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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 09/05/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 144 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 142
celebrada el martes, 9 de mayo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 7607)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía:
--De la Junta General del Principado de Asturias, sobre
reforma de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para Asturias, artículo 13.2 del
Estatuto. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 2.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente
127/000002) (Página 7607)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
permanencia de menores de seis años en los centros
penitenciarios. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 115.1, de 10 de abril de 1995 (número de
expediente 122/000095) (Página 7615)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación de la
Ley Orgánica General Penitenciaria. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 123, de 27 de abril de 1995
(número de expediente 122/000102) (Página 7615)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, por la
que se constituye una Comisión no permanente de estudio
relativa a la formación e inserción laboral y el acceso a la
vivienda de la juventud en España. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 228, de 8 de mayo de 1995
(número de expediente 162/000194) (Página 7624)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
actuaciones urgentes en el ámbito de la juventud y muy
concretamente en materias de formación profesional,
contratación laboral y vivienda. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 225, de 28 de abril de 1995
(número de expediente 162/000196) (Página 7624)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta al Gobierno a prevenir y coordinar con eficacia e
intensificar los medios de lucha contra los incendios
forestales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
D, número 222, de 30 de abril de 1995 (número de expediente
162/000192) (Página 7631)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política exterior del Gobierno
y posición de España revisión y extensión del Tratado de No
Proliferación Nuclear (TNP), que se celebra en la sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York (número de expediente
173/000080) (Página 7645)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
principios generales que va a seguir el Gobierno para
articular una auténtica política del sector pesquero español,
que se articule con las Comunidades Autónomas (número de
expediente 173/000081) (Página 7652)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
145, de 10 de mayo de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 7607)
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía (Página 7607)
De la Junta General del Principado de Asturias, sobre reforma
de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía para Asturias, artículo 13.2 del Estatuto (Página 7607)
En representación de la Junta General del Principadode
Asturias interviene, en primer lugar, el Diputadoseñor López
González en defensa de la i aprobada por dicha Junta General
el 14 de mayo de 1990, de reforma del artículo 13.2 del
Estatuto autonómico, cumpliendo las previsiones de tipo
constitucional y estatutario y por la que pretendían equiparar
a las comunidades autónomas de la vía lenta con las
comunidades históricas. Transcurridos cinco años desde su
presentación, se debate hoy esta iniciativa en el Congreso de
los Diputados, lo que califican de falta de atención hacia la
misma y que contrasta con la celeridad con que posteriormente
fue tramitado el acuerdo de los partidos Popular y Socialista,
de febrero de 1992, y aprobado definitivamente en diciembre de
ese año. Considera, sin embargo, que tal acuerdo, más que una
reforma estatutaria, supuso una contrarreforma autonómica
porque vulnera las previsiones constitucionales y estatutarias
y consagra una discriminación entre las comunidades autónomas
al establecer dos categorías para las mismas. Por el
contrario, ellos reclaman la autonomía plena para
Asturias, dentro de la lealtad constitucional y del respeto a
las previsiones constitucionales y estatutarias.
Termina pidiendo el voto favorable para esta iniciativa, a la
vez que anuncia su voluntad de no renunciar al compromiso de
seguir luchan autonomía plena para Asturias.
El también Diputado de la Junta General del Principado de
Asturias, señor Llamazares Trigo, defiende asimismo la propu
que refleja la voluntad política mayoritaria de los asturianos
y da cumplimiento al compromiso histórico de autonomía plena
diferida, firmada por las fuerzas políticas redactoras del
Estatuto de Autonomía en el año 1979.
Agrega que los casi cinco años transcurridos desde la remisión
de esta iniciativa hasta su debate en el Pleno significan para
los asturianos la conculcación flagrante, por la vía de los
hechos, de los derechos constitucionales y estatutarios de
aquella Comunidad Autónoma, al tiempo que suponen la negación
del derecho constitucional de iniciativa del Parlamento
asturiano precisamente por parte de los órganos de gobierno de
esta Cámara, que debería haberlos garantizado. Señala que la
Junta General del Principado no ha recibido explicación alguna
sobre el enorme retraso en el tratamiento de esta iniciativa,
lo que califica de afrenta sin precedentes a la dignidad del
Parlamento asturiano.
Concluye señalando que, a pesar del retraso en cuestión, los
representantes de la Junta General han decidido estar hoy
presentes aquí y reclamar, con respeto pero con absoluta
firmeza, el mutuo respeto entre este Parlamento y la Junta
General del Principado, a la vez que defienden una iniciativa
que representa un compromiso histórico de los asturianos por
la autonomía plena frente a una autonomía otorgada
graciosamente por la Administración central.
Completa el turno en defensa de la iniciativa de la Junta
General del Principado de Asturias el Diputado señor Márquez
Fernández. Afirma que el retraso en el tratamiento de esta
inici lugar a que en el intermedio, concretamente en el año
1992, se aprobase una reforma estatutaria como consecuencia de
un pacto, con lo que en este momento se encuentran con que
algunas de las cuestiones contempladas en la propuesta
estarían ya transferidas a la Comunidad Autónoma asturiana. Es
una realidad curiosa que demuestra que la vida no se para y
que la política no se detiene, aunque algunos quieran
detenerse. No es momento de entrar a enjuiciar el pacto
suscrito ni el nivel de transferencias ejecutadas, aunque sí
tiene que decir que para los asturianos es pura y simplemente
insatisfactoria. En todo caso, son situaciones que cree que no
benefician a nadie y que por respeto a las instituciones
deberían obviarse, buscando mecanismos para actuar de otra
forma, porque en el fondo los resultados son los mismos.
Reconoce, por tanto, que la propuesta objeto de debate en este
momento no tiene ya demasiada razón de ser.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); García Fonseca, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; De la Vallina Velarde, del Grupo Popular, y
Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la propuesta de la Junta
General del Principado de Asturias por 29 votos a favor, 248
en contra y dos abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7615)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
permanencia de menores de seis años en los centros
penitenciarios (Página 7615)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación de la
Ley Orgánica General Penitenciaria (Página 7615)
El señor Presidente anuncia la tramitación conjunta de las dos
iniciativas que figuran en este apartado del orden del d En
defensa de la proposición de ley del Grupo Popular interviene
el señor Gil Lázaro, manifestando que la reforma del artículo
38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que hoy someten
a la consideración de la Cámara supone para su Grupo el fin de
un proceso iniciado en la sesión de la Comisión de Justicia e
Interior del 9 de mayo de 1994, cuando advertían a la
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios sobre la
urgente necesidad de introducir reformas normativas y
materiales en todo el régimen concerniente a la presencia de
niños junto a sus madres en el interior de los centros
penitenciarios. En aquel momento se comprometieron también a
someter a la consideración de la Cámara, a lo largo de esta
legislatura, un texto que pudiera ser adecuado para activar
este debate en torno a la reforma en cuestión. Hoy sienten,
por tanto, una especial satisfacción, no sólo por dar
cumplimiento al compromiso adquirido sino también por observar
que, a partir de esas iniciales reflexiones, ha ido creciendo
un estado de sensibilización y de
movilización general hacia esta cuestión, con lo que se ha
avanzado de manera importante hacia el consenso como cree que
podría observarse en este debate de esta tarde.
Alude a continuación al importante crecimiento de la población
penitenciaria femenina en los últimos catorce años, hasta una
tasa del 800 por ciento, lo que ha generado de manera
inevitable una serie de consecuencias, que es fundamentalmente
la insuficiencia de las infraestructuras materiales de la red
penitenciaria para albergar en las debidas condiciones a esa
población penitenciaria femenina, dando lugar en muchos
departamentos a situaciones de tensión y de violencia
contenida que dificultan la convivencia y que se hace
especialmente sensible en relación a la presencia de los
niños. Muestra asimismo su insatisfacción por el hecho de que
en estos momentos sólo existan tres centros específicos
destinados para madres.
Termina señalando que, en el contexto descrito, se comprenderá
la urgencia en la reforma del artículo 38.2, que afecta sólo a
una parte del problema de conjunto, a la población
penitenciaria femenina, pero sin duda a la parte más sensible
como es la relación materno-filial. A través de la reforma
pretenden esta especial protección hacia los derechos de la
parte más débil, los derechos del niño, en línea con la
legislación básica de nuestro entorno y con el espíritu de la
resolución adoptada en 1989 por el Parlamento Europeo. Como
aspecto principal de la reforma menciona la reducción de la
edad máxima de permanencia de los niños en el interior de los
centros penitenciarios junto a sus madres a la edad de tres
años, por las servidumbres negativas que este medio implica.
La señora Alberdi Alonso defiende la proposición de ley del
Grupo Socialista, cuyo objetivo es reducir la edad entre los
niños y niñas que puedan permanecer con sus madres en prisión.
Señala que la proposición es el resultado de los trabajos que
han venido llevando a cabo todos los grupos en la Comisión
Mixta de los derechos de la mujer, preocupados como estaban
por la situación de las mujeres en prisión, sobre todo al
haber aumentado tremendamente el número de mujeres privadas de
libertad. Recuerda que el artículo 38.2 de la Ley General
Penitenciaria plantea que los niños pueden permanecer con sus
madres hasta los seis años de edad y, estudiando el tema,
observan que esa legislación no existe prácticamente en ningún
país de la Unión Europea, donde hay gran diversidad, aunque la
media está en torno a los dos o tres años, al considerar que
otra alternativa puede lesionar los derechos de los niños.
Menciona también la resolución del Parlamento Europeo del año
1989, así como el artículo 39 de la Constitución Española, que
establece que los niños gozarán de la protección prevista en
los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, y en
este sentido alude a la Convención de los Derechos del Niño,
ratificada por este Parlamento en el año 1990 y que establece
que, a la hora de promulgar las leyes, siempre debe prevalecer
el interés superior del niño. De ahí que considere que es el
momento adecuado para reformar la ley vigente y reducir la
edad en que pueden permanecer con sus madres en prisión a una
más razonable para el desarrollo de los niños y niñas. No es
una cuestión de derechos de las madres sino de defender los
derechos de los niños, como parte más débil, cuando hay una
colisión entre ambos derechos.
Espera, finalmente, que esta proposición de ley, junto con la
del Grupo Popular y las aportaciones que realicen los demás
grupos de la Cámara, permita una mejor defensa de los derechos
de estos niños.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor
Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); las señoras Alemany i
Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Aguilar
Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Popular es
aprobada su toma en consideración por 275 votos a favor, dos
en contra y una abstención. Asimismo es aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista
por 273 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7624)
Del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso por la que
se constituye una Comisión no permanente de estudio relativa a
la formación e inserción laboral y el acceso a la vivienda de
la juventud en España (Página 7624)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
actuaciones urgentes en el ámbito de la juventud y muy
concretamente en materias de formación profesional,
contratación laboral y vivienda (Página 7624)
El señor Presidente manifiesta que, de conformidad con lo
acordado en la Junta de Portavoces, se va a proceder al debate
acumulado de las proposiciones de los Grupos Socialista y
Popular, que figuran como números 4 y 5 del orden del día.
La señora Romero López defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista por la que se insta a constituir una Comisión
no permanente de estudio relativa a la formación e inserción
laboral y el acceso a la vivienda de la juventud en España. El
objetivo de la proposición es analizar las dificultades de la
integración social de los jóvenes en esta década de los 90 y
los factores que impiden que se produzca de manera
satisfactoria. Después de analizar estos factores, la Comisión
elaboraría un informe que sirviese de base para las
posteriores actuaciones.
Como punto de partida necesario de ese análisis menciona el
informe que acaba de redactar en el Senado la Comisión de la
Juventud, informe surgido a propuesta de los Grupos Socialista
y de Convergència i Unió, fijando una serie de recomendaciones
que, desde su punto de vista, ofrecen un abanico muy amplio de
actuaciones. Sin embargo, como consecuencia de las
dificultades de hoy día respecto a los temas de empleo y
vivienda, el GrupoSocialista considera que tal vez fuera
interesanteprofundizar en estos dos aspectos y, en co abordar
con seriedad y rigor los datos que sean necesarios, así como
el panorama europeo y cualquiera de las iniciativas que puedan
plantearse para tratar estos temas en profundidad.
Destaca el importante camino andado hasta el momento, con
tasas de escolarización hasta el máximo nivel, la afluencia
importante de jóvenes a la universidad, el inicio de la
reforma de la formación profesional, las actuaciones en
infraestructuras y deportes y la propia creación del
Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto de la Juventud,
a pesar de lo cual quedan aún retos que son muy decisivos para
la integración de los jóvenes en el futuro. No obstante, el
Grupo Socialista propone en este momento que la Comisión se
ciña al estudio de dos temas concretos, que considera
prioritarios, dejando para posteriores iniciativas el
tratamiento de otros aspectos relacionados con la salud, el
ocio, la cultura, la marginación y la participación política.
La señora Martínez Saiz defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Comienza aludiendo al informe aprobado el 30 de
noviembre de 1994 por la Comisión especial creada en el
Senado, en cuyas recomendaciones 7 y 11 se insta al Gobierno a
promover las medidas necesarias para posibilitar la
incorporación de los jóvenes al empleo y fomentar su acceso a
la vivienda. Transcurridos seis meses desde la aprobación de
dicho informe, el Gobierno, en lugar de presentar medidas
concretas, como se recomendaba desde el Senado, trae a la
Cámara para su debate una proposición no de ley para la
creación de una comisión no permanente de estudio que permita
profundizar en el análisis de la situación de la juventud, lo
que ha llevado al Grupo Popular a presentar otra proposición
con medidas más concretas. Se trata de medidas que el Grupo
Socialista podrá enmendar si no las considera convenientes,
pero no rechazar, como al parecer va a hacer, sin valorarlas
como un instrumento necesario y urgente de creación de puestos
de trabajo para los jóvenes y de construcción de viviendas
para que la mayoría de ellos puedan acceder a las mismas, lo
cual está siendo muy difícil en los últimos años. Expone que
con esta propuesta, además de traer medidas concretas,
intentan desenmascarar la política habitual del Partido
Socialista, que ante los problemas más importantes de la
sociedad trata solamente de ganar tiempo para justificar su
incapacidad, haciendo siempre la misma propuesta de
profundizar en el estudio, cuando lo que procede es pasar del
estudio a la acción.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto, e Hinojosa i Lucena, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y la señora Urán González, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista, es aprobada por 276 votos a favor y dos
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, es rechazada por 115 votos a favor, 160 en contra y
una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a prevenir y coordinar con eficacia e
intensificar los medios de lucha contra los incendios
forestales (Página 7631)
La señora Martínez Saiz defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Recuerda que el 14 de julio de 1994 el Ministro
de Agricultura, señor Atienza, compareció en la Cámara para
informar sobre el programa para la defensa contra los
incendios forestales en el año 1994 y las medidas adoptadas,
manifestando el señor Ministro que se trataba de un tema que
preocupaba a toda la sociedad. Sin embargo, desde dicha fecha
hasta este momento el responsable del Ministerio no se ha
dignado comparecer en la Cámara para informar sobre el plan de
Icona para la campaña del 95, con lo que ignoran si se han
aumentado los medios de su flota y si desde el Gobierno se
estiman suficientes los medios previstos para las distintas
comunidades autónomas,
dada la extrema situación de sequía que se encuentran algunas
de ellas, que va a ser la causa principal de los incendios que
se puedan producir este verano. También desconocen cómo se va
a solucionar la dificultad añadida que van a tener los
hidroaviones a la hora de recoger el agua de los embalses,
dado el bajo nivel de sus aguas. Igualmente desconocen cómo se
ha distribuido el presupuesto financiero a las distintas
comunidades autónomas en materia de prevención para el año
1995.
A continuación expone la necesidad de que se presente el plan
que demandan en el primer punto de la proposición no de ley y
que se informe adecuadamente a la Cámara de lo que el Gobierno
tiene previsto para la campaña del 95, así como de los
programas de las distintas comunidades autónomas y su
valoración global, para poder así valorar la posible eficacia
de esos programas.
Alude a otros aspectos mencionados en la proposición,
especialmente en lo relativo a la reforestación y lucha contra
la erosión, a lo que el señor Ministro señalaba que se iban a
destinar 200.000 millones en los próximos cinco años y sobre
cuyo plan no se han vuelto a tener noticias, intentando con la
proposición concienciar a los grupos de la Cámara y al
Gobierno de la nación de la necesidad de que todos los
españoles conozcamos con la antelación suficiente las
políticas de lucha contra incendios y los recursos económicos
invertidos para una lucha adecuada contra los mismos, así como
los programas encaminados a la reforestación y a la lucha
contra la erosión, procurando conseguir la efectiva
coordinación entre todas las administraciones.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y Pelayo Duque, del Grupo
Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasci
(PNV), y Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por
136 votos a favor, 148 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7645)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política exterior del Gobierno y posición
de España ante la celebración de la Conferencia internacional
de revisión y extensión del Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP), que se celebra en la sede de las Naciones
Unidas, en Nueva York (Página 7645)
El señor Vázquez Romero defiende la moción del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
recordando que hace quince días tuvieron ocasión de discutir
los diferentes aspectos relacionados con el Tratado de No
Proliferación Nuclear que actualmente se está discutiendo en
las Naciones Unidas, en Nueva York. El tema central que
entonces les ocupó hacía referencia a la prórroga indefinida o
no de este TNP y a una serie de circunstancias que, desde la
óptica de su Grupo, deberían cumplirse para que ese tipo de
prórrogas se aceptase.
Añade que la moción que ahora presenta su Grupo contiene
cuatro puntos, que no abarcan toda la problemática de las
armas nucleares, pero que van dirigidos a lo que consideran el
núcleo fundamental del problema, agradeciendo la presentación
de enmiendas por los grupos Socialista y Popular, ya que
significa que ambos grupos también están interesados en
aportar posibles soluciones para poder entrever en el futuro
una humanidad exenta de armas nucleares y de los peligros que
conllevan. Finalmente, expone el contenido concreto de los
cuatro puntos de la moción y fija la posición de su Grupo en
relación con las enmiendas presentadas a la misma.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción
intervienen los señores Rupérez Rubio, del Grupo Popular, y De
Puig i Olivé, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Sometida a votación, se rechaza la moción por once votos a
favor, 268 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
principios generales que va a seguir el Gobierno para
articular una auténtica política del sector pesquero español,
que se articule con las comunidades autónomas (Página 7652)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la moción del
Grupo Popular. Comienza aclarando que su Grupo en ningún
momento ha solicitado la ampliación de las 200 millas,
luchando, por el contrario, contra aquellos países que
pretendieran ejercer esos derechos más allá de las 200 millas
que establece el Derecho marítimo intern También desea dejar
claro que desde su Grupo en ninguna ocasión se han expresado
manifestaciones antieuropeístas contra ninguno de los Estados
que forman la Unión Europea y que si alguien ha realizado
algún tipo de manifestaciones antibritánicaso antilusas habría
que mirar a los bancos azu de la Cámara, que es de donde han
salido.
Respecto al contenido de la moción, en su apartado primero se
limitan a manifestar el rechazo al acuerdo firmado entre la
Unión Europea y Canadá, proponiendo la renegociación del mismo
e instando al Gobierno a que cumpla el acuerdo de este
Congreso del pasado 5 de abril. Asimismo solicitan del
Gobierno que mantenga las actuaciones y cuotas pesqueras en su
negociación con Marruecos, considerando que las condiciones
impuestas por Marruecos en estos momentos son inaceptables.
Explica el contenido de los restantes puntos de la moción,
entre los que destaca el segundo, por el que piden la
reprobación de los Ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Asuntos Exteriores.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y Moragues Gomila, del Grupo Socialis Para
fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Vidal i
Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular
por 126 votos a favor, 148 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al tratamiento del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución por parte de don Rubén Cruz Orive, proclamado
electo por la Junta Electoral Central, en sustitución de don
Franco González Blázquez.
Don Rubén Cruz Orive, ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
El señor CRUZ ORIVE: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Rubén Cruz Orive ha adquirido la
condición plena de Diputado.
Bienvenido a la Cámara.
DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA:
--DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SOBRE
REFORMA DE LA LEY ORGANICA 7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE
ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA ASTURIAS, ARTICULO 13.2 DEL
ESTATUTO (Número de expediente 127/000002)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Debates
de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía.
Propuesta de la Junta General del Principado de Asturias,
sobre reforma de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Asturias, artículo 13.2 del
Estatuto.
Para su defensa, don Alfonso Román López González tiene la
palabra en primer lugar.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (López González): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, comparezco en representación del
Parlamento asturiano, de la Junta General del Principado de
Asturias, para defen iniciativa de reforma estatutaria
aprobada por la Junta General el 24 de mayo de 1990.
Esta iniciativa constaba a su vez de dos iniciativas: una de
reforma, a través del artículo 13.2 a) del Estatuto de
Autonomía de Asturias y otra de delegación de competencias, a
través del artículo 150.2 de la Constitución Española. Dos
iniciativas complementarias, todavez que había fracasado, por
falta de reforma a través del artículo 56 del Estatuto de
Autonomía, que preveía una reforma competencial y una reforma
constitucional.
Esta iniciativa pretendía cumplir las previsiones de tipo
constitucional y estatutario. Una iniciativa que permitía
equiparar a las comunidades autónomas de vía lenta, que en
última instancia más parecen de vía muerta, con las
comunidades históricas. Pretendía cumplir la previsión
constitucional de un mismo desarrollo competencial y
estatutario para todas las comunidades autónomas.
Una de estas dos iniciativas fue debatida en esta Cámara en
octubre de 1992 y rechazada. Cinco años después
de haber sido aprobada esta resolu de reforma a través del
artículo 13.2 a) del Estatuto. El tratamiento que este
Congreso de los Diputados ha dado a esta iniciativa del
Parlamento asturiano no cabe menos que calificarlo de
bochornoso. Que una iniciativa del Parlamento asturiano duerma
el sueño de los justos durante cinco años, pendiente de ser
incluida en el orden del día de un Pleno de esta Cámara, dice
poco en defensa de este Congreso; dice poco la falta de
atención a una iniciativa de una comunidad autónoma, a una
iniciativa del Parlamento asturiano, que representa la
voluntad de esa Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
(El señor Vicep Pastor, ocupa la Presidencia.)
Este retraso contrasta con la celeridad con que posteriormente
se ha tramitado el acuerdo Partido Popular-Partido Socialista,
aprobado en febr aprueba mediante ley orgánica en diciembre de
1992 y que permite la reforma del Estatuto en marzo de 1994.
En nuestra opinión, dicho acuerdo, más que una reforma
estatutaria, es una contrarreforma autonómica; es una
contrarreforma estatutaria, porque vulnera las previsiones
constitucionales y estatutarias, porque consagra una clara
discriminación entre comunidades autónomas, porque consagra
dos categorías de comunidades autónomas: comunidades autónomas
de primera y comunidades autónomas de segunda. Ese es, en
nuestra opinión, el hecho diferencial.
Nosotros reclamamos autonomía plena para Asturias, dentro de
la lealtad constitucional, dentro del respeto a las
previsiones constitucionales y estatutarias; reclamamos una
autonomía plena como necesidad política y administrativa e,
insisto, consideramos ese pacto constitucional como injusto y
discriminatorio.
Pido el voto favorable de SS.SS. para esta minirreforma y
anuncio nuestra voluntad de no renunciar al compromiso de
seguir luchando por esa autonomía plena para Asturias.
Recuerdo a SS.SS. que en estos escaños se sientan
parlamentarios asturianos, que en algunos casos se presentan
como candidatos a las próximas elecciones del 28 de mayo; que
sepan que Asturias tomará buena nota de quién defiende en este
Congreso de los Diputados los intereses regionales y quién los
abandona.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
González.
El señor Llamazares Trigo tiene la palabra.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (Llamazares Trigo): Señor Presidente, señorías,
comparezco ante el Congreso de los Diputados en nombre de la
Junta General del Principado de Asturias para defender la
proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para
Asturias. Comparezco también ante esta Cámara para defender
globalmente lo que estaba unido, pero que, inexplicablemente,
los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados han
separado, porque, señorías, esa reforma estatutaria que hoy
defendemos en nombre del Parlamento asturiano, junto con la
proposición de ley de delegación de competencias, debatida en
octubre de 1992 en esta misma Cámara, conforman en su
globalidad, la voluntad política y los contenidos
competenciales aprobados por la mayoría de la representación
de Asturias en la Junta General del Principado.
Además de reflejar la voluntad política mayoritaria de los
asturianos, estas dos iniciativas dan cumplimiento al
compromiso histórico de autonomía plena diferida firmado por
las fuerzas políticas redactoras del Estatuto de Autonomía en
1979 para asumir competencias no incluidas en el artículo 148
de la Constitución que se considerasen convenientes a los
intereses de Asturias, una vez transcurridos cinco años desde
la promulgación del Estatuto.
Ambas iniciativas, la reforma estatutaria y las proposiciones
de delegación, entraron en esta Cámara, asómbrense, en el mes
de julio de 1990, acogiéndose al derecho de iniciativa
legislativa del artículo 87.2 de la Constitución. Ambas
iniciativas responden también a las previsiones del Capítulo
Tercero del Título VIII de la Constitución española en sus
artículos 147.3 y 148.2, así como en los artículo 13 y 56 del
Estatuto de Autonomía de Asturias; unas previsiones que, en
conjunto, hacen residir la iniciativa de reforma estatutaria
en el Estatuto de Autonomía de Asturias y en el Parlamento
asturiano, atribuyendo a las Cortes Generales su aprobación
mediante ley orgánica.
Sin embargo, señorías, los ya casi cinco años que han
transcurrido desde la remisión de esta iniciativa de reforma
hasta su debate en Pleno significan para nosotros, los
asturianos, la conculcación flagrante, por la vía de los
hechos, de los derechos constitucionales y estatutarios de
nuestra Comunidad Autónoma, al tiempo que suponen la negación
del derecho constitucional de iniciativa del Parlamento
asturiano precisamente por parte de los órganos de gobierno de
esta Cámara, que deberían haberlos garantizado. Así, los
representantes de los asturianos en la Junta General del
Principado hemos visto con estupefacción e incredulidad y, más
tarde, con indignación --y así se lo hemos hecho saber
formalmente a la Cámara--, cómo el Congreso de los Diputados
ha troceado en primer lugar y luego ha paralizado «sine die»
las iniciativas de la Junta General del Principado sin ninguna
garantía jurídica para los derechos que nos asisten como
miembros de una cámara autonómica.
Hasta el día de hoy, la Junta General del Principado, a pesar
de sus requisitorias, no ha recibido explicación alguna sobre
el enorme retraso en el tratamiento de esta
iniciativa por parte de los órganos de gobierno del Congreso
de los Diputados. Entre tanto han entrado en esta Cámara,
previo acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias, dos
proyectos de reforma de nuestro estatuto, uno relativo a la
fecha de las elecciones y otro a la aplicación del denominado
pacto autonómico, y es curioso, señorías, que ambas
iniciativas no hayan tenido ningún problema, tanto en su
tramitación como en su posterior aprobación, quizá porque
ambas contaban con el apoyo del Partido Socialista Obrero
Español y del Gobierno del Estado.
En definitiva, los órganos de gobierno de esta Cámara han
subordinado conscientemente las garantías de los derechos de
iniciativa del Parlamento asturiano a los intereses
partidarios, abriendo con ello un conflicto institucional que
no está cerrado entre este Parlamento y la Junta General del
Principado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Llamazares, éste
es un turno de debate de la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía, no un turno de debate con los órganos de
dirección de esta Cámara.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (Llamazares Trigo): Estamos tratando de explicar al
menos esa situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cíñase a la cuestión,
por favor.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (Llamazares Trigo): lo ocurrido, en nuestra opinión,
es una afrenta sin precedentes a la dignidad del Parlamento
asturiano, que ha perdido durante cinco años su iniciativa a
través del procedimiento parlamentario. Por todo ello,
señorías, esperamos que ningún grupo parlamentario tenga la
osadía de descalificar la iniciativa de reforma de nuestro
Estatuto de Autonomía con el argumento de que ésta llega tarde
porque en marzo de 1994 se haya promulgado la reforma de los
estatutos, fruto del pacto autonómico. Tal argumento
significaría además, un verdadero escarnio a los asturianos
precisamente por quienes en vez de permitir el debate y la
votación democrática han preferido las maniobras en la
oscuridad para ahogar nuestra iniciativa.
En todo caso, señorías, y a pesar de los cinco años
transcurridos, a pesar de la aprobación reciente de la reforma
del estatuto, a pesar incluso del ofrecimiento a la Junta
General del Principado, por parte de la Presidencia del
Congreso, de optar por la retirada de nuestra iniciativa; a
pesar de todo ello, los representantes de la Junta General del
Principado hemos decidido estar presentes hoy aquí para
reclamar, con respeto pero con absoluta firmeza, nuestro
derecho de iniciativa y para exigir, con total firmeza, el
mutuo respeto entre nuestras instituciones, entre el
Parlamento y la Junta General del Principado. A pesar de todo
ello, hemos decidido también estar presentes hoy aquí para
defender nuestra iniciativa de reforma del Estatuto de
Autonomía. Hemos decidido defenderla porque representa un
compromiso histórico de los asturianos por la autonomía plena
frente a la autonomía demediada que se nos impone. Hemos
optado por defender esta reforma porque, frente a una
autonomía otorgada graciosamente desde la Administración
central, la reforma de la Junta General del Principado
representa la iniciativa y el compromiso político de los
propios asturianos en la consecución de su autogobierno. Hemos
decidido defender, al cabo de cinco años, esta iniciativa
porque el papel central de la Junta General del Principado en
la propuesta es una buena muestra de nuestra voluntad de
remover los obstáculos a la autoorganización institucional de
Asturias frente al papel, a medio camino entre lo
administrativo y lo político, que nos imponen los pactos
estatales.
En definitiva, señorías, reclamamos desde Asturias, desde una
Historia y cultura de siglos, pero en sobremanera desde la
voluntad política de los asturianos, nuestro derecho al
autogobierno; el derecho de autogobierno que, frente al
carácter otorgado y administrativo de lo que tenemos,
reconozca nuestra iniciativa política, permita nuestra
autoorganización y respete nuestras instituciones.
Gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Llamazares.
Tiene la palabra el señor Marqués Fernández.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (Marqués Fernández): Gracias, señor Presidente.
Señorías. comparezco ante este Congreso de los Diputados, en
nombre de la Junta General del Principado de Asturias, para
considerar una propos de reforma del Estatuto de Autononía
para Asturias, aprobada por aquella Cámara legislativa. Una
proposición de ley cuyo apoyo lo tiene en el derecho de
iniciativa que el artículo 87.2 de la Constitución española
reconoce a las comunidades autónomas. Tuvo su entrada en este
Congreso de los Diputados en un ya muy lejano mes de julio de
1990, por tanto, hace prácticamente cinco años.
Señorías, yo no voy a extenderme en modo alguno en explicarles
a ustedes el sustento formal y legal de esta iniciativa, ni
siquiera las razones de fondo que en su momento propiciaron y
promovieron que la Junta General del Principado adoptase una
medida legislativa como la que hoy nos ocupa y que no es ni
puede ser otra que un deseo generalizado de asumir los niveles
competenciales máximos posibles dentro del propio Ordenamiento
constitucional, una vez cumplidos, más que en exceso, los
plazos que el artículo 148.2 de la propia Constitución
establecía en relación a las Comunidades que accedieron a su
autogobierno, como es el caso de Asturias, por la vía señalada
en el artículo 143 de la propia Constitución. Pero sí es
necesario señalar en este momento que, cuando los procesos
normativos ciertamente se alargan en el tiempo --y estamos
ante un caso evidente de haberse alargado, repito, más de
cinco años, desde que tuvo entrada la proposición en esta
Cámara--, la vida no se para porque se pare la actividad
normativa; ni las relaciones humanas, sociales o políticas se
detienen porque se detenga la actividad normativa. En el
entretanto se ha producido otro fenómeno nuevo: en el año
1992, como SS. aprueba una nueva reforma, previo a un pacto,
es cierto, y ahora nos encotraríamos con que, de considerar
esta proposición algunas de las cuestiones que en ella se
contienen, estarían ya contempladas y transferidas, incluso
firmada desde hace pocos días su transferenciacomo competencia
a la Comunidad Autónoma asturiana. Esta es la realidad ante la
que nos e normativas, planos de necesidades; supera algo que
nos demuestra, una vez más, que la vida no se para, que las
relaciones no se paran y que la política no se detiene aunque
algunos quieran detenerse.
Hay una preocupación, sin embargo, que yo no voy a enjuiciar
en este momento porque no corresponde hacerlo aquí, ni el
nivel de satisfacción o insatisfacción sobre el pacto que se
ha suscrito, ni el nivel de transferencias que se ha
ejecutado. No se trata de discutirlo aquí y no voy a hacerlo.
Para nosotros es, pura y simplemente, insatisfactorio.
Ahora bien, también hay otra preocupación. No creemos que los
procesos se queden cerrados en este momento simplemente por la
firma de un pacto condiciones nos preocupa severamente pensar
que tal vez un día no muy lejano, cuando deba reabrirse algún
proceso negociador, podamos tener que enfrentarnos nuevamente
a cinco años de sueño de los justos de una actuación
determinada.
Creo, señorías, que nos tiene que servir de punto de
referencia lo que aquí ha sucedido. Es una historia repetida
ciertamente, y Asturias, hoy, se va a ver enfrentada a la
curiosa circunstancia de tener aprobada una norma para tener
que rechazar otra porque contiene prácticamente lo mismo que
ya fue aprobado posteriormente. Son situaciones que creo
sinceramente que no benefician a nadie; son situaciones que
deben, hasta donde se pueda, obviarse; y creo sobre todo que,
por respeto a las propias instituciones, tienen que buscarse
mecanismos que permitan que se pueda actuar de otra forma
porque, en el fondo, los resultados ciertamente son los
mismos. Los procesos de transferencias competenciales que se
reflejaban están cumplidos o en trámite de cumplirse. Pero hay
un proceso de formas que no está cumplido.
Señorías, yo tengo que decir en este momento que, lamentando
que el tiempo pase, incluso para la normativa que no se
desarrolla, esta proposición ya no tiene demasiada razón de
ser. Es más, se le pasó el tiempo, se le pasó la oportunidad y
hasta podríamos decir como el poeta que se le ha pasado la
juventud y la lozanía.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Marqués.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario respecto de esta propuesta de reforma de
estatuto de autonomía, presentada ciertamente en 1990 por la
Junta General del Principado de Asturias y que esta tarde
debatimos en esta Cámara y en este Pleno; una posición que va
a ser, mediante el voto, absolutamente favorable a esta
reforma. Pero voy a iniciar mi breve intervención preguntando
si es lógico que una iniciativa de 1990 se vea ahora, casi
cinco años después, ante este mismo hemiciclo y ante estos
mismos micrófonos. Nuestro Grupo Parlamentario ha venido
pidiendo en las últimas legislaturas lo que ahora ya tiene la
Cámara, es decir, un calendario de tramitación de iniciativas
parlamentarias. Porque lo ciertoes que se han ido amontonando
p parlamentos autonómicos, perfectamente constitucionales y
mediante el adecuado vehículo constitucional y estatutario.
Hoy ya tenemos, afortunadamente, un calendario. Lo que ocurre
es que ese calendario no puede subsanar este error político de
ver hoy algo que fue aprobado en 1990 por la Junta General del
Principado de Asturias.
Lo cierto y verdad es que esta iniciativa, como aquí se acaba
de decir, se ha visto superada por un pacto autonómico, al
cual nosotros no dimos nuestro apoyo --todo lo contrario,
votamos en su contra--, suscrito por las dos fuerzas
mayoritarias en esta Cámara, que de esta manera suplantan en
la práctica la voluntad de los parlamentos autonómicos. Nadie
puede negarme aquí que se pactó en Madrid lo que cada
comunidad autónoma, mediante su gobierno y su parlamento,
debían decidir. Esto, señorías, puede entenderse como un modo
de ver y de leer el Estado de las autonomías de nuestro país,
de España, pero ciertamente no es, desde nuestra perspectiva
nacionalista, la lectura correcta del Título VIII de nuestra
Constitución. Y no lo es, además, desde la perspectiva de unas
previsiones constitucionales y estatutarias como las que esta
tarde ejerce la Junta
General del Principado de Asturias de modificar desde cada
lugar, desde cada comunidad autónoma, aquello que cada
comunidad autónoma tiene y dispone a través de su estatuto. Y
de modificarlo por la única vía posible, que es desde el
respeto a la Constitución y desde el respeto a su respectivo
estatuto de autonomía.
