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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 164, de 12/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 164
Sesión Plenaria núm. 162
celebrada el martes, 12 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8772)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía:
--Del Parlamento de las Islas Baleares, de Reforma del Estatuto
de Autonomía de las Islas Baleares. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 3.1, de 8 de julio de 1993
(número de expediente 127/000003) (Página 8772)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:
--Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza
el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se
conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de
pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer
frente a la situación de gravísima sequía (número de expediente
130/000031.) («Boletín Oficial del Estado», número 188, de 8 de
agosto de 1995.) (Página 8785)
--Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan
medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-
Segura (número de expediente 130/000032.) («Boletín Oficial del
Estado», número 188, de 8 de agosto de 1995.) (Página 8785)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre envases y residuos de envases. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 8.1, de 9 de
julio de 1993 (número de expediente 122/000085) (Página 8998)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre no proliferación de
armas nucleares. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
D, número 239, de 2 de junio de 1995 (número de expediente
162/000200) (Página 8809)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre solicitud
a la Unión Europea del incremento de un millón de toneladas en la
cuota láctea asignada a España. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 146, de 10 de octubre de 1994 (número
de expediente 162/000143) (Página 8818)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política económica para el cumplimiento de los criterios de
convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos
establecidos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 261, de 17 de julio de 1995 (número de expediente
173/000090) (Página 8825)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 165,
de 13 de septiembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8772)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía (Página 8772)
Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares (Página 8772)
En defensa de la propuesta del Parlamento de las Islas Baleares
de reforma del Estatuto de Autonomía intervienen los diputados de
aquel Parlamento, señora Munar i Riutort, señor Orfila i Pons y
señora Vidal i Burguera, destacando la personalidad y hechos
diferenciales de las Islas Baleares que en los últimos años han
sufrido un nuevo retroceso autonómico, de lo que es ejemplo claro
el pacto autonómico alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE,
por el que se quiso homologar a todas las comunidades autónomas.
Destacan que las Islas Baleares tienen todas las características
de una nacionalidad histórica y así lo entendieron los Diputados
de aquel Parlamento, que, sin un solo voto en contra, dieron su
aprobación al proyecto que hoy se somete a este Congreso para su
toma o no en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mur
Bernad y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; señores
Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría
Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y López de Lerma i López, del
Grupo Catalán (CiU); la señora Rivadulla Gracia, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y señores Gilet Girart, del Grupo
Popular, y Costa i Costa, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, es rechazada por 42 votos a
favor, 136 en contra y 126 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-ley (Página 8785)
Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza
el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se
conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de
pesetas al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer
frente a la situación de gravísima sequía (Página 8785)
Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan
medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-
Segura (Página 8785)
El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Borrell Fontelles) explica las razones que han determinado la
promulgación de estos reales decretos-ley, manifestando que los
mismos fueron aprobados el pasado 4 de agosto ante la situación,
caracterizada por la persistencia de la gravísima sequía que
requiere medidas extraordinarias y de urgente necesidad. Muestra
su seguridad en que ambos decretos-ley, inevitablemente
polémicos, serán comprendidos y respaldados por el consejo de
administración de la empresa común que se llama España.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (CiU),
y Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; la señora De Palacio Valle-Lersundi, del Grupo
Popular, y el señor García-Arreciado Batanero, del Grupo
Socialista.
Sometido a votación el Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto,
queda convalidado por 285 votos a favor y 18 abstenciones.
Asimismo se aprueba la convalidación del Real Decreto-Ley 8/1995,
de 4 de agosto, por 164 votos a favor y 144 abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 7/1995, se aprueba
por 165 votos a favor y 143 en contra. Asimismo se aprueba la
tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 8/1995, por
300 votos a favor y tres en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8798)
Del Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre envases y residuos de envases (Página 8798)
El señor Ribó Massó defiende la toma en consideración de la
proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Recuerda que el Ministro de Obras Públicas se comprometió en su
día a la presentación de un plan nacional de medio ambiente con
diversos apartados, entre los que se mencionaba expresamente el
de residuos, promesa que hasta el momento no se ha cumplido.
Alude asimismo a la aprobación el pasado 14 de diciembre de una
directiva europea de envases y residuos de envases, estando a la
espera de que llegue a esta Cámara la trasposición de la misma.
En esta situación, el Grupo de Izquierda Unida quiere superar las
lagunas existentes presentando la iniciativa que ahora defiende
para intentar recuperar el máximo del contenido progresista de la
directiva europea.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Albístur Marín y la señora Rahola i Martínez, del Grupo
Mixto; y los señores Mardones Sevilla, de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Del Burgo
Gallego, del Grupo Popular, y Dávila Sánchez, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza su toma en
consideración por 22 votos a favor, 141 en contra y 140
abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 8809)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre no proliferación de
armas nucleares (Página 8809)
El señor De Puig i Olivé defiende la proposición del Grupo
Socialista. Expone que, ante la aprobación indefinida e
incondicional del Tratado de no proliferación realizado en Nueva
York y por la importancia de la materia en cuestión, su Grupo
Parlamentario tomó la decisión de presentar esta proposición no
de ley para intentar crear un consenso estableciendo unos
criterios básicos en el Parlamento español sobre los temas
fundamentales de la no proliferación nuclear, al margen de otros
aspectos colaterales. Alude a la decisión de Francia de reanudar
las pruebas nucleares, que ha producido un escándalo a nivel
mundial, decisión que su
Grupo Parlamentario considera que es un grave error político, al
igual que sucede con la decisión de China en idéntico sentido.
Concluye explicando el contenido de los distintos puntos que
integran la moción y fijando la posición de su Grupo respecto de
las enmiendas presentadas por otros Grupos de la Cámara, a la vez
que anuncia la presentación de algunas enmiendas transaccionales.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), y
Vázquez Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Albístur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición
Canaria, y Rupérez Rubio, del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición no de ley debatida, es
aprobada por 293 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre solicitud a
la Unión Europea del incremento de un millón de toneladas en la
cuota láctea asignada a España (Página 8818)
La señora Fernández Díaz defiende la proposición de ley del Grupo
Popular por la que solicita que este Congreso inste al Gobierno
para que urgentemente negocie con las pertinentes instancias
comunitarias al objeto de que sea concedido un incremento de un
millón de toneladas de la cuota láctea asignada a España como
cantidad de referencia, y ello después de un estudio exhaustivo
de la problemática del sector lácteo, a cuyo efecto se han
reunido con los sectores implicados.
La señora Gorostiaga Saiz defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista. Para fijación de posiciones intervienen el
señor Tubert i Alsina, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y
la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Popular por 274 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8825)
Del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de política
económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia
con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos (Página 8825)
El señor Montoro Romero defiende la moción del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, por el Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del
Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergencia
i Unió); Frutos Gras, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular por
116 votos a favor y 154 en contra.
Se suspende la sesión a las once horas y treinta minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Como asunto previo al orden del día vamos a proceder al juramento
o promesa de acatamiento a la Constitución por parte del
diputado, proclamado electo por la Junta Electoral Central, don
José Luis Landero Mateos en sustitución de doña María Teófila
Martínez Saiz.
Don José Luis Landero Mateos, ¿jura o promete S. S. acatar la
Constitución?
El señor LANDERO MATEOS: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don José Luis Landero Mateos ha adquirido la
condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA:
--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES DE REFORMA DE ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES (Número de expediente 127/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: debates de
totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares formulada por el Parlamento de las Islas Baleares.
Para la defensa de esta propuesta tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Munar i Riutort.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Munar i
Riutort): Señor Presidente, señoras y señores diputados, el tema
de la categoría de la autonomía es uno de los importantes que
recoge la Constitución; uno de los más importantes porque
establece la jerarquía y, por tanto, el peso político de las
distintas comunidades autonómas. El reconocimiento de la
personalidad de las Islas Baleares, el reforzamiento de nuestra
identidad nacional y la consecuencia de unos márgenes suficientes
de autogobierno y, por tanto, de decisión, han sido una
reivindicación histórica y además justa de nuestra comunidad. Y
es que tenemos muchos hechos diferenciales. En primer lugar el
geográfico; el ligüístico y también el cultural. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Munar i
Riutort): Las Islas Baleares son una nación, un país con lengua
propia, con cultura propia, con un Derecho propio, también con
historia propia, y hemos sido capaces de conservar, a través del
tiempo, nuestra personalidad.
En los últimos años las Islas Baleares han sufrido un grave
retroceso autonómico, y un ejemplo clarísimo de ello es el Pacto
Autonómico, un pacto que quiso homologar todas las autonomías,
todas las distintas comunidades autónomas, y es que
desgraciadamente siempre el PP y el PSOE, a pesar de sus muchas
diferencias, se ponen de acuerdo a la hora de perjudicar a
nuestra comunidad.
El pacto constituyó una grave interferencia en el ejercicio de la
autonomía, un importante retroceso competencial, que nació del
concepto que existe aún hoy por hoy de la indefinición permanente
del Estado de las autonomías. Esta situación ha sido agravada por
la interpretación restringida que ha hecho el Gobierno de las
competencias que otorga la Constitución a los distintos
estatutos, y en concreto al nuestro. Si comparamos nuestro
estatuto con el de otras nacionalidades históricas, observamos
que en nuestro marco estatutario se introducen conceptos que
limitan muchísimo nuestras posibilidades de autogobierno.
Los vascos y navarros reivindicaron el restablecimiento y
mantenimiento de los Fueros, ya que el foralismo se conservó
prácticamente igual hasta nuestros días. En otras comunidades
históricas, como la catalana o la nuestra, el nacionalismo
evolucionó de forma diferente. A partir de 1714 los Decretos de
Nueva Planta anularon nuestros derechos y nuestras instituciones
de autogobierno, a pesar de que fue Mallorca el último reducto
que sobrevivió a estos decretos. Así pues, los compromisos del
Estado español con las nacionalidades forales estaban muy claros
desde el primer momento.
Por otra parte, y por el peso político del Principado catalán, a
Cataluña se le reconoció un techo estatutario superior al del
resto de las otras comunidades, a deferencia de la nuestra, las
Islas Baleares, que con una historia política e institucional
paralela vio como todas sus aspiraciones autonómicas se veían
frustradas en el Estatuto de 1983. Esto sucedió a pesar de que
los principales grupos políticos que participaron en aquellos
momentos en las negociaciones del régimen autonómico balear,
entre los que estaba el Presidente de la Asociación Balear, hoy
Presidente del Congreso de los Diputados, consideraron que era
innegociable el acceso a la autonomía por otro artículo que no
fuera el que en principio se había acordado, el 151. El resultado
de esta situación es, entre otras muchas cosas, que ahora el
Estado español cuenta con tres modelos estatutarios: el de las
autonomías de concierto, el de las nacionalidades reconocidas
como históricas con otras que no lo eran pero a las que han
asimilado, y las llamadas de vía lenta.
El Estatuto de las Islas Baleares, de 1983, fue producto de un
acuerdo con el Estado para garantizar una transición democrática
y para resolver un problema, el de la transición autonómica; un
acuerdo a través del cual asumimos la generalización estatutaria;
un acuerdo a través del cual asumimos que todos seríamos iguales.
Todos los que negociaron así lo entendieron, pero el Estado no ha
respetado este acuerdo y lo ha roto.
El texto presentado hoy por Unión Mallorquina y aprobado por la
mayoría del Parlamento balear, el Partido Popular incluido,
recoge los derechos que reconoce la Constitución a las
comunidades históricas como expresión de nuestra voluntad de
afirmación y de defensa de nuestra propia identidad.
La reforma estatutaria se resume en la primera enmienda donde se
dice que se modifica «el pueblo de las Islas Baleares» como
expresión de su identidad histórica por algo mucho más real que
es «los pueblos de las Islas Baleares», porque no somos un único
pueblo, sino Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, tres
personalidades distintas pero una nación verdadera por el hecho
de que los pueblos de las Islas Baleares son expresión de su
nacionalidad histórica. Esta modificación reconoce a las islas
como una nacionalidad; una nacionalidad sin Estado; una
nacionalidad que se conforma ya en el siglo XIII como la realidad
territorial del Reino de Mallorca, que se concreta en el mismo
momento en que Jaime I otorga a los mallorquines la Carta de
Franquezas, Carta que después dio a los menorquines y que hizo
entrega más tarde de la Carta de Poblament a los ibicencos. Son
setecientos años de historia y refuerzan, cómo no, nuestro
sentido de identidad nacional.
En esta reivindicación del Estatuto tenemos precedentes: El
anteproyecto de Estatuto de la Islas Baleares, de 1931, y sobre
este proyecto saldría el denominado proyecto de Estatut de
Mallorca e Ibiza. El proyecto del Monasterio del Cura, de 1977,
supuso la
cristalización de los sentimientos y demandas colectivas del
pueblo de las Islas Baleares.
Señoras y señores Diputados, el Reino de Mallorca es anterior a
la España de las autonomías; es anterior a la Constitución y por
este motivo reivindicamos los setecientos años de su historia, de
lengua, de cultura, de instituciones, de conciencia colectiva y
de derechos y en nombre de la esencia que nos caracteriza y que
nos singulariza como pueblo solicito a los Diputados de esta
Cámara que voten afirmativamente la reforma de nuestro estatuto.
Este voto servirá para reconocer el derecho que tenemos a
autogobernar nuestro propio destino, tal como reconoce la
Constitución aunque desgraciadamente haya muchos grupos en esta
Cámara que no crean en el verdadero significado de lo que fue la
transición y la profundización del Estado de las Autonomías y
esconden, bajo metáforas tan altisonantes como abstenciones
positivas, sus íntimos sentimientos poco democráticos contrarios
a lo que ha decidido el Parlamento de las Islas Baleares y que
demuestran existe aún el sentimiento de una España imperial y
totalmente centralista.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Munar.
Tiene la palabra el señor Orfila i Pons.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Orfila i
Pons): Señor Presidente, señoras y señores diputados, es un honor
para mí intervenir en el Congreso de los Diputados en
representación del Parlamento de las Illes Balears para defender
el proyecto de reforma del estatuto de autonomía; un proyecto que
comenzó a debatirse en 1990 y ha necesitado cinco años y cuatro
meses para llegar a este plenario. Debe tratarse, sin duda, de la
más larga tramitación de un proyecto de ley que se recuerde y que
ha necesitado de un constante recordatorio por parte del
Parlamneto de las Illes, que año tras año y por unanimidad, ha
aprobado resoluciones instando a su rápida tramitación con un
resultado, por otra parte, evidente: 281 semanas, 1.967 días,
todo un récord de celeridad, agilidad y eficacia que los
ciudadanos sabrán apreciar en lo que vale.
Mi país, las Illes Balears, tuvo la desgracia de acceder a la
autonomía a través de la vía del artículo 43 de la Constitución.
Fue una víctima más de aquella política del café para todos, pero
«light», es decir, sin cafeína, que impulsó la fenecida UCD con
el consenso de las fuerzas hoy mayoritarias en esta Cámara. Así
con la aprobación de nuestro estatuto se consagraba una autonomía
de tercera regional muy lejos del objetivo de autogobierno al que
aspirábamos muchos ciudadanos de las Illes. Conscientes de ello,
se inició la tramitación de este proyecto consiguiendo,
finalmente, la aprobación del Parlamento, en enero de 1991, sin
un solo voto en contra. La clara voluntad de la Cámara de
soberanía popular de las Illes Balears quedaba perfectamente
demostrada. Es precisamente desde esta clara voluntad de los
representantes de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, que acudimos hoy al Congreso de los Diputados, para
pedirles, señorías, que, respetándola, emitan su voto favorable a
la toma en consideración de este proyecto. Lo que está en juego,
señoras y señores diputados, es el respeto que les pueda merecer
la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de las Illes
Balears manifestada a través de sus representantes en el
Parlamento de ejercer el derecho reconocido por la Constitución,
de dotarse de mayores niveles de autogobierno de acuerdo con los
mecanismos establecidos por la propia Carta Magna.
Mi país, las Illes Balears, tiene, señorías, todas las
características de una nacionalidad histórica. Lengua propia (el
catalán), y una cultura y unas tradiciones que, junto con el
hecho insular --esta pluriinsularidad que tanto nos marca y
condiciona-- exigen un tratamiento específico que de ninguna
forma puede verse satisfecho con el actual nivel de autonomía, de
autogobierno, contenido en nuestro estatuto de autonomía. Así lo
entendieron los diputados del Parlamento que, sin un solo voto en
contra --hay que repetirlo--, dieron su aprobación al proyecto
que hoy deben ustedes decidir si toman o no en consideración.
Me atrevo, señorías a hacerles una simple reflexión, una llamada
a ejercitar la necesaria coherencia en esta cuestión; necesaria,
muy especialmente, en unos momentos en los que el ejercicio de la
política ha llegado a los más altos niveles de desprestigio
precisamente por esta falta de coherencia. Los ciudadanos están
dolorosamente hartos de escuchar dobles lenguajes, de asistir,
una y otra vez, a una especie de doble juego que posibilita que
quienes les representan formulen promesas que jamás se cumplen,
abran expectativas que jamás llegan a realizarse, prometan
solemnemente aquello que saben irrealizable.
En aras de esta coherencia, pedimos a las señoras y señores
Diputados del Grupo Socialista que respeten la actitud de sus
compañeros del Parlamento de las Illes Balears y si no avalan con
su voto positivo la iniciativa, se abstengan en la votación, como
hicieron sus diputados en el Parlamento de las Illes. Somos
conscientes de que el texto que llega a esta Cámara tiene mucho
que mejorar, que puede sufrir rectificaciones, pero permítanme
decirles que sería difícilmente justificable una actitud de
bloqueo, de rechazo a la misma posibilidad de reforma, una
oposición frontal a una propuesta que emana de la Cámara que
representa la voluntad del pueblo de las Illes Balears; un pueblo
que tiene cada vez más la sensación de estar ante un Estado muy
eficaz como recaudador de impuestos, pero avaro en las
inversiones y siempre, siempre celoso de sus competencias.
La misma coherencia pedimos al Grupo Popular. ¿Cómo podría
entenderse que el mismo partido que promueve una propuesa y la
defiende apasionadamente
en el Parlamento de las Illes Balears no vote a favor de que se
tome siquiera en consideración en el Congreso? ¿No sería el
reconocimiento explícito de que los Diputados populares del
Parlamento de las Illes actuaron movidos únicamente por
motivaciones electoralistas cuando promovían este proyecto? ¿No
sería la prueba definitiva del poco peso que tiene el PP de
Baleares en el seno del Partido a nivel estatal?
Hace unos pocos días una dirigente del PP en Baleares, presente
en esta Cámara, pedía un gesto a José María Aznar, un gesto para
contribuir a cerrar las heridas producidas por el cese fulminante
del anterior Presidente del Gobierno de las Baleares, disfrazado
de dimisión y teledirigido desde la cúpula del PP en Madrid. Hoy
tienen esa oportunidad; no desautoricen nuevamente a los
dirigentes del PP de Baleares.
¿Quieren que les recuerde las declaraciones que sobre la cuestión
han ido realizando los dirigentes de su partido en Baleares? ¿Se
llegará al absurdo de que determinados diputados del PP, hoy en
esta Cámara, voten de forma diferente a como lo hicieron cuando
estaban en el Parlamento balear? ¿Qué peso tendrá el llamamiento
que realizó hace unos días el Gobierno balear a los diputados del
PP para que diesen su voto afirmativo? ¿En qué va a quedar su
credibilidad si no lo hacen?
Finalmente, espero que el voto de los Grupos Catalán y Vasco, así
como el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el de los
demás diputados que integran el Grupo Mixto, sea favorable a la
toma en consideración, desde la actitud de respeto que suelen
mostrar a las iniciativas que provienen de los parlamentos
autonómicos.
Señoras y señores diputados, el Pacto Autonómico implicó una
reforma estatutaria tan condicionada que no se aceptó la más
mínima modificación de los términos pactados, de tal manera que
incluso fue imposible modificar pequeñas cuestiones, como aquella
equivocación --el lapsus del artículo 24 del Estatuto-- que
permite que los Diputados del Parlamento de las Illes puedan ser
detenidos, pero no retenidos, al contrario de lo que prevén los
demás estatutos de autonomía. Un lapsus que no pudo ser corregido
cuando se aprobó la reforma, fruto del Pacto Autonómico, porque
las órdenes llegadas a Madrid impedían modificar un solo punto,
una sola coma, porque tan absurda llega a resultar la disciplina
ciega. Por ejemplo, la nuestra sigue siendo, señoras y señores
diputados, la única comunidad desde la que no podemos regular los
horarios comerciales siendo, como es, una de las zonas que más
problemas tiene referidos a este sector.
Hoy, señoras y señores diputados, las miradas de los ciudadanos
de las Illes Balears están centradas en este debate; en él se
juega la credibilidad de determinados partidos, pero también, y
eso es más importante, el propio prestigio del Parlamento. Del
voto de SS. SS. depende el resultado. Sólo espero que un día,
pronto, en la próxima confrontación electoral, y sea cual sea su
actitud, el pueblo tenga suficiente memoria para no olvidarlo y
pedir las correspondientes responsabilidades. En cualquier caso,
sepan que si el peso de los votos impide hoy este avance del
autogobierno de las Illes Balears, desde ellas seguiremos
luchando para conseguirla con la fuerza que nos da la razón,
porque, como recordaba el recientemente fallecido cantautor
mallorquín Guillem dþEfak... (El orador pronuncia varias frases
en mallorquín.)
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Orfila.
Tiene la palabra la señora Vidal i Burguera.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Vidal i
Burguera): Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados en
nombre del Parlamento de las Islas Baleares tiene como única
finalidad apoyar, defender y promover la reforma del Estatuto de
las Islas Baleares, que contó con el voto mayoritario de los
grupos de la Cámara balear hace ya cinco años.
Me toca comparecer en esta respetable tribuna cuando este
Congreso de los Diputados está recorriendo los últimos pasos de
su carrera, debido a causas de todos conocidas; por tanto, quiero
destacar la inoportunidad de este debate. Esta proposición de ley
ha estado cinco años en el ángulo oscuro de esta Cámara y hoy se
desempolva y se saca a la luz, aun a sabiendas de que no será
esta Cámara, con esta composición, quien la apruebe, quien la
debata, ni quien la tramite. Esta fue una iniciativa tomada en la
segunda legislatura autonómica y estamos ya en la cuarta; por
tanto, creo que se ha de denunciar la maniobra dilatoria, el
retardar, este debate después de dos elecciones autonómicas, unas
europeas, otras generales y estando al caer otras generales, para
proponerlo en este momento, cuando la propia Cámara está en
trance de disolución.
Señorías, la reforma del estatuto fue planteada por todos los
grupos del Parlamento de las Islas Baleares, a excepción del
Socialista, debido a la negativa del Partido Socialista y del
Gobierno de la nación a ceder competencias a las comunidades
autónomas. Eran los tiempos de la larga sequía competencial, del
parón autonómico, fomentado y patrocinado por el Gobierno de la
nación y por el partido que le daba apoyo. Esto obligó al
Parlamento de las Islas Baleares a promover diferentes
iniciativas legislativas de modificación del techo competencial
que fueron reiteradamente rechazadas por la mayoría de este
Congreso de los Diputados. Me estoy refiriendo a materias que
para una comunidad con una estructura territorial y política
diferenciada debido al hecho insular, que históricamente ha
tenido instituciones propias de autogobierno y que tiene unas
características de lengua y cultura propias, eran básicas para
dar cumplimiento al artículo 138.1 de la Constitución, que obliga
al legislador y
al Ejecutivo a que el hecho insular tenga un tratamiento
diferencial y específico.
Las iniciativas propuestas por el Parlamento de las Islas
Baleares hacían referencia a temas de tanta importancia para
nuestras islas como la enseñanza, aguas y aprovechamiento
hidráulico, así como otra serie de competencias que significaban
llenar de contenido algunas lagunas de nuestro estatuto.
A la vista del escaso eco que estas iniciativas tenían ante el
legislador las reformas de los estatutos de autonomía eran la
forma de romper el bloqueo y la manera de atravesar aquel muro
infranqueable que el Partido Socialista había levantado en torno
a las instituciones del Estado. Se producía al mismo tiempo una
situación de agravio comparativo entre comunidades porque las
llamadas históricas sí estaban avanzando en la asunción de
competencias; se estaba abriendo una grave brecha entre las
comunidades históricas y las del 143, cada vez más separadas. La
reforma de los estatutos y la denominada asunción diferida de
competencias era por tanto una aspiración justa de las
comunidades que habían accedido por la llamada vía lenta para
equipararse a unos niveles homogéneos de autogobierno, porque vía
lenta no significa vía muerta, significa que todos los caminos
llevan a la misma meta; aunque unos lo hagan mediante una carrera
avanzada de velocidad y otros lo hagan en carrera de fondo el
final siempre es el mismo, a no ser que queramos consagrar
privilegios de unos ciudadanos sobre otros por el simple hecho de
haber nacido en comunidades diferentes. De la misma manera,
homogeneidad tampoco es sinónimo de uniformidad; existen hechos
diferenciales, objetivos contemplados en la Constitución y
solamente estos hechos diferenciales deben dar pie a tratamientos
específicos que pongan a esas comunidades en un plan de igualdad
con el resto. Los hechos diferenciales, por tanto, son sólo
caminos para eliminar los obstáculos que no permiten a unas
comunidades situarse en el mismo plano de igualdad que el resto.
En nuestro caso concreto me refiero al hecho geográfico de la
insularidad, y más todavía al hecho de ser archipiélago, que nos
obliga a la prestación de servicios en cada una de las islas con
los costos adicionales que esto supone respecto a una comunidad
peninsular. Otros hechos diferenciales de importancia son la
cultura y la lengua, que como legado histórico y como señas de
identidad es nuestra obligación defender y promover.
Desde que en el año 1991 se presenta esta iniciativa ante esta
Cámara muchas de sus propuestas han sido superadas por la propia
dinámica de los hechos posteriores. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Vidal.
Señorías, guarden silencio.
Señora Vidal, le ruego vaya concluyendo.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Vidal i
Burguera): Voy terminando.
En el año 1992 se firma el Pacto Autonómico, mediante el cual se
consigue que entren en el mismo muchas de las competencias que
hoy se proponen con la reforma del estatuto. El Pacto Autonómico
supone la asunción de 32 nuevas competencias, entre ellas aguas,
educación e Inserso, de las que antaño fuimos privados.
Señorías, el Parlamento de las Islas Baleares tiene planteada
ante esta Cámara otra iniciativa íntimamente relacionada con esta
reforma estatutaria; se trata del régimen económico y fiscal que
pueda dar cumplimiento al citado mandato constitucional de
atención al hecho diferencial y a los costos añadidos que supone
el hecho insular. No obstante, éste será motivo de otro debate en
esta misma Cámara, y para nosotros, para el Parlamento de las
Islas Baleares y para los ciudadanos de esta Comunidad será
momento de máxima atención. Pero el motivo de estar hoy aquí es
el debate de la toma en consideración de la reforma del Estatuto
de Autonomía, que pierde cierta virtualidad al haber transcurrido
cinco años desde su aprobación por la Cámara Balear; sin embargo,
dado que consideramos que el espíritu de la reforma se mantiene
vivo, comparezco hoy ante ustedes para cumplir con el encargo
parlamentario de su defensa. Ustedes, señorías, tienen la última
palabra.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vidal.
Turno en contra. (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en este debate de totalidad sobre la
proposición que nos llega hoy del Parlamento de las Islas
Baleares, y después de saludar y felicitar a los representantes
del Parlamento balear por sus intervenciones, empezaré diciendo
que compartiré el tiempo con mi compañera del Grupo Mixto y, que,
en aras de la brevedad, en mi intervención, recogeré también el
sentir de Unión Valenciana.
Quiero felicitar sinceramente al Parlamento de las Islas
Baleares, como mínimo, por la oportunidad que ha tenido de
debatir esta tarde aquí su reforma de Estatuto, máxime cuando en
un plazo de dos años hemos visto en esta Cámara dos intentos de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el
primero hace dos años, en el año 1993, que fue consecuencia
directa del pacto autonómico firmado entre el Partido Popular y
el Partido Socialista, dos partidos tan distintos en apariencia y
tan iguales en todas aquellas cuestiones de materia autonómica.
Hoy se presenta una nueva propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía, ésta aprobada por la voluntad soberana del Parlamento
balear, que es anterior en el tiempo a la que ya se tramitó en
1993. Por esas cosas que pasan aquí a la
hora de incluir en el orden del día de los plenos las propuestas,
aquélla, la que correspondía al pacto autonómico, se vio hace
mucho tiempo, y ésta, la que hoy se tramita, que es aprobada
anterior en el tiempo en el Parlamento balear, ha tenido que
esperar dos años para venir hoy a este debate. Por tanto, tengo
que felicitarles porque, por hacer mención al caso aragonés, he
de recordar a SS. SS. que también estamos esperando desde hace
mucho tiempo la oportunidad de debatir aquí una reforma de
estatuto de autonomía que fue aprobado por unanimidad de nuestro
Parlamento regional y que, al paso que vamos, no sé si será
posible iniciar la tramitación y, en todo caso, será muy difícil
que ésta concluya.
El Partido Popular y el Partido Socialista, con sus votos, aquí,
impiden muchas veces que la voluntad política de los parlamentos
regionales no tenga una traducción directa en la tramitación en
esta Cámara. Para ellos, lo que es prioritario, lo que es
urgente, lo que es importante en las respectivas autonomías,
cuando llegan aquí las propuestas deja de ser importante, deja de
ser urgente, deja de ser prioritario. Aquí descubrimos el doble
lenguaje que en esta materia practican los partidos estatales.
Aquí dicen una cosa; allí, en las respectivas autonomías, dicen
otra, y ese comportamiento resulta más habitual cuando se trata
de debatir temas autonómicos. Quizás hoy, señorías, con objeto de
este debate que tiene lugar sobre la reforma del Estatuto de las
Islas Baleares, asistamos una vez más a la esquizofrenia política
que invade a los partidos estatales. Allí, el Partido Popular
apoyó entusiásticamente el texto que hoy estamos debatiendo. El
PSOE se abstuvo. Hoy, al parecer (lo veremos dentro de unos
minutos), será otra cosa, demostrando que no hay coherencia o, lo
que es peor, que hay una subordinación de los de allí, de los
compañeros de estos partidos, a los de aquí, a lo que deciden las
ejecutivas nacionales. Por tanto, no es de extrañar, señorías,
que con estos comportamientos tan difíciles de entender por los
ciudadanos, al final, éstos pasen de nosotros, dejen de confiar
en la clase política, porque si somos capaces en asuntos tan
serios, que conciernen nada más y nada menos que a la
configuración del Estado, si, como digo, los partidos estatales
son capaces de hacer estos juegos malabares, no es de extrañar
que los ciudadanos pasen de los políticos y que cueste trabajo
hacerles creer que hacemos una labor coherente y que estamos
buscando lo mejor para el conjunto del Estado español y para cada
una de las nacionalidades y regiones que lo integran. En este
contexto, señorías, resulta francamente difícil entrar a fondo en
el texto presentado, que es lo que hoy deberíamos hacer; evaluar
qué contenido político tiene el texto que hoy sometemos a este
debate.
Nosotros, en principio, desde el Partido Aragonés y desde Aragón,
como profundos autonomistas que somos, respetamos el texto que el
Parlamento balear, en uso de su soberanía, ha aprobado. Si allí
les parece bien, si allí les parece suficiente, si allí lo
encuentran acomodado, nosotros no tenemos nada que decir. Es más,
sí que nos gustaría hacer nuestros, del Partido Aragonés y de
Unión Valenciana, los argumentos que aquí ha expresado tan
magníficamente la Diputada de Unión Mallorquina, en nombre del
Parlamento balear. Porque hay que valorar muy positivamente el
avance que supone este texto para el autogobierno de las Islas
Baleares, un texto que aumenta el techo competencial, que crea
figuras como el de la policía autónoma, que trata el tema
económico con un régimen especial de concierto, que son en todo
caso propuestas novedosas para las autonomías del 143 y que son
en todo caso avances muy positivos.
Señorías, yo anuncio que si hoy este texto que se somete a debate
supera la votación de totalidad, nosotros seguiremos apoyándolo
en el trámite de Comisión. Y, en todo caso, si hoy, precisamente
por el comportamiento de los partidos mayoritarios, de los
partidos estatales, se produce una votación esquizofrénica y
difícil de entender, creo que el debate habrá merecido la pena,
aunque solamente sea para hablar de autonomías y para poner de
manifiesto el doble lenguaje, el doble comportamiento de algunos
partidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
La señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, les Illes Balears llegaron al año 1990 con unas
competencias que eran, y siguen siendo, inferiores a las de
cualquier otra comunidad autónoma con lengua propia. Llegaron al
año 1990 siendo las únicas islas de la Unión Europea sin un
sistema fiscal propio y hoy siguen igualmente discriminadas.
El pueblo de les Illes, mediante sus legítimos representantes en
el Parlamento balear, inició el 2 de mayo de 1990 el camino hacia
la reforma del Estatuto de Autonomía, que según el artículo 148.2
de la Constitución es el procedimiento ordinario para ampliar las
competencias. La vía alternativa, traspaso de competencias
mediante una ley orgánica de las Cortes Generales, es un
procedimiento extraordinario que no requiere ni en su aprobación
ni en su derogación el voto del Parlamento balear, ni lo que es
lo mismo, el consentimiento del pueblo afectado. La reforma del
Estatuto es, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, la
manera de elevar el techo competencial que más respeta y
consolida la determinación de la población de les Illes.
Esta nueva circunstancia sería más que suficiente para que esta
Diputada y Esquerra dieran su voto afirmativo al proyecto de
estatuto y pidieran al resto de la Cámara que obrase en el mismo
sentido. Pero sería una frivolidad imperdonable terminar aquí la
argumentación, porque si el pueblo de les Illes exige ampliar sus
márgenes de autogobierno es más por
imperiosa necesidad que por ejercitar un legítimo derecho.
Les Illes forman la comunidad autónoma económicamente más activa
del Estado español, pero no tienen los instrumentos políticos,
económicos y fiscales para sostener en condiciones adecuadas esta
actividad. Vayan ustedes desde Palma hasta su universidad y
circularán por una carretera de tercera categoría que ha de
soportar más de 10.000 vehículos de tránsito diario. Vayan
ustedes a sus hospitales públicos y verán que muchos pacientes
han de ser atendidos en los pasillos. Vayan ustedes a sus pueblos
y encontrarán que en algunos no hay instalaciones deportivas ni
tan sólo agua corriente. Les Illes en cuanto a infraestructuras
públicas tienen unos déficit que son gravísimos.
Todo esto ocurre en la comunidad con más renta, porque sus
habitantes son los que más contribuyen con sus tributos, pero son
de los que menos reciben del Estado en gasto público. El drenaje
fiscal que soportan estas Illes equivale anualmente al 10 por
ciento de lo que producen y esta solidaridad es de 20 a 30 veces
superior a la que el Estado considera inasumible para con los
países verdaderamente necesitados, por ejemplo el tercer mundo.
Durante los últimos 25 años la inversión de la Administración
central en les Illes ha sido un 20 por ciento inferior a la media
estatal. Imaginen ustedes el déficit en infraestructuras que han
acumulado en este período. Imaginen, por ejemplo, los cientos de
miles de millones que se necesitan para dotar a les Illes de unos
servicios públicos equiparables a los de cualquier otra comunidad
autónoma. Y aquello que no ha hecho el Estado, en la situación
actual, no puede hacerlo el Gobierno autonómico pues su
presupuesto no alcanza el dos por ciento del PIB de su
territorio. Basta constatar que tiene sólo dos funcionarios
autonómicos por cada 1.000 habitantes, cuando son seis en la
comunidad autónoma que tiene menos.
La Constitución, en su artículo 138.2, afirma que las diferencias
entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas no
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o
sociales. Y es evidente que el actual Estatuto ha implicado una
notoria desventaja para la comunidad autónoma de les Illes, que,
en este sentido, sería hasta inconstitucional.
Después de tantos años de maltrato fiscal es lógico que la
comunidad autónoma de les Illes quiera dotarse de un instrumento
que asegure la satisfacción de sus necesidades a la hora de
financiar los servicios públicos. Este instrumento es el
concierto económico con el Estado, que figura en el proyecto de
estatuto y que recuerda el artículo 26 del proyecto de estatuto
para Mallorca e Ibiza durante la República: La contribución de
los territorios de les Illes de la República española será
regulada en cada una por los regímenes económicos que acuerden
con el Estado. Este nuevo estatuto, como el republicano, no niega
la solidaridad con el resto del Estado sino que la concierta, la
acuerda.
Fiscalmente el Estado español ha actuado en les Illes de una
manera anómala, si tenemos en cuenta que son las únicas islas de
la Unión Europea que no poseen un régimen fiscal diferenciado del
del continente. El nuevo estatuto ha de corregir esta anomalía.
Sin embargo, no sólo son económicas y fiscales las insuficiencias
que necesitan ser corregidas. Les Illes, por su historia pasada y
por su determinación presente, tienen derecho a asumir el máximo
autogobierno, y es lo que han hecho con mesura. El proyecto
incorpora las competencias que figuran en los estatutos de las
otras comunidades autónomas, incluidas las llamadas históricas o
del artículo 151.
En su relación con la Corona española, les Illes... (Fuertes
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio por
consideración a la Cámara, a la Diputada que ocupa la tribuna y a
quienes tienen que realizar su trabajo, que es prácticamente
imposible en las circunstancias en las que se está desenvolviendo
el Pleno. (Rumores.) Señor Alonso Buitrón, le ruego guarde
silencio.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: El proyecto incorpora las
competencias que figuran en los estatutos de las otras
comunidades autónomas, incluidas las llamadas históricas o del
artículo 151.
Entendemos, pues, que en democracia los demócratas estamos
obligados a definir las comunidades históricas usando criterios
más objetivos que los derivados de la insurrección de épocas
anteriores. Les Illes, se reconozca o no, son una comunidad
histórica con los mismos derechos que los demás. Esquerra, pues,
recogiendo su propio sentir y el sentir cultural balear, que así
nos lo ha pedido, votará favorablemente el estatuto propuesto por
los ciudadanos de les Illes, porque es de justicia hacerlo, por
sentido demócrata y por necesidad económica y política de sus
ciudadanos, pero no ignora que entre esta toma en consideración
por el Parlamento balear en 1990 y la presentación hoy en esta
Cámara del nuevo estatuto se ha producido el acuerdo entre el
Partido Socialista y el Partido Popular para controlar el proceso
de ampliación de competencias de las comunidades autónomas. Este
pacto centralista, mal llamado pacto autonómico, tendrá la virtud
de hacer abortar por segunda vez en la historia un intento serio
de alcanzar cotas importantes de autogobierno por parte de les
Illes. En 1936 el alzamiento franquista acabó con las esperanzas
de un estatuto avanzado; que la democracia no cometa, pues, el
mismo error y la misma grave injusticia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria saluda con gran cordialidad a los tres honorables
representantes del Parlamento de las Islas Baleares, mostrándoles
nuestra identificación como partido también nacionalista en el
ámbito de la España archipielágica, en el archipiélago canario,
para sintonizar y comprender lo que es una demanda democrática.
