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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 90, de 20/09/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 90 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 89
celebrada el martes, 20 de septiembre de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4644)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
límites del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el
derecho fundamental de residencia y de circulación de los
minusválidos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 57.1, de 11 de febrero de 1994. (número de
expediente 122/000046) (Página 4644)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
--Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5
de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el
abastecimiento de agua a los núcleos de la bahía de Palma de
Mallorca (número de expediente 121/000065) (Página 4649)
--Modificaciones del orden del día (Página 4649)
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación):
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. González Lizondo), sobre
indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de
la rotura de la Presa de Tous. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 56.1, de 7 de febrero de 1994.
(Corrección de error publicada en «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 56.2, de 24 de febrero de
1994) (número de expediente 122/000044) (Página 4650)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
revisar y a adecuar a la actual situación económica y
financiera las medidas de financiación de actuaciones
protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995,
recogidas en el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 39,
de 20 de diciembre de 1993 (número de expediente 162/000064)
(Página 4655)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se insta al Gobierno a modificar la actual regulación
del denominado «1% cultural». «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 26, de 8 de noviembre de 1993
(número de expediente 162/000044) (Página 4661)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno para
garantizar, potenciar y desarrollar el sector pesquero
nacional (número de expediente 173/000049) (Página 4668)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno
para recuperar la credibilidad de los Presupuestos Generales
del Estado (número de expediente 173/000050) (Página 4678)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales:
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 116.1, de 13 de junio de 1994 (número de expediente
110/000096) (Página 4683)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a las
Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24
de extradición. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 117.1, de 13 de junio de 1994 (número de
expediente 110/000097) (Página 4683)
--Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de
Astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26
de mayo de 1979. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 118.1, de 14 de junio de 1994 (número de
expediente 110/000098) (Página 4683)
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de
octubre de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 124.1, de 27 de junio de 1994 (número de
expediente 110/000099) (Página 4683)
--Convenio relativo a la determinación del Estado responsable
del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los
Estados Miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín
el 15 de junio de 1990, así como el Protocolo de corrección de
errores hecho en Dublín el 24-11-93, y Declaración formulada
por España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
C, número 119.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente
110/000100) (Página 4683)
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de
octubre de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 125.1, de 27 de junio de 1994 (número de
expediente 110/000101) (Página 4683)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de
Polonia al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre competencia de las
Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 120.1, de 17
de junio de 1994 (número de expediente 110/000102) (Página 4683)
--Canje de Cartas de fechas 29-7-93 y 19-5-94 constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el
memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la
decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de
Cuencas Hidrográficas de Montaña, Jaca, 4 al 15 de julio de
1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 121.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente
110/000103) (Página 4684)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de
Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre competencia de las
Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 122.1, de 17
de junio de 1994 (número de expediente 110/000104) (Página 4684)
--Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en
Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 123.1, de 17 de junio de 1994
(número de expediente 110/000105) (Página 4684)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
91, de 21 de septiembre de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4644)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4644)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre límites
del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho
fundamental de residencia y de circulación de los minusválidos
(Página 4644)
La señora García-Alcañiz Calvo defiende la proposición de ley
del Grupo Popular, manifestando que el único objetivo de la
misma es tratar de mejorar la condición de vida de los
minusválidos, sin que ello suponga una carga para ningún
tercero ni para el Estado y los poderes públicos. Añade que
presentan de nuevo la proposición de ley a la Cámara por
tratarse de un problema vivo y muy duro para los que lo
padecen y que es muy sencillo de resolver sin perjuicio ni
coste alguno para nadie. Alude a la Ley 3/1990, de
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, por la que se
establece que bastaba la aprobación de las tres quintas partes
de los miembros de la comunidad de propietarios para autorizar
la modificación de las barreras arquitectónicas de los
inmuebles a fin de que los minusválidos pudieran acceder más
fácilmente a su piso, pero que se trata de una Ley que ha
resuelto muy poco o nada, como se comprueba si se pregunta a
los minusválidos o a las asociaciones que los integran.
Destaca la gravedad del problema que supone para unos
minusválidos la entrada y salida de casa, especialmente la
subida y bajada de escaleras, el cruzar puertas estrechas y
tomar los ascensores, por lo que, de hecho, se viene a privar
a los minusválidos de su plena participación en la vida
política y social que propugna la Constitución, y de la
situación de igualdad y no discriminación establecida en el
artículo 14 de la misma.
Consecuentemente, se trata, en el caso que les ocupa, de
reconocer a los minusválidos el derecho de eliminar el
obstáculo que supone las barreras arquitectónicas para su
libertad de circulación. Es un problema que afecta a miles de
personas y que exige una decisión adecuada de los poderes
públicos. A este fin, pide a la Cámara la toma en
consideración de la proposición de ley, sin perjuicio de que,
en debates posteriores, los grupos parlamentarios puedan
perfeccionar su texto.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las señoras
Urán González, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Fernández Sanz, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se
aprueba la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Popular por 282 votos a favor.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 4649)
Del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de
5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el
abastecimiento de aguas a los núcleos urbanos de la bahía de
Palma de Mallorca (Página 4649)
El señor Presidente informa a la Cámara que la Mesa, oída la
Junta de Portavoces y de conformidad con lo previsto en el
artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la
aprobación del Pleno la tramitación directa y en lectura única
por el propio Pleno del proyecto de ley procedente del Real
Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto.
Se aprueba por asentimiento dicha tramitación directa y en
lectura única por el Pleno del proyecto de ley.
Modificaciones del orden del día (Página 4649)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del
Reglamento, la exclusión del orden del día de la presente
sesión del proyecto de ley por el que se autoriza la
ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea, cuyo debate de
totalidad figura como punto 55 del orden del día. Se aprueba
por asentimiento la citada exclusión del orden del día.
Asimismo el señor Presidente informa a la Cámara que la Junta
de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado
someter al Pleno que el debate y las votaciones
correspondientes al punto VI del orden del día, sobre
convenios internacionales, puntos 33 a 42, tengan lugar hoy
martes al finalizar el punto 6.
Se aprueba por asentimiento esta modificación del orden del
día.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación)
(Página 4650)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor González Lizondo), sobre
indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de
la rotura de la presa de Tous (Página 4650)
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende la
proposición de ley presentada. Expone que mucho se ha escrito
sobre la rotura de la presa de Tous y mucho se ha hablado en
esta Cámara sobre ello, pero en estos momentos, transcurridos
doce años de aquella riada y rotura de la presa, aún están por
delimitar, en muchos casos, las tierras que se deben entregar
a sus virtuales propietarios, familias labradoras que durante
siglos las habían venido cosechando.
Señala que en otras comunidades ha habido desgracias,
inundaciones y catástrofes y no se ha apelado a ningún
tribunal de justicia sino que se ha intentado paliar los daños
producidos resarciendo los intereses perdidos, y Unión
Valenciana siempre ha estado de acuerdo en que así se hiciera.
En esta ocasión, y aunque sea con retraso, llama desde esta
tribuna a la responsabilidad de todos los grupos
parlamentarios y señores Diputados y pide su apoyo para la
toma en consideración y tramitación de esta proposición de
ley. Afirma que los ciudadanos de la Ribera del Júcar, en
Valencia, han soportado más de once años de abandono del
Ejecutivo y otros tantos de desprotección dilatoria del Poder
judicial, por lo que sólo les queda pedir el auxilio de esta
Cámara. Y él, personalmente, les pide responsabilidad,
solidaridad y confianza para con unos ciudadanos que tan sólo
solicitan justicia.
Reconoce que la proposición de ley puede tener defectos, pero
los mismos cabe subsanarlos durante su tramitación posterior.
Agrega que se ha hablado tanto de Tous, que en este momento
sólo espera que todos los grupos apoyen la tramitación de la
proposición de ley, y Valencia lo agradecerá.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Peralta Ortega, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Pascual Monzó, del Grupo Popular, y Mohedano
Fuertes, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba
la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Mixto por 298 votos a favor.
Proposiciones no de ley (Página 4655)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a revisar y
adecuar a la actual situación económica y financiera las
medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia
de vivienda del Plan 1992-1995, recogidas en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre (Página 4655)
El señor Andreu Andreu defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, planteando
de nuevo a la Cámara la situación en que se encuentra la
vivienda en nuestro país y sobre todo, cómo se encuentran las
subsidiaciones y los acuerdos que firma el Gobierno con las
entidades bancarias para el otorgamiento de créditos
hipotecarios a los usuarios y posibles propietarios de
viviendas que necesitan objetivamente subsidiación.
Precisamente la acumulación de préstamos de esta naturaleza
fue lo que hizo posible probablemente que el Gobierno, por el
Real Decreto 1932/1991, se planteara la ejecución de un plan
cuatrienial de viviendas cuando llevaba muchísimo tiempo sin
plantear planificación plurianual alguna de vivienda. Añade
que, como consecuencia del citado plan, que aún durará hasta
el año 1995, el Gobierno se planteó una serie de propuestas
con las que se pretendía luchar contra los elevados tipos de
interés que se estaban dando en el mercado hipotecario. La
disminución de esos tipos de interés ha tenido efectos
claramente positivos, porque ha producido que sectores
importantes del pueblo español que tenían graves dificultades
para llegar a la vivienda hayan podido acceder a ella a través
de estos créditos hipotecarios.
Sin embargo, muchas de las condiciones que vinieron a
mejorarse con aquel Real Decreto hoy han quedado anticuadas,
ya que la bajada de tipos de interés en el mercado hipotecario
se ha debido en gran parte a la Ley de Modificación de los
Créditos Hipotecarios, gracias a la cual tales tipos de
interés quedan por debajo de lo que marcó el Real Decreto del
Plan de Viviendas 1992/1995. Por consiguiente, la proposición
de Izquierda Unida tiene vigencia completa en su punto
primero, por lo que considera que deben ser revisados los
convenios que se están realizando con entidades de crédito
para rebajar los tipos de interés. En definitiva, la
proposición no de ley puede y debe servir para plantear de
nuevo una revisión de lo que han sido los conceptos del Plan
de Vivienda, a la vista de que han variado las condiciones
existentes cuando dicho Plan fue aprobado, inciciendo así en
una mejora de las condiciones de acceso de los españoles al
mercado de la vivienda.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen los señores Fernández de Trocóniz Marcos, del
Grupo Popular, y Velasco Rodríguez, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley
debatida por 298 votos a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se insta al Gobierno a modificar la actual regulación del
denominado «1% cultural» (Página 4661)
El señor Baltá i Llopart defiende la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Alude a la Ley de 25 de
junio de 1975, del Patrimonio Histórico Español, que resolvió
una situación de dispersión legislativa que se había
prolongado durante decenios, y en desarrollo de la cual se
dictó el Real Decreto 111/1986, regulando el denominado uno
por ciento cultural. La proposición no de ley que ahora
defiende viene a enmendar el texto de ese Real Decreto, a la
vista del tiempo transcurrido desde su promulgación y
considerando que se ha producido una cierta indefinición
respecto a los caminos a través de los cuales el monto
económico total de ese porcentaje del uno por ciento llega al
área concreta de la cultura. A través de la proposición no de
ley plantean que la inversión cultural debiera hacerse en la
misma comunidad autónoma en que se efectúa la obra pública,
solucionando, por otra parte, una cierta conflictividad que se
ha producido entre los diferentes departamentos del Ejecutivo,
concretamente entre los Ministerios de Obras Públicas y
Cultura, haciendo aún más difícil que los gobiernos
autonómicos pudieran opinar o decidir sobre el particular, a
pesar de que la obra cultural se ubicara en su territorio.
Dado que considera que los señores Diputados conocen
perfectamente el problema, no estima necesario entrar en más
detalles, por lo que se limita a solicitar el voto favorable
de los distintos grupos parlamentarios a la proposición no de
ley. En concreto, se trata de que los fondos afectados sean
transferidos al Ministerio de Cultura y éste los aplique,
previa consulta con la respectiva comunidad autónoma, en el
propio territorio de la misma.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen los señores Cortés Martín, del Grupo Popular;
Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada
por 171 votos a favor, uno en contra y 132 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4668)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar,
potenciar y desarrollar el sector pesquero nacional (Página 4668)
El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya manifestando que, después del
debate habido el miércoles anterior al plantear la
interpelación correspondiente, a través de esta moción
Izquierda Unida cree que ofrece a la Cámara la oportunidad de
plantearse el problema de la pesca en globalidad. Señala que,
hasta ahora, la pesca ha sido objeto de muchos debates
parlamentarios que de forma fragmentaria han ido viendo
diferentes aspectos de los problemas por los que pasa el
sector pesquero. Así, hay numerosas proposiciones no de ley
aprobadas sobre la materia, pero hasta ahora este Congreso no
había tenido la oportunidad de plantear un dictamen sobre el
incremento de los problemas de la pesca en nuestro país. La
proposición da la oportunidad a la Cámara de emitir ese
dictamen, planteando las modificaciones legales que han de
realizarse en el ámbito de nuestra legislación, la cuestión de
las competencias con las comunidades autónomas y el papel y la
actitud que el Gobierno debe tomar ante la Unión Europea sobre
los diferentes problemas que acerca de la pesca hoy se dirimen
en el ámbito de la Comunidad. Al efecto, proponen la creación
de una ponencia en el ámbito de esta Cámara que pueda debatir
y a la que puedan asistir personas cualificadas en los
diversos estamentos del sector pesquero, con lo que se podrá
tener conocimiento de primera mano sobre las dificultades que
tiene el sector, y también los importantísimos problemas
laborales que en el mismo existen. Igualmente podrá conocer
sobre los dimensionamientos que nuestra flota debe tener y
cómo se debe abordar la reconstrucción de muchos de los
caladeros nacionales, hoy agotados, y que deben volver a ser
útiles y productivos para nuestro país mediante una
racionalización en el uso de los mismos. Asimismo pueden
abordarse en la ponencia importantes asuntos relacionados con
otros países y el referente a las infracciones de pesca, así
como cualquier otro planteamiento que pueda hacerse, ya que la
ponencia no es excluyente.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los
señores Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular, y
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV).
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Moragues Gomila, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, con las rectificaciones resultantes de las
precisiones efectuadas por el señor Andreu en el curso del
debate, es aprobada por 300 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general que piensa adoptar el Gobierno para
recuperar la credibilidad de los Presupuestos Generales del
Estado (Página 4678)
El señor Aguirre Rodríguez defiende la moción del Grupo
Popular, aludiendo al debate del pasado miércoles, en el que
intentaban conocer qué medidas iba a adoptar el Gobierno para
recuperar la credibilidad presupuestaria, cuyo objetivo
central para el Grupo Popular es la reducción del déficit
público, así como poner el Presupuesto al servicio de la
estabilidad de la economía. En el debate anterior denunciaban
la laxitud como característica fundamental del Presupuesto y
la existencia del déficit oculto por determinar en el sector
público, hechos ambos que han sido avalados por el Tribunal de
Cuentas al fiscalizar la
cuenta general del Estado. Agrega que sus críticas reiteradas
a las cuentas del Estado y a los déficit públicos son
aisladas, pues otros están advirtiendo con insistencia sobre
los riesgos de la permanencia de este déficit, y últimamente
la propia Comunidad Europea ha abierto expediente a España por
considerar excesivo el citado déficit e insuficientes las
medidas del Gobierno para contenerlo. Considera que la
reprimenda es merecida y justificada, pero es también
bochornosa, y la reacción del Gobierno y de los grupos que le
apoyan insostenible. Seguir hablando en materia de política
presupuestaria de todo menos de las medidas para recuperar la
credibilidad de los Presupuestos, en el objetivo de la
reducción del déficit es, a su entender, una auténtica
irresponsabilidad.
Afirma que con ese descontrol del déficit público la
recuperación económica quiebra, pero el Grupo Popular
considera que nos encontramos aún a tiempo de identificar
medidas que con el respaldo de una amplia mayoría de los
grupos de esta Cámara tengan como objetivo, en primer lugar,
recuperar la credibilidad de los Presupuestos y, en segundo
lugar, fortalecer su contribución a la recuperación económica.
Estas razones les mueven a presentar esta moción como una
propuesta para el diálogo parlamentario, aun siendo
conscientes de que algunas ya fueron rechazadas por los votos
socialistas en ocasiones anteriores y de que otros grupos no
van a poder votar dichas propuestas por estar presos de un
pacto que en estos momentos les obliga a no mirar el contenido
estricto de esta moción. Expone que la falta de credibilidad
de las cuentas del Estado y de su situación patrimonial,
denunciadas por el Tribunal de Cuentas, hacen necesario
realizar una auditoría que identifique el déficit público real
de las administraciones públicas. Asimismo, estima necesario
determinar las deudas que las administraciones públicas tienen
con los contratistas y proveedores. Y no sólo identificar esa
deuda, queda también elaborar un plan especial para su
cancelación.
Por otra parte, es preciso que el proyecto de la nueva Ley
General Presupuestaria, anunciado por el Ministro de Economía
y Hacienda, recoja las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
en su moción de diciembre de 1993, en cuanto a la contabilidad
pública, las modificaciones de créditos y sobre autodisciplina
en su ejecución. Igualmente es necesaria la reforma de la
intervención General de la Administración del Estado,
garantizando la plenaautonomía funcional y una adscripción
orgánica superior para reforzar las instituciones de control.
Termina señalando que la moción se completa con un conjunto de
propuestas que promuevan una mayor contribución al objetivo de
la citada recuperación de la credibilidad de las cuentas del
Estado, solicitando para la misma el voto favorable de la
Cámara.
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Hernández
Moltó, en nombre del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular es rechazada
por 130 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales (Página 4683)
Para un turno en contra del Convenio europeo sobre
determinación del primer país a la hora de decidir los
procedimientos a seguir en los casos de demanda de asilo
intervienen los señores Rupérez Rubio, en nombre del Grupo
Popular, y López Garrido, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno a favor del convenio
interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora Balletbó
Puig.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de
1994.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 277 votos a
favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de
España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a las
Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24
de extradición.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 275 votos a
favor. Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en
materia de astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma
(Canarias) el 26 de mayo de 1979. Sometido a votación, se
aprueba el dictamen por 284 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de
octubre de 1993.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a
favor y una abstención.
Convenio relativo a la determinación del Estado responsable
del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín
el 15 de junio
de 1990, así como el protocolo de corrección de errores hecho
en Dublín el 24-11-93, y declaración formulada por España.
Sometido a votación, se aprueba por 147 votos a favor, 12 en
contra y 126 abstenciones.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de
octubre de 1993.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 283 votos a
favor y uno en contra.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia
al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y
la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en
La Haya el 5 de octubre de 1961.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a
favor y una abstención.
Canje de Cartas de fechas 29-7-93 y 19-5-94 constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el
Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la
decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de
Cuencas Hidrográficas de Montaña, Jaca, 4 al 15 de julio de
1994. Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 280
votos a favor. Declaración de Aceptación de España de la
Adhesión de Turquía al Convenio número X de la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de
las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
Sometido a votación, se aprueba por 284 votos a favor.
Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en
Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 123.1, de 17 de junio de 1994.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a
favor. Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco
minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución por parte de don Joan Horaci Simó i Burgues,
Diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central en
sustitución de don Josep Grau i Seris.
Don Joan Horaci Simó i Burgues, ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
El señor SIMO I BURGUES: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Joan Horaci Simó i Burgues ha
adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la
Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA HACER EFECTIVO EL
DERECHO FUNDAMENTAL DE RESIDENCIA Y DE CIRCULACION DE LOS
MINUSVALIDOS (Número de expediente 122/000046)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo
Popular, sobre límites del dominio sobre inmuebles para hacer
efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación
de los minusválidos.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora
García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señorías, de nuevo viene a la Cámara, para su toma en
consideración, una proposición de ley cuyo único objetivo es
tratar de mejorar la condición de vida de los minusválidos,
sin que ello suponga una carga para ningún tercero, ni para el
Estado ni para los poderes públicos. Viene de nuevo porque se
trata de un problema vivo y muy duro para los que lo padecen,
que aún no han encontrado solución en dos medidas
legislativas, que han servido más para que la opinión pública
no crea en la utilidad de su Parlamento que para lo contrario.
Desgraciadamente es así y hay que decirlo. Ruego a todas
SS.SS., pero especialmente a las señorías socialistas, que
escuchen, porque el problema es sencillo
de entender escuchando, por supuesto. Una vez entendido, es
también, aunque sólo sea por esta ocasión, muy sencillo de
resolver, sin perjuicio ni coste alguno para nadie.
Me refiero, en primer lugar, a la modificación de la Ley de
Propiedad Horizontal de 1960, que tuvo lugar por Ley 3/1990.
La modificación estableció que no era necesaria la unanimidad
del acuerdo, sino que bastaba la aprobación de las tres
quintas partes de los miembros de la comunidad de
propietarios, que representan las tres quintas partes del
conjunto de la propiedad, para autorizar la modificación de la
estructura del inmueble, de derribo de las barreras
arquitectónicas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
(Pausa.) Cuando quiera.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Decía que la modificación que se pedía era la de derribar las
barreras arquitectónicas, a fin de que los minusválidos
pudieran acceder a su piso. Esta medida puede parecerles a
algunos progresiva, puesto que antes exigía acuerdo unánime y
ahora sólo requiere, a partir de esta Ley del año 1990, el
acuerdo de la mayoría cualificada de tres quintas partes de
los propietarios y de la propiedad. Pero, señorías, esta Ley
no ha resuelto nada o ha resuelto muy poco, y basta para
comprobarlo si se pregunta individualmente a los minusválidos
o si se pregunta a las asociaciones que los integran.
Ahora bien, la reforma, señor Presidente, debe entenderse
manifiestamente inconstitucional, a pesar de su benevolente
intención de reducir los riesgos y los rigores de la antigua
ley. Su inconstitucionalidad procede de que en el año 1978 se
aprobó la Constitución hoy vigente, cuyo artículo 9.2
determina como responsabilidad de los poderes públicos la de
«...promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo... sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social». Para que penetre en la
conciencia de cada uno de nosotros la gravedad que el problema
tiene, hay que partir del hecho de que la salida y la entrada
en casa, en su propio piso, es para un minusválido una
verdadera aventura peligrosa, comparable a veces al descenso
del Orinoco de una persona plenamente capaz. Remontar las
escaleras o bajarlas, atravesar puertas estrechas, evitar
verjas y ascensores, que no permiten acoger a un minusválido
con su silla o con sus prótesis, constituye un peligro para el
propio minusválido y para los familiares o personas que le
ayudan.
En estas condiciones, señorías, se impone como opción
preferente --se explica--la de no moverse de casa, por lo cual
se le priva al minusválido de esa plena participación en la
vida política --por ejemplo, el ejercer el derecho al voto--y
social que la Constitución propugna. Este trato, que no
procede de voluntad humana ninguna sino de una circunstancia
personal desgraciada, está prohibido por la igualdad que
establece el artículo 14 al proscribir toda discriminación por
razón de otras circunstancias diferentes de las expresamente
mencionadas. Ante esta desgracia, la natural reacción es la de
la pura compasión inoperante y pasiva del Dios le ampare,
hermano. Acaso esto pueda hacerlo cualquier ciudadano o
persona privada; pero quien no puede hacerlo en modo alguno
son los poderes públicos a los que la Constitución obliga de
manera taxativa a eliminar las barreras que se oponen a la
libertad y a la igualdad de todos los ciudadanos. En este caso
se trata, simplemente, de reconocer a los minusválidos el
derecho de eliminar el obstáculo que suponen las barreras
arquitectónicas para su libertad de circulación.
Debo recordarles, señorías, que esta libertad alcanza tan
importante relieve, a pesar de su apariencia modesta, que es
la primera que los dictadores eliminan o suspenden cuando
ejercitan de manera más arbitraria su poder. Es verdad que la
supresión de la libertad de circulación va acompañada
normalmente de la supresión de la libertad de información;
pero es así, señorías, porque ambas libertades expresan de
modo inmediato la dignidad de la persona y su supresión, la
servidumbre.
Por consiguiente, no estamos ante un problema más que aconseja
una medida legislativa; en realidad, señor Presidente, estamos
ante un problema que afecta a cientos de miles de personas, y
no quiero decir cívicamentea cientos de miles de electores
para no caer en demagogia. El problema exige una decisión
adecuada de los poderes públicos, y si esta decisión se toma
se verán afectados positivamente por esta iniciativa muchos
ciudadanos españoles. La ley de Arrendamientos Urbanos, tantas
veces invocada en debates anteriores, recoge en su artículo 25
un proyecto que no aporta solución alguna. Dice lo siguiente:
El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador,
podrá realizar en la vivienda las obras que sean necesarias
para adecuar ésta a su condición de minusválido o a la del
cónyuge o familiares que con él convivan. Como puede
comprobarse, señorías, la autorización es para realizar obras
en la vivienda, esto es, en el interior de la vivienda, lo
cual supone la exclusión de obras en los accesos de la
vivienda desde la calle y las salidas a la misma, que por
regla general es donde se plantean las dificultades más
peligrosas para el desplazamiento de los minusválidos.
De esta manera, llegamos a la conclusión de que la reforma de
la Ley de Propiedad Horizontal no ha aportado solución alguna
ni tampoco la va a aportar la nueva
Ley de Arrendamientos Urbanos. Así pues, si lo prometido es
deuda --me refiero a lo prometido por el Grupo Socialista--,
la deuda, señores socialistas, sigue en pie. Y no es una deuda
hacia la Cámara, es una deuda de posibilitar nada menos que el
ejercicio de un derecho fundamental mediante la eliminación de
los correspondientes obstáculos que impiden la circulación de
los ciudadanos. Una postura maximalista llevaría a proponer
que se arbitrasen los medios necesarios por los Presupuestos
Generales del Estado para realizar obras en aquellos edificios
en que viven minusválidos. Pero como lo mejor es enemigo de lo
bueno, la proposición de ley, naturalmente mejorable en el
trámite de enmiendas, no llega a tanto y se conforma con que
los gastos que pueda originar la reforma corran a cargo del
beneficiado, a cargo de las personas o entidades que
generosamente quieran y puedan ayudarles. De esta manera se
obtiene el resultado de no sobrecargar los gastos públicos y,
simultáneamente, facilitar la solución del problema por medios
adecuados. En definitiva, que la buena voluntad del Dios le
ampare hermano se transforme en la mejor voluntad de
contribuir a solucionar este problema.
Acaso se podría sostener de una manera maliciosa que esto
solamente solucionaría el problema de quienes tienen medios
económicos, pero no es verdad. Tal vez lo tendrían más fácil,
y ya sería un progreso, si alguien abriera a estas personas
los límites que les vienen impuestos por su minusvalía. De lo
que se trata es justamente de abrir esta posibilidad para
todos los minusválidos y de hacerlo de tal modo que con la ley
en la mano puedan buscar fondos de entidades sociales
altruistas para la supresión de barreras arquitectónicas, sin
más condiciones que las garantías establecidas en esta
proposición. Nada se les daría que no se les diera ya por
imperativo constitucional.
En último término, y voy finalizando, señor Presidente, nadie
tiene derecho a mantener unas condiciones que dificultan
gravemente la plena participación social de cualquier
ciudadano, aun cuando de momento no se pueda contribuir
económicamente a solucionar el problema.
Es de esto de lo que se trata, de resolver el problema. Por
ello les pido, señores Diputados, que voten favorablemente la
toma en consideración de esta proposición de ley. Les pido que
ayuden a los necesitados, que son los minusválidos en este
caso. Les pido que en su momento enmienden y perfeccionen este
proyecto de texto legal. Les pido, en fin, que no traicionemos
nuestra propia potestad, la que nos otorga el artículo 9.2 de
la Constitución de hacer que la libertad y la igualdad sean
reales y efectivas, que, sin duda, ha de ser un honroso deber
para nosotros. Evitemos el ridículo de votar en contra sin dar
razones de peso para ello; razones que nunca se han dado y que
no se alcanzan, razones que puedan comprender al menos los
minusválidos que precisan de nuestra acción legislativa. Yo
tengo la seguridad de que todos los Diputados van a votar en
conciencia favorablemente.
Quizá tenía que haber terminado, señor Presidente, pero voy a
consumir unos segundos más porque deseo añadir una precisión
que me parece contundente para el ejercicio del voto por
cualquier personal cabal. Esta proposición de ley implica
indirectamente una limitación al libre uso de la propiedad por
arrendadores o por copropietarios de elementos comunes;
limitación, por lo demás, plenamente justificada por la
Constitución.
Pues bien, señorías, no se pide más en esta proposición de
ley; no se pide más --repito-- que lo que con aquella otra se
dio a los ciudadanos por la Ley 19/1993, la cual autorizó la
instalación de antenas de estaciones radioeléctricas de
aficionados a cualquier ocupante de un inmueble. Pueden
comprobarlo SS.SS. Esta Ley número 19/1993, por unanimidad de
toda la Cámara, autorizó a estos radioaficionados, que nos
parece bien, pero nos parecería discriminatorio si no se
aceptase este mismo reconocimiento para los minusválidos.
Entiendo, señorías, que la razón y la conciencia les obligan a
votar favorablemente. Es leal decírselo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, la proposición de ley cuyo debate iniciamos
hoy aquí pretende alcanzar un objetivo con el que difícilmente
podemos estar en desacuerdo dado que, en definitiva, pretende
el cumplimiento de las previsiones de la Constitución y, en
parte, de la LISMI y de su Título IX sobre movilidad y
eliminación de barreras para permitir a los minusválidos la
posibilidad de su desplazamiento en cualquier lugar en el que
se encuentren a lo largo de su vida.
Desde la aprobación de la LISMI, hay que reconocer que hemos
dado algunos pasos, algunos importantes, en la línea del
cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución. En la
legislatura pasada se aprobó por unanimidad en esta Cámara --a
propuesta de nuestro Grupo-- la modificación de la Ley de
Propiedad Horizontal, fue exactamente el día 31 de mayo de
1990, y en aquella corrección que hicimos de la legislación
vigente ya permitimos dar un paso para que, con la aprobación
de las tres quintas partes del total de los propietarios de la
vivienda, se pudiesen acondicionar éstas a las necesidades de
los minusválidos. Es cierto que no era suficiente,
que había un colectivo importante, que eran los arrendatarios,
que quedaban fuera de aquella modificación. Por eso un año más
tarde, en mayo de 1991, mi Grupo trajo a esta Cámara otra
proposición de ley precisamente para modificar el artículo 112
de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el sentido de facilitar
la eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas y
accesos a las mismas. En aquella ocasión, este portavoz, que
fue quien defendió nuestro proyecto, no tuvo la sabiduría de
poder concitar a todos los Diputados de la Cámara para que
votasen favorablemente, como habían hecho el año anterior.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hinojosa.
