos a proceder al juramento
o promesa de acatamiento a la Constitución por parte de don Jesús
Barros Martínez, diputado proclamado electo en sustitución de don
Manuel Jaime Cabezas Enríquez; doña María Dolores Romero
Martínez, proclamada electa en sustitución de don Jorge Novellas
Suárez; y don Jesús Díaz Fornás, diputado proclamado electo en
sustitución de don Gerardo Denis Felipe Estévez Fernández.
Don Jesús Barros Martínez, ¿jura o promete S. S. acatar la
Constitución?
El señor BARROS MARTINEZ: Sí juro.
El señor PRESIDENTE: Doña María Dolores Romero Martínez, ¿jura o
promete S. S. acatar la Constitución?
La señora ROMERO MARTINEZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Jesús Díaz Fornás, ¿jura o promete S. S.
acatar la Constitución?
El señor DIAZ FORNAS: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Jesús Barros Martínez, doña María
Dolores Romero Martínez y don Jesús Díaz Fornás han adquirido la
condición plena de diputados. Bienvenidos a la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE REGULACION DE
LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente
122/000111)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna a defender la
proposición de ley de Izquierda Unida, sobre interrupción
voluntaria del embarazo.
Es cierto, ustedes lo saben, que han sido variadas las ocasiones
en las que en esta legislatura y en otras anteriores se ha
tratado por parte de mi grupo parlamentario que esta Cámara,
depositaria de la soberanía de hombres y mujeres del Estado
español, regule un derecho fundamental de las mujeres como es el
derecho a la autonomía en materia sexual y reproductiva. Subo,
además, con la enorme preocupación de que hay muchas
posibilidades que sea la última vez en esta legislatura, y
posiblemente durante décadas, que tengamos posibilidad de avanzar
en esta materia. Hay enormes responsabilidades por parte de
diversos grupos parlamentarios, a la hora de identificar graves
riesgos, de que una demanda mayoritaria de las mujeres y del
conjunto de la sociedad española se quede, una vez más, a las
puertas del Congreso.
Hay responsabilidad fundamental en el Grupo Parlamentario
Socialista que, pese a reconocer desde hace varias legislaturas
en sus programas electorales que la ley de 1985 es insuficiente,
pese a haber propuesto en sus programas llevar al Parlamento una
ley que garantizara la libre decisión de la mujer, con la mayoría
que pudiera garantizar que esta ley se aprobase, hasta este
momento sólo ha presentado un proyecto de ley traído a rastras a
esta Cámara, después de compromisos verbales de miembros del
Gobierno, del propio Presidente del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Socialista.
Se ha abusado de la confianza de Izquierda Unida. Izquierda Unida
a finales del período de sesiones del año pasado, retiró de la
votación su proposición de ley, esperando que se cumpliese el
compromiso del Gobierno de remitir inmediatamente un proyecto de
ley que garantizara la libre decisión de la mujer en la primera
etapa del embarazo.
Esta proposición fue presentada el día 2 de junio ante el grave
riesgo de que el período de sesiones se terminara, pues se
vislumbraba el agotamiento de una legislatura que cada día que
pasa tiene los signos de la muerte más claramente en su rostro.
En este momento, después de la decisión de la Mesa del Congreso
de no aceptar el procedimiento de urgencia para tramitar el
proyecto de ley del Gobierno, puede ser esta tarde la única
oportunidad que tengan las mujeres españolas, de aquí a muchas
décadas, de que se les reconozca un derecho que, por otra parte,
así lo ha reconocido el derecho a la autonomía de las mujeres en
la recientemente clausurada Conferencia de Pekín.
Tienen enorme responsabilidad los grupos parlamentarios de la
Mesa del Congreso (el Grupo Popular, el Grupo Vasco --PNV-- y el
Grupo Catalán (Convergència i Unió)), que han votado en contra.
Tiene responsabilidad el Grupo Parlamentario Socialista, que
impidió que la tercera fuerza política de esta Cámara tuviera
presencia en la Mesa del Congreso; tiene responsabilidad el Grupo
Parlamentario Socialista, que ha impedido así, entre otras muchas
cosas, que el procedimiento de urgencia fuera votado esta mañana
en la Mesa del Congreso de los Diputados. Hay muchas
responsabilidades que concurren en este momento.
Se hablaba en la Conferencia de Pekín, avalada por el voto de 181
países, entre ellos el nuestro, del compromiso de los Gobiernos a
revisar todas aquellas leyes que permitieran la penalización de
los abortos ilegales.
Señorías, estamos ante una votación de toma en consideración.
Evidentemente, Izquierda Unida ha escrito la ley que Izquierda
Unida entiende corresponde en este mosmento a las necesidades de
las mujeres en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Somos conscientes de que la expresión de la voluntad política
mayoritaria de esta Cámara pudiera, debiera modificar, enmendar
esta proposición de ley y a ello, por supuesto, estamos abiertos.
Estamos ante una votación, insisto, de toma en consideración. La
votación no supone, ni mucho menos, estar de acuerdo con la
letra, con los apartados de la ley que propone Izquierda Unida.
Ahora yo hago un llamamiento, señorías, a todos aquellos de
ustedes que estén de acuerdo con que la ley de 1985 es
insuficiente; que conozcan como conocemos todos, como tenemos la
obligación de conocer, que el informe remitido a esta Cámara en
1991 reflejaba que la inmensa mayoría de las mujeres pretendía
una ampliación de la ley de aborto. Insisto, la votación de hoy
es una votación de conciencia, es la última posibilidad,
diputadas y diputados, muy especialmente diputadas y diputados
socialistas, de tener la oportunidad de cambiar una situación de
tutela, una situación de subordinación de las mujeres.
Quiero denunciar aquí, señorías, la hipocresía, porque no tiene
otra palabra, de todos aquellos que dicen estar en contra de una
ley de plazos, de una ley que garantice el derecho de las mujeres
a decidir su maternidad en función de la protección de la vida
del embrión.
Señorías, la protección de la vida del embrión no la garantiza
nadie que no sea la propia mujer, nadie que no sea la propia
madre y, por tanto, la protección de la vida del embrión se
garantiza de varias formas. Se garantiza modificando todos
aquellos aspectos que hacen que las mujeres se vean obligadas a
enterrumpir su maternidad por necesidad. Claro que es por
necesidad;
hay que repetirlo una y mil veces. En la encuesta remitida al
Congreso en 1991, se veía que las mujeres quieren una regulación
más amplia de la interrupción voluntaria del embarazo, pero, al
mismo tiempo, ninguna de ellas desearía pasar por el aborto. El
aborto es la expresión del fracaso en muchos aspectos de la vida
social que condicionan, claro que sí, la protección de la vida
del embrión. En lo más inmediato, es expresión del fracaso de los
métodos de planificación familiar; el fracaso de unos métodos de
planificación familiar, según denuncia el grupo de mujeres de
organizaciones no gubernamentales españolas que asistió a la
Conferencia de Pekín, porque solamente el 6 por ciento de las
mujeres acuden a centros de planificación familiar de la sanidad
pública. Es el fracaso de medidas económicas y sociales para las
mujeres.
Tengo que contradecir aquí, con toda energía, las palabras de la
Ministra de Asuntos Sociales, señora Alberdi, que se permitió
decir en Pekín que en los países desarrollados las mujeres están
muy mal, pero que, afortunadamente, en nuestro país, en los
países europeos, las cosas son de otra manera.
La protección de la vida del embrión se garantiza también
acabando con la feminización de la pobreza. La última encuesta de
población activa, señorías, decía que, por primera vez, desde el
tercer trimestre de 1993, el número de paradas, la cifra absoluta
de paradas en nuestro país superaba a la cifra de hombres
parados. Hay 69.000 mujeres paradas en nuestro país más que
hombres. Todo ello cuando la tasa de actividad de las mujeres es
exactamente la mitad, cuando la feminización de la pobreza además
dice que solamente el 35 por ciento de las mujeres cobran algún
tipo de protección al desempleo, exactamente la mitad que los
hombres, y cuando además el 54 por ciento de esas mujeres
solamente cobran el subsidio por desempleo, es decir, señorías,
47.000 pesetas al mes y ustedes se erigen en garantes y
protectores de la vida del embrión a la hora de penalizar el
aborto realizado por mujeres en circunstancias de necesidad.
Protección de la vida del embrión, señorías, cuando no en Brasil,
en Madrid, en las ciudades españolas empieza a aumentar el número
de niños de la calle. La vida del embrión se protege cuando la
sanidad pública garantiza el derecho al acceso de métodos de
planificación familiar; cuando la sanidad pública garantice la
interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos en que la
planificación familiar ha fracasado.
Saben ustedes que en los abortos realizados en las edades de más
riesgo, en mujeres menores de quince o mayores de cuarenta, el 80
por ciento no había acudido jamás a un centro de planificación
familiar y nuestra sanidad pública, por vía de recortes
presupuestarios, solamente garantiza esa cobertura en el 6 por
ciento de las mujeres. La protección de la vida del embrión se
garantiza con condiciones laborales, con derecho al trabajo digno
por parte de las mujeres.
Saben ustedes, señorías, decía yo, que el 54 por ciento del 30
por ciento de mujeres que tienen derecho a la protección al
desempleo cobran 47.000 pesetas al mes en concepto de subsidio
que además no cotiza en materia de jubilación.
Estamos ante una situación, señorías de enorme hipocresía social;
una enorme hipocresía social que está haciendo que la sanidad
pública, descendiendo progresivamente, cubra solamente el 2 por
ciento de las interrupciones voluntarias que se realizan en
nuestro país; que la sanidad privada, que solamente está al
alcance de aquellas mujeres con suficientes recursos económicos,
esté garantizando lo que no garantiza la única instancia que está
en condiciones de ofrecerlo en situación de equidad.
Estamos ante una enorme hipocresía por parte de aquellos
profesionales que están realizando abortos en la sanidad privada
y objetan en la sanidad pública. ¿Quienes son, me pregunto esos
profesionales que hacen el 98 por ciento de las interrupciones
voluntarias del embarazo en la sanidad privada, cuando la inmensa
mayoría de los médicos están trabajando en el sistema sanitario
público?
Estamos ante unas reglas del juego planteadas fundamental y
mayoritariamente por hombres. Han sido los hombres a lo largo de
centurias quienes han marcado unas reglas del juego. En este
Parlamento somos minoría las mujeres; en este Parlamento
probablemente se va a rechazar una proposición de ley que está en
condiciones de garantizar realmente, vía enmienda, ese derecho a
la autonomía de las mujeres; que esa sea la expresión mayoritaria
de la Cámara.
Hace mucho tiempo ya, cuando la lucha de las sufraguistas, un
legislador de Massachusetts decía estas palabras: Dad el voto a
las mujeres y tendréis que construir manicomios en cada distrito
y crear un tribunal de divorcios en cada cuidad. Las mujeres son
demasiado nerviosas e histéricas para permitirles acceder a la
política.
Estamos ante una votación clave en la historia de este
Parlamento. Estamos ante una votación que no va a hacer que más
mujeres aborten en este país, es la votación de una ley que
pretende que lo que es angustia de alcoba, angustia privada de la
casa de las mujeres y riesgo para la salud y para la vida de las
mujeres, se convierta en una situación realizada en condiciones
sanitarias suficientes en la sanidad pública.
Señorías, la situación ante esta votación puede hacer que este
Parlamento, que el Partido Socialista Obrero Español, como fuerza
mayoritaria en esta Cámara, manifieste a la sociedad hasta qué
grado está en condiciones de cumplir compromisos electorales;
hasta qué punto es capaz de imponer la voluntad de cumplimiento
del compromiso por encima de filibusterismos parlamentarios que
seguramente van a hacer que
el proyecto de ley del Gobierno no se discuta o no se apruebe
definitivamente en esta legislatura.
Insisto, señorías, no hay justificación alguna, desde posiciones
que afirman el derecho a la autonomía de las mujeres, para votar
en contra de esta proposición de ley; se trata, insisto, de la
toma en consideración, de una votación de voluntad política, que
exclusivamente debe reflejar no si la proposición de ley cumple
los deseos, los presupuestos políticos de todos los grupos de la
Cámara; una votación de toma en consideración significa, ni más
ni menos, estar o no de acuerdo en que la Ley de 1985 es
insuficiente, que la realidad, las necesidades sociales y de
salud de las mujeres han traspasado hace mucho tiempo los límites
de los supuestos. La responsabilidad está en los bancos del
Partido Socialista Obrero Español. En mi opinión, y desde
posiciones humanistas, desde posiciones de respeto a la vida,
también está en todos y cada uno de los escaños que ocupan otros
grupos parlamentarios en esta Cámara.
No será porque la voluntad de Izquierda Unida no haya quedado
bien expresa en esta Cámara; no será porque desde Izquierda Unida
se parta de planteamientos dogmáticos en cuanto a cómo debe ser
el tipo de regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego que concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
Nosotros hemos manifestado en muchas ocasiones que el proyecto de
ley del Gobierno no nos satisface; sin embargo, el debate
parlamentario permite una votación positiva de toma en
consideración para después, vía negociación, llegar a acuerdos
concretos acerca de los contenidos.
Señorías, la historia en estos momentos --y permítanme que sea
así de trascendente--, está mirando el mundo con ojos de mujer --
mujer de la que se ha hablado en la Conferencia de Pekín--; los
ojos de la mujer del Estado español están mirando en estos
momentos cada uno de los escaños de esta Cámara, entendiendo que
no es el protagonismo político lo que mueve a Izquierda Unida a
la hora de plantear esta toma en consideración de la proposición
de ley, sino que está en juego la ocasión histórica de reconocer
la mayoría de edad de las mujeres españolas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Este debate recurrente, demasiado largo, llega nuevamente al
Congreso de los Diputados y lo hace con el cansancio de esos
temas graves que tendrían que ser asumidos con gran
responsabilidad y que en cambio se convierten en moneda barata de
cambio de las batallas políticas.
Deplorable ha sido, pues, la actitud del Partido Socialista que
por cobardía y por falta de autoridad política, quizá de
autoridad moral, ha permitido que esta asignatura pendiente, este
compromiso político y público que el PSOE adquirió con los
ciudadanos, no se haya cumplido aún. La falta de rigor en este
tema, la falta de responsabilidad política en el Partido
Socialista, puede acabar con la esperanza de todas las personas
de progreso que creían que nunca un partido de izquierdas dejaría
sin de resolver un tema social de tal importancia.
De frívola, como mínimo, y de irresponsable hay que tildar la
actitud del Partido Socialista en este tema. Sobre todo, de falta
de respeto a las propias promesas, a los propios programas.
¿Dónde están las promesas electorales, señorías? ¿Dónde está el
compromiso político que ustedes adquirieron?
De la mano de la frivolidad que ustedes han protagonizado, otros
han puesto su salsa, sus intereses partidistas, incluso su
demagogia. En este sentido, especialmente penoso es para Esquerra
Republicana, un partido catalán, que la actitud más integrista
respecto al tema del aborto, la más intransigente, la más
regresiva y, a nuestro parecer, antisocial, haya venido de la
mano de un partido catalán, Unió Democrática. Hacía muchísimo
tiempo que en Cataluña no se estructuraba un discurso político de
tal naturaleza derechista en esta materia, tan integrista en los
planteamientos sobre la mujer, sobre su derecho a la autonomía,
sobre el grave conflicto social que aún padecen tantas decenas de
mujeres.
¡Y qué decir de la actitud del Partido Popular en la materia! En
todo caso, ya no es una sorpresa.
Desde Esquerra Republicana, pues, evidentemente, mostramos
nuestro apoyo público, nuestra indignación por la actitud del
Partido Socialista, que había adquirido un compromiso electoral,
y nuestra preocupación porque planteamientos tan profundamente
integristas en materia de derechos humanos --y también está en
ello la autonomía de la mujer-- hayan sido planteados por
partidos catalanes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Recuerdo a SS. SS. y a los Grupos que vayan a intervenir que el
debate es de fijación de posición en relación con una proposición
de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Monzón.
La señora MONZON SUAREZ: Señor Presidente, señorías, desde
Coalición Canaria creemos que es bueno
que este Pleno se pronuncie ante un tema tan importante como el
que hoy trae a esta Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, en el bien entendido de que apoyar esta toma en
consideración no significa estar de acuerdo con el texto de la
proposición de ley, sino con la idea de fondo, como es la
ampliación de la Ley Orgánica 9/1985, de reforma del artículo 417
bis del Código Penal.
Queremos dejar claro que apoyamos la inclusión del cuarto
supuesto de despenalización porque entendemos que no se trata de
favorecer la interrupción voluntaria del embarazo ni, por
supuesto, de incrementar el número de éstos. Se trata,
simplemente, de afrontar un conflicto grave de nuestra sociedad y
de buscar soluciones adecuadas que contemplen la mejor defensa de
los bienes jurídicos a los que afecta esta ley: la mujer
embarazada y el no nacido.
Respecto a la mujer embarazada, defendemos el derecho de toda
mujer a decidir responsablemente sobre su maternidad,
proporcionándoles, eso sí, el apoyo, ayuda e información
necesaria para que pueda resolver su conflicto de la forma más
serena posible.
En cuanto al nasciturus, estamos convencidos de que en la primera
fase del embarazo, una protección eficaz de la vida del no nacido
sólo es posible con la madre y no contra ella. Por tanto, la
principal garantía de protección no es, a nuestro juicio, la
intimidación punitiva, sino la tutela basada en el asesoramiento.
Por todo ello, apoyaremos la toma en consideración de esta
proposición de ley, si bien quiero aclarar que es norma en este
Grupo Parlamentario dar libertad de voto en aquellos temas que,
como éste, afectan a la conciencia de sus componentes.
Gracias y nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monzón.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Maestro, la verdad es que con estas solemnes apelaciones
al cambio de la historia que ha hecho, que en algunos momentos --
se lo digo con todo respeto-- han adquirido casi las
características de soflama política, y esta peculiar vinculación
de la toma en consideración de esta proposición de ley nada menos
que a la adquisición de la mayoría de edad de la mujer en su
consideración colectiva, en su conjunto, a uno le cuestan mucho
argumentaciones razonables y argumentaciones que tengan ubicación
o ajuste parlamentario para replicar y explicar
fundamentalmente --esto sería lo más relevante-- la posición de
mi grupo parlamentario en relación a una iniciativa importante
como son todas las atinentes al aborto o a la interrupción
voluntaria del embarazo. Son muy discutibles sus argumentaciones,
pero sobre todo es que le han privado de tiempo para explicar el
contenido material de la ley, de lo que ustedes pretenden. No ha
empezado a explicar su contenido articular, su contenido
material. Yo se lo voy a explicar, señora Maestro.
Lo que ustedes pretenden fundamentalmente es articular, a través
de esta proposición de ley, lo que se denomina técnicamente una
ley de plazos, cuya dimensión es de 16 semanas, es decir, la
posibilidad de que durante las 16 primeras semanas de gestación
el aborto sea libre, sea discrecional e incluso, si fuera
menester, arbitrario y sujeto a la exclusiva y estricta libertad
de la madre, libertad que no se limita de ninguna manera. Eso,
señora Maestro, mi grupo parlamentario no lo puede aceptar. Pero
no es que no lo acepte mi grupo parlamentario, es que no lo
acepta tampoco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no
lo acepta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán,
no lo acepta la jurisprudencia de la Corte Constitucional
italiana, no lo acepta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Posiblemente usted no haya leído una importante sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 11 de enero de 1984. Igual el señor
Alcaraz le está transmitiendo su contenido exacto. Yo se lo puedo
reproducir también en este momento.
Señora Maestro, lo que se concibe jurisprudencialmente, lo que
concibe nuestro ordenamiento jurídico y lo que se ajusta a los
requerimientos más elementales de nuestro ordenamiento jurídico
constitucional en esta materia sería lo siguiente. El desarrollo
de la vida humana se inicia con la gestación. Desde el momento de
la gestación la vida humana existe y es un bien jurídico
merecedor de protección constitucional y merecedor también de
protección punitiva. Y lo que ocurre en los supuestos que en
nuestro Código Penal están despenalizados es, sencillamente, no
que se considere antijurídica la conducta de la madre que aborta,
no que se destipifique la conducta de la madre que aborta, sino
que se aplique a lo que se denomina técnica jurídico-penal un
supuesto de no exigibilidad de otra conducta o, mejor dicho, un
supuesto de no exigibilidad de otra conducta sintetizado con
estados de necesidad; estados de necesidad masivos, apreciados
como masivos por la jurisprudencia y luego por el Código Penal en
su artículo 417 bis, que considera no no delictivos sino no
punibles los tres supuestos en los que el aborto está
despenalizado actualmente. Esa es la posición del Tribunal
Constitucional y esa es la posición que nosotros, como
legisladores, tenemos que respetar puesto que no tenemos
habilitación jurídica, ni siquiera como legisladores, para otra
cosa, puesto que estamos hablando de la protección tutelar,
punitiva en este caso, del derecho a la vida, porque del derecho
a la vida estamos hablando como habla la sentencia de 11 de abril
de 1985 del Tribunal Constitucional español, como habla la
sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán del año
1975, como habla la sentencia de la Corte Constitucional italiana
del año 1975, y tantas
otras importantes sentencias de derechos fundamentales o
atinentes a derechos constitucionales.
Voy a reproducir una expresión exacta de la exposición de la
sentencia del Tribunal Constitucional español de 11 de abril de
1985. Dice que la vida humana es un devenir que empieza con la
gestación, que no tiene fases fácilmente diferenciables. Los
procesos de conciencia ni siquiera se inician en el nacimiento.
Algunos de los procesos de conciencia humana se inician después
del nacimiento y desde el momento de la gestación la vida humana
merece protección jurídica. Es un bien jurídico
constitucionalmente merecedor de protección. Cualquier atentado
contra esta protección constitucional es un atentado contra el
derecho a la vida, que consagra el artículo 15 de la Constitución
como derecho fundamental de toda persona, presupuesto para el
ejercicio de cualquier derecho. Y la exclusión del consentimiento
del otro progenitor, del padre, para cualquier acto de
disposición sobre la vida humana contradice el artículo 39 de la
Constitución, que atribuye a los dos progenitores, al padre y a
la madre, la protección integral de la familia. Luego estamos
hablando de la vulneración de dos preceptos constitucionales: los
artículos 15 y 39 de la Constitución. Esta es la posición que
mantiene nuestro grupo parlamentario. Por estas razones de
constitucionalidad y por razones de puro sentido común, señora
Maestro, la vida humana no es un bien disponible, no es un bien
disponible ni por la madre. La vida humana del nasciturus, del
ser que va a nacer, no es una propiedad de la madre, como no lo
es la placenta, como no lo es el cordón umbilical, como no lo es
el líquido amniótico siquiera, señora Maestro. Sobre un bien
disponible o no no se puede actuar libremente como ustedes
pretenden.
Señora Maestro, en su tono de soflama, en su tono retórico tan
solemne, seguramente usted podrá replicarme o podrá tildar estas
posturas que mi grupo parlamentario mantiene como conservadoras.
Es una convención injusta. Mi grupo parlamentario con esta
posición lo que pretende es defender el derecho a la vida. Buena
perversión intelectual y buena perversión política es considerar
la defensa del derecho a la vida como una posición política
conservadora. En todo caso --ahora se lo adelanto, señora
Maestro, para que tenga clara nuestra posición--, ésa va a ser la
posición de mi grupo parlamentario en cualquier debate atinente a
la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, y nosotros la
vamos a mantener con dignidad y con orgullo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nuestro grupo parlamentario, como
SS. SS. posiblemente ya saben, en cuestiones de conciencia, que
es lo que estamos debatiendo en este momento sobre el aborto y la
despenalización voluntaria del embarazo, deja libertad de voto a
sus Diputados. Ahora bien, en el trámite correspondiente en la
anterior legislatura al proyecto de ley orgánica del Código
Penal, nuestro grupo presentó una enmienda que expresaba el
acuerdo y la voluntad del mismo en el sentido de mantener en
idénticos términos ya contemplados en el artículo 417 bis del
Código Penal aún vigente, en trámite de modificación en el
Senado. Por tanto, se puede decir que somos partidarios de no
modificar la actual normativa, ya que los estudios sobre la
aplicación de las actuales circunstancias de despenalización no
revelan la necesidad, perentoria socialmente, de modificarla.
Dicho esto, permítaseme, señor Presidente, señorías, hacer unas
reflexiones que someto a la consideración de la Cámara ante tan
trascendente cuestión. Podríamos posicionarnos en contra de la
toma en consideración de la proposición de ley sobre la
regulación que hoy presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por el mero hecho de que ya ha
tenido entrada en la Cámara el proyecto de ley del Gobierno, al
que pueden presentarse las correspondientes enmiendas, de acuerdo
al criterio de cada grupo parlamentario, para su introducción en
la futura ley. También podríamos pedir al grupo proponente su
retirada, toda vez que ha cumplido en parte sus objetivos, es
decir, que el Gobierno presentara su proyecto. Recuérdese como
antecedentes --ya lo ha hecho la portavoz del Grupo proponente,
doña Angeles Maestro-- que el año pasado debatíamos una
proposición no de ley no exactamente igual, pero sí muy parecida
a la actual, que se retiró precisamente antes de procecer a su
votación; o más recientemente, en mayo y junio de este año tuvo
lugar la presentación y el debate correspondiente a una
interpelación y moción subsiguiente. Sin embargo, no hemos de
olvidar las diferencias entre las dos propuestas, que no tienen
una importancia menor y que en el reciente debate del Código
Penal el representate de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor López Garrido, exponía claramente: Así, si el
proyecto de ley del Gobierno aboga por un nuevo supuesto de
despenalización voluntaria del embarazo, en la proposición de ley
que nos ocupa lo que el Grupo proponente defiende es la vía de
plazos. Por decirlo de una forma es una ley a petición o una ley
a demanda. En definitiva, el aborto libre y a voluntad de la
embarazada en las 16 primeras semanas del embarzo. Interrupción
que se realizaría --eso sí-- en unas condiciones determinadas que
contempla la proposición de ley.
El nuevo supuesto que como indicación contempla el proyecto del
Gobierno, dentro de las 12 primeras semanas, es que el embarazo
suponga, a juicio de la embarazada, un conflicto personal,
familiar o social. Por tanto, añade a las tres indicaciones
actualmente previstas --es decir, la terapéutica o peligro grave
para la
vida o la salud física o psíquica de la embarazada; la indicación
criminológica o consecuencia de violación y la indicación
eugenésica, es decir, presunción de que el feto había de nacer
con graves taras físicas o psíquicas-- una nueva indicación que
podemos considerar fundamentalmente de tipo económico y social.
De hecho, se trata tanto en un caso como en otro de buscar una
solución a la impotencia y al fracaso de nuestra sociedad para
hallar otras vías menos cruentas y más sociales que posibiliten
otros caminos de solución a la cuestión ya que, en definitiva, la
causa o el motivo, como hemos dicho, de la interrupción del
embarazo es económica y social.
No podemos olvidar, señor Presidente, señorías, que en definitiva
se trata de un conflicto entre dos derechos a proteger: el
derecho a la vida y el derecho a la libertad. Ante este conflicto
se pueden adoptar diferentes posiciones, algunas más radicales
como el defender como prioritario el derecho a la vida del que ya
vive en el seno materno o, por otra parte, el defender como
prioritario el derecho de la mujer embarazada a interrumpir la
gestación. Pero frente a ellas hay posiciones más moderadas que
defienden que bastaría una cláusula en la legislación que
permitiera a los tribunales tener en cuenta las circunstancias
atenuantes o incluso eximentes que se pudieran aplicar en
situaciones extremas y llenas de dramatismo humano, y que sería a
nuestro entender preferible a otra posición, también dentro de
esta misma moderación, de despenalización en casos límites muy
angustiosos, claramente delimitados, que intente evitar el sumar
al drama personal que representa la siempre traumatizante
intervención judicial.
Ciertamente resulta preocupante cualquier posición que vaya en el
sentido de que haya una cierta dimisión por parte del Estado en
proteger la vida del que va a nacer y en beneficio del presunto
derecho de la mujer en decidir sobre esta vida. Queda abierta
también la cuestión de cómo se protegerá la conciencia de los
ginecólogos a toda coacción, si se tiene en cuenta que la mayoría
de las peticiones de aborto obedecen a acusas económicas y
sociales y que por no responder a las llamadas indicaciones
médicas propiamente se oponen la mayoría de los ginecólogos. Si
se quiere proteger el derecho constitucional de los médicos y al
mismo tiempo dar sentido a la despenalización, entendemos que es
imprescindible incrementar sustancialmente las ayudas sociales,
las condiciones de vivienda, crear puestos de trabajo estables a
un ritmo que haga prácticamente inútil la ampliación de la
despenalización.
