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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 93, de 28/09/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 93 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 92
celebrada el miércoles, 28 de septiembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 4782)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas para apoyar a la economía productiva y a las PYMES
(número de expediente 172/000067) (Página 4800)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
94, de 29 de septiembre de 1994.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 4782)
Del Diputado don Manuel García Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Está dispuesto el Gobierno a estudiar una fórmula que permita
al Ejecutivo vasco estar presente, a través de representantes
designados para ello, en los Consejos de Administración de las
empresas propiedad del INI radicadas en Euskadi? (Número de
expediente 180/000692) (Página 4782)
Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Quién
garantiza a los funcionarios que el Gobierno cumplirá, en esta
ocasión, los acuerdos firmados con los Sindicatos de la
Función Pública en materia de retribuciones para los años
1995, 96 y 97? (Número de expediente 180/000698) (Página 4783)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de los acuerdos alcanzados del
Consejo de Política Fiscal y Financiera? (Número de expediente
180/000707) (Página 4784)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se pagará la
compensación a los Ayuntamientos por la condonación del
Impuesto de Bienes Inmuebles (Rústica) prevista en el Real
Decreto-Ley 6/1994, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los efectos producidos por la sequía? (Número de
expediente 180/000708) (Página 4784)
Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Qué medidas piensa tomar
el Gobierno para evitar que los gastos en libros de texto
conviertan en ficticia la gratuidad de la enseñanza? (Número
de expediente 180/000701) (Página 4785)
Del Diputado don Atanasio Ballesteros Morcillo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuántos centros
educativos de Formación Profesional dependientes del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de
Educación y Ciencia, han concertado algunos de los cursos que
establece el contrato de aprendizaje desde su entrada en vigor
en enero de este año? (Número de expediente 180/000677)
(Página 4786)
Del Diputado don Juan Carlos Aparicio Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Antepone el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la comodidad de
vivienda de sus altos cargos al cumplimiento diligente de los
fines encomendados al Fondo de Garantía Salarial? (Número de
expediente 180/000699) (Página 4787)
De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué medidas ha venido
aplicando el Ministerio de Economía y Hacienda para
desarrollar con rigor una eficaz lucha contra el fraude fiscal
en las zonas de nuestro país especialmente conflictivas?
(Número de expediente 180/000695) (Página 4788)
Del Diputado don Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿A cuánto asciende el coste total del plan de
Saneamiento del Banco Español de Crédito para el Fondo de
Garantía de Depósitos de Establecimientos Bancarios? (Número
de expediente 180/000696) (Página 4790)
Del Diputado don Cristóbal Montoro Romero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Quién dio la autorización para la intervención del Banco
Español de Crédito por el Banco de España, el pasado 28 de
diciembre? (Número de expediente 180/000697) (Página 4790)
Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son los criterios
que el Ministerio de Economía y Hacienda ha establecido para
fijar los tipos de inversión a realizar por la empresa pública
ENRESA con los fondos recaudados en la tarifa eléctrica?
(Número de expediente 180/000703) (Página 4792)
Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para garantizar el derecho
a la protección de la salud de los niños? (Número de
expediente 180/000700) (Página 4793)
Del Diputado don Alfredo Gimeno Ortiz, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene
el Gobierno para la ampliación y remodelación de servicios o
unidades del hospital del Insalud del área de Mérida? (Número
de expediente 180/000710) (Página 4794)
Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las razones por las que la Sra. Ministra de
Asuntos Sociales presentó al Consejo de Ministros del 20 de
mayo un Informe sobre la situación de la familia en España,
inexistente? (Número de expediente 180/000702) (Página 4795)
Del Diputado don Blas Trujillo Oramas, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué personas han
participado en la elaboración del informe sobre la situación
social de la familia en España, en qué momento se contrató a
dichas personas y a cuánto ha ascendido el coste de dicho
informe? (Número de expediente 180/000709) (Página 4796)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar
el Gobierno para evitar el fallecimiento de niños, ocasionado
por la negativa de sus padres, alegando motivos de conciencia
o religiosos, a efectuar una transfusión de sangre? (Número de
expediente 180/000711) (Página 4797)
Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Cuál ha sido la cantidad
económica en bienes mobiliarios e inmobiliarios que han sido
incautados procedentes del decomiso del tráfico de drogas?
(Número de expediente 180/000704) (Página 4798)
De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoraciones hace el Gobierno de los criterios que ha
mantenido el Consejo General del Poder Judicial en relación al
Proyecto de Ley de despenalización de la interrupción del
embarazo? (Número de expediente 180/000712) (Página 4799)
Interpelaciones urgentes (Página 4800)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
para apoyar a la economía productiva y a las PYMES (Número de
expediente 172/000067) (Página 4800)
Se da por decaída esta interpelación.
Se suspende la sesión a las cinco y treinta minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON MANUEL GARCIA FONSECA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTA
DISPUESTO EL GOBIERNO A ESTUDIAR UNA FORMULA QUE PERMITA AL
EJECUTIVO VASCO ESTAR PRESENTE, A TRAVES DE REPRESENTANTES
DESIGNADOS PARA ELLO, EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE LAS
EMPRESAS PROPIEDAD DEL INI RADICADAS EN EUSKADI? (Número de
expediente 180/000692)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. Pregunta número 10, del
señor García Fonseca, sustituido por el señor Frutos para este
trámite, que tiene la palabra.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Vicepresidente del Gobierno, en
sustitución del Presidente del Gobierno, la pregunta es la
siguiente: ¿Está dispuesto el Gobierno a estudiar una fórmula
que permita al Ejecutivo vasco estar presente, a través de
representantes designados para ello, en los consejos de
administración de las empresas propiedad del INI radicadas en
Euskadi?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
El señor Vicepresidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente. Señoría, no sólo estamos estudiando esta
fórmula para el caso del País Vasco. El Ministerio de
Industria y Energía está preparando el informe que acordó la
Comisión de Industria y Energía el pasado mes de junio, que
debe incluir, según el texto de la moción aprobada, los
criterios de representación en la gestión de las empresas
públicas de las comunidades donde se ubique su actividad
principal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Frutos tiene la palabra.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Vicepresidente. Me
alegro de la iniciativa y de que, además, sea una iniciativa
no solamente para una comunidad autónoma sino para el conjunto
de ellas, porque usted sabe que hay empresas que cierran sin
que el Ejecutivo de la comunidad autónoma se entere y que
realizan su actividad sin una vinculación política a la
realidad de aquel país, empresas muy importantes del País
Vasco, pero también de otras comunidades autónomas. Se pedía
sólo que el Ejecutivo vasco estuviera presente en los consejos
de administración. Si fuera así, el Gobierno vasco sería
políticamente responsable también de la gestión, y esto
establecería una relación más fluida con los sindicatos y con
los trabajadores en el momento en que se presenten problemas
económicos, sociales o de reestructuración de plantillas en
las empresas del INI.
Izquierda Unida, por tanto, pide algo consecuente con una
concepción racional, desde el punto de vista económico y
social y, además, inteligente desde el punto de vista
político, porque para nosotros cada nación, región o comunidad
autónoma del Estado español es, asimismo, Estado. Por ello,
pedimos la presencia de las comunidades autónomas en el
Consejo Económico y Social y, de forma corresponsable, que
haya también presencia de los gobiernos de las comunidades
autónomas en las empresas del INI.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Frutos, como le he indicado, estamospensando en la mejor
fórmula posible para resolver este problema. No es sencillo
porque debemos enfrentarnos a situaciones distintas. No
siempre se trata de empresas del INI que radican sólo en una
comunidad autónoma. Por tanto, el caso es distinto cuando haya
factorías o plantas en otras comunidades autónomas.
Por otra parte, hemos de enfocar la gestión de las empresas
públicas no desde una perspectiva territorial sino más de
sector, de lo que necesitan estas empresas para dar el máximo
de rentabilidad o de eficacia a su producción. Parcelar
territorialmente las empresas públicas sería convertirlas en
inmanejables. Por ello, estamos pensando, en algunos casos,
cuando estén en varias comunidades autónomas, en fórmulas,
como las de creación de consejos consultivos, que permitan la
relación entre las empresas públicas y distintas
administraciones.
En cualquier caso, quiero ratificarle que vamos a hacer una
propuesta en plazo, cumpliendo la moción aprobada en la
Comisión de Industria y Energía, y que propondremos fórmulas,
no desde una perspectiva de resolver problemas competenciales,
porque precisamente este tema no está incluido en el Estatuto
de Autonomía Vasco y sí en otros estatutos de autonomía, pero
sí desde la perspectiva de dar una solución de carácter
general al tema que me ha planteado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUIEN
GARANTIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE EL GOBIERNO CUMPLIRA, EN ESTA
OCASION, LOS ACUERDOS FIRMADOS CON LOS SINDICATOS DE LA
FUNCION PUBLICA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES PARA LOS AÑOS
1995, 1996 Y 1997? (Número de expediente 180/000698)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Núñez
Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, hace unos días,
con un gran aparato publicitario, el Gobiernofirmó un nuevo
acuerdo con los sindicatos de la función pública que, por
cierto, recoge muchas de las reivindicaciones que, a través de
enmiendas, formuló el Grupo Parlamentario Popular al Título
III de la Ley de Presupuestos de 1994.
Nuestra pregunta va referida a quién garantiza a los
funcionarios que el Gobierno cumplirá, en esta ocasión, los
acuerdos firmados en materia de retribuciones para 1995, 1996
y 1997.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Como en
todos los acuerdos, la garantía de su cumplimiento entre los
sindicatos y el Gobierno de la nación va a ser la voluntad, la
decisión de las partes de llevar a la práctica lo que hemos
firmado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
El gato escaldado del agua fría huye. Por eso, no tiene que
extrañar ni molestar nuestra pregunta. Como no tiene que
extrañar ni molestar que al día siguiente de la firma del
acuerdo los sindicatos manifestaran la preocupación por su
cumplimiento. Y es que en el Gobierno que preside don Felipe
González pocos confían, porque son ustedes la viva imagen de
la desconfianza. (Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Muy bien!--Protestas en los bancos del Grupo Socialista.)
Imagen que se han ganado a pulso por el largo inventario de
promesas electorales incumplidas. En concreto, en este punto
por lo siguiente: porque ya incumplieron los acuerdos de abril
de 1990 y noviembre de 1991. En tales acuerdos se estableció,
entre otras cosas, la cláusula de revisión salarial, que en
1993 y 1994 el Gobierno incumplió de manera unilateral.