Les ruego que guarden silencio, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Decía que en el año 1991, en la propuesta que hicimos a esta
Cámara para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, no
tuvimos la misma fortuna que habíamos tenido el año anterior
con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y, en
consecuencia, no se aprobó aquella proposición, que hubiese
facilitado que los arrendatarios hubiesen podido modificar los
accesos a sus viviendas y todas aquellas barreras que podían
perjudicar los movimientos de los minusválidos. Este es un
asunto, señorías --no se les ocultará--, al cual somos muy
sensibles todos los Grupos de la Cámara y la sociedad en
general. Y es así que algunas comunidades autónomas han
legislado ya en este terreno, aquéllas que tenían facultades
para hacerlo y otras que, teniéndola, no lo han hecho; pero
digo aquéllas que tenían y han legislado ya en esta línea de
eliminar barreras. Y así, tenemos que en Cataluña, por
ejemplo, se ha legislado y hecho una ley de la vivienda, cuyos
artículos 35 y 36 favorecen la accesibilidad de los
minusválidos a sus viviendas, a sus locales de negocios, a los
edificios públicos, etcétera. Y más tarde, la misma Comunidad
Autónoma aprobó una ley de eliminación de barreras,
específicamente de eliminación de barreras, en la que quedaba
legislada la posibilidad de eliminar todas aquellas barreras
que hubiese para el acceso a los edificios públicos, a los
parques, a las viviendas, a los medios de transporte,
etcétera. Por tanto, está en marcha.
Nosotros creemos que sería bueno que las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, que tienen también responsabilidad en
este problema, fuesen los que legislasen en esta materia, dado
que tienen responsabilidad en ello y están más cerca del
problema; están más cerca de los individuos, de los colectivos
que padecen el problema.
Hoy nos trae aquí, a este debate, la propuesta de ley que hace
el PP. Nosotros --vaya por delante, doña Elena García-Alcañiz-
- vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley. Pero queremos decirle, con todo respeto,
que este texto es terriblemente mejorable, que este texto nos
causa un cierto reparo, porque, tal como está planteado, va a
colisionar con el artículo 8.º del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, con el artículo 9.25 y, probablemente, con algunos
otros que en este momento no tengo presentes y que nuestros
juristas nos señalarán en qué medida pueden afectar a las
competencias legislativas de la Generalidad.
El texto, señora Diputada, nos parece hecho muy deprisa, con
buen ánimo de que se debata el problema, pero sin fijar la
complejidad de la aplicación de lo que se aprobará, si se
aprobase el texto tal como está.
Como he dicho, nosotros vamos a colaborar con nuestro voto
para que se tome en consideración esta proposición de ley,
pero ya le advertimos que presentaremos enmiendas en
profundidad al mismo texto, porque nos parece que es necesaria
su mejora precisamente para que sea aplicable, ya que, como
dije al inicio de mi intervención, la Cámara y la sociedad son
sensibles a la solución de este tema, y hay que tomar medidas
que sean realizables, sin invadir competencias y haciendo que
sea posible la realización de aquello que la Cámara apruebe.
En esa línea, señoras y señores Diputados, señor Presidente,
mi Grupo Parlamentario da su voto favorable a la tramitación
de la proposición de ley. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al igual que el portavoz que me ha precedido, somos
conscientes, y así lo queremos decir, de la voluntad que
existe, tanto en esta Cámara como en la sociedad, de ir
mejorando, a través de leyes y de concienciación social, la
calidad de vida de las personas con minusvalías.
He de decirle que mi Grupo va a votar afirmativamente la toma
en consideración de esta proposición de ley porque compartimos
el fondo que plantea, pero también he de aclararles que no
compartimos la forma en que está expresada la misma. Por eso
le vuelvo a repetir que vamos a votar afirmativamente la toma
en consideración, pero al mismo tiempo vamos a presentar
enmiendas que mejoren este texto, que tengan en cuenta las
competencias de las comunidades autónomas y puedan, además,
involucrar a los propios ayuntamientos, que son los que más
directamente
están viviendo los problemas de las personas con minusvalías.
Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de vida
de estas personas, pero al mismo tiempo somos conscientes y
tenemos claro que sólo con los avances en la concienciación de
la sociedad serán realmente aplicables las medidas
legislativas que se puedan aprobar y que, además, será lo
único que garantice la mayor integración de estas personas no
sólo en cuanto al acceso y a la libre circulación en sus
viviendas, sino al resto de la participación de estas personas
en todos los aspectos de la vida social.
Por tanto, señorías, nosotros consideramos que no es una
cuestión sólo y exclusivamente de ayuda a los necesitados,
sino de justicia, que además está en los textos
constitucionales y que lo que tenemos que hacer es
desarrollarlo. En consecuencia, señorías, la posición de
nuestro Grupo es afirmativa, aunque pensamos enmendar el
texto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a empezar confesándoles que el Grupo Socialista
y esta Diputada, encargada de marcar la posición de nuestro
Grupo ante esta proposición de ley, hemos tenido muchas dudas
sobre la necesidad de una ley formal para regular esta materia
cuando existen --y por lo menos hoy aquí debemos recordarlo, y
reconocerlo el Grupo Popular-- mecanismos jurídicos
importantes y casi suficientes para resolver la accesibilidad
de las personas con movilidad reducida. En primer lugar, la
Ley de Propiedad Horizontal y su reforma del año 1990; en
segundo lugar, el proyecto de ley de arrendamientos urbanos en
el que en este momento nuestros compañeros parlamentarios en
el Senado están trabajando; en tercer lugar, la Ley de
Integración Social del Minusválido, que mandata y distribuye
competencias entre Administración central y comunidades
autónomas. Coincido con la reflexión del Diputado señor
Hinojosa, de Convergència i Unió, acerca del respeto exquisito
a las competencias de comunidades autónomas e incluso existen
competencias de las corporaciones locales a través de la Ley
de Bases de Régimen Local.
Merecería la pena en este momento recordar, cuando la LISMI
delegó competencias en este campo en las comunidades
autónomas, las tres comunidades autónomas que fueron las
primeras en legislar: la Comunidad Vasca, la Comunidad
Catalana y, en tercer lugar, la Comunidad de Castilla-La
Mancha. El resto de las comunidades autónomas ha atendido esta
responsabilidad a finales de los ochenta. Por último y en
cuarto lugar, creo que todos los grupos políticos tenemos que
recordar que hay varios reales decretos, unos de tipo general,
otros de tipo sectorial, al menos tres de tipo general, que
todos debemostener en cuenta: el del año 1982, sobre
rehabilitación de viviendas; el del año 1989, sobre
accesibilidad para las personas con movilidad reducida ante la
construcción de nuevos edificios y el del año 1991, sobre
vivienda, que afecta al Plan 1992-1995 y tiene unos apartados
dedicados a la financiación y a la actuación, buscando la
protección de estas situaciones.
Dicho esto, ¿por qué el Grupo Socialista va a entrar,
entramos, y va a tomar en consideración de forma favorable el
proyecto de ley que nos plantea el Partido Popular?
En primer lugar, porque la Ley de Propiedad Horizontal,
insisto, su modificación a través de la Ley 3/1990, habla de
un quórum necesario por parte de la comunidad de vecinos para
realizar obras de acceso al domicilio y el proyecto de ley que
aquí se nos presenta elimina este quórum. Esto es positivo,
pero llamo la atención al Grupo Popular y colectivamente a
todos los grupos políticos acerca de que algunas veces, las
personas que no tenemos una minusvalía, funcionamos de manera
paternalista con las personas que la tienen, e imponer no es
la mejor forma de que los minusválidos consigan la
integración. La integración, sin duda, necesita de diálogo, de
negociación y de consenso por parte de los minusválidos, en
este caso, con su comunidad de vecinos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Señorías, les ruego guarden silencio en consideración a quien
ocupa la tribuna, a quienes tienen trabajo en el hemiciclo y
deben cumplirlo sólo de forma eficaz con su colaboración
silenciosa y para quienes quieren atender, que son mayoría, a
lo que se dice desde la tribuna. Les ruego guarden silencio.
(Pausa.) Cuando quiera.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Hay otro motivo más por el cual el Grupo Socialista toma en
consideración la proposición de ley del Grupo Popular.
La Ley de Arrendamientos urbanos resuelve de una manera clara,
precisa y contundente el tema de las reformas de la vivienda -
-artículo 24--, incluso cuando no existe la posición a favor
del propietario de la vivienda. Este proyecto de ley solicita
también esa misma claridad cuando habla de locales de negocios
arrendados a personas minusválidas o cuando habla del acceso a
una vivienda que es alquilada por una persona minusválida.
Estos son los dos motivos por los cuales el Grupo Socialista
va a tomar en consideración esta proposición de ley.
Junto con esto necesitamos dejar bien claro que esta
proposición de ley del Grupo Popular tiene muchos defectos.
Si se analiza su título y su artículo 1.º creo que todos
coincidiremos en que resulta excesivo afirmar que mediante
este texto y sus medidas propuestas se vaya a hacer efectivo
el derecho fundamental de residencia y de circulación de las
personas minusválidas. Tan sólo estamos, en este proyecto de
ley, hablando de resolver ciertas dificultades arquitectónicas
de movilidad interior y de condiciones de acceso y de uso de
la vivienda.
Tampoco estamos determinando los límites de dominio sobre el
inmueble. Estamos facultando al usuario de una vivienda para
llevar a cabo ciertas obras, incluso cuando tenga la oposición
del propietario de la misma. No estamos hablando de derechos
fundamentales; no estamos hablando, como se cita en el texto,
del artículo 19 de la Constitución; estamos hablando del
Capítulo III de la Constitución, de esos principios rectores
de la política social y económica para conseguir la
integración de los minusválidos.
Su artículo 2.º es totalmente impreciso a la hora de dejar
bien claro quién es la autoridad administrativa que informa y
avala los proyectos y quién tiene que efectuar una cosa tan
sencilla como las certificaciones de minusvalía. Su artículo
4.º habla de no más de 30 días para que una comunidad de
vecinos o un propietario resuelva sobre la propuesta del
inquilino o del propietario en relación a los accesos. Aquí
volveríamos a llamar la atención acerca de la necesidad del
diálogo para conseguir, de forma eficaz, la integración. En
definitiva, señorías, no podremos hacer una buena ley si no
asumimos los defectos graves de esta proposición de ley que
hoy nos trae aquí el Grupo Popular. Es necesario, por tanto,
que trabajemos con más rigor en este objetivo de hacer frente
a la movilidad y al acceso a la vivienda de las personas
minusválidas, pero que lo hagamos teniendo en cuenta lo ya
legislado. Ha citado la Diputada del Grupo Popular lo poco
legislado. Esta es una última publicación del Inserso
(Mostrándola a la Cámara.) recogiendo lo legislado por la
Administración central y por las comunidades autónomas sin
llegar a las corporaciones locales. Hay mucho legislado. Y, a
la vez, siendo exquisitos todos nosotros con las competencias
y también con las responsabilidades, señorías, de otras
administraciones.
Muchas gracias. (La señora García-Alcañiz Calvo, pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señora García-Alcañiz. (Pausa.) Señorías, ruego guarden
silencio. La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Sólo al mero objeto de agradecer a los distintos grupos
parlamentarios de la Cámara la toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, no existe el turno
de gratitud en este debate. (Risas.) Muchas gracias.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Después de tantos años,
Presidente, se alegra una de que venga.
La dicha, aunque tarde, es buena; bienvenida sea.
Gracias Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Popular sobre límites del dominio sobre
inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de
residencia y de circulación de los minusválidos. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
--DEL PROYECTO DE LEY PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1994,
DE 5 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS URBANOS DE LA BAHIA DE
PALMA DE MALLORCA (Número de expediente 121/000065)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno
del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de
5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el
abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la Bahía de
Palma de Mallorca.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento).
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por
el Pleno del proyecto de ley.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia
somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de
la presente sesión del proyecto de ley orgánica por la que se
autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega,
Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, cuyo debate de
totalidad figura como punto número 55 del orden del día. ¿Lo
acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la exclusión del orden del día del proyecto de
ley de referencia. La Junta de Portavoces, en su reunión del
día de hoy, ha acordado proponer al Pleno que el debate y
votaciones correspondientes el punto VI del orden del día:
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales, puntos 33 a 42, tengan lugar hoy
martes, 20 de septiembre, al finalizar el punto 6 del orden
del día.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
--TOMA EN CONSIDERACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR.
GONZALEZ LIZONDO), SOBRE INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS
OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS
(Número de expediente 122/000044)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Mixto, del señor González Lizondo, sobre
indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de
la rotura de la presa de Tous.
Tiene la palabra el señor González Lizondo. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy, 20 de septiembre de 1994, es un día muy
especial para el Diputado que les está hablando, tanto por una
serie de circunstancias personales que me permiten estar hoy
nuevamente en esta Cámara como porque, tras doce años, da la
impresión de que, definitivamente, hoy vamos a acometer esa
recta final en relación con una desgracia sucedida en una
comarca valenciana, la comarca de La Ribera del Júcar. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) A
partir de hoy, con la proposición de ley sobre la
indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de
la rotura de la presa de Tous en octubre de 1982, parece ser
que esto se va a solucionar.
Señorías, mucho se ha escrito sobre la rotura de la presa de
Tous, mucho se ha hablado en esta Cámara y mucho se ha
fotografiado. Aquí se ha dicho exactamente que en estos
momentos, doce años después de aquella riada, de aquella
rotura de la presa de Tous, aún existen campos donde
únicamente hay rocas; donde antaño existían naranjos, donde se
cultivaba la tierra, hoy en día no hay naranjos y aún están
por delimitar en muchos casos las tierras que se deben
entregar a sus auténticos propietarios, familias labradoras
que durante siglos las habían venido cosechando.
Para relatar la crónica de lo que significa la presa de Tous
habría que remontarse al año 1955, año en el que se redactó un
proyecto, por lo visto poco estudiado; iniciándose las obras
en 1960, se tiene que modificar posteriormente el proyecto
inicial al no existir una buena cimentación en el lecho del
río Júcar. En el año 1973 se elaboró un nuevo proyecto que
rebajaba la capacidad de este pantano, terminándose la obra en
el año 1980. Veinticinco años después de iniciarse,
veinticinco, por causas climatológicas y por su defectuoso
funcionamiento, afirmación que ha sido contrastada, el pantano
se desmorona y todo el esfuerzo de 27 años sólo sirve para dos
años de funcionamiento efectivo, que se esfuma en dos días, 19
y 20 de octubre de 1982.
Vuelvo a repetir, señorías, que hasta el día de hoy, 20 de
septiembre de 1994, y desde el año 1955, en que se pensó lo de
Tous, han pasado casi cuarenta años, que una parte muy
importante de todos los valencianos hemos venido soportando
con problemas, inundaciones y, por último, con esta catástrofe
tan importante. En otras comunidades ha habido desgracias,
inundaciones, lluvias o catástrofes y no se ha apelado a
ningún tribunal de justicia, sino que se ha intentado paliar
esos daños resarciendo los intereses perdidos y, desde Unión
Valenciana, siempre hemos estado de acuerdo en que así se
hiciese. En esta ocasión, y aunque sea con un poco de retraso,
llamo desde esta tribuna a la responsabilidad de todos y cada
uno de los grupos, de todos y cada uno de los señores
Diputados, a los máximos representantes del Estado, a los que,
en definitiva, integramos todo el Poder Legislativo.
Los ciudadanos damnificados de La Ribera del Júcar en Valencia
han soportado más de 11 años de abandono del Ejecutivo (falta
un mes para que se cumplan los 12) y otros tantos de
desprotección dilatoria del Poder Judicial; por ello, sólo les
queda pedir el auxilio de esta Cámara, auxilio que me da la
impresión que hoy vamos a tener unánimemente.
Señorías, pido su apoyo a la toma en consideración y
tramitación de esta proposición de ley. Les pido
responsabilidad, solidaridad y confianza con unos ciudadanos
que tan sólo solicitan ante esta Cámara justicia. Es posible
que esta proposición de ley tenga defectos, defectos que se
pueden subsanar durante la tramitación de la misma; es posible
que las cifras que en aquellos momentos manejábamos (estamos
hablando de
hace prácticamente nueve meses desde que se presentó esta
proposición de ley), hayan variado o cambiado. No importa. Su
tramitación posterior ofrecerá la posibilidad de que se puedan
cuadrar perfectamente las cifras y entremos definitivamente en
el proceso final que liberalice, de una vez por todas, a esta
serie de miles y miles de valencianos que se encuentran en
estos momentos pendientes de esta Cámara esperando que,
definitivamente, todos los parlamentarios, todos los grupos
políticos, recuerden que los valencianos también tenemos
derecho a la solidaridad que hemos manifestado siempre con el
resto de los pueblos de España.
Señorías, entiendo que se ha hablado tanto de Tous que
solamente se puede añadir una cosa: Ojalá que hoy, 20 de
septiembre de 1994, Valencia tenga que agradecer, por una vez
en esta Cámara, que todos hemos llegado al acuerdo de que
había una razón importante y que, naturalmente, vamos a
solucionarlo. Espero que sea así; espero que todos los grupos
políticos apoyen la tramitación de esta proposición de ley
que, vuelvo a repetir, permitirá, durante su trayectoria, todo
tipo de enmiendas, ya que es una labor de todos, y me gustaría
que en esta ocasión se olvidara incluso el grupo que lo
propone, porque es una razón de Estado, como acostumbran a
decir muchos señores Diputados en esta Cámara, y como tal
razón de Estado yo renuncio, si es preciso, a su paternidad en
aras de que, definitivamente, todos seamos capaces de sacarla
adelante. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Aunque intervenga con brevedad y desde el escaño, ello no
quiere decir que nuestro Grupo no considere la importancia que
este tema tiene. La brevedad viene reforzada por la posición
categórica expresada ya en otras intervenciones, en el sentido
de que la problemática consecuencia de la rotura de la presa
de Tous debe resolverse ya.
En esta Cámara han sido varias las posibles actuaciones que se
han debatido, a través de diversas iniciativasparlamentarias,
proposiciones no de ley, interpelaciones y sus
correspondientes mociones e iniciativas en Pleno y en
Comisión. Siempre nuestro Grupo ha fijado una posición
positiva a su resolución y así, nos parecía suficiente lo
hasta ahora ya aprobado. Incluso, en otro aspecto, habíamos
mostrado nuestra preocupación por el complicado e inacabable
procedimiento judicial.
Nuestro voto será favorable a la toma en consideración de esta
proposición de ley, aun cuando su texto deberá ser revisado en
el trámite posterior, con importantes enmiendas que lleven la
cuestión a su adecuado lugar, principalmente en lo relativo al
Decreto-ley 4/1993.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más se discute en esta Cámara y de nuevo en
su máximo órgano, el Pleno, el problema de Tous.
Esta reiteración en el debate parlamentario sin lugar a dudas
guarda relación con la importancia del tema, derivada de los
muy graves daños sufridos por la rotura de la presa de Tous en
octubre de 1982, coincidiendo con las lluvias torrenciales que
tuvieron lugar en esa fecha.
A nuestro Grupo le parece bueno destacar cómo esta Cámara y su
máximo órgano, el Pleno, debate con reiteración los graves
problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de
cualquier parte del país. Creemos que es importante destacar
la relación existente entre los debates de las instituciones y
los problemas de los ciudaanos.
Esta reiteración en el debate parlamentario acredita también,
sin lugar a dudas, una deficiencia en el tratamiento dado a
este problema. Así se constata, señorías, si atendemos a que
inicialmente se negó cualquier vertiente o tratamiento
político del problema, remitiéndolo pura y simplemente a su
solución judicial para, posteriormente, y cuando aquella
solución en primera instancia y tras muchos años se había
producido, intentar alargar la misma y buscar entonces una
solución política.
Ese giro hubiera podido suponer la solución definitiva del
problema si se hubieran atendido, como razonablemente era de
esperar, los criterios ya sentados en la sentencia judicial.
No se hizo así y al aprobarse el Real Decreto-ley en el que se
concretaba esa solución política, nuestro Grupo, considerando
idóneo el método de buscar una solución política, no tuvo, sin
embargo, más solución que abstenerse ante las importantes
limitaciones de dicho Real Decreto-ley. El mismo, sin duda
atendiendo a las deficiencias y a la insoportable demora de la
solución judicial, hay que reconocer que fue aceptado
voluntariamente por una mayoría de los damnificados, no
acogiéndose, sin embargo, al mismo una importante minoría
nucleada en torno a las asociaciones de damnificados,
cuyo activismo, difícil durante muchos años, en la búsqueda de
soluciones debe reconocerse.
¿Cuál es la solución adecuada al día de hoy a esta situación?
Nosotros, señorías, como Esquerra Unida del País Valenciano y
como Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, públicamente nos hemos pronunciado por la necesidad
de una negociación entre las asociaciones y la representación
del Estado para conseguir un acuerdo en el que sin lugar a
dudas se deberá atender no sólo a los criterios de la
sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sino también
a los de ese Real Decreto-ley a los que se acogió una parte
importante de los damnificados, la mayoría.
Ello no ha sido posible hasta la fecha, señorías. En el día de
hoy, al votar afirmativamente la proposición de ley queremos
dejar claro que lo hacemos desde Esquerra Unida con la
voluntad de manifestar nuestra opinión de que el problema Tous
no quedó cerrado con el Real Decreto-ley y de que hace falta
una solución al mismo que creemos debe buscarse por la
negociación.
Termino, señorías, mi intervención diciendo que si en su día
el Ejecutivo se equivocó con la solución que dio en el Real
Decreto-ley, debemos hacer un esfuerzo en el Legislativo para
encontrar la solución adecuada a un problema grave que desde
hace muchos años reclama solución y que, sin lugar a dudas, ya
debería haberla alcanzado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más --esto empieza a parecerse ya a la Ley
de Presupuestos Generales que debatimos todos los años--,
vamos a debatir la problemática de los afectados por la rotura
de la presa de Tous, cuyos efectos asolaron la comarca de La
Ribera del Júcar en la provincia de Valencia.
Como muchas de SS.SS. ya saben, el hecho tuvo lugar en octubre
de 1982 --por lo tanto hace once años, casi doce, del
acontecimiento-- cuando las intensas lluvias caídas por
aquellos días llegaron a colmar el nivel máximo de la presa de
casi cien metros al no funcionar el aliviadero, desmoronándose
la presa construida con materiales sueltos, principalmente de
arcilla. Esto provocó una ola de enormes dimensiones,
calculándose el caudal en aquellos momentos entre 15 a 17.000
metros cúbicos por segundo, hasta llegar a desaguar los 130
millones de metros cúbicos de capacidad del embalse. Los daños
tanto personales como públicos fueron cuantiosos, además de
las muertes producidas. Las vicisitudes por las que hubieron
de pasar a partir de entonces los afectados de la comarca de
La Ribera han sido enormes. Aparte del horror de aquellos
momentos, estas vicisitudes han sido no sólo judiciales sino
políticas.
Las declaraciones del entonces recién formado primer Gobierno
socialista de Felipe González fueron prometedoras y solidarias
para con los afectados. Este Gobierno hizo frente a los daños
habidos en las obras de infraestructura de carácter público,
aconsejando a las personas afectadas que para recibir las
indemnizaciones era necesaria una sentencia judicial que
declarase culpable al Estado, ya que el Gobierno socialista no
se responsabilizaba de los hechos. El proceso judicial se ha
hecho largo y penoso. El sumario de la presa de Tous ha sido
iniciado por tres veces. La sensación que existe entre los
afectados de La Ribera es que se les obligó a entrar en la vía
judicial y que curiosa, desmesurada e incomprensiblemente, se
está alargando el proceso. Así, señorías, la sentencia emitida
por el segundo juicio, sentencia de 23 de octubre de 1990, de
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia
reconoce tanto la culpabilidad de los ingenieros responsables
del mantenimiento de la presa, como el derecho a percibir las
indemnizaciones por parte de los afectados personados en la
causa, en concreto 4.426, como consecuencia de la rotura de la
presa, declarando además al Estado español como responsable
civil subsidiario, y por lo tanto obligado a pagar las
indemnizaciones. Esta sentencia trajo como consecuencia que la
mayor parte de los afectados se quedaran sin derecho a
percibir las indemnizaciones al no haberse personado en el
sumario, puesto que se les aconsejó que estaban
suficientemente representados a través del Ministerio Fiscal.
Las declaraciones de los representantes socialistas en
aquellos momentos eran que para pagar las indemnizaciones
tenía que haber una sentencia firme, motivo que no se cumplió
porque inmediatamente el mismo Ministerio Fiscal recurrió la
citada sentencia; es decir, se exigía, por un lado, una
sentencia firme para indemnizar, pero, al mismo tiempo, el
Gobierno, a través del Ministerio Fiscal fue el primero en
recurrir la sentencia firme dictada por la Audiencia
Provincial de Valencia.
Como consecuencia de los recursos planteados, la Sala Segunda
del Tribunal Supremo dicta auto en fecha 8 de febrero de 1993
declarando nulo el juicio oral de la Audiencia Provincial de
Valencia y devolviéndole al mismo tiempo el sumario de nuevo.
Es más, ahora el sumario se debe reiniciar con las
declaraciones de todos los afectados, que se calcula que
puedan ser unos 34.000. Por tanto, el proceso se va a hacer no
ya largo sino eterno. Podrán imaginar SS.SS. la desesperanza y
desconfianza de los afectados en la justicia después de estos
casi doce años de Gobierno socialista, desconfianza por todas
las anulaciones y por haberse convertido
en un proceso tan largo y con tantos gastos procesales pagados
de sus propios bolsillos.
Es verdad que se podía haber solucionado el problema desde un
principio si, desde el Gobierno, hubiera habido voluntad --que
indudablemente no la hubo, ya lo he dicho desde esta tribuna--
, si se hubiese indemnizado a los afectados y se hubiese
subrogado el Estado el derecho de pedir responsabilidades vía
judicial. Pero el Gobierno socialista no quiso hacerlo,
excusándose en la argucia de que eso era reconocer al mismo
Gobierno como responsable de la rotura de la presa, y
evidentemente no lo era, porque ganaron las elecciones una
semana después de los hechos, pero era mucho más importante
preservar la imagen del Partido Socialista que acabar de raíz
con el problema desde el principio, problema, señorías, que no
causaron y del que no fueron responsables los habitantes de la
comarca de La Ribera, pues no construyeron ellos la presa ni
tenían a su cargo el mantenimiento y sí en cambio sufrieron
las consecuencias. Ahora el proceso está, como he dicho, en el
más difícil todavía, con la cantidad de declaraciones que
habrá que prestar. Hace más de un año, año y medio en
concreto, esta Cámara aprobó una proposición no de ley en la
que se decía que, de una forma rápida y justa, se solucionara
el problema. Pero, señorías, ¿en qué situación nos encontramos
en este momento? ¿Cuál ha sido la forma rápida y justa de
solucionar el problema, según se aprobó aquí en el Parlamento?
La verdad, a pesar del ocultismo y del secretismo que ha
habido con los datos y cómo se ha desarrollado el Real Decreto
que en su momento se aprobó, lo podemos calificar de poco
exitoso.
Según datos de las propias asociaciones de damnificados, de
los probablemente 34.000 afectados, han aceptado la
transacción que se les ofreció de unos 21.000 a 23.000. Por
tanto, quedan entre 11.000 y 13.000 afectados por acogerse; o
sea, aproximadamente la tercera parte. Señorías, creo que es
evidente que, por tanto, la solución no ha sido, ni muchísimo
menos, justa y ni siquiera rápida, pues nos encontramos año y
medio después debatiendo sobre lo mismo. En el debate habido
en el Pleno de esta Cámara por una proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular, y que tuve el honor de
defender el 16 de marzo del año pasado, el portavoz socialista
tachaba la postura del Grupo Parlamentario Popular de
sectaria. Y yo le pregunto al Grupo Socialista: ¿de quién ha
sido el comportamiento sectario? ¿No se habrá dado más bien
ese comportamiento a la vista de cómo se ha llevado el
desarrollo del Real Decreto-ley desde la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, al efectuar ofertas
transaccionales a los afectados muy por debajo de sus daños
reales, e incluso por debajo de lo que decía el mismo Real
Decreto-ley, ya de por sí cicatero, como se valoró por parte
de muchos grupos y de los mismos damnificados? ¿Y es una forma
rápida y justa, señorías, de solucionar el problema que
sigamos hoy debatiéndolo aquí, tanto referido a los
damnificados que se han acogido al Real Decreto-ley como a los
que no lo han hecho? De éstos, por cierto, hay una
representación presente hoy en la tribuna, que se han
desplazado desde su pueblo, de Valencia, para asistir a este
debate, porque siguen tremendamente preocupados. ¿Es esto,
señorías, una forma rápida y justa de solucionar el problema,
si de los 19.000 millones de pesetas aprobados como crédito
extraordinario para llevar adelante el Real Decreto-ley han
sobrado casi la mitad, 9.000 millones, o sea, que solamente
hemos utilizado unos 10.000 millones de pesetas? ¿Es esa una
forma rápida y justa de solucionar el problema? Yo creo,
señorías, que, evidentemente, no.
Por tanto, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario
Popular, con la coherencia y con el comportamiento que hasta
ahora ha tenido en este tema con los afectados de la comarca
de La Ribera, como están haciendo hasta ahora los demás grupos
parlamentarios, va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley del Grupo Mixto para
poderla seguir debatiendo y poder mejorar al máximo posible
las condiciones de los afectados o damnificados de la comarca
de La Ribera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Pascual. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señorías, no he
intervenido en ningún debate parlamentario sobre esta
cuestión, pero he asistido en este próximo pasado a bastantes
debates sobre las compensaciones económicas a las víctimas de
la rotura de la presa de Tous el 23 de octubre de 1982, y
después de haber asistido a ellos, recuerdo --y me parece un
símil-- a un eminente parlamentario de este primer cuarto de
siglo, que decía que el debate parlamentario --no el fondo del
problema que estamos discutiendo sino el debate parlamentario-
- le recordaba a la limpieza doméstica, que parecía que ya se
había limpiado todo, pero que pasaban cinco minutos y había
que empezar de nuevo. Eso es lo que me recuerda este debate
parlamentario cuando en estos momentos hay 23.500 personas, de
los aproximadamente 27.000 censados en la cifra máxima de
perjudicados y damnificados, que han aceptado libremente un
convenio transaccional en aplicación del Real Decreto-ley
4/1993. Pero quiero resaltar, antes de explicar el sentido del
voto de nuestro Grupo Parlamentario y de razonar por qué el
sentido de nuestro voto y cuál va a ser nuestra posición
durante la tramitación parlamentaria, que nuestro Grupo
Parlamentario
y concretamente los socialistas valencianos, y por ende el
Gobierno, han sido los primeros que han buscado una solución
extrajudicial, un pacto y un convenio extrajudiciales, ante lo
frustrante del itinerario judicial en este tema. En este país,
en el que está tan de moda descalificar y a veces insultar al
Gobierno, cualquier bobo se cree sabio cuando objeta alguna
cosa. Evidentemente, la rotura de la presa de Tous se produjo
antes del Gobierno socialista, y lo frustrante de estas
vicisitudes judiciales es fruto del mal funcionamiento de la
Administración de justicia, no por falta de medios materiales
ni por falta de medios humanos, ni por ninguna interferencia
del Fiscal ni del Poder Ejecutivo, porque fueron los 19.000
afectados, que recurrieron contra la sentencia porque el
tribunal les negó el derecho a la indemnización los que
recurrieron ante el Tribunal Supremo, y fueron las
asociaciones Afiva y Apemeda las que recurrieron ante el
Tribunal Constitucional con bastante falta de éxito. El dolor
humano, los daños materiales, los problemas producidos por la
rotura de la presa de Tous no nos deben llevar a esta especie
de demagogia y a veces de clientelismo, no de electoralismo,
que deberíamos desterrar de nuestra práctica parlamentaria.