Para terminar, señor Presidente, señorías, quisiera hacer un par
de referencias. La primera, a la afirmación que hiciera el ex
Presidente de esta Cámara, el señor Peces-Barba, cuando en medio
del calor del debate constitucional del artículo 15 dijo:
Desengáñense SS. SS. Todos saben que el problema del derecho es
el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de
la interpretación, y si hay un tribunal constitucional y una
mayoría pro-abortista, todos --entre comillas--, permite una ley
del aborto, mientras que si hay un tribunal constitucional y una
mayoría antiabortista, la persona --entre comillas--, permite una
ley del aborto. Lamentaría, sinceramente, que los hechos puedan
hacer cierta esta afirmación por encima de otros criterios más
profundos, morales y éticos y ¡cuidado! no digo que democráticos,
en esta cuestión de tanta trascendencia.
La segunda referencia es a las palabras que desde esta misma
tribuna pronunciara el ex Diputado de nuestro grupo y actualmente
President del Parlament de Catalunya, Joaquim Xicoy i Bassegoda,
precisamente militante de Unió Democrática de Catalunya, con
ocasión del debate del proyecto de la ley orgánica de reforma del
artículo 417 bis del Código Penal, en ejecución de la sentencia
del Tribunal Constitucional, y que cito literalmente para
finalizar --«Diario de Sesiones» de 28 de mayo de 1985--:
Para cuando esta ley entre en vigor, nuestro emocionado respeto,
señorías, a aquellas mujeres que en sereno y dramático juicio de
su conciencia lleguen a la conclusión de que les asisten derechos
superiores al de la vida del ser que llevan en su seno. Nuestro
respeto, digo, pero sobre todo, desde aquí, nuestro fervoroso
homenaje a aquellas otras mujeres que más allá de lo que digan
las leyes, aún a riesgo de su salud, a riesgo de su bienestar
económico, a riesgo de su tranquilidad, incluso a riesgo del
derecho a su imagen un su entorno que les pueda ser hostil,
seguirán manteniendo una escala de valores distinta a la que la
ley consagra. Y, señorías, no lo duden, en esta otra escala de
valores está la esperanza de futuro. Así terminaba el ex
Diputado, señor Xicoy Bassegoda. Entiendo que la vigencia de las
mismas sigue tan actual como entonces.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Fernández
González.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta a
consideración de esta Cámara una proposición de ley sobre el
aborto que tiene por objetivo inmediato dejar sin efecto la
actual regulación y solicita el apoyo para una regulación del
aborto en España que, de aprobarse, supondría la existencia en
nuestro país de un aborto libre, ya que en su texto no se
presenta limitación alguna a la libre decisión de la mujer a la
hora de abortar.
Como todo el mundo conoce, y SS. SS. saben, la regulación actual
en materia de aborto ha ido precedida de una amplia polémica
social y fue ampliamente matizada por una importantísima
sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. En aquella
sentencia --que se ha puesto aquí de referencia por otros
portavoces--,
de 11 de abril de 1985, se declaraba que el artículo 417 bis del
Código Penal era disconforme con la Constitución, pero no lo era
por los supuestos de despenalización que en el mismo se
contenían; lo era, señorías, por considerarse que con aquella
redacción se incumplían exigencias derivadas del artículo 15 de
nuestro texto constitucional, exigencias constitucionales que no
estaban demasiado claras, que no estaban demasiado definidas, y
fue necesario, fue preciso que a través de la doctrina del
Tribunal Constitucional, incorporada desde entonces a nuestro
bloque constitucional, a nuestro bloque normativo, pudiésemos
redefinir, pudiésemos reinterpretar el alcance que el legislador
español, que el constituyente español otorgó, quiso otorgar al
artículo 15 de nuestra Constitución española. Es necesario a
partir de aquí, y teniendo en cuenta esas premisas y no otras
establecer los límites, los parámetros, los referentes que el
legislador español, que nosotros tenemos en esta materia para
actuar sin forzar innecesariamente el texto constitucional.
En la presentación y justificación por parte de Izquierda Unida
de la proposición de ley se dice literalmente: La Constitución
permite en su marco adoptar soluciones adecuadas al Derecho. Y
ello no puede ser más así, pero lo que no conviene es, a renglón
seguido, presentar iniciativas, presentar proposiciones de ley
que puedan forzar innecesariamente el marco normativo español y,
desde luego, la interpretación que del artículo 15 está hoy
vigente y acordada en España. Se alega, se invoca igualmente la
necesidad, como justificación para regular de forma diferente el
aborto, de adecuarla a la realidad social española. Se dice
también que la opinión de los españoles, de las españolas, exige
una revisión de la legislación actual. Señoría, señora Maestro.
No podemos compartir, y usted lo sabe, que sea en estos momentos
en España una demanda prioritaria ni mayoritaria. Los españoles,
señoría, tienen otros muchos problemas que les acucian en estos
momentos, y usted sabe perfectamente que la nueva regulación del
aborto, superando la actual legislación y haciéndola más
permisiva, no es una demanda mayoritaria de los españoles ni de
las españolas. Yo creo que sería más sensato, más adecuado y, sin
ningún género de dudas, más veraz e igualmente legítimo presentar
la iniciativa de Izquierda Unida alegando que un determinado
porcentaje de españoles o de españolas, no siendo mayoritario,
demandan esta revisión, pero que conocido esto y por razones
programáticas, de planteamientos electorales, de estrategias
políticas, ustedes u otros grupos deciden inadecuado en los
momentos actuales que vivimos en España presentar esta
iniciativa. Sería cuando menos más veraz y, desde luego --
permítame que le diga--, más valiente decir que no atendiendo a
planteamientos mayoritarios y siendo, por tanto, singulares y
minoritarios, ustedes, en uso de sus legítimos derechos políticos
y de sus atribuciones parlamentarias, deciden ahora plantear un
debate que no corre suerte paralela con la sociedad española en
su mayor parte.
Invocar legislación comparada en esta materia, a mi juicio, como
en ninguna otra, invocar legislación de otros países tal como si
debiera ser una obsesión del legislador español, acercarse a
comparar textos finales sin tener en cuenta contexto social, sin
tener en cuenta antecedentes y, lo que es más importante, sin
tener en cuenta el ordenamiento jurídico de todos los países en
su conjunto o, si se prefiere, el bloque constitucional de cada
país, al menos como argumento, como justificación, como aval de
una propuesta, desde el punto de vista doctrinal y jurídico
carece de relevancia alguna. Se invocan razones o principios de
solidaridad, solidaridad sobre todo con las mujeres, para avalar
una regulación permisiva, libre del aborto en España. Créanme,
señorías, que a mi juicio se podrá invocar como justificación
cualquier principio, se podrá invocar cualquier argumento, pero
desde luego no es la solidaridad, y menos la solidaridad con las
mujeres, un argumento que convenga a este debate. Estamos todos
de acuerdo, y especialmente las mujeres en España, que todo
aborto entraña una situación de angustia; que la mujer está
normalmente en situaciones de desamparo, de soledad, de pobreza y
cuando no de marginación. Este es, en un porcentaje muy elevado,
el entorno anímico y social que rodea a cualquier mujer que se
enfrenta con este tremendo problema. Pero admitido y compartido
el diagnóstico, señoría, en lo que no podemos estar de acuerdo,
lo que de ninguna forma podemos compartir es la solución que,
amparándose en una solidaridad que nosotros no entendemos así,
pretenda hacer creer a la sociedad española que a través de la
iniciativa que ustedes presentan, donde la mujer es informada a
través de un escrito preconfeccionado, donde se le señalan los
centros que para practicar el aborto están más próximos a su
domicilio, y ahí se acaba la misión del escrito y de la
literalidad de su proposición de ley, desde luego, podremos
invocar cualquier principio, pero nunca podremos decir que
estamos enarbolando o defendiendo la solidaridad con las mujeres.
La solidaridad, señorías, nosotros la entendemos muy al
contrario: contribuyendo activamente a la educación de nuestros
jóvenes, a la educación de la propia sociedad, informando acerca
de una adecuada planificación familiar, de la elección libre de
métodos anticonceptivos, a erradicar el rechazo social que se
puede causar en muchos supuestos y en muchos momentos acerca de
una mujer soltera o de una mujer sin pareja estable que está
embarazada. Creemos que con ayudas significativas y no simbólicas
se colabora a la solidaridad con las mujeres. Creemos, por tanto,
que su planteamiento es desde nuestro punto de vista inadecuado y
desafortunado.
Pero hay un elemento final al que yo quiero hacer referencia.
Varios portavoces se han referido a todos los antecedentes de la
legislación española --a la propia sentencia del Tribunal
Constitucional-- que han
colaborado a crear un estado de consenso político y social en la
materia modificando la actual legislación, aumentando los
supuestos que están contemplados en la legislación española,
donde todos, señoría, hemos perdido algún argumento en el debate,
todos hemos hecho concesiones en el debate yo diría que
importantes por la naturaleza del tema. Abandonar esa situación
de consenso político y social en esta materia, tratando de
imponer tesis o postulados en su totalidad por parte de algún
grupo parlamentario, creo, sinceramente, que no lo demanda la
sociedad española, ni creo que muchos ciudadanos entiendan que en
estos momentos se reabra un debate innecesario para la mayoría de
todos nosotros. Por todas esas razones, señorías, nuestro voto va
a ser en contra a la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández González.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Socialista ante la
proposición de ley de Izquierda Unida de regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Quisiera recordar, en primer lugar, a esta Cámara, que no estamos
abordando, no plantea Izquierda Unida por primera vez la
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo como
parecía desprenderse de palabras de algunos portavoces. La
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo la abordó
el primer Gobierno socialista, fue cuestionada y llevada al
Tribunal Constitucional por el grupo conservador y en el año
1985, con la sentencia del Tribunal Constitucional, entró en
vigor la despenalización de tres supuestos. Lo que estamos ahora
discutiendo, lo que propone Izquierda Unida es una reforma de la
regulación actual de la interrupción voluntaria del embarazo.
La posición del Grupo Socialista respecto a este tema creo que es
bien conocida por todos los grupos de la Cámara, puesto que no es
la primera vez en esta legislatura que tenemos este mismo debate
con una ley prácticamente igual, que sólo tiene un cambio en
cuanto a la referencia que hace a cómo son los requisitos para
reconocer a los centros públicos y privados que se puedan
acreditar para la realización del aborto. Hasta ahora la posición
del Grupo Socialista ha sido siempre la misma y es la que se
corresponde con su compromiso electoral, el programa electoral
con que nos presentamos a las elecciones de 1993, hace poco más
de dos años. Nosotros, después de diez años de aplicación de la
regulación de 1985, somos conscientes --y ahí compartimos la
posición de Izquierda Unida-- de que hay que ir a una reforma de
la actual regulación que amplíe algún supuesto y, sobre todo, que
oriente la despenalización del aborto más hacia el respeto a la
libre decisión de la mujer. Además, en el convencimiento de que
no hay mejor protección al no nacido --y creo que la portavoz del
Grupo de Coalición Canaria hacía referencia a ello-- que la
protección que se haga con la mujer y no --nunca jamás-- contra
la mujer. La mejor protección al no nacido para respetar la
Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional es la decisión
libre y responsable de la mujer. La vía punitiva es imposible y a
lo largo de la historia se ha demostrado que no supone ninguna
protección al embrión o al no nacido; la protección siempre tiene
que ser con la mujer y es la mujer que decide libre y
responsablemente la única que puede proteger la vida del embrión.
Desde esa postura, en el año 1994, cuando Izquierda Unida planteó
esta misma proposición de ley, coincidiendo en lo fundamental y
en el objetivo que ustedes buscan, divergiendo, como es normal,
en aspectos concretos, les pedimos la retirada del proyecto, cosa
a la que ustedes accedieron, con el compromiso del Grupo
Socialista de que vendría a esta Cámara un proyecto de ley que
regularía la interrupción voluntaria del embarazo en la línea de
no carácter punitivo y contemplando el aborto como un problema no
simplemente de Código Penal, sino un problema social mucho más
amplio. Ustedes retiraron la proposición y nosotros adquirimos el
compromiso.
Un año después, ustedes no estaban muy convencidos de que
fuéramos a cumplir el compromiso e hicieron una interpelación en
la que el Ministro de Justicia se comprometió ante esta Cámara a
traer un proyecto de ley con un nuevo supuesto de
despenalización, con una regulación de qué tipo de asesoramiento
y requisitos deberían recibir las mujeres antes de tomar su
última y libre decisión sobre si continuar o no el embarazo, que
regularía la objeción de conciencia y que regularía también los
requisitos para los centros acreditados para la interrupción
voluntaria del embarazo, ya fueran públicos o privados. En esa
misma interpelación, el propio Ministro de Justicia volvió a
pedirles que retiraran esta proposición de ley, que ustedes ya
habían registrado en la Cámara, y en la moción consecuencia de la
interpelación el Grupo Socialista votó favorablemente el pedir al
Gobierno que remitiera a la mayor brevedad posible y en el
período de sesiones una ley reguladora del aborto o de la
interrupción voluntaria del embarazo, como cada uno de ustedes la
quiera denominar.
El Grupo Socialista ha cumplido su compromiso, y se lo recuerdo
porque ha habido alguna persona, representando a un grupo, que no
está en este momento en la Cámara, que parece no saberlo. El 7 de
julio el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobó un proyecto
que está ya en esta Cámara, que entró el día 17 y se publicó el
día 25 de julio, que está en período de enmiendas,
ya que el período de enmiendas iba hasta el 18 de septiembre y se
ha ampliado, a petición de un grupo, hasta el 26 de septiembre.
Nosotros mantenemos la misma postura que hemos mantenido a lo
largo de toda esta legislatura, postura coherente con nuestro
programa electoral, con los compromisos que hemos adquirido con
la mayoría de esta Cámara y con los compromisos que el propio
Gobierno ha adquirido en esta Cámara, y volvemos a pedirles que
retiren su proposición de ley, que se siga el trámite que ya está
en marcha, del proyecto de ley del Gobierno, proyecto que creemos
que es bastante adecuado a la realidad que quiere solucionar, que
no plantea problemas de tipo constitucional y que tiene la
posibilidad de ser apoyado y tramitado en este período de
sesiones, si no hay obstáculos por parte de los grupos.
Ustedes saben que esta mañana, al resolver la petición de trámite
de urgencia que había planteado la mayoría de la Cámara, es
decir, el Grupo Socialista e Izquierda Unida, no ha habido
acuerdo en la Mesa a favor del trámite de urgencia. Yo creo que
el aprobar ahora la proposición que ustedes nos plantean complica
los trámites. Yo les pido que la retiren, que hagan todas las
enmiendas que crean razonables al proyecto de ley del Gobierno,
que está ya en tramitación, que lleva ya dos meses en esta Cámara
y que podamos resolver el problema que tienen, afortunadamente no
todas las mujeres y esperemos que cada vez sean menos las que
tengan que resolver un conflicto tan importante como el aborto.
Espero que aquí podamos hacer, a través del debate del proyecto
del Gobierno, de forma serena y rápida, un debate que permita
solucionar problemas que tienen muchas mujeres y que a las
mujeres que se les presentan se les presentan con una urgencia y
una problemática muy específica y muy personal.
Estamos plenamente convencidos de que el penalizar la
interrupción voluntaria del embarazo no soluciona lo que yo creo
que todos los grupos de la Cámara desearíamos, que es que los
abortos disminuyan y que el aborto sea, después de la
información, la educación sexual y la contracepción, el último
recurso para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho
a ser madres, para que se respeten los derechos reproductivos de
las mujeres. No creo que nadie desee que las mujeres tengan los
hijos por azar, por error, por no haber tomado un contraceptivo
en un momento y que, si no es por eso, puedan ser penalizadas,
puedan ser llevadas presas y detenidas. En Pekín, hace unos días,
en la Conferencia Mundial de la Mujer, a la que, como ustedes
saben, concurrían multitud de países diversos, con culturas y con
ideologías distintas, se llegó a un acuerdo de todos los países
para que nunca, en ningún país, las mujeres pudieran ser llevadas
a la cárcel, pudieran ser privadas de libertad por haber tenido
que recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, por no
poder, en un momento determinado de sus vidas, seguir adelante
con el embarazo con el que se podían haber encontrado contra su
voluntad. Yo no creo que aquí nadie desee eso. Lo que realmente
plantea el proyecto del Gobierno, que yo creo que hay que
tramitar con serenidad pero con rapidez, es que ninguna mujer,
por ejercer un derecho a decidir cuándo puede ser madre de forma
libre y responsable, pueda ser privada de la libertad, pueda ser
encarcelada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
La señora Maestro pide la palabra.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, solicito un brevísimo
turno para responder a la solicitud del Grupo Socialista de
retiar la proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, a estos efectos, lo único
que tiene que decir S. S. en nombre del Grupo es si retira o
mantiene la proposición que ha defendido en la tribuna, pero no
utilizar un turno para explicar esa decisión.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente. Eso es lo
que quería hacer.
Compartiendo con el Grupo Socialista la preocupación acerca de la
tramitación del proyecto de ley, nosotros, si hubiésemos estado
en la Mesa del Congreso, habríamos estado de acuerdo en tramitar
el proyecto de ley del Gobierno con carácter de urgencia.
Precisamente porque compartimos la preocupación de que ese
proyecto no acabe finalmente con el objetivo de tener una ley que
garantice la libre decisión de las mujeres, nos vemos obligados a
mantener nuestra proposición para votación, con el convencimiento
de que esta es la única posibilidad que le queda a esta
legislatura de aprobar una ley con los objetivos que compartimos
ambos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación .
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 50; en contra, 163; abstenciones, 94.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración. (Rumores.)
Silencio, señorías.
MODIFICACION EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces, en su reunión del
día de hoy, ha acordado proponer al
Pleno de la Cámara la inclusión de un nuevo punto en el orden del
día, relativo a la elección de un señor Diputado de los que
tienen acceso a la información sobre secretos oficiales, de
conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2
de junio de 1992, al haberse producido la vacante como
consecuencia de la renuncia del señor Olarte Cullen, del Grupo de
Coalición Canaria.
¿Acuerda la Cámara la inclusión de este punto en el orden del
día? (Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--DEL PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (Número de
expediente 121/000090)
El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado asimismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley
del Impuesto sobre Sociedades.
¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y votación final de
este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobada la
avocación.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación.):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, SOBRE MONTES
Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES (Número de expediente 122/000110)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular sobre
montes y aprovechamientos forestales.
Tiene la palabra el señor Madero. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde, en normbre del Grupo Popular en el
Congreso, defender ante este Pleno la toma en consideración de la
proposición de ley de montes y aprovechamientos forestales. Y
para solicitar el voto afirmativo de SS. SS. me parece indicado
empezar mi intervención haciendo algunas consideraciones sobre la
oportunidad y necesidad de una ley básica sobre la materia
forestal.
Efectivamente, nos ha parecido oportuno y necesario traer esta
proposición de ley porque, en primer lugar, existe un mandato
parlamentario de que así sea. Además, porque es absolutamente
precisa una nueva ordenación y actualización de la legislación
forestal, que ha quedado totalmente obsoleta y descuadrada por
las transferencias de competencias desde la Administración del
estado a las comunidades autónomas y, sobre todo, nos parece
oportuno, necesario y hasta conveniente dotar al monte de una ley
básica, eficaz, positiva y moderna, dada la importancia del
sector forestal.
Como ampliación de estas justificaciones, me permito recordar al
Pleno que la Comisión de Agricultura del Congreso, el día 28 de
septiembre de 1994, aprobó por unanimidad una proposición no de
ley en la que se insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas
precisas y necesarias para evitar en el futuro lo que en el
verano pasado ocurrió; es decir, para evitar un auténtico
desastre en nuestros montes, con la pérdida de 36 vidas humanas y
400.000 hectáreas arrasadas por el fuego.
Todos los grupos políticos hace un año pedimos al Gobierno, en el
punto sexto de la citada proposición no de ley, que remitiera a
esta Cámara una Ley Básica de Montes. De tal instancia, como de
tantas otras, el Ministerio de Agricultura ha hecho caso omiso y
es ésta, como decía al principio, una de las razones por la cual
trae el Grupo Popular al Pleno esta proposición de ley de montes.
Pero es que, además, señorías, en el momento presente las
actuaciones de la Administración del Estado en materia de montes
están basadas: en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957; la Ley
de 10 de marzo de 1941, del patrimonio Forestal del Estado; la
Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales, así
como otra serie de disposiciones de igual o inferior rango que
afectan de manera a veces equívoca y otras veces de manera
ambigua a todo lo que se refiere a nuestros montes.
Todas estas normas legales preconstitucionales y casi fósiles
requieren una actualización y simplificación por un hecho
incuestionable. Muchas de las competencias fueron transferidas en
su día a las comunidades autónomas y lo que ahora se requiere es,
de una parte, que no haya la más mínima confusión ni
interferencia en las materias trasferidas y, de otra, que exista
un texto legal para que en aquellas materias que siguen siendo
competencia de la Administración del Estado, pueda ésta
desarrollar adecuadamente sus funciones, propiciándose al tiempo
una deseable coordinación y colaboración con las administraciones
autonómicas.
Pensemos que el fuego, las plagas, el conjunto paisajístico o la
biodiversidad no deben recibir un tratamiento diferencial y mucho
menos antagónico a éste o al otro lado de un límite provincial o
autonómico, ni tampoco a sensu contrario las decisiones de la
Administración Central en las materias de su competencia pueden
ni deben ser aplicadas de manera indiscriminada en uno u otro
lugar.
Es preciso, por tanto, como he señalado, una permanente y
adecuada coordinación y colaboración entre
todas las Administraciones. Para ello estimamos que esta ley
básica ha de ser un instrumento eficaz.
Pensamos, señorías, que, como tercera razón, señalar aquí la
importancia del sector forestal es prácticamente señalar una
obviedad. Cuando alguien pretende justificar la importancia de un
subsector económico, lógicamente recurre a cifras millonarias de
facturación y a los puestos de trabajo que genera esa actividad.
En este caso, esas cifras son harto conocidas ya que cualquier
anuario estadístico lo refleja de una manera fría y concreta. De
manera breve lo señalaré más adelante.
A mí me gustaría recordar algo que SS. SS. conocerán
sobradamente. El monte, lo forestal, ocupa superficialmente media
España y nos preocupa a todos los españoles. O cuidamos nuestros
montes y ampliamos la superficie forestal o las consecuencias las
pagaremos todos.
La superficie forestal, que sobrepasa los 22 millones de
hectáreas, nos proporciona un aire respirable, favorece un mayor
y más constante régimen pluviométrico, sujeta el suelo y evita la
erosión, configura el paisaje; en definitiva, hace habitable el
espacio y es el medio que sostiene la vida de la fauna silvestre.
En sentido contrario, la progresiva desaparición de la masa
forestal hace degradarse y aun desaparecer los ecosistemas y
propicia, finalmente, que el desierto avance y la vida retroceda.
Coincidimos todos en que es auténticamente patética la imagen de
un monte destruido y arrasado por un incendio, una plaga o los
efectos letales de una actividad fabril contaminante.
Esta es la auténtica importancia del sector, que haya vida en un
territorio. Pensemos que estamos hablando de un sector que,
además de todo lo que he dicho anteriormente que es inmedible en
términos económicos, nos proporciona la madera para el aserrío,
carpintería, construcción y demás usos, y la madera para papel,
por cierto con un déficit exterior creciente que en el año 1994
puede situarse por encima de los 200.000 millones de pesetas.
Asimismo, el monte nos proporciona leña y derivados de la
biomasa, resinas, colofonias y es la base territorial de la
ganadería extensiva, la caza, la pesca fluvial, la apicultura y
micocultura. La producción final forestal podemos estimarla en
España en 1994 por encima de los 500.000 millones de pesetas y
sus productos y derivados tienen además una demanda sostenida.
Por todo lo expuesto anteriormente, los países más desarrollados
cuidan de una manera prioritaria su masa forestal. En esta línea
también actúa la Unión Europea que, atendiendo las
recomendaciones de la Conferencia de la ONU, de Río, en 1992, en
los últimos años va incrementando sustancialmente las partidas
presupuestarias en todo lo referente a los montes de los Estados
miembros, incluyendo también la transformación de tierras de
cultivo en superficies forestales y la mejora y aumento de la
superficie arbolada actual, programas ambos, por cierto, que en
España están teniendo un fracaso importante, achacable en parte a
la sequía ambiental y en parte a la sequía de ideas y de
capacidad de gestión del Ministerio de Agricultura.
En contra de lo deseable, lamentablemente, en los últimos años el
balance de la superficie forestal ha sido negativo pues la
repoblación y regeneración ha sido menor que las hectáreas que ha
destruido el fuego, las plagas y otros agentes nocivos.
Señor Presidente, señorías, he tratado brevemente de justificar
la necesidad de una ley básica de montes y aprovechamientos
forestales en base a la importancia que sí tiene el monte, en
base a la oportunidad de actualizar el panel legislativo que rige
toda la materia forestal y porque existe un imperativo
parlamentario.
Me permito citar ahora las líneas definitorias, capítulos y
artículos que, a nuestro juicio, constituyen el entramado
esencial de esta ley básica y que definen el tratamiento legal
que debemos dar al monte y a lo forestal.
Digamos, en primer lugar, y aun a fuer de reiterativos, que,
habiéndose producido numerosas transferencias a las comunidades
autónomas en materia de montes, esta ley trata, ya desde la
exposición de motivos, de ser el órgano y el marco legal de apoyo
básico para el desarrollo normativo que corresponde a cada
comunidad autónoma, propiciando al tiempo un cauce de
colaboración y coordinación entre las administraciones
autonómicas y de éstas con la del Estado.
Esta coordinación, cooperación y colaboración se concreta en la
creación de la Comisión nacional de coordinación de política
forestal, que es el lugar común de encuentro de las comunidades
autónomas en esta materia y que podríamos definir como la
auténtica conferencia sectorial de la política forestal.
Asimismo, dentro de la organización administrativa, se crea la
Secretaría General de Recursos Forestales que ejercerá todas las
competencias de la Administración del Estado en montes,
aprovechamientos e industrias forestales, evitándose de paso la
actual dispersión administrativa.
El título tercero de la ley trata del régimen jurídico de los
montes, con recopilación y especificación de los sistemas
públicos y privados de propiedad, del régimen jurídico de los
montes incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública y
de los procedimientos y efectos del deslinde, cuestiones ellas de
notable importancia, que históricamente han dado lugar a
numerosos litigios.
En el Título IV dedicado a la gestión de los montes y
aprovechamiento de sus recursos, se dota a las comunidades
autónomas de un eficaz instrumento jurídico para que se cumpla un
principio general para nosotros inamovible. Tal principio es que
la gestión de los montes se realizará de forma que se asegure la
persistencia del ecosistema, la protección del suelo y el
mantenimiento de su capacidad productiva.
El Título V comprende todo lo referente a defensa de los montes
bajo un principio general de compensación de la superficie
forestal, es decir, cualquier obra
actuación territorial sobre superficie forestal que con carácter
excepcional y por razones de prevalencia del interés público,
debidamente motivado, suponga la destrucción de superficie
arbolada conllevará indefectiblemente la obligación por parte de
la administración actuante de compensar esta pérdida mediante la
repoblación de especies forestales de igual valor y en terrenos
próximos. Dentro de este título la defensa de los montes incluye,
en el capítulo segundo, todo lo relativo a la prevención,
protección y lucha contra los incendios forestales.
Sobre la importancia y gravedad en materia de incendios no
insistiré ni un instante más, pues pienso que la sociedad
española ya ha captado el alcance de estos desatres. Tan sólo
diré que en esta ley se determinan los modos de colaborar y
cooperar entre comunidades autónomas y de éstas con la
Administración central. Se tratan en suma, de utilizar mejor y
más racionalmente los medios humanos y materiales de los que
disponemos para la lucha contra los incendios forestales, pero,
sobre todo, se trata de dotarnos de medios de prevención. Es ya
famosa la frase de ese viejo guarda forestal que decía que los
incendios de agosto hay que apagarlos en enero. Efectivamente,
hay que dar prioridad a las tareas servícolas de limpieza,
resalveo y aclareo; hay que usar racionalmente el monte y hay que
dotar de infraestructuras viarias y de agua la superficie
arbolada. Estas actuaciones son, por cierto, el núcleo de una
política preventiva que evitará o al menos paliará el desastre de
un incendio en verano.
Dentro del referido Título V, el capítulo III está dedicado a la
recuperación de los montes y mejora de la masa forestal,
estableciendo con carácter prioritario un programa de control de
la erosión y restauración de la cubierta vegetal, un programa de
repoblación forestal y las líneas básicas para proteger los
bosques de la contaminación atmosférica.
El capítulo IV, por su parte, trata de la lucha contra plagas y
enfermedades, incidencias éstas que han dañado especialmente a
nuestros bosques en años de sequía. Si la falta de agua debilita
a las plantas, a los árboles y a los arbustos, las plagas y las
enfermedades se ceban esos años de manera especial en la salud de
nuestros montes.
