Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 107, de 22/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 V Legislatura Núm. 107
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 106
celebrada el martes, 22 de noviembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995 (número de expediente 121/000067) (Continuación) (Página 5519)
--Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social (número de expediente 121/000070) (Página 5547)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número
108, de 23 de noviembre de 1994).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
(continuación). (Página 5519)
Título VII y secciones 32 y 33 (Página 5519)
El señor Rajoy Brey defiende las enmiendas del Grupo Popular,
que son de supresión o devolución al Gobierno del Título VII y
de la Sección 32. Asimismo presentan otras enmiendas de
supresión, modificación o adición, según los casos, a diversos
artículos del título citado. Para una mayor claridad distingue
las enmiendas relacionadas con la financiación de las
corporaciones locales de las que hacen referencia a las
comunidades autónomas y en un apartado posterior formulará
algunas consideraciones sobre el Fondo de Cohesión de la Unión
Europea.
Sobre la petición de devolución al Gobierno del Capítulo I de
este título, regulador de la financiación de las corporaciones
locales, lo justifica en que no garantiza la autonomía y
suficiencia financiera de aquéllas. Reconoce que, al menos, en
el Presupuesto de este año existe una cantidad, aunque sea
discutible, de participación de estas corporaciones en los
tributos del Estado, lo que no sucedía anteriormente. Aun así,
mantiene la enmienda de totalidad y lo seguirá haciendo en el
futuro mientras no se dé solución a cuestiones decisivas que
afectan a la financiación de las corporaciones locales, como
es, en primer lugar, la delimitación precisamente de sus
competencias y, en segundo lugar, la falta de garantías a su
autonomía financiera.
Afirma que, ante el actual galimatías competencial de las
corporaciones locales, podrían arbitrarse fórmulas para ir
tirando, como se hace en estos Presupuestos, pero tales
fórmulas, en su opinión, no pueden responder a criterio lógico
alguno. Urge, por tanto, un pacto local, reivindicado en
muchas ocasiones con razón por la Federación Española de
Municipios y Provincias, que delimite con claridad qué deben
hacer las corporaciones locales y, a renglón seguido, fijar
unos criterios de financiación que respondan a las
competencias propias de las mismas y, mientras esto no suceda,
poniendo fin a la actual srituación. La oposición, sea la que
sea, no puede dar su apoyo a la norma de financiación de los
entes locales que presenta el Gobierno, sea cual sea. Otra
razón de peso importante por la que su Grupo pide la
devolución del capítulo I al Gobierno es el incumplimiento del
artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales o, lo que es lo
mismo, por no respetar la autonomía financiera de las
entidades locales.
Mantienen otras enmiendas a este título que son conocidas por
los señores Diputados de esta Cámara, por lo que no va a
entrar en su análisis. Simplemente destacaría dos de ellas,
relativas a la situación de los municipios de Canarias. Sobre
las razones por las que pide la devolución del capítulo II de
este título que establece el sistema de financiación de las
comunidades autónomas, cree que son suficientemente conocidas
y se pueden resumir en una afirmación perfectamente entendible
por todo el mundo y es que han transcurrido más de diez años
desde la aprobación de la Constitución Española y desde la
entrada en vigor de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas y aún no hay un sistema de financiación
definitivo de las mismas. Están, en la práctica, en un modelo
que es el inicial del coste efectivo sin que exista
corresponsabilidad fiscal y con el famoso 15 por ciento del
IRPF que, según el propio grupo de expertos, es
manifiestamente inconveniente y no responde a ningún criterio
científico, sino simplemente a una presión al Gobierno por
parte de determinado grupo político. En definitiva, el Grupo
Popular no puede dar su apoyo al sistema de financiación de
las comunidades autónomas que se establece en los Presupuestos
Generales hasta que no se cumpla la legislación vigente y se
dé contenido al acuerdo de 20 de enero de 1992.
En cuanto al Fondo de Cohesión de la Unión Europea y su
reparto entre las comunidades autónomas y corporaciones
locales recuerda que el Presidente del Gobierno, en
contestación a una pregunta que él le formuló en el Pleno, el
pasado mes de septiembre, garantizó que habría transparencia,
claridad, equidad y justicia, promesa que no se cumple en
estos Presupuestos, donde se dice, lisa y llanamente, que el
Gobierno decidirá como estime oportuno y conveniente sobre el
Fondo de Cohesión. Señala que en el supuesto de que el
Gobierno no remita a esta Cámara, o al Senado, una
comunicación fijando claramente el criterio para repartir este
fondo, él mismo volverá a preguntar al Presidente del Gobierno
la razón del incumplimiento de la palabra que le fue dada en
el pasado mes de septiembre y le afeará su conducta.
El señor Martín Menis defiende las enmiendas de Coalición
Canaria, la primera de ellas referente a la participación de
los ayuntamientos y cabildos canarios en los fondos del Estado
dedicados a esta Administración. Señala que es histórica ya
desde el año 1972 la reclamación de los ayuntamientos
canarios sobre su participación en los tributos del Estado y
la Ley 19/1994, de 6 de julio, aprobada en esta Cámara por
amplio consenso, no deja lugar en ningún supuesto a la
disminución del volumen de gasto público estatal corriente y
de inversión en las islas. No existe ningún fundamento para
que dicho gasto corriente en el archipiélago canario no sea
igual que en cualquier otra autonomía en lo referente a las
administraciones locales. Considera injusta la limitación que
se les fija para la participación en sus tributos, sin que
encuentren justificación para tales restricciones, máxime
cuando el costo de la insularidad grava claramente a los
ayuntamientos canarios a la hora de prestar los servicios
correspondientes a sus ciudadanos.
Alude, por otra parte, a la enmienda referida al transporte,
afirmando que la mejora del transporte público insular es la
única fórmula viable para resolver su futuro y, dado que desde
Canarias no participan en todos los fondos que desarrollan la
infraestructura del ferrocarril, considera necesario potenciar
transportes públicos alternativos para poder desplazarse a los
nuevos lugares de trabajo manteniendo las residencias
actuales.
Espera que las enmiendas de su grupo sean apoyadas y de alguna
manera resuelvan o palíen los graves problemas que tienen y,
en cualquier caso, estaría dispuesto a buscar alguna fórmula
transaccional sobre las mismas.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya dirigidas a hacer
frente a la política de los municipios y a la nivelación de la
prestación de los servicios, así como a la mayor inversión
para corregir desequilibrios entre las comunidades autónomas.
Señala que la gran discusión con la FEMP ha estado quizás
excesivamente centrada en los intereses o las demandas de los
grandes municipios, los que se vienen en denominar las siete
grandes ciudades, pero cree que la peor situación, la que más
necesidad de apoyo tiene, la padecen los municipios pequeños y
medianos. Sin embargo, la plasmación en estos Presupuestos de
los acuerdos alcanzados sobre el particular no se ajusta al
cien por cien a las demandas pactadas con la Federación
Española de Municipios. Alude a la situación especial por la
que atraviesan los municipios de menos de 20.000 habitantes,
para los que Izquierda Unida propone crear un fondo con 30.000
millones de pesetas, encargando al Gobierno que en plazo
determinado desde la aprobación de estos Presupuestos
establezca las condiciones para su distribución. Otra
propuesta que realizan, que reconoce que es controvertida, es
la creación de un fondo de nivelación, recogido en el artículo
15 de la LOFCA y reiteradamente aplazado, fondo encaminado a
corregir y nivelar servicios que reciben los distintos
ciudadanos con independencia de la comunidad en que vivan. Se
trataría de un fondo, que no tendría carácter permanente sino
hasta se produjese dicha nivelación, para hacer frente al
déficit en la gestión de determinados servicios. Termina
mencionando dos enmiendas concretas a la Sección 32 para
incrementar las inversiones destinadas al transporte del metro
en Madrid y acometer las obras aplazadas, así como la
modernización del material de este medio de transporte. El
señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas presentadas, haciendo especial hincapié en aquellas
referentes a la comunidad Autónoma Valenciana al considerar
que dicha Comunidad sigue siendo discriminada en estos
presupuestos. Pide, por último, que se dé por defendida en sus
propios términos la enmienda número 234, de la señora Rahola,
al artículo 88 del Proyecto de Ley. El señor Gatzagaetxebarría
Bastida defiende la enmienda 315, al artículo 103, que regula
la transferencia a las Comunidades Autónomas y el mecanismo de
financiación de las mismas, proponiendo que se haga una
referencia específica a las Comunidades Autónomas reguladas
por concierto, como el caso de Navarra o el País Vasco.
En turno en contra de las enmiendas al Título VII interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Morlán Gracia,
manifestando que el presente título tiene dos pilares
fundamentales, como son todo lo que supone la financiación de
las Comunidades Autónomas y lo que supone el tratamiento de
financiación de las corporaciones locales. Se imagina que
cuando se plantea la supresión de este título será porque se
tiene una idea muy clara de cuál es esa financiación y qué
fórmulas son las más adecuadas para que en el complejo mundo
de la distribución competencial y de los recursos del Estado
se tenga una varita mágica suficiente para poder determinar,
sin ningún tipo de problemas, cómo se procede a esa
distribución. Piensa que el señor Rajoy será consciente de que
se trata de un tema bastante más complicado que decir
simplemente que no se está de acuerdo con lo que se ha hecho y
que se retire.
Agrega que se hallan ante un proceso abierto de transferencias
a las Comunidades Autónomas y entre todos los grupos políticos
deben buscar cuál es la salida más correcta para que, de la
misma forma que en un momento determinado se llegó a un pacto
autónomico respecto a las Comunidades
Autónomas del artículo 143, se pueda llegar también a la
consecución de un sistema de financiación que responda a las
necesidades e inquietudes de todas las Comunidades Autónomas,
proceso de financiación que tiene que ver mucho con lo que
después han de hacer las Comunidades Autónomas respecto a las
corporaciones locales, pues no se debe olvidar que también
deben percibir sus correspondientes recursos de las
Comunidades Autónomas. Consiguientemente, al retirar todo
porque no hay nada hecho cree que no es una buena medida para
plantear en un debate. Entiende, por el contrario , que se
debe ir al revés, es decir, reconocer que se trata de un
proceso complejo en el que todos tienen que intervenir y
reconocer que los pasos que se han dado son positivos y
encaminados para ir definiendo, poco a poco, el sistema de
financiación. En cuanto a los ayuntamientos, estima que se ha
dado un paso importante con el acuerdo entre el Gobierno y la
Federación Española de Municipios, acuerdo a cinco años que
plantea una serie de medidas que vienen a corregir las
deficiencias en la financiación que han tenido las
corporaciones locales. Con dicho acuerdo cree que se ha tomado
una buena dirección, aunque el tema no esté cerrado porque se
trata de algo complejo en el que los pasos son más complicados
de lo que a primera vista parece.
Piensa que con la anterior reflexión general quedan
contestadas en buena medida las enmiendas formuladas por el
Grupo Popular.
Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, defendidas por el
señor Ríos Martínez, recuerda que ya en Comisión se mostró de
acuerdo con esa especial sensibilidad por lo que sucede en los
pequeños y medianos municipios que tienen unas posibilidades
financieras menores que otros y que en esa dirección están
dispuestos a trabajar en las próximas fechas. En todo caso,
señala, hacer una modificación como la que se plantea en estos
momentos puede vulnerar o alterar en gran parte el acuerdo
alcanzado con la FEMP, que en gran medida viene a paliar las
deficiencias de este tipo de municipios rurales. No obstante,
no se niegan a estudiar el tema en el futuro para llegar a la
fórmula de financiación mejor y más objetiva aplicable a los
mismos.
Concluye aludiendo a las restantes enmiendas defendidas por
los distintos portavoces de los grupos fijando la posición del
Grupo Socialista sobre las mismas y remitiéndose en buena
parte a los argumentos ya expuestos en Comisión. Replican los
señores Rajoy Brey, Martín Menis, Ríos Martínez Chiquillo
Barber y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando el señor Morlán
Gracia.
Título VIII y Secciones 32 y 33 (Página 5533)
El señor Aparicio Pérez da por defendidas en sus propios
términos las enmiendas del Grupo Popular a este Título,
rogando que en su momento sean sometidas a votación.
El señor Chiquillo Barber pide asimismo que se dé por
defendida en sus propios términos la enmienda número 273, de
la señora Rahola i Martínez. El señor Zabalía Lezámiz pide
también que se den por defendidas las enmiendas del Grupo
Vasco al Título VIII del Proyecto de Ley.
Disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos
(Página 5533)
El señor Aguirre Rodríguez, en nombre del Grupo Popular, da
igualmente por defendidas sus enmiendas a estas disposiciones,
realizando una mención especial de aquellas relativas al
conocido 0,7 y a la voluntad política de acceder a los
objetivos de solidaridad que plantea la reivindicacion de la
Plataforma del 07. El señor Ríos Martínez defiende las
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, haciendo una especial mención de las relativas a
destinar al plan de empleo rural un volumen de dinero superior
al propuesto por el Gobierno. Otras enmiendas de su grupo van
también dirigidas a modificar el proyecto del Gobierno
mejorando fundamentalmente la vertiente social del mismo, a
través de actuaciones contempladas en las disposiciones
adicionales segunda y séptima. Asimismo proponen la
modificación de las disposiciones adicionales 19 y 20, con el
objetivo de incrementar lo que denomina ayuda al Tercer Mundo.
El señor Chiquillo Barber pide que se den por defendidas las
enmiendas de sus compañeros de Grupo, señora Rahola y señor
Albistur.
A continuación expone el contenido de las 31 enmiendas
formuladas por Unión Valenciana a estas disposiciones,
haciendo especial hincapié en aquellas a las que atribuye
personalmente un mayor interés en favor de la Comunidad
Autónoma Valenciana y que espera que sean apoyadas por la
mayoría de la Cámara. El señor Gatzagaetxebarría Bastida
defiende las enmiendas del Grupo Vasco, limitándose a exponer
sucintamente el contenido de las mismas y remitiéndose, en
buena medida, a los argumentos expuestos en su día en la
Comisión. El señor González de Txabarri Miranda completa la
defensa de las enmiendas del Grupo Vasco, aludiendo
brevemente al contenido de las números 397 y 401.
En turno en contra de las enmiendas al Título VIII interviene,
en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Jerez Colino, limitándose a fijar la posición de su Grupo en
torno a aquellas que califica de preferentes y pidiendo
disculpas por anticipado si no alude a todas y cada una de las
presentadas, lo que haría en su caso en un turno posterior.
Replican los señores Aguirre Rodríguez, Ríos Martínez y
Chiquillo Barber y duplica el señor Jerez Colino.
Proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (Página 5547)
Título I (Página 5547)
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que
retoma aquí la política de ingresos, es decir, el
establecimiento de una serie de medidas encaminadas a recaudar
los recursos necesarios paa hacer las políticas que se han
planteado a nivel de actuación de cada sección. Expone que no
comparte algo de lo que se ha planteado con esta Ley, como es
la modificación de 27 leyes distintas fuera de la discusión
presupuestaria pero paralelamente a ella. Afirma que el
Gobierno prefiere, en la discusión presupuestaria de cada año,
amoldar la legislación vigente a todo lo que le viene al
efecto, modificando normas de cualquier y distinto rango.
Como centro de reflexión de todas sus enmiendas expone la
creencia de que hay un excesivo gasto fiscal sin garantías de
que con el mismo se vayan a cumplir los objetivos que el
Gobierno se propone. El Gobierno manifestaba que con estas
medidas se iba a facilitar que las empresas pudieran tener
mayor cobertura, mayor plusvalía e invertir y generar empleo,
pero lo cierto es que esto no está garantizado con esta
política de gasto fiscal. Se establecen determinadas
indemnizaciones para las empresas sin que el dinero que se
ahorran con tales medidas esté condicionado a la generación de
empleo, al dejar a las empresas que lo inviertan en lo que
consideren más oportuno.
Por otro lado, considera que en la propuesta de ingresos hay
una excesiva velocidad hacia una imposición indirecta, cuando
persisten grandes diferencias entre las rentas de las personas
de nuestro país, debiendo establecerse que pague más el que
más tiene y no en función de lo que se consuma, puesto que es
sabido que los ciudadanos con un nivel de rentas escaso
invierten un porcentaje muy alto de sus salarios en consumir
lo básico. Precisamente las enmiendas de su Grupo van
dirigidas a incorporar figuras impositivas que darían mayores
ingresos al Estado, provenientes de los que tienen mayores
recursos. Otro gran objetivo de sus enmiendas sería el fraude
fiscal, ya que en el proyecto del Gobierno se propone un par
de iniciativas, pero no se aborda con rigor la lucha contra
dicho fraude.
A través de otras enmiendas proponen el mantenimiento de la
exenciones que funcionaron en los años 1992 y 1993, y que han
dejado de estar vigentes en el año 1994, en relación con las
pensiones e indemnizaciones recibidas como consecuencia de
situaciones de incapacidad permanente, procedentes de la
minería o cualquier trabajo gravoso.
Termina solicitando la supresión de los artículos 1 y 2 del
proyecto, fundamentalmente para reducir los gastos fiscales,
como decía al principio, y, por otro lado, propone un
incremento del impuesto sobre el patrimonio, que en este país
paga muy poca gente. Asimismo pide la supresión del artículo 8
para evitar la doble imposición y del artículo 9 para que las
cuotas por los servicios prestados por las llamadas entidades
de Derecho público y federaciones deportivas sean inferiores a
las que se proponen en el proyecto. Por otra parte, propone
exenciones de todas aquellas medias generadoras de actuaciones
ecológicas.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, da por defendidas
las enmiendas presentadas a esta ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales, sobre la base y los propios términos
que aparecen en la justificación de las mismas. El señor Costa
Climent defiende las enmiedas del Grupo Popular. Comienza
señalando que, desde el punto de vista político, los
ciudadanos españoles se encuentran ante un Gobierno incapaz de
poner en marcha las medidas que necesita la economía española,
un Gobierno que convierte el inmovilismo en la regla más
segura de su gestión y que permanece impertérrito ante el
espectáculo de las corruptelas, pelotazos y operaciones de
ingeniería financiera que desfilan día tras día por las
páginas de los medios de comunicación. Considera que estas
circunstancias introducen falta de confianza y de credibilidad
en la política del Gobierno para conseguir la calidad y
duración de la recuperación económica que se les ofrece para
1995.
Sucede, además, que para realizar una valoración de la
política tributaria que incorpore esta ley de acompañamiento
hay que analizar la coyuntura económica en la que se encuentra
situada la economía española. Afirma que en el año 1994 el
crecimiento económico se ha apoyado fundamentalmente en el
buen comportamiento de las exportaciones y de la actividad
turística, pero el sector exterior está agotando en este
momento su capacidad de impulso, en parte porque se agotan las
reservas competitivas derivadas de las devaluaciones de la
peseta y en parte también porque el Gobierno ha sido incapaz
de poner en marcha las correcciones que necesitan los
desequilibrios básicos de nuestra economía. Estas
circunstancias acrecientan la necesidad de contribuir a que
los componentes domésticos de la demanda puedan apuntalar el
cremiento económico de 1995. Expone que el Título I de esta
ley de acompañamiento merece al Grupo Popular una valoración
negativa, en primer lugar porque las medidas de apoyo a la
política económica son meros parches puntuales que, además, se
incorporan con retraso; en segundo lugar, porque el Gobierno
relega al olvido los incentivos necesarios a la inversión, e
incluso reduce en 1995 el margen de incentivos fiscales a la
inversión, y la necesidad de diseñar un política fiscal de
protección al ahorro. Añade que el Grupo Popular considera
prioritario más que nunca acometer una reforma de nuestro
sistema tributario, poniendo en marcha un marco que dote de
mayor neutralidad y seguridad jurídica las decisiones de los
agentes económicos. Cree que en este momento tienen una
oportunidad para ello. Termina exponiendo el contenido de las
enmiendas de su Grupo, que plantean medidas básicamente en
cuatro líneas, como son: primera, medidas destinadas a
favorecer el ahorro a la inversión y la capitalización de las
empresas; segunda, medidas de apoyo a la economía productiva
de las pequeñas y medianas empresas; tercera, medidas de lucha
contra el fraude fiscal internacional, y cuarta, medidas de
apoyo a la internacionalización de las empresas. El señor
Zabalía Lezamiz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV),
afirmando que las medidas que contempla el Título I de este
proyecto de ley son, desde su punto de vista, unas medidas
adecuadas, pero insuficientes. Piensan que habría que ir más
lejos y apoyar más decididamente el ahorro y la inversión. De
ahí que hayan presentado un conjunto de enmiendas que abarcan
todas aquellas medidas que piensan serían importantes o al
menos incidirían más en los aspectos antes señalados, es
decir, ahorro e inversión. Expone seguidamente el contenido
concreto de algunas de tales enmiendas.
Completa el turno del Grupo Vasco (PNV) el señor
Garzagaetxebarría Bastida, mencionando la enmienda 17, por la
que pretenden dotar de un ámbito de bonificación y de mejor
tratamiento fiscal a los combustibles, y en concreto al
biodiesel que es un carburante derivado de productos
alimentarios. Con esta enmienda pretenden lograr diversos
efectos como el impulso, primero, de una industria que en
España está en ciernes y tiene posibilidades de desarrollo si
cuenta con un marco fiscal adecuado; segundo, que los
agricultores españoles puedan compensar con esa medida otras
derivadas de los acuerdos de la Ronda Uruguay y del GATT;
tercero, la utilización de carburante derivado de productos
agrícolas y, cuarto, que tales medidas no suponen una menor
recaudación para el Gobierno al tratarse de una actividad
industrial complementaria que en este momento no existe en la
economía española.
En turno en contra de las enmiendas anteriormente defendidas
interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor
García Ronda, anunciando que se ahorrará cualquier preámbulo y
limitándose a fijar la postura del Grupo Socialista en
relación con cada una de las enmiendas defendidas a este
Título I del proyecto de ley.
Replican los señores Ríos Martínez, Costa Climent, Zabalía
Lezámiz y Gatzagaetxebarría Bastida, duplicando el señor
García Ronda.
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
(continuación) (Página 5559)
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas con
anterioridad, así como del texto del dictamen, que es aprobado
en la siguiente forma: Título V y Sección 06, por 172 votos a
favor, 141 en contra y 13 abstenciones; Título VI, por 168
votos a favor, 153 en contra y cuatro abstenciones; Título VII
y secciones 32 y 33, por 166 votos a favor, 157 en contra y
una abstención; Título VIII, por 171 votos a favor, 134 en
contra y 18 abstenciones; disposiciones adicionales,
transitorias, finales y anexos, por 166 votos a favor, 154 en
contra y dos abstenciones; exposición de motivos, por 168 a
favor, 153 en contra y una abstención.
El señor Presidente anuncia que las votaciones
correspondientes al título debatido del proyecto de Ley sobre
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social se
celebrarán, junto con las votaciones correspondientes al resto
de títulos de la ley que serán objeto de debate, a partir de
las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (continuación).
Título II (Página 5568)
El señor Aparicio Pérez defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. Alude a la absoluta heterogeneidad de
los contenidos de este Título II, aunque la sentencia del
Tribunal Constitucional indicaba muy nítidamente lo que no
debían hacer, esto es, agregar al proyecto de Ley de
Presupuestos materias conexas e inconexas de esa forma
acumulativa, y entiende que abusiva, que se venía realizando.
Piensa que, de haber una ley de acompañamiento al proyecto de
Ley de Presupuestos, debe ser de materias íntimamente
relacionadas con los Presupuestos y no convertirse en un
extraño o variado muestrario de iniciativas, que en algunos
casos deberían tener su propio debate por su volumen e
importancia.
Entrando ya de manera más directa en el apartado dedicado a la
mejora de la acción reguladora de la Seguridad Social, en
principio están de acuerdo, aunque les hubiese gustado conocer
el alcance de las medidas propuestas por la unidad de lucha
contra el fraude. Le sorprende, sin embargo, que no hayan
aceptado prácticamente ninguna de las enmiendas del Grupo
Popular comprendidas entre los números 186 y 201, salvo la
189, tratándose, además, de enmiendas de carácter técnico que
perseguían una mayor claridad normativa y en la línea de una
mayor seguridad jurídica, así como una mayor concordancia con
el resto del ordenamiento administrativo.
Las enmiendas 202 a 205 se refieren a las mutuas de trabajo y
su posición inicial es que una materia de tanta envergadura
debería haber sido objeto de un Proyecto de Ley diferenciado.
De ahí su rechazo, mediante enmiendas de supresión, de lo que
consideran una práctica abusiva en las leyes de
acompañamiento.
Entrando en otro tema, concretamente en la reciente reforma
laboral y las deficiencias observadas en la misma, manifiesta
que el Grupo Popular sigue considerando que el contrato de
aprendizaje no goza del adecuado marco jurídico, y así parece
entenderlo también la Inspección de Trabajo, que desaconseja
la realización de inspecciones en este tipo de contratos. Cree
que tienen ahora ocasión de corregir estos defectos, en base a
la propia experiencia. También entiende que es la ocasión para
retomar un modelo mucho más coherente con lo que es la
formación profesional en Europa.
Concluye aludiendo a la enmienda 206, en la que plantean de
nuevo la jubilación flexible, aceptada en debates públicos por
Diputados del Grupo Socialista y que ahora tienen la ocasión
de incorporar a la ley a través de una enmienda que puede ser
perfectible, tanto aquí como posteriormente en el Senado, y a
la contratación para servicios en los hogares familiares, lo
que puede ser un paso importante en la normalización de
determinadas situaciones en el límite de lo que podrían llamar
economía sumergida o economía irregular. Respecto a la
protección a la familia, tema objeto de modificación en el
debate en Comisión, afirma que no ha dejado satisfecho al
Grupo Popular, que considera necesario un tratamiento global y
hablar de otro modelo de protección familiar en lugar de ir a
una modificación parcial de una ley del año 1971. El señor
Peralta Ortega defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Destaca el contenido amplio de
este Título II, dedicado en su mayor parte a la temática de la
Seguridad Social y buena parte del mismo objeto de acuerdo con
las organizaciones sindicales, lo que considera un
planteamiento positivo al contribuir a que los agentes
sociales se responsabilicen de una institución tan fundamental
como es la Seguridad Social. Desde esa perspectiva, las
enmiendas de su Grupo son muy concretas y, habida cuenta del
debate de totalidad que tendrá lugar sobre las secciones 19 y
60, se centra en estos momentos en aspectos más limitados
relacionados con la mejora del procedimiento recaudatorio de
la Seguridad Social, que les parece muy oportuna, sobre todo a
la vista de la rebaja en un punto de las cotizaciones. En
cuanto a las prestaciones de protección que otorga la
Seguridad Social, concretamente la situación de incapacidad
temporal por enfermedad, le parece lógica la modificación que
se realiza del régimen anterior, pero pide que se dote de
coherencia y unidad a la nueva institución, lo que requiere
que se cotice durante toda la incapacidad temporal, a
diferencia de lo que propone el proyecto.
En cuanto a la prestación por maternidad, objeto de nueva
regulación, les parece muy positivo que deje de considerarse
como una enfermedad y tenga prestación del 100 por ciento en
lugar del 75 por ciento anterior, aunque no consideran
adecuada la existencia de un período de carencia de 180 días,
como el que existía anteriormente, y que en todo caso debería
reducirse a 90 días si se quiere incentivar una nueva política
de natalidad.
En cuanto a la invalidez permanente, entiende que tal como
está redactado el apartado correspondiente no es viable desde
un punto de vista constitucional, al afectar a un derecho
fundamental, como es el de acceso a los tribunales, debiendo
modificarse el precepto de manera que se establezca un plazo
en virtud de ley aprobada por esta Cámara en lugar de dejarlo
a la libre disposición de una de las partes.
Concluye resaltando la falta de coherencia que significa
introducir en este capítulo sobre las prestaciones de la
Seguridad Social un ente ajeno a la propia Seguridad Social
como son las entidades de previsión, lo que en buena lógica
requeriría que dichas
entidades se sometiesen a las normas ordinarias de la
Seguridad Social para evitar una ruptura importante del
sistema.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo
Vasco (PNV), enmiendas de adición y que hacen referencia todas
ellas a la misma materia, procurando resolver o remover las
dificultades o el trato desfavorable que afecta a las
entidades de previsión social voluntaria en relación a los
fondos de previsión, Se trata de las enmiendas números 20 a
22, cuyo contenido explica a la Cámara, afirmando que un trato
diferenciado para estas entidades no tiene ningún tipo de
justificación ni es razonable jurídicamente, por lo que pide
que se solucione definitivamente un problema que llevamos
arrastrando desde la Ley de Presupuestos de 1986 y que afecta
al principio de igualdad ante la Ley que consagra el artículo
14 de la Constitución.
Finalmente, da por defendidas las demás enmiendas de su Grupo
a este Título II, así como las disposiciones adicionales y
transitorias concordantes con el mismo. En turno en contra de
las enmiendas defendidas anteriormente interviene el señor
Trujillo Oramas, en representación del Grupo Socialista. En
relación con las manifestaciones del representante del Grupo
Popular sobre la oportunidad o no de recoger en esta Ley las
materias que en ella vienen reguladas, señala que no va a
repetir los argumentos expuestos en Comisión hace escasas
fechas. Sí desea, en todo caso, aclarar que las medidas que se
plantean son muy concretas y en algunos casos absolutamente
necesarias, rechazando que se estén produciendo grandes
modificaciones con respecto a la regulación anterior y sí más
bien en aspectos puramente puntuales.
Recuerda, por otra parte, lo que ya manifestaba el portavoz de
Izquierda Unida sobre el amplio acuerdo alcanzado acerca de
los aspectos contemplados en esta norma con las propias
organizaciones sindicales y empresariales. A continuación
procede el portavoz socialista a fijar la posición concreta de
su Grupo respecto a cada una de las enmiendas defendidas por
los portavoces de los diversos grupos de la Cámara.
Replican los señores Aparicio Pérez, Peralta Ortega y
Olabarría Muñoz, duplicando el señor Trujillo Oramas.
Títulos III y IV (Página 5580)
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), da por
defendidas en sus propios términos las enmiendas
correspondientes a estos títulos, habida cuenta de que no
considera relevante volver a comentar lo que ya ha expuesto en
Comisión.
El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular,
manifestando que si el día anterior echaba en falta un
proyecto de Estatuto para la función pública, hoy con mucho
más motivo reclaman dicho proyecto para asuntos de la misma o
mayor importancia, en lugar de obligarles a trabajar sobre
unos textos que contienen medidas parciales, parcheadas,
torpes y dadas en respuesta a los compromisos que figuran en
el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, refrendado por el
Consejo de Ministros del pasado 15 de septiembre. Pregunta
para qué tratar estas cuestiones ahora de esa forma si, según
los socialistas, dentro de unas semanas va a entrar en la
Cámara el proyecto de Estatuto de la función pública,
encontrándose, por tanto, ante un debate falso, casi
fraudulento y desde luego inútil. Afirma que si participan en
él con sus enmiendas es por el profundo respeto que tienen al
Parlamento y para compensar el que el Gobierno no tiene a esta
Cámara.
Agrega que el debate es inútil, no ya porque sus enmiendas
vayan a ser rechazadas, sino porque a esa Ley de
acompañamiento le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió o le
está ocurriendo a la Ley 22/1993 que también dedicaba un
título a normas sobre la función pública, con la finalidad de
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos previstos en los
Presupuestos para 1994. Analizado el grado de ejecución y
eficacia de la citada Ley, la conclusión es que las reformas
no eran las adecuadas, no coadyuvaron en absoluto a rebajar el
déficit público, como tampoco a mejorar la función pública.
Sin tiempo para reponerse de los decepcionantes resultados de
la Ley 22/1993, se encuentran con otro proyecto semejante, al
que su Grupo ha presentado una enmienda de totalidad y varias
al articulado.
Expone que el Gobierno se ampara en el acuerdo con los
sindicatos de la función pública para justificar algunas de
las innovaciones que constituyen el contenido de este Título
III del proyecto de ley, cuestiones que afectan al ámbito de
lo que debe ser el Estatuto de la función pública, y tendría
que ser cuando se enviase a la Cámara ese proyecto de ley el
momento en que se debatieran y legislaran esas cuestiones.
Considera que no es presentable ni justificable que el
Gobierno, después de doce años incumpliendo sus propias
promesas, se descuelgue ahora con una serie de reformas y
medidas parciales, descoordinadas entre sí y fuera de un
contexto que defina claramente el modelo de función pública
que se busca y se necesita. Califica de chapuzas e
impertinencias las soluciones parciales que se reflejan en los
artículos 56 a 59, que además no mejoran la situación actual
en ningún aspecto y, por el contrario, agravan la falta de
transparencia, incrementan la discrecionalidad, no contribuyen
a la necesaria moderación del gasto corriente y se alejan de
los principios constitucionales de capacidad
y mérito en el acceso a la función pública, imparcialidad en
su ejercicio y acceso en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos. Concluye el señor Núñez Pérez
haciendo referencia al contenido de varias de las enmiendas
parciales de su Grupo.
El señor Martínez Blasco defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que si
realmente estamos a las puertas de una norma, y parece que el
Gobierno ha asumido el compromiso por enésima vez de remitirla
a la Cámara para regular todo lo referente a los empleados
públicos, no tiene mucho sentido que se introduzcan en esta
Ley una serie de artículos que modifican, en algunos casos
sustancialmente, la normativa hasta ahora vigente. Cree que
modificaciones importantes como las que se proponen deben
realizarse en un marco global, cual es la ley de los empleados
públicos. Expone que no sirve para justificarse aludir a los
acuerdos del 15 de septiembre, puesto que de éstos se ha ido
cogiendo sólo lo que se ha querido, e incluso en algunos casos
la regulación que se propone es contradictoria con tales
acuerdos. En resumen, que toda la parte referida a los
funcionarios públicos, en lo que suponga modificaciones
sustanciales, debe abordarse en el marco de la ley de los
empleados públicos.
Concluye el señor Martínez Blasco aludiendo al contenido de
algunas de las enmiendas parciales presentadas por su Grupo a
los títulos objeto de debate. El señor Olarte Cullen, en
nombre del Grupo de Coalición Canaria, solicita que se dé por
reproducido cuanto tienen expresado en sus enmiendas y que en
su momento se sometan a votación.
Igualmente pide, en nombre del señor Chiquillo, del Grupo
Mixto, que se den por defendidas en sus propios términos las
enmiendas presentadas. En turno en contra de las enmiendas a
los títulos III y IV interviene el señor Trujillo Oramas, en
nombre del Grupo Socialista, manifestando, en primer lugar, en
contestación al señor Núñez, que ha vuelto a traer a la Cámara
el debate tanto del Título III del proyecto de Presupuestos
como el producido hace unos días como consecuencia de la
proposición de ley de organización del Gobierno y la
Administración central del Estado. Se trata de una música
repetitiva, pero no de la buena, en la que no sale, en
general, de los adjetivos descalificadores de todo lo público.
Ha hablado de un debate falso, de chapuza e impertinencia y de
crisis en el sector público, lo cual no es cierto, con
relación a la organización de nuestra Administración.
Agrega que, en efecto, en breves fechas, van a tener en la
Cámara una ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado y que vendrá el Estatuto de
la función pública, y además con un nivel de acuerdo
importante con las organizaciones sindicales, lo que al
parecer no le gusta demasiado a su señoría.
Descalificaba también el señor Núñez la Ley 22/1993, señalando
que no ha servido para mejorar la función pública, cuando el
señor Diputado es consciente de que se está desarrollando y
trabajando en la dirección adecuada, aunque se trate de una
materia muy compleja.
Respecto a las acusaciones de trato discriminatorio y de
conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad,
recuerda lo dicho hace unos días en el sentido de que el año
1982 la totalidad de los ascensos eran de libre designación,
mientras que en este momento es de sólo el 2,7 por ciento,
potenciando así la carrera administrativa dentro de la
Administración, como van a seguir haciéndolo y en cuya
dirección van muchos de los artículos criticados por el
enmendante.
A continuación procede a contestar a las numerosas enmiendas
del Grupo Popular y que ha defendido el señor Núñez.
Respecto al Grupo de Izquierda Unida, reconoce que se proponen
una serie de modificaciones importantes y significativas,
aunque no todas las que pretenden traer en el Estatuto de la
función pública, sino que entienden que algunas debían
recogerse ya en la Ley de Presupuestos y ser objeto de
aplicación inmediata, en algunos aspectos, los acuerdos
alcanzados con las organizaciones sindicales.
Por último, fija brevemente la posición del Grupo Socialista
en relación con las enmiendas de Coalición Canaria, del señor
Chiquillo, Grupo Mixto, y del Grupo Vasco (PNV).
Replican los señores Núñez Pérez y Martínez Blasco, duplicando
el señor Trujillo Oramas.
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
(continuación).
Sección 08 (Página 5592)
El señor Gatzagaetxeberría Bastida defiende las enmiendas del
Grupo Vasco (PNV), relativas al Consejo General del Poder
Judicial, planteando que el Poder Judicial español se adecue
al Estado autonómico y cumpla con la responsabilidad
constitucional y política que tiene asignada, por entender que
en la actualidad el órgano de gobierno del Poder Judicial no
está adaptándose a esa legalidad constitucional y estatutaria.
Precisamente para colaborar a ese cumplimiento presentan una
enmienda, con la que piden la creación de una partida de 20
millones de pesetas para formar a jueces y magistrados en
catalán, gallego y euskera, ya que hasta la fecha no se está
cumpliendo con la legalidad vigente. El señor Padilla
Carballada defiende la enmienda presentada por el Grupo
Popular, con la que proponen,
en relación con los centros de estudios de la Administración
de Justicia, que se dote de una partida para la puesta en
marcha de un centro de selección y formación de jueces y
magistrados, que se establece como uno de los objetivos nuevos
de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada
recientemente por esta Cámara.
Añade que las reformas legislativas son buenas o no lo son y,
si son buenas y además están ante una que ha merecido el apoyo
de todos los Grupos de la Cámara, es porque es buena cuanto
antes y no parece oportuno esperar a 1996 para que la
previsión legislativa de la puesta en funcionamiento de ese
centro de formación tenga lugar, lo que irremediablemente
sucederá si en los Presupuestos para 1995 no hay previsión
presupuestaria al respecto.
En turno en contra de las enmiendas a la Sección 08 interviene
el señor De la Rocha Rubí, en nombre del Grupo Socialista.
Respecto a la enmienda del Grupo Vasco (PNV), adelanta que
aceptarán lo que propone si bien desea aclarar que el Consejo
General del Poder Judicial viene ya desarrollando una tarea de
formación de jueces y magistrados, también en los idiomas
distintos al castellano a través de convenios con las
comunidades autónomas en las que existen dos lenguas
oficiales.
Respecto a la enmienda del Grupo Popular, se ve obligado a
repetir los argumentos que ya expuso en Comisión hace unos
días, como por otra parte ha hecho el representante del Grupo
Popular, señalando que las competencias en cuestión ya están
atribuidas al Consejo General del Poder Judicial pero ocurre
que no se traducen en el tiempo necesariamente en dotaciones
presupuestarias inmediatas. Recuerda que el Consejo General ya
ha anunciado que está ejerciendo sus competencias y va a
convocar a principios del año 1995 el primer concurso-
oposición para plazas de jueces y magistrados que convoca el
Consejo, dando, por tanto, a lo largo de ese año, los primeros
pasos para la constitución del nuevo Centro de Estudios
Judiciales.
Será, en cambio, en el Presupuesto de 1996 donde tendrá que
hacerse una dotación específica singular dentro de la Sección
08, Consejo General del Poder Judicial. No se trata, por
tanto, de que no se cumpla la Ley, que se cumple, sino de que
todo tiene su ritmo de puesta en vigor.
Replican los señores Gatzagaetxebarría Bastida y Padilla
Carballada, duplicando el señor De la Rocha.
Sección 12 (Página 5596)
El señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga)
presenta la Sección correspondiente al Ministerio de Asuntos
Exteriores, señalando que, como los señores Diputados habrán
podido comprobar, tiene un incremento importante del 13 por
ciento respecto al ejercicio anterior, incremento muy por
encima del gasto público, lo que pone de manifiesto que la
Sección se convierte en este ejercicio en una prioridad del
Gobierno.
Como objetivos fundamentales de este presupuesto señala, en
primer lugar, el mantener con la máxima dignidad el servicio
exterior de España y la presidencia española de la Unión
Europea, que tendrá lugar en 1995. En segundo lugar, y con la
misma forma que el año anterior, poner a punto nuestro reloj
desde el punto de vista de las obligaciones que tenemos en la
esfera internacional con los organismos internacionales,
fundamentalmente las operaciones de mantenimiento de la paz, y
en el Presupuesto para 1995 se continúa con esa tendencia. En
tercer lugar, una de las prioridades de la Sección, y quizá
del presupuesto para 1995 en su conjunto, tiene que ver con la
ayuda al desarrollo, existiendo el compromiso de todos los
grupos de la Cámara de salir al encuentro de las crecientes
necesidades de un mundo en el que, afortunadamente, nosotros
estamos ya en una prosperidad relativa muy por encima de la
media. Desea aclarar, sin embargo, que la ayuda al desarrollo
que da España no se agota en los Presupuestos Generales del
Estado puesto que la ayuda al desarrollo es un estado de ánimo
de una sociedad madura y generosa que quiere cooperar de la
mejor manera posible a paliar el sufrimiento ajeno que
acontece allende nuestras fronteras.
El señor Rupérez Rubio defiende la enmienda del Grupo Popular.
Coincide con el señor Ministro en el aumento significativo del
presupuesto de esta Sección, comparativamente mayor que el que
tienen otras secciones del Presupuesto, aunque espera que el
Ministro coincida con él en que este aumento, al igual que
sucedió el año anterior, es en gran parte ficticio, ya que en
su práctica totalidad se debía en aquella ocasión, como en
parte se debe también en este caso, al pago de cuotas a
organismos internacionales, todavía pendientes de satisfacer.
También coincide con el señor Ministro en que el incremento
fundamental de la Sección se debe a las partidas
correspondientes a la ayuda al desarrollo, sobre todo en este
particular, coincide igualmente con las palabras del señor
Ministro. Cree, sin embargo, que existe un problema adicional
en el que tendrían que centrarse, que es precisamente la
acción a favor del servicio exterior del Estado, y el Grupo
Popular estaría dispuesto a apoyar cualquier medida que el
Gobierno tomara encaminada a mejorar la calidad de ese
servicio, para lo que el presupuesto que se presenta sigue
siendo insuficiente, al mismo tiempo que se produce una mala
distribución de los escasos fondos disponibles, con una mayor
burocracia en Madrid y una menor presencia de España en el
mundo. Agrega que la burocracia del Ministerio de Asuntos
Exteriores no
siempre se ha caracterizado en los últimos años por ser
ejemplo de austeridad y rigor presupuestario y, por el
contrario, han encontrado algunos casos de derroche e
ineficiencia en la utilización de los fondos públicos.
Entiende asimismo que se trata de un presupuesto
desequilibrado, no resultando lógico que más de su tercera
parte se dedique al pago de cuotas internacionales, no
sirviendo este año el argumento empleado el año anterior de
que se trata de abonar deudas pendientes con numerosos
organismos internacionales. En este sentido hace una
reflexión, ya expuesta en otras ocasiones a la Cámara, y es si
existe una adecuación entre los objetivos, cada vez más
ambiciosos, de nuestra política exterior y unos medios, por el
contrario, cada vez más escasos. Concluye el señor Rupérez
dando cuenta del contenido de sus enmiendas relativas a la
ayuda al desarrollo.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende la enmienda 251
al Programa 134.B, proponiendo aumentar dicho programa en 100
millones de pesetas.
Respecto al resto de la Sección 12 considera que se trata de
un presupuesto equilibrado en líneas generales.
Finalmente pide que se someta a votación la enmienda de la
señora Rahola i Martínez, dándola por defendida en sus propios
términos.
El señor Espasa Oliver defiende la enmienda número 222, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relacionada
con las obligaciones y cuotas internacionales y proponiendo la
congelación de dichas cantidades. Por otra parte, se extiende
en el tema de la ayuda al desarrollo recordando el compromiso
de llegar a un gasto efectivo del 0,5 por ciento en el año
1995 y la postura de su Grupo Parlamentario, siempre favorable
al incremento de esta ayuda.
En turno en contra de las enmiendas a la Sección 18 interviene
el señor Martín Mesa, en nombre del Grupo Socialista,
expresando su satisfacción por el alto grado de aceptación que
para el conjunto de los grupos parlamentarios suscita el
contenido de esta sección, en consonancia con el esfuerzo de
consenso que todos los grupos y partidos vienen realizando en
los planteamientos de nuestra política exterior. Añade que en
Comisión se ha realizado un importante esfuerzo por incorporar
las enmiendas asumibles a la sección.
Respecto a la presentada por Izquierda Unida cree que estarán
de acuerdo en que el camino elegido no es el adecuado y más
bien correspondería una ley al efecto. En cuanto a la enmienda
de totalidad presentada por el Grupo Popular, entiende que
tiene más bien carácter testimonial, siendo la habitual
enmienda de totalidad presentada por este Grupo a todas las
secciones del presupuesto. Creen, en todo caso, que para
justificar una enmienda tan decisiva deberían haber hecho un
mayor esfuerzo en presentar alternativas a la actual
distribución de los créditos de la Sección.
Concluye fijando la posición del Grupo Socialista respecto a
las demás enmiendas presentadas por otros grupos a esta
sección.
Replica el señor Rupérez Rubio, duplicando el señor Martín
Mesa.
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social. (Continuación.) (Página 5605)
Se procede a la votación de las enmiendas presentadas a este
proyecto de ley y debatidas con anterioridad, así como al
texto del dictamen, que es aprobado en su Título I por 167
votos a favor, 152 en contra y ocho abstenciones; el Título
II, por 167 votos a favor, 144 en contra y 14 abstenciones, y
los títulos III y IV y disposiciones adicionales, transitorias
y finales por 167 votos a favor, 154 en contra y seis
abstenciones.
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995. (Continuación.) (Página 5608)
Secciones 01, 02, 03, 04 y 05 (Página 5608)
Sometidas a votación, se aprueban por 321 votos a favor, uno
en contra y una abstención.
Asimismo se procede a las votaciones de las enmiendas a las
Secciones 08 y 12 y del dictamen correspondiente a las mismas,
que es aprobado, en relación con la Sección 08, por 192 votos
a favor y 135 abstenciones, y la Sección 12 por 192 votos a
favor, 133 en contra y una abstención.
Sección 15 (Página 5609)
El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira)
presenta la Sección, cuyos objetivos son los mismos que ya
tuvo ocasión de exponer al presentar los Presupuestos
Generales, es decir, conseguir la consolidación presupuestaria
y el ajuste de los gastos de funcionamiento del Estado.
Informa, en primer lugar, que los presupuestos no financieros
del Departamento van destinados, fundamentalmente, a financiar
gastos de funcionamiento, entendiendo por tales los de
personal, bienes y servicios y las transferencias corrientes y
de capital a los organismos autónomos y a la Agencia
Territorial. En segundo lugar, las operaciones financieras
tienen un peso importante, y entre ellas destacan las
adquisiciones de acciones del grupo de patrimonio y los
créditos a favor del Fondo de Ayuda al Desarrollo. En tercer
lugar, el presupuesto del Departamento
debe tener un comportamiento ejemplarizante, en función de la
política de austeridad y contención del gasto.
Expresa a continuación, de forma pormenorizada, el contenido
de algunas partidas presupuestarias y su evolución para el
próximo ejercicio, afirmando, como conclusión final, que tales
presupuestos se han diseñado de acuerdo con la política de
consolidación presupuestaria y de austeridad en el gasto
público, continuando con las líneas seguidas en el año 1994,
pero siendo unos presupuestos suficientes para hacer frente a
las obligaciones del Departamento. El señor Frutos Gras, en
nombre de Izquierda Unida, manifiesta que más que centrarse en
la defensa de la enmienda de totalidad a la Sección desea
realizar una reflexión en voz alta sobre los Presupuestos para
1995, coincidiendo con el señor Ministro, en primer lugar, en
que se trata de una continuación de los de 1994, planteando en
su conjunto un modelo económico de crecimiento sin creación de
empleo, lo que considera socialmente injusto y que continuará
fomentando determinadas desigualdades territoriales que ya
tienen fuerte implantación en nuestro país y produciendo
fuertes impactos medioambientales. Añade que la eliminación de
rigideces laborales y medidas correctoras de los déficit
presupuestarios suponen un conjunto de cosas a las que el
Fondo Monetario llama por su nombre y que son despidos más
baratos y desmantelamiento gradual de los sistemas públicos de
prestación social.
Concluye señalando que su enmienda a la Sección tiene plena
identificación con la presentada al conjunto de los
Presupuestos y es coherente con todo lo que ha venido
defendiendo su grupo en el último año, especialmente desde que
empezaron a discutir sobre lo que se ha conocido como reforma
laboral. No se trata de desacuerdos con tal o cual partida de
esta Sección sino de un desacuerdo global con la política
económica diseñada y que practican desde este Departamento,
con la política financiera, con la política fiscal y con la
política laboral. El señor Montoro Romero, defendiendo las
enmiendas del Grupo Popular, destaca la importancia de esta
Sección dentro de los Presupuestos y lamenta que el
comportamiento del Ministerio de Economía no esté a la altura
de las circunstancias que exige el contexto económico de
nuestro país. Más que comportarse este Departamento como un
buque insignia de la Administración lo está haciendo como una
pequeña barca a merced de la tormenta, reproduciendo vicios y
defectos del resto de la flota, en vez de colaborar
activamente a dirigir ésta, a corregir sus vicios y a
orientarla hacia un comportamiento eficaz de la política
económica en España.
Agrega que con la enmienda de totalidad que presentan a esta
Sección pretenden que el señor Ministro reconsidere las
cuentas del Ministerio y proceda a su reordenación para
conseguir, en primer lugar, una mayor austeridad; en segundo
lugar, eliminar altos cargos y unidades administrativas y, por
último, reorganizar el Ministerio para evitar
disfuncionalidades, dispersión de recursos y, en definitiva,
despilfarro e ineficacia. Junto con la enmienda a la totalidad
piden la devolución de programas específicos, en los que
aprecian las mayores debilidades y defectos en el
funcionamiento del Ministerio. El señor Albistur Marín
defiende la enmienda presentada conjuntamente con el Grupo
Vasco (PNV), relacionada con los incentivos regionales a la
liquidación industrial y las empresas acogidas a los programas
ZUR y ZID, proponiendo que se destinen los medios financieros
oportunos para hacer frente a la deuda acumulada por las
empresas acogidas a estos regímenes y que superan los 1.200
millones de pesetas.
En turno en contra de las enmiendas a la Sección 15, el señor
Martínez Sanjuán, en nombre del Grupo Socialista, alude a las
intervenciones de los representantes de Izquierda Unida y
Grupo Popular en la defensa de sus enmiendas de totalidad, con
intervenciones diametralmente distintas y contrapuestas, por
lo que no sabe si es verdad lo de que en el punto medio está
la virtud, pues en ese caso estarían hablando de un buen
presupuesto del Ministerio. Señala al señor Frutos que no es
cierto que se esté apostando por la receta que da en los
medios de comunicación el Fondo Monetario Internacional,
aunque está preocupado por las cosas que dice sobre la
evolución del déficit público y la marcha de una serie de
variables respecto de las que se marcan unos objetivos que
creen que se pueden cumplir.
En cuanto a la intervención del señor Montoro, que ha
utilizado los símiles del buque insignia y de la barca que
navega a la deriva, le tiene que decir que, en su opinión, su
enmienda a la totalidad ha tocado agua porque no ha entrado en
serio en el problema de fondo, limitándose a repetir las
mismas cosas que le viene oyendo en esta tribuna, en comisión,
en artículos de prensa, etcétera, basando toda su intervención
en que los presupuestos no son creíbles, que este Gobierno no
lidera los objetivos económicos y, además, que no genera
confianza. Replican los señores Frutos Gras y Montero Romero,
duplicando el señor Martínez Sanjuán.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Continuación)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Debate del título VII y de las secciones 32 y 33.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a defender de manera conjunta
las enmiendas de mi Grupo al título VII y a la sección 32, en
donde se plasman los criterios del Gobierno sobre financiación
de los entes territoriales. Las enmiendas son de supresión o
de devolución del título VII, de sus dos capítulos y de la
sección 32. Asimismo, presentamos otras enmiendas de
supresión, modificación o adición, según los casos, a diversos
artículos del título VII antes citado. Defenderé también tres
enmiendas, dos de adición y una de modificación, para fijar
nuestro criterio y opinión sobre determinados aspectos
relacionados con la parte del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea que se destina a Comunidades Autónomas y a
Corporaciones Locales. Voy a distinguir en mi exposición, para
una mayor claridad, las enmiendas relacionadas con la
financiación de las Corporaciones Locales de las que hacen
referencia a las Comunidades Autónomas, dejando para una
tercera parte de esa exposición unas breves consideraciones
sobre el Fondo de Cohesión.
Pues bien, hemos pedido la devolución al Gobierno del capítulo
I, que regula la financiación de las Corporaciones Locales,
por no garantizar la autonomía y suficiencia financiera de las
mismas. Quiero comenzar mi intervención en este punto
afirmando que, al menos en los Presupuestos Generales del
Estado de este año, existe una cantidad, sin duda discutible,
pero, al menos, una cantidad, en concepto de participación de
las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, lo que
no sucedía en los Presupuestos del pasado año, donde existía
una remisión a normas legales posteriores que establecerían
los criterios para fijar definitivamente esa participación.
Ahora hay un acuerdo entre el Gobierno y la Federación
Española de Municipios y Provincias que establece el
procedimiento para fijar esa participación y que tiene un
período de vigencia de cinco años. Sólo cabe decir de ese
acuerdo que le deseamos mejor suerte que la que tuvo el
plasmado en su día en la Ley de Haciendas Locales, que luego
se encargó unilateralmente de cumplir el señor Solchaga,
algunas de cuyas decisiones sobre este asunto están hoy
pendientes de recurso en el Tribunal Constitucional. En
cualquier caso, y a pesar de lo dicho, mi Grupo mantiene la
enmienda a la totalidad y seguirá haciéndolo en el futuro,
mientras no se dé solución a dos cuestiones que inciden de
manera decisiva en la financiación de las Corporaciones
Locales: en primer lugar, la delimitación precisa de sus
competencias y, en segundo lugar, la falta de garantías a su
autonomía financiera.
Sobre las competencias que hoy ejercen las Corporaciones
Locales hay que afirmar, y desde luego hacerlo con claridad,
que nuestra legislación vigente en este punto está constituida
por un conjunto de normas de las cuales no es posible deducir
cuáles son las competencias de las Corporaciones Locales, que
son en este momento las de la Ley de Régimen Local, las que le
atribuyen las leyes sectoriales del Estado sin financiación
para su ejercicio, las que le atribuye la legislación de las
Comunidades Autónomas, las que tradicionalmente ejercen por la
vía de hecho y las que no tienen más remedio que asumir por
presión ciudadana al ser las Corporaciones Locales las
administraciones más próximas al vecino. Comprenderán ustedes
que con este galimatías competencial podrán arbitrarse
fórmulas para ir tirando, como se hace en estos presupuestos,
pero desde luego estas fórmulas no pueden responder, como en
mi opinión no responden, a criterio lógico alguno. Urge, por
tanto, un pacto local, reivindicado en muchas ocasiones, en mi
opinión con razón, por la Federación Española de Municipios y
Provincias y también por el Grupo Parlamentario Popular, que
delimite con claridad qué deben hacer las Corporaciones
Locales, qué deben hacer las otras instituciones públicas y, a
renglón seguido, fijar unos criterios de financiación que
respondan a las competencias propias de las mismas, y mientras
eso no sea así y no se ponga fin a esta situación que afecta
al resto de los poderes territoriales, la oposición, sea la
oposición la que sea, no puede dar su apoyo a las normas de
financiación de los entes locales que presente el Gobierno,
sea éste cual sea.
Pero, además de por esta razón, que me parece una razón de
peso e importante, mi Grupo pide la devolución al Gobierno de
Este Capítulo I por incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley
de Haciendas Locales o, lo que es lo mismo, por no repetar la
autonomía financiera de las entidades locales. Como es sabido,
la Ley de Haciendas Locales de 1988 determina, en el referido
artículo 9.2, que los beneficios fiscales que el Gobierno
decida y reconozca sobre los tributos locales serán
compensados por el propio Gobierno a las Corporaciones
Locales, lo cual se entiende perfectamente y creo que no
requiere de mayores explicaciones, pero es lo cierto que esa
norma no se cumple, y de hecho la propia FEMP ha puesto de
relieve que desde la entrada en vigor de la Ley de Haciendas
Locales han sido diecisiete las normas que han establecido
bieneficios fiscales sobre los tributos locales y sólo en
cuatro de ellos se ha producido esa compensación, lo que
supone una clara vulneración del principio de autonomía
financiera, además
de una minoración considerable en los ingresos de las
Corporaciones Locales. Estas son las dos razones fundamentales
por las que pedimos la devolución al Gobierno del capítulo en
el que se establece la regulación de la financiación de las
corporaciones locales.
Hay otras enmiendas, creo que son conocidas por los Diputados
de esta Cámara, al menos por los que van a intervenir en
nombre de su respectivos grupos, y no voy a entrar en el
análisis de las mismas. Simplemente me remito a la enmiendas
presentadas por mi Grupo, de entre las cuales destacaría las
dos enmiendas que se presentan sobre la situación de los
municipios de Canarias. Sí voy a hacer una referencia,
igualmente breve, sobre las razones por las cuales pedimos la
devolución al Gobierno del capítulo II de este título, que es
el que establece el sistema de financiación de las comunidades
autónomas. Las razones por las que mi Grupo pide la devolución
al Gobierno de este capítulo son suficientemente conocidas,
desde luego por el Grupo Socialista y por el Gobierno al cual
apoya este Grupo, razones que, por otra parte, le acaban de
recordar al Gobierno los miembros del grupo de expertos que, a
petición del propio Gobierno, han redactado el llamado libro
blanco sobre financiación autonómica y que se pueden resumir
en una afirmación perfectamente entendible para todo el mundo,
y es que han transcurrido más de diez años desde la aprobación
de la Constitución española y desde la entrada en vigor de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y
aún no hay un sistema definitivo de financiación de las
mismas. Estamos, en la práctica, y así lo ha reiterado este
Grupo en múltiples oportunidades, y ahora lo dice el propio
grupo de expertos al que antes he hecho referencia, en un
modelo que es prácticamente el inicial del coste efectivo,
cierto es que algo evolucionado. Aquí no hay
corresponsabilidad fiscal, y recordemos el compromiso asumido
por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
del 20 de enero del año 1992; aquí lo único que hay es el
famoso 15 por ciento del IRPF que, como dice el propio grupo
de expertos, es manifiestamente inconveniente y desde luego no
responde a ningún criterio científico, sino sólo, como es
sabido, a una presión de un determinado grupo político al
Gobierno. Por consiguiente, este Partido político no puede dar
su apoyo al sistema de financiación de las comunidades
autónomas que se establece en los Presupuestos Generales hasta
que no se cumpla la legislación vigente y particularmente
hasta que no se dé contenido al acuerdo de 20 de enero del año
1992 y a las recomendaciones, muy puestas en razón, de esos
expertos a los que acabo de hacer referencia y que casualmente
coincidían con las recomendaciones que en su día le hizo el
Partido Popular al Gobierno.
Sobre este aspecto vuelvo a reiterar el planteamiento del
Grupo Popular: creemos que es necesario, puesto que el actual
período de vigencia de financiación de las comunidades
autónomas termina en diciembre de 1996, que el Gobierno
propicie un pacto al que invite a los partidos políticos para
resolver el tema de la corresponsabilidad fiscal, el asunto de
la nivelación de servicios mínimos del artículo 15 de la LOFCA
y fijar de una manera definitiva el sistema de financiación de
las comunidades autónomas. Creo que no es mucho pedir que
cuando ya llevamos más de diez años de funcionamiento de las
comunidades autónomas el Partido de la oposición le ofrezca y,
al mismo tiempo, le pida al Gobierno un pacto sobre estos
asuntos.
Por último, voy a hacer una brevísima referencia a tres
enmiendas que presentamos y que hacen referencia al reparto
del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Me refiero al
reparto entre comunidades autónomas y corporaciones locales.
El Presidente del Gobierno, don Felipe González, en respuesta
a un pregunta que yo mismo le formulé en esta Cámara el pasado
mes de septiembre, garantizó que en el reparto y gestión del
Fondo de Cohesión de la Unión Europea había transparencia,
había claridad, había equidad y había justicia. Yo,
naturalmente, no dudo de la palabra del Presidente del
Gobierno, aunque razones si que tendría para ello, como es
suficientemente conocido por los presentes, pero en cualquier
caso, tengo que decir que esa promesa de transparencia, de
equidad, de justicia y de claridad que hacía el Presidente del
Gobierno en esta misma Cámara el pasado mes de septiembre no
se cumple en estos Presupuestos. Y no se cumple porque en
estos Presupuestos se dice, lisa y llanamente, que el Gobierno
decidirá como estime oportuno y conveniente sobre el Fondo de
Cohesión. Nosotros lo que pedimos es que no se hagan las cosas
así y que antes del 31 de marzo de 1995 el Gobierno remita a
la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados una
comunicación en la cual se fijen los criterios de reparto para
su debate y aprobación por las Cortes Generales. En el
supuesto de que el Grupo Socialista o en el supuesto de que el
Gobierno no remita, bien a esta Cámara o bien al Senado, una
comunicación en la que fije claramente cuál es el criterio
para repartir el fondo de cohesión de la Unión Europea, yo
mismo volveré a preguntarle en esta misma Cámara al Presidente
del Gobierno la razón del incumplimiento de la palabra que me
ha dado en el pasado mes de septiembre y le afearé su
conducta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el
señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente. Subimos aquí
para defender básicamente dos enmiendas,
aun cuando el número sean tres. La primera se refiere a la
participación de los ayuntamientos y cabildos canarios en los
fondos del Estado dedicados a estas administraciones. Es
histórico ya, desde el año 1972, la reclamación de los
ayuntamientos canarios. En la Ley 30/1972, sobre el régimen
económico y fiscal de Canarias, carece de contenido la forma
específica en que deben participar los ayuntamientos canarios
en los tributos del Estado. Sin embargo, la Ley 19/1994, de 6
de julio, aprobada en esta Cámara, en la que se modifica el
régimen económico y fiscal de Canarias, en su artículo tercero
establece la existencia de un régimen económico y fiscal
específico en el archipiélago, que no deja lugar en ningún
supuesto a la disminución del volumen de gastos público
estatal corriente y de inversión destinable a las islas en
ausencia del mismo. Esta Ley se aprobó aquí por amplio
consenso; por tanto, creemos que no existe fundamento para que
el gasto corriente en las islas del Estado no sea igual que en
cualquier otra de las autonomías en lo referente a las
administraciones locales. Además, habría que añadir una
sentencia de la Audiencia Nacional relativa a una impugnación
de una orden de 19 de febrero de 1981 de la Presidencia del
Gobierno, que regula la participación de los ayuntamientos
canarios en los impuestos indirectos del Estado y en el Fondo
Nacional de Cooperación Municipal, que da la razón a los
ayuntamientos canarios demandantes. Y en los argumentos
expuestos, no sólo ya los formales, sino en la cuestión de
fondo, cuando habla de la imposición directa no encuentra
cobertura legal para la limitación respecto de la
participación correspondiente al IRPF. Como tampoco encuentra
justificación en lo concerniente al rendimiento de la tasa
sobre juegos del azar. Pero es más: tampoco encuentra
inconveniente en la participación en la imposición indirecta
del Estado, ya que las restricciones deberían estar
convenientemente justificadas y no de una forma inercial a lo
largo de la historia; y a lo largo de la historia nos hemos
movido en ese 36 por ciento de participación, que parece
totalmente injusto, y más injusto cuando se aduce por parte
del Gobierno central que la imposición indirecta se cobra toda
en Canarias. Ese argumento no es real, porque el Estado detrae
de las transferencias a la Comunidad Autónoma 15.000 millones
de pesetas, más las correcciones correspondientes que van en
cada uno de los presupuestos del Estado, en virtud del ITE que
cobraba el Estado a la entrada en vigor del nuevo régimen
económico y fiscal, que, al sustituir el nuevo impuesto IGIC a
los arbitrios insulares y al ITE, el Estado cede la
recaudación de estos impuestos a la autonomía canaria, pero,
en contrapartida, deduce, como digo, 15.000 millones de
pesetas, con los coeficientes de corrección.
Es más: el Reglamento del Consejo de la Unión Europea relativo
a la aplicación del derecho comunitario en las islas canarias,
de 26 de junio de 1991, dice, en su artículo 5.2,
textualmente: Hasta el 31 de diciembre de 1995 los tipos de
impuestos se fijarán de conformidad con el apartado 3. A
partir del 1 de enero de 1996 estos tipos se reducirán en una
proporción del 20 por ciento anual con el fin de permitir la
supresión en los plazos establecidos en el apartado 1. Este
descreste --repito que se dice textualmente-- se refiere a las
figuras que financian exclusivamente a las corporaciones
locales canarias; se dice que en los arbitrios sobre la
producción e importación en Canarias se aplique la tarifa
especial y que esto será paralelo a la aplicación progresiva
del arancel aduanero común, de forma que, al finalizarel
período transitorio, año 2000, se aplique íntegramente, ya que
esta recaudación financia los presupuestos comunitarios.