Nuestro Grupo Parlamentario y nuestros partidos apoyaron en su
momento la Constitución. Entendimos entonces que dábamos un
paso adelante, un paso favorable a una nueva manera de
entender España, a una nueva manera de construir juntos la
historia de futuro, la vida de futuro, mediante la
generalización autonómica. Sin embargo, siempre hemos
defendido que generalización no es sinónimo de
homogeneización, porque cada región o cada nación, dentro de
España, tiene --como ha sido citado por un Diputado de la
Junta General del Principado de Asturias-- orígenes distintos,
historias distintas y, seguramente, futuros distintoso, al
menos, apetencias autonómic distintas.
Desde el respeto más absoluto a la Constitución y desde el
respeto a lo que hoy nos plantea la Junta General del
Principado de Asturias, vaya nuestro voto favorablea esta
propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo para manifestar la posición de mi Grupo,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la iniciativa
del Parlamento asturiano, la Junta General del Principado de
Asturias, presentada como proposición de ley ante esta Cámara.
Permítanme --lo entenderán ustedes, lógicamente-- que comience
saludando a mis paisanos, a los representantes de la mayoría,
o, en todo caso, de la voluntad popular manifestada en el
Parlamento regional del Principado de Asturias. Quiero darles
la cordial bienvenida a esta Cámara y decirles que mi Grupo,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, coherentemente con
lo que votó allí, va a avotar aquí en apoyo de lo que ustedes
han aprobado mayoritariamente en la Junta General del
Principado.
Antes de llegar a ello --aunque ya me anticipo en expresar el
voto de mi Grupo--, me siento obligado a insistir en lo que
han dicho los porta Junta General del Principado en cuanto al
incomprensible, al lamentable, el escandaloso retraso con el
que esta proposición de ley de la Junta General del Principado
de Asturias se debate en esta Cámara. Aquí no valen algunas de
las disculpas que se han dado. Aquí ha habido iniciativas
posteriores, incluso de la propia Junta General del Principado
de Asturias, que se han debatido previamente a ésta, que años.
Señoras y señores Diputados, creo que los órganos de esta
Cámara, que la Junta de Portavoces, que los portavoces de los
grupos mayoritarios... (El señor Marcet i Morera: Y
minoritarios.) y minoritarios deben dar alguna explicación no
sólo a nuestros amigos, a mis compañeros o colegas del
Principa conjunto de los Diputados de esta Cámara de cómo es
posible que por la vía de los hechos se haga inviable un
mandato constitucional que permite a un Parlamento autonómico
tomar iniciativas legislativas en esta Cámara.
El hecho es, a nuestro juicio --a juicio de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y, desde luego, a juicio del Diputado
que les habla--, de tal gravedad, de tal envergadura, que mi
Grupo no saldrá en absoluto satisfecho ni de acuerdo con el
resultado de esta Cámara si no se da algún tipo de
explicación, aunque no nos convenza, por parte de los
diferentes portavoces de los grupos que intervengan aquí, en
cuanto a cómo es posible que una iniciativa presentada por un
Parlamento regional, que en esa Comunidad Autónoma representa
la soberanía popular, tarde cinco años en ser discutida y
votada en esta Cámara, de tal forma que dé pie a alguno de los
portavoces de esa Cámara a haber expresado aquí que a estas
horas ya no tiene demasiado sentido el debate o el voto. Yo
creo que es un tema de tal envergadura y de tal gravedad que
obliga a cada portavoz de cada grupo y de los órganos de esta
Cámara a manifestar aquí cuáles han sido las causas, los
motivos o las razones, si es que se puede hablar de razones,
por las cuales hechos de esta magnitud y de esta gravedad
pueden suceder. Y, desde luego, lo que quiero decir ya
haciendo honor y siendo coherente con lo que acabo de pedir a
todos los portavoces que hoy se expresen aquí...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca,
usted conoce de sobra que la Cámara tiene diversos órganos y,
lógicamente, los grupos se expresan democráticamente en la
Junta de Portavoces y en ella también está representado su
Grupo, como cualquier otro, y esa es la instancia donde su
Grupo puede solicitar aclaraciones o peticiones, en la Junta
de Portavoces.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, lo entiendo
perfectamente. No me estoy refiriendo a la Presidencia. Estoy
invitan mayoritarios y minoritarios, y a los portavoces de los
mismos a que expresen cuál ha sido su posición para que este
desaguisado haya sido posible, se haya podido cometer. Y
permítame, señor Presidente, que insista
porque me parece que está dentro de la lógica y de toda la
legitimidad parlamentaria de mi Grupo hacer esta demanda a
todos los grupos, y empiezo dando ejemplo de ello diciendo que
mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reiteradas
veces, no una, ni dos, ni media docena, sino muchas más veces,
permanentemente ha insistido en la Junta de Portavoces para
que este tema entrara en el orden del día, y tengo que afirmar
--y, si no, que lo digan de otra forma los portavoces de los
demás grupos-- que nos hemos quedado absolutamente solos, más
solos que la una, defendiendo este tema. En todo caso, si
algún grupo se da por aludido de manera injusta, que lo
manifieste aquí.
Entrando ya a justificar, si es que hiciera falta, el voto
positivo de mi Grupo, simplemente quiero añadir que desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y en relación con el
tema autonómico, que nuestro Grupo reconoce que es difícil y
complejo, que es un tema en el que la democracia ha conseguido
quizás uno de sus mayores logros, sin embargo pensamos que es
un tema que todavía no está cerrado, es un tema incompleto, un
tema inacabado, y basados en la Constitución y basados
incluso, en este caso al menos, en el sentido común, es decir,
en el sentido de la mayoría de los asturianos, nosotros
entendemos que aquí --permítaseme la expresión coloquial--,
café para todos; es decir, la Constitución admite vías
distintas, la del procesos de competencias diferentes, el del
149 o el del 148, admite principios distintos pero para llegar
a finales iguales; al menos, la Constitución está clara...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
García Fonseca. Ruego a SS.SS. que guarden silencio. (Pausa)
El señor GARCIA FONSECA: Se lo agradezco, señor Presidente,
porque la verdad es que...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento. (Pausa.)
Cuando guste.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente. Así quizá
se me entienda sin tener que dar tantas voces.
La Constitución establece vías distintas, pero para llegar a
una final en el que no se discrimina a nadie; es decir,
nosotros entendemos que el techo competencial debe ser el
mismo para todos aunque cada autonomía pueda elegir y debe
elegir la vía que considere más oportuna para llegar a ese
techo o al techo que considere conveniente. Lo que tenemos
claro es que tanto en la Constitución cuanto por sentido común
lo que no vale es discriminación de ningún tipo, y en el tema
autonómico, señorías, valen las verdades del barquero o, si me
permiten, las verdades que en Asturias diríamos del barquero,
del minero, del estudiante, del pequeño o mediano empresario,
las verdades del sentido común. Es decir, a nivel de
diferencias culturales, de especificidades culturales, respeto
y promoción para todas ellas; a nivel de diferentes vías de
opción e incluso de constitución de opciones político-
administrativas, las que cada comunidad estime convenientes a
su singularidad; desigualdades socioeconómicas, ninguna, a no
ser aquellas que se deriven de otros temas distintos de los
que puedan ser los niveles competenciales o autonómicos de
cada comunidad. Esto es meridianamente claro, meridianamente
de sentido común, a pesar de todos los camuflajes que se
quieran hacer desde un lado o desde el otro. Para Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya hablar de Estado federal en el
horizonte de este proceso autonómico significa precisamente
eso: respeto y diferencia a la singularidad de cada comunidad
autónoma tal y como ella misma la entienda y como ella misma
la proclame, pero techo común para el autogobierno para
cualquiera de los pueblos de España, para cualquiera de las
comunidades autónomas, sin que nadie se atribuya un techo
superior a otro.
Por último, simplemente quiero decirles que lo que se plantea
aquí por parte de la mayoría de la Junta General del
Principado de Asturias incluye temas que no solamente no han
pasado de actualidad --como se ha dicho por algunos de los
intervinientes--, sino que tienen tanto sentido para una
Comunidad Autónoma como la de Asturias, con una de las crisis
globales más fuertes y profundas de las comunidades autónomas
que existen en este país --y ya es una desgracia estar de los
primeros en ese ranking--, como programas genéricos de Estado
para la implantación de nuevas empresas y el estímulo de
actividades productivas, programas especiales para comarcas
deprimidas o en crisis; competencias previstas en el artículo
13 y, asumidas en la reforma y en los pactos entre el PP y el
PSOE; o puntos tales como la participación regional en las
empresas públicas radicadas en la Comunidad Autónoma, en este
caso en Asturias, siendo así que el tema de las empresas
públicas en Asturias tiene una implicación, tiene una
resonancia, tiene unas consecuencias de una mayor gravedad o
importancia fáctica como en ninguna otra de las comunidades
españolas, simplemente por la vía de los hechos; y un largo
etcétera en el que no quiero entrar porque quiero terminar
diciendo, señoras y señores Diputados, que en esta
circunstancia en que nos encontramos, que en plena campaña
preelectoral, en la antesala de unos pactos municipales o
autonómicos, perdón, de unas elecciones municipales o
autonómicas --el lapsus tenía algún sentido-- en las cuales se
ha hecho tema central la cuestión de los pactos, todos los
grupos deben entender, por favor, que para cualquier tipo de
pacto una de las condiciones es la fiabilidad, y la fiabilidad
la da la coherencia.
Sobre este tema --no voy a hablar de otros--, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ha mantenido la coherencia en
Asturias y aquí, hace ci Cuando se hizo un pacto regional al
principio de la preautonomía, todos los grupos políticos
presentes en la Cámara asturiana estuvieron de acuerdo en que
transcurridos los cinco años íbamos a optar por la reforma del
Estatuto hacia una competencia por la vía del 151 o 149, todos
los grupos firmaron este acuerdo, entre ellos Izquierda Unida.
Izquierda Unida sigue hoy aquí defendiendo lo mismo que apoyó
entonces. Que los demás grupos se manifiesten al respecto. En
1990 Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votó a favor, en
el Parlamento asturiano, de esta proposición de ley que tras
cinco vergonzosos años de retraso estamos discutiendo, y en el
día de hoy se va a pronunciar en el mismo sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le ruego concluya,
señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Quien pueda decir lo mismo, que lo
diga; y quien no, haga el favor de callarse.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De la Vallina.
El señor DE LA VALLINA VELARDE: Con la venia, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, parlamentarios de la Junta
General del Principado de Asturias, a quienes saludo
cordialmente en nombre propio y en el del Grupo Popular en el
Congreso, en el día de hoy conoce esta Cámara la propuesta de
reforma del Estatuto de autonomía de Asturias, motivada por la
iniciativa de la Junta General del Principado, adoptada en el
ya lejano mes de julio de 1990 y que inicialmente fue
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el
16 de julio de 1990.
Se trataba de utilizar uno de los procedimientos de reforma
estatutaria para ampliar el ámbito competencial previsto en el
propio Estatuto de autonomía de Asturias, una vez
transcurridos cinco años desde su aprobación. Es decir, se
trataba de utilizar la vía de la denominada asunción diferida
de competencias o reforma estatutaria de ámbito menor o
vinculada, en cuanto que la propia norma estatutaria prevé su
asunción, transcurridos cinco años, mediante acuerdo del
Parlamento autonómico adoptado por mayoría, es decir, sin que
fuera necesario el quórum reforzado que con carácter general
exige la reforma estatutaria. Y se utiliza esta especial vía
de reforma ante la negativa del Gobierno de la nación en aquel
entonces y del Partido Socialista que lo sustentaba a
reconocer el derecho constitucional a la reforma de los
estatutos de las comunidades que habían accedido a la
autonomía a travésde la llamada vía lenta del artículo 143 de
la Constitución.
Pero como ha sido recordado esta tarde aquí, desde ese ya
lejano año de 1990 en que se adopta esta proposición de ley --
prácticamente cinco años han transcurrido--, han sucedido
políticamente muchas cosas. Se han adoptado importantes
medidas legislativas que hacen que carezca de fundamento, que
carezca de razón de ser esta propuesta de reforma que hoy está
conociendo el Congreso de los Diputados. En términos
procesales, si se me permite, se puede decir que nos
encontramos ante una iniciativa extemporánea por satisfacción
extraprocesal. Y en términos políticos es evidente que carece
de sentido por hab las razones que en su momento justificaron
el apoyo y la aprobación de esta medida de reforma.
En efecto, después de esta iniciativa autonómica de 1990 han
sido adoptadas importantes medidas políticas y legislativas en
relación a la ampliación del ámbito competencial, que es a lo
que se refiere estrictamente esta proposición de ley, de las
comunidades que habían accedido a la autonomía a través de la
vía del artículo 143, entre las que se encuentra Asturias.
Inicialmente, como también ha sido recordado esta tarde aquí,
se aprobaron los pactos autonómicos de febrero de 1992, que
dieron lugar a la Ley Orgánica de transferencias, de 23 de
diciembre de 1992, por la que se delegaban una serie de
competencias a las comunidades autónomas del 143. Por lo que
se refiere a Asturias específicamente, por la reforma de su
Estatuto, llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de
marzo, el Principado de Asturias asume prácticamente todas las
competencias que esta proposición de ley pretendía asumir. Por
ello, no resulta razonable políticamente en estos momentos
apoyar con nuestro voto positivo esta proposición de ley, sin
perjuicio de reconocer que hay que congratularse de que, en su
día, la Junta General del Principado haya aprobado esta
iniciativa con el apoyo del Grupo Popular, ya que, debido a
ella, junto con otras iniciativas semejantes de otros
parlamentos autonómicos, fue posible que el Gobierno
socialista cambiase de criterio en relación al techo
competencial de las comunidades autónomas del 143 y se
suscribiesen los pactosautonómicos de febrero de 1992 y la
proceso de transferencias estamos asistiendo en estos
momentos.
Tratando esta cuestión, las competencias a asumir por las
comunidades autónomas, sin embargo, no quiero dejar de decir
que la reforma que arranca de los pactos autonómicos de
febrero de 1992, que afecta exclusivamente al techo
competencial de las comunidades autónomas, no puede quedar
exclusiva plano normativo, en el plano de la reforma de los
estatutos,
sino que tiene que manifestarse, reconocerse, en el terreno
práctico, a través de las correspondientes transferencias de
competencias, que en muchos casos se están demorando
indebidamente. Por otro lado, también deseo indicar que, con
esas transferencias de competencias en aplicación de la Ley de
transferencias de diciembre de 1992 y las correspondientes
modificaciones de los estatutos de autonomía, ciertamente no
puede quedar cerrado el ámbito de reforma de los estatutos de
autonomía de las comunidades autónomas que accedieron a la
autonomía a través de la vía del 143. Otras cuestiones quedan
pendientes al margen de las estrictamente competenciales que,
como antes indicaba, son a las que se refiere exclusivamente
esta proposición de ley. Esas otras reformas, que afectan,
aparte de a ámbitos competenciales, a ámbitos institucionales,
son necesarias para hacer posible el autogobierno de nuestra
región dentro de las cotas, dentro del marco que permite el
Título VIII de la Constitución.
Por último, señor Presidente, yo también deseo terminar con
una reflexión que pueda contribuir serenamente a impedir en el
futuro situaciones como la que hoy se produce. Sobre la base
del principio de lealtad constitucional que debe presidir las
relaciones entre el Parlamento nacional, entre las Cortes
Generales, y los parlamentos autonómicos, es preciso
articular, como ha sido recordado esta tarde aquí, fórmulas
flexibles que permitan conocer y debatir de forma inmediata,
con urgencia, las iniciativas autonómicas. Es una
consideración que la reforma del Reglamento de la Cámara y muy
especialment del Senado han de tener presente para evitar
situaciones como la que hoy lamentamos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De la
Vallina.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar, cómo no, saludando a los Diputados
de la Junta General del Principado de Asturias que hoy, desde
esta tribuna, han defendido la proposición que obtuvo la
mayoría del Parlamento regional.
Quiero comenzar mis palabras recordando algunos aspectos de lo
que parece que esta tarde ha sido objeto de discusión desde
esta tribuna, que no es en sí la sustancia, el contenido, la
oportunidad del proyecto de ley de la Junta General del
Principado de Asturias, ya que en boca de casi todos los
portavoces, creo que excepto en la del último portavoz señor
De la Vallina, han estado presentes cuestiones de
procedimiento parlamentario sobre estas materias que no son
competencia de los portavoces de los grupos. Por lo tanto todo
el mundo ha dicho aquí lo que sabía respecto al trámite de
este proyecto de ley, que, efectivamente, entró en esta Cámara
en el año 1990. Todo el mundo ha dicho lo que sabía y además
algunos lo han dicho de manera gruesa y vehemente. Yo también
tengo que decir lo que sé, siendo así que tengo que empezar
por decir que reconozco que la competencia en esa materia es
de la Junta de Portavoces y que yo nunca he leído las actas de
la Junta de Portavoces. Lo que sí puedo decir señorías, hasta
donde yo sé, es que es verdad que en esta legislatura hubo
algún grupo parlamentario que mostró cierto empeño en que este
proyecto se viera en la Cámara. Muy bien. En esta legislatura
se está viendo ese proyecto de ley. Ahora bien, quiero dejar
bien claro que lo que yo sé es que en la legislatura anterior
ningún grupo parlamentario instó en la Junta de Portavoces el
trámite de este proyecto de ley. Eso es lo que yo sé desde una
posición que ya les digo que nunca ha tenido interés en el
conocimiento de las actas de la Junta de Portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval,
aténgase a la cuestión.
El señor MARTINEZ NOVAL: Yo decía, señor Presidente que no es
muy conveniente en estos momentos discutir desde la tribuna
cuestiones procedimentales y no cuestiones sustantivas, pero
yendo a la sustancia se acaba de decir desde esta tribuna que
el contenido de esa proposición de ley y de otras muchas en
relación con otras comunidades autónomas empujó al Gobierno y
al Grupo Parlamentario Socialista a adoptar una actitud
respecto a la ampliación del nivel de competencias, distinto
del que tenian en origen. Es una manera de ver las cosas.
Sería tanto como decir que cualquier pacto no es una
imposición y que, por lo tanto, hace falta que todo el mundo
renuncie a posiciones para llegar a algún punto de encuentro.
Sin ninguna duda que el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Socialista cedieron en sus posiciones iniciales, las del año
1987, para llegar al pacto nacional al que hemos llegado, sin
ninguna duda; pero también es verdad que ese acuerdo es el
fruto del empeño que el Grupo Parlamentario Socialista y que
el Partido Socialista Obrero Español en todo el Estado español
mantuvo en relación con la reforma de los estatutos de
autonomía. Y ese empeño era el de que era necesario que la
reforma se produjera por la vía y por el instrumento de un
pacto nacional. Decíamos en el año 1987, y podemos seguir
diciendo ahora, que si nuestro Estatuto de autonomía procedía
de un gran pacto político entre dos partidos de ámbito estatal
del año 1982, cualquier reforma del Estatuto posterior a ese
pacto debería de lograrse también por la vía del acuerdo y de
la aproximación entre dos grandes partidos estatales, al que
se podían sumar,
sin ninguna duda, con el mismo protagonismo que nosotros
tuvimos, cualquier otra formación política que tuviera ese
punto de vista. Ese instrumento, el del pacto nacional,
señorías, déjenme que lo reivindique para el Partido
Socialista Obrero Español, para el Grupo Parlamentario
Socialista y para mi Gobierno. Y además, señorías, el
resultado de ese pacto está ahí. En estos momentos el Gobierno
asturiano está negociando la transferencia de importantísimas
competencias como son la universidad o el Inserso. Señorías,
quedan más competencias por negociar; todo llegará. Además
nosotros teníamos como condición el pacto nacional por razones
políticas y también por razones lógicas, de racionalidad
política. Queríamos armonizar el Estado español. No queríamos
que se produjera un conjunto de reformas por la vía de
distintas piezas de un mosaico en toda la geografía nacional y
repetimos y dijimos siempre que cualquier aumento del nivel
competencial de una comunidad autónoma, cuando hay
competencias en esos incrementos que llevan aparejados
importantes volúmenes de inversión, cambiaba radicalmente las
condiciones de partida de la financiación autonómica y que,
por lo tanto, además de un acuerdo sobre un aumento del nivel
competencial, era también necesario --y asociado a él además--
un acuerdo en relación con los cambios que había que
introducir en el sistema de financiación autonómica.
En definitiva, señorías, por la vía del pacto, del acuerdo
nacional entre el Partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español los social conseguido lo que nos proponíamos:
en primer lugar, aumentar el nivel competencial de nuestra
Comunidad; en segundo lugar, que ese nivel no dejara de
suponer, sino lo contrario, que supusiera la armonización del
Estado español; y, en tercer lugar, que esa reforma
estatutaria condujera también, de forma asociada, a una
reforma de la financiación autonómica del Estado. Esos tres
objetivos, señorías, los hemos conseguido y, por tanto, puesto
que parece que esta tarde ha habido aquí una olimpiada de la
coherencia, en la que yo no quiero participar, sí quiero decir
que, con plena coherencia con lo que votamos en la Junta
General del Principado de Asturias, esta tarde el Grupo
Parlamentario Socialista entenderá que esta proposición de ley
está superada por los hechos y, por tanto, en ese sentido yo
también me sumo a las voces que desde esta tribuna han dicho
que es una proposición, hoy, al día de hoy, extemporánea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Noval. (El señor García Fonseca pide la palabra.) Si,
señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, sólo para aclarar
una cuestión relativa a unos datos en la que me he sentido
contradicho.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra,
señor García Fonseca. No hay ningún turno de aclaración.
El señor GARCIA FONSECA: Era sólo para decir que, en la
legislatura anterior...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: ...varias veces Nicolás Sartorius
presentó este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Junta General del
Principado de Asturias sobre reforma de la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279; a favor, 29; en contra, 248; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PERMANENCIA DE MENORES DE SEIS AÑOS EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS (Número de expediente 122/000095)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DE LA
LEY ORGANICA GENERAL PENITENCIARIA (Número de expediente
122/000102)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Señorías, van a tramitarse acumuladamente las dos iniciativas
que figuran en este apartado del orden del día. En primer
lugar, proposición del Grupo Popular sobre permanencia de
menores de seis años en los centros penitenciarios.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Rumores.)
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio.
Cuando quiera, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, la proposición de ley de reforma
del artículo 38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que
el Grupo Popular somete hoy a la consideración de la Cámara
supone para nosotros el fin de un proceso iniciado por mi
Grupo en la sesión de la Comisión de Justicia e Interior de 9
de mayo de 1994, cuando advertíamos a la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios acerca de la urgente necesidad de
introducir reformas normativas y materiales en todo el régimen
concerniente a la presencia de niños junto a sus madres en el
interior de los centros penitenciarios. Y no solamente eso,
sino que comprometíamos también nuestra intención política de
someter a la consideración de la Cámara a lo largo de esta
legislatura un texto que pudiera ser adecuado para activar ese
debate en torno a la reforma que predicábamos.
Por tanto, mi Grupo siente hoy una especial satisfacción, no
sólo por dar cumplimiento al compromiso adquirido por nosotros
en su momento, sin observar que, a partir de aquellas
iniciales reflexiones, formuladas en la sesión del 9 de mayo,
ha ido creciendo un estado de sensibilización y de
movilización general, no sólo en los ámbitos profesionales
afectados, no sólo en gran parte de nuestra sociedad, sino
también en el conjunto de los grupos parlamentarios hacia esta
cuestión, de modo que puede decirse que en estos momentos hay
avanzado un importante estado de consenso, tal y como se
reflejó recientemente en el Pleno del Senado y como a buen
seguro podrá observarse también a lo largo del debate de esta
tarde. Ese grado de consenso es de todo punto imprescindible
para abordar de una manera sensata, de una manera concordada,
de una manera racional un tema singularmente delicado como el
que nos ocupa, que, además de la consideración que en sí mismo
tiene, va a suponer la primeîra reforma legal --caso de ser
tomadas en consideración estas proposiciones de ley que hoy ve
la Cámara-- de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Quisiéramos en este punto, y sin extendernos en demasía, hacer
referencia a algunas connotaciones básicas que entendemos
deben ser dejadas com a lo que vamos a decir, por cuanto que
«contextualizan» el sentido del problema que nos ocupa al
retratar básicamente las condiciones de hecho que afectan al
conjunto de la población penitenciaria femenina y que, como es
natural, afectan también a ese segmento de la población
penitenciaria femenina que tiene junto a sí a sus hijos en el
interior de los centros penitenciarios.
Sin lugar a duda, la primera observación general, producto
naturalmente de una observación de la realidad que debe
movernos a todos a la reflexión y a la preocupación, es el
importante crecimiento de la población penitenciaria femenina
experimentado en los últimos catorce años, hasta una tasa del
800 por ciento. Como es inevitable, esta situación ha
generado, a su vez, una serie de consecuencias que dimanan de
una forma natural de la misma, fundamentalmente la
insuficiencia de las infraestructuras materiales de nuestra
red penitenciaria para albergar en las debidas condiciones a
esta población penitenciaria femenina, de manera que en estos
momentos el índice de saturación media en los centros
específicos de mujeres y en los departamentos de los centros
destinados a mujeres sobrepasa ya la tasa del 175 por ciento.
Se comprenderá que, a partir de ese crecimiento disparado y de
ese índice importante de saturación, de esa insuficiencia de
la red material, sea prácticamente imposible articular en las
debidas condiciones una política de clasificación interior,
una política adecuada de individualización de la ejecución de
la pena y, por tanto, de lo que es el tratamiento como
principio esencial en el desarrollo de esa ejecución de la
pena. Y se comprenderá naturalmente que en muchos de los
departamentos de mujeres exista una situación de tensión y de
violencia contenida, por más que no explote, que desde luego
dificulta la convivencia y que se hace especialmente sensible
en relación con la presencia de los niños.
Quisiera, además, hacer mención de algo que se deriva de todo
lo dicho. No podemos sentirnos satisfechos en este momento,
cuando estamos observando esos índices de saturación, cuando
estamos observando ese crecimiento de la población
penitenciaria femenina, cuando estamos observando la
imposibilidad de desarrollar debidamente una política de
tratamiento con el hecho de que tan sólo sean tres los centros
específicos destinados para madres; ni nos sirve tampoco que
se nos diga que en el conjunto de la infraestructura
penitenciaria española son cuantitativamente pocos los niños
que en este momento permanecen en prisión junto a sus madres,
en una cifra estimada alrededor de los 221. Porque este es un
problema que no se puede medir en términos cuantitativos, sino
cualitativos. Pero, además, es un problema que, considerado en
esos términos cuantitativos, cabe pensar que irá
incrementándose en los próximos años, precisamente a partir de
un dato de referencia fundamental, esto es que la mayor parte
de la población penitenciaria femenina lo es en virtud de
condenas por delitos hoy llamados contra la salud pública.
Precisamente por la incidencia de esas conductas «delictuales»
sobre el conjunto de la actividad criminal apreciable en el
país puede deducirse, sin lugar a duda, que la presencia de la
mujer en ese tipo de delitos continuará «in crescendo», y
habida cuenta, además, de la edad media de las reclusas, cabe
pensar que en los próximos años la presencia de niños junto a
sus madres en prisión puede sufrir un aumento importante. Yo
quisiera concluir este retrato haciendo referencia a una
cuestión que merece también ser tenida en cuenta, porque forma
parte de la evaluación del problema que nos ocupa, esto es,
que esa población penitenciaria
femenina, en su conjunto, presenta unos niveles
característicos, en relación con la población penitenciaria
masculina, mucho más preocupantes en aspectos básicos, como
los referidos a sus características socio-laborales, a su
formación y naturalmente a los aspectos sanitarios. Téngase en
cuenta que más del 22 por ciento de la población penitenciaria
femenina se declara analfabeta, una tasa que supera en mucho
la tasa de analfabetismo en el conjunto de la población
penitenciaria masculina. Téngase en cuenta que ni siquiera
alcanza a la mitad, en relación con el tipo medio de la
población penitenciaria masculina, el nivel de ingresos que
declaran las internas previos al momento mismo del
cumplimiento de la condena. Y téngase en cuenta un dato
singularmente preocupante, porque también tiene una incidencia
sobre el problema que nos ocupa, esto es, que existen mayores
riesgos consolidados de infecciones de naturaleza parenteral,
de contagio o de enfermedades producto de contagio sexual
entre la población penitenciaria femenina, según datos
contrastados, que entre la población penitenciaria masculina,
y que alcanza el 22,6 por ciento el índice de internas
afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En
este contexto se comprenderá perfectamente que entendiéramos
urgente la reforma del artículo 38.2 que afecta, sin lugar a
duda, a una parte sólo del problema de conjunto, que afecta a
toda la población penitenciaria femenina, pero que afecta
quizá a la parte más sensible, porque afecta a esa relación
que es en todo punto singular y que lo es mucho más cuando se
produce y se vive en el interior de un centro penitenciario,
como es la relación materno-filial.
Dos razones básicas hacían necesario promover esta reforma.
Por una parte, que la insuficiencia de las previsiones legales
del texto vigente del 38.2 hacía que constantemente los
resultados de aplicación del mismo fueran insatisfactorios o
no todo lo satisfactorios que realmente debieran ser; por
otra, porque las propias situaciones materiales que hoy se
viven en el interior de los centros penitenciarios, en
relación con la problemática singular de la población
penitenciaria femenina, igualmente aconsejaban esta reforma.
Una reforma que, en su sentido básico, nosotros pretendemos
que esté destinada a cuidar, en el punto de equilibrio debido,
lo que es una relación natural básica: la relación materno-
filial, sin que en ningún momento los derechos legítimos de la
madre puedan prevalecer sobre los derechos legítimos de la
parte más débil, es decir, del niño, de manera tal que el
ordenamiento jurídico debe en todo punto procurar alcanzar ese
estadio de equilibrio entre los derechos de una y otra parte,
pero en todo caso también debe mostrar una especial
sensibilidad, una especial vocación de protección hacia los
derechos de la parte más débil, hacia los derechos del niño.
Naturalmente también hemos querido que esta reforma se
inscriba en el contexto de lo que son las legislaciones
básicas de nuestro entorno y especialmente lo que fue el
espíritu de la su momento por el Parlamento Europeo, cuando,
si bien es cierto que no hacía una mención explícita,
taxativa, al problema singular de los niños en prisión, sí del
conjunto de aquella resolución del año 1989, puede inferirse
un sentido de la misma orientado básicamente al sentido mismo
que hoy asume la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y la que asume, sin lugar a duda también
en su texto, que luego se defenderá, el Grupo Parlamentario
Socialista.
Desde estas consideraciones, nosotros proponemos para el
debate cuatro novedades esenciales en relación con lo que hoy
es el texto del artículo 38.2 vigente.
En primer lugar, naturalmente porque esa es la pieza angular
de toda la construcción, la reducción de la edad máxima de
permanencia de los niños en el interior de los centros
penitenciarios junto a sus madres a la de tres años,
subvirtiendo, por tanto, la referencia en este momento
vigente, hasta la edad máxima de escolarización obligatoria,
esto es, hasta los seis años.
Esa mención a los tres años no es por nuestra parte una
mención puramente arbitraria o caprichosa. Entendemos, porque
así lo entienden los sectores especializados, tanto de orden
psicológico como médico-clínico, y los sectores profesionales
penitenciarios, que hasta los tres años existe una prevalencia
en lo que es la relación de dependencia del niño con respecto
a la madre, de manera que la debida construcción inicial de la
personalidad del niño en sus aspectos psicológicos y afectivos
hace que esta relación de dependencia deba ser esencialmente
cuidada.
Sin embargo, también, a través de estudios muy recientes, que
muchas de SS.SS. conocerán, hay ya una determinación: que a
partir de los tres años en el niño empieza a haber una plena
consciencia del medio limitado en el que se encuentra, del
medio penitenciario en el que está ínsito, con todas las
servidumbres negativas que este medio implica, y hay también
ya un inicio de consciencia en relación con la propia
situación de su madre.
Todo esto, según estudios que están en la mente de todos,
reporta no solamente graves disfuncionalidades en la
construcción psicológica y emotiva de base del niño; también
se han apreciado, inherentes a esas disfuncionalidades de
carácter psicológico y emocional, otros trastornos de
naturaleza física.
Por eso entendemos que situar en este punto de los tres años
la posibilidad de permanencia máxima del niño junto a su madre
en prisión es, sin lugar a duda, encontrar ese punto de
equilibrio entre lo que debe ser preservar la relación de
naturaleza materno-filial y lo que debe ser, naturalmente
también, preservar el derecho del niño a un inicio en el
desarrollo de su personalidad que sea estable, que sea un
inicio no sujeto a
ningún tipo de consideraciones negativas o de traumas que
después puedan marcar, de una forma indeleble y negativa, casi
absoluta, lo que sea el posterior discurrir de su personalidad
emotiva y psicológica.
Nosotros, junto a eso, introducimos también otros elementos
que consideramos complementarios y que desde nuestro punto de
vista resultan singularmente interesantes. Desde el momento en
que afirmamos la necesidad de una reducción del tiempo de
permanencia de los niños en prisión introducimos también una
mención, que no está en el artículo 38.2, hoy vigente, y que
nos parece fundamental, que es cierto y reconocemos que ha
venido desarrollando la Administración penitenciaria,
probablemente no en la intensidad que la situación requiere,
quizá probablemente también por falta de los recursos debidos
o de la jerarquización de los objetivos deseables. En todo
caso, nosotros introducimos en el texto de ese nuevo 38.2 un
mandato a la Administración para que desarrolle una adecuada
política de convenios, tanto con las instituciones públicas,
tanto con las demás administraciones, como con las
instituciones no gubernamentales orientadas precisamente a
cuidar el equilibrio de esa relación materno-filial y a cuidar
el equilibrio del de como supone el hecho de que su madre se
encuentre sometida al cumplimiento de una pena privativa de
libertad.
La mención explícita que proponemos en el nuevo 38.2 del
desarrollo de esa política de convenios naturalmente podrá
suponer que en otros ámbitos de nuestra legislación
penitenciaria, tanto en la propia Ley como en el reglamento,
haya que acudir a fórmulas que en este momento no están
reconocidas legalmente, aunque se están aplicando, como son
las llamadas unidades de custodia.
Nosotros entendemos básicamente que esa política de convenios
nace además de la nueva situación de distribución competencial
de lo que son los servicios sociales, de la articulación de
esos propios servicios sociales y de lo que es el voluntariado
y el desarrollo del movimiento asociativo, que en su contexto,
desde luego, no tenía la realidad presente que hoy tienen en
el momento de redactarse, allá por el comienzo de nuestra
transición política, el texto que hoy analizamos. Hay dos
requisitos que también proponemos en nuestra reforma. En
primer lugar, la exigencia de que se acredite debidamente la
filiación para poder estableceresa permanencia del niño junto
a su madre en prisión. No es éste un requisito baladí, porque
la experiencia nos dice que se han dado notables casos de
simulación de esa relación materno-filial precisamente para
que la interna pudiera gozar de esa situación, como es lógico,
de especial contemplación, que en el ámbito de la vida
regimental, nuestra legislación atribuye a los casos en los
que una reclusa cuenta con su hijo en el interior del centro
penitenciario. Y porque, además, creemos que introduciendo ese
requisito de filiación debidamente acreditada damos también
cumplimiento al sentido de una instrucción de la Fiscalía
General del Estado que, en su momento, y precisamente con la
intención de impedir que pudieran reproducirse esos casos de
simulación, determinó como criterio general de actuación. En
segundo lugar, nosotros introducimos una modificación que a
alguien le podrá parecer puramente terminológica, pero que
para nosotros es una profunda, en el sentido de la reforma que
queremos hacer, y coherente con la misma. Dice el artículo
38.2 vigente, después de contemplar la posibilidad de que los
niños permancezcan con sus madres en el interior de los
centros penitenciarios, que podrá habilitarse en el interior
de esos centros un local destinado a guardería o a educación
preescolar.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Nosotros creemos sinceramente que en estos momentos,
precisamente cuando la carencia de infraestructuras materiales
en la red penitenciaria es cuando esas carencias son
singularmente graves en lo que afectan al conjunto de la
población penitenciaria femenina, hay que impulsar un mandato
legal que sustituya el podrá por el deberá, por el habrá,
porque si no estaríamos introduciendo un efecto no deseado en
lo que concierne a ese mejor desarrollo de la relación
materno-filial en el interior de los centros penitenciarios
que todos deseamos.