En el Título VI de la ley, referido a Fomento Forestal, entiende
mi Grupo que tienen interés una serie de medidas a adoptar por
las comunidades autónomas y la Administración del Estado en orden
a incentivar la ordenación de los montes, los trabajos
selvícolas, la repoblación de terrenos forestales y agrícolas, la
construcción y conservación de infraestructuras de prevención de
incendios y la producción y comercialización de los productos
forestales. Estas medidas incentivadoras podrán consistir en
subvenciones, anticipos reintegrables, créditos bonificados,
exenciones fiscales, ayudas técnicas y otras de distinta materia
y naturaleza. Se trata, en definitiva, de ayudas para fijar la
población en el medio rural y de hacer más atractivo
económicamente el monte, coadyuvando así a la creación de empleo.
Asimismo, debe resaltarse el artículo 42, para evitar recelos del
titular, público o privado, del monte. En este artículo 42
decimos que «La Administración Forestal deberá establecer
compensaciones económicas por las rentas dejadas de obtener por
los titulares de los montes en los casos de que se limiten los
usos y aprovechamientos forestales en razón de los valores
ambientales de los mismos». Nadie se niega a reconocer los
valores medioambientales de un monte, pero si se recortan los
usos y aprovechamientos de su propietario, la Administración
deberá compensar adecuadamente esa restricción de uso y
aprovechamientos.
En el Título VI también se establece, mediante medidas de fomento
y apoyo a las industrias forestales y empresas que comercialicen
los múltiples y variados productos del monte, una serie de ayudas
que hagan viables o mejoren la situación de la industria
forestal.
Finalmente, en el Título VII se establece el régimen sancionador
bajo unos principios generales, con determinación precisa de las
infracciones y la cuantía y naturaleza de las sanciones. Debo
señalar que en el momento actual, solamente las comunidades
autónomas que tienen una ley de montes propia, pueden aplicar
sanciones a las infracciones cometidas. Aquellas otras que no
disponen de una norma autonómica, que, por cierto, son casi todas
las comunidades autónomas, necesitan una ley, como ésta que
proponemos, para poder tipificar una sanción.
Para terminar, señor Presidente, señorías, desde el
convencimiento de que una ley básica de montes es considerada
necesaria por todos los grupos y también desde la certeza de que
no todos los grupos de la Cámara estaremos de acuerdo en el texto
de la ley que traemos a este Pleno, en nombre del Grupo Popular
pido el voto afirmativo a SS. SS. para la toma en consideración
de esta proposición de ley, en la seguridad de que en el
posterior trámite legislativo podrá tener lugar una aproximación
notable de posturas inicialmente divergentes, porque estoy seguro
que todos queremos lo mismo: ampliar y mejorar la superficie
arbolada de España y esto sólo lo lograremos mediante la
responsabilidad de los tutelares públicos y privados de los
montes, mediante las actuaciones eficaces de las comunidades
autónomas y mediante una acertada política forestal por parte de
la Administración del Estado, basada en una ley simplificadora,
moderna y sencilla de aplicar como la que proponemos aquí y el
sector necesita.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Madero.
¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno en contra de
la toma en consideración de esta proposición de ley? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
de Coalición Canaria fijo nuestra posición de Grupo ante esta
proposición de ley de montes y aprovechamientos forestales que
nos presenta el Grupo Parlamentario Popular Coalición Canaria,
adelanto ya, va a apoyar y votar favorablemente esta proposición
de ley por las siguientes razones.
En primer lugar, porque la consideramos necesaria y procedente.
Es una iniciativa oportuna, porque nos encontrábamos con que en
el amplio campo de la legislación agraria, forestal y ganadera
española había algo que se estaba quedando obsoleto y era la
legislación reglamentaria de la misma. Solamente tenemos una
norma que, digamos, ha sido publicada después de la aprobación de
la Constitución Española y es la que en noviembre de 1980, a
iniciativa del Gobierno de la UCD, se hizo precisamente para los
montes vecinales de mano común. A partir de ahí no tenemos
ninguna legislación que corresponda a las competencias señaladas
en el Título VIII de la Constitución Española correspondientes a
las comunidades autónomas. Prácticamente las comunidades
autónomas, como es el caso de la Canaria, siguen esperando la ley
básica del Estado para desarrollar sus competencias. En el caso
de la comunidad del archipiélago canario están recogidas en el
artículo 32 cuando hace referencia al marco de la legislación
básica del Estado, y en su caso, en los términos que la misma
establezca, va a corresponder a la Comunidad Autónoma Canaria el
desarrollo legislativo y la ejecución de la materia número 4,
montes, su ordenación y fomento, servicios forestales, vías
pecuarias y pastos. Por eso este es nuestro primer motivo.
Vaya por delante que toda la otra legislación que se ha venido
manteniendo de alguna manera en status de aprovechamiento obedece
también a unas estructuras ya superadas y obsoletas del propio
organigrama del Ministerio de Agricultura en este momento en
España. Son legislaciones que afectaban al antiguo patrimonio
forestal del Estado, que estaban más hechas para aquellas
direcciones generales que en el Ministerio de Agricultura de los
años cuarenta, cincuenta y sesenta existían, lo que regulaba el
distrito forestal del Estado, lo que regulaba los distintos
aprovechamientos forestales, etcétera. De aquí que, por ejemplo,
leyes que en su momento fueron importantes, como la Ley de Montes
de 1957, siguen hoy estando varadas ahí, seguimos con la
legislación de montes de 1957. Esto ha impedido muchas veces que
las comunidades autónomas, como es el caso de la que represento,
que han tenido la oportunidad y la base legal para modificarse,
no lo hayan podido hacer, porque no había el referente de la ley
básica. Lo mismo cabe decir de la Ley de Fomento de la Producción
Forestal, que es de 1977, ésta ya casi en la fase de la
transición democrática, pero no en la sanción plena del referente
de la Constitución Española.
Creemos que es importante dotarnos ya de una ley básica. La toma
en consideración de este completo proyecto, muy elaborado y digno
de estudio y consideración, que trae el Grupo Parlamentario
Popular no exime de que le hagamos dos observaciones. Una,
favorable: el amplio reconocimiento que contiene en cuanto a las
competencias de las comunidades autónomas, sobre todo cuando
viene a reconocerlas en su Título II, de la Administración
Forestal, en la distribución de competencias, entre las que en su
artículo 6 señala para las comunidades autónomas --y lo mismo
diríamos por extensión del artículo 7--, «en lo que corresponde a
los ayuntamientos y corporaciones locales».
La única observación, diríamos, cautelar, sería advertir (pero en
el trámite de discusión y debate de las enmiendas lo
corregiríamos, porque entendemos que se ha puesto un buen punto
de enganche a las competencias de las comunidades autónomas) qué
es lo que debe tener el carácter de la ley básica o no. Nosotros
creemos que posiblemente el redactor del proyecto, de la
iniciativa, al hacer un extenso campo de introducción de las
competencias de la ley, ha puesto, por un lado, lo que
verdaderamente consideraríamos básico, el punto de referencia,
pero, por otro lado, vemos aquí artículos que no tienen el
carácter de básico, y habría que dejarlos para que las
comunidades autónomas, en base a sus competencias, lo pudieran
regular. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a actividades, como
cuando se habla de subvenciones, ayudas, etcétera, exenciones
fiscales que deben ir más por la vía de lo que diga un parlamento
autonómico en razón de sus competencias. Esta sería, digamos,
nuestra única observación de fondo, pero que no desdice del
sentido de apoyo de nuestro voto a esta proposición.
Queremos significar lo que vemos positivo cuando se tiene que
legislar sobre la distribución de la propiedad forestal en
España. Como es bien sabido, la propiedad privada es mayoritaria,
casi un 71 o un 72 por ciento de la superficie forestal de España
es de propiedad privada; esto requiere una política forestal que,
como se recoge en el Título III de la proposición hable del
régimen jurídico de los montes. Si nosotros no somos capaces de
ordenar en una sistemática la clasificación del régimen jurídico
de los montes, el dominio público, patrimonial, montes de otro
tipo, montes protectores, municipales, etcétera, nos perderíamos
en un galimatías, porque el principio de seguridad jurídica --y
creo que esto lo recoge muy bien el proyecto, y lo podríamos
perfeccionar en su momento con enmiendas-- viene a dar claridad y
seguridad jurídica, porque no se puede legislar en un todo
comprensivo sobre un setenta y pico por ciento de propiedad
privada sin tener una clasificación sistemática del régimen
jurídico de los montes.
Destacamos también aspectos positivos, como los que contempla el
Título IV, porque hay que introducir
un concepto mucho más moderno, mucho más actualizado, menos
obsoleto, menos varado en usos y tradiciones ancestrales sobre la
gestión de los montes y el aprovechamiento de sus recursos. Sin
una claridad del aprovechamiento de recursos de los montes,
estaremos siempre en ese continuo debate, por ejemplo, de los
aprovechamientos forestales madereros a consecuencia de incendios
forestales. En eso hay que poner orden de una vez por todas y hay
que hacerlo a través de la claridad y de la seguridad jurídica y
evitar cualquier otra cuestión que no lleve a lo que también
trata de garantizar en este punto citado el Título V, capítulo
III, artículo 35, que es la recuperación de los montes, verdadera
asignatura pendiente hoy en España y en la legislación. La
recuperación de los montes, tanto frente a efectos de erosiones,
de desertificación, de quemas, etcétera, requiere una toma de
conciencia de todas las administraciones públicas para resolver
este problema, porque a veces no sabemos si es más grave el daño
material en sí de un incendio forestal, que lo que queda como
secuela, que es más largo y es irreparable. Efectuado un daño por
incendio forestal, por cualquier otro accidente natural, sobre un
monte, sobre un bosque, es imprescindible que se adopten las
medidas de recuperación del mismo, porque tendremos que entender
esto como recuperación de un patrimonio de toda España, un
patrimonio de cada comunidad autónoma, de cada ayuntamiento y del
conjunto de la nación española.
El fomento forestal y el régimen sancionador se señalan en el
Título VI. Esta Ley, sin que también las comunidades autónomas
tengan un soporte en la referencia a la ley básica de lo que se
debe entender como elemento disuasorio frente a los enemigos del
monte y de los aprovechamientos forestales, es decir, sin el
régimen sancionador, no sería positiva.
Por estas razones de fondo, señorías, Coalición Canaria va a dar
su voto favorable a esta proposición que trae el Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
El día de hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a debate a la
Cámara una proposición de ley sobre montes y aprovechamientos
forestales. La verdad es que vemos que el Grupo Popular ha hecho
un esfuerzo importante para plasmar la existencia de un Estado
autonómico. A diferencia de otra serie de iniciativas de ley que
ha tenido el Grupo Popular, en las que no había una plasmación
adecuada de la distribución territorial del poder político,
creemos que esta vez sí se ha hecho un esfuerzo importante. Hemos
de reconocer al portavoz del Grupo Popular --y, por extensión, a
todo el Grupo-- que incluso esta iniciativa es mejor que el
anteproyecto que tiene el Ministerio y que ha sido objeto de
consulta con las comunidades autónomas. Creemos que en política
hay que criticar cuando hay que criticar y hay que reconocer las
bondades de una iniciativa cuando ésta verdaderamente las tiene.
Y, repito, señor Presidente, creemos que el Grupo Popular ha
hecho un esfuerzo importante para adecuar esta regulación sobre
los montes y aprovechamientos forestales al Estado autonómico.
Tiene cosas mejorables la iniciativa de ley, pero no es
merecedora de una oposición total y, por tanto, entendemos que
vale la pena tomarla en consideración. En consecuencia, vamos a
votar favorablemente a la misma.
Además, el Grupo Popular, a través de su portavoz en el día de
hoy, ha mostrado una flexibilidad a la hora de negociar los
diferentes aspectos que tiene la proposición de ley, entendemos
que no sólo con este Grupo, sino que creo que se ha hecho
extensivo a otros grupos parlamentarios. Por tanto, vamos a votar
a favor, sin perjuicio de que la proposición de ley tenga algunos
aspectos a cuestionar; pero en esa fase de negociación, de
discusión de enmiendas, entendemos que es mejorable.
En primer lugar, aparte de que se deben respetar determinadas
cuestiones que la proposición de ley regula sobre los montes,
competencia de las comunidades autónomas, hay que hacer una
referencia primera a la foralidad de Navarra y los territorios
históricos del País Vasco. La Ley de Amejoramiento de Navarra se
caracteriza porque atribuye la competencia exclusiva en materia
de montes a esta comunidad autónoma. Es la única del Estado que
tiene esa competencia exclusiva. Forma parte de lo que ha venido
a determinar el Tribunal Constitucional en las sentencias sobre
la Ley de territorios históricos, que fue objeto de recurso por
el Grupo Parlamentario Popular, que forma parte del núcleo de la
foralidad, es decir, de aquel grupo de competencias intangibles
que caracterizan, que dan personalidad y que acreditan lo que ha
sido la foralidad. Pues bien, yo creo que el Grupo proponente y
los demás grupos deberían hacer otro esfuerzo más a lo largo del
articulado de la ley --ya se irá determinando en qué cuestiones--
para adecuarlo más a estas características de la foralidad de la
Comunidad de Navarra y de los territorios históricos del País
Vasco.
Digo esto al portavoz del Grupo Popular porque en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, al haber una distribución política y
competencial del poder entre instituciones comunes y forales,
esta cuestión no es competencia ni del Gobierno ni del Parlamento
autonómico. Es competencia de las juntas generales, de los
territorios históricos y de las diputaciones. En ese sentido, hay
una regulación hecha por una Cámara provincial; cada Cámara tiene
su propia Ley de Montes que quizás el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular desconoce, porque se ha referido únicamente
a comunidades
autónomas de régimen ordinario. Pero en el caso del País Vasco,
evidentemente, no hay legislación autonómica. No puede ser de
otra manera porque no tiene título competencial para regular en
materia de montes y ésta corresponde, como materia de foralidad,
a las juntas generales de los territorios históricos de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava.
También les indicaríamos que cuando en el artículo 42 hablan de
las compensaciones económicas por la regulación de los usos o de
los aprovechamientos, entendemos que debería dejarse un margen de
autonomía a las comunidades autónomas para determinar qué tipo de
compensaciones, de qué cuantía, y no fijar un mandato imperativo
en dicho artículo.
Otra cuestión que también habría que resolver es el tratamiento
que da al tema de la supraterritorialidad la proposición de ley,
es decir, todas aquellas actuaciones que exceden del ámbito de
una comunidad autónoma. Se debía tender más que hacia la
coordinación, como pretende el Grupo Parlamentario Popular en
diferentes artículos en materia de mando único, de policía, de
incendios forestales, etcétera, a una colaboración entre las
comunidades autónomas, de forma que la intervención del Estado se
produzca con carácter subsidiario, en defecto de esta
colaboración o cooperación que debe haber en un Estado --dicho en
términos doctrinales por parte de diferentes autores de Derecho
político-- atípico, de un federalismo de ejecución, de un
federalismo de cooperación, un federalismo cooperativo. Por lo
tanto, dejar la coordinación en un segundo lugar a la cooperación
y que actuara, en todo caso, repito, de manera subsidiaria.
También han de perfeccionarse en la proposición de ley
actuaciones que se contienen como programas nacionales de
erosión, programas nacionales de repoblación forestal.
En definitiva, ¿qué ha de hacer el legislador, qué ha de hacer
esta Cámara en materia de montes? Lo que ha de hacer, en base al
título competencial, que es el 149.1.23, es aprobar la
legislación básica, con el carácter formal de bases, es decir,
que lo básico venga determinado en una ley, como lo ha
conceptuado el Tribunal Constitucional, y no hacer remisiones
genéricas, remisiones en blanco, que a lo largo de articulado de
la proposición de ley se realizan. Sobre todo, cuando se habla de
programas nacionales, lo que no pueden hacer los poderes
centrales del Estado, el Ejecutivo dependiente de esta Cámara, es
la labor de ejecución, de gestión. No le corresponde la gestión
de un programa nacional. Nos parece adecuado que pueda existir un
programa para todo el ámbito del territorio del Estado, pero la
ejecución, la gestión de ese programa tendrá que ser de las
comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que hay que pulir y
mejorar determinadas cuestiones.
Como decía anteriormente, no se debe hablar de previsiones
genéricas. Creo que en el artículo 22, de directrices básicas, se
hace una remisión genérica a la regulación reglamentaria.
Entedemos que lo básico es lo que vaya a establecer esta ley. No
vayamos a hacer una remisión en bloque y genérica a lo que vaya a
decir un reglamento de directrices. Establezcamos lo básico aquí
y que venga luego el desarrollo de lo básico a través de la
legislación de las comunidades autónomas en base a sus
respectivos títulos competenciales. Además, entendemos que el
artículo 22, cuando habla de directrices básicas, se remite luego
a unos instrumentos de ordenación, y podemos entrar también en
colisión con las competencias de ordenación territorial, como
competencias más genéricas que una competencia específica o
vertical como puede ser el tema de montes y aprovechamientos
forestales, en contraposición a una competencia de orden
horizontal o genérica como puede ser la ordenación del
territorio.
Todo ello lo decimos, señor Presidente, porque es necesario que
el concepto formal de bases se establezcan por ley, como lo ha
definido el Tribunal Constitucional, ese es el concepto formal,
aunque se ha admitido también el concepto material de bases,
porque luego cada una de las comunidades autónomas tiene, dentro
de su ámbito territorial, unas especificidades en cuanto a las
peculiaridades forestales, porque no todo el monte es idéntico a
lo largo de la geografía española. Por lo tanto, hay que dar un
margen de actuación suficiente para que se puedan hacer políticas
forestales propias, de acuerdo con lo básico establecido, pero
por ley, no haciendo remisiones genéricas.
Para finalizar, señor Presidente, entendemos también que el
régimen sancionador habría que mejorarlo. Se ha hecho un esfuerzo
a la hora de adecuación al principio de la legalidad,
determinándose tanto los tipos de infracción, es decir, la
legalización de las infracciones, como el régimen de las
sanciones a imponer, pero existe una calificación de las
infracciones imperfecta que requiere de unas mejoras en cuanto a
su régimen jurídico.
Entendemos que, en líneas generales, la proposición de ley merece
la pena debatirla. Se ha hecho un esfuerzo por parte del grupo
proponente para presentar esta iniciativa y, por todo ello,
nuestro Grupo Parlamentario va a votar positivamente su toma en
consideración.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta Cámara la admisión
a trámite de una importante proposición de ley que ha merecido
del Grupo Parlamentario Catalán un profundo análisis. Conocemos
la ilusión con que su portavoz el Diputado señor Madero la ha
preparado y la ha presentado en este mismo acto
y de cuyo contenido deseamos hacer algunas consideraciones.
En su redacción se aprovechan ciertamente anteproyectos y
borradores conocidos de la Ley de Montes, del Ministerio de
Agricultura. Reconocemos que en algunos aspectos los completa y
los mejora. También incorpora conceptos de normativa técnica y
jurídica de las leyes forestales aprobadas en cinco comunidades
autónomas, así como aspectos de fiscalidad forestal reconocidos
en leyes aprobadas recientemente, como la de modernización de
estructuras agrarias, en la que nuestro Grupo incorporó las
desgravaciones por transmisiones patrimoniales forestales, e
igualmente incorpora algunas disposiciones de la ley de
acompañamiento de los presupuestos. Se trata, pues, de una
compilación de lo aprovechable de la legislación
preconstitucional, de leyes ya aprobadas y de algunas novedades
que también comentaremos. Lo que en su conjunto valoramos como
una actitud positiva. No se trata de un proyecto de ley emanado
del Gobierno que, como el que he citado anteriormente de
estructuras, antes de ser debatido en esta Cámara había sido
sometido a un prolongado proceso de análisis previo por todos los
sectores sociales implicados.
Nuestro grupo desearía que --y aquí queremos dejar constancia de
ello--, en el supuesto de que esta proposición de ley sea
admitida a trámite, no se empiece este trámite mediante un
procedimiento apresurado, nada acorde con la importancia de la
propia ley ni con el momento político que vive el país, sino que
incluya un período amplio de consultas que permita el
conocimiento e informe de todos los sectores implicados, que son
muchos; implicados en la conservación, la explotación y
desarrollo de nuestro patrimonio forestal. Deseamos que esta
sugerencia sea bien acogida por el Grupo proponente y por los
demás grupos de la Cámara. Se trata de una materia muy sensible
que no debemos legislar sin la participación de un sector que ha
padecido una larga incomprensión por parte de las
administraciones públicas.
Llega, pues, esta proposición de ley al trámite parlamentario con
el déficit que acabamos de citar, pero que es corregible, y con
la ambición de ser una ley básica de montes amparada en el
artículo 149.1.23 de la Constitución y, por lo tanto, ha de ser
de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. También
tiene el loable objetivo de suplir a la legislación
preconstitucional y el de adaptar la legislación forestal al
Estado de las autonomías. Este último es uno de los objetivos
explicitados en el texto y por el propio proponente que, a
nuestro juicio, no se halla bien orientado e insuficientemente
plasmado en su articulado.
Por ello, y sin entrar en detalles del articulado, desearíamos
puntualizar, de la misma forma que hicimos con el otro importante
proyecto de ley de interés agrícola tramitado en esta legislatura
--vuelvo a referirme al de modernización de estructuras--, que
deberán suprimirse de su carácter básico o modificarse aquellos
artículos que no pueden ni deben tener este carácter, y que lo
tienen en su redacción actual, por interferir competencias
estatutarias de las comunidades autónomas, algunas de estas
competencias consolidadas, inclusive, por sentencias del Tribunal
Constitucional.
Permítanme algunos ejemplos. En el artículo 9 podríamos aceptar
la creación de una comisión nacional de coordinación de política
forestal mientras ésta excluya aspectos de gestión forestal. El
artículo 19, que establece los procedimientos para efectuar el
deslinde, es demasiado reglamentista y especialmente incompatible
con aquellas comunidades autónomas que tienen facultades
legislativas de Derecho civil. Ni en su redacción actual ni en el
objetivo que persigue no pueden ser básicos ni el artículo 22, de
instrumentos de ordenación, ni el artículo 23, porque incluso
establece con detalle los procedimientos administrativos y
técnicos de los aprovechamientos forestales.
No puede aceptarse como básico todo el capítulo II, de incendios
forestales, especialmente del artículo 25 al 30. Salvaríamos
algunos aspectos referidos a la organización de la extinción de
los grandes incendios que afectan a varias comunidades autónomas,
el de homologación de cierto material y la creación de un fondo
de compensación y seguros de incendios, que deberán ser matizados
en el trámite parlamentario.
Las mismas objeciones debemos hacer a los artículos 37 y 47 de
tipificación de infracciones, o a las disposiciones transitorias
referidas a calificaciones urbanísticas de los suelos forestales.
Para finalizar diré que valoramos positivamente la vía que la
proposición de ley abre a los contratos de conservación forestal,
las compensaciones económicas por rentas no obtenidas por
limitaciones impuestas por la ley o las administraciones, la
obligación de reforestar superficies equivalentes a las perdidas
por obras o actuaciones territoriales y el fomento del
asociacionismo para forzar la creación de explotaciones
forestales superiores a 200 hectáreas, superficie que, a nuestro
juicio, debería ser orientativa incluso para la aplicabilidad de
la ley, ya que ésta debería estar condicionada al régimen de
propiedad, clases de arbolado, etcétera, y a determinar en más o
menos superficie por las comunidades autónomas.
Queremos dejar constancia de lo que, a nuestro juicio, es una
carencia de la ley, que es su no entronque con la política
forestal europea, y ello es así porque el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) opina que una eficaz política forestal
integral requiere medios que superan la capacidad económica de
las comunidades autónomas y del propio Estado y que precisará el
apoyo de una política forestal comunitaria sensible con la
problemática real del sector forestal de nuestro país y de los
demás países del sur de Europa y que supere el actual error de
atribuir la producción maderera a los países nórdicos, relegando
a nuestro sector forestal a la condición de reserva natural
europea con finalidad casi única y prioritaria de conservación
del paisaje y
de destino al ocio. Nuestra política forestal debe proyectar un
equilibrio entre la conservación y la producción rentable.
Además, de alguna forma la política forestal comunitaria debe
compensar la injusticia que ha significado la PAC para con
nuestra agricultura y que en cierto modo es responsable de la
desaparición de importantes áreas de cultivos herbáceos
estratégicos, que, intercaladas en las masas forestales, impedían
la gran extensión de los actuales incendios.
Finalizo, señor Presidente, afirmando que nuestro Grupo no puede
asumir el contenido textual de esta ley, pero, con el voto
favorable a su admisión a trámite hacemos a la vez un voto a la
esperanza de que si se realizan las correcciones, renuncias y
ajustes imprescindibles, a los que parece está dispuesto el Grupo
proponente, con las aportaciones del sector y de los grupos
parlamentarios, pueda convertirse en una ley básica de montes
congruente con la política forestal del Estado de las autonomías
y con la política forestal comunitaria que el sector forestal
español y el país necesitan.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya quiero felicitar sinceramente al Grupo Popular y en
especial al Diputado señor Madero, porque todos sabemos el
interés que se ha tomado sobre este tema y nos da la oportunidad,
con la presentación de esta proposición de ley, de debatir sobre
una cuestión que es de gran interés para nuestro país. Pero he de
confesar, señorías, que este debate nos coge a todos un poco a
traspié. Estamos trabajando sobre el anteproyecto del Gobierno
que en tantas ocasiones se ha comprometido a traer a esta Cámara;
un anteproyecto del Gobierno que ha pasado a informe de las
comunidades autónomas, de entidades ecologistas y de otras
organizaciones que estaban elaborando sus enmiendas sobre la base
del texto del Gobierno.
Aquí, como se ha recordado por parte de otros portavoces, ha
habido votaciones, tanto en Comisión como en Pleno, en las que ha
habido unanimidad instando al Gobierno a traer a esta Cámara el
proyecto de ley de montes, y, una vez más, debemos manifestar y
constatar el incumplimiento de un mandato que surge del seno de
la Comisión y del seno del Pleno, un incumplimiento manifiesto
que nos hace estar debatiendo este proyecto de ley que presenta
hoy el Grupo Popular. En abril de este año, nuestro Grupo
presentó también en el Registro de la Cámara una proposición no
de ley en la que se instaba al Gobierno a que, en un plazo de dos
meses, aportase a la Cámara la proposición de ley de montes,
texto que todavía no hemos tenido ocasión de ver. De alguna
manera, a través de lo que se ha manifestado aquí y de lo que yo
expreso ahora mismo, se pone de manifiesto el interés de todos
los grupos por que esta ley de montes pueda salir adelante.
La proposición de ley que presenta el Grupo Popular,
efectivamente, recuerda mucho al anteproyecto de ley del
Gobierno. Se ve que se ha trabajado sobre ese texto, aunque
podemos observar que hay grandes diferencias. Esta proposición de
ley llega en un momento en que muchas comunidades autónomas --
Andalucía, Cataluña, Navarra, Valencia, La Rioja y Madrid--
tienen sus propias legislaciones forestales y también,
lamentablemente, llega en un momento en que por agotamiento de la
legislatura, acortamiento --diríamos-- de la legislatura, pudiera
ser que desgraciadamente esta proposición de ley no prospere ni
saliera adelante.
De cualquier manera, nosostros vamos a votar a favor de su toma
en consideración, dada la falta total de política forestal y la
descoordinación que en materia de bosques se produce en nuestro
país, con la consiguiente pérdida de la biodiversidad de los
ecosistemas españoles y, como hemos podido comprobar también, en
todo el tema de incendios. Pensamos que se requiere una política
encaminada a una gestión sostenible de los bosques --y no
sostenida, señor Madero-- en consonancia con la normativa de la
Unión Europea.
A través de las enmiendas que plantearemos en su momento a esta
proposición no de ley, haremos ver que la mayor parte de nuestra
discrepancia viene dada porque pensamos que es una proposición de
ley de marcado carácter «productivista», en contraposición a lo
que el texto del anteproyecto del Gobierno planteaba, y desde
nuestro punto de vista, ya en la misma denominación de cada
título y de cada capítulo se puede ver que la proposición del
Grupo Popular es más «productivista» y que el anteproyecto del
Gobierno tiene unos caracteres más de conservación de los
recursos naturales.
Por ejemplo, en la proposición de ley que presena el Grupo
Popular se niega la categoría de montes a las superfices
arboladas que no excedan de 20 hectáreas. Nosotros pensamos que
esa cifra es excesiva y que en determinadas especies, por ejemplo
en una fresneda, sería absolutamente insoportable, porque serían
demasiadas hectáreas. Por tanto, ahí mismo ya se está viendo que
el Grupo Popular niega categoría de montes a unas superficies
arboladas cuando nosotros pensamos que deberían tenerla según las
especies de las que estén pobladas.
Por otra parte, a través de nuestras enmiendas, plantearíamos la
exigencia de que todos los montes del Estado de las comunidades
autónomas fueran catalogados de utilidad pública y constasen en
el registro de montes de utilidad pública, lo que ahora, por el
tipo de trasferencia que se produjo, no existe. Por tanto, todos
los montes del Estado y los montes de las comunidades autónomas
deberán ser catalogados como de utilidad pública. Además, la
proposición de ley sólo exige instrumentos de ordenación en los
bosques superiores a 200 hectáreas, en contraposición al
anteproyecto del Gobierno que establecía esa cifra de 50
hectáreas. Nuestra posición estaría más cercana a la del
anteproyecto del Gobierno que a la que presenta el Grupo Popular.