Luego un arbitrio, el que hoy se denomina Apim, histórico en
Canarias, se tiene que desarmar, descrestar para ser
sustituido por un arancel aduanero cuya recaudación va a
engrosar los presupuestos comunitarios. Por tanto, por ese
lado, la recaudación de esa imposición indirecta tradicional
en Canarias, va a pasar, a partir del 1 de enero de 1996, con
un 20 por ciento anual, gradualmente a fondos comunitarios.
Esto justifica aún más el que en estos momentos los
ayuntamientos canarios reclamen la participación al ciento por
ciento en los fondos dedicados a las corporaciones locales en
los Presupuestos del Estado. Hay argumentos técnicos para ello
también. El costede la insularidad grava claramente a los
ayuntamientoscanarios; los grava cuando tienen que prestar
servicios por un mayor coste de vida; los grava cuando tienen
que prestar servicios de forma doble cuando se refiere a una
isla menor, donde los servicios están gravados por la doble
insularidad, y los grava cuando tiene que realizar una obra en
un territorio abrupto, de una orografía muy difícil y cuyos
costos son muy superiores --y se puede demostrar-- a la
mayoría del territorio peninsular.
Igualmente, podríamos barajar argumentación política. Es
indudable que todos los ayuntamientos canariosde todos los
colores políticos, han hecho históricamente una reclamación:
la participación, de forma igualitaria, como cualquier otro
ayuntamiento del Estado, en los fondos.
Si en el Régimen Económico Fiscal que aprobamos en esta Cámara
en 1994 se decía claramente que las vengajas del RECF no
debían de menoscabar la participación del Estado, parece
bastante claro que no hay razones de peso para que se siga
manteniendo ese 36 por ciento y no se pase al ciento por
ciento. Por otro lado, querríamos sólo en un momento hacer una
referencia a la enmienda dedicada al transporte. Canarias, y
sobre todo sus islas grandes, tiene una densidad de las
mayores del Estado; tiene problemas gravísimos de impacto
ambiental de las infraestructuras
del transporte, y se necesita urgentemente, de forma
inexcusable, mejorar su transporte público como única fórmula
para resolver su futuro, y eso viene agravado en las islas
grandes por un desplazamiento de la economía de los lados
norte a sur; en el norte es donde está la vivienda y en el sur
donde está el trabajo. La única solución es la mejora del
transporte público. Desde Canarias no se participa en todos
los fondos que desarrollan la infraestructura del ferrocarril,
que nos parece un elemento a potenciar en la España
peninsular, pero en Canarias se necesita potenciar transportes
públicos alternativos que den la oportunidad de, manteniendo
las residencias actuales, poderse desplazar a los nuevos
lugares de trabajo, ya que es imposible en tan corto plazo
construir el número de viviendas necesario para esa población.
Además, crearía gravísimos problemas que significarían, en tan
corto plazo, tener que desarrollar infraestructuras
urbanísticas de gran potencia en las zonas sur de la isla para
poder resolver un problema grave, auténticamente grave, que es
el del paro en Canarias, que alcanza porcentajes que están en
los máximos de toda España. Sin embargo, los empleos se crean
en zonas en las que no está la población residente. La única
solución es el transporte público. Por eso defendemos una
enmienda por la que, de acuerdo con el artículo 8 del Régimen
Económico Fiscal, también aprobado, se crean organismos
insulares que deben administrar el transporte. En tanto esos
organismos no estén en marcha, las subvenciones que el Estado
debe mantener deben ser recibidas por la Comunidad Autónoma
Canaria. Por eso esperamos que estas enmiendas puedan ser
apoyadas y de alguna forma resuelvan y palíen los graves
problemas que tenemos. En cualquier caso, estaríamos
dispuestos a buscar alguna fórmula transaccional que nos
acerque a mayor velocidad de la prevista a estos presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Menis.
Enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que cuando el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya comenzó a reflexionar cómo recogen las políticas
hacia los entes territoriales los Presupuestos Generales del
Estado, nos encontramos con dos grandes limitaciones que hemos
pretendido corregir y mejorar con nuestras enmiendas.
La primera es cumplir aquella declaración de intenciones que
en todo el proceso electoral y en el debate de investidura
hacían el Presidente y el Partido mayoritario: entramos en la
etapa de los municipios, hay que dar un salto cualitativo en
la ordenación del Estado y hay que apostar por un proceso
municipalizador del poder. Por tanto, vamos a apostar por
fortalecer, clarificar nítidamente las competencias de los
municipios, la financiación de los mismos, haciendo residir en
ellos un volumen importante de la gestión del poder. La
segunda, entrar en otra fase de la relación del poder central
con las propias comunidades autónomas y abordar las
limitaciones que estas comunidades autónomas habían tenido,
sobre todo las del proceso más restringido, las del artículo
143 de la Constitución, para equipararse al mismo nivel de
poder que podían tener las del artículo 151; limitación que la
Constitución acercaba fundamentalmente a cinco años y no a
toda la evolución posterior.
Pues bien, el proceso ha sido distinto. Por eso las enmiendas
de Izquierda Unida van dirigidas a hacer frente a la política
de municipios y a la nivelación de la prestación de los
servicios y a la mayor inversión para corregir desequilibrios
entre las comunidades autónomas.
La gran discusión con la Federación Española de Municipios,
que al principio de la legislatura estaba en un proceso de
presión-negociación, ha estado quizá excesivamente centrada en
los intereses o en las demandas de los grandes municipios, lo
que se viene en denominar las siete grandes ciudades. Pero
creemos que la peor situación, la que más necesita de apoyo,
la padecen precisamente los municipios pequeños y los
medianos, los intermedios. Pero es que la plasmación en estos
presupuestos de los compromisos a los que el Gobierno ha
llegado con la Federación son una interpretación del propio
Gobierno y no se ajusta al cien por cien a las demandas
firmadas o pactadas con la propia Federación Española de
Municipios. Pero no voy a hacer referencia en mis enmiendas a
esa filosofía, sino a la previsión para fortalecer la
capacidad de los municipios en tres vertientes diferentes.
Primero, los municipios de menos de 20.000 habitantes, 7.500
municipios en nuestro país que tienen un volumen pequeño de
población, tienen una gran diseminación territorial y para
prestar los servicios tienen una dificultad importante, y para
los que la previsión presupuestaria es reducida. Es verdad que
ha aparecido una Federación Española de Municipios Rurales que
está haciendo unos planteamientos determinados. Pues bien,
Izquierda Unida propone crear un fondo, a través de una
enmienda al artículo 87, añadiendo un apartado 7, nuevo, con
30.000 millones de pesetas y encargando al Gobierno que en un
determinado plazo, después de aprobados los presupuestos,
ponga unas condiciones para esta distribución. Es verdad que
esta federación de municipios rurales ha planteado una
distribución por igual de dos millones de pesetas para cada
uno; nosotros creemos que no se puede tratar igual a los
desiguales y que, por tanto, hay que hacer un planteamiento
más global.
El otro objetivo ha sido equiparar a los municipos con las
comunidades autónomas. En la participación de las comunidades
autónomas en los ingresos del Estado, del volumen valorado, el
98 por ciento se hace entrega a cuenta en este ejercicio y el
2 por ciento restante se aplaza a la liquidación del
presupuesto y entonces se ajusta al presupuesto siguiente.
Para los municipios no es así; es el 95 por ciento. ¿Qué
proponemos? Que para las corporaciones locales la entrega a
cuenta sea igual que la que se fija para las comunidades
autónomas. Estas entregas a cuenta, que se deben realizar para
este ejercicio, se incrementarían, por tanto, respecto a la
propuesta del Gobierno, de 662.000 millones de pesetas, hasta
694.000 millones de pesetas. Por tanto, es equiparar a las
corporaciones locales con las comunidades autónomas,
entendiendo que aquí no hay ningún mayor gasto en la
liquidación ni tampoco adelantamos más de lo que pueden
gastar, porque el 98 por ciento es menos del cien por cien;
por tanto, no es posible que haya ningún problema de evolución
posterior.
El otro objetivo de nuestra enmienda es intentar que los pagos
mensuales establecidos en el artículo 92 se produzcan
establemente y que cuando haya retraso de esos pagos mensuales
a los municipios, para evitar el endeudamiento o el recurso a
lo que son movimientos de tesorería que significan un tipo de
interés, que el tipo de interés revierta en quien no hace el
pago. Por tanto, proponemos que se aplique un interés de
demora del 9 por ciento, al margen de que ya se ha anunciado
hoy que se van a subir los tipos de interés (lo ha anunciado
el Banco de España, que no sé si mandará mucho o poco) pero la
evolución estaba cifrada más o menos en esa cifra.
La otra enmienda va dirigida a lograr una apertura de línea de
crédito. Se establece una previsión de acceso de los
municipios a los fondos de cohesión, fundamentalmente para
infraestructuras y medio ambiente, en un volumen de 30.000
millones de pesetas, y de 15.000 millones de pesetas para los
municipios de menos de 50.000 habitantes. ¿Qué pretende esta
enmienda? Establecer una línea de crédito para los municipos
pequeños que tienen escasos recursos para actuar y desde el
propio Ministerio de Hacienda, en convenio con las distintas
entidades financieras, se pueda anticipar ese dinero y puedan
acometer las obras. Los municipios harían frente a los
intereses que provocara ese crédito y se anularía cuando se
cobrasen cuando estuviera ejecutada la obra; es decir,
facilitar la ejecución y el desarrollo de esos planes de
inversiones y no encontrar la limitación en la capacidad
financiera o de actuación de los propios municipios. Ese sería
el objetivo.
También hay otras enmiendas, que ya veremos en las
disposiciones adicionales, sobre todo cuando hablamos en la
disposición adicional vigésima de la aportación de 5.000
millones de pesetas a los municipio de menos de 50.000
habitantes para ese fondo de infraestructura local y también
en la decimonovena, sobre la distribución y la participación
de las comunidades en los fondos de cohesión, que es otra de
las discusiones importantes que tenemos en nuestras manos. El
otro gran objetivo de las enmiendas de Izquierda Unida es
comprometer que el Estado, de todo el volumen de inversión
nueva que va a tener en este ejercicio, destine un porcentaje
mayor del establecido hasta ahora, el 35 por ciento, a
corregir los desequilibrios territoriales y, por tanto, a
compensar territorialmente la actuación del propio Estado. Es
verdad que hay una Ley del fondo de compensación que establece
una cifra, pero lo cierto y verdad es que el volumen de
recursos que destina el Estado a las comunidades autónomas
para compensar --estas inversiones son gestionadas por cada
comunidad autónoma-- es el mismo en los últimos tres años:
128.000 millones de pesetas. Es cierto que se puede decir que
si la inversión nueva está contenida en cifras absolutas, el
porcentaje del 35 por ciento puede ser incluso inferior. Pero,
¿cuál es el planteamiento? Incrementar al 40 por ciento este
año y al 45 por ciento al año siguiente para que el Estado
tenga como primer objetivo, corregir desequilibrios
territoriales, además de los sociales que mediante otras
políticas se establecen en otras secciones y, por otro lado,
actuar sobre todo el territorio en su conjunto. Por tanto, lo
que proponemos es que el Fondo de Compensación
interterritorial se incremente este año al 40 por ciento y,
por tanto, se pase de la cifra de 128.000 millones de pesetas,
que se propone este año, a 145.000 millones de pesetas.
Por último, la otra propuesta nueva que pretendemos introducir
es controvertida. Es la creación de un fondo de nivelación que
nosotros creemos está recogido en el artículo 15 de la LOFCA,
que es un compromiso aplazado reiteradamente desde hace
bastante tiempo, a pesar de que el Consejo de Política Fiscal
y Financiera ya se plantease abordar esta actuación. Es una
propuesta que pretende corregir, en esa nivelación, los
servicios que reciben los distintos ciudadanos de cualquier
comunidad, habida cuenta por un lado, el número de habitantes;
por otro lado, el nivel de renta; y, por otro lado, la
dispersión. El objetivo de nuestra propuesta es una
nivelación, por tanto, temporal. Nosotros hemos hecho un
cálculo en esta propuesta a cinco años, lo dividimos y una
anualidad la hemos abordado este año. No sería, por tanto, un
fondo estable y permanente incorporado a los presupuestos,
sino sólo mientras se produce esa nivelación, para hacer
frente al déficit en la gestión de determinados servicios. El
segundo objetivo sería que la participación en los ingresos
del Estado recoja un volumen de recursos que podrían estar
señalados en los artículos 13 y 15 de la LOFCA.
El tercero sería una reasignación de esos recursos de
la participación en los ingresos del Estado. Fundamentalmente,
la corrección de la renta sería actuar con las comunidades de
menor renta, porque creemos que en la medida que los
ciudadanos tienen mayor volumen de renta en sus manos para
administrar recurren más a servicios privados que al servicio
público. Por tanto, creemos que hay más volumen de servicio
público consumido donde hay menor nivel de renta, precisamente
donde más dispersa está la prestación de servicios, puesto que
en las grandes ciudades la concentración de servicios es
mayor. Este fondo de nivelación pretende reasignar 122.000
millones de pesetas. Está establecido en un cuadro para todas
las comunidades autónomas. Nuestra propuesta contempla un
programa nuevo; sería la adición de un nuevo programa, el
911.E. Esta nueva filosofía iría incluida en el texto mediante
objetivos y actividades, y, por otra parte, la concreción de
la distribución del gasto para incorporar a la sección 32.
He defendido, señorías, las enmiendas tanto a las Secciones 32
y 33 como al Título VII, que era nuestro compromiso. Voy a
terminar defendiendo dos enmiendas concretas dirigidas a la
sección 32 para incrementar las inversiones destinadas al
metro en Madrid a fin de acometer las obras que están
aplazadas, compromisos acordados entre la Comunidad y el
propio Gobierno, que en estos presupuestos no acometen sino
que se aplazan; y, por otro lado, una mayor inversión para
modernización de material del propio metro de Madrid.
Estoy convencido de que el debate sobre la financiación de los
entes territoriales, municipios y comunidades autónomas es un
debate parejo al del poder y estoy convencido también,
señorías, de que ustedes entenderán que en política, como en
todo, el que paga manda. Mientras las comunidades tengan
gestión por transferencias y no haya gestión de recursos
propios y autonomía financiera suficiente, no estamos
ordenando el poder con las tres patas que debe tener
(municipio, comunidad autónoma y administración central) y el
desequilibrio juega a favor de la central, que tiene mayor
capacidad de actuación y de endeudamiento.
Nada más, señorías, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Enmiendas del Grupo Mixto. El señor Chiquillo tiene la
palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, voy a
defender las enmiendas presentadas por Unión Valenciana al
Título VII y a la sección 33, relativa a los entes
territoriales; y la enmienda de totalidad al Fondo de
Compensación Interterritorial.
La primera de las dos enmiendas que hemos presentado, la
número 37, al artículo 88, del Título VII, propone la adición
de un nuevo apartado seis. Es una enmienda tradicional que
presenta Unión Valenciana, relativa a la financiación del
Consell Metropolitá de L''Horta. Unión Valenciana presenta
esta enmienda número 37 en el sentido de que se contemple en
los Presupuestos Generales del Estado la correspondiente
financiación para el ente metropolitana que engloba la ciudad
de Valencia y 43 municipios de su área de influencia. Nosotros
consideramos que el área metropolitana de Valencia debería
beneficiarse de las dotaciones previstas en los mismos
términos que las áreas metropolitanas de Madrid y la extinta
de Barcelona. Consideramos que la cantidad a percibir por esta
área metropolitana no debería ser inferior a los 3.000
millones de pesetas y se debería dotar presupuestariamente con
la baja en igual cuantía de la Sección 31, correspondiente a
gastos de diversos ministerios. La justificación que nos lleva
a presentar por enésima vez esta enmienda es que con ella
proponemos que se ponga fin, de una vez por todas, a la
discriminación del área metropolitana de Valencia y que ésta
perciba las dotaciones presupuestarias compensatorias
previstas para áreas metropolitanas que sí son reconocidas vía
Presupuestos Generales del Estado.
Nuestra enmienda pretende obtener financiación para ese
Consell Metropolitá de L''Horta que agrupa, como he comentado
anteriormente, a 44 municipios en condiciones similares a
otras dos grandes áreas metropolitanas del Estado, Madrid y
Barcelona. Valencia soporta los efectos de un área
metropolitana que tiene que reconocerse porque esta ciudad
presta servicios a más de un millón de ciudadanos. Es absurdo
ignorar la realidad del área metropolitana de Valencia. Esta
realidad no puede ser olvidada ni desconsiderada. Pensamos que
un millón doscientos mil ciudadanos, un transporte público
colectivo prestado por la Empresa Municipal de Transportes del
Consorcio Valenciano de Transportes, servicios de saneamientos
de aguas, residuos sólidos, cuestiones de infraestructura
viaria, ejes viarios así como planteamiento urbanístico común,
no deben ser desconsiderados por parte del Gobierno central.
De una vez por todas, que se contemplen estas asignaciones y
la consignación presupuestaria haga justicia a muchos años de
discriminación.
Otra enmienda es la presentada a la Sección 33 en la que
solicitamos la devolución de toda la sección, referente al
Fondo de Compensación Interterritorial. Unión Valenciana
considera que este fondo nuevamente vuelve a dejar de lado y a
discriminar a la Comunidad Valenciana respecto a otras
comunidades. La incidencia de este fondo y de los
presupuestos, en general, tienen una incidencia en Alicante,
Castellón y Valencia bastante negativa y desde todo punto
recesiva. Un año más, se ha consagrado y agudizado el olvido
de la Comunidad Valenciana que se ha venido poniendo de
manifiesto en los últimos años. La nacionalidad valenciana
sigue perdiendo competitividad y mercados exteriores
a pasos agigantados y más que preocupantes, según datos del
propio Ministerio de Comercio. En 1993 las exportaciones de la
Comunidad Valenciana se incrementaron siete puntos por debajo
de la media nacional y ello a pesar de las devaluaciones
practicadas sobren nuestra moneda. De esta manera, las
inversiones reales y las dotaciones, a la Comunidad Valenciana
vía Fondo Compensación Interterritorial para el ejercicio
1995, descienden de manera muy notable respecto a años
anteriores. El Fondo de Compensación Interterritorial para
Alicante, Castellón y Valencia se ha visto disminuido y
reducido a la mitad en los últimos cinco años y, como he
comentado anteriormente, se vuelve a producir olvido en la
financiación del área metropolitana de Valencia mientras otras
zonas similares continúan gozando de estas ayudas
compensatorias.
Unión Valenciana considera que la política económica aplicada
estos últimos años por el Ejecutivo ha afectado de manera
negativa a nuestra comunidad. Una peseta sobrevaluada ha
destrozado nuestro tejido exportador; una ausencia de
inversiones ha mermado nuestra capacidad competitiva y el
sometimiento del Ejecutivo valenciano unido a la tan idílica
como falsa imagen del Levante feliz han derivado en nuestra
situación actual.
Nuestra denuncia se refiere también al conjunto del actual
sistema de financiación autonómico. Por ello hemos presentado
una enmienda que posteriormente debatiremos, la enmienda
número 38, respecto a un acuerdo o concierto económico entre
el Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana. Se ha demostrado
que el actual sistema de financiación no sirve a los intereses
de las comunidades autónomas. Alicante, Castellón y Valencia
no pueden seguir aportando al Estado durante más tiempo
700.000 millones de pesetas cada año por encima de lo que
reciben, mientras nuestra tasa de paro está un punto por
encima de la media nacional, la caída de nuestro producto
interior bruto es superior a la registrada a nivel nacional y
perdemos competitividad a pasos agigantados. En resumen, puede
decirse que el Fondo de Compensación Interterritorial está
fomentando el desequilibrio de la Comunidad Valenciana
respecto a otras comunidades. Los datos hablan por sí mismos y
son del propio ministerio. Mientras la Comunidad Valenciana
recibió 15.000 millones de pesetas en el año 1991, un poco más
del seis por ciento de lo asignado vía Fondo de Compensación
Interterritorial, en el año 1995 recibimos, 7.000 millones.
Con ello queda más que demostrado que la caída, respecto al
año 1991, ha sido del 51 por cien. Es evidente que si la
Comunidad Valenciana no va adelante es porque el trato del
Gobierno central no permite que salgamos de la grave situación
de crisis que atraviesa la economía valenciana.
Como conclusión, quiero comentar que tanto en la enmienda al
título VII, respecto a los entes territoriales, como en la
enlazada con ese mismo título de la Sección 33, Fondo de
Compensación Interterritorial, consideramos que se ha
consagrado y agudizado el olvido de los últimos años hacia la
Comunidad Valenciana. A pesar de los ataques que recibimos
debido a que muchos ministros son o eran valencianos, poca
rentabilidad sacamos los valencianos a nuestros ministros en
las partidas presupuestarias que se contemplan para el año
1995, muchas de ellas muy jugosas.
Es evidente que si la Comunidad Valenciana continúacon estos
problemas, no podrá afrontar con garantíade éxito el umbral
del año 1996. La Comunidad Valenciana sigue siendo
discriminada por estos presupuestos y es evidente que todos
debemos tomar cartas en el asunto. Desde aquí espero esa buena
voluntad que a veces no tiene que ser sólo buena voluntad,
tiene que demostrarse con los hechos y con las obras.
Esperemos que a partir de hoy el Gobierno central sea un poco
más sensible hacia los problemas de la Comunidad Valenciana.
Esto no lo digo yo sólo desde esta tribuna. Tan lejos como el
lunes pasado, en una conferencia que nuestro Presidente
autonómico, miembro del Partido Socialista Obrero Español, dio
en el Club Siglo XXI, utilizó gran parte de los argumentos que
yo he dado hoy en el sentido de que durante los últimos diez
años a la Comunidad Valenciana se le habían negado muchas
cosas necesarias para afrontar el futuro con garantías. Por
tanto, no es sólo mi palabra, es la palabra de muchos
valencianos, empezando por el máximo responsable de nuestra
autonomía, que piensa que la Comunidad Valenciana a este paso
se convertirá en un territorio insular o probablemente tendrá
más problemas que muchas comunidades que los tienen por su
condición insular, o Ceuta y Melilla. La Comunidad Valenciana,
a este paso, va a convertirse en una comunidad de difícil
supervivencia porque desde luego ustedes lo están haciendo
superbien con ella. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas de la señora Rahola. (Pausa.)
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: La enmienda 274, de la Diputada
señora Rahola, al artículo 88, del título VII, se da por
defendida y reproducida en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Gatzagaetxebarría
tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Paso a defender la enmienda número 315, de modificación del
artículo 103, que regula las transferencias
a las comunidades autónomas y el mecanismo de financiación de
las mismas. Nuestro grupo parlamentario plantea en esta
enmienda que se modifique la redacción contenida en dicho
precepto para hacer referencia a la financiación específica
que disponen las comunidades autónomas reguladas por convenio,
como es el caso de Navarra, o por concierto, el caso del País
Vasco. Además, señor Presidente, existen Reales decretos
aprobados por el Gobierno central que regulan de forma
específica el régimen de traspaso a estas comunidades
autónomas.
Por tanto, en este momento ofrecemos al Grupo Parlamentario
Socialista una enmienda transaccional por la cual añadiríamos
al final de la letra d) o añadiríamos una nueva letra e) que
vendría a decir lo siguiente: En las comunidades autónomas
sujetas a régimen de convenio o concierto la valoración del
coste efectivo se realizará conforme a sus propias normas. Con
esta enmienda modificamos el texto, mejorándolo, e incluimos
en el ámbito de aplicación del artículo 103 a las comunidades
con régimen de financiación específico que no están ahora
expresamente recogidas. Por eso presentamos esta pequeña
adición a la regulación general que se contiene en el
precepto. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la
posición de mi Grupo respecto a las enmiendas presentadas por
el resto de grupos al título VII, entes territoriales, y a la
Sección 32.
En cuanto a la Sección 33 hará uso de la palabra mi compañero,
señor Jerez Colino, al final de mi intervención.
Efectivamente, nos encontraremos con este título VII, un
título que tiene dos pilares fundamentales: todo lo que supone
la financiación de las comunidades autónomas y todo lo que
supone el tratamiento de financiación de las corporaciones
locales. Me imagino que, cuando se plantea la supresión de
este título, será porque se tiene una idea muy clara de cuál
es esa financiación, qué fórmulas son las más adecuadas para
que, en este complejo mundo de la distribución competencial,
de la distribución de los recursos del Estado entre Estado,
comunidades autónomas y corporaciones locales, se tenga la
varita mágica suficiente para poder determinar, sin ningún
tipo de problemas, cómo se produce esa distribución. Me
imagino, señor Rajoy, será consciente de que es un tema
bastante más complicado que decir no estoy de acuerdo con lo
que se ha hecho, lo retiran y vamos a ver lo que pasa.
Respecto a los procesos de transferencias a las comunidades
autónomas que se han llevado y se continúan llevando a cabo,
da la impresión de que no se van a finalizar, es decir, se
trata de un proceso abierto. Lo cierto es que entre todos los
grupos políticos debemos buscar la salida más correcta para
que, de la misma forma que en un momento determinado se llegó
a un pacto autonómico por el que las comunidades del artículo
143 de la Constitución están llevando a cabo un proceso de
asunción de competencias, de la misma manera se pueda llegar a
un sistema de financiación que responda a las necesidades e
inquietudes de todas las comunidades autónomas; proceso de
financiación que tiene mucho que ver con lo que después han de
hacer las comunidades autónomas respecto a las corporaciones
locales. A veces nos concentramos en que es una competencia
del Estado, una atribución del Estado, coger recursos y
distribuirlos a las comunidades autónomas y a las
corporaciones locales, sin pensar que las corporaciones
locales también deben percibir sus correspondientes recursos
de las comunidades autónomas. Por eso, digo que negar la
mayor, es decir, retirarlo todo porque no hay nada hecho, no
es una buena medida para plantear un debate. Debemos ir al
revés. Es decir, reconocemos que el proceso es complejo,
reconocemos que es un proceso en el que todos tenemos que
intervenir y reconocemos que los pasos que se han dado --
algunos pensarán que insuficientes, otros pensamos que menos
insuficientes-- son pasos positivos, tendentes a que poco a
poco se vaya definiendo ese sistema de financiación. Creo que
el desarrollo de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera hace imposible que en esta ley se pueda plantear
cuál es el sistema definitivo de financiación, del que ustedes
dicen que adolece este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque, en
ese proceso de reflexión que se ha llevado a cabo por el
conjunto de expertos al que ha hecho referencia, la
materialización de esas reflexiones en normas, en textos, no
es un proceso sencillo y, desde luego, tiene que estar sujeto
a la participación y al debate que debe haber con las propias
comunidades autónomas. Me imagino que, en ese proceso, las
comunidades autónomas regidas por el Partido Popular tendrán
ya alguna fórmula correcta, alguna fórmula concreta, de cómo
debe ser este sistema de financiación, aunque creo que no está
tan claro que dispongan ya de esa alternativa, pues imagino
que, si fuera así, lo habrían puesto encima de la mesa a la
hora de plantear esta enmienda de supresión.
Respecto a los ayuntamientos, creo que se ha dado un paso
importante con este acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. Es un
acuerdo a cinco años, que indudablemente plantea una serie de
medidas que vienen a
corregir esa deficiencia en la financiación que han tenido las
corporaciones locales, que supone la aportación, en cuanto a
la liquidación del ejercicio de 1993 --me imagino que usted lo
sabrá--, la cantidad de 75.000 millones de pesetas o supone
que la participación de los ingresos del Estado se complemente
con dos fondos de infraestructuras: un fondo destinado a
financiación de infraestructuras para mejorar el medio
ambiente, con una dotación de 30.000 millones de pesetas; y
otro de infraestructuras locales, complementario de la
cooperación económica local, con 20.000 millones de pesetas.
Por supuesto, no es un tema que esté cerrado; por supuesto es
un tema en el que, de acuerdo con esa distribución a la que
muchas veces se ha hecho referencia entre cuál tenía que ser
el volumen de recursos del Estado, a las corporaciones locales
y a las comunidades autónomas, no se ha llegado a esa cifra.
No obstante, ese problema, que no se puede solucionar en el
plazo que a todos nos gustaría porque los pasos que hay que
dar son bastante más complicados de lo que a primera vista
parece, creo que ha tomado una buena dirección con la firma de
este acuerdo entre el Gobierno y la FEMP; acuerdo que va a ser
positivo para la fórmula de financiación y para el desarrollo
de la gestión de las distintas corporaciones locales.
En definitiva, señor Rajoy, yo no acabo de entender lo que
usted dice salvo que el planteamiento inicial que han tenido
ustedes en estos presupuestos es que primero hay que negar la
mayor y luego ya veremos lo que sucede; lo primero que hay que
hacer es plantear la enmienda de supresión y devolución al
Gobierno, como una fórmula de oposición. Me imagino que usted
no dejará de reconocer que tanto los pasos que se están dando
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como el trabajo
del grupo de expertos, con el retraso mayor o menor que usted
quiera, así como el acuerdo entre FEMP y Gobierno, son pasos
positivos que tienden a corregir, en gran medida, las
deficiencias que existen en estos sistemas de financiación.
Respecto a las enmiendas que ustedes han planteado, creo que,
en gran medida, vienen a ser contestadas por la propia
reflexión general que he hecho hace un momento. Por ejemplo,
la enmienda 995, al artículo 91.4, establece un mínimo
garantizado de participación en el tributo del Estado de 2.480
millones de pesetas para las diputaciones, cantidad mínima
que, en modo alguno, puede considerarse como una cantidad
fija; en todo caso se trata de una garantía. ¿Y por qué se
hace así? Porque la cantidad que se garantiza (podemos poner
el caso de dos diputaciones, como la Diputación de Soria y la
de Segovia) está muy por encima de la que les correspondería
en un reparto objetivo, aplicando los criterios legales que
hay establecidos. ¿Qué sucede en este caso? Que la media
nacional por habitante y año, en territorio común, por la
financiación incondicionada está en 8.847 pesetas y por
asistencia sanitaria está en 1.907 pesetas, mientras que en
esas dos diputaciones a las que anteriormente hacía
referencia, en Soria estaría en 23.000 pesetas la cuota por
habitante en financiación incondicionada y en 1.809 pesetas la
cuota por habitante por asistencia sanitaria; en Segovia, la
primera de ellas sería 14.980 pesetas. Creo que el hecho de
mantener una cantidad mínima, una cantidad que se mantiene
como garantía, es un elemento importante y es la razón que nos
obliga a impedir la admisión de la enmienda que usted plantea.
En cuanto a la enmienda 999, que propone sustituir el texto
«no se les reconocerá el derecho a percibir» por el de no se
hará el ingreso hasta que no se aporte la documentación
justificativa, creo que no se puede admitir puesto que la Ley
de Procedimiento Administrativo, tanto en la redacción actual
como en la anterior, establece que el incumplimiento de
requisitos exigibles y de los plazos en la aportación de
documentos puede hacer decaer sus derechos a los particulares
e instituciones que promuevan o se beneficien con la
tramitación de los correspondientes expedientes. Pensamos que
el término que utiliza el proyecto de ley es más completo que
el que denota la enmienda a que he hecho referencia. En
definitiva, señorías, son enmiendas que no aportan nada nuevo
al problema que se plantea, o que ustedes plantean, respecto a
la financiación de los entes territoriales, y nosotros creemos
que deben ser rechazadas porque no significan ninguna
modificación sustancial desde esa perspectiva. Respecto a las
enmiendas de Izquierda Unida, ya en Comisión planteé al señor
Ríos, respecto a los municipios rurales, que, efectivamente,
nosotros también tenemos esa especial sensibilidad por lo que
sucede en este tipo de municipios que tienen una posibilidad
financiera menor que la de otros municipios y que estamos
dispuestos a trabajar en esa dirección en las próximas fechas.
Pero sí que es cierto que, en estos momentos, hacer una
modificación como la que usted dice, que puede vulnerar o
alterar en parte el acuerdo que hay con la FEMP, que, en gran
medida, viene a paliar las deficiencias que puedan surgir en
este tipo de municipios, ahora que las fórmulas de atención a
los mismosen los planes de obras y servicios, en la
cooperación económica local, en las fórmulas que vienen
recogidas para temas de infraestructura por parte del acuerdo
al que he hecho referencia anteriormente, creo que va a paliar
las deficiencias que tienen estos municipios rurales. No
obstante, no nos negamos a estudiar para un futuro cuál puede
ser la fórmula de financiación mejor y más objetiva que pueda
aplicarse a estos municipios.
Ha hecho referencia a ese 98 por ciento de entregas a cuenta
para equiparar las comunidades autónomas. Nosotros nos hacemos
la siguiente reflexión: son quince las comunidades autónomas a
las que se aplica el
98 por ciento. Ese tres por ciento que usted dice, entre el 95
al 98 por ciento, de entrega a cuenta no hay ninguna seguridad
de que entre los 8.000 municipios no fuera superior al 100 por
cien de la liquidación definitiva que hubiera que practicarles
al final del ejercicio. Por esa razón, pensamos que ese tres
por ciento es un colchón suficiente para evitar que existan
esos problemas de financiación o de tesorería en los
municipios que puedan resultar afectados por ese incremento en
las entregas a cuenta.
Sobre el fondo de nivelación, es un tema que, filosóficamente,
es bonito; la idea de que se produzca esa equiparación entre
el sistema de financiación y los servicios que tienen que ir
prestando las comunidades autónomas es una idea que, en la
teoría política, es preciosa. Pero, a la hora de plasmarla en
un papel, a la hora de escribir unas líneas y decir en qué va
a consistir ese fondo de nivelación (aunque ustedes han hecho
un esfuerzo y la verdad es que se lo agradecemos, porque es un
esfuerzo importante), pensamos que no da solución, no da
salida a todos los problemas que se dan en ese fondo de
nivelación. Yo creo que el trabajo que están realizando los
expertos, el libro blanco sofre financiación de las
comunidades autónomas, con la finalidad de dar contestación a
lo dispuesto en el artículo 15 de la Lofca, va a ser un
instrumento que intentará aglutinar los diversos criterios que
existen en este país para ver si se puede encontrar una
fórmula de equilibrio entre la prestación de servicios y la
forma de financiación.
Yo espero que los debates que se están realizando con las
comunidades autónomas y los que se están llevando a cabo por
parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera sean lo
rápido que todos creemos que es necesario, que vengan a
satisfacer este problema, no desde la perspectiva de un grupo
político solamente, sino porque entendemos que es un tema que
afecta al conjunto del Estado, y que, cuanto mejor sea el
estudio, cuanto mejor sea el informe y cuanto mayor sea el
debate, mejores serán las salidas, o, al menos, las salidas
serán más uniformes y más equilibradoras de todoslos intereses
de las distintas comunidades autónomas.
Respecto a la enmienda 274, de la señora Rahola, pienso que,
si se aceptara, afectaría a la lógica coherente que debe
existir entre las entregas a cuenta y la liquidación
definitiva, explicación similar a la que he dado al señor Ríos
hace un momento, y también la vamos a rechazar.
Enmiendas de Coalición Canaria. He de indicar que mi compañero
Néstor Padrón, en la Comisión, les dio una contestación
políticamente muy correcta y muy adecuada, respecto al
conocimiento que él posee sobre la forma de financiación que
existe en los municipios canarios, pero no dejarán de
reconocer, señorías, que el propio acuerdo de la FEMP, que el
propio desarrollo del REF va a suponer, para los municipios
canarios y para las Islas Canarias, en su conjunto, una
importante mejora de su forma de financiación. Y me da la
impresión de que ustedes estarán de acuerdo; me parece que era
el señor Mauricio quien decía que no hablábamos nunca del REF
en nuestras contestaciones. Por supuesto que es un punto de
referencia que tenemos que tener en cuenta, además de ustedes,
nosotros, y nosotros, desde luego, lo vamos a tener presente a
la hora de desarrollar nuestras políticas en las Islas
Canarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego concluya.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente, acabo
inmediatamente. Sobre las enmiendas de Unión Valenciana y del
Grupo Nacionalista Vasco, tengo que decirle, señor Chiquillo,
que, como ya le dije en la Comisión, dar al área metropolitana
de Valencia ahora, como usted dice, el mismo tratamiento que a
las de Madrid o de Barcelona, es materialmente imposible. ¿Por
qué? Pues porque esas áreas metropolitanas obedecen a unos
conceptos que se hicieron en su momento, que tuvieron su
plasmación en la Ley de Régimen Local, que se deben a una
serie de circunstancias que se produjeron en ese momento. Si
se pusieran ahora encima de la mesa, me imagino que no habría
ninguna dificultad para iniciar su estudio, pero plantearlas
aquí como una enmienda a aceptar, mi Grupo lo ve muy
complicado.
Por último, al representante del Grupo Nacionalista Vasco he
de decirle, como ya lo hice en Comisión, que pretender
modificar este artículo, que es sólo aplicable a las
comunidades de régimen común, planteando que se adecúe a las
reglas de los traspasos de servicios a la comunidad foral, me
da la impresión de que no es la fórmula más adecuada.
Usted nos ha presentado una enmienda de transacción, y acepto
su buena intención, pero permítame que le diga que el corto
espacio de tiempo que me ha dado para evaluar la admisión o no
de esa transacción no es suficiente para ver las consecuencias
que puede plantear. Por eso, si no le importa, señor
Gatzagaetxebarría, estaríamos dispuestos a estudiarla para que
fuera tramitada en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
El señor Rajoy tiene la palabra.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.
En realidad, más que replicar se trata de reafirmar algunas de
las ideas de mi exposición inicial.
Yo agradezco al portavoz del Grupo Socialista, señor Morlán,
la atención, no el apoyo, evidentemente, que ha prestado a las
enmiendas del Grupo Popular, aunque
quiero recordarle que en Comisión manifestó la posibilidad de
apoyar e incluso no vio mal el contenido de algunas de las
enmiendas que presentaba nuestro Grupo, la 999, la 1.000, la
1.003 y la 1.004. La sensación que deduzco de sus palabras es
que se ha producido un cambio de criterio desde la Comisión
hasta el día de hoy.
En cualquier caso, el sentido fundamental de mi intervención
es afirmar que el Gobierno --y, desde luego, estos capítulos I
y II del Título VII es una buena muestra de ello-- gobierna
constantemente para salir del paso, gobierna en el día a día,
cuando surge un problema intenta taparlo o resolverlo y, al
final, la única forma seria de gobernar --y creo que es una
obligación que desde la oposición tenemos que asumir y pienso
que también desde el Gobierno-- es hacer planteamientos de
cara al futuro, es fijar reglas de juego y es establecer
fórmulas definitivas.
Nosotros hemos pedido la devolución al Gobierno de este Título
VII y de su Sección 32, porque no establece un sistema
definitivo de financiación ni de las corporaciones locales ni
de las comunidades autónomas y porque ya son muchos los años
que han transcurrido desde que debía existir ese sistema
definitivo de financiación. Volvemos a solicitar y volvemos a
ofrecer los apoyos de nuestro Grupo para que se firme un pacto
local, en el que se delimiten con claridad cuáles son las
competencias de las corporaciones locales, cuáles de las
comunidades autónomas y cuáles de la Administración central
del Estado. Y, naturalmente, una vez que haya una fijación
clara y definitiva de las competencias que debe ejercer cada
una de las instituciones que conforman el poder público,
podremos establecer un sistema de financiación definitivo.
Mientras tanto, estaremos en una política de parches, que es
lo que llevamos haciendo a lo largo de los últimos años.
Sin duda, como ha dicho el señor Morlán, no es fácil el
establecimiento de lo que yo estoy solicitando en esta Cámara,
pero sí es necesario. Para hacer políticas fáciles vale
cualquiera; desde luego, para hacer planteamientos más
difíciles, sin duda se requieren otras condiciones que, a lo
que se ve, no tiene en este momento, y lo digo, como es
natural, con todos los respetos, el Gobierno socialista.
Lo mismo sucede respecto de la financiación de las comunidades
autónomas. Llevamos años diciendo que es necesario que se
cumpla una ley, que ya fue aprobada en el año 1980, que es la
Lofca, como sabe perfectamente el portavoz del Grupo
Socialista y el resto de los señores Diputados. La Lofca
recoge la necesidad de que exista una corresponsabilidad
fiscal entre las comunidades autónomas y la Administración
central del Estado, exige un fondo de nivelación de servicios
fundamentales en todo el territorio nacional, en su artículo
15. Todo esto se ha debatido en múltiples ocasiones en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la reunión del 20
de enero del año 1992 se fija el sistema de financiación para
los siguientes cinco años y, por tanto, hasta el 31 de
diciembre de 1996, hay nuevamente un compromiso claro del
Gobierno. El Gobierno incumple ese compromiso y luego el Grupo
de Convergència i Unió le hace aprobar algo como la cesión de
una participación del IRPF, concretamente el 15 por ciento,
que todas las personas que entienden una palabra de este
asunto saben que no sirve absolutamente para nada. De hecho,
el grupo de expertos que ha entregado recientemente el trabajo
que le ha solicitado el Gobierno dice lo que ya todos sabemos,
que esto del 15 por ciento es una fórmula transitoria para
salir del paso, que no sirve para nada, y yo añado que es una
fórmula solicitada por los señores de Convergència i Unió y a
la que el Gobierno tuvo que acceder porque no le quedaba otro
remedio.
Lo que yo ofrezco --al igual que hacía en el caso anterior--
es el apoyo del Grupo Popular para, entre todos, fijar un
sistema definitivo de financiación de las comunidades
autónomas que contemple la necesaria corresponsabilidad
fiscal, terminando con chapuzas como la del 15 por ciento y,
al mismo tiempo, un procedimiento de nivelación de servicios.
Por último, en cuanto al Fondo de Cohesión, vuelvo a recordar
lo que dije en mi intervención. No ha hecho --al menos yo no
lo he oído-- ninguna referencia el señor Morlán a este asunto.
El señor Presidente del Gobierno se ha comprometido en esta
Cámara a que, en el reparto y asignación del Fondo de Cohesión
de la Unión Europea a comunidades autónomas y a corporaciones
locales, hubiese transparencia, equidad, claridad y justicia.
Yo no digo que no vaya a haberla, lo que sí digo es que es
mucho más posible que haya esa transparencia y esa claridad
que prometió el Presidente del Gobierno si los criterios de
reparto del Fondo de Cohesión se traen a esta Cámara y se
debaten, que creo que no es mucho pedir. Tal y como está
redactado el proyecto de presupuestos que estamos debatiendo,
da la sensación de que lo que pretende hacer el Gobierno es
aprobar de manera unilateral el reparto del Fondo de Cohesión
entre comunidades autónomas y corporaciones locales. Vuelvo a
señalar que, en el supuesto de que esto sea así y de que se
hurte el debate a esta Cámara, yo tendré que reiterar el señor
Presidente del Gobierno la pregunta que le hice el pasado mes
de septiembre, tendré que preguntarle cuáles son las razones
por las cuales se compromete a una cosa en esta Cámara y en la
ley de presupuestos se establece un sistema que conduce a todo
lo contrario.
Este y no otro es el sentido de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Termino, señor Presidente. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Brevemente, señor Presidente.
Creo que los argumentos expuestos al defender las enmiendas de
Coalición Canaria siguen sin rebatirse. El acuerdo de la FEMP
era que participaran los ayuntamientos canarios al 100 por
100, lo mismo que cualquier otro ayuntamiento. De la
imposición indirecta, repito, el 50 por ciento lo retiene el
Estado en las transferencias, por lo que no toda está
recaudada y empleada directamente en Canarias.
El argumento del descreste del APIM a partir del año 1996 va a
dejar a las corporaciones locales canarias con ingresos muy
inferiores a los actuales y van a pasar grandes dificultades.
Ese ingreso pasa a la recaudación comunitaria y, por un
acuerdo internacional, nosotros tenemos que descrestar los
arbitrios canarios. Nos parece que la argumentación global
sigue siendo válida; que si se fuera por el camino actual de
ir subiendo todos los años un punto nos quedarían 64 años para
igualarnos a los ayuntamientos peninsulares y parece que 64
años es demasiado tiempo incluso para que podamos verlo gran
parte de los Diputados que estamos en esta Cámara.
Por consiguiente, no sólo nos parece que la enmienda sigue
siendo totalmente válida, sino fundamental para los canarios,
por lo que la mantenemos. En cualquier caso, aprovecho para
decir que, en la parte en que hay un compromiso por el
portavoz del Grupo Socialista de desarrollar el REF, en cuanto
puede ayudar a resolver el problema del transporte --
indudablemente, si el desarrollo del REF mejora las
infraestructuras siempre ayudaría a las instituciones
canarias--, estamos dispuestos al desarrollo de ese REF, tanto
con las enmiendas presentadas en este Congreso como con las
que podamos presentar en el Senado, así como en la Comisión
bilateral, para que el Régimen Económico Fiscal sea una
realidad y no sólo una Ley aprobada en este Congreso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La
verdad es que, después del tono del portavoz socialista, a mí
me quedaría una sensación y es tener mucha autoridad moral,
mucha posición positiva a la hora de la filosofía de la
propuesta pero, luego, a la hora de la concreción, no haber
conseguido convencer a su señoría de que algunas de nuestras
propuestas son positivas. Por tanto, como estamos haciendo
política --la política es el arte de hacer posible lo
necesario--, nosotros vamos a reiterar los argumentos que
hemos dado en tres grandes vertientes. Primera, los municipios
pequeños de menos de 20.000 habitantes no reciben un apoyo
suficiente y no sería vulnerar el acuerdo con la Federación
Española de Municipios que ses aceptara la enmienda que
nosotros proponemos. Pero es más, nuestra propuesta, conforme
está redactada nuestra enmienda, consiste en crear un fondo de
30.000 millones de pesetas; el desarrollo del mismo sería por
el propio Gobierno, que fijaría unas condiciones de
distribución de ese fondo y se abriría un proceso para
demandar o incorporarse al mismo. No habría complicación para
que esto, que es necesario, que su señoría veía como positivo,
se haga posible vía una propuesta determinada. En todo caso,
yo he entendido de sus palabras que va a haber un compromiso
para trabajar en conseguir esto que aquí se dice. Es verdad
que hay municipios que reciben el plan de obras y servicios,
es verdad también que hay un fondo de cooperación municipal.
Bien. Pero usted sabe como yo que la capacidad adquisitiva de
estos municipios, la capacidad de inversión y de endeudamiento
es bastante reducida.
En cuanto a la participación, yo no sé si habrá un estudio
hecho de lo que se ha producido en el último año, pero estoy
convencido de que habrá municipios, de estos 8.000 que tiene
nuestro país, que a lo mejor el 95 por ciento de entrega a
cuenta también haya sido mayor que el cien por cien, y ustedes
lo habrán solucionado de alguna manera porque la voluntad de
poner en manos de los ayuntamientos ese tres por ciento más,
que es un volumen de dinero que yo se lo he cifrado a usted en
una cuantía determinada, en 31.000 millones de pesetas, podrá
evolucionar en la ejecución definitiva de una manera u otra,
pero estoy convencido de que es hacer residir mayor capacidad
de financiación a los propios municipios antes de poder
decidir si este camino es el más adecuado. Señor Presidente,
la otra gran filosofía de nuestra enmienda iba dirigida a
capacitar a los ayuntamientos para una posibilidad de acometer
los Fondos de Cohesión. El proyecto de ley del Gobierno
establece la participación en los Fondos de Cohesión a través
de dos grandes bloques: 40.000 millones de pesetas para los de
más de 50.000 habitantes y otro volumen para los de menos de
50.000 habitantes. Bien. Nosotros lo que proponemos es que,
para gestionar esos Fondos de Cohesión, haya créditos a los
propios ayuntamientos.
Y termino, señor Presidente. El fondo de nivelación no es un
invento nuevo, no es una propuesta o una apuesta nueva. Está
sacada de un compromiso aplazado desde hace mucho tiempo. Es
verdad que no puede considerarse como propuesta desde una sola
formación política, es verdad que esto debe ir al Consejo de
Política Fiscal y Financiera, es verdad que es posible que
nuestras valoraciones no sean las que puedan hacer
otros expertos. Yo estoy convencido de que si hay un grupo de
expertos lo puedan producir, pero el problema es que la cosa
se está aplazando en exceso. Ese grupo de técnicos o de
expertos está reuniéndose para hacer una propuesta muchos años
y no consigue poner en marcha este proceso de nivelación. Si
hablamos de autonomía financiera, si hablamos de incrementar
la capacidad fiscal de las propias comunidades autónomas con
transferencias de tramos de IRPF o de otros impuestos, si
hacemos eso, a la vez debemos abordar los fondos de
nivelación. De los servicios que los españoles reciben hoy no
son ni siquiera parecidos o similares los de una zona rural
con los de una zona urbana; los que se pueden recibir en
Madrid, en Barcelona, en Valencia, con los que se pueden
recibir en las zonas rurales de Galicia, de Extremadura, de
Andalucía, de Cataluña, en cualquiera de sus territorios.
En cualquier caso, ¿qué es lo que les estoy proponiendo poner
en marcha? Yo aceptaría que usted me dijese: Esta cifra es muy
alta; podríamos reducir hacia otro lado; tenemos el compromiso
de abordarlo. Yo me voy a dar por satisfecho con que usted
haya dicho que van a iniciar ese proceso o que se va a poner
en marcha. Esa satisfacción sería si, al final, se culmina.
Como tenemos --como yo le decía ayer-- mucho tiempo y arrieros
somos y en el camino nos vamos a ver reiteradamente, estoy
convencido de que, a final de año, comprobaremos si esa
voluntad que usted dice es voluntad para aplicar o es voluntad
de declaración, y, entonces, se quedará usted como yo en la
misma filosofía, pero sin ver en las manos lo que debe
concretarse en números.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente.
Respecto a la intervención del portavoz socialista sobre la
enmienda 37, tengo que decir que no he oído ningún comentario
ni justificación para no aceptar esa enmienda relativa a la
financiación del Consell Metropolitá de L''Horta. Lo único que
pienso es que, una vez más, ha demostrado que no hay voluntad
política para consignar esta financiación. La justificación
que se ha dado es que técnicamente es imposible, que nunca se
ha contemplado. Yo pienso, como he comentado en mi primera
intervención, que ésta es la realidad del área metropolitana y
que está ahí. La ciudad de Valencia y 43 municipios suponen en
sí un área metropolitana de entidad, que tiene que ser
reconocida y pensamos que tendría que haber un poco de
voluntad política, si no de financiarlo en condiciones
similares a otras áreas metropolitanas, sí de ayudar,
contribuir a que esas obras de infraestructura, esos servicios
de saneamiento, ese transporte público colectivo del área
metropolitanasea considerado, apoyado y respaldado por el
Gobierno.
En las nuevas enmiendas, la 106, relativa la Sección 33, que
se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, seguimos
con la duda, porque, según datos del Ministerio de Economía y
Hacienda, el montante asignado a las comunidades autónomas,
vía Fondo de Compensación Interterritorial, depende en casi un
90 por ciento de la población relativa. Otro coeficiente que
se tiene en cuenta es la tasa de paro, el producto interior
bruto de la comunidad y otros indicadores. La Comunidad
Valenciana, que representa algo más del 10 por ciento, por
desgracia, tiene una tasa de paro de un punto por encima de la
media nacional, nuestro producto interior bruto va creciendo
por debajo del producto interior bruto del Estado español, y
no entendemos cómo, con todos esos coeficientes, con toda esa
información y con esos puntos que influyen negativamente,
coeficientes que, en teoría, deberían suponer que la Comunidad
Valenciana recibiera, por lo menos, el 8 por ciento del Fondo
de Compensación Interterritorial, se queda en el 5,5 por
ciento del total asignado; 7.000 millones de algo más de
128.000. A nosotros nos parece que, si los coeficientes a
tener en cuenta a la hora de determinar el FCI son los que he
comentado, población, tasa de paro, etcétera, la Comunidad
Valenciana debería estar mejor considerada en el conjunto de
las comunidades autónomas que reciben esta aportación vía
Fondo de Compensación Interterritorial.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor
Presidente. Quiero manifestar brevemente que nos llama la
atención que el señor Morlán vuelva a tener comportamientos
que son habituales en él.
No sabemos si el portavoz del Grupo Socialista no tiene
habilitación, no tiene capacidad de obrar o jurídica a efectos
parlamentarios, porque este Diputado ha tenido debates con el
señor Morlán y siempre traslada la cuestión a decir que no
alcanza a ver la repercusión de la enmienda transaccional que
nosotros presentamos y que será estudiada.
Señor Morlán, yo creo que usted tiene inteligencia suficiente
para ver la trascendencia de una enmienda transaccional de dos
líneas, pero es habitual en sus intervenciones parlamentarias
trasladarlo a que se haga un estudio pormenorizado de la
trascendencia de una enmienda transaccional, cuando a
nosotros, en el caso de que el Grupo Socialista presenta una
enmienda transaccional, nos urgen a dar una contestación
rápidamente. En usted es una práctica habitual parlamentaria
utilizar esta sistemática para ver la repercusión que
pueda tener una enmienda transaccional de otros grupos
parlamentarios.
A nosotros esto nos preocupa porque, en definitiva, refleja
que usted no tiene capacidad de negociación política en el
marco parlamentario y está supeditado a no sé qué instancia,
al Gobierno o a otra autoridad del Grupo parlamentario. Nos
preocupa, repito, porque usted es el interlocutor, en estas
materias y en otras que se debaten en esta Cámara, del Grupo
parlamentario Socialista. Por ello, nos quedamos perplejos con
las contestaciones que usted, en este caso y en otros, nos
está dando reiteradamente a este Grupo parlamentario. Nada
más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
a empezar por el final. Señor Gatzagaetxebarría, usted me ha
entregado la enmienda transaccional quince segundos antes de
subir a esa tribuna. ¿Qué pasa? ¿No ha tenido tiempo en todo
el día, o qué? ¿Ayer por la tarde no podía haberlo hecho?
Señor Gatzagaetxebarría, no me diga si tenemos o no capacidad
para contestar en un momento determinado. Yo lo único que le
estoy diciendo es que lo que usted me ha dicho quince segundo
antes de subir a esa tribuna los vamos a estudiar. ¿Por qué?
Porque no me ha dado tiempo ni a escribir la enmienda en un
papel. Y, por favor, a la hora de hacer este tipo de
valoraciones yo no sé cómo funcionarán ustedes, pero yo creo
que nosotros debemos hacerlo en razón de la responsabilidad
que tenemos como Grupo de apoyar o no las enmiendas que nos
plantea la oposición; tenemos que hacerlo con absoluta
responsabilidad. Y desde esa perspectiva le he dado la
contestación, no con el ánimo de pasar este trago como pueda e
intentar buscar una solución o no, sino con el ánimo de
estudiarlo, porque no ha dado tiempo material a hacerlo antes.
Señor Chiquillo, yo le he contestado, como le dije en la
Comisión, al tema del área metropolitana de Valencia, y no
puede usted decir que en estos presupuestos, sin previo aviso,
por así decirlo, se declare el área metropolitana de Valencia
ahora y ya, porque no se hace con la tranquilidad que
requiere. Hay que dar una serie de pasos, hacer una serie de
estudios y consideraciones que usted no ha hecho y nosotros en
este momento tampoco estamos dispuestos a asumir tal y como
usted lo plantea.
Señor Ríos, le dije que el tema de los ayuntamientos de menos
de veinte mil habitantes es reciente, porque me imagino que
usted habrá tenido, como nosotros, las reuniones con la
Federación de Ayuntamientos Rurales, que son los que han
iniciado esta interesante labor de estudio y de fijación de
soluciones respecto a sus problemas, pero, de la misma manera
que usted en seguida ha hecho una enmienda, lo que hemos dicho
nosotros es que, después de un acuerdo con la FEMP como el que
hay, que incide en el desarrollo de los propios ayuntamientos,
lo que es bueno es tomarlo con más calma y más sosiego.
Le voy a contestar lo mismo que le he dicho antes respecto a
todas sus enmiendas. No puede ser que, cuando habla usted del
fondo de nivelación, me diga que se lo aceptemos. Yo le he
dicho que el fondo de nivelación es una bonita frase, una
preciosa filosofía, pero que, a la hora de plasmarlo, es muy
complicado hacerlo en dos líneas o en cuarenta folios. ¿Por
qué? Porque estamos hablando de que hay un Consejo de Política
Fiscal y Financiera que ha encargado a un grupo de expertos
que lleve a cabo el desarrollo de esa nivelación de servicios
entre las comunidades autónomas y de acuerdo con los sistemas
de financiación que sean más procedentes. Está hecho el libro,
se va a empezar el estudio y me imagino que es un deseo de
todos los grupos parlamentarios que ese libro, que va a
incluir los recursos necesarios para llegar al desarrollo del
artículo 15 de la Lofca, sea al menos asumido por todas las
comunidades autónomas, y yo espero que todos los grupos
políticos que tengan responsabilidad e iniciativa
parlamentaria en las distintas comunidades autónomas echen una
mano en su momento para que no tenga ningún problema la
definitiva financiación de las comunidades autónomas.
Al representante de Coalición Canaria le tengo que decir que
el acuerdo de la FEMP no establece nada del cien por cien.
Establece, en su cláusula décima, que, al efectuar la
liquidación de la participación en los ingresos del Estado
correspondientes a 1994, se adicione la cantidad precisa para
introducir entre los criterios de reparto de la misma una
modificación relativa al porcentaje de participación de las
entidades locales canarias en la imposición indirecta con la
siguiente modulación: para 1994, el 36 por ciento; para 1995,
el 37; para 1996, el 38; para 1997, el 39 por ciento y, para
1998, el 40 por ciento. Aparte de que esto es así, yo me
imagino que ustedes son conscientes de que las características
impositivas que hay en las Islas Canarias no tienen nada que
ver con las que hay en el resto del país, y los ayuntamientos
canarios no están en las mismas condiciones que los del resto
del país. Yo lamento que ustedes no acaben de entender o no
sean sensibles a la percepción que nosotros tenemos de que el
desarrollo del acuerdo del REF con la FEMP va a ser un
elemento importante para el desarrollo de los ayuntamientos
canarios. Señor Rajoy, le he contestado a la enmienda 999 y a
la 1.003 y 1.004, sobre las cuales, efectivamente, yo hice un
comentario sobre la posibilidad de su admisión en el Pleno. No
se admiten porque en el apartado cuatro
del artículo 100 y en el artículo 102, creo, se prevé la
habilitación de un crédito para la Sección 32 de los
presupuestos generales del Estado para 1996, destinado al pago
de la liquidación definitiva de la participación en los
ingresos del Estado para 1995, crédito que deberá tener el
carácter de ampliable hasta dicha liquidación. Por tanto, es
evidente que para el pago de la citada liquidación no es
necesario recurrir a un anticipo de tesorería como solicita el
Grupo Popular en ambas enmiendas. Esa razón es la que nos ha
movido a no admitir esas enmiendas, aunque comentamos la
posibilidad de estudiarlas. Hubo otras que rechazamos desde un
principio, pero éstas las estudiamos y vimos que no era
posible su admisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego concluya.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente.
Señor Rajoy, yo no conozco todavía cuáles son sus
alternativas. No sé qué es lo que quieren hacer con la
financiación de las comunidades autónomas. No le gusta el 15
por ciento, sí quieren hacer esfuerzos para que exista la
corresponsabilidad en todas las comunidades autónomas y que
exista un mayor equilibrio financiero, pero no acabo de ver
cuál es su diseño. Por esa regla de tres, señor Rajoy, si está
en contra del proyecto, nosotros tenemos que rechazar lo que
propone S.S. porque no presenta ninguna alternativa nueva.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
OJO LADILLO 67
Concluido el debate de las enmiendas del Título VII y de las
secciones 32 y 33, pasamos a debatir el Título VIII.
Enmiendas al Título VIII del Grupo Popular. Tiene la palabra
el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas en sus términos las enmiendas
correspondientes a este Título y rogamos que sean puestas a
votación, sin perjuicio de que algunas aclaraciones de
carácter conceptual que afectan a estas enmiendas sean
formuladas en el debate correspondiente a las secciones 19 y
60. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente.
La enmienda de la Diputada, señora Rahola Martínez, número
273, al Título VIII se da por defendida en los términos
recogidos en la propia enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, damos por
defendidas las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario al
Título VIII.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
OJO LADILLO 68
Pasamos al debate de las disposiciones adicionales,
transitorias, finales y anexos.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular da por defendidas en este turno las enmiendas
restantes a las disposiciones adicionales, transitorias y
finales, pero quisiera hacer una mención especial a las
enmiendas relativas al conocido 0,7. Hemos asistido a un
debate en el que se ha expresado, en primer lugar, la voluntad
política de acceder a los objetivos de solidaridad que plantea
la reivindicación de la plataforma 0,7. Como saben SS.SS., en
un principio fue compromiso parlamentario acceder al 0,35 por
ciento del PIB como objetivo en estos presupuestos. Hay que
aclarar que el texto de los presupuestos traía exclusivamente
185.000 millones, que no alcanzaban ese objetivo del 0,35. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Mi
Grupo Parlamentario, a través de las enmiendas, ha presentado
el aumento de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo,
así como el aumento de la cooperación internacional en la
Sección 12 del Ministerio de Asuntos Exteriores, al objeto de
alcanzar ese 0,35 por ciento, que supondría la diferencia
existente entre 185.000 millones y 240.000 millones. Para
estas enmiendas pedimos en este turno un voto favorable, pero
hemos considerado que la voluntad política tiene que llegar
mucho más allá. Con ese objetivo hemos presentado una enmienda
que tiene como fin alcanzar el 0,50 por ciento; es decir, un
total de 340.000 millones, 100.000 millones más de lo que
representa el objetivo del 0,35. Nosotros consideramos, en
contra de lo que han planteado otros portavoces en esta
Cámara, que este objetivo de los 340.000 millones, a través
del Fondo de Ayuda al Desarrollo y de la cooperación
internacional, ha de alcanzarse vía créditos extraordinarios y
nunca vía créditos ampliables, como otros portavoces de grupos
parlamentarios, y concretamente del Grupo Parlamentario
Socialista, han argumentado. Ayer defendimos con insistencia
que los créditos ampliables son modificaciones de crédito, del
presupuesto, que realizan una ejecución absolutamente perversa
de los presupuestos. Entendemos que la vía para alcanzar el
objetivo de los
340.000 millones, es decir, del 0,50 por ciento, tiene que ser
a través de créditos extraordinarios, créditos que apruebe
esta Cámara, créditos que estén en concordancia y en
correspondencia con proyectos muy concretos, presentados al
efecto, y que nunca se pueda alcanzar este objetivo a través
de créditos ampliables, que están en la discrecionalidad del
Gobierno, que están, por decirlo de una manera suave, en la
falta de transparencia --yo diría que casi en el ocultismo--
para este Parlamento. Por tanto, no insistamos en alcanzar
estos objetivos por un instrumento que se ha revelado
perverso, y procuremos que se alcance este objetivo de los
340.000 millones a través de créditos extraordinarios.
Cabría poner una segunda condición a la concesión y al
cumplimiento de este objetivo. Señor Presidente, saben SS.SS.
que este Parlamento está debatiendo estos presupuestos y este
articulado sin que en ninguno de sus preceptos haya norma
alguna que comprometa al Gobierno a reducir el déficit. Saben
SS.SS. que ayer mantuvimos un debate --concretamente ante la
enmienda del Grupo Popular al artículo 4.º-- en el que se le
pedía al Gobierno que se comprometiera, desde la norma y con
mandato del articulado de esta ley de Presupuestos, a eliminar
déficit vía mayores incrementos de recaudación que se puedan
producir en los ingresos del Estado en 1995. Como saben
SS.SS., el Grupo de la mayoría y el Grupo de Convergència han
insistido en que no exista un precepto en los presupuestos,
han insistido en que esto sea una mera excursión verbal en la
exposición de motivos. Señorías, eso es expresar un
voluntarismo, eso no es comprometerse con el objetivo
ambicioso de reducir déficit. Eso es, sencillamente, intentar
hacer una maniobra huidiza a través de la exposición de
motivos.
Nosotros quisiéramos, señor Presidente --y esa es la segunda
condición que quisiéramos poner al objetivo del 0,50--, que el
Gobierno se comprometiera a eliminar déficit en un precepto de
este articulado de la ley, no en el preámbulo. El preámbulo,
como saben SS.SS., no entraña ningún mandato para el Gobierno,
es una declaración de intenciones. Ustedes quieren saltarse
este objetivo con un malabarismo en la redacción, y no quieren
adquirir el verdadero compromiso político a través del
articulado.
Comprendo que estén ustedes insistiendo en recuperar el tiempo
perdido en sus conversaciones en el mes de septiembre, mes en
el que hablaron prácticamente de cómo subir los impuestos, de
cómo cancelar algunas deudas de la Sanidad de algunas
comunidades autónomas. En el mes de septiembre hablaron
ustedes vaya usted a saber de qué cosas que han quedado
reflejadas de qué manera en este presupuesto. Pero en ese mes
de septiembre ustedes no hablaron para nada de ningún
mecanismo para reducir el déficit. Como se han visto
sorprendidos por la crítica internacional, por la crítica de
los centros de análisis económicos, por la crítica de
prestigiosos catedráticos de la universidad española, ahora
quieren salvar la cara a través de este malabarismo, de esta
redacción descomprometida, de este voluntarismo, de esta
solución huidiza y no quieren adquirir el compromiso de
eliminar déficit con un artículo que mande al Gobierno esa
reducción del déficit.