Fue el Gobierno socialista el que dictó este Real Decreto-ley
al que se acogieron, en plena autonomía de la voluntad, 23.500
personas, que firmaron libremente, y esos documentos están
incorporados al proceso judicial, donde hay personas que
evidentemente sufrieron daños y que se valoraron, y daños
importantes, algunos todavía sin reparar, pero, señoras y
señores Diputados, no me gusta subir con papeles a la tribuna,
pero los tengo en el escaño: la compañía mercantil más
importante de La Ribera reclamó casi 1.000 millones de pesetas
por los daños; cuando fueron valorados adecuadamente por
peritos independientes, esta compañía mercantil, no un pobre
campesino o una persona, tuvo que conformarse con 200 millones
de pesetas. Un coleccionista de cubiertos de plata y de oro,
que reclamaba 30 millones de pesetas, cuando se fue a valorar
y a concretar, tuvo que aceptar una indemnización de 100.000
pesetas. Debemos hacer el máximo esfuerzo y el Grupo
Socialista va a contribuir también en este trámite planteado
por la proposición del señor González Lizondo para cubrir
todos los daños producidos realmente a las personas que
todavía desgraciada y lamentablemente no han percibido su
compensación, pero sin discriminar y sin producir injusticia a
las 23.500 personas que han aceptado y cobrado la
indemnización y que han pagado los créditos a las entidades
oficiales de crédito. Justicia y no discriminación, y eliminar
también esa picaresca, que es un poco la espuma que se crea
encima de las aguas tranquilas de las personas que reivindican
lo que les pertenece, pero sobre las que a veces se crea esa
espuma de picaresca, y los parlamentarios debemos tener el
coraje de ponerlo de manifiesto y de evitar que con el dinero,
con pólvora ajena, despilfarremos, cuando tanto estamos
hablando, señores de los grupos parlamentarios, de evitar el
aumento del déficit público, porque si con 11.000 millones de
un crédito extraordinario de 19.000 millones se ha compensado
económicamente a 23.500 damnificados, no parece razonable que
se pida un crédito extraordinario de 60.000 millones para
indemnizar a los 4.500 restantes.
Ahí vemos el sentido positivo de la propuesta del señor
González Lizondo, que, por otra parte, estaba en una propuesta
que habíamos pasado a otros grupos parlamentarios para acabar
de cerrar este asunto. La parte positiva es que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes, que se incluye en el
ámbito territorial a tres pueblos que en estos momentos no
figuraban en la sentencia pero que fueron afectados por la
rotura de la presa, Alcántara de Xuquer, Carcer y Favara, y
que también habrá que compensar efectivamente con las costas
judiciales y procesales y con todos los gastos que han tenido,
aparte de las indemnizaciones que les corresponden, a los
miembros de las asociaciones Afiva y Apemeda --que saben que
bastantes veces he discutido en Alcira y en Valencia con ellos
sobre estos temas con toda claridad--, de los gastos y las
cosas que han tenido, y que no han tenido... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Mohedano. Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden
silencio. (Pausa.) Cuando quiera puede seguir.
El señor MOHEDANO FUERTES: ... de aquellos gastos que no han
tenido otros asociados u otros damnificados y que sí han
tenido los miembros de estas asociaciones.
Como el Real Decreto-ley, a pesar de haberse acogido
libremente a él, en un trabajo ímprobo de la Delegación del
Gobierno, creando equipos humanos para asistir a las consultas
de información, para tramitar uno por uno personalmente los
convenios transaccionales extrajudiciales con cada uno de los
23.500 afectados, a pesar de este ímprobo esfuerzo y a pesar
de los resultados más que positivos de la aplicación del
Decreto-ley, todavía queda un grupo de personas asociadas a
dos entidades que por su situación específica plantean temas
que les diferencian de los demás, y porque hay tres municipios
que no estaban dentro del ámbito territorial del Decreto-ley y
que lo deben estar, es por lo que el Grupo Parlamentario
Socialista, en la misma línea que apoyando e incitando al
Gobierno se aprobó el Real Decreto-ley 4/1993, va a apoyar lo
que llamaríamos el marco general de esta proposición de ley,
pero, al igual que ha manifestado algún otro parlamentario, no
todo su contenido, sobre todo en problemas
de técnica legal manifiesta, ya que se confunde la restitución
con la reparación y la reparación con la compensación,
elementos claves para este tipo de regulaciones legales.
Tampoco vamos a apoyar aquellos contenidos que crearían una
situación de privilegio respecto a 4.500 personas y de
discriminación respecto a 23.500, que han aceptado unas
cantidades y que las han cobrado ya. Por lo tanto, no queremos
incurrir, dentro de un canto general a la justicia o de una
compensación justa a quien se lo merece, en una discriminación
a 23.500 personas que se verían defraudadas si ahora a los que
no han pagado los créditos se los condonáramos, porque los que
se han acogido al Real Decreto-ley han pagado sus créditos y
sus préstamos. Hubo personas que tuvieron daños de 200.000
pesetas y han pedido créditos de 2 millones. Unos los han
pagado y otros no. Los que no los han pagado piden la
condonación y no se acogen al Real Decreto-ley. O hubo
personas --todos-- que recibieron ayudas directas de las
administraciones públicas, anticipos del Consorcio de
Compensación de Seguros, o no anticipos, pagos del Consorcio
de Compensación de Seguros, y se han deducido, y todo el mundo
ha aceptado que se dedujeran, como es lógico, de las
indemnizaciones finales que han recibido. Un grupo
minoritario, por mucho que sea su esfuerzo, no puede pretender
que lo que se ha deducido a 23.000 no se deduzca y sea
condonado para 2.000, 3.000 o 4.000 personas. Que ese sentido
de la justicia, pero de la justicia para todos los afectados,
para todos los damnificados, sea más o menos de 19.000
millones, pero con un sentido de la justicia y de la no
discriminación, del no clientelismo y de evitar esa pequeña
picaresca que a veces surge dentro de las grandes
reivindicaciones por la justicia y por los derechos que
corresponden.
Ese es el sentido de nuestro voto, señor Presidente, y así
actuaremos durante el trámite de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mohedano. Vamos a pasar a la votación de la proposición de ley
que se ha sometido a debate. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Mixto, del señor González
Lizondo, sobre indemnización por los daños ocasionados como
consecuencia de la rotura de la presa de Tous. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 298.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REVISAR Y ADECUAR A LA ACTUAL SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
LAS MEDIDAS DE FINANCIACION DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN
MATERIA DE VIVIENDA DEL PLAN 1992-1995, RECOGIDAS EN EL REAL
DECRETO 1932/1991, DE 20 DE DICIEMBRE (Número de expediente
162/000064)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a revisar y
adecuar a la actual situación económica y financiera las
medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia
de vivienda del Plan 1992-1995, recogidas en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya pone en cuestión de nuevo ante la Cámara la
situación en que se encuentra la vivienda en nuestro país, y
sobre todo cómo se encuentran las subsidiaciones y los
acuerdos que firma el Gobierno con las entidades bancarias
para el otorgamiento de créditos hipotecarios a los usuarios y
posibles propietarios de viviendas que necesitan objetivamente
subsidiaciones. No es la primera vez que se presentan
propuestas de esta naturaleza, y hay que tener en cuenta que
precisamente la acumulación de las mismas fue la que hizo
probablemente que el Gobierno, con el Real Decreto 1932/1991,
se planteara la ejecución de un Plan cuatrienal de viviendas
cuando llevaba muchísimo tiempo sin que hubiera planificación
plurianual alguna de viviendas. Fue precisamente la
insistencia que los grupos parlamentarios, y concretamente
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tuvieron sobre estos
aspectos los que hicieron reconsiderar la política que el
Gobierno había llevado hasta el momento.
Como consecuencia de ese Plan que aún durará hasta el año
1995, el Gobierno estudió una serie de propuestas por las
cuales se pretendía luchar contra los elevados tipos de
interés que se estaban dando en el mercado hipotecario. En ese
momento existían tipos de
interés de hasta el 15 y 16 por ciento y, por tanto, las
propuestas que se hicieron en ese Real Decreto-ley, que
popularmente fue conocido como el Plan de viviendas 1992 a
1995, supusieron una disminución real de los créditos
hipotecarios, cuando se lograron convenios que iban entre el
11,75 y el 12,5 por ciento. Esto ha tenido efectos francamente
positivos, porque ha permitido que sectores importantísimos
del pueblo español que tenían dificultades grandes para llegar
a la vivienda por lo menos hayan podido acceder a ella a
través de estos créditos hipotecarios, independientemente de
que al calor de ellos hayan existido problemas graves, como es
el del PSV, etcétera.
Pero lo cierto es que muchas de las condiciones que vinieron a
mejorarse con este Real Decreto-ley hoy en día han quedado
anticuadas. En efecto, la bajada de tipos de interés que se ha
producido en el mercado hipotecario ha sido debida en gran
parte, según nuestro criterio, a la Ley de modificación de los
créditos hipotecarios que presentó el Diputado don Ramón
Espasa, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, ley que ha tenido una incidencia importante en
el tipo de interés del mercado hipotecario. A pesar de que
algunas personas se han apresurado a decir que ha sido una ley
sin resultados, muy al contrariocreemos que ha influido para
que bajen sustancialmente los tipos de interés, hasta el punto
de que los créditos hipotecarios que se regulaban conforme a
este Real Decreto-ley han quedado por debajo de los propios
que se están ofreciendo ahora mismo en el mercado.
Por lo menos hasta hace una semana se estaban dando créditos
en el mercado de hasta el 9,50 por ciento. Es cierto que
durante la última semana han aumentado un punto los créditos
hipotecarios, pero con todo y con ello, quedan por debajo de
lo que marca el propio Real Decreto-ley del Plan de viviendas
1992-1995. La proposición no de ley que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya presenta ante esta Cámara, si bien
tiene aspectos que han quedado en cierto sentido anticuados,
como es el punto 2 (porque hay que tener en cuenta que esta
proposición no de ley se presenta el 3 de diciembre de 1993 y
con posterioridad, por un Real Decreto-ley, aparecido en enero
de 1994, las subsidiaciones del Gobierno a los créditos
hipotecarios se plantean de forma diferente y, por tanto, no
cabe hablar en los términos en que lo hacemos en el punto 2 de
nuestra proposición no de ley), lo cierto es que en el punto 1
tiene una vigencia total y absoluta. Nosotros consideramos que
deben ser revisados los convenios que se están realizando con
las entidades de crédito para rebajar los tipos de interés,
porque no tiene sentido que con unos tipos de interés del 10,5
por ciento se establezcan créditos del 11,75 al 12,5 por
ciento, tal y como marca el Real Decreto-ley de diciembre de
1991 que da lugar al Plan de Vivienda 1992-1995. Esta
proposición no de ley puede y debe servir para plantear de
nuevo una revisión de lo que han sido los conceptos del Plan
de vivienda, Plan que no ha sido revisado hasta ahora en
ninguno de sus presupuestos, cuando lo cierto es que han ido
variando las condiciones desde su aprobación. Si de la
proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se desprende que de
ahora en adelante se va a producir una revisión de esos
presupuestos y se van a cambiar conforme varíen las
condiciones del mercado, conforme varíen las necesidades de
vivienda de los diferentes sectores que las necesiten, creemos
que será una proposición de ley que tendrá éxito y que podrá
incidir en una mejora de las condiciones de acceso de los
españoles al mercado de la vivienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
A esta proposición se han presentado enmiendas por los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista. Para defender la enmienda
del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, he de decirles sinceramente que
cuando tuvimos noticia de la presentación de esta proposición
no de ley por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en noviembre del año
pasado, nos produjo sorpresa no exenta, sin embargo, de cierta
satisfacción, por no decir de completa satisfacción, y le
adelanto de antemano que va a merecer nuestra completa
aprobación.
Analicemos los términos de la impresión que nos produjo su
proposición no de ley. Voy a decirle por qué razón nos produjo
sorpresa. Nos produjo sorpresa porque no más allá de un mes
antes de que ustedes presentasen esta proposición no de ley
nosotros introdujimos una enmienda en una moción presentada
por ustedes en relación con préstamos hipotecarios que decía
exactamente lo mismo que la proposición no de ley que ustedes
plantean y, sin embargo, no fue aceptada por ustedes. En
consecuencia, sorpresa y al mismo tiempo que sorpresa,
satisfacción. Satisfacción no solamente porque sea coincidente
con una enmienda que ustedes no quisieron aceptar en su día,
sino porque, además, esta proposición no de ley es coincidente
al cien por cien con sendas proposiciones no de ley; una,
anterior a la que ustedes presentaron y, otra, que hemos
presentado en el registro de la Cámara recientemente. En
cuanto es coincidente con lo que les propusimos y rechazaron,
en cuanto es coincidente con lo que nosotros hemos propuesto
en términos análogos, ha de merecer nuestra aprobación. Sin
embargo, no podemos negar que creemos imprescindible
introducir una serie de matizaciones, pero
--abriendo un paréntesis-- no se asusten, por mucho que
nuestras matizaciones no les parezcan bien (puede que las
rechacen porque vengan por nuestra parte, puede que no les
parezcan adecuadas en el momento procedimental oportuno en que
se tramita esta proposición no de ley, puede que excedan a lo
que es estrictamente la traducción a la baja en los tipos de
interés subsidiados para la adquisición de viviendas de
protección oficial o a tipo tasado), en definitiva --y cierro
ya el paréntesis--, nosotros vamos a votar favorablementedicha
proposición aunque sean rechazadas las enmiendas que
proponemos, que entendemos perfectamente razonables.
La primera medida que ustedes proponen en la proposición no de
ley en el sentido de que por el Consejo de Ministros se
adopten las medidas oportunas para reducir los tipos de
interés a los del mercado, ya fue aprobada por el Consejo de
Ministros celebrado el 29 de diciembre de 1993, adoptada por
resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Medio
Ambiente de 10 de febrero de 1994 y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de febrero siguiente, que nosotros
por error, absolutamente comprensible, hemos puesto en la
enmienda que era del día 14 de febrero, aunque usted convendrá
conmigo que es muy fácil confundir la niña bonita, que es el
15, con el 14 de febrero que no deja de ser Día de San
Valentín.
La segunda de las enmiendas que proponemos se refiere a que el
Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar el
cambio de los préstamos a promotor en préstamos a adquirente,
porque si bien hoy sí está previsto en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, sin embargo se refieren sólo y
exclusivamente a los préstamos cualificados a promotor y que
solamente se puedan obtener siempre y cuando se trate de
promociones de viviendas de protección oficial, ya sea en
régimen general, ya sea en régimen especial. Sin embargo, se
están planteando problemas graves y serios en el campo de la
promoción y construcción de viviendas en España en relación
con las viviendas a precio tasado, viviendas que, bueno es
decirlo --es cierto--, en su día ya anunciamos cuando se
publicó este Real Decreto; Real Decreto --hoy estoy en plan de
paréntesis, pero voy a cerrar el paréntesis--, no Real
Decreto-ley, el último Real Decreto-ley que ha habido en
España en materia de viviendas de protección oficial es de 11
de noviembre de 1976, posteriormente siempre han sido reales
decretos. Aquí cierro el paréntesis y perdónenme.
Como decía, a partir de este Real Decreto de 20 de diciembre
de 1991, se establece la vivienda a precio tasado con
beneficios sólo para el adquirente. Curiosamente, ha tenido un
éxito clamoroso y tiene un antecedente directo en un decreto
de la Junta de Castilla y León, de 7 de julio de 1978, que
estableció un régimen absolutamente similar, con los escasos
recursos presupuestarios con que contaba entonces la Junta de
Castilla y León, que ahora se plasma en el ámbito estatal y
que, por cierto, la Junta no se inventó nada, como tampoco se
inventó nada el Gobierno cuando lo hizo. Es una copia lisa,
literal y llana (la copia, cuando es buena, hay que
reconocerla, similar a la de los japoneses) del régimen
imperante en materia de protección a la vivienda que existe en
Francia. Dicho esto y comentadas las viviendas a precio
tasado, vamos a hablar, en último término, de la tercera de
las enmiendas que proponemos: que se introduzca un tercer
apartado en la proposición no de ley en el que también se
contemple el supuesto, que se ha dado gravemente en materia
reciente de subrogación de préstamos hipotecarios, que los
beneficios que se han otorgado a una persona subsidiada de
intereses en los préstamos hipotecarios, bien sean para
viviendas de protección oficial, bien sean para viviendas a
precio tasado, que esa persona que ha recibido estos
beneficios no los pierda si posteriomente se acoge a otro
régimen de protección o bajan los tipos de interés en el
mercado y cambia su préstamo hipotecario, supuesto que no está
contemplado en la normativa actual sobre viviendas de
protección oficial o de viviendas a precio tasado. Dicho esto,
voy a justificarle, no ya porque en su día introdujimos las
enmiendas, no ya porque en su día introdujimos proposiciones
de ley con términos semejantes, sino la razón de fondo por la
cual vamos a apoyar esta proposición no de ley. Cuando en 20
de diciembre de 1991 este Real Decreto-ley estableció tipos
subsidiados de interés del 7,5 por ciento para aquellos
adquirentes con rentas inferiores a 3,5 veces el salario
mínimo interprofesional; con intereses de 9,5 por ciento para
aquellos cuyas rentas fuesen inferiores anualmente a 4,5 veces
el salario mínimo interprofesional, y del 11 por ciento para
aquellos adquirentes cuyas rentas fuesen inferiores a 5,5
veces el salario mínimo interprofesional, se estableció para
1992, por acuerdo de Consejo de Ministros, un interés a
satisfacer a la Banca por estos intereses que posteriormente
se subsidiarían, del 12,25 por ciento mensual, lo que se
traducía en un interés efectivo del 12,96 por ciento de tipo
anual equivalente. Pues bien, si hoy, por este acuerdo de
Consejo de Ministros que antes les comentaba, de 29 de
diciembre de 1993, el tipo a satisfacer a Banca privada y
Cajas de Ahorros se establecía en el 9,925 por ciento,
ciertamente, el interés efectivo anual se ha reducido en tres
puntos; y si bien es cierto que los tipos de interés en
préstamos hipotecarios fluctúan últimamente con bastante
ligereza, le puedo decir en concreto que con referencia a 16
de septiembre del presente año, es decir, la semana pasada,
los tipos de interés para préstamos hipotecarios estaban
fijados en el 9,85 por ciento para los préstamos de la Banca
privada, en el 10,23 por ciento para los tipos de interés y
préstamos hipotecarios otorgados por Cajas de Ahorros y, sin
embargo, el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo
estaba
en el 8,74 por ciento, cuando es previsible --y por esto le
animo en este sentido a que admitan nuestras otras dos
inmiendas presentadas a su proposición no de ley-- que en
Europa, en nuestros competidores europeos, los tipos de
interés a largo plazo están por debajo de dos puntos
porcentuales en relación con los españoles y que,
precisamente, y por esto, España no se acomoda en este punto a
los elementos que determinan la acomodación de nuestra
competitividad a Europa y, en definitiva, a nuestra unión al
sistema europeo económico. Por todo lo cual y en esta medida,
porque el Estado se ha ahorrado considerables sumas de dinero
como consecuencia de que ya no sirven para nada los tipos de
subsidiación al 9,5 por ciento y al 11 por ciento, que
significa que, en lo que se refiere a viviendas de protección
oficial, es imposible el préstamo al promotor, cuando siempre
es al 9,5 por ciento.
En esta medida y en cuanto significa que el Estado se ahorra
mucho dinero, para este año, 1994, estaban presupuestados como
subsidiación de tipo de intereses 60.475 millones, dentro de
una cuantía global marcada para adquisición de viviendas en
1994 de 629.000 millones y, para 1995, de 430.000 millones de
pesetas.
En esta medida creemos que es lógico, es factible, es
perfectamente posible, es además necesario e imprescindible
para el adecuado desarrollo del sector de la vivienda en
España, para que se proteja claramente el derecho social que
tienen los españoles para la adquisición de su vivienda, que
los tipos de interés subsidiados, tanto en materia de
protección oficial cuanto de a precio tasado, bajen al menos
dos puntos porcentuales de lo establecido actualmente. Es
decir, que los préstamos al 11 por ciento subsidiado pasen a
ser del 9 por ciento; del 9,5 al 7,5; del 7,5 al 5,5 y los
especiales para primeras viviendas y siempre que sean de
superficies útiles inferiores a 70 metros, del 6,5 al 4,5. Lo
permite el mercado, lo permiten los Presupuestos y no implica
incremento del gasto público.
Por consiguiente, señor Andreu --y termino, señor Presidente--
, nuestro voto va a ser favorable a su proposición no de ley.
Va a ser favorable no sólo porque tiene razón en el fondo,
sino porque también, y porque tiene razón en el fondo,
nosotros, antes que ustedes, la hemos propuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. Por
el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras
Diputadas y señores Diputados, con la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya nos encontramos con una de las
cuestiones de máximo interés social y objeto de gran
preocupación para un número importante de personas, como es la
posibilidad de acceso a un bien básico: la vivienda.
Posibilitar el acceso a una vivienda digna es, sin duda, uno
de los ejes fundamentales de cualquier política social y, por
tanto, cualquier medida que nos lleve a conseguir ese objetivo
debe ser sujeto de estudio y análisis por esta Cámara.
La proposición no de ley que estamos debatiendo se enmarca
dentro del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia
de vivienda del Plan Cuatrienal 1992-95, que forma parte de un
conjunto de medidas acordadas por el Gobierno en materia de
política de vivienda.
Este Real Decreto fija en su artículo 3.º las formas de
financiación estableciendo que se atendrá, en cuanto a volumen
y asignación de los recursos, a los límites y condiciones
establecidos en su capítulo 5.º, en el que encontramos, dentro
de su artículo 48, que la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
fijará las cuantías máximas de las siguientes magnitudes:
volumen de recursos estatales que pueden destinarse a ayudas
económicas directas plurianuales y vinculadas a las
actuaciones protegibles en materia de vivienda, y volumen
máximo de recursos a convenir por el Estado con entidades de
crédito públicas y privadas en orden a la concesión de
préstamos calificados para dichas actuaciones protegibles.
Analizando este último punto, vemos que estamos ante un valor
tasado y cuyas cifras conocemos ya para el cuatrienio. Así, en
el año 1992, se fijó en 440.000 millones de pesetas; para
1993, en 560.000 millones de pesetas; para 1994, en 620.000 y
para 1995, en 430.000, lo que nos da un monto total de 2,050
billones de pesetas.
Pasado el ecuador de este Plan, podemos afirmar que las
previsiones que se efectuaron y los convenios que se fijaron
con las distintas comunidades autónomas, se están cumpliendo y
ajustando a las previsiones económicas que se establecieron,
factores que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de
evaluar dicho Real Decreto. Estamos, pues, ante un plan
determinado en su ejecución y cuantificado en el cómputo
global.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en la presentación de su proposición no de ley,
hace un resumen de la financiación cualificada del Plan de
vivienda 1992-1995, poniendo énfasis en la exposición de los
tipos de interés subsidiados, aplicables en los regímenes
especial y general de protección oficial, para fundamentar su
proposición no de ley en el hecho de que los tipos subsidiados
fueron establecidos en una situación en que los tipos de
interés del mercado era muy elevados y que, tras el reciente
descenso de los mismos, se encuentran ya ofertas de préstamos
hipotecarios en el mercado libre que, en ciertos supuestos,
pueden resultar más ventajosos que algunos de los tipos
subsidiados aplicables y, en coherencia, propone una reducción
de los mismos.
Dos son las cuestiones que plantea la proposición no de ley:
una está siendo adoptada --yo creo que ha sido aceptado por
todos los intervinientes-- de forma recurrente por el Consejo
de Ministros. Así, desde comienzos de 1993 fueron adoptados
los siguientes acuerdos: el 29 de enero de 1993 que fijó el
tipo inicial de los préstamos cualificados en el 12,5 por
ciento con un TAE del 13,24 por ciento; el 18 de junio de
1993, que se fijó el tipo inicial en el 11,75 con un TAE del
12,40; y en resolución del 10 de febrero de 1994, y con
aplicación del 1 de enero del mismo año, en el marco de los
convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
ha sido establecido en el 9,92 por ciento. Por todo lo cual
cabría instar al Gobierno para que, hasta la finalización del
plan cuatrienal, siga ajustando los convenios con las
entidades de crédito públicas y privadas, de acuerdo con la
evolución del precio del dinero en el mercado hipotecario
fijo.
Habrá que señalar, no obstante, señorías, que esta situación
favorable que hemos tenido, y que ha sido aprovechada por el
Gobierno, podría truncarse, según declaraciones recientes
aparecidas estos últimos días en los medios especializados,
del Presidente de la Asociación Hipotecaria Española, don
Gregorio Mayayo, que dice puede producirse una fase rebote y
afirma que los créditos hipotecarios a plazo fijo se situarán
en los próximos meses entre el 11 y el 11,5 por ciento. Como
saben también SS.SS., en fechas próximas alguna de las
entidades bancarias ya han subido estos tipos de interés. Ante
la otra medida que se propone, la reducción de los tipos de
interés resultantes de la subsidiación, habría que hacer las
siguientes consideraciones. Primero, que el coste total de las
ayudas económicas directas del Plan 1992-1995 en el
presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente está limitado en valores actuales. Segundo, que
la evaluación del coste máximo, dada la diversidad de los
tipos de ayudas, tanto en cuantías, como en la duración de los
períodos a lo largo de los cuales dichas ayudas serían
desembolsadas, se efectuó mediante una técnica de
homogeneización que permitiera estimar desde el primer momento
del plan su coste económico en valor actual, y ésta constituyó
la magnitud clave, tanto para asignar las actuaciones del plan
por años y comunidades autónomas, como de elemento del control
del mismo en sus costes presupuestarios, para evitar
desbordamientos por encima de lo inicialmente previstos.
Tercero, el tipo de interés previsto para los convenios de
1993 había sido del 11,5 por ciento, pero la evolución de la
situación financiera condujo a un tipo de convenio del 12,5
por ciento y, posteriormente, a la vista de los significativos
descensos de los tipos de interés, por parte de diversas
entidades de crédito, fue situado, a mediados de 1993, en el
11,75 y, en diciembre, en el 9,92, como hemos dicho
anteriormente. Cuarto, a pesar del abaratamiento del coste del
plan, que puede deducirse de la bajada del tipo de interés
efectivo para los convenios de 1994 y sin conocer cuál va a
ser el comportamiento durante el año 1995, podríamos plantear
varias alternativas, entre ellas, beneficiar más a los
perceptores inicialmente previstos, o beneficiar a mayor
número de perceptores.
El Grupo Socialista se inclinaría por incrementar el número de
perceptores, aunque podrían estudiarse las desviaciones en el
tramo superior de subsidiación, siempre que no repercutan en
el potencial de adquirientes con ingresos más bajos.
Para que las opciones anteriores puedan ejercitarse con
fundamento y sin peligro de desbordar el coste presupuestario,
es preciso tener certeza de que efectivamente se va a producir
una reducción del coste del plan en valor actual y habría que
tener en cuenta que, como elementos básicos para concretar las
cifras en los convenios-marco, se tuvieron en cuenta, tanto la
parte del coste total, en valor actual del plan que
correspondería a cada comunidad autónoma, como la distribución
esperada por cada una de ellas respecto a los niveles de
ingresos ponderados relacionada con la subsidiación de los
adquirientes de los diferentes tipos de viviendas a que se
refiere el plan, supuesto este último necesario para evaluar
el valor actual de cada tipo de actuación en cada comunidad
autónoma.
La reevaluación del coste medio de cada tipo de actuación
protegible en cada comunidad autónoma está siendo completada,
pero cabe afirmar que se han producido importantes
desviaciones entre lo que las comunidades autónomas previeron
respecto a los niveles de ingresos de los adquirentes de las
viviendas y la que realmente se está dando, donde se constata
una mayor concentración, muy por encima de la esperada, de
adquirientes de viviendas situadas en tramos de ingresos
ponderados desde 3,5 veces el salario mínimo interprofesional
hacia abajo, abundando asimismo en mayor medida de lo previsto
los casos de personas o familias que se acogen al sistema de
financiación especial para el primer acceso a la vivienda en
propiedad.
Como consecuencia de lo anterior, el coste en valor actual del
plan se está viendo significativamente encarecido, hasta el
punto de que el efecto de la concentración de adquirientes en
tramos de ingresos con mayor subsidiación contrapesa, y
posiblemente rebase el efecto del descenso de los tipos de
interés.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista propone una enmienda de sustitución
en el sentido que hemos expresado en nuestra intervención de
no alterar el equilibrio presupuestario
y que pueda compensar alteraciones en algún tramo de
subsidiación, siempre que no afecte al posible potencial de
compradores con ingresos inferiores. Nada más. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
¿Grupos que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya parte de una consideración
inicial que nuestro Grupo comparte, y es que el descenso de
los tipos de interés ha traído como consecuencia la pérdida de
atractivo de las ayudas del Plan de la vivienda destinadas a
los segmentos más altos del propio plan, es decir, aquellas
unidades familiares con ingresos ponderados superiores a 4,5
veces el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, nuestro
Grupo Parlamentario discrepa en cuanto a la solución que se
propone en el texto de la proposición no de ley.
Nosotros coincidimos --así tuvimos ocasión de manifestarlo en
la última comparecencia en el mes de noviembre de 1993, hace
ya tiempo, de la Secretaria de Estado para la Vivienda y el
Medio Ambiente-- con la importante bajada de los tipos de
interés en nuestro país. Manifestamos entonces, y reiteramos,
que creemos que el ahorro derivado de la bajada de tipos de
interés --si es que se produce tal ahorro-- debería destinarse
a incrementar el número de ayudas existentes.
Cuando en 1991 se diseñó este Plan de la vivienda se pensó en
unas horquillas según los niveles de ingresos familiares que
se ha demostrado en la práctica del propio plan y ha sido la
consecuencia de su éxito que eran insuficientes, se habían
quedado cortas. Nosotros pensamos que ante la coyuntura de un
posible ahorro es más conveniente otorgar más ayudas del nivel
que se ha dado hasta ahora que menos pero mejores. Es decir,
nos encontramos con un problema ocasionado por el éxito del
propio plan, como decía hace un momento, que está demostrando
que la cuantía que en su momento se presupuestó es
insuficiente y puede llevar a que el propio plan no sea capaz
de atender toda la demanda que se está produciendo
actualmente.