En definitiva, y concluyo, señor Presidente, entendemos que
con este texto de reforma que hoy sometemos a la consideración
de la Cámara servimos, sin lugar a duda, a la posibilidad de
una mejora profunda de nuestra legislación penitenciaria en un
aspecto de un claro significado humanista y social. Estamos
absolutamente convencidos de que de tomarse en consideración
esta proposición de ley habrá un debate enriquecedor en el
conjunto del trámite parlamentario y que la misma podrá
enriquecerse con las aportaciones de todos los grupos y con la
aportación que a través de su propio texto hace el Grupo
parlamentario Socialista.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, al anunciar en
este momento también y por las razones expuestas que vamos a
votar favorablemente la proposición de ley presentada por el
Grupo parlamentario Socialista, nos congratulamos de que, en
un tema de la significación y del alcance de éste, todos los
grupos parlamentarios puedan encontrar un punto de afirmación,
de criterios que no pueden estar sujetos al juego político
porque, en definitiva, son criterios que están anclados en una
concepción profunda, también dentro
del hecho penitenciario, de lo que son los valores esenciales
de la libertad, también dentro del hecho penitenciario, y de
la solidaridad.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.
Yo vuelvo a decir lo que dije en su momento, hace recientes
fechas, con ocasión de un debate parecido en su fondo a éste:
estos son los verdaderos debates que nos permiten avanzar en
la cultura de los derechos humanos. Cuando algunos vienen
desde allí arriba, en ciertas ocasiones, a intentar darnos
lecciones, se califican a sí solos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Proposición del Grupo Socialista sobre modificación de la Ley
Orgánica General Penitenciaria.
Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a debate
una proposición de ley sobre modificación de la Ley Orgánica
General Penitenciaria. El objetivo fundamental de esta reforma
de ley es variar y reducir la edad en que los niños y las
niñas pueden permanecer con sus madres en prisión. Esta
proposición de ley es el resultado de los trabajos que hemos
venido llevando a cabo todos los grupos, y el Grupo Socialista
desde luego, en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer,
preocupados como estábamos por la situación de las mujeres en
prisión, sobre todo, al haber aumentado tremendamente, como
decía antes el portavoz del Grupo Popular, el número de
mujeres privadas de libertad. Según la Ley Orgánica General
Penitenciaria, existía la posibilidad de que los niños
pudieran permanecer con las madres hasta edades que ahora nos
parecen muy avanzadas para su desarrollo personal.
Como ustedes saben, el artículo 38.2 de la Ley General
Penitenciaria plantea que los niños puedan permanecer con sus
madres hasta los seis añ Estudiando el tema, nos encontramos
con que esta legislación no existe prácticamente en ningún
país de la Unión Europea, donde hay una gran diversidad, pero
la media está en torno a los dos o tres años, por considerar
que el hacer prevalecer el derecho de la madre a permanecer
con ellos puede lesionar los derechos de los niños. Nosotros
hemos visitado las cárceles y es evidente que Instituciones
Penitenciarias ha hecho un trabajo muy importante por adecuar
las condiciones de vida de estos niños, que permanecen con sus
madres privados de libertad a la mayor normalidad, pero aun
así creemos que no es conveniente la permanencia hasta edades
tan avanzadas. Es un planteamiento que no sólo tenemos en la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que no sólo tiene
el Grupo Socialista; el Parlamento Europeo, en una resolución
del año 1989, sin hablar de edades límite para permanecer con
los niños en prisión, decía que los niños sólo permanecieran
con sus madres en prisión cuando se pudiera asegurar su
desarrollo físico y emocional, cosa que verdaderamente es
difícil si permanecen hasta edades de seis años.
Por otro lado, la Constitución Española, en su artículo 39,
afirma que los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Como
ustedes saben, la Convención de los Derechos del Niño,
ratificada por este Parlamento en 1990, afirma que a la hora
de promulgar las leyes siempre debe prevalecer el interés
superior del niño. Por eso, creemos que es el momento adecuado
para reformar la ley y reducir la edad en que pueden
permanecer con sus madres en prisión a una más razonable para
el desarrollo de los niños y de las niñas.
¿Por qué planteamos esto realmente? No es una cuestión de
derechos de las madres, no es una cuestión de las condiciones
de las mujeres que están en prisión, sino de defender los
derechos de los niños, como la parte más débil, cuando hay una
colisión de intereses entre el derecho de la madre y el
derecho de los niños. En este sentido se pronunciaba la
Fiscalía, en una instrucción de 1990, cuando decía que aunque
en la ley figura que se podrá permitir la permanencia hasta
los seis años de edad, en ese «podrá» hay que entender que no
es una cuestión del derecho de la madre a permanecer con su
niño, sino del derecho del niño a permanecer con la madre si
hasta una edad razonable se considera que puede ser bueno para
su desarrollo personal. Por tanto, aquí estamos defendiendo un
cambio de ley con el fin de proteger los derechos de la parte
más débil al haber una colisión de intereses.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que cuando se
promulga la ley --es una ley de hace mucho tiempo, de 1979--,
nadie podía prever la posibilidad de que hubiera niños en
prisión en el número que potencialmente hoy podría existir. Yo
no creo que se vaya a incrementar el número de niños que están
en prisión, porque, si el aumento fuera paralelo al incremento
de mujeres privadas de libertad, actualmente habría muchos más
niños y niñas en prisión de los 220, más o menos, que hay en
este momento. Creo también que las mujeres que están privadas
de libertad son lo suficientemente sensatas como para, en
última instancia, optar por que los niños, alcanzada una
cierta edad, permanezcan con ellas, puesto que de los 220 que
hay en este momento privados de libertad en las prisiones
donde hay unidades de madres, sólo el 17 por ciento son
mayores de tres años; es decir, que el propio sentido común de
las mujeres privadas de libertad les lleva a no utilizar ese
«podrá» que la ley les otorga.
En todo caso, nosotros creemos que, dada la variación que se
ha producido en el sistema educativo de nuestro país desde el
año 1979 y dado también cómo han variado los programas de
atención a la infancia, es el momento oportuno para abordar
una reforma de ley que haga que no exista ese «podrá» nada más
que hasta la edad de tres años; nosotros lo planteamos hasta
lo que es la segunda etapa de la educación infantil porque
entendemos que la LOGSE abre la posibilidad de que los niños y
las niñas, aunque no sea con carácter obligatorio, a partir de
los tres años puedan recibir escolaridad pública y gratuita, y
por tanto es más fácil hacerse cargo de niños o de niñas, ya
sea por parte de un familiar o ya sea por parte de una familia
de acogida, a los que se les puede escolarizar en el sistema
público. Por otro lado, en el caso de que las mujeres no
puedan tener una solución de tipo familiar, todos los
programas que han ido avanzando las comunidades autónomas de
atención a la infancia pueden permitir solucionar la
problemática que puedan tener mujeres que carezcan de miembros
de su familia que pudieran hacerse cargo de sus niños o sus
niñas. En todo caso, la reforma que nosotros planteamos es una
reforma pensada y motivada, dado el cambio que se ha producido
en la situación de la protección de los derechos de los niños,
en la propia situación de las mujeres y en las alternativas
que pueda haber para que los niños de tres a seis años tengan
una vida más adecuada fuera de las prisiones, sin que ello
menoscabe la relación con sus madres. Evidentemente, se trata
de proteger los derechos de los niños y de las niñas y de que
puedan seguir manteniendo esa relación sin contar con el
hándicap de estar privados de libertad.
Yo espero que esta proposición de ley sea aceptada y apoyada
por todos los grupos parlamentarios, como sucedió en el Senado
cuando el Grupo Socialista planteó este mismo tema y todos los
grupos allí presentes vieron la conveniencia de reducir la
edad de permanencia de los niños en las cárceles, como decía
anteriormente el representante del Grupo Popular.
Al mismo tiempo que planteamos esta reforma del artículo 38.2,
hemos revisado también todo lo que en la Ley General
Penitenciaria podría afectar a las condiciones de vida de las
mujeres en las cárceles y por ello proponemos la reforma de lo
que puede ser el descanso por maternidad de las mujeres en
prisión. Al ser esta ley del año 1979 se establece que las
mujeres embarazadas privadas de libertad estarán exentas de
los trabajos cuatro semanas antes del parto y 10 semanas
después; dada la reforma del año 1989, que ampliaba a 16
semanas el permiso por maternidad de las mujeres del conjunto
del país, creemos que es la ocasión, al abordar esta reforma
de los menores en prisión, abordar también la reforma de que
las mujeres, aunque estén privadas de libertad, tengan el
mismo descanso por maternidad que las mujeres que no están
privadas de libertad.
Yo espero espero que podamos debatir estas dos propuestas
conjuntamente, tanto la proposición de ley del Grupo
Socialista, como la proposición de ley del Grupo Popular,
junto con la aportación del resto de los grupos de la Cámara,
que, en reiteradas ocasiones, tanto en la Comisión Mixta de
Derechos de la Mujer como en el Senado cuando planteamos una
moción en este mismo sentido, fueron todos partidarios de esa
medida, puesto que veían la necesidad de reducir la edad en
que los niños puedan permanecer en prisión con sus madres.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, para
manifestar la opinión de mi grupo parlamentario contraria a la
toma en consideración de las dos proposiciones de naturaleza
similar, aunque no idénticas en su contenido material, no sin
indicar, señor Presidente, con toda honestidad, que esta
posición de mi grupo parlamentario no se hace sin grandes
dudas conceptuales respecto a la pertinencia de esta
proposición de ley. Las argumentaciones de los dos portavoces
han sido muy sugerentes, son motivo de reflexión importante, y
emitimos con más valor y más consciencia este voto contrario a
su toma en consideración sabiendo lo inevitable que va a
resultar la toma en consideración por la acumulación de votos
que se produce, dada la personalidad o identidad de los grupos
proponentes.
¿Cuáles son las razones que le hacen a mi Grupo ser renuente
respecto al contenido material de estas dos proposiciones de
ley, señor Presidente? En primer lugar, la dificultad
complicada, la terrible dificultad que conceptualmente existe
para determinar cuál es el punto de equilibrio entre los
derechos de la madre reclusa y del niño, cuando esta madre
está en una situación tan extrema como es la privación de
libertad. Esta materia es absolutamente discutible, y
principios dogmáticos, en este momento, no es pertinente
argüir, señor Presidente; en todo caso, nosotros partimos de
la presunción de que con quien el hijo está bien y quien
garantiza mejor el desarrollo integral del hijo es la propia
madre, aun en una situación de privación de libertad, si se
proveen de medios materiales y de una adecuación de las
estructuras de los centros de reclusión que garanticen este
desarrollo integral, pero considerando --esto es lo más
relevante de nuestra argumentación, señor Presidente-- que
principios generales, reglas de carácter general, no son en
absoluto adecuadas, sino que la casuística es tan amplia en
este ámbito, depende
de tantas circunstancias, con tantos contingentes como son las
propias circunstancias anímicas y sicológicas incluso físicas
de la madre, la existencia o no de un padre conocido, el
propio entorno familiar de la madre reclusa, la existencia o
no de familiares en condiciones económicas y sociológicas de
la adopción o de la tutela sobre ese niño, etcétera, que
nosotros pensamos que debería individualizarse cada decisión
sobre esta materia y debería individualizarse además mediante
la adopción de estas decisiones en forma de acto
administrativo tutelable por los tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Desde esta perspectiva, ya
adelanto que una de las enmiendas que mi Grupo parlamentario
va a presentar a estas dos proposiciones de ley va a ser la
atribución a la Comisión de Asistencia Social, dependiente de
la Dirección General de Instituciones parlamentarias, de la
adopción de decisiones particularizadas a cada supuesto
concreto, sujetos estos actos administrativos, o estas
decisiones de la Comisión de Asistencia Social, a la
correspondiente tutela en la jurisdicción contencioso-
administrativa. Esta nos parece que es la forma adecuada de
resolver un problema que tiene una casuística tan amplia, casi
tan infinita que reglas generales en todo caso nos proveerían
inevitablemente de situaciones de injusticia material, de
injusticia concreta.
En cuanto a otro de los problemas que ha sido debatido ya y
que resulta revelante en estas proposiciones de ley, la
posibilidad o no de que existan guarderías o locales
habilitados como guarderías en los centros de reclusión,
nosotros entendemos que la obligatoriedad, tal como comenta el
Portavoz del Partido Popular, es lo pertinente, la
obligatoriedad debía ser consignada incluso por la legislación
penitenciaria, por Ley General Penitenciaria (ésta va a ser
otra de las enmiendas que nosotros vamos a proponer); no ha
sido debatido o no ha sido comentado por los proponentes --
cosa que le sorprende a mi Grupo parlamentario-- uno de los
problemas que también resultan muy relevantes, cual es cómo
afectan las bajas por maternidad a los problemas que concurren
en la madre reclusa que tiene un hijo acogido con ella hasta
la edad que se determine. Nosotros estimamos que tiene que
producirse una equiparación absoluta de la baja por maternidad
a lo que se prevé en esta materia en la legislación laboral en
cuanto a la duración, en cuanto a otro tema que es también
pertinente, cual es la posibilidad dicrecional de la madre
para repartir la baja por maternidad antes y después del
parto, con una única cautela o mención, que es que seis
semanas, en todo caso, tendrían que ser posteriores al parto;
pero lo más importante, desde una perspectiva de política
penitenciaria, sería cómo no puede afectar a los beneficios
penitenciarios, cosa que no posibilita la actual legislación
penitenciaria, la baja por maternidad, mediante la
equiparación de la situación de baja por maternidad a la
situación de trabajo en la prisión, de forma y manera que no
se perturben derechos penitenciarios tan relevantes como es la
obtención de beneficios por el trabajo a la madre que está en
una situación de baja por maternidad.
Ya, por último, señor Presidente, indicando que en esas
argumentaciones, como seguramente podrá percibirse por,
incluso, el tono que estoy utilizando, mi Grupo anda con el
brazo muy encogido, puesto que son materias terriblemente
discutibles y con puntos de equilibrio difíciles de articular,
nosotros pensamos (tampoco los portavoces proponentes de estas
dos importantes proposiciones de ley se han referido a ello)
que tendrían que regularse de forma mucho más amplia, mucho
más flexible, más generosa, las posibilidades de conexión de
la madre que deja de estar con su hijo (porque el hijo es
objeto ya de separación por el procedimiento que se articula
al respecto), de conexiones, de contactos, no estableciendo,
impidiendo o removiendo, en definitiva, derogando de la
legislación penitenciaria y del reglamento general
penitenciario cualquier reducción de las posibilidades de
contacto de esta madre con su hijo en el ámbito temporal, en
el ámbito discrecional, en el ámbito de la intimidad y en
todos los demás ámbitos a los que se refiere la Ley General
Penitenciaria.
Con estas matizaciones, si estas enmiendas que van a ser
articuladas --ya lo adelanto-- por mi Grupo parlamentario
fueran tomadas en consideración, la opinión de mi Grupo
cambiaría de forma radical, nos adheriríamos a una proposición
de ley que integrara en su contenido material estas enmiendas
que mi grupo va a presentar. Pero siento comunicarle, señor
Presidente, que, con el contenido material de las dos
proposiciones en este momento presentadas, mi Grupo no puede
adherirse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Alemany.
La señora ALEMANY Y ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) debo manifestar que nos parece muy
oportuna la iniciativa legislativ por el Grupo Parlamentario
Popular encaminada a la protección de los menores de seis años
que acompañan a las madres en los centros penitenciarios. En
otras ocasiones hemos tenido la oportunidad en esta Cámara de
plantear la necesidad de crear mecanismos legales
asistenciales que permitan la protección de la infancia y que
nos aseguren las condiciones de vida que permitan a los niños
y niñas crecer y formarse como personas con plenos derechos.
Esta Cámara, seño y psíquico, para evitar su marginación y
asegurar una inserción social plena. Prevenir la marginación y
asegurar la inserción social plena debe ser un objetivo
prioritario en el tratamiento de hijos de presas, puesto que
las circunstancias familiares en que viven los convierten en
un colectivo de riesgo por la marginalidad y por la
desestructuración familiar en que viven estos niños y niñas.
Es sabido, y así lo afirman los profesionales de la psicología
infantil, que el contacto con la madre durante los primeros
años de la vida es necesario y beneficioso para la formación,
para la emotividad y para el desarrollo de las personas. Por
ello consideramos que los hijos de las reclusas deben
permanecer con la madre durante un período determinado de su
infancia, pero también pensamos que este período debe estar
limitado a una cierta edad, en que la permanencia en el centro
penitenciario no pudiera llegar a ser perjudicial para el
posterior desarrollo del menor.
En estos últimos años se ha dado un fuerte incremento de la
población reclusa femenina y, consecuentemente, un incremento
del número de menor permanecen en los centrarios
penitenciarios. Según los informes de la Secretaría de Asuntos
Penitenciarios, un 83 por ciento de niños y niñas son menores
de 3 años y sólo un 17 por ciento tienen edades comprendidas
entre los 3 y los 6 años, edad en que se inicia la
escolarización obligatoria y en que, tal como está establecido
en el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1989, de 26 de
septiembre, estos menores deben abandonar los centros
penitenciarios. Sin embargo, lo im porcentajes, sea un 17, un
5 o un 50 por ciento, sino que estos niños y niñas tienen un
derecho a que se les procure una infancia sin vivencias
traumáticas.
El pasado domingo leíamos en la prensa un artículo, bajo el
título «En la cárcel con mamá», en el que se incluía
entrevistas con hijos de reclusas que habían estado con ellas
en prisión.
En este artículo estos niños contestaban a las preguntas
relacionadas con el tiempo que habían permanecido en los
centros penitenciarios. No se acordaban del tiempo que habían
estado en ellos. Qué duda cabe que detrás de cada experiencia
hay una necesidad de olvido por parte de estos niños. Desde
los centros penitenciarios se hacen importantes esfuerzos para
facilitar la vida de estos menores. En Cataluña, que es el
caso que yo conozco más de cerca, equipos multidisciplinares
integrados por profesionales de la psicología, el trabajo
social, la educación y la sanidad se ocupan de estudiar la
adecuación de la permanencia en el centro penitenciario del
niño o de la niña nacido durante este período de privación de
libertad de la madre o también se cuidan del estudio, de la
petición de ingreso de un menor nacido fuera del centro
penitenciario. Asimismo, estos equipos organizan la estancia
de los nacidos o admitidos en el centro, con la finalidad de
garantizar el establecimiento de los vínculos afectivos y de
referencia con la madre y, a la vez, procuran un desarrollo
adecuado de sus capacidades emocionales e intelectuales.
Por último, señorías, la preparación y salida definitiva de
los menores del centro penitenciario, al entorno que les sea
más favorable, es par la tarea de estos profesionales. También
consideramos que el trabajo de estos equipos sería mucho más
productivo para estos menores si el período de estancia con
sus madres en la prisión se redujera a una cierta edad.
Dinamarca permite su estancia hasta que cumplen un año,
Francia y Gran Bretaña hasta los 18 meses, Italia hasta los
tres años, Portugal hasta los cinco años y España hasta los
seis. Esta modificación legal que nos propone el Grupo Popular
nos acercaría a la media de edad del conjunto de la Unión
Europea, establecida actualmente alrededor de los dos años. En
lo referente a la proposición de ley, también presentada por
el Grupo Socialista, sobre modificación de la Ley Orgánica
General Penitenciaria --tanto en este artículo 1.º, que nos
plantea la necesidad de estas guarderías específicas, como,
sobre todo, en lo relativo al artículo 2.º de esta proposición
de ley--, nuestro Grupo Parlamentario considera positivo
extender a estas mujeres reclusas --¿cómo no?-- estos
beneficios del permiso por maternidad, establecido actualmente
en 16 semanas, puesto que su condición de reclusas no debe
influir en la privación de este tipo de derechos por ser
madres.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) votará favorablemente las dos
proposiciones de ley, t presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista como la presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a dar el voto
favorable a las dos proposiciones de ley --presentadas por el
Grupo Popular una y por el Grupo Socialista otra--, toda vez
que sus objetivos vienen a ser coincidentes con lo que mi
Grupo Parlamentario manifestó, en su momento, en la Comisión
Mixta para los Derechos de la Mujer y en el propio Senado en
el debate de una moción del Grupo Socialista.
Por tanto, son la coherencia y el compartir los objetivos
últimos que tienen ambas proposiciones de ley lo
que nos hace fijar una posición de voto favorable aunque no
ocultamos que se hace en este tema necesario --más diría
imprescindible-- el esfuerzo conjunto de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara para, con la suficiente
sensibilidad, tratar este tema y dar respuesta a interrogantes
--y lo ponía de manifiesto en su intervención el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco--que tenemos obligatoriamente que
resolver, porque si no nos habríamos quedado a medio camino e
incluso podríamos haber convertido lo que queremos hacer
positivo en totalmente negativo.
Por tanto, creo que es un reto fundamental que se nos plantea
al conjunto de los grupos parlamentarios, pero también es
cierto que era un tema que había que abordar. Y había que
abordarlo por --y se ha constatado ya en intervenciones que me
han precedido-- el hecho de que en los centros penitenciarios
se ha incrementado la población reclusa femenina de manera
alarmante. Desde 1980 el incremento de población femenina ha
sido del 800 por ciento, muy por encima, incluso, del
crecimiento de la población masculina reclusa, y esto supone
que las mujeres, hoy, en los centros penitenciarios disponen
de espacios totalmente insuficientes, que hay celdas
colectivas, que las condiciones son realmente deplorables, que
hay una masificación y una sobreocupación. En términos
generales, con la población reclusa femenina se dan las mismas
circunstancias que con la masculina, pero agravadas, porque no
se había realizado una previsión mínima, por parte de
Instituciones Penitenciarias, del crecimiento que la población
femenina podía tener en los últimos años.
En ese sentido, lógicamente, además de espacios insuficientes
destinados a actividades colectivas, formativas, laborales,
educativas, etcétera, hay también unas condiciones que
aconsejan que este tema que hoy tratan las proposiciones de
ley sea abordado con total urgencia.
En febrero de 1995, 204 niños se hallan en los centros
penitenciarios con sus madres y, lógicamente, todavía hay un
porcentaje bajo de niños que superan los tres años. Quizá por
eso sea el momento idóneo de abordar esta problemática y hacer
posible que preservemos los derechos de los niños.
En este sentido, el objetivo último debe ser una meta social y
humana la que nos mueva al conjunto del Congreso de los
Diputados. Para ello habría que variar la edad de permanencia
de los niños en los centros penitenciarios. Se han realizado
estudios cuyas conclusiones avalan que pejudica gravemente al
niño que a partir de los tres años se les mantenga en los
centros penitenciarios, y creemos que son estudios
suficientemente fundados y fundamentados como para tenerlos en
cuenta a la hora de plantearnos un trabajo y dar respuesta a
la problemática de los niños que están con sus madres en los
centros penitenciarios. Creemos que el Congreso de los
Diputados tiene que hacer valer el derecho de los menores, nos
tenemos que convertir en auténticos valedores de esos derechos
de los menores, pero desde el equilibrio, desde la objetividad
y con la sensibilidad suficiente y necesaria para dar la
respuesta justa y adecuada.
Por parte de nuestro grupo parlamentario nos preocupa o nos
mantenemos con varias interrogantes que dejan abiertas las dos
proposici Grupo Popular como la del Grupo Socialista y,
creemos que en la posterior discusión que van a tener las
mismas debemos de responder obligatoriamente a lo siguiente:
cómo van a estar fuera de los centros penitenciarios los niños
que a partir de los tres años ya no vayan a estar con sus
madres en ellos, qué condiciones se van a crear para que esos
niños puedan tener fuera de los centros penitenciarios una
vida adecuada, digna y de calidad y cómo van a continuar la
relación con las madres que se mantendrán en las cárceles y
ellos estarán fuera. Nosotros creemos que esos tres elementos
son imprescindibles, a los que hay que dar respuesta y que nos
preocupan sobremanera y que hoy no resuelve el texto de
ninguna de las dos proposiciones de ley, una planteada por el
Grupo Socialista y otra por el Grupo Popular. Sin embargo,
entendemos que va a haber una oportunidad para el diálogo en
el conjunto de los grupos parlamentarios y que vamos a poder
resolver estas interrogantes.
Por consiguiente, hoy nosotros mostramos una posición
favorable a la toma en consideración, pero entendemos que hay
que dar respuesta inexorab estas interrogantes que son
realmente las fundamentales. También tendremos que aclarar
conveniente y suficientemente qué va a pasar con los niños
cuya edad es superior a los tres años y que en la actualidad
están en los centros penitenciarios a partir de que esta
proposición de ley pueda ver la luz en el Congreso de los
Diputados.
Por último, quiero manifestar que el segundo aspecto de la
proposición de ley del Grupo Socialista, que supone ni más ni
menos que tratar en condiciones de igualdad a las mujeres
reclusas en relación con cualquier mujer del conjunto de la
sociedad, va a ser apoyado por nosotros en la toma en
consideración que de su proposición de ley vamos a realizar
por parte de nuestro grupo parlamentario.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Vamos a proceder a las votaciones.
Proposición de ley del Grupo Popular sobre permanencia de
menores de seis años en los centros penitenciarios.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectudada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 278; a favor, 275; en contra, dos; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
Proposición de ley del Grupo Socialista sobre modificación de
la Ley Organica General Penitenciaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos: 277; a favor, 273; en contra, dos; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, POR LA
QUE SE CONSTITUYE UNA COMISION NO PERMANENTE DE ESTUDIO
RELATIVA A LA FORMACION E INSERCION LABORAL Y EL ACCESO A LA
VIVIENDA DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA (Número de expediente
162/000194)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
ACTUACIONES URGENTES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD Y MUY
CONCRETAMENTE EN MATERIAS DE FORMACION PROFESIONAL,
CONTRATACION LABORAL Y VIVIENDA (Número de expediente
162/000196)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día:
proposiciones no de ley.
De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces,
también se va a proceder al debate acumulado de las
proposiciones del Grupo Socialis Grupo Popular que figuran con
los números 4 y 5, respectivamente, en el orden del día.
Proposición del Grupo Socialista por la que se constituye una
Comisión no permanente de estudio relativa a la formación e
inserción laboral y el acceso a la vivienda de la juventud en
España. Tiene la palabra la señora Romero. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo presenta hoy esta proposición no de ley por
la que se insta a constituir una comisión no permanente de
estudio relativa a la formación e inserción laboral y el
acceso a la vivienda de la juventud en España.
El objetivo de esta proposición no de ley es analizar las
dificultades de la integración social de los jóvenes en esta
década de los noventa y los factores que impiden que se
produzca de manera satisfactoria. Después de analizar estos
factores, es propósito de la comisión elaborar un informe que
sirva de base para las posteriores actuaciones.
El punto de partida de este análisis deberá ser, por fuerza,
el informe que se acaba de redactar en el Senado por parte de
la Comisión de Juventud, que se creó para este efecto. Este
informe, que ha surgido, como digo, en la Comisión de Juventud
a propuesta de los Grupos Socialista y Catalán (Convergència i
Unió), dio como resultado una serie de recomendaciones que,
desde nuestro punto de vista, ofrecen un abanico muy amplio de
actuaciones. Sin embargo, debido a las dificultades con las
que nos estamos enfrentando hoy día respecto a los temas de
empleo y vivienda, mi Grupo considera que tal vez fuera
interesante profundizar en estos dos aspectos y, como
consecuencia de ello, constituir esta comisión para poder
abordar con seriedad y con rigor los datos que sean
necesarios, así como todo el panorama europeo y cualquiera de
las iniciativas que puedan plantearse para tratar en
profundidad estos temas.
Es evidente que el camino andado hasta estos momentos ha sido
muy importante. Las tasas de escolarización prácticamente han
llegado a su máxim La afluencia de los jóvenes a la
universidad es hoy indudable; los inicios de la reforma de la
Formación Profesional está siendo un hecho; las leyes
laborales, las infraestructuras culturales y deportivas, la
vertebración del movimiento asociativo y de las ONG a partir
de todas las instancias que han hecho posible esa
vertebración, y, desde luego, la propia creación del
Ministerio de Asuntos Sociales, del Instituto de la Juventud y
los planes de juventud --el primer plan ya desarrollado y el
segundo plan presentado en diciembre y ya en marcha--, así
como la consolidación de los valores democráticos, que siempre
son frágiles, pero que hoy nuestra juventud los ha asumido y
así aparece en todos los estudios hechos sobre este tema.
A pesar de que el camino andado ha sido importante respecto a
la integración juvenil, sin embargo nos quedan aún retos que
son muy decisivos para esta integración en el futuro. Reflejo
de este informe que se elaboró en el Senado, y cuyas
conclusiones aparecieron en noviembre de 1994, ha sido, como
digo, el segundo plan de juventud presentado en diciembre por
la Ministra de Asuntos Sociales, que tiene un presupuesto de
340.000 millones de pesetas; presupuesto que aparece en todos
los ministerios y, fundamentalmente, como no podía ser de otra
manera, en los Ministerios de Educación y de Trabajo, que son
los que llevan el mayor peso presupuestario. Este segundo plan
de juventud aborda, sobre todo, temas centrados en tres áreas:
la primera, el área de la autonomía, la segunda, la de la
solidaridad y la tercera, la de igualdad de oportunidades.
Estos dos temas que va a abordar la Comisión, que son los más
importantes desde nuestro punto de vista, están en el área de
la autonomía, y nos parecía fundamental centrar la comisión en
estos dos puntos, profundizando en estos objetivos y, sobre
todo, creando las condiciones para remover todos los
obstáculos que hoy impiden que esa integración sea
satisfactoria, como he dicho antes.
Es evidente que nuestra democracia no estará consolidada ni se
podrá considerar que nuestra sociedad esté madura mientras la
integración de los jóvenes no sea total. No basta que exista
un mandato constitucional, nos falta que ese mandato
constitucional se convierta de verdad en una realidad y que no
sea una paradoja que los valores democráticos reclamados por
esa juventud, como digo siempre frágiles, no puedan verse
consolidados por su efectiva integración en el empleo y, como
consecuencia del empleo, su independencia y su acceso a la
vivienda.
Dificultades de todo tipo confluyen para que esta integración
se produzca. Algunas medidas legales siempre son necesarias,
pero siempre habrá que actualizarlas porque nuevos retos
surgen, por lo que es conveniente estar confrontando las que
se adoptan y, si es preciso, introducir algunas nuevas. Desde
nuestro punto de vista, la mayoría de ellas son medidas
sociales y culturales que conforman una barrera, y entre todos
debemos señalar los obstáculos y crear el clima social
conveniente para derribarla, ayudando a los jóvenes que son
los protagonistas de este momento histórico.
Vivimos la explosión demográfica de los sesenta. Empieza a
decrecer en los inicios de la educación secundaria y todavía
tardará unos años en n viviendo el momento más álgido, por
encima de la media europea. Además, a esto añadimos las
dificultades de nuestro aparato productivo para competir y la
internacionalización de la economía derivada de la libertad de
fronteras. Así, nos encontramos con una generación de jóvenes
bien preparados, pero con pocas oportunidades para
demostrarlo.
El informe del Senado, cuya elaboración duró desde el 12 de
febrero de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1994, es decir,
poco más de dos años y medio, abordó en profundidad todos
estos temas. Sus conclusiones en materia de empleo y de
vivienda no por ser ya conocidas dejan de ser un estímulo para
su profundización. Es cierto que el desempleo entre los
jóvenes es mayor que entre el resto de la población, que este
desempleo es aún más acusado entre las jóvenes, que existen
discriminaciones salariales importantes para estas jóvenes,
que hay alta proporción de parados de larga duración en este
colectivo y que suelen tener poca estabilidad en el empleo,
aunque ésa sea la constante que se pueda estar dando en todos
los países que hoy día están generando empleo. También hay un
peligro de desmotivación en las jóvenes como consecuencia de
este mayor desempleo y, al mismo tiempo, las iniciativas
empresariales no son todavía suficientes en este colectivo
generacional.
Por ser estos temas arduos, mi Grupo ha preferido centrarse en
ellos, con independencia de que, en posteriores iniciativas,
se puedan ir abordando otros aspectos contemplados en el
segundo plan de juventud, pero no hemos considerado
prioritarios, al proponer la creación de esta comisión,
aspectos relacionados con la salud, el ocio, la cultura, la
marginación o la participación política.
Nuestro esfuerzo se debe situar en no perder de vista el
horizonte; mantener la mente abierta para incorporar a
nuestros jóvenes a los nuevos empleos del XXI y crear la
mentalidad, entre todos, de que nuestros empleos de hoy no
destruyan los empleos del mañana, construyendo lo que será,
sin duda, un nuevo concepto del pleno empleo. Lo contrario
sería ir creando miedos en la juventud y tentaciones xenófobas
y racistas en lugar de avanzar hacia un siglo que será mejor
si lo construimos entre todos.
Respecto de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular, me gustaría decir que por ser este problema, desde
nuestro punto de vista, lo suficientemente arduo como para
tener que ser abordado en profundidad, es por lo que
preferíamos que fuera discutido en el seno de esa comisión. No
estamos de acuerdo con medidas coyunturales o que puedan ser
pretendidamente urgentes, pero que en el fondo están dejando
de considerar un marco global y, sobre todo, carecen de un
aparato informativo y del «corpus» necesario para que podamos
tener un cierto rigor al abordar este tema.
Algunas de las medidas presentadas en esta proposición del
Grupo Popular ya son conocidas; han sido debatidas y refutadas
en esta Cámara o se han puesto en marcha por el Gobierno.
Otras que no entran dentro de esta clasificación anterior
podrían, sin embargo, ser discutidas en el seno de esta
comisión, y creemos que ese es el foro para que afloren las
discrepancias y podamos llegar a unos acuerdos mínimos de
futuro. Es el lugar, además, para evitar el arbitrismo y para
que todos los grupos puedan expresar sus posiciones con
respecto a estos problemas.
No vamos a hablar de la coincidencia en la presentación de la
proposición no de ley del Grupo Popular; ni siquiera vamos a
calificarla. Dejemos la calificación para los buenos
entendedores; sólo aportaré un dato clarificador. En ninguna
de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular
se ha elaborado un solo plan de juventud y, por lo tanto, el
presupuesto para estos temas es presupuesto cero; no hay
ningún estudio, además, que haya dado pie a informes tan
importantes como el que se acaba de elaborar en el Senado y el
que pueda derivarse de la seriedad de nuestro trabajo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Romero.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía la anterior interviniente en
representación del Grupo Socialista, el Senado acordó el 12 de
febrero de 1992 la creación de una Comisión especial con la
finalidad de estudiar la situación y los problemas de la
juventud en España para posteriormente emitir un informe. El
30 de noviembre de 1994 se aprobó dicho informe de la Comisión
especial, y, dentro de las 26 recomendaciones hechas por el
Senado, en la número 7 se insta al Gobierno a promover las
medidas necesarias a fin de posibilitar la incorporación de
los jóvenes al empleo, sin perder de vista que el principal
objetivo no es otro que conseguir puestos de trabajo
razonablemente remunerados y estables.
En la recomendación número 11 se insta a las administraciones
públicas a fomentar el acceso de los jóvenes a la vivienda a
través de la promoc Administración, de incentivos fiscales a
la construcción y a la puesta en alquiler de viviendas
desocupadas, así como mediante otras medidas orientadas hacia
este objetivo.
Seis meses más tarde, en lugar de presentar el Gobierno
socialista medidas concretas, como se recomendaba desde el
Senado, después de casi tre estudio en la Comisión, el Grupo
Socialista nos trae a la Cámara, para su debate, una
proposición no de ley para que se cree una comisión no
permanente de estudio relativa a la formación, inserción
laboral y acceso a la vivienda de los jóvenes que permita
profundizar en el análisis de la situación de la juventud. ¿No
les parece, señores socialistas, que son demasiados estudios y
al final los jóvenes les van a suspender a ustedes los
socialistas por incapaces?
