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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 98, de 25/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 98 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 97
celebrada el martes, 25 de octubre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 80.1, de 1 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000067) (Página 5018)
--Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 83.1, de 13 de octubre de 1994 (número de expediente
121/000070) (Página 5018)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
99, de 26 de octubre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 5018)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (Página 5018)
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social (Página 5018)
En nombre del Gobierno presenta los proyectos de ley el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), manifestando
que la elaboración de los Presupuestos para 1995 ha estado
presidida por el objetivo fundamental de consolidar el proceso
de recuperación y creación de empleo iniciado en nuestra
economía en los últimos meses. La economía española ha ido
dando muestras, a lo largo de 1994, de un mayor dinamismo,
confirmando la superación de la profunda fase recesiva
iniciada en 1992. El continuo crecimiento del producto
interior bruto a lo largo de 1994, tras cinco trimestres
consecutivos en que se registraron tasas interanuales
negativas, permite pronosticar en este año un crecimiento
positivo del orden del 1,7.
Reconoce los importantes sacrificios que ha tenido que
soportar la economía española para salir de este período de
recesión y afrontar con garantías las posibilidades de
crecimiento económico en los próximos años, fundamentalmente
el drástico ajuste sufrido en términos de empleo, que ha
registrado en nuestro país un retroceso mucho más intenso que
en el resto de las economías comunitarias, revelando la
existencia de graves problemas estructurales en nuestro
mercado de trabajo. Para corregir estas disfuncionalidades se
ha impulsado todo el proceso de reforma laboral que se está
propugnando desde la acción del Gobierno, con el objetivo de
dotar al mercado de trabajo de una mayor flexibilidad,
permitiendo una gestión más flexible de los recursos humanos
de las empresas, aprovechando al máximo la capacidad de
creación de empleo que permite la potencialidad de crecimiento
de nuestra economía. Se puede afirmar que la recuperación del
empleo es un hecho que empieza a ser notorio, y uno de los
factores que han influido de forma decisiva ha sido el
mantenimiento de los tipos de interés en niveles sensiblemente
inferiores a los vigentes al inicio de la crisis. El des-censo
de los tipos de interés ha tenido el doble efecto positivo de
facilitar el saneamiento financiero de las economías
domésticas y de las empresas y de situar los tipos de interés
reales en niveles más adecuados para incentivar las decisiones
de consumo e inversión. Todo ello ha propiciado una sensible
recuperación de la demanda interna que habrá de intensificarse
a lo largo de 1995. También en materia de inversiones el
comportamiento ha mejorado sensiblemente, fruto de la
recuperación de la situación financiera de las empresas y de
la fortaleza de la demanda exterior, con un fuerte dinamismo
de las exportaciones que se mantendrá en 1995.
Como objetivos de la política económica menciona la reducción
de los principales desequilibrios que padece, poniendo el
acento en una política de medio plazo dirigida a corregir las
disfuncionalidades estructurales que perjudican la
competitividad y dificultan el correcto funcionamiento de los
mercados. Sin embargo, el ritmo de ejecución de las reformas
correspondientes y la intensidad de las mismas debe estar en
sintonía con la posición cíclica. En la actual fase ascendente
del ciclo hay que intentar conseguir un buen funcionamiento de
los mercados que permita una evolución moderadade precios y
salarios, a fin de consolidar las ganancias de competitividad
logradas y, por otro lado, acelerar la corrección del déficit
público y reducir la tasa de paro. Otro objetivo importante
para el año 1995 es la consecución de un crecimiento del IPC
de 3,5 por ciento, acercando definitivamente nuestro nivel de
inflación al de los países de menorinflación de la Unión
Europea. En cuanto al déficit público, otro de los
desequilibrios básicos que afectan a nuestra economía, su
reducción constituye el objetivo macroeconómico prioritario de
la política presupuestaria actual y a medio plazo. No
obstante, preservar los niveles de prestación social
alcanzados en años anteriores exige que los avances de
reducción del déficit sean moderados.
Agrega el señor Ministro que el punto de referencia
fundamental de estos Presupuestos es el programa de
convergencia recientemente revisado por el Gobierno,
facilitando numerosos datos en orden a la consolidación
presupuestaria para 1995, con un esfuerzo de saneamiento de
nuestras cuentas públicas entre las que destaca las medidas
introducidas en los presupuestos de Sanidad y Renfe, los
incentivos a la creación de empleo y a la inversión, el
mantenimiento de una protección social efectiva y solidaria,
con importantes actuaciones en materia de sanidad, desempleo y
pensiones públicas. Asimismo resalta las partidas dedicadas a
política de personal y retributiva, a financiación
de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.
Menciona, por último, las grandes cifras presupuestarias de
ingresos y gastos, así como las relativas al presupuesto de la
Seguridad Social, enumerando igualmente las medidas
legislativas y administrativas que se prevén para el próximo
ejercicio, las cuales integran los Presupuestos y una ley de
acompañamiento en línea con las presentadas el año anterior y
que se inscriben en una actuación a tres años que nos
permitirán, en 1997, estar entre los primeros en el paso a la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Afirma que se
trata de unos Presupuestos complejos que se adaptan al actual
ciclo económico, reforzando la recuperación ya iniciada en la
economía española y que continúan por la senda del realismo,
el rigor y la austeridad. Es consciente de que la política
económica no se agota en los Presupuestos, que, a su juicio,
deben ir acompañados de medidas liberalizadoras que mejoren la
asignación de los recursos y nos ayuden a combatir la
inflación. Considera que mucho se ha hecho en este campo, y
sería absurdo negarlo, pero también que mucho queda por
delante, y en esa línea está trabajando el Gobierno con nuevos
proyectos de ley que irán trayendo a la Cámara.
El señor Aznar López defiende la enmienda de totalidad del
Grupo Popular. Comienza señalando que los Presupuestos para
1995 deberían servir esencialmente, primero, para impulsar el
acercamiento de España a los niveles de bienestar y de riqueza
medios de la Comunidad Europea y, segundo, para corregir
aquellos defectos estructurales de nuestra economía que nos
impiden aprovechar en grado óptimo las oportunidades de la
presente recuperación económica internacional. Sin embargo,
siendo estos dos objetivos muy importantes, el proyecto de
Presupuestos del Gobierno parece ignorarlos. Incluso
producirán el efecto contrario, pues nos alejarán de Europa y
limitarán las posibilidades de recuperación de la economía
española. Estos Presupuestos nos alejarán de Europa, al igual
que viene sucediendo en los últimos cuatro años, hasta
encontrarnos hoy cuatro puntos por debajo de la posición
relativa que España ocupaba hace 18 ó 20 años. Hemos
atravesado una crisis tremenda, cuyo peor exponente ha sido el
año 1993, el más catastrófico para la economía española en los
últimos 25 años. Lo menos que cabía esperar del Gobierno es
que hubiera sacado consecuencias de esa crisis y se aprestara,
cuando las condiciones exteriores son más favorables, a poner
término a los desatinos que nos condujeron a perder 850.000
empleos en los últimos tres años, a la caída de las
inversiones, al vertiginoso aumento de la deuda y a la pérdida
de posición relativa en Europa.
Agrega que se trata de unos Presupuestos que no contribuirán a
mejorar el principal problema que sufre la economía española,
que es el paro, el cual se mantendrá el próximo año en el 24
por ciento de la población activa, tasa que duplica con creces
la media europea. Son unos Presupuestos que tampoco servirán
para reducir el diferencial de crecimiento de nuestros precios
frente a los europeos, ya que la subida del IVA, entre los
impuestos especiales que el Gobierno proyecta, contribuirá al
aumento de los precios en España por encima de los de nuestros
principales clientes y proveedores. El Gobierno prefiere
eludir su responsabilidad confeccionando unos Presupuestos en
los que no se contemplan ni la contención efectiva de la
presión fiscal ni la austeridad en el gasto público, ni la
reducción efectiva del déficit presupuestario y de la deuda
pública. El Gobierno no ha sido capaz de preparar la economía
española para beneficiarse de la mejora en el escenario
internacional, y si hemos tenido crecimiento este año se debe
exclusivamente a la demanda exterior, pues ni el consumo ni la
inversión han servido para relanzar nuestra economía. Tres
devaluaciones sucesivas de la peseta han permitido que las
exportaciones y el turismo salvaran el año, pero factores como
los precios, el déficit del sector público e incluso nuestra
balanza exterior, en su actual situación, representan otras
tantas amenazas para esta débil mejoría.
Recuerda que, en su momento, el Grupo Popular ofreció su
colaboración para elaborar unos Presupuestos que fueran útiles
para aprovechar los inicios de la recuperación y hacer frente
a la crisis, pero el Gobierno rechazó la oferta, porque carece
de voluntad e ideas para corregir esta situación. Para el
Grupo Popular, el primer requisito exigible a los Presupuestos
sería detener el crecimiento de la presión fiscal de manera
que permitiese a los españoles aumentar nuestro ahorro y
animar la inversión, multiplicar nuestra competitividad y
desactivar las tensiones inflacionistas, favoreciendo nuestra
integración en la economía europea y mundial. Considera
llegado el momento de acometer la reforma fiscal con decisión,
modificando la estructura de nuestros principales impuestos,
nada de lo cual se aprecia en el proyecto de Presupuestos del
Gobierno. La presión fiscal ha aumentado en 1994 y vuelve a
hacerlo en 1995, pero no para acortar nuestras distancias con
Europa, para crear empleo, desarrollar empresas competitivas o
mejorar el nivel de vida de los españoles, reducir la
inflación o bajar los tipos de interés, ni siquiera para
reducir el endeudamiento del Estado. Se trata de unos
Presupuestos al servicio de unos intereses particulares, que
no se han elaborado pensando en
los intereses generales de España. La subida de los impuestos
indirectos en esta coyuntura económica conlleva el riesgo
cierto de alimentar la inflación, como han advertido los más
reputados expertos, una inflación que tendrá consecuencias
graves al perder competitividad internacional y propiciar una
subida de tipos de interés muy peligrosa, tanto para la
inversión como para el consumo. Afirma que el Gobierno ha
conseguido un récord importante, y es que los españoles
paguemos más impuestos que nunca al mismo tiempo que existe en
España más fraude que nunca, a pesar de las muy costosas
campañas para combatir el fraude fiscal, poniendo de
manifiesto una profunda incompetencia en la gestión y, sobre
todo, una verdadera vergüenza para un país que desea ser y
parecer modelo. En cuanto al gasto público, los Presupuestos
ignoran las dos dimensiones de una auténtica política de
austeridad: de una parte, la eficacia en los mecanismos del
control de gasto y, de otra, su contención en los límites de
la inflación. Sobre este particular expone la necesidad de
poner en marcha inmediatamente una serie de medidas para el
control del gasto público. Pero el punto donde la
responsabilidad del Gobierno resulta más evidente es en
relación con el déficit público y el endeudamiento, llegando a
unos niveles que ponen en peligro las bases de recuperación
económica. Considera que déficit y deuda deben ser reducidos
sustancialmente, no sólo porque nos obliguen nuestros
compromisos comunitarios sino porque representan un verdadero
dogal sobre la economía española y los presupuestos. Lejos de
acometer esta situación, lo que hacen es aplazar el esfuerzo
para años venideros.
Menciona, por último, la necesidad de redefinir el sector
público empresarial, mejorando su eficiencia y acometiendo la
política de privatizaciones, todo lo cual ha de realizarse en
un clima de corrupción que se ha convertido en emblema de la
gestión del Gobierno, asistiendo los españoles, atónitos, a un
espectáculo lamentable de explosión de casos de corruptelas,
«pelotazos», pinchazos, ingeniería financiera, que no son más
que vulgares estafas y amenazas de chantajes en un ambiente
cada vez más irrespirable. Se trata de un cáncer que ha
lesionado nuestro crédito internacional gravemente y que hay
que combatir con dureza y no con declaraciones exculpatorias,
pues la credibilidad se gana descubriendo las raíces del mal,
dando ejemplo y afrontando las responsabilidades. Por
desgracia, para el Gobierno parece también aquí que la regla
más segura es el inmovilismo.
En turnos de réplica y dúplica intervienen de nuevo el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) y el señor Aznar
López. La señora Aguilar Rivero defiende las enmiendas de
totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a los
proyectos de ley objeto de debate. En su opinión, son el
exponente de una política, la misma que año tras año viene, en
lo esencial, fracasando y que se han negado permanentemente a
rectificar, aunque saben perfectamente de sus efectos
antisociales. Desea que quede claro que sus enmiendas
comportan una filosofía presupuestaria alternativa claramente
diferenciada. Añade que estos Presupuestos --para los que pide
su devolución--son el exponente de una forma de hacer política
que, bajo el síndrome de la gobernabilidad y la estabilidad y
con el fin de perpetuarse en el poder, han limitado su
verdadero debate parlamentario al pactarse fuera del
Parlamento, desde el sometimiento y la claudicación de un
Gobierno que sigue siendo duro con los débiles y mendicante
con los fuertes y con los que defienden su posición económica
privilegiada. Son unos Presupuestos ante los que no se ha
mantenido ni la ética ni la estética, respecto de los que el
Gobierno ha hecho dejación de su obligación como Gobierno de
la nación para irse al encuentro de Convergència i Unió y del
señor Pujol, representante de los intereses más conservadores.
Se trata, en fin, de unos Presupuestos mediatizados por sus
alianzas políticas y que representan un golpe de tuerca más
hacia la derecha.
Añade la señora Aguilar que los Presupuestos presentados
profundizan en un modelo económico de crecimiento sin empleo,
son socialmente injustos, fomentan las desigualdades
territoriales y autonómicas y son productores de fuertes
impactos medioambientales, a pesar de que hayan intentado
maquillarlo con gestos. Estos Presupuestos continúan poniendo
el acento en la política liberalizadora que no resuelve los
problemas de pobreza y desempleo y que incrementan los
problemas económicos y las desigualdades económicas y
sociales. El Gobierno sabe que con estos Presupuestos continúa
desmontando el denominado Estado del bienestar, concretando
con ello la política del Fondo Monetario Internacional con
despidos más libres y más baratos y desmantelamiento de los
sistemas públicos de protección social. Es una política que
combaten públicamente, pero que la aplican cuando descienden a
las cifras, en un doble lenguaje que utilizan de manera
permanente y habitual.
Agrega que, a través de estos Presupuestos, pretenden
distribuir la renta en contra de los salarios y a favor de los
beneficios, es decir, disminuyendo las prestaciones sociales,
directas e indirectas, que reciben los trabajadores ocupados,
los parados y los pensionistas. En materia de impuestos son
los asalariados los que soportan la casi totalidad de
los mismos, beneficiando con ello a las rentas más altas, con
una presencia cada vez mayor de la imposición indirecta, a lo
que hay que unir el enorme nivel de fraude fiscal sin
controlar por falta de voluntad política para actuar. Por otro
lado, estos Presupuestos no consiguen sus objetivos de control
de la inflación y de reducción del déficit público,
alejándonos de Europa al ser fuertemente inflacionistas, lo
que va a conllevar crecimiento de los tipos de interés y un
freno de la inversión, sin mejorar nuestras estructuras
productivas y las políticas de bienestar social, además de ser
unos Presupuestos opacos en la precisión del gasto y de
imposible control y seguimiento. Expone, finalmente, las
líneas fundamentales del texto alternativo contenido en esta
enmienda de totalidad, afirmando que este país no aguanta ya
tanto escándalo, tanta corrupción ni tampoco aguanta estos
Presupuestos Generales vendidos, políticamente hablando, para
mantenerse en el poder, actuando con una falta total de ética.
En turno de réplica y dúplica intervienen de nuevo el señor
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) y la señora
Aguilar Rivero.
El señor Mauricio Rodríguez defiende la enmienda de totalidad
del Grupo de Coalición Canaria. Expone que, en los actuales
momentos, las grandes economías mundiales se plantean una
serie de reformas de objetivos estratégicos con los que todo
el mundo está de acuerdo, como son, primero, reducción de los
débicit públicos; segundo, modernización de las
infraestructuras; tercero, crecimiento en el desarrollo
económico, educación, formación e investigación; cuarto,
marcos económicos fiscales de ayuda a la productividad y
mejora de la capacidad exportadora de cada país y, quinto,
mantenimiento de políticas de bienestar social y del Estado de
bienestar.
Examinados los Presupuestos, no ven en ellos que haya
capacidad en este Gobierno, colocado a la defensiva, para
liderar políticas de grandes reformas que la década de los 90
exige. Se han perdido cuatro años en una situación de
confusión y perplejidad, con un Gobierno colocado a la
defensiva desde los tiempos en que se les hundió lo que
llamaban la única política económica posible, sin que
aprecien, hasta la fecha, capacidad para salir de dicha
situación.
Agrega el señor Mauricio Rodríguez que su Grupo no pretende
hacer declaraciones retóricas, a veces demagógicas, de cara a
la galería, sino que están por la política de las grandes
reformas y, en esa política, Coalición Canaria esperaba que
estos Presupuestos merecieran atención y solidaridad en una
realidad insular alejada, como es la canaria, donde tienen el
mayor índice de desempleo juvenil, así como otros índices
dramáticos en aquella sociedad. Pide al Gobierno que cumpla
con los compromisos aprobados en este Parlamento sobre
políticas de empleo y de formación, de transportes y de
reconversión económia de Canarias, todo ello en el marco de un
Estado solidario entre todos los pueblos de España, buscando
la cohesión social y territorial.
Concluye señalando que es hora de ofrecer a la Cámara, a
través de estos Presupuestos, un gran proyecto de reformas
que, desgraciadamente, no ven detrás de los números que ha
presentado el señor Solbes; sólo ven vacilaciones, dudas,
confusión, pequeños retoques, pero falta del coraje y de la
energía política necesarias para afrontar los grandes retos de
España a finales del siglo XX. Por estas razones, su voto será
contrario al proyecto del Gobierno. Contesta el señor Ministro
de Economía y Hacienda (Solbes Mira), replicando el señor
Mauricio Rodríguez y duplicando el señor Ministro de Economía
y Hacienda. La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto,
defiende la enmienda de totalidad presentada, desde la
convicción de que estos son unos Presupuestos preocupantemente
regresivos desde una perspectiva progresista que priorice la
sensibilidad social por encima de los experimentos
neoliberales y desde la perspectiva, igualmente progresista,
municipalista y descentralizadora. Reconoce la enorme
coherencia del Ejecutivo socialista con referencia a sus
propios planteamientos anteriores y, aun coincidiendo con
algunas de las reformas que se proponen, entiende que el
paquete global de las mismas no es aceptable desde una
sensibilidad social. En este sentido, no encuentra socialmente
justificación en las rebajas que se proponen en las
cotizaciones sociales y su sustitución por el IVA, que va a
suponer el encarecimiento de productos de primera necesidad.
Mientras se recortan prestaciones sociales y encarece la vida
de los sectores más desfavorecidos, desmontando lentamente el
Estado del bienestar, el Gobierno continúa con su absoluta
incapacidad para reducir el escandaloso fraude fiscal,
auténtica sangría del erario público.
Insiste seguidamente en la falta de sensibilidad municipalista
y autonómica de los Presupuestos, así como en la carencia de
solidaridad internacional, aprovechando la ocasión para
mostrar su apoyo a la reivindicación de las ONG, que piden el
0,7 por ciento para proyectos de cooperación internacional. El
señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
de totalidad presentada, manifestando su convicción de que la
vigencia de estos
Presupuestos se mantendrá, en el mejor de los casos, durante
el primer trimestre del año 1995, ya que tras la celebración
de las elecciones municipales y autonómicas vendrán los
recortes de inversiones, cuestionándose nuevamente el futuro
de éstas y, una vez más, se tomarán medidas que crearán gran
desasosiego, conflictividad y, de alguna manera, alarma
social, transformando los Presupuestos que hoy debaten en
papel mojado.
Añade que, desde su punto de vista, el Presupuesto es
escasamente creíble, incorporando medidas de efectos
previsiblemente contradictorios, como la esperanza de un
crecimiento de la economía a través de la recuperación del
consumo interno, consumo que, sin embargo, se paraliza
mediante el incremento de la imposición indirecta y de los
impuestos especiales, a lo que habrá que añadir la previsible
subida de los tipos de interés. Tampoco la previsión de
crecimiento de los precios tiene visos de ser cumplida, habida
cuenta del aumento de la presión fiscal aludida. Igual
carencia de credibilidad atribuye al aumento del IPC,
añadiendo que el proyecto del Gobierno oficializa la crisis en
nuestra economía al prever tasas de paro del 24 por ciento.
Alude, por último, a algunos problemas que afectan de manera
específica a la Comunidad Autónoma Valenciana, para terminar
pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno por considerar
que está redactado de espaldas a la realidad estatal e
internacional y, sobre todo, de espaldas a la situación
económica, social y laboral de una Comunidad como la
Valenciana, que es olvidada y discriminada por enésima vez por
el Gobierno central.
Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes
Mira), replicando la señora Rahola i Martínez y el señor
Chiquillo Barber y duplicando el señor Ministro.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de
la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1995 (Número de expediente 121/000067)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE
ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: Debate de totalidad de
iniciativas legislativas.
Debate correspondiente a los proyectos de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995 y proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
Para la presentación de estos proyectos, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y
Hacienda. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco hoy para la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado para 1995, cuya eleboración
ha estado presidida por el objetivo fundamental de consolidar
el proceso de recuperación y creación de empleo iniciado en
nuestra economía en los últimos meses.
A lo largo de 1994, la economía ha mostrado un mayor
dinamismo, confirmando la superación de la profunda crisis
recesiva iniciada en el año 1992. El continuo crecimiento del
producto interior bruto a lo largo del año 1994, tras cinco
trimestres consecutivos en los que se registraron tasas
interanuales negativas, permite pronosticar un crecimiento a
fin de año del 1,7 por ciento del producto interior bruto.
Sobre este crecimiento habría que destacar algunos elementos
que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, que
se produce de forma sincrónica con la recuperación en Europa,
lo que, a su vez, nos lleva a algunas consideraciones de
interés; subraya el mayor grado de interdependencia de nuestra
economía como consecuencia del proceso de integración
comunitaria, pero también nos demuestra que nuestra capacidad
de respuesta tiene que adaptarse más a la situación de lo que
sucede en otros países. Es cierto que esa capacidad de
respuesta ha sido mayor fruto, por una parte, de la ampliación
y modernización de nuestro capital productivo y, por otra
parte, como consecuencia de una política o de un sistema de
protección social que se aproxima a los niveles medios
europeos y que permite una salida más rápida y solidaria de la
crisis. Junto a esta sincronía de la recuperación con otros
países europeos se está produciendo también en el momento
actual un cambio en el patrón de crecimiento de nuestra
economía. En primer lugar, hay un mayor protagonismo de la
demanda interna que está desplazando paulatinamente a la
demanda externa como motor del crecimiento, lo que constituye
un síntoma de salud
que, poco a poco, va recobrando nuestra economía. Frente a la
caída de la demanda nacional en 1993, del 3,6 por ciento, en
1994 se está produciendo un claro cambio de tendencia que
habrá de confirmarse en las favorables expectativas previstas
para 1995. Sin embargo, hay que reconocer también que este
proceso ha supuesto importantes sacrificios para nuestro país:
la salida de la crisis y afrontar la recuperación con
posibilidades de crecimiento continuado, ha implicado un
drástico ajuste, especialmente en términos de empleo; es
verdad que ello es consecuencia de la existencia de graves
problemas estructurales en nuestro país y, entre otros
aspectos, en el mercado de trabajo. El reconocimiento de estas
disfuncionalidades ha impulsado todo el proceso de reforma
laboral que el Gobierno pone en marcha y cuya orientación se
inicia a partir de 1992 y que se dirige a dotar al mercado de
trabajo de una mayor flexibilidad y sensibilidad a la
situación de la economía real, evitando con ello las
distorsiones detectadas, tanto en los procesos de formación y
negociación de salarios como en los sistemas de contratación
laboral. La recuperación del empleo es un hecho que empieza a
ser notorio y por ello se puede esperar el retorno a tasas
interanuales positivas a finales de 1994, confirmando el
favorable cambio de tendencia de esta variable. Uno de los
factores que ha influido también de forma decisiva en la
recuperación de una senda de crecimiento positivo ha sido el
mantenimiento de los tipos de interés en niveles sensiblemente
inferiores a los vigentes al inicio de la crisis. Y ello ha
tenido un doble efecto: por una parte ha facilitado el
saneamiento financiero de las economías domésticas y de las
empresas y ha situado los tipos de interés real a niveles más
adecuados para incentivar las decisiones de consumo y de
inversión. Todo ello ha propiciado una sensible recuperación
de la demanda interna, aún modesta en 1994, pero que habrá de
intensificarse a lo largo de 1995.
La demanda interna, liderada principalmente por la inversión,
irá desplazando paulatinamente en los próximos meses a la
demanda externa, como principal motor de crecimiento
económico. Para 1995 se espera un crecimiento real del 2,8 por
ciento, con una aportación de 2,7 puntos de demanda interna y
de 0,1 de la demanda externa. Respecto a esta última, las
exportaciones mantendrán un fuerte dinamismo en 1995, si bien
su tasa de crecimiento se desacelerará frente a la tasa de
1994, y ello por dos motivos fundamentales: por una parte, no
se obtendrán ventajas en precios semejantes a las que se han
conseguido en los últimos meses como consecuencia de la
devaluación y, en segundo lugar, la propia evolución de la
demanda interna va a generar unas menores disponibilidades de
productos para la exportación.
¿Cuáles han sido los objetivos de la políticia económica
durante este período y cuáles siguen siendo los elementos
fundamentales de esa política económica de nuestro país? A
pesar del clima favorable de la recuperación, es preciso
reconocer la presencia de desequilibrios muy importantes en
nuestra economía, a cuya corrección se dirigen precisamente
los objetivos y la orientación actual de nuestra política
económica. Debe tenerse presente que la plena incorporación de
la economía española al ciclo europeo conlleva que la política
económica vea mermada su capacidad efectiva de influencia
sobre la posición cíclica y deba desplazar su atención a la
capacidad potencial de crecimiento de la economía. Ello
supone, por tanto, poner el acento en una política a medio
plazo dirigida a corregir disfuncionalidades estructurales que
perjudican la competitividad y dificultan el correcto
funcionamiento de los mercados.
La política económica debe, por tanto, perseguir la corrección
de los desequilibrios macroeconómicos si se quiere obtener una
senda de crecimiento sostenido generadora de empleo. No
obstante, el ritmo de ejecución de las reformas
correspondientes y la intensidad de la misma deben estar en
sintonía con la posición cíclina. Así, durante la fase de
recesión ha sido posible prestar mayor atención a la
corrección de dos objetivos fundamentales: la reducción de la
inflación y el saldo exterior; y, sin embargo, en el ciclo
ascendente deberíamos prestar mayor atención a los aspectos
microeconómicos de la economía, fundamentalmente aquellos que
se refieren a la evolución moderada de precios y salarios y
también actuar con mayor énfasis en la corrección del déficit
público y de la tasa de paro. La tasa de paro es, sin duda
alguna, una de nuestras preocupaciones fundamentales. El
impacto de las medidas ya adoptadas en el mercado laboral y
las favorables perspectivas de crecimiento económico permiten
pensar que la economía española será capaz de crear en 1995
entre 175.000 y 200.000 empleos netos. Es decir, un
crecimiento entre el 1,5 y el 1,7 respecto a 1994. Y todo ello
a pesar de un incremento importante de la población activa,
que en el año 1994 ha superado el 1,5 por ciento y en el
próximo año se situará en torno al1 por ciento.
Es importante, sin embargo, seguir insistiendo en la necesidad
de mantener la disciplina y moderación de las demandas
salariales, adecuándolas a la productividad de los factores
empleados en cada unidad empresarial, lo que habrá de permitir
contener el crecimiento en los costes laborales, como ya está
ocurriendo en 1994, y con ello facilitar tanto las decisiones
de creación de empleo por parte de nuestras empresas como la
competitividad interna y externa de la economía.
Nuestro segundo problema en términos de política económica es,
sin duda alguna, el respeto a la competitividad y la necesidad
de luchar contra el déficit exterior. Este se ha venido
corrigiendo en el año 1994, a partir de los cambios iniciados
en el año 1993. Y ello
como consecuencia de la mejora de nuestra competitividad,
debido a la devaluación de la peseta y al buen comportamiento
de los costes laborales durante este período.
En 1994, el saldo negativo de la balanza por cuenta corriente
disminuirá, y ello como consecuencia de la reducción del
déficit comercial, pero también del importante aumento en el
superávit de turismo. Si a ello unimos la mejora de las
transferencias de capital, nos podremos permitir pensar que la
financiación de la nación a fin de año se situará en unas
necesidades del 0,2 por cien del producto interior bruto, es
decir, una situación prácticamente cercana al equilibrio. El
año 1995, sin embargo, plantea algunos riesgos desde el punto
de vista del sector exterior. Parece indudable que tendremos
que hacer frente a un crecimiento de la importación; es lógico
pensar en una hipótesis de mantenimiento de un tipo de cambio
real parecido al de la situación actual y todo ello puede
traer consigo una peor competitividad, excepto en el caso en
que seamos capaces de mantener los costes en situación
parecida a las circunstancias actuales. Sin embargo, no toda
nuestra competitividad debe basarse única y exclusivamente en
los costes, sino que también hay otros elementos de naturaleza
positiva que deberían incidir en la empresa española para
mejorar su competitividad. Estoy pensando en la necesaria
internacionalización de la empresa y también en la defensa de
la calidad de nuestros productos y su diferenciación para
competir mejor en los mercados internacionales. El tercer
desequilibrio importante de nuestra economía, sin duda alguna,
es la inflación. A lo largo del año 1994 la tasa interanual de
crecimiento de los precios se ha mantenido bastante estable,
algo por debajo del 5 por ciento. Es cierto que, conforme va
avanzando el año, nos aproximaremos a la cifra del 4 por cien,
que podría estar próxima en el mes de diciembre. Y creo que
esta cifra supone en sí misma ya un logro importante, en
términos históricos, cuando hablamos de la inflación en
nuestro país, aunque es absolutamente insuficiente, en
términos comparativos, cuando analizamos lo que están
realizando otros países de nuestro entorno. Sin embargo, ello
no nos debe hacer olvidar el importante logro conseguido de la
moderación de los precios de los productos no alimenticios,
especialmente en los servicios, rompiendo con ello una
tendencia histórica de nuestra inflación.