Por eso nosotros en esta enmienda resaltamos que sería
objetivo a alcanzar el 0,50 a través de créditos
extraordinarios, no de créditos ampliables, e insistimos en
que sería objetivo alcanzable en tanto en cuanto ustedes se
comprometan a eliminar déficit con la mayor recaudación que se
va a producir en el año 1995.
Estas son las razones, señor Presidente, por las que
solicitamos la votación favorable de estas enmiendas al
objetivo de ayuda y cooperación al desarrollo de los países en
vías de desarrollo. Son tres enmiendas que defendemos con
nuestros argumentos y para las que pedimos el voto favorable
de esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aguirre. Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, una vez
que hemos tramitado todo el articulado de la ley vamos a
intentar defender las precisiones que al mismo haríamos a
través de disposiciones adicionales, los mandatos temporales
que le daríamos al Gobierno con las disposiciones
transitorias, desde la óptica de proyectar a este texto
modificaciones a lo que el Gobierno nos propone, después me
referiré a ese paquete de disposiciones adicionales
modificando las que el Gobierno nos propone.
Por otro lado, tengo que reconocer que hemos ubicado en las
disposiciones adicionales una serie de propuestas de
voluntades que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
pretende introducir y que no ha encontrado el camino
presupuestario para incorporarles en otro lugar.
Hemos presentado una propuesta de disposición adicional para
destinar al Plan de Empleo Rural una cuantía superior a la que
el Gobierno había propuesto, hemos solicitado incorporar las
partidas para paliar un déficit histórico en la gestión de la
Sanidad; en suma, hemos propuesto una serie de disposiciones
adicionales nuevas, aunque si hubiésemos tenido mayores
precisiones presupuestarias, que no hemos podido lograr porque
no tenemos la información suficiente, las habríamos ubicado en
el texto articulado. El objetivo de nuestras enmiendas al
proyecto del Gobierno va dirigido, fundamentalmente, a mejorar
la vertiente social del proyecto en las actuaciones recogidas
en las disposiciones adicionales segunda y séptima. El
proyecto del Gobierno tiene, por alguna razón que
desconocemos, una especie de congelación de los subsidios
dedicados a los minusválidos, que dimanaban de una Ley de
1982. En 1982 el Gobierno se comprometió a que en diez años
este subsidio se equiparara al 50 por ciento del salario
mínimo interprofesional. Lleva tres años congelado en la
cuantía de 24.000 pesetas y todos los minusválidos que
perciben esta pensión (aunque en 1992 tuvieron una
modificación a través de una ley facilitándoles que se
incorporaran a pensiones no contributivas los que lo desearan)
tienen congelada esa asignación. Nosotros proponemos que esa
asignación se incremente hasta el 50 por ciento del salario
mínimo interprofesional.
El segundo objetivo de nuestras enmiendas va dirigido a las
disposiciones adicional decimonovena y vigésima. La
decimonovena trata de todo lo referido a la ayuda al Tercer
Mundo. Es cierto que en la discusión de estas enmiendas en
Comisión hubo una transacción por parte del Grupo mayoritario
de la Cámara que establecía la creación de un consejo asesor
para distribuir estos fondos y fijar una cuantía de asignación
de recursos para este año en torno a los 32.000 millones de
pesetas, como indicación, por acuerdo de esta Cámara. Pero lo
cierto es que ese volumen de recursos queda cercano al 0,32
por ciento, ni siquiera llega al 0,35. Se nos decía en
Comisión que sumándole lo que van a decidir los ayuntamientos
y las comunidades eso irá creciendo hasta el 0,35. Después
cifraban el acuerdo verbalmente hasta el 0,5 por ciento. En la
enmienda transaccional que se votó no se hablaba del 0,5 por
ciento. Era un compromiso a través de un crédito ampliable.
¿Qué pretende Izquierda Unida? Que la disposición adicional
diga que para este año vamos a caminar hacia el 0,5 por
ciento, 340.000 millones de pesetas, y para el año 1996, al
0,7 por ciento. Es cierto que en la transacción que se ofreció
en la Comisión también se hablaba de que en el consejo asesor
no tendría mayoría la Administración. Nosotros creemos que eso
no figura y que debiera constar. Retiramos nuestra enmienda
que hacía referencia a una composición, con unas funciones,
porque teníamos la voluntad de que fuera positivo el avance.
Sin embargo, tampoco se ha establecido, es una limitación.
Nosotros estaríamos dispuestos a retirar estas dos enmiendas o
hacer una transacción, simplemente con dos matizaciones:
primera, que en la enmienda sobre la cuantía se hablase de
autorizar al Consejo de Ministros el crédito extraordinario
hasta el 0,5 por ciento; y, segunda, que se dijese que en el
consejo asesor no tendrá más del 50 por ciento la
representación institucional. Con eso retiraríamos nuestras
enmiendas y haríamos la transacción, esperando continuar el
año que viene en función de la movilización que tengan las
plataformas o que tengamos nosotros como voluntad propia de
los grupos parlamentarios.
La enmienda 580 que hemos presentado significa una nueva
disposición adicional décima. Pretende una bonificación
especial para las empresas de economía social, es decir, no
que haya una partida destinada a las cooperativas, sino que
además de las ayudas que ahora mismo reciben las empresas que
son cooperativas y sociedades laborales, se les prime con
discriminación positiva --ahora que se utiliza el término
«discriminación positiva» para cualquiera de las actuaciones
de la Administración--. Sería bueno que el Gobierno tratase
mejor a las empresas que representan una acción de
participación de los trabajadores en la economía de sus
propias empresas, con independencia de que las sociedades
anónimas tengan una realidad distinta a las propias
cooperativas.
Nosotros creemos que el dinero de la venta de cuarteles debe
ir a una caja única y que no debe haber una caja del
Ministerio de Defensa que administre sus ingresos para sus
propios gastos. Debe primar el criterio de caja única. Todos
los ingresos del Estado tienen que ir a una caja para
destinarlos a satisfacer los gastos. Proponemos que se
incorpore en esta disposición adicional, a pesar de que en el
articulado de la ley hay un apartado, para que se pueda
conseguir que los ingresos de estas actuaciones, en lugar de
estar ligados al gasto de Defensa, se destinen a las políticas
que el Gobierno quiera decidir, que en un caso irán a Defensa
y, en otro, a otro tipo de política.
Proponemos en la enmienda 589 una disposición adicional para
que el Gobierno reconozca, en el plazo de tres meses, a los
pensionistas mayores de 80 años, que tengan necesidad de una
ayuda de tercera persona parapoder mantenerse o con recursos
inferiores a un millón de pesetas, el derecho a un complemento
de pensión. ¿Qué estamos proponiendo con esto? Todos los
ciudadanos no son iguales, hay ciudadanos que, además de una
edad avanzada, tienen una complicación para poder mantenerse,
no son autónomos y necesitan de la ayuda de personas externas.
Ese es un gasto adicional y creemos que debe tener una
compensación del propio Estado.
La enmienda 591 pretende introducir una disposición adicional
nueva que incorpore una ampliación, desde una planificación
global y plurianual, de la investigación y el desarrollo para
usos civiles, fundamentalmente. Nosotros creemos que hay
investigación y desarrollo excesivamente escorada hacia la
defensa, hacia lo militar, pero faltan planificaciones
plurianuales. Un proyecto de investigación de gente joven que
sale de la universidad debe tener garantía de continuidad, sin
esperar cada año a ver si va a tener continuidad o no.
Solicitamos que el Gobierno presente una coordinación de todos
los planes de investigación para que se pueda hacer una
indicación plurianual, incrementando los recursos que el
Gobierno destina hoy a investigación y desarrollo. No habrá
relanzamiento y autonomía de
nuestra realidad productiva si no hacemos frente a este
incremento de la investigación y el desarrollo.
La enmienda 593 pretende introducir el déficit histórico con
la Sanidad, aunque tenemos que reconocer que este año ya hay
un avance para hacer frente a ese déficit en la propuesta
presupuestaria del Gobierno. ¿A qué circunscribimos nosotros
esta cobertura del déficit histórico? A las valoraciones que
hagan los tribunales de cuentas. Puede darse el caso de que el
tribunal de cuentas de una comunidad decida que el déficit
histórico sanitario está en una cifra determinada o que sea
otro distinto. Para cubrir ese déficit histórico en estas
comunidades y que el Insalud lo pueda llevar a cabo,
proponemos una actuación extraordinaria.
Retiro la enmienda 594, señor Presidente, por una sencilla
razón. Con el mismo texto se ha admitido la enmienda 56, del
Grupo Socialista, a la ley de acompañamiento. Como es
idéntica, aunque en lugar de en los presupuestos se recoge en
la ley de acompañamiento, vamos a retirar nuestra propuesta
para facilitar el encuentro de posiciones políticas.
Termino, señor Presidente, con las enmiendas a dos
disposiciones adicionales que queremos resaltar por su
importancia. Si hay un año de crecimiento económico, el
Gobierno debe dar un paso más en el cumplimiento de un
compromiso: la gratuidad de la enseñanza. Nosotros proponemos
que este año se incrementen los dineros que se destinan a la
gratuidad de la enseñanza, fundamentalmente de los libros, que
no se ha conseguido en ninguna de las etapas de la enseñanza
obligatoria. Por último, el PER. Como he anunciado al
principio, nuestra enmienda se refiere al acuerdo alcanzado
entre Administración y sindicatos. Como decía esta mañana el
señor Morlán, cuando hay un acuerdo se debe proyectar también
a los números, para que la declaración teórica también se vea
reflejada en la cuantificación económica, con objeto de que
tenga credibilidad su ejecución. Proponemos que haya una
partida para el Plan de Empleo Rural, demandado en zonas
concretas, como pueden ser Andalucía o Extremadura, por 15.00
millones de pesetas. Es un compromiso que el Gobierno ha
contraído con las centrales sindicales y que queremos reflejar
nosotros en los propios presupuestos.
Las enmiendas a la disposiciones transitorias, señor
Presidente, van ahondando en la filosofía que hemos mantenido,
en lo que pudiéramos llamar plazos de actuación del Gobierno.
Las enmiendas a las disposiciones finales pretenden
precisamente que funcione el propio Gobierno en el programa de
empleo rural que decía antes, como el Estado en las
inversiones públicas. Nosotros creemos que la oferta de empleo
debe ser innominada y genérica, como señalamos en la enmienda
618 que hemos presentado a la disposición final única. En la
enmienda a la última disposición final creemos que el Gobierno
debe desarrollar reglamentariamente las ayudas y
bonificaciones que anunciábamos para las cooperativas.
Estoy convencido de que con toda esta batería de enmiendas,
que doy por defendidas con el texto que tienen ustedes en sus
manos, hemos intentado seleccionar y concretar cuál sería la
actuación complementaria. Termino, señor Presidente, añadiendo
en el anexo 9, cuando el Gobierno propone una serie de
declaraciones plurianuales para el próximo ejercicio de 1995,
disposiciones que significan que el Gobierno se compromete a
actuar con inversiones en los años futuros. Por ejemplo, en
carreteras, hay una inversión para los años 1996, 1997 y 1998.
También para recursos hidráulicos, para actuaciones en costas,
para saneamiento y agua.
El Grupo de Izquierda Unida pretende en el anexo de
inversiones --las cifras no las hemos inventado, son las que
el Gobierno ha anunciado que se compromete hoy a hacer mañana-
- añadir como planes plurianuales la protección y mejora del
medio ambiente, con la cuantía que el Gobierno proponía para
los años 1996, 1997 y 1998, que van creciendo anualmente.
Hoy, desde aquí, intentamos ampliar este anexo, entendiendo
que el compromiso con los próximos tres ejercicios
presupuestarios debe recoger también unas inversiones
plurianuales en mejora del medio ambiente, a la vez que se
recogen las actuaciones en carreteras, en costas o en
ferrocarril. Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por parte del Grupo Mixto, han presentado enmiendas los
señores Albistur, Rahola y Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, doy por
defendidas, en primer lugar, las enmiendas de los distintos
Diputados del Grupo Mixto, señora Rahola y señor Albistur,
como he comunicado a la Presidencia. Intervengo para defender
un total de 31 enmiendas que hemos presentado desde Unión
Valenciana, contempladas en distintas disposiciones
adicionales. Voy a intentar ser breve, extendiéndome un poco
más en aquéllas que considero de mayor interés, aunque pienso
que todas ellas deben ser atendidas, y esperemos que apoyadas,
por la mayoría de los miembros de esta Cámara.
La primera de las enmiendas es la número 38, relativa al
acuerdo económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma
Valenciana. Se encuentra en el fondo de esta enmienda el
planteamiento de Unión Valenciana de que se establezca el
concierto económico como instrumento de financiación de la
Comunidad Autónoma Valenciana. El Reino de Valencia, el
sustrato histórico de la moderna Comunidad Valenciana, mantuvo
un régimen fiscal de conciertos económicos hasta el Decreto de
Nueva Planta de principios del siglo XVIII, que
supuso la destrucción de las libertades nacionales valencianas
por Felipe V tras la Guerra de Sucesión. Atrás quedaban varios
siglos de esplendor económico foral, en particular los siglos
XIV y XV, en los que el Reino de Valencia tuvo la hegemonía
económica del Mediterráneo Occidental, ocupando el rango de
primera potencia económica europea, como así lo atestiguan los
documentos y referentes, ciertamente numerosos, de aquella
época.
En la actualidad, la Comunidad Valenciana pertenece al
conjunto de comunidades autónomas que posee el llamado sistema
de financiación común, que comprende una fórmula mixta que
ofrece escaso margen para una verdadera autonomía financiera
de nuestras comunidades autónomas. Este sistema sólo permite a
las comunidades disponer libremente de menos del 15 por ciento
de sus presupuestos totales, el 85 restante posee un carácter
finalista; es decir, se trata de servicios que están
previamente asignados, de los que no se puede prescindir so
pena de ilegalidad, bien con impuestos propios, sucesiones,
patrimonio, tasas, etcétera, con una limitada participación en
los ingresos del Estado. Los expertos prestan especial
atención al modesto crecimiento de la recaudación impositiva
propia de las comunidades, como la valenciana, que se ven
continuamente necesitadas de recurrir a la financiación
procedente del Gobierno central. Así, por ejemplo, en 1992,
más del 70 por ciento de los ingresos del presupuesto
valenciano procedían de transferencias del Gobierno central,
en tanto que tan sólo el 15 por ciento tienen su origen en los
recursos propios, correspondiendo el resto a un endeudamiento
que crece de forma vigorosa en los últimos años. Esta
asimetría funcional en los ingresos presupuestarios
valencianos es una de las restricciones más evidentes al
diseño de una verdadera política autonómica, a diferencia de
lo que sucede con los sistemas de financiación forales del
País Vasco o Navarra, donde las prioridades de cada Comunidad
se atienden antes de participar en el sostenimiento de los
gastos del Estado.
Unión Valenciana cree necesario, justo y viable la extensión
del régimen de conciertos económicos al conjunto de aquellas
15 comunidades autónomas de régimen común que así lo
soliciten, o al menos de aquéllas que manifiesten una voluntad
política y estén capacitadas para llevarlo a cabo. Es posible
que no todas las comunidades autónomas estén preparadas para
afrontar los gastos de funcionamiento que exige la gestión y
liquidación de los grandes impuestos estatales ahora
recaudados por el Gobierno central: renta, sociedades, IVA,
etcétera. En cualquier caso, y como en todo proceso de
negociación basado en el consenso, la voluntad política del
Gobierno central también sería necesaria para impulsar un
cambio de esta magnitud, ya que departamentos como la Agencia
Estatal Tributaria, podrían ser transferidos a las comunidades
autónomas, con el fin de que éstas pudieran dirigir su propia
política recaudatoria. Unión Valenciana cree que el régimen de
conciertos económicos para la Comunidad Valenciana sería muy
beneficioso. El sistema financiero regional, basado en los
conciertos económicos, no sólo permitiría acercar o equilibrar
la relación entre lo que se recauda y gasta en nuestra
Comunidad, sino que aportaría dosis crecientes de justicia
fiscal al Estado de las autonomías y a los residentes en cada
una de las regiones, al tiempo que obliga al Gobierno central
a reducir su participación en la economía, en estricta
correspondencia con el mayor peso de los gobiernos regionales.
Unión Valenciana ha estimado en más de 350.000 millones de
pesetas los ingresos que se podrían destinar a inversiones en
la Comunidad valenciana durante el actual año 1994 si se
hubiera establecido un sistema de concierto económico con el
Gobierno central. Con ese sistema todavía habríamos
contribuido a la solidaridad regional con más de 400.000
millones, seríamos la tercera comunidad con mayor aportación a
los Presupuestos Generales del Estado y podríamos mantener un
nivel de actividad en la Generalitat valenciana similar a los
de años anteriores con un presupuesto que superaría el billón
de pesetas.
El sistema de conciertos económicos traslada mayores poderes
competenciales a las comunidades autónomas bajo la perspectiva
de que son éstas las que por estar más cerca del ciudadano
pueden realizar una política económica más adaptada a sus
necesidades. Por otra parte, la mayor cercanía de los
gobernantes autonómicos y su gestión más transparente favorece
el control, por parte de la sociedad, y ello fuerza a una
gestión más eficiente.
Por último, el Gobierno central, que ha sido desprovisto
progresivamente de funciones que ahora son prestadas por las
comunidades autónomas, posee mayores incentivos para realizar
con más eficiencia sus competencias más reducidas y controlar
mejor los gastos. Federalismo fiscal y concierto económico van
unidos de la mano y propenden a la eficacia económica en las
sociedades avanzadas. En cuanto a las economías regionales más
débiles, no tiene por qué existir problema alguno con la
adopción de este sistema de conciertos económicos. El propio
sistema fiscal puede fijar un fondo autonómico de desarrollo
regional integrado por la aportación de las comunidades
autónomas más ricas y que se distribuya por un comité
integrado por el Gobierno central y las comunidades autónomas,
lo que facilita la responsabilidad del gasto y la valoración,
por parte de los residentes en las zonas llamadas pobres, del
esfuerzo realizado por los residentes en las zonas llamadas
ricas, algo que el actual sistema financiero español no
permite y que parece injusto.
La recuperación económica de la Comunidad valenciana depende
en gran manera de la modificación del sistema de financiación
actual. Sólo de esta manera se podrá llevar a cabo una
política económica valenciana correcta, adecuada a las
necesidades de Alicante, Castellón y Valencia. La realización
de las competencias transferidas sólo se podrá llevar a cabo
con una suficiencia financiera, esto es, una reducción de esa
burocracia que poco a poco nos viene comiendo y que en
determinados momentos se ha discutido y se ha visto con
compañeros de S.S., del Partido Socialista que es una gran
máquina y que en muchos casos no atiende las verdaderas
necesidades de nuestra Comunidad. Que este federalismo fiscal
que defiende Unión Valenciana sea necesario para nuestra
Comunidad no quiere decir que trasluzca una insolidaridad por
parte de los valencianos. Pensamos que el federalismo fiscal
bien aplicado, bien entendido, para todo el Estado español,
puede contribuir a que todas las comunidades avancemos hacia
mayores cotas de bienestar y de progreso. Por eso mantenemos
esta enmienda, la número 38, en la que recogemos como se puede
apreciar en la documentación que se adjunta a la propia
enmienda, toda la regulación normativa que podía desembocar en
que la Comunidad valenciana y aquellas comunidades que así lo
solicitaran pudieran beneficiarse de un concierto o acuerdo
económico entre el Estado central y las diversas comunidades
que componen el Estado español.
Paso a comentar muy brevemente otra de las enmiendas que
intentamos que sea incluida en los Presupuestos Generales del
Estado como disposición adicional nueva. Es la enmienda 79,
que se complementa con la enmienda número 78, al departamento
de Agricultura, la Sección 21, que es la referente a que se
dicte un proyecto de ley de ayudas a los agricultores
afectados por la enfermedad de la tristeza del naranjo; por lo
que se comentó, y así se comprometió el portavoz del Grupo
Socialista en la Comisión de Presupuestos, parece que de
alguna manera, por medio de una enmienda transaccional, puede
aprobarse esta demanda de los agricultores, no sólo
valencianos sino de otras comunidades del Estado español cuyos
cultivos se ven afectados por esta enfermedad, como son
Cataluña y Murcia.
Otra de las enmiendas que presentamos es la número 104,
relativa al coste sanitario de los desplazados y extranjeros
en la Comunidad valenciana. Es una enmienda de adición que
consistiría en añadir una nueva disposición adicional que
debería quedar redactada de la siguiente manera: El Ministerio
de Sanidad y Consumo tranferirá a la Sección 32, entes
territoriales, servicio 09 --Comunidad valenciana-- los
créditos presupuestarios necesarios para la financiación del
coste sanitario realizado por los desplazados y extranjeros en
la Comunidad valenciana. La citada tranferencia no debería ser
inferior a 10.000 millones de pesetas. La motivación es que
consideramos --y éste es el cálculo aproximado que se ha hecho
desde la Consellería de Economía y Hacienda, por parte del
señor don Aurelio Martínez, Conseller del Partido Socialista--
, que este gasto adicional no puede ser soportado por la
sanidad valenciana y está, de alguna manera, frenando las
inversiones en ese departamento tan importante como es el de
Sanidad de nuestra Comunidad. Por tanto, de lo que se trata es
de garantizar la existencia de créditos para financiar ese
coste sanitario añadido que es el realizado por los
desplazados y extranjeros en la Comunidad valenciana, una
comunidad en la que por sus condiciones y por ser receptora de
turistas existe un gran número de ciudadanos del Estado
español y de otras nacionalidades que producen un gasto
añadido a la sanidad autonómica. Por tanto, pienso que esta
enmienda 104 puede ser considerada, si no en su integridad, sí
parcialmente. Otra de las enmiendas que presentamos como
disposición adicional nueva es la número 116, que afecta a un
colectivo muy elevado de ciudadanos del Estado español. Se
refiere al abono de cantidades adeudadas por el Ministerio de
Justicia e Interior a abogados del turno de oficio no sólo en
la Comunidad valenciana, sino en todo el Estado español. En
concreto, para los casos que conozco de la Comunidad
valenciana y de la Comunidad de Murcia, solicitamos que el
Ministerio de Justicia e Interior abone, en el plazo más breve
posible --yo he puesto un mes-- las cantidades adeudadas a los
profesionales del Derecho que han prestado sus servicios en el
turno de oficio en la Comunidad valenciana. Basta comentar que
del ejercicio de 1993 están pendientes de pago el 30 y el 40
por ciento de cada uno de los semestres respectivamente, y del
año 1994 todavía no se ha abonado nada a los profesionales del
Derecho que se dedican a la defensa de los intereses de
aquellos que por no tener los recursos suficientes acuden a
abogados del turno de oficio.
Para concluir, quiero comentar muy brevemente las enmiendas
números 1 y 2 y las que van de la 120 a la 128, que se
refieren a sectores concretos de la actividad económica
valenciana y que afectan a otras comunidades del Estado
español. Desde un punto de vista sectorial hemos de señalar
que sectores de crucial importancia económica en la Comunidad
valenciana y que son un componente muy importante para la
economía nacional son olvidados por los presupuestos ante los
nuevos retos que se avecinan y que han sido comentados en el
debate de totalidad y en los debates en Comisión. Podemos
empezar citando al pequeño comercio --enmienda número 2--,
amenazado por la libertad de horarios comerciales para el año
2001 y no asegurando las ayudas pertinentes para la
modernización del citado sector por parte del Gobierno.
Por otro lado --y esto afecta ya a las enmiendas que van de la
120 a la 128-- la conclusión de la Ronda del
GATT, con el desarme arancelario y la práctica de dumping
social por parte de muchos países, unido al Acuerdo sobre
Libre Comercio en América, afectará muy negativamente al
sector del calzado. Actualmente el mercado oriental de estos
productos copa ya el 27 por ciento del mercado europeo. Otros
sectores como el del juguete, mueble, azulejo y el del textil
y confección verán también incrementada de manera espectacular
su competencia en los próximos años. Respecto a la agricultura
tampoco se adoptan medidas relativas al sector vitivinícola y
al de frutas y hortalizas, amenazados uno y otros por la
reforma de la organización común de mercados con el arranque
de viñedos y por el incremento de importaciones procedentes de
terceros países, sin que se esté haciendo nada para que
prevalezca la preferencia comunitaria. Según datos publicados
por el Boletín de información comercial española, del
Ministerio de Comercio, las exportaciones de la Comunidad
valenciana durante el ejercicio de 1993 se incrementaron un
13,33 por ciento, por debajo de la media nacional, que se
situó en el 19,9 por ciento. (El señor Padrón Delgado:
¡Tiempo!) La conclusión de la Ronda del GATT, con el desarme
arancelario que conlleva, afectará muy negativamente al sector
del calzado. Actualmente la penetración de esas importaciones,
como he comentado, de productos de China, Corea y Taiwan es
muy elevada.
Otro de los sectores valencianos que verá muy afectado su
futuro...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, vaya
concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, concluyo, pero en otros turnos
he sido muy breve y ruego un poquito de benevolencia.
(Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Ya la ha tenido la Presidencia.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ir concluyendo.
Otro de los sectores valencianos que se verá más afectado será
el de los juguetes. Actualmente las importaciones de China y
Japón suponen el 33 por ciento del consumo interno y que se
verá incrementado con el progresivo proceso de desarme
arancelario.
Para concluir, quiero defender la enmienda 131. Ya que en
estos momentos se está debatiendo en la Cámara la proposición
de ley sobre la indemnización por los daños ocasionados como
consecuencia de la rotura de la presa de Tous, pido que por
medio de una disposición adicional se contemplen al menos
6.000 millones que, complementados con los 19.000 que se
fijaron por el Real Decreto del año 1993, puedan, de una vez
por todas, compensar y resarcir a los damnificados por la
rotura de la presa de Tous.
Por tanto, mantengo las treinta y una enmiendas a las
disposiciones adicionales, con el ruego de que sean
consideradas por esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente por
el Grupo Vasco (PNV) y por el señor Albístur, tiene la palabra
el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
En la defensa de las enmiendas, por parte de nuestro Grupo
Parlamentario nos vamos a repartir el turno de intervención
entre este portavoz y mi compañero González de Txabarri. Lo
digo, señor Presidente, para que la Mesa tenga conocimiento de
ello.
Pasando a defender las enmiendas de nuestro Grupo, respecto a
la número 325 y la 321, damos por reproducidos los argumentos
esgrimidos en la Comisión y estamos a la espera, como se
indicó en su día, de que se analicen por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. Por lo tanto, para no ser
reiterativo, señor Presidente, me remito en bloque a la
argumentación expuesta en la Comisión. Con relación a la
enmienda número 322, observamos que la redacción de la
disposición transitoria quinta a nuestro juicio no es del todo
correcta, porque pretende dar amparo a unas actuaciones del
Gobierno que, de alguna manera, están en contradicción con el
planteamiento político del Gobierno de no incrementar el
capítulo 1, de no incrementar la política de gastos de
personal. Esta disposición transitoria quinta, señor
Presidente, está estableciendo una autorización al Gobierno
para poder ofertar puestos de trabajo que estén dotados
presupuestariamente. Si ello es así, señor Presidente, si los
puestos de trabajo están dotados presupuestariamente, es
obligación la realización de la oferta de empleo público. Si
están dotados presupuestariamente y no se realiza la oferta de
empleo público, lo que corresponde, con arreglo a la Ley
30/1984, de la Función Pública, es la amortización de esos
puestos de trabajo. Por lo tanto, señor Presidente, vemos un
engordamiento del capítulo 1 por esta vía, vía que a nuestro
juicio entra, repito, en contradicción con la filosofía
general que se plasma en los presupuestos, de contención de
los gastos de personal, del capítulo 1, y además, por otra
consideración, señor Presidente, y es que se dice en otro
apartado que se podrán incluir en las ofertas de empleo las
plazas desempeñadas por interinos o temporalmente, por lo que
entramos en una nueva incorrección, puesto que si las plazas
están dotadas presupuestariamente, están cubiertas por
interinos o por
personal temporal, evidentemente lo que procede es ofrecerlas
en la oferta de empleo público.
Por lo tanto, vemos que la disposición transitoria quinta es
el totum revolutum que está dando, en definitiva, el amparo
para poder realizar cosas diferentes a lo establecido en la
política general de la ley de presupuestos. Queremos llamar la
atención por ello sobre lo que está amparando la disposición
transitoria quinta en lo relativo a la gestión de los gastos
de personal. En definitiva, es aquí donde verdaderamente está
el escape en los Presupuestos Generales del Estado de la
política de personal a realizar por el Gobierno central. La
enmienda número 323 de nuestro Grupo Parlamentario pretende la
modificación del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el
cual se procedía a la integración en el Régimen General de la
Seguridad Socialde la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local. Esta integración ha supuesto para las
corporaciones locales españolas tener que cotizar por los
funcionarios que prestan servicios en las mismas mediante un
tipo adicional de un 8,20 por ciento. Señor Presidente, nos
parece excesiva esta obligación fijada para las corporaciones
locales; nos parece excesiva porque la regulación va en
detrimento de aquellas corporaciones locales que han ido
cubriendo puestos de empleados públicos mediante funcionarios,
mediante personal ligado a la Administración correspondiente
por una relación de naturaleza estatutaria, y ha ido en
detrimento de estas corporaciones en relación a aquellas que
contrataban personal que estaba ligado por una relación de
naturaleza laboral que no tenía la cotizacióna la MUNPAL.
Además, señor Presidente, nos parece excesiva por un segundo
argumento, que para procesos análogos de integración en el
Régimen General de la Seguridad Social de regímenes especiales
se han establecido tipos adicionales de cotización muy
inferiores a los que se recogen en el Real Decreto 480 de
1993. Empresas públicas dependientes del Instituto Nacional de
Industria han pactado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social la integración de su personal en el Régimen General con
tipos del 1, del 1,5 por ciento, del 2 por ciento. Nos parece
muy onerosa y muy gravosa para las arcas de todas las
corporaciones locales españolas esta regulación contenida en
el Real Decreto 480/93, y por ello solicitamos su
modificación.
Por último, en el turno que a mí me corresponde, quería hacer
referencia a la enmienda 324, relativa al anexo II, cuarto, de
los Presupuestos Generales del Estado. Con ella pretendemos,
señor Presidente, buscar una redacción adecuada en lo que se
refiere a los gastos sanitarios de farmacia. Una
interpretación integradora, una interpretación armónica de ese
anexo II nos puede dar a entender que hay una derogación
implícita de la Ley General Presupuestaria, en su artículo
149, en lo relativo a los créditos ampliables, y nosotros,
señor Presidente, queremos salvaguardar que, dentro del ámbito
del gasto sanitario, los gastos farmacéuticos no estén
contingentados, no estén limitados, no estén constreñidos en
los Presupuestos Generales del Estado, como ha sido norma
habitual en la política sanitaria del Gobierno socialista.
Queremos que se siga como hasta ahora, con la posibilidad
explícita contenida en el artículo 149 de la Ley General
Presupuestaria de que los gastos sanitarios, en lo que
concierne a los gastos farmacéuticos, tengan la naturaleza y
el carácter de créditos ampliables. Por ello, presentamos esta
enmienda de modificación puntual, para garantizar que no nos
encontramos ante una derogación tácita, no aparece en las
derogaciones expresas de la disposición derogatoria, pero una
interpretación correcta del ordenamiento jurídico nos puede
llevar a tal confusión, que es lo que pretendemos evitar en el
ámbito sanitario.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. A continuación
intervendrá mi compañero, señor González de Txabarri.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Voy a defender brevemente las enmiendas 397 a 401,
todas ellas referidas a los módulos económicos de distribución
de fondos públicos para el sostenimiento de los centros
concertados, recogidos en los anexos de referencia, en
coherencia con las enmiendas presentadas por este Grupo al
Título II y a la Sección 18 y a la argumentación allí
expresada, siempre teniendo en cuenta que el Partido
Nacionalista Vasco, en sus ámbitos de competencia y de
actuación en el sector educativo, mantiene estas premisas y su
consiguiente actuación y reflejo presupuestario en cada uno de
los sectores que se recogen en estos anexos, tanto en los
módulos como en los salarios de personal, en la educación
infantil o en el desglose de las partidas de otros gastos o de
gastos variables, tanto en la criteriología del concierto
educativo como en el cómo y en el cuánto. No estamos, señor
Presidente, predicando ni vendiendo humo; estamos, de alguna
forma, dando trigo, en el convencimiento de que el actual
ordenamiento jurídico del sector educativo (la LODE y la
LOGSE, apoyadas por este Grupo) necesita para su cumplimiento,
por parte de los agentes sociales, de un respaldo
presupuestario más decidido. Por ello, el Grupo Vasco entiende
que es en la Ley de Presupuestos Generales del Estado donde se
deben recoger estos criterios y sus correspondientes
dotaciones presupuestarias, porque, si no, de nada servirá
legislar sectorialmente, en este caso en el tema de la
educación, si luego la legislación no va acompañada de
dotaciones presupuestarias suficientes, o si la Ley de
Presupuestos Generales del Estado (que es la que ahora nos
ocupa) sirve para aguar las leyes del sector
educativo por no recoger las consignaciones presupuestarias
que de la legislación sectorial se derivan. Si esta situación
se mantuviera así, parece lógico que los grupos que sustentan
la necesidad de una ley específica de financiación de la
educación encuentren día a día más respaldo y más adeptos, que
es lo que tratamos de evitar, señor Presidente, porque, en
nuestra opinión, se está produciendo una interpretación
sesgada en la aplicación de la LOGSE, ya que, a través de la
ley presupuestaria, año tras año, se prioriza el sector
público de forma excesiva y extensiva, en perjuicio, en
nuestra opinión, del sector de iniciativa social, que observa,
año tras año, un mayor desfase, en relación con el sector
público, desde todos y cada uno de los parámetros de la
aplicación presupuestaria.
Este es, señor Presidente, el fundamento de estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri. Para un turno en contra, tiene la
palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ COLINO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quizás el ámbito en el que se mueven las
adicionales, transitorias, finales, derogatorias y anexos nos
permite que cada grupo político facture, en función de los
intereses y a última hora, las enmiendas que considera
preferentes. Por eso voy a empezar pidiendo disculpas por si,
teniendo en cuenta la velocidad, no se contestan todas y cada
una de las enmiendas presentadas, a lo que podríamos entrar en
el segundo turno.
En principio, el Partido Nacionalista Vasco nos habla de que
se quedó en estudiar la enmienda 325, pero, analizada dicha
enmienda, resulta que la fijación de las cuantías del
complemento de destino con el resto de las retribuciones
complementarias son competencias de las propias comunidades
autónomas. Por lo tanto, entrar, en un aspecto general, a ir
definiendo lo que son competencias de las comunidades
autónomas parece que se sale del ámbito de competencias de
estos propios presupuestos, pero, si se dijo que se iba a
estudiar, será que habrá algún matiz que en estos momentos no
se localiza y seguiremos estudiando por si pudiéramos
perfeccionar nuestra opinión y entrar en lo que nos pide en su
enmienda.
En cuanto a la enmienda 322, creo que no se le oculta el pacto
con los sindicatos y la tendencia que lógicamente tiene que
tener a la baja el capítulo 1 de los Presupuestos Generales
del Estado en lo que se refiere a la Administración central,
puesto que la salida de competencias de la Administración
central tiene que llevar consecuencias lógicas en el Capítulo
1. No hay ningún problema de legalidad en aquellos puestos de
trabajo que tienen dotación aunque estén ocupados
interinamente. Por lo tanto, entiendo que se está haciendo uso
de lo que pudiéramos llamar responsabilidad dentro de los
presupuestos para ir limitando los gastos a mínimos. En esa
línea está el Partido Socialista y en ella seguiremos.
La enmienda 323, que se refiere a la integración del régimen
de la MUNPAL en el Régimen General de la Seguridad Social,
como comprenderá S.S., el crecimiento del tipo adicional de
cotización se corresponde con el aumento de las prestaciones
que se deriva al pasar de la MUNPAL al Régimen General de la
Seguridad Social. Usted sabe que tanto en jubilaciones como en
otros aspectos hay una mejora para los funcionarios de
Administración local, que se debe corresponder con una subida
en las cotizaciones; por lo tanto, la subida en las
cotizaciones es un elemento técnico en función de las
prestaciones que se realizan.
Lo mismo le podía decir en cuanto a que la racionalidad de la
situación en que se encuentran en estos momentos los gastos de
farmacia hace que su plasmación en el anexo II sea la más
correcta a juicio del Partido Socialista. Por otra parte, por
lo que se refiere a las enmiendas globales que van a la
aplicación de la LOGSE, yo le diría que es bueno el
reconocimiento del gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno
a través de estos presupuestos para incorporar la LOGSE, le
recuerdo, por encima de los 80.000 millones de pesetas. A la
apreciación de que se invierte más en el sector público que en
el privado, yo le diría que lógicamente hay un filosofía en el
Partido Socialista dentro de los presupuestos, que debe ser
consecuente con ella y en esa misma línea se mueve.
Respecto a Unión Valenciana, yo le rogaría que en los
sucesivos presupuestos no considerara las adicionales y
transitorias como un cajón de sastre que permite cualquier
cosa. Voy a intentar contestarle a aquellas en las que ha
hecho especial hincapié para que podamos darnos cuenta por lo
menos de que en presupuestos y en sucesivos debates se debe
clarificar lo que necesita de adicionales y no de cualquier
tipo. Por eso le digo que ya va siendo una tradición que se
hable del concierto de la Comunidad valenciana cuando usted
sabe perfectamente que este es un tema que necesitaría cambio
en la Constitución, cambio en los propios estatutos del País
Valenciano y cambio en el propio concepto de la Ley General
Presupuestaria. No parece adecuado que se repita la tradición
de venir aquí, con una adicional de la ley de presupuestos,
con un tema de esta envergadura que afectaría a modificaciones
que no son ni de este ejercicio ni de este año ni del calado
ni del rigor que debe llevar la ley de presupuestos. Por lo
tanto, yo le rogaría que la presentara en otro contexto para
que pudiéramos ya clarificar el debate.
Sobre la enfermedad de la tristeza del naranjo es muy posible
que, cuando se hable en la sección correspondiente
de agricultura podamos iniciar una transaccional que nos
permita encontrar una solución intermedia a la propuesta que
usted realiza, que parece correcta en su teoría, pero alguno
de cuyos conceptos tendríamos que retocar. Esperemos contar
con su apoyo cuando se le proponga.
Es extraño también que, al socaire de una pequeña adicional
que propone la modificación de la ley del pequeño comercio,
ustedes incluyan unas indemnizaciones que en concepto de gasto
ascienden a tres billones de pesetas. Eso, metido en una
adicional de manera pasajera, llevaría a que todo el aspecto
del control de déficit, que nos interesa tanto, se nos viniera
abajo, por esta pequeña adicional.
También parece que deberíamos ser consecuentes --nos mete el
añadido, creo que me ha dicho, de 6.000 millones para la presa
de Tous-- y para ser consecuente usted debiera haber votado a
favor del crédito ampliable en la misma presa de Tous, porque
si suprimimos el crédito ampliable en la presa de Tous,
eliminamos la posibilidad de aumentar el crédito, en la
situación de incertidumbre en que usted sabe que se están
moviendo las indemnizaciones alrededor de la presa de Tous.
Por lo tanto, sería deseable una cierta consecuencia en sus
planteamientos para que supiéramos en qué dirección camina.
Izquierda Unida plantea también, año tras año, otra enmienda
clásica, y es la cobertura que recogía antiguamente la Lismi.
Le decimos todos los años: léase la Ley 26/1990, que contiene
ayudas mayores. Se dará cuenta de que además superan el 50 por
ciento del salario mínimo. Luego no se pueden invocar estas
concepciones cuando ya está regulado por ley y en marcha. Es
necesario que sea así.
Por otra parte, también es bueno que todas aquellas obras que
afectan al futuro Plan Director de Infraestructuras, que en
estos momentos está en fase de Ponencia, o las que afecten al
Plan Hidrológico, cuando venga, se enmarquen, para hablar de
algo de lo que creo que ustedes son muy partidarios, en la
planificación adecuada, no a través de enmiendas adicionales.
Por lo tanto, habrá que tener paciencia para abordarlas en su
momento dentro de una planificación global que daría mucho más
sentido a las propuestas que nos hacen. La planificación I+D,
señoría, en estos momentos se lleva a cabo a través del plan
nacional de I+D, en el que, como usted sabe, participa el
PATI, que lleva tres o cuatro años. Además, en cuanto a la
coordinación existe un órgano adecuado, que se llama la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Por lo
tanto, se planifica a años suficientes y las actuaciones se
coordinan como usted pide en esta enmienda. Yo creo que en
estos momentos, con las deficiencias que lógicamente siempre
tienen los programas I+D, porque somos un país que arranca de
una situación muy baja y lógicamente nos queda mucho camino
por recorrer, debemos ir reconociendo lo que se avanza en esta
dirección, aunque, por supuesto, el estar insatisfechos creo
que es sano, desde el punto de vista mental, y entiendo su
insatisfacción en este campo.
Respecto al PER usted sabe que está pactado con las centrales
sindicales y que en algunos casos ustedes entran en
contradicción hasta en el número de porcentaje de trabajadores
eventuales que deben incluir con respecto a lo que ha sido
aceptado por las centrales sindicales. Creo que ha sido un
logro de todos en estos momentos que el PER esté pactado y
debiéramos guardar un respeto para no ir aumentando al alza,
como se hace en muchas de sus enmiendas, los pactos
conseguidos con las centrales sindicales. Es evidente que toda
posición al alza es siempre bienvenida, pero debíamos ser
respetuosos con lo que se pacta. Respecto al 0,7 por ciento --
y con ello entro a responder tanto a los planteamientos de
Izquierda Unida como del Partido Popular--, creo que tenemos
que hacer un debate sereno sobre la profundidad del llamado
0,7 por ciento. Fijarnos en su cuantía tiene interés, pero
fijarnos en su cualidad y en qué elementos deben acompañar a
la financiación de este concepto también es muy importante, y
nos estamos olvidando de ello. Yo creo que la calidad, la
transparencia y la colaboración con que se destinen esos
fondos es tan importante como los fondos en sí. ¿Por qué digo
esto? Porque sin esa transparencia y sin ese control los
fondos podrían derivarse --y de hecho sabemos que hay historia
en este sentido-- a aspectos que no busca ninguno de los
defensores del 0,7 por ciento. Por lo tanto, tenemos que ir
profundizando cada vez más en esa calidad, en esa
transparencia y en esa participación que deben tener los
fondos destinados al 0,7. Por eso hemos llegado a unanimidad
en la constitución del consejo. Y por eso, partiendo de una
cuantía, se coloca una partida abierta, en función de esos
proyectos concretos, de su visión de participación con el
consejo, de su viabilidad y de su transparencia. No podemos
marcar cantidades que serían de difícil justificación sólo por
el hecho de conformarlas en coeficientes. En estos momentos no
se ha puesto límite a esa partida abierta y depende únicamente
de la realidad y transparencia de ese gasto. Creo que todos
estamos de acuerdo en cuál es el fondo. Pero no por pensar a
dónde debe ir y decir que cuanto más dinero mejor, estamos
haciendo una mejor gestión de unos fondos que todos estamos de
acuerdo respecto a dónde deben ir, pero que ha de ser con sus
cautelas, con sus prudencias y con sus participaciones. Por
tanto, creo que en esa línea vamos a estar de acuerdo, vamos a
hablar menos de compromisos del 0,5 o de cantidades cada vez
mayores, y vamos a entrar en el aspecto cualitativo, que
también tiene su importancia. Hablamos del déficit. De vez en
cuando, el Partido Popular busca un elemento para intentar, a
través de él, no conseguir lo que pretende la letra sino el
desgaste
del Gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ayer se les proponía
a ustedes un compromiso político en el preámbulo --un
compromiso político, que tiene su importancia en esta Cámara--
y ustedes se refugian en aspectos formales para no aceptar,
porque ustedes no quieren la corrección del déficit; ustedes
quieren echar en cara, en cualquier momento, al Gobierno su
situación en su lucha contra el déficit. Porque me contará
usted si son ustedes defensores de la corrección del déficit
cuando en sus enmiendas incluyen no menos de 700.000 millones
de pesetas en intentar que el dinero de la Seguridad Social se
pague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no
menos de 700.000 millones de pesetas de disminución de
ingresos suponen sus mejoras en los aspectos fiscales. Por
tanto, esas cantidades no se pueden pagar con los doscientos
veintitantos mil millones que ustedes quitan, de manera
bastante arbitraria, del capítulo II. También le señalaría
algo respecto del deterioro. Si ustedes hacen el sano
ejercicio de leerse el «Diario de Sesiones» del año pasado
verán que, a costa de este mismo concepto, decían que no iban
a crecer las exportaciones porque era imposible desde el punto
de vista económico; ustedes decían que el crecimiento cero era
la mejor de las opciones posibles, con una pérdida por encima
de los 200.000 puestos de trabajo; ustedes decían que no era
posible el crecimiento de la demanda interna con un estudio
económico serio y riguroso. Imagino que a estas alturas
ustedes tendrán que dar una explicación para todo esto, porque
están ustedes abonados a la política del desastre y es malo
apostar en contra del beneficio del pueblo de España, es malo
apostar en contra del beneficio del país.
Creo que debieran ustedes entrar en el reconocimiento de lo
que se consigue y en la crítica de lo que no se consigue,
porque así podríamos estar --creo yo-- en un debate real.
Porque cuando ustedes hablan de disminuir el déficit sólo nos
han hablado de deshacerse del patrimonio, que puede ser una
situación temporal, pero poco nos hablan ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jerez, vaya
concluyendo, por favor.
El señor JEREZ COLINO: Voy concluyendo, señor Presidente.
...poco nos hablan ustedes de en qué van a disminuir el
déficit, porque yo sospecho --y perdóneme que se lo diga-- que
va a ser en gastos sociales. El Ayuntamiento de Madrid sigue
esa línea: frente a un 10 por ciento de crecimiento en
amueblamiento urbano disminuyen un 10 por ciento las ayudas
vecinales y los gastos sociales. Mucho me temo que, para no
perder ustedes ningún tipo de concepto en cuanto a voto se
refiere, nunca dirán con cargo a qué va a ir la eliminación
del déficit. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Jerez, en el problema que nos plantea su exposición ante
el llamado 0,7, de ayuda a la cooperación internacional, no se
trata de que estemos frente a una actitud --como usted nos
pide-- de crear un debate de serenidad (serenidad hay en las
palabras, lo va a ver usted y ya lo ha visto en todo el debate
transcurrido en Ponencia, Comisión y Pleno); no se trata
tampoco de profundizar, porque se ha hecho suficientemente en
este debate; se trata de cumplir los compromisos
parlamentarios, señor Jerez. Usted votó a favor, como toda la
Cámara, de forma unánime, en noviembre de 1992 y en febrero de
1994, de adquirir el compromiso político en esta Cámara de
alcanzar el 0,35 por ciento de ayuda a la cooperación
internacional.
¿Sabe usted lo que dice su adicional diecinueve? Que dotarían
ustedes de 32.000 millones de pesetas más al Fondo de Ayuda al
Desarrollo, a la cooperación internacional. ¿Sabe usted lo que
significan 32.000 millones de pesetas más en ese capítulo?
Sencilla y llanamente sólo el 0,31 por ciento. Por lo tanto,
su propia enmienda no cumple el compromiso aprobado
unánimemente por esta Cámara. Fíjese usted si se lo digo con
toda serenidad y sin intentar adjetivar ni descalificar.
Simplemente, ustedes con su enmienda a la adicional diecinueve
no alcanzan el compromiso unánime de esta Cámara, compromiso
adquirido, como le he dicho, en dos ocasiones, en noviembre de
1992 y en febrero de 1994. Por lo tanto, los coeficientes a
los que usted hacía referencia los ha aprobado esta Cámara. Lo
que ocurre es que ustedes no quieren alcanzar el cumplimiento
de las resoluciones de esta Cámara.
Ha vuelto usted a traer aquí el debate sobre cómo cuadran o no
cuadran las cuentas. Usted me pide que me lea el debate del
año pasado. Como comprenderá, no sólo me lo he leído sino que
participé en su exposición y, por lo tanto, conozco bien
cuáles fueron los argumentos que defendimos en aquella ocasión
y también conozco bien cuál fue el cuadro macroeconómico que
ustedes presentaron con los presupuestos de 1994. No quiero
recordarle cuáles eran las previsiones de crecimiento porque
ustedes mismos se han visto sorprendidos, como prácticamente
todos los centros de análisis económicos. Ustedes, como
recordarán, planteaban un crecimiento del 0,7 y han tenido que
ir revisando al alza ese crecimiento económico porque todos
los observadores económicos se han visto sorprendidos por el
tirón de la recuperación internacional, al que se ha
enganchado la economía española. Por lo tanto, respecto al
cumplimiento de las previsiones de crecimiento, le
remito exclusivamente al cuadro macro que ustedes presentaron
para los Presupuestos de 1994.
Cuando ustedes cuantifican las enmiendas del Grupo Popular,
tanto del lado de los gastos como del lado de los ingresos, lo
único que les pediría ya a estas alturas del debate es que se
pusieran de acuerdo en las cifras, porque si uno lee al
Ministro, señor Solbes, éste las cuantifica en cifras muy
diferentes a las que usted acaba de dar. Por lo tanto, denos
una cifra oficial, en cuánto lo cuantifican. Nosotros, de
entrada, sabemos que en cuanto planteamos unas enmiendas,
ustedes lanzan una cifra desorbitada. En cambio, cuando las
propuestas son de ustedes (y son idénticas en algunos casos en
materia tributaria), esas no crean nunca minoración de
ingresos. Cuando son suyas, no hay minoración de ingresos;
cuando son del Grupo Popular, la minoración de ingresos es
tremenda, como ustedes pretenden defender.
Le he insistido en mi intervención anterior respecto a su
falta de compromiso en la reducción del déficit. Usted sabe,
señor Jerez --y lo digo también con una serenidad pasmosa--
que falta a la verdad cuando dice... (El señor Jerez Colino
hace gestos.) Sí, sí, señor Jerez, no haga gestos, usted falta
a la verdad cuando pretende hacer ver que la declaración de
intenciones que figura en la exposición de motivos es un
precepto, es un mandato para el Gobierno. Por ejemplo, en la
exposición de motivos incluyen ustedes una referencia a cómose
van a efectuar las liquidaciones de las comunidades autónomas
y del Insalud. Sabe usted que esa referenciase ve
complementada por un artículo --el 11, concretamente-- que
mandata al Gobierno a cumplir esos objetivos. Cuando en la
exposición de motivos hacen una referencia al incremento
salarial de los funcionarios públicos, sabe usted que esa
referencia tiene su reflejo en el articulado del título III.
Por tanto, en el articulado se mandata al Gobierno a cumplir
esa exposición de motivos. Cuando la exposición de motivos se
refiere a las pensiones públicas, sabe usted que en el título
IV hay un mandato al Gobierno a cumplir el concepto que queda
expresado en esa exposición de motivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Ahora mismo termino, señor
Presidente. Sabe usted que en materia tributaria también están
especificadas en la exposición de motivos no sólo las
referencias a la deflactación del IRPF, al incremento de la
deducción por hijos, a la reducción de los coeficientes que
han de aplicarse para la determinación de los rendimientos
íntegros de los bienes inmuebles de uso propio, al Impuesto
sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sociedades, todas esas
referencias que aparecen en la exposición de motivos tienen
después su reflejo en el articulado, con el cual el Gobierno
queda obligado y mandatado a cumplir esa declaración de
intenciones que hay en la exposición de motivos. ¿En qué
artículo va a figurar, señor Jerez, el compromiso, la orden,
la instrucción, el precepto, el mandato al Gobierno para que
cumpla el compromiso de reducción del déficit? ¿Que quieren?
¿Hacer una declaración de intenciones simple y llanamente en
la exposición de motivos y no complementarla con un precepto?
Ya le he dicho antes: esa es una posición huidiza; es intentar
salvar la cara en un compromiso que no quieren adoptar. ¿Por
qué no quieren votar un precepto que comprometa al Gobierno a
la reducción de déficit? Porque no estáen sus planes; porque
no estuvo en sus conversaciones; porque no hay ni un solo
mecanismo, dentro del articulado, para cumplir ese compromiso
y quieren ustedessalvar la cara con una simple referencia en
la exposición de motivos.
Le he demostrado, con toda claridad, que toda mención en la
exposición de motivos tiene su reflejo en el articulado. Yo le
pido que si quiere incluir en la exposición de motivos la
referencia a la reducción del déficit, incluya el mandato al
Gobierno en un precepto del articulado. Lo demás, son juegos
de artificios.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora De Palacio del
Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aguirre. El señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
centrar la réplica en las tres grandes reflexiones que me ha
hecho el portavoz del Grupo Socialista a tres propuestas,
aunque le voy a recordar que hemos defendido otras enmiendas a
las que no hemos recibido respuesta.
El portavoz del Grupo Socialista ha centrado su réplica,
fundamentalmente, en el tema de la Lismi; es decir, en la
congelación de la pensión de los minusválidos en una cuantía
de 24.000 pesetas; en el tema del PER y su pacto con los
sindicatos; y en el tema del 0,7, el consenso producido en su
tramitación en la Comisión y el mantenimiento aquí de la
cifra.
Lo cierto es que cuando se dicen las cosas sin referirse a
todas las partes que componen la verdad absoluta de esos
conceptos, podemos llegar a una equivocación. En el año 1990,
el Gobierno modifica la Ley del año 1982 y dice: las personas
minusválidas, a partir de ahora, pueden acogerse a lo que es
la pensión no contributiva, que significa más dinero que esta
asignación. Pero, como usted reconocerá, para asumir la
pensión no contributiva se tienen que cumplir una serie de
requisitos, mientras que con la anterior valoración solamente
se requería ser minusválido. Usted me tendrá que reconocer que
el compromiso de 1982 era que en 10 años (ustedes
se lo fían largo, no se ponen objetivos muy cercanos) se iba a
equiparar esta pensión al 50 por ciento del salario mínimo
interprofesional y hay ciudadanos que esa Ley del año 1990 les
facilitaba no acogerse a la pensión contributiva. Pues bien,
los que no se han incorporado a la pensión no contributiva,
usted me tiene que reconocer que tienen su pensión congelada
en 24.000 pesetas, lo que es un derroche de capacidad
adquisitiva para ese señor que es inválido: la Lismi. ¿Que
puede ser complementaria o no en función de su edad y sus
condiciones económicas con otras pensiones? Bueno, pero
cualquier persona, cuando está en una situación que no compite
en igualdad con otros ciudadanos, recibe la indemnización de
la propia sociedad.
En cuanto al tema del desarrollo, yo retiré la enmienda puesto
que había cosas positivas: la movilización de la plataforma
del 0,7 había llevado a la creación de un consejo que marcaría
políticas y en el que se distribuiría el dinero; y segundo, un
compromiso, que no llegaba al 0,35 por ciento estable, de
32.000 millones de pesetas. El 0,7 por ciento es un compromiso
de veintidós años, y usted me dirá: hay muchos países que no
lo han cumplido. Es verdad, por ejemplo Estados Unidos está
por debajo de nosotros. Pero ustedes han tenido tiempo para
caminar, hemos corrido más en la medida en que la sociedad ha
demandado de los grupos parlamentarios y de esta Cámara
posicionamientos. Es cierto, pero aquí aprobamos para el año
1994 el 0,35 por ciento y no se ha cumplido, y para 1995
tampoco. Usted sabe que el volumen de 32.000 millones que
ustedes autorizan al Gobierno en esa disposición adicional
decimonovena no llega al 0,35 por ciento; si sumamos todo lo
que puedan dar otros agentes, a lo mejor se llegará, pero yo
le he hecho una oferta y usted no me ha respondido: ¿Por qué
no ponen lo que han dicho fuera en el papel? ¿Por qué no
cumplen y dicen: hasta el 0,5 por ciento en este año? ¿Por qué
dejan hasta el 0,32 por ciento y luego «el Gobierno decidirá
créditos ampliables»? ¿Pero en función de qué? ¿Va a haber
economía? ¿De qué manera van a producirse los créditos
extraordinarios? ¿Con qué requisitos? No, lo que dicen ustedes
en la explicación, díganlo en los números, que no haya
distancia entre lo que se promete y lo que después se pone, y
pongan ustedes: para el año 1995, hasta el 0,5. Yo les acepto
los créditos extraordinarios, aunque no me parece bien lo del
crédito ampliable, con poner la partida hubiera sido
suficiente, pero bien, crédito ampliable, créditos
extraordinarios, hasta el 0,5, y yo retiro mi enmienda, y al
año que viene al 0,7. Usted ya habla del año 2000, ya no habla
del año que viene, sino para el año 2000, en función de las
circunstancias, porque tenemos que ir lentos... Parten de una
filosofía equivocada, la solidaridad no se ejerce con lo que
me sobra, sino compartiendo lo poco que uno tiene, ese es el
concepto de partida. Un Estado que tiene muchas complicaciones
aquí, que tiene que hacer frente a sus problemas sociales
internos y al bienestar, etcétera, tiene que compartir esos
recursos escasos. En ese sentido debería ir la teoría en la
que nosotros tendríamos que avanzar. En cuanto al PER --y
termino, señor Presidente--, no hay ninguna contradicción
entre el planteamiento nuestro y el de defender las treinta
peonadas, igual que no hay ninguna contradicción en pedir el
0,7 ya y luego negociar progresivamente y a dos años, porque
estamos hablando de ir a compromisos progresivos. Fue el
compromiso que podíamos haber tenido para este año, pero no
hay ningún problema, en nuestra enmienda hemos puesto 0,5 para
este año y 0,7 para el próximo. Igual pasa con las peonadas,
en el programa de Izquierda Unida iba que el PER recibiera
subvención de treinta peonadas para que pudieran cumplir con
sus propias peonadas, y en nuestra propuesta además está la
desaparición del requisito de las peonadas. Usted me dice:
hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos que dice que, en
lugar de las treinta peonadas, van a ser solamente quince y
que el volumen de recursos que vamos a destinar (que, por
cierto, no ponen, hay una disposición adicional que habla de
eso y a mí me gustaría que pusieran ustedes: hasta 17.600
millones de pesetas; nosotros proponemos 15.000 más, es
verdad) es equis, pero en la plataforma que se planteaba
negociar con su Gobierno había otros planteamientos. ¿Qué
estamos nosotros trayendo a esta Cámara? Una discusión de
fuerza política a fuerza política. Ustedes han reducido la
negociación, por las circunstancias que sean, porque una
negociación se produce entre dos partes, a un acuerdo
determinado, y nosotros creíamos que hay condiciones en este
país para atender primero a los más débiles que a otras
actuaciones y detraer de un sitio para destinar a eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya
concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Hay otras propuestas que nosotros les hemos ido haciendo que
no eran solamente éstas, como eran la idea de los fondos de
cohesión y la participación en ellos, a lo que no hemos
recibido respuesta; el tema del déficit y el tema de cumplir
la Logse --50.000 millones de pesetas para hacer frente a la
Logse y la gratuidad de los libros--. En fin, yo entiendo que
el tiempo es reducido y que muchas veces es difícil poder
cumplirlo. De todas formas, yo espero que, en la votación, lo
que usted no ha podido decir aquí sea que acepta nuestras
propuestas y no que las rechaza. En todo caso, y con esto
termino señor Presidente, lo que hoy no puede aceptar, porque
los números no lo hacen posible, a lo mejor al año que viene
sí es posible. Como esto es largo, a lo mejor
lo vemos el próximo año. Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente para hacer al señor
Jerez unas cuantas puntualizaciones sin ningún tipo de
agresividad ni de mala conducta. Respecto a la enmienda número
2, que hace referencia al plan de modernización del pequeño
comercio, no solicito que ese plan se haga en un año, de enero
a diciembre. Si en el año 2001 está prevista la liberalización
de horarios comerciales, solicito que de aquí a esa fecha,
como tenemos unos cuantos años, los tres billones de pesetas
se contemplen sucesivamente, vía presupuestaria, 300.000 ó
400.000 millones anualmente y se pueda contribuir a esa
modernización del pequeño comercio, que nos costaría un
dinero, pero que nos vendría muy bien porque significaría
mayores ingresos si a estos pequeños y medianos comerciantes
les fuera mejor en su actividad.
Respecto a las enmiendas 120 a 128, que contemplan planes de
modernización a diversos sectores comerciales de importancia
más que demostrada en el contexto de la economía nacional, es
evidente que van a suponer un desembolso importante para las
arcas del Estado. Pero si mejoramos la competitividad de
sectores tan importantes para nuestra economía como el
calzado, el textil, el azulejo, el juguete, el mueble, el
mimbre, la cerámica, el vidrio, el pirotécnico, el
vitivinícola, las frutas y las hortalizas, esa inversión será
buena y reconfortante a corto y a medio plazo. Porque si esos
sectores mejoran en competitividad y aumentan nuestras
exportaciones a terceros países, es evidente que eso va a
suponer grandes ingresos para las arcas del Estado, lo cual no
sería dinero tirado en un pozo sin fondo. Lo que sí que está
claro es que ese dinero serviría para modernizar y contribuir
al relanzamiento de estos sectores, que falta les hace.
Respecto al tema de la sanidad que no ha comentado, es una
reivindicación que en Valencia ha costado un grave
enfrentamiento entre el Conseller de Sanidad, del Partido
Socialista, y el Conseller de Economía y Hacienda, también del
Partido Socialista. No es justo que la Comunidad Valenciana
soporte un gasto sanitario adicional por los desplazados y
extranjeros que están de paso en nuestra Comunidad, cifrado
en, aproximadamente, diez mil millones. Solicitábamos que de
alguna manera se intentara cofinanciar a la Comunidad
Valenciana para que pueda soportar ese gasto adicional que
estrangula los presupuestos de Sanidad y Consumo de la
Generalitat Valenciana.
Respecto a la enmienda 131, referente al tema de Tous, no hay
ninguna incoherencia. Sigo pensando que el Real Decreto del
año 1993, con los 19.000 millones quedaba corto. Esa cantidad
está ahí. En esta enmienda proponemos que en los Presupuestos
se contemple una consignación presupuestaria de 6.000 millones
que, unidos a los 19.000, podrían satisfacer las necesidades
que están reivindicando los damnificados después de doce años
y cumplir las indemnizaciones que todavía están pendientes.
Mantenemos las 31 enmiendas, vía disposiciones adicionales,
aunque no es un cajón de sastre. Lo que pasa es que son
enmiendas que tienden a solucionar algunos de los desastres,
entre comillas, que estamos sufriendo en la Comunidad
Valenciana en los últimos años. De alguna manera, usted puede
pensar que son enmiendas testimoniales, de campanario o
provincianas, pero creemos que si estos sectores económicos de
la Comunidad salen adelante y mejoran en competitividad, el
progreso, no sólo de la Comunidad Valenciana, sino del Estado
español, estará garantizado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Jerez.
El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.
Contesto primero a Unión Valenciana. En la Ley de
Modernización del Pequeño Comercio, si se lee despacio las
partidas presupuestarias existen 2.000 millones de pesetas con
cargo al Gobierno, 10.000 millones de pesetas con cargo a las
comunidades autónomas y 3.000 millones de de pesetas con cargo
a los fondos europeos. Es decir, es superior de lo que nos
estaba diciendo usted en esta última intervención. Tres
billones de pesetas no puede ser, y le decía, además, que no
puede estar dentro de las adicionales porque todo gasto, en
cualquier técnica presupuestaria, debe llevar consigo el sitio
de donde procede ese gasto, porque si no todo se acumula a
déficit, y eso es lo que no quiere nadie en esta Cámara. Por
tanto, en esa dirección iba el asunto.
En cuanto a la sanidad, usted sabe que estos aspectos forman
parte de un concierto globalizado con la Comunidad Autónoma.
No podemos ir aquí desgranando cada uno de los aspectos que
pueden tener un concierto global, y siempre los aspectos que
suponen gasto para el Estado. Vamos a entrar en ese concierto
global para tener una dimensión exacta y estructurada de todo
lo que supone Sanidad, Comunidad Valenciana, Estado. Por
tanto, yo le pido que cuando hablemos de estos conceptos, lo
hagamos desde la globalidad, que es como los podemos entender.
Por otra parte, le decía que los gastos sin contrapartida eran
cajón de sastre, porque mete usted cantidad de gastos sin
contrapartida: gastos en aeropuertos, gastos en puertos,
gastos que deben ir en su sección correspondiente para llevar
la contrapartida adecuada dentro de esa misma sección. Al no
hacerse eso, no podemos
utilizar las adicionales en esa dirección, y sólo en ese
sentido se lo decía. En cuanto a la Lismi, le recordaría a
Izquierda Unida otra vez la Ley 26/1990, porque (se puede
pasar con mucha facilidad) queda muy poco con cargo a la Lismi
exclusiva, y le vuelvo a decir otra vez: por encima del 50 por
ciento. Y en cuanto al PER, yo creo que es una cosa que
debemos ir clarificando. Ustedes están diciendo continuamente
que hay que conseguir acuerdos con los sindicatos. Esta Cámara
ha escuchado muchos reproches de SS.SS. sobre conseguir
acuerdos con los sindicatos. Cuando se consiguen acuerdos con
los sindicatos, ustedes, desde esta Cámara, los perfeccionan.