Coalición Canaria va a votar favorablemente y a apoyar con su
voto positivo esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía
de las Islas Baleares fundamentado en tres razones principales:
en primer lugar, porque de su detenida lectura vemos que se
contempla y está enmarcado exactamente en los principios de la
Constitución Española; de todos los puntos que aquí se traen,
ninguno de ellos menoscaba ni se sale del Título VIII de la
Constitución Española y, por tanto, es garantía suficiente
constitucional para que demos aquí el primer avance de nuestro
voto positivo.
En segundo lugar, porque, vistas las actas y documentos de los
debates y votaciones ocurridas democráticamente en el Parlamento
de las Islas Baleares, vemos que gozó en su momento, junto a las
iniciativas de los proponentes, del apoyo mayoritario de la
mayoría de las fuerzas políticas allí representadas, y es norma
de Coalición Canaria, una vez que se garantiza ese primer
principio de adecuación al marco constitucional, apoyar toda
iniciativa de un parlamento autonómico del Estado español.
En tercer lugar, porque nosotros sintonizamos muy de cerca y nos
congratulamos de que este contenido, que viene aquí
democráticamente aprobado en su momento, como he dicho, por
mayoría en el Parlamento de las Islas Baleares, viene a reconocer
una serie de aspectos que nos son comunes. Lamentablemente,
Coalición Canaria se encuentra en la situación de ver que la
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias no ha venido parejo
con éste de las Islas Baleares para que hubiera sido aprobado por
esta Cámara, como hubiéramos querido, pero quiero aprovechar para
resaltar que aquellos valores positivos de la España de las
autonomías que nos marca nuestro Título VIII de la Constitución
pueden encontrar en esta reforma del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares los mejores valores políticos, sociales,
económicos y, sobre todo, democráticos de convivencia. Lleven
ustedes, honorables representantes, este mensaje de solidaridad.
Vemos que en su modificación del artículo 10 se da entrada y
cabida a las nuevas competencias exclusivas de la Comunidad
Balear poniéndolas en línea y tono con cualquier otra, salvo
alguna de las históricas, del Estado español. Si hacen falta
títulos históricos, nosotros, incluso, nos sentimos solidarios
con el reconocimiento de una nacionalidad histórica, puesto que
en confrontaciones a lo largo de los siglos con otras potencias,
la integridad del territorio español tuvo momentos de pérdidas
que tuvieron que soportar y sufrir parte de las Islas Baleares.
El artículo 18, en su modificación, nos parece necesario
precisamente para armonizar instituciones de ámbito total de la
comunidad autónoma con lo que son, en el ámbito de la Comunidad
Canaria, los cabildos insulares, en este caso equiparados en la
citación expresa que se hace a los «consells» insulares, los tres
en que ustedes se constituyen; llevar al ánimo de los insulares
que «consells» insulares como los de Mallorca y Menorca y los de
Ibiza y Formentera constituyen también parte de esa convivencia
democrática es fundamental y nos congratulamos de que esté
recogido aquí.
Se señalan competencias en los artículos 28, modificado, y
siguientes para el Parlamento de las Islas Baleares, verdadero
lugar de encuentro de todos esos principios de convergencia
democrática. Se señalan competencias en el artículo 39 a estos
citados «consells» insulares, porque no solamente basta este
reconocimiento de un hecho de autogobierno insular, que es donde
el ciudadano residente en Baleares tiene todos los pros y los
contras de la convivencia, desde las limitaciones de recursos
hasta la intimidad del hecho democrático, lo que nos parece
positivo.
Qué decir de los artículos 56 y siguientes, que vienen a señalar
todo un ordenamiento de la Hacienda, de los tributos, de lo que
es la administración pragmática de todo hecho.
Por estas razones, en esos tres principios: el constitucional, el
del respeto a la voluntad del Parlamento proponente, el de las
Islas Baleares, hoy día ante esta Cámara, y el propio contenido,
con el que nos sentimos identificados, el voto de Coalición
Canaria será firme y concretamente dirigido a posibilitar con
nuestro apoyo el avance democrático de este entrañable rincón y
parte insular del Estado español, como Canarias, que es Baleares.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Dando la bienvenida a los representantes del Parlamento de las
Islas Baleares, nuestro Grupo Parlamentario anuncia que vamos a
votar favorablemente la toma en consideración de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Lo vamos
a hacer, señor Presidente, por una consideración esencial, y es
que lo que está en juego, en definitiva, es la soberanía del
Parlamento de dotarse de un instrumento de ordenación política,
un modelo institucional, una autoorganización, de conformidad con
la mayoría articulada en el Parlamento de esta Comunidad
Autónoma.
Además, señor Presidente, hay otra consideración profunda: la
manera de concebir y entender el Estado
de las autonomías. Si partimos del principio dispositivo en
virtud del cual cada comunidad autónoma, en base al principio
constitucional de autonomía, tiene capacidad para determinar el
grado de autonomía política dentro de ese bloque de la
constitucionalidad, integrado primordialmente por la Constitución
y los estatutos, estos segundos instrumentos jurídicos tendrán el
alcance, el sentido de que las diferentes asambleas legislativas
hayan dotado a los mismos, siempre desde ese techo
constitucional. Por lo tanto, el principio dispositivo viene a
expresar que es cada comunidad autónoma la que va a determinar el
grado de autonomía política del que va a disponer en el ámbito de
la Constitución.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario es respetuoso con esta
iniciativa que plantea el Parlamento de las Islas Baleares y
votamos favorablemente su toma en consideración.
Hemos asistido a un debate interesante y coincidimos plenamente
con las palabras de la Presidenta del Parlamento de las Islas
Baleares en la medida en que lo que se pretende es dotar de un
margen de autonomía, que otras comunidades autónomas ya tienen, a
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Ese margen de
autonomía cabe, lo que hace falta es voluntad política y la
voluntad política plasmada, manifestada y expresada por algunos
partidos, en concreto por el Partido Popular en las Islas
Baleares, entendemos que también ha de plasmarse en ese mismo
sentido y alcance en esta Cámara.
Lo que está en juego, si ocurre una decisión en sentido
contrario, es la forma de entender el Estado; en definitiva, ese
acuerdo que se denominó los pactos autonómicos, en virtud de los
cuales dos partidos políticos, los mayoritarios en la Cámara,
configuraron la forma de organización del Estado, pero sin que
hubiera un proceso de configuración y de toma de opinión y de
consulta de poderes políticos autónomos como son las comunidades
autónomas.
Se empezó por una negociación de partidos y no de poderes
institucionales y ése es el vicio del pacto autonómico, ése es el
vicio de configuración de las comunidades autónomas del 143 en
cuanto a su desarrollo y a su mayor alcance en relación al techo
competencial.
Por eso, como no estamos de acuerdo con ese cercenamiento y esa
limitación que se obtuvo en el pacto autonómico, entendemos que
se ha de caminar por aquellos derroteros de los que cada
comunidad autónoma --y me remito nuevamente al principio
dispositivo-- quiera dotarse en su ámbito de organización de
estructura política, estructura organizativa y, en definitiva,
nivel político de autogobierno dentro del único límite que es el
establecido en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución.
Todo lo que esté dentro de esos límites es lícito, legítimo y
constitucional. Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario no va a
hacer más que votar favorablemente la toma en consideración de
esta propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares que
ha presentado el Parlamento balear en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, queremos, en primer lugar, expresar nuestra
salutación y nuestro reconocimiento a los honorables Diputados
del Parlament de les Illes Balears por su presencia aquí, esta
tarde, entre nosotros, y por la defensa que han hecho de esta
iniciativa legislativa que surge de su propio Parlamento.
Nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), como no podía ser de otra manera, señoras
y señores Diputados, va a votar favorablemente esta toma en
consideración de una propuesta de ley de reforma del Estatuto de
Autonomía de les Illes Balears.
¿Qué se pretende con esta propuesta de ley orgánica de reforma
del Estatuto balear? Se pretende, como se señala en la exposición
de motivos, una ampliación sustancial de las competencias que
ayuden --se dice y aquí así ha sido expuesto-- a un auténtico y
más eficaz desarrollo social, económico, cultural y político de
les Illes Balears y además se pretende lograr una regulación más
funcional de las propias instituciones de autogobierno. Para ello
se pretende la modificación de numerosos artículos del vigente
Estatuto de Autonomía y además la incorporación de otros nuevos
que precisamente van en esa doble dirección: incrementar el techo
competencial y además dar una regulación más funcional a las
instituciones de autogobierno de les Illes Balears.
Nuestro Grupo Parlamentario, como se ha expuesto a lo largo de
todos estos años (de hecho desde el mismo debate constitucional
en los años 1977 y 1978), es partidario de que cada comunidad
autónoma haga uso constitucional de aquellas posibilidades de
incremento de sus competencias y de reorganización o de
organización de sus instituciones, y que lo haga en función de
dos constantes, al menos para nosotros, como son: una, la
realidad --ya lo ha dicho aquí la Diputada señora Munar--
geográfica, lingüística y cultural, una realidad de querer ser; y
dos, la de su capacidad, es decir, en función de que cada
comunidad autónoma, que es necesariamente distinta de las demás,
ni mejor ni peor simplemente distinta, tiene sus propias
capacidades de autogobierno y en función de esas capacidades va
incrementando las competencias que, de acuerdo con la
Constitución y las leyes, se le reconocen en sus propios
estatutos.
Además, somos partidarios de que esto se haga de acuerdo con el
artículo 148.2 de la Constitución, y no
precisamente sobre la base de acuerdos conseguidos en despachos
de Madrid, de la capital del Reino. Nos encontramos, por tanto,
con algo bastante curioso esta tarde, y es que la voluntad
soberana del Parlament de las Illes Balears no sirve para nada
porque depende de la voluntad que se consigue en unos despachos
de partidos políticos en Madrid. Y esto no es bueno, no es bueno
para nadie. Por supuesto que no es bueno para les Illes Balears,
para su Parlament y para su Govern, pero no es bueno para nadie
porque nos encontramos ante una alteración muy grave de los
mecanismos constitucionales de mejora y de profundización del
sistema autonómico que a partir de la Constitución de 1978 nos
hemos dado a todos nosotros. De hecho, lo que allí, en el
Parlament de las Illes, se apoya, aquí expresamente se
desautoriza con los votos de los compañeros Diputados que han
hecho posible allí lo que aquí les es negado. Nos encontramos,
por tanto, con una desautorización, que, desde una lectura --
creemos-- correcta de la Constitución, no es precisamente el
mejor instrumento para profundizar en los techos autonómicos, en
las competencias autonómicas, en el desarrollo autonómico, en el
perfeccionamiento del autogobierno de cada una de las comunidades
autónomas. Lo que ocurre, honorables Diputados, es que aquí unos
pocos no se fían de ustedes, de muchos de ustedes. Lo que allí
votaron aquí les es negado, y esto nosotros debemos denunciarlo;
lo hacemos esta tarde. Lamentamos lo que va a suceder dentro de
poco con las votaciones, pero queremos expresar nuestra
solidaridad con el Parlament de las Illes, con su voluntad de
incrementar sus competencias, con su voluntad nítidamente
constitucional de ser, cada vez más, lo que cada uno quiere ser.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar quiero lamentar que, por una cuestión reglamentaria, la
Diputada de Esquerra Unida de las Illes Balears, Margalida
Thomas, se vea obligada a seguir este debate desde la tribuna de
invitados, cuando el sitio que le hubiese correspondido es esta
tribuna donde está ahora esta Diputada, para poder defender lo
que Esquerra Unida de las Illes Balears siente, piensa y desde
hace tanto tiempo ha defendido de forma coherente.
Señorías, creo que usar aquí el calificativo de coherente viene
muy a cuento. Creo que lo que se está debatiendo, lo que se va a
debatir hoy y el resultado de las votaciones van a crear en la
conciencia de los ciudadanos, y sobre todo en los ciudadanos de
las Illes Balears, una sensación de que lo que aquí hacemos no se
aviene con la realidad y con lo que los ciudadanos quieren.
Señorías, nuestro grupo --lo avanzo ya-- va a votar a favor de
esta proposición de ley del Parlament de las Illes Balears, de la
misma forma que cuando vino la anterior proposición de reforma de
Estatuto, producto del pacto autonómico entre el PSOE y el PP,
nuestro grupo, a pesar de que manifestamos nuestro respeto al
Parlament de las Illes, votó en contra, puesto que en el registro
de esta Cámara se encontraba desde 1991 esta proposición de ley
que hoy vamos a debatir.
Señorías, pensamos que fue una decisión soberana del Parlamento
balear. Pero como ha dicho otro representante, concretamente del
Grupo de Convergència i Unió, fue una decisión tomada desde las
sedes de los partidos Socialista y Popular en Madrid; fue una
decisión que llegó en forma de fotocopia a las distintas
comunidades autónomas, donde no se pudo cambiar ni una coma ni un
punto, y todo ello a pesar de que el pueblo de las Illes había
manifestado la voluntad de, de una vez por todas, adquirir
aquellos derechos y aquellas competencias autonómicas que como
comunidad histórica, nacionalidad histórica le pertenecen. Porque
desde el año 1983, señorías, las Illes debían de haber tenido un
estatuto equiparable al de Cataluña, Galicia y Euskadi, por
cultura, por tradición, por derecho y por lengua propia.
Contrariamente a esto, nos vimos obligados en esta Cámara a
entrar en el debate de un pacto autonómico que se centraba
exclusivamente en las competencias y que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida de las Illes no
desecha. Todas las competencias de ampliación son bienvenidas.
Pero no se trata tanto de competencias, señorías, sino de
respetar aquella máxima competencia que es la que se refiere a la
voluntad soberana de un pueblo, manifestada a través de un debate
y de una votación en el Parlamento, como la que se produjo con
ocasión del debate de esta proposición de ley de reforma del
Estatuto. Como digo, esta reforma que contempla un acercamiento,
prácticamente una equiparación a las nacionalidades reguladas por
el artículo 151 en materia de financiación, en materia de
hacienda, de impuestos, de fortalecimiento de las instituciones,
especialmente del Parlamento y los consells insulars, fue obviada
por el PSOE y fue obviada por el PP, y allí está la gran
incoherencia.
Señorías, con ocasión del debate de reforma del Estatuto,
procedente del pacto autonómico, aquí asistimos a un rifirrafe
entre representantes del Partido Socialista y del Partido
Popular, en el que unos y otros se echaban cosas en cara. Por una
parte el PSOE, haciendo descender al Partido Popular de la
antigua Alianza Popular, decía que en su momento no habían
querido que las Illes se regularan y tuviesen las competencias
propias de las comunidades reguladas por el artículo 151. Y el
señor Costa, Diputado del Partido Socialista, decía: Nosotros,
sí, hace 16 años, queríamos las máximas competencias para las
Illes. Pero eso es una historia que pertenece al pasado. Pues
bien, señorías, nosotros no pensamos que esto pertenezca al
pasado. Hoy tenemos una oportunidad;
tenemos la oportunidad de votar, y votar favorablemente, una
proposición de ley que nos llega como una manifestación amplia,
querida, sentida por el pueblo de las Illes, manifestada a través
de la votación que tuvo lugar en el Parlament de las Illes
Balears.
Señorías, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pensamos
que nos estamos moviendo en el marco del Título VIII de la
Constitución; pensamos que el derecho de la Comunidad balear a
exigir ir al máximo de su capacidad competencial es algo que hoy
aquí, con esta votación, tiene que quedar corroborado. Cada
comunidad podrá llegar hasta allí donde la Constitución establece
y hasta donde sus instituciones soberanas piensan que quieren
llegar. Y, señorías, a través de esta proposición de ley que nos
llega desde el Parlament de las Illes Balears nos llega también
la voluntad soberana de un pueblo que pide ser considerado, que
pide que sus instituciones y sus órganos de autogobierno tengan
la capacidad de regulación que tienen el resto de comunidades y
nacionalidades históricas. Por ello reitero nuestro voto
favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Sin ningún afán polémico y a efectos de claridad y de
entendimiento de quienes hayan oído la intervención de la señora
Rivadulla, quiero dejar claro que las supuestas dificultades
reglamentarias que hayan podido impedir a algún Diputado del
Parlamento balear intervenir en este Pleno no son dificultades
reglamentarias del Congreso de los Diputados, sino, en todo caso,
si es que existen, de la Cámara autonómica.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gilet.
El señor GILET GIRART: Señor Presidente, señorías, subo a esta
tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
ante la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Baleares que ha sido defendida por los representantes designados
por el Parlamento balear, a los cuales me complace saludar en
esta Cámara.
A la hora de fijar posición no cabe duda de que, si no imperase
precisamente la fuerza de la razón sobre cualquier otra
consideración, el resultado sería muy similar en la forma y en el
fondo a lo expresado por los dignos representantes autonómicos,
con independencia del contenido concreto de la proposición de
ley, en el cual no voy a entrar. Sin embargo, son demasiadas las
circunstancias, los acontecimientos que se han producido en el
contexto autonómico español entre la aprobación de la proposición
y el debate de hoy para que, imperando la fuerza de la razón y no
la del corazón, pueda fijar nuestro Grupo Parlamentario una
posición semejante a la hasta ahora anunciada desde esta tribuna.
Nos hallamos ante un texto cuya aprobación inicial proviene del
ya lejano 29 de enero de 1991, es decir, de los finales de la
segunda legislatura autonómica, cuando ahora estamos iniciando la
cuarta; aquella segunda andadura legislativa de la cual algunos,
cuando no bastantes, de los Diputados que la vivieron no han
iniciado la presente o bien se hallan en situaciones o
ubicaciones parlamentarias, incluso políticas, distintas. Tal
circunstancia ya es un síntoma de que nos encontramos ante una
iniciativa parlamentaria en la cual el tiempo ha actuado sobre
sus motivos, sus fundamentos, su justificación.
En enero de 1991 habían transcurrido más de cinco años desde que
el Gobierno socialista había efectuado las iniciales
transferencias y el proceso autonómico se hallaba no solamente
paralizado, sino que incluso los métodos de laminación
competencial desde el Gobierno y el uso del spending power eran
constantes y habituales para con una comunidad autónoma no
diferente a las demás pero sí peculiarmente distinta de las
demás. Se intentaba abrir caminos de diálogo, de iniciativa
legislativa que no obtenían del Gobierno central más que la
negativa o la ignorancia. Las reclamaciones, pues, de mayores
niveles competenciales surgían motivadamente desde la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, como igualmente desde las
restantes, fuese del color que fuese el gobierno respectivo. Tal
era el caldo de cultivo en el cual se iniciaba en mayo de 1990 un
proceso de reclamación competencial que tuvo su plasmación en un
documento: la reforma estatutaria cuya toma en consideración hoy
se debate; una reforma que el paso del tiempo y algunos
acontecimientos han desactualizado, no como reclamación de fondo
sino como medio o forma de tal reclamación. En otras palabras,
desde una perspectiva puramente competencial, desde la
reclamación de mayores cotas de autogobierno, consideramos que
hoy, en este día, la vía de la reforma estatutaria no es la
forzosamente necesaria. Entendemos que la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares aspire a equipararse con las restantes
comunidades autónomas, incluidas las denominadas históricas, pero
también consideramos que el método a utilizar no puede nacer
desde una pretenciosa sustitución del Estado ni, por lo tanto, de
las funciones soberanas de esta Cámara. Existen otras vías
constitucionales como la del artículo 150.2 y la de la Ley
9/1992, que pueden perfectamente recoger las legítimas
aspiraciones de la Comunidad balear, sus ciudadanos, sus
conciudadanos y sus representantes. No se trata de coartar su
inalterable libertad de reclamación, sino de encauzar
constitucional y consensualmente su derecho de petición desde la
responsabilidad de una decisión parlamentaria.
Este fue el sistema utilizado, en los denominados pactos
autonómicos de febrero de 1992, unos pactos surgidos a semejanza
de aquel consenso constitucional que, dando solución a las
seculares aspiraciones catalana y vasca, recogiendo la
peculiaridad histórica navarra, produjo el Título VIII de nuestra
Carta Magna, que estableció y establece la configuración de
nuestro
Estado autonómico; un Estado que se aleja tanto del centralismo
jacobino como del federalismo disgregador como del
federacionalismo reivindicatorio.
Ahí está el sistema que entiende el Grupo Parlamentario Popular
que hoy, en este día, en este momento de nuestra historia
política debe guiar el proceso de desarrollo autonómico. En
primer término, definir cuáles competencias pueden ser objeto de
transferencia o delegación desde el Estado hacia las comunidades
autónomas, estableciendo una clara relación entre el artículo
149.1 y el artículo 150.2 de nuestra Constitución. En segundo
lugar, subsumir tal definición con la doctrina proclamada del
Tribunal Constitucional para, en tercer lugar, adquirir el
compromiso de inspirar un gran pacto político a semejanza del que
presidió la elaboración del repetido Título VIII, e incluso la
íntegra Constitución. Este es el camino que entiende el Grupo
Parlamentario Popular que debe seguirse en la actualidad. Y tal
creencia puede legítimamente convertirse en afirmación, puesto
que desde la oposición al Gobierno socialista, desde una
oposición a un gobierno mayoritario, el Grupo parlamentario
Popular logró, en febrero de 1992, no buenas palabras, no
altisonantes declaraciones, no demagógicas reivindicaciones que
no conducen a nada más que al recuerdo del mucho ruido y pocas
nueces, sino, por el contrario, en el caso concreto de Baleares,
la asunción de más de treinta competencias bien no transferidas,
bien en controversia, bien erróneamente recogidas en su Estatuto.
Se trata, en suma, de convertir en obra lo que desde febrero de
1994, en la Convención de Barcelona, se reflejó sobre el papel en
nuestro documento denominado «Bases para un acuerdo nacional de
desarrollo autonómico»; un documento que viene acontener un
compromiso histórico por parte del Partido Popular consistente en
afrontar y desarrollar con sosiego, con serenidad, con
responsabilidad gubernamental aquello que desde 1988 los
diferentes gobiernos mayoritarios socialistas no han sabido o no
han podido iniciar: la vertebración de la España autonómica,
fundamentando su fortaleza como Estado en la definición, alcance
y desarrollo del proceso autonómico.
Tales acuerdos, y en su filosofía, entiendo se halla la ortodoxia
de la política autonómica del Grupo Parlamentario Popular en el
día de hoy, en la fecha en que se celebra el presente debate, y a
ella se supeditará, lógicamente, cualquier actuación
parlamentaria, así como el pertinente voto.
Por congruencia con tales acuerdos, por coherencia con ellos y
por la exigencia de actuar desde la responsabilidad meditada y
democráticamente contrastada.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, quisiera, en primer
lugar, dar la bienvenida a esta Cámara a los parlamentarios de la
islas Baleares que han venido a defender una proposición de ley
de ese Parlamento, con algunos de los cuales he podido compartir
sus tareas durante un largo tiempo, no hasta el momento en que se
aprobó esta iniciativa que hoy tratamos. Pero esto forma parte de
los recuerdos de la historia.
Lo que hoy nos trae aquí es una proposición de ley del Parlamento
de las islas Baleares que data de 1991 y que es una cuestión que
nosotros queremos poner en evidencia. En primer lugar, es
importante señalar este dato, ya que desde entonces el propio
Parlamento de las islas Baleares y el propio Congreso de los
Diputados han tenido la ocasión de manifestarse respecto a la
reforma del Estatuto de autonomía de las islas Baleares. Es
verdad también que si hoy, en septiembre de 1995, estamos
tratando aquí esta reforma de 1991 lo es por dos razones.
Primera, porque el Parlamento de las islas Baleares tuvo su
ocasión, al aprobar otra reforma distinta a la actual, de
retirarla y, segunda, porque los grupos representados en esta
Cámara que apoyaron esta reforma no han reclamado su tramitación
en la misma. Por tanto, esta no es una responsabilidad de nuestro
grupo --no nos sentimos corresponsables del retraso que ha
sufrido la tramitación de esta proposición de ley-- sino que es
responsabilidad de quienes la impulsaron.
Señorías, el 31 de marzo de 1993 el Parlamento de las islas
Baleares aprobó una proposición de ley orgánica que tenía por
objeto incorporar al Estatuto de Autonomía el contenido de la Ley
Orgánica 9/1992. Coinciden, pues, en este momento en el Congreso
de los Diputados dos iniciativas de reforma del Estatuto de
autonomía de la islas Baleares. La iniciativa resultante de la
Ley orgánica 9/92 prosperó, siendo aprobada en el Congreso de los
Diputados el 30 de septiembre de 1993 y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» como la Ley Orgánica 9/94, de 24 de marzo.
Este hecho perturba de manera extraordinaria la tramitación de la
iniciativa legislativa que hoy se somete a consideración. En
primer lugar, el texto que modifica la iniciativa del Parlamento
de las islas Baleares ha sido profundamente modificado ya por la
Ley orgánica 9/94, de 24 de marzo. Esas modificaciones han
afectado de forma singular a las competencias que la iniciativa
que hoy tratamos pretende incorporar al Estatuto de autonomía y
que hoy ya forman parte del mismo. Así, por ejemplo, títulos
competenciales como la conservación, modificación y desarrollo de
los derechos civiles especiales de la comunidad autónoma, la
ordenación de la Hacienda, el procedimiento administrativo
propio, espectáculos, casinos, juegos y apuestas, en materia
hidráulica, en educación o en el transporte marítimo interinsular
forman parte ya del Estatuto de autonomía de las islas Baleares,
y así hasta 32 nuevas competencias que se incorporaron con este
proyecto de ley orgánica que fue aprobado también por el
Parlamento de la islas Baleares.
El fondo de la cuestión es cómo el Congreso de los Diputados
puede dilucidar cuál de las dos voluntades del
Parlamento de las islas Baleares es la acertada, cómo es posible
que una misma institución --el Parlamento de las islas Baleares--
esté de acuerdo con una cosa y otra distinta a la vez, con su
misma composición y con las mismas mayorías. El Grupo
Parlamentario Socialista no está en contra de la voluntad del
Parlamento de las islas Baleares; está en contra de la actitud de
algunos grupos en el Parlamento balear que han jugado de manera
oportuna algún partidismo político en temas de desarrollo
constitucional. Estamos de acuerdo con la voluntad última del
Parlamento balear, la que dará lugar al desarrollo de la Ley
Orgánica de 1992, y no estamos de acuerdo, como no lo estuvimos
en su momento, ni en el fondo ni en la forma de desarrollar el
Estatuto de autonomía por la vía que el Parlamento de las islas
Baleares propuso en 1991.
La respuesta a esos interrogantes que vivimos la hallaríamos si
analizamos cuál es la actitud política de la fuerza mayoritaria
en Baleares, del Partido Popular en la islas Baleares. De la mano
del populismo más provinciano se proponen reformas, siempre en
momentos preelectorales, destinadas sólo a la confrontación
partidista, a obtener el aplauso fácil, a exigir a los demás
aquello que no se practica: el Estatuto de autonomía en 1991, del
cual hoy son sus víctimas, o el régimen fiscal especial en la
comunidad más rica de España antes de las elecciones autonómicas
de 1995, y esperamos que se manifeste el Grupo Parlamentario
Popular. El Partido Popular fue quien apoyó con sus votos la
iniciativa que hoy debatimos, con la única finalidad de desgastar
al Gobierno Socialista, con la única finalidad de usar un
instrumento de desarrollo constitucional para la confrontación
política entre el Partido Socialista y el propio Partido Popular.
Tanto fue así que, aun a sabiendas de que la reforma propuesta
era, según la calificación del presidente ya cesado de la
Comunidad autónoma de las Islas Baleares, el señor Cañellas, un
buñuelo, el PP la apoyó y la aprobó. No tuvo ni la valentía ni la
sensatez, en el año 1993, cuando se aprobó el desarrollo de la
Ley orgánica de 1992, de retirar la propuesta que hoy debatimos,
ni tuvo la sensatez de pedir que se tramitara conjuntamente y se
debatiera. La mantuvo como un instrumento a esgrimir en la
confrontación partidista en las islas Baleares, a pesar de que
hoy aquí ustedes la tienen que desautorizar.
Hace pocos minutos acabamos de ver cómo una representante del PP
de Baleares defiende un texto que su partido no apoya. El PP se
transforma y se adapta a las circunstancias de tal manera que
puede estar de acuerdo a la vez con dos cosas distintas, con dos
reformas del Estatuto de autonomía diferentes. Puede apoyar la
reforma derivada de la Ley orgánica 9/92 y lo que implícitamente
ésta niega. Hay motivos profundos en el cambio de actitudes del
Partido Popular que hay que buscarlos en lo que está pasando en
el Partido Popular de Baleares. Hoy ya no es aquel partido
prepotente que menosprecia a sus adversarios políticos. Hoy el PP
de Baleares es un partido decadente y humillado que poco después
de ganar las elecciones, las primeras elecciones autonómicas por
mayoría absoluta, ha visto cómo desde Madrid destituían a su
líder por presuntas implicaciones en el cobro de comisiones
procedentes del Túnel de Sóller; cómo los responsables insulares
de Menorca, Ibiza y Formentera también están sujetos a
investigaciones al haber ingresado, en cuentas de las que son
titulares, fondos procedentes de las comisiones del Túnel de
Sóller. Un partido cuyos alcaldes en las capitales de las islas
están sujetos también e implicados en casos pocos transparentes y
claros en adjudicaciones públicas, según investigaciones de
distintos diarios de las islas.
Este es el fondo de la política que practicaba el Partido Popular
en el islas Baleares en estos años, y éstas son las consecuencias
que hoy sufrimos.
Pero, señorías, hay un motivo más de preocupación en esa
iniciativa: la forma y el propósito políticos de esta iniciativa,
el espíritu de la reforma, como lo calificaba una diputada del
Partido Popular aquí, que no era otro que el de marginar al Grupo
Socialista, el de confrontarse sistemáticamente con el Grupo
Socialista; plantear iniciativas inasumibles desde la
responsabilidad y desde la sensatez, marginar de la iniciativa de
la reforma del Estatuto al Grupo mayoritario en la oposición del
Parlamento de las islas Baleares. Cuando esto fue expuesto a
través de las intervenciones de nuestro grupo en el Parlamento de
las islas Baleares se nos menospreció, y hoy se encuentran con
los conflictos internos que ustedes mejor que nadie conocen.
El Partido Popular no quería el acuerdo para desarrollar las
normas de una mayor autonomía para las islas Baleares. Sólo
pretendía un juego partidista que ha practicado con reincidencia.
Primero con la aprobación de la iniciativa que hoy discutimos sin
buscar el consenso necesario y, a continuación, al aprobar la
proposición de ley orgánica de 1993 sin querer retirar
expresamente la iniciativa que hoy aquí debatimos. En el plano
técnico-jurídico hay también razones para rechazar esta
iniciativa, desde declaraciones de retroactividad hasta la
asunción en exclusiva de todas aquellas competencias en materias
que no están expresamente atribuidas al Estado en la Constitución
Española, cuando el artículo 149.3 de la misma dice textualmente
que la competencia sobre las materias que no hayan sido asumidas
por los Estatutos de autonomía corresponde al Estado.
Permítanme decir, finalmente, que el Grupo Socialista siempre ha
estado al lado de aquellos que han luchado por conseguir un alto
grado de autonomía para las islas Baleares. Lo estuvimos en 1979,
en 1983 y lo hemos estado permanentemente. Pero esta autonomía no
puede ser a costa del enfrentamiento entre las fuerzas políticas
mayoritarias. Tiene que darse desde el consenso, desde el
acuerdo, buscando el diálogo y encontrando lugares comunes para
hallar puntos de acuerdo en el desarrollo autonómico. El Estado
no puede ser la resultante residual de distintos procesos de
diferentes autonomías, no puede ser o éste no es nuestro modelo
de Estado.
A los grupos que han intervenido aquí hoy, Unión Mallorquina o
Partido Socialista de Mallorca, permítanme
mostrarles mi respeto por la coherencia en su intervención; el
respeto que se merece una trayectoria que no compartimos en
algunos casos, pero en la que tenemos amplios lugares comunes
para el acuerdo. Es seguro que en el largo camino que todavía
queda por recorrer hasta la autonomía plena podamos encontrar
lugares para el acuerdo entre nuestras fuerzas políticas, ya que
compartimos la aspiración última de que las Islas Baleares deben
gozar de la máxima autonomía en el marco constitucional.
Finalmente permítanme decir que rechazamos esta iniciativa por
tres razones básicas.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
En primer lugar, por la falta de correspondencia con el Estatuto
vigente modificado, por la Ley Orgánica 9/1994. Una buena parte
de las competencias reclamadas en el texto han sido incorporadas
ya al propio Estatuto; en segundo lugar, por exceder en buena
parte los criterios generales de transferencia de la Ley Orgánica
derivada del pacto autonómico, y, en tercer lugar, por ser
técnicamente mejorable, por tener preceptos de dudosa
constitucionalidad. Finalmente, y más importante, es una reforma
que no aporta nada sustancial a la autonomía ni a la convivencia
de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Muchas gracias señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 42; en contra, 136; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:
--REAL DECRETO-LEY 7/1995, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AUTORIZA
EL TRASVASE DE 55 HECTOMETROS CUBICOS A LA CUENCA DEL SEGURA Y SE
CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CREDITO POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES DE
PESETAS AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE, AL OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS OBRAS PARA HACER
FRENTE A LA SITUACION DE GRAVISIMA SEQUIA (Número de expediente
130/000031)
--REAL DECRETO-LEY 8/1995, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL TRASVASE TAJO-
SEGURA (Número de expediente 130/000032)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza
el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se
conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de
pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer
frente a la situación de gravísima sequía.
Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan
medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-
Segura.
Para explicar en nombre del Gobierno las razones que han
determinado la promulgación de estos Reales Decretos-leyes, tiene
la palabra el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco para presentar dos Decretos-leyes, uno por
el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos de la
cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito de 15.000
millones de pesetas del MOPTMA para financiar determinadas obras
con las que hacer frente a la situación de gravísima sequía, y el
otro por el que se adoptan medidas urgentes para mejorar el
aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, para que puedan ser
convalidados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de
nuestra Constitución. Estos Reales Decretos-leyes fueron
aprobados el pasado 4 de agosto ante la situación caracterizada
por la persistencia de la gravísima sequía que requiere medidas
extraordinarias y de urgente necesidad. Estas normas, aunque
están diferenciadas en sus ámbitos y objetivos, están inscritas
en un marco global de actuaciones estructurales para corregir los
problemas hidráulicos de España. En anteriores ocasiones hemos
debatido en este Congreso las características y las consecuencias
de la presente situación de sequía; por tanto, no parece
necesario repetir en esta ocasión anteriores exposiciones, pero
sí quiero recordarles que cuando está concluyendo el año
hidrológico 1994/1995 constatamos que los últimos cuatro años
constituyen ya el más duro episodio de sequía del presente siglo,
durante los tres primeros de los cuales nuestros ríos sólo han
recibido el 28 por ciento de los recursos hídricos normales, y en
el año que ahora acaba las aportaciones se han limitado a un 15
por ciento. Siendo el presente y el pasado tan desfavorables, la
preocupación del Gobierno se dirige al futuro y, en particular,
al inmediato año hidrológico, que deberá afrontarse con niveles
muy reducidos de reservas, tanto superficiales como subterráneas.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Ministro.
Señorías, es imposible seguir las palabras que se pronuncian
desde la tribuna. Ruego a SS. SS. que guarden silencio y ocupen
sus escaños.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cuando quiera, señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): La hipótesis de que el año hidrológico 1995-
1996 prolongue este período de sequía debe ser contemplada dentro
de los escenarios posibles. En el último cuarto de siglo ha
habido casos --en Andalucía-- registrados históricamente, de
hasta seis años de duración. Esta tensión coyuntural es la que
obliga a plantear un conjunto de disposiciones, que el Gobierno
aprobó en su reunión del día 4 de agosto, dentro de un plan al
que denominamos metasequía --terminología que no debería
sorprender a nadie y que, sin embargo, ha sido objeto de jocosos
comentarios--, con el cual queremos referirnos a una situación
que prolongue la sequía más allá del propio concepto de sequía,
para introducirnos en situaciones mucho más difíciles de
administrar, en situaciones de agotamiento sistemático de los
recursos superficiales y subterráneos.
Es evidente que el recuso al real decreto-ley en estos casos está
plenamente justificado, dada la extraordinaria y urgente
necesidad de algunas de las medidas y actuaciones contempladas en
estas disposiciones, que son complementarias de otras que el
Gobierno ha adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros así, en
esa misma reunión, se declaró de interés general un conjunto de
infraestructuras, en previsión de que esta sequía se prolongue
durante el año hidrológico que comenzará el día 1 de octubre.
Estas obras no están encaminadas a resolver la situación del
verano --ya pasado--, sino a prevenir situaciones que pudieran
reproducirse en el próximo. Estas actuaciones implican una
inversión de 45.000 millones de pesetas, que no son abordables
con los presupuestos ordinarios del Ministerio para los años 1995
y 1996, que prácticamente se hallan consumidos o comprometidos y
ello nos obliga a un esfuerzo de reforma de la gestión del
presupuesto del Ministerio, abandonando algunos objetivos en
otros programas y recurriendo a una financiación adicional por
importe de 15.000 millones de pesetas, que tendrá que ser
complementada en otros 25.000 como mínimo, por ajustes en el
resto de las inversiones programadas.
Igualmente, en ese Consejo de Ministros el Gobierno adoptó el
acuerdo de impulsar --y cuando digo impulsar digo bien-- la
instalación de plantas desaladoras temporales o permanentes en el
litoral mediterráneo o atlántico español, en colaboración con las
administraciones competentes y responsables, con las cuales en
estos momentos se están tomando los oportunos contactos que
conduzcan a unos convenios de colaboración, que, sin desplazar la
responsabilidad, permitan una colaboración intensa por parte de
la Administración central. Ha habido otras disposiciones
anteriores que adoptó el consejo de Ministros en el mes de julio,
que SS. SS. ya conocen puesto que fueron convalidadas a través de
los correspondientes decretos-leyes.
En el primer Decreto-ley que hoy someto a su consideración se
autoriza un trasvase de 55 hectómetros cúbicos para riego en la
cuenca del Segura con recursos procedentes del sistema Entrepeñas
y Buendía, aparte, como les digo, de estos 15.000 millones de
pesetas de crédito extraordinario, que por las circunstancias de
déficit público no ha sido posible aumentar hasta el importe
total de la inversión necesaria, que, como digo, tendrá que
provenir de ajustes en los presupuestos del Ministerio, para lo
cual el Real Decreto-ley exonera a los movimientos de crédito
necesarios de las limitaciones que sobre las transferencias de
crédito establece el artículo 70 de la actual Ley General
Presupuestaria y el 8 de la vigente Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
La transferencia de 55 hectómetros cúbicos para riego viene
acompañada de una reducción de 24 hectómetros cúbicos en el
volumen a trasvasar para abastecimiento, es decir que tendrá que
ser objeto de un ahorro por parte de las poblaciones situadas en
las zonas agrícolas afectadas.