Para 1995 el objetivo de inflación se cifra en un crecimiento
del IPC del 3,5 por ciento. A pesar de la subida de los
impuestos indirectos que se va a producir para compensar la
pérdida recaudatoria de la reducción de los tipos de las
cotizaciones en la Seguridad Social, estatendencia de
desaceleración de precios pensamos que puede ser consistente,
teniendo en cuenta el buen comportamiento que está teniendo el
componente no alimentario de los precios, así como las
perspectivas en cuanto a los costes generales de la empresa
para 1995.
Es cierto que la necesidad de profundizar en nuestro
acercamiento a los niveles de inflación de la Unión Europea
nos va a forzar a ser más exigentes en todas las reformas
estructurales necesarias para que nuestra economía sea más
competitiva y desaparezca una parte de los obstáculos que en
el momento actual impiden la reducción de precios.
El cuarto y último desequilibrio que afecta a nuestra economía
es, sin duda alguna, el del déficit público. El ciclo recesivo
ha afectado a la economía española de forma muy negativa,
especialmente en el año 1993, y ha reflejado el fuerte impacto
de la coyuntura económica sobre el presupuesto. Es cierto --y
es necesario reconocerlo-- que, además de los aspectos
coyunturales, la existencia de rigideces estructurales en el
funcionamiento de algunas parcelas de actuación del sector
público han limitado la flexibilidad y el margen de maniobra
de la política fiscal para adaptarse a la nueva situación.
El reconocimiento de estos efectos negativos en la evolución
de las cuentas públicas ha impulsado, en los últimos meses, a
la adopción de diversas medidas dirigidas a invertir la
tendencia alcista del déficit público, actuando sobre los
elementos de naturaleza estructural del déficit, a partir de
una rigurosa política de contención del gasto. En ese sentido,
la reducción del déficit público constituye el objetivo
macroeconómico prioritario de la política presupuestaria
actual y a medio plazo. La actualización del programa de
convergencia reconsidera la senda del objetivo del déficit
público para el período 1994/1997, y la adaptación de dicha
senda a la posición cíclica de la economía española no
modifica la estrategia general de consolidación
presupuestaria, que reconduzca el déficit público hacia
niveles que no hipotequen las posibilidades de crecimiento no
inflacionario futuro y nos conduzcan hacia el proceso de
unificación monetaria europea. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
¡Señorías, guarden silencio! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): La
estrategia fiscal contenida en la actualización del programa
de convergencia se puede resumir en una actuación, constante y
decidida, dirigida a reducir el déficit estructural. Los
niveles de presión fiscal alcanzados y el compromiso de
mantenerlos, salvo en lo que se refiere a las mejoras
obtenidas en la aplicación del sistema tributario y en la
lucha contra el fraude, desaconsejan la búsqueda de este
camino por el lado de la elevación normativa de los ingresos.
El camino elegido es el de las actuaciones discrecionales por
la vía del gasto. No obstante, preservar los niveles de
prestación social alcanzados en años anteriores exige
que los avances de reducción del déficit sean moderados.
El presupuesto del año 1994 ya estaba inmerso en esta
dinámica, fruto de una actuación correctora en materia de
gasto público, y el crecimiento del mismo se situará por
debajo del incremento del producto interior bruto, hecho que
en el reciente proceso histórico de expansión del sector
público español sólo sucedió en los años 1986 y 1987.
Es evidente que la magnitud del déficit público es uno de
nuestros graves problemas. No obstante, en términos
comparativos --y no hay que olvidarlo--, nuestro stock de
deuda, y, por tanto, el peso de las cargas de intereses, se
sitúa a niveles relativamente moderados. Más preocupante que
el nivel actual es la evolución del ratio deuda pública-
producto interior bruto de los últimos ejercicios, y por ello
es imprescindible cortar esa tendencia, por lo que prevemos,
de acuerdo con lo establecido en la actualización del programa
de convergencia, que a partir de 1996 se generarán superávit
primarios que permitan cambiar la tendencia en la que
actualmente nos encontramos. La política de crecimiento
moderado del gasto público irá devolviendo paulatinamente el
margen de maniobra que la política fiscal perdió cuando el
desequilibrio presupuestario se agudiza en 1993. De este modo
también se podrán evitar los desajustes producidos en años
anteriores en la articulación de las políticas monetaria y
fiscal.
Los objetivos básicos de los presupuestos del año 1995 tienen
que ser coherentes, evidentemente, con los anteriores dictados
de la política económica y con el plan de convergencia, punto
de referencia fundamental para la política del Gobierno.
En este sentido debe destacarse la presupuestación rigurosa
que ha presidido la elaboración de estos presupuestos y que se
ha apoyado en una contención efectiva del gasto público, con
el fin de cumplir de forma estricta los objetivos fiscales
establecidos para este ejercicio en el programa de
convergencia, lo que constituye una garantía de credibilidad
de los compromisos asumidos por el Gobierno para situar el
déficit y el endeudamiento público en una senda que nos
permita cumplir las condiciones para acceder a la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria.
Esta actuación restrictiva debe lograrse, sin embargo,
respetando los importantes compromisos económicos y sociales
que el Gobierno ha aceptado. Ello requiere plantear una
selección muy exigente de las prioridades de la acción pública
que se consideran esenciales para mantener los niveles de
protección y gasto social alcanzados en los últimos años para
garantizar la calidad y funcionamiento eficaz de los servicios
públicos y, evidentemente, no menos importante, para impulsar
aquellas medidas que crean mayores incentivos y expectativas
para el desarrollo de la economía productiva. En este contexto
podríamos enumerar como grandes objetivos del presupuesto para
1995 los siguientes. En primer lugar, una importante
consolidación presupuestaria, consiguiendo una reducción de
0,6 puntos del PIB en el déficit de las administraciones
públicas centrales y reduciendo el mismo del 5,7 por ciento al
5,1 por ciento. Eso se consigue mediante un crecimiento
realmente bajo del gasto del presupuesto del año 1995.
El gasto público no financiero, calculado en términos
homogéneos respecto al año 1994, crece en un 3,6 por ciento
únicamente. Si lo comparamos con el crecimiento nominal
previsto del producto interior bruto al 6,5 por ciento, se
puede apreciar ya una reducción sustancial del peso del
déficit en la economía. Pero una adecuada política y su
consolidación fiscal no puede suponer sólo alcanzar unos
determinados niveles de sostenibilidad presupuestaria.
Tendríamos que ir algo más lejos en cuanto a la calidad y
eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. Por
ello hemos querido prestar especial atención también en el
presupuesto de 1995, además de a un gasto reducido, a una
clara política de saneamiento.
Voy a citar dos casos que me parecen especialmente relevantes,
pero podríamos hacer referencia a otros. En primer lugar, la
sanidad. Las medidas introducidas en el presupuesto de
sanidad, además de proceder a una operación de saneamiento,
significan la adopción de un nuevo sistema de financiación y
un cambio en el procedimiento presupuestario. Dedicaremos a la
sanidad más de 3,3 billones de pesetas, con un incremento del
gasto sanitario del 7,3 por ciento en términos nominales y del
14 por ciento en términos homogéneos.
Además de ello, se produce un cambio sustancial respecto al
modelo de financiación. Mientras que la aportación del Estado
crecerá un 24,7 por ciento para la sanidad en este año, la
aportación por cotizaciones sociales disminuirá en un 13 por
ciento.
Pretendíamos, como decía antes, poner en marcha un nuevo
sistema de financiación de la sanidad. El nuevo sistema se
basa en una serie de ideas relativamente simples aceptadas por
todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política
Económica y Fiscal del 22 de septiembre pasado.
El punto de partida es relativamente simple. Fijemos el gasto
real de un año determinado, 1993, con las correcciones que
posteriormente se realizan en 1994. A partir de ahí, el
crecimiento del gasto será compatible con un incremento de
gastos del PIB nominal. Dicho de otra forma: crecerán los
gastos lo mismo que el PIB nominal y se repartirán de acuerdo
con la población protegida entre el Insalud y las distintas
autonomías responsables de los gastos sanitarios. Definido ese
modelo de forma clara para el futuro, se establece una
obligación fundamental para que el sistema funcione. Los
créditos del presupuesto del Insalud pierden su carácter de
ampliables y, por lo tanto,
la insuficiencia, caso de producirse, exigirirá la tramitación
de créditos extraordinarios ante esta Cámara.
Al final, lo que se pretende es una clara racionalización del
gasto mediante la necesidad, por una parte, de los
responsables de la política sanitaria de adaptarse a las
disponibilidades presupuestarias que les corresponden. En
segundo lugar, un mejor conocimiento por parte de las
comunidades autónomas de sus recursos financieros y, por lo
tanto, también en ese sentido, una indicación clara y autónoma
de la financiación de la parte del sistema que les afecta.
Finalmente, tenemos la importante ventaja de que el
presupuesto de Sanidad no va a incidir en los gastos de otros
agentes, como ha venido sucediendo en los últimos años.
El segundo elemento de saneamiento importante incluido en el
presupuesto de este año es el que afecta al contrato-programa
de Renfe, con vigencia para el período 1994-1998 y que prevé
un gasto total de 1,6 billones de pesetas. Para este año,
estamos hablando de un montante superior a los 300.000
millones de pesetas. Con ello, lo que se pretende es
incorporar al presupuesto el coste real del sistema
ferroviario, que debe compatibilizar la competitividad de los
servicios de transporte que ofrece la compañía pública de la
red que administra con el resto de los sistemas de transporte.
Con ello, también clarificamos una situación difícil
preexistente, que empieza a ver el final de su problema en el
presupuesto de 1995.
Otras operaciones de saneamiento se incluyen también en el
presupuesto. Baste referirme a la liquidación parcial de las
sanciones impuestas a España por la superproducción láctea en
pasados ejercicios, la aportación española al CERN o a algunos
otros elementos de saneamiento a los que he hecho referencia.
Nuestra actuación en cuanto al presupuesto no afecta única y
exclusivamente a las cifras y al saneamiento sino también a
una definición de mayor rigor presupuestario en cuanto a la
ejecución de los presupuestos. El artículo 10, que ha tenido
efectos positivos en los últimos años para controlar la
evolución del gasto público se convierte en artículo 11 de los
presupuestos de este año y establece que, en materia de
reconocimiento de obligaciones, no se podrán superar los
créditos inicialmente establecidos, mecanismo que debe jugar
de forma menos traumática que en el pasado al suprimirse los
créditos ampliables que en ese momento existieron.
Por lo tanto, la posibilidad de adaptación de la realidad a la
presupuestación va a ser aún mayor, si cabe, en el presupuesto
del año 1995 respecto a lo que se ha realizado en 1994.
Si la consolidación fiscal o presupuestaria es el primer
objetivo del presupuesto, el segundo tendría que ser la
incentivación de la creación de empleo y de la inversión.
Estamos en un contexto de recuperación, corresponde al
Gobierno realizar los esfuerzos necesarios para conseguir un
entorno de estabilidad macroeconómica, pero no cabe duda de
que la reducción del déficit pasa a ser uno de los elementos
fundamentales de esta estrategia, permitiendo una articulación
más equilibrada de los distintos instrumentos de política
económica.
Creemos, sin embargo, que la política de consolidación de
gastos debe reforzarse a través de programas de ingresos y
gastos públicos, de forma que se oriente su recurso en apoyo
del desarrollo de la economía productiva y de la inversión.
Los presupuestos generales del Estado siguen manteniendo un
importante compromiso en materia de inversión pública, si bien
su crecimiento respecto a años anteriores se ha moderado. Ello
porque consideramos que a partir de ahora debe tener un mayor
protagonismo la inversión privada a medida que se va
consolidando el proceso de recuperación de nuestra economía.
En todo caso, las inversiones públicas superarán este año el
billón 300.000 millones de pesetas, con un crecimiento del 2,3
por ciento respecto al presupuesto inicial del año 1994 y de
más del 7 por ciento respecto al presupuesto de liquidación.
Los incentivos a la inversión privada pasan a ser un objetivo
importante también de estos presupuestos. Con ello
pretendemos, como decía antes, que tomen parcialmente el
relevo de la actuación de las inversiones públicas y, en ese
sentido, la modificación más importante que afecta a los
ingresos es, sin duda alguna, la reducción en un punto de las
cotizaciones de la Seguridad Social, con el fin de abaratar
los costes laborales y fomentar el crecimiento del empleo.
Para hacer compatible esta medida con la necesaria reducción
del déficit público se incrementa en un punto los tipos del
IVA. Al ser este un impuesto neutral desde el punto de vista
de la tributación de los factores de producción, los efectos
deben ser beneficiosos para el empleo, al tiempo que se
mejorará la competitividad de nuestras empresas en el
exterior.
Además de esta medida directamente relacionada con el fomento
del empleo, hay otras que lo hacen indirectamente, como son
aquéllas que estimulan la inversión empresarial. Así, el
Impuesto sobre Sociedades para 1995 prorroga el régimen de
deducción por inversiones, creación de empleo y gastos en
formación profesional introducidos en 1994. Las empresas no
societarias que tributen por el Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas disfrutarán de estas mismas deducciones.
También hay que destacar las medidas dirigidas a reducir la
doble imposición de dividendos. Con ello se facilitará a las
empresas la captación de fondos propios, lo que debe mejorar
su estructura financiera y su estabilidad en los ciclos
económicos desfavorables, contribuyendo así a la seguridad en
el empleo. En el ámbito de los gastos debe destacarse el apoyo
que los presupuestos realizan en favor de las actuaciones
de investigación y desarrollo, formación profesional e
infraestructuras e internacionalización de las empresas.
Consolidación presupuestaria, apoyo a la economía productiva y
mantenimiento de protección social efectiva y solidaria son el
tercer objetivo de los presupuestos.
En los últimos años se ha realizado un esfuerzo extraordinario
para elevar los niveles de prestación de nuestro sistema de
protección social acercándonos progresivamente al «status» de
bienestar social que disfrutan los países más avanzados de
nuestro entorno. Sin embargo, el desarrollo del estado de
bienestar en nuestro país ha dejado traslucir algunas
disfuncionalidades no deseadas que podrían afectar a los
propios objetivos del sistema de protección. Por esta razón,
en los últimos meses se han ido introduciendo reformas en las
áreas más importantes de este sistema, tanto en el ámbito de
la gestión y control del fraude, tendente a una utilización
más racional de los recursos, como en la esfera de las
prestaciones, garantizando el nivel efectivo de la cobertura y
protección y el acceso solidario de los beneficiarios al
disfrute de las prestaciones.
Las políticas públicas de gasto social crecerán el 5,7 por
ciento, es cierto que por encima del crecimiento medio del
gasto total, aunque por debajo del PIB nominal, lo que asegura
un volumen de recursos suficiente para garantizar el
mantenimiento de los niveles de protección social alcanzados.
En materia de desempleo, las medidas de reordenación adoptadas
en 1991 y 1993, así como las introducidas en la lucha contra
el fraude y las mejoras de gestión han permitido, sin duda
alguna, mejorar los resultados de esta política, por lo cual
el crecimiento de gastos será únicamente del 2,1 por ciento,
pudiendo mantener los mismos niveles de prestación que hasta
el momento actual. Finalmente, querría destacar un tema de
especial significación, como es el mantenimiento de cobertura
y poder adquisitivo de las pensiones, la continuidad de los
planes de reforma del sistema educativo y las actuaciones de
fomento del empleo.
El presupuesto en la política de pensiones para el año 1995 se
aproximará a los 7 billones de pesetas, con un crecimiento del
8 por ciento respecto al año 1994. Ello con los siguientes
objetivos. Garantizar la capacidad adquisitiva que tenían los
pensionistas a comienzo del ejercicio actual; mantener ese
nivel de protección, garantizando el poder adquisitivo a
través de la revalorización de las mismas en el 3,5 por
ciento, equivalente al crecimiento del IPC para 1995 y
conseguir una gestión económica más eficiente mediante el
control de los costes y la mejora en la asignación de recursos
humanos y financieros, luchando contra eventuales situaciones
de fraude y agilizando al máximo la tramitación y pago de las
pensiones a los beneficiarios.
Un punto de especial interés al que no querría dejar de
referirme es el de la política de personal y retribuciones de
estos presupuestos. El acuerdo que recientemente se ha
suscrito entre Administración y sindicatos sobre condiciones
de trabajoen la función pública para el período 1995-97
constituye el punto de referencia fundamental en el que se
enmarca la política de personal y retributiva de 1995.
Como aspecto básico de este acuerdo, las retribuciones se
vinculan a la evolución de las magnitudes económicas y al
cumplimiento de los objetivos que se recogen en los
presupuestos generales del Estado. De acuerdo con los
compromisos expresados en este acuerdo, en los presupuestos se
establece para los empleados públicos un incremento en las
retribuciones globales del 3,5 por ciento, porcentaje
equivalente al del incremento del IPC previsto para este
ejercicio. Adicionalmente se prevé la generación de un fondo
específico para el mantenimiento del poder adquisitivo en 1995
si, a 31 de diciembre del mismo año, el crecimiento del IPC
resultara superior al previsto para esa fecha y la masa
salarial del conjunto de los empleados públicos incluidos en
el ámbito del acuerdo hubiera crecido en términos homogéneos
de efectivos por debajo de dicho índice durante 1995, y
siempre y cuando, además, se respeten los objetivos de
crecimiento del PIB y de reducción del déficit del conjunto de
las administraciones públicas.
Este acuerdo incluye elementos importantes, yo diría que es un
aspecto fundamental del acuerdo, respecto a la planificación
de recursos humanos, y en ese sentido el artículo 18 del
proyecto de ley establece que la oferta de empleo público para
1995 se concentrará en los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios y, en todo caso,
el número de plazas de nuevo ingreso será inferior al que
resulte de la aplicación de la tasa de reposición de
efectivos.
Sobre la base de estos supuestos resultan unos créditos para
gastos de personal con un crecimiento del 3,8 por ciento
respecto a 1994 y este crecimiento incorpora tanto el aumento
del 3,5 en las retribuciones de dicho personal como las
variaciones netas de efectivos que se puedan producir a lo
largo de 1995. Para terminar respecto a las prioridades, diría
que en la financiación de las administraciones territoriales
se incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas
accedan a los fondos de cohesión de la Comunidad por un total
de 40.000 millones de pesetas y en las corporaciones locales
se introduce algunas modificaciones de mayor envergadura.
En primer lugar, es novedad en este proyecto de ley el cambio
del criterio de la evolución de la financiación por porcentaje
de participación que pasa a depender del índice de precios al
consumo, del producto interior bruto nominal y del incremento
de los ingresos tributarios ajustados estructuralmente.
En este ejercicio se incorporan también nuevos instrumentos de
ayuda a las corporaciones locales a través del acceso de hasta
15.000 millones de pesetas de los fondos de cohesión y se
establece un fondo para infraestructuras locales, dotado
asimismo por el Feder y completado con recursos adicionales
del presupuesto del Estado.
Como complemento necesario a la previa exposición de los
objetivos y políticas que se contemplan en el proyecto, cuya
autorización se solicita, hemos de referirnos a las grandes
cifras del presupuesto. Su ámbito, establecido en el artículo
1.º del proyecto, son los presupuestos del Estado, organismos
autónomos, Seguridad Social y entes públicos especificados en
dicho texto, así como el presupuesto del Ente Público Radio
Televisión Española y de las sociedades estatales de gestión
de los servicios públicos de radiodifusión y televisión,
sociedades estatales de carácter mercantil y de aquellas
entidades que se señalan en el artículo 6.º del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria.
Por primera vez, en este ejercicio, se presenta ante las
Cámaras, unido a este proyecto, aunque sin formar parte de él,
el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del
Banco de España en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 4.2 de la ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía
del Banco de España. El presupuesto total consolidado supondrá
unos ingresos de 24 billones 395.000 millones de pesetas, con
un crecimiento en los ingresos del 6,8 por ciento y unos
gastos de 29 billones 620.000 millones de pesetas, con un
incremento del 3,4 por ciento respecto al presupuesto inicial
y 0,4 por ciento respecto al presupuesto de liquidación.
Los dos presupuestos fundamentales, dentro de este presupuesto
consolidado, son, sin duda alguna, el del Estado y el de la
Seguridad Social, que representan el 53,5 y el 32,7 por ciento
respectivamente de los mismos.
Respecto a los presupuestos del Estado, sólo me gustaría
subrayar algunas grandes cifras: los ingresos se situarán en
14,2 billones de pesetas, con un crecimiento del 7,2 por
ciento respecto al presupuesto inicial y del 7 por cien
respecto al de liquidación.
La evolución de los impuestos indirectos crece algo más que la
de los impuestos directos, como consecuencia del incremento de
un punto en el IVA; por tanto, se modifica de forma no
excesivamente significativa el reparto de impuestos directos e
indirectos en nuestro país. El crecimiento de los impuestos
directos, del 10,3 por ciento, tiene como elementos
fundamentales la deflactación en la tarifa del IRPF, en cuanto
a ingresos, y también el aumento en las deducciones y, en
cuanto a sociedades, el gasto fiscal derivado del apoyo a la
inversión. En los impuestos indirectos, sin duda alguna, el
elemento fundamental es el incremento de un punto lineal de
los diferentes tipos de IVA y la supresión del décalage
existente entre las deducciones del IVA por operaciones
comunitarias. En cuanto a los ingresos patrimoniales, me
gustaría destacar nuevamente, como ya lo hice el pasado año,
la caída que sufren los ingresos del Estado como consecuencia
de las menores aportaciones por los beneficios del Banco de
España. Los gastos del presupuesto del Estado crecerán en un 2
por cien en presupuesto inicial, y en un 0,8 en presupuesto de
liquidación. Los gastos no financieros se sitúan alrededor de
17,3 billones de pesetas y crecen el 3,6 por cien en términos
homogéneos, como anteriormente he dicho.
En personal, su crecimiento será del 5,5 por ciento, y eso es
compatible con el 3,8 al que he hecho referencia anteriormente
para el personal en activo, dado que también aquí se incluyen
las clases pasivas, que implican, no sólo crecimientos
superiores, sino también una modificación por incorporaciones
de nuevos receptores.
Los bienes corrientes tienen un crecimiento únicamente del 4,6
por ciento respecto al presupuesto del año 1994, pero caerán
en un 4,5 respecto al presupuesto de liquidación. Los gastos
financieros crecen por debajo de la media del crecimiento del
presupuesto, sólo en un 2,1 por ciento, como consecuencia, por
una parte, de la reducción de tipos de interés, pero también,
por otra, de los plazos de emisión que han permitido reducir
el coste financiero en 1995. Las transferencias corrientes se
ven afectadas, por un parte, por el incremento de aportaciones
al Insalud y, por otra, por la menor aportación a la Unión
Europea.
Estas son, en mi opinión, las cifras, muy a vuelapluma, que me
parecen sustanciales en cuanto al presupuesto del Estado.
En cuanto al presupuesto de la Seguridad Social, debo decir
que se sitúa en 10,8 billones de pesetas, con un crecimiento
del 8 por ciento, algo por encima del presupuesto del Estado;
que, como es lógico, en los ingresos crecen más las
trasferencias que las cotizaciones; y, en cuanto a gastos, me
gustaría destacar que el 65,5 por ciento del total de gastos
va dirigido a pensiones y el 30,5 por ciento va destinado a
sanidad.
Además de las grandes cifras presupuestarias, el presupuesto
recoge también elementos de tipo normativo que me parecen
sustanciales. Ya he tenido ocasión de referirme a algunos de
ellos al ir repasando las grandes cifras y las grandes
prioridades presupuestarias, pero tal vez convenga hacer
alguna alusión a algunos de ellos adicionales. Hay
modificaciones importantes en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, especialmente que se reduce en un 8 por
cien el rendimiento neto de las actividades a las que resulta
aplicable la estimación objetiva, se mejora la regulación de
la doble imposición de los dividendos, se exime del impuesto
sobre la Renta a indemnizaciones de la política agrícola
comunitaria ligadas a la destrucción de capital
agrícola, y destacaría también el incremento en la deducción
por hijos. En el Impuesto sobre Sociedades, la parte de
deducción por inversiones, creación de empleo y gastos de
formación me parece la modificación sustancial respecto al
presupuesto del año 1994. En cuanto al IVA, además de la
subida de un punto, a la que he hecho anteriormente
referencia, hay también algunas adaptaciones y mejoras
técnicas como la modificación de los tipos aplicables a
determinados servicios de hostelería y restauración, así como
a los transportes de viajeros y equipajes entre la Península y
Baleares. Finalmente, en los impuestos especiales, aparte de
las modificaciones derivadas de la inflación, se da un
tratamiento impositivo privilegiado a los biocarburantes y se
establece un nuevo régimen de devoluciones en el Impuesto
sobre determinados medios de transporte. Una parte
especialmente significativa, en mi opinión, en la Ley de
acompañamiento es aquella que afecta a medidas de tipo social.
Yo destacaría sobre todo la nueva regulación que se da a la
incapacidad laboral transitoria y a la invalidez provisional,
refundiendo ambas figuras en una única prestación para
conseguir un modelo de protección homogénea ante situaciones
similares. En definitiva, con ello se pretende dotar de mayor
racionalidad a este tipo de prestaciones, que, como es sabido,
absorben una gran cantidad de recursos financieros. Al mismo
tiempo, la prestación por maternidad pasa a considerarse como
independiente de la incapacidad temporal, elevándose la
cuantía de su prestación hasta el 100 por cien de la base
reguladora frente al 75 por ciento aplicable en la actualidad.
Asimismo, en este ámbito se introduce una serie de medidas en
el Programa de Fomento de Empleo tendentes a conseguir una
mayor operatividad. Por fin, he de señalar que, en lo que a
normas laborales se refiere, se introduce la posibilidad de
celebración de contratos a tiempo parcial en aquellos
supuestos en los que es posible la contratación de duración
determinada, como medida de fomento de empleo. Hay una serie
de medidas administrativas vinculadas a los aspectos a los que
anteriormente me he referido. Yo creo que con ello terminaría
ya la presentación de los elementos fundamentales del
presupuesto.
Señorías, a modo de resumen, me gustaría decir que presentamos
unos presupuestos y una ley de acompañamiento en línea con la
presentada el año pasado y que se inscribe en una actuación a
tres años, que nos permitirá, en 1997, estar entre los
primeros en el paso a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. Son unos presupuestos complejos que se adaptan al
ciclo, reforzando la recuperación que ya ha iniciado la
economía y que continúan en la senda de realismo, rigor y
austeridad. Realismo, porque hay que actuar sobre lo que
tenemos y es posible, y no son los que nos gustaría tener o no
es posible. Rigor, por cuanto siguen mejorando las técnicas de
presupuestación y el control de gasto, las medidas de lucha
contra el fraude y la fidelidad de las cifras respecto a las
necesidades. Y austeridad, porque el gasto homogéneo crece
prácticamente igual que la inflación, aun respetando
importantes compromisos sociales y deudas del pasado. Son unos
presupuestos y una ley de acompañamiento que siguen
introduciendo mejoras en el gasto, que van dando ya sus frutos
y que tienen el objetivo de ir reduciendo, de acuerdo con
posibilidades realistas, el déficit estructural que
arrastramos. La reducción en el personal al servicio de la
Administración, los cambios en la ILT o en el sistema de la
financiación de sanidad, junto a medidas ya adoptadas en
anteriores presupuestos, reducensignificativamente los
márgenes de desviación e incertidumbre sobre la evolución del
gasto público, ajustando lo ejecutado a lo presupuestado.
Soy consciente de que la política económica no se agota en los
presupuestos. Estos deben verse acompañados de medidas
liberalizadoras que mejoren la asignación de los recursos y
nos ayuden a combatir la inflación. Se ha hecho ya mucho en
este campo y sería absurdo negarlo, pero también somos
conscientes de que nos queda mucho por delante, y en esa línea
está trabajando el Gobierno con nuevos proyectos de ley que
iremos presentando en esta Cámara. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmienda de totalidad presentada a estos proyectos de ley por
el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, los presupuestos generales del Estado de 1995
deberían servir esencialmente para dos cosas: la primera para
impulsar el acercamiento de España a los niveles de bienestar
y de riqueza medios de la Comunidad Europea, y la segunda para
corregir aquellos defectos estructurales de nuestra economía
que nos impiden aprovechar en grado óptimo las oportunidades
de la presente recuperación económica internacional. Pues
bien, siendo estos dos objetivos muy importantes, el proyecto
de presupuestos del Gobierno parece ignorarlos. Es más, tal y
como están diseñados, producirán el efecto contrario, nos
alejarán de Europa y limitarán las posibilidades de
recuperación de la economía española. Constituyen una
oportunidad perdida. Nos alejarán de Europa, y yo no sé lo que
ustedes sienten como responsables del Gobierno, pero yo en su
lugar sentiría como mínimo preocupación, por no decir
vergüenza, si España llevara cuatro años retrocediendo con
respecto a las medias europeas y hoy se encontrara cuatro
puntos por debajo de la posición relativa que ocupaba hace
dieciocho o veinte años.
El año 1991, la renta per cápita española logró alcanzar el 80
por ciento de la media comunitaria y todo inclinaba a pensar
que seguiríamos avanzando, pero no ha sido así. La economía
española creció en 1992 un 0,8; en el conjunto de la Unión
Europea, incluida España, el crecimiento fue del 1. En 1993,
la economía española decreció un 1 por ciento; el
decrecimiento en la Unión Europea fue del 0,4. Este año el
crecimiento en nuestro país será del 1,7; en la Unión Europea
será del 2. Y para 1995 el Gobierno prevé un incremento del
2,8 por ciento y en la Unión Europea del 3. Por tanto, nos
separamos claramente de nuestro objetivo nacional. Hemos
atravesado una crisis tremenda, cuyo peor exponente ha sido el
año 1993, el más catastrófico para la economía española en los
últimos treinta y cinco años. Lo menos que se podía esperar
del Gobierno es que hubiera sacado consecuencias de esa crisis
y se aprestara ahora, cuando las condiciones exteriores son
más favorables, a poner término a esos desatinos que nos
condujeron a perder más de 850.000 empleos en los tres últimos
años, a la caída de las inversiones, al vertiginoso aumento de
la deuda y a la pérdida de posiciones relativas en Europa.