Sería conveniente destinar este supuesto ahorro que se puede
producir a dotar mejor los segmentos más bajos del propio
plan, es decir, aquellos que van destinados a unidades
familiares con ingresos inferiores a 4,5 veces el salario
mínimo interprofesional, intereses destinados a este segmento
familiar que, como es evidente, continúan siendo competitivos
en el mercado. En segundo lugar, pensamos que este ahorro
debería destinarse --si fuera posible-- a aumentar el volumen
del préstamo protegible. Me explico. En este momento la
cuantía máxima del crédito --aquellas ayudas susceptibles de
acogerse al plan de la vivienda-- abarca el 70 por ciento del
coste total de la vivienda y ello obliga al posible adquirente
a realizar un esfuerzo importante, de entrada, que equivale a
destinar un 30 por ciento a la adquisición de la vivienda
propia. Muchas veces esto no es posible y supone un hándicap
para acogerse a dichas ayudas, ya que el nivel de ingresos de
los destinarios del plan y las cantidades que se exigen
suponen un esfuerzo de ahorro muy importante. Por ello
pensamos que el ahorro a que nos referimos debería
destinarse --y produciría un efecto más beneficioso-- a
incrementar la cantidad de dinero protegible de la totalidad a
que se tiene derecho como consecuencia del acogimiento al
plan.
Nuestro Grupo Parlamentario --y con ello termino-- cree que si
el incremento de tipos de interés, que ya ha sido citado por
anteriores intervinientes, no es coyuntural --y ello está por
ver--, sí que sería conveniente que se procediera por parte
del Gobierno a un reestudio del plan para adaptarlo, dentro de
las premisas que he citado, a la nueva realidad del mercado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo proponente, a efectos de expresar la
aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la
palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Nos satisface que el conjunto de los grupos parlamentarios que
han hecho uso de la palabra en este debate consideren que las
condiciones de créditos hipotecarios que redefinía el Plan
1992/1995 han quedado obsoletas y que, de alguna manera, el
Gobierno está ahorrando gran parte del dinero que en principio
estaba destinado a dicho plan. Es cierto que hay discrepancias
sobre cómo debe ser utilizado ese dinero, pero creemos que el
mínimo común múltiplo del conjunto de los grupos
parlamentarios es que ese plan debe ser revisado. Por tanto,
vamos a aceptar la enmienda de sustitución que plantea el
Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que debe ser
revisado --y nosotros entendemos que inmediatamente-- ese plan
plurianual de viviendas. Esto no significa que no estemos de
acuerdo con muchos de los conceptos que se han planteado aquí
por el portavoz del Grupo Popular, pero el hecho de que este
plan pueda ser revisado --y mi Grupo Parlamentario va a exigir
que se revise inmediatamente, muchísimo antes de que acabe
este período de sesiones-- hace que creamos que el fruto de
este debate pueda ser positivo y podamos conseguir lo que
hasta ahora venía evitando el Gobierno, que era revisar el
plan que quedaba obsoleto
después de la modificación de los créditos hipotecarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Vamos a proceder a votación de la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 298; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA ACTUAL REGULACION
DEL DENOMINADO «1 POR CIENTO CULTURAL» (Número de expediente
162/000044)
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
modificar la actual regulación del denominado «1 por ciento
cultural». En nombre del grupo proponente tiene la palabra el
señor Baltá. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor BALTA I LLOPART: Muchas gracias, señor Presidente.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Señorías, al disponerme a defender, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a modificar la actual regulación del denominado uno
por ciento cultural, establecido en el Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, que impulsaba el desarrollo parcial de la Ley
de 25 de junio de 1985 del Patrimonio Histórico Español, creo
necesario hacer referencia a un texto legal que resolvió una
situación de dispersión legislativa que se había prolongado
durante decenios, pese a que la promulgación en 1933 de otro
texto, considerado en aquel momento de exaltación de las
libertades y con ello de la propia cultura, supuso un avance
considerable respecto al vacío cultural de aquel momento.
Menos rápida que la República fue nuestra actual democracia
pero, sin duda, la ley que hoy enmendamos, en una proporción
francamente inferior al procentaje que estamos reivindicando,
fue una buena aportación a la defensa del patrimonio
histórico, que ha sido complementada con el derecho al
desarrollo de otras leyes por parte de los parlamentos
autonómicos, como es el caso de la Ley 1807, de octubre de
1993, del Parlamento de Cataluña, que aproxima la preocupación
por la cultura patrimonial al ámbito concreto de la autonomía
y, en ese sentido, regula la colaboración de las
administraciones central y autonómica.
Nuestra proposición no de ley --la que ahora mismo defendemos-
- viene a enmendar el texto del Real Decreto de 1986, habiendo
transcurrido los años suficientes como para que el análisis de
la aplicación del Real Decreto que desarrollaba parcialmente
la Ley 16, de 1985, haya demostrado la innovación que
significó entonces la aceptación legal del criterio de
aplicación del uno por ciento de los presupuestos de obras
públicas a la conservación del patrimonio cultural y a la
promoción y creatividad de la cultura.
Consideramos que se ha producido una cierta indefinición
respecto a los caminos a través de los cuales el monto
económico total del porcentaje debe llegar al área concreta de
la cultura. Nosotros planteamos en nuestra proposición no de
ley la lógica de que la inversión cultural debiera hacerse en
la misma comunidad autónoma en que se efectúa la obra pública,
criterio que, en su momento, nos fue discutido desde una
dimensión determinada del Estado que cedía las competencias
plenas de cultura, pero impedía la inversión automática del
uno por ciento cultural en el entorno inmediato donde se
ejecutaba una obra pública. A lo largo de estos años, la
aplicación del porcentaje ha conllevado, con demasiada
frecuencia, la agresión del concepto de competencias
exclusivas, a menudo en parcelas de la cultura, donde ha sido
necesario entrar con calzador en la definición que la ley
prevé para la aplicación del uno por ciento. Por otra parte,
quisiéramos solucionar una cierta conflictividad que se ha
producido entre diferentes departamentos del Ejecutivo,
concretamente entre los ministerios que han venido
desarrollando obras públicas y controlando su ejecución y el
Ministerio de Cultura que, lógicamente debiera, cuando menos,
coordinar la aplicación de las cantidades dimanantes de este
precepto legislativo.
La presunción, en gran medida cierta, de que la cultura, en sí
misma, es una realidad presente en todos los ámbitos de la
sociedad y, como consecuencia, en todos los ministerios, ha
hecho difícil el control del uno por ciento, alejándose la
posibilidad de una necesaria coordinación interministerial y
situándose mucho más lejos la posibilidad de que los gobiernos
autonómicos pudieran opinar o decidir al respecto, a pesar de
que la obra cultural se ubicaba en su territorio. El
Ministerio de Cultura ha escuchado las protestas frecuentes de
los gobiernos autonómicos cuando, en realidad, no era
responsable de la interferencia cultural que promulgaba
aquella protesta. No hay necesidad de entrar en más detalles.
Sus señorías conocen perfectamente la cuestión. Hemos
preferido plantear una solución positiva a través de esta
proposición no de ley para la que, lógicamente,
solicitamos el voto de los distintos grupos que integran esta
Cámara. Desde un cierto sentido de la realidad, proponemos que
los fondos afectados sean transferidos al Ministerio de
Cultura y éste los aplique, previa consulta con la respectiva
comunidad autónoma, en el propio territorio de la misma. La
excepcionalidad, que ha sido cuestión frecuente hasta este
momento, es altamente complicada. Este es un país con una
magnífica historia que ha dejado piedras y patrimonio a
conservar. Por otra parte, el apoyo a la creatividad artística
puede ser ilimitado y a todos nos agrada que se concrete en el
entorno inmediato.
Acabo, señor Presidente, recalcando que la proximidad a las
piedras que queremos conservar puede constituir en sí misma
una garantía en cuanto a la eficacia de la inversión a
efectuar. Por ello mi Grupo Parlamentario solicita la
consideración de este voto positivo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
A la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) se han presentado tres enmiendas, del
Grupo Popular, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, estamos celebrando
un debate que ya se ha repetido en el Congreso y en el Senado
con anterioridad y la verdad es que la Cámara tendría que
aprovechar esta ocasión para actuar en coherencia, como se
manifestó en la Comisión de Educación y Cultura el día 15 de
febrero de este año.
La enmienda que presentamos, señor Presidente, a la
proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
va precisamente en esta línea. Presentamos exactamente el
mismo texto que fue aprobado en la Comisión de Educación y
Cultura con los votos de los grupos Popular, Socialista e
Izquierda Unida. Y lo hacemos, evidentemente por coherencia,
porque no han cambiado las circunstancias que aconsejan que la
Cámara se pronuncie para favorecer y hacer efectiva la
protección y el fomento del patrimonio histórico español. Pero
además de un acto de coherencia con pronunciamiento formal de
la Cámara, hay una cuestión, señor Presidente, de respeto a
las formas que deben guiar las actuaciones de la Cámara. No
estamos, señor Presidente, proponiendo una modificación de la
Ley del Patrimonio Histórico Español. Eso sería el caso de una
proposición de ley que enmendase determinados artículos de la
citada ley. Estamos pidiendo que el Gobierno actúe en función
de su potestad reglamentaria para modificar el decreto que
desarrolla esa ley.
El texto que presenta el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) dice cómo se deben redactar tres
artículos. Pensamos que esa no es la competencia de la Cámara,
esa es la competencia del Gobierno. Lo que corresponde a la
Cámara para respetar los principios de la separación de
poderes es que se señalen unos criterios que el Gobierno
seguirá. Eso es lo que hacemos con las mociones o con las
proposiciones no de ley. Por tanto, esta cuestión formal,
además de la coherencia, también nos ha llevado a enmendar el
texto que se ha presentado. La redacción que se presenta aquí
quiere basarse en tres criterios fundamentales que pensamos
deben orientar la aplicación correcta del uno por ciento
cultural. En primer lugar, el estricto cumplimiento de la Ley
del Patrimonio Histórico Español. En segundo lugar, conceder
al Ministerio de Cultura el debido protagonismo, el que quería
la Ley del Patirmonio Histórico en su espíritu y en su texto y
el que no ha tenido a lo largo de estos años debido a la
escasa atención que han prestado a sus competencias los
distintos responsables del Ministerio o al escaso peso
político que han tenido dentro del Consejo de Ministros.
Finalmente, el tercer criterio, para nosotros fundamental a la
hora de desarrollar la Ley del Patrimonio Histórico en punto a
la aplicación del uno por ciento cultural, es que esos
recursos que se obtienen para el patrimonio histórico español
se utilicen cumpliendo lo que dice la Constitución, que es una
de las competencias esenciales del Estado en materia de
cultura. Es decir, garantizar la comunicación cultural entre
las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Para eso se
creó en la Ley del Patrimonio Histórico Español el consejo del
patrimonio histórico, estableciendo un marco de colaboración y
cooperación de las comunidades autónomas entre sí y de éstas
con el Estado. En cuanto al primer objetivo, que se cumpla la
Ley del Patrimonio Histórico, uno empieza a tener ya la
sensación de estar arando en el mar. Desde que estoy en esta
Cámara, señor Presidente, he tenido la oportunidad de escuchar
a tres diferentes responsables del Ministerio de Cultura
quejarse simultáneamente de la falta de recursos que tienen en
su Ministerio y de la incorrecta aplicación del uno por ciento
cultural. Esta queja ha llegado a producirse incluso en los
informes que el Ministerio de Cultura tiene que presentar
anualmente al Consejo de Ministros sobre la aplicación de este
uno por ciento. Pues bien, hoy tenemos un buen ejemplo de cómo
el Ministerio de Cultura no cumple con sus responsabilidades
más elementales y que, cuando se queja de que le faltan
recursos ni siquiera manda al cobrador a por ellos, cuando
tiene la posibilidad. He dicho al principio que el día 15 de
febrero en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara,
con una votación tan mayoritaria como treinta de treinta y
tres Diputados presentes, se le dieron al Gobierno unas
instrucciones para que reformase el reglamento
de la Ley del Patrimonio Histórico, en una línea que
indudablemente favorecía lo que habían venido diciendo los
propios responsables del Ministerio. Señor Presidente, estamos
terminando el mes de septiembre y todavía no ha sido capaz el
Ministerio de sacar este decreto. Pero, como digo, esa Casa no
se caracterizaba precisamente por la eficacia y ya la
incompetencia a la que se está llegando, junto con la falta de
peso político, está alcanzando niveles que son alarmantes.
Pero vayamos a los otros dos puntos que planteaba yo. Por un
lado, que el Ministerio de Cultura tenga el adecuado peso en
esta toma de decisiones. Sobre eso hay acuerdo tanto en el
texto que plantea el Grupo proponente como en las enmiendas
que han planteado otros grupos. Sin embargo, se olvida
gravemente en las enmiendas que han planteado los otros
grupos, cuyos textos ya nos han sido repartidos, el tercer
requisito que nos parece esencial, sustituyéndose una deseable
multilateralidad a la hora de tomar las decisiones que afectan
a todas las comunidades autónomas y donde hay una
responsabilidad estatal para con todas ellas por una no
deseable bilateralidad origen de muchos conflictos, de muchas
suspicacias, y que es nuestra obligación intentar evitar las
tentaciones para no tener luego los conflictos.
La Ley del Patrimonio Histórico Español, como bien sabe la
Cámara, tuvo un apoyo muy amplio porque abría muy buenas
posibilidades para la protección y la defensa del patrimonio.
El balance, sin embargo, casi diez años después de la entrada
en vigor de la ley, es muy insatisfactorio, y si ahora, señor
Presidente, en vez de avanzar en la línea de la colaboración
entre las comunidades autónomas en el consejo del patrimonio,
revisamos esa línea que en otros campos del funcionamiento del
Estado de las autonomías hemos querido llevar a las
conferencias sectoriales que se han querido impulsar en los
pactos del desarrollo autonómico que han firmado los grupos
más relevantes de esta Cámara, parece que estamos dando un
serio paso atrás en esa línea que abrió la Ley del Patrimonio
Histórico, que nunca se ha desarrollado satisfactoriamente ni
en el consejo del patrimonio ni en todas las conferencias
sectoriales que ha habido, y nos quejamos de la pobre realidad
que constituye.
Lo lógico sería --concluyo, señor Presidente-- que
mantuviésemos el texto que ya se aprobó por el Partido
Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida en la
Comisión de Cultura y pedir, eso sí, a la Ministra de Cultura
que se dedique a hacer alpargatas o a hacer decretos, pero que
haga algo, y animar de una santa vez a que se desarrolle un
punto tan altamente insatisfactorio en el funcionamiento de la
Ley del Patrimonio. Pero por nosotros, señor Presidente, no va
a quedar que se logre este acuerdo y que se mantenga en torno
a un punto tan importante como es la protección de nuestro
patrimonio histórico, que no debe ser objeto de preferencias
políticas partidistas o ideológicas. Esa es la razón por la
que ofrecemos una enmienda transaccional, aunque nos consta la
complejidad procedimental de su aceptación, porque tendría que
ser aceptada tanto por el grupo al que se la ofrecemos, que es
el Grupo Socialista, como por el Grupo proponente del texto,
pero la ofrecemos manteniendo el texto que plantea el Grupo
Socialista, simplemente refiriéndonos a que el consejo del
patrimonio tiene que jugar el papel que le asigna la Ley del
Patrimonio Histórico a la hora de apuntar los planes anuales
de conservación del patrimonio. En el consejo del patrimonio
están representadas todas las comunidades autónomas y está
representado el Ministerio de Cultura, y ese es el lugar
natural en que se tienen que tomar estas decisiones. Y luego,
cúmplase la ley, aplíquese de verdad el uno por ciento y no
tengamos partidas en los presupuestos tan ridículas como, con
la cuantía de inversiones que tienen los Presupuestos
Generales del Estado, se contemplan (ya sé que es en partida
abierta, pero luego resulta que al final, en la liquidación,
tampoco se ha incrementado tanto) de 200 millones, por
ejemplo, para el uno por ciento cultural.
Creemos que esto tiene una gran importancia, no sólo para la
protección y defensa del patrimonio histórico español sino, lo
que es quizá más importante, señor Presidente, para una
correcta interpretación de lo que debe ser la colaboración de
las comunidades autónomas y del Estado dentro del Estado de
las autonomías, en la línea en que creíamos que se había
emprendido en la pasada legislatura, por un entendimiento en
la Cámara, y que lamentablemente observamos que no se pierde
oportunidad para desviarse del acuerdo que se había alcanzado
de favorecer la multilateralidad en las relaciones de las
comunidades autónomas con el Estado y dejar reducida la
bilateralidad a aquellas cuestiones en las que es
imprescindible. No lo es en el caso del consejo del
patrimonio. Simplemente basta con que la Cámara sea coherente
con la decisión que ya tomó en la Comisión de Cultura o la que
se tomó en el Senado, donde también se planteó esta misma
cuestión, optando por una preferencia en favor de una parte
concreta del patrimonio, que eran las catedrales. Cualquiera
de estas líneas es válida. En cualquier caso, lo que no es
válido es que demos un paso atrás y abandonemos esta deseable
multilateralidad para entrar en una bilateralidad que será
origen de conflictos, de insatisfacciones y de suspicacias que
a esta Cámara, como representación de la nación, le conviene
no alentar, sino intentar evitar. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cortés, si es
tan amable, pase a la Presidencia, por escrito, la
modificación que propone a la enmienda del Grupo Socialista.
El señor CORTES MARTIN: Así lo hago, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.
Hablando del uno por ciento cultural, parece que hablamos de
algo sin importancia, algo nimio, pero tiene importancia tanto
absoluta como relativa. Estamos hablando del uno por ciento
con respecto a todas las obras públicas financiadas, total o
parcialmente, por el Estado, lo cual puede suponer este año
unos 4.000 millones de pesetas. No es poca cosa a nivel
absoluto, pero lo es mucho más a nivel relativo, teniendo en
cuenta lo que supone el monto total del presupuesto de
Cultura. El presupuesto de Cultura supone solamente 66.000
millones de pesetas, aproximadamente el 0,3 por ciento del
total de los Presupuestos Generales del Estado. Si a esos
66.000 millones de pesetas le quitamos (cosa que hay que hacer
en los próximos tres o cuatro años) 14.000 millones de la
colección Thyssen, le quitamos 19.000 millones para personal
del Ministerio y le quitamos, hasta que no se culminen las
obras, 4.000 millones del Teatro Real, veremos la importancia
relativa, grande, que tiene la aplicación de estos 4.000
millones del uno por ciento cultural, que este año pueden
suponer 4.000 millones y el año que viene posiblemente más.
Importancia también teniendo en cuenta (aquí se ha dicho algo
anteriomente) que no se cumple la Ley del Patriminio Histórico
en su totalidad, ni se le da el protagonismo necesario ni el
control democrático preciso al Ministerio de Cultura. El mismo
señor Linde, Subsecretario del Ministerio, en su comparecencia
anterior a la aprobación de los presupuestos para este año en
la Comisión correspondiente, hablaba de la preocupación por
una menor aplicación de recursos del uno por ciento de los
diversos ministerios, y añadía que el Ministerio de Cultura,
dadas las opciones posibles, no tiene protagonismo a la hora
de definir los objetivos correspondientes.
Las opciones posibles, según se aprobó en el Real Decreto
111/1986, y singularmente en su artículo 58, son, en primer
lugar, que se trata de financiar trabajos de conservación o de
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento
de la creatividad artística incluidos en los planes anuales de
la misma denominación. En la segunda opción, este Real Decreto
habla de realizar trabajos de conservación o de
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con
preferencia en la propia obra... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento. Señorías,
guarden silencio. Es imposible poder seguir la intervención
del señor Alcaraz. Ocupen sus escaños y guarden silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
...Con preferencia en la propia obra o en su inmediato
entorno, o en cualesquiera de los bienes de interés cultural
relacionados con las actividades del organismo
correspondiente.
Por tanto, desde el principio el Real Decreto recogía la
cooperación necesaria entre todas las Comunidades Autónomas,
una dialéctica de multilateralidad, que es lo que después se
refrendó en la aprobación que hizo la Comisión en febrero con
respecto a qué criterios debieran regir el reglamento aprobado
por el Gobierno. En este sentido, nosotros creemos que la
proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
cambia esta dialéctica, esta lógica interna del reglamento de
aplicación del uno por ciento cultural, y nosotros presentamos
una enmienda de sustitución en los siguientes términos, en
función de lo que he dicho anteriormente, que recoge tanto el
espíritu del Decreto como el de la resolución aprobada muy
mayoritariamente en la Comisión de Cultura. Para el punto 5
planteamos el texto siguiente: Los trabajos a que se refiere
el apartado 3 de este artículo se ejecutarán por la
Administración del Estado con un criterio territorialmente
integrador, una vez oídas las Comunidades Autónomas. Por
tanto, al hablar de criterio territorialmente integrador,
implícitamente estamos hablando del Consejo de Patrimonio, lo
que quiere decir que esta propuesta no es contradictoria con
la aprobada en la Comisión de Cultura. Pensamos que esta es la
salida real --ésta u otro texto homologable que se plantee--
para no salir de la lógica que suscitó un gran consenso en la
Comisión de Cultura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz. Finalmente, para la defensa de la enmienda del Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) nos permite debatir de nuevo en esta
Cámara sobre la actual regulación del llamado uno por ciento
cultural y, además, este debate nos recuerda el que tuvimos en
el mes de febrero en la Comisión de Educación y Cultura. Yo
quisiera poner de manifiesto, en primer lugar, que tanto las
intervenciones que se produjeron en la Comisión como las que
se han producido aquí esta tarde y la mía propia, en nombre
del Grupo Socialista, coinciden en dos planteamientos.
Por una parte, todos acordamos la importancia de que el
Ministerio de Cultura tuviera una mayor participación, un
mayor protagonismo en la decisión de inversión de fondos que
proceden del uno por ciento cultural --primer acuerdo que se
ha puesto de manifiesto esta tarde aquí, repitiendo lo que ya
se produjo en la Comisión--, y, por otra parte, también hemos
coincidido en que haya una participación de las propias
comunidades autónomas, que se oiga su voz a la hora de
establecer unos criterios de prioridades, para que,
conjuntamente con el Ministerio de Cultura, se hagan las
inversiones pertinentes con cargo a estos fondos del uno por
ciento cultural.
Yo creo que, en definitiva todos estamos ratificando aquel
aspecto novedoso y muy importante de la Ley del Patrimonio
Histórico Español, en el que se introducía por primera vez la
fórmula del uno por ciento cultural. En ese sentido, con la
misma convicción y con la misma energía, o más si cabe, lo
defendemos desde el Grupo Socialista como un mecanismo y un
instrumento válido para el reequilibrio de dotaciones de
infraestructura en las distintas comunidades autónomas para
conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio. Es
cierto que la aplicación de este uno por ciento a través del
Real Decreto ha provocado algunas disfunciones, ha creado
algunos desequilibrios que tendríamos que corregir. El texto
de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, junto con
la intervención que hicimos en la Comisión, recoge
perfectamente la fórmula para encontrar una mejor aplicación,
un mayor nivel de eficacia en la inversión de los fondos del
uno por ciento cultural.
Quiero hacer alguna referencia, aunque sea breve, señor
Presidente, a las dos opciones, que ya se han citado aquí, que
aparecen en el Real Decreto: que sea el Ministerio de Cultura
el que invierta este uno por ciento cultural, a través de sus
planes anuales, o que sea el propio organismo inversor,
organismo público-Ministerio en definitiva, el que realice la
obra destinada al uno por ciento cultural. La aplicación de
esa fórmula nos ha puesto de manifiesto que, efectivamente,
hay una mayor opción por parte de los organismos por esta
segunda fórmula, que sea el propio organismo inversor el que
realice los trabajos con cargo a este uno por ciento cultural.
Simplemente voy a citar un dato que me parece significativo:
en el año 1991 se invirtieron con cargo al uno por ciento un
total de 4.289 millones, y de éstos únicamente 465 los
gestiona el Ministerio de Cultura, y el resto, 3.824, los
restantes organismos.
Hay también un dato que me gustaría añadir en mi
argumentación, y es que se ha producido, como decía antes, una
cierta dispersión en lo que es la aplicación de estos fondos,
puesto que en muchas de las inversiones realizadas por este
concepto no ha intervenido el propio Ministerio de Cultura en
lo que es la elaboración de los proyectos y el seguimiento de
los trabajos. Por tanto, esta fórmula también deberíamos
corregirla.
Todo esto, como decía, nos lleva a presentar nuestra enmienda
a la proposición no de ley de Convergència i Unió, que
persigue defender un mayor protagonismo del Ministerio de
Cultura y, como decía antes, también una participación
creciente de las propias comunidades autónomas. La enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista consta de dos apartados. En
el apartado A, decimos que los fondos y, por tanto, los
trabajos que se deriven de la aplicación del uno por ciento
cultural, no se deben decidir unilateralmente por parte del
organismo inversor, sino que debe haber un acuerdo previo, un
consenso entre el organismo que invierte y el que gestiona,
Ministerio de Cultura, porque entendemos que esa es la mejor
fórmula para dar salida y desbloquear la situación que se ha
venido produciendo en los últimos años. Por tanto, partimos de
esta necesidad de acuerdo, de entendimiento, entre ambos
ministerios, que nos parece que sería la mejor forma. Además,
en esta decisión intervendrá el Ministerio de Cultura, cosa
que no ocurrirá si mantenemos los mismos criterios que recoge
el actual Real Decreto.
En consecuencia, yo creo que caeríamos en un error si
centráramos el debate en cuál es el Ministerio que invierte,
si el Ministerio de Cultura o cualquier otro Ministerio, sino
que lo deberíamos centrar en qué obras de restauración se van
a realizar o en qué tipo de actividades creativas se van a
fomentar. En definitiva, el debate tendríamos que centrarlo en
la necesidad de dar prioridad a lo que nos está demandando la
conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio. Ahí
deberíamos poner el énfasis y no en cualquier otro debate que
sería, desde mi punto de vista, más artificial y que no
llegaría a producir los efectos positivos que realmente
estamos buscando.
En el apartado B), el segundo de nuestra enmienda, incluimos
dos aspectos que también nos parecen muy importantes y que
modifican el texto de la proposición no de ley del Grupo de
Convergència i Unió. Por una parte, incluimos la participación
de las comunidades autónomas en la aplicación de este uno por
ciento cultural mediante la elaboración de un informe. Por
otra parte, nos parece también imprescindible precisar que los
trabajos con cargo al uno por ciento cultural se realizarán
preferentemente --insisto en la fórmula preferentemente-- y no
de manera exclusiva u obligatoria en el territorio de la
comunidad autónoma donde se realice la obra pública.
Preferentemente en ese territorio, pero no exclusivamente,
porque entendemos que de esta forma aumentarían algunas
situaciones de desequilibrio y de desigualdad que se podían
haber
venido dando hasta este momento. Me refiero, muy
brevemente, señor Presidente, señorías, a estos dos últimos
aspectos porque me parecen fundamentales y básicos.
La participación de las comunidades autónomas en la aplicación
del uno por ciento cultural introduce incluso un elemento de
operatividad. Es absolutamente positivo. ¿Por qué? Porque las
comunidades autónomas están compartiendo obligaciones en
materia de protección del Patrimonio Histórico Artístico. Por
tanto, es lógico que si están compartiendo obligaciones, se
compartan las responsabilidades y tengan voz a la hora de
decidir y de precisar a dónde va destinada la inversión del
uno por ciento cultural. La propia Constitución, señorías,
vincula a todos los poderes públicos en la protección del
patrimonio. Por tanto, queda enmarcado dentro del contenido de
nuestra enmienda. Hay un segundo aspecto que me parece
importante, y es que la planificación del uno por ciento
cultural debe favorecer la conservación y restauración del
Patrimonio. Pero también, y es un segundo aspecto no menos
importante que el primero, debe procurar un reequilibrio, debe
procurar corregir las desigualdades que puedan existir en
estos momentos en cuanto a la dotación de la infraestructura
cultural de las propias comunidades autónomas. Nos parece
fundamental la precisión y matización de que la inversión sea
preferentemente en el territorio de la comunidad autónoma
donde se realiza la obra, pero, insisto, no exclusivamente. De
ahí que lo introduzcamos en nuestra enmienda. En la propuesta
que presenta Convergència i Unió entendemos que existe un
cierto riesgo de desigualdad entre las diferentes comunidades
autónomas. Se podrían ver privilegiadas aquellas que reciben
un mayor número de inversiones y dispondrían también de más
fondos, además de recibir las inversiones propias, destinados
a su patrimonio cultural. Por tanto, las necesidades del
patrimonio --y ahí estaremos de acuerdo los distintos grupos
parlamentarios-- no tienen por qué coincidir, de hecho no
coinciden, con las propias inversiones públicas realizadas en
su territorio. De esa forma conseguiríamos este reequilibrio
que persigue el uno por ciento cultural.
Acabo señor Presidente, aunque tendría que hacer una
referencia muy breve. De ser admitida nuestra enmienda, y
espero que así ocurra por parte del Grupo de Convergència i
Unió, no existe ningún tipo de incoherencia o contradicción
con el texto que mi Grupo Parlamentario votó afirmativamente
en la Comisión de Cultura y que seguimos manteniendo. Estamos
dando criterios, en un caso y en otro, para que sea el
Gobierno el que, puesto que es responsabilidad suya, modifique
la redacción del Real-Decreto. En ese caso, estoy segura que
se tendrá en cuenta el reequilibrio entre comunidades
autónomas, se tendrán en cuenta las preferencias establecidas
en los planes anuales de conservación de patrimonio, en el que
sí interviene el Consejo de Patrimonio, y se tendrá en cuenta
también un mayor protagonismo del Ministerio de Cultura. Creo
que quedan salvadas todas las partes. Nuestra propuesta, a
través de esta enmienda a la proposición no de ley de
Convergència i Unió, es que sea admitida para que podamos
aceptarla. También nos gustaría que coincidiéramos en el voto,
como ocurrió de forma mayoritaria en la Comisión con el resto
de los grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rodríguez. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra
el señor González de Txábarri. (Rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños. Guarden silencio, por favor.
(Pausa.) Cuando guste.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Intervendré con la brevedad solicitada desde los
escaños.
Desde el Grupo Vasco entendemos que esta iniciativa que
presenta el Grupo Catalán es muy oportuna y muy encomiable, a
la vista de la aplicación de este precepto que se viene en
llamar el uno por ciento cultural y, en consecuencia, digna de
apoyo, y que está bien redactada y con rigor en los puntos
sustanciales que a estas alturas del debate están
prácticamente marcados. Entendemos desde el Grupo Vasco que
esta aplicación del uno por ciento cultural en la propia obra
pública o en su propio entorno, no se cumple suficientemente.