También se echa en falta una regulación más exhaustiva de la
planificación y de la investigación forestal, sobre todo,
desarrollo de especies forestales autóctonas, investigación sobre
técnicas de control de enfermedades, investigación sobre
selvicultura en hábitats de espacios protegidos o investigación
sobre técnicas de control de la erosión mediante hidrología
forestal, por decir algo. Falta un incremento de lo relativo a la
planificación e investigación forestal.
Señorías, teniendo en cuenta que desde hace muchos años hay una
desidia en lo que al tratamiento de las masas boscosas se
refiere, porque llevamos muchos años en los que se han reducido
drásticamente las inversiones en materia forestal, pensamos que
esta ley debería llevar incorporada una financiación, que se
regularan por años las cantidades que los Presupuestos Generales
del Estado asignarían a las masas arboladas y a las desarboladas.
Creemos que es importante concretar en esta ley ya una
financiación para el mantenimiento de estos ecosistemas.
No contempla tampoco la proposición de ley que nos presenta el
Grupo Popular nada en relación con la educación ambiental en la
formación reglada encaminada a que los alumnos entiendan qué
medidas de prevención se deben tener en cuenta para evitar los
incendios forestales y el mantenimiento de los bosques. En suma,
la cuestión se centraría en que ustedes han tenido más en cuenta
el desarrollo sostenido que el desarrollo y la gestión sostenible
de los montes.
En materia de competencias otros grupos, el Vasco (PNV) y el
Catalán (Convergència i Unió), han manifestado también sus
reticencias sobre alguno de los tratamientos que se da en la
proposición de ley en materia competencial. Pensamos que esta ley
es necesaria en aplicación del artículo 149.1 de la Constitución,
que tiene que ser una ley básica, pero creemos que esta ley
precisa y detalla demasiado y entra a regular muchas cosas.
Pondría un ejemplo claro y es la materia de deslinde. No creo que
tenga que ser esta ley, básica, la que tenga que meterse en estas
materias por cuanto esto debería ser desarrollado por las
comunidades autónomas. De cualquier manera, esto se podría ver en
el trámite del debate de las enmiendas parciales a esta
proposición de ley.
Señorias, desde el respeto más exquisito a las competencias de
las comunidades autónomas creo que efectivamente ha llegado la
hora de acabar con la descoordinación que existe en materia
forestal y creo que ha llegado la hora de incidir con políticas
que tengan como objetivo la conservación de los recursos
naturales y el legítimo aprovechamiento de los propietarios sin
que entre en contradicción con el mantenimiento mismo de esos
recursos naturales.
El Gobierno no ha traído su proyecto de ley a esta Cámara. De
cualquier manera, ya digo, habiendo felicitado al Grupo Popular
por habernos dado la ocasión de tener este debate en la Cámara,
también digo lo siguiente y es que nuestro Grupo se sentiría más
cómodo, más a gusto y más identificado con el anteproyecto del
Gobierno que con la proposición de ley que hoy nos presenta el
Grupo Popular. De todas formas creo que eso tiene arreglo, y el
Grupo Socialista podría aportar, como texto alternativo en el
debate de totalidad, el texto de anteproyecto del Gobierno. No sé
qué razones pueden impedir al Gobierno el traer ese texto a la
Cámara, pero con ocasión del debate de totalidad tiene la
oportunidad todavía de hacerlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor vicepresidente (Beviá Pastor): Gracias señora Rivadulla.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres
Sahuquillo.
El señor torres sahuquillo: Gracias señor Presidente.
En el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español
figura el compromiso de presentar al Parlamento un proyecto de
ley básica de montes y aprovechamientos forestales. Este
compromiso electoral del PSOE está en fase cumplimiento. Existe
un anteproyecto de ley de montes y aprovechamientos forestales
que ya fue sometido a la consideración de los distintos
ministerios afectados y que en estos momentos está pendiente de
negociación con las distintas comunidades autónomas, ya que se le
atribuye el carácter de legislación básica, al igual que hace la
iniciativa que ahora debatimos.
Con fecha 11 de mayo de 1995, es decir, un mes después de que
recibieran las comunidades autónomas la iniciativa del Gobierno,
el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley
de montes y aprovechamientos forestales. Esta iniciativa contiene
pasajes, en muchos casos literales, del anteproyecto elaborado
por el Gobierno y de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957. Por
consiguiente, el Gobierno estaría legitimado para acusar al
Partido Popular de plagio (Rumores.) pero que sea el Gobierno el
que lo haga en todo caso, el Grupo Socialista no lo va a hacer.
No obstante, llegado a este punto, el señor Madero, portavoz del
Grupo Popular --que yo sé que ha puesto mucha ilusión en esta
iniciativa y trabajo--, plantea la sequía de ideas del Gobierno
por no presentar el proyecto de ley correspondiente, y como acabo
de explicar que ese anteproyecto está elaborado, creo que quedará
claro que no hay tal sequía y me temo que la sequía está en otra
parte. Es la primera vez desde que yo estoy en esta
Cámara, desde 1986, que el Grupo Popular presenta una proposición
de ley en Pleno que tenga algo que ver con la agricultura, con la
ganadería y con los montes. Eso sí es sequía, señor Madero. Por
tanto, en este momento yo le felicito por la iniciativa, ya que
ha conseguido romper S. S. una tradición de su Grupo de sequía
permanente en cuanto a las ideas. (Rumores.) La pregunta, por
tanto, sería si habría sido capaz el Grupo Popular, sin contar
con el anteproyecto del Gobierno y con la voluntad --me consta--
y el trabajo del señor Madero, de presentar aquí una proposición
de ley de montes. ¿Habría sido capaz? Ahí queda la pregunta. Que
cada uno conteste lo que crea oportuno.
Entrando en la valoración que nos merece esta iniciativa, debo
decir que nos parece útil para iniciar el procedimiento
legislativo, dicho lo cual, manifiesto que el voto del Grupo
Parlamentario Socialista será favorable a su toma en
consideración. Aprovecharemos el trámite parlamentario
subsiguiente para enmendar esta proposición de ley que adolece de
defectos importantes en la parte de la misma en la que se trata
de ser original, es decir, en aquella parte que se ha redactado
sin tener en cuenta el anteproyecto del Gobierno. Por ejemplo, el
artículo 41 de la proposición de ley, relativo a exenciones
fiscales, plantea medidas que ya están contempladas en la Ley de
modernización de las explotaciones agrarias, recientemente
aprobada en el anterior período de sesiones, o plantea medidas
que van a ser colaterales con las allí contempladas. En el
apartado 2 de este artículo declara como renta irregular, a los
efectos del IRPF, lo que ya está declarado así por la Ley 18/1991
de 6 de junio. En el apartado 3 del mismo artículo 41 relativo al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cabe señalar que, en
principio, la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, por la que se
aprueba el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no admite
beneficios fiscales de carácter objetivo por razón de la
naturaleza de los bienes o derechos adquiridos, sino reducciones
generales mucho más equitativas, ya que no discriminan por razón
de la naturaleza de los bienes adquiridos. En el apartado 5 del
mismo artículo mencionado, Impuesto sobre el Patrimonio, carece
de sentido la reducción propuesta tras las últimas modificaciones
operadas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio, que ha venido a reconocer la exención para todas las
actividades empresariales, incluidas las agrícolas, forestales y
ganaderas.
En otro orden de cosas, nos parece que el catálogo que establece
el capítulo II del título III debería contener también una
sección de montes privados de utilidad pública y no sólo montes
de titularidad pública. Tenemos también dudas sobre el carácter
de legislación básica que pretende la proposición de ley al
regular con excesivo detalle todo lo referente a la
administración forestal contenida en su título II, optando por un
modelo cerrado de competencias, en vez de por un modelo abierto,
como establece el anteproyecto del Gobierno, y, a su vez,
participamos de las preocupaciones de algunos grupos que han
intervenido con anterioridad respecto al excesivo afán
reglamentista que tiene la proposición de ley y que, por tanto,
va precisamente en contra del carácter de básico que se pretende
dar a la misma. No obstante, espero --como Grupo Parlamentario
haremos lo posible por contribuir a ello-- que en el trámite
subsiguiente consigamos corregir estos defectos, a nuestro
juicio, tiene la proposición de ley.
En fin, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
favorablemente esta iniciativa del Grupo Popular, con el
compromiso de mejorar con nuestras enmiendas el texto que estamos
valorando y, con ello, cumplir nuestro compromiso electoral. Sólo
el deseo del Gobierno de negociarlo y pactarlo con las
comunidades autónomas --y, naturalmente debo hacer mención a su
habilidad para tenerlo un mes después de que lo vean las
comunidades autónomas y utilizarlo, legítimamente, claro está,
para hacer la proposición no de ley-- ha impedido que no esté
aquí ya, en la Cámara, con anterioridad a la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular. De todas formas, repito, vamos a votar
favorablemente la proposición de ley y, naturalmente, estaremos
dispuestos --cómo no, señor Madero-- como siempre, como Grupo
Parlamentario, a intentar encontrar los puntos de acuerdo que sea
posible y a debatir en profundidad y con respeto a los
planteamientos contrapuestos que pueda haber por parte de su
Grupo para intentar mejorar esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Torres
Sahuquillo. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.)
No, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, es para una mínima
puntualización a la intervención del señor Torres, portavoz del
PSOE, que ha dado un dato inexacto respecto a que no habíamos
traído ninguna proposición de ley a la Cámara. Si me permite una
pequeña aclaración...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señor Madero. No ha
habido turno en contra y todos los portavoces han expresado su
decisión de votar a favor. Al fijar la posición hay
discrepancias, y yo ya sé que se puede discutir mínimamente sobre
el mayor o menor grado de sequía, pero aprovechemos este área
orográfica de baja presión y sigamos adelante.
El señor MADERO JARABO: En todo caso, me permitirá agradecer el
voto afirmativo del resto de los grupos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay turnos de
agradecimiento.
El señor MADERO JARABO: ... y decir que, desde luego, aquí vino
la Ley de Cámaras como proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular sobre montes y
aprovechamientos forestales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 304; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de
la proposición de ley. (Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA
AL GOBIERNO A REMITIR, PARA SU APROBACION, LOS INSTRUMENTOS DE
RATIFICACION DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES NUMEROS CUATRO Y SIETE
AL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (Número de expediente 162/000068)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no
de ley. Proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
remitir, para su aprobación, los instrumentos de ratificación de
los Protocolos adicionales números Cuatro y Siete al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo
Parlamentario presentó y en este trámite procede a defender una
proposición de ley por la cual se insta al Gobierno del Estado
español a que envíe a esta Cámara un instrumento de ratificación
de dos muy relevantes Protocolos, el número Cuatro y el número
Siete, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, un Convenio elaborado
en el seno del Consejo de Europa, que España no pudo firmar ni
ratificar hasta que hubo en nuestro país una democracia
constitucional. A partir del momento en el que España fue una
democracia constitucional, se pudo firmar y ratificar esta
Convenio Europeo de Derechos Humanos y se pudo someter el Estado
español a la jurisdicción de la Comisión Europea de los Derechos
Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal
de Estrasburgo.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el llamado Convenio de
Roma, de 1950, es probablemente el instrumento de protección de
derechos humanos más importante que existe en estos momentos en
el mundo a nivel supranacional o internacional. Existen diversos
convenios sobre derechos. El Derecho internacional de los
derechos humanos es algo muy extendido. en otras regiones del
mundo hay otro tipo de convenios, existen los pactos de los
derechos humanos de las Naciones Unidas, existe una multitud de
convenios y de tratados internacionales que tienen que ver con
los derechos humanos, pero ninguno con la capacidad práctica de
implantación y de garantía como el Convenio Europeo de Derechos
Humanos de 1950, porque existe un sistema de garantías
jurisdiccional, existe una comisión y existe sobre todo un
tribunal que juzga recursos contra decisiones de órganos
nacionales, el Tribunal de Estrasburgo, cuyas sentencias son
necesariamente aplicadas en los Estados firmantes y ratificadores
de ese Convenio, que son la inmensa mayoría de los Estados que
hoy día componen el Consejo de Europa y todos los que componen la
Unión Europea.
Se trata de un Convenio de extraordinaria importancia que empezó
con una cierta humildad, con sentencias no muy numerosas por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que, sin embargo, ha ido
ampliando su esfera de importancia, e incluso tiene una vigencia
extraordinaria ya en nuestro propio ordenamiento jurídico de
acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución. El Convenio
Europeo de Derechos Humanos y la aplicación que de él hace el
Tribunal de Estrasburgo es aplicado por los tribunales españoles,
es aplicado por el Tribunal Constitucional y ha servido para
ampliar las garantías de los derechos humanos, de los derechos y
libertades públicas en nuestro país.
Este Convenio es también parte del proceso de construcción
europea. Se entendió, después de la Segunda Guerra Mundial, que
una base fundamental para la paz era la protección, incluso
internacional, de los derechos humanos, que era un elemento
básico para la salvaguarda de la paz en nuestro continente, hasta
el punto de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido
también aceptado como parte del Derecho comunitario; es decir,
como parte del acervo del proceso de construcción que se ha dado
en llamar el proceso de construcción europea, hoy día expresado a
través del Tratado de la Unión Europea. Este Tratado de la Unión
Europea, comúnmente conocido como Tratado de Maastricht, prevé
también por primera vez de una forma explícita en un texto de la
Unión Europea, que el Convenio de Roma de 1950, el Convenio de
los Derechos Humanos, forma parte del acervo comunitario. Por
tanto, todas las decisiones que se tomen en el seno de la Unión
Europea tienen que adecuarse a
lo previsto y no pueden ir contra el Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
Como decía, nuestro país firmó y ratificó este Convenio, así como
firmó y ratificó algunos de esos protocolos. El Convenio Europeo
de Derechos Humanos es un convenio de mínimos, que nació para que
fuese un estándar mínimo de protección en los países del Consejo
de Europa, pero después se ha visto que era absolutamente
necesario extender esas garantías y esos derechos. Por eso es por
lo que se han hecho unos protocolos o enmiendas posteriores,
entre ellos los protocolos cuatro y siete, que son seguramente
los que, de forma más extensa, desarrollan y amplían, el Convenio
Europeo de los Derechos Humanos. Curiosamente, estos Protocolos
cuatro y siete no han sido ratificados por el Estado español.
El Protocolo número cuatro fue firmado por el Gobierno español el
23 de febrero de 1978. Estamos, por tanto, en un momento
inmediatamente anterior a la existencia de democracia en nuestro
país, todavía no existía una Constitución. Y el Protocolo siete,
algo más tarde, porque se elaboró después, fue firmado el 22 de
noviembre de 1984. Sin embargo, ninguno de estos dos Protocolos,
ni el cuatro ni el siete, cuyo contenido pasaré inmediatamente a
exponer, han sido ratificados por este Parlamento. Por tanto, no
son aplicados en nuestro país porque ningún Gobierno español
envió jamás un instrumento de ratificación a esta Cámara para que
procediese a su aprobación.
Nosotros presentamos esta proposición de ley hace algo más de año
y medio, hasta ahora no ha entrado en el orden del día y durante
este tiempo, aunque el Gobierno sabía que existía esta
proposición de ley presntada y que algún día entraría en el orden
del día, tampoco presentó el instrumento correspondiente de
ratificación. Nos parece que es una laguna muy importante dentro
del sistema de protección de los derechos fundamentales en
nuestro país el que no se hayan ratificado estos dos Protocolos,
Protocolos que tienen un contenido de desarrollo de derechos que
alguno de ellos no está ni siquiera en nuestra Constitución. Por
eso es por lo que nos parece que no puede dilatarse más el que se
ratifiquen estos Protocolos.
Hay que decir también que la mayoría de los países de la Unión
Europea han firmado y ratificado los Protocolos cuatro y siete.
En el caso del Protocolo número cuatro España, junto con Grecia y
con el Reino Unido, es el único país de la Unión Europea que no
lo ha ratificado todavía.
En el caso del Protocolo número siete, que es un Protocolo más
reciente, hay algunos países, cinco o seis, que todavía no lo han
ratificado. Desde luego, la mayoría de los que componen la Unión
Europea también han ratificado este Protocolo. En consecuencia,
estamos en la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a
la ratifiación de estos dos importantes Protocolos, cuyo
contenido rápidamente voy a exponer.
El primero de ellos, el Protocolo número cuatro, contiene en sus
cuatro primeros artículos cuatro garantías que me parecen de la
máxima importancia. La primera de ellas es la de prohibición de
la prisión por deudas o de la prisión, como dice el convenio, por
obligaciones contractuales. Se trata de una garantía que refuerza
la que ya existe en el Convenio Europeo, en el artículo 5, sobre
la libertad y seguridad personal; se trata de una garantía que no
está prevista expresamente en nuestra Constitución. Es cierto que
en nuestro país no existe la prisión por deudas, pero en la
aplicación de un artículo, el 1.911 del Código Civil, y no está,
por tanto, establecido a nivel constitucional. En un futuro, una
ley podría perfectamente establecer la prisión por deudas y no
sería en principio inconstitucional.
Otro de los derechos que dearrolla este Protocolo cuatro es el de
libertad de residencia y movimientos. Así comienza la garantía de
una serie de normas que este Protocolo establece y que se trata
de beneficiar a aquellos extranjeros que residen legalmente en
los países ratificantes de este Convenio.
El artículo 2 del Protocolo cuatro dice que toda persona que se
encuentre en situación regular sobre el territorio de un Estado
tiene derecho a circular libremente en él y a escoger libremente
su residencia, y que toda persona es libre de abandonar un país
cualquiera, incluso el suyo. Esto es cierto que está previsto en
el artículo 19 de nuestra Constitución, pero el que se prevea
también en este Protocolo le da una gantía mayor, porque habría,
en su caso, una posibilidad de acudir al Tribunal de Estrasburgo
si las autoridades españolas no protegiesen este derecho a la
libre circulación y a la libre capacidad de movimiento y de
residencia dentro de nuestro país.
El artículo 3 habla de la prohibición de la expulsión del
territorio del Estado del cual se sea ciudadano, es decir, la
prohibición del exilio que, de alguna forma, en cuanto al
extrañamiento está prevista en el Código Penal actual vigente, y
que esperemos que con la aprobación del Código Penal en proyecto
desaparezca, porque así se establece en el mismo.
Nuestra Constitución sí prevé, pero solamente para casos de
motivos ideológicos, la imposibilidad de expulsar a alguien del
propio país. Por tanto, sería un avance el que se firmase y
ratificase este Protocolo, en cuanto que se prohibiría al máximo
nivel el exilio. Es decir, un Estado no puede expulsar a un
ciudadano de su propio país --en este caso España no podría
expulsar a un ciudadano español-- por ninguna razón, y ni
siquiera podría privarle de nacionalidad para después expulsarle.
Este es un caso que se planteó ya ante los órganos de
Estrasburgo...
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor Presidente.
... Incluso en el caso de que se le niegue la nacionalidad a
alguien que la ha pedido y se haga porque se
piensa después expulsarle, se entiende por la Comisión Europea
que se presume ese deseo del Estado de expulsarle y no habría,
por tanto, posibilidad de privar de nacionalidad a alguien para
expulsarle o negarle la nacionalidad española para expulsarle.
En cuanto a las expulsiones, por último este Protocolo Cuatro
habla de la prohibición de expulsiones colectivas o de
deportaciones masivas que es algo que tampoco está protegido
directamente por nuestra Constitución.
Respecto al Protocolo Siete, muy rápidamente señalaré los cinco
aspectos fundamentales que se protegen en ampliación de derechos
y libertades en ese protocolo. Primero, una serie de garantías
para la expulsión. El artículo 1 de ese Protocolo dice que el
extranjero que sea expulsado tiene derecho a hacer valer las
razones que existan contra su expulsión a hacer que su caso sea
revisado, y a ser representado para estos fines ante la autoridad
competente o ante la persona o personas designadas por esa
autoridad. Se trata de un derecho muy importante que tampoco está
directamente protegido en nuestra Constitución. De ratificarse
este Convenio ninguna ley podría endurecer el sistema de
expulsión que existe en estos momentos en nuestro país que es,
por cierto, un sistema que no puede llamarse especialmente
benévolo en la llamada impropiamente Ley de libertades de los
extranjeros.
El artículo 2 del Protocolo Siete habla de la posibilidad de
derecho al recurso en los procedimientos penales ante un tribunal
superior, que tampoco está directamente establecido en nuestra
Constitución. El siguiente se refiere a que, en caso de error
judicial, la persona tenga derecho a una indemnización. Tampoco
está en nuestra Constitución. El siguiente habla del conocido
principio del non bis in idem, nadie puede ser perseguido o
condenado por una infracción de la que ya haya sido objeto de
proceso, de procedimiento y de sentencia. El Tribunal
Constitucional entiende que está implícito en nuestra
Constitución, aunque no directamente.
Por último, el artículo 5 de este Protocolo habla de la igualdad
de derechos y deberes de carácter civil de los cónyuges entre
ellos y en sus relaciones con sus hijos por lo que se refiere al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio. También un derecho muy importante que, de alguna
forma, estaría protegido por el artículo 14 de la Constitución,
pero no directamente al máximo nivel ante el Tribunal
Constitucional por nuestra Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LOPEZ GARRIDO: Concluyo, señor Presidente.
Nos parece de la máxima importancia la ratificación de estos dos
Protocolos por la entidad de los derechos a los que me he
referido y he expuesto en esta tribuna, porque de aprobarse esta
proposición no de ley y de ratificarse los Protocolos, una ley
aprobada por estas Cámaras no podría ir hacia atrás y contradecir
lo previsto en este Tratado, y además, porque aunque algunos de
esos derechos están protegidos por nuestra Constitución, aparece
una garantía más para ellos, que es la posibilidad de llegar al
Tribunal de Estrasburgo, incluso contra sentencias del Tribunal
Constitucional. Nos parece que es ésta una laguna que no debe
existir por más tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. Pedimos
por ello el voto favorable a esta proposición no de ley, y
pedimos también que el Gobierno envíe con la máxima celeridad
este instrumento de ratificación para que sea aprobado por estas
Cámaras y puedan aplicarse y garantizarse en nuestro país estos
importantes derechos y libertades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor López Garrido.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el
Grupo Socialista. Para su defensa y para fijar la posición del
Grupo, tiene la palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, señorías, los
ponentes de todos los grupos parlamentarios ante la iniciativa
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a
estar de acuerdo en el interés, la oportunidad y la necesidad de
que se apruebe esta proposición no de ley y en que sean
ratificados por esta Cámara estos dos Protocolos al Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
Tengo que reiterar aquí lo dicho por el señor López Garrido
cuando habla de la importancia del Convenio de Derechos Humanos y
de la importancia de los protocolos que sucesivamente se han ido
añadiendo al texto inicial del Convenio. Estos Protocolos y este
Convenio han inspirado gran parte de la legislación mundial, y
desde luego europea, en materia de defensa de los derechos
humanos, han inspirado nuestra legislación hasta el punto de que
quizá se podrá matizar lo dicho por el señor López Garrido cuando
ha afirmado que el contenido de estos Protocolos no se aplicaba
en España. Eso no sería exacto, porque en multitud de leyes de
nuestro ordenamiento jurídico hay cantidad de preceptos que son
exactamente los mismos que contienen estos Protocolos, es decir,
nuestra legislación defiende obviamente los mismos preceptos en
materia de derechos humanos.
Nuestro Grupo Parlamentario va a estar a favor de la aprobación
de la proposición no de ley. Sus principios, sus bases, su
contenido, fundamentalmente, son positivos y creemos que el
Estado español debe incorporarlos a su acervo legal. Por ello, el
Gobierno firmó estos Protocolos en su momento, tal como ha
señalado el proponente: en el año 1978 el Protocolo número
Cuatro, y en el año 1984 el Protocolo número Siete; los firmó con
la voluntad de ratificarlos naturalmente, y
con el gesto de firmarlos, ya afirmaba esa voluntad de
incorporación de los Protocolos a nuestra legislación.
El Grupo Socialista presenta una enmienda de adición a la
proposición no de ley, porque, al tiempo que estamos de acuerdo
en instar al Gobierno a la ratificación de estos Protocolos,
creemos que es oportuno pedir a la Cámara que completemos esa
petición al Gobierno añadiendo, como dice nuestra enmienda,
alguna orientación de estudio, de reserva o de aclaración en
relación a algunos elementos que pueden conducir a confusión o a
interpretación distinta de los preceptos de los Protocolos. Si no
se ha ratificado hasta ahora no es por casualidad, ni tampoco es
por casualidad que no lo haya ratificado ni firmado algunos de
los países europeos más importantes de nuestro entorno. Hay algún
problema de interpretación que cabría solventar, quizás la propia
interpretación con un estudio suficiente y básico y, luego, con
una comparación con nuestra legislación actual. Hay problemas de
adecuación y de colisión con nuestro Derecho en algún caso y, en
cualquier término la necesidad de ciertas cautelas, si es que nos
ponemos de acuerdo en que hay algún problema.
Por otra parte, España es, sin duda, uno de los países que más
protocolos ha ratificado en tratados y convenios sobre derechos
humanos. Todo el mundo reconocerá que tenemos un Derecho de los
más avanzados de la comunidad internacional en esa materia; somos
el país que más ha seguido los preceptos y avances del Consejo de
Europa (yo tengo testimonio personal de ello en los últimos doce
años) y, además, en el ámbito internacional se reconoce que en
España hemos llevado a cabo una reforma legislativa, una
aplicación judicial y un control cautelar y de amparo para
asegurar los derechos humanos como los países más punteros en esa
materia.
Hay una cierta convicción entre los juristas internacionales en
la idea de que estos Protocolos, y especialmente el número Siete,
podía haber sido más afortunado en su redacción. Nos parece
indiscutible en sus preceptos. Pero, en la medida en que unifica
criterios que a veces no son los mismos en las distintas
tradiciones jurídicas de los diferentes corpus legislativos,
podía haber sido mejor. Por otro lado, la propia jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ha dado pie a interpretaciones a las
que, quizás, la propia lectura de los preceptos no daba lugar.
Por ello, el Gobierno español ha esperado tanto para remitir a
las Cámaras los instrumentos de ratificación, por los problemas
concretos, de los cuales voy a hablar, que están, más o menos
enunciados en nuestra enmienda. Por otra parte, porque en este
país ha habido un debate que era necesario de reforma del Código
Penal. Como el proponente sabe, algunos de los preceptos a que se
refieren estos Protocolos estaban en discusión o debían ser
discutidos y, en cualquier caso, eliminados --como ha sucedido en
alguna ocasión-- de nuestro Código Penal. Hasta la aprobación
final de este Código Penal mal podía el Gobierno traer aquí unos
instrumentos de ratificación si no sabíamos cómo iba a quedar.
En el caso, como ha citado el señor López Garrido, de las penas
de extrañamiento está muy claro: está en nuestro Código Penal
todavía vigente y, sin embargo, en el proyecto que esperamos,
como usted, que se apruebe rápidamente, se ha eliminado. Era una
de las colisiones que hubiera habido de nuestro derecho con estos
protocolos.
Por otro lado, entendemos que después de aprobarse el Código
Penal y a vista de esta ley debe realizarse un estudio técnico-
jurídico previo que pueda aclarar todas las dudas en relación a
los propios textos de los Protocolos, a su interpretación y a su
coherencia con nuestro Derecho. De ahí nuestra enmienda a la
proposición no de ley, que pretende, en primer lugar, añadir al
fin de la propuesta de instar al Gobierno la siguiente frase:«...
con la declaración de reserva de aquellos aspectos que, previo
estudio, resulten incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico
en las materias siguientes».
Entiendan SS. SS. que en esas materias que vienen seguidamente no
estamos predeterminando en absoluto una declaración de reserva
precisa o unas declaraciones concretas. Lo que señalamos como
Congreso de los Diputados al Gobierno es que realice un estudio
sobre aquellas materias en las que nos parece que puede haber
problemas no sólo de definición o de interpretación. Hay que
tener en cuenta que la ratificación de estos Protocolos significa
no sólo que esa legislación se aplica a España, sino, sobre todo,
que el Tribunal de Estrasburgo puede considerar con su
interpretación que nuestro país ha podido violar tal o cual
precepto y hemos de tener las ideas muy claras en el sentido de
que en ninguna parte de nuestra legislación puede haber violación
de estos preceptos. Si nosotros tenemos en alguna parte de
nuestra legislación preceptos --en algún caso sucede en estos
Protocolos--, que entendemos más avanzados que el Convenio o sus
Protocolos, que no pueda considerarse eso como violación, sino al
contrario, que complementan los preceptos de los Protocolos.