Ya nos contarán ustedes si lo que quieren son acuerdos o no
acuerdos. Vamos a dejar los acuerdos con los sindicatos en sus
justos términos, para que en esa dinámica sindicatos y
Gobierno podamos encontrar fórmulas que lleven a lo que todos
queremos, que es a la paz social y a que se beneficien los
trabajadores que más necesidad tienen, y en esa línea están
los acuerdos.
Respecto al 0,7, me va a permitir que, con afecto, le diga que
están ustedes haciendo oportunismo. ¿Por qué digo esto? En
estos momentos el Gobierno propone una fórmula que, entiendo,
es la más adecuada a la realidad de cómo se produce el gasto.
Partimos de una cuantía, pero dejamos una partida abierta, que
no tiene límite, en función de los proyectos que se vayan
presentando, en los que participa ese consejo creado por todos
los colectivos del 0,7. Por tanto, la racionalidad es mucho
mayor. No se hace más en ese sentido porque fijemos una
cuantía alta de entrada. Estamos fijando una cuantía que la
experiencia nos dice que puede ser, pero no la ponemos límite,
es una partida abierta para que pueda crecer en función de los
proyectos --ya le digo que la colaboración y la transparencia
son claves--, y creemos que el fin se consigue mucho mejor con
esta distribución que parte del Grupo Socialista. Ustedes,
hasta hace muy poco, decían: «0,7 ya» (alguno de su Grupo lo
decía en los medios de comunicación), no el año que viene, la
semana que viene. Ahora estamos hablando del 0,5 este año, y
ya dejaremos el 0,7 para el año que viene. Yo le digo a usted
que, en función de las experiencias de este año, el 0,7 del
año próximo tendrá la unanimidad de todos los grupos. Ese, por
lo menos, es el deseo del Grupo Socialista. En cuanto a lo que
dice el Grupo Popular sobre el incumplimiento del compromiso
del 0,35 y bajarlo ahora al 0,32, admitirá usted que al ser
partida abierta permite que al final del ejercicio, si se
presentan proyectos en función de ese consejo, podamos
conseguir el 0,35, el 0,40 o el 0,45. No hemos puesto límite,
lo ponen ustedes, como siempre, en función de su razonamiento:
ustedes dicen lo que nosotros hacemos y se contestan a lo mal
que hacemos. En esta ocasión esto no es así, es abierto. Al
final del ejercicio hablaremos de ello. Queremos encontrar esa
solución, pero bien. Usted sabe que se están desviando a
gastos de armamento una parte del 0,7. Por tanto, tenemos que
ir con el 0,7 hacia lo que se quiere. La solidaridad en este
caso es una solidaridad razonada. No es ni lo que me sobra ni
lo que me falta, es que para que nuestro propio crecimiento
tenga sentido, los países del tercer mundo tienen que
conseguir un crecimiento adecuado. Es una solidaridad en la
racionalidad, y en esa búsqueda estamos. Es importante que se
entienda este mensaje del Partido Socialista. Yo creo que
están ustedes, en este afán de deslegitimar todo, en una
ofensiva contra cualquier cosa que suponga ingresos del Estado
o contra cualquier tarea del Estado. Algún día tienen ustedes
que presentar en blanco y negro cuáles son las propuestas que
hace el Grupo Popular a los grandes problemas económicos y
sociales que tiene el país. Abandonen ustedes el catastrofismo
para que podamos comparar y nuestro pueblo, a la vista de
situaciones y de soluciones, pueda elegir sin la confusión que
ustedes normalmente crean.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.
--PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
del texto articulado del dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995, vamos a pasar al debate de las enmiendas presentadas al
proyecto de Ley sobre medidas fiscales, administrativas y del
orden social. En primer lugar, aquellas que hacen referencia
al título I de este proyecto de ley.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene en primer lugar, la
palabra el representante del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, retomamos
en la discusión de esta mañana lo que ayer estuvimos viendo
dentro del articulado de la ley, que era cómo vamos a
financiar los gastos que el Estado ha decidido o que esta
Cámara ha decidido; es decir, retomamos aquí la política de
ingresos, el establecer, a través de una serie de medidas
políticas, cómo vamos a recaudar los recursos necesarios para
hacer las políticas que nos hemos planteado a nivel de la
actuación de cada sección. Lo cierto y verdad es que se hace
política tanto en el gasto como en el ingreso; es más: creo
que es tan importante o más la política de ingresos que la del
propio gasto.
Pero, en todo caso, quiero decirles que entramos a discutir
esta ley en esta Cámara hoy precisamente con algo de lo que
nosotros no compartíamos: esta ley modifica 27 leyes, esta ley
viene a utilizarse fuera de la discusión presupuestaria, pero
paralela con ella, algo que el Tribunal Constitucional
mandataba al propio Gobierno. Y es que también participa en
esto la filosofía en el ejercicio del poder, y es: cuando voy
a hacer la política presupuestaria, ¿debo de ajustarme a las
normas o leyes que tengo o a la vez puedo modificar todo? El
Gobierno prefiere en la discusión de cada año, en lo que
pudiéramos llamar debate presupuestario de cada año, amoldar
la legislación a todo lo que le viene al efecto y estamos
modificando normas de cualquier o distinto rango. Pero como en
el título I hace referencia a la política fiscal, creo que es
el que menos entraría en esa colisión. Por tanto, voy a
intentar exponer lo que podríamos considerar el centro de
reflexión de todas nuestras enmiendas.
Primero, nosotros creemos que hay un excesivo gasto fiscal sin
garantías de que el mismo vaya a cumplir el objetivo que el
Gobierno se proponía. El Gobierno decía: Con estas medidas
nosotros vamos a facilitar que las empresas puedan tener mayor
cobertura, mayor plusvalía e invertir y generar empleo. Lo
cierto y verdad es que eso no está garantizado con esta
política de gasto fiscal. Se le exime, se le declara exenta de
determinadas actuaciones al margen de lo que la empresa haga
después; si ese dinero lo dedica a una actuación o a otra es
un problema de la empresa, no está condicionado a que genere
empleo, a que invierta, a nada; es más: todas las empresas lo
pueden pedir. Segundo, creemos que en la propuesta de ingresos
hay una excesiva velocidad hacia la imposición indirecta.
Nosotros creemos que habría que asentar la política fiscal
todavía hoy, puesto que hay grandes márgenes de diferencia
entre las rentas de cada una de las personas de nuestro país;
como hay grandes diferencias salariales debe establecerse que
pague más el que más tiene y no en función del que más
consuma, porque no es verdad que consume más el que más dinero
tiene, no es verdad, en algunos elementos sí. El problema es
que los ciudadanos que tienen un nivel de renta escaso
invierten un porcentaje muy alto de su salario en consumir lo
básico. Por tanto, creemos que la política de ingresos debe
mantenerse a nivel de imposición directa.
Muchas de nuestras enmiendas van dirigidas precisamente a
añadir figuras impositivas que darían mayores ingresos al
Estado de los que tienen mayores recursos.
El segundo gran objetivo de nuestras enmiendas iría
precisamente hacia lo que pudiéramos llamar tibias propuestas
sobre el fraude fiscal. Nosotros creemos que aquí sí que se
proponen un par de iniciativas, pero no se aborda con fuerza,
con rigor estructurado la lucha contra el propio fraude
fiscal. ¿Cuáles son nuestras enmiendas? La primera enmienda
sería ir a una actualización estable de lo que podríamos
llamar tabla del IRPF, la tarifa del IRPF. En lugar de que
cada año proyecte a la tabla del IRPF la inflación, que cada
año automáticamente se proyecte esa inflación hacia las
propias previsiones de ingresos del IRPF. La segunda enmienda
va dirigida hacia las exenciones y posibilidad de ingresos.
Miren ustedes, el Impuesto sobre la Renta, a pesar de tener ya
una Ley establecida desde el año 1991, tenía para los
ejercicios de los años 1992 y 1993 exentos de cotizar al IRPF
y, por tanto, de tener retención de IRPF a las personas que
recibían una prestación por incapacidad permanente de la
Seguridad Social o de las entidades que pudieran sustituir a
la Seguridad Social. ¿Qué es lo que estábamos proponiendo? Que
señores que tenían una pensión o una indemnización recibida,
porque estaban en una situación de incapacidad permanente,
procedentes de la minería o de cualquier trabajo gravoso,
estaban percibiendo una asignación en función de esa
indemnización y no se les retenía. A partir del 1 de enero de
1994 se les aplica una retención y ha habido pensionistas que
han perdido 30.000, 40.000 y 50.000 pesetas al mes. Es verdad
que al final del ejercicio van a hacer una declaración de la
renta y, por tanto, en función de esa declaración podrá verse
si ha tenido mayores o menores ingresos.
Por tanto, lo que proponemos es mantener esa exención que
funcionó en los años 1992 y 1993 y que ha dejado de funcionar
en el año 1994; compromiso que cuando nos lo han pedido las
organizaciones sindicales de pensionistas todos lo hemos dado
como positivo; hemos respondido favorablemente; alguno,
inclusive, como el partido de la oposición mayoritaria, había
anunciado un proceso de inconstitucionalidad; incluso el
Partido que sostiene o soporta al Gobierno, distinto del
partido mayoritario, había anunciado que podría apoyar en el
proceso de este debate, no en la Ley que yo presenté hace cosa
de unos meses, sino ahora, en los presupuestos, precisamente
esta exención. Espero que todos los grupos podamos apoyar esta
exención; si no, que cada uno diga la razón de por qué tampoco
en los presupuestos se va a poder conseguir. Pero, fíjense
ustedes, aquí hay unas exenciones que, por tanto, serían
menores ingresos. ¿Qué proponemos ahora en la siguiente parte?
Podemos recaudar dinero de algo que ustedes declaran exento.
Ustedes tienen marcada una exención del 100 por cien en todos
los premios de las loterías. En el país de los juegos, hay
infinidad de sorteos, loterías, bonolotos, etcétera. Pues
bien, al señor que recibe un premio se le puede declarar
exento el 50 por ciento y el otro 50 por ciento que cotice.
Eso daría unos ingresos directos al propio Estado; tienen
ustedes donde buscar. Es más: no le dolería. Al que recibe
2.300 millones de premio no le importa que el 50 por ciento
esté exento y el otro 50 por ciento no. La verdad es que no
les van a preguntar a ustedes
mucho. Ahora, el que trabaja y cobra un salario de ciento y
pico mil pesetas sí se va a resentir por una actuación
determinada.
Por tanto, esta es una propuesta que compensa una cosa con la
otra. Me podrán decir ustedes lo que quieran: que es oportuno
u oportunista, que son elementos que no se deben comparar;
como ustedes crean. Pero lo cierto y verdad es que hay una
posibilidad de ingreso a través de esto.
Proponemos la supresión de los artículos 1 y 2 del proyecto
que ustedes nos proponen, fundamentalmente para reducir los
gastos fiscales, como decía al principio. En la enmienda 62
proponemos sustituir el párrafo segundo, en el que nosotros
decimos que no estarán sujetos los incrementos netos de
patrimonio que se pongan de manifiesto, como consecuencia de
transmisiones, por un importe de 250.000 pesetas, ustedes
proponen 500.000. Es decir, si el patrimonio que se vende, la
plusvalía, la diferencia entre el valor por el que se compró y
por el que se ha vendido es inferior a 500.000 pesetas, no
tributa. Nosotrso proponemos que sea inferior a 250.000
pesetas.
Proponemos precisamente un incremento del Impuesto sobre el
Patriminio, que en este país, le insisto por tercera vez en
este debate presupuestario, paga muy poca gente. Nadie tiene
patrimonio en este país, o muy poco. Ingresamos
aproximadamente 29.000 millones de pesetas; 25.000 tienen
exenciones: unos 4.000. Proponemos precisamente hacer una
tabla progresiva en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Proponemos una modificación del artículo 7 en el sentido de
que, terminado el plazo de cinco años, con las mismas
condiciones y requisitos, se pueda fraccionar el importe en 10
pagos semestrales. Por tanto, reduciríamos también gastos
fiscales.
Proponemos suprimir el artículo 8, que favorece la doble
imposición, así como el artículo 9, para que las cuotas de los
servicios prestados por lo que pudiéramos llamar las entidades
de derecho público y federaciones deportivas tengan una cuota
inferior a la que ustedes señalan. Estamos hablando de las
actividades deportivas que se realizan por determinadas
entidades y por cualquier persona. Pretendemos precisamente
excluir el IVA de estas medidas que pudiéramos considerar
buenas, generadoras de actuación ecológica. Todas las
actuaciones de recuperación y reciclaje proponemos que estén
exentas de ese IVA. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
En otra de nuestras enmiendas proponemos una modificación
añadiendo la idea de los transportes fabricados total o
parcialmente en nuestro propio territorio para favorecer los
productos elaborados en nuestro país.
En suma, y termino, señor Presidente, pretendemos con todas
nuestras enmiendas relativas a la figura impositiva remarcar
que hay posibilidad de otra política fiscal, igual que hay
posibilidad de otra política de gastos. Yo no sé si todas las
enmiendas son lo más precisas posible, lo que sí sé es que
están presentadas con la voluntad de conseguir los objetivos
que me marcaba al principio: incrementar la imposición
directa, reducir la imposición indirecta, incrementar la
política de lucha contra el fraude fiscal, reducir la política
de gasto fiscal o, por lo menos, condicionarla a conseguir los
objetivos. Estoy convencido de que serán tenidas en cuenta en
el debate y, en todo caso, por lo menos habrán forzado la
discusión o la admisión de alguna de ellas. Nada más, señor
Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. Enmiendas del Grupo
Mixto. El señor Chiquillo tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Las seis enmiendas que presentamos
a la ley de acompañamiento sobre medidas fiscales,
administrativas y del orden social las doy por defendidas en
los propios términos que aparecen en la justificación. Algunas
se refieren al Impuesto sobre la Renta; otras al Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, del que pedimos una modificación
legislativa; al Impuesto de Sociedades y, sobre todo, las dos
referentes a la inclusión en el artículo 70 de inversiones
para saneamiento y depuración de ríos de la Comunidad
valenciana para mejorar la calidad de los recursos hídricos.
La enmienda número 5, al artículo 27, pretende que se declare
el área metropolitana de Valencia, en consonancia con mi
anterior intervención en el debate de las disposiciones
adicionales, beneficiaria de las dotaciones referidas en el
párrafo anterior de este artículo con los mismos derechos que
la de Madrid y la extinta de Barcelona, para poner fin a esta
discriminación histórica.
Doy por defendidas todas y cada una de estas enmiendas a la
ley de acompañamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, efectuar una valoración de la
política tributaria que incorpora el título I de la ley de
acompañamiento exige, en primer lugar, un análisis del
contexto político y económico en el que se enmarca la economía
española.
Desde el punto de vista político, los ciudadanos españoles se
encuentran ante un gobierno incapaz de poner en marcha las
medidas que necesita la economía española; un gobierno que
convierte el inmovilismo en
la regla más segura de su gestión y que permanece impertérrito
ante el espectáculo de corruptelas, pelotazos y operaciones de
ingeniería financiera que desfilan día tras día en las páginas
de los medios de comunicación. Esta circunstancia, señor
Presidente, introduce falta de confianza y de credibilidad en
la política económica del Gobierno; una falta de confianza y
de credibilidad que carga de lastre las posibilidades de la
economía productiva española para alcanzar la calidad y la
duración de la recuperación económica que se nos ofrece en
1995. Pero, además, efectuar una valoración de la política
tributaria que incorpora la Ley de Acompañamiento exige
analizar también la coyuntura económica en la que se encuentra
situada la economía española.
En 1994, el crecimiento económico se ha apoyado
fundamentalmente en el buen comportamiento de las
exportaciones y de la actividad turística. Sin embargo, el
sector exterior está agotando en estos momentos su capacidad
de impulso, en parte porque se agotan las reservas
competitivas derivadas de las devaluaciones de la peseta y en
parte también porque el Gobierno ha sido incapaz de poner en
marcha las correcciones que necesitan los desequilibrios
básicos de la economía española. Esta circunstancia, señoras y
señores Diputados, acrecienta la necesidad de contribuir a que
los componentes domésticos de la demanda puedan apuntalar el
crecimiento económico en 1995.
¿Cuál es la valoración que merece el título I de la Ley de
Acompañamiento para el Grupo Parlamentario Popular? Una
valoración negativa: en primer lugar, porque las medidas de
apoyo a la política económica, a la economía española que
incorpora son meros parches puntuales que, en cualquier caso,
se incorporan con retraso; y, en segundo lugar, también porque
el Gobierno relega al olvido los incentivos necesarios a la
inversión. Es más, el Gobierno, en 1995, reduce el marco de
incentivos fiscales a la inversión y relega al olvido la
necesidad de diseñar una política fiscal de protección al
ahorro.
Por ello, señoras y señores Diputados, mi Grupo Parlamentario
considera prioritario más que nunca acometer una reforma de
nuestro sistema tributario, poner en marcha las bases que
marquen criterios o líneas de tendencia de lo que sería una
reforma de nuestro sistema tributario, poner en marcha un
marco que dote de mayor neutralidad y seguridad jurídica las
decisiones de los agentes económicos. Creo que en estos
momentos tenemos una oportunidad para ello. Me alegro de haber
oído con anterioridad a un portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que criticaba las propuestas realizadas por el
Grupo Parlamentario Popular. Tenemos ahora la oportunidad de
abrir un debate sobre propuestas concretas; esas propuesta que
el Grupo Parlamentario Socialista prefiere desconocer para
transmitir ante la opinión pública un fácil mensaje: que no
existen. Tenemos, como he dicho, una oportunidad para abrir un
debate sobre propuestas concretas y espero, señoras y señores
Diputados, que los restantes Grupos Parlamentarios que se
pronuncien sobre estas propuestas lo hagan con argumentos
sólidos y no intentando huir.
Por ello, mi Grupo Parlamentario plantea medidas básicamente
en cuatro líneas: en primer lugar, enmiendas destinadas a
favorecer el ahorro, la inversión y la capitalización de las
empresas; en segundo lugar, medidas de apoyo a la economía
productiva y a las pequeñas y medianas empresas; en tercer
lugar, medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional,
y, en cuarto lugar, medidas de apoyo a la internacionalización
de las empresas.
Dentro del paquete de medidas de fomento del ahorro, la
inversión y la capitalización de las empresas, voy a señalar
las siguientes: en primer lugar, mantener la no tributación de
los incrementos de patrimonio derivados de la amortización de
participaciones en instituciones de inversión colectiva cuando
el total de las enajenaciones realizadas por los sujetos
pasivos del impuesto durante el período impositivo no exceda
de 500.000 pesetas. La justificación de esta enmienda es
clara: no penalizar el ahorro de las economías familiares y
evitar discriminaciones con relación a otro tipo de ganancias
de capital. En segundo lugar, mi Grupo Parlamentario propone
también mejorar el tratamiento de las ganancias de capital en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mejorar un
tratamiento adecuando nuestro actual régimen tributario a las
tendencias internacionales. En tercer lugar, mi Grupo
Parlamentario propone modificar el régimen para eliminar la
doble imposición económica sobre dividendos que introduce el
proyecto de ley y propone para ello aplicar un coeficiente del
1,53, en lugar del 1,4.
La finalidad de esta enmienda es eliminar plenamente la doble
imposición económica sobre dividendos y, por tanto, no
penalizar las distribuciones de dividendos y, en consecuencia,
no introducir discriminaciones entre los agentes económicos
cuando desarrollan su actividad empresarial directamente o a
través de una sociedad y, además, evitar distorsiones entre
las distintas fuentes de financiación que puede utilizar un
sujeto para financiar su actividad económica. En cuarto lugar,
en este bloque mi Grupo parlamentario propone también aplicar
en 1995 un régimen de libertad de amortización compatible con
la deducción por inversiones para las adquisiciones de activo
fijo nuevo que se realicen en 1995. La finalidad de esta
medida es apuntalar la capacidad de la inversión para
contribuir al crecimiento económico en 1995.
En quinto lugar, dentro de este bloque también, el Grupo
Parlamentario Popular propone actualizar el valor de los
elementos del activo de las empresas; una actualización que
tiene como finalidad eliminar el impacto de la inflación
acumulada en los balances de
las empresas y que, teniendo en cuenta la fecha de la última
actualización, asciende ya a un cien por cien. Los objetivos
que se alcanzarán con esta medida son varios: en primer lugar,
favorecer la capitalización de las empresas y su capacidad
para captar recursos ajenos; en segundo lugar, evitar esos
incrementos de la presión tributaria que se producen en el
impuesto como consecuencia de computar amortizaciones y
ganancias de capital meramente nominales, y, en tercer lugar,
evitar la dispersión de tipos de gravamen que se produce en
función de la estructura de los elementos del activo de la
empresa y de sus períodos de vida útil. De esta forma se
corregirán, señoras y señores diputados, las ineficacias de
nuestro sistema económico en la asignación de recursos como
consecuencia del impacto de la inflación.
El segundo bloque de medidas tiene como finalidad apoyar la
economía productiva y las pequeñas y medianas empresas. Dentro
de este bloque, mi Grupo parlamentario propone, por ejemplo,
la creación de una reserva para la financiación de las
empresas individuales, una reserva que se articule de la
siguiente manera: nosotros creemos que para facilitar la
integración entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, los empresarios
individuales, los empresarios que desarrollan una actividad
empresarial directamente y no a través de una sociedad tienen
que tener derecho a tributar a un tipo máximo del 35 por
ciento mientras las rentas que obtienen como consecuencia del
ejercicio de su actividad continúen afectas al desarrollo de
esa propia actividad empresarial o profesional.
En segundo lugar, mi grupo parlamentario propone también
medidas para eliminar los obstáculos fiscales a las
transmisión de pequeñas empresas dentro de las unidades
familiares. La aplicación de estas medidas estaría
condicionada básicamente a dos circunstancias: que el valor de
la empresa no exceda de setenta y cinco millones de pesetas y
que el adquirente continúe en el ejercicio de la actividad
empresarial o profesional del transmitente. Para ello
proponemos que en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se
articule un mínimo exento por importe de setenta y cinco
millones de pesetas, cuando una persona física transmite una
empresa en favor de su cónyuge, su ascendiente o su
descendiente. Y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, para eliminar también esos obstáculos que se producen
en el momento de transmitir la empresa dentro de la unidad
familiar, hay que establecer un sistema de diferir la
tributación de los incrementos y disminuciones de patrimonio.
En tercer lugar, con respecto a las medidas que propone el
Grupo Parlamentario Popular en materia de lucha contra el
fraude fiscal, quiero señalar que valoramos positivamente la
iniciativa del Gobierno en esta materia. Y la valoramos
positivamente porque el Gobierno está copiando dos medidas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el anterior
período de sesiones sin siquiera haber esperado a su debate en
esta Cámara. Sin embargo, discrepamos de alguna manera, en el
modelo que introduce para luchar a favor de la transparencia
fiscal internacional, y discrepamos porque introduce falta de
seguridad jurídica en las decisiones de los agentes económicos
y distorsiones en el desarrollo de las actividades económicas
en el exterior. En cuarto lugar, señoras y señores diputados,
voy a hacer referencia a las medidas que incorpora el Grupo
Parlamentario Popular en materia de apoyo a la
internacionalización de la empresa española. Estas medidas
tienen como finalidad ofrecer un modelo distinto al que
plantea el Gobierno en su proyecto de ley, un modelo más
acorde con las tendencias internacionales, un modelo que
incentive en mayor medida la presencia activa de la empresa
española en los mercados extranjeros y un modelo que mejore la
posición de nuestro país para atraer y mantener capitales y
actividades y, en consecuencia, para mantener y mejorar
nuestros niveles de empleo.
Para ello, frente al régimen de eliminación de la doble
imposición jurídica internacional que introduce el proyecto de
ley --el método crédito fiscal país por país--, nuestro Grupo
parlamentario propone la aplicación de un sistema de crédito
mundial, ya que éste es de más fácil aplicación práctica y
elimina al máximo los supuestos en los que se producen no
compensaciones de impuestos extranjeros.
Para eliminar la doble imposición internacional sobre las
actividades empresariales desarrolladas en el exterior, mi
Grupo parlamentario, frente a los sistemas propuestos por el
proyecto de ley, en particular frente al sistema de crédito
fiscal por impuesto subyacente, propone generalizar la
aplicación del método de exención. Con esta medida, señoras y
señores Diputados, se persigue que la empresa española tribute
con arreglo a los sistemas tributarios de los mercados de
destino y, por tanto, tribute de la misma manera que cualquier
otro agente económico que está operando en ese mercado de
destino. Así, señoras y señores Diputados, no se penalizará,
por un lado, la repatriación de actividades a nuestro país y
además incorporaremos un sistema de más sencilla aplicación.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA CLIMENT: Sí, voy concluyendo, señor Presidente,
pero le agradecería que tuviera en cuenta el elevado número de
enmiendas que ha presentado mi Grupo parlamentario porque
estoy haciendo un gran esfuerzo de síntesis.
El señor PRESIDENTE: Agradezco a S.S. el esfuerzo de síntesis,
pero los turnos están establecidos con carácter general para
este debate. Por otra parte, no es un momento para abrir
debates, sino más bien para irlos cerrando.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Voy concluyendo y estoy intentando cerrar el debate.
Además de ello, mi Grupo parlamentario, frente al modelo que
propone, ofrece enmiendas técnicas que tienen como finalidad
mejorar el contenido de la normativa que establece el Gobierno
en esta materia.
Finalmente, mi Grupo parlamentario ofrece otro paquete de
enmiendas, entre las que destaca, por ejemplo, el no
sometimiento a tributación en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas de las acciones representativas del
capital de las empresas para las que los trabajadores prestan
sus servicios cuando esas acciones sean entregadas a los
trabajadores en contraprestación por los servicios que prestan
en la propia empresa. De esta manera incorporaremos un
mecanismo de acceso a compartir los resultados de las
actividades económicas entre empresarios y trabajadores, un
mecanismo que existe de forma generalizada en los países de
nuestro entorno económico y un mecanismo que mejorará
notablemente nuestro actual sistema tributario.
Las enmiendas que ofrece en este trámite el Grupo
parlamentario Popular persiguen mejorar el actual marco de
nuestro sistema tributario; persiguen incorporar
modificaciones que incentiven la inversión, el ahorro y la
economía productiva; modificaciones, señoras y señores
Diputados, que deben marcar esas líneas de tendencia que
nuestro sistema tributario debe adoptar para mejorar el marco
de la actividad económica; medidas, señoras y señores
Diputados, que nuestro Grupo parlamentario considera que son
las que en este momento necesita la economía española.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Me voy a referir muy brevemente a las enmiendas que nuestro
Grupo parlamentario, junto con el señor Albístur, ha
presentado a este título I del proyecto de Ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
Las normas fiscales que contempla el título I de este proyecto
de ley, y que se recogen en el proyecto de Ley de
Presupuestos, significan, desde nuestro punto de vista, unas
medidas adecuadas, pero también insuficientes. Pensamos que se
tenía que haber ido más lejos, que se tenía que haber apoyado
más decididamente el ahorro y la inversión. De ahí que nuestro
Grupo parlamentario haya presentado un conjunto de enmiendas
que, sin abarcar todas aquellas medidas que pensamos serían
importantes, al menos intentamos que incidan más en los
aspectos que antes hemos señalado, es decir, el ahorro y la
inversión.
Me voy a referir, en primer lugar, a dos enmiendas, las
números 9 y 13, que regulan el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el de Sociedades. El artículo 2.º significa
que las rentas obtenidas por sociedades no residentes estarán
incluidas en la base imponible del Impuesto. No es que no
estemos de acuerdo con esta regulación, al contrario, nos
parece adecuada; con lo que no estamos de acuerdo es con la
técnica de regular elementos tributarios esenciales del
impuesto fuera de la Ley que lo regula. Esta técnica,
utilizada habitualmente, complica la aplicación de las leyes
básicas, aumenta la proliferación de textos a utilizar y al
final, irremisiblemente, desemboca en el establecimiento de un
texto refundido. Por ello, nuestra propuesta es añadir en el
proyecto de ley un nuevo apartado para los dos artículos,
tanto en renta como en sociedades, remitiendo esta regulación
de las rentas obtenidas por sociedades no residentes a sus
respectivas leyes básicas, es decir, a la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto
sobre Sociedades. Del resto de enmiendas, voy a destacar
exclusivamente aquellas que se refieren a los aspectos que más
preocupan al Grupo Parlamentario Vasco. Por una parte, el
apoyo a los planes de ahorro popular. Nos parece adecuado que
el proyecto de ley elimine la norma que se estableció en los
Presupuestos Generales del Estado para 1994 sobre los planes
de ahorro popular, y también nos parece adecuado el efecto
retroactivo de la exención de 500.000 pesetas en incrementos
de patrimonio procedentes de participaciones en instituciones
de inversión colectiva. Sin embargo, entendemos que la
exención de 500.000 pesetas debe de extenderse a futuros
ejercicios. Hay que tener en cuenta que el ahorrador, sobre
todo el pequeño ahorrador, el ahorrador doméstico, necesita
cierta seguridad y cierta garantía en la planificación de sus
planes de ahorro. No podemos incentivar hoy para atraer el
ahorro y suprimir mañana el incentivo cogiendo al ahorrador en
una especie de trampa. Ya sabemos que los incentivos fiscales
no son con carácter indefinido, y no deben de serlo, pero
tampoco podemos estar cambiando constantemente introduciendo
un elemento de inseguridad.
Otra de las enmiendas de nuestro grupo, la número 15, propone
un nuevo artículo al capítulo IV del Impuesto sobre
Sociedades. Es un artículo que regula la creación de una
reserva especial para inversiones productivas durante el año
1995. Consiste en que los sujetos
pasivos sometidos al tipo general del Impuesto podrán minorar
de la base imponible el 10 por ciento de las cantidades
procedentes del beneficio contable. Es una medida importante,
a nuestro entender, que propugna un apoyo más decidido a la
inversión empresarial en unos momentos en que, dada la
situación económica, creemos que debe hacerse un esfuerzo para
empujar precisamente la inversión empresarial.
Del resto de enmiendas, damos por defendidas en los justos
términos las números 16, 18 y 19, que tratan del IVA y de la
Ley de Haciendas Locales para centros docentes. Son unas
enmiendas que creemos ya han sido defendidas suficientemente
en el trámite de Comisión y también creemos que no respondidas
suficientemente en ese trámite. Quizás en este otro, el
ponente del
Grupo Socialista tenga a bien contestarnos con más precisión.
Finalmente, queda una enmienda, la número 17, que, si lo
permite el señor Presidente, va a ser defendida por mi
compañero señor Gatzagaetxebarría. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 17, del Grupo Vasco, va dirigida a
adicionar, dentro del capítulo relativo a los impuestos
especiales que se contienen en la ley de acompañamiento, una
enmienda por la que pretendemos dotar de un ámbito de
bonificación y mejor tratamiento fiscal a los biocombustibles,
en concreto al biodiesel, que es un carburante derivado de
productos alimentarios. Con ello, señor Presidente,
pretendemos lograr diversos efectos. En primer lugar, impulsar
una industria en España que en este momento está en ciernes y
que tiene posibilidades de desarrollo siempre que la dotemos
de un marco fiscal adecuado, puesto que la producción de
biocarburantes en España no es competitiva en el mercado si no
va dotada de este tratamiento fiscal favorable, por lo que no
podría ser un sustitutivo directo de los productos carburantes
derivados del petróleo.
El segundo efecto, señor Presidente, es que la política
agraria comunitaria, aprobada en la reforma de mayo de 1982,
establece la obligatoriedad de retirada de tierras en el 15
por ciento (lo que se denomina el «set aside»), complementada
con los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, que en el
acuerdo con los Estados Unidos establece un ámbito, dentro de
la Unión Europea, de producción de oleaginosas destinadas no a
fines alimentarios sino industriales. En ese sentido, Francia
se ha convertido en el país pionero en la puesta en marcha de
esta medida en Europa (de hecho ha aprobado una ley por la
cual se exime de la legislación de impuestos especiales a los
carburantes derivados de productos agrícolas), situándose
Italia en el segundo lugar de los impulsores de esta industria
y de esta política. Por ello nosotros, vista la gran
trascendencia que en España tiene la agricultura y vista
también la obligatoriedad existente de retirada de tierras
como consecuencia de la política agraria comunitaria y los
acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, pretendemos, con este
segundo efecto, que los agricultores españoles puedan
compensar esas ayudas dimanantes del Feoga, por retirada de
tierras, con la utilización de esas tierras para realizar
actividades agrícolas que no tienen una finalidad
agroalimentaria de originar excedentes de producción sino que
van desviadas al mercado industrial y a obtener unos productos
que puedan ser verdaderamente sustitutivos, sin ninguna
modificación, en los automóviles o en los autobuses como
carburante diferente del gasóleo.
En tercer lugar, señor Presidente, tiene un efecto positivo la
utilización de carburantes derivados de productos agrícolas
puesto que no se produce la contaminación del medio ambiente
que originan los derivados del petróleo; no se produce
contaminación por monóxido de carbono (del CO2), con lo que,
en definitiva, se está estableciendo una política
medioambiental auspiciada también por la Unión Europea.
En cuarto lugar, no supone una menor capacidad de recaudación
para el Gobierno, por las siguientes consideraciones. Primero,
se produce una actividad económica e industrial complementaria
que en este momento no existe en la economía española;
segundo, se produce una actividad de mayor inversión en el
plano agrícola, bien con la utilización de semillas, bien con
la utilización de fertilizantes, que está originando una
actividad para los productores de éstas, y que por tanto está
originando una actividad económica; tercero, el Gobierno no
tendría que pagar en divisas la compra de productos
energéticos a los países exportadores de petróleo al obtener
un sustitutivo de tal energía producido en la industria
española, que también tendría sustento en la agricultura de
gran parte de zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, La
Rioja, Navarra y el País Vasco.
Por todas estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario
plantea este tratamiento fiscal beneficioso a la utilización
de productos carburantes derivados de la agricultura. El
proyecto de ley únicamente contiene bonificaciones o un
tratamiento fiscal favorable para experiencias piloto, pero,
señor Presidente, en este momento ya existe una experiencia
contrastada en la economía española de industrias que pueden
comercializar los carburantes derivados de productos
agrícolas, después de haber avanzado y haber superado con
creces las experiencias piloto que el proyecto de ley prevé.
Por tanto, nosotros damos un salto más hacia adelante, en
aras de no quedarnos atrás, en aras de no quedarnos en un
segundo paquete de velocidad en relación con países como
Francia e Italia, que son los que verdaderamente tienen gran
interés en aprovechar la fijación de tierras para cultivo de
oleaginosas establecida en la Ronda Uruguay del GATT, en lo
relativo al capítulo agrícola. Para evitar eso, instamos al
Gobierno, con esta corrección de la ley de Impuestos
Especiales, a dotar de este marco fiscal favorable al
agricultor español y, en definitiva, a las industrias que
generarían los biocarburantes derivados de productos
agrícolas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Turno en contra. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García
Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, ahorrando
cualquier preámbulo, voy a contestar a las enmiendas que han
quedado vivas para este trámite por parte de los diversos
grupos que han intervenido, para, seguidamente, hacer un breve
epílogo sintético.
Refiriéndome a la enmienda número 59, presentada por Izquierda
Unida al artículo 1.º; en la que ha puesto cierto énfasis el
señor Ríos, realmente yo nunca le diré que es oportunista por
presentar esta enmienda, en absoluto; es una enmienda
aceptable como tal enmienda, aunque no admisible por nosotros
en este momento. Cuando pretenden conservar el carácter de
indemnización de las rentas por invalidez, he de decirle que
ya se hicieron las consideraciones en su día para un
tratamiento distinto. Lea usted el debate de aquel momento y
verá que nuestro grupo y nuestro Gobierno, al plantearlo,
tenían suficientes razones para hacerlo así.
Por lo que se refiere a la compensación que quieren obtener
mediante la tributación de los premios de lotería, creo que no
deben cercenar ustedes parte de la ilusión de los españoles
que, además, lo es en cuanto que todavía la ilusión es mayor
cuando se trata de que esos premios están exentos de
imposición.
En relación a la enmienda número 3, presentada por el señor
Chiquillo, de Unión Valenciana, cuando pretende que, en la
modalidad de signos, índices y módulos de la estimación
objetiva se reduzca el 25 por ciento, aquí no tengo más
remedio que hacer una alusión a la justificación de esta misma
enmienda cuando habla de voracidad fiscal de Hacienda, porque
yo creo que S.S. tiene una voracidad contraria, una voracidad
excesiva a favor del contribuyente, que los que están incursos
en este sistema yo creo que no piden.
En cuanto a la enmienda número 178, que pretende un artículo
1.º bis, nuevo, presentada por el Grupo Popular, creo que ya
contesté ayer a esa pretensión de que los signos, índices y
módulos reflejen realmente los beneficios. Eso no puede ser
porque es un sistema que, como S.S. bien conoce, trata de
llegar a cifras que sean medias del reflejo de los beneficios.
Respecto a la enmienda 229, presentada al artículo 2.º por el
Grupo Popular, a la que S.S. le da tanta importancia, que,
aunque no fuera más por su extensión la merece --yo creo que
porque ha sido trabajada detalladamente también lo merece--,
he de contestarle que el ámbito de aplicación de la norma no
puede reducirse exclusivamente al supuesto de que la entidad
esté en un paraíso fiscal, que es uno de los aspectos que
contiene su enmienda. Creo que también debe referirse
fundamentalmente al nivel efectivo de tributación de la
entidad con independencia de la residencia que tenga. Por un
lado, creo que no se puede hablar de control solamente
respecto de los socios residentes, y, por otro lado, hablar
con detalle de las actividades realizadas nos llevaría a una
complejidad excesiva, incluso para ley. En todo caso, me
parece que alguno de los aspectos podría ser contemplado
reglamentariamente.
Sobre la enmienda número 9, presentada al artículo 2.º por el
Grupo Parlamentario Vasco, ayer ya tuvimos ocasión de discutir
un poco este aspecto. Creo que es una materia bastante urgente
y es más rápido hacerlo aquí aunque no sea exactamente de una
técnica exquisita.
En cuanto a la enmienda número 232, también presentada al
artículo 2.º, cuando el Grupo Popular pretende que se admita
como prueba en contrario un balance auditado, por desgracia
S.S. sabe que todavía no hemos alcanzado que las auditorías y
los balances auditados tengan la veracidad que nos gustaría a
todos. A mí me parece que aún estamos en rodaje en alguno de
esos aspectos, y no quiero extenderme más.
Por lo que respecta a la enmienda número 62, del Grupo de
Izquierda Unida, al artículo 3.º, cuando tratan de que la
cifra exenta sea 250.000 en lugar de 500.000 pesetas y como
motivación aducen el ajuste de la tributación de los
incrementos, haría una pregunta nada más: ¿por qué esa cifra y
no la de 500.000 pesetas, que en principio parece bastante
lógica y ya estaba recogida en una serie de aspectos de la
ley? ¿Por qué quieren rebajarla? Quizás por ese afán por
reducir los gastos fiscales, a lo que luego contestaré.
En cuanto a la enmienda número 10, al artículo 3.º, del Grupo
del PNV, en realidad yo diría que la cuestión de atender a los
fondos de inversión y llegar también a esta cifra de 500.000
pesetas, S.S. conoce --y si no se lo digo-- que ha habido un
incremento desmesurado de desinversiones de partícipes en
fondos de inversión y se ha complicado de alguna manera lo que
se esperaba de un mercado financiero que en parte estuviese
regulado por esos mismos fondos de inversión. En relación con
la enmienda 180, también al artículo 3.º, del Grupo Popular,
yo creo que quizás se pueda hacer
una reflexión sobre ella hacia un futuro no inmediato. De
alguna manera, esa consideración que hacían --y que estiman
contradictoria-- sobre los incrementos y disminuciones de
patrimonio quizá mereciera,
como he dicho, y quizás sea redundante, una consideración por
nuestra parte a un plazo que yo no puedo ni quiero definir en
este momento, porque no me parece procedente.
Por lo que se refiere a la petición por parte de Izquierda
Unida, en su enmienda número 63, de suprimir el artículo 4.º,
creo que este artículo viene impulsado por una lógica
compensación que no se puede ignorar a estas alturas. En
cuanto a la enmienda número 11, del Grupo del PNV, que trata
de suprimir el número 2 del artículo 4.º, a mí me parece que
nada tiene que ver una cuestión con la otra que plantean en su
justificación.
Respecto a la ortodoxia tributaria, ¿qué es la ortodoxia
tributaria? No sé bien qué puede significar eso. La ortodoxia
en este caso lo es en cada momento en que pueden cumplirse
unas determinadas reglas, unas determinadas líneas
tributarias, que son siempre las que conviene a cada momento
económico y a cada momento fiscal.
Voy tratando de eliminar aquellas enmiendas que me parecen
menos importantes, aunque quizás a SS.SS. les parezcan más
importantes que a mí; hay una diferencia de criterio y de
percepción que es indudable entre una y otra persona. Con
relación a la enmienda número 64, de Izquierda Unida al
artículo 6.º, creo que el intento de incrementar el Impuesto
sobre el Patrimonio aduciendo que no tiene demasiada
importancia, un impuesto que no es recaudatorio, he de decir
que sí lo es. Creo que es demasiado grande el salto que
quieren hacer, pasan del 0,30 al 0,50 en el segundo tramo; y
dice que nadie tiene patrimonio en este país. Pregunte usted;
claro que tiene patrimonio. Lo que pasa es que se ha ido
incrementando la cifra exenta todos estos años y muchas
personas ya no tienen que declararlo. Afortunadamente, mucha
gente sí tiene patrimonio en España, de lo cual nos alegramos
y ojalá se vaya incrementando para todos los ciudadanos. No se
puede decir que éste sea un impuesto banal, ni muchísimo
menos; a quien afecta, empieza por el segundo tramo, que no
son grandes fortunas. En cuanto a la enmienda 237, del Grupo
Popular, también al artículo 6.º, me parece excesivo. Si S.S.
se da cuenta, aunque ha hilado bien la enmienda --y habría que
tener cautela si se hiciera algo en este sentido en algún
momento--puede haber muchos trucajes por traspasos
interfamiliares y no creo que podamos dejarlo pasar
tranquilamente.
En cuanto a la enmienda de supresión del artículo 8.º, de
Izquierda Unida, le digo lo mismo que respecto a la enmienda
al artículo 4.º, también de supresión. Creo que era necesario
hacerlo. No se puede estar con doble imposición internacional,
sin que eso se contemple, a medida que van siendo de mayor
complejidad nuestras relaciones económicas internacionales.
Respecto a la enmienda al artículo 8.º, del Grupo Popular,
creo que el proyecto es suficiente. Léanlo bien y verán como
en buena parte también da --estoy seguro-- satisfacción a sus
pretensiones.
En relación a la enmienda número 13, del Grupo Vasco, vuelvo a
decirle que fundamentalmente son razones de urgencia, teniendo
que olvidar la exquisitez jurídica, en ocasiones.
Hay otra enmienda del Grupo Popular, la 249, respecto a la
cual creo --como he dicho antes-- que la doble imposición se
elimina en esta ley sin acudir de nuevo a restaurar el régimen
de transparencia fiscal voluntaria. Creemos que es un régimen
que ya no tiene la virtualidad que en su momento tuvo y, por
tanto, no nos parece lógica esa restauración.
En cuanto a la enmienda número 70, del Grupo de Izquierda
Unida, con referencia a un artículo 12 bis, nuevo, me parece
que es atendible si tuviera contemplada su complejidad de
mejor manera. Creo que es algo en lo que habrá que pensar, y
no lejanamente.
Respecto a la enmienda número 16, del Grupo Vasco, no he de
ocultar al interviniente que miramos con inevitable y deseable
simpatía todo aquello que se refiere a la educación a los
estudios, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego concluya.
El señor GARCIA RONDA: Sí, señor Presidente, muchas gracias.
Trataré de hacer la síntesis que he anunciado al principio.
Esta, como alguna otra enmienda referida a los mismos
aspectos, le aseguro que seguiremos contemplándola por si es
posible encajarla adecuadamente en este proyecto de ley.
En relación a la enmienda 17, que ha defendido el señor
Gatzagaetxebarría, quiero decirle claramente que es una de las
enmiendas que --sin aceptarla en este momento-- contemplamos
con mayor simpatía y vamos a tratar de hacerla encajar en un
trámite siguiente del proyecto de ley, para que se convierta
en ley. Me parece que tiene importancia, tiene interés y que
está contemplando una directiva comunitaria; por lo que,
además de todas esas externalidades positivas que S.S. se ha
encargado de poner de relieve, nos parece que es atendible
pero necesita un encaje que en este momento no puedo contestar
positivamente. Respecto a los intervinientes --y sintetizando,
como he dicho antes--, creo que el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) nos pide un apoyo más decidido a la inversión. Si lee
bien este proyecto de ley, como el de presupuestos, verá que
sí tiene un apoyo a la inversión y a las empresas
productivas. ¿Que no puede ser en la medida que S.S. quisiera?
Es posible que no, porque eso es limitado, pero desde luego lo
contempla seriamente. En cuanto al representante de Izquierda
Unida, ha hecho una consideración sobre que el Gobierno
aprovecha esta ley para introducir de todo. Le señalaré que
venimos obligados a incluir ciertas cosas, que irían en la ley
de presupuestos, por aquella sentencia del Tribunal
Constitucional a la que también ha aludido S.S. Y respecto a
que lo que quieren es eliminar en lo posible gasto fiscal sin
garantías, he de recordarle que en ocasiones el gasto fiscal
tiene un carácter «gratuito» --por decirlo así y entre
comillas-- tiene un carácter social, tiene un carácter de
justicia, y no puede tener una compensación ni unas garantías
específicas. Es gasto fiscal sin contrapartida, y así debe ser
también. Pienso que esto es lo principal que el Grupo de
Izquierda Unida ha planteado. En cuanto a su señoría, señor
Costa, del Grupo Popular --y con esto termino--, ha hablado,
en principio, de un contexto político-económico, donde hay que
situar evidentemente todas las leyes fiscales (esta ley, por
lo menos, en el título que contemplamos en esta parte del
debate lo es) y, sin embargo, que el Gobierno socialista y el
partido que lo apoya tienen el inmovilismo como base. Creo que
S.S. lo puede ver así porque, con frecuencia, su punto de
partida preferido es la información deficiente, errónea o
torcida y naturalmente creo que pueden tener como resultado
una visión completamente distinta de lo que es la realidad.
Hablar de inmovilismo (y supongo que se refiere a todos estos
años de gobierno socialista o al último año) me parece, cuando
menos, poco exacto; precisamente en otras ocasiones nos han
acusado de que hemos cambiado o hemos adaptado demasiado las
leyes. Creo que esa prioridad que da a la reforma del sistema
tributario algún día y en otro contexto se podría discutir,
debatir y quién sabe si llevar a cabo.
Sus enmiendas claro que existen. Dice que pretendemos que no
existan, y en ese sentido las minimizamos o las anulamos. No,
no, en absoluto. Existen, claro que existen, lo que pasa es
que el mensaje que tenemos que dar inevitablemente es peor: no
son procedentes, no son interesantes.
En cuanto a todas las medidas a que ha dicho van encaminadas
las enmiendas que S.S. ha defendido, nos ha preguntado si
podríamos estar de acuerdo con la finalidad que tienen. Claro
que sí. ¿Quién no quiere apoyar a las PYME? ¿Quién no quiere
hacer que la inversión sea importante? ¿Quién no quiere
internacionalizar nuestra economía crecientemente? Claro que
sí. Lo que pasa es que en política, como S.S. sabe, lo
importante fundamentalmente es el cómo, incluso más que el
qué. El qué mal hecho no nos sirve, y nosotros tratamos de
hacerlo bien.
Creo que S.S. debe leer no con mala intención el proyecto de
ley. A veces creo que lo lee con mala intención y de ahí las
consecuencias que saca no son las que realmente se derivan del
propio texto.
Nada más. Muchas gracias, señorías, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, intervengo muy
brevemente para responder a las cuatro consideraciones que el
portavoz del grupo mayoritario ha hecho a nuestras enmiendas.
Cuando nosotros decíamos que esta ley era un ley río, una ley
con muchas reformas legales (27 reformas legales; algunas
tienen que ver con presupuestos y otras no), hacíamos
referencia a que quizás debiéramos limitar esta discusión
exclusivamente a lo que tiene relación con la cuantificación
de números. Cuando hablábamos del gasto fiscal sin garantía,
queríamos decir lo siguiente. Cuando alguien pretende que a
través del gasto fiscal se favorezca la inversión pública, lo
que tiene que hacer es condicionar ese beneficio fiscal de
exenciones del 95 por ciento a las sociedades o a cualquier
actuación para que se consiga ese fin de invertir y generar
empleo porque en otro caso, no es así. Usted lleva razón
cuando hablamos de la protección familiar, usted lleva razón
en las exenciones ligadas a las rentas de trabajo, pero
nosotros no las reducíamos a ésas sino las ligadas a esas
pretendidas políticas activas. ¿Sabe usted por qué? Porque
cuando queremos hacer políticas activas nosotros creemos que
se deben hacer desde otra vertiente, desde la política del
gasto. En cuanto al tema del patrimonio, yo no me invento las
cifras. Le digo a usted que, según los datos del Gobierno, los
ingresos previstos para 1995 por el Impuesto del patrimonio
son 29.800 millones de pesetas y los beneficios fiscales o los
gastos fiscales, 25.600 millones de pesetas; es decir, apenas
4.000 millones de pesetas vamos a ingresar por patrimonio. Yo
le hacía la ironía de si nadie tenía patrimonio. No, no, si yo
sé que tenemos patrimonio afortundamente en unas rentas
mínimas. El problema no está en los que tienen poco patrimonio
y están exentos; el problema está en los que tienen
patrimonio, lo camuflan, y luego nada más se les encuentra la
pulsera y la sortija porque no hay manera de encontrarles
patrimonio. Esos son los que deben pagar impuesto. Los dos
impuestos nuevos que hemos propuesto nosotros van ligados
precisamente al patrimonio para que paguen las grandes
fortunas, las grandes propiedades, y van ligados también a las
viviendas desocupadas para los propios municipios. Por tanto,
los tres ejes de nuestra enmienda eran: Ingresemos por donde
podamos.
El tema del juego. Y con esto termino señor Presidente.
Usted me dice que no quitemos la ilusión. ¡Pero si no quitamos
ninguna ilusión a un señor que recibe un premio de 2.000
millones de pesetas porque le digamos que el 50 por ciento
está exento y el otro 50 tiene que cotizar! La ilusión está a
la hora de jugar, no a la hora de obtener el premio. Usted me
podría decir que esto tendríamos que reglamentarlo para que
los premios pequeños, inferiores a un millón de pesetas, no
tributaran, para que los premios ligados a obra social, como
la ONCE, no entraran. Lo que ocurre es que en este país se ha
generalizado el juego; es la única manera de tener posibilidad
de cambiar y pasar de botones a otra posición. Tiene usted
lotería el sábado, bonoloto en cualquier momento, los ciegos,
tiene usted todas las posibilidades de juego. Nosotros
decimos: Ingresemos por esa realidad. Usted me puede decir que
la fiscalidad ya había puesto tasas, puesto que recibimos
ingresos por ello. Pero yo no quiero hablar de la
participación, sino de la obtención del beneficio.
Por tanto, señor Presidente, creemos que hay figuras para
ingresar a nivel de políticas activas de ingresos y también
que las políticas fiscales de exenciones no son las positivas
para generar inversión.
En todo caso, nuestras enmiendas se encaminaban ahí, a
establecer una cierta progresividad social en la política de
ingresos. Que usted cree que ya está establecida en la
propuesta del Gobierno es una aceptación de la propuesta del
Gobierno. Nosotros discrepamos de que eso esté recogido. Es
más, pensamos que las amistades que ustedes llevan para
aprobar estos presupuestos les inclinan y dice un refrán que
el que se junta a un cojo, si al año no cojea, renquea. Nada
más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera manifestarle, señor García Ronda,
que estamos encantados de volver a oír ese discurso con el
que, de forma continuada y reiterativa, nos deleita. Para
ustedes no resulta oportuno aceptar nuestras enmiendas. No lo
hemos estudiado bien; se miran con malos ojos o parten de una
información errónea. Yo no sé si se miran o no con malos ojos.
Lo que sé es que se miran. Ustedes ni siquiera miran nuestras
enmiendas.
Voy a hacer un pequeño esfuerzo para intentar abrirles los
ojos sobre cuál es el contenido de algunas de nuestras
enmiendas. Por ejemplo, la enmienda que tiene como finalidad
que en el régimen de estimación objetiva se parta de
beneficios reales y no se penalice el empleo. ¿Qué es lo que
perseguimos? Pues perseguimos única y exclusivamente eso.
¿Sabe usted que el propio Ministerio de Economía y Hacienda
está reconociendo que en estos momentos el régimen de
estimación objetiva está favoreciendo el fraude fiscal y la
economía sumergida? Lo único que pretendemos con nuestra
enmienda es dar un paso adelante y evitar que se produzca ese
tipo de situaciones.
¿Por qué proponemos limitar el ámbito de aplicación del
régimen de transparencia fiscal internacional a las sociedades
establecidas en paraísos fiscales? Yo le preguntaría, señor
García Ronda, si usted sabe si el Gobierno puede ampliar,
cuando lo considere conveniente, el listado de paraísos
fiscales. ¿Puede el Gobierno, cuando lo considere conveniente
y lo desee, en función de las circunstancias que concurren, en
función del régimen de tributación de una sociedad,
incorporarla al listado de paraísos fiscales? Si puede
incorporar el tipo de sociedad o ese país al listado de
paraísos fiscales, ¿por qué tenemos que fijar unos criterios
en el proyecto de ley para que sea la empresa la que verifique
si concurren o no las circunstancias para calificar a una
sociedad como sociedad establecida en un territorio de baja
tributación? ¿No cree usted que con esto mejoramos la
seguridad jurídica? Le voy a preguntar más: ¿Existe algún país
en el que se siga el sistema de lista cerrada? ¿Existe algún
país en el que única y exclusivamente se aplica el régimen de
transparencia fiscal a las sociedades establecidas en paraísos
fiscales? Sí que existe algún país. ¿Sabe usted, además, cómo
se funciona, en la práctica, en los países en los que no
existe un listado cerrado de paraísos fiscales cuando se
aplican normas antielusión? De la siguiente manera: la empresa
acude a la administración tributaria y le pregunta si el país
o el tipo de sociedad que pretende incorporar está dentro de
esa lista negra de territorios de baja tributación. Así es
como se funciona en la práctica.
Le voy a preguntar otra cosa más. ¿Por qué cambia el modelo el
Gobierno? ¿No tiene el Gobierno un modelo de lista cerrada
para evitar operaciones de elusión fiscal? ¿Por qué cambia el
modelo y por qué no aplica ahora el mismo modelo que ha venido
aplicando en los últimos años, el modelo de lista cerrada? Yo
creo que las razones que le he dado justifican sobremanera que
nosotros hayamos optado por un modelo de lista cerrada.
Además, no podía ser de otra manera. Si nosotros queríamos
poner en marcha y ofrecer al Gobierno medidas de lucha contra
el fraude fiscal internacional, lo que intentamos fue seguir
el modelo que ya estaba abriendo el Gobierno. Ese fue el
motivo por el que optamos por un listado cerrado.
En cuanto a la enmienda 180, ¿qué justificación existe para no
permitir a un contribuyente que se deduzca una disminución de
patrimonio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas si han transcurrido más de dos años desde que se
adquirió ese elemento patrimonial? Yo creo que no existe
ninguna justificación, y la
manera de resolverlo es muy sencilla. ¿O es que ustedes no
comparten esa justificación y esa finalidad? Porque si lo que
les preocupa es cómo llegar a eso, es muy sencillo,
suprimiendo las palabras «disminuciones de patrimonio» de un
artículo de la Ley del IRPF. ¿Que no considera oportuno el
Grupo Parlamentario Socialista favorecer la transmisión de
empresas dentro de unidades familiares cuando se trata de
pequeñas empresas? No lo considera oportuno, o no considera
oportuna nuestra regulación, porque dice que puede dar lugar a
trucajes para traspasar las empresas dentro de las unidades
familiares.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo, señor Presidente. ¿Es
el fallecimiento de una persona física un trucaje para
transmitir la empresa? ¿Qué ventaja puede tener una persona
física para transmitir su empresa en favor del cónyuge o del
descendiente cuando no se le concede ningún beneficio fiscal,
cuando el descendiente o el cónyuge va a tener que amortizar
sobre valores históricos? Yo creo que no se le ofrece ninguna
ventaja fiscal por la que pueda tener un interés en transmitir
la empresa. Es solamente para evitar el obstáculo a la
transmisión de empresas dentro de las unidades familiares. Voy
a concluir con un tema concreto, el de la internacionalización
de la empresa española. ¿Cuál es la razón por la que nosotros
hemos ofrecido un modelo distinto? Pues porque es el modelo
que en estos momentos utilizan la mayor parte de los países de
nuestro entorno económico: en Holanda, en Bélgica, en
Luxemburgo, en parte en Italia, en Francia, en Portugal e
incluso en Alemania, en la práctica. ¿Sabe qué es lo que
queremos evitar con esta medida? Que las empresas públicas,
por ejemplo españolas, para operar en el exterior se sitúen en
países como Holanda, donde existe un régimen mucho más
favorable para eliminar la doble imposición económica.
Con los mimbres que nos ofrece el Gobierno, los ciudadanos
españoles podemos tener un año 1995 relativamente oscuro,
porque esos cantos de sirena de la recuperación económica
pueden acabar en tragedia si ustedes, como resulta previsible,
no son capaces de poner en marcha las medidas que necesita la
economía española.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero consumir mi turno de réplica agradeciendo al señor
García Ronda sus explicaciones a nuestras enmiendas, aunque no
ha aceptado ninguna, pero por lo menos reconoce que, en una
enmienda, por ejemplo la 9, donde se regula el tratamiento de
rentas de los no residentes, no es una técnica exquisita la
que han empleado.
No es que nosotros queramos establecer técnicas exquisitas en
la regulación de los tributos, pero nuestra propuesta pretende
al menos ser ortodoxa. Enlazo esto con la aclaración que pedía
el señor García Ronda sobre qué es ortodoxia tributaria.
Señor García Ronda, ortodoxia tributaria es lo opuesto a
heterodoxia tributaria. Y heterodoxo es usted cuando lo que
pretende es regular figuras tributarias cuando quiere y como
quiere, fuera de lugar, para conseguir unos fines
determinados. Eso es heterodoxia y eso es lo que nosotros no
queremos que se haga. De ahí viene la explicación, en nuestra
justificación a una de las enmiendas, de la palabra ortodoxia.
No sé si lo he explicado suficientemente, pero usted, que es
un ducho fiscalista y hombre de letras, lo habrá entendido
perfectamente.
También quiero agradecerle que mire con tanta simpatía
nuestras enmiendas. Todos los años, en todos los debates
presupuestarios, mira simpáticamente nuestras enmiendas y yo
se lo agradezco, pero, por favor, aparte de mirarlas así,
apruébenos alguna.
En línea con esto y como pienso que van a seguir mirando
simpáticamente las enmiendas 16, 18 y 19, a las que ya se ha
referido antes, y también la 17, espero que esa simpatía se
traduzca en algo positivo en el Senado, que es a donde parece
que quiere trasladar nuestras enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Zabalía.
Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, para manifestar al señor García Ronda que nos
vuelve a decir que sobre la enmienda número 17, que defendimos
en Comisión, relativa al establecimiento de un marco fiscal
favorable para la agricultura y la industria de carburantes de
origen agrícola español, están madurando el estudio de tal
cuestión. Ese argumento lo conocimos en Comisión y lo volvemos
a conocer en el Pleno. Ha habido un plazo de dos semanas para
debatirlo. Por lo tanto, entendemos, mientras no se nos
demuestre lo contrario, que la posición del Grupo
parlamentario Socialista es decir no, pero de una manera
elegante. Son los argumentos que señalaba mi compañero señor
Zabalía; usted, año tras año, mira las enmiendas con simpatía,
pero luego eso no tiene
ninguna traducción en actitud positiva del Grupo parlamentario
Socialista. En cuanto a esta enmienda, ha enfatizado el
estudio por parte del Grupo parlamentario Socialista, lo mismo
que lo hizo en Comisión y también cuando se aprobó la
proposición no de ley que pretendía, por vía no legislativa,
instar al Gobierno a una actuación. Nosotros mantenemos una
presunción de negación en este momento, porque mientras
ustedes no adopten una postura positiva, la posición que
tenemos es de desconfianza respecto a las afirmacone que ha
realizado. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Gatzagaetxebarría.
Señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, con la
brevedad que exige el caso, voy a tratar de cerrar este turno
contestando a SS.SS. Empiezo por el Grupo del Partido
Nacionalista Vasco. En primer lugar, y esto sirve para todos
los grupos que han intervenido, hay un afán pedagógico, no sé
si con respecto a mi Grupo o a mi persona, que yo agradezco.
Siempre he dicho que en cualquier foro, incluida esta Cámara,
se puede aprender, de cualquiera de SS.SS. que intervenga. La
verdad es que todos me han querido dar lecciones que yo
agradezco mucho. Por ejemplo, el señor Zabalía me ha aclarado
lo de la ortodoxia. No me ha aclarado su definición,
simplemente me lo ha dicho como contraposición a heterodoxia.
Pues bien, sí soy heterodoxo, puedo serlo y no me importa
nada. Creo que la ortodoxia queda para los funcionarios, que
deben cumplir la ley tal cual es e interpretarla
adecuadamente, y hasta para el Poder Ejecutivo, pero los
políticos del Poder Legislativo tenemos la obligación de ser
heterodoxos, para cambiar las cosas. Si no, se quedarían como
hace cientos de años. Tampoco está mal una cierta dosis de
heterodoxia.
En cuanto al señor Gatzagaetxebarría, no se enfade. Me parece
que he hecho una manifestación verdaderamente positiva y en lo
que a mí respecta y a nuestro Grupo haremos todo el esfuerzo
necesario para encajar adecuadamente la pretensión de su
enmienda, que consideramos, como he dicho, positiva. El Grupo
de Izquierda Unida, también con su voluntad pedagógica, me ha
enseñado, me ha explicado lo que querían decir, y yo se lo
agradezco, pero lo que ocurre es que había captado por lo
menos lo que son las intenciones visibles, si las hay
invisibles, esas ya permanecen en lo sutil, en esa sutil
ironía que S.S. ha empleado anteriormente, según me han tenido
que aclarar. No lo había captado y disculpe. Lo que sí me
parece --y esto se lo digo con toda claridad-- difícil es
cobrar por el Impuesto sobre el Patrimonio a aquéllos a los
que no se encuentra el patrimonio o cuyo patrimonio no se
conoce --entramos en el asunto de la investigación del fraude
fiscal--, pero no que haya que cobrar a aquellos que no
definen ni declaran un patrimonio.
Habla de la ilusión. Yo creo que usted debe conocer a su
pueblo, al pueblo español, tan bien como yo, por lo menos.
Usted sabe que sí que le hace ilusión que algo sea libre de
impuestos, vamos a dejárselo por el momento. ¿Qué le parece?
Lo que pasa es que su afán también pedagógico y de un cierto
despotismo ilustrado le lleva a querer obligar a que el pueblo
no sea como es. Pero es de una determinada manera, y no mala,
a mi juicio.
El señor Costa también ha incidido en los aspectos
pedagógicos, por supuesto. Creo que las enmiendas por nuestra
parte han sido no solamente bien miradas, sino largamente
miradas, y lo que ocurre es que no encaja en lo que nuestro
Grupo, en conexión con el Gobierno socialista, quiere hacer
realmente. ¿Qué ustedes lo harían de otra manera? Por supuesto
que sí, pero no nos parece procedente en este momento y dentro
de la línea política que queremos llevar y que, desde luego,
está en defensa de nuestra economía tanto como lo puedan estar
ustedes o más.
En cuanto al listado de paraísos fiscales o su modelo de lista
cerrada, etcétera, podría ser discutido, pero aquí retomo lo
que antes habíamos hablado. Si hacemos una lista abierta es
porque realmente nos parece que el asunto tiene una fluidez
suficiente para que no nos atengamos a listas cerradas. Por
desgracia, los defraudadores, y más los defraudadores
internacionales, son lo suficientemente listos y tienen unas
características de peces resbaladizos que les hace ir de una
isla a otra antes de que las legislaciones de los países se
den cuenta. Por eso hay que estar alerta.
Por lo que se refiere a la internacionalización de la empresa
española, creo que la estamos favoreciendo también. No nos
augure tragedidas que afortunadamente no sucederán en el campo
económico, y si no, ya lo verá su señoría. Hablaremos dentro
de un año.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Continuación)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este Título I
vamos a proceder a la votación de los Títulos debatidos de la
ley de presupuestos y a éste de la ley de acompañamiento.
(Pausa.)
Votaciones correspondientes al Título V y Sección 06.
Enmiendas del Grupo Popular números 954, 960 y 962.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 952, 953, 955, 956, 957 y 959.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 140; en contra, 184; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 951.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 961.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 321; en contra, una; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda 1.071.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 135; en contra, 171; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista en
relación con la enmienda 958, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 325.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Chiquillo, números 31, 32 y
33. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 147; en contra, 176; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas las enmiendas.