Conviene recordar que dicha cláusula tenía vigencia
indefinida. El principio «pacta sunt servanda» les debe sonar
a ustedes a chino.
Segundo, porque el acuerdo no se ajusta a lo dispuesto en la
Ley 7/1990, sobre negociación colectiva en el ámbito de la
función pública, cuando señala que en materia de retribuciones
la negociación fijará sólo los incrementos a incluir en cada
ley de presupuestos. El carácter anual de este contenido
concreto de la negociación parece evidente. ¿Qué fuerza de
obligar tienen entonces los compromisos para 1996 y 1997?
Ninguna. A los funcionarios públicos les va a compensar,
después de esta nueva frustración, saber que por voluntad de
las urnas está próxima una nueva etapa política con un
gobierno del Partido Popular que cumplirá al pie de la letra
todos los compromisos que firme con los sindicatos. (Protestas
en los bancos del Grupo Socialista.--Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señoría,
no es bueno falsear los hechos para apoyar las propias
afirmaciones, porque cuando se demuestra que se han falseado
los hechos, su afirmación carece de toda virtualidad.
Ha indicado S.S. que incumplimos los acuerdos de 1991. No es
cierto. Los acuerdos de 1991 previeron el incremento salarial
y la revisión de 1992, y se cumplieron, y remitían para 1993 a
que se incorporasen en su día en los presupuestos, tras las
correspondientes negociaciones. En esas negociaciones no
pudimos llegar a un acuerdo con los sindicatos. Precisamente
por eso el Gobierno decidió poner en los presupuestos de 1993
y 1994 las partidas de crecimiento salarial para los
funcionarios, que nos parecían acordes con la situación
coyuntural económica.
Si hemos incumplido estos acuerdos, ¿no le parece a S.S. que
los sindicatos, antes de firmar el de 1994, habrían exigido
que se cumplieran los anteriores? ¿No está en ese tema siendo
más papista que el Papa, en relación a los sindicatos?
Voy a decirle señoría: cumpliremos lo acordado. Hemos incluido
en el borrador de los presupuestos de 1995 las partidas
necesarias. Lo haremos en los otros dos años 1996-1997 que
corresponden a esta legislatura, que agotaremos. Esa es la
mejor garantía del cumplimiento. Si usted se quiere añadir a
ella, tiene un camino muy fácil: vote en 1995, 1996 y 1997 los
presupuestos que el Gobierno Socialista presentará en esta
Cámara.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Protestas en
los bancos del Grupo Popular).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZABAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL GOBIERNO DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS DEL
CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA? (Número de expediente
180/000707)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, de la señora
Mendizábal Gorostiaga.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera se reunió la pasada semana y abordó temas
de gran importancia, pero quiero destacar dos asunto de esa
reunión. Uno, referente al tema de la financiación de la
sanidad, y el segundo, al comportamiento de los fondos de
cohesión. El primer tema, el de la financiación de sanidad, es
sin duda de gran interés que se haya aprobado un documento
sobre las bases para la reforma del sistema de financiación de
la asistencia sanitaria, porque puede suponer, no sólo un gran
paso en la solución de la futura financiación de la sanidad,
sino contribuir a dar una solución definitiva a un tema como
es el de la deuda sanitaria, que, si mal no recuerdo,
justamente hoy hace un año en esta Cámara se discutía su
importancia. Y el Grupo Socialista confió precisamente en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera para que esto saliera
adelante.
La importancia del segundo tema, el de los fondos de cohesión,
se debe no sólo a su cuantía financiera y económica, sino,
sobre todo y fundamentalmente, a lo que significa de
colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Colaboración que, desde luego, debemos felicitarnos todos por
lo que estamos viendo durante el debate sobre el estado
autonómico que en estos momentos se está celebrando en el
Senado.
Dentro de todo este contexto, señor Vicepresidente, es por lo
que hago la pregunta de qué valoración hace el Gobierno de los
acuerdos alcanzados dentro del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, como muy bien ha citado, se ha celebrado
ayer y anteayer, y hoy se cerrará con el voto de las mociones,
el debate sobre el Estado de las autonomías, y creo que para
valorar la trascendencia de la reunión de la Comisión de
Política Fiscal y Financiera hay que conectarla con el debate
que se ha producido en el Senado.
En el Senado ha habido coincidencia en acordar que el
mecanismo de financiación es un tema clave para el correcto
funcionamiento del Estado de las autonomías, y también ha
habido acuerdo en perfeccionar el sistema sobre la base de la
corresponsabilidad fiscal.
Creo que la reunión de la Comisión de Política Fiscal y
Financiera --que examinó los avances del libro blanco que
encargó esta misma Comisión a un grupo de expertos sobre los
nuevos mecanismos de financiación y a través de los cuales
propondrá el Gobierno a partir de diciembre ese
perfeccionamiento de la financiación de las autonomías-- no
quiso esperar al libro blanco para resolver los dos problemas
que ha citado: la financiación de la sanidad y la apertura de
los fondos de cohesión a la gestión de las comunidades
autónomas. La financiación de la sanidad se ha resuelto de una
forma que me parece particularmente interesante; creando
mecanismos objetivos, como es el índice de población protegida
y, por tanto, permitiendo que puedan las comunidades autónomas
y el Gobierno de la Nación prever, programar, los años de
futuro, porque el crecimiento también va a ser acordado en
relación al PIB; creando mecanismos para eliminar las deudas
de años pasados; creando mecanismos para acomodar algunas
autonomías, que no van a tener el crecimiento de otras o a las
que este nuevo índice puede suponer problemas de ajuste. Todo
ello, junto a la dotación del presupuesto de sanidad de este
año y a un hecho relevante: que el presupuesto de sanidad no
va a suponer el hecho de tener un crédito ampliable, sino que
tendrá que venir a esta Cámara a negociarlo si se excede, creo
que ha servido para señalar --como decía muy bien S.S.-- un
avance en la colaboración entre administraciones que ha
ratificado el debate en el Senado, que hoy se termina.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE PAGARA LA
COMPENSACION A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA CONDONACION DEL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (RUSTICA) PREVISTA EN EL REAL
DECRETO-LEY 6/1994, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES
PARA REPARAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUIA? (Número de
expediente 180/000708)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Antich i
Balada, que tiene la palabra.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el artículo 4.º del Real Decreto-ley de 27 de mayo,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
efectos producidos por la sequía, dice: Se condona el pago
correspondiente al ejercicio de 1994 de las cuotas y recargos
devengados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la cuota
por jornadas teóricas de la Seguridad Social afectas a las
explotaciones agrarias. Los contribuyentes que teniendo
derecho a las condonaciones establecidas en el apartado
anterior hubieren satisfecho los recibos correspondientes
tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
Bien es verdad que luego, en el artículo 9.º, también se dice
que se compensará a los ayuntamientos por estas bonificaciones
o condonaciones, en aplicación del artículo 9.º 2 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Habiéndose aplicado, por tanto, lo previsto en este Real
Decreto-ley, algunos de los ayuntamientos afectados no sólo
han dejado de percibir las sumas todavía pendientes, sino que
incluso han devuelto las cantidades ingresadas anteriormente.
La situación financiera de estos ayuntamientos se ha visto
agravada --aunque no son cifras muy elevadas-- por este hecho
previsto, con el cual evidentemente estamos de acuerdo dada la
situación grave de los problemas de la sequía.
Por ello, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta y
en estos términos: ¿Cuándo se pagará la compensación a los
ayuntamientos por la condonación del Impuesto de Bienes
Inmuebles (Rústica) prevista en el Real Decreto-ley 6/1994,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
efectos producidos por la sequía?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Antich, el Decreto-ley 6/1994, al que ha hecho
referencia, establece un procedimiento y en desarrollo del
mismo se ha dictado una orden ministerial de 7 de julio
mediante la cual se han acotado los terrenos afectados de
zonas agrícolas tanto de regadío como de secano.
Junto a ello hay otra orden, ya redactada y enviada para su
publicación al «Boletín Oficial del Estado», del Ministerio de
Economía y Hacienda, en la que se establece un procedimiento,
que ya le anticipo a S.S. y a todos los Diputados de la Cámara
con el fin de que se lo comuniquen a los ayuntamientos de sus
circunscripciones. En esa Orden se establece que por parte de
los ayuntamientos se enviará la documentación acreditativa de
aquellos pagos condonados a las direcciones del Ministerio de
Economía y Hacienda en cada provincia y éste los enviará a la
Dirección General de Coordinación de Haciendas Locales del
Ministerio de Economía y Hacienda, que a partir de ahí irá
dando las órdenes de pago correspondientes.
No hay ningún motivo de inquietud respecto a estos pagos,
porque en la ley de presupuestos está conceptuado como crédito
ampliable y, en consecuencia, una vez que se reciba dicha
documentación, inmediatamente se dará la orden de pago. No le
puedo decir una fecha exacta, pero repito que si los
ayuntamientos o las entidades en que hayan delegado la gestión
tributaria recaudatoria avanzan reuniendo toda esta
documentación, será mucho mejor para la percepción inmediata
de las compensaciones correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL
GOBIERNO PARA EVITAR QUE LOS GASTOS EN LIBROS DE TEXTO
CONVIERTAN EN FICTICIA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA? (Número
de expediente 180/000701)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Ollero
Tassara.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente. Es
costumbre en este trámite que el Ministro conteste a las
preguntas que formulan los Diputados. Yo, por facilitarle la
tarea, le rogaré, ya que tiene poco tiempo, que no conteste a
lo que no le pregunte.
Ya sé que existen unas ayudas para libros de texto. Sé también
que están planteadas de tal manera que van sobre todo a
familias en situación marginal, como si la gratuidad escolar
no estuviera garantizada para todos en la Constitución. Tengo
aquí una información de la propia Administración donde, aparte
de decir que la media resultante es de 5.800 pesetas por
alumno, señala que va a colegios de actuación educativa
preferente, a colegios públicos rurales, a barriadas de
actuación preferente.
Por otra parte, la cuantía de estas ayudas no tiene mucho que
ver con la evolución de los precios de los libros, sino más
bien con la poco boyante tesorería del Ministerio, con lo cual
no contempla la realidad. Sobre todo
por el encarecimiento que la LOGSE ha supuesto para estos
libros. Usted presume mucho de los alumnos que van siendo
integrados en la LOGSE, pero no se acuerda de quién acaba
pagando ese gran éxito político que ustedes se atribuyen.