Señorías, bien es cierto que, a finales de 1994, la señora
Ministra de Asuntos Sociales presentó y valoró un plan
integral para jóvenes, cifrado en más de 329.000 millones,
para conseguir, entre otras cosas, el acceso de los jóvenes a
la vivienda y fomentar la incorporación de éstos al trabajo.
En esta propuesta no se especificaban las inversiones para
cada objetivo, ni se anunciaba la normativa que iba a ser
necesario aprobar para hacer realidad dicho plan, sobre todo
en materia de vivienda. Ante esta nueva y sorprendente
propuesta del Grupo Socialista, sobre todo por lo imaginativa
(y, señora Romero, yo le voy a calificar nuestra propuesta),
desde el Grupo Popular hemos creído necesario presentar una
proposición de ley con medidas concretas (con medidas
concretas, señora Romero) para que todos ustedes las puedan
valorar.El señor VICEPRESIDENTE
(Beviá Pastor): Señora Martínez Saiz, sabe usted que en este
debate no hay turnos de réplica; por tanto, le ruego que no
caiga en las alusiones o en las citas que pudieran significar
una alusión.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Medidas que han podido enmendar, si no les parecían a ustedes
las más convenientes, según sus criterios, pero no
rechazarlas, como al parecer van a hacer desde el Grupo
Socialista, sin valorarlas como instrumentos necesarios y
urgentes de creación de puestos de trabajo para los jóvenes y
de construcción de viviendas para que la mayoría puedan
acceder a ellas, cosa que en los últimos años está siendo muy
difícil, por cierto.
Señores socialistas, ya les adelanto que nosotros vamos a
apoyar su propuesta, sobre todo para que no salgan corriendo
algunos de ustedes de e vender a los ciudadanos que el Partido
Popular no quiere estudiar los problemas de los jóvenes, como
acostumbran ustedes a hacer, sobre todo en épocas electorales.
Quiero dejarles muy claro que hoy, con esta propuesta del
Grupo Popular, además de traer medidas concretas, tratamos de
desenmascarar la polít Partido Socialista y del Grupo
Socialista que, ante los problemas más importantes de esta
sociedad, trata solamente de ganar tiempo para justificar su
incapacidad y su falta de previsión, siempre, señorías,
haciendo la misma propuesta: para profundizar en el estudio.
Siempre profundizando en el estudio, señorías. Hay que pasar
del estudio a la acción, porque, si no, nuestros jóvenes, esos
del 92, serán mayores, muy mayores, cuando ustedes se decidan
a presentar propuestas concretas.
Señorías, todos estamos de acuerdo en que dos de los más
graves problemas que tienen hoy en día los jóvenes son el
empleo y la vivienda. Con nuestras medidas, en el capítulo de
Formación Profesional y de contratación pretendemos que se den
las condiciones para que, en el futuro, estén más jóvenes en
el empleo que en el desempleo y nos acerquemos de forma rápida
a la situación de los jóvenes en esta materia en los países de
la Unión Europea. ¿Por qué, señoría, no nos preguntamos cómo
es posible que en Alemania la tasa de desempleo de jóvenes
menores de 25 años sea menor del 7,9 por ciento? ¿Por qué es
posible que la media de los quince países de la Unión Europea
sea esa tasa del 21,6 por ciento, mientras en nuestro país la
tasa de desempleo de jóvenes menores de 25 años alcanza el 45
por ciento?
El Grupo Popular entiende que ya es hora de clarificar la
política de formación profesional seguida hasta el momento por
el Gobierno Socialista, incluidos algunos aspectos confusos
del, por otro lado, excelente programa nacional de Formación
Profesional, la formación que requieren los nuevos modos de
producción y de organización del trabajo, única manera de que
las empresas
incrementen la productividad, al ser capaces de adaptarse
rápidamente a las necesidades del mercado y, por tanto, a ser
competitivas. Sólo así puede generarse empleo en nuestros días
y además empleo estable. A todo ello pretendemos dar respuesta
en nuestra propuesta.
Nuestra proposición no de ley intenta crear una unidad entre
la formación reglada y la ocupacional. Se trata de actualizar
periódicamente las cualificaciones, aumentar la participación
de la Administración y de los interlocutores sociales.
Pretendemos que los títulos y certificados expedidos tengan
que estar homologados por el sistema europeo; que el contrato
de aprendizaje se deba vincular a la Formación Profesional y a
la obtención de la calificación, y, finalmente, es necesario
poner en marcha un verdadero plan de cualificación de los
demandantes de empleo, de acuerdo con el sistema nacional de
cualificaciones profesionales.
Señorías, a nosotros no nos extraña que a ustedes les parezca
esto algo raro, porque ustedes, la mayoría de los responsables
de este Gobierno, nunca han creado un puesto de trabajo de su
trabajo personal, nunca han pagado una nómina de su bolsillo,
nunca han creado empleo como empresarios (Rumores.) y, por
tanto, les es muy difícil saber cómo los jóvenes del mañana
pueden acceder a un puesto de trabajo que no sea público.
(Rumores.)
En la segunda parte de nuestra propuesta abordamos las
iniciativas tendentes a paliar los problemas de los jóvenes
para acceder a una vivienda digna en propiedad o en alquiler.
Proponemos, señorías, que, al igual que existe un módulo para
las viviendas de protección oficial con definiciones exactas
de sus características constructivas y económicas, se
desarrolle otro, un módulo especial, para la vivienda
protegida destinada a jóvenes capaces de definir y proteger,
ante la especulación y las dificultades económicas, las
mínimas necesidades de nuestra juventud en lo que a un
alojamiento digno y asequible se refiere.
Pedimos también una nueva legislación específica acerca de la
subsidiación de intereses a los créditos hipotecarios
prestados a los jóvenes españoles, que permita que tales
créditos estén siempre enmarcados dentro de las mejores
condiciones financieras que el mercado pueda proporcionar. Es
necesario que se acuerden con las entidades financieras los
sistemas compensatorios necesarios para que éstas participen
en la creación de una línea de financiación a jóvenes para el
acceso a la vivienda a tipo cero de interés. Esta propuesta
tiene por objeto hacer caer la principal barrera de entrada
con que la juventud se encuentra para poder adquirir su
primera vivienda, puesto que tal tipo cero sólo sería de
aplicación sobre la cantidad que los promotores inmobiliarios
definen como entrada.
Proponemos la creación de un marco legal para que los jóvenes
españoles puedan crear cooperativas que tengan como objeto la
construcción por ellos mismos, con mano de obra, gestores y
financiadores de promociones de vivienda, acogiéndose éstas a
las más favorables condiciones de financiación y fiscales.
Asimismo, proponemos la creación de unas condiciones
excepcionales para un nuevo tipo de cuentas de ahorro-vivienda
destinadas a los jóvenes.
Proponemos, igualmente la definición de una nueva línea de
actuación para los fondos de inversión inmobiliaria, basada en
hacer atractiva para éstos la toma de posiciones inversoras
sobre productos inmobiliarios residenciales en alquiler
ocupados por jóvenes, definiendo un módulo residencial mínimo
para tal fin en condiciones especiales para los diferentes
segmentos de la juventud, especialmente para los estudiantes;
también para los núcleos familiares de reciente creación.
Señorías, la problemática del desempleo y la movilidad laboral
recae directamente sobre los alquileres que hoy pagan nuestros
jóvenes. Para minimizar este aspecto negativo, el Partido
Popular propone la negociación de conciertos de aval con y
entre entidades aseguradoras, financieras y la administración.
Señorías, una política de rehabilitación, como necesitan
muchas de nuestras ciudades, y de recuperación de los cascos
urbanos de los centros históricos de las urbes, debe contener
la idea que propone el Grupo Popular de dedicar una parte de
ese espacio en transformación a la juventud. Para ello se
deberá llegar a conciertos de financiación y bonificación
fiscal con los promotores privados e inversores inmobiliarios
institucionales, realizando la Administración local una labor
de supervisión que permita el relanzamiento de la población
juvenil en los centros urbanos.
Desde la iniciativa pública, también cree el Grupo Popular que
debe articularse un procedimiento que permita a los segmentos
más jóvenes de la acceder, en régimen de alquiler, a viviendas
protegidas de promoción pública, capitalizando estas rentas a
un largo plazo y, en la confianza de una natural mejora del
nivel de vida y del poder adquisitivo de los jóvenes, permitir
la opción de compra de la vivienda al vencimiento del plazo
dado.
Señorías, en esta ocasión se demuestra que frente a las
propuestas inconcretas del Partido Socialista y del Grupo
Socialista, a falta de propuestas concretas por el Gobierno
socialista, el Partido Popular trae a esta Cámara medidas
concretas, cuya utilidad ya está demostrada en otros países de
la Unión Europea.<ð Señorías, dejen ustedes de estudiar y
pasen a la acción. (Varios señores Diputados en los bancos del
Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez Saiz.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo un
comentario, porque creo que el tema que nos ocupa hoy tiene
que ser para todo menos para escuchar la opinión de otro grupo
parlamentario con sonrisas. No es que salga en defensa de
nadie, pero creo que la situación de la juventud española no
es para reírse, y sigue usted con las risas; esa situación es
preocupante y difícil, y pienso que, cuanto menos, de alguna
manera tendría que respetarse, y no lo digo por los que
estamos aquí, sino por los jóvenes de la calle. Un debate tan
importante para nuestro país merece un poco más de seriedad.
(Rumores.--La señora F es por otra cosa.--El señor Fernández-
Miranda y Lozana: Hiperprotección.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, es la
Presidencia la encargada de mantener el orden.
El señor CHIQUILLO BARBER: Repito que la situación de nuestra
juventud, entre la que me incluyo, es preocupante y difícil.
Hoy debatimos dos proposiciones, y vaya por delante que voy a
apoyar las dos, porque considero que todos los esfuerzos por
garantizar un futuro mejor para nuestros jóvenes puede ser
interesante y creo que es una obligación realizarlo.
La posición de Unión Valencia respecto a las dos iniciativas
va a ser apoyarlas sin reservas, tanto la proposición no de
ley del Grupo Sociali creación de una comisión no permanente
(la enésima comisión para hacer el enésimo estudio, debate,
ponencia o lo que sea, que puede ser positiva para profundizar
en el estudio del problema, y no me cabe la menor duda de que
esa es la intención), como la proposición no de ley del Grupo
Popular relativa a actuaciones urgentes en el ámbito de la
juventud, en concreto, en materias de formación profesional,
contratación y vivienda.
Entendemos que todos los esfuerzos en pro de nuestros jóvenes
son positivos y necesarios, por esa delicada situación a la
que me he referido a intervención. Apoyaremos estas
iniciativas, aunque he de decir que ambas proposiciones no de
ley no contemplan todas las cuestiones que afectan, inciden y
preocupan a nuestros jóvenes. En particular, la del Grupo
Popular podría profundizar más en algunos de sus
planteamientos --pero todo es mejorable--, respecto a un plan
integral de juventud, empleo e inserción laboral, acceso de
los jóvenes a la empresa, enseñanza universitaria, cultura y
deporte, problemática de la juventud rural, jóvenes y
seguridad vial, porque los accidentes de tráfico no olvidemos
que azotan sobremanera a nuestros jóvenes, en particular al
colectivo de menores de 25 años, ya que uno de cada tres
fallecidos en accidente de tráfico son jóvenes. Ninguna de las
dos iniciativas comenta lo más mínimo sobre esto. También está
el sistema penal y los jóvenes, el servicio militar y la
objeción de conciencia y un largo etcétera.
Ustedes recordarán --no voy a repetirlo-- cuál fue mi
intervención en el debate del estado de la nación en el mes de
febrero, hace exactamente tres meses. En aquella ocasión, mi
primera propuesta de resolución decía que el Congreso instaba
al Gobierno a que elaborara un plan integral de fomento del
empleo juvenil que incorporara todo tipo de medidas fiscales,
de seguridad social, educativas, culturales y de formación
profesional, a fin de reducir la tasa de desempleo entre
nuestros jóvenes, que es superior al 40 por ciento, la más
elevada de todos los países de nuestro entorno y de todos los
países desarrollados del continente. Esa iniciativa no fue
considerada por el Pleno de esta Cámara, ya que obtuvo 193
votos en contra. Ahora, tres meses después, nos encontramos
con que parte de los planteamientos que se exponían en aquella
iniciativa han sido recogidos tanto por el Partido Popular
como por el Partido Socialista, cosa que me alegra, porque yo
no quiero el lucimiento de mi Partido, sino que quiero que la
gente joven que está en la calle empiece a darse cuenta de que
aquí comienza a funcionar lo que tiene que ser, y es una
verdadera política integral de juventud, porque ésta es la que
tiene que impregnar toda la actividad de la Administración, de
cualquier administración. Como dije en aquel debate, si la
juventud no está bien atendida, si la juventud no es
considerada, si a la juventud no se le dan expectativas e
ilusión, este país está condenado al fracaso. Por eso valoro
las dos iniciativas positivamente, aunque también me pregunto
si ya estará bien de planes, recontraplanes, reformas,
recontrarreformas, estudios de viabilidad y otras iniciativas
que lo único que hacen es que estemos años y años haciendo
estudios, que muchos de ellos son positivos, pero, como dicen
en valenciano «de forment, ni un gram». No se va al tema, no
se va a las soluciones, no se va a poner en práctica aquello
que necesitamos, sobre todo aquello que necesitan los que
están ahí fuera --aquí no somos muchos jóvenes--, porque el 42
por ciento de la juventud española está parada y ve que hay
mucho estudio, pero no hay trabajo. Ve que hay mucho estudio y
cada vez hay más accidentes de tráfico que nos afectan. Cada
día hay más estudios, pero cada día somos más los jóvenes que
entramos en el mundo de la droga. Hay muchos estudios y hay un
etcétera, por desgracia demasiados etcéteras, de problemas y
contraindicaciones que nos afectan de una manera muy grave.
Por eso voy a apoyar estas dos iniciativas. Quiero recordar
que en la Ponencia del Senado, que se creó en febrero de 1992,
hace más de tres años, se tomaron unas recomendaciones que
están aquí. Pienso que se
hizo un trabajo magnífico. La pena es que yo no estaba en el
Congreso para haber podido participar. Pero cualquier estudio
posterior que de alguna manera venga a seguir valorando cosas
que aquí están bien tratadas puede poner en cuestión el
trabajo que ya se hizo. Aquí hay datos más que suficientes,
planteamientos y peticiones puntuales que se hicieron a la
Administración central hace muchos años que están paradas y
que con otro estudio pueden continuar igual. Yo no quiero que
esté parado ese estudio. Lo que me preocupa es que esté parada
la gente, los jóvenes de la calle, que estén drogados muchos
jóvenes, que sufran los accidentes de tráfico muchos jóvenes,
es decir, muchos estudios, pero no llegan soluciones para los
jóvenes. Por tanto, yo le pido que no perdamos más tiempo.
Vamos a aprobar esa comisión, porque la juventud, nosotros lo
sabemos, vive al límite, vive aprisa, pero los problemas no se
solucionan y los planteamientos que resuelvan su futuro tardan
en llegar. No creo que haya más tiempo para la pasividad. Esto
se lo comentaba en aquel debate. Unión Valenciana apoyará esas
iniciativas que contemplan la elaboración de planes integrales
del fomento del empleo juvenil que incluiría muchas de las
iniciativas que se contemplan en el informe del Senado y
algunas que se contemplan en la iniciativa del Grupo Popular,
y que estoy seguro que usted quiere que se contemplen entre
los trabajos prioritarios de la comisión que hoy plantea. Creo
que debemos afrontar con la máxima urgencia la solución a los
problemas de la juventud española.
Unión Valenciana, vuelvo a repetir considera que la política
de empleo juvenil, la política juvenil en su integridad, debe
impregnar toda la actividad de la Administración, empezando
por la Administración local y terminando por la Administración
central, desde el convencimiento de que abrir hoy las puertas
a los jóvenes significa garantizar un mejor futuro para todos.
Los jóvenes, como decía en aquel debate, y se lo recuerdo
ahora a SS.SS., somos la garantía de un futuro en progreso y
libertad. Los jóvenes somos la fuerza de nuestro pueblo. No
podemos estar cruzados de brazos más tiempo. Tenemos que ir ya
a las soluciones definitivas o, por lo menos, que intenten
paliar esa grave situación que nos afecta. Hay que poner a los
jóvenes en marcha, en actividad. De lo contrario, nuestro país
sufriría pronto una crisis estructural, porque, sin los
jóvenes integrados, nuestro país no tiene futuro y es muy
triste que nuestro país esté en manos de tantos y tantos
estudios con tan pocas prácticas soluciones llevadas a buen
puerto. La juventud, no yo, la juventud de la calle, le pide a
este hemiciclo mayor sensibilidad, más prisa en la adopción de
decisiones, máxime de aquellas que están superestudiadas,
superplanteadas y que tienen, en este brillante trabajo del
Senado, solución o principio de solución a muchos de esos
problemas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, el Partido Socialista Obrero Español nos
propone hoy la creación de u no permanente para el estudio de
la inserción laboral así como el acceso a la vivienda para los
jóvenes, y el PP nos plantea otra proposición no de ley
prácticamente en los mismos términos, pero que difiere de la
del PSOE en el sentido de proponer ya determinadas medidas
concretas que afectan al actual contrato de aprendizaje, al
contrato en prácticas y a una parte importante de la reforma
laboral que se aprobó en esta Cámara hace ahora escasamente un
año. Una y otra proposición parten del conocimiento de los
planes integrales de juventud que aquí se han elaborado y del
trabajo de la Ponencia del Senado, que se creó en 1992 y que
estuvo trabajando hasta 1994, resultando de aquella Ponencia
26 resoluciones que han sido estudiadas en distintos ámbitos.
Mi Grupo cree que deberíamos aprobar la proposición no de ley
del Grupo Socialista, y cree que la deberíamos aprobar --y en
ese sentido va a v es importante, la vida es dinámica, los
estudios se hacen viejos con gran facilidad, la problemática
es importante, y me parece oportuno, sería útil, que se crease
esta comisión, y por eso vamos a votar la proposición no de
ley del Grupo Socialista.
Pero también creemos que deberían incorporarse los
posicionamientos del Partido Popular al trabajo de esta
comisión. Hay aspectos de la proposición no de ley del Grupo
Popular en los que no estoy ahora de acuerdo y si traen el
documento a la comisión contrarrestaré los argumentos que nos
proponen para la contrarreforma de la reforma laboral en el
aspecto que afecta a los jóvenes, pero eso lo veríamos allí, y
unos y otros confrontaríamos nuestras razones. Me hago una
reflexión sobre este tema, porque, señorías, el tema de la
juventud es recurrente. Nosotros hablamos en este hemiciclo
muy a menudo de los jóvenes, y quizá partimos siempre del
mismo error: el error de creer que podemos buscar soluciones a
los problemas de la juventud aislándolos de los otros
problemas globales que tiene la sociedad española, y eso,
señorías, no es posible. De ahí que hablemos y hagamos
estudios, y no hagamos lo que también se reclama en este
debate, que es tomar medidas concretas. Se han tomado medidas
concretas, a lo largo de la legislatura pasada y de ésta, para
fomentar la ocupación de los jóvenes, pero es difícil aislar
los problemas de inserción al trabajo de los jóvenes cuando
tenemos un colectivo de parados en este país tan importante
como el que todas SS.SS. saben, y es difícil buscar soluciones
al acceso
a la vivienda para los jóvenes sabiendo el problema profundo,
importante, que hay para solucionar los problemas globales de
la vivienda que me parece que, con la máxima serenidad, sin
prisas ni posturas electorales, deberíamos crear la última
comisión. Digo la última en el sentido de no ir creando
comisiones cuando no tenemos otras soluciones más prácticas,
que esto también lo hacemos en esta Cámara. Creemos la
comisión, estudiemos de una vez lo que se puede hacer en estos
dos capítulos concretos, que no son, como muy bien ha dicho el
interviniente anterior, todos los problemas de los jóvenes,
claro que no, pero quizá, el defecto de los planes integrales
de la juventud es que son tremendamente amplios y, como son
muy amplios, son difíciles de abordar y de resolver sus
problemas. La virtud de estas proposiciones no de ley --de la
del Grupo Socialista y de la del Grupo Popular-- es que
circunscriben los aspectos globales del problema a dos temas
concretos: la inserción laboral y el acceso a la vivienda.
Hagamos la Comisión, estudiémoslo con tranquilidad y lleguemos
a conclusiones, a aquellas conclusiones que se puedan
realizar. No levantemos falsas esperanzas, con discursos más o
menos emotivos, porque los jóvenes nos pueden creer y si nos
creen y no les resolvemos sus problemas, luego los
desilusionamos. Es mejor que digamos a los jóvenes que la
solución de sus problemas está inserta en la solución de los
problemas globales de la sociedad. Con una atención especial,
de acuerdo; con un matiz especial, de acuerdo, pero el
problema del paro de los jóvenes no se resuelve, señorías, si
no vamos resolviendo el problema económico del país, si no
vamos creando más actividad, si no somos capaces de imaginar
nuevas fórmulas de contratación y de inserción en el trabajo.
No se va a resolver, porque tenemos una bolsa de paro muy
importante. Hoy hablamos de los jóvenes, pero podríamos hablar
de los mayores, para los que también hemos hecho planes
integrales, podríamos hablar de los parados de 45 años y más,
sin embargo, no podremos resolver el problema del paro de los
jóvenes si no afrontamos, paralelamente otros problemas.
Por eso me parece que está bien que creemos esta comisión, que
estudiemos estos dos aspectos de los problemas de los jóvenes,
para ver si fina capaces de imaginar soluciones positivas,
realizables, y las ponemos definitivamente en práctica.
Nada más, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.Señorías,
creo que no hace falta que hagamos excesivo hincapié desde el
Grupo Federal de Izq Unida-Iniciativa per Catalunya en la
preocupación que tiene mi Grupo por el porcentaje de paro
juvenil que existe en nuestro país, independientemente de la
preocupación que tenemos, en definitiva, por el porcentaje tan
elevado de paro en general, pero, en concreto, nos preocupa
muchísimo el porcentaje de paro juvenil que existe en nuestra
sociedad.
Señorías, estamos convencidos de que sí se han tomado medidas
por parte del Gobierno socialista para integrar a los jóvenes,
pero consideramos que éstas no han sido acertadas y que, por
tanto, se ha terminado en la situación que en estos momentos
tenemos.
Mi Grupo no comparte la exposición de motivos de la
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista,
porque consideramos que el Primer Plan Integral de la Juventud
no ha tenido el éxito que debería haber tenido, puesto que
estamos en la situación en la que nos encontramos y ello a
pesar de los avances que se han producido. Cierto es que en la
educación prácticamente estamos al cien por cien de
escolaridad. Es cierto que cada vez hay un mayor número de
estudiantes en las universidades, pero también lo es que cada
vez hay un mayor fracaso escolar y que no se ha acometido,
como se debería haber hecho, la formación profesional reglada
en el momento oportuno y que nuestros jóvenes tuvieran la
preparación y formación profesional que en estos momentos
requiere y demanda el mercado laboral español y además el del
resto de los países europeos. Por tanto, no compartimos la
grandilocuencia de la exposición de motivos, pero sí
consideramos que es necesario que esta Cámara haga un estudio
exhaustivo y pormenorizado de las repercusiones que las
medidas que ha tomado el Gobierno han tenido y tienen sobre
nuestros jóvenes.
Cuando se aprobó por esta Cámara la reforma del mercado
laboral, nosotros ya criticamos que las medidas que se
adoptaban con el contrato de aprendizaje y con los contratos
en prácticas no iban a solucionar el problema del empleo en
nuestros jóvenes, sino todo lo contrario, que iba a agravar la
precarización y, por tanto, que iban a convertirles en mano de
obra cada vez más barata, pero al mismo tiempo cada vez peor
cualificada. Por tanto, señorías, consideramos que es
totalmente necesario; ya en ese mismo debate se estuvo
hablando de que se crearía una comisión que pudiera hacer ese
tipo estudio y tomar medidas al respecto.
La proposición no de ley que plantea el Partido Popular no es
compartida en gran medida por nuestro Grupo, por lo que no la
vamos a poder votar a favor. Además, en relación con lo dicho
por la portavoz del Partido Popular sobre las recomendaciones
de la Comisión del Senado hablando del empleo razonablemente
remunerado y estable, consideramos que las medidas sobre
empleo que propone el Grupo Popular en esta
proposición no de ley no iban precisamente a generar empleo
estable, ni tan siquiera empleo eventual razonablemente
remunerado.
En consecuencia, señorías, vamos a apoyar la creación de esta
comisión porque creemos que hay que estudiar el problema a
fondo, pero, además, porque somos conscientes de que ése es el
foro en el que los grupos parlamentarios podremos aportar
nuestras opiniones. Creemos que en esa comisión el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a tener la oportunidad de demostrar que tenía
razón cuando votó en contra del contrato de aprendizaje y de
la reforma del mercado laboral.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Vamos a pasar a la votación de ambas proposiciones no de ley.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista por la que se constituye una comisión no permanente
de estudio relativa a la formación e inserción laboral y el
acceso a la vivienda de la juventud en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 278; a favor, 276; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición del Grupo Popular relativa a actuaciones urgentes
en el ámbito de la juventud y muy concretamente en materias de
formación profesi contratación laboral y vivienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 276; a favor, 115; en contra, 160; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A PREVENIR Y COORDINAR CON EFICACIA E
INTENSIFICAR LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES (Número de expediente 162/000192)
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Popular por la que
se insta al Gobierno a prevenir y coordinar con eficacia e int
contra los incendios forestales.Por el Grupo Popular, tiene la
palabra la señora Martínez. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS.SS. que
ocupen sus escaños. (Rumores.)
Guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el 14 de julio de 1994, el Ministro de Agricultura,
señor Atienza, compareció en esta Cámara para informar sobre
el Programa para la los incendios forestales de 1994 y las
medidas adoptadas. Decía el señor Ministro que el problema de
los incendios forestales era tema que preocupaba a toda la
sociedad, a toda la sociedad --repito-- y que nos preocupaba a
todos. Nosotros nos imaginamos que también al Gobierno
socialista.
Desde esa fecha hasta ahora, el responsable del Ministerio no
se ha dignado comparecer en esta Cámara para informarnos sobre
el plan de Icona para la Campaña de 1995, no sabemos si se han
aumentado los medios de su flota, no sabemos si el señor
Ministro conoce los planes de cada Comunidad en profundidad y
si desde el Gobierno central se estiman suficientes los medios
previstos por las distintas comunidades, dada la extrema
situación de sequía en la que se encuentran algunas de ellas,
que va a ser la causa principal de los incendios que se puedan
producir este verano. Desconocemos también cómo piensa
solucionar desde Iconala dificultad añadida que van a tener
los Hidroaviones, por ejemplo, a la hora de recoger el agua de
los embalses para su tarea de extinción, dado el bajo nivel de
sus aguas. Tampoco conocemos cómo se ha distribuido el apoyo
financiero a las distintas comunidades autónomas en materia de
prevención para el año 1995.
Señorías, sí sabemos, por el contrario, que el señor Ministro
se reunió una sola vez en el verano de 1994 con los
responsables de las comunidades autónomas para analizar las
causas de los graves incendios ocurridos en esas fechas, que
fueron los causantes de que se arrasaran más de 432.000
hectáreas, de las cuales 238.000 eran de bosque, y sobre todo
la irreparable pérdida de 36 vidas humanas.
En esa reunión, por lo menos eso dijo el señor Ministro en su
comparecencia ante los medios de comunicación, se trató de
analizar aquellos asp política de lucha contra los incendios
de las distintas comunidades autónomas que no habían
funcionado correctamente, para, posteriormente, analizar las
políticas correctoras previstas de cara al futuro.<ð Desde
esa fecha hasta ahora, señorías, que nosotros sepamos, no se
ha vuelto a reunir con dichos responsables, ni ha vuelto a
haber reuniones de coordinación
de cierta importancia. De ahí, señorías, la necesidad de que
se presente el plan que nosotros demandamos en el primer punto
de nuestra proposición no de ley y de que se informe
adecuadamente a esta Cámara de lo que el Gobierno central
tiene previsto para esta campaña de 1995, de los programas de
las distintas comunidades y su valoración global como
responsable del Gobierno central. Es imprescindible que el
Ministro y el Gobierno tengan una valoración de esas políticas
y de esos programas de las distintas comunidades autónomas,
para, así, valorar la posible eficacia de esos programas.
De nuestra propuesta en este primer punto quisiera destacar
también la necesidad de que en el plan para la vigilancia y
extinción de incendios para 1995 se pusiera en funcionamiento
el mando único que coordine las labores de extinción, y aunque
conocemos, señorías, que esta cuestión del mando único en
teoría está desarrollada a través de la directriz básica de
protección civil (Orden Ministerial de abril de 1993, aprobada
por el Ministerio del Interior), en la realidad --y el año
pasado se demostró-- ese mando único no funciona
correctamente. Quizá pueda ser porque no es del conocimiento
de todos los que están involucra lucha contra los incendios.
Quisiera también, señorías, destacar la necesidad de un
teléfono único gratuito, con la difusión necesaria para que
todos los ciudadanos tengan el pleno conocimiento de su
existencia y así poder colaborar en el problema de incendios.
Algunas comunidades ya disponen de él y es público la gran
eficacia que tiene la existencia de ese teléfono único y
gratuito.
También conocemos que la Ley 48/1989, de Protección de
espacios naturales, prevé la creación de una comisión de
protección de la naturaleza, que se creó en 1994, pero que en
el año 1994 no se reunió ni una sola vez. La primera vez que
se reunió fue el 19 de abril de 1995 y en la misma no se trató
nada sobre la coordinación de lucha contra incendios ni sobre
el famoso plan de los 200.000 millones, a pesar de que uno de
los comités especializados de dicha comisión es precisamente
el de incendios forestales. Ya hemos hablado varias veces,
señorías, de la trascendencia que tienen las medidas de
invierno: pistas de acceso, cortafuegos, puntos de agua,
etcétera. Por eso no vamos a insistir en ellas, aunque sigan
brillando por su ausencia en muchas comunidades.
Señorías, en aquella misma intervención, el señor Ministro
decía: Vamos a proponer a las comunidades autónomas un
programa de apoyo a las tareas de prevención, de regeneración
de áreas, de ecosistemas degradados por estos restos de
incendios forestales o por otras causas y de reforestación y
lucha contra la erosión. Particularmente --añadía el Ministro-
- ambicioso para estos próximos años. vamos a proponer a las
comunidades autónomas un programa de más de 200.000 millones
de pesetas para los próximos cinco años, cofinanciados en
parte con los fondos de cohesión europeos, destinados a estas
tareas de lucha contra la erosión, forestación, regeneración
de ecosistemas degradados, por tanto, a la defensa y promoción
de la regeneración natural, al impulso de la cubierta vegetal
protectora y también a la prevención de incendios forestales.
Señorías, éste era el anuncio del Ministro para la elaboración
y puesta en marcha de un programa especial, por valor de
200.000 millones, para el transcurso de los próximos cinco
años. El lo anunciaba. Por tanto, debía de saber algo de él o,
por lo menos, los técnicos del Ministerio le habían elaborado
esos datos, que valoraban en 200.000 millones de pesetas. ¿Qué
ha pasado hasta ahora, señorías, con este programa? ¿Qué han
opinado los distintos responsables de las comunidades
autónomas? En aquellos días, después de la única reunión
sectorial del Ministro, en la que oficialmente anunció la
intención del Gobierno de coordinar dicho programa de los
200.000 millones, los principales responsables de las
comunidades autónomas opinaban que les parecía correcta la
propuesta. Aunque las opiniones fueron favorables, el señor
Ministro no se volvió a reunir con los responsables de dichas
comunidades y desconocemos el desarrollo de dicho programa;
desconocemos las previsiones para los próximos cinco años de
duración del mismo; desconocemos --y yo creo que el Ministro
también-- las inversiones de cada comunidad autónoma para
1995. Que nosotros sepamos, no hay ni un solo fondo de
cohesión que se haya aplicado a esta política en 1995 de los
que se anunciaban en ese famoso programa de los 200.000
millones de pesetas. Por lo menos en las comunidades autónomas
en las que el Grupo Popular ha podido consultar, dichas
comunidades desconocen si hay otras que disfrutan de esos
fondos y de esas inversiones, pues ellas no los disfrutan, ya
que no ha habido reuniones de puesta en común de sus
necesidades, de los recursos a distribuir y con qué criterios
se iban a distribuir.
Lo cierto es que seguimos asistiendo a una política que nos
lleva a reforestar anualmente menos hectáreas de las quemadas,
porque no se puede contabilizar, señorías, en este saldo la
reforestación de tierras marginales agrarias.
El Grupo Popular considera imprescindible que esta Cámara y
los ciudadanos, a través de ella y de los medios de
comunicación, conozcan las previsiones que recoge el programa
fantasma de los 200.000 millones y sepan si en realidad existe
o no dicho programa, para poder hacer un seguimiento adecuado
e informar a los ciudadanos.
De sobra conocemos que son las comunidades autónomas las que
tienen las competencias; sabemos que las comunidades autónomas
son las responsables de hacer las inversiones, pero no es
menos cierto que el señor
Ministro de Agricultura, en su comparecencia del 14 de julio
de 1994, se comprometió a proponer a las comunidades autónomas
el programa de apoyo a las tareas de prevención y extinción de
incendios. Además, el Ministro ya lo había valorado entonces -
-que es lo sorprendente-- en más de 200.000 millones de
pesetas. Por tanto, algo debería saber de las necesidades de
las comunidades autónomas.
Es incomprensible, señorías --y sólo demuestra la incapacidad
de un Ministro y de un Gobierno desbordados por la falta de
previsión-- que ante un programa de tal envergadura, en plena
ebullición de los fuegos de 1994, el Gobierno, a estas
alturas, haya sido incapaz de elaborar dicho programa y
ponerlo en marcha, de forma coordinada, con la máxima
difusión, para que el ciudadano lo pueda conocer y valorar. En
el punto tercero de nuestra proposición no de ley tratamos,
una vez más, de que el Gobierno se comprometa a cumplir cada
uno de los puntos de la proposición que se aprobó en el Pleno
del Congreso de los Diputados mañana hace un año, y que hasta
ahora no se ha llevado a cabo en gran parte.
Señorías, con esta proposición no de ley el Grupo Popular
intenta, como no podía ser menos, concienciar a los distintos
grupos y al Gobierno de la nación de la necesidad de que todos
los españoles conozcamos, con antelación suficiente, las
políticas de lucha contra incendios y los recursos económicos
invertidos en una política adecuada de lucha contra los
mismos, así como de programas encaminados a la reforestación y
a la lucha contra la erosión. Se trata, señorías, de conseguir
la efectiva coordinación entre todas las administraciones.
Solamente de esta forma podremos, entre todos, concienciar a
los españoles de la importancia que para nosotros deben tener,
en un país como el nuestro, la lucha y la prevención contra
los incendios.
No debemos, señorías, seguir jugando con nuestro futuro en
materia de medio ambiente, porque si los ciudadanos no conocen
el esfuerzo económic las distintas administraciones; si no
conocen con antelación los programas de prevención; sino están
inmersos y comparten esos programas bajo el prisma de su
conocimiento en profundidad, no podemos hablar de políticas de
prevención eficaces.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Martínez Saiz.
A la proposición no de ley defendida por la señora Martínez
Saiz se han presentado dos enmiendas: una por parte del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, otra, por parte
del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, la
proposición no de ley que trae hoy el Grupo Popular a esta
Cámara es una más de las que los distintos grupos
parlamentarios hemos venido presentando, sobre todo a raíz del
verano del año pasado, que fue el verano en el que ardió más
masa arbórea de los últimos 100 años.