Así está recogido en los distintos informes que el Ministerio
de Cultura ha venido mostrando en la Comisión de Educación y
Cultura, tanto en el año 1991 como en el año 1992. Estamos
conociendo en estas materias excesivas situaciones de este
tipo de incumplimientos sistemáticos de la legalidad y, en
consecuencia, hemos podido constatar que existe un grado de
amnesia muy significativo en comportamientos de autoridades
políticas y administrativas, que incumplen sistemáticamente
aspecto que se van aprobando y poniendo en vigor en esta
Cámara. Desde esta constatación de la realidad, que está
recogida en los propios informes del Ministerio de Cultura, y
admitiendo que este concepto del uno por ciento cultural no es
un concepto que esté perfectamente claro, definido y que sea
unívoco para todos, entendemos que desde el Grupo Catalán se
recoge una serie de criterios de actuación que pueden corregir
esta amnesia a la que nos hemos referido del Ejecutivo frente
a las previsiones del Legislativo y, además, cumplir con las
orientaciones que el legislador tenía al redactar este
artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Entendemos que se recogen unos criterios de actuación claros
para la aplicación de este uno por ciento cultural, que desde
nuestra perspectiva
es una medida progresista desde el punto de vista cultural y
muy interesante desde el punto de vista presupuestario.
No estamos de acuerdo con una de las consideraciones que ha
realizado la portavoz socialista, la señora Rodríguez Ortega,
en el sentido de indicar que no se debe centrar el debate en
si el Ministerio de Cultura debe tener un protagonismo u otro
en esta cuestión. Nosotros entendemos que sí. En esta misma
Cámara se ha venido a discutir en ciertas ocasiones sobre la
utilidad del Ministerio de Cultura y si, además, no es
prioritario ni siquiera central, en una consideración de este
tipo, que el Ministerio de Cultura deba tener un papel
preponderante en materias como ésta, a muchos grupos nos
llevará a considerar que el Ministerio no pinta gran cosa en
un Gobierno de este tipo si materias tan importantes,
referidas a sí mismo, ni siquiera pueden contar con un peso
específico propio dentro de la acción cultural del Gobierno.
Nosotros entendemos que sí. Entendemos que la propuesta del
Grupo Catalán es muy razonable, en el sentido de que sea el
propio Ministerio de Cultura el sujeto principal del
seguimiento de esta serie de actuaciones de tipo cultural; es
decir, que en el control, en el destino de las adjudicaciones
de las materias culturales sea el propio Ministerio de Cultura
el que tenga peso específico en el Gobierno o, si no, habrá
que preguntarse cuál es la función de ese Ministerio dentro
del propio Gobierno. El considerarlo de otra manera nos
llevaría al absurdo que se está dando en el propio Ministerio
de Cultura e incluso en departamentos de consejerías de
Cultura de comunidades autónomas, donde hay departamentos
inversores que cuentan, por la aplicación de este uno por
ciento, con más recursos que el propio Ministerio de Cultura
para alguno de sus fines. Que el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes cuente con mayores recursos para museos, y haga
un museo de transportes, cuando la política museística del
Ministerio de Cultura está prácticamente en cero, es algo
llamativo. Entendemos que, en estas cuestiones, los técnicos
que han de entender de la materia, los que llevan la
coordinación de la política de cultura dentro del Gobierno
central y de las comunidades autónomas, deben ser del
Ministerio de Cultura; creemos que es razonable subrayar la
preponderancia de este Ministerio en materias como ésta.
En segundo lugar, la proposición que presenta el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), va en el sentido de que sea en el
entorno de estas obras públicas donde se aplique este uno por
ciento cultural, y entendemos que es razonable también señalar
que ese era el objetivo del legislador en el momento de
redactar este artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español. En los informes del Ministerio de Cultura de los años
1991-1992 existe una aplicación porcentual en territorios, con
una territorialización del gasto en estas materias. Desde el
País Vasco y desde Navarra vemos, significativamente, que esto
es una lotería que no nos toca nunca; nos toca más la de los
ciegos, señora Rodríguez Ortega. Yo tengo mucho miedo a estos
adverbios acabados en «mente», como profesor incluso se lo he
tenido, por eso de tener que corregir a los alumnos. Ahora
dicen que, preferentemente, se aplique en aquellos territorios
donde se haga la obra pública. También se dice en ese artículo
68 que, anualmente, el Ministerio debe informar a esta Cámara
de cómo aplica el uno por ciento. Usted sabe mejor que yo,
señora Rodríguez Ortega, que desde el año 1986 el Ministerio
de Cultura ha informado a esta Cámara sólo en dos ocasiones, y
tarde, de la aplicación del uno por ciento. Si en ocho
ejercicios lo ha hecho tarde y sólo dos veces no entiendo el
significado de «anualmente»; no sé yo lo que significará
«preferentemente».
Entendemos que la obra pública que se ejecuta en el Estado da
suficiente crédito como para que el patrimonio histórico tenga
unas garantías mucho más importantes que con las que se
encuentra en este momento; tiene un volumen de recursos para
destinar a la protección de este patrimonio histórico que
incluso por los técnicos se entiende como suficiente para
atender a gran parte de las necesidades de ese patrimonio.
Desde estas dos perspectivas, quiero subrayar la importancia
de aceptar la enmienda del Grupo Catalán en cuanto al
protagonismo del Ministerio de Cultura, por una parte, y en
cuanto a que se aplique en el propio entorno en que la obra
pública se vaya desarrollando, por otra. Entendemos que desde
esa propuesta se pueden arbitrar mecanismos eficaces para
facultar al propio Ministerio de Cultura para incidir en las
posibilidades, en los objetivos que la propia Ley del
Patrimoniole indica y que, en caso contrario, nos estamos
perdiendo entre adverbios terminados en «mente» que nos llevan
a que unas medidas muy progresistas, tanto desde el punto de
vista cultural como desde el punto de vista presupuestario,
puedan quedarse en letra muerta o no tengan la suficiente
virtualidad, que es como en estos años se ha venido
desarrollando. Entendemos que, desde esta medida, la acción
cultural puede contar con recursos presupuestarios
suficientes, aunque sistemáticamente se viene a decir desde el
Ministerio de Cultura que no son suficientes, porque es el
propio Ministerio el que no puede concurrir a los mismos.
En conclusión, señor Presidente, en opinión del Grupo Vasco,
la propuesta del Grupo Catalán (Convergènciai Unió), actualiza
esta problemática, propone mecanismos eficaces, tanto desde el
punto de vista legal y presupuestario como desde el punto de
vista cultural, y es muy coherente con lo que en relación con
esta materia se ha venido aceptando en la Comisión de
Educación y Cultura de esta Cámara. En consecuencia, ante una
propuesta tan rigurosa sólo cabe, a nuestro entender, el voto
afirmativo a esa proposición que realiza el Grupo Catalán y la
felicitación más sincera.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txábarri. Antes de conceder la palabra al señor
Baltá para que exprese la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas a la iniciativa de su Grupo, y como
cuestión previa, se ha presentado en su intervención, por
parte del portavoz del Grupo Popular, señor Cortés, una
enmienda transaccional a la enmienda que el Grupo Socialista
ha presentado a esta proposición no de ley defendida por el
señor Baltá.
Por tanto, quiero preguntar si la portavoz del Grupo
Socialista acepta previamente esa enmienda transaccional
presentada por el señor Cortés. La señora Rodríguez Ortega
tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Aunque
no lo he dicho explícitamente en mi intervención, creía que
había quedado puesto de manifiesto que no aceptamos la
enmienda transaccional que presenta el Grupo Popular porque --
voy a explicar el motivo de esta postura en treinta segundos,
señor Presidente--, tal y como decía, el Gobierno podrá
adaptar perfectamente la modificación que haga al Decreto con
la proposición del Grupo Popular que aprobamos en Comisión y
con esta misma que aprobamos en Pleno. En consecuencia, nos
parece innecesario que se haga constar esta parte tan
específica que introduce la enmienda transaccional del Grupo
Popular puestoque lo que estamos dando son criterios o
recomendaciones al Gobierno.
Por tanto, no aceptaríamos la transacción que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rodríguez Ortega. Señor Baltá, en consecuencia, S.S. tiene que
decir si acepta o no las tres enmiendas presentadas en los
términos en que han sido planteadas inicialmente por los
grupos parlamentarios que han enmendado su iniciativa. Tiene
S.S. la palabra.
El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente. En turno
de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas al texto
de la proposición no de ley de mi Grupo Parlamentario, una vez
resuelto el tema de la enmienda formulada por el Grupo
Popular, debo manifestar ante todo que, conceptualmente, la
enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene una
clara proximidad al texto que reforma nuestro apartado 5. Sin
embargo, la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Socialista recoge los puntos fundamentales de nuestro texto:
que la decisión final radique en el Ministerio de Cultura y
que la aplicación objetiva del uno por ciento se haga
preferentemente --hubieramos deseado que no existiera esta
palabra, pero nos adaptamos a la excepcionalidad y al
pragmatismo que caracteriza a nuestro Grupo-- en el territorio
de la cumunidad autónoma, con el informe previo de la
comunidad respectiva. Ello hace que, considerando que la
aceptación de este texto alternativo significa caminar hacia
adelante en los criterios defendidos por mi Grupo, aceptemos
la enmienda de sustitución defendida por la portavoz
socialista, señora doña Angustias Rodríguez. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 171; en contra, uno; abstenciones,
132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR, POTENCIAR Y DESARROLLAR EL SECTOR PESQUERO
NACIONAL (número de expediente 173/000049)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes, Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a la
interpelación sobre la política del Gobierno para garantizar,
potenciar y desarrollar el sector pesquero nacional. En nombre
del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, después del debate que tuvimos el
miércoles anterior con la interpelación que el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó al Gobierno
sobre la situación de la pesca en España, creo que la moción
de hoy da la oportunidad de que esta Cámara se plantee el
problema de la pesca en su globalidad.
Hasta ahora, la pesca ha sido objeto de muchos debates
parlamentarios que, de forma fragmentaria, han ido viendo
diferentes aspectos de los problemas por los que pasan los
pescadores españoles, el sector pesquero. Y así, hay numerosas
proposiciones no de ley, que han sido aprobadas, sobre el uso
de volantas, sobre la situación en el paro biológico,
etcétera. Pero, hasta ahora, el Congreso de los Diputados no
ha tenido la oportunidad, ya sea porque las mayorías
parlamentarias no lo han querido o ya sea porque no se ha
prestado la situación sociológica para este debate, de
presentar un dictamen sobre el conjunto de los problemas de la
pesca en nuestro país. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
Nosotros estamos convencidos de que la moción que hoy presenta
mi Grupo parlamentario ante esta Cámara da la oportunidad de
que el Congreso de los Diputados emita ese dictamen y plantee
cuáles son las modificaciones legales que han de realizarse en
el ámbito de nuestra legislación, cuáles deben ser las
coordinaciones que se deben dar entre las comunidades
autónomas y la Administración central, cuál debe ser el ritmo
y el ámbito de competencias que aún hay que trasvasar a las
diferentes comunidades autónomas y, un elemento muy
importante, cuál debe ser el papel y la actitud que el
Gobierno español tome ante la Unión Europea sobre los
diferentes problemas que hoy se dirimen en el ámbito de la
Unión Europea sobre la pesca, que no hay que olvidar que son
muchísimos.
Hoy las competencias que tiene la Unión Europea en materia
pesquera son extraordinariamente relevantes y decisivas para
el futuro del sector en nuestro país.
Por tanto, la moción que presenta el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene dos paquetes
perfectamente definidos. Uno se refiere a cuáles pueden ser
las iniciativas que dentro del ámbito de esta Cámara se pueden
tomar de una forma autónoma y de la cual se pueden desprender
iniciativas concretas en forma de leyes, de modificaciones
legales, de instar al Gobierno a determinadas actuaciones con
respecto a las comunidades autónomas, etcétera. Para ello
nosotros proponemos la creación de una ponencia, en el ámbito
de esta Cámara, que pueda debatir y a la que puedan asistir
personas cualificadas en los diversos elementos fundamentales
del sector pesquero. De esta forma se podrá tener conocimiento
de primera mano de cuáles son las dificultades que tiene este
sector y se podrá saber cuáles son los problemas laborales que
este sector tiene y que son importantísimos. También se podrá
conocer cuál es el dimensionamiento que nuestra flota debe
tener y otra cosa extraordinariamente importante: cómo se debe
abordar la reconstrucción de muchos de los caladeros
nacionales, porque no hay que olvidar que si España tiene
problemas importantísimos en la Unión Europea y en Marruecos
para la utilización de caladeros que no son propios es porque
los nacionales están agotados; y si esos caladeros están
agotados, habrá que plantearse cuáles son las políticas
necesarias para que esos caladeros vuelvan a ser útiles a
nuestro país, para que esos caladeros vuelvan a ser
productivos y vuelva a haber una racionalización en el uso de
los mismos. Algo que también es importante legislar, y que
creemos que puede abordar esta ponencia, se refiere a las
relaciones con otros países respecto a las importaciones de
pescado. Creemos que es muy importante que no se puedan
producir de una forma impune importaciones de pescado durante
las paradas biológicas en otros países, porque con ello
estaríamos dando carta de naturaleza a que esas paradas
biológicas sólo atañen a los barcos de nuestra flota y no a
los barcos de las otras flotas que están pescando en esos
caladeros. Creemos que este aspecto también se puede discutir
en el seno de esa ponencia y que sobre el mismo se pueden
plantear limitaciones concretas que sean de vigencia para el
conjunto del Estado.
Desde luego, el planteamiento que hace Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya sobre el ámbito de actuación de esta
ponencia no es excluyente. Son cinco los puntos que presenta
nuestro Grupo parlamentario, pero hay más y sin duda los aquí
expresados pueden ser ampliados según los criterios de los
diferentes Grupos parlamentarios porque el ámbito que propone
mi Grupo no pretende ser universal, y seguro que se podrá
enriquecer con el conocimiento que otros Grupos parlamentarios
tengan del problema, como seguro que ya está enriquecido por
las propias enmiendas que se planteen y que podrán
desarrollarse en la propia ponencia.
Pero no solamente son aspectos de política interna y de
desarrollo legislativo interior lo que esta moción plantea.
Hay, como me refería al principio de mi intervención, aspectos
que son claramente de relación con la Unión Europea y, a
través de ésta, con otros países con los cuales la Unión
Europea firma tratados internacionales de utilización de
recursos pesqueros.
En este sentido el Gobierno español debe ser
extraordinariamente beligerante y actuar con la mayor firmeza,
como se dice en nuestra moción, en la utilización de artes de
deriva. ¿Por qué? Porque las artes de deriva que están siendo
utilizadas hoy, fundamentalmente por países que no son España,
están esquilmando completamente los caladeros. Creo que esta
contraposición que hay entre artes tradicionales y artes de
deriva ha sido dilucidada en los últimos días, con la postura
de los pescadores del norte de España. Creo que la postura del
Estado es la correcta. Sólo las artes tradicionales pueden
permitir que los caladeros pervivan y que puedan seguir
utilizándose en el futuro.
Algo también extraordinariamente importante, según nuestro
criterio --y estoy convencido que no sólo según nuestro
criterio--, es que no es justo que los pescadores
de otros países que se vayan a incorporar en seguida a la
Unión Europea, y estoy hablando fundamentalmente de Noruega,
tengan unos derechos superiores a los que tienen los
pescadores españoles. En este sentido esta moción insta al
Gobierno a que actúe con la mayor firmeza en la Unión Europea,
reclamando que los derechos de nuestros pescadores sean
exactamente iguales que los de cualquier otro pescador de
otras naciones en el ámbito de la Unión Europea. Algo que ha
venido reclamando nuestra flota del norte (y no solamente
nuestra flota del norte, sino también la del sur de una forma
insistente pidiendo objetividad en el tratamiento a nuestros
pesqueros en el ámbito de la Unión Europea y de otras aguas
internacionales) es la existencia de observadores
internacionales comunitarios en los barcos de pesca con
capacidad de imponer sanciones. De forma que los inspectores
de las aguas territoriales de cada país no se comporten, como
de una forma reiterada se vienen comportando, desigualmente
según sean pescadores de su propio país o de un país ajeno.
Esto también lo reclama la moción en el sentido de que creemos
que es algo extraordinariamente justo.
De igual forma pedimos que se mantengan las posibilidades de
captura en los caladeros marroquíes para los pescadores del
sur. Estamos comprobando cómo las noticias que van llegando de
los acuerdos que se van pergeñando en Rabat para nuestra flota
son extraordinariamente gravosos para todos los pesqueros que
faenan en esas aguas, que no son sólo pesqueros del sur, sino
que también hay que recordar que hay muchos pesqueros gallegos
con base en Algeciras y que están faenando en las aguas
marroquíes.
Consideramos también en los puntos tercero y cuarto que se
debe instar al Gobierno a que se trasvase el conjunto de las
competencias que le son afines a las comunidades autónomas, al
igual que pedimos que se cree un fondo de investigación
necesario para aquello que reclamábamos al principio de
nuestra intervención: que sea posible que nuestros caladeros
sean útiles en corto plazo para hacerlos útiles también
durante muchísimo tiempo.
Hay correcciones que nosotros hacemos en el conjunto de
nuestra moción, que son de tipo técnico, como es que en el
apartado 2 d), en vez de «condiciones», se diga
«posibilidades», al igual que en el apartado 2 a) en que
suprimimos lo de artes pelágicas, ya que no todas las artes
pelágicas deben tener un mismo tratamiento, aunque yo creo que
esto también puede ser objeto de discusión en la ponencia, en
el caso de que se apruebe, como tengo el convencimiento de que
en los diferentes grupos parlamentarios tendrán a buen
criterio aprobar, y se pueda estudiar en ello.
Señoras y señores Diputados, solicito el voto favorable del
conjunto de los grupos parlamentarios a esta moción que
presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el
convencimiento de que será muy positivo para el conjunto de
este sector que el Congreso de los Diputados por fin se
plantee de un forma exhaustiva el conocimiento de los
problemas pesqueros de nuestro país. También creemos que es
bueno que se inste al Gobierno a actuar con firmeza en
problemas que no admiten demora que plantea el conjunto de la
Unión Europea. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, perdone,
la Presidencia no sé si ha entendido bien, pero indicaba S.S.
que sustituía dos términos de su iniciativa.
El señor ANDREU ANDREU: Efectivamente, señor Presidente.
En el punto 2, en su letra a), suprimir el concepto: artes
pelágicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Qudaría en: redes de
enmalle de deriva.
El señor ANDREU ANDREU: Exactamente, por los motivos que he
indicado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Y la otra
modificación?
El señor ANDREU ANDREU: La otra modificación sería en la letra
d) donde dice: mantenimiento de las condiciones de captura en
los caladeros marroquíes, poner: mantenimiento de las
posibilidades de captura en los caladereros marroquíes.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Andreu. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por
parte del Grupo Popular y otra del Grupo Vasco (PNV).
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a dar
su voto afirmativo a la moción presentada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de
la interpelación de la pasada semana, no sin hacer algunas
consideraciones, a la que se suma la enmienda de adición que
ha presentado el Grupo parlamentario Popular, que compendiaría
muchas de las propuestas que se hacen desde el Grupo Federal
de Izquierda Unida.
En cuanto al apartado 1 sobre la constitución de una ponencia
que estudie los problemas relativos al sector
pesquero, el Grupo Parlamentario Popular no sólo no tiene el
más mínimo inconveniente, sino que la considera necesaria.
Creemos que para que se cree una ponencia para hablar, en este
caso concreto, sobre el sector pesquero español, lo realmente
idóneo hubiera sido que se hubiera traído una ley general de
pesca marítima que hubiera dado lugar, una vez aprobada en
esta Cámara, a la ponencia que estudiara los distintos
apartados sobre los que habría que debatir y definir el marco
legal español sobre la pesca en general, y la pesca marítima.
Repito una vez más que es realmente lamentable que un país
eminentemente pesquero, como España, primera potencia europea,
con 7.880 kilómetros de costa, a estas alturas del siglo XX no
disponga de una ley general de pesca marítima que, de una vez
por todas, defina cuáles son las condiciones y relaciones
existentes entre la Administración Central y las hoy
administraciones autonómicas que existen en España.
Señor Presidente, el Grupo parlamentario Popular, como decía
el señor Andreu en su anterior intervención de que el problema
de la pesca debería de tratarse en su globalidad, piensa lo
mismo e incluimos en una enmienda de adición el que se traiga
a la Cámara, a instancia de quien sea, de Izquierda Unida, del
Grupo Vasco, del Grupo Socialista, como ha reiterado el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación no sólo en esta
legislatura, sino en la anterior, no sólo el Ministro de
Agricultura y Pesca, sino también el Secretario General de
Pesca Marítima desde el año 1989, ese marco jurídico en el que
poder movernos. ¿Por qué está justificada la presentación de
esa enmienda? Porque ya hay transferidas competencias al País
Vasco, a Cataluña y no por cierto a Galicia, que es la única
de las comunidades autónomas que tiene una ley general de
pesca --recurrida por el Gobierno socialista-- ante la
proliferación y dispersión de disposiciones, ante la
insuficiencia significativa del rango normativo de estas
disposiciones, que están funcionando con normas de rango
inferior, por la falta de adecuación de esta normativa al
reparto constitucional de competencias entre la Administración
Central y las comunidades autónomas, ante la necesidad de
integrar en la normativa nacional los principios de la
política común, a la que hacía referencia S.S., y a
racionalizar y perfeccionar el régimen de sanciones vigente.
Esto lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular no hoy, sino
en múltiples ocasiones. Pero es que da la casualidad de que lo
ha suscrito el ex Ministro Albero el 29 de septiembre del año
pasado y lo ha ratificado el Ministro Atienza en recientes
declaraciones y en su intervención sobre pesca en su primera
comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Por tanto, nosotros consideramos que el apartado
1 de la moción es aceptable, pero le falta un fleco, y no es
otro que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe una
ley general que dé lugar a esa ponencia que S.S. propone para
que podamos movernos dentro del marco legal y del reglamento
de la Cámara. Me voy a detener en el apartado 2 porque es
realmente importante. Aunque el Grupo parlamentario Popular va
a votar favorablemente, nos extraña la posición de los
diferentes grupos que componen la Cámara y, sobre todo, la de
los Grupos parlamentarios Socialista y Catalán. El Presidente
del Partido Popular hacía este fin de semana unas
declaraciones en Vitoria en las que decía prácticamente lo
mismo que se dice en la letra b) de esta moción: finalización
del período transitorio para el sector pesquero español en la
Unión Europea en el mismo momento en que se produzca la
incorporación de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega en la
Unión Europea.
Pues bien, ni más ni menos que el Ministro de la Presidencia
se permitía la licencia (no sé si es que existe divorcio entre
lo que aprueba el Grupo parlamentario Socialista y la política
del Gobierno, que en algunas ocasiones vemos que sí) de
criticar a nuestro Presidente por utilizar el tema de la flota
pesquera en la precampaña de las elecciones vascas,
acusándonos de proponer una política que en modo alguno se
puede tachar de europeísta. El anuncio del Presidente del
Partido Popular no era otro que el de la presentación de una
proposición no de ley de nuestro Grupo parlamentario,
exigiendo que antes de que se proponga el instrumento de
ratificación a la incorporación, entre otros países, de
Noruega, exista un compromiso jurídico y un compromiso «de
facto» de la Unión Europea en el sentido de que ese período
transitorio tan perjudicial para España desaparecerá, porque
de lo contrario, nos encontraremos ante la ridícula
situación --permítaseme la expresión-- de que siendo España un
miembro de pleno derecho de la Unión Europea, no pueda pescar
en aguas comunitarias en las mismas condiciones no sólo que el
resto de los países de la Unión, sino --lo que es más grave--
con la reciente incorporación de Noruega que cierra sus
caladeros, se permite un período transitorio para la
incorporación de empresas en su territorio, y aún encima
accede a nuestros caladeros en unas condiciones más ventajosas
que para España.
Pero no sólo ha sido el Ministro de la Presidencia el que ha
realizado este tipo de declaraciones, sino que el portavoz
parlamentario del Grupo Catalán decía que tal actitud del
Partido Popular ponía en peligro la credibilidad de España
como país europeo. Licencias y declaraciones que yo creo que,
en determinados momentos, ponen en evidencia la política que
se realiza en esta Cámara desde determinados grupos
parlamentarios. Porque la solidaridad bien entendida empieza
por uno mismo y, desde luego, España debe ser solidaria
consigo misma, y esta Cámara debe ser solidaria con el sector
pesquero español, que ha ido
viendo perder terreno en los últimos años, sin que se alzara
la más mínima voz, no desde el Parlamento, sino desde el
Gobierno español. Por tanto, hablando de solidaridades o
insolidaridades, quiero recordar que ha sido precisamente el
Congreso de los Diputados, con un voto unánime de todos los
grupos parlamentarios, quien no hace muchas fechas, a las
puertas de las elecciones europeas, votaba a favor de una
inyección económica para una empresa que estaba ubicada en
Cataluña, que representaba un número importante de puestos de
trabajo. En este momento y ante esta propuesta estamos
hablando de un sector pesquero que en España engloba
probablemente, entre puestos de trabajo directos e indirectos,
cerca de 500.000 trabajadores que viven de la mar. Por tanto,
hablando de solidaridad, creo que es el momento de
replantearse si, efectivamente, determinadas políticas en
determinados momentos son electoralistas o responden a las
necesidades de cada uno de los sectores que representamos
todos en esta Cámara.
Señor Presidente, al Grupo parlamentario Popular le llama
poderosamente la atención que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya plantee hoy ante la Cámara --con el voto favorable
del Grupo parlamentario Popular, por supuesto-- instar al
Gobierno de la Nación a que agilice y aumente el trasvase de
competencia de puertos pesqueros de la Administración central
a la autonómica. No sólo es que el Grupo Parlamentario Popular
vote a favor de esa iniciativa, es que ya la planteamos ante
esta Cámara y recibió el voto negativo, desfavorable, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto,
señor Presidente, señorías, creo que el Grupo Parlamentario
Popular, a lo largo de esta legislatura, al igual que en la
anterior, lo mismo que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, lo mismo que el Partido
Nacionalista Vasco, incluso que el propio Grupo Parlamentario
Socialista, han tratado de poner en marcha una serie de normas
y una serie de proposiciones no de ley o mociones que
obligaran al Gobierno al cumplimiento de todo aquello que se
aprobó en la Cámara y, desgraciadamente --la experiencia lo ha
demostrado--, hemos visto cómo en reiteradas ocasiones el
Gobierno se ha permitido la licencia de no cumplir acuerdos de
la Cámara, incluidos los votados por el propio Grupo
Parlamentario Socialista.
Esperamos, señor Presidente, señorías, que esta
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, una vez aprobada por unanimidad por
esta Cámara, sea de obligado cumplimiento para el Gobierno de
la nación y represente
la auténtica defensa de los intereses españoles ante
la Unión Europea de un sector tan agredido en los
últimos años como es el sector pesquero español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fernández de Mesa. Para la defensa de la enmienda presentada
por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender las enmiendas que
nuestro Grupo Parlamentario ha presentado a la moción
consecuencia de interpelación, presentada por Izquierda Unida,
relativa a garantizar y desarrollar determinadas medidas en el
sector pesquero español.
Como ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la moción contiene
dos apartados bien distintos. En el primero de ellos se
plantea la constitución de una ponencia que estudie la
problemática del sector pesquero español con carácter general,
aunque luego se pormenorizan determinadas cuestiones que se
deberán analizar en dicho grupo de trabajo, en dicha ponencia.
No obstante, como ha expuesto el portavoz del grupo
proponente, entendemos que no queda encorsetado, que no queda
cerrado el estudio y el dictamen que, en su caso, realizará la
ponencia sobre esos aspectos que se contienen en la moción
relativa al punto primero, en la medida en que, efectivamente,
como él ha reconocido, hay determinadas cuestiones que no se
contemplan ahí y que son verdaderamente importantes y hay que
estudiarlas en el grupo de trabajo que se constituya en la
Comisión correspondiente de esta Cámara.
En cuanto al primer bloque de materias, diré que,
efectivamente, nos parece un paso importante --y nos
congratulamos por ello-- que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya haya presentado esta moción relativa a la
constitución de la ponencia. Felicitamos al grupo proponente;
nos parece una iniciativa muy interesante y creemos que entre
todos los grupos parlamentarios podemos, de verdad, hacer un
trabajo necesario para dar una salida, para establecer un
horizonte, un marco de actuación para el sector pesquero
español. Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado unas
enmiendas al apartado primero, al primer bloque de materias,
relativo a la ponencia, con las cuales queremos matizar, en
parte con carácter técnico y en parte con carácter de fondo,
de contenido, algunas de las cuestiones que ahí se contienen.
Se habla, efectivamente, del estudio de las condiciones
sociolaborales. Nosotros entendemos que se deberían mejorar,
en la medida en que se habla de las condiciones sociolaborales
derivadas del paro biológico, pero también están las derivadas
de las situaciones de agotamiento de la cuota, de la falta de
licencia, del acaecimiento de siniestros en la mar, etcétera.
Por tanto, entendemos que en el espíritu de la
ponencia deben entrar esto aspectos que, mediante una enmienda
de carácter técnico, ha presentado nuestro Grupo
Parlamentario.
También hacía referencia a que se incluyera en el ámbito de
las limitaciones las importaciones de pescado, no sólo, como
implícitamente contiene la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, aquéllas que vienen de flotas cuyos países no
tienen paro biológico; si se lo han establecido a España. La
moción se está refiriendo implícitamente a Marruecos, pero no
sólo viene pescado de Marruecos; lo que está ocurriendo en
estos momentos es que se establece un paro biológico pero los
marroquíes siguen pescando para introducir y vender ese
pescado en el mercado español. Igual ocurre con otros países
de la Unión Europea, en estos momentos con Francia, que tiene
agotada la cuota para la captura del boquerón y de la anchoa
pero que sigue capturando, y que teniendo, al día de hoy, una
cuota autorizada de 9.000 toneladas, según las informaciones
de los últimos días, está capturando alrededor de las 22.000
toneladas, y se sigue comercializando en el mercado español
anchoa capturada por la flota francesa. En ese sentido se
sitúa la proposición de ley cuya toma en consideración se
aceptó la semana pasada y el planteamiento que aquí hace
Izquierda Unida podría trasladarse perfectamente --entiendo
yo--, vía enmienda, en la medida en que complementaría lo que
en su día nosotros dijimos en el sentido de evitar esas
importaciones cuando se produzcan esas discriminaciones
respecto a la flota pesquera española en relación con aquella
flota pesquera que pesca en caladeros en los que también
España está autorizada a faenar pero a los que se establece un
paro biológico, mientras que ellos no lo tienen, y
comercializan lo pescado en el mercado español. Por tanto, nos
congratulamos por esta iniciativa interesante y pensamos que
puede ser fructífera y positiva para el sector pesquero
español.