El hecho final es que las familias acaban subiendo una cuesta
de septiembre tan escarpada que no tiene nada que envidiar a
la de enero. Por eso lo que le pregunto es no qué ayudas hay
hasta ahora, sino qué ayudas va a poner en marcha ahora para
que los que este año no han podido cobrar ayudas por libros sí
puedan hacerlo en el curso próximo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Gracias, señor Presidente.
Su señoría hace la pregunta de tal modo que sienta la
inquietud sobre la gratuidad del sistema educativo en España.
Y, señorías, es un mal planteamiento. La enseñanza en España
es gratuita y obligatoria desde los seis hasta los dieciséis
años. Las cuantías para libros de texto a las que S.S.
directamente se refiere son de 15.000 pesetas en el ámbito de
la enseñanza primaria y secundaria y de 25.000 pesetas en el
ámbito de la enseñanza superior. Se benefician de ella,
señoría, 700.000 estudiantes españoles. Más cifras podría
citar, pero no quiero hacerlo para no responder a otras
cuestiones que S.S. no me haya planteado.
Creo que incidir en la política de becas es lo que puede
mejorar las medidas que estamos tomando para que ningún
estudiante español, ningún joven, niño o niña españoles tengan
que dejar de estudiar por motivos estrictamente económicos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ha sido usted muy poco cortés. No me ha
contestado a lo que le ha preguntado y me ha contestado cosas
que no le he preguntado. Esos bailes de cifras se deben a que
ustedes, por lo visto, mandan falsa documentación
presupuestaria. (Rumores y protestas en los bancos
socialistas.) En los presupuestos constan de 14.000 pesetas en
enseñanza media y no figura ninguna cifra en primaria y
secundaria. Corríjalo este año, para empezar. Por otra parte,
señor Ministro, comprométase, aquí y ahora, a que haya un
decisivo incremento del número de ayudas, porque no me ha dado
ni un dato de cuántas son, y comprométase aquí a que haya un
incremento en su dotación. Por lo menos que llegue de verdad a
lo que usted acaba de decir, que no es lo que figura en los
presupuestos del año pasado.
De camino, le animo también a reflexionar sobre en qué medida
el número de autorizaciones de cambio de texto por razones
presupuestamente justificadas tiene algo que ver con la
realidad que viven los padres en los centros. Porque la
enseñanza será gratuita, pero hay padres que me dicen que
¡menos mal!, porque han estado a punto de empeñar al niño para
que pueda estudiar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): A
ver, señoría, si puedo citarle algún dato concreto de los que
me pide.
¿Conoce S.S. que son 700.000 los estudiantes que se benefiaron
a lo largo del curso pasado de las ayudas específicamente
dispuestas en nuestras partidas presupuestarias para libros de
texto y material didáctico? ¿Conoce S.S. que el crédito
asciende a más de 11.000 millones de pesetas? ¿Conoce S.S.,
como acabo de indicar, que las cuantías son 15.000 y 25.000
pesetas? Por último, ¿conoce que el crédito para el curso
pasado se incrementó casi al 17 por ciento en relación con el
anterior, que a su vez había incrementado las ayudas en un 12
por ciento con respecto del pasado?
Por lo demás, la inspección del Ministerio de Educación y
Ciencia intenta llevar a cabo, yo creo que lo consigue, que
los libros de texto permanezcan cuatro años sin variación,
salvo petición del Consejo Escolar, que se verá en cada caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANTOS CENTROS EDUCATIVOS
DE FORMACION PROFESIONAL DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL O DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CIENCIA, HAN CONCERTADO ALGUNO DE LOS CURSOS QUE ESTABLECE EL
CONTRATO DE APRENDIZAJE DESDE SU ENTRADA EN VIGOR EN ENERO DE
ESTE AÑO? (Número de expediente 180/000677)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Ballesteros
Morcillo.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor Ministro, nunca es tarde
si la dicha es buena, pero contésteme.
¿Cuántos centros educativos de formación profesional,
dependientes del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de
Educación han concertado alguno de los cursos que establece el
contrato de aprendizaje?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el 18 de abril pasado, el Ministerio de Trabajo y el
de Educación y Ciencia formalizamos un convenio por el que
poníamos a disposición de todos los aprendices y de todos los
empresarios que contrataran aprendices todos los centros de
enseñanza del Ministerio de Educación en territorio MEC. Al
mismo tiempo, este acuerdo incluía la red de centros propios
de la administración laboral en el territorio en el que
también tiene las competencias atribuidas el Ministerio de
Trabajo y no están transferidas a comunidades autónomas, así
como las escuelas-taller y las casas de oficios.
Por consiguiente, toda la oferta educativa pública está a
disposición de los empresarios que quieran utilizarla en la
formación de aprendices.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: No me ha contestado cuántos
centros educativos, que era la pregunta. Parece ser la tónica
de esta tarde.
Nuestra pregunta estaba motivada por el hecho de la
inactividad del Gobierno en crear el marco necesario para la
aplicación del contrato en su formación teórica.
Desde el punto de vista docente --recordamos que la pregunta
la hacíamos al Ministerio de Educación--, es imposible el
cumplimiento de la formación teórica, ya que no se han
establecido los currículos, o por lo menosnosotros no los
hemos visto publicados. Es imposible también acreditar la
certificación y están terminando o van a terminar muchos
contratos de aprendizaje. Además, como el Ministro de
Educación sabrá, vulnera los principios educativos básicos de
la LOGSE.
Desde el punto de vista laboral, planteábamos la pregunta
porque nos preocupa cuál ha de ser la conducta de los agentes
sociales, qué ha de hacer el trabajador cuando no le den la
certificación, qué ha de hacer el empresario cuando venga la
inspección. Pero, ¿y la inspección? ¿Qué ha de hacer cuando
vaya y vea que los contratos de aprendizaje no se han
cumplido? Señor Ministro, todas estas incógnitas, gracias a
Dios, se nos han revelado en una resolución de su Ministerio,
en la que se decía lo que ahora después le leeremos.
Sin embargo, usted ayer, en la Comisión de Política Social y
Empleo, decía que el Gobierno no crea la contratación
temporal, y estamos con ello. Y decía también que la inversión
en formación es elemento estratégico básico para la
competitividad. Le repito que estamos de acuerdo, pero, ¡qué
barbaridad!, el ejercicio de cinismo supino que está haciendo
el Ministerio del que usted es titular.
Permítame que le lea la resolución que le he citado. Dice: El
empresario que no pueda proporcionar al aprendiz formación
teórica, no incumple la normativa de la Ley 10/1994. Pero, ¿no
dice el artículo 3.º 2 de esta Ley que el objeto del contrato
de aprendizaje es precisamente la formación teórica? ¿Es que
ustedes están desvirtuando este objeto en el contrato? ¿Es que
su Ministerio o la Dirección de Empleo que usted tiene
desconoce el artículo 27 de la Constitución donde se dice que
ustedes --el Gobierno-- pueden ejercer la potestad
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes?
Parece que desconoce esto.
Permítame que también le lea...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señoría, es obligación del empleador dar el trabajo formativo
al aprendiz y, al mismo tiempo, preocuparse por la formación
teórica en el aprendizaje de ese oficio; es obligación,
repito, del empleador, que es apoyada por los poderes públicos
al mismo tiempo, poniendo a su disposición todos los centros
del sistema educativo y del sistema de formación profesional,
todos los del territorio MEC y todos los del territorio donde
tiene competencias el Ministerio de Trabajo, y espero que
también lo hagan las comunidades autónomas con competencias de
formación y de educación. En todo caso, hemos puesto a
disposición 30.000 plazas en formación de adultos, más todas
las relativas a las escuelas-taller y casas de oficio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS APARICIO PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿ANTEPONE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL LA COMODIDAD DE
VIVIENDA DE SUS ALTOS CARGOS AL CUMPLIMIENTO DILIGENTE DE LOS
FINES ENCOMENDADOS AL FONDO DE GARANTIA SALARIAL? (Número de
expediente 180/000699)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Aparicio
Pérez.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
La pregunta que a continuación formularé creo que podría
haberse evitado si en la comparecencia del actual responsable
del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, celebrada ayer, se
hubiese dado una explicación satisfactoria al uso inadecuado -
-en cualquier caso privilegiado y posiblemente fuera de la
ley-- de varios pisos propiedad del Fondo por parte de
distintas personas, entre otras el actual Ministro de Trabajo,
durante un tiempo a nuestro entender demasiado largo. Dado que
hoy seguimos sin saber cómo y por qué se permutó ese inmueble
de alto valor comercial --lo dice la escritura-- por cuatro
pisos de difícil venta. Tampoco sabemos cómo y por qué se
adjudicaron a sus ocupantes y cómo se eligió ese selecto grupo
de personas, y sabiendo que la lectura de la Ley obliga a la
devolución de los bienes del modo más inmediato --insisto, más
inmediato-- al tráfico mercantil, preguntamos: ¿Antepone el
Ministerio de Trabajo la comodidad de vivienda de alguno de
sus altos cargos al cumplimiento de los fines propios del
Fondo de Garantía Salarial?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
No, señor Aparicio. Usted sabe que no, rotundamente no.
Además, ayer usted pudo conocer perfectamente, mediante el
informe que presentó el Director del Fondo de Garantía
Salarial, que dicho Fondo había venido cumpliendo con su fin
diligentemente a lo largo de todo este tiempo, sin que hubiera
sido mermado ese cumplimiento de los fines por ninguna
política patrimonial que hubiera desarrollado este organismo.