Hay una proposición no de ley del Grupo Popular, aprobada en
este Pleno el día 10 de mayo del año pasado, y la última que
se discutió en la Comisión de Agricultura es la que presentó
el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que fue aprobada por unanimidad tras el verano
desastroso de 1994. Era una proposición no de ley muy completa
y que fue mejorada, porque nuestro Grupo aceptó varias
enmiendas que los distintos grupos parlamentarios, habían
presentado. Esta proposición había sido registrada en julio,
pero entendimos que después de los sucesos del verano de 1994
había aspectos que se podían incorporar por iniciativas, que
realmente fueron muy positivas, presentadas por el Grupo
Socialista y por otros grupos de la Cámara. Cuando nuestro
Grupo tuvo conocimiento de la proposición no de ley del Grupo
Popular nos pareció que era redundar sobre un asunto en el que
ya había muchas cosas aprobadas, y que no habíamos ejercido
sobre el Gobierno el control suficiente como para ver, de lo
que se había aprobado ya, qué es lo que se había cumplido. Con
un espíritu constructivo, aunque entendíamos que la
proposición no de ley del Grupo Popular contemplaba algunos
aspectos que eran esencialmente de competencia de las
comunidades autónomas-- en su preámbulo se hablaba de
coordinación con las mismas-- nuestro Grupo presentó una serie
de enmiendas parciales que iban encaminadas, sobre todo, a
incidir en el importante tema de la extinción, así como en
otros que para nosotros son todavía más importantes --como así
se ha demostrado--, que son la prevención y la vigilancia. Por
eso hablábamos de una enmienda, concretamente la número 1, en
la que se ponía especial énfasis en la prevención y la
vigilancia. Añadíamos otra enmienda en el sentido de que,
aunque está prohibido en las comunidades autónomas, se pusiera
más énfasis en la prohibición de quema de rastrojos y de
residuos vegetales en los días que son meteorológicamente más
complicados y de más riesgo a efectos de incendios.
Por otra parte, presentábamos una enmienda muy propia de
nuestro Grupo, porque la hemos venido presentando
sistemáticamente en todos los debates que se han producido
sobre esta cuestión, y cuyo objetivo era que la Administración
de ninguna manera primara aquellas especies que, como el
eucalipto, son muy proclives al incendio y a su propagación,
aparte del deterioro que ejercen sobre el suelo y sobre la
cubierta vegetal.
La proposición que habíamos presentado el 28 de septiembre,
señorías, recogía prácticamente todo, como la insuficiencia
que se había demostrado por parte de los medios aéreos de
Icona. De hecho, en momentos de mayor dificultad en incendios
las comunidades autónomas pidieron aviones, y he de decir que
tenemos pocos, solamente tenemos uno que sea adecuado, es un
DC-6, que es el que tiene más capacidad, porque los Canadair
son pequeños y realmente no cumplen. Hoy la portavoz del Grupo
Popular ha añadido otro factor que incidirá negativamente este
año. Me refiero a que muchas balsas están agostadas y que
muchas de las fuentes de las que se proveían estos aviones no
existirán debido a la sequía que está padeciendo nuestro país.
Hablábamos de la necesidad de incrementar los medios del
Seprona. Señorías, el Seprona hace una labor importante de
vigilancia, pero nosotros pensamos que, además, tiene que
hacer una labor de investigación de las causas de los
incendios. Es una vergüenza que todavía desconozcamos las
causas del 40 por ciento de los incendios de nuestro país y lo
que más le preocupa a nuestro Grupo es que el Ministro de
Agricultura, señor Atienza, mencione causas referidas a
domingueros y ahí se queda, pero no se propone investigar
aquellas causas que tienen origen socioeconómico y cuyo fin es
conseguir unos beneficios de forma delictiva. Además, si las
máximas autoridades competentes en la materia dicen que esta
causa es inexistente, ¿cómo se va a investigar si de entrada
se está negando esta posibilidad?
Señorías, hablábamos de incrementar los convenios con el Inem,
sobre todo, para las tareas de limpieza y prevención que se
tienen que hacer fundamentalmente en el invierno. Decíamos en
nuestra intervención que los incendios se apagan en invierno,
porque si tenemos limpios los bosques, las pistas forestales,
si se sabe dónde están los puntos de agua, se tienen
localizados y los agentes que han de intervenir directamente
cuando se detecta un incendio saben dónde están todos esos
puntos, será más fácil prevenir y, en su caso, controlar un
incendio. Esa labor se tiene que hacer en invierno. Por tanto,
hablábamos de incrementar los medios de que dispone el Inem.
Por otra parte, proponíamos modificar el Código Penal con el
fin de que contemplase una agravación de las penas por el
delito de incendio para todas aquellas conductas que fueran
dolosas, negligentes o culposas, y que el Gobierno remitiera a
esta Cámara un proyecto de ley básica de montes. Como a estas
alturas el Gobierno todavía no lo ha enviado, nuestro Grupo ha
presentado en el Registro de la Cámara una proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno de la nación a que
presente ante esta Cámara un proyecto de ley básica de montes
en un plazo inferior a dos meses. Esta es una prueba más de
cómo cosas que se prometen aquí, en el Pleno, en las distintas
comisiones, después el Gobierno sistemáticamente las incumple
y, además, no viene a decir por qué razón las incumple o qué
impedimentos hacen que estas promesas sean incumplidas
sistemáticamente.
La parte final de nuestra proposición no de ley --por eso
decía que la que hoy presentaba el Grupo Popular era más bien
redundante, porque todo esto ya estaba aprobado desde el 28 de
septiembre-- se refería a la necesaria coordinación entre las
distintas administraciones.
Señorías, nosotros recordábamos en la reunión extraordinaria
de la Comisión, celebrada en el mes de julio, de qué manera
tan surrealista se ha las tareas de extinción de los incendios
de este verano: había ciudades, poblaciones, en las que
estaban incidiendo sobre un mismo territorio diecisiete
organismos que se declaraban con competencia para decidir
sobre los medios más idóneos para actuar en el incendio. Esto
es absolutamente imposible que continúe en nuestro país. Por
eso, decíamos que se tenía que precisar con las comunidades
autónomas una dirección unificada para actuar en el caso de
extinción. Se hablaba también de un plan de reforestación, de
restauración y de limpieza de la cubierta vegetal, para hacer
frente a todos los procesos de erosión y desertización que
sufre nuestro país.
En la proposición no de ley, que fue aprobada por unanimidad -
-lo quiero recordar--, el Gobierno se comprometía a presentar
ante esta Cámara antes de fin de año, por tanto, antes de
diciembre de 1994, un informe que recogiese de forma
exhaustiva las causas por las que se han ocasionado y
propagado los incendios producidos en España durante los
últimos años. Esto no se ha cumplido. Hablábamos de que las
comunidades autónomas deberían limitar la circulación de
vehículos motorizados en las áreas o espacios de especial
riesgo, fuera de los lugares estrictamente habilitados o sin
los permisos específicos imprescindibles. Queríamos asimismo
introducir en los planes de estudio de los niveles de
enseñanza primaria a secundaria materias dirigidas a la
educación medioambiental de los jóvenes y a sensibilizarlos en
relación con la preservación del medio ambiente.
Señorías, nuestro Grupo conoce que a la proposición no de ley
del Grupo Popular el Grupo Socialista ha presentado una
enmienda de sustitución. Teniendo en cuenta lo que he
explicado, que ya hay una proposición no de ley del Grupo
Popular aprobada en el Pleno del 10 de mayo del pasado año,
que recoge básicamente los puntos de los que aquí se habla, a
excepción de que comparezca el Gobierno y nos informe sobre el
plan famoso de los 200.000 millones de pesetas; teniendo en
cuenta que existe esa proposición del 28 de septiembre de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ahora de forma
exhaustiva he vuelto a recordar a SS.SS., a nuestro Grupo le
parece que sería adecuado --y así lo solicitamos al Grupo
Popular-- votar favorablemente
la enmienda del Grupo Socialista por cuanto, si cumple lo que
en ella propone, el Gobierno está obligado a presentar ante
esta Cámara los planes previstos, cosa que no ha hecho. Se nos
habla de que el 31 de marzo se ha aprobado el plan de
actuaciones sobre incendios forestales, de que el Gobierno se
comprometió inmediatamente a presentarlos, incluso previamente
al Consejo de Ministro, y no se ha hecho. Hay tres planes
estatales que deben ser explicitados en esta Cámara para que
sean objeto de debate por parte de los grupos parlamentarios
en ella representados. Nuestro Grupo está dispuesto a votar
favorablemente esta enmienda de sustitución a la proposición
no de ley del Grupo Popular, porque el punto 2.º también habla
de que se refuercen los mecanismos de seguimiento y
coordinación en las comunidades autónomas, en todos aquellos
extremos que la portavoz del Grupo Popular ha expresado que
recoge su proposición no de ley del 10 de mayo, y que yo
también lo he podido hacer en mi intervención, en relación con
la que nosotros presentamos en septiembre.
De cualquier manera, no quiero acabar mi intervención sin
recordar que el Gobierno está obligado, por el mandato de la
Cámara, a presentar una ley básica de montes; que está también
comprometido con esta Cámara a informar sobre las causas de
los incendios forestales; que está obligado, por su compromiso
con esta Cámara, a una reforma del Código Penal que incremente
las penas por los delitos de aquellos que voluntariamente o
por negligencia incendian los bosques. También quiero recordar
que aquí se comprometió el Gobierno a instar a las comunidades
autónomas a que en sus legislaciones se prohíba la
recalificación de aquellos terrenos que han sido incendiados.
Sé que hay grupos que hablaban de una prohibición durante 25 o
50 años. El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya era partidario de que no se produjera una nueva
recalificación, de que ese terreno que ha sido robado al
bosque por el incendio tiene que ser reconquistado para el
bosque, y que, por tanto, aunque pasen 25 o 50 años ese
terreno debe ser mantenido para esa finalidad importantísima
que es la preservación del medio ambiente y de nuestra masa
forestal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señorías, intervengo
para fijar la posición de mi Grupo en relación con la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular respecto
a las medidas a adoptar por el Gobierno para prevenir y
coordinar con eficacia e intensificar los medios de lucha
contra los incendios forestales, así como para defender la
enmienda presentada por mi Grupo a la citada iniciativa.
He de empezar por decir que si no fuera por el consenso al que
hemos intentado llegar desde el Grupo Parlamentario
Socialista, tanto en el Con Senado, en relación a cuáles
podrían ser las estrategias para prevenir y combatir
eficazmente los incendios forestales, hoy no hubiera tenido
ninguna duda en calificar no de oportunista pero sí de
frívola, la iniciativa del Grupo Popular. Digo esto porque no
dudo de que el Grupo Popular tenga un alto concepto del
Gobierno; alto concepto que se refleja en la propuesta que
hace, que consiste en que en menos de 15 días el Gobierno
elabore un plan de prevención y de lucha contra incendios
forestales de acuerdo con las comunidades autónomas. Saben
SS.SS. que no es mi deseo suscitar aquí un debate agrio sobre
cuál es el «leitmotiv» de esa iniciativa parlamentaria.
Lo que sí quiero decir es que una simple lectura de esa
proposición no de ley por parte de cualquier ciudadano le
daría derecho a pensar cuán desalmado es este Gobierno porque,
a pesar de tener compentencias en la materia, no hace nada en
relación con un tema tan importante como es la lucha contra
los incendios forestales. Eso se deduce de la simple lectura
de la iniciativa parlamentaria.
La iniciativa parlamentaria parte del error de atribuir
competencias al Gobierno central, cuando saben SS.SS. por
activa y por pasiva, porque hemos tenido la oportunidad de
debatir sobre incendios forestales en esta Cámara durante
mucho tiempo, que las competencias en materia de prevención y
lucha contra incendios forestales fueron transferidas, con los
medios adecuados también, a las comunidades autónomas desde
hace más de diez años; y que el Gobierno apenas si tiene una
competencia residual en relación con los medios aéreos y con
determinadas partidas presupuestarias a efectos de incentivar,
por la vía de las subvenciones, a las comunidades autónomas
para que lleven a cabo determinados programas.
Además, la proposición no de ley parte de una afirmación --la
ha ratificado hoy la Diputada que la ha defendido-- en el
sentido de que el Gobierno no ha hecho nada. No sólo es el
Gobierno, sino esta Cámara, porque raro es el período de
sesiones-- como se puede ver por los «Diarios de Sesiones »--
en que no hayamos tenido oportunidad de debatir los grupos
parlamentarios iniciativas múltiples con relación a cuál
podría ser la mejor manera de combatir eficazmente los
incendios forestales.
No sólo en el Congreso de los Diputados, sino que en el Senado
se aprobó por asentimiento en 1993 --por tanto, con la
participación del Grupo Popular-- un informe de una ponencia
«ad hoc» donde se elaboraron una serie de conclusiones que han
servido, desde dicho año, de marco de referencia para
cualquier aproximación
rigurosa en relación con la materia que estamos abordando.
Después de esa aprobación, sabe S.S. --o debería saberlo-- que
en el año 1994 se acordó en el Senado, en el mes de octubre y
por unanimidad, con la participación del Grupo Popular, crear
una ponencia, en el seno de la Comisión de Agricultura, para
evaluar el cumplimiento de medidas y recomendaciones del
informe de 1993 sobre incendios forestales, y proponer las
acciones concretas que mejoren el grado de eficacia y
coordinación en la lucha contra los incendios.
No dudo de la capacidad que puede tener esta Cámara para
abordar cualquier tema que crea oportuno, pero pensábamos
nosotros que había un lugar como un mecanismo propicio,
consensuado entre todos, para hacer un seguimiento y un
control de esta materia, que era la ponencia especial
constituida, como digo, en octubre de 1994 en el Senado, a la
vista de lo que ocurrió el año pasado con los incendios
forestales.
El Gobierno también ha hecho muchísimas cosas, a pesar de
carecer de competencias en relación con la materia. Estoy de
acuerdo en que este es un tema que nos preocupa a todos: a los
grupos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a
ciudadanos en general, etc. Voy a poner algún ejemplo de lo
que el Gobierno ha venido haciedo en relación con esta
materia.
Saben SS.SS. que en el año 1988 se aprobó el primer Papif, es
decir, el primer Plan de Acciones Prioritarias en la lucha
contra Incendios Forestales. Buena prueba del éxito de ese
Papif es que se ha aprobado el segundo y, a punto ya de vencer
el segundo Papif, se va a poner en marcha el tercero en el
próximo año.
Además, el Gobierno elabora anualmente un programade acciones
prioritarias en relación con los incendios forestales.
Quisiera recordar a la señora representante del Partido
Popular que los del año 1994 y 1995, los dos últimos programas
elaborados por el Icona, no sólo prevén una serie de medidas
en relación con la aplicación del Papif sino con la puesta en
marcha de determinadas soluciones pedidas por los distintos
grupos parlamentarios.
Quiero responder a las preguntas que han formulado en el día
de hoy, tanto la Diputada representante del Grupo Popular como
la de Izquierda Unida, en relación con la preocupación que
tienen respecto a de dónde va a salir el agua para los
hidroaviones a efectos de poderlos utilizar en la extinción de
los incendios. En ese Plan y en ese informe, que obra en mi
poder y no tengo ningún inconveniente en hacérselo llegar a
S.S., está previsto que hay un avión con más de 15.000 litros
de capacidad, un Hércules C-130, para aquellos lugares donde
las reservas de agua de los embalses son muy escasas y no
pueden cargar los anfibios.
Ha habido una serie de datos imprecisos o inexactos en
relación con la flota áerea. Saben SS.SS. que sólo la flota
aérea prevista de propiedad del Estado, en el año 1995, consta
de trece aviones anfibios-turbo, más dos aviones anfibios que
se van a remotorizar, más cinco aviones anfibios de pistón.
Esa es la flota propia, más toda la cantidad de aviones que
tiene previsto contratar el Icona, más los helicópteros de la
Guardia Civil, más los que va a prestar el Ministerio de
Defensa. Es decir, hay una importante infraestructura puesta
al servicio de la prevención de incendios forestales, sobre
todo en la materia competencia del Estado, la dotación de los
medios aéreos.
También está el programa de los 220.000 millones de pesetas,
al que ha calificado la señora portavoz del Grupo Popular de
programa fantasma. No hay ningún programa fantasma, señoría.
Ese programa, al que hizo referencia el señor Ministro de
Agricultura en su comparecencia extraordinaria aquí en el mes
de julio, fue presentado por el señor Ministro de Agricultura
en el Senado el 17 de octubre de 1994 y debatido con todos los
miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, entre ellos
el representante del Partido Popular. Es un programa que esta
en marcha, tiene una vigencia quinquenal; se prevén 200.000
millones de pesetas, que se van a suministrar de los fondos de
cohesión y del Feoga-orientación en un 80 por ciento, y el 20
por ciento restante previsto en el Plan --que, como digo, se
ha puesto en marcha en 1995-- se ha dividido a partes iguales
entre las comunidades autónomas y el Estado.
Por último, está el Plan estatal de Protección Civil para
emergencias por incendios forestales --lo tengo en mi poder y
tampoco tengo inconveniente en hacérselo llegar a la señora
Diputada--, que fue aprobado por Consejo de ministros el 31 de
marzo de 1995, es decir, cinco días antes de la presentación
de la iniciativa del Grupo Popular. Aprobado el programa,
cinco días después, como digo, presenta el Grupo Popular una
iniciativa donde se contemplan algunas de la medidas de este
programa. Este Plan estatal de Protección Civil para
emergencias por incendios forestales es el desarrollo de la
directiva a la que ha hecho referencia S.S., que el Gobierno
aprobó en el año 1993, donde se contemplan una serie de
medidas de coordinación para combatir eficazmente los
incendios forestales.<ð Pues bien, señorías, a lo largo de
todos los debates que hemos tenido en la Cámara, hemos
derrumbado muchos tópicos en relación con los incendios
forestales, entre ellos uno que me parece fundamental: no hay
respuesta simple para una cuestión que se presenta como muy
compleja, multidisciplinar y multicausal. Es más, a lo largo
de todos estos años en que hemos ido abordando la problemática
de los incendios forestales, hemos ido avanzando en el
conocimiento de cuáles podrían ser los medios más eficaces y
creía que estábamos todos de acuerdo en que era necesario
profundizar en el conocimiento de las causas que producían los
incendios forestales. También hemos mejorado la base de datos
de los incendios forestales; es más, tenemos a gala que la
base de datos estadísticos con la que cuenta nuestro
país es la más antigua y completa que tiene cualquier país de
la Unión Europea.
Hemos puesto también en marcha mecanismos de mejora en la
prevención y en la formación. No es que vayamos a poner en
marcha ahora cursos de formación profesional para adiestrar a
las cuadrillas, señoría; es que ya se han puesto en marcha el
año pasado y además no sólo para adiestrar a las cuadrillas
para luchar contra los incendios forestales, sino también para
prevenir, para adoptar medidas de seguridad propias. Es más,
hay informes, que se han pagado con fondos estatales, para
investigar los orígenes de los incendios forestales y toda la
problemática que tiene que ver con la reforestación. Hemos
puesto en marcha programas de alta tecnología. Quisiera
señalar, por ejemplo, el programa Behave que pone en marcha
sistemas de evaluaci medios materiales a efectos de que no se
produzcan despilfarros a la hora de una mejor utilización de
los recursos en los incendios forestales; el sistema Cardin
que produce simulaciones sobre cómo pueden variar los
incendios forestales...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Pelayo, vaya
concluyendo.
La señora PELAYO DUQUE: Termino, señor Presidente.
Se ha producido la puesta en marcha de las unidades móviles de
videos infrarrojos, etcétera.
Pensábamos que todas esas acciones debían ser conocidas por
los grupos de la Cámara, dado que además, como digo, el
Ministro las presentó en el Senado, que se creó allí una
Ponencia que está haciendo el seguimiento de este tema, o que
el Consejo de Ministros, como hizo público hace poco el
Ministro Portavoz, aprobó el plan estatal de protección civil.
A la vista de la iniciativa y de las propias manifestaciones
que hoy ha hecho la señora portavoz del Grupo Popular de que
desconocían estas acciones, nosotros creemos aún más en la
bondad de la iniciativa que hemos presentado como Grupo. A la
vista del estado de la cuestión y en aras de seguir
manteniendo el consenso, creemos que es interesante que se
informe al Congreso, mediante la comparecencia del Gobierno,
para que informe sobre estos tres planes. Es más, sobre lo que
ha dicho la señora Rivadulla de que tiene presentada una
iniciativa en relación con la ley de montes, quiero adelantar
a SS.|SS. que la ley básica de montes ya la conoce la Comisión
nacional que se ha creado en desarrollo de la Ley de
Protección de los Espacios Naturales y que se ha distribuido a
las comunidades autónomas para que informen; es decir, el
anteproyecto ya está muy avanzado. Además nuestro Grupo
también ha pedido que comparezca aquí el Gobierno para que dé
a conocer el plan estatal de protección civil. Por tanto,
señor Presidente, señoras y señores Diputados, creemos que es
importante que todos los grupos conozcan, discutan y evalúen
las medidas que se vienen poniendo en marcha por el Gobierno y
las que vienen poniendo en marcha las comunidades autónomas,
pero desde el rigor y desde el conocimiento de lo que se viene
haciendo.
A la vista de la afirmación de la señora Diputada de Izquierda
Unida, quería presentar una breve mejora técnica en el último
inciso de nuestra enmienda de sustitución. Nosotros hacemos
referencia a que el Gobierno explique las medidas que se han
puesto en marcha en relación con las comunidades autónomas en
materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios
forestales, a fin de que extremen sus medidas y pongan los
medios a su alcance que les atribuye el régimen de
distribución de competencias. Nosotros decimos al final: «...
en especial en relación con las cuestiones que formaban parte
de la proposición...» y la citamos, pero dado que --tiene
razón la señora Rivadulla-- en el Congreso de los Diputados se
han aprobado otras iniciativas, como pudo haber sido la presen
Popular u otra del Grupo Socialista, nosotros querríamos
sustituir el último párrafo por la siguiente frase: ... en
relación con las cuestiones que formaban parte de las
iniciativas aprobadas en esta Cámara sobre incendios
forestales. Esa sería la sustitución en la redacción del
segundo párrafo. Con esto solicitaría del Grupo Popular que
retomáramos el consenso y aceptara la enmienda de sustitución
que le proponemos.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Pelayo. Le ruego que, por favor, pase a la Presidencia por
escrito la corrección a su propia enmienda.
¿Grupos que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, como en
el tema anterior, pienso que toda aportación es importante, y
si pr la juventud, no menos preocupantes son los graves
problemas medioambientales que está sufriendo nuestro país en
los últimos diez o doce años, debido a la proliferación de los
incendios forestales.
Intervengo para fijar la posición de Unión Valenciana respecto
a esta proposición no de ley del Grupo Popular referente a la
prevención, coordinación e intensificación de los medios de
lucha contra los incendios forestales, iniciativa que vamos a
apoyar, por considerar que es un granito de arena; pero con
toda la buena fe que yo le presupongo a esta iniciativa tengo
que confiar en que redundará en beneficio de esa lucha y de
ese eslogan que se hizo muy popular desde el Ministerio, de
que todos tenemos que luchar contra el fuego, y pienso que
esta es tarea de todos.
Vamos a debatir en el día de hoy un tema, el de los incendios
forestales, que durante el año 1994 ha sido motivo de especial
alarma, por cuanto ha quedado señalado como el peor año
respecto a la superficie quemada en el territorio español en
los últimos 50 años o en los últimos años de que se tienen
noticias de las hectáreas quemadas, por no decir de toda
nuestra historia. Algo más de 400.000 hectáreas ardieron en
1994, de las que 250.000, aproximadamente, eran arboladas.
Quiero incidir, y no es motivo de especial queja por la
procedencia del Diputado que les habla, en la situación que
especialmente afectó a la Comunidad Valenciana y que por todos
es sabida. Tengo que recordarles algunos de los datos hechos
públicos por la Consellería de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana, que ha hecho unos cuadros que valoran
muy claramente cuál es la situación medioambiental de dicha
comunidad. La superficie total de la Comunidad Valenciana es
de 2.234.000 hectáreas y el patrimonio forestal en bosques y
superficie arbolada es de 1.224.000 hectáreas. La superficie
arrasada por los más de 9.000 incendios que se han producido
en la Comunidad Valenciana entre los años 1978 y 1994 asciende
a 600.000 hectáreas; la superficie total de bosque perdido por
estos incendios en estos años, período 1978/1994, asciende a
600.000 hectáreas. Si a esto añadimos un subtotal de la
superficie de bosque perdida por la lluvia ácida que provoca
la central térmica de Andorra en las comarcas del norte de la
Comunidad, en Castellón, algunas zonas de Teruel (fuera del
ámbito de la Comunidad Valenciana) y en Tarragona, que se
puede cifrar en cerca de 200.000 hectáreas, ello hace un total
de superficie de bosque perdida de casi 800.000 hectáreas, lo
que significa que en estos 15 años (y son datos de la propia
Cosellería) la superficie forestal perdida en la Comunidad
Valenciana, la relación bosque perdido-patrimonio forestal, es
del 64 por ciento. Desastroso, desolador. Yo aquí no voy a
culpar a nadie; en todo caso, la culpa sería de todos. La
situación cuestiona muy mucho las posturas triunfalistas de un
Gobierno que con Serra y Atienza a la cabeza en el año 1994
valoró las excelencias de su política y la de los medios
disponibles en la lucha contra incendios; ahí están los
resultados, en particular los de los últimos 12 años. El
resultado es que se han superado los máximos conocidos en el
siglo respecto a la superficie arbolada quemada, muy por
encima de las 176.000 hectáreas del año 1985 y las 182.000
hectáreas del año 1989. Casi el 60 por ciento de los incendios
de la Unión Europea se producen en el Estado español. ¿Causas?
Múltiples y variadas. Desde luego, por mucho que se empeñen
algunos ministros y algún representante autonómico, como el
Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana,
Emèrit Bono (sobre cuya gestión me reservaré el adjetivo para
la campaña electoral en la Comunidad Valenciana, porque no
está delante y no sería propio de un debate par-lamentario),
al señalar las negativas c los incendios, no es de recibo ni
es justificación. Tal visión está muy lejos de la realidad. Es
evidente que las condiciones meteorológicas inciden en
favorecer la proliferación de incendios, pero también es
cierto que sólo son causa directa de un número muy limitado de
incendios, menos del 5 por ciento. Conociendo la adversidad
climatológica, una efectiva política preventiva y de dotación
de medios de extinción podría haber reducido su fatal
incidencia. Es evidente, aunque el Ministro de Agricultura no
lo asume, que la causa principal, según los expertos, más del
50 por ciento de la superficie total quemada y más del 60 por
ciento de la superficie arbolada quemada, son los incendios
provocados de forma deliberada; quemas agrícolas, en menor
medida; los incendios provocados por pirómanos; los provocados
por venganzas; los producidos, como apuntaba la portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para convertir en
suelo urbanizable algunas parcelas; para bajar el precio de la
madera en otros casos, etcétera, son en mayor medida, algunas
de las causas que ocasionan la mayoría de incendios. La
especulación del suelo y de la madera sí son causas relevantes
de los mismos.
Recordarán cómo en el debate del estado de la Nación Unión
Valenciana presentó una iniciativa para que se elaboraran por
parte del Gobierno medidas tendentes a frenar y paliar la
gravísima desertización y erosión del suelo que actualmente
sufre nuestro país, especialmente en las provincias de la
cuenca mediterránea, y citaba Alicante, Valencia, Murcia y
Almería, que según informes del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y del propio Parlamento Europeo,
son las provincias del Estado español y del conjunto de la
Unión Europea que sufren y corren un mayor riesgo de
desertización de cara a los años 2000/2020. Recordarán, por
tanto, que con esa iniciativa, que fue derrotada por tan sólo
cuatro votos --es una pena, ya que ponía el dedo en la llaga--
, se podían haber adoptado medidas que hoy se piden por parte
del Grupo Parlamentario Popular. La Cámara no la consideró,
pero son cosas del juego parlamentario. Sin embargo, hoy
vuelve a la Cámara una iniciativa que, como todas las que
aporten planteamientos, ideas y propuestas para luchar contra
los incendios, debe ser apoyada por el resto de la Cámara y,
por lo menos, Unión Valenciana tiene claro su voluntad de
contribuir en esa lucha contra la lacra que nos invade y que
ya está ahí, porque, tan lejos como el pasado domingo, el
Diputado que les habla pudo presenciar un incendio forestal
que se produjo en un municipio de la Comunidad Valenciana y
que puso de manifiesto algunos de los problemas que hoy se han
comentado aquí: descoordinación, falta de medios,
improvisación, y, al fin y al cabo, el que lo paga es nuestro
medio ambiente.
Antes del verano de cada año y tras acabar el período estival,
se plantean interrogantes sobre si hay en nuestro país
suficientes medios técnicos para la lucha contra los incendios
--yo personalmente pienso que no--; si hay suficiente dotación
de recursos humanos y financieros para combatirlos --yo
personalmente pienso que no--; pero, año tras año, nuestro
patrimonio forestal, nuestro entorno natural está más en
peligro, y el riesgo de desertización es cada vez mayor. No es
cuestión de ser alarmistas; es la triste realidad. Hora es ya
de que elaboremos una estrategia global para luchar contra los
incendios forestales. No valen promesas. Sus causas y sus
irreparables consecuencias merecen mayor consideración.
Por tanto, yo tengo el honor de comentar aquí algunos puntos
que deberían contemplarse en esta estrategia, desde la
humildad que car intervenciones. Muchas de estas iniciativas,
muchas de estas propuestas han sido aportadas por técnicos de
la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene un centro
piloto para el estudio de medidas preventivas y de medidas de
urgente aplicación y que me permito, por lo menos, leer
brevemente, por si algún Diputado considera oportuna alguna de
dichas propuestas y por si en particular, desde el Gobierno,
se puede tener en cuenta alguna, y me daría por satisfecho con
mi aportación, que es lo que quiere dejar patente mi
intervención.
Las tres medidas preventivas básicas podían ser, como ya les
he comentado, potenciar la educación medioambiental, potenciar
sistemas de vigila monte, aumentar la operatividad de la
capacidad de acción de las brigadas forestales, formar
compañías especiales entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y el Ejército; participación de los jóvenes
objetores en dichas tareas; reforestación y repoblación con
prioridad en aquellas zonas afectadas por los incendios. Sobre
todo, y lo que hasta ahora se ha puesto en duda ha sido la
nula coordinación del Icona, las comunidades autónomas, que
son las verdaderamente competentes en el tema, las
corporaciones locales y la Administración central;
coordinación que es vital para la creación de ese mando único
que permita, con la máxima brevedad y con la máxima urgencia,
llegar al foco del incendio e intentar que las consecuencias
sean las menores posibles, siempre que no se pueda, con esa
medida preventiva, evitar los incendios, de los que parece que
no nos podremos librar.
Hay otras medidas de urgente aplicación, como sería la
modernización y la ampliación de los medios terrestres y
aéreos de extinción, moderniza de extinción, dotar a las
comunidades autónomas, cuyo esfuerzo presupuestario necesita
del apoyo del Gobierno central, de aviones de alta capacidad
de carga de agua, que se ha visto que en estos últimos años no
se tenían; formar y mantener durante todo el año brigadas de
trabajos forestales y de extinción de incendios para controlar
y limpiar aquellas zonas boscosas, porque los técnicos sí que
dicen que los incendios forestales se apagan en invierno. Con
de limpieza y de reforestación en invierno se pueden evitar
muchos incendios que se producen en verano cuando llegan las
altas temperaturas.
Una cosa que se está planteando en el debate reciente del
Código Penal es la tipificación y endurecimiento de los
delitos forestales y medioambientales, de lo cual desde Unión
Valenciana nos congratulamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, vaya
concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Brevemente, señor Presidente.
Medidas prioritarias a desarrollar también serían, por
ejemplo, la introducción de los últimos avances tecnológicos
en la lucha contra los incendios, métodos de robotización que
en la Universidad Politécnica de Valencia se están elaborando,
y estarían dispuestos a colaborar con todas las
administraciones, como de hecho se está haciendo, a nivel
local, a nivel provincial y a nivel autonómico; potenciar el
aprovechamiento y la limpieza controlada del monte; establecer
un programa nacional y autonómico de cortafuegos y potenciar
las infraestructuras de control y aprovisionamiento para la
defensa activa contra el fuego. Pero, sobre todo, son
necesarias dotaciones presupuestarias, que son vitales para
llevar todos estos programas a buen puerto; no sólo 8.000
millones, como hablaba el señor Atienza, hacen falta muchos
más, por lo menos 25.000 o 30.000 millones anuales, y si
fueran más, mucho mejor, para luchar eficazmente contra el
fuego. Voluntad política y esfuerzo presupuestario se tienen
que conjugar para defender nuestro patrimonio natural,
esfuerzo que vale la pena visto lo que hay en juego. Es muy
importante la concesión de ayudas por parte de la Unión
Europea, pero todos sabemos que estas ayudas están
condicionadas a que se presenten planes integrales de
prevención y extinción de incendios: cortafuegos, bandas
contra incendios, casetas de vigilancia y algunas de las
iniciativas que yo he planteado.
Sobre todo, quiero dejar claro que es imprescindible esa
colaboración y coordinación estrecha entre el Gobierno
central, los organismos y administraciones competentes, las
comunidades autónomas en la lucha contra los incendios. La
iniciativa tiene que ser valorada y apoyada hoy. Mañana pienso
que puede ser demasiado tarde, y estamos jugándonos mucho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria da siempre por bienvenida a un debate
parlamentario cualquier iniciativa de un grupo que, en un tema
de alta sensibilidad en el Archipiélago Canario, como es la
protección de su masa forestal, permita intercambiar aquí
ideas que enriquezcan lo que es fundamentalmente la prevención
y, después, por supuesto, en el peor de los casos, en el
incendio forestal, la lucha contra el mismo.
Seré más breve en mi intervención porque suscribo mucho de lo
dicho por la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el planteamiento
que ha hecho, sobre todo desde el arranque de que prime el
principio de prevención y vigilancia sobre el de lucha, porque
en cuanto a la lucha, efectivamente, no hay más remedio que
echar agua al fuego. Por tanto, en esta línea de
congratularnos con la iniciativa que ha tenido el Grupo
Parlamentario Popular, sí queremos decir con respecto a la
misma lo siguiente. De los tres puntos que trae, nosotros
aceptamos plenamente el punto 3, aceptamos plenamente el punto
2, y tenemos nuestra reservas sobre el punto 1, en primer
lugar, al pedir que antes del próximo 15 de mayo esté aquí
presentado por el Gobierno. Esto es un imposible
prácticamente, físico y parlamentario. Por tanto, no podemos
votar favorablemente que se diga que el plan de prevención
esté presentado antes del 15 de mayo. Respecto a algunas de
las medidas que se contemplan en el punto 1, quiero recordar
al Grupo Popular, aunque ya lo han hecho la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, la del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y el portavoz de Unión
Valenciana, que son competencias de las comunidades autónomas.
Esto tenemos que respetarlo, no solamente en el sentido del
marco jurídico en que están reservadas estas competencias para
las comunidades autónomas, sino porque, aparte de tener el
derecho y el principio legal, tienen los medios materiales y
de coordinación para la lucha contra incendios. Algunas
comunidades autónomas son las que ostentan la titularidad de
los parques de bomberos, de camiones motobombas, de todo el
material técnico para la lucha contra el incendio forestal. Es
fundamental pivotar todo un sistema de lucha sobre el terreno,
porque quien está administrativamente en la inmediatez de ese
terreno es el ayuntamiento y es la comunidad autónoma. Por
tanto, dentro del ámbito del Archipiélago Canario está su
institución tradicional, que son los cabildos insulares, que
también tienen mucho que decir en los aspectos de
coordinación, de apoyo técnico, etcétera, en la lucha contra
los incendios forestales. Por consiguiente, este primer punto
de la proposición no de ley del Grupo Popular nosotros no lo
podemos votar favorablemente.
Quiero decir que estaríamos plenamente de acuerdo con las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. También creemos que
la sín enmiendas que trae el Grupo Socialista merecen nuestro
apoyo, en la medida incluso, como ha señalado su portavoz, la
señora Pelayo, de dar entrada en la última parte del apartado
2 a todas aquellas iniciativas que ha venido tomando la
Cámara. Como bien ha recordado la portavoz del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, esta síntesis de
los dos puntos de la enmienda socialista a nosotros nos parece
que recoge la preocupación de fondo de la idea del Grupo
Popular, la ahorma bien. Por un lado, obliga al Gobierno a
venir a informar aquí al Congreso de los Diputados de todas
las provisiones de aplicación del plan estatal de protección
civil, del plan de incendios de actuaciones sobre incendios
forestales previsto por el Icona, del acuerdo del consejo de
Ministros del 31 de marzo de 1995, del plan de intensificación
de protección de la cubierta vegetal, e incluso de la ley de
medidas que aprobamos para la reforestación en España. Y por
otro lado, como dice el punto 2, refuerza los mecanismos de
seguimiento y de coordinación con las comunidades autónomas,
como se recoge en la enmienda socialista, para cumplir los
tres principios, con los que nosotros estamos de acuerdo, de
prevención, vigilancia y extinción. En el Archipiélago Canario
es predominante el concepto de prevención, dado --y lo digo
para las señorías que no lo conozcan-- que nosotros allí no
compartimos una flora genérica de tipo mediterráneo, sino que
compartimos isla por isla, y sólo en el Archipiélago Canario y
en alguno de los archipiélagos próximos, especies endémicas;
es decir, que su destrucción por el fuego genera daños
irreparables, no ya de tipo ecológico en sí mismos sobre el
ecosistema, sino en lo que es el patrimonio vegetal de la masa
forestal, de endemismo que existe en Canarias.