La importancia de esta decisión es independiente de que las
reservas del sistema de Entrepeñas-Buendía y las aportaciones de
la cabecera de la cuenca del Tajo, estimadas de forma prudente,
garanticen el suministro de las demandas abastecidas por dicho
sistema en la cuenca del Tajo durante un período de dos años. De
hecho, no se ha producido hasta el momento ningún problema en el
suministro de tales demandas, e incluso las previsiones
actualizadas de la reserva de Entrepeñas-Buendía al final del año
hidrológico son hoy algo más elevadas que las que hicimos en su
momento para tomar esta decisión. Quiero insistir en ello,
señorías, porque este tipo de decisiones involucran conceptos
técnicos como reserva estratégica o cálculos probabilísticos
asociados a las previsiones de aportaciones al sistema que, a
veces, son objeto de discusiones que conviene clarificar para
tener clara conciencia de las razones por las cuales el Gobierno
ha decidido tomar esta decisión. Una decisión adoptada en el
contexto de lo que establece la Ley de Aguas: que el desarrollo
de la Constitución asigna al agua el carácter de bien público,
propiedad de la nación española, que debe ser administrado en
función de las circunstancias de cada momento y asignado a los
usos que se consideren prioritarios.
Para tomar esta decisión, previamente, otro Decreto-ley autorizó
al Gobierno a disminuir desde seis hasta tres metros cúbicos por
segundo los caudales mínimos garantizados en el Tajo a su paso
por Aranjuez hasta final del próximo año hidrológico. Esta
circunstancia, motivada para garantizar en primer lugar el
abastecimiento a las ciudades, establecía un marco legislativo en
el que cabía utilizar los excedentes así generados para
suministrar unos mayores recursos a la cuenca del Segura y
prevenir importantísimas pérdidas en capital agrícola. Pero el
Gobierno ha creído oportuno que la decisión a adoptar lo fuese a
través de una norma con rango de ley para evitar cualquier
ambigüedad acerca del espíritu de la anterior norma, y creo
oportuno, señorías, dedicar cinco minutos a explicar los balances
hídricos del conjunto del sistema Entrepeñas-Buendía para
determinar de qué manera y por qué razones el Gobierno ha
estimado posible adoptar esta decisión y necesario que se
efectuará bajo la forma de una norma con rango de ley como la que
hoy someto a la convalidación de SS. SS.
Partiendo de las existencias de Entrepeñas-Buendía en el momento
en el que se toma la decisión hay que prever cuáles serán estas
existencias al final del año hidrológico, es decir a 30 de
septiembre del presente año. Para ello, es necesario establecer
el balance del sistema Entrepeñas-Buendía en el período agosto-
septiembre de 1995; a continuación es necesario calcular la
reserva estratégica del sistema al principio del siguiente año
hidrológico, y finalmente, por diferencia, calcular los
excedentes trasvasables en esa fecha.
Las existencias previstas a 30 de septiembre de 1995 las
determinamos sumando a las que conocíamos que existían el 30 de
julio las aportaciones estimadas durante agosto y septiembre, y
restando las demandas que debían garantizarse durante estos
mismos meses, y así, a los 236 hectómetros cúbicos que incluyen
el denominado volumen muerto, al que a veces se califica de no
utilizable cuando realmente lo es en su inmensa mayoría, habría
que sumarle las aportaciones previsibles durante agosto y
septiembre de acuerdo con una cierta ley de probabilidades
derivada de la experiencia histórica, que con un 50 por ciento de
probabilidades se cifraban en 57 hectómetros y con un 75 por
ciento en 48 hectómetros. A ello había que restar las demandas
garantizadas en agosto y septiembre para los abastecimientos a
Toledo y la Mancomunidad del Algodor, a los regadíos de
Estremera, Aranjuez y Zorita, las pérdidas por evaporación, los
canales del Taibilla y los caudales mínimos de Aranjuez,
computados con su valor de 3 metros cúbicos por segundo, tal como
autoriza a hacerlo el anterior Real Decreto-ley. Esto suma 110
hectómetros cúbicos. Con esto garantizamos las necesidades de la
cuenca alta del Tajo y las de abastecimiento en la cuenca del
Segura. Efectuados los equilibrios de la ecuación, obtenemos
existencias previsibles a finales de septiembre entre 183 y 174
hectómetros cúbicos, con probabilidades del 50 o del 75 por
ciento respectivamente.
A continuación, calculamos la reserva estratégica, que no es una
constante fija para cada año. Es importante señalar este extremo,
señorías, porque a veces se opina que la reserva estratégica es
una constante universal, fijada para el sistema en cualquier
condición. No es así; la reserva estratégica es una variable más
de cierre de equilibrio del sistema que depende de las otras.
Así, si las demandas previstas disminuyen, por ejemplo por
reducción del caudal mínimo del Tajo, la reserva estratégica
también disminuye, porque, para equilibrar la ecuación necesita
un valor menor. Por el contrario, si la serie histórica de las
aportaciones registradas en el pasado empeora, la reserva
estratégica aumenta, porque la probabilidad de cierre exige una
reserva estratégica mayor, y eso, que requiere un conocimiento
quizá más fino de la dinámica del sistema, conduce a veces en la
similar a la reserva estratégica con un valor constante, cuando
éste no es el caso.
Calculado el valor de la reserva estratégica para el bienio 1995-
1997, tenemos que introducir una previsión sobre las aportaciones
al sistema durante estos dos años, y tal previsión no puede sino
efectuarse en términos probabilísticos extrapolando el pasado,
con la hipótesis más conservadora, que es suponer que los dos
próximos años serán tan malos como los peores conocidos desde que
tenemos constancia estadística de este fenómeno, y los peores
conocidos precisamente son el 91-92 y el 92-93. Suponiendo que
los dos próximos sean tan malos como estos, Entrepeñas-Buendía
recibirían 972 hectómetros cúbicos. Con ellos y con las
existencias a finales de este año hidrológico hemos de garantizar
las demandas garantizables. ¿Cuáles son, señorías?
Primero, los abastecimientos humanos en la cuenca alta del Tajo,
que requieren 15 hectómetros cúbicos anuales; para Toledo y la
Mancomunidad del Algodor y otros pequeños núcleos, necesitamos 15
hectómetros cúbicos, 30 hectómetros en el bienio. Para los
regadíos del Tajo, 16.000 hectáreas en Aranjuez, Estremera y
Zorita, necesitamos 164 hectómetros al año, 328 en el bienio.
Para el Taibilla en Murcia, abastecimiento humano, 135
hectómetros cúbicos, 270 en el bienio. Para las previsiones de
pérdidas por evaporación, que son en función de la superficie de
los embalses, la cual a su vez es en función de las existencias,
calculado cuál es la superficie media en función de la evolución
de las existencias, estimamos 83 hectómetros cúbicos en el
bienio.
Y, finalmente, los caudales no consuntivos en el Tajo, 3 metros
cúbicos por segundo el primer año, 6 metros cúbicos por segundo
en el segundo año, en función de las disposiciones adoptadas por
el Congreso al convalidar el anterior Real Decreto-ley. Es un
total de
996 hectómetros cúbicos en el bienio, de los cuales 285 son para
mantener caudales mínimos en el Tajo. De estos 996 hectómetros
cúbicos, que garantizan absolutamente los abastecimientos humanos
y de regadíos en la cuenca alta del Tajo y humanos en la cuenca
del Taibilla, equilibramos la ecuación teniendo en cuenta un
volumen muerto de 119, aunque sabemos que es utilizable en casi
un 90 por ciento, y obtenemos una reserva estratégica de 143. Ese
es el valor de la reserva estratégica, de 143, en unos cálculos
algo complejos que me he permitido resumir a SS. SS y que están a
su disposición en los documentos que fueron distribuidos al
acabar el Consejo de Ministros.
Comparada esta reserva estratégica con las existencias previstas,
obtenemos un excedente trasvasable de 40 hectómetros o de 31
hectómetros, según que trabajemos con una probabilidad del 50 o
del 75 por ciento. El consejo de Ministros estimó más prudente
trabajar con una probabilidad del 75 por ciento, cuando siempre
habíamos trabajado con una probabilidad del 50 por ciento. Este
año aumentamos el grado de confianza en la decisión y elevamos al
50 el umbral de seguridad. Evidentemente, una probabilidad del 50
por ciento es más baja que una del 75, pero ésta no es del cien
por cien y, por tanto, incurrimos en un riesgo. Las decisiones,
muchas veces, hay que tomarlas en un ambiente de riesgo. Y esta
decisión, con las debidas garantías, dentro de lo razonable,
permitía solamente trasvasar 31 hectómetros cúbicos, cuando las
necesidades mínimas estimadas por el Ministerio de Agricultura
eran de 55 hectómetros cúbicos, sin los cuales las pérdidas en
capital agrícola estimadas en la cuenca del Segura eran de más de
150.000 millones de pesetas. El Gobierno se enfrenta a una
decisión, y ustedes hoy también, como administradores que somos
de un bien público común de la nación española, que nos obliga a
tomar decisiones con riesgo, con un riesgo controlado pero
existente, arbitrando beneficios y perjuicios. Yo quiero llevar
hoy a la seguridad de SS. SS. que todas las demandas humanas y de
regadíos en la cuenca alta del Tajo están garantizadas con una
probabilidad razonable durante el próximo bienio y que tenemos
dos colchones de seguridad todavía. El primero es el volumen
muerto, que no lo es, que nos permitiría movilizar, en caso de
necesidad, 100 hectómetros cúbicos adicionales, y el segundo es
el caudal mínimo del Tajo, que durante el segundo año del bienio
se mantiene en 6 hectómetros cúbicos y que podría disminuirse
generando un ahorro de otros 100 hectómetros adicionales. Y
puestos en esta tesitura, el Gobierno y el Parlamento tienen que
tomar una decisión, de la que dependen críticamente consecuencias
económicas y sociales importantes, y hoy llamo y apelo a la
comprensión de todos los Diputados para que entiendan que esta es
una decisión que hace el mínimo común denominador de los
intereses contrapuestos en toda decisión que involucra el uso de
un bien susceptible de alternativas, en un ambiente de riesgo, de
un riesgo controlado y contenido en un término de probabilidad
cuantificada.
Tomada esta decisión, señorías, tenemos que lanzar a continuación
un mensaje, que quiero que tenga especial incidencia en Castilla-
La Mancha, de mejora de aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura,
para que esta infraestructura que comunica el corazón de España
con el levante agrícola sirva también para extender sus
beneficios a aquellos territorios de La Mancha que sufren hoy
también graves problemas de abastecimiento, porque los problemas
de abastecimiento en Castilla-La Mancha están fundamentalmente en
la cuenca del Guadiana, en el corazón de La Mancha, donde las
aportaciones han disminuido y la sobreexplotación de los
acuíferos ha hecho que hoy tengamos graves problemas de los
ecosistemas, de las explotaciones agrarias y puede, incluso, que
de los abastecimientos humanos. Pero eso no es un problema que se
pueda resolver trasvasando o no desde el Tajo hasta el Segura;
tiene que resolverse extendiendo la capacidad vertebradora del
trasvase a otros territorios, poniéndolos también al servicio de
Castilla-La Mancha, permitiendo que conduzca hasta el corazón de
La Mancha unas reservas hídricas del Tajo que pueden y deben
también beneficiar a la Comunidad Autónoma que comparte sus aguas
con Extremadura y con Madrid. Por ello, hemos avanzado en forma
de Decreto-ley la ejecución de un proyecto contenido en los
estudios del Plan Hidrológico Nacional, que prevé trasladar 50
hectómetros cúbicos al año para abastecer la cuenca alta del
Guadiana desde el trasvase Tajo-Segura. Lo intentamos hace años,
señorías, a través del cauce del Cigüela, desde el propio
trasvase, sin necesidad de infraestructuras y transporte, soltar
por el cauce del Cigüela esperando que llegase a las Tablas de
Daimiel y permitiesen recargar los acuíferos sobreexplotados de
La Mancha, pero la extrema sequedad del relieve, la extrema
apetencia por el agua a lo largo del cauce, las filtraciones,
hicieron imposible que los 30 hectómetros cúbicos utilizados a
estos efectos llegasen a destino. Hoy no podemos utilizar el
cauce natural del Cigüela como elemento de transporte de estos
recursos hídricos que beneficiarán a Castilla-La Mancha desde el
Tajo a través del Tajo-Segura. Tenemos que construir una
prolongación de este trasvase, un tubo enterrado que, con máximo
respeto al relieve y al medio ambiente
--no se va a ver--, circule a lo largo del cauce del Cigüela,
transportando desde el ATS hasta La Mancha estos 50 hectómetros
cúbicos que permitan recargar las Tablas de Daimiel, los parajes
naturales conexos, atender las demandas de las poblaciones de La
Mancha, antes de que lo hagamos, también de forma complementaria,
con los trasvases locales o zonales que estamos abordando para
alimentar Toledo desde Madrid y Ciudad Real desde los embalses
colindantes.
Es una excelente noticia que ha pasado desapercibida durante este
verano y que sería obligación de todos poner de relieve por su
importancia política,
porque cuando esta infraestructura esté construida, el trasvase
Tajo-Segura tendrá una capacidad vertebradora del territorio de
la Nación española mucho mayor que la que ahora tiene; porque no
sería un origen y un destino enfrentados, no unirá dos polos
opuestos, servirá también para transmitir recursos a otras zonas
que ahora los ven sin poder hacer buen uso de ellos. Además de
estos 50 hectómetros cúbicos, se prevé también atender al
abastecimiento de los núcleos de población inmediatos al trazado
del ATS en las cuencas de los ríos Guadiana y Júcar a su paso por
Cuenca y Albacete, asignándoles tres millones de metros cúbicos
anuales que garanticen el suministro de una población equivalente
de 38.000 habitantes, con una dotación de 220 litros por
habitante y día.
La urgencia de esta disposición es compatible con la
consideración en la misma de aspectos complementarios relativos a
aprovechamientos hidrológicos y a la evaluación de su impacto
ambiental.
No es ésta la única forma por la cual podemos ampliar el uso del
trasvase Tajo-Segura, tal como nos fue solicitado por la Comisión
de Obras Públicas del Congreso. Podemos y debemos buscar nuevas
utilizaciones complementarias a una gran obra de infraestructura
cuya ramificación por el territorio debe aumentar su importancia
y su trascendencia política y su aceptación social: haciendo que
haya más recursos en su cabecera; utilizando las aguas residuales
de Madrid mejor que lo hacemos ahora; generando así una
disponibilidad de recursos adicionales para el desarrollo de los
regadíos de la Sagra y el mantenimiento de garantías eficientes a
los de la cuenca alta del Tajo.
Si hay un recurso hídrico permanente y estable en nuestro país
son sin duda las aguas residuales de Madrid. En colaboración con
la Comunidad Autónoma, debemos ser capaces de utilizarlas de una
forma coordinada con los recursos del Tajo, para garantizar ese
equilibrio hídrico que tenemos la obligación de ir construyendo
en la geografía española, de manera que el agua sea un recurso
cada vez más común, porque contribuya a un bienestar que resulte
de la complementariedad y no del enfrentamiento.
Este decreto-ley es la primera pieza de lo que pretendemos que
sea el Plan Hidrológico Nacional. Como es un decreto-ley
impositivo, que hermana y aúna voluntades, territorios y
recursos, no ha tenido quizá la trascendencia que merecía en los
medios de comunicación. Por eso hoy yo, cuando presento los dos
decretos-ley quisiera, señorías, que entendieran que las
decisiones que el Gobierno toma en un ambiente, insisto, de
riesgo controlado, en función de previsiones que ninguna certeza
puede sustituir, trata de dar realidad a ese prólogo hermoso de
la Ley de Aguas cuando califica ese bien natural como un bien
común que los representantes de la Nación española, aquí
presentes, tienen la obligación de asignar, buscando su uso más
eficiente, equilibrando el territorio, tratando de evitar los
enfrentamientos y utilizando las infraestructuras,
complementándolas, como es el caso, para conseguir que sus
beneficios se extiendan a todos y para todos.
Estoy seguro que por ello, señorías, estos decretos-ley,
inevitablemente polémicos serán mejor comprendidos y mejor
respaldados por el consejo de administración de la empresa que se
llama España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de
la convalidación de uno u otro real decreto-ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, debatimos
hoy dos nuevos reales decretos que, añadidos a los del mes de
julio con el que cerramos el período de sesiones, hace que
continuemos discutiendo sobre la lacra que azota a millones de
ciudadanos del Estado español que es la sequía. Hoy, en concreto,
los Reales Decretos-ley 7 y 8 de 1995, referentes al trasvase
Tajo-Segura.
El caso de España es un ejemplo manifiesto de un país con
recursos hidráulicos pero, desgraciadamente, muy mal
administrados y muy mal repartidos. España, que para muchos es un
territorio seco, tiene agua suficiente, como así lo indican
diversos estudios, para cubrir adecuadamente nuestras
necesidades, pero es evidente que su mala distribución entre la
llamada España húmeda y la España seca hace que millones de
ciudadanos del Estado español sufran por quinto o sexto año
consecutivo su escasez. Las recientes polémicas sobre el traspaso
de aguas del Tajo al Segura perfilan esta lamentable situación,
es decir, hay suficiente agua, pero está muy mal repartida y muy
mal canalizada allá hacia donde hace falta. A la distribución
desigual espacial se le une la desigualdad temporal al
concentrarse las precipitaciones en primavera y en invierno,
estando sometido el resto del año a la sequía, lo que causa
grandes irregularidades en el caudal de los ríos españoles, con
avenidas torrenciales que erosionan violentamente la superficie y
limpian la vegetación, y de esto la Comunidad valenciana
tristemente sabe bastante. Qué decir tiene que la Comunidad
valenciana es una de las más castigadas por las adversidades
climatológicas, o no llueve o llueve demasiado, que tienen lugar
a lo largo de todo el año y que afectan con gran dureza a
nuestros cultivos y arbolado debido principalmente a las heladas
en invierno y a la sequía en verano, agravada por las tormentas
del granizo al final del verano, como tristemente se ha vuelto a
reproducir en el mes de agosto y principios de
septiembre en las comarcas agrícolas de la Comunidad valenciana.
Centrándonos en la sequía, motivo de la elaboración de estos dos
nuevos Reales Decretos-ley tendentes a la adopción de medidas que
yo pienso que con buena intención se han adoptado por el
Departamento que usted dirige, respecto al trasvase Tajo-Segura
hemos de decir que según el Gobierno, que es el que ha elaborado
estos Reales Decretos-ley, se deben a circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad, pero no se han puesto de
manifiesto en el mes de agosto, que es cuando se aprobaron, sino
que en el mes de mayo --y así lo pidieron los agricultores de las
comarcas alicantinas y murcianas-- esa necesidad ya era patente y
manifiesta. Es patente esta extraordinaria y urgente necesidad,
una vez más, cuando el Gobierno es conocedor de esa escasez de
agua que padecemos de forma continuada desde hace ya más de
cuatro años y que de forma alarmante estamos sufriendo en este
presente año, pero ha tenido que esperar al mes de agosto, tres
meses después de que los agricultores de Alicante y Murcia lo
solicitaran, para que se adoptara la resolución de trasvasar
agua.
Se nos dirá que el trasvase Tajo-Segura ha llegado y que los
valencianos deberían callar y dar las gracias a este Gobierno
central.
Este trasvase ha llegado tarde, aunque más vale tarde que nunca.
En principio, tenía que haberse empezado a regar en julio, pero
debido a circunstancias extraor-
dinarias, una fisura en el canal en el término municipal de
Montalbo, en Cuenca, por un deficiente mantenimiento del canal,
el trasvase se vio demorado hasta finales de agosto, ocasionando
un gran retraso en la llegada de este río de socorro a los campos
del sur de la provincia de Alicante y de las zonas agrícolas de
Murcia. Si se hubiese realizado con dos meses o dos meses y medio
de antelación, el beneficio que hubiese causado habría sido
increíble, ya que gran parte de las cosechas se han secado por
utilizar aguas salobres, lo cual se habría evitado si se hubiera
permitido su riego en el momento oportuno cuando las
explotaciones agrarias lo necesitaban. Se trata de un trasvase
que ya era urgente --no me cansaré de decirlo-- en mayo.
Todas estas medidas que el Gobierno ha adoptado de manera
extraordinaria y urgente son imprescindibles, pero, repito, han
llegado tarde y son consecuencia, sobre todo, de la improvisación
y por esos males que afectan a la política hidráulica española de
los últimos diez años.
El proyecto de Plan Hidrológico Nacional no llega. Se ha
presentado en abril de 1993 al Consejo Nacional del Agua, máximo
órgano consultivo en la materia. Durante aproximadamente año y
medio, el proyecto fue debatido y analizado en el Consejo,
enviándolo posteriormente al Gobierno. Aunque las previsiones
apuntaban a que en este último trimestre del año 1995 podría
remitirse a las Cortes, de nuevo un parón, de nuevo un retraso y
todo hace pensar que los planes no llegarán. Falta el plan
nacional de regadío y algunos planes de cuenca van a retrasar,
más aún si cabe, el esperado y ansiado Plan Hidrológico Nacional.
Por ello, quiero poner de manifiesto --y no quiero hablar de
cifras-- que las causas del trasvase Tajo-Segura han quedado más
que justificadas. De todo el territorio nacional, las comarcas de
la cuenca del Segura presentaban este verano los niveles más
bajos de agua embalsada, como usted muy bien ha apuntado, en
torno al 8 por ciento, en consonancia con la pluviometría
registrada en los últimos 58 años, y las escasas precipitaciones
de este año hidrológico, que han supuesto la menor aportación
histórica, un poco más de un centenar de metros cúbicos.
Como consecuencia de todo ello, se ha constatado una reducción de
la superficie de los cultivos herbáceos que se puede cifrar en
más de 12.000 hectáreas, mientras que la superficie cultivada de
las hortalizas ha sufrido una reducción de cerca del 60 por
ciento, girando la reducción de los cultivos leñosos en torno al
8 por ciento. Todo ello unido al deterioro visible del arbolado,
con pérdidas de rendimiento en sus cosechas y acortamiento de su
vida útil, el abandono masivo de parcelas cultivadas con cítricos
y otras frutas con hueso y sin hueso. La valoración de toda esta
producción en pérdidas supone una cuantía superior --aunque no
quiero entrar en cifras porque son dispares-- a 50.000 millones
de pesetas, a los que hay que añadir el valor de los jornales no
devengados, tanto en labores de cosecha como de poscosecha, que
asciende a más de 10.000 millones de pesetas. Si a todo ello
añadimos las pérdidas que supone el abandono de superficie
arbolada, en particular cítricos, como he comentado, y también el
resto de árboles frutales, que se puede cifrar en más de 5.000
millones de pesetas, lamentablemente las cantidades se hacen
astronómicas.
Aquí tengo unos datos que usted conoce de las pérdidas de los
últimos años 1994-1995, que son superiores a los 100.000 millones
en las producciones agrícolas de las comarcas que se pueden
beneficiar de ese trasvase Tajo-Segura. Creo que no ha habido
mala intención por parte de nadie, ¡Dios me libre de echarle a
usted la culpa!, pero sí tengo que recriminarle que estas
extraordinarias y urgentes medidas que usted ha adoptado se
podrían haber previsto en el tiempo porque, como usted bien ha
dicho, la sequía cíclica que estamos sufriendo la llevamos
arrastrando de manera agónica durante más de seis años.
Las necesidades hídricas de las comarcas que se benefician de
este trasvase requieren una demanda total, por períodos
bianuales, de unos 375 hectómetros cúbicos. La aportación del
trasvase de estos dos últimos años ha sido de 110 hectómetros
cúbicos, con un gran sacrificio y solidaridad --quiero que quede
bien claro-- de aquellas comarcas de Castilla que con mayor o
menor agrado --creo que con menor-- han hecho el esfuerzo; se han
opuesto, creo que lo han entendido, por lo menos las personas
que, desde la solidaridad,
saben que el agua es de todos. Ello lleva a un balance de un
déficit de casi 300 hectómetros cúbicos, 150 anuales.
El trasvase ha llegado, pero usted es consciente de que ha
llegado demasiado tarde, que en muchas zonas ha llegado en un
momento cuyas consecuencias y daños son irreparables. De haberse
realizado el trasvase Tajo-Segura en el mes de junio, al mes
siguiente de que se pidiera, con un clamor popular muy elevado,
por Alicante y Murcia, se podrían haber paliado muchos de los
problemas que, por la devastadora sequía, han sufrido los
agricultores de las comarcas alicantinas y murcianas. El trasvase
solicitado en mayo por los agricultores habría podido salvar
nuestras explotaciones que, repito --no quiero ser cansino con
los datos--, han sufrido la pérdida de casi el 80 por ciento de
la fruta de hueso y de una parte muy importante de los cítricos.
Casi un millón de toneladas de productos de las explotaciones
agrícolas de Murcia y de Alicante se han perdido en los años 1994
y 1995.
Si las condiciones climatológicas --esperemos que no-- siguen en
los próximos meses, según parece, en particular en la cuenca
mediterránea y en Andalucía, les pido sensibilidad, firmeza y más
rapidez de reflejos determinando el trasvase de aguas de las
cuencas excedentarias por medio de los trasvases y las obras de
infraestructura que se requieran en los meses de abril y mayo,
porque, de lo contrario, se repetirá de nuevo este año que viene,
si no lo remediamos entre todos, el panorama desolador que se ve
en las explotaciones agrícolas, como usted bien conoce, de
Alicante y Murcia.
Debemos contribuir todos para evitar que no se deserticen más las
explotaciones agrícolas de Almería, Murcia, Huelva y Comunidad
valenciana.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, termine,
por favor.
El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, termino rápidamente.
Lo que sí pido es que esa solidaridad envidiable que han
demostrado los pueblos del interior hacia las zonas de la cuenca
mediterránea siga el año que viene. Quiero exigir previsión,
firmeza y actuaciones serias y responsables, porque con previsión
y con solidaridad hay agua para todos, para vivir en paz y con
producciones para que nuestros agricultores no tengan que dejar
su único medio de vida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, intervengo
para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
respecto al Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto, sobre
autorización del trasvase a la cuenca del Segura y concesión de
suplementos de crédito, así como sobre el Real Decreto-ley
8/1995, de la misma fecha, de mejora del aprovechamiento del
trasvase Tajo-Segura, dos decretos más para hacer frente a la
situación de gravísima sequía que en estos momentos está
sufriendo España.
En el debate del día 27 de julio ya comentábamos que la
exposición de motivos de aquel decreto-ley (era el número 6 y
ahora se tramita como ley), citaba que desde el año 1992 se han
aprobado dos reales decretos de medidas para dotar los organismos
de cuenca, que se han aprobado cinco reales decretos para ayudas
económicas y sociales al sector agrícola, que el Gobierno ha
invertido más de 70.000 millones de pesetas y que ha aprobado una
importante serie de medidas extraordinarias. Además, el señor
Ministro decía que ya estaba preparando otras medidas
extraordinarias, algunas de las cuales son las que debatimos hoy,
y otras que posiblemente vendrán después.
Ello, junto con el desarrollo de los textos de los decretos-ley
que debatimos me lleva a unas consideraciones. El Ministerio está
acometiendo diversas obras y actuaciones de carácter hidrológico
que suponen un coste muy cuantioso que rebasa las
disponibilidades del Departamento. Así se cita en el primero de
los decretos-ley.
La pertinaz sequía --como se le llama-- va acompañada, según
nosotros, de otra pertinaz sequía en la previsión presupuestaria
del Ministerio, dado que el tema ya viene de varios años atrás y
se está actuando como si nos cogiera por sorpresa cada una de las
incidencias que sobre el tema se presentan. Verdaderamente no hay
previsión, aunque sea para extremos graves, como puede ser la
presentación de la sequía. Hace demasiados años que es
protagonista de la problemática hidrológica del país.
La exposición de motivos del segundo decreto-ley que tratamos
hoy, el número 8, nos habla de que «la complejidad del proceso de
planificación hidrológica y las prescripciones contenidas en las
mociones aprobadas por las Cortes Generales (Acuerdos del
Congreso de los Diputados de 22 de marzo de 1994 y del Senado de
28 de septiembre de 1994), han exigido un análisis más profundo
del futuro Plan Hidrológico Nacional, pero también ha demorado su
aprobación definitiva. Este retraso en la promulgación de la
norma legal que aprobara aquél, hace necesario afrontar con
carácter de urgencia la regulación de determinadas actuaciones y
medidas para la mejora de la utilización del acueducto Tajo-
Segura mediante una normativa específica». Con este párrafo,
parece que se quiere justificar el retraso como consecuencia de
las dilaciones de esta Cámara. No estamos de acuerdo. No es
verdad que esta Cámara y su Comisión de Infraestructuras
hayan provocado retrasos que influyan en tener que tomar medidas
urgentes para resolver la situación de sequía.
Además, la exposición de motivos, en el párrafo siguiente, dice:
«En este sentido, la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados adoptó una resolución por
unanimidad, el pasado 14 de marzo, en la que se solicitaba
expresamente del Gobierno la presentación de un proyecto de ley
para mejorar la explotación del acueducto Tajo-Segura». Es
verdad, se aprobó, pero ello no provoca los retrasos que hay en
el Plan Hidrológico Nacional. Realmente, la responsabilidad del
Plan Hidrológico es del Ministerio, es el Ministerio el que debe
trabajar en el Plan Hidrológico y cumplir los plazos fijados en
las resoluciones aprobadas, y ya debería haber estado aquí.
Ya sé que el señor Ministro, en declaraciones a algunos medios,
dice que los diputados de Convergència i Unió ponemos pegas al
desarrollo del Plan; incluso dice que la Comunidad Autónoma de
Cataluña no ha presentado el plan hidrológico de Cataluña al
Ministerio. Señor Ministro, repase usted las intervenciones de
nuestro Grupo, generalmente mías, y verá que nuestra actitud en
Comisión siempre ha sido positiva, de consenso, sabiendo que era
un gran proyecto que necesitaba un pacto de Estado y que teníamos
que trabajar mucho. A finales de 1994, cuando usted nos decía que
en tres meses traería a la Cámara el Plan Hidrológico, nosotros
le dábamos más tiempo; usted lo aceptó. Después, hemos tenido
otros debates. Siempre se han ido alargando los tiempos, pero a
usted, en estos momentos, ya no le cabe sino esperar a que venga
aquí el Plan Hidrológico. Quizás, el momento político es el que
lo puede impedir ahora. El Plan Hidrológico Nacional debería
haberse hecho desde su Departamento, pero no han sido capaces de
avanzar y de ir consensuando. Yo lo siento, pero así ha sido. Los
retrasos no los ha causado la Comisión de esta Cámara. En todo
caso, y lo digo claramente, ha sido su Ministerio.
Usted ha dicho que el Real Decreto-ley sobre el Tajo-Segura es la
primera pieza de aquel Plan Hidrológico. ¿Lo haremos a plazos, lo
haremos por piezas? Yo no creía que pudiéramos considerar esto
como una primera pieza del Plan Hidrológico. Usted ha intentado
dar un mensaje, y yo quisiera que fuese un mensaje de esperanza
para los problemas hidrológicos que el país sufre. Señor
Ministro, nosotros continuamos pensando que hay que trabajar
mucho para consesuar el Plan Hidrológico. No es cierto que como
todavía no tiene un Plan Hidrológico no puede avanzar en otras
materias. Cumpla otros plazos que el Ministerio no ha cumplido.
Señor Ministro, nosotros vamos a votar a favor de la
convalidación de los dos decretos, puesto que se está trabajando
en ello y es algo a lo que en estos momentos la urgencia y la
necesidad obliga, pero sí solicitamos que se tramiten como
proyecto de ley. Usted nos ha hablado de grandes números y de
amplios plazos en todo lo relativo al trasvase Tajo-Segura.
Ustedes creen que el carácter de Real Decreto-ley es suficiente,
pero para nuestro Grupo no lo es. Entendemos que, en su
tramitación como proyecto de ley, hay que hacer un estudio más
detallado de las medidas que la urgencia hace tomar para
solucionar este asunto. Nuestro Grupo es consciente de la
problemática hidrológica de las regiones que sufren la sequía y,
por tanto, convalidaremos los decretos, pero queremos que vengan
aquí como proyectos de ley, en el momento que sea, para que se
apruebe que estos temas tienen que discutirse como proyecto de
ley, aunque, por lo que queda de trámite legislativo, a lo mejor
no dé tiempo para ello.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, yo no creo que sea una casualidad que una de las
primeras administraciones de Justicia que existieron en España
fuera precisamente la de los tribunales de Aguas, y hasta qué
punto requiere el agua en España que haya personas justas y
personas equitativas que participen en su distribución y en cómo
debe plantearse el conjunto de los usos del agua.
En una situación como la que estamos viviendo, en la que existe
una pertinaz sequía, hubiera sido una suerte para el país que
hubiera habido gente de este talante, que hubiera habido gente
equitativa, gente justa, personas ecuánimes al frente del
Gobierno; que hubieran, en primer lugar, hablado con sinceridad
al país sobre cuál es la situación real y, en segundo lugar, que
hubieran intentado llegar a soluciones lo más justas posibles
para el país. Siempre se puede equivocar uno, pero lo menos que
un ciudadano le puede pedir a un gobernante, no digamos un
representante político sino un ciudadano, es que se le diga la
verdad sobre lo que está pasando, se le diga cuál es la verdad y
cuáles son las situaciones de futuro que tenemos.
Desgraciadamente, no hemos tenido esa suerte. Yo creo que no se
nos ha dicho la verdad, que en muchas ocasiones se ha estado
incitando incluso a que se sigan con los mismos usos y costumbres
con los que se venía actuando durante muchísimo tiempo y, lo que
puede ser más grave en esta Cámara, con iniciativas políticas se
ha defraudado, no se ha dicho lo que realmente estaba pasando e
incluso se ha hurtado cuáles eran las verdaderas intenciones que
tenía el Gobierno, y que tenía fundamentalmente el Ministro del
ramo, para actuar en temas como el que nos ocupa.
Para mi Grupo Parlamentario es bastante frustrante que el 27 de
julio se debatiera en esta Cámara un decreto-ley en el que se
decía que se iba a bajar el caudal ecológico del río Tajo de 6
metros cúbicos por segundo a 3 metros cúbicos por segundo y que
los excedentes que resultaran de esta rebaja del caudal
ecológico,
prioritaria y fundamentalmente se destinarían al abastecimiento
de poblaciones.
El día 4 de agosto, siete días más tarde, aprobaba el Gobierno un
real decreto-ley, por el cual se destinaban 55 hectómetros
cúbicos provinientes de estos excedentes para uso de regadío. Ya
habíamos advertido en el debate que no estaba clara la
intencionalidad que se planteaba con ese Real Decreto-ley 6/1995,
debatido el 27 de julio, y que mucho nos temíamos que el
verdadero uso que preveía el Gobierno no era el que se nos decía
en ese decreto-ley. Creo que lo menos que se puede pedir a un
Gobierno es que sea sincero en los propósitos que trae a una
Cámara, que no sea falso. Luego se podrá debatir si tiene razón o
no. En este sentido, mi Grupo Parlamentario se siente
absolutamente defraudado.
Desde luego, mi Grupo Parlamentario considera que no es acertado
políticamente respaldar operaciones de esta naturaleza. Solamente
el hecho de la gravísima situación por la que pasan muchísimas
hectáreas de frutales en la cuenca del Segura impide que mi Grupo
Parlamentario vote en contra de la convalidación de este Real
Decreto 7/1995, por el cual los excedentes que se obtenían por el
Decreto 6/1995 se destinan a usos que no estaban previstos, ni
siquiera apuntados en este último Decreto. A nuestro juicio,
constituye un fraude importante y consolida el juicio que mi
Grupo Parlamentario tenía más o menos esbozado de que estamos
ante un responsable político poco de fiar, que estamos ante un
responsable político que no dice a este Parlamento cuáles son sus
intenciones reales y que, por lo tanto, por pasiva, defrauda a
este Parlamento.
Pienso que en este trámite parlamentario no se trata de llegar
más allá en este asunto. Nosotros, desde luego, consideramos que
los modos de utilización del agua en España deben variar
sustancialmente y que sería leal un Gobierno que dijera al país
que se debe ir a un plan hidrológico en el cual se debe proceder
a unos modos del uso del agua muy diferentes de los que hasta
ahora han sido. Pero llevamos diez años, desde que se aprobó la
Ley de Aguas hasta ahora, en los que no ha sido capaz el Gobierno
de decir sinceramente al país que la situación hidrológica es la
que es y que los comportamientos en el uso del agua del país
deben cambiar. Muy al contrario, hemos asistido en sucesivos
debates parlamentarios en esta Cámara a exégesis, por parte del
Ministro de Obras Públicas, de la utilización de los campos de
golf, por ejemplo, y de otros usos que son claramente superfluos
en un país de nuestra naturaleza. Es llamativo que hoy en
Cartagena o en Murcia, en la situación en que se encuentra el
levante español, nos encontremos con concejales del Partido
Popular que defienden que se construyan campos de golf en estas
localidades. ¿Cómo no va a ser así si todavía no se ha planteado
un debate sincero en esta Cámara, en el conjunto de la sociedad
española, sobre que no se puede ir al uso del agua en España que
signifique una desmedida utilización de ella cuando no tenemos
recursos que excedan de nuestras posibilidades? ¿Cómo no va a ser
así?
A lo que mi Grupo Parlamentario no está dispuesto es a seguir
sancionando políticas que no planteen claramente a nuestro país
que no se puede ir a uso excesivo en el consumo del agua y, desde
luego, a respaldar políticas e iniciativas parlamentarias que,
por parte del Gobierno, a golpe de decreto-ley, hurten día tras
día un auténtico debate sobre el plan hidrológico. Y lo que es
peor, hoy incluso se nos anuncia que, a golpe de decreto-ley se
va a sacar un plan hidrológico que no se es capaz de debatir
sinceramente en esta Cámara. A nosotros nos llena de preocupación
que hoy se diga en esta tribuna que se nos trae la primera pieza
del plan hidrológico en la forma de un real decreto-ley. Esto es
severamente preocupante y merece el rechazo por parte de mi Grupo
Parlamentario. Nosotros de ninguna manera vamos a poder ni
siquiera abstenernos en la materialización de este segundo real
decreto-ley. ¿Cómo podemos nosotros dar carta de naturaleza a que
se prevea para los diez próximos años que se trasvasen 50
hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cabecera del
Guadiana? ¿Cómo puede hacerse eso? Ni siquiera con el ardid que
se ha expuesto desde esta tribuna de que es una conquista de
Castilla-La Mancha. Creo que no vale la pena plantear las cosas
en estos términos, en términos de apoyar a unas comunidades
autónomas o a otras o de enfrentar unas comunidades autónomas a
otras. Pienso que este no es el debate. De lo que se trata aquí
es que de esa cabecera del Tajo, que se encuentra en un situación
extraordinariamente grave, no se pueda hacer una previsión como
la que se hace en este segundo Real Decreto-ley, donde se prevé
que en los próximos diez años va a tener a una media de trasvase
de 50 hectómetros cúbicos, aunque sea a una cabecera que se
encuentre en la misma comunidad autónoma. No vale este tipo de
argumentos, porque parece que se quiere decir a Castilla-La
Mancha: conténtese usted con esta operación de lo que le quitamos
en la primera. Porque no es ese el argumento; ni se trata de
enfrentar una comunidad autónoma con otra en el primer real
decreto, ni de contentar a una segunda también con ese real
decreto. No es eso.