Eso quedó meridianamente expuesto en la comparecencia en el
día de ayer del Director General del Fondo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, primero, si la situación descrita ayer hubiese
sido normal --no le digo legal--, el Secretario General no se
habría apresurado a decir también --no sé si con satisfacción-
- que ya no se mantienen ni se repetirán este tipo de
comportamientos. Segundo, si la situación descrita ayer
hubiese sido correcta --no le digo elegante--, la Intervención
General del Estado no les habría enviado el recado de
irregularidad que les envió hace casi cuatro años. Tercero, si
tuviésemos que creernos el estribillo de un nuevo estilo --que
tanto el Secretario General de Fogasa como usted han
utilizado--, ya deberían haber puesto a disposición de la
Cámara los expedientes de permuta, de cesión de uso y
enajenación de estos pisos. Y, lo que es más importante,
habrían depurado responsabilidades en esta historia, dando una
respuesta clara. Pero como ustedes se lo valoraron, se lo
permutaron, se lo adjudicaron y se lo disfrutaron, y siguen en
puestos de responsabilidad, supongo que no tienen ningún
interés en buscar ni asumir reponsabilidades ni en dar
explicaciones. Por favor, aconseje al Secretario General de
Fogasa que no utilice el argumento de que se pueden derrochar
o utilizar mal los fondos públicos en épocas de bonanza
económica o del propio organismo, no porque me parezca un
error, sino porque me parece que es una de las mejores
definiciones que he oído de la política de su Gobierno en los
últimos años. Tal vez, como en el tango, ni siete ni veinte
años es nada, pero me permito aconsejarles que no utilicen
estas músicas para eso que dan en llamar el nuevo estilo.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Aparicio, yo creo que hay algunas omisiones en su
intervención que yo quiero aclararle para que, con el conjunto
de sus afirmaciones y con las que yo le haga, llegue a un
conocimiento más profundo de la realidad. Tengo que decirle,
primero, que todos y cada uno de los contratos de cesión de
uso que se hicieron tienen como condición resolutoria expresa
en el propio contrato el momento en que deban revertirse al
uso patrimonial esos inmuebles, todos y cada uno de ellos.
Segundo. El artículo 33.2 de Fogasa refiere la inmediatez al
tráfico jurídico, es decir, la reversión al patrimonio, para
cumplir los fines del organismo, cuando sea esto necesario, de
acuerdo con la Ley de Patrimonio. Tercero. Fogasa ha cumplido
siempre puntualmente y de forma exacta con sus propias
finalidades.
Cuarto. La reserva patrimonial acumulada por las viviendas, su
coste de mantenimiento, para el organismo no ha supuesto nada
y, sin embargo, sí ha supuesto un incremento patrimonial.
Por último, quiero decirle que el criterio es exclusivamente
el que dice la disposición adicional sexta del decreto de
indemnizaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA:
¿QUE MEDIDAS HA VENIDO APLICANDO EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA PARA DESARROLLAR CON RIGOR UNA EFICAZ LUCHA CONTRA EL
FRAUDE FISCAL EN LAS ZONAS DE NUESTRO PAIS ESPECIALMENTE
CONFLICTIVAS? (Número de expediente 180/000695)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, de la señora Martínez
Saiz, que tiene la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas ha venido aplicando el Ministerio
de Economía y Hacienda para desarrollar con rigor una eficaz
lucha contra el fraude fiscal en las zonas de nuestro país
especialmente conflictivas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no
actúa con criterios de territorialidad, sino con criterios de
tipo funcional. Anualmente se definen unos planes de lucha
contra el fraude y es cierto que se presta especial atención
aquel tipo de actividades que pueden ser más polémicas y que,
en algunos casos, coinciden con zonas geográficas
determinadas. Es evidente que la lucha contra el contrabando
se ha centrado en algunas zonas geográficas, como sucede
también, por ejemplo, en toda la actuación respecto al IVA
sobre facturas falsas, pero, como digo, no hay ninguna
actuación por criterios geográficos. La definición de esos
análisis o esas actuaciones de mayor riesgo se realizan,
evidentemente, de acuerdo con los criterios de la propia
Agencia, y últimamente se han centrado, sobre todo, en la
represión del contrabando en inmuebles y en fiscalidad
internacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la semana pasada, contestando a una pregunta
de la Diputada socialista señora Aroz, usted afirmaba que lo
importante no era tanto hablar de cuál era la cifra del fraude
fiscal, sino de lo que es y lo que se está haciendo en la
lucha contra el fraude fiscal. Hoy contesta a mi pregunta
diciéndome que la Agencia Tributaria no actúa con criterios de
territorialidad. Señor Ministro, la verdad es que en esta
ocasión tengo que demostrarle que actúa, al parecer, con
ningún criterio, lo que nos viene a demostrar que ustedes no
están hacienda nada, ni quieren, ni saben, por luchar contra
el fraude fiscal en estas zonas especialmente conflictivas.
(Varios señores Diputados en los bancos del Grupo Socialista:
¡No, no!)
No exclamen, porque van a exclamar algo más cuando les diga
que, según contestación del Ministerio de Hacienda, en El
Campo de Gibraltar, en 1993, el Ministerio de Hacienda no ha
hecho ni una sola inspección a personas jurídicas, y en lo que
va de 1994 sólo seis, señor Ministro; mientras que en Jerez,
con la misma población, han hecho 76 en 1993, y 14 en lo que
va del año 1994. Ustedes, ¿para dónde miran, señor Ministro?
Esa es una zona donde se estima que entra droga por valor de
más de un billón 200.000 millones al año y 2.500 cajones de
cajetillas de tabaco desde Gibraltar; estamos al lado de
Gibraltar donde hay más de 30.000 sociedades opacas que
blanquean el dinero, sobre todo, y según Vigilancia Aduanera,
en El Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Un poco más de
seriedad, señor Ministro. ¿Hacia dónde miran ustedes? ¿Qué es
lo que están persiguiendo? ¿Les importa a ustedes de dónde
proviene el dinero del delito fiscal, si proviene de la droga,
del tráfico de armas, de la trata de blancas, del contrabando
de uranio? ¿Qué les preocupa a ustedes, señor Ministro? Es
llamativo que en El Campo de Gibraltar no se haya hecho ni una
sola inspección.
Yo no dudo que haya empresarios en El Campo de Gibraltar que
cumplan con sus obligaciones fiscales, pero el que no se haya
hecho ni una sola inspección es demasiado llamativo, señor
Ministro, y ustedes tienen que dar una contestación a esto,
porque lo que no han contestado a esta Diputada es qué
inspecciones han hecho...
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Si su señoría nos hubiese hecho esa pregunta se la hubiéramos
respondido, pero no ha sido así, y, por tanto, no tengo aquí
los datos del Campo de Gibraltar. Pero tampoco tergiverse
usted los argumentos. Su señoría se refiere al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas como elemento de inspección,
que sin duda alguna puede ser un elemento de interés para la
lucha contra la droga, pero no es fundamental ni mucho menos.
Le puedo dar algunos datos que sí pueden resultar de su
interés. Este país dispone de un total de 45 embarcaciones de
lucha contra la droga, de las cuales, seis están situadas en
Algeciras; por tanto, están actuando permanentemente. Pero eso
no tiene nada que ver con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, sino que es una lucha directa contra la
droga que sí tiene importancia.
De los cuatro helicópteros que tiene nuestro país destinados a
la lucha contra la droga, uno está situado en Algeciras.
Su señoría hace referencia al problema de Gibraltar.
Evidentemente, Gibraltar es una zona extraterritorial en la
que no podemos actuar de forma directa, como es lógico; sin
embargo, sí se ha puesto en marcha un procedimiento de
discusión y negociación con Estados Unidos. Y posiblemente
S.S. conoce que, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, se han producido ya convocatorias para tener
reuniones con los servicios británicos, con objeto de intentar
poner coto a los riesgos de blanqueo de dinero que en dicha
zona se pueden plantear. Por tanto, yo creo que se están
haciendo cosas; no saque la conclusión de que sólo se trabaja
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Un
señor Diputado en los bancos del Grupo Socialista: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿A CUANTO ASCIENDE EL COSTE TOTAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO DEL
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO PARA EL FONDO DE GARANTIA DE
DEPOSITOS DE ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS? (Número de expediente
180/000696)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Fernández
de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Gracias, señor
Presidente. Señor Ministro de Economía y Hacienda, la
preguntaque voy a formularle --y que conste que va sin
segundas-- reza simplemente: ¿A cuánto asciende el coste total
para el Fondo de Garantía de Depósitos de Establecimientos
Bancarios del plan de saneamiento del Banco Español de
Crédito? Digo que va sin segundas porque todos conocemos la
cifra de aportación del resultado de la subasta de 133.458
millones de pesetas que se ingresan en el Fondo de Garantía de
Depósitos, que hay que restarlos de los 285.000 millones de
pesetas que, en principio, van a Banesto para financiar el
déficit contable que existía, junto con la diferencia, hasta
los 600.000 millones de pesetas, de préstamo blando a interés
cero que, asimismo, pasa el Banco Español de Crédito.
Conocemos los datos y sabemos que, en principio, el coste
estimado por el Fondo sería de 192.000 millones de pesetas, lo
que, dividido entre dos (entidades financieras y Tesoro
Público), hace que, lógicamente, correspondieran al Banco de
España, a nosotros, a todos los españoles, 96.000 millones de
pesetas.
Señor Ministro, esta es una cifra provisional, porque, por una
parte, la imputación de 41.000 millones de pesetas de la
diferencia entre 600.000 y 285.000 millones todavía no es
definitiva, dependerá de cómo evolucionen los tipos de
interés, y no solamente eso, sino que dependerá de que,
efectivamente, el Banco Español de Crédito pueda devolver en
cuatro años la diferencia entre 600.000 y 285.000 millones de
pesetas, es decir, 315.000 millones de pesetas, y además
dependerá también de que, efectivamente, la dotación para
insolvencias sea sólo de 282.000 millones de pesetas, como
aparece en el plan de saneamiento, o de que sea más dinero,
como es posible que suceda también, según viene luciendo
últimamente en la Comisión de Intervención del Banco Español
de Crédito, porque, realmente, parece que la calidad de los
activos era incluso inferior a las previsiones menos
pesimistas que pudieran existir en su día. Por todo ello,
señor Ministro, más que hacerle una pregunta, lo que quiero es
que me diga si se sabe exactamente cuáles son esas cifras. En
principio, serán las que se han dicho aquí, pero me gustaría
que la voz más autorizada que hay hoy día en España a estos
efectos, como es la suya, nos dijese cuál va a ser el coste
para el Fondo de Garantía de Depósitos de Establecimientos
Bancarios del plan de saneamiento del Banco Español de
Crédito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría ha explicado muy bien cuales son las cifras del
plan de saneamiento, cifras que dan un total que no me sé de
memoria, pero que sí le puedo leer, de 96.270 millones de
pesetas, que, evidentemente, es la mitad del coste del Fondo
de Garantía de Depósitos.