Señorías, si antes éramos el noveno país de la Unión Europea,
ahora, al adelantarnos Irlanda, hemos descendido al décimo
puesto, y es evidente que nos distanciamos del proyecto, pero
el Gobierno prefiere refugiarse en la recuperación
internacional para no hacer nada, y trae a la Cámara unos
presupuestos timoratos, para, nunca mejor dicho, ir tirando a
la espera de que otros nos saquen del atolladero. Unos
presupuestos que, para empezar, no contribuirán a mejorar el
principal problema que sufre la economía española, que es el
paro. El propio informe del Gobierno, que acompaña a los
presupuestos, reconoce que el próximo año el paro se mantendrá
en el 24 por ciento de la población activa, tasa que duplica
con creces la media europea. Unos presupuestos que no servirán
tampoco para reducir el diferencial de crecimiento de nuestros
precios frente a los europeos. La subida del IVA y de los
impuestos especiales, que el Gobierno proyecta, contribuirán
al incremento de los precios en España por encima de los de
nuestros principales clientes y proveedores. Y al no reducirse
este diferencial, el precio del dinero puede tender claramente
al alza, lo que limitará las posibilidades de inversión y de
creación de empleo. No contribuirán, pues, los presupuestos a
corregir nuestras diferencias con Europa, pero tampoco
servirán para aprovechar la mejoría económica internacional.
La favorable influencia del exterior no resolverá, por sí
sola, las cuestiones de fondo que lastran nuestra capacidad de
crecimiento. La advertencia de los organismos internacionales
es muy clara al respecto: hay que evitar la repetición de los
errores del pasado; errores que han causado el profundo bache
sufrido a comienzos de los noventa y que gravan las espaldas
de los españoles con la mayor tasa de paro de toda nuestra
historia.
La falta de ahorro, la baja competitividad internacional de
nuestra producción, la excesiva rigidez de nuestros mercados y
servicios claves, resumen los principales problemas de una
política económica a la que, una vez más, el Gobierno prefiere
eludir confeccionando unos presupuestos en los que no se
contempla ni la contención efectiva de la presión fiscal ni la
austeridad en el gasto público ni la reducción efectiva del
déficit presupuestario y de la deuda pública. Lo diré de otra
forma: estos presupuestos no crean el clima de confianza, de
certidumbre y de credibilidad, imprescindible para que la
economía española pueda desarrollar todo su potencial de
crecimiento. Este Gobierno no ha sido capaz de preparar la
economía española para que pudiese beneficiarse ahora, en toda
su intensidad, de la mejora en el escenario internacional.
Hemos tenido crecimiento este año gracias, exclusivamente, a
la demanda exterior. Ni el consumo ni la inversión han servido
para relanzar nuestra economía. Tres devaluaciones sucesivas
de la peseta, que el mercado obligó a hacer al Gobierno, han
permitido que las exportaciones y el turismo salvaran el año.
Una mejoría, sin duda, en comparación con el peor año de
nuestra historia reciente. Pero claro es que mejoría no es
salud, y factores como los precios, el déficit del sector
público, incluso nuestra balanza exterior, en su actual
situación, representan otras tantas amenazas para esta débil
mejoría. En una palabra, la recuperación de la economía
europea brinda una ocasión excelente para España que estos
presupuestos, lejos de aprovechar, malversan.
Conscientes de esta situación que describo y persuadidos de
que un Gobierno que carece en esta Cámara de mayoría no estaba
en condiciones de actuar con la decisión y la firmeza que las
circunstancias exigen, ofrecimos nuestra colaboración para
elaborar unos presupuestos que fueran útiles para aprovechar
los inicios de la recuperación e hicieran frente a la crisis.
Ustedes rechazaron la oferta. El Gobierno rechazó la oferta,
no porque le sobraran fuerzas sino, a la vista está, porque
carecía y carece de voluntad e ideas para corregir esta
situación. He cumplido con mi deber al ofrecer mi ayuda, y hoy
lo haré explicando cómo deberían, para nosotros, elaborarse
unos presupuestos que nuestras circunstancias económicas
reclaman. No descenderé a la distribución del gasto, que es
responsabilidad exclusiva de quien está gobernando, pero
quiero señalar las principales líneas directrices que deben
orientar la reforma de los presupuestos que España necesita.
Comenzaremos, en primer lugar, por los impuestos.
Señorías, los españoles pagamos ya demasiados impuestos.
Detener el crecimiento de la presión fiscal es el primer
requisito que el Partido Popular exige en los
presupuestos. Los españoles necesitamos una política fiscal
que permita aumentar nuestro ahorro, que anime la inversión,
que multiplique nuestra competitividad, que desactive
tensiones inflacionistas y, en suma, que favorezca nuestra
integración en la economía europea y mundial. Todo ello
reclama una reforma fiscal que no debe demorarse por más
tiempo, porque de ello no solamente dependen el ahorro y la
inversión, sino también la creación de empleo y el nacimiento
de nuevas empresas. Ha llegado el momento de acometer esa
reforma con decisión, modificando la estructura de nuestros
principales impuestos. Por ejemplo, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas hay que revisar efectivamente
las tarifas, pero no sólo para descontar la inflación, sino
principalmente para compensar los actuales efectos negativos
contra el empleo y contra la inversión. Hay que revisar el
tratamiento de las ganancias de capital, asimilándolo al de
los países de nuestro entorno. Hay que suprimir el doble
gravamen sobre sociedades y hay que reformar la tributación de
la familia y de las pequeñas empresas.
En el Impuesto sobre Sociedades, urge descontar el efecto de
la inflación en la base imponible, evitar el gravamen
monetario de las plusvalías y favorecer la presencia
internacional de nuestras empresas sin por ello, en ningún
momento, relajar la lucha contra el fraude. De forma
excepcional, es conveniente admitir la regularización de
balances y la libertad plena de amortización para un tiempo
determinado. En la imposición patrimonial es obligado elevar
los mínimos exentos para los contribuyentes y estimular la
realización de actividades productivas. En el IVA se debería
reducir el tipo aplicado a determinados consumos básicos, como
la alimentación, y mejorar las condiciones y plazos de
devolución. Pues bien, señor Presidente, nada de esto se
aprecia en el proyecto de Presupuestos donde, por añadidura,
el Gobierno incumple su propio programa de convergencia e
incumple, una vez más, sus compromisos electorales. Como
seguramente recuerda todo el mundo, el señor González repitió
hasta la saciedad, durante la última campaña electoral
general, que congelaría la presión fiscal. Pues bien,
señorías, la ha aumentado en 1994 y vuelve a hacerlo en 1995.
Y ¿para qué? Pues, no ciertamente para acortar nuestras
distancias con Europa, no para crear empleo o desarrollar
empresas más competitivas, no para mejorar el nivel de vida de
los españoles, no para reducir la inflación, no para rebajar
los tipos de interés, ni siquiera para reducir el
endeudamiento del Estado. ¿Para qué lo hace entonces? Pues yo
creo que para salir del paso, para eludir esfuerzos
desagradables y para no perturbar su estancia en el Consejo de
Ministros.
Son estos unos presupuestos al servicio de unos intereses
particulares, pero no se han elaborado pensando en los
intereses generales de España. Aumentan la presión fiscal y,
además, tratan de ocultar a la sociedad española la
importancia real del aumento de impuestos a que se le somete,
y que se ha convertido en una de las principales amenazas para
la recuperación económica. Como decía antes, subir los
impuestos indirectos, el IVA y los especiales, en esta
coyuntura económica, conlleva un riesgo cierto de alimentar la
inflación. El efecto neto de la elevación de los impuestos
puede rondar un punto porcentual del índice de precios al
consumo para el año próximo. Lo han advertido los más
reputados expertos, lo ha advertido el Gobernador del Banco de
España. Una inflación mayor tendrá consecuencias graves:
perderemos competitividad internacional y se propiciará una
subida de tipos de interés muy peligrosa, tanto para la
inversión como para el consumo.
Llegan ustedes, señorías, señores del Gobierno, incluso, al
extremo de subir un punto todos los tipos del IVA, se trate
igual de la alimentación que de los yates de recreo. Lo cual
significa, sencillamente, que los impuestos sobre los
productos que afectan a las capas populares de la sociedad
española son los que proporcionalmente resultan más gravados;
es decir, que el Gobierno, en un arrebato de justicia social,
aplica a los medicamentos, al material escolar y a los
productos de alimentación, por ejemplo, una presión fiscal
media del 33 por ciento. Pero continuando ese arrebato de
justicia social, aplica, eso sí, a las pieles, a las joyas o a
los yates de recreo solamente el seis por ciento de
incremento. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Yo,
señorías, no estoy en condiciones de juzgar si en esto
consiste el socialismo, pero sí estoy en condiciones de
asegurar que esto no tiene nada que ver con el progreso. En la
misma línea de política social, ustedes, señores del Gobierno,
lograron el año pasado que los contribuyentes más favorecidos
por la fortuna no pagasen el Impuesto sobre el Patrimonio, y
ahora pretenden, con disimulos, que los menos favorecidos
paguen más impuestos. Es un brillante ejemplo de política
redistributiva y de sinceridad fiscal el que ustedes plantean
a los españoles. (Varios señores Diputados; ¡Muy bien, muy
bien!)
Esa reducción de un punto en las cotizaciones a la Seguridad
Social que ustedes alegan como justificación no sirve de
excusa, porque, según nuestra opinión, es una medida inútil.
Qué duda cabe que reducir un gravamen que encarece el empleo
es, en principio, beneficiosa. Pero lo es si se hace bien, no
de la forma burda en que lo plantea el Gobierno: fuera del
marco de una reforma de la Seguridad Social, como pretexto
para elevar los impuestos indirectos y en un grado
insuficiente para suscitar la creación de empleo. Este punto
para 1994 resulta ridículo, cuando desde 1992 hasta hoy las
cotizaciones se han incrementado en dos puntos.
Han hecho ustedes un gesto que representa la mínima reducción
que se da en nuestro entorno. Si consideramos
que nuestras cotizaciones se hallan cinco o seis puntos por
encima de la media europea y que nuestra cifra de parados
duplica la media europea, hemos de concluir que el suyo no
pasa de ser un gesto estéril y una simple caricatura.
Descontar el efecto de la inflación en el Impuesto sobre la
Renta, claro que es una necesidad perentoria, y el Partido
Popular la ha reclamado siempre. Pero la propuesta de ustedes
vuelve a resultar estéril. Ese 3,5 manifestará su
insuficiencia tan pronto como la inflación supere esa cifra.
Señores del Gobierno, ustedes han logrado, además, en este
punto un récord verdaderamente importante. Han conseguido que
los españoles paguemos más impuestos que nunca, al mismo
tiempo que existe en España más fraude que nunca. Han
realizado ustedes campañas muy costosas para combatir el
fraude fiscal. Han reordenado la administración tributaria.
Han aumentado el gasto, al menos teóricamente, en todos los
mecanismos destinados al control del fraude. Nos anuncian ya
para el año que viene un nuevo plan contra el fraude. Y lo
único que han conseguido con tanta prodigalidad son unas
cifras de fraude que avalan la necesidad de una reforma
fiscal, de una estructuración mucho más racional de los
impuestos, que ponen de manifiesto una profunda incompetencia
en la gestión y, sobre todo, suponen una verdadera vergüenza
para un país que desea ser y parecer moderno. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
No quiero, señorías, abandonar este apartado sin manifestar
claramente nuestra sospecha de que los ingresos
presupuestarios que ustedes declaran no son los que esperan
recaudar. En nuestra opinión ustedes esperan recaudar mucho
más. Pues bien, señorías, como quiera que ustedes aumentan la
presión fiscal y van a aumentar la recaudación, y habida
cuenta de la experiencia de los años anteriores, que nos dice
que cualquier aumento de los ingresos únicamente ha servido
para umentar los gastos no justificados, nosotros manifestamos
claramente la exigencia de que todo aumento en los ingresos
públicos, por encima de lo previsto, sea aplicado íntegramente
a la reducción del déficit. Con este rasero vamos a poder
medir y conocer el crédito que merece su compromiso en la
lucha contra el déficit presupuestario.
En resumen, la reforma fiscal no puede demorarse por más
tiempo en España. Está pendiente de ella nuestro ahorro,
nuestra inversión, nuestras empresas, la creación de empleo,
nuestra capacidad de competir. En cualquier caso, señorías,
con reforma o sin ella, en el próximo año no deberían subir
los impuestos en España.
En cuanto al gasto público, los presupuestos ignoran las dos
dimensiones de una auténtica política de austeridad: de una
parte, la eficacia en los mecanismos de control del gasto y,
de otra, su contención en los límites de la inflación.
Clausurar las ventanas por donde se fuga el gasto público
constituye una de las prioridades de nuestra política
presupuestaria. No hay otra forma de restaurar la credibilidad
de los presupuestos, credibilidad que está por los suelos tras
el sistemático incumplimiento al que ustedes nos han
acostumbrado. En 1993 el incumplimiento fue, sencillamente,
escandaloso; en 1994 volverá a ser no inferior a los 500.000
millones de pesetas.
Es importante que podamos tomar en serio los Presupuestos
Generales del Estado, para lo cual es preciso que se reformen
las cláusulas legales que sustancian las modificaciones de
crédito, lo que significa reducir la lista de créditos
ampliables y endurecer las condiciones de las incorporaciones
de los remanentes, de los créditos extraordinarios y de los
suplementos de crédito. Es necesario reforzar el papel de la
Intervención General del Estado y dotarla de mayor autonomía,
y es necesario abandonar cualquier práctica de presupuestación
extracontable y cualquier vicio de enmascarar los gastos. Los
españoles tienen derecho a exigir que lo que esta Cámara
aprueba en materia de presupuestos sea lo que realmente se
cumpla y la inseguridad jurídica que se ha creado como
consecuencia de la continua vulneración de los principios
presupuestarios no puede ni debe continuar. Es imprescindible
restaurar el concepto de la seguridad presupuestaria para
dotar a los presupuestos de una mínima credibilidad ante los
ciudadanos. Nosotros entendemos que debe articularse una
fórmula en virtud de la cual la Presidencia del Gobierno asuma
claras y directas responsabilidades respecto del control y
ejecución del gasto presupuestario, por ser éste uno de los
elementos claves del crédito personal de todo gobernante.
Asimismo, es urgente realizar la reforma de los mecanismos de
control del Tribunal de Cuentas y los que corresponden a estas
Cortes Generales. Una auténtica política de consolidación
presupuestaria exige que el gasto público corriente no aumente
por encima de la inflación, terreno éste en el que no
aceptamos más compromiso que el obligado mantenimiento de la
capacidad adquisitiva de las pensiones.
La austeridad del gasto corriente debe asentarse sobre una
reforma de la Administración pública, de la que estos
presupuestos están muy lejos. La supresión de departamentos
ministeriales, de organismos autónomos, de altos cargos,
constituye una vía segura para reducir el gasto corriente,
como lo es la revisión de todos aquellos gastos de
funcionamiento, que sin duda tienen que descender con una
presupuestación más estricta. Y es importante también, por
razones de justicia y de honestidad gubernativa, que la
remuneración de los funcionarios se vincule a la modernización
de la Administración, de modo que su capacidad adquisitiva no
esté sujeta a las veleidades del Gobierno.
Si realmente se desea que el gasto público reduzca su peso en
relación con el producto bruto, hay que poner en marcha
rápidamente las medidas que acabo de mencionar. De lo
contrario, con los datos de estos presupuestos unidos a las
experiencias de los anteriores, en cuanto a desviaciones
presupuestarias, el gasto público seguirá lastrando de manera
creciente el conjunto de nuestra economía.
El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.
El señor AZNAR LOPEZ: Voy terminando, señor Presidente.
Y llegamos, señorías, al punto donde la responsabilidad del
Gobierno es más evidente: el déficit del sector público y el
endeudamiento. Cualquier padre de familia, cualquier ama de
casa, sabe que gastar mucho más de lo que se ingresa,
endeudarse más y más, año tras año, simplemente conduce al
desastre. Ya ni siquiera engaña la excusa de afirmar que nos
estamos endeudando para invertir, y que si se dejan como
herencia billones de pesetas de deuda, también se dejan
autovías, aeropuertos, hospitales, sencillamente porque el
incremento de la deuda es muy superior ya al valor de las
inversiones reales. Es como si se dejase de herencia a unos
hijos una casa valorada en 25 millones y una deuda de 36
millones. Algo así pero en billones de pesetas, es lo que hace
el Gobierno. Estamos ante una política que eleva la deuda
pública hasta unos niveles que ponen en peligro las bases de
recuperación económica. Cuando el Estado gasta mucho más de lo
que ingresa tiene que pedir dinero en préstamo, y una economía
que no genera el suficiente ahorro para sus inversiones
productivas se ve, irremisiblemente, condenada a detraer buena
parte del mismo, encareciendo el precio del dinero. Y, no
siendo suficiente éste, tiene que ir a los mercados
internacionales a pagar por ese dinero unos precios
prohibitivos. En ocasiones como la presente, la pérdida de
confianza en la política económica y en la estabilidad del
Gobierno elevan aún más esos precios. El resultado es una
situación como la actual, donde se multiplican las
dificultades para reducir e incluso mantener los tipos de
interés, sin poder alejar en ningún momento la amenaza de una
subida que aseste un nuevo golpe a la inversión y al empleo.
Déficit y deuda deben ser reducidos sustancialmente, no sólo
porque nos obligan nuestros compromisos comunitarios, o por
tratar de acercarnos a la primera velocidad europea, sino,
sobre todo, porque representan un verdadero dogal sobre la
economía española. Pues bien, estos presupuestos, lejos de
acometer esa situación, lo que hacen es aplazar el esfuerzo
para otros años venideros, como si el tiempo hubiese dejado de
ser un factor económico, o como si los criterios económicos
del Gobierno se manejasen con ese irresponsable principio que
proclama: detrás de mí, el diluvio.
Hundido, al parecer, este Gobierno en una resignación
fatalista ante el descontrol del gasto público, mantiene un
elevadísimo déficit, en la ingenua creencia de que la mejoría
económica lo reducirá por sí misma. Yo creo que no cabe mayor
confesión de impotencia y de incapacidad para afrontar el más
grave riesgo a que se enfrenta la recuperación de nuestra
economía. Objetivo fundamental para cualquier Gobierno de
España debe ser cortar con decisión ese inquietante avance de
la deuda pública en nuestro país. Casi 11.000 millones de
pesetas está creciendo el endeudamiento en nuestro país cada
día a lo largo de este año, y las previsiones para el próximo
no son mejores. En el conjunto de las administraciones
públicas la deuda excederá de los cuatro billones de pesetas.
¿Cuánto ha de crecer el problema para que este Gobierno tome
la decisión de abordarlo? Nuestra deuda alcanza ya dimensiones
insoportables. Ha sobrepasado el 60 por ciento establecido
para la convergencia europea y en los últimos cuatro años ha
crecido nada menos que 20 puntos sobre el producto interior
bruto. Dicho en otros términos, desde 1982 ha pasado de seis
billones a 40 billones, o si ustedes quieren, ha pasado del 31
por ciento del producto interior bruto al 64 por ciento del
producto interior bruto. Si hemos de ser objetivos tendremos
que confesar en esta Cámara, señor Ministro, señores del
Gobierno, salvo que ustedes me corrijan, que ni siquiera se
conoce, o al menos no se publica, la realidad de nuestro
endeudamiento exterior.
Ante un problema de estas proporciones, la reducción del
déficit que nos propone el Gobierno para el próximo año es
sencillamente pacata, por decirlo con suavidad. Con una
previsión de crecimiento del 2,8 por ciento, conformarse con
un descenso del 0,7 o del 0,8 por ciento es muy poca cosa, y
más que conformidad parece indiferencia, sobre todo cuando la
recaudación tributaria puede aumentar. La falta de
credibilidad en la reducción del déficit presupuestario es uno
de los principales obstáculos que impiden obtener el adecuado
partido de la recuperación económica, por no mencionar los
graves daños que esta actitud ha causado ya a nuestra imagen
en los mercados internacionales. Y esto, señorías, nos lleva
directamente a los problemas que afectan a la inversión,
porque un crecimiento estable y saneado de la economía
española exige una política clara de fomento de la inversión.
Pero esta inversión requiere no sólo seguridad jurídica y
económica, es decir, un presupuesto creíble, sino también
estabilidad política y decisiones del Gobierno que contribuyan
a despejar incertidumbres. No es posible de otra manera
recuperar la imagen de España como un país atractivo para la
inversión.
En este punto tampoco somos optimistas, a la vista de los
datos que contienen sus presupuestos. Los presupuestos,
como hemos señalado, deberían ser austeros a expensas del
gasto corriente. En contraste, lo que hacen es descargar el
ajuste sobre la inversión, a la que conceden ese incremento
raquítico del 2,3 por ciento. A partir de esta cifra, que
probablemente ni se alcance, volverán a incumplir el
compromiso asumido ante el Pleno de esta Cámara en el debate
sobre el estado de la Nación de situar la inversión pública en
el cinco por ciento del producto interior bruto. ¿O es que ya
hemos olvidado el objetivo de extender y modernizar nuestras
infraestructuras, que son piezas fundamentales para la
competitividad de nuestra economía?
Señorías, por último, permítanme que les recuerde la necesidad
de redefinir el sector público empresarial. En nuestra
opinión, dicha redefinición debe contener dos objetivos
fundamentales. El primero, mejorar su eficiencia y, el
segundo, acometer una política de privatizaciones que, además
de garantizar esa mayor eficiencia, asuma el compromiso de que
sus resultados se apliquen íntegramente a la reducción de la
deuda. Debo recordarles, señores del Gobierno, que en manos de
ustedes la política de privatizaciones ha producido un billón
de pesetas del que no queda ni el recuerdo.
Por otra parte, resulta imprescindible elaborar un estatuto de
la empresa pública que precise la utilidad, los objetivos y
los criterios de actuación de dichas empresas, que defina
sectores, actividades y zonas geográficas en las que se
justifica la actualidad, la iniciativa empresarial del Estado.
Esto es lo que en nuestra opinión, señores del Gobierno,
conviene hacer. Y esto es lo que todos hubiésemos agradecido
que pusieran en marcha hace unos cuantos años. No voy a
pedirles que lo hagan todo, que sería pedir lo excusable; pero
sí que al menos tengan el decoro de no rehuir permanentemente
su compromiso ni trasladar responsabilidades donde no
corresponden. Parece que consumen ustedes siempre todo su
esfuerzo en la caza de algún chivo expiatorio. Así, por
ejemplo, es evidente que los precios se resisten a bajar y que
no son ustedes capaces de controlar la inflación. ¿Van a
echarle la culpa al crecimiento salarial, que ha sido inferior
al crecimiento de los precios? ¿Habrá sido el tirón de la
demanda de los pensionistas, cuyas pensiones han crecido por
debajo de la inflación? ¿Será responsabilidad de los
funcionarios, que llevan dos años con sus salarios y sus
sueldos congelados? Como ustedes ven, sabemos muy bien quiénes
se han sacrificado; y sabemos mejor que el Gobierno no lo ha
hecho, porque aunque va a recaudar unos 400.000 millones de
pesetas más de lo previsto, ha gastado ese ingreso adicional
con idéntica celeridad. Los precios se resisten a bajar porque
ustedes se niegan a introducir las reformas que nuestra
economía demanda, tanto en el sector servicios como, de manera
muy especial, en el sector público. Y no terminan aquí,
señores del Gobierno, sus responsabilidades. Por si fuera
poco, todo el escenario que aquí describimos está teñido de un
clima de corrupción que se ha convertido en emblema de su
gestión. Como dijo con cierto ingenuo un dirigente socialista,
mal se encuentra un país en el que el responsable del dinero
se ve entre dos guardias y el responsable de los guardias se
escapa con el dinero. (Risas.--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.) Los españoles asistimos atónitos a un
espectáculo lamentable de explosión de casos de corruptelas,
pelotazos, pinchazos, ingenierías financieras que no son más
que vulgares estafas, amenazas de chantajes, en un ambiente
que se hace cada día más irrespirable.
Quien pretenda que todo esto no tiene incidencia en la
economía real, se engaña o, peor aún, pretende engañarnos y
engañar a los ciudadanos. Esto es como un cáncer que pudre las
bases del sistema, propiciado, tolerado y admitido por quienes
elaboraron aquella doctrina de que este era el país donde más
dinero se puede ganar en menos tiempo. Un cáncer que ha
lesionado gravemente nuestro crédito internacional y que hay
que combatir con dureza y no con declaraciones exculpatorias.
La credibilidad y la confianza, esenciales para el desarrollo
de cualquier política, no se recuperan afirmando, sentados
sobre una gran pelota, que se ha enterrado la «cultura del
pelotazo». La credibilidad se gana descubriendo las raíces del
mal, dando ejemplo y afrontando las responsabilidades. Lo
contrario sólo sirve para mantener un clima de desconfianza
permanente, que vale para cargar de lastre las posibilidades,
sin duda difíciles, de nuestra economía productiva hacia el
futuro.
Por desgracia, señores del Gobierno, para ustedes en esto,
como en lo que he señalado anteriormente, parece que la regla
más segura es el inmovilismo. Cuando hay crisis, el mensaje es
que hay que esperar a que escampe; y cuando no hay crisis, ya
vendrá la recuperación de otros a resolvernos los problemas; y
cuando estallan los escándalos, ahí van ustedes, como alguien
les ha sugerido, aquí todos inpertérritos a esperar, por lo
menos, que no caiga el tinglado de la farsa, que es al menos
en lo que ustedes creen.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, reconozco que no me ha sorprendido (Rumores.), su
intervención sobre el Presupuesto. La verdad es que es la
misma que se mantiene con cualquier proyecto de ley que se
presente en este Parlamento, pero me preocupan las
contradicciones que se incluyen en su exposición.
El pasado año, en estas mismas fechas, se utilizaban otras
fórmulas de descalificación. Recordemos que hace un año se
hizo referencia al suicidio económico (sic) de los
Presupuestos del año 1994 y a la situación a donde nos iba a
llevar el proyecto que entonces se presentaba.
Yo creo que la situación, en términos económicos, está donde
está, se puede valorar quién juzgó correctamente y quién se
equivocó o no en su valoración. Como también se puede juzgar
su negativa reiterada a reconocer la recuperación económica.
Sólo parece ser que en el mes de septiembre ustedes se
enteraron, y así lo decía la prensa con titulares incluso
llamativos, diciendo: el Partido Popular reconoce por primera
vez que la recuperación es indiscutible, cuando indiscutible
era para todos ya menos para ustedes.
Ustedes, hoy, lo que están utilizando es la vieja técnica de
la descalificación, usando una serie de eslóganes con una base
real francamente discutible. En ese momento su gran argumento
es la credibilidad: estos Presupuestos no tienen credibilidad,
y hacen afirmaciones tan absolutamente contundentes como
falsas. Su señoría dice que el presupuesto este año se va a
desviar en 500.000 millones de pesetas. Es falso; no en esa
cifra (Varios señores Diputados: Más.) Quien se la haya
buscado, que le dé la correcta. Le voy a decir exactamente
cuál es la desviación, en términos porcentuales, de la
realización del presupuesto de gastos del Estado, capítulos I
a IX, en el año 1994. Concretamente, de un 6 por ciento. ¿Sabe
S.S. que ese 6 por ciento es la cifra más baja desde el año
1978? Es el listado que yo tengo aquí, seguramente, si vamos
más allá, la cifra será mayor. Pero tomemos, por ejemplo, los
capítulos I a VII, que son los más significativos. ¿Sabe usted
cuál es la desviación del presupuesto este año? Exactamente
del 4 por cien. Y en obligaciones reconocidas únicamente del 1
por cien. Y todo ello con una realización de las obligaciones
reconocidas del 97 por cien, la cifra más alta de nuestros
veintitantos años recientes, exceptuando el año 1992. Y en
torno a esas cifras están muchas de las demás que se plantean
en su argumentación.
Su señoría parte de una argumentación que podría aceptar.
Dice: en la medida en que hay un riesgo de incremento de
inflación, en la medida en que la reducción del déficit no va
a ser suficiente, se nos puede plantear un problema de tipos
de interés al alza, y eso es grave. Por supuesto, ésa es una
argumentación que, con bastantes más matices y sin
manipulaciones de ningún tipo, utilizó el Gobernador del Banco
de España en esta misma Cámara y que hemos dicho públicamente
que compartimos y que esa preocupación también la tenemos
nosotros. De lo que discrepamos es, primero, de que la
inflación tenga que comportarse como plantean y, segundo, que
la reducción del déficit no se vaya a cumplir. El Gobernador
del Banco de España también hacía referencia a que lo
importante de un presupuesto es que se cumpla y que tal vez lo
más importante de los Presupuestos de estos años es que se
estaban cumpliendo.
Ustedes dicen algo más en su enmienda a la totalidad cuando
hablan de la inflación. Ustedes dicen que sin controlar las
presiones inflacionistas es imposible llegar a ningún
resultado, y, por lo tanto, plantean su enmienda a la
totalidad, entre otros, por este argumento. A mí me parece que
es una afirmación incorrecta. Estamos en una inflación, en el
momento actual, del 4,5. He dicho anteriormente que espero que
nos aproximemos sustancialmente al 4 al final de año. Y es
verdad que el componente fundamental de ese elemento
inflacionista es la alimentación, no los servicios, como S.S.
ha hecho referencia, que han caído de forma sustancial en los
dos últimos años y que tienen un comportamiento prácticamente
igual que la inflación media. Por tanto, el comportamiento ha
sido bastante correcto.
Si usted analiza nuestra cifra de inflación de los últimos
años verá que en las estadísticas conocidas, las que
habitualmente se manejan, las de los diez últimos años, no
aparecen cifras más bajas que ésa. Dicho eso, no hay que
complacerse. Y no hay que complacerse porque aun siendo la
cifra magnífica es muy mala en comparación con la Unión
Europea y es muy mala para una situación de recesión. Por eso
creo que hay que seguir haciendo esfuerzos muy importantes
para luchar contra la inflación el próximo año. Es más, estoy
convencido de que ese objetivo del 3,5 por ciento del próximo
año es un objetivo posible, y posteriormente tendré ocasión de
hacer algún comentario, cuando me refiera a la evolución de
las cotizaciones sociales y al famoso punto del IVA. A SS.SS.
les preocupa la reducción del déficit, a mí también. SS.SS.
dicen que la reducción del déficit es insuficiente e incluso
en algún momento han dicho que es coyuntural, aunque hoy no lo
ha dicho S.S. Pero el déficit se está reduciendo exactamente
de acuerdo con lo que estaba previsto en el plan de
convergencia. ¿Se puede ir más lejos? Sin duda alguna; pero
eso nos planteará medidas restrictivas de gasto que, en
algunos casos, conviene decidir dónde las hacemos y por qué
las hacemos. Creo que ése es el punto fundamental, qué gasto
queremos reducir, y también haré algún comentario sobre este
punto posteriormente.