De ahí que hablemos de la necesidad de que se produzca alguna
aclaración en relación al Protocolo número cuatro, al artículo 1,
al concepto de obligación contractual. Estamos hablando de cuando
se dice en el Protocolo que no puede haber pérdida de libertad
por obligaciones contractuales, pero es que en nuestro Derecho,
en el caso de convenios de cónyuges, sí puede haber pérdida de
libertad cuando se trata de convenios judicialmente aprobados.
Habría que ver qué interpretación se hace de la idea de
obligación contractual, si alcanza o no a la idea de convenios
judicialmente aprobados. Es una aclaración, en cualquier caso,
que puede hacerse.
En el Protocolo número siete, el artículo 2, existe la
consideración superior de la que conoce del recurso de casación,
por ejemplo, como un tema importante. En
el artículo número 3 del Protocolo, las consecuencias
indemnizadoras de una medida de gracia. Fíjense ustedes que el
Protocolo unifica la idea de indemnización tanto en el caso de
que haya una anulación por error judicial como de una medida de
gracia. En cambio, en nuestra legislación --y creemos que es de
las más avanzadas de Europa-- no existe posibilidad de
indemnización a un indulto, a una medida de gracia, que por su
naturaleza no necesita ni siquiera motivación. En nuestro país no
existe una medida de gracia por error judicial; existirá
anulación o revisión, pero no una medida de gracia. Deberíamos
ver si es necesaria una nota aclaratoria a este respecto.
Artículo 4: doble exigencia de responsabilidad civil. Ahí no es
tanto lo que dice el protocolo, sino que la jurisprudencia del
Tribunal de Estrasburgo demuestra que no admite dualidad de
sanciones, penales o administrativas, en cambio, nuestro derecho
sí. Habría que ver nuevamente si dejamos claro si es necesario
hacer una declaración de reserva y defender nuestra legislación
que, en este caso, nos parece claramente más progresista.
Artículo número 5. Como señalaba el señor López Garrido, se habla
de la protección del matrimonio, incluso de los derechos del
matrimonio después de su disolución, donde, por ejemplo, en
materia de apellidos paterno y materno nosotros tenemos una
legislación más avanzada, creemos, y más progresista que otros
países en los que en materia de apellidos los derechos de la
mujer son mucho más regresivos que en el nuestro. Cabría aquí,
quizá, hacer una observación.
Con esta petición, señorías, de que el Gobierno realice un
estudio y traiga los instrumentos de ratificación con las debidas
cautelas o propuestas, que ya discutiremos aquí, porque las
discutiremos, naturalmente, y será el momento de entrar en el
fondo de la cuestión, solicito de todos los Grupos que aprueben
la enmienda; especialmente pido al Grupo de Izquierda Unida que
acepte su tramitación, instando, como digo, al Gobierno y dándole
alguna orientación, que me parece también es obligación y tarea
de los legisladores, no sólo instarle a que presente el
instrumento de ratificación, sino señalarle la orientación, hacia
dónde debería encauzar el Gobierno la propuesta que haga en la
declaración pertinente, cuando nosotros vemos unos problemas que
sólo he enunciado y para los cuales pido un estudio previo.
Con esto termino mi intervención, señor Presidente. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De Puig.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
de Coalición Canaria fijo nuestra posición, para atender esta
proposición no de ley que ante el Pleno presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Nuestra posición va a ser de apoyo a la proposición, porque
entendemos que desde la lejana fecha de diciembre de 1993 en la
que el grupo proponente la presentó ante la Cámara, ya era hora
de que se debata un tema para el que todos tenemos que mostrar
una especial sensibilidad. No estamos hablando de ningún
protocolo de esos que llegan con gran rapidez, de habilitación de
cuentas, de tipo económico, de reconocimiento de derechos
contractuales entre dos países, se trata, nada más y nada menos,
que de derecho humanos. Eso tiene que tratarse con una
sensibilidad especial en un país democrático como el nuestro, que
tiene consagrados los derechos humanos en su propio documento
básico, la Constitución Española.
Entendemos las razones que ha dado el portavoz del grupo
proponente. Como hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, si ésta es aceptada por el Grupo proponente la
votaremos, porque estamos en la cuestión de fondo. Lo que no
entiendo es por qué se quieren decir en la enmienda socialista a
la proposición no de ley una serie de cosas que, siendo lógicas y
de sentido común, es decir, que son de reserva, corresponde
hacerlas al Gobierno, no a la Cámara.
La proposición de ley que presenta el grupo proponente se ajusta
precisamente a lo que es una normativa procedimental: que el
Gobierno remita a la Cámara, para poder votar y aprobar, en su
caso, los instrumentos de ratificación de los Protocolos
adicionales Cuatro y Siete. Así de sencillo.
Si el Gobierno entiende que en los Protocolo Cuatro y en el Siete
hay colisión de intereses, confrontación legislativa en lo que
dicen los protocolos señalados en el Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales,
que hay contradicciones legales de cualquier tipo, no es la
primera vez que cuando nos ha mandado aquí para ratificación
acuerdos y convenios internacionales, el propio Gobierno, motu
proprio, introduce ya las cláusulas de reserva a los efectos
oportunos de garantizar la armonía de la jurisdicción
competencial que le afecte en ese tema.
Hay un hecho importante. Ya la propia exposición de motivos de
Grupo proponente está enumerando una serie de circunstancias como
privación de libertad por incumplimientos contractuales,
etcétera, que podría ir en la propia exposición de motivos --la
enmienda que presenta el Grupo Socialista-- para orientar de
alguna manera y por si no lo sabe el Gobierno, cosa que dudo,
dónde están las reservas que hace en el trámite de exceptuación a
lo que dijeran estos protocolos.
Llama la atención que habiendo firmado el Gobierno los Protocolos
Cuatro y Siete hasta la fecha no han tenido entrada estos
instrumentos ante la Cámara. ¿Por qué razón? No solamente por un
índice de circunstancias legales que pueden entrar en
contradicción
con el ordenamiento jurídico español. No. Lo importante lo señala
la propia exposición de motivos del Grupo proponente en su último
párrafo: que si no tenemos ratificados estos protocolos, se
impide a la Comisión y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
conocer las posibles violaciones de estos derechos cometidas en
España. Eso es para Coalición Canaria la parte importante. La
verdad es que no había leído lo relativo a los apellidos, y de la
misma manera que se nos puede pasar la consideración de
jurisdicción superior, indemnizaciones de medidas de gracia o
cuestiones de los apellidos, a lo mejor algún jurista ilustre del
Ministerio de Asuntos Exteriores o del Ministerio de Justicia e
Interior encuentra algún aspecto y el Gobierno también tiene que
incluirlo en la cláusula de reservas.
Lo importante es que entren en la Cámara los instrumentos de
ratificación y que esta Cámara los apruebe, porque eso es lo que
da paso inmediatamente a que el justiciable, la persona
encartada, tenga derecho a recurrir a la Comisión y al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que permite a la Comisión
y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocer y pronunciarse
sobre las posibles violaciones y no estar siempre al albur de
leer todos los años el listado de Amnistía Internacional de
presuntas violaciones de derechos humanos en España, que no
sienta jurisprudencia ni supone obligación legal de entrar en la
materia. Es la referencia explícita y concreta a dar entrada aquí
a la actividad competencial recíproca, de la Comisión y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por eso vuelvo a decir que nosotros apoyamos íntegramente la
proposición no de ley tal como viene. Si es aceptada por el Grupo
proponente la enmienda del Grupo Socialista, no tendríamos nada
que decir, es una cuestión entre ellos. Nosotros estamos en esta
línea de apoyar, fundamentándonos en el principio de defensa de
los derechos humanos y de normalidad de tramitación ante esta
Cámara, que los documentos que firma el Gobierno entren aquí en
plazos prudenciales, sobre todo tratándose de materia tan
sensible a un espíritu democrático como la relativa a derechos
humanos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) respecto a esta proposición no de ley.
La iniciativa que ahora debatimos, según lo expuesto por el
propio portavoz del Grupo, así como por lo que consta en el texto
presentado, hace referencia al Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 --por
cierto, señor López Garrido, es verdad, sumamente importante-- y
que fue ratificado por España mediante instrumento de 29 de
septiembre de 1979; también, por cierto, mucho tiempo
transcurrido desde entonces.
Por parte española se han ido firmando distintos protocolos
adicionales, referentes al funcionamiento de esos órganos
principales y al reconocimiento de ciertos derechos y libertades,
que han ido complementando el convenio inicial del 1950, quedando
pendientes los Protocolos números Cuatro y Siete, motivo de la
iniciativa que ahora estamos debatiendo.
Algunas consideraciones, pocas, al respecto. Primera. Repito,
mucho tiempo transcurrido, no ya desde 1950 sino, también, desde
1979, para que hoy estemos debatiendo cuestiones que están aún
sin resolver. Segunda. Más aún si se trata de la Comisión y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y más todavía cuando
estamos haciendo referencia a derechos humanos y libertades
fundamentales. Tercera. Me pregunto cómo es posible --el propio
portavoz socialista algunas explicaciones ha dado-- que después
de estar firmados no hayan sido ratificados los Protocolos Cuatro
y Siete, motivo de la actual proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El primero de ellos
reconoce el derecho a la libertad de circulación y a la
prohibición de libertad y expulsiones, y el segundo, más
reciente, a derechos de revisión de las condenas e
indemnizaciones. Por todo ello, señor Presidente, señorías, es
favorable a que se inste al Gobierno a remitir los instrumentos
de ratificación de los citados protocolos.
El portavoz del Grupo Socialista, señor De Puig, ha justificado
el retraso --como está sucediendo en otros países, es cierto--
por posibles incompatibilidades con nuestro ordenamiento
jurídico. En este sentido, ha presentado y defendido una enmienda
de adición que a nuestro Grupo Parlamentario le parece correcta,
pero nosotros entendemos que no justifica el retraso, ya que la
aproximación --que en el fondo es lo que plantea el propio
portavoz socialista-- podría haberse intentado con anterioridad a
la fecha de hoy.
En resumen, repito, posición favorable a la proposición no de ley
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, más aún si ese Grupo
acepta la enmienda presentada.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, señorías, el Partido
Popular, que defiende las libertades como ha demostrado
anteriormente en innumerables
ocasiones, se felicita por esta iniciativa de Izquierda Unida
que, por supuesto, vamos a apoyar.
Una vez más, el Gobierno demuestra su falta de sensibilidad ante
el tema de los derechos humanos y de las libertades. Al Gobierno
se le llena la boca de discursos retóricos, pero ha sido incapaz
de ratificar dos Protocolos, uno de ellos firmado en 1978, el
número Cuatro; y otro en 1984, el número Siete. Una vez más,
señorías, el Gobierno no manda las cosas a tiempo a este
Parlamento, hasta el punto que hemos de votar hoy una proposición
no de ley recordándole y pidiéndole que subsane los fallos en el
trámite. Y una vez más, señorías, a falta de explicaciones, nos
encontramos ante un caso claro de opacidad.
Hemos hecho averiguaciones y sabemos que en 1984 la Dirección
General de Derechos Humanos, del Ministerio de Asuntos Exteriores
emitió un informe técnico positivo aconsejando la ratificación de
estos dos protocolos, informe que fue elevado al Consejo de
Ministros. Sabemos que el expediente de notificación de los
protocolos adicionales se encuentra en la Secretaría del Consejo
de Ministros desde 1984, y sabemos también que, por razones
políticas, se detuvo el trámite de ratificación.
El señor De Puig nos ha dado una serie de explicaciones, pero no
nos convencen. Cuál es el motivo, si lo hay, para que se haya
detenido el proceso de ratificación, señorías, máxime si como
admite el señor De Puig, a tenor de lo que dice el texto de los
convenios, se trata de una serie...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Casañ,
usted sabe que en este trámite no caben turnos en contra. Si
usted utiliza su turno para contradecir al señor De Puig, no
tendrá la Presidencia más remedio, si él lo solicita, que darle
la palabra. Solamente debe tratar de explicar la posición de su
grupo.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente, no mencionaré
al señor De Puig.
Decimos que máxime si estos protocolos tratan de una serie de
derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata
de un olvido continuado, de una falta de atención, de una falta
de eficacia, en resumidas cuentas, del Ministro de Asuntos
Exteriores, que no sólo deja desatendidos asuntos importantes de
la política exterior de nuestro país, como es el caso de Guinea,
de la pesca, de Marruecos, etcétera, sino que desatiende
también --cómo no-- otros asuntos que quizá no son del día a día,
pero que tienen una duración permanente, como es el de la
cooperación jurídica internacional, que nos ocupa en estos
momentos.
El Grupo Popular invita de nuevo al Gobierno, al Grupo
Socialista, o a ambos juntos, a que nos expliquen en esta
Cámara --que es donde se deben explicar las cosas-- cuáles son
las razones políticas, si existen, que han aconsejado no remitir
a este Parlamento los instrumentos de ratificación de los
protocolos adicionales. Si bien es cierto que la ratificación de
los protocolos necesitaba de la modificación técnica que el Grupo
Socialista ha introducido hoy muy acertadamente vía enmienda,
también es cierto que esta enmienda se podía haber presentado a
su debido tiempo y, por tanto, no justifica la demora.
Por todo lo anteriormente dicho nuestro grupo, a falta de una
explicación en el sentido de que existen razones políticas que no
aconsejaran la ratificación, votará a favor de esta proposición
no de ley de Izquierda Unida.
Gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor López Garrido
tiene la palabra a efectos de indicar si acepta o no la enmienda
presentada por el Grupo Socialista y defendida por le señor De
Puig.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario agradece a los restantes grupos el
apoyo a esta proposición no de ley y también la aportación que ha
hecho el Grupo Parlamentario Socialista a través de esta enmienda
de adición que, como ha dicho el señor Mardones, no era
estrictamente necesarias en este trámite, pero que de alguna
forma va a fijar aún más claramente la posibilidad que el
Gobierno tiene de plantear declaraciones de reservas. Es una
cierta limitación al Gobierno porque esta proposición no de ley
irá ya con esa precisión de cuál es el ámbito de las reservas que
en este momento consideramos aquí que pueden hacerse a estos
Protocolos cuatro y siete en el caso de la ratificación y, por
tanto, nos parece perfecto que sea así.
A la vista de esta enmienda, que trata temas muy concretos de
precisiones sobre reservas a estos protocolos, parece muy claro
que se confirma lo que nosotros dijimos en nuestra intervención y
que ha sido considerado como un aspecto bastante común en todas
las intervenciones de los grupos parlamentarios: no es explicable
que todavía no se hayan ratificado estos protocolos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, sabe
cuál es el contenido de este turno.
El señor LOPEZ GARRIDO: Descendiendo al tema concreto de esta
enmienda, nosotros querríamos, respecto a algún punto, que se
precisase más el contenido, y espero que esto sea aceptado por el
Grupo Socialista en una trasacción sobre algunos temas.
En cuanto al Protocolo Cuatro, el Grupo Socialista propone que se
haga un estudio --siempre es un previo estudio-- que pueda
desembocar en una declaración sobre el concepto de obligación
contractual. Nos parece que es extremadamente amplia esta mera
frase de concepto de obligación contratual porque podría vaciar
de contenido y, por tanto, proponemos
que se añada lo siguiente: «en relación con los convenios
judicialmente aprobados en caso de separación o divorcio». Por
tanto, la enmienda socialista, si se acepta por dicho grupo esta
transacción, diría lo siguiente: «Artículo 1.º del Protocolo
Cuatro. Concepto de obligación contractual, en relación con los
convenios judicialmente aprobados en caso de separación o
divorcio». Es el único caso en que pudiera darse una
contradicción con nuestro ordenamiento jurídico. Esa
contradicción habría que salvarla y a nosotros nos parece bien,
tal como está nuestro Derecho en estos momentos, que exista esa
reserva.
Pasando al Protocolo Siete, en el artículo 2.º se dice que habría
que hacer una reserva sobre la consideración de jurisdicción
superior, porque en nuestro país tenemos un recurso de casación y
podría entenderse, que es un recurso que no cabría en lo que
señala el Protocolo Siete sobre la necesidad de recursos ante una
instancia superior...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor López
Garrido. No se trata de explicar, sino de que usted simplemente
indique cuáles serían las frases o elementos transaccionales que
recabaría del Grupo Socialista, nada más que eso, porque si no,
iniciamos de nuevo un debate.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente; pero para
convencer al Grupo Socialista y que acepte esto que le propongo
alguna razón tengo que darle, no simplemente expresar mi
enmienda, porque a lo mejor el Grupo Socialista no se convence
con la simple enumeración de las palabras que yo propongo se
aporten. Quiero convencer al Grupo Socialista y una mínima razón
tendré que darle.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Que sea una explicación
lo más sucinta posible.
El señor LOPEZ GARRIDO: Sucintamente.
Entonces, ya que el único caso de dificultad de aceptar el
Protocolo Siete es en el sentido de que siempre quepa un recurso
frente a la sentencia de un tribunal en los procesos penales, que
es el recurso de casación, nosotros proponemos al Grupo
Socialista que diga: consideración de jurisdicción superior en
relación con el recurso de casación, no con otro tipo de recursos
porque no exite otro tipo de recursos que pudieran plantear
problemas.
En cuanto a las otras tres enmiendas o posibles declaraciones de
reservas que hace el Grupo Socialista, nos parecen correctas,
aunque en el caso de la siguiente habla de que se puede hacer una
reserva en cuanto a consecuencias indemnizadoras de una medida de
gracia y nos parece innecesaria porque realmente tendría que ser
una medida de gracia que fuese un indulto consecuencia de un
error judicial. Si según el señor De Puig no cabe indulto por
error judicial, pues entonces no se aplicaría el Protocolo Siete.
Por tanto, es inocuo; no tenemos inconveniente en que se incluya,
pero nos parece que también es innecesario.
Nos parece correcto lo relativo a la doble exigencia de
responsabilidad penal y administrativa y también las
disposiciones relativas a los apellidos.
Con estas precisiones y esta transacción que proponemos al Grupo
Socialista nuestro grupo aceptaría estas enmiendas y se
permitiría, por tanto, una aprobación, me imagino que unánime, de
una proposición de ley que aumentará garantías básicas, como
decía el señor Mardones, ante el Tribunal de Estrasburgo frente a
derechos que aún no lo tienen. Esta es, sin duda, la aporción
fundamental de la llegada aquí de este instrumento de
ratificación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Señor De Puig, tiene la palabra para expresar si acepta o no la
enmienda transaccional planteada por el señor López Garrido.
(Rumores.)
Un momento, señor De Puig. Por favor, señorías, ocupen sus
escaños y guarden silencio. Estamos tratando de que el diputado
que ha defendido la proposición no de ley y el enmendante puedan
o no llegar a acuerdos sobre propuestas transaccionales y es
imposible que uno, otro y el resto de la Cámara puedan seguir su
argumentación. (Pausa.)
Cuando quiera, señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, estamos satisfechos
de haber convencido al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya para que acepte nuestra enmienda. A su vez tenemos que
decir que nos han convencido con sus propuestas y las aceptamos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De Puig.
Vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, con las modificaciones introducidas a la misma en el
curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), PARA
RESOLVER LA SITUACION DE LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS/AS
SECULARIZADOS, QUE SE HAN JUBILADO SIN PENSION CONTRIBUTIVA O CON
UN BAJO PORCENTAJE DE SU BASE REGULADORA (Número de expediente
162/000120)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), para resolver la situación de los
sacerdotes y religiosos/religiosas secularizados, que se han
jubilado sin pensión contributiva o con un bajo porcentaje de su
base reguladora.
Tiene la palabra el señor Homs. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.--Numerosos señores diputados
abandonan el salón de sesiones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden
silencio y ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo para defender la posición en
torno a la proposición no de ley que hemos presentado que afronta
el problema de los sacerdotes y religiosos y religiosas
secularizados.
Señorías, éste no es un tema nuevo para esta Cámara. Ha sido
objeto de debate en muchas otras ocasiones. Otros grupos
parlamentarios han traído a esta
Cámara este problema. El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presentó en su momento, en otra legislatura, una
proposición no de ley sobre esta materia; el Grupo Vasco (PNV)
también presentó una proposición no de ley en este sentido, y en
varios debates de presupuestos hemos tenido ocasión de discutir
enmiendas de varios grupos planteando soluciones, dentro del
capítulo de pensiones, a toda esta problemática hoy no resuelta
después de 16 o 17 años desde que se produjeron los problemas que
hoy queremos someter a reflexión de la Cámara.
¿Cuál es, señorías, el objeto de la proposición no de ley? Esta
proposición no de ley plantea la posibilidad de afrontar una
solución al problema que hoy tienen miles de personas que son ex
sacerdotes, ex religiosos y ex religiosas, que se secularizaron
en su momento y que, actualmente, al jubilarse no cumplen el
período mínimo de cotización y, por consiguiente, se les deniega
el derecho a la percepción de la pensión, o bien en otros
supuestos no se les reconocen los años que estuvieron en activo
en la Iglesia y, por consiguiente, obtienen pensiones de base
reguladora muy baja que sí, en cambio, se les concede a los que
se han mantenido en activo en la Iglesia y en las organizaciones
religiosas.
¿Cuáles son los antecedentes del problema que queremos afrontar
hoy en el debate de esta proposición no de ley? Señorías, voy a
hacerles un pequeño recordatorio. A partir del 1 de enero de 1978
--hace bastante tiempo-- se incluye, mediante el Decreto 2.398, a
los sacerdotes en el ámbito de aplicación del régimen general de
la Seguridad Social y unos años más tarde, en 1988, se incluye,
mediante el Real-Decreto 3.325, a aquellos religiosos y
religiosas como personas con derecho al régimen de autónomos de
la Seguridad Social para tener acceso a sus prestaciones. Ambos
derechos, señorías, se limitaban a los miembros de las
instituciones religiosas, pero nada se hizo en aquel momento, ni
en 1978 ni en 1988, para que aquellas personas que entonces
estaban secularizadas y, por consiguiente, en dichos decretos
nada se decía de ellas, en su momento, cuando llegaran a la
jubilación, tuvieran reconocidos los años que estuvieron en
activo en la Iglesia o en las organizaciones religiosas. ¿Qué ha
sucedido con posterioridad, señorías, a aquellos dos decretos de
1978 y 1982? Con posterioridad a aquellas fechas, el colectivo de
sacerdotes y religiosas y religiosos secularizados que han podido
incorporarse a la actividad laboral como consecuencia de sus
cotizaciones a la Seguridad Social ha ido recuperando el derecho
a la asistencia sanitaria sin ningún tipo de restricción; sin
embargo, en el derecho a pensiones retributivas han aparecido
graves e importantes limitaciones que han mermado el derecho a
sus posibles pensiones de jubilación. Ello se ha debido a que, en
el momento en que las entidades gestoras de la Seguridad Social
pretenden el reconocimiento de la correspondiente pensión de
jubilación, este colectivo de ex sacerdotes y religiosas y
religiosos secularizados se encuentran con que no se tienen en
cuenta los años de cotización anteriores a dicha secularización y
que antes de los decretos de 1978 y 1982, a pesar de haber
trabajado durante años en la Iglesia, no pudieron cotizar en el
sistema de la Seguridad Social, toda vez que el Gobierno no había
establecido en aquel momento el correspondiente cauce legal para
ello.
El colectivo al que va dirigida la proposición no de ley y el
problema que vamos a analizar en el debate de esta tarde tiene
por destino un conjunto de personas --religiosas, religiosos y
sacerdotes secularizados-- que con anterioridad de los decretos
de 1978 y 1982 se incorporaron al mundo laboral y al régimen de
la Seguridad Social con edades comprendidas entre los 57 o 58
años. La edad de secularización de las religiosas y religiosos
estaba en torno a los 50 o 52 años para los que lo hicieron con
posterioridad a aquellos decretos. Señorías, la media de los años
reconocidos por la Seguridad Social, en los informes y estudios
que tenemos al respecto, oscila entre 10, 12, 13 o 14 años, lo
cual constituye un grave problema en el momento de determinar la
pensión de jubilación. Por consiguiente, muchas personas
componentes de este colectivo no llegan hoy a cumplir los 15 años
de cotización mínima y se les rechaza el derecho a pensión. A
otros colectivos que sí llegan a los 15 años de cotización mínima
no se
les reconocen los años trabajados con anterioridad y, por
consiguiente, ven muy reducida su cuantía de pensión de
jubilación, hasta el punto de que los datos que la Seguridad
Social hoy aporta se sitúan en porcentajes sobre base reguladora
en torno al 25 por ciento. El 25 por ciento de una base
reguladora sobre sueldos muy bajos, en muchos casos por la
dificultad que conlleva incorporarse al mundo laboral, hace que
hoy exista un problema social importante y --a mi juicio y
también al de mi Grupo-- un problema que calificaría de
injusticia social flagrante que deberíamos abordar y encontrarle
una solución.
Este es el problema, estos son los antecedentes, este es el
colectivo al que destinamos la proposición no de ley que
sometemos a debate esta tarde. Entendemos, señorías, que de nada
serviría, después de tanto, tiempo, ampararnos en argumentos
legales para justificar una situación seguramente no deseada por
ningún grupo de la Cámara, pero a nuestro juicio debería
admitirse la realidad y encontrar algún tipo de solución para
evitar estas situaciones no deseadas que no permiten acceder a la
pensión de jubilación habiendo cotizado un determinado número de
años, o bien ver mermados sus derechos pasivos de forma muy
sustantiva. Existe en España un colectivo bastante numeroso,
señorías, de personas aquejadas y sometidas a esta problemática y
esta Cámara debería ser sensible y encontrar una vía de solución.
Esta es, señorías, una cuestión nada nueva en el ámbito de la
Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea han tenido
esta problemática y han encontrado soluciones para este colectivo
adoptando vías, en los contextos de las normas sobre la Seguridad
Social de sus respectivos países, para encauzar la posible
vehiculación de esos derechos de estos colectivos en el momento
en el que acceden a las jubilaciones. España es uno de los pocos
países que todavía no ha adoptado soluciones al respecto; yo
diría que es uno de los últimos, puesto que todavía no ha
adoptado ninguna solución.
Señorías, en estos momentos no estamos planteando nada
excepcional, nada que sea sólo para el ámbito de nuestro país,
sino algo que ya se ha sido afrontado y resuelto
satisfactoriamente, con elevadas dosis de sensibilidad social en
casi todos los países de Europa y que en España no ha sido
afrontado ni resuelto todavía. Debo decirles que, si no
afrontamos este problema, se produce una desigualdad de trato que
perjudica los derechos de los sacerdotes y religiosos y
religiosas secularizados, puesto que, hoy, a los sacerdotes y
religiosos y religiosas que sí continúan en activo en la Iglesia
sí se les reconocen aquellos años de servicio que prestaron con
anterioridad a los años 1978 y 1982. Por consiguiente, para unos
hay un reconocimiento de aquel período y para otros, que se
secularizaron y se integraron en el sistema público de pensiones,
no hay ningún reconocimiento de aquellos períodos y, por tanto,
ven perjudicados sus derechos en el momento en que llegan a la
edad de 65 años, a pesar de haber estado un período terminal de
su vida laboral en activo y cotizando a la Seguridad Social.
Señorías, éste es el problema, que ha sido planteado innumerables
veces por todo el colectivo aquejado, que ha sido objeto de
eternas discusiones por parte del Gobierno y los responsables de
la Administración española con los afectados, con las propias
organizaciones religiosas, y así hemos llegado a que hoy, quince
años después de que se causaran dichas situaciones, todavía no
hayamos dado una solución. Por eso nuestro Grupo, y también los
demás grupos parlamentarios que han planteado iniciativas, como
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), hemos
planteado propuestas a esta Cámara para que el Congreso de los
Diputados, consciente de la realidad, adopte una decisión e inste
al Gobierno a iniciar una vía de diálogo para encontrar posibles
soluciones a este problema.
Señorías, manifiesto en nombre de mi Grupo que deseamos un
consenso en torno a esta proposición de ley. Este sería uno de
aquellos elementos residuales pendientes en nuestra democracia
que todavía está encima de la mesa porque no se han encontrado
todavía caminos de solución. Desearíamos un consenso con todos
los grupos parlamentarios. Es más, creo que sería bueno alcanzar
un acuerdo político con todos los grupos y mandatar al Gobierno
para que con una redacción suficientemente amplia y flexible se
permitiera una vía de diálogo y de negociación para encontrar una
solución.
Señor Presidente, hemos analizado las distintas enmiendas que los
demás grupos parlamentarios plantean a nuestra proposición no de
ley, que reza de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses a
partir de la aprobación de esta proposición, no de ley, se
aprueben las disposiciones normativas que sean necesarias, a los
efectos de computar para los sacerdotes y religiosos y religiosas
secularizados el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o
religión, y en el que no les fue permitido cotizar por su falta
de inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con objeto de
que se les reconozca el derecho a la percepción de la pensión de
jubilación denegada o una cuantía superior a la que tenían
reconocida.
Refiriéndome concretamente a las distintas enmiendas que han
planteado los grupos, quisiera manifestar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Homs, una vez hayan
intervenido cada uno de los grupos y hayan defendido sus
enmiendas, S. S. tendrá ocasión, no sólo a la vista del texto
sino también de las explicaciones, de manifestarse sobre su
aceptación o no.