Es cierto que cuando se produce la subasta existen algunas
cláusulas, en la medida en que pueden producirse vicios
internos no previstos en su momento que pueden dar lugar a
cálculos diferentes de los inicialmente calculados, pero no
tenemos la impresión de que existan desviaciones sustanciales,
yo diría que ni siquiera significativas, respecto a lo
inicialmente previsto. Por tanto, yo creo que ésa sigue siendo
la cifra válida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUIEN DIO LA
AUTORIZACION PARA LA INTERVENCION DEL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
POR EL BANCO DE ESPAÑA EL PASADO 28 DE DICIEMBRE? (Número de
expediente 180/000697)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Montoro
Romero, que tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Esta pregunta no va con segundas, señor Ministro; esta
pregunta obedece a que suponemos un gran interés, una gran
preocupación en el Gobierno por las declaraciones públicas de
todo orden, de todo origen que están ocurriendo estos días, y
por eso el Grupo Parlamentario Popular le pregunta quién dio
la autorización para la intervención del Banco Español de
Crédito por parte del Banco de España el pasado 28 de
diciembre.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor Montoro,
por su pregunta, porque me va a permitir clarificar algunos
elementos que me parecen de importancia. Evidentemente, nadie
dio, ni podía dar, autorización para intervenir Banesto
porque, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de 1988,
corresponde al Banco de España, a su comité Ejecutivo, tomar
esta decisión.
Es cierto que el Ministro de Economía estaba informado de esa
posibilidad y, es cierto que el Gobierno amparó esa decisión,
tal como quedó claramente expuesto en la intervención del 30
de enero de 1993.
Pero me gustaría decir algo más. Una cosa es el respaldo dado
por el Gobierno y otra cosa es esa especie de conspiración
política de la que se viene hablando en estos momentos. Ni el
Gobierno, ni ningún partido político, ni ningún grupo o
persona del mundo bancario o ajeno a él presionaron en ningún
momento para que el Banco de España procediera a tomar su
decisión.
Yo creo que el hemiciclo puede servirnos para clarificar
algunas cosas, pero no me gustaría que se convirtiera en
Cámara de resonancia de imputaciones no contrastadas, desde
luego falsas, que se están realizando por algunos periodistas
teórica o supuestamente informados. Esa es la realidad y no
podría ser de otra forma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro, tiene la palabra.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nada más lejos de nuestra voluntad que servir
de caja de resonancia de determinadas imputaciones, de
determinadas declaraciones públicas, pero le tengo que
recordar que existen declaraciones también públicas por parte
de miembros de su Gobierno, por parte del Vicepresidente
Serra, cuando sale a la palestra pública, para echar encima de
las espaldas del Banco de España la absoluta responsabilidad
de una acción en la que el Gobierno, como usted está
reconociendo esta tarde, es evidentemente corresponsable. Lo
que no debemos es utilizar a las instituciones para
escondernos detrás de ellas y ocultar así lo que son nuestras
auténticas responsabilidades, señor Ministro. Cuando el
Gobierno, a través de alguno de sus miembros, actúa de esa
manera, lo que está haciendo es inducir la imagen de que se
apoya en determinadas acusaciones que se hacen sobre la
actitud del Banco de España; en definitiva, lo que hace es dar
pie a que se extienda en la sociedad española la sensación de
que este Gobierno tiene bastante que ocultar en el caso de
Banesto. Eso es lo que hay que clarificar desde el primer
momento: qué es lo que tiene el Gobierno, qué tipo de pactos,
qué tipo de soluciones, a qué tipo de acuerdos ha llegado con
los antiguos dirigentes del caso Banesto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Es
evidente, señor Montoro, que el Gobierno no tiene
absolutamente nada que ocultar. Yo creo que S.S. hace un
exceso al hablar de corresponsabilidad del Gobierno. Debemos
hablar, en un tema tan delicado como éste, con las palabras
precisas; la responsabilidad de la decisión de la intervención
corresponde al Comité Ejecutivo y al Consejo del Banco de
España.
Evidentemente, lo vuelvo a repetir, yo conocía la decisión, y
el Gobierno ha amparado y ha respaldado esta decisión, pero la
responsabilidad de la misma correspondía exclusivamente al
Banco de España. Y los datos de por qué se produce son claros.
El desfase patrimonial que se plantea es argumento más que
suficiente, y quien no quiera entenderlo está planteándose el
tema en otros términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES
SON LOS CRITERIOS QUE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA HA
ESTABLECIDO PARA FIJAR LOS TIPOS DE INVERSION A REALIZAR POR
LA EMPRESA PUBLICA ENRESA CON LOS FONDOS RECAUDADOS EN LA
TARIFA ELECTRICA? (Número de expediente 180/000703)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Fernández
Norniella, que tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía, ¿cuáles son los criterios que el
Ministerio de Economía ha establecido para fijar los tipos de
inversión a realizar por la empresa pública Enresa con los
fondos recaudados en la tarifa eléctrica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Su señoría ha planteado ya esta
pregunta más de una vez; por tanto, mi respuesta no va a ser
distinta de veces anteriores. Su señoría conoce perfectamente
que el artículo 8 del Real Decreto 1252/1984 aún no se ha
desarrollado y esos criterios no están definidos, lo cual no
quiere decir que las inversiones se realicen sin ningún
criterio. El Ministro de Industria ya ha tenido ocasión de
informar a S.S. sobre este punto en alguna ocasión precedente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro. El señor Fernández Norniella tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, acaba de rizar el rizo tratando de justificar
lo injustificable. Después de diez años de la fundación de
Enresa, usted sabe, y ha reconocido, que los gobiernos
socialistas han incumplido los dos puntos más importantes de
la ley en lo que se refiere al control de dicha empresa y a la
calidad o el aseguramientode sus inversiones. Esta
circunstancia, señor Ministro, sabe que también ha producido
que en estos momentos Enresa sea una sociedad con unos fines
casi distintos a los que inicialmente se previeron en la ley.
Es decir, se ha convertido en una empresa financiera, con unos
fondos propios de 150.000 millones de pesetas, que no tienen
más control que la buena fe que podemos suponer de sus
administradores. Y usted sabe también muy bien, y no creo que
lo justifique, que Enresa, en sus diez años de vida, no ha
sido auditada ni por el Tribunal de Cuentas ni por la
Intervención General del Estado.
Señor Ministro, supondrá que estas circunstancias hacen que se
extiendan rumores sobre la calidad de las inversiones de
Enresa. Yo le pido que aquí y ahora nos explique qué va a
hacer el Gobierno para corregir estas anomalías y evitar lo
que se está produciendo: infundios sobre unos fondos que
realmente son de todos los españoles y tienen un fin muy
claro, que es el final de los residuos radiactivos.
Señor Ministro, creo que es conveniente que el Gobierno
explique lo que va a hacer para corregir esta situación. Mi
Grupo Parlamentario quiere anunciarle que va a proponer al
Tribunal de Cuentas que realice una fiscalización financiera
de las inversiones y los gastos de Enresa desde su creación,
porque, señor Ministro, no sé si conoce que Enresa se está
dedicando a hacer inversiones inmobiliarias que no debería
hacer y a dar créditos y préstamos que tampoco debería dar sin
conocer la calidad de los citados créditos y préstamos.
Gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que lo importante es que el fondo de
Enresa se utilice o se invierta de forma correcta para no
perder rentabilidad. Su señoría prejuzga que la calidad de los
créditos y de las inversiones puede estar sometida a duda; yo
no tengo por qué tener esa duda. Yo, en principio, tengo
confianza en los gestores de Enresa y ninguna preocupación me
suscita el hecho de que su Grupo plantee al Tribunal de
Cuentas una auditoría financiera sobre la misma. De sus
palabras sí me gustaría corregir una inexactitud, y es la
falta de control a que está sometida la actuación de Enresa y
le voy a decir algo más: la Intervención General del Estado sí
ha realizado auditorías financieras en los ejercicios de los
años 1986 y 1987 emitiendo informes sin salvedades, de la
misma forma que a partir del año 1990 se realizan auditorías
externas independientes en esta sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR
EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS NIÑOS? (Número
de expediente 180/000700)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 17,
del Diputado don Enrique Fernández-Miranda Lozana.
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, ¿qué medidas ha tomado el
Gobierno para garantizar el derecho a la protección de la
salud de los niños, derecho vulnerado recientemente en dos
niños fallecidos como consecuencia de no haber recibido la
transfusión de sangre que precisaban?
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda. Señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, de los dos casos a los que se refiere, parece, por la
información de que disponemos, que sólo en uno la muerte tiene
relación directa con el hecho de no haber realizado una
transfusión de sangre.
En todo caso, en el ámbito de la actuación sanitaria no cabe,
a mi juicio, plantear ningún tipo de medida, puesto que está
ya previsto en la Ley General de Sanidad, en el artículo 10.6,
que el consentimiento que deben dar los parientes para
realizar intervenciones médicas quede excluido, en el caso en
que la urgencia no permita demoras, por poderse ocasionar
lesiones irreversibles o exista peligro de fallecimiento.
A su vez, el Tribunal Constitucional tiene declarado que el
derecho garantizado a la libertad religiosa por el artículo 16
de la Constitución española, tiene como límite la salud de las
personas y, por tanto, no cabe ninguna duda de que los
responsables sanitarios, tienen que decidir sobre las medidas
a adoptar en relación a un paciente, con independencia de que
los padres autoricen o no la intervención.
En los casos trágicos que S.S. ha citado, el resultado se ha
producido porque la llegada al centro sanitario y, por tanto,
la capacidad de actuación de los médicos en el sistema
público, se ha producido demasiado tarde, y naturalmente en el
ámbito de la esfera familiar es difícil que el sistema
sanitario público tenga capacidad de intervenir.
De manera que, tal como está la normativa, y desde luego tal
como se desarrolla a diario, no sería preciso introducir
ninguna modificación. De hecho, la mayoría de malos tratos que
se denuncian a la infancia se hace a la vista de las denuncias
de los médicos que les reciben en los hospitales, muchas veces
acompañados de sus propios padres, y son los médicos quienes
dan cuenta al juzgado de las sospechas de malos tratos. De
manera que el menor está protegido en el ámbito de la sanidad
pública, porque prevalece, y es muy claro, el derecho a la
protección de la salud y el derecho a la vida sobre el derecho
de la patria potestad o cualquier otro. Gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señora Ministra, le agradezco la noticia concreta
de que, efectivamente, la causa directa de la ausencia de
transfusión se produce solamente en un caso. Sin duda ninguna
es tan dramático el acontecimiento que simplemente el que se
aclare que sólo uno de ellos ha fallecido por esta falta de
transfusión ya es importante.