Por tanto, nosotros creemos que con esta enmienda del Grupo
Socialista, un informe al Congreso y una coordinación y
seguimiento intensivo con las comunidades autónomas, junto al
cumplimiento de todas aquellas iniciativas que hemos venido
tomando en la Cámara, es lo que podría contribuir a ahormar
más, a darle fuerza de cohesión y a ir generando una
conciencia en todos los organismos, porque, como bien se ha
dicho aquí, no pueden estar interviniendo hasta 16 ámbitos
administrativos distintos. Con esto ocurre como en los
servicios militares, en donde se produce que orden y
contraorden es desorden, y el desorden, frente a la prevención
y a la lucha del incendio forestal, es actuar caóticamente, es
como si la Administración actuara como incentivadora de la
propagación del fuego. Como esto no está en el ánimo de nadie,
nos sumamos a esta iniciativa que ha venido por vía de
enmienda y damos nuestro apoyo a los postulados expresados en
los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular. En cualquier caso votaremos
afirmativamente, si son aceptadas, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y aquellas complementarias del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Al final
de todo se trata, señorías, de buscar sentido común a la lucha
contra el incendio forestal.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna en representación del Grupo Vasco para fijar
la posición política con relación a la proposición no de ley
del Grupo Popular. Empezaría, señor Presidente, manifestando
que entre un 70 y un 85 por ciento de los incendios forestales
que se producen son intencionados o debidos a negligencias.
Entre los primeros cabe destacar la quema de matorrales, monte
bajo y repoblaciones para la generación de pasto, y entre las
negligencias destacan las producidas por la quema en labores
silvícolas. Así, desde nuestro Grupo Parlamentario
consideramos que en el ámbito de la prevención social es
importante la colaboración de las administraciones públicas,
el Icona y las comunidades autónomas, dirigida a lograr unos
objetivos, el primero de los cuales sería mostrar a la
sociedad los daños que producen los incendios forestales, como
las pérdidas de masas, fauna y flora, generación de procesos
de erosión del suelo y aterramientos de ríos y pantanos.
Necesario es también concienciar a la sociedad para que sienta
el monte como algo propio y necesario y de esta manera
colabore en el aviso de incendios forestales, en la extinción
mediante su adscripción a cuadrillas de voluntarios
debidamente adiestrados y en la amonestación y denuncia a las
personas que hagan mal uso del fuego.
Procede igualmente evitar las negligencias de agricultores,
silvicultores y ganaderos que usan el fuego como herramienta
de trabajo en sus lab Asimismo son necesarias medidas
preventivas, la evaluación de riesgos, la correcta utilización
del fuego y sobre todo la divulgación de métodos alternativos
al uso del mismo. Esta tarea de divulgación y educación
debería llevarse a cabo, a nuestro juicio, con carácter
periódico e insistente, por medio de folletos, carteles,
pegatinas y campañas en los medios de comunicación, como ya se
viene realizando por parte del Icona. Es preciso que esta
labor se realice de manera continuada durante un largo período
de duración para que el mensaje cale en la sociedad, en los
usuarios y en los trabajadores del monte. Importa más la
continuidad que la magnitud de la campaña. Previamente, unido
a ello, cabría la posibilidad de efectuar una investigación
sociológica sobre el porqué de las causas más frecuentes. En
el área de la prevención técnica defenderíamos la política
dirigida a desarrollar la regulación de toda la información
disponible en la geografá física del territorio, de los
condicionantes que generan los incendios y de los medios
materiales y humanos de que se disponen para la vigilancia y
extinción de los mismos. Esta recopilación de información se
refleja en los denominados planes de defensa contra incendios,
existentes tanto a nivel estatal como autonómico. Un plan de
defensa contra incendios debe, a nuestro juicio, comprender la
información cartográfica en materia de topografía,
tratamientos silvícolas, vegetación, modelos de combustible,
espacios naturales, infraestructura contra incendios
forestales, propiedades y prioridades de defensa y
dificultades en la extinción.
Quizás el Grupo Parlamentario Popular cuando presenta la
proposición no de ley esté pensando también en planteamientos
semejantes al que nuestro Grupo Parlamentario ha realizado
tanto en los momentos anteriores al actual como en la
exposición que en este momento estoy haciendo en defensa de
nuestra posición. Nos llama la atención también que el
programa que propugna el Grupo Parlamentario Popular en cuanto
a medidas que han de adoptarse en diferentes ámbitos por parte
del Gobierno se fije con tanta premura, con plazo del 15 de
mayo. Entendemos que la proposición no de ley está presentada
con anterioridad, pero creemos que debería corregirse o
modularse ese plazo, puesto que es un horizonte temporal de
imposible cumplimiento.
Nos llama la atención también, y creo que es importante, que
se haga un análisis sobre la competencia en materia de gestión
de los montes. El monte es un bien de dominio público, pero
cuya gestión está en este momento asignada, de conformidad con
el reparto de competencias, a las comunidades autónomas. Por
tanto, hay que ser serio, hay que ser riguroso y hay que ser
sensato a la hora de determinar a quién compete y a quién
corresponde en definitiva asumir las responsabilidades
políticas de la gestión que se deriva del dominio público del
monte. En definitiva, se trata de las comunidades autónomas
que son titulares de esa competencia sobre la gestión. ¿Qué es
lo que realiza el Estado? ¿Qué es lo que realizan los poderes
centrales del Estado? ¿Qué es lo que realiza o puede realizar
esta Cámara? En definitiva esta Cámara lo único que puede
hacer es establecer un mínimo común denominador jurídico sobre
el instituto del dominio público del monte, pero nada más,
porque toda esa gestión sobre lo que es el dominio público del
monte corresponde a las comunidades autónomas. Es en ese
concepto del dominio público del monte donde entra toda la
política de prevención, la política de extinción de incendios,
y, en definitiva, toda esta labor de defensa, de protección y
de prevención de los incendios forestales se enmarca en ese
concepto de gestión. Nos llama la atención que se hable de un
mando único. Mando único, ¿por parte de quién? ¿De quien no es
competente por razón de la materia? Tendrá que existir un
mecanismo, un modelo de coordinación en cada comunidad
autónoma, porque es la titular de la competencia y la
responsable política de la gestión del monte, de la buena
utilización del monte y del uso que se haga del mismo.
En definitiva, ¿qué es lo que compete a los poderes centrales
del Estado, a esta Cámara o al Gobierno, al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en definitiva, al Icona? Le
corresponde una coordinación general, pero sin tener una
competencia directa sobre la responsabilidad de gestión del
dominio público del monte. Por tanto, cuando determinamos
medidas de actuación, planes de prevención, políticas a
realizar en cuanto al monte, tenemos que acotar este sistema
de distribución de competencias y tener los conceptos
clarísimos, que la responsabilidad política está en aquel
poder público que tiene asignada la misma, de conformidad con
los estatutos de autonomía y los diferentes decretos de
traspaso de competencias.
En definitiva, cabe preguntarse qué tiene el Icona. El Icona
tiene una capacidad de coordinación general sobre medios
materiales, capacidad de coordinación sobre ayudas y, sobre
todo, tiene una acción de fomento, fomentar acciones públicas
en materia de prevención, hacer campañas de divulgación. Esa
es la responsabilidad del Instituto para la Conservación de la
Naturaleza, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Es importante tener claros los conceptos y acotar en cada
esfera política la responsabilidad que corresponde a cada
poder público. Por ejemplo, cuando se habla de prohibición de
acceso al monte, esta Cámara no puede prohibir el acceso al
monte, porque deberá prohibirlo quien es titular de la
competencia para gestionar el dominio público del monte, y que
son nada más y nada menos que las comunidades autónomas.
Podemos hacer declaraciones grandilocuentes, declaraciones que
vengan al caso por las circunstancias políticas, coyunturales,
electorales, etc definitiva, no tienen ningún valor jurídico,
no tienen ningún valor político, porque están viciadas de
incompetencia, ya que ni esta Cámara, ni el Gobierno que
depende de ella, pueden adoptar medidas sobre tales
cuestiones.
En cambio, sí estamos de acuerdo con el Grupo parlamentario
Popular cuando censuraba al Gobierno por haber expuesto la
existencia de un programa de prevención de incendios
forestales de 200.000 millones de pesetas y tenía su parte de
razón su portavoz al preguntar qué ha sido de ese programa,
qué ha hecho el Gobierno desde el anuncio de ese programa, en
julio de 1994. Se preguntaba dónde están los fondos de
cohesión, cómo se van a distribuir, qué criterios se van a
utilizar a la hora del reparto dentro del concepto de medio
ambiente. Además de las infraestructuras está el medio
ambiente y dentro del concepto de medio ambiente va a haber el
subconcepto de prevención y defensa de la lucha contra los
incendios. Por tanto, sí que es importante, y estamos de
acuerdo con el planteamiento que hace el Grupo Popular, que
haya una información, una responsabilidad y un rendir cuentas
a la Cámara sobre esas declaraciones y sobre esa asunción de
puesta en marcha de un programa de 200.000 millones de pesetas
que anunció el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario está de acuerdo
con algunos planteamientos del Grupo Popular. No coincidimos
con otros planteamientos por los fundamentos y los
razonamientos que he expuesto en la parte anterior de mi
intervención.
Respecto al resto de las enmiendas, a nuestro Grupo
parlamentario le parece correcta la enmienda que realiza el
Grupo parlamentario Socialista porque se ajusta a la
responsabilidad política que tiene el Gobierno, que es
únicamente la de coordinación, mera coordinación y nada más,
de conformidad con los estatutos de autonomía y los reales
decretos aprobados por el Gobierno.
Mi Grupo entiende que podríamos entrar en un análisis más
profundo o más ponderado en cuanto al Plan Estatal de
Protección Civil, porque aquí sí puede intervenir el Gobierno
en base a esa competencia compartida, tal como ha definido el
Tribunal Constitucional, la acción de protección civil. Por
tanto, sí nos parece interesante que se informe a la Cámara y
se pueda suscitar un debate, mediante una comparecencia, sobre
las medidas de protección civil en materia de incendios
forestales.
En consecuencia, nos parecen correctas y estaríamos dispuestos
a apoyar las enmiendas del Grupo parlamentario Socialista. En
cuanto a las enmiendas del Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, nos parece que la
determinación de que se prohíba la realización de tareas
agrarias que lleven un alto riesgo quizá es una cuestión cuya
aprobación no corresponde a la Cámara, por el simple argumento
de que lo que puede hacer esta Cámara, lo que pueden hacer los
poderes centrales del Estado, es una política, una regulación
de ordenación general de un sector económico como es la
política agraria, como es la actividad del sector primario
agrario, pero no la adopción de medidas concretas de
regulación de desarrollo, de regulación de detalle, como es
determinar una prohibición en un sector económico concreto.
Esta Cámara no tiene competencia para ello. Por tanto, estamos
de acuerdo con la filosofía, pero el escenario político y el
ámbito adecuado no es el mismo.
Por último, en relación a la no incentivación de plantación,
nos encontramos con el mismo planteamiento de que lo único que
puede hacer el Icona es, como decía anteriormente, una acción
de fomento, pero no acción de legislar, acción de normar, no
acción ejecutiva, porque no tiene la competencia. Por tanto,
estaríamos de acuerdo con esa declaración, pero teniendo en
cuenta el sistema de distribución competencial y dónde están
asignadas y distribuidas las responsabilidades jurídicas y
políticas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría Bastida.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Vidal
tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, al iniciar mi intervención en
representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) con
respecto a la proposició Grupo Popular que insta al Gobierno a
prevenir, coordinar e intensificar la lucha contra los
incendios forestales, quiero valorar positivamente y agradecer
el objetivo genérico de esta iniciativa por cuanto significa
de recordatorio y voz de alerta del riesgo real que existe de
incendios forestales, especialmente por tratarse de un largo
período de escasa o nula pluviometría en amplias zonas del
país. Por tanto, esta iniciativa es muy apropiada como
recordatorio del verano catastrófico para los bosques de
prácticamente toda España que tuvimos el año pasado.
Aceptada, pues, la utilidad de esta iniciativa en este
aspecto, la verdad es que en ella no hallamos nada nuevo que
no se haya ya acordado reiteradamente en este Congreso, en
iniciativas del propio Partido Popular y de otros grupos,
como, por ejemplo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que, más o menos modificadas, han sido consensuadas por todos;
al contrario, su aprobación, tal como está redactada la
proposición no de ley, pensamos que podría inducir a una
cierta confusión competencial y contradictoria con lo ya
aprobado. Con ello, con esto que ya se ha aprobado, pensamos
que las distintas administraciones disponemos de abundantes
elementos de diagnóstico y actuación sobre incendios
forestales como para mejorar los resultados actuales. En todo
caso, lo que hace falta es aplicarlos con decisión, cada
organismo de acuerdo con sus responsabilidades y competencias
y coordinando todo lo que sea coordinable. Ciertamente, en
todo incendio existen imponderables climáticos de difícil
control, difíciles de prevenir, pero sí se debe y se puede
intervenir en otras causas estructurales, como las que se
derivan de la excesiva división de la propiedad, la
rentabilidad y la fiscalidad de las explotaciones del bosque,
la ordenación del territorio, la vialidad forestal, la
elección de especies menos inflamables o fácilmente
regenerables y, también, en aspectos de política general
agraria que eviten la despoblación del mundo rural.
Nuestro Grupo siempre ha opinado que para mejorar estos
resultados frente a los incendios forestales es imprescindible
obtener la colaboración ciudadana en una doble vertiente: la
de prevención y no provocación de incendios por descuido,
falta de sensibilidad o de educación medioambiental, siendo
esto especialmente grave por el incremento de la penetración
humana indiscriminada en áreas boscosas en períodos
particularmente sensibles; en segundo lugar, la mayor
implicación del ciudadano como voluntario y colaborador en las
tareas de acabado de la extinción de incendios, hecho que se
produjo espontáneamente el pasado verano y que deberíamos
agradecer desde este Congreso. El bosque es, señorías, la
parte del patrimonio común, sea de titularidad pública o
privada, más vulnerable a todo tipo de desaprensivos,
inconscientes o simplemente desinformados y, desde este
Congreso, deberíamos contribuir a evitar posibles confusiones.
En el punto 1 de la proposición no de ley se pide un plan
estatal de prevención, vigilancia y extinción de incendios en
el que todos sus subapartados, mando único, teléfono único de
emergencias, limitación de la prohibición de acceso al monte,
entrenamiento de cuadrillas terrestres, etcétera, son
competencias ejercidas ya exhaustivamente por todas las
comunidades autónomas.
El punto 2, en el que se solicita la presentación de un
programa --por cierto, programa comprometido por el Ministro
en la Comisión de Agricultura--, a nuestra manera de entender
se sustancia con el punto 1 de la enmienda de sustitución del
Grupo Socialista, mediante la presentación en este Congreso de
los acuerdos del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 1995,
que pedimos, eso sí, que se realice cuanto antes.
Nuestro Grupo también dará su apoyo a la enmienda del Grupo
Socialista al punto 3, coincidente con lo ya acordado en este
Pleno del Congreso en la proposición no de ley de 10 de mayo
de 1994. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Vidal.
Ruego a SS.SS. que guarden silencio, por favor.
El señor VIDAL I SARDO: Decía que nuestro Grupo también dará
su apoyo a la enmienda del Grupo Socialista al punto 3 de la
proposición no de ley, coincidente con lo ya acordado en el
Pleno en la proposición no de ley de 10 de mayo de 1994, que
contiene explícitamenteuna petición de redacción de una ley
básica de montes, cuyo anteproyecto ya ha sido entregado a las
comunidades autónomas para su estudio.
Ciertamente, en la proposición no de ley que debatimos echamos
en falta que se exija una mejor gestión en la única
competencia estatal ejercida por el Icona,
la de los medios aéreos pesados, que sí exigen un mando único
que decida acudir donde se produzca la peor situación de
emergencia, eso sí, valorando las condiciones climáticas que
permitan a esos medios aéreos intervenir, pero que en años
especialmente catastróficos, como el año pasado, resultan
siempre insuficientes y que cabría, en lo posible,
incrementar.
Incrementar, por ejemplo, con una iniciativa sugerida por
nuestro Grupo Parlamentario, la de habilitar medios aéreos del
Ejército del Aire, iniciativa que no ha sido rechazada pero de
la que desconocemos si se ha estudiado la viabilidad de su
aplicación para el próximo verano, aunque sea a título
experimental.
Finalizo, señor Presidente, expresando nuestro deseo de que
entre todos, ciudadanos y administraciones, con la ayuda de
unas mejores condiciones climáticas y con las medidas
adoptadas en este intervalo, desde el año pasado hasta ahora,
sepamos evitar los graves daños del verano pasado.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Tiene la palabra la señora Martínez Saiz para indicar si
acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la presentada por
el Grupo Socialista.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Nos satisface que el Grupo Socialista proponga, en el apartado
primero de su enmienda, que el Gobierno informe al Congreso de
los Diputados de los tres planes enunciados en dicha enmienda,
pero como de su lectura se deduce... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Martínez Saiz,
un momento.
Ruego a SS.SS. que guarden silencio. Es imposible conocer las
propuestas que hace la señora Martínez Saiz; la Presidencia,
al menos, no es capaz de entender nada.
Continúe, por favor.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que nos satisface que el Grupo Socialista proponga que
el Gobierno comparezca en esta Cámara para informar al
Congreso de los Diputados de los tres planes enunciados en la
primera parte de su enmienda, pero, como de la lectura de
dicha enmienda se deduce que el grupo Socialista no quiere ni
oír hablar del programa de los 200.000 millones, no podemos
aceptarla en su globalidad.Por otro lado, aceptamos en su
totalidad la enmienda del Grupo de Izqui Gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Martínez Saiz. (La señora Pelayo Duque pide la palabra.)
Señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Quiero hacer una aclaración, señor
Presidente, porque creo que la señora Martínez Saiz está en un
error.
El Plan de intensificación de la protección de la cubierta
vegetal, iniciado en 1995, es el programa a que se refiere
S.S., y estamos diciendo que comparezca también el Gobierno
para que dé explicaciones sobre el mismo; es decir, tambén
incluye.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pelayo
(La señora Martínez Saiz pide la palabra.)
Señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular no se fía (Rumores.), porque esa cubierta
vegetal formaba parte...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Martínez
Saiz...
La señora MARTINEZ SAIZ: No, señor Presidente, es que yo tengo
que dar mi explicación.
Ese programa de mejora de la cubierta vegetal era una de las
partes de ese programa de los 200.000 millones. (Rumores.)
¿Dónde está la reforestación? ¿Dónde están las demás partes de
ese programa? (Rumores)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Martínez
Saiz...
La señora MARTINEZ SAIZ: Señores socialistas, no nos fiamos de
ustedes. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Martínez Saiz,
era una aclaración y no reabrir un debate.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.--El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Quiero solicitar, si procede, votación separada de los
diferentes puntos de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Como
sabe S.S., habiendo aceptado el grupo proponente las
enmimendas de uno de los grupos enmendantes, no procede la
votación separada de distintas partes de la iniciativa.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular, por la
que se insta al Gobierno a prevenir y coordinar con eficacia e
intensificar los contra los incendios forestales, que se
somete a votación en los términos resultantes de la aceptación
de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 136; en contra, 148; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO
Y POSICION DE ESPAÑA ANTE LA CELEBRACION DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE REVISION Y EXTENSION DEL TRATADO DE NO
PROLIFERACION NUCLEAR (TNP), QUE SE CELEBRA EN LA SEDE DE LAS
NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK (Número de expediente
173/000080)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día. Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación sobre política exterior del Gobierno y posición
de España ante la celebración de la conferencia internacional
de revisión y extensión del Tratado de No Proliferación
Nuclear, que se celebra en la sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, el pasado
26 de abril, hace quince días, tuvimos ocasión de discutir en
esta Cámara diferentes aspectos relacionados con el Tratado de
No Proliferación de armas nucleares, que actualmente se está
discutiendo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. A lo
largo del debate, fundamentalmente el Grupo Socialista, a
través del Ministro, y el Partido Popular se posicionaron como
mi grupo lo hizo a través de lo que era el texto de la
interpelación, de la moción que hoy presentamos.
El tema central que nos ocupó el pasado debate hacía
referencia a la prórroga indefinida o no de este TNP y a una
serie de circunstancias que, desde la óptica de mi grupo,
deberían cumplirse para que este tipo de prórroga se aceptase.
Decíamos en el debate de la interpleación que si bien el
Tratado de No Proliferación de armas nucleares había tenido
algún efecto positivo, lo cierto era que la disminución de
armas nucleares que se había producido en el ámbito global del
planeta Tierra había sido debido fundamentalmente al Tratado
START 1, firmado entre los Estados Unidos de América y la
entonces Unión Soviética, porque... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vázquez.
Señorías, guarden silencio.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Decía que la disminución de armas
nucleares que se había producido en los últimos veinticinco
años, en el conjunto del planeta Tierra, se debía más al
Tratado START 1, firmado entre los Estados Unidos y la Unión
Soviética que a la aplicación del TNP. Hay gráficas que
demuestran lo que digo. Los otros tres países, Reino Unido,
Francia y China, también poseedores de armas nucleares, no
habían disminuido, sino que habían aumentado sus diferentes
arsenales nucleares a lo largo de estos veinticinco años.
Unicamente la Unión Soviética y Estados Unidos habían
disminuido --repito-- por la entrada en vigor del START 1 y
del próximo START 2, que todavía no ha sido ratificado ni por
el Senado americano ni por la Duma soviética. En cualquier
caso, a pesar de la evidencia de las cifras, considerábamos
que algún efecto positivo había tenido el TNP. De lo que se
trataba en este momento en que se está discutiendo en Naciones
Unidas era si concedíamos una prórroga indefinida a este
Tratado, dejándolo como está, o si, por contra, entrábamos a
reformarlo y a fijarle una fecha límite en el tiempo para esa
prórroga.
Los argumentos ya los oyeron SS.SS. durante el pasado debate y
finalmente mi Grupo lo que presenta es una moción con ánimo
sintético. La moción tiene exclusivamente cuatro puntos, que
por supuesto no abarcan toda la problemática de las armas
nucleares, pero que van a lo que consideramos que es el núcleo
central de este problema y al que han sido presentadas
enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo Popular,
que muy sinceramente agradezco, porque significa que ambos
grupos, como el nuestro, también están interesados en aportar
sus posibles soluciones para, en un futuro, poder entrever una
humanidad exenta de armas nucleares, con los peligros que
conllevan.
En nuestra moción se dice que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que, en el marco de la conferencia de
revisión y extensión del citado TNP, adopte una serie de
compromisos, que se promuevan y se favorezcan esos
compromisos, que comporten, en primer lugar, la adopción de un
compromiso que, a su vez, signifique la prohibición total de
pruebas nucleares en cualquier clase de medio.
El segundo punto pide que se produzca la adopción de un
acuerdo que conlleve la prohibición completa de la separación,
producción o uso de plutonio, tanto comercial como militar, y
de uranio altamente enriquecido.
En tercer lugar, que se establezca una agencia de verificación
multilateral encargada de vigilar y garantizarde modo efectivo
la seguridad, bajo control internacional, de todos los
materiales fisibles utilizables en la fabricación de armas
nucleares.
En cuarto lugar, que se alcance un acuerdo que contemple, en
un plazo lo más próximo posible, la desaparición completa de
las armas nucleares, con lo establecido en el artículo VI del
Tratado en vigor desde 1970. Decía inicialmente que no
pretendíamos abarcar todos los aspectos que podría comportar
el tema de las armas nucleares y que pretendíamos ir a lo que
era, desde nuestro punto de vista, el núcleo central de este
problema.
Como decía, se han presentado enmiendas, que
seránposteriormente defendidas por los grupos que las han
realizado, y, por trámite procesal, dado que ya las conocemos,
voy a intentar posicionarme sobre las mismas.
Por parte del Grupo Socialista se han presentado varias
enmiendas. En la primera se solicita que se retire una
expresión que consta en nuestra moción, en la que se puede
entender que se vincula la ratificación indefinida del Tratado
--la ratificación del Tratado, ni siquiera decimos indefinida-
- a que se incorporen los siguientes puntos de la moción. Por
un problema incluso gramatical o semántico, podríamos aceptar
esa propuesta del Grupo Socialista, que corresponde a la
enmienda número 1.
La siguiente enmienda del Grupo Socialista hace referencia a
suprimir la expresión «comercial o militar», al hablar del
plutonio. Y quiero hacerles un breve recordatorio: las
centrales nucleares funcionan con uranio 238. Tres años
aproximadamente después del uso de este material se genera una
serie de sustancias, de elementos, fundamentalmente plutonio,
diferentes isótopos del plutonio, y otros materiales: cesio,
yodo, etcétera. Este plutonio adquiere la consideración de
militar o comercial en función de su pureza; por encima del 90
por ciento se considera plutonio militar y por debajo del 90
plutonio comercial. Es un problema de cantidad. De acuerdo con
nuestro conocimiento, en un pasado reciente este plutonio ha
sido únicamente utilizado en lo que se llamaron reactores
rápidos reproductores, que fueron unos planes t en marcha en
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña y que fracasaron. Se
trata de planes que fueron clausurados en estos países.
Unicamente en Japón queda hoy en vigencia alguna línea de
investigación en este terreno de rehuso de plutonio para fines
civiles. El resto del plutonio se usa, como todos ustedes bien
saben, al menos potencialmente, para la producción de armas
nucleares. Los países que tienen armas nucleares utilizan el
plutonio producto residual del uranio 238 que utilizaban las
centrales nucleares para introducirlo en sus diferentes
programas nucleares, en contra de lo que está establecido en
el propio TNP.
Es posible que haya algún uso no militar, no estrictamente
comercial o no estrictamente ligado con la investigación de
energía nuclear para el ser, de hecho así es, que alguna línea
de investigación en biomedicina o en tecnologías de este
estilo puedan necesitar plutonio para mantener su
investigación. Nosotros podríamos aceptar que incluyéramos en
nuestro texto que se excluye la separación y el comercio de
plutonio comercial y militar, excepto aquel que se utilice
para algún tipo de investigación biomédica, por ejemplo; es
decir, queremos excluir la posibilidad de que, en función del
grado de riqueza del citado plutonio, pueda ser utilizado por
vía comercial o por vía militar al final en la producción de
armas nucleares, repito, en contra de lo que establece el
propio TNP.
Por tanto, esa segunda enmienda que nos hacía el Grupo
Socialista a su vez la podríamos enmendar «in voce» añadiendo
esa excepción del uso potencial de ese plutonio para
biotecnología.
En la tercera enmienda del Grupo Socialista a nuestro tercer
punto, en el que nosotros pedíamos que se estableciera una
agencia de verificación multilateral, el Grupo Socialista nos
propone que sea la OIEA, la Oficina Internacional de Energía
Nuclear, la que siga ejerciendo funciones de control. En el
pasado reciente hay evidencia de que la OIEA no ha sido eficaz
en la detección de programas nucleares más o menos
clandestinos en algunos países, como el caso de Irán en 1991,
y, por otra parte, entre los objetivos de esta agencia está la
promoción y la extensión del uso de la energía nuclear.
Nosotros no entramos ahora en polémica del uso civil de la
energía nuclear, pero nos parecería mucho más adecuado, mucho
más útil la creación de una agencia de verificación que
siguiera el uso potencialmente peligroso para la Humanidad de
ese plutonio generado. Por tanto, esa pretensión del Grupo
Socialista no la prodríamos aceptar.
La cuarta enmienda a nuestro cuarto punto podríamos aceptarla
porque también es un problema casi gramatical, se dice que
sustituyamos la expre contemplen, en un plazo próximo, la
desaparición completa de las armas nucleares», por la
siguiente expresión:
«para que en la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas
se negocie un convenio sobre armas nucleares que conduzca al
desarme nuclear global». Podríamos aceptar la diferencia de
redacción que desde nuestro punto de vista lleva al mismo
objetivo, que es ni más ni menos que cumplir el artículo 6,
que de manera sintética les recuerdo: las partes firmantes del
TNP se comprometen a emprender el desarme nuclear y a acabar
con la carrera de armamentos, así como a firmar un tratado de
desarme general y completo. Por tanto, podríamos aceptar esa
cuarta enmienda del Grupo Socialista.
Por su parte, el Grupo Popular también ha presentado una
enmienda global de sustitución, que, en cualquier caso,
agradecemos, y por mor del ti ir muy rápidamente sobre ella.
Podríamos aceptar perfectamente el punto número 2 de la
enmienda del Grupo Popular, que significa mantener en el marco
de las negociaciones de Ginebra la conclusión de un tratado de
prohibición de pruebas; estamos de acuerdo con eso. También
estamos de acuerdo con el tercer punto de la enmienda del
Grupo Popular que significa estimular la ratificación de los
acuerdos Star-2, a los que hemos hecho referencia cuando
hablábamos de la disminución de armas nucleares en estos 25
años. También estamos de acuerdo con el cuarto punto de dicha
enmienda, con el quinto, con el sexto y con el séptimo; es
decir, de los diez puntos que nos plantea el Grupo Popular
estamos de acuerdo con seis de ellos, con el matiz al que ha
hecho referencia anteriormente, no aceptando la enmienda del
Grupo Socialista, pero admitiendo la inclusión en nuestro
propio texto de alguna referencia --podemos encontrarla-- al
uso del plutonio para fines de investigación biomédica,
pongamos por caso, creo que podría dar satisfacción a aquellos
que no quieren dejar a algún campo de la ciencia desprovisto
de ese material que podría ser útil. Aceptaríamos esa
sugerencia y la haríamos como enmienda «in voce».
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, le ruego concluya.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo, señor Presidente.
Creo que con la aceptación de las enmiendas del Grupo
Socialista y del Grupo Popular lo que queda evidente es que
nuestro grupo no tiene ninguna pretensión testimonial al
presentar aquí esta moción o a generar un debate, porque yo
creo que hubiera sido adecuado que fuera el propio Gobierno
quien lo propiciara, porque estamos hablando de un tratado de
una importancia enorme para el conjunto de la Humanidad. En
cualquier caso, el debate ya se ha producido. No pretendemos
tener una actitud marginal o testimonial planteando una moción
de máximos. Con la aceptación de las enmiendas del Grupo
Socialista y del Grupo Popular nuestra propia moción queda sin
duda enriquecida y abarcamos un espectro más amp significa el
mundo de las armas nucleares. Por tanto, como creo que
coincidimos en el objetivo de intentar, a través de diferentes
medios, conseguir acabar con ese peligro potencial para la
Humanidad en un futuro lo más cercano posible, espero de la
sensibilidad de los dos grupos a los que me he referido para
que podamos votar esa especie de moción tripartita, que sería
la de Izquierda Unida, la del Grupo Socialista y la del Grupo
Popular.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
A esta moción han presentado enmiendas los grupos Popular y
Socialista.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular y fijar la
posición en relación con la moción, tiene la palabra el señor
Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, querría
comenzar mi intervención, como lo hice la última vez con
ocasión de la presentación de la interpelación a que responde
esta moción, manifestando nuestro agradecimiento por la
oportunidad que nos ha dado el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya para discutir este tema, importante
por demás, y cuya oportunidad es ciertamente visible.
Dentro de pocos días, el 12 de mayo, deberá finalizar en
Ginebra la Conferencia de revisión del Tratado de No
Proliferación Nuclear y sería enormemente positivo que esta
Cámara pudiera pronunciarse de una manera amplia, consensuada,
significativa, de acuerdo con determinados parámetros. Creo
que eso hay que reconocérselo, y no nos duelen prendas al
hacerlo de nuevo,al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativ Subrayo
una cosa más, y es que, en la convencionalidad que tienen los
términos político-diplomáticos, en este caso concreto nosotros
tuvimos ya ocasión hace dos semanas de manifestar nuestra
convicción, que es compartida por un importante número de
países, de que la prolongación del Tratado de No Proliferación
Nuclear tendría que producirse en términos incondicionales e
indefinidos.
Hace dos semanas, en la exposición del Portavoz de Izquierda
Unida, señor Vázquez, ni la incondicionalidad ni la
indefinición aparecían muy claramente expresadas en sus
palabras. Sin embargo, hoy parece evidente que Izquierda Unida
ha reconsiderado los términos de la indefinición, de forma que
en este momento podría ser, de una manera muy clara, admitido
que todos estamos de acuerdo en que la prolongación debería
ser de manera indefinida, por tiempo indefinido. No obstante,
la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sigue
planteando condiciones a la prolongación del Tratado de No
Proliferación.
Aunque es evidente, y nosotros no tenemos ningún inconveniente
en reconocer el esfuerzo que haya podido realizar Izquierda
Unida para aceptar algunos de nuestros planteamientos y
algunos de nuestros puntos concretos de la enmienda
correspondiente-- y de otros Grupos, también del Grupo
Socialista-- sin embargo nosotros nos atenemos a lo que en
este caso es la reclamación canónica imprescindible. Nosotros
queremos que la prolongación del Tratado de No Proliferación
se produzca de manera incondicional y por tiempo indefinido.
No somos los únicos en decirlo, ni en esta Cámara ni fuera de
esta Cámara. De hecho, hoy, a 9 de mayo de 1995, apenas tres
días antes de que se cierre la Conferencia de revisión del
Tratado, podemos decir que ya son 117 los países que tienen
manifestada su voluntad de proceder en esos términos de
prolongación incondicional e indefinida. Consiguientemente,
nos parece que estamos, no por un prurito de estar pura y
simplemente en la cresta de la ola o moviéndonos a favor de la
corriente, simplemente reflejando lo que es en este momento, a
lo que parece, un amplísimo consenso en la comunidad
internacional para proceder a la revisión, a la prolongación
del Tratado de No Proliferación, precisamente en esos
términos.
Es la primera consideración que le quería hacer al señor
Vázquez y a su Grupo para que, si cabe todavía en este
estrecho tiempo que nos queda en la discusión de esta moción,
efectivamente pudiéramos aceptar lo que se encuentra en
nuestra propuesta --también en otras, concretamente en la del
Grupo Socialista--, es decir, la definición muy clara de que
la voluntad de prolongación es indefinida e incondicional. Le
digo también con toda claridad que el texto de nuestra
enmienda debe ser comprendido de manera integral. Sobre todo,
es un texto de modificación que no tendría ningún sentido sin
el párrafo primero, donde esa referencia a la continuidad
incondicional e indefinida del Tratado de No Proliferación es
expresada de una manera rotunda y contundente. Si eso fuera
así --y, naturalmente, dentro de lo que es el Reglamento de
esta Cámara, Izquierda Unida estuviera en situación de aceptar
esa manifestación--, yo creo que sería enormemente positivo y,
además, posible que rápidamente nos pusiéramos de acuerdo
sobre un texto común. Si eso no es así, también con la misma
franqueza que ha utilizado el señor Vázquez para definir sus
pareceres con respecto a nuestra enmienda le diríamos que
nosotros no podríamos estar en situación de aceptarlos, puesto
que no queremos ni estamos en situación de dar una norma al
Gobierno español que supusiera que en la conferencia de
revisión estuviera en situación de aceptar todo aquello que no
fuera pura y simplemente una continuación incondicional e
indefinida en el tiempo del Tratado de No Proliferación
Nuclear.
El señor Vázquez recordará las razones, que a nosotros nos
parecen enormemente poderosas, por las cuales creemos que
cualquier tipo de co condicional o definida, limitada en el
tiempo, podría producir justamente aquello contrario de lo que
todos estamos buscando, que es la no proliferación.