Su señoría dice que el Gobierno carece de fórmulas creíbles
para reducir el déficit. Yo creo que esas fórmulas están
claramente establecidas en el plan de convergencia, que es el
que estamos cumpliendo a rajatabla y en el que, por cierto,
viene ese compromiso que S.S. enfatiza tanto y al que da tanta
importancia, de que cualquier incremento adicional de ingresos
deba aplicarse a una mayor reducción del déficit y que --y le
recuerdo que esto también viene definido en el plan de
convergencia-- en el caso de que existan desviaciones respecto
a las cifras previstas también el Gobierno se compromete a
adoptar medidas adicionales para mantener el gasto. El papel
lo soporta todo y podríamos haber hecho un plan mucho más
ambicioso, un presupuesto en el que se estableciera una
reducción del déficit mucho mayor y entonces, posiblemente, sí
tendría razón S.S. si nos acusara de falta de credibilidad.
Se señoría utiliza un tercer argumento. Dice: ustedes están
incrementando los impuestos y lo que están es generando un
incremento de la presión fiscal claro y evidente. Incluso han
llegado a afirmar, de forma claramente demagógica y
seguramente con finalidades muy claras para todos, que cada
familia pagará 70.000 pesetas más al año. Seamos serios, señor
Aznar. Analicemos cómo evolucionan la presión fiscal y la
presión tributaria en los últimos años. En el año 1993 la
presión fiscal fue del 21,48 por ciento en el presupuesto de
liquidación; en el año 1994, del 20,68 --disminuyó-- en el año
1994, en liquidación, el 20,6 --bajó alguna centésima--, y en
el año 1995, en presupuesto inicial, estamos en 20,72. Estamos
hablando de un 0,04 por ciento, que será consecuencia,
fundamentalmente, de la mejora de la lucha contra el fraude y
de la mejora de gestión.
Sí aumenta claramente la presión tributaria, aumenta siete
décimas, pero eso ya lo sabíamos. Pero si pretendemos reducir
las cotizaciones sociales y pagar la sanidad con impuestos,
lógicamente, se tendrá que aumentar la presión tributaria,
pero la presión fiscal, que es el elemento fundamental, queda
prácticamente estable. Por tanto, no me parece serio que se
utilicen argumentos de ese tipo y me parece mucho más grave
que se aterrorice a la población hablando de cifras de
crecimiento de 70.000 pesetas por familia, que no
corresponden, en absoluto, a la realidad.
Su señoría habla también de un fuerte incremento del gasto en
el año 1994. Le voy a dar algunas cifras que me parecen
significativas. Ya he hecho antes referencia a que nuestro
incremento de gasto, en términos homogéneos, se sitúa
alrededor del 3,5 por ciento, y si mantenemos como gasto el
gasto de la Seguridad Social estamos hablando de un incremento
entre el 3,7 y el 4,5. Sin embargo, el PIB nominal va a crecer
en el 6,5 por ciento y, por tanto, hay una caída clara del
gasto en términos relativos. Pero hagamos un ejercicio que
seguramente a S.S. le puede divertir. ¿Cuál es el gasto total
que se incrementa en el año 1994? Exactamente 975.000
millones.
Le voy a dar una ventaja. Dado que en el año 1994 hay una
caída de los gastos financieros de casi 500.000 millones
respecto al año anterior, porque no se ha producido ese
incremento, imaginemos que el aumento real sea de 1 billón
300.000 millones. Y le voy a dar tres cifras: pensiones,
520.000 millones; salarios de funcionarios, 160.000 millones;
sanidad, 230.000 millones de gastos adicionales. Le podría dar
una cuarta: administración territorial, 100.000 millones más.
Todo eso es más del 90 por ciento del gasto adicional que
vamos a realizar. Dígame S.S. dónde quiere cortar y cuánto.
Me parece, además, que parte de sus datos son contradictorios
con sus propias posiciones. Ayer, con gran sorpresa --pensaba
que al menos sus responsables parlamentarios leerían lo que
ustedes están diciendo en otros foros-- vi --leo el texto de
prensa-- que el PP afirma que en 1995 habrá menos sanidad
pública gratuita, pese a las mentiras de la Ministra sobre el
presupuesto --fórmula que me parece bastante incorrecta como
tratamiento--. Pero a continuación dice: Se propone un
incremento del 10 por ciento en sanidad para el próximo año,
lo que supondría 300.000 millones más.
Pónganse ustedes de acuerdo y digan si están en la filosofía
de aumentar el gasto o de reducirlo. Lo mismo que cuando
hablamos de gasto corriente. ¿De qué estamos hablando? Estamos
hablando del capítulo II de los presupuestos. ¿Sabe S.S. que
el capítulo II de los presupuestos son 370.000 millones de
pesetas? ¿De dónde vamos a reducir 300.000 millones? ¿O
estamos hablando de otra cosa? Pero supongo que S.S. también
sabe que el capítulo II de los presupuestos incluye temas como
la medicina, que me parece que S.S. no querrá cortar, o como,
por poner otro ejemplo, la comida en las cárceles o la comida
en el ejército, que supongo que tampoco querrá cortar.
Si la fórmula consiste en esas divertidas propuestas que
oíamos ayer, que suprimiendo algunos directores generales se
encontraban 4.500 millones adicionales para hacer inversiones
en el Ministerio de Obras Públicas, evidentemente con esa
coherencia todo vale. Pero si estamos hablando de cosas
serias, desde luego no se puede plantear con esta frivolidad.
¿Nos está alejando de Europa el presupuesto? Yo creo que en
absoluto. El presupuesto no nos está alejando de Europa. En
déficit deuda, hablando de cifras medias siempre, SS.SS. saben
--alguna vez lo hemos dicho y yo también lo he comentado en
esta tribuna-- que en el momento actual, siguiendo su
filosofía de que no cumplimos los criterios del plan de
convergencia, 9 de 12 países se están alejando de Europa.
Incluso yo le diría más: 10 u 11, porque hemos introducido
Irlanda en Europa con una deuda mucho mayor que la nuestra en
el presente. Tenemos un plan de convergencia aceptado por el
Consejo y la Comisión que nos va a permitir cumplir los
requisitos de convergencia en el año 1997. Es un plan que por
encima de todo pretende ser realista. Pero para ser realista y
cumplir los compromisos que tenemos en gasto social, tenemos
que adoptar decisiones de una progresiva reducción del
déficit. (El señor Romero Ruiz muestra a la Cámara un cartel
en el que se lee: «0,7 ya».) (Rumores.)
Somos conscientes de que 1994 va a ser un año difícil, como lo
va a ser 1995, y como tendrá que serlo 1996,
en el que tendremos que hacer un esfuerzo adicional y en el
que por primera vez empezaremos a tener un superávit primario
que nos permita ir a una reducción real de la deuda total.
Su señoría, por último, hace referencia a que no se resuelven
los problemas del paro en España con este presupuesto. Es
cierto. Yo creo que nadie piensa que se puede resolver un
problema de 25 o 24 por ciento de desempleo en nuestro país en
el presupuesto de un año. Sin embargo, no estoy de acuerdo con
algunas de sus afirmaciones. Su señoría por una parte dice que
aumentamos la presión fiscal, por otra parte dice que
aumentamos el consumo. No estoy muy seguro de que ambas
filosofías no sean contradictorias, pero sí estoy seguro de
que hay una contradicción implícita en su afirmación en cuanto
a los costes laborales. Sus señorías dicen: reducir un punto
las cotizaciones sociales no sirve para nada. Desde luego, es
gravísimo desde el punto de vista de inflación porque un punto
nos va a crear muchos problemas, pero reducir ocho puntos,
como SS.SS. plantean, no provoca ningún problema. Parece ser
que eso es positivo desde el punto de vista de reducción de
costes sociales, pero no es negativo desde el punto de vista
de la inflación.
Creo que ustedes tienen una larga tradición en la defensa de
sustitución de cotizaciones sociales por IVA, incluso algunas
aportaciones teóricas de cierto interés. Por ejemplo, en el
año 1992, el señor Montoro, a quien todavía le quedaban
algunos residuos de sus viejas ocupaciones académicas,
escribía un artículo sobre claves de una política económica
para España en los noventa, en el que decía: Como instrumento
principal para luchar contra los problemas, es necesario
estructurar la participación de los diferentes tributos,
reduciendo los directos, IRPF y cotizaciones sociales, y
elevando la compensación de los indirectos.
Sus señorías también han presentado como Grupo Parlamentario
Popular resoluciones en este Parlamento en esa misma
dirección. Cito una publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales» del día 21 de abril, en la que SS.SS.
proponen que se inste al Gobierno a propugnar la adopción de
las medidas de reducción de cotizaciones a la Seguridad Social
al objeto de minorar la carga tributaria que frena la creación
de empleo, compensando dichas reducciones con la revisión de
la imposición indirecta. Estamos hablando del 21 de abril del
año 1994. Evidentemente, imagino que, cuando hablaban de
imposición indirecta, no estaban pensando sólo en la gasolina
para reducir ocho puntos. En su propio documento sobre el
nuevo modelo de crecimiento, es decir, su programa político,
hacen referencia a este punto y, en fecha tan próxima como el
día 8 de septiembre de 1994, todavía defendían la reducción de
las cotizaciones sociales, pero no un punto, sino ocho puntos,
que era lo que SS.SS. consideraban conveniente.
A mí me parecen mal los ocho puntos porque creo que no
responden a ninguna lógica; puede responder a una cierta
lógica lo que sea necesario para pagar la parte no
contributiva de la Seguridad Social, pero desde luego no son
ocho puntos ni mucho menos. Nuestra tesis ha intentado ser
algo más coherente. Nosotros hemos dicho siempre, como
ustedes, que parece bastante razonable que se reduzcan las
cotizaciones sociales para mejorar el empleo y que se
sustituya la parte no contributiva, que actualmente se
financia por cotizaciones, por fiscalidad. Ahí discrepo con
S.S., le han dado los datos mal, en España no son cinco o seis
puntos superiores las cotizaciones sociales a la media
europea; la empresarial es exactamente igual a la media y la
de los trabajadores es sustancialmente inferior a la media.
Vuelvo a mi argumento adicional. ¿Es realista intentar
sustituir contribuciones por fiscalidad directa o indirecta?
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es correcto
hacerlo por indirecta, pero todos estaríamos de acuerdo
también en que en indirecta nuestro único margen es el
Impuesto del Valor Añadido. Es verdad que ahí se plantea un
problema de inflación, es un problema viejísimo, que existe
prácticamente desde que se puso en marcha el Impuesto del
Valor Añadido. Yo nunca he encontrado un buen momento para
poner en marcha este tipo de modificaciones. Si la demanda
interna está mal, si el consumo realmente no funciona, es un
error incrementar el IVA porque entonces vamos a deprimir más
la situación. Sin embargo, si la situación es buena, es muy
grave porque lo que aceleramos entonces son los procesos
inflacionistas. En definitiva, todos estamos de acuerdo con la
línea argumental, pero nadie está de acuerdo en cuanto al
momento en que se debe poner en marcha el proceso.
Lo que vamos a hacer este año es algo relativamente simple,
hagamos una experiencia, si pensamos que es bastante razonable
seguir por esta vía, vamos a ver qué sucede. Es verdad que en
ese «vamos a ver qué sucede», podemos tener un cierto efecto
de inflación. Lo hemos dado muchas vueltas y lo hemos
estudiado en profundidad. De acuerdo con nuestros datos,
técnicamente nos da que el incremento de inflación
consecuencia del incremento de IVA más los impuestos
especiales, es de aproximadamente ocho décimas, y es cierto
también que la reducción de cotizaciones sociales, si se
aplica al 100 por cien, es de aproximadamente tres décimas. Es
decir, tenemos un riesgo de incremento de inflación de medio
punto. Si S.S. pide a sus expertos que le miren lo que decía
el «economic-outlook» del Fondo Monetario Internacional antes
de que hablásemos de estos temas, verá que la previsión para
inflación en nuestro país del próximo año era de
aproximadamente 3,2. 3,2 más 0,5 nos da exactamente, 3,7. 3,7,
por lo tanto, es una cifra perfectamente coherente con ese 3,5
al que he hecho referencia anteriormente, sobre todo si
pensamos --el Gobierno lo piensa-- que es absolutamente
imprescindible
seguir adelante con reformas estructurales, seguir controlando
todos aquellos precios autorizados, porque es, sin duda
alguna, la inflación nuestro gran riesgo el próximo año, y,
desde luego, pensamos que es posible conseguirlo. Además, este
es un punto que yo creo que no hay que olvidar, la inflación,
evidentemente, en una parte corresponde al Gobierno, pero en
otra a los agentes económicos, y a ellos, tanto en el año 1995
como en el año 1994, les corresponde una parte fundamental a
desempeñar en este juego.
Como conclusión le diría que en 1994, a pesar de sus
conclusiones agoreras, hemos terminado con una media anual con
cierta caída de empleo y con un crecimiento en diciembre sobre
diciembre. Que en 1995 podremos aportar ya un crecimiento
claro de empleo, que estimamos que puede ser de cerca de
200.000 personas. Que es verdad que, desgraciadamente, la
caída de paro no va a ser coherente como consecuencia --malo
desde ese punto de vista pero magnífico comportamiento en otro
sentido-- de la aportación de la población activa de 1,5 en el
año 1994 y de 1 por ciento en el año 1995, y que espero, señor
Aznar, que el próximo año le podré decir lo mismo que este
año: analice la realidad como es y no como a usted le
convendría que fuera.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (Rumores.)
Señor Romero, si hay un ámbito que por naturaleza permita
defender y expresar cualquier aspiración sin necesidad de
apelar a este tipo de expedientes, este es el Parlamento. Su
Grupo tendrá ocasión de expresar cuantas ideas, planteamientos
y reivindicaciones crea convenientes. Yo le ruego que no
perturbe la atención del hemiciclo y que deponga su actitud en
relación con este asunto. Muchas gracias. (El señor Romero
Ruiz pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aznar. (El señor Romero sigue
mostrando a la Cámara un cartel en el que se lee: «0,7 ya»)
(Rumores.)
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, el señor
Ministro ha hecho un totum revolutum de programas, de mensajes
de periódicos sin ninguna referencia prácticamente a la
intervención y a mi discurso que yo creo que no conduce a
ningún sitio.
Señor Ministro, si quiere usted discutimos sobre recortes de
periódicos. Yo aquí tengo uno del 22 de febrero de 1994 que
dice: Solbes recomienda a los mayores de cuarenta años
replantear sus pensiones. Y aquí tengo otro del 22 de febrero
de 1994 que dice: Solbes recomienda planes de pensiones a los
menores de cincuenta años. Y así sucesivamente. Hablando como
usted ha hablado de aterrorizar o de meter miedo en el cuerpo,
a lo mejor, en eso creo que usted nos puede dar muchas
lecciones.
He dicho --y sigo manteniendo-- que estos presupuestos nos van
a llevar al cuarto año de decrecimiento. Sus propias cifras
así lo atestiguan, con un crecimiento del 2,8 por ciento de
producto bruto en España en el año 1995 cuando en la Unión
Europea hay previsto un crecimiento del 3 por ciento del
producto bruto. España, en estos últimos cuatro años, 1992,
1993, 1994 y 1995, ha aumentado el 4,33; Gran Bretaña, el
7,67; Irlanda, el 8,80; la media europea, el 5,8; Portugal, el
4,63; Alemania, el 6,61, etcétera. Eso es lo que se llama
aumentar las diferencias de España respecto a la Unión
Europea, guste o no guste.
Evidentemente, cuando una economía crece al 1,7, y el año
anterior decrecía al 1, claro que hay una mejoría de
indicadores económicos; claro que la situación no puede ser
tan negativa. Ya he dicho que 1993 ha sido el peor de los
últimos 35 años en la historia española. Pero, mire usted, ¿se
puede decir con toda claridad que este año 1994 no se va a
destruir empleo? ¿Los jóvenes, los parados, las economías
familiares están objetivamente mejor? ¿Realmente sienten esa
mejoría? ¿La notan en el día a día de su vida cotidiana o
simplemente lo que han mejorado, afortunadamente, son unos
indicadores? Nosotros lo que tenemos la obligación de hacer,
como yo he propuesto, es aprovechar con claridad las
condiciones de una mejoría económica internacional.
Por cierto, nos gustaría conocer su opinión ante la
divergencia que existe en el año 1994, ya que su jefe de
Gobierno afirma que se van a crear 50.000 empleos netos y el
informe económico y financiero de sus Presupuestos, tomando
como referencia --como hay que tomarla, si no se quiere
engañar, como es lógico-- la media interanual de la encuesta
de población activa, afirma que va a haber una destrucción de
empleo de 83.000.
Hablando de cifras y de que el papel lo soporta todo, le tengo
que dar la razón, señor Ministro. Fíjese si lo soporta todo
que ha soportado hasta sus programas de convergencia. El
programa de convergencia que ustedes elaboraron duró
exactamente cuatro meses. No se puede hablar de él sin hablar
sencillamente de una operación ridícula, y ahora ustedes han
hecho una reforma del plan de convergencia que ya se han
cuidado muy mucho de no traer a esta Cámara para su votación.
Eso sí, ha sido aprobado con las severas recomendaciones de la
Unión Europea, justamente por los incumplimientos y la falta
de credibilidad presupuestaria.
En términos de bienestar y de programas sociales me permitirá
decir, señor Ministro, que, en nuestra opinión, no se corre
peligro por gastar menos y mejor. Cuando se corre peligro es
porque se gasta mucho, cuando se gasta lo que no se tiene y
cuando no se puede financiar ese gasto. Una economía saneada y
eficiente es capaz de mantener un nivel de bienestar alto y de
mejorarlo. Una economía entrampada e ineficiente es
el camino más seguro para los recortes sociales, y ése, les
guste o no les guste, es el camino que ustedes han emprendido
y es el camino que, naturalmente, nosotros queremos corregir.
Los impuestos han aumentado en el año 1994 y en el año 1995.
Mire usted, señor Ministro, no mida usted presiones fiscales -
-porque todo eso puede ser relativo--, el esfuerzo fiscal;
todo eso ya lo conocemos. Los españoles van a pagar más
impuestos en el año 1995 y pagaron más impuestos en 1994. Y yo
creo que los españoles --aunque a nadie le gusta, como es
lógico-- están dispuestos a hacer esfuerzos. Quieren que se
controle el gasto; quieren que se elimine el despilfarro y
quieren, sobre todo, que paguen todos y que la Administración
funcione correctamente.
Por cierto, señor Ministro, hablando de pagar todos, nos
gustaría que usted nos dijese si también el Estado va a
renunciar a 20.000 millones de pesetas en favor de alguna
entidad financiera (Rumores.) o el Gobierno va a complir sus
responsabilidades. Y nos gustaría saber también, hablando de
fraude y de cumplimiento de responsabilidades y obligaciones,
señor Ministro, quién ha dado la orden de retirar el recurso
correspondiente en ese asunto. (Varios señores Diputados:
Serra, Serra.) ¿El Presidente? ¿El Vicepresidente? ¿El
Ministro de Justicia? ¿El Ministro de Hacienda? Espero que
usted lo pueda explicar convincentemente ante esta Cámara y
también pueda explicar convincentemente cómo después de años
de campañas, que en algunos casos se ha dicho que han llegado
incluso a aterrorizar a los ciudadanos, tenemos reconocidos
más de tres billones de pesetas de fraude fiscal sin que
ustedes sean capaces de poner remedio al asunto.
El capítulo de gastos, yo mantengo la cifra no inferior a
500.000 millones de pesetas de desviación presupuestaria.
Ustedes han tenido que reconocer 200.000 millones más el año
1993, pasando el déficit del 7,2 al 7,5 y ustedes han tenido
que aguantar también que el Tribunal de Cuentas les diga que
hay más de un billón de pesetas que no se había contabilizado
correctamente en el año 1991 y que hay que aflorar también. No
sé si eso entra dentro del capítulo de los artificios
contables, expresión que probablemente a usted le suene a
algo. Lo que también está por medir es todo el capítulo de la
deuda oculta que hay en la sanidad, que hay en los organismos
administrativos, que hay en la propia televisión pública, que
hay en muchas empresas públicas; y tal vez eso es lo que les
impide a ustedes cumplir el compromiso, yo creo que bien
necesario, del 5 por ciento de inversión pública en relación
con el producto bruto. El gasto corriente de bienes y
servicios se desvió en 1993 un 11,2; en 1994, un 12,8. No creo
yo que ese sea precisamente un ejemplo de gestionar mejor. En
resumidas cuentas, señor Ministro, usted ha mandado a esta
Cámara un mensaje consistente en decir: No hay nada que hacer,
señores; continuaremos con el déficit y continuaremos con el
endeudamiento. Y nosotros le hemos ofrecido un marco
diferente, justamente porque estamos convencidos de que se
pueden hacer otras cosas, y mejores cosas, y nuevas cosas, y
que se puede administrar mejor, y que se puede apostar por el
crecimiento, por el empleo y por los derechos sociales, y que
merece la pena fomentar el ahorro y la inversión como
mecanismo esencial de funcionamiento de una economía saneada,
y, en definitiva, señor Ministro, que se puede sacar a un país
del fracaso y ponerle en el camino de la esperanza.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo creo que mi totum revolutum ha estado bastante claro y de
acuerdo con una serie de ideas muy lógicas referentes a los
puntos fundamentales que se plantean. Evidentemente, podemos
discutir de cifras. No estoy de acuerdo con las cifras de los
cuatro años que usted me da. Por ejemplo (leo exactamente): el
crecimiento del 91 en España sigue siendo superior al de la
ComunidadEuropea; en el 92 estamos igual; sólo en el 93
estamospor debajo. Tampoco se pueden hacer esas comparaciones
utilizando unas veces la media europea y otras veces un país
concreto.
A S.S. le preocupa cuál es la situación del año 1994: ¿se va a
crear o se va a destruir empleo? Yo creo que las cifras que
hemos dado, para los que conozcan de lo que estamos hablando,
son muy claras. Hemos dicho siempre que en medias
evidentemente hay una caída de empleo, y en diciembre sobre
diciembre hay un incremento de empleo. Por tanto, es una cifra
perfectamente clara, perfectamente coherente y, desde luego,
quien sepa de lo que estamos hablando, sabe exactamente qué es
lo que se dice.
El problema de los programas de convergencia, ¿es una
operación ridícula, sí o no? Su señoría olvida que ese
programa se presenta inmediatamente antes de la crisis de
1993, y supongo que sus expertos le habrán dicho que el
programa de convergencia española ha sido revisado y los de
los otros once Estados miembros también, con desviaciones, en
la mayor parte de los casos, parecidas a las nuestras. Por
tanto, no planteemos el tema como algo absolutamente anómalo y
como algo atípico, porque eso es algo que se ha producido en
todos los casos. Sus señorías parece que se preocupan mucho
por el bienestar social y por el crecimiento del gasto social.
Sin embargo, es verdad que cuando hablamos de esos recortes de
gastos a los que SS.SS. parece que les dan
tanta importancia --porque a mí sigue sin salirme ese
crecimiento del gasto corriente, si estamos hablando del
capítulo 2, y si estamos hablando de otras cosas,
evidentemente estamos hablando de salarios de funcionarios,
estamos hablando de pensiones y estamos hablando de otro tipo
de gasto corriente--, ¿dónde cortamos de todo esto? Se lo he
planteado antes y se lo vuelvo a repetir ahora.
En cuanto al problema del incremento de la fiscalidad, no me
sirve su argumento. Su argumento de: dejemos de hablar de
presión fiscal, de presión tributaria y esas cosas, la
realidad es que los impuestos han subido... ¡Seamos serios! En
la presión fiscal y la presión tributaria lo que se hace es
precisamente calcular cuánto suben los impuestos. No suben los
impuestos lo que nosotros creemos que suben, lo que nos
aproximamos a ellos en una visión elemental. Usted es
inspector de Hacienda y yo creo que estas cosas las conoce
perfectamente bien. En fraude ¿hay 3,5 billones? No lo sé. Esa
es una cifra que evidentemente no está en estos momentos
calculada ni por este Ministerio de Hacienda ni por ningún
otro Ministerio de Hacienda en ningún país del mundo. Hay
aproximaciones de una u otra naturaleza; pero sí le puedo dar
un dato: este año se han levantado actas por más de 500.000
millones de pesetas; algo querrá decir respecto a la lucha
contra el fraude.
Las cifras del presupuesto ¿se desvían en 500.000 millones?
Posiblemente más, pero es que eso no tiene nada de anormal. Le
digo que esa desviación es la más baja de los últimos
veintitantos años. En consecuencia, es absolutamente normal
que exista una cierta desviación respecto a los presupuestos,
y depende de lo que estemos hablando, porque si estamos
hablando de presupuesto final respecto al presupuesto inicial,
S.S. sabe que se incluyen las incorporaciones, las
ampliaciones y los créditos extraordinarios, que evidentemente
son fundamentales, pero le puedo dar algunos datos. Por
ejemplo, del año 1978 --nada que ver con el Partido
Socialista--, desviación en aquel momento, 26 por ciento del
presupuesto; año 1979, 16,5 por ciento; año 1980, 16 por
ciento; año 1981 --el más bajo de la serie--, 10 por ciento;
año 1982 --todavía no Gobierno socialista en la ejecución del
presupuesto--, 16,5 por ciento. (Rumores.) Si eso lo compara
usted con el 6 por ciento de este año, me deberá reconocer que
no estamos hablando de cifras especialmente excepcionales.
Pero podemos ir a otra cosa. Hablemos de obligaciones
reconocidas reales respecto al presupuesto inicial. La
desviación es del 2,9 por ciento. Ahí es donde están los
500.000 millones a los que S.S. hace referencia, pero que
también le digo que es la cifra más baja de los últimos años
de este país.
A SS.SS. les preocupa mucho una noticia de prensa que aparece
hoy, refiriéndose a La Caixa. Evidentemente, es un tema que
corresponde exclusivamente a la Agencia Tributaria y, en ese
sentido, al Ministro de Economía y Hacienda. Ninguna otra
autoridad en el Gobierno conocía el tema (Rumores.), ni el
Vicepresidente ni el Presidente del Gobierno. (Continúan los
rumores.) Y todo esto responde a un tema mucho más
complicado --como siempre, cuando se cuentan verdades de forma
parcial, da lugar a errores-- que hemos querido clarificar en
la nota que se ha publicado esta mañana. Es evidente que
tenemos un proceso muy complejo sobre primas únicas con La
Caixa, y lo que aquí se ha tomado es una decisión, dentro de
una decisión global más importante, que afecta específicamente
a un tipo de libretas, que son las PTI, en el caso de primas
únicas, que eran aquellas para las cuales ya existía una
sentencia de la Audiencia Nacional dando razón a La Caixa, y,
en función de la filosofía general de solución del problema,
parecía coherente aceptar el recurso y no ir más lejos en el
tema que se ha planteado. (Protestas.) De todas formas, no se
preocupen SS.SS., porque de este tema podemos hablar cuanto
ustedes quieran, en ocasiones mejor que ésta, y tendré el
placer de explicarles el complejísimo problema de las primas
únicas, donde serán ustedes --espero-- capaces de apreciar
(Rumores.) de lo que estamos hablando cuando hablamos de este
tema. (Continúan los rumores.) No hay ningún tema oculto ni
hay ningún tema atípico. Finalmente, señorías, yo creo que el
problema fundamental es que usted parte de su afirmación final
para establecer su argumentación. Lo que pretende S.S. es
sacar al país del fracaso. La diferencia es que nosotros no
creemos que este país esté en el fracaso, sino todo lo
contrario. Nuestra visión de la realidad es claramente más
optimista que la suya. Creemos que jugar con presiones
negativas, evidentemente, eso sí asusta y no lleva a ningún
sitio. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Aznar. Un minuto.
El señor AZNAR LOPEZ: Un minuto, señor Presidente.
Señor Ministro, escuchándole ahora, créame que no le deseo que
recorra usted el camino de la autocomplacencia, para no llegar
a tener que hacer afirmaciones como la de su predecesor en el
cargo, que el presupuesto se lo crea usted y basta. No le
deseo que recorra ese camino.
Tomamos nota de que el Gobierno no sabe, a pesar de las cifras
publicadas, cuál es el volumen del fraude en nuestro país y ni
siquiera lo puede calcular ni estimar en este momento, y que,
al parecer, usted cree que es insuficiente la subida de
impuestos. Le voy a decir una cosa, señor Ministro. En
relación con el último asunto que usted ha tocado, tendrá
usted, evidentemente a petición nuestra, espero que la
posibilidad y la
oportunidad de explicar por qué teóricamente el Estado, el
Gobierno, ordena retirar un recurso que puede dañar las arcas
públicas en 20.000 millones de pesetas. Yo no le he preguntado
sólo quién es el responsable, sino por qué se ha hecho, señor
Ministro, y usted tiene que explicar a los contribuyentes que
también lo afloraron en sus declaraciones, a lo mejor los que
tenían primas únicas, por qué ellos tuvieron que pagar por ese
concepto. Lo que esta tarde no nos vale, señor Ministro, es
que usted nos diga que, como es un asunto muy complejo, el
Gobierno renuncia a que lo resuelva el Tribunal Supremo. Esa
no era una contestación seria. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Utilizando la técnica de tergiversación, usted me hace decir
algo que yo no he dicho. Yo no he dicho que el tema sea muy
complejo como para que lo resuelva el Tribunal Supremo...
(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí! ¡Sí!--
Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Yo he
dicho que hay un planteamiento global; que en ese
planteamiento global evidentemente hay un problema recurrido
en la Audiencia Nacional y ganado en la Audiencia Nacional;
que, en la lógica del sistema global de solución, no tiene
sentido el recurso, y esa es la razón por la que no se
recurre. (Risas.) Es evidente que puede usted venir cuando
quiera a la Comisión de Hacienda, si es la que va a discutir
este tema, para plantearlo y discutirlo con toda calma y
tranquilidad. (Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Ahora, ahora!) Ahora de lo que estamos hablando en este punto
concreto es del principio de un proceso que tendrá nuevos
acontecimientos en los próximos días y que habrá que analizar
de forma conjunta. Me parece, como he dicho antes, que
analizar una parte del tema y no el tema en su conjunto no
tiene ningún sentido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presenta una enmienda a la totalidad, de devolución
del proyecto de ley de presupuestos, y una enmienda con texto
alternativo al proyecto de ley denominada de acompañamiento,
toda vez que ambas son el exponente de una política, la misma,
con la que año tras año vienen en lo esencial fracasando, que
se han negado permanentemente a rectificar, aunque saben
perfectamente de su efecto antisocial. Debe quedar claro que
nuestras enmiendas comportan una filosofía presupuestaria
alternativa, distinta, en definitiva claramente diferenciada.