No hace falta, además, que me recuerde, ni siquiera que
recuerde a los profesionales de la sanidad, cuáles son los
derechos fundamentales. Incluso el derecho a la libertad
religiosa previamente lo ponemos en cuestión. Pero estamos
hablando de un tema sumamente delicado. El caso que nos ocupa,
que es el caso de la leucemia por la relación en cuanto a la
enfermedad con la necesidad de transfusiones, es de larga
duración, señora Ministra, es una enfermedad en la cual los
médicos que atendían a ese niño deberían saber, efectivamente,
que pertenecía a una religión que les impedía recibir
transfusiones. Debían saberlo porque la relación médico-
enfermo sabe la señora Ministra que puede llegar a eso y a
mucho más sin vulnerar ningún tipo de derecho.
Ese conocimiento, en este caso --y es importante que se haga
hincapié en que sea extensivo a todos los demás--, debe ser
puesto en conocimiento del juez. Ese hecho, que puede
condicionar definitivamente la eficacia del tratamiento en
muchas enfermedades, debe ser puesto, repito en conocimiento
del juez. Ni siquiera la libertad religiosa puede amparar un
derecho arcaico señora Ministra, como es la primacía de la
patria potestad sobre la hacienda e incluso sobre la vida de
los hijos menores.
El médico o los médicos que atendieron a este niño ¿informaron
al Juez? Informado el juez, ¿actuó? ¿Cómo va a plantear la
Administración esta información preceptiva de los médicos al
juez o al fiscal para que asuma o no asuma la judicatura, la
responsabilidad que supone privar de su derecho a la
asistencia sanitaria
y, sobre todo, de su derecho a la vida a niños que no deciden
por ellos mismos, sino que deciden sus padres?
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda. Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, le aseguro que no tiene que convencerme sobre el
hecho de que no hay creencia ni libertad religiosa que pueda
amparar una decisión como la que estamos analizando. De manera
que coincido con ese planteamiento. Los médicos que atendieron
al niño sí pusieron la situación en conocimiento del juez,
según las noticias de que dispongo, pero no se pudo hacer a
tiempo la transfusión.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ALFREDO GIMENO ORTIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE
EL GOBIERNO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE SERVICIOS O
UNIDADES DEL HOSPITAL DEL INSALUD DEL AREA DE MERIDA? (Número
de expediente 180/000710)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta
número 27 del Diputado don Alfredo Gimeno Ortiz, que tiene la
palabra para formularla.
El señor GIMENO ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, con la pregunta que presentamos en junio
sobre qué previsiones tiene el Gobierno para la ampliación o
remodelación de determinadas unidades o servicios del hospital
de Mérida he de decirle, con toda sinceridad, que lo que
intentábamos era colaborar para tratar de llevar a su ánimo la
necesidad, según nuestro criterio, de incluir en los
presupuestos de su Departamento parte del coste que entendemos
que es necesario asumir en el citado hospital. Nosotros somos
conscientes de que usted conoce perfectamente la temática allí
planteada, que incluso ha mantenido reuniones personalmente al
respecto y por ello no vamos a entrar en demasía en la
justificación o en aspectos como que desde su construcción, en
1979, su infraestructura física no ha sido remodelada, a la
luz de los cambios de situación producidos en los últimos
años, al notable incremento de la demanda asistencial y
necesidades de los ciudadanos. Precisamente por esta presión
asistencial, existía en 1991 un anteproyecto del propio
Instituto Nacional de la Salud de reforma de determinadas
unidades o servicios, como el de consultas externas o
urgencias; incluso ha habido alguna inquietud entre los
ciudadanos del área de atracción de los hospitales emeritenses
y de los núcleos que les corresponden a los mismos.
Efectivamente, hay una saturación importante, unas tasas de
ocupación muy altas, limitación de algunos espacios físicos en
determinados servicios, incluso algunos medios de diagnóstico
han quedado un poco obsoletos y, precisamente porque tenemos
constancia del conocimiento que tiene usted de la situación
del hospital, es por lo que no vamos a entrar en mayor
justificación y le formulamos la pregunta tal cual aparece en
el orden del día.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gimeno.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, como su señoría conoce, terminado el proceso de
reformas en los restantes hospitales de Badajoz, el Insalud
tiene prevista una importante reforma en el hospital de
Mérida, sobre la que voy a informar a su señoría. Se va a
realizar un plan director, que abarcará tanto obras de
remodelación de diversas áreas asistenciales como obras de
ampliación de espacios que actualmente resultan insuficientes
para atender adecuadamente la demanda asistencial. Y este
plan, que se inicia en 1995, tiene como objetivos
fundamentales los siguientes: en primer lugar, la creación de
un nuevo servicio de urgencias y las construcción de un nuevo
edificio para instalar todas las consultas externas del
hospital. El servicio de urgencias va a disponer de una unidad
de reanimación y resucitación cardiopulmonar, cinco undades
para exploración, seis camas de observación y cuatro unidades
para la atención pediátrica, además de los espacios generales
y de apoyo para enfermería, admisión y servicios generales. La
remodelación del área de urgencias se iniciará en breve,
puesto que su construcción se considera prioritaria para el
hospital.
Por su parte, el nuevo edificio de consultas externas va a
tener acceso independiente del de las áreas de
hospitalización, va a disponer de 36 locales, zona para
extracciones de muestras para los laboratorios, espacio para
donantes de sangre y almacenes generales del hospital. En una
de sus plantas se van a instalar también los dormitorios de
los médicos de guardia, y, gracias a los espacios que van a
liberarse de las actuales consultas externas y del área de
urgencia, se va a proceder a la remodelación y reforma de
otras áreas y, entre ellas, la de hemodiálisis, con doce
puestos de tratamiento, la de exploraciones funcionales, el
hospital de día médico-quirúrgico con seis camas, los
laboratorios, farmacia y diagnóstico con imagen y una unidad
de hospitalización obstétrica de 26 camas.
El conjunto del plan director va a durar dos años y va a
suponer una inversión de 2.033 millones de pesetas, y, al
final de las obras de remodelación y mejora, el número total
de camas se habrá incrementado en un 14 por ciento, pasando de
las 330 actuales a 343, con una superficie de 32.511 metros
cuadrados. El proyecto estará aprobado antes del día 15 del
próximo mes de octubre y después será adjudicado mediante
concurso público, pudiéndose iniciar el trámite de aprobación
anticipada al gasto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE LA SEÑORA MINISTRA DE
ASUNTOS SOCIALES PRESENTO AL CONSEJO DE MINISTROS DEL 20 DE
MAYO UN INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA FAMILIA EN ESPAÑA,
INEXISTENTE? (Número de expediente 180/000702)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 19,
del Diputado don José María Michavila Núñez, que tiene la
palabra.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señora Ministra, créame que lamento,
como ciudadano y como Diputado, el ridículo que el Gobierno
está haciendo con el supuesto informe de la familia.
Han prometido en muchísimas ocasiones que iban a remitir ese
informe a la Cámara. Lo hizo usted el 5 de octubre del año
pasado, lo hizo usted el 27 de abril de este año y lo hizo
usted hace tan sólo dos semanas. Sin embargo, ese informe
todavía no ha llegado.
El pasado día 21, el Diputado señor Casas i Bedos nos dijo en
la Ponencia de familia que había hablado con el Gobierno, y no
me desmentirá algún Diputado entonces presente, y que el
Gobierno le decía que ese mismo día habían remitido el
supuesto informe por motorista. El motorista todavía no ha
llegado. A pesar de tantas promesas, el Ministro de la
Presidencia dijo en esta Cámara el 22 de junio que el informe
había sido aprobado por el Consejo de Ministros del día 20 de
mayo. Fue el día 27. Se le perdona el lapsus al Ministro de la
Presidencia. ¿Por qué no existe ese informe? Una de dos, o
usted no tiene palabra y no cumple con la palabra de remitirlo
a la Cámara, o ese informe no existe, o bien el informe,
cuando se empezó a elaborar, dejaba en tan mal lugar al
Gobierno que le da vergüenza remitirlo a la Cámara.
¿Podría aclarármelo, señora Ministra?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de
Asuntos Sociales.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, señor Michavila, ya está bien. Esto
parece una comedia de enredo. Y verdaderamente usted está
demostrando no ser una persona mínimamente correcta, puesto
que ese informe ha entrado en la Cámara, no es inexistente. Si
esto del informe va a ser como el precio, que usted puso la
sospecha de que no se administraban los fondos públicos con
rectitud, lo filtró a la prensa, al «ABC», y tuvo que pedir
excusas a la persona directora del informe en la Ponencia de
familia al día siguiente, si esto es lo mismo, yo de verdad le
digo que el pasado 23 de septiembre entró el informe completo,
dos tochos de enorme tamaño; que, con anterioridad al 4 de
agosto, entró el resumen, que hicimos por exceso de celo; un
resumen para facilitar el trabajo y la labor a los miembros de
la Ponencia de familia de la Comisión de Trabajo y Asuntos
Sociales. Bien está que, por exceso de celo, hayan entendido
que ese resumen no era suficiente, que debía ser el informe
total. El informe total está terminado en el mes de abril y
está presentado para su conocimiento al Consejo de Ministros
el 20 de mayo, como dijo aquí el Ministro de la Presidencia.
Y de verdad, me parece verdaderamente lamentable que usted,
fuera, en los pasillos, me diga que le envíemos el informe y
después diga que no existe. Esto parece como «La carta
robada». Lo último que falta es que uno que emulara a Lacán
hiciera ahora un análisis de cuál es la situación.
Esto es verdaderamente lamentable. Si usted no lo ha recibido,
desde luego, lo que sí le puedo decir es que ha tenido entrada
en esta Cámara el 23 de septiembre. Me parece absolutamente
lamentable.
Y le voy a decir una cosa, señor Michavila, mucho más
importante que el informe, si existe o no, si hay resumen o no
lo hay, y tanto mareo del tema, me parece que es debatir su
contenido. El contenido del informe es lo que se está
debatiendo con la presencia de las personas que lo han
realizado. Es lo que se está debatiendo en la Ponencia de
familia.
De verdad, no pierda usted más el tiempo y no nos lo haga
perder a los demás. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Lo que queremos precisamente es
hablar de ese informe cuando usted lo remita.