Querría también decir al señor Vázquez que en el resto de
nuestra enmienda de modificación se encuentran planteamientos,
palabras y fórmulas que cubren amplísimamente las
preocupaciones del propio Grupo de Izquierda Unida, porque al
fin y al cabo nosotros creemos que hay que seguir trabajando
para conseguir una prohibición de todas las pruebas nucleares.
Por otra parte, tendremos que seguir trabajando también para
que se ratifiquen y se pongan en práctica todos los
instrumentos internacionales que existen para proceder al
desarme nuclear; que se solicite --una cosa novedosa, pero nos
parece importante-- en las Naciones Unidas la creación de un
registro de arm tendría un efecto enormemente positivo sobre
el mismo proceso de no proliferación; que, reforzando las
garantías que en este momento ya han otorgado los cinco
Estados nucleares, también se refuercen las garantías de esos
cinco Estados nucleares hacia aquellos que están cumpliendo
los aspectos relativos al cumplimiento de las obligaciones del
Tratado de No Proliferación; que se amplíen los esfuerzos de
la Conferencia de Desarme para iniciar las negociaciones sobre
un tratado encaminado a prohibir la producción de material
fisible con finalidades armamentísticas, que es uno de los
temas que preocupa, lógicamente, a Izquierda Unida y en el que
nosotros coincidimos; que se incluya también un sistema de
sanciones contra aquellos países que no cumplen los aspectos
del Tratado de No Proliferación; que, más allá de la pura
letra del Tratado de No Proliferación, se esfuercen los países
miembros a realizar otro tipo de actividades en la misma
dirección puramente individuales; que se refuerce la Agencia
Internacional de Energía Atómica, y que, finalmente, el límite
mínimo fijado para cantidades significativas de materia
nuclear susceptible de control sea reducido, porque todos
sabemos en estos momentos que, gracias a los adelantos
técnicos de las últimas décadas, se pueden producir ingenios
nucleares con cantidades enormemente reducidas de material
fisible.
Estos eran nuestros planteamientos hace dos días y siguen
siéndolo en este momento. Lo resumo de una manera muy clara
diciendo que nosotros querríamos que el pronunciamiento de
esta Cámara fuera de una manera absolutamente indubitada a
favor de la prolongación incondicional e indefinida en el
tiempo del Tratado de No Proliferación Nuclear. Creemos que en
esta Cámara en este momento habría una amplia mayoría para que
esto fuera así. Y creo también --es señor Vázquez he podido
percatarme de ello-- que habría una amplia mayoría para que
todas las medidas de acompañamiento encontraran un eco muy
favorable por parte de la mayoría de la Cámara; que al hacerlo
así no sólo estamos manifestando nuestra opinión, sino que
estamos concurriendo con una amplia mayoría de más de 120
Estados que en este momento son favorables a la prolongación
en estos términos; que haciendo esa prolongación incondicional
e indefinida indudablemente favorecemos la no proliferación
nuclear y hacemos --lo digo con toda sinceridad y con toda
convicción-- un gran servicio a la H definitiva, que
precisamente tres días antes de que finalice la Conferencia de
revisión, creo que sería enormemente importante --y el
servicio Izquierda Unida desde ese punto de vista ha sido
también importante-- que la Cámara se pudiera pronunciar en
ese sentido.
Por eso, mis palabras finales van dirigidas directamente al
Grupo de Izquierda Unida y a sus representantes para que,
reconociendo los pasos q dado, admitan la posibilidad de
afirmar esa prolongación incondicional e indefinida, en la
seguridad de que, si así lo hicieran, en este momento nos
podríamos encontrar prácticamente con la unanimidad de la
Cámara para reflejar algo enormemente importante, cual es
seguir trabajando para que la no proliferación nuclear sea
realmente una realidad del presente y del futuro inmediato.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa y para fijar la
posición del Grupo en relación con esta moción, tiene la
palabra el señor de Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, oyendo al representante de Izquierda Unida, al señor
Vázquez, me ha venido a la memoria un momento de la historia
de esta Cámara, cu diputado, subiéndose a esta tribuna, habida
cuenta una cierta confusión en el debate, citó al clásico
diciendo: Con tanta polvareda, perdimos a don Beltrán. A mí se
me ha venido a la memoria porque, desde que empezó este debate
hace quince días hasta la actualidad, el elemento central, el
elemento principal que nos había traído aquí era la revisión
del Tratado de No Proliferación de armas nucleares, su
prórroga y la Conferencia que se está desarrollando en Nueva
York hasta el 12 de mayo; lo fundamental era qué va a hacer el
Gobierno español, qué van a hacer los demás gobiernos en
relación a esa prórroga incondicional e indefinida o limitada
en el tiempo. Este era el debate o parecía que éste era el
debate.
En ese debate, la posición del Gobierno, expresada por el
Ministro señor Solana, fue clara y es la misma de mi Grupo
Parlamentario. Nosotros estamos, como otros grupos, a favor de
la prórroga incondicional e indefinida del Tratado de No
Proliferación de armas nucleares. Este es el tema centra
central, no nos hemos movido. Quizá tenemos que considerar que
otros temas colaterales, paralelos, más o menos vinculados al
Tratado, pueden ser discutidos, pero no puden condicionar, de
ninguna manera, la revisión y la prórroga del Tratado.
Algunas de las cosas que se han discutido ahora mismo aquí,
cuando hablamos de la conclusión de un tratado sobre pruebas
nucleares, cuando hab control y la verificación, cuando
hablamos de la prohibición de toda producción de material
fisible, cuando estamos hablando de eso, cuando estamos
hablando de tratados en marcha, de debates que se están
produciendo en Ginebra o Nueva York para ver si se llega a
acuerdos, no estamos hablando estrictamente del Tratado de No
Proliferación Nuclear.
Con respecto al Tratado de No Proliferación Nuclear, nosotros
tenemos una visión distinta a la que ha manifestado aquí el
señor Vázquez. Creemos que ha sido extraordinariamente
positivo para todos los avances que se han realizado en
materia de armamento nuclear. Es impensable que se hubieran
producido, por ejemplo, los acuerdos STAR sin lo que ha
significado durante estos veinticinco años el Tratado de No
Proliferación Nuclear. Es evidente --se dijo hace quince días-
- que hace veinticinco años se pensaba que habría veinticinco
o treinta países con armamento nuclear. Pues hay cinco,no
pueden quizá, con los supuestos y las sospechas, pude haber
nueve, diez, no treinta. A ese nivel ha funcionado el Tratado
de No Proliferación. Ese club se ha ampliado, se ha hecho
incluso prestigioso.
Pertenecer a él ha sido un elemento de prestigio. Zonas del
planeta se han comprometido a no utilizar nunca armamento
nuclear acogiéndose al Tratado. Se han propiciado, gracias al
Tratado, acuerdos de desarme. A países como España, potencias
medias, el Tratado les ha impulsado a desechar todo armento
nuclear. Lo decía usted, señor Vázquez, en el debate de hace
quince días y no habría en estos momentos debates, discusión
sobre futuros tratados de desarme nuclear, de prohibición
total de las armas nucleares o sobre la producción de material
fisible sin la existencia del Tratado de No Proliferación. Por
lo tanto, el Tratado ha sido muy eficaz. No solamente no ha
fracasado, sino que creemos que ha sido un éxito, a pesar de
la tentación de tantos países para tener un armamento que
podía haberles dado peso político y geoestratégico en el
mundo, a pesar, como digo, de la tentación de contar con ese
armamento porque todo el mundo conoce la importancia política
y geoestratégica que tiene el poseer la disuasión militar. A
pesar de eso, yo creo que el Tratado de No Proliferación
Nuclear, aunque se pueda decir que algunos países --tres ha
citado usted-- hayan aumentado su capacidad nuclear, el
conjunto del armamento nuclear ha disminuido enormemente y
sobre eso tiene mucho que ver el Tratado de No Proliferación.
Yo creo que no hay que confundir lo que se le puede pedir al
Tratado, que es un marco general, y lo que depende de otras
cuestiones, por ejemplo, de los acuerdos, de las alianzas, de
los compromisos jurídicos y políticos en materia de seguridad,
de creación de espacios de compromiso militar, política de
medidas de confianza, de garantías de seguridad, etcétera. Eso
se resuelve en otras instancias. Cúlpese, si se quiere, a la
incapacidad de la comunidad internacional para resolver
algunos conflictos o cúlpese a tal o cual país que no ha
reducido el arsenal nuclear, pero no se culpe de ello al
Tratado de No Proliferación. A mí me parece que culpar de ello
al Tratado es, en cualquier caso, una barbaridad. Por eso
nosotros insistimos en que el Tratado ha sido benéfico, que
hay que ratificarlo, que hay que prorrogarlo y de una manera
incondicional e indefinida a partir también de ciertos
principios, porque nuestro grupo parlamentario parte de la
base en esa materia de unos principios claros que además yo
creo que Izquierda Unida puede, asimismo, asumir.
Primero, nosotros estamos a favor de la desaparición total de
las armas nucleares. Conocemos las dificultades, pero el
principio es el nuestro: estamos a favor de su desaparición.
Segundo, estamos a favor de la interrupción de la producción
de materiales fisibles para uso militar. Tercero, estamos a
favor de la prohibición de ensayos nucleares, de su cese
total. Cuarto, estamos a favor de una verificación y de un
control que garantice totalmente la seguridad en esa materia.
Yo creo que esos principios que nosotros entendemos como
progresistas en la materia podrían ser perfectamente asumidos
por SS.SS.
Acuerdo, pues, de fondo en los principios, pero lo que no es
negociable para nosotros, como digo, es la prórroga del
Tratado de una manera incondicional e indefinida. Todo
condicionamiento sería incluso, creemos, un riesgo para la
comunidad internacional y estamos, en este sentido,
radicalmente en contra.
Compartimos la intervención del portavoz que me ha precedido,
en el sentido de que sería muy importante que esta Cámara
fuera capaz de manifestarse en este sentido.
En el momento de presentar las enmiendas nos hemos planteado
si presentar una enmienda alternativa, siguiendo un poco el
método que ha utilizado el Grupo Popular, de enmienda
completa, detallada. No lo hemos hecho así en parte por
intentar respetar al máximo la voluntar de síntesis que
ustedes expresan y, asimismo, su iniciativa. Por ello hemos
presentado cuatro enmiendas que, sin llegar al nivel de
amplitud de las que ha presentado el Grupo Popular, sin
embargo podían ser la solución del problema, a mi juicio,
dentro de una síntesis muy concreta, de las diferencias que
pudiera haber entre su Grupo parlamentario y el nuestro.
Quiero decir aquí que nosotros no tendríamos, por otra parte,
ningún inconveniente en votar a favor también de las enmiendas
que usted aceptaba del Grupo Popular y, asimismo, de la
primera, que es la principal y que coincide fundamentalmente
con la nues prórroga incondicional e indefinida del Tratado.
Simplemente en su moción entendíamos que había una frase que
comprometía ese planteamiento. Usted aceptaba nuestra
enmienda; por eso decía que habíamos perdido a don Beltrán,
porque el asunto de fondo real que se había planteado el
primer día iba desapareciendo. Sin embargo, las dos enmiendas
que S.S. no nos acepta a nosotros nos plantean un problema
grave. En primer lugar, porque sobre el punto 2, en el que
hablan ustedes de la no utilización del plutonio enriquecido,
etcétera, tengo que decirle que nosotros sabemos que hay
utilización para usos pacíficos, no sólo los que usted ha
señalado sobre cuestiones biomédicas, sino para reactores de
óxidos mixtos, para según qué tipo de reactores rápidos y,
además, para reactores en investigación, no sólo para
cuestiones estrictamente biomédicas. Por esa razón nosotros
planteábamos, en el bien entendido de la prohibición total de
su uso militar, que no se cortara totalmente una utilización
pacífica que consideramos importante. Pero no es sólo la
opinión de nuestro Grupo, no es sólo ni siquiera la opinión
del Gobierno; es que esto es lo que ha aprobado el Parlamento
Europeo hace quince días en su resolución sobre el Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares, cuando señala
exactamente, en los mismos términos que nosotros, la necesidad
de preservar para usos pacíficos una determinada parte de la
materia surgida de la producción de plutonio.
El señor PRESIDENTE: Señor De Puig, le ruego concluya.
El señor DE PUIG I OLIVE: Voy a concluir, señor Presidente. El
punto 3 tampoco podemos aceptarlo tal como lo tiene usted
redactado si no aceptan ustedes nuestra enmienda. La
Organización Internacional de la Energía Atómica es, a nuestro
juicio, la más indicada. Dice usted: No ha sido bastante
eficaz. Hagámosla más eficaz. Pidamos, como hace el Parlamento
Europeo, que se la dote de mejores y mayores capacidades, pero
no digamos que vamos a crear otra agencia, otro tipo de
institución para sustituir lo que puede hacer perfectamente
esta Organización. El Gobierno ha defendido esta posición,
nosotros la defendemos; nos sería imposible votar su moción si
a los puntos 2 y 3 .
Con todo, señor Presidente, el debate no ha sido inútil; desde
una posición en que entendíamos que Izquierda Unida no
aceptaba la aprobación y incondicional e indefinida del
Tratado, me parece que hemos mejorado algo. Quizá si
tuviéramos un par de
debates más acabarían SS.SS. aceptando todas nuestras
propuestas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Puig.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria recibe con satisfacción política plena la
iniciativa que ha tenido con esta moción, consecuencia de
interpelación anterior al Gobierno, el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
No podíamos estar ajenos en esta Cámara al importantísimo
debate que se ha venido y se viene haciendo en la sede de
Naciones Unidas, en Nueva York, sobre el asunto del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares y, fundamentalmente, una
Cámara parlamentaria democrática tiene que recoger el sentir
de la expresión popular en esta gran preocupación.
Coalición Canaria se encuentra con una situación, planteada
por el propio portavoz del Grupo proponente, de aceptar
plenamente las enmiendas que ha traído tanto el Grupo
Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista,
lo que nos permite, primero, opinar que ojalá hubiéramos
tenido un debate de consenso previo, no sé en qué otro marco,
si en Comisión o cómo, para haber traído un texto consensuado,
porque por lo que hemos venido escuchando aquí a los tres
portavoces que me han precedido, veo que hay un acuerdo, en
síntesis, de fondo, favorable. Pero nosotros queremos
inclinarnos aquí a valorar, como una línea propia nuestra, la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular,
porque yo creo que en su primer punto centra y define la
preocupación fundamental.
Señorías, en el Tratado de No Proliferación, documento que ya
tiene la venerable edad de 25 años, se han demostrado todas
sus bondades; es dec se puedan hacer a la proliferación de
armas nucleares son extrañas y exteriores al documento en sí
mismo del Tratado de No Proliferación, y para nosotros, por
tanto, es cuestión política fundamental mantenernos en que
este Tratado diga, como propone --aunque lo ha dicho también
el portavoz socialista-- el portavoz del Grupo Popular, una
línea indefinida e incondicional de extensión del Tratado de
No Proliferación. Por supuesto, este Tratado debe ir
acompañado, en sus aspectos prácticos de ejecución, de medidas
que eviten proliferaciones, opciones de verificación,
etcétera. Sin embargo, vuelvo a repetir que el Tratado en sí
mismo es para nosotros un documento que no necesita ni debe
ser enmendado, sino que lo vayan suscribiendo, en primer
lugar, todos los países que todavía no lo han suscrito.
Las críticas que pueden surgir de factores de opinión
(sociológicos, ecologistas o políticos) están más dirigidas a
los cinco países, a las cinco potencias originariasque no son
miembros del Tratad y aquí está la gran acusación, pero que
también se ha recogido por los anteriores portavoces, donde sí
hay un clamor por el que tenemos que ir obligando a las cinco
potencias con armamento nuclear a que no hagan más pruebas
nucleares. Yo creo que aquí está el meollo de la cuestión, y
esto, atinadamente, se recoge en el punto segundo de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que ha compartido
tanto el portavoz proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, como el portavoz socialista. Aquí, además, se ha
singularizado la conculcación de este deseo por parte de la
República Popular China, con sus pruebas nucleares efectuadas
en los años 1993 y 1994; ahí es donde tiene que estar el
clamor parlamentario, el clamor político para obligar a los
cinco países oficialmente --no voy a extenderme en
suposiciones de que tengan armamento nuclear Israel, la
República Sudafricana o cualquier otro país del Oriente Medio
o la India; me voy a circunscribir a las cinco potencias--;
nuestro clamor y nuestra presión, repito, tienen que estar
dirigidas a que estos países no vuelvan a probar ningún
ingenio atómico, ni siquiera con la justificación con que en
los últimos ensayos nucleares de alguna de estas grandes
potencias se venía defendiendo precisamente la prueba nuclear
porque estaba probando ingenios que llamaban limpios, en el
sentido de que producían solamente unas altas tasas térmicas o
de radiactividad que exterminaban seres vivos y no dañaban
instalaciones, infraestructuras o edificios existentes, como
si los edificios tuvieran alguna justificación o finalidad si
no hubiera personas que los utilizasen. Por tanto, no dar ni
un milímetro de transigencia a la repetición de nuevas pruebas
nucleares, por lo que hay que pedir a estas potencias que
sigan manteniendo y extiendan la moratoria voluntaria de las
nuevas pruebas nucleares.
Termino, señor Presidente, porque creo que todos los
argumentos fundamentales habían sido ya expresados. Pero
queremos también ratificar unas ideas que nos parecen
importantes. En primer lugar, apludimos el punto número 4 de
la enmienda del Grupo Popular, que solicita, de una vez por
todas, la creación en el seno de Naciones Unidas de un
registro de armas nucleares. Sin la existencia de un registro
transparente de armas nucleares poco podemos hacer. Ahora se
está produciendo un enorme caos en los países de la ex Unión
Soviética, incluso con el propio armamento nuclear ruso
existente; si hubiera habido un registro en Naciones Unidas --
como se pide aquí-- de armas nucleares, no se hubiera
producido esta incógnita gravísima, suministradora o de
rumores o de productos de fisión radiactiva para posibles usos
militares, a través de un comercio oscuro y de contrabando
puro y de régimen
ilegal, desde posiciones comerciales de mafias en la Unión
Soviética, con salida de estos productos a países que no han
firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
Por supuesto, también compartimos la idea de que no es
necesario inventar nuevos organismos, sino que a los que hay
tenemos que darles todos los instrumentos que permitan su
control, su inspección en aquellos países en los que sea
necesario. La Agencia Internacional de Energía Atómica nos
parece el marco institucional adecuado como instrumento
técnico de esta política para hacer las verificaciones
correspondientes.
Con esto, señorías, queremos dar apoyo a las enmiendas
presentadas; si fuera posible introducirlas, como ha expresado
el Grupo proponente, en un texto conjunto, estaríamos todos
hablando de lo mismo, con las mismas ideas y, sobre todo, con
el mismo texto escrito.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Vázquez para expresar, en términos
precisos, la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Intervendré en términos muy precisos,
señor Presidente.
He dicho desde la tribuna que aceptaba la enmienda número 1,
del Grupo Socialista, con lo que doy satisfacción a la
preocupación del señor Rupérez. También acepto la enmienda
número 4, del Grupo Socialista, y acepto las enmiendas números
2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Grupo Popular.
Haré una mínima reflexión. Si en un proceso de negociación, de
transacción de ideas, se exige solamente a una parte que sea
ella la que ceda todo y las demás son incapaces de moverse, no
se está buscando negociar, sino imponer. Creo que el buen
sentido común en un tema de la importancia de éste debería
llevar a los grupos a que se aprobara unánimemente la moción
que mi Grupo ha presentado, que quedaría rectificado por las
dos enmiendas de modificación del Grupo Socialista más las de
adición del Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
que se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación parcial de las enmiendas de los Grupos Socialista y
Popular en la forma expresada por el señor Vázquez en el curso
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 11; en contra, 268; abstenciones,
una.El señor PRESIDENTE: Que
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PRINCIPIOS GENERALES QUE VA A SEGUIR EL GOBIERNO PARA
ARTICULAR UNA AUTENTICA POLITICA DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL,
QUE SE ARTICULE CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de
expediente 173/000081)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
interpelación, sobre principios generales que va a seguir el
Gobierno para articular una auténtica política del sector
pesquero español que se articule con las comunidades
autónomas.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una
moción consecuencia de interpelación debatida hace quince días
en el Congreso de los Diputados, y antes de referirme en
profundidad a ella quiero dejar claramente expresado que el
Grupo Parlamentario Popular en ningún momento ha solicitado la
ampliación de las 200 millas que recoge el Derecho Marítimo
Internacional.
Quiero dejar muy claro, además, que, como consta en todo los
«Diarios de Sesiones», lo que hemos hecho ha sido luchar en
contra de que otros países pretendieran ejercer esos derechos
internacionales ni una milla más allá --como queda recogido en
algún diario-- de las 200 millas que establece dicho Derecho
Marítimo Internacional.
Quiero decir claramente también que desde el Grupo
Parlamentario Popular ni en una sola ocasión se han expresado
manifestaciones antieuropeístas contra los Estados que forman
y conforman la Unión Europea. Quiero recordar que si alguien
ha realizado algún tipo de manifestaciones antibritánicas o
antilusas, habrá que mirar a los bancos azules de esta Cámara,
que es de donde han salido. Por tanto, el rechazo de plano de
cualquier acusación para con este Grupo de haber tratado de
decir en ningún momento que había algún tipo de insolidaridad
por parte de ninguno de los Estados miembros de la Unión
Europea con España. (Varios señores Diputados de los bancos
del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
La moción que presentamos hoy se limita a decir, en su primer
apartado, que manifiesta el rechazo al acuerdo firmado entre
la Unión Europea y Canadá; a decir y proponer que se renegocie
el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Canadá, al alza,
de esas 27.000 toneladas de fletán fijadas en el mes de
septiembre en
la reunión de Halifax, y, teniendo en cuenta sobre todo los
informes del Comité Científico Asesor, a instar al Gobierno a
que cumpla el acuerdo del Congreso de los Diputados de 5 de
abril, que fijaba la cuota autónoma en 18.630 toneladas de
capturas de fletán para la Unión Europea, que coincide,
además, con el acuerdo del Consejo de Ministros de la Unión
Europea del día 6 de abril, que fijaba la cuota autónoma
exactamente en esa cifra, y a solicitar del Gobierno que
mantenga las actuales cuotas pesqueras en su negociación con
Marruecos. Quiero detenerme aquí por ser el principal,
primordial y más actual de los asuntos que nos ocupan.
El Reino de Marruecos firma en el año 1992 un acuerdo con la
Unión Europea, que de manera unilateral rompe en el año 1994,
con una prórroga de de la fecha y con nuestra flota amarrada
en los distintos puertos del litoral español. Hay que recordar
que en aquel acuerdo del año 1992, muy mejorado con respecto
al del año 1988, Marruecos obtiene ni más ni menos que 102
millones de ecus anuales en contraprestación porque nuestra
flota faene en sus aguas al día de la fecha, es decir, del
orden de los 17.000 millones de pesetas; que Marruecos
consigue el incremento del 50 por ciento y solicita más de
3.000 millones de pesetas a los armadores españoles por faenar
en aquellas aguas; que Marruecos consigue colocar en nuestros
barcos personal marroquí al servicio de los armadores
españoles; que Marruecos consigue exportar a España 110.000
toneladas de pesca que le reportan más de 30.000 millones de
pesetas de beneficio anuales; que Marruecos exporta,
prácticamente sin aranceles, cerca de 18.000 toneladas de
sardina enlatada.
Habría que preguntarse si este acuerdo es beneficioso
exclusivamente para España, para la Unión Europea, o si lo era
también para Marruecos. Yo creo que Marruecos saca unas
ventajas importantes de este acuerdo y, sobre todo, lo rompe
de una manera unilateral; por tanto, no ha lugar en estos
momentos a que España no pueda adoptar medidas de carácter
bilateral dentro de las negociaciones que entre la Unión
Europea y Marruecos se están manteniendo para llevar este
acuerdo a buen fin.
Las condiciones impuestas por Marruecos en estos momentos son
inaceptables: incremento del 50 por ciento de los cánones de
nuestros barcos; reducción del 50 por ciento de la flota;
embarque del 35 por ciento del personal marroquí en nuestros
barcos, y desembarco de nuestras pesquerías en puertos
marroquíes. Yo no sé qué más puede pedir Marruecos. Lo que sí
sé es que el Gobierno español, al margen de las negociaciones
sosegadas que pueda mantener la Unión Europea con Marruecos, y
ante la ruptura unilateral por parte del Reino de Marruecos de
un convenio firmado en el año 1992, ha de cumplir lo que
aprobó el Congreso de los Diputados, mediante una proposición
no de ley, por acuerdo unánime de todos los grupos de la
Cámara, el día 4 de abril. En ella pedíamos que se
transmitiera a la Unión Europea la necesidad de concertar la
prórroga actualmente en vigor sin modificación de sus
condiciones hasta la finalización de las mismas. Y de esto
nada se ha hecho.
También se solicitaba de la Unión Europea la inmediata
modificación de los requisitos de ejecución de la línea
presupuestaria establecida para los acuerdos internacionales
pesqueros. No sólo no se ha hecho, sino que Marruecos, gracias
a haber lanzado la flota española a nuestros puertos, hoy en
día continúa cobrando de la Unión Europea esos 102 millones de
ecus de compensación y España, a través del IFOP, tiene que
ver cómo destina 2.000 millones de pesetas para financiar,
desgraciadamente, el paro de nuestros marineros. Pero hay más
cosas.
En ese mismo acuerdo del Congreso de los Diputados, el Grupo
Socialista unía su voz a la del Grupo Parlamentario Popular
para que el Gobierno cumpliera un acuerdo del mes de marzo,
pero no del año 1995, sino del año 1994. Y tampoco se ha
cumplido. Por tanto, España tendrá que ejercer esa misión de
inspección técnica y sanitaria en puertos, fronteras y
aeropuertos, y no relegar sus auténticas obligaciones como
Gobieno de la nación dejándolo en manos de ayuntamientos o de
colectivos, en lugar de tutelar lo que es la defensa de los
intereses españoles. Hay un arma clara en sus manos que «in
extremis» podría utilizar, porque ante la ruptura unilateral
de lo que ha sido ese convenio, España puede llegar a decir,
al margen de las negociaciones que se están manteniendo entre
la Unión Europea y Marruecos, y puesto que Marruecos ha
propuesto, en un momento determinado, que mientras se negocia
nuestros barcos no vuelvan a entrar, ni uno solo, en sus
caladeros; España puede decir, repito que es una inmoralidad
inaceptable que mientras nuestros barcos estén amarrados y
nuestros marineros no puedan faenar en esas aguas, la pesca
marroquí se esté vendiendo en territorio nacional. Eso es
inaceptable. El Gobierno puede llegar a tomar esas medidas.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Pedimos también, señorías, que el Gobierno cumpla el
Reglamento 345/1992 de la Comunidad Europea, que no se cumple
desde hace años, aunque el Gobierno reitera, en una y otra
ocasión, que efectivamente se va a cumplir, pero nos
encontramos ante la próxima costera del bonito y nuestros
barcos saldrán en inferioridad de condiciones a los del resto
de los Estados miembros, y no porque estemos en contra de la
Unión Europea, sino porque otros países son capaces de
conseguir lo que se proponen y España no lo es.
Por último, señorías, ¿a qué nos lleva esta moción? Esta
moción, después de todos los debates que ha habido en el
Congreso de los Diputados, nos lleva al punto segundo de la
misma, que es la reprobación de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de
Asuntos Exteriores. Pero, ¿basado en qué? Basado en que no se
ha conseguido absolutamente nada en materia de la costera del
bonito, ni del cumplimiento del Reglamento 345/1992; en que no
se ha cumplido una negociación suficiente en el seno de la
Unión Europea con Canadá para nuestra flota congeladora. Hay
que tener en cuenta y muy presente que el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha sido incapaz de
despachar, hasta el momento, ni un solo barco hacia el Mar de
Barents, ni uno solo de los PTP. No ha salido ni un barco de
España, no se ha buscado ni un caladero alternativo y, lo que
es más grave, para la flota gallega no ha habido ni una sola
peseta de subvención, de ese PER de la marinería que se ha
lanzado en estos momentos a Andalucía de cara al 28 de mayo.
Tengo que decir también que he oído algunas manifestaciones
del Ministro de Agricultura diciendo que no importan --y ésas
las he oído yo, no las he leído en ningún medio-- nuestros
intereses en aguas argentinas, ya que, al fin y al cabo,
tenemos sólo seis barcos. Se olvida de que hay seis barcos
fuera de la zona económica exclusiva, pero que hay quince con
doble licencia de PTP, y allí deberán ir todos los excedentes
o por lo menos bastantes de los que se han originado en aguas
de NAFO.
Si a esto añadimos que la negociación con Marruecos es mala, y
se sabía desde hace un año, habrá que preguntarle al
Ministerio de Asuntos Exteriores qué relaciones bilaterales o
multilaterales ha realizado durante este período para poder
conseguir un acuerdo más ventajoso y no situarnos en el 30 de
abril con nuestra flota en casa. Habría que preguntarle
también qué movimientos ha realizado el Ministerio de Asuntos
Exteriores para conseguir que en Halifax no sólo se fijara el
TAC en 27.000 toneladas, sino algo que es mucho más grave: que
la Unión Europea se abstuviera en una votación claramente
lesiva para los intereses españoles.
Pero, insisto, si esos argumentos son pocos, si los argumentos
de que los Ayuntamientos de Vigo, de La Coruña, de Ferrol o de
Santiago, con co socialistas, hayan emitido comunicados en
contra del acuerdo fueran insuficientes, si fuera insuficiente
la contestación social, si fuera insuficiente el acuerdo
unánime de esta Cámara, las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista en el día de hoy corroboran y
ratifican lo dicho por este portavoz a la hora de solicitar la
dimisión del Ministro de Agricultura y del Ministro de Asuntos
Exteriores.
Voy a leerles, simplemente, lo que dice la primera de las
enmiendas, algo que ha sido negado por el Presidente del
Gobierno, por el Ministro de Asuntos Exteriores y por el
Ministro de Agricultura, hoy ausentes todos. La enmienda dice
así: El Congreso de los Diputados considera insufienciente el
TAC establecido para el fletán negro en aguas de NAFO y, por
tanto, el reparto del mismo que se contempla en el acuerdo
alcanzado entre la UE y Canadá. Es el reconocimiento de facto
de que el acuerdo ha sido insuficiente, de que el acuerdo no
sirve y no contenta al sector pesquero español. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)
Por si eso fuera poco (y probablemente no vaya con ustedes,
pero sí va con multitud de pescadores españoles que en estos
momentos ven peligrar sus puestos de trabajo), la enmienda
tercera es mucho más clara. Dice: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que realice las gestiones
previas para conseguir su elevación con respecto al
establecido en el año 1995,...» Realmente, lo que habría que
decir es que este Gobierno tiene que hacer las gestiones
oportunas para que, en la reunión del Consejo de NAFO del mes
de mayo, ese TAC se revise al alza, porque no es suficiente,
no sólo para la Unión Europea, sino para las demandas del
resto de los Estados miembros, del resto de los Estados que
operan en aguas internacionales. Por tanto, no para el año
1996, sino para el mismo año 1995, en que nuestra flota está
amarrada por la deficiencia de un acuerdo que desde sus bancos
se ha planteado como el menos malo de los posibles y desde los
nuestros se considera como el peor de todos los que se podían
haber alcanzado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, Pleno tras Pleno tenemos un debate sobre la pesca
debido a interpelaciones o mociones de los diferentes grupos.
En este caso, a propuesta de una moción del Grupo Popular,
seguimos inmersos en esta discusión si bien es cierto que en
la opinión pública el diapasón, el tono ha bajado, y esto como
andaluz me preocupa. Me preocupa porque cuando el problema
está en Andalucía, en este caso el problema de la pesca, que
es tan importante para los trabajadores como el que se sufrió
en Galicia y con el que hubo tanta solidaridad, el diapasón,
repito, ha bajado. Esto es algo realmente preocupante para
Andalucía.
Nosotros pensamos que los debates que se han planteado
últimamente sobre las 200 millas, sean ciertos o no, no
benefician en absoluto las posiciones negociadoras de España.
El señor Fernández de Mesa ha desmentido que hiciera esas
manifestaciones, pero si no lo ha hecho, quien haya planteado
ese debate ha hecho un mal favor a las posiciones negociadoras
de España, porque refuerza precisamente a las partes
contrarias. Si lo ha hecho, mal; si no lo ha hecho --él dice
que no
lo ha hecho--, ese debate se ha manejado irresponsablemente y
es muy preocupante que se haya planteado en el seno de la
comunidad internacional. España no puede salir avalando una
propuesta que perjudica notablemente sus intereses y que la
perjudica en un momento en que se encuentra negociando con un
país que sí se vería grandemente beneficiado por una
ampliación de las 200 millas, como es el caso de Marruecos.
Proponemos una serie de enmiendas a las propuestas planteadas
por el Grupo Popular, que evidentemente es el dueño de las
mismas y a las que no tenemos nada que objetar porque en
muchas casos asimilan conceptos que, de alguna manera, ya
defendió mi Grupo Parlamentario en una anterior moción y por
tanto no podemos reprochar nada, pero, claro, esto también se
hace difícil visto el conocimiento y la posición mantenida por
la Cámara en el sentido de que haya resoluciones positivas en
la moción de hoy. En esas enmiendas que proponemos, además de
una serie de matices sobre el tema del fletán y el de la NAFO,
mi Grupo Parlamentario quiere resaltar fundamentalmente dos
enmiendas relativas a la negociación del conflicto actualmente
en vigor. Una de ellas se refiere a la situación de los
trabajadores, y la otra a la situación de los subsidios que
acordó el Gobierno el 28 de mayo.
La relativa a la situación de los trabajadores manifiesta que
el Criterio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya es que no solamente debemos
acordarnos de mantener las cuotas, sino que también debemos
acordarnos de mantener los puestos de trabajo. Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya propone que, ante Marruecos, no
sólo se solicite el mantenimiento de las cuotas sino también
el nivel de los puestos de trabajo. Creemos que es muy
importante dejar esto claro ante la Cámara.
Mi Grupo parlamentario, en el conflicto del fletán, no hizo
mención de los puestos de trabajo porque consideraba que no
era el momento oportuno de hacerlo, no porque no lo tuviéramos
en mente. En ese momento estábamos ante un conflicto
internacional que traspasaba incluso el mero conflicto
pesquero, era un conflicto en el que no me duelen prendas
decir que estaba en juego la dignidad de España, y esto no es
ningún gesto patriotero sino que es un gesto real, esto
también existe, y no tiene por qué ser un nacionalismo
exacerbado, eso existe en las relaciones internacionales;
ahora creemos que es justo hablar de los puestos de trabajo
porque en el sector pesquero, en 10 años, se ha perdido la
friolera de 60.000 puestos de trabajo, y además puestos de
trabajo que no han ido a ningún tipo de regulación, no han ido
a ningún tipo de jubilación anticipada, en absoluto, y lo que
no podemos es seguir con esa muerte continua de puestos de
trabajo.
Los armadores y la Secretaría General de Pesca, que atiende
muchísimo a los armadores y a las cofradías de pescadores pero
no atiende nada a los sindicatos, ha-blan del mantenimiento de
cuotas, se defiende en Bruselas el mantenimiento de cuotas, p
Bruselas a negociar con los sindicatos, cosa que sí hacen
otros países, como ha hecho Canadá, que fue allí con los
sindicatos canadienses, nunca se habla del mantenimiento de
puestos de trabajo. En este sector no se pueden seguir
perdiendo puestos de trabajo, y muchísimo menos en Andalucía
donde, sector tras sector, se están perdiendo puestos de
trabajo, y en el sector pesquero también van a ser los paganos
de esta situación los puestos de trabajo, porque se está
hablando de empresas mixtas, de que entren más trabajadores
marroquíes en los diferentes barcos, pero todo eso significa
que se pierden puestos de trabajo, y no es ninguna posición
xenófoba, está muy bien que haya trabajadores marroquíes, está
muy bien, pero esto tiene un tope, porque los trabajadores
marroquíes, desgraciadamente, tienen menor cualificación
profesional y llega un momento en que un barco no puede tener
más trabajadores con baja cualificación profesional porque
tiene que hacer labores de cubierta y eso significa menos
seguridad en el barco. Sin embargo, hay elementos dentro del
sector a los que esto no les importa porque, por otra parte,
los trabajadores marroquíes cobran menos salario, además el
Gobierno de Marruecos obliga a que el salario sea inferior, y
a la patronal no le importa hablar únicamente de cuotas,
olvidándose del mantenimiento de los puestos de trabajo. La
Secretaría General de Pesca solamente habla del mantenimiento
de la cuota y, desgraciadamente, el tema de los puestos de
trabajo está olvidado por la política del Gobierno en el
transcurso de los diferentes conflictos pesqueros.