Estos presupuestos, para los que hoy pedimos su devolución, no
son sólo el exponente de una política sino de una forma de
hacer la política. Son unos presupuestos que, bajo el síndrome
de la gobernabilidad y de la estabilidad y con el fin de
perpetuarse en el poder, han limitado su verdadero debate
parlamentario, ya que se han pactado fuera del Parlamento
desde el sometimiento y la claudicación de un Gobierno que
sigue siendo duro con los débiles y mendicante con los fuertes
y con los que defienden su posición económica privilegiada.
Son unos presupuestos ante los que no se han mantenido ni la
ética ni la estética. El señor Ministro de Economía y
Hacienda, una vez más, ha faltado a la verdad diciendo que
estos presupuestos iban a ser presentados a los distintos
grupos parlamentarios. No sólo no lo han sido sino que el
Gobierno, representado por usted, señor Ministro, ha
abandonado su terreno haciendo dejación de su obligación como
Gobierno de la nación para irse al encuentro de Convergència i
Unió y del señor Pujol, representante de los intereses más
conservadores.
Son unos presupuestos avalados por grupos parlamentarios que
llevan de su mano a las instituciones, a modo de política, la
cultura del pelotazo, que no es otra cosa que la corrupción de
la economía, el enriquecimiento fácil y rápido y las
operaciones oscuras, para las que siempre hay excusas pero
nunca, nunca, explicaciones con razones. Los últimos
acontecimientos que han sucedido confirman lo que digo. Son
unos presupuestos mediatizados por sus alianzas políticas y
que representan un golpe de tuerca más hacia la derecha. De
los presupuestos hay que decir que profundizan en un modelo
económico de crecimiento sin empleo, socialmente injusto, que
fomentan las desigualdades territoriales y autonómicas y que
son productores de fuertes impactos medioambientales, a pesar
de que hayan intentado maquillarlos con gestos. Ustedes
mismos, sostienen que aunque el producto interior bruto crezca
en 1995, y después de aplicar la reforma del mercado laboral,
el paro no descenderá del 24 por ciento de la población
activa.
Estos presupuestos, señorías, continúan poniendo el acento en
la política liberalizadora: privatizaciones, desregulación,
más mercado especulativo, información privilegiada y tráfico
de influencias, y menos peso del sector público en la
actividad económica, que supone la plasmación de un modelo de
crecimiento y acumulación que saben perfectamente, aunque lo
mantienen año tras año, que no resuelve los problemas de
pobreza y desempleo y que incrementa los problemas ecológicos
y las desigualdades económicas y sociales.
Señores del Gobierno, señor Ministro de Economía, saben
perfectamente que con estos presupuestos continúan desmontando
el denominado --que no real-- Estado del bienestar; que en
ellos concretan la política del Fondo Monetario Internacional:
despido más libre y más barato, desmantelamiento de los
sistemas públicos de protección social, política que combaten
públicamente, pero que la aplican cuando descienden a las
cifras. Es el doble lenguaje que utilizan de manera permanente
y habitual. Interpretan de la forma más conservadora posible
la Constitución y la incumplen de forma manifiesta en los
artículos 35, 40, 128, 129, etcétera. Apuestan en ellos por
las privatizaciones y siguen sin plasmar un acuerdo social
integral, que no se puede sustituir nunca --así lo han dicho
los propios sindicatos-- con acuerdos parciales como el de
empleados públicos o el que afecta a los pensionistas. Ello es
así porque los objetivos que el Gobierno y el PSOE tiene con
estos presupuestos, situándose al margen de los intereses
generales de nuestro país y de cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas que lo conformamos, es reducir el déficit público y
controlar la inflación. A ustedes sólo les importa cumplir el
programa de convergencia y los parámetros de Maastricht, desde
la asunción de que Europa se construye a varias velocidades y,
además, no quieren ver o aceptar que, a la vista de la
recuperación económica europea, la aplicación indiscriminada
de aquellos criterios restrictivos sobre el déficit público,
precio y otras variables, penalizan en mayor medida economías
débiles como la española. Y para cubrir el objetivo trazado,
es decir, el de cumplir el programa de convergencia, han
tomado una serie de medidas que refuerzan, sin duda, la
política dogmática fundamentada en el más puro liberalismo que
vienenpracticando. Medidas que podemos resumir brevemente,
materializan en los presupuestos en primer lugar un sistema
fiscal más regresivo que implica subida de los impuestos
indirectos por encima de los directos, de manera que, aunque a
los trabajadores les reduzcan el 0,2 de la cotización de la
Seguridad Social, pagarán más a la hora de comprar productos
de primera necesidad por el incremento que va a sufrir el IVA,
perdiendo, por consiguiente, renta familiar globalmente
hablando: o sea, cuanto menos tienes, más pagas. Esta es la
filosofía presupuestaria claramente determinada. La
desfiscalización de las rentas de capital comporta que el
Impuesto sobre el Patrimonio no se ingresa en un 86 por ciento
y que del Impuesto sobre Sociedades se deja de ingresar el 44
por ciento. Sistema fiscal que se materializa sin garantías de
reinversión en proyectos de rentabilidad productiva, como ya
lo ha venido denunciando permanentemente Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Pretenden distribuir la renta en
contra de los salarios y a favor de los beneficios; es decir,
disminuir las prestaciones directas e indirectas que reciben
los trabajadores ocupados, parados y pensionistas.
En segundo lugar, como medida están las privatizaciones, con
una renuncia expresa a que lo público sea motor de
dinamización de la economía. Venden las empresas rentables,
desde el punto de vista económico y social, pertenecientes a
sectores estratégicos de nuestraeconomía, lo que supone
liquidar de hecho instrumentos de intervención pública para
desarrollar políticas industriales activas. Ahí están los
ejemplos de Repsol, de Argentaria, de Ensidesa, de Enagás,
etcétera.
En tercer lugar, la medida que adoptan es la precarización de
las relaciones laborales y la renuncia a invertir en
condiciones de trabajo y salud laboral. En cuarto lugar, la
disminución de prestaciones a los parados, de tal forma, señor
Ministro, que el 43,5 por ciento de los parados registrados en
el Inem no cobran prestación alguna, y del resto, el 54 por
ciento recibe unas 45.000 pesetas solamente y el 46 por ciento
restante son los que tienen prestaciones contributivas de
86.000 pesetas la media.
En quinto lugar, hay que decirlo también, los presupuestos
continúan, como en el año 1994, culpabilizandoa los salarios
de los males de la economía y situando la competitividad en
función de su cuantía, de la de los salarios. De ahí que se
inste de forma constante y permanente, en la presentación del
proyecto de Presupuestos Generales del Estado y en el propio
informe económico y financiero, a la moderación salarial y, es
más, se advierte que si los salarios no pierden poder
adquisitivo, la autoridad monetaria, es decir, el Banco de
España, tendría que endurecer la política monetaria elevando
los tipos de interés, con independencia de las repercusiones
negativas de esta medida sobre la actividad económica y el
empleo; hecho, por otra parte, que se va a producir por el
incremento de la inflación anunciado y asegurado por el propio
señor Rojo en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos
en el Congreso de los Diputados. En sexto lugar, ustedes han
optado por la competitividad vía precios como factor clave, en
lugar de optar por la calidad, la investigación y el
desarrollo, opción, la suya, fracasada de partida, porque
siempre, siempre, habrá países que vendan más barato, porque
en el fondo, y usted lo sabe, señor Ministro, la
competitividad es un juego de suma cero, lo que lleva a
afirmar que, a medida que aumenta este concepto de
competitividad, disminuye globalmente el empleo. Ustedes
colocan la política monetaria al margen de las necesidades
sociales del país. La política monetaria apoya la política del
Gobierno siempre que no impida con ello la estabilidad de
precios, y se renuncia a que la política económica se oriente
hacia la plena ocupación, pasando a ser el empleo para ustedes
un objetivo de segundo orden frente al plan de convergencia y
a Maastricht, que es lo que han puesto en primer término.
Las consecuencias de la aplicación de estos Presupuestos
Generales del Estado van a ser, si se aprueban
--y mucho nos tememos que así va a ser--, que, una vez más,
atacan con ellos a los sectores más débiles (parados,
asalariados); profundizan en la desregulación del mercado
laboral; plantean contención salarial a pesar de las
previsiones de crecimiento económico, porque su discurso es
igual, haya crisis o crecimiento el discurso que nos traen
siempre es el de la moderación
salarial.
En materia de impuestos queda plasmada en la contrarreforma
fiscal que afecta a la distribución de la carga impositiva, de
forma que son los asalariados los que soportan la casi
totalidad de los impuestos, y usted bien lo sabe, señor
Ministro, aunque no lo diga en este Parlamento. Benefician con
ello fiscalmente a las rentas altas; eluden la recaudación
para las grandes fortunas; cada vez hay mayor presencia de la
imposición indirecta, entre otras cosas por su convicción y
como consecuencia del acuerdo con Convergència i Unió,
aplaudido, por otra parte, por el Partido Nacionalista Vasco.
A ello hay que añadir el enorme nivel de fraude fiscal sin
controlar, que a pesar de lo aprobado en esta Cámara, a
propuesta de nuestro Grupo Parlamentario, sigue estando igual,
porque falta lo esencial: la voluntad política para actuar. Si
existiera esa voluntad política y se operara sobre el fraude
fiscal, simplemente plasmando lo aprobado en este Parlamento,
comportaría un ingreso superior al medio billón de pesetas. El
aumento de gastos fiscales que supone disminuir ingresos como
consecuencia de la concesión de bonificaciones y exenciones
fiscales y que plasma una política de mala asignación de los
recursos públicos, poniendo en cuestión el objetivo del
incremento del ahorro público, además de los criterios de
equidad, progresividad y suficiencia financiera, es otro
elemento fundamental definidor de sus presupuestos. Nos
referimos, entre otros, al Impuesto sobre Sociedades, en el
que sus gastos fiscales representan el 44 por ciento de sus
ingresos, y al Impuesto sobre el Patrimonio, en el que los
25.000 millones de gastos representan ni más ni menos que el
86 por ciento del total de los ingresos. Por otra parte, hay
más de 200.000 millones de gastos fiscales, procedentes de
rentas de capital en el IRPF. Estos presupuestos, unido a las
consecuencias de desigualdades sociales que generan comportan
desigualdades territoriales, toda vez que no sólo no corrigen
los desequilibrios actuales, sino que los acentúan al
renunciar el Estado a abordar el problema del desequilibrio
existente y mantener, por otra parte, la concentración de las
inversiones en territorios en desarrollo. El Fondo de
compensación Interterritorial un ejercicio más se mantiene en
la misma cantidad, señor Ministro de Economía y Hacienda,
128.000 millones de pesetas, lo que resulta --y usted también
lo sabe-- a todas luces insuficiente. El fondo de nivelación,
elemento esencial para reequilibrar, no existe
presupuestariamente hablando, a pesar de su previsión desde el
año 1981 en el artículo 15 de la LOFCA. Hay una escasa
participación en los fondos de cohesión, toda vez que de los
142.000 millones que llegan al Estado, sólo 15.500 van a ser
gestionados por las administraciones locales y autonómicas.
Esta situación se ve agravada porque no existe participación
de las comunidades autónomas a la hora de fijar los criterios
para su gestión. Niegan, por otra parte, un incremento de la
participación de las comunidades autónomas en los ingresos del
Estado. Junto a la desigualdad social y a la desigualdad
territorial que generan con estos presupuestos, suponen
también la concreción de políticas de fuertes impactos
ambientales, a través de las inversiones previstas en ellos, y
renuncian a inversiones sobre políticas medioambientales, que
generarían empleo y recuperarían el valor territorio para
ponerlo en condiciones de rendimiento económico, desde una
perspectiva ecológica. Hay que afirmar con rotundidad que sus
presupuestos no consiguen sus objetivos de control de la
inflación, que va a superar sin duda el 3,5 por ciento
previsto para fin de año, y de reducción del déficit público.
Sus presupuestos nos alejan de Europa, porque son fuertemente
inflacionistas, lo que va a conllevar crecimientos de los
tipos de interés y un freno de la inversión, sin mejorar
nuestras estructuras productivas y las políticas de bienestar
social. Dan la espalda sus presupuestos a la realidad
económica española y abordan un crecimiento desequilibrado,
instalándose en las antiguas políticas desarrollistas. No
garantizan la capacidad adquisitiva, porque, reiteramos, la
inflación superará el 3,5 por ciento previsto.
Señor Ministro, como consecuencia de su política de ingresos y
gastos y los errores en sus previsiones de forma habitual y
permanente, no van a lograr que el déficit público se sutúe en
el cinco por ciento al final de año, uno de los objetivos en
tormo al cual han dispuesto prácticamente todo el presupuesto.
Ello es así a pesar del recorte de las prestaciones sociales
en 200.000 millones menos para el Inem, ya que muchos de los
parados de nuestro país no van a cobrar como consecuencia de
las modalidades contractuales implantadas a través de las
reformas del mercado laboral. Otros van a cobrar menos tiempo
el desempleo como consecuencia del decretazo. Además, aquellos
que pasen a estar en incapacidad laboral transitoria cobrarán
menos tiempo y transferirán a las mutuas patronales las
contingencias comunes, lo que comporta, en definitiva y de
hecho, una privatización de la parte que tiene menos costes.
Además, queremos manifestar en esta Cámara que estos
presupuestos son opacos en la precisión del gasto y de
imposible control y seguimiento. Significan, en definitiva, la
renuncia del Gobierno a utilizar la gestión del 50 por ciento
del producto interior bruto nacional para incidir en la
economía y en la estructura productiva y generar empleo. Es
decir, señor Ministro, o nos
están mintiendo con estos presupuestos, porque no pueden hacer
todo lo que dicen en ellos, o si quieren materializar todo lo
que prevén tendrán inexorablemente que quebrar su filosofía
presupuestaria e ir al endeudamiento. Sencillamente le decimos
con rotundidad que no se pueden cumplir estos presupuestos.
Por tanto, hay que decir que ésta es la crónica de un
anunciado y estrepitoso fracaso: el suyo, el del Gobierno. Una
vez más, un año más, le decimos que frente al cúmulo de
despropósitos, contradicciones y políticas que significan los
Presupuestos Generales del Estado que nos presentan
Convergència i Unió y Partido Socialista Obrero Español, hay
una política distinta, alternativa, que supone rebasar los
límites de la economía convencional, conscientes por otra
parte de que no existen soluciones milagrosas; política
alternativa que nos hace pedir la devolución al Gobierno de
este proyecto de presupuestos; política alternativa que, le
decimos una vez más, queremos debatir y en torno a la cual
lanzamos desde la izquierda el reto al Gobierno; política
alternativa que parte de la realidad misma de nuestro país,
una realidad que nos dice la debilidad productiva nacional,
agudizada por los procesos de desmantelamiento industrial, y
ante la que es necesaria la reestructuración de nuestro tejido
productivo mediante una política selectiva de gestión de la
demanda que significa reducir los gastos públicos y privados
suntuarios y elevar las dotaciones de consumo básicas --nos
referimos a sanidad, educación, vivienda, etcétera--, con
protagonismo en la política presupuestaria de esos dos
componentes básicos: los ingresos y los gastos públicos. Una
política que se concretaría en unos Presupuestos Generales del
Estado que serían el reflejo de una política de progresividad
del sistema tributario y que se centraría en las siguientes
líneas de actuación.
En primer lugar, un mayor peso de la imposición directa con
nuevas figuras tributarias que vengan a equilibrar la actual
descompensación que sufren las rentas de trabajo.
En segundo lugar, lucha real contra el fraude fiscal, con
objetivos claros para dotar a la Inspección Tributaria de los
medios humanos, materiales y legales suficientes, que acabe
con la actual situación de impunidad de la que gozan
determinadas rentas.
En tercer lugar, reducción del gasto fiscal dirigido a las
rentas del capital, al patrimonio y al Impuesto de Sociedades
y, paralelamente a esto, constitución de fondos de inversión
obligatoria sobre parte de los beneficios generados por la
empresas. En cuarto lugar, el ahorro en gastos suntuarios y
superfluos de la Administración del Estado, la simplificación
de las administraciones, la reducción de la Administración
periférica y la no duplicación de competencias. Claro está
que, en esto, a lo mejor tienen que desautorizar al señor
Saavedra una vez más.El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le
ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
En quinto lugar, control del déficit público a partir del
saneamiento de las finanzas públicas y de eficacia y
austeridad en la gestión de las administraciones públicas, y
lucha --reiteramos-- contra el fraude fiscal como un elemento
determinante.
En sexto lugar, unos presupuestos solidarios y redistributivos
desde el punto de vista interno e internacional, que sin duda
contemplarían al menos el 0,7 por ciento del producto interior
bruto para la ayuda al desarrollo. En séptimo lugar, el
reparto del empleo y protección del desempleo, junto con
incentivos a la instalación y creación de las pequeñas y
medianas empresas y la economía social.
En octavo lugar, la reindustrialización y apoyo a la
consolidación de la estructura productiva como un objetivo
fundamental en la economía de nuestro país.
En noveno lugar, políticas medioambientales de promoción de la
industria ecológica y actuaciones de regeneración y
recuperación de espacios naturales. En décimo lugar, la mejora
cualitativa e incremento presupuestario de los programas de
investigación más desarrollo.
En undécimo lugar, la revalorización de las pensiones con
menor poder adquisitivo y la reforma real de la Seguridad
Social. Por último, habría que contemplar políticas agrícolas
activas que revitalizasen el medio rural. En definitiva, unos
Presupuestos Generales del Estado cuyos objetivos esenciales
serían la disminución del desempleo y la mejora en la
distribución de la riqueza, a partir de políticas selectivas
de reactivación económica desde lo público y medidas efectivas
de reparto del trabajo.
Se trata de una apuesta decidida, frente al crecimiento
sostenido que plantea el Gobierno, por un desarrollosostenible
que permita corregir los graves desequilibrios sociales y
ecológicos a partir de promover proyectos de inversión y
gastos socialmente útiles y ambientalmente sostenibles y que
resuelva, de una vez por todas, los desequilibrios
territoriales con la mayor participación de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales en los ingresos del
Estado, la creación del fondo de nivelación, el incremento del
Fondo de Cooperación Interterritorial hasta un 40 por ciento
de la inversión en obra nueva del Estado e incremento en lo
correspondiente a los fondos de cohesión, garantizando la
participación de las comunidades autónomas en la gestión y
elaboración de los criterios del gasto.
Hablamos, señor Ministro, señores del Gobierno, desde la
izquierda, de otra política, la alternativa; y de otra
forma de hacerla, con participación, con transparencia,
realista y en aras de la eficacia presupuestaria. Alternativa
desde una fuerza que cada vez recibe mayor respaldo social.
Su política --y con esto concluyo, señor Presidente-- ha
recibido ya tres avisos en los últimos meses: las elecciones
europeas, las elecciones autonómicas andaluzas y, hace dos
días, en el País Vasco. Aunque seguirán diciendo que no se
equivocan ustedes sino los ciudadanos que les quitan el
respaldo. Este país no aguanta ya tanto escándalo, tanta
corrupción, ni tampoco aguantan estos Presupuestos Generales
del Estado que han trapicheado --permítanme la expresión-- con
Convergència i Unió. Señores del Gobierno, por mantenerse en
el poder han vendido, políticamente hablando, los
Presupuestos; han actuado con ellos con una falta total de
ética.
Después de su intervención, señor Ministro, en el turno
anterior, me va a permitir que le diga que estos Presupuestos,
lamentablemente, nos van a costar al menos 20.000 millones de
pesetas a los ciudadanos españoles, que suponen, de entrada,
más de 1.000 millones de pesetas por cada voto de los
Diputados del Grupo con el que ustedes se han aliado, del
Grupo de Convergència i Unió. Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, de sus múltiples afirmaciones hay una que comparto
totalmente y es que no hay soluciones mágicas para resolver
ciertos problemas. A partir de ahí, S.S. ha hecho una serie de
reflexiones, algunas dignas de otros ámbitos distintos del que
hoy estamos, sobre las que podemos iniciar una discusión que
nunca podremos terminar. Yo creo que partimos de dos
diferencias fundamentales: qué tipo de Presupuestos debemos
hacer y cómo deben negociarse esos Presupuestos. Empezaré por
la segunda, porque es más fácil.
A S.S. lo que le gustaría es una negociación global --lo ha
dicho de forma clara--, no le gustan los acuerdos parciales. A
S.S. le gustaría, además, que esa negociación global fuera
posiblemente con su Grupo Parlamentario. Esa no es la opción
del Gobierno; no lo es, y yo creo que no lo va a ser. No lo va
a ser porque nos plantea el segundo problema, que es al que
querría hacer alguna referencia adicional, y es la distinta
concepción que tenemos sobre los Presupuestos.
Yo creo que, en teoría, defendemos lo mismo. En teoría, los
dos estamos defendiendo mejorar el empleo en este país, la
única diferencia es que nosotros creemos que sus fórmulas lo
que hacen es generar más desempleo en este país y nos llevan a
situaciones más difíciles que las que actualmente estamos
viviendo. Sus señorías parten de una serie de supuestos
teóricos que yo, desgraciadamente, no puedo compartir. Parten
de la existencia de una economía fuera del modelo abierto en
el que estamos, de una economía cerrada en la que todo se
puede hacer y no existe ningún condicionante externo que nos
establezca limitaciones de una u otra naturaleza. Y como
SS.SS. no entienden que estamos en una economía abierta y que,
por tanto, el modelo que ustedes plantean no puede funcionar,
tenemos discrepancias fundamentales.
Para nosotros, Maastricht no es un tótem, Maastricht no es un
tabú al que nos aferramos por razones no justificadas de un
mal entendido prestigio internacional. Maastricht es una larga
negociación de múltiples países, en el que se establecen unas
condiciones en función de las cuales se piensa que las
economías europeas pueden crecer de la forma mejor y más
eficiente posible, que generen más empleo y protejan más a sus
ciudadanos.
Cuando se habla de una inflación reducida o de un déficit
reducido, evidentemente no se está hablando de condiciones
impuestas, sino de condiciones queridas para alcanzar el
objetivo final que es, sin duda alguna, el relevante. Quisiera
hacer algunos comentarios sobre esos elementos porque me
parecen fundamentales. Cuando hablamos de inflación,
evidentemente consideramos que es vital porque, en otro caso,
es cierto que los tipos de interés se pueden disparar; pero
también, sobre todo, se va a disparar la competitividad.
Estamos hablando de un proceso de integración en Europa que, a
menos que se renuncie a él, seguramente ha vivido las últimas
modificaciones de tipos de cambio que se han podido conocer,
tal vez las penúltimas, en el momento final de acceso a la
tercera etapa de la Unión Europea.
Si ello es así, todo lo que signifique pérdida de
competitividad como consecuencia de incremento de nuestros
diferenciales de tasa de inflación, al final lo que nos va a
generar es más desempleo. De ahí la importancia que nosotros
venimos dando permanentemente a este tipo de situaciones y a
esta mejora de la competitividad.
Desde luego, soluciones como las del año 1993, en que lo que
se produce es una subida de los salarios por encima de la
inflación claramente y, al mismo tiempo, una destrucción
brutal de empleo en nuestro país, creemos que son las peores
soluciones posibles. Por eso, el Gobierno apuesta por un
planteamiento más ambicioso, por un planteamiento de
adaptación a una nueva realidad que, en nuestra opinión, va a
generar mucho más empleo en el futuro. Sigo pensando si lo que
defienden SS.SS. es la creación del empleo o el mantenimiento
del empleo de los que ya lo tienen.
En cuanto al déficit público, se me hace difícil entender cómo
pueden plantear SS.SS. medidas que necesariamente
van a incrementar el déficit público con todas sus
implicaciones. Volvemos a unos planteamientos, yo diría,
neokeynesianos, en una economía cerrada, que en la medida en
que se genere actividad van a repercutir de forma favorable en
nuestra situación económica, en el empleo y en la actividad.
Me parece que es una especie de cuento de la lechera que nunca
ha funcionado y, mucho menos, funciona en una economía
abierta. Estamos hablando de un déficit que en estos momentos
nos lleva a la deuda pública de más del 60 por ciento del
producto interior bruto; piense su señoría que tenemos que
pagar más de tres billones de pesetas al año de deuda.
Estamos, por tanto, hablando de cifras tremendas que, en el
caso de que no existieran, nos permitirían llevar a cabo
políticas activas, cosa que no podremos hacer en el momento
actual. De ahí que la lucha contra el déficit tenga que seguir
siendo un objetivo fundamental del Gobierno y creemos que hay
que seguir en esa dirección. Gran parte de las críticas de su
presentación se centran sobre todoen seudopolíticas de
reactivación económica desde el sector público que,
evidentemente, no van a ayudar a la eficiencia y tampoco van a
ayudar a reducir el déficit. Al mismo tiempo, S.S. se olvida
de otra serie de aspectos claramente positivos que los
Presupuestos incluyen y que, como no le convienen
evidentemente se pasa de hoja al valorarlos. Su señoría olvida
elementos importantes como el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones o de los salarios de los
funcionarios, que va a mejorar el consumo, los millones
existentes de inversión pública o los incentivos fiscales a la
inversión.
Su señoría plantea una marcha atrás en una serie de ventajas
importantes concedidas en sociedades y también en su momento
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la
finalidad fundamental de generar empleo. Nosotros creemos que
ése es el verdadero motor que al final nos puede permitir que
el empleo se genere y que la reducción del paro en este país
pueda acabar siendo superada.
Es verdad que tenemos discrepancias fundamentales sobre no
pocos problemas adicionales. Cuando ustedes hablan de empresa
pública están hablando de una empresa pública que actúa en
condiciones diferentes de las del mercado. Para mí la empresa
pública tiene que actuar en condiciones de mercado. Estamos
viviendo en un contexto en que las ayudas públicas están
prohibidas. En consecuencia, cuando ustedes están hablando de
que la empresa pública tiene una ventaja fundamental desde el
punto de vista de actuaciones en una cierta dirección, yo le
diría: no. Una de dos: o esa actuación puede incentivarse de
otra forma y en ese caso la naturaleza o el origen de la
empresa no es tan relevante, o, evidentemente, si lo que
estamos haciendo es actuar sobre una empresa que tiene que
actuar en condiciones de no mercado, estamos generando
situaciones de ineficiencia y de no competencia.
A S.S. parece preocuparle muchos elementos de una teórica
desigualdad personal y territorial. Introduce en esos
elementos de desigualdad personal algunos aspectos que no
puedo compartir. Le preocupa lo que ha sucedido, por ejemplo,
con las correcciones en las medidas de protección al
desempleo. Yo creo que esas correcciones son imprescindibles
para hablar de situaciones reales de solidaridad que el país
necesita y para modificar algunas otras, que eran anormales en
el pasado.
Lo mismo que sucede respecto a la ILT. Se me hace muy difícil
entender que exista una verdadera incapacidad laboral
transitoria después de 18 meses. Es bastante razonable, por lo
tanto, la medida que estamos proponiendo respecto a esa
situación.
También merece una discusión bastante más en profundidad el
problema de la imposición directa o indirecta, tal como está
planteado por S.S. Su señoría dice que está aumentando la
imposición directa y que eso es malo porque es mucho mejor
hablar de una imposición directa que garantice un mayor
impuesto, tanto en el patrimonio como en las rentas del
capital. Y S.S. diseña una realidad que está muy bien, pero
que no corresponde a la que todos conocemos y aquella en la
que vivimos. Estamos viviendo, como decía antes, en una
economía abierta con libertad de movimientos de capital. ¿Cuál
es el sentido de una mayor imposición de las rentas de capital
en ese contexto? Posiblemente, la deslocalización de las
inversiones fuera de nuestro país. El resultado económico será
claramente negativo. Es verdad que podríamos plantear, a nivel
mundial, una solución de otra naturaleza, pero
desgraciadamente esa solución no se puede proponer en términos
únicos de un determinado país.
Lo mismo que es más que discutible hoy la existencia de una
imposición indirecta, digamos como regresiva, respecto a la
imposición directa. En términos teóricos se puede hacer una
afirmación de ese tipo, pero en términos reales la existencia
de mecanismos fiscales, de una u otra naturaleza, hacen que
esa afirmación de la mejor imposición directa respecto a la
indirecta sea hoy, como mínimo, discutible.
Su señoría parece pensar que todos los problemas del país se
pueden resolver con la lucha contra el fraude fiscal. Sin duda
alguna se puede mejorar y la lucha contra el fraude fiscal
puede aportar elementos adicionales de ingresos. Se ha hecho
un trabajo importante en ese sentido. Baste ver, por ejemplo,
la evolución de los ingresos en nuestro país en los últimos
años para ver cómo hemos pasado de cifras realmente bajas en
tan sólo hace diez-doce años a cifras impresionantes en el
momento actual. Por tomar una referencia, el presupuesto
inicial del año 1980 era de 2,2 billones de pesetas; en 1994,
en cifras comparables, estamos hablando de 19 billones de
pesetas. Ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está el
esfuerzo que se ha pedido a la sociedad.
La lucha contra el fraude no es algo que nos inventemos ni es
algo que estemos prometiendo. El pasado año sí nos
comprometimos a poner en marcha una unidad especial de lucha
contra el fraude. Esa unidad especial de lucha contra el
fraude --y no sólo contra el fraude fiscal-- elaboró su
informe, que fue presentado al Gobierno en el mes de
septiembre. En estos momentos está elaborando las propuestas
específicas para actuaciones concretas, parte de las cuales se
recogen ya en la Ley de Presupuestos de este año. Por lo
tanto, no existe esa contrarreforma fiscal ni esa situación de
no lucha contra el fraude, a la que parece que S.S. se ha
referido.
Su señoría acaba solicitando en su intervención una serie de
medidas concretas, algunas de las cuales puedo compartir, pero
muchas otras me parecen incoherentes con la sociedad en la que
estamos viviendo. Como le he dicho antes, me parece que la
discusión entre la imposición directa o la imposición
indirecta es más propia hoy de un seminario académico que de
un debate en esta Cámara. Creo que la lucha contra el fraude
fiscal es importante y que está funcionando bien. No estoy de
acuerdo en que la reducción del gasto fiscal pueda mejorar el
empleo, más bien al contrario. Por eso creo que las propuestas
de S.S. nos llevarían a situaciones más difíciles que las
actuales. Me sigue pareciendo demagógica esa afirmación, que
se hace con excesiva frecuencia, de ahorros en gastos
suntuarios de la Administración. Baste ver en qué consiste el
Capítulo II de la Administración para saber de qué estamos
hablando. Parece que S.S. considera que el problema del
control del déficit público se podría resolver con la lucha
contra el fraude y con un mejor saneamiento de cierto tipo de
actuaciones, cosa que, evidentemente, no es posible.