No deje por mentiroso al encargado del Registro de la Cámara,
con quien acabo de hablar por teléfono, el
señor don Antonio Morales, que me testifica que el informe no
ha llegado a esta Cámara, como dijo usted y reconoció que no
lo había remitido. Esto sería una anécdota si el informe no lo
hubiera hecho la hermana de la señora Ministra. Esto sería una
anécdota si, en un Gobierno con menos casos de corrupción, ese
informe no se hubiera encargado a la entonces Subdirectora del
Consejo de Investigaciones Sociológicas, que, siendo alto
cargo y, por lo tanto, incompatible, realizaba ese informe.
Esto sería una anécdota si no diera la casualidad de que es la
hermana de quien ha dirigido ese informe quien tiene que
recepcionarlo y presentarlo a la Cámara. Esto sería una
anécdota si quien dirige el informe no dijera que lo hace sin
cobrar, caso de altruismo que en otros Gobiernos sería casi de
broma. Esto sería una anécdota, si del índice que han remitido
del informe no se dedujera que... (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Michavila. Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
¿Tengo tiempo?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Diecinueve segundos,
señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Simplemente, voy a tener ocasión de explicar, a pregunta de
otro parlamentario, cómo ha sido la elaboración del informe,
quiénes han participado en el informe y cómo se realizó el
informe, y tendrán ustedes ahora mismo ocasión de escucharlo.
--DEL DIPUTADO DON BLAS TRUJILLO ORAMAS, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PERSONAS HAN
PARTICIPADO EN LA ELABORACION DEL INFORME SOBRE LA SITUACION
SOCIAL DE LA FAMILIA EN ESPAÑA, EN QUE MOMENTO SE CONTRATO A
DICHAS PERSONAS Y A CUANTO HA ASCENDIDO EL COSTE DE DICHO
INFORME? (Número de expediente 180/000709)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 26,
del Diputado don Blas Trujillo Oramas, que tiene la palabra.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente. La verdad
es que el don de la oportunidad, tras las afirmaciones del
Diputado del Partido Popular, parece evidente.
Señora Ministra, ¿qué personas han participado en la
elaboración del informe sobre la situación social de la
familia en España, en qué momento se contrató a dichas
personas y a cuánto ha ascendido el coste total del informe?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señores Diputados, lo primero que hay que decir
aquí es que, cuando se aceptan responsabilidades en el ámbito
de lo público y se acepta asumir un trabajo como Ministra, lo
primero que se piensa es que puede haber crítica por parte del
Parlamento, por parte de las Cortes Generales, y es muy lógica
esa crítica. (Un señor Diputado: Y obligación.) Y obligación,
exactamente. Y esa crítica puede ayudar muchas veces a los
responsables a rectificar. Pero, desdeluego, lo que yo no me
esperaba como Ministra, y me ha ocurrido por primera vez,
precisamente por las sospechas que ha puesto de relieve el
señor Michavila, lo que yo no esperaba era que se pudiera
poner en duda la rectitud de las personas que desempeñan las
funciones públicas y, en concreto, mi caso. Y el hecho de que
yo sea una persona perteneciente a una familia muy numerosa,
con personas profesionales de gran categoría en la familia, no
significa que las personas, que son mis hermanas, en este caso
mi hermana, Inés Alberdi, catedrática de sociología...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, le
ruego que se atenga a la pregunta y al preguntante. (Rumores.)
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): De
acuerdo, señor Presidente.
A mí lo que me parece lamentable es que se haya podido poner
en cuestión la rectitud de las personas. Efectivamente, como
me pregunta el señor Diputado, este informe fue dirigido por
Inés Alberdi, hermana de la que habla, como catedrática de
sociología, y a la sazón subdirectora del CIS. Por esa
condición de subdirectora del CIS, no aceptó cobrar nada por
su trabajo. El informe, en el que han participado
catedráticos, profesores, sociológicos y juristas, entre los
que me cuento, como abogada en ejercicio que era en aquel
momento y perfectamente compatible con el desempeño de la
parte jurídica, ha costado en total 10.236.000 pesetas. Por
áreas, el área demográfica, 3.500.000; los aspectos sociales,
2.300.000; los económicos, 3.000.000 y el ámbito jurídico, en
el que participaron cinco juristas, un millón de pesetas. El
momento en que se contrató, que usted también pregunta, fue el
primer semestre de 1992, es decir, mucho antes de que yo fuera
llamada a desempeñar el cargo de Ministra de Asuntos Sociales.
Por tanto, nada que ver sobre la nominación de la directora
del proyecto.
En cuanto al nivel de las personas que lo han desempeñado
fueron diez catedráticos, varios profesores y varios
sociólogos.
Yo, desde luego, quiero terminar haciendo un llamamiento al
señor Michavila para que...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra,
estamos en el turno de contestación a una pregunta del señor
Trujillo.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Yo
rogaría simplemente que no hubiera ese tipo de consideraciones
sobre la rectitud de las personas y creo que es importante que
no se siembre la sospecha, porque no es adecuada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Ministra. (Aplausos.--El señor Michavila Núñez pide la
palabra.) Señor Michavila, no tiene la palabra. Ya el
Presidente ha centrado la cuestión. No tiene la palabra.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: He sido aludido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: He sido aludido, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡No tiene la palabra,
señor Michavila! (Fuertes rumores en los bancos del Grupo
Popular.) Le llamo al orden, señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: He sido aludido. (Rumores.--
Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Su señoría ha formulado una pregunta, le ha sido contestada; a
continuación se ha formulado otra pregunta, y cuando la
Presidencia... (Protestas del señor Michavila Núñez y en los
bancos del Grupo Popular.) ¡Señor Michavila! Y cuando la
Presidencia ha entendido que la señora Ministra se salía de la
cuestión, la ha llamado a la cuestión y nada más. No tiene la
palabra el señor Michavila. (Protestas y rumores.)
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, he sido aludido.
(Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Michavila, le
llamo al orden. No tiene la palabra.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL FALLECIMIENTO DE NIÑOS,
OCASIONADO POR LA NEGATIVA DE SUS PADRES, ALEGANDO MOTIVOS DE
CONCIENCIA O RELIGIOSOS, A EFECTUAR UNA TRANSFUSION DE SANGRE?
(Número de expediente 180/000711)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta de don Josep
Pau i Pernau. Señor Pau i Pernau.
El señor PAU I PERNAU: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, soy consciente de la complejidad del tema que
es objeto de esta pregunta y también de la que ha formulado el
señor Fernández-Miranda y sobre todo de la dificultad de poder
facilitar en este trámite una respuesta concreta a la misma.
No obstante, entiendo que la preocupación social que han
suscitado hechos recientes como el fallecimiento de un niño en
Huesca y una niña en Lleida, a los que sus padres denegaron
autorización para efectuar una transfusión de sangre, aunque
son supuestos distintos, alegando todos ellos motivos
religiosos, precisa de un posicionamiento del Gobierno.
Nuestra Constitución, en su artículo 15, proclama el derecho
de todos a la vida; en el 16, garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto; el artículo 39, en sus
apartados 2 y 4, nos indica que los poderes públicos aseguran
la protección integral de los hijos y que los niños gozarán de
la protección prevista en los acuerdos internacionales; y en
su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la
salud y nos dice también que la ley establecerá los derechos y
deberes de todos al respecto.
En ocasiones, como la que desgraciadamente nos ocupa, estos
derechos colisionan y en algunos colectivos, no en los
responsables públicos de los servicios sanitarios o del Poder
Judicial --que creo que han actuado correctamente--, se
plantean dudas sobre su primacía al anteponer sus creencias
religiosas a la salud o la propia vida y a la de las personas
bajo su tutela. Durante los últimos días y a raíz de estos
hechos, hemos asistido a un gran debate público y a diversas
declaraciones de grupos políticos y responsables de las
distintas administraciones, todas ellas muy cautelosas, como
no podía ser menos, que insisten desde la posibilidad de
retirar la tutela de sus hijos a los padres cuyas creencias
pongan en peligro la vida de los menores hasta la supresión
del procedimiento de autorización judicial para este tipo de
transfusiones, u otras que impidan estos sucesos.
Por ello, pregunto: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para evitar el fallecimiento de niños, ocasionado por la
negativa de sus padres, alegando motivos de conciencia o
religiosos, a efectuar una transfusión de sangre?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pau.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, en primer lugar, quiero manifestar la grave
preocupación que tiene el Gobierno por este tipo de hechos que
han ocurrido recientemente y que han conmocionado en alguna
medida a la sociedad española. Tengo que decirles que el
ordenamiento jurídico español dispone de los instrumentos
legales que hacen prevalecer, en cualquier caso, el derecho de
los menores a la salud y a la vida, fundamentalmente esa
prevalencia de la vida. Por consiguiente, en nuestra
legislación no existe derecho alguno que permita a los padres
disponer de las vidas de los hijos sometidos a la patria
postetad. El artículo 39 de la Carta Magna, además, obliga a
los padres a prestar la asistencia de todo orden a los hijos y
a asegurar su protección. Los niños gozan de la protección
prevista en los convenios internacionales, y, desde luego,
España tiene ratificada la Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos del niño. Por tanto, señoría, la patria potestad
debe ejercerse siempre en beneficio de los hijos. Así está
claramente determinado en nuestro Código Civil. Los motivos
religiosos o de otro tipo son irrelevantes cuando se trata de
consentir el tratamiento urgente de un menor por parte de
quien ostente la patria potestad. Tanto la Constitución, que
ya he citado, como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que
garantizan el ejercicio de la libertad religiosa y de culto,
tienen las limitaciones que sean necesarias para las
actividades que se concreten en las manifestaciones de dicha
libertad, si alcanzan a temas que entran en conflicto con esos
derechos fundamentales. Desde luego, es principalísima la
salvaguarda de la salud pública y, por supuesto, de la salud
de los menores. El derecho a la libertad religiosa,
garantizado en el artículo 16.1 de la Constitución, no da
lugar en ningún caso a que pueda extenderse al ámbito de la
salud de las personas.
En consecuencia, tiene que quedar claro que debe ser este
último, el de la salud de las personas, el derecho que
prevalezca, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Y
el consentimiento del artículo 10.6 de la Ley General de
Sanidad, que ha citado usted, y que determina que deben dar
los parientes la autorización para las intervenciones médicas,
en este caso, como en otros que son de urgencia, no permite
que se espere a esa autorización...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.