Por lo tanto, esta enmienda tiene un calado tremendo porque
significa fijarse no sólo en el tema de las cuotas sino en el
de los trabajadores del mar que, día a día, en Barbate, en
Tarifa, en Algeciras, en Santa Pola, en Almería, van perdiendo
empleo en cada uno de los barcos.
¿Qué decir también de las empresas mixtas?
¿Es que son empresas mixtas? Tenemos serias dudas de que sean
empresas mixtas, entre otras cosas porque no hay una clase
empresarial marroquí que realmente constituya empresas mixtas;
son otra cosa.
El otro día, el señor Gatzagaetxebarría lo dijo muy
crudamente. Yo no voy a decirlo así, pero no olvidemos que
detrás de las empresas mixtas, está casi siempre una
influencia marroquí, alguien que pone el nombre para que, en
el fondo, se lleve el negocio sin aportar ningún tipo de
esfuerzo empresarial, muchas veces para la patronal de este
sectór sólo significa un cambio de bandera, menos condiciones
de seguridad, menos gastos y por tanto más beneficios. Por
consiguiente, vayamos con cuidado porque yo creo que la
Secretaría General de Pesca también habla con cierta
irresponsabilidad de las empresas mixtas, sin llevar una
trayectoria demasiado definida en el asunto. En consecuencia,
esta enmienda la consideramos de gran importancia.
Con respecto a la otra enmienda, queremos hacer especial
hincapié sobre hasta dónde llegan los subsidios que han
aprobado el Consejo de Ministros el 28 de abril. Nosotros
estamos de acuerdo con los subsidios que se han planteado,
pero llamamos la atención a la Cámara sobre que no solamente
son los pescadores y los armadores los que se encuentran en
una situación de paro con la flota amarrada a puerto, sino que
esa situación de paro llega a oficios mucho más allá de los
propios pescadores, como, por ejemplo, los que fabrican hielo,
los que hacen la estiba en los puertos y no pertenecen a la
autoridad portuaria, lo que en Andalucía se llaman las
«collás». Todos estos trabajadores dependen de forma
sustancial del amarre de las flotas, y creemos que es
importante que también les llegue el subsidio porque de esta
manera llegará a sus familias y a un amplísimo espectro de la
población que depende de ellos.
En resumen, en la enmienda que plantea mi Grupo Parlamentario
a esta moción, presentada, como digo, por el Grupo Popular,
también solicitamos que las subvenciones lleguen a sectores
más amplios. Nosotros desearíamos que esta moción tuviera
pronunciamientos positivos por parte de la Cámara, pero no
está en nuestra mano. En caso de que no sea así, mi Grupo
Parlamentario redactará y tramitará una proposición no de ley
para que estas propuestas, que nos parecen fundamentales e
interesantes, tengan éxito en la Cámara.
Por otra parte, después del conflicto del fletán, en el que mi
Grupo Parlamentario tomó una posición unitaria con el conjunto
de la Cámara, no mencionando otros problemas que los que
estaban en vigor, ahora, en este debate, nos parece bien que
se plantee el empleo en la pesca, debate fundamental no tenido
en cuenta en la Cámara ni en la opinión pública, que solamente
ha hablado de dignidad nacional y ha hablado de cuotas; nos
parece bien que se sepa que hay muchos trabajadores de la mar,
gente humilde de la que dependen familias y pueblos. Confío en
que este Parlamento lo tenga en cuenta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, podemos considerar que el debate que nos propone el
Grupo Popular con su moción de hoy es una segunda vuelta del
que ya tuvimos hace dos semanas, con motivo de la
interpelación que presentó el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En ésta, como en todas las segundas partes, existe un alto
grado de repetición de argumentos, de planteamientos e incluso
de propuestas de resolución. Bien porque repiten casi la
literalidad de lo ya discutido --me estoy refiriendo, por
ejemplo, a los puntos 1 y 2 de la moción--, bien porque se
incorporan, literalmente también, enmiendas que fueron
rechazadas en el debate anterior, como son los puntos 3.º y
4.º de la moción. Precisamente en este ambiente de moviola y
repeticiones, el Grupo Socialista no puede sustraerse a la
moda y, naturalmente, adopta una postura en consonancia con la
defendida en la sesión pasada, presentando una serie de
enmiendas para hacer posible que del Pleno de esta tarde
salga, por unanimidad, una resolución que sirva para reforzar
el papel de España en las negociaciones en curso, como son las
de NAFO o las de Marruecos. Y sirva, asimismo, para demostrar
al sector y a la opinión pública que el Congreso de los
Diputados puede y quiere superar un debate partidista, que muy
fácilmente puede caer en la esterilidad más absoluta. Extremo
que no creo sirva para solucionar ninguno de los graves
problemas que afectan a la pesca en nuestro país.
Señorías, el Grupo Socialista no puede rechazar el acuerdo
firmado entre la Unión Europea y el Canadá ni reprobar a dos
ministros del Gobierno español por los mismos motivos por los
cuales no lo hicimos en su día. Porque creemos que sigue
siendo un acuerdo, con todo lo controvertido que ustedes
quieran, en el que existen razones fundamentales para
defenderlo. Restituye la legalidad vulnerada, hace posible la
recuperación del aval y la carga confiscada ilegalmente por
Canadá, no reconoce a Canadá trato preferente en aguas
internacionales y ha permitido conseguir para nuestra flota la
máxima cuota posible, dado el TAC establecido. No nos parece
aceptable la reprobación que proponen también por los mismos
motivos por los cuales rechazamos la anterior.
Hemos escuchado muchas críticas al acuerdo y a la actitud del
Gobierno español durante la negociación, pero no hemos oído
ninguna alternativa de política pesquera que haga posible
comparar la gestión llevada a cabo y, por tanto, concluir la
reprobación que nos proponen. Muy al contrario, las propuestas
surgidas desdeel Grupo Popular para articular una del sector
pesquero español, que fue el título de su interpelación, creo
que sólo sirven para descalificar a sus autores y dejarlos en
evidencia ante la opinión pública española, dado que sus
grandes aportaciones han sido apelaciones al orgullo español,
a no ser por más tiempoun país que tenga la rodilla hincada,
solicitar el incremento de la presencia y el uso d en el lugar
del conflicto, poner en duda nuestra permanencia en la
política común pesquera y la última, y más llamativa, ocurrida
hace muy pocas fechas, como es proponer la ampliación de las
aguas jurisdiccionales españolas, dentro de la Unión Europea,
más allá de las doscientas millas, aunque parece que el
portavoz popular haya dado hoy marcha atrás de las
declaraciones
efectuadas, y no desmentidas, en los me decir, que aparte del
consabido uso del patriotismo y del lenguaje bélico, al que
tan acostumbrados nos tienen, hacen ustedes el juego a los
países con los cuales mantenemos, no sólo España o la Unión
Europea, sino casi toda la comunidad mundial, los contenciosos
más duros en estos momentos. Todo ello en clara contradicción
con los intereses de España, del sector que dicen defender y
del Derecho marítimo internacional. Y por si faltara algo, en
el resto de las propuestas que tienen carácter positivo no
hacen sino ratificar o continuar la política pesquera del
Gobierno español, conocida por todos los grupos de la Cámara.
Creo, señorías del Grupo Popular, que la pifia es de tan
considerable tamaño que el rechazo y la reprobación que
proponen para acuerdos logrados o para miembros del Gobierno,
deberían aplicarla ustedes a los autores de esta
pseudopolítica pesquera, porque creo, de veras, que podrían
evitarse así más de un problema en el futuro.
Es una lástima, señorías, que en este debate, como ya ocurrió
en el anterior, no hayamos profundizado en los dos grandes
problemas que subyacen actualmente en torno a la política
pesquera nacional, que no quiero resistirme a plantear por la
importancia que revisten, con los cuales nos enfrentamos
recurrentemente. Se trata, por un lado, de las implicaciones
de la política pesquera común y, por el otro, de la cuestión
de los recursos pesqueros.
En relación con la primera de las cuestiones --y aceptando que
éste es un debate bastante más amplio que el simplemente
pesquero-- creo que se debería ser más prudente a la hora de
descalificar la política común pesquera o incluso la propia
pertenencia a la Unión Europea, sobre todo sin dar a conocer
las alternativas que se proponen. No se puede estar
permanentemente en contra de algo, achacarle las culpas de
todo cuando nos conviene y no proponer salidas adecuadas,
porque así lo único que se consigue es conducir al sector a la
desesperanza, a la opinión pública a la perplejidad y a los y
a los partidos y organizaciones a un ejercicio de incoherencia
rechazable.
Plantéense con valentía, y de una vez por todas, políticas
pesqueras distintas a la que existe, si es que las hay;
discutamos sus ventajas e incovenientes y aceptémoslas o
rechacémoslas si no son convenientes al sector, pero no
creemos falsas esperanzas, máxime cuando todos estamos
convencidos de que fuera de las estructuras europeas nuestra
posición sería mucho más débil y, por tanto, nuestras
alternativas tendrían pocas o ninguna posibilidad de llevarse
a cabo.
Por lo que se refiere a los recursos pesqueros parece que nos
encontramos ante una realidad inconstestable pero a la que
hacemos un caso relativo. Los recursos pesqueros son
decrecientes y existe un grado de sobrepesca en los caladeros
que, aunque se cuantifique de forma distinta, parece que es
aceptado por todo el mundo. La FAO, en el vigésimo período del
Comité de Pesca señaló que el 69 por ciento de las poblaciones
marinas se hallaban totalmente explotadas o muy explotadas y
el resto en exceso o agotadas, de las cuales sólo un
insignificante tres por ciento se encuentra recuperándose muy
lentamente de este exceso de pesca, por lo que ya advertía de
la urgente necesidad de aplicar medidas de conservación y
ordenación para corregir esta situación, pues los datos que
manejaba indicaban que la principal preocupación a escala
mundial era controlar el esfuerzo de pesca y reducirlo cuando
fuera necesario, teniendo en cuenta, además, que los avances
tecnológicos incrementan el esfuerzo pesquero en un dos por
ciento anual a pesar de la retirada de embarcaciones.
En las sesiones del vigésimo primer período del COFI,
celebrado el pasado mes de marzo y al cual la Ponencia de
Pesca pudo asistir, se present que, de forma tajante, advertía
que a corto y medio plazo los Estados deberían limitar la
producción, con el fin de permitir la rehabilitación de las
poblaciones. Y añadía a este respecto: El estancamiento de la
producción de la pesca de captura debería acogerse
favorablemente, como indicio de que puede iniciarse una cierta
recuperación.
Un estudio recientemente presentado en Madrid por el World
Watch Institute confirma y reafirma la sobreexplotación de los
caladeros oceánicos, advirtiendo claramente que los recursos
sostenibles han llegado a su techo.
En definitiva, señorías, en ente contexto (por un lado,
nuestra pertenencia a la Unión Europea y, por tanto, a su
política pesquera, y por otr de mantener una práctica de la
pesca responsable, disciplinada y controlada), deberíamos
plantear el debate de esta moción y de las que en un futuro
más o menos próximo puedan plantearse cuando surja un nuevo
episodio de negociaciones o conflictos en alguna zona del
mundo que afecte a nuestra flota.
Desgraciadamente, señoras y señores Diputados, abordamos
muchas veces estos temas en clave electoralista y como arma de
enfrentamiento entre partidos, y ello difícilmente favorece en
algo al sector pesquero. Por tanto, cuando los ardores de la
contienda electoral disminuyan y pueda recuperarse una cierta
tranquilidad, me gustaría emplazar a los grupos políticos a
debatir con sosiego estas cuestiones para ver si podemos
aportar soluciones que, teniendo en cuenta los condicionantes
en los que estamos inmersos, puedan servir para garantizar al
máximo la actividad del sector pesquero nacional.
Mientras tanto, y ciñéndonos al texto de la moción que
presenta el Grupo proponente, les anuncio que, de acuerdo con
los argumentos ya utilizados en mi intervención,
presentamos textos de sustitución a los distintos puntos de la
moción y algunas enmiendas de supresión para hacer posible,
como he dicho al principio, el voto favorable del Grupo
Socialista a esta moción.
Para terminar, señor Presidente, anunciar también que
votaremos contrariamente a las enmiendas del Grupo
parlamentario de Izquierda Unida porque, aunque podamos
coincidir con la intencionalidad de muchas de ellas, al no
estar presentadas como enmiendas de sustitución o de
modificación sino de adición a un texto cuyas diferencias
hemos comentado con largueza, no podemos aceptarlas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Moragues.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria fija su posición ante esta moción que nos ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular haciendo, en primer
lugar, una exposición de cómo pueden agruparse los siete
puntos que trae la misma. Nosotros los agrupamos en tres
grandes apartados: los que se refieren específicamente al
conflicto surgido entre España, la Unión Europea y Canadá,
pero fundamentalmente por los sucesos acaecidos ejercitados
impresentablemente, a nuestro juicio, por Canadá sobre nuestra
flota pesquera y de los que nos hemos ocupado y manifestado
reiteradamente tanto en trámites en Comisión como aquí en el
Pleno. Esos serían los puntos 1 a 4 inclusive, haciendo una
salida en el punto 2 específico, porque tiene una valoración
política en sentido estricto. El tercer grupo sería el
comprendido entre los puntos 5 y 7; estos tres finales, que
nos llenan de honda preocupación porque es el futuro
inmediato, ya no hacen referencia al asunto de Canadá de una
manera directa --ahora diré por qué razón lo explico así--sino
específicamente al tema pesquero con Marruecos y la
negociación entre la Unión Europea.
El punto 1 lo compartimos plenamente, incluso con todo el
ardor que el portavoz del Grupo Popular le ha puesto. Dijimos
ya en la Comisión, ante el señor Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que rechazábamos el acuerdo firmado
entre la Unión Europea y Canadá con respecto a la pesca del
fletán, por impresentable en todos los órdenes. En este primer
punto incluso participamos también en la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, donde se dice de otra manera, sin
entrar ya en ningún tipo de valoración política peyorativa. Es
una denuncia que tiene que ir dirigida directamente contra
Canadá, pero también es una advertencia porque quien ha
firmado el acuerdo ha sido la Unión Europea a través de la
Comisaria de Pesca; que se sepa también la reacción que se ha
producido en el Parlamento español rechazando frontalmente
este acuerdo firmado, con las implicaciones que esto puede
tener a la hora de firmar el próximo acuerdo con Marruecos,
que es donde tenemos establecida en este momento la alarma en
nuestro sector.
Respecto al punto 3 --hablaré después del 2, que se refiere a
la reprobación--, nosotros también lo compartimos en términos
generales y apoyaríamos al Grupo proponente. Pero sí quiero
decir que nos parece más completo el texto que propone en su
enmienda el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
porque lleva al tema a instar al Gobierno a que sea en el seno
de NAFO, fundamentalmente, donde la Unión Europea consiga
todas aquellas actividades de mejora que se tienen que
realizar allí. Incluso creo recordar una iniciativa que en
Comisión presentó el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) respecto
a la renegociación del acuerdo NAFO en cuanto a los votos que
las partes tienen allí reconocidos. Es decir, que vaya la
Unión Europea con un solo voto a la NAFO, como van otros
países singularizados como Cuba u otros del área del Báltico,
no nos parece que sea una responsabilidad plena de un
reconocimiento de la pluralidad de flotas, de intereses
económicos legítimos que aporta la Unión Europea. La Unión
Europea en el seno de NAFO tiene que manejarse dentro de otro
«statu» jurídico para hacer valer su peso, no solamente de
tipo comercial sino de tipo político. En este momento, esa
estructura NAFO al único a quien favorece es a Canadá y a sus
intereses, a veces extraños y ocultos, que no responden a lo
que dicen las palabras de sus Ministros de Pesca o de Asuntos
Exteriores respecto a supuestos derechos para mantener el
banco.
En relación al punto 4, nosotros no lo vamos a votar en el
sentido de volver a plantear la cuota total. Nos parece que la
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que he
comentado antes, puede recoger eso para no llegar a un
imposible, un imposible para la propia Unión Europea, para
volver a replantear un tonelaje que ya quisiéramos tenerlo,
pero que la firma del acuerdo jurídicamente ha hecho
imposible; acuerdo que rechazamos, pero que no se puede dar
una vuelta atrás a la moviola jurídica para replantear la
cifra anterior.
Nos preocupa tremendamente, señorías, la --legítima, por
supuesto-- politización que se puede hacer en las
reprobaciones de los ministros. Aquí entro en el punto número
2. Siempre, por tradición, el Grupo de Coalición Canaria no ha
suscrito ninguna reprobación de ministros por alguna cuestión
concreta, y menos en períodos electorales. Vuelvo a decir que
nosotros sí imputamos una responsabilidad al Gobierno en sus
negociadores de primera fila, como son el Ministro de
Asuntos Exteriores y el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Les dijimos en su propia cara --consta en el
«Diario de Sesiones»--, en las comisiones respectivas, que
rechazábamos los acuerdos que habían suscrito y aplicado ya
para España, firmados por la Unión Europea. Dijimos que
rechazábamos el acuerdo por impresentable y por malo, pero lo
que no vamos es a estar en el campo --legítimo, por supuest
Popular de solicitar esta reprobación. Entendemos que estos
dos ministros tienen que tomar buena nota de lo que ha
ocurrido, incluso de este debate, y utilizar todos los
instrumentos legales, diplomáticos, como propone el propio
Grupo Popular en su punto número 7 que vamos a apoyar, en la
negociación con Marruecos, por las razones que posteriormente
diré.
El punto número 5 lo suscribimos tal como lo plantea el Grupo
Parlamentario Popular --entramos ya en la cuestión de la firma
futura del acuerdo con Marruecos-- y también nos apuntamos a
apoyar la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida,
porque no se trata solamente de mantener las actuales cuotas
pesqueras asignadas sino los niveles de empleo. Esto es muy
importante. Y aquí quiero hacer una mención a los legítimos
intereses que Coalición Canaria asume. Dado que el señor
Andreu ha hecho una defensa de los puestos de trabajo en
Andalucía, diré que este problema de Marruecos afecta muy
gravemente al sector pesquero canario, no solamente en flota
sino también en puestos de trabajo y en los inducidos de
industrias en tierra. Quiero exponer la gravedad con que en
estos momentos estamos contemplando esto en Canarias.
Esperemos que no nos defrauden otra vez los negociadores
españoles, el señor Ministro Solana y el señor Ministro
Atienza, en cuanto a lo que pueda ocurrir con una de las
flotas más importantes que operan en los bancos canarios,
saharianos y marroquíes, que es la flota de cefalópodos, sobre
todo la flota bajo las siglas de ANACEF, Asociación Nacional
de Armadores de Buques Congeladores de Cefalópodos. Para éstos
lo que está ocurriendo con Marruecos es un auténtico drama, y
para Canarias se transforma no solamente en un drama económico
pesquero sino, como bien ha dicho para Andalucía el señor
Andreu, en un drama para el sector laboral, es decir, la
pérdida de puestos de trabajo para todas las familias. Por
tanto, nosotros nos sumamos también a que se ponga énfasis,
como dice la moción del Grupo Popular, en mantener las
actuales cuotas pesqueras asignadas a la flota española y,
como dice la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el nivel de empleo de todos
los trabajadores españoles. Nos sumamos también al tema de los
subsidios. No solamente se debe subsidiar al pescador que está
en el banco y al pesquero, sino también a toda la industria
que depende por escalonamiento de este sector, que afecta
muchas veces a más familias en tierra que a los que están
operando en el mar. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden
silencio, por favor, y ocupen sus escaños (Pausa.)
Continúe, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros creemos --y habrá que recordárserlo a nuestros dos
Ministros-- que, en el tema de la negociación con Marruecos,
España tiene que jugar dos bazas importantes, que no las
teníamos con Canadá desafortunadamente. Una, los fondos que
Marruecos está recibiendo de la Unión Europea en compensación
por el uso de sus caladeros. Como bien ha señalado el portavoz
del Grupo Popular, la Unión Europea sigue pagando a Marruecos
y este país nos ha obligado en este momento a tener amarrada
la flota. Deberíamos exigir también a la Unión Europea una
reciprocidad de conducta. Si Marruecos nos obliga a amarrar la
flota, que inmediatamente se suspendan las ayudas económicas
que, vía Unión Europea, está recibiendo este país. La segunda
baza que tiene España se refiere a la negociación que pretende
Marruecos con algún otro país del Magreb, en el sentido de
tener un tratado preferencial respecto a la Unión Europea para
una especie de libre circulación de mercancías. Aquí tiene
España una gran baza de negociación para que Marruecos no se
nos suba a las barbas, como en realidad está haciendo. Que se
jueguen esas bazas que son tan importantes como cualquiera
otra actuación diplomática, tal como plantea el Grupo Popular
en el punto 7. Por supuesto, el punto 6 lo apoyamos también en
su totalidad.
Respecto al número 7 --que también apoyamos-- nos parece
oportuno, dicho sea de paso, que se acepte la enmienda que
presenta al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nos parece que es muy interesante para que se impulse en la
Unión Europea y en el seno de la Organizacion de Naciones
Unidas (FAO y Organismos relacionados) el tema de las 200
millas. Apoyamos esta enmienda porque entendemos que estos
países no deben tener una patente de corso al impulsar, sin
una limitación aceptada internacionalmente, la creación de
«boxes» o zonas exlusivas. Ello podría suponer una inseguridad
jurídica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones,
termine, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Estas razones son las que nos llevarán a hacer una fijación de
voto en estos puntos que hemos dicho, que apoyaremos con las
enmiendas correspondientes, excepto el punto 2 y la reserva
sobre el punto 4, no teniendo en el fondo ninguna otra
objeción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
El día de hoy, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la
moción consecuencia de interpelación, fruto de debates que
esta Cámara ha tenid ocasiones. Nuestro Grupo Parlamentario no
va a ser reiterativo en las disposiciones, tanto políticas
como económicas y jurídicas, que fundamentan el rechazo al
acuerdo con Canadá, con lo que estamos de acuerdo.
Unicamente queríamos decir, como dato novedoso, como aporte
complementario, que hay indicios, contrastados por parte de
expertos jurídicos internacionales, de que el acuerdo del
pasado mes de abril puede estar viciado de nulidad, en la
medida en que no se han seguido el procedimiento legalmente
establecido en el Tratado de la Unión y los reglamentos
comunitarios para la adopción de estos acuerdos de conformidad
con la política pesquera común, puesto que no se ha consultado
al Parlamento Europeo. Como saben SS.SS., un vicio tal de
procedimiento puede originar una nulidad formal. Queremos
llamar la atención sobre tal cuestión, en la medida en que la
Comisión Europea está muy preocupada sobre tal aspecto, porque
se hizo deprisa y corriendo por las presiones que había de
diferentes países de la Unión Europea, que mostraron --
nuevamente tenemos que reiterarlo-- una enorme insolidaridad
con los intereses pesqueros españoles; insolidaridad que no es
nueva, puesto qu acostumbrados a la misma en la medida en que
a la flota pesquera española, que tiene una serie de problemas
geográficos naturales, que es la falta de caladeros en su
plataforma continental, se le añade que los países socios de
España en la Unión Europea le prohíben que pueda pescar en
Groenlandia, le prohíben que pueda pescar en Suecia, le
prohíben que pueda pescar en Noruega; solamente puede pescar,
desde hace un año, en virtud del Tratado del Espacio Económico
Europeo.
En cambio, el resto de los países pesca y apela a la
estabilidad relativa, criterio jurisprudencialmente admitido
en el año 1985, pero que fue establecido como elemento
determinante de la política pesquera comunitaria en base a
tres elementos: la política de capturas que se hacía de 1977 a
1980; en segundo lugar, la existencia de zonas altamente
dependientes de la pesca en los diferentes países miembros de
la Unión Europea; y, en tercer lugar, los intereses que
existían en el momento del establecimiento de ese criterio en
1985, intereses políticos respecto de cuya aplicación España,
que no era país miembro, fue excluida.
Como reflejo de esta insolidaridad, todavía es más patente y
flagrante lo que últimamente está ocurriendo pues no se aplica
esta trayectoria, este esquema de funcionamiento de la
política pesquera comunitaria, cuando nos traslademos al
caladero marroquí.
Estos tres criterios que han utilizado los países de la Unión
Europea y que han sido determinantes para que a España se le
excluya de Groenlandia, de Suecia, de Noruega, no valen para
el resto de los países miembros de la Unión Europea. Así,
Holanda, que nunca ha pescado en el caladero marroquí, que no
tenía contingentes de pesca ni capturas, en esos años que
sirvieron de criterio para la fijación de la estabilidad
relativa desde 1977 a 1980, pesca actualmente en Marruecos en
base al último acuerdo. Holanda nunca ha pescado en Marruecos,
ha pescado de conformidad al último acuerdo de 1992. Por lo
tanto, ¿dónde está el esquema argumental, dónde está la
solidaridad, la homogeneidad del funcionamiento de la política
pesquera común? Quiebra totalmente, porque lo que es válido en
este momento para Holanda no es válido para España para pescar
en los caladeros nórdicos. Mayor muestra de insolidaridad,
aparte de la que hemos visto en el conflicto con Canadá, no
puede darse, señorías.
Hablaban los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del
Grupo Socialista de la problemática de la flota pesquera
española, pero hay una responsabilidad del Gobierno en ello:
el Gobierno, en los años 1985 a 1989, procedió, incumpliendo
los planes de orientación plurianual, los POP --aunque tampoco
estaba en la política pesquera, en una segunda fase sí estaba
en la política pesquera común--, a un incre de la flota
moderna arrastrero-congeladora. Ahí hay una responsabilidad y,
ahora, el Gobierno, de alguna manera, tiene que retroceder
porque no hay otra solución. Es cieto, y hay que reconocerlo,
que gran parte de los pescadores españoles han estado
aconstumbrados a pescar en caladeros no contingentados y hoy
en día el mar no es libre; al mar se accede en base a acuerdos
pesqueros en lo que se refiere a la plataforma continental que
se encuentra en la zona económica exclusiva de los diferentes
Estados ribereños. La cultura tradicional pesquera española en
determinadas zonas geográficas no ha sido ésa, ha sido que el
mar era libre y se pescaba sin contingentación, sin tener en
cuenta los TAC, sin tener en cuenta las cuotas.
Por lo tanto, es necesario también hacer un ejercicio de
introspección y que se reconozcan errores que ha habido en la
política pesquera española, errores que hay en la política
pesquera comunitaria y deteminadas políticas de
enriquecimiento en períodos cortos de tiempo en base a
pesquerías que eran rentables. Hay una serie de elementos que
confluyen ahí y nos encontramos ante un supuesto de
responsabilidad cruzada y compartida en todo el sector
económico.
Además, señor Presidente, quería hacer referencia a una
materia clave en la problemática del sector pesquero español,
y es que mientras a España, de conformidad
con la Convención del Derecho del Mar, se le ponen enormes
limitaciones y reticencias para acceder a caladeros
contingentados que están en la plataforma continental de los
Estados ribereños, en contraprestación la Unión Europea y
España constituyen la gran cloaca agroalimentaria del mundo.
Es la mayor liberalización del mercado agroalimentario y
pesquero con el que uno se puede encontrar.
Todos los países del mundo exportan vía Noruega, vía Ecuador,
a través de procedimientos subrepticios, a través de sistemas
preferenciales, bien sea el sistema preferencia droga, bien
sea el Espacio Económico Europeo. En definitiva, esa
correspondencia que debe haber entre el acceso a los recursos,
en contraprestación al acceso a los mercados, se quiebra
porque España no tiene acceso a los recursos y los demás
países acceden al mercado español libremente sobre la base de
procedimientos subrepticios, que son el SPG droga del Pacto
Andino, de Ecuador, de Perú, fundamentalmente, y de los países
nórdicos, como son Islandia y Noruega; y flotas importantes
nórdicas, como la antigua Unión Soviética, la actual
Federación Rusa, descargan en Islandia, en Noruega y entra
como pescado del Espacio Económico Europeo libre de arancel.
Por lo tanto, hay una serie de disfunciones que evidentemente
están perjudicando al sector pesquero español.
Señor Presidente, yo quería hacer también referencia, porque
lo hace la moción del Grupo Parlamentario Popular, a la
situación de Marruecos. Nos preocupa la situación de buques
cerqueros, cañeros, palangreros, de arrastre al fresco y
cefalopoderos españoles que pescan en aguas de Marruecos, con
un planteamiento que es lógico para la mentalidad marroquí --
dicho sea con todos los respetos--, porque nos encontramos con
una negociación compleja y no nos duele prendas en decir que
la Unión Europea, España indirectamente, se ve obligada a
negociar con un país con una mentalidad no occidental y,
además, con una situación de economía corrupta. ¿Qué diríamos
en esta Cámara, qué diría el pueblo español, si los señores
González o Atienza fueran los mayores armadores de pesca
españoles? Eso es lo que está ocurriendo en Marruecos. El
señor Hassan, que es un dictador en cuya figura se aúnan la
jefatura política y religiosa, es el mayor armador de pesca de
Marruecos y el Ministro de Pesca, es el segundo mayor armador
de pesca de Marruecos. Por lo tanto, la negociación del mundo
occidental europeo, del español, se encuentra con esta serie
de problemas añadidos de negociar con países en los cuales
convergen intereses propiamente particulares y personales. Nos
encontramos con una negociación compleja, repito, la más
compleja negociación con la que se puede encontrar la Unión
Europea por la diferente mentalidad que reina en el mundo
occidental europeo y la que reina en Marruecos.
Señor Presidente, se ha producido un incremento desmesurado de
la flota marroquí. Con la ayuda financiera de la Unión Europea
se han construid modernísimos, congeladores cefalopoderos que,
al cabo de los cuatro años, como no hay mentalidad pesquera ni
marítima, por el mantenimiento, por la renovación y por todas
las reparaciones que hay que realizar, como no hay esa cultura
se deshacen esos barcos y se vuelve a utilizar la ayuda
financiera europea para renovar barcos que únicamente tienen
cuatro años. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nuevamente
insolidaridad europea. ¿Por dónde? Por Francia. ¿Por qué?
Porque Francia es el país que está ayudando a Marruecos a
construir todos esos buques congeladores en los astilleros
franceses. hay un desajuste de intereses que, al final a la
flota pesquera española le pillan por un lado o por otro.
Nosotros vamos a mantener una postura cauta y de apoyo al
Gobierno en la medida en que es una negociación compleja y
difícil por los intereses personales y económicos que están en
este momento cruzados en la misma.
Señor Presidente, voy a terminar haciendo una reflexión sobre
tema de las empresas mixtas de las que se ha hablado también.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Gatzagaetxebarría, tiene medio minuto.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Además de la
responsabilidad política del Gobierno por ese incremento de
flota que se produjo en los años 1985 y 1989, la modalidad de
empresas mixtas pueden ser una solución en la medida en que la
flota pesquera española, la flota pesquera europea puede,
mediante esta modalidad, utilizar caladeros de terceros
Estados y acceder a cuotas de esos Estados. Por tanto, la
pesca se realizaría como si se fuera nacional de ese Estado,
pero con la característica de que el personal tripulante
español enrolado en los mismos sigue cotizando al Régimen de
la Seguridad Social Especial del Mar. Ello puede ser una
solución. No es la mejor, pero es que no hay otra. Hay que
adecuar, por un lado, el ajuste estructural ordinario que la
Administración debe abordar, o la búsqueda de nuevas
soluciones, como puede ser la de las empresas mixtas, pero
siempre que sea una solución rigurosa y no como la que
pretende Marruecos de utilizar la figura de las empresas
mixtas para hacer negocios particulares por parte de los
dirigentes políticos marroquíes.
Finalizo, señor Presidente, manifestando que nuestro Grupo
Parlamentario tampoco coincide con el planteamiento que hace
el Grupo Popular en el punto 2.º de la reprobación. Entendemos
que la responsabilidad política es colegiada del Gobierno y,
estando de acuerdo
en el resto de los puntos solicitaríamos votación separada de
los mismos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Finalmente, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con suma brevedad, solamente
vamos a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) resp presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Nuestro Grupo tampoco se siente satisfecho por la insuficiente
cuota de fletán que queda a nuestros pescadores. ya lo hemos
dicho en múltiples ocasiones y no lo vamos a repetir de nuevo.
Entre todas las disensiones que ha habido aquí, nuestro Grupo
ha manifestado que, a pesar del mal acuerdo, se ha salvado
nuestra presencia, todo lo disminuida que se quiera, en aguas
de Terranova; se ha evitado una vez más el grave precedente de
la extensión de las aguas jurisdiccionales; el control de las
capturas sigue bajo tutela de la NAFO, todo lo cual permite
abrigar la esperanza de una revisión de cuotas de fletán en
las negociaciones NAFO para la campaña 1996. Por estas
razones, nuestro Grupo no votará ninguna reprobación. Además,
queremos dejar constancia y recordar a SS.SS. que quedan
abiertos muchos otros frentes de negociación que son difíciles
y deberíamos comparecer sin estériles disensiones y, mucho
menos, descalificaciones; antes al contrario, fortalecidos por
la unidad de todos los grupos parlmanetarios, de la prensa,
del sector pesquero y de todos los ciudadanos. Nos hace falta
más que nunca la fuerza unitaria que seamos capaces de lograr
en torno a nuestros representantes y a los de la Unión Europea
en los foros donde se negocie el futuro inmediato de nuestro
sector pesquero, empezando ahora por el de Marruecos. Salvamos
también, señorías, de todo este debate, lo que, a nuestro
juicio, tiene una mayor trascendencia, que es la divulgación
ante la opinión pública mundial, y en especial de la Unión
Europea, de la trascendencia social y económica que tienen los
intereses de nuestros pescadores. Desde luego, son ellos los
primeros en defender su actividad productiva, pero también que
esta actividad productiva sea sostenible.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Fernández de
Mesa tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Socialista. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, con respecto a la
primera de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, considera que se hace un esfuerzo
impresionante en el reconocimiento final. Desde luego, es
digno de elogio que el Grupo Parlamentario Socialista se
atreva en estos momentos a decir que el acuerdo ha sido
insuficiente, en contra de lo expresado por el Gobierno, pero
no señala en modo alguno lo que nosotros queremos decir de que
este acuerdo es manifiestamente mejorable y que, por tanto,
merece nuestro rechazo.
En el segundo apartado, señor Presidente, nos parece la
postura lógica y solidaria del Grupo Parlamentario Socialista
con el Gobierno, como no otra manera. Sin embargo, el Grupo
Parlamentario Popular no reprueba por lo que ha hecho hasta
ahora, sino porque considera que no va a ser capaz de
conseguir mejores cotas en el futuro, visto el pasado.
Entendemos la postura solidaria del Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de
Mesa, no haga usted ahora un debate en contra de las
enmiendas. Indique sólo si las acepta o rechaza. (Continúan
los rumores.)
Por favor, señorías, silencio.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: No, señor Presidente.
El punto tercero es interesante para el Grupo Parlamentario
Socialista, pero no entendemos por qué dapor perdida la
batalla de que en este mis pueda realizar una revisión al alza
del TAC de fletán; lo proponen ustedes para el año 1996, pero
no para 1995. Una flota parada durante todo un año se queda
completamente inservible para el año siguiente. Sería un costo
excesivamente elevado que se podría subsanar aumentado la
cuota de fletán en el Consejo de NAFO de este mes, como muy
bien ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
la cuarta enmienda presentada, de supresión, es lógica como
consecuencia de la tercera. Nos parece aceptable el punto
sexto, pero cuántos años diciendo que vamos a conseguir
caladeros alternativos. Lo vemos lógico. Es aceptable.
En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
son todas de adición, el Grupo Parlamentario Popular no tiene
inconveniente en aceptarlas y sumarlas a su moción porque
mejoran la redacción y, sobre todo, recogen el sentir general
de todos los grupos políticos de la Cámara durante los últimos
debates que se han producido al respecto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor
Fernández de Mesa.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 126; en contra, 148; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.