A continuación, señor Presidente, voy a hacer referencia a una
serie de cuestiones que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que están al margen de la Ponencia y nada tienen
que ver con ella, es otro debate completamente diferente, y
donde se plantean una serie de medidas o actuaciones a
realizar por el Gobierno español y con las que podemos entrar
en otro debate diferente. Señorías, hay que diferenciar el
debate de la moción. Uno es la ponencia, que trata de
determinadas cuestiones de estudio, análisis y propuestas, y
otro es determinadas medidas que pide Izquierda Unida que
adopte el Gobierno, en aras de la defensa de la flota española
en el ámbito de la Unión Europea y de coordinación con las
restantes administraciones pesqueras españolas, así como
determinadas medidas presupuestarias a adoptar por parte de la
misma Administración Central.
Entrando en esa segunda parte del debate, que nada tiene que
ver con la primera, en cuanto a medidas de actuación, nuestro
Grupo parlamentario presenta una serie de enmiendas. En primer
lugar, una en la que pedimos la transferencia a las
comunidades autónomas de la competencia en materia de pesca
marítima, puesto que, como saben SS.SS., el sistema de
distribución competencial en materia de pesca es el siguiente:
Por un lado, tenemos la pesca marítima atribuida a los poderes
centrales del Estado y, por otro lado, la ordenación del
sector pesquero, cuyas bases corresponden al poder central del
Estado, pero cuyo desarrollo legislativo y ejecución
corresponde a las comunidades autónomas. Pues bien, ha dicho
el Tribunal Constitucional que el concepto de pesca marítima
abarca aspectos tales como la regulación de las tallas, la
regulación de las vedas, el acceso a caladeros y la
determinación de los días en que se puede faenar o no,
mientras que la ordenación del sector pesquero hace referencia
a sistemas de contratación, cofradías de pescadores y
condiciones para el acceso a las características de ser
armador o ser empresario pesquero. El meollo de la gestión
principal, en materia de pesca, está reservado todavía a la
Administración central y es allí donde se está produciendo en
estos momentos una disfunción muy importante en la geografía
española, en la medida en que hemos tenido un conflicto, con
una gran dimensión internacional este verano (conflicto de la
anchoa, conflicto del bonito, y conflictos que van a venir con
posterioridad), y determinadas cuestiones que están todavía
centralizadas, que son de mera gestión administrativa y que
están en manos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
alimentación, entiende el Grupo Parlamentario Vasco que deben
pasar a las comunidades autónomas, porque todas ellas son
cuestiones que forman el contenido de lo que es pesca
marítima, según ha sido definido por el Tribunal
Constitucional. Nosotros decimos que se reserve el Gobierno
central la competencia normativa para que exista una normativa
general para todo el Estado en cuanto a artes, en cuanto a
vedas, en cuanto a acceso a caladeros, en cuanto a períodos
para faenar, pero que la ejecución del día al día, las
autorizaciones, el control, la inspección y, en su caso, la
sanción se realice por parte de las administraciones
autonómicas españolas, en primer lugar en relación con las
flotas de bajura y de altura que faenan en las aguas
territoriales españolas (12 millas) y, en segundo lugar, a la
flota de altura y de bajura española que faena en aguas de la
Unión Europea. Reservaríamos al Gobierno central todas estas
cuestiones normativas y de ejecución en materia de pesca
marítima relativas a flota pesquera española que faena en
caladeros de terceros países, en virtud de convenios que tiene
la Unión Europea con dichos países, y flota pesquera española
que faena en aguas internacionales.
Entendemos que ofrecemos un sistema, una opción y una solución
para evitar las disfunciones y los desgastes
que en este momento se están produciendo de que todo el sector
se tenga que trasladar desde Algeciras, desde Gerona, desde
Bilbao o desde Gijón a Madrid para gestionar un simple plan de
pesca, que lo único que autoriza es faenar en una determinada
fecha y en un determinado caladero y pescar determinadas
cuotas. Eso es funcional y eso procede, aunque sea
normadopreviamente por parte del Estado, que sea gestionado
por las comunidades autónomas. Por ello solicitamos la
transferencia de la competencia de ejecución en materia de
pesca marítima. Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario,
en cuanto al tema de las redes pelágicas, lo que somete a la
Cámara es íntegramente el texto de la proposición no de ley
aprobada por unanimidad en esta Cámara el pasado 1 de junio de
1994 relativa a que se estudie el impacto que sobre la fauna
marina o sobre los stocks está originando el uso de redes
pelágicas y semipelágicas. Como SS.SS. saben, este tipo de
artes científicamente avanzadas da una ventaja a quien las
utiliza, al poder modular, ponderar el ámbito y la bajada de
la red en función de la situación en la que esté el banco de
pesca y en función de la situación del cardumen pesquero.
Por ello, nuestro Grupo parlamentario, con las dudas que
tenemos, propone trasladar íntegramente como moción la
proposición aprobada por unanimidad de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Cámara el pasado 1 de
junio. A continuación, prevemos también una modificación, a
nuestro juicio necesaria, respecto a la que hace referencia
Izquierda Unida, en relación a la plena integración de España
en la Unión Europea.
Se ha dicho que es necesario condicionar que se ratifiquen los
tratados de adhesión de otros países, los países nórdicos,
fundamentalmente Noruega, a la Unión Europea, en la medida en
que todavía no se ha producido la equiparación plena de la
flota pesquera española. Así es. El pasado mes de diciembre de
1993 se llegó a un acuerdo político en virtud del cual España
se comprometía a aceptar la ampliación de la Unión Europea,
pero a cambio de terminar con el período transitorio y de que
se equiparara plenamente al resto de las flotas europeas.
Es un acuerdo político que al día de hoy, a septiembre de
1994, todavía está pendiente de concretar.
¿Qué está pasando en estos momentos en Europa?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Gatzagaetxebarría, vaya terminando. Veo que faltan bastantes
puntos todavía de su enmienda y se ha terminado su tiempo.
Procure acabar la defensa de su enmienda en el tiempo más
breve posible.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Lo que está ocurriendo es que la Comisión Europea ha planteado
ya la concreción de ese acuerdo político y pide la eliminación
de las limitaciones en las restricciones a España para igualar
al resto de las flotas. Irlanda, Gran Bretaña y Francia en
este momento dicen que no puede estar España en igualdad de
condiciones con el resto de la flota de esos países. A España
en esa situación le han metido un gol, porque el Gobierno
español ha llegado a un compromiso político en el que no se
puede echar atrás y ahora Francia, Inglaterra e Irlanda se
están echando atrás y dicen: No, no, ese proyecto de
reglamento no puede ser aceptado, puesto que supone la
equiparación plena de la flota pesquera española. Se le
eliminan las licencias; se le permite las 27 especies que hay
y no las siete a que está autorizado; se le permite cambiar de
actividad, de palangrero a arrastrero. Efectivamente,
señorías, en este momento hay un juego fraudulento por parte
de estos tres países respecto a España. El Gobierno español
está maniatado y hay que darlo a conocer a la opinión
pública --el portavoz del Grupo Popular también lo ha dicho--.
Esa es la realidad. En este momento están intentando dar a
España gato por liebre de que firme la ratificación, pero no
se garantiza la equiparación plena de la flota española al
resto de los países de la Unión Europea por todas la
circunstancias que he señalado y de las que tenemos
información directa y constante por parte del sector. Señor
Presidente, respecto al resto de las enmiendas quería hacer
también una especial referencia a que era necesaria una
armonización de la legislación pesquera sancionadora. Voy a
poner un ejemplo que todo el mundo entenderá. Hace 15 días un
buque pesquero español ha sido capturado por las autoridades
francesas y está en este momento en la base militar de Lorient
con una multa de 20 millones. Por la misma infracción, la
Marina española ha capturado un buque francés, el Cap López,
por utilizar redes ilegales, y dicho pesquero está libre con
una multa de 5.000.000 de pesetas.
¿Qué ha pasado? Que España tiene tipificada la infracción de
la legislación pesquera como ilícito administrativo y Francia
como ilícito penal, como delito. Hay que terminar con esa
discriminación y para ello es necesario una armonización, una
homogeneización de la legislación, para evitar tratamientos
discriminatorios, tratamientos distintos ante comportamientos
análogos o semejantes.
Señor Presidente, termino señalando que nuestro Grupo
Parlamentario entiende que es necesario instar al Gobierno a
una mayor participación de las Comunidades autónomas en la
ejecución de los fondos dimanantes del instrumento financiero
para la orientación de la pesca, y, por último, la situación
de la pesca del bacalao en el Artico y en Groenlandia. En este
momento, nuevamente, lo que nosotros pedimos es que se ponga
fin a la aplicación del principio de estabilidad
relativa. Groenlandia está exigiendo al Gobierno español la
aplicación de este principio, en virtud del cual no puede
España entrar al reparto de TAC (Topes Admisibles de
Capturas), ni de cuotas en la medida en que es un país que ha
entrado a formar parte de la Unión Europea con posterioridad a
la firma del acuerdo pesquero Unión Europea, Comunidad Europea
en su día, con Groenlandia. Ahora que se está renovando el
acuerdo entre la Unión Europea y Groenlandia, el Gobierno
español debe forzar a la Unión Europea a que se le reconozca
un TAC y una cuota a España para la pesca del bacalao en aguas
de Groenlandia. Por todo ello, nuestro Grupo parlamentario,
señor Presidente, entiende que el debate se ha dividido en dos
tipos de materia, la ponencia, por un lado, y determinadas
medidas de actuación que nosotros complementamos a las
presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No
obstante, hemos tenido información de que el Grupo
parlamentario Socialista no va a aceptar la introducción de
nuestras enmiendas, lo que fuerza al Grupo de Izquierda Unida
a no admitir la introducción de nuestras enmiendas, y por lo
tanto, queremos, señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Gatzagaetxebarría, termine ya, por favor.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, termino, señor
Presidente. Queremos, señor Presidente, lamentar que
determinadas cuestiones que ahí se plantean como medidas de
actuación van a quedar cojas, puesto que si se me dijera que
el debate es únicamente para mejorar la ponencia, lo
aceptaría, pero si es para también determinar medidas de
actuación, queda incompleto tal y como se pueda aprobar con el
texto presentado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con ocasión del debate de la
interpelación que ha precedido a esta moción sobrel el sector
pesquero, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
dijo que compartía con los proponentes su preocupación por
mejorar la situación en que se halla el conjunto de este
importante sector.
Hoy nos complace poder anunciar nuestro voto favorable al
conjunto de la moción, que hemos considerado no enmendar
porque, aunque existían matices y precisiones que hubiéramos
podido modificar, por ejemplo, el referido a la prohibición de
todas las artes pelágicas sin concretar cuáles se prohibían,
estos aspectos han sido retirados o suprimidos por el portavoz
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Jerónimo
Andreu.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el texto y con el hecho
de que el sector pesquero del país es de tal importancia
social y económica y se halla sujeto a presiones y a
modificaciones de toda índole --unas, debidas a sus propias
vicisitudes internas; otras, impuestas por la política
pesquera europea e internacional-- que justifican sobradamente
la necesidad de la constitución de una ponencia que estudie
las contingencias actuales y las repercusiones futuras y que
proponga, a la vez, las medidas que garanticen la viabilidad,
la continuidad y la competitividad de este sector pesquero.
La constitución de esta pnencia que trate los diferentes
puntos que se citan en la moción es una decisión importante de
este Congreso para ordenar definitivamente el sector pesquero
y paliar sus inquietudes, sea mediante la relación de
objetivos que propone la moción o con las modificaciones que
proponen las enmiendas. En cualquier caso, nuestro Grupo no
hará cuestión del texto definitivo porque, constituida la
ponencia, entendemos que ésta tiene que dar cabida a los
diversos aspectos que se citan en las enmiendas y a otras que
puedan ir introduciéndose.
Asimismo, nos parece oportuno reiterar al Gobierno que
defienda ante la Unión Europea, con mayor firmeza, si cabe, la
prohibición total de las redes de enmalle a la deriva y que
negocie la finalización del período transitorio del sector
pesquero español, coincidiendo con la ampliación de la Unión
Europea, así como los demás aspectos del apartado del punto 2.
No existe contradicción entre la afirmación de nuestro
portavoz, señor Roca, que ha citado el portavoz del Partido
Popular, señor Fernández de Mesa, y lo que hoy apoya el Grupo
Parlamentario. Convergència i Unió entiende que nuestra
posición hoy no condiciona la ampliación de la Unión Europea,
sino que, dada esta ampliación con los países nórdicos, que
también son potencias pesqueras, nuestro país debe
aprovecharlo para negociar la finalización del período
transitorio. Yo espero que este matiz no escape a las dotes de
fino analista del señor Fernández de Mesa. Esto, señoría,
negociar, es hacer Europa. Condicionar, oponerse a la
ampliación, es no hacer Europa, y ni siquiera, tal vez, hacer
España. En fin, señorías, apoyamos también decididamente el
punto 3.º de transferencia a las comunidades autónomas de
todas las competencias en puertos, así como el punto 4.º, para
potenciar la investigación pesquera.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías, quiero
empezar mi intervención reconociendo ante la Cámara la
oportunidad de la moción que hoy nos presenta Izquierda Unida
como consecuencia de su anterior interpelación. Creo que en
momentos como los que hemos vivido, y estamos viviendo, es
bueno, para serenar el debate, que se presenten iniciativas
parlamentarias del tenor de la que ahora debatimos. Con ello,
anuncio ya el voto afirmativo de mi Grupo al conjunto de sus
propuestas, como no podía ser de otro modo, dado el alto grado
de coincidencia que normalmente se produce con todos los
grupos de la Cámara cuando se debaten estas cuestiones, y
porque, en un ejercicio de rigor y seriedad, somos capaces de
sustraernos a los modos, a las formas de decir, para centrar
nuestra atención en el fondo, en las propuestas que se nos
presentan. Pienso, señorías, que el grado de conexión
alcanzado entre todos los grupos es digno de elogio y debe
servir como un acicate más para la defensa de los intereses
pesqueros que realiza el Gobierno de nuestra nación. Hablaba
de la oportunidad del momento en debatir esta moción. Pienso
que, efectivamente, tras algunos episodios de enfrentamientos
y tensiones en el sector, que han tenido su lógica repercusión
en los grupos políticos, ha llegado el momento de superar la
confrontación política y recuperar un clima de sosiego, una
visión global del estado de las cosas, y analizar en qué
situación se encuentra nuestro sector pesquero y cuáles son
sus desafíos futuros en un mundo cambiante, abierto y
competitivo. Estoy convencido de la conveniencia de que todos
los grupos políticos seamos capaces de hacer un ejercicio de
reflexión rigurosa y profunda que pueda aportar planteamientos
globales y claros y esa es la principal razón por la cual vale
la pena apoyar esta moción. Esta y el necesario reconocimiento
al sentido de responsabilidad de un sector pesquero que ha
sabido encarar con valentía una reestructuración importante de
la política pesquera de nuestro país. Un sector pesquero que,
con sacrificio, está ajustando su esfuerzo pesquero a las
negociaciones de las cuotas y de los TAC, a la renovación y
modernización de la flota, a la que nuestra apuesta por
mercados más abiertos nos obliga. Un sector que reclama seguir
mejorando los equipamientos portuario-pesqueros; un sector, en
definitiva, que quiere ver cómo todos nos esforzamos para que
la transformación, la comercialización y la promoción de los
productos del mar no sean motivo de enfrentamientos estériles,
sino que del estudio de los problemas planteados se derive la
mejor solución posible para todos. Por tanto, bienvenida sea
esta ponencia que aborde el estudio del conjunto de políticas
de la pesca --una política de investigación, una política de
conservación y gestión de recursos, una política de control de
la actividad pesquera, una política estructural y una política
de mercados pesqueros-- y que, además, puede unificar los
distintos debates que la proliferación de las iniciativas
parlamentarias está ocasionando en estos momentos. En este
sentido, y reafirmando nuestro acuerdo con el punto primero de
la propuesta, sugeriríamos a los autores de la misma la
conveniencia de
incluir un plazo para la adopción de las conclusiones, que, a
nuestro entender, no debería exceder de los seis meses.
Sugeriríamos también al Grupo proponente que unificara en este
punto primero los demás
puntos de la moción para que la ponencia pudiera estudiarlos
en su conjunto, muy especialmente los puntos 2.c), 3 y 4, los
cuales parecen especialmente necesitados de una reflexión en
conjunto de los grupos de la Cámara. Querría, asimismo, hacer
algunos comentarios sobre el contenido del punto segundo. En
cuanto a su apartado a), querría decir que la postura que ha
defendido el Gobierno español con el reiterado refrendo de las
Cortes es de clara oposición a la utilización de redes de
enmalle a la deriva, cuya problemática en la actualidad está
debatiéndose a nivel comunitario en tres niveles diferentes:
en el Parlamento Europeo, que debe emitir dictamen a
principios de octubre sobre un proyecto que prevé la
prohibición de llevar a bordo y faenar con redes de deriva
para todos los buques comunitarios a partir del 31 de
diciembre de 1994; en los grupos de trabajo de la Unión
Europea, cuyo grupo de política interior de pesca está
debatiendo un proyecto de reglamento del Consejo que prevé la
prohibición para todos los buques comunitarios a partir del 31
de diciembre de 1997; en el Consejo de Ministros de Pesca de
la Unión Europea, que examinará en su reunión del próximo 28
la situación de la pesca con redes de deriva, el proyecto de
reglamento por el que se modifica por decimosexta vez el
reglamento 3094/1986 y la comunicación de la Comisión al
Consejo. En el marco de esta reunión, el Ministro español
volverá a defender la postura española, favorable a prohibir
la utilización de las artes de enmalle a la deriva, que cuenta
con el respaldo unánime de esta Cámara. Por ello, no nos causa
ningún tipo de problema aprobar otra vez la propuesta que es
defendida por el Gobierno desde hace tiempo. Nos parece muy
bien la desaparición en este punto de la referencia a las
artes pelágicas que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida,
pues pensamos que no pueden tratarse todas las artes pelágicas
por igual, y, de todas formas, también pensamos que estas
artes requieren un análisis pormenorizado que parece lógico
esperar que haga la ponencia.
En cuanto al punto 2.b), que hace referencia al período
transitorio para el sector pesquero español, quiero recordar
que la declaración del Consejo de Ministros de Asuntos
Generales de fecha 16 de marzo de 1994, en su apartado 2, dice
textualmente: A este fin, el Consejo aportará, antes del 1.º
de enero de 1995, las medidas relativas a las condiciones de
acceso a las aguas y recursos contemplados en el Acta de
Adhesión de Españay Portugal, aplicables a todos los buques
comunitarios. Estas medidas entrarán en vigor a más tardar el
1.º de enero de 1996, para resolver los problemas específicos
de España y Portugal. Dado que la adhesión de los nuevos
estados miembros está prevista para el 1.º de enero de 1995 y
la plena integración del régimen español se producirá en 1996,
precisamente para evitar que ningún nuevo país pueda pescar en
mejores condiciones que España durante 1995, el Acta de
adhesión de los nuevos países somete a las flotas que pueden
operar en las mismas zonas que España a las mismas condiciones
que tiene la flota española hasta que se produzca su plena
integración. Por tanto, señorías, no es cierto que ningún
nuevo miembro de la Unión Europea vaya a tener mejores
condiciones que las que tendrá España, lo diga quien lo diga.
Sencillamente, no es así.
El punto 2 plantea la problemática de la presencia y funciones
de los inspectores comunitarios. Como saben SS.SS., el
Reglamento 2847/1993, del Consejo, establece que los
inspectores de la Comisión podrán estar presentes en las
actividades de control e inspección efectuadas por los
servicios nacionales de control, actividad que hoy por hoy es
competencia de las autoridades nacionales correspondientes.
Con motivo de los incidentes de la actual costera del bonito,
se acordó, con carácter excepcional, reforzar los poderes de
los inspectores de la Comisión en cuanto a presencia en los
buques, manteniéndose la potestad sancionadora exclusivamente
a los Estados miembros. Por eso precisamente me refería a la
conveniencia de reflexionar conjuntamente acerca de las
posibles modificaciones de estas competencias.
Finalmente, en cuanto al punto 2, apartado d), nos parece bien
también el cambio de la palabra «condiciones» por
«posibilidades», toda vez que las condiciones del acuerdo de
pesca firmado entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea
no van a ser objeto de renegociación, pero sí, en cambio,
pudieran revisarse las posibilidades de pesca de acuerdo con
los informes técnicos pertinentes. En resumen, señorías, sí a
la moción, aunque al Grupo Socialista le gustaría más que
todos los temas que plantea fueran abordados por la Ponencia
propuesta, y muy especialmente añadir al punto 1.º los puntos
2.c), 3 y 4, cuyas conclusiones pudieran estar listas en un
plazo no superior a seis meses. Nada más y muchas gracias. (El
señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Moragues. Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, yo
considero que he sido contradicho por el portavoz de
Convergència i Unió... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Fernández de Mesa...
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: No he terminado mi
exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya ha indicado usted
que pide un turno en aplicación del artículo 73 por
contradicción.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Contradicho y aludido
por el portavoz de Convergència i Unió en la defensa que yo he
realizado del punto segundo, apartado b), de la moción
presentada por el Grupo de Izquierda Unida. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Fernández de Mesa, usted sabe que ha consumido un turno
en defensa de una enmienda que su Grupo ha presentado a la
moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En ese turno S.S. ha hecho dos cosas, que estaban
perfectamente dentro del turno, que eran: en primer lugar, la
defensa de su enmienda y, en segundo lugar, fijar la posición
con respecto a aquellos extremos de la moción que su Grupo no
enmendaba.
Pero, además, S.S., y la Presidencia lo ha respetado, en el
uso de la libertad ha salido fuera, diríamos, de lo que
debería ser el contenido estricto y S.S. ha hecho referencia a
posturas defendidas por representantes de otros grupos, y
lógicamente el señor Vidal al intervenir ha fijado su posición
con respecto a la moción, con respecto a su enmienda en el
texto escrito y a las manifestaciones que S.S. ha hecho para
la defensa de su enmienda.
En consecuencia, no cabe ningún turno de contradicción.
(Algunos señores Diputados: Muy bien, muy bien.--Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor Andreu tiene la palabra para indicar si acepta o no
las enmiendas presentadas a su moción por los Grupos Popular y
Vasco (PNV).
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente. En
primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos
parlamentarios la consideración favorable que han tenido sobre
la moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
En segundo lugar, quisiera expresar a los grupos
parlamentarios que el hecho de que no acepte sus enmiendas no
significa, de ninguna de las maneras, un juicio negativo sobre
las mismas, sino, muy al contrario, pensar que muchas de las
cosas que en ellas defienden y que muy brillantemente lo han
hecho los señores parlamentarios podrán se defendidas en la
propia ponencia, que podrá incluso hacer un trabajo de
recopilación y de nuevos trabajos, que han realizado hasta
ahora las Cámaras en el sector pesquero.
Por último, la sugerencia que se me hace desde el Grupo
Socislista, entenderá su portavoz que no la asuma, visto que
en el tiempo son muy diferentes las conclusiones que se
plantean por parte de la ponencia y las indicaciones que se
solicita realice el Gobierno español, que son inmediatas y que
no pueden esperar a que la ponencia delibere sobre ellas. Las
indicaciones que me sugieren tampoco las voy a asumir porque
considero que estas instancias al Gobierno son absolutamente
inmediatas.
Si me permite, señor Presidente, quisiera decir que en el
punto 3 solicitamos que se cambie la palabra «trasvase» por
«transferencia». Es una mejora técnica que corrige lo que
realmente se transfiere a las autonomías. Son transferencias y
no trasvases, que técnicamente es incorrecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Andreu. Pasamos a la votación. (El señor Presidente, ocupa la
Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya que se somete a votación con las
rectificaciones resultantes de las precisiones efectuadas por
el señor Andreu en el curso del debate. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 300; a favor, 300.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA RECUPERAR LA CREDIBILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO (Número de expediente 173/000050)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuente a
la interpelación sobre modidas de política general que piensa
adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de los
Presupuesto Generales del Estado.
Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, defendíamos el pasado miércoles una interpelación
urgente del Grupo Popular, para conecer qué medidas iba a
adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de los
presupuestos. Decíamos en aquella ocasión que el objetivo
central --y quisiera subrayar esta frase-- de la política
presupuestaria para el Grupo Popular es la reducción del
déficit público, y decíamos también que resulta prioritario
poner el presupuesto al servicio de la estabilidad de la
economía. Denunciábamos en aquella interpelación la laxitud
como característica fundamental del presupuesto y la
existencia de déficit ocultos por determinar en el sector
público, hechos ambos que han sido avalados, sucesivamente, en
los informes que el Tribunal de Cuentas ha elaborado con
motivo de la fiscalización de la Cuenta General del Estado.
Señorías, hemos podido comprobar que nuestra reiterada crítica
a la situación de las cuentas del Estado, y en especial al
déficit público, sobre el que hemos llegado a afirmar que se
encuentra fuera de control, no se trata de una crítica que por
sistema realiza la oposición, sino que otros centro están
advirtiendo con insistencia del riesgo de la permanencia de
este déficit. Ha sido, desde luego, el Tribunal de Cuentas
quien ha desautorizado la representatividad de las cuentas del
Estado y quien ha confirmado la existencia de déficit sin
contabilizar. Han sido los mercados quienes han sancionado
nuestro déficit a través de las crecientes dificultades que el
Estado está teniendo para cubrir sus emisiones, y finalmente
la Comisión Europea abre expediente a España. La Comisión
Europea abre expediente por considerar excesivo el déficit y
por considerar insuficientes las medidas que adopta el
Gobierno para contenerlo. Desde Bruselas se pretende ni más ni
menos que reconducir la política seguida por el Gobierno para
rebajar el déficit público. Desde Bruselas se advierte que a
pesar de la evolución favorable del ciclo económico, en España
persiste este desequilibrio y, lo que es peor, está marcando
una tendencia a continuar aumentando. La advertencia
comunitaria, señorías, añade que podrían imponerse medidas
drásticas con plazos y estrechas vigilancias, pudiendo llegar,
inclusive, si se produce un nuevo alejamiento del máximo
fijado para el nivel del déficit, a sancionar con reducciones
en los fondos estructurales y en los fondos de cohesión.
La reprimenda, señorías que apoyan al Gobierno, es merecida y
la reprimenda es justificada, pero --créanme-- la reprimenda
también es bochornosa. La reacción del Gobierno y de los
grupos que apoyan al Gobierno es una reacción insostenible.
Seguir hablando, en materia de política presupuestaria, de
todo, absolutamente de todo menos de las medidas para
recuperar la credibilidad del presupuesto en el objetivo de la
reducción del déficit público, resulta, a nuestro entender,
una auténtica irresponsabilidad. Señores de la mayoría
socialista, si se descontrola el déficit público, la
recuperación económica quiebra; si no abandonan su
complacencia en administrar sin reformas, la recuperación
económica fracasará.
El Grupo Popular considera que nos encontramos a tiempo de
identificar medidas que con el respaldo de una amplia mayoría
de los grupos de esta Cámara tengan como objetivo, en primer
lugar, recuperar la credibilidad de los presupuestos y, en
segundo lugar, fortalecer su contribución a la recuperación
económica. Estas razones nos mueven a presentar hoy esta
moción como una propuesta para el diálogo parlamentario, aun
conscientes de que algunas de las que vamos a formular fueron
ya rechazadas por los votos socialistas en ocasiones
anteriores y aun conscientes de que otros grupos no van a
poder votar estas propuestas por estar presos de un pacto que
en este momento les obliga a no mirar el contenido estricto de
esta moción.
La falta de representatividad de las cuentas del Estado y de
su situación patrimonial, denunciada por el Tribunal de
Cuentas, y la afirmación que se contiene en el último informe
que el Banco de España ha realizado sobre la ejecución
presupuestaria --información que viene a advertirnos de la
existencia de indicios de problemas presupuestarios en todo el
sector público--, hacen necesario, a nuestro entender,
realizar una auditoría que identifique el déficit real de las
administraciones públicas. Al mismo tiempo, creemos que es
hora de considerar el estrangulamiento que en el sector
empresarial privado están produciendo los prolongados retrasos
en los pagos por parte del Estado. Estas circunstancias nos
llevan a incluir en nuestra moción la propuesta de la
necesidad de determinar la deuda que las administraciones
públicas tienen entre contratistas y proveedores, y no sólo
identificar esa deuda, sino también elaborar un plan especial
para su cancelación, propuesta esta última que hemos escuchado
repetidas veces en boca de otro Grupo Parlamentario y que
confiamos en que hoy goce de su apoyo.
Señor Presidente, la moción del Grupo Popular quiere ir más
lejos en el compromiso que expresó verbalmente en esta tribuna
el pasado miércoles el señor Solbes, en relación con su
anuncio de enviar un proyecto de Ley General Presupuestaria
que reforme la Ley vigente. A nuestro entender, señores de la
mayoría, es preciso que este proyecto de ley recoja las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas, transmitidas en su
moción de diciembre de 1993, en cuanto a la contabilidad
pública, en cuanto a las modificaciones de crédito en sus
diferentes figuras y en cuanto a los artículos de la Ley sobre
autodisciplina en la ejecución. Resulta imprescindible
recuperar el carácter general del sistema de intervención
previa, como resulta igualmente imprescindible frenar la
morosidad de las administraciones públicas estableciendo
límites legales estrictos en el aplazamiento de los pagos a su
proveedores y a sus contratistas. Esta moción que hoy
defendemos no puede dejar de hacer propuestas que corrijan los
impedimentos que tiene el Tribunal de Cuentas para su control
sobre todo el sector público, al tiempo que dotar al supremo
órgano de los medios necesarios para no acumular ni seguir
acumulando retrasos en su función fiscalizadora. La reforma de
la Intervención General de la Administración del Estado,
garantizando igualmente la plena autonomía funcional y una
adscripción orgánica superior compondría este primer bloque de
medidas que tiene por objeto la reforma del marco normativo y
reforzar las instituciones de control. La moción se completa
con un conjunto de propuestas que promuevan una mayor
contribución a los objetivos de la recuperación de la
credibilidad de las cuentas del Estado, una mayor
contribución, repito, de las administraciones públicas. La
reducción del déficit público, señorías, sólo puede
conseguirse por una drástica y decidida contención del gasto
público, lo que nos conduce a volver a proponer el plan de
austeridad que ya en su día defendió desde esta misma tribuna
mi compañero Manuel Núñez con motivo del debate de
presupuestos de 1993 y de 1994. Los gastos de funcionamiento,
los organismos públicos que se ha demostrado que están fuera
de operatividad, la inflación de altos cargos, de asesores, de
cargos de designación directa, son, entre otros, créditos
presupuestarios en los que se puede y se debe producir una
reducción y, en definitiva, un ahorro que trabaje en favor de
la corrección del déficit público. Este plan de austeridad
debería complementarlo una reforma y modernización de las
administraciones públicas para mejorar su eficacia en la
gestión del gasto público y con un irrenunciable, subrayo lo
de irrenunciable, pacto para la reducción del déficit público
de los diferentes niveles de nuestras administraciones.