Plantea S.S. un problema que me parece de gran importancia,
que es el del 0,7. El 0,7 es un tema atractivo para todos. Su
atractivo radica en la búsqueda de un elemento de solidaridad
internacional entre nuestro país y otros. La afirmación de que
este país es lo suficientemente rico como para poderse
permitir el lujo de apoyar a otros países es cierta. Lo que
sucede es que ese 0,7 habría que analizarlo con algo más de
profundidad. Primero tenemos que saber de qué estamos
hablando. Estamos hablando de una cifra de 500.000 millones de
pesetas, de una cifra muy importante para este país. En
segundo lugar, nos tendremos que plantear si esa obligación
corresponde sólo a nuestro país o corresponde a todos los
países incluidos en el marco de Naciones Unidas, pero S.S.
sabe que prácticamente ese 0,7 se cumple sólo en un par de
países. La tercera argumentación, que incluso me parecería más
relevante en el momento actual, es la siguiente: ¿Ese 0,7
tiene que ser un 0,7 que corresponda a los presupuestos del
Estado o debe corresponder a todo el gasto público de todas
las administraciones? Diría más, ¿es un buen método que sea el
Estado quien impone que los ciudadanos tengan que aportar el
0,7 o, si es un modelo de solidaridad, son los ciudadanos los
que tendrían que tomar una decisión voluntaria de hacer esa
aportación del 0,7 de sus ingresos? Son temas que merecen una
reflexión algo mayor que un planteamiento de este tipo. Como
esos elementos nos parecen relevantes, el Gobierno ha adoptado
una decisión perfectamente coherente con lo que debe hacer. No
aceptamos que el único órgano que tiene que aportar el 0,7 del
PIB tiene que ser el Estado, sin ningún incremento fiscal
adicional. Sin embargo, sí estamos dispuestos, por una parte,
a a mpliar el presupuesto establecido para la ayuda al
desarrollo en el año 1995 de forma importante y, por otra,
estamos dispuestos también a que sea un crédito ampliable, de
tal forma que si surgieran situaciones en las que fuera
necesario recurrir a este tipo de aportaciones, se pudiera
hacer. Sin ir más lejos, creo que es bastante demagógico y que
no respondea las necesidades reales, aunque puedan existir
demandas absolutamente comprensibles en este sentido.
Su señoría defiende tesis de reparto de empleo, problemas de
potenciación de la creación de pymes, pero tengo la impresión
de que con las medidas que S.S. propone pocas pymes vamos a
crear. En cuanto al reparto del empleo, es algo que
corresponde más a cada empresa específica si queremos mantener
unos esquemas de competitividad medianamente razonables.
Su señoría también hace referencia a algunas políticas de
cierta importancia como, por ejemplo, todas las políticas
sociales. Parece que no ha tenido tiempo de ver cuáles son los
incrementos de gasto que en las políticas sociales se
mantienen, o incluso algunas otras, como investigación y
desarrollo. Por ejemplo, la política de investigación sube
este año más del 11 por ciento, cifra que no había alcanzado
en los últimos años. A S.S. le preocupa el mantenimiento del
poder adquisitivo en las pensiones, tema que se garantiza en
el presupuesto de este año y que se seguirá garantizando en el
futuro.
Por último, S.S. reclama una política más activa en el mundo
agrario. Esa política más activa se va a poder hacer en la
medida en la que recibimos fondos comunitarios, que son lo que
en estos momentos están financiando las políticas agrícolas de
los Estados miembros y que también se reflejan en el
presupuesto de este año. El de agricultura es uno de los
capítulos que tiene un mayor incremento, por lo que entiendo
mal las críticas que S.S. hace al presupuesto en función de
esta argumentación.
El problema fundamental radica en lo que he dicho al
principio: tenemos dos modelos radicalmente diferentes, dos
modelos distintos de la situación económica de este país. Sus
señorías creen que aumentando el déficit, generando más gasto,
las cosas van a funcionar mejor y se creará más empleo. Mi
experiencia y convicción personal es que con una solución de
ese tipo llegaríamos a la catástrofe.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra
la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señor Ministro,
voy a plantear una cuestión previa porque creo que en su
intervención ha tenido un lapsus. Nuestro Grupo Parlamentario,
que representa la izquierda en el Parlamento, no quiere llegar
a un acuerdo con la política de derechas que representa el
Gobierno. Lo que le hemos puesto sobre la mesa es una
alternativa concreta que queremos debatir.
Además, tengo la sensación de que cuando habla sólo hay detrás
de usted cifras. Se olvida de que estos presupuestos afectan a
personas, a la ciudadanía española. Mucho me temo que tenía
preparada la contestación a nuestro Grupo Parlamentario o no
me ha entendido bien, porque no he defendido yo desde esta
tribuna el aumento del déficit público. Hemos hablado con
absoluta claridad y rotundidad del control del déficit
público, incluso de su disminución. Por eso hemos hecho
hincapié en la necesidad de luchar de forma decidida contra el
fraude fiscal. No se prepare la lección para venir a
planteárnosla cuando no hemos hablado nosotros de las
cuestiones que usted ha dicho desde la tribuna que habíamos
expuesto en nuestra intervención.
Pero es más: el desempleo que hay hoy en nuestro país lo ha
generado la política del Gobierno, que, a pesar de haber
conseguido crecimiento económico, en algunos momentos superior
incluso al seis por ciento, no ha llegado a bajar del 16 por
ciento la cuota de desempleo y nos ha llevado en estos
momentos al 25 por ciento de paro.
Es su política la que genera paro. No diga que es nuestra
alternativa la que generaría desempleo. Por eso queremos
debatirla, para demostrarle que quienes están equivocados son
ustedes, que no quieren rectificar y que nos introducen en
estos Presupuestos Generales
del Estado la misma filosofía de siempre, que lleva al
fracaso. La Europa que están construyendo garantiza,
efectivamente, la libertad de capitales, pero no la
armonización fiscal. ¿Para cuándo simultanear los dos
conceptos, señor Ministro? ¿Para cuándo?
Usted ha mencionado en su intervención que se comprometían. No
lo dice así el acuerdo. Por otra parte, ya hay sobradas
muestras de que el Gobierno permanentemente incumple los
acuerdos que firma. Los acuerdo en materia de funcionarios
públicos no garantizan el poder adquisitivo de sus salarios.
¿Se compromete el señor Ministro aquí y ahora a garantizar que
no se van a volver a perder poder adquisitivo los salarios de
los empleados públicos? Insisto, esto no es lo que ha dicho el
Gobierno en el acuerdo. Aclárese y díganos la verdad y díganos
a qué van a obedecer. Incluso díganos, señor Ministro, si
tiene voluntad el Gobierno de cumplir ese acuerdo, porque ya
le digo que nos tienen acostumbrados a un incumplimiento
permanente de todos los acuerdos a que van llegando con los
distintos sectores sociales.
Pero es más: su intervención ha dejado al descubierto lo que
en realidad son estos presupuestos. Mire usted, señor
Ministro, en su exposición inicial en la Cámara en relación a
los Presupuestos Generales del Estado hablaba de la sanidad.
Lo que tiene que decir para no continuar faltando a la verdad
es que renuncian a una sanidad pública de calidad. Es una
falacia lo que usted ha manifestado desde esta tribuna
anunciando el incremento presupuestario en materia sanitaria.
Porque hacen frente durante cuatro años al déficit ya
comprometido del Insalud, al que dedican 331.000 millones de
pesetas. No están incrementando el capítulo de sanidad, están
llevando dinero para sufragar una deuda previamente contraída
por el Insalud; además de haber estado mal gestionando la
Sanidad pública, se ha generado esa deuda y ahora la quieren
cubrir. No nos diga que incrementan lo destinado para la
sanidad pública. Es más, bajan en los presupuestos la atención
especializada en 6.503 millones, la planificación de la
asistencia sanitaria en 3.62 millones, el uso racional del
medicamento, que reducen en los presupuestos el 18,5 por
ciento, todo esto después del impacto que sufrió en su momento
el «medicamentazo», suprimen el programa de investigación
sanitaria. ¿De qué Sanidad, señor Ministro, estaba hablando
cuando expresó la filosofía del Gobierno para estos
Presupuestos Generales del Estado?
Además, hay otra cuestión que también ha venido planteando, la
reducción de la cuota, en la parte patronal y en la parte
obrera, correspondiente a Seguridad Social. Mire usted,
efectivamente, los empresarios van a tener una reducción del
0,8 por ciento en la cuota patronal; indiscriminadamente: no
se va a reducir en función de creación o no de empleo. Sin
embargo, a los trabajadores, señor Ministro --y esto también
hay que decirlo--, hace algún tiempo se les incrementó su
parte de cuota obrera en el 0,6; ahora, les reducen el 0,2, es
decir, la medida está todavía en desfavor de los trabajadores
en 0,4. Es más: tienen que explicar con claridad, no esconder
la realidad a la ciudadanía, a los ciudadanos, que, con esta
reducción del 0,2, con la reducción de las tarifas del IRPF,
con lo que va a tener más líquido el ciudadano de a pie para
gastar mensualmente, se va a encontrar con la sorpresa, en
primer lugar, de que, a la hora de comprar productos de
primera necesidad, le van a costar, por lo que va a suponer el
incremento del IVA, mucho más caros; por consiguiente,
globalmente hablando, van a perder en términos de renta
familiar. Además, se van a creer que, como tienen más líquido,
tienen más poder adquisitivo y, a la hora de la verdad, cuando
llegue la declaración de Hacienda, es cuando lo van a notar.
Hay que decir a los ciudadanos de a pie que estas medidas no
comportan
ninguna mejora, ningún beneficio de su renta familiar, sino
que globalmente van a perder en ese concepto de renta
familiar.
También están planteando con absoluta rotundidad y claridad en
los Presupuestos una renuncia explícita a políticas activas
hacia la economía. Baja en los presupuestos el programa de
planificación presupuestaria y política fiscal en el 2,1 por
ciento; renuncia, en un país como el nuestro, a la política de
reindustrialización y reducen en los Presupuestos el 21,5 por
ciento, casi 20.000 millones de pesetas, en un país con una
situación de la industria como el nuestro. Por eso le decía
antes, señor Ministro, que estos presupuestos están hechos
exclusivamente con el objetivo de cumplir el programa de
convergencia, pero de espaldas a la realidad económica
española.
Renuncian también a la aplicación y desarrollo de la LOGSE,
que no recupera la pérdida de los tres últimos años
presupuestarios para desarrollarla y que no se asegura lo
necesario para su desarrollo y aplicación en los Presupuestos
Generales para 1995.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
Estas son las renuncias de las que estamos hablando: sanidad,
industria, educación.
Además, los Presupuestos, lo tiene que admitir, son
insolidarios territorialmente hablando. Olvidan a los
municipios en 37.000 millones de pesetas, a pesar del pacto
del Gobierno con la Federación Española de Municipios, y los
siguen asfixiando. A las administraciones locales las están
despreciando permanentemente y los presupuestos son una prueba
más de lo que acabo de manifestar.
Señor Ministro, ¿podría usted hoy, aquí y ahora, afirmar que
no van a subir los tipos de interés? Diga la verdad. Va a
tenernos que decir que no, que es imposible, que no lo puede
afirmar en este Parlamento nuestro. Lo único cierto es que va
a crecer la carga financiera mucho más de lo que afirman, como
ya ha ocurrido en los Presupuestos Generales del Estado para
1994, y que la inflación va a estar más cerca del 5 por ciento
que del previsto 3,5 por ciento.
Por último, señor Ministro, dos cuestiones que definen por sí
mismas su política, la política de derechas que vienen
practicando y que están rechazando progresivamente los
ciudadanos. En sus presupuestos suben los gastos operativos en
las Fuerzas Armadas el 9,3 por ciento y bajan los gastos
sociales, en desempleo, en incapacidad laboral transitoria y
al 0,7, al que usted ha hecho mención desde esta tribuna, lo
tratan, lamentablemente, desde una filosofía conservadora,
porque no se puede esperar a dar lo que sobra, sino que hay
que compartir lo que se tiene. Esa es la raya, el término
diferenciador entre lo que significa una concepción de
derechas y una concepción de las cosas desde la izquierda.
¿Se compromete --dígalo también señor Ministro--, sí o no, a
mantener en estos Presupuestos Generales del Estado lo que la
Plataforma del 0,7 le está demandando? ¿Lo van a plantear
ustedes en los presupuestos? ¿Sí o no? Que el señor Solana no
le diga a esta Plataforma una cosa y usted en sus presupuestos
haga otra. Digan lo que van a hacer definitivamente con el
0,7, porque hay una diferencia esencial. La beneficencia, que
es la filosofía que ustedes están implantando en estos
presupuestos, es una filosofía de derechas. La solidaridad es
la filosofía de la izquierda. Como izquierda en este
Parlamento es lo que le reclamamos: unos presupuestos
solidarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su insistencia en la diferenciación entre la política de
derechas y la de izquierdas me recuerda viejas polémicas, me
rejuvenece respecto a textos que leíamos en tiempos pasados y
al comportamiento de unos y de otros respecto a ese texto.
Creo que cada uno que conoce la historia sabe dónde la
historia nos ha llevado.
A partir de ahí, su señoría parte --y es algo que le gusta
mucho a su Grupo-- de hacer una afirmación y sacar, en
consecuencia, las conclusiones pertinentes. Dice usted: No se
ocupa de las personas, sólo se ocupa de las cifras, parece que
a usted el tema no le preocupa. Le vuelvo a decir que a mí me
preocupan, sobre todo, las personas y el empleo de las que no
lo tienen. Yo creo que esa es nuestra diferencia, porque a
ustedes parece que les preocupa más el empleo que las que lo
tienen.
Su señoría dice: Yo no he hablado del gasto ni del déficit,
como si no fuese hablar del déficit toda la línea de
incremento de gastos que S.S. plantea. ¿O cree usted que mayor
reindustrialización --que, por otra parte, no comparto-- no es
hablar del déficit? ¿O cree S.S. que hablar de las renuncias a
la LOGSE no es hablar del déficit? ¿O cree S.S. que hablar de
gastos adicionales, de una u otra naturaleza, no es hablar del
déficit? También es hablar del déficit. Evidentemente, todo
eso es déficit adicional en la medida en que signifique gastos
adicionales.
Su señoría dice que el tema del desempleo lo ha generado la
política del Gobierno y, en consecuencia, hay que rectificar.
Le diría más bien a S.S. que es verdad que la política pasada
y algunas de las políticas que hemos puesto en marcha,
evidentemente, se hacen insostenibles,
que pueden haber generado problemas de desempleo y que por eso
hemos corregido. Son SS.SS. las que parece que no quieren
rectificar, seguir en la situación anterior y continuar con el
inmovilismo.
A partir de ahí, S.S. hace una serie de afirmaciones, una
serie de demandas que, evidentemente, pueden tener
contestación o no. ¿Para cuándo la armonización fiscal en
Europa? Para cuando los estados miembros europeos la decidan.
Evidentemente, no va a depender única y exclusivamente de
nuestra opinión. ¿Cuál es el compromiso con los funcionarios
públicos? Evidentemente, el que está acordado y pactado, que
se va a cumplir. No pretenda usted sacar un compromiso en el
acuerdo de funcionarios distinto al que está pactado. Su
señoría dice que renunciamos a la sanidad en la política de
calidad y vuelve a acusar de falacia lo que digo, porque dice
que es déficit comprometido del Insalud el incremento que se
plantea para el año 1995. Ahí le diría que sí es absolutamente
falso lo que S.S. afirma, y falso con los datos en la mano, no
teóricas falacias que, evidentemente, responden simplemente a
afirmaciones sin ningún tipo de argumento.
Por supuesto, hay un incremento de gasto sanitario, como
consecuencia de las desviaciones del pasado, eso nunca lo
hemos ocultado, y hay un incremento sustancial de los créditos
iniciales con objeto de evitar las ampliaciones de crédito que
se producían en el pasado. Eso supone una mejora clarísima
para cualquier gestor sanitario que implica la percepción de
fondos desde el momento inicial y no dos años más tarde, como
se venía produciendo en la actualidad. Por lo tanto, hay un
clarísimo incremento de los gastos sanitarios, entre otras
razones porque se mejora y se practica con mayor realismo la
presupuestación que antes, evidentemente, no existía. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Su señoría hace una serie de afirmaciones respecto a partidas
concretas en las que no me voy a detener aquí, pero hay una
que me preocupa especialmente, que es que le plantea alguna
dificultad el aceptar que pueda bajar el gasto del medicamento
en base a una política racional del medicamento. ¿De verdad
queremos gastar irracionalmente en medicamentos? ¿A quién
estamos protegiendo con ese tema: al trabajador o a algunas
industrias, que son las que están defendiendo la no aplicación
de lo que ustedes han llamado el «medicamentazo»? Yo planteo
el tema porque me parece que lo que se ha hecho hasta ahora no
está afectando, por supuesto, a los afiliados a la Seguridad
Social y, sin embargo, las presiones vienen de otros orígenes.
Sus señorías plantean un problema de quién va a perder o a
ganar a partir del 1... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, un
momento, por favor. Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando guste.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): ...de
enero de 1995. Le digo que, evidentemente, como siempre,
dependerá de las características de la familia, pero, en la
medida en que haya más empleados en España, en general habrá
más gente que gane que más gente que pierda.
¿Renunciamos al desarrollo de la LOGSE? No; la ponemos en
marcha, y la ponemos en marcha de acuerdo con las
disponibilidades financieras que tenemos en este momento y
que, por supuesto, van a ser suficientes para cumplir con
nuestras obligaciones.
Su señoría me hace una pregunta que, evidentemente, es la del
millón. Ni más ni menos me espeta que si puedo afirmar que no
van a subir los tipos de interés. No, no se lo puedo afirmar.
Tampoco le puedo afirmar exactamente lo contrario. Va a
depender de muchos factores y, sin duda alguna, es una
afirmación absolutamente imposible. Acerca de esa idea de la
política de derechas de reforzar los gastos de las Fuerzas
Armadas, yo creo que no; yo creo que los gastos de las Fuerzas
Armadas se reforzaban en las viejas democracias populares
especialmente, pero no en nuestros países. Pregúntenle ustedes
al comité de empresa de Santa Bárbara, por ejemplo, y a algún
otro sobre qué es lo que opina acerca de este punto concreto.
Yo creo que también podrían aportar algún elemento adicional e
interesante para el debate que actualmente mantenemos. En
cuanto al 0,7, nuestra posición está muy clara; está tan clara
que está incluida en la propia Ley de Presupuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro. Señora Aguilar, tiene un minuto.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente. Con
absoluta brevedad quiero decirle al señor Ministro que
celebramos que vayan a poner en marcha la LOGSE, pero que
llevan cuatro años de retraso, y que estos Presupuestos
Generales tampoco garantizan el que de verdad tenga un
cumplimiento deseado. El no podrá afirmar aquí, en esta
Cámara, que van a incrementarse los tipos de interés, pero,
desde luego, ya lo anunció el señor Rojo en su comparecencia
en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los
Diputados.
Además, señor Ministro (y con esto quiero concluir), le hemos
propuesto, en la alternativa que hemos desarrollado en nuestra
intervención, más ingresos diciendo de dónde sale el dinero.
Le hemos propuesto la reducción de gastos suntuarios, la
simplificación de la Administración, el saneamiento de la
propia Administración, la eficacia y la austeridad como
elementos determinantes para actuar en ella y, lógicamente,
hemos propuesto toda una serie de programas que priorizaríamos
en unos presupuestos alternativos, que es lo que nosotros
creemos que hace falta; por eso pedimos la devolución de estos
presupuestos. Señor Ministro, se le ha olvidado, posiblemente
de forma consciente, que no responsable, el responder sobre el
tema del 0,7. ¿Qué va a hacer usted: va a plasmar en los
Presupuestos Generales del Estado de 1995 el compromiso del
señor Solana con la plataforma o van una vez más a incumplir
los compromisos que contraen con las organizaciones sociales?
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, tres comentarios muy rápidos. No creo que el señor
Rojo dijera que iban a subir los tipos de interés. Me
parecería una afirmación muy grave por parte de un gobernador
de un banco central. Otra cosa es que el señor Rojo hiciera
una reflexión en esta Cámara sobre los riesgos que pueden
tener la evolución de los tipos de interés en función de la
evolución de la inflación y del déficit.
Segundo punto. Sus señorías dicen que plantean alternativas.
¿No se ha dado cuenta S.S. de que esas alternativas se vienen
planteando prácticamente desde hace cincuenta años en los
mismos términos y que seguramente es que lo que se podía hacer
ya se ha hecho y lo que no se ha hecho es que no responde a
esa alternativa?
Y en cuanto al 0,7, se lo he contestado y se lo vuelvo a
repetir: la posición del Gobierno es la que está en los
Presupuestos Generales del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, dada
la hora y la creciente escasa atención de SS.SS., el Grupo de
Coalición Canaria va a invertir el menor tiempo posible en
explicar por qué ha presentado una enmienda a la totalidad y
las razones que la han llevado a ello.
Evidentemente, nosotros no adoptamos frente a los presupuestos
del Gobierno una actitud preconcebida. No pensamos de antemano
que el debate presupuestario sea una buena oportunidad (por
otra parte, quien la quiera usar así, legítima) para un
desgaste del Gobierno, para un desgaste electoral, de seguir
en esta permanente campaña electoral que vive este país, y que
yo creo que es un obstáculo importante para acometer, para
hacer frente a las grandes políticas de reforma que el país
necesita en un momento clave de su historia económica,
política y social.
Nosotros, a la hora de examinar estos presupuestos, no hacemos
un análisis contable de en cuántas décimas se incrementan
tales políticas de gasto o tales políticas de ingreso, con
todo lo importante que esto es. Nosotros queremos examinarlos
para dar nuestra opinión, modesta, pero clara, a la hora de
evaluar si estos presupuestos ayudan a potenciar, a impulsar
las políticas, insisto, de grandes reformas que exige la
situación del país.
Nosotros creemos que hay que examinar la política
presupuestaria española y los objetivos y programas que están
detrás de estos presupuestos en función de una situación
mundial que está sufriendo grandes cambios, de una situación
que, en muy pocos años, en la década de los 90, ha acelerado
un proceso histórico hacia la globalización de la economía,
hacia el aumento de la competitividad, que puede y que debe
ser contrapesado por políticas de cooperación y solidaridad.
En estos momentos, las grandes economías mundiales se plantean
una serie de reformas, de objetivos estratégicos, con los que
todo el mundo está de acuerdo y que resumidamente diríamos que
son los siguientes: en primer lugar, reducción de los déficit
públicos, con reformas y modernización de las administraciones
públicas y de las empresas públicas; en segundo lugar,
modernización de las infraestructuras; en tercer lugar, la
clave fundamental de elegir como sector estratégico, en el
crecimiento y en el desarrollo económico, la educación, la
formación y la investigación; en cuarto lugar, marcos
económico-fiscales que ayuden a la productividad y que mejoren
la capacidad exportadora de cada país, y, en quinto lugar,
tiene que ser posible, y es un elemento necesario, que haya
cohesión social, por tanto, mantenimiento de políticas de
bienestar social y el Estado de bienestar.
Dentro de esos cinco grandes objetivos examinamos los
Presupuestos, porque a estos tiempos de cambio corresponden
tiempos de grandes reformas, y lo que nosotros no vemos, de
ninguna manera, es que haya capacidad en este Gobierno,
colocado a la defensiva, para liderar políticas de grandes
reformas que la década del 90 exige a este país. Hemos perdido
cuatro años, probablemente en una situación a la defensiva, de
confusión y perplejidad, en que este Gobierno se ha colocado
desde aquellos tiempos en que se les ha hundido lo que
llamaban la única política económica posible. Ha intentado
corregirla, ha intentado cambiarla, pero todavía continúa a la
defensiva. No sabemos si eso obedece a la falta de una mayoría
parlamentaria amplia, si eso obedece a una actitud de no
buscar consensos más amplios para acometer políticas de
reformas profundas, si eso responde a la actitud de
esconderse, de mantenerse en la política de los 176 votos y no
buscar consensos
más amplios, que es lo que exigen las grandes políticas de
reforma en el país.
En mi opinión y haciendo un resumen muy rápido, esas grandes
políticas de reforma son las siguientes. Con respecto a la
reducción del déficit público y a la reducción del gasto
público, ha dicho el señor Solbes que se avanza en la senda de
la convergencia con Maastricht y de la convergencia de los
grandes equilibrios macroeconómicos que están pactados a nivel
de Europa, pero nosotros creemos que para avanzar en la
reducción del déficit público hacen falta reformas, no sólo
políticas de control, de recorte o de contención del gasto,
muy dudosas. Hacen falta reformas de la Administración
pública, de la función pública, reforma profunda del Estado de
las Autonomías, para lograr corresponsabilidad fiscal y para
lograr coherencia en las políticas de gasto del conjunto de
las administraciones públicas; hace falta dotar a los
ayuntamiento de este país de políticas que participen en los
ingresos públicos, pero que sean también corresponsables
fiscal y competencialmente. En definitiva, el famoso pacto
local, la reforma del Estado de las Autonomías, la reforma de
la función pública y de la Administración General del Estado
no se plantean seriamente, que es la única condición
fundamental para la reducción del gasto público. En segundo
lugar, eso lleva a una política en la que no hay suficiente
inversión y, por tanto, modernización en las infraestructuras,
lo que puede suponer un retraso importante para el progreso de
este país. En tercer lugar, cuando se habla de que hay un
incremento importante en las políticas educativas, de
investigación, de educación en general, nosotros diríamos que
hacen falta políticas de reforma del sistema universitario,
del sistema educativo, no sólo del desarrollo de la LOGSE,
sino de su actualización, hace falta una reforma y una
conexión entre economía e investigación y hace falta, sobre
todo, una política de formación, que está hoy haciendo aguas
por todas partes. A continuación, nosotros nos planteamos la
política de solidaridad, que ha sido criticada con toda razón
por la oposición, diciendo que no es una política de
beneficencia, sino de solidaridad. Desgraciadamente, en este
momento histórico en la sociedad española, en el que nosotros
diríamos, sin retórica --y yo creo que todos deberíamos
coincidir--, que este país tiene un enorme déficit de valores
morales, sería muy interesante que reconociéramos todos los
grupos parlamentarios aquí que esas iniciativas de la
sociedad, iniciativas de sectores sociales por la solidaridad
internacional, merecen nuestro respeto, merecen nuestra
admiración, merecen un esfuerzo presupuestario en serio para
avanzar hacia esa cifra del 0,7 por ciento; que, aunque pueda
lograse en tramos graduales, sea, sin duda, un objetivo
fundamental de solidaridad. En este país están de moda las
trapisondas de pillos y malandrines; todos los días los
periódicos, los medios de comunicación les han puesto de moda,
y yo creo que sería bueno no sólo hablar de los déficit
comerciales, de los déficit presupuestarios, sino también de
los déficit morales, de la solidaridad, de la cohesión social.
En esa línea, nosotros defendemos, como dice el Gobierno que
defiende, el Estado de bienestar. De acuerdo, defendamos el
Estado de bienestar. Y hacen falta reformas para consolidar el
Estado de bienestar. Hace falta que en este país los derechos
de los ciudadanos estén contraprestados con deberes, con
obligaciones. Mantener las pensiones, incrementar el sistema
de pensiones con las reformas que necesite el sistema de
Seguridad Social, mantener la política sanitaria y educativa,
mantener la protección al seguro de desempleo, la promoción
más que la protección, buscar mejores equilibrios entre
promoción y protección. Yo creo que hay una cadena imparable
entre corrupciones gubernamentales o administrativas, fraudes
fiscales de los grandes capitales y pequeñas corruptelas de la
sociedad española que hay que cortar por algún lado. Es
necesario, repito, unir derechos y deberes; todo derecho tiene
la contraprestación de una obligación y de una
responsabilidad, y hay que crear entre todos una moral pública
que consolide el Estado de bienestar, que lo haga eficiente y
verdaderamente protector y no lo pervierta en algunas de sus
manifestaciones lamentables que existen hoy en la sociedad
española. Nosotros no pretendemos hacer declaraciones
retóricas, a veces demagógicas, de cara a la galería, sino que
estamos por la política de las grandes reformas. En esa
política, el Grupo de Coalición Canaria ha planteado la
reforma del régimen económico fiscal canario. Yo no voy a
hacer aquí un análisis pormenorizado, pero esperábamos que en
estos presupuestos, dentro de la política de reformas, una
realidad insular y alejada mereciera actos de solidaridad. Y
en este caso no es un acto voluntarista, sino cumplimentar una
ley que hemos aprobado hace tres meses.
Tenemos el mayor índice de desempleo juvenil, hay índices
dramáticos en la sociedad canaria. Nosotros queremos expresar
la máxima solidaridad con el desempleo rural, con el conjunto
de estructuras de desempleo que existen en el resto de la
comunidades españolas, pero también queremos expresar la
preocupación, la inquietud y el dramatismo de lo gravísimo que
es tener el mayor índice de desempleo juvenil, resultado de un
crecimiento demográfico importante y de que, en una situación
como la canaria, tenemos tasas inmigratorias de las más altas
de España, curiosamente como consecuencia de un déficit de
formación enorme que sufrimos los canarios históricamente y
que ha llevado a que durante años nosotros, los canarios,
tengamos el orgullo de haber financiado el sistema general de
la Seguridad Social sin que a veces en ese terreno hayamos
recibido las contraprestaciones suficientes. Por eso pedimos
que el Gobierno cumpla
con los compromisos que ha aprobado en este Parlamento de
políticas de empleo y de políticas de formación, de transporte
y de reconversión económica de Canarias, pero todo eso en el
marco de un Estado solidario, en el marco de la reforma del
Estatuto de Autonomía, buscando la solidaridad de todos los
pueblos de España, y no los intereses exclusivos de ninguna
comunidad, buscando la cohesión social y territorial.