Enmienda del Grupo Vasco, PNV, número 300.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 167; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
número 540. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 166; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo de Coalición Canaria número 440.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 22; en contra, 167; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación correspondiente al texto del dictamen del Título V y
de la Sección 06. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 172; en contra, 141; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones correspondientes al Título VI.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 966, 970 y 977.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 166; abstenciones,
siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 946, 965, 967, 968, 969, 971 a 976, 978 y 979.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 135; en contra, 180; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 963, y 980 a 989.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 137; en contra, 167; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Enmiendas 541 a 544 y 560.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 153; en contra, 167; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 545, 547, 550, 557, 558, 559 y 561.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 12; en contra, 167; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 546, 548, 549, 551 a 556, 562 y 563.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 13; en contra, 303; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del señor Albístur.
Enmienda 301.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 146; en contra, 178; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 302 y 306.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 314; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 303.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 145; en contra, 166; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 304.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 166; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 305.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 10; en contra, 167; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 307.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 308 y 314.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 145; en contra, 167; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 309.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 310 y 312.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 311, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 305; en contra, cinco; abstenciones,
13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del señor Chiquillo.
Enmienda número 4. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 22; en contra, 166; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 34, 35 y 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, ocho; en contra, 180; abstenciones,
137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Enmiendas
números 260 y 262. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 178; abstenciones,
137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 261.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 263.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 146; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 258 y 259.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 144; en contra, 167; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Enmienda número 441.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 168; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente al dictamen del Título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 168; en contra, 153; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votaciones relativas al Título VII y Secciones números 32 y
33. Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 993 a 996, 1.000,
1.002 y 1.005. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 156; en contra, 167; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 997 y 998.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 177; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 990 a 992, 1.001, 1.003 y 1.004.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 145; en contra, 168; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 143; en contra, 167; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmiendas 442, 443 y 444.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 166; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 445.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 166; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 484.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 165; abstenciones,
150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Enmiendas 566, 567, 569, 570 y 571.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 167; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 564.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 19; en contra, 302; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 565 y 568.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 167; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 826 a 832.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 166; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo. Enmienda
número 37. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 166; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 106.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, ocho; en contra, 167; abstenciones,
150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de la señora Rahola número 274.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 304; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV), del señor Albístur. Enmienda
313. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, nueve; en contra, 169; abstenciones,
146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 315.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 158; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación correspondiente al dictamen del Título VII y de las
Secciones 32 y 33. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 166; en contra, 157; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas al Título VIII.
Enmiendas del Grupo Popular números 1.006 y 1.007.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 134; en contra, 172; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Enmienda
número 263. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 17; en contra, 165; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Vasco (PNV), del señor Albistur, número
316. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 156; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación correspondiente al dictamen del Título VIII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 171; en contra, 134; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votaciones relativas a las disposiciones adicionales,
transitorias, finales y anexos.
Enmiendas del Grupo Popular 1.027 a 1.033, 1.035, 1.037,
1.038, 1.040 a 1.044, 1.046, 1.052, 1.055, 1.059, 1.060, 1.061
y 1.063 a 1.065. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 157; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.828, 1.045, 1.049, 1.058, 1.066 y 1.067.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 140; en contra, 181; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.034, 1.036, 1.039, 1.047, 1.048, 1.050, 1.051,
1.053, 1.054, 1.056, 1.057, 1.062 y 1.215.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1.068 a 1.070.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 140; en contra, 167; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1.026.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 143; en contra, 167; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 1.012 a 1.016, 1.019, 1.020, 1.022, 1.024 y 1.025.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 1.009 a 1.011, 1.017, 1.018, 1.021 y 1.023.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 167; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 141; en contra, 168; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Enmiendas 572, 586, 589, 590, 598, 600 a 602 y 604.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 158; en contra, 165; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 575, 587 y 599.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 16; en contra, 306; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 573, 576 a 581, 583 a 585, 588, 591 a 597, 603 y
605. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 16; en contra, 168; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 608 a 611, 613, 615 y 616.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 18; en contra, 167; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 606, 607, 612, 614 y 617.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 167; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 297; abstenciones,
nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 279 del Grupo Mixto, del señor Albistur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 171; abstenciones,
145.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmiendas 318, 319 y 320.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 325.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 23; en contra, 167; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 321 y 322.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 167; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda 323.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, ocho; en contra, 166; abstenciones,
150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 324.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 168; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, ocho; en contra, 178; abstenciones,
138.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Enmiendas 264
y 265. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 150; en contra, 169; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 271 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 19; en contra, 168; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 268 y 486.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 302; abstenciones,
siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, cuatro; en contra, 168; abstenciones,
153.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmienda 446.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 168; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 447.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 21; en contra, 168; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo.
Señorías, en relación con las enmiendas del señor Chiquillo y
a tenor de las solicitudes formuladas por los grupos, vamos a
realizar 20 votaciones. Ruego a SS.SS., sobre todo a los
señores portavoces, que están encargados del dictamen del
proyecto de ley de presupuestos y de la ley de acompañamiento,
que hagan un esfuerzo por concentrar el voto en relación con
las enmiendas de cada uno de los grupos o de los señores
Diputados que tienen enmiendas para ser sometidas a votación.
Enmiendas números 1 y 2, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 143; en contra, 168; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, nueve; en contra, 168; abstenciones,
146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 79 y 102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 38 y 103.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, ocho; en contra, 170; abstenciones,
144.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 104 y 105.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, diez; en contra, 180; abstenciones,
132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 61 y 100.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 22; en contra, 167; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 111 y 115.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 20; en contra, 168; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 120 a 125.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 126.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 141; en contra, 168; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 127.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 154; en contra, 168; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 128.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 141; en contra, 170; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 167; abstenciones,
148.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 113.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, siete; en contra, 180; abstenciones,
136.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 114.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 151; en contra, 168; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 153; en contra, 168; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 130.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 140; en contra, 180; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 131.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 152; en contra, 168; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 116 y 182.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, nueve; en contra, 180; abstenciones,
134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 129 y 131.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 151; en contra, 169; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo. (Rumores.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, siete; en contra, 166; abstenciones,
145.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de las disposiciones
adicionales, transitorias, finales y anexos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 166; en contra, 154; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Enmiendas a la exposición de motivos.
Enmienda del Grupo Popular número 880.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 487 a 490 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 319; a favor, 14; en contra, 299; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen de la exposición de
motivos. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 168; en contra, 153; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Las votaciones correspondientes al título debatido del
proyecto de ley sobre medidas fiscales, administrativas y del
orden social se celebrarán junto con las votaciones
correspondientes al resto de títulos que serán objeto de
debate a partir de las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL (Continuación)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
¡¡¡OJO LADILLO!!!
Pasamos a debatir el Título II del proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. En primer lugar,
y para la defensa de las enmiendas presentadas a este Título
II, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Parece lógico que, en nombre de mi Grupo, la primera precisión
que se haga respecto de los contenidos de este Título II sea
su absoluta heterogeneidad. Por muchas interpretaciones que se
den a lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional,
creo que queda claro que esa sentencia les indicaba muy
nítidamente lo que no debían hacer, esto es, agregar al
proyecto de ley de presupuestos materias conexas e inconexas,
de esa forma acumulativa y entiendo que abusiva que se venía
realizando. Pero no me gustaría que se siguiera sustentando
desde esta tribuna que es esa sentencia la que obliga a que
siga habiendo un proyecto de ley paralelo al de Presupuestos
Generales del Estado, con las mismas características de ley
ómnibus o de ley jumbo, en la que cabe todo. Primero porque
creemos que, de tener una ley de acompañamiento, como
coloquialmente denominamos a este proyecto de ley, debe ser de
materias íntimamente relacionadas, directamente conectadas con
el texto de la ley, y no convertirse en --insisto-- un extraño
surtido o variado muestrario de iniciativas que, algunas de
ellas, entendemos que deberían
tener su propio debate por su volumen y por su importancia.
Entrando ya en lo concreto, y tratando de seguir de alguna
manera la difícil estructura de este proyecto de ley, en el
apartado dedicado a mejora de la acción recaudadora de la
Seguridad Social debemos decirles que, en principio, estamos
de acuerdo. Y digo en principio porque nos hubiese gustado
conocer a todos los grupos parlamentarios (por supuesto al
Grupo Popular, pero creo hacerme en este caso representante de
los demás) el alcance de las medidas propuestas por esa unidad
de lucha contra el fraude, y me permito recordarles que no han
tenido la deferencia ni la delicadeza de enviarnos a los demás
grupos el conjunto de medidas propuestas. Las que nos envían
debemos darlas por buenas si con ello se mejora la acción
recaudatoria. Lo que nos ha sorprendido es que no hayan
aceptado prácticamente ninguna de las enmiendas comprendidas
entre la 186 y la 201, de nuestro Grupo, salvola 187. Se lo
digo porque dichas enmiendas, de carácter básicamente técnico,
redactadas no sólo desde la buena fe sino desde la experiencia
y el conocimiento de la realidad recaudatoria de la Seguridad
Social, perseguían tres objetivos. Primero, una mayor claridad
normativa. Podemos decir que muchos grupos nos hemos resignado
a que no haya leyes claras y a que no haya leyes buenas, pero
vamos a seguir intentando que si no son buenas por lo menos
sean claras. Y trabajábamos en esa línea de claridad
normativa. Trabajábamos también en nuestras enmiendas en la
línea de seguridad jurídica, que no puede entenderse sólo en
términos absolutos sino en términos relativos. Creíamos y
creemos que las normas que afectan a la recaudación de la
Seguridad Social tienen que guardar relación, tienen que ser
concordantes con el resto del ordenamiento administrativo del
que nos hemos dotado. Por cierto, me permito recordarles que
bien reciente es su legislación al respecto mediante la Ley
30/1992, de Procedimiento Administrativo, o nueva Ley de
Procedimiento Administrativo. Creíamos también que en este
terreno debían seguirse las directrices que marca la propia
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con estos tres
ejes y desde una perspectiva técnica se han planteado nuestras
enmiendas que tan brillantemente fueron defendidas en Comisión
por mi compañera la señora Montseny. Solamente se ha
aceptado --y no sé si a título testimonial--una de ellas. Le
puedo asegurar --insisto-- que este tipo de enmiendas, que no
están afectas a contenido ideológico sino que reflejan la
experiencia y el esfuerzo de estudio de algo que creemos
mejorable y, sobre todo, adaptable a lo que es el resto del
ordenamiento administrativo, debería haber sido estudiado tal
vez con mayor intensidad.
Un segundo bloque de nuestras enmiendas, las comprendidas
entre los números 202 y 205, se refieren a las mutuas de
accidentes de trabajo. Quede claro que nuestra posición
inicial es que una materia de esta envergadura debía haber
sido objeto de un proyecto de ley diferenciado. De ahí nuestro
rechazo, mediante enmienda de supresión, de lo que entendemos
que es práctica abusiva en las leyes de acompañamiento. Tiene
suficiente entidad, tanto económica como importancia social,
para creer desde el Grupo Popular que merecía un proyecto de
ley y un debate mucho más sereno. Naturalmente no vamos a dar
la batalla del rótulo, como algún otro grupo ha pretendido
darla; no es tan importante la denominación como la función
social. Pero quede claro que muchas de nuestras enmiendas
buscan cosas sencillas; buscan que no se pueda responsabilizar
a las mutuas de accidentes de trabajo de obligaciones por
parte del Gobierno sin que se las dote de mecanismos que
permitan, de alguna manera, llevar a cabo esas mismas
responsabilidades que el Gobierno unilateralmente puede
imponerles. Decimos también que debe hacer equilibrio
financiero, esto es, que no caiga el Gobierno en la
tentación --que en alguna ocasión ha caído-- de trasladar
simplemente problemas. Los problemas hay que resolverlos; no
basta con trasladarlos. Y hay que evitar ese peligro de que lo
único que se haga en situaciones en las que sabemos que
existen deficiencias de funcionamiento, tales como la hasta
ahora incapacidad laboral transitoria y la hasta ahora
invalidez provisional, es que se limite el Gobierno a
trasladar estas situaciones a las mutuas de accidentes de
trabajo. Estas mutuas pueden y quieren colaborar. Me permito
recordar que sobre la mesa del Ministro de Trabajo lleva ya
mucho tiempo un reglamento de colaboración que había sido
objeto de diálogo, el cual no sabemos muy bien por qué se ha
interrumpido. Creemos que no se está en este momento
cuestionando ese régimen de colaboración. Nos sorprende --lo
digo sinceramente-- que se haya incluido como materia en esta
ley de presupuestos y nos sorprende desagradablemente que no
se esténintroduciendo las garantías de que aquellas
responsabilidades que pueden ser asumidas por las mutuas no
tengan esa contrapartida de mecanismos de seguimiento y de
aplicación. Por cierto, permítame que ante una crítica que he
escuchado a un compañero del Grupo Socialista, al hablar sobre
fraccionamiento y dispersión del debate por parte del Grupo
Popular, le recuerde que si alguien ha sido objeto de crítica
por fraccionamiento y dispersión de las normas, impidiendo su
fácil comprensión, ha sido el Gobierno socialista por parte
del Consejo Económico y Social, que como usted sabrá y por
unanimidad se expresó en ese sentido. Tengo la sensación de
que a ustedes les han estado enviando este tipo de medidas,
tanto las contenidas en la ley de acompañamiento como en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, por
fascículos y en forma desordenada. Luego lo único que le pido
con esto --y quiero dejarlo claro-- es que no nos lance a
otros grupos una crítica de ese
tenor, como creo que frívolamente ha hecho algún compañero de
su grupo. Entrando en lo que es inevitablemente heterogéneo,
quiero decir que hemos entendido, ya que la dinámica que
ustedes nos imponen es la de las materias heterogéneas, que en
este debate podría tener lugar una reflexión sobre
deficiencias ya observadas en la reciente reforma laboral.
Seguimos entendiendo en el Grupo Popular que el contrato de
aprendizaje no goza del adecuado marco jurídico. Lo entendemos
nosotros y parece entenderlo también así la Inspección de
Trabajo, que desaconseja la realización de inspecciones en
este tipo de contratos. Pues bien, creo que estamos en la
ocasión (precisamente ya pasados unos meses desde la
aplicación de la reforma laboral) de corregir estos defectos,
no sólo en base a las recomendaciones que efectuó la Defensora
del Pueblo sino en base a la propia experiencia. Ustedes
sabrán si entra dentro de la lógica política que la Inspección
de Trabajo tenga que desaconsejar la realización de ese tipo
de controles sobre los contratos de aprendizaje. Ustedes
sabrán si el contrato de aprendizaje responde realmente a su
objetivo cuando no se garantiza de forma efectiva la
formación. Permítanme que diga que es una buena ocasión para
retomar un modelo mucho más coherente con lo que es la
formación profesional en toda Europa. Permítanme también que
recuerde que está pendiente de entrada el catálogo nacional de
cualificaciones profesionales. Por tanto, hasta que ese
catálogo tenga plenitud, hablar de una nueva formación
profesional no deja de ser un ejercicio de voluntad, pero de
escasa eficacia. Me van a permitir también --y confío en la
indulgencia de la Presidencia-- que dedique un poquito más de
tiempo a la enmienda número 206, del Grupo Popular. En ella
planteamos de nuevo la jubilación flexible. Tengo que decir al
representante del Grupo Socialista que esta propuesta ha sido
aceptada en debates públicos por compañeros suyos, alguno tan
cualificado como el portavoz en este momento del grupo. Hoy
mismo leíamos en la prensa que el Grupo Catalán --ausente de
la Cámara-- tenía una excelente disposición para reconsiderar
la jubilación flexible como un elemento positivo, tanto en
términos personales, es decir, para aquellos ciudadanos que
voluntariamente quieran prolongar su vida laboral, como en
términos de funcionamiento de la Seguridad Social. Pues bien,
todos los grupos tienen a su disposición una enmienda que
trata de equiparar la situación de jubilación flexible a una
situación de contrato a tiempo parcial, con compatibilidad en
la percepción, por supuesto también parcial, de retribuciones
por parte de la Seguridad Social. La tienen perfectible. Si
ustedes quieren en el Senado puede ser objeto de determinadas
mejoras. Pero sería, sin duda, una prueba de buena voluntad
que aceptasen al menos la redacción inicial que le hemos dado.
Insisto en que si alguna de esas manifestaciones de voluntad
la quieren llevar a la práctica aprovechen. Ahí tienen
jubilación flexible, ahí tienen --permítanme que lo diga-- el
evidente fracaso de su modelo, el contrato de relevo. Ustedes
sabrán si es buena o mala la utilización de 33 contratos al
año, para toda España, en esa modalidad alternativa que
ustedes suscitaban. Y ahí tienen también la posibilidad de
recuperar, para los contratos en prácticas y para la
formación, las bonificaciones existentes de Seguridad Social.
No me digan que siempre estamos planteando bonificaciones. Lo
que yo no puedo dejar de comparar es la utilización que los
contratos en prácticas y para la formación tenían cuando
existía la bonificación con la que actualmente tienen. Con una
particularidad. Este tipo de contratos es el que, hoy por hoy,
con más facilidad se convierte en contrato indefinido. También
lo digo a la vista de las estadísticas laborales. Creo que es
una buena inversión de futuro que el modelo de contrato que
con mayor frecuencia conduce a la contratación indefinida sea
objeto de un tratamiento como el que ya tuvo --desde la
realidad constatada de que se está utilizando menos-- y con
esa finalidad clara de obtener, eso que ustedes también dicen,
mejor calidad de empleo, empleo estable.
Creemos también que debe explorarse la vía de lo previsto en
el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, es decir,
contratación para servicio en los hogares familiares. Creemos
que puede ser un paso importante en la normalización de
determinadas situaciones --que supongo que para ustedes
tampoco son fuente de satisfacción--, en ese límite de lo que
podríamos llamar economía sumergida, en ese límite de lo que
podríamos llamar economía irregular. Les brindamos también la
posibilidad de trabajar sobre ese supuesto. Creo que sería
bueno para todos; para personas de mayor edad que requieren
asistencia, para trabajadores que durante muy pocas horas al
día prestan trabajo. Sobre todo, normalización de la situación
frente a Seguridad Social y frente al sistema fiscal general.
Pedimos cosas que no tienen costo económico alguno. Pedimos
que esta Cámara sea informada, por ejemplo, del cumplimiento
de la Lismi, de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos. Desde la constatación de que no ha sido
correctamente aplicada, desde la constatación de que era una
ley de carácter mucho más voluntarista que eficaz, pedimos que
esta Cámara sea informada, al menos periódicamente, del
cumplimiento de esta ley. Supongo que no tendrán mayor
inconveniente.
Pedimos que se avance, y se avance decididamente, en un gran
capítulo (supongo que este debate tendrá mayor vigor cuando se
discutan las secciones 60 y 19) la desvinculación financiera
de las prestaciones universales, de las prestaciones
contributivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aparicio, vaya
concluyendo.
El señor APARICIO PEREZ: Estoy concluyendo, señor Presidente.
Gracias.
Quede también en este proyecto de ley, precisamente porque sí
que estamos ante un caso que se proyecta por encima de un
ejercicio. Ese es nuestro concepto, que debería ser objeto de
una ley de acompañamiento y que no es una medida aislada para
un ejercicio. Estamos pidiendo una proyección, una
programación de una reducción efectiva, sustancial, en un
plazo más dilatado de tiempo. Supongo que habrá ocasión en el
debate de las secciones 60 y 19 de traer a colación este tema,
pero quiero que quede constancia también en este apartado.
Finalmente, uno de los temas que fue objeto de modificación a
lo largo de su debate en Comisión, la protección a la familia,
no ha dejado satisfecho al Grupo Popular. Vamos a ser en este
momento cuidadosos. Bienvenida sea, por supuesto, cualquier
medida que mejore la situación actual de la familia en España.
Nunca va a tener una propuesta de mejora de las circunstancias
familiares en España la oposición del Grupo Popular. Creemos
que es necesario un tratamiento global. Creemos, como ustedes
mismos dicen, que han cambiado lo suficiente las
circunstancias en España como para hablar en este momento de
otro modelo de protección a la familia. Pero imagínense la
profunda decepción que tiene que ser para muchos ciudadanos
que todo el esfuerzo de imaginación política de esta Cámara,
en relación a una nueva política de protección familiar, sea
la modificación parcial de una ley del año 1971. Ustedes
sabrán si han cambiado o no las cosas. Ustedes sabrán si la
protección a la familia es un simple problema de equiparación
de otras situaciones a la familiar, o es una revisión a fondo
y de principio del actual marco de protección a la familia en
un país que, puesto a encabezar algún ranking, encabeza en
Europa el de los países de más baja demografía; no se sabe si
nos superan o están exactamente igual Italia y San Marino.
Ustedes sabrán si frente a ese problema demográfico, de falta
de visión global de la protección a la familia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aparicio,
termine ya, por favor.
El señor APARICIO PEREZ: Ustedes sabrán, repito --y con esto
concluyo--, si es suficiente una modificación parcial de una
ley del año 1971. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Título II de la ley de acompañamiento sobre el
que ahora debatimos lleva por epígrafe «Normas laborales y de
Seguridad Social». Dentro del amplio contenido de este título,
la mayor parte del mismo está dedicado a temática de Seguridad
Social y buena parte del mismo ha sido objeto de acuerdo con
organizaciones sindicales. En nuestra opinión, es un
planteamiento positivo interesante porque contribuye a que los
agentes sociales se responsabilicen de una institución tan
fundamental como es la Seguridad Social. Desde esa
perspectiva, señorías, las enmiendas que presenta nuestro
Grupo son muy concretas. Habida cuenta de que vamos a llevar a
cabo un debate de totalidad sobre la sección 19, Ministerio de
Trabajo, y sobre la sección 60, Seguridad Social, que
previsiblemente se desarrollará mañana, voy a centrar este
debate en la defensa de esas enmiendas concretas que presenta
nuestro Grupo al citado Título II de la ley de acompañamiento.
Insisto en que una buen parte de la temática de este Título II
hace referencia a la Seguridad Social y que una parte de esa
temática va referida a normas de mejora de los procedimientos
recaudatorios de la Seguridad Social. Nos parece muy oportuno
ese apartado relativo a mejora de las normas. Cuando se ha
establecido una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad
Social en un punto, parece como mínimo, razonable reforzar sus
mecanismos recaudatorios en orden a que no se produzca una
mayor e imprevista caída de la recaudación de la Seguridad
Social. Todo ese apartado relativo a mejora de las normas o de
los mecanismos recaudatorios de la Seguridad Social cuenta con
nuestro apoyo. No hemos presentado enmiendas al mismo y nos
parece que es oportuno y tiende a compensar mínimamente esa
reducción de un punto en las cotizaciones a la Seguridad
Social, que nuestro Grupo no ha considerado oportuna, no tanto
en sí misma, sino fundamentalmente en cuanto a la posible
tendencia que pondría en gravísimo peligro el mecanismo
financiero de una institución tan fundamental como la
Seguridad Social.
Dejando ese apartado de normas recaudatorias, la otra parte
hace referencia a un bloque importante: las prestaciones de
protección que otorga la Seguridad Social. Dentro de este
segundo bloque cabe distinguir dos: la reforma de lo que se
pasa a denominar incapacidad temporal, que engloba lo que era
la anterior ILT (incapacidad laboral transitoria) e invalidez
provisional, y una segunda, la maternidad.
Conocen SS.SS. que la antigua --todavía vigente-- incapacidad
laboral transitoria e invalidez provisional es un período de
incapacidad para el trabajo motivada por enfermedad que, en
principio, no tiene carácter definitivo y que dura en tanto el
tratamiento médico del trabajador recomienda la permanencia en
esa situación.
Esta institución tiene ya muchos años en nuestra realidad,
tantos que la modernización de la medicina hace pensar que hoy
sea posible emitir un diagnóstico definitivo sobre la
capacidad para el trabajo del afectado mucho antes de los seis
años que sucesivamente pueden durar la ILT y la invalidez
provisional.
Por ello se ha pretendido sustituir esas dos instituciones (la
ILT y la invalidez provisional) por una nueva, la incapacidad
temporal, con una duración inicial máxima de doce meses,
prorrogable por otros seis, y que además puede alcanzar un año
más todavía, en total 30 meses, frente a los 72 meses que
podía durar el anterior cúmulo de situaciones (ILT e invalidez
provisional). Insisto en que quizá la modernización de los
tratamientos médicos posibilita el que sea alcanzable un
diagnóstico definitivo en este plazo de tiempo y, por tanto,
puede parecer justificada esa sustitución. Pero lo que no nos
parece adecuado es que se mantengan, para la nueva regulación
de la incapacidad temporal, mecanismos que se explicaban en la
anterior; por ejemplo, el que no se cotice durante lo que
anteriormente era la invalidez provisional y que ahora se
traslada a la no cotización en los doce meses que pueden
continuar a los 18 primeros. Si se ha producido una
modificación porque se ha considerado que lo anterior era
obsoleto, y se introduce una nueva figura (la incapacidad
temporal), es necesario dotarla de una cierta coherencia. Esa
coherencia se rompe cuando se prevé que en esa situación de
incapacidad temporal se cotice durante los primeros 18 meses
y, a continuación, si se prolonga la situación, por
responsabilidad fundamentalmente de la Administración que no
tramita el expediente de invalidez permanente o de alta,
resulte que el que sufre las consecuencias es el trabajador
que tiene períodos sin cotización en su carrera profesional.
Falta coherencia.
Anteriormente la coherencia venía de que una cosa era la ILT y
otra la invalidez provisional. Ahora no, ahora es todo lo
mismo, incapacidad temporal y, sin embargo, durante un período
de tiempo se cotiza y durante otro período de tiempo no se
cotiza. Nos parece, insisto, señorías, que dotar de coherencia
a esa nueva figura, dotarla de unidad, requiere que se cotice
durante toda la incapacidad temporal.
Pasando a la otra prestación que es objeto de regulación
nueva, la maternidad, nos parece muy positivo que deje de
considerarse como una enfermedad y tenga una prestación del
cien por ciento en lugar del 75 por ciento anterior. Pero no
nos parece adecuado que a esa prestación de maternidad se le
requiera un período de carencia como el que existía hasta la
fecha: 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores.
¿Y por qué? Por una evidencia empírica. Esos 180 días de
carencia que se exigían hasta la fecha han demostrado sus
resultados y, en concreto, la caída en la tasa de natalidad de
este país durante los años en que ha estado vigente. Por
tanto, no cabe pensar que estemos dando una protección
adecuada.
Pero es más. Segundo argumento, señorías. Se ha producido un
cambio radical en el mercado laboral. A un crecimiento
espectacular del paro en nuestro país, se añade un crecimiento
no menos espectacular de los contratos a tiempo parcial. Como
se ha modificado el cómputo de las cotizaciones de los
contratos a tiempo parcial en la reforma laboral y el contrato
a tiempo parcial se ceba fundamentalmente en las mujeres, para
alcanzar esos 180 días de cotización, a ocho horas para las
mujeres, tendrán que trabajar muchísimo más de lo que
normalmente trabajaban hasta ahora para tener derecho a esa
prestación de maternidad.
Por estas dos razones, por dotar de una protección adecuada a
una política de natalidad que se quiere incentivar, y por
atender a los cambios que se han producido en el mercado de
trabajo y en la legislación laboral, creemos que es necesario
reducir la carencia a 90 días en lugar de los 180 días que
actualmente se exigen y que se plantean en esta reforma.
El tercer tema, dentro de este bloque de protección, es el que
hace referencia a la invalidez permanente. En esta norma se
plantea que cuando se declare una invalidez permanente, la
resolución que declare esa situación establecerá el plazo a
partir del cual se podrá instar la revisión. Está claro que
esta es una formulación en términos positivos. En términos
negativos significa que durante la vigencia de ese plazo no se
puede reclamar a los tribunales. Señorías, estamos afectando
un derecho fundamental: el derecho de acceso a los tribunales,
y ese derecho fundamental se afecta desde la más absoluta
inseguridad jurídica. La norma dice: Una de las dos partes en
litigio --en la Seguridad Social está el trabajador, por una
parte, y, por otra, la Administración--, en este caso la
Administración, de manera unilateral dice: la otra parte no
puede reclamar a los tribunales durante el período de tiempo
que yo fije. Eso es lo que se dice en lenguaje román paladino.
En términos bonitos y presentables es como se dice en la
norma: el plazo a partir del cual se podrá reclamar. Pero lo
que está claro es que durante la vigencia de ese plazo no se
puede reclamar a los tribunales un derecho fundamental: el
artículo 24 de la Constitución Española. Y la decisión de
vetar el acceso a los tribunales se otorga a una de las partes
en litigio: a la Administración.
Tal como está redactado ese apartado, nos parece claramente
que no es viable desde un punto de vista constitucional. Es
necesario establecer un plazo objetivo y razonable que vincule
a las dos partes. Por eso presentamos una enmienda en la que
recuperamos el plazo que tenía una cierta tradición en el
derecho español, que era de dos años, sin perjuicio de las
excepciones concretas y determinadas que procedan. Pero tal y
como está redactada, insisto, señorías, esa disposición
afecta a un derecho fundamental en unos términos que
entendemos rozan la arbitrariedad y que, por tanto, deben ser
objeto de una modificación; una modificación que establezca el
plazo en virtud de una ley aprobada por esta Cámara y que no
lo deje a la libre disposición de una de las partes en
litigio.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, vaya
concluyendo, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino en breve, señor Presidente.
Dentro de este mismo apartado de prestaciones de la Seguridad
Social queremos hacer referencia a la previsión que se
contiene en estas normas de cobertura de la prestación
económica de enfermedad, de incapacidad temporal por
enfermedad, a cargo de entes distintos de lo que ha sido el
INSS. Se prevé la posibilidad de cobertura por las mutuas.
Incluso en el caso de los trabajadores autónomos se prevé la
posibilidad de la cobertura por las mutualidades de previsión.
Señorías, esto de introducir un ente ajeno a la Seguridad
Social, como son las mutualidades de previsión, en el ámbito
de prestación de la Seguridad Social, nos parece que es poco
coherente y que, en buena lógica, requerirá de normas que
nuestro Grupo presentará para que esas entidades que van a
pasar a gestionar prestaciones de la Seguridad Social se
sometan a las normas ordinarias de la Seguridad Social. En
caso contrario, hay una ruptura importante en el sistema de la
Seguridad Social.
Finalmente, señorías, quisiera hacer referencia al tema
relativo al cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo
parcial. Ya he hecho referencia anteriormente a este tema y he
puesto de manifiesto cómo la reforma laboral introdujo un
cambio sustancial en este apartado. Hasta ese momento, hasta
las leyes 11 y 12 de 1994, los trabajadores a tiempo parcial
cotizaban de manera unitaria por cada jornada que trabajaban,
con independencia de la duración de la misma; fueran cuatro,
cinco, seis, siete horas, era una cotización la que se hacía.
A partir de la reforma laboral, se les computan las
cotizaciones por horas, con lo cual, sin necesidad de alterar
en lo más mínimo los períodos de carencia requeridos por la
Seguridad Social, seguimos manteniendo 15 años para la
jubilación. Sin embargo, al cambiar el sistema de cómputo de
las cotizaciones en los términos indicados, los trabajadores a
tiempo parcial tienen que trabajar mucho más de lo que lo
hacían anteriormente para alcanzar esos mismos niveles
carenciales.
En nuestra opinión, el cambio radical, importantísimo y que
pueda dar lugar a una exclusión de muchos miles de
trabajadores, porque el contrato a tiempo parcial se está
incentivando y está creciendo de manera espectacular, requiere
de un período transitorio. Nosotros lo planteamos con el
objetivo de que los trabajadores mayores de 40 años a 1 de
enero de 1994 tengan derecho a un incremento del 25 por ciento
en las cotizaciones que efectúen a partir de esa fecha como
trabajadores contratados a tiempo parcial. Nos parece que de
ese modo esos trabajadores, en un contexto de carencia de
trabajo, como es el que atravesamos en nuestro país y que
previsiblemente se va a extender durante muchos años en el
futuro, mayores de 40 años, con especiales dificultades para
acceder al trabajo, van a poder disfrutar más o menos de la
misma situación que tenían anteriormente. Sería, por tanto, un
período transitorio especialmente idóneo para conseguir que
esa reforma laboral no produzca un efecto especialmente nocivo
e indeseable.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta. Para la defensa de las enmiendas presentadas
conjuntamente por el Grupo Vasco (PNV) y por el señor
Albistur, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo tiene presentadas tres enmiendas de
adición, tres enmiendas de nueva creación para incorporar al
Título II del proyecto de ley sobre medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Las tres hacen referencia,
señor Presidente, a la misma materia: ponen de manifiesto y
pretenden resolver o remover las dicultades que afectan o el
trato desfavorable que afecta a las entidades de previsión
social voluntaria en relación a los fondos de pensiones.
Las primeras, las entidades de previsión social voluntaria, de
economía social, no lucrativas, están relacionadas con un
instrumento que también constituye el denominado sistema
complementario libre o complementario voluntario de la
Seguridad Social, pero de carácter lucrativo, y que, «ex lege»
al menos, por mandato legal, no deberían tener ningún tipo de
promoción o de bonificación específica. Desde luego, no están
consignadas por el ordenamiento jurídico, so pena de incurrir
en dificultades de inconstitucionalidad y de alterar los
propios requerimientos del principio de igualdades ante la ley
que consagran los artículos 1, 9 y 14 de la Constitución. Son
las enmiendas 20, 21 y 22. Empezaré por las más sencillas, la
21 y la 22, señor Presidente. Lo que pretendemos con la número
21 es que el acceso a las entidades de previsión social
voluntaria se pueda realizar a través de los convenios
colectivos. Es decir, que se pueda tomar de forma colectiva la
decisión de incorporación de los trabajos de una empresa, de
un sector de actividad, un sector productivo, a través de los
convenios colectivos, a entidades de previsión social
voluntaria, no sólo a los fondos de pensiones, que es en este
momento lo que habilita la ley.
Es una discriminación que debe ser corregida y, por tanto, la
enmienda 21 que mi Grupo propone pretende que se posibilite
jurídicamente que el acceso a entidades de previsión social
voluntaria se pueda decidir a través de convenios colectivos o
también por decisiones de los órganos de gobierno de los
colegios profesionales.
La enmienda 22 pretende que se mantenga --algo que ya el
ordenamiento previgente admitía-- la consideración de las
entidades de previsión social voluntaria como entidades
colaboradoras en la gestión del sistema público de Seguridad
Social, en los términos previstos por la disposición adicional
undécima de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.
La más relevante, señor Presidente, en opinión de mi Grupo
parlamentario, y sobre la que pediríamos una consideración más
específica, es la enmienda número 20. En ella se pretenden
corregir las disfunciones más significativas configuradas por
la propia ley, paradójicamente, que afectan a las entidades de
previsión social voluntaria en relación a los fondos de
pensiones, agravios o discriminaciones de naturaleza fiscal y
tributaria. Pretendemos, a través de esta enmienda, que se
extiendan los beneficios fiscales y tributarios que reconoce
el ordenamiento tributario a las entidades de previsión social
voluntaria en las mismas condiciones. Un trato diferenciado no
tendría ningún tipo de justificación, ni razonable ni
jurídico, señor Presidente. Pretendemos que se solucione
definitivamente un problema que llevamos arrastrando desde la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1986 --el
denominado problema de la concurrencia--, que se remueva, en
definitiva, la prohibición que ya esta ley de presupuestos
consignaba de financiar en todo o en parte con recursos
públicos a las entidades de previsión social voluntaria que se
constituían en el seno de las administraciones públicas del
Estado, en el seno de órganos constitucionales o de empresas
públicas.
Esto es un agravio, una discriminación absolutamente
irracional que lesiona la consolidación de entidades de
previsión social voluntaria en el seno de la Administración,
en el seno de los órganos constitucionales, en el seno de las
empresas públicas, mediante una opción que nosotros
consideramos ilegítima, pero que ha sido tomada por el
Gobierno: la de propiciar en exclusiva los fondos de pensiones
en detrimento de cualquier otro instrumento de los llamados a
configurar el sistema complementario voluntario o
complementario libre de la Seguridad Social.
Por último, en el caso de concurrencia de pensiones pedimos
que cuando una es pública y la otra es privada complementaria
o privada libre, el régimen de revalorización, el régimen de
cuantías máximas consignadas por leyes de presupuestos sea
idéntico que para los fondos de pensiones y para las entidades
de previsión social voluntaria y que la cuantía máxima del
supuesto de la concurrencia mediante la aplicación de las
denominadas técnicamente medidas anticúmulo afecte por igual a
los fondos de pensiones que a las entidades de previsión
social voluntaria, así como que los sistemas de revalorización
también afecten por igual a los fondos de pensiones y a las
entidades de previsión social voluntaria.
Señor Presidente, estas enmiendas, y particularmente la última
defendida, la número 20, son requerimientos de genuina
constitucionalidad y respeto estricto, como no puede ser de
otra manera, al principio de igualdad ante la ley que consagra
el artículo 14 de la Constitución.
En cuanto a las demás enmiendas del Título II y disposiciones
adicionales, transitorias, etcétera, concordantes con éste,
las damos por defendidas en sus propios términos. Han sido
suficientemente argumentadas en la Comisión, son conocidas
nuestras posiciones sobre las demás enmiendas de este Título y
no es cuestión en este ambiente familiar que nos acompaña,
señor Presidente, de reproducir de forma superabundante más
argumentaciones.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Olabarría. Para un turno en contra, tiene la palabra el señor
Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, comenzaba el portavoz del Grupo Popular haciendo un
análisis --ya lo había realizado en el debate en Comisión--
sobre la oportunidad o no de recoger en una ley como ésta las
materias que en ella vienen reguladas. No voy a repetir los
mismos argumentos que hacíamos hace escasas fechas, pero sí
convendría concretar algún aspecto que parece olvidarse cuando
se hace esa reflexión general.
Las medidas que se plantean son muy concretas; en algunos
casos, incluso, son medidas absolutamente necesarias. No se
están regulando grandes modificaciones con respecto a los
asuntos que se recogen. Por ejemplo, el tema de mutuas, a que
usted se refería. No se está modificando toda la sustancia de
la normativa que regula básicamente los aspectos que tienen
que ver con la regulación de estos entes. En modo alguno.
Simplemente se recogen una serie de mecanismos muy concretos,
básicamente, como usted bien sabe, destinados a reforzar la
transparencia en la gestión de estos entes sin perjuicio de su
carácter privado, que, evidentemente, como usted sabe,
gestionan dineros públicos. Por lo tanto, nos parece oportuno
regular esos aspectos muy puntuales. Pero, como señalaba en
aquel debate, incluso
vamos a tener en breve fecha --y no se ha roto el debate con
el sector-- un reglamento, que usted sabe que está elaborando
la Dirección General de la Seguridad Social, con respecto a la
normativa de regulación de estos entes. Incluso hay aspectos
que son necesarios. Por ejemplo, si estableciéramos, como
usted hace, que no hay que regular los aspectos, que incluso
esta ley, poco más o menos, sobra en la mayoría de los
términos que regula, nos quedaríamos sin algo tan evidente
como el plan de fomento de la ocupación del año 1995. En la
ley que hemos aprobado tiene que contemplarse lo relativo al
próximo año y se recoge en este texto su regulación. Por lo
tanto, son elementos, como digo, que incluso son necesarios.
No hay ningún problema --yo creo que usted lo sabe
perfectamente, con independencia de que recalque ese
argumento-- de seguridad jurídica a la hora de abordar en un
texto de esta naturaleza aspectos como los que se contemplan.
Ha hecho otra serie de valoraciones en términos generales,
incluso con relación a los pronunciamientos de otros órganos
de consulta, como el Consejo Económico y Social. No tendría
que recordarle lo que acaba de explicitar en esta tribuna el
propio portavoz de Izquierda Unida y el amplio acuerdo, en
muchos aspectos de lo que contempla esta norma, a que se ha
llegado con las propias organizaciones sindicales y
empresariales con respecto a gran parte de esta materia. Por
lo tanto, al CES no se le ha enviado por fascículos el
contenido de la ley --se le ha enviado como se le debe enviar-
- y, como digo, en gran parte la propia respuesta ha sido
satisfactoria.
Usted ha entrado en los temas básicos que plantea
dividiéndolos, como ha hecho en su exposición, en tres bloques
de enmiendas que presentan, relacionados con los mecanismos de
regulación, de reforzamiento de las normas recaudatorias de la
Seguridad Social. De paso, agradezco la valoración positiva
que hacía el portavoz de Izquierda Unida con respecto a esta
materia. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante buscando
la máxima eficacia, simplicidad y celeridad en la gestión
recaudatoria, pero debe ser un objetivo de todos. Como decía,
han presentado un bloque de enmiendas con respecto a esta
materia; otro bloque de enmiendas con respecto a las mutuas
(que, como digo, ya señalaban ustedes en el debate que era una
modificación sustancial, cuando no es así; es una modificación
bastante puntual) y un último relacionado con materias como
contratos, flexibilización de las jubilaciones, etcétera. Con
respecto al primer bloque, en un análisis que voy a intentar
que sea lo más pormenorizado posible dentro de las
limitaciones de tiempo que tenemos, ustedes presentan una
serie de enmiendas que van de la número 185 a la 199. En la
mayoría de ellas argumentan que lo que pretenden es proteger
al ciudadano y dar mayor seguridad jurídica. Nosotros en
muchos de sus aspectos no consideramos justificadas las
enmiendas, entre otras cosas porque incluso, como ustedes bien
saben, el propio texto que modifica, a través del artículo 28,
algunos artículos de la Ley General Presupuestaria, lo único
que hace es trasladar a una ley no presupuestaria aspectos que
ya se habían contemplado en las leyes de presupuestos y que
precisamente por indicación del propio Tribunal
Constitucional, como usted ha señalado, parece más oportuno
ubicar en una norma de esta naturaleza, pero no se está
legislando «ex novo» aspectos que no estén contemplados y
vamos a entrar en alguno concreto.
Con la enmienda 185 pretenden limitar la cesión de datos. A lo
que conduciría de manera práctica es a la paralización de la
actuación de la Administración y, por supuesto, en nada cambia
el precepto con lo que está establecido actualmente. Con la
enmienda 186 pretenden que la autorización se conceda a través
de un determinado procedimiento. Simplemente quiero
recordarles que se concede de manera automática en el día de
hoy. Por lo tanto, no parece razonable introducir elementos
que ya están regulados de una manera clara.
Presentan una enmienda, como la 189, que en nada modifica la
regulación del artículo 27.1.1 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. Así ocurre también con otras
enmiendas como la 190.
Con las enmiendas 191 y 194, que son consecuencia de la
anterior, se desvían de una manera clara de lo que es uno de
los ejes de la reforma que se pretende con respecto a las
normas recaudatorias de la Seguridad Social, y es precisamente
dar mayor seguridad jurídica en la determinación de las deudas
de la propia Seguridad Social. Por lo tanto, no nos parece
oportuno --ya se lo señalábamos en la propia Comisión--
introducir este tipo de enmiendas, al igual que tampoco nos
parece necesario ni justificado poner dos nuevos motivos de
oposición a la providencia por la vía de apremio, tal y como
ustedes pretenden establecer. En la enmienda 197 ponen un
mismo texto que el artículo 111.2 de la Ley General
Tributaria.
Estas son las razones, como le digo (he entrado un poco en los
pormenores, cosa que no hicimos mucho en la Comisión y me lo
requirió), por las que para nosotros este bloque de enmiendas
no nos parece aceptable.
Respecto a las mutuas, ustedes presentan algunas enmiendas que
ya han sido debatidas con referencia a otras leyes. La propia
enmienda 200 ya fue rechazada en el trámite de la Ley 10/1994.
Sobre la enmienda 201 ustedes saben perfectamente que la
Seguridad Social sería responsable de la gestión de las mutuas
en los términos en que ustedes lo plantean. No habría ninguna
responsabilidad por parte de las mutuas; y con independencia
de recoger algunos aspectos de las normas reglamentarias, los
instrumentos de control deberían respetar, al menos, la
competencia
de los servicios de salud en la emisión de altas y bajas.
Ustedes piden que no haya ningún tipo de control y lo
trasladarían a las propias mutuas a la hora de gestionar este
aspecto de la ILT.
Con la enmienda 202 pretenden suprimir algunos aspectos que
nosotros consideramos que deben estar recogidos. Por eso los
ponemos en la propia ley, de tal manera que haríamos un
pequeño análisis de los aspectos que ustedes quieren suprimir.
En primer lugar, los propios órganos directivos de las mutuas
quedarían sin ningún tipo de responsabilidad. Ustedes les
excluyen de cualquier tipo de responsabilidad en la regulación
que representan si suprimiéramos el actual texto de la ley.
Con el segundo punto que pretenden suprimir, lo que
dificultaría de manera clara es la posibilidad de que la
Administración requiriese a las mutuas para que repusieran
reserva.
En el tercer punto se eliminaría la posibilidad de suprimir
determinadas actuaciones que llevan a confusión de intereses.
No sé cómo lo regularían ustedes. Simplemente hablan de
suprimir, pero eso no parece muy claro. En el punto cuarto,
tal y como ustedes lo plantean, lo que estarían propiciando
sería precisamente un aspecto que en otros apartados de este
texto, con respecto a otros entes, pretenden evitar, que es
imposibilitar que se realicen contratos blindados con recursos
públicos. Ustedes pretenden que se suprima esto que se recoge
en la ley, o al menos parece contradictorio con lo que luego
preconizan con respecto a los entes públicos. Desde luego,
nosotros no estamos de acuerdo con esa supresión.
En las enmiendas número 203 y 204 inciden en las
reponsabilidades de los directivos de las mutuas
descargándolos a los mismos, y también pretenden una redacción
alternativa de las incompatibilidades de los que ocupen
órganos directivos de las mismas, que va en contra claramente
con lo que nosotros pretendemos en la norma.
Finalmente, plantean una enmienda, la última relacionada con
este aspecto, con la que lo que vienen a hacer es descafeinar
claramente las competencias de los propios órganos contenidos
en el proyecto, y ya le señalábamos que no nos parecía
oportuna la composición tripartita de esos órganos. Con mayor
celeridad diré que en relación con las enmiendas --ya lo
discutimos en la Comisión-- que plantean sobre la reforma
laboral, la enmienda 206 ya la rechazamos en la Ley de medidas
urgentes del fomento de la ocupación, pretenden extender más
allá de los 65 años la jubilación. En cualquier caso, sí
convendría la necesidad de una enmienda con una propuesta de
esa naturaleza, pero habiendo realizado un estudio exhaustivo,
detallado, de cuáles son los efectos que puede tener
introducir en el sistema una medida de esa naturaleza. Ya le
señalaba que la regulación que ustedes hacían del contrato en
prácticas tendría un coste cifrado en alrededor de 150.000
millones de pesetas, calculándolo por lo bajo. Usted me negaba
ese coste, yo se lo vuelvo a recordar porque estoy convencido
de que usted no querría que fuese ése el efecto que
producirían propuestas como ésas. La propuesta que hace en
relación con las empleadas de hogar desequilibraría el actual
esquema que está planteado de financiación de la seguridad
social. Sería más bien un debate propio de la Sección 60 y,
desde luego, no estamos de acuerdo en introducir este tipo de
cambios que van a modificar substancialmente el equilibrio
finaciero del sistema. Las enmiendas de Izquierda Unida, como
bien señalaba su portavoz, están relacionadas, la mayor parte
de ellas, con la propia nueva regulación de la ILT y la
invalidez provisional, con esa nueva figura que la ley
establece como invalidez temporal. Ustedes aducen en muchas de
esas enmiendas para modificar la regulación que nosotros
pretendemos que la regulación suponga un recorte del derecho
de los trabajadores y alegan, entre otras cuestiones, que
estaríamos minorando claramente la propia acción protectora.
Yo creo que usted lo señalaba con claridad, con independencia
de que luego establecía algunos aspectos que no le parecían
muy claros. He de decir a su señoría que la nueva regulación
no supone en modo alguno desprotección de los trabajadores. Yo
creo que vamos a mejorarles claramente, vamos a darles una
mayor seguridad, porque todos los datos y análisis que se
hacen señalan que, aunque no es una situación adecuada, sin
embargo va a posibilitar incluso una atención más
pormenorizada a efectos del tratamiento de la salud de los
trabajadores y, en consecuencia, creemos que va a ser un
elemento tremendamente positivo, va a obligar a la
Administración a declarar esa situación de invalidez de una
manera más eficaz que actualmente, incluso el cambio de
traspasar las unidades de valoración del Insalud al INS ha
sido permanentemente una reclamación de las organizaciones
sindicales y, como usted señalaba, estos aspectos contenidos
en la regulación de la norma han contado, además, con el
respaldo de las organizaciones sindicales. Por tanto, no
estamos de acuerdo con ese conjunto de enmiendas que ustedes
plantean, ni tan siquiera con los argumentos en los que las
fundamentan, en cuanto a que esto supone una mayor
desprotección y una disminución de los derechos de los
trabajadores.
Respecto de la maternidad, en la ley...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, vaya
concluyendo, por favor.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Concluyo, señor Presidente.
En la ley --creo que S.S. lo verá claramente-- hay
una base importante en relación con la regulación de la
maternidad. Me parece que ése es un aspecto que no se puede
negar. Incluso se suprime la exigencia de la filiación de los
nueve meses anteriores al parto; sí se mantiene la exigencia
de 180 días de cotización, como usted señala, pero se pasa de
un año a un período de cinco, y hemos ampliado el 75 por
ciento de la cobertura de la prestación al cien por cien.
Por tanto, creo que estamos en línea de proteger claramente
esa situación, además, dándole un tratamientono como
enfermedad, sino como una situación totalmente distinta. Por
consiguiente, no estamos de acuerdo con las críticas que S.S.
y su Grupo realizan a los aspectos que regulan esta figura en
el texto. Con respecto a los plazos, estaba señalando que se
producía una clara indefensión de los trabajadores frente a la
Administración. Creo que S.S. está en un error, no estamos de
acuerdo. En primer lugar, no se fijan los plazos porque, entre
otras cuestiones, las situaciones a considerar son
tremendamente distintas, por lo que parece razonable que, ante
situaciones diversas, en la práctica haya también
consideración individualizada de cada una de esas situaciones.
La enmienda de ustedes pretende volver a una situación que ya
los tribunales entendieron no ajustada a Derecho, que no era
otra que la revisión de la invalidez no se pudiese efectuar
hasta transcurridos dos años. Creo que aquí colocamos al
ciudadano en una mejor situación frente a la Administración,
incluso se pone en pie de igualdad a la Administración y al
interesado. Hasta que no se fije la correspondiente
resolución, ni una parte ni la otra pueden instar la revisión
de invalidez, por lo que no hay ningún tipo de indefensión.
Además, S.S. conoce perfectamente que la disposición adicional
undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social ya reconoce que las mutuas puedan gestionar la
prestación económica de la ILT. Por lo tanto, no estamos
introduciendo ningún factor que conlleve a cambiar
sustancialmente aspectos que ya están considerados en la
propia realidad. Además, tendríamos que reconocer que las
mutuas forman parte a su vez del entramado de la Seguridad
Social, porque parece que hay un discurso separado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, por
favor, termine.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Termino, señor Presidente.
El resto de las enmiendas que plantean con respecto a los
contratos, vendría a reproducir el debate de la reforma
laboral. Incluso si atendiéramos alguna de las enmiendas que
ustedes plantean, supondría en la práctica eliminar el
programa de fomento de la ocupación para el año 1995 tal y
como recoge la norma. En el otro turno me extenderé un poco
más a este respecto, pero no estamos de acuerdo con lo que
plantean.
Por lo que hace referencia al Partido Nacionalista Vasco, que
plantea una serie de enmiendas, su Portavoz ha hecho especial
hincapié en tres. En la contestación al resto, me voy a
remitir a la que le dimos en su momento en la Comisión. Creo
que parece más lógico que lo que pretende regular la enmienda
21 lo ubiquemos en el debate del proyecto de ley sobre
supervisión de los seguros privados.
En cuanto a la enmienda 22, creemos incluso que se fundamenta
en un error, ya que la disposición adicional undécima de la
Ley 22 ya ha sido derogada. Por lo tanto, el fundamento en el
que se establece no parece muy adecuado. No obstante, también
convendría recordar que ya las mutualidades de previsión
social pueden colaborar en la gestión de la ILT, por lo que no
nos parece oportuno. Con respecto a su enmienda 20, hemos
analizado el contenido de la misma, como habíamos señalado en
la Comisión, y estamos en condiciones de ofrecerles una
transaccional en la línea de ir equiparando los beneficios
fiscales de que gozan los planes y fondos de pensiones a los
concedidos por las mutualidades privadas de previsión social y
que no determine esos beneficios la naturaleza pública o
privada de sus prestaciones, y también establecer el sistema
de la determinación de cuantías y revalorización y unificación
de valores de las pensiones públicas concurrentes con las de
mutualidades privadas.
El punto dos de su enmienda es un aspecto que nosotros no
hemos terminado todavía de concretar. Le emplazo a que al
menos ese aspecto lo podamos debatir en el trámite del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Trujillo. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor
Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Al Grupo Popular le hubiese gustado que la oposición a
nuestras enmiendas hubiese sido mucho más concreta que la que,
sin duda ninguna, ha producido el señor Trujillo. Creo que
alguno de los conceptos que hemos vertido se sustenta no sólo
en la opinión política de nuestro Grupo, sino en hechos
reales. Me gustaría que el señor Trujillo admitiese que, por
ejemplo, en lo que se refiere a la protección informática de
datos, sería un buen ejemplo saber que para la redacción de
esta norma no ha sido consultada la Agencia Estatal de
Protección de Datos Informáticos. Sin duda que el señor
Trujillo conoce como yo que ha tenido
entrada en la Cámara con posterioridad, no sólo la queja, sino
el informe que concerniente a esta ley ha producido la propia
Agencia, la que ustedes en su proyecto de ley anterior
establecieron.
Nuestra filosofía no es de bloqueo, como le he dicho hace un
momento. No se trata, en absoluto, de obstruir la acción
recaudadora de la Seguridad Social, sino de dotarla de
seguridad jurídica. Y en eso también admítame, señor Trujillo,
que su Grupo tiene la experiencia de que, por no se sabe qué
criterios de agilidad o de rapidez, muchas de las normas
elaboradas por ustedes han tenido posterior modificación tanto
del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, y en
este caso no nos gustaría cometer un error precisamente en una
materia tan delicada y tan importante como es la Seguridad
Social. En relación a las mutuas, ¿qué es lo que busca el
Partido Popular? Le insisto que tres ideas bien sencillas: en
primer lugar, que no sea simplemente una evasión de
responsabilidades del propio Gobierno, que no se limite a
trasladar sólo responsabilidades si no es capaz de trasladar
también medios de compensación, de seguimiento y de control de
aquello que deban hacer y supongo que están dispuestos a
hacer, puesto que hay unos antecedentes de colaboración leal
de las propias mutuas.
En segundo lugar, que las responsabilidades sean efectivamente
sobre los propios actos de los órganos directivos, pero no
responsabilidad de los órganos directivos por posibles
imposiciones unilaterales desde normas dictadas por el
Gobierno; por supuesto que me puede bastar con su palabra, con
su compromiso de que eso no se va a producir, pero es muy
deseable que en la ley figure ese tipo de garantías.
Finalmente, en una propuesta bien concreta, la propuesta de
jubilación flexible, le he citado el hecho de que en debates
públicos, en televisiones públicas, personas cualificadas de
su Grupo, como, por ejemplo, el señor Almunia, han dicho que
era una buena propuesta y que estaban dispuestos a estudiarla.
Mire, mejor será que lo estudien en su momento y con tiempo
que forzados en el tiempo y en el espacio, y se lo digo
después de haber leído la prensa de hoy y haber visto la
disposición de otros Grupos parlamentarios a estudiarla. Yo
les aconsejaría que la estudien por propia iniciativa; no a
toda velocidad ni de hoy para mañana, como sucedió, si lo
recuerda usted, en la reforma laboral, donde se nos decía que
determinadas propuestas nuestras no estaban cuantificadas,
pero en plazo de menos de 72 horas eran aprobadas por el
Gobierno propuestas idénticas que sólo tenían como diferencia
el Grupo parlamentario que las formulaba. Con ello quiero
decirle que, ciertamente, en el tema de jubilación flexible
nos gustaría un esfuerzo de atención y nos gustaría que esa
posible consideración en el Senado se anticipara a esta
Cámara. ¿Por qué? Porque tanto mayor y más intenso sea el
debate mejores normas seremos capaces de producir. Por último,
quiero anunciar que será obligado que algunos de los debates
que hemos tenido se repitan en el Senado. Ello no nos parece
negativo, sino positivo, pero me gustaría que no prime la
escenografía o puesta en escena en este Parlamento sobre la
eficacia de las medidas que los ciudadanos nos demandan. Al
menos así entendemos la política desde el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Aparicio. Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente en la medida en que también ha sido de
ese talante la intervención que en relación con las enmiendas
de mi Grupo ha realizado el representante del Grupo
Socialista.
Quiero decirle que en la intervención que he llevado a cabo
anteriormente he tenido ocasión de dejar claro la valoración
positiva que hacíamos como Grupo parlamentario de los acuerdos
que se habían alcanzado en esta materia, y no sólo la
valoración positiva de los acuerdos como tales, como método,
sino también de la normativa concreta resultante de esos
acuerdos. No obstante, entendemos que el contenido de esos
acuerdos es susceptible de mejora, en unos casos mejora
técnica, y le he citado, por ejemplo, una: ¿por qué razón en
una parte de la duración de la nueva incapacidad temporal se
cotiza y en otra parte no se cotiza? Esta diferencia se
justificaba hasta la fecha porque una cosa era la incapacidad
laboral transitoria durante la que se cotizaba y otra era la
invalidez provisional durante la que no se cotizaba. Pero esa
diferenciación ha desaparecido en la nueva regulación y, sin
embargo, se mantiene legalmente la cotización durante una
parte y la no cotización durante otra parte. Se produce
claramente una incoherencia y una traslación a una nueva
institución unitaria de una regulación que procedía de una
anterior regulación diversificada. En el tema de maternidad,
el representante del Grupo Socialista me ha alegado que se
producen mejoras. Sin lugar a dudas. El que no se conceptúe la
maternidad como una enfermedad, el que tenga una prestación
del cien por cien, en lugar del 75 por ciento, son mejoras;
algunas de ellas guardan relación con el contexto europeo. No
es idea concreta cuya paternidad se pueda atribuir al Grupo
Socialista, sino que guarda relación con directivas aprobadas
en el marco comunitario. Pero le he planteado una mejora de
esa regulación y le he dado razones muy concretas. ¿Por qué
mantenemos la carencia de 180 días en 5 años para tener
derecho a esa mejora, a esa prestación? ¿Cuándo se ha
producido
una modificación en el cómputo de cotizaciones de los
trabajadores de los contratos a tiempo parcial que afecta
fundamentalmente a las mujeres y que da lugar a que para
llegar a esos 180 días tengan que trabajar mucho más de lo que
trabajaban hasta que se ha producido ese cambio en el cómputo
de las cotizaciones? Si queremos mantener una situación más o
menos como antes y los resultados de la situación anterior se
ponen de manifiesto en la caída de la tasa de natalidad de
nuestro país, parece lógico que se redujera el período de
carencia.
Finalmente, en el tema del plazo de revisión, el representante
del Grupo Socialista me ha dicho que yo no tenía razón cuando
decía que se producía una indefensión de los trabajadores con
la nueva regulación que produce la normativa. Creo,
sinceramente, que esa alegación que ha hecho el representante
del Grupo Socialista no es ajustada a la realidad. Piensen,
señorías, en lo que dice la norma a la que presentamos
enmienda: Toda resolución por la que se reconozca el derecho a
prestaciones de invalidez permanente hará constar
necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la
revisión. Vean que dice «el plazo a partir del cual se podrá
instar la revisión». Luego durante ese plazo no es posible
instar la revisión. Y es evidente, señorías, que eso está
condicionando un derecho fundamental de los ciudadanos, que es
el derecho de acceso a los tribunales. Por una decisión de una
de las partes, la Administración, el ciudadano no puede
acceder a los tribunales durante un plazo de tiempo que la Ley
no precisa. Queda al libre albedrío de una de las partes: la
Administración. No es verdad, señor Trujillo, que el plazo de
dos años hubiera sido revocado por los tribunales, como usted
ha dicho. No; lo que los tribunales dijeron, cuando ese plazo
de dos años fue modificado por un decreto posterior que
indicaba que la administración de la Seguridad Social podía
instar la revisión antes de los dos años, fue que el principio
de igualdad de partes implica que también los trabajadores
puedan instar la revisión antes de los dos años. Pero el plazo
de los dos años vinculante para las dos partes estaba aceptado
por los tribunales. Por tanto, señor representante del Grupo
Socialista, insistiría en que, puesto que hoy no terminamos la
tramitación parlamentaria de estos proyectos, atienda
adecuadamente las razones que le he expuesto y consigamos
avanzar en una mejora de esta normativa. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta. El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, sólo quiero
comentar que vamos a aceptar la transacción que nos ofrece el
Grupo Socialista en relación a la enmienda 20. Vamos a retirar
nuestra enmienda número 20, sobre todo, y me interesa consigar
esta expresión en el «Diario de Sesiones», en atención a sus
manifestaciones sobre la posibilidad, que entendemos cierta,
de que va a ser considerada, y no sólo considerada, sino
aceptada en el Senado la parte de la enmienda que no ha sido
objeto de transacción, señor Presidente. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría. El señor Trujillo tiene la palabra.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, intervendré con
mayor brevedad que en el turno anterior.
Señor Aparicio, en el análisis detallado que le he hecho sobre
los aspectos normativos, recaudatorios de la Seguridad Social
de algunas de sus enmiendas le he señalado incluso que lo que
hacen es copiar preceptos que están en otras normas. Yo creo
que no tiene SS.SS. que sentir ningún tipo de preocupación,
créame, y así se lo señalaba en la Comisión cuando le decía
que lo íbamos a estudiar con detenimiento, por si se podía
producir algún efecto no deseable en ese nuevo marco normativo
recaudatorio cara al ciudadano, y créame que no hemos
encontrado una sola razón de las que ustedes alegan en las
justificaciones a las enmiendas que plantean.
Por otra parte, no se pretende, y ya lo decíamos en la
Comisión, y, evidentemente, se seguirá diciendo y debatiendo
en el Senado, que se trasladen responsabilidades sin más a las
mutuas, como ustedes dicen, se les plantean responsabilidades
a las mutuas, en un ejercicio de mayor transparencia en la
gestión, porque, con independencia de su carácter privado,
gestionan fondos públicos y, por tanto, parece lógico que
establezcamos una serie de medidas que ustedes además
pretenden suprimir. Algunos de los aspectos que ustedes
quieren suprimir impedirían que pudiéramos exigir las lógicas
responsabilidades a quienes gestionan fondos públicos en entes
de esta naturaleza. Y, desde luego, yo creo que hemos
introducido una mejora clara de la regulación (aunque sea de
una manera concreta, a la espera de ese reglamento) de este
tipo de entes. Con relación al otro aspecto que usted volvía a
fijar, el de la jubilación flexible, y que es otro debate que
también tenemos permanentemente con su Grupo, y en concreto
con el señor Núñez, respecto a los empleados públicos, lo que
le hemos dicho, y no es un no rotundo, absoluto, es que, en
estos momentos, una medida de esa naturaleza, que requiere
toda la prudencia del mundo, necesita el más exhaustivo de los
análisis en cuanto a las repercusiones posibles. Y no es
cierto, como dice usted, que, cuando se vaya a adoptar una
medida de esta naturaleza, se tenga que producir deprisa y
corriendo, ni por nuestro Grupo ni por ningún otro Grupo de la
Cámara, por cuanto usted conoce perfectamente que se
lleva muchísimo tiempo trabajando en una ponencia ex profeso,
que hemos acordado en esta Cámara, para analizar todo el
sistema de financiación de la Seguridad Social, y en ese marco
es donde un aspecto como éste, tan importante, deberá ser
contemplado o no; pero, en cualquier caso, no de una manera
tan sencilla o tan gratuita como ustedes plantean.
En cualquier caso, en términos generales, las enmiendas que
ustedes presentan con respecto a la Seguridad Social llevan
(al menos a nuestro Grupo le llevan) a la preocupación; están,
por la vía de los ingresos, reduciendo recursos de la
Seguridad Social, y luego, por la vía del gasto, en algunos
momentos, y por utilizar hasta un lenguaje coloquial, nos
pasan por la izquierda. Esa táctica, o esa estrategia (no sé
exactamente cuál sería el término adecuado), desde luego nos
parece tremendamente peligrosa en un debate de esta
naturaleza. Nosotros esperamos que ustedes aborden todos los
temas relacionados con la Seguridad Social de una manera
prudente y con la responsabilidad que requiere un asunto como
éste. Ayer tuvimos ocasión de ver una buena parte del debate
con relación a aspectos relativos a clases pasivas, y no
ofrecían ustedes modelos diferenciados que fuesen garantía
alguna para los ciudadanos en el exterior. Por tanto, nosotros
queremos estudiar eso con bastante detenimiento, lo estamos
haciendo, y no primamos la escenografía; al menos ni a mí ni a
mi Grupo creo que nos pueda usted acusar de estar primando la
escenografía; más bien al contrario: serían otros Grupos (y le
invito a que haga hasta una autorreflexión) los que estarían
permanentemente primando la escenografía sobre los contenidos.