Lo que hay que hacer, señoras y señores Diputados --así lo piensa
mi Grupo parlamentario--, es buscar las medidas de futuro que
permitan que los regadíos existentes hoy por hoy en Murcia
continúen en esta situación durante muchísimos años, no solamente
durante uno, porque si la sequía continúa, ¿qué vamos a hacer el
próximo año? ¿Vamos a bajar el caudal ecológico del Tajo de tres
metros cúbicos a un metro cúbico? ¿Eso es lo que vamos a hacer?
Señoras y señores Diputados, nosotros pensamos que son soluciones
suicidas, para salir del paso, después de no haber abordado el
problema durante muchos años y sabiendo que la sequía no es un
producto de 1995 ni de 1994, sino de muchísimos años que llevamos
sufriendo esta situación. Se debería haber tenido
mayor valentía por parte del Gobierno y haber traído a la Cámara
este plan hidrológico sin escudarse, como se escuda...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, termine,
por favor.
El señor ANDREU ANDREU: Voy terminando, señor Presidente.
Repito que sin escudarse, como se escuda, en la exposición de
motivos del segundo real decreto-ley, en disposiciones que hayan
sido políticamente más o menos erróneas y que haya tomado el
Senado o esta Cámara. Tenía esa obligación política, sobre todo
después de que la Ley de Aguas se había aprobado en 1985.
Señoras y señores Diputados, la posición de mi Grupo creo que
queda bastante nítida. Nosotros no vamos a sancionar esta
política que está llevando el Gobierno y, desde luego, con ello
tampoco queremos perjudicar a la región de Murcia, por lo que no
vamos a plantear nuestra oposición a que rieguen los árboles
frutales, que tan necesitados han estado después de tanta sequía
en esta región.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más a lo largo de estos últimos años discutimos
la convalidación de un decreto-ley, en este caso, de dos,
relacionados con la sequía. Especialmente en este último año,
estos son el cuarto y quinto decretos-ley sobre esta materia, lo
que demuestra la improvisación de un ministerio que se ve
desbordado por las circunstancias; circunstancias, sin embargo,
previsibles por cuanto que los períodos de sequías prolongados y
la irregularidad son un dato de nuestra climatología. Por mucho
que diga el señor Ministro que es la más extrema, léanse los
escritos del señor Témez, del Cedex, por ejemplo, a este
respecto, o los trabajos que ha llevado a cabo el propio
Instituto de Meteorología, y verán que es así.
La posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a los dos
textos, que revisten características diferentes, es la siguiente:
En primer lugar, en cuanto al decreto-ley que autoriza el
trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y
concede suplementos de crédito por 15.000 millones de pesetas,
hay que señalar que implica una serie de medidas excepcionales de
aplicación inmediata, limitadas en el tiempo, ya sea en su
vertiente de concesión de suplementos de crédito o de exoneración
de limitaciones en cuanto a capacidad de movilidad de partidas
dentro del presupuesto de un ministerio, o en lo que se refiere a
la autorización de un trasvase de manera excepcional y única de
55 hectómetros cúbicos.
Señor Ministro, ya que nos hablaba del plan de metasequía,
nosotros lo hemos pedido desde el primero de junio y todavía no
nos ha sido enviado. Sólo tenemos la información de prensa. Desde
luego, si existe ese plan de metasequía, esas previsiones, si de
verdad, como dice, todo se engarza en un proyecto global, ¿cómo
es, por ejemplo, que este Decreto-ley no lo aprobó junto con el
del 7 de julio de este año, donde ya se hablaba de una gestión
distinta y excepcional del Tajo-Segura, como ha hecho referencia
en su intervención, respecto a la disminución del caudal
ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez? Sobre todo, porque
si en ese momento se hubiera aprobado ese trasvase de los 55
hectómetros cúbicos extraordinarios, seguramente los efectos
beneficiosos para la cuenca receptora hubieran sido mucho más
considerables y hubieran permitido salvar de una manera más
importante no la cosecha sino los árboles frutales que estaban en
peligro y además sus efectos negativos respecto a la cuenca
cedente lamentablemente hubieran sido los mismos. Porque, no nos
engañemos, éste es el aspecto más polémico de este decreto-ley:
55 hectómetros cúbicos para un riego de socorro ante las pérdidas
irrecuperables en cultivos leñosos del Segura. Y hemos de
manifestar que es una mala solución que no creo que convenza a
nadie, pero, indudablemente, quizá sea, puestos en esta
situación, la única solución posible después de que una pésima
gestión de la cabecera del Tajo a lo largo de estos años, junto
con una sequía importantísima --eso es cierto--, nos ha colocado
en una situación absolutamente angustiosa como la de este verano.
En cuanto a los 15.000 millones de suplemento de crédito, que
aprueba este decreto-ley, señalo la preocupación que nos merece
cómo se están utilizando todos estos recursos económicos
extraordinarios por la razón de su mayor o menor eficiencia
debido a las prisas que encarecen enormemente el costo de las
obras, porque lleva a la selección de proyectos poco maduros muy
a menudo, porque produce un escaso control económico y de calidad
respecto a las obras que se están adjudicando al amparo de la
declaración de urgente necesidad. Si en otras ocasiones, a la
hora de aprobar obras de emergencia, declaraciones de interés
general o créditos suplementarios, hemos hablado de la necesidad
de especificar los proyectos concretos a los que iban destinados
esos medios, en este caso hay que denunciar una vez más la
petición de un cheque en blanco cuando se habla de obras
hidráulicas de carácter excepcional y no se da ningún detalle al
respecto. Por ejemplo, no se dice ni tan siquiera si con estos
15.000 millones de pesetas se van a emprender o no obras para
garantizar los abastecimientos en Castilla-La Mancha, lugar
donde, indudablemente, las necesidades son angustiosas y
entendemos
que sería de justicia emprenderlas de manera absolutamente
inmediata.
El Grupo parlamentario Popular ha solicitado ya el cumplimiento
de la moción aprobada unánimemente por el Pleno en febrero de
este año y que exige que el Gobierno remita un informe sobre los
abastecimientos urbanos y las realizaciones llevadas a cabo con
el primer Decreto-ley de sequía del año, ampliándolo a estas
posteriores medidas de urgencia, de forma que este Congreso pueda
hacer un seguimiento exacto de cuáles son esas medidas de
urgencia para dar solución a los problemas que tienen planteados
muchas de nuestras poblaciones, que en este momento sufren horas
y horas de cortes de agua.
A pesar de todo lo expuesto, a pesar de que consideramos que es
una mala solución y como consideramos que es quizá la única
posible, el Grupo Parlamentario Popular, por sentido de la
responsabilidad, en aras a que quede claro y manifiesto que
cuando hace falta un compromiso, asumir también desgastes y
responsabilidades lo hacemos, vamos a votar favorablemente la
convalidación de este decreto-ley.
Paso a hablar del segundo decreto, 8/1995, que, amén de vulnerar
el artículo 86 de la Constitución, es un monumento al engaño.
Primero, se titula «De medidas urgentes de mejora del
aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura», y hay que decir que lo
único a lo que se refiere es a la aprobación del trasvase Tajo-
Guadiana y no plantea en absoluto ninguna mejora del
aprovechamiento y gestión del trasvase Tajo-Segura
--por otra parte, cuestión harto necesaria--, sino que con esta
medida lo único que se crea es más confusión. En segundo lugar,
vulnera el artículo 86 de la Constitución, como decía, por cuento
sus efectos no son inmediatos --harán falta varios años para que
se elabore y se culmine este proyecto, en el mejor de los casos--
y, además, no regula ninguna situación provisional ni
transitoria, sino que plantea una solución definitiva. Y el señor
Ministro, a lo largo de su intervención, no ha hecho ni una sola
mención respecto de la urgencia de este segundo decreto-ley.
Desde hace tiempo se viene, además, señorías, denunciando las
dificultades que existen en el sistema Entrepeñas y Buendía para
hacer frente a las demandas de trasvase de volúmenes desde la
cuenca del Segura, así como para mantener las justas exigencias
del Tajo en orden a garantizar sus necesidades de abastecimiento,
de regadíos, de industrias, amén del caudal ecológico de 6 metros
cúbicos por segundo al paso de este río por Aranjuez.
Esta preocupación nos ha llevado a la gente del Grupo Popular a
reclamar --incluso a presentar en una proposición no de ley ante
el Congreso de los Diputados, de fecha julio de 1994-- a reclamar
unos estudios conducentes a analizar las distintas posibilidades
de reforzamiento de la cabecera del Tajo con aportes
suplementarios. Es más, apoyamos la coincidente moción del 14 de
marzo de este año, presentada por el Grupo Socialista, que
reclamaba un proyecto de ley
--insisto, señorías, un proyecto de ley-- para mejorar el
aprovechamiento del Tajo-Segura.
En lugar de cumplir el mandato del Congreso, el Gobierno no envía
un proyecto de ley, sino un decreto-ley que invade las
competencias de estas Cortes. Envía un decreto-ley que además,
según dice el propio Ministro, es la primera pieza de un plan
hidrológico nacional que todavía no ha sido capaz de enviar a
esta Cámara por razones que sólo a él le son imputables. Envía un
decreto-ley que no supone reforzamiento alguno de la cabecera del
Tajo, sino que supone un nuevo trasvase de 50 hectómetros
cúbicos, como digo, el trasvase Tajo-Guadiana. Por tanto, se
aumentan las servidumbres del Tajo sin explicar de dónde van a
salir estos 50 hectómetros cúbicos suplementarios, a dónde se van
a enviar, para qué usos exactos, con qué costo ni basándose en
qué estudios o proyectos y sin decir cómo se va a pagar este
nuevo trasvase.
Una vez más este Gobierno pide un cheque en blanco para decir qué
hace, para intentar ocultar su propia inoperancia. Pero no
contento con esto, en su exposición de motivos, como ya ha sido
denunciado por algún otro interviniente, afirma que son las
Cortes las que retrasan el urgente plan hidrológico nacional. Y,
señorías, quiero denunciar públicamente, con toda solemnidad, que
el señor Borrell pretende culpar de los retrasos del plan
hidrológico nacional al Partido Popular porque presentó ante esta
Cámara una moción que fue aprobada por unanimidad, es decir, fue
también respaldada por los votos socialistas, y que exige que el
Gobierno remita el plan hidrológico nacional acompañado de una
serie de estudios que lo complementen, entre otros,
concretamente, un plan de regadíos.
Si todavía no hay plan hidrológico nacional en esta Cámara, señor
Presidente, únicamente es responsabilidad del Gobierno
socialista, el cual, a los diez años largos de la aprobación de
la Ley de Aguas, no ha sido capaz de elaborar un documento digno
de ese nombre y, por el contrario, ha invertido el tiempo y el
dinero de todos los ciudadanos españoles en producir un
anteproyecto de ley a espaldas de los otros Ministerios
--del de Agricultura y de los otros afectados-- y que no
contempla adecuadamente el problema del medio ambiente. Un
documento que plantea unos trasvases en el aire y carece de una
financiación fiable. Es decir, un anteproyecto de espaldas a lo
que manda la actual Ley de Aguas en vigor, un anteproyecto
incompleto que motivó la unanimidad en esta Cámara, como decía
hace un momento, y que indudablemente es necesario completar y
remitir a la máxima urgencia.
Esto no sólo lo hemos dicho en esta Cámara, sino que ha sido
denunciado desde distintos ámbitos, incluso por algunos altos y
ex altos cargos de la Administración socialista. Es más, hace
unos días, el propio Presidente de Castilla-La Mancha, señor
Bono, decía que el plan hidrológico nacional «fue más fruto de
una buena ocurrencia electoral que de un sosegado estudio
hidráulico». El señor Bono, socialista. Por tanto, es
absolutamente indignante que diga que el Partido Popular o las
mociones aprobadas por las Cortes han demorado la aprobación
definitiva del plan hidrológico nacional.
Además, no nos engañemos, con este decreto-ley...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio...
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, termino
muy brevemente, pero estas cuestiones son complicadas.
Con este decreto-ley lo que hace el señor Ministro es buscar una
puerta falsa para sortear un mandato de esta Cámara.
Por ejemplo, en su artículo 1.º se establece un trasvase del Tajo
al Guadiana por un valor medio de 50 hectómetros cúbicos
computados a un período máximo de diez años. Sin embargo, como he
dicho, no se dice de dónde procede el agua, si la hay o no, ni
las afecciones que produce, sino que se establece sin más ese
trasvase.
Tampoco se puede deducir nada de la exposición de motivos que,
por otra parte, no tiene ningún valor normativo.
Yo recuerdo a SS. SS. que, conforme a las leyes de los años 1971
y 1980, ya existen unos compromisos que son los siguientes
respecto a la cabecera del Tajo. Primero, 180 hectómetros
cúbicos/año, que corresponden al caudal ecológico del Tajo, de 6
metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez, más 600
hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura, más, si existieran
todavía excedentes, si hubiera margen, 200
hectómetros cúbicos para Almería y, ahora, 50 hectómetros cúbicos
más para el Guadiana. Y sencillamente, con esta situación
angustiosa, cuando no hay agua en la cabecera del Tajo, el señor
Ministro dice
--cito textualmente: Hay que construir un tubo. Cuando esté
construido la capacidad vertebradora habrá aumentado--. Lo que le
pregunto, señor Ministro ¿por construir el tubo habrá más agua en
la cabecera del Tajo? Es lo único que hay que preguntarse.
El problema es que no hay agua suficiente. El problema es cómo se
puede reforzar la cabecera del Tajo con otros aportes y resulta
que el señor Borrell, de un plumazo, con un texto legislativo,
pretende generar 50 hectómetros cúbicos más de agua.
Que quede muy claro, mi Grupo no se opone a un futuro trasvase al
Guadiana. Entiende que las infraestructuras del acueducto pueden
y deben ser utilizadas también para hacer frente a los gravísimos
problemas de abastecimiento, tanto en algunas poblaciones
cercanas a la conducción del acueducto Tajo-Segura como en la
cuenca del Guadiana y que también ha de servir como instrumento
para paliar al menos parcialmente los gravísimos problemas que
afectan a La Mancha húmeda y muy especialmente a las Tablas de
Daimiel. Pero todo eso hay que hacerlo desde el rigor. Todo eso
exige estudios que garanticen la viabilidad del proyecto; exige
estudios que hoy día desconocemos, aunque los hemos pedido ya
hace un mes, cuando apareció el decreto-ley, y además exige
dinero, financiación, máxime cuando acabamos de ver, por el otro
decreto-ley, que a estas fechas la Dirección General de Obras
Hidráulicas tiene más que comprometida su dotación. Sin embargo,
este trasvase carece de crédito, de financiación, es decir, no se
sabe cuándo se va a realizar y, al menos, no se va a realizar de
forma inmediata. Por lo tanto, se entiende todavía menos lo del
decreto-ley en vez de enviar un proyecto de ley a esta Cámara con
unos estudios...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
termine.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Termino, señor Presidente.
Una vez más afirmamos que en estas cuestiones hay que actuar con
rigor, con estudios que garanticen, primero, la existencia de
excedentes, segundo, la viabilidad técnico-económica y
medioambiental de un trasvase concreto. No se puede seguir
jugando con la gente y creando falsas expectativas que no se sabe
si se van a poder cumplir. Después de la «guerra del agua» entre
Murcia y Castilla-La Mancha se quiere ahora trasladar las
tensiones al seno de la propia comunidad castellano-manchega.
Este decreto-ley, señor Presidente --y concluyo-- plantea el
trasvase Tajo-Guadiana, como hemos explicado. El decreto-ley no
es el instrumento adecuado y el señor Ministro no ha sido capaz
de justificar la urgencia.
El problema es que no hay agua en la cabecera del Tajo, el
problema es que no hay estudios de este trasvase, el problema es
que no aparece partida presupuestaria para financiarlo. En
definitiva, señor Presidente, una vez más el problema es que sólo
hay palabras, palabras y palabras.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García-
Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero unir mis palabras y mis
razones, además de los votos de mi Grupo, a todos aquellos que
han anunciado su intención de apoyar uno u otro de los reales
decretos o ambos en su conjunto. Y quiero hacerlo especialmente a
aquellos portavoces que han sabido sobreponer su contrastado
sentido de la responsabilidad al interesado ruido de la
turbamulta que algunos están introduciendo últimamente
wen la situación política nacional. Es un voto especialmente
valioso. Es un voto que ha supuesto, además, un acendrado
ejercicio de responsabilidad política, en unos tiempos en que ese
valor no es el predominante en algunos grupos de la Cámara.
Más que agradecer el apoyo a los grupos que van a unir su voto al
nuestro, quiero perder mi tiempo, posiblemente mis palabras,
palabras, palabras, en convencer a los grupos que han mostrado su
rechazo a uno u otro de los reales decretos, a ninguno de los dos
en su conjunto, por fortuna, para que reconsideren su voto.
Aunque no sea necesario en matemática parlamentaria, no hemos
tenido hasta ahora en esta Cámara ninguna iniciativa relacionada
con políticas del agua que no haya concitado el apoyo unánime de
todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Y se podría votar
en contra de estos dos reales decretos por alguna razón. La
primera, porque causase un daño injustificado en las cuencas
cedentes; no es el caso. La previsión que tuvo el Gobierno y esta
Cámara al aprobar el Real-Decreto 6/1995 ha producido un
incremento en las reservas del sistema Entrepeñas-Buendía desde
el cual se puede abordar el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a
la cuenca del Segura y 50 hectómetros cúbicos a la cabecera alta
del Guadiana. No es, por tanto, esa la razón que, de existir,
sería compartida por mi Grupo Parlamentario.
Una segunda razón puede ser la innecesariedad de la norma que se
nos propone. Parece inútil perder un solo segundo en convencer a
los miembros de esta Cámara y a la sociedad de la absoluta
necesidad y de la urgencia de las actuaciones que las normas
contienen.
La tercera razón pudiera ser por motivos de discrepancia
ideológica. No sería ése el caso con Izquierda Unida, con quienes
compartimos que una política de aguas debe estar basada
fundamentalmente en el ahorro y que únicamente se debe llegar a
los trasvases como última solución, después de haber puesto en
marcha una serie de medidas que permitan una mayor gestión del
agua.
Sí tenemos importantes discrepancias ideológicas en las políticas
del agua con la derecha. Pero no me parecería serio que ésa fuese
la razón --y creo que no lo es-- por la que el Grupo de la
derecha anuncia su oposición al segundo de los reales decretos.
Hay una cuarta razón que no me atrevo a considerar y es
simplemente porque sí, porque toca. Como el Gobierno dice «a», yo
digo «b», porque sí, porque toca, y luego eso lo visto con una
serie de razones sobre si se respeta o no el artículo 86 de la
Constitución, que establece que los reales decretos deben hacerse
para actuaciones de extrema urgencia y gravedad. Y creo
sinceramente, señores Diputados --y me dirijo al Grupo que se va
a oponer a este decreto-ley-- que es imposible discutir la
urgencia y la gravedad de las obras. Otra cuestión es el tiempo
que duren las obras, que durarán dos, tres o cuatro años. Pero
existe la urgencia y la necesidad de una comunidad autónoma que
está viendo pasar por sus entrañas un acueducto que conduce agua
a otras comunidades autónomas y que la Ley del trasvase Tajo-
Segura prohíbe taxativamente que se detraiga el recurso de ese
acueducto para una cuenca que no sea la del Segura. Si queremos
llevar 50 hectómetros cúbicos de abastecimiento humano a la alta
cuenca del Guadiana, no tenemos más remedio que plantearlo en una
ley. Y se me dirá: pero esto no es una ley, es un real decreto.
Yo estoy conforme en que este real decreto se tramite como
proyecto de ley, para alejar cualquier tipo de sospecha o duda
que pueda quedar sobre la trascendencia y vocación de continuidad
y permanencia de las medidas recogidas en el real decreto. Por
consiguiente, tampoco puede ser ésa la razón por la que su Grupo
Parlamentario se opone o va a votar en contra de este segundo
real decreto.
Yo les ruego, por mantener ese acuerdo que hemos sabido construir
entre todos hasta ahora en las decisiones trascendentes que
afectan a la política de aguas, que los dos grupos que han
anunciado su voto en contra lo reconsideren. Con uno de ellos,
Izquierda Unida, porque no hay discrepancia ideológica ninguna al
respecto, y con el otro, porque la que hay no nos parece que sea
suficiente para oponerse a este real decreto-ley.
Quiero terminar, señor Presidente, más que refiriéndome al
contenido de los reales decretos, los cuales han sido expuestos,
con la extensión, la profundidad y el rigor técnico que le
caracteriza, por el señor Ministro, rechazando algunas
afirmaciones que hoy se han hecho aquí y que se repiten de modo
sistemático como latiguillo o soniquete que va quedando en la
opinión pública. La actuación del Gobierno en política de aguas,
incluido las del tiempo de sequía, no puede ser catalogada, en
ningún caso, de improvisación. Desde el año 1992, cuando teníamos
una reserva de agua de 9 kilómetros cúbicos --ahora nos queda
algo más de un kilómetro cúbico--, el Gobierno viene presentando
una actividad frenética en órdenes ministeriales, en decretos, en
acuerdos, en Reales decretos, que han supuesto más de 140.000
millones de pesetas en obras extraordinarias, amén de que desde
el año 1982 se ha invertido más de un billón de pesetas por la
Dirección General de Obras Hidráulicas, multiplicando por siete
el presupuesto, que era de 20.000 millones en 1982 y de 140.000
millones este año. Si a eso unimos la transferencia de
saneamiento a las comunidades autónomas y las políticas de
calidad de agua, que han sido segregadas de las inversiones de
esta Dirección General, el incremento del presupuesto que los
españoles han dedicado a las políticas de agua es espectacular y
merece un respeto y una valoración por los miembros de esta
Cámara.
Naturalmente, la respuesta del Gobierno ha sido gradual; gradual
y proporcionada a la gravedad creciente de la situación que se
iba presentando. Por supuesto, si todas las obras que ahora se
están planteando --trasvases, desaladoras, mejoras de regadío,
etcétera-- hubiesen
sido planteadas desde el principio, a lo mejor ahora no nos
encontrábamos en esta situación, en la que, por cierto, tampoco
nos encontraríamos si gobiernos anteriores no hubiesen
desembalsado 1.000 hectómetros cúbicos del sistema Entrepeñas-
Buendía para satisfacer las expectativas de las hidroeléctricas
situadas cuenca abajo; a lo mejor, ahora tendríamos 1.000
hectómetros cúbicos más en Entrepeñas y Buendía.
La respuesta del Gobierno ha sido gradual, porque es lo que exige
el sentido común. Una infraestructura cualquiera no se puede
plantear para momentos de excepcionalidad. Sería una barbaridad
planificar las autovías de entrada a Madrid pensando en el
momento máximo de intensidad viaria, la intensidad extrema que se
produce en la salida o en la entrada de vacaciones, porque eso
produciría un inmovilizado de decenas de miles de millones de
pesetas durante el resto del año. La respuesta del Gobierno ha
sido enfrentarse permanentemente con la gravedad del problema
pero de una forma gradual, poniendo en funcionamiento una serie
de medidas extremas que sólo se pueden poner en funcionamiento
cuando la situación es de extrema gravedad, como ocurre en estos
momentos.
Por tanto, yo pido a los grupos que han anunciado su voto en
contra que lo reconsideren, y tranquilizo a aquellos que lo han
hecho fundamentándose en que la resolución del 14 de marzo, de la
Comisión de Infraestructura, pedía un proyecto de ley de mejora
del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura anunciando nuestra
intención de votar a favor de la tramitación, como proyecto de
ley, del segundo Real decreto, el número 8, para que, entre
todos, tengamos ocasión de darle el rango legal que requiere, más
por tratarse de un trasvase y por imperativo de la propia Ley de
Aguas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
García-Arreciado.
Pasamos a las votaciones correspondientes. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 285; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
8/1995, de 4 de agosto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 164; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.
Habiéndose solicitado que se someta a decisión de la Cámara la
tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley
convalidado, votación para la tramitación como proyecto de ley
del Real Decreto-ley 7/1995.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 165; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto
de ley, por el procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley
convalidado.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley 8/1995.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 300; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto
de ley, del Real Decreto-ley.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (Número de
expediente 122/000085)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre envases y residuos
de envases.
Tiene la palabra el señor Ribó. (Rumores.--Numerosos señores
diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, desde nuestro
grupo parlamentario consideramos que el tema que abarca esta
proposición de ley está dentro de aquellos temas que podían ser
considerados de importancia para la civilización.
A pesar de que nuestra sociedad tenga un desinterés relativo
sobre los temas profundos de medio ambiente y a pesar de la nula
posibilidad de que hoy, en el actual clima político español, se
pueda llamar la atención sobre un tema tan importante como éste
(es una ironía hablar hoy de envases y residuos de envases),
quisiera con esta presentación mantener aquellas posiciones
que justifican haber calificado este tema como un tema de
civilización.
Hasta hoy, la política española de medio ambiente ha seguido las
directrices europeas y ha seguido también un conjunto de
presiones del mercado. La proliferación de normativas españolas
sobre el tema a menudo se limitan a buscar adaptación a la
normativa europea, con una respuesta técnica, de valor límite, de
producción de agentes contaminantes. Por carecer, carecemos de
una ley básica de medio ambiente; carecemos de una administración
monográfica sobre el tema de medio ambiente. Seguimos, por tanto,
en la sectorialidad del continuo remiendo en materia de medio
ambiente.
El Ministro de Obras Públicas se comprometió a la presentación de
un plan nacional de medio ambiente con diversos apartados entre
los cuales se citaba el de residuos. Recuerdo, señorías, que
falta hoy el tan esperado plan nacional de residuos sólidos
urbanos, que el Gobierno debería elaborar por mandato
comunitario; falta cumplir la promesa del ministro Borrell sobre
una ley de envases y embalajes, la cual se retrasó, a nuestro
entender, con una falsa excusa de competencias autonómicas, y a
sabiendas de que el 14 de diciembre del año pasado se aprobó una
directiva europea de envases y residuos de envases, directiva muy
contestada por organizaciones sociales diversas, estamos también
a la espera de que llegue a esta Cámara la trasposición de la
misma. Quiero recordarles que aquella directiva fue un claro
recorte de lo que había elaborado el Consejo Económico y Social
Europeo, recorte que proviene de las presiones de grupos
económicos fuertes y de gobiernos europeos que, encabezados por
el Gobierno español, evitaron una directiva con mayor contenido
progresista. Este fue un hecho denunciado por más de 40
organizaciones ecologistas, encabezadas por Greenpeace en un
manifiesto publicado en junio de 1994. Sabemos que existe un
anteproyecto de ley que está en el Consejo Asesor de Medio
Ambiente que, a nuestro entender, es tímido en sus objetivos, con
contenidos mínimos, estrictamente necesarios por lo que impone la
directiva europea. Es un anteproyecto que se ciñe a cuestiones
que llegan a pasar por encima la política de prevención y
precaución, la reducción en origen, la reutilización de envases o
la recuperación. Sabemos que algún otro grupo parlamentario de la
Cámara, como es el caso de Convergència i Unió, en su
responsabilidad de gobierno en Cataluña, ha reclamado esta misma
ley. El Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña
se escuda en el incumplimiento de normativas europeas por la
falta de financiación del fondo de gestión de residuos sólidos en
Cataluña, dado que no existe una imposición sobre envases.
Pues bien, nuestro grupo parlamentario, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, quiere superar esas lagunas presentando
esta iniciativa, intentando recuperar el máximo del contenido
progresista de la directiva europea. Pretendemos concretar la
gestión y tratamiento de residuos en comunidades locales, de
acuerdo con principios de desarrollo sostenible y con una
voluntad de reducción sustancial del porcentaje de residuos que
se generan en la totalidad del territorio español.
Existe hoy una demanda de ayuntamientos, de comunidades
autónomas, de grupos ecologistas y de grupos sociales interesados
en este tema y topamos con cuatro obstáculos que deberían ser
superados. Primero, el alza continua en el número de residuos
generados, de los que un 50 por ciento son envases; segundo, las
insuficiencias financieras, puesto que no existe una ley
específica; tercero, el vacío legal que establezca la obligación
para las empresas de reintroducir materias primas recicladas en
sus ciclos productivos; y, cuarto, la aceptación por parte de la
población de la recogida selectiva de la basura, tema que afecta,
obviamente, a una política de pedagogía social.
Nuestra proposición de ley se dirige a los tres primeros
obstáculos: a frenar el alza, a asegurar la financiación y a
promover la reintroducción. La directiva europea deja una enorme
libertad a los Estados para aplicar aquellos principios, y
nosotros los hemos aplicado a través de una ley impositiva en el
contenido ambiental. Propugnamos medidas de tipo fiscal y
financiero ante la fabricación y comercialización de envases que
aseguren el retorno de los mismos y la incorporación de nuevo de
los residuos de envases al ciclo productivo, estableciendo un
sistema de etiquetado, de estandarización de modelos de envases,
de marcaje de productos y una lista de medidas que acompañan lo
anterior.
Marcamos objetivos a tres y diez años. A tres años, que el 60 por
ciento, en peso, de la producción de residuos sea retirado para
su aprovechamiento; a diez años que este porcentaje llegue al 90
por ciento, inspirándonos en la praxis de aquellos estados más
avanzados en estas políticas. Responsabilizamos al Gobierno de
esta medida, huyendo del llamado modelo alemán, que hoy propugna
la CEOE y que parece es al que va a acogerse el Gobierno, el cual
deja en manos de la iniciativa privada la recogida y tratamiento
de los residuos de envases.
En nuestra propuesta no se cierra puerta alguna para que existan
posibilidades de concesión pública para la gestión privada, pero
consideramos que el responsable de esta cuestión, el control y la
tutela deben ser públicos, a diferencia, repito, de lo que se
apunta en el anteproyecto de ley y de lo que está pidiendo la
CEOE.
Establecemos un conjunto de ecotasas, buscando la discriminación,
vía incremento del precio proporcional al volumen de residuo que
produce cada tipo de envase, quedando obviamente exentos de la
tasa ambiental los envases reutilizables, los pequeños y los que
se fabriquen con materias biodegradables.
La imposición supone, en cualquier sistema moderno, un elemento
disuasorio en la utilización de determinados
envases. Es una voluntad disuasoria dirigida al productor y al
consumidor final del producto, y con una voluntad también de
financiar el fondo para la gestión de los envases y los residuos,
que serviría para los programas de gestión de residuos
domésticos, su recogida selectiva y tratamiento posterior.
Se establece un sistema de depósito para los envases primarios
destinados a contener bebidas, de tal forma que el consumidor
recuperaría una cantidad pagada en la compra, en el momento que
devolviese el envase.
Acompañamos todas estas voluntades, en función de objetivos, con
los correspondientes encargos legales, coherentes y consiguientes
a lo anterior, para que el Gobierno presentase un proyecto de ley
de estímulos fiscales y medidas de apoyo para incentivar la
incorporación al ciclo productivo de residuos de envases, para
modificar el Impuesto sobre Actividades Económicas en aquellos
casos en que se previese espacio suficiente en los
establecimientos comerciales para la recuperación, y para llegar
a acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias
en aquellos programas de medidas sobre ordenanzas fiscales
municipales que contemplen las tasas de recogida y tratamiento de
residuos domésticos.
Les podría citar la enorme cantidad de literatura escandinava,
americana, australiana, alemana, de las sociedades más avanzadas
en estos temas, donde se demuestra la repercusión positiva de
estas políticas para la economía en su conjunto. Es falsa la
afirmación de los que creen que esto grava la economía. Como
grupo parlamentario también hemos sido sometidos a la presión de
grupos económicos que intentan evitar se avance por el camino por
donde discurren las sociedades más civilizadas. Se puede
demostrar que una política como la que defendemos en esta
proposición de ley tiene efectos positivos en el desarrollo
endógeno, sobre el empleo, en el llamado empleo de creación
ecológica, sobre la pequeña y mediana empresa, que sería la más
directa beneficiada en todos aquellos sectores que como efecto
multiplicador se crearían a partir de esas propuestas, y en la
misma eficacia industrial.
Por tanto, desde todos los puntos de vista, económico, social,
ambiental e incluso de amortización de inversiones, se puede
demostrar, repito, por experiencias probadas en sociedades que
nos llevan años de ventaja en estas temáticas, el beneficio
directo sobre la economía que se puede conseguir a través de
estas políticas.
Señorías, la factura medioambiental que existe hoy en España va
en incremento y no en decremento. Sé, y repito --más aún en
condiciones políticas como las actuales--, que esto puede
provocar escasísimo interés en nuestros gobernantes, incluso en
algunos que pretenden ser Gobierno, pero generaciones futuras
agradecerían que ya se hubiese empezado a enderezar esta cuestión
para poder mirar, mucho más allá de horizontes electorales, cómo
empezar a disminuir el coste de aquella factura. Es por estos
motivos que nuestro grupo presenta esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo
brevísimamente en nombre de Unión Valenciana para dar mi apoyo a
esta iniciativa de Izquierda Unida sobre envases y residuos de
envases no sin antes tildarla de pelín oportunista, pero voy a
dar mi voto favorable a la toma en consideración de esta
proposición de ley porque nuestro Estado debe comenzar esos
trámites para adoptar las iniciativas legislativas tendentes a
aprobar esa normativa propia después del consejo más o menos
directo, tras la directiva de la Unión Europea 94/62, de 20 de
diciembre de 1994, referente a envases y embalajes.
España como Estado de la Unión Europea tiene un plazo que
finaliza el 31 de diciembre de 1996 y, por tanto, creo que es
oportuno que a un año vista iniciemos este camino legislativo
tendente a tratar ese terreno tan importante en todo lo que son
los residuos y, en particular, lo referente a envases y residuos
de envases. La iniciativa que hoy debatimos --estoy convencido--
puede y debe ser mejorada y perfeccionada en el trámite
parlamentario que hoy iniciamos; como así se aconseja en todas
las directivas de la Unión Europea, hemos de buscar y avanzar en
el consenso y, sobre todo, en la premisa básica que subyace en
esta iniciativa, avanzar en la defensa del medio ambiente,
intentando asemejar nuestra legislación a la de los países más
avanzados de nuestro entorno. Hemos de ser conscientes de que los
residuos domésticos pueden ser, como creo que ya lo son, un grave
problema social y, por tanto, en el ánimo de trabajar por
conseguir un medio ambiente más sano y más puro todos debemos
contribuir, y hoy podemos empezar dando nuestro apoyo a esta toma
en consideración para conseguir un texto legislativo tan avanzado
como el que más.
El MOPTMA ha realizado un nuevo borrador --al parecer ya van por
el que hace el número diez-- de esta ley de envases, pero el
texto definitivo no acaba de cuajar bien por falta de valentía, o
bien por falta, sobre todo, de voluntad política de llevarlo
adelante tras varios intentos fallidos.
Desde nuestro punto de vista nuestra legislación debe regular con
precisión medidas o porcentajes de la reducción de envases,
fomentar la reutilización de los mismos, controlar o dar la
potestad de control a la administración autonómica y local en
esta gestión de los residuos; también creo que debemos
plantearnos la penalización de envases más contaminantes;
hablemos por ello de la llamada ecotasa. Hoy podemos dar este
primer paso para ponernos al mismo nivel de los países
más avanzados en cuanto a la gestión de los residuos; hoy podemos
iniciar el trabajo para reducir los residuos que genera la
sociedad en su conjunto iniciándolo en el terreno de los envases,
parcela muy importante del sector de los residuos domésticos.
Nuestro medio ambiente creo que nos dará las gracias si nos
ponemos de acuerdo desde hoy en trabajar codo con codo por un
futuro mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, intervengo brevemente
para manifestar también la actitud positiva frente a esta
proposición de ley fundamentalmente porque viene a cubrir la
carencia de una ley que ya debía haber sido presentada y debatida
en este Parlamento, sobre todo acompañando, cuando se quiere
acompañar, la enorme preocupación que existe en la Unión Europea
precisamente para solucionar todo el problema del envase y del
embalaje, sobre todo en materia plástica.
Esta proposición supone la aplicación en España de los objetivos
y de la política que, en materia de gestión de los residuos de
envases, se viene demandando en el ámbito de la Unión Europea. No
obstante, en su plasmación práctica, a través de su articulado,
plantea, respecto de los objetivos que prevé, pequeñas novedades
frente a lo que, desde la Unión Europea, se propuso el 20 de
diciembre cuando se aprobó la Directiva.
Sin embargo, quisiera destacar como aspectos positivos para
manifestar el apoyo a dicha proposición de ley, la reducción de
cinco a tres años del plazo para que el 60 por ciento del peso de
la producción de residuos de envases sea retirado del flujo de
residuos y para que el 40 por ciento en peso de la producción de
cada uno de los materiales de los residuos de envases sea
retirado de dicho flujo para ser reciclado. Creo que son temas a
destacar como importantes. Por otra parte, también la no
utilización o sustitución de sustancias tóxicas y peligrosas en
el envasado de productos de consumo doméstico, la desaparición de
los envases suplementarios y la sustitución en la utilización de
envoltorios para la venta por materiales reciclables y
reciclados, tema que aporta novedades.
Quizás el punto más importante de esta proposición es el encargo
de la gestión de los residuos de envases, su recogida,
clasificación, transporte y tratamiento, a las empresas
productoras, transformadoras y envasadoras, pudiendo asociarse al
efecto, tal y como sucede hoy en varios países de la Comunidad
Europea a través de una legislación específica, y el
establecimiento de un doble sistema de financiación de dicha
gestión que está basado, por un lado, en lo que se llama en el
proyecto de ley las tasas ambientales (parece que, a través de
disposiciones fiscales motivadas por criterios puramente
ecológicos y aplicables a determinados tipos de envases, se van a
liquidar por parte de las empresas productoras de bienes de
consumo envasados a la Administración del Estado), y de otro, en
el depósito sobre los envases primarios destinados a contener
bebidas. Una única preocupación, el tema de posibilidad o
viabilidad de financiación de este sistema.
Por tanto, estamos ante un sistema de financiación muy parecido
al experimentado ya precisamente en Bélgica, en virtud de una Ley
de 16 de julio del año 1993 sobre ecotasas, que aquí también
podría dar resultados importantes.
Yo he manifestado mi actitud positiva frente a esta proposición
de ley porque viene a cubrir una ausencia y que desde el Gobierno
se debería haber tomado como iniciativa, por lo que daremos
nuestro apoyo. Sobre todo, al igual que dicha Ley belga, la
proposición de Izquierda Unida permite expresamente que las
empresas encargadas de la gestión de los residuos de envases
puedan asociarse para llevar a cabo dicha gestión, lo que es
importante.