Señorías, sólo resta mencionar la necesidad de aumentar y de
garantizar el control parlamentario de la ejecución de los
presupuestos ampliando a los ministerios la obligación de
informar al Parlamento periódicamente sobre dicha ejecución.
Señor Presidente, este control parlamentario presenta hoy, a
entender del Grupo Popular, un déficit que viene identificado
por el retraso en la puesta en marcha de la oficina
presupuestaria. Si hay hoy alguna actitud que merezca el
calificativo de impresentable es la de aquellos que por
inhibición o por desinterés impiden que se cumpla una
resolución de esta Cámara como fue la que se adoptó en su día
en 1990 para facilitar la labor de seguimiento de los
Diputados en relación con la ejecución presupuestaria.
Por todas estas razones, señoras y señores Diputados,
solicitamos el voto favorable para el contenido de la moción
que presenta hoy el Grupo Popular para recuperar la
credibilidad de las cuentas presupuestarias. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Se ha presentado a esta moción una enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el
objetivo de la moción que presenta el Grupo Popular, según su
título, es recuperar la credibilidad de los Presupuestos
Generales del Estado. Nosotros estamos de acuerdo con ese
objetivo. Lo que pasa es que en el análisis que se plantea y
en las iniciativas concretas, aunque coincidimos en el control
presupuestario y en la transparencia de la ejecución del
presupuesto casi en el 80 por ciento, en el análisis que hace
y en las propuestas para solucionar esta situación nosotros
nos distanciamos bastante de las propuestas del Grupo Popular.
Lo cierto y verdad es que el principal problema que tiene la
política presupuestaria es que aquí parece que lo que le
gustaría al que gobierna es decir: díganme ustedes que me dan
28 billones de pesetas y ya diré yo en qué me los gasto y cómo
me los gasto. Por tanto, la discusión presupuestaria está al
socaire de mucha concreción que luego el Gobierno modifica
sistemáticamente, y no se ajusta ni al marco legal que le
queremos establecer ni a las previsiones cuantificadas que
fijamos. Por tanto, yo creo que es importante recuperar la
idea y la sensación de que cuando presupuestamos estamos
haciendo, de verdad, un compromiso entre las administraciones
y los administrados para incidir en la realidad económica y
actuar durante todo un ejercicio.
La propuesta del Grupo Popular en su introducción dice que el
déficit público es una de las principales causas de la fuerte
resistencia que existe hoy en nuestro país a la baja de la
inflación y de los tipos de interés. Nosotros no creemos que
sea una de las principales causas para bajar el déficit
público. Por ejemplo, el fraude fiscal puede significar, si de
verdad metemos el diente en él, una bajada del déficit
público. Pero es que, por ejemplo, en la inflación la economía
sumergida incide tanto como el déficit público; el blanqueo de
capitales incide tanto. Y, luego, en el tipo de interés,
SS.SS. convendrán conmigo en que hay que ver la rapidez con la
que la banca, cuando habla de subir intereses, actúa: en menos
de una semana ha actuado y ha subido intereses. Sin embargo,
esta Cámara aprueba reducir los intereses de las hipotecas, y
tarda un año en ver si se aplica o no se aplica. Es decir, el
funcionamiento de los bancos también incide bastante en la
bajada de los tipos de interés. Por tanto, no partimos del
mismo criterio al interpretar el tema del déficit público. Y
el gasto público hay que ligarlo con los servicios que
queremos prestar, la calidad que queremos prestar y la
austeridad en la forma de gestión que queremos abordar.
En todo caso, hemos hecho una serie de propuestas a las
distintas iniciativas del Grupo proponente.
Respecto al punto 1, que habla de que una auditoría detecte la
deuda que tienen las administraciones públicas con
contratistas y proveedores, nosotros pensamos que la
cancelación debe ceñirse a los proveedores y los contratistas,
no de toda la deuda. Por ello precisamos con nuestra enmienda
que sea una cancelación dirigida a contratistas y proveedores
de la propia Administración. En el punto 2, nosotros creemos
que hay que recuperar --y es la segunda enmienda-- una
presupuestación real, como decíamos al principio, y evitar las
desviaciones y modificaciones que se producen a lo largo de
todo el ejercicio, tanto con créditos que surgen
espontáneamente, no previstos, como en modificaciones
presupuestarias que se nos van aportando.
En el punto 2, letra b), viene una gran discusión que a mí me
gustaría desmitificar con las dos propuestas que ha hecho
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El Grupo Popular
propone: Introducir y aplicar principios de contabilidad
pública que den una imagen fiel de los entes públicos, con el
mismo nivel de exigencia que se impone a las empresas
privadas. Vamos a desmitificar esto de las empresas privadas,
porque, ¿a qué nos referimos? ¿A la contabilidad B? ¿Al
ejemplo de Banesto? No es un ejemplo de contabilidad toda la
iniciativa privada. Por tanto, nuestras enmiendas van
dirigidas a introducir las reformas necesarias en la
contabilidad pública para que se logre el máximo nivel de
exigencia y transparencia que debe de tener todo gasto
público. Lo público también tiene que tener exigencias. No
renunciamos a que haya una exigencia y una transparencia
nítida, una contabilidad clara, al igual que en otros sitios;
pero no la comparación.
El punto 2, letra c), habla de frenar la morosidad de las
administraciones públicas, estableciendo límites legales
estrictos en el aplazamiento de los pagos. Aquí les voy a
devolver la propuesta. ¿Cuáles? ¿Los límites que las grandes
superficies y que los grandes proveedores tienen con sus
empresas? Los que se quedan con las concesiones de la
Administración, luego subcontratan; no vaya a ser que a estos
subcontratistas les demos unas condiciones, y ellos, con sus
subcontratas, no tengan la misma realidad. Por tanto, nosotros
les proponemos
«que tengan las empresas privadas», es decir, «los límites
legales que tengan las empresas privadas en su aplazamiento de
los pagos». Por consiguiente, creo, que estamos uniendo cada
una de las características que pueden funcionar dentro de la
Administración.
En la propuesta que ustedes hacen en el punto 2, letra d),
nosotros creemos que, al introducir la presupuestación por
objetivos de gasto --en lo que coincidimos al cien por cien--,
debiéramos de ir a más, y es que en los programas, cuando se
establecen unos objetivos, esos objetivos estén cuantificados
y digan: si de este programa destinamos a este objetivo una
declaración, que la letra vaya unida con las pesetas, y
digamos: tantos funcionarios, tantos gastos corrientes, tanta
inversión para conseguir este objetivo. Es decir, se trata de
objetivar la presupuestación por programas.
En la letra g) del punto 2, cuando habla de recuperar el
carácter general del sistema de intervención previa, hay que
decir que el Gobierno, en esto, ha enmendado, ha corregido; y
ha corregido porque se ha dado cuenta de que la supresión de
todo control de la intervención ha sido negativa. Por eso,
existe una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda,
por un acuerdo del Consejo de Ministros, que aplica el
artículo 95 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria precisamente para introducir lo que es la
intervención previa en tres requisitos: la existencia de
crédito previo, el órgano competente y otras actuaciones
adicionales. Es decir, ya se han dado pasos para introducir
esto durante este verano por el Consejo de Ministros. Eso
quiere decir que reconocen que se han equivocado al desmontar
esa actuación previa. Por tanto, retiro la enmienda que yo le
hacía a usted en este apartado, porque nosotros íbamos en una
dirección que ya está solucionada con esta decisión. En el
punto 4, precisamente cuando habla de la Intervención General,
ustedes plantean que la misma funcione con plena autonomía
funcional --nosotros estamos de acuerdo-- y añaden «mediante
una jerarquía administrativa y una adscripción orgánica
superiores a las que tienen en la actualidad». Nosotros no
creemos que porque sean hoy directores generales y mañana
secretarios de Estado vaya a funcionar mejor. En todo caso la
propuesta que añadimos es: «... y plena eficacia de
actuación», sin entrar en si debe ser dirección general o una
jerarquía superior.
En cuanto al control parlamentario a la ejecución de los
presupuestos que ustedes plantean en el punto 5, mediante la
oficina presupuestaria, espero que no terminemos esta
legislatura que empieza ahora diciendo otra vez que pedimos la
oficina presupuestaria en el Parlamento, como ocurrió en la
pasada legislatura. Sin embargo, hay una cosa muy fácil que se
podría hacer, y es que los grupos parlamentarios tengamos
acceso al ordenador de la Intervención General y así estaremos
enterados de toda la ejecución al día, al dedillo. No harían
falta tantos papeles. Parece que aquí nos llueven los papeles
y muchas veces el papel oculta la información. Fíjese con qué
medida más concreta tendríamos información hasta de la peseta
que se gasta en lápices y en papeles. En el punto 8 ustedes
plantean una política de austeridad que hay que reconocer que
no se ha abordado por el Gobierno, pero con una reducción
lineal en todos los conceptos. Nosotros no estamos de acuerdo
en abordar la reducción lineal en todos los conceptos. Es
posible que haya conceptos donde sí haya que reducir, pero
habrá otros donde haya que ampliar. Es verdad que ustedes
hablan de gastos de funcionamiento, pero, por poner un
ejemplo, gastos de funcionamiento son el alquiler, la luz y el
agua de un hospital o son los de una guardería, a la vez que
pueden significar los de los jardines de La Moncloa. Por
tanto, no creemos que debahacerse una reducción lineal sino
acorde con los objetivos y el presupuesto de cada una de las
partidas presupuestarias.
También proponen la supresión de organismos públicos. A
nosotros nos gustaría que no se hablara de supresión de
organismos públicos, sino de adecuación de los organismos
públicos actuales a la realidad que debemos tener del Estado.
Es verdad que hay organismos públicos que hoy pueden no ser
necesarios y pueden ser necesarios otras actuaciones públicas.
Por último, la mayor diferencia que tenemos con ustedes es que
ustedes encuentran para solucionar y superar la situación
actual un sector público empresarial reducido y plantean en el
punto 10.a) un proyecto de ley de privatizaciones con el que
nosotros a priori no estamos de acuerdo, y no lo estamos por
filosofía, tal y como entendemos el compromiso de lo público
con el interés general, aunque nosotros respetamos que ustedes
planteen lo que sea oportuno. Por eso les presentamos una
enmienda de supresión de este punto, al igual que les
planteamos la supresión del apartado c), que propone un plan
de privatizaciones cuyos resultados se aplicarán a la
amortización de la deuda pública. Miren ustedes, pan de hoy
puede ser hambre para mañana, el ejemplo lo hemos tenido en
muchos países. Una vez que se enajene el patrimonio del
Estado, una vez que lo hayamos privatizado, no sabemos
después, cuando haya crecido la deuda, como ha pasado en
Inglaterra, a qué echamos mano. Por tanto, no creemos que sea
la solución, y se lo digo sin ningún instinto de sacralizar ni
la privatización ni lo público, no lo hago desde el objetivo
dogmático de la discusión. Fíjese si es así que estamos de
acuerdo con el apartado d) de este punto 10 que usted propone
y que dice: «Un sistema de control por parte del Parlamento de
los procesos de privatización y los programas de acción de las
empresas públicas.»
Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que el Grupo de
Izquierda Unida está de acuerdo en lo que es
control y exigencia de transparencia de la política
presupuestaria, en lo que es el rigor presupuestario, pero no
en el análisis del déficit público ni en las propuestas
concretas que se hacen para reducir ese déficit público. Eso
no lo podemos cuantificar en 80, en 20 o en 30 por ciento, y
es lo que nos lleva a no poder respaldar la proposición de ley
en su totalidad conforme está ahora mismo en el texto.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández
Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi Grupo en
relación con la moción que el Grupo Popular ha presentado en
esta Cámara esta noche. Quizá habría que dividirla en dos
conceptos claramente diferenciados y, probablemente, habría
que ayudar a hacerlos coincidir para entender más claramente
cuál es la posición de los términos de la moción, puesto que
la posición política del Grupo Popular ha hecho inicialmente
referencia a una iniciativa que quería ganar credibilidad en
los Presupuestos haciéndola coincidir con el concepto de
déficit público. Es evidente que la artimaña política no puede
esconder razones de falta de concepto. Nada tiene que ver el
déficit público con la credibilidad en la gestión de los
Presupuestos Generales del Estado, entre otras muchas razones
porque los Presupuestos Generales del Estado marcan, desde el
principio, un objetivo y uno de ellos es el déficit que se
pretende conseguir a lo largo del año. Bien es cierto que no
tiene mala trayectoria el cumplimiento de los objetivos
macroeconómicos en los últimos años por parte del Gobierno,
con relación a los indicadores que se basa. Otra cosa es la
credibilidad, la eficacia, la garantía con la que los
Presupuestos Generales del Estado se van administrando, año
tras año.
Sus señorías entenderán perfectamente que mi Grupo no pueda
darles la razón, fundamentalmente por una cuestión: porque no
la tienen. No la tienen por las dudas que últimamente vienen
lanzando a los medios de comunicación, a la opinión pública, a
los mercados financieros en base a algo inexistente y a algo
que resiste cualquier comparación con relación a la ejecución
del presupuesto de cualquier país de nuestro entorno, y no
digamos con relación a la ejecución del presupuesto de
cualquier Administración pública.
Bueno será que reconozcamos que una parte fundamental del
discurso que desde la oposición conservadora se viene haciendo
en los últimos meses, y que trae su fundamento en las
discrepancias con relación al informe del Tribunal de Cuentas
de 1991 y el Presupuesto de ese mismo año en que el Gobierno,
el Ministro, distintas intervenciones y sesiones
parlamentarias han podido dar ya cumplida cuenta de las
discrepancias contables y técnicas estricta y puramente que se
produjeron en ese año, no pueden poner en tela de juicio lo
que es la eficacia y la transparente gestión de un
presupuesto, como es el Presupuesto General del Estado.
Hecha esta salvedad, coincidirán conmigo SS.SS. en que la
medicina que se trae para curar la enfermedad al menos es
escasa o ha cumplido el plazo de caducidad, entre otras
razones porque, de las diez iniciativas que se traen a esta
Cámara, seis ya fueron objeto de debate y de aprobación con
redacción más cuidada, más rigurosa y más ambiciosos los
objetivos que los propios que se traen en el reciente debate
del Estado de la Nación en el que, por acuerdo de todos los
grupos de esta Cámara, coincidimos en la conveniencia de
realizar determinadas mejoras en el ámbito presupuestario, en
el ámbito de control, en el ámbito de las institucioines que
tienen como responsabilidad la tutela de las garantías
presupuestarias, como es el Tribunal de Cuentas.
Señoras y señores diputados, a estas alturas probablemente
será, no sé si innecesario, pero incluso, quizá, inconveniente
el retrotraernos a trámites que, además, están en marcha. Hay
que recordar, por cierto, descubriendo incomprensiblemente
alguno de los diputados que ha subido a esta tribuna que la
Ley Presupuestaria está siendo tramitada por parte del
Gobierno, cuando en repetidas ocasiones he podido escuchárselo
al propio Gobierno. Reconocerán conmigo que no descubro nada
nuevo tampoco si recuerdo a esta Cámara que una de las
brillantes iniciativas que el Grupo proponente trae en esta
moción, como es la Ley de Contratos del Estado, está en
trámite parlamentario avanzado. Recuerdo a sus señorías que la
mejora de las competencias, funciones y estructura
organizativa de la ley del Tribunal de Cuentas ha sido
ofrecida por el Gobierno a la Cámara y que ha sido
comprometida en el proio debate del Estado de la Nación.
Recuerdo a sus señorías también que de cara a la eficacia y al
control parlamentario, desde el año 1991 --tienen razón las
señorías que lo recuerdan--, esta Cámara asumió el compromiso
de poner en marcha una oficina presupuestaria. Por cierto,
esta misma mañana (¡lástima que el señor Aguirre no estuviera
presente para haberse sumado a nuestra petición!) la Junta de
Portavoces y la Mesa de la Comisión de Presupuestos ha
aprobado una sugerencia a la Mesa de este Parlamento para que
agilice los trámites y las iniciativas correspondientes para
que esa oficina presupuestaria pueda ver la luz lo más pronto
posible con funciones específicas y propias.
Señoras y señores diputados, entenderán el anuncio que hacía
al principio de este debate de lo poco proclive que está el
Grupo Parlamentario Socialista a apoyar
una moción que, además, trae lo que habitualmente es la
inercia del debate parlamentario de la oposición.
Se cumple un año menos un día --mañana hará un año-- desde que
el propio Grupo Parlamentario Popular, el año pasado en el
Senado, presentó una iniciativa de las mismas características
que sirve como preámbulo, como elemento de calentar motores,
de animación de lo que será el próximo debate parlamentario.
Yo creo que es bueno que sobre el escenario político y
parlamentario todos los grupos pongan lo mejor que tienen para
hacer que el debate y la gestión del presupuesto sea lo más
eficaz y transparente posible.
Señoras y señores Diputados, frente a estas iniciativas que no
criticamos por lo inconveniente, sino probablemente por lo
innecesarias, por lo tardías o por lo poco originales, porque
la mayoría de ellas están en marcha, nuestro Grupo
Parlamentario no va a poder votar a favor. Sin embargo,
nuestro Grupo sí emplaza a parte de este debate, porque no
hemos terminado de conocer exactamente cuál es la aportación
que hacía el Grupo Popular en relación con el déficit público.
Será un debate apasionante que tendremos tan sólo dentro de
unos pocos días. Lástima no haber encontrado hoy, en este
debate previo a los presupuestos de 1995, las sugerencias y
las propuestas que tan celosamente lleva guardando su Grupo
desde hace muchos años y que yo estoy convencido de que en
este próximo debate de 1995 ya no dejarán pasar la oportunidad
para darlas a conocer a este Parlamento y a la opinión
pública.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Para expresar, en nombre del Grupo proponente, la aceptación o
rechazo de las enmiendas defendidas por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida el interés con el
que ha leído la moción y sus enmiendas y transmitirle que el
Grupo Popular está convencido de que dentro de muy poco tiempo
van a poder aceptar todos los puntos de esta moción, porque se
está iniciando un proceso de modernización en su programa
económico que desde estas filas observamos con mucho interés.
Hoy prácticamente las privatizaciones se hacen hasta en la
China Popular. Por lo tanto, no perdemos la esperanza de que,
en breve, estén ustedes en disposición de aceptar el conjunto
de la moción.
Por estas razones, señor Presidente, rechamos las enmiendas
presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, pero le
agradecemos el interés con el que ha estudiado nuestra moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 130; en contra, 165; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo
Popular.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los
Estados Unidos Méxicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de
1994. (Número de expediente 110/000096).
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a las
Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24
de extradición. (Número de expediente 110/000097). --Adhesión
de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de
Astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26
de mayo de 1979. (Número de expediente 110/000098).
--Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de
octubre de 1993. (Número de expediente 110/000099). --Convenio
relativo a la determinación del Estado responsable del examen
de las solicitudes del asilo presentadas en los Estados
Miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de
junio de 1990, así como el Protocolo de corrección de errores
hecho en Dublín el 24-11-93, y Declaración formulada por
España. (Número de expediente 110/000100).
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de
octubre de 1993. (Número de expediente 110/000101).
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de
Polonia al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre competencia de las
Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. (Número de
expediente 110/000102).
--Canje de Cartas de fechas 29-7-93 y 19-5-94 constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el
Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la
decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de
Cuencas Hidrográficas de Montaña, Jaca, 4 al 15 de julio de
1994. (Número de expediente 110/000103).
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de
Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional privado sobre competencia de las
Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. (Número de
expediente 110/000104).
--Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en
Madrid el 24 de julio de 1992. (Número de expediente
110/000105).
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Grupos que desean intervenir en relación con este punto del
orden del día? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, querría,
en nombre de mi Grupo, consumir un turno en contra del
Convenio Europeo sobre la determinación del primer país a la
hora de decidir los procedimientos a seguir en los casos de
demanda de asilo.
Señor Presidente, esta Cámara, prácticamente todos sus
integrantes, sabe que la libertad de movimiento de las
personas, de las mercancías y de los servicios, es un elemento
indispensable para la construcción de lo que en su momento fue
el Mercado Común, después la Comunidad Económica Europea y,
finalmente, la Unión Europea. Es un elemento indispensable del
que nosotros, el Grupo Popular, participamos, compartimos
plenamente; es un elemento que ha venido traduciéndose en una
serie de instrumentos convencionales de rango
intergubernamental, todavía no comunitario, entre los cuales
cabe destacar, porque fue ratificado por esta Cámara con
nuestro voto favorable, el conocido como Tratado de Schengen;
cabe destacar también otros instrumentos de tipo convencional,
como el que ahora nos ocupa, así como el relativo a las
fronteras exteriores.
Quiero, al respecto, reafirmar y subrayar muy claramente que
por parte de nuestro Grupo existe un acuerdo básico sobre la
filosofía que inspira estos instrumentos convencionales,
trátese del Tratado de Schengen, trátese del de las fronteras
exteriores, trátese del tratamiento del asilo. Pero esta
Cámara recordará también que precisamente en cuanto al Tratado
relativo a las fronteras exteriores el Gobierno español, con
buena razón y, ciertamente, con apoyo por parte de nuestro
Grupo, decidió no permitir su puesta en práctica porque
algunas de las disposiciones de ese Tratado podía suponer --de
hecho, nosotros entendemos que supone-- una grave vulneración
de nuestras reivindicaciones sobre Gibraltar. Tan es así que
en 1991 esta Cámara, en una decisión adoptada unánimemente,
dijo --y cito literalmente--: «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a no suscribir acuerdos sobre las fronteras
exteriores de la Comunidad Europea que puedan suponer la
perpetuación de su estatuto actual, ni el menoscabo para la
posición de España en las negociaciones para conseguir la
descolonización de Gibraltar y su reintegración al territorio
nacional». Esta fue una decisión tomada por esta Cámara, que
sigue fielmente las disposiciones y las actitudes del Gobierno
español, que responde a la actitud permanente de esta Cámara,
de nuestro Grupo y entendemos que también del Gobierno
español. De hecho, el Tratado sobre las fronteras exteriores
no ha entrado en vigor, no ha sido firmado por el Gobierno
español y, consiguientemente, no tiene ninguna capacidad
actuante, hasta el extremo de que el Parlamento Europeo, en el
año 1993, constatando una situación no querida pero inevitable
en esas circunstancias, cual era la falta de aplicación del
Convenio sobre las fronteras exteriores y, consiguientemente,
la incapacidad en que se encontraba la misma Comunidad para
poner en movimiento lo que era la libertad de movimiento de
las personas, adoptó la siguiente resolución: Proponer que el
Estatuto de Gibraltar y del aeropuerto de Gibraltar queden
temporalmente excluidos de la discusión sobre el problema de
la libre circulación de personas. De hecho, a principios de
este mismo año, la Comisión de las Comunidades decidió dejar
pendiente el aspecto de la aplicación territorial del
mencionado convenio de las fronteras exteriores, a fin de no
pronunciarse en torno al problema de Gibraltar, que es el
único que ha retrasado hasta ahora la ratificación del
convenio por algunos Estados miembros, manera perifrástica de
referirse a España. La Comisión --seguía diciendo esa
resolución-- estima que ese problema ha de solucionarse en
negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y España.
Esa es la situación por lo que se refiere al Tratado de las
fronteras exteriores, y esa mención con cierto detalle no es
en absoluto baladí ni ajena al convenio que en este momento
nos ocupa, Convenio relativo a la determinación del Estado
responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas
en los Estados miembros de las Comunidades Europeas.
Este Convenio, en su artículo 19, precisamente allí donde
contempla el dato de la aplicación territorial del mismo,
contiene una serie de cláusulas que en algunos
casos suponen una exclusión de determinadas aplicaciones. Por
ejemplo, el Reino de Dinamarca excluye los territorios de las
islas Feroe y de Groenlandia a la aplicación de este tratado,
a no ser que hubiera una decisión unilateral por parte del
Gobierno danés. Cabe recordar que las islas Feroe y
Groenlandia son territorios de soberanía danesa, aunque no
territorios comunitarios y, por otra parte, no plantean ningún
problema desde el punto de vista de la existencia de los
territorios y de la soberanía sobre los mismos. Tanto la
República Francesa como el Reino de Holanda excluyen de la
aplicación de este convenio los territorios que no se
encuentran en Europa: los departamentos franceses de ultramar
y las Antillas Neerlandesas, en el caso de los Países Bajos.
Sin embargo --dice el artículo 19--, por lo que respecta al
Reino Unido, las disposiciones del presente Convenio se
aplicarán únicamente al Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte; no se aplicará a los territorios europeos
de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido
(mención clarísima a Gibraltar), salvo si el Reino Unido
efectúa una declaración en sentido contrario. Es decir, el
Reino Unido se está reservando, a través de este artículo 19,
la posibilidad unilateral de considerar que en Gibraltar se
puede producir una situación de primer asilo, y cabe recordar
que, tanto en el sistema del Convenio sobre fronteras
exteriores como en el sistema de este convenio, aquel
territorio o país que decide la aplicación del primer asilo
obliga al mismo tiempo a todos los demás a que ese asilo sea
automáticamente aceptado como tal. Es decir, en la práctica,
se está concediendo a las autoridades gibraltareñas la
posibilidad de dictaminar quién, cuándo y cómo pide asilo, y
en qué condiciones se otorga el asilo pedido en el territorio
de Gibraltar a los que allí lo soliciten.
Esta consecuencia, naturalmente, fue contemplada por el
Gobierno español y por ello hizo figurar una declaración al
final del convenio, declaración que tiene un carácter
puramente canónico y que repite, pura y simplemente, que ese
entendimiento del artículo 19 no afectará a las
reivindicaciones de España sobre el istmo de Gibraltar. Podrán
ustedes comprender, señorías, que este tipo de declaración no
tiene absolutamente ningún alcance jurídico y apenas político,
entre otras razones porque el mismo convenio al que me estoy
refiriendo dice, en su artículo 20, que no podrá formularse
ninguna reserva al presente convenio. Decir en una declaración
aneja al mismo convenio que el Reino de España declara que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, si el Reino
Unido decide extender su aplicación a Gibraltar, dicha
aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España
con respecto al litigio que la opone al Reino Unido a
propósito de la soberanía sobre el itsmo; esta declaración
tiene, como digo, un carácter puramente declamatorio, cuando,
además, en otra de las declaraciones anejas al mismo convenio,
los Estados miembros --y cito literalmente--: «Consideran que
el proyecto de convenio relativo al paso de las fronteras
exteriores de los Estados miembros de las Comunidades Europeas
está íntimamente vinculado a otros instrumentos necesarios
para la realización de lo dispuesto en el artículo 8.a) del
tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, al Convenio relativo a la determinación del Estado
responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas
en los Estados miembros de las Comunidades», es decir, a este
convenio. Los mismos Estados parten del convenio que ahora nos
ocupa y reconocen que el mismo está estrechamente ligado al
Convenio sobre las Fronteras exteriores, convenio que, hasta
ahora, con el acuerdo de esta Cámara, el Gobierno español ha
venido sistemáticamente negándose a firmar porque entiende que
afecta negativamente a los intereses nacionales. Por otra
parte, en la misma declaración los Estados miembros recalcan
la necesidad de intensificar los trabajos sobre el citado
proyecto, de forma que termine, antes de finales de 1990, la
entrada en vigor del Convenio relativo al paso de las
fronteras exteriores de los Estados miembros, y dicen que
debería poder tener lugar lo antes posible, después de la
entrada en vigor del presente convenio. Es decir, la entrada
en vigor de este convenio, cuya ratificación ahora se nos
pide, sería tanto como el signo para la entrada en vigor del
Tratado sobre las fronteras exteriores que el Gobierno
español, con razón de esta Cámara, se niega a aceptar.
A nosotros nos parece, señorías, señor Presidente, que aquí
nos encontramos ante un caso grave; un caso grave porque, por
una parte, de una manera indirecta y posiblemente
involuntaria, se vulnera una de las manifestaciones más claras
y más unánimes de voluntad de esta Cámara sobre algún aspecto
fundamental de las relaciones exteriores; un caso grave, al
mismo tiempo, porque la manera en que este convenio llega a
nuestras manos revela lo que yo llamaría una cierta pereza
negociadora. En vez de negociar los términos del convenio, el
Gobierno se lanza al procedicimiento, por demás fácil, pero
también perezoso, de apostillar una declaración que, repito,
no tiene ninguna capacidad, ninguna voluntad jurídica y que en
el fondo lo único que hace es repetir la fórmula canónica
sabida, cuando de hecho si este tratado fuera ratificado por
las Cámaras españolas, si fuera ratificado por el resto de los
miembros, nos encontraríamos con que la postura del Gobierno
español, que nosotros apoyamos, y la misma postura de esta
Cámara serían automáticamente vaciadas de sentido en el
momento en que el Reino Unido pudiera decidir unilateralmente
que Gibraltar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez, le
ruego que concluya.
El señor RUPEREZ RUBIO: Fuera considerado como tierra de
primer asilo. Por estas razones, señor Presidente --y voy
concluyendo--, nos parece que el Gobierno debe proceder a la
retirada de este convenio de la consideración de las Cámaras.
Nosotros, que hemos estado considerando cuáles eran las
opciones que estaban reglamentariamente a nuestro alcance,
hemos decidido abstenernos. Y hemos decidido no únicamente
manifestar nuestra abstención sobre este convenio, sino
invitar a todos los grupo de la Cámara a que se abstengan,
para que al hacerlo den un margen de maniobra al Gobierno para
proceder a la retirada del convenio. Pensamos que el Gobierno
tiene que proceder con este convenio exactamente igual que ha
procedido con el Convenio de las fronteras exteriores. Creemos
que tiene que proceder a su retirada, creemos que tiene que
proceder en cualquier caso a su renegociación de manera que no
quede ninguna ambigüedad al respecto. Por eso nos vamos a
abstener, porque creemos que el Gobierno debe entrar en un
período urgente de reflexión, para que se dé cuenta de las
consecuencias graves de la ratificación de este convenio en
sus términos actuales, graves desde el punto de vista del
texto del mismo convenio, graves desde el punto de vista de la
coherencia de la actitud del Gobierno, graves desde el punto
de vista también de la manifestación de voluntad de esta
Cámara.