Por todas estas razones, nosotros no vemos en los
presupuestos, repito, la política reformista necesaria para
acometer, en el paso del ecuador de la década de los noventa,
los grandes objetivos de cara al siglo XXI que se tiene que
plantear la sociedad española. Sólo vemos reajustes, sólo
vemos un debate --lo digo con todos los respetos-- contable.
Sube una partida por aquí, baja otra partida por allí --
evidentemente, esto es necesario--, pero detrás de las
cantidades que se destinan a cada cosa tiene que haber una
política de reformas, de reformas estratégicas. Esa política
de reforma en este momento tenemos la impresión de que este
Gobierno, a la defensiva, repito, no la quiere liderar, no la
quiere impulsar, ha perdido el impulso de los años ochenta y
está en los noventa retrocediendo y a la defensiva.
El Grupo de Coalición Canaria termina su intervención
dirigiéndose al Gobierno y diciéndole que no nos alegramos de
ningún fracaso, no pretendemos ningún fracaso. En bien de la
sociedad española, el partido mayoritario de esta Cámara, con
los aliados que considere conveniente para mantener mayoría
parlamentaria, debe liderar las grandes reformas que necesita
el país. En esa línea de las grandes reformas, el Grupo de
Coalición Canaria, desde la oposición constructiva, está
dispuesto a cooperar y colaborar. Nosotros no apostamos por la
derrota de este Gobierno; apostamos para que cumpla los plazos
necesarios que la sociedad española le dio en las elecciones
de 1993. Ni apoyamos ni atacamos. Nuestra política no es de
acosar al Gobierno. Nuestra política es de llamarle la
atención y decirle que ha perdido el gran impulso reformista
que prometió en las elecciones de 1993.
Ya es hora de que se olvide de determinadas batallas de
carácter populista, de carácter electoralista, de creer que la
iniciativa política son simplemente campañas de imagen ante la
opinión pública. Es el momento de ofrecer a esta Cámara, en
estos presupuestos, un gran proyecto de reforma que nosotros,
desgraciadamente, no vemos detrás de los números que nos ha
presentado el señor Solbes. Sólo vemos vacilaciones, dudas,
confusión, pequeños retoques, pero falta del coraje y de la
energía política necesaria para afrontar los grandes retos de
España a finales del siglo XX.
Por todas estas razones, nuestro voto va a ser de alternativa,
de pedir al Gobierno que retire estos presupuestos, un voto de
devolución y de enmienda a la totalidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mauricio. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
He seguido con toda atención su intervención, señor Mauricio,
y debo reconocer que hasta prácticamente al final no he
encontrado las razones por las cuales no estábamos de acuerdo
y planteaban ustedes una enmienda a la totalidad, un voto de
devolución.
Su señoría ha hecho una serie de reflexiones de tipo general
que puedo compartir, y junto a eso ha hecho unas propuestas
específicas de una política económica posible. Dentro de esta
política económica posible hace referencia a aspectos que, en
términos de objetivos, sin duda alguna son los mismos que los
del Gobierno: luchar contra el déficit y mejorar la situación
de nuestra economía de acuerdo con las sendas establecidas en
Maastricht. Pero S.S. dice que esto no es suficiente y que hay
que ir a alguna reforma más, reforma de la Administración
pública, reforma de la corresponsabilidad fiscal con los
estatutos de autonomía, incluso en los ayuntamientos. Yo le
diría, señor Mauricio, que la Ley de Presupuestos del pasado
año incluía ya elementos importantes e interesantes de reforma
de la Administración pública, algunos de ellos yo diría que se
matizan o se completan con las propuestas que este año se
hacen como consecuencia del acuerdo con los sindicatos. Creo
que hemos iniciado un camino prometedor y, por consiguiente,
que ese problema está bien enfocado, como lo está también el
futuro de la financiación autonómica. En el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, a finales del año 1993, se tomó
la decisión de crear un grupo de trabajo que permitiese la
elaboración de un libro blanco que nos diera el nuevo modelo
de financiación autonómica a partir de 1996. El primer avance
de ese libro blanco ha sido entregado ya por sus redactores.
Yo espero que a finales de este año dispongamos ya de un
documento que nos va a permitir discutir en profundidad todo
el problema de la financiación autonómica, incluyendo
elementos tan absolutamente atractivos y, al mismo tiempo, tan
difíciles, como son la corresponsabilidad fiscal o el problema
de la nivelación de servicios mínimos.
A S.S. le preocupa que, por otra parte, los ayuntamientos no
tengan mayor capacidad de actuación. Yo le diría que por parte
del Gobierno se ha impulsado al máximo el pacto local. No creo
yo que la responsabilidad de no llegar a un pacto local hoy
pueda atribuirse al Gobierno. En la parte que nos corresponde,
fundamentalmente la financiera, se ha llegado a un pacto,
pacto que yo creo que es razonable, que nunca resolverá al
cien por cien los problemas financieros, como no se resuelve
en ningún otro caso, porque siempre hay
más demandas a satisfacer que disponibilidades financieras. La
parte de reparto competencial no es algo que,
desgraciadamente, el Gobierno pueda definir en una u otra
dirección. Es algo en lo que cada comunidad autónoma tiene
también que aportar su punto de vista y definir su posición.
¿Es suficiente o no es suficiente la modernización de
infraestructuras? ¿Es suficiente el gasto que se realiza en
investigación y en políticas educativas? Mi opinión es que en
el contexto en el que nos movemos, una situación difícil desde
el punto de vista del déficit, el esfuerzo que sigue
haciéndose en modernización de infraestructuras es importante,
y el esfuerzo adicional que en 1995 se realizará para
educación e investigación también lo es. Si S.S. lo que
plantea son elementos de mayor profundidad, por supuesto,
estamos dispuestos a discutir sobre ellos. ¿Tiene sentido el
modelo universitario del que actualmente disponemos? ¿Tiene
sentidoel modelo de formación profesional? Sin duda alguna,
son elementos mejorables en nuestra política educativa y se
podría avanzar; pero veo difícil que eso se puedahacer en un
marco como la discusión presupuestaria. Creo que son reformas
de otra naturaleza que tendrían que plantearse en otros
contextos.
Los elementos de solidaridad que el presupuesto incluye me
parece que son importantes. Evidentemente, cuando se está
hablando aquí del 0,7, estoy de acuerdo con usted en que se
habla más para hacer frente a políticas de moda en un momento
actual que para poner en marcha los propios compromisos
políticos que la Cámara ha adoptado. No olvidemos que esta
Cámara, por voto unánime, aceptó ir al 0,35. Evidentemente,
esa debería ser nuestra obligación. Querer ir más lejos, no
cabe duda que sonará bien a algunos oídos externos, pero
introduce distorsiones de otra naturaleza que no es
conveniente plantear en estos momentos. Yo creo que el
Gobierno defiende el Estado de bienestar, como S.S. ha hecho
referencia.
Hasta ahí yo no vería grandes problemas entre sus puntos de
vista y los nuestros. Es en las dos afirmaciones finales suyas
donde veo las dificultades: una porque es imposible y otra
porque es un juicio de valor. En la primera, S.S. dice que no
se han resuelto los problemas del REF canario en la ley de
presupuestos. Y no se han resuelto porque no se pueden
resolver. Su señoría sabe que lo que hay que hacer es elaborar
un texto refundido de las disposiciones legales que nos
permita un desarrollo de la Ley 19/1994 y que hay un grupo de
trabajo que está ya elaborando ese tema. Sí se han
introducido, sin embargo, algunos elementos del REF canario en
el presupuesto del año 1995, como es el tema del consorcio de
Canarias que ya tiene dotación presupuestaria en el año 1995.
La disposición del Gobierno siempre ha sido la misma: negociar
con las autoridades canarias respecto a los distintos temas
abiertos, pero destacando también que, incluso, la negociación
del Gobierno tiene sus limitaciones, y S.S. las conoce
perfectamente, y es que el REF tiene que ser compatible con la
legislación comunitaria. Y todos sabemos que, a pesar de los
esfuerzos de una y otra parte para que esa compatibilidad se
produzca al máximo, se plantean algunas dificultades que
pueden suscitarnos problemas en el futuro. Su último punto es
un puro punto de juicio de valor. Su señoría opina que a los
presupuestos les falta coraje y energía suficiente. Esta es
una opinión como cualquier otra y no le puedo dar ningún
argumento para convencerle. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, en replica al señor Solbes, le contestaremos
lo siguiente: Primero, un presupuesto es la expresión de las
prioridades de la política de un Gobierno y de sus proyectos
estratégicos cuantificados. No es simplemente un balance de
números, con criterios contables de más y de menos, de
ingresos y gastos.
Nosotros lo que hemos querido expresarle, señor Solbes --
parece que usted lo acepta de alguna manera--, es que junto a
las políticas de gasto, hay que introducir políticas de
reforma. Usted dice, acepta: ¿Hace falta la reforma del
sistema autonómico, de financiación autonómica? Hay una
comisión de expertos. ¿La Comisión de nivelación? Hay otra
comisión de expertos. ¿El pacto local? Lo hemos iniciado, pero
como no hemos tenido eco... ¿Era necesario o no el pacto
local? ¿Hace falta que haya un consenso explícito o debe ser
una iniciativa, de la cual precisamente he hecho yo la
crítica, del Gobierno? ¿La reforma de la universidad española
y su actualización y modernización, coordinado con los
sistemas de investigación, la empresa, la exportación,
etcétera, son reformas necesarias? Todo son comisiones.
Es cierto que todos esos temas, cuando el Gobierno no se
atreve a afrontarlos, los remite a una comisión que vaya
haciendo un estudio, una comisión de expertos, como la reforma
del sistema de la Seguridad Social. Precisamente en esa
Comisión también estoy yo.
Yo creo que todos los grandes retos que tiene hoy la sociedad
española están remitidos a una Comsión. Yo me pregunto: En un
momento de aceleración histórica, después de haber perdido
cuatro o cinco años, ¿no es el momento de que tome el Gobierno
iniciativas, que consulte a la oposición, que cree una
comisión rápida de expertos, pero que haga reformas profundas
de la estructura, de la economía y de la sociedad española,
que son absolutamente necesarias? Porque en este momento, en
un tiempo de aceleración histórica, el único
recurso escaso, lo más escaso, como ya han señalado muchos
autores, es el tiempo. Estamos malgastando el tiempo.
Habia un obispo en mi pueblo, señor Solbes, que decía algo que
es una variación sobre una cosa que ha dicho mucha gente y que
es desgraciadamente una experiencia larga de la Administración
pública española. Decía el obispo de mi pueblo que si Dios
hubiera creado una Comisión para crear el universo todavía
estábamos todos en el limbo. Y hay el peligro de que este
Gobierno esté en el limbo frente al conjunto de reformas de la
competitividad, de la cooperación, de la solidaridad; hay un
proceso de cambio profundo en la situación europea y mundial.
El problema no es llegar a Maastricht con el 3 por ciento
recortando lo que sea. El problema es llegar en 1997 con los
índices de competitividad y, además, con la política de
solidaridad necesaria.
Con respecto al REF le diré brevemente que en las políticas de
empleo y formación a que el Presidente del Gobierno se ha
comprometido, de políticas activas, de políticas de promoción,
no tanto de protección al desempleo, que, por supuesto, es
necesario, en Canarias tiene un drama tremendo, el Gobierno
dice: hace falta una comisión negociadora, otra comisión de
las que proponía el obispo Pildain.
Evidentemente, para el desarrollo del REF, esto es necesario.
Pero ¿es que el contrato-programa de Renfe sin haberlo firmado
no lo pusieron ustedes en el presupuesto? ¿No era una voluntad
ya para acometer un problema lacerante que tenían ustedes en
las políticas del transporte público en España? Por cierto,
nosotros no tenemos Renfe, necesitamos alternativa del
transporte público; el artículo 8 del REF habla de esto,
ustedes no se han preocupado ni siquiera de concretarlo en
estos presupuestos y hay un revuelo tremendo de toda la
sociedad canaria.
Una economía alejada, insular, periférica, ultraperiférica,
como dicen los europeos, necesita atención.
Por todos estos motivos, no creo que la voluntad de reforma
haya que aplazarla. Las grandes reformas tropiezan con grandes
intereses y, al reformar, se aplica a los intereses el
principio de la física que dice que cuanto mayor es la masa,
resulta mayor la inercia. Las políticas del pasado tienen una
enorme inercia sobre el futuro, pero para construir el futuro
hay que tener el arrojo y la valentía --por eso hacía un
juicio de valor al final-- de enfrentarse a tantos intereses
corporativos y solidarios que hay en esta sociedad española,
no convertir el presupuesto en un botín de reparto de los
fondos públicos, sino en una política de prioridades y de
estrategias para la modernización, la reforma y el progreso
económico y social de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mauricio. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente. Un par de comentarios rápidos.
Yo entiendo la argumentación del señor Mauricio, otra cosa es
que la pueda seguir. El señor Mauricio pretende que el
Gobierno haga frente a responsabilidades que no son suyas.
Nosotros podemos incentivar el pacto local, pero,
desgraciadamente, sólo podemos aportaral mismo aquello que es
competencia o responsabilidad del Gobierno de la nación. En
ningún caso podremos forzar a las demás partes, si no quieren
llegar a un acuerdo, a que lleguen a un acuerdo. Su señoría
sigue viendo esa falta de voluntad de reforma. Yo no la
comparto. Creo, más bien, que el trabajo que se ha realizado
en este último año ha sido muy significativo, desde el punto
de vista del esfuerzo de transformación de la sociedad. Y en
esa misma línea vamos a seguir.
Le decía al final de mi intervención que lo que veía en su
posición era un juicio de valor y frente a este juicio de
valor va a ser muy difícil que le convenza.
Muchas gracias. (El señor Mauricio pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mauricio, un
minuto, por favor.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, los juicios de valor son necesarios para
examinar la voluntad política, no los fríos datos
presupuestarios, que alguien ha dicho aquí que a veces son
números, y detrás hay una sociedad. Nosotros le invitamos a
ver esa voluntad reformista que dice que tiene el Gobierno.
Hasta ahora sólo ha sido la reforma laboral, con la que
nosotros no coincidimos precisamente. Otra reforma ha sido
adaptar la peseta a sus precios reales. La devaluación de la
moneda y la devaluación de los salarios es la única política
reformista que he visto en este último año. Si ahora fuera
unida a otras políticas de reformas progresistas, contaría al
máximo con la cooperación y la participación del Grupo de
Coalición Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por parte del Grupo
Mixto se han presentado dos enmiendas, una firmada por el
señor Chiquillo Barber, y otra por la señora Rahola i
Martínez. Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la
señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Intentaré no repetirme, aunque es difícil. Es el mal
privilegio de los que hablamos al final.
Señor Presidente, señorías, Esquerra presenta esta enmienda a
la totalidad desde la perspectiva de una doble convicción: La
convicción de que estamos ante el
debate político más importante de esta Cámara y que, por
tanto, nos obliga a un enorme ejercicio de responsabilidad,
responsabilidad que, por supuesto, reconocemos, tanto en
quienes defienden estos presupuestos como en quienes los
rechazamos. Pero con la convicción, también, de que, desde una
perspectiva progresista, que priorice la sensibilidad social
por encima de los experimentos neoliberales y desde la
perspectiva igualmente progresista de la sensibilidad
municipalista y descentralizadora, estos son unos presupuestos
preocupantemente regresivos. De hecho no estamos ante nada
nuevo y en este sentido hay que aplaudir la enorme coherencia
del Ejecutivo socialista con referencia a sus propios
planteamientos anteriores: La línea económica iniciada en la
etapa Solchaga y culminada con la Ley de Reforma del Mercado
Laboral es ratificada sin ningún ápice de modificación ni,
diría, de mala conciencia socialista con el proyecto de la ley
de presupuestos. El Secretario de Estado de Hacienda reconocía
hoy mismo esta continuidad en un artículo muy interesante en
«El País». Una línea que, a nuestro entender, basaba y basa en
la regresión del llamado enfáticamente Estado del bienestar,
en la flexibilización y precarización del mercado laboral y en
la presión de los sectores más desfavorecidos, sus parámetros
más sólidos para reactivar la economía. En este sentido, y
como novedad principal de unos presupuestos que ahondan en
esta línea de neoliberalismo cada vez más radical, hay que
señalar el paquete de reformas en el marco fiscal, ese
conjunto de reformas que se ha publicitado como un cambio
estructural capaz de actuar como revulsivo a favor de la
reactivación de la economía, pero que, en realidad,
entendemos, esconde un lento y progresivo desmantelamiento del
Estado del bienestar.
Hacemos esta preocupante afirmación, no porque estemos en
contra de todas las reformas planteadas, sino, bien al
contrario, porque, a pesar de coincidir con algunas de las
reformas, entendemos que el paquete global no es aceptable
desde una sensibilidad social. Sí, por ejemplo, a la reforma
de la doble tributación para beneficios empresariales o a la
reducción en las transmisiones patrimoniales en aquellos casos
en que se mantenga la actividad económica. Primero, porque
tienen una incidencia limitada en la estructura de ingresos
del Estado. Segundo, porque son reivindicaciones habituales de
las pequeñas y medianas empresas y entendemos que pueden
ayudar a una cierta reactivación del tejido productivo. Como
estamos de acuerdo en los cambios en el IRPF que deflactan la
tarifa, hecho, por cierto, que no contemplaban los
presupuestos del año pasado y que ya fue objeto de nuestras
críticas.
¿Cómo se pueden justificar socialmente las rebajas de las
cotizaciones sociales y su sustitución por el IVA con todo el
sentido político que ello comporta? Es cierto que estamos ante
una reforma aún tímida, puesto que estamos hablando de un
punto de reducción y uno de aumento respectivamente, pero la
filosofía de fondo de la reforma es inequívoca. En la línea de
la reforma del mercado laboral ustedes han ido consolidando
una sensibilidad social claramente regresiva, amparada en dos
parámetros básicos: la reducción de prestaciones sociales y un
aumento de la carga fiscal proporcionalmente más dura cuanto
menos se tiene. ¿Cómo justificarán ustedes desde una
sensibilidad de izquierdas que esa sustitución del IVA vaya a
significar el encarecimiento de los productos de primera
necesidad, que ven incrementada su carga fiscal incluso en un
33 por ciento? ¿Que es sino un ensayo de ataque frontal al
Estado del bienestar el que precisamente sea la financiación
básica del sistema de prestaciones sociales la que sea objeto
de la reforma? Con esta medida, señorías, ustedes están
abriendo la veda a la desprotección social, están
posibilitando que una persona anteriormente protegida por el
Estado --pienso, por ejemplo, en un parado sin subsidio--
pueda convertirse en un contribuyente neto del sistema, lo
cual es tan paradójico como socialmente aberrante.
Evidentemente, no estamos en contra de la reducción de las
cotizaciones; lo estamos si éstas comportan una reducción en
las prestaciones y, además, son sustituidas por un impuesto
sobre el consumo.
Señor Ministro, señorías, no puedo ahondar más en este punto
fundamental de los presupuestos por falta de tiempo, pero es
evidente que el carácter inflacionario de la medida,
ampliamente señalado por diferentes expertos e instituciones,
incluyendo el Banco de España, acompañado de la poca
credibilidad que tiene la política de contención de la
inflación del Gobierno --en la actualidad estamos en el 4,5
cuando la previsión parael año era el 3,5--, aumenta aún más
la preocupación sobre la medida. En todo caso, nos resulta
inevitable rechazar la compensación de la reducción de cuotas
a la Seguridad Social por la vía de aumentar el tipo del IVA.
Entendemos que es fiscalmente regresivo, socialmente injusto y
económicamente nos parece ineficaz.
Mientras tanto, mientras acometen reformas que entendemos,
ultraliberales del mercado, mientras recortan prestaciones
sociales y encarecen la vida de los sectores más
desfavorecidos, mientras desmontan lentamente el Estado del
bienestar, continúan con esa absoluta incapacidad para reducir
el escandaloso fraude fiscal, auténtica sangría, ésta sí, del
erario público. Señorías, según datos del Instituto de
Estudios fiscales que ustedes conocen sobradamente, la
estimación del fraude fiscal actual es de tres billones de
pesetas, de los cuales 450.000 millones corresponden al fraude
del IVA. La reducción de este déficit a unas proporciones
equiparables a otros países del entorno --un 3 por ciento del
PIB como fraude estructural-- supondría unos ingresos de 1,6
billones. A pesar de lo dicho hoy mismo por S.S., la pregunta
la entendemos clara: ¿Por qué no se concentra aquí el esfuerzo
mayor de racionalización
del gasto público a pesar de ser uno de los objetivos del Plan
de Convergencia? ¿Por qué no hay medidas contundentes en los
actuales presupuestos para atajar este problema, como la
potenciación de la inspección fiscal de la Agencia Tributaria,
o medidas que permitan una mayor transparencia informática en
los datos de que dispone la Administración? En lugar de ello,
en lugar de un compromiso radical contra el gran fraude,
ustedes presentan planes detallados de inspección del paro,
persiguiendo a personas que cobran 47.000 pesetas al mes.
Ciertamente, todo fraude tiene que ser perseguido, pero
díganme ustedes que tipo de fraude priorizan y les diré de qué
sensibilidad social carecen. Si a todo ello añadimos que su
objetivo de creación de ocupación se sitúa en el 1,5 por
ciento, cuando estamos hablando de tasas de paro superiores al
24 por ciento de la población activa, resulta evidente que
tampoco es prioridad de su política económica la lucha contra
el paro, a pesar de ciertos ejercicios retóricos en este
sentido. La línea de coherencia antisocial de estos
presupuestos se complemente, pues, en todos sus ámbitos.
Y si nos parecen faltos de sensibilidad social, también
carecen, entendemos, de sensibilidad descentralizadora,
especialmente municipalista. En el debate de presupuestos del
año pasado, Esquerra Republicana reclamó al Gobierno la
renegociación del sistema de financiación municipal y arrancó
el compromiso del Ministro Solbes precisamente en el sentido
de que se modificaría la Ley de Haciendas Locales en 1994, que
había sido perfectamente aplazada. Sin embargo, un año después
podemos decir que ciertamente se ha cumplido la palabra del
Ministro, pero en unos términos que no satisfacen en ninguna
medida las aspiraciones que una sensibilidad municipalista
requerían. Hay postulados mínimos que eran irrenunciables para
sanear las arcas municipales y para reactivar, en
consecuencia, la articulación social que significan los entes
locales, postulados que estos presupuestos no contemplan. Por
ejemplo, la reordenación del cuadro tributario municipal, con
la desaparición del IAE y su sustitución eventual por otro
impuesto que grave directamente los resultados económicos, o
su sustitución, por qué no, por una ecotasa; irrenunciable
también la previsión de un sistema de avance de la liquidación
de la participación de los entes locales en los ingresos del
Estado, a través de un sistema equivalente al de las
comunidades autónomas de régimen general, con un tramo de
recaudación del IRPF; como irrenunciable nos parece la
reordenación de las competencias de los diferentes niveles de
la Administración, que resulte congruente con el principio de
subsidiariedad y que contemple la financiación de diversas
prestaciones que los ayuntamientos se ven obligados a dar, sin
que la ley lo contemple. Todo ello nos lleva a la convicción
de la coherencia, también desde una sensibilidad
municipalista, de esta enmienda a la totalidad, puesto que, a
diferencia de otros partidos que hablan de medidas parecidas,
pero que las relegan al terreno de las promesas electorales,
más o menos toreadas en la práctica, nosotros no renunciamos a
una regulación finalmente saneada y equilibrada de los entes
locales. Desde luego, estos presupuestos están muy lejos de
esa necesaria racionalización municipal, con lo cual no
resuelven, sino que consolidan, la situación de grave caos en
que están inmersas las economías municipales.
No ahondaré, por falta de tiempo y por exceso de reiteración,
en uno de los aspectos importantes de la enmienda de Esquerra
Republicana del año pasado, pero sí quiero recordarlo. Tampoco
hay un compromiso autonomista radical, y digo radical
precisamente en el sentido racional del término. No se plantea
el traspaso del Inem, básico para la reactivación de economías
como la de Cataluña, el País Valenciano, o las islas. En este
sentido, es muy significativo que sus socios convergentes,
compañeros de cama del liberalismo económico, ni siquiera les
planteen lo que es una reivindicación permanente en Cataluña.
Como no se plantean tampoco otras reivindicaciones básicas,
estrictamente necesarias para el saneamiento económico
catalán: el concierto económico, la cesión de competencias en
materia de industria, la creación de una banca pública,
etcétera. Después vendrán elecciones y oiremos a Convergència
i Unió llenarse la boca de bancas públicas, conciertos
económicos y otras lindezas catalanistas, pero, en la práctica
política --y el debate de presupuestos es muy significativo al
respecto--, nuestros compañeros convergentes padecen de una
significativa y preocupante, por lo que tiene de reiterativa,
amnesia. Tampoco, pues, desde una sensibilidad nacionalista
nos parecen unos presupuestos asumibles. Finalmente --ya sé
que me repito--, la solidaridad internacional. En este
sentido, Esquerra Republicana apoya la reivindicación de las
ONG, que piden el 0,7 por ciento para proyectos de cooperación
internacional. Lo apoyamos tanto porque entendemos que es un
deber de solidaridad claramente exigible, como porque nos
parece necesario, desde la perspectiva de una racionalización
de la economía, en el horizonte de la internacionalización
económica. Si rechazamos estos presupuestos por falta de
sensibilidad social, por falta de sensibilidad municipalista y
por falta de sensibilidad autonomista, es evidente que esa
partida de 15.300 millones de pesetas del Ministerio de
Asuntos Exteriores dedicados a proyectos de ayuda
internacional no dotan a estos presupuestos de sensibilidad
solidaria; y más si los comparamos, por ejemplo, con los
48.465 millones dedicados a partidas tan sugestivas como la
guerra electrónica que contemplan las partidas de Defensa.
En todo caso, es evidente que una mayor racionalización de las
diferentes partidas presupuestarias, como por ejemplo la
sustitución del Ministerio de Cultura
por una Subsecretaría de Estado, en coherencia con las
competencias exclusivas en materia de cultura de las
comunidades autónomas, o la reducción de las partidas de
Defensa, o el control del gran fraude fiscal, permitiría
ejercer la solidaridad internacional sin gravar el déficit
público. En todo caso, esta solidaridad nos parece un deber
largamente contraído con el Tercer Mundo y que no podemos, de
ninguna manera, dejar de ejercer.
Acabo, pues, aquí. He iniciado esta reflexión con la palabra
responsabilidad. Es desde la responsabilidad con la coherencia
ideológica, con la sensibilidad social, con la preocupación
internacional, con la sensibilidad municipalista y con la
coherencia nacionalista; es, pues, desde la responsabilidad
con el modelo social, nacional e internacional por el que
trabajamos, que presentamos esta enmienda a la totalidad,
porque entendemos que estos presupuestos son claramente
regresivos en lo social, insensibles en lo autonómico, faltos
de compromiso en lo municipal e insolidarios en la ayuda
internacional. No son, pues, a nuestro entender, los
presupuestos de un partido progresista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Tiene la palabra el señor Chiquillo Barber.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, ante
esta nueva discusión del proyecto de Presupuestos Generales
del Estado, el primero en el que comparezco, Unión Valenciana
quiere transmitir a esta Cámara el escepticismo con el que
hemos estudiado todos y cada uno de los puntos que componen
este proyecto. Unión Valenciana considera que la vigencia de
estos presupuestos se mantendrá, en el mejor de los casos,
durante el primer semestre del año 1995, y ahora justificaré
este augurio de Unión Valenciana.
Hoy mismo nos atrevemos a asegurar que, tras la celebración de
las elecciones locales y autonómicas del año 1995, vendrán los
recortes de inversiones, de pensiones, se recordarán las
recomendaciones de Bruselas, se volverán a cuestionar las
pensiones de los futuros pensionistas, etcétera; y una vez más
se tomarán medidas tarde, que serán traumáticas y que crearán
un gran desasosiego, conflictividad y, de alguna manera,
alarma social. También habrán transformado los presupuestos
que hoy debatimos en papel mojado.
Dicho esto, Unión Valenciana considera que el proyecto de
presupuestos para 1995 es escasamente creíble, al mismo tiempo
que incorpora medidas de efectos previsiblemente
contradictorios. Así, por ejemplo, el crecimiento de la
economía se espera obtener básicamente a través de la
recuperación del consumo interno. Sin embargo, esta magnitud
se penaliza fuertemente mediante el incremento de la
imposición indirecta y la de los impuestos especiales,
factores a los que hay que añadir la previsible alza de los
tipos de interés, como ya se ha anunciado por algunas
autoridades.
Al mismo tiempo, se alivia ligeramente a las empresas del pago
de los costes sociales, mientras que se les incrementan
fuertemente los costes de transporte y de distribución,
provocando un efecto neto claramente negativo para éstas. Por
otra parte, la previsión de crecimiento de los precios tiene
pocos visos de ser cumplida, habida cuenta del incremento de
la presión fiscal antes aludido, y que sigue a ritmo
galopante. La inflación de nuestra economía tiene un
importante carácter estructural. Sólo así se entiende que el
PIB de nuestro país cayera un 1,1 por ciento en 1993 y que la
tasa de inflación se situara en el 4,9 por ciento. La misma
credibilidad merece la tasa de precios prevista en los
presupuestos de 1995 que el anunciado efecto neutro sobre la
inflación de la subida de las tarifas telefónicas.
La tasa de crecimiento de la inversión, prevista en un 5 por
ciento, es, a nuestro juicio, escasamente realista, ya que
está basada en premisas que se van a dejar de cumplir a medio
plazo, como la tendencia bajista de los tipos de interés y los
efectos beneficiosos de la devaluación de nuestra moneda.
Unión Valenciana considera que el proyecto de presupuestos
sobre el que estamos debatiendo oficializa la crisis en
nuestra economía, al prever tasas de paro del 24 por ciento.
Respecto a las medidas de reactivación económica y de empleo
previstas, sólo podemos considerar como simbólicas y muy poco
eficaces las relativas a la rebaja de las cotizaciones
sociales por parte de los empresarios y trabajadores por su
cuantía, así como las bonificaciones fiscales previstas por su
difícil cumplimiento; medidas de reactivación, por cierto,
pagadas a precio de oro: subidas en todos los tipos de IVA,
impuestos especiales, etcétera.