El señor HOMS I FERRET: Es verdad, señor Presidente, pero como
usted dice literalmente, sólo tendré el derecho de manifestar mi
exclusiva aceptación, por
lo cual quisiera manifestar mi opinión ahora; luego manifestaré
la aceptación o no de dichas enmiendas, pero creo que el tema
requiere una pequeña reflexión, y quisiera usar ese turno para
remitirme a justificar mi posición en torno a ellas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Hágalo con brevedad,
porque ya ha transcurrido su tiempo.
El señor HOMS I FERRET: Lo voy a hacer, señor Presidente.
En síntesis, tengo que manifestar que la iniciativa que plantea
el Partido Nacionalista Vasco (PNV) es coincidente, lo que pasa
es que hace un esfuerzo de concreción, se hace con mayor detalle.
Sin duda, podría compartir y aceptar lo que dice, pero en aras de
buscar un amplio consenso --ya digo que es coincidente con la
literalidad de nuestra proposición--, yo pediría al Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) que, escuchando las observaciones que
manifestaré en relación con las demás, se adhiriera a mis
consideraciones y, en todo caso, retirara esta enmienda que
plantea.
En relación con la enmienda del Partido Socialista, señor
Presidente, deseo manifestar que la acepto en toda su
literalidad. El Partido Socialista nos propone que la solución a
este problema se inicie mediante una negociación con las
instituciones de la Iglesia y con los propios afectados. Nos
parece correcto. Nos parece adecuado comprometer en esa vía de
solución a todas las partes relacionadas y especialmente a la
Iglesia católica para que, en su contexto, pueda hacer también su
correspondiente aportación a la solución a este problema. Por
tanto, admitimos como muy buena la enmienda que nos plantea el
Partido Socialista, señor Presidente, aunque la entenderíamos
como de adición a nuestra proposición no de ley, no de
sustitución. Si el Partido Socialista entiende que el error
debería ser así subsanado, la enmienda podría perfectamente
adicionarse a la literalidad de la proposición no de ley. Pero
nuestro texto en su literalidad es totalmente imperativo y, señor
Presidente, quisiera proponer a la Cámara una modificación
puntual de un verbo que contiene la tercera línea de nuestra
proposición no de ley, en donde dice que se «aprueben» las
disposiciones normativas. Nuestro grupo propondría a la Cámara
que el texto quedara rectificado sustituyendo dicho verbo por el
de «analice» las disposiciones normativas, con lo cual, si la
Cámara lo tiene a bien, primero, se admitiría una decisión de
instar al Gobierno a analizar todas las disposiciones hoy legales
relacionadas con el problema en cuestión; segundo, admitiríamos
la enmienda de adición del Partido Socialista instando a iniciar
unas negociaciones con la Iglesia y los propios afectados.
En relación con la última enmienda, señor Presidente, que es la
de Izquierda Unida, de los dos apartados que nos propone, estamos
dispuestos a aceptar el primero, que es el que le da congruencia
a que no se pueda adoptar ninguna solución que luego pueda ser
inversamente discriminatoria en relación con los sacerdotes
actualmente en activo. Yo creo que la voluntad política de la
Cámara es que, sea cual sea la solución que salga de una posible
negociación, en cualquier caso, no haya discriminación alguna
entre aquellos que hoy están en activo y los que en su momento se
secularizaron. Por consiguiente, admitiríamos ese primer párrafo
de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida y sería el tercer
punto del texto de la proposición no de ley.
Esta es, señor Presidente, nuestra posición, nuestro criterio y
pido a toda la Cámara su reflexión y adhesión en todas las
cuestiones que he aportado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a fijar posición respecto a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència y Unió), relativa a la regularización de la
protección social de los sacerdotes
y religiosos y religiosas secularizados. Efectivamente, hay aquí
un problema al que hay que dar una solución y, como exponía el
representante del Grupo Catalán, hay una acercamiento de posturas
que verdaderamente es llamativo y digno de tenerse en
consideración vista la coyuntura política.
Señor Presidente, considerando que en los últimos años el ámbito
protector del régimen de la Seguridad Social ha ido
experimentando una ampliación y extensión de su cobertura a
colectivos de ciudadanos que no disponían de instrumentos de
protección, el grupo de sacerdotes y religiosos y religiosas
dispone de una cobertura en el régimen público de la Seguridad
Social por una decisión de los poderes públicos reflejada en los
reales decretos 2.398/1977 y 3.325/1981, pero que dejó sin
resolución la situación de los secularizados. En la actualidad
existe un numeroso colectivo de personas secularizadas, ex
sacerdotes, ex religiosos y ex religiosas, que no han podido
alcanzar la cobertura protectora por el período de tiempo en el
que prestaron servicios y tenían la condición de sacerdotes,
religiosos o religiosas. Los poderes del Estado no han admitido
la integración del colectivo de sacerdotes y religiosos y
religiosas en el ámbito del poder protector público social hasta
la aprobación de las normas reglamentarias expresadas, resultando
que los servicios y trabajos desempeñados durante años quedan sin
consideración protectora alguna por decisión política de los
poderes públicos. La aprobación de las indicadas normas
reglamentarias de los años 1967 y 1981 otorgan cobertura y
regularizan la situación de los sacerdotes y religiosos y
religiosas que siguen ostentando dicha condición personal, pero
sin prever ni otorgar protección a las personas que para entonces
no tenían tal condición. Así, resulta que tal estado de cosas
supone una discriminación normativa y ejecutiva que no dispone de
soporte argumental objetivo y razonable para dejar sin
tratamiento protector al indicado colectivo por el tiempo que
prestaron servicios religiosos y sacerdotales.
Señorías, si examinamos experiencias jurídicas comparadas
apreciamos que países de la Unión Europea, como Alemania,
Francia, Austria e Italia, y países sudamericanos, como Brasil,
han mostrado una sensibilidad social ante idénticas situaciones,
logrando dar soluciones protectoras en su Derecho interno a los
sacerdotes religiosos y religiosas secularizados. La legislación
de la Unión Europea en este sentido y en esta materia se
caracteriza por no tener un poder configurador sobre el Derecho
Interno de cada uno de los países miembros, sino por ejercer una
función armonizadora de la protección social de los ciudadanos de
la Unión, y a su vez, otorgando a cada Estado un ámbito de
actuación discrecional y político para la configuración
complementaria de los supuestos y colectivos a incluir en el
ámbito de los regímenes protectores de seguridad social.
Si consideramos la más reciente doctrina, vemos que se conceptúa
como trabajo o actividad laboral la prestación de servicios de
los sacerdotes y religiosos y religiosas al combinarse
actividades humanas propiamente religiosas con otras actividades
de tipo material en el orden educativo, en el sanitario, en el
asistencial, en el cultural. Los servicios anteriores a la
secularización de este colectivo han sido servicios a la
sociedad, pues así se fundamenta la aportación económica que
hacen los poderes públicos a la Iglesia católica. Si algo abonan
los poderes del Estado a la Iglesia católica es porque esta
entidad religiosa presta una serie de servicios públicos a la
sociedad y los individuos miembros de la Iglesia católica,
sacerdotes y religiosos y religiosas, han prestado unos servicios
y no han tenido esa cobertura social, y es necesario otorgarles
una protección, un amparo. Así, vemos toda la gama de actuaciones
en la beneficiencia, en el sistema educativo, en la atención a la
población rural, en el ciudado del patrimonio cultural, en el
ciudado de los ancianos, etcétera.
Consideramos, igualmente, que los reales decretos reseñados y las
disposiciones que los desarrollan han caracterizado como relación
laboral la existente entre los sacerdotes y religiosos y
religiosas con las respectivas diócesis y congregaciones. Por eso
es necesario reconocer la cobertura social de estas personas que
han prestado servicios a la sociedad como trabajadores por cuenta
ajena dependientes de entidades como la Iglesia católica o las
respectivas congregaciones religiosas.
Quiero señalar, como se expresa la enmienda que ha presentado
nuestro grupo parlamentario, que no se trata de rehacer todo el
tramo de consideración sino el tramo que falta para alcanzar el
grado de cobertura social, además de arbitrar un régimen
voluntario que permita complementar la pensión correspondiente.
Estos trabajadores están incorporados plenamente a la Seguridad
Social desde el momento en que se produjo la secularización y
encontraron un trabajo por cuenta ajena o se instalaron como
trabajadores autónomos. Por ello, desde ese momento están
homologados como cualquier otro, aunque se encuentran en este
momento con una carrera incompleta de cotización por causas
ajenas a su voluntad y dependientes de una decisión política de
los poderes centrales del Estado, que es la que en este momento,
señorías, debemos restablecer.
Señor Presidente, quiero manifestar que se ha procedido a
integraciones en el régimen de la Seguridad Social, por decisión
política del Gobierno, de colectivos carentes de protección y muy
deficitarios en su cotización, como los autónomos de la
agricultura, así como incorporaciones muy beneficionsas para los
trabajadores de colectivos dependientes de lo que se denominan
las entidades sustitutorias, personal de Telefónica, personal de
Tabacalera, personal del Banco de España, personal del Banco
Hipotecario. Por tanto, razones análogas hacen que se proceda
jurídicamente porque ésta es una decisión política, de voluntad
política, que se solucione y otorgue cobertura social a las
labores que en su día efectuaron los sacerdotes y religiosos y
religiosas secularizados.
Por ello, nuestro grupo parlamentario coincide con el espíritu de
las enmiendas de otros grupos parlamentarios: el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, incluso el Grupo Parlamentario Socialista, quizás
tarde, porque ha tenido tiempo dicho grupo de poder adoptar
decisiones políticas, puesto que en definitiva se trata de
voluntad política, actuaciones que ha tenido durante largos años,
incluso iniciativas de otros grupos que han sido rechazadas. Nos
congratulamos de que ahora, en una situación en que no existe
mayoría política en la Cámara, su voluntad se acerque e integre
para alcanzar un consenso con el resto de los grupos
parlamentarios. La enmienda que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista nos parece asumible, al igual que la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que mejoran la iniciativa de Convergència i Unió. Nuestra
enmienda va en la línea prácticamente exacta de la del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). Lo único que hace es concretar más
y establecer un ámbito imperativo para los poderes centrales del
Estado. Dado que nos parece que están bien articuladas las
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
así como las del Grupo Socialista, y que integran la voluntad que
en este momento podemos aunar desde los diferentes planteamientos
políticos y desde las distintas posiciones de cada uno de los
partidos políticos, nuestro grupo parlamentario
se congratula de ese consenso que hoy en día se ha alcanzado;
consenso que viene plasmado en que representantes de este
colectivo de sacerdotes y religiosos y religiosas secularizados,
presente hoy día en esta Cámara, van a ver satisfecha una
pretensión que tienen desde hace muchos años y que no hemos
podido articular porque no se ha alcanzado un consenso suficiente
hasta el día de hoy.
Señor Presidente, termino felicitándonos del avance y del
consenso alcanzado entre los grupos políticos, en aras a resolver
una injusticia histórica que hora era ya de resolver.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Para la defensa de la enmienda presentada por Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, después de las precisas y brillantes exposiciones de
los dos Diputados que me han precedido en el uso de la palabra,
he de señalar que nuestro grupo parlamentario está también en
este espíritu de consenso que los señores Homs y
Gatzagaetxebarría han detallado en sus intervenciones.
Yo quisiera centrar mi intervención y hacerla, si puede ser,
caritativa; una intervención caritativa respecto a quienes no lo
fueron con personas, hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos y
religiosas que habían trabajado desde la fe, por su fe, por la
ciudadanía y con entrega a sus conciudadanos. Me estoy refiriendo
a los sacerdotes y a las religiosas y religiosos secularidados.
Porque, señorías, en los decretos de 1977 y de 1981, que tantas
veces han mencionado los oradores que me han precedido en el uso
de la palabra, hubo quien discriminó. Y hubo quien discriminó
desde el sectarismo, desde el dogma. El dogma muchas veces lleva
al sectarismo. La laicidad, en cambio, es garantía de tolerancia.
Y el que discriminó no fue el Gobierno, no fue la Administración;
fue la jerarquía de la Iglesia, señorías. Lo que hoy proponemos
aquí, y que nadie se engañe, no es abrir un nuevo melón de un
nuevo colectivo que quiere ingresar, después del Pacto de Toledo,
en la Seguridad Social. Lo que proponemos hoy aquí las fuerzas
democráticas y laicas es corregir una discrimanción que no debió
haberse producido. Por eso he hablado de una intervención
caritativa; de caridad para que puedan corregir su error aquellos
que en 1977 y en 1981 lo cometieron señalando que quien está
fuera del manto de la Iglesia, fuera del manto de las
congregaciones, no tiene derecho a la Seguridad Social y que las
cotizaciones con que aquéllos habían contribuido a la mutualidad
del clero valían para los que seguían bajo el manto protector de
la Iglesia, pero no valían para los que en uso de la libertad de
conciencia que nuestra Constitución proclama habían decidido
trabajar por la humanidad, por la colectividad, desde otros
presupuestos, sin sujeción bien al orden sacerdotal, bien a la
orden religiosa. Por tanto, caridad para quienes tienen tan poca
caridad con los que habían sido sus súbditos y también para los
que tienen poca con esta Cámara cuando, desde sus legítimas
posiciones, pretenden indicarnos cómo debemos legislar cosas tan
importantes como, por ejemplo, la libre interrupción del embarzo.
Caridad para los que no tienen caridad, desde la laicidad,
señorías.
Este es el sentido de nuestra intervención, de nuestra propuesta.
Una propuesta que viene a corregir un sectarismo, un revanchismo,
un dogmatismo, que no compartimos desde nuestro grupo
parlamenario y que pretende acotar muy claramente la propuesta.
La propuesta es, y ahí nuestra enmienda, que este análisis que
proponía el señor Homs, esta negociación que propone la enmienda
socialista, en todo caso que-
de enmarcada en la congruencia con lo que fueron los reales
decretos de 1977 y de 1981. No queremos que se trate mejor a los
sacerdotes y a las religiosas secularizados que a los que
quedaron en el seno de la Iglesia o de las congregaciones, u
órdenes religiosas, pero tampoco queremos que se les trate peor.
Si hoy, señorías, todos votamos a favor de la proposición de ley
que ha presentado Convergència i Unió y de las enmiendas que dice
aceptar de nuestro Grupo Parlamentario y del Grupo Socialista,
creo que haremos un buen servicio, un servicio que no debe
medirse en costes o precios, señora Diputada del Grupo
Socialista; puede costar lo que sea, pero estamos hablando, no de
precios, no de costes, sino de valores, de tolerancia, de un
Estado laico donde nadie puede ser discriminado en razón de su
posición ideológica. Quien discriminó, allá él; tienen sus
recursos, la contrición, para conseguir la salvación eterna, pero
los laicos hemos de hacer las cosas bien, porque los laicos
cumplimos con nuestro deber y con nuestra ética haciendo cada día
las cosas bien. No tenemos una segunda vuelta, puesto que nuestro
cielo está en esta tierra.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Moreno González.
La señora MORENO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más, como a lo largo de las últimas
legislaturas, discutimos una proposición para resolver el
problema de los sacerdotes y religiosos secularizados y que no
pudieron cotizar a la Seguridad Social.
En este caso se trata de una proposición no de ley de
Convergència i Unió que, como ya he dicho, tiene precedentes en
esta casa y que en esta ocasión el Grupo proponente fundamenta en
la situación de desigualdad
que se produjo a raíz de la inclusión en el sistema de la
Seguridad Social entre los sacerdotes y religiosos de la Iglesia
católica a través de los decretos ya referidos de 1977 y 1981 y
de los que se secularizaron y habían ejercido su ministerio sin
cotización alguna a la Seguridad Social, puesto que no existía el
cauce legal que lo permitiese.
No obstante, y para centra el debate, como muy bien lo ha
centrado anteriormente el señor Homs, deberíamos empezar por
decir qué fue lo que se reconoció a los sacerdotes y religiosas
que permanecieron en la Iglesia después de los dos citados
decretos y que es lo que se pide y lo que se reclama al Gobierno,
según el tenor literal de la proposición no de ley de
Convergència.
Pues bien, señorías, de entrada, a los sacerdotes y religiosos no
secularizados, es decir, a los que se quedaron en la Iglesia
católica, no se les reconoció como cotizado el período del
ejercicio ministerial anterior a la incorporación al sistema de
la Seguridad Social. Unicamente sí se tuvieron en cuenta los
casos de aquellas personas --y fueron muy pocas-- que, por su
avanzada edad, se podían encontrar en una situación de desamparo
que requería el ejercicio de los poderes públicos.
Es así que en el Real Decreto de 1977 se reguló que el colectivo
que tenía más de 55 años podría ingresar la fracción de cuota
correspondiente a las cotizaciones necesarias para alcanzar el
período mínimo de cotización, y digo, señorías, período mínimo de
cotización; y en el Decreto de 1982 se estableció que el
colectivo de 65 o más años podría causar derecho a jubilación
siempre que siguiese cotizando hasta cubrir el período mínimo
establecido. Fíjese, señor Homs, que se trata de período mínimo
en ambos casos.
Es decir, señorías, que aun en estos dos excepcionales casos, los
colectivos que se integraron en el sistema general de la
Seguridad Social hubieron de venir con su saquito de dinero y
ponerle en el sistema.
Ahora, y leyendo el tenor literal de la proposición que ha
presentado S. S., nos encontramos con un escenario absolutamente
diferente. No tiene nada que ver con lo que se hizo en estos dos
reales decretos. Nos encontramos en un escenario absolutamente
diferente porque lo que se está reclamando al Gobierno es que se
reconozca a los sacerdotes y religiosos secularizados todo el
tiempo que estuvieron ejerciendo su Ministerio y en el que no
pudieron cotizar porque no tenían cauce legal. Y digo todo el
tiempo. Se está reclamando al Gobierno que se computen en muchos
casos hasta los 35 años, que es el límite temporal que da lugar a
una percepción por jubilación del cien por cien y que es uno de
los casos en los que se encuentra mucha gente de ese colectivo.
Así las cosas, señorías, no creo que fuera inútil que esta Cámara
hiciese un breve ejercicio de reflexión que me parece que nos va
a venir muy bien a todos. El ejercicio de reflexión es calibrar
las consecuencias que podría haber tenido el aceptar una
proposición en los términos en que la presentaba el Grupo
Catalán.
Paso a referirme muy brevemente a esas consecuencias. Primera
consecuencia, señor Homs. Produciríamos una discriminación no
igual, sino infinitamente superior que la que usted y su grupo
quieren evitar. Esto es así porque a los sacerdotes y religiosas
que siguieron en la Iglesia no se les reconoció como cotizado el
período anterior. Por lo tanto, tendríamos que extender esta
norma a este colectivo, ya que también a ellos les supondría una
mejora en la cuantía de su pensión. Normativa que, vía artículo
14 de la Constitución tendríamos que extender a todas las
personas que hubiesen trabajado, aunque no hubiesen cotizado. No
sólo a los sacerdotes que permanecieron en la Iglesia, sino a
cualquier otro colectivo que, aun a pesar de haber desarrollado
durante un tiempo un trabajo o una actividad profesional, se los
ingresa en el régimen general de la Seguridad Social en un tiempo
posterior.
¿Cuáles serían estos colectivos? Les cito, a título de ejemplo,
los siguientes: trabajadores por cuenta propia que se
incorporaron al sistema en el año 1970 y profesionales libres
respecto a los cuales hasta el año 1981 no se aprobó la norma
reguladora de su régimen especial. Es decir, abriríamos un
boquete con unas consecuencias jurídicas absolutamente
imprevisibles.
Veamos ahora la segunda consecuencia que tendría la aceptación de
esta proposición que se hace aquí y que sería la carga financiera
que tendría que soportar el sistema de pensiones contributivas, y
que no se le olvide a nadie, que tendrían que soportar
absolutamente todos los pensionistas del sistema. Esta
cuantificación económica ha sido realizada por la Dirección
General de Planificación y Ordenación de la Seguridad Social y la
aplicación del contenido de esta proposición, en términos
capital/coste, supondría una cuantía de 104.000 millones de
pesetas. No parece poco.
Si la medida la hubiésemos de extender también a los sacerdotes
que no se han secularizado, la misma implicaría un coste
adicional de 787.000 millones de pesetas. Es decir, un coste para
la Seguridad Social de casi un billón de pesetas.
Y el corolario, por fin, de esta secuencia lógica. Con la
aceptación de su proposición en los términos en los que usted la
había presentado estaríamos poniendo las bases para la quiebra
del sistema de pensiones que, de ninguna manera, tiene capacidad
para financiar un billón de pesetas y además sin cobertura
externa. Y, por supuesto, señorías, estaríamos asistiendo al
primer atentado del acuerdo político al que llegaron los grupos
de esta Cámara y que se llamó el Pacto de Toledo. Esta sería la
primera afrenta que se haría al Pacto de Toledo.
No obstante, señorías, me ha alegrado que el Grupo proponente
haya llegado a la conclusión de que es bueno modificar. Y, aunque
no me parecía el momento procesal oportuno, sí le voy a decir,
siguiendo el tenor de su intervención, que por parte del Grupo
Socialista
no hay ningún inconveniente en aceptar la sustitución de mi
enmienda, de adición, y aceptar la segunda parte de la enmienda
de Izquierda Unida. No tenemos inconveniente, porque lo que está
claro es que había que corregir una discriminación, que la
discriminación se ha corregido; que se ha llegado al consenso en
esta Cámara, pero que el consenso en esta Cámara había que
hacerlo de la manera que se ha hecho, no metiéndonos en aventuras
financieras que hubiesen podido tener muy malas consecuencias
para todo el sistema de Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Moreno.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
quieran participar y fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, no estamos
tratando hoy un tema que sea una bagatela, dado que más de 15.000
exsacerdotes, religiosos y religiosas, que abandonaron los
hábitos en la década de los años 60, están en situación de
precariedad frente a su jubilación.
En legislaturas anteriores se consideró esta situación, pero sin
éxito, y hoy, gracias a una iniciativa del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), al que yo quiero felicitar y reconocer en
nombre de este colectivo, empezamos, por lo menos, a aportar
soluciones, soluciones que, en definitiva, no están en las manos
de las personas afectadas, dado que, como he dicho anteriormente,
se han visto en los últimos años en una grave situación yo diría
que de desamparo y de soledad.
Los decretos de los años 1977 y 1981, citados en esta Cámara
anteriormente, tal y como dice la exposición de motivos de la
proposición no de ley, se gestaron en una situación de
desigualdad o, por lo menos, generaron también una situación de
desigualdad. No se tuvieron en cuenta los años anteriores a la
secularización, que estuvieron en activo, y este hecho hay que
subrayarlo y reconocerlo. Pero asimismo hay que subrayar y
reconocer que si estuvieron en activo y no pudieron cotizar, no
se les permitió la cotización porque el Gobierno no había
establecido el cauce legal que lo permitiese; era una situación
política y social, que fue rota precisamente con la entrada a la
democracia y donde la sociedad, secularizada también, puso las
cosas en su sitio, pero fue dejando y creando situaciones de
injusticia.
Hay que decir que en esa época, en la misma época en que se
produjeron los decretos de los años 1977 y 1981, se establecieron
con otros colectivos, a través de reconversiones industriales y
económicas, agravios comparativos con los actuales afectados,
porque se dieron soluciones individuales y colectivas para otros
trabajadores, bien es verdad que no quizás con referencia a los
años que ocupan y que se refieren a este número de personas; pero
se buscaron soluciones. Estas personas han realizado importantes
servicios a la sociedad en materia de educación, de servicios
sociales y sanitarios e incluso en la propia vida política, y
hoy, cercanos ya a la jubilación, más de 15.000 personas, repito,
se encuentran en esta grave situación, todo porque la acción de
un gobierno, en un momento determinado. Gobierno paternalista,
gobierno que creó otras leyes sociales que perduran todavía hoy
en nuestra sociedad, no permitió o no buscó las soluciones
correspondientes. Por ello, este argumento yo creo que de alguna
forma quita valor a los argumentos numéricos que ha citado la
portavoz del Grupo Socialista, que, aunque son reales, aunque hay
que tenerlos en cuenta y hay que contemplarlos en las soluciones,
no deben ser obstáculo ni límite para buscar soluciones.
En definitiva, se produjo una desigualdad de trato y, sobre todo,
se produce un agravio comparativo con otras situaciones, como
dice también la exposición de motivos, que en Europa se están
produciendo, a las que en Europa se han buscado soluciones y que
se han tratado con mayor sensibilidad que en un Estado que fue
confesional y que hoy día es laico, que en un Estado de mayoría
vamos a llamar católica; un Estado que se ha definido con una
sensibilidad en estos aspectos hoy día no encuentra o no
proporciona soluciones.
Apoyaremos la proposición no de ley porque así se nos ha
solicitado por este colectivo y porque estamos convencidos de que
estamos tratando una atención social que merece ser tratada con
toda justicia.
Somos conscientes de las verdaderas dificultades que existen,
pero en ese sentido apoyaremos la enmienda propuesta por el
Partido Nacionalista Vasco, porque consideramos que busca,
primero, soluciones en el tiempo, son ya dos o tres las
legislaturas en las cuales se ha hablado de este tema pero no se
ha aportado solución. Se propone un plazo de seis meses para que
el Gobierno encuentre o apruebe las medidas normativas y
ejecutivas necesarias para atender a este colectivo, al cual no
se permitió, insisto, cotizar.
Segundo, porque esa enmienda proponía que quienes no hayan podido
acreditar quince años de cotización al cumplir los sesenta y
cinco años, requisito que es obligatorio, tendrán derecho a
percibir la pensión mínima contributiva con las mismas
condiciones que los sacerdotes o religiosos y religiosas en la
misma situación. Se pretende romper la desigualdad de trato, tema
que es o debería ser un compromiso social.
Tercero, apoyaremos esta enmienda apuntando algo que ya el
portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa. En
este tema se debe pedir la solidaridad de la Iglesia y de las
órdenes religiosas con quienes fueron miembros de ellas. No se
puede
quedar fuera de este compromiso ninguna parte de la sociedad.
Por tanto, manifestamos nuestra posición favorable a la
aprobación de esta proposición no de ley y si como es verdad se
va a producir un consenso con las, diríamos, enmiendas
transaccionales que van a ser finalmente propuestas, nos
alegramos de que se produzca satisfactoriamente este acuerdo y
que se empiecen a dar los pasos para que un colectivo que lo
merece y que es numeroso dentro de la sociedad española pueda
encontrar soluciones a corto plazo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, señorías, el tema que
debatimos en la actualidad ha sido ya suficientemente expuesto
por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y si bien nos
hemos leído con atención en la exposición de motivos de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió y nos hacemos eco de lo contenido en esta
exposición de motivos, debemos congratularnos, en el momento de
fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario del consenso que
parece imperar de acuerdo con la proposición formulada «ab
initio» y con las enmiendas planteadas, y, al parecer, aceptadas
por el Grupo proponente, del resto de las fuerzas políticas.
Nos parece importante analizar esta situación que seguramente
merece una mejor atención por parte del Gobierno y ha habido en
estos años una situación de profunda injusticia respecto de ese
colectivo contabilizado en alrededor de 15.000 clérigos y
religiosos y religiosas secularizados y que pueden adolecer de
una debilidad en el campo de protección social.
Nos congratulamos de las enmiendas presentadas, puesto que quizá
nos hubiera podido parecer un poco prematuro pasar a la
aprobación de esta proposición no de ley sin hacer un análisis
pormenorizado de los problemas que se planteaban, de los
objetivos que se deben alcanzar, del coste económico que se puede
devengar del reconocimiento, en los términos planteados por la
proposición no de ley, de supuestos agravios comparativos a otros
colectivos que puedan estar en situaciones análogas o similares,
una vez analizado en distintos informes, en la Ponencia que
estudió la problemática de la Seguridad Social, la posibilidad de
que se hubiera vulnerado el espíritu de los Pactos de Toledo
firmados por todas las fuerzas políticas.
Se ha dicho por la representante del Partido Socialista, que el
coste económico de dicho reconocimiento asciende a 104.000
millones de pesetas. Yo no he tenido una noción clara de si dicho
coste contempla la diferencia de lo que hubiera percibido todo
este colectivo en base al reconocimiento de una pensión no
contributiva y también en el caso de que, al proceder el
reconocimiento de una pensión de jubilación, el porcentaje fuera
menor, pero, entonces, la cuantía habría que detraerla de la
cantidad global de esos 104.000 millones de pesetas.
No obstante, y para ser breve, puesto que aquí ya se ha debatido
con rigor y con extensión toda la problemática que puede afectar
a este colectivo, mi Grupo apoyará la presente proposición no de
ley, teniendo en cuenta la enmienda presentada por el Grupo
Socialista y también la presentada, dentro de los términos
admitidos por el Grupo proponente, por el Grupo de Izquierda
Unida.