Con respecto a los planteamientos que hacía el portavoz de
Izquierda Unida, evidentemente, yo le agradezco la valoración
que hace de los acuerdos con las organizaciones sindicales y,
por supuesto, cualquier acuerdo siempre es mejorable. Pero en
los aspectos que ustedes están planteando, nosotros
consideramos que no son correctos, o al menos no estamos de
acuerdo con ellos. Ha puesto nuevamente algunos ejemplos.
Repito: hemos pasado el plazo de un año (con respecto a la
consideración de 180 días que hemos mantenido) a cinco. Parece
tremendamente importante, y eso en aras a dar pie, responder a
la nueva regulación y al uso que el mercado de trabajo está
haciendo de modalidades contractuales que se han potenciado.
Por eso se amplía de manera significativa ese plazo, y nos
parece que ese elemento es suficiente, junto con el resto de
mejoras que usted mismo ha reconocido, para tratar la
maternidad como consideramos se merece.
Con respecto a las cotizaciones, las enmiendas que ustedes
presentan lo que hacen es romper con el principio de
proporcionalidad que fundamenta el propio carácter
contributivo de las prestaciones, cuando rompen los períodos
de cotización con el tiempo a que luego se pueden acoger. Por
eso no nos parece adecuado. Incluso ustedes pretender romper
con toda la actual regulación del contrato a tiempo parcial.
Yo creo que usted reconoce, o al menos podría reconocer, que
no se produce ninguna desprotección, siempre y cuando,
evidentemente, se respete escrupulosamente ese principio de
proporcionalidad que yo le estaba señalando.
Respecto a los plazos, el que se debe plantear en la
resolución es en términos positivos, como usted bien señalaba;
no creo que tengamos que hacer lecturas perversas de la
relación que va tener la Administración con los ciudadanos. No
olvidemos que ni una ni otra parte podrá instar la revisión de
la propia invalidez. Por lo tanto, están en igualdad tanto la
Administración como el ciudadano al que se le está prestando
determinado servicio. Al señor Olabarría --y concluyo-- le
agradezco el aceptar la transacción. Evidentemente, en los
mismos términos que me expresaba en la Comisión, mantengo lo
dicho respecto a ese punto 2. Lo vamos a analizar y ver de qué
manera se puede abordar en el Senado.
Señorías, en el trámite de Comisión hemos introducido, si no
un número cuantitativo de enmiendas, sí tremendamente
positivas. Ha habido enmiendas --y no sólo de nuestro Grupo,
sino del Grupo Vasco y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya--, como las relativas a la condonación de las
deudas antes del 1 de enero de 1985 de las empresas que tenían
deudas con el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que van
a suponer una medida enormemente importante para las empresas
de economía social, y hemos dado un impulso importante a la
regulación, a la protección, a la consideración hacia la
familia. No es cierto, como está argumentando el Partido
Popular --y lo estamos viendo en la Ponencia que estudia la
familia--, que en España exista una desregulación y un
desinterés con respecto a las políticas de familia. Las
políticas relacionadas básicamente con la protección social,
que son más de la mitad de este presupuesto que estamos
debatiendo, son políticas relacionadas con la familia. El
acuerdo que hemos adoptado y que se va a llevar a la práctica
en los Presupuestos para 1995 con respecto a las pensiones,
significa más de 400.000 millones de pesetas de rentas
transferidas directamente a las familias. Por lo tanto, no
estamos de acuerdo con esas valoraciones que hacen ustedes de
los grandes avances que se producen en el presupuesto, porque
éste es un presupuesto hecho desde las posibilidades
económicas hacia la solidaridad.
¡¡¡OJO!!! LADILLO
Títulos
III y IV
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
del Título II, vamos a pasar al debate conjunto de las
enmiendas presentadas a los títulos III y IV del mismo
proyecto de ley.
Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente
por el Grupo Vasco (PNV) y por el señor Albistur, tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, intervengo para
dar por defendidas en sus justos términos las enmiendas
correspondientes a estos capítulos, dada la defensa que de los
mismos hicimos ya en Comisión. Creemos que no es relevante
volver otra vez a comentarlo. Por lo tanto, damos por
defendidas las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Zabalía. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, si ayer, al
debatir el título III de la ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, echábamos de menos un proyecto de estatuto
de la función pública para poder estudiar y reflexionar sobre
el sistema retributivo de los funcionarios con la serenidad y
el tiempo que un asunto de esta naturaleza requiere, hoy, con
mucho más motivo, reclamamos dicho proyecto, porque para otros
asuntos, de la misma o mayor importancia que el anterior, se
nos obliga a trabajar sobre unos textos que son medidas
parciales, parcheadas, torpes, dadas en respuesta a los
compromisos que figuran en el acuerdo Gobierno-sindicatos,
refrendados por el Consejo de Ministros el pasado 15 de
septiembre. ¿Por qué hacerlo ahora si, según ustedes, dentro
de unas semanas vamos a tener en esta Cámara el Estatuto de la
Función Pública? ¿Por qué hacerlo ahora?
Por tanto, estamos ante un debate falso, casi fraudulento y,
desde luego, inútil. Si participamos en este debate con
nuestras enmiendas es por el profundo respeto al Parlamento y
para compensar el que no tiene a esta Cámara el Gobierno.
El debate es falso porque el texto de los Títulos III y IV de
la ley de acompañamiento trata de sortear la clara doctrina
del Tribunal Constitucional que en varias sentencias cortó de
raíz la perniciosa manía de los gobiernos socialistas de
incluir año tras año, en anteriores leyes de presupuestos,
preceptos y normas sin sustancia presupuestaria.
El debate es inútil no ya porque nuestras enmiendas van a ser
totalmente rechazadas sino porque a esta ley-comparsa le va a
ocurrir lo mismo que le ocurrió o que le está ocurriendo a la
Ley 22/1993. La citada ley dedicaba también el Título II a
normas sobre la Función Pública que, conforme anunciaba la
exposición de motivos, tenían la finalidad de coadyuvar al
cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos en
los presupuestos para 1994. Como recordaba en Comisión el
pasado día 9, cumplido prácticamente el ciclo normal de
vigencia de la Ley 21/1993, que aprueba los Presupuestos
Generales del Estado para el año en que estamos, hemos
chequeado el grado de ejecución y eficacia de la famosa y
estéril Ley 22/1993, para comprobar estas tres cosas: si las
reformas eran adecuadas; si las reformas habían dado sus
frutos; y si estaban justificadas las razones de tanta
urgencia como nos exigió el Gobierno a los legisladores. La
conclusión es la siguiente: las reformas no eran las
adecuadas; no coadyuvaron, en absoluto, a rebajar el déficit
público (las cifras cantan), ni tampoco a mejorar la Función
Pública.
En lo que a nuestros títulos respecta, hicimos al Gobierno --
se lo recordé al señor Trujillo en Comisión-- las siguientes
preguntas: ¿Cuántos planes de empleo de los regulados por la
Ley 22/1993 están publicados --señor Trujillo, publicados-- en
el «BOE» y cuántos en vigor? No me diga que los están
preparando. ¿Cuántos son los ministerios implicados en dichos
planes de empleo? ¿Cuál es el número de funcionarios afectados
por la consiguiente reasignación de efectivos? ¿Cuál es la
previsión de posibles excedentes? ¿Cuáles son los mecanismos
de reasignación de efectivos en otros ámbitosde la
Administración del Estado y en las comunidades autónomas? No
es necesario esperar a que se produzcan (¿no reclamaba usted
el otro día la potestad reglamentaria del Gobierno?) para
haber desarrollado la Ley en este sentido? La respuesta para
todas las preguntas, pese al loable esfuerzo del señor
Trujillo por disculpar al Gobierno en la Comisión de Economía,
ha sido la siguiente: Hay algunos planes en preparación, pero
desde luego ninguno publicado ni en vigor; no hay ministerios
implicados; no hay excedentes; no hay mecanismos de
reasignación, que debieran estar preparados --repito-- aun
cuando no hubiera excedentes.
Recordé en la Comisión y recuerdo en este Pleno que desde las
filas socialistas nos engatusaron diciendo que era urgente
contar con aquel bálsamo milagroso --le llamé de fierabrás el
pasado día 10-- que destilaba la Ley 22/1993 porque con él se
reduciría el gasto público y, por tanto, el déficit.
Pues bien, sin tiempo para reponernos de los decepcionantes
resultados de la Ley 22/1993, nos encontramos con otro
proyecto semejante al que nuestro grupo ha presentado una
enmienda de totalidad y varias al articulado, la mayor parte
de las cuales ya han sido defendidas por mis compañeros,
correspondiéndome defender las relativas a los Títulos II y IV
y a las disposiciones finales, transitorias y adicionales que
con ellos guardan relación.
El Gobierno, señorías, se ampara en el acuerdo con los
sindicatos de la función pública para justificar algunas
innovaciones en materia de retribuciones,
carreraadministrativa, laboralización, consolidación de empleo
temporal, oferta de empleo público, etcétera, que constituyen
el contenido del Título III de este proyecto de
ley. Pues bien, tales cuestiones afectan, directa o
indirectamente, al ámbito de lo que debe ser el Estatuto de la
Función Pública, y tendría que ser cuando se enviase a esta
Cámara el oportuno proyecto de ley cuando estas cuestiones se
debatieran y legislaran.
Además, a este propósito, el Gobierno y los sindicatos
adquirieron únicamente el compromiso de discutir y negociar,
antes del 31 de marzo de 1995, los que podrían ser criterios o
líneas básicas que sirvieran al Gobierno para elaborar el
correspondiente Estatuto de la Función Pública. Por eso no es
presentable ni justificable que el Gobierno, después de 12
años mareando la perdiz e incumpliendo no sólo sus promesas
sino lo dispuesto en el artículo 103.3... Nos han mareado
tanto, señor Caldera, que cuatro ministros seguidos tienen
promesas en el «Diario de Sesiones» con fechas de envío y
ninguno las ha cumplido; si eso no es marear la perdiz, dígame
usted otro modo más ameno de calificarlo. Ahora se descuelgan
con una serie de reformas y medidas parciales descoordinadas
entre sí, fuera de un contexto que defina claramente el modelo
de función pública que se busca y se necesita.
Ayer considerábamos la necesidad de reformar el sistema
retributivo como uno de los motivos para acometer la
elaboración del Estatuto de la Función Pública, que se revela
como imprescindible para clarificar y simplificar su régimen
jurídico y dotar a las administraciones de los recursos
humanos idóneos para dar respuesta a las crecientes demandas
sociales. Hoy añado otro motivo. Y es la necesidad de perfilar
la carrera administrativa basada en los principios de mérito y
capacidad, a través de un cuadro normativo estable que impida
las distorsiones a que continuamente se ve sometida la
organización administrativa por el procedimiento abusivo de
solucionar, mediante sucesivas reorganizaciones, los problemas
creados por el deficiente sistema retributivo y la
inexistencia de una verdadera carrera administrativa en el
seno de la función pública. Es objetivo general del Estatuto
que se necesita contribuir, por tanto, a la cohesión global
del sistema de administraciones públicas en el camino ya
iniciado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídicode las Administraciones Públicas y del
procedimientoadministrativo común en materia de Función
Pública, así como homogeneizar el régimen jurídico del
personal al servicio de la Administración General del Estado,
tanto el destinado en los órganos centralizados como el que
presta sus servicios en cualquiera de sus entes, agencias y
empresas descentralizadas funcionalmente, sin perjuicio de las
modalidades de contratación estrictamente derivados de la
naturaleza de los fines que estos últimos tengan encomendados.
Que ante tamañas necesidades este proyecto de ley adelante
soluciones parciales, como las que se reflejan en los
artículos 56, 57, 58 y 59, no sólo es una chapuza; es una
impertinencia. Pero es que, además, las medidas propuestas no
mejoran la situación en ningún aspecto, al contrario, agravan
la falta de transparencia, incrementan la discrecionalidad, no
contribuyen a la necesaria moderación del gasto corriente y se
alejan de los principios constitucionales de capacidad y
mérito en el acceso a la función pública, imparcialidad en su
ejercicio y acceso en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos. Son, pues, profundas y sólidas razones de
procedimiento y de fondo las que justifican la enmienda de
totalidad.
En cuanto a las enmiendas al articulado, las voy a agrupar,
como ya hice en Comisión para un mejor debate de las mismas,
en los cuatro apartados de entonces. El primero hace
referencia a las relaciones de puestos de trabajo. A ello se
refieren las enmiendas números 210 y 222, que introducen una
disposición transitoria nueva emplazando al Gobierno para que
concluya todas las relaciones de puestos de trabajo antes del
31 de marzo y las publique en el «Boletín Oficial del Estado».
Ayer, al defender las enmiendas al Título III, ya tuve ocasión
de referirme a los perversos resultados que el bosque espeso y
maloliente de las RPT está produciendo en la Función Pública y
al «Diario de Sesiones» me remito. Simplemente añadiré que la
elaboración y continua revisión de las RPT, de las relaciones
de puestos de trabajo, abrió la posibilidad de que puestos del
mismo nivel reciban retribuciones sustancialmente diferentes -
-¿o eso no es verdad?--, y ha convencido a los funcionarios de
que la mejora de retribución de su puesto no depende
finalmente de criterios objetivos. Por eso las oficinas
públicas se han convertido en hervideros de conspiraciones con
las que todo nepotismo, influencia política o sindical,
agravio comparativo interno o externo tiene su asiento. El
Gobierno no puede mantener «sine die», como le permite el
proyecto, esta situación, que, a pesar de las continuas
denuncias, sigue siendo, señorías, cada día más grave.
Dentro de este apartado, las enmiendas números 211, 212 y 213
solicitan la supresión de los artículos 57, 58 y 59 de este
proyecto de ley. Las cuestiones relacionadas con la
adscripción de puestos a personal funcionario laboral, la
promoción interna en convocatorias independientes y la
aprobación interna del Grupo D al C con posible dispensa de
titulación son cuestiones de mucho interés, pero no pueden ni
deben ser tratadas de forma aislada fuera del estatuto de la
Función Pública que, además, según ustedes y repito otra vez,
estána punto de enviar a esta Cámara. ¿Cómo se compagina esta
urgencia con la promesa de un pronto envío? ¿Por qué? Además,
la nueva excepción que pretenden introducir al artículo 57
supone nada menos que la infracción de un principio
sentenciado por el Tribunal Constitucional, según el cual
todos los puestos de la Administración pública deberían ser
desempeñados por funcionarios y sólo excepcionalmente por
quienes no lo fueran.
Similares reflexiones sirven para defender la enmienda 224,
que solicita la supresión de la disposición transitoria
novena, que autoriza, durante el tiempo que va de 1995 a 1997,
a crear plazas de carácter laboral a través de un alambicado y
confuso procedimiento, cuya finalidad última sólo puede ser,
una vez más, la tapadera para consolidar situaciones de algún
privilegio, en claro menoscabo de los principios --otra vez--
de mérito y capacidad. ¿No les basta a ustedes con el artículo
32 de la ley de presupuestos para hacer estas chapuzas? Las
enmiendas 217, 218 y 221 tienen relación con lo anterior y se
refieren a los funcionarios y al personal fijo de la
Administración del Estado, que deben tener, según la
disposición adicional que nuestro grupo propone, preferencia
absoluta para cubrir los puestos de trabajo en los entes
públicos a que se refiere el artículo 6.º de la Ley General
Presupuestaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya
concluyendo. El señor NUÑEZ PEREZ: Voy concluyendo, señor
Presidente, pero tenga en cuenta que estoy defendiendo dos
títulos y todas las enmiendas a las disposiciones adicionales,
transitorias y finales. Estoy colaborando en acelerar el
debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia ya lo
ha tenido en cuenta.
El señor NUÑEZ PEREZ: Lo agradezco mucho.
En lo tocante a retribuciones poco puedo añadir a lo que
expuse ayer al defender las enmiendas al Título III. A ello me
remito, en el bien entendido de que el propósito principal y
la mayor preocupación es limpiar de impurezas y ambigüedades
el sistema; que la transparencia y los criterios objetivos
sean la base del sistema retributivo. Por eso la enmienda
número 216 prohíbe que los altos cargos perciban sobresueldos
y dietas por asistir a consejos de administración de las
empresas públicas. Será también la enmienda 216 una enmienda
inevitable al proyecto de ley de incompatibilidades que ya han
enviado a esta Cámara y que permite a determinados altos
cargos, más de quinientos, que sigan disfrutando de estos
privilegios.
La enmienda 218 prohíbe los famosos contratos blindados, pero
no de la tímida y ambigua manera que lo hace el acuerdo del
Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 1993, sino con
carácter general y con efectos retroactivos. ¿Saben, señorías,
sabe señor Trujillo, cuántos contratos blindados permanecen en
el sector público después de que el Consejo de Ministros los
prohibiera por el acuerdo a que antes he hecho referencia? Los
mismos, exactamente los mismos. El tercer apartado lo hemos
reservado para el problema de las jubilaciones de las cuales
se ocupa la enmienda número 220 que, coherente con nuestras
iniciativas anteriores, y coherente, como es lógico, con el
planteamiento que ha hecho con carácter general mi compañero
señor Aparicio, trata de modificar el artículo 33 de la Ley
30/1984, proponiendo un sistema de jubilaciones para todos los
grupos de funcionarios basado en la voluntariedad y en la
flexibilidad. Decía en Comisión que el paso del tiempo hace
cada día más necesaria la modificación del artículo 33. Ahora
ya no son únicamente razones de carácter intrínseco a la
Función Pública las que desautorizan dicha medida, son razones
puramente pragmáticas y prueba de ello han sido las
rectificaciones llevadas a cabo por el propio Gobierno
socialista para los docentes universitarios y para la carrera
judicial. Las rectificaciones parciales han producido
discriminaciones difíciles de explicar ante el principio de
igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución
española.
Con la enmienda que proponemos se lograrían tres objetivos
principales: Primero, adecuar la Función Pública al sistema
general de la Seguridad Social, donde no existen las
jubilaciones obligatorias a los 65 años. Segundo, tomaríamos
la iniciativa ante lo que todos los analistas pronostican,
acerca de la necesidad de impulsar medidas flexibilizadoras en
razón de parámetros demográficos y de financiación de las
pensiones, a la que antes se refería mi compañero el señor
Aparicio. Tercero, tendría efecto inmediato sobre el gasto
público porque el Estado vería sustancialmente reducido el
gasto corriente de retribuciones y clases pasivas.
Termino ya, señor Presidente, refiriéndome rápidamente al
cuarto apartado de nuestras enmiendas al Título IV, normas de
gestión y organización, al que hemos presentado las enmiendas
números 214, 215, 219 y 223. De nuevo volvemos a preguntarnos,
si el Gobierno va a enviar a esta Cámara, como prometió el
Ministro para las Administraciones Públicas, y su Secretario
de Estado hace muy pocas semanas en esta Cámara, la llamada
Lofage, y traduzco: ley de organización y funcionamiento de la
Administración y Gobierno del Estado; Lofage, si uno repite
las siglas varias veces puede necesitar el otorrino. ¿Por qué
estas aisladas y descoordinadas normas sobre organización y
gestión? Si vamos a tener ese texto ¿por qué este adelanto?
¿Por qué este tráiler tan mal hecho? ¿No podíamos esperar unas
semanas para debatir todo junto? Rechazaron ustedes la
posibilidad que les brindaba la proposición de ley de nuestro
grupo, defendida el pasado día 15 en esta Cámara por nuestro
compañero señor Martín Villa, porque, según ustedes, y fue su
argumento principal, tenían preparado su propio proyecto.
Esperemos que después de doce años de desidia venga a esta
Cámara pero, entre tanto, repito, no deberían adelantar
acontecimientos con objetivos pacatos, como los que figuran en
el proyecto de ley, y con planteamientos equivocados.
El gran objetivo a alcanzar sería la elaboración de
un diseño global de las administraciones públicas, teniendo en
cuenta tres circunstancias fundamentales: primero, la crisis
del sector público y la necesidad de su reforma; segundo, la
necesidad de fijar la posición y competencia de la
Administración del Estado, respecto de la Comunidad Europea;
y, tercero, la realidad de nuestro Estado autonómico.
Las medidas que nos proponen en el título IV, ni de lejos
sintonizan con estas circunstancias, ni siquiera con el último
del que nace la duplicidad de servicios para prestar una misma
función, con duplicidad de medios y, lo que aún es peor, con
desorientación, confusionismo para funcionarios y ciudadanos.
A falta de ese marco normativo en el que concretar la
organización y estructura de la Administración del Estado, el
Gobierno opta una vez más, en este proyecto de ley, por la
discrecionalidad más absoluta, mediante el mecanismo de
amplias autorizaciones para que el Presidente del Gobierno
pueda hacer de su capa un sayo. Así lo dice el artículo 72 al
que nuestra enmienda número 214 se refiere. El Presidente del
Gobierno, según nuestra enmienda, no debe establecer por
decreto más cambios que los que se refieren a la organización
interna de los ministerios. Para cambiar el número de los
mismos o para introducir modificaciones que supongan aumento
de gasto público tendrá que utilizar el proyecto de ley y será
el Parlamento quien tenga la última palabra. Del mismo modo el
artículo 33 de este proyecto dice al Gobierno que reduzca los
organismos públicos, pero cuando quiera; es decir, en
cualquier legislatura de éstas. El texto del artículo es bueno
porque copia literalmente una enmienda que el Grupo
Parlamentario Popular viene presentando a los Presupuestos
Generales del Estado desde 1992, pero para que sea una norma
eficaz y produzca la drástica reducción de los organismos
públicos inútiles, o que se hayan quedado vacíos de
competencias, hay que pedirle al Gobierno que lo haga antes
del 31 de enero de 1995.
Del mismo modo, y ahora ya sí que termino, señor Presidente, y
en el mismo tiempo el Gobierno tiene que determinar el número
de puestos con sus características y retribuciones que podrán
ser desempeñados con carácter eventual dentro de los créditos
presupuestarios consignados al efecto. Los referidos puestos
serán desempeñados preferentemente por funcionarios, y
excepcionalmente por personal eventual. La enmienda nuestra en
concordancia con la proposición de nuestro Grupo Parlamentario
Popular, a la que antes me he referido, deja los límites
máximos de los asesores que puede nombrar cada Ministro o cada
Secretario de Estado.
Finalmente, la enmienda número 219 se refiere a los altos
cargos y puestos directivos de alto nivel. No se trata de
seguir denunciando el excesivo número de los mismos (han
crecido de la manera exorbitada que todos sabemos) y la falta
de transparencia en relación con su sistema retributivo, pero
a quienes desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario que
le apoya sigan tildando de exagerada y demagógica nuestra
información, les aconsejo que se dirijan a los registros de
personal del Ministerio para las Administraciones Públicas, y
a los datos suministrados por el Gobierno que figuran en el
anexo correspondiente a la estructura orgánica del personal en
la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del
Estado para 1995.
Nuestra enmienda pretende que, dado el traspaso de
competencias a las comunidades autónomas desde 1983, los
Ministerios guarden una estructura de altos cargos y puestos
directivos que se asemeje lo más posible en su número a la que
había en aquel año cuando todas las competencias estaban
residenciadas en los ministerios. Los datos actuales y los de
reducción figuran claramente en la enmienda y no voy a cansar
a SS.SS. describiéndoselos. No quiero, por tanto, perderme en
cuantificarla, porque lo importante es el mensaje principal, y
eso queda claramente reflejado en el texto de nuestras
enmiendas. Para ellas pido el voto favorable de SS.SS.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, en
relación con nuestras enmiendas a estos dos títulos (el III,
del personal, y el IV sobre normas de organización y gestión)
las del primer título podrían también resumirse de forma
parecida a como se acaba de escuchar en esta tribuna. Estamos
a la puertas de una norma que parece ser que el Gobierno ha
asumido el compromiso por enésima vez de remitir a la Cámara -
-puesto que la Ley 30/1984 se denominaba de medidas urgentes--
para regular todo lo que se refiere a los empleados públicos.
Si eso es así no tiene sentido que se introduzca en esta ley
una serie de artículos que modifican en algunos casos
sustancialmente lo que ha sido la normativa hasta ahora.
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo sobre si los
funcionarios del Grupo D que no tengan titulación pueden
acceder a los niveles C, pero no discutirán SS.SS. que esta es
una modificación sustancial al sistema de empleados públicos
de nuestro país; por tanto, estas modificaciones tan
importantes al sistema deben hacerse en un marco global, cual
es el de la ley de los empleados públicos. Existe el argumento
de que esto está en los acuerdos del 15 de septiembre. También
están los de los niveles C al B, están otras cosas y las otras
no las han puesto, supongo que porque exigen más reflexión,
son unas cosas más importantes, pero, señorías,
estoy llamando la atención de que la quiebra del sistema
vigente hasta ahora exige una reflexión y es que sin
titulación se pueda acceder de un grupo a otro, de un nivel a
otro nivel. Hasta ahora eso era una cuestión que nadie se
había atrevido a tocar en el sistema de empleados públicos de
nuestro país, y digo que podemos estar de acuerdo o no, pero
no tocar sólo los del grupo D. Además, señorías, de los
acuerdos del 15 de septiembre se ha cogido lo que se ha
querido. Tengo aquí el acuerdo número 24 que dice: Durante el
período 1995-97 se impulsará el proceso de funcionarización,
etcétera. Van SS.SS. al artículo 57 del proyecto, actual 59, y
se dice que incluso las funciones administrativas podrán ser
desempeñadas por laborales y no por funcionarios; por tanto,
se está en contradicción con algunas cosas firmadas también el
día 15 de septiembre. En definitiva, señorías, toda esta parte
referida a los funcionarios públicos, en lo que supongan
modificaciones sustanciales debería abordarse en el marco de
la regulación de la ley de los empleados públicos.
Hay algunos artículos que se refieren a problemas detectados
ya en otras leyes de presupuestos y planteados por diferentes
grupos como, por ejemplo, los funcionarios locales docentes.
Estamos de acuerdo puesto que es una reivindicación antigua,
pero hemos presentado una enmienda, la número 105, que
pretende que otro colectivo de funcionarios docentes, como son
los de instituciones penitenciarias, también puedan incluirse
dentro de la función docente general por las distintas
administraciones públicas con competencia en la materia.
Cada cinco o seis meses, creo que por enésima vez, se toca el
tema de los funcionarios de habilitación nacional. Tengo que
comenzar reconociendo que la aceptación en Comisión de la
enmienda número 53, del Grupo Socialista, efectivamente, por
lo menos ha impedido la quiebra del sistema existente hasta la
fecha, puesto que nosotros habíamos advertido que con este
precepto se iba a permitir que los municipios contratasen a
personal no funcionario para hacer funciones reservadas a los
de habilitación nacional. Y ¿por qué se iba a contratar a no
funcionarios? Aunque sólo sea porque eran más baratos,
argumento que he escuchado en muchas corporaciones; es mucho
más barato contratar a un no funcionario que a un funcionario
de habilitación nacional. Como se permitía la contratación
indiscriminadamente, eso iba a ser una quiebra del principio y
podía traer consecuencias nefastas. Al provocar mediante la
enmienda 53, del Grupo Socialista, la intervención de la
comunidad autónoma, esperamos que el desafuero no sea tan
grande como era previsible. En todo caso, queríamos que esto
se eliminase y se mantuviese lo que ya existe, es decir, que
se pueden nombrar en determinados casos y sólo cuando falla,
tanto la intervención del Ministerio para las Administraciones
Públicas como la intervención de la Diputación provincial, es
decir, todos los que tienen obligaciones, se pudiera ir a este
tipo de contrataciones accidentales.
También estamos de acuerdo en que las relaciones de puestos de
trabajo que faltan se hagan cuanto antes y que, una vez que se
terminen todas, podamos establecer una evaluación de ese
método, la relación de puestos de trabajo, que ya sabemos que
ahora no es del gusto del ministerio, pero para poder hacernos
una idea de cómo ha funcionado hasta ahora.
De las enmiendas referidas al Título IV, de gestión y
organización, voy a hacer mención sólo a dos o tres. Por una
parte, la número 108 pretende establecer con carácter general
y en la norma, que los anexos de inversiones tengan que estar
territorializados. El año pasado el Ministerio remitió a los
diferentes grupos una información, que consideramos muy
valiosa, de las inversiones por comunidades autónomas. Creemos
que es un elemento útil que de hecho sabemos que el Grupo
Socialista lo utiliza todos los años, pero sólo dicho Grupo
Socialista tiene acceso a esa información. No sabemos si este
año también lo tendrá el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
pero, a pesar de haberla solicitado, el ministerio no ha
remitido este año a los grupos las inversiones
territorializadas por comunidades autónomas. Creemos que es
bueno, que no cuesta dinero, salvo el papel, y puesto que la
información de los dígitos de las provincias figura en los
proyectos, es cuestión de utilizar la informática para sacar
ese anexo de inversiones territorializadas.
Y hemos incluido algunas propuestas en el debate en estos
días, como el tema de los gobernadores civiles y algunas
cuestiones de este tipo. Dentro de las obras de interés
general, obras hidráulicas, presentamos dos enmiendas, la 111
y la 112, una referida al pacto del agua en Aragón, para
incluir tres pantanos y, otra, un canal en Cataluña, del río
Segre, obras de interés general. Después hay una enmienda
sobre la que me gustaría llamar la atención a SS.SS., que es
la 118, respecto a los que sufrieron prisión durante la Guerra
Civil y la dictadura. Señorías, este Congreso no saldó una
deuda --porque ya se dijo en su momento que no era saldar
ninguna deuda--, pero tuvo un gesto, puramente simbólico,
puesto que, efectivamente, se trataba de indemnizar con un
millón de pesetas a quienes hubieran sufrido prisión por
razones políticas durante tres o más años.
Cuando se aprobó la norma ya advertimos que iba a ser
insuficiente, porque había una serie de requisitos, por
ejemplo, que la viuda debía tener pensión de viudedad, lo cual
se quitó al siguiente año; también dijimos que debía tener los
65 años cumplidos en el momento de dictarse la norma; otro,
que muchos de los afectados que sufrieron la cárcel, la
prisión por razón de sus ideas, pudiera ser que ya no
estuvieran en estos
momentos vivos. Ese tema, señorías, no lo hemos resuelto a
pesar de los intentos que se hicieron en los años sucesivos.
En estos momentos creemos que hay que resolver por lo menos
dos de las cuestiones: una, la referencia al 31 de diciembre
de 1990 debe suprimirse. Nadie entendió entonces, ni lo
entiende ahora, que quienes tuvieran 65 años percibieran un
millón, que es, insisto, un gesto simbólico, no es el coste, y
quienes tenían sesenta y cuatro años y medio no pudiesen
percibirlo. Además, esos señores o señoras que tenían sesenta
y cuatro años y medio ahora tienen ya más de 65 años. ¿Qué
problema hay ni para las arcas del Estado ni para nada en
abrir de nuevo el período y quitar el requisito de tener
cumplidos los 65 años en 1990?
Señorías, ahora sí que estamos hablando del chocolate del
loro; es un problema de gesto político y de sensibilidad de la
Cámara, no es un problema que vaya a hundir más de lo que está
a la Hacienda pública. En relación con este tema están las
enmiendas números 118 y 127. Hay otra serie de enmiendas que,
en aras de la brevedad, doy en estos momentos por defendidas.
Nada más. Muchas gracias.
En señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco. Para la defensa de las enmiendas del Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero solicitar que se dé por reproducido cuanto
hemos expresado en nuestras enmiendas y que se sometan en su
momento a votación. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Finalmente, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra
el señor Chiquillo.
El señor OLARTE CULLEN: Nos ha pedido, señor Presidente, que
se den por reproducidas sus enmiendas en los mismos términos
que acabo de expresar en cuanto a las mías, lo cual hago muy
gustosamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, ha vuelto usted a traernos el debate tanto del
Título III como el producido hace varios días precisamente
como consecuencia de la proposición de ley de organización del
Gobierno y de la Administración general del Estado que su
Grupo planteaba.
Señala S.S. que ese discurso suena como el bolero de Ravel. Yo
creo que nos va sonando un poco más a música bakalao, pero no
de la buena, porque es repetitiva. No sale, además, de los
adjetivos descalificadores en general de todo lo público.
Usted ha establecido que esto es un debate falso, una chapuza,
una impertinencia. Ha hablado de crisis del sector público. Yo
no sé qué tipo de reflejo psicológico puede usted plantear,
quizá incluso algún anhelo, con relación a lo público, pero
esto no es cierto con relación a la organización de nuestra
Administración.
Efectivamente, como usted señala, en breves fechas vamos a
tener en la Cámara una ley de organización y funcionamiento de
la Administración general del Estado. Ya tenemos la Ley de
Incompatibilidades, vendrá el estatuto de la Función Pública y
eso, además, con un nivel de acuerdo importante con las
organizaciones sindicales, cosa que, al parecer, a S.S. no le
gusta demasiado. Probablemente sea de los aspectos que menos
le gustan del debate actual sobre los empleados públicos.
Para descalificar la regulación que se pretende con relación a
los empleados públicos, a la Administración pública, en los
Títulos III y IV, emitía usted un juicio negativo de la Ley
22/1993, señalando que no mejora la Función pública; habla de
que no hay planes de empleo, etcétera. Su señoría es
consciente de que se está desarrollando. Estamos hablando de
una materia de una gran complejidad. Ya me advertía que yo le
iba a decir esto, pero S.S. es perfectamente consciente de que
se está trabajando en la dirección adecuada en cada uno de los
aspectos que regula dicho principio normativo.
Voy a procurar --ya lo intenté el otro día con su compañero el
señor Martín Villa-- desmontar alguno de los argumentos que
S.S. establece de manera descalificadora para el sector
público, para la Administración Pública. Señor Núñez, usted
está permanentemente acusando al Gobierno socialista de trato
discriminatorio, de trato de favor, de conculcar los
principios de igualdad, mérito y capacidad. Y yo creo que el
otro día le dábamos un dato bastante relevante, que es muy
importanteque se sepa. En el año 1982, y usted lo sabe
perfectamente, la totalidad de los ascensos, la totalidad, el
cien por cien de los ascensos, era de libre designación. Y
usted lo sabe perfectamente. Al día de hoy, la libre
designación en los ascensos es el 2,7 por ciento de los
puestos que concursan. El resto son puestos que se ocupan por
procedimientos concursales en base a los principios de
igualdad, mérito y capacidad. Es un dato que está ahí. Usted
luego pone todos los adjetivos que quiera, pero el cambio me
parece tremendo, por utilizar un calificativo tan radical como
los que usted utiliza. Precisamente hemos sido nosotros los
que hemos potenciado la carrera administrativa dentro de la
Administración
y pretendemos seguir potenciándola. En esa dirección van
muchos artículos que usted ha señalado, que son mero reflejo
de los acuerdos con las organizaciones sindicales, para
promocionar internamente a los empleados públicos. Por tanto,
no nos acuse de lo que no somos. El dato me parece de una
evidencia que cualquier profano en la materia entendería de
una manera clara. Hay aspectos que son incluso de principio.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si en el debate del otro
día de la Lofage, como la llama usted, planteaban ustedes el
mismo modelo que el de 1957? Una carrera administrativa que
llega hasta las jefaturas de negociado, dondeno cambiaban
siquiera un solo organismo, salvo elevar del rango de
Dirección General al de Secretaría de Estado a la Intervención
General del Estado, que no sé qué efecto práctico tiene eso,
salvo incrementar, desde luego, el gasto público.
Siguiendo la precisa sistematización de sus enmiendas, que me
ha parecido adecuada, voy a contestarle con mucha brevedad, a
ver si no me pasa lo que en el debate anterior, aunque es muy
difícil ceñirse al tiempo. Ustedes presentan enmiendas
respecto a las relaciones de puestos de trabajo. Establecer en
una norma legal el plazo para presentar o para tener
terminadas las relaciones de puesto de trabajo usted sabe,
igual que yo, que no es la vía más adecuada, y con esto
contesto de paso a una enmienda similar que presentaba
Izquierda Unida. Usted, además, sabe --porque conoce y
solicita los datos y creo que se le remiten-- que a lo largo
de 1994 se han modificado muchísimas relaciones de puestos de
trabajo. En este momento, señoría, solamente queda catálogo de
puestos de trabajo en el ministerio de Defensa y sus
organismos autónomos, la delegación del Gobierno en el
monopolio de Tabaco, el Tribunal Económico-Administrativo, la
Intervención General del Estado y los servicios periféricos
del Ministerio de Industria. Esos son los únicos organismos o
departamentos que les queda por cerrar sus catálogos de
puestos de trabajo y probablemente vayan a estar cerrados en
el primer semestre de 1995. Por lo tanto, no estamos ante la
situación que usted pretende dibujar de una absoluta
discrecionalidad y de una absoluta no regulación de lo que son
los catálogos y la organización del trabajo.
Las enmiendas números 212 y 213, que usted señala como
menoscabo de esos principios de mérito y capacidad y a las que
creo que ya le he contestado, son meros reflejos de los
acuerdos con las organizaciones sindicales. Yo pienso que
ellos serán los primeros en garantizar que los empleados
públicos puedan tener una promoción interna adecuada.
Vuelve S.S. a hacernos todo un canto nuevamente con los altos
cargos. Sorprende, en cualquier caso, que usted confunda
términos. No sabe que las indemnizaciones por razón del
servico que cobran los altos cargos por responsabilidades en
entidades, etcétera, no son retribuciones en los términos que
usted señala, aunque le invito a que ese debate --porque me
parece interesante en cualquier caso-- lo podamos tener en el
foro adecuado, que puede ser la propia Ley de
Incompatibilidades. Pero, señor Núñez, y por hacer números,
con respecto a sus propuestas concretas, ¿sabe cuál es la
diferencia entre el volumen de asesores que ustedes proponen -
-quieren fijar número, además por ley; deberán ser los que
hagan falta, obviamente dentro de la eficacia necesaria y la
regulación actual, con la normativa vigente? 21. No son un
canto al ahorro y a la bajada sustancial del déficit las
propuestas que hace S.S. con relación a estos temas. Con
respecto a las jubilaciones de los funcionarios en cuanto a
prorrogar la edad, ya tuvimos precisamente usted y yo el
debate en la proposición de su Grupo. Es un debate que no está
absolutamente cerrado, pero, como le decía, partimos de un
principio sustancial que nos diferencia. Usted, cuando plantea
este tema, no vela por lo que son los servicios públicos que
tiene que prestar la Administración al ciudadano; lo plantea
como si fuera un delegado sindical de un sindicato
corporativo, lo plantea como reivindicación de los empleados
públicos, cuando por lo que, desde luego --y, evidentemente,
teniendo en cuenta esa lógica aspiración que pueden tener
algunos empleados públicos de prorrogar su vida en la
Administración pública--, hay que velar es por la eficacia de
los servicios públicos de la propia Administración.
Y no es cierto que se produzca un ahorro en los términos que
usted plantea. Eso producirá un ahorro inmediato, un descenso
en los gastos de clases pasivas. Sí, pero también mantendrá el
volumen de gastos en el capítulo I, que a lo mejor disminuye
si no cumplimos la tasa de reposición, porque consideramos que
hay empleados públicos que no nos son necesarios o adecuamos o
reorganizamos los empleados públicos que tenemos vigentes. Por
lo tanto, no creemos que ese argumento que ustedes plantean
esté de acuerdo con la lógica de lo que es el actual
funcionamiento de la propia Administración pública. Con
respecto a Izquierda Unida, efectivamente se hacen una serie
de modificaciones que son importantes, significativas. No son
todas las modificaciones que pretendemos para el estatuto de
la Función Pública porque, evidentemente, las pretendemos
hacer en esa ley, como usted bien señala, pero sí hay
elementos que ya debería contemplar la propia ley de
presupuestos, porque suponen una aplicación inmediata de
algunos aspectos de los acuerdos con las organizaciones
sindicales, que consideramos que deben ser contemplados. Igual
ocurre con algunas normas de reorganización que el Grupo
Popular y la propia Izquierda Unida plantean como un exceso de
competencia, que son las normas
relacionadas con la reorganización que se atribuyen al
presidente. Como bien señalaba el señor Núñez, lo único que
estamos recogiendo son disposiciones que ya estaban en
anteriores leyes de Presupuestos. El pretende atribuirse la
paternidad y la bondad de ese beneficio. Entonces, no se
entiende muy bien ahora el rechazo que le provoca algo que es
positivo que tengamos para la reordenación de los ministerios.
Sobre algunas enmiendas concretas que ha mencionado el
portavoz de Izquierda Unida, nosotros consideramos que ya está
contemplado ese tipo de personal que señala la enmienda número
105 en la disposición adicional décima de la Logse. Por lo
tanto, consideramos que no es necesaria. Agradecemos que
reconozca la mejora que ha introducido la enmienda número 53
de nuestro Grupo a esos cuerpos de carácter de habilitación
nacional. Las RPT también pretende fijarlas por norma legal y
me remito a los argumentos que le daba al propio señor Núñez.
Sobre las enmiendas al Título IV, de su enmienda 108 el punto
1 nos parece adecuada; sin embargo le tengo que decir que el
punto 2 no terminamos de comprender cómo se articularía en la
práctica; de ahí que estemos estudiando la parte de esa
enmienda que hace referencia al anexo de inversión. Con
respecto a las enmiendas que pretenden introducir obras de
interés general, pensamos que no es la mecánica oportuna la
que SS.SS. presentan de poner vía enmienda una obra nueva o
distinta a las que ya se recogen, con independencia de que
pudieran ser susceptibles de ser consideradas de interés
general o no. En cualquier caso, requerirían un estudio más
pormenorizado para ver si es necesaria esa consideración o no.
Sobre las enmiendas 127 y 118, en las que hacía usted mención
a esas indemnizaciones por prisión, etcétera, nosotros
consideramos que la enmienda 127 ya está contenida en el
proyecto de ley. Por lo tanto, no es necesaria. De la enmienda
118 lo que le tiene que quedar claro a S.S. es que con la
disposición adicional tercera no se pretende modificar el
ámbito subjetivo previsto en la misma, en modo alguno, porque
evidentemente eso sí que pudiera tener efectos sociales
indeseados. No pretendemos cambiar el ámbito subjetivo y S.S.,
al menos en ese aspecto, podría estar tranquilo.
Con la enmienda de Coalición Canaria no estamos de acuerdo por
cuanto contraviene lo acordado con las organizaciones
sindicales. Sobre la enmienda del señor Chiquillo, que hace
referencia también a obras de interés general, el argumento
para nuestra posición contraria sería el mismo que he dado a
las enmiendas de Izquierda Unida.
El Grupo Vasco (PNV) presenta toda una serie de enmiendas
relacionadas con los empleados públicos, modificación del
sistema de incompatibilidades, etcétera. No nos parece
oportuno, aun cuando hay dos enmiendas que estamos estudiando,
la 36 y la 37, y me remito básicamente a los argumentos que le
señalábamos a S.S. en el debate de la Comisión. Consideramos
que hay aspectos de la propia Ley 30 que son contenido básico
y no se puede renunciar a él; además, establecen de manera
flexible los aspectos para que las comunidades autónomas
puedan regular aquellos aspectos a los que hace referencia. Me
remito, por ejemplo, al tema de las retribuciones
complementarias que tanta preocupación producía al señor
Gatzagaetxebarría.
Tienen también una serie de enmiendas al Título IV por las que
pretenden introducir, entre otras cuestiones, también obras de
interés general. El argumento en este caso es que algunas de
ellas forman parte de un convenio con el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y, en cualquier caso,
si figuran en ese convenio, la respuesta sería la misma que he
dado a los otros dos grupos que presentan temas sobre esta
materia pero, de todas formas, si están en este convenio tenga
la seguridad S.S. de que cumplirán.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Trujillo, los que no salen de la descalificación por la
descalificación son ustedes. Aprenda usted, en todo caso, a
usar los adjetivos calificativos. Eso de que nosotros estamos
en la descalificación por la descalificación se lo hemos oído
a todos los portavoces que han subido a esta tribuna desde que
comenzó el debate de los presupuestos y de ahí no salen, señor
Trujillo.
Intentar desmontar los argumentos nuestros necesitaría
desmontar las cifras que vienen en los presupuestos. Yo no voy
a leerle estos dos tomos, pero sí voy a referirme a dos
páginas muy ilustrativas para que no traigamos fotocopias,
sino originales. A lo primero que tengo que referirme es a ese
cuento de la libre designación de antes de 1982 y de después.
Aunque fuera así, que no lo era --entonces existía el concurso
de méritos y la oposición--, aunque fuera así, nosotros no
podíamos aplicar eso más que a 1.500 personas, ustedes a
7.300, con el sistema nuevo, ahora se lo voy a demostrar. Por
tanto, no se ponga usted plumas que le van a lucir de una
manera esperpéntica, las pone donde hay que ponerlas, en los
datos y cifras.
La carrera administrativa no está planteada por nosotros
todavía, no está en el proyecto de ley de gobierno y
administración que defendimos el otro día, no está. ¿Cómo dice
usted que está? Estará en el estatuto que enviemos, y se lo
vamos a enviar otra vez antes de que ustedes envíen el suyo,
porque la pereza les invade, o no sé qué otro vicio u otro
handicap, en el funcionamiento de los ministerios.
En cuanto a las relaciones de puestos de trabajo, señor
Trujillo, publíquenlas en los «Boletines Oficiales
del Estado», no digan ustedes que las tienen o que están a
punto de acabarlas, porque el artículo 15, que las regula, es
del año 1984, de la Ley 30/1984, y algunas RPT, algunas
relaciones de puestos de trabajo, ¿sabe cuántas modificaciones
han sufrido? Hasta diecisiete. Y eso es perverso, eso destroza
todo lo que es un sistema retributivo y todo lo que es una
carrera administrativa, sin contar los decretos de
reorganización de aquellos ministerios que no consiguen colar
sus RPT o las modificaciones de las RPT. Voy a citarle tres
cosas nada más. Primero, consolidación de empleo temporal; es
la famosa disposición transitoria novena. La exposición o la
redacción de esta transitoria se las trae, se las trae. ¿Cómo
se puede hablar de consolidación? Si se ha utilizado la
contratación indebidamente para puestos permanentes, la
solución es muy simple, que se cumplan los contratos
temporales en sus propios términos y se proceda a cubrir el
puesto permanente por el procedimiento legal que corresponda.
¿Cómo a una situación tan sencilla se le da una solución tan
alambicada? Hay que concluir que también aquí el Gobierno opta
por la discrecionalidad, la opacidad y el trato a favor, y, si
no, demuéstreme lo contrario.
En cuanto a los puestos de asesoramiento no me compare usted
datos y cifras que conozco por experiencia. Los puestos de
asesoramiento, en respuesta escrita del Gobierno a este
Diputado, ascienden a 835. Tengo la relación Ministerio por
Ministerio. 835. No diga usted lo que dice la ley porque
ustedes no cumplen la ley. ¡Encima eso! ¡No cumplen la ley!
(La señora Palacio del Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)
Por tanto, cuando nosotros establecemos en nuestra proposición
de ley unos límites máximos para cada ministro y para
secretario de Estado estamos introduciendo un criterio de
austeridad en el gasto público y nuestra enmienda no hace más
que ser coherente con lo que decimos en la proposición. Pero,
con el máximo respeto para las personas implicadas, también
resulta imposible comprender actuaciones como las llevadas a
cabo por el Ministerio de Trabajo y por el de Exteriores en la
cobertura de los puestos de consejeros laborales en las
embajadas. Tal como se está haciendo últimamente, es bastante
sorprendente; ahí no intervienen para nada los funcionarios y
destrozan ustedes la carrera administrativa.
Y termino con la traca final. Dice usted que los altos cargos
no han crecido y que no son ni muchísimo menos los que
nosotros hemos dicho este año, incluso ha dicho que se han
reducido con respecto al año pasado. Ahí está el «Diario de
Sesiones» que puede demostrar lo que estoy diciendo. Paso a
referirme a los altos cargos señalados en el artículo 22 de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para que no haya
ningún tipo de confusión. Vamos a ver si dejamos esta
situación aclarada, usted decía que quería un debate aparte;
vamos a dejarla aclarada aquí de una vez por todas, en dos
minutos se lo aclaro. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Los altos cargos a los que se refieren los
presupuestos generales del Estado son, como sabe usted muy
bien, subsecretarios, secretarios de Estado, secretarios
generales, directores generales y asimilados. ¿Sabe cuántos
figuran en los presupuestos generales del Estado para 1995 en
la página 351? 596, solamente para ésos. ¡Cuidado! Han crecido
con respecto a 1992, que eran exactamente 588 --le cito
también la página, la 382-- y han crecido con respecto a 1983,
274 más; también le doy la página del anexo de personal, que
es del año 1983 y que tiene en el Gabinete de Documentación de
esta Casa. Respecto a los puestos directivos, no los altos
cargos --ustedes no quieren que les llamemos así--,
subdirectores generales, subdirectores generales adjuntos,
consejeros técnicos y asimilados: 1.720 para el primero, 1.123
para los segundos, 8.783 para los terceros; en total, 6.626,
más los 596, hacen un total de 7.222; 5.400 más que en 1983.
Le he hecho las cuentas, pero no se las volveré a hacer,
compruébelas usted mismo en casa, en el Ministerio de
Administraciones Públicas o aquí, en el Gabinete de
Documentación. Sí quiero decirle, porque su argumentación no
resiste el menor análisis y la ha repetido tres veces ya, que
no mezcle en esta guerra a los diplomáticos, a los abogados
del Estado, a los inspectores de trabajo, etcétera.
En 1983 --señor Trujillo, atienda que le interesa--, los altos
cargos y puestos de alto nivel apenas pasaban, repito, de los
1.500; los abogados del Estado eran más o menos los mismos que
hay hoy; los inspectores de trabajo eran más o menos los
mismos que hay hoy; los diplomáticos eran más o menos los
mismos que hay hoy. Por lo tanto, la reducción que proponemos
no supone en absoluto que reduciremos el Cuerpo de abogados
del Estado u otros cuerpos superiores de la Administración.
Eso es una falacia, eso es una insidia que ustedes han lanzado
como un bote de humo para destrozar nuestro plan de austeridad
en la Administración. Por lo tanto, no vuelvan a utilizar ese
espantajo de la expulsión de los funcionarios para rechazar
nuestra enmienda. Lo que propone es mucho más fácil y
concreto, suprimir direcciones generales, subdirecciones
generales, subdirecciones generales adjuntas, lo cual no
significa sólo ahorrar sueldos, como usted dice --en muchos
casos así será--; el ahorro viene dado por las cantidades más
sustanciosas, como son gastos de representación, viviendas y
despachos, coches, asesores y otro personal eventual.
¿Lo entiende usted ahora? Yo creo que lo han entendido desde
el primer momento, usted, el Ministro, el Presidente del
Gobierno y todo el Gobierno en pleno, lo que pasa es que les
cuesta reconocer tan monumental derroche, les cuesta mucho
trabajo dar su brazo a
torcer. Reconozcan que tenemos razón, acepten nuestras
enmiendas y las cosas empezarán a marchar mejor.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos
del 15 de septiembre, se pueden no cumplir, cumplirlos o
cumplirlos en parte, como se hizo con acuerdos anteriores. Se
ha optado por incluir en este proyecto de ley algunos
elementos parciales. Lo que ocurre es que el argumento de que
los elementos parciales puedan estar en vigor de forma
inmediata antes del también inmediato proyecto de ley de los
empleados públicos no se sostiene. No va a dar tiempo a que se
pongan en práctica las medidas, que son muy importantes en
cuanto he señalado que quiebran el sistema general actualmente
vigente. Yo no sé si va a haber muchos procesos de promoción
interna de funcionarios del grupo D al grupo C. Creo que no es
posible si el Gobierno mantiene su promesa de remitir a la
Cámara de forma inmediata el estatuto de los empleados
públicos. Al trocear, se da una serie de giros que creo que
son graves. He señalado la funcionarización. El Gobierno ha
firmado con los sindicatos incrementar la funcionarización.
¿Qué sentido tiene modificar ahora de nuevo el artículo 15,
que ya llevó consigo una sentencia del Tribunal Constitucional
sobre qué funciones deben desempeñar funcionarios públicos y
qué funciones de la Administración pueden ejercer los
laborales en todo ese debate?
Ahora ustedes han incluido la coletilla de que se puedan
laboralizar las funciones administrativas. Eso es abrir otra
vez el melón de un debate cuyo sitio oportuno será el marco
general del estatuto de los empleados públicos. Eso puede
tener graves perjuicios. ¿Qué prisa hay, salvo que se esté
reconociendo que el Gobierno no va a cumplir los plazos y que
no vamos a tener estatuto de los empleados públicos? Si lo
vamos a tener de forma tan inmediata, estos quiebros tan
importantes del sistema actualmente vigente, como es el de que
sin titulación suficiente se pueda pasar de grupo, como es el
de laboralizar funciones administrativas, etcétera, ¿qué
sentido tiene incluirlos en la ley? Sobre la declaración de
interés general, le quiero advertir a S.S. una cosa. El Grupo
Socialista tuvo hace unas semanas en el Senado un pequeño
problema y es que el Grupo Popular proponía la declaración de
interés general del pantano de Lechago, que es un pantano a
construir en Aragón. Parece ser que el Grupo Socialista votó
en contra de la declaración de interés general y ahora ha
pedido que se repita la votación, que se haga un nuevo
trámite, porque están de acuerdo con la declaración de interés
general. Yo les ofrecía a SS.SS. la posibilidad de incluirlo
en esta ley, puesto que se declaran de interés general una
serie de obras: las depuraciones de Logroño, y de otra serie
de poblaciones. Su señoría, por segunda vez, ha rechazado esta
posibilidad de resolver un planteamiento, que yo creía que
estaba aceptado por todos los grupos, de que el pantano de
Lechago se declare de interés general.
En cuanto a los que sufrieron prisión no estamos planteando un
cambio del ámbito subjetivo. También nosotros discutimos en su
día el que o se tenían tres años de prisión o no se tenía
derecho a ningún tipo de indemnización. Lo discutimos porque
nos parecía tremendamente injusto que alguien teniendo dos
años y nueve meses --se dieron muchos supuestos-- no tuviera
derecho a nada y alquien teniendo justo tres años sí que
tuviese derecho a un millón de pesetas. Pero no estamos
discutiendo eso. Estamos discutiendo una cosa que nos parece
razonable. Hay una decisión del Parlamento de que para tener
estos beneficios es necesario tener cumplidos, a 31 de
diciembre de 1990, 65 años. Todo el mundo en ese momento se
dio cuenta de que eso era tremendamente injusto. Es
perfectamente válido en cuanto a decisión legislativa y
política, pero es tremendamente injusto porque a personas que
habían sido compañeros de cárcel, compañeros de trinchera, uno
con 64 años y otro con 65 recién cumplidos, a uno se le daba
un millón y a otro, no. Es un problema humano. He dicho que no
es un problema económico, de la Hacienda. He dicho que es un
problema humano, de los vecinos que se sientan en el mismo
banco a tomar el sol todos los días, ése es el problema
humano, y ahora han cumplido ya los 65 años, porque entonces
tenían 64 o 63 o 62. Señorías, lo que estamos diciendo es que
se quite el requisito de que, a 31 de diciembre de 1990,
tuviesen 65 años; que conforme vayan cumpliendo los 65 años,
si ustedes quieren, se vayan obteniendo el beneficio, pero que
se quite ese requisito de tener los años a esa fecha. Esto no
es buscar efectos sociales no queridos. No estamos quitando el
requisito de los tres años --yo creo que S.S. y yo nos
entendemos--, sino que sea para quienes vayan cumpliendo 65
años.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, contesto en primer lugar al señor Núñez.
Señor Núñez, yo no creo que haya hecho ninguna intervención
repetitiva en los términos en que lo han hecho los compañeros
de mi Grupo en otros aspectos relacionados con este debate.
Simplemente me he limitado
a contestar en los términos en que usted ha expresado aquello
que consideraba más oportuno y precisamente usted ha utilizado
unos adjetivos bastante descalificatorios de la actuación del
sector público. Ha hablado hasta de crisis del sector público.
¿En qué está en crisis el sector público, señor Núñez? ¿La
Seguridad Social española está en crisis? ¿La gestión de la
Seguridad Social, si somos el país de la Unión Europea que
mejor gestiona y a menor costo la Seguridad Social? ¿En eso
estamos en crisis, por ponerle un ejemplo, señor Núñez?
Nosotros no estamos de acuerdo con esas aseveraciones que
probablemente vienen de la visión de que a ustedes lo público
no termina de hacerles mucha gracia. Desde luego, no es
cierto; no sería correcta una afirmación --y usted lo sabe--de
esa naturaleza. Creo que S.S. no quería decir eso en esos
términos por cuanto luego es un defensor --al menos a mí me
consta en lo que le conozco-- de lo público y de los propios
empleados públicos. ¿Cuestiona usted, cuando dice eso, el
trabajo de todos los empleados públicos españoles? Entonces no
se entienden afirmaciones de esa naturaleza.
Usted sabe perfectamente, y hemos tenido ocasión de debatir
estos aspectos en distintas ocasiones, que si algo me
caracteriza es analizar con el máximo rigor sus propuestas y,
precisamente por ello, darle las contrapropuestas que le
podemos ofrecer desde nuestro Grupo manifestado el rechazo de
las suyas. Vamos a aclarar algunos asuntos relacionados con
los números porque, como usted bien sabe, yo soy más hombre de
números que de letras y, por lo tanto, me muevo en un terreno
que me gusta y creo dominar algo, solamente algo. Me alegra
que usted haya señalado por primera vez --no lo decía así su
compañero, el señor Martín Villa-- que son 596 los altos
cargos que tiene la Administración General del Estado. Usted
ha dado el dato de que, en el año 1982, eran 1.500. Luego hace
una suma y eleva a 7.300 los actuales altos cargos. Y dice:
los 596 altos cargos más todos aquellos --e incluso usted lo
ha reconocido por primera vez, señor Núñez; se lo decía yo al
señor Martín Villa hace una semana escasamente-- que
pertenecen a los niveles 30, 29 y 28. En esa cuenta usted está
sumando todos los niveles 30, 29 y 28, y usted sabe que hay
puestos que por su propia naturaleza conllevan ese nivel y no
tienen estructura administrativa alguna. Por eso le preguntaba
al señor Martín Villa en el debate pasado si lo que estaban
solicitando es que se suprimieran puestos que conllevan de por
sí esos niveles, sean los diplomáticos, sean los catedráticos,
sean los inspectores de finanzas del Estado, sean los de
Trabajo. Habría que descontar esos puestos de esa suma de seis
mil y pico para saber qué puestos que conllevan estructura
administrativa detrás son de nivel 30, 29 y 28. Me ha alegrado
crearle la duda, porque la duda en usted es síntoma de darme
la razón, con respecto al sistema de ascensos del año 1982.
Usted sabe perfectamente que el cien por cien de los ascensos
eran de libre designación en el año 1982 y al día de hoy son
el 2,7, señor Núñez. Por lo tanto, no puede decir que estamos
atentando contra el principio de igualdad de mérito,
capacidad, etcétera, y que estamos en contra de la promoción
interna. Precisamente por eso los sindicatos han avalado
nuestras propuestas. Yo creo que ése es uno de los elementos -
-ya se lo decía-- que a S.S. no le terminaba de agradar con
respecto a este proyecto de ley que estamos discutiendo. Las
relaciones de puestos de trabajo sufren modificaciones. Es
obvio, señor Núñez. La prestación de los servicios públicos es
algo vivo y se introducen mejoras, cambios y, por lo tanto,
hay que adaptarse. No puede haber algo absolutamente estático.
Ese es el modelo que ustedes planteaban en la proposición de
ley del otro día. ¡Claro que no regulaban la carrera
administrativa! La prefiguraban estableciendo que hasta el
nivel de negociado tenía que regularse de una determinada
manera. Eso va en contra de cualquier principio de
flexibilidad --ya lo decía en el debate anterior-- de la
gestión de los recursos humanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Trujillo, le ruego que concluya.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Voy concluyendo, señor Presidente.
Usted me había pedido que le escuchara. Anteriormente quien no
me escuchó fue usted, señor Núñez, y ahora sigue sin hacerlo.
En cualquier caso, de ahí se desprende que usted haya
planteado el debate de los altos cargos cuando yo le señalaba
que con la Ley de incompatibilidades podíamos discutir las
retribuciones de los altos cargos. Como no me escuchó,
obviamente, planteó un debate que no era el que yo estaba
señalando.
Con respecto al portavoz de Izquierda Unida quiero mencionar
brevemente tres cuestiones. Los aspectos que el propio
Gobierno ha considerado necesario introducir --y el Grupo lo
apoya-- en este proyecto de ley son aquellos cuya aplicación y
desarrollo pueden tener una traslación de una cierta
inmediatez en el tiempo. Sí le voy a decir (y no quisiera que
tergiversara mis palabras) que el Estatuto de la Función
pública no es la Lofage, que el Gobierno se ha comprometido a
presentarlo en la Cámara a través de una moción aprobada en
estas Cortes, antes del 20 de diciembre. Se pretende que el
Estatuto de la Función pública --según palabras del Ministro
para las Administraciones Públicas y el propio Secretario de
Estado-- venga en el período de sesiones posterior al inicio
del próximo año, y probablemente antes del verano, pero no es
la inmediatez de la que estamos hablando de la Lofage.
Con respecto a las obras de interés general, quiero remitirme
a lo que le señalaba. Lo que yo le explicaba sobre la prisión
era que el requisito de las personas que, fuera del plazo, no
pudieron presentar la solicitud de indemnización, ya lo
recogía la ley y, por tanto, en esa enmienda estamos de
acuerdo. Y con respecto a la otra enmienda por la que ustedes
pretenden ampliar el ámbito de aplicación, lo que yo le
señalaba era que la disposición adicional tercera no cambia
para nada el ámbito subjetivo. Nosotros pensamos que eso
debería conllevar un análisis más sereno porque podría tener
efectos sociales perjudiciales. No es una posición
contrariamente radical, sino que no compartimos el
razonamiento que ustedes hacen por los motivos aludidos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Continuación)
¡¡¡OJO!!! LADILLO
Sección 08
Concluido el debate del dictamen del proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, pasamos
al debate de las secciones. Habiéndose defendido las enmiendas
a las Secciones 06 y 07, pasamos a las enmiendas a la Sección
08.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). El señor Gatzagaetxebarría
tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
A la Sección 08, relativa al Consejo General del Poder
Judicial, tenemos las enmiendas números 326, 327 y 389. Las
enmiendas 326 y 327 proponen la creación de un nuevo gasto con
las correspondientes contrapartidas en la modificación en lo
que se refiere a las indemnizaciones por razón de servicio.
Señor Presidente, lo que nosotros estamos pidiendo es que el
Poder Judicial español se adecue al Estado autonómico, que el
Consejo General del Poder Judicial cumpla con la
responsabilidad constitucional y política que tiene asignada.
A nosotros nos ha llamado la atención, señor Presidente, el
que hace dos semanas hayamos recibido una contestación oficial
del Presidente del Consejo General del Poder Judicial que
decía que, en todos los años de historia de la vigencia de
este organismo constitucional, en ningún caso se ha tenido en
cuenta, a la hora de la cobertura de plazas de jueces y
magistrados en las comunidades autónomas con lengua oficial
distinta del castellano, el cómputo del meritaje del
conocimiento de estas lenguas o del Derecho civil vigente en
las mismas. Ello suscitó que nuestro Grupo Parlamentario
interpelara oralmente en este Pleno al Ministro de Justicia
quien reconoció --ahora como Ministro de Justicia, y como
anterior miembro del Consejo General del Poder Judicial-- que
este órgano estaba incurriendo en una responsabilidad
política. Nosotros nos hemos dirigido a las más altas
instancias del Consejo General del Poder Judicial sobre esta
cuestión y lo que estamos solicitando es la adecuación de la
actuación del Consejo General del Poder Judicial al Estado
autonómico, en definitiva, a la legalidad constitucional y
estatutaria, porque el órgano que tiene que ser responsable
del cumplimiento de la legalidad vigente y que lleva el
Gobierno del Poder Judicial no está en este caso adaptándose a
la legalidad constitucional y estatutaria.