Queda una parte importante por desarrollar y por cubrir en esta
ley que yo creo que en un debate posterior debería abordarse
seriamente, como es el esfuerzo que debe hacerse desde todos los
ayuntamientos en la recogida para que resulte eficiente y eficaz
todo lo que en esta ley nos proponemos. Esperemos que pueda
llevarse a cabo en adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Es obvio que día a día crece la conciencia de que es imposible
seguir la carrera de consumo de recursos energéticos que se ha
producido durante este siglo. Así, desde el año 1900
aproximadamente hasta nuestros días, el flujo anual de bienes y
servicios, el denominado producto mundial bruto, se ha
multiplicado por treinta. Cada ciudadano del mundo desarrollado
consume ochenta veces más recursos que un ciudadano de un país en
vías de desarrollo. En este escenario, claramente insostenible,
es clave la regulación de los envases y residuos de envases. Casi
todos los productos son envasados para posibilitar su
distribución. Los envases adquieren importancia porque protegen
los productos contra el deterioro, garantizan la higiene,
permiten dar información a los consumidores y facilitan el
transporte y su almacenamiento. No obstante, la producción, el
uso y la eliminación de los materiales de envasado, tanto si se
trata de vidrio como de plástico, aluminio, papel o cartón,
pueden empeorar todavía más muchos problemas ambientales. El
problema principal que plantean los envases es la enorme cantidad
de residuos que generan.
Conscientes de ello, muchos países occidentales, la República
Alemana, por ejemplo, iniciaron la regulación
de los envases y sus residuos en la década de los setenta; a
finales de los ochenta y principios de los noventa, con el
agravamiento del problema de la gestión de los residuos, la Unión
Europea formula una propuesta de directiva relativa a los envases
y residuos de envases.
Evidentemente, nosotros votaremos a favor de esta toma en
consideración, primero, por coherencia europea, puesto que esta
proposición es una copia casi exacta de la Directiva 94/62 del
Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1994. Por tanto, habría
correspondido al Gobierno presentar la propuesta y hay que
lamentar que aún no lo haya hecho. En todo caso, es indiscutible
que hay que votar a favor. Votamos a favor por coherencia con los
planteamientos ecologistas de Esquerra, que se define como
Partido ecologista en sus propios estatutos, y también para
mejorar así la sensibilidad ecológica, desde el convencimiento de
que ésta es cada vez más una obligación de toda la humanidad.
Vamos a votar a favor, pues, a la espera de plantear cuestiones
fundamentales, como la gestión municipal, en el trámite
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria quiere, en primer lugar, felicitar al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
por la iniciativa que ha tenido al presentar esta proposición de
ley. Vamos a dar nuestro voto favorable para su toma en
consideración porque la consideramos acertada y plenamente
oportuna. Incluso yo diría que cualquier objeción que se pudiera
hacer a su texto articulado sería siempre más por defecto que por
exceso, porque el problema de la contaminación medioambiental hoy
en día se presenta como una secuela de la sociedad de consumo,
pero también como una irresponsabilidad de las administraciones
públicas, y sobre todo como una irresponsabilidad de tantas
empresas privadas que, teniendo que comercializar su producto
mediante el envase, no quieren hacerse responsables del deterioro
que la acumulación de éstos produce en el medio ambiente. Por
tanto, junto a esos cuatro obstáculos que acertadamente se
contienen en el texto de la proposición de ley --que el portavoz
que la ha defendido, el señor Ribó, ha señalado--, comenzando por
el primero, por el alza en estos productos, y para justificar lo
que acabo de decir respecto a por defecto, porque no solamente es
el envase y el producto del consumo doméstico, debo señalar que
hoy en día, por ejemplo, el consumo doméstico, para separarlo del
industrial, no es solamente el de la bolsa de la basura que sale
del hogar, sino todo lo que un hogar genera, empezando por los
electrodomésticos, los vehículos, etcétera. El problema de los
neumáticos de deshecho es hoy día un problema gravísimo, porque
ni pueden ser conducidos a la incineración ni pueden ser
eliminados por una aplicación subsidiaria y ahí están.
En áreas del territorio español, como ocurre en las Islas
Canarias, donde una superficie limitada soporta no solamente los
deshechos de envases de una población de derecho de un millón y
medio de habitantes que tiene el archipiélago canario, sino los
de ocho millones de turistas, aproximadamente, que nos visitan
anualmente, el grado de contaminación, isla por isla, es muy
importante, porque no existen instalaciones de reciclado ni de
transformación de estos envases o deshechos. Y no me refiero al
vidrio, porque la industria privada ha visto que, dado el coste
de obtención de envases de vidrio, le resultaba más rentable
empezar a utilizar el reciclado del mismo. ¿Pero qué pasa con los
envases de hojalata, de duraluminio, de plásticos, de cauchos,
etcétera, que están ahí? Esto hay que imponérselo al sector
industrial. Señorías, en este Parlamento, a lo largo de los
debates ocurridos en la II Legislatura --creo recordar--, en 1983
y 84, se habló de la legislación, oportunamente traída por el
Gobierno de entonces, de las explotaciones mineras a cielo
abierto, donde las empresas dejaban prácticamente desertizado el
territorio, y a estas empresas se les obligó por ley a hacer la
reconstrucción de la capa vegetal, de la capa orgánica y la
repoblación forestal de estos montes o zonas que habían sido
prácticamente modificados en su sistema ecológico por las
explotaciones mineras a cielo abierto. Qué duda cabe que aquellas
empresas mineras se resistieron o se venían resistiendo, porque
lo más cómodo era que, una vez agotados los filones de minerales
en explotación, aquello se dejaba en el abandono más absoluto,
con el deterioro ecológico evidente, y se les impuso la
reconstrucción del medio ambiente que habían deteriorado. ¿Por
qué ahora esta Cámara puede admitir reticencias de sectores
empresariales que quieren contaminar y no quieren hacer la
reparación del daño que se está efectuando?
Consideramos que todo lo que se contiene en esta proposición es
positivo y daremos nuestro voto para su toma en consideración.
Cualquier otro elemento perfeccionador de la misma, en los
trámites de enmienda, para nosotros serán bienvenidos y hechos
con nuestra colaboración. Vuelvo a repetir, señor Presidente,
nuestro voto de apoyo por el acierto y la oportunidad de esta
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a fijar la posición relacionada
con la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya comenzando por manifestar que nos parece un
objetivo loable que a nivel interno español se proceda a una
adaptación en cuanto a la gestión, en cuanto al diseño y en
cuanto al tratamiento que hay que dar a los envases y a sus
respectivos residuos.
Nos parece que forma parte de una de las políticas de la Unión
Europea, principalmente de la firma del Acta Unica, porque hasta
ese período no había una asunción de competencias directas por
parte de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Había una
construcción consecuencia de la pérdida del efecto necesario en
virtud del cual la Comunidad podía regular sobre todas aquellas
materias accesorias o complementarias necesarias para desarrollar
la materia principal, entiéndase el medio ambiente natural, la
agricultura, etcétera, y como complemento, había entendido el
Tribunal de Luxemburgo que se podía extender también a otro tipo
de áreas para hacer efectivo y dar cumplimiento a una competencia
expresa en el Tratado de Roma.
La competencia de medio ambiente se plasma en el Acta Unica, se
materializa posteriormente en el Tratado de Maastricht y, por
tanto, nuestro Grupo está de acuerdo con el planteamiento de la
Iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a través
de la directiva. La discrepancia fuerte del Grupo Parlamentario
Vasco está en la filosofía política sobre cómo se concibe la
distribución del poder político a nivel interno español a la hora
de la adaptación y de la trasposición al Derecho interno español
de las directivas comunitarias. Ahí tenemos una opinión distinta
de la que plasma Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Evidentemente, a lo largo del articulado de la proposición de ley
se contiene una serie de declaraciones generales. Se contiene la
palabra programa casi una docena de veces: programas de
actuación, se dice en el artículo 4, para objetivos; se dice
también, en el artículo 5, programas marco de gestión; se crea,
en el artículo 8, un registro básico centralizado a nivel del
Ministerio de Industria; se crea una nueva tasa con carácter de
ley de Cortes. En definitiva, toda una serie de actuaciones con
las que tenemos una discrepancia política de fondo, no con el
contenido de la iniciativa sino con la política, en la medida en
que entendemos que el desarrollo del Derecho comunitario se debe
realizar de otra manera; que debe realizarlo quien es competente
por razón de la materia, y quien es competente por razón de la
materia en cuestión, es decir, el medio ambiente, y dentro del
medio ambiente, como género, la especie de envases y residuos de
envases, son todas las comunidades autónomas, porque lo establece
así la Constitución y los estatutos de autonomía por diversos
grados, en diversas modulaciones competenciales. Porque no todas
las comunidades autónomas disponen del mismo nivel competencial,
mientras que en las comunidades del artículo 143 quedan
limitadas, de conformidad con la Ley Orgánica de Transferencias y
posteriores modificaciones estatutarias, al desarrollo de normas
adicionales de protección del medio ambiente, el resto de
comunidades, como Valencia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y
Galicia, disponen de un plus, y es que pueden desarrollar lo
básico legislado por el Estado. Y es aquí donde entramos en una
filosofía política completamente distinta de la que plantea, no
en cuanto al contenido pero sí en cuanto a su regulación y
programación, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nosotros
entendemos que la trasposición de esta directiva corresponde a
los poderes públicos autonómicos y no a los poderes centrales del
Estado, y lo repito, señorías: por el sistema de distribución
competencial en la materia de medio ambiente.
En este sentido, por consideraciones generales que se hacen a lo
largo de la proposición, porque no se hace en todo el articulado
de la ley ninguna referencia a las administraciones autonómicas,
nos parece que no es una proposición que respeta la distribución
del poder político que existe sobre la materia de medio ambiente.
Se habla de un programa marco que tiene que hacer el Gobierno, se
entiende el Gobierno central, se habla hasta de un programa de
información que tiene que realizar el Gobierno central, de la
creación de una tasa pero por ley de Cortes, si hay capacidad
legislativa, si hay reservas legales para crear tipos tributarios
por parte de las comunidades autónomas en materias que son de su
competencia, y de hecho se crean. Por lo tanto mantenemos una
discrepancia política de fondo, profunda, sobre cuál es el poder
público competente para realizar esa traslación de la directiva
al Derecho interno español en materia de medio ambiente. En ese
sentido, por esa consideración de orden político, no estamos de
acuerdo con la proposición de ley que plantea el día de hoy
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
No obstante, y lo reitero otra vez señor Presidente, hay que
adaptar la directiva que regula tal cuestión al Derecho interno
español, pero nuestro criterio es que debe corresponder a los
poderes públicos autonómicos, en la medida en que las directivas
que tengan una regulación de detalle y concreta, tal como ha
dicho el Tribunal de Luxemburgo, se caracterizan porque no son
efectivamente vinculantes y directamente aplicables como
ordenamiento jurídico positivo y en tal sentido necesitan de una
plasmación en el Derecho interno. Nosotros entendemos que su
plasmación requiere ser efectuada por parte del Derecho
autonómico y no por regulación realizada por poderes centrales
del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, sin
lugar a dudas el tema a que se refiere esta proposición de ley es
importante. Desde luego son muchos los esfuerzos que desde los
distintos poderes públicos se vienen realizando para reducir la
generación de residuos domésticos en general, y nosotros también
pensamos que es importante dar un paso adelante comprometiendo
definitivamente a la industria en este tipo de políticas. De
hecho nuestro Grupo parlamentario así lo ha reclamado
repetidamente al Gobierno en esta Cámara, no sólo en ésta sino en
anteriores legislaturas, pero es que además, señor Ribó, sabe
usted --me consta-- que en aquellos lugares donde tenemos
responsabilidades de Gobierno estamos aplicando políticas
eficaces de minimización de residuos y recuperación de envases
dentro de nuestras posibilidades. Ciertamente nos falta un marco
legislativo amplio, el marco legislativo que exige el desarrollo
o la trasposición de la directiva del año 1990.
Entrando en el contenido de la proposición en sí, debo decir de
entrada que éste excede el objetivo al cual su artículo primero
parece referirse, por cuanto si este artículo primero dice que el
objetivo es el de reducir los residuos domésticos, a continuación
el artículo segundo establece que se aplicará a todos los envases
y residuos de envases ya sean comerciales, domésticos o
industriales.
El objetivo de la proposición en general no es otro que el de la
Directiva comunitaria 94/1962, de 20 de diciembre, a la que ahora
me referiré. Es una directiva, como decía, que todavía está
pendiente de trasposición al ordenamiento interno español, a
pesar de que sabemos que el Gobierno hace tiempo que viene
trabajando en una norma en cuyo proceso de elaboración han
participado distintas instituciones, distintos agentes sociales,
han participado también las comunidades autónomas, pero que no
acaba de ver la luz.
Esa directiva tiene por objeto prevenir o reducir el impacto de
los envases y residuos de envases sobre el medio. Para
conseguirlo determina la necesidad de establecer, en primer
lugar, un sistema de devolución, recogida y recuperación; en
segundo lugar, sistemas de marcaje e identificación de los
envases que permitan reconocer la naturaleza de los materiales
usados en su elaboración y, en tercer lugar, los requisitos
básicos sobre la fabricación y composición de los envases.
Además, la directiva, para garantizar la adecuada gestión, obliga
a los estados miembros a que introduzcan en sus programas de
gestión de residuos un capítulo específico para los envases y
residuos de envases.
Desde nuestro punto de vista, señor Presidente, señorías, la
proposición de ley, en algunos de sus aspectos principales, se
aleja de lo que es el contenido de dicha directiva. Así sucede,
por ejemplo, en aquello que se refiere a los objetivos de
aprovechamiento que describe en el artículo 4.º, ya que cuando se
establece que en el plazo de diez años hay que aprovechar el 90
por ciento del peso de los residuos de envases (se establece en
el texto que somete a consideración el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya) parece desconocerse que
la directiva reserva al Consejo o a los Estados miembros, con la
conformidad previa de la Comisión, la facultad de elevar los
porcentajes de valorización.
También el artículo 6.º del texto que discutimos, y en el mismo
anexo I, que regulan también --aquí sí-- el marcaje de los
productos --supongo que se debe referir al marcaje de los envases
porque los productos no se marcan--, se alejan igualmente de la
directiva por cuanto ésta determina que corresponde al Consejo la
decisión sobre el marcaje, o bien cuando se regulan los
requisitos que han de cumplir los envases para su
comercialización --me refiero concretamente al anexo II de la
proposición de ley--, no se contempla, dentro de las
concentraciones máximas de metales pesados la relativa al
mercurio, a que sí hace referencia la directiva, y en cambio sólo
se refieren ustedes al cadmio, al plomo y al cromo.
Asimismo, y con ello termino esta breve comparación con la
directiva comunitaria, de la cual trae razón esta proposición de
ley, en las disposiciones adicionales primera y segunda se prevén
toda una serie de incentivos económicos para conseguir los
objetivos de la proposición. Estos objetivos son necesarios y
serían loables si no fuera porque la directiva establece que será
el Consejo quien aprobará los instrumentos económicos, y sólo si
el Consejo comunitario no adopta estos instrumentos, sólo en este
caso, podrán hacerlo los Estados.
También la iniciativa legislativa que hoy debatimos tiene un
marcado carácter programático, ya que el cumplimiento de la
mayoría de sus previsiones y el logro de sus objetivos se hace
depender de un posterior desarrollo legislativo o de la actividad
programadora de la Administración central. Seguramente este
carácter de la proposición de ley debe ser la causa de que no se
prevea un régimen sancionador para el caso de incumplimiento de
sus previsiones; régimen sancionador que echamos en falta.
Me llama también la atención, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, que teniendo como tiene esta proposición de ley un
carácter marcadamente medioambiental, su desarrollo queda
exclusivamente en manos del Ministerio de Industria y Energía --
que no es precisamente el Ministerio de Medio Ambiente de España-
- y, en cambio, al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente sólo se hace referencia en el artículo 13 cuando
se determina que el Consejo Asesor de Medio Ambiente deberá
debatir el desarrollo por el Gobierno de las previsiones de la
proposición de ley. Desde nuestro punto de vista este es también
un contrasentido.
Otro aspecto que no compartimos es el escaso respeto, desde
nuestro punto de vista siempre, al reparto competencial en
materia de medio ambiente que surge del bloque de
constitucionalidad. De entrada, no se establece
expresamente el carácter básico de la norma --carácter básico que
luego se desprende del propio texto-- ni se indican los títulos
competenciales que se invocan a la hora de legislar. Luego son
escasísimos los supuestos en los cuales intervienen las
comunidades autónomas --lo ha dicho un anterior interviniente--,
o al menos los supuestos en los cuales se salvaguardan estas
importantes competencias de gestión y desarrollo legislativo en
materia medioambiental que recaen en las comunidades autónomas.
De la ingente actividad programadora que el texto de la
proposición de ley atribuye al Gobierno sólo en el artículo 5.º,
que se refiere a los sistemas de retorno y gestión y que prevé un
programa marco de gestión de envases y residuos de envases, se
utiliza una fórmula de salvaguardia de los planes de gestión de
las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, en el artículo
11, que crea el fondo para la gestión de envases, que se nutre de
las tasas ambientales que las empresas productoras de bienes de
consumo liquidarán a la Administración central, se establece que
ésta distribuirá territorialmente dicho fondo en proporción a los
habitantes de cada comunidad autónoma, pero sólo cuando la
comunidad autónoma tenga asumidas competencias --dicen ustedes--
en materia de coordinación del tratamiento de residuos
municipales le corresponderá la gestión de la parte atribuida a
su territorio. No nos parece muy afortunada esta redacción, ya
que las competencias en materia de medio ambiente no se asumen
por los estatutos de autonomía en ningún caso en los términos que
ustedes reproducen en la proposición de ley.
Volviendo al artículo 5.º que antes he citado, éste dispone que
dentro del programa marco de gestión de envases y residuos de
envases el Gobierno diseñará un sistema básico de recogida
selectiva y gestión de residuos de envases a cargo de las
empresas productoras, transformadoras y envasadoras, que podrán
asociarse al efecto. Pues bien, esta simple previsión deja mucho
que desear a los efectos de salvaguardar las competencias de
gestión autonómicas, ya que no se determina quién autorizará los
sistemas de gestión que establezca la industria, cómo se
identificará que un envase está acogido al sistema, no articula
las garantías que aseguren el correcto funcionamiento del sistema
o la participación de las distintas administraciones autonómicas.
Por poner otro ejemplo --voy terminando, señor Presidente--, la
disposición adicional tercera prevé la presentación por el
Gobierno de un programa de medidas de coordinación con la
Federación Española de Municipios y Provincias para conseguir que
los ayuntamientos contemplen en sus ordenanzas fiscales la tasa
de recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Pero
una previsión de este tipo, desde nuestro punto de vista, sin la
intervención de las comunidades autónomas supone desconocer el
reparto competencial resultante del bloque de constitucionalidad.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, es obvio que, aun
compartiendo la necesidad de impulsar la minimización de los
residuos generados por los envases, nuestro Grupo parlamentario
no puede votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley. Francamente lo lamento, señor Ribó, porque
nuestra disposición era absolutamente abierta a poder considerar
una iniciativa de este tipo porque, como he dicho al principio,
creemos que es urgente la trasposición en el Estado español de la
directiva comunitaria y ustedes con esta proposición de ley
abrían la puerta al efecto. Lo que pasa es que entendemos --y
creo que ha quedado claro de mi exposición-- que su texto
incorpora toda una serie de aspectos bien contradictorios con la
directiva comunitaria, bien contradictorios con el concepto de
estado de las autonomías que nosotros tenemos y que se desprende
del bloque de constitucionalidad, que francamente nos
dificultaría mucho poder enmendar este texto. Por tanto --repito-
-, nuestro voto no va a poder ser favorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, mi Grupo
Parlamentario comparte la preocupación generalizada en las
sociedades avanzadas acerca del notable aumento que se viene
produciendo en relación con el volumen de residuos generados por
los llamados envases y embalajes. Las consecuencias que esto
supone para estas sociedades son un abanico de problemas en
relación con su recogida, con su clasificación, su reutilización,
su reciclaje o su eliminación.
El volumen, por ejemplo, de residuos generados por envases y
embalajes en toda la Unión Europea supera los 50 millones de
toneladas anuales, y en España estamos produciendo ya más de 14
millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de los
que entre el 30 y el 40 por ciento corresponden precisamente a
estos envases y embalajes.
Conscientes de esta problemática, la Unión Europea ha elaborado
diversas directrices y normas complementarias sobre la materia, y
todo ese proceso ha culminado con la publicación de la Directiva
94/62, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
envases y residuos de envases, directiva que da pie a la
presentación de esta proposición de ley. Una directiva, por otra
parte, que, pese a que la proposición de ley copia párrafos
literales de la misma, no aparece mencionada en ninguno de los
antecedentes de la proposición de ley ni a lo largo del
articulado de la misma.
En este contexto internacional, europeo, aparece esta proposición
de ley, que para nosotros resulta, más que ambiciosa, falta de
realismo. Esa falta de realismo es la que nos ofrece numerosas
dudas sobre su viabilidad práctica. Así, por ejemplo, los
objetivos a alcanzar que se imponen en la proposición de ley van
más allá
de los ya de por sí ambiciosos que establecía la propia directiva
de la Unión Europea. Esto supone, señorías, dificultades
objetivas para encarar, por un país como el nuestro, la retirada
masiva de residuos de envases para su reciclaje. La ingente
cantidad de residuos de la que estamos hablando supone, en cuanto
a plazos y cantidades, unos objetivos tan exigentes que resultan
irrealizables. Habría que preguntarse de dónde van a salir los
enormes recursos económicos de investigación, desarrollo y
capital requeridos para desarrollar procesos masivos de
reciclaje. ¿Tiene España en estos momentos capacidad para asumir
estos objetivos con más alcance y en menor tiempo que ningún otro
país de nuestro entorno?
La proposición de ley deja para un programa marco posterior la
descripción de los sistemas de entorno y de gestión que se van a
implantar, y eso añade grados importantes de inconcreción y de
voluntarismo. Teniendo en cuenta, además, que las competencias de
los residuos se hallan residenciadas en gran parte en las
comunidades autónomas, estas dudas afectan a la capacidad para
imponer con realismo dichas actuaciones. Generará sin duda
conflictos de competencias, puesto que encomienda al Gobierno la
ejecución de la mayoría de las acciones. Creemos, por tanto,
señorías, que los objetivos que se pretenden son utópicos, máxime
cuando la proposición de ley busca, por otro lado, procedimientos
que hoy no existen en nuestro país para conocer los datos fiables
sobre la magnitud y la evolución de los flujos de residuos.
La proposición de ley hace hincapié, por otra parte, en la
retirada de un flujo importante de los residuos para su
aprovechamiento, pero elude entrar en el destino que se les puede
dar. De este modo, elude por completo ninguna referencia a algo
que sí recoge la Directiva, así como las políticas diseñadas por
el V Programa comunitario de acción en materia de medio ambiente,
que es la promociónde de la valorización energética como forma de
recuperación. Elude contemplar que la política comunitaria en
estos momentos coloca en el mismo nivel la reutilización, el
reciclado y la eliminación con recuperación de energía. Es una
opción, sin duda, la que presenta la proposición de ley, pero la
única solución posible y viable en estos momentos es una
armonización de todas las políticas europeas para evitar
distorsiones. Y sobre todo, señorías, se trata de que los plazos
establecidos permitan a cada país ir asimilando los residuos
según su propia capacidad de reciclaje y de reutilización reales
para que no se produzca lo que en estos momentos ocurre en la
Unión Europea, que es que la recogida de envases plásticos, por
ejemplo, en Alemania es traspasada a España para que al final el
problema que otros generan lo tengamos que resolver nosotros.
La proposición de ley resulta, además, excesivamente
reglamentista, por ejemplo, en el marcaje de los productos,
estableciendo incluso una simbología, una numeración, un sistema
de identificación que a nuestro juicio no debería ser objeto de
una ley. Sin embargo, no contempla un adecuado mecanismo de
acreditación y de control, lo que deja la puerta abierta a
irregularidades que harán inútil el sistema y sobre todo
provocarán una efectiva desprotección de los consumidores. La
proposición de ley insiste en el reparto de competencias para la
gestión de los envases entre el Ministerio de Obras Públicas y el
Ministerio de Industria y Energía, abundando precisamente en la
falta de unificación de competencias, que va a seguir
dificultando en nuestro país la gestión de la protección del
medio ambiente, incluso dentro de la propia Administración
central, que es exactamente lo que usted, señor Ribó, denunciaba
en su intervención. Y en cuanto a la participación en la toma de
decisiones también es curioso que se indique que el desarrollo
normativo será debatido en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y
no se mencione para nada a los agentes económicos y sociales
implicados, los fabricantes, los transportistas, los
almacenistas, los comerciantes o los propios consumidores, que no
se tienen en cuenta.
Otro de los temas básicos que presenta su proposición de ley es
la implantación de la tasa ambiental, destinada a crear un fondo
para la gestión de los envases y los residuos que en principio no
establece qué servicios va a prestar, si se van a destinar a
crear nuevos centros de reciclado, si se van a pagar con ellos
los costes del transporte, si se va a incentivar con ese fondo la
reducción en origen. Lo que sí cuantifica, sin embargo, y con
mucha exactitud, casi hasta los decimales, es el sobreprecio a
pagar en función del material utilizado para el envase. Y desde
nuestro punto de vista la implantación de una tasa por unidad de
envase nos parece indeseable. La adopción de una medida de estas
características tendría, por otro lado, que vincularse a los
costes reales de gestión de cada envase concreto porque, ¿por qué
el plástico lo establecen ustedes en la proposición de ley más
caro si su impacto ambiental, por ejemplo, es menor que el del
papel, según numerosos estudios? ¿Y qué hay con las diferencias,
por ejemplo, de composición entre los propios plásticos, que
hacen que las dificultades para su gestión o reciclado varíen
extraordinariamente según los componentes de unos y de otros?
Esta tasa tendría, por ejemplo, que relacionarse también con la
producción total del mismo o con sus características y,
finalmente, también debería ser estudiado su efecto sobre los
precios o su influencia sobre la inflación para, en su caso,
proceder a una implantación progresiva y no traumática. Esas
cuantías deberían fijarse en un desarrollo posterior, y no en la
proposición de ley, para facilitar su revisión temporal y su
adaptación al avance tecnológico. Por tanto, un impuesto sobre
cada envase puede resultar ridículamente caro y, sobre todo, muy
discriminatorio contra los recipientes que contienen productos de
poco valor, repercutiendo de forma prohibitiva, por ejemplo,
sobre sus precios, mientras que los de alto valor en recipientes
grandes serían relativamente
inmunes al impacto de la tasa. Por otro lado, la combinación de
la prohibición de ciertos tipos de envases y la imposición de un
impuesto regresivo, como éste, sobre envases determinados podrían
hacer que el mercado en nuestro país derivase de forma muy
importante hacia materiales de más peso, complicando así de forma
notable --muy notable, señorías-- los problemas que ya tenemos de
desperdicios sólidos. La Directiva no contempla esta propuesta e
Izquierda Unida tendría que meditar muy mucho las consecuencias
indeseables, no sólo económicas sino también medioambientales, de
la misma.
Queremos hacer notar, además, algunos aspectos que nos preocupan
por denotar un carácter extremadamente intervencionista de la
proposición. Así, por ejemplo, se propugna la desaparición total
de lo que se denominan envases suplementarios y la proposición de
ley los califica como todo aquello que no se considere
estrictamente necesario o cuyo fin sea ornamental o publicitario.
¿Quién establece lo que no es estrictamente necesario? Con
independencia de la franca indeterminación de estos términos, las
consecuencias que estas medidas tendrían sobre el comercio, sobre
el mercado, sobre la competencia serían de tal magnitud,
señorías, que francamente dudamos mucho de su realismo al
plantearlo. ¿Qué significa que la Administración establezca
programas de normalización o estandarización de los envases? ¿Es
la Administración la que va a dictar a las empresas cuáles son
los modelos de presentación de los productos? ¿Cómo encaja esto
en un sistema de libre mercado, donde las novedades en la
presentación son continuas y donde son las preferencias y la
utilidad para los consumidores los elementos que van a dictar, en
todo caso, dichas pautas? ¿Se imaginan ustedes, señorías, a la
Administración dictando dichos modelos o restringiendo los
tamaños de los botes de mermelada al dictado de los funcionarios
y los burócratas y no al dictado de los propios consumidores?
¿Conoce mejor la Administración en estos momentos las ventajas
que suponen para las propias empresas los métodos de fabricación,
como ustedes plantean en la proposición de ley?
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, le ruego concluya.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, no sin antes decir que
las repercusiones sobre el coste final que tendrían sus medidas
para los propios consumidores nos hacen dudar muy mucho de la
viabilidad y, sobre todo, de la utilidad de algunas de las
propuestas contenidas, por no hablar de ese sistema de depósito
que ustedes promueven, que de alguna manera existió en su momento
en nuestro país y que no tuvo ninguna ventaja objetiva.
Para finalizar, y aunque reconocemos la obligación (y así se lo
hemos reiterado al Gobierno) de afrontar con urgencia una
regulación de este problema --y la toma en consideración de su
proposición de ley podría ser un instrumento para ello--, son
tantas las dudas que nos plantea su texto, tantos los
planteamientos incorrectos que hay en la proposición de Ley, lo
incompleto de su enfoque, lo sesgado de su análisis, que mi grupo
parlamentario va a optar por la abstención en espera de que el
Gobierno, al menos por una sola vez, pueda presentarnos el texto
demandado en forma de proyecto de ley o de decreto-ley, tal como
exige la Directiva, lo más pronto posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo quisiera poner el énfasis en lo que creo que
indudablemente es la causa motivadora de la proposición de ley
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que
imagino que debe ser su objetivo final y principal. Me refiero a
que satisfaga la obligación de trasposición que tenemos, como
Parlamento, de la Directiva comunitaria 94/62, de diciembre de
1994, y que antes de finales de junio de 1996 debe estar
traspuesta en nuestra normativa interna. Es en tanto en cuanto si
se satisface ese objetivo y esa motivación donde nacen las
primeras y profundas dificultades que mi grupo tiene respecto a
esta iniciativa.
Señorías, contemplemos la situación en el contexto general e
histórico de la atención de la normativa comunitaria sobre los
problemas de envases y residuos de envases. Es una larga
tradición, porque la primera de las directivas comunitarias, la
75/442, es de hace veinte años, pero cuando realmente se inicia
un posicionamiento comunitario sobre el tema de envases y
residuos de envases es hace diez años, en 1985, cuando la
Directiva 85/339, restringiéndose a envases de alimentos
líquidos, adopta unos posicionamientos que luego son
profundamente modificados, y es sobre lo que quiero hacer una
brevísima reflexión ante SS. SS. Esta Directiva 85/339, que es el
origen de todos los sistemas y posicionamientos legales respecto
a envases y residuos de envases en los países comunitarios, ha
tenido grandes y profundos problemas. Me estoy refiriendo a que,
por un lado, no satisfizo lo que era su objetivo fundamental, que
era lograr una armonización de la normativa interna de cada país
respecto a los sistemas mediante los cuales se afrontaba el
problema de recogida y gestión de los envases y residuos de
envases. No ha sido un éxito realmente. Se podría incluso invocar
un cierto fracaso, desde luego armonizador, porque dio origen,
por un lado, en Alemania a un sistema determinado que no coincide
para nada con el sistema que, en cambio, se siguió en Francia en
momentos parecidos y que, desde luego, tampoco tuvo reflejo entre
nosotros en el Real Decreto que hizo la
supuesta trasposición de aquella normativa. El problema más
fundamental que suscitó esa normativa comunitaria de hace diez
años fue que dio origen a problemas de los que no se ha hecho
suficiente mención en este debate, y es que en el transfondo de
todo lo que estamos tratando o, tal vez, en su objetivo más
fundamental está el riesgo de una perturbación de la libertad de
circulación de mercancías y productos en el mercado único
comunitario. Esto no es hablar de riesgos, sino de historia,
porque incluso esta normativa que estoy recordando dio origen, en
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, a uno de los
posicionamientos más clásicos sobre la cuestión. La Comisión tuvo
que recurrir contra Dinamarca cuando el Gobierno danés puso
ciertas restricciones a los envases con los cuales la cerveza era
comercializada en Dinamarca y limitaciones a cualquier importador
que introdujese en ese mercado aquello que no satisficiera esos
envases homologados por el Gobierno danés. La sentencia, en el
año 1988, del Tribunal de Luxemburgo hizo que el recurso de
incumplimiento presentado por la Comisión fuese ganado por ella y
la normativa interna danesa tuviese que ser reconsiderada.
Quiero decir con esto que, además de todas las consideraciones
ambientales que queramos hacer, tenemos que tener presente que lo
que se está jugando en las decisiones que tomemos en este momento
es si los productos envasados comunitarios que se comercialicen
en España en los próximos meses estarán o no sometidos a las
mismas normativas y restricciones, justificadas por todos los
planteamientos ambientales que sean, pero que tengan los
productos envasados españoles comercializados en el mercado
interior común. Por tanto, no sólo es la componente ambiental
sino la profunda preocupación por los riesgos de perturbación del
mercado. Por consiguiente, hablando en frase de todos los días,
la afectación a la competitividad española y las consecuencias
que ello tiene de todo orden son las que están en juego. Por
tanto, hay que tener muy presente que la crisis en la que entró
esa normativa comunitaria de hace diez años, precisamente en los
comienzos de los años 1991/1992, cuando en Río hubo una
revolución copernicana en la concepción de lo que es la gestión
ambiental, cuando se tradujo lo que hoy es el programa de
Naciones Unidas sobre la cuestión --Agenda 21-- y cuando en el
ámbito de la Unión Europea, en el V Programa marco, abordamos esa
nueva situación, se produjeron cambios radicales en el
planteamiento de la normativa comunitaria porque ya la filosofía
era absolutamente distinta.
Señorías, en más de una ocasión he apelado ante ustedes que hoy
el problema consiste en la percepción de que la velocidad a la
que se agota la capacidad de absorción del medio natural de los
residuos que generamos es incluso mayor que la de los recursos
materiales que utilizamos en nuestros sistemas económicos. Por
tanto, es la obsesión por la reducción de la generación de
residuos, es la obsesión por la inducción del reciclado, es la
obsesión por la acción en el origen y no en el final del proceso,
es la obsesión por reducir el recurso a los que son las
tecnologías límites, como son la incineración o el abandono en
basureros, ese cambio absoluto de la filosofía anterior es lo que
provocó la crisis de esta normativa comunitaria. Por ello, en el
año 1992 la Comisión formuló una propuesta de nueva directiva,
pero había que añadir una nueva circunstancia, y es que ya estaba
en vigor el Tratado de Maastricht y, por tanto, no sólo proponía
un texto la Comisión, sino que en un proceso dialéctico con el
Parlamento Europeo se generaba el texto. Por tanto, la Directiva
94/62, que es la que nosotros estamos obligados a trasponer, no
se corresponde --y el señor Ribó lo ha dicho-- con lo que fue la
primera propuesta de la Comisión ni con más de uno de los
posicionamientos que en ese iter legislativo se produjeron.
Volviendo, señorías, al tema sobre el que tenemos que
pronunciarnos, yo tenía la impresión al comparar los textos --y
el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya me lo ha
confesado-- que el texto de su iniciativa de proposición de ley
se corresponde con uno de los textos de ese iter legislativo, no
con el final. Por tanto, si nosotros intentásemos la trasposición
sobre el texto que nos propone y que está sometido a nuestra
consideración, estaríamos haciendo la trasposición de una
directiva que no llegó a término, cuando tendríamos la obligación
de hacerlo de la que está en vigor en la Unión Europea desde
diciembre de 1994. Pero no sólo es ese el problema, y con ello,
señorías, añado sobre intervenciones anteriores de los demás
portavoces argumentos suplementarios y coincidentes con los
suyos. Señorías, no se trata sólo de poner en práctica lo que nos
propone dicha iniciativa --y lo visualizo ante SS. SS. no porque
sea el más importante, pero sí el más intuitivo de los errores
que cometeríamos-- es que si lo hiciéramos estaríamos adoptando
unas marcas de identificación --unos logos, como dicen en el
argot del sector-- que la Directiva no ha aceptado y nos veríamos
en la circunstancia de que dentro de un año, cuando el Consejo de
la Unión Europea se pronuncie --porque la Directiva le da esa
competencia-- sobre cuáles deben ser las marcas de
identificación, nosotros tendríamos que invalidar las que
hubiéramos acordado. Esto lo cito como lo no importante. Lo
importante, señorías, es que los instrumentos económicos mediante
los que la Directiva promueve, en una armonización de toda la
Unión Europea, los objetivos que designa no están fijados y el
Consejo se reserva la capacidad para hacerlo en el momento en que
la obligación de trasposición esté terminada, y sólo si el
Consejo no hiciese honor a su obligación de indicar cuáles fuesen
los instrumentos financieros que deberían ser armonizados entre
todos nosotros, sólo entonces y en ese caso es cuando los países
miembros tienen capacidad de esas opciones de instrumentos
económicos. Esto sería en general. Si vamos a los contenidos de
la proposición de ley --y no
quiero porque ya se ha dicho hasta qué punto suscita problemas
jurídicos esa tasa ecológica, que no es fácilmente compatible con
lo que indica la Ley de Tasas y Precios Públicos-- veremos que el
fondo único de gestión que se propone es jurídicamente
incompatible con el hecho de que esos precios tienen que estar
fijados en función de quienes tienen la competencia de la gestión
de los servicios, que no son otros que las comunidades autónomas,
y, por tanto, ese fondo único desde tarifa única no es imaginable
jurídicamente en nuestro contexto.
Por último, y tal vez por ser lo más importante, apelo a lo que
es una dificultad insuperable desde nuestro punto de vista: que
ese modelo de gestión centralizada, jacobino como no soñé en mis
tiempos de juventud, es absolutamente incompatible con lo que es
hoy el modelo de Estado de las autonomías, donde esas
competencias están en manos de los gobiernos que tienen la
responsabilidad de la gestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, le ruego concluya.
El señor DAVILA SANCHEZ: Termino, señor Presidente, diciendo que
en aquello en que la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no coincide con el contenido de la Directiva que
pretende trasponer, no estamos de acuerdo y en algunos aspectos
la discrepancia es profunda, y en aquello que pretende trasponer
tenemos la convicción de que, como dije antes y con ello termino,
si tomásemos en consideración esta proposición de ley estaríamos
haciendo la trasposición de la directiva que nunca existió y
entonces tendríamos que acogernos, como también se ha dicho por
todos los intervinientes, a la evidencia que tenemos todos los
grupos de que el anteproyecto de ley del Gobierno está en un
estado de avance suficiente como para imaginar que este debate
sobre la trasposición de la Directiva 94/62 sí lo podremos hacer,
de acuerdo con un texto no sólo coherente con ella sino que ha
experimentado todo el debate de conciliación y aproximación con
las comunidades autónomas, con los distintos agentes sociales
durante los meses transcurridos hasta ahora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.