--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUAL HA SIDO LA
CANTIDAD ECONOMICA EN BIENES MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS QUE
HAN SIDO INCAUTADOS PROCEDENTES DEL DECOMISO DEL TRAFICO DE
DROGAS? (Número de expediente 180/000704)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 21,
del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, que tiene la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, señor Ministro,
¿cuál ha sio la cantidad económica en bienes mobiliarios e
inmobiliarios que han sido incautados procedentes del decomiso
del tráfico de drogas?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señoría, la pregunta está formulada en
términos muy generales. He de suponer que se refiere a la
presente legislatura y he de suponer que se refiere, por
tanto, al período de 1993, que sería el único computado.
Dentro de esos límites interpretativos, le puedo decir que,
aproximadamente --las cifras se las puedo indicar en concreto,
si usted lo desea en la replica--, las cifras están en torno a
los 1.000 millones de pesetas, alrededor de medio millón de
dólares, uno 127 millones de pesetas en joyas, unos 26
millones en otros conceptos y unos 1.500 vehículos incautados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Robles tiene
la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
El tema, evidentemente, de la cantidad no es un tema poco
importante, pero yo tampoco quiero centrarme en un debate o en
una discusión con usted, señor Ministro, sobre las cantidades.
En todo caso, quiero ponerle de manifiesto que incluso lo que
usted me acaba de contestar no coincide con la contestación a
la pregunta que formulé por escrito y que me contestó el
Gobierno. Son bastantes más los bienes y las cantidades que en
el escrito cita el Gobierno y, desde luego, bastante más lo
que la propia Memoria, que acaba de ser publicada, del
Servicio de Vigilancia Aduanera hace referencia. Se habla, por
ejemplo, de 2.500 millones, solamente en embarcaciones, o de
22.000 millones de pesetas en cuanto a blanqueo de capitales.
En todo caso, con ser importante este tema, porque pone de
manifiesto el volumen del que estamos hablando,
yo quería hoy hablarle, sobre todo, de la utilización que se
está haciendo de este dinero.
Hoy, especialmente, señor Ministro, que, como usted sabe, hay
una indignación importante en la sociedad española por un
asunto que ha puesto de manifiesto, una vez más,
insuficiencias importantes en la lucha contra la droga,
insuficiencias que no son nuevas y que han sido manifestadas
reiteradas veces, y que hoy han sacado a la luz pública de
nuevo declaraciones muy importantes y muy recientes. Por
ejemplo, la del Fiscal Especial de Lucha contra la Droga que
usted bien sabe acaba de poner de manifiesto, una vez más,
estas deficiencias; o las de importantes y relevantes jueces,
que usted conoce perfectamente, y que han hablado de leyes de
papel, de medios inexistentes; o las propias de esta Cámara o
las propias de la sociedad.
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el propio
Presupuesto del pasado año establecían la posibilidad de
utilizar los bienes decomisados a los narcotraficantes para la
lucha eficaz contra el narcotráfico. No me vale, señor
Ministro, que en el Pleno anterior orquestaran ustedes, el
Gobierno y el Grupo Socialista, una pregunta para decirme y
enseñar un papel diciendo: Aquí está el proyecto de ley del
fondo. Eso lo hemos oído demasiadas veces. No es suficiente
que el Gobierno diga eso cuando llevamos un año de retraso,
cuando durante este año se podía haber desarrollado este
precepto, que hubiera hecho posible la utilización de esos
bienes de forma tal importante. Pero es que aún hay más. El
propio crédito extraordinario que se habilitó en los
Presupuestos de hasta 500 millones de pesetas, no ha sido
utilizado. Se dotó con 25 millones de pesetas exclusivamente.
Por tanto, señor Ministro, estamos hablando claramente de una
negligencia del Gobierno, de una parálisis del Gobierno y, a
mi juicio, también de una desorientación del Gobierno en la
lucha contra la droga. Negligencia, desorientación y parálisis
que, señor Ministro, es el momento ya, claramente, de romper y
proceder a hacer de nuevo un diálogo con la sociedad, un
diálogo con las fuerzas sociales y poner ustedes orden en su
propia casa, hacer posible que vengan proyectos a esta Cámara
y que haya recursos, los mismos recursos que las leyes
establecen para hacer eficaz ir contra el narcotráfico.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
A mí ya me extrañaba que a usted le interesara cuál ha sido la
cantidad económica en bienes mobiliarios ocupada. Pero eso es
lo que ha preguntado S.S. Ha sido usted. Me pregunta qué
cantidad y le contesto qué cantidad. Ahora, compruebo que,
razonablemente, a usted la cantidad le parece un asunto
irrelevante. No sé por qué me pregunta entonces sobre la
cantidad. Pero aclarado que usted, en realidad, quería
preguntar algo completamente distinto de lo que ha formulado,
con mucho gusto entraré en su intervención. Desde ese punto de
vista, tuve el honor de informar a la Cámara, con ocasión de
otra pregunta de la Diputada señora Romero, sobre cuáles eran
los planes en este tema y que el borrador, efectivamente, ya
está terminado. No se pueden hacer más deprisa las leyes,
señor Diputado; usted lo sabe. Tenemos desde diciembre de
1993. Es un período razonable de actividad prelegislativa. En
todo caso, nuestro propósito --porque compartimos que es un
tema urgente-- es que logremos hacerlo en este mismo período
de sesiones. Pero, ciertamente, no se pueden hacer las leyes
en diez días, y menos una ley de ese calado y de esa entidad.
Por otro lado, respecto a la enmienda a la que usted también
ha hecho alusión en su réplica, le diré que, efectivamente, se
trata de créditos ampliables, concretamente hasta la cantidad
de 500 millones de pesetas. El baile de cifras se debe a que
depende de lo que usted pregunte. Lo que yo le he contestado,
dada la ambigüedad de su pregunta, es lo que han decomisado
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso es lo que
figura en la Memoria del Fiscal General del Estado. Si a lo
que usted se refiere es a las cantidades que han sido
impuestas en sentencia firme de los tribunales, las cifras son
obviamente distintas. Si alude, por el contrario, a las cifras
que solamente tienen nivel de infracción administrativa y no
delictiva, las cifras son diferentes. Si usted formula bien la
pregunta, seguro, señoría, que tendrá una cumplida respuesta.
Si usted mismo incide en la ambigüedad en la pregunta, no creo
que tenga derecho a quejarse de la respuesta.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE VALORACIONES HACE EL GOBIERNO DE LOS CRITERIOS
QUE HA MANTENIDO EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN
RELACION AL PROYECTO DE LEY DE DESPENALIZACION DE LA
INTERRUPCION DEL EMBARAZO? (Número de expediente 180/000712)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29, de
la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque.
Señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Muchas gracias, señor Presidente. El
equilibrio de poderes institucionales establecidos en nuestra
Constitución no fue un ejercicio arbitrario de los
constituyentes; por el contrario, fue la reflexión fruto de la
voluntad de garantizar la convivencia y consolidar un Estado
de Derecho que asegurara el imperio de la ley como expresión
de la voluntad popular. En ese sentido, nuestra Constitución
establece, en el artículo 66, que las Cortes Generales
representan al pueblo español y ejercen la potestad
legislativa del Estado. En el artículo 107 de la Carta Magna
se establece que el supremo órgano consultivo del Estado es el
Consejo de Estado. Y en el artículo 122 se establece que el
Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno
del Poder Judicial y tiene, como misiones, entre otras, las de
las materias de nombramientos, ascensos, inspección y régimen
disciplinario. En desarrollo de la Constitución, la Ley
Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, establece,
en los artículos 104 y siguientes, las disposiciones
referentes a la organización y el ejercicio de las
competencias propias del Consejo General del Poder Judicial.
Por lo que se refiere a la pregunta que le voy a formular,
señor Ministro, me llama la atención de que entre las
competencias del Consejo General del Poder Judicial están,
según el artículo 107, la de propuesta de nombramiento, la de
inspección de juzgados y tribunales, la de formación,
perfeccionamiento y régimen disciplinario de jueces y
magistrados, el ejercicio de competencias relativas al Centro
de Estudios Judiciales, la elaboración y aprobación del
presupuesto del Consejo, la potestad reglamentaria,
publicaciones oficiales, etcétera, y el informe preceptivo --
según el artículo 108 de la Ley-- de todo lo que se refiera a
la determinación y modificación de las demarcaciones
judiciales, fijación y modificación de la plantilla orgánica
de jueces y magistrados, estatuto orgánico de jueces y
magistrados, estatuto orgánico de secretarios, normas
procesales, régimen penitenciario, y aquellas otras que le
atribuyen las leyes. Entre las atribuciones legales no está, a
nuestro juicio, la de informar sobre el anteproyecto de ley
del aborto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Pelayo. Ha concluido su tiempo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señoría, la posición del Gobierno en este
tema podría sintetizarse en tres aspectos. El primero sería el
estrictamente jurídico. Desde un punto de vista jurídico, no
existe informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la
Ley. No existe debido a que no se alcanzó la mayoría de ocho
votos necesarios para que exista informe del Consejo. Lo que
existió fue siete votos contrarios al dictamen preparado por
la Comisión de Estudios del propio Consejo, seis a favor y dos
abstenciones.
En segundo término, sería la valoración institucional del
trabajo del Consejo. En este sentido, el Gobierno siempre ha
tenido y tiene un alto respeto por el papel institucional del
Consejo General del Poder Judicial que, desde luego, alcanza
toda su extensión en la medida en que sus dictámenes tengan
una proyección de carácter estrictamente técnico-jurídico. En
este sentido, las observaciones de carácter técnico-jurídico
que contiene ese informe serán valoradas detalladamente por el
Gobierno.
En tercer lugar, hay que dejar absolutamente claro que en modo
alguno pueden prevalecer las opciones ideológicas, las
opiniones personales de los miembros del Consejo, sobre los
planteamientos del programa del Partido Socialista que sirve
de amparo y que sustenta al Gobierno.
En consecuencia, el Gobierno continuará adelante el proyecto
para hacer efectivo el cumplimiento del programa socialista.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS PARA APOYAR A LA ECONOMIA PRODUCTIVA Y A LAS PYMES
(Número de expediente 172/000067)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto V del orden del
día: Interpelaciones Urgentes.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso sobre medidas para apoyar a la economía productiva y
a las Pymes. Para presentar la interpelación tiene la palabra
por parte del Grupo Popular... (Pausa.)
Siendo éste el último punto del orden del día, queda decaída
la interpelación. Señorías, el Pleno se reanudará mañana a las
nueve horas. Se suspende la sesión.
Eran las cinco y treinta minutos de la tarde.