Señor Presidente, nosotros, para colaborar en ese
cumplimiento, hemos presentado una enmienda con la cual
pretendemos que, dentro de los indicadores de actividades del
Consejo General del Poder Judicial que se contemplan en uno de
los anexos del presupuesto correspondiente al Consejo, se cree
el objetivo de formación de los jueces y magistrados en estas
lenguas cuyo conocimiento se computa como mérito en la
cobertura de plazas y vacantes. Pedimos la creación de una
partida de 20 millones de pesetas para formar a jueces y
magistrados en catalán, en gallego y en euskera, porque hasta
ahora, como ha reconocido el propio Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, no se está cumpliendo con la
legalidad vigente. Es voluntad del Consejo, que así nos lo ha
manifestado, cumplir y adecuar su quehacer público a la
legalidad constitucional y estatutaria. Ha habido un
reconocimiento implícito de una responsabilidad política y,
por ello, señor Presidente, nosotros, teniendo confianza en
esas manifestaciones efectuadas por altas instancias del
Consejo General del Poder Judicial, hemos presentado esta
enmienda, en aras a coadyuvar a esa voluntad política que se
ha expresado por los responsables del organismo
constitucional. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Mantuvimos en la Comisión esta enmienda, en la que proponemos
que, transfiriendo la cantidad que señalamos en la misma y que
en los Presupuestos Generales del Estado se prevé para la
antigua Escuela Judicial, hoy Centro de Estudios de la
Administración de Justicia, se dote una partida para la puesta
en marcha precisamente de ese centro de selección y formación
de jueces y magistrados, que la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial introducida por la Ley Orgánica recientemente
aprobada por esta Cámara señala como uno de los objetivos
nuevos, como uno de los principales
pivotes en los cuales descansaba esa reforma. Se nos dijo en
la Comisión, por parte del Grupo que sostiene al Gobierno, que
en el anteproyecto de presupuesto del Consejo General del
Poder Judicial no se hacía ninguna propuesta en ese sentido,
pero yo creo que cuando uno analiza un anteproyecto, un
proyecto o una propuesta, tiene que tener en cuenta el momento
histórico en que se produjo, y ese anteproyecto que el Consejo
General del Poder Judicial remitió a las Cortes Generales para
su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado,
previo debate en estas Cámaras, naturalmente no podía
adelantar circunstancias que solamente podían tener un
respaldo legal desde el momento en que la ley hubiera sido
reformada y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Ese
acontecimiento ya ha sucedido y la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial entrará en vigor, con arreglo a las
previsiones al respecto, en el próximo mes de diciembre.
Señoras y señores Diputados, las soluciones legislativas o son
buenas o no lo son. Si son buenas y además estamos ante una de
las que ha merecido el apoyo de todos los grupos de la Cámara,
es porque es buena cuanto antes. No parece oportuno esperar a
1996 para que esa previsión legislativa de la puesta en
funcionamiento del centro de formación de jueces y magistrados
tenga lugar, lo que irremediablemente ocurrirá si en los
Presupuestos para 1995 no hay ninguna previsión presupuestaria
al respecto.
Se dijo en el debate presupuestario (lo dijo el Ministro de
Justicia e Interior en la comparecencia que el pasado martes
tuvo en la Comisión, a petición propia y de varios grupos de
la Cámara, entre otros, el nuestro) que es bueno que todos los
grupos parlamentarios participen en las inquietudes básicas de
un mejoramiento de las administraciones públicas, y yo añado,
también de los órganos constitucionales. Se ha insistido en
una cierta jactancia de las mejoras que ha supuesto esta
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y nosotros,
después de pensarlo una y otra vez, llegamos a la conclusión
de que, si la receta es mejor que lo que había, si la solución
es mejor que la que había, no entendemos por qué hay que
esperar a 1996.
Yo creo que hay que añadir una cosa más. Cuando la ley se que
se promulga, la ley que entra en vigor, la ley que se publica
en el «Boletín Oficial del Estado», la ley que desde ese
momento obliga a todos los poderes públicos, pretende que se
produzca un tiempo en el que no despliegue sus efectos, la
técnica legislativa correcta, como SS.SS. saben muy bien,
sería la de una disposición transitoria que hubiera
establecido que esa previsión, que en este momento ya es una
norma --como digo y repito porque creo que hay que poner
énfasis en ello--, obliga a todos los poderes públicos y no
tiene por qué esperar a 1996. Estamos todavía en el mes de
noviembre de 1994 y, como quiera que la ley no tiene ninguna
disposición transitoria, que se pudo introducir pero que no se
ha metido, esa postura, sean cuales sean las justificaciones
dialécticas que se quieran buscar, únicamente responde a una
cierta insumisión al mandato de la ley.
Como nos encontramos en el debate de los Presupuestos
Generales del Estado, nuestro Grupo ha propuesto la
incorporación de esa enmienda y hemos de pensar que si esa
previsión presupuestaria no se incorpora hasta 1996 los
efectos de la ley no van a empezar a producir lo que la ley
quería hasta 1997, nos parece de una coherencia legislativa,
política e institucional incontestable que se proceda a
recoger al menos el espíritu de la enmienda --tampoco hacemos
cuestión de la cuantía que nosotros habíamos propuesto-- para
que se empiecen a producir esos efectos que la ley quería.
Yo les podría añadir un dato. El actual Ministro de Justicia e
Interior, cuando era vocal del Consejo General del Poder
Judicial y responsable en él del área de formación, ya había
buscado el lugar que entendía que físicamente podía ser idóneo
para que en él se pudiera instalar este centro de formación y
perfeccionamiento de jueces y magistrados. Si no recuerdo mal,
incluso se habían hecho algunas visitas a un edificio, que es
el del Patrimonio del Estado, y en el que se encontraba hasta
hace algún tiempo el Tribunal de Defensa de la Competencia. Si
esperamos para 1996 las reformas necesarias para la puesta en
marcha de ese edificio y el acondicionamiento preciso,
significará que esta previsión de la ley no empezará a ser una
realidad práctica, una realidad viva hasta 1997, y nosotros
creemos que en política hay que ser coherente. Si todos hemos
estado de acuerdo en que había que transferir al Consejo
General del Poder Judicial la competencia de selección y eso
necesitaba un centro, la solución es buena o es mala, se
comparte o no se comparte. Ustedes dicen que nosotros
generalmente hacemos pocas propuestas positivas; naturalmente
es su opinión y los argumentos suelen ser bastante peregrinos
para mantenerlo. Aquí tienen ustedes una propuesta que
nosotros, haciendo un examen de la misma y reflexionando sobre
ella --y por eso la hemos traído al Pleno--, cremos que es
bsolutamente sensata. Y no solamente sensata, sino que es
sencillamente el cumplimiento de la ley. Nosotros como Poder
Legislativo, que tenemos esta responsabilidad de confeccionar
el Presupuesto que permita que la Administración y los órganos
constitucionales funcionen, estamos obligados a contemplarla
desde ahora, desde el momento en que esa ley entra en vigor. Y
no encontramos que ninguno de los argumentos que ustedes han
dado para no sé qué prácticas dilatorias y retardatarias al
respecto produzcan en el fondo una cierta insumisión del
legislador en este trámite presupuestario a la ley, tengan una
justificación razonable.
Por ello insistimos en que entendemos que eso es lo que la ley
ha establecido, eso es en lo que ustedes y el
Gobierno han insistido en que era algo muy positivo, han
puesto mucho énfasis en el logro de ese impulso que suponía la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, han
puesto un especial acento en que esto era algo emblemático.
Nosotros añadimos --como todos los grupos de la Cámara venimos
pidiendo desde hace tiempo-- que esto viene del principio del
mandato de este Consejo General del Poder Judicial. En la
comparecencia de 1991, todos los grupos de la Cámara, menos
ustedes y el propio Consejo, pusieron de relieve la
oportunidad, la conveniencia de que fuera el Consejo el que
asumiera la competencia de selección y quien, en definitiva,
configurara una articulación nueva, coherente, que asegurara
una mejor formación de los jueces y magistrados. Creo que se
debe apoyar esta enmienda. Vuelvo a repetir que no hacemos
cuestión de la cuantía. Queremos sólo que la previsión
presupuestaria determine la acción de gobierno del Consejo
General del Poder Judicial para poner en marcha ese centro y
que pudiera iniciar sus actividades a finales de 1995. Todo lo
demás, respetando las apariencias, nos lleva a la conclusión
de que las intenciones de inmediatez no existen en este caso.
Quiero terminar diciendo que todos sabemos que una
organización de esta naturaleza no se improvisa. De manera que
la opción es muy clara. O en 1995 se han ultimado los medios
necesarios para poner en marcha este centro o este centro
estará en 1996. El tiempo, señoras y señores Diputados, es
nuestro principal enemigo, es un enemigo implacable.
Entendemos que el tiempo en política tiene una especial
significación. Cuando la voluntad política es decidida, cuando
una decisión política traducida en la ley es positiva, no hay
excusa para buscar dilaciones que únicamente impiden esos
efectos beneficiosos que la ley quiere propiciar. Ustedes
elegirán si prefieren lo que de alguna manera era más
pernicioso, es decir, que la situación actual se prolongue, o,
por el contrario, prefieren que efectivamente la ley produzca
sus efectos cuanto antes. La ley buena debe tener efectos
inmediatos. Eso es lo que nosotros proponemos con nuestra
enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la
Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar brevemente la posición de nuestro grupo
en relación con las dos enmiendas, la del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV) y la del Partido Popular, que han sido defendidas.
En cuanto a la enmienda que ha defendido el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, señor Gatzagaetxebarría, tendente a crear
una partida en la Sección 08, programa 141.C, sobre cursos de
idiomas oficiales del Estado para que, en la tarea de
selección y formación de jueces y magistrados se visualice el
objetivo específico de formar también en las lenguas españolas
distintas del castellano, aparte de adelantarle que vamos a
aceptar la enmienda con una pequeña transacción, quisiera
hacer una pequeña reflexión. Una reflexión al hilo y en
ampliación de lo que ya fue el debate en Comisión sobre esta
cuestión. El Consejo General del Poder Judicial viene ya
desarrollando una tarea de formación de jueces y magistrados
también en los idiomas españoles distintos del castellano. Lo
viene haciendo a través de convenios con las comunidades
autónomas en la que existen dos lenguas oficiales, no sólo en
la Comunidad Autónoma vasca, sino también en la catalana, en
la gallega, incluso, a través de programas de formación
específicos, en el País Valenciano y en Baleares. Debo decir
que por la información que tengo, absolutamente rigurosa, en
esos programas se suscriben convenios cuya financiación está
siendo llevada a cabo, al 50 por ciento, por ambas
instituciones, es decir, el Consejo General del Poder Judicial
y las comunidades autónomas. Por tanto, se están haciendo esos
trabajos de aprendizaje o de ampliación de idiomas, pero no
sólo de la lengua vasca o de la lengua catalana, sino también
programas específicos de análisis del lenguaje jurídico
gallego, del lenguaje jurídico catalán. Ahora bien, lo que mi
Grupo comparte con usted es la necesidad de visualizar de
manera clara, de manera expresa, que esa tarea es un mandato
que el Parlamento, como representante de la soberanía popular,
le da al Consejo General del Poder Judicial. Creemos que debe
hacer esta tarea y, en ese sentido, vamos a aceptar la
enmienda --de 20 millones de pesetas--, con el único matiz de
que la minoración no se produzca en la partida 230 del mismo
programa 141.C, de indemnizaciones por razones de servicio,
sino que se produzca en la partida 22. Usted pretende crear un
tercer dígito. Si no recuerdo mal, la partida 22 tiene algunas
subpartidas. Nosotros proponemos que sea de la partida matriz
22, que es de donde están saliendo ya los fondos para esos
cursos de idiomas oficiales del Estado distintos del
castellano, de donde salgan los fondos para alimentar la
partida 22.6 que usted nos propone y que nosotros aceptamos.
En relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
que propone una partida nueva de 100 millones de pesetas, en
el año 1996, para el funcionamiento del Centro de Estudios
Judiciales, yo me veo obligado a repetir aquí, como ha hecho
S.S., los argumentos que expuse en nombre de mi Grupo en la
Comisión de Presupuestos hace unos días. En efecto, la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en la reforma que acaba de ser
aprobada por las Cortes Generales, atribuye
al Consejo General las funciones de selección y formación de
jueces y magistrados, y en ese sentido crea un centro de
estudios judiciales nuevo cuya atribución orgánica y funcional
se residencia en el Consejo General del Poder Judicial. Esas
competencias ya están atribuidas al Consejo General del Poder
Judicial, lo que ocurre es que no se traducen necesariamente
en el tiempo en dotaciones presupuestarias inmediatas, como
S.S. conoce bien. El Consejo General ha anunciado el día 8 de
noviembre pasado (hace escasamente trece o catorce días
compareció ante la Comisión de Justicia e Interior don Pascual
Sala, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
para exponer la memoria del Consejo del año 1993 y lo dijo con
claridad) que está ejerciendo sus competencias, y va a
convocar a principios de 1995 la primera oposición o el primer
concurso-oposición --no sé exactamente en qué términos-- para
plazas de jueces y magistrados que convoca el Consejo; por
tanto, se va a desarrollar a lo largo de 1995. A lo largo de
ese año el Consejo va a dar los primeros pasos para la
constitución del nuevo centro de estudios judiciales. Dijo su
Presidente ante la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados que iban a aprobar su reglamento, a nombrar sus
directores, a establecer las líneas básicas de funcionamiento,
y que para ello las dotaciones del proyecto de presupuestos
eran suficientes, que no se necesitaba una dotación superior.
Dijo textualmente que el nuevo centro, al cual acudirá como
primera promoción esa que va a salir de la primera
convocatoria que va a hacer el Consejo General del Poder
Judicial, comenzará a funcionar en abril de 1996. Por tanto,
será en el ejercicio presupuestario de 1996 donde tendremos
que hacer una dotación específica, singular, para formación,
como ya se hace este año a través de un programa específico y
singular, dentro de la Sección 08 del Consejo General del
Poder Judicial.
Por tanto, no es que no se cumpla la ley. La ley se cumple,
pero tiene su ritmo, su propio tempus de funcionamiento, de
puesta en vigor. El Centro de Estudios Judiciales no empieza a
impartir enseñanzas al día siguiente, sino que el mandato de
selección y formación, que sí empieza a depender del Consejo
General del Poder Judicial, no se va a traducir en un centro
con paredes, con aulas y profesores, un centro específico,
hasta dentro de un año, porque tiene una serie de trámites
previos que S.S. conoce bien. Y dijo más el Presidente del
Consejo General del Poder Judicial, que las tareas de
formación de los actuales jueces y magistrados que requieran
un centro se van a desarrollar, a lo largo de 1995, a través
de un concierto con el actual centro que depende del
Ministerio de Justicia e Interior. Por consiguiente, no se
deja de cumplir la ley, sino que, cumpliéndola, cree mi Grupo
que no hay necesidad de una dotación específica para el año
1995, sino que con las dotaciones genéricas está
suficientemente cubierto y que, desde luego --comparte la
inquietud y la sensibilidad de S.S.--, para el año 1996 tiene
que estar ya el Centro de Estudios Judiciales funcionando a
ritmo completo, y en ese presupuesto sí habrá que dotarlo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Rocha.
El señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista la aceptación de
nuestra enmienda 326, que coadyuva a poner en marcha
mecanismos dirigidos a que el Consejo General del Poder
Judicial asuma la responsabilidad política que el señor
Ministro de Justicia e Interior indicó en esta Cámaa, en
sesión celebrada hace tres semanas, de adecuación de su
actuación pública a la legalidad estatutaria, a la legalidad
constitucional y, en definitiva, a los regímenes de
cooficialidad vigentes en Comunidades Autónomas. Como digo,
nos congratulamos de la posición que ha adoptado el Grupo
Parlamentario Socialista y no tenemos más que reiterar que
esperamos que siga ese talante que ha mostrado el Grupo
Socialista, en la última fijación de posición, en relación a
las enmiendas de este grupo. Nada más. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Lleva usted razón, señor De la Rocha, en que ustedes tienen un
gran conocimiento de los ritmos, y sus ritmos no suelen
coincidir con los nuestros. Son unos ritmos de pérdida de
tiempo histórico. Sabe usted, tan bien como yo, que la Ley
Orgánica de 1985 modificó las competencias del Consejo,
sustrayéndole esa de selección de jueces que tenía atribuida
por la Ley Orgánica que lo creó en 1980, y que 11 años después
de la promulgación de esa ley se vuelve a la receta original.
O sea, que van ustedes perdiendo ritmos de 10 años y nosotros,
queríamos al menos recuperar uno.
Ha definido usted muy bien lo que se puede hacer con los
presupuestos respecto de la orientación de determinadas
decisiones de un órgano constitucional como el Consejo General
del Poder Judicial. Ha explicado usted muy bien, porque conoce
perfectamente el presupuesto del Consejo General del Poder
Judicial, que para formación ya se encontraba en el
presupuesto una previsión para las otras lenguas españolas. A
nosotros nos parece muy bien que esa previsión, que se
encontraba englobada en el concepto general de formación,
quede ahora especificada, tal y como propone el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), en una partida singularizada que
contenga, como usted ha dicho muy bien, un cierto mandato al
Consejo para que en el desarrollo de la política de gobierno
del Poder Judicial de alguna manera ponga un especial énfasis,
si no lo hubiera puesto ya, en el reforzamiento de esa
previsión y de esa competencia. Nosotros queríamos que el
mismo explícito mandato fuera también para que en 1995 el
Consejo reforzara su agilidad y su concentración de esfuerzo
para poner en marcha en 1996, no con módulos de concierto sino
con los módulos de una competencia propia, ese centro de
jueces y magistrados. Dígame usted por qué no se puede hacer
en 1995 lo que está reconociendo que hay que hacer en 1996. Si
me lo explica se lo agradeceré. No obstante sí le digo una
cosa, que eso es un mandato expreso de la ley. Le vuelvo a
repetir que el Presidente del Consejo General del Poder
Judicial estaba dando cuenta de una memoria y de una relación
de necesidades confeccionada antes de que esa ley fuera una
norma imperativa; él venía a dar cuenta de esa memoria. Y le
he de decir también que en el curso de esa comparecencia no se
planteó este debate porque, si se hubiera planteado, a lo
mejor el propio Presidente habría contestado de otra manera.
En cualquier caso, la ley dice lo que dice. Ustedes dicen que
se haga en 1996 y nosotros, para que se haga en 1996, queremos
que se comience ese trabajo en 1995. En ese sentido queremos
ser absolutamente coherentes con la ley que hemos contribuido
a aprobar.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego, concluya.
El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.
Ustedes nos hablan muchas veces de que hay que pactar.
Nosotros entendemos que esta es la mejor solución, pero
ustedes siempre deciden pactar con unos y no con otros.
Nosotros, naturalmente, tomamos nota de ello.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
El señor De la Rocha tiene la palabra.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, muy brevemente
voy a contestar a la última intervención del señor Padilla. En
efecto, las leyes tienen sus ritmos de estudio, de aprobación
y de aplicación, y en una materia como la de justicia esos
ritmos tienen que estar dotados, tienen que estar insuflados
de una cierta prudencia, no de una aceleración que pueda ser
perjudicial. Señor Padilla, en el presupuesto del Consejo
General del Poder Judicial para el año 1995 que probablemente
usted conoce mejor que yo porque ha sido un notorio miembro de
dicho Consejo y se lo reconozco, se introduce el programa
141.C, de formación de jueces y magistrados, que no estaba en
1994; y se ha introducido no sólo porque el Consejo ya venía
haciendo una tarea de ese tipo, sino porque en la reforma que
el Congreso y el Senado han aprobado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial se ha potenciado esa tarea. Y el Consejo al
preparar el anteproyecto de presupuestos --usted sabe que es
el Consejo quien lo prepara--, conociendo una ley que estaba
ya en marcha aunque no estuviera aprobada del todo, conociendo
el contenido de la ley, el ritmo de la misma y calendario de
aprobación de la ley, ha previsto ya ese programa. Y
conociendo también esta otra faceta --no se trata de que el
Presidente del Consejo del Poder Judicial no supiera, al venir
a la Comisión de Justicia e Interior, si se iba a aprobar la
ley, lo sabía perfectamente--, precisamente porque lo conocía
lo que ha hecho es establecer su propio calendario. Según ese
calendario, usted sabe bien que, en el año 1995, se van a
iniciar las tareas de selección, se van a potenciar las tareas
de formación y se van a iniciar los primeros trámites para
constituir el Centro de Estudios Judiciales dependiente del
Consejo, pero no van a necesitar una visualización
presupuestaria hasta el año 1996. Si eso es así, ¿qué
necesidad tenemos de incrementar el gasto en esta sección para
generar más déficit? Probablemente ninguna. Como yo creo que
usted comparte este criterio, el puro aspecto estético de que
pongamos un epígrafe distinto de otro, sin un objetivo
político claro, como puede ser la enmienda que nos ha
planteado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, mi grupo
cree que no debe aceptar su enmienda, aun entendiendo los
objetivos que usted plantea, aun entendiendo la sensibilidad
de la que usted parte; objetivos y sensibilidad que nosotros
compartimos, pero que no nos llevan a aceptar su enmienda sino
a decirle que en el año 1996, sin duda, ese centro tendrá su
visualización, su expresión en el programa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
¡ÇOjÇO!, LADILLO
Sección 12
Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con la máxima brevedad y por cortesía parlamentaria
voy a presentar la Sección 12, correspondiente al Ministerio
de Asuntos Exteriores, en los Presupuestos Generales del
Estado para 1995. Como SS.SS. habrán podido comprobar, la
Sección 12 en estos presupuestos tiene un incremento
importante, un incremento del 13 por ciento, y el tener un
crecimiento muy por encima de la media del gasto público pone
de manifiesto que la sección correspondiente se convierte,
en el ejercicio de este año, en una prioridad del Gobierno.
El objetivo fundamental al que este presupuesto trata de salir
al encuentro es --como no podía ser de otra manera-- el
mantener con la máxima dignidad el servicio exterior de
España. Ese ha sido el planteamiento que ha tenido la sección
a lo largo de los últimos años en los Presupuestos Generales
del Estado, y ese debe seguir siendo el objetivo fundamental
en los presupuestos que esta tarde estamos contemplando. Sí me
gustaría señalar y subrayar que son, a mi juicio, tres las
prioridades más sustanciales que este presupuesto trata de
enfocar. En primer lugar, desde la perspectiva del Gobierno,
tratar de que en el año 1995 la presidencia española de la
Unión Europea se pueda llevar a cabo con la máxima dignidad.
Por tanto, hay partidas presupuestarias que se incrementan en
función de las obligaciones que España ha contraído, en el año
1995, en relación con su presidencia de la Unión Europea y a
su vez de la Unión Europea Occidental. Como SS.SS. saben, el
año 1995 va a ser especialmente rico en acontecimientos desde
la perspectiva de la construcción europea, y a España le va a
corresponder en el segundo semestre ostentar la presidencia
tanto de la Unión Europea como de la Unión Europea Occidental.
Salir al encuentro de los desafíos que plantea desde todos los
puntos de vista, desde el punto de vista político y desde el
presupuestario, es uno de los objetivos de este presupuesto.
En segundo lugar, quisiera subrayar que de la misma manera que
el año pasado, en los presupuestos de 1994, pusimos a punto
nuestro reloj desde el punto de vista de las obligaciones que
teníamos en la esfera internacional con los organismos
internacionales, fundamentalmente las operaciones de
mantenimiento de la paz, este presupuesto de 1995 continúa en
esa tendencia. Estamos acogiendo en los presupuestos del
próximo año los compromisos potenciales conocidos que tiene
España en relación con las operaciones de mantenimiento de la
paz. Digo los conocidos, porque desgraciadamente pueden surgir
otros compromisos que no pueden ser previstos y, por tanto, en
este momento no están contemplados en los Presupuestos
Generales del Estado.
Y la tercera prioridad, no sólo de esta sección sino del
presupuesto de 1995 en su conjunto, tiene que ver con la ayuda
al desarrollo. Como SS.SS. saben bien, el Gobierno ha querido
dar cobijo en estos presupuestos a una creciente
sensibilización de nuestra sociedad en relación con la ayuda
al desarrollo. Tenemos el compromiso --como todos los grupos
parlamentarios que en las resoluciones correspondientes lo
aprobaron en el Parlamento-- de salir al encuentro de las
crecientes necesidades de un mundo en el que afortunadamente
nosotros estamos ya en una prosperidad relativa muy por encima
de la media. Tenemos, por tanto, obligaciones sustanciales con
los países y con los ciudadanos de esta tierra que viven en
condiciones de prosperidad relativa, desgraciadamente muy
inferior a la nuestra. Como saben SS.SS., el organismo
fundamental de la Administración para ello es la Agencia de
Cooperación, que tiene un incremento importantísimo.
Seguramente les costaría a SS.SS. encontrar en todos los
Presupuestos Generales del Estado una partida que tuviera un
crecimiento mayor. Aproximadamente crece un 70 por ciento para
salir --como decía antes-- al encuentro de esa preocupación de
nuestra sociedad que el Gobierno y los distintos grupos
parlamentarios no podían dejar de escuchar. Este será el
objetivo fundamental de la sección correspondiente que tengo
el honor de defender en nombre del Gobierno, pero insisto en
que es también una prioridad no sólo de esta sección, sino de
los Presupuestos Generales del Estado. Antes de terminar,
señor Presidente, me gustaría hacer una brevísima reflexión
sobre la ayuda al desarrollo y decir a SS.SS. que la ayuda al
desarrollo de España no se agota en los Presupuestos Generales
del Estado. Tenemos que tomar conciencia de que la ayuda al
desarrollo es un estado de ánimo de una sociedad madura, de
una sociedad generosa que quiere cooperar de la manera más
rica posible con el sufrimiento ajeno, es decir, el
sufrimiento que acontece, más allá de nuestras fronteras. En
este presupuesto hay también una apelación a la sociedad en su
conjunto para que se movilice en sintonía con lo que el gasto
público va a hacer --aprobado por los representantes de la
soberanía popular--para plasmar en la práctica y en su
comportamiento cotidiano el esfuerzo de solidaridad con
aquellos que en este planeta desgraciadamente viven peor que
nosotros. Hay otros aspectos de la cooperación al desarrollo
que no tienen una plasmación en los Presupuestos Generales del
Estado, que corresponden también a políticas del sector
público y que son de enorme importancia para resolver los
problemas de esos ciudadanos a los que estoy haciendo
referencia. El Gobierno, sensible a todo ello, también quiere
hacer esta reflexión a los representantes de la soberanía
popular. Cuando en esta Cámara acontezca que tengamos un
debate sobre el comercio mundial, cuando acontezca que
tengamos un debate sobre la apertura de las fronteras al
comercio, tendremos que ser consecuentes con lo que estamos
aprobando hoy y ser conscientes de que a veces es mucho más
importante la ayuda a esos países que se puede hacer rebajando
nuestros aranceles, permitiendo que sus productos sean
consumidos en España, que toda la ayuda al desarrollo que los
presupuestos de 1995 estén contemplando. A lo largo de la
legislatura seguramente será objeto de múltiples debates, pero
al hilo de esta defensa, que en nombre del Gobierno tengo el
honor de realizar, sí quisiera dejar sembrada esta idea para
que sea recogida en debates posteriores y para que sea
recogida realmente en las
decisiones políticas que unos y otros tendremos que tomar a lo
largo de los próximos años.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, como nos acaba de decir el señor Ministro, cuyas
explicaciones, aunque breves, agradecemos, es cierto que el
presupuesto para el año 1995 de la Sección 12, Asuntos
Exteriores, conoce un crecimiento significativo. Es cierto
también que ese crecimiento comparativamente es mayor que el
que conocen otras secciones del presupuesto. Sin embargo,
coincidirá conmigo el señor Ministro en que este aumento,
igual que sucedió el año pasado, es en gran parte ficticio. Ya
tuve ocasión el año pasado de decir en esta misma tribuna que
la práctica totalidad del incremento se debía en aquella
ocasión, como en parte se debe también en ésta, al pago de
cuotas a organismos internacionales todavía pendientes de
satisfacer.
Es cierto también (y coincido con las explicaciones del señor
Ministro, incluso con su voluntad y su propósito de invitar a
toda la sociedad española a participar en todo lo que supone
no únicamente el dato físico, material, de la ayuda al
desarrollo, sino incluso en su filosofía) que hay que
reconocer que el incremento que se produce en la que sección
correspondiente a Asuntos Exteriores se debe fundamentalmente
a ese importante y en gran parte bienvenido aumento de las
partidas correspondientes a la ayuda al desarrollo. ¿Qué es lo
que ello quiere decir? Que en cierto sentido el Ministerio de
Asuntos Exteriores se está convirtiendo en el recipiendario de
unos fondos que vienen ya marcados en su atribución y que el
Ministerio lo que hace es simplemente dedicarlos a las
finalidades correspondientes: como el año pasado y este año,
al pago de cuotas internacionales, no por debidas menos
significativas desde el punto de vista de lo que es el
presupuesto, y en el caso de la cooperación al desarrollo
exactamente lo mismo. Naturalmente se puede argumentar que, al
fin y al cabo, es mucho más propio de la acción exterior del
Estado, en un sentido propio, dedicarse a la ayuda al
desarrollo que no exclusivamente convertirse en un buzón para
el pago de cuotas. Pero creo que hay un problema adicional en
el cual tendríamos que centrarnos, que es precisamente lo que
es y lo que el señor Ministro llama la acción a favor del
servicio exterior del Estado y, consiguientemente, las medidas
que el Gobierno quiere tomar y que nosotros estaríamos
dispuestos a apoyar que el Gobierno tomara para mejorar la
calidad del servicio exterior.
Pues bien, creo que donde pudiera el Gobierno o nosotros
estimar que se está mejorando la acción del servicio exterior
del Estado no es con este presupuesto que ahora nos presenta
porque, desde este punto de vista, el presupuesto sigue siendo
insuficiente y, al mismo tiempo, se produce una clara mala
distribución de los escasos fondos disponibles. Por una parte
se incrementan los gastos burocráticos de la administración
central del Departamento. Por ejemplo, dentro del aumento
general que conoce la sección, el programa de dirección y
servicios generales experimenta un crecimiento superior al 10
por ciento, mientras que los servicios de nuestra
administración en el exterior crecen pero lo hacen en mucha
menor medida. El programa de acción diplomática bilateral
crece por debajo del 8 por ciento. En definitiva, en una
traducción un poco inmediata de esas cifras, lo que podemos y
debemos concluir es que hay más burocracia en Madrid y menos
presencia de España en el mundo.
Por otra parte, señor Ministro, es evidente que la burocracia
del Ministerio de Asuntos Exteriores, que suele tener un
comportamiento realmente exacto en la atención de sus
funciones, sin embargo, no se ha caracterizado en estos
últimos años por ser un ejemplo de austeridad y rigor
presupuestarios. Por el contrario, en algunos casos nos hemos
encontrado con algunas manifestaciones de derroche o de
ineficiencia en la utilización de los fondos públicos. Daré
algunos ejemplos para demostrar esta afirmación. Por ejemplo,
el gasto en asesores ejecutivos en alguno de los sectores del
Ministerio, y me refiero concretamente a la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional, está claramente
sobredimensionado. También en algunos casos que hemos traído a
esta Cámara de derroche o despilfarro o de inadecuada
utilización de los fondos públicos cabría referirse a algunos
ejemplos donde no siempre la administración exterior del
Estado ha estado a la altura de las circunstancias. Nos hemos
encontrado con gastos excesivos en la construcción de
determinadas embajadas --caso de la de Santo Domingo o la de
Islamabad--, cuando, por otra parte, es patente que algunas de
las embajadas conocen una incuria que realmente llama la
atención, caso de la residencia de nuestro embajador en
Washington. El Ministerio ha procedido al alquiler, por demás
caro, de una gran cantidad de oficinas en Madrid, mientras no
sabemos exactamente todavía en qué situación y cuándo se va a
producir el posible traslado del Ministerio a la nueva sede.
Incluso nos encontramos en este presupuesto para 1995 con que
la cantidad fijada para los gastos reservados del Ministerio
se ha reducido de manera significativa. Esto nos hace pensar
en la hipótesis de que otros años esa cantidad era ya de por
sí superflua.
Consideramos, por otro lado, que es un presupuesto
desequilibrado. No resulta lógico que más de la tercera parte
del presupuesto de la sección se dedique al pago de cuotas
internacionales. Ya lo denunciamos el año pasado, pero el
agumento de que España debía ponerse al día en numerosos
organismos internacionales
abonando deudas pendientes no puede ser esgrimido nuevamente
para 1995. Lo fue en 1994. ¿Cómo es posible que con respecto
al año anterior no se produzca éste un ahorro significativo en
esta partida? No se trata de debatir si debemos o no pagar
esas cuotas y si debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores
el que lo haga, sino de abrir una reflexión --que yo creo,
señor Ministro, que sería importante que hiciéramos entre el
Gobierno y la oposición-- sobre el equilibrio que ha de
existir entre nuestra potencia económica como nación y la
carga que el Gobierno se compromete, quizá a veces con cierta
alegría, a asumir en el seno de la comunidad internacional.
¿Es razonable que España se haya convertido en el noveno
contribuyente de las Naciones Unidas? ¿Se corresponde ello con
nuestro peso específico en el entorno internacional? Y eso,
reconociendo, al mismo tiempo, naturalmente, cosa que nos
honra --en primer lugar al Gobierno, que es el directo
responsable de los pagos, pero en segundo lugar a toda la
nación española--, el hecho de que seamos un pagador puntual y
preciso de nuestras obligaciones.
Una segunda reflexión que no es la primera vez que planteo al
señor Ministro y que no es la primera vez que planteamos en
esta Cámara, pero que parece siempre, desgraciadamente,
pertinente cuando hablamos de los presupuestos relativos a la
acción exterior del Estado: ¿Es que acaso hay en el
presupuesto de 1995 una adecuación entre los objetivos cada
vez más ambiciosos de nuestra política exterior y unos medios,
por el contrario, cada vez más escasos? Para nuestro Grupo,
lamentablemente, la respuesta es que no existe ese necesario
equilibrio entre objetivos y medios porque, tal y como ya he
señalado, el aparente crecimiento del presupuesto del
Ministerio de Asuntos Exteriores no está en realidad
propiciando una potenciación y modernización de nuestra
administración exterior.
Respecto a la ayuda al desarrollo, sector en donde no nos
cuesta coincidir en gran medida con los propósitos a los
cuales se ha referido el señor Ministro de Asuntos Exteriores,
es cierto que estamos viviendo, desde hace algunos meses, una
espectacular movilización social encaminada a incrementar de
manera significativa los fondos que nuestro país dedica a la
ayuda al desarrollo a través de los Presupuestos Generales del
Estado. Nuestra reflexión al respecto es claramente positiva.
Creemos que la sociedad española ha demostrado una vez más una
gran capacidad de generosidad colectiva, en esta ocasión a
través de una movilización que desde luego trasciende los
intereses inmediatos y particulares de quienes la realizan.
Esta positiva consideración, sin embargo, no significa que
nuestro Grupo no quiera ser y no invite a todos los demás
grupos a ser conscientes del coste que tiene la solidaridad y
de la necesidad de que asumamos solidaria y realistamente ese
coste. Los fondos que dediquemos al desarrollo de los países
más pobres necesariamente tendrán que sustraerse de otras
necesidades internas de nuestro país; necesidades que también
en muchas ocasiones son percibidas de manera dramática. La
solidaridad con los países en vías de desarrollo debe, por
tanto, convertirse en un objetivo y en una reflexión generosa
sobre si estamos dispuestos, como nación y como sociedad, a
prescindir de nuestro bienestar para ayudar a quienes carecen
de casi todo. Consideramos en todo momento que el objetivo
prioritario de la ayuda al desarrollo debe ser aliviar la
pobreza y, a partir de ahí, se puede empezar a pensar en la
articulación de otras prioridades políticas y económicas.
Tiene razón el señor Ministro (y en eso suscribimos plenamente
las palabras que él, en nombre del Gobierno, dirige en esta
Cámara) cuando dice que hay que acostumbrar a la sociedad
española a que la ayuda al desarrollo no sólo sea una
manifestación de los Presupuestos Generales del Estado, sino
de la sociedad civil. De manera que, en un momento
determinado, podemos decir que el cómputo --y no hablemos del
0,35 ó del 0,5 ó del 0,7 por ciento-- no sólo incluya las
aportaciones que se hacen a través de los Presupuestos
Generales del Estado, sino las de toda la sociedad directa o
indirectamente. Ese sería el sentido más profundo y filosófico
que nosotros queríamos abonar al apoyar esta parte de los
presupuestos.
En ese sentido, nosotros hemos presentado toda una serie de
enmiendas que tienen precisamente como objetivo incrementar
las partidas presupuestarias destinadas a ayudar al desarrollo
hasta alcanzar el 0,5 por ciento del PIB. Era un compromiso
que nuestro Grupo tenía contraído y que hemos traducido en un
incremento global de 165.000 millones de pesetas.
Desearíamos, por una parte, que, al entrar en esta discusión,
poder asegurar que el Gobierno queda obligado a realizar este
gasto por este concepto y, por otra, también asegurar el
adecuado control parlamentario de los fondos. La distribución
propuesta por nuestro Grupo para este incremento consiste, en
primer lugar, en un aumento de 18.000 millones de pesetas de
los créditos FAD para el próximo ejercicio presupuestario.
Querríamos también de esa manera subsanar varias deficiencias
que hemos venido denunciando al respecto: desfases
presupuestarios que se vienen solapando año tras año,
deficiencias normativas y técnicas puestas de manifiesto,
entre otros, por el informe del Tribunal de Cuentas. En este
sentido esperamos que la próxima ley de cooperación, que el
Gobierno se ha comprometido enviar al Parlamento antes de que
termine este período de sesiones y por iniciativa precisamente
de nuestro Grupo, suponga la imprescindible garantía de la
eficacia y control de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, le ruego concluya.
El señor RUPEREZ RUBIO: Voy acabando, señor Presidente.
En segundo término, nuestro Grupo ha propuesto una dotación
adicional de 37.000 millones de pesetas para el Programa
134.A, de cooperación al desarrollo. Con estos dos incrementos
pretendemos llegar a los 240.000 millones de pesetas, que
constituirían el 0,35 por ciento para ayuda al desarrollo. Los
100.000 millones de pesetas necesarios adicionales para
alcanzar el 0,5 por ciento procederían de una modificación de
la disposición adicional decimonovena que quedaría, según la
propuesta que ha realizado nuestro Grupo, de la siguiente
manera: Al objeto de atender proyectos de ayuda al desarrollo
en países del Tercer Mundo, el Consejo de Ministros enviará al
Congreso de los Diputados créditos extraordinarios hasta un
importe de 100.000 millones de pesetas, siempre y cuando el
objetivo de la reducción del déficit público de España sea
revisado oficialmente a la baja hasta situarse en el 0,5 por
ciento del producto interior bruto. La razón por la que
incluimos en la mayor parte de este incremento los créditos
extraordinarios es el mayor control parlamentario que permite
esta fórmula con respecto a los créditos ampliables. La
cuestión clave debe ser, a nuestro juicio, garantizar un
máximo grado de eficacia en la gestión de estos fondos con una
estructura administrativa y burocrática lo más ligera posible.
Ahorro a esta Cámara la lectura o la exposición de las
restantes enmiendas que con respecto a la Sección 12 mi Grupo
ha presentado, pero me gustaría acabar recordando que nuestra
preocupación ha sido la de recoger el dato que, por una parte,
tiene el aspecto positivo que supone el registro del aumento
de algunas cantidades significativas para funciones también
significativas de la acción exterior del Estado, como es la
ayuda exterior, pero, al mismo tiempo, también reflejar el
claro desfase que se produce en la articulación de esos fondos
con respecto a prioridades a las cuales el señor Ministro no
ha hecho referencia. De hecho están en la exposición genérica
de las prioridades de la acción exterior del Estado y reflejan
un inadecuado tratamiento de las necesidades de la presencia
cultural y lingüística de España en el exterior y se traducen,
por ejemplo, en un adecuado tratamiento del centro Cervantes.
En definitiva, señor Presidente, señor Ministro, señorías,
estas son las razones que abonan la presentación de la
enmienda a la totalidad a los presupuestos correspondientes a
la Sección 12 y las enmiendas correspondientes. Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Enmiendas del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para defender la enmienda número 251 que hemos
presentado a la Sección 12, Servicio 12.03 Programa 134.B que
literalmente dice: Cooperación, promoción y difusión de la
cultura en el exterior.
A nosotros, en líneas generales, nos parece equilibrado el
presupuesto de Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque bien
es verdad que con la intervención del señor Ministro ha
quedado claro que el año que viene va a ser un año en el que
hubiera sido necesario una mayor dotación presupuestaria, dado
el protagonismo que el servicio exterior del Estado y, en
concreto, los eventos previstos para el año próximo van a
necesitar. pero ello no debe hacernos olvidar la labor de cada
día, y quizá esa labor que debe hacerse no solamente con los
medios propios, sino también en colaboración con otros
organismos que pueden colaborar perfectamente en la promoción
y difusión de nuestra cultura en el exterior.
Bien está el presupuesto del Instituto Cervantes que, aunque
de manera incipiente, está haciendo una gran labor en este
terreno, pero creo que hay experiencias muy positivas en orden
a los convenios que se firman con organismos internacionales
no gubernamentales de los cuales se puede aprovechar su
infraestructura, su experiencia, su aportación y que con una
pequeña --en su cuantía-- cantidad de los presupuestos
generales, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores,
se puede potenciar esa promoción y difusión del hecho cultural
español en el exterior.
Ese es el sentido de nuestra enmienda, que prevé aumentar a
ese programa 100 millones de pesetas.
Parece una cantidad pequeña, pero a la vista de las
experiencias y de los convenios que hay firmados actualmente
con organismos como la Unesco, Unión Latina, con fundaciones
públicas radicadas en el extranjero, podría permitir aumentar
algunos de los convenios que están en marcha o firmar alguno
nuevo de gran interés por su repercusión y el prestigio que
tiene la organización internacional no gubernamental, que lo
llevaría a cabo en el exterior. Esta es la finalidad de
nuestra enmienda, que espero merezca el apoyo de SS.SS. Nada
más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Enmienda de la señora Rahola. Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, pido que se dé por
defendida en sus propios términos y se someta luego a
votación.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo parlamentario ha mantenido una única
enmienda a la Sección número 12 relacionada con uno de los
temas que tanto el señor Ministro como el portavoz del Grupo
Popular han subrayado como importantes en estos presupuestos,
puesto que es uno de los incrementos más relevantes de la
sección que estamos contemplando; esto es, las obligaciones y
las cuotas internacionales. Eso me permitirá referirme también
al compromiso de esta Cámara que hemos presentado en forma de
enmiendas, no a esta sección, pero sí a la disposición
adicional decimonovena, esto es el compromiso sobre la ayuda
oficial al desarrollo. Quisiera precisar claramente desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuál es el compromiso
que esta Cámara ha adoptado por unanimidad y que, por lo
tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, como responsable
directo e inmediato de vehiculizar lo que contemplan los
presupuestos y lo que son los acuerdos de esta Cámara, debe
comprometerse a realizar. El compromiso de la Cámara fue
llegar al 0,5 por ciento en el año 1995; no como dice la
enmienda, que finalmente está aprobada, a través de créditos
extraordinarios ampliables sin especificar la cuantía, sino
que la moción que se aprobó por unanimidad a consecuencia de
la interpelación habla explícitamente del 0,5 como nos lo
recordaba el señor Rupérez ahora respecto de las enmiendas del
Grupo Popular. Quisiera aprovechar esta intervención de
defensa de enmiendas a la Sección 12 para volver a recalcar el
compromiso que nuestro grupo entiende que ha tomado esta
Cámara y que, por tanto, tiene el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Sección 12: llegar a un gasto efectivo del 0,5 en
el año 1995, no en función de si se presentan o no créditos
extraordinarios ampliables y en función de proyectos entre el
0,35 y hasta el 0,5 sino, insisto, llegar al 0,5. Si llegan
los impulsos, mejor que mejor, pero, si no, es responsabilidad
de esta Cámara, de la Sección 12 y del Ministro de Asuntos
Exteriores invertir este gasto en ayuda oficial al desarrollo.
Comparto con el señor Ministro que esa no es toda la ayuda al
desarrollo que puede y que hace nuestro país, ni mucho menos;
que en la firma de convenios internacionales, en el GATT --
vamos a discutirlo en fechas próximas-- también hay un gran
elemento --puede haberlo-- de ayuda al desarrollo si este
convenio es firmado de forma equilibrada. Algo hemos ganado en
las discusiones que hemos tenido en esta Cámara y en Comisión.
Les recuerdo a SS.SS. que la posición global, general de
nuestro grupo era, para decirlo muy brevemente: GATT, sí; OIT,
también; es decir, GATT, sí, pero cláusulas sociales también
como expansión de un sistema de intercambios más acorde, más
igualitario y también como expansión de un sistema de derechos
y protecciones a los trabajadores de todo el mundo. Esta es
nuestra aproximación a este importante tratado que, como decía
el señor Ministro, implica también en su aspecto de rebajas
arancelarias ayuda importante a los países en vías de
desarrollo, a los países en crecimiento. A eso habría que
añadir --hace poco lo señalaron nuestro Ministro, nuestro
Gobierno-- trabajar por un auténtico nuevo orden económico
internacional; no es sólo el GATT, sino que hay muchas más
cosas que deberían ser cambiadas para poder hablar de una real
contribución desde los países ricos o no tan ricos, aunque
España ya está en este club que podemos llamar de los países
ricos, para contribuir al desarrollo general del planeta. De
todas formas, quisiera relacionar la cuestión de la ayuda
oficial al desarrollo con el tema del puntual pago de las
cuotas internacionales, y ahí va nuestra enmienda. Nosotros
proponemos en nuestra enmienda que en 1995 las cuotas de
nuestra contribución a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y a la UEO no se abonen, como signo político
de disconformidad de nuestro grupo en el tema de la OTAN, de
nuestro país en su proyección de política exterior a los
necesarios cambios que deben introducirse en el funcionamiento
de la UEO y a la necesaria extinción, en nuestra opinión, de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La cifra que
figura en nuestra enmienda es un cálculo aproximado. Ese es el
sentido de nuestra enmienda, y quisiéramos preguntar al
Ministro qué sentido político tiene, qué virtualidad política
tiene este puntualísimo pago de todas las cuotas
internacionales. ¿Hay algún objetivo político que se nos
escapa a los demás grupos en esta puntualidad en el pago
cuando somos, quizá, si no el único, sí uno de los poquísimos
países que está al día en todos los pagos internacionales,
cuando el peso de nuestra economía en el conjunto de las
economías del mundo no es tan relevante como para estar tan
preocupados en este puntual pago de cotizaciones? Puntual pago
que no se corresponde con una predisposición; ha tenido que
ser la sensibilidad de la sociedad civil, la plataforma del
0,7, esa sensibilidad de la sociedad española, de la que todos
los grupos nos sentimos partícipes de la misma ahora, pero que
no todos los grupos parlamentarios han contribuido en la misma
medida a propiciarla y a levantarla. En este sentido, creo que
nuestro Grupo parlamentario puede presumir de haber sido de
los primeros en plantear este objetivo, en estar entre las
gentes que han promovido esta explosión general de
sensibilidad social de nuestro país respecto de la ayuda al
desarrollo. El Gobierno, al final y por acuerdo de todos los
grupos, ha tenido que sumarse a ella con un paso algo
cambiado, aunque al final se ha sumado, que es lo importante y
lo que hay que subrayar.
Al lado de eso, vuelvo a insistir, está esta preocupación,
casi diría que obsesiva, no sé si freudiana, por este puntual
pago de todas las cuotas internacionales. Quisiéramos saber
qué se esconde políticamente detrás
de esta puntualidad porque quizás, con el retraso en el pago,
con la congelación del pago, podríamos hacer valer más
nuestras posiciones, por ejemplo, a favor de la reconversión
de la Unión Europea Occidental, no en una alianza occidental
que se subarrienda a la Unión Europea, sino en un auténtico
elemento al servicio del poder civil de la Unión Europea. En
1996 tendremos ocasión de discutir las posibles reformas o
extinción y renacimiento de sus cenizas de un auténtico
espacio de defensa de la Unión Europea, pero auténticamente
hijo y dependiente de la Unión Europea, no subarrendado como
sucede ahora. Si estuviésemos de acuerdo con eso desde los
bancos del Gobierno y desde los bancos de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya supondría marcar alguna diferencia
con los objetivos que están cumpliendo hoy Unión Europea
Occidental, Organización del Tratado del Atlántico Norte y su
incardinación y su, para nosotros excesiva, subordinación.
Este es el sentido, más político que económico, de nuestra
enmienda cuando proponemos, concretamente en la enmienda 622,
congelar el pago de estas dos contribuciones internacionales.
A la vez, como ya he dicho --insisto y con eso voy a terminar,
señor Presidente--, quisiera recordar a toda la Cámara,
especialmente al Ministro, que el compromiso de esta Cámara,
por lo tanto de su Ministerio, es hacer efectivo un gasto del
0,5 en ayuda oficial al desarrollo para 1995.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín
Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, supone para mí una gran
satisfacción defender, en nombre del Grupo Socialista, en este
trámite parlamentario, el presupuesto de la Sección 12. Supone
una gran satisfacción por el alto grado de aceptación que,
para el conjunto de los grupos, suscita el contenido que en
dicha Sección está presupuestado; ello en consonancia, claro
está, con el esfuerzo de consenso que todos los grupos y
partidos venimos realizando en los planteamientos de nuestra
política exterior.
En efecto, en este trámite parlamentario ya no quedan
enmiendas vivas ni del Grupo Socialista ni del Grupo de
Convergència i Unió ni del Grupo del PNV. Se ha hecho un
importante esfuerzo en Comisión, tanto como por nuestro Grupo
como por otros, para introducir aquellas enmiendas que, a
nuestro juicio, eran asumibles en el conjunto de la Sección
12. Sólo queda una enmienda del Grupo Federal de Izquierda
Unida, la relativa a la supresión de las cuotas a la OTAN y a
la UEO, que responde, más, usted me lo permitirá, señor
Espasa, a un planteamiento que trasciende lo que es un debate
parlamentario; para salirnos de la OTAN o de la UEO, creo que
estará de acuerdo conmigo en que el camino adecuado no es una
enmienda presupuestaria, sino una ley al efecto.
El Grupo Popular sí que mantiene una enmienda de totalidad a
la Sección, así como ocho enmiendas parciales. A nuestro
juicio, se trata de una enmienda de totalidad de carácter más
bien testimonial. En definitiva, es la habitual enmienda a la
práctica totalidad de las secciones del principal Grupo de la
oposición.
¿En qué basamos tal calificación? Señorías, señor Rupérez,
utilizan ustedes en la justificación de tal enmienda, así como
en la intervención que usted ha realizado aquí esta tarde, una
descalificación yo diría que dura, una descalificación global.
Habla de inadecuada distribución de créditos, de falta de
control y excesiva discrecionalidad en la aplicación de los
mismos, de imposibilidad de alcanzar los objetivos de
discrepancia en las prioridades políticas de los gastos,
etcétera.
Ahora bien, ¿qué hay tras una justificación tan decisiva, y
diría «decisiva» entre comillas? Señorías, solamente existe un
conjunto de ocho enmiendas parciales por un monto global de
254 millones de pesetas, una cantidad --asómbrense, señorías--
, equivalente al 0,25 por ciento del presupuesto total del
Departamento, y ello a pesar de que el señor Rupérez haya
hecho en esta tribuna piruetas incluyendo enmiendas relativas
a las disposiciones adicionales o enmiendas que no están
incluidas en la Sección 12, que es la que estamos discutiendo.
Permítanme que les diga, para justificar tan decisiva
descalificación, que deberían haber hecho un mayor esfuerzo en
presentar alternativas a la actual distribución de crédito de
la Sección. Por ejemplo, habla reiteradamente de las cuotas.
Yo le preguntaría: ¿Qué es lo que plantea el Grupo Popular?
¿Que bajemos las cuotas? ¿Que nos salgamos de algún organismo
en concreto o, por el contrario, que haya un incremento de la
partida? Usted no lo ha especificado. Creo que usted se queda
en este aspecto en la mera retórica. Otro de los elementos
esenciales que usted ha tratado aquí es la ayuda oficial al
desarrollo. Viene a decir, en esencia, que están ustedes de
acuerdo en el incremento que el Grupo Socialista ha
propiciado. Como ya ha ocurrido en ejercicios presupuestarios
anteriores, hay un aspecto en el que sí podemos estar
parcialmente de acuerdo con el señor portavoz del Grupo
Popular, y es que estos presupuestos probablemente nos parecen
cortos. Nos parecen cortos en función del papel que España
viene desempeñando en la esfera internacional durante los
últimos diez, doce o quince años. No decimos --entiéndase
bien-- que sean unos presupuestos insuficientes, pero sí
cortos quizá para obtener todo el fruto potencial que nuestro
país puede sacar de su actual posición internacional. En este
sentido, ustedes reconocerán conmigo que durante los últimos
ejercicios se vienen realizando importantes
esfuerzos para incrementar el presupuesto del Departamento, y
como usted sabe perfectamente, es un incremento que viene
superando la media de los Presupuestos Generales del Estado.
Hemos pasado, por sólo citar los últimos años, de un
presupuesto de 71.000 millones en 1993 a 95.000 millones en
1994; es decir, un incremento en torno al 33 por ciento, y a
108.000 millones en 1995, lo que supone un incremento del 14
por ciento, aproximadamente, respecto al ejercicio anterior,
aunque usted también sabe que el presupuesto que finalmente se
ejecute, como consecuencia de la partida destinada a la ayuda
oficial al desarrollo, superará los 108.000 y, en
consecuencia, el incremento inicialmente previsto del 14 por
ciento. A pesar de todo esto, nosotros compartimos que durante
los próximos años, en la medida en que se supere la crisis de
la economía española y las actuales tensiones generadas por el
déficit público, habrá de producirse --ahí estamos de acuerdo-
- un salto cualitativo y cuantitativo en la asignación de
crédito a nuestra política exterior, de forma que el
presupuesto permita responder a nuestra actual posición en el
grupo de los países más desarrollados del mundo. No obstante,
ustedes estarán de acuerdo en el más que provechoso fruto que
se viene obteniendo de los recursos asignados a nuestra
política exterior durante los sucesivos gobiernos socialistas.
Sirvan a título de ejemplo los siguientes. Hemos pasado, y
ustedes lo saben bien, de ser un país receptor de ayuda
oficial al desarrollo a ser un país donante. Este próximo año
podremos alcanzar la cifra del 0,5 en el PIB para llegar a la
mítica cifra del 0,7 por ciento. Se ha producido nuestra plena
integración en la Unión Europea, en la UEO. Participamos en
numerosas nuevas organizaciones internacionales, la OTAN entre
otras. Se ha creado el Instituto Cervantes para la difusión de
nuestra lengua y cultura. También ha sido en la etapa de los
gobiernos socialistas. Participamos en operaciones de
mantenimiento de la paz. Hemos incrementado la ayuda de
emergencia, etcétera.
Todo ello no viene sino a poner de manifiesto la altísima
productividad de los recursos asignados al Departamento, así
como la entrega, la vocación y la profesionalidad del personal
de nuestro servicio exterior, aspecto que tengo especial
interés en resaltar. Usted mismo, señor Rupérez, es un
profesional que sabrá apreciar perfectamente esta afirmación.
En conclusión, los recursos, aunque cortos, en absoluto han
sido insuficientes para garantizar una presencia creciente y
ampliamente digna de nuestro país en la esfera internacional.
Sinceramente, señor portavoz del Grupo Popular, creo que para
justificar una enmienda de devolución de la Sección 12 no
debería quedarse en mera retórica, en meras declaraciones de
principio, sino presentar alternativas de redistribución, de
reasignación de créditos y de redefinición de objetivos de
nuestra política exterior.
Señor Presidente, no quisiera terminar mi intervención sin
hacer referencia antes, aunque sea brevemente, a algunas de
las enmiendas parciales que aún permanecen vivas en este
trámite parlamentario. Por ejemplo, quisiera poner de
manifiesto que las enmiendas presentadas por la señora Rahola,
a pesar de la trascendencia de las mismas, hablan ni más ni
menos que de la supresión de la Jefatura del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, las enmiendas de la
señora Rahola no han sido admitidas a trámite por la Mesa; por
lo tanto, no están en el debate ni van a ser objeto de
votación.
El señor MARTIN MESA: En ese caso, y tras su indicación, no me
referiré a ellas. El Partido Aragonés Regionalista, del Grupo
Mixto, mantiene viva una enmienda que propone una reducción de
cien millones de pesetas en la participación en organismos y
conferencias internacionales.
Señor Mur, estas contribuciones se presupuestan muy ajustadas
y, naturalmente, cualquier fluctuación de la peseta originaría
serias dificultades para atender nuestros compromisos. En
consecuencia, no podemos admitirla. La enmienda presentada por
el Grupo Federal de Izquierda Unida, propone la supresión o la
reducción de la partida de 1.900 millones de pesetas.
Independientemente de que la cantidad no esté ajustada, debo
decirle que nuestra contribución a la UEO, según nuestra
información, es de 400 millones de pesetas y a la OTAN de 784,
en total son 1.184 millones de pesetas. Ya le decía antes, y
le reitero, que no parece el procedimiento adecuado discutirlo
en un debate presupuestario, sino que será una decisión de
otra trascendencia, en cualquier caso una proposición de ley,
un proyecto de ley.
Respecto a las ocho enmiendas que mantiene vivas el Partido
Popular, me referiré a algunas de ellas. Por ejemplo, en la
enmienda 1.075 propone incrementar en 25 millones la ayuda de
emergencia y reposición. Es evidente que nosotros compartimos
este loable deseo de disponer de mayores dotaciones para ayuda
a países necesitados. Sin embargo, no podemos compartir la
financiación que propone.
Igual ocurre con la enmienda, 1.076, de dotaciones para becas
de alumnos de la Escuela Diplomática. Usted, señor Rupérez,
debe saber que los alumnos de la Escuela Diplomática de nuevo
ingreso cobran las retribuciones que corresponden a
funcionarios en prácticas, de acuerdo con la normativa
vigente. Las becas destinan ayudas a otros alumnos que asisten
a cursos de perfeccionamiento y consideramos que están
suficientemente dotadas.
Respecto a las enmiendas sobre el Instituto Cervantes,
que pretenden que se dote de 200 millones de pesetas el
capítulo de inversiones, ya decía a sus compañeros que
defendieron la enmienda en Comisión, y le reitero aquí, que
compartimos el loable interés de los Grupos por fortalecer el
Instituto Cervantes. De hecho, ha sido el Grupo Socialista al
que ha presentado una enmienda de 300 millones de pesetas,
aceptada en Comisión, pero para aquello que consideramos
prioritario, como es precisamente el dotar los capítulos de
gastos corrientes. Los nuevos centros se realizan en muchas
ocasiones mediante convenios con organismos o con gobiernos
internacionales. El gran reto del Instituto es disponer del
capítulo 1 para pagar al profesorado que ha de impartir los
cursos de español y para atender a los gastos de
funcionamiento. En un ejercicio de restricción presupuestaria,
nosotros sí hemos considerado indispensable el dotar de estos
300 millones, pero no así en el capítulo de inversiones, ya
que alentamos a que el propio Instituto, mediante la vía de
convenios, pueda sufragar las inversiones en nuevos centros.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, le ruego concluya.
El señor MARTIN MESA: Sí, señor Presidente. Concluyo diciendo,
señorías, similares argumentos a los que empecé poniendo de
manifiesto: el alto nivel de acuerdo existente en el
presupuesto de la sección 12 y en la política exterior
española como política de Estado. Me interesa resaltar
especialmente esto. También termino haciendo votos para que la
situación general de la economía del país permita, en un
futuro inmediato, el salto cualitativo y cuantitativo que
todos deseamos en la política presupuestaria del Departamento
de Asuntos Exteriores que permita, claro está, el
reforzamiento y la consolidación de nuestra ya importantísima
presencia en la esfera internacional. Eso es todo, señor
Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, el señor
Martín Mesa, como otros portavoces socialistas en trámite
similar, acusa al Grupo Popular de utilizar la retórica en la
formulación de la enmienda a la totalidad y, al mismo tiempo,
se pregunta cuál es la razón de la presentación de esta
enmienda a la totalidad. Lo primero que le quería decir, señor
Martín Mesa, es que a mí me bastaría con escuchar su respuesta
para saber que nuestra enmienda a la totalidad estaba bien
planteada y que, únicamente con esa justificación, ya tendría
suficiente explicación. Sus palabras, más leídas que dichas,
más dictadas que pensadas y, sobre todo, más basadas en el
guión que le habían escrito que en las palabras que aquí se
han pronunciado, en el fondo le han llevado a mantener
posturas, que son ciertamente las del Gobierno (me gustaría
que ya no fueran las de ustedes sino las del Gobierno) y que,
en cualquier caso, no corresponden en absoluto a muchas de las
cosas aquí dichas. Como le digo, a la pregunta de por qué
presentamos esta enmienda a la totalidad, únicamente por el
placer de poder contestarle a las cosas manifiestamente
erróneas a las que usted se ha referido, porque, señor Martín
Mesa, todos estamos de acuerdo en que la dotación del
Ministerio de Asuntos Exteriores es insuficiente. Todos
estamos de acuerdo en que la acción exterior del Estado ha
contado con medios insuficientes a lo largo de estos últimos
años, y nosotros (ciertamente, no ustedes) somos de los que,
además, creemos que la distribución de esos medios nunca ha
sido la que las necesidades o las posibilidades razonablemente
aconsejaban.
Decir que únicamente por una narración de las cuotas que
debemos y pagamos, o de los organismos a los que pertenecemos,
la política exterior española está absolutamente justificada
en sus actuaciones, no es cierto, señor Martín de Mesa; no es
cierto. Este país, en este momento, y no únicamente por la
insuficiencia presupuestaria, no tiene la capacidad de
presencia internacional que debería tener y que merecería
tener, y eso no es producto de la insuficiente presupuestaria.
Esto es, entre otras cosas, el resultado de una mala dotación
presupuestaria, efectivamente, pero ése es el producto y el
resultado de otras deficiencias muy graves que se producen en
la misma concepción de la acción exterior. Porque no se trata
de cantar los méritos de aquellos que yo tengo honrosamente
como compañeros, los diplomáticos, en su dedicación y en su
capacidad; se trata de saber también que no sólo están
actuando bajo situaciones en donde los medios difícilmente
alcanzan para la realización de sus funciones, sino que,
además, el Gobierno --el Gobierno socialista-- difícilmente
les ha dotado de medios, y sobre todo de instrucciones, para
articular una acción exterior del Estado que mereciera
efectivamente tal nombre. Eso es lo que nos está pasando y ésa
es la justificación última de nuestra enmienda a la totalidad
y de las enmiendas parciales correspondientes. Por ejemplo,
cuando nosotros pedimos que se aumente la dotación
correspondiente a la ayuda de urgencia, ustedes dicen que les
gustaría, pero que no pueden. Cuando les decimos que hay que
aumentar un aspecto fundamental, que ustedes tienen bastante
olvidado, que es el de la presencia cultural y lingüística de
España en el exterior, ustedes nos dicen que ya se ocuparán de
tratar de los salarios de los profesores del Instituto
Cervantes. Cuando nosotros les decimos una cosa tan simple y
en el fondo tan barata como que vuelvan a dotar con nueve
millones de pesetas a un programa tan significativo como es el
programa archivos, en donde España
debería tener una participación importante, ustedes dicen que,
después del 92, para qué ocuparse de estos temas que no tienen
absolutamente ninguna razón de ser. Cuando ustedes nos dicen
que comparten lo que ha sido la decisión unánime de esta
Cámara sobre la ayuda al desasrrollo, para aumentar los fondos
correspondientes a esa ayuda en el año 1995, ustedes dicen que
no pueden llegar más lejos, y nosotros les hemos propuesto
vías que están contablemente garantizadas para que
efectivamente lleguemos en el año 95 a lo que esta Cámara
dijo: al 0,5 por ciento. Y además lo hagamos de manera
racional y razonable, de forma que también la Cámara sea capaz
de comprender exactamente cómo se gasta el dinero que estamos
diciendo.
A todos esos argumentos, que a mí me parecen enormemente
poderosos y suficientes para ser entendidos, ustedes contestan
diciendo simplemente que la enmienda a la totalidad no tiene
ninguna justificación. Estas son las justificaciones de la
enmienda a la totalidad. Además, señor Martín Mesa, lo que
ocurre es que aquí estamos discutiendo cosas que, teniendo un
reflejo presupuestario, van más allá de los Presupuestos, y es
que este país, como antes le decía, desgraciadamente, no está
a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que la
Nación exige, a la altura de lo que los españoles necesitan. Y
los españoles necesitan un país que esté fuertemente
articulado en el interior, como para ser capaz de mostrar en
el exterior lo que este país debería mostrar. En eso el
Gobierno no está, y la insuficiencia de la dotación
presupuestaria es simplemente una manifestación de esa
incapacidad. Al hacer esa enmienda a la totalidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, le ruego concluya.
El señor RUPEREZ RUBIO: ... Lo que nosotros queremos hacer es
no sólo demostrar la insuficiencia presupuestaria, sino además
demostrar la incapacidad gubernamental para hacer la política
exterior que España necesita. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
Señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Yo esperaba que en esta nueva intervención del señor Rupérez
se nos aportara algún nuevo argumento. Sólo ha reiterado los
escasos argumentos que ya sostuvo en su primera intervención.
Dice que el país no tiene la presencia internacionalque le
correspondería. Señor Rupérez, deberá estar de acuerdo
conmigo, si no quiere faltar a la verdad, en que la presencia
internacional de España durante la época de los gobiernos
socialistas es la más importante que jamás ha tenido este
país. En la última década estamos teniendo una presencia
creciente, yo le diría incluso que brillante, en los distintos
foros, en las distintas esferas, en los distintos organismos
internacionales, y ello con unos presupuestos de política
exterior que ya le he dicho y le reitero --no me duelen
prendas-- que compartimos que se deben incrementar en el
futuro. Habla de escasa presencia lingüística. Señor Rupérez,
ha sido con los Gobiernos socialistas cuando se ha creado el
Instituto Cervantes. Hoy, afortunadamente, todos compartimos
la importante labor que viene desarrollando; todos compartimos
que habrá de dotarse de forma importante el presupuesto del
Instituto, y ha sido precisamente una enmienda del Grupo
Socialista la que, para el ejercicio presupuestario de 1995,
va a permitir, sobre las cantidades inicialmente
presupuestadas, incrementar 300 millones de pesetas el
presupuesto del organismo.