Vamos a proceder a la votación.
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sobre envases y residuos de envases.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 22; en contra, 141; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE NO PROLIFERACION DE
ARMAS NUCLEARES (Número de expediente 162/000200)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Proposiciones no
de ley.
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre no proliferación
de armas nucleares. Tiene la palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, señorías, el 26 de
abril celebramos un debate en este hemiciclo en torno a una
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la Conferencia de
revisión del Tratado de no proliferación nuclear. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En aquella
ocasión no fue posible llegar a un consenso y aprobar un texto
completo sobre la posición de esta Cámara en torno a un tema tan
importante como el desarme nuclear y la no proliferación de armas
nucleares. No se admitieron a trámite nuestras enmiendas ni las
de otros grupos, e inmediatamente, a los pocos días, ni siquiera
pasó una semana, tenía lugar en Nueva York la aprobación
indefinida e incondicional del Tratado de no Proliferación, y por
la importancia de la materia, mi Grupo Parlamentario tomó la
decisión de presentar esta proposición no de ley para intentar
crear, ya que no hubo posibilidad en aquella ocasión, un consenso
básico, unos acuerdos básicos, establecer unos criterios básicos
en el Parlamento español sobre los elementos fundamentales de la
no proliferación nuclear, al margen de otros aspectos
colaterales. De ahí la presentación de una proposición no de ley
a la que añadimos algunas enmiendas, que quiere ser en definitiva
una propuesta de extensión del Tratado de no Proliferación a
todos los países, a cuantos más países mejor, pero muy
especialmente a aquellos que ya tienen armamento nuclear y no lo
han firmado todavía, para proponer a esta Cámara que esté de
acuerdo sobre el desarme global y completo, tal como señala el
artículo 6 del Tratado de no Proliferación, para que haya un
acuerdo en esta Cámara sobre la prohibición total de ensayos
nucleares, para que haya un acuerdo sobre el proceso de reducción
de los arsenales nucleares actuales, para que haya un acuerdo
sobre la prohibición de la no producción de material visible para
utilización militar, para que haya un acuerdo sobre un mayor
control y verificación sobre el armamento
nuclear y una mayor capacidad de salvaguardias y de inspección
para evitar la proliferación.
Este era el planteamiento, señorías. Lo que ha sucedido es que
desde que presentamos nosotros nuestra proposición no de ley
hasta hoy han pasado algunas cosas de enorme trascendencia.
Conocen ustedes, porque está en las primeras páginas de los
periódicos de los últimos meses, las últimas semanas y los
últimos días, que se ha producido un escándalo de nivel mundial
con la decisión de Francia de reanudar las pruebas nucleares. Y a
ese escándalo se ha sumado también la indignación de muchos
dirigentes políticos, de muchos gobiernos, de muchos partidos y
de muchos ciudadanos por el hecho de que China también reanudara
sus pruebas nucleares.
Mi Grupo Parlamentario cree que la decisión de Francia ha sido un
grave error político; también la de China, naturalmente, pero
China pertenece a un ámbito que no es exactamente el de los
países occidentales, pertenece a una lógica política y
geoestratégica que no es exactamente la de Europa, y para
intervenir en cuestiones internas de China, como SS. SS. saben,
existen dificultades casi insuperables. En todo caso, rechazamos
la reanudación de las pruebas nucleares en el caso de Francia y
las rechazamos en el caso de China. Creemos que ha sido un grave
error político de Francia, del Presidente Chirac; ha sido una
burla a los avances que se habían realizado con la conclusión del
Tratado de no Proliferación y ha constituido un desafío a
gobiernos y a la opinión pública, puesto que no se ha hecho como
en otras ocasiones. Desconocemos en este momento si en Francia su
Presidente tomó esta decisión por razones puramente tecnológicas
y geoestratégicas, es decir, en relación directa con la
modernización de su arsenal nuclear, o si, por el contrario, tomó
esta decisión por una razón política, por hacer ante el mundo una
demostración de capacidad, de firmeza, de voluntad de Francia de
demostrar que son capaces de tomar una decisión y mantenerla a
todo coste. Tanto en un caso como en otro nos parece un grave
error, y Francia va a pagar consecuencias graves de ese error,
tanto en el interior --estamos viendo lo que está pasando en la
Polinesia y estamos conociendo la opinión de los ciudadanos
franceses en relación a la decisión tomada por su Presidente--
como en el exterior, porque conocemos la repulsa general o casi
general que ha recibido de todos los gobiernos y de la opinión
pública.
Se han condenado estos ensayos, recordemos, en el Parlamento
Europeo, por no hablar de tantas organizaciones no
gubernamentales, gobiernos, etcétera. Los propios gobiernos de la
Unión Europea manifestaron su desaprobación, el nuestro entre
ellos; la manifestaron ya en Cannes y la volvían a manifestar el
viernes pasado en la reunión de Ministros de Exteriores en
Santander. Ha habido un desacuerdo general, y todo el mundo
considera un desastre la decisión tomada por el Presidente
Chirac. Pero no todo el mundo lo ha condenado y lo ha
desaprobado. El Presidente del principal Partido de la oposición,
señor Aznar, nos sorprendía --y quizás no nos sorprendía-- con
palabras comprensivas y de apoyo a la decisión de Francia. Ahora
dice que no, que no es verdad, pero todo el mundo comprendió en
aquel momento que se trataba no sólo de un apoyo implícito sino
de un apoyo explícito; sin calcular quizá las consecuencias que
podía tener también desde el punto de vista de la posición de
España en una cuestión como ésta, vimos que se mostraba
comprensivo y amable con esa decisión. Pero esto no es lo más
grave, a nuestro juicio, sino que el señor Aznar tenía este
desliz, este patinazo, en contra y contradictoriamente con los
principios que su Grupo Parlamentario ha venido defendiendo en
esta Cámara en esa materia: en el debate con el Ministro sobre la
no proliferación, en las enmiendas que el Grupo Popular presentó
a la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en
una proposición no de ley que sigue en pie en este Parlamento, en
la que se dice con toda rotundidad que se está en contra de todo
ensayo nuclear y a favor de su prohibición total. No nos
corresponde a nosotros dirimir esa responsabilidad, pero no
quisiéramos creer que se trata de una posición que va a seguir su
Partido y su Grupo Parlamentario. Es un error, un patinazo, como
he dicho, un exceso de ganas de quedar bien con el señor Chirac.
En cualquier caso, a nosotros nos parece una irresponsabilidad y
pensamos que si el señor Aznar tiene inteligencia política, cosa
que en este caso desmiente un poco (Rumores.), debe estar
arrepentidísimo de haber dicho lo que dijo a la salida del Elíseo
(Continúan los rumores.), porque con la que le está cayendo al
señor Chirac dentro y fuera de Francia, es imposible que el señor
Aznar crea que actuó correctamente y con una mínima lucidez en el
terreno de las relaciones internacionales. (Un señor Diputado: Le
pides demasiado.)
Además, el tema nuclear es de tal importancia, de tal magnitud
política y geoestratégica que nos parece que sobre ese tema no se
pueden tener ligerezas ni frivolizar ni mucho menos patinar. De
ahí nuestra proposición de ley, que pide a esta Cámara un acuerdo
básico sobre los elementos fundamentales de la no proliferación,
unos acuerdos inequívocos, concretos, que estén a salvo de toda
intervención falta de experiencia política o desconocedora de
esta materia. Por eso hemos añadido en una enmienda, señor
Presidente, la condena por parte del Parlamento español, a
Francia y a China y a cualquier Estado que realice ensayos
nucleares. Por eso instamos también al Gobierno a dirigirse a
Francia con la idea de que cancele el programa de ensayos en la
Polinesia, que es un programa que entendemos ha sido
desautorizado totalmente por una aplastante mayoría de políticos
y ciudadanos del planeta, exceptuando, como digo, el señor Aznar.
En el punto 1.º de nuestra proposición no de ley, señor
Presidente, pedimos la eliminación total y completa de las armas
nucleares.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Puig, vaya
terminando.
El señor DE PUIG I OLIVE: En el punto 2.º estamos por los
esfuerzos de desarme y reducción de las armas nucleares. En el
punto 3.º, aceptando una enmienda de Izquierda Unida, pedimos un
acuerdo sobre la prohibición de ensayos nucleares de todo tipo.
En el punto 4.º pedimos la prohibición de la producción de
material fisible para utilización militar. En los puntos 5.º y
6.º, señor Presidente, pedimos un esfuerzo de los regímenes de
control y verificación de la energía atómica y la capacidad de la
Organización Internacional de Energía Atómica para realizar
inspecciones sin aviso y tener acceso a instalaciones
estratégicas.
En la primera de nuestras enmiendas, señor Presidente, añadimos:
«A proseguir los esfuerzos de universalización del Tratado de no
Proliferación, a fin de que se adhieran al mismo, aquellos países
que no lo han hecho todavía y son poseedores del arma nuclear,
como Israel, Paquistán o la India.»
La segunda, señor Presidente, la convertimos en la transaccional
con la enmienda al punto 3.º del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si aceptan añadir en el
último párrafo: «... a fin de que sea concluido en 1996».
La tercera enmienda es al punto 4.º, señor Presidente, y se trata
de una sustitución, en realidad de una corrección, para que
cuando dice «interrupción de material fisible», diga
«interrupción de la producción de material fisible».
Finalmente, señor Presidente, convertimos nuestra cuarta enmienda
en una enmienda transaccional a las enmiendas primera y segunda
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, así como a
la única enmienda presentada por Convergència i Unió. Se trata de
una enmienda --y se la voy a entregar, señor Presidente-- que
diría: El Congreso de los Diputados condena las pruebas y ensayos
nucleares recientemente realizados por Francia y China y los que
se lleven a cabo en lo sucesivo por cualquier Estado, e insta al
Gobierno, en el marco de la Unión Europea, a dirigirse a las
autoridades francesas con el fin de que se cancele
inmediatamente, y de forma definitiva, su programa de pruebas
nucleares en la Polinesia.
Creemos, señor Presidente, que con estas enmiendas y con esta
transaccional podemos llegar a un consenso. Pedimos este
consenso, especialmente al Grupo Popular, que sea coherente con
sus propias enmiendas a otras proposiciones de ley y con su
propio texto de proposición de ley presentado en este Congreso,
aunque sea esta vez coherente con los principios y dejando en
ridículo a su jefe de filas, el señor Aznar.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Puig, ha
anunciado alguna otra enmienda transaccional y le agradecería que
me la pasara.
A esta proposición no de ley se han presentado asimismo enmiendas
por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y por parte del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, que a estas alturas estemos debatiendo una proposición
no de ley que hace referencia a la no proliferación de armas
nucleares me produce, como mínimo, una gran intranquilidad,
porque quiere decir que una cuestión de esta importancia y
envergadura no está resuelta y queda, por tanto, mucho por
avanzar. Claro está que los ensayos nucleares recientes me
producen algo más que intranquilidad, como es rechazo total y
absoluto, incomprensión, e incluso desorientación, y un claro y
profundo toque de alerta.
La proposición no de Ley del Grupo Socialista se enmarca en la
prórroga incondicional e indefinida del Tratado de no
Proliferación Nuclear adoptada en la ONU y que --es cierto-- no
logró la unanimidad en esta Cámara, como ha dicho el portavoz
socialista, así como en seis puntos, que como fijación de
posición del Grupo Catalán y también dentro de la defensa de
nuestra enmienda voy a intentar analizar en este trámite, señor
Presidente.
Debo manifestar que esta proposición no de ley es aceptable en su
conjunto; se podría discutir si falta dureza o claridad, y para
esto está la posibilidad de presentación de enmiendas, pero el
sentido y el fondo de la proposición no de ley es, repito,
aceptable desde el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario.
Proseguir en el objetivo final de la eliminación global y
completa de las armas nucleares estableciendo un convenio que
conduzca a la desaparición total del arma nuclear, al mismo
tiempo que promover la intensificación de los esfuerzos para
alcanzar acuerdos que supongan la reducción del armamento
nuclear, mientras el primer objetivo no se alcance, yo diría que
está en una línea de total coherencia dentro de nuestros propios
planteamientos. Insistir en que se concluya un tratado sobre la
prohibición completa de los ensayos nucleares es no sólo urgente
sino imprescindible. Reforzar los regímenes de control y
verificación a fin de establecer las necesarias garantías de
seguridad, así como la aplicación correcta del tratado, y también
dotar con mayores medios a la OIEA para el fortalecimiento del
servicio de salvaguardias permitiendo inspecciones sin previo
aviso y el acceso a instalaciones estratégicas es, repito,
imprescindible. Por tanto, en su conjunto, es una proposición no
de ley aceptable; si acaso, sería factible completarla con
enmiendas, a nuestro entender básicamente de adición, que
llegarán a configurar un redactado final.
En esta línea que acabo de indicar, nuestro Grupo Parlamentario
ha presentado una enmienda adicional
al párrafo final de esta proposición no de ley remarcando, por
una parte, la condena a las recientes pruebas y ensayos nucleares
realizados por Francia y China e instando al Gobierno para que,
utilizando los medios legales a su alcance y en el marco de la
Unión Europea, se impida a los países miembros a realizar estas
pruebas y ensayos en el futuro.
Es cierto que a esta proposición no de ley se han presentado más
enmiendas de otros grupos parlamentarios, en concreto del propio
Grupo Socialista y también de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y, señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy
a aprovechar para hacer una referencia a las mismas, aunque sea
muy brevemente.
Por parte del Grupo Socialista --ya lo ha dicho el portavoz señor
De Puig-- se solicita que se incluyan los países poseedores de
armas nucleares y que no se han adherido al Tratado de no
Proliferación; se pide la fijación --creo que es importante,
hacían una referencia a una enmienda del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-- de la fecha de la prohibición
total de los ensayos nucleares, la interrupción --es casi una
redacción gramatical-- de la producción de material fisible. Han
presentado una enmienda transaccional, en este caso, a nuestro
Grupo Parlamentario y que también hace referencia a dos enmiendas
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que yo
anticipo, y espero que por parte del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya también sea así, que vamos a aceptar por
lo siguiente. En esta enmienda transaccional se condenan las
últimas pruebas, también se condenan las que se lleven a cabo en
lo sucesivo por cualquier Estado --esperemos, eso sí, que no lo
haga ninguno--, y que se insta al Gobierno a dirigirse a las
autoridades francesas para la cancelación de los programas de
pruebas que están previstos. No consta respecto a nuestra
enmienda, y es cierto, el intento de impedir a los miembros de la
Unión Europea la práctica de estas pruebas y ensayos futuros,
pero aceptamos que con la actual legislación es realmente
complicado y este intento --ésta era nuestra idea inicial-- ya se
contempla en parte en el apartado tercero de la propia
proposición no de ley.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, confía nuestro Grupo en que acepte el texto
transaccional que ofrece el Grupo Socialista, que afecta
concretamente en dos enmiendas. Nosotros votaríamos a favor de la
que hace referencia a la prohibición, cuando se pueda incluir --
esperemos que también--, la fecha concreta del año 1996.
Esta es, señor Presidente, la posición del Grupo Parlamentario
Catalán, pero no quisiera finalizar sin reafirmar, una vez más,
la posición de nuestro Grupo ante un tema de tanta trascendencia
como el que ahora estamos tratando: eliminación global y completa
de las armas nucleares, prohibición total y absoluta de los
ensayos nucleares, condena sin paliativos de ninguna clase de las
últimas pruebas. Quiero añadir que no las aceptamos ni las
entendemos ni sabemos, en definitiva, adónde conducen; a nuestro
entender, sólo al caos y al derrumbamiento de todo principio.
Estas decisiones no les dan ni prestigio ni respeto ni proyección
de futuro ni nada de nada, sólo oscuridad y desprestigio.
Nada más y gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el
señor Vázquez. (Las señoras y señores Diputados del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, puestos en pie,
muestran una pancarta con las palabras: «No pruebas nucleares.»)
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, me gustaría
poder estar en este momento en mi escaño para poder ser aún más
solidario con mi Grupo manteniendo una de las letras que, de
alguna manera, vienen a resumir el espíritu de esta proposición
no de ley... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Vázquez.
Como conocen perfectamente SS. SS., el Parlamento es el ámbito
por excelencia de la expresión libre, pero la hemos entendido
siempre como la expresión oral y no como la expresión plástica.
Estoy seguro de que el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene argumentos más que suficientes para, verbalmente,
exponer, con toda la radicalidad precisa, la postura de su Grupo.
(Rumores.)
Silencio, señorías.
Puede continuar, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
A mi Grupo Parlamentario le parece que es una forma, puede que
plástica pero clara y evidente, de mostrar lo que es una posición
política en contra de las pruebas nucleares, que es el tema que
nos ocupa.
Señor Presidente, señorías, a los hombres y mujeres de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, como por otra parte a la mayoría
de los pueblos del mundo entero, nos parece un atentado grave e
intolerable contra el conjunto de la humanidad la reciente
reanudación de pruebas nucleares en la Polinesia por parte del
Gobierno francés del señor Chirac. Ninguno de los argumentos
esgrimidos por ese Gobierno, soporta un análisis riguroso sobre
la necesidad o conveniencia de estas pruebas nucleares, ni los
supuestamente científicos ni los de seguridad europea ni tampoco
los de su supuesta inocuidad. Unicamente desde la prepotencia de
quien inicia un mandato puede entenderse esta tropelía.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, por favor.
Aunque la actitud de SS. SS: del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya es absolutamente cortés y respetuosa,
sin embargo, sin duda alguna, impiden que pueda ser atendida de
forma adecuada la intervención, precisamente de su portavoz. En
consecuencia, esta Presidencia les ruega que, por favor, se
sienten en sus escaños y desistan de la exposición o
manifestación plástica. De lo contrario, esta Presidencia se
vería obligada a suspender la sesión. (Continúan los rumores.) Ya
han hecho su manifestación expresa. Ruego que se sienten. (Las
señoras y señores Diputados del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya toman asiento en sus escaños y siguen
mostrando la pancarta.)
Se suspende la sesión por quince minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se reanuda la
sesión.
El señor Vázquez tiene la palabra. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Decíamos hace un momento que ninguno de los argumentos esgrimidos
por el Gobierno francés soporta un análisis riguroso sobre la
necesidad o conveniencia de estas pruebas nucleares, ni las
supuestamente razones científicas ni las de seguridad europea ni
tampoco su supuesta inocuidad. Unicamente desde la prepotencia de
quien inicia mandato puede entenderse esta tropelía; es decir,
sólo por afirmar su soberanía, la de Chirac, que nadie discute,
la del Estado francés, puede entenderse esta agresión a la
comunidad internacional.
Solamente unas semanas después de ratificar de forma indefinida
en Naciones Unidas el TNP, y haciendo caso omiso a su contenido,
la derecha francesa, en contra de la opinión pública mundial e
incluso de su propio país --y conviene recordar que más del 60
por ciento de los franceses está en contra de las mismas--,
repito, el Gobierno francés inicia, a pesar de esa presión
internacional, esta aventura militarista intolerable.
La reanudación de estas pruebas entraña incalculables riesgos
para el medio ambiente y para los seres humanos; nos retrotrae a
un concepto de seguridad basado en la amenaza nuclear y no en la
confianza mutua; debilita la cohesión exterior de la Unión
Europea, comprometiendo una futura PESC y alienta a otros países
a poder continuar por el camino de la proliferación nuclear.
Todas estas razones nos parecen especialmente graves.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya condena con la misma
fuerza la continuación de las pruebas nucleares por parte de la
República Popular China y exige el cese inmediato de estos
ensayos. Consideramos imprescindible la elaboración y firma de un
tratado que prohíba definitivamente las pruebas nucleares. En
esta dirección, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
considera que la Presidencia en este ejercicio del Consejo de la
Unión Europea tiene la obligación de proponer y alentar el
establecimiento de dicho Tratado. En igual grado, pero en sentido
opuesto, Izquierda Unida lamenta profundamente la clara
inhibición y debilidad del Gobierno español hasta este momento a
la hora de transmitir a las autoridades francesas una clara e
inequívoca condena de la reanudación de las pruebas nucleares.
Digo hasta este momento porque en la intervención del portavoz
socialista se acepta esta condena por parte del Congreso que,
lógicamente, tendrá que asumir también el Gobierno.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera inadmisible el
papel adoptado por la Comisión Europea, que ha sido incapaz de
cumplir con sus obligaciones derivadas del artículo 34 del
Tratado Euratom, y pide su inmediata aplicación y cumplimiento.
Criticamos la hasta ahora posición tibia de algunos gobiernos
europeos, en especial el nuestro, con la responsabilidad añadida
de ser los presidentes de la Unión Europea, mostrando no repulsa
y rechazo sino preocupación. También criticamos la comprensión
que algunos partidos de la derecha europea, en España el Partido
Popular por boca de su Presidente, han mostrado ante estas
pruebas nucleares, aduciendo en todos los casos razones de Estado
que, con excesiva frecuencia, se utilizan cuando no hay razones
para los ciudadanos. Hechos como estos, violentan las conciencias
de la humanidad, especialmente de todos aquellos que desean un
futuro en paz y libre de la amenaza nuclear. Nada está haciendo
más daño a la imagen de Francia en la comunidad internacional que
la política nuclear de su Presidente.
No quiero acabar esta primera parte de mi intervención sin
agradecer la labor de algunas ONG, especialmente de Greenpeace,
por su trabajo abnegado en hacer que la conciencia colectiva de
la humanidad contra las pruebas nucleares haya tenido el
testimonio «in situ» de la abnegación de estas personas.
Entrando en las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a la proposición no de ley del Partido Socialista, el
señor De Puig se ha referido a algunas de ellas. Las dos primeras
tienen como objetivo condenar la realización de las pruebas
nucleares en las islas de la Polinesia, así como las que se han
llevado a cabo en la República Popular China y las que se puedan
llevar a cabo en cualquier otro Estado. Al mismo tiempo, dirigir
al Gobierno francés, en el seno de las instituciones de la Unión
Europea, la petición de que cancele inmediatamente de forma
definitiva su programa de pruebas nucleares. Esto, según ha sido
expresado, es el resultado de la fusión de esta enmienda de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con la de
Convergència i Unió, aceptada por el Grupo Socialista, de lo que
nos congratulamos.
Nuestra segunda enmienda tiene como objetivo impulsar, desde la
Presidencia de la Unión Europea, un convenio que contemple, en un
plazo próximo a partir de acuerdos multilaterales de desarme que
incluyan a todas las potencias nucleares, la desaparición
completa de las armas nucleares, así como una fecha límite para
reducir a cero esta clase de armas. En el texto original del
Grupo Socialista se hace referencia a los acuerdos Start I y
Start II, que dependen de la voluntad de las dos grandes
potencias, una ex y otra no ex, Estados Unidos y Rusia, por lo
que no son acuerdos de tipo multilateral, excluyendo de los
mismos a los otros países como Francia, Inglaterra, la propia
China y otros --que son citados a continuación-- que también
disponen de ese armamento nuclear. Es cierto que de una lectura
hecha con buena voluntad de ese segundo punto de la proposición
del Grupo Socialista resulta que se habla de acuerdos como el
Start I y el Start II, es decir, se establece la posibilidad, que
es nuestro objetivo, de acuerdos multilaterales que lleven al fin
perseguido de acabar con el armamento nuclear en todo el globo
terráqueo.
Nuestra tercera enmienda, que también ha sido aceptada por el
Grupo Socialista, trata de impulsar la conclusión en la
Conferencia de Ginebra del Tratado de Prohibición Total de
Pruebas Nucleares, el CTBT, de modo que contemple la prohibición
total de cualquier tipo de ensayo atómico o explosión nuclear en
cualquier clase de medio, asegurando la firma de este tratado, al
menos por todos los Estados miembros de la Unión Europea, en el
horizonte de 1996.
Las dos últimas enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya hacen referencia a dos problemas de base. Uno, a
nuestra voluntad de que se prohíba por completo la separación,
producción y uso del plutonio comercial y militar y del uranio
altamente enriquecido. Sin estas sustancias sería imposible el
mantemiento de los programas nucleares de los diferentes Estados
y, por tanto, haría imposible en la práctica la realización de
nuevas pruebas. Nos parece que esto toca tangencialmente también
con el uso civil de la energía nuclear, pero sin esa prohibición
de acabar con la separación y producción de plutonio, sea
comercial o militar (les recuerdo a SS. SS. que la diferencia
está únicamente en que por unidad de masa tenga un 90 por ciento
de plutonio; si tiene más del 90 por ciento es militar y si tiene
menos del 90 por ciento es comercial y, por lo tanto, lo habitual
es el comercial enriquecido transformarlo en militar); esto es,
si fueramos capaces de terminar con la producción de esos
isótopos acabaríamos en gran medida con esta carrera de armamento
nuclear.
La última enmienda de nuestro Grupo pretende incluir el
establecimiento de una agencia de verificación multilateral
encargada de vigilar y garantizar de modo efectivo la seguridad,
bajo control internacional, de todos los materiales fisibles,
utilizables en la fabricación de armas nucleares.
En la proposición no de ley del Grupo Socialista, se habla de la
OIEA (Oficina Internacional de Energía Atómica), ya que pretende
dicho Grupo que tenga mayores medios, más competencias y más
capacidades para ejercer un control estricto y eficaz. Como
decíamos en el debate celebrado en el anterior período de
sesiones, uno de los objetivos de la OIEA es la promoción de la
propia energía nuclear civil, pero no su uso militar.
Como decíamos anteriormente, si fuéramos capaces de acabar con la
producción de plutonio --que termina siendo producto final del
desecho del uranio que utilizan las centrales civiles--,
estaríamos poniendo fin «de facto» a la posibilidad de
mantenimiento de las pruebas nucleares.
En resumen, mi Grupo va a mantener estas dos últimas enmiendas si
el Grupo Socialista acepta que se sometan a votación, entendiendo
que las anteriores han sido consensuadas tanto con el Grupo
Socialista como con el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Es
cierto que cuando discutimos anteriormente estos temas no pudimos
conseguir una resolución unánime de este Congreso.
Espero de la buena voluntad de todos, especialmente del Grupo
Socialista, que haga el esfuerzo necesario para que en esta
ocasión podamos, entre todos, aportar la opinión colectiva del
Congreso de los Diputados, del Estado español, como una piedra
más en lo que es el muro de la conciencia mundial que se levanta
contra esas pruebas nucleares, contra ese uso militar de la
energía atómica.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entiendo, señor Vázquez,
que las enmiendas que dice S. S. que en cualquier caso
mantendría, serían las que figuran a los puntos 4 y 5.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Principalmente, una breve intervención para saludar la
oportunidad con la que ha llegado a esta Cámara esta proposición
no de ley, que es casual, pero que viene en un momento donde está
suscitándose un importante debate dentro de nuestra propia
sociedad en torno a la utilización de la energía nuclear para
fines que no son precisamente de desarrollo tecnológico.
Desde este punto de vista, mantenemos también nuestra posición
positiva respecto al texto presentado, aunque las enmiendas, tal
como han sido propuestas por el portavoz del Grupo Socialista, lo
mejoran de forma significativa, sobre todo con la última enmienda
transaccional aceptando la propuesta de los Grupos de
Izquierda Unida y Catalán (Convergència i Unió), cuyo texto me
parece acertado y, sobre todo, está al hilo de los
acontecimientos.
No creo que cabe añadir aquí nada más. Simplemente el testimonio
que corrobore lo que se ha expresado en esta Cámara. Pero sí
quisiera apuntar un tema que viene al hilo del segundo párrafo de
la proposición no de ley, cuando se dice que en tanto se cumpla
este objetivo --el referido al número uno, relativo al
cumplimiento, al cien por cien, del Tratado de No Proliferación
Nuclear y además a la inclusión en ese Tratado de países que
todavía no lo han firmado--, el Gobierno deberá promover la
intensificación de los esfuerzos de desarme nuclear con la
conclusión de cuantos acuerdos supongan la reducción del
armamento nuclear.
Es un tema estrictamente técnico y, además, está en la línea de
lo que es el propio Tratado, aunque creo que hay temas
colaterales con el Tratado que están siendo de alguna forma
olvidados y que también suponen una cierta doble moral para los
estados. Por ejemplo, nuestro propio Estado está manteniendo
relaciones incluso de cooperación al desarrollo con países
latinoamericanos, cuyo nombre no voy a citar aquí, que en estos
momentos tienen importantes contenciosos con otros países del
Medio Oriente, del Oriente próximo, donde está planteándose la
posibilidad de adquirir y suministrar la bomba atómica. Ese tema
debería quedar también contemplado en esta proposición no de ley.
Ya sé que la introducción en una enmienda no es un procedimiento
técnico, pero la no relación de ningún tipo, diplomática o de
cooperación, con países que no han firmado el Tratado de No
Proliferación Nuclear y que se convierten en suministradores de
países que tampoco lo han firmado y son susceptibles de producir
la bomba atómica, sería uno de los objetivos que deberíamos
cubrir.
Por lo demás, apoyamos los resultados que salen de esta
proposición no de ley transaccionada y pactada y solicitamos a
todos los grupos que vamos a votar a favor de esta proposición
que exijamos al Gobierno el estricto cumplimiento de lo que aquí
estamos acordando.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente y con
gran brevedad en atención a la hora y al momento en el que
estamos debatiendo esta proposición no de ley, quisiera dejar
constancia, fundamentalmente, de la posición de Coalición
Canaria, que apoya la iniciativa del Grupo Socialista como las
enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a las cuales
nos sumamos y votaremos los consensos que resulten de las
enmiendas transaccionales, destacando de una manera fehaciente
que la gran responsabilidad de recoger el sentir que hoy tiene la
Cámara es del Gobierno español, de su Presidente y, sobre todo,
de aquellos Ministros como el de Defensa y el de Asuntos
Exteriores, que tienen que hacer valer esta protesta y esta
condena ante quien ha desencadenado este proceso.
Aunque la proposición no de ley del Grupo Socialista trae fecha
de 11 de mayo, recuerdo el debate que tuvimos aquí en la moción
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, a la que entonces nos sumamos, habiéndonos mostrado de
acuerdo en la prórroga incondicional e indefinida del Tratado de
No Proliferación Nuclear, que se había debatido y votado en el
seno de las Naciones Unidas, en el buen entendimiento de que las
potencias nucleares no hicieron experiencias haciendo explotar
sus ingenios nuclea-
res. Francia ha roto precisamente el juego. Francia ha roto la
baraja. Esto es lo grave, porque lo rompe un país de tradición
democrática, el país que fue cuna de la primera Declaración de
los derechos humanos, un país que es un socio de España no
solamente en la Unión Europea, sino en la UEO, en las
instituciones militares y en la OTAN. Si el Gobierno español
recoge hoy este parecer de la Cámara acertadamente no puede
limitarse tan sólo a expresar una condena y un rechazo --a lo
que, por supuesto, Coalición Canaria se suma en primer lugar
junto a los demás grupos parlamentarios-- de las experiencias
nucleares francesas, sino que, debe rechazar todo el contexto en
el que Francia está planteando esta experiencia.
En fechas recientes, tanto los ministros como el presidente
Chirac ha dicho que ofrecen a la Europa occidental este arma para
su defensa. Pues que se queden con ella. No necesitamos, en el
planteamiento que estamos haciendo, dentro del pilar europeo y de
la Unión
Europea Occidental, ofrecimientos de estas armas. Estas armas,
¿contra quién? ¿Quién es la otra alternativa que nos va a
amenazar con el armamento atómico en este proceso nuclear? O, ¿es
que estamos aquí reinventando una nueva guerra fría con otros
contendientes y otros títulos?
Esto es lo grave, porque Francia sigue insistiendo, sobre todo
con ese caramelo envenenado, en ofrecer este arma para la defensa
de Europa Occidental. ¡No, señor! Hay que decirle
contundentemente no, porque tan grave como la propia experiencia
atómica nuclear hecha en el atolón, en la Polinesia, es,
sencillamente, después, este otro lenguaje politico de
arropamiento, que es el que tenemos que rechazar y refutar
frontalmente.
El Gobierno español tiene que empezar suspendiendo incluso, si es
preciso, todo tipo de maniobras militares bilaterales entre las
Fuerzas Armadas de España y de Francia. Poner en cuestión el tema
del Euroejército del Sur, planteado con Italia, Francia, España y
Portugal, si es que Francia quiere tener en su arsenal este tema,
porque no creo que en este momento el Reino Unido --el otro socio
de la Unión Europea y de la Unión Europea Occidental con
armamento nuclear-- se atreva a hacer ninguna experiencia de este
tipo. Incluso se les ha señalado que existe en este momento la
posibilidad de efectuar programas de ordenador que simulan todas
estas experiencias horrorosas, para que se hagan por esa vía y no
por la que Francia ha optado.
Este es el fondo de la cuestión, señor Presidente, al que
nosotros queremos sumarnos y votaremos favorablemente, en este
espíritu, la forma en que ha sido presentada por los grupos
proponentes de la proposición no de ley y de las enmiendas,
dentro del consenso.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, el pasado día
26 de abril, con la continuación que tuvo lugar el 9 de mayo,
discutíamos en esta Cámara la interpelación y la consiguiente
moción que tuvo el acierto de presentar el Grupo de Izquierda
Unida, en los momentos en que todavía no se conocía cuál iba a
ser el futuro del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Precisamente en aquellos momentos, como resaltaba el portavoz
socialista en este trámite, y a pesar de un amplio consenso entre
varios grupos de esta Cámara, no pudimos llegar a la definición
de una postura común sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear
porque nosotros y otros grupos de esta Cámara insistimos
sistemáticamente en la necesidad de que el Tratado de No
Proliferación tuviera una continuación indefinida e
incondicional. Y subrayamos la necesidad de que la continuación
fuera indefinida e incondicional porque cualquier otra fórmula
que se pudiera encontrar suponía pura y simplemente una
invitación a la proliferación nuclear, que nosotros quisimos,
queremos y querremos evitar en el futuro.
En aquel momento el Grupo de Izquierda Unida no lo comprendió así
y como consecuencia de ese debate esperanzador, optimista hasta
cierto punto, pero también frustrado, nosotros, el día 10 de
mayo, con entrada que tuvo en esta Cámara el día 12 de mayo,
presentamos una proposición no de ley en donde de manera
sistemática recogíamos todos los aspectos que nos parecen
relevantes sobre la no proliferación nuclear.
De hecho, esa proposición no de ley había sido previamente una
enmienda de modificación a la totalidad, que habíamos presentado
en el trámite parlamentario de la interpelación al mismo texto
propuesto por Izquierda Unida. De manera que tuvimos ocasión muy
temprana, incluso antes que otros grupos, incluyendo también al
Grupo Socialista, de manifestar muy claramente cuáles eran los
puntos fundamentales de nuestra política al respecto.
Puedo decir, por otra parte, sin ofender al Grupo Socialista y
sobre todo a su portavoz, que, habiendo tenido ellos conocimiento
previo de nuestros planteamientos, seguramente en ellos se han
inspirado para presentar la proposición no de ley que en este
momento estamos considerando, porque, como podrán comprobar SS.
SS., si tienen la paciencia de leer y comparar los dos textos,
podrán observar que las coincidencias son prácticamente textuales
en muchos de los puntos. De manera que, siendo previa nuestra
presentación, es lógico presumir que la inspiración, que, por
otra parte, no reclamamos de una manera monopolista, está en ese
texto nuestro.
En ese texto nuestro insistíamos en la necesidad de que era
necesario conseguir una indefinida e incondicional extensión del
Tratado de No Proliferación. Decíamos también que debíamos seguir
trabajando activamente, en el marco de las negociaciones de
Ginebra, en la conclusión de un tratado de prohibición de pruebas
y hacia la reunión del máximo apoyo posible para una extensión
indefinida y al mismo tiempo, decíamos en aquella ocasión, con
fecha del 10 de mayo, incluso del 9 de mayo, que el Gobierno
debería usar de su influencia sobre los gobiernos de los países
poseedores de armas nucleares en un intento de persuadirles de
que extiendan su moratoria voluntaria sobre pruebas nucleares. En
particular, deberá solicitar que la República Popular de China
desista de llevar a cabo más pruebas nucleares, tal y como lo
hizo tras las pruebas de octubre de 1993 y junio de 1994.
Decíamos también que era necesario seguir con los esfuerzos
dedicados a la promoción del desarme nuclear, en particular la
puesta en práctica del Tratado Start I y de la ratificación del
Start II.
Pedíamos, y seguimos pidiendo, porque no se encuentra en la
proposición no de ley del Partido Socialista, la creación de un
registro de armas nucleares en las Naciones Unidas.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo, porque tampoco se encuentra en
la proposición no de ley del Partido Socialista, que deberíamos
persuadir a los cinco Estados poseedores del arma nuclear,
miembros del Consejo de Seguridad, para que refuercen sus
garantías de seguridad hacia aquellos Estados que cumplen con sus
obligaciones de no adquisición y de no proliferación de armas
nucleares.
Pedíamos también la necesidad de apoyar los esfuerzos de las
negociaciones en Ginebra para producir un tratado que se llama
técnicamente «cut-off» para la prohibición de material fisible
con finalidades armamentísticas.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo, porque no está en la proposición
no de ley del Grupo Socialista, el favorecimiento del desarrollo
de un mecanismo de sanciones contra las violaciones del Tratado
de No Proliferación Nuclear.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo porque no está en la proposición
no de ley del Partido Socialista, que se debe urgir a todos los
signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear más allá de
la extensión del Tratado
a contraer compromisos voluntarios e imponerse a sí mismos límites.
Pedíamos, y pide el Grupo Socialista, que se refuerce la Agencia
Internacional de la Energía Atómica.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo, porque no está en la proposición
no de ley del Partido Socialista, que se utilice la influencia de
la Agencia para asegurarse que el límite mínimo fijado para
cantidades significativas de materia nuclear susceptible de
control sea reducido.
Este era el contenido de la enmienda de modificación que
sometimos a la consideración de la Cámara con ocasión de la
discusión de la moción consiguiente de interpelación de Izquierda
Unida. Este es el contenido de la proposición no de ley que está
sometido a la consideración de esta Cámara y que esperamos que
dentro de poco sea efectivamente objeto de consideración de la
misma. Esa es la política nuclear del Partido Popular. Ha sido y
seguirá siendo la política nuclear del Partido Popular.
Desde ese punto de vista, tengo que decirles, señoras y señores
Diputados, que, habiendo contemplado cuáles son los textos que se
nos somete a nuestra consideración, fundamentalmente por parte
del portavoz del Partido Socialista, nosotros vamos a votar
favorablemente la proposición no de ley e incluso algunas de las
propuestas transaccionales que el propio Partido Socialista
somete a nuestra consideración, incluyendo entre ellas, porque la
consideramos una lógica consecuencia de nuestra filosofía al
respecto, aquella que manifiesta su desaprobación y su condena
por la realización de las pruebas nucleares recientemente
llevadas a cabo por la República Popular China y por la República
francesa. Hasta aquí la postura del Grupo Popular con respecto a
lo que hoy nos trae, que es la consideración de una proposición
no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre los temas
relativos a la no proliferación nuclear.