Nos congratulamos asimismo de que la fase expansiva del sistema
de la Seguridad Social siga yendo por el buen cauce y se puedan
solucionar posibles injusticias, posibles causas que deban ser
protegidas en un mayor ámbito dentro del sistema de protección
social.
Muchas gracias. (El señor Homs pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Montseny.
Señor Homs, si se lo permite a la Presidencia, resumiré cuál es
su propuesta y después su señoría indicará si se ha interpretado
exactamente el sentido de la misma.
El texto que se sometería a votación en el caso de que los grupos
afectados estuvieran de acuerdo con la transaccional sería un
texto que contuviese, como primer punto, el texto de la
proposición no de ley presentado por su Grupo, con la sustitución
del término «apruebe» por «analice».
En segundo lugar, habría un segundo párrafo que sería como
adición e íntegra la enmienda socialista.
Como tercer punto iría el primer párrafo de la enmienda
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
¿Es así, señor Homs?
El señor HOMS I FERRET: Exactamente así, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Señor Espasa, ¿acepta la transacción?
El señor ESPASA OLIVER: Por caridad, la acepto, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señora Moreno, ¿acepta el Grupo Socialista la transacción
propuesta?
La señora MORENO GONZALEZ: La acepta. (El señor Homs i Ferret
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Homs, en el momento en que hay una propuesta, las enmiendas
no recogidas automáticamente decaen.
Gracias, señor Homs.
Pasamos a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) que se somete a votación en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo
Socialista y de Izquierda Unida en la forma acordada en el curso
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 316.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN EL PROCESO DE
PRIVATIZACION DE INTELHORCE (Número de expediente 173/000091)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo
Popular subsiguiente a interpelación sobre la conducta y
responsabilidad del Gobierno en el proceso de privatización de
Intelhorce.
Tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al Presidente del Gobierno, don Felipe González, le son
perfectamente imputables todas y cada una de las grandes
decisiones que en los últimos quince años se han tomado en
Intelhorce. El Gobierno tiene y ha tenido la responsabilidad del
nombramiento de los consejos de administración de Intelhorce y
éstos de sus cuadros directivos. El Gobierno tiene también la
responsabilidad de los diseños de las estrategias y políticas
industriales aplicadas en Intelhorce en los últimos quince años,
si es que Intelhorce, señorías, tuvo algo de esto alguna vez.
Pienso que en esta ocasión nadie podrá argumentar y recurrir a
circunstancias coyunturales o supuestas crisis de mercado para
explicar, por ejemplo, unas pérdidas acumuladas en quince años de
más 52.000 millones de pesetas.
En el mejor de los casos, señorías, estaríamos hablando de un mal
endémico, de un problema que no se ha querido resolver, que no se
ha podido resolver o que no se ha sabido resolver. Podemos
admitir, no obstante, y lo hacemos sin reparos y con seguridad,
que esto último pueda estar sometido a revisión y sujeto al mejor
estudio e interpretación de datos económicos objetivos de
carácter técnico, pero lo que no parece una ecuación muy
complicada es que la responsabilidad de la privatización, la
decisión de la privatización de Intelhorce es directamente
achacable al Presidente del Gobierno, al señor González; decisión
que tomó a instancias y a propuestas del entonces Ministro de
Economía, el señor Solchaga.
En 1989 el aparato de propaganda gubernativa --palabras estas
antiguas, señorías, pero vienen al caso--, en el mejor de los
estilos de la anterior dictadura, puso en escena una gran venta,
un gran éxito, se vendía Intelhorce, señorías, a una prestigiosa
multinacional líder en el sector textil. Nada de esto era verdad.
La realidad es que Intelhorce se privatiza después de un proceso
confuso, plagado de irregularidades y precipitaciones de difícil
justificación.
Señorías, hoy, en este Parlamento hay numerosos interrogantes. Es
ciertamente difícil, muy difícil, justificar lo injustificable,
lo que no es razonable, lo que se escapa, incluso, al sentido
común. Será por esto que el actual Ministro de Economía en nada
contribuyó la semana pasada, en la respuesta a nuestra
interpelación, al esclarecimiento de la verdad del caso
Intelhorce. Lejos de esto, las palabras del Ministro de Economía
el pasado miércoles han agravado la situación, o se ha aclarado,
según se mire y desde la óptica que se mire. La sospecha, con las
palabras del Ministro de Economía don Pedro Solbes la semana
pasada, se convierte, señorías, en sospecha con mayúsculas, una
sospecha que se extiende irremediable sobre todo el proceso de
privatización de Intelhorce.
Cuando hemos hablado del caso Intelhorce hemos afirmado que el
Gobierno, este Gobierno de Felipe González, debe ser el único en
el mundo, señorías, que se permite el lujo de dar duros a cuatro
pesetas. Esta es la única manera de entender que se pueda vender
algo por 2.000 millones de pesetas y, encima, regalar casi 6.000.
Se nos contestaba por el señor Solbes la semana pasada que esto
no era así y puntualizaba que los 5.869 millones de pesetas dados
por el Gobierno a Intelhorce en forma de ampliación de capital lo
fueron de modo previo y antes de la venta. Las palabras del
Ministro son importantes en este caso, porque si esto es así se
deslizan con facilidad dos preguntas fundamentales: ¿Por qué
autorizó el Gobierno entonces, señorías, que los primeros 1.800
millones de pesetas de esta ampliación de capital fueran
endosados a la compañía que avalaba a los compradores de
Intelhorce? ¿Por qué autorizó el Gobierno, señorías, que el
resto, los 4.000 millones de pesetas, fueran destinados,
invertidos, desviados a una red de sociedades interpuestas en
pago de servicios, facturas e informes de muy difícil
justificación?
Todo apunta a que los compradores de Interhorce tuvieron una
inusitada facilidad para manejar fondos
públicos; fondos públicos, señorías, que tenían que haber ido
destinados al saneamiento de una empresa en crisis, al
saneamiento de una empresa pública con graves problemas. Vuelven
aquí palabras terribles: informes, servicios, minutas,
honorarios; terribles palabras que han proliferado en no pocos
casos de escándalos localizados en el entorno del Gobienro, en el
entorno del partido del señor González.
Pensar, en definitiva, que estamos ante un presunto fraude, una
presunta estafa de miles de millones perpetrada desde la
complicidad, el acuerdo y el conocimiento de personas
relacionadas con las diferentes instancias que han intervenido en
el proceso de privatización, es algo que no puede estar muy lejos
de la realidad.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que hoy debatimos,
que es crear una comisión de investigación para depurar
responsabilidades en el escándalo del caso Intelhorce, es
necesaria. El Gobierno, sin embargo, por medio de su Ministro de
Economía se ha opuestos categóricamente. Lo anunciaba con
publicidad en esta Cámara la semana pasada. Para el Ministro de
Economía, para el Gobierno, para el Grupo mayoritario de la
Cámara, la comisión de investigación de Intelhorce no se ve
necesaria, estando como está abierto un proceso judicial. Y esto
realmente es chocante, es curioso. Un Gobierno acosado, incurso
en una veintena de procesos penales, en permanente sospecha de
corrupción, reclama ahora para sí en sesgada --y permítanme la
expresión-- y torticera interpretación de la doctrina clásica de
la separación de poderes, cuando, además se ha dedicado con afán
y con empeño durante años por activa y por pasiva a destruir uno
de los fundamentos esenciales de la democracia parlamentaria. Un
PSOE, un Felipe González, que mientras ha gozado de mayorías
cómodas en esta Cámara ha ejercido con desmesura el poder y
abandonado toda práctica de consenso, y amordazado a la Justicia,
y anestesiado al Parlamento con la práctica del rodillo, además
de intentar monopolizar las instituciones. (Rumores.)
Una vez más González y sus portavoces confunden intencionadamente
lo que en democracia son responsabilidades políticas y
responsabilidades penales, y estas no son palabras mías, son
palabras que están en los libros de historia; libros de historia
que se aprenden con normalidd por nuestros estudiantes de bachillerato.
Confunden ustedes lo legal y lo ético. Confunden lo legal con lo
honrado y con lo que es socialmente correcto. La fuerza de los
hechos y la perspectiva de los años, ya suficiente, confirman,
han confirmado, la característica fundamental de la
Administración González. González ha ejercido y ejerce todavía el
poder desde peligrosos convencimientos de perdurabilidad en el
tiempo y, sobre todo, desde peligrosas actitudes
patrimonialistas. Cuando no se sabe, señorías, que tener el poder
en democracia es precisamente todo menos eso, menos tenerlo,
menos poseerlo, es administrar una responsabilidad delegada, se
deslizan actitudes que invariablemente acaban en la corrupción;
palabra terrible, probablemente altisonante, pero que también
está en los libros de historia que nuestros alumnos de
bachillerato hoy estudian con normalidad y que asimilan al
periodo de González en el poder.
El caso Intelhorce, y con independencia de las posibles
responsabilidades penales que corresponden a los tribunales,
tiene que estar en este Parlamento, puesto que aquí han de
depurarse las responsabilidades políticas. Debemos investigar con
rigor y profundidad todas las circunstancias que han ocurrido en
el escándalo y establecer la responsabilidad del Gobierno en los
hechos.
La comisión Intelhorce, señorías, puede y debe ser aprobada por
ustedes. No vamos, sin embargo, a estas alturas a llamarnos a
engaño. De sobra son conocidas por todas las circunstancias
políticas del momento. Estaremos, estará la opinión pública muy
pendiente del funcionamiento interno, si se aprueba, de la
comisión Intelhorce. Lo que está claro, lo que es seguro,
señorías, es que la Comisión Intelhorce no va a solucionar la
crisis del momento ni tampoco --y precedentes hay para ello-- va
a inaugurar una nueva etapa en esta legislatura que ya está
acabada por la fuerza de los hechos. La solución, señorías, de
los problemas de la crisis política actual no puede ser otra que
un nuevo parlamento, una nueva mayoría y un nuevo gobierno.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Se han presentado a esta moción dos enmiendas. En primer lugar,
enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa y para fijar la posición del grupo tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo ha presentado dos enmiendas, la primera para delimitar
claramente el trabajo parlamentario de la Comisión y otra para
apostar decididamente por el futuro de la actividad industrial de
la antigua Intelhorce. Pero, señorías, tiempos difíciles son
aquellos en los que hay que demostrar lo evidente y no es otra
cosa que lo que tenemos que hacer aquí esta tarde: demostrar la
evidencia de que en la división de poderes está la base del
funcionamiento democrático del Estado; una división de poderes,
según la cual, el poder legislativo pueda y debe realizar su
trabajo de forma totalmente independiente del judicial ya que su
forma, sus procedimientos, sus objetivos y, por tanto, sus
conclusiones son diferentes, pero hay quien todavía se empeña una
y otra vez en ligar responsabilidades políticas a
responsabilidades judiciales, supeditando por ello la actividad
parlamentaria a la judicial. Con esto lo que se pretende --y en
cierto modo se ha conseguido durante años-- no es otra cosa que
amordazar al Parlamento. Lo que se ha prentendido y lo que se
pretende es atrofiar la vida parlamentaria y así ustedes lo que
han sumido
y han practicado es el concepto más reaccionario de lo que
significa parlamentarismo.
Afortunadamente, sin embargo, cada vez son menos quienes
defienden que el Parlamento no puede realizar su trabajo de forma
paralela a que haga el suyo el Poder judicial y que lo hagan de
forma y con objetivos diferentes, porque por mucho que ustedes se
empeñen en repetirlo, todo el mundo sabe que no son lo mismo
responsabilidades políticas que responsabilidades judiciales.
Desde esta base, por lo tanto, el Parlamento no solamente tiene
derecho, sino que tiene la obligación de investigar las
actuaciones de las administraciones, pero, como decía, tiempos
difíciles cuando hay que demostrar la evidencia, y con este fin
hemos presentado nuestra enmienda de adición, para recordarles
que, sin menoscabo de las actuaciones judiciales, la comisión se
centrará en depurar las responsabilidades políticas en las que
pudiera haber incurrido la Administración central del estado,
cuantos organismos públicos y cuantas personas hayan tenido
relación con los hechos.
Pero, por otra parte, ¿qué le voy yo a tratar de demostrar aquí
esta tarde sobre la importancia de llenar de contenido práctico
la división de poderes cuando ustedes precisamente han vaciado de
contenido toda una serie de valores que han sido señas de
identidad de la izquierda durante décadas? ¿Qué le voy yo a decir
a ustedes que sólo les ha interasado instrumentalizar los
conceptos y las instituciones con el solo objetivo de mantenerse
en el gobierno? De esta manera ustedes hoy terminarán votando lo
que más le interesa a su partido, no lo que más le interese a
Intelhorce.
La semana pasada señalábamos que los malagueños, los andaluces
teníamos el derecho a saber cómo y por qué se había destruido
parte de nuestro sector industrial, en este caso del sector
textil. Porque a estas alturas reafirmamos una y otra vez que
Intelhorce podría y puede tener viabilidad siempre que hubiese
tenido una buena gestión, una buena dirección y también hubiese
tenido un apoyo estratégico por parte de la Administración. Ahora
es más necesario que nunca saber qué grado de responsabilidad
pública ha existido en la mala gestión que ha habido en
Intelhorce. También es necesario saber qué implicacines públicas
han existido a la hora de adjudicar la empresa a unos desalmados
y, sobre todo, es necesario poner sobre la mesa la existencia de
una estrategia industrial que no sólo da la espalda a Andalucía,
sino que está pretendiendo destruir el poco tejido industrial que
tenemos.
Es necesario, por tanto, aclarar tantas incógnitas como las que
existen, incógnitas a las que no llegarán los jueces porque no es
su misión, pero a las que sí puede y debe llegar este Parlamento.
De esta manera, aquellos que se opongan a la creación de la
comisión de investigación no hacen otra cosa que convertirse en
cómplices o encubridores de lo que ocurrió en Intelhorce.
Sin embargo, a la vez que decíamos esto, también la semana pasada
afirmábamos que la dificíl situación por la que pasa la empresa
no puede servir de excusa para estrategias parlamentarias que
nada tienen que ver ni con Intelhorce ni con devolver al
Parlamento la vitalidad que nunca debería haber perdido. Sería
grave que los trabajadores, que los cientos de miles de
malagueños y de andaluces que hoy están pendientes de nosotros,
se sintieran utilizados como moneda de cambio para operaciones
partidistas, para venganzas entre matrimonios políticos
recientemente rotos o para obtener beneficios en una próxima
negociación, ya que, como venimos diciendo, por encima de la
necesidad de investigar qué ha pasado en Intelhorce está el
mantenimiento de la actividad industrial, está el fortalecimiento
del sector textil andaluz.
En este sentido, hemos querido completar la moción para que quede
plenamente clara la necesidad de facilitar, en un primer lugar,
la obligación de la Administración a dar una salida a esta
situación que ella misma ha generado y que no pueden seguir
pagando los trabajadores, porque después de un largo proceso
necociador, en el que han participado, junto a la Administración
central, las organizaciones sindicales y la Administración
autonómica, hay un grupo de siete empresas que han manifestado
públicamente su intención de crear una sociedad para la
adquisición de los activos de la antigua Intelhorce, acuedo que
lleva parejo la recolocación de los trabajadores que así lo
deseen en la nueva empresa. El efecto positivo que este acuerdo
puede tener sobre el empleo en la provincia de Málaga requiere
que la Administración central facilite el inicio de la actividad
industrial en los términos acordados por las administraciones y
por los representantes de los trabajadores.
Para esto es necesario que expresemos la necesidad de que la
transmisión de los activos de General Textil Española, S. A. a
través de la correspondiente comisión liquidadora a la nueva
Sociedad, constituida por el grupo de empresas industriales, se
realice en condiciones y precios que hagan posible el reinicio de
la actividad industrial. Creemos que de esta manera se sitúa en
sus justos términos la problemática actual de la empresa, se crea
una comisión de investigación para depurar las responsabilidades
habidas en el pasado y a la vez, se apuesta por el futuro de la
empresa, un futuro en el que todos creemos, siempre que, como he
dicho antes, se consiga una gestión que merezca los esfuerzos que
están realizando los trabajadores.
Mediante esta propuesta situamos realmente al Parlamento en su
papel de representante de la voluntad popular, porque esto es lo
que nos pide la ciudadanía: que se salve, en primer lugar, la
empresa, pero también que se explique lo que se ha hecho con el
dinero público y quiénes han tenido responsabilidades en ello.
Por eso cada uno tendremos que dar cuenta del sentido de nuestro
voto porque, como hemos dicho antes, quien se oponga a que se
investigue lo pasado en Intelhorce no hace otra cosa que
colocarse en el papel de encubridor, pero también quien trate de
utilizar
nuestros problemas para estrategias y venganzas parlamentarias se
situará en una actitud que no sólo debe ser criticada, sino que
debe ser repudiada y que siempre nos tendrá a nosotros en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), para defender la
enmienda presentada por este Grupo y fijar la posición del mismo,
tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
La posición política del Grupo Catalán (Covergència i Unió) sobre
la propuesta de crear una comisión de investigación sobre la
privatización de Intelhorce, moción a la que nuestro Grupo
Parlamentario ha presentado una enmienda, está enmarcada en las
siguientes consideraciones.
Primero, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) considera que de las informaciones recibidas del proceso de
privatización de la empresa pública Intelhorce se desprenden una
serie de datos graves y preocupantes que afectan a un asunto de
interés público. Por este motivo, nuestro Grupo considera que
este asunto es susceptible de ser merecedor de una comisión de
investigación desde la óptica parlamentaria y constitucional.
Segundo, nuestro Grupo Parlamentario no quiere entrar en
valoraciones políticas sobre dicha privatización. Dichas
valoraciones políticas tendremos oportunidad de poderlas hacer si
esta comisión de investigación prospera hoy en el debate del
Congreso de los Diputados. Pero también constatamos que hay una
serie de interrogantes en la opinión pública, producto de este
proceso de privatización, que, en caso de que se creara y
aprobara dicha Comisión de Investigación, podría ser objeto de
una investigación detallada con el fin de poder aclararlos a la
opinión pública, como, por ejemplo, cuáles han sido los criterios
de adjudicación de dicha compañía pública a empresas privadas;
cuáles han sido los criterios de valoración de dicha empresa
pública y cuáles han sido los criterios de seguimiento respecto a
los compromisos contractuales entre la empresa vendedora y las
empresas compradoras.
Tercero, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) considera, y así
lo ha demostrado en todas las comisiones de investigación que ha
apoyado en esta legislatura --cabe recordar la Comisión Roldán,
la Comisión Rubio, la Comisión de Seguimiento de Banesto, la
Comisión sobre Financiación de Partidos Políticos-- que las
comisiones de investigación han de trabajar en el ámbito
estrictamente político y nunca deben interferirse en otros campos
como el judicial, porque aparte de ser una exigencia
absolutamente obvia y lógica también es coherente con la
resolución aprobada al 20 de abril de 1994 en el debate de
política general en el que el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó que las comisiones de investigación han de ejercer sus
funciones sin interferir en la actividad e independencia de los
órganos jurisdiccionales y penales. Creo que todas SS. SS.
conocen que el proceso de privatización de la empresa Intelhorce
está inmerso dentro de un proceso judicial en Málaga.
Cuarto, por este motivo, el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
ha presentado una enmienda de adición a la propuesta del Grupo
Popular, de creación de una comisión de investigación en la que
proponemos añadir, al final del objeto fundamental de dicha
Comisión, la siguiente frase: «Sin interferir en las actuaciones
judiciales en curso».
Caso de que dicha enmienda de adición sea aceptada por el grupo
proponente de dicha moción, nuestro grupo parlamentario votará
favorablemente la creación de esta comisión de investigación.
También desde nuestro Grupo Parlamentario queremos adelantarles
que nuestra actuación se ajustará a la misma literalidad del
artículo 52 de nuestro Reglamento del Congreso de los Diputados
y, en especial, al contenido no judicial de la investigación.
Asimismo también queremos puntualizar desde el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) que en ningún momento vamos a participar en
un proceso parajudicial contra nadie ni contra nada, ni vamos a
propiciar que esta comisión sea utilizada como instrumento de
erosión política de nadie por la vía del descrédito político,
porque éste no es el cometido constitucional de una comisión de
investigación, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución,
ni tampoco es el camino, ni ha sido, ni es, ni será el estilo de
hacer política del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias señoras y señores Diputados, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, desde
Unión Valenciana quisiera intervenir para fijar mi posición
favorable a la creación de esta comisión de investigación sobre
una cuestión que considero tiene indicios suficientes para
involucrar a miembros destacados del entorno del Gobierno
socialista en una presunta estafa de miles y miles de millones.
Asistimos hoy al debate del penúltimo --no sé si es el más
sonado-- de los escándalos de los últimos trece años: el caso
Intelhorce, la actual General Textil de España. No hay que
olvidar la relación directa que tuvo el ex Ministro de Economía,
Carlos Solchaga, y el compañero íntimo del Presidente del
Gobierno, Jesús Bores, en toda esta obscura, muy obscura trama.
Según se desprende de numerosas informaciones e investigaciones,
Economía vendió Intelhorce al empresario
italiano Orefici, sin indagar su solvencia, creyendo,
erróneamente, que estaba respaldado por el Grupo Benetton, cuando
lo lógico habría sido cerciorarse de dicha solvencia. Al mismo
tiempo, Patrimonio del Estado no se enteró de que el tal Orefici
utilizó para la compra un aval afianzado con dinero que la propia
Administración inyectó a Intelhorce como ampliación de capital.
El señor Solchaga reconoció y declaró en su momento ante el juez
que llevó la propuesta de venta de Intelhorce al Consejo de
Ministros porque creyó que el comprador era una empresa solvente,
vinculada al Grupo Benetton, que prestó el aval de los 2.000
millones que se le exigían y hacía la mejor de las ofertas, lo
cual confirma que no indagó ni verificó quién era este Orefici,
lo que viene a confirmar que no ha existido la más absoluta de
las responsabilidades en cuanto a su conducta, sino todo lo
contrario, ha habido una absoluta negligencia por parte del ex
Ministro Solchaga, así como por parte de varios ex directores
generales de Patrimonio encausados a los que se les imputa
prevarización, malversación de fondos y otros delitos varios.
Nos encontramos ante una nueva chapuza del Gobierno socialista,
como así se ha apuntado por diversos sindicatos de la propia
empresa. Todo ello nos ha costado --y es lo más lamentable--
miles y miles de millones a todos los ciudadanos, amén de los
graves perjuicios sociales y laborales.
Según el propio Gobierno socialista, a la empresa se han
destinado más de 50.000 millones y los sindicatos denuncian --
algunos de ellos incluso con pruebas-- que más de 8.000 millones
se han perdido en el camino que hay entre Málaga y Madrid y no
precisamente en inversión ni en saneamiento de la empresa, que
falta le hacía. Ante las graves imputaciones contra ex altos
cargos de Patrimonio y una actitud, cuanto menos, negligente por
parte del ex Ministro de Economía, Carlos Solchaga, desde Unión
Valenciana consideramos necesario crear una comisión de
investigación para que se depuren todas las responsabilidades
políticas que pudieran derivarse del caso Intelhorce.
Por lo tanto, vamos a prestar nuestro apoyo a la moción
subsiguiente a la interpelación urgente del Grupo Popular por
higiene democrática.
Muchas gracias.
El señor presidente: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Albístur.
El señor albistur marin: Gracias, señor Preside.
Con brevedad voy a manifestar el apoyo a la proposición realizada
por el Grupo Popular, sobre todo si se admite la transacción que
ha sido propuesta por los grupos Convergència i Unió e Izquierda
Unida.
Apoyamos la moción por pura coherencia, en el sentido de que
hemos apoyado todas las comisiones de investigación y porque
creemos que han sido saludables y de alguna forma eficientes para
este Parlamento y para la sociedad en la situación en que nos
encontramos, pese a lo que pese y a cuales sean las consecuencias
de dichas investigaciones.
Por esta razón yo tengo que poner el dedo en la llaga y decir
ahora aquí con brevedad que las comisiones de investigación no
deben ser utilizadas según y dónde se quieran obtener los votos.
Creación de una comisión de investigación, sí, en el sur de
España, pero hay que oponerse cuando es en el norte. Espero que
esta pequeña reflexión sirva para que el jueves se pueda producir
otro sí a otra comisión de investigación que se va a proponer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero expresar también el apoyo del Grupo de Coalición Canaria a
la creación de esta comisión de investigación. Creemos que, sin
duda, hay razones suficientes que justifican la creación de este
instrumento parlamentario tan importante. Hacemos votos al mismo
tiempo para que esta comisión funcione con el rigor, la seriedad
y la responsabilidad necesarias para prestigiar este instrumento
parlamentario, cosa que no ha ocurrido en algunas ocasiones.
Nosotros estamos dispuestos a que en determinados asuntos que
tienen indicios confusos y turbios, aparezca la clarificación
parlamentaria. Por eso, apoyamos la comisión de investigación y
le deseamos los mayores éxitos en la clarificación de este
asunto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha estudiado estos días con
cierto detenimiento todos los hechos que se han ido conociendo
con referencia al proceso de la empresa pública Intelhorce: su
privatización, recompra, etcétera, y, desde luego, a la vista de
los indicios, cada vez más evidentes, de posible fraude y
malversación de fondos públicos, de creación de plusvalías para
beneficio personal, de actuaciones, por tanto, presuntamente
delictivas, según se demuestra por el hecho de que está en curso
un proceso judicial y también por presuntas responsabilidades
políticas, desde nuestro Grupo Parlamentario, incidiendo en el
hecho de que las comisiones de investigación tienen que tener un
contenido y un motivo suficiente, y dado que en este caso se
están produciendo todos estos acontecimientos alrededor de esta
empresa pública,
vamos a apoyar la propuesta de creación de esta comisión de
investigación, ajustándonos en todo momento a lo que se proponga
como objeto de la propia comisión y siempre y cuando el Grupo
proponente admita las propuestas de los grupos parlamentarios en
el sentido de no interferir en el proceso judicial que está en
marcha. Si eso se recoge dentro del objeto de la comisión de
investigación, nosotros apoyaremos la creación de la misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señores Diputados, creo que podría empezar esta intervención con
la famosa frase de «al fin solos». (Risas.) El asunto de General
Textil de España, antigua Intelhorce, ha sido suficientemente
conocido por esta Cámara, que ha intervenido de forma decisiva, y
creo que muy positivamente, en la trayectoria de esta empresa.
Tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista ha
trabajado duro para salvar la factoría y los puestos de trabajo y
que el Gobierno socialista ha asumido incluso por mandato de este
Parlamento, más allá de lo razonable, los problemas económicos de
la misma. Nadie puede negar, pues, que las administraciones
públicas, desde 1980 hasta el momento, han puesto ilusión, buena
voluntad y muchísimo dinero para hacer viable un proyecto
industrial que solamente en uno de sus 38 años de vida tuvo algún
beneficio; pero es la venta de la empresa, en 1989, al grupo
empresarial italiano Benorbe y Benservice y la gestión de este
grupo hasta 1992 lo que sistemática y recurrentemente viene
siendo preocupación de los grupos parlamentarios. Y tengo que
decir que tampoco voy a entrar en los pormenores de este asunto,
porque este tema ha sido también ampliamente debatido en el
Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, tanto en
Pleno como en distintas comisiones.
Después de la intervención del representante del Partido Popular
y después de haber leído los diarios de sesiones del Congreso y
del Senado, tengo la impresión de que da igual la respuesta que
se le dé al Grupo Popular sobre lo ocurrido, de que dan igual
todas las explicaciones que desde el Gobierno se le han ido
proporcionando y de que su único interés es implicar a los
socialistas en esta trama, aunque para ello tengan que abandonar
el sentido común, la responsabilidad e incluso el mínimo
ejercicio de racionalización exigible a un representante del
pueblo.
El sentido común, señores del Partido Popular, les debería llevar
a darse cuenta de que somos los socialistas los primeros
interesados en depurar responsabilidades (Risas.) y en aclarar
definitivamente la actuación de los gestores italianos y todo lo
que hay alrededor de la venta a estos gestores por parte del
Gobierno. (Risas.--Rumores.) Y no se rían, señores del Partido
Popular, porque esto lo demuestra un hecho que no tiene respuesta
y que es incuestionable, y es que ha sido el Gobierno socialista
el que inicia la investigación judicial sobre los hechos con una
denuncia ante la fiscalía; también lo demuestra --y es otro hecho
indudable-- que el Gobierno socialista ha colaborado
absolutamente con la justicia aportando toda la documentación de
que disponía, además de la que se le ha ido solicitando por parte
del juez instructor. Y tengo que recordarles, señores del Grupo
Popular, que es gracias a esta denuncia y a esta colaboración por
lo que hoy se encuentran en la cárcel el señor Orefici, presunto
estafador italiano, y el señor Muñiz, administrador único de la
empresa en el período juzgado; señor Muñiz, que, por cierto, está
más cerca de la ideología que ustedes representan que del Partido
Socialista (Fuertes rumores.), expresado por él mismo en una
carta ante notario que ha enviado al diario «ABC», en la que
exculpa absolutamente al Partido Socialista de ninguna
intervención en el proceso de privatización y posterior gestión
de la empresa. (Protestas.--Aplausos.)