Señor Rupérez, yo no tengo que hacer méritos. Mis méritos son,
sencillamente, los de ser Diputado. Probablemente usted
responda a otros intereses. No le voy a entrar al toro de las
descalificaciones personales que usted ha pretendido propalar
en su segunda intervención. Yo, por el contrario, discrepando
con la enmienda a la totalidad profundamente, pensando que es
una enmienda más de retórica, que le reitero, o de
argumentación típica del principal grupo de la oposición, creo
que no hay contenido de fondo, lo que sencillamente, en
consonancia el Grupo Socialista con el Gobierno, nos lleva a
fijar la posición tanto en la defensa de nuestas propias
enmiendas como en el rechazo de las suyas.
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín de Mesa.
--PROYECTO DE LEY SOBRE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL. (Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la Sección 12,
vamos a pasar a la votación correspondiente al Proyecto de Ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social y de
las secciones debatidas.
Enmiendas al título I.
Enmiendas del Grupo de Izquirda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 153; negativos, 168; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 59, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 120 y 124.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 16; en contra, 171; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 15; en contra, 304; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo. Enmiendas
números 3, 4, 5 y 6. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, diez; en contra, 178; abstenciones,
137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 167; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 11; en contra, 164; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 252 y 253.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 135; en contra, 186; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 11; en contra, 166; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 10 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 142; en contra, 182; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 157; en contra, 165; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 11; en contra, 302; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 298; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 324; a favor, 25; en contra, 166; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 10; en contra, 182; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al dictamen del título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 167; en contra, 152; abstenciones,
ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas al Título II.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmienda número200.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 135; en contra, 186; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 15; en contra, 307; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 10; en contra, 313; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 142; en contra, 182; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco, excepto la número 20,
afectada por una enmienda transaccional relativa al artículo
51 bis, nuevo. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 11; en contra, 181; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 20, del
Grupo Vasco. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 177; en contra, 15; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación correspondiente al dictamen del Título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 167; en contra, 144; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a los Títulos III y IV, y a las
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y
finales.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Enmienda número 29.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 161; en contra, 165; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 38 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 12; en contra, 179; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 10; en contra, 164; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmiendas números 214, 219, 259 y
260. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 134; en contra, 187; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 151; en contra, 172; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Enmiendas números 101, 106, 107, 108 y 109.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 154; en contra, 172; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 173; en contra, 152; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. (Rumores.--
Aplausos.) Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 16; en contra, 172; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 11; en contra, 177; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 143; en contra, 165; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen de los Títulos III y
IV y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y
finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 167; en contra, 154; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995. (Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las secciones.
No hay enmiendas presentadas a las Secciones 01, 02, 03, 04 y
05. Pasamos, por consiguiente, a la votación del dictamen de
estas secciones. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 321; en contra, una; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a la Sección 08.
Enmienda número 327, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 323; a favor, 10; en contra, 164; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 139; en contra, 183; abstenciones,
cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista en
relación con la número 326, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 190; en contra, tres; abstenciones,
134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votación relativa al dictamen de la Sección 08.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 192; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a la Sección 12, Ministerio de Asuntos
Exteriores. Enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 327; a favor, 138; en contra, 174; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 319; a favor, 11; en contra, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 328; a favor, 18; en contra, 306; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen de la Sección 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 326; a favor, 192; en contra, 133; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
¡¡¡OJO LADILLO PAGINA 414!!!
Pasamos al debate de la sección 15, Ministerio de Economía y
Hacienda. Para la presentación del presupuesto de esta
sección, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda. (Numerosos señores diputados abandonan el salón de
sesiones.--Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
¡Señorías, estamos en sesión! Ruego guarden silencio. (Pausa.)
Sección 15
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Señorías, con motivo de la presentación ante esta Cámara de
los Presupuestos Generales del Estado para 1995 tuve ocasión
de centrarme en los grandes objetivos de los presupuestos. En
ese contexto, los presupuestos del Ministerio de Economía y
Hacienda lógicamente pretenden la consecución del mismo
objetivo de consolidación presupuestaria y ajuste de los
gastos de funcionamiento del Estado. (El señor Vicepresiente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Antes de comentar el contenido específico de los créditos
presupuestarios, permítanme que realice algunas reflexiones de
carácter general pero que me parecen imprescindibles para
efectuar un correcto análisis del presupuesto del
departamento.
En primer lugar, y si excluimos las operaciones financieras...
(Murmullos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, un
momento, por favor. Ruego a SS.SS. que guarden silencio, y
ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solves Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Decía que, en primer lugar, quiero resaltar el hecho de que el
presupuesto no financiero del departamento va destinado
fundamentalmente a financiar gastos de funcionamiento.
Excluyendo las operaciones financieras, el 83 por ciento del
presupuesto no financiero son gastos operativos, entendiendo
por tales los de personal, bienes y servicios, las
transferencias corrientes y de capital a los organismos
autónomos y a la Agencia Tributaria. Incluso las inversiones
reales del departamento se dedican en su práctica totalidad
también al funcionamiento operativo. Por tanto, las políticas
activas son relativamente escasas en el departamento y sólo
destacaría en primer lugar la política de incentivos
económicos regionales, las actuaciones de las revisiones
catastrales, las inversiones para la elaboración de censos y
encuestas del Instituto Nacional de Estadística y, finalmente,
la administración y gestión de la cartera de valores del
Estado.
En segundo lugar, las operaciones financieras cabe indicar que
tienen un peso importante y, entre ellas, destacan las
adquisiciones de acciones del grupo de Patrimonio, los
créditos a favor del Fondo de Ayuda al Desarrollo y el
reaseguro por riesgos extraordinarios de los créditos a la
exportación llevados a cabo por la compañía española de Seguro
de Crédito a la Exportación. Este conjunto de partidas suponen
el 60 por ciento de los créditos totales del departamento. En
tercer lugar, querría resaltar el hecho de que el presupuesto
del departamento debe tener lógicamente un comportamiento
ejemplarizante en función de la política de austeridad y
contención de gasto.
En el año 1994 el ministerio realizó ya un serio esfuerzo de
contención y racionalización de los gastos, de forma que la
previsión de liquidación de los gastos no financieros de 1994
se sitúa en el 22 por ciento de reducción respecto a lo
gastado realmente en el año 1993. Son significativas las
fuertes caídas que experimentan los gastos de adquisición de
bienes y servicios y las transferencias corrientes a
organismos y a la Agencia Tributaria. Pues bien, en el año
1995 el proyecto de presupuestos del departamento continúa con
esta política de reducción y consolidación de los gastos de
funcionamiento. Los gastos no financieros para 1995 suponen un
aumento del 3,3 por ciento en relación con el presupuesto
inicial del año 1994 y una caída del 1,2 por ciento en
relación con las previsiones de liquidación. Esta contención
afecta prácticamente a todas las partidas.
Me referiré a los grandes conceptos de forma que podamos
apreciar esta evolución.
En gastos de personal se produce un incremento del 2,5 por
ciento, tasa inferior al crecimiento del 3,5 por ciento
acordado para los salarios y que se compensará, evidentemente,
con menor contratación como consecuencia de la reducción de la
oferta pública de empleo.
En segundo lugar, los gastos corrientes en bienes y servicios
tienen un crecimiento del 2,1 por ciento en términos relativos
pero una fuerte disminución, de más de 5.000 millones, si lo
comparamos con la previsión de liquidación de 1994. Esta
reducción significa en términos porcentuales el 29 por ciento.
En tercer lugar, las transferencias corrientes del
departamento crecen únicamente el 3,9 por ciento, el 3,5 por
ciento las dedicadas a la Agencia Tributaria y al INE como
consecuencia fundamentalmente de gastos de personal y una
subida muy fuerte de 1.600 millones de pesetas en las cuotas a
organismos internacionales como consecuencia de que
anteriormente dichas cuotas eran pagadas por el Banco de
España y se pagan ahora por los Presupuestos Generales del
Estado y, en este caso, en algunos organismos, por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
En cuarto lugar, las inversiones reales del departamento van
destinadas exclusivamente al funcionamiento operativo de los
servicios y se ha previsto una reducción de las mismas del 1,5
por ciento adicional a las disminuciones del 30 por ciento
experimentadas en 1994.
Las transferencias de capital que financian las inversiones de
los organismos autónomos y de la Agencia Tributaria se
mantienen en los mismos niveles prácticamente en el año 1994,
pero la suma de todas las transferencias de capital aumentan
el 3,7 por ciento debido a la creación del Consorcio de la
Zona especial de Canarias para la que se incluye un crédito de
750 millones de pesetas destinado a dotar el patrimonio
inicial del mismo. La única excepción de esta política de
contención de gasto es el comportamiento de las operaciones
financieras que tienen un crecimiento muy importante, el 42,7
por ciento, respecto al año anterior. Me gustaría explicar,
evidentemente, cuáles son las razones por las que se produce
este incremento. Las dos subidas son coyunturales y afectan
básicamente a dos partidas. En primer lugar, el aumento de los
préstamos para financiar las pérdidas de la Compañía Española
del Seguro de Crédito a la Exportación en la cobertura del
seguro de crédito a la exportación que aumenta en 92.000
millones de pesetas, consecuencia de la grave situación que se
ha planteado en Argelia y en otros países. Es cierto que parte
importante de estos préstamos se podrán recuperar en el futuro
pero tienen que ser incluidos en el momento actual como
operaciones financieras. En segundo lugar, también hay una
partida adicional de 5.600 millones de pesetas para la compra
de acciones de los organismos financieros multilaterales y del
Banco Europeo de Inversiones. En estos casos, como en los
anteriormente citados, eran actuaciones que en el pasado
realizaba el Banco de España. Si excluimos estas dos partidas
reaparece nuevamente,
de forma clara, el criterio de política de austeridad en los
gastos financieros. Por una parte la compra de acciones por
las sociedades del grupo Patrimonio se mantienen en el mismo
nivel que en 1994 y lo mismo hacemos en los préstamos al ICO
para financiar el Fondo de Ayuda al Desarrollo que se mantiene
con la cifra de 80.000 millones, sin variación respecto a
1994.
El carácter austero de los presupuestos se manifiesta también
si analizamos el presupuesto consolidado del departamento.
El presupuesto de gastos no financieros para 1995 supone un
ligero crecimiento del 3,9 por ciento en relación con las
cifras de 1994 y este crecimiento se debe, fundamentalmente,
al aumento de gastos de personal y a las cuotas de organismos
financieros multilaterales.
En definitiva, podemos afirmar que los presupuestos del
Ministerio de Economía y Hacienda para 1995 se han diseñado de
acuerdo con la política de consolidación presupuestaria y de
austeridad en el gasto público. Son, en suma, unos
presupuestos que continúan con la línea del año 1994 pero
suficientes para hacer frente a las obligaciones del
departamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. A esta Sección 15, Ministerio de Economía y
Hacienda, se han presentado enmiendas por parte de los grupos
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Popular y Vasco
(PNV), con el señor Albistur.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, el señor Frutos tiene la palabra.
El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputadas, señores Diputados,
intervengo muy brevemente para explicar no la enmienda a la
totalidad centrada ya en todos y cada uno de los apartados del
presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda, sino para
intentar hacer una reflexión en voz alta a la que nos han
llevado los presupuestos generales del Estado para el año
1995.
En primer lugar --y permítanme una digresión--, muerto Keynes
y compartimentado ya David Ricardo, prácticamente, en este
país también, sólo queda la brillante política y filosofía que
el tándem Milton Friedman y Reagan pusieron en marcha en la
década de los 80. Por tanto, ya produce un poco de melancolía
venir aquí a discutir en concreto ministerio por ministerio,
intentando arrancar alguna cosilla. Si podemos hacer algo en
aspectos intersticiales, vamos a hacerlo, vamos a negociarlo a
través de una enmienda, pero, en fin, como diría o dirá el
Ministro, no hay más cera que la que arde.
Yo creo que ustedes, el Gobierno, han metabolizado esta
filosofía, ésta que he señalado anteriormente, en los
presupuestos generales del Estado para 1995, que son
continuación de los de 1994, como ha señalado, muy
acertadamente, el Ministro. Plantean, en definitiva, en su
conjunto, un modelo de crecimiento económico, de crecimiento
sin creación de empleo, pensamos nosotros socialmente injusto,
que va a fomentar o continuará fomentando determinadas
desigualdades territoriales que ya tienen una fuerte
implantación en nuestro país y, al mismo tiempo, continuarán
produciendo, no es que vayan a producir de nuevo, fuertes
impactos ambientales. Para citar un ejemplo concreto de todo
lo que quiero decir, el producto interior bruto se supone o se
dice que crecerá un 3 por ciento en el año 1995 y, sin
embargo, el paro continuará atrincherado en el 24 por ciento,
según sus propios datos, análisis, valoraciones, etcétera. Y
todo ello para garantizar un crecimiento sostenido --sostenido
dicen sus papeles, ni tan siquiera sostenible-- del producto
interior bruto que exige, según ustedes, liberalizaciones,
privatizaciones, ley de enajenación de las participaciones
públicas --pronto vamos a ver esta ley en este Parlamento y
vamos a discutirla--y desregulaciones. Y con todo eso se dice,
se afirma en el conjunto de los presupuestos, se avanzará en
una mayor flexibilidad microeconómica a partir de lo cual se
caminará naturalmente hacia un entorno macroeconómico estable,
y cito textualmente la explicación de los presupuestos, con la
eliminación de rigideces laborales y medidas correctoras de
los déficit presupuestarios. Señor Ministro, señoras y señores
Diputados, a todo este conjunto de cosas el Fondo Monetario lo
llama por su nombre: despido más libre y más barato y
desmantelamiento gradual de los sistemas público de
prestaciones sociales. Ustedes lo tratan con eufemismos pero,
en todo caso, la realidad es la realidad, y podríamos hablar
de ella abundantemente en estos presupuestos y posteriormente
en esta Cámara. Por eso hacemos la enmienda de devolución de
esta Sección, enmienda que dice: Necesidad de dotación
presupuestaria adecuada. Yo entiendo las cifras que he dado,
son las que son, no son otras, estamos hablando de otras cosas
y me permitirá utilizar el turno que me corresponde para la
defensa de esta enmienda a la totalidad y de una parcial para
intentar decir estas cuatro cosas para nosotros elementales.
Por tanto, necesidad de dotación presupuestaria adecuada para
ser reelaborada con otra distribución y descripción de
programas que en sus objetivos incorporen las previsiones
necesarias para el desarrollo de otra política desde la
izquierda en ese Departamento.
Esta enmienda tiene una plena identificación con la enmienda
al conjunto de los presupuestos generales del Estado que
presentamos para este año y, además, es coherente con todo lo
que hemos defendido desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en el último período y especialmente desde diciembre
del año pasado, cuando empezamos a discutir sobre lo que se ha
conocido como reforma laboral.
Por tanto, no puede haber acuerdo por nuestra parte con esta
Sección 15, no por tal o cual partida de gasto corriente o de
personal, quizá también en algún aspecto, pero muy concreto y
parcial, sino por desacuerdo con la política económica global
que han diseñado y que practican desde su Departamento, con la
política financiera, con la política fiscal y con la política
laboral. En definitiva, no hay acuerdo con el diseño que
hacen, ni con la realización práctica después, de la política
económica, que, como todo el mundo sabe, y desde que yo
aprendí marxismo así lo he entendido, es la madre de todas las
políticas, es decir, para hacer todas las políticas. No hay
acuerdo general con todo esto, por lo que planteamos,
naturalmente, una enmienda a la totalidad. En segundo lugar y
dentro de este mismo marco de explicación, hay incluso una
reducción de gastos --usted mismo lo ha dicho--, que afecta en
concreto a programas de planificación, gestión presupuestaria
y política fiscal. Al mismo tiempo, en el análisis que hemos
hecho de los Presupuestos de 1994 y de la propuesta que hacen,
tampoco hemos visto una buena administración de los recursos
de la Unión Europeas, que se aplican a través de la Ley de
Incentivos Regionales, que era para captar dinero de los
fondos FEDER para asentar y modernizar la industria endógena.
Ustedes lo han dedicado fundamentalmente a la entrada de
capitales extranjeros de grandes empresas, que se han quedado
en muchos casos con el santo y con la moneda; incluso ya se ha
criticado desde sectores económicos, naturalmente más
conservadores que yo, que ha habido un exceso de
liberalización y un exceso de apropiación de empresas y de
sectores españoles importantes por parte de empresas
transnacionales. Nosotros pensamos que sería mejor invertir en
el sector alimentario conservero, en el que podríamos ser
fuertes, habida la tradición, la cultura que hay en este
sector, las capacidades y las tecnologías que hay; se trataría
de potenciar un sector endógeno en el terreno alimentario
conservero.
Por eso, hemos presentado una enmienda de adición, la número
655, en la que pedimos que haya un programa de incentivos
regionales para la realización empresarial, para el sector
agroalimentario y conservero principalmente, que
representaría, para el conjunto del Estado, no solamente para
una región, una inversión de 15.000 millones de pesetas. Estos
15.000 millones de pesetas serían minorados de la Sección 31,
Servicio 03, Programa 612, es decir, adquisición de acciones,
con lo cual la cifra dedicada a esta Sección pasaría de 37.000
a 22.000 millones, aproximadamente.
Por tanto, señor Ministro, señoras y señores Diputados, pienso
que esta enmienda a la totalidad y esta enmienda parcial van
en una línea diferente a la que, lo reconozco, es mayoritaria
en esta Cámara, tanto en los bancos azules como en los rojos,
de mi izquierda y mi derecha, con la excepción de algunos
escasos bancos. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y
señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta misma
Sección por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, el debate de la Sección 15 en el conjunto del debate
de presupuestos es importante, puesto que el Ministerio de
Economía tiene una gran responsabilidad en lo que es la figura
y la naturaleza del presupuesto del Estado. En el Ministerio
de Economía es donde se gestan los presupuestos, donde se
dictaminan los criterios que inspiran los presupuestos, donde
se confeccionan materialmente los presupuestos, con la
orientación, los criterios y las cuantificaciones de los otros
departamentos ministeriales, y es donde se controla la
efectiva, la real, ejecución de los presupuestos.
Por tanto, la responsabilidad de este Ministerio, la que hoy
valoramos en forma de esa Sección 15 dentro del conjunto de
los presupuestos, es una responsabilidad grande y como tal
tenemos que acercarnos a valorar cómo ejecuta, cómo
materializa esa reponsabilidad el Ministerio, algo que nos
permite valorar a su vez los presupuestos de los
correspondientes programas que integran este Ministerio.
Si me permiten un símil, el Ministerio de Economía debería ser
el buque insignia del comportamiento de la Administración
pública en unos momentos en los que la economía, la
recuperación de nuestra economía nos está exigiendo austeridad
en las cuentas públicas, ahorro de gasto; nos está exigiendo
también claridad máxima en esas cuentas públicas y nos está
exigiendo, sobre todo, eficacia en la Administración pública,
reorganización de la Administración pública para ganar mayores
cotas de eficacia.
Realmente, el comportamiento del Ministerio de Economía no
está a la altura de las circunstancias que exige el contexto
económico de nuestro país. Por eso, el Ministerio, más que
como un buque insignia, se está comportando como una barquita
a merced de la tormenta y en vez de dirigir la flota lo que
está haciendo es quedarse a merced de los tirones de la flota,
reproducir los vicios, los defectos que le vienen del resto de
la flota, en vez de colaborar activamente a dirigir esa flota,
a corregir esos vicios, a orientar el conjunto de la flota
hacia un comportamiento eficaz de la política económica en
España. Por eso, el Grupo Popular presenta una enmienda a la
totalidad de la Sección, una enmienda que lo que pretende es
que el Ministerio, en definitiva el señor Ministro,
reconsidere las cuentas de ese Ministerio, proceda a su
reordenación, para conseguir, en primer lugar, una mayor
austeridad; proceda, en segundo lugar, a eliminar altos cargos
y unidades administrativas, porque en su propio Ministerio
están las personas que opinan que la vía más eficaz de ahorrar
gasto público es precisamente la supresión de unidades
administrativas; y también para que el señor Ministro
reconsidere que cabe reorganizar ese Ministerio para evitar
disfuncionalidades, para evitar dispersión de recursos, para
evitar, en definitiva, despilfarro a ineficacia.
Después de esa enmienda a la totalidad de la Sección, pedimos
la devolución de programas específicos, que son aquellos en
los que apreciamos las mayores debilidades, los mayores
defectos en el funcionamiento de este Ministerio. El primer
programa del que solicitamos la devolución es el programa
sobre el que el señor Ministro, aunque con brevedad, ha
intentado explicar por qué se producen esas operaciones
financieras dentro del ámbito de la Dirección General del
Patrimonio, dentro del ámbito del grupo patrimonio.
No es sencillo explicar por qué se producen esas operaciones
financieras y lo que tenemos que lamentar es que sea
precisamente en el seno del Ministerio de Economía donde se
produzcan incrementos de gasto, gasto que responde a activos
financieros, cuando lo que se debería estar haciendo, señor
Ministro, es proceder a transferencias a empresas públicas
para clarificar la contabilidad pública y de esa manera evitar
que la cuenta financiera del Estado esté sirviendo de
auténtico desagüe de lo que son las carencias, los defectos de
funcionamiento de esas empresas públicas.
El crecimiento de los gastos financieros, en definitiva el
crecimiento de los activos financieros, unos activos
financieros de naturaleza ficticia, por descontado es un
crecimiento muy importante, que se registra para el año
próximo. Es un crecimiento que decía, sin duda alguna, sirve
para enmascarar la auténtica dimensión del déficit público,
que afloraría si esos gastos financieros los transformáramos
en transferencias e incluso en transferencias de capital, si
aumentáramos la cuenta de inversión del Estado, en vez de
hacerlo por la cuenta financiera.
Nos llama la atención que se esté yendo a ampliaciones de
capital en empresas cuya actividad es una actividad de
servicio, prácticamente de dotación de infraestructuras, por
ejemplo penitenciarias, y lo que se hace es procurar que
aumente, que se mejore la dotación de instituciones
penitenciarias a través de activos financieros.
Esa es una mala práctica contable, una deficiente práctica
presupuestaria que lo que hace, en definitiva, es engordar,
ampliar la cuenta financiera del Estado, lo cual perjudica el
volumen de deuda pública de nuestro país. También nos llama la
atención y encontramos difícilmente explicable las
ampliaciones de capital de Agesa, restos del pasado en el caso
de Empresa Nacional de Autopistas, en fin, un conjunto de
gastos financieros que el Ministerio de Economía debía ser el
primero en intentar limitar a la hora de ofrecer unos
Presupuestos del Estado claros y eficientes a esta Cámara para
la recuperación económica.
Asimismo llamamos la atención sobre el fracaso de otros
programas, como son los de estadística, de previsión
económica, de política económica en general, que son programas
en los que se incrementa el gasto público sin que haya una
revisión, un replanteamiento de los objetivos de esos
programas. Mala conducta es ésta, señor Ministro, mala vía es
ésa que lo que hace es, sin revisar objetivos, aumentar
inercialmente los gastos destinados a esos programas. En lo
que se refiere a otro programa, el de la planificación, es
obligado solicitar su devolución puesto que en esa materia de
programación y presupuestación es donde se están registrando
los mayores errores de política económica, que se trasladan
negativamente a la evolución de la economía española, en la
que se está dando un incumplimiento más reiterado. Ahí está el
triste recuerdo de ese Programa de Convergencia que hemos
debatido en esta Cámara, con datos incorrectos sobre el
contenido de la deuda pública en nuestro país. Tenemos un
importante reproche a hacer a ese departamento de programación
que está incorporando datos erróneos a un debate parlamentario
tan fundamental, como es el debate del que depende nuestro
futuro en forma de inserción, de integración en la Unión
Europea.
También pedimos la devolución del programa de aplicación del
sistema tributario, porque lo que estamos viendo es un
resultado nefasto, no sólo para la economía sino para la
sociedad española, como es el fraude fiscal. Su propio Grupo
parlamentario le está diciendo, señor Ministro, que el fraude
fiscal en España supera los tres billones de pesetas. Eso es
reconocer el error en la aplicación de los programas
destinados a hacer viables, a hacer útiles los grandes
impuestos españoles, aparte de lamentar también
comportamientos erráticos de lo que sería el programa de
aplicación del sistema tributario, lo que pudiéramos llamar
una estrategia espasmódica de aplicación del mismo, que es
negativo porque lo que hace es desconcertar al contribuyente
español. No sigo con el rosario de fracasos de los programas
para insistir en otras enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular que lo que pretenden es recortar los gastos de
funcionamiento. Como habrá apreciado, supongo que lo habrá
valorado el señor Ministro, lo que pretendemos es un recorte
moderado, porque vemos también que, obviamente, no se puede
estrangular el funcionamiento del Ministerio; lo que sí
reclamamos es una mayor eficacia en su funcionamiento.
Con ese objetivo también pedimos la supresión de altos cargos
y la supresión de una secretaría general que realmente no
entendemos qué hace, existiendo direcciones generales que son
las que están ocupando su espacio, y no vale la expresión de
coordinación de esas áreas cuando tenemos por encima un
Secretario de Estado de Hacienda. La supresión de altos cargos
debería haberse hecho en este Ministerio pretendiendo servir
de ejemplo a los demás, pretendiendo que los demás
ministerios, los demás departamentos imitaran esa actitud por
parte del Ministerio, pero no es eso lo que observamos en este
Ministerio. Lo que observamos es la proliferación de altos
cargos, incluso de secretarías de estado cuya función es
bastante discutible, como no sea la de matizar los objetivos
económicos de nuestro país y confundir a los agentes
económicos en su conducta, en su asimilación de esos objetivos
económicos.
Vemos, ése es el espíritu de nuestras enmiendas, que estamos
ante una reestructuración del Ministerio inevitable y, por
supuesto, una reestructuración deseable del mismo. Es
deseable, e incluso decía inevitable, la reestructuración,
para conseguir, en primer lugar, que haya más claridad en la
política económica de España, también para que haya más
ambición, pero ambición realista, en los objetivos de política
en España, no para que el señor Ministro se ponga objetivos
que corresponden, en una comparación de estudios, a lo que
serían niveles de Educación General Básica y después diga que
los cumple, que cumple bien esos objetivos. Realmente se los
pone tan cortos el señor Ministro, que eso, en una situación
económica difícil como la que estamos viviendo y vamos a
seguir viviendo en los próximos años, es una dejación en la
definición de políticas económicas claras y ambiciosas.
También es una reestructuración para conseguir una
programación más realista y, además, una política económica
definida, confeccionada a medio y largo plazo; por supuesto,
es una reestructuración para conseguir austeridad, el
aprovechamiento óptimo de los recursos del Ministerio, que no
están aprovechados óptimamente, empezando por los de personal
y para conseguir introducir mayor eficacia en la gestión de
esos programas, en definitiva, en la gestión de todo el
Ministerio, lo que nos lleva a toda la temática de la
ejecución presupuestaria y de la aplicación del sistema
tributario. Y en lo que se refiere a la reestructuración, sólo
quiero mencionar el asunto al que he hecho alusión
anteriormente, el del patrimonio, que vemos que padece la
falta de una política de empresa pública. No hay política de
empresa pública en este Gobierno, y eso hace que la estrategia
de la Dirección General del Patrimonio sea errática, vacía de
contenidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, vaya
concluyendo, por favor.
INT-2Archivo: 107.88
Disco: BEATRIZ 5Nombre: BEATRIZ
El señor MONTORO ROMERO: Acabo en seguida, señor Presidente.
Hemos observado, al analizar el contenido del presupuesto del
Ministerio de Economía y Hacienda, en primer lugar, una
incapacidad manifiesta para controlar el gasto público, lo que
lleva a que el señor Ministro de Economía, después de un
Consejo de Ministros, tenga que anunciar en una rueda de
prensa a nuestro país, a la opinión pública española, que el
Gobierno va a proceder a controlar el gasto público, como si
el Gobierno no estuviera haciendo eso mensualmente, como si
los informes de la Intervención General del Estado carecieran
de contenido o de sentido. O le lleva a provocar un tutelaje
como del que el Ministerio de Economía se ha provisto en estos
presupuestos del Estado sobre el Insalud que, más que un
tutelaje, acaba siendo una auténtica invasión, seguramente por
desconfianza en cómo se elaboran, cómo se gestionan y cómo se
aplican esos presupuestos en el principal centro de gastos de
la sanidad española.
Vemos también incapacidad de aplicar con eficacia los
impuestos (no me extiendo en este punto, al que ya me he
referido). Vemos incapacidad a la hora de presupuestar, vemos
al señor Ministro de Economía prisionero de modelos inerciales
en la elaboración de los presupuestos, lo que le lleva, como
usted mismo ha defendido hace unos minutos en esta tribuna, a
repetir el mismo modelo de presupuesto de gasto público, en
definitiva, que el año anterior, y ese no es el presupuesto
que está esperando la sociedad española; espera unos
presupuestos diferentes, acordes con la situación que estamos
viviendo. Y vemos una incapacidad de sanear la cuenta
financiera del Estado; es una gran cuestión el crecimiento de
la deuda pública que está, decíamos ayer, incluso amenazando
al propio crecimiento económico.
Acabo resumiendo, señor Presidente, lo que es el conjunto de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a esta Sección.
El conjunto de esas enmiendas lo que pretende es devolver al
Ministerio de Economía y Hacienda el protagonismo que no tiene
en este momento. El protagonismo significa devolverle la
capacidad de ser el director de la política económica de
nuestro país, que es como decir también de la política social
de nuestro país.
Ese protagonismo, desde luego, entendemos, señor Ministro, que
no es una cuestión de cifras, no es una cuestión de recursos
presupuestarios; es una cuestión de ideas, es una cuestión de
criterios, y esa carencia de ideas y de criterios es el
principal defecto que apreciamos en la gestión del Ministerio
de Economía y Hacienda.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco,
PNV, y el señor Albistur, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Yo
no sé qué sino me persigue, pero tanto ayer como hoy me toca
exponer una enmienda que tiene los pies más puestos en el
suelo, en medio de un debate prácticamente sobre casi toda la
teoría económica, que afecta al universo entero. Ayer me pasó
igual, y espero que hoy por lo menos resulte esta pequeña
cuña, metida en medio de semejante e importantísimo debate,
mejor acogida de lo que fue ayer.
La enmienda está presentada a un programa del Ministerio de
Economía y Hacienda relacionado precisamente con los
incentivos regionales a la localización industrial y pretende
llamar la atención sobre la situación en la que se hallan
empresas acogidas a los programas ZUR y ZID, Zonas de Urgente
Reindustrialización y Zonas Industriales en Declive. Estos
programas, vigentes en los años 1985 y 1990, hechos
precisamente para momentos posteriores a una grave crisis
económica y en el inicio de una época de expansión,
comprometieron una serie de importantes ayudas por creación y
desarrollo de determinados proyectos empresariales, también
con unas determinadas condiciones de empleo e inversión, en
estas zonas denominadas de urgente reindustrialización y zonas
industriales en declive.
En los dos programas, la participación de los Ministerios de
Industria y de Hacienda se vio complementada, en el caso de
nuestra Comunidad Autónoma, por la del Gobierno vasco a través
del departamento de Industria y Energía de la Sociedad para la
promoción y reconversión industrial, que aportaron un tercio
de las ayudas, en el caso del Gobierno vasco, y la asunción
del coste de mantenimiento de las oficinas ejecutivas gestoras
de los programas, en ambos casos. Los compromisos del Gobierno
vasco, en nuestro caso, han sido cubiertos en su totalidad,
pero en lo que a liquidación de las ayudas a las empresas, en
cumplimiento de resoluciones ya publicadas en los respectivos
«Boletines Oficiales del Estado», no ha sido así, ya que los
retrasos en el pago por parte de la Administración central son
permanentes, por no decir constantes. En todo este período y
los años posteriores a la existencia de los programas no ha
existido una regularidad en los pagos. En el momento presente
se acumulan deudas a las empresas por un importe superior a
los 1.200 millones de pesetas y la actual situación de impagos
está produciendo un efecto opuesto al pretendido por los
programas, ya que las empresas han visto defraudadas sus
expectativas de cobro y esta defraudación ha ido acompañada
precisamente de una situación de una estructura financiera
débil, como consecuencia de la coyuntura económica vivida en
los últimos años.
Con nuestra enmienda pretendemos proponer los medios
financieros oportunos para solventar esta situación, que pone
en grave riesgo a varias de las empresas afectadas, a la vez
que genera descrédito para las administraciones intervinientes
en los programas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Turno en contra.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
No se queje, señor Albistur, que yo tengo que hablar un poco
más tarde que usted; cuestión de solidaridad.
Las intervenciones de los dos grupos básicos que han
presentado una enmienda de totalidad, el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, han sido diametralmente distintas y contrapuestas.
Yo no sé, señor Frutos, si es verdad eso de que en el punto
medio está la virtud. Si fuera verdad, estaríamos hablando de
un buen presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda,
porque creo que, si ha seguido la intervención del señor
Montoro, ha dicho todo lo contrario de lo que ha dicho usted,
absolutamente.
¿Qué decía usted, señor Frutos? Nos ha hecho una explicación
rápida por los modelos económicos de la Prehistoria incluso, y
ha llegado a una conclusión que mi Grupo Parlamentario
lógicamente no puede compartir. Muerto Keynes, compartimentado
Ricardo, la mezcla de Friedman y Ronald Reagan está en el
espíritu de los Presupuestos. Eso no se lo cree usted. Lo dice
porque cree que lo tiene que decir. Eso posiblemente esté más
cerca de la realidad de otros, no del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Me puede explicar S.S. un modelo tan neoliberal,
un modelo que consagra una serie de males de los que adolece
este mundo y que parece que el Partido Socialista los lleva
encima? ¿Cómo me explica usted un modelo que, con un
crecimiento global de la economía en términos nominales del 6
y pico por ciento, un crecimiento del gasto público en torno
al 3,5 por ciento y que haya partidas que en los Presupuestos
Generales del Estado crecen por encima del 6 e incluso del 8
por ciento? Partidas como la de Sanidad, pensiones, viviendas,
fomento del empleo, educación... ¿Ese es un modelo neoliberal,
ese es un modelo de libre competencia, ese es un modelo que
responde a esa mezcla de filosofía económica milton-friedmana
o ronald-reaganiana? Eso no está en los Presupuestos del
Estado. Eso es lo que alguno piden que debiera estar en los
Presupuestos del Estado. Está en este documento, que
seguramente conocerá muy bien; está en las enmiendas de muchos
grupos parlamentarios, en las que siguen hablando de menos
gasto público, más mercado,
menos Estado, menos gastos sociales... Eso dice el Fondo
Monetario Internacional, eso lo dicen algunos otros, pero no
lo dice el Partido Socialista. Me ha parecido más oír al señor
Montoro que a lo que verdaderamente está en los Presupuestos
del Estado.
Señor Frutos, si en el fondo pudiera decir lo que
verdaderamente siente respecto a estos Presupuestos sin
ataduras, sin mensajes de cara a la galería, entrando a fondo
en los presupuestos de ingresos y de gastos, S.S. estaría de
acuerdo con que es un modelo bastante socialdemócrata, con que
es un modelo que trata de apoyar a determinados colectivos que
sufren problemas como consecuencia de un reparto desigual que
la crisis económica ha establecido. Porque es verdad que
tenemos en España el tema del déficit público de los años
1993, 1994 y, por qué no decirlo, del año 1995, que se produce
como consecuencia de estabilizadores automáticos. En época de
crisis económica, disminuyen claramente los ingresos y
aumentan los gastos destinados a corregir desigualdades
sociales. Y no hemos ido, como algunos nos están pidiendo, más
deprisa de lo que parece que es la lógica política, la lógica
económica y, sobre todo, la lógica social. Mantenemos una
filosofía, una reducción de ese déficit público, porque somos
conscientes de que hemos acumulado mucho déficit público en
estos últimos años como consecuencia de esos problemas que le
he explicado a su señoría. Es verdad que hemos incorporado
ayer una filosofía, que no ha podido ser integrada desde el
punto de vista formal en la Ley de Presupuestos, de trasladar
los excesos o mejoras de recaudación a ir eliminando ese
déficit público. Pero no estamos obsesionados, porque hemos
apostado por un modelo de crecimiento que, basándose en unas
piezas sólidas en torno al año 1994, en el que el desarrollo
se ha asentado básicamente en el sector exterior, queremos
consolidar ese crecimiento trasladándolo a dos partidas o dos
elementos básicos, como son el consumo o la demanda interna y
los gastos de inversión. Creemos que lo podemos hacer sin
producir graves desequilibrios fomentando, a través de medidas
fiscales, una política fiscal más racional, más liviana, en un
momento en el que se puede permitir el despegue económico.
Creemos que podemos consolidar un modelo de desarrollo sano,
un modelo de desarrollo que verdaderamente sirva a los
intereses de este país y pueda crear empleo, como ya se está
creando en el año 1994.
No es un modelo económico que no quiera ver los problemas y no
dé soluciones a esos problemas del empleo o del desempleo. Es
verdad que tenemos todavía altas tasas de crecimiento de la
población activa, consecuencia de épocas anteriores y de
incorporaciones en momentos en los que se atisba un
crecimiento económico de una incorporación mayor de personas
al mundo del trabajo. Creemos que estos Presupuestos
consolidan ese crecimiento y empiezan a dar solución.
El señor Frutos decía algo que yo no puedo contrastar de una
forma favorable. Estos no son unos Presupuestos que apuesten
por un modelo de crecimiento sin creación de empleo. Lo crea.
Posiblemente no todo el necesario, pero lo va creando. Este no
es un modelo económico que expande o amplía el modelo de
desigualdad territorial. Léase todos los datos de la Fundación
Fies de los últimos años. Verá cómo se están estrechando las
diferencias profundas que ha habido históricamente en España
en desequilibrios territoriales. Lo que pasa es que hablamos
muchas veces para la galería. No digo que lo diga usted sólo,
pero a veces se acuñan conceptos que por decirlos muchas veces
se piensan que son verdad. No es verdad que los desequilibrios
territoriales se hayan ampliado en España en los últimos años.
Como no es verdad que hayan aumentado las desigualdades
sociales. No es verdad estadísticamente. Cuando se aproxima
uno a los problemas con realismo, con datos objetivos, se
puede ver que muchas veces las cosas que se dicen no sustentan
un análisis puramente racional y verdaderamente crítico.
No estamos apostando por las recetas que nos da en los medios
de comunicación el Fondo Monetario Internacional. Usted sabe
que es verdad. Que no estamos haciendo caso. Es verdad que
estamos preocupados por las cosas que nos dice, es verdad que
estamos preocupados por la evolución del déficit público, es
verdad que estamos preocupados por la marcha de una serie de
variables, pero también es verdad que no sacralizamos las
cosas que se nos dicen. Nos marcamos objetivos que creemos que
podemos cumplir.
Por último, antes de pasar a contestar al señor Montoro, le
repito lo que le decía en Comisión. Usted, que habla de la
economía productiva, de los modelos de desarrollo económico
propio, del apoyo a la economía nacional, ¿cómo puede
presentar una enmienda que, para ampliar lo que usted quiere
ampliar, más dinero a la industria agroalimentaria --que tiene
sus partidas también a través del Ministerio de Agricultura--,
quiere quitar los 15.000 millones de pesetas de la Corporación
Siderúrgica Integral, que afecta de una forma importantísima
al desarrollo económico y a la siderurgia del País Vasco y de
Asturias, si cuando ha estado haciendo campaña hace poco
tiempo en el País Vasco les decía que les iba a quitar dinero
a la Corporación Siderúrgica Integral? Sabe usted que esta
enmienda la han hecho mal. Es verdad. Pero, posiblemente, a
través de una enmienda transaccional que vamos a presentar
luego, vea algún horizonte, no a este problema concreto, sino,
en general, a la propia dinámica de esta cuestión. Señor
Montoro, usted que ha utilizado esos símiles al principio de
su intervención de buque insignia, barco que navega a la
deriva, barco que no dirige la flota, creo que, como hacen los
niños en ese juego de los barcos,
su enmienda a la totalidad ha tocado agua, porque no ha
entrado en serio en los problemas de fondo. Ha repetido las
mismas cosas que le vengo oyendo en esta tribuna, en Comisión,
en los artículos de la prensa, etcétera, y basa exclusivamente
toda su argumentación en que los Presupuestos no son creíbles,
que este Gobierno no lidera los objetivos económicos y que
este Gobierno, además de otras circunstancias, no genera
confianza. Creo que lo que no genera confianza en este país es
su permanente catastrofismo. Lo lleva usted diciendo desde el
año pasado.
Señor Montoro, a usted que pide esa especie de devolución a
los Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda porque
planifica mal, porque no acierta en sus predicciones, porque
dice que no acierta ningún elemento ni en la política de
ingresos ni en la política de gastos, yo le diría una cosa:
repase sus intervenciones del año pasado, mire lo que decía,
contraste con la evolución económica que está habiendo en este
país y diga quién se equivoca más y quién se equivoca menos,
si las previsiones, los objetivos y la evolución. Este país no
tenía futuro. Cuando estaba creciendo, el Partido Popular y
usted mismo decía que no crecía, que no había evolución de
ningún tipo de las magnitudes económicas. Han tenido que verlo
con mucho retraso y, a pesar de todo, siguen haciendo una
especie de catastrofismo, cuando todo el mundo, todos los
organismos internacionales, todos los observatorios
económicos, están anunciando que este país puede tener incluso
un crecimiento superior al 2,8 ó al 3 por ciento. Siguen
ustedes diciendo que estos Presupuestos y este Gobierno están
impidiendo la recuperación económica, como lo han dicho a lo
largo de todos los años. Yo creo que los que verdaderamente
echan atrás a muchos sectores económicos, a un elemento de
confianza necesaria en el consumo, que tiene que ver tanto o
más con los tipos de interés, con la inflación, con el clima
genérico de la economía, son ustedes, que con sus
declaraciones hacen menos por la recuperación económica que
las maldades que piensan que encierra este Presupuesto.
Yo no voy a entrar en el fondo, porque S.S. solamente ha
enunciado que el sistema tributario no funciona. Usted sabe
los esfuerzos que se están haciendo y todos los planes y
programas que el Gobierno tiene en marcha para la lucha contra
el fraude fiscal: una ley de contrabando, una nueva ley
general tributaria, una organización nueva de la
administración tributaria, una ley contra el delito fiscal,
etcétera. Son verdad esos elementos que surgen en un momento
determinado indicando que el fraude tiene un monto importante,
pero parece que lo dice usted como si el Gobierno estuviera
encantado con que hubiera fraude fiscal. Nos preocupa como a
ustedes, como a Izquierda Unida, como a todos los sectores,
que haya fraude fiscal, y por eso queremos luchar contra él,
pero no solamente por decirlo muchas veces uno piensa que va a
luchar más. Ya veremos en la Comisión de Economía las
propuestas de cada grupo parlamentario con las intervenciones
correspondientes. Yo he oído muchas cosas respecto a su modelo
fiscal, que yo no comparto, porque no salen las cifras, aunque
ustedes digan que les salen perfectamente, que cuadrarían todo
su presupuesto económico de ingresos y de gastos (La señora De
Palacio del Valle-Lersundi: ¡Pues anda que las vuestras!) Es
verdad, aunque, a la señora De Palacio no le parezca bien
(Protestas.) Nosotros sumamos, multiplicamos y repartimos,
pero ustedes, con su modelo fiscal, sólo restan en ingresos,
nunca dicen cómo recortan en gastos.
El señor VICEPRESIDENTE (Bebiá Pastor): Señor Martínez
Sanjuán, vaya concluyendo.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Voy terminando, señor Presidente.
Eso no es un modelo consistente ni coherente.
En cuanto a las enmiendas que ustedes han presentado desde el
punto de vista de programas y de determinadas partidas que
quieren recortar en el capítulo 2, no tengo tiempo para entrar
en cada una de ellas, pero si le dijera exactamente en qué se
gasta el dinero y para qué son necesarias; a pesar de los
recortes que ha habido este año en el capítulo 2 de gastos
corrientes del Ministerio de Economía y Hacienda, que no
solamente ha hecho un esfuerzo, sino que ha dado un ejemplo al
conjunto de los diferentes Ministerios, posiblemente usted
retiraría las enmiendas. (Un señor Diputado: Se ha quedado
calvo el Ministro.) Por último, señor Presidente, coincido con
la interpretación y con la enmienda que ha presentado el señor
Albistur en representación del Grupo Vasco y del Grupo Mixto
repecto a incrementar la partida de incentivos regionales y,
más concretamentre, la que va dirigida a resolver un problema
histórico, no solamente en el País Vasco, sino en algunas
otras comunidades autónomas, donde se ha producido una
reconversión industrial y existen zonas ZUR y zonas ZID, como
Cataluña y otras regiones de España.
Sus señorías presentaban una enmienda que no podíamos
aceptar --se lo dijimos en Comisión-- por cuanto que la
propuesta de baja creíamos que no era lo más oportuno al
respecto, ni el monto total, por cuanto que modificar 3.000
millones de pesetas era una cantidad verdaderamente
importante. Pero reconociendo que existe un problema en el
País Vasco y en Cataluña, de acuerdo con otros Grupos
Parlamentarios como el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
presentamos una enmienda transaccional que pretende
incrementar en 1.500 millones de pesetas para las zonas ZUR y
ZID en el apartado total del presupuesto de incentivos
regionales, junto con la enmienda número 633 del Grupo Vasco
(PNV). Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Sanjuán. Señor Martínez Sanjuán, no sé si ha indicado
usted o ha oído mal la Presidencia que iba a presentar también
una transaccional con alguna enmienda del señor Frutos.
(Pausa.) Perdón, hacía referencia a esta transaccional. Para
un turno de réplica, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Da gusto hablar a estas horas porque parece que estemos en una
charla de mesa camilla y se pueden decir las cosas, incluso
las más gordas, sin que haya crispación.
Señor Martínez, usted tiene más servidumbres que yo en el
momento de subir a la tribuna y ante la galería. Tiene más
servidumbres que yo porque tiene más poder. Usted está en
representación del Grupo Parlamentario que es el que da apoyo
mayoritariamente al Gobierno. Y tiene más servidumbres que yo
al subir allí (señalando la tribuna.), es menos libre en la
expresión. Seguramente algunas cosas me las reconocería en el
pasillo.
Yo discrepo --aunque puede ser verdad desde un terreno físico-
- de que en el punto medio está la virtud, porque muchas veces
en el punto medio, señor Martínez, está la mediocridad, la
incapacidad de enfrentarse a políticas de derecha y no subirse
al monte, señor Martínez. No pedimos subir al monte, sino una
serie de alternativas articuladas que pensamos que serían muy
fáciles y posibles de desarrollar pero que, naturalmente,
necesitarían voluntad política para desarrollarlas. No son
políticas prehistóricas, se enfrentan a políticas que ya son
prehistóricas pero que todavía tendrán una larga duración en
nuestras sociedades y en concreto también en España. Los
modelos que yo he citado son modelos liberal-conservadores, y
he nombrado en concreto dos personas: una que, desde el punto
de vista teórico-económico, los ha desarrollado, y otra, que
los ha aplicado desde el punto de vista político.
Señor Martínez, los Presupuestos Generales del Estado para
1995 son ya un elemento que consagra, ratifica, remacha una
política desarrollada durante todo el año 1994. Aquí tengo un
recorte de periódico --por cierto, un periódico que no es
demasiado ajeno a su opinión, a veces parece el «Boletín
Oficial del Estado»-- que dice: Los contratos indefinidos han
caído un 5 por ciento, el 2 por ciento desde la reforma
laboral. Firmar un contrato indefinido se ha convertido en una
quimera.
Cuando hablamos de contrato indefinido --que a aquellos
señores no les debe gustar mucho-- (señalando los bancos del
Grupo Parlamentario Catalán.) hablamos de una cierta
estabilidad en el empleo, no una total estabilidad en el
empleo, con mucha fluidez, con mucho movimiento para los
trabajadores, explicando a los trabajadores y a la sociedad
que será necesario que el trabajador en su vida laboral útil
cambie seguramente varias veces de puesto de trabajo. Lo que
exigimos, planteamos o defendemos es que esos trabajadores no
sean pasto de una serie de leyes que en estos momentos han
introducido en el cuerpo laboral el temor y el miedo. En este
momento --usted debería saberlo y, si no, vaya usted a los
despachos laboralistas, no a los sindicatos, que teóricamente
son de izquierdas-- no se defienden ya legislaciones que
vienen del franquismo en cuanto a algún derecho individual que
tiene un trabajador o un colectivo en la empresa. A esto se le
añaden las contrarreformas laborales, que es como llover sobre
mojado. Es a esto a lo que nos referimos nosotros en concreto:
los Presupuestos de 1995 sancionan esta política. No puede ser
de otra forma. Son consecuentes.
Señor Martínez, ¿no cree usted que en la acumulación del
déficit público de los últimos años han jugado un papel muy
importante las políticas económico-monetaristas que han
liquidado tejido productivo, que han liquidado empleos, que
han liquidado cotizaciones a la Seguridad Social, que han
liquidado impuestos, que han laminado empresas, que han
laminado tejido social en todas partes, en el sector
industrial; en el sectorde servicios se hablaba de 14.000
empresas desaparecidas sólo en Madrid en el último año? Esto,
señor Martínez, se llama reestructuración. Es una política y
unos presupuestos consecuentes con esta política. ¡Qué le
vamos a hacer! Nosotros tenemos otra, minoritaria en esta
Cámara y en la Sociedad, e intentaremos que no sea tan
minoritaria para el futuro, para defender otras políticas que
se expresan en un montón de cosas, incluso en cosas que no
tienen directamente que ver ahora con los Presupuestos
Generales del Estado, pero que sí tienen que ver con otros
sectores. Señor Martínez, yo creo --lo digo sin ninguna
acritud personal, a usted le consta que no es así, aunque a
veces yo tengo una forma de expresarme temperamental, menos
mediterránea de lo que debería ser-- que están contribuyendo
ustedes sin resistencia a una política socioeconómica que está
creando una sociedad extremadamente preocupante para el
futuro. Yo no sé si habrá otra fuerza política que, de cara a
una visión inmediata, se lo agradecerá. Yo le digo que se lo
puede agradecer, pero no le va a dar ni un duro. Interprete
usted históricamente qué quiere decir esto. Es verdad que en
esta Cámara hay posiciones bastante más radicales en la misma
línea que las que mantienen ustedes. ¡Y tanto que las hay!
Aquí, en el centro (señalando los escaños del Grupo
Parlamentario Catalán.) mis paisanos catalanes, los paisanos
del Grupo de Convergència. (Rumores.) Perdón, no había visto
al señor Homs. ¡Claro que las hay! Ustedes han cogido la parte
del programa sobre política económica, social y laboral, que
es lo que estos señores tienen más conservador
en su programa, porque luego todavía tienen un reflejo de su
lucha por la democracia y por las libertades, etcétera. En lo
económico estos señores se entenderán muy bien con ustedes y
mañana, con los otros. Luego, si vamos un poquito más alla,
también tienen...
El señor VICEPRESIDENTE (Bebiá Pastor): Señor Frutos, vaya
concluyendo, por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Concluyo, señor Presidente.
Aquellos señores harán lo mismo que ustedes (señalando los
escaños del Grupo Popular.), pero yo le aseguro que lo harán
sin complejos. ¿Por qué? Porque tienen tronío, porque ellos sí
saben hacer esta política. Perdone, señor Presidente, que me
haya alargado mucho.
Muchas gracias. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Bebiá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Señor Homs, me parece que ha sido una alusión afectuosa.
(Risas.) El señor HOMS I FERRET: Si así lo entiende la
Presidencia... Mi Grupo sólo quisiera decirle al Portavoz de
Izquierda Unida que evidentemente está en desacuerdo con
nuestro programa electoral, pero que su programa electoral no
se aplica en ningún lugar del mundo y donde se ha aplicado su
programa electoral económico ha sido el fracaso más absoluto
de todos los fracasos en materia económica.
Nada más. (El señor Frutos Gras pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Las alusiones, señor
Frutos, no tienen réplica.
El señor Montoro tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, realmente hemos asistido a una réplica que ha
preferido ir al debate general de política que ir al debate
específico de la Sección 15. Esperemos que el Ministro de
Economía se sienta invitado a aclarar los puntos de la Sección
15 y a justificar cuál sería la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, porque da la impresión de que el señor
Martínez Sanjuán no se las ha leído. Ha preferido ir a un
intento de descalificación sobre intervenciones de mi Grupo y
de este Portavoz en sesiones parecidas el año pasado, pero
confiamos en que eso lo sustente en declaraciones en el
«Diario de Sesiones» relativas a dónde está el error cometido
a la hora de valorar los Presupuestos de 1994. A lo mejor el
señor Martínez está muy satisfecho de cómo ha ido el déficit
público el año 1994, porque se va a cumplir el objetivo del
Gobierno gracias a un crecimiento superior a lo esperado por
el Gobierno del producto interior bruto.
Quizás está muy satisfecho de que el gasto público se haya
desviado más de 500.000 millones de pesetas. Una minucia,
señorías, comparado con las cantidades récord a las que nos
tienen aconstumbrados los gobiernos socialistas, de acuerdo
con la documentación presupuestaria, señor Ministro de
Economía. Para ser exactos son 510.000 millones en gastos
corrientes. Esa es la desviación exacta, y gracias a la
desviación negativa de los gastos de inversión se queda en
470.000 millones, de acuerdo con la documentación de los
presupuestos. O quizás está muy satisfecho del incremento de
deuda pública que se está produciendo este año en nuestro país
y se siente radiante de que aumente en España más de 11.000
millones de pesetas cada día, esos cinco billones de pesetas
de nueva deuda pública que se va a registrar. (La señora De
Palacio Valle-Lersundi: ¡Qué barbaridad!)
Esto es lo que le satisface, señor Martínez. Estos son los
presupuestos que tienen que tener continuidad, éstos son los
presupuestos de la socialdemocracia española. Los españoles
cada vez valoran más esos presupuestos y cada vez están más
convencidos de que los Gobiernos socialistas lo que saben es
gastar con ese despilfarro que en ellos es habitual, lo que
saben es elevar los impuestos, lo que saben es elevar el
déficit público y la deuda pública. Ahí está ese déficit
público de naturaleza estructural en sus tres cuartas partes,
como advierten todos los organismos internacionales. Ahí están
también sus compañeros de viaje en estos presupuestos y ahí
están nuestros representantes de planteamientos liberales que
apoyan unos presupuestos donde el gasto público no crece un
3,5 por ciento, como dice usted de acuerdo con no sé qué
extraña homogeneización, sino un 5,5 por ciento, sin contar
las desviaciones. Ahí está el incremento de esa presión fiscal
que el año que viene supondrá 200.000 millones más de
recaudación, por encima de lo que se deja de ingresar por la
bajada de las cotizaciones sociales. Una medalla más para
Convergència i Unió a la hora de apoyar esos presupuestos.
Convergència lucha por reducir en determinadas partidas y
consumos un punto del IVA y luego se satisface de que suba el
IVA, de que suban los impuestos especiales y apoya, en clara
coherencia con su estrategia presupuestaria de recuperación
económica, el contenido de estos presupuestos.
Ahí está también ese incremento inexorable de gastos de
funcionamiento que ustedes arropan siempre bajo la bandera de
la protección social. ¿Saben lo que quieren decir cuando
hablan de gastos de protección social? Más burocracia, más
descontrol de gasto, más despilfarro y más deuda pública. Y
así no se realiza una protección social en un país moderno, en
un país obligado a ganar competitividad en su proceso de
integración
europea, en su apertura a la economía internacional. Eso es lo
que ustedes saben hacer con unos presupuestos del Estado. Y lo
van a intentar repetir para el año próximo.
Lo que ha dicho usted desde esta tribuna es volver a hacerle
un flaco servicio a la imagen internacional de la economía
española. Eso es lo que ha hecho al defender estos
presupuestos desde esas condiciones. Así nos están penalizando
desde los mercados financieros internacionales. ¿Qué ha pasado
con la prima de riesgo que está soportando nuestro país desde
que se han presentado estos presupuestos, señor Ministro?
¿Podría contestarme esa pregunta? ¿Ha bajado la prima de
riesgo? ¿Ha subido? ¿O los mercados financieros han penalizado
esos presupuestos?
¿Cree usted que es serio subir a esta tribuna a decir que la
culpa de la prima de riesgo que está soportando la sociedad
española la tiene el Partido Popular? ¿Cree que es serio decir
que el Partido Popular tiene la culpa de la desconfianza de la
pérdida de la imagen internacional de España por la extensión
de la corrupción? ¿Cree que es serio subir a esta tribuna a
decir que nosotros somos los reponsables de los escándalos
financieros con fuertes vinculaciones políticas? ¿Cree que es
serio venir a decir que somos los responsables del fraude
fiscal que lo que está haciendo es atentar contra la equidad
horizontal del sistema impositivo? Porque no hay mayor
atentado contra la equidad de un sistema impositivo que el
registro de un fraude fiscal importante. Lo que estamos
diciendo a los españoles es que ese sistema impositivo ha
fracasado. Y no diga usted que es un problema general y que
después de doce años de gobierno tenemos que creer que estamos
en el progreso. ¡No! Estamos ante un fraude importante porque
ustedes se empeñan en mantener un sistema que lo que está
produciendo es esa falta de equidad horizontal. No hable de
propuestas de equidad vertical, cuando ustedes están
incumpliendo el principio fundamental de un sistema tributario
moderno, como es el de la falta de la equidad horizontal. Y
ahora nos dirá usted que también somos los responsables de que
en España la tasa de paro esté situada en el 24,5 por ciento
de la población activa, o de que el año pasado, en esa crisis
económica tan profunda, que es justificada por nuestro
análisis, por nuestras manifestaciones ante la opinión
pública, realmente fuimos nosotros los que estábamos
destruyendo 600.000 puestos de trabajo en un país que padece
esa falta de empleos.
Estamos en un cambio de ciclo económico, señor Martínez
Sanjuán, estamos ante una subida de marea de la economía
europea que arrastra a la economía española y estamos, sobre
todo, en un país que tiene mucho futuro ante sí; estamos en un
país que tiene un gran potencial de crecimiento, y ese
potencial de crecimiento despierta cuando se le da la
oportunidad para que efectivamente lo haga (La señora Martínez
Saiz: ¡No le soples!), cuando desde las políticas económicas
se le da esa opción. Y estos presupuestos, señor Martínez
Sanjuán, señor Ministro, lo que hacen es restar esa capacidad,
ese potencial de crecimiento, esperar que la marea suba y tape
los defectos en vez de resolverlos. Por eso, señor Ministro,
estos presupuestos no son los que necesita la economía
española. Se lo han dicho todos los expertos que han analizado
los Presupuestos Generales del Estado; se lo ha dicho la
Universidad, se lo han dicho...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, le
ruego que concluya. El señor MONTORO ROMERO: Acabo enseguida,
señor Presidente. Se lo han dicho los organismos dedicados al
estudio más prestigiados de España; se lo han dicho los
organismos internacionales; se lo han dicho los mercados
financieros y se lo ha dicho la oposición, el Partido Popular,
este Grupo Parlamentario desde el momento en que ha tenido
conocimiento de esos presupuestos. Esa es la advertencia que
hay que hacer, desde el ejercicio de una oposición
responsable, a una opinión pública que está esperando que ese
potencial que seguimos atesorando, esa capacidad de
crecimiento despierte, algo que no ocurrirá hasta que no
tengamos en España una política económica diferente.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro. Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para bajar de los efluvios del discurso del método
a agradecer al señor Martínez Sanjuán la propuesta que realiza
y el reconocimiento del contenido de la enmienda, y aceptar la
transacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Montoro, sólo le ha faltado terminar su intervención
diciendo: Todo esto se acabará cuando llegue yo al Ministerio
de Economía y Hacienda. (La señora De Palacio del Valle-
Lersundi: No sería malo.) Desde luego, señor Montoro, le creía
más científico, tanto que ha hablado al final de la
Universidad. Sabe que le hemos seguido incluso en esta Cámara
cuando a veces nos mandaban cosas que sabíamos que tenían su
firma, y
las leíamos con deleite, criticando las cosas y viéndolas
desde otro lado. Pero la verdad es que cuando ha subido a esta
tribuna a mí personalmente me ha defraudado. Primero, porque
ha utilizado descalificaciones que no van con su estilo. Yo no
sé que transmutación le acaba de suceder en esta última
temporada que todos los discursos económicos los termina
hablando siempre de lo mismo: de la corrupción del Gobierno y
de la falta de responsabilidad del Partido Socialista y del
Gobierno.
Está usted permanentemente lanzando un mal discurso económico.
Le decía anteriormente que los que no han dado ni una, no en
previsiones sino incluso en intenciones, del año pasado a
éste, han sido ustedes. Yo he leído las cosas que usted dijo
hace un año en esta Cámara: que no iba a haber crecimiento
económico, que no se iban a producir todos los elementos
positivos que se han producido en la economía española. Este
Gobierno --también este Grupo Parlamentario Socialista-- así
lo creía e hizo unas previsiones sobre las que en su último
informe el Fondo Monetario Internacional dice: Nuestras
proyecciones macroeconómicas para el 95, en función del año
94, no difieren de forma notable de las del Gobierno.
Es fácil basarse en sus declaraciones desde el anonimato.
Todos sabemos qué se está pidiendo o qué están diciendo. ¿Que
fuera más deprisa la reducción del déficit público? Pues
nosotros quisiéramos también lo mismo, pero creemos que hay
que hacer un modelo de crecimiento económico que esté basado
también en el consumo y en la reactivación económica; basado
no solamente en la inversión privada sino en la pública, no
solamente en el consumo interno de las familias sino también
en el consumo público. Y hemos planteado unos presupuestos
moderados. El presupuesto consolidado del Estado, organismos
autónomos y Seguridad Social, capítulos 1 a 7, es decir, los
gastos, operaciones no financieras, crece el 3,7 por ciento,
bastante menos que el producto interior bruto en términos
nominales. Esta es una aportación positiva a un modelo de
crecimiento sano, a un modelo de contención del déficit.
Además, con un compromiso doble, mejor dicho, triple: un
modelo económico y un modelo real de lucha contra el fraude
fiscal; un modelo que vaya destinado en serio a corregir los
elementos que están introduciendo en algunos sectores unos
desequilibrios y unas rigideces en la economía que impiden la
disminución de precios en la prestación de algunos servicios;
un compromiso de control del gasto público que tiene una serie
de medidas legislativas y unas medidas de gestión; y un
compromiso político que quiere ser lanzado como un mensaje de
credibilidad en un año, además, en que, a pesar de que usted
hable del medio billón de pesetas de desviación, que parece
que suena mucho, estamos hablando de la menor desviación
presupuestaria de los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha
tomado en serio desde el conjunto de las administraciones
públicas el control del gasto público. Es que no se puede
estar permanentemente lanzando mensajes diciendo que éste es
un gobierno manirroto, un gobierno al que no preocupa el gasto
público, al que no preocupa el déficit público.
No le acepto, en absoluto, que diga que para nosotros el
modelo de protección social es un modelo de más burocracia, un
modelo que no se corresponde con la realidad. Mire, su modelo
socialdemócrata, entre comillas, ese modelo de bienestar, es
el de la desregulación. El modelo que otros se atreven a decir
en escritos, en documentos, y ustedes, por motivos demagógicos
y porque les interesa no quedar mal con ningún sector
económico de la sociedad, con ningún sector social, no dicen
lo que verdaderamente piensan sino lo que los otros quieren
escuchar.
Habría muchas diferencias, señor Frutos. Dice que nosotros
estamos haciendo con vergüenza lo que otros harían sin
vergüenza. Nosotros estamos haciendo una política razonable,
una política de crecimiento sano, una política que tiene que
introducir elementos de flexibilidad, pero no queremos ir a
donde otros nos quieren llevar, se llame Fondo Monetario
Internacional, se llame CEOE o se llame el Partido Popular. No
se llama Convergència i Unió. (El señor Homs i Ferret: ¡Muy
bien!--Risas.) No se llama Convergència i Unió, se llamaría
otras cosas. Y no queremos ir más allá de lo puramente
razonable, porque tenemos que hacer una economía que se adapte
a la realidad, porque la obligación, la servidumbre, señor
Frutos, supone gobernar todos los días para todos los
españoles y dar mensajes de esperanza no solamente al que
tiene puesto de trabajo, sino al que está en el desempleo;
para el padre de familia que prefiere tener un puesto de
trabajo, aunque no de la calidad que nos gustaría, pero tiene
que tener unas posibilidades no solamente de disponer de un
dinero para llevarse a casa, sino de realizarse como persona.
Cuando se tiene la obligación de ser gobierno, de tomar
decisiones todos los días, a veces es fácil hacer una crítica
fácil --valga la redundancia-- desde posiciones que quieren
parecer más justicieras, más socialdemócratas o más, como dice
usted, señor Frutos, de izquierda. La izquierda no solamente
es predicar. La izquierda real es predicar y dar trigo, asumir
responsabilidades. Y creo que es lo que está haciendo este
Partido Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la Sección 15, el Pleno se reanuda mañana a las nueve horas
de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y diez minutos de la noche.