Yo comprendo que el portavoz socialista tenga determinadas
dificultades generales en este momento
--no lo comparto-- y lo lamento, porque ha introducido toda una
serie de consideraciones que en el fondo nos desvían del tema que
hoy nos trae aquí, que es el de la no proliferación. Yo comprendo
que el Grupo Socialista y su portavoz, encontrándose en estos
momentos en circunstancias de dificultad y de sequía política
como las que padecen, se aferren a determinadas consideraciones
que nada tienen que ver con el tema que nos ocupa. Nos habla el
portavoz socialista de patinazos, de ridículos. Ridículos y
patinazos los que están continuamente cometiendo, en primer
lugar, los miembros del Gobierno socialista, cuando, señor De
Puig, todavía no sabemos exactamente qué es lo que el Gobierno
piensa sobre el tema de la proliferación nuclear y sobre el de
las pruebas atómicas francesas. Tengo ante mí una reciente
publicación periódica, diaria, donde, bajo el título «Borrell
critica con más dureza que Solana la prueba francesa», nos
enteramos de que el enviado especial del periódico en cuestión,
que es «El País», presente en un viaje reciente del señor
Presidente del Gobierno fuera de nuestras fronteras, donde se
decía que había manifestado determinadas expresiones respecto a
las pruebas francesas, decía que no escuchó ninguna palabra al
respecto ni de Solana ni de González. Fuentes próximas al
Gobierno, que exigieron reservas, señalaron que en este asunto
Borrell ha hecho la guerra por su cuenta. El Gobierno español
sigue la noticia a través de la OID, lamentó la decisión francesa
de reanudar las pruebas nucleares y recordó que España está a
favor de que se mantenga la moratoria global de ensayos
nucleares. Pero una organización ecologista lamentaba que esa
manifestación supuesta del Gobierno español tuviera que
producirse como consecuencia de una disparidad aparente o real --
no se sabe-- de manifestaciones entre los miembros del mismo
Gobierno.
Parece que el señor Borrell se ha dirigido a la Ministra del
Medio Ambiente de Francia deplorando el inicio de las pruebas
nucleares, pero fuentes cercanas al Gobierno no dan mayor
importancia a las dos declaraciones por considerar que la toma de
postura de Borrell pertenece al ámbito de sus competencias. ¿En
dónde estamos, señores de la mayoría? ¿Dónde está el Gobierno?
¿Qué es lo que piensa el Gobierno al respecto para que vengan
ustedes a hacernos consideraciones de tipo ético-moral sobre esta
cuestión, que yo soy el primero en lamentar?
Estamos completamente de acuerdo en una necesidad y es que en
esta Cámara se produzca un debate y se manifieste de manera
efectivamente consensuada sobre un tema que debería recoger el
consenso y la manifestación generalizada de todos los grupos de
la Cámara...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez, le ruego
concluya, por favor.
El señor RUPEREZ RUBIO: Estoy terminando, señor Presidente.
Esta es la materia importante que aquí nos trae. Todo lo demás,
señores de la mayoría, son puras y simples necesidades
coyunturales de ustedes para encubrir lo que es difícilmente
cubrible. Un Gobierno que está sometido a la presión pública por
las informaciones cada vez más infamantes que conocemos día a
día; un partido que está sometido a las consideraciones de dudosa
calidad moral que ustedes sufren y conocen mejor que nadie en
este país no es nadie para hacer la moral a los demás. Por tanto,
atengámonos a lo que son efectivamente las necesidades de buscar
un consenso sobre temas importantes para la política nacional,
como es el tema nuclear, y dejemos lo demás para el silencio. El
silencio pudibundo y púdico que merecen las actuaciones del
Gobierno en tantos terrenos de la vida nacional. Ni más ni menos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Antes de dar la palabra
al señor De Puig para que manifieste su aceptación o no de las
enmiendas presentadas, esta Presidencia entiende, señor Carrera,
que la enmienda presentada por su Grupo se considera no mantenida
en la medida en que acepta la transaccional. (Pausa.)
El señor De Puig tiene que manifestarse con relación a los puntos
mantenidos de las diferentes enmiendas del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, en todo caso,
concretar, para que quede bien claro a todos los grupos, cuál es
el contenido de la enmienda transaccional y a qué puntos de la
proposición no de ley del Grupo Socialista.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, con nuestra
transaccional aceptamos a trámite la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y las dos primeras enmiendas del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que habrían
quedado refundidas con nuestra propia enmienda en esa
transaccional.
En segundo lugar, aceptamos la enmienda número 4 del Grupo de
Izquierda Unida por creer que mejora nuestra redacción, aunque,
tal como ha manifestado su portavoz, aceptan también el añadido
de nuestra enmienda número 2, que se refiere a la fecha de
conclusión del Tratado para 1996. Nosotros, señor Presidente, lo
aceptamos porque creemos que es coherente con el resto de nuestra
proposición y de nuestra enmienda y, desde luego, con lo que han
sido las manifestaciones de nuestro Gobierno, de nuestro
Ministro, que, en un debate en este plenario, precisó exactamente
cuál era la posición del Gobierno en esta materia (Rumores y
protestas en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.), desde
luego, bastante antes de que el Grupo Parlamentario Popular
presentara iniciativa alguna. Si alguien copió, deberíamos ver
quién copió. (Continúan las protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Puig, cíñase al
contenido de este turno.
El señor DE PUIG I OLIVE: En segundo lugar, tengo que decir que
no aceptamos la enmienda número 3 del Grupo de Izquierda Unida,
ni tampoco las números 5 y 6, por creer que aquellos puntos a los
que se refieren estas enmiendas están mejor redactados en nuestra
propuesta y pueden ser votados por los demás grupos aunque en el
caso del Grupo Popular supongan una contradicción total con la
acción de su jefe de filas, señor Aznar.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la votación
correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición no
de ley del Grupo Socialista sobre no proliferación de armas
nucleares, que se somete a votación con las modificaciones
resultantes de las enmiendas aceptadas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 293; a favor, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
SOLICITUD A LA UNION EUROPEA DEL INCREMENTO DE UN MILLON DE
TONELADAS EN LA CUOTA LACTEA ASIGNADA A ESPAÑA (Número de
expediente 162/000143)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre solicitud a la Unión Europea del incremento de un millón de
toneladas en la cuota láctea asignada a España.
Tiene la palabra la señora Fernández Díaz.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señorías, el Partido
Popular presenta esta proposición no de ley por la que solicita
que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que
urgentemente negocie con las pertinentes instancias comunitarias
al objeto de que sea concedido el incremento de un millón de
toneladas de la cuota láctea asignada a España como cantidad de
referencia.
La presentación de esta proposición no de ley en este preciso
momento no obedece a una mera casualidad sino a que, como SS. SS.
verán, es la conclusión final de una recopilación de conceptos
después de un estudio exhaustivo de la problemática del sector
lácteo. Para llegar a dicha conclusión nos hemos reunido con los
sectores implicados, tanto productores como industrias
transformadoras, distintos agentes sociales, comunidades
autónomas y, cómo no, hemos tenido en cuenta las opiniones
vertidas en esta Cámara por los distintos grupos que la componen
y que han coincidido hasta tal punto que si el Gobierno tuviese
por ella el respeto debido ya no sería necesario presentarla
porque existe un mandato de una proposición no de ley aprobada en
Comisión por todos los grupos políticos, incluido el que sustenta
al Gobierno, presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que en uno de sus puntos dice textualmente: Que el
Gobierno se comprometa a iniciar con la Unión Europea la
ampliación de la cuota láctea asignada a España. Asimismo, existe
una proposición aprobada a iniciativa del Partido Popular, en
uno de cuyos puntos se pide que se renegocie la cuota láctea.
También esperábamos que se llevara a cabo el reparto de la
reserva nacional. Como no contamos con una encuesta sobre la
situación del sector lácteo en la actualidad, realmente
carecíamos del principal indicador.
En todas las intervenciones de los portavoces de los distintos
grupos políticos, si se revisan los boletines de la Cámara,
ninguno ha renunciado a la cuota por considerarla una deuda
histórica. Unos hemos barajado la producción interna como mínimo;
otros, el potencial productivo, que sería lo ideal, pero creo que
en este momento, con los indicadores que tenemos, ya podemos
cuantificar.
El millón de toneladas que se somete a revisión es una parte de
ese error que se produce por negociar a la baja y se aproxima a
lo que las empresas están importando para cubrir el consumo
interno. Asimismo, este déficit nos obliga a que tengamos que
pagar multas supermillonarias que hace que las ayudas al sector
provenientes del Feoga se queden en el camino porque hemos de
hacer frente a la corrección financiera negativa. Y, señorías,
eso, con todos los respetos, es como pisarnos, y luego, pedirnos
perdón.
En cuanto al momento idóneo, ya se lo manifesté al señor Ministro
en la comparecencia celebrada el 27 de junio. Presidimos durante
este semestre la Unión Europea y no debemos pasar por alto esta
oportunidad.
Yo no he visto en ningún momento por parte de este Gobierno
voluntad decidida de abordar este tema. En la reunión
preparatoria celebrada en Segovia, se habló de adversidades
climatológicas, OCM de la patata, OCM de las frutas y hortalizas,
someramente del vino, apicultura, arroz y hormonas, pero no he
visto ni la más mínima referencia al sector lácteo.
Si este Gobierno pierde esta oportunidad para renegociar la cuota
láctea y ponernos al mismo nivel de los otros países, aunque sea
empezando por la cola, está perdiendo una oportunidad sin
precedentes en la historia de las relaciones con la Comunidad,
tanto pasadas, presentes como futuras.
Se nos ha pintado este semestre como la panacea, hasta tal punto
que el señor González no podía dimitir porque íbamos a perder
grandes oportunidades. Pues que empiece a ganar batallas, si es
que quiere ganar la guerra.
Estamos en la última fase de la reordenación del sector, es
decir, finaliza el proceso normativo para la adaptación a la
reglamentación comunitaria. Cuando España firmó el Tratado de
Adhesión a la CEE, uno de los flecos fue la cantidad de leche que
le correspondía producir. Se fijó el año 1985 como referencia.
Todos sabemos que desde aquellas fechas con muchos esfuerzos la
cuota fue ampliada hasta llegar a la de hoy, pero es evidente que
lo que se consiguió hasta el momento no es suficiente para
desenvolver nuestro mercado y competir con otros países.
Si vemos el cuadro de autoabastecimiento de leche de la CEE
correspondiente a los Doce en el año 1993, nos encontraremos con
que tenemos: Dinamarca, 197 por ciento; Francia, 106 por ciento;
Irlanda, 410 por ciento; Países Bajos, 235 por ciento; España, 76
por ciento.
En la cuota asignada a los países de los Doce, vemos que a
Alemania le han adjudicado 28 millones de toneladas con un censo
de población de 80 millones de habitantes y a España 5 millones
de toneladas para 40 millones de habitantes.
Señorías, en honor a la hora, yo no quiero barajar más
estadísticas, pero espero que con las que he mencionado sea
suficiente para que reflexionen sobre el tema.
No olvidemos que estas cantidades nos dan el nivel de nuestras
importaciones y exportaciones y así no podemos competir con
ningún mercado, señorías. Cuando entren en la Unión Austria,
Finlandia y Suecia, no se les fija cuota hasta que lleguen a
producir por encima del consumo. Tampoco quiero hablar de Italia,
que da unos porcentajes bajos pero que produce más de lo que
declara y, en cuanto a normativa, hace de su capa un sayo y,
contra todo pronóstico, le revisan la cuota y, además, se la
aumentan.
Parece evidente que deben reducir producción los países que
generan excedentes y que a ningún Estado se le debe fijar cuota
mientras no llegue a producir por encima del nivel de consumo
interno.
Cuando el Gobierno se pone a repartir la reserva nacional se
encuentra con la siguiente situación: disponibles para repartir,
350.000 toneladas. Solicitaron reserva, 58.000 ganaderos; reúnen
requisitos, 49.650 ganaderos. Cuota total solicitada, 1.410.000
toneladas. De estos ganaderos, recibirán cuota 15.000. Quedan sin
ella 32.000. Es de suponer que si la piden es que tienen en dónde
producirla. Por tanto, señorías, esta cantidad permitiría, no sin
esfuerzo, mantener un crecimiento razonable de nuestro sector.
Tratar de hacerlo de otra forma es totalmente imposible, y ya se
ha demostrado, si bien es cierto que para conseguirlo hay que
cambiar el discurso dominante que acepta las normas europeas como
principios inmutables, cuando precisamente --y la palabra lo
dice-- de una negociación se trata.
Y sin ánimo de pontificar, me atrevo a decir que si el Gobierno
no lo consigue, lo tendrá que lograr un sector organizado y la
sociedad en su conjunto, pero al final lo lograrán.
Aunque muchas veces parece que el conflicto queda reducido a una
mala gestión administrativa del proceso, la clave es la
ampliación de la cuota. La falta de planificación y la
desinformación sume al sector en un mundo de incertidumbres que
nada le favorecen, pero el meollo es el millón de toneladas, o
sea, el aumento de la cuota.
No se debió entrar en Europa a cualquier precio. Los países
miembros han ganado 40 millones de consumidores y a nosotros, por
aceptar todas las reglas del juego, ya vemos lo que nos está
ocurriendo con la pesca, las frutas, las hortalizas, el vino.
Los ganaderos han aceptado un esfuerzo extraordinario de
modernización técnica y económica y aceptan
reducir su número a cambio de la promesa de un encuadramiento, de
una protección de los mercados y de una paridad de la renta con
las otras categorías sociales. Se integran en una economía
industrial, se someten a las exigencias de la misma en términos
de productos de calidad y de especialización de la explotación,
asimilan técnicas nuevas de la producción, pero estas inversiones
hay que rentabilizarlas. Gran parte de ellos aún están pagando
los créditos solicitados a través de los decretos 1.808 y 1.887.
Las regiones más marginales se conforman con las producciones más
difíciles de industrializar, como es la producción de leche y
carne, y más exigentes en trabajo. Europa se va convirtiendo en
una geografía de regiones especializadas en producciones y, como
es lógico, las industrias agroalimentarias tienden a concentrarse
en las regiones industriales más dinámicas. Y la pregunta es,
señorías, ¿qué va a pasar con las nuestras? ¿Es consciente el
Gobierno de que en este momento estamos importando leche en polvo
para producir leche? La política europea ya deja entrever una
agricultura a dos velocidades, con una agricultura especializada,
que se beneficia de la parte más importante de las ayudas
económicas destinadas a los mayores productores y una agricultura
marginada, que recibe apoyos a tanto alzado, para poder subsistir
en las regiones más desfavorecidas.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Díaz, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente. Ya
termino.
España no se puede conformar con las ayudas en forma de limosna
para paliar la situación presente. Debe luchar por el futuro y
parte de ese futuro lo compone este sector. No debe aceptar la
normativa como si ésta no fuera susceptible de cambio. Se
modificará cualquier día y nos pillará desprevenidos, y si no al
tiempo. En un sector desorganizado como es el lácteo, también hay
que tener en cuenta las consecuencias que se derivarán de los
acuerdos del GATT. A partir del mes de junio pasado, se ha puesto
en vigor. Es lógico que se tema una mayor presión de la oferta
comunitaria de leche, principalmente en quesos y otros productos
transformados, de países con excedentes como Francia, Inglaterra,
Alemania, en fin, aquellos mercados deficitarios en su relación
producción-consumo, como es el nuestro. Nuestro Gobierno,
señorías, debe adoptar una postura firme para defender nuestro
derecho a participar en los mercados internacionales.
Con esta situación, y en un momento en que en Europa se está
produciendo a la baja, que los stocks de leche en polvo y
mantequilla están bajo mínimos, es muy difícil, señorías, que el
Ministro de turno, aunque sea el señor Atienza, pueda dar una
explicación razonable.
Y ya, para finalizar, sólo me resta pedirles el voto a una
proposición no de ley que, por las razones aducidas, puede
satisfacer a todos, porque es el sentimiento expresado por todos
los grupos políticos y es lo que el sector está demandando.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Díaz.
Por el Grupo Socialista se ha presentado una enmienda a esta
proposición no de ley. Para su defensa y para fijar la posición
del grupo, tiene la palabra la señora Gorostiaga.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la petición de incremento de la cuota láctea asignada a
España por la Unión Europea ha sido objeto de debate en numerosas
ocasiones en el Congreso de los Diputados, principalmente en el
último año. Por citar solamente los antecedentes más próximos y
más significativos citaré los que les decía, los del último año.
Una proposición no de ley de Izquierda Unida sobre la
renegociación de la situación del sector ganadero en general y el
lácteo en particular; una proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV) sobre cuotas lácteas, ambas debatidas en la Comisión de
Agricultura del 14 de septiembre, que dan como resultado un texto
aprobado, correspondiente a la primera proposición, en la que ya
se pide solicitar a la Unión Europea la ampliación de la cuota
para ajustar la cantidad de referencia asignada a las necesidades
reales de producción. Asimismo, una moción, consecuencia de una
interpelación del Grupo Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar en relación a la multa impuesta por la Unión
Europea a España por exceso de la producción láctea respecto a la
cuota asignada y a las medidas a adoptar para reestructurar en
profundidad el sector lácteo español, de 15 de noviembre de 1994.
Una comparecencia del señor Ministro de Agricultura en la
Comisión, el 27 de junio de 1995, para informar de los diversos
temas relacionados con el sector lácteo. Una pregunta de la
Diputada doña Elvira Fernández, del Grupo Popular, en el Pleno
del 28 de junio de 1995, en el mismo sentido.
Ahora mismo nos disponemos a debatir, estamos debatiendo ya, otra
iniciativa, esta vez en forma de proposición no de ley,
presentada por el Grupo Popular en septiembre de 1994 y retomada
hoy, vuelve a incidir en que debe solicitarse una ampliación de
la cuota láctea asignada a España.
Aun siendo reiterativa con las anteriormente citadas, quisiera
hacer unas reflexiones en torno a la argumentación de la misma
proposición, sobre todo por aclarar algunas imprecisiones o
medias aseveraciones que se hacen en los fundamentos de la propia
proposición.
La asignación de las cuotas lácteas de cada Estado miembro se
hace en función de la cantidad de leche y productos lácteos
comercializados por sus ganaderos
en un año determinado (en 1981 para la Comunidad Económica
Europea y en 1983 para España) y nunca por el consumo interno,
argumento este expuesto en el fundamento de la proposición no de
ley. En este sentido, hay que señalar que la Comisión nunca ha
aceptado los argumentos españoles para aumentar la cuota basados
en el consumo interior y en el déficit comercial. La asignación
de la cuota global de España se hizo con los datos del Anuario de
estadística agraria de 1983, en tanto que la desviación de
1.500.000 toneladas a que se hace referencia en la proposición
corresponde al año 1990. Además hay que aclarar que esta
desviación estimada era de 1.450.000 toneladas y que este año la
cuota era de 4.550.000 toneladas, mientras que la cuota inicial
era de 4.650.000. A esta desviación han contribuido reducciones
obligatorias de cuota y el crecimiento de la producción de leche
registrado entre 1986 y 1990, al no cumplirse el régimen de
cuotas.
El argumento de los errores estadísticos ya fue utilizado por la
Administración española para negociar un incremento de la cuota
global asignada a nuestro país y dio como resultado el aumento
neto de la misma en 592.000 toneladas, acordado en el Consejo de
Ministros de Agricultura de 21 de mayo de 1992, más un trasvase
de cuota de venta directa a venta a industrias de 150.000
toneladas, con lo cual la cuota de entregas a compradores se
situó en 5.200.000 toneladas, es decir, 550.000 toneladas
superior a la fijada en el Tratado, a pesar de las reducciones
obligatorias habidas a nivel comunitario. La Comisión ha
considerado esta ampliación con efecto retroactivo a 1989 en la
corrección financiera negativa y, además, no se aplicó a los años
1986, 1987 y 1988, en los que también la producción superó la
cuota.
Respecto a la alusión que se hace a Italia, en referencia al
acuerdo sobre el paquete de precios agrarios y medidas
complementarias para la campaña 1994-95, también se aprecia en
los fundamentos de su proposición un error importante que
conviene aclarar: parece deducirse de las observaciones que a
Italia se le ha concedido un nuevo aumento de cuota para el
período 1994-95, lo cual es absolutamente falso, ya que las
900.000 toneladas que se citan para Italia corresponden a la
ampliación acordada por el Consejo de Ministros de diciembre de
1992, las cuales, al igual que las ampliadas para España, debían
ser revalidadas como definitivas en función del cumplimiento de
los comprimisos adquiridos por los Estados miembros en dicho
acuerdo. Lo que ha sucedido es que mientras a España se le
consolidó la ampliación para el período 1993-94, a Italia y a
Grecia se le hizo definitiva su ampliación en el período 1995-96.
En cualquier caso, las 900.000 toneladas concedidas a Italia
significan un aumento del 9,96 por ciento sobre su cuota global,
en tanto que las 592.000 toneladas para España suponen un 11,9
por ciento de incremento neto.
En cuanto al contenido de la propia proposición debe señalarse,
para que quede suficientemente claro, que el Gobierno español no
es ni ha sido nunca remiso a formular peticiones ante las
autoridades comunitarias, pero teniendo siempre muy en cuenta la
oportunidad y las posibilidades de éxito de la misma para no
incurrir en un desgaste que pudiera perjudicar a otros
planteamientos. Como SS. SS. conocen, las posibilidades de una
ampliación de las cuotas lácteas dependen de varios factores, uno
de ellos, muy importante, el ambiente comunitario al respecto;
otro, los argumentos justificativos de la petición y la
oportunidad del momento.
El ambiente comunitario es hasta ahora negativo a un incremento
de la cuota global de los Estados miembros. Después de una
reducción del 9,5 por ciento de las cuotas asignadas inicialmente
--para España solamente un 7,5 por ciento--, se ha logrado una
estabilidad de los mercados aceptable y no se quiere correr el
riesgo de alterarla. Asimismo, hay que añadir que el riesgo de
nuevas reducciones de cuota aún no ha desaparecido y va a
depender de cómo evolucionen los mercados con la aplicación de
los acuerdos del GATT.
Los argumentos justificativos no pueden basarse en situaciones
comerciales deficitarias por una producción interna inferior al
consumo. Como les decía, las autoridades comunitarias rechazan
este argumento de plano.
Los argumentos basados en errores estadísticos de producción a la
hora de asignar la cuota ya han sido explotados ampliamente tanto
en la negociación del Tratado de adhesión como en las
negociaciones para la ampliación conseguida últimamente.
En resumen, señorías, España ha obtenido un incremento neto de su
cuota inicial de 642.000 toneladas con la ventaja de que las
mismas no han sufrido la reducción del 9,5 por ciento que afectó
a las cuotas iniciales de todos los Estados miembros. Estos datos
no pueden ser ignorados ni minimizados. Abundando aún más, los
resultados de las campañas de cuotas 1993-94 y 1994-95 señalan
que no existe un desajuste entre la leche comercializada y la
cuota global. En la campaña 1993-94 las entregas de leche a las
industrias superaron ligeramente la cuota en 29.000 toneladas y
la venta directa quedó muy por debajo. En la campaña 1994-95 y
después de trasvasar 202.750 toneladas de cuota de venta directa
a venta a industrias, las entregas y las ventas directas han
quedado por debajo de la cuota en 42.800 y 11.150 toneladas
respectivamente, siendo inferiores las cantidades en que los
ganaderos se han sobrepasado, 182.000 toneladas que las entregas
por debajo de su cuota, 224.800 toneladas.
La situación interna del sector es actualmente satisfactoria. La
aplicación del régimen de cuotas no ha provocado las catástrofes
vaticinadas por algunos. Se mantienen altos precios de la leche
al productor, 45,48 pesetas de media en 1995, y las estructuras
de producción avanzan hacia metas de mayor eficacia. La
competitividad del sector y la evolución del mismo va a depender
más de la eficacia productiva que de las
limitaciones de la propia cuota. Este es el camino que han
emprendido la mayoría de las explotaciones ganaderas desde que se
promulgó el plan de reordenación del sector y los resultados son
bien patentes.
El Grupo Socialista, a pesar de estos argumentos, con los que se
desmonta parte de la fundamentación de la proposición del PP, y
también a pesar de ser una iniciativa reiterada respecto a otras
tomadas en esta Cámara, insiste, no obstante, en que ni este
grupo, ni el Gobierno han sido nunca, son ni serán remisos a
plantear nuevas reivindicaciones ni peticiones ante la Unión
Europea.
Por ello, aceptando el espíritu de la proposición, que sería
negociar o pedir ampliación de la cuota, planteamos una enmienda
en la que suprimimos de la proposición la expresión
«urgentemente» por algunos de los argumentos anteriormente
expuestos, que para cualquier petición, de este tipo o de otro,
hay que tener en cuenta la oportunidad del momento y el ambiente
comunitario, y SS. SS. saben que en estos momentos el ambiente
comunitario es claramente desfavorable al aumento de las cuotas.
Asimismo, suprimimos la expresión «un millón de toneladas». Nos
parece prematuro aventurar cifras concretas cuando aún no se
dispone de un estudio técnico detallado sobre la producción y el
consumo nacionales de leche, que analice también las
repercusiones que tendría esta cifra, u otra, en el sector. ¿Por
qué un millón de toneladas? ¿Por qué no dos? ¿Quién dice que un
millón: las industrias? ¿Y la repercusión que tendría en los
precios de la leche que perciben los ganaderos esta ampliación u
otra? ¿En qué datos nos basamos para pedir esa cantidad
precisamente? ¿Por qué no pedimos millón y medio por si acaso?
El señor PRESIDENTE: Señora Gorostiaga, le ruego concluya.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Por tanto, la proposición, con nuestra
enmienda, quedaría de la siguiente manera:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que negocie
con las pertinentes instancias comunitarias al objeto de que sea
concedido un incremento de la cuota láctea asignada a España como
cantidad de referencia.
Esperemos que esta enmienda sea aceptada y se pueda seguir
manteniendo respecto a este tema el consenso que hemos estado
manteniendo en el resto de las iniciativas de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gorostiaga.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Señor Presidente, señorías, intervengo
por el Grupo Parlamentario Catalán para fijar la posición con
referencia a la ampliación en un millón de toneladas de la cuota
láctea asignada a España.
Nuestro grupo se ha manifestado siempre partidario del sistema de
contingentación de la producción, del sistema de cuotas, y
también ha venido apoyando siempre las iniciativas que se han
instrumentado para recuperar y asegurar la rentabilidad del
sector. El sector lácteo es capital para el Estado español, para
su economía, para su base productiva y para el equilibrio
territorial y social de muchas zonas. Se ha dado también apoyo a
la reordenación general de este sector en el sentido de
contrarrestar el efecto de un defecto de negociación en el
momento de nuestra incorporación a la Unión Europea, que bien
seguro ha llevado a cierto desconcierto durante un período
aproximado de diez años.
La reordenación se ha llevado correctamente, se han cubierto
todas sus fases como cabía esperar y, en definitiva hoy, después
de las campañas de abandono, de la reasignación de cuota, de la
regulación de las transferencias entre particulares, hemos
conseguido adaptar nuestra legislación y este sector a lo que era
la normativa comunitaria; una adaptación a la normativa
comunitaria que evidentemente era imprescindible y cuyo único
defecto ha sido que, si en un origen se hubieran hecho mejor las
cosas, a bien seguro ni el trámite habría sido tan traumático ni
el resultado final, o el momento en que nos encontramos, valorado
distintamente por los diferentes sectores sociales.
A nuestro entender, lo único que hasta hoy hemos cubierto es una
fase de asentamiento del sector productivo y cabe entrar en una
fase de apoyo a todas las iniciativas orientadas a la
optimización de los procesos productivos, a la mejora de las
rentas de nuestras explotaciones, así como a la mejora de las
rentas de las industrias. A nadie se le escapa que esta fase
tiene un punto clave que es la ampliación de la capacidad
productiva del Estado español y desde nuestro grupo queremos
dejar de manifiesto en este momento, si así procede y así se
consigue, que ha de procederse a una redistribución de esta cuota
con criterios y parámetros marcados por las propias comunidades
autónomas, porque hay que corregir el efecto que estamos
sufriendo permanentemente y que hemos sufrido durante todo el
tiempo en este sector, de que los ajustes de distribución no se
acoplan a lo que son las distintas realidades de cada zona de
producción.
Nosotros, evidentemente, conocemos las reticencias de la Unión
Europea a introducir variaciones en este sector, pero hoy por hoy
entendemos que no sólo es necesario sino que es oportuno que se
plantee ya desde el Estado español. Partiendo, como no, de una
visión europeísta y de un principio de solidaridad, de ninguna
manera se puede dejar de tener presente que, dentro del marco del
Estado, somos de los pocos países
que no llegamos al equilibrio entre consumo y producción.
Además, querría mencionar que las zonas especialmente productivas
del Estado español son zonas en las que el ingreso de rentas
procedentes de otros sectores o el complemento de las mismas
rentas procedente de otras vías es especialmente difícil y que el
desfase que se produce en éstas queda muy lejos de la realidad
que se está dando en los países que generan en realidad el exceso
de toda la comunidad, países que han sido aquí citados, como por
ejemplo Países Bajos, Dinamarca o Irlanda. En definitiva, el
mismo principio de solidaridad nos compromete, pero no tenemos
que ser más tolerantes ni más generosos que el resto de países es
con nosotros en su postura y en sus planteamientos en sectores
muy nuestros, como se está detectando en este momento cuando
hablamos de la posibilidad de reforma del sector vitivinícola.
Otras medidas que querría se tuvieran en cuenta son la media de
cuota por explotación, el número de vacas por explotación y el
rendimiento medio por explotación, tres parámetros que,
contemplados desde la óptica que se quiera, estamos siempre por
debajo de lo que es la media comunitaria.
También querría mencionar el papel de la industria.
Históricamente ha habido reticencias entre el sector productor y
el sector industrial, pero en el año 1990 la cuota que producía
el Estado español cubría el 90 por ciento lo que era el consumo.
Hoy esto ha descendido quince puntos, hasta el 75 por ciento, y
la situación de la industria española es que tiene
sobredimensionada la capacidad de transformación, la capacidad de
elaboración y la capacidad de comercialización y, además, está
sufriendo una agresión muy fuerte del resto de países
comunitarios que han amortizado sus estructuras a base de ayudas
que tuvieron en su momento y que las hace más competivas.
En definitiva, el propio sector industrial español puede estar
conducido al fracaso y si el centro de gravedad de las industrias
lácteas europeas se desplaza hacia el centro de Europa o hacia el
Norte, no sólo habría una repercusión sobre el sector productivo
sino también sobre los costes que llegan al consumo, así como
sobre la renta que se generaría a nuestros agricultores.
Entendemos que la aprobación definitiva de la ampliación de
capacidad de producción de un país como Italia es un elemento que
cabe referirlo expresamente, porque Italia es un país que entró
en la aplicación de las cuotas lácteas desde el inicio y sólo el
manifiesto y reiterado incumplimiento de lo que eran sus
obligaciones con el resto de países y con la producción láctea de
la Comunidad, le ha permitido, hoy por hoy, tener un trato
tolerante y que se le concediera una ampliación. Evidentemente es
un país cuyos argumentos para haber conseguido esta autorización
tienen mucha menos base que los que tenemos nosotros y esto cabe
tenerlo presente para próximas negociaciones. También querría
señalar, y no pasar por alto, que en la última reasignación de
cuota el número de solicitudes fue de alrededor de 50.000, como
aquí ya se ha dicho, por parte de nuestros productores, y lo
cierto es que la inmensa mayoría quedaron excluidas. Eran
productores encuadrados dentro de la normativa, el reglamento les
permitía poder manifestar sus necesidades y, además, justificaron
la necesidad de ampliación de cuota. Concretamente, en Cataluña
se ha dado la circunstancia de que más del 75 por ciento de las
solicitudes han quedado desestimadas. Evidentemente, es un
compromiso de la Administración reconducir esta situación y un
compromiso que a nosotros nos obliga porque, si bien es cierto
que no queremos cuestionar los parámetros por los que se ha
reasignado la cuota y sabemos que las particularidades
territoriales y de sistemas de producción de nuestra comunidad no
son parejos a los demás, también es verdad que con una producción
del 12 por ciento de la cuota del Estado español y con una
necesidad competitiva como el primero, nuestros planteamientos
deben ser tenidos en cuenta en una opción de futuro.
Por todo ello y con la confianza de que es una medida de interés
para el sector, vamos a apoyar la iniciativa. A nosotros nos
gustaría que las dos propuestas planteadas fueran analizadas al
detalle y que hubiera consenso en la Cámara, porque entendemos
que el objetivo está por encima de las particularidades. Creemos
que el hecho de mencionar si es urgente o no, son matices y que
concretar un millón de toneladas o no, también es puramente
relativo, porque no deja de ser un punto de referencia para
entrar en una negociación, pero no es una cantidad que sea
irrevocable. En esa línea de coincidencia, si no en la totalidad,
sí en los puntos básicos, vamos a apoyar la proposición no de ley
porque, en definitiva, se encuadra en los planteamientos que
hemos mantenido desde nuestro grupo parlamentario siempre que ha
habido posibilidad de referirse al interés de este sector.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tubert.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías,
intervendré muy brevemente en atención a la hora, para fijar la
posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Como la señora Fernández Díaz ha recordado, una proposición no de
ley prácticamente en los mismos términos fue aprobada por
unanimidad en la Comisión de Agricultura el día 14 de septiembre
de 1994. En ella se pedía una ampliación de la cuota asignada al
Estado español por cuanto, no la industria solamente, sino
organizaciones agrarias y ganaderas, venían reiteradamente
solicitando una ampliación de la cuota porque se entendía que en
el momento de la negociación nos habíamos
quedado, como mínimo, un millón de toneladas por debajo. La
proposición no de ley que nosotros traímos, venía avalada por
solicitudes reiteradas de organizaciones agrarias y ganaderas y
esa proposición no de ley fue aprobada, no en los términos de un
millón de toneladas, pero sí en el sentido de que la cantidad que
demandásemos como ampliación a la Unión Europea sirviese para
garantizar una producción que hiciera rentables nuestras
explotaciones. Por ello, en el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya estaríamos de acuerdo en votar a favor
de esta proposición.
Pienso que no deberíamos marear más la perdiz porque aquí hay una
proposición de la señora Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario
Popular, hay una enmienda del Grupo Socialista, pero recuerden,
señorías, que cuando nuestro grupo presentó la proposición no de
ley en la Comisión de Agricultura, hubo una enmienda del Partido
Socialista en la que pretendía que la ampliación que se
solicitara tuviese en cuenta los datos reales de la última
campaña. Es a eso a lo que nuestro grupo se opuso, y
afortunadamente nos opusimos, porque el texto que quedó fue mucho
más en consonancia con lo que ahora estamos debatiendo. El texto
que quedó fue el siguiente, señorías: Consolidada ya la
ampliación de la cuota láctea, España solicita de la Unión
Europea una nueva ampliación que se ajuste a las necesidades
reales de producción que permitan la rentabilidad de las
explotaciones ganaderas en la cantidad de referencia asignada.
Considero que es un matiz importante; creo que no nos deberíamos
separar de un texto que aprobamos en septiembre de 1994 y que, de
alguna manera, refleja las aspiraciones del sector ganadero de
nuestro país.
Efectivamente, en la campaña finalizada el 1.º de abril del
presente año, al parecer no ha habido exceso en la cuota, no
hemos superado la cuota; pero aquí se ha dicho y, señorías,
tengámoslo en cuenta, que las peticiones que hubo de reparto de
la reserva nacional se cifraron en 49.600 solicitudes, por
importe de 1.500 millones de toneladas. Esto, ¿cómo ha quedado?
Solamente 15.400 ganaderos se han repartido 350.000 toneladas.
Significa, señorías, que ganaderos que adecuaron sus
instalaciones, que pueden producir más y hacerlas más rentables,
se han quedado fuera; significa, señorías, que en los criterios
de reparto de la reserva nacional, se dejaron fuera explotaciones
ganaderas que estaban por debajo de los 35.000 kilogramos creo
que era la cifra que, sin embargo, hasta ahora han vivido de esas
explotaciones y, al negarles una cantidad adicional, estamos
negándoles la posibilidad de una mayor viabilidad de esas
explotaciones. Si tenemos en cuenta que ese tipo de explotaciones
se encuentran en zonas desfavorecidas de montaña y en zonas en
donde otras producciones permiten la vida y la permanencia de
estos ganaderos en el territorio, sería conveniente contar con
ello a efectos de solicitar una ampliación de la cuota.
Por tanto, no me ha parecido muy satisfactoria personalmente la
intervención de la portavoz del Grupo Socialista, porque pienso
que si el Gobierno socialista cree que ya estamos bien, que
podríamos tener un poco más pero que ya estamos bien,
difícilmente vamos a encontrar un ambiente comunitario oportuno
para presentar, ya no digo de forma urgente pero para presentar
con la perentoriedad que requiere el caso, el asunto de la
ampliación. Por consiguiente, creo que debería haber un poco
menos de satisfacción, un poco más pensar en las necesidades que
tienen creadas ganaderos, ganaderos que llegan a lo que
entendemos como explotación rentable y las que no; y con ese
espíritu deberíamos ir a la negociación para ampliación de la
cuota.
Termino ya la intervención, puesto que he prometido ser breve.
Sugeriría, sin embargo, tener en cuenta la enmienda transaccional
a que se llegó en la Comisión de Agricultura del mes de
septiembre de 1994, que recogería y reflejaría la unanimidad que
se planteó en la Comisión de Agricultura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Díaz.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Voy a fijar la posición correspondiente
a las enmiendas presentadas por los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Díaz, no hay más que una
enmienda del Grupo Socialista. Le ruego que con la brevedad de
dicha enmienda y el tenor de la misma, exprese la aceptación o
rechazo. Es un turno de fijación de posición.
La señora FERNANDEZ DIAZ: No podemos aceptar la enmienda del
Grupo Socialista porque va en contra de lo que hemos propuesto.
Nosotros nos hemos basado en la urgencia, por una parte, porque
estamos presidiendo la Unión Europea, creo que ha quedado claro
y, además, en la necesidad de cuantificar, porque en la
ambigüedad ya nos hemos movido durante el tiempo que ha tenido el
Gobierno para reaccionar y para, si quería efectivamente,
plantear la recuperación de esa cuota.
En cuanto a los otros grupos políticos, simplemente, agradecer la
buena acogida que ha tenido esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Díaz.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del
Grupo Popular, sobre solicitud a la Unión Europea del incremento
de un millón de toneladas de la cuota láctea asignada a España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, fue aprobada por 274 votos a favor.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS
DE POLITICA ECONOMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE
CONVERGENCIA CON LA UNION MONETARIA EUROPEA EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS (Número de expediente 173/000090)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Popular subsiguiente a interpelación sobre
medidas de política económica para el cumplimiento de los
criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los
plazos establecidos.