Un aspecto realmente grave es el que se haya convertido una
medida que pudiera haber sido beneficiosa --pudiera-- para la
creación de empleo en una nueva forma de recaudar y de
recaudar más. Unió Valenciana considera también que los
Presupuestos Generales del Estado para 1995 no afrontan la
nueva coyuntura económica internacional. La conclusión de la
Ronda del GATT, la ampliación de la Unión Europea, la firma de
tratados preferenciales con terceros países, el área de libre
comercio de América y la emergencia de los nuevos países
industriales van a suponer un verdadero reto para nuestro país
y especialmente para Alicante, Castellón y Valencia, por su
importante apertura al exterior. Ante este hecho, el Gobierno
responde incumpliendo el objetivo del plan de convergencia de
dedicar un 5 por ciento del producto interior bruto a
inversiones, olvidándose de la economía productiva, tirando la
toalla en el necesario incremento de la competitividad de
nuestra economía.
Mencionaremos a título de ejemplo que las inversiones en
infraestructuras de carreteras previstas para el próximo
ejercicio disminuyen en un 2,2 por ciento. Por lo tanto, nos
encontramos ante unos presupuestos inflacionistas,
insolidarios, que oficializan el paro, que resultan
contradictorios y poco realistas, que nos alejan de los
criterios de convergencia de Maastricht y que no tienen en
cuenta el nuevo orden económico imperante.
Además, existe un riesgo importante de asfixiar la tímida
recuperación que está experimentando recientemente nuestra
economía, provocando un impacto recesivo en la misma. Ni que
decir tiene que los síntomas de mejora se están produciendo, a
pesar de la política económica del Gobierno y debido,
fundamentalmente, a la devaluación del 22 por ciento de
nuestra moneda.
Unión Valenciana considera que, entre otras medidas, es
necesaria una reforma integral de la estructura fiscal que se
coloque al servicio de la inversión, de la investigación y el
ahorro, favoreciendo al creador de riqueza y dejando de
castigar al pequeño comerciante y empresario con unos módulos
injustos y un abusivo impuesto de Actividades Económicas. Al
mismo tiempo, es necesaria una reforma del sistema educativo
que aproxime la universidad a la empresa y que dote a las
comunidades autónomas de la financiación necesaria que les
permita llevar a cabo las políticas educativas.
Respecto a la incidencia en Alicante, Castellón y Valencia de
los presupuestos de 1995, sólo nos cabe considerarla como
recesiva. Un año más se ha consagrado y agudizado el olvido de
la Comunidad Valenciana durante estos últimos años. La nación
valenciana sigue perdiendo competitividad y mercados
exteriores a pasos más que preocupantes. Según datos del mismo
Ministerio de Comercio, en 1994 las exportaciones de la
Comunidad Valenciana estuvieron 7 puntos por debajo de la
media nacional, y ello a pesar de las constantes devaluaciones
practicadas sobre nuestra moneda. Este hecho contrasta, por
poner un ejemplo, con el que el puerto de Valencia no reciba
absolutamente ninguna inversión por parte del Ente público de
Puertos del Estado en el año 1995, a la vez que contribuirá
con casi mil millones de pesetas al fondo del citado ente. O
que el aeropuerto de El Altet no reciba las inversiones
necesarias, habiendo sido el número uno en incremento de
pasajeros en lo que llevamos de ejercicio. O que el desvío de
la Nacional 340, a su paso por Castellón, se retarde. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
De esta manera, las inversiones reales previstas para la
Comunidad Valenciana para el ejecicio de 1995 descienden
respecto a las del año 1994 en un 13 por ciento, y el Fondo de
compensación interterritorial para Alicante, Castellón y
Valencia se ha visto reducido a la mitad en los últimos cinco
años. También este año asistimos al olvido de la financiación
del área metropolitana, mientras otras similares continúan
gozando de estas ayudas compensatorias. Otro aspecto que
preocupa a los valenciano es la sanidad y, en este sentido,
hemos de denunciar que Alicante, Castellón y Valencia han
salido perdiendo con el nuevo reparto efectuado. Las
transferencias que ha recibido la Comunidad Valenciana en 1994
suponían el 10,18 por ciento del total, y actualmente se han
reducido al 10 por ciento, representando una disminución
efectiva de cerca de 4.000 millones de pesetas. Y eso sin
hablar del coste sanitario derivado de los extranjeros y
desplazados a nuestra comunidad, que también nos toca pagarlo
a todos nosotros.
La seguridad ciudadana parece poco importar en estos
presupuestos, así como el gran malestar que existe en ámbitos
de Justicia por el retraso entre abogados del turno de oficio
en varias comunidades del Estado español y especialmente en la
Comunidad Valenciana.
Los presupuestos se olvidan, una vez más, del lamentable
estado de las instalaciones de los Juzgados de la Comunidad
Valenciana y de otras del Estado español.
Respecto a las infraestructuras, Unión Valenciana manifiesta
su indignación ante los constantes retrasos de la definitiva
construcción de la autovía Madrid-Valencia; del olvido del
acceso Norte al puerto de Valencia; del trazado del AVE por el
corredor mediterráneo que una Europa con Alicante y con
Valencia; de la ausencia de inversiones en el aeropuerto de El
Altet y de Manises; de una política hidráulica suficiente para
corregir los desequilibrios y los graves problemas ocasionados
por la sequía o una verdadera política medioambiental que no
ha tenido en cuenta las más de 144.000 hectáreas que han
ardido este año en la Comunidad Valenciana. Proyectos como el
barranco de El Carraixet, la supresión de pasos a nivel o el
soterramiento de vías de Renfe en cascos urbanos esperan, año
tras año, el empuje presupuestario necesario para ser
finalizados. Algunas inversiones sólo cabe considerarlas como
simbólicas, como la prevista para La Albufera de Valencia, que
se muere, y que con un presupuesto de más de 29 billones sólo
se destinan a este cometido 50 miserables millones de pesetas.
Desde un punto de vista sectorial, hemos de señalar que
sectores de crucial importancia económica para el contexto del
Estado y para la Comunidad Valenciana son olvidados por los
presupuestos, ante los nuevos retos que se les avecinan, ya
comentados anteriormente, empezando por el pequeño comercio,
amenazado por la libertad de horarios comerciales a partir del
año 2001 y no asegurándose las ayudas pertinentes para la
modernización del citado sector por parte del Gobierno.
Por otro lado, la conclusión de la Ronda GATT, con el desarme
arancelario y la práctica del «dumping» social que conlleva en
muchos países, unido al Acuerdo
de Libre Comercio en América, afectará --y usted lo sabe muy
bien--negativamente al sector del calzado. Actualmente el
mercado oriental de estos productos copa ya el 27 por ciento
del mercado europeo. Otros sectores como los del juguete, el
mueble, el azulejero o el sector textil y de la confección
verán también incrementada de manera espectacular su
competencia y no tienen protección.
Respecto a la agricultura, tampoco se adoptan medidas
relativas al sector vitivínicola y de frutas y hortalizas,
amenazados ambos por la reforma de la Organización Común de
Mercados, por el arranque de
viñedos y por el incremento de importaciones procedentes de
terceros países. Unión Valenciana considera que la política
económica aplicada estos últimos años por el Ejecutivo
socialista ha afectado de manera negativa a nuestra Comunidad.
Una peseta sobreevaluada que ha destrozado nuestro tejido
exportador, una ausencia de inversiones que han mermado
nuestra capacidad competitiva y el sometimiento del Ejecutivo
valenciano, unidos a la tan idílica como falsa imagen del
Levante feliz, han derivado en nuestra situación actual. El
sistema de financiación autonómica actual ha demostrado no
servir a los intereses de las comunidades autónomas. Alicante,
Castellón y Valencia no pueden por más tiempo seguir aportando
al Estado, por encima de lo que reciben más de 700.000
millones de pesetas año tras año, mientras nuestra tasa de
paro y la caída de nuestro PIB son superiores a los
registrados a nivel nacional y mientras perdemos
competitividad a pasos agigantados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le ruego termine,
señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Termino, señor Presidente.
No se trata de ser insolidarios. Los conciertos económicos que
propugna Unión Valenciana contemplan la solidaridad
interregional. Se trata de administrar nuestros recursos y de
llevar a cabo una verdadera política económica valenciana, que
mitigue nuestros problemas de paro y de competitividad y
mejore la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Unión Valenciana plantea abiertamente un esquema de
federalismo fiscal en el que las administraciones autonómicas
gestionen sus impuestos y asuman la responsabilidad de
financiar sus propios gastos. De esta manera, además de
conseguirse una reducción del déficit público, se eliminará el
coste que supone para las comunidades autónomas el retraso de
las transferencias del Gobierno central, este año cifradas en
la Comunidad Valenciana en algo más de 16.000 millones de
pesetas en los últimos años. Se asignarán los recursos de una
manera más eficiente y se permitirá practicar una política a
nivel autonómico, muy eficiente en cuanto a creación de
empleo, incremento de la competitividad y calidad de vida se
refiere.
Por ello, solicitamos la devolución del proyecto; por estar
redactado de espaldas a la realidad estatal e internacional y,
sobre todo, de espaldas a la situación económica, social y
laboral de una comunidad como la valenciana, que es olvidada y
discriminada, por enésima vez, por el Gobierno central.
Gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo. Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Voy a hacer un comentario, a poder ser rápido, sobre las
exposiciones de la señora Rahola y el señor Chiquillo.
En opinión de la señora Rahola, nada hay nuevo. Hay una
coherencia del Ejecutivo en su política y, en su opinión, lo
que se produce es una regresión en el Estado del bienestar,
una precarización en el mercado de trabajo y una marcha atrás
respecto a las personas menos favorecidas. Yo no comparto
ninguna de esas afirmaciones y, en consecuencia, no me parece
otra cosa que una reflexión sin excesiva justificación.
Baste ver, por ejemplo, cuáles son las cifras de incremento de
servicios sociales para conocer cuál es la posición del
Gobierno en estos presupuestos, con crecimientos de
prácticamente el seis por ciento en servicios sociales; del
siete, en sanidad; del ocho, en pensiones; del seis, en
vivienda; del ocho, en fomento del empleo, etcétera. No se
puede deducir que esto signifique una regresión del Estado de
bienestar ni que no hay una protección a los menos
favorecidos. Yo creo que no se compadece con la realidad de la
que estamos hablando.
Me gustaría hacer una reflexión sobre tres de los temas que ha
planteado. En primer lugar, sobre si el punto de cotizaciones
sociales es de derechas o de izquierdas, que parece que es el
debate que se plantea, yo le diría que me siento absolutamente
cómodo con esa reducción.
Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, y
espero que estemos de acuerdo, de que este país tiene un
sistema de seguridad social en parte contributivo y en parte
no contributivo. Supongo que también estamos de acuerdo en que
parece razonable que la parte no contributiva del sistema de
Seguridad Social no se financie con cotizaciones sociales.
Imagino que estamos de acuerdo en que si hay que pagarlo con
impuestos sólo tenemos dos alternativas: directos o
indirectos. Parece que a S.S. le podría gustar más la
financiación con los impuestos directos. No es la opción
por la que en estos momentos apueste ninguno de los teóricos
que están trabajando sobre este tema en ninguno de los
documentos oficiales de los diferentes organismos
internacionales, entre otras razones porque, conociendo cuáles
son los marginales en nuestro país en cuanto a la imposición
directa, seguramente una fórmula de este tipo nos traería más
bien caída de la recaudación que incrementos.
En consecuencia, parece que es mucho más razonable trabajar
sobre la base de un incremento de imposición indirecta, que es
lo que hemos hecho. Todo esto con una finalidad muy simple, y
es que el empleo cueste menos en gasto indirecto y, en
cosecuencia, haya menos paro. Me parece que es una política
absolutamente lógica y coherente.
Le preocupa a S.S. la lucha contra el fraude. Y a mí también.
Dice que no hay nada en la lucha contra el fraude. Sí hay, y
algunas medidas bastante interesantes. Otra cosa es que a
veces sea difícil encontrarlas en los presupuestos, pero el
reforzamiento de la agencia tributaria va en ese sentido y una
parte importante de las medidas recaudatorias en la Seguradad
Social evidentemente también va en el mismo sentido. En un
sentido que afectará, sobre todo, a la economía sumergida y
que no tendrá una incidencia únicamente en los aspectos
sociales, sino también en los aspectos fiscales, en la medida
en que por primera vez se ponen en interrelación todas las
bases de datos, obteniéndose el resultado que a S.S. le
preocupa.
Opina que el Gobierno no tiene sensibilidad descentralizadora
y que no hemos cumplido con nuestras obligaciones en la Ley de
Haciendas Locales, en la financiación de los municipios. Yo
puedo entender que S.S. no esté de acuerdo con lo pactado,
pero lo pactado es aquello que ha sido aceptable para el
Gobierno y para la Federación Española de Municipios y
Provincias. En consecuencia, S.S. puede discrepar sobre el
sistema, está en su derecho; lo que sucede es que lo pactado
es lo que, evidentemente, se tiene que aplicar. No haré ningún
comentario adicional sobre la solidaridad internacional --ya
lo he hecho anteriormente--, pero vuelvo a mi reflexión.
Aunque planteásemos la necesidad de un 0,7, la pregunta
implícita es por qué ese 0,7 tiene que aportarlo el Estado y
no el resto de la sociedad.
Al señor Chiquillo le diría que está en su derecho a ser
escéptico respecto al cumplimiento de los presupuestos. Yo le
avanzaría que los presupuestos se van a cumplir. Se van a
cumplir porque no tenemos más remedio; tenemos implicito en
nuestro plan de convergencia la obligación de respetar el
déficit como déficit mínimo. Le puedo asegurar que en el caso
de que se adopten algunas medidas, desde luego no se va a
plantear, como S.S. ha dicho, eso de recortar pensiones u
otros gastos. Cuando tenga alguna experiencia más, sabrá que
ese tipo de recortes nunca se producen. Los recortes son de
otra naturaleza, nunca afectan a ese tipo de gastos.
Dice S.S. que sólo el punto de rebaja en las cotizaciones le
parece que puede producir una cierta reactivación económica.
Creo que hay muchos elementos en el presupuesto que van a
ayudar a la reactivación y que, por lo tanto, nos van a
permitir avanzar en el buen camino que estamos defendiendo. Su
señoría hace una serie de comparaciones y de alusiones a la
Comunidad Valenciana que no puedo compartir; una afirmación,
más que dudosa, de que el crecimiento de la exportación
valenciana ha sido siete puntos inferior a la media nacional.
Lo que nos tendremos que plantear es cuál es la estructura de
esa exportación y por qué. Me temo que ahí tiene muy poquito
que decir el Estado y que tiene mucho más que ver con los
agentes económicos que están en cada territorio.
Se olvida S.S. de muchas cosas. Yo diría que no ha hecho los
deberes en cuanto al presupuesto. Las cifras que S.S. tiene de
la Comunidad Valenciana no se corresponden para nada con la
mías. El Fondo de Compensación Interterritorial aumenta en un
26 por ciento y la inversión pública en un 24 por ciento en
Valencia en 1995 respecto a 1994. Es más, sobre eso que dice
de que se olvida nuevamente la red metropolitana, le diría que
no, que está consignada exactamente la misma cantidad para
1995 que para 1994.
Por tanto, respecto a todo ese intento de presentar unos
presupuestos referentes a la Comunidad Valenciana que, al
final, le permiten hacer su frase de que es una comunidad
olvidada y discriminada, le diría que si miran las cifras del
presupuesto, se darán cuenta de que no es real. Si S.S., de
todas formas, quiere terminar así su intervención, yo no lo
puedo evitar, pero lo que sí puedo decirle es que no
correspone a la realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señoría, gracias por su
respuesta. No repetiremos el debate de la reforma del mercado
laboral, por supuesto, pero resulta evidente que representó ya
en su momento una regresión de las conquistas sociales y, por
tanto, una cierta precarización del mercado laboral. Nos
parece que optar ahora por intentar reactivar la economía
rebajando las cotizaciones sociales y su sustitución por el
IVA, abunda precisamente en esa línea de regresión.
¿Cómo van a evitar, por ejemplo, el encarecimiento de los
productos de primera necesidad, que va a revertir
inevitablemente en las rentas más bajas y en los sectores más
desprotegidos? Al mismo tiempo, ¿cómo van a evitar el carácter
inflacionista que puede tener la medida? Cuando hablo del
carácter inflacionista, quiero
recordar lo dicho por el Banco de España, lo dicho por el
propio sistema financiero, que anunciaba tensiones con los
tipos de interés. Creo que fue Felipe González quien tuvo que
responder a esa inquietud del sistema financiero. Hoy mismo,
en el artículo de «El País», el Secretario de Estado de
Hacienda plantea precisamente el peligro de ese carácter
inflacionista de una medida de esta naturaleza. Entendemos que
la medida no es socialmente aceptable, pero es que además
incluso puede ser preocupante desde la perspectiva de
controlar la inflación.
Después, S.S. ha planteado el tema de los entes locales.
Ciertamente hubo acuerdo por la Federación de Municipios
Españoles, pero quiero recordarle que no hubo acuerdo en
muchos sectores municipales, que hay mucho descontento de
cantidad de alcaldes y, sobre todo, que la propia Federación
de Municipios de Cataluña no ha estado de acuerdo. No ha
estado de acuerdo precisamente porque el acuerdo adoptado va a
consolidar el caos económico, el problema profundo de
revitalización económica de los municipios, eje central de la
articulación de un país. En este sentido entendemos que, a
pesar de que ciertamente se ha negociado un acuerdo, éste no
es el más satisfactorio para los entes locales, sobre todo no
lo es desde una perspectiva de izquierdas.
Para acabar, señorías, la cuestión del 0,7. Le voy a responder
a la pregunta. Entiendo que el Estado tiene que comprometerse
con la ayuda internacional y, por supuesto, tiene que haber
una aportación del Estado. La reivindicación del 0,7 por parte
de las ONG me parece profundamente razonable, sobre todo si se
intenta controlar el fraude fiscal y se intenta reaccionar y
rearticular el propio presupuesto para que ese dinero no
revierta en el déficit público. Entiendo que tiene que haber
un compromiso del Estado en la solidaridad internacional, con
independencia, señoría, de que se practique una gran pedagogía
con el ciudadano para que también haya solidaridad individual.
Entiendo que no es incompatible la solidaridad individual con
la solidaridad pública.
Finalmente decirle que estoy segura de que se hace un esfuerzo
para controlar el fraude fiscal, pero continúa escapándose el
gran fraude fiscal que se sitúa en tres billones de pesetas.
Recuerdo que había un informe del BBV que decía que el
problema fundamental del déficit público era el de la eficacia
recaudatoria más que de aumento del gasto. En todo caso, lo
que es evidente es que no se puede reducir el déficit público
practicando una política fiscal que entendemos que es agresiva
con los sectores más discriminados y, en cambio, favorece las
exenciones fiscales para ciertas operaciones económicas,
recordemos el Grupo KIO o el caso Thyssen en su momento. Y
recordando los gastos públicos tampoco nos parece, señoría,
que esta sea una práctica eficaz ni, en todo caso,
progresista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rahola.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, la verdad es que la experiencia se va
adquiriendo con plenos como el de hoy y espero que usted me
ayude, poco a poco con sus lecciones, a ir cogiendo algún
conocimiento que a lo mejor se me escapa. Simplemente quiero
decirle que los deberes sí los he hecho. Lo único que pasa es
que muchas veces no se llega hasta donde se tenía que llegar,
pero los deberes esenciales del presupuesto creo que los he
hecho.
Mi escepticismo es lógico porque he visto que la Comunidad
Valenciana, a pesar de que usted diga lo contrario, no está
reflejada en los presupuestos de la manera que se merece. Mi
escepticismo choca con su lógica confianza en los
presupuestos. Usted los ha redactado y tiene que confiar en
ellos. Permítame que yo sea escéptico.
Lo único que tengo que decirle es que el optimista escenario
macroeconómico dibujado por su Departamento se ve ensombrecido
por el incumplimiento de los requisitos de Maastricht y lo
pone en todos los sitios donde tiene que figurar. La
inflación, los tipos de interés, déficit público, volumen de
circulación de deuda pública, etcétera, nos alejan cada vez
más de Maastricht. El plan de convergencia en el que nos
encontramos ahora, que puede ser el cuarto o el quinto --toma
o entrega-- parte de la base de no aumentar la fiscalidad.
Usted sabe que en los últimos años la presión fiscal ha
aumentado a ritmo galopante, según datos de la OCDE, no me los
he inventado yo. Respecto a que las exportaciones de la
Comunidad Valenciana estuvieron siete puntos por debajo de la
media nacional (incluye el calzado, juguete y los sectores
exportadores más importantes de la Comunidad Valenciana), son
datos que hemos sacado del Boletín de información comercial
española del año 1993, por lo tanto no me he inventado nada.
Simplemente he hecho el comentario de que en los presupuestos
no se refleja una política de fomento de las exportaciones ni
de modernización de los sectores claves para la economía
valenciana y estatal que los haga competitivos para abrir
nuevos mercados.
Los presupuestos de 1995 --se ha dicho en esta Cámara por
prácticamente todos los grupos--, quiera usted o no, van a ser
inflacionistas, por encima de la tasa que usted ha establecido
como objetivo, aumentarán el déficit público, no fomentarán la
inversión y no crearán empleo. Esto no me lo invento yo. Esto,
desde el día 1 de octubre en que se publicaron los
Presupuestos Generales del Estado, lo dicen tanto la patronal,
los sindicatos como economistas que no creen en la viabilidad
y realidad de estos presupuestos. Los agentes económicos y
expertos descalifican y desconfían de estos presupuestos. Yo
no me he inventado nada. Lo único que tengo que repetirle es
que estos presupuestos me crean una sensación de escepticismo
y espero que en el mes de junio de 1995, que es cuando yo he
fijado la fecha en la que pueda haber un cambio en estos
presupuestos, ¡ojalá! usted me pueda decir lo contrario,
convencerme y salir de esta situación en la que, hoy por hoy,
veo que están los presupuestos.
Respecto a la Comunidad Valenciana he comentado, referente al
Fondo de Compensación Interterritorial, que la variación de
cantidades percibidas por la Comunidad en el último cuatrienio
1991-95 ha descendido en el 51,5 por ciento. Hemos pasado en
el año 1991 de 257.000 millones a 128.000 de este año y el
descenso es un 51 por ciento.
Finalmente, quiero comentarle, en general, sobre lo que me ha
contestado en relación con los presupuestos, que es evidente
que los Presupuestos Generales del Estado no mejorarán el
empleo, la competitividad empresarial ni la calidad de vida de
los ciudadanos, no sólo de Alicante, Castellón y Valencia,
sino de ninguna comunidad del Estado español, y me gustaría
tener que reconocerle en esta Cámara que yo me he equivocado y
que usted tiene razón. Nuestro Estado no afronta con
demasiadas posibilidades los retos derivados del proceso de
globalización de nuestra economía con la ampliación de la
Unión Europea, la firma de tratados preferenciales con otros
países o la conclusión de la Ronda GATT.
En resumen, lo único que quiero decirle es que la Comunidad
Valenciana sigue siendo discriminada, y espero que, pronto, la
trayectoria de los últimos diez años de los presupuestos
Generales del Estado, que ha supuesto una inversión de 500.000
millones, en la Comunidad Valenciana, se vea aumentada de
alguna manera y venga a contrarrestar los cerca de 7 billones
con los que ha contribuido la Comunidad Valenciana en los
últimos diez años a conformar los Presupuestos Generales del
Estado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
A la señora Rahola le comentaría que nunca pensé que la
reforma laboral fuese regresiva, excepto si partimos del
supuesto --y he hecho la referencia alguna vez-- de que lo que
pretendemos es que estén mejor los que tienen trabajo y que no
trabajen los que no lo tienen. Sé que ese es un debate que nos
llevaría muy lejos, pero ese es mi convencimiento.
El problema de los entes locales también podemos verlo de una
u otra forma. Sin embargo, yo creo que los entes locales
tienen en este momento un margen suficiente para actuar. Es
verdad que pueden obtener márgenes adicionales en la medida en
que desarrollan sus propias capacidades de ingresos. Comprendo
que a veces la prestación de servicios va mucho más lejos que
su posibilidad de gasto y es cierto que esa demanda de
servicios en una autoridad muy próxima al ciudadano puede
demandar mayor financiación pública, pero no es menos cierto
que esa solución siempre tendrá que implicar una
redistribución junto con la financiación de competencias,
porque en otro caso no tendría ningún sentido. El problema del
0,7 es, evidentemente, un problema de actuación de todas las
administraciones públicas, además de la sociedad, y en esos
términos quería plantearlo.
En cuanto al esfuerzo del fraude fiscal, le puedo asegurar que
se han hecho esfuerzos importantes, que se están consiguiendo
buenos resultados, que creo que van a seguir mejorando en el
futuro. Y, desde luego, todo el plan de la unidad de fraude
que se puso en marcha el pasado año, creo que va a obtener
resultados positivos y, al final, nos va a ayudar a reducir el
déficit que tanto nos preocupa.
Al señor Chiquillo le diría que está en su derecho de mantener
el escepticismo, no le voy a decir otra cosa. Sin embargo,
sigo sin compartir su conclusión final de que la Comunidad
Valenciana está siendo discriminada. No nos ponemos de acuerdo
en las cifras ni tampoco nos vamos a poner, pero en todo caso
sí le voy a decir que la suya del Fondo de Compensación
Interterritorial es falsa. El Fondo de Compensación tiene en
estos momentos una aportación para todo el territorio de
128.000 millones de pesetas. Por lo tanto, difícilmente tendrá
para Valencia una aportación de 121.000 millones de pesetas.
Su señoría, en sus planteamientos, lo que pretende más bien es
una intervención del Estado, que desgraciadamente no se va a
producir. En el comercio exterior las posibilidades de
exportación de la Comunidad van a depender de su propia
estructura productiva y de su competitividad. En ese sentido
corresponde actuar a los agentes económicos, fundamentalmente.
No se puede pensar en la existencia de unas políticas de apoyo
público, por otra parte prohibidas fuera de las actuaciones
que realiza el Icex en el momento actual, que permita mantener
unos porcentajes de participación que, evidentemente,
funcionan con otros criterios. En cuanto a la apertura a la
competencia internacional no es ni más ni menos que la
filosofía que subyace en todo el diseño de política económica
al que he hecho referencia en la presentación del presupuesto.
Lo que estamos pretendiendo es, precisamente, que nuestras
empresa sean más competitivas, y para que lo sean es
absolutamente imprescindible luchar contra la inflación,
luchar contra el déficit que permita menores
tipos de interés y luchar contra cualquier incremento de
costes que signifique una pérdida de competencia en un
contexto en el que, seguramente, el margen de maniobra que
daban en el pasado los tipos de cambio no se van a reproducir
en el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, tiene
un minuto.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero darle la razón al señor Ministro en dos puntos: estoy
convencida de que hay un esfuerzo para luchar contra el fraude
fiscal pero, en todo caso, lo que es seguro es que también hay
ineficacia: tres billones y lejos aún de las proporciones
equiparables de los países del entorno. Por tanto, es evidente
que, como mínimo, hay ineficacia en la lucha contra el gran
fraude fiscal. En cuanto al tema de los entes públicos, es
evidente que el acuerdo adoptado con los entes locales es una
mejora, y en este sentido nos felicitamos todos. Lo que ocurre
es que se está muy lejos aún de conseguir una real
sensibilidad municipalista y, por tanto, un gran compromiso
municipalista, con todo lo que significaría de reordenación y
redistribución del territorio. En este sentido, continúo
pensando que puede haber una redistribución y que, por tanto,
puede haber la reordenación del cuadro tributario municipal,
por ejemplo, con la desaparición del IAE, que además es una
reivindicación permanente de todos los colectivos sociales, y
su sustitución eventual por otro impuesto que grave
indirectamente los resultados económicos o, por ejemplo, ¿por
qué no?, con la ecotasa.
Hay también otros planteamientos en materia municipal (y no me
quiero alargar, porque realmente ya es muy tarde) que asimismo
podrían profundizar en esta sensibilidad municipalista que
entendemos que estos presupuestos en todo caso no tienen. Y
evidentemente nos parece irrenunciable, en materia municipal y
local, la reordenación de las competencias de los diferentes
niveles de la Administración, para que resulte congruente con
el principio de subsidiariedad y contemple también la
financiación de diversas prestaciones que, como usted sabe,
señor Ministro, los ayuntamientos en estos momentos van
asumiendo. Y, finalmente, entendemos que significaría un gran
saneamiento para las arcas municipales el que pudiera haber
ingresos a través de un sistema equivalente al que tienen las
comunidades autónomas, ya lo hemos repetido, con un tramo de
la recaudación del IRPF.
Por tanto, quiero decirle: se ha avanzado en el acuerdo, sí;
pero se está lejos aún de la sensibilidad municipalista que
entendemos se tendría que tener tanto desde una perspectiva
progresista como desde una perspectiva de voluntad de
articular la sociedad...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola termine,
por favor.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto, señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Treinta segundos, señor Presidente.
Señor Solbes, realmente tengo que reconocerle el error en un
baile de cifras; o sea que en la primera lección le pido, por
favor, disculpas por haber utilizado mal unos datos. Cuando
hablaba de 128.000 millones, es el total del cual, el año
1995, la Comunidad Valenciana tiene 7.315 millones ¿Es así?
(El señor Ministro de Economía y Hacienda hace signos de
asentimiento.) En el año 1991, el total eran 257.000 millones
y la Comunidad Valenciana tenía 15.000 millones, con lo cual
el período 1991-1995 la reducción de la cantidad percibida por
la Comunidad Valenciana, vía Fondo de Compensación
Interterritorial, ha descendido en un 51.5 por cien. En eso
estamos de acuerdo. Perdón.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
A la señora Rahola le diría que el replanteamiento de la
financiación de la fiscalidad municipal es posible; siempre lo
es. Lo que no debe ser posible es que sea a costa del Estado.
Quiero decir que yo creo que en la corresponsabilidad fiscal
también tienen que jugar algunos ayuntamientos. En cuanto al
señor Chiquillo, le diría que su cifras ahora son mejores,
pero debía haber dado otra también, y es que en 1994 del Fondo
de Compensación Interterritorial fueron sólo para Valencia
5.700 millones y, por tanto, hay un incremento del 26,6 por
cien, como yo le he dicho. Desde la época a que usted ha hecho
referencia hasta ahora, hay también la participación de
Valencia en las zonas de objetivo uno y, por tanto,
financiación de otra naturaleza que también va en esa
dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. Señorías, ha finalizado la defensa de la enmiendas
de totalidad presentadas a estos dos proyectos de ley que
estamos debatiendo. La continuación del debate se producirá
mañana al reanudarse la sesión, que será a las once horas. Se
suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.