Esperamos que, como en otras ocasiones anteriores, el Gobierno
recapacite en este caso, que nos parece suficientemente grave,
y que proceda a su retirada. También esperamos que esta
retirada se produzca antes de que este convenio conozca el
trámite senatorial correspondiente, porque, si no es así,
nuestro Grupo tendrá que adoptar las medidas correspondientes
para, pura y simplemente, oponerse de manera tajante a la
ratificación de este tratado. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Rupérez. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que había solicitado también un turno en
contra, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
por razones muy distintas a las que ha expuesto el anterior
interviniente desde esta tribuna, va a oponerse a la
aprobación de este convenio. Va a votar desfavorablemente, por
tanto, en relación con el Convenio relativo a la determinación
del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo
presentadas en los Estado miembros de las Comunidades Europeas
y pide también, repito, por razones muy distintas a las del
anterior orador, la retirada de este convenio.
Para empezar, se trata de un convenio que ha escogido el mal
procedimiento, como ya fue advertido a la Comunidad Europea
por el propio Parlamento Europeo. Se ha optado por la fórmula
de un convenio, una fórmula de relaciones intergubernamentales
y no una fórmula de comunitarización, de directiva, que es la
que proponía el Parlamento Europeo y la que hubiera sido
necesaria para la regulación homogénea de esta cuestión. Se ha
ido por un mal camino, por el camino de lo intergubernamental,
no de lo comunitario, con unas consecuencias negativas para la
defensa del derecho de asilo, que nosotros vamos rápidamente a
exponer a continuación.
Se trata, sin duda, de una nueva manifestación de esta
dinámica de péndulo que va socavando constantemente el derecho
de asilo y de lo cual ha sido una manifestación clamorosa la
Ley de modificación del derecho de asilo, que fue aprobada en
esta Cámara recientemente y que ha sido recurrida, como
ustedes saben, por la Defensora del Pueblo ante el Tribunal
Constitucional. El convenio que se somete a la consideración
de la Cámara tiene un contenido --hay que decirlo de entrada--
estrictamente procesal, no entra en el fondo de la cuestión, y
esto sin duda es lo más negativo. Lo único que hace es
determinar el Estado responsable para examinar una solicitud
de asilo que se presenta en cualquiera de los doce Estados
miembros de la Unión Europea y, además, establece que, una vez
que se ha rechazado una solicitud, los demás Estados no están
obligados a admitir una eventual nueva solicitud de asilo. Por
tanto, el derecho de asilo no está concebido --si leemos el
texto de este convenio--, en ningún momento, como un derecho
fundamental o como un derecho humano; no se menciona para nada
esto sino como una pura técnica procesal que exime a once
Estados de doce de examinar una solicitud de asilo. Con ello
se han impuesto las tesis defendidas por los Estados del
centro y norte de Europa frente a los Estados del sur de
Europa. A los Estados del centro y norte de Europa no les
interesa que lleguen a pedir asilo personas que han entrado en
países del sur de Europa y que pueden trasladarse con
facilidad hacia el norte. Por eso se establece la tesis de que
es responsable de examinar el asilo aquel Estado que haya
dejado entrar por sus fronteras a los solicitantes. Aunque ese
solicitante de asilo haya entrado por Algeciras y se dirija a
Frankfurt a pedir asilo, España será la responsable de
examinar el asilo y no Alemania, si se aprueba este convenio,
y por tanto Alemania podrá perfectamente decir que no es la
responsable, aunque esa persona quisiera pedir el asilo en
Alemania. La consecuencia evidentemente es que los Estados van
a restringir a marchas forzadas las condiciones de examen de
solicitud de asilo, porque de esa
forma evitarán que haya avalanchas de solicitudes de asilo.
Pero además hay un problema de fondo en este convenio, y es
que no hay en la Unión Europea, en este momento, ningún tipo
de armonización material del derecho de asilo. Señalaba
anteriormente que estamos ante una técnica puramente
intergubernamental, de cooperación intergubernamental. En el
Tratado de Maastricht el asilo es una materia que está en el
pilar de Justicia e Interior, en el tercer pilar, por tanto
intergubernamental. No es algo que esté armonizado, que esté
comunitarizado; se mantiene así. Los Estados rechazaron esa
posibilidad por ser una materia extremadamente sensible, y no
es de extrañar que cada uno de los doce Estados miembros de la
Unión Europea tenga un sistema diferente de asilo, tenga unas
garantías diferentes para el asilo, y en consecuencia el
solicitante de asilo acudirá, dado que conoce este convenio,
al Estado con mayor generosidad. La consecuencia de ello es
que habrá otra carrera más para quitar garantías al derecho de
asilo, para convertirse en un Estado tremendamente rígido en
cuanto a admisiones de solicitudes de asilo porque, si no, la
consecuencia será que todas las solicitudes recaerán en el
Estado más generoso. Por tanto, la técnica de este convenio es
iniciar, como digo, una carrera a restringir el derecho de
asilo porque, si no, el último que llegue es el que recibirá
más solicitudes.
El que no haya armonización en el derecho de asilo en Europa
(esto es poner el carro delante de los bueyes) está
establecido claramente por el Parlamento Europeo, en un
estudio que se hizo en 1.º de octubre de 1991, en el que se
señaló claramente que no había ningún tipo de armonización,
que cada país europeo tiene una forma distinta de tratar el
asilo. En primer lugar, no hay armonización en el concepto de
refugiado. Cada país tiene una definición y tiene una
jurisprudencia diferente respecto al concepto de refugiado.
Por ejemplo, en España acaba de desaparecer, merced a esta ley
recurrida ante el Tribunal Constitucional, el asilo por
razones humanitarias que, sin embargo, existe en otros países.
El concepto de refugiado de facto es otro concepto dispar en
cada uno de los doce países miembros de la Unión Europea. Los
sistemas de acceso y garantías al asilo son diferentes en cada
país. En España acabamos de aprobar un procedimiento acelerado
para examinar las solicitudes manifiestamente malfundadas,
cosa que no existe en muchos de los países de la Unión
Europea. El concepto de país seguro, que es otro concepto
central de la solicitud en este convenio, tampoco está
armonizado en Europa. Por tanto, vamos a tener un sistema en
el cual una persona solicitará asilo en un país y los otros
once miembros podrán negarse a examinar esa solicitud, si es
rechazada, cuando hay distintos sistemas, absolutamente
diferentes, para reconocimiento de asilo. Con ello se está
vulnerando en la práctica, sin duda, el Convenio de Ginebra de
1951, que garantiza el derecho de asilo. Cada país firmante
del convenio tiene que examinar la solicitud de asilo y
resolver sobre ella y, por tanto, va contra el espíritu de ese
convenio el que, a partir del convenio que se somete hoy a
nuestra consideración, después del rechazo de asilo en un
país, los otros once países de la Unión Europea pueden negarse
a examinar esa solicitud de asilo, porque ese es su objetivo.
Y también, naturalmente, se vulnera el espíritu constitucional
que establece en el artículo 13 el derecho de asilo. Pero a
partir de este convenio, una persona a la que se le rechace la
petición de asilo (imaginemos que en Francia, Alemania o
Italia) vendrá a España y el Estado español le podrá decir que
no va a examinar su solicitud de asilo porque fue rechazada ya
en otro país de la Unión Europea. Esto evidentemente vulnera
ese derecho subjetivo que se establece en el artículo 13 de
nuestra Constitución, el derecho de asilo. Además, este
convenio establece un intercambio de información sobre datos
sensibles que afecta al derecho a la intimidad de las
personas. Recordemos que nuestra Ley de Protección de Datos
está también recurrida (es una ley que pertenece también a la
nefasta era Corcuera de leyes que han vulnerado derechos
fundamentales) por el Defensor del Pueblo, como la última de
asilo, ante el Tribunal Constitucional.
Este convenio es defendido (parece que es la única defensa que
tiene) para suprimir, para hacer desaparecer ese fenómeno
llamado de refugiados en órbita, esos refugiados que piden
asilo en un país, este país considera que no es responsable de
examinarlo y los manda a otro país, ese país también se niega
y lo devuelve al primer país, y así sucesivamente. Pues
tampoco se soluciona este problema en este convenio porque,
para empezar, esto sólo funciona entre los doce países de la
Unión Europea, pero no con terceros países. Un Estado puede
enviar a ese refugiado a un tercer Estado y no funciona el
Convenio de Dublín; por tanto, tampoco se soluciona el
problema de los refugiados en órbita. Pero es que, además (y
esta probablemente sea una de las grandes lagunas, uno de los
grandes problemas de este convenio), no hay ningún sistema de
solución del litigio, de controversia entre los Estados
miembros de la Unión Europea firmantes de este convenio. Es
decir, si dos o tres Estados miembros de la Unión Europea no
se ponen de acuerdo en cuál es el Estado responsable,
interpretan mal este convenio, o hay dificultades para su
interpretación, no hay ningún tribunal ni control judicial que
vaya a solucionar este problema. Ningún Estado se querrá hacer
responsable de esa solicitud y el problema del refugiado en
órbita seguirá existiendo, porque este convenio no establece
ningún control judicial sobre su aplicación, no se puede
tampoco intervenir en él desde el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, ya que es una cuestión no
comunitarizada, como decíamos, y, por tanto, tampoco está
resuelto este tema. Es un convenio técnicamente malo, plagado
de lagunas, que no cumple sus objetivos y que lo único que va
a producir en la práctica es la violación constante del
derecho de asilo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido,
vaya concluyendo.
El señor LOPEZ GARRIDO: Por esa razón, señor Presidente,
señorías, nuestro Grupo se va a oponer a la tramitación de
este convenio y va a votar en contra del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido. Para un turno a favor del convenio, tiene la palabra
la señora Balletbó.
La señora BALLETBO PUIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos tratando un tema en el que ya, cuando fue visto en la
Comisión de Asuntos Exteriores, atendimos a las posiciones de
los dos grupos parlamentarios: el Partido Popular, que ha
anunciado su abstención, e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que ha anunciado su voto en contra. Efectivamente,
en este convenio, el artículo 19, en su párrafo cuarto,
incluye una cláusula en virtud de la cual el Reino Unido
establece que sus disposiciones no se aplicarán a los
territorios europeos en cuyas relaciones exteriores es
responsable el Reino Unido, salvo si el Reino Unido efectúa
una declaración en este sentido. Como es natural, esta
cláusula no pasó desapercibida, ni mucho menos, para los
negociadores de dicho convenio que establecieron una
declaración que figura en las actas y que textualmente
establece lo siguiente: El Reino de España declara que si, de
conformidad con lo dispueso en el artículo 19 del convenio, el
Reino Unido decide extender su aplicación a Gibraltar, dicha
aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España
con respecto al litigio que le opone al Reino Unido a
propósito de la soberanía sobre el istmo. Por tanto, no se le
escapó a la delegación este aspecto, ni mucho menos. No se
puede, por consiguiente, acusar a la delegación que negoció de
pereza ni de negligencia. Más aún, ya antes de la terminación
de la negociación del convenio, el 9 de mayo del año 1990, se
solicitó un informe a la asesoría jurídica del Ministerio de
Asuntos Exteriores que emitió dictamen. Posteriormente se
recabó el informe de la Dirección General de Europa, que con
fecha 1 de abril del año 1992 establecía lo siguiente: Sin
embargo, esta Dirección General considera que, desde el punto
de vista político, puede resultar suficiente la declaración
unilateral en actas cuyos efectos jurídicos, aunque más
débiles
--nos recordaba el señor Rupérez--, no serían, como usted
decía, inefectivos; la inclusión en el texto se puede
considerar a efectos políticos suficiente para dejar
constancia del rechazo español a toda aquiescencia o
reconocimiento de la soberanía británica sobre el istmo.
Por tanto, dos observaciones, y dos más. Se recabaron informes
al Ministerio del Interior, y nuevamente el dictamen técnico
de la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores
sobre la tramitación, y posteriormente al Consejo de Estado,
cuyo dictamen no se oponía a la ratificación del convenio. Por
tanto, desde el punto de vista de la diligencia, del esfuerzo,
de la atención a un problema de esta magnitud y de esta
envergadura, yo creo, señor Rupérez, que quedó absolutamente
cubierto. (Rumores.) Pero el Diputado Rupérez argumenta...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento. (Pausa.)
Silencio, señorías.
La señora BALLETBO PUIG: Gracias.
Argumenta el cruce de fronteras exteriores de la Comunidad. En
este caso yo creo, señor Rupérez, que tampoco tiene suficiente
base jurídica ni política, porque es sabido que el convenio
sobre fronteras exteriores afectaría de forma vital el
concepto de soberanía de España sobre el istmo, al tráfico por
la frontera terrestre, a la utilización del aeropuerto y,
consecuentemente, al tráfico aéreo. Ratificar el convenio de
fronteras hubiera supuesto para España prácticamente la
desaparición de los límites fronterizos, y es por eso por lo
que tanto mi Grupo como el suyo coincidieron en no hacerlo.
Pero no hay relación directa o inmediata con un convenio cuyo
objetivo es asegurar, dentro del espacio europeo, el buen
funcionamiento de un derecho humanitario como es el derecho de
asilo, problema éste que cada vez va teniendo más importancia
en todos los países de la Comunidad e incluso a nivel mundial,
como usted muy bien conoce. No parecía lógico que España
boicoteara sistemáticamente, señor Rupérez, la cooperación
jurídica en el marco de la Unión Europea, pretextando la
relación hipotética, más o menos directa, de multitud de temas
con el contencioso hispano-británico sobre el territorio de
Gibraltar. Lo que en realidad ello supondría sería un enorme
desgaste político y debilitaría la posición negociadora
española. Además, creo que hay suficientes precedentes en
temas humanitarios como para que las dudas que S.S. ha
expuesto desde esta tribuna queden disipadas.
El señor Rupérez nos señala, en primer lugar, lo inapropiado
de la facultad que este artículo 19 del convenio concede al
Reino Unido para extender la aplicación del convenio a
territorios europeos. Sin embargo, el instrumento sobre
derechos humanos, esta posibilidad ya ha sido prevista en
otras ocasiones, y usted lo conoce
seguramente mejor que esta Diputada. En cualquier caso,
modestamente, permítame que se lo recuerde. Artículo 63,
Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo 4.º del
Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo
5.º del Protocolo IV, también sobre Derechos Humanos; artículo
5.º del Protocolo VI; artículo 6.º del Protocolo VII; artículo
34 de la Carta Social Europea; artículo 12 del Convenio
Europeo para la Represión del Terrorismo; artículo 40 de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado;
artículo 2 del Acuerdo... (Rumores.) Sus señorías perdonarán,
pero ya que he escuchado con mucho respeto a un Diputado de su
Grupo, reconociendo sus méritos, me permitirán que yo exponga
los argumentos que rebaten los suyos.
El único problema jurídico que podría plantearse sería la
consideración del istmo como territorio dependiendo del Reino
Unido. Por tanto, la no formulación por España de declaración
alguna podría interpretarse como una aquiescencia sobre la
ocupación británica. Pero eso no es así, porque se ha
formulado precisamente esa declaración. Por tanto, señor
Rupérez, no puede afirmarse, a efectos jurídicos, que la
declaración española carezca de estos efectos por el solo
hecho de no constituir una reserva formal al convenio que, por
otra parte, como usted muy bien sabe, no se permite en los
convenios. En consecuencia, la declaración tiene la eficacia
suficiente, más que suficiente, señor Rupérez, para producir
el efecto deseado de protección a cualquier reivindicación de
España en relación a sus derechos sobre el istmo.
España ha formulado ya declaraciones interpretativas relativas
a la controversia sobre el istmo de Gibraltar en Tratados que
no admiten reservas, entre ellos, señor Rupérez, la Convención
de Naciones Unidas, de 1982, sobre derecho del mar. En el
presente caso la declaración española tiene el valor añadido
que deriva de figurar en el acta final de la conferencia en la
que se adoptó el convenio. Por este motivo, señor Rupérez, los
Estados contratantes tomaron nota de dicha declaración
interpretativa justamente al firmar el acta final, como usted
muy bien sabe.
Señor Rupérez, en resumen, yo creo que la declaración española
produce exactamente el efecto deseado: evitar la aquiescencia
y decir que la validez jurídica de las declaraciones ha sido
suficientemente debatida y que --dijo usted en la Comisión de
Asuntos Exteriores-- no constituye un argumento de peso contra
la eficacia de dichas declaraciones. Creo además, señor
Rupérez, que es indudable que la regulación de la
responsabilidad del examen de una demanda de asilo forma parte
de un marco más amplio: el de la libre circulación de personas
dentro de la Unión Europea y la supresión de fronteras. No
obstante, no es correcto decir de ello que el bloqueo actual
del Convenio sobre fronteras exteriores, debido a diversos
problemas de hecho y de derecho, deba extenderse al Convenio
de Dublín sobre Estado responsable que entre al examen de las
demandas de asilo. Entre los problemas que implica el Convenio
sobre cruce de fronteras exteriores, como usted muy bien sabe,
no están las demandas de asilo y, en cambio, sí se encuentra
la conversión del puerto y del aeropuerto de Gibraltar en
fronteras exteriores de la Unión Europea, la conversión de la
verja en frontera interior, con la consiguiente supresión de
controles por parte española, y la atribución al Reino Unido
de la última palabra sobre qué personas y mercancias entran en
España sin que nuestras autoridades puedan ejercer control
alguno. Observe, señor Rupérez, la diferencia, creo, entre una
cosa y la otra. El Convenio de Dublín sobre el examen de
demandas de asilo no plantea ninguna de las anteriores
dificultades, lo que justifica que las medidas adoptadas por
España, en su tramitación, sean distintas en este caso que en
el que S.S. ha expuesto. Incluso si me apura le voy a decir,
señor Rupérez, que desde un punto de vista sustantivo el
Convenio sobre extradición o el Convenio bilateral sobre
represión del tráfico de estupefacientes es conveniente para
los intereses de España que sea precisamente el Reino Unido el
Estado responsable de las demandas de asilo presentadas, por
ejemplo, en el aeropuerto de Gibraltar. Resumiendo, y en
relación a sus argumentos, permítame que termine diciendo,
primero, que la declaración española relativa al artículo 19
salva plenamente el peligro de aquiescencia y que los
problemas suscitados por el convenio sobre cruce de fronteras
exteriores son distintos de los que se derivan de este
convenio. Por tanto, no es necesario adoptar ninguna medida
adicional. La enmienda sabe usted que es políticamente
inviable, la reserva es jurídicamente imposible y el bloqueo
de la entrada en vigor plantearía numerosas dificultades
políticas, que a usted no se le escapan, ante los demás socios
de la Unión, una vez que el texto ya fue objeto de adopción
por los doce países miembros.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Balletbó, vaya
concluyendo.
La señora BALLETBO PUIG: Quisiera responder al señor López
Garrido en relación a algunos de sus argumentos.
El señor López Garrido planteaba un aspecto que creo que es
interesante pero me da la impresión de que responde a un
criterio prefijado por usted: el que los países del centro y
del norte de Europa son los que han establecido que la
revisión del derecho de asilo puede hacerse en un país y el
hecho de que la decisión deba ser adoptada por los demás como
medida tapón para que los países del sur resuelvan sus
problemas en relación con posibles emigraciones del sur. El
señor López Garrido creo que no ha tenido en cuenta la
ampliación de la Comunidad. Precisamente estamos
pendientes de que se vea en esta Cámara la ampliación de la
Comunidad y que los países que quieren ingresar en la Unión
Europea hagan sus respectivos referendos. En ese sentido no le
voy a explicar a usted, señor López Garrido, los límites
geográficos de estos países. Quizá sí recordarle que Finlandia
tiene más de dos mil kilómetros de frontera con un país tan
inestable, por un problema de transición política, como es la
República de Rusia. Por tanto me permitirá, señor López
Garrido, que le reitere que este aspecto que quizás desde el
sur no se ve, desde los países del norte sí. Un experto
internacional, precisamente finés, Jorma Westlund, ha
explicado recientemente por qué los países del norte de Europa
tienen reticencias a entrar en Finlandia justamente por la
posible entrada de refugiados, inmigrados, etcétera, por esa
frontera de dos mil kilómetros de largo. Por tanto, señor
López Garrido, este argumento que afectaría a la Federación
Rusa es suficientemente importante como para que usted no
acuse a los países del norte de Europa de haber presionado a
los países del sur. (Rumores.)
Además, señor López Garrido, creo que en sus argumentos no
intentaba alegar lo que teníamos que hacer en esta Cámara,
sino que en realidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señora Balletbó, concluya, por favor.
La señora BALLETBO PUIG: Concluyo, señor Presidente.
Más bien me parece que lo que quería replantear es el convenio
a nivel de todos los países comunitarios. Usted ha hecho aquí
una lista de críticas y de disconformidades que van incluso
más allá de la soberanía de esta propia Cámara, y creo que no
es el caso.
Para terminar, lo que sí quiero, es pedir a los representantes
del resto de los grupos que voten a favor por varios motivos.
Incluso le pediría al señor Rupérez que replanteara sus
posiciones. Señor Rupérez, usted sabe las consecuencias
políticas que podría tener --que no es su caso porque han
anunciado la abstención, pero le pido incluso el voto
afirmativo-- para un país como España, a nivel de imagen
exterior, y sobre todo para los países de la Comunidad, que
hubiese, como usted plantea, en un momento dado, en el trámite
de Senado, un efecto negativo por el hecho de que desde
instituciones españolas como ésta se cuestione la suficiencia
de la declaración formulada por España. Podemos mantener la
puerta abierta, señor Rupérez; siempre se puede mantener la
puerta abierta. Sin embargo, insisto en que podríamos revisar
posteriormente, cuando la reforma de la Ley de Asilo se haya
visto con más detenimiento, alguno de esos aspectos. Pero en
ese trámite, señor Rupérez, entendería como una gran
responsabilidad por parte de su grupo el voto afirmativo
también a este convenio.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Balletbó. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor
Rupérez. (Rumores.)
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, yo quería agradecer
a la señora Balletbó la fidelidad con que ha leído el papel
que le ha preparado el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero
ella comprenderá seguramente, porque su inteligencia da para
eso y para mucho más, que ese papel no responde, en absoluto,
a las tremendas dudas que nos han llevado a plantear lo que
desde la tribuna hemos planteado y que venimos a reivindicar y
a reafirmar en este momento.
En primer lugar, ese documento, preparado por la burocracia
del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene un gravísimo y
posiblemente involuntario efecto, y es que se refiere a la
conveniencia de que España no vaya creándose una mala fama por
hablar de Gibraltar. Yo a usted, y a través de usted al
Ministerio de Asuntos Exteriores y a los responsables de esta
pereza negociadora, en la cual me reafirmo, les tendría que
decir que a nosotros, a todos ustedes y ciertamente a
nosotros, no nos preocupa, en absoluto, molestar cuando se
trata de defender intereses que entendemos nacionales
(Rumores.), y es lo que estamos haciendo, con toda
tranquilidad pero también con toda la contundencia, y por eso
les hemos pedido que nos acompañen en este tipo de
planteamiento.
Tendría que decirle, señora Balletbó, en segundo lugar, que
cuando se planteó el tema relativo a las fronteras exteriores,
el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo la duda y la
tentación de hacer lo que en este momento está haciendo, y si
no lo hizo fue porque nosotros entendimos nuestra obligación
de reforzar la frágil voluntad del Gobierno para enfrentarse a
sus propias responsabilidades nacionales, y por eso el
Gobierno, con nuestro apoyo y con el de esta Cámara, se opuso
a esa entrada en vigor.
En tercer lugar, señora Balletbó, hay un argumento de pura
lógica formal, jurídica y política, a la que usted no responde
y el Ministerio y el Gobierno, tampoco, porque ha preferido,
en vez de atender a la razón, encerrarse en su propia
cerrazón. Y esa razón es muy clara. Si resulta que no
entendemos posible en estos momentos aceptar el tema de las
fronteras exteriores, porque aceptándolo tal como está
covertiríamos la frontera de la Línea en una frontera
interior, y eso es contrario a nuestros intereses; si
entendemos, como entiende el Gobierno y el resto de los
firmantes del convenio, que este convenio que ahora nos ocupa
es una parte indisoluble del Convenio sobre fronteras
exteriores; si el Gobierno, con el apoyo de esta Cámara, ha
ratificado el
veto a ese convenio, ¿qué razones tenemos de pura lógica
formal, política y jurídica, para no hacer lo propio con este
convenio? (Rumores.) Repito que el Gobierno ha caído de nuevo,
y lo lamento, en una línea extremadamente grave y preocupante,
que es, a diferencia de lo que en otro momento hizo, caer en
la pereza negociadora y en la facilidad de las declaraciones
declamatorias y canónigas que a nadie convencen, que a nadie
ocupan y que a nadie ligan, y eso es lo que estamos
contemplando en estos momentos. Por eso, señora Balletbó, con
toda contundencia, pero también con toda seriedad y con toda
gravedad, les decimos: absténganse ustedes y, con la capacidad
que les da el ser el grupo que apoya al Gobierno, díganle al
Gobierno que retire este tratado, que está poniendo en grave
riesgo y en grave peligro aspectos fundamentales de nuestra
reivindicación; que estamos aceptando algo que constituye
prácticamente la negación de lo que esta Cámara y el Gobierno
han decidido, y que estamos olvidando algo fundamental. Si
queremos realmente recuperar Gibraltar, tenemos que repetir
una y otra vez que es un territorio en litigio, que es lo que
el Gobierno no quiere hacer. Y si el Gobierno no lo quiere
hacer, nosotros sí lo queremos hacer. Y si el Gobierno lo
quiere hacer, nosotros le apoyaremos a hacerlo, porque está en
la lógica de la defensa de los intereses de España, ni más ni
menos. Por eso nos abstendremos y, por eso, si el Gobierno no
retira el tratado, nosotros enmendaremos con todas las
consecuencias el tratado en el Senado.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido,
tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, intervendré muy
brevemente porque la señora Balletbó, ciertamente, venía
preparada para contestar a otro grupo parlamentario, a otro
problema que no nos parece, en absoluto, tan relevante como el
que nuestro Grupo ha planteado y que significa, ni más ni
menos, que este convenio puede vulnerar nuestra Constitución.
A eso no ha contestado y, por tanto, me es muy difícil
consumir un turno de réplica a la no contestación de la señora
Balletbó. Aunque ha dicho algo que nos parece extremadamente
grave, y es: Puede usted tener razón en lo que dice, pero esto
excede a la soberanía de esta Cámara; es un tema que afecta al
conjunto de los Estados de la Unión Europea y excede a la
soberanía de esta Cámara. Yo no sé si he oído mal y espero que
haya sido un «lapsus», pero entiendo que la soberanía de esta
Cámara llega hasta poder votar que no o rechazar un convenio
que ha sido firmado por el Gobierno, por el Ejecutivo. No
solamente eso, la propia Constitución Española dice que antes
de firmar y ratificar un convenio que pueda ir contra la
Constitución hay que reformar ésta. Eso es lo que sucedió en
Francia. En Francia, hace muy poco, se planteó este tema; es
decir, el hecho de que Francia pueda negarse a examinar una
solicitud de asilo porque otro país europeo la haya rechazado.
Esto se consideró contrario a la Constitución francesa, que
junto con la alemana y la española son las únicas europeas que
establecen el derecho de asilo en la Constitución, y hubo que
reformar la Constitución francesa y hubo que reformar el
artículo 51 para poder ratificar en este caso el Convenio
Schengen que decía lo mismo que dice éste o algo parecido en
cuanto a los temas de asilo. Por tanto, la soberanía de esta
Cámara llega, evidentemente, a poder oponerse y no votar un
texto considerado inconstitucional, como consideramos éste,
que significa el que se pueda negar el derecho de asilo a una
persona por el hecho de que lo haya negado otro Estado cuya
regulación sobre el derecho de asilo puede ser --y de hecho
es-- absolutamente diferente, porque hasta ahora en la Unión
Europea sólo se armoniza el derecho de asilo para
restringirlo, no para ampliarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido. Tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señor López Garrido, este convenio, como usted sabe muy bien,
o debería saber, no vulnera la Constitución. Diré más. El
recurso que ha sido presentado no afecta a los artículos que
este convenio discute, afecta al artículo 5.º, pero no al
subapartado 6, que es con el que este convenio, en todo caso,
podría tener relación.
Yo no he dicho, señor López Garrido, que esta Cámara --y le
ruego que no me haga decir lo que le gustaría a usted que yo
dijera, porque no lo he dicho--, no tenga soberanía para
decidir. Lo único que he hecho, señor López Garrido, es
recordarle a usted que usted no tiene soberanía para decidir
lo que tienen que hacer los otros parlamentos de los otros
países comunitarios, y le ruego que se repase usted las actas.
Hasta aquí podríamos llegar con su tergiversación de los
argumentos.
Señor Rupérez, yo le pido a usted el respeto intelectual que
yo le he tenido. Esta Diputada ha utilizado todos los papeles
que ha creído necesarios para argumentar a su señoría; pero
usted me conoce lo suficiente como para saber que las ideas
propias y las ideas de un Grupo no son algo que se tenga que
estar apuntando en unas notas. Por tanto, señor Rupérez, le
exijo también el respeto que yo le he tenido a usted al
preparar esta intervención. Señor Rupérez, déjeme que le diga,
con el mismo respeto, que usted participa de una doctrina un
poquito decimonónica en el sentido siguiente. (Rumores.) Cada
vez más, señor Rupérez, cada vez más, ha habido una
interpretación en la política internacional en relación a los
temas de los derechos humanitarios. Usted sabe perfectamente,
señor Rupérez, que este convenio nada tiene que ver con el
tema de las fronteras exteriores. Usted sabe perfectamente que
cada vez más, y en un mundo cada vez más global, los derechos
de las personas no se respetan, incluso en algunos casos, como
se ha seguido últimamente en algunas intervenciones de países
como en la antigua Yugoslavia y en algunos países africanos,
por encima de los derechos de soberanía. Aquí no hay ninguna
discusión ni ninguna rebaja de los derechos de España a
plantear las reivindicaciones que desea sobre el istmo de
Gibraltar. Yo le ruego, señor Rupérez, que no tergiverse las
cosas que digo.
En cualquier caso, lo que sí le quería decir, para terminar,
es que tengo la impresión de que ustedes están utilizando un
nacionalismo oportunista para plantear un debate en unos
términos que no se corresponden, ni mucho menos, con lo que
estamos debatiendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún Grupo
Parlamentario que no haya intervenido en este debate quiere
fijar su posición? (Pausa.) En consecuencia, vamos a pasar a
la votación del punto 6 del orden del día en sus diferentes
apartados. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el
Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 283; a favor, 277; en contra, dos; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a la
Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24
de extradición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 285.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de
Astrofísica. Comieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 284; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Checa, por otra. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio relativo a la determinación del Estado responsable
del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, así como el
Protocolo de corrección de errores y Declaración formulada por
España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 147; en contra, 12; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Eslovaca, por otra. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 283; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación de España de la Adhesión de Polonia
al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y
la Ley aplicable en materia de protección de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, sobre el Memorando que han de
asumir, relativo a la celebración de la decimonovena Reunión
del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrogáficas
de Montaña.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 280.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación de España de la Adhesión de Turquía
al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y
la Ley aplicable en materia de protección de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 284.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 284.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.