Tiene la palabra el señor Montoro. (Rumores.) (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos reanudado en esta sesión maratoniana los plenos
del Congreso de los Diputados con la incertidumbre constituida en
factor hegemónico de la vida pública, de la vida política
española. (Rumores.)
La confianza es una planta que crece muy lentamente en las
entrañas de una sociedad, y cuando esa planta se estropea la
organización social misma se resiente, sus problemas se agravan,
con la consecuencia de que las políticas públicas pierden
eficacia.
Conscientes de la situación atravesada, en el último Pleno de
control parlamentario del Gobierno el Grupo Popular presentó una
interpelación en la que reclamamos al Gobierno de la Nación las
medidas de política económica conducentes a remozar el programa
de convergencia, aprobado por ese Gobierno y enviado a la Unión
Europea en 1994, así como reclamamos el conocimiento de las
líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para
1996.
La preocupación que motivó nuestra interpelación del mes de junio
era doble y sin duda alguna severa. En primer lugar, nos
preocupaba --y nos sigue preocupando-- que la sociedad española,
la economía española, esté en divergencia con Europa. Nuestra
inflación va distanciándose de la media europea en 1995, como lo
revela el hecho de que nuestra última tasa de crecimiento anual
del índice de precios al consumo
--un 4,7 por ciento-- se compara muy mal con la media de los tres
países que mejor inflación registran en la Unión Europea, que es
tan sólo de 1,16 puntos. Entretanto, el déficit público es tan
elevado como para llevar a España a ser incluida en el grupo de
países calificados como de déficit público excesivo, con el
riesgo que ello supone de ser incluso eliminados en el futuro de
la recepción de los fondos de cohesión.
En cuanto a la deuda pública, lo que estamos registrando es un
veloz y preocupante incremento del orden de 4 a 5 billones
anuales, mientras que nuestros tipos de interés se encuentran
situados entre los más altos del mundo por razón de la elevada
prima de riesgo-país que estamos pagando en los mercados
financieros internacionales, y cuyo motivo fundamental es la
crisis política del Gobierno socialista. A ello se añade la
humillante devaluación de la peseta que hemos registrado en 1995
y que, en definitiva, es el contrapunto de una estabilidad
monetaria que nos es fundamentalmente básica para ser miembros de
pleno derecho en la unión monetaria que se está pergeñando en
toda Europa.
Así pues, 1995 no es sólo un año perdido en la integración de
España en Europa. Es incluso algo más. Corremos el riesgo
auténtico de que nos alejemos de ese proyecto europeo, que
entremos en franca divergencia con ese proyecto europeo. Señor
Presidente, el tren de Europa pasará una sola vez por nuestra
estación.
En segundo lugar, el motivo de la interpelación que presentamos
en junio es la naturaleza de la recuperación económica que
estamos viviendo en España. Sabemos que estamos registrando un
crecimiento económico, sabemos que estamos superando las
principales consecuencias, las principales características de la
crisis que padecimos entre los años 1992 y 1994, pero esa
recuperación económica no es percibida por la mayoría de los
ciudadanos; esa recuperación económica no ha entrado en el hogar
de la mayoría de nuestros ciudadanos; esa recuperación económica
no se está traduciendo en un incremento del bienestar de los
españoles, e incluso, señorías, esa recuperación económica está
siendo amenazada por la permanencia de los desequilibrios básicos
de nuestro país y por la permanencia, en definitiva, de los
defectos estructurales de nuestra economía. En concreto, la alta
inflación que seguimos experimentando y los elevados tipos de
interés constituyen un lastre que impedirán que nuestra
recuperación económica vaya a más, utilice todo su potencial de
crecimiento y, en definitiva, utilice los recursos ociosos que
seguimos teniendo en España, entre ellos, principalmente, el del
factor trabajo, el desempleo.
El resultado de la interpelación fue frustrante. No recibimos una
sola idea nueva por parte del Gobierno, no conocimos una sola
línea maestra de los presupuestos
de 1996 y después de más de dos meses transcurridos desde aquella
fecha debemos decir con toda propiedad que seguimos sin conocer
nada esencial del presupuesto y asistimos a esas escenas
continuadas en las que el Ministro de Economía de nuestro país
está llevando adelante --dicen-- una negociación con los agentes
económicos, en la que no se explican cuáles son las cifras
fundamentales de los presupuestos ni en materia de gasto ni en
materia de ingresos ni en materia de déficit público ni en
materia de evolución de la deuda pública. Estamos, señorías, ante
un proyecto de presupuestos que es un auténtico fantasma que no
puede inducir si no es a la desconfianza. Dudamos ya a estas
alturas que el presupuesto exista, que el Gobierno tenga un
efectivo proyecto de presupuestos.
Y tenemos que reaccionar con prontitud, con diligencia, ante
estas carencias que estamos viviendo, ante los problemas que
hemos percibido en el comportamiento reciente de nuestra
economía. Sabemos, a partir de ese comportamiento reciente, que
nuestra economía es demasiado vulnerable frente a las crisis
económicas internacionales, demasiado vulnerable frente a la
crisis financiera en particular, y sabemos que estamos inmersos
en una trampa de credibilidad que tiene un alto coste para los
españoles.
En ese marco, en ese contexto el programa de convergencia juega
un papel esencial. El programa de convergencia, señorías, es algo
así como la guía maestra de la política económica que debe
despejar el futuro de nuestro país, el futuro económico de esa
España del año 2000 que ya está tan cercana. Debe ser, en
definitiva, los carriles sobre los que circule la política
económica de España. Y el programa de convergencia que está en
vigor en España es un programa que ha fracasado porque han
fracasado sus objetivos fundamentales. Me refiero especialmente a
la inflación.
La inflación este año será superior a la previsión del Gobierno y
ello obligará a revisar todo el cuadro macroeconómico que es algo
así como decir que ello obligará a revisar los fundamentos mismos
de ese programa de convergencia. A ello se añade que el déficit
público difícilmente se conseguirá este año como no sea con la
estratagema --una estratagema que por lo demás no engaña a nadie-
- de los ingresos de privatizaciones. Además tenemos esta
permanencia de altos tipos de interés, que, como decía antes, nos
aleja de Europa, junto a la inestabilidad de nuestra moneda que
hemos vivido los primeros meses del año.
De hecho, el programa de convergencia ya nació muerto y en ese
sentido está siendo desautorizado por los organismos
internacionales cuando corrigen al Gobierno en sus previsiones
más básicas, en la definición de sus objetivos más fundamentales.
Consecuencia de ese mal programa de convergencia fueron unos
presupuestos como los de 1995 que fueron a su vez mal diseñados,
mal concebidos para la recuperación económica. De ese fracaso del
programa de convergencia se deriva una alta preocupación porque,
señorías, están en juego muchas cosas. Está en juego la
consolidación de la recuperación económica en primer lugar; está
en juego despejar el futuro de la España del año 2000 y está en
juego, en definitiva, la solución al principal problema que tiene
nuestro país, nuestra sociedad en este final de siglo, problema
que se llama la alta tasa de paro.
Señor Presidente, el Gobierno de España no está en condiciones de
desarrollar su acción normal. La superposición de escándalos de
la mayor gravedad, la continuidad de unos fallos en la
elaboración de las políticas económicas y, en definitiva, la
manifiesta falta de voluntad a la hora de elaborar y de aplicar
políticas económicas que nos son fundamentales, han llevado a
este Gobierno a una pérdida completa de credibilidad.
Por esa causa el Gobierno no está en condiciones de elaborar y
ejecutar los Presupuestos Generales del Estado para el año 1996.
Precisamente hoy hemos sabido que su hasta ahora principal socio
de gobierno, Convergencia y Unión, acaba de anunciar que
presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos del
año próximo.
Entendemos de ese anuncio que CiU desconfía de la capacidad del
Gobierno para elaborar los Presupuestos que nuestra economía
necesita, y es que la incapacidad del Gobierno es tal, ha llegado
a tal punto, que el propio Presidente del Gobierno ha tenido que
anticipar las elecciones generales, ha tennido que llegar a
anunciar el anticipo de las elecciones generales para la
primavera de 1996. Sin embargo, semejante anuncio, lejos de
clarificar el panorama económico de nuestro país, lo que hace es
venir a ensombrecerlo aún más. Anunciar elecciones generales a
seis o siete meses vista equivale a abrir un período electoral de
largo trazado, a colocar a todo el país en una situación de
transitoriedad, muy peligrosa para la posibilidad de recuperación
económica en España, muy peligrosa en el sentido de que puede
llegar a convertirse en un lastre, en una amenaza para la propia
recuperación de nuestra economía.
Señorías, ¿cómo puede un Gobierno, desamparado de apoyos
parlamentarios y enfrentado a un calendario de elecciones
generales anticipadas, tomar las decisiones cuando no las ha
llevado adelante anteriormente?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, termine,
por favor.
El señor MONTORO ROMERO: Acabo en un minuto, señor Presidente,
con su venia.
Señorías, ¿cómo puede un Gobierno, que enfrenta unas elecciones
generales en situación de desventaja, realizar un presupuesto
austero cuando no lo ha hecho en 1994 ni en 1995? Cuando tuvo la
oportunidad, este Gobierno no la supo aprovechar. Por eso la
moción que presentamos a esta Cámara, la moción del Grupo
Parlamentario Popular, es, ante todo, una oportunidad para
clarificar un ambiente político tan enrarecido como el que domina
la vida política, la vida pública española.
En la moción instamos, en primer lugar, al Gobierno a elaborar un
nuevo programa revisando los fundamentos y actualizando los
objetivos del programa en vigor. Pretendemos, en una palabra, que
la política económica española recobre parte de la credibilidad
perdida.
Frente al desgobierno existente en materia económica, proponemos
una serie de líneas básicas de reformas estructurales como son la
reforma del sector público, la reforma del mercado de trabajo, la
liberalización y desregulación de sectores clave, la reducción
del intervencionismo de la Administración en la vida económica de
los españoles, el impulso a la presencia de la empresa española
en los principales mercados mundiales y una política efectiva de
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son el depósito de
esperanza de la creación de empleo del día de mañana.
El contenido de nuestra moción, ese contenido coherente y
ordenado de medidas de política económica, nos lleva a solicitar
el voto favorable de la Cámara. Solicitamos especialmente el voto
favorable de aquellos grupos parlamentarios que sabemos, por
conocer su programa económico, por conocer los apartados
económicos de sus programas políticos, que son grupos
parlamentarios coincidentes en sus planteamientos económicos con
el Partido Popular. Y al solicitar que se forme esa votación
mayoritaria en la Cámara en estas circunstancias, lo que
pretendemos es, en definitiva, aportar, señor Presidente, nuevas
cuotas de serenidad a la vida económica española, nuevas cuotas
de confianza. En una palabra, pretendemos trasladar a los
ciudadanos, a los inversores nacionales y extranjeros, una imagen
de confianza en el futuro de España, una confianza que pasa por
la aplicación de reformas de política económica mediante unas
medidas como las que se contienen en la moción que hoy defiende
el Grupo Parlamentario Popular.
La virtud de conseguir esa mayoría...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Su señoría ha pedido un
minuto y ya lleva dos. En medio minuto termine, por favor.
El señor MONTORO ROMERO: En medio minuto acabo, señor Presidente.
Decía que ello preservaría el futuro de un debate electoral que
se avecina sin duda alguna duro. Ello preservaría las líneas
maestras de política económica. Por eso solicitamos la votación
favorable especialmente de aquellos grupos como los nacionalistas
presentes en esta Cámara, que sabemos que tienen el propósito
futuro de ver aplicado un planteamiento de política económica
como el que se contiene en esta moción.
Acabo, señor Presidente, diciendo que la recuperación económica
de España y el éxito de nuestra integración en la Unión Económica
y Monetaria Europea exigen un ejercicio de cordura y serenidad en
el que el interés general de España domine sobre tanta política
partidista, sobre tanta visión miope de la política como estamos
apreciando estos días.
Sabemos que si se rechaza esta moción estaríamos de nuevo ante
una demostración de que la actual distribución de los grupos
parlamentarios en esta Cámara realmente impide la aplicación de
las reformas estructurales que nuestro país necesita. Si se
rechaza esta moción estaríamos ante un nuevo argumento para que
en España se hagan elecciones anticipadas cuanto antes. De
cualquier manera, señor Presidente, estamos convencidos de que
estamos muy cerca del final de la legislatura. La economía, el
bienestar y, en definitiva, toda España, agradecerán que ello sea
así.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Montoro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente y con
gran brevedad en atención a la hora de este largo Pleno del día
de hoy.
Desde Coalición Canaria consideramos que es bueno reactivar la
conciencia y las directrices del programa de convergencia
económica que se había tratado de hacer con la Unión Europea, y
hemos intervenido en todos los debates en esta Cámara porque
hemos considerado que es necesario la actualización de un
programa de convergencia, en este caso como el que se nos propone
en la moción de 1995-97 que nos trae el Grupo Parlamentario
Popular. Nos gustaría que hubiera un gran consenso porque se
trata prácticamente de un programa de convergencia que es una
política de Estado en su integridad. Nos parece oportuno que el
Grupo Parlamentario Popular presente hoy esta moción. Nosotros la
vamos a apoyar con nuestro voto y desearíamos que tuviera también
un consenso lo más extendido posible porque en esta política de
interés de Estado cabe que confluyan todas las preocupaciones e
intereses de las distintas fuerzas políticas parlamentarias.
Creemos que cualesquiera de las fórmulas que bien vía
presupuestos generales del Estado, bien leyes de acompañamiento
pueda traer el Gobierno son necesarias. Consideramos que en este
momento hay un déficit por parte del Gobierno español en
redefinir las líneas del programa de convergencia. Este déficit
no puede seguir agravándose. Es necesaria una consolidación
presupuestaria. Es necesario establecer de nuevo un calendario y
líneas básicas de las principales reformas estructurales. El
déficit se está agravando cada vez más.
Creemos que es necesario también, dentro de este consenso de
todos los grupos parlamentarios, la reforma del sector público.
La moción puede servir como
punto de encuentro para que esa convergencia sea no solamente del
programa sino también de temas y voluntades políticas. Estamos de
acuerdo con los planteamientos que trae esta moción, sobre todo
aquellos que se refieren a la reforma del sector público,
cuestión que en España en este momento es de urgencia y de
carácter imprescindible.
Desde Coalición Canaria hemos defendido, señor Presidente,
señorías, aspectos que van desde el fomento del ahorro, en el
largo plazo, como se propone aquí en los incentivos del Impuesto
sobre el Rendimiento de las Personas Físicas, con todos los
planes complementarios de pensiones, sistemas de plusvalías,
estimaciones objetivas, de módulos, etcétera, y sobre todo
coincidimos con la actualización de balances. Creemos que en este
momento hay una tremenda demanda, por su sensibilidad y por su
exigencia, por parte del empresario español de que se quite el
corsé que está aherrojando e inmovilizando un factor de dinámica
en la empresa española como es el tema de la actualización de balances.
En aras de la brevedad que me había señalado, señor Presidente, y
por considerar que el debate de esta moción puede introducir el
marco necesario para encontrar precisamente esa necesidad de
política de Estado, es por lo que Coalición Canaria va a votar
favorablemente esta moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular
incide, una vez más, en pretender que esta Cámara inste al
Gobierno a elaborar unas reformas económicas que conduzcan a la
implantación, en gran parte, de su programa económico, al amparo,
en esta ocasión, de una revisión del programa de convergencia. Se
piden medidas de un calado y de un contenido importante. Se pide
que se revisen las cifras del año 1995; que se revise el nuevo
escenario de consolidación presupuestaria de los años 1996 y
1997. Se pide una reforma estructural que lleva consigo la
reforma en profundidad del sector público, una reforma de la
tributación en el Impuesto de Sociedades y de Renta, una reforma
del mercado de trabajo. En definitiva, lo que aquí está
proponiendo el Grupo Popular es prácticamente el programa
económico de su Partido. Creemos que son medidas que suenan bien
y sobre las que nosotros en muchas ocasiones hemos dicho que
estábamos en esa línea, pero son reformas --a mi entender-- que
se han presentado de una forma deslabazada, incompleta; son
medidas que no tienen una estructura global, que no llegan a
profundizar en el contenido, que no establecen los objetivos que
se persiguen. No parece claro, además, que exista un equilibrio
presupuestario entre las partidas de gastos e ingresos que se van
a producir con estas medidas que se pretenden implantar. Algunas
de ellas están en estos momentos en debate en esta Cámara, como,
por ejemplo, las que ahora se proponen relativas al Impuesto
sobre Sociedades, me refiero a la actualización de balances.
Además no se ha tenido en cuenta que este programa tiene que
presentarse antes del día 30 de septiembre, es decir, que hay
dieciocho días para elaborar estas medidas.
Desde nuestro Grupo Parlamentario somos partidarios en
profundizar en reformas estructurales, lo hemos dicho en diversas
ocasiones. Creemos que hay que reformar el mercado de trabajo,
que hay que liberalizar los servicios públicos, que hay que
reformar el sector público empresarial, que hay que hacer una
reforma en profundidad de la Administración pública, que hay que
incidir en una política monetaria y financiera y en una política
tributaria adecuada a la nueva realidad económica que tenemos.
Todo esto lo hemos dicho y somos partidarios de hacerlo, pero no
de esta forma. No es la forma ni el momento oportuno para
hacerlo.
Señorías, creo que en este aspecto tenemos que ser serios.
Acabamos hoy de conocer que los Presupuestos Generales del Estado
para 1996 no van a ser apoyados por la mayoría de esta Cámara, y
no van a ser apoyados hoy, antes incluso de conocerlos. Yo creo
que esto no es serio; no es serio proponer reformas de las que ni
siquiera sabemos si van a estar o no contempladas en los
Presupuestos.
En estos momentos, señorías, lo que la sociedad quiere es que se
clarifique la situación política en que vivimos. Lo que quieren
los agentes sociales, los mercados financieros y los grupos
inversores es estabilidad y seguridad y no incertidumbre. Cada
día se proporcionan desde algunos grupos políticos nuevas
inestabilidades y mayor incertidumbre. En estas condiciones
hablar hoy de grandes reformas económicas y estructurales, sin
despejar la situación política, creemos que es una falacia.
Por lo tanto, desde nuestro Grupo Parlamentario anunciamos que no
vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Homs tiene
la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, dada la tardía hora en que nos encontramos,
al fijar la posición de mi grupo respecto a esta moción.
La verdad, señor Montoro, es que, una vez más, tengo que decirle
que el Grupo Popular no acierta a encontrar la forma de plasmar
los acuerdos políticos en esta Cámara de manera que secunden
reflexiones que en su contenido podían arrastrar un cierto apoyo
parlamentario de otros grupos de la Cámara. Al margen de las
consideraciones políticas y técnicas que usted ha argumentado en
su intervención, tengo que decirle que esta Cámara no puede hoy
considerar políticamente una revisión del Programa de
Convergencia si queremos tener un mínimo prestigio en Europa.
El Programa de Convergencia fue analizado y votado en esta Cámara
por todos los grupos. En su momento presentamos resoluciones que
se adicionaron. El programa de Convergencia, como recordarán, fue
remitido a la Unión Europea, que lo analizó y se pronunció, y a
partir de aquel momento ese programa
--que se aprobó en esta Cámara-- tuvo la aprobación genérica de
todos los gobiernos de la Unión Europea. Ahora, a tres meses del
año 1995, pedir que la Cámara, políticamente, inste al Gobierno a
revisar las cifras del Programa de Convergencia, me parece
ridículo. Yo ese ridículo no lo deseo hacer (Rumores.) Ahora
bien, esa moción contiene un primer punto que es instar a la
revisión de esas macrocifras, que francamente, una vez aprobada
por esta Cámara, deberíamos remitir al Gobierno de la Unión
Europea y pedir que vuelvan a reconsiderar las decisiones que han
tomado en base a nuestro programa.
¿Qué nos propone el segundo punto de la moción? El nuevo
escenario de consolidación presupuestaria para 1996-1997. Señor
Montoro, nuestro grupo cree que ese nuevo escenario lo debe hacer
el nuevo Gobierno que salga de las elecciones; del Partido
Popular o del Partido Socialista, pero el nuevo. (El señor Rato
Figaredo: Eso es nuevo.) En todo caso, pronunciarnos hoy sobre un
hipotético bienio 1996-1997, anticipándonos al debate
presupuestario para 1996, nos parece un acto de, digamos, una
cierta gratuidad política.
El tercer punto son las anunciadas reformas estructurales,
algunas de ellas ya iniciadas, otras contenidas en el Programa de
Convergencia. Si ustedes tuvieran voluntad de intentar arrastrar
un cierto acuerdo de esta Cámara para urgir al Gobierno la
aceleración de esas reformas estructurales, necesarias para
nuestra sociedad, creo que no debieran pedirnos a toda la Cámara
que votemos una modificación del Programa de Convergencia, sino
que deberían pedirnos que instemos al Gobierno a acelerar las
reformas estructurales, ya que en esas seis dimensiones que
ustedes plantean probablemente podríamos coincidir.
Por eso, señor Presidente, nuestro grupo, en aras de contribuir a
sumar y no a restar y a recoger lo positivo de su moción, le
pediría al Partido Popular que aceptara una enmienda in voce que
consistiría simplemente en que en el encabezamiento de la moción,
donde se dice «insta al Gobierno a elaborar y remitir una
revisión del Programa de Convergencia 1995-1997 antes del 30 de
septiembre de 1995...», se suprima la frase «remitir una revisión
del Programa de Convergencia 1995-1997 antes del 30 de septiembre
de 1995», y dejar el encabezamiento de la moción en instar al
Gobierno a elaborar y, a partir de ahí, mi Grupo propondría --y
pasamos al punto 3-- que se instara al Gobierno a elaborar un
calendario de líneas básicas de las principales reformas
estructurales, que nos parecería más sensato atendiendo a la
coyuntura política en que nos encontramos. Si el Partido Popular
aceptara esa consideración de instar al Gobierno a elaborar unas
líneas básicas y un calendario de las principales reformas
estructurales, en ese contexto podríamos alcanzar un posible
acuerdo.
Que conste, señor Presidente, que de no aceptarse esa enmienda
transaccional que planteo in voce, nuestro grupo no podría
secundar esa moción, porque de la aprobación de esa moción por
parte de la Cámara se derivaría el que el Programa de
Convergencia, ratificado por la Unión Europea y aceptado por
todos los gobiernos de la Unión Europea, tendría que ser
revisado, cosa que a estas alturas no podríamos hacer. No
obstante, le transmito que por parte de mi grupo, en los
contenidos de estas resoluciones referidas a las reformas
estructurales, sí que podríamos encontrar acuerdos. No en la
Administración única, porque en ese tema difícilmente vamos a
estar de acuerdo con ustedes, pero sí en otras como pueden ser
las fiscales, las laborales, las de simplificación de la
Administración, o bien las de reformas de las pymes, o en
impulsar la presencia de empresas españolas en los principales
mercados del mundo, cosa que hemos hecho a través de nuestras
enmiendas al Impuesto de Sociedades.
En síntesis, señor Presidente, en aras de la coincidencia por
parte de los grupos, propongo que esta Cámara, en lugar de
modificar el Programa de Convergencia, lo que haga es instar al
Gobierno para que lleve a cabo esa serie de reformas ya iniciadas
en parte sobre los seis aspectos que plantea el tercer punto de
la moción del Partido Popular. Si dicha enmienda es admitida,
nuestro grupo, en ese tercer punto y sólo en él podía estar de
acuerdo, pero no en una reforma del Programa de Convergencia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a votar en contra de esta moción por las razones
contrarias que acaba de exponer el señor Homs. Seguramente será
una reacción muy personal, casi física, telúrica por si acaso,
pero cuando oigo la palabra convergencia nominal tengo la
tendencia a echar mano rápidamente a la cartera, y me da la
impresión
de que mucha gente en este país debería hacer lo mismo. De hecho
hay un acuerdo de fondo, y quizá dentro de unos cuantos meses,
después de las próximas elecciones generales, podrán ponerse de
acuerdo y a lo mejor no lo harán los mismos protagonistas que lo
han estado haciendo hasta ahora.
Yo decía el día 28 de junio --creo no equivocarme en la fecha--,
cuando debatimos la interpelación, que la convergencia real, la
económica y social de todos los países, es imposible hacerla con
los criterios de convergencia nominal; es imposible hacerla. Cada
vez estamos más convencidos de que sin un profundo proceso de
convergencia real de las economías es imposible llegar a las
metas de convergencia nominal (la moneda, inflación, etcétera),
con lo cual estamos de acuerdo, pero mediante el proceso
contrario al planteado por ustedes. Hoy les añado que la
convergencia nominal en inflación, tipos de interés, deuda y
déficit sólo será posible cuando haya convergencia real en
desarrollo de una verdadera carta social, absolutamente congelada
en este momento concreto, de armonización fiscal, desarrollo de
una calidad común de vida basada en la racionalidad económica y
no al revés, en definitiva, en lo que nosotros llamaríamos,
siguiendo las orientaciones de Naciones Unidas, un índice de
desarrollo humano a nivel europeo, con las diferencias y
contradicciones existentes en los distintos países.
Debo recordar que hace muy pocos días salieron las cifras de lo
que representaba en España el porcentaje en el producto interior
bruto del sector industrial, un 21 por ciento, muy alejado de
cualquier país que se pretenda económicamente moderno. Además, en
este caso concreto, en los últimos años ha existido una reducción
drástica de lo que representaba anteriormente en el producto
interior bruto la parte del sector industrial. Pues bien, con
este bagaje, con esta situación, con estas contradicciones, con
estos diferenciales en lo que es la convergencia real donde se
debería avanzar, nosotros creemos que no tiene sentido plantear
ahora rectificaciones de matiz, lo que llama usted una guerra de
cifras o revisar las cifras, sino que seguramente lo que tiene
sentido es revisar todos los contenidos que en un preciso momento
nos han llevado a apoyar determinado tipo de convergencia
nominal.
Tradicionalmente no han sido aceptadas ningunas de las propuestas
que nosotros hemos presentado históricamente, teóricamente en los
dos o tres últimos años, relacionadas con el avance en este
proceso de convergencia real. Por tanto, y sin extenderme más, no
podemos votar esta moción presentada por el Partido Popular
porque ya desde el principio, en su introducción, habla de
promover el cumplimiento de los criterios de convergencia, es
decir la misma filosofía, la que defienden ustedes, la que
defiende el Partido Socialista, la que defiende el PNV, una
filosofía con la que no estamos de acuerdo. Nosotros quisiéramos
debatir sobre aspectos importantes en política económica, en
política industrial y avanzar, si fuéramos capaces de ello en un
debate abierto, en esa política de convergencia real con Europa,
no otra cosa. Nosotros sabemos que tenemos dieciocho votos, pero
estos votos los vamos a continuar poniendo a disposición de una
determinada política, no del PP. Ustedes los pondrán a
disposición del PP, mañana o pasado mañana. De momento han
empezado con la ruptura, un poco teatral, pero mañana los van a
poner a disposición del PP, porque naturalmente en la política
económica, laboral, etcétera, tienen un fondo similar, señor
Homs, y por eso van a estar de acuerdo con ellos, y seguramente
nos encontrarán a otras opciones dentro de este Parlamento
enfrentados a su política concreta, pero en nuestro caso con las
mismas razones y argumentaciones que ahora.
Termino, señor Presidente. Yo creo que ya he defendido
suficientemente nuestra posición. Vamos a votar que no,
naturalmente, para no coincidir también con ustedes, en este caso
concreto, que lo que critican es la forma, porque no se puede
desairar a la prepotente Europa, a la prepotente Comisión
Europea, desde posiciones que en otras ocasiones ya han tenido un
tratamiento en este Parlamento. En este caso concreto ha coincido
más con las posiciones del PP, que si consideran que en un
momento determinado se tienen que variar determinados
posicionamientos de este Parlamento, si se tienen que variar en
función de la realidad, pues se tienen que variar, pero ustedes y
ellos están en definitiva en la misma política. Por tanto, señor
Presidente, vamos a votar en contra de esta moción, porque no va
en la línea de rectificación que nosotros creemos que debería
reconducirse el proceso de construcción europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción del Grupo Parlamentario Popular propone la
revisión del Programa de Convergencia en los escenarios
macroeconómicos y presupuestarios y la incorporación de nuevas
reformas correspondientes al programa del Partido Popular. La
moción ha venido sustentada por una interpelación y por una
intervención del señor Montoro que yo calificaría de intervención
tipo; es la intervención a la que nos tiene acostumbrados desde
1993, y creo que da buena muestra del rigor con el que el señor
Montoro analiza la evolución de la economía y tiene por objeto
únicamente deslegitimar, descalificar de una manera general, sin
ningún rigor, la política económica del Gobierno. El Grupo
Socialista va a oponerse a esta propuesta del Grupo Popular por
considerarla injustificada, carente de lógica e inconveniente
para la evolución de la economía española en el logro de los
objetivos de convergencia.
En primer lugar es preciso señalar --porque no se ha dicho aquí y
quizás SS. SS. no lo tienen presente-- que
el Programa de Convergencia de ahora es un programa que fue
actualizado el pasado año 1994; fue presentado al Parlamento en
julio de ese año y aprobado por el Ecofin en octubre. Estamos
hablando por tanto de un programa de convergencia que tiene una
vigencia inferior en estos momentos a un año. La actualización
que en ese momento realizaron todos los países de la Unión
Europea estaba justificada por las consecuencias de la recesión
económica y el agravamiento de los desequilibrios producidos que
obligaban a la revisión de objetivos y de previsiones
macroeconómicas y presupuestarias. El programa vigente desde 1994
se está cumpliendo, y se está cumpliendo sin grandes desviaciones
en la parte consumida y sin que en opinión de Grupo Socialista, y
a la vista de la evolución de la economía y de los datos
conocidos, deban cambiarse los objetivos de la parte pendiente de
desarrollo.
En cuanto a las previsiones macroeconómicas hay desviaciones,
pero desviaciones en su mayor parte favorables. Desviaciones
favorables en el crecimiento económico, que está situado en estos
momentos en más del 3 por ciento cuando la previsión para todo el
año 1995 era del 2,8 por ciento. Desviaciones en el empleo,
señorías, y no se dice. La previsión para este año era un
crecimiento del empleo del 1,5 al 1,9 por ciento. En estos
momentos el crecimiento del empleo es del 2,2 por ciento y se
prevé que acabe el año en el 2,6 por ciento, lo que quiere decir
el doble de lo que va a crecer en otros países europeos, como por
ejemplo Francia, con un gobierno y un programa como el que
pretende aplicar el Partido Popular. Aquí hay que hacer un inciso
para decir que algo tendrá que ver la reforma laboral que ha sido
aprobada por esta Cámara. Hay una desviación desfavorable en la
tasa de inflación, pero hay que tener presente la incidencia de
factores transitorios en los primeros meses del año, la
sustitución de cotizaciones por IVA, que era un factor que no
estaba previsto en el Programa de Convergencia. En el escenario
presupuestario se han cumplido los objetivos en 1994 y los datos
indican que van a cumplirse en 1995. La desviación del objetivo
de inflación y la elevación de los tipos de interés es el
argumento que utiliza el Partido Popular para sustentar esta
moción. Es un argumento falto de consistencia porque no se puede
justificar la revisión de un programa de política económica, un
año después de su aprobación, por datos de inflación que, como
todo el mundo sabe, tienen un carácter transitorio y todo indica
que serán corregidos en el segundo semestre del año. En cuanto a
las reformas estructurales, se puede hacer un buen balance del
cumplimiento de las contenidas en el programa pero no me
extenderé sobre ello.
En definitiva, el Grupo Socialista considera que no debe
modificarse el Programa de Convergencia ni en sus escenarios
macroeconómicos y presupuestarios, ni en la estrategia que se
establece de corrección de desequilibrios, de culminación de
reformas estructurales, que sigue siendo una estrategia válida
para converger y para aprovechar plenamente los beneficios de la
fase de recuperación que iniciamos en 1993.
En cuanto a las reformas que propone el Partido Popular, hay un
buen número que forman parte del programa de convergencia y que
coinciden con las reformas que propone el Gobierno, incluso con
las que ya se han llevado a cabo y que está previsto que el
Gobierno culmine en la presente legislatura. No me referiré a
ellas porque son conocidas de SS. SS. Quisiera referirme, sin
embargo, a las propuestas que son significativas en el programa
del Partido Popular. El Partido Popular ha utilizado esta moción,
yo diría que de manera fundamental, con el objetivo de tratar de
popularizar sus programas de gobierno, que hasta hace poco han
sido los grandes desconocidos del proyecto del Partido Popular.
Me referiré de una manera sintética a estas propuestas, aunque el
Grupo Socialista ya ha avanzado con anterioridad su posición.
Hay propuestas que poco tienen que ver con los objetivos de la
interpelación y de la moción relativas a la política económica.
Por ejemplo, la propuesta de la Administración única. En este
sentido, quisiera expresar que esta propuesta supone la ruptura
del modelo autonómico de distribución de competencias del Título
VIII de la Constitución y del consenso sobre el Estado de las
autonomías.
Redefinición de la política de la empresa pública e impulso de
las privatizaciones. Hemos tenido recientemente un debate
clarificador sobre las posiciones de los grupos en la Cámara,
pero el Grupo Socialista no coincide con el Partido Popular,
mantiene importantes discrepancias con el Partido Popular en
relación con la política de privatizaciones. La política de
privatizaciones la entendemos dentro de una concepción del papel
del sector público empresarial y no desde un carácter
recaudatorio, como plantea el Partido Popular.
En relación con la reforma fiscal, las propuestas son genéricas,
aunque conocidas. Las propuestas en relación con la reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros tributos
elevan a más de un billón el impacto recaudatorio y rompen la
progresividad de nuestro sistema fiscal.
La reducción de las cotizaciones sociales --ya se ha dicho con
anterioridad en esta Cámara y ha sido manifestado por nuestro
grupo-- en los términos que se plantea supone la vulneración del
Pacto de Toledo, que exige que una reducción de cotizaciones
sociales se compense con el incremento de otros impuestos e
implica la ruptura del equilibrio del sistema de la Seguridad
Social.
Reforma del mercado de trabajo. Aquí son ustedes deliberadamente
ambiguos y genéricos. No se dice nada; únicamente se presentan
objetivos en la moción que pueden coincidir con los objetivos y
los planteamientos de la reforma laboral. Pero afortunadamente a
lo largo de estos meses --la moción se presentó en julio-- el
señor Montoro nos ha iluminado con algunos contenidos de esa
reforma y del modelo laboral
del Partido Popular; en las últimas semanas ha concedido una
interesante entrevista en un periódico de Barcelona en la que
anuncia cuestiones que resultan realmente inquietantes para los
trabajadores, que resultan tremendamente inquietantes para las
relaciones laborales futuras. El señor Montoro habla de poner los
convenios a cero en cada negociación de un nuevo convenio. Esto
supone la desregulación total de los derechos de los
trabajadores. Creo que los ciudadanos de nuestro país tienen el
derecho de pedir al Partido Popular que explicite con más
claridad su propuesta laboral, porque lo que empezamos a conocer
es realmente inquietante, muy preocupante para todos.
En definitiva, entiende el Grupo Socialista que las propuestas
del Grupo Popular son contradictorias respecto a la interpelación
y la moción que plantea en relación a la política económica y
suponen una carga de profundidad muy seria contra el
mantenimiento del Estado del bienestar. En relación a lo primero,
no parece factible que puedan alcanzarse los objetivos de
austeridad presupuestaria, reducción del déficit y del
endeudamiento, mantenimiento de inversiones y gastos sociales, y
reducción de ingresos tributarios y cotizaciones sociales.
Señorías --y acabo--, la moción no aporta nada a la política
económica para el cumplimiento de los criterios y los objetivos
de convergencia, pero ha sido un buen pretexto del Partido
Popular para tratar de insistir en su programa de gobierno. La
moción ha intentado ser utilizada hoy de manera poco hábil --
diría yo-- por el portavoz del Partido Popular para tratar de que
pueda visualizarse la ruptura de la mayoría parlamentaria que ha
existido hasta este momento, pero creo que ha habido una
respuesta clara por parte del portavoz a que iba dirigido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, le ruego
concluya.
La señora AROZ IBAÑEZ: Pero para el Grupo Socialista --y acabo,
señor Presidente-- esta moción tiene una gran importancia.
Constituye cada vez más la clarificación del programa del Partido
Popular. En consecuencia, entiende nuestro grupo que es un aviso
serio, una señal de alarma seria para la gran mayoría de los
ciudadanos de nuestro país, para los trabajadores, para los
sindicatos, para los sectores progresistas de nuestro país,
respecto al peligro que el programa del Partido Popular
representa para los derechos, para las conquistas sociales de
estos 13 años (Rumores y protestas.), para el consenso básico
existente en nuestro país sobre cuestiones esenciales como es el
Estado de las autonomías o el desarrollo del Estado del
bienestar. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
La señora AROZ IBAÑEZ: Y el Grupo Socialista quiere alertar a los
trabajadores, a los sindicatos, a los sectores progresistas sobre
el peligro que representa el eventual gobierno de un Partido
Popular.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.--El señor Montoro
Romero pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aroz.
Señor Montoro, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, solicito la palabra
para emitir la aceptación o no de la enmienda presentada por el
señor Homs en forma de enmienda in voce.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No. El señor Homs ha
planteado una sugerencia, prácticamente ha sido una reflexión.
(Rumores.) ¡Silencio, por favor, señorías! El señor Homs ha dicho
que planteaba una enmienda transaccional, pero como son expertos
parlamentarios tanto usted como el señor Homs, conocen
perfectamente que una enmienda transaccional es una propuesta de
aproximación entre una enmienda existente y un texto que se está
debatiendo. En este caso, no habiendo ninguna enmienda existente,
no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. Si lo
considera como una enmienda se trata de una enmienda in voce, y
como conocen muy bien SS. SS. el Reglamento no contempla la
posibilidad de enmiendas in voce en el debate de las mociones.
Así que pasamos a la votación de la moción. (Rumores.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de
política económica para el cumplimiento de los criterios de
convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos
establecidos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 116; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la noche.
o ninguna enmienda existente,
no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. Si lo
considera como una enmienda se trata de una enmienda in voce, y
como conocen muy bien SS. SS. el Reglamento no contempla la
posibilidad de enmiendas in voce en el debate de las mociones.
Así que pasamos a la votación de la moción. (Rumores.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de
política económica para el cumplimiento de los criterios de
convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos
establecidos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 116; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la noche.
o ninguna enmienda existente,
no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. Si lo
considera como una enmienda se trata de una enmienda in voce, y
como conocen muy bien SS. SS. el Reglamento no contempla la
posibilidad de enmiendas in voce en el debate de las mociones.
Así que pasamos a la votación de la moción. (Rumores.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de
política económica para el cumplimiento de los criterios de
convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos
establecidos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 116; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la noche.