Señorías de PP, si practicasen la responsabilidad política, no
utilizarían la situación crítica de 700 trabajadores para
comprobar si CiU ha recuperado su libertad respecto del Gobierno
socialista (Rumores.), ni plantearían en este momento una
comisión de investigación cuyo anuncio tan sólo puede perjudicar
la negociación que la Administración y los sindicatos mantienen
con varias empresas dispuestas a comprar GTE, conservando un
número importante de puestos de trabajo en la futura empresa.
(Continúan los rumores.) Y eso no lo decimos nosotros; la han
dicho ya, después del anuncio que ustedes han hecho en los medios
de comunicación, los representantes de los sindicatos en el
comité de empresa. Pero pedir responsabilidad política parece
inútil cuando se desprecia profundamente a los trabajadores
malagueños, haciendo de Intelhorce un instrumento más en su
estrategia de acoso y derribo del Gobierno socialista. (Fuertes
protestas.) Tranquilos, señorías. Actitud de desprecio por los
trabajadores del sur, que yo puedo entender del señor Izquierdo,
enviado especial desde Palencia por el señor Aznar para controlar
a los populares en la provincia de Málaga. (Continúan las
protestas y los rumores.) Puedo incluso entenderlo de la señora
Loyola del Palacio, que lo hace públicamente en sus declaraciones
a la prensa. Lo que no puedo es entender que la derecha malagueña
acepte que se instrumentalicen y que se utilicen los intereses de
los trabajadores malagueños en función de una operación política
de las altas instancias de su Partido.
Esto que acabo de describir ya podría justificar razonablemente
nuestra votación negativa a esta propuesta, pero existe una razón
menos circunstancial
para esta posición negativa de mi Grupo. Señores del Grupo
Popular, sabemos perfectamente que el resultado de la votación, a
la vista de lo que han expresado los representantes de los
grupos, va a ser favorable a su propuesta, y les felicitamos
porque eso sea así; pero mi Grupo va a optar por mantener la
coherencia política aun a riesgo de perder una votación. Vamos a
optar por mantener la coherencia con respecto a la posición
política que hemos defendido de que el Parlamento no debe
interferir en las investigaciones judiciales en curso, de que hay
que preservar la independencia judicial, y porque creemos en la
utilidad democrática de la separación de poderes, optamos por que
el Parlamento haga su trabajo y por que los jueces hagan el suyo.
Aceptar la comisión de investigación que se nos propone sería
contradecir este principio porque ya hemos dicho, como todo el
mundo sabe, que hace más de un año el Juzgado número 11 de la
Audiencia Provincial de Málaga investiga exactamente los temas
que ustedes proponen como objeto de investigación de esa comisión
que estamos analizando. Por lo tanto, esta investigación, la
investigación judicial, podría verse interferida o incluso
condicionada --no sería la primera vez que esto sucede en esta
Cámara-- por la actuación políticamente interesada el Grupo
Popular. No nos cabe la menor duda, señor Izquierdo de que el
único y verdadero interés que le anima a usted y a su Grupo a
presentar esta moción es una operación de marketing contra los
socialistas, que desde luego no estamos dispuestos a avalar con
nuestros votos.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez. (Rumores.)
Silencio, señorías.
En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra el
señor Izquierdo, para expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas defendidas a su moción.
La señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, señorías, al fin
acompañados, en el sentido común, en la esperanza, en el
parlamentarismo histórico y en la defensa de los valores
democráticos. (Aplausos.--Rumores.)
Señor Presidente, el Grupo Popular no tiene inconveniente en
aceptar lo que propone el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo
de Izquierda Unida en su primera enmienda. Por lo tanto,
proponemos a SS. SS. una transaccional que conjuga de alguna
manera los tres textos que nacen de las enmiendas. De esta forma,
el punto primero, destinado al objeto, quedaría redactado de la
siguiente manera: Investigar el proceso de privatización de la
empresa pública Intelhorce actual GTE, ocurrido en 1989, y la
posterior entrada del sector público en su accionariado, así como
las causas y actuaciones que han originado la actual situación
económico-financiera de dicha empresa, sin interferir ni
menoscabar en las actuaciones judiciales en curso. Así quedaría
el texto, señor Presidente.
Por lo que se refiere la segunda enmienda que plantea el Grupo de
Izquierda Unida, señorías, compartiendo que su enmienda está
instrumentada por la preocupación que tienen, que tenemos todos,
por el futuro de los trabajadores de Intelhorce, por el futuro de
la nueva Intelhorce... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: ...entendemos, señor Centella, que
tiene poco encaje formal en esta moción, puesto que lo que se
pretende es crear una comisión de investigación parlamentaria. No
obstante, SS. SS. pueden contar con el apoyo en el futuro, en
próximos días, del Grupo del Partido Popular para apoyar la
figura parlamentaria que propongan, proposición no de ley o
moción, en este sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas en la forma
expresada por el señor Izquierdo en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor 170; en contra, 153.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, RELATIVA A LAS LINEAS MAESTRAS DE LA POLITICA
GENERAL PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL SISTEMA
PUBLICO DE PENSIONES Y LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL (Número
de expediente 173/000092)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, relativa
a las línesas maestras de la política general prespuestaria del
Gobierno en relación con el sistema público de pensiones y la
política de protección social.
Tiene la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, comenzaba una
intervención anteriormente con
lo de alegrándose de encontrarse solo mejor que mal acompañado.
Me imagino que prefería perder una votación que ganarla con
cesiones de contenido público.
El objetivo de Izquierda Unida al mantener una moción en este
debate, después de la interpelación que hicimos la semana pasada
al señor Ministro, es intentar que en esta Cámara se produzca lo
que pudiéramos llamar niveles de acercamiento a la elaboración
del Gobierno, que parece ser tiene ultimada a nivel de decisión
de Consejo de Ministros tanto de la propuesta presupuestaria y la
distribución de los números que van a aplicarse en este país para
el próximo ejercicio 1996, si la Cámara aprueba esa propuesta
presupuestaria, como de la Ley de Acompañamieto que
tradicionalmente se ha presentado. La verdad es que el gobierno
ha empezado a negociar esa propuesta presupuestaria que el 30 de
septiembre traerá a esta Cámara con fuerzas políticas, con grupos
parlamentarios de esta Cámara, con organizaciones sindicales, con
organizaciones sociales, y nuestro objetivo sería ver cuáles son
los compromisos que este país necesita para el año próximo, cuál
es la mayoría que tenemos en esta Cámara para conseguir que eso
se haga realidad y cuáles son los equilibrios que el presupuesto
debe tener.
Por tanto, al margen de si hay mayoría y el presupuesto se
aprueba o no tenemos presupuesto y sí decreto de prórroga
presupuestaria, nosotros hemos ido a unas propuestas de contenido
que pretendemos traer a la Cámara con el fin de dar contenido a
nuestra posición política, con el fin de poder decir sí o no a
una propuesta presupuestaria sobre la base de beneficio que los
españoles reciben de acción del Gobierno, de cómo abordar la
solución de los problemas que tenemos delante y con qué políticas
concretas, y no «a priori» decir «no» a la propuesta
presupuestaria sin ir al detalle de esa propuesta.
En consecuencia, cuatro serían los puntos de nuestra proposición
que podrían hacer frente a eso que el Gobierno llama cuadro
presupuestario innegociable para el próximo año, cuyo objetivo
fundamental es reducir el déficit público al 4,4 por ciento del
PIB, con independencia del ahorro que se pueda producir, ahorro
que se va a proyectar a todos los ministerios del 12 al 15 por
ciento, solamente queda fuera el Ministerio de Sanidad, y para
poder ahorrar el próximo año un billón de pesetas.
Lo cierto y verdad es que para Izquierda Unida lo primero y más
importante es que en esta Cámara debatamos una ley y no un
decreto-ley de prórroga, y que la propuesta del Gobierno esté
abierta a lograr la mayoría y no a la fácil salida de la prórroga
por decreto-ley. También sería bueno que pudiéramos tener claro
si ese decreto-ley va a ser convalidado, suponiendo que el día
27, 28 o 29 de octubre en esta Cámara, como todo parece indicar,
haya mayoría por la devolución de los Presupuestos al Gobierno.
Por tanto, el primer punto preciso es que haya Ley de
Presupuestos y que la misma no parta de innegociables principios
del Gobierno, para que no sea mejor eso de mejor solos que mal
acompañados en la política más importante que el próximo
ejercicio va a pronunciar el Gobierno: en la distribución de los
dineros para hacer frente a la realidad que los españoles viven
hoy y poner a España en solfa cara a lo que puede ser el proceso
de Unión Europea.
La segunda propuesta sería decir: suponiendo que todos
estuviéramos de acuerdo en que un objetivo fundamental es
contener el déficit público; suponiendo que todos estuviéramos de
acuerdo en que ese déficit público, además de contenerlo,
debiéramos de ir a reducirlo, lo importante, no es aséptico, es
decir cómo lo vamos a reducir, de qué manera conseguimos que se
produzca esa reducción y qué políticas son irrenunciables para un
Gobierno a la hora de poder actuar también en la política de
gastos. Nuestro punto segundo diría que la reducción del déficit
público, en lugar de comprimirse en los dos años, 1996 y 1997,
vaya a ampliarse a una esfera mayor. ¿Por qué? Porque esta deuda
pública que tenemos, fruto de nuestro déficit público, la verdad
es que se ha provocado por un Gobierno que ha administrado los
recursos públicos a manga ancha durante doce años y, ahora, de
golpe y porrazo, en dos años, quiere reducir y contener ese esfuerzo.
¿Y cuáles serían los contenidos de ese compromiso?
Primero, buscar mayores ingresos. Nosotros no estamos de acuerdo
en que la imposición en este país, la recaudación de los
impuestos se cifre sobre las rentas del trabajo y sobre el
consumo. Creemos que ir a donde puede haber beneficio, en el
beneficio del capital, en lo que significan los patrimonios
altos, las grandes fortunas, las viviendas desocupadas, fórmulas
de impuestos directos y no fórmulas de impuestos indirectos.
Segundo, la reducción de los gastos fiscales que no van ligados a
la generación de empleo. Nunca, en las leyes de acompañamiento
que hemos discutidos, se ha ligado a este compromiso; se han
generalizado para todas las empresas los beneficios fiscales que
se han planteado. En tercer lugar, mantener compromisos de
inversión. El Ministro decía que relativizaba ese compromiso, que
no pasaba nada si en lugar del 5 se quedaba un poco más bajo,
porque llevamos muchos años invirtiendo y, a lo mejor, no
necesitamos tantas carreteras y tantos ferrocarriles. En cuarto
lugar, que no vayamos a una alocada política de privatizaciones
de nuestra propia estructura productiva pública, apoyándose, a la
vez, en políticas que vayan de forma progamada a la ayuda y a la
intervención pública, para conseguir una estructura productiva
endógena, propia de nuestro país, que pueda generar tejido
productivo y no solamente actividad de beneficios vía
especulación.
El tercer gran bloque que pediríamos a los presupuestos que el
Gobierno trajera a la Cámara sería que, en esa propuesta
presupuestaria y en las leyes de acompañamiento, se incrementara
el gasto social. La verdad es que el gasto social que nuestro
país dedica, tanto a nivel de conjunto como en pensiones o
en sanidad, dista mucho de la media europea, y hay un compromiso
de lo que se vino en denominar a nivel de política social, Pacto
de Toledo, que decía que nuestro país debía de hacer esfuerzos
para acercarnos a lo que significaba la media europea en gasto
social. Y si se aborda el desarrollo del Pacto de Toledo, que
ahora parace ser que no se toca, aunque anunciaba el Secretario
de Estado que iba a hacer reformas estructurales, que se podían
reducir 400.000 millones de pesetas incrementando la jubilación a
66 o a 67 años o ampliando la fijación de la base reguladora en
lugar de 8, en 15 años; si se aplica ese deserrollo, que sea una
previsión global en su conjunto, no el desarrollo puntual de
algunos elementos del Pacto de Toledo, porque, si no, iríamos a
una política de parches y no a una actuación global en esa
política social. Dentro de esa actuación, creíamos que era
importante mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones y
revalorizar las pensiones mínimas, acercándolas al salario
mínimo, a la vez que bonificar la cotización a la Seguridad
Social de los jornaleros del campo afectados por la sequía para
el año agrario 1995/1996, y mantener la política social más
amplia no solamente en pensiones y en prestaciones sino también
en educación y en sanidad. Lo cierto es que eso debiera de ir
acompañado con la facilidad de que en nuestro país, donde se han
venido haciendo esfuerzos sobre lo que significa capacidad
salarial del pueblo en general, para poder salir adelante y que
nuestro PIB creciera, el producto interior, que crece, no sea
bruto y que además de ser un producto interior signifique que
todos nos beneficiamos de ese crecimiento, y, por tanto, los que
han aportado una contención puedan verse favorecidos en un año de
crecimiento económico.
La cuarta gran propuesta que debiera de tener el presupuesto del
Gobierno, en lugar de entrar a ver lo que significó determinada
previsión de actuación hacia las comunidades autónomas, hacia la
organización del Estado descentralizado como una política de
concesión bilateral de la negociación de si tú me apoyas yo te
doy es ir a una actuación global de la financiación del conjunto
del Estado que signifique la puesta en marcha de la nivelación,
de la forma en que se prestan los servicios; que signifique
corregir los desequilibrios territoriales a través del Fondo de
Compensación Interterritorial manteniendo su capacidad de acción;
que signifique una distribución con participación de las
comunidades autónomas en los fondos de cohesión; que se haga
frente a la deuda histórica de las comunidades autónomas y que la
participación en los ingresos del Estado no esté más o menos
discutida en función de una realidad: ahora anuncio que es
posible que esa cesión de tributos no esté lista, que debíamos de
revisar puesto que era para dos años el marco... En suma, que
haya la voluntad de mantener lo acordado para este bienio y la
prórroga de ello mientras no se negocie en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera un diseño distinto.
Señor Presidente --y con esto termino, señorías--, el objetivo de
la moción que presenta Izquierda Unida, al margen de la mayor o
menor precisión en la redacción de la propuesta, es intentar que
esta Cámara inste al Gobierno, en esta fase de trámite de
audiencia a los sectores sociales y a los grupos parlamentarios,
un debate en esta Cámara, no fuera, y que las indicaciones de esa
política presupuestaria cuenten también con el pronunciamiento de
los grupos que aquí componemos el conjunto de la representación
del pueblo español.
Los presupuestos siempre han sido controvertidos. En los
presupuestos de 1994, en el año 1993, empezamos a hablar de la
contrarreforma laboral y de lo que significaba la movilidad
funcional para los funcionarios públicos. En 1995, la reducción
de la cotización a la Seguridad Social en un 1 por ciento y el
incremento del IVA, más el famoso punto de la familia numerosa.
En 1995 y 1996 queremos conocer y profundizar en cuál será el
adjetivo que tendremos. Nos gustaría que el adjetivo no fuese el
del año de la prórroga presupuestaria, porque es mejor no tener
mayoría para hacer la política económica que tenerla.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ríos, ya me temía yo que hoy esta segunda fase del debate
iba a ser eminentemente presupuestaria, a pesar de que le
advertía la semana pasada de que era difícil poder arrastrar a
nuestro Grupo a hablar de temas presupuestarios.
Le podría decir que leyendo con detenimiento su moción, estoy de
acuerdo en el punto número 1; pero es que es una obviedad y no es
suficiente para votar favorablemente la moción. Podría decirle
también que coincido en el punto 2, en los apartados a) y b),
porque perseguir el fraude o intentar mayor recaudación para
lograr mayor eficacia es una necesidad. Siempre hay que estimular
al Gobierno a que siga esa línea. Con ello tendremos más
recaudación, pero, ¿cuánta más? Esto no se puede cuantificar, no
lo sabemos.
Estoy, naturalmente, en contra de los puntos 3 y 4, porque es más
gasto. Dice usted explícitamente que supone más gasto, pero no
dice de dónde saldrá, porque con el punto 1 no logramos los
recursos para cubrir lo que usted pide en los puntos 3 y 4. Pero
es que, además, éste es un tema que habría que contrastar con las
propuestas del Gobierno; habría que contrastarlo con qué piensa
el Gobierno hacer en los presupuestos
el año que viene. Es un debate, a mi juicio, prematuro, legítimo.
Usted dice: Como no he podido hablar con el Ministro de Economía,
que venga y me lo explique en el Parlamento. Legítimo
absolutamente, pero es adelantar el debate que tiene la
deficiencia de no tener la contrapartida de los criterios
presupuestarios del Gobierno para poder entrar a fondo en el
tema.
Tenemos una idea clara: hemos dicho que no debatiremos los
presupuestos, que presentaremos una enmienda a la totalidad y lo
mantenemos, pero hay una cosa que sí tenemos clara: no queremos
que se incremente, de ninguna manera, el déficit público. Usted
tampoco, porque usted sabe que el incremento del déficit público
lo acaban pagando los trabajadores siempre y muy caro. Por tanto,
animar a la Cámara a tomar medidas que supongan incrementar el
gasto y que ello repercuta en un incremento de déficit, no es
prudente. Pero es menos prudente si, además, no tenemos, como
digo, la cuantificación global del presupuesto que el Gobierno
quiere presentar para el año que viene.
Esas son las razones, señor Presidente, que mueven a mi Grupo a
anunciarle que votaremos negativamente su propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo no va a apoyar la moción que presenta Izquierda
Unida, como consecuencia de la interpelación de la semana
anterior. Creo que si fue decepcionante, como creemos que fue, la
contestación recibida por parte del Ministro Solbes, respecto a
las líneas que había de seguir el presupuesto para el año
próximo, cosa, por otro lado, bastante previsible, después de una
interpelación muy semejante presentada antes del verano, ya
suponíamos, a la vista del debate de la interpelación, que
difícilmente iba a obtenerse esa información.
Lo que no suponíamos --lo digo con toda sinceridad, y con
amabilidad hacia el señor Ríos-- es que en la moción se nos iban
a recordar cosas que son, algunas de ellas, excesivamente obvias.
El primer punto de su moción recuerda al Gobierno que ha de
cumplir la Constitución y el Reglamento de la Cámara. En eso
estamos todos absolutamente de acuerdo y confiamos en que las
aguas no salgan de ese mínimo cauce que supongo que ha pretendido
reflejar.
En el resto, hay aspectos en los que estamos indudablemente de
acuerdo. Sabe que hemos firmado el Pacto de Toledo, que creíamos
que era uno de los grandes bloques de discusión en la
interpelación que usted suscitó y, naturalmente, desde el Grupo
Popular tenemos intención de llevarlo a buen puerto, tenemos
intención de que se desarrolle con esas garantías de
fortalecimiento, con esas garantías de mejora y robustecimiento
de nuestro sistema público de Segurida Social.
Lo que sucede, es que en este avión Jumbo, grande, que usted nos
ha presentado con su moción, hay algunas cosas --se lo digo con
toda cordialidad-- muy simpáticas. No sé si habrá leído --supongo
que sí-- algunas de las redacciones. Pide que se revaloricen las
pensiones mínimas hasta equipararlas a las pensiones mínimas;
entiendo que usted trata de hablar de salario mínimo. Pero si a
eso le suma en otro momento que pretenden luchar de la misma
manera, porque lo dicen así, contra el fraude y la presión
fiscal, supongo que quieren luchar contra el fraude y en su
filosofía quieren aumentar la presión fiscal. La redacción, desde
luego, también nos podría resultar hasta simpática, si la lucha
es por igual contra el fraude o contra lo que ya son excesos de
presión fiscal. Supongo que no es lo que querían ustedes
expresar.
El resto se presenta como un documento de política económica de
su Grupo. Nos parece respetable. Y entenderá, sin duda, el señor
Ríos, que lo que nos parece es tan respetable como inasumible. De
ahí que, dado que la mayor parte de su moción se conforma en la
base de esa exposición de su posible programa económico, de
actuación presupuestaria, nos resulte, desde la distancia
ideológica y desde un respeto, que nuevamente le manifiesto,
inasumible.
Esos son los motivos --creo haberlos sintetizado-- por los cuales
mi Grupo no va a apoyar la moción hoy presentada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aparicio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, intervengo con toda
brevedad.
No teman SS. SS., que subir a la tribuna no tiene otra finalidad
de poder mirar a la cara al señor Ríos, porque resulta bastante
incómodo el diálogo parlamentario teniéndole a mis espaldas.
Quisiera decirles que, efectivamente, esta moción es consecuencia
del debate que planteó el Grupo Federal de Izquierda Unida en la
interpelación urgente que el pasado miércoles se vio en esta
Cámara, en la que teóricamente manifestaba este Grupo la
necesidad de conocer el tratamiento que daría la futura ley de
presupuestos al sistema público de pensiones y a la política de
protección social. Digo teóricamente, porque luego en la
práctica, como tuvimos ocasión de ver el miércoles pasado y esta
misma tarde, los títulos son simplemente argucias con las que se
adornan iniciativas parlamentarias para conseguir otros objetivos
y para
defender otros contenidos que los que aparecen ritualmente en el
título de las mociones.
Hoy estamos asistiendo al mismo debate que el miércoles pasado.
La propia intervención del portavoz de Izquierda Unida --al igual
que los términos en que se produce la moción-- fue tan
significativa el miércoles pasado que todos los grupos, sin
excepción, y el propio señor Ministro de Economía y Hacienda,
tuvieron que adjetivarlos de atípicos, de inoportunos y de
desconcertantes.
La razón no es otra que la pretensión del señor Ríos de hacer
nada más y nada menos que un debate de totalidad de la ley de
presupuestos, aún inexistente, saltándose a la torera los límites
que marca el Reglamento y también los que señalan la lógica y el
sentido común.
Hoy nos encontramos con la segunda entrega del mismo despropósito
desde nuestro punto de vista, esta vez en forma de moción, que
tampoco resiste el mínimo análisis sobre la oportunidad y sobre
la congruencia que deben tener todas las iniciativas
parlamentarias para que la Cámara no pierda su dignidad y su
función legisladora y no se convierta simplemente en la
formalización de una serie de demandas partidistas o de una serie
de titulares de prensa que no vienen al caso.
Nuestra objeción, por tanto, a esta moción --que, lógicamente, no
vamos a votar favorablemente-- tiene una variada argumentación.
En primer lugar, quisiera, señor Ríos, que usted reflexionara
sobre un argumento serio, aunque pueda parecer formalista. Nos
parece que ustedes, con esta iniciativa, deterioran el espíritu y
colisionan con la propia letra del Reglamento de esta Cámara.
Reglamento que es su garantía como oposición y que es su garantía
como legislador. El reglamento de esta Cámara dedica al debate de
la ley de presupuestos toda una sección, la 2.ª, capítulo III,
dándole fe, como a las orgánicas, unos rituales que marcan
precisamente esta necesidad de adecuar la reflexión de la Cámara
al rigor, a la tranquilidad y, cómo no, al conocimiento previo de
las posiciones gubernamentales y del propio proyecto de ley para
no trabajar, como hace el señor Ríos, con recortes de periódico.
Creemos que sería un auténtico disparate que sustituyéramos el
debate de totalidad de la ley de presupuestos por un debate de
cinco o diez minutos de unas mociones del señor Ríos y que ahora
fijáramos cuál va a ser la política de déficit público, la
política de deuda pública, el capítulo de inversiones, el de
personal, la sección 7.ª, la sección 30.ª Comprenderá el señor
Ríos que esto nos llevaría a hacer un auténtico disparate no ya
de control del Gobierno, sino un auténtico disparate legislativo.
Yo creo que es una carga en profundidad, posiblemente no querida
por usted, pero es la verdad: de seguir lo que usted nos pide
haremos una carga en profundidad a la seriedad y al rigor con el
Congreso de los Diputados que tiene que actuar ante una norma tan
trascendente como es la ley anual de presupuestos.
Desde luego, el disparate es aún mayor cuando ni siquiera el
Consejo de Ministros ha concluido los debates internos para
establecer en sus últimos detalles la propia ley de presupuestos.
Y no digamos cómo se puede adjetivar la iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida si además usted pertenece a un
Grupo que ha dicho que va a presentar una enmienda de devolución
a los presupuestos, sea cual sea su contenido, porque en este
momento lo que les interesa es que esta legislatura termine su
vida y que termine su vida política el Gobierno de la nación.
Al menos debería usted habernos ilustrado qué pasaría si en un
momento de trastorno mental transitorio a los diputados
socialistas se nos ocurre votar su moción. ¿Significa que
Izquierda Unida cambia radicalmente su análisis de la situación
política e inmediatamente estaría dispuesta a que esta
legislatura terminara en su plazo? Comprenderá S. S. que quedaría
bastante mal su Grupo si además de celebrar este debate hoy,
eventualmente triunfante en sus tesis. dentro de 15 días, a pesar
de haber hecho el círculo cuadrado que usted nos propone,
continuara usted en la pinza con el Partido Popular para que
termine la legislatura que en este momento nos reúne a todos en
la Cámara.
Yo creo, señor Ríos, que hay multitud de razones para votar que
no. Pero tengo que emplear dos minutos nada más, señoras y
señores diputados, para hacer algo que en este momento es también
rigurosamente necesario en esta tribuna, y es evitar que esta
posición sea tergiversada después con interpretaciones.
Quiero en ese sentido, señor Ríos, asegurarle que votar en contra
no quiere decir que estemos en contra
--como también ha dicho algún otro portavoz-- de lo primero que
dicen ustedes en la moción: Que el Gobierno traiga la ley de
presupuestos a la Cámara. ¡Por Dios! ¿Cómo iba a hacer otra cosa
el Gobierno que traer, en los plazos que marca la Constitución,
la ley de presupuestos? ¿Y que la ley de presupuestos se va a
poder enmendar en todos sus términos? ¡Por supuesto, señor Ríos!
Ustedes enmienden lo que quieran a la ley de presupuestos, lo
cual no quiere decir que usted pueda pedirnos ahora que vayamos a
votar a favor todas sus enmiendas. Entre otras razones, señor
Ríos, porque, si tenemos ocasión de celebrar ese debate, usted
tendrá que hacer un ejercicio que no ha hecho esta tarde. Es el
ejercicio que a todo responsable político le implica la ejecución
presupuestaria de unos recursos obligadamente escasos, que es el
difícil ejercicio de establecer prioridades. Usted no establece
ninguna prioridad. Usted quiere más de todo, sobre todo de las
cosas que son populares. Usted tendría que venir a la lógica que
traeremos a la ley de presupuestos el Gobierno socialista y el
Grupo Parlamentario Socialista y priorizar los gastos sociales,
cuestión que usted no ha
hecho esta tarde ni en su intervención ni en la moción por
escrito.
Señor Ríos, también quiero darle a usted, pero sobre todo a quien
pueda llegar los términos de nuestro debate, la seguridad de que
esta ley de presupuestos va a cumplir escrupulosamente con todas
y cada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, las que
sean aplicables en el ejercicio de 1996, y que la implementación
legal del Pacto de Toledo, que nosotros vamos a cumplir en todas
y cada una de sus aseveraciones, no sólo en algunas, señor Ríos,
tendrá que venir, como nos están pidiendo las fuerzas sociales,
algunas muy próximas a ustedes, de una forma global, de una forma
coherente y de una forma cohesionada, en una ley específica o al
menos en una ley que contemple en su globalidad el conjunto del
acuerdo al que llegamos el día 6 de abril en la Cámara.
Por último, quisiera decir clara y nítidamente que la ley de
presupuestos, como dijo el señor Ministro de Economía y Hacienda,
va a mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, va a
mantener todos y cada uno de los compromisos que tenemos
adquiridos con las centrales sindicales para toda la legislatura,
en el sentido de que se van a revalorizar las pensiones para que
mantengan la capacidad adquisitiva y a corregir cualquier
desviación que haya entre el IPC previsto y el IPC real; que
igual compromiso se va a mantener con los funcionarios, y que
igual compromiso se va a mantener también con la financiación
sanitaria, es decir, con todos y cada uno de los compromisos. Ya
dijo el señor Ministro en la Cámara el miércoles pasado que estos
presupuestos, que serán restrictivos, sin ninguna duda, tendrán
una sola y única excepción, que es el conjunto de las políticas
sociales a las que el Partido Socialista se ha comprometido con
su electorado y que ahora, más que nunca, la vamos a defender
hasta el final.
Señor Ríos, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista entiende que no se debe votar favorablemente esta
moción. No se debe votar porque no es congruente. No se debe
votar porque no es pertinente, porque no es lógica y porque es
inútil, rigurosamente inútil. Precisamente por respeto a nosotros
y a la Cámara vamos a votar en contra, y por respeto a usted y a
ustedes, que también se lo tenemos, lo que les decimos es que no
acumulen errores a errores y tergiversaciones a otras
tergiversaciones. Por favor, señor Ríos, retire esta moción en
estos momentos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizando el debate,
vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 275; a favor, 13; en contra 262.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Pleno se reunirá mañana, a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.